Resolución que contiene las observaciones que constituyen parte integrante de la decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio de 1994

El Parlamento Europeo,

- Visto el artículo 206 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

- Visto el artículo 89 del Reglamento financiero de 18 de septiembre de 1995 ((DO L 240 de 7.10.1995, pág. 1)), en el que se dispone que cada una de las instituciones de la Comunidad está obligada a adoptar todas aquellas medidas necesarias para dar curso a las observaciones que figuren en las decisiones de aprobación de la gestión,

- Señalando que, de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo, las instituciones también están obligadas, a petición del Parlamento Europeo, a elaborar un informe sobre las medidas adoptadas como consecuencia de sus observaciones y, en particular, sobre las instrucciones que hayan cursado a aquellos de sus servicios que intervengan en la ejecución del presupuesto,

- Vista la Recomendación del Consejo de 11 de marzo de 1996 (C4-0200/96),

- Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario y los restantes documentos mencionados en la decisión de aprobación de la gestión (A4-0098/96),

TEMAS GENERALES

1. Se congratula del espíritu de colaboración constructiva entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas reflejado en el Informe Anual de 1994 ((DO C 303 de 14.11.1995)), en el marco de sus funciones y responsabilidades respectivas, definidas por los Tratados, que ha de resultar beneficioso para el modo en que se ejecuta el presupuesto de la Unión;

2. Señala los esfuerzos realizados por la Comisión para establecer un sistema de gestión financiera buena y eficaz (SEM 2000), dirigido a incrementar la eficacia del modo en que se desembolsa el dinero de los contribuyentes europeos; afirma que el éxito de dicha iniciativa sólo podrá juzgarse en función de sus resultados prácticos en los próximos ejercicios financieros;

3. Observa de nuevo, sin embargo, que el 80% del presupuesto de la Unión es gestionado en la práctica por los Estados miembros y que, por tanto, no es concebible una mejora significativa y duradera de la ejecución del presupuesto si no se realizan arduos esfuerzos simultáneamente a nivel nacional, regional y local; lamenta que la Recomendación del Consejo relativa a la aprobación de la gestión para 1994 no tenga en cuenta este hecho y que en ella no se presente ninguna medida constructiva destinada a mejorar la gestión del presupuesto;

4. Acoge con satisfacción las observaciones ocasionales del Consejo en relación con el incumplimiento o cumplimiento inadecuado por los Estados miembros de disposiciones comunitarias tales como, por ejemplo, las relativas a medio ambiente y contratos de obras públicas en el marco de los Fondos estructurales, en la medida en que los Estados miembros son plenamente responsables de la vulneración de las normas existentes, pero expresa su decepción por la falta de una estrategia eficaz del Consejo para abordar este problema;

5. Pide a la Comisión que cumpla las obligaciones que le confían los Tratados, garantizando que el gasto de la Unión se gestiona en una forma que respeta plenamente el Derecho comunitario; lamenta, a este respecto, la tibia actitud adoptada por la Comisión frente a los Estados miembros que ignoran sus obligaciones legales; insiste en que la Comisión haga pleno uso de los medios a su alcance para garantizar que los créditos ejecutados se utilizan de modo correcto y que los intereses económicos de la Unión gozan de total protección;

La declaración de fiabilidad (DAS)

6. Opina que la declaración de fiabilidad (DAS), elaborada con arreglo al Tratado de Maastricht, fomentará una buena gestión financiera y mejorará la ejecución del presupuesto por parte de la Comisión;

7. Señala que, si bien la gestión de los créditos de compromiso no causó problemas de importancia en 1994, la gestión de los créditos de pago dio lugar a un número considerable de errores de forma y de fondo, que la autoridad responsable de la aprobación de la gestión no puede ignorar;

