COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 31.05.1995 
COM(95) 86 final 
95/ 0074(COD) 
INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/552/CEE 
CON ARREGLO AL ARTÍCULO 26 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al 
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. 
(presentados por la Comisión) 

indice 
PARTE A 
Introducción 
1. Contexto institucional y político 6 
2. La Directiva y el Libro Verde "Industrias de programas" 7 
3. El proceso de consultas 8 
4. La Directiva y la sociedad de la información 9 
5. La consolidación del proceso de preparación de la revisión 10 
PARTE B 
Informe sobre la aplicación de la Directiva 89/552/CEE con arreglo al artículo 26 
1. Objeto del Informe 11 
Las disposiciones de la Directiva de 1989 12 
- Ordenamiento jurídico aplicable a las actividades de 
radiodifusión televisiva 12 
- Promoción de la producción y de la distribución de obras europeas 12 
- Difusión televisiva de obras cinematográficas . 12 
- Publicidad por televisión y patrocinio 13 
- Protección de los menores 13 
- Derecho de réplica 13 
2. Consideraciones económicas 14 
- Crecimiento cuantitativo de los servicios 14 
- Auge del mercado de la publicidad 15 
- Balance globalmente positivo para las obras europeas 15 
3. Aplicación de la Directiva 17 
3.1 Problemas generales 17 
3.1.1 Dificultad para determinar el ordenamiento jurídico aplicable , 17 
Establecimiento: criterio determinante 18 
3.1.2 Una ambigüedad de fondo 19 
3.2 Problemas específicos 20 
3.2.1 Apartado 2 del artículo 2 - Libertad de recepción 20 
3.2.2 Capítulo III - Fomento de la distribución y de la producción 
de programas de televisión 21 
- Control de los artículos 4y5 21 
- Obras europeas 23 
- Obras cinematográficas 23 
3.2.3 Capítulo IV - Publicidad por televisión y patrocinio 24 
- la mención del nombre y/o logotipo del patrocinador o 
de emisiones patrocinadas 24 
- la difusión de espacios publicitarios dentro de un período 
determinado de una "hora " 24 
- la "duración programada" de las obras audiovisuales en 
relación con el sistema de interrupciones para emitir publicidad 24 
- la situación y el cálculo del volumen máximo autorizado 
para la telepromoción 25 
- televenta 25 
3.2.4 Capítulo V - Protección de los menores 25 
3.2.5 Capítulo VI - Derecho de réplica 26 
PARTE C 
Exposición de motivos y examen de las disposiciones modificadas 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 89/552/CEE 
1. Naturaleza y orientación de la propuesta de revisión 27 
2. Examen de las disposiciones modificadas 29 
2.1 Capítulo I - Definiciones 29 
Artículo 1 - Letras b) y e) 29 
2.2 Capítulo II - Disposiciones generales 29 
Artículo 2 29 
2.2.1 "El establecimiento", criterio fijado por la Directiva para 
determinar la competencia 29 
I Antecedentes 30 
II Redacción 30 
III Contexto 30 
IV Objetivos y consideraciones de orden práctico 31 
2.2.2 Clarificación del concepto de "establecimiento" aplicado al 
sector de los servicios audiovisuales 33 
2.2.3 Artículo 2 bis 34 
2.2.4 Artículo 3 36 
2.3 Fomento de la distribución y de la producción de programas 37 
2.3.1 Fomento de las obras europeas 37 
Artículo 4 38 
Artículo 5 39 
2.3.2 Examen pormenorizado de las modificaciones propuestas 40 
a) Un régimen específico para los canales temáticos 
de ficción y documentales 40 
b) Un régimen de progresividad definido por los 
nuevos canales 41 
2.3.3 Artículo 6 42 
2.3.4 Artículo 7 42 
2.3.5 Artículo 8 44 
2.4 Capítulo IV - Publicidad por televisión, patrocinio y televenta 44 
2.4.1 Artículo 11 44 
2.4.2 Artículos 12 a 16 44 
2.4.3 Artículo 17 45 
2.4.4 Artículo 18 45 
2.4.5 Artículo 18 bis 46 
2.4.6 Artículo 18 ter 47 
2.4.7 Artículo 19 47 
2.4.8 Artículo 20 47 
2.4.9 Artículo 21 47 
2.5 Capítulo V - Protección de los menores y de la moralidad pública . 47 
2.5.1 Artículo 22 47 
2.5.2 Artículo 22 bis y ter 48 
2.6 Capítulo VII - Disposiciones finales 48 
2.6.1 Artículo 25 48 
2.6.2 Artículo 26 48 
3. Aspectos internacionales 48 
3.1 Convenio europeo sobre la televisión sin fronteras 48 
3.2 Los "Acuerdos europeos" 50 
3.3 Hacia un Convenio mundial sobre radiodifusión 50 
4. Texto de la propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE 

INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
PARTE A: INTRODUCCIÓN 
1. Contexto institucional y político 
La Directiva 89/552/CEE(1), conocida como "Televisión sin Fronteras" se aprobó el 3 de 
octubre de 1989 después de varios años de debates en las Instituciones comunitarias(2). 
La intensidad de dichos debates reflejaba el lugar que ya entonces ocupaba la televisión 
en nuestras sociedades, en pleno corazón de importantes retos económicos, industriales, 
culturales, sociales y tecnológicos. 
El interés de las Instituciones comunitarias por este sector no ha disminuido con la 
aprobación de la Directiva, todo lo contrario. Basta recordar las Conclusiones del 
Consejo Europeo celebrado en Estrasburgo en diciembre de 1989 y la Comunicación 
sobre la Política Audiovisual aprobada en febrero de 1990(3) siguiendo la estela de los 
Encuentros de París; la aprobación del Programa MEDIA(4) en diciembre de 1990; el 
Libro Verde sobre el pluralismo y las concentraciones de los medios de comunicación, 
aprobado por la Comisión en diciembre de 1992(5); la aprobación del Plan de acción para 
la introducción de servicios avanzados de televisión(6) en 1993, así como la atención 
concedida al sector audiovisual en las negociaciones del GATT finalizadas el 15 de 
diciembre de 1993. 
El año 1994 se ha caracterizado por un renovado trabajo de reflexión y de análisis de las 
tendencias de un sector que se caracteriza, entre otras cosas, por su capacidad para 
evolucionar rápidamente, en especial bajo el impulso de los avances tecnológicos. 
(1) DO n° L 298 de 17.10.1989, en adelante "la Directiva". 
(2) La Comisión había presentado su propuesta el 30 de abril de 1986 (véase COM(86)146 
final publicado en el Boletín de las Comunidades Europeas; Suplemento 5/86. 
(3) COM(90)78 final 
Decisión del Consejo de 21 de diciembre de 1990 relativa a la aplicación de un programa 
de acción para el fomento del desarrollo de la industria audiovisual europea (MEDIA) 
(1991-1995)-DO n°L 380 
Pluralismo y concentración de los medios de comunicación en el mercado interior: 
evaluación de la necesidad de una acción comunitaria - COM(92)480 
(6) Decisión 93/424/CEE del Consejo, de 22 dé julio de 1993, relativa a un plan de acción 
para la introducción de servicios avanzados de televisión en Europa - DO n° L 196/93 W 
(5) 
(9) 
(10) 
(H) 
(12) 
(13) La Comisión publicó, en marzo, su primer informe sobre la aplicación de los artículos 
4 y 5 de la Directiva dentro de sus actividades de control(7), pero sobre todo inició un 
vasto estudio sobre el futuro de las industrias de programas a través de la publicación 
de un Libro Verde titulado "Opciones estratégicas para reforzar la industria de 
programas en el contexto de la política audiovisual de la Unión Europea(8). El propio 
Libro Verde se inspira en buena medida en las numerosas contribuciones aportadas por 
los medios profesionales con ocasión de una consulta previa y en el Informe de la Célula 
de Reflexión compuesta por seis personalidades del sector de reconocido prestigio creada 
por la Comisión(9). Los ministros competentes en la materia de los Estados miembros 
mantuvieron un amplio debate sobre el Libro Verde en una reunión no oficial del 
Consejo celebrada en Atenas los días 20 y 21 de abril de 1994. Las conclusiones que la 
Presidencia ha sacado de esos debates confirman con creces la pertinencia de los análisis 
del Libro Verde y subrayan la necesidad de desarrollar y adaptar las normas comunitarias 
tomando como punto de partida los logros de la Directiva. 
El Parlamento Europeo, por su parte, ha seguido manifestando a lo largo de 1994 un 
vivo interés por el sector audiovisual, tal y como pone de manifiesto la aprobación, en 
mayo, de los informes Barzanti(10) y Hoppenstedt(11). Más en concreto, en el plano 
legislativo, y en lo que se refiere a la Directiva, el Parlamento Europeo ha querido 
recordar la importancia que confiere a la misma incluyendo en la propuesta de directiva 
sobre las normas de transmisión de las señales de televisión(12) una modificación(13), en 
forma de un considerando, que se subraya la necesidad de respetar el papel que debe 
jugar la Directiva "Televisión sin Fronteras" a la hora de reforzar la capacidad 
audiovisual de Europa. 
La Directiva y el Libro Verde "Industrias de programas" 
El Libro Verde, en su capítulo dedicado a las reglas del juego, examina, 
fundamentalmente, de qué manera podría reforzarse la contribución del marco normativo 
comunitario al fomento de las industrias de programas. Este análisis adquiere toda su 
importancia a la vista de lo establecido en el apartado 4 del artículo 128 del Tratado de 
la Unión que impone a la Unión la obligación de tener en cuenta los aspectos culturales 
en su actuación en virtud de otras disposiciones del Tratado, que es el caso de la 
(7) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la 
aplicación de los artículos 4 y 5 de la Directiva 89/552/CEE "Televisión sin Fronteras" -
COM(94) final de 3.3.94 
(8) COM (94) 96 final 
Informe de la Célula de Reflexión sobre la Política Audiovisual de la Unión Europea 
Informe sobre los problemas del sector audiovisual tras la Directiva "Televisión sin 
Fronteras": Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículo 4 y 5 
de la Directiva 89/552/CEE - PE 208 575 
Informe sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la evaluación del programa 
MEDIA COM (94) 462 final - PE 209 002 
COM (93) 556 final, DO n° C 341 de 18.12.1993, p.18 
PE 180 706 aprobada el 20.4.1994 
Directiva. En efecto, si es cierto que ésta incluye medidas para fomentar la producción 
y la distribución de programas de televisión y que la atención de unos y otros se ha 
centrado con frecuencia sobre este aspecto, no hay que olvidar que este texto se enmarca 
ante todo dentro de la realización del mercado interior de servicios. De la misma manera, 
la creación de un mercado común de la radiodifusión fue considerada como una tarea 
importante y urgente en el Libro Blanco de la Comisión sobre la conclusión del mercado 
interior publicado en 1986(14). 
La Directiva coordina las disposiciones de los Estados miembros en un cierto número 
de ámbitos en los que las diferencias nacionales podían constituir un obstáculo, en el 
plano jurídico, para la libre circulación de las emisiones de televisión. Al haberse 
aprobado una serie de disposiciones comunes en aquellos ámbitos en que ello era 
necesario basta, desde que se aprobó la Directiva, con que una empresa de radiodifusión 
establecida en un Estado miembro respete la ley aplicable en el mismo para que sus 
emisiones puedan recibirse y retransmitirse libremente en toda la Unión. Los ámbitos 
coordinados con este objetivo van mucho más allá del mero aspecto de la promoción de 
programas, abordando cuestiones tales como la del ordenamiento jurídico aplicable, la 
publicidad por televisión y el patrocinio, la protección de los menores y el derecho de 
réplica. El Informe que figura en la Parte B del presente documento intenta, por 
consiguiente, examinar la aplicación de la Directiva en relación con el conjunto de 
objetivos fijados, y de los medios jurídicos utilizados, y no sólo en relación con la 
promoción de programas examinada por el Libro Verde sobre las industrias de 
programas. 
El proceso de consultas 
Los aspectos de la Directiva que atañen a la promoción de programas se consultaron 
detenidamente con los medios interesados sobre la base de las cuestiones planteadas en 
el Libro Verde. En paralelo, los servicios de la Comisión llevaron a cabo consultas 
puntuales con esos medios sobre aspectos relativos a los otros ámbitos coordinados. 
Además, los servicios de la Comisión invitaron a los Estados miembros, reunidos en un 
grupo ad hoc(15), a proporcionarles por escrito sus observaciones sobre las posibles 
dificultades prácticas que podrían surgir a la hora de aplicar la Directiva en cada Estado 
miembro. 
(14) ref COM (85) 310 
(15) Grupo compuesto por representantes de los Estados miembros y creado por la Comisión 
en el contexto de la aplicación de la Directiva (los representantes de los Estados de la 
Asociación Europea de Libre Comercio también participan en los trabajos de este Grupo 
en el marco del Espacio Económico Europeo, así como la Secretaría General del Consejo 
de Europa). 
Por último, con ocasión de la Conferencia Europea del Sector Audiovisual, celebrada del 
30 de junio al 2 de julio de 1994, la consulta de los medios profesionales se amplió al 
conjunto de ámbitos coordinados por la Directiva. En efecto, uno de los cuatro grupos 
de trabajo de esta Conferencia se dedicó a las "reglas del juego". Este grupo, en el que 
estaban representados el conjunto de las organizaciones profesionales interesadas, se 
centró en examinar la Directiva desde el ángulo de la adecuación de sus disposiciones 
a la evolución del sector. La valoración del grupo fue en conjunto positiva, aunque 
consideró que algunas de esas disposiciones debían actualizarse o aclararse. 
Los resultados del proceso de consultas, así como los análisis de la propia Comisión 
sobre la evolución del sector (en especial en el Libro Verde) sobre los que no es 
necesario volver en este documento, le han llevado a proponer una revisión parcial de 
la Directiva que figura en la Parte C del presente documento. La Comisión ya había 
anunciado su intención de proponer una revisión al aprobar, en julio de 1994, el Plan 
de Actuación "Europa en marcha hacia la sociedad de la información"(16). 
4. La Directiva y la sociedad de la información 
El Plan de Acción consagra su primer capítulo al marco normativo de la sociedad de la 
información. El apartado 10 de dicho capítulo se refiere al sector audiovisual y, en 
especial, al contenido de los servicios audiovisuales. El objetivo consiste en garantizar 
la libre circulación de este tipo de servicios en la Unión, respondiendo a las posibilidades 
de crecimiento abiertas a este sector por las nuevas tecnologías y teniendo en cuenta la 
especial naturaleza, sobre todo su repercusión cultural y sociológica, de los programas 
audiovisuales, cualquiera que sea su modo de transmisión.(17) 
Sin que haya necesidad de volver aquí sobre la importancia que, para favorecer el 
desarrollo de la sociedad de la información, supone contar con una estrategia sobre los 
contenidos, señalemos simplemente que ese apartado del Plan de Acción consagra un 
principio que se deriva claramente del proceso de consultas, esto es, que las medidas 
relativas al contenido de los servicios audiovisuales deben tener en cuenta su repercusión 
cultural y sociológica independientemente de su modo de transmisión. En efecto, la 
finalidad de tales servicios es suministrar imágenes y sonido a los consumidores, para 
los que la manera en que les llegan esas imágenes reviste una importancia secundaria en 
comparación con su contenido. 
La Directiva contribuye a la creación de un marco jurídico favorable al desarrollo de la 
sociedad de la información, facilitando el que las emisiones de radiodifusión televisiva 
aprovechen las ventajas del mercado interior para su libre circulación, dentro del respeto 
de determinadas reglas. 
(16) COM (94) 347 final de 19.7.1994 
(17) COM (94) 347 final, página 8, punto 10 
8 
El Consejo, en su sesión conjunta Industria/Telecomunicaciones de 28 de septiembre de 
1994, se congratuló de la rapidez con la que la Comisión había presentado el Plan de 
Acción. En las conclusiones aprobadas con ocasión de esa reunión, el Consejo consideró 
que diversos asuntos revestían una urgencia especial, entre ellos "la mejora de la 
competitividad de la industria audiovisual europea, incluido el necesario crecimiento de 
una industria de programas, que tenga en cuenta las peculiaridades culturales y la 
repercusión de esos programas sobre la sociedad"(18) Este fue precisamente el espíritu 
que animó a la Comisión a proponer una revisión parcial de la Directiva "Televisión sin 
Fronteras". Además, la Comisión ha emprendido una serie de trabajos en el marco 
normativo regulador de los servicios de la sociedad de la información: va a presentar 
próximamente un Libro Verde sobre los derechos de autor en la sociedad de la 
información, un Libro Verde sobre la protección jurídica de las señales cifradas, un Libro 
Verde sobre la comunicación comercial en el mercado interior, una comunicación sobre 
un mecanismo de transparencia del mercado interior dirigido a garantizar la transparencia 
de los proyectos normativos nacionales en la materia y su coherencia con los principios 
del mercado interior y ha lanzado una nueva consulta sobre el contenido de una eventual 
iniciativa comunitaria en materia de propiedad de medios de comunicación. Por otro 
lado, en un Libro Verde sobre el desarrollo de nuevos servicios audiovisuales se 
examinarán las cuestiones del fomento del desarrollo de nuevos servicios audiovisuales, 
la promoción de la identidad cultural y la diversidad lingüística y las repercusiones en 
la protección del jnterés general.. 
5. La consolidación del proceso de preparación de la revisión 
Al finalizar el año 1994 se confirmó el interés, al nivel político, de efectuar una revisión 
de la Directiva. Los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en el Consejo Europeo de 
Essen, solicitaron a la Comisión que presentara sus propuestas antes de su próxima 
reunión, fijada en Cannes en junio de 1995. 
Esta iniciativa se mantuvo a principios del año 1995. Los ministros responsables del 
sector audiovisual, reunidos en Consejo informal en Bordeaux el 13 de febrero, 
debatieron sobre la Directiva. Las conclusiones de la Presidencia tienen en cuenta "la 
necesidad que señalan los Ministros de que la adaptación prevista de la Directiva ... se 
conciba en función de la experiencia adquirida, la necesidad de fomentar la industria 
europea de programas y reforzar el pluralismo y la diversidad de los operadores, teniendo 
en cuenta la evolución de las técnicas de la información y la aparición de nuevos 
servicios". En este sentido, solicitaron a la Comisión que "presente la propuesta de 
revisión ... con objeto de, entre otros, proporcionar a los operadores normas claras y 
precisas sobre la responsabilidad de los Estados con respecto a los organismos de 
radiodifusión, el desarrollo de la industria europea de programas, el respeto del 
pluralismo y la protección de los ciudadanos en el contexto de los nuevos servicios; 
dicha propuesta debería presentarse al Consejo dentro de los plazos que permitan a éste 
iniciar, a partir del 3 de abril, un primer debate". 
(18) Conclusiones del Consejo 9561/94 (comunicado de prensa 197) de 28 de septiembre 
de 1994 
Además, el Parlamento, al aprobar el 15 de marzo su resolución sobre el programa de 
trabajo de la Comisión para 1995(19), solicitó que la Comisión apruebe en el plazo más 
breve posible su propuesta de revisión de la Directiva "manteniendo y mejorando las 
medidas relativas a la aplicación de las cuotas de difusión de la producción audiovisual 
europea". 
En este sentido la Comisión, teniendo en cuenta el conjunto de los trabajos 
interinstitucionales y su continuidad posterior, y tras haber procedido a nuevos debates 
con los medios profesionales, aprobó el 22 de marzo la presente propuesta de revisión 
de la Directiva "televisión sin fronteras". 
Hay que señalar que la Directiva actual no por ello expira, sino que sigue vigente hasta 
la aprobación de un texto modificado, y la Comisión, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 155 del Tratado, velará con toda atención por el cumplimiento de sus 
disposiciones y adoptará todas las medidas necesarias para garantizar una aplicación 
eficaz y efectiva. 
(19) PE 188.641 
10 
PARTE B: INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA 89/552/CEE 
Objeto del Informe 
El artículo 26 de la Directiva establece que la Comisión debe presentar a las Instituciones 
un informe sobre su aplicación, acompañado, si fuere necesario, de propuestas de 
modificación para adaptarla a la evolución de la radiodifusión televisiva en cinco años 
a partir de la fecha de aprobación de la Directiva. 
