A4-0034/99

Resolución sobre el refuerzo de las instituciones de la Unión con vistas a la creación de un espacio de democracia y libertad

El Parlamento Europeo,

- Vista su Resolución de 10 de diciembre de 1996 sobre la participación de los ciudadanos y de los interlocutores sociales en el sistema institucional de la Unión Europea ((DO C 20 de 20.1.1997, pág. 31.)),

- Vista su Resolución de 19 de noviembre de 1997 sobre el Tratado de Amsterdam CONF 4007/97 - C4-0538/97 ((DO C 371 de 8.12.1997, pág. 99.)),

- Vista su Resolución de 22 de octubre de 1998 sobre la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de octubre de 1998 sobre el futuro político de la Unión Europea ((Acta de esa fecha, parte II, punto 2.)),

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales y la opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores (A4-0034/99),

A. Considerando que los bloqueos que se han constatado en Amsterdam en la continuación de la reforma institucional, en particular en lo que se refiere a la ampliación del voto por mayoría cualificada, se deben principalmente a la falta de una reflexión en profundidad sobre los objetivos de la integración,

B. Considerando que una Europa democrática sólo puede construirse a condición de que se reconozca a los ciudadanos no sólo como los beneficiarios directos del proyecto de integración, sino también como sujetos que contribuyen de manera activa a la elaboración de los objetivos comunes,

C. Considerando que es competencia del Parlamento Europeo evaluar, en consecuencia, a qué espacio de libertad y democracia corresponde la Europa de los ciudadanos que se deriva del Tratado de Amsterdam e impulsar su enriquecimiento,

D. Considerando que, al cabo de un plazo de cinco años tras la ratificación del Tratado de Amsterdam, las disposiciones referentes a las materias que forman parte del Título IV (antiguo Título III A) podrán decidirse por mayoría cualificada del Consejo según el procedimiento de codecisión,

E. Considerando que, durante un período transitorio de cinco años tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, conviene utilizar todas las nuevas posibilidades que contiene este Tratado con vistas a alcanzar lo más rápidamente posible una legislación común en todas las materias vinculadas a la libre circulación de personas,

1. Comprueba que el Tratado de Amsterdam representa, en numerosos aspectos, una nueva etapa para la Unión Europea en lo que se refiere a la creación de un espacio de libertad y de democracia, en particular porque:

- mejora la garantía del respeto, a nivel europeo, de los derechos fundamentales, al permitir que el Tribunal de Justicia pueda referirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos e introducir un procedimiento de sanción contra el Estado miembro responsable de una violación de dichos derechos, así como un fundamento jurídico para la aplicación del principio de no discriminación;

- consolida la dimensión social de la construcción europea mediante la introducción de una coordinación, a nivel europeo, de las políticas nacionales de empleo, así como mediante la inclusión en el Tratado de los fundamentos jurídicos necesarios para la definición de una legislación social, aislados hasta la fecha en el protocolo a catorce sobre la política social;

- anuncia la perspectiva de una aplicación eficaz de la libre circulación de personas mediante la adición al Tratado de un título relativo al control del cruce de las fronteras exteriores, la supresión de los controles en las fronteras interiores, el asilo y la inmigración;

2. Considera, no obstante, que estos progresos deberían reagruparse en una concepción global del espacio europeo de libertad y democracia que se ha de construir;

3. Considera que, para que ese espacio europeo pueda construirse a partir de estos principios, es necesario:

- precisar los objetivos comunes de las sociedades europeas;

- enriquecer el contenido de los derechos reconocidos a los ciudadanos europeos como tales;

- reforzar los derechos de las minorías en el estricto respeto de las Convenciones europeas;

- determinar los instrumentos y procedimientos jurídicos más adecuados para la aplicación de estos derechos;

- organizar la participación de los ciudadanos en la creación y el enriquecimiento progresivo de este espacio;

Libre circulación

4. Considera que la libre circulación de personas constituye la piedra angular del espacio europeo de libertad y democracia;

5. Comprueba que el Tratado de Amsterdam no precisa los objetivos políticos que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar las modalidades de aplicación de la libre circulación, en particular en lo que se refiere a los visados, el asilo, la inmigración y la cooperación judicial en materia civil;

6. Constata que la unanimidad de votos con la que el Consejo decide durante los primeros cinco años en el contexto del título IV del Tratado CE (antiguo Título III A) (visados, asilo, inmigración y libre circulación) obstaculiza el progreso en los ámbitos del cruce de fronteras, asilo e inmigración;

7. Opina que los progresos en los ámbitos de la libertad, la seguridad y la justicia han de ir acompañados de las garantías jurídicas y democráticas imprescindibles;

8. Insiste por ello en que el Consejo aplique mucho antes de la fecha establecida el método comunitario en los ámbitos de la libertad, la seguridad y la justicia, y sobre todo la codecisión con el Parlamento Europeo; pide a la Comisión y al Consejo que entablen con el Parlamento un diálogo con vistas a alcanzar en el plazo más breve posible un acuerdo interinstitucional que garantice que se tengan en cuenta las enmiendas del Parlamento y facilite el paso lo más rápidamente posible de estos asuntos al procedimiento de codecisión;

9. Alerta a los Estados miembros contra la tentación de descargarse en «Bruselas» de sus responsabilidades en este ámbito, aprovechándose de la inexistencia de un control parlamentario vinculante sobre las medidas relativas a la libre circulación de personas; pide, en consecuencia, al Consejo que organice sus trabajos a este respecto con arreglo a los principios de transparencia y seguridad jurídica;

