8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C36/1 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa al saneamiento y la liquidación de las 
entidades de crédito y los sistemas de garantía de los depósitos (1) 
COM(88) 4 final 
(Presentada por la Comisión al Consejo, con arreglo al apartado 3 del artículo 149 del Tratado 
el 11 de enero de 1988 
(88/C 36/01) 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
Directiva del Consejo relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales reglamentarías y administrativas relati­
vas al saneamiento y a la liquidación de entidades de 
crédito. 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea y, en particular, el artículo 57, apartado 2, inciso 
tercero, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el Dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que, de conformidad con los objectivos del 
Tratado, es conveniente fomentar un desarrollo armonioso 
de los actividades económicas en el conjunto de la Comuni­
dad mediante la eliminación de cualquier restricción a la 
libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios 
dentro la Comunidad; 
Considerando que, además de la eliminación de estas 
restricciones, es conveniente prestar atención a la situación 
que puede producirse en caso de dificultades de una entidad 
de crédito, en particular en el caso en que dicha entidad tenga 
sucursales en otros Estados miembros; Directiva del Consejo relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales reglamentarias y administrativas relati­
vas al saneamiento y a la liquidación de las entidades de 
crédito y los sistemas de garantía de depósitos. 
Visto sin modificar 
Considerandos del Io al 9o: sin modificaciones 
(>) DO n° C 356 de 31. 12. 1985, p. 55. 
N° C 36/2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
Considerando que la estructura actual del sector de las 
entidades de crédito, cuyo acceso a la actividad y ejercicio 
están sujetos a vigilancia por parte de las autoridades en 
todos los Estados de la Comunidad, justifica que se establez­
can medidas específicas para dichas entidades en materia de 
saneamiento y de liquidación; 
Considerando que las legislaciones y los usos en vigor en los 
Estados miembros persiguen el establecimiento de procedi­
mientos de saneamiento destinados a evitar la insolvencia de 
las entidades de crédito desde que aparece una situación 
financiera difícil, con objeto especialmente de preservar la 
confianza de los ahorradores en el sistema bancario; 
Considerando que sería muy difícil intentar unificar dichas 
legislaciones y usos sin haber procedido, en una etapa 
anterior, al reconocimiento recíproco por los Estados miem­
bros de lo que lleva a cabo cada uno de ellos para resolver las 
dificultades financieras de sus propias entidades; 
Considerando que es conveniente confiar la aplicación de las 
medidas de saneamiento relativas a una entidad de crédito 
que opera en varios Estados miembros a las autoridades 
competentes de un solo Estado miembro, es decir de aquél en 
que la entidad de crédito tiene su sede social, y que éstas 
deben estar habilitadas para aplicar su propia legislación 
fuera del territorio nacional, consultando de forma adecuada 
con las autoridades competentes de los demás Estados 
miembros afectados; 
Considerando que únicamente podrá alcanzarse el objetivo 
de saneamiento si se suprimen todos los obstáculos de 
naturaleza jurídica que impiden aplicar a las sucursales las 
medidas de saneamiento adoptadas por las autoridades de la 
sede; 
Considerando que es deseable y a veces necesario en los 
países en que se encuentran las sucursales realizar una 
publicidad por la que se informe a los acreedores y accionis­
tas de la aplicación de determinadas medidas de saneamien­
to, en particular cuando dichas medidas pueden obstaculizar 
el ejercicio de algunos de sus derechos; 
Considerando que es indispensable establecer un procedi­
miento que permita la adaptación rápida de la Directiva a la 
evolución de las normativas nacionales relativas a las 
medidas de saneamiento que deben seguir evolucionando a 
nivel nacional en función de la experiencia adquirida; que es 
deseable, por lo tanto, aumentar las competencias del 
Comité consultivo, creado en aplicación de la Directiva 
77/780/CEE del Consejo ('), confiándole el poder de emitir 
un dictamen sobre la adopción o la denegación de dichas 
modificaciones a nivel comunitario; 
Considerando que en ausencia o en caso de fracaso de las 
medidas de saneamiento, las entidades de crédito en crisis 
deben ser liquidadas; que conviene, en este caso, establecer 
determinadas disposiciones encaminadas a coordinar el 
papel de las autoridades de control bancario en aplicación de 
las medidas de liquidación; Considerando que en ausencia o en caso de fracaso de las 
medidas de saneamiento, las entidades de crédito en crisis, 
deben ser liquidadas; que, a la espera de un convenio, 
establecido sobre la base del artículo 220 del Tratado CEE, 
relativo a la quiebra, al acuerdo entre acreedores y a 
procedimientos análogos, conviene coordinar las disposicio-
(») DO n° L 322 de 17. 12. 1977, p. 30. 
8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 36/3 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
Considerando que el importante papel desempeñado por las 
autoridades competentes antes de la apertura de la liquida­
ción con la adopción de las medidas de saneamiento debe 
prolongarse mediante la apertura de la liquidación para 
permitir un desarrollo correcto de las operaciones de liqui­
dación; 
Considerando que la cancelación de la aprobación bancaria 
debe ser una de las consecuencias necesarias de la liquidación 
de las entidades de crédito; que, no obstante, en determina­
dos casos excepcionales, las autoridades competentes podrán 
mantenerla para facilitar las operaciones de liquidación; 
Considerando que en materia de entidades de crédito, se 
admite que, durante su período de actividad, la entidad y sus 
sucursales formen una entidad sujeta al control de las 
autoridades competentes de la sede social en lo que se refiere 
a la vigilancia de la liquidez y de la solvencia; que no sería 
oportuno renunciar a dicha norma en el momento de la 
liquidación de una entidad de crédito; 
Considerando que únicamente se garantiza la igualdad entre 
los acreedores en la medida en que la entidad de crédito se 
liquide según los principios de unidad y de universalidad que 
postulan la competencia de las autoridades administrativas y 
judiciales de un único Estado, la aplicación de la ley de 
liquidación del país de la sede y la extraterritorialidad de sus 
efectos; 
Considerando, no obstante, que la liquidación debe estar 
sujeta a normas específicas cuando la entidad es solvente; que 
la liquidación voluntaria según las normas estatutarias 
presupone dicha solvencia; que conviene establecer que las 
autoridades competentes tengan el poder de cerciorarse de 
dicha solvencia mientras duren las operaciones de liquida­
ción; 
Considerando que, por medio de determinadas adaptacio­
nes, también puede conseguirse la coordinación de la función 
de las autoridades competentes durante el saneamiento y la 
liquidación de sucursales de entidades de crédito que tengan 
su sede social dentro de la Comunidad; 
Considerando que, en caso de liquidación de una entidad de 
crédito insolvente, los intereses de los depositarios deben 
estar protegidos por los sistemas de garantía existentes en la 
Comunidad Europea, sin discriminación en un mismo 
territorio entre las sucursales de entidades de crédito nacio­
nales y de los demás Estados miembros, y también sin 
discriminación, en una misma entidad, entre los depósitos 
efectuados en el país de la sede y en las sucursales establecidas 
en los demás Estados miembros, cuando en estos últimos no 
exista ningún sistema de garantía de depósitos; nes fundamentales aplicables en caso de liquidación de una 
entidad de crédito y establecer determinadas disposiciones 
encaminadas a coordinar el papel de las autoridades de 
control bancario en la aplicación de las medidas de liquida­
ción; 
Considerandos del 11° al 17°: sin modificaciones 
Considerando que la creación de un sistema de garantía de 
depósitos deberá ser objeto de una coordinación ulterior por 
medio de una directiva, a la luz de la experiencia adquirida al 
aplicar las disposiciones contenidas en la Recomendación de 
N° C 36/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: la Comisión, de 22 de diciembrede 1986, relativa al estable­
cimiento en la Comunidad de sistemas de garantía de 
depósitos (87/63/CEE), publicada en el Diario Oficial 
n° L 33, de 4. 2. 1987. 
