COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 08.01.1997 
COM(96) 696 final 
INFORME DE LA COMISIÓN 
AL CONSEJO. AL PARLAMENTO EUROPEO 
Y AL COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL 
SOBRE LA INCORPORACIÓN EN AUSTRIA 
DE LA DIRECTIVA 80/987/CEE 
SOBRE LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES ASALARIADOS EN CASO DE 
INSOLVENCIA DEL EMPRESARIO 
EN AUSTRIA, FINLANDIA Y SUECIA 

Observaciones generales 
1. El 15 de junio de 1995, la Comisión adoptó un informe sobre la transposición de la 
Directiva n° 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, en doce Estados 
miembros1. 
En su Programa de acción social a medio plazo (1995-1997), la Comisión piensa 
presentar un nuevo informe sobre la aplicación de dicha Directiva a fin de incluir a 
los nuevos Estados miembros. 
El presente informe completa, pues, la información incluida en el informe de 1995, 
en el que, por otra parte, ya se examinaba detalladamente el contenido de los artículos 
de la Directiva. 
2. La principal obligación que la Directiva impone a ios Estados miembros es, según su 
artículo 3, que creen instituciones de garantía que aseguren a los trabajadores el pago 
de los créditos i m pagados por la insolvencia del empresario que resulten de contratos 
de trabajo o relaciones laborales y que se refieran a la retribución correspondiente al 
período anterior a una fecha determinada. 
La Directiva establece los principios que deben observarse al fijar las modalidades de 
la organización, de la financiación y del funcionamiento de las instituciones de 
garantía (artículo 5). 
Incluye tres artículos (art. 6, 7 y 8) relativos a la seguridad social que interesan tanto 
a los regímenes legales como a los regímenes complementarios de previsión 
profesionales o interprofesionales. Otorga también a los Estados miembros la facultad 
de adoptar las medidas necesarias para evitar abusos o reducir, e incluso rechazar en 
algunos casos, el pago de los créditos impagados por las instituciones de garantía 
(artículo 10) 
3. En el presente informe se analiza la situación en que se encuentra la transposición de 
la Directiva en los tres Estados miembros afectados. Ha sido elaborado por expertos 
independientes, sus contribuciones se han sometido al examen de los ministerios 
competentes de dichos Estados miembros y se han tenido en cuenta las observaciones 
que han formulado. 
El informe permite realizar las siguientes apreciaciones: 
Avistria 
La ley austríaca incluye también disposiciones más favorables que las que se prevén 
en la Directiva. No obstante, es preciso realizar las observaciones siguientes: 
La categoría del personal directivo que ejerce una influencia decisiva en la direccción 
de la empresa no debe ser excluida del ámbito de aplicación porque la legislación 
COM(95) 164 final 
nacional los considera trabajadores por cuenta ajena y no figuran en la sección 1 del 
Anexo de la Directiva. 
Por otra parte, la exclusión de esta categoría de personal de la garantía por una simple 
presunción de abuso no puede justificarse en virtud del artículo 10 de la directiva. 
Finlandia 
La ley finlandesa incluye disposiciones más favorables que las de la Directiva. El 
concepto de insolvencia, en particular, es más amplio. Debe señalarse, no obstante, 
que por lo que se refiere a las disposiciones del artículo 8 de la Directiva, tendentes 
a asegurar que los regímenes privados de previsión puedan hacer frente a sus 
obligaciones en caso de insolvencia de la empresa, la ley finlandesa no coincide con 
el contenido y el objetivo de este artículo. 
Suecia 
La ley sueca incluye disposiciones que son a menudo más favorables que las previstas 
en la Directiva. El concepto de insolvencia, en particular, es más amplio (por ejemplo, 
en cuanto a su definición). Por otro lado, los créditos cubiertos por la institución de 
garantía no incluyen solamente los céditos de los salarios no pagados. 
Sin embargo, pueden realizarse las siguientes observaciones: 
Aunque el artículo 10 de la Directiva establece que los Estados miembros podrán 
adoptar medidas para prevenir abusos en la utilización de la garantía salarial, es 
dudoso que el artículo 9a de la ley sueca, que establece un periodo de referencia de 
dos años antes de que, salvo por motivos especiales, un trabajador pueda recibir la 
garantía salarial si ya se ha beneficiado de ella, sea conforme a lo dispuesto en la 
Directiva. Lo mismo sucede con la disposición de la ley sueca que excluye 
categóricamente de la protección de los créditos a los trabajadores que, solos o con 
parientes, posean al menos un 20% de la empresa. 
Suecia tiene previsto derogar próximamente este artículo 9a, con lo que ya no 
planteará más problemas desde el punto de vista de la Directiva. 
Por último, las disposiciones del artículo 8 de la Directiva relativas en particular a la 
protección de los derechos en curso de adquisición a prestaciones de vejez, incluidas 
las prestaciones de supervivencia, no parece que hayan sido plasmadas en el derecho 
interno. 
Transposición de la Directiva en Austria 
I. INTRODUCCIÓN 
El 2 de junio de 1977 la Asamblea Nacional austríaca aprobó la Bundesgesetz über die 
Sicherung von Arbeitnehmeransprüchen im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers (Ley 
federal de garantía de los derechos de los trabajadores en caso de insolvencia del 
empresario), Bundesgesetzblatt (Boletín Oficial del Estado) 1977/324 
{Insolvenzentgeltsicherungsgesetz = IESG), que garantiza amplia y generosamente los 
derechos de los trabajadores en tales casos. Esta Ley ha sido objeto de varias 
modificaciones, la última de ellas en 1995 {Bundesgesetzblatt 1995/297). Para su 
aplicación, se creó en el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales un fondo 
dotado de personalidad jurídica (el Fondo de garantía salarial en casos de insolvencia) con 
capacidad procesal plena, cuyo representante legal es el Ministerio Federal de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Dicho Fondo se financia sobre todo con cotizaciones de los empresarios 
que se recaudan como complemento de las cotizaciones al seguro de desempleo, y no se 
prevén cotizaciones de los trabajadores. Otros recursos proceden de los reintegros del 
procedimiento de insolvencia (los derechos de los trabajadores satisfechos por el Fondo 
pasan por ley a éste, que puede hacerlos valer en el procedimiento de insolvencia). 
En caso de insolvencia, el Fondo garantiza a los trabajadores del sector privado y a sus 
supérstites, previa solicitud y con algunas limitaciones que se detallarán más adelante, el 
pago de los derechos no prescritos que les corresponden por la relación laboral. Están 
garantizados todos los derechos adquiridos antes del inicio del procedimiento de 
insolvencia y, en principio, todos los demás derechos durante los tres meses siguientes. 
La garantía abarca, además de los derechos salariales, las cotizaciones a la seguridad 
social de los trabajadores. En la actualidad el límite máximo de la garantía asciende a un 
importe bruto mensual de 75 600 chelines austríacos. 
La administración del Fondo se confió a organismos federales especiales, las oficinas 
federales de asuntos sociales (Bundessozialamter). En caso de denegación de la 
indemnización de insolvencia, puede acudirse a la magistratura de trabajo o social. 
A continuación, el presente informe sólo se ocupará de aquellos problemas relevantes 
para la incorporación de la Directiva. 
II. CONDICIONES DE APLICACIÓN (artículos I y 2) 
1) Trabajadores 
Con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la IESG, la protección se extiende a todos los 
trabajadores, antiguos trabajadores y sus supérstites (así como los derechohabi entes de 
dichos beneficiarios). Con ello la Ley utiliza el concepto general de trabajador y en el 
artículo 2 incluye también, como complemento, a las personas asimiladas a trabajadores 
y las personas que gozan de protección salarial por trabajo a domicilio2. Las personas 
Desde el punto de vista del contrato de trabajo, los trabajadores a domicilio no se consideran trabajadores asalariados. 
5 
asimiladas a trabajadores se determinan con arreglo al punto 2 del apartado 3 del artículo 
51 de la Ley de trabajo y seguridad social (ASGG): es decir, las personas que, sin 
mantener una relación laboral, realizan un trabajo por cuenta de una persona determinada 
y no son económicamente independientes. Durante este examen, hay que tener en cuenta 
todas las circunstancias que concurren en cada caso concreto (recopilaciones de derecho 
del trabajo 9944, 9347, 9215). 
El criterio fundamental es la dependencia económica real de uno o varios empresarios. 
Existe dicha dependencia cuando la libertad de decisión del trabajador con respecto a su 
trabajo está reducida al mínimo y cuando el resultado de su trabajo es aprovechado en 
la empresa del que ordena el trabajo. El trabajo debe realizarse pues en condiciones de 
subordinación en beneficio de un tercero (recopilación 9315). 
No es el número de criterios a favor o en contra de la asimilación lo que es determinante, 
sino un examen global de la actividad. La IESG cubre también a los aprendices durante 
su primer año de aprendizaje y a las personas que ocupan un puesto de trabajo de poca 
importancia con arreglo a la Ley general de seguridad social (apartado 2 del artículo 5 
de la ASVG). La IESG no menciona a las personas que mantienen una relación laboral 
sin contrato de trabajo válido. Cuando la nulidad del contrato se debe, sin embargo, a que 
el trabajador es un extranjero empleado ilegal mente, éste se equipara a efectos salariales 
a un trabajador normal3 y goza por ello indiscutiblemente de la protección de la IESG. 
En otros casos de nulidad del contrato de trabajo sólo se reconoce al trabajador, en 
principio, el derecho a una remuneración adecuada4. En la jurisprudencia esta 
remuneración se considera asegurada5. Hay que mencionar también el caso en el que el 
empresario y el trabajador no han celebrado ningún contrato de trabajo explícito (escrito 
u oral). En este caso, hay que comprobar si hay una relación de dependencia (que supone 
que el trabajador pierde gran parte de su libertad por lo que respecta al lugar de trabajo, 
el horario de trabajo y el comportamiento profesional, que queda sujeto a la autoridad del 
empresario o a su control permanente). 
En otras palabras, hay que preguntarse si, con arreglo al artículo 863 del Código Civil 
austríaco, puede deducirse de ello que el trabajador y el empresario han celebrado un 
contrato tácito. Si existe un contrato de trabajo de este tipo, el trabajador entra dentro del 
ámbito de aplicación de la IESG. 
La jurisprudencia ha puesto de relieve explícitamente que la IESG utiliza en su artículo 1 
el concepto de trabajador del Derecho contractual del trabajo austríaco y ninguno de los 
demás conceptos de trabajador acuñados en la legislación (por ejemplo, el de la 
Arbeitskammergt'setz (Ley de cámaras de trabajo) o de la Arbeilsvcrfassungsgesetz (Ley 
constitucional del trabajo))6. Con arreglo a dicho concepto, el trabajador es una persona 
Vid. articulo 29 de la Auslânderbeschâjiigungsgesetz (Ley de contratación de extranjeros). 
Vid., por ejemplo, Tribunal Supremo, Zeitschrijl fur Arbeitsrecht unci Soziairecht (Revista de 
derecho del trabajo y derecho social) = ZAS 1985, 151. 
Vid. Schwarz/Reissner/Holzer/Holler, Die Rechte des Arheitnehmers bei Insolvenz (Los derechos 
de los trabajadores en caso de insolvencia), 3a cd., 1993, 61. 
Tribunal Administrativo, fundamentalmente en ZAS 1981, 31, y en otras muchas sentencias 
que se compromete contractual m ente a realizar durante un determinado periodo de tiempo 
un trabajo para otra persona con la que mantiene una relación de dependencia personal. 
Del propio fundamento contractual se infiere que la calidad de trabajador no puede ser 
el resultado de ningún tipo de compromiso laboral involuntario. En una sentencia que 
él mismo ha calificado de fundamental, el Tribunal Supremo7 hace hincapié en que la 
dependencia personal se manifiesta en el sometimiento a la autoridad funcional del 
empresario (sobre todo, sujeción al horario de trabajo, al lugar de trabajo y a los 
controles). Para el contrato de trabajo es fundamental "la supresión en gran parte de la 
libertad de decisión del trabajador, el cual está sometido a la autoridad del empresario por 
lo que a horario de trabajo, lugar de trabajo y comportamiento adecuado al trabajo se 
refiere o, si dicho comportamiento está ya previamente estipulado en el contrato de 
trabajo o puede determinarse invocando otras normas, está sujeto al menos a los controles 
ordinarios del mismo". 
La IESG prevé, sin embargo, algunas excepciones. La Ley no es de aplicación para 
trabajadores que mantienen una relación de servicio con el Estado, un estado federado, 
un municipio o una agrupación municipal (punto 1 del apartado 6 del artículo 1). Ello se 
debe a que los trabajadores de dichos empleadores (las denominadas entidades públicas 
territoriales) no se ven afectados prácticamente por el riesgo de insolvencia. Es cierto que 
la insolvencia de una entidad pública territorial, como persona jurídica del Derecho 
público con capacidad patrimonial, sería jurídicamente posible, pero ello no ha sucedido 
nunca y en la bibliografía correspondiente se señala como una posibilidad sobre todo 
teórica8. En ello también se ha basado recientemente el Tribunal Constitucional9 al 
examinar una disposición legislativa que excluía a los ferrocarriles austríacos de la 
Administración federal y la dotaba de personalidad jurídica propia. Entre otras cosas, en 
dicha Ley se transfirieron también a esta persona jurídica las relaciones de servicio de los 
empleados de los ferrocarriles estatales. El Tribunal Constitucional consideró este hecho 
una intervención inadmisible en la autonomía privada10, ya que dichos trabajadores 
"perdieron la garantía salarial fundamental que les daba la posibilidad de recurrir en 
principio al 'fondo de cobertura' prácticamente ilimitado del Estado en su calidad de 
empleador". El legislador debería haber declarado al menos que el Estado seguía 
asumiendo esta responsabilidad. Por tanto, el Tribunal Constitucional parte del supuesto 
de que el riesgo de insolvencia existe en la nueva compañía de ferrocarriles, pero no en 
el Estado. 
Por lo que respecta a las entidades territoriales, los municipios serían los más afectados 
por el riesgo de insolvencia. Existen medidas para prevenir este riesgo: los artículos 12 
10 posteriores. 
ZAS 1982, 10. 
Vid. Petschek/Reimer/Schicmcr, Das oslerreichische ¡nsolvenzrecht (La legislación austríaca en 
materia de insolvencia), 1973, 21; Fasching , Konkurs, Ausgleich und Zwangsvollstreckung bei 
Gemeinden (Quiebra, conciliación y ejecución forzosa en los municipios), 1983; Rebahn/Strasser, 
Zwangsvollstreckung und Insolvenz bei Gemeinden (Ejecución forzosa e insolvencia en los 
municipios), 1989. 
