ES Diario Oficial de la Unión Europea C 182/19

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual»

COM(2008) 426 final (Dictamen adicional)

(2009/C 182/04)

Ponente: Sr. CROOK

El 23 de octubre de 2008, el Comité Económico y Social Europeo, de conformidad con el artículo 29 A de las Normas de Desarrollo de su Reglamento Interno, decidió elaborar un dictamen adicional sobre la

«Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual»

COM(2008) 426 final (Dictamen adicional al dictamen de iniciativa).

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de diciembre de 2008 (ponente: Sr. CROOK).

En su 450o Pleno de los días 14 y 15 de enero de 2009 (sesión del 14 de enero de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 183 votos a favor, 7 en contra y 18 abstenciones el presente Dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 El CESE acoge positivamente la propuesta de directiva, que sigue en gran medida las recomendaciones formuladas en su reciente Dictamen de iniciativa sobre medidas contra la discriminación más allá del mundo laboral (1) y que debería conducir a normas coherentes de protección contra la discriminación de conformidad con el artículo 13 del TCE en toda la UE.

1.2 No obstante, el CESE considera que, en determinados ámbitos, la directiva ofrece una protección menor de la que brindan actualmente las directivas en vigor sobre igualdad de trato independientemente del origen racial o sobre igualdad de trato para hombres y mujeres.

1.3 Es lo que ocurre en el artículo 2, que permite excepciones a la prohibición de discriminación, sobre todo en lo que atañe a la prestación de servicios financieros. El CESE recomienda que los mismos requisitos de transparencia, análisis y supervisión se apliquen a la edad y discapacidad, tal como ya se aplican en materia de igualdad de trato para hombres y mujeres.

1.4 El CESE considera que el artículo 3, que define el ámbito de aplicación de la directiva, impone límites y permite amplias excepciones que socavarán la eficacia de la misma en su conjunto.

1.5 El CESE considera demasiado limitada la obligación impuesta en el artículo 4 a los proveedores de bienes y servicios para que adopten medidas en anticipación de las necesidades de las personas con discapacidad y para que proporcionen ajustes razonables.

1.6 El CESE señala que los organismos de promoción de la igualdad de trato designados de acuerdo con el artículo 12, al contrario que los organismos designados con arreglo a las directivas sobre igualdad independientemente del origen racial y del género, no cubrirían el ámbito del empleo, y recomienda que esta cuestión se aborde en un nuevo considerando.

1.7 El CESE lamenta que la directiva no aborde adecuadamente la cuestión de la discriminación múltiple y pide a la Comisión que presente una recomendación al respecto.

2. Observaciones generales

2.1 En su reciente dictamen de iniciativa el CESE analizó la legislación sobre la lucha contra la discriminación en la UE y en sus Estados miembros y llegó a la conclusión de que «en la actualidad se impone la necesidad de promulgar una nueva legislación de la UE que prohíba la discriminación, fuera del ámbito del empleo, por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual».

2.2 Tras examinar el contenido de la propuesta de directiva del Consejo, presentada por la Comisión, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y observar que no se abordaban plenamente algunas de las preocupaciones que había expresado, el CESE decidió redactar un dictamen adicional sobre dicha propuesta.

2.3 El CESE se congratula de que muchas de las disposiciones de la propuesta de directiva reproduzcan el contenido de otras directivas basadas en el artículo 13: así ocurre con las definiciones de discriminación directa e indirecta y acoso, con las disposiciones sobre aplicación y recursos, incluido lo relativo a la inversión de la carga de la prueba, con la protección contra las represalias y con la exigencia de que las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Al igual que en la Directiva relativa a la igualdad independientemente del origen racial o étnico de las personas (2), el ámbito de aplicación de esta propuesta comprende la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria, los beneficios sociales, la educación, el acceso y el suministro de bienes y otros servicios, incluida la vivienda (si bien, como se analiza a continuación, se imponen restricciones y exclusiones que podrían suponer una reducción del ámbito de aplicación total).

2.4 En las observaciones que siguen, el CESE se centra en las disposiciones específicas que, en su opinión, podrían suponer, explícita o implícitamente, una protección de las personas desde el punto de vista de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, menor que la que garantizan otras directivas basadas en el artículo 13 y sobre igualdad independientemente del origen racial, étnico y el género.