8. Pide a la Comisión que, de ahora en adelante, incluya en la contabilidad de la Unión Europea una cuenta bajo el epígrafe «importes específicos sujetos a procedimientos de recuperación», especificando casos concretos y subtotales, sobre la base de los errores sustanciales comunicados por el Tribunal de Cuentas; pide asimismo a la Comisión que informe a la autoridad presupuestaria de las medidas adoptadas en cada uno de los casos citados;

9. Pide al Tribunal de Cuentas que, teniendo en cuenta los recursos disponibles, considere seriamente la posibilidad de elaborar declaraciones de fiabilidad basadas en ámbitos políticos específicos o en el gasto de Estados miembros concretos;

Recursos propios

10. Considera que la Comisión y los Estados miembros deben reforzar sus controles sobre la recepción y el estatuto aduanero de mercancías en las fronteras exteriores de la Unión y pide a la Comisión que elabore un informe sobre estas cuestiones;

11. Pide a la Comisión que presente un informe anual sobre la recuperación forzosa realizada por los Estados miembros de los importes de todo tipo debidos al presupuesto comunitario;

12. Se reserva su postura acerca del régimen de tránsito a la espera de las conclusiones de su Comisión temporal de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario;

Gastos agrícolas

13. Señala que, pese a las medidas adoptadas en el contexto de la reforma de la política agrícola común, la proporción de los gastos agrícolas del presupuesto de 1994 aumentó en un 1,3% con respecto al año anterior;

14. Lamenta una vez más la gran divergencia existente entre las previsiones presupuestarias y los gastos reales en el sector agrícola; opina que no cabe explicar dichas divergencias únicamente por factores imprevisibles (condiciones meteorológicas, plagas, etc.); insta, por tanto, a la Comisión a que aumente el rigor de las medidas de gestión, en especial en los capítulos que presentan reiteradamente gastos excesivos, y a que colabore estrechamente con los Estados miembros para mejorar las previsiones utilizadas como base para el presupuesto;

15. Pide a la Comisión que, hasta que se adopte la decisión definitiva sobre la cuantía de la multa que se ha de imponer por las prácticas fraudulentas ocurridas en la industria transformadora de carne de vacuno en Irlanda, garantice que las autoridades de dicho país aplican plenamente el Reglamento (CEE) nº 2456/93, dirigido a asegurar el funcionamiento correcto del mercado para la carne de vacuno;

16. Pide a la Comisión que vele por que las autoridades francesas apliquen plenamente en la Alta Córcega los reglamentos sobre la ayuda especial para las zonas de montaña y sobre las primas por vaca nodriza y que encuentre una solución satisfactoria en lo que atañe a la restitución de las primas indebidamente abonadas; afirma que el Parlamento seguirá de cerca este asunto en el procedimiento de liquidación de cuentas;

17. Lamenta la disminución de las tasas de utilización de los créditos destinados a la cofinanciación de los controles de gastos del FEOGA- Garantía y pide al Consejo que adopte cuanto antes el reglamento propuesto por la Comisión relativo a la realización de los programas de acción de los Estados miembros en el ámbito de los controles de gasto del FEOGA, con el fin de que pueda todavía entrar en vigor en 1996;

Organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas

18. Lamenta las tasas particularmente elevadas de retiradas del mercado de ciertas frutas y hortalizas (que llegan a alcanzar casi un 60%, a un coste total de casi 400 millones de ecus en 1994); observa que la importancia de estas tasas no sólo refleja un despilfarro de recursos económicos, sino también problemas de índole ecológica, lo que contribuye a empañar la imagen de la Unión Europea, a pesar de que la organización común de mercados (OCM) del sector de las frutas y hortalizas no absorbe más que 4,5% del total del volumen de gastos del FEOGA-Garantía;

19. Lamenta el importante número de errores constatado por el Tribunal de Cuentas y cometidos de forma sistemática en diversos Estados miembros a la hora de aplicar las normas comunitarias de la OCM de frutas y hortalizas, cuya consecuencia son pagos de ayudas excesivamente elevados;

20. Pide a la Comisión que verifique los casos mencionados por el Tribunal de Cuentas en el marco de la liquidación de cuentas y que adopte las medidas financieras adecuadas, en su caso contra los Estados miembros afectados;

21. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente las disposiciones de la futura OCM y pide a la Comisión que reduzca los adelantos mensuales pagados en el marco del FEOGA-Garantía a los Estados miembros que no respeten las normas de la OCM;

22. Pide a la Comisión que aumente los medios materiales destinados al control de la aplicación de la OCM, que establezca un sistema de controles sistemáticos y que contemple un marco más amplio de colaboración entre los inspectores comunitarios y los de los Estados miembros;

23. Pide al Tribunal de Cuentas que realice un seguimiento de la aplicación de la futura OCM, y que presente un informe especial sobre sus condiciones de puesta en práctica y sobre los efectos de la reforma realizada, en un plazo de tres años a partir de su entrada en vigor;

Política pesquera

24. Pide a la Comisión que analice los regímenes jurídicos en vigor con objeto de adaptar la normativa comunitaria a las situaciones reales del mercado y a las especificidades del sector atunero comunitario;

25. Insta a la Comisión a que, en colaboración con las autoridades de los Estados miembros, aplique los controles mencionados en el Informe del Tribunal de Cuentas en el ejercicio de 1996 y a que informe al Parlamento Europeo sobre los resultados;

26. Pide a la Comisión que realice un análisis de la política aduanera actual para adaptarse mejor a las necesidades y a las realidades del sector, teniendo en cuenta por igual los intereses de los productores y de los transformadores;

Fondos estructurales

27. Constata que el ejercicio presupuestario de 1994, aparte de los problemas consabidos, pone de manifiesto una evolución preocupante que puede ser origen, en los próximos años, de graves obstáculos administrativos, presupuestarios y políticos en la política estructural;

28. Opina que la Comisión debe adoptar, junto con los cambios necesarios en la reglamentación, un enfoque integrado que contenga los siguientes elementos:

- el refuerzo del papel de los comités de seguimiento, para que ejerzan un control efectivo en lo que se refiere al cumplimiento de las disposiciones comunitarias y a los progresos y la gestión de los proyectos; recuerda, a este respecto, las opiniones que ya manifestara acerca de esta cuestión en su resolución sobre la aprobación de la gestión de 1989;

- la elaboración de criterios de selección y otros procedimientos que permitan ejercer un control más eficaz en cuanto al cumplimiento de las disposiciones comunitarias -sobre todo en materia de medio ambiente y contratos públicos- y los progresos y la gestión de los proyectos;

- una aplicación del artículo 24 del Reglamento 2082/93 (posiblemente modificado) que permita que el incumplimiento de las normas entrañe efectiva e inmediatamente la disminución, suspensión o retirada de las ayudas;

29. Opina que deben revisarse los métodos de trabajo internos de la Comisión que puedan entrañar un debilitamiento formal o práctico de las disposiciones comunitarias o de la gestión;

30. Opina que deben subsanarse las deficiencias existentes en la reglamentación, como, por ejemplo, en lo que respecta a los ingresos de intereses y las competencias y obligaciones de los organismos intermediarios;

31. Opina que el instrumento de las subvenciones globales no debe utilizarse para préstamos;

32. Opina que deben asignarse a los distintos fondos unas prioridades más claramente detalladas y diferenciadas, y que ha de dedicarse una mayor atención a la fase de la aprobación de los proyectos, por ejemplo estudiando (o encargando que se estudien) las alternativas existentes o posibles y concediendo una mayor importancia a los dictámenes de las direcciones generales directamente afectadas;

33. Pide a la Comisión que cumpla su compromiso de presentar al Parlamento informes periódicos sobre la utilización de los Fondos estructurales, desglosada por fondos, objetivos y marcos comunitarios de apoyo, mostrando en cada caso el comportamiento relativo de cada Estado miembro;

