INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Informe provisional de situación sobre la aplicación de la Directiva 2011/85/UE del Consejo relativa a los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros

1. Introducción

La Directiva 2011/85/UE del Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros[1] entró en vigor en diciembre de 2011. Se trata de un elemento importante del paquete legislativo sobre el refuerzo de la gobernanza económica (también conocido como «paquete de seis instrumentos legislativos»). Esta Directiva ha brindado por primera vez a la Unión Europea la oportunidad de establecer requisitos mínimos para los marcos presupuestarios, añadiendo así seguridad jurídica a las recomendaciones específicas por país formuladas en el marco del Semestre Europeo. Con la apremiante necesidad de proceder a un saneamiento en numerosos Estados miembros, el cumplimiento de estos requisitos reviste ahora vital importancia. En este contexto, los esfuerzos para mejorar los marcos presupuestarios nacionales están estrechamente relacionados con las medidas de saneamiento presupuestario, ya que comparten el objetivo de lograr una mejora duradera de la calidad de los resultados presupuestarios.

De conformidad con la Directiva, se entiende por «marco presupuestario» el conjunto de disposiciones, procedimientos, reglas e instituciones que constituyen la base de las políticas presupuestarias de las administraciones públicas, en particular: i) los sistemas de contabilidad presupuestaria e información estadística; ii) las normas y procedimientos que regulan la elaboración de previsiones para la planificación presupuestaria; iii) las reglas presupuestarias numéricas específicas por país; iv) los marcos presupuestarios a medio plazo; v) los mecanismos que regulan las relaciones presupuestarias entre las autoridades de todos los subsectores de las administraciones públicas. Para cada apartado, la Directiva especifica una serie de normas esenciales. Los Estados miembros deben incorporarlas a su Derecho interno a más tardar el 31 de diciembre de 2013. En julio de 2011, el compromiso político de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la zona del euro para transponer la Directiva a finales de 2012[2] imprimió un nuevo impulso al proceso. Por último, la adopción del Tratado intergubernamental de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) ha garantizado el seguimiento de la Directiva. Veinticinco Estados miembros se han comprometido a establecer una regla de equilibrio presupuestario nacional en términos estructurales.

Con arreglo al artículo 15, apartado 3, de la Directiva, la Comisión debe preparar «un informe provisional de situación sobre la aplicación de las principales disposiciones de la presente Directiva basándose en la información pertinente de los Estados miembros, que será presentada al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 14 de diciembre de 2012». A tal fin, en mayo de 2012 la Comisión presentó al Comité de Política Económica un cuestionario para ofrecer a los Estados miembros la oportunidad de informar sobre las medidas en vigor o las reformas en marcha o sobre planes concretos. En consecuencia, el presente informe se basa principalmente en la información facilitada por los Estados miembros. La mayoría de ellos enviaron sus contribuciones en septiembre de 2012[3]. Por consiguiente, la información refleja la situación en el momento de la notificación. En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que se adjunta se presentan fichas detalladas por país [SWD(2012) 433].

El propósito del informe provisional de situación es informar al Consejo, al Parlamento Europeo y al público en general de los avances registrados en la transposición de la Directiva. No debería interpretarse, por tanto, como una evaluación definitiva de la conformidad de las disposiciones nacionales con la Directiva, ya que esta evaluación se realizará una vez expire el plazo de transposición, de conformidad con el Derecho de la UE. Con objeto de proporcionar una visión adecuada, la sección 2 del presente informe se estructura en cinco subapartados que se corresponden con las principales disposiciones de la Directiva, acompañados de una conclusión en la que se resumen los principales resultados constatados.

