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it it * + * COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 10.12 1996 
C()M(96)649 final 
PROYECTO DE 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
sobre la aplicación de las normas de competencia 
a los acuerdos de acceso 
en el sector de las telecomunicaciones 
Marco, Mercados afectados y Principios 

Comunicación de la Comisión relativa al proyecto de comunicación sobre 
la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso 
en el sector de las telecomunicaciones 
La Comisión aprobó el proyecto de comunicación sobre la aplicación de las normas de 
competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones. 
La Comisión tiene la intención de aprobar la comunicación después de haber tenido 
conocimiento de las observaciones presentadas por los terceros interesados. 
La Comisión invita a los terceros interesados a presentar sus posibles observaciones a 
propósito del proyecto de Comunicación que figura a continuación. 
Tales observaciones deberán obrar en poder de la Comisión antes de los dos meses 
siguientes a la publicación del presente proyecto de comunicación y se le podrán enviar 
por fax (N° (32 2) 296 98 19) o por correo a la dirección siguiente: 
Comisión Europea 
Dirección General de la Competencia (DG IV) 
Dirección C 
Despacho 3/48 
Avenue de Cortenberg 150/Kortenberglaan 150 
B-1049 Bruselas 
email: access.notice@dg4.cec.be 
A¿L 
PREFACIO 
En el sector de las telecomunicaciones, los acuerdos de acceso son de vital 
importancia para que los operadores del mercado puedan beneficiarse de la 
liberalización. 
Tres son los objetivos de la presente Comunicación: 
• establecer unos principios de acceso que se deriven de la 
normativa de competencia de la UE, tal como se plasma en un 
gran número de decisiones de la Comisión, con el fin de dar 
mayor seguridad a los mercados y unas condiciones más estables 
para la inversión y la iniciativa comercial en los sectores de las 
telecomunicaciones y multimedia; 
• definir y aclarar la relación que existe entre la normativa de 
competencia y la legislación específica del sector en el marco de 
lo dispuesto en el artículo 100A (especialmente por lo que respecta 
a la relación entre la normativa de competencia y la relativa a la 
oferta de red abierta, ORA); 
• explicar cómo se aplicará de modo uniforme la normativa de 
competencia a todos los sectores convergentes que prestan nuevos 
servicios multimedia, y especialmente a la problemática que 
plantea el acceso en este contexto. 
Este proyecto de Comunicación se publica únicamente a efectos de consulta 
pública. Su versión definitiva sólo se adoptará una vez que el Parlamento y el 
Consejo hayan aprobado la Directiva de interconexión a la ORA. Ello 
garantizará una coherencia total entre el marco de interconexión a la ORA y la 
aplicación de las normas de competencia tal como se establece en el presente 
proyecto de comunicación y que se tenga en cuenta la versión definitiva de la 
Directiva de interconexión a la ORA, con el fin de dar confianza a los 
mercados antes del 1 de enero de 1998, fecha de inicio de la liberalización. 
At, 
índice 
Introducción 
Ia Parte: Marco 4 
1. Normas de competencia y normativa específica del sector 4 
2. Actuación de la Comisión en relación con los acuerdos de acceso 8 
3. Denuncias 9 
3.1 Utilización de los procedimientos nacionales y de oferta de red 
abierta 
3.2 Protección de los derechos de los denunciantes 
3.3 Medidas provisionales 
4. Investigación de propia iniciativa y estudios sectoriales 12 
5. Multas 12 
2* Parte: Mercados afectados 14 
1. Mercado de producto afectado 14 
1.1 Mercado de servicios 
1.2 Acceso a las instalaciones 
2. Mercado geográfico pertinente 17 
3a Parte: Principios 18 
1. Posición dominante (artículo 86) 19 
1.1 Mercado de servicios 
1.2 Acceso a las instalaciones 
1.3 Posición dominante conjunta 
2. Abusos de posición dominante 24 
2.1 Denegación de acceso a instalaciones esenciales y aplicación 
de condiciones desfavorables 
2.2 Otras formas de abuso 
2.3 Abusos de posición dominante conjunta 
3. Acuerdos de acceso (artículo 85) 33 
4. Consecuencias en los intercambios entre Estados miembros 35 
Conclusiones 37 
4L 
INTRODUCCIÓN 
1. Ya se ha establecido el calendario para la plena liberalización del sector de las 
telecomunicaciones, por lo que antes del 1 de enero de 19981 los Estados 
miembros han de eliminar los últimos obstáculos para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones al consumidor en un entorno competitivo. Como 
consecuencia de esta liberalización, surgirá un segundo conjunto de bienes o 
servicios afines, así como la necesidad de acceso a las instalaciones necesarias para 
prestar tales servicios. En este sector, la interconexión a la red pública conmutada 
de telecomunicaciones es un ejemplo típico de tal acceso. La Comisión ha 
afirmado que definirá el tratamiento de los acuerdos de acceso en el marco de las 
normas de competencia2. Así pues, la presente comunicación se plantea de qué 
forma se han de aplicar las normas y procedimientos de competencia a los 
acuerdos de acceso, tanto en el contexto de la normativa armonizada de la UE 
como de la legislación nacional en el sector de las telecomunicaciones. 
2. El marco normativo para la liberalización de las telecomunicaciones está 
constituido por las directivas de liberalización surgidas en el marco del artículo 90 
CE y de la oferta de red abierta (ORA), por la que se establecen normas 
armonizadas de acceso e interconexión a las redes de telecomunicaciones y a los 
servicios de telefonía vocal. El marco legal establecido por la normativa de 
liberalización y armonización constituye el entorno en el que se ha de encuadrar 
cualquier iniciativa que adopte la Comisión para la aplicación de las normas de 
competencia. Tanto la normativa de liberalización3 como la de armonización4 están 
Con arreglo a lo dispuesto en las Directivas 96/19/CE y 96/2/CE, algunos Estados miembros 
pueden solicitar una excepción de la plena liberalización por periodos limitados. Véase: Decisión 
de la Comisión, de 27 de noviembre de 1996, relativa a los plazos adicionales solicitados por 
Irlanda para la aplicación de las Directivas 90/388/CEE y 96/2/CE de la Comisión, por lo que 
respecta a la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones. La presente Comunicación 
se entiende sin perjuicio de tales excepciones; la Comisión tendrá en cuenta la existencia de 
cualquiera de tales excepciones en la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de 
acceso, como se describe en la Comunicación. 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo relativa a las consultas en torno 
al Libro Verde sobre la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes de 
televisión por cable, COM (95) 158 final, de 3 de mayo de 1995. 
Directiva 88/301/CEE de la Comisión, relativa a la competencia en los mercados de terminales de 
telecomunicaciones, DO L 131/73 (1988); 
Directiva 90/388/CEE de la Comisión, relativa a la competencia en los mercados de servicios de 
telecomunicaciones, DO L 192/10 (1990); 
Directiva 94/46/CE de la Comisión, por la que se modifica la Directiva 88/301/CEE y la Directiva 
90/388/CEE, especialmente por lo que respecta a las comunicaciones por satélite, DO L 268/15 
(1994); 
Directiva 95/51/CE de la Comisión, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE, con respecto 
a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados, DO L 256/49 (1995); 
Directiva 96/2/CE de la Comisión por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE, con relación 
a las comunicaciones móviles y personales, DO L 20/59 (1996); 
Directiva 96/19/CE de la Comisión, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE, en lo relativo 
a la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones, DO L 74/13 
1 
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destinadas a lograr los objetivos de la Comunidad, tal como se establecen en el 
artículo 3 CE y especialmente el establecimiento de "un régimen que garantice 
que la competencia no será falseada en el mercado común" y "un mercado 
interior caracterizado por la supresión, entre los Estados miembros, de los 
obstáculos a la libre circulación de mercancías personas, servicios y capitales". 
La Comisión publicó las Directrices para la aplicación de las normas comunitarias 
sobre competencia en el sector de las telecomunicaciones, DO C 233/2 (1991). La 
presente Comunicación pretende completar tales Directrices, que no abordan 
explícitamente las cuestiones de acceso. 
En el sector de las telecomunicaciones, la normativa de liberalización y 
armonización permite y simplifica la tarea de aquellas empresas comunitarias que 
inicien su actividad en nuevos mercados y, en consecuencia, hacen posible que los 
usuarios se beneficien de la mayor competencia. Se ha de evitar que estas ventajas 
se vean amenazadas por el empleo de prácticas restrictivas o abusivas por parte 
de determinadas empresas. La normativa de competencia de la Comunidad es, por 
consiguiente, fundamental para garantizar la culminación de esta evolución. En las 
fases iniciales, se ha de garantizar a los nuevos operadores el derecho a acceder 
a la red de los operadores de telecomunicaciones (OT) tradicionales. Varias son 
las autoridades que tienen una función que cumplir en la regulación de este sector, 
tanto a nivel regional, nacional, como comunitario. Si se quiere que el proceso de 
competencia funcione correctamente en el mercado interior, se ha de procurar que 
exista una coordenación eficaz entre estas instituciones. 
La Ia Parte de la Comunicación describe el marco legal y explica 
pormenorizadamente de qué forma pretende evitar la Comisión una duplicación 
innecesaria de procedimientos, al tiempo que protege los derechos de las empresas 
y los usuarios en el marco de las normas de competencia. En este contexto, los 
esfuerzos de la Comisión por alentar a los tribunales y las autoridades nacionales 
(1996). 
Los acuerdos de interconexión constituyen la forma más significativa de acuerdo de acceso en el 
sector de las telecomunicaciones. Las normas que se aplican a la oferta de red abierta (ORA) 
establecen un marco básico para los acuerdos de interconexión y la aplicación de las normas de 
competencia se ha de considerar en el contexto siguiente: 
Directiva 90/387/CEE del Consejo, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios 
de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de 
telecomunicaciones, DO L 192/1 (1990) 
Directiva 92/44/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a líneas 
arrendadas, DO L 165/27 (1992); 
Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aplicación de la oferta de 
red abierta a la telefonía vocal, DO L 321/6 (1995); 
Posición Común en relación con una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la interconexión en las telecomunicaciones con el fin de garantizar un servicio y una 
interoperabilidad universales mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta 
(ORA), DO C220/13, 29 de julio de 1996. 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se modifican las Directivas 
90/387/CEE y 92/44/CEE del Consejo a efectos de su adaptación a un entorno competitivo en el 
sector de las telecomunicaciones, Com(95) 543 final, 14.11.1995. 
a que apliquen de forma descentralizada las normas de competencia pretenden 
lograr soluciones a nivel nacional, a menos que exista un significativo interés 
comunitario en un caso específico. En el sector de las telecomunicaciones, también 
los procedimientos específicos establecidos en el marco de la oferta de red abierta 
pretenden, en primera instancia, resolver los problemas a nivel nacional, de forma 
descentralizada, manteniendo la posibilidad de recurrir a una conciliación a nivel 
comunitario. En la 2a Parte se define el enfoque adoptado por la Comisión para 
la definición de mercado en este sector. En la 3a Parte se especifican los principios 
que seguirá la Comisión para la aplicación de las normas de competencia: su 
objetivo es ayudar a los operadores de los mercados de telecomunicaciones a dar 
forma a sus acuerdos de acceso, explicando las exigencias de la normativa de 
competencia. 
6. La presente Comunicación se basa en la experiencia adquirida por la Comisión en 
varios asuntos5 y en determinados estudios sobre este ámbito llevados a cabo en 
su nombre6. 
7. La presente Comunicación no pretende restringir en modo alguno los derechos 
concedidos por la normativa comunitaria a particulares o empresas y se entiende 
sin perjuicio de cualquier interpretación de las normas comunitarias de 
competencia que pudiesen ofrecer el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal 
de Justicia de la CE. 
En el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente la Decisión de la Comisión de 18 de 
octubre de 1991, Eirpage, DO L 306/22 (1991), y las Decisiones de la Comisión de 17 de julio 
de 1996, Atlas y Phoenix, DO L239/23 y 57 (1996). También hay una serie de asuntos pendientes 
que implican cuestiones de acceso. 
"Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications sector", junio de 
1995; "Competition aspects of access by service providers to the resources of telecommunications 
operators", diciembre de 1995. Véase también "Competition aspects of access pricing", diciembre 
de 1995. 
