Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009//110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE /* COM/2013/0547 final - 2013/0264 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. Contexto de la propuesta Motivación y objetivos de la propuesta El mercado de pagos electrónicos en Europa brinda grandes oportunidades de innovación. Los consumidores ya han modificado sensiblemente sus hábitos de pago en los últimos años. Aparte del número cada vez mayor de pagos efectuados mediante tarjetas de débito o de crédito, la expansión del comercio electrónico y la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes han dado paso a la emergencia de nuevos medios de pago. Las ventajas de una mayor integración del mercado y una menor fragmentación en este ámbito a escala europea son considerables. La presente iniciativa permitirá a los consumidores y comerciantes obtener pleno provecho del mercado interior, especialmente en lo que respecta al comercio electrónico. El objetivo de la propuesta es contribuir a un mayor desarrollo del mercado europeo de pagos electrónicos, lo que permitirá a los consumidores, los minoristas y otros agentes del mercado aprovechar plenamente las ventajas del mercado interior de la UE, en consonancia con la Estrategia Europa 2020 y la Agenda Digital. Esta mayor integración se hace cada vez más importante, a medida que el mundo sustituye el comercio físico por una economía digital. Para lograrlo y favorecer más la competencia, la eficiencia y la innovación en el ámbito de los pagos electrónicos, debe existir claridad jurídica y condiciones de competencia equitativas, lo que redundará en la convergencia a la baja de los costes y precios que soportan los usuarios de los servicios de pago, y en mayores posibilidades de elección y transparencia en los servicios de pago, y facilitará la prestación de servicios de pago innovadores, a la vez que se garantiza la seguridad de los servicios de pago. Estos objetivos se lograrán actualizando y completando la normativa vigente en materia de servicios de pago; estableciendo normas que aumenten la transparencia, la innovación y la seguridad en el ámbito de los pagos minoristas, e incrementando la coherencia entre las disposiciones nacionales, con especial hincapié en las necesidades legítimas de los consumidores. Las disposiciones propuestas pretenden lograr esto de una forma que resulte tecnológicamente neutra y que mantenga su validez a medida que los servicios de pago vayan evolucionando. La presente propuesta incorpora en ella, y a la vez deroga, la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[1] («Directiva sobre servicios de pago» o «DSP»), que fija las bases de un marco jurídico armonizado para la creación de un mercado de pagos integrado, de modo que aumenta la equidad en las condiciones de competencia y facilita en mayor medida el acceso de todos los interesados al actual marco regulador de los pagos. En un momento en el que la distinción entre entidades de pago (sujetas a la DSP) y entidades de dinero electrónico (sujetas a la Directiva 2009/110/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo[2], esto es, la Segunda Directiva sobre dinero electrónico) es cada vez más difusa, por la convergencia de la tecnología y los modelos de negocio, la solución óptima consistiría en modernizar plenamente el marco referente a los pagos digitales, fusionando las dos categorías de agentes y las respectivas legislaciones. Ahora bien, esto exige revisar previamente la Directiva sobre dinero electrónico, a fin de garantizar un marco regulador coherente. Lamentablemente, al haber transpuesto muchos Estados miembros la Directiva sobre dinero electrónico con demora, la experiencia adquirida en relación con esta Directiva no basta para hacer una evaluación conjunta con la DSP y determinar posibles sinergias de cara a la revisión. Está previsto revisar la Directiva 2009/110/CE en 2014. Contexto general En los últimos doce años se han registrado importantes avances en el sector de los pagos minoristas y en su integración en la UE, gracias al actual acervo regulador y legislativo en materia de pagos. El marco jurídico establecido por la DSP, el Reglamento (CE) nº 924/2009[3] y la Segunda Directiva sobre dinero electrónico ha permitido ya grandes avances en la integración de los mercados de pagos minoristas europeos. El Reglamento (UE) nº 260/2012[4], que establece la fecha límite de migración a la SEPA, dio un paso más en ese proceso al fijar plazos de migración de las transferencias y los adeudos domiciliados paneuropeos, en sustitución de los regímenes nacionales aplicables a los pagos nacionales y transfronterizos en euros dentro de la UE (1 de febrero de 2014 en la zona del euro). Este marco regulador se completa con la jurisprudencia del TJE y las decisiones de la Comisión, en el ámbito del