2. Avances en la transposición de las principales disposiciones de la Directiva

2.1 Disposiciones en materia de contabilidad, estadísticas y transparencia (capítulo II y artículo 14 de la Directiva)

Una política presupuestaria sólida debe basarse en una información presupuestaria fiable. Para los responsables políticos es esencial por muchas razones disponer de información exacta, oportuna y exhaustiva sobre la ejecución del presupuesto. En primer lugar, ello garantiza la correcta ejecución de los presupuestos aprobados por los órganos legislativos. En segundo lugar, permite a las autoridades presupuestarias controlar en tiempo casi real cualquier desviación respecto de las trayectorias presupuestarias aprobadas. En tercer lugar, de cara al futuro, permite que la planificación presupuestaria se lleve a cabo sobre la base de los datos más recientes, minimizando los efectos de base causados por revisiones ulteriores de los datos presupuestarios.

Hasta hace poco, la mayoría de los Estados miembros transmitía de manera fragmentaria la información presupuestaria que debe presentarse muy frecuentemente. Incluso cuando sus obligaciones de información estaban debidamente definidas, los datos de las administraciones públicas referentes a los diferentes niveles de la Administración se recopilaban con arreglo a normas contables o principios estadísticos diferentes en términos de frecuencia, plazos de notificación o métodos de compilación. En este contexto, las evoluciones presupuestarias negativas pasaban desapercibidas durante demasiado tiempo, en particular cuando se originaban en entidades no pertenecientes a la Administración central. Una de las primeras medidas que han debido adoptar los Estados miembros en el marco de los programas de ajuste económico y crecimiento ha sido la preparación de informes presupuestarios de alta frecuencia relativos a todas las entidades de las administraciones públicas[4].

Por lo tanto, la Directiva brinda una oportunidad inmejorable de armonizar las convenciones contables en las administraciones públicas, racionalizar las líneas de notificación y garantizar un suministro efectivo de datos a los responsables de la toma de decisiones y a los observadores externos. Consagrar en la legislación los actuales procedimientos informales de recogida de datos y nuevos requisitos estadísticos permitirá integrar debidamente en un sistema global de recogida de datos a los cientos —y, en ocasiones, miles— de entidades de la Administración.

Casi todos los Estados miembros notificantes comunican datos mensuales relativos a los órganos de la Administración central basados en la contabilidad de caja o en otro criterio contable (BG, DK, DE, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, MT, NL, AT, PT, RO, SK, FI, SE, SI y UK)[5]. Sin embargo, la disponibilidad de datos presupuestarios conformes con la Directiva es notablemente inferior en el caso de las administraciones de la seguridad social (BG, DK, EE, EL, NL, RO, PT y FI) y siguen su curso las reformas en las administraciones federadas o autonómicas de AT, DE y ES[6]. A nivel local, para el que la Directiva exige normas relativamente menos estrictas (información trimestral basada en la contabilidad de caja o equivalente), solo once Estados miembros (BG, DK, EE, EL, IT, LT, MT, PT, RO, FI y UK) transmiten algunos datos. Así pues, todavía queda mucho por hacer en la mayoría de los Estados miembros en lo que respecta a los subsectores no pertenecientes a la Administración central. Es una cuestión de gran interés, habida cuenta de la proporción a veces considerable que representan en el total del gasto público, especialmente en Estados muy descentralizados.

Paralelamente a los esfuerzos de los Estados miembros, la Comisión también está tomando medidas en el ámbito estadístico. A fin de ayudar a los Estados miembros en la aplicación práctica de las disposiciones estadísticas de los artículos 3 y 14 de la Directiva, Eurostat ha creado un grupo de trabajo sobre las implicaciones de la Directiva para la recogida y difusión de los datos presupuestarios. Este grupo deberá elaborar un conjunto de modelos y notas explicativas relacionadas indicando el método, los datos obligatorios y la periodicidad y calendario de la publicación nacional de los indicadores individuales, con objeto de orientar los trabajos de los institutos nacionales de estadística. La mayoría de los Estados miembros ha manifestado su voluntad de tener en cuenta las conclusiones del grupo de trabajo cuando finalice sus trabajos en el ámbito estadístico.

