Al ofrecer los pagos inmediatos, al igual que para cualquier otro tipo de pago, los PSP deben asegurarse de que disponen de instrumentos adecuados y en tiempo real contra el fraude, el blanqueo de capitales y la prevención de la financiación del terrorismo, de plena conformidad con la legislación vigente de la UE. Esta iniciativa no tiene incidencia alguna en la solidez de los controles en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En particular, el carácter inmediato de estos pagos, en menos de diez segundos, no afecta en modo alguno a la obligación de las entidades obligadas de realizar los controles requeridos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, en caso necesario, de introducir informes de transacciones sospechosas. Se trata generalmente de requisitos ex post, contrariamente a las obligaciones de control en materia de sanciones que deben cumplirse antes de que se ejecute la transacción (es decir, en un plazo de diez segundos en el caso de los pagos inmediatos) y, por tanto, están cubiertos por la presente propuesta. La presente propuesta tampoco afecta en modo alguno a la eficacia y puntualidad del examen por parte de las Unidades de Información Financiera (UIF) de dichos informes de transacciones sospechosas.

Sin embargo, dado que los pagos inmediatos no existían cuando se adoptó el Reglamento SEPA en 2012, este no contenía disposiciones específicas sobre esta nueva categoría de transferencias en euros. La adición de disposiciones específicas sobre pagos inmediatos en euros al Reglamento SEPA refleja la modernización de las tecnologías de transferencia de créditos en euros, que permite un procesamiento instantáneo.

Solo los PSP que ofrecen un servicio de transferencia en euros a sus clientes están sujetos al requisito de ofrecer pagos inmediatos en euros. El Reglamento SEPA ya excluye las operaciones de pago efectuadas por cuenta propia entre distintos PSP y dentro de ellos, incluidos sus agentes o sucursales. Además, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico no están cubiertas, ya que, en la actualidad, en virtud de la Directiva sobre la firmeza de la liquidación, no pueden participar en los sistemas de liquidación designados en virtud de dicha Directiva, que incluye muchos sistemas de liquidación de la UE ampliamente utilizados para transferencias y pagos inmediatos. Esto podrá reconsiderarse a la luz de futuras modificaciones de la Directiva sobre la firmeza de la liquidación tras su revisión. No obstante, con arreglo a la presente propuesta, no se impedirá a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico ofrecer pagos inmediatos a sus usuarios de servicios de pago (en lo sucesivo, «USP») de forma voluntaria. La propuesta también prevé plazos escalonados para los servicios de recepción y envío de pagos inmediatos y para los PSP dentro y fuera de la zona del euro.

Solo las medidas de la UE pueden exigir a todos los PSP pertinentes de la UE que presten el servicio de envío y recepción de pagos inmediatos transfronterizos. Los Estados miembros por sí solos no pueden establecer normas armonizadas de la UE sobre pagos inmediatos transfronterizos, ya sea en materia de control de sanciones o de protección del ordenante en caso de fraude o error. Además, la SEPA para las transferencias y los adeudos domiciliados no inmediatos se estableció mediante un Reglamento de la UE y la presente propuesta contribuye a un mayor desarrollo de la SEPA.

En consonancia con el principio de compensación de cargas administrativas («una más, una menos»), la Comisión se ha comprometido a «compensar en la medida de lo posible» los costes de ajuste de las nuevas iniciativas y a compensar los nuevos costes administrativos reduciendo de forma correspondiente los costes administrativos de otras iniciativas. Sin embargo, la presente propuesta no implica costes administrativos para las empresas, los ciudadanos ni las autoridades públicas, ya que la iniciativa no dará lugar a un mayor control o supervisión de los PSP, ni a obligaciones de notificación específicas. Tampoco se derivan tasas ni comisiones reglamentarias de la iniciativa.

La presente iniciativa no es una iniciativa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). Aunque adopta la forma de una modificación del Reglamento SEPA, que establece requisitos para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, no se basa en una evaluación de dicho Reglamento y no modifica dicho Reglamento más allá de lo necesario para incorporar específicamente nuevas disposiciones sobre los pagos inmediatos.

