ES Diario Oficial de la Unión Europea C 137/2

DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 19 de noviembre de 2014

acerca de una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las entidades de crédito de la UE

(CON/2014/83)

(2015/C 137/02)

Introducción y fundamento jurídico

El 14 de marzo de 2014 el Banco Central Europeo (BCE) recibió del Parlamento Europeo una solicitud de dictamen sobre una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las entidades de crédito de la UE (1) (en adelante, el «reglamento propuesto»). El 27 de marzo de 2014 el BCE recibió del Consejo de la Unión Europea una solicitud de dictamen sobre el reglamento propuesto.

La competencia consultiva del BCE se basa en el apartado 4 del artículo 127 y el apartado 5 del artículo 282 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues el reglamento propuesto contiene disposiciones que afectan a la contribución del Sistema Europeo de Bancos Centrales a la buena gestión de las políticas relativas a la estabilidad del sistema financiero, conforme establece el apartado 5 del artículo 127 del Tratado. De conformidad con la primera frase del apartado 5 del artículo 17 del Reglamento interno del Banco Central Europeo, el presente dictamen ha sido adoptado por el Consejo de Gobierno.

Observaciones generales

El BCE celebra la propuesta de abordar este asunto mediante la aprobación de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las entidades de crédito de la UE. Esta medida será directamente aplicable en los 28 Estados miembros (2) y contribuirá a garantizar un marco armonizado de la Unión que haga frente a los problemas que comportan los bancos considerados «demasiado grandes para quebrar» y «demasiado interconectados para quebrar». El reglamento propuesto pretende reducir la posible fragmentación del sector bancario que podrían causar los diferentes reglamentos estructurales nacionales y que podría desembocar en contradicciones, la utilización del arbitraje regulatorio y la falta de condiciones de igualdad en el mercado único (3).

Asimismo, el reglamento propuesto detalla algunas tareas que entran dentro del ámbito de competencia exclusiva del BCE de conformidad con el Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo (4). La eficacia del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) se vería limitada por las legislaciones nacionales divergentes, lo que incrementaría la complejidad de la supervisión y sus costes (5). Por lo tanto, es necesaria la armonización a nivel de la Unión.

Observaciones específicas

1. Ámbito de aplicación de las normas propuestas

1.1. El reglamento propuesto se aplica a las entidades de crédito designadas como entidades de importancia sistémica a escala mundial (6) así como a otras entidades de crédito cuyos balances y actividades de negociación alcancen determinados umbrales durante un período de tres años consecutivos (7). El BCE entiende que esto resulta congruente con el objetivo explícito de centrarse en el limitado número de entidades de crédito y grupos, de entre los de mayor dimensión y complejidad, que, pese a otros actos legislativos, todavía pueden seguir siendo demasiado grandes para quebrar, demasiado grandes para ser rescatados o demasiado complejos en lo que atañe a su gestión, supervisión y resolución (8).

1.2. En caso de que se forme una concentración de entidades de crédito (por ejemplo, una fusión) que cree de inmediato una entidad de crédito única que entre dentro del ámbito de aplicación del reglamento propuesto, durante el período de dos años previo a la concentración, deberán considerarse las cifras combinadas de las entidades de crédito que forman la entidad única cuando la autoridad competente evalúe si esta alcanza los umbrales establecidos (9). Salvo dichos casos, las autoridades nacionales competentes deberán examinar con carácter periódico, y en cualquier caso al menos anualmente, si se alcanzan los criterios relativos a los umbrales (10). Asimismo, la Comisión deberá evaluar la idoneidad de los criterios relativos a los umbrales en su revisión del reglamento propuesto, por ejemplo, para verificar si están incluidas todas las entidades de crédito pertinentes (11). Por consiguiente, en caso de que existan pruebas de que en la definición de las actividades de negociación no se están reflejando adecuadamente todos los activos destinados a negociación de las entidades de crédito, la Comisión, cuando elabore el informe al que se hace referencia en el artículo 34, deberá tener en cuenta en concreto si en el cálculo de las actividades de negociación realizadas de conformidad con el reglamento propuesto deben incluirse todos los activos y pasivos financieros contabilizados por su valor razonable, o las partidas del balance equivalentes de los bancos que no aplican las NIIF (Normas internacionales de información financiera). A este fin, puede ser útil una evaluación del impacto actualizada.

