A4-0060/97 (Ponente: Schulz)

Resolución sobre I. el Acto del Consejo, de 26 de julio de 1995, por el que se establece el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, el Convenio establecido sobre la base el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros y el Acuerdo sobre la aplicación provisional entre determinados Estados miembros de la Unión Europea del Convenio, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros (C4-0248/95 y C4-0520/95) y II. el Acto del Consejo, de 29 de noviembre de 1996, por el que se establece, sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, así como las Declaraciones anexas a dicho Protocolo

El Parlamento Europeo,

- Visto el Acto del Consejo, de 26 de julio de 1995, por el que se establece el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros ((DO C 316 de 27.11.1995, pág. 33.)), el Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros ((DO C 316 de 27.11.1995, pág. 34.)) y el Acuerdo sobre la aplicación provisional entre determinados Estados miembros de la Unión Europea del Convenio, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros ((DO C 316 de 27.11.1995, pág. 58.)) (C4-0248/95 y C4-0520/95)

- Vistos el Acto del Consejo, de 29 de noviembre de 1996, por el que se establece, sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, así como las Declaraciones anexas a dicho Protocolo ((DO C 299 de 9.10.1996, pág. 1.)),

- Vistos los artículos K.1, K.3 y K.6 del Tratado de la Unión Europea,

- Visto el informe de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y de la Comisión de Control Presupuestario (A4-0060/97),

A. Considerando que, junto al Sistema de Información Aduanera (denominado, en adelante, SIA), existen, están en proceso de desarrollo o se han propuesto los siguientes sistemas informatizados en el ámbito de aplicación del Título VI del Tratado UE:

- Sistema de Información de Schengen (SIS)

- Europol

- Eurodac

y que, en el ámbito del primer pilar, también existe la Red Europea de Información sobre Drogas y Toxicomanías (REITOX),

B. Considerando que no resulta conveniente que el CIRIA y el CIREFI se amplíen para su conversión en sistemas informatizados, habida cuenta de que aumentaría así el riesgo de duplicaciones,

C. Considerando la gran necesidad existente de sistemas informatizados que permitan a los funcionarios cuya tarea consiste en la supervisión de la circulación de mercancías, personas, servicios y capitales en las fronteras interiores y exteriores comprender en mayor medida -dentro de sus competencias- la naturaleza de dicha circulación,

D. Considerando que existe una gran necesidad de sistemas informatizados que faciliten el intercambio de datos útiles y la labor, dentro de sus competencias, a los funcionarios encargados de la investigación y prevención de infracciones y delitos graves, y de la lucha contra la delincuencia en general,

E. Considerando que los requisitos de los sistemas informatizados deberán en general ser:

- la protección frente al acceso por parte de personas no autorizadas;

- la protección de la intimidad de las personas;

- la rapidez;

- aparte de los casos citados, un acceso lo más limitado posible a los sistemas y la posibilidad de control de los mismos;

- la eficacia;

F. Considerando que el Consejo acordó preparar una nota de información específica para el Parlamento describiendo los principales aspectos y mantener un debate al respecto ((Comunicado de Prensa del Consejo 7760/94 de 20.6.1994.)), lo que no ha hecho;

G. Considerando que la Presidencia, en virtud del párrafo segundo del artículo K.6 del Tratado UE, tenía obligación de consultar al Parlamento Europeo sobre el Convenio anteriormente citado y que no se esperó a que el Parlamento Europeo emitiera su dictamen, dado que el Convenio se firmó ya el 26 de julio de 1995 mientras que hasta el 14 de junio de 1995 no se había enviado al Parlamento Europeo una copia del mismo, y además en una sola lengua oficial, y que el Acto y el Acuerdo anteriormente citados tampoco se recibieron antes de su firma,

Con respecto al procedimiento

1. Constata que la Presidencia, contrariamente a lo establecido en el párrafo segundo del artículo K.6 del Tratado UE, no consultó al Parlamento Europeo sobre el Convenio, por lo que no se han tomado debidamente en cuenta las opiniones del Parlamento;

2. Considera que la Presidencia del Consejo, al no haber procedido a la consulta del Parlamento de conformidad con el párrafo segundo del artículo K.6 del Tratado UE, ha infringido dicha disposición;

