Dictamen sobre el Libro Blanco « Crecimiento, competitividad, empleo - Retos y pistas para entrar en el siglo XXI »

(95/C 210/01)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

- de conformidad con lo establecido en el artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en su 3° pleno del 18 de mayo del 1994, decidió elaborar un dictamen de propia iniciativa sobre el Libro Blanco « Crecimiento, competitividad, empleo », presentado por la Comisión al Consejo Europeo de Bruselas de los días 10 y 11 de diciembre del 1993;

- con el fin de poner de relieve la importancia del crecimiento y de la competitividad de la economía para fortalecer la cohesión económica y social de la Unión;

- con el fin de poner de relieve la importancia del equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo social;

- a la vista del grave problema del desempleo para la economía y la sociedad en general;

- con objeto de contrarrestar esta tendencia mediante la creación del 15 millones de puestos de trabajo para el año 2000;

HA APROBADO

en su 4° Pleno, celebrado el 27 de septiembre del 1994, el siguiente dictamen por mayoría.

Introducción

La Comisión expone en el Libro Blanco directrices para mejorar el crecimiento y la competitividad global y crear el mayor número de puestos de trabajo posible. Con tal fin, propone las siguientes líneas generales de actuación :

- aprovechar al máximo las posibilidades del mercado interior mediante el fomento del desarrollo sostenible de las actividades económicas;

- impulsar la sociedad de la información y desarrollar redes de información dentro y fuera de Europa;

- acelerar la realización de las redes de infraestructuras energéticas y de transporte;

- ofrecer incentivos para la innovación y las inversiones inmateriales;

- desarrollar la cooperación entre los Estados miembros;

- lograr normas justas de competencia a nivel internacional.

Para alcanzar un mayor nivel de empleo en la Comunidad, los Estados miembros tienen que lograr la competitividad global en un mercado mundial cada vez más integrado y complejo.

La economía evoluciona de forma gradual hacia una economía de elementos inmateriales, por lo que su desarrollo deberá basarse en la creación, difusión y aplicación de los conocimientos. En este ámbito los factores de competitividad desempeñarán un papel fundamental a la hora de aumentar el crecimiento y crear puestos de trabajo especializados en el mercado laboral. El Comité de las Regiones apoya decididamente el nuevo modelo de « desarrollo sostenible » establecido en el Libro Blanco de la Comisión.

Habida cuenta de los problemas expuestos en el Libro Blanco de la Comisión, el Consejo Europeo de Bruselas, celebrado los días 10 y 11 de diciembre del 1993, decidió llevar a la práctica un plan de acción para luchar contra el desempleo. En la siguiente reunión de Corfú, celebrada los días 24 y 25 de junio del 1994, el Consejo Europeo continuó examinando los avances logrados con la aplicación de las propuestas del Libro Blanco y decidió proseguir dicha labor en el Consejo que se celebrará en Essen en diciembre del 1994.

LOS TRES ASPECTOS DEL LIBRO BLANCO : CRECIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

Crecimiento

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1. señala que el pertinente análisis realizado en el Libro Blanco nos permite comprender mejor los motivos que lo sustentan, así como la coherencia intrínseca de los equilibrios macroeconómicos fundamentales y de las políticas económicas y monetarias que deben aplicarse;

2. hace hincapié en que, para lograr el objetivo de crear 15 millones de puestos de trabajo de aquí al año 2000, es necesaria una actuación concertada y sostenida para :

a) moderar el crecimiento del consumo en beneficio del ahorro y de la inversión,

b) aumentar la flexibilidad del mercado laboral,

c) incrementar la investigación, el desarrollo y la innovación,

d) acelerar las inversiones en las redes transeuropeas de transporte, energía e información, de forma que se favorezca el incremento de la competitividad empresarial;

3. señala que el mayor nivel de crecimiento tendrá repercusiones medioambientales tanto dentro como fuera de la Unión, por lo que deberá prestarse atención al respeto de los compromisos de tipo medioambiental adquiridos por la Unión y los Estados miembros;

4. indica que, si se quiere alcanzar dicho objetivo, la tasa de crecimiento de los ingresos reales per cápita debe ser inferior al crecimiento global de la productividad;

5. pone de relieve que ello implica frenar el crecimiento del consumo público y privado, fomentar las inversiones públicas y privadas, mantener la inflación en un nivel bajo y reducir los déficit públicos.

Competitividad

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

6. apoya las líneas generales de actuación que propone la Comisión en el Libro Blanco para mejorar la competitividad global de las empresas comunitarias en mercados abiertos y competitivos;

7. coincide con la Comisión en que la competitividad deberá lograrse mediante cambios estructurales que reconcilien la solidaridad y la eficacia, para lo cual deberá prestarse la máxima atención al factor trabajo;

8. está de acuerdo con la valoración de que la Unión Europea ha perdido competitividad frente a sus principales competidores en el mercado mundial. Para salvar este desfase, el Comité propone que, en primer lugar, se aumente drásticamente la productividad en los sectores expuestos a la competencia internacional, y, en su segundo lugar, se acelere el desarrollo y comercialización de los productos basados en nuevas tecnologías, así como la ampliación de las redes europeas;

9. reconoce la necesidad de un mayor esfuerzo en I+D, ya que es el medio de incrementar la competitividad y de crear puestos de trabajo, e insta a los Estados miembros a que procuren conseguir un aumento continuo del porcentaje de inversiones dedicadas a I+D. El Comité destaca la necesidad de dar un claro impulso al Libro Blanco mediante una ofensiva inversora coordinada a nivel europeo, que incluya incentivos para las inversiones privadas, (por ejemplo, beneficios fiscales para los gastos en I+D);

10. está de acuerdo en que deben aumentarse las medidas comunitarias en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico para alcanzar el porcentaje japonés del 3 % del PIB, en que deben coordinarse mejor las actividades de I+D dentro de la Unión Europea y en que dichas medidas deben adecuarse a las necesidades de la economía europea, especialmente del ámbito empresarial;

11. recalca la importancia de que la Comunidad garantice el funcionamiento práctico del mercado interior, aprovechando el potencial de desarrollo y la experiencia en este ámbito, así como el efecto dinamizador para las empresas;

12. insiste en que es muy importante :

a) potenciar las PYME y las iniciativas de desarrollo locales,

b) aplicar en su totalidad las cuatro libertades del mercado interior,

c) desarrollar las redes transeuropeas;

13. considera positivo el programa integrado en favor de las PYME y destaca la importancia de que el mercado interior fomente su competitividad, en particular, la de las empresas muy pequeñas y las industrias artesanales. El Comité solicita a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que apliquen lo antes posible las medidas incluidas en el programa integrado, con la plena participación de las autoridades regionales y locales, dada su experiencia en la planificación, creación y desarrollo de zonas industriales y en el establecimiento de servicios locales de apoyo a las PYME, (por ejemplo : supresión a todos los niveles de las trabas administrativas y de las desventajas financieras, concesión de reducciones impositivas para compensar las desventajas propias del tamaño de la empresa, creación de un entorno estable y seguro, facilitación del acceso a los mercados de capitales, fomento de la asociación de empresas y mejora de la calidad de la gestión), para ayudar a las PYME a mejorar su competitividad y adaptarse a las exigencias del mercado interior y de la competencia internacional;

14. considera que las redes transeuropeas y la existencia de infraestructuras de coste reducido y eficaces en los sectores de la energía, transportes y comunicaciones son esenciales para el desarrollo de la economía europea y suponen una importante contribución a la mejora de la competitividad de las empresas europeas a nivel internacional, especialmente de las PYME, dada su capacidad de comunicación y acceso a los mercados;

15. estima que todas las regiones deben poder acceder del mismo modo a las redes transeuropeas, con el fin de acercarlas más y, por lo tanto, mejorar la competitividad de su economía. Esto se aplica especialmente a las regiones periféricas e insulares de la Unión, que no se beneficiarán plenamente de la integración europea si no se mejoran los transportes y comunicaciones;

16. apoya el informe Bangemann, presentado en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Corfú los días 24 y 25 de junio, al considerar que el establecimiento de la sociedad de la información reviste una importancia vital para fortalecer la posición de las empresas europeas, especialmente las PYME, frente a la competencia internacional. Por consiguiente, es importante que la Unión Europea fomente las medidas necesarias para desarrollar las tecnologías de la información e introducirlas en el mercado. Las autoridades regionales y locales deben participar en la selección de los proyectos prioritarios, con el fin de lograr una informatización completa y eficaz en toda Europa;

17. subraya que el respeto al medio ambiente y la evaluación del impacto ambiental deben tener un peso importante en la valoración, establecimiento de prioridades y financiación de los proyectos comunes de infraestructuras y que, asimismo, debe consultarse a las autoridades regionales y locales en las fases iniciales para la planificación y realización de los proyectos comunes;

18. pone de relieve la importancia de que la Unión Europea facilite la difusión de las nuevas tecnologías creando las condiciones para que, ajustándose a las normas de la competencia, dichas tecnologías puedan satisfacer las necesidades de las empresas y, en términos más generales, de la sociedad europea; asimismo, señala que los centros de transferencia regional pueden desempeñar un papel fundamental en este tema para las pequeñas y medianas empresas;

19. señala que los métodos de producción ecológicos están adquiriendo una importancia creciente en el contexto de la competitividad internacional;

20. considera vital para el crecimiento y la competitividad de la economía europea establecer una cooperación industrial y tecnológica con terceros países, en especial, con los que tienen un potencial de crecimiento importante. Ello es igualmente válido para los países de Europa central y oriental, cuyas economías se encuentran en plena transformación. Las economías de estos países deberían integrarse de forma gradual, pero rápida, en el conjunto de relaciones económicas de la Unión Europea. La Comisión debería presentar lo antes posible un plan para el establecimiento de relaciones económicas.