7 Ia PARTE: MARCO 
1. Normas de competencia y normativa específica del sector 
Se puede tratar de resolver los problemas de acceso en el sentido más amplio del 
término (p. e., dotación de líneas arrendadas, interconexión a redes, acceso a datos 
relativos a los subscriptores de servicios de telefonía vocal) en diferentes niveles 
y basándose en un abanico de disposiciones legislativas, tanto de origen nacional 
como comunitario. En este contexto, cualquier prestador de servicios que se 
enfrente a un problema de acceso, como puede ser el hecho de que una 
organización de telecomunicaciones se niegue a suministrarle injustificadamente 
(o en condiciones razonables) una línea arrendada que necesite el solicitante para 
prestar servicios a sus clientes, podría optar por distintas vías para obtener 
reparación. En términos generales, las partes perjudicadas obtendrán una serie de 
ventajas, al menos en una fase inicial, tratando de lograr reparación a nivel 
nacional. A este nivel, el solicitante tiene dos opciones principales: (1) 
procedimientos normativos nacionales específicos establecidos de conformidad con 
la normativa comunitaria y armonizados en el marco de oferta de red abierta 
(véase la nota a pie de página 4) y (2) una acción con arreglo a la normativa 
nacional 6 comunitaria ante un órgano jurisdiccional nacional o una autoridad 
nacional de competencia7. 
En el caso de la Directiva relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas, 
la ORA prevé la primera fase en la que el usuario perjudicado puede recurrir a la autoridad 
nacional de reglamentación, lo que ofrece una serie de ventajas. En los ámbitos de 
telecomunicaciones en los que la experiencia ha puesto de manifiesto que las empresas dudan a 
menudo antes de denunciar al OT de la que dependen en gran medida, no sólo por lo que se refiere 
a la cuestión específica objeto de conflicto, sino también en un sentido más amplio y trascendente, 
los procedimientos previstos en el marco de la ORA constituyen una opción atractiva. Además, 
estos procedimientos pueden cubrir una gama más amplia de problemas de acceso de los que 
pueden resolverse aplicando las normas de competencia. Por último, estos procedimientos pueden 
ofrecer a los usuarios la ventaja de la proximidad y familiariedad con los procedimientos 
administrativos nacionales. Por otra parte, la lengua es también un factor a tener en cuenta. 
Con arreglo a los procedimientos de la ORA, si las cuestiones no pueden resolverse a nivel 
nacional, se organiza una segunda fase a nivel europeo (procedimiento de conciliación). En virtud 
de lo dispuesto en la Directiva relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas 
arrendadas, llegada esta circunstancia, se ha de lograr un acuerdo entre las dos partes implicadas 
en el plazo de dos meses, con una posible prórroga de un mes, si las partes así lo acuerdan. 
Se debería señalar que, en la Directiva sobre la interconexión de la ORA que se ha propuesto, a 
diferencia de la Directiva sobre las líneas arrendadas, se establece un procedimiento de conciliación 
únicamente para casos transfronterizos, esto es, aquellos litigios de interconexión en los que estén 
implicadas más de una autoridad nacional de reglamentación. Si las autoridades nacionales de 
reglamentación que se ocupen de un problema de interconexión no logran resolver el problema, 
entonces una de ellas podrá notificárselo a la Comisión y recurrir al procedimiento de conciliación 
(artículo 17 de la directiva propuesta). 
Las denuncias que se interpongan ante la Comisión en el marco de las normas de 
competencia en lugar o además de interponerse ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las autoridades nacionales de competencia y/o las autoridades 
nacionales de reglamentación en el marco de los procedimientos de la ORA se 
tramitarán con arreglo a la prioridad que merezcan teniendo en cuenta la urgencia, 
novedad y el carácter transnacional del problema de que se trate, además de la 
necesidad de evitar la duplicación de procedimientos (véanse a continuación los 
puntos 13 y ss.). 
9. La Comisión reconoce que las autoridades nacionales de reglamentación8 (ANR) 
desempeñan tareas distintas y operan en un marco legal diferente al de la 
Comisión. En primer lugar, las ANR operan en el marco de la legislación 
nacional, a pesar de que apliquen a menudo la normativa comunitaria. En segundo 
término, esta normativa nacional, basada como está en consideraciones de política 
de telecomunicaciones, posee objetivos que, aunque son distintos de los 
perseguidos por la política comunitaria de la competencia, mantienen coherencia 
con ellos. La Comisión coopera en la medida de lo posible con las autoridades 
nacionales de reglamentación y les invita a que cooperen al máximo entre sí. De 
acuerdo con lo estipulado en la normativa comunitaria, las autoridades nacionales, 
incluidas las autoridades de reglamentación y competencia, tienen el deber de no 
autorizar cualquier práctica o acuerdo contrarios a la normativa comunitaria de 
competencia. 
10. Las normas comunitarias de la competencia no bastan para resolver los diversos 
problemas que se plantean en el sector de las telecomunicaciones. Las ANR 
disponen, por tanto, de un ámbito bastante más amplio y desempeñan una función 
importante y de gran trascendencia en la reglamentación del sector. También se 
debería señalar que, tal como establece la normativa comunitaria, las ANR han de 
ser independientes9. 
11. Asimismo, es importante señalar que el marco de la ORA impone determinadas 
obligaciones a los operadores nacionales de telecomunicaciones más estrictas que 
las que establecería habitualmente el artículo 86 CE. Las ANR pueden imponer 
criterios estrictos por lo que se refiere a transparencia, obligación de suministro 
y fijación de precios. Las ANR pueden obligar al cumplimiento de estos criterios 
pero también están facultadas pra adoptar medidas que garanticen una competencia 
efectiva10. 
10 Las autoridades nacionales de reglamentación son organismos de reglamentación de las 
telecomunicaciones en sectores específicos, creados por los Estados miembros en el contexto de 
la Directiva de servicios modificada y el marco de la ORA. 
Véase el artículo 7 de la Directiva relativa a la competencia en los mercados de servicios de 
telecomunicaciones (Directiva 90/388/CEE de la Comisión, ya mencionada en la nota a pie de 
página 3) y Comunicación 95/C 275/02 de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la situación y ejecución de la Directiva 90/388/CEE relativa a la competencia en los mercados de 
los servicios de telecomunicaciones, DO C275, 20.10.1995, pág. 9 y ss. Véase también el asunto 
C-91/94, Thierry Tranchant / Telephone Stores SARL, sentencia del Tribunal de Justicia, 9 de 
noviembre de 1995, pendiente de publicación. 
Propuesta de Directiva de interconexión a la ORA, citado en la nota a pie de página 4, apartado 
12. Por razones de tipo práctico, la presente Comunicación se ha redactado, en la 
mayoría de los aspectos, como si la normativa se concibiera partiendo de la base 
de que sólo existe un operador de telecomunicaciones que controle la única red 
pública conmutada de telecomunicaciones a nivel nacional en cada uno de los 
Estados miembros. Tal no será necesariamente el caso, puesto que poco a poco se 
irán desarrollando nuevas redes de telecomunicaciones que ofrecerán una cobertura 
cada vez mayor. En último término, esta redes alternativas de telecomunicaciones 
podrán alcanzar la suficiente amplitud y extensión para ser capaces de sustituir 
parcial o incluso totalmente a las actuales redes nacionales, factor éste que no 
conviene olvidar. 
13. La Comisión es responsable de la aplicación de la política comunitaria de 
competencia, atendiendo a los intereses generales de la Comunidad. Ahora bien, 
los recursos administrativos de que dispone la Comisión para llevar a cabo su tarea 
son necesariamente limitados y no pueden ser utilizados para abordar todos los 
casos que se le plantean. Así pues, esta institución está obligada, en general, a 
adoptar todas las medidas de carácter organizativo que exige el cumplimiento de 
su tarea y, en particular, a establecer prioridades11. 
14. Por consiguiente, la Comisión, haciendo uso de su facultad para adoptar 
decisiones, ha indicado su intención de concentrarse en notificaciones, denuncias 
y procedimientos de propia iniciativa que se caractericen por una especial 
importancia política, económica o jurídica para la Comunidad12. Cuando un 
determinado caso no reúna estas características, no se tramitarán las notificaciones 
mediante una decisión formal, sino que remitirá una carta administrativa de 
compatibilidad (siempre que las partes estén de acuerdo), y, como regla general, 
serán los órganos jurisdiccionales nacionales u otras autoridades competentes los 
que se ocupen de las denuncias. En este contexto, se debería señalar que las 
normas de competencia surten efecto directo13, de tal modo que los órganos 
jurisdiccionales nacionales aplican la normativa de competencia de la CE. El 
hecho de que se hayan cumplido otras normas comunitarias no implica que ya no 
sea necesario respetar la normativa de competencia de la Comunidad14. 
15. Otras autoridades nacionales, especialmente las autoridades nacionales de 
reglamentación que actúan en el marco de la oferta de red abierta (ORA), tienen 
competencias sobre determinados acuerdos de acceso (que se les han de notificar). 
No obstante, el hecho de que se notifique un acuerdo a una ANR no implica que 
sea innecesario notificar tal acuerdo a la Comisión. Las ANR han de asegurarse 
3 del artículo 9. 
Asunto T-24/90, Automec/Comisión, 1992 Rec. 11-2223 en el apartado 77; y Asunto T-l 14/92, 
BEMIM/Comisión, 1995, Rec. II 147. 
Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales 
para la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE, DO C 39/6 (1993), apartado 14. 
Proyecto de Comunicación relativa a la cooperación entre las autoridades nacionales de 
competencia y la Comisión, DO C 262/5 (1996). 
Asunto 127/73, BRT/SABAM, 1974 Rec. 51. 
Asunto 66/86, Ahmed Saeed, 1989 Rec. 838. 
de que las iniciativas que adopten se ajustan a la normativa de competencia de la 
CE15, lo que les obliga a abstenerse de adoptar cualquier tipo de iniciativa 
contraria a la protección efectiva de los derechos conferidos por el Derecho 
comunitario en el marco de las normas de competencia16. Por consiguiente, tendrán 
la facultad de no autorizar los acuerdos que sean contrarios a tales normas17. En 
caso de que las autoridades nacionales actúen de forma que se vulneren tales 
derechos, cabe la posibilidad de que los perjudicados por tal acción reclamen el 
resarcimiento de daños y perjuicios al Estado miembro18. Por otra parte, las 
autoridades nacionales de reglamentación están facultadas, en virtud de las 
directivas relativas a la oferta de red abierta, para adoptar las medidas necesarias 
que garanticen una competencia eficaz19. 
16. Como regla general, los acuerdos de acceso regulan la prestación de determinados 
servicios entre empresas independientes y no tienen como consecuencia la creación 
de una entidad autónoma diferenciada de las partes que los celebren. Así pues, 
estos acuerdos de acceso se encuentran, por regla general, fuera del ámbito de 
aplicación del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración20. 
17. En el marco de lo dispuesto en el Reglamento 1721, se puede poner en 
conocimiento de la Comisión cualquier cuestión relativa a los acuerdos de acceso 
mediante una notificación de uno de tales acuerdos por parte de una o más de las 
partes implicadas22, mediante una denuncia contra un acuerdo de acceso restrictivo 
o contra el comportamiento de una empresa dominante en la concesión o 
19 
20 
22 Por ejemplo, no han de fomentar o reforzar determinados comportamientos contrarios a la 
competencia: Ahmed Saeed, como ya se ha señalado en la nota a pie de página 14; Asunto 153/93, 
República Federal de Alemania/Delta Schiffahrts, 1994 Rec. I 2517; Asunto 267/86, Van Eycke, 
1988 Rec. 4769. 
Asunto 13/77, GB-Inno-BM/ATAB, 1977 Rec. 2115, apartado 31 : "si bien es cierto que el artículo 
86 se dirige a las empresas, también es cierto, sin embargo, que el Tratado obliga a los Estados 
miembros a no adoptar o mantener en vigor cualquier medida que pueda privar a la disposición 
de su efectividad". 
Para mayor información sobre otras obligaciones de las autoridades nacionales, véase el asunto 
103/88, Fratelli Costanzo SpA, 1989 Rec. 1839. 
Véase el asunto Ahmed Saeed, mencionado anteriormente en la nota a pie de página 14. "los 
artículos 5 y 90 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que (i) prohiben que las 
autoridades nacionales favorezcan la celebración de acuerdos sobre tarifas que sean contrarios 
al apartado 1 del artículo 85, o, eventualmente , al artículo 86 del Tratado; (ii) son contrarios a 
que dichas autoridades aprueben las tarifas que resulten de dichos acuerdos. ". 
Asuntos conexos C-6 y 9/90, Francovich, 1991-1 Rec. 5357; Asuntos conexos C-46/93, Brasserie 
du Pêcheur SA/Alemaniay Asunto C-48/93, R/Secretary of State for Transport ex parte Factortame 
Ltd y otros, sentencia de 5 de marzo de 1996, pendiente de publicación. 
Véase, por ejemplo, el considerando 18 de la Directiva relativa a las líneas arrendadas mencionada 
en la nota a pie de página 4 y en el apartado 3 del artículo 9 del proyecto de Directiva de 
interconexión de la ORA. 
Reglamento n° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las 
operaciones de concentración entre empresas, DO L 395/1 (1989). 
Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer Reglamento por el que se aplican 
los artículos 85 y 86 del Tratado, DO 13/204 (1962), modificado. 
Artículo 2 y apartado 1 del artículo 4 del Reglamento 17. 
denegación de acceso23, mediante un procedimiento de propia iniciativa de la 
Comisión que investigue sobre dicha concesión o denegación, o mediante una 
investigación sobre el sector24. Por otra parte, los denunciantes podrán solicitar a 
la Comisión la adopción de medidas provisionales cuando exista un riesgo 
inminente de daño grave e irreparable para el propio denunciante o el interés 
público25. Se debería señalar, sin embargo, que, en casos de gran urgencia, los 
procedimientos que se sigan ante los órganos jurisdiccionales nacionales pueden 
culminar con mayor rapidez en un mandato de que se ponga término a la 
infracción que los tramitados ante la Comisión26. 
18. En una serie de ámbitos los acuerdos estarán sujetos tanto a las normas de 
competencia como a la normativa específica del sector a nivel nacional o europeo, 
y más especialmente a la normativa sobre el mercado interior. En el sector de las 
telecomunicaciones, la Directiva relativa a la ORA pretende establecer un régimen 
que regule los acuerdos de acceso. Dado el carácter pormenorizado de las normas 
relativas a la ORA y la posibilidad de que sean más estrictas que los requisitos del 
artículo 86, las empresas que operen en el sector de las telecomunicaciones 
deberían ser conscientes de que el cumplimiento de las normas comunitarias de 
competencia no les exime de su obligación de acatar las exigencias que se les 
impongan en el contexto de la ORA, y viceversa. 
2. Actuación de la Comisión en relación con los acuerdos de 
acceso27 
19. Tomados en conjunto, los acuerdos de acceso son de gran importancia, por lo que 
sería oportuno que la Comisión estableciese con la máxima claridad posible el 
marco jurídico comunitario en el que se deberán celebrar tales acuerdos. Los 
acuerdos de acceso que incluyan cláusulas restrictivas se encuadran en el ámbito 
de aplicación del artículo 85. Los acuerdos en los que participen empresas que 
tengan una posición dominante o monopolística se encuadran en el ámbito de 
aplicación del artículo 86: las inquietudes que genere la posición dominante de una 
o más de las partes serán, a menudo, de mayor importancia en el contexto de un 
acuerdo específico de lo que lo puedan ser en el marco del artículo 85. 
20. A la hora de aplicar las normas de competencia, la Comisión se basará en el 
marco de la oferta de red abierta (ORA), en el que también actúan las autoridades 
nacionales de reglamentación. En el caso de que los acuerdos se encuadren en lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 85, han de notificarse a la Comisión para 
poder acogerse a exención, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del 
23 
24 
25 
26 
27 Artículo 3 del Reglamento 17. 
Artículos 3 y 12 del Reglamento 17. 
Asunto 792/79R, Camera Care/Comisión, 1980 Rec. 119. Véase también el asunto T-44/90, La 
Cinq/Comisión, 1992 Rec. II-1. 
Véase el punto 16 de la Comunicación sobre cooperación entre los órganos jurisdiccionales 
nacionales y la Comisión, citada en la nota a pie de página 12. 
Artículo 2 o apartado 1 del artículo 4 del Reglamento 17. 
8 
28 
29 
30 artículo 85. En caso de que se notifiquen los acuerdos, la Comisión tiene la 
intención de ocuparse de una o más notificaciones mediante decisiones formales, 
una vez que se hayan publicado como corresponde en el Diario Oficial, y de 
conformidad con los principios que se establecen más adelante. Una vez que se 
hayan establecido con claridad los principios jurídicos, las demás notificaciones 
que planteen las mismas cuestiones serán resueltas por la Comisión mediante 
simple carta administrativa (de compatibilidad o incompatibilidad). 
3. Denuncias28 
21. Las personas físicas o jurídicas que tengan un interés legítimo pueden interponer, 
en determinadas circunstancias, una denuncia ante la Comisión en la que le 
soliciten que, mediante decisión, exija que se ponga fin a una infracción de los 
artículos 85 u 86 CE. Por otra parte, los denunciantes pueden solicitar a la 
Comisión que adopte medidas provisionales cuando exista un riesgo inminente de 
daño grave e irreparable29. El denunciante potencial goza de otras opciones, tan 
efectivas o más, como puede ser entablar una acción ante un órgano jurisdiccional 
nacional. En este contexto, se debería señalar que los procedimientos seguidos ante 
los órganos jurisdiccionales nacionales pueden ofrecer considerables ventajas para 
los particulares y las empresas, tales como las siguientes30: 
los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tramitar y conceder la 
reparación de daños que se deriven de una infracción de las normas de 
competencia; 
los órganos jurisdiccionales nacionales pueden adoptar, por lo general, 
medidas provisionales y ordenar que se ponga término a una infracción con 
mayor rapidez que la Comisión; 
ante los órganos jurisdiccionales nacionales es posible combinar una 
reivindicación fundada en el Derecho comunitario con otra basada en el 
Derecho nacional; 
se puede condenar en costas al demandante que pierda el pleito ante un 
órgano jurisdiccional nacional. 
A mayor abundamiento, las normas nacionales específicas armonizadas dentro del 
marco de la ORA, permiten plantear recursos tanto a nivel nacional como, en caso 
necesario, a nivel comunitario. 
3.1 Utilización de los procedimientos nacionales y de oferta de red 
abierta 
Apartado 2 del artículo 3 del Reglamento 17. 
Camera Care y La Cinq, referido anteriormente en la nota a pie de página 25. 
Véase la Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales 
nacionales, citada anteriormente en la nota a pie de página 12, punto 16. 
22. Como ya se ha mencionado anteriormente31, la Comisión tendrá en cuenta el 
interés que para la Comunidad tenga cada uno de los casos que se le planteen. A 
tal efecto, la Comisión analiza: 
"la importancia de la supuesta infracción en relación con el 
funcionamiento del mercado común, la probabilidad de que se demuestre 
la existencia de la infracción y el alcance de la investigación necesario 
para llevar a cabo, en las mejores condiciones posibles, su cometido de 
garantizar el cumplimiento de los artículos 85 y 86. "n 
Otro elemento esencial en esta evaluación es el de comprobar en qué medida está 
un juez nacional preparado para ofrecer una reparación efectiva en caso de que se 
vulnere lo dispuesto en los artículos 85 y 86. Ello podría resultar difícil, por 
ejemplo, en casos que presenten elementos extraterritoriales. 
23. El apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 CE producen efectos directos en las 
relaciones entre particulares que han de ser protegidos por los órganos 
jurisdiccionales nacionales33. Por lo que se refiere a las acciones ante la autoridad 
nacional de reglamentación, la Directiva relativa a la aplicación de la oferta de red 
abierta (ORA) establece que dicha autoridad está facultada para intervenir y 
ordenar modificaciones, tanto en relación con la existencia como con el contenido 
de los acuerdos de acceso. Las autoridades nacionales de reglamentación han de 
tener en cuenta "la necesidad de estimular un mercado competitivo" y podrán 
imponer condiciones a una o más partes, entre otras cosas, "para garantizar una 
competencia efectiva"34. 
24. Se podrá notificar a la Comisión la existencia de un litigio, ya sea de conformidad 
con lo dispuesto en las normas de competencia, ya sea en aplicación de un 
procedimiento de conciliación ORA. La multiplicidad de procedimientos 
simultáneos podría llevar a una innecesaria duplicación de los esfuerzos de 
investigación llevados a cabo por la Comisión y las autoridades nacionales. En el 
caso de que se interpongan denuncias a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 3 del Reglamento 17, al tiempo que existen acciones relacionadas ante 
una autoridad u órgano jurisdiccional nacional o europeo competente, la Dirección 
General de Competencia no procederá, en un principio, a investigar la existencia 
de infracción con arreglo a lo dispuesto en los artículos 85 y 86 del Tratado CE. 
Ello se entiende, no obstante, sin perjuicio de los puntos siguientes. 
31 
32 
33 
34 En el apartado 14. 
Véase Automec, apartado 86 (nota a pie de página 11). 
BRT/SABAM, véase la nota a pie de página 13. 
Apartados 1 y 3 del artículo 9 de la Directiva de interconexión de la oferta de red abierta (ORA) 
propuesta. 
10 
3.2 Protección de los derechos de los denunciantes 
25. Las empresas tienen derecho a la protección efectiva de los derechos que les 
confiere la normativa comunitaria35. Estos derechos se verían amenazados, si se 
permitiera que los procedimientos nacionales condujesen a un excesivo retraso de 
la actuación de la Comisión sin que se resuelva satisfactoriamente la cuestión a 
nivel nacional. En el sector de las telecomunicaciones, los ciclos de innovación 
son relativamente cortos y todo retraso sustancial que se produzca en la resolución 
de cualquier litigio de acceso equivaldría, en la práctica, a una denegación del 
mismo, con lo que se prejuzgaría la correcta resolución del asunto. 
26. En consecuencia, la Comisión estima que cualquier litigio de acceso que se plantee 
ante una autoridad nacional de regulación debería resolverse en el plazo de seis 
meses a partir del momento en que se ponga la cuestión en conocimiento de dicha 
autoridad o de la incoación de los procedimientos de la oferta de red abierta 
(ORA), incluidos los procedimientos de conciliación36. Esta resolución podría 
adoptar la forma de una determinación definitiva de la acción o de otro tipo de 
reparación que salvaguardaría los derechos del denunciante. Si no se resolviera la 
cuestión de este modo, entonces los derechos de las partes no estarían siendo 
protegidos, a primera vista, de forma eficaz por lo que, en principio, la Comisión, 
a instancia del denunciante, iniciaría sus investigaciones sobre el caso, de 
conformidad con sus procedimientos habituales, tras consultar a la autoridad 
nacional de que se trate y en cooperación con ella. 
3.3 Medidas provisionales 
27. Por lo que se refiere a las solicitudes de adopción de medidas provisionales, la 
existencia de procedimientos nacionales es pertinente para determinar si existe el 
riesgo de que se produzca un daño grave e irreparable. A primera vista, estos 
procedimientos deberían eliminar el riesgo de tal perjuicio, por lo que no sería 
adecuado que la Comisión concediese medidas provisionales en ausencia de 
pruebas que demuestren que el riesgo persistiría en cualquier caso. 
28. El hecho de que se disponga de medidas cautelares de reparación y los criterios 
para su aplicación constituyen un factor importante que la Comisión ha de tener 
en cuenta para alcanzar esta conclusión preliminar. En caso de que no se puedan 
aplicar medidas cautelares de reparación o de que exista la probabilidad de que 
dicha reparación no proteja adecuadamente los derechos que la normativa 
comunitaria confiere al denunciante, la Comisión consideraría que los 
procedimientos nacionales no eliminaron el riesgo de perjuicio y, en tal caso, 
iniciaría sus investigaciones sobre el caso. 
35 
36 Asunto 14/83, Van Colson, 1984 Rec. 1891. 
Telecomunicaciones: Oferta de red abierta (ORA) para las líneas arrendadas; procedimiento de 
conciliación; 94/C 214/04, DO C 214/4 (1994). 
11 
4. Investigación de propia iniciativa y estudios sectoriales 
29. En caso de que se considere necesario, la Comisión iniciará una investigación de 
propia iniciativa. También puede iniciar un estudio sectorial, previa consulta al 
Comité consultivo de las autoridades de competencia de los Estados miembros. 
5. Multas 
30. La Comisión podrá imponer multas de hasta un 10% del volumen de negocios 
anual a nivel mundial de las empresas que intencionadamente o por negligencia 
infrinjan el apartado 1 del artículo 85 o el artículo 86 CE37. En caso de que se 
hayan notificado acuerdos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 17 con el 
fin de acogerse a la exención contemplada en el apartado 3 del artículo 85, la 
Comisión no impondrá multas en relación con aquellas actividades descritas en la 
notificación38 durante el período posterior a la misma. Sin embargo, la Comisión 
podrá revocar la dispensa de las multas informando a las empresas de que se trate 
de que, tras un examen preliminar, considera que es de aplicación el apartado 1 
del artículo 85 del Tratado y que no está justificada la aplicación del apartado 3 
del artículo 8539. 
31. La Directiva relativa a la interconexión de la oferta de red abierta (ORA) incluye 
dos disposiciones específicas que deberían ser tenidas en cuenta en relación con 
las cuestión de las multas en el marco de la normativa de competencia. En primer 
lugar, establece que los acuerdos de interconexión se han de comunicar a las 
autoridades nacionales de reglamentación correspondientes y a los terceros 
interesados, con excepción de todo aquello que se refiera a la estrategia comercial 
de las partes40. En segundo lugar, dispone que la autoridad nacional de 
reglamentación ha de poseer una serie de facultades que pueda utilizar para influir 
o modificar los acuerdos de interconexión41. Estas disposiciones garantizan la 
adecuada difusión de los acuerdos y ofrecen a la autoridad nacional de 
reglamentación la posibilidad de adoptar, cuando proceda, las medidas necesarias 
para garantizar una competencia efectiva en el mercado. 