2. Actividades de negociación prohibidas, en particular la negociación por cuenta propia

2.1. En general, el BCE apoya que el reglamento propuesto prohíba la negociación por cuenta propia, definida de forma estricta en el artículo 5, de determinadas entidades de crédito. En particular, se prohíben las actividades de salas, unidades, divisiones u operadores individuales específicamente dedicados a asumir posiciones con la exclusiva finalidad de obtener un beneficio por cuenta propia y sin conexión alguna con la actividad del cliente o la cobertura del riesgo del ente (12). Dado que los bancos, tras la crisis financiera, han reducido de forma considerable o han eliminado completamente sus salas, unidades y divisiones dedicadas en concreto a la negociación por cuenta propia, el BCE entiende que el reglamento propuesto constituye una medida preventiva de futuro destinada a disuadir a los bancos de que vuelvan a desarrollar esta actividad. Por lo tanto, el coste de la ejecución de la prohibición de la negociación por cuenta propia debería ser limitado (13). Los acontecimientos que tuvieron lugar antes y durante la última crisis financiera demuestran que la negociación por cuenta propia es una actividad de alto riesgo que puede crear un riesgo sistémico debido a las grandes posiciones abiertas y la interconexión entre las entidades financieras. En comparación con otras actividades que se basan más en el cliente, por ejemplo la concesión de préstamos, la negociación por cuenta propia puede aumentarse fácilmente en un período de tiempo corto. En particular, cuando la negociación por cuenta propia se realiza en grupos bancarios que se benefician de la garantía implícita de la red de protección de los bancos (los fondos de resolución, los fondos de garantía de depósitos o, en última instancia, los contribuyentes), puede resultar un incentivo incrementar dicha actividad de alto riesgo a expensas de la red de protección. Además, el BCE entiende que las actividades de negociación por cuenta propia no están relacionadas con las necesidades de los clientes de los bancos ni responden a ellas. En realidad, dentro de un grupo bancario que realice actividades de negociación por cuenta propia pueden producirse conflictos de intereses entre estas y el servicio a sus clientes. Prohibiendo la negociación por cuenta propia, en vez de simplemente separarla, el reglamento propuesto garantiza que los bancos no se expongan directamente a este riesgo empresarial o de reputación. Por la misma razón, el BCE también celebra que el reglamento propuesto prohíba a las entidades de crédito pertinentes poseer fondos de inversión libre o invertir en ellos (14). Esta prohibición reduce el riesgo de eludir la prohibición de la negociación por cuenta propia y contribuye a mitigar el efecto de contagio entre los bancos y el sistema bancario en la sombra.

2.2. A fin de distinguir la negociación por cuenta propia de otras actividades de negociación, en particular las actividades de creación de mercado (15), se tienen que establecer unas definiciones adecuadas. El BCE reconoce que es difícil distinguir entre la negociación por cuenta propia y la creación de mercado, tanto en la teoría como en la práctica (16). En general, el BCE apoya la definición de negociación por cuenta propia indicada en el reglamento propuesto (17) pero sugiere algunas modificaciones para aclarar las actividades prohibidas (18). En particular, el BCE sugiere clarificar que estarán prohibidas las operaciones relativas a la negociación por cuenta propia que se realicen como reacción a las valoraciones de mercado así como para aprovecharse de dichas valoraciones y obtener un beneficio, independientemente de si en realidad se obtiene a corto o a más largo plazo. Las entidades de crédito efectúan la negociación por cuenta propia, a diferencia de las actividades de creación de mercado, aprovechando la información sobre el verdadero valor de los activos con el fin de obtener beneficios teniendo en cuenta las variaciones del valor de mercado, sin relación alguna con las órdenes de clientes.

2.3. Finalmente a este respecto, en la propuesta de la Comisión existen algunas excepciones implícitas: a) aunque la Comisión opina que la negociación por cuenta propia es una actividad de alto riesgo, se seguiría admitiendo en relación con la deuda pública, y b) las entidades de crédito que no entren dentro del ámbito de aplicación del reglamento propuesto podrían continuar participando en actividades de alto riesgo cuyo volumen aumentaría a nivel global. Parece que dichas excepciones indican que se debería volver a evaluar la naturaleza de las actividades de negociación excluidas en la siguiente revisión del reglamento propuesto, a fin de determinar el alcance de la posible amenaza que dichas actividades pueden suponer para las entidades de crédito concretas o el sistema financiero mundial (19).