Derecho de competencia, en materia de pagos minoristas. El mercado de pagos minoristas es muy dinámico y ha estado sometido a un marcado ritmo de innovación en los últimos años. Al mismo tiempo, importantes segmentos del mercado de pagos, especialmente las tarjetas y los nuevos medios de pago, como pueden ser los pagos por internet y los pagos móviles, siguen estando, a menudo, fragmentados por las fronteras nacionales, lo que dificulta el desarrollo eficiente de servicios de pago digitales innovadores y de fácil uso e impide ofrecer, a escala paneuropea, a los consumidores y minoristas métodos de pago cómodos y seguros (a excepción, quizás, de las tarjetas de crédito) que permitan adquirir una gama de bienes y servicios siempre en aumento. Recientes acontecimientos en estos mercados han puesto de relieve una serie de lagunas del actual marco jurídico aplicable a los pagos, y deficiencias en los mercados de pagos con tarjeta, por internet o a través de comunicaciones móviles, que deben abordarse en la presente propuesta. La revisión del marco europeo, y concretamente de la Directiva sobre servicios de pago, y la consulta sobre el Libro Verde de la Comisión titulado «Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles»[5] en 2012 han llevado a la conclusión de que es preciso adoptar nuevas medidas y actualizar la normativa, en particular la DSP, a fin de que el marco aplicable a los servicios de pago responda mejor a las necesidades de un mercado de pagos europeo eficaz y contribuya plenamente a crear condiciones que impulsen la competencia, la innovación y la seguridad en el sector de los pagos. En la Comunicación de la Comisión titulada «Acta del Mercado Único II — Juntos por un nuevo crecimiento», de 2012[6], se consideraba que la modernización del marco regulador de los pagos minoristas era una prioridad absoluta, dado su potencial para generar crecimiento e innovación. La revisión de la DSP y la elaboración de una propuesta legislativa sobre las tasas multilaterales de intercambio para los pagos con tarjeta figuraban entre las actuaciones clave que debía emprender la Comisión en 2013. Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta La presente iniciativa forma parte de un paquete más amplio de medidas legislativas sobre servicios de pago. Con ella se completará y actualizará el actual marco jurídico de los servicios de pago en la UE, y en particular: – la Directiva 2007/64/CE, que crea un marco jurídico armonizado de manera que los pagos puedan realizarse más rápida y fácilmente en toda la UE, impulsando una mayor competencia en el ámbito de los sistemas de pago y favoreciendo las economías de escala; también facilita la implementación operativa de la zona única de pagos en euros (SEPA); – el Reglamento (CE) nº 924/2009, relativo a los pagos transfronterizos, que deroga el Reglamento (CE) nº 2560/2001 y amplía el ámbito de aplicación del Reglamento a los adeudos domiciliados; el Reglamento elimina las diferencias entre las comisiones cobradas a los usuarios de servicios de pago por los pagos nacionales y transfronterizos efectuados en euros en la Unión Europea y se aplica a todos los pagos procesados por medios electrónicos. – el Reglamento (UE) nº 260/2012, que fija plazos para la migración de las transferencias y los adeudos domiciliados paneuropeos y sustituye a los regímenes nacionales que se aplican a los pagos nacionales y transfronterizos efectuados en euros en la Unión Europea; – la Directiva 2009/110/CE, sobre el dinero electrónico, que establece el marco jurídico para la emisión y el reembolso de dinero electrónico y adapta el régimen prudencial de las entidades de dinero electrónico a los requisitos establecidos en la DSP respecto de las entidades de pago; – el Reglamento (CE) nº 1781/2006, que establece normas en virtud de las cuales los proveedores de servicios de pago deben enviar información sobre el ordenante a través de la cadena de pago con fines de prevención, investigación y detección del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además del marco legislativo, una serie de procedimientos de competencia instruidos en el ámbito europeo o nacional han abordado las prácticas contrarias a la competencia en el mercado de pagos. Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión Los objetivos de la propuesta son plenamente coherentes con las políticas de la UE y los objetivos que persigue la Unión. De entrada, la presente propuesta mejorará el funcionamiento del mercado interior de los servicios de pago y, más en general, de todos los bienes y servicios, habida cuenta de la necesidad de disponer de medios de pago innovadores, eficientes y seguros. Al facilitar las operaciones económicas dentro de la Unión, se estará contribuyendo también al logro de los objetivos más generales de la Estrategia Europa 2020 y al fomento de un nuevo crecimiento. En segundo lugar, la presente iniciativa respalda políticas de la UE en otros ámbitos, por ejemplo, en materia de protección de datos, sanciones administrativas, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, más concretamente: – las iniciativas legislativas de la Comisión relativas a la Agenda Digital para Europa[7] y, en particular, su propuesta de marco jurídico relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas[8] y su propuesta relativa a las medidas destinadas a garantizar un alto nivel de seguridad de las redes y la información en el seno de la Unión[9], así como las principales prioridades determinadas en la Comunicación sobre el comercio electrónico y los servicios en línea[10], destinadas a lograr un mercado único digital; – los esfuerzos de la Comisión por aumentar la competencia mediante el establecimiento de iguales obligaciones, derechos y oportunidades para los agentes del mercado y la facilitación de la prestación transfronteriza de servicios de pago; – la propuesta legislativa de la Comisión relativa a las tasas de intercambio aplicables a las operaciones de pago con tarjeta y a determinadas normas y prácticas comerciales restrictivas, elaborada al mismo tiempo y en estrecha coordinación con la presente propuesta; – la Directiva 2011/83/UE, sobre los derechos de los consumidores[11], que tiene por objeto promover un auténtico mercado interior de las transacciones entre empresas y consumidores y alcanzar un equilibrio adecuado entre un elevado nivel de protección de los consumidores y la competitividad de las empresas, limitando la discrecionalidad de los comerciantes para cobrar gastos por el uso de instrumentos de pago a los costes soportados. 2. Consulta de las partes interesadas y evaluación de impacto Consulta de las partes interesadas El 11 de enero de 2012, la Comisión Europea publicó un Libro Verde titulado «Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles»[12], que fue seguido de una amplia consulta pública. La Comisión recibió más de trescientas respuestas procedentes de autoridades, de la sociedad civil, de federaciones empresariales y de empresas de diferentes sectores, lo que representa un amplio abanico de partes interesadas. Al margen de la consulta, se recibieron otras observaciones, documentos de opinión y contribuciones. Las extensas y detalladas contribuciones de los interesados[13] aportaron información pertinente sobre algunos cambios recientes y sobre posibles modificaciones necesarias de la normativa vigente en materia de pagos. El 4 de mayo de 2012, tuvo lugar, en el mismo contexto, una audiencia pública a la que asistieron unos 350 interesados. El 20 de noviembre de 2012, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el Libro Verde titulado «Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles»[14]. La Resolución reconoce los objetivos y los obstáculos a la integración señalados en el Libro Verde e insta a la adopción de medidas legislativas en distintos ámbitos relativos a los pagos con tarjeta, propugnando mayor prudencia por lo que se refiere a los pagos móviles y por internet, en razón del menor grado de madurez de esos mercados. Pide, asimismo, que se reforme el modelo de gobernanza de la zona única de pagos en euros (SEPA). De los resultados de la consulta cabe inferir la necesidad de efectuar importantes ajustes normativos del marco vigente, con vistas a reforzar la eficacia del mercado de pagos europeo y contribuir a crear condiciones que impulsen la competencia, la innovación y la seguridad en el sector de los pagos. Utilización de asesoramiento técnico En relación con el examen de la DSP y del Reglamento relativo a los pagos transfronterizos en el mercado interior, y la posible necesidad de una revisión de ambos textos jurídicos, la Comisión emprendió otros trabajos destinados a recabar datos sobre el terreno y a asegurar la implicación sin reservas de las distintas partes interesadas. El proceso de examen del impacto de la DSP y el Reglamento relativo a los pagos transfronterizos en el mercado interior llevado a cabo por la Comisión se ha basado en dos estudios externos ad hoc. Estos estudios han proporcionado a la Comisión una visión muy completa de las consecuencias económicas y jurídicas que se derivan de la DSP. El primer estudio, realizado por la empresa de consultoría Tipik en 2011, evaluó la conformidad jurídica de la transposición de la DSP en los 27 Estados miembros[15]. En el transcurso de 2012, un segundo estudio elaborado por London Economics e IFF, en asociación con PaySys, analizó la incidencia de la DSP en el mercado interior y la aplicación del Reglamento relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad. Se recabaron asimismo contribuciones de los Estados miembros y de agentes pertinentes del mercado a través de los comités consultivos de la Comisión