3. Observaciones específicas

3.1 Artículo 2

El artículo 2 establece el concepto de discriminación. En sus apartados 1 y 4 se recogen las definiciones de los conceptos fundamentales incluidas en otras directivas basadas en el artículo 13. En el apartado 5 del artículo 2, la denegación de ajustes razonables conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la directiva se considera una forma de discriminación prohibida.

3.1.1.1 Para asegurar una adecuada transposición de la directiva a la legislación nacional, habida cuenta de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso S. Coleman contra Attridge Law, que confirmó que la prohibición de la discriminación por motivos de discapacidad en la Directiva 2000/78/CE se aplica a una persona asociada a una persona con discapacidad (3), el CESE recomienda que la directiva aclare que la discriminación por algunos de los motivos recogidos en la directiva incluye la discriminación por asociación con personas de una particular religión o convicción, discapacidad, edad u orientación sexual.

El artículo 2, apartado 6, permite a los Estados miembros disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si «están justificadas por una finalidad legítima […], y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios».

3.1.2.1 El CESE recomendó (4) que la facultad de ofrecer un trato preferente, con sujeción a los mismos requisitos de justificabilidad, se aplique asimismo a las personas con discapacidad; esta facultad debería añadirse a las medidas encaminadas a garantizar un acceso efectivo con arreglo al artículo 4.

3.1.2.2 Debería afirmarse que, para que una finalidad pueda considerarse «legítima» a este respecto, ha de ser coherente con el principio de igualdad de trato y ayudar, por ejemplo, a que el grupo en cuestión participe en la vida pública en igualdad de condiciones.

Con arreglo al artículo 2, apartado 7, los Estados miembros podrán autorizar «diferencias de trato ajustadas» a los proveedores de servicios financieros, en caso de que «la consideración de la edad o la discapacidad constituya un factor determinante de la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes y exactos».

3.1.3.1 El CESE expresa su preocupación por la posibilidad de que esta amplia excepción suponga la perpetuación de la situación de desventaja –bien documentada– en que se encuentran los jóvenes, las personas mayores y las personas con discapacidad en su relación con la banca y con una serie de productos de seguro.

3.1.3.2 Este régimen contrasta acusadamente con el establecido en la Directiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a bienes y servicios (5), según la cual los Estados miembros únicamente podrán autorizar primas y prestaciones diferenciados para hombres y mujeres si se basan en datos actuariales y exactos que se actualicen con regularidad. Los Estados miembros habrán de reexaminar su decisión transcurridos cinco años.

3.1.3.3 El CESE reconoce que, en determinadas actividades, los riesgos pueden ser mayores para determinados grupos de edad o para personas con ciertos tipos de discapacidad. Sin embargo, el artículo 2, apartado 7, permite un margen de diferenciación de primas demasiado amplio, sin exigir a los aseguradores que hagan públicos los datos actuariales. Los posibles clientes no pueden saber si las primas diferenciadas están justificadas y los competidores no tendrán incentivo alguno para ofrecer unos precios más equitativos.

3.1.3.4 Aunque la diferencia de primas esté justificada, es necesaria la publicación de los datos actuariales o estadísticos para garantizar la proporcionalidad que exige el artículo 2, apartado 7.

3.1.3.5 El CESE recomienda que los Estados miembros apliquen en materia de edad y de discapacidad los mismos requisitos de transparencia, análisis y supervisión que se aplican en el ámbito de la igualad de género. La directiva propuesta debería facultar a los Estados miembros para autorizar diferencias de trato únicamente en caso de que exijan asimismo a los prestadores de servicios financieros la publicación de datos actuariales o estadísticos actualizados relevantes para la actividad de «riesgo» de que se trate, ya se trate de la conducción, los desplazamientos o la amortización de hipotecas, y para el grupo de edad o la discapacidad concreta correspondiente. Tales datos deberían evaluarse periódicamente, con objeto de advertir cualquier modificación de los riesgos, y los Estados miembros, transcurrido un periodo fijo, deberían tener la obligación de revisar el fundamento del trato diferenciado y de examinar la mutualización gradual de los riesgos y la igualación de las primas.