Decisión de 9.3.1995, Ley 28/93, en infas 1995, A 67. 
Los empleados de ferrocarriles fueron contratados por el Estado con contratos de derecho privado. 
y 13 de la Ley de organización financiera y el artículo 20 y siguientes de la Ley de 
compensación financiera prevén la posibilidad de que el Estado subvencione a los 
municipios para evitar el riesgo de insolvencia. Además, con arreglo al apartado 2 del 
artículo 119 de la Ley constitucional, los Estados federados controlan la gestión de los 
municipios, incluso en el ámbito de acción que les compete. 
De conformidad del apartado 7 del artículo 127 y del apartado 7 del artículo 127 bis de 
la Ley constitucional, los Estados federados pueden también solicitar un control de 
gestión al Tribunal de Cuentas, que, por propia iniciativa, sólo controla los municipios 
con más de 20 000 habitantes. Si un municipio se encuentra en situación de insolvencia 
(algo poco probable), ello no repercutiría financieramente en los derechos salariales de 
los empleados del municipio porque los Estados federados deben hacerse cargo de ellos. 
Otra exclusión es la de los trabajadores de empleadores que gozan de inmunidad en virtud 
del Derecho internacional o de la legislación austríaca (véase también el punto 1 del 
apartado 6 del artículo 1). Ello se debe, según la exposición de motivos de la Ley11, a que 
no pueden ser sometidos a un procedimiento de insolvencia austríaco. 
También están excluidos los miembros del órgano de una persona jurídica llamado a 
representarla legalmente. Esta exclusión se aplica sin entrar a valorar su influencia en la 
dirección de la empresa. Afecta, por ejemplo, a los miembros del consejo de 
administración de una sociedad anónima, una cooperativa o una asociación, así como a 
los gerentes de una sociedad de responsabilidad limitada. Según la exposición de motivos, 
este grupo de personas queda excluido porque no son trabajadores con arreglo al derecho 
austríaco de codecisión (artículo 36 de la Arbeitsverfassungsgesetzf1. También están 
excluidos los socios con poder de control (aunque se limite a la administración fiduciaria) 
sobre la sociedad (punto 4 nuevo del apartado 6 del artículo 1 de la IESG). 
Si estas personas sólo integraron el mencionado órgano durante una parte del periodo para 
el que reclaman derechos, la jurisprudencia admite que sus derechos como trabajadores13 
están garantizados para el tiempo restante en que no ejercieron ninguna función orgánica. 
No obstante, esta jurisprudencia se hace más estricta en una de las últimas decisiones del 
Tribunal Supremo14: si el administrador de una sociedad de responsabilidad limitada 
dimite en el momento en que sobreviene la insolvencia o poco antes (o se le destituye 
en ese momento), pero sigue siendo trabajador de la sociedad en las condiciones del 
contrato que tenía hasta entonces, no está asegurado, ya que su actividad orgánica sigue 
"surtiendo efecto" en relación con la garantía en caso de insolvencia. 
Explicaciones a la propuesta gubernamental = EB, 446, suplementos de las actas taquigrafiadas de 
la Asamblea Nacional, 15° periodo de sesiones. 5. 
En este sentido, EB 446, supl. NR, 15° PL, 5. 
Vid., por ejemplo. Tribunal Administrativo, Recopilación de jurisdicción laboral = Arb. 
10.469/1984; Tribunal supremo, DasRecht der Arbeit (El Derecho del trabajo) = óRdA 1992,220. 
Sentencia de 22.9.1993, 9 Ob S 16/93. 
8 
Las excepciones mencionadas hasta ahora habrían de valorarse de distinto modo a los 
efectos de la Directiva. Como se ha señalado reiteradamente en la jurisprudencia 
austríaca, los miembros del consejo de administración de una sociedad anónima y de 
entidades con una personalidad jurídica comparable (por ejemplo, las cajas de ahorros) 
no pueden ser trabajadores por el mero hecho de haber ocupado una posición orgánica 
con arreglo al Derecho de sociedades15. Esto concuerda con la Directiva. Asimismo, la 
jurisprudencia considera que los socios con una influencia preponderante en la dirección 
de la empresa no pueden ser considerados como trabajadores de su empresa, incluso en 
caso de colaboración16. 
En cambio, en el caso de los directivos de sociedades de responsabilidad limitada, 
miembros de consejos de administración de asociaciones y otras personas jurídicas, su 
consideración como empleados o trabajadores externos (es decir, no empleados en virtud 
de un contrato de trabajo, sino como personas independientes) depende del tipo de 
contrato de trabajo concluido en cada caso concreto. No obstante, aunque en casos 
concretos hayan suscrito un contrato de trabajo con arreglo al cual se les considere 
empleados, siguen excluidos del ámbito de aplicación de la IESG. 
Aunque la exclusión de estos grupos de personas de la IESG es de todos modos conforme 
a la Directiva en este punto por no tratarse de trabajadores desde el punto de vista del 
contrato de trabajo, Austria aún ha excluido explícitamente a los grupos de personas 
mencionados mediante su inclusión en la parte I del Anexo de la Directiva. Esta 
exclusión se refiere a los "miembros del órgano de un persona jurídica facultado para 
representarla legalmente" y a "socios con derecho a ejercer un control en la sociedad, 
incluso cuando éste se derive de una disposición fiduciaria". Con ello se ratifica la 
exclusión de los miembros de un órgano de dirección que, con arreglo a la legislación 
austríaca, pueden considerarse trabajadores en casos concretos. 
Desde 1995 (punto 3 nuevo del apartado 6 del artículo 1 de la IESG) también están 
excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley todos los empleados en puestos directivos 
con influencia decisiva constante en la dirección de la empresa; esta exclusión no se 
incluye en el Anexo de la Directiva. Esta nueva disposición se copió de la Gesetz über 
die Kammern fiir Arbeiter und Angestellte und die Bundeskammer fiir Arbeiter und 
Angestellte (Ley de las Cámaras de obreros y empleados y la Cámara federal de 
trabajadores y empleados, conocida como Arbeiterkammergesetz) de 1992. El apartado 
I del artículo 10 de dicha Ley establece en primer lugar que todos los trabajadores son 
miembros de la cámara de trabajadores. Por lo demás, en este apartado 1 se suman a la 
categoría de trabajadores determinados grupos de personas (por ejemplo, los 
desempleados). A continuación, en el apartado 2 del artículo 10 se indica quién está 
excluido de la cámara de trabajadores: con arreglo al punto 1, los trabajadores de la 
Administración estatal y, con arreglo al punto 2, entre otros, "los empleados en puestos 
directivos con influencia decisiva constante en la dirección de la empresa". Esto implica 
que dichas personas no son trabajadores con arreglo a esta ley orgánica fundamental de 
15 Vid. Tribunal Supremo, Arb 9371/1975, 10.486/1985. 
16 Vid. Tribunal Administrativo, ZAS 1981; Tribunal Supremo, ecolex 1990, 305. 
Austria. Con arreglo al artículo 1, la cámara de trabajadores está llamada a representar 
y promover los intereses sociales, económicos, profesionales y culturales de los 
trabajadores y trabajadoras, y se basa, como hemos visto, en la afiliación obligatoria de, 
en principio, todos los trabajadores. Además, la Ley la faculta para celebrar convenios 
colectivos, aunque en la práctica renuncia a ello en favor de los sindicatos. 
La exposición de motivos de la IESG17 cita como ejemplo de dichos empleados en 
puestos directivos a los directores comerciales y técnicos, los jefes de contabilidad o de 
personal. No obstante, puede dudarse de que el jefe de contabilidad tenga, por su 
posición, una influencia decisiva en la dirección de la empresa. Hay que suponer que la 
jurisprudencia sobre la IESG no considerará a dichas personas empleados en puestos 
directivos. 
La exposición de motivos incluye también una declaración sobre el motivo de la 
exclusión. Con esta disposición se quería conseguir "que todas las personas que, por sus 
funciones en la empresa del empleador, ocupan una posición al menos similar a la de éste 
queden excluidas de la garantía de la indemnización de insolvencia". 
Desde el punto de vista del artículo 1 de la Directiva, la excepción de este grupo de 
personas plantea cuestiones con respecto al artículo 1 de la Directiva. Como dictaminó 
el TJCE en el asunto C 334/92 (Wagner Miret) no puede excluirse al "personal de alta 
dirección" de la aplicación de la protección en caso de insolvencia cuando dichas 
personas sean consideradas trabajadores con arreglo a la legislación nacional y no están 
incluidas en la parte I del Anexo de la Directiva. Conforme a la legislación austríaca, el 
estatuto de estos empleados en puestos directivos está dividido. Si bien es cierto que están 
sujetos a la Angestelltengesetz (Ley de empleados), que regula básicamente los derechos 
y obligaciones legales del contrato de trabajo, así como la parte I de la 
Arbeitsverfassungsgesetz por cuanto a los efectos de los contratos colectivos se refiere, 
no son, sin embargo, considerados trabajadores por lo que respecta a la representación de 
los intereses de los trabajadores por comités de empresas, que se regula detalladamente 
en la parte II de la Ley orgánica del trabajo. Por ello, los acuerdos salaríales de la 
empresa tampoco abarcan su relación laboral. Pero frecuentemente se excluyen también 
del ámbito de aplicación de los convenios efectivamente concluidos a nivel colectivo. 
Desde el punto de vista nacional, es además significativo que estén excluidos de la amplia 
representación de los intereses de todos los trabajadores por parte de la cámara de 
trabajadores. 
El Derecho laboral austríaco incluye de este modo distintas interpretaciones de la 
categoría de los empleados en puestos directivos que pueden ser excluidos del ámbito de 
aplicación de las disposiciones del Derecho laboral. Tal como hemos explicado 
anteriormente, esta categoría incluye sobre todo a los empleados en puestos directivos que 
ejercen una influencia decisiva en la dirección de la empresa. Dichos empleados no 
pueden afiliarse al organismo general que representa legal mente a los trabajadores 
austríacos y al que deben estar afiliados todos los trabajadores manuales y los empleados. 
17 EB 134, supl. NR, 19° periodo de sesiones, 82. 
[0 
La IESG retoma, como hemos visto, este concepto restringido de empleado en puesto 
directivo. 
El título II de la Arbeitsverfassungsgesetz [Ley orgánica del trabajo] (punto 3 del apartado 
2 del artículo 36) prevé la exclusión de todos los empleados en puestos directivos que 
ejercen una influencia decisiva en la dirección de un centro de trabajo. En una empresa 
que tiene varios centros de trabajo, el personal directivo de cada centro, que no tiene en 
sí mismo ninguna influencia en la dirección de la empresa, está incluido en la categoría 
de los empleados en puestos directivos. Esto se debe a que dicho personal es el 
interlocutor de los comités de centro y a que tiene, frente a dichos comités, una función 
semejante a la del empresario. No obstante, los directivos de los centros de trabajo son 
miembros de la Cámara de trabajadores y disfrutan de la protección de la IESG. 
La Ley del tiempo de trabajo prevé la exclusión de los empleados en funciones directivas 
que son directamente responsables de tareas de dirección decisivas (punto 8 del apartado 
2 del artículo 1). Además del personal directivo de las empresas y de los centros de 
trabajo ya mencionado, forman parte de esta categoría las demás personas que mantienen 
una relación de superioridad jerárquica y están subordinados a los directores de un centro. 
Este concepto ampliado de empleado en puesto directivo se ha incluido recientemente en 
la Arbeitsinspeklionsgesetz [Ley de inspección de trabajo] (apartado 2 del artículo 23) en 
un contexto completamente diferente, como es el de la designación de los agentes 
encargados de velar por la protección de los trabajadores en los centros de trabajo y 
responsables del cumplimiento de las medidas de protección en lugar del empresario. 
Dichos agentes deben ser obligatoriamente empleados en puestos directivos personalmente 
responsables de tareas de dirección decisivas. 
De esto se deduce, pues, que la IESG no excluye a todos los empleados en puestos 
directivos con arreglo al Derecho laboral austríaco, sino sólo al "primer círculo", es decir, 
las personas que son (co-) responsables de las decisiones de la empresa. 
A modo de conclusión, diremos que la IESG no prevé la exclusión de todos los 
empleados en puestos directivos, sino solamente la de aquellos de los que el legislador 
tiene motivos para suponer que son en parte (co-) responsables de que se haya producido 
la insolvencia. 
Sin embargo, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia, de 16 de 
diciembre de 1993, sobre el asunto C-334/92 (Teodoro Wagner Miret), debe señalarse que 
"los miembros del personal de alta dirección no pueden quedar excluidos del ámbito de 
aplicación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de 
los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario ..., va que el Derecho 
nacional los califica de trabajadores asalariados y no figuran en la Sección I del Anexo 
de la Directiva. 
Aunque la legislación austríaca tiende a exigir la aceptación restringida del concepto de 
personal directivo, a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia, la exclusión en 
cuestión no parece estar justificada. 
Volveremos a hablar de este grupo de personas en la parte VI en relación con el artículo 
10 de la Directiva). 
Por último, también están excluidos los presos que cumplen con su obligación de trabajo. 
Con todo, de forma general, estas personas no se consideran trabajadores, ya que realizan 
su trabajo de manera no voluntaria. 
2) Empresarios 
La legislación austríaca no brinda una definición pormenorizada. Se considera empresario 
a la parte que suscribe el contrato con el trabajador Los contratos de cesión de 
trabajadores tampoco plantean ningún problema en relación con el tema que estamos 
tratando, ya que sólo existe un riesgo para los trabajadores en caso de insolvencia de 
aquel empresario frente al cual tienen derechos salariales, y que es la otra parte en el 
contrato de trabajo: en principio será el cedente. 
Ya hemos hablado de la exclusión de las entidades territoriales como empleadores. 
3) Insolvencia 
La Ley incluye una lista exhaustiva de los casos de insolvencia que dan derecho a una 
indemnización (apartado 1 del artículo 1 y artículo la) de la IESG): 
Apertura de la quiebra 
Apertura del procedimiento de conciliación 
Orden de control de las operaciones (sólo para los bancos) 
Denegación de la quiebra por falta de activos 
Denegación de la quiebra de personas jurídicas ya disueltas o sociedades 
personales cuyos activos ya están repartidos 
Suspensión del procedimiento previo sin apertura ulterior de la quiebra 
Desestimación de la solicitud de quiebra por falta de competencia procesal 
Decreto judicial de los tribunales sobre la improcedencia de una 
liquidación hereditaria debido a la escasez de activos del fallecido 
Reducción judicial del derecho de indemnización por despido debido al 
empeoramiento de la situación económica personal del empleador. 
