- Realizar reformas estructurales para modernizar nuestras economías - i) las reformas deben basarse en una coordinación eficaz entre los Estados miembros y aspirar a una mayor productividad y una convergencia al alza; ii) las políticas del mercado de trabajo deben equilibrar la flexibilidad y la seguridad; se debe prestar una atención particular a la lucha contra el desempleo juvenil y de larga duración; iii) unos mercados de productos y servicios más integrados y competitivos deberían estimular la innovación y la creación de empleo.

La economía de la Unión Europea está experimentando una recuperación moderada. Se espera que el ritmo de la actividad se acelere gradualmente. El desempleo está disminuyendo, pero sigue en un nivel muy elevado históricamente. La recuperación se beneficia de factores positivos temporales, entre los que se encuentran los bajos precios del petróleo, un euro relativamente débil y políticas monetarias flexibles. También refleja los primeros efectos de las reformas introducidas en los últimos años. Al mismo tiempo, las preocupaciones en materia de seguridad y las tensiones geopolíticas se han intensificado, y las perspectivas económicas generales son cada vez más preocupantes, en particular en las economías emergentes.

Por lo que se refiere a las PYME y las empresas de capitalización mediana, a través de la «ventanilla PYME», el FEIE ha permitido que el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) refuerce las operaciones en el marco de los programas COSME y Horizonte 2020 e impulse el crecimiento en el sector de las PYME. Hasta la fecha, el FEI ha aprobado 69 proyectos con intermediarios financieros en 18 países: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Suecia y Reino Unido. El FEI ha firmado 56 operaciones, con una financiación total en el marco del FEIE de alrededor de 1 400 millones EUR, que se prevé que genere más de 22 000 millones EUR de inversiones. Se espera que se beneficien aproximadamente 71 000 PYME y empresas de capitalización mediana, en particular en Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia y Reino Unido.

Para aprovechar estos progresos, se anima a los Estados miembros a seguir concienciando sobre el FEIE, apoyar el desarrollo de proyectos de inversión públicos y privados y plataformas de coinversión para presentar al Banco Europeo de Inversiones con vistas a una potencial financiación del FEIE y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, con el fin de atraer potenciales inversores. Los servicios del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión podrían utilizarse para crear mejores proyectos de inversión y acceder a las oportunidades de financiación de la UE. Por otra parte, se anima a los Estados miembros que aún no hayan comprometido recursos para el Plan de Inversiones, a que lo hagan.

En 2014-2015, casi a medio camino hacia el horizonte 2020, la Comisión llevó a cabo una revisión de la Estrategia Europa 2020, empezando con una Comunicación titulada «Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador». Como parte de este proceso se llevó a cabo una consulta pública, que puso de manifiesto que la Estrategia Europa 2020 aún se percibe como un marco adecuado para promover el crecimiento y el empleo a nivel nacional y de la UE. Aunque no en todos los ámbitos, ha presentado un valor añadido y ha generado efectos positivos, especialmente desencadenando acciones a nivel europeo y en los Estados miembros en una serie de ámbitos que representan factores clave para el crecimiento y el empleo. Sin embargo, la consulta también puso de manifiesto que la Estrategia no está todavía suficientemente integrada en los Estados miembros, y que se requiere una mayor participación sobre el terreno.

Lanzada en 2010 como estrategia de la UE para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador para Europa, la Estrategia Europa 2020 establece cinco objetivos ambiciosos en los ámbitos del empleo, la investigación y el desarrollo, el cambio climático y la energía, la educación y la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que deberá alcanzar la UE de aquí a 2020. Aunque vamos por el buen camino para alcanzar los objetivos sobre el cambio climático, la energía y la educación, la crisis ha paralizado el progreso en la consecución de los demás objetivos, en particular por lo que respecta a la pobreza y la exclusión social, donde la situación ha empeorado. La Estrategia Europa 2020 ha servido como marco de referencia para actividades a escala de la UE, en el Parlamento Europeo y en distintas formaciones del Consejo, pero también a nivel nacional y regional: los Estados miembros han fijado objetivos nacionales en respuesta a los objetivos de la UE; la información sobre estos objetivos ha tenido lugar en el contexto de los programas nacionales de reforma anuales; y Eurostat ha publicado periódicamente informes exhaustivos sobre los progresos realizados . La Estrategia Europa 2020 ha guiado las decisiones estratégicas de la labor de la Comisión. Estas decisiones estratégicas también determinan el gasto de la UE: facilitaron la preparación del marco financiero plurianual 2014-2020 (MFP), la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, y el lanzamiento de nuevos programas de financiación a nivel de la UE. Un buen ejemplo es la creación del programa Horizonte 2020 para la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, que se benefició de un aumento sustancial de la financiación, a pesar de los escasos recursos presupuestarios globales a nivel de la UE.

