INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO sobre la puesta en práctica y la evaluación de las actividades comunitarias en favor de los consumidores en el período 1999-2001 con arreglo al marco general establecido por la Decisión 283/1999/CE

ÍNDICE

1. Introducción

2. El marco financiero general

3. Acciones de la Comisión en el marco de la Decisión 283/1999/CE

3.1 La salud y la seguridad de los consumidores

3.1.1. Acciones relativas a la preparación y la elaboración de dictámenes por los comités científicos

3.1.2. Expertos e inspecciones en relación con los controles en los sectores alimentario, veterinario y fitosanitario

3.1.3. Expertos técnicos para evaluar los riesgos relacionados con los productos no alimentarios

3.1.4. Utilización de la experiencia del Centro Común de Investigación

3.1.5. Divulgación de información sobre productos y servicios peligrosos y sobre riesgos potenciales

3.2. Protección de los intereses económicos y jurídicos de los consumidores en relación con los productos y los servicios

3.2.1. Acciones destinadas a mejorar la cooperación entre los organismos que participan en la vigilancia del mercado

3.2.2. Acciones destinadas a garantizar el respeto de los derechos de los consumidores en el suministro de productos y la prestación de servicios

3.2.2.1. Mecanismos para la mejora de la resolución de los litigios de consumo, especialmente a través de proyectos piloto y la creación de bases de datos

3.2.3. Acciones destinadas a garantizar un entorno equitativo en las transacciones de consumo

3.2.3.1. La introducción del euro

3.2.4. Acciones destinadas a supervisar las afirmaciones ecológicas

3.2.5. Desarrollo de acciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia y a mejorar los procedimientos extrajudiciales comunes, y apoyo a las mismas

3.2.6. Acciones destinadas a evaluar los riesgos específicos y los beneficios potenciales para los consumidores de la sociedad de la información

3.2.7. Acciones destinadas a promover la protección de los datos y de la intimidad

3.2.8. Acciones horizontales para la protección de los intereses económicos y legales de los consumidores

3.3. Educar e informar a los consumidores

3.3.1. Acciones destinadas a mejorar la información a los consumidores

3.3.1.1. Acciones destinadas a incrementar la sensibilización sobre las cuestiones relacionadas con la seguridad de los productos

3.3.2. Mayor sensibilización de los consumidores sobre la necesidad de un consumo y una producción sostenibles

3.3.3. Acciones destinadas a mejorar la información de los consumidores sobre productos y servicios específicos, en particular a través de ensayos comparativos

3.3.4. Acciones destinadas a desarrollar la educación de los consumidores, especialmente en las escuelas

3.3.5. Acciones destinadas a desarrollar y apoyar los Centros europeos de información de los consumidores

3.4. Promoción y representación de los intereses de los consumidores

3.4.1. Refuerzo de la representación de los intereses de los consumidores

3.4.2. Acciones destinadas a apoyar a las organizaciones de consumidores en los Estados miembros

3.4.3. Acciones destinadas a promover y coordinar la participación de los consumidores a nivel europeo en el proceso de normalización

3.4.4. Proyectos piloto de promoción de modelos sostenibles de consumo

3.5. Otras acciones de la Comisión

4. Apoyo económico a las organizaciones europeas de consumidores

5. Cofinanciación de proyectos específicos

6. Observaciones finales

ANEXO

1. Introducción

La Decisión 283/1999/CE, de 25 de enero de 1999, por la que se establece «un marco general de actividades para promover los intereses de los consumidores y garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en el período 1999-2003» [1] constituye el marco jurídico para una serie de ayudas en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores. Antes de éste, no existía ningún marco jurídico, aparte del Tratado y el presupuesto anual comunitario, en el que se definieran las acciones que podían recibir financiación comunitaria.

[1] DO L 34/1 de 9.2.1999.

La Decisión 283/1999/CE establece los objetivos, las disposiciones de aplicación y las áreas de actividad para las acciones comunitarias en favor de los consumidores. En su «Informe relativo al plan de acción sobre política de los consumidores 1999-2001 y sobre el marco general para las actividades comunitarias en favor de los consumidores 1999-2003», de 23 de agosto de 2001 [2], la Comisión presentó una visión general de la situación de las actividades efectuadas en el marco de la Decisión 283/1999/CE, en relación con los objetivos establecidos en el Plan de acción sobre política de los consumidores 1999-2001 [3].

[2] COM(2001) 486 final.

[3] COM(1998) 696 final.

En el artículo 13 de la Decisión se estipula que la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual de ejecución, así como un informe de evaluación, sobre los tres primeros años de aplicación de las actividades efectuadas con arreglo al marco general. El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento a esta obligación. Por tanto, no cubre todas las actividades incluidas en el Plan de acción sobre política de los consumidores, sino solamente las financiadas en el marco del artículo 2 de la Decisión.

Las acciones de la Comisión que han recibido financiación se presentan en el capítulo 3 por ámbito específico, tal como se establece en el artículo 4, y dentro de cada ámbito por actividad, tal como se presentan en la lista del anexo de la Decisión 283/1999/CE. Los cuatro ámbitos específicos son:

1. Salud y seguridad de los consumidores (capítulo 3.1).

2. Protección de los intereses económicos y jurídicos de los consumidores (capítulo 3.2)

3. Educación e información de los consumidores (capítulo 3.3)

4. Promoción y representación de los intereses de los consumidores (capítulo 3.4.)

El capítulo 4 aborda la financiación básica de las organizaciones europeas de consumidores y el capítulo 5 la cofinanciación de proyectos específicos. Las observaciones finales se presentan en el capítulo 6. En el anexo se describe la situación actual en relación con la evaluación detallada de estas acciones.

2. El marco financiero general

La Decisión prevé un presupuesto total para el período de cinco años de 112,5 millones de euros (excluida la contribución de la AELC) e introduce tres instrumentos para financiar actividades en favor de los consumidores:

a) Acciones realizadas por la Comisión (letra a) del artículo 2 de la Decisión).

b) Financiación básica de organizaciones representativas de los consumidores europeos que tengan como objetivo prioritario la protección de la salud y de los consumidores (letra b) del artículo 2).

c) Cofinanciación de proyectos específicos de las organizaciones de consumidores y otros organismos independientes cuyo objetivo sea la promoción de los intereses de los consumidores en los Estados miembros (letra c) del artículo 2).

Los créditos de compromiso totales (excluida la contribución de los países de la AELC) se elevaron a 22,35 millones de euros para el año 1999, 22,5 millones de euros para el año 2000 y 22,5 millones de euros para el año 2001. En 1999, se utilizaron el 100 % de los créditos de compromiso, en 2000 el 95 % y en 2001 el 92 %. El cuadro 1 muestra los créditos de compromiso totales para gastos en 1999-2001.

Cuadro 1. Créditos de compromiso totales en 1999, 2000 y 2001, con arreglo al artículo 2 de la Decisión 283/1999/CE, en euros.

>SITIO PARA UN CUADRO>

El Comité consultivo creado de conformidad con el artículo 9 de la Decisión 283/1999/CE ha emitido dictámenes sobre los proyectos de medidas de la Comisión relativas a la definición de las convocatorias anuales de proyectos de conformidad con las letras b) y c) del artículo 2 y a la selección de los candidatos de estas convocatorias. Asimismo, la Comisión ha transmitido información al Comité consultivo sobre las acciones emprendidas por ella.

Durante el período examinado, se ha producido una importante reestructuración de la política de salud y protección de los consumidores en el seno de la Comisión, y se ha modificado en consecuencia el contexto político. Por este motivo, resulta difícil establecer comparaciones válidas a lo largo de los años.

3. Acciones de la Comisión en el marco de la Decisión 283/1999/CE

3.1 La salud y la seguridad de los consumidores

3.1.1. Acciones relativas a la preparación y la elaboración de dictámenes por los comités científicos

De conformidad con el principio de una elaboración de políticas basada en la ciencia, de junio a octubre de 1997 se reformó todo el sistema de asesoramiento científico para que reflejara los principios de excelencia, independencia y transparencia. Los gastos en el ámbito del asesoramiento científico tienen principalmente por objeto las dietas que se pagan a los miembros de los comités científicos y los estudios científicos preparatorios.

Las dietas se pagan a los miembros del Comité Director Científico y de los 8 comités científicos establecidos por la Decisión 97/404/CE de la Comisión [4] y la Decisión 97/579/CE de la Comisión [5], así como a expertos externos que asesoran a los miembros de forma ad hoc. Desde enero de 1999 y a lo largo de 2001 [6] se celebraron un total de 1 144 reuniones (grupos de trabajo y reuniones plenarias de los comités científicos). Como resultado de estas reuniones, los comités científicos de la Comisión aprobaron unos 200 informes científicos y aproximadamente 400 dictámenes científicos.

[4] DO L 169 de 27.6.1997.

[5] DO L 237 de 28.8.1997.

[6] Las cifras presentadas hacen referencia al período que finaliza el 20.2.2002.

El pago de estas dietas permite a la Comisión recurrir a científicos independientes muy cualificados para que colaboren en los trabajos de los comités científicos. Si bien no están concebidos como una remuneración por el trabajo efectuado, tienen como objetivo compensar a los científicos por el tiempo que han empleado en la participación en reuniones y la elaboración de informes y dictámenes científicos. Por tanto, estos gastos contribuyen a que los comités científicos trabajen de manera eficiente y garantizan que las propuestas de la Comisión en materia de gestión del riesgo en el ámbito de la seguridad alimentaria y la protección de los consumidores se basen en dictámenes o informes independientes. El importe total destinado al pago de dietas en el período 1999-2001 para los nueve comités científicos fue de 4 450 000 EUR.

Los estudios científicos preparatorios son necesarios para cubrir las lagunas en los conocimientos actuales de manera que los comités científicos puedan cumplir su misión o responder a las crisis. Se trata de estudios a corto plazo y muy centrados en problemas bien definidos que se han planteado en el trabajo de los comités científicos. Con ello se garantiza la necesaria independencia para investigar problemas que no se examinan en otros contextos.

En concreto, estos estudios tuvieron por objeto: los efectos en la salud de las hormonas y las sustancias hormonales utilizadas en la cría de animales, los ingredientes de los tintes para el pelo y su riesgo potencial para los consumidores, la evaluación cuantitativa del riesgo residual de EEB en algunos productos derivados de vacuno, la utilización de cobre en los piensos, y la armonización de la evaluación del riesgo. También se informó a los comités científicos sobre las actividades de investigación pertinentes financiadas por programas comunitarios tales como el 5º Programa marco de investigación y desarrollo tecnológico.

En 1999, la Comisión Europea pidió a tres miembros eminentes del Comité Director Científico que analizaran la organización del asesoramiento científico en función de la experiencia obtenida con el nuevo sistema de contratación de expertos y los nuevos procedimientos de trabajo desde 1997. En su informe [7] se reconocía que la Comisión ha efectuado importantes avances en la organización del asesoramiento científico. Los análisis y las recomendaciones de estos tres eminentes científicos han contribuido a las propuestas presentadas por la Comisión en su Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria de enero de 2000 [8], y a la creación de una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

[7] The future of scientific advice in the EU - A European Food and Public Health Authority - Diciembre de 1999. Véase asimismo el punto 3 del anexo 2.

