A4-0287/97

Resolución sobre el Informe anual 1996 de la Comisión (COM(97)0200 - C4-0230/97) y su programa de trabajo 1997/1998 para la protección de los intereses financieros de la Comunidad y la lucha contra el fraude (COM(97)0199 - C4- 0231/97)

El Parlamento Europeo,

- Visto el Informe anual 1996 de la Comisión (COM(97)0200 - C4-0230/97) y su programa de trabajo 1997/1998 (COM(97)0199 - C4-0231/97),

- Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores (A4-0287/97),

A. Considerando que, según la Comisión, las irregularidades detectadas que afectaron al presupuesto 1996 representaron 1.300 millones de ecus, aunque las cifras reales de las pérdidas que se derivan del fraude son difíciles de calcular y probablemente mucho más elevadas,

B. Considerando que el principal sector de pérdidas como consecuencia del fraude en detrimento del presupuesto de la Unión es el formado por los recursos propios tradicionales, un problema que, dadas las disposiciones financieras de la Comunidad, repercute directamente en los presupuestos nacionales de los Estados miembros,

C. Considerando que un número relativamente pequeño de casos de fraude a gran escala, obra a menudo de la delincuencia organizada, constituye el grueso de las principales pérdidas a que ha de hacer frente el presupuesto de la Unión cada año,

D. Considerando que la importancia de algunos casos de fraude que se han detectado recientemente han puesto de manifiesto el riesgo de corrupción en las propias filas de la Comisión y la insuficiencia de las disposiciones para hacer frente a este problema,

E. Considerando que el programa de trabajo de la Comisión 1997 no aborda el tema de la corrupción interna,

F. Considerando que ningún Estado miembro ha ratificado todavía el Convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad ni el primer protocolo sobre corrupción,

G. Considerando que la complejidad y opacidad de gran parte de la legislación comunitaria, junto con la dispersión de las responsabilidades en materia de gasto en un número impresionante de organizaciones públicas y privadas cuya responsabilidad no se puede garantizar, hacen que el presupuesto de la Unión sea particularmente vulnerable al fraude,

H. Considerando que, en su Resolución de 17 de julio de 1997 sobre el Informe especial nº 1/96 del Tribunal de Cuentas relativo a los Programas MED (presentado de conformidad con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 188 C del Tratado CE) acompañado de las respuestas de la Comisión ((Acta de esa fecha, parte II, punto 20)), se considera indispensable que la Comunidad se dote de una unidad independiente de lucha contra el fraude que, a la espera de la instauración de un ministerio fiscal europeo para los asuntos de fraude y de corrupción que afectan al presupuesto de la Unión, asegure un vínculo con los ministerios fiscales nacionales y ponga en su conocimiento los hechos constitutivos de delito que descubra en el curso de sus investigaciones,

1. Acoge con satisfacción la publicación simultánea por parte de la Comisión de su informe anual sobre la lucha contra el fraude para 1996 y su programa de trabajo para 1997-98, con arreglo a los deseos del Parlamento Europeo; comprueba, no obstante, que la Comisión no ha satisfecho su solicitud de que incluyese en su informe anual una evaluación precisa de la aplicación del programa de trabajo del año anterior y le pide que lo haga sin falta el año próximo;

2. Comprueba con preocupación que las pérdidas que padece el presupuesto de la Unión como consecuencia del fraude siguen siendo inaceptablemente elevadas, sin que haya habido signos de recuperación en los últimos años; en este sentido, toma nota de la opinión del grupo de trabajo de alto nivel del Consejo de que las medidas de prevención del fraude van un paso por detrás del delito organizado y de los delitos económicos y financieros graves;

3. Considera que, puesto que las fronteras de la Unión Europea no impiden los casos de fraude a nivel internacional, la Unión Europea debería disponer de servicios de investigación capaces de tratar el fraude contra el presupuesto de la Unión sobre una base supranacional y que, con el objeto de garantizar la plena supervisión política de dichos servicios, éstos deberían crearse en el marco de las instituciones comunitarias;

4. Cuestiona que la UCLAF en la actualidad sea la base óptima para el desarrollo de un servicio de investigación de este tipo capaz de llevar a cabo investigaciones por propia iniciativa en todo el territorio de la Unión Europea en defensa de los intereses financieros de la Comunidad; en este sentido, reitera la recomendación nº 2 de su Comisión temporal de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario;

5. Acoge con satisfacción las iniciativas anunciadas en el programa de trabajo 1997 de crear una «célula comunitaria de análisis de riesgos» y una base de datos central en el ámbito aduanero; comprueba que estas propuestas responden a la recomendación nº 3 de su Comisión temporal de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario; pide que en el programa de trabajo de la Comisión 1998 se tomen medidas similares con respecto a la sección de gastos del presupuesto;

6. Acoge con satisfacción la creación de una «interfaz de enlace y dictamen penal» en el seno de la UCLAF encargada de asistir en los casos de fraude transfronterizo; comprueba que esta propuesta responde a las recomendaciones nº 15 y 18 de su Comisión temporal de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario;

