A4-0400/98

Resolución sobre el Libro Verde de la Comisión «Los sistemas complementarios de pensiones en el Mercado Único» (COM(97)0283 - C4-0392/97)

El Parlamento Europeo,

- Visto el Libro Verde de la Comisión (COM(97)0283 - C4-0392/97),

- Vistos los artículos 49, 51, apartado 2 del artículo 57, artículos 66, 73 A y siguientes y 119 del Tratado,

- Vista la Directiva 98/49/CE del Consejo relativa a la protección de los derechos de pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Comunidad ((DO L 209, de 25.7.1998, pág. 46. )),

- Visto su dictamen de 30 de abril de 1998, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Unión Europea ((DO C 152 de 18.5.98, pág. 65. )),

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y de la Comisión de Derechos de la Mujer (A4-0400/98),

A. Considerando que la protección social pública ha permitido garantizar un considerable nivel de vida y limitar la pobreza en la mayor parte de los Estados miembros; que a través de dicha protección se ejerce la solidaridad social e intergeneracional en los diferentes pueblos que constituyen la Unión Europea y que dicho modelo debe seguir siendo la piedra angular del sistema de previsión social de la Unión Europea,

B. Considerando que los Estados miembros tienen graves problemas de financiación de la seguridad social debido al envejecimiento de la población, fenómeno que podría provocar el enfrentamiento de generaciones entre una población anciana con derechos a pensión adquiridos y una población más joven que todavía debe adquirirlos y que tiene que hacerlo sobre la base de disposiciones mucho menos favorables,

C. Considerando que los Estados miembros han de mantener los actuales regímenes de seguridad social en un nivel financieramente sostenible y que unas finanzas públicas basadas en un desarrollo sostenible representan la mejor garantía para mantener el necesario nivel de seguridad social,

D. Considerando que conviene subrayar la importancia de mantener el modelo social europeo, que no sólo ha permitido una seguridad a la vejez, sino también asistencia sanitaria, educación, asistencia social y otros beneficios sociales afines,

E. Considerando que, en algunos Estados miembros, existen regímenes de pensiones agrupados por industrias sectoriales afines y en los que se encuentran representados los empresarios, los trabajadores, el gobierno y los consumidores,

F. Considerando que los Estados miembros son los titulares exclusivos de la competencia respecto de la estructura del sistema de seguridad social,

G. Considerando que, con la liberalización de los mercados mundiales y la globalización de la economía, los Estados miembros temen que el coste de financiación de los gastos de seguridad social repercuta en el coste de producción de bienes y servicios; que, a la luz de esta preocupación, convendría subrayar que también en los niveles segundo y tercero de las propuestas de la Comisión inciden costes laborales que repercutirán a través del coste del producto o servicio,

H. Considerando que los activos de los fondos de pensiones, que figuran entre las mayores instituciones financieras europeas por el volumen de su patrimonio, ya representan el 20% del producto interior bruto de la Unión Europea y que el crecimiento del mercado de capitales se ve influido por la expansión de las pensiones complementarias,

I. Considerando que el crecimiento del mercado de capitales permitirá a las empresas encontrar más fácilmente recursos a largo plazo y al mismo tiempo provocará una menor dependencia del sistema bancario y una mayor transparencia de las gestiones de empresa,

J. Considerando que las PYME podrán conseguir más fácilmente los medios financieros necesarios para su desarrollo, también a través de una bolsa dedicada a dichas empresas,

K. Considerando que la variedad y complejidad de los regímenes fiscales aplicados a las pensiones complementarias en la Unión Europea constituye uno de los mayores obstáculos a la libre circulación de los trabajadores y a la oferta de prestaciones de jubilación sobre una base transitoria puesto que las cotizaciones pagadas en un Estado miembro en general no se deducen en otro y, en algunos casos, las cotizaciones de los trabajadores efectuadas en otro Estado miembro están sujetas a retención fiscal,

L. Considerando que la posibilidad de beneficiarse de incentivos fiscales influye de manera decisiva en la estructura de cada uno de los regímenes de pensiones y que cada Estado miembro ha adoptado normas para impedir su abuso,