Educación

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

21. considera positivo el interés puesto en la educación, ya que se trata de un factor que contribuye al mantenimiento de la competitividad de la economía europea, y considera que el trabajo y la capacidad de innovación humanos constituyen el recurso natural más importante para mantener y continuar desarrollando la fuerza económica de la Unión Europea, razón por la que requieren un apoyo especial;

22. subraya que el contenido y la estructura del sistema educativo son responsabilidad de los Estados miembros y se opone de forma categórica a toda ampliación de las competencias actuales de la Unión Europea más allá de lo establecido en el Tratado de la UE en el ámbito de la educación y de la formación profesional;

23. señala que las propuestas de mayor coordinación entre la oferta pública y la oferta privada de formación profesional por parte de las empresas, así como de cofinanciación de la formación por el sector privado mediante el doble sistema de formación profesional, se aplican desde hace tiempo en dos Estados miembros (Alemania y Luxemburgo) y han demostrado su utilidad para evitar el desempleo juvenil;

24. observa que los sistemas educativos de los diversos Estados miembros difieren considerablemente, por lo que no conviene generalizar las conclusiones;

25. se muestra convencido de que una inversión cuantiosa de capital y de conocimientos especializados por parte de las empresas de los demás Estados miembros en la formación profesional resultará a largo plazo tan necesaria económicamente como lo ha sido en los países que ya aplican el doble sistema de formación profesional;

26. subraya la importancia de que conceda especial atención a los grupos vulnerables, tales como las mujeres que se reincorporan al mercado de trabajo, las minorías étnicas, los parados de larga duración y los jóvenes parados;

27. apela, por consiguiente, a los Estados miembros, incluidas las autoridades regionales y locales, a que, mediante el establecimiento de normas y estrategias intensivas de motivación e información, convenzan a las empresas de que intervengan de forma general y sistemática en la formación de los jóvenes y de que cofinancien y asuman totalmente la formación de los trabajadores especializados;

28. destaca que, para asumir los retos futuros de la formación profesional, son necesarios sistemas que cubran una formación básica general, una especialización adecuada en un sector concreto y la incorporación de los jóvenes a la empresa en la fase final de la formación inicial. Con ello podrá lograrse una transición suave de la formación a la vida laboral. Solo así podrá combatirse el hecho preocupante de que el índice sumamente elevado de fracaso escolar en la enseñanza y en la formación profesional de algunos países provocado por un nivel de formación profesional y continua relativamente bajo dé lugar a un índice de paro juvenil superior a lo normal, que crea distorsiones sociales, marginación social y comportamientos marcadamente antisociales, cuya consecuencia es el incremento de la criminalidad, el uso de drogas, etc.;

29. hace hincapié en que los interlocutores sociales deberán desempeñar un mayor papel en la determinación de la política de formación y de educación, con el fin de facilitar la transición de la formación a la vida laboral y adecuar la gama de titulaciones a las profesiones del futuro;

30. subraya que, junto con la reforma de la estructura de la formación inicial, la formación continua entendida como aprendizaje permanente también debe ser objeto del diálogo social y también parte integral de toda estrategia empresarial. Debería exigirse a todas las empresas, mediante planes de desarrollo del personal y su aplicación sistemática, que ofrecieran a todos los trabajadores las máximas oportunidades de desarrollo de la carrera personal y que garantizaran una adaptación permanente a los cambios tecnológicos; también será necesario que los centros de enseñanza superior faciliten una formación continua de modo permanente y eficaz, mejorando sus estructuras organizativas y sus métodos educativos. Una experiencia profesional adecuada fuera de la institución universitaria conseguida durante el período lectivo debe constituir una parte importante de cualquier curso de enseñanza superior, siempre que esta experiencia profesional sea sustancial y guarde relación con las futuras posibilidades de trabajo. En este sentido, debería desarrollarse la enseñanza a distancia transfronteriza y afianzarse su aplicación;

31. señala que la planificación sistemática de la formación continua y superior no corresponde únicamente a los gobiernos; más bien, los interlocutores sociales y las autoridades regionales y locales deben formularla y las empresas deben cofinanciarla. Las autoridades públicas y las instituciones deberían ayudar especialmente a la PYME mediante asesoramiento sobre la formación continua y mediante incentivos;

32. aprueba la iniciativa de la Comisión Europea de poner en marcha el proyecto piloto de colaboración entre las regiones, el cual está encaminado a potenciar la colaboración entre los órganos locales de la Unión en el campo de la educación, especialmente en lo referente al análisis de las necesidades en el ámbito de la formación profesional. Puesto que el proyecto piloto en cuestión afecta solamente a 10 regiones (), el Comité es partidario de que en el futuro se continúen y amplíen iniciativas análogas a un mayor número de regiones;

33. apela a los Estados miembros para que garanticen, -si es preciso, promulgando leyes- que los trabajadores pueden utilizar los períodos de desempleo, sin menoscabo de sus prestaciones, para continuar cualificándose, lo que facilitará su reincorporación al mercado laboral;

34. respalda la solicitud de la Comisión para que las universidades y demás centros de enseñanza superior dispongan de financiación adecuada y aboga por una cooperación más estrecha entre estos centros y las empresas;

35. pide a los Estados miembros que ofrezcan igualdad de oportunidades de formación respecto de la formación profesional no académica y que asignen fondos suficientes;

36. apoya las iniciativas destinadas a que las actividades de la Unión Europea fomenten el intercambio de experiencias y de información entre los Estados miembros y faciliten la movilidad de profesores y aprendices como contribución al objetivo final de establecer un mercado laboral y de formación europeo. En este contexto, el aprendizaje de idiomas extranjeros es un factor vital para la creación de la Europa de los ciudadanos y la plena realización del mercado interior;

37. se opone a una normalización innecesaria de los nuevos instrumentos descentralizados de formación multimedia, para no frenar los rápidos avances que se producen actualmente en este campo, y considera que sería preferible dejarlos al arbitrio de las fuerzas del mercado. El Comité da por sentado que el rápido desarrollo de la oferta de sistemas compatibles y adaptadores hará que este problema desaparezca gradualmente;

38. reconoce el compromiso financiero de la UE en el ámbito de la formación general y profesional, especialmente a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo, y expresa la esperanza de que en el futuro se destinen y utilicen estos medios de modo eficaz, en particular para reducir las discrepancias en materia de educación existentes en las regiones del objetivo n° 1.

Empleo

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

39. comparte la opinión expresada en el Libro Blanco de que el objetivo principal de la política económica de la UE debe ser conseguir una reducción notable del desempleo en un futuro próximo, dado que el nivel inaceptablemente elevado de paro representa un enorme riesgo de inestabilidad política y social y amenaza con destruir la confianza de la población en el proceso de integración europea;

40. subraya que el impacto directo e indirecto del desempleo supone una pesada carga especialmente para las entidades regionales y locales y pone en peligro los servicios que las autoridades locales ofrecen a la población;

41. subraya la necesidad de que se dé la misma prioridad al logro de un nivel de bienestar y seguridad social lo más elevado posible que a una reducción notable del desempleo;

42. considera que la disminución sostenida de los salarios reales y los recortes drásticos de los sistemas de seguridad social no constituyen el medio adecuado para solucionar la crisis de empleo y que, al contrario, a largo plazo conducen a un estancamiento y pérdida de crecimiento. En relación con esto, el Comité de las Regiones acoge favorablemente el realismo demostrado por los interlocutores sociales en las negociaciones salariales mantenidas en diversos Estados miembros (por ejemplo, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Irlanda y Países Bajos), por su contribución eficaz a la mejora del crecimiento y el empleo;

43. opina que dejar de centrarse en una política de ingreso en cuanto a seguridad social para centrarse en una de egreso mejorará las oportunidades de crear empleo;

44. acoge favorablemente el llamamiento del Libro Blanco a favor de desplazar la prioridad política hacia el objetivo de crear más puestos de trabajo en vez de reducir la tasa de desempleo. Esto significa que debe darse prioridad a la creación de empleo en el mercado de trabajo regular (mercado primario). Los planes públicos de empleo deben servir como puente para el mercado de trabajo primario;

45. subraya que es preferible fomentar la creación de puestos de trabajo (el segundo mercado de trabajo) a financiar el desempleo, y en este contexto concreto apoya las muchas y variadas iniciativas en favor del empleo a nivel regional y local. La promoción de la actuación local debe basarse ante todo y sobre todo en iniciativas locales apoyadas por las autoridades regionales y nacionales. El Comité pone de relieve el papel positivo de los fondos estructurales en la promoción de las iniciativas locales;

46. señala que, además de los elevados costes unitarios, las carencias en materia de tecnología y de gestión son a menudo las causantes de la pérdida de competitividad de las empresas europeas, e insta a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a examinar y aplicar las medidas necesarias para mejorar el interés por la tecnología dentro de la Unión;

47. opina que la desregulación puede ser a veces una manera adecuada de eliminar las rigideces del mercado, pero que debe ser considerada caso por caso, teniendo debidamente en cuenta las estructuras nacionales y regionales y con la plena participación de los representantes de los trabajadores. En sí misma, la desregulación, al flexibilizar al máximo la legislación relativa a las condiciones de despido, no es la panacea;

48. comparte la opinión expresada en el Libro Blanco de que la flexibilidad de los horarios de trabajo, incluyendo la flexibilidad del número de horas trabajadas, es aconsejable en términos macroeconómicos, siempre que refleje los deseos de los trabajadores y sea compatible con las necesidades económicas de las empresas. El Comité está de acuerdo en que esto sólo puede llevarse a cabo mediante medidas de apoyo e incentivos y con el acuerdo de los interlocutores sociales;

49. considera necesario poner de relieve las muy distintas maneras en que la reducción de horarios puede contribuir a crear o mantener puestos de trabajo, siempre que no se ponga en peligro la competitividad de la industria o la economía, y subraya el efecto positivo de fomentar el trabajo a tiempo parcial, teniendo debidamente en cuenta el equilibrio de la protección social entre el trabajo a tiempo parcial y a tiempo completo. Es necesario conceder incentivos específicos para los contratos de jornada parcial. Las autoridades regionales y locales de la Unión Europea han colaborado en el desarrollo de nuevas formas de trabajo como, por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial y el trabajo compartido, por lo que pueden intercambiar experiencias al respecto con otros empresarios de la Unión. Las autoridades nacionales, regionales y locales deberían dar ejemplo en este sentido en sus políticas de contratación;

50. subraya el papel que desempeña la protección del medio ambiente y la prestación de servicios -por ejemplo, en el ámbito de los medios de comunicación y las telecomunicaciones, pero fundamentalmente en otros ámbitos como los servicios domésticos, los servicios de asistencia locales, las actividades culturales y de ocio- en la creación de nuevos puestos de trabajo. Comparte la opinión de que en estos ámbitos será posible crear a medio plazo más de tres millones de puestos de trabajo. En este contexto desempeñarán un papel cada vez más importante las autoridades locales y regionales, además de las inversiones privadas, por lo que confía en que se conceda a las primeras -así como a otros agentes de ámbito local- las competencias y los medios financieros necesarios;

51. subraya la importancia de practicar una política económica orientada al diálogo a todos los niveles de la Unión Europea, también en lo que respecta a la creación de nuevos puestos de trabajo, dado que sólo con un consenso social básico entre el gobierno, la empresa y los sindicatos podrán fomentarse un efecto duradero los temas de importancia estratégica para el futuro desarrollo económico en Europa. La tradición europea de la acción basada en la solidaridad debe seguir siendo el fundamento de las políticas del mercado de trabajo y del empleo. Dadas las diferencias económicas, políticas y jurídicas entre los Estados miembros, es preciso que sean los Estados miembros los que adopten en primer lugar las medidas necesarias;

52. considera positivas las observaciones recogidas en el Libro Blanco sobre descentralización, así como los cambios hacia una economía descentralizada. El Comité estima que los gobiernos regionales y locales pueden desempeñar un importante papel en la aplicación de los puntos del Libro Blanco sobre el tema, especialmente en relación con los aspectos de formación vinculados a la creación de una cooperación local para favorecer el crecimiento y el desarrollo de las PYME, la introducción de nuevas tecnologías y el desarrollo de una formación que esté en relación con las necesidades de los mercados laborales regionales y locales. El Comité espera que las autoridades regionales y locales y los diversos interlocutores dispongan de medios y financiación adecuados.