7. Apoya toda iniciativa destinada a establecer estructuras antifraude en los países candidatos a la adhesión con vistas a la transposición del acervo comunitario; acoge favorablemente la creación de una unidad específica en el seno de la UCLAF para el control de los programas de desarrollo en terceros países;

8. Pide a la Comisión que garantice que la UCLAF dispone de personal y recursos suficientes para asumir sus nuevas tareas, en particular expertos jurídicos cualificados que asistan a los servicios encargados de las acciones penales en los diferentes Estados miembros;

9. Destaca que la nueva «interfaz de enlace y dictamen penal» sólo representa una primera solución a las dificultades con que se enfrentan las acciones judiciales en los casos transjurisdiccionales de fraude en detrimento de los intereses de la Comunidad, sobre todo en los casos de fraude cometidos en el seno de las instituciones de la Unión, para los que ninguna autoridad judicial dispone en la actualidad de competencias automáticas;

10. Considera que queda espacio para incrementar la cooperación judicial e insta a los Estados miembros a actuar en tal sentido;

11. Considera que sólo una autoridad judicial europea independiente y capaz, bajo su propia responsabilidad y sin el obstáculo que representa la inmunidad oficial, de dirigir investigaciones y entablar acciones judiciales cuando lo considere adecuado, puede abordar de manera correcta el fraude y la corrupción internos en el seno de las instituciones de la Unión con mayor apertura y transparencia;

12. Pide a la Comisión y a las demás instituciones comunitarias que recurran automáticamente a las autoridades judiciales nacionales competentes en todos los casos en que se sospeche fraude o corrupción que afecte a sus funcionarios, a la espera de la creación de una autoridad judicial europea independiente;

13. Encarga a su Comisión de Control Presupuestario que le presente:

- un informe sobre la independencia, el papel y el estatuto de la UCLAF,

- un informe sobre los procedimientos judiciales encaminados a garantizar la protección de las finanzas comunitarias;

14. Pide a la Comisión que, para garantizar una respuesta más eficaz y creíble a los casos de corrupción interna y una cooperación más eficaz con las autoridades judiciales competentes, presente al Parlamento Europeo antes del 30 de junio de 1998, de acuerdo con las orientaciones que éste formule, un documento de consulta oficial que sirva de base a las propuestas encaminadas a garantizar, sobre la base de un acuerdo interinstitucional, la plena independencia de la UCLAF, en particular:

- concediendo a los agentes de la UCLAF un régimen especial e independiente dentro del Estatuto de los funcionarios de la Comunidad, con el objeto de protegerles de las presiones,

- concediendo una mayor independencia presupuestaria a la UCLAF dentro la Sección Comisión del presupuesto,

- revisando la cadena de responsabilidades en los supuestos casos de corrupción y fraude internos en las instituciones de la Unión;

- garantizando la plena responsabilidad democrática de la UCLAF;

15. Pide a la Comisión que, en su próximo programa de trabajo anual, aborde las medidas que se han de tomar para mejorar los medios utilizados para investigar internamente los supuestos casos de corrupción y remitirles a la UCLAF y para reforzar la transparencia del procedimiento para la suspensión de la inmunidad solicitada por la autoridad judicial, teniendo en cuenta los puntos de vista del Parlamento Europeo;

16. Pide a las instituciones comunitarias afectadas por las presuntas irregularidades en la atribución y ejecución de los contratos de vigilancia de los edificios de las instituciones europeas que recurran inmediatamente a las autoridades judiciales nacionales competentes;

17. Pide a la Comisión que realice un análisis de derecho comparado sobre la posibilidad técnica y constitucional de que el ministerio fiscal europeo preconizado en el proyecto de "Corpus Juris¨ de la Comisión pueda ser incorporado a los sistemas judiciales de los Estados miembros;

18. Sigue pensando que un espacio debidamente integrado en el ámbito del derecho penal es indispensable para defender adecuadamente los intereses financieros de la Comunidad y para luchar de manera eficaz contra el fraude internacional en todas sus facetas; en este sentido, pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen con el Parlamento para la plena aplicación del artículo 209 A del Tratado CE, que preverá, de conformidad con el actual proyecto de Tratado de Amsterdam, que se establezca una protección efectiva y equivalente de las finanzas comunitarias en todos los Estados miembros; propone, con este fin, basar las futuras iniciativas en las propuestas del «Corpus Juris», en la medida en que sean técnica y constitucionalmente compatibles;

19. Exige a los Estados miembros que ratifiquen y transpongan en su integridad y sin demora el Convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad; considera que los Estados miembros que no lo hagan están incumpliendo sus obligaciones con arreglo al artículo 209 A del Tratado CE y que, de conformidad con la recomendación nº 31 de la Comisión temporal de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario, debería confiscárseles el 10% de los recursos propios tradicionales retenidos por las administraciones nacionales;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.