Por otro lado, el artículo 16, apartado 3, de la Directiva establece que, «a más tardar el 31 de diciembre de 2012, la Comisión evaluará la adecuación de las normas internacionales de contabilidad del sector público para los Estados miembros». A este respecto, se han recibido más de 60 contribuciones en respuesta a la consulta pública de la Comisión. El informe de evaluación deberá publicarse antes de que finalice 2012 y abordará la importancia y utilidad de la contabilidad de devengo, el uso actual de la contabilidad de devengo en los Estados miembros, un resumen y evaluación de la idoneidad de las normas internacionales de contabilidad del sector público, los puntos en común y las diferencias entre estas normas y la contabilidad estadística, el coste potencial de la aplicación de las nuevas normas contables y cuestiones relacionadas con la gobernanza.

Por último, para la aplicación del artículo 4, apartado 7, de la Directiva, Eurostat publicó por primera vez el 6 de febrero de 2012 un comunicado de prensa periódico dedicado a la deuda pública trimestral, con datos sobre la UE, la zona del euro y los diferentes Estados miembros. Está prevista una iniciativa similar para el déficit trimestral.

2.2 Previsiones macroeconómicas y presupuestarias (capítulo III de la Directiva)

Las previsiones macroeconómicas y presupuestarias utilizadas para la planificación presupuestaria se consideran desde hace tiempo un punto débil en la preparación de los presupuestos anuales. En algunos Estados miembros hace tiempo que se viene observando un sesgo en las estimaciones presupuestarias. En tales casos, difícilmente podría defenderse que unos presupuestos basados en hipótesis distorsionadas ofrecen una imagen fiel y razonable al presentarlos al Parlamento y al público en general. Por este motivo, la Directiva presta una atención especial a las previsiones, dedicando un capítulo a esta cuestión, y exige básicamente a los Estados miembros que la planificación presupuestaria se base en previsiones macroeconómicas y presupuestarias realistas, utilizando la información más actualizada.

Si bien el establecimiento de normas para la previsión es una tarea difícil, los Estados miembros deben actuar con la diligencia debida cuando preparen, publiquen y evalúen sus previsiones. En la fase de aplicación, convendrá normalmente delimitar con claridad las tareas entre las entidades implicadas en la preparación de previsiones e incluir una evaluación ex post. Aunque tampoco es necesario proceder a esta evaluación cada año, se trata de una valiosa medida que podría alertar a las autoridades presupuestarias de la existencia de sesgos.

En las previsiones también podrán participar instituciones u organismos independientes con autonomía funcional, tal como se propone en el proyecto de Reglamento para el seguimiento de los planes presupuestarios de los Estados miembros de la zona del euro[7](integrado en el paquete de dos instrumentos legislativos), que amplía y concreta en mayor medida algunas de las disposiciones de la Directiva. Cuando finalmente se adopte, el Reglamento podrá contribuir de manera eficaz a la consecución de los objetivos de la Directiva en este ámbito.

En general, un tercio de los Estados miembros (BG, DE, DK, EE, PL, RO, SE, SI, SK y UK) declara disponer de procesos estructurados que implican a varias instituciones u organismos para garantizar la transparencia y la fiabilidad de las previsiones. Otros Estados miembros se encuentran todavía en la fase de preparación o hasta ahora se han limitado a comunicar vagas declaraciones de intenciones. AT, BG, CY, DE, DK, EL, RO, SE y UK indican que elaboran escenarios macroeconómicos y presupuestarios alternativos —una buena medida preventiva que facilita las rectificaciones del presupuesto en la fase de ejecución cuando los parámetros reales se apartan del escenario de base—. Solo una minoría de Estados miembros compara (o tiene previsto comparar) sus previsiones con las de la Comisión Europea (BG, CY, DE, EE, EL[8], FR, RO y SI), aunque algunos de ellos incorporan algunas hipótesis de la Comisión a sus propios procesos (EE y PL). Son pocos los Estados miembros que en este momento notifican medidas específicas para evaluar a posteriori la calidad de las previsiones, en el sentido del artículo 4, apartado 6, de la Directiva.