Estos requisitos se introducen mediante una modificación del Reglamento SEPA que también regula otros tipos de pagos en euros, incluidas las transferencias no inmediatas. Sin embargo, los requisitos relativos al control en materia de sanciones y a la protección de los ordenantes se limitan únicamente a los pagos inmediatos de la zona del euro, para los que se constató que los factores subyacentes causantes de los problemas tenían la mayor repercusión. En el caso de los pagos inmediatos, es imposible que los PSP comprueben en un plazo de diez segundos si la operación señalada implica a personas incluidas en las listas de sanciones de la UE y, en consecuencia, se rechace injustificadamente tal operación. En el caso de las transferencias no inmediatas, este problema no se plantea. Además, la sensación de tener más opciones para recuperar fondos en caso de fraude o error cuando se utilizan transferencias no inmediatas disuade a los ordenantes de adoptar pagos inmediatos en mayor medida que en el caso de las transferencias no inmediatas.

Los PSP notificarán a los USP cualquier discrepancia detectada entre el nombre del beneficiario y el identificador de la cuenta de pago facilitado por el ordenante, tanto para las transferencias inmediatas en euros nacionales como para las transfronterizas. La presente propuesta no impide que los PSP ofrezcan dicho servicio también con respecto a otros tipos de transferencias y no solo a las transferencias inmediatas.

La utilización de tal servicio por parte de un usuario no afecta a la responsabilidad del PSP en caso de no ejecución o de la ejecución defectuosa o tardía del pago inmediato, tal como se establece en los artículos 88 y 89 de la DSP2.

Todos los PSP que ofrecen el servicio de envío de pagos inmediatos en euros (incluidos aquellos que no están obligados a hacerlo) están obligados a ofrecer a sus USP un servicio que compruebe que el número IBAN del beneficiario coincide con el nombre del beneficiario y que notifique al USP cualquier discrepancia detectada. La notificación debe efectuarse antes de que el ordenante finalice la orden de pago inmediato y antes de que el PSP la ejecute. En todos los casos, el usuario sigue teniendo libertad para decidir si presenta o no la orden de pago como pago inmediato.

Al fijar el precio de un pago inmediato transfronterizo en euros, un PSP situado fuera de la zona del euro estaría obligado, con arreglo a la presente propuesta, a cobrar la misma comisión, o menor, que la que cobra por una transferencia transfronteriza no inmediata en euros y, en virtud del Reglamento sobre pagos transfronterizos, exactamente la misma que para un pago inmediato nacional en la moneda nacional. Sin embargo, el cumplimiento de ambos requisitos no sería posible cuando un PSP aplique actualmente comisiones más elevadas para un pago inmediato nacional en la moneda nacional que para las transferencias transfronterizas no inmediatas en euros.

Las comisiones cobradas por los PSP por el envío o recepción de pagos inmediatos en euros no deben ser superiores a las comisiones del mismo PSP por el envío o recepción de transferencias no inmediatas en euros. Este requisito se aplicará a todos los PSP que ofrezcan pagos inmediatos en euros, incluidos aquellos que no estén obligados a ofrecer pagos inmediatos (como las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico). Se aplicará a los PSP de la zona del euro a partir de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del Reglamento, y a los PSP fuera de la zona del euro a partir de los treinta meses posteriores a la entrada en vigor.

(4)Ya se han adoptado o propuesto una serie de soluciones reguladoras nacionales para aumentar la aceptación de las transferencias inmediatas en euros, en particular reforzando la protección de los usuarios de servicios de pago frente al envío de fondos a un beneficiario no intencionado o especificando el proceso de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión. Estas soluciones normativas nacionales plantean un riesgo de fragmentación del mercado interior, aumentando así los costes de cumplimiento debido a los diferentes conjuntos de requisitos normativos nacionales, y dificultando la ejecución de las transferencias transfronterizas inmediatas.