TÍTULO I 
Ámbito de aplicación y definiciones TÍTULO I 
Ámbito de oplicación y definiciones 
Artículo 1 Artículo 1 
1. La presente Directiva se aplicará a las entidades de 
crédito y a sus sucursales, tal como se definen en los guiones 
primero y tercero del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE, 
sin perjuicio de las condiciones y excepciones previstas en el 
artículo 2 de dicha Directiva. 
2. Las disposiciones de la presente Directiva relativas a las 
sucursales de una entidad de crédito que tenga su sede social 
fuera de la Comunidad únicamente se aplicarán cuando 
dicha entidad tenga sucursales como mínimo en dos Estados 
miembros de la Comunidad. 1. La presente Directiva se aplicará a las entidades de 
crédito y a sus sucursales, creadas en un Estado miembro 
distinto de aquél donde se encuentra la sede social, tal como 
se definen en los guiones primero y tercero del artículo 1 de la 
Directiva 77/780/CEE, sin perjuicio de las condiciones y 
excepciones previstas en el artículo 2 de dicha Directiva. 
Sin modificaciones 
Artículo 2 Artículo 2 
1. Con arreglo a la presente Directiva, se consideran 
medidas de saneamiento destinadas a mantener o restablecer 
la situación financiera de una entidad de crédito y que 
respondan a las siguientes condiciones: 1. Con arreglo a la presente Directiva, se considerarán 
medidas de saneamiento aquellas que figuran en la lista 
incluida en el Anexo I, a condición de que dichas medidas 
estén destinadas a mantener o restablecer la situación 
financiera de una entidad de crédito. 
a) figurar en la lista incluida en el Anexo; 
b) tener por objeto evitar la apertura de un procedimiento de 
liquidación; 
c) haber sido adoptadas antes de la declaración de insolven­
cia de la entidad de crédito. 
2. No se considerarán como medidas de saneamiento, 
incluso en el caso de que figuren en la lista incluida en el 
Anexo, las medidas que se adopten: 
a) en el marco de la vigilancia normal de las entidades de 
crédito tal como se define en el artículo 7 de la Directiva 
77/780/CEE, así como las medidas destinadas a sancio­
nar las infracciones de las leyes y reglamentos; 
b) en el marco de una quiebra, de un acuerdo entre 
acreedores o de cualquier otro procedimiento de liquida­
ción ya en curso. 
3. Las medidas mencionadas en el apartado 1 y las 
autoridades competentes para su aplicación estarán determi­
nadas por las leyes y reglamentos mencionados en el 
Anexo. Sin modificaciones 
3. Con arreglo a la presente Directiva, se considerarán 
procedimientos de liquidación los procedimientos incluidos 
en el Anexo II. 
8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 36/5 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
4. Con arreglo a la presente Directiva, se considerarán 
sistemas de garantía de depósitos al conjunto de las disposi­
ciones que tengan por objeto asegurar una indemnización 
adecuada a los depositantes, o evitarles cualquier pérdida. 
5. Las medidas mencionadas en el apartado 1 y los 
procedimientos de liquidación mencianados en el apartado 
3, así como las autoridades competentes para su aplicación, 
estarán determinados por las leyes y reglamentos menciona­
dos en los Anexos I y II. 
Artículo 3 Artículo 3 
Con arreglo a la presente Directiva se entiende por: 
— país de la sede: el Estado miembro en el que una entidad 
de crédito tiene su sede social, 
— país de acogida: cualquier Estado miembro distinto de 
aquél definido como el país de la sede, en el que una 
entidad de crédito ha creado una sucursal con arreglo al 
tercer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/ 
CEE, 
— autoridades competentes: las autoridades facultadas para 
otorgar y cancelar la aprobación y/o supervisar la 
actividad de las entidades de crédito, de conformidad con 
los artículos 3,4, 6, 7, 8 de la Directiva 77/780/CEE, así 
como toda autoridad citada en el Anexo de dicha 
Directiva encargada de la aplicación de las medidas de 
saneamiento. Con arreglo a la presente Directiva se entiende por: 
— Sin modificaciones 
— Sin modificaciones 
— autoridades competentes: las autoridades facultadas para 
otorgar y cancelar la aprobación y/o supervisar la 
actividad de las entidades de crédito, de conformidad con 
los artículo 3,4, 6,7, 8 de la Directiva 77/780/CEE, así 
como toda autoridad citada en los Anexos I y II de la 
presente Directiva encargada de la aplicación de las 
medidas de saneamiento o de los procedimientos de 
liquidación. 
TÍTULO II 
Medidas de saneamiento TITULO II 
Medidas de saneamiento 
Entidades de crédito con sede social en el interior de la 
Comunidad A. Entidades de crédito con sede social en el interior de la 
Comunidad 
Articulo 4 Artículo 4 
1. Las autoridades o las jurisdicciones del país de la sede 
son competentes para decidir, de conformidad con la 
normativa, procedimientos y usos en vigor en su territorio, la 
aplicación en una entidad de crédito y sus sucursales de una o 
varias medidas de saneamiento. Sin modificaciones 
2. Las medidas de saneamiento, decididas por las autori­
dades o la jurisdicción competentes del país de la sede, 
producen todos sus efectos respecto a los órganos de 
dirección y a los acreedores de las sucursales situadas en los 
demás Estados miembros, incluso en el caso en que la 
normativa del país de la sede no establezca tales medidas o 
condicione su aplicación a unos requisitos que no se 
cumplen. Sin modificaciones 
N° C 36/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
3. Las decisiones adoptadas por las autoridades o la 
jurisdicción competentes del país de la sede de aplicar una o 
varias medidas de saneamiento impiden la aplicación o el 
mantenimiento por parte de las autoridades o la jurisdicción 
competentes del país de acogida de cualquier medida de 
saneamiento en el sentido del artículo 2, salvo decisión en 
contrario de las autoridades competentes del país donde se 
encuentra la sede social. Sin modificaciones 
Artículo 5 
Las autoridades competentes del país donde se encuentre la 
sede social estarán obligadas, antes de adoptar cualquier 
medida de saneamiento, a informar por todos los medios a 
las autoridades competentes del país de acogida sobre sus 
propósitos y consultarán a las mismas sobre las repercusiones 
de dicha medida en el país de acogida, salvo en los casos en 
que la medida claramente no valga a producir efectos 
significativos en una sucursal situada en otro Estado miem­
bro. Artículo 5 
Sin modificaciones 
Artículo 6 
Si las autoridades competentes del país de acogida estiman 
necesaria la aplicación en su territorio de una o varias 
medidas de saneamiento en el sentido del artículo 2, estarán 
obligadas a informar de ello a las autoridades competentes 
del país donde se encuentre la sede social. 