2.3 Reglas presupuestarias numéricas nacionales (capítulo IV de la Directiva)

De conformidad con la Directiva, cada Estado miembro debe disponer de reglas presupuestarias numéricas que sean específicas para él y que promuevan de manera efectiva el cumplimiento de sus respectivas obligaciones derivadas del TFUE (artículos 5 a 7). Si bien la Directiva no detalla dichas reglas, estas deberán incluir requisitos que garanticen una correcta definición de sus objetivos y ámbito de aplicación, un seguimiento independiente, efectivo y oportuno del cumplimiento, mecanismos de aplicación estricta y solo cláusulas de salvaguardia claramente delimitadas[9].

Se sabe que los marcos bien concebidos basados en reglas mejoran considerablemente la disciplina presupuestaria. Cuando los Estados miembros elaboren dichas reglas, deberán cumplirse varios requisitos previos. En primer lugar, las reglas presupuestarias nacionales deberán ser plenamente compatibles con el marco presupuestario de la UE. En segundo lugar, será importante evitar dos riesgos opuestos. Por un lado, la existencia de lagunas en la cobertura podría debilitar la eficacia de todo el marco al ofrecer la posibilidad de rebasar los gastos presupuestados. Por otro, la acumulación excesiva de reglas nacionales incrementaría la probabilidad de conflictos entre ellas si no están debidamente concebidas, lo que podría debilitar su autoridad. Por último, para que las reglas sean plenamente visibles y garanticen de manera efectiva la disciplina presupuestaria, debe evaluarse periódicamente su cumplimiento. El seguimiento efectivo y la evaluación ex post se justifican especialmente cuando las reglas son complejas o existen numerosas reglas nacionales cuya interacción podría ser más difícil de interpretar. La realización de controles periódicos por parte de instituciones de seguimiento con autoridad suficiente también propiciaría una mayor concienciación sobre la sostenibilidad presupuestaria y un debate productivo con las autoridades presupuestarias y el público en general sobre los objetivos presupuestarios comunes.

Con el acicate de la Directiva y el TECG, se han anunciado grandes reformas dirigidas a revisar las reglas presupuestarias; veinte Estados miembros ya han comunicado la finalización de estas reformas (AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, FR, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK y SI). En once Estados miembros (CY, IE, ES, FR, IT, LT, LV, NL, PL, PT y SI) se han presentado nuevas reglas de equilibrio presupuestario, incluidas propuestas legislativas. Además, en otros cinco países (BG, DK, DE, EE, y AT) se están actualizando las reglas de equilibrio presupuestario con vistas a su consolidación. Algunas de estas reglas entrarán plenamente en vigor tras un período transitorio. Es el caso de Alemania (2016 para el Gobierno Federal, 2020 para los Länder), Austria (2017) y España (2020). En diez Estados miembros (AT, CY, DK, EE, ES, IT, LT, LV, PL y PT) se están estableciendo reglas de gasto y en otros cinco (BG, CZ, RO, SI y SK) se están reformando. La creación o consolidación de reglas de deuda a nivel nacional es una novedad en doce Estados miembros (AT, BG, CY, CZ, EE, IE, IT, ES, NL, PL, PT y SK). Además, los Estados miembros sometidos a un programa de ajuste están sujetos a un marco plurianual con múltiples objetivos que constriñe su política presupuestaria como una regla presupuestaria de facto, con características reforzadas en cuanto a seguimiento y ejecución.

Muchos Estados miembros señalan que las reglas nuevas o actualizadas tendrán características conformes con los requisitos de la Directiva. En particular, en varios Estados miembros se encomendará a instituciones de seguimiento la tarea de evaluar la aplicación de las reglas presupuestarias (BG, CY, CZ, DK, DE, EE, IE, IT, LV, PL y SK). Se han definido cláusulas de salvaguardia en BG, CY, CZ, DK, DE, ES, IE, LV, AT, PL y SK. Se está ampliando el ámbito de aplicación de las reglas presupuestarias para incluir otros subsectores públicos fuera de la Administración central. Las administraciones locales o regionales quedarán sujetas a reglas presupuestarias, ya sea en materia de equilibrio presupuestario (BG, DE, ES, FR, LT, LU, NL, AT, RO, SE y SK), de deuda (BG, CZ, EE, ES, IT, AT, PT, RO y SK) o de gasto (BG, ES y AT). En general, la creación de estas reglas presupuestarias numéricas parece ir por buen camino. Sin embargo, sus características específicas y la coherencia global deberá evaluarse en último término con arreglo a los requisitos de los artículos 5 y 6 de la Directiva.