Con ello, la Ley ha ampliado en lo posible el concepto de insolvencia y se ha esforzado, 
a través de sus modificaciones, por integrar todos los procedimientos formales conocidos. 
Los únicos casos no contemplados son los arreglos privados informales y otros casos 
totalmente atípicos que, por ejemplo, por defectos de procedimiento, no han dado lugar 
a la apertura de un procedimiento de insolvencia formal18. 
Vid. ejemplos en Schwar//Rcissncr/Holzcr/Hollcr, Die Rechte des Arheitnehmers bei Insolvenz 
(Los derechos de los trabajadores en caso de insolvencia), 3a cd. 1993, 73. 
12 
4) Derechos derivados del contrato de trabajo y de la relación laboral 
Como ya hemos señalado, los derechos salariales derivados de contratos de trabajo sin 
efecto se equiparan a los derechos salariales de contratos de trabajo válidos. Así pues, 
bastará que examinemos estos últimos. 
La protección de la IESG va mucho más allá de los derechos salariales. Están 
garantizados los siguientes derechos vigentes, no prescritos ni excluidos por otros 
motivos, que resultan de la relación laboral en vigor o concluida (apartado 2 del artículo 
1 de la IESG): 
Derechos salariales (corrientes y por finalización de la relación laboral), 
junto con la cuota del trabajador en la seguridad social obligatoria 
Derechos de indemnización por daños y perjuicios 
Otros derechos frente al empresario 
Costes necesarios para una acción judicial. 
Teniendo en cuenta esta amplia garantía no es necesario examinar más de cerca si un 
derecho con motivo de la finalización de la relación laboral debe calificarse de derecho 
resultante del contrato o de la indemnización por daños y perjuicios, ya que ambos están 
garantizados. Más adelante nos ocuparemos de la garantía de los derechos de pensión de 
jubilación. 
La garantía también se mantiene cuando los créditos se embargan, se empeñan o se 
traspasan a otras personas. 
Los casos de exclusión de dichos derechos "por otros motivos" se tratarán en relación con 
el artículo 10. 
5) Fecha de referencia de la garantía (apartado 2 del artículo 3) 
y límite temporal de la aplicación de la garantía (apartado 2 del artículo 4) 
Tal como se deduce de las explicaciones del punto 3), el legislador austríaco ha decidido 
elegir como fecha de referencia decisiva la de la apertura del procedimiento de 
insolvencia o la de las demás decisiones oficiales al respecto (primer guión del apartado 
1 del artículo 4 de la Directiva). Por otra parte, la IESG no sólo asegura todos los 
derechos adquiridos antes de dicha fecha, sino también los que aún se adquieren durante 
un periodo mínimo de tres meses. 
En cuanto a los créditos anteriores a la fecha de referencia, la IESG sólo pone la 
condición de que no hayan prescrito o caducado. El plazo de prescripción de las 
pretensiones salariales y, en general, de las reivindicaciones de indemnización por daños 
y perjuicios es de tres años. Este plazo puede acortarse mediante acuerdos individuales 
y convenios colectivos, pero no tanto como para que la reclamación de los créditos se vea 
13 
dificultada de forma desproporcionada sin causa objetiva19. Las leyes y los convenios 
colectivos en ocasiones también establecen que los derechos prescriben cuando no son 
reclamados por los trabajadores en un determinado plazo. Estas disposiciones de 
prescripción o caducidad no se limitan a los casos de insolvencia, sino que se aplican 
también a empresarios solventes. 
En la medida en que el punto de partida para el cálculo de la garantía es anterior a la 
fecha de ejecución sobre el patrimonio del empresario, la ley austríaca es conforme a los 
artículos mencionados de la Directiva 
Una disposición especial de la IESG afecta a las cotizaciones de los trabajadores a la 
segurídad social: están garantizadas con efecto retroactivo por un máximo de dos años 
(artículo 13 bis). 
6) Límites máximos de la garantía de pago 
(apartado 3 del artículo 4) 
La IESG prevé como límite máximo el doble del importe de la base actual de cotización 
máxima mensual del seguro de pensiones, que en la actualidad es de 37 800 chelines 
austríacos (apartado 4 del artículo 1). Por tanto, el límite máximo anual, que se adapta 
cada año, asciende en la actualidad a 75 600 chelines austríacos y se adapta cada año. 
Este importe está muy por encima de la renta media de los trabajadores e incluye también 
los salarios más altos. A los derechos individuales respectivos hay que añadir los pagos 
del empresario o de la masa de la quiebra. 
HI. INSTITUCIONES DE GARANTÍA (artículo 5) 
Tal como se indicó en la introducción, el pago se realiza mediante el Fondo de garantía 
salarial en caso de insolvencia, que es una persona jurídica autónoma del Derecho 
público. Los recursos del Fondo son para fines específicos (apartado 5 del artículo 12) 
y éste no se ve afectado por la insolvencia de un empresario. Ejecutan los pagos las 
oficinas federales de asuntos sociales (que son autoridades administrativas especializadas 
del estado federado). 
La mayor parte de los ingresos del Fondo proceden de cotizaciones empresariales que se 
recaudan como complemento a la cotización del seguro de desempleo y por un importe 
establecido en un decreto del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales. No se 
cobran cotizaciones a los trabajadores. Los derechos garantizados de los trabajadores 
pasan al Fondo ex lege (artículo 11 del IESG), que después puede hacerlos valer en los 
procedimientos de insolvencia, con lo que se generan ingresos adicionales. 
La IESG no incluye ninguna disposición con arreglo a la cual el impago de las 
cotizaciones empresariales obligatorias pudiera dar lugar a una limitación de las 
prestaciones para el trabajador. 
19 Vid. Tribunal Supremo, ZAS 1983, 177. 
14 
IV. LA GARANTÍA EN CASO DE INSOLVENCIA EN EL MARCO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (artículo 6 a 8) 
1) Artículo 6 
Como ya se ha indicado, Austria no ha hecho uso del artículo 6. Las cotizaciones de los 
trabajadores a la seguridad social están garantizadas y serán abonadas por el Fondo al 
organismo de la seguridad social. Únicamente quedan sin asegurar las cotizaciones 
empresariales 
2) Artículo 7 
Solo se contemplan cotizaciones al seguro de enfermedad, al seguro de pensiones y al 
seguro de desempleo. Las tres ramas de la seguridad social se rigen por el principio de 
seguro de pleno derecho (ipso iure)20, es decir que la protección del seguro se mantiene 
independientemente de la cotización. Sólo es determinante que exista una relación laboral 
remunerada. Únicamente hay normas especiales para el ámbito del seguro de pensiones 
obligatorio en caso de que un trabajador no haya sido dado de alta o lo haya sido con 
retraso. En tal supuesto, los periodos del seguro de pensiones sólo se adquieren si las 
cotizaciones se pagan con efecto retroactivo dentro de un plazo determinado (letra b del 
apartado 1 del artículo 225 de la ASVG). Este caso no tiene, sin embargo, nada que ver 
con el devengo de atrasos en la cotización como consecuencia de la insolvencia del 
empresario, ya que el trabajador sigue de alta. Por ello, los trabajadores no sufren ningún 
perjuicio directo en materia de protección social como consecuencia de la insolvencia de 
su empleador. 
En todo caso puede haber perjuicios directos en la seguridad social voluntaria. Esto sólo 
puede darse, no obstante, con trabajadores que reciben, por su relación laboral, una 
remuneración baja (actualmente 3 452 chelines austríacos al mes como máximo), ya que 
en este caso están excluidos del seguro obligatorio de enfermedad y de pensiones. Estos 
trabajadores pueden asegurarse ellos mismos de manera voluntaría. El seguro voluntario 
finaliza cuando no se han pagado al seguro de enfermedad las cotizaciones durante dos 
meses consecutivos (apartado 6 del artículo 16 de la ASVG); en el seguro de pensiones 
voluntario sólo dejan de adquirirse periodos de cotización cuando no se paga. Por tanto, 
los trabajadores sólo se ven afectados por la insolvencia de su empresario cuando, a 
consecuencia de la misma, no cotizan ellos mismos al seguro voluntario. 
3) La garantía de los derechos adquiridos y en curso de adquisición 
derivados de un régimen privado de jubilación (artículo 8) 
Vid. el artículo 10 de la Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (Ley general de seguridad social) 
y el artículo 1 de la Arbeitslosenvesicherungsgesetz (Ley de seguro de desempleo). 
15 
Antes de entrar en mayores detalles, hay que señalar que las pensiones complementarias 
de las empresas no tienen mucha importancia en Austria debido a los altos niveles de 
prestación del seguro de pensiones obligatorio (con 40 años de seguro las pensiones 
pueden ascender al 80% del salario medio asegurado sobre la base de las 80 
mensualidades más elevadas). 
Desde 1990 están en vigor en Austria dos leyes relevantes para este ámbito: la 
Betriebspensionsgesetz (Ley de pensiones de empresas, BPG), Bundesgestzblatt (Boletín 
Oficial del Estado) 282/1990, y la Pensionskassengesetz (Ley de cajas de pensiones 
PKG), Bundesgesetzblatt 281/1990. La BPG, de mayor importancia, distingue cuatro 
formas diferentes de previsión empresarial de jubilación: las cajas de pensiones, las 
pensiones directas, los seguros de vida en favor de los trabajadores y las cajas de 
socorros. Se han de formular las siguientes observaciones respecto de cada una de ellas: 
Se admite generalmente que no se tiene derecho legal a las prestaciones de las cajas de 
previsión; la BPG también prevé únicamente obligaciones con respecto a la igualdad de 
trato (artículo 15). Las cajas de previsión pueden, pues, suspender sus prestaciones en 
cualquier momento a falta de derechos adquiridos o en curso de adquisición sobre las 
mismas. No se considera la posibilidad de ofrecer una garantía en casos de insolvencia. 
Con arreglo a la PKG, las cajas de pensiones empresariales y supraempresaría!es deben 
crearse como sociedades anónimas, por lo que su patrimonio está completamente separado 
del de los empresarios y no se ven afectado por la insolvencia de éste. Además, están 
sometidas a un amplio control del Ministerio Federal de Hacienda (artículo 33 de la 
PKG). Necesitan una concesión propia y sus planes comerciales deben ser aprobados por 
el Ministerio Federal de Hacienda. Además, están sujetas a normas estrictas en materia 
de evaluación. Por ello, el riesgo de insolvencia es muy pequeño, aunque la Ley 
considera posible la quiebra de una caja de pensiones (artículo 37 de la PKG). 
En este caso, la solicitud de inicio del procedimiento de liquidación de una caja de 
pensiones sólo puede ser realizada por el Ministerio de Hacienda y los haberes 
pertenecientes a la comunidad de riesgos constituyen activos distintos. 
Lo mismo sucede cuando el empresario contrata un seguro de vida para los trabajadores. 
Con arreglo a la Versicherungsaufsichtsgesetz (Ley de supervisión de seguros), las 
empresas de seguros están sujetas a una supervisión estricta del Ministerio Federal de 
Hacienda y deben cumplir rigurosas disposiciones en materia de imposición. Estas 
empresas no se ven afectadas por la insolvencia de un empresario que ha suscrito 
contratos de seguro de vida con ellas. 
Debe prestarse especial atención a las pensiones directamente pagadas por el empresario. 
El trabajador recibe una promesa directa del empresario (realizada, pues, con carácter 
voluntario) e inicialmente sólo tiene la esperanza de cobrar una pensión profesional 
complementaria en el futuro, ya que la Ley permite la incorporación de un periodo de 
carencia de hasta diez años (5 años para pensiones a raíz de un accidente laboral o 
enfermedad profesional). Si el contrato de trabajo finaliza antes de dicho periodo de 
carencia, el trabajador no tiene ningún derecho de prestación en concepto de pensión 
profesional. Por el contrario, una vez transcurrido el periodo de carencia, los derechos en 
16 
curso de adquisición no tienen fecha de vencimiento, es decir, que el trabajador tiene 
derecho legal a recibir bien la pensión profesional o, en caso de dejar anticipadamente 
la empresa, el "importe de imprescriptibilidad". Con arreglo a la última frase del punto 
I apartado 7 del artículo 14 de la BPG, el importe de la reserva que es función del riesgo 
de invalidez no debe tenerse en cuenta; además, la reserva para los derechos 
imprescriptibles en curso de adquisición no corresponde a la cotización de 
imprescriptibilidad más que cuando se calcula con arreglo al Teilverfahren aplicando los 
principios actuales, tal como se exponen en los puntos 1 a 4 del apartado 7 del artículo 
14 de la Einkommensteuergesetz (Ley del IRPF), EStG, de 1988. El Gegenwartsverfahren 
utilizado durante el cálculo de la reserva y que está autorizado también por la legislación 
fiscal, produce otro resultado con respecto al nivel de las reservas. En algunos casos 
pueden llegar a perderse completamente los derechos en curso de adquisición: así, por 
ejemplo, cuando el propio trabajador denuncia su contrato de trabajo, cuando es 
despedido sin preaviso por su propia culpa o deja el trabajo sin motivo válido y sin 
respetar el plazo de preaviso (artículo 7 de la BPG) , se pierden completamente los 
derechos en curso de adquisición. 
La legislación relativa al impuesto sobre la renta prevé una cierta garantía para las 
pensiones directas. Con arreglo al apartado 7 del artículo 14 de la EStG de 1988, el 
empresario puede crear reservas actuariales deducibles de los impuestos para pensiones 
comprometidas de modo irrevocable. No obstante, la reserva de pensión debe garantizarse 
con títulos del siguiente modo: al final de cada ejercicio los activos de la empresa deben 
incluir obligaciones fracciónales de prestatarios nacionales pagaderas al portador por valor 
nominal de al menos el 50% de los importes de reserva consignados en el balance final 
del ejercicio anterior (apartado 5 del artículo 14 de la EStG 1988). La cobertura completa 
con títulos debe alcanzarse en el plazo de 20 años (apartado 4 del artículo 116 de la EStG 
1988). El artículo 11 de la BPG sólo prevé, en caso de quiebra, la creación de una masa 
independiente para la cobertura con títulos de las reservas de pensiones profesionales; 
durante el procedimiento de suspensión de pagos, los créditos de las personas con 
derechos adquiridos o en curso de adquisición son créditos preferenciales (en la medida 
en que deben crearse títulos para estas reservas de pensión) o que existen efectivamente. 