[8] COM(1999) 719 final de 12 de enero de 2000.

Los créditos totales destinados a este informe y a estudios y análisis científicos preparatorios en el período 1999-2001 se elevan aproximadamente a 470 000 EUR.

Otros gastos relacionados con el trabajo de los comités científicos son la publicación en internet de los proyectos de orden del día de los comités científicos, las actas de sus reuniones y los dictámenes científicos adoptados. Además, se han publicado dictámenes científicos en CD-ROM y se han publicado en papel algunas conferencias e informes científicos seleccionados. Estas publicaciones son esenciales para cumplir los requisitos de transparencia sobre asesoramiento científico y para informar a la comunidad científica en su conjunto. Por otra parte, en algunos casos se han publicado en internet dictámenes preliminares para que científicos de todo el mundo puedan realizar comentarios así como para garantizar que se ha tenido en cuenta toda la información disponible.

3.1.2. Expertos e inspecciones en relación con los controles en los sectores alimentario, veterinario y fitosanitario

La Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) de la Comisión lleva a cabo inspecciones in situ para evaluar los sistemas de control de la seguridad de los alimentos utilizados por las autoridades nacionales en los Estados miembros y en terceros países. Los inspectores de la OAV están acompañados por expertos nacionales de los Estados miembros [9] en muchas de sus inspecciones in situ. Una media de 112 diferentes expertos nombrados por los Estados miembros participaron en 123 inspecciones de la OAV cada año en 1999, 2000 y 2001.

[9] Véase, por ejemplo, el artículo 4 de la Decisión 98/139/CE de la Comisión, de 4 de febrero de 1998, por la que se fijan, en el ámbito veterinario, determinadas normas relativas a los controles efectuados in situ en los Estados miembros por expertos de la Comisión.

Los gastos en este ámbito están en relación con las dietas de los expertos nacionales que participan en los equipos de inspección de la OAV. Con ello, la Comisión puede:

* recurrir a una experiencia técnica de la que puede carecer su personal de inspectores;

* mejorar la transparencia de las actividades de la OAV;

* incrementar sus actividades de inspección;

* y facilitar un intercambio de ideas y conocimientos que tenga como resultado una mayor comprensión de la legislación comunitaria y una armonización de los planteamientos entre los Estados miembros.

También participaron expertos nacionales en las sesiones preparatorias previas a las inspecciones de empresas. El gasto total de estas acciones en el período 1999-2001 se elevó a 1 065 000 EUR.

Otros gastos en este ámbito se destinan a la creación y el mantenimiento de un sistema informático para la planificación y la gestión de las inspecciones y la publicación en internet de los informes correspondientes. Estos informes se publican para dar cumplimiento a los requisitos de transparencia. Se publican simultáneamente los comentarios de las autoridades del país en el que se ha efectuado la inspección.

3.1.3. Expertos técnicos para evaluar los riesgos relacionados con los productos no alimentarios

La utilización de expertos técnicos para gestionar los riesgos relacionados con productos no alimentarios se ha centrado en la preparación de la Directiva sobre la seguridad general de los productos revisada y en el uso de los sistemas de notificación de productos peligrosos. En particular, se ha utilizado su experiencia con los siguientes objetivos:

* Elaborar directrices comunitarias comunes para determinar lo que constituye un riesgo grave para la salud y la seguridad de los consumidores en el contexto del sistema de intercambio rápido de información.

* Asistir a la Comisión en los aspectos técnicos de la revisión de la Directiva sobre la seguridad general de los productos.

* Evaluar el riesgo de productos específicos que han sido objeto de una notificación del riesgo a través del sistema de alerta rápida (como por ejemplo escaleras de mano, cochecitos para niños y sillas plegables).

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva sobre la seguridad general de los productos revisada en diciembre de 2001. Además, se ha efectuado una encuesta del Eurobarómetro para recoger información sobre la percepción que tienen los consumidores del marcado CE de los productos, que ha puesto de manifiesto que, en muchos casos, los consumidores no comprenden el significado del marcado CE y creen erróneamente que se trata de una etiqueta de calidad o de funcionamiento. La Comisión abordará este asunto en la próxima Comunicación sobre el refuerzo de la aplicación del nuevo enfoque.

Los créditos destinados a este tipo de gastos durante este período de tres años se elevaron aproximadamente a 350 000 EUR. La experiencia técnica para evaluar los riesgos relacionados con los productos alimentarios se aborda en los puntos 3.1.1. y 3.1.4.

3.1.4. Utilización de la experiencia del Centro Común de Investigación

Se utilizó la experiencia del Centro Común de Investigación para que sirviera como base científica para evaluar tres pruebas rápidas de detección post mortem de la EEB. Los resultados fueron validados por el Comité Director Científico. A partir de ello, la Comisión ha autorizado tres pruebas de detección post mortem de la EEB tal como se prevé en el Reglamento (CE) n° 999/2001 por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles [10]. Estas pruebas se utilizan ampliamente en todos los Estados miembros y en terceros países. El gasto se elevó a aproximadamente 1 280 000 EUR en el período 1999-2001.

[10] DO L 147/1 de 31.5.2001.

3.1.5. Divulgación de información sobre productos y servicios peligrosos y sobre riesgos potenciales

El sistema de intercambio rápido de información cubre productos alimentarios y no alimentarios. Se trata del principal instrumento para intercambiar y compartir información entre la Comisión y los Estados miembros sobre los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores. Se ha incrementado constantemente el número de notificaciones que circulan por el sistema RAPEX durante el período examinado, lo que demuestra que el sistema satisface una necesidad creciente.

Tras una revisión interna y visitas a los puntos de notificación de RAPEX en los Estados miembros y conversaciones con ellos en el año 1999, se han efectuado importantes inversiones para mejorar la eficacia del sistema. Se han creado sistemas separados para las notificaciones alimentarias y no alimentarias, en previsión de la futura ampliación del sistema a los piensos y los controles de las importaciones de alimentos y piensos. Las notificaciones por fax se han sustituido por un sistema electrónico de notificación. El nuevo sistema de alerta rápida para alimentos y piensos ha empezado a funcionar en 2002. Los gastos en este ámbito se elevan a aproximadamente 800 000 EUR.

Otros gastos en este ámbito incluyen una reunión de expertos a fin de definir y establecer prioridades para una mayor expansión de Europhyt, un sistema electrónico de intercambio de información sobre la interceptación de envíos contaminados de plantas y sus derivados entre los Estados miembros y la Comisión. También se financió la publicación de la tercera edición actualizada del Vademécum sobre la encefalopatía espongiforme bovina y las actas de la Conferencia Internacional sobre resistencia antimicrobiana y sus riesgos potenciales para la salud humana.

3.2. Protección de los intereses económicos y jurídicos de los consumidores en relación con los productos y los servicios

3.2.1. Acciones destinadas a mejorar la cooperación entre los organismos que participan en la vigilancia del mercado

A fin de facilitar una cooperación más estrecha entre los miembros europeos de la Red Internacional de Supervisión de la Comercialización (International Market Supervision Network - IMSN), la Comisión ha realizado inversiones para la creación de un nuevo instrumento electrónico de intercambio rápido de información sobre prácticas de comercialización engañosas específicas y las mejores prácticas de vigilancia de los mercados. La experiencia obtenida con el sistema confirma que, para una cooperación administrativa efectiva para este tipo de acciones, se necesitan disposiciones más formales, como por ejemplo un marco legislativo. En su Comunicación relativa al seguimiento del Libro Verde sobre la protección de los consumidores [11], la Comisión se comprometió a presentar una propuesta para un instrumento legal de este tipo antes de finales de 2002.

[11] Pendiente de publicación en el Diario Oficial.

3.2.2. Acciones destinadas a garantizar el respeto de los derechos de los consumidores en el suministro de productos y la prestación de servicios

Las acciones en este ámbito tienen por objeto el seguimiento, la recogida de datos, los estudios de aplicación y las encuestas en relación con acciones reguladoras, en particular:

* A fin de supervisar la aplicación y el cumplimiento de los derechos de los consumidores de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores [12], y de facilitar el acceso a la jurisprudencia pertinente en todos los Estados miembros, la Comisión ha creado una base de datos sobre cláusulas abusivas en los contratos, la CLAB. Los gastos en este ámbito, que se elevan a casi 1 millón de euros, tienen por objeto la recogida y el análisis de los datos y el apoyo informático para el mantenimiento de la base de datos y para facilitar su utilización.

[12] DO L 95 de 21.4.1993.

El experimento que supuso la creación de la CLAB necesita un mayor desarrollo y una serie de mejoras. La utilización de la base de datos, si bien se está incrementando, se encuentra todavía a un nivel muy bajo. Existen indicios de que se precisa una mayor armonización de la introducción de datos. Está prevista una evaluación del funcionamiento de la CLAB en 2004 [13].

[13] Véase el punto 6 del anexo 5.

La información recogida a través de la base de datos CLAB se utilizó en el informe de 2000 al Consejo y el Parlamento Europeo sobre la puesta en práctica de la Directiva 93/13/CEE. La base CLAB también puede servir de modelo para efectuar un seguimiento de la aplicación de toda la legislación comunitaria en materia de consumo. La Comisión cree que debería incrementarse el papel de las autoridades nacionales en la gestión de este tipo de instrumento de seguimiento, especialmente en el marco de la cooperación en la aplicación de la legislación.

Se han efectuado otros gastos en este ámbito con los siguientes fines:

* La publicación en papel de las actas de una conferencia sobre cláusulas abusivas en los contratos a fin de debatir la aplicación de la Directiva 93/13/CEE.

* Un estudio sobre la aplicación de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos, que se utilizó como base para un informe de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo [14] y para la propuesta de la Comisión de refundición de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos [15].

[14] Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva 92/59/CEE relativa a la seguridad general de los productos

[15] COM(2000) 139 final de 29.3.2000.

* Un estudio preparatorio sobre las necesidades y las prioridades de acción en relación con la seguridad de los servicios; los resultados se utilizarán para la Comunicación prevista sobre la necesidad de una acción relativa a la seguridad de los servicios.

* Un estudio sobre las indicaciones nutricionales y de salud en los productos con vistas a una posible revisión de la Directiva sobre publicidad engañosa [16]; se ha aplazado esta revisión debido a que se está examinando este asunto en el contexto del Libro Verde sobre el futuro de la protección de los consumidores y su seguimiento.

[16] Directiva 84/450/CEE, DO L 250 de 19.9.1984.