M. Considerando que la competencia fiscal desleal, junto con el incremento de la movilidad internacional de los capitales, ha hecho que el capital se sustraiga de la imposición fiscal, con el resultado de una pérdida efectiva soberanía fiscal por parte de los Estados miembros en favor del mercado,

N. Considerando que, aunque se elimine el impacto del riesgo de cambio entre los países que utilicen el euro, éste subsistirá en el resto del mundo; que, en este sentido, cuando los recursos se encuentren ya establecidos en los Estados miembros, se dará una actitud reacia a transferirlos a otros países,

O. Considerando que la introducción del euro en la mayoría de los países de la UE eliminará el impacto del riesgo de cambio -limitándose el mismo a las relaciones que se tengan con monedas distintas, en particular de terceros países- y la obligación sustancial de asegurar los dividendos y pagos en la moneda nacional de origen y de mantener la mayor parte de los recursos en el interior del país,

P. Considerando que en fecha reciente se produjeron fluctuaciones salvajes en las bolsas de todo el mundo, agravadas por fuerzas especulativas; que resultaría instructivo y provechoso para la estabilidad económica que se indentificaran claramente las instituciones y agentes financieros que controlan estos fondos especulativos, así como sus fuentes de financiación,

Q. Considerando que los acuerdos del GATT y las correspondientes medidas de aplicación abrirán gradualmente el mercado europeo de servicios financieros a la competencia mundial, proceso que sólo podría verse limitado por motivos efectivamente prudenciales,

R. Considerando que los fondos de pensiones son importantes servicios financieros que no disponen de pasaporte europeo, lo cual les impide desarrollar actividades transfronterizas,

S. Considerando, en consecuencia, que es necesario establecer un marco normativo que permita a los fondos de pensiones aprovechar plenamente el mercado único, pero que las normas comunitarias deben configurarse de tal forma que los múltiples sistemas de pensiones complementarios existentes en el mercado interior se hagan plenamente accesibles a nivel comunitario, no se vean discriminados desde el punto de vista impositivo ni reglamentario, y que ofrezcan así a los beneficiarios de los mismos la posibilidad de elección,

T. Considerando que los trabajadores han de tener la posibilidad de circular en todo el territorio de la Unión, puesto que, entre otras cosas, la movilidad profesional representa una variable de ajuste en caso de conmoción o de graves dificultades económicas en una determinada zona de la UE,

U. Considerando que los trabajadores no han de perder sus derechos a pensión incluso si estos proceden de un fondo complementario y que la directiva que trata del mantenimiento de los derechos adquiridos, de los pagos transfronterizos de las prestaciones y de los trabajadores desplazados por un breve período en otro Estado miembro sólo representa la primera etapa de un proceso gradual de eliminación de los condicionamientos aplicados a las pensiones complementarias, sobre todo por lo que concierne al plazo para la adquisición de los derechos,

V. Considerando que las libertades fundamentales que garantiza el Tratado en el caso de las pensiones complementarias se refieren a:

a) la libertad de establecimiento,

b) la libertad de inversiones transfronterizas,

c) la libertad de pertenencia transfronteriza a los fondos de pensiones creados en el marco de la legislación nacional,

d) la libertad de prestación transfronteriza de servicios de gestión administrativa y financiera,

y que las medidas nacionales que puedan obstaculizar o desalentar su ejercicio deberán reunir cuatro condiciones: aplicarse de manera no discriminatoria, estar justificadas por motivos de interés público, garantizar el fin perseguido y no rebasar el ámbito necesario para el logro del mismo,

W. Considerando que la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto Sanz de Lera declara que el apartado 1 del artículo 73 B, del artículo 73 C y la letra b) del apartado 1 del artículo 73 D del Tratado son de directa aplicación y que, por lo tanto, las normas nacionales incompatibles con los mismos son inaplicables,