34. Pide a la Comisión y, en particular, a los Estados miembros, que mejoren el ritmo de presentación de proyectos y programas, para evitar la acumulación de los compromisos en los últimos meses de cada ejercicio, lo que supone un grave riesgo de decisiones precipitadas y, por lo tanto, de errores;

35. Exige a la Comisión una aplicación mucho más rigurosa de la iniciativa comunitaria INTERREG y le recuerda que su finalidad es la cooperación transfronteriza y no simplemente el desarrollo económico de las zonas en cuestión, que puede ser abordado por otras intervenciones a través de los Marcos Comunitarios de Apoyo;

Fondo Social Europeo

36. Pide que se realicen mayores esfuerzos para mejorar la transparencia en la comunicación y los procesos de toma de decisiones, con el fin de evitar que Estados miembros concretos puedan escudarse en «Europa» como medio de distraer la atención de sus propios fallos en la aplicación de los marcos comunitarios de apoyo;

37. Reafirma su propósito de continuar controlando la aplicación del FSE, para evitar toda repercusión negativa de los problemas actuales en la adecuada preparación de la reforma de los Fondos estructurales posterior a 1999;

38. Pide a la Comisión que tome medidas para impedir los frecuentes retrasos en la entrega de los recursos del FSE a los beneficiarios finales, retrasos debidos al hecho de que las entidades intermediarias desean acumular intereses devengados desproporcionadamente elevados;

39. Pide de nuevo a la Comisión que continúe controlando la aplicación del principio de adicionalidad y que, a tal fin, influya en los Estados miembros para garantizar que se proporciona toda la información necesaria para garantizar la transparencia;

Políticas internas

40. Observa que la ejecución de los créditos de compromiso relativos al conjunto de las políticas presupuestarias de la categoría 3 de las perspectivas financieras no han planteado problemas de importancia, a excepción de la línea relativa a la lucha contra el fraude en el sector de la investigación (B6-480) y pide formalmente a la UCLAF que utilice esta línea en los próximos ejercicios;

41. Pide de nuevo al Tribunal de Cuentas que complete su Informe Anual con un capítulo en el que se presenten las políticas internas de la Unión en un marco unitario y que trate, asimismo, temas comunes a las diferentes actividades financiadas por la categoría 3 de las perspectivas financieras;

42. Observa que un primer análisis de los hechos que han tenido repercusiones legales en el sector del turismo, así como los mecanismos de selección y de gestión examinados por el Tribunal de Cuentas en el marco de LIFE y del tercer programa marco para la investigación, suscita serias dudas en lo que se refiere a la transparencia de los procedimientos aplicados en el ámbito de las financiaciones directas y de las subvenciones;

43. Observa, en particular, que no existen disposiciones detalladas que regulen el ejercicio de la responsabilidad de la Comisión en la selección de los proyectos por financiar y la elección de los beneficiarios de las subvenciones y que garanticen:

- la publicidad de las iniciativas de financiación;

- la definición de criterios y parámetros (cuantificados cuando ello sea posible) de selección;

- la elaboración de listas de los candidatos;

- la armonización de los contratos;

44. Teme que estas lagunas normativas den lugar a confusiones y abusos en los procedimientos de selección, limiten el alcance de los controles internos e impidan que los solicitantes de ayudas puedan hacer valer sus intereses legítimos ante el Tribunal de Justicia;

45. Decide, por tanto, tomar una iniciativa orientada a una reforma radical de las financiaciones directas y de las subvenciones a todos los niveles (legislación sectorial y financiera y organización administrativa), con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos y la protección de los legítimos intereses de los solicitantes, dentro del respeto del carácter comunitario de las políticas financiadas;

46. Pide, en consecuencia, al Tribunal de Cuentas que le presenten un informe sobre la conveniencia de los procedimientos de selección y de gestión en el sector de las financiaciones directas y de las subvenciones; insiste a este respecto en que las opiniones de la UCLAF y de la DG XX de la Comisión (Control Financiero) queden plenamente reflejadas en la respuesta de la Comisión al Tribunal;