Por beneficiarios de derechos en curso de adquisición se entienden los trabajadores que 
ya han adquirido un derecho potencial imprescriptible a la pensión profesional. Dichos 
títulos no pueden ser embargados, salvo para pagar los créditos mencionados 
anteriormente. 
Como en realidad todos los compromisos de pensión directa dan lugar a la creación de 
reservas, esta disposición cubre en la práctica todos los compromisos directos adquiridos 
desde julio de 1990, ya que la BPG entró en vigor el 1 de julio de 1990. Para los 
compromisos de prestación más antiguos, es decir, aquellos que se adquirieron antes de 
esta fecha, la ley sólo es aplicable en parte, pues sus disposiciones sólo se aplican a los 
derechos en curso de adquisición originados después de esa fecha. Por tanto, la situación 
jurídica de los compromisos de prestación anteriores está dividida: a los derechos 
originados antes del 1 de julio de 1990 sigue aplicándoseles la legislación antigua, que 
no conoce ni la imprescriptibilidad ni la obligación de cobertura con títulos. En cambio, 
a los derechos originados a partir del 1.7.1990 se les aplica la BPG. 
17 
Hay que tener en cuenta además que, con arreglo a la legislación antigua, un compromiso 
de pensión podía incluir una cláusula de revocación por dificultades económicas. No 
obstante, son los tribunales los que tienen que decidir si los motivos de revocación son 
suficientes21. Con arreglo al artículo 9 de la BPG, las cláusulas de revocación de los 
antiguos compromisos siguen siendo válidas. Para los compromisos adquiridos después 
de 1990 puede preverse que ya no habrá nuevos derechos en curso de realización debido 
a dificultades económicas, pero no puede acordarse la supresión de una pensión 
profesional ya concedida. Siguen estando autorizados, sin embargo, los acuerdos sobre 
derechos en curso de realización y pensiones profesionales adquiridas que prevén 
prórrogas o reducciones de pago. No obstante, las diferencias no objetivas y 
desproporcionadas entre titulares de derechos en curso de realización son nulas y sin valor 
(artículo 18 de la BPG). 
La IESG incluye una protección jurídica especial contra la insolvencia para los derechos 
en curso de realización y los derechos de pensiones directas. Esta Ley incluye en 
principio las pensiones directas, pero hay límites estrictos en cuanto al importe de la 
prestación. 
De las disposiciones transitorias del apartado 3 del artículo V de la ley federal, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado n° 282/1990, puede deducirse que las pensiones ya 
concedidas antes de la entrada en vigor de la ley (1.7.1990) no están cubiertas por la ley 
de pensiones de complementarias (BPG), ya que no se basan en ningún derecho en curso 
de realización adquirido después del 1.7.1990. Si no están cubiertas por la BPG, se 
garantiza un pago a cuenta único equivalente al importe de 12 meses, de conformidad 
con el apartado 6 del artículo 3 de la IESG en la versión del art. IV de la ley federal 
(Boletín Oficial del Estado n° 282/1990), para este tipo de pensiones. 
Si el derecho a pensión se ha adquirido después del 1.7.1990, la BPG cubre la parte 
correpondiente a los derechos adquiridos a partir de esta fecha. Por esta parte de la 
pensión cubierta por la BPG debe pagarse al interesado una indemnización de 24 
mensualidades con arreglo al apartado 5 del artículo 3 de la IESG. En cambio, por la 
parte no cubierta por la BPG, que se basa en los derechos originados antes del 1 de julio 
de 1990, debe pagarse una indemnización equivalente a 12 meses de pensión con arreglo 
al apartado 6 del artículo 3 de la IESG. 
Si, en el momento de la insolvencia, un trabajador sólo tiene derechos en curso de 
adquisición procedentes de un compromiso directo de pensión, la cotización de 
imprescriptibilidad para los derechos en curso de formación adquiridos a partir del 1 de 
julio de 1990, cubiertos por la ley BPG, debe calcularse en el momento de cesar la 
relación laboral por la insolvencia acaecida y el interesado debe recibir una indemnización 
equivalente a 24 meses de pensión con arreglo al apartado 5 del artículo 3 de la IESG. 
La IESG no prevé ninguna garantía contra la insolvencia para los derechos en curso de 
realización adquiridos antes del 1 de julio de 1990. 
21 Para más detalles vid. Schrammel, Betriebspensionsgesetz (Ley de pensiones de empresa), 1992, 
122 y sigs. 
18 
La IESG no garantiza los derechos de pensión profesional que puedan invocarse ante una 
caja de pensiones profesionales (punto 6 del apartados 3 del artículo 3). Lo mismo puede 
decirse de los derechos derivados de seguros de vida, aunque no se mencionen 
explícitamente en la Ley22. Al estar las cajas de pensiones y las compañías aseguradoras 
completamente separadas del empresario y su patrimonio desde un punto de vista jurídico, 
esta exclusión no debería estar en contradicción con la Directiva. 
El caso de un empresario que toma a su cargo para sus trabajadores un seguro voluntario 
más elevado en el marco del régimen obligatorio de pensiones no está incluido en el 
ámbito de aplicación de la BPG y la PKG. Sin embargo, en dichos casos, el riesgo de 
insolvencia es inexistente al igual que cuando se contrata un seguro de vida. 
A la luz de las informaciones detalladas que se han presentado, parece que el artículo 8 
de la Directiva se ha incorporado correctamente en la legislación austríaca. 
V) APLICACIÓN Y PROMULGACIÓN DE DISPOSICIONES 
MÁS FAVORABLES (artículo 9) 
Como ya se ha indicado, la protección austríaca de los trabajadores contra los efectos de 
la insolvencia de los empleadores va mucho más allá de lo dispuesto en la Directiva. Así, 
con arreglo a la IESG, también están garantizadas en principio todos las pretensiones 
durante los tres primeros meses a partir de la apertura de la insolvencia, al igual que los 
derechos resultantes de la finalización del contrato de trabajo, tales como indemnizaciones 
por despido e indemnizaciones por incumplimiento de los plazos de preaviso por el 
empresario. También están garantizados los derechos por daños y perjuicios de los 
trabajadores derivados de la relación laboral y las costas necesarias para una acción 
judicial. 
VI) SUPRESIÓN Y LIMITACIÓN DE LA PROTECCIÓN EN CASO 
DE INSOLVENCIA EN CASO DE ABUSO 
Y DE CONFLICTO DE INTERESES (artículo 10) 
Austria ha hecho uso de las posibilidades que ofrece el artículo 10. 
El apartado 3 del artículo 1 de la IESG incluye algunas exclusiones de la garantía cuyo 
objeto manifiesto es evitar abusos. Entre ellas se cuentan según el punto 1 todos los 
derechos adquiridos mediante una acción jurídica y que pueden impugnarse con arreglo 
a las disposiciones del Reglamento sobre impugnaciones de 1914 o del Reglamento de 
quiebra austríaca. Dicha impugnación tiene por objeto las manipulaciones que el deudor 
en quiebra haya realizado antes de producirse la insolvencia para poner parte de su 
patrimonio fuera del alcance de los acreedores, por ejemplo el intento de traspasar su 
22 
Vid. Schwarz/Reissner/Holzer/Holler, Die Rechte des Arbeitnehmers bei Insolvenz, 3' ed. 1993, 
p. 188. 
19 
patrimonio a familiares mediante la celebración de contratos con derechos salariales 
exagerados o de negociar nuevos contratos de trabajo o ultimar planes sociales generosos 
siendo consciente de su insolvencia. 
Con arreglo al punto 2, los contratos individuales con una remuneración exagerada están 
excluidos de la garantía si se han celebrado 6 meses antes del inicio de la insolvencia o 
más tarde. Con esta disposición se quiere evitar evidentemente que, en vista de la 
insolvencia que se adivina, se favorezca a los trabajadores en perjuicio de los acreedores. 
El punto 3 se refiere a la parte de la indemnización por despido que supera la 
remuneración de tres meses. Con arreglo al Derecho laboral austriaco, hay que deducir 
de dichas partes lo que el trabajador ha ahorrado, en prestaciones, por la interrupción del 
trabajo, lo que ha adquirido realmente o lo que ha dejado de adquirir voluntariamente. 
Estos importes deducibles no están garantizados. 
El punto 3 a) pretende evitar la duplicación de pagos. Se refiere al caso en que al 
trabajador le corresponde cobrar para el mismo periodo de tiempo la indemnización por 
despido y la remuneración habitual: es lo que sucede, por ejemplo, cuando el trabajador 
ha abandonado la empresa debido a la quiebra y con anterioridad a ésta e inmediatamente 
después es empleado de nuevo por el síndico de la masa con un nuevo contrato de 
trabajo. En este caso el derecho sigue garantizado solamente si el síndico de la masa (el 
empresario) no puede pagar la remuneración habitual; no obstante, dicha garantía deja de 
tener efecto a partir del momento en que el trabajador puede rescindir el contrato 
anticipadamente por retención de la remuneración laboral. 
Con arreglo al punto 5, los derechos quedan excluidos, por último, cuando la persona 
obligada a realizar el pago no es, ex lege, el (antiguo) empresario. Esta disposición está 
pensada para grupos especiales, a saber, los trabajadores de la construcción, cuyo derecho 
al pago de las vacaciones y a la indemnización de despido no ha de ser satisfecho, con 
arreglo a la Ley austríaca de permisos e indemnización de despido de los trabajadores de 
la construcción, por su empresario, sino por la caja de permisos e indemnización de 
despido de los trabajadores de la construcción, jurídicamente autónoma. Esta disposición 
abarca también a los farmacéuticos empleados en una farmacia, cuyos derechos salaríales 
han de ser satisfechos, con arreglo a la Ley de cajas de remuneración, no por su 
empresario, sino por la caja farmacéutica de remuneración. 
En relación con esto, hay que volver de nuevo a la exclusión mencionada en el apartado 
11 1) relativa a los empleados en puestos directivos. El motivo de esta exclusión es que 
estas personas, como sucede con los miembros de los órganos de personas jurídicas 
excluidos mediante el Anexo a la Directiva, ocupan de hecho una posición de empresario. 
Como ya hemos dicho anteriormente, es cierto que la exposición de motivos austríaca 
sobre la exclusión de dichos empleados en posiciones directivas de la IESG no hace 
referencia explícita al propósito de limitar los abusos, pero no hay duda alguna de que 
sólo se podía tener en mente dicho aspecto cuando se justifica la exclusión de la garantía 
20 
por ocupar estas personas un puesto al menos semejante al de un empresario23. Así, el 
Tribunal Constitucional austríaco24 ha considerado que la alusión en la exposición de 
motivos era también insuficiente. Opina que la exclusión de dichas personas está 
justificada porque la experiencia cotidiana ha mostrado que "ejercen por lo general una 
mayor influencia directa en la situación económica de la empresa y pueden conocer 
personalmente con la debida antelación todos los datos esenciales". Por ello, su situación 
es, precisamente con respecto a la insolvencia de la empresa, distinta de la de los demás 
trabajadores en muchos puntos fundamentales. La opinión del Tribunal Constitucional 
puede resumirse diciendo que el legislador ha rechazado la posibilidad de que el Fondo 
asegure a aquellas personas que, como señala la experiencia, son responsables de la 
insolvencia. 
Hay que recordar además que el Tribunal Supremo también tuvo en mente el abuso 
cuando no aceptó que un miembro que hubiera dimitido de su cargo en un órgano 
facultado para representar a la compañía poco antes de producirse la insolvencia de ésta 
pudiese acogerse a la garantía en caso de insolvencia (Vid. II, 1). 
En relación con esto, hay que señalar que no es imposible que el comportamiento del 
personal directivo con influencia decisiva en la dirección de la empresa pueda dar lugar 
a ciertos abusos, tal como señala el artículo 10 de la Directiva, pero la simple suposición 
de que van a cometerse abusos no puede justificar que se excluya totalmente de la 
aplicación de la garantía a esta categoría de personal en virtud de dicho artículo. En la 
medida en que este ariculo prevé excepciones a la protección de los créditos de los 
trabajadores, requiere una interpretación estricta de dichas excepciones. 
M Vid. EB, 134, supl. NR, 19° periodo de sesiones, 82. 
24 Sentencia de 28.2.1984, Recopilación 9935. 
21 
Leyes austríacas más importantes para aplicar la Directiva: 
- Insolvenzentgeltsicherunsgesetz (Ley de garantía salarial en caso de insolvencia), 
Bundesgesetzblatt (Boletín Oficial del Estado) 1977/324 
- Betriebspensionsgesetz (Ley de pensiones de empresa), Bundesgesetzblatt 1990/282 
- Pensionskassengesetz (Ley de cajas de pensiones), Bundesgesetzblatt 1990/281 
22 
Transposición de la Directiva en Finlandia 
23__<&4i 
I. Introducción 
La Ley de garantía salarial 649/73, en vigor desde el 1 de enero de 1974, introdujo en 
Finlandia disposiciones en materia de protección de los trabajadores en caso de 
insolvencia del empresario. El objetivo de esta ley era proteger los créditos impagados 
de los trabajadores. Esta ley fue precedida por una sesión del Consejo Nórdico en 1971, 
en la que se firmó una recomendación al gobierno exhortándole a la adopción de medidas 
para la proteción de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario25. Esta ley se 
modificó en 1982, 1984, 1990, 1992, 1994 y 1995. Los marinos están protegidos por la 
Ley de garantía salarial de los marinos 927/79, modificada en 1982, 1990, 1992, 1994 y 
1995. Esta Ley se basa en los mismos principios y es en gran parte equivalente a la Ley 
649/73, pero ajustada a las condiciones especiales del transporte marítimo. 
II. Transposición de la Directiva en los Estados miembros 
1. Ámbito de aplicación y definiciones (artículos 1 y 2) 
a) Trabajador asalariado 
En la Sección 1 de la Ley de contratos de trabajo (320/70) se define el contrato de trabajo 
como un acuerdo "en el que una de las partes, el trabajador, acuerda con la otra parte, el 
empresarío, realizar un trabajo bajo la dirección y supervisión de este último a cambio 
de un salario o de otro tipo de remuneración". Esta definición es importante, no sólo para 
la aplicación de la Ley de contratos de trabajo. Con arreglo a la teoría usual de la 
denominada relación básica en el derecho del trabajo de Finlandia, establece asimismo 
la definición de un área general de aplicación de todo el sistema de normas en el derecho 
del trabajo. 