Nuevo modelo de desarrollo

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

53. acoge muy favorablemente el debate recogido en el Libro Blanco sobre un nuevo modelo de desarrollo;

54. comparte la opinión de que en la Unión Europea el coste del factor trabajo es en general muy alto y el coste del factor medio ambiente es muy bajo. Reducir la carga de los costes del factor trabajo (sin bajar los sueldos) e imponer al mismo tiempo un coste sobre la utilización del medio ambiente sería un incentivo a la vez para la creación de empleo y para una mayor protección del medio ambiente;

55. comparte la opinión expresada en el Libro Blanco de que la reducción de las cargas sociales de los empresarios influiría considerablemente en la creación de nuevos puestos de trabajo y la conservación de los ya existentes. El Comité está de acuerdo con que es necesario reducir las cotizaciones patronales a la seguridad social;

56. señala que el nuevo modelo de desarrollo sostenible exige que las autoridades regionales y locales desempeñen un papel activo, ya que son los actores clave de los programas medioambientales actuales que tienen por objetivo el desarrollo sostenible. En este proceso es de lamentar que en la evaluación de las repercusiones económicas del nuevo modelo de desarrollo los costes externos no sean considerados como un componente económico. El Comité de las Regiones recomienda que la Comisión Europea favorezca un mayor uso de productos fabricados con tecnologías limpias. A este respecto es necesario que la Unión aumente sustancialmente y coordine las actividades de I+D en el ámbito de las tecnologías limpias. Esto requiere una « auditoría ambiental » de amplio alcance y una política de contratos públicos rigurosa;

57. subraya la necesidad de establecer medidas fiscales para compensar la reducción de las cotizaciones sociales de los empresarios, basadas principalmente en impuestos sobre la energía -CO2- y los recursos naturales y en la fiscalidad uniforme de las rentas del capital en la UE, y señala que una política fiscal orientada a la protección del medio ambiente no debe conducir en ningún caso a un aumento de la cuota total del estado en porcentaje del PIB;

58. reconoce la necesidad de desarrollar e implantar nuevas tecnologías integradas, incrementar la eficacia energética y establecer una nueva infraestructura compatible con el medio ambiente, especialmente en los ámbitos del transporte, el abastecimiento y la eliminación de residuos.

Conclusiones

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

59. lamenta la ausencia de un análisis sectorial, local o regional en el Libro Blanco, referente por ejemplo al probable impacto que tendría en el crecimiento, la competitividad y el empleo la apertura de los mercados del sector de servicios en la UE y en el mundo, sector que en la actualidad supone más de dos tercios del porcentaje total de empleo; insta a que se lleve a cabo un intercambio de opiniones más intenso, dentro del Comité de las Regiones y de las restantes instituciones de la UE, con respecto a los servicios descritos en el punto 49 a escala local y regional;

60. lamenta que el Libro Blanco aborde sólo de manera tangencial el modo en que las autoridades regionales y locales pueden contribuir al crecimiento y al empleo, porque son precisamente, en mayor medida, las autoridades regionales y locales las que, estableciendo las infraestructuras técnicas y sociales, crean las condiciones para el progreso del sector privado. La Comisión Europea y los Estados miembros deberían aprovechar todas las oportunidades posibles para insistir en que el modelo de desarrollo sostenible sea aceptado fuera de la Unión Europea. Como condición previa para financiar programas comunitarios para el desarrollo de infraestructuras, la Comisión debería elaborar directrices exigiendo a los contratistas el empleo de productos ecológicos, de materiales reciclados y de alternativas a los recursos naturales, por ejemplo, agregados secundarios;

61. subraya que puede solicitarse que las autoridades regionales y locales intervengan, en especial en las ciudades, en los siguientes ámbitos de intervención :

- apoyo a la iniciativa económica;

- eficiencia del mercado local del trabajo;

- políticas de investigación y de innovación;

- redes de transportes;

- tecnologías de la información y telecomunicaciones;

- medio ambiente y calidad de vida;

- enseñanza general y formación profesional;

62. pide a la Comisión que efectúe un análisis del efecto de los cambios estructurales y económicos cíclicos en los distintos tipos de regiones de la Unión Europea (por ejemplo, las regiones agrícolas atrasadas y las regiones en declive industrial en relación con otras regiones de la Unión). También debe tenerse en cuenta la evolución prevista de las relaciones con los países vecinos de Europa central y oriental, de forma que puedan exponerse y debatirse lo antes posible claras orientaciones de desarrollo;

63. lamenta que no se haya realizado un análisis de la participación de los trabajadores en los beneficios y de los planes para incentivar la participación, por ejemplo, en forma de modelos de salario de inversión. El Comité subraya la importancia, desde el punto de vista de la política social, de que los trabajadores tengan una participación en los medios de producción y la medida en que ello puede facilitar a las empresas la captación de capital. El Comité insta a que la Unión Europea continúe realizando estudios comparativos sobre el desarrollo de los planes existentes de incentivación para los trabajadores en los Estados miembros;

64. lamenta que el tema del nuevo modelo de desarrollo se haya tratado de modo aislado en un capítulo aparte y que se trate de modo insuficiente -o que ni siquiera se incluya- en otros capítulos que deberían recoger y aplicar la idea, a saber, los capítulos sobre política de investigación y tecnología y las redes transeuropeas de infraestructuras. Por otra parte, un ejemplo positivo es el tratamiento de los problemas del medio ambiente en relación con la mejora de la competitividad de la industria europea;

65. rechaza la ampliación del marco financiero de la Comunidad o la creación de nuevos instrumentos financieros. La financiación debe regirse por el principio de movilizar en la medida de lo posible el capital privado y darle prioridad por norma general. Si resulta necesario utilizar recursos públicos, los organismos responsables de la financiación serán los principales encargados de la planificación y la ejecución. En caso de que sea verdaderamente necesario, la contribución financiera de la UE procederá en la medida de lo posible del Fondo de Cohesión y de los diversos recursos presupuestarios existentes y presupondrá una contribución propia de los responsables de los diferentes proyectos. Únicamente en casos excepcionales podrá recurrirse a las ayudas comunitarias específicas para las redes transeuropeas. Asimismo, el Banco Europeo de Inversiones podrá ejercer una función de apoyo a través de los servicios de préstamos que ofrece.

Hecho en Bruselas, el 27 de septiembre de 1994.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jacques BLANC

() Área metropolitana de Copenhague (Dinamarca), Sajonia-Anhalt (República Federal de Alemania), Grecia occidental, Comunidad de Valencia (España), Loira (Francia), Liguria (Italia), área metropolitana de Dublín (Irlanda), Limburgo (Países Bajos), Portugal central, East Anglia (Reino Unido).

() DO n° L 126 de 18. 5. 1994.

() Véanse también las conclusiones del dictamen.

() Véanse también las conclusiones del dictamen.

() El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) constituido el 14 de junio del 1994 con un capital autorizado de 2 mil millones de ecus, suscrito por bancos privados (30 %), el BEI (40 %) y la Comisión (30 %), permitirá conceder garantías de préstamo (hasta el 50 % del coste de un proyecto), sobre todo para grandes trabajos de infraestructuras, por un importe de 6 a 16 mil millones de ecus, favoreciendo así inversiones por un importe total de 30 mil millones de ecus aproximadamente (véase el DO n° L 173 de 7. 7. 1994). Además, el BEI ha concedido ya, hasta mayo del 1994, préstamos por un importe de 5.800 millones de ecus de los 8 mil millones asignados en virtud de las « facilidades de Edimburgo », que permitirán financiar el 75 % (en lugar de 50 %) del coste de las inversiones en infraestructuras (de transportes y medio ambiente) y las PYME.

() Véase Decisión del Consejo de 19 de abril de 1994 (DO n° L 107 de 28. 4. 1994).

() Programa integrado para las PYME y la artesanía (doc. COM(94) 207 final); véase también la Recomendación de la Comisión de 25 de mayo de 1994 relativa a la imposición fiscal de las pequeñas y medianas empresas (DO n° L 177 de 9. 7. 1994) y la Comunicación de la Comisión sobre la mejora del entorno fiscal de las pequeñas y medianas empresas (DO n° C 187 de 9. 7. 1994).

() Área metropolitana de Copenhague (Dinamarca), Sajonia-Anhalt (República Federal de Alemania), Grecia occidental, Comunidad de Valencia (España), Loira (Francia), Liguria (Italia), área metropolitana de Dublín (Irlanda), Limburgo (Países Bajos), Portugal central, East Anglia (Reino Unido).

() Dictamen CES 564/94 sobre el programa SOCRATES y CES 381/94 sobre el programa « La Juventud con Europa III ».

ANEXO I al dictamen del Comité de las Regiones

1. Antecedentes

Ante la gravedad de la crisis y el alcance del paro, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea adoptaron una primera serie de decisiones durante el Consejo Europeo de Edimburgo, celebrado los días 10 y 11 de diciembre del 1992 (decisiones financieras de Edimburgo). El Consejo Europeo de Copenhague de los días 21 y 22 de junio del 1993, tras escuchar la dramática intervención del Presidente J. Delors, encargó a la Comisión un análisis en profundidad de las causas de la crisis económica y la elaboración de propuestas de solución. A raíz de ello, la Comisión presentó su Libro Blanco al Consejo Europeo de Bruselas, celebrado los días 10 y 11 de diciembre del 1993. El Consejo Europeo de Corfú de 24 y 25 de junio del 1994 adoptó las primeras decisiones concretas (11 proyectos prioritarios para la red de transportes). Los Estados miembros también han adoptado medidas en el sentido indicado por el Libro Blanco.

2. Análisis

2.1. Hechos

En la Unión Europea hay en la actualidad 17 millones de parados, es decir, un 11 % de su población activa. En el mes de abril del 1994, en las oficinas de empleo estaban registrados en situación de paro más del 18,5 millones de personas. Cerca de la mitad de los parados llevan más de un año en el paro y el nivel de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años es del 20 %. Dejando aparte el derroche económico de potencial humano que supone, el paro constituye una plaga humana y social, a menudo causante en gran medida de muchos males de nuestra sociedad moderna (criminalidad, droga, racismo).

A primera vista, esta evolución es sorprendente.

Por una parte, durante los años 1986 a 1990, la Comunidad, anticipando sin duda la realización del mercado interior el 1 de enero del 1993, experimentó un nivel de crecimiento medio anual del 3,2 %, mientras que el empleo aumentaba un 1,3 % anual, y el paro disminuía de un 10,8 % en 1985 a un 8,3 % en 1990. La plena realización del mercado interior y la perspectiva de la creación de la unión económica y monetaria para finales de siglo parecía indicar que Europa podía continuar por este camino, experimentar un crecimiento de más del 3 %, crear nuevos empleos y reducir el paro. Es exactamente lo contrario de lo que ocurrió en el preciso momento en el que el mercado interior se convertía en realidad (véase gráfico anexo).

Por otra parte, se observa que Estados Unidos y Japón tienen un nivel de desempleo mucho más bajo que la Unión Europea : un 6,1 % en Estados Unidos y un 2,5 % en Japón en 1993. El Libro Blanco subraya que durante el período del 1973-1990 Estados Unidos experimentó una tasa de crecimiento anual medio de su PIB del 2,3 % y una productividad de la mano de obra de un 0,4 % solamente, lo que permitió un crecimiento del empleo del 1,9 % de media anual en el transcurso de estos 17 años. Este crecimiento correspondió en la práctica a un crecimiento de la oferta de trabajo en Estados Unidos -que por otra parte era mucho más elevada que en Europa- y permitió mantener el desempleo a niveles de fluctuación coyuntural casi constantes por término medio (5,5 %) en el mismo período. No obstante, durante este período los salarios reales per cápita aumentaron en Estados Unidos un 0,4 % anual frente al 1,5 % en la Comunidad.