* Una encuesta del Eurobarómetro sobre «Los europeos y los servicios de interés general» [17] en 2000; esta encuesta estaba destinada a medir la satisfacción de los consumidores con el acceso, precio, calidad, información disponible, condiciones de los contratos y tramitación de quejas para una serie de servicios, entre los que se incluyen la telefonía fija y móvil, la electricidad, el suministro de gas y agua, los servicios de correos, el transporte urbano y las conexiones interurbanas por ferrocarril. En 2001, un estudio de grupo específico permitió tener más información sobre estos temas. El gasto se elevó a casi 300 000 EUR.

[17] Eurobarómetro nº 53 - Octubre de 2000.

Los resultados se utilizaron para la Comunicación de la Comisión sobre los servicios de interés general en Europa [18], que la Comisión adoptó en septiembre de 2000, y para el informe anual de 2001 de la Comisión sobre los servicios de interés general, que forma parte del Informe de Cardiff sobre el funcionamiento de los mercados comunitarios de bienes y capitales. Asimismo, han servido como base para poseer mayor información sobre las políticas y acciones comunitarias en este ámbito.

[18] Comunicación de la Comisión - Los servicios de interés general en Europa. 20.9.2000;

* Un estudio para analizar el efecto de la Política Agrícola Común (PAC) en los consumidores y los precios de los productos de consumo; los resultados de este estudio se utilizaron como información de base para la reforma de la PAC y para una publicación destinada a las organizaciones de consumidores.

Asimismo, la Comisión participó en una conferencia organizada por la Presidencia Finlandesa sobre los servicios de interés general y los consumidores.

3.2.2.1. Mecanismos para la mejora de la resolución de los litigios de consumo, especialmente a través de proyectos piloto y la creación de bases de datos

En 2001 se invirtió más de un millón de euros en la creación de la Red extrajudicial europea (Red EJE). En octubre de 2001 se inició la fase piloto, de un año de duración, para la resolución extrajudicial de los litigios de consumo, en la que también participaron Noruega e Islandia. En cada país, un punto central de contacto, o «centro de intercambio de información», ofrece información y asistencia a los consumidores para acceder a los sistemas extrajudiciales de resolución alternativa de litigios (RAL), que ayudan a los consumidores que desean obtener una compensación en conflictos con proveedores de otro país de la UE.

Se espera que la red sea plenamente operativa a finales de 2002. Durante el proceso de creación de esta red trata de obtenerse el máximo de sinergias con la red de centros europeos de información de los consumidores. Está previsto efectuar con los Estados miembros una revisión de esta acción cuando finalice la fase piloto en 2003 [19].

[19] Véase el punto 5 del anexo 5.

3.2.3. Acciones destinadas a garantizar un entorno equitativo en las transacciones de consumo

En 1999 y 2001, se efectuaron encuestas del Eurobarómetro a fin de evaluar la confianza de los consumidores en los servicios financieros y los prestatarios de los mismos. Los resultados demostraron un bajo nivel de confianza y satisfacción de los consumidores y proporcionaron la necesaria información de base para reorientar la política y la legislación comunitaria hacia una mejor protección de los derechos de los consumidores en los servicios financieros. Las encuestas abarcaron los servicios bancarios, los seguros, los créditos y las hipotecas.

El diálogo entre los representantes de los consumidores y el sector bancario sobre el crédito hipotecario desembocó en un acuerdo sobre un código relativo a la información precontractual sobre los préstamos para la adquisición de viviendas residenciales, acuerdo que se firmó el 5 de marzo de 2001. El 1 de marzo de 2001, la Comisión adoptó una Recomendación por la que se suscribe el Código y se pide al sector de los créditos hipotecarios que cumpla sus disposiciones [20].

[20] Recomendación de la Comisión relativa a la información precontractual que debe suministrarse a los consumidores por los prestamistas de créditos vivienda, C(2001) 477 final.

Se celebró un debate relativo al «sobreendeudamiento» en el Consejo de Consumidores de abril de 2000. Como continuación del mismo, la Comisión recogió datos estadísticos sobre la magnitud del sobreendeudamiento transfronterizo. Los resultados proporcionaron información para la lucha de la Comisión contra la exclusión social. La modificación propuesta de la Directiva de crédito al consumo [21] también contribuirá a que existan unas prácticas de concesión de crédito con más información y más prudentes.

[21] COM(2002) 443 final de 11.9.2002.

Los gastos destinados a acciones en el ámbito de los servicios financieros se elevan a aproximadamente 1 millón de euros.

3.2.3.1. La introducción del euro

La Comisión Europea, y especialmente la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores, ha trabajado desde 1996 a fin de determinar las necesidades de los consumidores y las mejores maneras de satisfacerlas en el contexto de la transición al euro. El principal objetivo consistía en facilitar la transición al euro para los consumidores, proteger sus intereses y, de esta manera, reforzar la confianza de los consumidores y su apoyo. Si bien los Estados miembros eran los principales responsables de garantizar una transición sin dificultades al euro, la Comisión también realizó una importante contribución. Las actividades en este ámbito formaban parte de un programa más amplio de consulta, coordinación y seguimiento de todos los aspectos relacionados con la transición de los consumidores al euro, e incluían lo siguiente:

* Las acciones «El euro fácil», destinadas a elaborar materiales de información y formación para personas que puedan tener dificultades para habituarse a la nueva moneda (por ejemplo, los ciegos, los sordos, las personas mayores y las personas con discapacidad mental), y a crear una red de formadores de instructores sobre el uso de estos materiales. Estos materiales se elaboraron a partir de las necesidades determinadas por grupos piloto pertenecientes a la población destinataria, y se sometieron a prueba mediante encuestas y estudios cualitativos. Se impartió formación al personal de las asociaciones de consumidores y otras organizaciones no gubernamentales que trabajan con estos grupos vulnerables a fin de que supieran utilizar estos materiales para enseñar a la población destinataria todo lo relativo al euro. Los Estados miembros han utilizado y reproducido los materiales de «El euro fácil» en sus campañas de información destinadas a los grupos vulnerables.

* Estudios y encuestas anuales de grupos específicos para realizar un seguimiento de las actitudes de los consumidores y de las dificultades que puede plantear la transición.

* Acciones para alentar y supervisar la aplicación de buenas prácticas en relación con el euro, incluida la doble indicación de los precios, las comisiones bancarias y la información de los consumidores. Estas acciones incluían la supervisión del acuerdo entre las asociaciones de consumidores y las de empresarios sobre el Eurologo para reforzar la confianza de los consumidores.

Se está efectuando una evaluación de todas las actividades de la Comisión Europea relativas a la introducción del euro [22]. Mientras tanto, las encuestas del Eurobarómetro [23] ya presentan algunas indicaciones sobre el impacto de estas acciones. Casi el 40 % de los ciudadanos de la UE declaró que conocía la existencia de las acciones «El euro fácil» destinadas a grupos vulnerables específicos. Otro 12 % declaró que se había beneficiado directamente de ellas. Casi un 50 % señaló que había visto el Eurologo en los comercios, y más del 20 % declaró que este logotipo les había hecho confiar más en el comercio que lo poseía.

[22] Véase el punto 2 del anexo 5.

[23] Los datos proceden del Eurobarómetro 57.1 de la primavera de 2002.

El importe destinado a estas acciones en el período 1999-2001 se eleva a casi 7 millones de euros. Participaron en estas acciones asociaciones de consumidores y otras ONG, consultores y empresas de producción y distribución.

3.2.4. Acciones destinadas a supervisar las afirmaciones ecológicas

Como continuación de un estudio sobre las afirmaciones ecológicas emprendido en 1998, se elaboraron directrices para un sistema comunitario de verificación y certificación de este tipo de afirmaciones. Este trabajo estaba destinado a su utilización como material para la acción legislativa como parte de la revisión prevista de la Directiva sobre publicidad engañosa. Se ha aplazado la revisión de esta Directiva y estos temas se han abordado en el Libro Verde sobre el futuro de la protección de los consumidores.

3.2.5. Desarrollo de acciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia y a mejorar los procedimientos extrajudiciales comunes, y apoyo a las mismas

Las acciones financiadas para facilitar el acceso a la justicia se han centrado en la promoción y la evaluación del formulario europeo de reclamación para el consumidor en los litigios de consumo. Los gastos se han elevado a más de 500 000 EUR. Este formulario tiene como objetivo conseguir una mejor comunicación entre los consumidores que buscan obtener una compensación y las empresas. Una encuesta del Eurobarómetro [24] efectuada en 1999 indicó que el 7 % de los ciudadanos de la UE había visto este formulario o había oído hablar de él. En 1999 y 2000 se llevó a cabo un proyecto piloto en diez Estados miembros para promover la utilización del formulario de reclamación, ayudar a los consumidores a utilizarlo y efectuar un seguimiento de un determinado número de casos tramitados con el formulario. La evaluación del proyecto piloto mostró que el formulario puede ser un instrumento útil para la comunicación y la resolución de los litigios de consumo, ya que se consiguió un acuerdo en casi la mitad de los casos.

[24] Eurobarómetro 52.1 realizado en noviembre y diciembre de 1999.

3.2.6. Acciones destinadas a evaluar los riesgos específicos y los beneficios potenciales para los consumidores de la sociedad de la información

A partir de una serie de debates con las partes interesadas, se tomaron medidas para facilitar el diálogo y el acuerdo entre los interesados sobre los códigos de prácticas y los sistemas asociados de «marca de confianza» como medio para reforzar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico. Los debates se centraron en la viabilidad de la creación de un marco claro y sólido para la acreditación y la verificación independiente. Gracias a ello se consiguió en diciembre de 2001 un acuerdo entre los representantes de los consumidores y los de las empresas sobre prácticas empresariales adecuadas para la venta en línea a los consumidores. Este acuerdo hace posible la aplicación de principios básicos a escala de la UE, que deberían permitir que los consumidores y las empresas aprovechen plenamente el comercio electrónico y utilicen mejor el mercado interior.

Asimismo, la Comisión participó en una conferencia organizada por la Presidencia Alemana sobre los consumidores y el comercio electrónico.

3.2.7. Acciones destinadas a promover la protección de los datos y de la intimidad

En este ámbito, la DG de Sanidad y Protección de los Consumidores ha contribuido al desarrollo por otros servicios de la Comisión de legislación y políticas comunitarias. No ha resultado necesario efectuar ningún gasto.

3.2.8. Acciones horizontales para la protección de los intereses económicos y legales de los consumidores

Se organizó un seminario que reunió expertos jurídicos sobre la utilización de legislación no vinculante a fin de apoyar el trabajo destinado a determinar las mejores prácticas en el uso de este tipo de legislación y a analizar como pueden aplicarse las mejores prácticas en este ámbito a los consumidores en la Unión Europea.

Se celebraron dos seminarios (en Portugal y Suecia) y se efectuó un estudio sobre la viabilidad de un marco legislativo general de lealtad en las transacciones comerciales como parte de los preparativos de la Comisión de cara a la elaboración del Libro Verde sobre protección de los consumidores. El estudio comparaba la legislación nacional en materia de consumidores en la UE y los EE.UU. y presentaba diferentes posibilidades para la reforma de la legislación comunitaria.