Si las autoridades competentes del país donde se encuentra la 
sede social, después de haber recibido dicha información 
estiman que las dificultades por las que atraviesa la sucursal 
no son suficientes para justificar la aplicación de los aparta­
dos 1 y 2 del artículo 4, informarán de ello a las autoridades 
del país de acogida que podrán decidir la aplicación en su 
territorio de una o varias medidas de saneamiento. Artículo 6 
Sin modificaciones 
Sin modificaciones 
Artículo 7 
1. Cuando la aplicación de las medidas de saneamiento 
adoptadas de conformidad con los apartados 1 y 2 del 
artículo 4 afecte directamente a los derechos de los acreedo­
res situados en un país donde se encuentre la sede es posible 
presentar un recurso contra la Decisión que ordena dicha 
medida, las autoridades competentes del país donde se 
encuentre la sede podrán publicar, si lo consideran necesario 
y con cargo a la entidad de crédito, un extracto de su decisión 
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en dos 
diarios de difusión nacional en cada uno de los países de 
acogida. 
2. Las autoridades competentes del país donde se encuen­
tre la sede podrán notificar, si lo consideran oportuno, la 
medida directamente e individualmente a los acreedores que 
residen en la Comunidad y cuyos derechos se encuentren 
afectados. 
3. El extracto de la decisión que se debe publicar o la 
notificación deberán mencionar en la o las lenguas nacionales 
de los Estados afectados, el objeto y la base jurídica de la Artículo 7 
1. Cuando la aplicación de las medidas de saneamiento 
adoptadas de conformidad con los apartados 1 y 2 del 
artículo 4 pueda afectar directamente a los derechos de 
cualquier acreedor que esté situado en un país de acogida, o 
de cualquier accionista, y si en el país donde se encuentra la 
sede social es posible presentar recurso contra la decisión que 
ordena dicha medida, las autoridades competentes del país 
donde se encuentra la sede podrán publicar, si lo consideran 
necesario y con cargo a la entidad de crédito, un extracto de 
su decisión en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
y en dos diarios de difusión nacional en cada uno de los países 
de acogida. 
Sin modificaciones 
Sin modificaciones 
8. 2. 88 Diario Oficial de las 
TEXTO INICIAL 
decisión adoptada, los plazos de recurso, y de modo preciso, 
el domicilio de las autoridades o de la jusrisdicción compe­
tentes para conocer el recurso. 
4. Las medidas de saneamiento se aplicarán independien­
temente de las medidas de publicidad establecidas en los 
apartados 1 a 3 y producirán todos los efectos con respecto a 
los acreedores, a menos que las autoridades competentes del 
país donde se encuentre la sede o la legislación de dicho país 
relativa a estas medidas dispongan lo contrario. 
5. Salvo en caso de notificación individual, los plazos de 
recurso empezarán a partir de la publicación en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 
B. Entidades de crédito con su sede social fuera de la 
Comunidad 
Artículo 8 
1. A la espera de una coordinación ulterior de las 
disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas 
relativas a las sucursales de las entidades de crédito con sede 
social fuera de la Comunidad, las autoridades y jurisdiccio­
nes del país de acogida conservarán la facultad de aplicar las 
medidas de saneamiento de conformidad con las reglamen­
taciones, procedimientos y usos en vigor en su territorio, 
salvo en caso de que los acuerdos celebrados con el país 
donde se encuentre la sede social, de conformidad con el 
Tratado, sobre la base del principio de reciprocidad, dispon­
gan lo contrario. 
2. No obstante, la autoridad competente del país de 
acogida de una sucursal de una entidad de crédito con sede 
social fuera de la Comunidad, que considere necesario 
aplicar una o varias medidas de saneamiento, en el sentido 
del artículo 2, estará obligada, antes de adoptar dichas 
medidas, a informar de ello por todos los medios disponibles, 
a las autoridades competentes de los demás países de acogida 
en los que la entidad haya establecido sucursales incluidas en 
la lista mencionada en el apartado 7 del artículo 3 de la 
Directiva 77/780/CEE que se publica cada año en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 
3. En los casos en que sea necesaria una intervención de 
máxima urgencia, la información mencionada en el apartado 
2 podrá ser sustituida por una notificación inmediata de la 
medida a las autoridades competentes de los demás países de 
acogida. 
4. Las autoridades competentes de un país de acogida 
podrán decidir que las medidas de saneamiento sobre las que 
hayan sido informados por el procedimiento mencionado en 
el apartado 2 o la notificación mencionada en el apartado 3, 
produzcan sus efectos con respecto a los dirigentes y los 
acreedores de las sucursales situadas en dicho país de 
acogida, incluso si la reglamentación que les es aplicable en 
virtud del apartado 1 no establece dichas medidas o subor­
dina su aplicación a condiciones que no se cumplen, sin 
perjuicio no obstante de la aplicación de los acuerdos 
mencionadas en dicho apartado 1. Comunidades Europeas N° C 36/7 
TEXTO MODIFICADO 
Sin modificaciones 
Sin modificaciones 
B. Entidades de crédito con sede social fuera de la 
Comunidad 
Artículo 8 
Sin modificaciones 
Sin modificaciones 
Sin modificaciones 
Sin modificaciones 
N° C 36/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
5. Las medidas de publicidad confiadas por los aparta­
dos 1 y 2 del artículo 7 a la diligencia de las autoridades 
competentes del país donde se encuentre la sede social se 
confiarán, en caso de aplicación de las disposiciones del 
apartado 4 del presente artículo, a la diligencia de la 
autoridad competente del país de acogida mencionada en el 
apartado 2. Sin modificaciones 
C. Adaptación de la Directiva a las modificaciones de las 
legislaciones nacionales C. Adaptación del presente título a las modificaciones de 
la legislaciones nacionales 
Artículo 9 
1. La lista de las medidas de saneamimento que figuran en 
el Anexo queda modificada y completada de conformidad 
con el procedimiento definido en el presente artículo. 
2. Sin un Estado miembro desea modificar o completar la 
lista de las medidas que figburan en el Anexo, notificará a la 
Comisión dicha medida indicando si ésta implica o no 
disposiciones que pueden afectar a los derechos de los 
acreedores. 
3. Un representante de la Comisión solicitará al Presiden­
te del Comité consultivo bancario establecido por la Direc­
tiva 77/780/CEE, en adelante llamado «Comité», que 
someta la medida propuesta al Comité solicitando, si la 
situación lo exige, que éste se reúna en urgencia. 
4. El Comité emitirá su dictamen sobre dicha medida por 
mayoría cualificada de los dos tercios de los votos; no 
obstante, si la modificación prevista implica una medida que 
puede afectar a los derechos de los acreedores, emitirá su 
dictamen por unanimidad. 
5. Cuando el Comité emita un dictamen favorable a la 
modificación de la lista, la Comisión adoptará la medida 
prevista. 
6. Cuando el Comité no emita un dictamen de este tipo, la 
Comisión presentará lo antes posible una propuesta relativa 
a la medida que debe adoptarse al Consejo que decidirá por 
mayoría cualificada. 
Si, transcurrido un plazo de seis meeas a partir del recurso al 
Consejo, y éste no se hubiera pronunciado, la medida 
propuesta será adoptada por la Comisión. 
Esta disposición no será aplicable cuando la medida pueda 
afectar a los derechos de los acreedores. En este caso, la 
Comisión presentará al Consejo una propuesta de Directiva 
en las condiciones previstas en el artículo 149 del Tra­
tado. Artículo 9 
1. La lista de las medidas de saneamiento que figura en el 
Anexo 1 queda modificada y completada de conformidad 
con el procedimiento definido en el presente artículo. 