2.4 Marcos presupuestarios a medio plazo (capítulo V de la Directiva)

En virtud de la Directiva, los Estados miembros deben establecer un marco presupuestario a medio plazo creíble y efectivo, que les permita ampliar el horizonte de la planificación presupuestaria más allá de un año y fomentar de esta forma una elaboración de políticas a medio plazo más coherente, eficaz y potencialmente ambiciosa. El marco presupuestario a medio plazo deberá contener unos objetivos presupuestarios plurianuales junto con previsiones para cada partida importante de ingresos y gastos basadas en el supuesto de mantenimiento de la política económica, y con explicaciones sobre las medidas correctoras a medio plazo que se adoptarán para salvar las diferencias entre las previsiones basadas en dicho supuesto y los objetivos. Asimismo, deberá contener una evaluación de la manera en que las políticas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

Aunque la Directiva dedica un capítulo al marco presupuestario a medio plazo (artículos 9 a 11), es importante que la elaboración de los marcos presupuestarios nacionales a medio plazo no se considere de forma aislada. El calendario de preparación del marco presupuestario a medio plazo y su integración en el ciclo presupuestario anual deben estudiarse con detenimiento, a fin de que puedan servir plenamente de documento estratégico para el Estado, en asociación con los documentos presupuestarios anuales ordinarios. Siempre que sea necesario, el marco presupuestario a medio plazo deberá sustituir a los documentos de planificación en vigor o consolidarlos en un único documento estratégico, bien identificado. La coherencia es esencial y debe entenderse en varias dimensiones. En primer lugar, el marco presupuestario a medio plazo debe servir realmente de base para la posterior elaboración del presupuesto anual. En segundo lugar, dado que algunos Estados miembros han elaborado reglas presupuestarias vinculantes plurianuales, las cifras procedentes de estas reglas deben simplemente incorporarse al marco presupuestario a medio plazo. Por último, el documento sobre el marco presupuestario a medio plazo debe también ser coherente a lo largo del tiempo, documentando de forma detallada y transparente los ajustes de las cifras, tanto si se derivan de efectos de base o de desviaciones en la ejecución del presupuesto como de cambios discrecionales.

Veintidós Estados miembros (BG, CY, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, FR, HU, IT, LT, LV, NL, AT, PL, PT, RO, SE, SI, SK y UK) han comunicado que disponen ya de marcos plurianuales o de proyectos concretos para su establecimiento.. Casi todos son de naturaleza renovable, por lo que se actualizarán como mínimo cada año, añadiendo un nuevo año. Sin embargo, NL actualiza su marco únicamente para tener en cuenta la evolución de los precios durante la legislatura, mientras que FR lo actualiza cada dos años. SI tiene un presupuesto bienal, con la introducción de ajustes cada año en combinación con un marco de gasto para tres años. Los marcos plurianuales notificados tienen una vigencia de tres años (BG, CY, FR, IT, LT, LV, HU, RO, SE y SK), cuatro años (CZ, DK, EE, EL, NL, PL, AT, PT y SI) o cinco años (DE, UK). En BG, CZ, EE, LV, PL y SK existen disposiciones legislativas que garantizan la coherencia entre los marcos plurianuales nacionales y los correspondientes procesos presupuestarios anuales. Los marcos plurianuales son también un vehículo para el establecimiento de techos u objetivos de gasto (CZ, DK, EE, EL, FR, LT, LV, NL, AT, PT, SE y SI), pero la presentación de la evolución a medio plazo referida solo a los gastos no es suficiente para que se considere un marco presupuestario a medio plazo en el sentido de la Directiva. Por último, solo unos cuantos Estados miembros declaran presentar las previsiones plurianuales basándose en el supuesto de una política económica inalterada, aunque es fundamental establecer una hipótesis de base combinada con medidas que garanticen la consecución de los objetivos o valores que implican las reglas presupuestarias en vigor.