3. Decisión sobre si exigir o no la separación de las actividades de negociación, en particular el tratamiento de las actividades de creación de mercado

3.1. El BCE apoya, en general, el establecimiento de parámetros relativos al tamaño, la complejidad, el apalancamiento y la interconexión de las actividades de negociación en la evaluación supervisora realizada en el marco del reglamento propuesto (20). Sin embargo, estos parámetros no permiten que el supervisor evalúe en profundidad cada una de las actividades de negociación. Por lo tanto, el BCE está de acuerdo en que dichos criterios no deberían ser la única base para iniciar el procedimiento de adopción de la decisión de separación. La evaluación de estos parámetros debe complementarse con el ejercicio de la facultad discrecional del supervisor en base consolidada. El reglamento propuesto establece algún margen de discreción para los supervisores en las diferentes etapas del proceso de separación. En el reglamento propuesto, la autoridad competente resolverá iniciar el procedimiento de decisión de separar actividades de negociación específicas en caso de que determine la existencia de una amenaza para la estabilidad financiera de la entidad de crédito básica o del sistema financiero de la Unión en su conjunto, habida cuenta de los objetivos del reglamento propuesto (21). Si, tras evaluar las actividades de negociación, la autoridad competente llega a la conclusión de que cumplen los parámetros pertinentes en cuanto al tamaño relativo, el apalancamiento, la complejidad, la rentabilidad, el riesgo de mercado conexo y la interconexión, deberá exigir su separación de la entidad de crédito básica (22). Sin embargo, en el análisis final, esta determinación también dependerá de una evaluación de la estabilidad financiera llevada a cabo por la autoridad competente. Además, incluso después de que se hayan notificado a la entidad de crédito básica las conclusiones de la autoridad competente, esta podrá demostrar satisfactoriamente a dicha autoridad que esas actividades de negociación no representan una amenaza para su estabilidad financiera o la estabilidad del sistema financiero de la Unión en su conjunto, a la luz de los objetivos del reglamento propuesto (23).

3.2. El BCE apoya el enfoque del reglamento propuesto con respecto a la separación. Evitará la puesta en marcha de procedimientos largos y costosos en caso de que se alcancen los umbrales relativos al tamaño y la complejidad, pero los requisitos de regulación y los controles existentes mitigan de forma considerable los riesgos reales para la estabilidad financiera de la entidad básica o la Unión en su conjunto. Además, una entidad de crédito puede alcanzar los umbrales anteriormente mencionados realizando determinadas actividades de negociación que contribuyan en realidad a la estabilidad financiera en general, por ejemplo, llevando a cabo actividades de creación de mercado esenciales para la financiación de la economía o actividades que generen reservas de liquidez a fin de garantizar el cumplimiento de otros requisitos prudenciales. Por consiguiente, para los supervisores es necesario que los umbrales establecidos sean más flexibles a fin de aplicar su valoración, conscientes de las mayores consecuencias e interacciones reguladoras para el sistema financiero en su conjunto. Esta valoración debe tener también en cuenta la estabilidad financiera de cada uno de los Estados miembros o grupos de Estados miembros de la Unión, ya que la evaluación del supervisor puede tener repercusiones importantes en ellos. Convendría complementar estas disposiciones tan útiles con una evaluación más clara de la posible amenaza que representan las actividades de negociación de las entidades de crédito básicas para la estabilidad financiera y, por lo tanto, de la necesidad de su separación (24). El requisito de transparencia en el proceso de toma de decisiones (25) establecido en el reglamento propuesto es un elemento clave para garantizar que las decisiones de no separar determinadas actividades de negociación estén bien motivadas y justificadas. A este respecto, la decisión de las autoridades de supervisión debe adoptarse tomando como referencia un conjunto de criterios más amplio que el incluido en el reglamento propuesto. El establecimiento de un marco armonizado que facilite una valoración de las autoridades de supervisión más eficaz que la actual orientaría a la autoridad competente en el ejercicio de sus facultades discrecionales y asistiría a los supervisores a la hora de detectar la necesidad de separación. Asimismo, puede suponer un incentivo para que las entidades de crédito mejoren la gobernanza de sus sistemas y procedimientos internos, a fin de evitar el riesgo de cumplimento y reducir el coste de una futura obligación de separación. A este fin, convendría complementar los parámetros con información cualitativa adicional, como por ejemplo: a) la cartografía de las actividades de negociación, incluidos los métodos para evaluar la necesidad de acumular carteras de instrumentos financieros a fin de satisfacer la demanda prevista de los clientes; b) el marco de cumplimiento para la aplicación del reglamento propuesto; y c) los sistemas de compensación para los operadores. Asimismo, los parámetros se pueden complementar con datos cuantitativos adicionales como el volumen de negocio de las carteras de instrumentos financieros, las variaciones del valor en riesgo, la diferencia entre el precio de la operación y su valor razonable inicial («day 1 profit and loss»), los límites de las mesas de negociación y la diversificación geográfica de las actividades de negociación (26). Con ello se contribuiría a que el proceso fuera más viable desde el punto de vista operativo para los supervisores. De conformidad con el objetivo general del reglamento propuesto, las entidades de crédito deben facilitar toda la información necesaria para calcular los parámetros utilizados por el supervisor en la evaluación de las actividades de negociación (27).