en materia de política de pagos, esto es, el Comité de Pagos (integrado por representantes de los países de la UE) y el Grupo de Expertos en el Mercado de Sistemas de Pago (integrado por representantes del mercado, tanto del lado de la oferta como del de la demanda). La Comisión consultó además a otros interesados pertinentes sobre cuestiones concretas, en función de las necesidades. Evaluación de impacto La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto[16], en la que analizó las posibles consecuencias de la ausencia de un mercado de pagos europeo integrado. Se examinaron, en particular, las siguientes fuentes de problemas: – Aplicación heterogénea de las normas vigentes entre los Estados miembros, debido al gran número de opciones y a criterios de aplicación con frecuencia excesivamente generales. Concretamente, determinadas exenciones previstas en la DSP resultan demasiado generales o han quedado desfasadas con respecto a la evolución del mercado y se interpretan de manera muy diferente. También se observan lagunas en el ámbito de aplicación cuando uno de los componentes de la operación de pago está localizado fuera del EEE o cuando se trata de pagos en divisas de fuera de la UE, lo que da lugar a una continua fragmentación del mercado, a un arbitraje regulador y al falseamiento de la competencia. – Vacío legal para determinados proveedores de servicios por internet de reciente aparición, como proveedores terceros que ofrecen servicios de iniciación de pagos basados en la banca en línea. Estos servicios representan una alternativa viable y a menudo más barata que los pagos con tarjeta, que atrae también a los consumidores que no disponen de tarjetas. La mayoría de estos proveedores no están sujetos actualmente al marco jurídico vigente, dado que los fondos no obran en su poder en ningún momento. El vacío legal podría inhibir la innovación e impedir que se creen condiciones adecuadas de acceso al mercado. – Falta de normalización e interoperabilidad entre diferentes soluciones de pago (pagos con tarjeta, por internet o a través de comunicaciones móviles) en diversos aspectos y en distinta medida, sobre todo a escala transfronteriza, exacerbada por deficientes mecanismos de gobernanza del mercado de pagos minoristas de la UE. – Diferencias e incoherencia entre las prácticas de tarificación (gastos cobrados por los comerciantes por la utilización de un determinado instrumento de pago) en los diversos Estados miembros (alrededor de la mitad de los Estados miembros de la UE permite la aplicación de recargos, en tanto que la otra mitad los prohíbe), lo que supone una importante fuente de confusión para los consumidores cuando compran en el extranjero o por internet y genera condiciones de competencia no equitativas. – En el ámbito de las tarjetas de pago, diversas normas y prácticas comerciales restrictivas que falsean la competencia (por lo que se refiere a las tasas multilaterales de intercambio y las normas sobre las posibilidades de elección y la flexibilidad de los comerciantes en relación con la aceptación de tarjetas). Los problemas descritos más arriba tienen repercusiones para los consumidores, los comerciantes, los nuevos proveedores de servicios de pago y el mercado de los servicios de pago en su conjunto. De acuerdo con las conclusiones de la evaluación de impacto, las opciones de actuación más acertadas con respecto a la DSP para mejorar la situación existente, i) facilitando la emergencia de condiciones de competencia equitativas entre los proveedores ya establecidos y los nuevos proveedores de pagos con tarjeta, por internet o a través de comunicaciones móviles, ii) mejorando la eficiencia, la transparencia y la oferta de instrumentos de pago en beneficio de los usuarios de servicios de pago (consumidores y comerciantes), y iii) garantizando un alto grado de protección de estos últimos, serían las siguientes: – reforzar el proyecto SEPA, permitiendo a todos los interesados desempeñar un papel más activo en la concepción y la realización de la política en materia de pagos minoristas (gobernanza); – facilitar la normalización mediante la instauración de un marco de gobernanza adecuado y una implicación más intensa de los organismos europeos de normalización (normalización); – garantizar la seguridad jurídica en lo que se refiere a las tasas de intercambio en los pagos con tarjeta y aportar claridad sobre un modelo empresarial aceptable en el que enmarcar las actuales y futuras iniciativas relativas a los pagos con tarjeta (tasas de intercambio); – suprimir las normas comerciales restrictivas respecto de los pagos con tarjeta que dan lugar a un falseamiento del mercado (medidas de acompañamiento de la regulación de las tasas de intercambio); – armonizar las políticas de los Estados miembros sobre los recargos en consonancia con las decisiones de