·la inspección obligatoria en toda la UE de los tractores de alta velocidad utilizados para el transporte comercial por carretera;

·el reconocimiento mutuo del certificado de inspección técnica durante el procedimiento de nueva matriculación de un vehículo, siempre que la frecuencia de las inspecciones sea la misma en el Estado miembro de origen y el de destino.

1.2. Objeto y ámbito del informe

De conformidad con el artículo 20, apartados 1 y 2, respectivamente, de la Directiva, la Comisión debe presentar un informe a más tardar el 30 de abril de 2020 y otro informe a más tardar el 30 de abril de 2019. La Comisión reconoce plenamente la presentación tardía de este informe y lo lamenta profundamente.

El informe al que se refiere el artículo 20, apartado 1, debe:

·proporcionar información sobre la aplicación y las repercusiones de la Directiva, en particular, por lo que respecta al nivel de armonización de las inspecciones técnicas periódicas, la eficacia de las disposiciones sobre el ámbito de aplicación, la frecuencia de las inspecciones y el reconocimiento mutuo de los certificados de inspección en los casos de nueva matriculación de vehículos procedentes de otro Estado miembro;

·incluir los resultados del estudio referente a la viabilidad de introducir una plataforma electrónica de información sobre vehículos;

·analizar, si es necesario, la actualización de los anexos, en particular, a la luz de los avances técnicos y de la práctica.

El informe debe someterse a consulta del comité respectivo e ir acompañado de propuestas legislativas, en caso necesario.

El informe al que se refiere el artículo 20, apartado 2, debe:

·proporcionar información, basada en estudios independientes, sobre la efectividad de la inclusión de remolques ligeros y de vehículos de dos o tres ruedas en el ámbito de aplicación de la Directiva;

·evaluar la evolución de la situación de seguridad vial en la Unión y, para cada subcategoría de vehículos de dos o tres ruedas, comparar los resultados de las medidas nacionales en materia de seguridad vial, teniendo en cuenta la distancia media recorrida por dichos vehículos;

·evaluar si las normas y el coste de las inspecciones técnicas periódicas de cada categoría de vehículos guardan proporción con los objetivos fijados en materia de seguridad vial;

·ir acompañado de una evaluación de impacto detallada en la que se analicen los costes y beneficios en toda la Unión, atendiendo también a las especificidades de los Estados miembros.

Según lo dicho anteriormente, la Directiva entró en vigor el 20 de mayo de 2018. A fin de generar datos que permitan extraer conclusiones válidas, se requiere un período de aplicación ininterrumpido de tres años en promedio. Por consiguiente, la recogida de datos que permitirá extraer conclusiones acerca de los efectos de la Directiva no comenzaría antes de la segunda mitad de 2021.

En este sentido, el presente informe pretende proporcionar una visión general de las acciones de ejecución de los Estados miembros sobre la base de las observaciones preliminares del control de la transposición y los resultados del estudio de viabilidad de la plataforma electrónica de información sobre vehículos.

Sin embargo, en lo que respecta la inclusión de los vehículos de dos o tres ruedas, cabe señalar que las inspecciones técnicas periódicas no comenzarán hasta el 1 de enero de 2022, por lo que no podrán obtenerse conclusiones válidas antes de 2025. En lo que respecta a la efectividad de la inclusión de los remolques ligeros, cabe señalar que estos aún no se han incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva, por lo que no pueden analizarse los efectos de dicha inclusión.

Por último, conviene señalar que, contrariamente a lo que la Comisión había propuesto en un primer momento, los remolques ligeros finalmente no se han incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva. Aun así, la mayoría de los Estados miembros han introducido esta categoría de vehículos adicional al régimen de inspección técnica periódica. Sin embargo, tal y como se indica más arriba, a fin de obtener datos que permitan extraer conclusiones válidas, se requiere un período de aplicación ininterrumpido de tres años en promedio.