10. Lamenta las limitaciones impuestas por el nuevo título al Tribunal de Justicia;

11. Lamenta que el acervo de Schengen siga sin estar completamente integrado en el primer pilar e insiste en la necesidad de remediar esta laguna antes de la ratificación definitiva del Tratado de Amsterdam;

12. Hace un llamamiento a los Gobiernos de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido para que participen desde el comienzo en las medidas comunitarias en este ámbito;

13. Propone que el objetivo de un nivel elevado de protección consagrado por el Tratado de Amsterdam para la cooperación policial y judicial en material penal tenga una definición más amplia, aplicable a todos los aspectos de la libre circulación de personas, así como a las principales libertades comunitarias aplicadas en el marco del mercado interior;

14. Considera, en efecto, necesario, para la consecución de este objetivo, la adopción de legislaciones cuyo objeto sea garantizar al ciudadano, a nivel europeo, unas garantías equivalentes a las que disfruta a nivel nacional; en particular:

- la libre circulación de personas, en la medida en que ésta se traduce en el desarrollo de relaciones personales transnacionales, exige, en particular, un esfuerzo específico de coordinación y aceptación recíproca de las legislaciones civiles (por ejemplo, divorcio);

- la libre circulación de trabajadores exige la mejora de los mecanismos relativos a la jubilación;

- la libre circulación de bienes debería completarse mediante disposiciones que garanticen una protección eficaz del consumidor;

15. Destaca que, para ser eficaz, la libre circulación de personas debe beneficiar tanto a los ciudadanos europeos como a los nacionales de terceros Estados que hayan entrado o residan legalmente en la Unión;

16. Se compromete a permitir la celebración de una deliberación lo más amplia posible en su seno, tanto más necesaria ante la perspectiva de la ampliación, con vistas a elaborar opciones comunes en estos ámbitos;

17. Constata que, visto el carácter intergubernamental de la cooperación en el ámbito judicial y policial, el progreso depende en gran medida de la voluntad política del Consejo y de los Estados miembros;

18. Hace un llamamiento a la Comisión para que haga uso activamente del derecho de iniciativa recientemente adquirido en este ámbito;

19. Insta al Consejo y a los Estados miembros a que mejoren la protección jurídica del ciudadano, en general, y a que realicen la declaración necesaria, en particular, para que se pueda recurrir al Tribunal de Justicia Europeo en el marco de la decisión prejudicial;

20. Pide a los Estados miembros que lo deseen que hagan un amplio uso de las posibilidades que les concede el artículo 35 del Tratado UE (antiguo artículo K.7) para desarrollar una cooperación más estrecha entre sí en las materias pertenecientes al tercer pilar;

Derechos sociales

21. Recuerda que, por encima de sus diferencias, los países miembros deben una parte esencial de su identidad común al vínculo que han preservado entre la economía de mercado y las preocupaciones sociales;

22. Considera que la opinión pública percibirá el desarrollo del mercado interior y de la moneda única, que ya han demostrado ser verdaderos pilares de la estabilidad de la economía mundial, como algo positivo y necesario;

23. Considera que la libre circulación es indisociable de la definición de una base mínima común de disposiciones relativas al derecho laboral y la protección social y que, en esta perspectiva, la Carta europea de los derechos sociales fundamentales aprobada en Estrasburgo el 11 de diciembre de 1989 debe aplicarse íntegramente en los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam;

24. Reitera su adhesión a la aplicación de una verdadera política de igualdad entre hombres y mujeres, y ello no sólo en lo que se refiere al empleo, sino en todos los ámbitos de la vida económica, jurídica y social;

25. Destaca solemnemente que la idea de construcción europea reposa en la solidaridad entre los Estados miembros y que la ampliación a los países de la Europa Central y Oriental no debe preverse, por lo tanto, como una ampliación del mercado interior, sino como un deber de integración europea y solidaridad;

Ciudadanía política

26. Celebra el compromiso de la Presidencia alemana a favor de una Carta europea de los derechos fundamentales y se compromete a contribuir a este trabajo, sobre la base de su proyecto de constitución de 1994;

27. Considera que la ciudadanía europea implica un vínculo directo entre los ciudadanos y las instituciones de la Unión y que, en esta perspectiva, es necesario desarrollar la función de los interlocutores sociales europeos;

28. Opina que la Unión Europea necesita una directiva sobre el acceso público a su administración en la que se describa detalladamente cuál es el derecho del ciudadano a la información sobre la Unión Europea y sus instituciones;

29. Considera que la ciudadanía europea supone una participación activa de los ciudadanos en el funcionamiento democrático de las instituciones europeas; a este respecto considera indispensable la función de los partidos políticos transnacionales, que se han de legitimar y favorecer reconociéndoles un estatuto legal y concediéndoles, con cargo al presupuesto de la Unión, los recursos financieros necesarios para cumplir su misión;

30. Considera necesario que se reconozca al ciudadano europeo un derecho de expresión y un derecho a una información accesible;

31. Recuerda sus numerosas declaraciones en favor de la adopción de un estatuto de la asociación europea, con vistas a facilitar la expresión de las organizaciones procedentes de la sociedad civil; sugiere, por otra parte, que se aliente la creación, por ejemplo, de redes de servicios de interés general, de proyectos territoriales o de cooperaciones interterritoriales;

32. Propone que se recojan en un título específico del Tratado, denominado «derechos de los ciudadanos», todos los derechos de que se benefician los ciudadanos por el hecho de pertenecer a la Unión Europea; pide a la Comisión que examine las consecuencias jurídicas y presupuestarias del posible reconocimiento del efecto directo a estos derechos y que incluya sus reflexiones en la contribución a la próxima reforma institucional que tiene la intención de preparar en 1999;

33. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.