(2)En 2017, los proveedores de servicios de pago acordaron, bajo los auspicios del Consejo Europeo de Pagos, un régimen a escala de la Unión para la ejecución inmediata de transferencias en euros. Los esfuerzos del sector europeo de los pagos no han demostrado ser suficientes para garantizar una elevada utilización a escala de la Unión de las transferencias inmediatas en euros. Solo un aumento generalizado y rápido de esta utilización puede activar los efectos de red a gran escala de las transferencias inmediatas en euros, lo que se traduce en beneficios y mejoras de la eficiencia económica para los usuarios de servicios de pago y los proveedores de servicios de pago, una menor concentración del mercado, una mayor competencia y opciones para los tipos de pagos electrónicos, en particular para los pagos transfronterizos en el punto de interacción.

(5)Antes de la aparición de las transferencias inmediatas, las operaciones de pago eran generalmente agrupadas por los proveedores de servicios de pago y enviadas a un sistema de pagos minoristas a efectos de compensación y liquidación en momentos predeterminados. Sin embargo, en los sistemas de pagos minoristas que se utilizan actualmente para procesar transferencias inmediatas en euros, las operaciones de pago se envían individualmente, y se procesan en tiempo real y en cualquier momento. A tal fin, es necesario modificar la definición de «sistema de pagos minoristas».

(6)Garantizar que todos los usuarios de servicios de pago de la Unión puedan cursar órdenes de pago y recibir transferencias inmediatas en euros es una condición previa para una mayor aceptación de dichas operaciones. En la actualidad, al menos un tercio de los proveedores de servicios de pago de la Unión no ofrecen transferencias inmediatas en euros. Además, el ritmo al que los proveedores de servicios de pago han ido añadiendo transferencias inmediatas a sus servicios ha sido, en los últimos años, demasiado lento, lo que dificulta una mayor integración del mercado interior de pagos de la Unión. Por lo tanto, debe exigirse a los proveedores de servicios de pago que ofrezcan el servicio de envío y recepción de transferencias inmediatas en euros.

(7)Para crear un mercado integrado de transferencias inmediatas en euros, es esencial que dichas operaciones se procesen de conformidad con un conjunto común de normas y requisitos. Una transferencia inmediata en euros permite que los fondos se abonen en la cuenta del beneficiario en unos segundos y en cualquier momento. La disponibilidad las veinticuatro horas del día y durante todos los días del año es una característica intrínseca de las transferencias inmediatas. Por lo tanto, es conveniente que la definición de transferencia inmediata se refiera a las condiciones específicas que deben cumplir en relación con el momento de recepción de las órdenes de pago, el procesamiento, el abono y la fecha de valor.

(8)Existen diferentes interfaces a través de las cuales los usuarios de servicios de pago pueden cursar una orden de pago para una transferencia en euros, en particular a través de la banca en línea, de una aplicación móvil, de un cajero automático, en una sucursal o por teléfono. Para garantizar que todos los usuarios de servicios de pago tengan acceso a las transferencias inmediatas en euros, no debe haber diferencias en cuanto a las interfaces a través de las cuales los usuarios de servicios de pago pueden cursar órdenes de pago para operaciones de transferencias inmediatas y de otro tipo. Además, cuando a un usuario de servicios de pago se le ofrezca la posibilidad de enviar a un proveedor de servicios de pago órdenes de pago para transferencias agrupadas, esa misma posibilidad debe estar disponible también con respecto a las transferencias inmediatas en euros. Los proveedores de servicios de pago deben poder ofrecer todas las transferencias en euros iniciadas por sus usuarios de servicios de pago de forma inmediata por defecto.

(9)No sería proporcionado imponer a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico la obligación de ofrecer el servicio de envío y recepción de transferencias inmediatas en euros, ya que dichas entidades no pueden ser admitidas como participantes en un sistema de pago designado de conformidad con la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Por lo tanto, dichas entidades pueden tener dificultades para acceder a la infraestructura necesaria para realizar transferencias inmediatas. Procede, por tanto, excluir a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico de la obligación de ofrecer el servicio de envío y recepción de transferencias inmediatas en euros.

