COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 27.11.1996 
COM(96) 608 final 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
relativa a 
los criterios de evaluación de los sistemas nacionales 
de cálculo de costes y de financiación 
del servicio universal de telecomunicaciones 
y directrices para los Estados miembros 
sobre la aplicación de dichos sistemas 

INDICE 
1. INTRODUCCIÓN: OBJETO DE LA PRESENTE COMUNICACIÓN 1 
2. ASPECTOS GENERALES 2 
2.1 Definición, alcance y financiación del Servicio Universal 2 
2.2 Objetivos implícitos en la financiación del Servicio Universal 3 
2.3 Decisión sobre la necesidad de establecer un Sistema Nacional para la 
financiación del coste neto del servicio universal en un Estado miembro 4 
2.4 Principal legislación comunitaria aplicable a al cálculo de costes y a la 
financiación del servicio universal 4 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA REVISIÓN DE LOS 
SISTEMAS NACIONALES 7 
4. CUESTIONES QUE DEBEN DETERMINARSE A NIVEL 
NACIONAL 11 
5. DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
NACIONALES 12 
6. CONCLUSIÓN 20 
ANEXO A: PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN 
COMUNITARIA RELACIONADAS CON EL SERVICIO 
UNIVERSAL 21 
ANEXO B: SISTEMA DE CONTRIBUCIÓN EN CONCEPTO DE 
DÉFICIT DE ACCESO 26 
ANEXO C: DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN AL ACTA DE LA 1910° 
REUNIÓN DEL CONSEJO DE TELECOMUNICACIONES 
DE 27 DE MARZO DE 1996 SOBRE QUIÉNES 
CONTRIBUYEN AL SERVICIO UNIVERSAL 28 
ANEXO D: ASPECTOS DE LOS SISTEMAS NACIONALES QUE 
PUEDEN GESTIONARSE A ESCALA NACIONAL 29 
GLOSARIO TÉCNICO 32 
ic. 
1. INTRODUCCIÓN: OBJETO DE LA PRESENTE COMUNICACIÓN 
La presente Comunicación tiene como finalidad informar a los Estados miem­
bros de los criterios que la Comisión pretende aplicar en la evaluación, con ar­
reglo a lo dispuesto en la legislación comunitaria, de las disposiciones relativas 
al cálculo de los costes y a la financiación del servicio universal que figuran en 
los sistemas nacionales relativos al servicio universal (en lo sucesivo, "sistemas 
nacionales"). 
Los Estados miembros no están obligados a establecer sistemas nacionales para 
el reparto de las cargas financieras derivadas de los costes de la prestación del 
servicio universal entre los diversos operadores del mercado. 
Sin embargo, en caso de aplicarse, dichos sistemas deberán ser compatibles con 
la legislación comunitaria y, en particular, con la Directiva 96/19/CE de la 
Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 
90/388/CEE de la Comisión en lo relativo a la instauración de la plena compe­
tencia en los mercados de telecomunicaciones (en lo sucesivo, Directiva sobre 
Plena Competencia) y con las disposiciones refrendadas por el Consejo y el 
Parlamento Europeo en la propuesta de Directiva del Consejo y del Parlamento 
Europeo relativa a la interconexión (en adelante, "la Directiva sobre Intercon­
exión)1. 
Evidentemente, los sistemas nacionales deben adaptarse en función de las con­
diciones específicas existentes en cada Estado miembro, en particular, en las 
regiones menos desarrolladas de la Comunidad. Pero, al mismo tiempo, los 
principios fundamentales de cálculo de los costes y de financiación de los serv­
icios universales deberán ser los mismos en todo el ámbito comunitario, incluso 
aunque los costes calculados finalmente puedan estar estrechamente vinculados 
a las condiciones económicas, sociales y geográficas existentes. La presente 
Comunicación orienta asimismo sobre los principios que deben regir la aplica­
ción de los sistemas nacionales. 
Con arreglo a la Directiva sobre Plena Competencia, los sistemas nacionales 
deberán notificarse a la Comisión. Por consiguiente, la presente Comunicación 
determina, en las secciones 2 y 3, los principios y enfoques jurídicos a los que 
deberán atenerse los sistemas nacionales remitidos a la Comisión para que ésta 
los juzgue compatibles con la legislación comunitaria. Asimismo, en la Sección 
4, se examinan los aspectos del servicio universal abordados principalmente a 
nivel nacional. En la sección 5 se ofrecen más detalles en forma de Directrices 
para las Autoridades Nacionales de Reglamentación sobre el funcionamiento 
POSICIÓN COMÚN (CE) N° 34/96 aprobada por el Consejo el 18 de junio de 1996 con vis­
tas a la adopción de la Directiva 96/220/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de..., 
relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el serv­
icio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de 
red abierta (ONP). 
. b 
de los sistemas nacionales de servicio universal en el ámbito de las telecomuni­
caciones. 
La presente Comunicación no establece normas de obligado cumplimiento. Por 
otro lado, tampoco prejuzga el resultado final de la evaluación de los sistemas 
nacionales remitidos a la Comisión. Dicha evaluación tendrá necesariamente en 
cuenta la situación existente en el momento de la notificación de dichos siste­
mas.. 
2. ASPECTOS GENERALES 
2.1 Definición, alcance y financiación del Servicio Universal 
El concepto de servicio universal desempeñará un papel importante para 
afrontar los desafíos de la sociedad de la información2. Se basa en los principios 
de universalidad, igualdad, continuidad y asequibilidad. 
La Directiva sobre Interconexión define el servicio universal como: 
"un conjunto mínimo definido de servicios de una calidad determinada 
accesible a todo usuario con independencia de su localización 
geográfica y, a la vista de las condiciones nacionales específicas, a un 
precio asequible" 
En marzo de este año, la Comisión señaló que el servicio definido equivale a 
"la prestación de un servicio de telefonía vocal por medio de una conexión 
fija que permite también la utilización de un telefax y un módem, así como 
a la asistencia de un operador, los servicios de urgencia, los servicios de in­
formación (incluida una guía de abonados) y, por último, los teléfonos públi-
COS. 
Asimismo, la Comisión indicó que, con arreglo a la Directiva 95/62/CE4 
(Directiva sobre telefonía vocal), "los usuarios deberán tener acceso asimismo 
a la información que se publique sobre los costes y los precios de los servi­
cios, sobre su calidad y sobre si se alcanzan los indicadores de calidad". 
Por último, en esta Comunicación, la Comisión insistía en que el servicio uni­
versal es un concepto dinámico y en evolución y que se someterá a un con­
stante estudio, en especial por lo que respecta a su ámbito, su nivel, su calidad 
y su asequibilidad en la Unión Europea. La Comisión debe presentar su primer 
Véase la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 1996 sobre el servicio universal de 
telecomunicaciones ante la perspectiva de un entorno plenamente liberalizado. COM(96) 73 
y la Comunicación de la Comisión sobre los servicios de interés general en Europa, 
COM(96) 443. 
Véase la Comunicación de 13 de marzo de 1996 sobre el Servicio Universal de telecomuni­
caciones ante la perspectiva de un entorno plenamente liberalizado. COM(96) 73 
Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995 rela­
tiva a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal, DO L321 de 
30.12.96. 
informe antes del 1 de enero de 1998. A este respecto, también podría estu­
diarse la cuestión de la posible financiación de las tarifas preferenciales para el 
acceso de las escuelas a redes de tipo Internet, contemplado en el plan de ac­
ción "Aprender en la Sociedad de la Información", adoptado por la Comisión 
en el pasado mes de octubre. Constituye un primer paso importante la reciente 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que adapta la 
Directiva sobre telefonía vocal a un entorno competitivo5. Esta propuesta, por 
ejemplo, ya no equipara el servicio universal al acceso únicamente a través de 
una línea fija, sino con la prestación de un servicio definido a una localidad fija, 
ya sea por medio de una línea fija o de una conexión sin hilos. De este modo se 
reconoce la función de la tecnología sin hilos para cumplir las obligaciones de 
servicio universal cuando dicha tecnología resulta ser la menos costosa. 
Cuando suponga una carga injustificada para el organismo que preste el servi­
cio universal, el coste neto derivado de dicha prestación podrá repartirse entre 
otros operadores del mercado. Más adelante, en la sección 2.3 se ofrece una 
visión general de la legislación comunitaria aplicable al cálculo de los costes y 
la financiación del servicio universal. 
2.2 Objetivos implícitos en la financiación del Servicio Universal 
Los sistemas nacionales para la financiación del servicio universal deben estar 
en consonancia con ciertos objetivos fijados a escala Europea. En la medida de 
lo posible, dichos sistemas deberán: 
reducir al mínimo las barreras de acceso al mercado, garantizando al 
mismo tiempo la financiación del Servicio Universal. 
respetar el requisito de neutralidad (por ejemplo, entre operadores del 
mercado, tecnologías específicas o entre la prestación de servicios inte­
grada o separada) con objeto de evitar una distorsión en las estrategias de 
acceso al mercado o posteriormente, en las decisiones sobre inversión o la 
actividad en dicho mercado. 
mantener al nivel mínimo las cargas administrativas y los costes con ellas 
relacionados 
basarse en procedimientos objetivos, transparentes, proporcionales y no 
discriminatorios, y 
crear un entorno que propicie una mayor eficacia e innovación con objeto 
de garantizar la prestación del servicio universal al menor coste posible. 
Propuesta de Directiva del Consejo y del Parlamento Europeo relativa a la aplicación de la 
oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y al servicio universal de telecomunicaciones 
en un entorno competitivo, Comisión de las Comunidades Europeas(96) 419, de 11.9.96. 
Aunque, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros 
son libres de establecer obligaciones adicionales en relación con tecnologías o 
prestaciones concretas o establecer objetivos de servicio y cobertura (por 
ejemplo, para los servicios móviles o la RDSI), ninguna carga financiera aso­
ciada a la prestación de dichos servicios podrá financiarse a través del mecan­
ismo establecido para la financiación del servicio universal. 
2.3 Decisión sobre la necesidad de establecer un Sistema Nacional para 
la financiación del coste neto del servicio universal en un Estado mi­
embro 
Con arreglo al principio de subsidiariedad, la Autoridad Nacional de Reglam­
entación es libre de determinar, basándose en los costes del servicio universal 
auditados, que: 
no es necesario financiar el servicio universal, bien porque la obligación de 
prestación del servicio universal no genera un coste neto, bien porque el 
coste neto resultante (i) no supone una carga injustificada para el operador 
u operadores en cuestión, o (ii) no justifica los costes administrativos que 
se derivarían del establecimiento de un sistema de financiación específico. 
aunque las obligaciones de servicio universal representan una carga, el 
Estado opta por financiarlas directa o indirectamente. 
las obligaciones de servicio universal suponen una carga y se juzga nece­
sario el establecimiento de un Sistema Nacional. En tal caso, los sistemas 
nacionales deben atenerse a la legislación comunitaria. 