¿ Está en crisis el modelo europeo ?

2.2. Causas

Cuando las cosas van mal, se tiene la tendencia a creer que la culpa es de los demás. Ocurre también en este caso : se aduce que las causas son externas, cuando en realidad la razón profunda de la crisis se debe en buena medida a la propia Comunidad.

2.2.1. Competencia de los terceros países

Se alega que la pérdida neta de tres millones de empleos en 1992 y 1993 está originada por la competencia desleal de los países del Sudeste Asiático (Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, en primer lugar, seguidos por Malasia e Indonesia y próximamente por Vietnam y China Popular). Se alega asimismo que los salarios muy bajos de los países de Europa central y oriental también originan situaciones de competencia desleal o de deslocalización de empresas. Para ciertos sectores y en casos concretos estas afirmaciones son probablemente exactas, pero hay que subrayar que las importaciones de la Unión Europea procedentes de los países del Sudeste Asiático en cuestión representaron únicamente el 14 % de las importaciones totales en 1993 (12 % de nuestras exportaciones) y las procedentes de países de Europa central y oriental solamente un 4 % (5 % de nuestras exportaciones). Las importaciones procedentes de países de bajos salarios sólo representa el 1,5 % del total de los gastos de bienes y servicios de los países de la OCDE. Por otra parte, la Comisión utiliza plenamente los poderes de que dispone en caso de dumping demostrado. Por otra parte, tampoco conviene olvidar que se trata de países y nuevos mercados sumamente dinámicos que la Unión Europea no puede perder de vista para sus futuras exportaciones.

2.2.2. Coste de la mano de obra

El coste del trabajo es muy elevado en Europa. En primer lugar, en términos absolutos : en algunos países se ha llegado a una situación en que para un salario medio bruto equivalente a 100 unidades, el trabajador sólo recibe 65 netas y el empresario debe pagar 150 en total. La exacciones obligatorias aplicables al trabajo, ya sean de tipo fiscal o parafiscal, son claramente elevadas en Europa; en algunos casos sobrepasan incluso el nivel del salario neto. Por tanto, será necesario encontrar otros medios para financiar el gasto público, especialmente la seguridad social, de lo contrario el capital continuará sustituyendo al trabajo, favoreciendo así la innovación de los procesos de producción en lugar de la innovación de los productos. El coste del trabajo en Europa es también muy elevado en términos relativos, es decir, con relación a terceros países (cuatro veces superior con relación a los « dragones » del Sudeste Asiático y diez veces con relación a Europa del Este). Por otra parte, hay que subrayar que la productividad del trabajo es muy elevada en Europa, pero que aparentemente deja poco margen de maniobra a las empresas para garantizar su competitividad y lanzarse a nuevos mercados.

2.2.3. Pérdida de cuotas de mercado

A pesar de la crisis y del elevado coste de la mano de obra, Europa ha sabido mantener más o menos sus cuotas de mercado en el comercio internacional. Desgraciadamente, se ha especializado, por decirlo así, en la exportación de productos tradicionales, olvidando los sectores de alta tecnología, que generan crecimiento y puestos de trabajo y en los cuales nuestros propios mercados están abiertos a las empresas americanas y japonesas principalmente.

2.2.4. Rigidez del mercado de trabajo

Europa tiene motivos de sentirse orgullosa de su legislación social; no obstante, ésta suele dar lugar a una gran rigidez de los mercados de trabajo, desembocando a veces en la no creación o incluso en la destrucción de empleo, lo que a menudo hace que los empresarios sean reticentes a contratar personal en períodos en que la coyuntura es favorable. Así pues, se impone una gran flexibilidad. Sin transgredir las normas fundamentales de la protección social, será necesario suprimir el exceso de regulación (overregulation) que obstaculiza la creación de empleo.

2.2.5. Investigación y desarrollo

El nivel de gasto y de calidad de la investigación es menos elevado en Europa que en Estados Unidos o Japón (más del 3 % del PIB en Japón, 2,8 % en Estados Unidos y 2 % en la Unión Europea). Además, lo que hace falta en Europa es una buena coordinación para evitar que se investigue doce veces lo mismo. La Unión Europea podría concentrarse en algunos grandes proyectos comunes -así funciona ya el cuarto programa marco, del 26 de abril del 1994 (), que prevé para el período 1994-1998 11 000 millones de ecus de gastos (sin incluir los 1 250 millones de ecus para la investigación de EURATOM en el mismo período) para cuatro tipos de actividades- y, sobre todo, podría procurar que el período transcurrido entre el descubrimiento, la puesta a punto del prototipo y la comercialización de los nuevos productos se reduzca lo más posible.

3. Los remedios

Para poder combatir el paro y crear más empleo, es necesaria una acción de envergadura, apoyada por los interlocutores sociales, que se realice a la vez al nivel europeo, nacional, regional y municipal. Según el Libro Blanco, no obstante, cabe distinguir entre falsos y verdaderos remedios, aunque en cada uno de los casos sea preciso matizar de alguna manera estas expresiones.

3.1. Los falsos remedios

Entre estos cabe citar :

3.1.1. El proteccionismo

Para evitar la competencia desleal de los terceros países, bastaría con cerrar las fronteras de la Unión Europea o, cuando menos, aumentar los derechos de aduana y tasas de efecto equivalente. Ya que las negociaciones del GATT se han concluido en Marrakech el 15 de abril del 1994, es preciso que la Unión Europea, primera potencia comercial del mundo, respete los tratados firmados y haga todo lo que esté en su poder para iniciar en las mejores condiciones posibles la Organización Mundial del Comercio (OMI) el 1 de enero del 1995. Además, las estimaciones de los expertos indican que con la liberalización del comercio mundial, a raíz de la conclusión de la Ronda Uruguay, existirá un crecimiento inmediato del PIB mundial del 1 % anual, cosa que en la crisis actual sería muy provechosa para la Unión Europea, cuyas exportaciones de bienes representan un 9 % de su PIB. No es, pues, el momento -y, sobre todo, cuando este aumento del comercio internacional permita crear un número creciente de empleos en Europa- de abogar por el proteccionismo.

En el marco del GATT, por el contrario, la Unión Europea debe ser vigilante y protegerse cada vez que convenga hacerlo, como lo hacen los Estados Unidos y el Japón. Sería necesario intervenir de modo drástico para reducir importaciones relacionadas con salarios demasiado bajos en terceros países (dumping) y debe extremarse el cuidado cuando se trate de importaciones procedentes de países en los que se producen violaciones de los derechos humanos (y de los niños). La Unión puede introducir cláusulas sociales en los Tratados comerciales que concluyen con terceros países, y, además, debe hacerlo.

3.1.2. Aumentar el gasto a costa del déficit

Abrir el grifo del gasto nacional y comunitario para favorecer el consumo no se considera ya como un remedio apropiado para reactivar la economía, ya que la mayoría de los Estados miembros de la Unión no dispone de los márgenes presupuestarios necesarios. El remedio sería peor que la enfermedad. Las políticas económicas laxas aplicadas durante la segunda mitad de los años 80 han perturbado el desarrollo armonioso de las economías de tal manera que no merece considerarse con seriedad este camino.

3.1.3. El dumping social

Algunos consideran que para contrarrestar la competencia de los terceros países sería necesario reducir los salarios en los nuestros igualmente o reconsiderar de manera fundamental los sistemas de seguridad social, cada vez más difíciles de financiar a causa de la situación demográfica en Europa. Una política deflacionista de esta clase constituiría también un remedio peor que la enfermedad, ya que la contracción del poder adquisitivo de nuestras poblaciones tendría un efecto catastrófico en la oferta de bienes y servicios dentro del mercado interior, que sigue representando el 90 % de nuestras ventas. Esto no quiere decir evidentemente que ya no existan opciones, sobre todo en el crecimiento real de los salarios y de las ventajas sociales, ni que sea necesario introducir una mayor selectividad en los sistemas de seguridad social para concentrar en mayor medida las intervenciones de éstos en las personas que más lo requieran.

3.1.4. La reducción generalizada del tiempo de trabajo ()

Aunque en sí misma no es una mala solución, la reducción generalizada y obligatoria del tiempo de trabajo -por ejemplo, imponiendo la introducción de la semana de 32 horas- en definitiva no es más que una solución para salir del paso ante la amplitud de las necesidades no satisfechas, incluso con reducción proporcional de los salarios. Un sistema de esta naturaleza haría, por lo demás, aun más precaria la situación de las personas menos cualificadas y menos pagadas en nuestra sociedad. Esto no impide evidentemente la creación al nivel de los sectores o las empresas de planes (transitorios) de reparto del trabajo para evitar despidos, ni el fomento -por medios de medidas fiscales o primas- de sistemas de trabajo a tiempo parcial. Además, la tendencia a largo plazo de la reducción del tiempo de trabajo proseguirá sin duda su curso.

3.2. Los verdaderos remedios

El Libro Blanco subraya en primer lugar que no es correcto considerar que exista paro porque no hay suficiente demanda, ya que las necesidades de nuestra sociedad son enormes. Europa cuenta con alrededor de 50 millones de habitantes, o sea un 15 % de su población, que viven en situación precaria, es decir, que disponen de unos ingresos reales e inferiores en un 50 % a los promedios nacionales. Son enormes las necesidades de vivienda, con inclusión de su renovación, transportes colectivos, protección del medio ambiente (tratamiento de aguas residuales, preservación de zonas naturales y espacios públicos, control de las normas de calidad) y servicios de cercanía (ayudas a domicilio a las personas de edad avanzada, guardería infantil, asistencia a los jóvenes, seguridad de inmuebles destinados a la vivienda), sin olvidar por supuesto las necesidades de ocio y cultura, con el sector audiovisual o sin él. Estas necesidades no están en gran parte satisfechas, porque existen demasiados obstáculos burocráticos, o bien porque no hay demanda real, porque los interesados no disponen de ingresos adecuados o porque los precios de los servicios en el mercado son demasiado elevados. En satisfacer estas necesidades deberá concentrarse el esfuerzo principal.

Además de la demanda interior, siguen existiendo los mercados de la exportación, cuyas puertas están ahora para nuestras empresas completamente abiertas con la condición de que sean competitivas e innovadoras.

Los principales remedios para incrementar la competitividad y combatir el paro son :

3.2.1. Los grandes proyectos e inversiones ()

Para reforzar su posición competitiva y al mismo tiempo reactivar el empleo, es necesario imprimir un mayor ritmo a una serie de proyectos de obras públicas (redes), considerablemente necesarios para Europa si desea reforzar su competitividad frente a terceros países :

- infraestructuras del transporte (autopistas, trenes de alta velocidad, aeropuertos, vías navegables);

- autopistas de información de amplias bandas (mundo « multimedia » : sonido, texto, imágenes);

- redes transeuropeas de energía (gas y electricidad);

- grandes proyectos medioambientales.