32. En caso de que se haya notificado un acuerdo a una autoridad nacional de 
reglamentación, pero no haya sido notificado a la Comisión, ésta no considerará 
oportuno imponer, por principio, una multa al acuerdo, aún en el caso de que, en 
último término, se demuestre que dicho acuerdo consta de elementos que infringen 
el artículo 85. No obstante, se deberían imponer multas en caso de que: 
37 
38 
39 
40 
41 Apartado 2 del artículo 15 del Reglamento 17. 
Apartado 5 del artículo 15 del Reglamento 17. 
Apartado 6 del artículo 15 del Reglamento 17. 
Letra c) del artículo 6 de la Directiva de interconexión ORA propuesta. 
Entre otros, en el artículo 9 de la Directiva de interconexión ORA propuesta. 
12 
a. se demuestre que el acuerdo incluye disposiciones que infringen el 
artículo 86, y/o 
b. la infracción del artículo 85 sea especialmente grave. 
La cuantía de la multa dependerá de la gravedad y duración de la infracción. 
33. Notificar a la ANR no sustituye a la obligación de notificar a la Comisión, ni 
limita la posibilidad de que las partes interesadas interpongan una denuncia a la 
Comisión o de que ésta inicie una investigación de propia iniciativa sobre los 
acuerdos de acceso. Tampoco limita los derechos de las partes a interponer una 
demanda por daños y perjuicios ante un órgano jurisdiccional nacional por el 
perjuicio causado por acuerdos contrarios a la competencia42. 
42 Véase la nota a pie de página 18. 
13 
2a PARTE: MERCADOS AFECTADOS 
34. En el curso de las investigaciones cuyo marco legal se ha descrito anteriormente 
en la Ia Parte, la Comisión se basará en el enfoque que se especifica a 
continuación para la definición de los mercados afectados en este sector. 
35. Las empresas se han de enfrentar a tres tipos principales de limitaciones 
competitivas: la posibilidad de sustitución de la demanda, de sustitución de la 
oferta y la competencia potencial, siendo la primera la que constituye el corsé 
disciplinario más inmediato y efectivo que actúa sobre los proveedores de un 
producto o servicio determinado. Así pues, la posibilidad de sustituir la demanda 
es el criterio más importante que se utiliza para definir el mercado de producto 
afectado en el que se pueden identificar las restricciones de competencia a efectos 
de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 y en el artículo 86. 
36. Por regla general, la posibilidad de sustitución de la oferta no se utiliza para 
definir los mercados afectados, dado que, en la práctica, no puede diferenciarse 
con nitidez de la competencia potencial. Ambos factores se emplean para 
determinar si la empresa goza de posición dominante, si la restricción de la 
competencia es importante en el sentido de lo dispuesto en el artículo 85, o si se 
elimina la competencia. 
37. Al analizar los mercados afectados, es preciso observar la evolución del mercado 
a corto plazo. 
1. Mercado de producto afectado 
38. La Sección 6 del Formulario A/B define el mercado de producto afectado en los 
siguientes términos: 
"El mercado de producto comprende la totalidad de los productos y 
servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles 
por razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de 
ellos". 
39. La eliminación de los monopolios legales en el sector de las telecomunicaciones, 
gracias a la cual terceros operadores pueden prestar servicios a los usuarios finales, 
conducirá al nacimiento de un segundo tipo de mercado, relacionado con el de 
prestación de servicios, que no es otro que el de acceso a las instalaciones que se 
necesitan en la actualidad para la prestación de tales servicios. En este sector, la 
interconexión a la red pública conmutada de telecomunicaciones constituiría un 
ejemplo típico de tal acceso. Sin interconexión, no sería comercialmente posible 
que los terceros operadores pudiesen prestar, por ejemplo, servicios generales de 
telefonía vocal. 
40. Así pues, es evidente que en el sector de las telecomunicaciones existen, al menos, 
dos tipos de mercados de producto afectados dignos de tener en cuenta: el del 
14 
servicio que se ha de prestar a los usuarios finales y el del acceso a las 
instalaciones que se necesitan para prestar tal servicio (información, red física, 
etc.). Para cualquier caso específico, será necesario definir los mercados de acceso 
y de servicios afectados, tales como el de la interconexión a la red pública de 
telecomunicaciones y la prestación de servicios públicos de telefonía vocal, 
respectivamente. 
41. Cuando proceda, la Comisión utilizará la prueba de mercado afectado que se lleva 
a cabo preguntando si, en caso de que todos los proveedores de los servicios en 
cuestión incrementasen sus precios entre un 5 y un 10%, aumentarían sus 
beneficios colectivos. De acuerdo con esta prueba, si aumentasen los beneficios, 
estaríamos ante un mercado afectado específico. 
42. La Comisión considera que los principios de la normativa de competencia por los 
que se rigen estos mercados siguen siendo los mismos, independientemente del 
mercado específico de que se trate. Ante la velocidad con que se producen los 
avances tecnológicos en este sector, cualquier intento de definir mercados de 
producto específicos en la presente Comunicación correría el riesgo de pasar a ser, 
en poco tiempo, irrelevante o impreciso. La mejor forma de definir a los mercados 
de producto específicos consiste en analizar detenidamente un caso concreto. 
1.1 Mercado de servicios 
43. Este mercado consiste, en términos generales, en la prestación de cualquier tipo 
de servicios de telecomunicaciones a los usuarios. Se considerará que los 
diferentes servicios de telecomunicaciones son sustituibles si presentan un grado 
suficiente de intercambiabilidad para el usuario final, lo que significaría que puede 
desarrollarse una competencia efectiva entre los diferentes prestadores de tales 
servicios. 
1.2 Acceso a las instalaciones 
44. Para que los proveedores puedan prestar servicios a los usuarios finales, a menudo 
será necesario que dispongan de acceso a una o más instalaciones (en la parte 
anterior o posterior del mercado). Por citar un ejemplo, si se desea prestar 
físicamente el servicio a los usuarios finales, han de disponer de acceso a los 
puntos terminales de las redes de telecomunicaciones a las que están conectados 
tales usuarios finales. Dicho acceso puede lograrse a nivel físico mediante 
infraestructura local exclusiva o compartida, ya sea prestada por el propio 
prestador de servicios o arrendada a un suministrador de infraestructura local. 
Asimismo, puede conseguirse mediante un prestador de servicios que ya dispusiese 
de estos usuarios finales como suscriptores o mediante un prestador de 
interconexión que disponga de acceso directo o indirecto a los correspondientes 
puntos terminales. 
45. Además del acceso físico, cabe la posibilidad de que los prestadores de servicios 
necesiten acceder a otras instalaciones para poder vender su servicio a los usuarios 
finales. A título de ejemplo, digamos que los prestadores de servicios han de poder 
15 
informar de los servicios que ofrecen a sus usuarios finales. Cuando el servicio 
sólo puede obtenerse del operador de telecomunicaciones, como sucede 
frecuentemente, por ejemplo, con la información de guía telefónica, surgen 
problemas similares a los planteados por las cuestiones de acceso físico. 
46. En numerosos casos, la Comisión se interesará por las cuestiones de acceso físico, 
en las que lo que se necesita es la interconexión a la red del operador de 
telecomunicaciones43. 
47. Cabe la posibilidad de que algunos operadores tradicionales de telecomunicaciones 
estén tentados de resistirse a facilitar el acceso a terceros prestadores de servicios 
u otros operadores de red, especialmente en los ámbitos en los que el servicio 
propuesto vaya a competir con un servicio prestado por el propio operador de 
telecomunicaciones. Esta resistencia se manifestará a menudo en forma de 
denegación del acceso o de concesión del mismo, aunque exclusivamente en 
condiciones desventajosas. Corresponde a las normas de competencia garantizar 
el desarrollo de estos mercados potenciales de acceso y evitar que los operadores 
tradicionales utilicen su control de acceso para impedir que evolucionen los 
mercados de servicios. 
Se debería hacer hincapié en el hecho de que, en el sector de las 
telecomunicaciones, cabe esperar que la liberalización conduzca al desarrollo de 
nuevas redes alternativas que, en último término, influirán en la definición del 
mercado de acceso en relación con el operador tradicional de telecomunicaciones. 
43 La interconexión se define en la Directiva 96/19/CE en los siguientes términos: 
"... la conexión física y lógica de las instalaciones de telecomunicaciones de los 
organismos que suministran redes de telecomunicaciones o prestan servicios de 
telecomunicaciones, con objeto de permitir a los usuarios de un organismo comunicarse 
con los usuarios del mismo o de otro organismo, o acceder a los servicios de terceros 
organismos". 
En la Directiva relativa a la plena liberalización y en las Directivas relativas a la ORA, los 
servicios de telecomunicaciones se definen de la siguiente forma: 
"servicios que consistan, en todo o en parte, en la transmisión y encaminamiento de de 
señales a través de una red de telecomunicaciones". 
Por consiguiente, incluye la transmisión de señales de radiodifusión y redes de televisión por cable. 
Una red de telecomunicaciones se define, por su parte, de la siguiente forma: 
"... el equipo de transmisión y, en su caso, el equipo de conmutación y otros recursos que 
permitan el transporte de señales entre terminales definidas por hilo, por radio, por 
medios ópticos o por otros medios electromagnéticos". 
16 
2. Mercado geográfico pertinente 
48. En el Formulario A/B se define este concepto de la siguiente forma: 
"El mercado geográfico pertinente comprende la zona en la que las partes 
afectadas desarrollan actividades de suministro y prestación de productos 
y servicios, en la que las condiciones de competencia son lo bastante 
homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas debido en particular 
a que las condiciones de competencia en ella prevalentes son 
sensiblemente distintas de aquéllas". 
49. Por lo que se refiere a la prestación de servicios de telecomunicaciones y a los 
mercados de acceso, el mercado geográfico pertinente será la zona en la que sean 
similares las condiciones objetivas de competencia a las que se hallan sometidos 
los prestadores de servicio. Por consiguiente, será necesario analizar la posibilidad 
de que éstos dispongan de acceso a un usuario final en cualquier parte de esta 
zona, en condiciones de igualdad y viabilidad económica. Especial relevancia 
presentan los requisitos normativos tales como las condiciones de concesión de 
licencias y cualesquiera derechos exclusivos o especiales que posean los 
prestadores locales de acceso que compiten entre sí44. 
44 Eurotunnel, DO L 354/66 (1994). 
17 
3* PARTE: PRINCIPIOS 
50. La Comisión aplicará los principios que se especifican a continuación en los casos 
que se le planteen. 
51. La Comisión ha reconocido que: 
"Los artículos 85 y 86 ... constituyen la legislación en vigor y de 
cumplimiento obligatorio en toda la Comunidad. Además, no pueden 
entrar en conflicto con otras normas comunitarias, porque el Derecho 
comunitario constituye un sistema normativo coherente... Sin embargo, es 
evidente que los actos comunitarios adoptados en el sector de las 
telecomunicaciones deben interpretarse de manera que sea conforme a las 
normas de competencia a fin de asegurar la mejor aplicación posible de 
todos los aspectos de la política comunitaria de telecomunicaciones... Lo 
anterior es aplicable, entre otros casos, a la relación entre normas de 
competencia aplicables a las empresas y las normas sobre ORA. "45 
52. En consecuencia, las normas de competencia siguen aplicándose en aquellas 
circunstancias en las que son aplicables otras disposiciones del Tratado o del 
Derecho derivado. En el contexto de los acuerdos de acceso, las disposiciones 
sobre mercado interior y competencia del Derecho comunitario son a la vez 
importantes y complementarias para el buen funcionamiento del sector. Por 
consiguiente, a la hora de llevar a cabo una evaluación en el marco de las normas 
de competencia, la Comisión tratará de apoyarse, en la medida de lo posible, en 
los principios establecidos en la normativa de armonización. Se debería tener 
asimismo en cuenta que algunos de los principios de las normas de competencia 
mencionados anteriormente también están sujetos a normas específicas en el 
contexto del marco de la ORA. La correcta aplicación de estas normas debería 
evitar a menudo que se tuviesen que aplicar las normas de competencia. 
53. Por lo que se refiere al sector de las telecomunicaciones, se deberá prestar 
atención al coste de las obligaciones de servicio universal. El apartado 2 del 
artículo 90 CE puede justificar la aplicación de excepciones a los principios 
establecidos en los artículos 85 y 86 CE. Los pormenores de las obligaciones de 
servicio universal son una cuestión de carácter normativo. El ámbito de aplicación 
del apartado 2 del artículo 90 se ha especificado en las Directivas de aplicación 
del artículo 90 en el sector de las telecomunicaciones y la Comisión aplicará las 
normas de competencia en este contexto. 