En este Informe, la Comisión ha examinado fundamentalmente cuáles han sido los 
problemas con los que se han encontrado los Estados miembros a la hora de aplicar la 
Directiva teniendo en cuenta los objetivos generales de la misma. De acuerdo con la 
exposición de motivos de su propuesta inicial, el objetivo principal de la Directiva es la 
creación de un marco jurídico común que contribuya al desarrollo del mercado europeo 
de la radiodifusión y actividades afines, como la publicidad televisiva y la producción 
de programas audiovisuales, todo ello respetando y fomentando la diversidad y las 
particularidades de los sistemas audiovisuales de los Estados miembros. La Comisión 
desea subrayar la importancia de la doble naturaleza, económica y cultural, de dicho 
objetivo, que es consecuencia del carácter específico y de la identidad particular de este 
sector de actividad. Ello se ha plasmado más concretamente en una voluntad política 
común de coordinar las legislaciones nacionales en determinados ámbitos con el fin de: 
- favorecer la creación y la circulación de los servicios audiovisuales en la Unión, 
- crear una infraestructura de comunicaciones europea moderna apta para reforzar la 
posición económica de la Unión, y garantizar así su competitividad en el contexto 
mundial, 
- fomentar el desarrollo del mercado de la publicidad televisiva y de los programas 
audiovisuales en un contexto económico y geográfico ampliado a las fronteras 
comunitarias, 
- aumentar la producción y la distribución de las obras europeas para estimular las 
industrias culturales nacionales y la identidad cultural de cada Estado miembro, 
- ofrecer nuevos mercados a la creatividad de las profesiones y de los trabajadores 
culturales, 
- fomentar el desarrollo de la radiodifusión como sector estratégico de la industria 
comunitaria de telecomunicaciones. 
11 
Para elaborar el presente texto, la Comisión ha tenido en cuenta en gran medida las 
observaciones y comentarios formulados, a petición suya, por los Estados miembros a 
propósito de las dificultades de índole práctica con los que se han encontrado para 
aplicar la Directiva. Este intercambio regular de puntos de vista, que abarcó el período 
comprendido entre septiembre de 1993 y junio de 1994, se llevó a cabo con ocasión de 
las reuniones que la Comisión organizó con los especialistas nacionales que 
representaban a los Estados miembros en el grupo ad hoc(20). 
Las disposiciones de ta Directiva de 1989 
La Directiva establece el marco jurídico de referencia para la libre circulación de los 
servicios de radiodifusión televisiva en la Unión. A tal efecto, prevé la coordinación a 
escala comunitaria de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas 
nacionales en los siguientes ámbitos: 
- Ordenamiento jurídico aplicable a las actividades de radiodifusión televisiva 
El sistema puesto en pie por la Directiva, que instaura la regla de un único ordenamiento 
aplicable, se articula en torno a un doble principio: 
cada organismo de radiodifusión se somete al ordenamiento jurídico de un único 
Estado miembro que asume la responsabilidad del control (apartado 1 del artículo 2), 
los Estados miembros garantizan la libre recepción y retransmisión en su territorio de 
las emisiones de las que es competente otro Estado miembro (apartado 2 del artículo 
2). Sólo una situación permite una suspensión provisional: la infracción repetida del 
artículo 22 (véase más adelante). En este caso, debe iniciarse un procedimiento 
especial de consultas entre la Comisión, el Estado miembro de transmisión y el Estado 
de recepción. 
- Promoción de la producción y de la distribución de obras europeas 
Concebidas para incitar a la industria europea de programas a adaptarse al nuevo espacio 
audiovisual creado, las medidas disponen en lo que se refiere a los organismos de 
radiodifusión televisiva: 
que una proporción mayoritaria del tiempo de difusión, con exclusión del tiempo 
dedicado a las informaciones, a manifestaciones deportivas, a juegos, a la 
publicidad o a los servicios de teletexto, se reserve a obras europeas (artículo 4), 
que un 10% de su tiempo de difusión, o alternativamente un 10% de su presupuesto 
de programación, se reserve a obras europeas de productores independientes, con una 
proporción adecuada de obras recientes (artículo 5). 
(20) Cifra Parte A, puntos 1 y 3 
12 
El concepto de obra europea se define en el artículo 6. 
Estas normas no se aplicarán a las emisiones de televisión locales que no formen parte 
de una red nacional (artículo 9). 
- Difusión televisiva de obras cinematográficas 
La Directiva prevé un mecanismo para establecer un sistema de cronología de los 
medios: una obra cinematográfica puede ser emitida por televisión transcurrido un plazo 
de dos años (o de un año en el caso de las coproducciones con un organismo de 
radiodifusión) desde el comienzo de su explotación en las salas de cine. Este plazo puede 
ser diferente si media un acuerdo en tal sentido con los derechohabientes (artículo 7). 
- Publicidad por televisión y patrocinio 
En materia de publicidad, las normas coordinadas se refieren a: 
. las disposiciones generales que garantizan que la publicidad sea identificable (artículo 
10), 
. el régimen de las interrupciones publicitarias (artículos 11 y 18), 
las normas de contenido de orden moral y de protección de los menores (artículos 12 
y 16); del régimen que afecta a los productos del tabaco (artículo 13); los 
medicamentos (artículo 14) y las bebidas alcohólicas (artículo 15). 
Por lo que respecta al patrocinio, el objetivo de la Directiva es garantizar, por un lado, 
que éste sea identificable y, por otro, que no influya sobre el contenido de los programas 
(artículo 17). 
- Protección de los menores (artículo 22) 
Se trata de una norma de alcance general que afecta asimismo al contenido de los 
programas: 
prohibición general de aquellos programas que puedan perjudicar seriamente el 
desarrollo físico, mental o moral de los menores, 
difusión restringida, por la elección de la hora de emisión o la utilización de 
procedimientos técnicos, de los programas que puedan perjudicar a los menores. 
Asimismo, se prohiben con carácter general los programas que contengan una incitación 
al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. 
- Derecho de réplica (artículo 23) 
Esta disposición prevé que toda persona cuyos legítimos derechos hayan sido lesionados 
como consecuencia de una alegación hecha en un programa televisivo deberá disponer 
de un derecho de réplica o medidas equivalentes, sin perjuicio de las demás disposiciones 
civiles, administrativas o penales pertinentes. 
13 
Junto a los ámbitos coordinados, otras disposiciones generales completan la Directiva: 
- los Estados miembros pueden: 
establecer, en relación con los órganos de radiodifusión televisiva que dependan de 
su competencia, normas más estrictas (artículo 3), 
establecer normas más estrictas o más detalladas, justificadas por objetivos 
lingüísticos, en cuanto a la proporción de obras europeas (artículo 8), 
establecer otras disposiciones en lo referente al régimen de interrupciones publicitarias 
en las emisiones destinadas exclusivamente al territorio nacional y que no puedan ser 
recibidas fuera del mismo (artículo 20). 
- los Estados miembros deben: 
velar por que se respete la Directiva (artículo 3), 
velar por que se apliquen las medidas adecuadas para sancionar a las emisiones de 
televisión que no respeten las normas sobre publicidad y patrocinio (artículo 21). 
La fecha límite para que los Estados miembros dieran cumplimiento a la Directiva se fijó 
en el 3 de octubre de 1991, es decir dos años después de su aprobación. En realidad, si 
la mayoría de ellos respetaron ese plazo, la última comunicación sobre las medidas 
nacionales de ejecución sólo se produjo en julio de 1994. De conformidad con sus 
competencias en materia de control de la aplicación del Derecho comunitario, la 
Comisión incoó los procedimientos de infracción que se imponían tras el examen de esas 
medidas, contra dos de las cuales se recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión al 
no atenerse la ley nacional a la Directiva. 
Conviene asimismo añadir que esta Directiva se completó con otra directiva aprobada 
en 1993 sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de 
autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y por cable(21), cuya incorporación a 
los ordenamientos jurídicos nacionales deberá haberse realizado como muy tarde el 1 de 
enero de 1995. Juntas, estas dos directivas pretenden crear un marco jurídico favorable 
para el crecimiento del sector de la radiodifusión. 
(21) Directiva 93/83/CEE, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los 
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la 
radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (DO n° L 248 de 6.10.1993). La 
Comisión recuerda que en su propuesta inicial de 1986, se incluían disposiciones 
relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. El Consejo, 
no obstante, prefirió que la cuestión de los derechos fuera abordada en una directiva 
específica. 
14 
Consideraciones económicas 
De entrada, se puede afirmar que: la aproximación de las disposiciones nacionales en los 
ámbitos anteriormente citados ha creado, en todo caso, un marco favorable para la libre 
circulación de los servicios de televisión entre los Estados miembros de la Unión. En 
efecto, esta voluntad de coordinación de la que han dado muestra las Instituciones 
comunitarias ha permitido a los sistemas nacionales de radiodifusión, que hasta hace no 
mucho estaban organizados jurídicamente esencialmente sobre la base de programas 
nacionales, hacer frente a la permanente evolución del panorama audiovisual mundial, 
caracterizado sobre todo, durante los diez últimos años, por la eclosión de las tecnologías 
de comunicación. 
Por consiguiente, la creación de un marco jurídico común, por limitado que sea, ha 
llevado a los profesionales de este ámbito a organizarse para aprovechar y beneficiarse 
de un mercado geográfico y económico ampliado. Basta examinar los datos que figuran 
a continuación para convencerse de ello. 
- Crecimiento cuantitativo de los servicios 
El número de canales de televisión nacionales o internacionales no ha cesado de 
aumentar en la Unión durante éstos últimos años: 77 en 1988, 85 en 1989, 92 en 1990, 
97 en 1991, 111 en 1992 y 129 en 1993(22). Esta multiplicación se debe en gran parte a 
la aparición, cada vez en mayor número, de canales que emiten vía satélite, con 
frecuencia temáticos, financiados a través de la publicidad o de los derechos de conexión. 
- Auge del mercado de la publicidad 
La proliferación de los canales de televisión, nacionales e internacionales, ha provocado 
un aumento muy importante de las inversiones en publicidad por televisión. Entre 1989 
y 1992, los ingresos procedentes de la publicidad televisiva aumentaron en un 50%,(23). 
La Comisión ha comprobado igualmente que los gastos en publicidad por televisión de 
las primeras 100 marcas paneuropeas aumentaron en un 21% entre 1990 y 1991, y en 
un 28% entre 1991 y 1992(24). 
(22) Fuente: Mercado mundial del cine y del sector audiovisual, Estudio IDATE (Instituto 
para el Desarrollo del Sector Audiovisual y de las Telecomunicaciones en Europa), 
diciembre de 1993, volumen 2, p.39. 
(23) European Advertising & Media Forecast - Marzo 1994 
(24) AFEP - 6 septiembre 1994 
15 
- Balance globalmente positivo para las obras europeas 
Con arreglo al sistema de control establecido en el apartado 3 del artículo 4 de la 
Directiva, la aplicación de los artículos 4 y 5 fue objeto de una comunicación específica 
aprobada por la Comisión y remitida al Consejo y al Parlamento en marzo de 1994(25). 
Los resultados registrados de acuerdo con las estadísticas enviadas por los Estados 
miembros a la Comisión muestran que la gran mayoría de los organismos de 
radiodifusión respetaron, durante el período 1991-1992, los porcentajes fijados en los 
artículos 4 y 5 sobre obras europeas y producciones independientes. Allí donde esos 
porcentajes no se han alcanzado de entrada, la Comisión comprobó una tendencia 
generalizada al alza. 
En concreto, la Comisión desea recordar los resultados obtenidos: 
- en lo que atañe a la difusión de obras europeas (se presentaron estadísticas relativas 
a todas los canales incluidos en los informes nacionales; un 66,6% de ellos respetó 
el porcentaje establecido). 
. En Portugal, Irlanda, Dinamarca y los Países Bajos todos los canales alcanzaron 
o sobrepasaron el porcentaje fijado para la emisión de obras europeas. 
. En el Reino Unido y Francia, todos los canales hertzianos emitieron más del 50%. 
. En Italia, España, Bélgica, Grecia, Alemania, Luxemburgo, Francia (un canal por 
cable) y Reino Unido (determinados canales vía satélite) algunos canales no emitieron 
el porcentaje establecido. 
Es conveniente destacar que, en la mayor parte de los casos, los canales no 
especializados hertzianos alcanzan porcentajes que superan con creces el 51% exigido, 
siendo raros los casos en que no se supera el 40%. 
- En lo que se refiere a las producciones independientes (no se presentaron estadísticas 
de todos los canales incluidos en los informes nacionales; un 68,4% respetó el 
porcentaje exigido). 
. En Francia (único país que escogió la fórmula "parte del presupuesto de 
programación"), Alemania, Dinamarca y los Países Bajos todos los canales 
respetaron el porcentaje del 10%. 
En cuanto a España, Irlanda y Portugal se presentaron estadísticas de todos los 
canales. Uno de los canales (portugués) respetaba el 10%; los restantes se situaban 
entre el 5 y el 9%. 
(25) Cifra COM (94)57 final de 3.3.1994 
16 
En el caso de Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido, Grecia e Italia no se cuenta con 
estadísticas de todos los canales. Las existentes señalan que la mayoría de canales 
supera el 10%. 
- En cuanto a las obras recientes (no se presentaron estadísticas de todos los canales 
incluidos en los informes nacionales): 
Italia, Portugal, Alemania, Dinamarca, Grecia, Francia e Irlanda no presentaron 
estadísticas. 
España y los Países Bajos proporcionaron estadísticas de todos los canales (entre 1 
y 3% en España y entre 9 y 29% en los Países Bajos). 
El Reino Unido y Luxemburgo presentaron estadísticas sobre la mayoría de los 
canales (entre 1 y 15% en Luxemburgo y entre 1 y 100% en el Reino Unido). 
Bélgica proporcionó estadísticas sobre dos canales (67,7% en uno y 3,4% en el otro). 
La Comisión considera estos resultados globalmente esperanzadores, a pesar de que la 
diversidad de criterios utilizados por los Estados miembros y las diferencias en cuanto 
a la presentación de los informes nacionales han puesto de relieve una serie de problemas 
de orden metodológico, técnico y jurídico que complican la tarea reservada a la 
Comisión, consistente en garantizar el control de la aplicación del sistema previsto (cifra, 
apartado 3.2.2). 
3. Aplicación de la Directiva 
3.1 Problemas generales 
3.1.1 Dificultad para determinar el ordenamiento jurídico aplicable 
La aplicación del sistema de libre circulación establecido por la Directiva ha chocado con 
una dificultad de índole jurídica, saber cuál es el lugar de vinculación jurídica de 
determinados canales de televisión. Aunque, hasta ahora, sólo ha habido unos pocos 
casos que pusieran de manifiesto esta dificultad, la Comisión cree que la multiplicación 
de los servicios de televisión transmitidos por satélite hará que este problema sea cada 
vez más arduo. Se trata de saber cuál es el criterio determinante para que un organismo 
de radiodifusión televisiva dependa jurídicamente de la competencia de este o aquel 
Estado miembro. En efecto, el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva establece una 
doble conexión jurídica posible entre un organismo de radiodifusión y un ordenamiento 
nacional: 
- bien el organismo depende de la competencia de un Estado miembro, 
- bien, no dependiendo de la competencia de ningún Estado miembro, el organismo de 
radiodifusión utiliza una frecuencia, la capacidad de un satélite o un enlace ascendente 
de un Estado miembro. 
17 
La toma en consideración de criterios diferentes para determinar la competencia de un 
Estado puede conducir a una proliferación de los casos de vacío de competencia 
(conflicto negativo) o de cúmulo de competencias nacionales (conflicto positivo). En 
otras palabras, un organismo de radiodifusión que emite sus servicios de televisión en 
la Unión puede, hoy en día, encontrarse todavía en una situación en la que, desde el 
punto de vista jurídico, bien no depende de ningún ordenamiento jurídico nacional, bien 
depende de varios ordenamientos nacionales. Como ejemplo de conflicto negativo, cabe 
citar el caso del canal Red Hot Television(26) que se explica más adelante. Por lo que a 
los conflictos positivos se refiere, citemos como ejemplo el caso del canal RTL-TVT, 
incluido en dos de los informes nacionales sobre la aplicación de los artículos 4 y 5 de 
la Directiva, los presentados por Bélgica y por Luxemburgo(27). 
En los conflictos negativos, como el asunto de la Red Hot Television, resulta difícil 
tomar medidas contra un canal que escapa a todo control jurisdiccional; en el caso que 
nos ocupa, porque era difundido desde los Países Bajos o Dinamarca y podía 
considerarse como establecido en el Reino Unido(28). 
Los casos de conflictos positivos pueden, por su parte, dar al traste con el 
funcionamiento de la Directiva por la acumulación de varios ordenamientos aplicables 
a un único organismo de radiodifusión (ordenamientos que pueden contener disposiciones 
incompatible entre sí). 
(26) Conviene precisar que ante el Tribunal de Justicia de la CE se planteó una petición de 
decisión prejudicial sobre dos aspectos del asunto "Red Hot Television" que no se 
refieren al problema de la vinculación jurídica, sino al concepto de "retransmisión" y a 
la definición del perjuicio causado por determinados programas (asunto C-327/93; 
apartados 3.2.1 y 3.2.5). Sin embargo, el caso es sumamente ilustrativo. Dicho canal 
comenzó a emitir en julio de 1992 a partir de un enlace ascendente situado en los Países 
Bajos y, con posterioridad, desde diciembre de 1992, a partir de un enlace ascendente 
situado en Dinamarca, existiendo, además, en territorio del Reino Unido algunos 
elementos necesarios para llevar a cabo las actividades de radiodifusión. Las autoridades 
británicas decidieron intervenir con objeto de impedir que continuaran esas emisiones 
en su territorio; entonces se planteó la cuestión de cuál era el Estado miembro del que 
dependía jurídicamente dicho canal. En efecto, el canal no dependía de la competencia 
de Dinamarca ni de la de los Países Bajos ni tampoco de la del Reino Unido ya que los 
dos primeros ordenamientos nacionales establecen que la vinculación jurídica que 
determina su competencia jurisdiccional es el establecimiento, mientras que la legislación 
británica opta por el lugar en el que se realiza el enlace hacia el satélite. 
(27) Comunicación de marzo de 1994 ya citada; véase página 13. 
(28) Véase PI(93)251 de 2.4.1993. 
18 
(30) Establecimiento: criterio determinante 
Estos ejemplos concretos subrayan la necesidad de respetar en todos los casos unos 
criterios comunes para determinar cuál es el ordenamiento jurídico aplicable. Para la 
Comisión y para la mayoría de los Estados miembros, el lugar de establecimiento del 
organismo de radiodifusión constituye el vínculo más determinante. Esta opinión se basa 
tanto en la "historia" de la Directiva, en su texto y en su objetivo, como en la tendencia 
general del Derecho comunitario y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia(29). 
Desde un punto de vista "histórico", la propuesta inicial de la Comisión definía con 
claridad el lugar de establecimiento como el criterio jurisdiccional determinante(30). La 
razón por la cual el legislador optó por la referencia a la competencia frente a la del 
establecimiento que se preconizaba, estribó en resolver el problema particular que se 
planteaba en Alemania, desde donde emitían sus emisiones los organismos de 
radiodifusión sonora (entonces cubiertos por la propuesta inicial) de las fuerzas aliadas; 
dichos organismos estaban establecidos en Alemania pero no dependían de la 
competencia de la República Federal. El que el propio texto, tal y como fue aprobado 
por el Consejo, se refiera en el primer guión del apartado 1 del artículo 2 únicamente a 
los organismos de radiodifusión, y que, en el segundo guión, el legislador mencione de 
manera explícita criterios de carácter puramente técnico, viene a apoyar el mantenimiento 
de la intención inicial del legislador consistente en definir la competencia del Estado 
miembro en función del lugar de establecimiento del organismo de radiodifusión. Otro 
tanto sucede si consideramos el objetivo perseguido por la Directiva, puesto que el 
principio de la unicidad del Derecho aplicable sólo puede lograrse si aquél se asienta 
sobre un criterio eficaz, lo que confiere al establecimiento prioridad sobre los otros 
criterios. En efecto, en el plano técnico, un organismo de radiodifusión puede, por 
ejemplo, efectuar el enlace de un mismo programa a través de satélites diferentes, con 
destino a públicos diferentes, o efectuarlo a partir de varios Estados miembros 
simultáneamente(31). 
