En tiempos difíciles, las personas más vulnerables son las que se ven más duramente afectadas. Otro importante ámbito de interés para la UE en 2016 fue abordar la situación de la migración, garantizando en particular la protección del derecho de asilo (artículo 18 de la Carta) y el respeto del principio de no devolución (artículo 19 de la Carta). Tras su Comunicación sobre la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) en abril de 2016, la Comisión propuso modificaciones de las normas existentes destinadas a:

Promover la alfabetización mediática, el pensamiento crítico y un discurso equilibrado desde la base son otras acciones clave que la UE está apoyando para luchar contra la intolerancia dentro y fuera de internet, junto con las medidas educativas (véase el apartado 4). 2.2. Garantizar el respeto de los derechos fundamentales Las instituciones, los órganos, las oficinas y las agencias de la Unión deben cumplir la Carta en todas sus acciones; cualquier caso de incumplimiento podrá presentarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Comisión ha hecho un gran esfuerzo por integrar transversalmente los derechos fundamentales, esto es, garantizar que se respeten plenamente en todas sus propuestas legislativas y políticas. La nueva Directiva sobre la lucha contra el terrorismo, sobre la que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo en diciembre de 2016 , es un buen ejemplo de esta integración. Aquella incluye una cláusula explícita –la primera de este tipo– sobre derechos fundamentales, y, al mismo tiempo, se tuvieron en cuenta varios aspectos de los derechos fundamentales durante los procesos de redacción y negociación, incluida la necesidad y proporcionalidad de las interferencias con los derechos de libertad de circulación, protección de datos y libertad de expresión (artículos 45, 8 y 11 de la Carta). Asimismo, se tuvieron debidamente en cuenta los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas (artículo 49 de la Carta) y los derechos de las víctimas, incluido el derecho a una tutela judicial efectiva (artículo 47 de la carta). La evaluación a posteriori de la Directiva también cubrirá su impacto en los derechos y las libertades fundamentales. La Comisión adoptó en 2016 una propuesta de actualización del Reglamento relativo al control de las exportaciones de la UE para productos sensibles (de doble uso) . El Reglamento proporciona un marco sólido para el control de las exportaciones de tecnología de cibervigilancia cuando exista riesgo de que se utilice de manera indebida con el fin de cometer violaciones graves de los derechos humanos o del Derecho humanitario internacional. Además, sobre la base de la propuesta de la Comisión, se reforzaron las normas de la UE que prohíben las exportaciones e importaciones de productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte o infringir tortura en otros países, mediante la adopción en noviembre de una modificación del Reglamento contra la tortura . La integración transversal se amplía a otros ámbitos como el uso de la financiación de la UE. En 2016, la Comisión adoptó orientaciones para garantizar el respeto de la Carta en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos por los Estados miembros. En cuanto a la migración, en el contexto de la investigación conjunta del Defensor del Pueblo Europeo en relación con la evaluación del impacto en los derechos humanos de la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016, la Comisión afirmó que continuaría vigilando atentamente la aplicación de la Declaración, en particular en relación con el respeto de los derechos humanos, tanto en la UE como en Turquía . La adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos sigue siendo una prioridad de la Comisión, especialmente en vista de su obligación legal en virtud del Tratado. Esta adhesión reforzará nuestros valores comunes, mejorará la eficacia del Derecho de la UE y mejorará la coherencia de la protección de los derechos fundamentales en la UE. Sin embargo, el dictamen del TJUE de diciembre de 2014 (que declaraba el proyecto de Acuerdo de adhesión de 2013 incompatible con los Tratados) planteó una serie de interrogantes significativos y complejos que exigen que se renegocie el proyecto en varios puntos. La Comisión, en tanto que negociadora de la UE, está explorando soluciones para abordar las diferentes cuestiones planteadas por el Tribunal en el grupo de trabajo pertinente del Consejo. 2.3. Aumentar la sensibilización con respecto a la Carta Con el fin de gozar plenamente de sus derechos fundamentales, los ciudadanos deben saber cuáles son. También deben saber a quién dirigirse cuando se violan sus derechos. En octubre de 2016, la Comisión lanzó el asistente de derechos fundamentales (fundamental rights wizard en inglés) , una herramienta en línea que ayuda a las personas en este sentido. En la conferencia organizada por la Presidencia neerlandesa en febrero de 2016 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en las legislaciones nacionales, se presentaron una serie de buenas prácticas y herramientas para ayudar a las autoridades nacionales a evaluar cómo y cuándo aplicar la Carta en el desarrollo de políticas y leyes nacionales. Además, la Comisión utiliza la financiación de la UE para el apoyo de proyectos y redes que analizan la jurisprudencia nacional que hace referencia a la Carta y que ofrecen formación a los profesionales del Derecho sobre su aplicación. Como continuación del Informe sobre la aplicación de la Carta de la Comisión de 2015, el Consejo adoptó conclusiones sobre la aplicación de la Carta en junio y el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en diciembre . Los debates en el Consejo y el Parlamento Europeo contribuyeron a una mayor sensibilización sobre el desarrollo y los retos en materia de derechos fundamentales en la UE. 2.4. Control de las instituciones de la EU por el Tribunal de Justicia En los asuntos acumulados Ledra Advertising y Mallis and Malli , el Tribunal desestimó en apelación los recursos de anulación y de indemnización presentados por ciudadanos y empresas con motivo de la reducción del valor de sus depósitos en dos bancos en Chipre, que había sido acordada en virtud del memorando de entendimiento de 2013 entre las autoridades chipriotas y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. El Tribunal subrayó que la Carta se aplica a las instituciones de la UE incluso cuando actúan fuera del marco jurídico de la UE. Señaló que la Comisión debe garantizar que los memorandos de entendimiento respeten los derechos fundamentales en virtud de la Carta. La restricción del derecho a la propiedad (artículo 17 de la Carta) se justificó en vista del objetivo perseguido, esto es, la estabilidad del sistema bancario de la zona del euro en su conjunto y el riesgo inminente de pérdidas financieras al que los depositantes habrían estado expuestos si los dos bancos hubieran quebrado. Por lo tanto, concluyó que no se podía considerar que la Comisión hubiera contribuido al incumplimiento de la Carta. 3. Aplicación de la Carta por los Estados miembros y en estos

3.1. Evolución de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho

La Carta solo vincula a los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la UE. Los procedimientos de infracción contra los Estados miembros en relación con el incumplimientos de la Carta solamente pueden incoarse, por tanto, cuando se establece un vínculo suficiente con el Derecho de la UE.

No obstante, incluso no aplican directamente el Derecho de la UE, los Estados miembros están obligados a respetar los valores en los que se basa la Unión. En particular, el Estado de Derecho es una condición previa para la protección de los derechos humanos. En 2014, la Comisión introdujo un marco destinado a afrontar situaciones de amenazas sistémicas emergentes para el Estado de Derecho que no pueden abordarse de manera eficaz con las garantías a nivel nacional o los instrumentos existentes (en particular los procedimientos de infracción) a nivel de la UE .

Lo sucedido en Polonia en relación, especialmente, con el Tribunal Constitucional llevó a la Comisión a adoptar una Recomendación en julio de 2016 y una Recomendación complementaria en diciembre de 2016 en virtud de este marco. El hecho de que la legitimidad, la integridad y el funcionamiento adecuado del Tribunal Constitucional se vean afectados negativamente impide que haya un control constitucional eficaz. Afrontar esta situación es una cuestión de interés común. El funcionamiento mismo de la Unión está en peligro si el Estado de Derecho deja de respetarse en sus Estados miembros.