Es éste un conjunto de grandes trabajos en el que habrá que dar la prioridad a las redes que constituyen cuellos de botellas para el buen funcionamiento del mercado interior y que permitirán, por consiguiente, una mayor rentabilidad al nivel europeo. El coste total de estas inversiones hasta el año 2000 se estima en cerca de 500 mil millones de ecus, 120 de los cuales se destinan a proyectos prioritarios, con una financiación por parte de la Unión Europea de alrededor del 10 % en forma de fondos, o bien en forma de préstamos o garantías de préstamos (Fondo Europeo de Inversiones) (). El coste de las inversiones propuestas representa el 1 % alrededor del PIB de la Unión (5 500 millones de ecus en 1994).

Se ha acordado sin embargo, que la programación presupuestaria plurianual de la Unión, aprobada en Edimburgo para el período 1994-1999, no será revisada. Por tanto, las subvenciones de la Unión deberán proceder de las líneas presupuestarias existentes, como los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.

El Consejo de Europeo de Corfú definió 11 proyectos prioritarios para las redes transeuropeas de transporte, principalmente para las líneas ferroviarias de los trenes de alta velocidad, cuyas necesidades financieras se estiman en 68 mil millones de ecus, de los cuales 32 mil millones corresponden al período 1994-1999. La financiación se examinará proyecto por proyecto. Se ha identificado un total de 38 proyectos de infraestructuras de transporte y 8 proyectos de energía.

3.2.2. El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME)

Las PYME -en la definición europea : hasta 500 empleados- representan el 75 % del empleo privado en la Unión Europea, una cuarta parte de las cuales está constituida por independientes (una tercera parte del empleo en las PYME con unos efectivos inferiores a 10). Las PYME crean el mayor número de empleos (3/4 de los nuevos empleos creados durante los últimos 3 años). Por tanto, es preciso estimular su actividad :

- reduciendo al máximo las normas administrativas;

- facilitando su financiación para crear empleos, concediéndoles

- bonificaciones de interés (de un porcentaje de 2 puntos durante 5 años) para los préstamos (globales) por un importe total de mil millones de ecus (hasta 30 000 ecus por empleo creado) concedidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ();

- garantías de préstamos (en el marco del FEI).

Para facilitar la acción en favor de las PYME, la Comisión inició el 3 de junio del 1994, un programa denominado integrado ().

3.2.3. La mejora de la enseñanza y de la formación profesional

Una buena formación, general y específica, es inherente a la buena organización de trabajo en nuestra sociedad moderna, caracterizada por una tecnicidad cada vez mayor. Las máquinas han asumido una gran parte del trabajo a humano, pero son los hombres y las mujeres los que se encargan de su funcionamiento del modo más eficaz posible. Son estos igualmente, en el marco de la investigación y del desarrollo, los que se encargan de poner a punto los nuevos productos. Mediante una formación profesional adecuada se podrá prestar ayuda a los desempleados para que encuentren trabajo. Europa, pese a su adelanto en este ámbito en relación con, por ejemplo, los Estados Unidos, debe realizar aún un gran esfuerzo en esta materia.

3.2.4. El marco macroeconómico

La Comisión propone en el Libro Blanco crear 15 millones de nuevos empleos para finales de siglo, reduciendo así el índice actual de desempleo en más de la mitad hasta el año 2000.

Este objetivo parece a primera vista (demasiado) ambicioso, pero no se debe olvidar que entre 1984 y 1990 la Unión Europea había creado efectivamente 9 millones de empleos. Además, las proyecciones muestran que un proyecto ambicioso de esta clase puede realizarse efectivamente si todos hacen el esfuerzo necesario para crear el marco macroeconómico indispensable.

La Comisión ha presentado varios supuestos : abajo se recogen los números 1 (crecimiento débil y no convergencia) y 4 (crecimiento fuerte con medidas estructurales).

>SITIO PARA UN CUADRO>

Según esta ipótesis, el índice de crecimiento sigue siendo débil (apenas superior a 2 % anual), la productividad del trabajo elevada y, por tanto, la tasa de desempleo igualmente (12,2 % en el año 2000), así como el déficit público (menos 5,0 % en el año 2000). A pesar del aumento de los salarios reales, el consumo privado sólo experimenta un aumento moderado.

Por el contrario, en el caso de la hipótesis de crecimiento (3,5 % anual) el índice de desempleo descendería a 4,5 % el año 2000.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Para alcanzar el objetivo de creación del 15 millones de empleos hasta el año 2000, es preciso :

- limitar el crecimiento de los salarios reales netos per cápita a la mitad del crecimiento de la productividad del trabajo;

- limitar el crecimiento del consumo privado y público;

- aumentar las inversiones privadas y públicas (del 19 % a 24 % del PIB);

- mantener un índice de inflación en torno al 2,6 %;

- reducir los déficit públicos del PIB de 6 % en 1994 a menos del 1 % en el año 2000, sin aumento notable de la presión fiscal y parafiscal, que seguiría estando situada en torno al 44 % del PIB.

Aunque existe un cierto consenso a la vez entre los gobiernos de los Estados miembros y los interlocutores sociales, para seguir las grandes líneas de un marco macroeconómico de esta clase, el propio Libro Blanco señala ya el peligro que nos afecta :

El mayor desafío con el que deberán de enfrentarse los responsables políticos será el de hacer comprender la necesidad de seguir aplicando políticas macroeconómicas y estructurales apropiadas, incluso cuando se haya superado la recesión.

Las últimas previsiones económicas de la Comisión (mediados de mayo del 1994) muestran que Europa está saliendo actualmente de la recesión : para 1995, se prevé un crecimiento del PIB del 2,5 %, un aumento de las inversiones del 4,9 %, un crecimiento del empleo del 0,3 % y una estabilización del índice de desempleo en el 11,5 %. Ante estas cifras bastante alentadoras (salvo para el desempleo), se corre el riesgo que los responsables políticos aflojen las riendas y pospongan durante un cierto tiempo el saneamiento de la Hacienda Pública, indispensable sin embargo para poder reducir los tipos de interés a largo plazo y realizar las inversiones públicas necesarias.

Al respecto, el Consejo Europeo de Corfú, celebrado los días 24 y 25 de junio del 1994, recuerda que es esencial que la mejora de la situación económica no tenga por resultado relajar los esfuerzos encaminados en promover el ajuste estructural en Europa, sino que por el contrario debería aprovecharse para acelerar las reformas indispensables, en particular en el ámbito del empleo, donde la situación sigue siendo fuente de preocupación.

Desde principios de los años 80, el empleo en la Comunidad sólo empieza a crecer a partir del momento en que el crecimiento del PIB supera el 2 % (a principios de los años 70 se trataba incluso del 4 %). No hay motivos para creer que esta divergencia no pueda reducirse en los próximos años (hasta el 1,5 % incluso el 1 %, por ejemplo), cuando los precios relativos al trabajo evolucionen de manera más favorable en relación con el capital. En los Estados Unidos esta divergencia sólo es del 0,5 %.

Las proyecciones presentadas por la Comisión, expuestas en lo esencial en los cuadros que figuran arriba, indican los marcos macroeconómicos posibles, pero al mismo tiempo demuestran que no es posible hallar una solución para el problema del desempleo sin medidas estructurales.

>REFERENCIA A UN FILM>

ANEXO II

Dictamen complementario sobre los aspectos urbanos del Libro Blanco

sobre crecimiento, competitividad, empleo

El 26 de julio de 1994, de conformidad con el apartado 1 del artículo 9 de su Reglamento interno, el Comité de las Regiones decidió elaborar un dictamen complementario sobre los aspectos urbanos del Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad, empleo.

La Comisión de Política Urbana, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 29 de julio de 1994 (Ponente: Sr. V. Castellani).

El presente dictamen ha sido transmitido a la Comisión 1, consultada a título principal, que tomó nota del mismo en la reunión del 9 de septiembre.

En su 4° Pleno (sesión del 27 de septiembre de 1994), el Comité de las Regiones ha aprobado el siguiente dictamen.

1. Sentar las bases de un desarrollo sostenible y de larga duración de las economías europeas, ponerlas en condiciones de hacer frente a la competencia internacional y generar los millones de puestos de trabajo necesarios constituyen los cometidos que el Libro Blanco somete a la reflexión de los Estados miembros. Los cambios previstos son considerados como objetivos en una perspectiva no dirigista, sino con una atención constante a la investigación y valorización de los actores emprendedores de la sociedad. En particular, se subraya la importancia de una colaboración sistemática entre iniciativa pública e iniciativa privada. Sólo en algunos pasajes del texto se hace referencia explícita al papel que en esta empresa común pueden desempeñar los entes locales, y en particular las ciudades. Sin embargo, una atenta lectura muestra que gran parte de las intervenciones solicitadas no pueden prescindir de una acción coordinada de dichos entes, y que está bien presente en las intenciones del documento reconocer y atribuir sus responsabilidades específicas.

1.1. Por lo que respecta a las ciudades, hay que poner de relieve que éstas pueden figurar entre los actores más intensamente emprendedores del cambio estructural en el que pueden identificarse concretamente y ponerse en práctica cruciales sinergias entre el sector público y el privado. El presente documento pretende mostrar algunos de los principales ámbitos de intervención en los que el papel de las ciudades reviste una importancia primaria, y pretende subrayar la necesidad de que se reconozca explícitamente dicha importancia para poder explotar las posibilidades de acción.

2. En particular, puede solicitarse la acción de las ciudades en los siguientes ámbitos de intervención:

- apoyo a la iniciativa económica;

- eficiencia del mercado local del trabajo;

- políticas de investigación y de innovación;

- redes de transportes;

- tecnologías de la información y telecomunicaciones;

- medio ambiente y calidad de vida.

2.1. Apoyo a la iniciativa económica

2.1.1. El cometido de la ciudad en la actividad económica ha evolucionado en los últimos años, pasando de una intervención directa mediante la asunción como propias de actividades de producción y de prestación de servicios a la intervención directa con acciones encaminadas a estimular la intervención de los operadores privados, a apoyar a éstos con ayudas y contribuciones y a facilitar la cooperación entre los diversos sectores privados.

2.1.2. Las ciudades están en condiciones de fomentar a nivel local la lógica de los grupos de empresa y de las agrupaciones de empresas que, frecuentemente con la coparticipación de instituciones comunitarias o gubernativas, son los únicos capaces de afrontar los diversos grados de desarrollo a nivel transnacional. Las motivaciones son evidentes: dividir los costes, reducir los riesgos y crear sinergias mediante la presencia de diversas competencias y actitudes respecto a las diferentes fases de los proyectos.

2.1.3. Pero no basta con la mera espontaneidad de las empresas y la iniciativa pública tradicional: hace falta tanto el modo de operar más incisivo de las primeras como el mayor plazo temporal de que dispone la segunda, cuando hay perspectivas de rentabilidad económica pero diferidas en el tiempo y cuando están en juego valores de orden social.

2.1.4. Frecuentemente la dimensión municipal es inadecuada para adoptar y gestionar de modo coherente tales decisiones y medidas. La mayoría de éstas son de tal amplitud que requieren la organización de un territorio mayor que el estrictamente municipal. La dimensión supermunicipal propia de las «ciudades metropolitanes» es la más apropiada, si bien la «ciudad metropolitana» no puede ser concebida de tal modo que los municipios más pequeños resulten marginados en las decisiones de programación económica y territorial.

De cualquier modo, la solución a los diferentes problemas deberá buscarse en la circunscripción territorial más apropiada, que no es necesariamente la misma para todas las acciones que deban emprenderse.