54. Los artículos 85 y 86 CE se aplican, por regla general, a los acuerdos o prácticas 
que han sido aprobados o autorizados por una autoridad nacional46, o en caso de 
45 
46 Directrices para la aplicación de las normas comunitarias sobre competencia en el sector de las 
telecomunicaciones, véase el anterior punto 3, apartados 15 y 16. 
Decisión de la Comisión, BNIC/AROW, 82/896/CE, DO L 379/1 (1982). 
18 
que la autoridad nacional haya exigido la inclusión de determinadas condiciones 
en un acuerdo a instancia de una o más de las partes implicadas. 
55. No obstante, en caso de que una autoridad reguladora exigiese unas condiciones 
que fuesen contrarias a las normas de competencia, no se sancionaría en la 
práctica a las empresas en cuestión, aunque el propio Estado miembro infringiese 
lo dispuesto en la letra g) del artículo 3 y en el artículo 5 del Tratado CE47 y, por 
lo tanto, pudiera ser sometido a procedimiento por la Comisión en aplicación del 
artículo 169 CE. Por otra parte, si una autoridad nacional de reglamentación 
autorizase a empresas con derechos especiales o exclusivos (en el sentido de lo 
dispuesto en el artículo 90) o a empresas de titularidad estatal a comportarse de 
forma que suponga un abuso de su posición dominante o se lo exigiese así, el 
Estado miembro también infringiría lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 90 
y la Comisión podría adoptar una decisión por la que se le obligaría a poner 
término a la infracción48. 
56. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir que se cumplan unos 
niveles estrictos de transparencia, el cumplimiento de obligaciones de suministro 
y de prácticas de precios en el mercado, especialmente cuando sea necesario en 
las fases iniciales de la liberalización. Cuando proceda, se utilizarán normas como 
el marco sobre la ORA como ayuda para la interpretación de las normas de 
competencia49. Del mismo modo que las autoridades nacionales de reglamentación 
están obligadas a garantizar que pueda existir una competencia efectiva, la correcta 
interpretación de los principios de la ORA exige la aplicación de las normas de 
competencia. Se debería señalar asimismo que muchas de las cuestiones 
mencionadas anteriormente también están sujetas a la aplicación de las normas 
establecidas por la Directiva relativa a la liberalización plena, la ORA ya existente 
y la propuesta, y las directivas relativas a la concesión de licencias y a la 
protección de datos. La aplicación efectiva de este marco normativo evitaría que 
se planteasen muchos de los problemas de competencia anteriormente descritos. 
1. Posición dominante (artículo 86) 
57. Para que una empresa preste servicios en el mercado de las telecomunicaciones, 
necesitará acceso a las diversas infraestructuras. Para prestar tales servicios, 
precisará, por lo general, la interconexión a la red pública conmutada de 
telecomunicaciones, por ejemplo. El acceso a esta red estará casi invariablemente 
en manos de un operador de telecomunicaciones dominante. Por lo que se refiere 
a los acuerdos de acceso, será la posición dominante derivada del control de las 
infraestructuras el factor más importante para la evaluación de la Comisión. 
47 
4K 
49 Véase la nota a pie de página 15. 
Asunto acumulados C-48 y 66/90, Países Bajos y otros/Comisión, 1992 Rec. 1-565. 
Véase Ahmed Saeed, nota a pie de página 14, en la que la normativa de mercado interior relativa 
a la fijación de precios se utilizó de ayuda para determinar qué nivel de precios debía considerarse 
abusivo a efectos del artículo 86. 
19 
58. El hecho de que una empresa mantenga una posición dominante no depende 
exclusivamente de los derechos legales de que disponga, puesto que el mero hecho 
de acabar con los monopolios legales no pone fin a la situación de dominio. Ni 
que decir tiene que, a pesar de las directivas de liberalización, el desarrollo de una 
competencia efectiva por parte de proveedores alternativos de red con capacidad 
y alcance geográfico adecuados llevará su tiempo. 
59. En el sector de las telecomunicaciones, el concepto de "instalaciones esenciales" 
será, en muchos casos, de relevancia directa a la hora de establecer las 
obligaciones de los operadores de telecomunicaciones dominantes. Se utiliza la 
expresión "instalación esencial" para describir aquellas instalaciones o 
infraestructuras que son básicas para llegar a los consumidores y/o permitir a los 
competidores llevar a cabo sus actividades y no pueden ser sustituidas por ninguno 
medio razonable.50 
Toda sociedad que controle el acceso a una instalación esencial disfruta de una 
posición dominante en el sentido de lo dispuesto en el artículo 86. A la inversa, 
es posible que una sociedad goce de una posición dominante con arreglo al 
artículo 86 sin controlar una instalación esencial. 
En la actualidad, cabe esperar que puedan ser calificadas de esenciales en el sector 
de las telecomunicaciones las siguientes instalaciones: redes públicas de 
telecomunicaciones para servicios vocales y/o de datos, circuitos arrendados y 
equipo afín de terminación de red, datos básicos sobre los suscriptores del servicio 
público de telefonía vocal, sistemas de numeración y demás información técnica 
o sobre la clientela. 
1.1 Mercado de servicios 
60. Uno de los factores empleados para determinar el potencial de mercado de una 
empresa es el de las ventas atribuibles a la misma, expresadas en porcentaje del 
total de ventas en el mercado de servicios sustituibles en la zona geográfica 
pertinente. Por lo que se refiere al mercado de servicios, la Comisión evaluará, 
entre otras cosas, el volumen de negocios generado por la venta de servicios 
sustituibles, excluida la venta o uso interno de los servicios de interconexión y la 
50 Véase también la definición incluida en el "Compromiso adicional sobre los principios normativos 
de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros" empleada por el Grupo sobre 
telecomunicaciones básicas en el contexto de las negociaciones de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC): 
"Por instalaciones esenciales se entiende las instalaciones de una red de transporte y servicio 
públicos de telecomunicaciones que 
a) prestan exclusiva o predominantemente un único proveedor o un número limitado de 
proveedores; y 
b) no resulta viable, desde el punto de vista económico o técnico, su sustitución para prestar un 
servicio". 
20 
venta o uso interno de la infraestructura local51, teniendo en cuenta las condiciones 
de competencia y la estructura de la oferta y la demanda en el mercado. 
1.2 Acceso a las instalaciones 
61. El concepto de "acceso", tal como se ha mencionado anteriormente en el 
apartado 45, puede hacer referencia a toda una serie de situaciones, entre las que 
se incluyen la disponibilidad de líneas arrendadas que permiten a un prestador de 
servicios desarrollar su propia red y el problema de la interconexión en sentido 
estricto, como es el de la interconexión de dos redes de telecomunicaciones, móvil 
y fija, por ejemplo. Por lo que respecta al acceso, los operadores tradicionales 
ocupan a menudo una posición monopolística y, incluso en aquellos ámbitos en 
los que ya se ha iniciado la liberalización del marco legal, es probable que 
mantengan un posición dominante en el futuro. El operador tradicional, que 
controla las infraestructuras, también es a menudo el mayor prestador de servicios, 
por lo que anteriormente no se habían visto obligados a distinguir entre el 
transporte de servicios de telecomunicaciones y la prestación de estos servicios a 
los usuarios finales. En la actualidad, los operadores que son al mismo tiempo 
prestadores de servicios no necesitan que su división que opera en la parte 
posterior del proceso haya de pagar por el acceso, por lo que no resulta fácil 
calcular los ingresos que se han de asignar a la infraestructura. En el caso de que 
un operador preste acceso y servicios, se han de separar, en la medida de lo 
posible, los ingresos precibidos en concepto de los dos mercados, antes de utilizar 
los ingresos como base para el cálculo de la cuota de la empresa en el mercado 
en que opere. En este contexto, debería ser de utilidad el apartado 2 del artículo 8 
de la Directiva de interconexión propuesta, dado que propugna una contabilidad 
separada para "las actividades relacionadas con la interconexión, que abarcan tanto 
a los servicios de interconexión prestados internamente como a los prestados a 
terceros, y otras actividades". 
62. La importancia económica de la obtención de acceso depende también de la 
cobertura de la red a la que se solicita la interconexión. Por consiguiente, además 
de utilizar las cifras del volumen de negocios, la Comisión tendrá también en 
cuenta, cuando sea posible, el número de clientes que se han suscrito a servicios 
comparables con aquéllos que el prestador de servicios que desea suscribir el 
acuerdo de acceso tiene la intención de prestar. En consecuencia, el potencial de 
mercado de una empresa determinada se medirá en parte por el número de 
suscriptores que están conectados a los puntos fijos de terminación de la red de 
comunicaciones de dicha empresa, expresados en porcentaje del número total de 
suscriptores conectados a los puntos de terminación de la red en la zona geográfica 
pertinente. 
Posibilidad de sustitución de la oferta 
63. Como ya se ha indicado anteriormente (véase el apartado 37), la posibilidad de 
sustitución de la oferta es también pertinente para la existencia de posición 
Asunto 6/72 Continental Can, 1973 Rec. 215. 
21 
dominante en un mercado específico. Una cuota de mercado que supere el 50%52 
basta habitualmente para demostrar la existencia de una posición dominante, 
aunque se analizarán otros factores. Por ejemplo, la Comisión examinará a otros 
proveedores de red en el mercado afectado, en el supuesto de que existan, para 
determinar si tales infraestructuras alternativas cuentan con la densidad suficiente 
para que puedan competir con la red tradicional y en qué medida podrían 
introducirse en el mercado los nuevos proveedores de acceso. 
Otros factores de importancia 
64. Además de los datos sobre cuotas de mercado y de la posibilidad de sustitución 
de la oferta, para determinar si un operador goza de posición dominante, la 
Comisión analizará también si el operador dispone de un acceso preferente a 
aquellas instalaciones que no pueden duplicarse, ya sea por razones jurídicas o 
porque su coste sería demasiado elevado. 
65. A medida que se introduzcan en el mercado los nuevos prestadores de acceso y 
desafíen la posición dominante del operador tradicional, el alcance de los derechos 
que les otorgan las autoridades de los Estados miembros y, especialmente, su 
ámbito territorial desempeñarán una función importante a la hora de determinar 
su potencial de mercado. La Comisión seguirá muy de cerca la evolución del 
mercado en relación con estas cuestiones y tendrá en cuenta cualquier alteración 
que se produzca en las condiciones del mismo para evaluar las cuestiones de 
acceso en el marco de las normas de competencia. 
1.3 Posición dominante conjunta 
66. La redacción del artículo 86 deja bien claro que éste se aplica en el caso de que 
más de una empresa comparta una posición dominante. Las circunstancias en que 
se produce una posición dominante conjunta y en las que existe un uso abusivo 
de la misma aún no han sido aclaradas plenamente por la jurisprudencia de los 
órganos jurisdiccionales comunitarios ni por la práctica de la Comisión, a pesar 
de que la legislación sigue desarrollándose. 
67. La redacción del artículo 86 ("la explotación abusiva, por parte de una o más 
empresas") describe algo distinto a la prohibición sobre acuerdos o prácticas 
concertadas contrarias a la competencia del artículo 85. Sostener otra cosa sería 
contrario a los principios habituales de interpretación del Tratado y haría que dicha 
redacción perdiese su sentido y sus consecuencias prácticas. Ello no excluye, sin 
embargo, la aplicación paralela de los artículos 85 y 86 al mismo acuerdo o 
52 En este contexto, se debería señalar que, en virtud de lo dispuesto en el marco de la ORA, cabe 
la posibilidad de notificar una organización si posee un poder de mercado significativo. Saber si 
una organización posee un poder de mercado significativo o no depende de una serie de factores, 
aunque se parte de la hipótesis de que una posición económica signiilcativa se define normalmente 
por una cuota de mercado del 25%. La Comisión tendrá en cuenta si una empresa goza de una 
posición económica significativa de acuerdo con lo dispuesto en las normas de la ORA en la 
evaluación que lleve a cabo ajustándose a ¡as normas de competencia. 
22 
práctica, que ha mantenido la Comisión y el Tribunal en una serie de casos53, ni 
hay nada que impida a la Comisión incoar procedimientos con arreglo 
exclusivamente a una de las disposiciones, cuando las dos sean de aplicación. 
68. El que dos empresas posean una posición dominante en mercados nacionales 
distintos difiere del hecho de que disfruten de una posición dominante conjunta. 