2.4 Principal legislación comunitaria aplicable a al cálculo de costes y a 
la financiación del servicio universal 
Los principios y objetivos generales citados anteriormente se han extraído de 
las actuales directrices para el cálculo de los costes y la financiación del servi­
cio universal (para las referencias en materia de legislación, véase el Anexo 
A). Dichas directrices imponen a los Estados miembros obligaciones específi­
cas. 
2.4.1 Directiva sobre Plena Competencia 
En virtud de lo dispuesto en la Directiva sobre Plena Competencia, los Estados 
miembros deberán notificar a la Comisión el 1 de enero de 1997, a más tardar, 
todo procedimiento de financiación o declaración que tenga por objeto el 
cumplimiento de "las obligaciones financieras relativas al servicio universal6. 
Dichos procedimientos deberán ser publicados por los Estados miembros el 1 
de julio de 1997, a más tardar, y antes de su aplicación, la Comisión deberá 
"comprobar la compatibilidad de tales propuestas con el Tratado" (artículo 
3). Así pues, esta comprobación de la Comisión deberá realizarse a principios 
de 1997. 
Los criterios que deberán respetar los sistemas se fijan en el artículo 4C de la 
Directiva. Con arreglo a dichos criterios, los Estados miembros pueden elegir 
en la aplicación del mecanismo de financiación del servicio universal entre la 
creación de un fondo o la fijación de un sistema de cuotas adicionales. El mé­
todo elegido sólo podrá aplicarse a las empresas que suministren redes públicas 
de telecomunicaciones y deberá "asignar a cada empresa su correspondiente 
cuota con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios y de conformidad 
con el principio de proporcionalidad1 
Por último, la Comisión deberá revisar asimismo estos sistemas de financiación 
del servicio universal el 1 de enero del 2003, a más tardar, para comprobar si 
los procedimiento que se están aplicando "limitan el acceso a los mercados de 
referencia". 
2.4.2 Directiva sobre Interconexión 
La propuesta de Directiva sobre Interconexión establecerá unas directrices que 
van más allá de los principios establecidos en la Directiva sobre Plena Compe­
tencia. Mientras esta última determina las obligaciones que emanan del 
Tratado con respecto al servicio universal, la Directiva sobre Interconexión, 
basándose en dichos principios, propone unas directrices comunes y armoni­
zadas para el cálculo de los costes y la financiación del servicio universal dentro 
de los Estados miembros. 
Con arreglo al apartado 1 del artículo 5 de la Directiva sobre Interconexión, 
los Estados miembros pueden establecer mecanismos que permitan compartir 
el coste neto de las obligaciones de servicio universal con otros organismos que 
exploten redes públicas de telecomunicación y servicios telefónicos accesibles 
Cuando los sistemas nacionales que se apliquen no sean procedimientos de licencia o de de­
claración, el artículo 4C de la Directiva exige a los Estados miembros que notiñquen 
cualquier procedimiento nacional para el reparto del coste neto de la prestación de las obli­
gaciones de servicio universal a fin de comprobar su compatibilidad con el Tratado. En ese 
caso, los sistemas deberán notificarse el 11 de enero de 1997, un poco después de la fecha 
fijada para la notificación de los procedimientos de licencia y declaración. 
Podrán ser aplicables fechas de notificación posteriores a aquellos Estados miembros a los 
cuales la Comisión conceda periodos transitorios adicionales para la apertura de sus merca­
dos a la competencia. En tales casos, las fechas de notificación se establecerán en la decisión 
por la que se concedan periodos transitorios adicionales. Cuando los Estados miembros no 
creen sistemas nacionales de servicio universal inmediatamente, sino en fecha posterior, la 
Comisión espera que se le notifiquen a fin de permitir una evaluación de su compatibilidad 
con la legislación comunitaria comunitario antelación suficiente a su entrada en vigor. 
al público. Al igual que en la Directiva sobre Plena Competencia, las aportacio­
nes deberán determinarse de forma objetiva, transparente, no discriminatoria y 
proporcional. 
Como la Directiva sobre Plena Competencia, el apartado 2 del artículo 5 prevé 
un mecanismo de financiación del servicio universal administrado por un ór­
gano independiente a nivel nacional o un sistema de cuotas suplementarias que 
se añaden a las cuotas de interconexión. 
Únicamente la red telefónica pública fija y los servicios telefónicos públicos fi­
jos tal como quedan definidos en el apartado 2.1 (es decir la Parte 1 del Anexo 
1 de la Directiva sobre Interconexión) pueden financiarse a través de un mecan­
ismo de financiación del sistema universal7. 
La Directiva sobre Interconexión establece una serie de principios (apartado 3 
del artículo 5 y Anexo III) para el cálculo del coste neto del servicio universal. 
El coste neto representa la "diferencia entre el coste neto que para una organ­
ización tiene el operar con obligaciones de servicio universal y el corre­
spondiente a operar sin dichas obligaciones". Además, exige que los cálculos 
se pongan a disposición de las autoridades nacionales de reglamentación, cua­
ndo éstas lo soliciten, y que sean ellas u otro órgano competente quienes 
lleven a cabo su auditoría. Las conclusiones de esta última deberán ponerse a 
disposición del público. 
Las autoridades nacionales de reglamentación deben determinar si está justifi­
cado establecer un mecanismo de financiación específico habida cuenta de los 
beneficios comerciales que reporta a un organismo la prestación del servicio 
universal (apartado 4 del artículo 5). 
Por último, el público debe tener acceso a los procedimientos de reparto de 
costes y los mecanismos empleados. Las autoridades nacionales de reglam­
entación publicarán un informe anual en el que constarán los costes del servi­
cio universal así como las aportaciones efectuadas por todas las partes afec­
tadas (apartado 5 del artículo 5). 
2.4.3 Papel de las ayudas estatales 
Cuando los Estados miembros decidan financiar total o parcialmente el coste 
neto del servicio universal en el sector de las telecomunicaciones de forma di­
recta o indirecta a través de los presupuestos del Estado, estas intervenciones 
deberán efectuarse con arreglo a las normas comunitarias sobre ayudas esta­
tales, fijadas en los artículos 92 a 94, junto con el artículo 90. La financiación 
deberá ser transparente y no superar los costes netos de las obligaciones calcu­
ladas con arreglo a las directrices recogidas en la Comunicación. En caso de 
que se establezca con claridad que no existe compensación excesiva de los 
Como se señalaba en el apartado 2.1, la Comisión ha propuesto una modificación de la actual 
Directiva sobre telefonía vocal. Una vez adoptada, esta Directiva establecerá con mayor deta­
lle el ámbito del concepto de servicio universal en la Comunidad Europea y, en particular, 
por lo que respecta a la obligación de asequibilidad 
costes del servicio público (por ejemplo, cuando no haya compensación de los 
costes que normalmente correrían por cuenta de la actividad correspondiente), 
normalmente no habrá ayuda estatal directa con arreglo al apartado 1 del 
artículo 92 del Tratado CE. A la inversa, cuando la intervención pública dé 
lugar a una compensación excesiva, la Comisión deberá determinar si la ayuda 
en cuestión puede aprobarse con arreglo a las excepciones de los apartados 2 y 
3 del artículo 92. 
Como ejemplo de ayuda directa se pueden citar las ayudas del fondo de la se­
guridad social a operadores específicos o a determinados clientes para cubrir 
los costes de equipo especial, o también, las tarifas ventajosas para usuarios 
discapacitados. 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA REVISIÓN DE LOS SISTE­
MAS NACIONALES 
A continuación se exponen los criterios de evaluación que la Comisión aplicará 
al examinar la legislación nacional que establezca los sistemas nacionales para 
el servicio universal. 
En la Sección 5 se ofrecen a las autoridades nacionales de reglamentación de 
los Estados miembros directrices más detalladas en relación con el fun­
cionamiento de los sistemas nacionales. Estas directrices tienen por objetivo 
potenciar prácticas adecuadas en este ámbito y desarrollar los principios que 
figuran a continuación. 
Los Estados miembros deberán garantizar que los sistemas nacionales se 
atienen a la legislación comunitaria. 
En su evaluación de la compatibilidad de los sistemas nacionales notificados 
con la legislación comunitaria, la Comisión examinará los siguientes puntos: 
La Comisión analizará el método empleado por cada Estado miembro para el 
cálculo del coste del servicio universal y, en particular, tomará en consideración 
los siguientes puntos: 
1. Los sistemas nacionales sólo podrán cubrir el coste neto de las obligacio­
nes de servicio universal tal como se definen en la legislación comunitaria 
(es decir, los costes asociados con el suministro de redes telefónicas públi­
cas fijas y servicios telefónicos fijos accesibles al público8). El cálculo de­
berá tener en cuenta tanto los costes como los ingresos. El método de cál­
culo de los costes deberá tender a un enfoque innovador, más que basarse 
en los principios tradicionales de contabilidad. 
Véase la Parte I del Anexo 1 de la Directiva sobre Interconexión 
Para una explicación del concepto de "coste neto" y del método 
adecuado para calcular el coste neto de las obligaciones de servicio uni­
versal, véanse las directrices recogidas en la Sección 5. 
2. Los sistemas nacionales deberán garantizar que el coste neto del servicio 
universal se calcula con arreglo a procedimientos y criterios objetivos, 
transparentes, no discriminatorios y proporcionales. 
3. Para cumplir el requisito de transparencia y proporcionalidad de la Direc­
tiva sobre plena competencia, los sistemas nacionales deben garantizar que 
todo operador que solicite la financiación del servicio universal indique 
claramente (por ejemplo, mediante una declaración formal) a qué cliente o 
grupo de clientes deniega formalmente la prestación de servicios o tiene 
previsto desconectar, a menos que las cargas derivadas de dicha prestación 
se compartan a través de un plan nacional. Para ello no es preciso que el 
operador identifique a cada uno de los clientes; sin embargo, sí deberá po­
der señalar el número de clientes interesados en relación con determinados 
colectivos o regiones particulares.. 
La Comisión analizará los sistemas nacionales a fin de garantizar que no se in­
tentan utilizar para recuperar costes netos no imputables a obligaciones de 
servicio universal y, en concreto, tratará de garantizar que, en el cálculo de los 
costes del servicio universal, no se incluyen los siguientes: 
4. Los sistemas nacionales no podrán utilizarse para recuperar una 
"contribución por déficit de acceso" atribuible al desequilibrio de las 
estructuras nacionales de tarifas9. La mencionada contribución se 
aborda en el Anexo B. 