2.1.5. Al proyectar el desarrollo es importante recordar que una ciudad que constituya tan sólo un centro financiero, organizativo y administrativo tiende a agravar las desigualdades, mientras que una ciudad que mantenga un cometido propio de actividades productivas y comerciales de dimensiones medias y pequeñas permite preservar un tejido social más completo con nichos e intersticios abiertos a la movilidad social y económica. Una prudente programación urbanística, unida a la posibilidad de aplicaciones fáciles de tecnologías innovadores y a un sistema formativo rápido y eficaz, puede mantener condiciones favorables a un contexto más abierto y pluralista.

2.1.6. Las pequeñas empresas son en muchos lugares generadoras de riqueza y en particular de empleo. Sin embargo, se ven muy expuestas a las incertidumbres del mercado: para reforzar su posición e innovar su propia organización necesitan recursos que por sí solas no pueden producir. También algunos países que adoptaron en el pasado políticas dirigidas sobre todo a la gran industria reconocen hoy en general la necesidad del apoyo al desarrollo de las PYME. A este respecto reviste gran importancia el papel de las instituciones locales. En efecto, se observa en general que las pequeñas empresas se defienden sobre todo en contextos favorables donde las condiciones adecuadas se sostienen localmente y se renuevan con el tiempo. La acción pública local para mantener este entorno favorable es esencial. Un marco normativo estable y una administración rápida y eficaz son a este respecto los primeros elementos fundamentales.

2.2. Eficiencia del mercado local del trabajo

2.2.1. Eficiente es un mercado del trabajo capaz de permitir a todo ciudadano poder satisfacer sus propias necesidades mediante el ejercicio de una actividad laboral en un contexto en el que desempeñe lo mejor posible su propia capacidad productiva.

2.2.2. Para ello es necesario, por una parte, que no se interpongan barreras al acceso al mercado laboral y que, por otra, el trabajador potencial o real pueda conocer cuál es su puesto exacto en el mercado laboral.

Las barreras al acceso al trabajo y la deficiencia en la circulación de las informaciones sólo pueden llevar a mercados laborales ineficaces. Pero las primeras pueden suprimirse y la segunda puede verse facilitada con intervenciones bien calibradas que los entes locales están en condiciones de determinar y poner en práctica, para lo que conviene tomar en consideración las competencias y las posibilidades de acción de los municipios en el ámbito de la política del mercado del trabajo. Entre dichas intervenciones cabe señalar:

- intervenciones encaminadas a evitar que la fuerza laboral juvenil se pierda en actividades menores a causa de su baja cualificación: los estudiantes que abandonan la escuela superior sin graduarse y que terminan en trabajos no cualificados dan lugar, si no se recuperan rápidamente, a una pérdida de potencial productivo que un sistema económico y social no debe permitir;

- formación de una fuerza laboral a todos los niveles (escuela, institutos profesionales, universidad) mediante intervenciones que puedan mantener el ritmo de la continua evolución cualitativa de la demanda de trabajo, para evitar situaciones paradójicas extendidas en diversas regiones de Europa donde se registra un alto nivel de paro de la fuerza laboral y, al mismo tiempo, una notable dificultad por parte de las empresas para conseguir mano de obra cualificada;

- organización de un servicio público de empleo que actúe como un sistema informativo eficaz, no burocrático y capaz de facilitar el encuentro entre la demanda y la oferta de servicios laborales.

A los problemas estructurales típicos del mercado del trabajo amenazan con añadirse las dificultades relacionadas con la presencia de minorías étnicas, ya consolidadas en algunas ciudades europeas, que a menudo no están protegidas de manera adecuada, pese a poseer cualificaciones iguales o a veces superiores.

2.3. Políticas de investigación e innovación

2.3.1. Los estudios del programa europeo FAST han puesto de relieve la existencia de medios innovadores correspondientes con ámbitos en los que rigen condiciones culturales, institucionales, infraestructurales y económico-financieras particularmente favorables a la investigación, a sus aplicaciones innovadoras y a su difusión en el tejido empresarial y social. Por consiguiente, cabe afirmar que una política europea de investigación requiere, para ser eficaz, una política paralela de los medios urbanos.

2.3.2. A este propósito hay que tener presente que los principales sujetos institucionales de las políticas de la investigación (universidad, grandes hospitales, laboratorios de investigación públicos y privados, etc.) son sujetos típicamente urbanos tanto en el sentido de que mantienen una relación de simbiosis tan estrecha con la ciudad que no podrían desempeñar las mismas funciones en otro lugar, como en el sentido de que las contribuciones científicas y de aplicación que estas instituciones pueden aportar a nivel nacional, europeo o mundial, dependen en gran medida de la calidad y cantidad de las intervenciones que tienen con los otros componentes de la sociedad urbana, local y regional.

En consecuencia, políticas de diverso nivel encaminadas a potenciar los medios innovadores y culturales urbanos y sus conexiones a diversas redes, pueden ejercer un notable impacto sobre los resultados cualitativos de la investigación, en igualdad de inversiones y de otras condiciones generales.

Con todo, es preciso tener presente que los nuevos programas requieren a menudo trabajadores cualificados sobre todo procedentes del exterior de las grandes ciudades; por este motivo, las políticas de investigación e innovación deben ir acompañadas por iniciativas dirigidas a la formación y reciclaje de los desempleados y de los trabajadores que corren el riesgo de serlo.

2.4. Redes de transportes

2.4.1. Los grandes flujos de mercancías y de personas y las redes infraestructurales conexas tienen su centro neurálgico en las ciudades. Sin embargo, la estructura espacial y funcional de estas redes refleja una división del trabajo que no es tan sólo urbana sino también y sobre todo regional. Ello significa que en las redes de transportes las ciudades ejercen la labor de interfaz entre un nivel local-regional territorialmente difuso y el nivel de las grandes infraestructuras nacionales y europeas.

2.4.2. El establecimiento de un justo equilibrio en el intercambio entre ambos niveles es un objectivo de las políticas urbanas. A dicho objetivo deberían subordinarse, como instrumentales, los objetivos de las políticas de transportes. En particular, hay que reconocer que las ciudades y redes de ciudades, como destinatarias, redistribuidoras y en parte generadoras de los grandes flujos de circulación, formulan propuestas y operan activamente en la construcción de las redes infraestructurales europeas.

2.4.3. De hecho, estas redes se presentan como condiciones previas necesarias para que el sistema de las ciudades pueda desempeñar su doble papel de conjunto de «nudos» de excelencia capaces de dar competitividad al sistema europeo y de interfaz entre este nivel y el de los sistemas territoriales y regionales a los que pertenezcan.

2.4.4. La política europea del transporte deberá tener en cuenta las modalidades específicas en que pueden desempeñarse mejor esos cometidos en las diversas situaciones: desde las especializaciones locales reales y potenciales a la posición de la ciudad en la transición postindustrial y a su propia posición geográfica. Por ejemplo, una integración más estrecha en el sistema urbano europeo de las ciudades (y de las correspondientes regiones) más próximas a la core area (área central), como Milán y Berlín, puede conseguirse eficazmente con el ferrocarril de alta velocidad. Pero esta medida por sí sola no resuelve, sino que más bien agrava los problemas de ciudades y regiones más «periféricas» que para desempeñar su papel europeo requieren, en cambio, intervenciones especiales en el sistema del transporte aéreo.

2.5. Tecnologías de la información y telecomunicaciones (TIC)

2.5.1. Las ciudades han sido desde siempre las sedes privilegiadas para recabar, elaborar y difundir la información. Como quiera que actualmente la información constituye el recurso clave para el desarrollo y control de todos los sectores de la economía y de la sociedad, el papel de la ciudad europea será tanto más importante cuanto más avanzado sea el sistema informativo europeo. En particular, ya hoy día las ciudades europeas ejercen una función estratégica como centros de los flujos de información y, por consiguiente, también de las redes de telecomunicación.

2.5.2. En los últimos veinte años se ha registrado una creciente concentración urbana de las funciones económicas y políticas de más alto nivel (dirección de empresa, finanzas, I+D, cultura y otros servicios «raros»). Sin embargo, esta tendencia también se ha visto acompañada por la tendencia paralela a una mayor difusión territorial de funciones de servicios de nivel intermedio hacia centros menores, junto con una relocalización de la actividad productiva.

2.5.3. Ambos movimientos, aun siendo de signo contrario, forman parte de un proceso único de rediseño y extensión a regiones y países considerados durante algún tiempo como periféricos de las redes y flujos de la información dirigidos a los grandes núcleos urbanos.

Por consiguiente, en el nuevo «espacio común de información» de la Comunidad, las ciudades deberán ser consideradas ante todo como los motores de este doble movimiento y, en consecuencia, como los ejes de las grandes transformaciones estructurales de las que surgirá la Europa del Siglo XXI.

2.5.4. Como lugares de mayor concentración de la demanda de telecomunicaciones, las ciudades atraerán cada vez más a las grandes infraestructuras de las TIC («autopistas informáticas», telepuertos, etc.), sobre todo si, como prevé el Libro Blanco, su financiación y gestión recurre cada vez en mayor medida al capital privado.

2.5.5. Todo ello tiene importantes relaciones con las políticas urbanas. A nivel local, las TIC deben poder basarse en soportes infraestructurales, normativos y de gestión que permitan una eficaz participación de los diversos actores y componentes sociales en el papel de las ciudades como centros de información.

A escala regional, nacional y comunitaria, la función informativa del sistema urbano deberá articularse territorialmente en formas «distribuidas», a fin de evitar una excesiva concentración en los grandes núcleos metropolitanos y valorizar con sinergias de redes el gran patrimonio potencial que constituyen las ciudades pequeñas y medianas.

2.6. Medio ambiente y calidad de la vida urbana

2.6.1. En la Europa comunitaria el 80% de la población vive en ciudades: el problema de la calidad de vida depende en gran medida de las condiciones del medio urbano. La Comunidad Europea demuestra dedicar una particular atención a este aspecto de la política urbana en programas como LIFE, SUSTAINABLE CITY, CIVITAS, etc.

2.6.2. Las áreas urbanizadas, como concentraciones de población, de actividad, de consumo, de materiales y de energía, son los lugares donde los problemas del medio ambiente se presentan con mayor intensidad, donde las tasas de contaminación tienden a ser particularmente elevadas, donde la eliminación de los desechos y el restablecimiento de los recursos medioambientales son más costosos. Sin embargo, son también los lugares donde surgen y se desarrollan movimientos ecologistas y se elaboran las nuevas «tecnologías limpias» y las estrategias del desarrollo sostenible.

2.6.3. Al mismo tiempo, las ciudades son los principales ámbitos históricos, culturales y arquitectónicos depositarios de la memoria colectiva y de valores simbólicos. Muchas de ellas, como las ciudades de arte, las que presentan un medio cultural rico y diferenciado y que albergan grandes manifestaciones, ofrecen un patrimonio ambiental y de valores en que se basa no sólo la identidad colectiva y local, sino también la nacional y la europea.