(29) Véanfse artículos 58,59, 60 y 66 del Tratado de la Unión, así como el Programa general 
para la supresión de las restricciones a la libre prestación de servicios (DO 32/62 de 
15.1.1962, p.32). Sentencia Factoname (asunto 22/89. 25.7.1991. Rec. I -3958). 
"Este artículo sienta el principio de que toda actividad de radiodifusión destinada a ser 
recibida en la Comunidad debe respetar el Derecho del país de emisión , es decir del 
Estado miembro en el que el organismo de radiodifusión esté establecido, tanto si el 
programa está destinado a ser captado por la audiencia de dicho Estado miembro o de 
otros Estados miembros (...)" (Cifra apartado 43 de la Exposición de motivos). 
(31) Los organismos de radiodifusión pueden recurrir a la difusión simultánea, es decir emitir 
el mismo programa utilizando normas de transmisión diferentes, para llegar a mercados 
geográficos distintos (Pal o Secam) o a otros tipos de mercados diferentes (por ejemplo, 
utilizar las normas D2-MAC o PAL PLUS para el mercado de las pantallas de televisión 
16/9). 
19 
Si bien la Comisión sigue convencida de la eficacia del criterio del establecimiento, 
mantiene asimismo una postura abierta en cuanto a la posibilidad de determinar aún con 
mayor precisión unos criterios que permitan definir más claramente el propio concepto 
de establecimiento en el ámbito específico de la actividad económica de la radiodifusión 
televisiva, con objeto de garantizar un alto nivel de estabilidad y de seguridad jurídica 
a los organismos de radiodifusión televisiva que desarrollan su actividad en la Unión, y 
fomentar así el desarrollo de la televisión sin fronteras. 
3.1.2 Una ambigüedad de fondo 
El texto de la Directiva, con unas medidas equilibradas gracias al logro de un 
compromiso político que era difícil por la doble naturaleza económica y cultural del 
sector de la radiodifusión televisiva, fue aprobado en mayo de 1989 tras largas 
discusiones dentro de las Instituciones comunitarias. Por ello, el Consejo de Ministros 
alcanzó un acuerdo sobre una directiva que contiene determinadas disposiciones cuya 
ambigüedad ha provocado problemas bastante generalizados a la hora de su aplicación. 
Así ha sucedido en particular con los artículos 4 y 5, relativos a los porcentajes que se 
deben respetar en lo que atañe a la emisión de obras europeas y de producciones 
independientes. La flexibilidad deliberadamente permitida para la aplicación de estas 
medidas, por las fórmulas empleadas en los dos artículos, "siempre que sea posible", 
"progresivamente" y "mediante criterios apropiados" ha abierto la vía para la creación 
de mecanismos muy diferentes de un Estado miembro a otro, incluidos niveles de 
obligatoriedad variables. Ello ha creado incertidumbres en cuanto a la aplicación del 
principio de libertad de recepción y de retransmisión proclamado por la Directiva. 
Un caso concreto puede ilustrar esta situación: la difusión, a partir del Reino Unido, de 
los canales de televisión conocidos bajo el nombre de TNT/Cartoon fue objeto de quejas 
formuladas por una organización profesional europea y por un canal de televisión 
temática francesa(32). Titulares de una licencia expedida por las autoridades británicas, los 
dos canales están sujetos al régimen especial establecido! por el ordenamiento jurídico 
británico para los canales de televisión vía satélite: el régimen de licencias conocidas 
como "servicio de satélite no nacional". Este régimen incluye disposiciones para incitar 
a alcanzar los porcentajes de difusión de obras europeas y de producciones 
independientes considerablemente menos estrictas que las normas previstas para los 
canales terrestres o los canales vía satélite sujetos al régimen denominado "servicio de 
satélite nacional". 
De esta manera, la fórmula "siempre que sea posible", empleada en los artículos 4 y 5, 
permite a dichos canales obtener, por medio de la libertad de recepción y de 
retransmisión del apartado 2 del artículo 2, un "pasaporte" totalmente legal para la 
difusión internacional de emisiones que a fin de cuentas incluyen muy pocas obras 
europeas y programas independientes, o incluso ninguno, alegando para ello que dichas 
disposiciones "no son aplicables" a los canales de televisión que han limitado 
(32) También se han recibido otras quejas referidas a la no aplicación de los artículos 4 y 5, 
la última de las cuales procedente de Italia está siendo examinada en la actualidad. 
20 
voluntariamente su programación a programas originarios de terceros países (a pesar de 
que los programas emitidos pertenezcan a los géneros contemplados en los artículos 4 
y 5). Una situación de estas características sólo puede provocar, como se ha puesto de 
relieve en el caso de los canales anteriormente citados, litigios, ya que conlleva graves 
problemas de discriminación y de competencia desleal entre los medios profesionales, 
organismos de radiodifusión y productores de Estados miembros diferentes. 
Así, el asunto TNT/Cartoon que llevó a un tribunal belga a plantear, el 29 de noviembre 
de 1994, una cuestión prejudicial al TJCE sobre la interpretación de los artículos 2,4 y 5 
de la Directiva. 
La Comisión es consciente de que la fórmula actualmente utilizada en los artículos 4 y 
5 permite a los Estados miembros establecer regímenes de fomento más o menos 
flexibles. Sin embargo, la Comisión afirma categóricamente que las medidas de 
incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales de las disposiciones de una 
directiva no pueden desvirtuar los mismísimos objetivos que justificaron la aprobación 
de la directiva. Es preocupante comprobar que algunos Estados miembros no se han 
dotado de los instrumentos jurídicos suficientes o de otros medios de control y de 
sanción para garantizar que al aplicar los artículos de que se trata se tenga en cuenta esos 
objetivos, que, en este caso, persiguen el fomento de la producción y de la circulación 
dentro de las fronteras europeas de programas audiovisuales europeos e independientes. 
Desde el 4 de enero de 1990, en una respuesta a una pregunta parlamentaria, la Comisión 
destacó el hecho de que la Directiva vinculaba jurídicamente a los Estados miembros en 
todos sus elementos, precisando que, aunque la flexibilidad de la redacción de los 
artículos 4 y 5 dificultaba la apreciación, no eliminaba en absoluto el carácter jurídico 
de la obligación, que se analiza como una obligación de comportamiento(33). 
3.2 Problemas específicos 
3.2.1 Apartado 2 del artículo 2 - Libertad de recepción 
El asunto del canal Red Hot Television, al que antes se ha aludido (véase apartado 3.1). 
ha puesto sobre la mesa un problema importante a propósito del término "retransmisión" 
utilizado en el apartado 2 del artículo 2. En efecto, en dicho artículo se precisa que en 
caso de infracción del artículo 22 (protección de los menores), y respetando el 
procedimiento especial previsto a tal efecto, los Estados miembros podrán suspender 
provisionalmente la "retransmisión" de las emisiones televisadas puestas en tela de juicio. 
Se trata pues de saber si esto significa que esa suspensión provisional sólo puede 
aplicarse a la televisión por cable.. 
(33) QE n° 758/89 del Sr. Kenneth Collins (DO C 97 de 14/4/1990) 
21 
En opinión de la Comisión, conviene interpretar el concepto de retransmisión de la 
manera más amplia posible. Una limitación a la televisión distribuida por cable supondría 
que el procedimiento especial de suspensión provisional no podría aplicarse a los canales 
de televisión transmitidos vía satélite que infrinjan el artículo 22. Ahora bien, ello 
significaría que en un Estado miembro en el que coexistan los sistemas de transmisión 
vía satélite y por cable, un mismo canal podría ser objeto de una suspensión provisional 
cuando emita por cable y, sin embargo, se podrían seguir recibiendo sus emisiones 
gracias a una antena de recepción directa. De la misma manera, también significaría que 
un Estado miembro en el que predomine la televisión por cable se encontraría en una 
situación diferente de la de otro Estado en el que prima la recepción directa, ya que el 
primero podría utilizar el procedimiento de suspensión y el segundo no podría hacerlo. 
Una interpretación de esta naturaleza privaría de eficacia a la disposición a que nos 
referimos, creando discriminaciones de hecho contrarias a los objetivos generales de la 
Directiva. La Comisión recuerda que el objetivo del procedimiento combinado del 
apartado 2 del artículo 2 y del artículo 22 consiste en permitir a los Estados miembros 
que lo consideren necesario limitar la difusión en su territorio de los canales que 
infrinjan el artículo 22. 
Por último, se impone un postrer comentario sobre este procedimiento, referido en 
concreto a la letra b). En efecto, no es necesario que el Estado miembro de recepción 
espere un período completo de doce meses antes de iniciar el procedimiento. Basta que 
el artículo 22 haya sido infringido dos veces a lo largo de los doce meses anteriores al 
inicio del procedimiento. 
3.2.2 Capítulo III - Fomento de la distribución v de la producción de programas de televisión 
- Control de los artículos 4 y 5 
Como ya hemos visto (véase apartado 2.3), la aplicación de los artículos 4 y 5 fue el 
tema de una Comunicación especial en la que la Comisión consideraba que el balance 
era globalmente positivo. Sin embargo, este primer ejercicio de control ha puesto de 
relieve una serie de problemas que hacen difícil toda evaluación, a partir de los datos 
incluidos en los informes nacionales, de la repercusión de estas medidas sobre los 
mercados económicos. 
Esos problemas se deben tanto a la ambigüedad de la redacción de los dos artículos 
(véase apartado 3.1.2) como a otras dificultades de carácter metodológico, técnico y 
jurídico relacionadas con la propia operación de control, como la diferencia de 
presentación de los informes nacionales, la diversidad de criterios de referencia utilizados 
por los Estados miembros, la definición de determinados conceptos empleados (el de 
productor independiente, por ejemplo) y la carencia de estadísticas sobre algunos de los 
nuevos canales y, en general, sobre los porcentajes de producciones independientes, en 
especial recientes. La Comisión precisa, además, en cuanto a estas últimas, que la 
principal dificultad para la aplicación de la Directiva con la que han chocado los Estados 
miembros es la de evaluar cuál es el "porcentaje adecuado" que debe reservarse a las 
producciones independientes recientes. 
22 
Por lo que se refiere al propio concepto de productor independiente, los servicios de la 
Comisión, después de llevar a cabo un estudio económico y de consultar a los 
representantes de los Estados miembros reunidos en el Grupo ad hoc, sugirieron que a 
un productor se le considere independiente de un organismo de radiodifusión televisiva: 
- si un organismo de radiodifusión televisiva no detenta más de un 25% del capital de 
la sociedad de producción (50% si se trata de varios organismos de radiodifusión 
televisiva), 
- si, a lo largo de un período de tres años, el productor no suministra más de un 90% 
de su producción a un mismo organismo de radiodifusión televisiva, salvo si el 
productor sólo ha realizado un único programa o una sola serie durante ese período 
de referencia, 
dándose por supuesto que estos criterios deben aplicarse asimismo en sentido inverso 
(por ejemplo, en el caso de que un productor detenga una participación importante en un 
organismo de radiodifusión televisiva). 
De esta manera, la Comisión ha hecho posible que los Estados miembros puedan definir 
individualmente el concepto de "productor independiente" a partir de una base común 
con miras a la aplicación del artículo 5 de la Directiva (si se desea profundizar en esta 
cuestión, puede encontrarse más información en el Capítulo V del informe de control ya 
citado). 
Teniendo en cuenta que se trata de un primer informe, la Comisión ha tomado en 
consideración, en su valoración general del ejercicio, los problemas a que han debido 
hacer frente los Estados miembros para la creación de los mecanismos de control 
necesarios, y fundamentalmente cuanto hace referencia a la recopilación de datos. No 
obstante, la Comisión considera insatisfactorio el que una gran mayoría de ellos no 
presentaran en sus informes, a pesar de que así se establece expresamente en el 
apartado 3 del artículo 4, las medidas adoptadas o previstas en relación con los 
organismos de radiodifusión bajo su competencia que no alcanzaban los porcentajes 
fijados. Por esta razón, en mayo de 1994 se envió una carta a todos los Estados 
miembros directamente interesados solicitándoles información detallada sobre el 
particular. La Comisión se reserva la posibilidad de comprobar la conformidad de dichas 
medidas nacionales con las obligaciones derivadas de los artículos 4 y 5. 
En conclusión, la Comisión estima, en lo que atañe a este punto, que los resultados del 
primer período de aplicación de los artículos 4 y 5 son alentadores, fundamentalmente 
por una tendencia general al alza. 
El apartado 4 del artículo 4 menciona de forma expresa la posibilidad de formular 
propuestas de revisión de los artículos 4 y 5. Sobre este particular, la Comisión subrayó, 
al aprobar su primer informe de control, que la cuestión del ajuste, del refuerzo, incluso, 
del sistema establecido por los artículos 4 y 5 empezaba a plantearse, recordando al 
mismo tiempo que se trata de un ámbito de armonización necesario para facilitar el 
ejercicio de actividades independientes en el contexto del nuevo mercado audiovisual 
comunitario creado por la Directiva. 
23 
Sin embargo, la Comisión no consideró oportuno, en marzo de 1994, presentar ya 
propuestas de revisión, dado que antes de finalizar el año debía presentar un informe 
sobre la aplicación de toda la Directiva. De la misma manera, la Comisión creyó 
oportuno esperar a la evaluación global antes de proponer modificaciones con objeto de 
agruparlas en una propuesta global. 
Además, este planteamiento le permitía tener en cuenta los resultados de los debates a 
propósito del Libro Verde sobre la política audiovisual. 
- Obras europeas 
Hay que destacar que los Estados miembros no han señalado ninguna dificultad especial 
a la hora de aplicar el artículo 6, relativo a la definición de las obras europeas; tan solo 
algunas peticiones de información sobre la situación de los procedimientos de ratificación 
de los acuerdos con determinados terceros países. Ahora bien, la Comisión es consciente 
de que los operadores de terceros países que desean invertir en la producción en la Unión 
Europea tienen a veces ciertas dificultades debido a la existencia de algunas disparidades 
entre las medidas aprobadas a escala nacional. 
- Obras cinematográficas 
El principio del artículo 7 según el cual, salvo que exista un acuerdo diferente con los 
derechohabientes, debe respetarse un plazo entre el comienzo de la explotación de las 
obras cinematográficas en salas de cine y su difusión televisiva, sólo ha planteado 
dificultades para su aplicación en unos pocos Estados miembros. Esta dificultad atañe al 
lugar en el que comienza a correr dicho plazo, que se fija en la primera explotación en 
salas de cine de la obra cinematográfica independientemente del Estado miembro de la 
Unión en que este hecho se produzca. 
Para la Comisión, el momento en que empieza a correr el citado plazo no puede ser 
substituido, como algunos desean, por el de la primera explotación en una sala de cine 
nacional. En efecto, dicha modificación supondría privar a la Directiva de todo efecto 
armonizador en este ámbito, ya que daría origen a la aparición de discriminaciones en 
cadena entre organismos de radiodifusión de Estados miembros diferentes, paralizando 
con ello la propia explotación de las obras cinematográficas. Estos problemas de 
discriminación se harían, además, más y más graves con el desarrollo de los servicios 
de televisión vía satélite. 
El legislador, al tiempo que deja que prevalezcan los acuerdos entre profesionales, ha 
optado por un cierto grado de armonización con el fin de evitar que aparezcan normas 
nacionales tan diferentes unas de otras como para obstaculizar la difusión internacional 
de las emisiones televisivas. Toda propuesta cuyo objetivo sea considerar la primera 
explotación en una sala de cine nacional como punto a partir del cual comience a correr 
el plazo llevaría a privar de utilidad la propia existencia de esta norma dado que la 
armonización sólo puede fundarse en la unicidad del lugar. La Comisión desea, además, 
subrayar que sigue convencida de que en este ámbito debe darse prioridad a los acuerdos 
profesionales. 
24 
3.2.3 Capítulo IV - Publicidad por televisión y patrocinio 
Las medidas sobre publicidad y patrocinio en televisión han planteado pocos problemas 
especiales en cuanto a su contenido y se han aplicado correctamente en todos los Estados 
miembros. No obstante, la Comisión ha tenido que precisar varias veces su interpretación 
de determinadas medidas del texto. Sobre este punto, la Comisión desea, no obstante, 
subrayar, que los Estados miembros disponen, en algunos casos, de un margen de 
maniobra que les permite adaptar una medida a sus respectivas situaciones, en la medida 
en que sean compatibles con el Derecho comunitario. En este sentido, el Tribunal de 
Justicia reconoció, el 9 de febrero de 1995 en una cuestión prejudicial, que una medida 
nacional que prohibe la difusión de mensajes publicitarios en favor del sector económico 
de la distribución por los organismos de radiodifusión televisiva establecidos en el 
territorio del Estado miembro correspondiente no constituye una violación de la 
Directiva (asunto "Leclerc", C-412/93). 
Las peticiones de interpretación se refirieron a: 
- la mención del nombre y/o logotipo del patrocinador o de emisiones patrocinadas 
(artículo 17 (l.b) 
La Comisión considera que la disposición que establece que los programas patrocinados 
deben estar claramente identificados como tales al principio y/o al final de los programas 
no excluye que se mencionen el nombre y/o logotipo a lo largo de la emisión, siempre 
que se respeten escrupulosamente las restantes disposiciones y habida cuenta de que los 
Estados miembros tienen la facultad de prever unas normas más estrictas o detalladas en 
relación con los organismos de radiodifusión de su competencia. 
- la difusión de espacios publicitarios dentro de un período determinado de una "hora" 
(apartado 2 del artículo 18) 
La cuestión planteada hacía referencia a la delimitación de la hora: esto es si se trata de 
una hora de reloj o de una hora corrida, es decir sesenta minutos que empiezan a 
contarse en cualquier momento. La Comisión, así como la mayor parte de los Estados 
miembros y de los organismos de radiodifusión, se ha decantado, en aras de facilitar el 
control, por la primera opción. 
- la "duración programada" de las obras audiovisuales en relación con el sistema de 
interrupciones para emitir publicidad (apartados 4 y 5 del artículo 11) 
Se trataba de saber si conviene o no contabilizar dentro de esa duración el tiempo 
dedicado a la publicidad, incluida la publicidad del propio programa y la del 
patrocinador. Esta cuestión fue fuente de controversias sobre todo en Alemania; en marzo 
de 1994 se solicitó al Tribunal de Casación de Coblenza que se pronunciara sobre el 
asunto "brutto-netto". En opinión de la Comisión, el principio del "tiempo bruto" (es 
decir, incluida la duración de los espacios publicitarios) constituye la disposición mínima 
necesaria a los efectos de la directiva. No obstante, conviene recordar una vez más que 
los Estados miembros tienen la facultad de prever unas normas más estrictas o detalladas 
en relación con los organismos de radiodifusión de su competencia. 
25 
(34) - La situación v el cálculo del volumen máximo autorizado para la telepromoción(34) 
Sobre este aspecto, la Comisión ha querido precisar que, en su opinión, la telepromoción 
debe ser considerada como una forma de publicidad legítima en su.principio y, en 
consecuencia, sometida al conjunto de disposiciones de la Directiva sobre publicidad(35). 
La telepromoción está, no obstante sujeta, a dos condiciones cuantitativas, que no son 
alternativas sino cumulativas. En efecto, se aplican tanto el límite máximo del 20% (art. 
18 (1)) como la. cifra absoluta de una hora por día (art. 18 (3)). En cambio, no se aplica 
el límite relativo a la concentración de la publicidad dentro de un período de una hora, 
tal como resulta del artículo 18 (2), ya que dicho límite sólo se refiere a los anuncios 
publicitarios. En este tema, la opción de los Estados miembros se refiere a la posibilidad 
de aumentar del 15 al 20% el tiempo de transmisión diario dedicado a la publicidad. 