A fin de permitir la evaluación de la compatibilidad con la legislación 
comunitaria, los sistemas nacionales notificados a la Comisión de­
berán incluir un calendario para la eliminación gradual de los dese­
quilibrios subsistentes en materia de tarifas. El reajuste deberá 
haberse logrado, a más tardar, el 1 de enero del 2000, excepto en el 
caso de aquellos Estados miembros que, con arreglo al apartado 2 
Cuando no sea posible lograr el reajuste de las tarifas a 1 de enero de 1998, los Estados mi­
embros podrán, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva sobre Plena Competencia (véase 
el considerando n° 20) establecer mecanismos independientes de los sistemas nacionales para 
el servicio universal a fin de evitar el "cortocircuito" o el "desnatado" de los operadores ya 
establecidos si las normas de control les impidieran reajustar su estructura de precios. (Los 
operadores competidores que acceden al mercado por primera vez pueden aplicar tarifas 
muy inferiores a las de los operadores ya establecidos en los sectores del mercado de llama­
das internacionales y de larga distancia sin que éstos últimos puedan reaccionar. Dichos sec­
tores resultan muy atractivos para los nuevos competidores puesto que los operadores ya 
establecidos, de acuerdo con los principios comerciales, se ven obligados a mantener precios 
artificialmente elevados a fin de realizar subvenciones cruzadas con las cargas fijadas por de­
bajo de los costes en las llamadas de acceso y locales.) 
del artículo 1 de la Directiva sobre Plena Competencia, gocen de un 
plazo adicional de aplicación. En tales casos, la fecha límite para 
completar dicho reajuste será la de expiración del plazo adicional de 
aplicación. 
5. Por otro lado, con arreglo a la Directiva sobre la plena competencia, 
sería desproporcionado utilizar los sistemas nacionales para recuperar 
costes relacionados con actividades no incluidas en el ámbito del servi­
cio universal, por ejemplo: 
el coste derivado de la aplicación de las medidas específicas nece­
sarias para garantizar la seguridad pública; 
la prestación de servicios de comunicaciones no incluidos en el 
servicio universal a escuelas, hospitales e instituciones similares; 
las indemnizaciones o reembolsos (o los costes administrativos o 
de otro tipo asociados a dichos pagos) a los usuarios por la im­
posibilidad de alcanzar el nivel de calidad garantizado en relación 
con un servicio específico; 
los costes derivados de la sustitución o la mejora del equipo de 
telecomunicaciones en el proceso normal de modernización de la 
red; 
6. Al calcular el coste de las obligaciones del servicio universal no se 
contabilizará el coste derivado del servicio del establecimiento de factu­
ras detalladas o de otras prestaciones (como el bloqueo selectivo de 
llamadas o la identificación de la línea que efectúa la llamada), cuando 
dichas prestaciones se impongan como obligaciones a todos los opera­
dores de telefonía vocal. 
La Comisión examinará si el mecanismo específico establecido para la finan­
ciación del servicio universal se aplica de forma objetiva, no discriminatoria, 
transparente y proporcional y, en particular, 
7. Cuando se estime necesario el establecimiento de un mecanismo es­
pecífico para el reparto del coste neto de las obligaciones de servicio 
universal entre los operadores del mercado, los sistemas nacionales 
podrán regular la recaudación y redistribución de las contribuciones (i) 
a través de un fondo para el servicio universal creado a escala nacional, 
o (ii) mediante un sistema de cuotas suplementarias pagadas por las 
empresas que estén interconectadas con el prestador del servicio uni­
versal. 
IOS QP »£pRáN C0NTB1B0ÎR A L.\ FíMANCt^CÍÓN m COSTi 
La Comisión examinará el alcance de los organismos que deberán contribuir a 
la financiación de los costes de las obligaciones de servicio universal y, en con­
creto, 
8. Los sistemas nacionales deben determinar cuáles son los organismos 
que deberán contribuir a la financiación del coste neto del servicio uni­
versal. Podrá exigirse la contribución a organizaciones que exploten 
redes públicas de telecomunicaciones y/o prestadores de servicios de 
telefonía vocal accesibles al público, aunque exclusivamente con arreglo 
a los principios de no discriminación y de proporcionalidad y en conso­
nancia con la Declaración de la Comisión al Acta del Consejo del Min­
istros de Telecomunicaciones celebrado el 27 de marzo de 199610. Esto 
significa que únicamente podrán imponerse contribuciones a los presta­
dores de servicios de telefonía vocal en proporción con su empleo de 
las redes públicas de telecomunicaciones. 
En el marco de su evaluación del procedimiento de licencia o de­
claración por lo que respecta a la telefonía vocal y al suministro de re­
des públicas de telecomunicación que los Estados miembros deben no­
tificar, con arreglo a la Directiva 96/19/CEE, el 1 de enero de 1997 a 
más tardar, la Comisión, en caso de aplicación/extensión de las obliga­
ciones a nuevos operadores y/o operadores móviles, evaluará en par­
ticular si la carga se distribuye conforme a criterios objetivos y no dis­
criminatorios y al principio de proporcionalidad. Por lo tanto, para que 
la Comisión pueda efectuar su evaluación, los Estados miembros intere­
sados deben detallar suficientemente las posibles justificaciones para di­
cha aplicación/extensión y, en particular, indicar hasta qué punto son 
sustituibles entre sí los servicios de telefonía móvil y telefonía vocal fija. 
La Comisión adoptará una posición sobre estos sistemas de financiación 
en el marco de las declaraciones formales que adoptará en relación con 
la compatibilidad de la declaración nacional o de los sistemas de licen­
cias notificados por los Estados miembros. 
La Comisión examinará el método elegido para determinar y distribuir pfopor-
cionalmente las contribuciones a la financiación del coste neto del servicio uni­
versal entre los operadores del mercado, y en particular: 
Declaración de la Comisión al Acta de la 1910a reunión del Consejo (Telecomunicaciones) de 
27 de marzo de 1996. En el Anexo D figura una copia de esta Declaración. 
10 
Los sistemas nacionales distribuirán proporcionalmente las contribuciones 
entre los operadores en función de su actividad en el mercado de referen­
cia. A fin de lograr este objetivo, los sistemas nacionales deberán estable­
cer procedimientos para identificar claramente el mercado en función del 
cual se mide tal actividad y determinar con transparencia las base para la 
contribución de cada una de las organizaciones que participan en el mecan­
ismo. 
La Comisión examinará los mecanismos de pago establecidos independiente­
mente de los sistemas nacionales y, en particular, 
10. Los pagos efectuados a través de los sistemas nacionales deberán real­
izarse de forma proporcional, no discriminatoria y transparente a los 
organismos sujetos a la obligación de servicio universal. 
4. CUESTIONES QUE DEBEN DETERMINARSE A NIVEL NACIONAL 
La evaluación de los sistemas nacionales deberá tener en cuenta asimismo el 
enfoque general aplicado por un determinado Estado miembro con respecto al 
servicio universal. Por lo tanto, los Estados miembros deberán evaluar una 
serie de cuestiones que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, deben 
decidirse principalmente a escala nacional. 
Dichas cuestiones son las siguientes: 
si la obligación de servicio universal se impone de forma consciente a 
los operadores del mercado o si son las fuerzas del mercado quienes 
garantizan la disponibilidad universal y la asequibilidad del servicio. 
si como parte de esta obligación se imponen exigencias específicas en 
materia de precios (tales como la asequibilidad de los precios, la ori­
entación de los costes y una fijación uniforme de precios a escala na­
cional). A este respecto, en la Comunicación sobre el servicio universal 
de 13 de marzo de 1996 se reconocía que "la asequibilidad constituye 
el fundamento del marco del servicio universal en la Comunidad". En 
dicha Comunicación se indicaba asimismo que "los Estados miembros 
deben garantizar que se adopten las medidas adecuadas (por ejemplo, 
límites de precios y regímenes de tarifas específicos) necesarias para 
mantener la asequibilidad de los servicios para todos los usuarios, en 
particular a lo largo del proceso hacia la plena competencia". 
si las obligaciones se imponen a uno o más operadores del mercado y 
la forma en que se efectúa esta imposición (licencia, legislación básica, 
plazos, etc.). 
si los Estados miembros tratan de establecer una franquicia sobre las 
obligaciones de servicio universal o aplicar el sistema "participa o paga" 
11 
En el Anexo D se explica la postura de la Comisión con respecto a estas 
cuestiones nacionales. 
5. DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS NA­
CIONALES 
A partir de los principios consagrados en el marco jurídico anteriormente analizado, la 
presente sección contiene directrices detalladas para la aplicación de los sistemas na­
cionales con vistas a la adopción de las mejores prácticas adecuadas entre las autori­
dades nacionales de reglamentación. 
Por lo tanto, los sistemas nacionales deberán aplicarse conforme a los criterios y con­
diciones que se establecen a continuación. Dichos criterios evalúan tres aspectos prin­
cipales de los sistemas nacionales: 
I. el cálculo del coste neto del servicio universal, 
II. los mecanismos de financiación de las obligaciones de servicio univer-
saly 
III. la determinación de quién contribuye y de la forma de repartir los costes 
entre los contribuyentes. 
DIRECTRICES PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE REGLAMENTACIÓN 
1. Los sistemas nacionales sólo tendrán en cuenta los costes imputables a la prestación del 
servicio universal (es decir, los costes imputables al suministro de redes telefónicas públicas 
fijas y a la prestación de servicios telefónicos fijos accesibles al público, con arreglo a lo dis­
puesto en la Parte 1 del Anexo I de la Directiva sobre interconexión). 
El coste del servicio universal cubre las pérdidas netas inevitables en que incurre un opera­
dor eficiente al prestar un servicio universal a clientes o grupos de clientes. 
Estos clientes o grupos de clientes se caracterizan por ser los destinatarios de una 
prestación de servicios en la que los costes en que incurre el operador superan a los bene­
ficios por él obtenidos. 
Por lo tanto, son los clientes que el operador desconectaría si pudiera actuar guiándose 
exclusivamente por criterios comerciales y si no existiese una obligación de servicio uni­
versal que le exigiera la prestación del servicio a precios asequibles. En las zonas en la que 
la red aún no se ha completado, serían los clientes a los que el operador no ofrecería su 
servicio. Estos clientes que generan "coste neto "pueden ser calificados de "inviables". 
El coste del servicio universal cubre también la prestación de servicios de teléfonos públicos 
de pago, de servicios para los números de urgencia y el suministro de determinados equipos 
especiales para los servicios destinados, por ejemplo, a usuarios con discapacidades. 
2. Todo cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal deberá establecer el coste 
neto de dichas obligaciones. 
De acuerdo con la Directiva sobre Plena Competencia, a través de los sistemas nacion­
ales sólo podrá recuperarse el coste neto de las obligaciones de servicio universal. 
12 
Con arreglo al Anexo III de la Directiva sobre Interconexión, los sistemas nacionales 
deberán respetar los siguientes principios: 
2.1 El cálculo del coste neto deberá basarse en procedimientos y criterios objetivos, trans­
parentes, no discriminatorios y proporcionales. 