(10)Los usuarios de servicios de pago son muy sensibles al nivel de las comisiones ligadas a los métodos de pago sustituibles. Por lo tanto, el nivel de las comisiones puede orientarlos hacia un determinado método de pago o alejarlos de él. En los mercados nacionales en los que se han aplicado comisiones de transacción más elevadas para las transferencias inmediatas en euros que para otros tipos de transferencias en euros, la aceptación de las transferencias inmediatas es baja. Esto ha impedido que se alcance la masa crítica de transferencias inmediatas en euros necesaria para lograr todos los efectos de red tanto para los proveedores de servicios de pago como para los usuarios de servicios de pago. Por lo tanto, ningún tipo de comisión cobrada a ordenantes y beneficiarios por la ejecución de transferencias inmediatas en euros, incluidas las comisiones por operación o las comisiones a tanto alzado, debe ser superior a las aplicadas al mismo usuario de servicios de pago para los tipos equivalentes de otras transferencias en euros. Al identificar los tipos de transferencias equivalentes, debe ser posible utilizar criterios como la interfaz para usuarios de servicios de pago o el instrumento de pago utilizado para iniciar el pago, la categoría de cliente y, en su caso, si el pago es nacional o transfronterizo.

(11)La seguridad de las transferencias inmediatas en euros es fundamental para aumentar la confianza de los usuarios de servicios de pago en estos servicios y garantizar su uso. Los ordenantes que tengan la intención de enviar una transferencia a un beneficiario determinado pueden, como consecuencia de un fraude o error, proporcionar un identificador de cuenta de pago que no corresponda a una cuenta de la que sea titular dicho beneficiario. Con arreglo a la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, el único factor determinante de la correcta ejecución de la operación con respecto al beneficiario es el identificador único, y los proveedores de servicios de pago no están obligados a verificar el nombre del beneficiario. En el caso de las transferencias inmediatas, no hay tiempo suficiente para que el ordenante detecte la existencia de un fraude o error e intente recuperar los fondos antes de que se abonen en la cuenta del beneficiario. Por consiguiente, los proveedores de servicios de pago deben verificar si existe alguna discrepancia entre el identificador único del beneficiario y el nombre del beneficiario facilitado por el ordenante, y notificar al ordenante que cursa una orden de pago para una transferencia inmediata en euros cualquier discrepancia detectada. Para evitar fricciones o retrasos indebidos en el tratamiento instantáneo de la operación, el proveedor de servicios de pago del ordenante debe facilitar dicha notificación en un plazo no superior a unos segundos a partir del momento en que el ordenante haya facilitado la información sobre el beneficiario. Para que el ordenante pueda decidir si procede realizar la operación prevista, su proveedor de servicios de pago debe comunicarle dicha notificación antes de que el ordenante autorice la operación.

(12)Algunos atributos del nombre del beneficiario a cuya cuenta el ordenante desea realizar una transferencia inmediata pueden aumentar la probabilidad de que el proveedor de servicios de pago detecte una discrepancia, incluida la presencia de diacríticos o diferentes transliteraciones de nombres en alfabetos diferentes, diferencias entre los nombres utilizados habitualmente y los nombres indicados en los documentos oficiales de identificación en el caso de personas físicas, o diferencias entre los nombres comerciales y jurídicos en el caso de personas jurídicas. Para evitar fricciones indebidas en el tratamiento de las transferencias inmediatas en euros y facilitar la decisión del ordenante sobre si proceder o no a la operación prevista, los proveedores de servicios de pago indicarán el grado de dicha discrepancia, en particular indicando en la notificación «no hay correspondencia» o «correspondencia cercana».

(13)La autorización de una operación de pago en la que el proveedor de servicios de pago haya detectado una discrepancia y la haya notificado al usuario de servicios de pago puede dar lugar a la transferencia de fondos a un beneficiario no intencionado. En tales casos, los proveedores de servicios de pago no deben ser considerados responsables de la ejecución de la operación a un beneficiario no intencionado, tal como se establece en el artículo 88 de la Directiva (UE) 2015/2366. Los proveedores de servicios de pago informarán a los usuarios de servicios de pago de las implicaciones que su decisión de ignorar la discrepancia notificada tiene para la responsabilidad de los proveedores de servicios de pago y para sus propios derechos de reembolso. Los usuarios de servicios de pago deben poder optar por no utilizar ese servicio en cualquier momento durante su relación contractual con el proveedor de servicios de pago. Tras tomar esa opción voluntaria, los usuarios de servicios de pago deben poder optar por volver a utilizar el servicio.