regulación de las tasas de intercambio (medidas de acompañamiento de la regulación de las tasas de intercambio); – definir las condiciones de acceso a la información sobre la disponibilidad de fondos para proveedores terceros, incluidos los de servicios de iniciación de pagos (ámbito de aplicación de la DSP); – adaptar el ámbito de aplicación y mejorar la coherencia del marco legislativo (ámbito de aplicación de la DSP); – mejorar la aplicación de la actual DSP (medidas de ajuste de la DSP); – reforzar los derechos de los usuarios de servicios de pago y proteger los derechos de los consumidores al hilo de los cambios normativos (ámbito de aplicación de la DSP, medidas de acompañamiento de la regulación de las tasas de intercambio). La evaluación de impacto recibió el dictamen positivo del Comité de Evaluación de Impacto en una audiencia celebrada el 20 de marzo de 2013. De conformidad con las recomendaciones del Comité, se introdujeron diversas modificaciones en el documento, concretamente: – se justifica la urgencia de llevar a cabo una revisión de la Directiva sobre servicios de pago, y se exponen los motivos para regular las tasas multilaterales de intercambio mediante disposiciones legislativas, – se racionaliza la presentación del impacto, centrando el texto principal en los efectos de las opciones más importantes y desplazando a los anexos las cuestiones de menor relevancia, – se explican con mayor claridad las interdependencias existentes entre las diferentes opciones y medidas. La actual propuesta incorpora la mayor parte de las medidas preconizadas, y en particular las que se refieren a los ámbitos ya cubiertos por las actuales disposiciones de la DSP, por ejemplo, el acceso al mercado de los proveedores terceros, los recargos y las normas aplicables a las entidades de pago. Otras medidas, en concreto la regulación de las tasas multilaterales de intercambio y las medidas accesorias, se instrumentarán a través de una propuesta legislativa específica, presentada al mismo tiempo. Algunas de las medidas antes señaladas, por ejemplo las relativas a la participación de los organismos europeos de normalización y la gobernanza de la SEPA, deberían implementarse por medios no legislativos. Es necesario reforzar los mecanismos de gobernanza de la SEPA vigentes –incluida la función del actual Consejo de la SEPA, un órgano rector específico de alto nivel que está copresidido por la Comisión y el Banco Central Europeo y que se ha creado por un período inicial de tres años–, con vistas a incrementar la participación de las partes interesadas en la SEPA. A tal fin, es preciso clarificar el mandato del Consejo de la SEPA, revisar su composición y lograr un mejor equilibrio entre los intereses del lado de la oferta y del lado de la demanda, de tal forma que la Comisión y el Banco Central Europeo reciban un asesoramiento efectivo en cuanto a la orientación futura del proyecto SEPA y que se facilite la creación de un mercado integrado, competitivo e innovador de los pagos minoristas, en particular dentro de la zona del euro. La Comisión trabajará conjuntamente con el Banco Central Europeo para determinar la forma adecuada de abordar las funciones, la composición, la presidencia y el funcionamiento del sistema de gobernanza de la SEPA. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA Base jurídica La presente propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE. Subsidiariedad y proporcionalidad La integración del mercado de pagos electrónicos minoristas en la UE contribuye al objetivo de creación de un mercado interior contenido en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. La integración del mercado es necesaria con objeto de que puedan materializarse plenamente una serie de ventajas para los ciudadanos europeos. Entre estas ventajas se incluye una mayor competencia entre los proveedores de servicios de pago y mayores posibilidades de elección, innovación y seguridad para los usuarios de servicios de pago, especialmente los consumidores. En última instancia, un mercado de pagos integrado facilita el suministro transfronterizo de bienes y servicios y, por ende, contribuye a un auténtico mercado único. La profundidad de la revisión de la Directiva sobre servicios de pago guarda proporción con los problemas que se plantean en la actualidad. Globalmente, la Directiva sigue siendo adecuada al objetivo perseguido; al mismo tiempo, el marco jurídico de la UE debe evolucionar para tener debidamente en cuenta los últimos avances tecnológicos y empresariales en el sector de los pagos minoristas. Por su propia naturaleza, un mercado de pagos integrado, basado en redes que trascienden de las fronteras nacionales, exige un planteamiento a escala de la Unión, pues los principios, normas y procesos aplicables han de ser coherentes en todos los Estados miembros, en aras de