2.2 Para el cálculo del coste neto se deberá: 
(i) Determinar los costes, una vez deducidos los ingresos y beneficios asociados, deri­
vados de la obligación de prestación de servicio universal a un cliente o grupo de 
clientes; 
Cuando se trate de antiguos clientes, el coste derivado de la prestación del servicio 
sólo debe incluir los costes marginales menos los ingresos asociados, o sea, el coste 
neto que el operador puede evitar dejando de prestar el servicio, es decir, desconec­
tando a los clientes inviables.x l 
Cuando se trate de nuevos clientes (sea una zona donde la red esté implantada o a la 
que todavía no se haya extendido el servicio) se aplicará, en principio, el mismo enfo-
quen 
En todos los casos, deberá autorizarse una tasa de rendimiento razonable™ sobre el 
capital adicional invertido en la prestación de servicios a clientes inviables. 
Al evaluar los ingresos marginales y los beneficios asociados deberán tenerse en 
14 cuenta: 
Los ingresos por conexión (o sea, una cuota única en concepto de instalación), 
los ingresos por llamadas y por alquiler de líneas pagados por los clientes o 
grupos de clientes (es decir, ingresos directos). 
Los ingresos por llamadas pagados por los clientes rentables, cuando efectúan 
llamadas a clientes "inviables" (es decir, ingresos indirectos, como ¡os servicios 
de llamada gratuita o los servicios de costes compartidos). 
Los ingresos por llamadas sustiíutivas, que se calcularán y evaluarán en com­
paración con los ingresos marginales directos que se perderían si se dejase de of­
recer el servicio a los clientes inviables14. 
(ii) Al calcular el coste neto habrá que contabilizar con los beneficios una cantidad 
que refleje las ventajas inmateriales obtenidas por el operador en calidad de 
prestador de un servicio universal. 
Deberán valorarse los beneficios inmateriales que obtiene el operador en calidad de 
prestador de un servicio universal. Aunque no siempre pueden cuantificarse con pre-
Un enfoque que determine a largo plazo los costes evitables es el que más se ajusta al prin­
cipio de no discriminación. 
Las previsiones sobre los ingresos que generarán los nuevos clientes deberán basarse en los 
datos sobre los ingresos obtenidos de los clientes ya implantados en zonas similares. 
La "tasa razonable de rendimiento sobre el capital invertido (TRO)" es el rendimiento 
mínimo requerido para continuar captando los fondos necesario de los inversores. A título 
indicativo, la TRCI de los operadores existentes, basada en costes históricos, se sitúa entre el 
13% y el 19%, mientras que según los costes de reposición se halla entre el 6% y el 9%. 
Al evaluar los ingresos directos que se pierden, hay que hacer una estimación de los ingresos 
que un cliente desconectado aún generará para el operador mediante llamadas "sustitutivas", 
es decir mediante la utilización del teléfono de un familiar, de un amigo, en su trabajo o me­
diante los teléfonos públicos de pago. 
13 
cisión los beneficios que comporta el ser un proveedor de ser\>icio universal, sí debe 
ser posible establecer estimaciones de referencia para cada una de las categorías enu­
meradas a continuación, práctica no infrecuente en las evaluaciones comerciales. No 
obstante, en toda valoración de este tipo deberán indicarse con claridad las bases del 
cálculo y todos los supuestos utilizados. Dichas ventajas incluyen: 
- Un mayor reconocimiento de su marca (frente a sus competidores). 
- Una cobertura universal en la zona de explotación ubicua (es decir costes inferiores 
a los de sus competidores a la hora de extender la red a nuevos clientes) . 
- Una valoración de los clientes o grupos de clientes que abarque toda su trayecto­
ria vital (esta valoración alude al hecho de que un cliente que no resulta económico 
en la actualidad puede llegar a serlo en el futuro; por ejemplo, una familia joven en 
principio "inviable"puede, con el tiempo, resultar rentable cuando sus ingresos se 
incrementen y los hijos empiecen a utilizar el teléfono). Esto significa que, para el 
operador, atender a ese cliente a corto plazo puede resultar beneficioso, dados los 
ingresos generados a lo largo de su vida. 
- Ventajas en materia de comercialización, al tener acceso a todo tipo de datos sobre 
uso del teléfono. 
(iii) Habrá que determinar por separado el coste neto de los teléfonos públicos de pago, 
los servicios de urgencia y el suministro de equipo o de servicios especiales (por 
ejemplo a usuarios discapacitados). 
Los servicios citados en este apartado son distintos de los servicios telefónicos básicos 
y, por lo tanto, al efectuar el cálculo de los costes, los Estados miembros deben tratar­
los por separado. Se trata de servicios especiales que el operador está obligado a 
prestar aplicando unas tarifas que, en conjunto, no reportan beneficios directos o aso­
ciados suficientes para cubrir el coste marginal total de la prestación. A veces se les 
denomina "servicios no rentables"y, de no ser obligatorios en virtud de la legislación, 
nadie los prestaría, puesto que no son viables desde el punto de vista comercial. 
En el caso de los servicios de urgencia, es preciso distinguir entre la obligación de 
ofrecer llamadas de urgencia gratuitas, que en general no se impone a todos los opera­
dores (de modo cada uno corre con sus propios costes) y la obligación de ofrecer cen­
tros para servicios de llamadas de urgencia con personal especializado afin de atender 
a las llamadas de urgencia a nivel nacional o regional. El coste neto de una central de 
este tipo podría recuperarse a través de un sistema nacional de servicio universal. 
Los teléfonos públicos de pago pueden ser asimismo fuente de pérdidas para su opera­
dor y cuando ello se debe a la existencia un precio medio de llamada regulado, el 
coste marginal neto total en que incurre el operador por prestar servicios de teléfono 
público de pago (o sea, los costes marginales una vez deducidos todos ¡os ingresos 
asociados) podrá sumarse al coste del servicio universal. 
Cuando los precios de prestación de dichos servicios generen ingresos marginales to­
tales que no cubran el coste marginal total a largo plazo de la prestación del servicio, 
el coste neto en que se incurra deberá sumarse al coste del servicio universal. 
2.3 Los sistemas nacionales deberán calcular los costes citados en los apartados 2.1 y 2.2 
basándose en los costes de inversión y explotación que podrían evitarse si el operador 
dejara de prestar servicios a los clientes o grupos de clientes "inviables" económica­
mente. Se habla de "clientes inviables" cuando los ingresos totales directos e indirectos 
para el operador (calculados tal como se indica en el punto 2.2) son inferiores a los 
costes de la prestación de servicio a dichos clientes. 
El principio de "coste evitable" seguido en el cálculo del coste, se aplica tanto a los costes 
de explotación como a los costes fijos asociados a los bienes de capital. En los casos de in-
14 
versiones irrecuperables (es decir, aquéllas que, una vez efectuadas, no pueden recuperarse 
plenamente) que podrían haberse evitado de no haber existido una obligación de prestación 
de servicio universal, habrá que incluir como un elemento más en el cálculo del coste mar­
ginal una tasa de rendimiento del capital invertido adecuada. 
El valor que se tome para las inversiones fijas no deberá ser el que aparece en la contabili­
dad del operador, sino el coste de sustitución del capital que habría que invertir para 
prestar un servicio similar en la actualidad^5. 
2.4 El proceso de cuantificación de los costes del servicio universal realmente efectuado en 
todos los Estados miembros exigirá probablemente una evaluación de las áreas de coste 
neto, que se determinarán teniendo en cuenta una serie de factores tales como el perfil 
económico y social de los abonados, su densidad demográfica y la topografía. 
La metodología propuesta en los apartados 2.2 y 2.3 tendrá en cuenta asimismo el coste 
neto de la prestación de servicios a clientes "inviables" en las denominadas zonas de coste 
elevado. No se permite ningún cálculo adicional para dichas zonas, puesto que daría lugar 
a una doble contabilización del coste derivado de la prestación de servicios a clientes invi-
ables. 
2.5 Los sistemas nacionales sólo deberán aplicarse a la financiación del coste neto de las 
obligaciones de servicio universal cuya prestación, según declaración explícita del op­
erador que las lleva a cabo, sólo pueda efectuarse con un coste neto para este último. 
El operador deberá efectuar tal declaración ante la autoridad nacional de reglamentación 
y, en ella, deberá hacer referencia explícita a los clientes o grupos de clientes a los que no 
va aprestar sus servicios, y determinar asimismo los servicios que no va a prestar, a menos 
que le sea impuesta una obligación de servicio universal, o, en caso de prestaciones a 
nuevos clientes o en nuevas áreas, que no está dispuesto a prestar si se lo solicitan. 
3. Con arreglo a la Directiva sobre Plena Competencia, los sistemas nacionales para el 
cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal podrán abstenerse de incluir 
una "contribución por déficit de acceso" imputable a unas estructuras nacionales de 
tarifas desequilibradas. 
Tradicionalmente, los operadores han venido garantizando unas tarifas de conexión, de 
alquiler de líneas, e incluso de llamadas locales baratas subvencionándolas de forma cru­
zada con los ingresos procedentes de las llamadas de larga distancia e internacionales. A 
menudo, esto significaba que las cuotas de conexión y de alquiler de línea no generaban 
una tasa de rendimiento razonable del capital invertido por los operadores para brindar el 
acceso. 
Cuando un operador que no tiene que hacer frente a la competencia registra un déficit de 
acceso, generalmente lo compensa con los elevados beneficios generados por otros servi­
cios, tales como las llamadas de larga distancia e internacionales. Cuando se produce esta 
situación, las tarifas del operador no se ajustan a los gastos en los que incurre16. En un 
16 El principio rector es que el coste que deberán pagar los competidores por la prestación del 
servicio universal será exclusivamente el coste mínimo en que incurriría un operador efi­
ciente que prestase el servicio en la actualidad. Al mismo tiempo, al determinar dichos costes 
debe atenderse a cualesquiera restricciones reglamentarias que puedan impedir al proveedor 
del servicio universal emplear la tecnología más eficaz (por ejemplo, restricciones a los op­
eradores de redes ya implantados para el uso de soluciones sin hilos en zonas rurales o remo­
tas). 
El desequilibrio de las tarifas, o su última consecuencia, el déficit de acceso, no supone para 
el operador una auténtica "pérdida neta", ya que este último suele verse compensado por los 
amplios beneficios generados por otras actividades, como las llamadas internacionales y a 
15 
mercado competitivo un operador no deberla verse obligado a mantener estos dese­
quilibrios de tarifas. 
4. Los sistemas nacionales notificados a la Comisión deberán incluir un calendario para la 
supresión gradual de los desajustes de tarifas que aún persistan. El reajuste deberá 
haberse completado el 1 de enero del 2000, a más tardar, excepto en el caso de los Esta­
dos miembros a los que se haya concedido un plazo adicional con arreglo al apartado 2 
del artículo 1 de la Directiva sobre Plena Competencia. En tales casos, la fecha límite 
para finalizar el reajuste será aquella en que expire el plazo adicional. 
5. Cuando no haya sido posible lograr el reajuste de las tarifas a 1 de enero de 1998, los 
Estados miembros podrán establecer, con arreglo a la Directiva sobre Plena Competen­
cia17, mecanismos independientes de los de los sistemas nacionales para el servicio uni­
versal a fin de evitar que los nuevos operadores puedan aprovecharse de la estructura 
de precios (por ejemplo, cuotas muy elevadas en los servicios internacionales y de larga 
distancia no orientadas a los costes) surgida de la regulación de los precios de los op­
eradores ya implantados en el mercado. 