El gasto destinado a estudios de índices de precios, a la recogida de datos estadísticos, a las comparaciones dentro de la UE de los precios de los bienes de consumo y a la publicación de «Consumers in Europe - Facts and Figures» [25], que reúne datos clave sobre política de los consumidores, se elevó a aproximadamente 500 000 EUR. Otros gastos tuvieron por objeto una compilación de la legislación nacional y comunitaria en materia de consumo, la asistencia técnica a la creación de metodologías para evaluar el efecto de las políticas comunitarias en los consumidores, una conferencia de la Presidencia Belga sobre protección de los consumidores y reuniones con funcionarios australianos y japoneses a fin de desarrollar la cooperación bilateral sobre cuestiones relacionadas con los consumidores.

[25] Publicado por Eurostat, 2001.

3.3. Educar e informar a los consumidores

3.3.1. Acciones destinadas a mejorar la información a los consumidores

El sitio web de la DG de Sanidad y Protección de los Consumidores ha desempeñado un papel clave para informar a los consumidores y a otros interesados sobre la evolución de las políticas. Entre ellos se incluye a personas que actúan como multiplicadores, tales como responsables de la toma de decisiones, científicos, líderes de opinión, prensa y organizaciones de consumidores y de otro tipo en la UE y en otras instancias. En julio de 2000 se inauguró un nuevo sitio web de sanidad y protección de los consumidores que incluye tres áreas temáticas. Este sitio web se actualizó diariamente (con una media de 200 páginas a la semana). La construcción del nuevo sitio sobre seguridad alimentaria y salud animal concluyó a finales de 2001. Asimismo, se inició el trabajo preparatorio para la reestructuración de las áreas temáticas existentes sobre consumidores y salud pública. Se mejoraron varios servicios, tales como la notificación diaria «What's New» por correo electrónico a los suscriptores y el buzón.

Una muestra de la demanda satisfecha por el sitio web es el incremento continuado de las visitas mensuales, desde unas 100 000 en 1999 a 360 000 en el mes de julio de 2000, y más de 1 000 000 en el mes de diciembre de 2001. Las suscripciones al servicio de correo electrónico «What's New» iniciado en 1999 se elevaban a 11 400 en diciembre de 2001. Los sondeos efectuados entre los visitantes del sitio en 1999, 2000 y 2001 indican un elevado nivel de satisfacción con el servicio prestado [26], y se efectuaron comentarios útiles sobre posibles mejoras.

[26] Pueden consultarse los resultados en la siguiente dirección:

El gasto total en creación de sitios web y otras acciones de carácter informático se eleva a aproximadamente 1,3 millones de euros. Desde 2001 también se incluyen los costes del desarrollo informático y de otros soportes para la versión electrónica del Boletín Consumer Voice.

Consumer Voice se inició a mediados de 1998 como una revista de política de los consumidores y amplió posteriormente su ámbito de actuación para incluir la seguridad alimentaria. Se envió a aproximadamente 15 000 suscriptores. Esta revista multicolor, con sus largos plazos de producción y distribución, resultó ser un instrumento inadecuado para informar a una audiencia multilingüe sobre la rápida evolución de las políticas en materia de seguridad alimentaria. Tras una revisión interna en 2000, se decidió dejar de publicar en papel la revista Consumer Voice a partir de 2001. A fin de garantizar una información a tiempo de los interesados, los líderes de opinión y otros transmisores de información, se decidió publicar en su lugar un boletín electrónico mensual. Este boletín presenta una visión rápida de los últimos acontecimientos con vínculos al sitio web para información más detallada.

Esta nueva revista, que se publica y distribuye electrónicamente y con una mayor periodicidad, ha resultado ser más rentable y estar mejor adaptada a la necesidad de transparencia en la elaboración de las políticas. Los créditos totales para la revista Consumer Voice se elevan aproximadamente a 700 000 EUR. El boletín se produce con el apoyo técnico del personal informático que trabaja en el sitio web.

3.3.1.1. Acciones destinadas a incrementar la sensibilización sobre las cuestiones relacionadas con la seguridad de los productos

La seguridad de los alimentos ha sido durante los últimos años un importante motivo de preocupación para los consumidores. Una encuesta del Eurobarómetro efectuada en 1997 desveló que casi el 68 % de los ciudadanos europeos estaban preocupados por la seguridad de los alimentos, y deseaban obtener mejor información al respecto. A fin de restablecer la confianza, la Comisión, además del programa legislativo que se prevé en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, ha emprendido campañas de información y educación sobre la seguridad de los alimentos.

Estas campañas se gestionaron de forma descentralizada, y se elaboraron y pusieron en práctica a nivel nacional para facilitar la adaptación de los mensajes y la elección de los instrumentos en el contexto nacional. En el período 1998-1999 se abordaron las cuestiones del etiquetado de los alimentos, la trazabilidad de los productos alimenticios y los organismos modificados genéticamente. En el período 2000-2001, el objetivo pasó a ser una campaña más educativa sobre higiene alimentaria dirigida a grupos destinatarios específicos.

Se efectuó una evaluación de la puesta en práctica de las campañas de seguridad alimentaria en los dos primeros años, 1998 y 1999 [27]. Sus resultados fueron generalmente positivos, pero también se descubrió una gran diversidad en los niveles de eficacia de las diferentes campañas nacionales, y se utilizaron asimismo como base para decidir una reorientación de las campañas desde la información a la educación, así como para reducir los grupos destinatarios y descentralizar en mayor medida la conceptualización y la ejecución.

[27] Véase el punto 2 del anexo 2.

Por norma general, se ha observado el efecto positivo claro de unas campañas nacionales aplicadas durante varios años. Se ha incrementado la experiencia en la creación de instrumentos de comunicación sobre seguridad alimentaria. Parece haber funcionado adecuadamente la utilización en las campañas de los aspectos prácticos de la higiene alimentaria en el domicilio para familiarizar a los consumidores con el concepto de seguridad alimentaria. Las campañas han solido tener éxito a la hora de reunir a diferentes interesados (expertos de comunicación, organizaciones de consumidores, autoridades nacionales y organismos públicos, y operadores de la cadena alimentaria) alrededor de acciones conjuntas sobre seguridad alimentaria.

Es difícil evaluar en qué medida las campañas han contribuido realmente a restablecer la confianza de los consumidores en la seguridad de los alimentos. Están en juego muchos factores, que difieren de un país a otro. Existen grandes diferencias entre los países en los que los consumidores tienen generalmente confianza en sus autoridades nacionales de control alimentario, y los países en los que se pone en entredicho la competencia de estas autoridades, o aquéllos en los que se debaten intensamente las responsabilidades en la cadena alimentaria. Otro importante factor es la incidencia de las crisis alimentarias a nivel nacional. Así pues, las autoridades nacionales parecen encontrarse en una mejor posición que la Comisión para decidir la nueva dirección y el seguimiento de estas campañas, a partir de las colaboraciones existentes. El importe destinado a las campañas de seguridad alimentaria en el período 1999-2001 fue de aproximadamente 12,6 millones de euros.

Habida cuenta de que el tercer Día Europeo del Consumidor, celebrado en 2001, se centró en la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos, las acciones para conseguir que los medios de comunicación se interesaran por este evento en los Estados miembros se integraron en las campañas de seguridad alimentaria en curso. Se organizaron eventos en 13 países y los gastos se elevaron a 230 897 EUR. El impacto mediático de los eventos nacionales y de la Presidencia, así como de la conferencia celebrada en Bruselas, fue satisfactorio.

3.3.2. Mayor sensibilización de los consumidores sobre la necesidad de un consumo y una producción sostenibles

El Plan de acción sobre política de los consumidores 1999-2001 no preveía ninguna actuación o prioridad para este tipo de actividad [28]. Las acciones en este ámbito se limitaban al apoyo a los instrumentos de la política medioambiental que tienen por objeto actividades de sensibilización, tales como la etiqueta ecológica europea para los productos de consumo. Por tanto, no se efectuó ningún gasto en este ámbito.

[28] Véase el punto 1 del anexo 4.

3.3.3. Acciones destinadas a mejorar la información de los consumidores sobre productos y servicios específicos, en particular a través de ensayos comparativos

En 1999 se realizó una encuesta del Eurobarómetro sobre el etiquetado, a fin de obtener información sobre las necesidades y las actitudes de los consumidores en relación con el etiquetado de los alimentos. Se tuvieron en cuenta sus resultados a la hora de revisar la legislación existente en materia de etiquetado de los alimentos, así como en la propuesta sobre el etiquetado y la trazabilidad de los alimentos modificados genéticamente, presentada en julio de 2001.

Se ha reforzado el papel de los Centros europeos de los consumidores (véase 3.3.5) para la realización de pruebas y estudios comparativos sobre las compras transfronterizas.

3.3.4. Acciones destinadas a desarrollar la educación de los consumidores, especialmente en las escuelas

La Comisión ha financiado durante mucho tiempo proyectos piloto destinados a promover la introducción de la educación de los consumidores en el programa nacional de estudios. En 1999, se gastaron aproximadamente 400 000 EUR para iniciar un proyecto de estas características en el Reino Unido, tras proyectos similares en Grecia, Portugal y España. Un análisis de los resultados mostró que el efecto de estos proyectos piloto suele limitarse al contexto nacional. Los proyectos se centraban en su mayor parte en el entorno nacional del consumidor, en lugar de en los logros a nivel comunitario y las ventajas del mercado único. Por tanto, se llegó a la conclusión de que la Comisión Europea había agotado su papel de estímulo de la integración de la educación del consumidor en los programas de estudios de las escuelas a través de proyectos piloto.

El «Concurso europeo del joven consumidor» ha sido durante años una acción clave para promover la educación de los consumidores en las escuelas. Los gastos destinados a este concurso se elevaron a casi 2,5 millones de euros en el período 1999-2001. Una revisión interna efectuada en 2002 [29] llegó a la conclusión de que este concurso, tal como se ha realizado en los últimos años, no resulta rentable, pero que se trata de una idea que ofrece muchas posibilidades. Si se mejorara el marco organizativo, podría conseguirse una mayor cobertura con un coste menor. Esta reorganización se está llevando a cabo en la actualidad.

[29] Véase el punto 1 del anexo 3.

3.3.5. Acciones destinadas a desarrollar y apoyar los Centros europeos de los consumidores

Tras una evaluación del funcionamiento de los proyectos piloto transfronterizos de información de los consumidores de las «Euroventanillas» en 1997 [30], la Comisión ha redefinido la misión de éstas, que han pasado a formar parte de una Red de Centros europeos de los consumidores. En la actualidad, existen 14 centros que trabajan en 12 Estados miembros [31], y éstas son sus principales tareas:

[30] Véase el punto 3 del anexo 4.

[31] Irlanda, Reino Unido, Francia, Portugal, España (2), Luxemburgo, Alemania (2), Finlandia, Austria, Suecia, Bélgica e Italia.

* La divulgación de información sobre las cuestiones relacionadas con el consumo a nivel comunitario.

* La realización de ensayos y estudios comparativos sobre las compras transfronterizas.