2.5 Mecanismos de coordinación entre todos los subsectores de las administraciones públicas (artículos 12 y 13 de la Directiva)

De conformidad con el artículo 12, todas las medidas previstas por la Directiva deberán abarcar de manera exhaustiva y coherente todos los subsectores de las administraciones públicas. Esto refleja el hecho de que los primeros esfuerzos para mejorar los marcos presupuestarios se dirigieron exclusivamente al nivel de la Administración central. Con la Directiva, los principios aplicables a la contabilidad, las estadísticas, las previsiones y las reglas presupuestarias se hacen extensivos a las administraciones de la seguridad social y las administraciones locales, que, en conjunto, representan una parte considerable del total de los gastos. Para garantizar una buena administración, el artículo 13 de la Directiva pone también de relieve la importancia de delimitar claramente las responsabilidades presupuestarias entre los diferentes niveles de la Administración y dispone que «los Estados miembros establecerán mecanismos adecuados de coordinación entre todos los subsectores de sus administraciones públicas a fin de asegurar la cobertura exhaustiva y coherente de todos los subsectores en la planificación presupuestaria de las administraciones públicas, en las reglas presupuestarias numéricas especificas por país, y en la elaboración de las previsiones presupuestarias y el establecimiento de la planificación plurianual según lo establecido, en particular, en el marco presupuestario plurianual».

Las disposiciones nacionales deben, por lo tanto, garantizar que las limitaciones derivadas de los objetivos presupuestarios de las administraciones públicas sean debidamente asumidas por todos los niveles de la Administración. Estas disposiciones solo pueden ser específicas de cada país, dadas las peculiaridades de los, en ocasiones complejos, sistemas de redistribución vertical y horizontal, entre los niveles de la Administración y dentro de ellos. Aunque, para ello, es esencial disponer de normas y procedimientos claros y aplicados de manera efectiva, conviene que estos instrumentos vayan acompañados de foros en los que los representantes de las entidades públicas tengan la oportunidad de intercambiar puntos de vista y de participar en el ciclo presupuestario anual global a nivel estratégico, antes de que cada nivel de la Administración elabore su presupuesto anual con arreglo a sus propias normas de procedimiento.

Aparte del establecimiento de reglas presupuestarias (o de su extensión) al nivel de las administraciones subnacionales, los Estados miembros cuentan con diversos instrumentos de coordinación en las diferentes etapas del procedimiento presupuestario anual. En BG, se celebran consultas con los municipios durante la elaboración del marco presupuestario a medio plazo. Las actas de dichas consultas se incorporan al debate del proyecto de ley presupuestaria en el consejo de ministros. En DK, va a establecerse una vinculación más estrecha entre los objetivos presupuestarios acordados y las subvenciones de la Administración central a los municipios. En DE, la institución de seguimiento de la regla de equilibrio presupuestario (Consejo de Estabilidad) incluye a miembros del Gobierno federal y los Länder. La antigua práctica consistente en preparar en el seno de un comité previsiones conjuntas de ingresos procedentes de impuestos comunes constituye también un tipo de coordinación «integrada». En ES, la nueva Ley Orgánica establece techos de deuda desglosados por niveles de la Administración, con procedimientos correctores aplicables a las administraciones subnacionales. Este tipo de pacto nacional de estabilidad se encuentra igualmente en AT, donde también se asignan a cada nivel objetivos de déficit, con un órgano de conciliación para la resolución de los litigios que puedan surgir entre los diferentes niveles. En NL, el proyecto de ley sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas tiene como objetivo consagrar jurídicamente la obligación de las administraciones locales de contribuir en su justa medida al logro del objetivo a medio plazo. Si los objetivos comunes no se cumplen, podrán imponerse multas a todos los niveles incumplidores de la Administración. En RO, el Ministerio de Hacienda transmite a las autoridades locales instrucciones en una carta marco sobre la elaboración de los presupuestos locales, el marco macroeconómico y los límites máximos de las transferencias presupuestarias a partir del presupuesto del Estado. Además, BE, DE, IE, FI, FR, LU y SI están estudiando adaptar sus mecanismos de coordinación.