2. Si un Estado miembro desea modificar o completar la 
lista de las medidas que figuran en el Anexo I, de conformi­
dad con las disposiciones de su propio ordenamiento jurídico 
propio, notificará a la Comisión el proyecto de medida 
prevista. 
3. La Comisión estará asistida por un Comité compuesto 
por representantes de los Estados miembros y presidido por 
el representante de la Comisión. El representante de la 
Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas 
que deban tormarse. El Comité emitirá su dictamen sobre 
dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determi­
nar en función de la urgencia de la cuestión de que se 
trate. 
4. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el 
apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar 
aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a proquesta de 
la Comisión. Con motivo de la votación en el Comité, los 
votos de los representantes de los Estados miembros se 
ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormen­
te citado. El presidente no tomará parte en la votación. 
5. La Comisión adoptará las medidas previstas cuando 
sean conformes al dictamen del Comité. 
6. Cuando las medidas previstas no sean conformes al 
dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la 
Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta 
relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se 
pronunciará por mayoría cualificada. 
Si transcurrido un plazo que se fijará en cada acto que el 
Consejo adopte con arreglo al presente apartado, pero que en 
ningún caso podrá exceder de tres meses a partir del 
momento en que la propuesta se haya sometida al Consejo, 
éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las 
medidas propuestas. 
8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 36/9 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
7. Los Estados miembros podrán adoptar la medida 
prevista sin esperar las decisiones del Comité y del Consejo; 
no obstante, las decisiones adoptadas en aplicación de dicha 
medida no podrán beneficiarse de las disposiciones de la 
presente Directiva y en particular de los apartados 2 y 3 del 
artículo 4. Sin modificaciones 
Articulo 10 
Los Estados miembros procurarán que ningún obstáculo de 
naturaleza jurídica impida que puedan aplicarse a las 
sucursales de las entidades de crédito con sede social en otro 
Estado miembro establecidas en su territorio, las medidas de 
saneamiento que puedan ser decididas, de conformidad con 
el artículo 4, por las autoridades o la jurisdicción competente 
del país donde se encuentre la sede social; por la tanto, 
adoptarán, cumpliendo los principios generales de su propia 
legislación, los actos legislativos, reglamentarios y adminis­
trativos necesarios a tal fin. Artículo 10 
Sin modificaciones 
TÍTULO III 
Liquidación TITULO III 
Liquidación 
A. Entidades de crédito con sede social en el interior de la 
Comunidad Entidades de crédito con sede social en el interior de la 
Comunidad 
Artículo 11 
1. Se consultará a las autoridades competentes del país 
donde se encuentre la sede social sobre cualquier solicitud de 
apertura de un procedimiento de liquidación judicial que 
proceda de los acreedores, del deudor o del ministerio 
público. 
2. La actividad de la entidad de crédito se liquidará de 
conformidad con las disposiciones legales del país donde se 
encuentre la sede social, salvo en los casos en que la presente 
Directiva y el convenio relativo a la quiebra, a los acuerdos 
entre acreedores y a procedimientos análogos dispongan otra 
cosa. 
3. Las decisiones relativas a la liquidación de una entidad 
de crédito que emanen de autoridades administrativas o 
judiciales, o de los órganos de liquidación, tendrán asimismo 
efectos plenos sobre las sucursales de la entidad de crédito 
situadas en otros Estados miembros y constituirán un 
obstáculo a la decisión de abrir cualquier otro procedimiento 
de liquidación con respecto a estas últimas, sin perjuicio de 
las disposiciones del apartado 2 del artículo 12. Artículo 11 
Sin modificaciones 
2. La actividad de la entidad de crédito se liquidará de 
conformidad con las disposiciones legales del país donde se 
encuentre la sede social, salvo en el caso en que la presente 
Directiva disponga otra cosa, (se suprime la referencia al 
Convenio) 
3. Las decisiones relativas a la liquidación de una entidad 
de crédito que emanen de autoridades administrativas o 
judiciales, o de los órganos de liquidación del país donde se 
encuentre la sede social, tendrán asimismo efecto pleno sobre 
las sucursales de la entidad de crédito situadas en otros 
Estados miembros e impedirán la decisión de abrir cualquier 
otro procedimiento de liquidación con respecto a estas 
últimas, sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2 del 
artículo 12. 
Artículo 12 
1. Se consultará a las autoridades competentes del país 
donde se encuentre la sede social antes de adoptar una 
decisión de liquidación voluntaria que emane de los órganos 
estatutarios de una entidad de crédito. Artículo 12 
Sin modificaciones 
N° C 36/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
2. La liquidación voluntaria de una entidad de crédito no 
será obstáculo para la apertura, a petición de las autoridades 
competentes del país donde se encuentre la sede social, de una 
liquidación administrativa o judicial si los órganos estatuta­
rios no realizan dicha liquidación de forma satisfactoria o si 
se considera quela entidad de crédito no es capaz de cumplir 
sus obligaciones frente a sus acreedores. 
Artículo 13 Artículo 13 
1. Cuando se abra un procedimiento de liquidación de Sin modificaciones 
una entidad de crédito en ausencia o después del fracaso de 
medidas de saneamiento, las autoridades competentes del 
país donde se encuentre la sede social cancelarán la aproba­
ción a dicha entidad con arreglo al procedimiento previsto en 
el artículo 8 de la Directiva 77/780/CEE. 
2. No obstante, de modo excepcional, la cancelación de 
la aprobación no impedirá que la o las personas encargadas 
de la liquidación puedan continuar determinadas a activida­
des de la entidad de crédito con el acuerdo y bajo el control de 
las autoridades competentes del país donde se encuentre la 
sede social, en la medida en que esto sea necesario para los 
objetivos de la liquidación. 
Esta disposición únicamente se aplicará en el país de acogida 
cuando la legislación relativa a la cancelación de la aproba­
ción bancaria no disponga otra cosa. 
3. En caso de liquidación voluntaria, la aprobación, 
prevista en el artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE podrá 
ser mantenida hasta el final de las operaciones de liquidación, 
con la condición de que la entidad siga cumpliendo las 
condiciones a las que está vinculada la aprobación. 
Artículo 14 Artículo 14 
1. La liquidación se efectuará bajo la vigilancia de las Sin modificaciones 
autoridades competentes del país donde se encuentre la sede 
social en colaboración con las autoridades competentes del 
país de acogida. 
2. Los liquidadores estarán facultados para ejercer en el Sin modificaciones 
territorio de todos los Estados miembros todos los poderes 
que pueden ejercer en el territorio de apertura de la 
liquidación. No obstante, incluso en el caso de que la 
legislación del Estado de apertura de la liquidación no 
establezca la pluralidad de los liquidadores, las autoridades 
competentes de un país de acogida podrán, si lo consideran 
necesario, solicitar el nombramiento de un liquidador desig­
nado entre las personas que ejercen las funciones de liquida­
dor en su territorio; además cuando la legislación del Estado 
de apertura de la liquidación permita la delegación de 
determinados poderes a otras personas, dichas personas 
deberán ser escogidas, a petición de las autoridades compe­
tentes del país de acogida entre aquellas que pueden ejercer 
las funciones de liquidador en dicho país. 
8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 36/11 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
3. £1 procedimiento de liquidación será anunciado por el 
liquidador o los liquidadores mediante inclusión en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas y en dos diarios de 
difusión nacional de cada uno de los países de acogida de un 
extracto de la decisión que la declare. 