(14)Es de vital importancia que los proveedores de servicios de pago cumplan efectivamente con sus obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión contra las personas, organismos o entidades sujetos a inmovilización de activos o a una prohibición de poner fondos o recursos económicos a su disposición, o en su beneficio, directa o indirectamente, con arreglo a las medidas restrictivas adoptadas de conformidad con el artículo 215 del TFUE (personas o entidades incluidas en la lista). Sin embargo, el Derecho de la Unión no establece normas sobre el procedimiento o los instrumentos que deben utilizar los proveedores de servicios de pago para garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones. Así pues, los proveedores de servicios de pago aplican diversos métodos, basados en su decisión individual o en las orientaciones proporcionadas por las autoridades nacionales afectadas. La práctica del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión mediante el control del ordenante y del beneficiario implicados en cada operación de transferencia, ya sea nacional o transfronteriza, da lugar a que se señale un número muy elevado de transferencias que pueden implicar a personas o entidades incluidas en la lista. Sin embargo, la gran mayoría de estas operaciones señaladas resultan, tras la verificación, no implicar a ninguna de esas personas o entidades. Debido a la naturaleza de las transferencias inmediatas, es imposible que los proveedores de servicios de pago verifiquen de forma instantánea, en plazos breves, tales operaciones señaladas y, en consecuencia, sean rechazadas. Esta situación crea dificultades operativas para que los proveedores de servicios de pago ofrezcan transferencias inmediatas a sus usuarios de servicios de pago en toda la Unión de manera fiable y predecible. A fin de proporcionar una mayor seguridad jurídica, de aumentar la eficiencia de los esfuerzos de los proveedores de servicios de pago para cumplir con sus obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión en el contexto de las transferencias inmediatas en euros, y de evitar obstáculos innecesarios a dichas operaciones, los proveedores de servicios de pago deben verificar, al menos diariamente, si sus usuarios de servicios de pago figuran en la lista de personas o entidades, y dejar de aplicar el control basado en las operaciones.

(15)Para evitar el inicio de transferencias inmediatas desde cuentas de pago pertenecientes a personas o entidades incluidas en la lista y para inmovilizar inmediatamente los fondos enviados a dichas cuentas, los proveedores de servicios de pago deben llevar a cabo verificaciones de sus USP lo antes posible tras la entrada en vigor de una nueva medida restrictiva adoptada de conformidad con el artículo 215 del TFUE que establezca la inmovilización de activos o la prohibición de asignar fondos o recursos económicos, garantizando así que los proveedores de servicios de pago cumplan con sus obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión de manera eficaz.

(16)El hecho de que un proveedor de servicios de pago no lleve a cabo las verificaciones de sus usuarios de servicios de pago podría dar lugar a que el otro proveedor de servicios de pago implicado en la misma operación de transferencia inmediata no inmovilice los fondos de una persona o entidad incluida en la lista o ponga fondos o recursos económicos a disposición de dicha persona o entidad. Los proveedores de servicios de pago penalizados por incumplimiento de sus obligaciones derivadas de sanciones de la Unión debido a que otro proveedor de servicios de pago no lleve a cabo verificaciones oportunas de sus usuarios de servicios de pago deben ser compensados por dicho proveedor de servicios de pago (por dichas sanciones).

(17)Las infracciones del presente Reglamento deben ser objeto de sanciones impuestas por las autoridades competentes de los Estados miembros. Estas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Para facilitar la confianza mutua de los proveedores de servicios de pago y de las autoridades competentes pertinentes en la aplicación uniforme y exhaustiva de un enfoque armonizado para el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de servicios de pago derivadas de las sanciones de la Unión, conviene, en particular, armonizar en toda la Unión los niveles mínimos de las sanciones por incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de pago de sus obligaciones de verificar si sus usuarios de servicios de pago son personas o entidades incluidas en la lista.