Además, es fundamental que los Estados miembros promuevan la inversión social de forma más amplia, en particular en asistencia sanitaria, cuidado de niños, ayudas a la vivienda y servicios de rehabilitación a fin de reforzar las capacidades actuales y futuras de las personas para participar en el mercado laboral y adaptarse. Es mucho lo que puede hacerse con el apoyo de los programas de la UE, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La inversión social aporta beneficios económicos y sociales con el tiempo, concretamente en cuanto a perspectivas de empleo, rentas del trabajo y productividad, prevención de la pobreza y refuerzo de la cohesión social. La infraestructura social debe intervenir de forma más flexible, personalizada y mejor integrada para promover la inclusión activa de las personas con vínculos más débiles con el mercado laboral.

Las inversiones inteligentes en el capital humano de Europa y las reformas de los sistemas de educación y formación orientadas a los resultados forman parte de los esfuerzos necesarios para restablecer el empleo y el crecimiento sostenible. Dotar a las personas de las capacidades pertinentes impulsa la innovación y la competitividad; es la base de una productividad elevada, y es la mejor manera de evitar que las personas se conviertan en desempleados, así como de reducir el riesgo de pobreza y exclusión social. Mientras que la UE es una importante fuente de cualificaciones y conocimientos, sus sistemas de educación y formación no funcionan tan bien como deberían a escala internacional. Alrededor del 20 % de la población en edad de trabajar apenas tiene cualificaciones muy básicas de lectura, escritura y cálculo, y el 39 % de las empresas tiene dificultades para encontrar personal con las cualificaciones necesarias. Estas dificultades se han acentuado como resultado de años de crisis y de la rápida evolución de la naturaleza del trabajo en la economía digital: el desempleo ha golpeado particularmente a las personas poco cualificadas. Los desajustes en las cualificaciones han aumentado en muchos sectores o regiones.

La unión bancaria es un logro importante para fortalecer la estabilidad financiera de la Unión Económica y Monetaria. Todos los Estados miembros deben incorporar a su Derecho nacional toda la legislación pertinente en el plazo más breve posible. En particular, la rápida aplicación de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias y las últimas modificaciones de la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos es esencial. Paralelamente, la Comisión ha presentado medidas adicionales para completar la unión bancaria mediante la propuesta de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos . En paralelo, se seguirá trabajando para reducir aún más los riesgos en el sector bancario.

Por otra parte, muchos Estados miembros afrontan el reto del exceso de deuda privada y de un alto nivel de préstamos no productivos que dificultan el funcionamiento de la intermediación financiera y frenan las decisiones de inversión en el sector empresarial. En algunos Estados miembros, la limitada capacidad para facilitar la resolución de los préstamos no productivos es un obstáculo para que los bancos relancen el crédito.

A fin de acelerar el cambio en estos ámbitos y aumentar el atractivo de los Estados miembros para la inversión, junto con el presente Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento se publica información específica por países sobre los retos clave para la inversión a nivel nacional . Este análisis preliminar de los obstáculos a la inversión en cada Estado miembro confirma que existe una gran diversidad entre los Estados miembros en cuanto a las pautas de inversión y las barreras para la inversión. No existe una única solución válida. Como parte del renovado Semestre Europeo, la Comisión tiene la intención de iniciar un diálogo con los Estados miembros sobre la identificación de estos retos y su posible supresión, incluso a través de debates temáticos en el Consejo. Estos retos se analizarán más detalladamente en el contexto de los informes por país previstos para febrero de 2016.

Mejor coordinación y apoyo a las reformas estructurales

Los Estados miembros prosiguen sus esfuerzos para modernizar sus economías y abordar los desequilibrios macroeconómicos detectados en años anteriores , pero los aspectos preocupantes siguen presentes y están surgiendo nuevos desafíos. Esto se pone de manifiesto en el informe sobre el mecanismo de alerta 2016, publicado al mismo tiempo que el presente Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, en el que se identifica una serie de países para un examen exhaustivo en el marco del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos.