- Televenta 
La Comisión tuvo que precisar que, con arreglo al texto actual, un servicio de televisión 
que incluya ofertas directas al público para vender, comprar o alquilar productos, o bien 
prestar servicios, se rige por las disposiciones de la Directiva (véase la letra a) del 
artículo 1) sobre la definición de "radiodifusión televisiva"). Un servicio de estas 
características dentro de la programación de una cadena está, en consecuencia, sujeto a 
los límites impuestos por el artículo 18, lo que significa que en ningún caso puede 
superar una hora por día. No obstante, hay que añadir que la creación en un Estado 
miembro de un servicio que no esté sujeto a volumen horario alguno está autorizada, 
siempre y cuando sus emisiones no puedan recibirse directa o indirectamente en uno o 
en varios de los restantes Estados miembros (véase artículo 20). 
Este sistema de limitación única para la televenta plantea problemas de aplicación. En 
efecto, el incumplimiento de esta limitación por determinados canales de televisión vía 
satélite, autorizados en un Estado miembro y que, por consiguiente, pueden recibirse 
libremente en todos los restantes, ha motivado muchas de las quejas formuladas a la 
Comisión en 1994. Por ello, la Comisión considera que debe poner el acento sobre el 
hecho de que el desarrollo de esta actividad, que se ve favorecida por la proliferación de 
las posibilidades de difusión, resulta esencial ya que dichos servicios son muy apreciados 
por los consumidores. Por esta razón la Comisión cree que, para evitar la multiplicación 
de los litigios y favorecer el desarrollo de un nuevo tipo de servicios en sí legítimos, 
conviene revisar el principio de la limitación única, y su contenido, a la vista de la 
economía general del sector de la radiodifusión. 
La promoción por televisión de productos o de servicios a través de juegos o de 
presentaciones escenificadas. 
(35) Véase EP (93)396 de 24.5.1993. 
26 
3.2.4 Capítulo V - Protección de los menores 
Un segunda cuestión se planteó en el contexto del asunto Red Hot Television (véanse 
los apartados 3.1.1 y 3.2.1): saber si los programas que pueden "perjudicar seriamente" 
a los menores pueden ser considerados legítimos sobre las mismas bases que lo son los 
programas que simplemente les pueden "perjudicar". Estos últimos pueden emitirse 
siempre que se garantice, por la elección de la hora de emisión o de medidas técnicas, 
la protección de los menores que puedan encontrarse dentro de su probable campo de 
difusión. Ahora bien, la intención del legislador era, a todas luces, prohibir con carácter 
general los programas que puedan "perjudicar seriamente" a los menores. 
Sin embargo, el hecho de que un órgano jurisdiccional nacional considerara necesario 
plantear la cuestión al Tribunal de Justicia indica que existen razones para un cambio de 
redacción que clarifique las cosas. La Comisión cree, en consecuencia, que debe aclararse 
de manera oficial el artículo 22 para que, por un lado, el Estado miembro de recepción 
pueda aplicar con mayor facilidad el procedimiento de suspensión provisional autorizado 
en el caso de las infracciones repetidas cometidas por canales que no dependan de su 
competencia (combinación del apartado 2 del artículo 2 y del artículo 22) y, por otro, 
para contribuir a una mejor aplicación del sistema de protección de los jóvenes. Cabe 
señalar que dicha clarificación estaría en sintonía con los deseos del Parlamento Europeo, 
expuestos, fundamentalmente, en su informe sobre la pornografía, del que fue ponente 
el Sr. Nordmann, aprobado en diciembre de 1993(36). 
3.2.5 Capítulo VI - Derecho de réplica 
No se ha señalado ninguna dificultad especial para su aplicación. 
*** 
Esta primera operación ha puesto de manifiesto la utilidad de esta Directiva en el orden 
jurídico comunitario. En un contexto internacional en mutación constante, constituye la 
base necesaria para el crecimiento de la industria audiovisual europea y para la mejora 
de las condiciones de trabajo de aquéllos que la hacen realidad. Un crecimiento que 
resulta capital, prioritario y urgente para dicha industria, tal y como subrayó el Consejo 
Europeo (Essen - 10/11 de diciembre de 1994), destacando la importancia de los 
servicios y los nuevos contenidos de la información y la función del sector audiovisual 
en su dimensión cultural, elemento esencial del desarrollo de la sociedad de la 
información. 
(36) PE 204 592 
27 
1. PARTE C: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y 
EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES MODIFICADAS 
Naturaleza y orientación de la propuesta de revisión 
El artículo 26 de la Directiva prevé, además del informe relativo a su aplicación, que la 
Comisión formule, en caso necesario, propuestas para adaptar la Directiva a la evolución 
en el campo de la radiodifusión televisiva. Por ello, la Comisión ha formulado la 
propuesta de revisión que figura en la Parte D del presente documento, teniendo en 
cuenta tres categorías de factores: 
- las conclusiones de la Comisión sobre el informe relativo a la aplicación de la 
Directiva y sobre las contribuciones de los Estados miembros a propósito de las 
dificultades prácticas surgidas, 
- las conclusiones de la Comisión sobre el amplio proceso de consultas llevadas a cabo 
simultáneamente con los medios profesionales y con los Estados miembros a lo largo 
de 1994 y a principios de 1995, 
- el análisis de la Comisión sobre la evolución del sector audiovisual, recogido 
fundamentalmente en el Libro Verde, y sobre los trabajos relativos a la sociedad de 
la información. 
Al elaborar su propuesta, la Comisión ha procurado encontrar un equilibrio, teniendo en 
cuenta intereses a veces incompatibles, incluso contradictorios, pero sobre todo con miras 
a reforzar la seguridad jurídica de un instrumento comunitario juzgado globalmente 
positivo por todos y esencial para el desarrollo del sector. En efecto, existe un consenso 
sobre la utilidad de la Directiva del que se desprende que una modificación fundamental 
del texto no es necesaria ni deseable. Una vez dicho esto, y sin que la economía general 
de la Directiva se vea afectada por ello, determinadas modificaciones importantes y 
varias mejoras secundarias son necesarias para actualizar la Directiva y mejorar su 
funcionamiento, con objeto de disponer de un instrumento capaz de proporcionar un 
marco jurídico estable que favorezca el crecimiento del sector audiovisual en la Unión 
de aquí a finales de siglo. 
Por el contrario, en lo que se refiere al ámbito de aplicación, la definición de la 
radiodifusión televisiva prevista en la letra a) del artículo 1 de la Directiva de 1989 no 
varía. Dicha definición cubre, no sólo los servicios denominados "convencionales" de 
televisión, sino también servicios tales como el "Pay per view" (pago por sesión) o el 
"near-video-on-demand" (casi vídeo a petición)(37). Por consiguiente, todos los servicios 
del tipo "punto a multipunto", es decir, los que se emiten al mismo tiempo en más de 
un punto de recepción (televisor) están perfectamente cubiertos y se benefician de las 
disposiciones de la Directiva. 
(37) En la medida en que por casi vídeo a petición de entienden los servicios múltiples de 
pago por sesión. 
28 
No se consideró oportuno en estos momentos ampliar el ámbito de aplicación de la 
Directiva a los nuevos servicios "point to point", debido al carácter específico de los 
problemas que plantean. No obstante, la Comisión es consciente de la necesidad de 
consagrarse urgentemente al ámbito jurídico necesario para los nuevos servicios 
audiovisuales para garantizar su desarrollo en Europa, en particular, por lo que se refiere 
a la protección del interés general. A este respecto, la Comisión ha ultimado su enfoque 
sobre el marco jurídico de los servicios de la sociedad de la información, que prevé que 
cualquier solución normativa en relación con los nuevos servicios deberá insertarse en 
el marco jurídico del mercado interior y que las iniciativas deberán dirigirse a evitar los 
riesgos de fragmentación del espacio sin fronteras, hiperreglamentación al nivel 
comunitario e incoherencias normativas perjudiciales para el desarrollo de dichos 
servicios. La Comisión considera que, en este estadio, sería prematurado y arriesgado 
definir una futura regulación de los nuevos servicios al nivel comunitarios ya que no se 
conocen suficientemente los problemas que éstos podrían plantear y que podrían justificar 
una acción al nivel comunitario. En este contexto, la Comisión ha preferido lanzar unos 
trabajos de análisis y una serie de consultas sobre determinados aspectos normativos 
como los derechos de autor (Libro Verde en preparación), la protección jurídica de las 
señales cifradas (Libro Verde en preparación), la comunicación comercial (Libro Verde 
en preparación), la propiedad de los medios de comunicación (consultas en curso) y la 
transparencia de los futuros,proyectos de normas nacionales, así como su coherencia con 
los principios del mercado interior (comunicación en preparación). Además en un Libro 
Verde sobre el desarrollo de los nuevos servicios audiovisuales se examinarán las 
cuestiones del fomento del desarrollo de los nuevos servicios audiovisuales, la promoción 
de la identidad lingüística y cultural y las repercusiones en la protección del interés 
general. 
Habida cuenta de estos trabjos, en consecuencia, la Comisión está convencida de la 
necesidad de proceder a una revisión limitada de la Directiva. Esta necesidad se cimienta 
en tres tipos de consideraciones: 
- de una parte, parece indispensable, en aras de garantizar seguridad jurídica y eficacia, 
aclarar determinadas normas existentes: se trata fundamentalmente de precisar los 
criterios que determinan la competencia de un Estado miembro sobre un organismo 
de radiodifusión, de aclarar las normas sobre protección de menores; 
- de otra, hay que modificar determinadas normas para tener en cuenta las nuevas 
realidades económicas y tecnológicas del sector audiovisual: se trata básicamente de 
fijar las normas mínimas que hagan posible la expansión a través de las fronteras de 
los servicios de televenta, de ampliar las posibilidades de los organismos de 
radiodifusión en materia de inserción de mensajes publicitarios en sus programas. 
- por último, los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 
4 y 5 de la Directiva junto con las conclusiones sobre el Libro Verde demuestran que 
es necesario modificar determinados aspectos de las normas sobre fomento de la 
distribución y de la producción de obras europeas. 
29 
Al proponer esta revisión limitada, la Comisión pretende reforzar los logros de la 
Directiva, sobre todo en lo que atañe a su objetivo primordial, la libre circulación de 
servicios, pero también mantener los grandes equilibrios que consagra, el equilibrio entre 
la protección de los intereses generales y el desarrollo de los servicios audiovisuales, así 
como el equilibrio entre el desarrollo de esos servicios y el fortalecimiento de la industria 
europea de programas. 
2. Examen de las disposiciones modificadas 
(Nota: los apartados de este Capítulo figuran a continuación del texto de la propuesta de 
revisión de la Directiva.) 
2.1 Capítulo I - Definiciones (a los efectos de la presente Directiva) 
Artículo 1 - Letras b) y e) 
La definición propuesta para la televenta pone en evidencia la característica esencial que 
distingue dicha actividad de la de la publicidad y que consiste en programas o anuncios 
televisados que incluyen ofertas directas al público de bienes o servicios a cambio de una 
retribución. Las nuevas disposiciones permiten el desarrollo transnacional de los servicios 
de televenta televisados en Europa. 
2.2 Capítulo II - Disposiciones generales 
Artículo 2 
Las modificaciones que aquí se proponen son necesarias por las razones expuestas en el 
apartado 3.1.1 del Informe sobre la aplicación de la Directiva. Esas modificaciones 
obedecen a una petición general expresada por los Estados miembros reunidos en el 
Grupo ad hoc. En efecto, la multiplicación del número de servicios audiovisuales hará 
cada vez más necesario poder determinar con claridad y certeza qué organismos de 
radiodifusión se encuentran bajo la competencia de un Estado miembro. El problema 
afecta en especial a los canales difundidos por satélite. En este punto conviene recordar 
el análisis técnico y jurídico de la Comisión sobre el particular. 
2.2.1 "El establecimiento", criterio fijado por la Directiva para determinar "la competencia" 
La Directiva se aprobó con el fin de establecer el marco jurídico para la libre circulación 
de emisiones de radiodifusión televisiva en la Comunidad. La aplicación simultánea de 
las legislaciones de varios Estados miembros a una misma emisión obstaculizaría esa 
libre circulación. 
30 
El apartado 1 del artículo 2 establece asimismo que el ordenamiento jurídico aplicable 
a una emisión de televisión es el del Estado miembro bajo cuya competencia se 
encuentre el organismo de radiodifusión, garantizándose así la aplicación de un único 
ordenamiento. 
En el caso de que un organismo de radiodifusión opere en el territorio de la Comunidad 
Europea, pero no esté bajo la competencia de ningún Estado miembro, la Directiva prevé 
criterios subsidiarios para determinar cuál es el ordenamiento aplicable a la emisión de 
que se trate. Estos criterios, recogidos en el segundo guión del apartado 1 del artículo 2, 
son los siguientes: 
- el uso de una frecuencia autorizado por un Estado miembro, 
- el uso de la capacidad de un satélite autorizado por un Estado miembro, 
- el uso de un enlace conectado a un satélite situado en un Estado miembro. 
La Comisión opina que el criterio decisivo para determinar la competencia es el del 
Estado miembro en el que está establecido el organismo de radiodifusión. Así se 
desprende con claridad de la propia redacción de la Directiva, de su contexto, de sus 
antecedentes y sobre todo de su finalidad. 
I. Antecedentes 
La propuesta inicial de la Comisión de 6 de junio de 1986 definía claramente el lugar de 
establecimiento como criterio determinante de la "competencia". El apartado 43 de la 
exposición de motivos contenía una definición explícita del concepto de "competencia": "el 
Estado miembro en el que el organismo de radiodifusión está establecido". 
El apartado 43 de la exposición de motivos dice "Este artículo sienta el principio de que toda 
actividad de radiodifusión destinada a ser recibida en la Comunidad debe respetar el derecho 
del país de emisión, es decir del país miembro en el que el organismo de origen esté 
establecido". 
La única razón por la que se ha revisado la redacción para hacer referencia a la "competencia" 
ha sido resolver un problema específico que se planteaba en Alemania, país en el que estaban 
establecidos y desde el que emitían los organismos de radiodifusión sonora (la propuesta inicial 
abarcaba también a los organismos de radiodifusión sonora) de las fuerzas aliadas en Berlín, 
pero sin que esos organismos estuvieran bajo la competencia de la República Federal. 
La intención inicial del legislador de definir la competencia del Estado miembro en función 
del lugar de establecimiento del organismo de radiodifusión se ha mantenido. 
31 
5) 
II. Redacción 
La posición de la Comisión está basada asimismo en la redacción del apartado 1 del artículo 
2. La referencia a los "organismos de radiodifusión" significa que la determinación del Estado 
miembro responsable debe realizarse con arreglo a criterios relacionados con el organismo 
responsable de la difusión y no con los servicios que proporciona. 
III. Contexto 
La radiodifusión televisiva constituye un "servicio" en el sentido de los artículos 59 y 60 del 
Tratado(38). Del mismo modo, la Directiva pretende garantizar la libre prestación de servicios 
de radiodifusión en la Comunidad. De esa libre prestación de servicios deben beneficiarse en 
el sentido de los artículos 59 y 60 "los nacionales de los Estados miembros establecidos en un 
país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación". 
Por lo que respecta a las sociedades, el párrafo 1 del artículo 58 del Tratado menciona los 
criterios de la sede social, de la administración central o del centro de actividad principal al 
definir las sociedades a las que se aplica el capítulo relativo al derecho de establecimiento. El 
artículo 66 prevé la aplicación del artículo 58 a las sociedades también en el ámbito de la 
libertad de servicios. En consecuencia, los beneficiarios de la libre prestación de servicios en 
el sentido de los artículos 59 y 60 son sociedades cuya sede social, administración central o 
centro de actividad principal se encuentra en un Estado miembro que no es el del destinatario 
de la prestación. 
El término "competencia" empleado en el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva no puede 
interpretarse en un sentido que difiera sustancialmente del artículo 58 del Tratado. El legislador 
comunitario habría establecido normas específicas y precisas si hubiera querido fijar las 
condiciones para la libre prestación de servicios de radiodifusión televisiva con arreglo a unos 
criterios diferentes de los habituales. 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia refrenda este punto de vista y aporta otros elementos 
de juicio. En el asunto "Factortame"(39), el Tribunal afirmó "que el concepto de establecimiento, 
en el sentido del artículo 52 y siguientes del Tratado, implica el ejercicio efectivo de una 
actividad económica por medio de una instalación permanente en otro Estado miembro por una 
duración indeterminada". Además, el Tribunal subrayó que el concepto de establecimiento 
coincide con el lugar en el que se ejerce una actividad económica y desde el que se dirigen 
y controlan las operaciones. A este respecto, el Abogado General Mischo subrayó la 
importancia que reviste el que el artículo 58 utilice el criterio de la sede social, de la 
administración central o del centro de actividad principal al definir las sociedades a las que se 
aplica el capítulo sobre el derecho de establecimiento. 
(38) TJCE, asunto 155/73, 30.4.1974, Rec. p. 409 
(39) TJCE, asunto 221/89, 25.7.1991, Rec. p. 3962 
32 
Se pueden citar otros documentos comunitarios en los que unánimemente se subraya que el 
simple hecho de que un organismo tenga su sede social en un Estado miembro no es en sí 
mismo suficiente para determinar su establecimiento con arreglo al Tratado, sino que hace falta 
asimismo que sus actividades presenten una relación real y continua con la economía de un 
Estado miembro (véase por ejemplo el "Programa general para la supresión de las restricciones 
a la libre prestación de servicios), aprobado por el Consejo en 1962, DO n° 2 de 15 de enero 
de 1962, p. 32). 
Al aplicar estos principios al sector de la radiodifusión, la Comisión recomendó en sus 
"Orientaciones para el seguimiento de la aplicación de la Directiva "Televisión sin Fronteras" 
de 15 de febrero de 1993 (que fueron objeto de largas discusiones con los Estados miembros 
en el seno del Grupo ad hoc) que los criterios pertinentes para determinar el lugar de 
establecimiento tienen que ver más con las verdaderas actividades económicas de que se trata, 
como por ejemplo la producción de programas, la configuración de la programación, el 
ejercicio del control editorial por cada servicio de programas en cuestión, que con las 
operaciones puramente técnicas de telecomunicaciones. 
IV. Objetivos y consideraciones de orden práctico 
Además de los argumentos jurídicos, la Comisión está convencida de que el lugar de 
establecimiento es sin lugar a dudas el criterio más eficaz para determinar la competencia de 
acuerdo con los objetivos de la Directiva. 
Las disposiciones del apartado 1 del artículo 2 pretenden velar para que se aplique una Ley 
única a todas las emisiones dentro de la Comunidad, siendo esa Ley la del Estado miembro 
de origen. Para ello es necesario aplicar uno o varios criterios que garanticen un grado de 
estabilidad lo más alto posible. 
El criterio de la competencia determinada en función del lugar de establecimiento del 
organismo de radiodifusión es el más adecuado y el más eficaz para definir la responsabilidad 
del Estado sobre los organismos de radiodifusión. Como ese criterio pone el acento sobre el 
organismo, existe menos riesgo de que se produzcan problemas para definir la responsabilidad 
sobre un servicio de programas dado. 
El criterio del enlace ascendente no garantiza la estabilidad. En efecto, se han producido tales 
progresos tecnológicos que los enlaces ascendentes hacia los satélites se han hecho sumamente 
móviles y se utilizan de diversas maneras. Por ejemplo, cada vez es más corriente establecer 
el enlace ascendente para franjas horarias o "ventanas" diferentes de un mismo servicio de 
programas a partir de Estados miembros diferentes. Los organismos de radiodifusión pueden 
optar por transmitir la señal para un servicio de programas determinado a partir de un enlace 
ascendente en un momento dado de la jornada y a partir de otro enlace ascendente en un 
momento diferente de esa misma jornada, por ejemplo, mañana y noche. 
33 
También puede suceder que un organismo de radiodifusión lleve a cabo el enlace ascendente 
del mismo programa a través de diferentes satélites con destino a públicos seleccionados, por 
ejemplo optando por una difusión simultánea ("simulcast"), es decir, emitiendo el mismo 
programa utilizando normas de transmisión diferentes, para llegar a mercados geográficos 
diferentes (PAL o SEC AM) o a tipos de mercado diferentes (por ejemplo, utilizar el PAL-
PLUS o el D2-MAC para el mercado de pantalla ancha). En casos de este tipo, puede resultar 
apropiado realizar el enlace ascendente de los mismos programas desde diferentes lugares al 
mismo tiempo. 