la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones para todos los participantes en el mercado interesados. Dada la actual fragmentación del mercado, la actuación individual de los Estados miembros no permitiría alcanzar el objetivo de un mercado de pagos integrado y eficiente en beneficio del comercio de bienes y servicios, tanto nacional como transfronterizo. El enfoque propugnado redunda en beneficio de la consolidación de la zona única de pagos en euros (SEPA) y es coherente con la Agenda Digital, en concreto con la creación, prevista en ella, de un mercado único digital. Además, impulsará la innovación tecnológica y contribuirá a generar crecimiento y empleo, en particular en los sectores del comercio electrónico y móvil. 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La Directiva tiene una incidencia presupuestaria, tal como se indica en la ficha financiera legislativa adjunta a la propuesta. 5. Información adicional Espacio Económico Europeo El acto propuesto es pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo y, por consiguiente, debe hacerse extensivo a su territorio. Documentos explicativos La nueva Directiva propuesta contiene diversas adaptaciones de la Directiva vigente y algunas obligaciones nuevas para los Estados miembros, que cuentan con un margen relativamente amplio de discrecionalidad en cuanto a la manera de incorporar esas obligaciones al Derecho nacional, por ejemplo las nuevas disposiciones en materia de seguridad. Se pide, por tanto, a los Estados miembros que faciliten documentos explicativos en relación con las medidas de transposición que adopten, a fin de permitir a la Comisión identificar mejor las correspondientes medidas nacionales y controlar la correcta transposición de la Directiva. Explicación detallada de la propuesta El breve resumen que figura a continuación pretende facilitar el proceso decisorio, esquematizando las principales modificaciones introducidas en relación con la DSP que se derogará. Artículo 2 – Ámbito de aplicación: Se propone ampliar tanto el ámbito de aplicación geográfico como las monedas cubiertas. Artículo 2, apartado 1: Las disposiciones de la DSP sobre transparencia y requisitos de información se aplicarán también a las operaciones de pago con terceros países, en las que solo uno de los proveedores de servicios de pago esté situado en la Unión Europea, por lo que se refiere a las partes de la operación que se lleven a cabo en la Unión Europea. Artículo 2, apartado 2: Las disposiciones de la DSP sobre transparencia y requisitos de información no se aplicarán solo a las monedas de la UE, como actualmente, sino que se harán extensivas a todas las monedas. Artículo 3 – Exclusiones del ámbito de aplicación: Esta disposición aclara y actualiza las exclusiones del ámbito de aplicación previstas en la Directiva actual en relación con una serie de actividades de pago (o relacionadas con los pagos). Artículo 3, letra b): La exención en favor de los «agentes comerciales» se ha modificado de tal forma que solo se aplique a aquellos que actúen por cuenta bien del ordenante, bien del beneficiario, y no a los que actúen por cuenta de ambos. La exención contenida en la DSP vigente se ha venido utilizando cada vez más respecto de las operaciones de pago procesadas por plataformas de comercio electrónico por cuenta tanto del vendedor (beneficiario), como del comprador (ordenante), lo que supone una desviación con respecto a la finalidad de la exención, cuya aplicación debe, pues, circunscribirse. Artículo 3, letra k): La exención relativa a las «redes limitadas» se ha venido aplicando cada vez más a grandes redes que llevan aparejados elevados volúmenes de pagos y amplias gamas de productos y servicios. Esto se desvía claramente del propósito inicial de la exención, al dejar fuera del marco regulador considerables volúmenes de pagos y crear una desventaja competitiva en detrimento de los agentes del mercado regulados. La nueva definición, que se ajusta a la definición de las redes limitadas establecida en la Directiva 2009/110/CE, contribuirá a reducir estos riesgos. Artículo 3, letra l): La actual exención relativa a las telecomunicaciones (o los contenidos digitales) se redefine con un enfoque más restringido, de forma que se aplique exclusivamente a los servicios de pago auxiliares prestados por proveedores de redes o servicios de comunicación electrónica, como, por ejemplo, los operadores de telecomunicaciones. La exención se aplicará al suministro de contenidos digitales por terceros, con sujeción a ciertos límites fijados en la Directiva. Cabe esperar que la nueva definición establezca condiciones de competencia equitativas entre los diferentes proveedores y responda más eficazmente a las necesidades de protección de los consumidores en el ámbito de los pagos. Supresión del antiguo artículo 3, letra o): La