X. Considerando que es necesario garantizar el futuro económico de los pensionistas europeos,

1. Estima que los fondos de pensiones complementarios basados en un sistema de capitalización representan un apoyo importante para los regímenes legales de pensiones y pueden contribuir ampliamente a mantener o mejorar la renta de los pensionistas, siempre que los Gobiernos nacionales carguen con la responsabilidad de los pagos que deben hacer en el marco de la seguridad social del primer pilar;

2. Pide a la Comisión que adopte una propuesta de directiva que garantice para los fondos de pensiones la libertad de inversión, que fije los ámbitos y límites de operatividad en materia de inversiones comunitarias y no comunitarias, las cotizaciones de los trabajadores y empresarios establecidos en los distintos Estados miembros y las modalidades de operatividad de los fondos de pensiones a efectos de recogida de capitales en los mercados comunitarios, que asegure la libre prestación de servicios de gestión para los operadores autorizados en uno de los Estados miembros y que establezca principios de vigilancia prudencial, con arreglo al modelo de mercado social europeo de codecisión y cogestión; señala que dicha propuesta deberá tener en cuenta las características jurídicas de los regímenes de fondos de pensiones en los Estados miembros;

3. Estima que la libertad de inversión por parte de los gestores de los fondos de pensiones puede permitir la mejora del rendimiento de las inversiones, teniendo en cuenta, sin embargo, la necesidad de garantizar un nivel elevado de seguridad; la mejora del rendimiento podrá derivarse principalmente de un aumento de las inversiones en acciones que puedan permitir a medio y largo plazo mejores prestaciones que las de los títulos de renta fija, reconociendo, no obstante, que la inversión en acciones también lleva implícito su riesgo;

4. Estima que, con la actual libertad de inversión, se deberá definir un sistema para garantizar el pago de la pensión en caso de insolvencia; que, en el marco de una propuesta de directiva por la que se cree un marco de acción común para los organismos de pensiones, la Comisión debería ofrecer a dichos organismos, como alternativa a las disposiciones reglamentarias estrictas, la posibilidad de responder a las exigencias de garantía en caso de insolvencia también a través de la participación en un sistema de protección mutua contra la insolvencia creado por los propios organismos;

5. Sostiene que el carácter gradual del aumento de las inversiones en acciones, la falta de fondos propios de que sufren las empresas de algunos Estados miembros, la existencia de sectores industriales y financieros que deben ser privatizados y el aumento constante de la oferta de obligaciones privadas harán que la inversión en acciones de los fondos encuentre las salidas necesarias y contribuiya a establecer un nuevo equilibrio de los mercados de valores y financieros;

6. Pide a la Comisión que presente un informe acerca de las razones por las que algunos Estados miembros imponen restricciones a la movilidad del capital y destaca la obligación de los organismos de pensiones de garantizar, junto con la obtención de los máximos beneficios, la seguridad de la inversión del capital a lo largo de varias generaciones;

7. Constata que la utilización de límites cuantitativos se vincula en algunos casos a los métodos de supervisión vigentes en algunos Estados miembros, en los que existen controles cuantitativos externos en lugar de los controles cuantitativos internos aplicados por el fondo, como está previsto en otros Estados miembros; considera, en consecuencia, que todo intento de armonización deberá tomar en consideración estas diferencias;

8. Sostiene que la aplicación del «principio de gestión del buen padre de familia», tal como se recoge en el modelo de mercado social europeo, que incluye la codecisión y la cogestión, acompañada de las modernas técnicas de gestión conjunta de los activos y de los pasivos, puede permitir un rendimiento óptimo en condiciones satisfactorias de seguridad, a condición de que este principio sea compatible con la introducción de criterios de inversión explícitos cuando así lo aconsejen las normas prudenciales;

9. Está convencido de que la aplicación del «principio del buen padre de familia» debe contener los siguientes elementos de carácter prudencial:

a) el equilibrio entre activo y pasivo,

b) la diversificación de las inversiones,

c) el mantenimiento de una liquidez suficiente,

d) la limitación de la inversión en la empresa promotora, incluidas las empresas afiliadas o controladas por la empresa promotora,

e) la participación de los contribuyentes y de los intereses sectoriales,

f) la separación total del patrimonio del empresario y del fondo de pensiones,

g) la cobertura de las inversiones

h) el establecimiento de un control estricto y eficaz;