No es probable que los operadores nacionales públicos de servicios de telefonía 
vocal pasen a ocupar posiciones dominantes conjuntas hasta que no se produzca 
la liberalización en la Comunidad. Para que dos o más empresas ostenten una 
posición dominante conjunta, es preciso que, en conjunto, presenten básicamente 
la misma posición en relación con sus clientes y competidores que una única 
compañía que se encuentre en posición dominante. En referencia específica al 
sector de las telecomunicaciones, dos operadores de infraestructura de 
telecomunicaciones podrían lograr una posición dominante conjunta si cubriesen 
el mismo mercado geográfico. 
69. Por otra parte, para que dos o más empresas mantengan conjuntamente una 
posición dominante, es necesario, aunque no suficiente, que no compitan entre sí 
en el mercado afectado. Esta ausencia de competencia puede deberse, en la 
práctica, al hecho de que las empresas posean vínculos económicos, tales como 
acuerdos de cooperación, de interconexión o itinerancia. Sin embargo, la Comisión 
considera que ni la teoría económica, ni el Derecho comunitario implican que tales 
vínculos son jurídicamente necesarios para que exista una posición dominante 
conjunta54. Existe un vínculo económico significativo, si se da el tipo de 
interdependencia que a menudo surge en situaciones oligopolísticas. No parece que 
exista ninguna razón en derecho o teoría económica que requiera la existencia de 
cualquier otro vínculo económico entre tales empresas. A pesar de todo lo 
expuesto, en la práctica estos vínculos existirán a menudo en el sector de las 
telecomunicaciones, donde es casi inevitable que los operadores nacionales de 
telecomunicaciones mantengan entre sí vínculos de diversa índole. 
70. A modo de ejemplo, indiquemos la posibilidad de que en algunos Estados 
miembros el mercado de acceso al bucle local sea controlado en un futuro 
próximo por dos operadores: los operadores de telecomunicaciones tradicionales 
y un operador de televisión por cable. Para que se presten determinados servicios 
a los consumidores, es necesario que los operadores de telecomunicaciones o el 
operador de televisión por cable dispongan de acceso al bucle local. Dependiendo 
de las circunstancias del caso, y especialmente de la relación que exista entre ellos, 
ninguno de los dos operadores estará en condiciones de gozar de una posición 
dominante, aunque, conjuntamente, cabe la posibilidad de que posean un control 
monopolístico del acceso a estas infraestructuras. 
53 Hoffman La Roche, 1979 Rec. 461, 
Racal Decca, Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 1988, DO L 43/27 (1989). 
Nestlé/Perrier, Decisión de la Comisión, de 22 de julio de 1992, DO L 356/1 (1992) 
23 54 
2. Abusos de posición dominante 
2.1 Denegación de acceso a instalaciones esenciales y 
aplicación de condiciones desfavorables 
71. La denegación de acceso puede prohibirse en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 86, si la lleva a efecto una empresa que goce de una posición dominante 
como consecuencia de controlar las instalaciones, como será previsiblemente la 
situación en la que se encuentren los operadores tradicionales de 
telecomunicaciones en un futuro próximo. La denegación podrá tener: 
"el efecto de dificultar el mantenimiento del grado de competencia que 
sigue existiendo en el mercado o el aumento de dicha competencia"55. 
Una denegación sólo tendrá carácter abusivo, si afecta a la competencia. En un 
primer momento, los mercados de servicios en el sector de las telecomunicaciones 
sólo dispondrán de unos pocos operadores, por lo que cualquier denegación 
afectará, por lo general, a la competencia en tales mercados. Siempre que se 
produzca una denegación, se analizará detenidamente cualquier justificación que 
se alegue al efecto, con el fin de determinar su objetividad. 
72. En términos generales, se pueden dar tres situaciones distintas: 
a. la denegación de acceso en relación con un servicio en el caso de que el 
proveedor haya concedido acceso a otro operador para ejercer su actividad 
en dicho mercado de servicios; 
b. la denegación de acceso en relación con un servicio en el caso de que el 
proveedor no haya facilitado el acceso a ningún otro operador para ejercer 
su actividad en dicho mercado de servicios; 
c. la retirada de acceso a un cliente. 
73. Por lo que respecta a la primera de las situaciones enumeradas, es evidente que 
la negativa de suministrar a un nuevo cliente en circunstancias en que un titular 
de instalaciones dominante suministra ya a uno o más clientes que operan en el 
mismo mercado descendente constituiría un trato discriminatorio que, de restringir 
la competencia en dicho mercado descedente, sería constitutivo de abuso. En el 
caso de que los operadores de red ofrezcan servicios al por menor idénticos o 
similares a los de la parte que solicita el acceso, cabe la posibilidad de que ambos 
dispongan del incentivo y la oportunidad de restringir la competencia y de abusar 
así de su posición dominante. Es evidente que puede haber razones fundadas para 
dicha denegación, como por ejemplo, en el caso de solicitantes que representen un 
potencial riesgo crediticio. De no existir justificaciones objetivas, toda denegación 
55 Asunto 85/76 Hoffmann La Roche, 1979 Rec. 461. 
24 
constituirá normalmente un abuso de la posición dominante en el mercado de 
acceso. 
74. En términos generales, las empresas que gocen de posición dominante están 
obligadas a facilitar el acceso de modo que se disponga de los productos y 
servicios ofrecidos a las empresas de operaciones descendentes en unas 
condiciones no menos favorables que las concedidas a otras partes, incluidas sus 
propias divisiones de operaciones descendentes. 
75. Por lo que respecta a la segunda de las situaciones mencionadas, se trata de 
determinar si el proveedor de acceso debería estar obligado a celebrar un contrato 
con el prestador de servicio para que este último pueda operar en un nuevo 
mercado de servicios. En el caso de que las limitaciones de capacidad no sean 
problema y de que la empresa que se niegue a suministrar acceso a sus, 
instalaciones no haya procedido a su concesión ni a una de sus propias divisiones 
ni a ninguna otra empresa que opere en dicho mercado de servicios, no está claro 
qué otra justificación objetiva se podría alegar. 
76. Si no existiesen alternativas comercialmente viables al acceso que se solicita, la 
parte que lo solicita no podría operar en el mercado de servicios. En consecuencia, 
la denegación en este caso limitaría el desarrollo de nuevos mercados o nuevos 
productos en dichos mercados en sentido contrario a lo dispuesto en la letra b) del 
artículo 86. En el ámbito de los transportes56, la Comisión estableció que una 
empresa que controle una instalación esencial ha de conceder el acceso en 
determinadas circunstancias57. Estos mismos principios se aplican al sector de las 
telecomunicaciones. 
77. El principio por el que se obliga a las empresas dominantes a celebrar contratos 
en determinadas circunstancias será a menudo de aplicación en el sector de las 
telecomunicaciones. En la actualidad, existen monopolios o monopolios virtuales 
56 
57 Decisión de la Comisión, Sea Containers/Stena Sealink, 94/19/CE, DO L 15/8 (1994); Decisión 
de la Comisión, Re Acceso a las instalaciones del puerto de Redby, 94/119/CE, DO L 55/52 
(1994). 
Véase también (entre otras): 
Sentencias del Tribunal -
Asuntos 6 y 7/73, Commercial Solvents/Comisión, 1974 Rec. 223; 
Asunto 311/84, Télémarketing, 1985 rec. 3261; 
Asunto C-18/88 RTT/GB-lnno, 1991 Rec. 1-5941; 
Asunto C-260/89, Elliniki Radiophonia Telorasi, 1991 Rec. 1-2925; 
Asuntos T-69, T-70 y T-76/89, RTE, BBC y ITP/Comisión, 1991 Rec. 11-485, 535, 575; 
Asunto C-271/90, España/Comisión, 1992 Rec. 1-5833; 
Asuntos C-241 y 242/91P, RTE y ITP Ltd./Comisión (Magill), 1995 Rec. 1-743 
Decisiones de la Comisión-
76/185/CEE - National Carbonizing Company, DO L 35/6 (1976); 
88/589/CEE - Londo European - Sabena, DO L 317/47 (1988); 
92/213/CEE - British Midlan/Aer Lingus, DO L 96/34 (1992); 
B&I/Sealink, (1992) % CMLR 255; Boletín CE, n° 6 - 1992, punto 1.3.30. 
25 
en la oferta de infraestructura de red para la mayoría de los servicios de 
telecomunicaciones de la UE. Aún en los casos en los que se han eliminado las 
restricciones, o en los que se eliminarán en breve, la competencia en los mercados 
descendentes seguirá dependiendo de la fijación de tarifas y de las condiciones de 
acceso a los servicios ascendentes de red que sólo irán reflejando gradualmente las 
presiones competitivas del mercado. Dado el ritmo al que se producen los avances 
tecnológicos en el sector de las telecomunicaciones, es posible imaginarse 
situaciones en las que las empresas procurarían ofrecer nuevos productos o 
servicios que no compitan con productos o servicios ya ofrecidos por el operador 
de acceso dominante, pero para los que dicho operador se muestre reticente a 
facilitar el acceso. 
78. La Comisión ha de garantizar que el control de que disponen los operadores 
tradicionales sobre las instalaciones de acceso no se emplee para obstaculizar el 
desarrollo de un entorno de telecomunicaciones competitivo. Si una empresa goza 
de posición de dominante en un mercado de servicios y comete en dicho mercado 
una infracción que vulnere lo dispuesto en el artículo 86, se le podrá exigir que 
suministre el acceso a sus instalaciones a uno o más competidores en dicho 
mercado, con el fin de poner término a tal infracción. Entre otras cosas, una 
empresa puede abusar de su posición dominante si, con su comportamiento, 
impide la irrupción de un nuevo producto o servicio. 
79. El punto de partida para el análisis de la Comisión será la identificación de un 
mercado ya existente o potencial para el que se solicita el acceso. Con objeto de 
determinar la conveniencia de que se conceda el acceso en aplicación de las 
normas de competencia, se tendrá en cuenta toda vulneración por parte de la 
empresa dominante de su obligación de no discriminar (véase a continuación) o 
de los siguientes elementos, con carácter acumulativo: 
a. el acceso a la instalación en cuestión es, en términos generales, 
fundamental para que las empresas compitan en dicho mercado afín58; 
En este caso, se trata de dilucidar qué es esencial. No bastaría con que, en 
caso de concederse el acceso, la posición de la empresa que lo solicita 
fuese más ventajosa, sino que es preciso que su denegación implique la 
imposibilidad o la inviabilidad absoluta e inevitable de las actividades 
propuestas. 
Aunque a partir del 1 de julio de 1996, se puede emplear, por ejemplo, 
infraestructura alternativa para los servicios liberalizados, pasará algún 
tiempo antes de que ello constituya, en muchos casos, una alternativa 
satisfactoria a las instalaciones del operador tradicional. En la actualidad, 
58 El Derecho comunitario protege la competencia y no a los competidores, por lo que no bastaría 
con demostrar que un competidor necesita el acceso a una instalación para competir en el mercado 
de actividades descendentes. Sería necesario demostrar que el acceso es imprescindible para todos, 
salvo para los competidores excepcionales, para que el acceso pase a ser obligatorio. 
26 
la infraestructura alternativa no ofrece una cobertura geográfica de la 
densidad de la que dispone la red del operador de telecomunicaciones ya 
existente. 
b. Se dispone de suficiente capacidad para facilitar el acceso. 
c. El titular de la instalación no consigue satisfacer la demanda en un 
mercado de servicio o producto ya existente, bloquea la irrupción de un 
nuevo servicio o producto potencial, o impide la competencia en un 
mercado ya existente o potencial de servicios o productos; 
d. La empresa que solicite el acceso está dispuesta a abonar el precio 
razonable y no discriminatio fijado y, por lo demás, aceptará unas 
condiciones de acceso no discriminatorias; 
e. No existe justificación objetiva alguna para denegar el acceso. 
Entre las razones pertinentes que se podrían alegar, en este contexto, se 
incluirían una dificultad insuperable para facilitar el acceso a la empresa 
que lo solicita o la necesidad que tiene todo titular de la instalación que 
haya hecho inversiones destinadas a la introducción de un nuevo producto 
o servicio de disponer del tiempo y la oportunidad para utilizar dicha 
instalación con el fin de poder colocar ese nuevo producto o servicio en 
el mercado. No obstante, aunque toda justificación tendrá que ser analizada 
detenidamente en cada caso, en el sector de las telecomunicaciones es muy 
importante que las ventajas que los usuarios finales han obtenido del 
entorno competitivo no se vean socavadas por la actuación de los antiguos 
monopolios estatales que tratan de evitar que la competencia nazca y se 
desarrolle. 
Para determinar si se ha cometido una infracción de lo dispuesto en el 
artículo 86, se tendrá en cuenta tanto la situación de hecho en esa y en 
otras zonas geográficas y, cuando proceda, la relación entre el acceso 
solicitado y la configuración técnica de la instalación. 