La aplicación del criterio del enlace ascendente podría engendrar una situación de inseguridad 
jurídica, puesto que un organismo de radiodifusión podría escapar a la aplicación de la 
legislación de un Estado miembro simplemente trasladando su enlace ascendente al territorio 
de otro Estado miembro. El asunto "Red Hot Television" puso de manifiesto el riesgo de que 
se produzca un vacío jurídico. 
El número cada vez mayor de problemas que se puede achacar a la aplicación del criterio del 
enlace ascendente refuerza los argumentos contrarios a su empleo como criterio para 
determinar la competencia. 
Este fenómeno se acentuará con el advenimiento de técnicas de transmisión digital que 
eliminarán, en gran medida, los requisitos de naturaleza técnica que se aplican tradicionalmente 
a la actividad de radiodifusión. 
2.2.2 Clarificación del concepto de "establecimiento" aplicado al sector de los servicios 
audiovisuales 
A tenor de cuanto precede, la Comisión vuelve a afirmar su convicción de que el 
establecimiento es el criterio más eficaz para determinar la competencia de un Estado. 
Sin embargo considera, a la vista de la experiencia adquirida, que es necesario referirse 
dentro del propio dispositivo del artículo 2 a los criterios acumulativos establecidos por 
el Tribunal de Justicia, que son el ejercicio efectivo de una actividad económica y el 
hecho de disponer, en el Estado miembro de que se trate, de una instalación permanente. 
Por otra parte, también se propone añadir un considerando que incluya un conjunto de 
elementos adecuados para determinar el concepto de establecimiento a los efectos de la 
aplicación de la Directiva, con objeto de precisar y aclarar el principio del 
establecimiento para cumplir mejor los objetivos fundamentales de estabilidad y de 
seguridad jurídica para los operadores. Estos elementos deben tener asimismo en cuenta 
el contexto jurídico del Derecho comunitario en materia de establecimiento, así como la 
naturaleza específica de la actividad de radiodifusión. 
Por ello, se proponen los siguientes elementos: 
- el lugar en el que el organismo de radiodifusión tiene su sede social (es decir, el lugar 
en el que la sociedad está constituida de conformidad con la legislación de un Estado 
miembro y en el que se encuentra su sede social, su administración central o su centro 
de actividad principal dentro de ese mismo Estado miembro), 
34 
- el lugar en el que habitualmente se adoptan las decisiones sobre la política de 
programación, 
- el lugar del control central (donde se ensambla definitivamente el programa que va 
a ser emitido al público). 
Éstos son los elementos más importantes, de los cuales el segundo se refiere 
específicamente a la actividad de radiodifusión. Sin embargo, puede que por sí solos no 
sean suficientes para garantizar un "vínculo real y continuo" con la economía del Estado 
miembro de que se trate, de ahí la necesidad de precisar que una parte significativa del 
personal del organismo de radiodifusión trabaje en el mismo Estado miembro. 
Por "significativa" hay que entender una parte importante del personal desde un punto 
de vista cuantitativo, pero también, sobre todo, cualitativo (las personas que desarrollan 
una actividad directamente relacionada con la producción o la comercialización de 
programas). 
Ahora bien, si a pesar de la aplicación de estos criterios subsiste un desacuerdo entre los 
Estados miembros, competirá a los tribunales nacionales y, a fin de cuentas, al Tribunal 
de Justicia pronunciarse sobre él. 
Por último, cabe señalar que en los casos en los que no se pueda considerar que un 
organismo de radiodifusión está "establecido", con arreglo a los términos del apartado 2, 
en un Estado miembro, pero utiliza una frecuencia, la capacidad de un satélite o un 
enlace ascendente competencia de un Estado miembro, éste está obligado, a tenor de lo 
establecido en el apartado 3, a aplicable su legislación. Se trata en este caso de la misma 
disposición que la que figura en la actual Directiva y cuyo objetivo es garantizar que 
todas las emisiones difundidas en la Unión que tengan una relación, en este caso técnica, 
con uno de sus Estados miembros, respeten los términos de la Directiva. 
2.2.3 Artículo 2 bis 
Se trata del actual apartado 2 del artículo 2 que constituye el mecanismo central de la 
Directiva y que justifica el hecho de que esté fundada en el apartado 2 del artículo 57 
y en el artículo 66 del Tratado (véase asimismo el considerando 9 de la Directiva de 
1989 que hace referencia a la libertad de expresión tal y como este principio se consagra 
en el apartado 1 del artículo 10 de la Convención para la salvaguardia de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, ratificada por todos los Estados miembros). 
Los cambios propuestos establecen, de manera precisa, las modalidades técnicas del 
procedimiento extraordinario por el que se autoriza a un Estado miembro a actuar contra 
las emisiones que infrinjan los artículos 22 y 22 bis y se inspiran en las enseñanzas 
extraídas del caso "Red Hot Television" (véase el apartado 3.2.1 del Informe sobre la 
aplicación de la Directiva). 
35 
Se propone asimismo añadir un considerando en el que se haga referencia al hecho de 
que, con arreglo a la jurisprudencia constante del Tribunal, un Estado miembro conserva 
el derecho a tomar medidas contra un organismo de radiodifusión que esté bajo la 
competencia de otro Estado miembro cuando la intención de eludir su legislación sea 
manifiesta y deliberada. Se trata de la jurisprudencia conocida como "Van Binsbergen"(40) 
a la que hacía referencia una declaración de la Comisión recogida en el acta de la 
reunión del Consejo de 3 de octubre de 1989. 
Esta jurisprudencia se completó recientemente con la sentencia del Tribunal de 5 de 
octubre de 1994 en el asunto C-23/93 TV10 SA/Comissariaat voor Media(41). Se trata de 
una decisión prejudicial sobre la interpretación de las disposiciones del Tratado CEE 
relativas a la prestación de servicios. A pesar de que la sentencia no hace referencia a 
la Directiva, que todavía no se había aprobado en el momento de los hechos (la decisión 
del Commissariaat voor de Media se tomó el 28 de septiembre de 1989) es importante 
conocer las repercusiones que dicha sentencia tiene para los ámbitos cubiertos por la 
Directiva. 
En efecto, el Tribunal confirmó fundamentalmente que: 
- el concepto de "prestación de servicios" al que se refieren los artículos 59 y 60 del 
Tratado CEE abarca efectivamente la difusión, a través de entidades que explotan 
redes de distribución por cable establecidas en un Estado miembro, de programas de 
televisión ofrecidos por un organismo de radiodifusión establecido en otro Estado 
- miembro^ 
- un Estado miembro puede imponer restricciones a las emisiones de un organismo de 
radiodifusión que se establece en otro Estado miembro, pero cuyas actividades se 
dirigen total o parcialmente hacia el territorio del primer Estado miembro, cuando ese 
establecimiento se produce para que aquel organismo pueda eludir las normas que se 
le aplicarían de haberse establecido en el territorio del primer Estado. 
La Comisión saca de todo de ello las siguientes conclusiones: 
En primer lugar, el Tribunal confirma que la radiodifusión, así como la retransmisión por 
cable, son efectivamente servicios en el sentido de los artículos 59 y 60 del Tratado. El 
eludir las normas nacionales no supone que el supuesto quede fuera del ámbito de 
aplicación de dichas disposiciones. 
(40) 
(41) TJCE, asunto 33/74, 3.12.1974, Rec. p. 1299 
todavía no publicado 
En segundo lugar, la decisión hace bueno el criterio del lugar de establecimiento para 
determinar la única ley aplicable a un organismo de radiodifusión, salvo cuando dicho 
establecimiento se realiza con el objeto manifiesto de eludir las normas de un Estado 
hacia cuyo territorio se dirigen total o principalmente las emisiones de. que se trate (el 
apartado 21 de la decisión del Tribunal emplea el concepto de instalación con objeto de 
prestar ese tipo de servicios). En un caso de estas características, el Estado de recepción 
puede equiparar un organismo situado bajo la competencia de otro Estado a un 
organismo de radiodifusión nacional. Es conveniente tener en cuenta este hecho y, en 
consecuencia, añadir un considerando en ese sentido en la Directiva. 
En tercer lugar es conveniente tener en cuenta asimismo que dicha jurisprudencia, tal y 
como ha sido formulada por el Tribunal no afecta a: 
- los organismos de radiodifusión, establecidos desde un cierto tiempo en un Estado 
miembro, que deseen ampliar la cobertura de sus emisiones a partir de ese mismo 
Estado miembro (obsérvese que en el caso de TV 10 se trataba de un nuevo 
organismo que había decidido establecerse en un Estado miembro distinto de los 
Países Bajos, país hacia el que debían dirigirse sus emisiones y que, de hecho, no 
llegó a emitir jamás), 
- los organismos de radiodifusión cuyas emisiones estén dirigidas bien principalmente 
al territorio del Estado miembro del que dependen, bien al territorio de varios Estados 
miembros. 
- los organismos de radiodifusión cuyas emisiones estén total o principalmente dirigidas 
hacia un único Estado miembro, siempre y cuando dichos organismos no se hayan 
establecido en otro Estado miembro para eludir las normas que les serían aplicables 
de haberse establecido en el territorio del primer Estado miembro. 
En efecto, es legítimo pensar que si el Tribunal ha formulado su decisión en unos 
términos tan precisos ha sido para no vaciar de sentido las disposiciones pertinentes tanto 
del Tratado CEE como de la Convención para la salvaguardia de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales. Por otro lado no puede haber voluntad de eludir, en 
el sentido de la jurisprudencia, cuando la normativa nacional eludida es, ella misma, 
incompatible con el Derecho comunitario. Por último, hay que señalar que los hechos 
tal y como fueron establecidos por el órgano judicial remitente se refieren a un ámbito 
no coordinado por la Directiva, en este caso, las medidas adoptadas en los Países Bajos 
para garantizar el contenido pluralista y no comercial de los programas. 
La Comisión concluye de ello que no es necesario proponer una modificación 
fundamental del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva. 
37 
2.2.4 Artículo 3 
Con objeto de mejorar la coherencia del texto desde el punto de vista jurídico y teniendo 
en cuenta la sentencia Leclerc (asunto C-412/93 de 9.02.1995, ya mencionada en el 
informe de aplicación) la Comisión consideró preferible agrupar en una derogación 
general las excepciones previstas en los artículos 8 (objetivos lingüísticos) y 19 
(derogaciones en el ámbito de la publicidad), sin que éstas tengan carácter limitativo. 
Por otra parte, al aplicar la Directiva se ha comprobado que determinadas disposiciones, 
bien por una incorporación incorrecta a los ordenamientos nacionales, bien por haber sido 
interpretadas de manera divergente o bien por el incumplimiento de las normas 
incorporadas por parte de los organismos de radiodifusión, no se han aplicado con 
arreglo al objetivo perseguido. 
Ello ha llevado a algunos, incluidos ciertos Estados miembros, a solicitar que se 
reconozca al Estado de recepción un derecho de control. 
Esta petición no podía aceptarse dado que es contraria al principio de libre circulación 
de servicios y al artículo 2 que fija el principio de un sólo derecho aplicable a cada 
organismo de radiodifusión. Pero, consciente de las preocupaciones expresadas por 
determinados profesionales y Estados miembros, la Comisión juzgó necesario prever, en 
el apartado segundo, unas disposiciones más detalladas en materia de control nacional 
de las obligaciones impuestas por la Directiva a los organismos de radiodifusión 
televisiva. En este sentido, el mecanismo propuesto en el apartado 2 de este mismo 
artículo fija una sanción suficiente que incita al cumplimiento por parte de los 
organismos de radiodifusión de las medidas nacionales adoptadas para la ejecución de 
las disposiciones de la Directiva. Conviene recordar, por otro lado, que el incumplimiento 
por un Estado miembro de su deber de vigilancia constituye una violación del apartado 
2 del artículo 3 y, por consiguiente, una infracción de la Directiva. 
Con independencia del control de la conformidad de las normas nacionales con las 
disposiciones de la Directiva que debe realizarse a escala comunitaria, es evidente que 
la seguridad jurídica de los organismos de radiodifusión emana asimismo de la 
posibilidad que éstos tienen de obtener rápidamente la adopción de medidas preventivas 
en el caso de infracción de las normas nacionales por otro organismo de radiodifusión, 
cualquiera que sea el Estado miembro del que dependa. 
Por otra parte, la Comisión considera necesario prever un considerando en el que se 
recuerde que en todos los Estados miembros existen mecanismos específicos que 
permiten a cualquier parte interesada hacer valer sus derechos en caso de infracción de 
lo dispuesto en la Directiva. 
2.3 Fomento de la distribución y de la producción de programas 
38 
2.3.1 Fomento de las obras europeas (artículos 4 y 5) 
Con anterioridad a la propuesta de 1986, varios Estados miembros ya disponían de 
sistemas reglamentarios de fomento de las obras nacionales y europeas. Por consiguiente, 
era necesario incluir disposiciones de este tipo en los ámbitos coordinados por la 
Directiva. En su propuesta inicial (julio de 1986), la Comisión propuso que el porcentaje 
mínimo de difusión de obras europeas se fijara al principio al 30% y tres años más tarde 
al 60%. El texto que finalmente aprobó el Consejo en 1989, a pesar de la oposición del 
Parlamento Europeo al respecto, estableció la norma de la "proporción mayoritaria" 
"siempre que sea posible", con una cláusula de "no retroceso" que establece que, cuando 
no pueda alcanzarse la proporción mayoritaria, ésta no deberá ser inferior a la media 
correspondiente a 1988 en el Estado miembro de que se trate. También se creó un 
sistema de vigilancia ("monitoring") en el que la Comisión debe informar cada dos años 
sobre los porcentajes alcanzados en cada uno de los canales de televisión que sean 
competencia de los Estados miembros. 
El primero de dichos informes se aprobó el 3 de marzo de 1994(42). En sus conclusiones, 
la Comisión comentaba el primer ejercicio de vigilancia de la manera siguiente: 
"Los artículos 4 y 5 se aplican al conjunto de los canales que se hallan bajo la 
autoridad de los Estados miembros, con excepción de los que tienen un carácter local 
y no forman parte de una red nacional. La Comisión es consciente de que la redacción 
de estos artículos, y en particular el uso de expresiones tales como "siempre que sea 
posible" y "progresivamente", ha planteado problemas de interpretación tanto a las 
autoridades nacionales como a los agentes. Dichas expresiones son el reflejo de una 
cierta flexibilidad, necesaria para un sistema que se aplica tanto a los canales no 
especializados como, por ejemplo, a los canales temáticos que se emiten por satélite. 
Sin duda, lo ideal sería introducir en la Directiva normas más sutiles y mejor adaptadas 
a la diversidad de las diferentes categorías de canales. No obstante, la Comisión opina 
que los resultados de este primer ejercicio de "monitoring"permiten clarificar el alcance 
de estos artículos. En efecto, es indiscutible que la mayoría de los canales que figuran 
en los informes, y en concreto los establecidos desde hace algún tiempo, tienen la 
capacidad económica necesaria para ofrecer una proporción mayoritaria de obras 
europeas y mantener al mismo tiempo índices de audiencia satisfactorios. 
Así, la Comisión estima que el artículo 4 exige que todos los canales que dependan de 
la competencia de los Estados miembros difundan, en principio, una proporción 
mayoritaria de obras europeas cuando exista una cantidad suficiente de ellas para el 
tipo de canal en cuestión, o cuando la industria europea de programas sea 
potencialmente capaz de producirlas en cantidad suficiente. En el fondo, el objetivo de 
la medida es estimular el desarrollo de esta industria y permitir a los telespectadores 
acceder a esos productos. Además, la Directiva establece un marco jurídico aplicable 
a todos los organismos de radiodifusión, y el principio de competencia leal implica que 
dicho marco se aplique equitativa y lo más uniformemente posible. Los informes 
(42) COM(94)57 final ya citado 
39 
demuestran que no hay justificación (en términos de viabilidad económica) para que los 
artículos 4 y 5 se apliquen de manera significativamente distinta a canales de un mismo 
tipo, con independencia del mercado a que se dirijan, por el simple hecho de que un 
organismo de radiodifusión se halle bajo la competencia de otro Estado miembro. La 
expresión "progresivamente" permite tener en cuenta la situación específica de los 
nuevos organismos, pero, a largo plazo, no les exime de alcanzar la proporción 
mayoritaria. En este contexto, el apartado 2 del artículo 4 fija un umbral de referencia 
aplicable a cada Estado miembro en caso de no alcanzarse la proporción mayoritaria. 
El artículo 5 impone obligaciones relativamente menos onerosas a las emisoras. En este 
sentido, la Comisión opina que no permite el mismo nivel de flexibilidad que el artículo 
4 y que los Estados miembros deben aplicarlo con mayor rigor". 
Las modificaciones propuestas de los artículos 4 y 5 van en este sentido. Dichas 
modificaciones tienen en cuenta numerosas consultas, a nivel político y a profesionales, 
que la Comisión llevó a cabo, así como los resultados del proceso de consulta propuesto 
por el Libro Verde de abril de 1994. El sistema propuesto comprende las principales 
características siguientes: 
Artículo 4 
* La obligación de difusión sigue idéntica con respecto a la de 1989 para los canales 
no especializados, a saber, la proporción mayoritaria del tiempo de difusión, con 
exclusión del tiempo consagrado a informativos, manifestaciones deportivas, juegos 
y publicidad. La "base" es por lo tanto la misma, e incluye, como en 1989, las 
emisiones realizadas en "estudio". El primer informe de control ya mencionado puso 
de manifiesto que los canales no especializados no encuentran dificultades para 
cumplir con dicha obligación. 
* Por el contrario, es necesario adaptar el sistema a las necesidades de los canales 
temáticos, cuyo número aumenta constantemente. Por esta razón, se prevé que dichos 
canales puedan optar por una obligación de inversión, a saber el 25% del presupuesto 
de programación (al estar éste definido en el texto). 
* Se suprime la cláusula denominada de "no retroceso" (art. 4.2 de la Directiva de 
1989). 
* Los canales disponen de un plazo de 3 años para llegar a las proporciones previstas, 
a partir de la fecha de comienzo de sus emisiones. 
* Los canales que emitan en una lengua no europea y destinados a comunidades 
culturales no específicas no están sometidos a las obligaciones de los artículos 4 y 5. 
* El sistema de vigilancia ("monitoring") sigue en su mayor parte sin cambios. No 
obstante, admite que las proporciones no se alcancen. En este caso, los Estados 
miembros deben informar de ello a la Comisión presentando los motivos y las 
medidas previstas para encontrar una solución. 
40 
* Dichas disposiciones se aplicarán de forma efectiva durante diez años a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la nueva Directiva. Se prevé que después de diez años 
estas medidas comunitarias ya no se aplicarán, sin que por ello posibles medidas 
nacionales en este ámbito puedan obstaculizar la libre circulación de las emisiones 
televisadas. La limitación en el tiempo no afecta a la facultad de que dispone la 
Comisión de proponer las medidas que sean adecuadas en función de la evolución de 
las circunstancias. 
Artículo 5 
* Las mismas disposiciones que en 1989, excepto que la proporción de obras recientes 
en lugar de ser "adecuada", debe ser de al menos el 50%. El objetivo de dicha 
modificación es, por una parte, un esfuerzo de clarificación para la aplicación de la 
medida, por otra, una voluntad firme de favorecer la producción y la difusión de 
nuevas obras independientes. 
En los dos casos, se suprime la parte de frase "siempre que sea posible", fuente de 
incertidumbre y, por lo tanto de conflictos en el ámbito jurídico(43) e incompatible con 
el principio de la supresión, en su momento, de las disposiciones del artículo 4. Ello 
representará un aumento de la seguridad jurídica y garantizará la competencia leal entre 
canales de un mismo tipo situados en Estados miembros diferentes. No obstante, la 
supresión de dicha frase no significará una menor flexibilidad. Ello está garantizado por: 
- el mantenimiento de la base de 1989, incluyendo los estudios 
- la supresión de la cláusula de no retroceso 
- la posibilidad para los canales temáticos de optar por obligaciones de inversión 
- niveles de obligación (sea proporción mayoritaria del tiempo de difusión, sea el 25% 
del presupuesto de programación) realistas y de acuerdo con las prácticas actuales de 
mercado 
- la progresividad de 3 años y la excepción general para los canales que emitan en una 
lengua no europea. 