47. Se reserva, a la luz de los citados informes y de cualquier otra información útil obtenida, el derecho de examinar la posibilidad de establecer una comisión de investigación en este ámbito;

48. Comunica que va a examinar en detalle toda la normativa al respecto, en el contexto de los procedimientos legislativos actuales y futuros, con el objeto de garantizar el carácter exhaustivo de la misma;

49. Pide a la Comisión que dé curso a las observaciones del Tribunal de Cuentas en el sector del medio ambiente y de la investigación y, en particular, a las observaciones incluidas en los apartados 12 y 17 del capítulo 6 y en los apartados 10 y 15 del capítulo 9 del Informe Anual;

50. Pide a la Comisión que establezca un fundamento jurídico para las subvenciones a las organizaciones de consumidores y que realice un examen para determinar si las subvenciones que se han de conceder son rentables;

51. Pide a la Dirección de Salud pública de la DG V y a la Dirección General de Política de los Consumidores que elaboren informes anuales semejantes a los elaborados por la Dirección General de Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil;

52. Pide a la Comisión que garantice un mejor porcentaje de utilización de los créditos de pago en ámbitos tales como la seguridad en el transporte (artículo B2-702) y el transporte combinado (artículo B2-706), a los que el Parlamento siempre ha otorgado alta prioridad;

Actividades de préstamo y empréstito

53. Pide a la Comisión de Control Presupuestario y al Banco Europeo de Inversiones que establezcan un comité de enlace informal, compuesto por un pequeño número de representantes de ambos, que serviría de foro para llevar a cabo intercambios de puntos de vista y de información en el contexto de las competencias del Parlamento en el ámbito del control presupuestario;

54. Reitera su solicitud de que se reconozca al Tribunal de Cuentas el pleno acceso al control de las operaciones del Fondo Europeo de Inversiones, con objeto de poder informar a la autoridad presupuestaria en lo relativo a las cuestiones que afectan al presupuesto comunitario; pide, sin embargo, a la Comisión, al BEI y al Tribunal de Cuentas que negocien un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre el tratamiento de la información así obtenida, con objeto de garantizar el respeto de los intereses de los inversores y prestatarios del FEI;

55. Observa que los recursos del Fondo de Garantía resultan insuficientes para hacer frente a las solicitudes que puedan dirigírsele y que su mecanismo de financiación fija en la práctica un límite excesivamente bajo del total de préstamos exteriores que puede contraer la Comunidad; por esta razón propugna las siguientes medidas:

- aumento de los recursos presupuestarios disponibles para financiar el Fondo de Garantía y revisión de las Perspectivas Financieras necesarias para este fin,

- fijación del nivel, en términos de objetivo, para el Fondo de Garantía, sobre la base de un análisis permanente de los riesgos vinculados a los préstamos pendientes en cualquier momento, y un sistema de financiación que se base en una flexibilidad apropiada,

- reducción del 100% al 75% de la garantía concedida al BEI para los préstamos a los países de la Europa Central y Oriental y de la cuenca mediterránea;

56. Lamenta que el Tribunal de Cuentas se vea obligado a seguir formulando comentarios críticos con relación a la gestión de la financiación concedida al programa de reconstrucción tras el terremoto de Italia de 1980; pide a la Comisión que reconsidere su decisión de reasignar los fondos no utilizados, destinados a la reparación de los daños causados por el terremoto, a otro proyecto ya completado diez años antes y que acuerde con las autoridades italianas la reasignación de dicha suma a un proyecto elegible en curso de realización;

Lucha contra el fraude

57. Lamenta la escasa utilización de los créditos de algunas líneas presupuestarias clave en la lucha contra el fraude, tales como B1-360 y B2- 5190 (en el sector agrícola), B6-480 (investigación), etc.; pide a la Comisión que asegure la plena utilización de todas las líneas presupuestarias relacionadas con la lucha contra el fraude y que considere adoptar -siempre que sea oportuno, en colaboración con los Estados miembros- las medidas necesarias para aumentar la capacidad de utilización de las líneas presupuestarias en cuestión;