3.2 Artículo 3

En el artículo 3 se define el ámbito de aplicación de la directiva propuesta, es decir, los ámbitos de actividad a los que se aplicará la prohibición de la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

3.2.1.1 El CESE se congratula de que el artículo 3, apartado 1, letras a) a d), reproduzca el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la igualdad independientemente del origen racial o étnico (6) tal como había recomendado (7).

3.2.1.2 Con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra d), que prohíbe la discriminación en «el acceso y el suministro de bienes y otros servicios a disposición de la población, incluida la vivienda», la propuesta de directiva establece que «la letra d) se aplicará a los particulares únicamente cuando estén ejerciendo una actividad profesional o comercial».

3.2.1.3 Esta excepción, que también aparece en el considerando 16, no figura en la Directiva relativa a la igualdad independientemente del origen racial o étnico. El CESE manifiesta su preocupación por que, a falta de una definición de «actividad profesional o comercial», tal falta de claridad debilite el impacto de la directiva. Si, tal como señala la Comisión (8), el objetivo consiste en aplicar una excepción a las transacciones entre particulares, el CESE recomienda que se interprete de manera que sólo queden comprendidos los bienes y servicios a disposición de la población. Por otra parte, el considerando 17 establece que «al tiempo que se prohíbe la discriminación, es importante que se respete […] la protección de la intimidad y la vida familiar, así como las transacciones que se lleven a cabo en dicho contexto».

El artículo 3, apartado 2, dispone que la protección contra la discriminación en cualquiera de los cuatro ámbitos no se aplicará en lo que respecta a la legislación nacional sobre el estado civil, el concepto de familia o los derechos reproductivos.

3.2.2.1 El CESE reconoce que el estado civil, el concepto de familia y los derechos reproductivos son asuntos en que los Estados miembros tienen la competencia legislativa, aunque no acepta que tal competencia tenga que negar por completo la protección jurídica a escala comunitaria contra la discriminación.

3.2.2.2 Estado civil. Con respecto a las prerrogativas nacionales en materia de regulación del estado civil, el Tribunal de Justicia ha declarado en fecha reciente que, «si bien el estado civil y las prestaciones que de él dependen son materias comprendidas dentro de la competencia de los Estados miembros, competencia que el Derecho comunitario no restringe, se ha de recordar, sin embargo, que, en el ejercicio de dicha competencia, los Estados miembros deben respetar el Derecho comunitario, en especial las disposiciones relativas al principio de no discriminación» (9).

3.2.2.3 Estado familiar. El «concepto de familia» no se define, por lo que es demasiado vago para utilizarlo como base para excluir la protección.

3.2.2.4 Derechos reproductivos. El CESE considera el acceso a los servicios reproductivos como parte integrante de los servicios sanitarios, sobre los que, tanto en virtud del Derecho comunitario como del Derecho nacional, en este ámbito no debería haber discriminación por motivo alguno. Existen pruebas de la existencia de discriminación en relación con los servicios reproductivos por motivos de orientación sexual, discapacidad o edad. Además, puesto que son las mujeres quienes recurren a los servicios reproductivos y hacen uso de ellos, la exclusión de la protección contra la discriminación en este ámbito podría constituir una discriminación por motivo de género, aparte de por motivo de discapacidad, edad u orientación sexual.

3.2.2.5 Por consiguiente, el CESE cree que el apartado 2 del artículo 3, en su conjunto, debería reconsiderarse y que la redacción definitiva debería establecer que la legislación nacional sobre el estado civil, el concepto de familia o los derechos reproductivos ha de aplicarse sin discriminación contra ninguna persona por los motivos que se enumeran en la directiva.

3.2.2.6 El artículo 3, apartado 3, indica que la prohibición de la discriminación en la educación no afectará a «las responsabilidades de los Estados miembros en cuanto a los contenidos de la enseñanza, las actividades y la organización de los sistemas educativos, incluida la enseñanza para las personas con necesidades especiales».