La definición de trabajador en la legislación finlandesa es amplia e incluye tanto a los 
obreros como a los empleados. Incluso el trabajo realizado en el domicilio y el trabajo 
realizado con la maquinaria del trabajador pueden entrar directamente en el ámbito de 
aplicación de la ley. Además, se ha dado una interpretación liberal a la exigencia de que 
el trabajo se realice bajo la supervisión y dirección del empresarío. Se ha considerado 
suficiente el simple derecho del empresario a supervisar el trabajo, con independencia de 
si se supervisa de hecho al trabajador. 
b) Insolvencia del empresario 
aa) Concepto de empresario 
Se define indirectamente el concepto de empresario cuando se establece en la legislación 
finalndesa el concepto de relación de trabajo. El empresario puede ser una persona fisica 
25 Proyecto de Ley 9/1973, p. 1. 
25 
o una persona jurídica. Asimismo, una persona que esté creando una sociedad anónima 
podría convertirse en responsable personal de las medidas adoptadas antes de registrar la 
empresa y de que haya adquirido capacidad jurídica (Tribunal Supremo de Finlandia 1982 
- II - 23). 
bb) Insolvencia 
Con arreglo a la Sección 1(2) de la Ley de garantía salarial (649/73), se considera en 
Finlandia que un empresario es insolvente: 
1. - si ha fallecido o se ha entregado su propiedad a un albacea y puede 
establecerse que la cantidad adeudada no puede abonarse a partir de sus activos; 
2. - si ha dado fin a su actividad y puede establecerse que la cantidad adeudada 
no puede abonarse a partir de sus activos; 
3. - en caso de quiebra 
4. - si se establece que, en el momento del embargo, carece de activos no 
sometidos a litigio para abonar la cantidad adeudada; 
5. - si ha abandonado el país o se encuentra oculto y es imposible encontrar 
activos suficientes para pagar las deudas; 
6. - si no ha abonado las retenciones impositivas o las cotizaciones a los 
regímenes de seguridad social o pensiones obligatorias en el momento pertinente; 
o 
7. - si la autoridad de garantía salarial puede establecer claramente y sin ninguna 
duda que el empresario es insolvente por motivos comparables a los establecidos 
en los subapartados anteriores. 
c) Créditos im pagados resultantes de los contratos de trabajo y de las relaciones 
laborales 
En la Sección 1(1) de la Ley de garantía salarial (649/73) se establece que el pago del 
salario de un trabajador y de otras deudas basadas en su relación de trabajo, estará 
asegurada por el Estado, en caso de quiebra o insolvencia del empresario, a través del 
sistema de garantía salarial que se establece en la Ley. 
La Ley es asimismo aplicable a un trabajador domiciliado en Finlandia y que trabaje en 
el extranjero para un empresario finlandés. La garantía salarial no incluye los créditos 
i m pagados de un trabajador enviado por un empresario extranjero desde otro país a 
Finlandia para realizar un trabajo temporal. 
A partir de su relación de trabajo, los marinos tienen derecho a la garantía salarial sobre 
los créditos salariales y otros créditos adquiridos que, con arreglo a la Ley del mar 
1588/92, se hubieran sometido a un embargo preventivo en los buques (Ley de garantía 
salarial de los marinos 927/79, Sección 2). 
d) Fechas de referencia pertinentes para la garantía (apartado 2 del artículo 3) 
La legislación finlandesa se ajusta a la primera alternativa prevista en el apartado 2 del 
artículo 3 de la Directiva. Con arreglo a a la Sección 2(1) de la Ley de garantía salarial 
26 
(649/73), la garantía cubrirá el salario y otros créditos resultantes de la relación de trabajo 
que sean pagaderas durante los tres meses anteriores a la presentación de la petición de 
garantía salarial. La ley finlandesa da un contenido más amplio al concepto de insolvencia 
previsto en la Directiva. Por otra parte, el sistema finlandés permite aplicar la garantía 
salarial mientras está vigente la relación laboral o atender solicitudes de pago presentadas 
de nuevo en fechas diferentes. Se abonará como garantía salarial toda reclamación de 
compensación o indemnización, u otra similar, que deba abonar el empresario al 
trabajador debido a una terminación injustificada de una relación de trabajo o a una 
omisión de una obligación basada en la ley o en un contrato, siempre y cuando la 
garantía salarial se aplique en un plazo inferior a los tres meses una vez una sentencia 
definitiva haya decidido el asunto, o cuando se hayan acordado el fundamento y la 
cuantía de esta reclamación entre las partes u organizaciones implicadas, con arreglo a 
la práctica establecida del mercado de trabajo. 
Por motivos especiales, pueden abonarse como garantía salarial (1071/90) los créditos 
originados por un trabajo en el extranjero devengados durante más de tres meses, pero 
no más de seis, antes de que se presentara la solicitud de garantía salarial. 
Un trabajador no tiene derecho a que se le abonen deudas basadas en un trabajo en el 
extranjero en concepto de garantía salarial en la medida en que reciba una garantía 
salarial u otras ayudas comparables en función de una legislación extranjera aplicable a 
la relación de trabajo (1071/90). 
No existen limitaciones temporales respecto a la adquisición de las deudas por lo que 
respecta a la protección de las mismas con arreglo a la Ley de garantía salarial de los 
marinos 927/79. 
e) Límites temporales de las prestaciones de garantía (apartado 2 del artículo 4) 
Tal como se menciona en el apartado d), la Ley de garantía salarial (649/73) contempla 
los pagos y otras deudas que tengan su origen en la relación de trabajo y que sean 
pagaderos en un plazo de tres meses antes de la presentación de la solicitud de aplicación 
de la garantía salarial. No se prevé ningún límite en materia de duración o de periodo de 
trabajo. No se prevé ningún límite en relación con el tiempo o el período de empleo. El 
factor determinante en Finlandia es el momento en el que se adquiere un derecho y no 
el momento en el que se realizó el trabajo. Teniendo en cuenta las observaciones 
formuladas en a) y c) y en vista de que la solicitud de garantía salarial puede realizarse 
antes del inicio del procedimiento de quiebra, puede decirse que la ley finlandesa de 
garantía salarial se ajusta a los requisitos de los artículos 3 y 4 de la Directiva. 
f) Topes de las prestaciones de garantía (apartado 3 del artículo 4) 
La Sección 2(5) (1071/90) de la Ley de garantía salarial (649/73) establece que el 
máximo de la garantía salarial por trabajador deberá especificarse por decreto. Se trata 
de una solución práctica para que se facilite el ajuste a las maneras de pago del mercado 
27 
de trabajo en cualquier momento dado así como el cambio de la garantía salarial26. El 
Decreto 883/73, modificado en 1993 (1439/93) establece el límite de la garantía salarial 
por trabajador, en función del trabajo realizado para el mismo empresario, en 75 000 
marcos finlandeses (8 500 ecus). 
No se estipula en la Ley de garantía salarial de los marinos 927/79 ningún límite con una 
cuantía específica. 
2. Instituciones de garantía (artículo 5) 
El Estado finlandés es responsable de la garantía salarial, cuya gestión corre a cargo del 
Ministerio de Trabajo y de las Oficinas de los distritos laborales. Las reclamaciones de 
los trabajadores se transmiten al Estado el día en que la Oficina del distrito laboral decide 
abonar la garantía salarial. Se obliga al empresario a pagar intereses anuales del 16% del 
pago reclamado a partir de dicha fecha (Sección 5 de la Ley de garantía salarial 649/73). 
A partir de principios de 1996, con arreglo a una modificación de la Ley (1661/95), se 
ha vinculado el interés al nivel general de tipos de interés, que era a principios de año 
del 13%. La diferencia entre las cantidades pagadas a los trabajadores como garantía 
salarial y las obtenidas de los empresarios debe devolverse retrospectivamente cada año 
al Estado a través del Fondo Central de los Fondos de desempleo (Sección 16(1)). 
Las decisiones sobre la garantía salarial corresponden a la Oficina del distrito laboral en 
que esté domiciliado el empresario mencionado en la solicitud. Si se desconoce el 
domicilio, la tramitación del asunto corresponde a la Oficina del distrito laboral en el que 
se haya realizado habitualmente el trabajo especificado en la reclamación (Sección 1(3)). 
Si se rechaza la aplicación de la garantía de pagos, la Oficina del distrito laboral debe 
indicar al trabajador que emprenda una acción judicial contra el empresario y el Estado, 
si este rechazo es consecuencia de la imposibilidad de determinar el fundamento o la 
cuantía de la reclamación y el empresario no ha aceptado la misma; o contra el Estado, 
si el rechazo se debe a la imposibilidad de determinar el fundamento o la cuantía de la 
reclamación, con la condición de que el empresario no haya impugnado la reclamación 
(Secciones 1(3) y 7(1)). En caso de rechazo por otros motivos que los mencionados, la 
ley 1443/1994, que entró en vigor el 1.1.1995, prevé procedimientos de apelación que son 
competencia de la comisión del seguro de desempleo 
Las solicitudes de garantía salarial deben dirigirse a la Oficina del distrito laboral y deben 
entregarse en una Oficina local de empleo. Puede asimismo tramitarse una solicitud de 
garantía salarial basada en un trabajo en el extranjero en una embajada, consulado u otra 
represtanción de Finlandia en el extranjero (Sección 3). 
El Ministerio de Trabajo, por lo que respecta a las garantías salariales, está asistido por 
una delegación tripartita especial, nombrada por un período de tres años para tomar 
26 Decreto Ley 9/1973, p.3. 
28 
iniciativas y vigilar el desarrollo del sistema de garantía salarial (Decreto 883/739, 
Sección 10). 
29 
3. La garantía en caso de insolvencia en el marco de la segurídad social 
(artículos 6-8) 
a) Limitaciones de la protección en caso de insolvencia (artículo 6) 
La Sección 1 de la Ley de garantía salarial de Finlandia (649/73) prevé la protección del 
salario de un trabajador y de otras deudas basadas en la relación de trabajo. Aparte del 
límite de la cuantía, no existen excepciones ni limitaciones a esta norma. 
Si un trabajador transfiere una deuda basada en su trabajo, el receptor de la misma 
solamente tendrá derecho a la garantía salarial si se trata de una organización de 
trabajadores o de un fondo u otra entidad en cuya adiministración participe una 
organización de trabajadores (Sección 13). 
b) Garantía de las cotizaciones de los trabajadores asalariados a los regímenes 
legales de Seguridad Social retenidas por el empresario (artículo 7) 
El Estado garantiza los créditos impagados de los trabajadores. Cada año, la caja central 
de las cajas de desempleo devuelve al Estado a posteriori la diferencia entre los pagos 
efectuados en virtud de la garantía salarial y el importe de los capitales de los 
empresarios recuperados. A tal efecto, los fondos recogidos en virtud de las cotizaciones 
del seguro de desempleo proceden únicamente de los empresarios. Se deducen de la 
cantidad pagada las retenciones de impuestos y previas y, con arreglo a la Sección 10 de 
la Ley de garantía salarial de los marinos 927/79, se deducen asimismo de la cantidad 
pagada la pensión del trabajador y los denominados gastos de servicio. 
c) Garantía de los derechos a prestaciones adquiridos o en curso de adquisición en 
virtud de regímenes complementarios privados de pensiones de vejez (artículo 8) 
La ley finlandesa se aplica únicamente a la relación entre los empresarios y los 
trabajadores por cuenta ajena en activo. 
En otras palabras, los antiguos trabajadores pueden no recibir una garantía salarial para 
los créditos de pensiones complementarias a que esté obligado el empresario a través de 
compromisos de la anterior relación de trabajo. 
En Finlandia, puede contratarse un seguro voluntario a través de una empresa de seguros, 
una oficina de la seguridad social o mediante la creación de una fundación de pensiones. 
La Ley de fundaciones de pensiones (29.12.1995/1774) regula los fondos de pensiones 
y la Ley de fondos de la seguridad social (27.11.1992/1162) las oficinas de la seguridad 
social. Las fundaciones de pensiones poseen una importancia práctica; en 1993 existían 
214 fundaciones de pensiones en actividad. 
Cuando se declara en quiebra a un empresario, la fundación de pensiones se ve 
indirectamente afectada, y puede ser disuelta o declarada en quiebra, lo que no coincide 
con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva, en el que se prevé que la caja creada 
¿D 
pueda hacer frente a sus obligaciones en materia de prestaciones de vejez o de otras 
deudas de previsión, a pesar de la insolvencia del empresario. Los créditos de pensiones 
de los antiguos trabajadores no tienen prioridad en estas quiebras. 
Los créditos de las fundaciones de pensiones, que abarcan las deudas en materia de 
pensiones basadas en regímenes complementarios voluntarios con arreglo a la Ley de 
fundaciones de pensiones, tendrán prioridad en las quiebras empresariales hasta el año 
2011 (véase el apartado 9 de la Ley 29.12.1995/1776). Por otra parte, no tienen prioridad 
los créditos de pensiones de un trabajador ante el anterior empresario, que en el contrato 
de trabajo se haya comprometido a la concesión de una pensión (véase el Tribunal 
Supremo 1991/186). 
La legislación finlandesa pretende garantizar de diversas maneras que las fundaciones de 
pensiones y las oficinas de la seguridad social sean plenamente responsables por las 
pensiones (anteriormente lo eran en un 75%). A fin de evitar dificultades financieras para 
los empresarios, se han introducido períodos de transición con los que se alcanzará la 
plena responsabilidad por la garantía de las pensiones en un plazo de 15 años. La 
aplicación gradual tiene por objeto lograr la plena responsabilidad a partir de principios 
del 2011. 
En otras palabras, la plena responsabilidad garantizará las pensiones complementarias de 
los trabajadores y de los trabajadores jubilados. No obstante, en caso de abuso por parte 
de la fundación, la oficina de la seguridad social o el empresario, pueden producirse 
situaciones en las que no pueda cumplirse la obligación. En estas situaciones, es posible 
procesar a la parte responsable y obligarle a pagar los posibles perjuicios. Sin embargo, 
no existe garantía estatal en estos casos. 