Dichos mecanismos deben basarse en procedimientos y criterios objetivos, transparen­
tes, no discriminatorios, y proporcionales. 
Los principios que deben regir los sistemas para cubrir el déficit de acceso se analizan más 
adelante en el Anexo E. 
6. En el cálculo del coste neto de las obligaciones de servicio universal no incluidas en el 
ámbito del servicio universal no podrán tenerse en cuenta, por ejemplo: 
6.1 Los costes derivados de la aplicación de medidas específicas para la salvaguardia de la 
seguridad pública; 
6.2 La prestación de servicios de telecomunicación que queden fuera del ámbito de aplica­
ción del servicio universal a escuelas, hospitales o bibliotecas; 
6.3. Las indemnizaciones o reembolsos (o los costes administrativos y de otro tipo relaciona­
dos con dichos pagos) a usuarios como resultado de la imposibilidad de alcanzar el nivel 
de calidad garantizado en relación con un servicio específico; 
6.4 El coste originado por la sustitución o la mejora del equipo de telecomunicaciones en el 
proceso normal de modernización de la red. 
7. Al calcular el coste neto de las obligaciones de servicio universal no podrá tenerse en 
cuenta el coste del servicio de la facturación detallada y de otras prestaciones (por 
ejemplo, el bloqueo de llamadas y la identificación de la línea que efectúa la llamada) 
cuando dichas prestaciones se les imponen como obligaciones a todos los operadores de 
telefonía vocal. 
8. Los mecanismos de financiación de las obligaciones de servicio universal incluidos en los 
sistemas nacionales deben basarse en procedimientos y criterios de objetividad, trans­
parencia, no discriminación y objetividad. Dichos criterios regirán asimismo cuando no 
larga distancia. Es más, es muy probable que al operador le siga resultando rentable brindar 
un acceso subvencionado a la mayor parte de los clientes a los que presta servicios debido a 
los ingresos marginales que pueden generar. Los clientes que imponen un coste neto sobre el 
operador se incluyen en el cálculo del coste neto descrito en el apartado 2.2. 
Véase concretamente el considerando n° 20 de la Directiva sobre plena competencia. 
16 
exista un mecanismo de financiación específico o cuando el Estado financie directa o 
indirectamente el coste total o parcial del servicio universal. 
9. De acuerdo con las Directivas sobre Plena Competencia e Interconexión, los sistemas 
nacionales podrán implantar un mecanismo para el reparto entre los operadores del 
mercado de las cargas derivadas de los costes netos vinculados a la prestación de las ob­
ligaciones de servicio universal. 
10. Dichos mecanismos podrán adoptar la forma de un fondo para la financiación del 
servicio universal creado a escala nacional o de un sistema de cuotas adicionales. 
Las normas para el cálculo del coste neto del servicio universal establecidas anteriormente 
se aplicarán en ambos mecanismos de financiación. Únicamente será distinto el sistema de 
recaudación de las aportaciones relacionadas con el servicio universal procedentes de los 
principales operadores del mercado. 
11. Los sistemas nacionales podrán combinar elementos de ambos mecanismos para garan­
tizar que toda carga injusta vinculada a los costes netos del servicio universal se reparte 
equitativamente entre los operadores del mercado, velando por que no exista discrimi­
nación injustificada y por que ningún organismo se vea obligado directa o indirecta­
mente a contribuir más de una vez en relación con el coste neto de una obligación de 
servicio universal específica. 
12. Fondo para la financiación del servicio universal 
12.1 En los casos en que los sistemas nacionales creen un Fondo para la financiación del 
servicio universal, el órgano de administración de dicho fondo deberá reunir los siguien­
tes criterios: 
a) La administración del fondo corresponderá a un órgano independiente de las em­
presas contribuyentes y beneficiarías. 
b) Dicho órgano se encargará de recaudar las aportaciones de los operadores y de los 
prestadores de servicios que deben contribuir a sufragar el coste de las obligaciones 
de servicio universal en el Estado miembro correspondiente y supervisará la trans­
ferencia de los importes adeudados o el pago a las personas u organismos con 
derecho a cobrar del fondo. 
Por lo que respecta al sistema de financiación del servicio universal, Los sistemas na­
cionales deberán tratar de reducir al máximo las cargas administrativas y los costes 
que de ellas se derivan. Por esa razón, en materia de pagos, el órgano encargado de la 
administración del fondo podrá actuar de "auditor" o de "cámara de compensación" o 
limitarse a supervisar dichos pagos cuando se efectúen directamente entre los organ­
ismos en cuestión. 
c) La responsabilidad de verificar el coste neto de las obligaciones de servicio univer­
sal seguirá correspondiendo a la autoridad nacional de reglamentación. 
12.2 Los pagos del fondo a los organismos que incurran en costes netos imputables a las obli­
gaciones de servicio universal deberán realizarse aplicado criterios de objetividad, pro­
porcionalidad, no discriminación y transparencia. 
13. Sistema de cuotas suplementarias 
13.1 Los sistemas nacionales que implanten un sistema de cuotas suplementarias deberán 
garantizar que el operador u operadores en cuestión determinan el coste neto de la obli­
gación de servicio universal así como las aportaciones específicas que van a recaudarse 
mediante el sistema de cuotas suplementarias de forma transparente, no discriminatoria 
y proporcional, y sujeto a revisión por parte de la autoridad nacional de reglam­
entación. 
17 
En particular, los sistemas nacionales deberán garantizar la inexistencia de un con­
flicto de intereses entre las actividades comerciales de un operador y su papel como re­
ceptor de los pagos de sus competidores. 
Cualquier contribución que vaya a abonarse mediante el sistema de cuotas suplementarias 
deberá calcularse anualmente con arreglo al cálculo anual del coste de las obligaciones de 
servicio universal19. 
13.2 En un plazo razonable, el organismo en cuestión deberá proceder a la entrega del im­
porte adeudado. Esta entrega adoptará la forma de un pago único de periodicidad 
anual o de cualquier otra periodicidad que fije la autoridad nacional de reglamentación. 
13.3 Los sistemas nacionales deberán garantizar la transparencia del sistema de cuotas su­
plementarias. 
Ello exige la desvinculación de las cuotas de interconexión, de cualquier contribución al 
coste del servicio universal. Además, el propio prestador del servicio universal deberá indi­
car por separado la magnitud de su aportación en relación con el coste del servicio univer­
sal. 
14. Con arreglo a las Directivas sobre Plena Competencia e Interconexión, sólo se podrá 
exigir la contribución al fondo para la financiación del servicio universal o la partici­
pación en el sistema de cuotas suplementarias contemplados en los sistemas nacionales a 
las organizaciones que suministren redes públicas de telecomunicaciones y/o servicios 
públicos de telefonía vocal. Sin embargo, toda exigencia de contribución debe ser con­
forme a los principios de no discriminación y proporcionalidad y ajustarse a la De­
claración de la Comisión sobre esta cuestión en el Consejo de ministros de Telecomuni­
caciones de marzo de 1996 (véase el anexo D). Esto significa que solamente pueden im­
ponerse contribuciones a los proveedores de telefonía vocal en proporción con su uso de 
las redes públicas de telecomunicaciones. 
En el marco de su evaluación del procedimiento de licencia o declaración por lo que respecta 
a la telefonía vocal y al suministro de redes públicas de telecomunicación que los Estados mi­
embros deben notificar, con arreglo a la Directiva 96/19/CEE, el 1 de enero de 1997 a más 
tardar, la Comisión, en caso de aplicación/extensión de las obligaciones a nuevos operadores 
y/o operadores móviles, evaluará en particular si la carga se distribuye conforme a criterios 
objetivos y no discriminatorios y al principio de proporcionalidad. Por lo tanto, para que la 
Comisión pueda efectuar su evaluación, los Estados miembros interesados deben detallar 
suficientemente las posibles justificaciones para dicha aplicación/extensión y, en particular, 
indicar hasta qué punto son sustituibles entre sí los servicios de telefonía móvil y telefonía 
vocal fija. 
La Comisión adoptará una posición sobre estos sistemas de financiación en el marco de las 
declaraciones formales que adoptará en relación con la compatibilidad de la declaración 
nacional o de ¡os sistemas de licencias notificados por los Estados miembros. 
15. Entre los organismos que no tienen obligación de contribuir se encuentran, por ejemplo 
(i) los operadores privados de red que ofrecen redes de telecomunicaciones a empresas o 
servicios a grupos cerrados de usuarios), (ii) los prestadores que ofrecen servicios de 
comunicación de datos o de datos con valor añadido (como el correo electrónico) y (iii) 
18 Véase el apartado 5 del artículo 5 de la Directiva sobre Interconexión. 
18 
aquellos que ofrecen servicios avanzados de telefonía vocal19 tales como la videoconfer-
encia, los servicios de mensajería vocal y los servicios de consulta y respuesta tales como 
el telebanco o la telecompra. 
El ámbito de aplicación de la base contributiva puede evolucionar a lo largo del tiempo 
a medida que cambie la tecnología y la estructura del mercado. 
16. Los sistemas nacionales repartirán las aportaciones entre los operadores en función de 
su actividad en el mercado de referencia. A tal efecto, los sistemas nacionales deberán 
establecer procedimientos destinados a identificar claramente el mercado con respecto 
al cual se mide la actividad y determinar con transparencia las bases de contribución 
de cada una de las organizaciones que participe en el mecanismo. 
17. Los sistemas nacionales deben garantizar que el nivel de contribución que se exigirá a 
las organizaciones definidas en el apartado 14 se fijará de forma proporcional, no dis­
criminatoria y transparente. A tal fin, los sistemas nacionales deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
17.1 De acuerdo con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros podrán fijar cri­
terios específicos en el marco de sus sistemas nacionales para la redistribución de las 
aportaciones entre los operadores del mercado, siempre que dichos criterios se atengan 
a los principios establecidos en el apartado 16. 
17.2 Los sistemas nacionales garantizarán que la redistribución de las aportaciones no dis­
torsiona indebidamente los incentivos de inversión y la eficiencia económica. 
17.3 Los sistemas nacionales garantizarán que los criterios seleccionados para determinar la 
cuota de mercado de las organizaciones a las que se puede exigir la contribución no 
tienen un efecto desproporcionado o discriminatorio sobre operadores concretos. 
Para medir la actividad de las organizaciones contribuyentes, se pueden utilizar una serie 
de indicadores tales como los ingresos antes de impuestos, los minutos de llamada, el 
número de abonados y ¡os benejicios globales. Sin embargo, cualquiera de los métodos ele­
gidos deberá aplicarse de forma proporcional, no discriminatoria y transparente y deberá 
fomentar la competencia evitando que los operadores en cuestión tengan que soportar car­
gas administrativas y contables injustificadas. Por ejemplo, los Estados miembros no de­
berán aplicar criterios que alteren negativamente las pautas de acceso al mercado, ac­
tividad o inversión de los operadores. 