Entidades de crédito con sede social fuera de la 
Comunidad B. Entidades de crédito con sede social fuera de la 
Comunidad 
Artículo 15 Artículo 15 
1. En el caso en que la legislación del país de acogida 
establezca la posibilidad de liquidar una sucursal de una 
entidad de crédito con sede social fuera de la Comunidad, la 
liquidación será pronunciada por las autoridades o la 
jurisdicción competente de dicho país de acogida. Sin modificaciones 
2. Las autoridades competentes del país de acogida 
mencionadas en el apartado 1 cancelarán la aprobación de 
dicha sucursal si ésta fué objeto de una aprobación por 
separado de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 
77/780/CEE. 
3. Las autoridades competentes mencionadas en los 
apartados 1 y 2 informarán a las autoridades competentes de 
los demás países de acogida de la cancelación de la aproba­
ción y de la apertura de un procedimiento de liquidación. 
4. Las autoridades competentes de los países de acogida 
distintos del mencionado en los apartados 1 y 2, podrán 
decidir cancelar la aprobación por separado que se hubiera 
concedido a la sucursal creada en su territorio. 
5. De modo excepcional, la cancelación de la aprobación 
no impedirá que la o las personas encargadas de la liquida­
ción puedan continuar determinadas actividades de la sucur­
sal con el consentimiento de las autoridades competentes y/o 
bajo el control de la jurisdicción competente, siempre que la 
legislación del país de acogida lo permita. 
6. La cancelación de la aprobación no dará fin a la 
vigilancia de las actividades de una sucursal por las autori­
dades competentes del país de acogida. 
C. Adaptación del presente título a las modificaciones de 
las legislaciones nacionales 
Artículo 16 (nuevo) 
Toda modificación de la lista de procedimientos nacionales 
incluida en el Anexo II se notificará a la Comisión. Ésta 
velará por la actualización del Anexo II y por su publicación 
sin demora en el Diario Oficial de las Comunidades Euro­
peas. 
N° C 36/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
TEXTO INICIAL 
TÍTULO IV 
Garantía de depósitos TEXTO MODIFICADO 
TÍTULO IV 
Garantía de depósitos 
Artículo 16 Artículo 17 
1. Los Estados miembros asegurarán que los sistemas de 
garantía de depósitos existentes en su territorio cubran los 
depósitos de las sucursales de entidades que tengan su 
domicilio social en otro Estado miembro. Sin modificaciones 
2. Con carácter transitorio, hasta la entrada en vigor de 
un sistema de garantía de depósitos en todos los Estados 
miembros, dichos Estados asegurarán que los sistemas de 
garantía de depósitos a los que están sujetas las entidades que 
tienen su domicilio social en su territorio permitan cubrir los 
depósitos existentes en las sucursales creadas en los países de 
acogida de la comunidad que no dispongan de ningún 
sistema de garantía de depósitos, en las mismas condiciones 
que las que se prevén para garantizar los depósitos existentes 
en el país del domicilio social. 
TÍTULO V 
Disposiciones finales TÍTULO V 
Disposiciones finales 
Artículo 17 Artículo 18 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones 
legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para 
ajustarse a la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 
1990. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 
Los Estados miembros podrán establecer que dichas dispo­
siciones no se apliquen hasta dos años después de dicha 
fecha. 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el 
texto de las disposiciones fundamentales de derecho interno 
que adopten en el ámbito regulado por la presente Direc­
tiva. Sin modificaciones 
Artículo 18 
Los Estados miembros son destinatarios de la presente 
Directiva. Artículo 19 
Sin modificaciones 
8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 36/13 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
ANEXO ANEXO I 
LISTA DE LAS MEDIDAS DE SANEAMIENTO PREVISTAS EN 
EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL PROYECTO DE 
DIRECTIVA RELATIVA A LA COORDINACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINIS­
TRATIVAS REFERENTES AL SANEAMIENTO Y LA LIQUI­
DACIÓN DE LAS ENTIDADES DÉ CRÉDITO. LISTA DE LAS MEDIDAS DE SANEAMIENTO PREVISTAS EN 
EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 2 DE LA PROPUESTA DE 
DIRECTIVA RELATIVA A LA COORDINACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINIS­
TRATIVAS REFERENTES AL SANEAMIENTO Y LA LIQUI­
DACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO. 
BÉLGICA BÉLGICA 
Bancos Bancos 
Investigaciones y peritajes in situ: Sin modificaciones 
— Artículo 19 apartado 3,2° y apartado 4 del Real Decreto n° 
185 de 9 de julio de 1935 sobre el control de los bancos y el 
régimen de emisión de títulos y valores (sanción penal: 
artículo 42,9° del mismo decreto). 
— Autoridad competente para decidir la investigación o el 
paritaje: la Comisión Bancaria. 
— Autoridades competentes para realizar la investigación o el 
peritaje: la Comisión Bancaria y el Banco Nacional de Bélgica 
a petición de la Comisión Bancaria. 
Nombramiento de un comisario especial: 
— Artículo 25, apartado 1, párrafos 1 y 2, Io y apartado 2 del 
Real Decreto n° 185 de 9 de julio de 935.(sanción penal para 
los que realicen actos sin autorización del comisario especial: 
artículo 42, 2o bis del mismo decreto). 
— Autoridad competente para designer al comisario especial: la 
Comisión Bancaria. 
— Suspensión total o parcial de las actividades: 
— Artículo 25, apartado 1, pánafor 1 y 2, 2° y apartado 3 del 
Real Decreto n° 185 de 9 de julio de 1935 (sanción penal 
para los que realicen actos contra una decisión de suspensión: 
artículo 42, 2o bis del mismo decreto). 
— Autoridad competente para suspender: la Comisión Banca­
ria; se abre un recurso ante el Ministro de Hacienda que 
confirma o revoca. 
Cajas de ahorro privadas 
Investigaciones y peritajes in situ: 
— Artículo 16,4,2 ° y párrafo 5, de las disposiciones relativas al 
control de las cajas de ahorro privadas, coordinadas por el 
Real Decreto de 23 de junio de 1967 (sanción penal: artículo 
35 de las mismas disposiciones coordinadas). 
— Autoridad competente para decidir la investigación o el 
peritaje: la Comisión Bancaria. 
— Autoridades competentes para relaizar la investigación o el 
peritaje: La Comisión Bancaria y el Banco Nacional de 
Bélgica a petición de la Comisión Bancaria. Cajas de ahorro privadas 
Sin modificaciones 
N° C 36/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
— Nombramiento de un comisario especial: 
— Artículo 17 bis, aparrado 1, párrafo 1 y 2, Io y aparrado 2, 
de las mismas disposiciones coordinadas (sanción penal: 
artículo 21, 4o de las mismas disposiciones coordinadas). 
— Autoridad competente: la Comisión Bancaria. 
— Suspensión de toda o parte de la actividad de una entidad de 
crédito: 
— Artículo 17 bis apartado 1, párrafos 1 y 2,2° y apartado 3 de 
las disposiciones coordinadas (sanción penal: Artículos 32, 
4o de las disposiciones coordinadas). 
— Autoridad competente y recurso: la Comisión Bancaria; se 
abre un recurso ante el Ministro de Hacienda que confirma o 
revoca la decisión. 