(18)Los proveedores de servicios de pago necesitan tiempo suficiente para cumplir las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. Procede, por tanto, introducir gradualmente esas obligaciones, permitiendo a los proveedores de servicios de pago un uso más eficiente de sus recursos. Por lo tanto, la obligación de ofrecer el servicio de envío de transferencias inmediatas debe aplicarse posteriormente, precedida por la obligación de ofrecer el servicio de recepción de transferencias inmediatas, ya que el envío de transferencias inmediatas tiende a ser el servicio más costoso y complejo de los dos que deben ejecutarse y, por lo tanto, requiere más tiempo. El servicio de notificación de discrepancias detectadas entre el nombre y el identificador de la cuenta de pago del beneficiario al ordenante solo es pertinente para los proveedores de servicios de pago que ofrecen el servicio de envío de transferencias inmediatas. Por lo tanto, la obligación de ofrecer este servicio debe aplicarse al mismo tiempo que la obligación de ofrecer el servicio de envío de transferencias inmediatas. Las obligaciones relacionadas con las comisiones y el procedimiento armonizado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión deben aplicarse tan pronto como los proveedores de servicios de pago estén obligados a ofrecer el servicio de recepción de transferencias inmediatas. Para que los proveedores de servicios de pago radicados en Estados miembros cuya moneda no sea el euro puedan asignar eficazmente los recursos necesarios para la realización de transferencias inmediatas en euros, las obligaciones establecidas en el presente Reglamento deben aplicarse a dichos proveedores de servicios de pago a partir de una fecha posterior a la de los proveedores de servicios de pago radicados en Estados miembros cuya moneda es el euro, con el mismo enfoque gradual para introducir diversas obligaciones que para los proveedores de servicios de pago radicados en la zona del euro.

(19)Con arreglo al artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo, las comisiones cobradas por un proveedor de servicios de pago radicado en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro en relación con transferencias transfronterizas en euros serán iguales que las cobradas por dicho proveedor de servicios de pago en relación con transferencias nacionales en la moneda nacional de dicho Estado miembro. En situaciones en las que un proveedor de servicios de pago cobre comisiones más elevadas por las transferencias nacionales inmediatas en la moneda nacional que por las transferencias nacionales no inmediatas en la moneda nacional y, por tanto, también por las transferencias transfronterizas no inmediatas en euros, el nivel de comisiones que dicho proveedor de servicios de pago tendría que cobrar en virtud del artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/1230 por las transferencias transfronterizas inmediatas en euros sería superior al de las transferencias transfronterizas no inmediatas en euros. En tales situaciones, para evitar requisitos contradictorios y teniendo en cuenta el objetivo fundamental de orientar a los usuarios de servicios de pago hacia las transferencias inmediatas en euros, conviene exigir que las comisiones cobradas a los ordenantes y beneficiarios por las transferencias transfronterizas inmediatas en euros no superen a las comisiones cobradas por las transferencias transfronterizas no inmediatas en euros.

(20)Procede modificar los Reglamento (UE) n.º 260/2012 y (UE) 2021/1230 en consecuencia.

(21)Todo tratamiento de datos personales en el contexto de la prestación de transferencias inmediatas o del servicio de detección y notificación de discrepancias entre el nombre y el identificador de la cuenta de pago de un beneficiario, así como en el contexto de la verificación de la posible inclusión en la lista de personas y entidades de los usuarios de servicios de pago , debe estar en consonancia con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. El tratamiento de los nombres y los identificadores de las cuentas de pago de las personas físicas es proporcionado y necesario para evitar transacciones fraudulentas, detectar errores y garantizar el cumplimiento de las medidas restrictivas adoptadas de conformidad con el artículo 215 del TFUE que establecen la inmovilización de activos o la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición.

(22)Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, establecer las normas uniformes necesarias para las transferencias transfronterizas inmediatas en euros a escala de la Unión y aumentar la aceptación global de las transferencias inmediatas en euros, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros porque no pueden imponer obligaciones a los proveedores de servicios de pago radicados en otros Estados miembros, sino que, debido a su dimensión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos.

(23)El Supervisor Europeo de Protección de Datos, a quien se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, emitió un dictamen el [XX de XX de 2022].