17A Los sistemas nacionales deberán garantizar que el mecanismo de recaudación no per­
mite la "doble contribución". 
Este fenómeno se produce, por ejemplo, cuando, afin de financiar el servicio universal, se 
exige una contribución directa a un prestador que presta sus servicios a través de una línea 
arrendada en función de su nivel de actividad (sus ingresos brutos), aunque el explotador de 
la red, al fijar las tarifas de arrendamiento de la línea, haya incluido ya en el precio la 
contribución del prestador a la financiación del servicio universal en calidad de suministra­
dor de una red pública de telecomunicaciones. En ese caso, las contribuciones directa e in­
directa a la financiación del coste de las obligaciones de servicio universal darán lugar a 
un pago por duplicado por parte del prestador del servicio. 
19 La prestación de servicios de telefonía vocal a través de Internet no se considera un servicio 
de telefonía vocal accesible al público (véase la Comunicación de la Comisión [...] relativa a 
la situación de los servicio vocales con respecto a la Voz en Internet con arreglo a la Direc­
tiva 90/388/CEE). Por lo tanto, en la actualidad, no se puede exigir el pago de una con­
tribución a los prestadores que brindan acceso a Internet, si bien los organismos que facilitan 
el acceso a Internet a través de su propia red tendrían que haber contribuido en principio, 
puesto que están explotando una red pública. 
19 
6. CONCLUSIÓN 
La presente Comunicación determina los criterios que la Comisión aplicará a la 
hora de evaluar el contenido en materia de cálculo de los costes y financiación 
de los sistemas nacionales para el servicio universal que deberán notificarse a la 
Comisión en los plazos establecidos en la Directiva sobre plena competencia. 
La Comisión tiene previsto analizar los sistemas notificados en el primer seme­
stre de 1996, de forma que los Estados miembros puedan adoptar todas las 
medidas que consideren oportunas para adaptar sus sistemas a los requisitos de 
la legislación comunitaria a tiempo para permitir la plena liberalization del mer­
cado de telecomunicaciones el 1 de enero de 1998. 
Basándose en su experiencia en la evaluación de los sistemas que le son notifi­
cados, y en los resultados de un importante estudio sobre los aspectos prácti­
cos del cálculo de costes y la financiación del servicio universal en un entorno 
competitivo, la Comisión tiene la intención de dar a sus conclusiones la forma 
de directrices prácticas para el sector de las telecomunicaciones, destinadas 
tanto a los legisladores como a los usuarios, para dotar de mayor fluidez a sus 
contactos con la Comunidad. 
La presente Comunicación se remite a los Estados miembros para ayudarles a 
acabar de elaborar sus sistemas nacionales. 
20 
ANEXO A: PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN 
COMUNITARIA RELACIONADAS CON EL SERVICIO 
UNIVERSAL 
Sin perjuicio de su armonización por parte del Parlamento Europeo y del Consejo en el 
marco de la ONP, todo régimen nacional que resulte necesario para que el coste neto 
del cumplimiento de las obligaciones de servicio universal confiadas a los organismos 
de telecomunicaciones se reparta con otros organismos, tanto si se trata de un sistema 
de cánones suplementarios o de un fondo de servicio universal, deberá: 
a) aplicarse exclusivamente a empresas que suministren redes públicas de tele­
comunicaciones; 
b) asignar a cada empresa su correspondiente cuota con arreglo a criterios ob­
jetivos y no discriminatorios y de conformidad con el principio de proporcion­
alidad. 
Los Estados miembros comunicarán todo régimen de esta índole a la Comisión, de 
modo que ésta pueda verificar su compatibilidad con el Tratado. 
Los Estados miembros permitirán que sus organismos de telecomunicaciones reajusten 
las tarifas en función de las condiciones específicas del mercado y de la necesidad de 
garantizar la disponibilidad de un servicio universal asequible; en particular, los Esta­
dos miembros les permitirán adaptar las cuotas vigentes que no se rijan por los costes y 
que eleven el precio de la prestación de servicio universal, con objeto de lograr unas 
tarifas basadas en los costes reales. Si estos reajustes no se pudieran llevar a cabo antes 
del 1 de enero de 1998, los Estados miembros afectados deberán informar a la 
Comisión de la eliminación progresiva de los desequilibrios de tarifas que aún persis­
tan, adjuntando un calendario de aplicación preciso. 
En cualquier caso, en los tres meses siguientes a la adopción de la Directiva de ar­
monización de las condiciones de interconexión por parte del Parlamento Europeo y 
del Consejo, la Comisión analizará si son necesarias nuevas iniciativas para garantizar 
la cohesión entre ambas Directivas y tomará las medidas correspondientes. 
Por otro lado, el 1 de enero de 2003 a más tardar, la Comisión revisará la situación de 
los Estados miembros y evaluará, en particular, si los regímenes de financiación vigen­
tes limitan o no el acceso a los mercados correspondientes. En tal caso, la Comisión 
examinará si existen otros métodos y presentará las propuestas que considere oportu­
nas. 
20 Directiva de la Comisión 96/19/CE, de 13 de marzo de 1996 por la que se modifica la direc­
tiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena competencia en los mercados de 
telecomunicaciones ("Directiva sobre Plena Competencia"). 
21 
is **•• v» yN «0 WW 
g) Se entenderá por "servicio universal", un conjunto mínimo definido de servicios 
de una calidad determinada accesible a todo usuario con independencia de su 
localization geográfica y, a la vista de las condiciones nacionales específicas, a 
un precio asequible. 
Interconexión y aportaciones al servicio universal 
1. Cuando un Estado miembro determine, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo, que las obligaciones de servicio universal representan una 
carga no equitativa para una organización, podrá establecer mecanismos que 
permitan compartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal con 
otras organizaciones que exploten redes públicas de telecomunicación y servi­
cios telefónicos accesibles al público. Los Estados miembros tendrán debida­
mente en cuenta los principios de transparencia, no discriminación y propor­
cionalidad a la hora de establecer las correspondientes aportaciones. Sólo po­
drán financiarse de esta forma las redes públicas de telecomunicaciones y los 
servicios de telecomunicaciones accesibles al público que figuran en la parte 1 
del Anexo I. 
2. Las aportaciones que se efectúen para costear las obligaciones de servicio uni­
versal podrán basarse, en su caso, en un mecanismo establecido específica­
mente a tal efecto y administrado por un órgano independiente de los benefici­
arios y/o adoptar la forma de cuota suplementaria que se añadirá a la cuota de 
interconexión. 
3. Para determinar la carga, en su caso, que representa la prestación del servicio 
universal, las organizaciones que tengan obligaciones de servicio universal cal­
cularán, a petición de su autoridad nacional de reglamentación, el coste neto de 
POSICIÓN COMÚN (CE) N° 34/96 aprobada por el Consejo el 18 de junio de 1996 con vis­
tas a la adopción de la Directiva 96/220/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de..., 
relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el serv­
icio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de 
red abierta (ONP). 
22 
tales obligaciones de conformidad con el procedimiento establecido en el An­
exo III. El cálculo del coste neto de las obligaciones de servicio universal será 
auditado por la autoridad nacional de reglamentación u otro órgano compe­
tente, independiente de la organización de telecomunicaciones, y aprobado por 
la autoridad nacional de reglamentación. Los resultados del cálculo del coste y 
de la auditoría se pondrán a disposición del público con arreglo al apartado 2 
del artículo 14. 
4. Cuando esté justificado sobre la base del cálculo del coste neto contemplado en 
el apartado 3, y teniendo en cuenta los beneficios, si los hubiere, que revierten 
en el mercado a una organización que ofrece un servicio universal, las autori­
dades nacionales de reglamentación determinarán si está justificado establecer 
un mecanismo que permita compartir el coste neto de las obligaciones del 
servicio universal. 
5. Cuando se establezca el mecanismo contemplado en el apartado 4, las autori­
dades de reglamentación velarán por que los principios aplicados al reparto de 
los costes y los datos referentes al mecanismo aplicado se pongan a disposición 
del público con arreglo al apartado 2 del artículo 14. 
Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se publique el 
informe anual en el que conste el coste calculado de las obligaciones de servicio 
universal y se detallen las aportaciones efectuadas por todas las partes afec­
tadas. 
6. Hasta el momento en que se aplique el procedimiento descrito en los apartados 
3, 4 y 5, deberán notificarse a la autoridad de reglamentación, antes de intro­
ducirlas, las cuotas pagaderas por una parte interconectada que incluyan o sir­
van de aportación destinada a costear las obligaciones de servicio universal. Si 
la autoridad nacional de reglamentación a iniciativa propia o a raíz de una so­
licitud motivada de una parte interesada, considera excesivas dichas cuotas, se 
solicitará a la organización de que se trate que las reduzca. Esta reducción de­
berá aplicarse con efectos retroactivos, a partir de la fecha en que se introdu­
jeron las cuotas, pero no antes del 1 de enero de 1998. 
23 
Red telefónica pública fija 
Por red pública telefónica fija se entenderá la red pública conmutada de telecomunica­
ciones que sirve de soporte a la transferencia, entre puntos de terminación de la red 
situados en ubicaciones fijas, de la palabra oral y de información en audio con un an­
cho de banda de 3,1 kHz, al servicio, en particular de: 
la telefonía vocal; 
las comunicaciones de fax del grupo III, de conformidad con las recomenda­
ciones de la serie T de la UIT-T. 
la transmisión de datos en banda local mediante modem a una velocidad de por 
lo menos 2400 bit/s, de conformidad con las recomendaciones de la serie V de 
la UIT-T. 
El acceso al punto de terminación de la red del usuario final se efectúa mediante uno o 
más números del plan nacional de numeración. 
Servicio telefónico público fijo de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 
95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995, 
relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal22. 
Por servicio telefónico público fijo se entenderá la prestación a los usuarios finales en 
ubicaciones fijas de un servicio que permita emitir y recibir llamadas nacionales e inter­
nacionales y que podrá incluir el acceso a los servicios de urgencia (112), la asistencia 
de operador, los servicios de información sobre la guía telefónica, la oferta de 
teléfonos públicos de pago, la prestación de servicios en condiciones especiales y/o la 
oferta de facilidades especiales a los clientes discapacitados o que tengan necesidades 
sociales especiales. 
El acceso al usuario final se efectúa mediante uno o más números del plan nacional de 
numeración. 
22 DO L 321 de 30.12.1995, p.6. 
24 
CÁLCULO DEL COSTE DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL 
PARA LA TELEFONÍA VOCAL 
contemplado en el apartado 3 del artículo 5 
Las obligaciones de servicio universal son las obligaciones que un Estado miembro im­
pone a una organización y que se refieren al suministro de una red y a la prestación del 
servicio en la totalidad de una zona geográfica concreta, incluida, cuando resulte nece­
sario, la prestación de dicho servicio a unos precios calculados como promedios en 
dicha zona geográfica. 