Aunque la convergencia se ha reiniciado, los resultados de los Estados miembros varían de forma significativa en algunos ámbitos que son cruciales para la productividad y la convergencia. La Comisión tiene previsto entablar un debate con los Estados miembros y las principales partes interesadas acerca de los retos y las respuestas políticas óptimas, fomentando la convergencia hacia quienes obtengan los mejores resultados. La evaluación comparativa, es decir, el examen contrastado frente a unos indicadores de referencia determinados relacionados con las políticas y los resultados económicos y sociales en cada Estado miembro, puede ser un instrumento útil para determinar el rendimiento insuficiente y la necesidad de actuar en una fase temprana, para supervisar los avances y comunicar eficazmente los resultados de la acción política. Ello puede contribuir a reforzar la apropiación de las reformas estructurales por parte de los Estados miembros y garantizar su aplicación.

La Comisión sugerirá progresivamente el desarrollo de índices de referencia y el intercambio de mejores prácticas entre los diversos ámbitos de actuación, basándose en los análisis temáticos existentes desarrollados con los Estados miembros en diversos foros. Tal como se indicó en el Informe de los cinco presidentes sobre el tema «Realizar la Unión Económica y Monetaria», unas normas comunes pueden guiar el proceso de convergencia hacia unas estructuras económicas más resilientes. El informe sugiere que tales normas comunes deben centrarse esencialmente en los mercados de trabajo, la competitividad, el entorno empresarial y las administraciones públicas, así como en determinados aspectos de la política fiscal.

Además, la financiación de la UE puede desempeñar un papel fundamental en el apoyo a la ejecución de las reformas y la inyección directa de inversión en la economía real, si se dirige de manera racional y se aplica de forma eficaz. En este contexto, las prioridades establecidas en las últimas recomendaciones específicas por país se han tenido en cuenta en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para 2014-2020. Para apoyar las reformas estructurales, la Comisión tratará de mejorar el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en apoyo de la aplicación de las recomendaciones por país, incluso a través de medidas que vinculen la eficacia de estos fondos a una buena gobernanza económica. Los Estados miembros deberán realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar que la financiación de la UE se utilice en todo su potencial. Mientras tanto, la aplicación de las reformas contará con el apoyo de los programas de financiación de la UE pertinentes en sus ámbitos políticos y la implantación progresiva de la asistencia técnica ofrecida por el Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión. El presente Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento va acompañado de una propuesta de financiación para la asistencia técnica a los Estados miembros .

Fomento del empleo y de políticas sociales integradoras

La creación de empleo debe seguir siendo un objetivo clave de los esfuerzos de reforma. El desempleo ha comenzado a disminuir en el contexto de una recuperación gradual. Las políticas macroeconómicas favorables y el impacto de las reformas estructurales han desempeñado un papel importante en esta evolución positiva. Sin embargo, para muchos solicitantes de empleo sigue siendo difícil encontrarlo, ya que la demanda sigue siendo baja y sus cualificaciones pueden no coincidir con las que se requieren para los puestos vacantes.

Como se pone de relieve en el proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo , el desempleo sigue siendo demasiado alto, con 23 millones de europeos desempleados en agosto de 2015. Por otra parte, alrededor de la mitad de los desempleados lo han estado durante más de un año. El desempleo de larga duración se ha duplicado prácticamente desde 2008 , con grandes variaciones entre los Estados miembros. El desempleo juvenil, aunque ha disminuido en general, sigue siendo muy elevado, superior al 20 % en la mayoría de los Estados miembros. Las autoridades nacionales, regionales y locales deben proseguir los trabajos para abordar el desempleo juvenil en consonancia con la Garantía Juvenil a través de cambios sistémicos en la transición de la escuela al trabajo, políticas de activación y servicios públicos de empleo que funcionen adecuadamente.

El persistente desempleo de larga duración tiene repercusiones en el conjunto de la sociedad, con nefastas consecuencias sociales para las personas afectadas y un impacto negativo en el crecimiento y las finanzas públicas. El desempleo de larga duración es uno de los factores relacionados con el aumento de la pobreza en la UE desde el inicio de la crisis. En 2014 , una cuarta parte de la población de la UE estaba en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social.

Los Estados miembros deben intensificar los esfuerzos para abordar el desempleo de larga duración en consonancia con las orientaciones propuestas en la Recomendación sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral . En particular, deben alcanzarse acuerdos de integración laboral y un punto único de contacto para garantizar que los desempleados de larga duración se beneficien de un enfoque individualizado, un acceso simplificado y una ayuda más transparente.