* La asistencia a los consumidores que sufren dificultades en las transacciones.

Como consecuencia del cambio en las prioridades, los Centros son más proactivos y forman una auténtica red europea que facilita una estrecha cooperación entre los Centros de los diversos países. La introducción de una mayor variedad de instrumentos de información ha reforzado su alcance. El número de contratos de consumo ha experimentado una tendencia al alza en todos los países. Asimismo, en muchos países los Centros participan en la red EJE y actúan como centros de intercambio de información.

Las ayudas económicas concedidas a los Centros se elevan a casi 6 millones de euros, que cubren el 50 % de los costes. La mayor cooperación con los Estados miembros en el establecimiento y la financiación de los centros ha permitido progresos perceptibles. Este acuerdo de cofinanciación con los Estados miembros debe plasmarse en un fundamento jurídico más formal y seguro.

3.4. Promoción y representación de los intereses de los consumidores

3.4.1. Refuerzo de la representación de los intereses de los consumidores

El principal instrumento financiero en este ámbito es el apoyo a las actividades de las organizaciones europeas de consumidores, tal como se definen en la letra b) del artículo 2 de la Decisión (véase el capítulo 4).

3.4.2. Acciones destinadas a apoyar a las organizaciones de consumidores en los Estados miembros

La principal acción de apoyo a las organizaciones de consumidores en los Estados miembros se ha centrado en la formación del personal de las asociaciones de consumidores. La convocatoria de proyectos específicos de 1999 se centraba en la formación para divulgar los conocimientos adquiridos en materia de seguridad alimentaria, seguridad de los productos, servicios financieros y otros ámbitos prioritarios de la política comunitaria, especialmente las organizaciones de consumidores.

La Comisión, como continuación de lo anterior y para reforzar esta ayuda a la formación, decidió en 2001 emprender también sus propias acciones de formación del personal de las organizaciones de consumidores. Se destinaron aproximadamente 850 000 EUR en 2001 a la primera fase de un proyecto de tres años de duración. Esta primera fase se está poniendo en práctica en 2002 y tiene por objeto crear material de formación, seleccionar formadores e impartirles formación sobre gestión, relaciones públicas y legislación en materia de consumo. En una segunda fase, que se efectuará en el período 2003/2004, se realizarán cursos residenciales para permitir que estos formadores impartan formación al personal de las organizaciones de consumidores.

Otra manera de apoyar a determinadas actividades de las organizaciones de consumidores en los Estados miembros, en la medida en que coincidan con las prioridades establecidas cada año, es a través de la cofinaciación de proyectos específicos destinados a promover los intereses de los consumidores en los Estados miembros. Un porcentaje considerable de las ayudas para proyectos específicos aprobadas cada año (véase el capítulo 5) tuvo como beneficiarios a las organizaciones nacionales de consumidores.

Algunos Estados miembros y algunas organizaciones de consumidores tienden a considerar que la cofinanciación basada en proyectos es un sustituto implícito de las ayudas económicas directas a las organizaciones de consumidores nacionales menos poderosas, más pequeñas o con menos recursos. En la práctica, la cofinanciación de proyectos específicos ha beneficiado principalmente a las organizaciones más poderosas y con más medios económicos. Por tanto, sería útil disociar claramente la cofinanciación de proyectos específicos del apoyo a las organizaciones nacionales de consumidores, ya que se ha demostrado que la financiación de proyectos no es un instrumento adecuado para este fin.

3.4.3. Acciones destinadas a promover y coordinar la participación de los consumidores a nivel europeo en el proceso de normalización

El principal instrumento financiero en este ámbito es el apoyo a las actividades de las organizaciones europeas de consumidores, tal como se definen en la letra b) del artículo 2 de la Decisión (véase el capítulo 4).

3.4.4. Proyectos piloto de promoción de modelos sostenibles de consumo

Una evaluación intermedia efectuada en 2000 sobre los proyectos relacionados con el consumo sostenible cofinanciados de 1995 a 1998 permitió observar que la mayor parte de las iniciativas no eran muy eficaces y que tenían un efecto limitado [32]. Por tanto, no ha seguido financiándose este tipo de proyectos.

[32] Véase el punto 1 del anexo 4.

3.5. Otras acciones de la Comisión

Los gastos destinados a evaluaciones por empresas especializadas de las acciones en favor de los consumidores se elevaron a más de 500 000 EUR a lo largo de estos tres años (véase el anexo).

4. Apoyo económico a las organizaciones europeas de consumidores

En la letra b) del artículo 2 de la Decisión 283/1999/CE se prevé la financiación de las organizaciones europeas de consumidores bajo determinadas condiciones. La Comisión Europea ha concedido en las últimas décadas subvenciones de funcionamiento a las organizaciones europeas de consumidores como reconocimiento al desequilibrio que existe entre los recursos humanos, técnicos y financieros de los representantes de la industria y los de la representación de los consumidores a nivel comunitario. Con el establecimiento de criterios de admisibilidad para la concesión de estas ayudas económicas a las organizaciones europeas de consumidores, la actual Decisión pretendía concentrar los recursos en las organizaciones cuyo principal cometido es defender los intereses de los consumidores a nivel europeo. Además, estas organizaciones deben recibir el mandato de representar los intereses de los consumidores a nivel europeo de las organizaciones nacionales de como mínimo la mitad de los Estados miembros de la Comunidad. Las actividades de estas organizaciones deben estar relacionadas con uno o más de los cuatro ámbitos determinados en el artículo 4 de la Decisión.

Para disponer de un fundamento sólido que permita juzgar la eficacia de las ayudas concedidas a las organizaciones europeas de consumidores, se emprendió en 2000 una evaluación de la financiación concedida a estas organizaciones, en la que se analizaron seis organizaciones que habían recibido subvenciones de funcionamiento durante el período 1995-1999 [33]. Esta evaluación se completó en diciembre de 2001 y mostró la gran relevancia del trabajo de la Asociación europea para coordinar la representación de los consumidores en materia de normalización (ANEC) y la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC), así como su gran contribución a la protección de los consumidores. En particular, se determinó que la BEUC aporta la mejor representación de los intereses de los consumidores a nivel europeo. La BEUC recibe una ayuda de la Comisión que equivale al 35 % de su presupuesto total. Las organizaciones nacionales de consumidores aportan la mayor parte del presupuesto restante a través de las cotizaciones y, por tanto, tienen una destacada influencia en la fijación del plan de trabajo de la BEUC.

[33] Véase el punto 2 del anexo 1.

Por lo que respecta a EUROCOOP (Comunidad Europea de Cooperativas de Consumidores), COFACE (Confederación de Organizaciones Familiares de la Comunidad Europea), CES (Confederación Europea de Sindicatos) e IEIC (Instituto Europeo Interregional de Consumo), los resultados fueron significativamente menos positivos. Se observó que sus contribuciones a la política de los consumidores y a su protección son limitadas, y los temas relativos a la protección de los consumidores no son su principal actividad. En 2001, la Comisión decidió interrumpir las subvenciones de funcionamiento a EUROCOOP y COFACE, debido a que sus informes de actividad mostraron que la representación de los intereses de los consumidores no era su principal actividad, tal como se exige en el apartado 1 del artículo 5 [34].

[34] Ya se interrumpió en 1997 la financiación de los costes de funcionamiento de las actividades de representación de los consumidores de la CES. A partir de 1999, las actividades del IEIC no podían recibir este tipo de financiación, debido a que esta organización no cumplía el requisito de representar a organizaciones de consumidores de la mitad de los Estados miembros.

Una nueva organización, la Asociación Europea de Consumidores (AEC), fundada en la primavera de 2000, recibió una financiación básica para la fase inicial. A partir de los informes de la AEC sobre sus tres primeros años de actividad, deberá efectuarse una evaluación para determinar si esta organización ha conseguido establecerse como una organización viable para la representación de los intereses de los consumidores a nivel europeo.

La Comisión concede ayudas económicas a la ANEC para apoyar la participación de los consumidores en la normalización a nivel europeo. La ANEC se creó en 1995 tras un acuerdo entre el Comité Consultivo de los Consumidores de la Organización Europea de Libre Comercio y la Comisión Europea. La ANEC representa los intereses de los consumidores europeos en los organismos europeos de normalización y, entre otras cosas, elabora normas para la seguridad de los productos contemplados por las directivas de nuevo enfoque. Estas directivas definen requisitos esenciales de seguridad de los productos. A continuación, los organismos europeos de normalización elaboran, a partir del mandato establecido por la Comisión, normas detalladas de seguridad de los productos.

En un primer momento, la Comisión financió al 100 % los costes que representaba para la ANEC la participación de representantes de los consumidores en los grupos de trabajo de normalización europea. Las organizaciones nacionales de consumidores aportan gratuitamente una parte considerable de la experiencia utilizada para estas tareas. Aparte de una contribución del 5 % de la AELC, la ANEC no ha conseguido encontrar fuentes alternativas de financiación.

En consecuencia, la financiación básica aportada a la ANEC para la representación de los intereses de los consumidores en el establecimiento de normas de seguridad para los productos de consumo ha sido de aproximadamente el 95 % de sus gastos corrientes en los tres últimos años. Los representantes de los Estados miembros en el Comité Consultivo acordaron conceder este elevado nivel de financiación a la vez que examinaban opciones alternativas de financiación. Mientras no se encuentren estas alternativas, la participación de los consumidores en el proceso comunitario de normalización dependerá de este elevado nivel de financiación.

Las ayudas económicas concedidas para cubrir los gastos corrientes de las organizaciones europeas de consumidores se elevaron aproximadamente a 4,5 millones de euros (véase el cuadro 2).

Cuadro 2. Subvenciones de funcionamiento anuales concedidas a organizaciones europeas de consumidores

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5. Cofinanciación de proyectos específicos

Con el establecimiento de criterios detallados para la concesión de ayudas económicas a proyectos específicos que promuevan los intereses de los consumidores en los Estados miembros, la presente Decisión pretendía racionalizar la financiación de proyectos. Tal como se prevé en la Decisión, se publicaron cada año convocatorias de proyectos [35]. Las decisiones sobre la concesión de fondos se tomaron a partir de los criterios descritos en los artículos relativos a la aplicación y con la asistencia del Comité Consultivo.

[35] Diario Oficial C 289/14 de 17.9.1998 para 1999, C 191/15 de 8.7.1999 para 2000, C 116/7 de 26.4.2000 para 2001.

Cuadro 3. Resumen de las solicitudes de proyectos específicos, las subvenciones y los gastos

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Se ha producido una reducción gradual del número de solicitudes presentadas en respuesta a las diferentes convocatorias de propuestas de la Comisión (véase el cuadro 3). Esto se ha debido principalmente a la definición más estricta de los proyectos que pueden admitirse en estas convocatorias. Otro motivo puede ser el requisito de aportar una contribución, en principio, de un mínimo del 50 % de los gastos totales del proyecto. Los principales beneficiarios de este tipo de cofinanciación han sido las organizaciones nacionales de consumidores y otras ONG nacionales, europeas e internacionales activas en la promoción de los intereses de los consumidores.