El coste de las obligaciones de servicio universal se determinará calculando la diferen­
cia entre el coste neto que para una organización tiene el operar con obligaciones de 
servicio universal y el correspondiente a operar sin dichas obligaciones. 
Este criterio es aplicable tanto si la red de un Estado miembro concreto se encuentra 
plenamente desarrollada como si se halla aún en fase de desarrollo y expansión. 
El cálculo deberá basarse en los costes imputables a : 
i) Los elementos de los servicios que sólo pueden prestarse con pérdidas o en 
condiciones de costes que se salen de los hábitos comerciales. 
En esta categoría podrán figurar elementos de servicios tales como el acceso a 
los servicios telefónicos de urgencia, la oferta de determinados teléfonos públi­
cos de pago, la oferta de determinados servicios o equipos para personas dis­
capacitadas, etc. 
ii) Los usuarios finales o grupos de usuarios finales específicos que, teniendo en 
cuenta el coste del suministro de la red y de la prestación del servicio especifi­
cados, los ingresos generados y la eventual fijación de precios mediante 
promedio geográfico que imponga el Estado miembro, sólo pueden atenderse 
con pérdidas o en condiciones de costes que se salen de los hábitos comerciales 
normales. 
Esta categoría incluye a los usuario finales o grupos de usuarios finales que no 
serían atendidos por un operador comercial al que no se hubiera impuesto la 
obligación de prestar un servicio universal. 
En las regiones periféricas con redes en expansión, el cálculo de los costes se basará en 
el coste adicional que supondría atender a los usuarios finales o grupos de usuarios 
finales que un operador que aplicase los principios comerciales normales de un entorno 
competitivo decidiría no atender. 
En el cálculo de los costes netos se tendrán en cuenta los ingresos. Los costes y los 
ingresos se expresarán como previsiones. 
25 
ANEXO B: SISTEMA DE CONTRIBUCIÓN EN CONCEPTO DE DÉFI­
CIT DE ACCESO 
Criterios de evaluación de los sistemas de contribución en concepto de déficit de 
acceso 
Como ya se ha señalado anteriormente en los criterios de evaluación de los sistemas 
nacionales, los Estados miembros podrán establecer mecanismos independientes para 
hacer frente a los efectos que puedan tener las obligaciones normativas sobre la estruc­
tura de las tarifas del operador ya establecido, es decir, el control de la rapidez con que 
pueda reequilibrar sus tarifas a fin de cumplir el requisito de reajuste fijado en la Di­
rectiva sobre Plena Competencia. 
Dichos sistemas serán independientes del Sistema Nacional de cálculo y financiación 
del coste neto de las obligaciones de servicio universal en un Estado miembro deter­
minado. 
Dichos sistemas deberán basarse en criterios y procedimientos objetivos, transparentes, 
no discriminatorios y proporcionales y deberán tener carácter temporal. 
A fin de reunir los requisitos mencionados, los sistemas deberán cumplir los principios 
establecidos a continuación: 
1. A partir del 1 de enero de 1998, los operadores en cuestión tratarán de evitar 
que las subvenciones cruzadas más significativas aplicadas al acceso residencial 
rebasen las tarifas que se obtendrían con arreglo a prácticas comerciales nor­
males (cuando dichos operadores estén sujetos a restricciones normativas que 
les hayan impedido completar el proceso de reequilibrio de las tarifas y ello 
haya dado lugar a estructuras de tarifas que superan sustancialmente el capital 
invertido en facilitar acceso local). 
2. Los sistemas de contribuciones déficit de acceso deberán aplicarse de forma 
temporal y, exclusivamente, hasta el 1 de enero del 2000. 
En principio, los regímenes de déficit de acceso adoptan la estructura de los 
precios al por menor de los operadores ya establecidos (o la rentabilidad en 
los distintos sectores de negocio) como punto de partida para calcular los 
precios de interconexión, y permiten una deducción sobre dichos precios para 
ofrecer el precio de interconexión de un tipo particular de llamada o servicio. 
Así, el cálculo es "de arriba a abajo", en lugar de un planteamiento "de abajo 
a arriba" basado en los costes en que se haya incurrido realmente. 
Debido a ello, los sistemas de contribuciones en concepto de déficit de acceso 
impiden la implantación en el mercado de la competencia efectiva, ya que 
estos competidores (organismos que acceden al mercado ) se ven obligados a 
imponer precios más elevados para dichos servicios, lo que contribuye al 
déficit de acceso de los operadores ya instalados. Este tipo de régimen de fi­
jación de precios de interconexión no fomenta el que los ya implantados ori­
enten sus precios por los costes. Dichos efectos falsearán las inversiones den-
26 
tro del sector y sólo podrá considerarse una excepción temporal a las normas 
sobre competencia del Tratado. 
3. Cualquier programa de contribución en concepto de déficit de acceso exigirá 
una determinación clara del "déficit" reclamado, calculado de forma propor­
cional, no discriminatoria y transparente. El cálculo deberá ser objeto de una 
comprobación independiente. El cálculo deberá determinar la asignación del 
capital empleado para dar acceso junto con cualquier coste común y conjunto 
que deberá atribuirse con arreglo a los principios de proporcionalidad y no dis­
criminación. 
4. Será fundamental establecer unas cláusulas de salvaguardia para asegurar la 
transparencia del sistema del déficit de acceso, puesto que un operador ya in­
stalado puede asignar costes comunes o conjuntos dentro de su negocio de 
forma discrecional. Los mecanismos de cobertura del déficit de acceso no de­
berán servir simplemente para financiar ineficiencias en las actividades del op­
erador ya instalado. 
5. La información relativa a la aplicación de dichos sistemas, así como el calen­
dario para su eliminación progresiva deberá notificarse a la Comisión junto con 
la notificación de los sistemas nacionales para el servicio universal (es decir, el 
11 de enero de 1997). 
A falta de tal información, la Comisión no podrá evaluar la compatibilidad de 
los sistemas nacionales con el Tratado CE. 
6. Desde el punto de vista estructural, los sistemas de contribución en concepto 
de déficit de acceso deberán ser independientes de los sistemas nacionales de 
servicio universal. 
Estos sistemas de contribución al déficit de acceso tienen por objeto paliar los 
efectos de "cortocircuito" y "desnatado" provocados por las restricciones 
normativas sobre la estructura de precios de los operadores ya instalados. El 
déficit no representa una auténtica pérdida para el operador en cuestión, Así 
pues, no forma parte del coste neto derivado de prestar elementos de servido 
universal. 
7. Las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán que los demás op­
eradores del mercado sólo tienen que pagar una contribución en concepto de 
déficit de acceso en los casos en el competidor utilice parte de la red (es decir 
se interconecte) del operador ya instalado para transmitir una llamada. 
Si el competidor es capaz de ofrecer a los clientes un servicio de extremo a 
extremo sin utilizar la red del ya implantado ni interconectarse a ella, no de­
berá pagar ninguna contribución por déficit de acceso. 
8. Las contribuciones en concepto de déficit de acceso se calcularán basándose en 
la contribución por déficit de acceso que el operador implantado pierde cuando 
los ingresos (tarifa) de los que se habría beneficiado se pagan a su competidor, 
incluso aunque la llamada fuera transportada parcialmente a través de la red del 
27 
operador instalado23. La contribución por déficit de acceso será inferior a la 
contribución plena por déficit de acceso que el ya instalado hubiera ganado de 
transportar toda la llamada, debido a los efectos de la competencia en un mer­
cado en expansión. Una parte del tráfico interconectado debería considerarse 
nuevo tráfico para el que no puede existir una contribución que deba pagar el 
operador ya instalado. 
ANEXO C: DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN AL ACTA DE LA 1910° 
REUNIÓN DEL CONSEJO DE TELECOMUNICACIONES 
DE 27 DE MARZO DE 1996 SOBRE QUIÉNES 
CONTRIBUYEN AL SERVICIO UNIVERSAL 
"En relación con el apartado 1 del artículo 5 de la Posición Común sobre la propuesta 
de Directiva sobre Interconexión en las telecomunicaciones, la Comisión recuerda que 
el artículo 4C de la Directiva de la Comisión 96/19/CE de 13 de marzo de 1996, por la 
que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena 
competencia en los mercados comunitarios establece que en los casos en que los 
Estados miembros creen mecanismos para el reparto del coste neto de la obligación de 
servicio universal, deberán aplicar dichos mecanismos a las empresas que suministren 
redes públicas de telecomunicaciones. Más adelante, la Directiva dispone que la re­
spectiva carga se asignará con arreglo a criterios no discriminatorios y objetivos y 
basándose en el principio de proporcionalidad. Con arreglo a este último, las con­
tribuciones, como se subraya en el considerando 19 de la Directiva de la Comisión, 
sólo tratará de garantizar que los participantes en el mercado contribuyen a la finan­
ciación del servicio universal. La Comisión observa que la Directiva 95/62/CE del 
Parlamento y el Consejo sobre la aplicación de la ONP a la telefonía vocal define el 
alcance de las obligaciones de servicio universal cuya carga podrá financiarse a través 
de los mecanismos de servicio universal. Además, el principio de no discriminación se 
opone a los mecanismos de financiación del servicio universal que puedan provocar 
dobles contribuciones al coste del servicio universal en el mismo Estado miembro, o a 
que todas las empresas del mercado de telecomunicaciones subvencionen a los opera­
dores de telefonía vocal. Por consiguiente, las contribuciones deberán limitarse a los 
servicios que se atienen a la definición de servicio universal. 
Así pues, según la interpretación de la Comisión, el Artículo 4C de la Directiva de la 
Comisión y el apartado 1 del artículo 5 de su posición común sólo permitirán la im­
posición de contribuciones a los prestadores de servicios de telefonía vocal propor­
cionalmente a su utilización de la red pública de telecomunicaciones." 
23 Si no se produce una interconexión, no habrá que realizar una contribución por déficit de 
acceso. 
28 
ANEXO D: ASPECTOS DE LOS SISTEMAS NACIONALES QUE 
PUEDEN GESTIONARSE A ESCALA NACIONAL 
Aunque las exigencias que plantea el mercado interior y la voluntad de otorgar al con­
sumidor un alto grado de protección hacen necesario el establecimiento de un con­
cepto común de servicio universal a escala comunitaria, muchos de los aspectos de 
este servicio universal están estrechamente vinculados a la situación específica exis­
tente en cada uno de los Estados miembros. Así pues, muchas de las tareas cotidianas 
se dejan en manos de las autoridades nacionales de reglamentación, como por ejemplo, 
la determinación de lo que constituye un servicio asequible en un Estado miembro 
concreto. 