Existen normas especiales en el apartado 2 de la Sección 88 de la Ley de fundaciones de 
pensiones que regulan las situaciones en las que se disuelve la fundación de pensioens 
debido a la finalización del negocio del empresario. En estos casos, reciben asimismo 
protección los derechos a pensión de los trabajadores cuyo empleo finalizó en un plazo 
de un año antes del cierre de la empresa, norma que se introdujo por consideraciones de 
justicia. Cuando empeoran las condiciones financieras, a menudo el empresario reduce 
el personal mediante una notificación y los trabajadores, si temen perder su empleo, 
pueden buscar trabajo en otro lugar. En esta situación, no están asegurados los derechos 
a pensión para las personas cuyo empleo finalizó en un período superior a un año antes 
de que dejara de existir la empresa. En la medida en que la insolvencia del empresario 
puede afectar al pago de los créditos futuros en materia de seguridad social por parte de 
las cajas de jubilación, las disposiciones de la ley finlandesa no se atienen a lo dispuesto 
en el artículo de la Directiva. 
3/ 
5. Supresión y reducción de la garantía en caso de insolvencia si se producen 
abusos, conflictos o colusión de intereses (artículo 10) 
Un trabajador no tiene derecho a la garantía salarial como consecuencia de un acuerdo 
o de un acuerdo de hecho comparable, que se haya claramente realizado con la intención 
de que la reclamación del trabajador, basada en el empleo, recaiga en el Estado en forma 
de garantía salarial (Sección 2a (403/84) de la Ley de garantía salarial). 
En la sección 12 de la Ley se establece que una Oficina de distrito laboral puede 
rechazar, por motivos especiales, una solicitud de garantía salarial presentada por un 
trabajador que haya recibido anteriormente una garantía salarial, si la solicitud hace 
referencia a una reclamación contra el mismo empresario por un trabajo realizado en un 
plazo de tres años tras la anterior decisión de garantía salarial. El término "mismo 
empresario" se aplica igualmente a toda empresa que controle el anterior empresario. Para 
que se considere que un empresario anterior controla una empresa, es suficiente con que 
esa misma persona posea acciones que le permitan controlar ambas compañías, por sí 
mismo o junto con los miembros de su familia. 
Deben aducirse motivos especiales para rechazar una solicitud de garantía salarial. La 
carga de la prueba corresponde a la parte que propone el rechazo. 
De conformidad con el apartado 4 del artículo 2 de la ley de garantía salarial, las 
autoridades competentes en materia de garantía pueden decidir si debe pagarse al 
trabajador más de dos veces, en virtud de la garantía salarial, el importe que el 
empresario le pagó durante el año anterior a la presentación de la solicitud de aplicación 
de la garantía salarial para pagar un crédito derivado de la relación laboral. 
La persona que comunique información falsa o que, por negligencia o deliberadamente, 
dé lugar a un desembolso injustificado de una garantía salarial o de otra prestación, o al 
desembolso de una garantía salarial excesiva, está obligado, de conformidad con la 
Sección 14 de la Ley (815/90), a devolver o compensar la cantidad abonada en exceso. 
El comportamiento fraudulento se castiga con arreglo al Código penal. 
A fin de evitar mayores abusos, se establece en la Sección 17 que los empresarios están 
obligados a proporcionar a las autoridades laborales responsables de la garantía salarial 
toda la información necesaria para la aplicación de la Ley de garantía salarial. La 
autoridad especificada tiene derecho a comprobar la información comunicada en los libros 
de cuentas del empresario. 
Las juntas de administración de los condados y los jefes de policía de los distritos están 
obligados a proporcionar la asistencia oficial necesaria para obtener la información. Las 
autoridades laborales pueden asimismo recurrir a las autoridades en matería impositiva 
para obtener la información necesaria sobre los impuestos abonados por el trabajador para 
la tramitación de una reclamación de garantía salarial. 
El sistema finlandés para evitar los abusos entra en el ámbito de aplicación de las 
opciones previstas en el artículo 10 de la Directiva. 
32 
Transposición de la Directiva en Suecia 
32. 34 _ 
I. Introducción 
En 1971 se introdujeron por primera vez en la legislación sueca disposiciones relativas 
a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. El 
período de vigencia de la Ley (1970:741) de garantía salarial se extendió desde el 1 de 
enero de 1971 hasta el 1 de julio de 1992, fecha en que entró en vigor la nueva Ley 
(1992:497) de garantía salarial (Lonegarantilagen). Desde entonces, esta ley ha sido 
objeto de varias modificaciones, la última de las cuales data de julio de 1995. 
Aunque el alcance de la protección salarial en Suecia es equivalente al de la Directiva 
80/987 CEE, desde el punto de vista técnico, la legislación sueca no se fundamenta en 
dicha Directiva. Antes de la introducción de las disposiciones que establecen una garantía 
salarial, en caso de quiebra del empresario, se protegían los créditos en favor de los 
trabajadores asalariados otorgándoles una posición privilegiada en el orden preferencial. 
Sin embargo, esta protección sólo era efectiva si el patrimonio que quedaba al declararse 
la quiebra era suficiente. Gracias a las disposiciones que establecen la garantía salarial, 
adoptadas con ocasión de la transposición de la Directiva, los salarios de los trabajadores 
gozan de protección independientemente de cuál sea el patrimonio residual. La garantía 
cubre los mismos créditos protegidos por el derecho de prioridad en la normativa anterior. 
La nueva ley prevé límites a la obligación del Estado mediante la fijación de un importe 
máximo a la indemnización cubierta por la garantía.27 
Después de que durante el período comprendido entre finales de los años ochenta y 1992 
los costes resultantes de la garantía salarial se multiplicaran por siete en tres años, se 
introdujeron modificaciones en la normativa a fin de reducir los costes. El 1 de julio de 
1992 entró en vigor una nueva Ley de garantía salarial que perseguía dicho objetivo 
mediante el establecimiento de controles más rigurosos para asegurar el correcto uso de 
la garantía, sin restringir por ello de forma inaceptable el alcance de la protección de los 
trabajadores.28 Se redujo el importe máximo de las indemnizaciones a cargo de la 
garantía salarial, que pasó de unas 400.000 coronas suecas (aproximadamente 45.000 
ecus), a 100.000 (11.000 ecus) en la actualidad, lo que se considera suficiente para 
satisfacer la finalidad social de la garantía. 
Pese a que en 1993 cesó la tendencia alcista en el número de quiebras, a juicio del 
Gobierno, los costes seguían siendo elevados. Dado que también habían disminuido los 
ingresos del Fondo de garantía salarial, éste se vio obligado a recurrir a préstamos del 
Instituto de Crédito Oficial, al tiempo que se introducían nuevas normativas al objeto de 
reducir costes. 
27 Walin G.. Rydin B., Kihlgren T., p. 149. 
28 Proyecto de ley 1993/94:208. p. 14 f. 
35 
Otra razón para introducir modificaciones en la legislación fue la presentación de 
denuncias por uso abusivo de la garantía, que estaba siendo utilizada por las empresas 
para financiar su reestructuración después de la quiebra, con lo que se producían 
distorsiones a la competencia.29 Además, el uso de la garantía salarial podía también 
tener como efecto que los trabajadores mantuvieran sus puestos en empresas sin 
rentabilidad, incapaces a la larga de ser rentables. 
II. Transposición de la Directiva 
1. Ámbito de aplicación y definiciones (artículos 1 y 2) 
a) Trabajador asalariado 
En Suecia, el Derecho del trabajo se fundamenta en una definición uniforme bastante 
amplia del concepto de trabajador asalariado con una perspectiva internacional. Sin 
embargo, la aplicación de las leyes no se realiza de manera uniforme debido al hecho de 
que las diversas jurisdicciones tienen que interpretar leyes diferentes cuya finalidad es 
también diferente. Por ejemplo, el artículo 9a de la Ley (1992:497) de garantía salarial 
(Lonegarantilagen), en la versión actualmente vigente, excluye explícitamente de su 
ámbito de aplicación a determinadas categorías de trabajadores asalariados, en particular 
aquéllos que, en los dos años siguientes a la declaración de quiebra, hubieran recibido ya 
indemnizaciones por un crédito relacionado con una actividad esencialmente idéntica. La 
ley prevé una excepción para las personas que han obtenido el trabajo a través del 
servicio oficial de empleo o cuando, en el caso considerado, existan motivos específicos 
para la aplicación de la garantía. La sección 7 de la Ley hace referencia asimismo a la 
Ley 1970:979 de créditos preferenciales (Fôrmânsràttslagen), que excluye de la 
protección a los trabajadores que, individualmente o junto con parientes próximos, sean 
propietarios del 20% o más de la empresa. 
En los informes preparatorios previos a la Ley 1970:979 de créditos preferenciales, se 
prevé que el concepto de trabajador asalariado habrá de adaptarse continuamente a la 
evolución del mercado de trabajo.30 Hasta el momento, se han introducido adaptaciones 
en relación a los trabajadores relativamente autónomos, que en la actualidad suelen 
incluirse en el ámbito de aplicación de la garantía salarial.31 Para decidir quién pertenece 
a la categoría de trabajador asalariado, se utiliza en la actualidad un método similar al 
empleado en la Segurídad Social.32 
Para que se pueda considerar a una persona, a efectos legales, "trabajador asalariado", 
deben cumplirse ciertos requisitos básicos. Es preciso que exista algún tipo de acuerdo 
y éste debe hacer referencia al trabajo. La denominación que las partes den al contrato 
29 Proyecto de ley 1993/94:208, p. 16.. 
30 Vcasc SOU 1969:5 p. 150. 
31 Walin G.. Rydin B., y Kihlgren T., p. 107. 
Sigeman, T., p. 68. 
36 
no constituye un factor determinante; son los tribunales quienes, tras analizar global m ente 
cada caso particular, deciden si una persona responde o no a la definición de trabajador 
asalariado33. En los informes preparatorios previos a la Ley 1976:580 sobre cogestion 
(Medbestàmmandelagen, MBL ) se recogen diez criterios para determinar quién es 
trabajador asalariado.34 En caso de que el acuerdo entre las partes parezca desleal, los 
tribunales tienden a no tomar en consideración el contenido formal del contrato, siendo 
particularmente cautelosos en los casos en que un trabajador, contratado en principio 
como asalariado, pase a desempeñar trabajo a comisión. Si en realidad no se han 
producido cambios esenciales en la relación laboral, los tribunales suelen concluir que la 
persona en cuestión sigue siendo un trabajador asalariado.35 En caso contrario, los 
tribunales toman en consideración la práctica común en el tipo de acuerdo en cuestión.36 
b) Insolvencia del empresario 
aa) Concepto de empresario 
En Suecia, los términos "trabajador asalariado" y "empresario" carecen de definición 
legal. La definición del concepto se hace por vía indirecta: cuando se constata que una 
persona es trabajador asalariado, se considera que la otra parte es "empresario". 
En Derecho privado, los tribunales realizan una evaluación global en cada caso concreto 
Mientras que en el derecho privado los tribunales evalúan globalmente cada caso 
individual, en la administración, cuando se trata de decidir quién, en calidad de 
empresario, es responsable del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, 
quién es el contribuyente, se debe utilizar un procedimiento previamente establecido.37 
Cuando se cuestiona si una persona es un trabajador asalariado y, por lo tanto, si tiene 
derecho a recibir una indemnización del Fondo de garantía salarial, entran en juego otras 
consideraciones, al verse afectados los intereses de terceros distintos a las partes 
originales que suscribieron el contrato de trabajo. En estos casos, reviste particular 
importancia para la decisión del Tribunal la intención de las partes en el momento de 
suscribir el contrato de trabajo (Véase por ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo en 
NJA 1992 p. 631). Es preciso considerar el contenido del contrato y cuál fue la situación 
real previa a la quiebra. Si se estima que se trata de una relación de carácter laboral, el 
Estado estará obligado a pagar la garantía salarial. Reviste sólo una importancia relativa 
las manifestaciones de las partes con posterioridad a la declaración de quiebra, ya que el 
conflicto real de intereses no se plantea entre ellas. 
II asunto más importante sobre el que el Tribunal Supremo, flógxta Domstolen (¡ID), emitió un dictamen global es NJA 1949 s. 768. 
34 SOU 1975:1 p.722. 
Véase por ejemplo Arbeüidomslolen, ADI977 n° 39 y 98, 1978 n° 13 y 1989 n° 80 
36 Véase por ejemplo NJA 1982 p. 784, AD 1981 nr 121 y AD 1987 nr 21. 
Sigeman, T., p. 64. 
37 
bb) Insolvencia 
La sección 1 de la Ley 1992:497 de garantía salarial prevé que, en caso de que el 
empresario sea declarado insolvente, el Estado será responsable de reembolsar los créditos 
impagados. La insolvencia es pues un requisito esencial para la aplicación de la Ley. 
En virtud de la sección 2 del artículo 1 de la Ley 1987:672 en materia de quiebras 
(Konkurslagen), una persona, física o jurídica, insolvente será declarada en quiebra 
después de que el interesado o un acreedor haya interpuesto una demanda en tal sentido 
ante el Tribunal de Distrito, salvo que existan disposiciones legales en sentido contrario. 
Se entenderá por insolvencia los casos en que el deudor no pueda hacer frente a su 
propias obligaciones y esta incapacidad no sea sólo temporal. 
La sección 7 establece que se aceptará la declaración de insolvencia del deudor a no ser 
que existan razones específicas para decidir en sentido contrario, como podría ser el caso 
si se sospecha que se presenta la solicitud de declaración de quiebra por razones de 
competencia o si los activos reales de la empresa superan el nivel exigido para que una 
empresa sea considerada insolvente. El Tribunal deberá constatar si la persona que 
presenta la solicitud está legitimada para ello y si existen elementos que desaconsejen la 
declaración de quiebra. 
Las secciones 8 y 9 incluyen tres criterios denominados de presunción mediante los 
cuales se facilita la prueba de la insolvencia del deudor por parte del acreedor. Se 
presumirá que el deudor es insolvente si a) -la autoridad responsable de la ejecución 
constata que el deudor carece de los activos necesarios para el pago de todos los créditos 
impagados; b) -el deudor se ha declarado en suspensión de pagos; c) -el deudor (con 
obligación de llevar libros contables), habiendo recibido una reclamación para satisfacer 
en el plazo de una semana una obligación incontestable y habiendo sido informado de que 
si hace caso omiso a la reclamación se solicitará la declaración de quiebra ante el 
Tribunal de Distrito, no procede al pago. 