A fin de incrementar la repercusión general de la cofinanciación de proyectos específicos, la Comisión ha tratado por lo general de concentrar la financiación disponible en un menor número de proyectos, a la vez que alentaba a las organizaciones de consumidores a unir sus esfuerzos en proyectos de interés común. En la práctica, se han presentado y financiado un número demasiado pequeño de proyectos innovadores o con una gran relevancia para la política comunitaria de protección de los consumidores. El tamaño medio de los proyectos sigue siendo modesto (entre 200 000 EUR y 250 000 EUR en 2001), pero se ha incrementado en comparación con años anteriores.

Las modalidades de aplicación detalladas y los criterios de admisión precisos establecidos en la Decisión han conseguido que el proceso de concesión de subvenciones a los proyectos sea más transparente, pero todo ello ha representado un elevado coste administrativo. Este coste elevado no se corresponde con el valor añadido a nivel comunitario de los proyectos cofinanciados. Además, el coste de la creación de proyectos y del cumplimiento de los requisitos para la presentación de un proyecto es elevado para los candidatos, en especial las organizaciones de consumidores y otras ONG. El ciclo anual de convocatorias de proyectos y de establecimiento de áreas prioritarias también significa que es difícil conseguir resultados sostenidos. En 2003 se dispondrá de una evaluación externa de la financiación de proyectos específicos [36].

[36] Véase el punto 1 del anexo 5.

La cofinanciación de proyectos específicos se ha elevado a aproximadamente 4,5 millones de euros en 1999, 4,3 millones de euros en 2000 y 2,4 millones de euros en 2001 (véase el cuadro 3).

6. Observaciones finales

La Decisión 283/1999/CE se adoptó para satisfacer la necesidad inmediata de poseer un marco jurídico para los gastos destinados a la protección de los consumidores, tras una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 1998 (C 106/96). El efecto general de esta Decisión ha sido reforzar la tendencia existente a una mejor planificación presupuestaria y a una menor toma de decisiones ad hoc. Antes de 1999, la autoridad presupuestaria establecía cada año los parámetros clave para estas decisiones en el comentario de las líneas presupuestarias del año siguiente. La Decisión 283/1999/CE ha establecido un programa plurianual de gastos, procedimientos claros y criterios de admisibilidad para la concesión de ayudas económicas, y ha definido posibles áreas de actuación durante un período de cinco años. Todo ello ha permitido realizar importantes progresos en materia de planificación, un alto nivel de utilización del presupuesto y una mayor transparencia de los procedimientos.

El hecho de que la Decisión precediera a la adopción del plan de acción sobre política de los consumidores 1999-2001, y del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria en enero de 2000 [37], hizo que se tomara la decisión expresa de que tuviera un alcance relativamente amplio y unos objetivos muy generales. Esta flexibilidad ha resultado útil, pero no facilita la realización de una evaluación global del grado en que se han conseguido los objetivos. Por otra parte, la Decisión ha proporcionado una gran cantidad de información detallada sobre los procedimientos de cofinanciación de proyectos específicos, lo que ha provocado una mayor transparencia en el proceso de candidatura y adjudicación.

[37] El Libro Blanco sobre seguridad alimentaria preveía una propuesta legislativa a fin de «proporcionar una base jurídica uniforme para velar por un apoyo financiero adecuado por parte de la Comunidad a las medidas necesarias para aumentar la seguridad alimentaria» en diciembre de 2000 (acción 79, pp. 51 y 52), pero se ha cancelado posteriormente esta propuesta.

Las acciones de la Comisión (tal como se establece en la letra a) del artículo 2 de la Decisión) en favor de los consumidores han representado la mayor parte de los gastos en los tres últimos años, casi el 75 % de los créditos totales. Entre las acciones financiadas más importantes se encuentran los comités científicos, los estudios científicos y el apoyo técnico a las actividades legislativas (como por ejemplo la validación de las pruebas de detección de la EEB) y las mejoras de los sistemas de alerta rápida. Otras acciones importantes incluyen encuestas sobre las actitudes de los consumidores, campañas de información y educación sobre la seguridad alimentaria y acciones relacionadas con la introducción del euro, así como acciones destinadas a supervisar la aplicación de los derechos de los consumidores. Se han emprendido acciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia y a la compensación extrajudicial, y a crear una red de centros europeos de los consumidores, en cooperación con los Estados miembros. La pertinencia política de estas acciones ha sido elevada, y su eficacia ha sido también generalmente alta.

Casi el 10 % de los créditos totales estaban destinados a ayudas económicas a organizaciones europeas de consumidores, de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 2 de la Decisión. La pertinencia política y la eficacia de estos gastos ha mejorado en los tres últimos años. Los criterios de admisibilidad definidos en la Decisión para este tipo de ayudas económicas han demostrado su eficacia al concentrar los recursos en las organizaciones que tienen como actividad principal la defensa de los intereses de los consumidores a nivel europeo. Al mismo tiempo, también ha promovido nuevas iniciativas en este campo. La experiencia práctica indica que podría ser útil una mayor clarificación de los criterios relativos a la independencia y el papel de estas organizaciones en la representación de los intereses de los consumidores.

La tercera categoría de gastos era la cofinanciación de proyectos específicos en favor de los intereses de los consumidores en los Estados miembros. Éste ha resultado ser el instrumento menos eficaz en los tres últimos años. Aproximadamente el 17 % de los créditos totales se utilizó para cofinanciar proyectos específicos. El proceso de evaluación y concesión de ayudas, así como la supervisión de la ejecución de estos proyectos, exigía una tramitación administrativa que resultó ser desproporcionada en comparación con la pertinencia política y la repercusión de los proyectos financiados.

La experiencia obtenida con la aplicación de los instrumentos, tal como se prevé en la Decisión, especialmente la cofinanciación de proyectos específicos, también contribuyó a plantear la cuestión del uso eficaz de los fondos comunitarios para reforzar a las organizaciones nacionales de consumidores. Por lo general, resulta necesario clarificar el papel del presupuesto comunitario a la hora de apoyar a las organizaciones nacionales de consumidores. En algunos países, las organizaciones de consumidores son débiles en términos políticos y económicos debido a su fragmentación, el bajo número de socios y la escasa o nula ayuda económica que reciben de sus gobiernos nacionales. Así pues, no es de extrañar que, tras más de una década de ayudas comunitarias indirectas a estas organizaciones, principalmente a través de la cofinanciación de proyectos, no haya sido suficiente para compensar estas deficiencias. Sin embargo, la concesión de ayudas más directas a las organizaciones nacionales, mediante una financiación básica, iría en contra del principio de subsidiariedad, y sería además impracticable, entre otras cosas debido a que se necesitaría una definición común de organización nacional de consumidores para toda la UE. Por tanto, las ayudas económicas a los gastos corrientes de las organizaciones nacionales deberían seguir siendo responsabilidad nacional.

Por su parte, la Comisión puede realizar una contribución complementaria a través de acciones directas tales como el actual programa de formación para el personal de las organizaciones de consumidores. Asimismo, puede alentar a los Estados miembros a que presten la debida atención a las necesidades de las organizaciones nacionales de consumidores facilitando el intercambio de las mejores prácticas. La creación de un marco formal para la cooperación administrativa, que es una de las prioridades de la nueva Estrategia en materia de política de los consumidores de la Comisión [38], podría también hacer posible la financiación conjunta de iniciativas de apoyo a las organizaciones de consumidores.

[38] DO C 137 de 8.6.2002.

Cualquier futuro marco jurídico para los gastos en favor de los consumidores debería contener un mejor alineamiento de los marcos político y presupuestario. Asimismo, los importantes cambios en el contexto político, tales como la ampliación y la nueva gobernanza, así como la adopción de la Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006, exigen una serie de ajustes. A partir de esta Estrategia, la Comisión puede definir más eficazmente en la actualidad los instrumentos y las acciones necesarios para cumplir los objetivos de sus políticas. ANEXO

Resumen de la evaluación de las acciones emprendidas en el marco de la Decisión 283/1999/CE

1. Introducción: disposiciones para la evaluación de las acciones en el ámbito de la política de los consumidores

En 1999, la DG Sanidad y Protección de los Consumidores comenzó a desarrollar sus funciones de evaluación, pero, en un primer momento, el presupuesto y los recursos humanos eran limitados. En septiembre de 2000 se creó una nueva Unidad de Auditoría y Evaluación, que se centró prioritariamente en la creación de capacidad de auditoría y la reorganización de los circuitos financieros. En 2001 se reorganizó la función de evaluación para reforzar la integración de la evaluación como un instrumento de gestión plenamente integrado para la ejecución de las actividades centrales.

Habida cuenta de la variedad de acciones cubiertas por la Decisión 283/1999/CE y del carácter muy general de sus objetivos, se ha considerado inadecuado efectuar una única evaluación global de todas las acciones emprendidas con arreglo al marco general 1999-2001. Por el contrario, se ha optado por evaluar acciones clave plurianuales o acciones individuales, especialmente en los ámbitos en los que los resultados podrían servir para orientar el gasto y las necesidades y prioridades de las políticas. Con ello puede efectuarse un análisis detallado de las acciones en cuestión.

De la financiación concedida en el marco de la Decisión 283/1999/CE, aproximadamente 500 000 EUR se destinaron a la evaluación de acciones por empresas especializadas externas durante el período 1999-2001. Asimismo, se efectuaron evaluaciones internas de otras acciones. Todavía no ha concluido el proceso de evaluación de las acciones, que finalizará en 2005 o 2006 [39]. El objetivo del presente anexo es presentar un resumen de la situación de este proceso de evaluación.

[39] Las evaluaciones se emprenden cuando finaliza una serie de acciones (plurianuales), se reciben los informes finales, y se examinan y aprueban. Los procedimientos para la adjudicación de contratos y para la ejecución de las acciones en el marco de la Decisión 283/1999/CE se iniciaron en enero de 1999. A mediados de 2002, habían finalizado varias acciones, mientras que otras seguían en curso o se continuaban. Existen evaluaciones externas para las acciones emprendidas desde enero de 1999 y completadas a principios de 2001 como muy tarde. Las evaluaciones internas cubren las acciones emprendidas desde enero de 1999 y completadas a finales de 2001 o principios de 2002.

2. Evaluaciones externas de las acciones emprendidas en el marco de la Decisión 283/1999/CE:

2.1. Subvenciones de funcionamiento concedidas a organizaciones de consumidores en el período 1996-1999

La evaluación [40] tiene como objetivo efectuar un análisis completo del entorno de la política de los consumidores en el que actúan las organizaciones europeas de consumidores así como evaluar su eficacia y relevancia. El enfoque metodológico básico incluía un análisis estratégico de seis organizaciones, un análisis histórico de las subvenciones en términos de efectos deseados, documentos entregados, alcance del servicio y grupos destinatarios, así como comparaciones.

[40] Evaluación efectuada por «The Evaluation Parthership». Informe final «Evaluation of Subventions 1996-1999 - European Consumer Organisations», diciembre de 2001.