La supresión en su momento del sistema estará justificada ya que habrá sido capaz de 
alcanzar los objetivos perseguidos. En efecto, es necesario recordar que el hecho de 
prever una difusión mayoritaria de obras europeas, y un umbral de difusión o de 
participación financiera en producciones independientes, en los canales de televisión, 
responde tanto a una voluntad de ayudar a los profesionales de la imagen a que se 
beneficien del mercado ampliado por la libre circulación de servicios de televisión, como 
a fomentar el conocimiento de las culturas europeas en la Unión a través de medidas de 
fomento a la producción y distribución de sus obras. Dicho objetivo fue ampliamente 
refrendado por los profesionales, en particular en la Conferencia de julio de 1994, que 
se quejaban de una aplicación "selectiva" de las medidas jurídicas existentes a escala de 
(43) Para la Comisión, una interpretación teleológica de dicha disposición, habida cuenta de 
la finalidad de la medida que consiste en fomentar la distribución y la producción de 
obras europeas, obligaría a precisar que la proporción mayoritaria es la norma y que las 
excepciones deben justificarse debidamente en cada caso basándose en criterios objetivos. 
41 
la Unión tendentes específicamente a contribuir a reactivar la industria europea de los 
programas audiovisuales. Además, dicho enfoque es coherente con el Libro Verde de 
1994 que señaló —y ello fue confirmado por las consultas posteriores— que los diez 
próximos años serán decisivos para la industria europea de programas.. Dicha industria 
será competitiva en los mercados mundiales y en el ámbito de los multiservicios o 
desempeñará un papel de segundo orden que se limitará básicamente al ámbito nacional. 
En cuanto al artículo 5, el informe de "monitoring" constató que el cumplimiento de esta 
disposición es bastante general y, en principio, la misma es factible. El interés de esta 
disposición, cuya finalidad es de orden estructural, se ha puesto de relieve por los 
profesionales, especialmente en el ámbito del respeto del pluralismo en el contexto de 
las concentraciones de empresas. Esta es la razón por la que la medida dirigida a recurrir 
obligatoriamente, aunque en una proporción sin cambios, a programas procedentes de 
fuentes independientes de los organismos de radiodifusión televisiva es aplicable desde 
la primera emisión de la cadena y no se suprimirá al cabo de los diez años. 
2.3.2 Examen pormenorizado de las modificaciones propuestas 
Algunos aspectos de las modificaciones propuestas necesitan comentarios más 
pormenorizados por parte de la Comisión. 
a) Un régimen específico para los canales temáticos de ficción y documentales 
Los Estados miembros preveerán la facultad para los canales de televisión cuya 
programación esté constituida de al menos 80% de películas cinematográficas, de ficción 
televisada, documentales o dibujos animados, en lugar de cumplir con la obligación 
basada en el tiempo de difusión, de reservar a las obras europeas el 25% de su 
presupuesto de programación. La medida propuesta recupera concretamente la fórmula 
del "presupuesto de programación" ya prevista en el artículo 5 de la Directiva, pero la 
define de forma precisa: se trata del coste contable de la compra y la precompra de los 
derechos de difusión, de la producción y de la coproducción de la programación del año 
de referencia, es decir, el año del ejercicio en curso. 
La Comisión considera que el presupuesto de programación constituye el mejor 
denominador para el cálculo de la obligación de inversión. En efecto, permite al mismo 
tiempo delimitar el objetivo, a saber, fomentar los canales que emiten programas de 
reserva(44) a invertir en la producción de obras en Europa, evitando incluir en el cálculo 
las actividades económicas no pertinentes que pueden tener los organismos de 
radiodifusión (en particular los que emiten "grupos" de canales temáticos de los que 
(44) Las obras de reserva son, a diferencia de los programas de "flujo", que tienen una vida 
y una rentabilidad limitadas como los juegos y las emisiones realizadas en estudio, 
aquéllas cuyo importante coste inicial impone una estrategia de rentabilidad a largo plazo 
(varias emisiones televisadas) sobre diferentes soportes (salas de cine, edición de vídeos, 
edición de vídeojuegos, etc.) y en tantos mercados geográficos como sea posible habida 
cuenta de la naturaleza no efímera de su contenido. 
42 
algunos no están de hecho sometidos ni a las obligaciones de difusión ni a las 
obligaciones de inversión, tales como los canales "todo información" o los canales 
deportivos). 
De entrada hay que precisar que la finalidad de la medida no es encontrar una hipotética 
"equivalencia" entre obligaciones de difusión y obligaciones de inversión. Un intento de 
este tipo sería superfluo, aunque sólo sea por el hecho que la noción de "coste medio 
horario" de los programas no corresponde a la realidad de la economía del sector 
audiovisual. 
El criterio de identificación de los canales temáticos que pueden optar por la inversión 
—al menos el 80% de la programación dedicada a las obras de reserva— se estableció 
después de examinar los datos relativos al desglose de la programación de una serie de 
canales de este tipo emitidos en Europa. Dicho examen permite identificar perfectamente 
los canales con carácter temático confirmado, sin excluir, no obstante, que dichos canales 
puedan, en un parte limitada de su programación (20%) difundir otras categorías de 
programas. 
La fijación al 25% del porcentaje —el numerador— para la obligación de inversión se 
basó en datos obtenidos a partir de un estudio realizado por la Comisión. El objetivo era 
definir una proporción que fuese al mismo tiempo razonable para no obstaculizar el 
desarrollo de los servicios de televisión correspondientes y suficientemente eficaz para 
contribuir al efecto de incentivo esperado para la industria europea de programas. 
b) Un régimen de progresividad definido por los nuevos canales 
La segunda modificación importante propuesta tiene como objetivo definir de forma 
precisa la noción de progresividad. Los nuevos canales de televisión dispondrán de tres 
años para atenerse a las proporciones fijadas. Éstas deberán alcanzarse de forma 
escalonada, es decir, deberá realizarse un esfuerzo de forma regular. Los operadores 
económicos y los informes nacionales de algunos Estados miembros en el marco del 
primer "monitoring" consideraron que el plazo de tres años era necesario para alcanzar 
el equilibrio financiero en la mayoría de los casos. Por otra parte, es coherente con el 
hecho de que las medidas de fomento europeo sólo son aplicables durante un período de 
diez años. 
2.3.3 Artículo 6 
La modificación de la letra a) del apartado 1, de índole formal, persigue una 
actualización del texto. 
La modificación del apartado 3 tiene por objetivo incluir a los terceros países europeos 
con los que la Unión ha celebrado acuerdos europeos que abarcan el sector audiovisual 
para garantizar la seguridad jurídica necesaria con vistas a la aplicación de las 
obligaciones de los artículos 5 y 6, fomentando al mismo tiempo las asociaciones entre 
empresas de la Unión y empresas de esos países en el sector audiovisual. Esta 
43 
modificación supone una aplicación práctica del planteamiento global de cooperación con 
dichos países deseado por la Comisión tanto en lo que se refiere a los aspectos 
normativos como a los aspectos relacionados con la ayuda financiera. 
La inclusión de un nuevo apartado 4 responde a la voluntad de llevar a cabo una política 
activa en materia de inversiones no europeas en la producción europea de programas, 
favoreciendo, en particular, los acuerdos de coproducción con terceros países no 
europeos, pero con los que se hayan celebrado acuerdos bilaterales en este ámbito. Su 
objetivo obedece a la necesidad, demostrada repetidas veces por los profesionales del 
sector, de abrir los mercados de rentabilidad de los programas europeos respetando, no 
obstante, la identidad cultural de los mismos. Por esta razón, la Comisión propone que 
en los casos de colaboración financiera no mayoritaria con inversores de esos países se 
conserve la identidad europea de los programas. Esta política de coproducción debería 
aumentar la presencia de programas europeos en los mercados de esos países, y crear las 
sinergias necesarias para la creación de puestos de trabajo con otras industrias en el 
mercado mundial. 
2.3.4 Artículo 7 
El nuevo artículo 7 no modifica los principios fundamentales del sistema anterior con 
arreglo a los cuales, por un lado, los Estados miembros deben velar para que no se 
proceda a la difusión televisiva de obras cinematográficas antes de haber transcurrido un 
determinado plazo y, por otro, dicho plazo puede ser objeto de acuerdos diferentes entre 
los derechohabientes y los organismos de radiodifusión. La Comisión desea subrayar que 
el objetivo de esta disposición consiste en encontrar, en un contexto de libre circulación 
de emisiones de televisión, el mejor equilibrio posible entre la explotación televisiva de 
una obra cinematográfica y el comienzo de su explotación en salas de cine. Se da 
prioridad a la libertad contractual y la disposición anterior constituye una cláusula de 
salvaguardia en caso de desacuerdo entre las partes. 
Como se ha subrayado en el informe de aplicación, la Comisión considera conveniente 
dejar que sean los acuerdos contractuales entre derechohabientes y organismos de 
radiodifusión los que fijen, en primer lugar, los plazos para la difusión televisiva de 
obras cinematográficas. La pervivencia del principio de la libertad contractual en este 
ámbito coincide con la voluntad expresada por una amplia mayoría de profesionales que 
desean rentabilizar una actividad creadora que padece una crisis crónica. En efecto, los 
productores, que suelen ser los que detentan los derechos de explotación, deben 
conservar las manos libres para negociar la comercialización de sus obras 
cinematográficas con arreglo al criterio que más convenga a sus intereses económicos. 
Estos intereses económicos varían tanto de una obra a otra como de un mercado a otro 
para «adaptarse a situaciones muy diferentes fundadas en tradiciones culturales distintas. 
44 
Por el contrario, resulta necesario incluir las nuevas formas de explotación televisiva, es 
decir los servicios de pago por programa, en el sistema cronológico de salvaguardia 
previsto, habida cuenta del importante lugar que los mismos ocuparán en el futuro en los 
mercados de difusión y de la imposibilidad de aplicarles el plazo de dos años previsto 
en la disposición aprobada en 1989. Para equilibrar la competencia entre los diferentes 
medios televisivos, la Comisión ha considerado coherente fijar el siguiente orden 
cronológico a partir del comienzo de la explotación en salas de cine de una obra 
cinematográfica: 
1) los servicios de comunicación televisiva que utilizan el pago por programa, 
2) los servicios de comunicación televisiva que son objeto de un pago específico, 
3) los restantes servicios de comunicación televisiva. 
Para la fijación de los plazos, la Comisión ha tenido muy en cuenta el hecho de que los 
organismos de radiodifusión televisiva son, hoy en día, los mayores inversores en la 
producción cinematográfica, así como las prácticas y acuerdos contractuales que fijan en 
general en seis meses el plazo para la salida al mercado de una obra cinematográfica en 
vidéocassette (práctica que, persigue lograr los mayores ingresos posibles para los 
productores). La fijación de un plazo único para cada una de las categorías de servicios 
pretende hacer más simple la aplicación del sistema. De la manera en que se presentan, 
los plazos son coherentes con la realidad y sirven perfectamente para establecer una 
cronología adaptada a la necesidad de garantizar una competencia entre los diferentes 
medios televisivos, motor de una política de inversiones activa en el sector 
cinematográfico. 
La Comisión desea precisar asimismo las razones por las que el momento en que 
empieza a correr el plazo para la difusión televisiva de una obra cinematográfica sigue 
siendo el del comienzo de su explotación en una sala de cine de uno cualquiera de los 
Estados miembros de la Unión. Esas razones tienen que ver tanto con consideraciones 
de orden jurídico como con la voluntad de fomentar unas estrategias más amplias de 
explotación comercial de las obras cinematográficas. Al tratarse de una directiva que se 
basa en la coordinación de las disposiciones legales nacionales, el legislador comunitario 
ha optado por el principio de la unicidad del lugar en que empieza a correr dicho plazo 
con objeto de garantizar una seguridad jurídica a los organismos de radiodifusión 
televisiva y no crear situaciones discriminatorias entre organismos de diferentes Estados 
miembros. Esta opción es análoga a la Directiva "Cable-satélite", que impone la 
adquisición contractual de derechos exclusivos de radiodifusión por satélite de 
conformidad con la legislación de un único lugar, el Estado miembro en el que se lleve 
a cabo la comunicación al público(45). 
(45) La Directiva 93/83/CEE (DO L 248 de 6.10.1993) establece que la comunicación al 
público por satélite sólo tendrá lugar en el Estado miembro en el que, bajo el control y 
la responsabilidad del organismo de radiodifusión, las señales de transmisión del 
programa se introducen en un canal ininterrumpido de comunicación con el satélite y 
desde éste a la tierra (artículo 1.2.b) 
45 
La Comisión también subraya que este principio se atiene a una práctica de explotación 
comercial cada vez más extendida en la Unión, puesto que las obras cinematográficas de 
previsible éxito financiero comienzan a explotarse simultáneamente en las salas de cine 
de varios países. Para la Comisión, esta estrategia más amplia, que permite a un número 
cada vez mayor de europeos tener acceso al mismo tiempo a nuevas obras 
cinematográficas, contribuye a aumentar el conocimiento mutuo entre los pueblos 
europeos. La Comisión cree que fomentar esa estrategia supone una ayuda indirecta a la 
reestructuración del sector cinematográfico, puesto que lleva a los productores y 
distribuidores de obras cinematográficas a elaborar previamente unas estrategias de 
comercialización adaptadas a la naturaleza de las obras que producen. El presupuesto de 
promoción de una obra cinematográfica debe elaborarse de manera distinta según se trate 
de una obra con posibilidades de explotación a escala nacional o a escala europea, 
teniendo en cuenta los riesgos económicos que se desprenden de este hecho. 
2.3.5 Artículo 8 
Se suprime el artículo 8, al estar su contenido incluido en el nuevo artículo 3. 
2.4 Capítulo IV - Publicidad por televisión, patrocinio y televenta 
2.4.1 Artículo 11 
El objetivo de este artículo es organizar la manera en que las emisiones pueden ser 
interrumpidas por la publicidad y, a partir de ahora, la televenta. 
La modificación propuesta tiene en cuenta el hecho de que los guiones de las películas 
concebidas para la televisión pueden elaborarse desde su concepción de forma que se 
prevean intervalos naturales que permitan insertar anuncios publicitarios sin afectar a la 
integridad de la obra. Por el contrario, las obras cinematográficas responden a un método 
de elaboración de guiones, que se concibe de forma diferente, orientándose desde el 
origen hacia otros soportes —salas cinematográficas, y después el cassette vídeo— en 
los que no están previstas en principio interrupciones publicitarias. 
Asimismo tiene en cuenta el ciclo económico específico de las películas concebidas para 
televisión, que es parecido al de los restantes programas producidos para la televisión 
(como las series de ficción), cuya principal característica es la rentabilidad obtenida 
básicamente a partir únicamente de la difusión televisiva. 
46 
La Comisión recuerda también que en el tercer apartado es necesario interpretar la 
expresión "por tramo completo de 45 minutos" como que autoriza a los organismos de 
radiodifusión a interrumpir una película una vez por tramo, sin que seanecesario llegar 
al minuto 45, a condición naturalmente de respetar las demás disposiciones previstas en 
este mismo artículo (intervalo de 20 minutos por ejemplo, sabiendo que dicha disposición 
constituye por sí misma un principio y no una norma que se deba aplicar de forma 
estricta). Por último, habida cuenta de que los largometrajes cinematográficos, por 
definición, tienen una duración superior a 45 minutos, se propone suprimir el fragmento 
de frase "cuya duración programada sea superior a 45 minutos" 
2.4.2. Artículos 12 a 16 
Las disposiciones de los artículos 12 a 16 tendentes a proteger a los telespectadores se 
extienden al campo de la televenta, actividad que comprende tanto los programas como 
los anuncios de televenta y se define en la nueva letra e) del artículo 1 (véase el punto 
3.2.4 de la parte B del Informe de Aplicación). 
2.4.3 Artículo 17 
La prohibición de patrocinar programas que pesa sobre las empresas que tengan por 
actividad principal la fabricación o la venta de productos farmacéuticos que únicamente 
pueden obtenerse por prescripción facultativa crea una situación de discriminación no 
justificada con respecto a las restantes empresas que se encuentran en la misma situación 
objetiva con la única diferencia de que las actividades que estas últimas dedican a la 
fabricación o a la venta de dichos productos no sobrepasan la barrera del 40%. En 
consecuencia, se propone suprimir la prohibición de patrocinar programas impuesta a las 
primeras empresas. Con ello no se pone en tela de juicio el objetivo de protección de los 
consumidores perseguido por el conjunto de esta disposición, puesto que las normas 
generales sobre patrocinio prohiben claramente toda promoción de los productos o 
servicios proporcionados por el patrocinador. Por otra parte, frente a lo que ocurre con 
las empresas tabaqueras cuyo nombre se asocia con frecuencia a sus productos, el 
público no suele asociar las empresas contempladas por esta medida a un producto 
farmacéutico específico. 
2.4.4 Artículo 18 
La publicidad televisiva está en permanente evolución. Constantemente aparecen nuevas 
formas de publicidad. Sin embargo, el anuncio publicitario clásico sigue siendo la forma 
de publicidad más extendida y, a menudo, la más rentable. Se caracteriza por su corta 
duración (de algunos segundos a no más de un minuto treinta segundos en general), dado 
que se inserta entre programas o partes de programas. 
47 
La disposición relativa a "otras formas de publicidad", frente a los anuncios publicitarios, 
tiene como objetivo garantizar la flexibilidad necesaria para tener en cuenta el desarrollo 
de las nuevas formas de publicidad, tales como las telepromociones y los 
"Dauerwerbesendugen", que se caracterizan por su mayor duración y por el hecho de que 
generalmente se integran en el desarrollo del propio programa. Los Estados miembros 
que lo deseen podrán aumentar el límite máximo publicitario global al 20% del tiempo 
de transmisión diario para incluir las formas de publicidad distintas de los anuncios 
clásicos, quedando claro que el organismo de radiodifusión es libre de determinar las 
proporciones que asigna a las diferentes formas de publicidad dentro de este límite 
máximo, a reserva del límite absoluto del 15% para los anuncios publicitarios. 
Debido al crecimiento de la actividad de televenta, la limitación horaria contemplada en 
el apartado 1 se refiere exclusivamente a una forma de televenta: la que se lleva a cabo 
a través de anuncios de televenta. Los anuncios de televenta se caracterizan, al igual que 
los anuncios publicitarios, por su duración relativamente corta. Se diferencian de los 
anuncios publicitarios en que consisten en ofertas directas de venta o alquiler más que 
en mensajes promocionales. Los anuncios de televenta son diferentes de las ventanas de 
explotación de telecompra previstas en el apartado 1 del artículo 18ter, que en sí mismas 
constituyen programas emitidos "en bloque" y no espacios que se insertan entre 
programas o partes de programas. Los anuncios de televenta deben contabilizarse en el 
límite máximo global del 15 o 20% del tiempo de transmisión diario 
El apartado 2 está pensado para evitar una concentración excesiva de la publicidad en 
un mismo período dado, a saber una hora. El hecho de que este último concepto no se 
definiera de manera precisa en la Directiva en 1989 ha provocado diferencias de 
aplicación según que el criterio utilizado fuera el de la hora corrida o el de la hora de 
reloj. El criterio de la hora corrida es el que limita más las posibilidades de 
concentración de la publicidad en un período dado. Además, la complejidad de los 
cálculos que los organismos de radiodifusión y las autoridades nacionales deben realizar 
para garantizar el respeto de este criterio, así como los costes que ello conlleva, actúan 
en favor del criterio de la hora de reloj, de cálculo más simple. Por consiguiente, se 
propone modificar el texto en este sentido. En cambio, habida cuenta de que el anuncio 
publicitario sigue siendo la forma de publicidad que ofrece la mejor relación renta/tiempo 
para el organismo de radiodifusión, en particular en horas de gran audiencia, no parece 
necesario exrtender esta limitación a las otras formas de publicidad que llevan más 
tiempo o a los anuncios de televenta (se recuerda que a estos últimos se les aplican las 
disposiciones del artículo 18bis- véase el apartado siguiente). El organismo de 
radiodifusión efectivamente no concentrará de manera excesiva, por consideraciones 
propias de la economía del mercado publicitario, las formas de publicidad distintas de 
los anuncios publicitarios, sobre todo, en las horas de gran audiencia, en las que es más 
evidente la necesidad de mantener un equilibrio en beneficio del telespectador 
48 
2.4.5 Artículo 18 bis 
Teniendo en cuenta que la televenta es una actividad que está adquiriendo una creciente 
importancia a escala nacional en la mayor parte de los Estados miembros, así como fuera 
de la Comunidad, no se podía permitir que dicha actividad se desarrollara fuera del 
marco legal creado por la Directiva. 