exclusión de la DSP de los servicios de cajeros automáticos ofrecidos por operadores independientes dio lugar a la creación de redes de cajeros automáticos en las que se cobraba a los consumidores elevadas comisiones por retirar dinero. Esta disposición parece haber alentado a las redes de cajeros automáticos existentes y de las que son propietarias entidades bancarias a poner fin a la relación contractual que mantenían con otros proveedores de servicios de pago, con vistas a poder cobrar directamente a los consumidores comisiones más altas. Procede, por tanto, suprimir esta exención. Artículo 9 – Requisitos de salvaguardia: Los requisitos de salvaguardia se racionalizarán y los aplicables a las entidades de pago autorizadas con arreglo a la DSP se armonizarán en mayor medida, reduciendo, en particular, las posibilidades con que cuentan actualmente los Estados miembros de limitar los requisitos de salvaguardia y restringir el número de métodos de salvaguardia posibles, en aras de unas condiciones de competencia más equitativas y de una mayor seguridad jurídica. Artículo 14 – Punto de acceso electrónico europeo a través de la ABE: Un punto único de acceso electrónico fomentará la transparencia de las entidades de pago autorizadas y registradas, puesto que va aparejado a la interconexión de los registros públicos nacionales en toda la Unión. Artículo 27 – Requisitos: Se ampliará la posibilidad de aplicar un «régimen simplificado» a las «pequeñas entidades de pago», de tal manera que englobe un mayor número de pequeñas entidades, dado que algunos Estados miembros han tenido experiencias negativas (p.ej., de insolvencia) con pequeños proveedores de servicios de pago cuya actividades rebasaban el umbral vigente para el régimen de exención. El objetivo es lograr el justo equilibrio, evitando, por un lado, imponer una carga normativa innecesaria a las entidades muy pequeñas y asegurando, por otro, que los usuarios de servicios de pago disfruten de la debida protección. Artículo 29 – Acceso a sistemas de pago: Este artículo precisa las normas en materia de acceso a los sistemas de pago, aclarando para ello las condiciones de acceso indirecto de las entidades de pago a los sistemas de pago designados con arreglo a la Directiva 98/26/CE (Directiva sobre la firmeza de la liquidación), de modo comparable al acceso de que disfrutan las entidades de crédito más pequeñas. Artículo 55, apartados 3 y 4 – Gastos aplicables: Esta norma armonizará en mayor medida las prácticas en materia de aplicación de recargos, teniendo debidamente en cuenta la Directiva 2011/83/UE, sobre los derechos de los consumidores, y la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta, presentada por la Comisión simultáneamente a la presente propuesta. La flexibilidad que ofrece la DSP vigente, que permite a los comerciantes cobrar al ordenante un recargo, ofrecerle una reducción o incitarle de algún otro modo a utilizar los medios de pago más eficientes, con la circunstancia añadida de que los Estados miembros pueden prohibir o limitar tales recargos en su territorio, ha dado lugar a una extremada heterogeneidad del mercado. Trece Estados miembros han hecho uso de la opción de prohibir los recargos, al amparo de la DSP vigente. Los diferentes regímenes existentes en los Estados miembros crean problemas y confusión tanto entre los comerciantes como entre los consumidores, en concreto al vender o comprar por internet productos o servicios en otro Estado miembro. La prohibición de los recargos propuesta está directamente vinculada con la limitación de las tasas de intercambio, prevista en la propuesta antes mencionada de Reglamento sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta. Dada la reducción significativa de las tasas que el comerciante deberá pagar a su banco, los recargos no se justificarán ya en los pagos con tarjetas cuyas tasas multilaterales de intercambio estén reguladas, que representarán más del 95 % del mercado de tarjetas de particulares. Las normas propuestas contribuirán así a que los consumidores tengan una mejor experiencia al pagar con tarjeta en la Unión y utilicen más las tarjetas de pago que el efectivo. En lo que respecta a las tarjetas no sujetas a la regulación de las tasas de intercambio, con arreglo a la propuesta a ese respecto antes mencionada, esto es, las tarjetas de empresas y las tarjetas de sistemas tripartitos, los comerciantes seguirán teniendo la posibilidad de aplicar un recargo, siempre que este se corresponda con el coste real soportado, teniendo debidamente en cuenta la Directiva 2011/83/UE. Artículos 65 y 66 – Responsabilidad del proveedor de servicios de pago y del ordenante por las operaciones de pago no autorizadas: Las modificaciones propuestas racionalizarán y armonizarán en mayor medida las normas en materia de responsabilidad en las operaciones no