Esta evaluación examina un período en el que se concedieron subvenciones a la OEUC [41], ANEC [42], COFACE [43], EUROCOOP [44], IEIC [45] y CES [46] en concepto de representación de los intereses de los consumidores a nivel europeo. A partir del período 1996-1998 se otorgaron estas subvenciones en función del comentario incluido en el presupuesto anual de la Comunidad. A partir de 1999, se concedieron en función de los criterios de admisibilidad y las disposiciones de procedimiento establecidos en la Decisión.

[41] Oficina Europea de Uniones de Consumidores.

[42] Asociación europea para coordinar la representación de los consumidores en materia de normalización.

[43] Confederación de Organizaciones Familiares de la C.E.

[44] Comunidad Europea de Cooperativas de Consumidores.

[45] Instituto Europeo Interregional de Consumo.

[46] Confederación Europea de Sindicatos.

Los resultados básicos de las evaluaciones demuestran claramente la utilidad y la pertinencia de las actividades de la OEUC y la ANEC, y se ponen seriamente en duda las subvenciones de funcionamiento concedidas a las actividades de las otras cuatro organizaciones. Además, la evaluación recomendó que la Comisión examinara la posibilidad de:

a) incrementar la financiación para reforzar la voz de los consumidores en ámbitos vitales de las políticas comunitarias, incluida la financiación a cargo de los Estados miembros;

b) una definición más operativa e inclusiva de organización europea de consumidores;

c) más apoyo a nivel de la UE para reforzar la representación de los consumidores en los países candidatos, el desarrollo de las buenas prácticas, la formación y las iniciativas de creación de redes y los esfuerzos de investigación;

d) una mayor financiación para recibir la asistencia de expertos europeos en asuntos de consumo en ámbitos en los que las capacidades resultan insuficientes;

e) el recurso a la Red europea de centros de los consumidores y a Eurobarómetros para recoger los puntos de vista de grupos específicos de consumidores sobre las organizaciones europeas de consumidores.

En particular, la evaluación ha resultado útil para aportar nuevas pruebas de la pertinencia y la utilidad de las actividades de las organizaciones examinadas. Por tanto, ha contribuido a nuestra decisión de concentrar este tipo de financiación en organizaciones que tienen como principal actividad la representación de los consumidores. La financiación de los gastos de funcionamiento de las actividades de representación de los consumidores de la CES ya se interrumpieron en 1997. A partir de 1999, las actividades del IEIC no podían recibir este tipo de financiación, debido a que la organización no cumplía el requisito establecido de representar a las organizaciones de consumidores en la mitad de los Estados miembros. Asimismo, a partir de 2001 se interrumpió la financiación de los gastos de funcionamiento de EUROCOOP y COFACE como consecuencia de los resultados de la evaluación.

Se ha examinado y tenido en cuenta la viabilidad de aplicar las recomendaciones adicionales del evaluador para preparar y efectuar el debate con las partes interesadas sobre la revisión de la Decisión 283/1999/CE. La Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006 [47] tiene como uno de sus tres objetivos principales promover la implicación de las organizaciones de consumidores en la elaboración de las políticas de la UE. La propuesta de la Decisión que sustituirá a la Decisión 283/1999/CE introduce nuevos instrumentos específicos para reforzar la voz de los consumidores a nivel comunitario. Sin embargo, los Estados miembros no se han mostrado dispuestos a financiar al mismo nivel que la Comunidad los gastos de funcionamiento de las organizaciones europeas de consumidores.

[47] COM(2002)208 final de 8.6.2002.

La propuesta de Decisión para sustituir a la Decisión 283/1999/CE incluye una definición revisada de organización europea de consumidores. Tiene como objetivo incrementar aún más la eficacia de la representación de los consumidores a nivel comunitario y centrar en mayor medida los recursos en organizaciones que sean independientes del comercio y la industria y que tengan como principal actividad la representación de los consumidores. La propuesta también incluirá disposiciones para facilitar las acciones destinadas a reforzar las organizaciones de consumidores en los países candidatos. Se están efectuando acciones relativas destinadas a transmitir experiencia, impartir formación e intercambiar buenas prácticas, que continuarán y se expandirán a partir de 2004.

Por otra parte, no se ha considerado necesario destinar nuevos recursos a la recogida de puntos de vista sobre las organizaciones europeas de consumidores, debido a que las encuestas del Eurobarómetro confirman siempre que los consumidores tienen una gran confianza en las organizaciones de consumidores.

2.2. Campañas de información sobre seguridad alimentaria 1998-1999

Esta evaluación [48] tiene como objetivo la aplicación de los dos primeros años de las campañas de información sobre seguridad alimentaria. Pretende determinar el efecto, la metodología, la eficacia en el establecimiento de objetivos y el alcance de las diferentes campañas nacionales a fin de evaluar su valor añadido y examinar posibles maneras de mejorar el efecto de las campañas de información. El enfoque aplicado incluía la investigación de documentos relativos a las políticas y las campañas, así como entrevistas con funcionarios comunitarios competentes, coordinadores de campañas nacionales y el personal del coordinador externo. Asimismo, los evaluadores efectuaron una encuesta telefónica a una muestra aleatoria de 150 personas en 13 países, y una encuesta por escrito de una selección de profesores y alumnos de 100 escuelas en 10 países.

[48] Evaluación efectuada por «Research voor Beleid International», Leiden. Informe final «Evaluation of the European Food Safety Campaign» - marzo de 2001.

Los resultados fueron generalmente positivos, y propugnaban un enfoque plurianual de las acciones de información. En la ejecución de las campañas se integró a aproximadamente tres cuartas partes de todos los requisitos y objetivos. Se consideró limitada la eficacia global de las diferentes campañas nacionales. Asimismo, los evaluadores destacaron las grandes diferencias en materia de eficacia de las diferentes campañas nacionales. Algunas consiguieron resultados mejores que la media, mientras que otras dieron resultados decepcionantes. Las opiniones relativas al papel del coordinador externo variaban, ya que algunos gestores de campañas descubrieron un valor añadido, mientras que otros no vieron ninguno.

Las recomendaciones generales clave consistían en clarificar el enfoque descentralizado de la aplicación de las campañas, y reducir los objetivos y grupos destinatarios. Los evaluadores dieron asimismo una serie de recomendaciones prácticas para la aplicación de las futuras campañas. Las recomendaciones clave de la evaluación se utilizaron a corto plazo, en la medida de lo posible, en la campaña 2001/2002, lanzada en abril de 2001. Las recomendaciones se explotarán en mayor medida en el desarrollo de las futuras campañas de información.

2.3. Revisión del sistema de asesoramiento científico 1997-1999

En relación con los gastos destinados al funcionamiento de los comités científicos, el Informe de tres expertos del Comité Director Científico [49] de 1999 examinaba el sistema existente para ofrecer asesoramiento científico a la Comisión y presentaba recomendaciones para la futura organización del asesoramiento científico.

[49] «The future of scientific advice in the EU - A European Food and Public Health Authority» - diciembre de 1999.

El informe reconocía que la Comisión ha realizado grandes progresos en la organización del asesoramiento científico. La transferencia del sistema de asesoramiento científico a la DG Sanidad y Protección de los Consumidores en 1997 tuvo como resultado la creación de comités científicos independientes que trabajan con el claro objetivo de proteger la salud de los consumidores. Pero, desde el punto de vista de los autores, el sistema solamente ha realizado una modesta contribución al restablecimiento de la confianza pública en la seguridad de los alimentos. Por tanto, los científicos propusieron una reforma adicional del sistema de asesoramiento científico y, en particular, la creación de una organización plenamente independiente para el asesoramiento científico con la participación de los interesados y más recursos para la comunicación de los riesgos. El análisis y las recomendaciones de los tres eminentes científicos han contribuido al desarrollo de las propuestas presentadas por la Comisión en su Libro blanco sobre seguridad alimentaria de enero de 2000 [50], y a la creación de una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

[50] COM(1999) 719 final de 12 de enero de 2000.

3. Evaluaciones internas de las acciones emprendidas en el marco de la Decisión 283/1999/CE:

3.1. Concurso del Joven Consumidor 1999 - 2001

En 2002 se efectuó una evaluación provisional interna de la puesta en práctica del Concurso del Joven Consumidor. El objetivo de esta acción, que se realiza desde 1993, es alentar a los jóvenes a estar más sensibilizados sobre los asuntos de consumo y a convertirse en consumidores responsables. Este acontecimiento se ha convertido en una de las principales iniciativas de la Comunidad en el ámbito de la educación de los consumidores, en aplicación de una Resolución del Consejo sobre educación de los consumidores de 1986 [51].

[51] Véase 86/C184/07, en DO C 107 de 23.6.1986.

Teniendo en cuenta el incremento relativamente lento de la participación global, y la disminución real del número de escuelas participantes en 2002, en contraposición con el incremento constante de los costes, se efectuó en la primavera de 2002 una evaluación interna [52]. Su objetivo clave era determinar la efectividad y la eficacia del Concurso del Joven Consumidor Europeo, especialmente por lo que respecta a informar y solicitar la participación de escuelas en el mismo. Asimismo, trataba de determinar si debería continuar celebrándose el concurso y, en caso afirmativo, en qué forma, así como determinar las diferentes opciones para mejorar la relación entre el coste y la eficacia.

[52] Evaluación interna del Concurso del Joven Consumidor Europeo, 13 de junio de 2002.

La evaluación se basa principalmente en un análisis de los concursos de 1999 y 2000, especialmente de los informes de los contratistas, en una encuesta informal realizada entre las organizaciones de consumidores en 1998, y en una entrevista telefónica con el principal contratista responsable de la ejecución del concurso en diez Estados miembros. Sus principales resultados destacaron que el número de participantes ha permanecido limitado a aproximadamente 2 000 escuelas, y que la tasa de participación no se está desarrollando lo suficiente como para tener un efecto real en términos de integración de los asuntos de consumo en el currículo escolar. Se observó que la rentabilidad global era baja, pero que existían grandes diferencias entre los países. Esto puede deberse en parte a que los concursos fueron efectuados por contratistas privados que, en su mayoría, no forman parte de las estructuras de educación nacionales o del mundo del consumidor.

La conclusión general de la evaluación era que el concepto básico del concurso es bueno, pero que es preciso mejorar la estrategia de su ejecución. En particular, recomendaba que se encomendara la organización del concurso a una red de Ministerios de Educación, con la que también coopera la Dirección General de Educación y Cultura, con lo que podría garantizarse una mayor participación y una mejor relación entre el coste y la eficacia.

En consecuencia, se tomó la decisión de proseguir esta acción con estas condiciones (modificadas) en 2003, a modo de experimento, y reexaminar los resultados en 2004.

4. Evaluaciones externas de las acciones emprendidas fuera del marco de la Decisión 283/1999/CE:

Las evaluaciones emprendidas en 1999 y con anterioridad tenían por objeto acciones financiadas en años anteriores, fuera del actual marco jurídico. Mientras que dos de estas evaluaciones desembocaron en la decisión de interrumpir las acciones en cuestión, una tercera evaluación examina una acción todavía en curso y que continuará.