3.2.2.7 El CESE manifiesta su preocupación por la posibilidad de que esta excepción, que no figura en la Directiva relativa a la igualdad independientemente del origen racial o étnico y que va más allá del artículo 149 (disposición específica del Tratado sobre la educación) (10), limite indebidamente el impacto de la directiva en lo que respecta a la erradicación de la discriminación y al acoso en las escuelas y demás centros educativos.

3.2.2.8 El CESE señala que el artículo 150 del TCE establece, en términos casi idénticos a los recogidos en el artículo 149, que los Estados miembros serán responsables de los contenidos y de la organización de la formación profesional, aunque ésta se halle dentro del ámbito de aplicación de la legislación antidiscriminatoria de la UE, sin limitación alguna (11).

3.2.2.9 Las pruebas de la existencia de discriminación en materia de educación en toda la UE por motivos de religión o creencias, discapacidad u orientación sexual fueron uno de los principales factores que impulsaron la presentación de esta propuesta de directiva. El CESE considera que la prohibición de la discriminación y el fomento de la igualdad de trato en la educación es de tal importancia para el desarrollo de las sociedades democráticas y tolerantes, para el desarrollo social y económico y para la consecución de la cohesión social, que han de dictarse normas sobre la materia a escala comunitaria que sean coherentes con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del TCE.

3.2.2.10 Es particularmente importante establecer un elevado nivel de protección contra la discriminación en la atención de las necesidades de educación especiales, con objeto de garantizar un trato digno y justo a todos los niños, independientemente de su religión o creencias, discapacidad u orientación sexual. Esto no supone una injerencia en las políticas de los Estados miembros en relación con la alternativa entre educación separada y educación integrada, sino que garantiza una aplicación de esas políticas sin discriminación. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto D. H. y otros contra la República Checa ilustra cómo las decisiones sobre quién debe recibir educación especial pueden afianzar determinadas pautas de discriminación en el ámbito educativo (12).

3.2.2.11 El CESE considera que la coherencia en la protección contra la discriminación en la educación reviste especial importancia debido al frecuente solapamiento en este ámbito entre la discriminación por motivos de origen racial y étnico y la discriminación por motivos de religión y convicciones. Si no fue necesario establecer una limitación en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva relativa a la igualdad independientemente del origen racial o étnico, no está claro por qué lo es en esta propuesta de directiva.

3.2.2.12 Cualesquiera sean los límites de las responsabilidades de los Estados miembros en relación con la educación, la directiva debería establecer explícitamente que todas estas funciones han de desempeñarse sin discriminación.

3.2.2.13 La segunda frase del artículo 3, apartado 3, permite establecer diferencias de trato en la admisión a centros educativos confesionales o basados en ciertas convicciones; el CESE considera que la directiva debería garantizar que tales instituciones no puedan discriminar por otros motivos.

3.3 Artículo 4

El artículo 4 se refiere a la igualdad de trato para las personas con discapacidad.

3.3.1.1 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (13) incluye una descripción no exhaustiva de quienes se consideran «personas con discapacidad». Los Estados miembros de la UE deberían tener en cuenta esta definición al desarrollar su legislación nacional en materia de protección y fomento de los derechos a la igualdad de las personas con discapacidad. En la propuesta de directiva se debería incluir orientación al respecto y sobre el significado de discriminación por motivos de discapacidad.

3.3.1.2 El CESE acoge con satisfacción el planteamiento dual del artículo 4, consistente en eliminar los obstáculos al acceso a la protección social, los beneficios sociales, la asistencia sanitaria, la educación y al acceso y el suministro de bienes y servicios, incluidos la vivienda y el transporte, lo cual se adecua a la recomendación del CESE (14). Este planteamiento incluye la obligación de adoptar por adelantado medidas relativas a las necesidades de acceso de las personas con discapacidad (artículo 4, apartado 1, letra a)) y de proporcionar ajustes razonables en casos concretos (artículo 4, apartado 1, letra b)). El artículo 2, apartado 5, establece que el incumplimiento del artículo 4, apartado 1, letra b), es una forma de discriminación prohibida. El CESE recomienda que la directiva aclare el concepto de «acceso no discriminatorio efectivo».