2.6.4. Por último, el componente medioambiental urbano, además de ser fundamental para la calidad de vida de sus habitantes, es en sí mismo un importante factor positivo de competitividad para atraer las actividades más cualificadas. En particular, los medios urbanos innovadores, es decir, el conjunto de condiciones locales capaces de aumentar la competitividad del sistema europeo, están en gran medida asociados a medios culturales de excelencia y a marcos medioambientales atractivos.

3. En todos los puntos indicados las ciudades ya intervienen de común acuerdo con las funciones de provincias y regiones. Sin embargo, su capacidad de acción aún puede potenciarse, de acuerdo con el Libro Blanco, de forma que se transformen en lugares de rico espíritu emprendedor económico y social, e incluso que ellas mismas sean importantes actores innovadores en la escena nacional e internacional. Por lo demás, esto ya sucede en muchos casos. Se trata de tomar nota de ello y de construir un marco de referencia institucional que lo prevea en general.

3.1. Conviene aclarar un punto. El término «ciudad» no se refiere en nuestro caso tan sólo al ente local. Más bien indica el conjunto de sujetos individuales o asociados que interactúan entre ellos en la ciudad: ciudadanos, familias, asociaciones, organizaciones y empresas. En el contexto de la sociedad y de la economía contemporáneas, tales sujetos mantienen también necesariamente cada vez más relaciones con el exterior, hasta presentar en muchos casos una gran movilidad y desplazarse según las conveniencias: el dilema de las ciudades estriba hoy en conseguir evitar los comportamientos oportunistas de quienes explotan los recursos locales sin preocuparse por contribuir a reproducirlos y aumentarlos en aras del interés general, hasta agotarlos y trasladarse después a otro sitio. En cambio, una ciudad se transforma en empresaria de sí misma si crea las condiciones necesarias para que los diferentes actores locales se vean motivados a invertir en relaciones recíprocas, con estratégias comunes a largo plazo en el ámbito de la economía, la política y la cultura.

3.2. De esta manera, la ciudad constituye un capital social -constituido por la confianza recíproca, normas de interacción, instituciones, capitales invertidos en empresas e infraestructuras, conocimientos compartidos y calidad garantizada de vida- que se mantiene y aumenta con el tiempo. El municipio tiene un importante papel institucional para conseguir útiles colaboraciones en la dirección indicada y para garantizar, sin pretensiones dirigistas, la representación de los grupos de actores locales y de las ciudades en su conjunto. Pero se trata en todo caso de una empresa común de muchos actores privados y públicos.

3.3. Sólo las ciudades de este género, capaces de activar el desarrollo, podrán ser útiles al gobierno de provincias y regiones. Al mismo tiempo, sólo las ciudades capaces de fomentar la integración y estrategias de desarrollo podrán tener los medios para conseguir la participación en sus proyectos del conjunto de la población y para afrontar con éxito el riesgo de dualismo social de las metrópolis contemporáneas. Precisamente en las ciudades se manifiesta el nuevo abismo entre integrados y excluídos. Y corresponde en primer lugar a las ciudades colmar este abismo: también para intervenir eficazmente en este frente de solidaridad social las ciudades deben ser actores institucionales fuertes y reconocidos.

Por consiguiente, existe una Europa de las ciudades que, por muchas razones y en aras del interés general, solicita espacios de ciudadanía en la Europa de los estados y de las regiones.

Hecho en Bruselas, el 27 de septiembre de 1994.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jacques BLANC

ANEXO III

Dictamen complementario sobre el Libro Blanco de la Comisión « Crecimiento, competitividad, empleo : retos y pistas para entrar en el siglo XXI (1993) »

LA COMISIÁN 5 DEL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Considerando que el artículo 198 A del Tratado de la Unión Europea del 1992 permite a los entes regionales y locales participar en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea a través del Comité de las Regiones;

Considerando que los artículos 100 A y 130 R, S y T del Acta Única Europea del 1987 señalan que la Comisión tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, determinará los objetivos de las acciones de la Comunidad en materia de medio ambiente y establecerá los principios que servirán de base a la actuación comunitaria;

Considerando que el Tratado de la Unión Europea del 1992 reafirma los objetivos y los principios subyacentes a la actuación de la Comunidad en materia de medio ambiente establecidos en el Acta Única Europea del 1987 y eleva las medidas a la categoría de políticas;

Considerando que la Agenda 21, suscrita en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el Desarrollo (« Cumbre de la Tierra ») celebrada en Río de Janeiro en 1992, subraya la importancia de establecer estrategias de desarrollo sostenible;

Considerando que el Tratado de la Unión Europea del 1992 introduce la noción de desarrollo sostenible (artículo 2), promueve un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente y prevé la posibilidad de que el Consejo Europeo adopte medidas de ordenación territorial, de utilización del suelo con excepción de la gestión de los residuos y medidas de carácter general, así como medidas relativas a la gestión de los recursos hídricos;

Considerando que el Quinto programa de acción en materia de medio ambiente (« Hacia un desarrollo sostenible : programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible », de marzo del 1992) da prioridad a la consecución de mejoras y cambios en la gestión sostenible de los recursos naturales, a los esfuerzos encaminados a reducir el consumo de fuentes de energía no renovables, a la calidad del medio ambiente en las áreas urbanas, a la gestión de la movilidad (mediante decisiones racionales sobre las estructuras del transporte), así como al control integrado de la contaminación y la prevención de los residuos;

Considerando que el informe « Europa 2000 », el Libro Verde sobre medio ambiente urbano y el Quinto programa de acción en materia de medio ambiente subrayan la necesidad de revisar las políticas comunitarias a la luz del principio del desarrollo sostenible, así como la necesidad de que las iniciativas de la Comisión se adhieran a este principio;

HA ELABORADO EL SIGUIENTE DICTAMEN :

1. Observaciones generales

1.1. El Comité de las Regiones apoya decididamente el nuevo modelo de « desarrollo sostenible » establecido en el Libro Blanco de la Comisión, basado en promover el crecimiento económico de una manera sostenible que contribuya a una mayor intensidad de empleo y a un consumo menos intensivo de energía y de recursos naturales. Tal como afirma el informe, « para atacar las causas de los actuales problemas de desempleo, es necesario liquidar cuentas con el pasado » : por tanto, será necesario adoptar iniciativas nuevas dentro del contexto de la Unión Europea actuando como un laboratorio del cambio.

1.2. Es necesario reconocer los aspectos positivos y actuar basándose en la complementariedad existente entre los conceptos de crecimiento-competitividad-empleo y medio ambiente-calidad de vida. Se admite que la Unión Europea debe ser una potencia económica pero que, a la vez, debe mantener un medio ambiente sano : el éxito en materia económica debe ser inseparable del éxito en la gestión del medio ambiente. El principal objetivo del nuevo modelo de desarrollo sostenible debe ser mantener y fortalecer el medio ambiente en Europa en su sentido más amplio, englobando el campo y la ciudad, con el fin de reducir la contaminación, la congestión y la degradación ambiental y de conservar el atractivo de las construcciones, la importancia de los hábitats y la belleza de los paisajes.

1.3. Al mismo tiempo, hay una necesidad creciente de utilizar con eficiencia las fuentes de energía no renovables y de adoptar un enfoque más positivo con respecto a la conservación de la energía. En la medida de lo posible, las autoridades públicas deberían dar prioridad a las fuentes de energía renovables, como la solar, la eólica y la producción de gas en pequeña escala con biogás y deberían enfocar de modo positivo estas propuestas de desarrollo al ejercer el control a través del proceso de planificación reglamentario. Con el tiempo, la planificación del espacio tiene la capacidad potencial de influir sobre las pautas de transporte y de consumo de energía, por ejemplo, favoreciendo un desarrollo urbano de baja densidad en la periferia de las ciudades y creando las condiciones necesarias para regenerar los distritos urbanos del interior, para mantener los centros comerciales tradicionales y para hacer mayor uso del transporte público.

1.4. Para poner en práctica el nuevo modelo de desarrollo sostenible propugnado en el capítulo 10 del Libro Blanco es decisiva la participación activa de los gobiernos regionales y locales. El Quinto programa de acción sobre el medio ambiente considera los gobiernos locales como actores clave, y la responsabilidad del 40 % de las medidas del programa se atribuye a las autoridades regionales y locales. Además, en el programa Agenda 21 sobre medidas globales de desarrollo sostenible elaborado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro se atribuye a los gobiernos locales un papel principal. Al desarrollar sus propios programas Agenda 21, los entes regionales y locales europeos están haciendo una importante contribución al desarrollo sostenible que merece ser reconocida en el Libro Blanco.

1.5. Es importante reconocer explícitamente que, así como el nuevo modelo de desarrollo hace hincapié en la complementariedad del crecimiento económico y la protección del medio ambiente y realza el carácter positivo de la relación economía-ecología, hay muchas circunstancias en las que ambas entran en conflicto y en las que habrá que tomar decisiones y llegar a soluciones de compromiso difíciles. El desarrollo de tecnologías limpias hace posible el crecimiento económico, en muchos casos sin que se produzcan daños al medio ambiente e incluso mejorando la capacidad de desarrollo sostenible, pero no puede resolver todos los conflictos y es preciso aceptar que en determinadas circunstancias habrá que dar prioridad a la protección del medio ambiente en interés de las generaciones futuras. El desarrollo sostenible implica aceptar que la « capacidad de absorción » de los ecosistemas impone límites a la aptitud del medio ambiente para asimilar ciertas actividades humanas, por muy convenientes que éstas puedan ser en otros sentidos.

1.6. Consideramos inaceptable el hecho de que la contabilidad económica actual no refleje los costes externos. Consideramos necesaria la transparencia a la hora de solucionar las insuficiencias del actual modelo de desarrollo, identificando los costes de bienestar ocultos, especialmente en lo que respecta al medio ambiente, los combustibles fósiles, la energía nuclear y el transporte. Con este motivo, y con cierta urgencia, la Comunidad debería comenzar a investigar la posibilidad de llevar una « contabilidad medioambiental ».

1.7. La aplicación práctica del nuevo modelo de desarrollo requerirá la cooperación entre una serie de actores. Requerirá ajustes de las políticas por parte de las autoridades a todos los niveles -europeo, nacional, regional y local- y la cooperación y una respuesta positiva por parte de la industria y los consumidores. Compartimos la opinión de que la superación de la fase transitoria sería más fácil si los países actuaran conjuntamente.

1.8. Hay incertidumbres que rodean la aplicación práctica del nuevo modelo de desarrollo, y será necesaria la cohesión para garantizar que determinados grupos de ciudadanos y regiones de la Comunidad (especialmente las zonas periféricas e insulares) no sufran perjuicios.

1.9. La introducción del nuevo modelo de desarrollo sostenible exigirá una labor de cooperación entre diferentes niveles de gobierno -local, regional, nacional y europeo- y entre gobiernos y ciudadanos. Es importante difundir quién auspicia la estrategia por toda la Comunidad para garantizar la participación activa de todos los actores clave. La Agenda 21 local es una iniciativa a escala europea para desarrollar políticas locales de desarrollo sostenible fomentando la cooperación entre los entes regionales y locales y otros sectores con el fin de garantizar la aplicación práctica de la iniciativa. Recomendamos este modelo de labor de cooperación y de codecisión para poner en práctica la estrategia de desarrollo establecida en el Libro Blanco.