58. Encarga a las Oficinas Exteriores del Parlamento que informen de modo regular a la Comisión de Control Presupuestario sobre los casos de fraude relacionados con créditos comunitarios que se mencionan en los medios de comunicación de cada Estado miembro y que transmitan en la medida de lo necesario el material pertinente (recortes de prensa, cintas de video, etc.);

Cooperación con los países del Mediterráneo, los países en desarrollo y otros países terceros

59. Insta a la Comisión a que elimine las restricciones y condiciones superfluas para la utilización de los fondos destinados al apoyo al ajuste estructural en los países del Mediterráneo meridional y oriental, concretamente contemplando la posibilidad de renunciar a los programas de importación si, por una parte, los intercambios exteriores de los países beneficiarios están suficientemente liberalizados y, por otra, sus monedas son libremente convertibles y transferibles, y sustituyendo tales programas por un apoyo directo a sus balanzas de pagos;

60. Pide a la Comisión que refuerce y defina mejor sus procedimientos de supervisión y control y que incremente, mediante una reorganización interna, el personal encargado de los programas de apoyo al ajuste estructural, destinando efectivos suplementarios que cuenten con los conocimientos y experiencia necesarios para realizar los análisis presupuestarios y financieros que se requieren para cada país, así como para garantizar la compatibilidad de las estrategias presupuestarias de esos países con los programas de reformas económicas;

Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)

61. Constata que, mediante decisiones financieras acerca de acciones comunes emprendidas en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), el Consejo ha restringido el derecho de la Comisión a gestionar el presupuesto bajo su propia responsabilidad y, con ello, también el derecho del Parlamento a exigir responsabilidades a la Comisión por la ejecución del presupuesto; señala que, por este motivo, se origina una laguna en el procedimiento de aprobación de la gestión, de la que sólo cabe hacer responsable al Consejo;

62. Señala, en especial, que el procedimiento acordado por el Consejo de asignación fraccionada de recursos en el marco de la acción común relativa a Mostar ha conducido a retrasos innecesarios y a trámites administrativos complicados y ajenos al procedimiento habitual, que han provocado una falta de claridad y han dificultado el control;

63. Pide al Consejo que, al adoptar en el futuro decisiones relacionadas con la PESC, respete plenamente las disposiciones financieras previstas en el Tratado así como el presupuesto comunitario; lamenta el hecho de que la recomendación del Consejo sobre la aprobación de la gestión para 1994 ni siquiera contenga un comentario sobre la financiación de la PESC durante ese año;

64. Pide a la Comisión que, para el 1 de septiembre de 1996, presente un informe sobre todos los aspectos financieros de la PESC y los aspectos institucionales afines, en el que, en aras de una total transparencia, se aborden también el papel y la importancia de las contribuciones que han aportado los Estados miembros para su financiación;

65. Reitera la solicitud formulada al Tribunal de Cuentas en su Resolución de 15 de noviembre de 1994 ((DO C 341, de 5.12.1994, pág. 37 )) de que emita un dictamen sobre las condiciones de ejecución de los gastos relativos a la PESC; espera que este aspecto de la PESC quede plenamente cubierto en el informe que el Tribunal prepara actualmente sobre la PESC; hace hincapié en la necesidad de que este informe se presente con la debida antelación para que pueda tenerse en cuenta en las deliberaciones de la Conferencia Intergubernamental;

Programa PHARE

66. Pide a la Comisión que disponga de:

- definiciones y responsabilidades explícitas de las tareas por lo que respecta a todos los elementos de la estructura de gestión de PHARE (en especial, las delegaciones);

- personal suficiente y técnicamente cualificado para las delegaciones, procedente de un «servicio diplomático» creado en la Comisión que garantice una auténtica movilidad del personal;

- disposiciones claras relativas a las condiciones y competencias de los agentes locales de las delegaciones;