Debido a la repercusión que tiene la aparición del producto en la pantalla en la decisión 
de consumirlo, las medidas dirigidas a proteger al mismo tiempo al telespectador y al 
consumidor deben precisarse en la Directiva para conferirles un carácter normativo y 
evitar toda práctica abusiva. 
Por ello, los principios generales previstos en el apartado 1 sobre el contenido de las 
emisiones de televenta constituyen unas normas mínimas tendentes a garantizar que el 
telespectador distinga fácilmente los programas de televenta de la publicidad o de otros 
programas, como por ejemplo los juegos. 
Además, con objeto de completar el dispositivo de protección ya creado se mencionan 
en el apartado segundo las disposiciones de la Directiva relativas a la protección de los 
consumidores en materia de contratos negociados a distancia que han dado lugar a una 
posición común del Consejo el 30 de marzo de 1995(46). 
2.4.6 Artículo 18 ter 
» 
El volumen diario fijado en una hora por día en la Directiva de 1989 no permite abarcar 
la actividad de televenta en todas sus formas. 
La presente propuesta pretende, en consecuencia, facilitar la actividad de televenta 
suprimiendo la limitación horaria para los canales dedicados exclusivamente a esta 
actividad. Esta concepción de un mercado comunitario para las actividades de televenta 
responde a una petición generalizada de los profesionales y de los Estados miembros. 
Con este artículo se pretende asimismo que los organismos de radiodifusión que explotan 
canales que no se consagran totalmente a la televenta puedan prever, con el fin de 
rentabilizar fundamentalmente sus franjas horarias de menor audiencia, unas ventanas de 
explotación dedicadas a la televenta con una duración máxima de 3 horas por período 
de 24 horas. 
2.4.7 Artículo 19 
Las disposiciones particulares del presente artículo se recogen en el marco más general 
del nuevo apartado 1 del artículo 3, quedando el artículo 19, como tal, derogado. 
(46) COM(93)396 final - Syn 411 
49 
2.4.8 Artículo 20 
Esta disposición extiende a la televenta la posibilidad que se concede a los Estados 
miembros para adoptar medidas diferentes en relación con las emisiones destinadas 
exclusivamente al territorio nacional que no pueden ser recibidas directa o.indirectamente 
en uno o varios de los restantes Estados miembros. 
2.4.9 Artículo 21 
Con objeto de mejorar la coherencia jurídica del texto, el contenido de dicha disposición 
se incluye en el artículo 3 que enumera una serie de medidas tendentes a reforzar la 
aplicación general de las obligaciones de la Directiva. Se suprime como tal el artículo 21. 
2.5 Capítulo V - Protección de los menores y de la moralidad pública 
2.5.1 Artículo 22 
La protección de los menores constituye un campo en el que los Estados miembros, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 2bis (antiguo apartado 2 del 
artículo 2), pueden obstaculizar las emisiones de radiodifusión televisiva procedentes de 
otros países. Esta disposición se ha reorganizado ligeramente para poder distinguir 
claramente entre los programas que quedan prohibidos con carácter general (los que 
pueden "dañar gravemente" a los menores) y los autorizados si se toman todas las 
garantías técnicas (los programas codificados por ejemplo) o de horario (emisión a una 
hora tardía), con objeto de garantizar que, en un principio, no serán vistos por menores. 
2.5.2 Artículo 22 bis y ter 
El antiguo artículo 22 se ha escindido en dos para facilitar la comprensión de la 
disposición sobre el orden público. En efecto, esta disposición tiene un alcance mucho 
más general que la protección de los menores y persigue asimismo la protección de los 
adultos contra aquellos programas que puedan dañar su integridad física, moral o 
espiritual. Por supuesto, los Estados miembros conservan la posibilidad de utilizar el 
procedimiento previsto en el artículo 3 en caso de infracción repetida de esta disposición. 
Ante la inquietud del Parlamento Europeo y de algunos Estados miembros respecto a la 
multiplicación en la televisión de programas que contienen principalmente escenas de 
excesiva violencia, el nuevo artículo 22 ter se consagra a mostrar la importancia que 
sería necesario conceder a este aspecto en la elaboración del informe de aplicación 
previsto en el artículo 26. 
2.6 Capítulo VII - Disposiciones finales 
50 
2.6.1 Artículo 25 
Se fija un plazo de un año para la incorporación de la Directiva a. los respectivos 
ordenamientos jurídicos nacionales dado que las modificaciones propuestas son 
simplemente ajustes o complementos de las disposiciones legales o reglamentarias ya 
existentes en aquéllos. Además, conviene reducir cuanto sea posible el plazo entre la 
aprobación de la Directiva modificada y su aplicación, plazo durante el cual la actual 
Directiva seguirá en vigor en los ordenamientos jurídicos nacionales. 
2.6.2 Artículo 26 
La Comisión volverá a examinar las disposiciones de la directiva modificada a los tres 
años de su aprobación con objeto de recapitular sobre la experiencia adquirida en ese 
tiempo y formular, si fuere necesario, nuevas propuestas para tener en cuenta la 
evolución del sector. 
3. Aspectos internacionales 
3.1 Convenio europeo sobre la televisión sin fronteras 
\ 
Algunos Estados miembros han ratificado el Convenio europeo sobre la televisión sin 
fronteras del Consejo de Europa, que entró en vigor el 1 de mayo de 1993. 
Sería evidentemente deseable, para que los organismos de televisión y las instancias 
competentes nacionales puedan organizar de la mejor manera posible sus actividades, que 
la Directiva y el Convenio fueran compatibles en la mayor medida posible, habida cuenta 
de las competencias respectivas de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Este 
objetivo se ve facilitado por el hecho de que los dos instrumentos cubren esencialmente 
los mismos ámbitos. 
No obstante, determinadas disposiciones de los textos vigentes difieren de manera 
significativa. Todas esas diferencias no suponen necesariamente una incompatibilidad. 
Por ejemplo, los artículos 4 y 5 de la Directiva, relativos a la promoción de la 
producción y la distribución de programas de televisión, van más allá de lo previsto en 
el artículo 10 del Convenio, que se refiere a los objetivos culturales, sin que ello suponga 
su incompatibilidad, siempre y cuando los Estados miembros de la Unión que son Partes 
en el Convenio estén dispuestos a recibir emisiones procedentes de Estados que no son 
miembros de la Unión, pero que son Partes en el Convenio, que no tienen por qué 
respetar las disposiciones de los artículos 4 y 5. 
51 
Existen asimismo diferencias de tipo institucional. El Convenio crea en su artículo 21 un 
Comité Permanente que puede formular recomendaciones sobre la aplicación y la 
interpretación del Convenio, así como proponer modificaciones. La Directiva no contiene 
una disposición equivalente puesto que, de acuerdo con el Tratado, compete a la 
Comisión, bajo el control del Tribunal de Justicia, velar por una correcta aplicación del 
Derecho comunitario. 
Otros ejemplos de divergencias entre los textos de la Directiva y del Convenio son, sin 
embargo, más fundamentales. Nos referimos en concreto al artículo 16 del Convenio, 
relativo a la publicidad específicamente dirigida a un determinado segmento, que no tiene 
equivalente en la Directiva al ser en sí incompatible con el artículo 59 del Tratado, así 
como con el apartado 2 del artículo 5 del Convenio relativo a los criterios de conexión 
jurídica(47). 
Es evidente que determinadas modificaciones de la Directiva, propuestas por la Comisión 
en aplicación de su artículo 26, pueden aumentar las diferencias entre los dos textos. Las 
modificaciones propuestas en el régimen aplicable a los servicios de televenta constituyen 
un ejemplo significativo. Sin embargo, la Comisión desea hacer hincapié en las 
siguientes consideraciones: 
- por un lado, el artículo 26 de la Directiva prevé expresamente la posibilidad de 
adaptar la misma para tener en cuenta la evolución del sector de la radiodifusión 
televisiva. En efecto, en este campo, resulta indispensable que el marco jurídico y 
reglamentario pueda cambiar para tener en cuenta los avances tecnológicos y la 
evolución del mercado; 
- por otro, el apartado 1 del artículo 27 del Convenio establece que, en sus relaciones 
mutuas, las Partes que son miembros de la Comunidad aplicarán en general las 
normas de ésta, y únicamente las normas del Convenio en la medida en que no exista 
ninguna norma comunitaria que regule el mismo asunto; en consecuencia, es posible 
adaptar la Directiva sin que ello suponga una dificultad jurídica adicional para los tres 
Estados miembros de la Unión que ratificaron el Convenio. 
Hay que destacar por otra parte que los artículos 21 y 23 del Convenio establecen un 
mecanismo de modificación relativamente flexible que le permitiría evolucionar en la 
medida en que lo deseen las Partes. A la larga, una vez que los dos instrumentos sean 
totalmente compatibles, la Comisión considera que sería oportuno examinar la posibilidad 
de proponer la adhesión de la Comunidad al Convenio, posibilidad prevista en el 
apartado 1 de su artículo 29. Hasta ese momento, hay que subrayar que representantes 
de la Comisión participan en los trabajos del Comité Permanente y, del mismo modo, 
representantes del Consejo de Europa participan en los trabajos del Grupo ad hoc. Esta 
participación cruzada facilita los intercambios de información sobre la aplicación de los 
dos instrumentos. 
(47) Véase Parte B apartado 5.1.1 y Parte C punto 3.1.1. 
52 
3.2 Los "Acuerdos europeos" 
Los Acuerdos de asociación entre la Unión y determinados países de Europa Central y 
Oriental, los denominados "Acuerdos europeos", establecen la posibilidad de que los 
Estados no miembros en cuestión participen en la política audiovisual de la Unión, 
incluida su dimensión normativa, puesto que mencionan explícitamente la aproximación 
de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la radiodifusión. Los acuerdos 
firmados con Hungría, Polonia, Bulgaria, República Checa, Rumania y Eslovaquia han 
entrado en vigor. Existen negociaciones con, principalmente, Eslovenia y los tres países 
bálticos. 
La Comisión examinará con dichos Estados las normas de desarrollo del conjunto de las 
disposiciones de que se trata. 
3.3 Hacia un Convenio mundial sobre radiodifusión 
Los avances tecnológicos y el desarrollo de la radiodifusión televisiva vía satélite 
plantean cada vez con mayor frecuencia el problema de los canales denominados 
"extraterritoriales". Se trata de organismos de radiodifusión que emiten desde el territorio 
de la Unión sin estar sujetos a la competencia de un Estado miembro en virtud de las 
disposiciones del artículo 2 de la Directiva (es decir, sin estar establecidos en un Estado 
miembro y sin utilizar la capacidad de un satélite bajo la competencia de un Estado 
miembro). Los Estados miembros pueden adoptar las medidas que consideren adecuadas 
en relación con dichas emisiones, respetando, no obstante, sus compromisos 
internacionales, así como los de la Unión. Parece útil, en aras de una mayor claridad, 
añadir un considerando que vaya en ese sentido. 
De todas maneras, con independencia de la Directiva, y con el fin de que las actividades 
internacionales de radiodifusión puedan desarrollarse dentro del respeto de determinadas 
normas comunes destinadas fundamentalmente a garantizar el orden público y a preservar 
el interés general, parece útil examinar las posibilidades que ofrecería un acuerdo 
internacional, es decir intercontinental, en este ámbito. 
Un acuerdo de estas características podría abarcar aspectos tales como los criterios para 
determinar el Derecho aplicable, los procedimientos que el Estado de recepción deberá 
respetar en caso de acción unilateral, las disposiciones sobre orden público y protección 
de menores, y quizás algunos aspectos relativos a la publicidad. En caso de que ese 
instrumento consiguiera un número suficiente de adhesiones podría permitir establecer 
unas normas mínimas comunes y evitar la creación de "paraísos de la radiodifusión" con 
objeto de eludir unas normas que los Estados miembros de recepción consideran 
esenciales. De momento, la Comisión tiene la intención de analizar en profundidad, junto 
con los Estados miembros, determinados aspectos relacionados con el contenido de una 
posible iniciativa en este ámbito, así como con el marco institucional en el que podría 
inscribirse esa iniciativa, manteniendo al mismo tiempo contactos no oficiales con los 
terceros países que puedan estar interesados. 
53 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de tos Estados 
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su 
artículo 57 y su artículo 66, 
Vista la propuesta de la Comisión(1), 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2), 
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189B del Tratado(3), 
Considerando que la Directiva 89/552/CEE del Consejo(4) constituye el marco legal de la 
actividad de radiodifusión televisiva en el mercado interior; 
Considerando que la Directiva 89/552/CEE establece en su artículo 26 que la Comisión, a más 
tardar al final del quinto año después de la fecha de adopción de la citada Directiva, presentará 
al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social un informe relativo a su aplicación 
y, si fuere necesario, formulará propuestas para su adaptación a la evolución en el campo de 
la radiodifusión televisiva; 
Considerando que la aplicación de la Directiva 89/552/CEE, así como el informe relativo a su 
aplicación presentado por la Comisión han puesto de manifiesto la conveniencia de aclarar o 
de precisar determinadas definiciones u obligaciones de los Estados miembros de conformidad 
con dicha Directiva; 
Considerando que la Comisión, en su Comunicación de 19 de julio de 1994 titulada "Europa 
en marcha hacia la sociedad de la información: plan de actuación" subraya la importancia de 
disponer de un marco normativo aplicable al contenido de los servicios audiovisuales que 
contribuya a garantizar la libre circulación de esos servicios en la Comunidad Europea y que 
responda a las posibilidades de crecimiento en este sector que ofrecen las nuevas tecnologías, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo las particularidades, en especial culturales y sociológicas, 
de los programas audiovisuales, cualquiera que sea su modo de transmisión; 
(1) DO n° 
(2) DQ n° 
(3) DO n° 
(4) DO n° L 298 de 17.10.1989, p. 23. 
54 
Considerando que el Consejo en su 1787a sesión de 28 de septiembre de 1994 acogió 
favorablemente ese plan de actuación y subrayó la necesidad de mejorar la competitividad de 
la industria audiovisual europea; 
Considerando que los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Consejo Europeo en Essen 
los días 9 y 10 de diciembre de 1994 invitaron a la Comisión a que presentara una propuesta 
de revisión de la Directiva 89/552/CEE antes de su próxima reunión; 
Considerando que «la aplicación de la Directiva 89/552/CEE ha puesto de manifiesto la 
necesidad de aclarar el concepto de jurisdicción aplicado específicamente al sector audiovisual; 
que teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 
es conveniente fijar el criterio del establecimiento como el criterio principal para determinar 
la competencia de un Estado miembro; 
Considerando que, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en 
su sentencia de 25 de julio de 1991 en el asunto C-221/89 "Factortame"(5) el concepto de 
establecimiento implica el ejercicio efectivo de una actividad económica por medio de una 
instalación permanente por una duración indeterminada; 
Considerando que, a los efectos de la Directiva 89/552/CEE, tal como ha sido modificada por 
la presente Directiva, el establecimiento de un organismo de radiodifusión televisiva puede 
determinarse por una serie de criterios materiales como el lugar de la sede social del proveedor 
de servicios, el lugar en el que habitualmente se toman las decisiones sobre la política de 
programación y, el lugar en que se encuentra el estudio central (es decir el lugar en el que se 
ensambla definitivamente el programa que va a difundirse al público) siempre y cuando una 
parte significativa del personal necesario para el ejercicio de la actividad de radiodifusión 
televisiva se encuentre en ese mismo Estado miembro; 
Considerando que, de conformidad con una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia(6), 
un Estado miembro conserva el derecho de adoptar medidas contra un organismo de 
radiodifusión televisiva que se establezca en otro Estado miembro, pero cuya actividad esté 
íntegra o principalmente orientada hacia el territorio del primer Estado miembro, cuando dicho 
establecimiento se realiza para eludir la legislación que sería aplicable a dicho organismo si 
se hubiera establecido en el territorio del primer Estado miembro; 
Considerando que cualquier parte interesada en la Comunidad puede hacer valer sus derechos 
ante los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro del que dependa el 
organismo de radiodifusión televisiva que no respete las disposiciones nacionales derivadas de 
la aplicación de la presente Directiva; 
Considerando que los Estados miembros pueden adoptar las medidas que estimen oportunas 
en relación con las emisiones procedentes de terceros países y que no cumplan las condiciones 
fijadas en el artículo 2 de la Directiva 89/552/CEE, siempre y cuando respeten el Derecho 
comunitario y las obligaciones internacionales de la Comunidad; 
(5) Rec. 1991, p. 1-3905, p. 20. 