3.3. El BCE considera importante preservar de la forma adecuada las actividades de creación de mercado de los bancos a fin de mantener o incrementar el activo y la liquidez del mercado, moderar la volatilidad de los precios y aumentar la resiliencia de los mercados de valores a las perturbaciones. Esto resulta esencial para la estabilidad financiera, la ejecución y la buena transmisión de la política monetaria y la financiación de la economía. Por lo tanto, el régimen regulador debe evitar que las consecuencias negativas que no se basen en los riesgos considerables afecten a las actividades de creación de mercado. Cuando los supervisores lleven a cabo un análisis exhaustivo de las actividades de creación de mercado de conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del reglamento propuesto, deberán prestar especial atención a sus posibles efectos sobre la estabilidad financiera. Ciertamente, las actividades de creación de mercado que permanezcan en la entidad de crédito básica deben ajustarse a los objetivos del reglamento propuesto. En particular, dichas actividades no deben dar lugar a la creación de un banco que sea demasiado grande para quebrar ni que esté demasiado interconectado para quebrar y no deben incluir la negociación por cuenta propia bajo la apariencia de la creación de mercado, ya que este hecho podría representar, en última instancia, una amenaza para la estabilidad financiera. Por lo tanto, convendría aclarar que la autoridad competente puede autorizar que la entidad de crédito básica ejerza aquellas actividades de creación de mercado que no representen una amenaza para la estabilidad financiera de la entidad o la estabilidad del conjunto o una parte del sistema financiero de la Unión (28). En vista de lo que antecede, el BCE también sugiere la introducción de algunos cambios que garanticen la aplicación efectiva de las conclusiones de la autoridad competente en relación con las actividades de negociación que deben realizarse a través de un ente de negociación (29). El BCE sugiere una definición más exacta de creación de mercado (30) añadiendo las palabras «o en caso de que se prevea de forma razonable la posible actividad del cliente» a la definición propuesta, en sintonía con los elementos incluidos en la definición de negociación por cuenta propia. Asimismo, el BCE recomienda armonizar la definición de creación de mercado en toda la legislación de la Unión, de conformidad con el Reglamento (UE) no 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (31), que se refiere a las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago, y la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (32), relativa a los mercados de instrumentos financieros. Uno de los inconvenientes del reglamento propuesto es la falta de definición del término «riesgo de mercado significativo». Se sugiere que el término «creación de mercado» se ajuste más aún a lo dispuesto en el Reglamento (UE) no 236/2012.