3.3.1.3 El CESE manifiesta su preocupación por las tres limitaciones impuestas a la obligación de adoptar medidas por adelantado recogidas en el artículo 4, apartado 1, letra a), a saber, que tales medidas:

a) no deben imponer una carga desproporcionada,

b) ni requerir un cambio esencial en la protección social, los beneficios sociales, la asistencia sanitaria, la educación o en los bienes y servicios en cuestión,

c) ni exigir que se proporcionen alternativas a los mismos.

3.3.1.4 Las limitaciones impuestas en las letras b) y c) carecen de precisión y pueden permitir el mantenimiento de prácticas discriminatorias injustificables. Por ejemplo, un prestador de servicios de atención sanitaria que ofrezca tales servicios únicamente a personas que no padezcan discapacidades podría, sobre la base de lo establecido en la letra b), resistirse a modificar su servicio. Asimismo, una autoridad local que ofrezca un servicio de autobuses al hospital local en el que no se contemple el transporte de personas en silla de ruedas podría, sobre la base de lo establecido en la letra c), resistirse a ofrecer un modo de transporte alternativo. El CESE considera que basta con exigir que las medidas adoptadas por adelantado sean «razonables», requisito que no se exige en el artículo 4, apartado 1, letra a), y someter la obligación impuesta en dicha letra a la única condición de que las medidas en cuestión no supongan una carga desproporcionada.

3.3.1.5 El artículo 4, apartado 2, confiere valor jurídico vinculante a ciertos factores concretos que han de tenerse en cuenta para determinar si las medidas del artículo 4, apartado 1, letras a) o b) impondrían una carga desproporcionada. El considerando 19 menciona el tamaño, los recursos y el tipo de entidad de que se trate como factores que deben tenerse en cuenta para evaluar si la carga es desproporcionada. En el considerando 21 de la Directiva 2000/78/CE se mencionan factores similares. En el artículo 4, apartado 2, de la propuesta se citan dos factores adicionales: «el ciclo de vida de los bienes y servicios», y «los posibles beneficios que un mejor acceso reportaría a las personas con discapacidad». El CESE considera que, dado que ambos factores adicionales deberían formar parte de cualquier valoración de la proporcionalidad, son innecesarios y pueden disuadir a los prestadores de servicios de protección social, beneficios sociales, asistencia sanitaria, educación, bienes y servicios, vivienda y transporte de aceptar la necesidad de emprender medidas para garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad.

3.3.1.6 El artículo 15, apartado 2, permite que los Estados miembros demoren hasta cuatro años el cumplimiento de la obligación de facilitar un acceso efectivo. Aunque el CESE espera que todos los Estados miembros hagan progresos en el ofrecimiento cuanto antes de un acceso adecuado a las personas con discapacidad, no está en desacuerdo con que se les permita demorar el cumplimiento de la obligación de facilitar por adelantado las medidas necesarias para el acceso prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a) solamente por un tiempo limitado. Sin embargo, es fundamental que la directiva deje claro que no se permitirán demoras más allá del plazo de transposición en lo que respecta al cumplimiento de la obligación de facilitar ajustes razonables a una persona con discapacidad concreta con arreglo al artículo, apartado 1, letra b).

3.4 Artículo 12

3.4.1 El CESE acoge favorablemente la obligación impuesta a los Estados miembros de designar un organismo u organismos de promoción de la igualdad de trato para todas las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual con competencias paralelas a las establecidas para tales organismos en la Directiva relativa a la igualdad independientemente del origen racial o étnico de las personas y en la Directiva relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a bienes y servicios. Asimismo, el CESE aplaude la clara declaración incluida en el preámbulo (15) según la cual estos organismos deben funcionar en consonancia con los denominados Principios de París de las Naciones Unidas, los cuales pretenden, en concreto, garantizar la independencia de las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos. Como ya ha indicado el CESE, tales organismos deben ser responsables de la evaluación regular de los resultados de las políticas nacionales en el ámbito de la lucha contra la discriminación (16). Estos organismos deberían entablar regularmente un diálogo significativo con organizaciones que representen a personas en riesgo de discriminación por todos los motivos incluidos en la propuesta de directiva.