Sin embargo, en la práctica Suecia sólo prevé el procedimiento de indemnización 
colectiva a los acreedores que prevé la Directiva. 
c) Créditos im pagados resultantes de contratos de trabajo y de relaciones laborales 
En virtud de la sección 7 de la Ley (1992:497) de garantía de salarial, en referencia a la 
sección 12 de la Ley (1970:979) de créditos preferenciales, un trabajador asalariado tiene 
derecho a una garantía sobre (todos) los créditos derivados de salarios y otras 
remuneraciones impagadas resultantes de relaciones laborales, incluidas las 
indemnizaciones por vacaciones y las pensiones. 
Según la sección 1 de la Ley de garantía de salarial, el Estado es responsable del pago 
de los créditos impagados de un trabajador asalariado cuyo empresario haya sido 
declarado en quiebra en Suecia, independientemente del país de origen del trabajador o 
de si la empresa es sueca o no. Si la quiebra se declaró en Suecia, se da por supuesto que 
la garantía sueca cubrirá los créditos impagados. 
38 
Si la solicitud de declaración de quiebra se presentara en un país escandinavo distinto de 
Suecia, la garantía sólo cubrirá las obligaciones derivadas de un trabajo relacionado 
principalmente con Suecia o con modalidades suecas. Si el trabajo se ha realizado 
completamente en otro país, no se admiten las referencias a Suecia o las modalidades 
suecas. 
La ley de garantía salarial no es aplicable a los ciudadanos suecos contratados por una 
empresa que se ha declarado en quiebra en un país extranjero, aunque haya trabajado en 
una oficina local sueca (véase Tribunal de Apelación, RH, 1992:88, p. 219), sin que sea 
de relevancia el hecho de que la empresa haya abonado cotizaciones sociales por el 
trabajador, incluidas las cotizaciones al Fondo de garantía salarial. Es prescnptivo, por 
tanto, que la quiebra se haya declarado en Suecia o en otro país escandinavo. (Las filiales 
de empresas extranjeras, siendo en sí mismas personas jurídicas, deberían declararse en 
quiebra en Suecia para que se pudiera aplicar la Ley de garantía salarial). Por otra parte, 
un ciudadano extranjero que viva en el extranjero pero que haya trabajado con 
anterioridad en Suecia para una empresa sueca declarada en quiebra en Suecia debería 
tener derecho a la garantía salarial sueca.38 
Si el empresario ya ha sido declarado en quiebra antes de la quiebra en cuestión, no se 
pagarán las reclamaciones por créditos impagados presentadas o que pudieron haber sido 
presentadas en virtud de la quiebra precedente. 
Asisten los mismos derechos a los parientes del trabajador que reivindiquen derechos a 
pensión frente a un deudor declarado en quiebra. Asimismo, una persona que tenga 
derecho a una asignación alimenticia tendrá derecho a una garantía por el importe de las 
prestaciones adeudadas. Sin embargo, los servicios de la Seguridad Social que hayan 
abonado asignaciones alimenticias, no tendrán derecho a garantía (Secciones 1-6). 
d) Fechas de referencia pertinentes para la garantía (apartado 2 del artículo 3) 
La sección 7 de la Ley (1992:497) de garantía salarial establece que la garantía cubrirá 
los créditos impagados derivados de salarios u otras retribuciones que sean consideradas 
prioritarias en virtud de lo dispuesto en la sección 12 de la Ley (1970:979) de créditos 
preferenciales y a las reclamaciones de pensión que sean consideradas prioritarias 
conforme a la sección 12 ó 13 de la misma Ley. La Ley (1987:672) en matería de 
quiebras establece en qué medida un crédito impagado en concepto de salario o pensión 
podrá ser admitido en el pasivo de la quiebra. 
Suecia ha elegido la primera de las opciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de 
la Directiva. Según la sección 12 de la Ley de créditos preferenciales, la garantía cubrirá 
prioritariamente los créditos impagados resultantes de los salarios de los últimos seis 
meses de trabajo por cuenta del empresario insolvente y no más allá de los tres meses 
anteriores a la fecha de registro de la solicitud de quiebra en el Tribunal de Distrito. 
.18 Walin CÎ. Rydin B.. Kihlgren T.. p. 165. 
39 
Pese a que la legislación sueca no prevé normas generales sobre las repercusiones de la 
quiebra del empresario en el contrato de trabajo, los tribunales suecos han abordado el 
problema. 
La declaración de quiebra del empresario no supone por sí misma la rescisión del contrato 
de trabajo. Tanto el trabajador como el síndico de la quiebra tienen derecho a presentar 
un preaviso de rescisión del contrato. Si se presenta el preaviso a raíz de la declaración 
de quiebra, los créditos impagados a favor del trabajador se incluirán en el procedimiento 
de quiebra, sometiéndose a lo dispuesto en la Ley de garantía salarial y en la Ley de 
créditos preferenciales. Durante el período de preaviso, el trabajador está obligado a 
realizar sus prestaciones laborales, si así se le pide. Desde el punto de vista jurídico, es 
como si permaneciese vigente el contrato de trabajo entre el empresario en quiebra y el 
trabajador, aunque las funciones ejercidas por el empresario se transfieran al síndico de 
la quiebra.39 
Las disposiciones afectan también a las retribuciones devengadas durante el período de 
preaviso. Si el trabajador no necesita realizar un trabajo por cuenta de su empresario 
delarado en quiebra y no trabaja en otra parte, las disposiciones sólo afectan a las 
retribuciones devengadas durante el periodo de preaviso si el interesado figura registrado 
en un servicio oficial de empleo de empleo como solicitante de empleo. Las retribuciones 
percibidas por el trabajador por cuenta de otro empresario -o que pudiera haber recibido 
en un trabajo que razonablemente hubiera debido aceptar- durante el período de preaviso, 
se deducirán de las indemnizaciones provenientes de la garantía salarial (Sección 13 de 
la Ley (1982:80) de seguridad del empleo). Puesto que sólo son prioritarios los créditos 
impagados resultantes de retribuciones devengadas no más allá de los tres meses 
anteriores al registro de la solicitud de quiebra en el Tribunal de Distrito, un trabajador 
con un período de preaviso de seis meses (período máximo previsto por la Ley) que no 
hubiera encontrado un nuevo trabajo podría correr el riesgo de perder la indemnización 
por los créditos restantes. 
El trabajador puede en cierta medida evitar estos efectos negativos mediante la 
presentación del preaviso de rescisión del contrato, con lo que garantiza los créditos 
devengados en los tres meses anteriores a la declaración de quiebra. El período de 
preaviso del trabajador es de un mes, transcurrido el cual, sin embargo, desaparece la 
relación laboral, con lo que el trabajador no podrá reclamar otras indemnizaciones. 
El síndico de la quiebra que representa a la masa de la quiebra puede también celebrar 
un nuevo contrato de trabajo con el trabajador; en este nuevo contrato el síndico figurará 
a efectos legales como el nuevo empresario. En ese caso, cualquier crédito devengado en 
razón del nuevo contrato deberá ser satisfecho por la masa de la quiebra. Estos créditos, 
aunque tengan prioridad sobre otros (Sección 1 del artículo 11 de la Ley en matería de 
quiebras), no son cubiertos por la garantía. 
39 Sigeman, T., p. 339. 
40 
Según la legislación sueca, se incluyen también en el pasivo de la quiebra las 
indemnizaciones por vacaciones devengadas en el mismo año o en el año anterior en que 
se registró la solicitud de quiebra en el Tribunal de Distrito. 
La Ley de créditos preferenciales protege asimismo los derechos a pensión devengados 
por un trabajador o sus sucesores por un periodo máximo de seis meses antes de la fecha 
en que se presentó la solicitud de quiebra, así como en los seis meses siguientes, 
incluidos los derechos a pensión devengados mientras trabajaba para otro empresario, si 
el empresario en quiebra había asumido la responsabilidad por dicha pensión. 
e) Límites temporales de las prestaciones de garantía (apartado 2 del artículo 4) 
Como ya se mencionó en el punto d), la sección 7 de la Ley (1992:497) de garantía 
salarial hace referencia a la sección 12 de la Ley (1970:979) de créditos preferenciales, 
que establece que la garantía salarial cubrirá los pagos a los que esté obligado el 
empresario en quiebra por los últimos seis meses de trabajo, pero no más allá de los tres 
meses anteriores al registro de la solicitud de quiebra en el Tribunal de Distrito. Esta 
disposición no coincide del todo con la primera alternativa recogida en el apartado 2 del 
artículo 4 de la Directiva, que prevé expresamente que un trabajador que hubiera estado 
contratado por tres meses durante los últimos seis meses antes de la quiebra, es decir, 
hasta tres meses antes de la quiebra, tendrá derecho a la garantía de la retribuciones 
correspondientes a los tres últimos meses de trabajo. En Suecia, por el contrario, la los 
derechos salariales no están garantizados para los periodos de referencia correspondientes 
a los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de quiebra en el Tribunal de 
Distrito. Puesto que la garantía abarca los créditos impagados devengados durante los 
últimos seis meses de trabajo, el período de garantía puede ampliarse de hecho más allá 
de la fecha en que se produce la insolvencia e incluir los créditos devengados a raíz del 
nuevo contrato de trabajo o durante el período de preaviso. Desde este punto de vista, las 
disposiciones de la ley sueca son más favorables que las disposiciones de la Directiva 
f) Topes de las prestaciones de garantía (apartado 3 del artículo 4) 
En el artículo 5 de la sección 2 de la Ley (1987:672) en materia de quiebra se establece 
un límite de carácter general para la admisión de los créditos en el procedimiento de 
quiebra. Durante el procedimiento de liquidación, no se podrán atender los créditos 
impagados derivados de retribuciones salariales o de otro tipo, así como los créditos en 
concepto de pensión claramente por encima del límite que pueda considerarse razonable 
en función del trabajo realizado, la situación económica de la empresa y otras 
circunstancias. En función del importe, la sección 9 de la Ley (1992:497) de garantía 
salarial establece un tope a la garantía de un máximo de 100.000 coronas suecas 
(aproximadamente 11.000 ecus) para cada trabajador. 
2. Instituciones de garantía (artículo 5) 
En virtud de lo dispuesto en la sección 1 de la Ley (1992:497) de garantía salarial, es 
responsabilidad del Gobierno sueco el pago de los créditos salariales de los trabajadores 
en caso de quiebra del empresario. La garantía se financiará mediante las cotizaciones de 
41 
los empresarios, incluidas las cantidades retenidas de los salarios de los trabajadores. 
Desde el 1 de julio de 1995, las cotizaciones de los empresarios se asignan a una partida 
especial del presupuesto del Estado. Las sumas son distribuidas por la Junta del Condado 
(Lánsstyrelsen) del distrito en que se encuentra del Tribunal que esté tratando el 
procedimiento de quiebra (Sección 22). Se deducirá de la suma asignada cualquier crédito 
que el empresario pueda hacer valer frente al trabajador en virtud de la Ley (1970:215) 
sobre los derechos de compensación de los empresarios. En virtud de la sección 29 de 
la Ley de garantía salarial, un trabajador que cuestione la decisión del síndico de la 
quiebra sobre si la garantía cubre o no determinado crédito, podrá apelar al Tribunal de 
Distrito. 
3. La garantía en caso de insolvencia en el marco de la Segurídad Social 
(artículos 6-8) 
a) Limitación de la garantía en caso de insolvencia (artículo 6) 
La ley (1992:497) de garantía salarial prevé el pago de (todos) los créditos impagados 
cuando el empresario sea declarado en quiebra en Suecia u otro país escandinavo y los 
créditos resulten de contratos de trabajo o de relaciones laborales relacionados con Suecia 
0 con el derecho sueco. Suecia ha optado por no hacer uso de las cláusulas restrictivas 
recogidas en el artículo 6 de la Directiva. 
b) Garantía de las cotizaciones de los trabajadores asalariados a los regímenes 
legales de Seguridad Social retenidas por el empresario (artículo 7) 
Según la Ley (1992:497) de garantía salarial, el Estado sueco está obligado a hacer frente 
a los créditos impagados de los trabajadores frente a un empresario declarado en quiebra 
en Suecia o en otro país escandinavo cuando éstas resulten de contratos de trabajo o de 
relaciones laborales relacionados con Suecia o con el derecho sueco. La garantía salarial 
se financia con una cotización del empresario que asciende al 0,25% de un importe que, 
en resumen, corresponde a la suma de los salarios en metálico o de cualquier otra 
compensación pagada por el empresario durante un año por el trabajo realizado (artículos 
2 y 3 del capítulo 1 de la Ley [1981: 691] relativa a los gastos sociales. 
Las prestaciones previstas por el régimen general de seguridad social nacional se 
financian con los impuestos y las cotizaciones empresariales, entre otros recursos. El 
derecho de compensación o de prestación no depende de que el empresario haya pagado 
las cotizaciones que le corresponden (artículo 1 de la Ley de garantía salarial y capítulo 
1 de la Ley [1962: 381] del régimen de seguros generales. 
c) Garantía de los derechos a prestaciones adquiridos o en curso de adquisición en 
virtud de regímenes complementarios privados de pensiones de vejez (artículo 8) 
El sistema de seguridad social sueco se basa en una combinación de regímenes 
obligatorios y de regímenes complementarios garantizados en base a acuerdos colectivos. 
El índice de participación sindical de los trabajadores suecos es muy alto 
(aproximadamente 85%) y todos los patronos afiliados a la Confederación de Empresarios 
42 
Suecos (SAF) están obligados, en virtud de los acuerdos colectivos, a contraer pólizas de 
seguro complementarias, que incluyen pensiones de vejez, a favor de sus empleados. Los 
trabajadores no tienen que estar sindicados para gozar de las mismas, lo que significa que 
más del 85% de los trabajadores están cubiertos por los regímenes complementarios, a 
lo que hay que añadir las pólizas privadas negociadas como parte del contrato de trabajo. 