Con arreglo al principio de subsidiariedad, parte de las cuestiones relacionadas con la 
gestión de las obligaciones de servicio universal se resolverá a nivel nacional. El enfo­
que de estas cuestiones creará el marco general de aplicación de los sistemas nacion­
ales. El enfoque nacional en estos ámbitos deberá ser coherente con la legislación 
comunitaria y, en particular, proporcional, no discriminatorio, transparente y basado en 
criterios y procedimientos objetivos. Aunque la presente Comunicación no tiene como 
principal prioridad estas cuestiones, la Comisión deberá examinar el enfoque elegido a 
fin de evaluar de forma adecuada los sistemas nacionales que le sean presentados. 
Necesidad de imponer una obligación específica que garantice la prestación del 
servicio universal 
La primera cuestión que se plantea es si es necesario imponer a determina­
dos operadores la obligación de prestar un determinado servicio universal 
o si la aplicación voluntaria por parte de éstos de estructuras de tarifas 
especiales u orientadas al usuario basta para lograr el objetivo de ase­
quibilidad de los servicios. 
La aplicación del principio de proporcionalidad supone la imposición de obli­
gaciones de servicio universal únicamente cuando se corra el riesgo de no lo­
grar un acceso a un precio asequible a un nivel definido de servicio universal 
en una zona determinada en un entorno competitivo sin la creación de mecan­
ismos específicos de reparto equitativo entre los operadores del mercado de 
cualquier coste atribuible a dichas obligaciones en que haya incurrido el presta­
dor o prestadores de servicios universales. 
Decisiones sobre fijación de precios como parte de las obligaciones de servicio 
universal 
Otra cuestión es la de las decisiones sobre políticas de precios (por ejemplo, 
decisión de un Estado miembro de aplicar una tarifa nacional uniforme o la 
autorización de cierto grado de diversification de las tarifas, la determinación 
de la asequibilidad o la aplicación de mecanismos de control para acelerar el 
reajuste de las tarifas). 
29 
La política de la Comunidad en materia de fijación de precios se limita a una 
serie de obligaciones específicas a fin de orientar las tarifas de determinados 
servicios hacia los costes (por ejemplo, las tarifas de alquiler de líneas o las 
cuotas de interconexión) y a la obligación de que el precio de la prestación de 
un servicio universal24 sea asequible. La política comunitaria ni exige ni 
prohibe una toma de decisiones a escala nacional por ejemplo en materia 
de mantenimiento de la uniformidad de los precios o la autorización de la 
fijación de precios mediante promedio geográfico, siempre que no se ponga 
en cuestión la asequibilidad del servicio. 
Al mismo tiempo, en su Comunicación sobre el servicio universal, la Comisión 
dejó claro que "Para una fijación de precios más flexible, deben cumplirse las 
tres condiciones siguientes: (1) el marco regulador debe incluir medidas 
adecuadas para garantizar la asequibilidad, (ii) aparte de los ajustes nece­
sarios para la orientación por los costes, los usuarios en las regiones dis­
tantes o rurales no deben sufrir aumentos de tarifas impuestos por el opera­
dor para compensar las pérdidas de ingresos resultantes de las reducciones 
en los precios concedidas en otros lugares y (i i i) las diferencias en la fijación 
de los precios entre las regiones rurales de coste elevado y las regiones ur­
banas de bajo costes no deben ser excesivas" 
Organización de la obligación de servicio universal a escala nacional 
Tras adoptar la decisión de confiar la prestación del servicio universal a una o más or­
ganizaciones, las autoridades nacionales de reglamentación pueden decidir una serie de 
cuestiones adicionales que repercuten en la aplicación de los sistemas nacionales: 
Si en el conjunto del territorio de un Estado miembro o en zonas específicas de 
dicho territorio debe haber uno o varios prestadores del servicio universal; 
Si la obligación de servicio universal debe imponerse con arreglo a zonas 
geográficas (por ejemplo, en el conjunto del territorio o por regiones) o por 
categorías de servicios (por ejemplo, prestación de servicios públicos de tele­
fonía vocal o prestación de teléfonos públicos de pago); 
Procedimientos para la imposición de la obligación de servicio universal 
(mediante instrumentos normativos/utilización de procedimientos de lici­
tación/calendario para la revisión de las obligaciones); 
Aspectos administrativos (estructura y gestión del fondo para la financiación 
del servicio universal/mecanismos de pago del servicio universal, como por 
ejemplo, a través de un fondo/ financiación directa por parte del Estado/ 
sistema de vales para pagar subvenciones directas a los clientes que lo nece­
siten/ valoración de contribuciones en especie). 
24 Véase COM(96)419, de 11 de septiembre de 1996: Propuesta de Directiva del Consejo y del 
Parlamento Europeo relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía 
vocal y al servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo (por la que se 
sustituye la Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo). 
30 
Contribuciones al servicio universal mediante el mecanismo denominado 
"participa o paga" 
Una de las cuestiones fundamentales que se plantea es la elección de la organización u 
organizaciones que van a prestar el servicio universal y la forma en que va a realizarse 
dicha selección. Una vez más, siempre que se respeten los principios generales de ob­
jetividad, proporcionalidad, no discriminación y transparencia, la decisión se efectuará 
aplicando el principio de subsidiariedad. 
Al mismo tiempo, no deberá darse por supuesto que va a ser automáticamente el actual 
prestador quien continuará prestando el servicio universal, o que lo prestará en exclu­
sividad, o que el servicio universal seguirá adoptando la forma de una oferta única 
combinada. Cualquier programa que se aplique deberá tratar de garantizar unos incen­
tivos adecuados que fomenten una prestación del servicio universal rentable. Ello 
limitará los posibles efectos negativos sobre el acceso al mercado y las inversiones que 
pueden derivarse de unos costes del servicio universal más elevados de lo necesario. 
Una forma de lograrlo sería sacar a licitación la prestación del servicio universal, 
basándose en criterios geográficos o con arreglo a elementos específicos de servicio, 
como por ejemplo, el servicio de teléfonos públicos de pago. Ello permitiría a los com­
petidores realizar ofertas para la prestación de elementos del servicio universal de una 
calidad equivalente o mejor, y la licitación se concedería a la organización que of­
reciera la prestación de un servicio de una calidad específica al nivel de subvención más 
bajo. En caso de que no se registraran ofertas para la prestación del servicio, la au­
toridad nacional de reglamentación se reservaría el derecho de imponer las obligacio­
nes de servicio universal. 
Otro medio sería convocar ofertas dirigidas a los competidores, como en el caso ante­
rior, pero en términos de franquicia (es decir, un servicio específico, calidad y precios a 
los usuarios finales) concediendo la obligación de prestación del servicio universal al 
prestador de servicios que solicitara la menor subvención para la prestación de un 
servicio universal en una zona poco rentable. Este método tendría particular impor­
tancia en los Estados miembros en que el proceso de construcción de la red aún no se 
hubiera completado en todo el territorio. 
La relación que une a aquéllos que prestan el servicio universal y a aquéllos que con­
tribuyen a financiar sus costes se halla estrechamente vinculada a la cuestión de la 
franquicia. En general, aquéllos que presten elementos del servicio universal deberán 
compensar el coste neto de dichas prestaciones comparándolo con las contribuciones 
cuyo pago les sería exigido en caso contrario a través del mecanismo de financiación. 
La evaluación de dicho coste deberá tener en cuenta los beneficios comerciales y de 
comercialización, que pueden incrementarse siendo un prestador de servicios univer­
sales. A este enfoque se le denomina a menudo enfoque de "participa o paga" aunque 
sería más exacto denominarlo "participa y paga". 
31 
GLOSARIO TÉCNICO 
Capital adicional empleado 
Capital de acceso 
Capital empleado 
Cliente inviable 
Coste evitable (marginal) 
Coste evitable a largo plazo 
Coste marginal 
Coste marginal a largo plazo 
Coste marginal neto 
Cuota de conexión 
Cuota por alquiler de lineas 
Déficit de acceso 
Franquicia 
Ingresos marginales 
Inversiones a fondo perdido Capital adicional exigido por un operador para llevar a cabo una 
actividad específica. La actividad (o incremento de la actividad) 
puede estar relacionada con un cliente o grupo de clientes o con 
un tipo de servicio concreto. 
Capital empleado para ofrecer al cliente acceso local a la red tele­
fónica pública. 
Los activos asignados a la prestación de un servicio concreto o a 
un sector específico (por ejemplo, el acceso local, las llamadas 
internacionales, servicio de teléfono público de pago, etc.). 
Un cliente es inviable económicamente cuando los ingresos mar­
ginales que genera son menores que el coste marginal en que 
incurre el operador al prestar el servicio a dicho cliente. 
Concepto similar al de coste marginal, salvo que, en este caso, no 
se trata del coste que se genera con un incremento "manifiesto" de 
la producción sino del coste que podría "evitarse" mediante una 
disminución de la producción. 
Coste que un operador puede evitar a largo plazo si decide aban­
donar una actividad específica (o incremento de la actividad). 
Coste que refleja la variación del coste total originada por un in­
cremento o una disminución, de pequeña o gran magnitud, de la 
producción. 
Véase Coste evitable a largo plazo. 
Coste marginal una vez deducidos todos los ingresos marginales 
asociados a él. 
Cuota única cobrada a un cliente por su conexión a la red de un 
operador. 
Cuota periódica fija basada en el tipo de servicio y en las instala­
ciones utilizadas por el usuario. 
El "déficit de acceso" se produce cuando el operador no obtiene de 
los ingresos derivados de las cuotas de conexión y de alquiler una 
tasa razonable de rendimiento del capital invertido para ofrecer 
acceso a la red 
Transferencia por un periodo determinado de un derecho u obli­
gación con una finalidad "pública". Dicha transferencia está rela­
cionada con una actividad comercial. 
Variación de los ingresos totales asociados con una actividad es­
pecífica (o incremento de la actividad). 
Inversiones que no pueden recuperarse totalmente. 
32 
Pérdida neta inevitable 
Reajuste de tarifas 
Servicios no rentables 
Tasa de rendimiento del 
capital empleado 
Zona de coste elevado La pérdida neta que el operador no puede evitar al haber sido obligado 
a prestar un servicio único no rentable o a prestar servicios a clientes 
no rentables. 
Proceso por el cual los precios de los elementos que constituyen el 
servicio universal se ajustan entre sí (por ejemplo al aplicar precios 
orientados en función de los costes). 
Servicios en los que el coste marginal de la prestación es mayor que 
todos los ingresos marginales (de haberlos) obtenidos por el operador 
del servicio. Por usuario se entenderá los usuarios finales, incluidos 
los consumidores (usuarios finales particulares) y los prestadores de 
servicios, entre los que se hallan las organizaciones de telecomunica­
ciones cuando estas últimas prestan servicios que también prestan o 
pueden prestar otras entidades. 
O "tasa de rendimiento contable" es el coeficiente entre el capital 
contable empleado y los beneficios contables. 
Área geográfica con una infraestructura de servicios de telefonía vocal 
menos desarrollada, en la que el coste derivado de brindar al cliente 
acceso a la red telefónica es notablemente mayor que en las zonas 
desarrolladas. 
33 

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