3. Conclusión

En conjunto, los Estados miembros han comunicado progresos importantes aunque desiguales en la transposición de la Directiva. En lo que respecta al capítulo II de la Directiva, los Estados miembros tienen aún margen de mejora hasta garantizar una cobertura estadística oportuna y exhaustiva en todos los subsectores de las administraciones públicas. Las previsiones comunicadas son poco detalladas en algunos Estados miembros. Se ha avanzado más en lo que respecta a las reglas presupuestarias numéricas que se especifican en el capítulo IV de la Directiva: se está preparando una amplia gama de instrumentos nacionales de apoyo a la elaboración de las políticas presupuestarias nacionales. El hecho de que todos los actos contenidos en el paquete de seis instrumentos legislativos relativos a la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se refuerzan mutuamente, junto con el impulso adicional dado por el TECG, ha ayudado a situar estas cuestiones en un lugar destacado de la agenda de reformas de los Estados miembros. Mientras que muchos de ellos han informado de que han adoptado o se proponen adoptar marcos presupuestarios a medio plazo, a tenor del capítulo V de la Directiva, los detalles que proporcionan son a veces escasos y no demuestran de manera suficiente que cumplen íntegramente las especificaciones de la Directiva. Por último, en muchos Estados miembros se está trabajando en mecanismos eficaces de coordinación para las administraciones subnacionales, pero las intenciones comunicadas deben traducirse en resultados concretos y aplicables. Algunos Estados miembros considerados cumplidores en materia presupuestaria han comunicado menos reformas completas en esta fase, aunque están estudiando la posibilidad de formalizar una parte de su marco informal actual para mejorar la eficiencia. La Comisión continuará aplicando la Directiva en lo que se refiere a las partes de las que es responsable y, una vez expire el plazo de transposición, procederá a una evaluación completa de la conformidad con arreglo a los procedimientos habituales de la UE.

[1] DO L 306 de 23.11.2011, p. 41.

[2] Declaración de 21 de julio de 2011, p. 4, punto 14.

[3] NL, SI, LT, PT, IT y HU transmitieron la información en octubre; CY, LV, MT y UK en noviembre.

[4] Se ha llevado a cabo un amplio trabajo en este sentido en Grecia; véase European Economy – Occasional Paper nº 94. «The Second Economic Adjustment Programme for Greece — March 2012».

[5] Sin embargo, en la notificación de los Estados miembros no siempre queda claro si todas las entidades y órganos no contemplados en el presupuesto del Estado, pero pertenecientes a la Administración central, contribuyen realmente a la recogida de datos.

[6] En algunos casos, sin embargo, la seguridad social se incluye en la Administración central, mientras que muchos Estados miembros no disponen de presupuestos de nivel regional de acuerdo con el sistema europeo de cuentas (S.1312).

[7] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro – COM(2011) 821 final.

[8] Ello se lleva a cabo en el marco de conversaciones bilaterales en el contexto del programa de ajuste económico y crecimiento.

[9] El TECG intergubernamental constituye una aplicación concreta de la Directiva para los Estados miembros de la zona del euro y para otros Estados miembros que han ratificado este Tratado de forma voluntaria. Prevé la introducción de una regla de equilibrio presupuestario en términos estructurales a escala nacional que, naturalmente, deberá cumplir los requisitos de la Directiva, al igual que cualquier otra regla numérica nacional.