10. Aboga por la introducción de un pasaporte europeo para organismos de pensiones, en la medida en que una normativa uniforme de control garantice las posibilidad de control y una codecisión paritaria de los beneficiarios de pensiones, así como un seguro contra la insolvencia; constata en particular que deberán preverse medidas precautorias suficientes para garantizar la transparencia de las actividades de los organismos de pensiones:

a) a través de informes de cuentas sobre la gestión de los fondos

b) a través de la creación de la figura de un defensor de las pensiones independiente y de un servicio de asesoría en los Estados miembros;

11. Estima que el marco normativo comunitario de los fondos de pensiones debería prever una armonización de base

a) de las disposiciones nacionales relativas a los principios actuariales,

b) de las normas contables,

12. Opina que la participación de representantes de los participantes y de los beneficiarios de los planes de pensiones en los órganos directivos y de control de los fondos de pensiones podría mejorar la transparencia y la responsabilidad de las decisiones;

13. Pide a la Comisión que analice con atención, con la cooperación de los interesados, las actividades desarrolladas respectivamente por los fondos de pensiones y por los seguros de vida -sobre todo por lo que respecta a los compromisos contraídos y los riesgos soportados- con el fin de garantizar el pleno respeto del principio de igualdad de competencia entre todos los operadores para productos con fines y contenidos análogos;

14. Lamenta que el Libro Verde se limite fundamentalmente a los fondos de pensiones, con lo que no presta la debida atención a las otras múltiples modalidades de pensiones no estatales existentes en los Estados miembros;

15. Señala que el concepto de fondo de pensiones y sus requisitos difieren considerablemente de un Estado miembro a otro, por lo que aboga por la introducción de un fondo de pensiones claramente definido y válido a escala europea, como medio adicional de promoción del mercado interior en el ámbito de los fondos de pensiones;

16. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia referente a la no discriminación por razón del sexo por lo que concierne a la retribución; recuerda que las mujeres perciben aún hoy una retribución inferior a la de los hombres y que las pensiones se vinculan a la retribución, lo que podría consolidar su posición más débil;

17. Destaca una vez más que los sistemas complementarios de pensiones han de estructurarse teniendo presente el empleo, centrándose en la igualdad de trato de la mujer y contrarrestando la desigualdad en la acumulación de derechos de pensión de las personas con un trabajo atípico o irregular;

18. Insiste en que, en principio, se muestra contrario a la aplicación de factores actuariales basados en razones de sexo en el marco de los derechos de pensiones de hombres y mujeres, especialmente cuando estos se traduzcan en una mayor cotización por parte de los empleadores para las mujeres , constituyendo así un obstáculo para las oportunidades de las mujeres de encontrar trabajo;

19. Insta a la Comisión a que investigue si las pensiones complementarias de las empresas, por ejemplo, constituyen de hecho una aportación adicional adecuada para la jubilación en unos mercados laborales cada vez más flexibles y que determine qué planteamientos de la reforma de los regímenes complementarios de pensiones en los Estados miembros han resultado más eficaces en la práctica, examinando en particular su compatibilidad fundamental a nivel nacional e internacional, y que los incluya como estudios de referencia en un informe anual conjunto en materia de empleo de manera que los Estados miembros puedan aprender de las buenas prácticas de los otros y definir unos objetivos comunes;

20. Pide a la Comisión que garantice que los beneficios obtenidos por los sistemas profesionales de pensiones no se reinviertan en las empresas, sino que se utilicen o reserven para mejorar dichos sistemas, y, en particular, para igualar los derechos a pensión de aquellas trabajadoras que no disfruten aún de los mismos derechos que sus colegas masculinos;

21. Pide a la Comisión una modificación de la propuesta de Directiva de 1987 relativa a la igualdad de trato de hombres y mujeres en el marco de los regímenes legales y empresariales en materia de seguridad social con vistas a establecer una base jurídica para la individualización de los derechos de pensión, que prevea igualmente una edad de jubilación flexible para hombres y mujeres;