Una garantía relativa a acuerdos colectivos cubre todas las pensiones basadas en este tipo 
de acuerdos, lo que siginifica que se protegen las prestaciones por pensiones de los 
trabajadores incluso si el empresario dejó de abonar las cuotas de seguro de sus 
trabajadores, 
Asimismo, los empresarios podrán garantizar las obligaciones en materia de pensiones de 
conformidad con lo dispuesto en la sección 1 de la Ley (1967:531) de garantía de 
obligaciones en materia de pensiones (Lagen om tryggande av pensionsutfástelser m.m.), 
que prevé que las obligaciones en materia de pensiones en favor de trabajadores y 
supérstites podrán garantizarse mediante el establecimiento de partidas contables 
específicas destinadas a responsabilidades en materia de pensiones o la asignación de 
sumas a un fondo de pensiones, cuya supervisión será responsabilidad del Consejo de 
Administración del Condado (Sección 31). Los abusos podrán ser sancionados con penas 
de multas (Secciones 7 y 8). Para que los empresarios puedan deducir impuestos por los 
costes resultantes de las pensiones, es preciso que cumplan lo dispuesto en la Ley. La 
Sección 1 de la Ley (1992:497) de garantía salarial atribuye al Estado la responsabilidad 
de hacer frente a los créditos impagados de los trabajadores en caso de quiebra del 
empresario. La sección 7 prevé que la garantía tiene como objetivo cubrir los créditos 
impagados derivados de retribuciones salariales y de otro tipo que tengan prioridad en 
virtud de la sección 12 de la Ley (1970:979) de créditos preferenciales, que, a su vez, 
especifica la prioridad de todos los créditos derivados de salarios u otras retribuciones 
impagadas, sin excepción, incluidas las cotizaciones de seguro para los planes privados 
de pensiones.40 
De conformidad con el artículo 12 de la Ley de créditos preferenciales, la garantía cubre 
los créditos en concepto de pensión del trabajador o sus derechohabi entes. 
La garantía cubre sólo los derechos a pensión adquiridos, como máximo, seis meses antes 
de la solicitud de quiebra y seis meses después, no los derechos futuros. La garantía cubre 
asimismo los derechos a pensión adquiridos a resultas de un contrato de trabajo anterior, 
a condición de que el empresario haya asumido la responsabilidad de conformidad con 
lo dispuesto en las secciones 23 y 26 de la Ley (1967:531) de garantía de las obligaciones 
en materia de pensiones. Si la pensión se abona en un pago único, la garantía cubre 
únicamente lo que puede considerarse una pensión razonable durante un período de seis 
meses antes y de seis meses después de que se registre la solicitud de quiebra en el 
Tribunal de Distrito.41 Corresponde a la Oficina de la Seguridad Social la distribución de 
40 
Wallin. G., Rydin B., Kihlgren T., p. 112. 
41 
<>p. cit.. p. 126. 
43 
las pensiones legales y a las compañías de seguro, la de las pensiones concertadas 
mediante convenios colectivos. 
La ley de protección de las obligaciones en materia de jubilación (1967:531) prevé 
normas relativas al modo en que un empresario puede proteger un crédito en concepto 
de pensión. En este caso, la protección puede garantizarse mediante un descuento especial 
de los compromisos en materia de pensión y mediante el pago de fondos a un fondo de 
pensiones (artículo 1). El cumplimento de las normas de la ley por parte del empresario 
es un requisito previo para la deducción de las cotizaciones de pensión en lo concerniente 
a los impuestos municipales. 
Los derechos a pensión protegidos por un régimen de descuento especial de las 
cotizaciones pueden garantizarse al mismo tiempo mediante depósitos a un fondo de 
pensiones. Los empresarios que reducen el importe descontado para disminuir su 
cotización pueden ser condenados a pagar una multa si el déficit no se cubre mediante 
provisiones de fondos del fondo de pensiones (artículo 7 y 8). 
El fondo de pensiones creado por el empresario para proteger los derechos a pensión 
están bajo el control de la Junta del Lan en que el empresario tiene su sede social (artícuo 
31). El consejo de administración del fondo está compuesto a partes iguales por 
representantes del empresario y de los trabajadores afectados. Si más de las tres cuartas 
partes de los trabajadores pertenecen a un sindicato, éste designa a los representantes de 
los trabajadores (artículos 16 y 17). El fondo sólo puede aprobar la concesión de un 
préstamo al empresario si este dispone de una garantía o con el acuerdo de las 
autoridades de control. El fondo tampoco puede adquirir accciones de una sociedad 
anónima que haya creado el fondo sin la autorización de las autoridades de control 
(artículo 11). 
El fondo paga al empresario los gastos o los costes originados por las pensiones de 
jubilación, los gastos del seguro de pensiones y cualquier otro gasto relacionado con el 
régimen de pensiones. Dichos pagos se realizan mediante el excedente de capital del 
fondo y, en el caso de los gastos mencionados anteriormente, mediante los ingresos del 
mismo año si el fondo no ha registrado excedentes (artículo 14 y 15). 
El fondo de pensiones sólo paga la pensión de jubilación por cuenta del empresario si 
está seguro de que el empresario no puede pagársela al beneficiario sin un retraso 
considerable o si la autoridad de control se lo ordena (artículo 13). La persona que ha 
adquirido un derecho a pensión no tiene que esperar pues a la liquidación para cobrar su 
pensión. 
En caso de cesión de una empresa, la transferencia de la responsabilidad de los 
compromisos de pensión al nuevo empresario requiere el acuerdo de los trabajadores 
interesados o de la autoridad de control. Si se realiza esta transferencia, se considera que 
los derechos a pensión tienen el mismo valor jurídico que hubieran tenido si el trabajador 
hubiera sido contratado por el nuevo empresario en la fecha en que lo contrató su 
predecesor (artículo 23). Si los créditos están garantizados por un fondo de pensiones, 
la autoridad de control decide si el fondo se transfiere al nuevo empresario y en qué 
44 
condiciones (artículo 24). Si un empresario cesa su actrividad sin haber transferido la 
responsabilidad de los créditos en concepto de pensión a un tercero, el empresario, salvo 
decisión contraria de la autoridad de control supervisión, garantiza la parte debida de los 
créditos que permiten al trabajador adquirir un derecho a pensión, a condición de que 
estos derechos no hayan sido garnatizados por un fondo de pensiones a raíz de una 
liquidación o si los créditos están garantizados por un seguro de crédito (artículo 25). 
Si se liquida una empresa, también se liquida el fondo de pensiones creado por el 
empresario para proteger los derechos a pensión (artículo 19). Lo mismo sucede si el 
empresario tiene que pagar créditos en concepto de pensión con arreglo al régimen de 
descuento especial de los derechos de pensión, pero no los ha garantizado mediante un 
fondo de pensiones y no tiene los recursos financieros suficientes para pagarlos durante 
una liquidación. No obstante, el trabajador y sus derechohabi entes tienen, con arreglo a 
lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 12 de la ley de créditos preferenciales (1970: 
979), un derecho prioritario de pensión durante seis meses antes de solicitarse la 
liquidación como máximo y en los seis meses siguientes (Los derechos a pensión 
prioritarios pueden ser cubiertos por la garantía salarial (artículo 7 de la Ley de garantía 
salarial. 
Las disposiciones reglamentarias relativas a la protección de los regímenes privados de 
seguro no prevén ninguna excepción a la garantía. El Estado es en última instancia 
responsable no solamente de los derechos de los trabajadores a la jubilación legal, sino 
también de la protección de sus derechos en materia de planes privados de pensiones. 
No obstante, la garantía cubre sólo los derechos a prestaciones de jubilación adquiridos 
como mucho seis meses antes y seis meses después de la quiebra, es decir, un año en 
total. Los intereses de los trabajadores en materia de derechos en curso de adquisición no 
parecen, pues, estar protegidos. 
5. Supresión y reducción de la garantía en caso de insolvencia si se producen 
abusos, conflictos o colusión de intereses (artículo 10) 
El artículo 9a de la Ley (1992:497) de garantía salarial, modificada el 1 de julio de 
1994 (SFS 1994:636), excluye del ámbito de aplicación de la Ley a los trabajadores a los 
que en los dos últimos años ya se hubiera pagado un crédito en un centro de trabajo 
essencialmente idéntico. Aparte de una excepción relativa a los trabajadores que hubieran 
accedido a su puesto de trabajo a través del servicio oficial de empleo, la garantía es 
también válida en las situaciones mencionadas anteriormente si existen motivos especiales 
que justifiquen el recurso a la misma (enmienda de 1 de julio de 1995, SFS 1995:675), 
a trabajadores individuales cuando razones específicas así lo aconsejen. 
En la versión de 1994, el artículo 9a de la Ley excluía expresamente toda una categoría 
de trabajadores del ámbito de protección en virtud de la garantía salarial, pero esta 
disposición, que tenía como objetivo prevenir los abusos, fue cuestionada no sólo durante 
el período de consultas de la propuesta de ley, sino también después de su promulgación. 
45 
42 También el Órgano de vigilancia de la AELC (ESA - EFTA Surveillance Authority) se 
manifestó en contra de la Ley en este punto. En otoño de 1994 este organismo se dirigió 
al Gobierno sueco exigiéndole que justificase la exclusión de la protección de toda una 
categoría de trabajadores. 
El Tribunal de distrito de Varberg, en relación al caso T 1157/94, se dirigió al Tribunal 
de Justicia de la AELC, de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo entre los Estados 
AELC sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, solicitando 
un dictamen interpretativo del artículo 10(a) de la Directiva 80/987/CEE con respecto a 
la sección 9a de la Ley sueca de garantía salarial. En su sentencia E-l/95, de 20 de junio 
de 1995, el Tribunal de la AELC dictaminó que el artículo 10(a) de la Directiva debería 
interpretarse de manera que no se pudieran adoptar normativas nacionales antiabusivas 
en virtud de las cuales no se reconoce a un trabajador asalariado el derecho a 
indemnización si en los dos años anteriores a la declaración de quiebra ha recibido 
indemnizaciones a cargo de la garantía por créditos frente a la misma empresa. 
En razón de las críticas expresadas antes y después de la promulgación del artículo 9a 
(incluido el informe sueco a la ESA), se introdujeron las enmiendas ya citadas, que 
contemplan la aplicación de la garantía a los casos mencionados cuando haya motivos 
justificados para ello, tales como dificultades reales para que el trabajador encuentre otro 
trabajo o cuando parece irrazonable que sufra una reconstrucción infructuosa. Otra "razón 
específica" puede ser la importancia económica que la garantía tenga para el trabajador 
asalariado.42 
Mientras que antes del 1 de julio de 1995 no eran admisibles excepciones individuales 
a la regla general, la modificación introducida en esa fecha permite que el trabajador se 
beneficie de la garantía salarial. Corresponde al síndico de la quiebra decidir si son 
aplicables las disposiciones del artículo 9a y, en caso de que sea así, si existen motivos 
especiales para que la garantía se aplique mediante una excepción. Los trabajos 
preparatorios de la reglamentación presentan ejemplos de circunstacnias relacionadas 
sobre todo con las dificultades materiales o no encontradas por el trabajador durante el 
restablecimiento de la de la actividad, o más tarde para encontrar un empleo, que pueden 
considerarse motivos especiales. No obstante, este artículo permite interpretaciones 
demasiado amplias del artículo 10 de la Directiva que pueden alejarse del objetivo general 
de la Directiva, que es fundamentalmente que el trabajador afectado por la insolvencia 
reciba lo que le corresponde 
El Ministerio de Trabajo ha propuesto recientemente en un informe que se suprima el 
artículo 9a de la Ley de garantía salarial, Una vez elaborada, la propuesta se presentará 
al Rehstag. La modificación propuesta debería entrar en vigor en los próximos meses. 
La sección 7 de la Ley de garantía salarial hace asimismo referencia a la Ley (1970:979) 
de créditos preferenciales que excluye del ámbito de aplicación de la garantía a los 
trabajadores que, individualmente o junto con parientes próximos, sean propietarios del 
Proyecto de ley 1994/95:180, p. 5-6. 
46 
20% o más de la empresa. Ésta redacción procede de la modificación de un texto anterior, 
que exigía para la exclusión la propiedad de una parte esencial de la empresa, así como 
una considerable influencia en la misma. La modificación se debió a que se consideró que 
las expresiones "parte esencial" y "considerable influencia" eran vagas y proporcionaban 
una base insuficiente para la aplicación de la excepción. En la formulación actual, no se 
exige la prueba de la influencia real del trabajador en la toma de decisiones. Se considera 
que la propiedad del 20%, de una empresa, por una sola persona o junto con parientes, 
supone tener acceso a información y, en consecuencia, capacidad de intervención en la 
empresa, lo que justifica la exclusión de esta categoría de trabajadores de la garantía 
establecida en la Directiva.43 
Cabe considerar que la exclusión de los copropietarios es compatible con la posibilidad 
que ofrece el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva de excluir los créditos de 
determinadas categorías de trabajadores en razón de la naturaleza especial del contrato 
de trabajo o de la relación laboral. 
Con ocasión de las negociaciones de adhesión de Suecia a la Unión Europea, se anexó 
al Acta de Adhesión de Suecia (Anexo 1, IV, D) una disposición por la que se excluía 
de la garantía salarial al trabajador asalariado que individualmente o junto con parientes 
próximos sea propietario de una parte esencial de la empresa o negocio del empresario 
y tenga una influencia considerable en sus actividades. Aunque se modificó la legislación 
sueca antes de la adhesión, la redacción del anexo 1, IV, D. corresponde a la antigua 
redacción de la Ley de créditos preferenciales y a la exclusión nacional del Acuerdo sobre 
el EEE. Es decir, Suecia no solicitó que se incluyera una excepción a la aplicación de la 
Directiva para los trabajadores que son propietarios de parte de la empresa sin influencia 
en la misma y, por lo tanto, la Directiva debería proteger esta categoría de trabajadores 
43 Ministerio de Trabajo A94/1501/RS p. 3, en respuesta a KSA, Doc.n0: 94/14734-D. 
47 
BIBLIOGRAFÍA 
HEUMAN, L., Specialprocess utsokning och konkurs (Juristfôrlaget, Estocolmo 1991) 
Kommittédirektiv 1995:163, Fûrmnsràtt vid konkurs. 
Prop. 1993/94:208, Fôrândringar i lónegarantisystemet. 
Prop. 1994/95:180, Loncskydd vid upprepadc konkurser . 
SIGEMAN, T. et al., Lontagarràtt (edición revisada, Juristfôrlaget, Estocolmo 1994). 
SOU 1969:5, Utsôkningsràtt IX. furmnsráttsordning mm. 
SOU 1975:1, Demokrati i arbetslivet. 
WALIN, G., RYDIN, B., KIHLGREN, T., Fôrmânsràttslag. lónegaranti. kvittning mot Ion 
mm. (Fritzes fôrlag, Estocolmo, 1995) 
48 
ISSN 0257-9545 
COM(96) 696 final 
DOCUMENTOS 
ES 06 04 
N° de catálogo : CB-CO-96-705-RS-C 
ISBN 92-78-13756-1 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
¿ñ