1.10. Opinamos que es necesario revisar el actual marco institucional de la Comisión Europea si se quiere dar impulso al desarrollo sostenible. Estamos de acuerdo con que la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo requerirá « una revisión sistemática de las políticas macroeconómicas y sectoriales existentes, teniendo como objetivo básico que los precios de mercado incorporen todos los efectos externos ». Esta revisión implicaría simultáneamente a diferentes servicios de la Comisión y requeriría una integración horizontal entre las direcciones generales encargadas de energía, transporte, medio ambiente, agricultura, desarrollo regional, etc. La mejor manera de conseguir la integración horizontal sería designar un comisario de desarrollo sostenible.

1.11. Dado que las empresas europeas deben hacer frente a la competitividad a nivel mundial, opinamos que la Comisión Europea y los Estados miembros deberían aprovechar todas las oportunidades posibles para insistir en que el modelo de desarrollo sostenible sea aceptado fuera de la Unión Europea.

2. Observaciones específicas

2.1. Capítulo 3 (Redes transeuropeas) : apoyamos la elaboración de planes directores para la red transeuropea de transportes y telecomunicaciones. Cabe señalar que, conforme al artículo 129 del Tratado de la Unión Europea, la Comunidad no puede imponer como obligación legal directa a los Estados miembros la construcción y el desarrollo de las redes transeuropeas. En vista de ello, y en consonancia con los principios de subsidiariedad y transparencia, los Estados miembros, los entes regionales y locales y los ciudadanos deberían tomar parte en el proceso de consulta.

2.2. Aunque admitimos que los retrasos innecesarios en la aplicación de los proyectos generales de infraestructuras causados por los procedimientos administrativos (autorización y evaluación) son injustificables, consideramos que sí está plenamente justificado que haya un cierto grado de intervención por parte de los entes regionales y locales en representación de su comunidad. Las infraestructuras de transporte y energía tienen un amplio ámbito de incidencia durante un período de tiempo considerable : es preciso aceptar un cierto retraso mientras se evalúa el impacto probable en el entorno y en la calidad de vida. A este respecto, apoyamos firmemente el punto de vista expresado en el Libro Blanco de que « sólo podrán seleccionarse los proyectos que hayan superado la evaluación del impacto sobre el medio ambiente » para ser incluidos en la lista inicial de proyectos de la Comunidad. El Comité observa que no se ha consultado ni al Parlamento Europeo ni al CDR para la selección de los once proyectos ratificados en la Cumbre de Corfú, y opina que debería darse a ambas Instituciones la oportunidad de participar en el proceso de selección.

2.3. Capítulo 10 (Hacia un nuevo modelo de desarrollo para la Comunidad) : apoyamos plenamente el objetivo de invertir la relación negativa entre medio ambiente-calidad de vida y prosperidad económica, pero reconocemos que será necesaria una fase transitoria. Suscribimos el punto de vista de que la Comisión debe coordinar e incrementar sustancialmente las actividades de I+D en el campo de las tecnologías limpias y debe establecer incentivos económicos para apoyar la difusión de los resultados de I+D convertidos en productos y procesos.

2.4. Opinamos que la Comisión Europea debería dar ejemplo en hacer que se incremente el empleo de productos fabricados con tecnologías limpias : a nuestro juicio, esto requiere que se efectúe una « auditoría medioambiental » de amplio alcance y una política de contratos públicos rigurosa. Además, como condición previa para financiar programas comunitarios para el desarrollo de infraestructuras, la Comisión debería elaborar directrices exigiendo a los contratistas el empleo de productos ecológicos, de materiales reciclados y de alternativas a los recursos naturales, por ejemplo, agregados secundarios.

2.5. Los entes regionales y locales de toda Europa ya han recorrido un largo camino en la conservación y mejora del medio ambiente físico mediante un sistemas muy desarrollados de planificación y gestión del espacio. En las referencias que el Libro Blanco hace a la mejora de la calidad de vida en relación con la atracción del espacio natural, a la mejor integración de los nuevos edificios y de las infraestructuras de transporte en los centros urbanos históricos o a la disponibilidad de parques y otras zonas verdes en las áreas urbanas no se reconocen abiertamente los logros conseguidos.

2.6. Consideramos que la planificación del espacio y el desarrollo regional y local constituyen dos motores esenciales para la creación de empleo. Los problemas de planificación espacial han ido adquiriendo una dimensión comunitaria. Es preciso que la Comisión Europea base su informe « Europa 2010 » en el nuevo modelo de desarrollo sostenible y que inste a los entes regionales y locales a que hagan otro tanto al revisar sus planes de desarrollo territorial. Ello contribuiría a reforzar la interacción entre los agentes del desarrollo local y a impulsar las redes de investigación e intercambio de tecnología, los márgenes de productividad y la creación de empleo. Consideramos también que el programa « Europa 2010 » debería ampliarse : convendría elaborar una política de planificación espacial a nivel comunitario, junto con los operadores regionales y locales directamente afectados que desembocara en una asociación de cooperación. Deberían elaborarse programas de planificación que incluyeran medidas de acción concertada a cargo de los entes regionales y locales. Esto daría como resultado que se fuera reduciendo gradualmente la presión ejercida sobre los recursos naturales, que se redujeran los niveles de contaminación y de impacto en los sistemas ecológicos y que se mantuviera la biodiversidad.

2.7. Aunque el sistema de planificación del espacio puede exigir en la actualidad elevados niveles en las intervenciones de restitución a su estado original, la Comisión Europea debería investigar maneras de acelerar las operaciones de limpieza y compensar la herencia de degradación del entorno provocada por un modelo de desarrollo anticuado y unos mecanismos de control precedentes inadecuados. Sería necesario reconocer que la tierra también es un recurso escaso : en algunas circunstancias puede que sea necesario reciclarla (como resultado de labores mineras) o descontaminarla (como resultado de actividades industriales) y puede ocurrir que la diferencia entre su valor real e hipotecado sea negativa, lo cual obstaculiza la regeneración.

2.8. El modo en que se consumen los recursos limitados y escasos, por ejemplo, al generar energía, es fundamental para el nuevo modelo de desarrollo. Tomamos nota de propuestas como el impuesto sobre el dióxido de carbono y la energía. Apoyamos firmemente el principio de que los impuestos generales pasen de gravar bienes sociales como son el trabajo y el capital a gravar « males » medioambientales como el consumo de recursos naturales y los residuos. Estos cambios en el sistema impositivo deberían tener por objeto evitar injusticias -por ejemplo, incrementando los costes del transporte en las áreas rurales donde hay pocos o ningún medio de transporte alternativo- manteniendo a la vez sus elementos progresivos.

3. Conclusión

3.1. El Libro Blanco marca un hito importante en el reconocimiento de que el crecimiento económico no va unido necesariamente al aumento del empleo. También constituye un importante paso adelante en la aceptación de que es preciso reformular la relación entre los agentes del desarrollo local y los objetivos económicos y los medioambientales. La transición del actual modelo de desarrollo al nuevo planteará un gran reto, que no obstante es ineludible asumir en beneficio de las generaciones futuras. Si se afronta con éxito, nos llevará una Europa en la que se crearán más puestos de trabajo gracias al « redescubrimiento » del valor del trabajo en relación con el capital, lo cual, a su vez, ayudará a reducir la sobreexplotación de los recursos del medio ambiente (energía y materias primas), aumentará la calidad de vida y ofrecerá un futuro más sostenible.

Hecho en Bruselas, el 27 de septiembre de 1994.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jacques BLANC

ANEXO IV

Dictamen complementario sobre los aspectos de la educación y de la formación profesional

del Libro Blanco : crecimiento, competitividad, empleo

El 20 de junio de 1994, de conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento Interno, el Comité de las Regiones decidió elaborar un dictamen sobre los aspectos de la educación y de la formación profesional del Libro Blanco : crecimiento, competitividad, empleo.

La Comisión de Educación y Formación Profesional, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen complementario el 20 de julio de 1994 (Ponente : Sr. Eustathiadis).

En su ... Pleno (sesión del ...), el Comité de las Regiones ha aprobado por ... el siguiente dictamen.

1. Introducción

1.1. El Libro Blanco « Crecimiento, competitividad, empleo » inscribe las distintas problemáticas en el marco más amplio caracterizado por el elevado índice de desempleo, a la par que se acrecientan las presiones de la competencia y de las tecnologías que restructuran profundamente muchos aspectos de nuestra vida social y económica.

1.1.1. Las prioridades esenciales para el crecimiento, el empleo y la competitividad son :

- la lucha contra el desempleo;

- el apoyo a las pequeñas y medianas empresas;

- la realización de las redes transeuropeas,

aceptando la hipótesis de la coordinación de las acciones destinadas a aumentar el número de puestos de trabajo.

1.1.2. La inversión inmaterial que implican la adquisición y la divulgación de los conocimientos constituye una inversión futura de los Estados miembros para conseguir una sociedad sana.

1.2. El Tratado de la Unión Europea otorga a la Comunidad la responsabilidad de contribuir al desarrollo de una enseñanza de calidad incentivando la cooperación entre Estados miembros y, en caso necesario, sosteniendo e integrando sus acciones en el pleno respeto de las responsabilidades de los Estados miembros en cuanto a los contenidos de la enseñanza, la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingueística, y de los contenidos y organización de la formación profesional (artículos 126 y 127 del Tratado de la Unión Europea).

1.3. Aparte del hecho de que corresponda a los Estados miembros la responsabilidad de la reforma de los sistemas educativos y de la formación profesional, la Comunidad debe apoyar con programas esta reforma y también debe financiarla a través de los fondos de que dispone. La influencia de estas intervenciones en la economía de los Estados miembros ha adquirido en la actualidad una dimensión de mayor importancia.

1.4. La política de competitividad, empleo y crecimiento no puede ser completa, ni íntegra, ni eficaz si no se basa en su aceptación por la opinión pública. Ello hace necesario la participación de las autoridades locales y regionales, no sólo por sus responsabilidades democráticas, sino también por su papel al impartir la educación y la formación.

1.5. El Comité de las Regiones es responsable del examen de los distintos programas utilizando sus conocimientos y capacidades para mejorar la competitividad en sectores relacionados con la cohesión económica y social en las distintas regiones.

1.6. Ante todo es necesario reducir los desfases que existen entre las distintas regiones de la Comunidad y entre las regiones de los Estados miembros. La concentración de las inversiones y de la mano de obra en algunas zonas ha acarreado que no se exploten los recursos productivos en otras regiones.

1.7. Un crecimiento que se base sólo en los factores económicos sin fortalecer de manera equilibrada también otros aspectos de la vida social y cultural es un crecimiento desvirtuado y, a largo plazo, ineficaz. Es necesario transferir recursos para compensar los desequilibrios sociales y periféricos garantizando oportunidades iguales de vivienda, educación, formación y empleo.

2. Análisis de los aspectos de la formación profesional en el Libro Blanco

2.1. El problema del desempleo afecta concretamente a personas que no están suficientemente cualificadas. El diagnóstico del Libro Blanco confirma la función determinante que desempeñan la educación y la formación profesional en el tríptico que forman el crecimiento, el empleo y la competitividad en Europa, a condición, no obstante, de que éstos se adecuen a todos los aspectos de la sociedad.

2.2. En el Libro Blanco, en concreto en la sección dedicada al empleo en el punto 3 del capítulo