(6) asunto 33/74, Van Binsbergen, Rec. 1974, p. 1299 y asunto C-23/93, TV10 S.A., 
Rec. 1994, p. 1-4795 
55 
Considerando que con objeto de eliminar los obstáculos debidos a las diferencias existentes 
entre las legislaciones nacionales en materia de fomento de obras europeas, la Directiva 
89/552/CEE incluye una serie de disposiciones dirigidas a armonizar esas normativas y, que, 
de manera general, esas disposiciones, adoptadas para permitir la liberalización de los 
intercambios, deben incluir medidas para armonizar las condiciones de competencia; 
Considerando, además, que, con arreglo al apartado 4 del artículo 128 del Tratado, la 
Comunidad está obligada a tener en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud 
de otras disposiciones del Tratado; 
Considerando que el Libro Verde sobre las "Opciones estratégicas para reforzar la industria 
de programas en el contexto de la política audiovisual de la Unión Europea, aprobado por la 
Comisión el 7 de abril de 1994, subraya en especial la necesidad de reforzar las medidas de 
promoción de las obras europeas para el desarrollo del sector; 
Considerando que a las consideraciones anteriores hay que añadir la necesidad de crear las 
condiciones adecuadas para mejorar la conpetitividad de la industria de programas; que la 
Comunicación relativa a la aplicación de los artículos 4 y 5 de la Directiva 89/552/CEE, 
aprobada por la Comisión el 3 de marzo de 1994 con arreglo a lo establecido en el 
apartado 3 de su artículo 4, indica que las medidas de promoción de las obras europeas pueden 
contribuir a dicha mejora, pero que conviene adaptarlas en función de la evolución del sector 
de la radiodifusión televisiva; 
Considerando que la aplicación efectiva de las disposiciones previstas en el artículo 4 de la 
Directiva 89/552/CEE, tal como ha sido modificado por la presente Directiva durante un 
período de diez años, habida cuenta también de los efectos de los instrumentos financieros de 
que disponen la Comunidad y los Estados miembros, debería permití alcanzar el objetivo de 
reforzar la industria europea de programas 
Considerando que es necesario asegurar la aplicación efectiva de dichas medidas en toda la 
Comunidad para garantizar una situación de competencia leal y equitativa entre los operadores 
de un mismo sector; que, además, la aplicación de estas medidas puede reforzar la confianza 
recíproca entre los Estados miembros; , 
Considerando que, una vez expirado el plazo de diez años, las eventuales medidas nacionales 
que se adopten en este ámbito no deben vulnerar el principio de libre circulación de servicios, 
obstaculizando la recepción o retransmisión de emisiones de radiodifusión televisiva 
procedentes de otros Estados miembros; 
Considerando que deben alcanzarse los porcentajes relativos de obras europeas, teniendo en 
cuenta las realidades económicas; que, por lo tanto, es conveniente establecer un sistema de 
progresividad para el logro de este objetivo; 
Considerando que conviene tener en cuenta la naturaleza específica de las emisiones difundidas 
exclusivamente en una lengua distinta de las de los Estados miembros; 
Considerando que la cuestión de los plazos específicos para cada tipo de explotación televisiva 
de las obras cinematográficas se inscribe, en primer lugar, en el marco de la libertad 
contractual; que, no obstante, conviene, a falta de acuerdo entre las partes interesadas o los 
medios profesionales interesados, prever una cronología adaptada a las necesidades de cada 
fase de explotación de tales obras; 
56 
Considerando que es necesario permitir el desarrollo de la televenta, que representa una 
actividad económica importante para el conjunto de operadores y un mercado real para los 
bienes y servicios de la Comunidad, adaptando el sistema de volúmenes horarios; que para 
garantizar totalmente la protección de los intereses de los consumidores, resulta esencial que 
las actividades de televenta estén sujetas a un determinado número de normas mínimas que 
regulen la forma y el contenido de las emisiones; 
Considerando que es necesario precisar las normas para la protección del desarrollo físico, 
mental y moral de los menores; que el establecimiento de una distinción clara entre los 
programas que son objeto de una prohibición absoluta y aquellos que pueden ser autorizados 
mediando una serie de medidas técnicas apropiadas, debe permitir dar una respuesta al objetivo 
de interés general perseguido por los Estados miembros y la Comunidad; 
Considerando que, según la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia(7), el concepto de 
"prestación de servicios" a que se refieren los artículos 59 y 60 del Tratado abarca la difusión, 
incluso a través de entidades de distribución por cable, de programas de televisión; que es 
conveniente, dé conformidad con el artículo 3B del Tratado, no exceder de lo necesario para 
alcanzar los objetivos de la Comunidad en el ámbito de la radiodifusión televisiva y que 
conviene, además, reafirmar el principio según el cual los Estados miembros están facultados, 
en relación con los organismos de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción, para establecer 
normas más estrictas o más detalladas, 
Considerando que el artículo B del Tratado de la Unión Europea establece que ésta tendrá, 
entre otros, el objetivo de mantener íntegramente el acervo comunitario, 
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Artículo 1 
La Directiva 89/552/CEE quedará modificada como sigue: 
1) El artículo 1 quedará modificado como sigue: 
a) la letra b) será sustituida por el texto siguiente: 
"b) "publicidad televisiva", cualquier forma de mensaje televisado a cambio de una 
remuneración o de un pago similar por una empresa pública o privada en relación 
con una actividad comercial, industrial, artesanal o profesión liberal tendente a 
promover, a cambio de una remuneración, la prestación de bienes o servicios, 
incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones. No estará incluida 
en esta noción, la televenta." 
b) se añadirá la letra e) siguiente: 
"e) "televenta", los programas y espacios televisados que incluyan ofertas directas al 
público con miras a la venta, compra o arrendamiento de productos, o a la 
prestación de servicios a cambio de una remuneración". 
(7) asunto 155/73 (Sacchi), Rec. 1974, p. 409 y asunto 52/79 (Debauve), Rec. 1980, p. 833. 
57 
2) El artículo 2 será sustituido por el texto siguiente: 
"Artículo 2 
1. Cada Estado miembro velará por que todas las emisiones de radiodifusión televisiva 
transmitidas por organismos de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción respeten las 
reglas de Derecho aplicables a las emisiones destinadas al público en ese Estado 
miembro. 
2. Estarán sometidos a la jurisdicción de un Estado miembro, los organismos de 
radiodifusión televisiva establecidos en el territorio de dicho Estado miembro, en el que 
dispongan de una instalación permanente y ejerzan efectivamente una actividad 
económica. 
3. Estarán asimismo sometidos a la jurisdicción de un Estado miembro, los organismos de 
radiodifusión televisiva establecidos fuera del territorio de la Comunidad que cumplan 
alguna de las condiciones siguientes: 
a) utilicen una frecuencia concedida por dicho Estado miembro, 
b) sin utilizar una frecuencia concedida por un Estado miembro, utilicen la capacidad de 
un satélite concedida por dicho Estado miembro, 
c) sin utilizar ni una frecuencia, ni la capacidad de un satélite concedida por un Estado 
miembro, utilicen un enlace ascendente con un satélite situado en dicho Estado 
miembro". 
4. La presente Directiva no se aplicará a las emisiones de radiodifusión televisiva destinadas 
exclusivamente a ser captadas en países terceros distintos de los Estados miembros y que 
no sean recibidas directa o indirectamente por el público en uno o varios Estados 
miembros." 
3) Se insertará el artículo 2 bis siguiente: 
"Artículo 2 bis 
Los Estados miembros garantizarán la libertad de recepción y no obstaculizarán la 
retransmisión en sus territorios de emisiones de radiodifusión televisiva procedentes de otros 
Estados miembros por motivos inherentes a los ámbitos coordinados por la presente Directiva. 
Los Estados miembros podrán adoptar con carácter provisional las medidas adecuadas para 
limitar la recepción y/o suspender la retransmisión de emisiones televisadas si se cumplen las 
condiciones siguientes: 
a) que una emisión televisada procedente de otro Estado miembro infrinja de manera 
manifiesta, seria y grave el artículo 22 y/o el artículo 22bis; 
b) que durante los doce meses anteriores el organismo de radiodifusión televisiva haya 
infringido, al menos dos veces, las mismas disposiciones; 
58 
c) que el Estado miembro de que se trate haya notificado por escrito al organismo de 
radiodifusión televisiva y a la Comisión las infracciones alegadas y su intención de 
restringir la recepción y/o suspender la retransmisión en caso de que se produzca de 
nuevo dicha infracción; 
d) que las consultas con el Estado de retransmisión y la Comisión no hayan conducido a 
un arreglo amistoso, en un plazo de quince días a partir de la notificación prevista en la 
letra c), y que persista la infracción alegada. 
! 
La Comisión adoptará una decisión, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de 
la medida adoptada por el Estado miembro, sobre la compatibilidad de dicha medida con el 
Derecho comunitario. En caso de decisión negativa, el Estado miembro deberá poner fin 
inmediatamente a la medida de que se trate. 
La disposición contemplada en el párrafo primero no afectará a la aplicación de cualquier 
procedimiento, medida o sanción contra dichas infracciones en el Estado miembro de que 
dependa el organismo de radiodifusión televisiva de que se trate." 
4) El artículo 3 será sustituido por el texto siguiente: 
"Artículo 3 
1. Los Estados miembros tendrán la facultad, en lo que se refiere a los organismos de 
radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción, de establecer reglas más estrictas o más 
detalladas en los ámbitos regulados por la presente Directiva. Dichas reglas, que deberán 
respetar el Derecho comunitario, podrán en particular referirse a: 
- la persecución de objetivos de política lingüística; 
- la toma en consideración de los intereses generales en relación con la función 
informativa, educativa, cultural y de entretenimiento de la televisión, así como en 
materia de salvaguardia del pluralismo de la información y de los medios de 
comunicación." 
2. Los Estados miembros velarán, con los medios adecuados, en el marco de su legislación, 
por que los organismos de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción respeten las 
disposiciones de la presente Directiva. 
Cada Estado miembro establecerá las sanciones aplicables a los organismos de 
radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción en caso de incumplimiento de las 
disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Estas sanciones deberán 
ser suficientes para garantizar el cumplimiento de dichas disposiciones. 
3. Los Estados miembros preverán asimismo, en el marco de su legislación, en lo que 
respecta a los organismos de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción, la posibilidad 
de recurrir a la adopción de medidas provisionales que tengan por objeto poner remedio 
a una infracción de las disposiciones de la presente Directiva suspendiendo incluso, si 
fuere necesario, la autorización para emitir." 
5) El artículo 4 será sustituido por el texto siguiente: 
59 
"Artículo 4 
1. Los Estados miembros velarán, con los medios adecuados, por que los organismos de 
radiodifusión televisiva reserven para obras europeas, definidas en el artículo 6, una 
proporción mayoritaria de su tiempo de difusión, con exclusión del tiempo dedicado a 
informativos, manifestaciones deportivas, juegos, publicidad o a servicios de teletexto o 
de televenta, 
2. Cuando se trate de cadenas cuyo horario de programación, fuera del tiempo dedicado a 
la publicidad o la televenta, se componga, como mínimo, en un 80% de obras 
cinematográficas o de ficción, documentales o dibujos animados, los Estados miembros 
preverán la posibilidad de que los organismos de radiodifusión, en lugar de cumplir con 
la obligación prevista en el apartado 1, puedan optar por reservar a las obras europeas, 
definidas en el artículo 6, el 25% del presupuesto de programación.A los efectos de la 
presente Directiva, se entenderá por presupuesto de programación el coste contable de 
la compra y precompra de los derechos de difusión televisiva, la producción y la 
coproducción del conjunto de programas emitidos por la cadena de que se trate durante 
el año de referencia. 
3. Las proporciones contempladas en los apartados 1 y 2 deberán alcanzarse 
progresivamente, por tramos, en un plazo de tres años a partir de la fecha del comienzo 
de las emisiones de la cadena de que se trate. 
4. Las disposiciones del presente artículo ni las del artículo 5 se aplicarán a las cadenas que 
emitan en su totalidad en una lengua distinta de las de los Estados miembros. 
5. A partir de la fecha de adopción de la presente Directiva, los Estados miembros remitirán 
a la Comisión cada dos años un informe sobre la aplicación del presente artículo y del 
artículo 5. 
En dicho informe se incluirán, en particular, las estadísticas sobre la realización de las 
proporciones a que se refieren el presente artículo y el artículo 5 para cada una de las 
cadenas de televisión bajo la jurisdicción del Estado miembro de que se trate. Los 
Estados miembros comunicarán a la Comisión las razones por las que no se hayan 
conseguido dichas proporciones, así como las medidas que se hayan adoptado en cada 
caso para asegurarse de que el organismo de radiodifusión consiga, efectivamente dichas 
proporciones. 
La Comisión dará a conocer dichos informes, que irán acompañados, en su caso, de un 
dictamen, a los demás Estados miembros y al Parlamento Europeo. La Comisión velará 
por la aplicación del presente artículo y del artículo 5, de conformidad con las 
disposiciones del Tratado. En su dictamen, la Comisión podrá tener en cuenta, en 
particular, los progresos realizados en relación con los años anteriores, la proporción que 
representan las obras de primera difusión en la programación, las circunstancias 
particulares de los nuevos organismos de radiodifusión televisiva y la situación específica 
de los países con escasa capacidad de producción audiovisual o de área lingüística 
restringida." 
6) El artículo 5 será sustituido por el texto siguiente: 
60 
"Artículo 5 
Los Estados miembros velarán, con los medios adecuados, por que los organismos de 
radiodifusión televisiva reserven, como mínimo, el 10% de su tiempo de difusión, con 
exclusión de tiempo dedicado a informativos, manifestaciones deportivas, juegos, publicidad, 
la televenta o a servicios de teletexto, o, alternativamente, a elección del Estado miembro el 
10%, como mínimo, de su presupuesto de programación, a obras europeas definidas en el 
artículo 6, de productores independientes de los organismos de radiodifusión televisiva. 
Dicha proporción deberá alcanzarse reservando una proporción, como mínimo, del 50% a obras 
recientes, es decir, obras difundidas en un lapso de tiempo de cinco años después de su 
producción." 
7) El artículo 6 quedará modificado como sigue: 
a) la letra a) del apartado 1 será sustituida por el texto siguiente: 
"a) las obras originarias de Estados miembros" 
b) el apartado 3 será sustituido por el texto siguiente: 
"3. Las obras contempladas en la letra c) del apartado 1 son las obras realizadas 
exclusivamente o en coproducción con productores establecidos en uno o varios Estados 
miembros, por productores establecidos en uno o varios terceros países europeos con los 
que la Comunidad haya celebrado acuerdos relativos al sector audiovisual si dichas obras 
son realizadas esencialmente con la participación de autores o de trabajadores que residan 
en uno o varios países europeos." 
c) Se insertará el apartado 3 bis siguiente: 
"3 bis. Las obras que no sean europeas con arreglo al apartado 1, pero que se hayan realizado 
en el marco de tratados de coproducción bilaterales celebrados entre los Estados 
miembros y terceros países se considerarán obras europeas, siempre que la 
contribución de los coproductores comunitarios en el coste total de la producción sea 
mayoritaria y que dicha producción no esté controlada por uno o varios productores 
establecidos fuera de los Estados miembros." 
d) En el apartado 4, después de las palabras "con arreglo al apartado 1 " se añadirán 
las palabras " y al apartado 3 bis" 
8) El artículo 7 será sustituido por el texto siguiente: 
"Artículo 7 
"Los titulares de derechos y los organismos de radiodifusión televisiva acordarán los plazos 
para la difusión de las obras cinematográficas. De no existir dicho acuerdo, los organismos de 
radiodifusión televisiva no emitirán obras cinematográficas antes de que transcurran los plazos 
siguientes, después del comienzo de su explotación en las salas de cine de uno de los Estados 
miembros: 
a) seis meses para los servicios de pago por programa; 
61 
b) doce meses para los servicios de televisión de pago, distintos de los contemplados en la 
letra a); 
c) dieciocho meses para los servicios distintos de los mencionados en las letras a) y b). 
Los Estados miembros velarán por que los organismos de radiodifusión televisiva bajo su 
jurisdicción cumplan estas disposiciones." 
9) Queda derigado el artículo 8 
10) El título del Capítulo IV será sustituido por el texto siguiente: 
"Publicidad por televisión y patrocinio y televenta" 
11) el apartado 3 del artículo 11 será sustituido por el texto siguiente: 
"3. La transmisión de largometrajes cinematográficos podrá ser interrumpida una vez por 
cada período completo de cuarenta y cinco minutos. Se autorizará otra interrupción si la 
duración es superior, por lo menos en, veinte minutos a dos o más períodos completos 
de cuarenta y cinco minutos." 
12) En el artículo 12, la frase introductora será sustituida por el texto siguiente: 
"La publicidad televisada y la televenta no deberán:" 
13) Los artículos 13 y 14 serán sustituidos por el texto siguiente: 
"Artículo 13 
Queda prohibida cualquier forma de publicidad televisada y de televenta de cigarrillos y 
demás productos del tabaco. 
Artículo 14 
Quedan prohibidos la publicidad televisada y la televenta de medicamentos y de tratamientos 
médicos que únicamente puedan obtenerse por prescripción facultativa en el Estado miembro 
del que dependa el organismo de radiodifusión televisiva." 
14) El artículo 15 quedará modificado cono sigue: 
a) la frase introductora será sustituida por el texto siguiente: 
"La publicidad televisada y la televenta de bebidas alcohólicas deberán respetar los 
criterios siguientes:" 
b) en la letra a) las palabras "no podrá estar dirigida" serán sustituidas por las palabras 
"no podrán estar dirigidas"; 
c) en las letras b) a f)> las palabras "no deberá" serán sustituidas por las palabras "no 
deberán" 
62 
15) El artículo 16 quedará modificado como sigue: 
a) la frase introductora será sustituida por el texto siguiente: 
"La publicidad televisada y la televenta no deberán perjudicar moral o físicamente a los 
menores y deberán, por consiguiente, respetar los siguientes criterios para su 
protección:" 
b) En las letras a) a d), las palabras "no deberá" serán sustituidas por las palabras "no 
deberán" 
16) El apartado 2 del artículo 17 será sustituido por el texto siguiente: 
"2. Los programas de televisión no podrán ser patrocinados por personas físicas o jurídicas 
cuya actividad principal sea la fabricación o la venta de productos o la prestación de 
servicios cuya publicidad esté prohibida con arreglo al artículo 13." 
17) El artículo 18 será sustituido por texto el siguiente: 
"Artículo 18 
1. El tiempo de transmisión dedicado a la publicidad no deberá representar más de un 15% 
del tiempo de transmisión diario. No obstante, dicho porcentaje podrá ascender hasta el 
20% si incluye formas de publicidad distintas de los espacios publicitarios y/o espacios 
de televenta, insertados en o entre los programas de un servicio no dedicado 
exclusivamente a la televenta, siempre que el volumen de espacios publicitarios no sea 
superior al 15%. 
2. El tiempo de transmisión dedicado a espacios publicitarios dentro de un período 
determinado de una hora de reloj no deberá ser superior al 20%." 
18) Se insertarán los artículos 18 bis y 18ter siguientes: 
"Artículo 18bis 
1. Los programas y los espacios de televenta deberán ser fácilmente identificables como 
tales y, en el caso de que se inserten en un servicio no dedicado exclusivamente a dicha 
actividad, deberán diferenciarse claramente de las restantes emisiones de ese servicio, 
incluidas las emisiones de publicidad, gracias a medios ópticos y/o acústicos; 
2. Los programas y espacios de televenta deberán ser conformes a las disposiciones 
de la Directiva del Consejo [sobre protección de los consumidores en materia de 
contratos negociados a distancia,](8) en concreto, en lo referente a las informaciones 
sobre el contenido de los contratos. 
(8) DOn°L 
63 
Artículo 18ter 
1. Los períodos de emisión dedicados a la televenta insertados en un servicio no dedicado 
exclusivamente a dicha actividad no deberán exceder de tres horas por períodos de 
veinticuatro horas. 
2. Los servicios dedicados exclusivamente a la televenta no estarán sometidos a ninguna 
limitación horaria." 
19) Queda derogado el artículo 19: 
20) El artículo 20 será sustituido por el texto siguiente: 
"Artículo 20 
Los Estados miembros, sin perjuicio del artículo 3, siempre que respeten el Derecho 
comunitario, podrán establecer condiciones distintas de las fijadas en los apartados 2 a 
5 del artículo 11 y en los artículos 18 y 18ter, en lo referente a las emisiones destinadas 
exclusivamente al territorio nacional y que no puedan ser recibidas directa o 
indirectamente en uno o más de los restantes Estados miembros." 
21) Queda derogado el artículo 21. 
22) El título del Capítulo V será sustituido por el texto siguiente: 
"Protección de los menores y de la moralidad pública." 
23) El artículo 22 será sustituido por el texto siguiente. 
"Artículo 22 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que las emisiones 
de televisión, incluidos los adelantos de programas, de los organismos de radiodifusión 
televisiva bajo su jurisdicción no incluyan programas que puedan perjudicar seriamente 
el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, programas que 
incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita. 
2. Las medidas a que se refiere el apartado 1 se extenderán asimismo a los programas que 
puedan perjudicar el desarrollo físico, mental y moral de los menores, salvo que se 
garantice, por la elección de la hora de emisión o mediante toda clase de medidas 
técnicas, que los menores que se encuentran en su campo de difusión no ven ni escuchan 
normalmente dichas emisiones." 
24) se insertarán los artículos 22bis y 22ter siguientes: 
"Artículo 22bis 
Los Estados miembros velarán por que las emisiones no contengan ninguna incitación al odio 
por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. 
64 
Artículo 22ter 
La Comisión prestará especial atención a la aplicación de las disposiciones del presente 
Capítulo en el informe previsto en el artículo 26" 
25) Queda derogado el artículo 25 
26) El artículo 26 será sustituido por el texto siguiente: 
"Artículo 26 
A más tardar al final del tercer año después de la fecha de adopción de la presente Directiva 
y después cada dos años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social un informe relativo a la aplicación de la presente Directiva y, si 
fuere necesario, formulará propuestas para adaptar la presente Directiva a la evolución en el 
campo de la radiodifusión televisiva." 
Artículo 2 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva 
a más tardar un año después de la fecha de entrada en vigor. Informarán inmediatamente 
de ello a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la 
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicaciób oficial. Los 
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas 
de Derecho interno que adopten en los ámbitos regulados por la presente Directiva. 
Artículo 3 
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
Las disposiciones del punto 5 del artículo 1 serán de aplicación efectiva durante un período 
de diez años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
65 
Artículo 4 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
Hecho en Bruselas, el 
Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 
Por el Consejo 
El Presidente 
66 



ISSN 0257-9545 
COM(95) 86 final 
DOCUMENTOS 
ES 15 
N° de catálogo : CB-C0-95-119-ES-C 
ISBN 92-77-87036-2 
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L-2985 Luxemburgo