3.4. Las entidades de crédito, como consecuencia de sus actividades, adoptan normas de gestión del riesgo para la propia entidad o sus clientes. La gestión adecuada del riesgo contribuye a la solvencia de las entidades de crédito y a la estabilidad del sistema financiero. A este respecto, el reglamento propuesto limita las obligaciones relativas a la gestión del riesgo de la entidad de crédito básica a determinados instrumentos derivados en caso de que puedan ser compensados a través de una entidad de contrapartida central. Por lo tanto, se recomienda que la Comisión, en el ejercicio de sus facultades, adopte actos delegados de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 del reglamento propuesto, habida cuenta de la especificidad y la idoneidad de las políticas relativas a la gestión del riesgo de los bancos.

3.5. Finalmente, cabe observar que la separación no puede por sí misma solucionar los problemas que comportan los bancos considerados demasiado grandes para quebrar. La quiebra de grandes entes de negociación ya separados puede todavía tener consecuencias sistémicas, sobre todo en los mercados de capitales. Teniendo esto en cuenta, algunos bancos pueden determinar que un ente de negociación separado no tiene el suficiente tamaño para ser económicamente viable. Como consecuencia de esta determinación puede que prescindan de todas sus actividades de negociación, lo que podría dar lugar a su concentración en bancos más grandes, contribuyendo de esta forma a ampliarlos aún más. Este resultado no está en consonancia con la finalidad de reducir los problemas que comportan los bancos considerados demasiado grandes para quebrar. Se puede optar por transferir esas actividades de negociación al sector bancario en la sombra. Una evolución semejante requeriría un seguimiento estricto de las consecuencias no previstas y, en caso de que sean significativas, puede que se requiera la adopción de medidas específicas de respuesta.

4. Cláusula de excepción

El artículo 21 del reglamento propuesto establece que, a instancia de un Estado miembro, la Comisión podrá autorizar una excepción a las disposiciones de separación en el caso de entidades de crédito sujetas a legislación nacional de «efectos equivalentes» a las disposiciones del reglamento propuesto.

En el preámbulo del reglamento propuesto se observa con acierto que la falta de coherencia entre las legislaciones nacionales tendría por efecto limitar la eficacia del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), pues el BCE tendría que aplicar toda una serie de legislaciones diferentes y divergentes a las entidades de crédito que estén bajo su supervisión, con el consiguiente aumento de los costes y la complejidad de la supervisión (33). El BCE comparte totalmente esta preocupación y teniendo en cuenta tales consideraciones no se debería incluir una excepción al régimen general (34). La excepción no es compatible con el objetivo de crear unas condiciones de igualdad y puede sentar un precedente de cara a futuras cláusulas de excepción en otros ámbitos de legislación de la Unión. Ello afectaría a la integración del mercado único y obstaculizaría los objetivos que intenta lograr el reglamento propuesto (35). Además, el amplio ámbito de aplicación de la cláusula de excepción podría no ser coherente con la forma jurídica de un reglamento y con la base legal del reglamento propuesto de conformidad con el artículo 114 del Tratado.

5. Cooperación entre la autoridad competente y la autoridad de resolución

Las medidas estructurales incluidas en el reglamento propuesto pretenden sentar las bases para la resolución y el rescate de las entidades financieras, vinculando intrínsecamente ambos procesos. Consecuentemente, el reglamento propuesto establece la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades de resolución pertinentes en las diferentes etapas de la evaluación efectuada por la autoridad competente y la aplicación de medidas estructurales (36). Antes de adoptar la decisión de separar una actividad de negociación, la autoridad competente que tenga la facultad de exigir la separación lo deberá notificar a las autoridades de resolución pertinentes. Asimismo, en la evaluación de la necesidad de separación se deberá tener en cuenta toda evaluación de la viabilidad de la resolución, ya existente o en curso. Finalmente, las medidas de separación tienen que ser coherentes con las medidas impuestas tanto en el contexto del proceso de revisión y evaluación supervisora como en el de las evaluaciones de la viabilidad de la resolución.