80. La cuestión de la justificación objetiva exigirá una análisis especialmente riguroso 
en este ámbito. Además de determinar si las dificultades mencionadas en un caso 
específico revisten la gravedad suficiente para justificar la denegación del acceso, 
las autoridades pertinentes también han de decidir si tales dificultades bastan para 
compensar el perjuicio acarreado a la competencia en caso de denegación del 
acceso y la consiguiente limitación de los mercados de servicios descendentes. 
81. El factor temporal, la configuración técnica y el precio son tres elementos 
importantes en relación con el acceso que el proveedor podría manipular para 
denegar su concesión. 
82. Los operadores de telecomunicaciones que gocen de una posición dominante están 
obligados a tramitar con eficacia las solicitudes de acceso. Cualquier retraso 
27 
indebido e inexplicado que se produzca en la respuesta a una solicitud de acceso 
puede ser constitutivo de abuso. Sin embargo, la Comisión tratará especialmente 
de comparar la respuesta a una solicitud de acceso con: 
a. el plazo temporal y las condiciones usuales aplicadas cuando la parte 
proveedora concede el acceso a sus instalaciones a su propia filial o 
división operativa; 
b. las respuestas a solicitudes de acceso a instalaciones similares en otros 
Estados miembros; 
c. las explicaciones ofrecidas por toda demora que se produzca en la 
tramitación de las solicitudes de acceso. 
83. De modo análogo, se analizarán con detenimiento las cuestiones relativas a la 
configuración técnica para determinar su legitimidad. En principio, las normas de 
competencia exigen que se conceda acceso a la parte que lo solicite en el punto 
que más favorezca a esta última, siempre que sea técnicamente viable para el 
proveedor de acceso. Entre las justificaciones objetivas para denegar el suministro 
figuran las cuestiones de viabilidad técnica, por ejemplo, el tráfico para el que se 
solicita el acceso ha de satisfacer las correspondientes normas técnicas por lo que 
a infraestructura se refiere, o las limitaciones de capacidad, que pueden provocar 
problemas de racionamiento59. 
84. El establecimiento de un precio excesivo por la concesión del acceso, además de 
ser abusivo en si mismo60, puede equivaler a una denegación efectiva del acceso. 
85. Algunos de los elementos de estas pruebas han de ser evaluados minuciosamente. 
Las cuestiones relativas a la fijación de tarifas en el sector de las 
telecomunicaciones se simplificarán merced a la obligación establecida en las 
Directivas sobre la ORA de tener unos sistemas transparentes de contabilidad de 
costes. 
86. Por lo que respecta a la tercera de las situaciones mencionadas en el anterior 
apartado 72, algunas decisiones anteriores de la Comisión y la jurisprudencia del 
Tribunal se han referido a la retirada de suministro a competidores en fases 
descendentes (el tercer caso anterior). En el asunto Commercial Solvents, el 
Tribunal sostuvo que. 
"toda empresa que goce de una posición dominante en el mercado de 
materias primas y que, con el fin de reservarse tales materias primas para 
la fabricación de sus propios derivados, se niegue a suministrar a un 
cliente que también fabrique tales derivados, y que, como consecuencia de 
59 
60 Como ya se señaló anteriormente en el apartado 80. 
Véase el apartado 91 a continuación. 
28 
ello, pueda eliminar toda competencia del cliente, abusa de su posición 
dominante en el sentido de lo dispuesto en el artículo 86."61 
87. Aunque este asunto trataba de la retirada de un producto, no existe diferencia 
alguna, en principio, entre este asunto y la retirada de acceso. La rescisión 
unilateral de los acuerdos de acceso plantea básicamente cuestiones similares a las 
analizadas en relación con las denegaciones. La retirada de acceso a un cliente ya 
existente será casi siempre abusiva. También en este caso se podrán alegar razones 
objetivas que justifiquen la rescisión y que han de ser proporcionales a las 
consecuencias que la retirada produzca en la competencia. 
2.2 Otras formas de abuso 
88. La negativa a facilitar acceso es sólo una de las posibles formas de abuso en este 
ámbito, dado que también puede existir abuso habiéndose concedido el acceso. 
Entre otras cosas, puede existir abuso, si el operador se comporta de forma 
discriminatoria o sus acciones limitan de cualquier otro modo los mercados o el 
desarrollo técnico. A continuación se ofrece una serie no exhaustiva de ejemplos 
de posibles abusos. 
Configuración de red 
89. Toda configuración de red efectuada por un operador de red que goce de una 
posición dominante y que haga aún más difícil el acceso para los prestadores de 
servicios62 podría ser constitutiva de abuso, a menos de que fuese objetivamente 
justificable. Una justificación objetiva sería que la configuración de la red 
mejorase su eficiencia en términos generales. 
Vinculación 
90. Esta cuestión reviste especial interés cuando implica la conexión de servicios para 
los que el operador de telecomunicaciones goza de una posición dominante con 
aquellos otros en los que esté expuesto a competencia63. En el caso de que el 
operador de red de integración vertical que goce de una posición dominante 
obligue a la parte que solicita acceso a adquirir uno o más servicios64, sin que ello 
esté adecuadamente justificado, cabe la posibilidad de que este factor disuada a los 
rivales del proveedor de acceso dominante de ofrecer estos elementos del paquete 
independientemente. Por consiguiente, esta exigencia podría ser constitutiva de 
abuso en aplicación del artículo 86. 
64 Asunto 6 y 7/73, Commercial Solvents, 1974 Rec. 223. 
Por ejemplo, utilizar la red para prestar un servicio a sus propios clientes. 
Este aspecto también se trata en el marco de la ORA; véase el apartado 4 del artículo 7 de la 
Directiva de interconexión, el apartado 4 del artículo 12 de la Directiva de telefonía vocal y el 
Anexo II de la Directiva marco de la ORA. 
Por ejemplo, incluidos los que resultan superfluos para éste último o incluso los que podrían 
constituir servicios que el propio solicitante de acceso querría facilitar a sus clientes. 
29 
Fijación de tarifas 
91. El acceso de prestadores de servicio a las instalaciones (esenciales) de un operador 
dominante presenta a menudo el problema de la aplicación de tarifas 
excesivamente elevadas65, dado que, al no existir alternativas viables a la 
instalación a la que los prestadores de servicios pretenden acceder, el operador 
dominante o monopolístico puede inclinarse por fijar tarifas demasiado elevadas. 
En un contexto de competencia entre diferentes redes de infraestructura de 
telecomunicaciones, pueden surgir problemas de precios injustamente bajos, en el 
caso de que un operador dominante tienda a fijar unas tarifas de acceso 
indebidamente bajas, con objeto de eliminar la competencia de otros prestadores 
(emergentes) de infraestructura, infringiendo lo dispuesto en la letra a) del artículo 
86. Por regla general, se considera que un precio es abusivo, cuando se sitúa por 
debajo de los costes variables medios de la empresa o es inferior a la media de los 
costes totales y forma parte de un plan contrario a la competencia66. 
Llegado el caso, las normas sobre la ORA relativas a los requisitos de contabilidad 
y a la transparencia contribuirán a garantizar la aplicación efectiva del artículo 86 
en este contexto. 
92. En el caso de que el operador goce de una posición dominante en el mercado de 
productos o servicios, el margen entre la tarifa de acceso aplicada a todos los 
competidores en el mercado descendente, incluidas las operaciones propias de la 
empresa dominante, en caso de que existan, y el precio que el operador de la red 
aplica en el mercado descendente ha de ser lo suficientemente amplio para que un 
prestador de servicios con un grado suficiente de eficiencia en el mercado 
descendente obtenga un beneficio normal, a menos que la empresa dominante 
pueda demostrar que su división de operaciones descendentes es 
excepcionalemente eficiente67. Si éste no fuera el caso, los competidores en el 
65 
66 
67 La Comunicación de la Comisión sobre los criterios de evaluación de los regímenes nacionales para 
el coste y la financiación del servicio universal y las directrices para el funcionamiento de tales 
regímenes será pertinente para determinar en qué medida se puede utilizar la obligación de servicio 
universal para justificar las tarifas aplicadas. Véase también la referencia a la obligación de servicio 
universal que figura en el apartado 53. 
Véase AKZO, asunto C-62/86, [1991] Rec-3359. 
Sin embargo, en muchas situaciones la norma de los costes medios variables no puede aplicarse 
en el contexto del sector de las telecomunicaciones, puesto que los costes variables de la prestación 
de acceso a una red ya existente son prácticamente nulos. En consecuencia, la prueba que se 
debería aplicar, desde el punto de vista de la Comisión, consiste en determinar si una empresa 
aplica una tarifa por productos y servicios, salvo que se trate de productos o servicios nuevos, que, 
aunque se sitúe por encima del coste medio variable del suministro de los productos o servicios 
específicos por los que se abona la tarifa en cuestión, es tan baja que los ingresos globales 
percibidos en concepto de todos los productos o servicios en cuestión sería inferior a los costes 
totales medios de suministrarlos, si vendiese la misma proporción de su producción siempre al 
mismo precio, aun en el caso de que se demuestre que no se intenta excluir a ningún competidor. 
Decisión de la Comisión, Brown Napier/British Sugar, 88/518/CEE, DO L 284/41 (1988): el 
30 
mercado descendente habrían de hacer frente a una reducción de precios que 
podría expulsarlos del mercado. 
Discriminación 
93. Un prestador de acceso dominante no puede discriminar entre acuerdos de acceso, 
cuando tal discriminación restrinja la competencia. Toda diferenciación basada en 
el empleo que se ha de hacer del acceso en lugar de diferencias entre las 
transacciones para el propio prestador de acceso, si la probabilidad de que la 
discriminación sea lo suficientemente amplia como para restringir o falsear la 
competencia actual o futura, sería contraria a lo dispuesto en el artículo 86. Esta 
discriminación podría concretarse en la imposición de condiciones diferentes, 
incluida la aplicación de tarifas diferentes, o cualquier otra diferenciación entre 
acuerdos de acceso, salvo en el caso de que tal discriminación esté justificada 
objetivamente, como por ejemplo, cuando se base en consideraciones de costes o 
de carácter técnico o en el hecho de que los usuarios operen a niveles diferentes. 
Es probable que esta discriminación restrinja la competencia en el mercado 
descendente en el que pretendiese operar la empresa que haya solicitado el acceso, 
en el sentido de que podría limitar la posibilidad de que este operador se 
introdujese en el mercado o expandiese sus operaciones en el mismo68. 
94. En cuanto a la discriminación de precios, la letra c) del artículo 86 prohibe que 
una empresa dominante discrimine entre sus propios clientes69, incluida la 
discriminación basada en el hecho de que dichos clientes acepten o no tratar 
exclusivamente con ella. 
95. La discriminación sin que exista una justificación objetiva en relación con 
cualquier aspecto o condición de un acuerdo de acceso puede ser constitutiva de 
abuso,y estar relacionada con elementos tales como la fijación de tarifas, los 
retrasos, el acceso técnico, encaminamiento70, numeración, restricciones sobre la 
utilización de la red más rigurosas que las condiciones básicas y utilización de 
datos de la red de clientes. No obstante, la existencia de discriminación sólo puede 
determinarse en cada caso. Toda discriminación es contraria a lo dispuesto en el 
68 
69 
70 margen entre los precios industriales y al por menor se redujo hasta tal punto que el comprador 
mayorista con operaciones de envasado tan eficientes como las del proveedor mayorista no podía 
servir de manera rentable al mercado minorista. Véase también National Carbonising, anterior nota 
a pie de página 57. 
No obstante, cuando la capacidad de la infraestructura esté infrautilizada, puede estar justificado 
que se apliquen tarifas diferentes por el acceso dependiendo de la demanda en los distintos 
mercados descendientes, en la medida en que dicha diferenciación permita una mejor utilización 
de la infrestructura y un desarrollo más eficaz de determinados mercados y siempre que no 
restrinja o falsee la competencia. En tal caso, la Comisión analizará las consecuencias globales de 
dicha diferenciación de precios en todos los mercados descendientes. 
Asunto C-310/93 P, BPB Industries PLC y British Gypsum Ltd/Comisión [1995] Rec. 1-865, 904, 
relativo a la discriminación realizada por BPB entre diferentes clientes del mercado adyacente de 
escayola seca. 
Por ejemplo, a una lista de preferencia de operadores de red corresponsales. 
31 
artículo 86, con independencia de que se derive o se demuestre por las condiciones 
de un acuerdo de acceso específico. 
96. En este contexto, el operador de red ha de ofrecer a los clientes independientes un 
trato similar al que dispensa a su propia filial o división de servicios descendentes. 
Cabe la posibilidad de que el tipo de cliente y sus demandas jueguen un papel 
significativo a la hora de determinar si las transacciones son comparables. El 
hecho de que se apliquen tarifas diferentes a clientes situados en niveles diferentes 
(al por menor y al por mayor) no es constitutivo necesariamente de 
discriminación. 