Es preciso seguir actuando para eliminar los frenos a la iniciativa empresarial y a la creación de empleo inherentes a los diferentes sistemas nacionales. En particular, la fiscalidad del trabajo y los sistemas de prestaciones sociales deberán diseñarse y aplicarse para fomentar la inversión y el empleo. En septiembre de 2015, el Eurogrupo publicó unos principios comunes que deberán orientar los esfuerzos de los Estados miembros de la zona del euro para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo. El Eurogrupo acordó evaluar esta presión fiscal sobre el trabajo en los Estados miembros de la zona del euro sobre la base de la media de la UE ponderada en función del PIB. La evaluación comparativa en curso, junto con un intercambio de buenas prácticas, debería dar un nuevo impulso a la reforma de la fiscalidad del trabajo a nivel nacional y apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por reducir los costes laborales totales mediante la reducción de la cuña fiscal . Además, los Estados miembros deben tomar medidas para estimular la actividad de las empresas innovadoras de nueva creación y para facilitar la creación de empleo, especialmente en las PYME.

La diferencia entre hombres y mujeres en términos de tasa de empleo es particularmente amplia en varios Estados miembros. A pesar de que las mujeres tienden a obtener mejores resultados académicos que los hombres, siguen estando infrarrepresentadas en el mercado laboral. Los Estados miembros deben aplicar un enfoque global para mejorar el equilibrio entre vida profesional y vida privada, en particular mediante los servicios de asistencia sanitaria, permisos y horarios de trabajo flexibles, así como sistemas fiscales y de prestaciones sociales sin desincentivos para que los segundos perceptores de renta trabajen o trabajen más. Es necesario prestar una atención especial a las familias monoparentales y a las personas con dependientes a su cargo.

Lograr a la vez la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo requiere esfuerzos generales de reforma que aborden al mismo tiempo la segmentación del mercado de trabajo, una adecuada evolución salarial, unos sistemas de apoyo a la renta bien diseñados, políticas que faciliten la transición a nuevos puestos de trabajo, dotar a los solicitantes de empleo con las capacidades adecuadas, así como intentar que sus cualificaciones se adecúen a las ofertas de empleo. Este enfoque solo tendrá éxito si se basa en una fuerte implicación de los interlocutores sociales .

A fin de garantizar unos elevados niveles de empleo en toda la UE e impulsar la convergencia, los salarios reales deben continuar avanzando en función de la productividad a medio plazo. El papel de los interlocutores sociales es fundamental en este proceso. Los mecanismos de fijación salarial, incluidos los convenios colectivos, deberán permitir una cierta flexibilidad para establecer aumentos salariales diferenciados entre distintos sectores y dentro de los mismos, de tal forma que la evolución de la productividad y los salarios reales se adapten debidamente a lo largo del tiempo. En este contexto, es importante que la representación de los trabajadores esté bien garantizada y que exista una coordinación efectiva de las modalidades de negociación en los diferentes niveles y entre ellos.

Los Estados miembros deben seguir modernizando y simplificando la legislación de protección del empleo, a fin de garantizar la protección eficaz de los trabajadores y el fomento de las transiciones en el mercado laboral entre diferentes empleos y profesiones. Unas relaciones laborales estables y predecibles, y en particular unos tipos de contratos más permanentes, inducen a los empresarios y a los trabajadores a invertir más en mejorar las cualificaciones y en el aprendizaje permanente. Permiten a los trabajadores planificar su futuro al ofrecerles perspectivas sostenibles de carrera y de mayores ingresos. En los últimos años, el aumento del empleo total se ha debido principalmente a un aumento de los contratos temporales, lo que es habitual en las primeras fases de la recuperación. La transición más general hacia unos mercados de trabajo más flexibles facilitará la creación de empleo, pero también deberá permitir la transición hacia contratos más permanentes. No deberá dar lugar a más empleos precarios. Los Estados miembros deberán intensificar los esfuerzos para luchar contra el trabajo no declarado.

Se precisan unos sistemas de protección social más eficaces para combatir la pobreza y la exclusión social, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad de las finanzas públicas y los incentivos al trabajo. Todo ello deberá seguir garantizando que la concepción de las prestaciones laborales, las prestaciones por desempleo y los regímenes de renta mínima constituyan un incentivo para entrar en el mercado laboral. Una ayuda financiera adecuada y bien diseñada, como las prestaciones por desempleo y los regímenes de renta mínima, permiten que los desempleados puedan invertir en búsqueda de empleo y formación, aumentando sus posibilidades de encontrar empleos adecuados que se adapten a sus cualificaciones.

Por último, se requieren medidas de integración globales para las personas más alejadas del mercado laboral y especialmente en respuesta a la reciente llegada de un gran número de refugiados. La integración de los migrantes, y especialmente los refugiados, exige un enfoque global para facilitar su acceso al mercado laboral y, de manera más general, su participación en la sociedad.

Mejorar aún más los mercados de productos y servicios y el entorno empresarial