A la hora de elaborar un plan de resolución operativa para un grupo o una entidad de crédito, es esencial eliminar los impedimentos a la viabilidad de la resolución. Como ya ha señalado el BCE con anterioridad, si bien la consulta con el supervisor es suficiente en lo que respecta a la propia evaluación, las medidas para eliminar los impedimentos a la viabilidad de la resolución deben determinarse y aplicarse de manera conjunta en cooperación con el supervisor (37). En la adopción de las medidas apropiadas para incrementar la viabilidad de la resolución de un grupo o una entidad de crédito, como los cambios en las prácticas, la estructura y la organización empresariales, se deberá tomar debidamente en consideración el efecto de tales medidas sobre la solvencia y la estabilidad de los negocios en curso de la entidad. Esta es una consideración pertinente para la autoridad competente. El aumento de la viabilidad de la resolución de los bancos, al tiempo que se preservan los servicios financieros esenciales en la economía en su conjunto, es también un objetivo clave del proceso de supervisión que se deberá tratar de llevar a efecto a través de las medidas incluidas en el reglamento propuesto. Por consiguiente, las autoridades competentes y las autoridades de resolución cooperarán de manera estrecha en ambos procesos.

Uno de los objetivos del reglamento propuesto es facilitar la resolución ordenada y el rescate de los grupos de entidades (38). Sin embargo, los objetivos del reglamento propuesto a la hora de disponer la imposición de medidas estructurales no son idénticos a los objetivos de la evaluación de la viabilidad de la resolución. Por lo tanto, las diversas medidas estructurales establecidas en el reglamento propuesto son diferentes del conjunto de medidas encaminadas a eliminar los impedimentos a la viabilidad de la resolución dispuesta en el marco de resolución de la Unión recientemente adoptado (39). Por consiguiente, el BCE entiende que incluso en el caso de que la evaluación de la viabilidad de la resolución efectuada en el contexto de la planificación de la resolución no haya identificado impedimentos sustantivos a su viabilidad, la autoridad competente podrá, sin embargo, determinar la necesidad de imponer medidas estructurales de conformidad con el reglamento propuesto que faciliten el rescate y la resolución de las entidades complejas (40). Debe aclararse a este respecto que si bien la autoridad competente debe tener en cuenta la evaluación de la viabilidad de la resolución, ya existente o en curso, las conclusiones de dicha evaluación no deben menoscabar en modo alguno el ejercicio de sus facultades de conformidad con el reglamento propuesto, en particular cuando determine que se cumplen los criterios para la imposición de la separación (41).

6. Facultades sancionadoras

Si bien el reglamento propuesto es directamente aplicable en toda la Unión, algunas de sus disposiciones requieren para su ejecución la adopción de medidas de aplicación por los Estados miembros (42). Como se considera que el BCE es una autoridad competente para el fin exclusivo de llevar a cabo las funciones que le atribuye, entre otros, el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (UE) no 1024/2013, y como las funciones especificadas en el reglamento propuesto son similares a las ya atribuidas al BCE en la letra i) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (UE) no 1024/2013, el BCE debería también ejercer las facultades sancionadoras pertinentes de conformidad con el marco establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) no 1024/2013. Esta cuestión debe aclararse en el preámbulo del reglamento propuesto y, para evitar dudas, en el artículo 28 (43). Entre las competencias atribuidas al BCE no se incluye la facultad para sancionar a las personas físicas ni para imponer sanciones no pecuniarias. Asimismo, es necesario conformar el nivel de las sanciones pecuniarias establecidas en el reglamento propuesto con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (44). Además, la facultad de suspender una autorización es una medida especialmente nueva prevista en el reglamento propuesto (45). El BCE sugiere eliminar esta sanción del reglamento propuesto a fin de evitar problemas de carácter jurídico.

Finalmente, con respecto al uso del término «las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas» incluido en el reglamento propuesto, en la práctica resultará muy difícil probar exactamente su cuantía. La sanción prevista en la letra b) del apartado 4 del artículo 28 del reglamento propuesto tiene en cuenta las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas, ya que señala su restitución como una de las posibles sanciones. En la letra d) del apartado 1 del artículo 29, entre las circunstancias que las autoridades tienen que considerar a la hora de determinar el tipo y el nivel de las sanciones se incluye la «magnitud» de las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas. El BCE sugiere sustituir ese término, en ambos casos, por la estimación de las autoridades competentes de las ganancias y las pérdidas que se hayan obtenido o evitado como consecuencia de la infracción (46).

Hecho en Fráncfort del Meno el 19 de noviembre de 2014. El Presidente del BCE Mario DRAGHI

(1) COM(2014) 43 final.