22. Estima que si las cotizaciones de los empresarios y de los trabajadores se consideran gastos deducibles exentos de impuestos y las pensiones se consideran renta imponible, el ahorro destinado a las pensiones se incentivará, con efectos positivos en el saldo neto de las finanzas públicas, que aumentarán debido al aumento del número de jubilados;

23. Pide al grupo de política fiscal de la Comisión que indique soluciones para que los regímenes fiscales de los Estados miembros y el impacto global del sistema fiscal en el ámbito comunitario sean lo menos disuasivos posible para la libre prestación de servicios, según indica el Tribunal de Justicia en la sentencia en el asunto SAFIR ((Sentencia de 28 de abril de 1998, asunto C-118/96, Rec. 19...));

24. Estima necesario realizar una mayor coordinación de los regímenes fiscales, según los principios de mutuo reconocimiento de los regímenes, prevención de la doble imposición y de intercambio de información entre las autoridades;

25. Insta a los Estados miembros a que continúen con la aproximación los sistemas fiscales en materia de sistemas complementarios de pensiones instaurando un código de conducta específico que regule determinados principios fiscales básicos en este ámbito, como la posibilidad de desgravación fiscal de las primas de pensión y de los planes de pensión, la exención de impuestos sobre los ingresos y sobre los capitales para las sumas invertidas en los fondos de pensiones y la imposición de la subvención final;

26. Acoge con satisfacción la Directiva sobre la conservación de derechos acumulados de pensión complementaria para las personas que se trasladan dentro de la Unión Europea, pero considera imprescindible que la Comisión presente propuestas legislativas adicionales que regulen, en el caso de los trabajadores que cambian de empresario o Estado miembro, el derecho a la transferencia de haberes dentro de Europa y a la acumulación de cotizaciones a pensiones, y que establezca las condiciones en las que pueda continuarse aportando las cuotas de pensiones al organismo inicial de pensiones;

27. Insiste en la importancia de garantizar la transferencia de derechos de pensión de un empresario a otro dentro de un mismo país o de un Estado miembro a otro; opina que dicha transferencia es absolutamente factible en los sistemas de capitalización, siempre y cuando se mantengan los derechos adquiridos en otros sistemas; señala que los largos plazos de carencia requeridos constituyen un claro obstáculo para la libre circulación en el mercado interior y que, sin embargo, a pesar de los elevados costes para las empresas, a largo plazo puede superarse en el marco de un diálogo entre los interlocutores sociales mediante una reducción que los sitúe en cinco años como máximo;

28. Estima que la creación de fondos de pensiones en las empresas a los que puedan afiliarse los trabajadores asalariados de una empresa o grupo de empresas con sucursales en varios Estados miembros y la creación de fondos de pensiones multinacionales podrán, después de la armonización de las disposiciones nacionales pertinentes, representar soluciones útiles para facilitar la libre circulación de trabajadores y mantener sus derechos a pensión; pide a la Comisión que realice un estudio profundo de dichas posibilidades con el fin de evaluar la oportunidad de iniciativas legislativas al respecto;

29. Pide a la Comisión que garantice que la directiva haga hincapié en las necesidades económicas de los ciudadanos europeos de edad avanzada;

30. Recomienda a la Comisión que averigüe en qué medida los sistemas complementarios de pensiones influyen en la situación del empleo en Europa y que fomente, en colaboración con la EASDAQ y el Banco Europeo de Inversiones, las inversiones por parte de los gestores de las pensiones en sectores con buenas perspectivas de crecimiento;

31. Se muestra favorable a la propuesta del Libro Verde de establecer un foro de pensiones, e insta a la Comisión a considerar también la posibilidad de asignar a este foro los cometidos de analizar los obstáculos a que se enfrenta la libre circulación, de realizar un seguimiento de los resultados de las medidas adoptadas, así como de emprender iniciativas de cara a nuevas propuestas para erradicar los obstáculos;

32. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.