- autonomía financiera (presupuestos locales y límites de gasto) y aprobación de proyectos por parte de los delegados, teniendo en cuenta debidamente la localización de la delegación, el grado y experiencia del delegado, etc;

- especificación clara y explícita de las responsabilidades administrativas del personal estatutario, el personal temporal y los consultores externos;

- racionalización de las UGP sobre la base de un análisis de las necesidades reales de gestión;

67. Solicita a la Comisión que elabore, antes del 30 de septiembre de 1996, un documento estratégico en el que se defina el papel del Programa PHARE en la preparación de los países de Europa Central y Oriental para su adhesión a la UE;

68. Solicita un enfoque más activo en la definición y aprobación por parte de la Comisión de proyectos, incluida la estipulación de condiciones destinadas a garantizar resultados concretos, la difusión de conocimientos técnicos y la solidez a medio plazo de los resultados de los proyectos PHARE en todos los sectores;

Programa TACIS

69. Pide a la Comisión que especifique de modo inequívoco cuáles de las tareas incluidas en la gestión de TACIS:

- deben ser de la exclusiva responsabilidad de las autoridades públicas y ser ejecutadas sólo por funcionarios,

- pueden ser ejecutadas por personal no estatutario contratado por la Comisión y ser supervisadas por funcionarios,

- pueden ser subcontratadas bajo supervisión;

Pide asimismo a la Comisión que establezca qué dotación de personal se requiere para cada categoría de trabajos;

70. Pide a la Comisión que abra delegaciones permanentes con competencias claramente delimitadas en todos los países beneficiarios de ayudas del programa TACIS y que garantice que se dotan del personal necesario, constituido por funcionarios con la cualificación apropiada; opina que, a tal fin, la Dirección General competente de la Comisión debería seleccionar funcionarios sobre la base de la movilidad obligatoria; pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre las medidas que tiene intención de adoptar para satisfacer dichos requisitos para el 31 de julio de 1996;

71. Pide a la Comisión que preste mayor atención a la viabilidad a medio plazo de los proyectos en el momento de su aprobación, en particular, formulando mayores exigencias a los beneficiarios en términos de rendimiento, seguimiento y difusión de los resultados y vinculando los proyectos a otras formas de ayuda y asistencia, tales como préstamos del BEI/BERD, financiación proporcionada por entidades locales de crédito, participaciones en el capital, etc.;

72. Pide a la Comisión que elabore una evaluación estratégica global de los éxitos logrados hasta la fecha en TACIS, en términos políticos, sociales y económicos (sectoriales y macroeconómicos), y que proponga objetivos estratégicos para los próximos cinco años de este programa; pide que dicha evaluación esté a disposición del Parlamento Europeo antes de que éste apruebe su dictamen sobre el nuevo reglamento TACIS;

73. Manifiesta su preocupación en cuanto a la amenaza que entraña para el programa TACIS el fraude, especialmente el cometido por la delincuencia organizada; subraya la importancia de verificar la documentación de los solicitantes de contratos TACIS y de controlar el uso que se da al dinero durante el transcurso del contrato; pide además a la Comisión que adopte una línea firme al hacer frente a las alegaciones de fraude que afectan a sus propios funcionarios;

Gastos administrativos

74. Pide a la Comisión que informe al Parlamento, a tiempo para la primera lectura del presupuesto de 1997, sobre el conjunto de medidas adoptadas para garantizar una buena gestión financiera y administrativa de a) las delegaciones exteriores y b) los activos (excluida la investigación) de la Comisión;

75. Pide al Tribunal de Cuentas que elabore un informe sobre los cursos de lenguas organizados en Luxemburgo para funcionarios de la Unión Europea, con particular referencia a la licitación de 1994 y que proporcione una evaluación de los efectos del actual sistema;

76. Pide al Comité Interinstitucional de informática que realice un estudio comparativo de la información sobre las instituciones de la Unión disponible en bases de datos de la UE, con vistas a eliminar ámbitos que se solapen y/o la duplicación de esfuerzos.