97. Las cuestiones de discriminación se pueden plantear en relación con la 
configuración técnica del acceso, dada su importancia en este contexto. 
Grado de sofisticación técnica del acceso: las restricciones sobre el tipo o "nivel" 
en la jerarquía de intercambios de la red que influyen en el acceso o en las 
capacidades técnicas de dicho intercambio presentan una importancia directa para 
la competencia. Éstas podrían ser las instalaciones disponibles para facilitar una 
conexión o el tipo de interfaz y de sistema de señalización empleado para 
determinar el tipo de servicio disponible para la parte que solicite el acceso (por 
ejemplo, instalaciones de inteligencia de red). 
Número y/o localizacicm de puntos de conexión: puede ser muy importante la 
obligación de almacenar y distribuir tráfico para determinadas áreas en la 
conmutación que sirva directamente a dicha área en lugar de hacerlo a un nivel 
más elevado de la jerarquía de la red. La parte que solicita el acceso incurre en 
gastos adicionales, ya sea al facilitar conexiones a mayor distancia desde su centro 
de conmutación, ya sea por estar obligada a abonar unas tarifas más elevadas de 
transporte. 
Igualdad de acceso: una característica básica de un sistema de telecomunicaciones 
competitivo es la posibilidad de que los clientes de la parte que solicita el acceso 
obtengan los servicios prestados por el suministrador de acceso utilizando el 
mismo número de dígitos marcados que utilizan los clientes de este último. 
Justificación objetiva 
98. Entre las justificaciones objetivas se encuentra cualquier restricción relativa al 
propio funcionamiento de la red propiedad del proveedor de acceso o las 
restricciones en la concesión de licencias que se ajusten, por ejemplo, a lo 
dispuesto en la normativa sobre propiedad intelectual. 
32 
2.3 Abusos de posición dominante conjunta 
99. En el caso de posición dominante conjunta (véanse los anteriores apartados 66 y 
ss.), el comportamiento de una entre varias empresas que gocen de una posición 
dominante conjunta puede ser abusivo, aunque las demás no se comporten de la 
misma forma. 
100. Además de las medidas de reparación contempladas en las normas de competencia, 
en el caso de que ningún operador estuviese dispuesto a conceder el acceso y no 
existiesen razones técnicas o comerciales que justificasen tal denegación, sería de 
esperar que la autoridad nacional de reglamentación resolviese el problema 
ordenando a una o varias de las empresas que concediesen el acceso, con arreglo 
a lo dispuesto en la Directiva sobre la ORA o la normativa nacional. 
3. Acuerdos de acceso (artículo 85) 
101. Las restricciones de la competencia que se deriven de los acuerdos de acceso 
pueden producir dos efectos diferentes: obstaculizar la competencia entre las dos 
partes del acuerdo de acceso o limitarla en relación con terceros, lo que se 
produce, por ejemplo, mediante el trato de exclusividad que se conceda a una o 
ambas partes del acuerdo. Además, cuando una parte goza de posición dominante, 
es posible que las condiciones del acuerdo de acceso conduzcan a un 
reforzamiento de la misma o a una extensión de dicha posición dominante a un 
mercado afín, o puede constituir una explotación ilegal de la posición dominante 
mediante la imposición de condiciones desleales. 
102. Los acuerdos de acceso en los que éste es, en principio, ilimitado no presentan una 
restricción inherente de la competencia en el sentido de lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 85. En ausencia de cualquier obligación de exclusividad (véase el 
anterior apartado ....), ofrecer acceso a una empresa en esta situación no supondría 
una restricción inherente de la competencia en el mercado de acceso, dado que 
ello no limitaría las posibilidades de que otros pudiesen celebrar acuerdos 
similares con el proveedor de acceso. Eso será lo que suceda habitualmente en el 
sector de las telecomunicaciones. 
103. Los acuerdos de acceso pueden tener unas consecuencias muy positivas para la 
competencia, puesto que pueden mejorar el acceso al mercado descendente. Los 
acuerdos de acceso en el contexto de la interconexión cumplen una función básica 
para la interoperabilidad de los servicios y la infraestructura, al incrementar la 
competencia en el mercado de servicios descendentes, lo que probablemente 
presentará un mayor valor añadido que la infraestructura local. 
104. Sin embargo, es evidente que algunos acuerdos de acceso o determinadas cláusulas 
de los mismos pueden repercutir negativamente en la competencia. Así por 
ejemplo, cabe la posibilidad de que los acuerdos de acceso: 
a. se utilicen como medio para la coordinación de precios; 
33 
b. o el reparto del mercado; 
c. produzcan efectos de exclusión sobre terceros71 . 
d. conduzcan a un intercambio de información sensible desde el punto de 
vista comercial entre las partes. 
105. El riesgo de que se produzca coordinación de precios es especialmente agudo en 
el sector de las telecomunicaciones, puesto que las tarifas de interconexión 
suponen a menudo hasta el 50% o más del coste total de los servicios prestados 
y casi siempre será necesario mantener una interconexión con un operador 
dominante. En estas circunstancias, el margen para que exista competencia de 
precios es escaso, mientras que, a la inversa, el riesgo (y la gravedad) de 
coordinanción de precios es mayor. 
106. Por otra parte, es posible que, en determinadas circunstancias, los acuerdos de 
interconexión entre operadores de red constituyan un obstáculo a la inversión en 
infraestructura, por lo que podrían conducir al reparto del mercado entre el 
operador de red que presta el acceso y el que lo solicita, en lugar de que surja una 
competencia entre ellos por la red. 
107. En un entorno liberalizado de telecomunicaciones, tanto las autoridades nacionales 
como la Comisión, en el marco de las normas de competencia de la CE, harán un 
seguimiento minucioso de los tipos de restricciones a la competencia que se 
acaban de mencionar. La normativa nacional no afectará en nada el derecho de las 
partes que sufran cualquier tipo de comportamiento contrario a la competencia a 
presentar una denuncia a la Comisión. 
Cláusulas que se encuadran en el ámbito de aplicación del 
apartado 1 del artículo 85 
108. La Comisión ha detectado algunos tipos de restricción que podrían infringir lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 CE, por lo que se les habría de aplicar 
una excepción específica. En la mayoría de los casos, estas cláusulas estarán 
relacionadas con el marco comercial del acceso. 
109. En el sector de las telecomunicaciones, es posible que las partes interconectadas 
deseen intercambiar información sobre la clientela y el tráfico. Es probable que 
este intercambio influya en el comportamiento competitivo de las empresas 
afectadas y las partes podrían utilizarlo perfectamente para la realización de 
prácticas contrarias a la competencia, tales como el reparto de mercados72. 
72 Decisión de la Comisión, Nigth Services, DO L 259/20 (1994); Decisión de la Comisión, 
Eurotunnel, DO L 354/66 (1994). 
Asunto T-34/92, Fiatagri UK Ltd y New Holland Ford Ltd/Comisión 
Asunto T-35/92, John Deere Ltd/Comisión 
Ambos asuntos se han recurrido ante el TJCE 
Recurso contra la Decisión de la Comisión, UK Agricultural Tractor Registration Exchange, DO 
L 68/19 (1992). 
34 
110.' De modo análogo, deberán ser analizados en el marco de lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 85 los acuerdos de exclusividad; por ejemplo, en el caso 
de que el tráfico se transportase exclusivamente mediante la red de 
telecomunicaciones de una o ambas partes, en lugar de utilizar la red de otras 
partes con las que se hayan celebrado acuerdos de acceso. Si no se ofrece 
justificación alguna para la adopción de tal encaminamiento, se prohibirán estas 
cláusulas. 
111. Resulta muy poco probable que los acuerdos de acceso que se hayan celebrado 
con una finalidad contraria a la competencia reúnan los criterios para la aplicación 
de una excepción concreta en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 85. 
112. Por otra parte, es posible que los acuerdos de acceso repercutan en la estructura 
de competencia del mercado. Una parte considerable del coste total de los 
servicios prestados por la parte que solicita el acceso a los usuarios finales 
proviene a menudo de las tarifas que se han de abonar por el acceso local, con lo 
que el margen para la competencia de precios es escaso. Debido a la necesidad de 
preservar este grado limitado de competencia, la Comisión se concentrará 
especialmente en la evaluación minuciosa de los acuerdos de acceso y, más 
concretamente, de las consecuencias que puedan tener para los mercados afectados, 
con el fin de garantizar que tales acuerdos no se utilicen como medio oculto e 
indirecto para la fijación o coordinación de precios finales a los usuarios finales, 
que no es sino una de las infracciones más graves del artículo 85 CE73. 
113. Por otra parte, las cláusulas que implican discriminación colectiva que conduce a 
la exclusión de terceros también restringen la competencia. Lo más importante es 
la discriminación en materia de precio, calidad u otros aspectos comercialmente 
significativos del acceso en detrimento de la parte que solicite el acceso, cuyo 
objetivo sea, por lo general, favorecer indebidamente las operaciones del prestador 
de acceso. 
4. Consecuencias sobre el comercio entre los Estados miembros 
114. Para que se apliquen los artículos 85 y 86, es preciso que se produzcan 
consecuencias sobre el comercio entre los Estados miembros. 
115. Para que un acuerdo repercuta en los intercambios entre Estados miembros, la 
Comisión ha de poder: 
"prever con un grado suficiente de probabilidad sobre la base de factores 
objetivos de hecho y de derecho que el acuerdo en cuestión puede tener 
73 Asunto 8/72 Vereniging van Cementhandelaren v. Comisión [1972] Rec. 977; 
Asunto 123/83 Bureau National Interprofessionnel du Cognac v. Clair [1985] Rec. 391. 
35 
una influencia, directa o indirecta, actual o futura, en las estructuras 
comerciales entre los Estados miembros. "74 
Si el acuerdo en su conjunto es susceptible de afectar a los intercambios75, no es 
preciso que lo hagan todas y cada una de las restricciones de la competencia de 
que conste el mismo. 
116. Por lo que se refiere a los acuerdos de acceso en el sector de las 
telecomunicaciones, la Comisión no sólo tendrá en cuenta las consecuencias 
directas de las restricciones de la competencia en el comercio interestatal de 
mercados de acceso, sino también las repercusiones que puedan tener para el 
comercio interestatal de servicios de telecomunicaciones. La Comisión también 
tomará en consideración la capacidad potencial de estos acuerdos para acotar un 
determinado mercado geográfico, lo que podría impedir que empresas ya 
establecidas en otros Estados miembros compitan en el mismo. 
117. Los acuerdos de acceso a las telecomunicaciones repercutirán casi siempre en el 
comercio entre Estados miembros, puesto que los servicios prestados a través de 
una red se comercializan en toda la UE y los acuerdos de acceso podrá determinar 
la capacidad de un prestador de servicios o un operador para prestar cualquier 
servicio determinado76. Incluso cuando los mercados son fundamentalmente 
nacionales, como sucede generalmente en la actualidad, los abusos de posición 
dominante afectarán, por lo general y debido al grado de desarrollo de la 
liberalización, a la estructura del mercado, lo que repercutirá en el comercio entre 
los Estados miembros. 
118. Los casos que se planteen en este ámbito en relación con cuestiones que entren en 
el ámbito de aplicación del artículo 86 se referirán a cláusulas abusivas en los 
acuerdos de acceso, a la negativa a celebrar acuerdos de acceso en condiciones 
adecuadas o bien a la negativa pura y simple a celebrarlos. En este contexto, 
igualmente pertinentes serán los criterios anteriormente enumerados por los que 
se determina si un acuerdo de acceso es susceptible de repercutir en los 
intercambios entre los Estados miembros. 
74 
75 
76 Asunto 56/65, STM, 1966, Rec. 235, véase el apartado 249. 
Asunto 193/83, Windsurfing International Inc/Comisión, 1986 Rec. 611. 
Véanse las Directrices para la aplicación de las normas comunitarias sobre competencia en el 
sector de las telecomunicaciones, véase el anterior apartado 3. 
36 
Conclusiones 
119. La Comisión estima que las normas de competencia y la normativa específica del 
sector forman un conjunto coherente de medidas destinadas a garantizar un 
contexto liberalizado y competitivo para los mercados de las telecomunicaciones 
en la UE. 
120. A la hora de adoptar medidas en este sector, la Comisión tratará de evitar la 
duplicación innecesaria de procedimientos, especialmente de los de competencia 
y de los procedimientos normativos nacionales/de la UE basados en el marco de 
ORA. 
121. Cuando se invoquen las normas de competencia, la Comisión analizará cuáles son 
los mercados afectados y aplicará los artículos 85 y 86 con arreglo a los principios 
anteriormente enunciados. 
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