(2) El reglamento propuesto no precisará medidas de implementación nacional salvo respecto de unas cuantas disposiciones. Véase el apartado 6 del presente dictamen en lo que respecta al marco sancionador.

(3) Véase COM(2014) 43 final, p. 5.

(4) Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

(5) Véase el considerando 8 del reglamento propuesto.

(6) De acuerdo con el artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

(7) De conformidad con el artículo 3 del reglamento propuesto los umbrales son los siguientes: a) activos por un valor total de al menos 30 000 millones EUR; y b) actividades de negociación que representen al menos 70 000 millones EUR o el 10 por ciento del total de sus activos.

(8) Véase el considerando 13 del reglamento propuesto.

(9) Véanse las modificaciones 7a y 18a propuestas en el anexo del presente dictamen.

(10) Véase la 19a modificación propuesta en el anexo del presente dictamen.

(11) Véase la 23a modificación propuesta en el anexo del presente dictamen.

(12) Véase el apartado 4 del artículo 5 del reglamento propuesto.

(13) Véase el anexo A6 de la evaluación de impacto de la Comisión (parte 3 de 3), p. 58. De los pocos bancos que en la consulta pública presentaron pruebas cuantitativas, ninguno de ellos indicó haber obtenido algún ingreso considerable de la negociación por cuenta propia.

(14) Véase el artículo 6 del reglamento propuesto.

(15) Véase el apartado 3.3 del presente dictamen.

(16) Véase la evaluación de impacto de la Comisión, sección 5.3.1.1.

(17) Véase el apartado 4 del artículo 5 del reglamento propuesto.

(18) Véase la 5a modificación propuesta en el anexo del presente dictamen.

(19) Véase la 23a modificación propuesta en el anexo del presente dictamen.

(20) Véase el artículo 9 del reglamento propuesto.

(21) Véase el apartado 1 del artículo 10 del reglamento propuesto.

(22) Como dice el considerando 23 del reglamento propuesto.

(23) Véanse el apartado 3 del artículo 10 y el considerando 23 del reglamento propuesto.

(24) Véanse las modificaciones 2a y 10a a 15a propuestas en el anexo del presente dictamen.

(25) Véase el párrafo tercero del apartado 3 del artículo 10 del reglamento propuesto.

(26) Véase la 8a modificación propuesta en el anexo del presente dictamen.

(27) Véase la 9a modificación propuesta en el anexo del presente dictamen.

(28) Véase la 12a modificación propuesta en el anexo del presente dictamen.

(29) Véanse las modificaciones 14a y 15a propuestas en el anexo del presente dictamen.

(30) Véase la 6a modificación propuesta en el anexo del presente dictamen.

(31) Reglamento (UE) no 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago (DO L 86 de 24.3.2012, p. 1).

(32) Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).

(33) Como dice el considerando 8 del reglamento propuesto.

(34) Véanse las modificaciones 1a y 17a propuestas en el anexo del presente dictamen.

(35) Véanse, por ejemplo, el considerando 7 y el artículo 1 del reglamento propuesto.

(36) Artículo 19 del reglamento propuesto.

(37) Dictamen CON/2013/76, apartado 2.5. Todos los dictámenes se publican en la dirección del BCE en internet: www.ecb.europa.eu

(38) Letra g) del artículo 1 del reglamento propuesto.

(39) Véanse en particular los artículos 17 y 18 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) no 1093/2010 y (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190) y el artículo 10 del Reglamento (UE) no 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) no 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1).

(40) Véase la evaluación de impacto de la Comisión, sección 5.3.1.1.

(41) Véase la 16a modificación propuesta en el anexo del presente dictamen.

(42) La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que algunas disposiciones de un Reglamento pueden requerir, para su ejecución, la adopción de medidas de aplicación ya sea por los Estados miembros, ya sea por el propio legislador de la Unión. Véanse a tal fin los apartados 32 y 33 del asunto C-367/09 SGS Belgium y otros [2010] Rec. I-10761.

(43) Véanse las modificaciones 4a y 21a propuestas en el anexo del presente dictamen.

(44) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

(45) Véase el artículo 28 del reglamento propuesto.

(46) Véase la 22a modificación propuesta en el anexo del presente dictamen.