3. Constata que, en estas circunstancias, el Convenio no se ha establecido de conformidad con el Tratado;

4. Considera que, además de la Presidencia y de la Comisión, también los Estados miembros deberían incluir en sus consideraciones las opiniones del Parlamento Europeo antes de adoptar una decisión sobre convenios que deben calificarse de «principales aspectos de la actividad» de conformidad con el párrafo segundo el artículo K.6 del Tratado UE;

Con respecto a la protección jurídica

5. Subraya que el banco central de datos del SIA no sólo contiene datos sobre mercancías, medios de transporte, empresas, tendencias en las prácticas de fraude y disponibilidad de conocimientos especializados, sino también datos personales; considera que, por lo tanto, cualquier persona debería poder plantear una acción o recurso ante los tribunales nacionales en relación con datos personales referentes al interesado y contenidos en el SIA;

6. Exige que los afectados, por lo que se refiere a datos personales almacenados en el SIA, tengan un derecho de información y, por lo demás, independientemente de los derechos nacionales en materia de protección de los datos, disfruten de los derechos establecidos en la Recomendación R(87)15 del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 17 de septiembre de 1987;

7. Considera además que los litigios relacionados con las disposiciones y el carácter multilateral del Convenio habrán de poder someterse al Tribunal de Primera Instancia o al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; constata que el Parlamento Europeo tampoco ha sido consultado sobre el Acto del Consejo de 29 de noviembre de 1996 por el que se establece, en virtud del artículo K3 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo relativo a la interpretación prejudicial hecha por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros;

8. Considera insuficiente el Protocolo establecido en virtud del artículo K3 del Tratado de la Unión Europea relacionado con la interpretación prejudicial hecha por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, así como del Protocolo relativo a Europol, dado que se contempla en todo momento una posibilidad de adhesión plena o limitada de carácter no obligatorio al Protocolo, por lo que es probable que uno o varios Estados miembros no se adhieran y otros se acojan a disposiciones restrictivas;

9. Hace hincapié en la cuestión de la protección jurídica de los Estados miembros y considera que ha de introducirse dicha protección para las instituciones de la Unión no mencionadas, en especial, el Parlamento Europeo;

Otras cuestiones

10. Destaca que deben preferirse a un sistema unitario europeo sistemas informatizados adaptados a las diversas tareas en el ámbito de las aduanas, la policía y la administración en general, por razones relativas al establecimiento de las reglas específicas a cada uno de los ámbitos en materia de protección de los datos y debido a que la legislación relativa a la protección de los datos prevé la recopilación exclusiva de los datos útiles en el ámbito correspondiente;

11. Considera que existe un solapamiento entre los distintos sistemas, especialmente entre Europol y el SIE;

12. Pide, en aras de la claridad normativa, que el Consejo introduzca una aclaración de lo que significa el concepto del llamado «otro uso» de los datos (apartado 1 del artículo 8 del Convenio);

13. Pide que la Unión Europea garantice a la mayor brevedad el derecho a la autodeterminación con respecto a los datos personales para garantizar así a su vez la protección de las personas y de la intimidad en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior;

14. Considera que la Comisión debería ir más allá de la gestión técnica del SIA y desempeñar un mayor papel en la ejecución y la coordinación de todos estos sistemas;

15. Solicita a la Comisión que investigue si el sistema puede regularse mediante una directiva o un reglamento en el marco del Tratado CE;

16. Solicita a la Comisión, siempre que los resultados de dicha investigación sean positivos, que considere la elaboración de una propuesta basada en las disposiciones del Tratado CE a fin de sustituir la parte en cuestión del Convenio por un reglamento o una directiva;

17. Insta a que, en la medida de lo necesario, los Parlamentos nacionales velen en el marco de la ratificación por que se adopten medidas para garantizar una protección de los datos de gran alcance (prevención del acceso no autorizado a los sistemas, en particular, mediante el registro de los datos introducidos y de las consultas, restricción del grupo de usuarios) y a que se sitúen en un muy alto nivel las garantías en el ámbito de la protección de las personas y de su intimidad y a que, de todas formas, se respeten plenamente las medidas de protección de los datos previstas por el propio Convenio;

18. Pide que el informe anual del Comité al que se refiere el artículo 16 del Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros se remita asimismo al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los Estados miembros candidatos a la adhesión.