— Poder del Rey de adoptar, en el decreto de revocación de la 
autorización de una caja de ahorros privada, las medidas 
apropiadas para proteger los derechos de los depositantes 
(especialmente la transferencia de fondos de ahorro privilegiados 
y de activos gravados). Artículo 23 de las mismas disposiciones 
coordinadas. 
Empresas reguladas por el Capítulo 1 de la ley de 10 de junio de 
1984 Empresas reguladas por el Capítulo 1 de la ley de 10 de junio de 
1964 
— Investigaciones y peritajes in situ: 
— Artículo 6, apartado 1, párrafo 3, 2o y párrafo 4 de la Ley de 10 
de junio de 1964 sobre los anuncios públicos de ahorro (sanción 
penal: artículo 13, 4o de dicha ley). 
— Autoridad competente para decidir la investigación o el 
peritaje: la Comisión Bancaria. 
— Autoridades competentes para realizar la investigación o el 
peritaje: la Comisión Bancaria y el Banco Nacional de Bélgica 
a petición de la Comisión Bancaria. 
— Nombramiento de un comisario especial: 
— Artículo 9 bis, apartado 1, párrafos 1 y 2,1 ° y apartado 2 de 
dicha ley (sanción penal: artículo 13, 5o de dicha ley). 
— Autoridad competente: la Comisión Bancaria. 
— Suspensión total o parcial de las actividades: 
— Artículo 9 bis, apartado 1, párrafos 1 y 2,2o y apartado 3 de 
dicha ley (sanción penal: artículo 13, 5o de dicha ley). 
— Autoridad competente y recurso: la Comisión Bancaria; se 
abre un recurso ante el Ministro de Hacienda que confirma o 
revoca la decisión. Sin modificaciones 
Entidades públicas de crédito 
Caja de Ahorros de la Caja General de ahorros y de pensiones Entidades de crédito públicas 
Caja de Ahorros del Fondo General de Ahorros y Pensiones 
Investigaciones y peritajes in situ: 
— Artículo 1, párrafo 2 del decreto real n° 2 relativo a la 
vigilancia de la Caja de ahorros de la Caja general de ahorros 
y de pensiones. 
— Autoridad competente para decidir la investigación o el 
peritaje: la Comisión Bancaria. Investigaciones y peritajes in situ: 
— Artículo 1, párrafo 2 del Real Decreto n° 2 relativa a la 
vigilancia de la Caja de Ahorros del Fondo General de 
Ahorros y Pensiones, que hace aplicable a ésta el artículo 19, 
párrafos 2 a 5 del Decreto Real n° 135 de 9 de julio de 1935 
(citado más arriba). 
Sin modificaciones 
8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 36/15 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
— Autoridades competentes para realizar la investigación o el 
peritaje: la Comisión Bancaria y el Banco Nacional de Bélgica 
a petición de la Comisión Bancaria. 
— Otras medidas: 
— No existen medidas especiales; responsabilidad del Parla­
mento y el Gobierno. Sin modificaciones 
Notificaciones a los órganos de gestión de la Caja de Ahorros del 
Fondo General de Ahorros y Pensiones: 
— Artículo 3 del Real Decreto n° 2 de 24. 12. 1980 
— Autoridad competente: la Comisión Bancaria 
DINAMARCA 
Artículo 46 de la Ley n° 35 de 30 de enero de 1981. 
Las autoridades de control de los bancos y de las cajas de ahorro 
pueden declarar el estado de suspensión de pagos de los bancos o las 
cajas de ahorro, si es necesario en interés de los depositantes. La 
declaración no puede ser revocada por el banco o la caja de ahorros 
sin autorización de las autoridades de control. 
La declaración se enviará al tribunal «Skifteretten» que forma parte 
del sistema judicial. DINAMARCA 
Sin modificaciones 
ALEMANIA 
Medidas adoptadas en aplicación del artículo 46 de la Ley Banca­
ria: 
— instrucciones dadas a los dirigentes; 
— prohibición o limitación del derecho de efectuar operaciones de 
pago; 
— prohibición o limitación del ejercicio de las actividades de 
dirigente o de propietario; 
— designación de personas encargadas de la vigilancia de la 
entidad. 
Medidas adoptadas en aplicación del artículo 46 a de la Ley 
Bancaria (x): 
— prohibición de efectuar operaciones de pago o de enajena­
ción; 
— cierre de las ventanillas de la entidad de crédito destinadas a 
operaciones con la clientela; 
— prohibición de ingresar pagos que no estén destinados al 
reembolso de las deudas frente a otra entidad de crédito. 
Autoridad competente: la Oficina Federal de Control Bancario 
(Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen). ALEMANIA 
Sin modificaciones 
Estas medidas tenbién figuran en el protocolo Ib del proyecto de Convenio 
relativo a la quiebra, al acuerdo entre acreedores y a procedimientos 
análogos. ESPAÑA 
Suspensión temporal de los administradores 
— Real Decreto Ley 5/1978 de 6 de marzo de 1978 
— Real Decreto Ley 18/1982 de 24 de septiembre de 1982 
Extensión de las disposiciones anteriores a las Cajas de ahorro y 
cooperativas 
— Decretos Reales 2575 y 2576/1982 de 1 de octubre de 1982 
Autoridad competente: el Banco de España 
N° C 36/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
FRANCIA FRANCIA 
Medidas previstas por la Ley n° 84/46 de 24 de enero de 1984, Sin modificaciones 
relativa a la actividad al control de las entidades de crédito. 
Medidas que puede adoptar la Comisión Bancada 
— requerimiento (artículo 43), 
— designación de un administrado provisional (artículo 44), 
— prohibición de determinadas operaciones y otras limitaciones del 
ejercicio de la actividad (artículo 45, apartado 3), 
— suspensión temporal o dimisión obligatoria de una o varias 
personas responsables determinación efectiva de la orientación 
de la actividad de las entidades de crédito (artículo 45, apartados 
4 y 5). 
Medidas que puede adoptar el Gobernador del Banco de Francia: 
— organizar el concurso del conjunto de las entidades de crédito a 
fin de adoptar las medidas necesarias para la protección de los 
intereses de los depositantes y de terceros, para el funcionamien­
to del sistema bancario y también para la preservación de la 
reputación de la banca local (artículo 52). 
GRECIA GRECIA 
Medidas previstas por: Sin modificaciones 
a) la Ley 1665/1951 por la que se organiza el control y la 
liquidación administrativa de los bancos, el nombramiento de un 
comisario, la liquidación y la concelación de la aprobación; 
b) la Ley 236/75 por la que se organiza el nombramiento de un 
comisario temporal en los casos de urgencia e importancia 
especiales; 
c) la Ley 431/76 por la que se establece la obligación de doblar el 
capital de los bancos en determinadas condiciones consideradas 
como constitutivas de un estado de insolvencia; 
d) la Ley 2292/1953 (en particular los artículos 10 al 12) relativa a 
la fusión obligatoria de las sociedades bancarias. 
A. Medidas que puede adoptar el Banco de Grecia facultado por la 
ley general 1266/1982. 
i) aumento obligatorio del capital (ley 1665/1951, artículo 6); 
ii) nombramiento de un comisario (ley 1665/1951, artículo 8); 
iii) nombramiento de un comisario temporal en los casos de 
urgencia e importancia especiales (ley 236/75); 
iv) doblamiento obligatorio del capital de los bancos que hayan 
estado varias veces bajo la tutela de un comisario o un comisario 
temporal y cuyo capital y reservas representen menos de 1/70 
avo del total de sus depósitos (ley 431/76). 