3.4.2 La propuesta del artículo 12, no obstante, deja una laguna, ya que seguirá sin imponerse la obligación de designar un organismo u organismos de promoción de la igualdad de trato en el empleo y la ocupación independientemente de los motivos de discriminación en cuestión, puesto que la Directiva marco sobre el empleo (2000/78/CE) no exige la creación de un organismo especializado en materia de igualdad. Los organismos creados con arreglo a la Directiva relativa a la igualdad independientemente del origen racial o étnico deben abarcar la igualdad tanto en el empleo como fuera de éste en relación con tales motivos y los organismos creados con arreglo a la Directiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a bienes y servicios y a la Directiva (refundida) relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres (2006/54/CE) deben abarcar la igualdad entre hombres y mujeres tanto en el empleo como fuera de éste.

3.4.3 El CESE recomienda, pues, que se añada un considerando al preámbulo de la propuesta de directiva en el que se aliente a los Estados miembros a otorgar a los organismos creados con arreglo al artículo 12 competencias equivalentes en materia de igualdad de trato por motivo de la religión o las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual, con arreglo a lo establecido en la Directiva marco sobre el empleo.

4. Discriminación múltiple

4.1 En su reciente dictamen de iniciativa, el CESE señalaba que existen pruebas de que se dan a menudo casos de discriminación múltiple, es decir, discriminación basada en más de uno de los motivos citados en el artículo 13. El CESE recomendaba que la nueva directiva confirmara que el principio de igualdad de trato incluye la protección contra la discriminación múltiple a fin de que este aspecto quede recogido en la legislación comunitaria y nacional.

4.2 La propuesta de directiva reconoce (17) que, a menudo, las mujeres son víctimas de discriminación múltiple, aunque no considera la discriminación múltiple por otros motivos. El CESE recomienda que se avance hacia el pleno reconocimiento de la discriminación múltiple, de alguna de las dos maneras siguientes:

a) Mediante la inclusión en la propuesta de directiva de un nuevo considerando en el que se inste a los Estados miembros a que garanticen la existencia de procedimientos jurídicos para tratar las situaciones de discriminación múltiple especificando, en concreto, que los procedimientos jurídicos nacionales permitirán que un denunciante pueda plantear todos los aspectos de una reclamación por discriminación múltiple en una sola reclamación.

b) Mediante la adopción de una recomendación de la Comisión en la que se declare la necesidad de tener en cuenta la discriminación múltiple al elaborar y redactar la legislación nacional que, aun no siendo vinculante para los Estados miembros, haya de ser tenida en cuenta por los tribunales nacionales.

Bruselas, 14 de enero de 2009 El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Mario SEPI

(1) Dictamen del CESE sobre «Ampliar las medidas contra la discriminación más allá del mundo laboral — Necesidad de una directiva global contra la discriminación»; ponente: Sr. Crook (DO C 77 de 31.3.2009, p. 102).

(2) Directiva 2004/43/CE del Consejo, artículo 3.

(3) Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 2008, Asunto C-303/06, despido de un trabajador que no es una persona con discapacidad, pero cuyo hijo sí lo es.

(4) Primera nota a pie de página, punto 8.10.5.

(5) Directiva 2004/113/CE del Consejo, artículo 5.

(6) Directiva 2004/43/CE del Consejo, artículo 3.

(7) Primera nota a pie de página, apartado 8.6.

(8) Capítulo 5, «Explicación detallada de las disposiciones específicas» en COM(2008) 426 final.

(9) Maruko contra Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, C-267/06, 1 de abril de 2008, apartado 59.

(10) El artículo 149, apartado 1, del Tratado CE establece que: «la Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando las acciones de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística».

(11) Por ejemplo, la Directiva 2000/43/CE del Consejo, artículo 3, apartado 1, letra b), o la Directiva 2000/78/CE del Consejo, artículo 3, apartado 1, letra b).

(12) Sentencia de la Gran Sala, 13 de noviembre de 2007 (no 57325/00).

(13) Artículo 1.

(14) Primera nota a pie de página, apartado 8.10.2.

(15) Considerando 28.

(16) Primera nota a pie de página, apartado 8.10.8.

(17) Considerando 13.