4.1. Acciones y proyectos de consumo sostenible en el período 1995-1998

La Comisión, alentada por el Parlamento Europeo, apoyó en el período 1995-1998 aproximadamente 50 proyectos relacionados con el consumo sostenible. Se efectuó una evaluación [53] para determinar su utilidad, decidir si deberían repetirse este tipo de acciones en el futuro y qué posibles mejoras son necesarias. Para ello, se examinó la documentación de cada proyecto y se seleccionaron visitas in situ. La metodología aplicada es una técnica de análisis del marco lógico.

[53] Evaluación emprendida por «Economisti Associati», Bolonia. Informe final en noviembre de 2001.

En concreto, los resultados de la evaluación de las actividades de consumo sostenible destacaban la necesidad de una decisión política sobre la contribución de las políticas de la DG Sanidad y Protección de los Consumidores en este ámbito, habida cuenta de sus competencias básicas y sus recursos humanos limitados. Recomendaba que se interrumpieran la financiación de proyectos y las acciones de asistencia técnica en materia de consumo sostenible hasta que se hubieran adoptado un documento político oficial, en el que se establecieran los objetivos, y un plan de acción.

Estos resultados contribuyeron a determinar que el ámbito del consumo sostenible es una prioridad negativa en el marco de la política de los consumidores. Asimismo, se decidió que la DG Sanidad y Protección de los Consumidores debería limitarse a las actividades centrales de política de los consumidores, y que los instrumentos de política medioambiental están mejor adaptados para conseguir objetivos en materia de consumo sostenible.

4.2. Acción «Consumerland» en el período 1995-1999

En 1999 se emprendió una evaluación intermedia externa de la acción Consumerland como consecuencia de una propuesta de conceder más financiación a esta actividad. Esta acción se inició en 1995 como un intento de utilizar instrumentos informáticos para comunicar información en materia de consumo. Consumerland crea un mundo virtual en el que se comunican los aspectos a escala europea de la protección de los consumidores a un grupo destinatario de niños, consumidores adultos y organizaciones de consumidores. Tiene como objetivo incrementar la confianza de los consumidores a la hora de examinar las ventajas del Mercado Único. Se creó un entorno urbano virtual y tres módulos (tienda de juguetes, comercio de alimentación y agencia de viajes) como parte de este proyecto.

Antes de crear otros módulos, la Comisión efectuó un estudio interno, y decidió posteriormente efectuar una evaluación externa [54] de la pertinencia, eficacia, efectividad, impacto y valor añadido europeo de la iniciativa. El planteamiento incluía una revisión de la adecuación técnica del producto, un estudio de la opinión que tenían los usuarios sobre el producto y un examen operativo de Consumerland en su conjunto. La evaluación externa se centraba principalmente en el uso del producto por tres grupos destinatarios. Se insistía especialmente en la calidad del software, la facilidad de su uso y el tiempo de respuesta, tanto si se utiliza el CD-ROM como Internet.

[54] Evaluación emprendida por «The Evaluation Partnership», Informe final «Evaluation of Consumerland informatics project», diciembre de 2000.

Los resultados obtenidos por el evaluador confirmaron que el proyecto no había alcanzado una gran eficacia ni efectividad en la consecución de sus objetivos, y efectuaba una serie de recomendaciones para una posible reanudación del mismo. A partir de los resultados de la evaluación interna y externa, la Comisión decidió interrumpir el proyecto.

4.3. Proyectos piloto de información transfronteriza de los consumidores («Euroventanillas»)

Esta evaluación [55] cubría un total de 17 proyectos piloto sobre información transfronteriza de los consumidores que habían sido cofinanciados por el presupuesto de política de los consumidores desde 1991. Se centraba en la rentabilidad de las actividades de cada proyecto piloto y en su eficacia en el contexto nacional. También examinaba su situación en relación con la rentabilidad, la eficacia en el contexto nacional y el impacto global en los consumidores de la UE.

[55] Evaluación emprendida por Wilhelm Consulting, Informe final «Evaluation of the transborder consumer information pilot projects», junio de 1997.

Los resultados obtenidos mostraron la existencia de una relación general bastante positiva entre costes y beneficios de los proyectos piloto. Se consideraba que la mayoría de los proyectos piloto cofinanciados habían tenido éxito, o al menos en parte; algunos no consiguieron sus objetivos. La evaluación proponía ampliar el esfuerzo comunitario en materia de información de los consumidores europeos, extender el alcance de las actividades más allá de las regiones transfronterizas y crear una red a escala europea de información de los consumidores con un centro en cada Estado miembro.

Desde 1998 se han aplicado gradualmente estas recomendaciones en cooperación con los Estados miembros. En particular, se han reorganizado los proyectos piloto en forma de red de Centros europeos de los consumidores. Se ha reorientado la actividad principal de la acción a proporcionar un servicio de información y orientación a una audiencia nacional más amplia. Se han añadido nuevas tareas, como el seguimiento y la comparación de los precios.

5. Evaluaciones externas que se han emprendido o previsto:

5.1. Cofinanciación de proyectos específicos en el período 1999-2001

Esta evaluación tiene como objetivo examinar la puesta en práctica del enfoque de la financiación de proyectos definido en la Decisión 283/1999/CEE. El instrumento de cofinanciación de proyectos, y los criterios detallados establecidos en la Decisión para la concesión de subvenciones a los proyectos, han resultado insatisfactorios, tanto en términos de rentabilidad del dinero concedido como de eficacia administrativa. Estos problemas fueron descubiertos por la Comisión en una revisión interna, por los Estados miembros representados en el Comité Consultivo, así como por organizaciones de consumidores representadas en el Comité de los consumidores. Entre otras cosas, la evaluación externa servirá para verificar los motivos de insatisfacción y contribuirá a elaborar opciones para reorientar la financiación de proyectos.

Se ha publicado un concurso abierto. El trabajo deberá completarse en 2003, y se tendrá en cuenta en las futuras decisiones relativas a la propuesta de una Decisión que sustituya a la Decisión 283/1999/CE.

5.2. Programa informativo «El euro: una moneda para Europa, 1996-2002»

Esta evaluación externa analizará el efecto de las actividades de comunicación de la Comisión para facilitar la introducción del euro. En particular, analizará las repercusiones de este programa en las campañas de comunicación nacionales o locales, públicas o privadas y, por tanto, en la preparación y la confianza finales de consumidores y empresas en la transición al euro. Asimismo, esta evaluación cubrirá las acciones financiadas por el presupuesto de Sanidad y Protección de los Consumidores como elementos complementarios del programa PRINCE.

En agosto de 2002 se publicó un concurso abierto para esta evaluación, y ya se ha adjudicado el contrato. El trabajo se iniciará a principios de 2003.

5.3. Aplicación del Plan de acción sobre política de los consumidores 1999-2001

El principal objetivo de esta evaluación es analizar la experiencia obtenida en la aplicación del Plan de acción sobre política de los consumidores, a excepción de las acciones de seguridad alimentaria. Esta evaluación examinará si la concepción de los objetivos del Plan se ajusta a lo establecido en el Tratado, y la adecuación de las acciones seleccionadas para cumplir los objetivos. Asimismo, verificará si las acciones se aplicaron de la manera prevista y se ofrecerá un análisis cualitativo global de su impacto.

Se ha convocado un concurso restringido para esta evaluación ex post externa.

5.4. La Red europea de centros de los consumidores en el período 1998-2002

Está previsto efectuar en 2003 una evaluación externa del desarrollo y el funcionamiento de la Red europea de centros de los consumidores durante el período 1998-2002. Esta red ya se ha establecido en 12 Estados miembros, y están muy avanzados los preparativos para crear nuevos centros en otros dos Estados miembros. Los países candidatos se han mostrado interesados en formar parte de la red a partir de 2004. Entre otras cosas, la evaluación examinará la aplicación de las recomendaciones de la evaluación efectuada en 1997, así como la evolución de las tareas realizadas por los centros.

5.5. Revisión de la fase piloto de la Red Extrajudicial Europea en el período 2001-2003

Desde octubre de 2001, la fase piloto y de puesta en marcha de la Red EJE ha dado como resultado la creación de centros nacionales de intercambio de información que participan en la red en los 15 Estados miembros, así como en Noruega e Islandia. Para consolidar esta iniciativa, se ha ampliado la fase piloto hasta finales de marzo de 2003. Está previsto celebrar en la primavera de 2003 una conferencia con todas las partes interesadas pertinentes y los Estados miembros para examinar el funcionamiento de la red. A continuación, la Comisión presentará un informe global de revisión al Parlamento Europeo y el Consejo, en el que se describirán los resultados y la estrategia futura para el desarrollo de la red.

5.6. Base de datos CLAB en el período 1996-2002

Con el objetivo de supervisar la aplicación y el cumplimiento de los derechos de los consumidores establecidos en la Directiva 93/13/CEE del Consejo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores [56], y para facilitar el acceso a la jurisprudencia pertinente en todos los Estados miembros, la Comisión creó en 1996 una base de datos sobre cláusulas abusivas en los contratos, denominada CLAB. Está previsto efectuar una evaluación del funcionamiento de la CLAB en 2004. Esta evaluación está asimismo concebida para obtener información útil para el futuro desarrollo de un instrumento destinado a supervisar la aplicación y el cumplimiento de toda la legislación comunitaria en materia de protección de los consumidores.

[56] DO L 95 de 21.04.1993.

6. Evaluación ex-ante del impacto de la Estrategia en materia de política de los consumidores en el período 2002-2006

Se efectuó una evaluación ex ante del impacto de los objetivos y las prioridades establecidos en la Estrategia en materia de política de los consumidores [57]. En el informe se analiza la situación de la política de los consumidores a finales de 2001 para establecer una posición de base. A continuación, se examina la lógica de la intervención de la estrategia y los ámbitos principales donde se prevé un impacto.

[57] Evaluación ex ante del impacto de la nueva estrategia en materia de política de los consumidores, efectuada por «The Evaluation Partnership», Informe final enero de 2002.

En sus conclusiones se suscriben de manera general los objetivos y las prioridades de la Estrategia. En la evaluación se descubre una concepción clara de las intervenciones propuestas, tanto por lo que respecta a la manera en que las acciones apoyan los objetivos de las políticas como a los ámbitos de impacto.

Asimismo, los evaluadores están de acuerdo con la necesidad de una intervención comunitaria en apoyo de los objetivos de las políticas, y llegan a la conclusión de que es poco probable que se utilicen fondos comunitarios para acciones que los Estados miembros hubieran realizado igualmente por sí solos, y esperan que las acciones consigan un importante valor añadido europeo. No obstante, los evaluadores no se muestran convencidos de la suficiencia de las acciones propuestas. Por tanto, los futuros programas de trabajo anuales deben centrarse en acciones que posean la mejor relación entre el impacto y los recursos.