B. Medidas que puede adoptar el Gobierno (Consejo de Ministros y 
Ministro de Comercio). 
Fusión obligatoria de bancos y aumento del capital inicial de más de 
un tercio (Ley 2292/1953, artículos 10—12) 
8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 36/17 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
IRLANDA IRLANDA 
Medidas relativas a los bancos autorizados, cuya referencia legisla- Sin modificaciones 
tiva es la Central Bank Act de 1971 y cuya autoridad competente es el 
Banco Central de Irlanda; 
— suspensión del derecho de recibir depósitos y de efectuar pagos 
(sección 21), 
— restricción del ámbito de la autorización (sección 10), 
— prohibición o restricción de la publicidad de los depósitos 
(sección 22). 
Medidas relativas a las cajas de crédito a la construcción cuya 
referencia legislativa es la Building Societies Act de 1976 y cuya 
autoridad competente es el Registrar of Friendly Societies: 
— restricción de autorización (sección 11), 
— préstamo de una sociedad a otra (sección 24), 
— unión de sociedades (sección 25), 
— transferencia y garantía de ejecución de los compromisos 
(sección 26), 
— confirmación y registro de las uniones previstas en la sección 25 o 
de las transferencias de empresas previstas en la sección 26 
(sección 27), 
— competencia de la autoridad de control (registrar) para designar 
un inspector o convocar una asamblea especial (sección 29), 
— competencia de la autoridad de control (registrar) para suspen­
der la colecta de fondos y los pagos (sección 31), 
— competencia de la autoridad de control (registrar) para suspen­
der y controlar la publicidad (sección 32). 
ITALIA ITALIA 
a) Petición de informaciones sobre la situación económica de la Sin modificaciones 
entidad de crédito o de sus sucursales (artículo 31 de la ley 
Bancaria). 
Autoridad competente: Banca d'Italia 
b) Inspecciones de la entidad de crédito y de sus sucursales (artículo 
31 de la Ley Bancaria). 
Autoridad competente: Banca d'Italia 
c) Convocatoria de las asambleas generales y de los órganos de 
gestión de la entidad de crédito para la adopción de medidas 
extraordinarias (artículo 35 de la Ley Bancaria). 
Autoridad competente: Banca d'Italia. 
d) Revocación de los órganos de gestión y de control y su 
sustitución por órganos extraordinarios para el saneamiento de 
la entidad de crédito (artículo 57 de la Ley Bancaria). 
Autoridad competente: Ministro del Tesoro a propuesta de la 
Banca d'Italia (la Banca d'Italia es la única competente para la 
designación de los órganos de excepción). 
e) Suspensión temporal de pagos y de cualquier otro procedimiento 
ejecutorio relativo a la entidad de crédito bajo el régimen de 
gestión extraordinario mencionado en la letra d) (artículo 63 de 
la Ley Bancaria). 
Autoridad competente: Banca d'Italia. 
N°C 36/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
f) Suspensión temporal de las funciones de los órganos de gestión y 
de control de la entidad de crédito y designación de un 
funcionario de la autoridad de vigilancia bancaria para ejercer 
dichas funciones (artículo 66 de la Ley Bancaria). 
Autoridad competente: Banca d'Italia. 
g) Revocación de la autorización de ejercer la actividad de deter­
minadas sucursales de la entidad de crédito debido a carencias de 
gestión (artículo 34 de la Ley Bancaria). 
Autoridad competente: Comitato interministeriale per il crédito 
ed il risparmio (CICR). 
LUXEMBURGO 
Medidas previstas por la Ley de 10 de agosto de 1982 relativa a la 
organización: 
1) del derecho de suspensión del Instituto monetario luxemburgués 
con respecto a las entidades de crédito; 
2) del aplazamiento de pago, de la gestión controlada y de la 
liquidación de las entidades de crédito. 
Medidas que puede adoptar el Instituto Monetario luxembur­
gués: 
— prohibición (en caso de crisis) (artículo 2), 
— suspensión de los directivos (artículo 3) (no aplicable a las 
entidades de derecho público luxemburgués), 
— suspensión total o parcial de las actividades (artículo 3). 
Medidas que puede adoptar el tribunal de distrito, competente en 
materia comercial (en su caso a petición del Instituto monetario): * 
aplazamiento de pago y gestión controlada (no aplicable a las 
entidades de derecho público luxemburgués). 
PAÍSES BAJOS 
Medidas previstas por la Ley de 13 de abril de 1973 relativa al 
control de las entidades de crédito: 
— requerimientos 
— intervención oculta (III parte), (sección 24), 
— disposiciones de urgencia (V parte), (sección 31). 
Autoridad competente: el Banco Central (De Nederlandsche 
Bank) 
PORTUGAL 
Medidas que pueden ser adoptadas por el Ministro de Hacienda 
previo dictamen del Banco de Portugal: 
— exención temporal de las entidades en crisis de determinadas 
obligaciones legales y concesión de una ayuda monetaria o 
financiera. Decreto ley 51/84 de 11 de febrero de 1984 artí­
culo 34 
— plazo de noventa días para el seneamiento financiero de 
entidades de crédito que hayan suspendido sus pagos y nombra­
miento de un comisario del Gobierno. Decreto ley n° 30689 de 
27 de agosto de 1940, artículo 1 LUXEMBURGO 
Sin modificaciones 
PAÍSES BAJOS 
Sin modificaciones 
8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 36/19 
TEXTO INICIAL TEXTO MODIFICADO 
— nombramiento de un administrador encargado de garantizar el 
funcionamiento normal de una «Caúca económica». Decreto ley 
n° 136/79 de 18 de mayo de 1979 relativo a las «Caixas 
Económicas» artículo 23 
Medidas que pueden ser adoptadas por el Consejo de Ministros a 
propuesta del Ministro de Hacienda en caso de aplicación de las 
medidas previstas en el artículo 34 del Decreto Ley de 11 de febrero 
de 1984 (citado anteriormente) 
— nombramiento de delegados, administradores o de una comisión 
administrativa encargados de intervenir en la gestión de la 
entidad, 
— suspensión de las funciones de uno o varios administradores en 
ejercicio 
REINO UNIDO 
Medidas que pueden ser adoptadas por el Banco Central (Bank of 
England): 
— poder de nombramiento de uno o varios expertos encargados de 
investigar y de informar sobre el estado y la gestión de una 
entidad autorizada (Banking Act 1979, sección 17), 
— poder de revocar la autorización de una entidad (Banking Act 
1979, sección 71a), 
— poder de revocar la autorización de una entidad y de sustituirla 
por una autorización condicional (Banking Act 1979, secciones 
71b y 10), 
— poder, en caso de revocación pura y simple de la autorización de 
una entidad, de establecer las directrices para la gestión de los 
negocios (Banking Act 1979, secciones 8 y 9). REINO UNIDO 
Sin modificaciones 
ANEXO //(nuevo) 
LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 2.3 DE LA PROPUES­
TA DE DIRECTIVA RELATIVA A LA COORDINACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLA­
MENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS REFERENTES AL SANEAMIENTO Y A LA LIQUIDACIÓN DE LAS 
ENTIDADES DE CRÉDITO Y A LOS SISTEMAS DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS 
BÉLGICA 
La faillite — het faillissement: 
Código de Comercio, libro III, artículo 437 y siguientes 
Autoridad competente: tribunal de commerce 
DINAMARCA 
Konkurs: 
— Ley n° 444 de 28 de agosto de 1984 
— Ley n° 374 de 15 de agosto de 1985 que hace aplicable la ley anterior a los bancos, cajas de ahorro y 
cooperativas 
Autoridad competente: Skifteretten 
N° C 36/20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
— Konkurs: 
Artículo 46bis de la Ley Bancaria de 20 de diciembre de 1984 
— Autoridad competente: Oficina federal de control bancario (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen) 
— Freiwillinge Liquidation: 
— Artículo 38 apartado 2 de la Ley Bancaria 
— Artículo 131 y siguientes, 145 y siguientes, en el caso de una offene Handelsgesellschaft 
— Artículo 262 y siguientes en el caso de una Aktiengesellschaft 
— Artículo 60 y artículo 78 y siguientes para la Genossenschaft 
ESPAÑA 
1. Quiebra 
Código de comercio artículos 870 a 941 
2. Suspensión de pagos 
— Ley de 26. 7. 1922 
— Autoridades competentes: autoridades judiciales 
3. Liquidación administrativa (después de una revocación de la autorización) 
— Ley Bancaria de 31. 12. 1946 artículo 57bis(completadaporelRealDecretol298/1986 de 28 dejuniode 
1986, articulas 4-3) 
— Autoridades competentes: Dirección general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y 
Hacienda — Banco de España 
4. Liquidación 
— Cajas de ahorro: Real Decreto 2532/1929 de 21 de noviembre de 1929, artículos 140 a 146 
— Cooperativas de crédito: Ley 3/1987 de 2 de abril de 1987, artículos 103 a 115 
— Otras entidades de crédito: Ley de Sociedades Anónimas de 17. 7. 1981, artículos 150 a 171 
FRANCIA 
— Redressement et liquidation judiciaire: 
— Ley n° 85/98 de 25 de enero de 1985 (Título III) 
— Decreto n° 85/1388 de 27 de diciembre de 1985, artículo 119 y siguientes 
— Autoridades competentes: tribunal de Commerce 
GRECIA 
— AN. 1665/1951 «7tspí XeixoupYtac; Km EA¿yx°u Tparcei^bv», ápGpo 9 (EKKa8ápioT|). 
— Apnó6ia apxí|: «H vouaouaTiKÍi eTtitponfi». 
— Ley. 1665/1951 de 27 de enero de 1951 sobre funcionamiento y control de los bancos Artículo 9 
(liquidación) 
— Autoridad competente: la Comisión monetaria 
IRLANDA 
— Bankruptcy 
— Compulsory winding-up 
— Creditors' voluntary winding-up (Companies Act 1963 VIe part) 
— Liquidation of banks (Central Bank Act 1971 sections 28 to 31) 
8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 36/21 
Para las «Building Societies»: 
— Compulsory winding-up 
— Creditors' voluntary winding-up (Building Societies Act 1976, artículo 95) 
— Housing (Miscellaneous Provisions) Act 1979, artículo 20 
— Land Act 1984 (artículo 4(2)) 
— Age of Majority Act 1985 
Autoridad competente: 
— Autoridad competente para conceder o cancelar la autorización y vigilar la actividad de las entidades de 
crédito 
— The High Court, en caso de quiebra 
Para las Building societies: 
Registrar of Friendly Societies, que es también Registrar of Building Societies (Building Societies Act 1986, Section 
85) 
ITALIA 
— II concordato preventivo: 
— Decreto de 16 de marzo de 1942 artículo 160 a 186 
— Decreto-Ley de 12 de marzo de 1936 modificado artículo 35, apdo. 2d) 
— Autoridad competente: autoridad judicial 
— La liquidazione coatta amministrativa: 
— Decreto ley de 12 de marzo de 1936, artículos 67 a 86 
— Decreto de 16 de marzo de 1942, modificado, artículos 194 a 215 
— Autoridades competentes: Banca de Italia, Ministro del Tesoro y Comité interministerial para el crédito y el 
ahorro 
— La liquidazione volontaria: 
— Decreto de 12 de marzo de 1936, modificado, artículo 86bis 
LUXEMBURGO 
— Dissolution et liquidation des établissements de crédit: 
— Ley de 10 de agosto de 1982, sección 2 
— Autoridades competentes: el Tribunal de distrito competente en materia comercial a petición del 
Procurador del Estado o del Comisario del Control de los Bancos 
— Liquidation volontaire: 
— Ley de 10 de agosto de 1982, artículo 12 
HOLANDA 
— Vrijwilligen solvente liquidatie ingevolge statutaire ontbinding 
en 
— gedwongen solvente liquidatie na uittrekking van de vergunning: 
— Burgerlijk Wetboek betreffende de vereffening van (solvente) rechtspersonen — Boek II. Artículos 22 y 23 del 
Título 1 y artículos 166 al 173 del Título 3 del Libro II del Código Civil, relativos a la liquidación de personas 
(solventes) 
— Autoridad competente: la propia entidad de crédito 
— Solvente liquidatie tijdens de noodregeling: 
— Artículo 26: apartados 1 y 6 de la Ley sobre la supervisión de las entidades de crédito, que establece que las 
disposiciones mencionadas del Código Civil son de aplicación 
— Autoridad competente: el comisario 
N° C 36/22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 2. 88 
— Insolvente liquidatie na faillietverklaring van de kredietinstelling 
— Ley de Quiebra de 30 de septiembre de 1893 y las modificaciones 5140, artículos 1 al 212 del 
Título I. 
— Autoridad competente: los Tribunales 
PORTUGAL 
— Normas para la liquidación de entidades bancarias: 
— Decreto-Ley n° 30-689 de 27 de Agosto de 1940, artículo 11 y siguientes 
— Autoridad competente: Ministro de Finanzas 
— Liquidación como consecuencia de la revocación de la autorización: 
Autoridad competente: Ministro de Finanzas 
— Cajas cooperativas: 
— Decreto-Ley n° 454/80, de 9 de Octubre de 1980, artículos 75 y 77 que remiten a las normas generales del 
procedimiento de quiebra 
— Decreto-Ley n° 44/129, de 28 de diciembre de 1961, capítulo XV, artículos 1245 y siguientes 
— Venta de bienes: artículos 882 y siguientes 
REINO UNIDO 
— Compulsory winding-up (Insolvency Act 1986 4a parte) 
— Creditors voluntary winding-up 
— Corporate voluntary arrangement (Insolvency Act 1986, Ia parte) 
— Corporate arrangements and reconstructions (Companies Act 1985, XIIIa parte) 
For Building Societies (Building Societies Act 1986, Xa parte): 
— Compulsory winding-up 
— Creditors' voluntary winding-up 
— Dissolution by consent of an appropriate majority of the society's members 
Autoridad competente: autoridad judicial 
Voluntary liquidation (Insolvency Act 1986 4a parte) 
Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican las Directivas 65/65/CEE, 75/318/CEE 
y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis­
trativas sobre especialidades farmacéuticas 
COM(87) 697 final 
(Presentada por la Comisión al Consejo el 12 de enero de 1988) 
(88/C 36/02) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea y, especialmente, su artículo 100 A, 
Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que el objetivo fundamental de toda norma 
relativa a la producción, distribución y uso de productos 
farmacéuticos debe ser garantizar un alto nivel de protección 
de la salud pública;