autorizadas, ofreciendo una protección reforzada de los intereses legítimos de los usuarios de servicios de pago. Salvo en caso de fraude o negligencia grave, el importe máximo que, en cualquier circunstancia, un usuario de servicios de pago podría verse obligado a desembolsar de realizarse una operación de pago no autorizada descenderá del actual importe de 150 EUR a 50 EUR. Se aclarará asimismo que los pagos con retraso no dan necesariamente lugar a devolución. Artículo 67 – Devoluciones por operaciones de pago iniciadas por un beneficiario o a través del mismo: Esta disposición aporta ciertas aclaraciones sobre el derecho a devolución en las operaciones de adeudo domiciliado, adaptándolo a lo previsto en el código normativo del sistema central de adeudos domiciliados de la SEPA (SEPA Core Direct Debit Rulebook), siempre que los bienes o servicios por los que se haya pagado no hayan sido aún consumidos. Con arreglo a las normas actuales, se aplican regímenes de devolución diferentes en lo que respecta a los adeudos domiciliados, dependiendo de que se haya dado una autorización previa, de que el importe supere el importe previsto o de que se haya acordado otro derecho. Artículo 85 – Medidas de seguridad: Las normas propuestas abordan los aspectos de la seguridad y la autenticación, en consonancia con la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las redes y de la información que ha presentado la Comisión. Títulos I a V y anexo I, punto 7 – Inclusión de nuevos servicios y proveedores de servicios que permiten el acceso a las cuentas de pago: La DSP vigente no se aplica a estos agentes, ya que no disponen en ningún momento de los fondos del ordenante o del beneficiario. La actual falta de regulación de estos proveedores terceros ha suscitado, al menos en algunos Estados miembros, ciertas inquietudes en lo tocante a la seguridad, la protección de los datos y la responsabilidad, a pesar de los beneficios potenciales que dichos servicios y proveedores aportan. La propuesta incorpora al ámbito de aplicación de la DSP los proveedores de servicios terceros que ofrecen, en particular, servicios de iniciación de pagos basados en la banca en línea (anexo I, punto 7). Cabe esperar que se promuevan así nuevas soluciones de pago electrónico de bajo coste en internet, garantizando al mismo tiempo un nivel adecuado de seguridad, protección de datos y responsabilidad. Para poder prestar servicios de iniciación de pagos, los proveedores terceros estarían sujetos a obligaciones de autorización o registro y de supervisión, al igual que las entidades de pago (título II). Como los demás proveedores de servicios, tendrán derechos y obligaciones armonizados, debiendo cumplir en particular requisitos de seguridad (artículos 85 y 86). Las normas previstas regularán, en concreto, las condiciones de acceso a información sobre las cuentas (artículo 58) y los requisitos de autenticación (artículo 87) y rectificación de operaciones (artículos 63 y 64), y establecerán un reparto equilibrado de la responsabilidad (artículos 65 y 66). Los nuevos proveedores de servicios de pago se verán beneficiados por este nuevo régimen, con independencia de que dispongan o no, en algún momento, de los fondos del ordenante o del beneficiario. Capítulo 6 – Procedimientos de reclamación y de recurso extrajudicial para la resolución de litigios: Estas disposiciones promoverán el cumplimiento efectivo de la Directiva. Las nuevas medidas actualizan los requisitos en materia de procedimientos de reclamación y recurso extrajudicial y las oportunas sanciones. Artículo 92 – Sanciones: En consonancia con otras propuestas recientes en el sector de servicios financieros, los Estados miembros estarán obligados a adaptar mutuamente sus sanciones administrativas, y a velar por que puedan imponerse medidas y sanciones administrativas adecuadas en caso de infracción de la Directiva y por que estas sanciones se cumplan debidamente. Autoridad Bancaria Europea: La Directiva prevé varios ámbitos en los que se requerirá la colaboración de la ABE, atendiendo a su capacidad para contribuir a un funcionamiento consecuente y coherente de los mecanismos de supervisión (con arreglo al Reglamento (UE) nº 1093/2010). En particular, se pedirá a la ABE que emita directrices y elabore proyectos de normas técnicas de regulación en diversas áreas, por ejemplo para clarificar las normas relativas al «pasaporte» de las entidades de pago que operen en varios Estados miembros, o para asegurar que se establezcan requisitos de seguridad adecuados. 2013/0264 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009//110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[17], Visto el dictamen del Banco Central Europeo[18], Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) En los últimos años, se han realizado importantes progresos de cara a la integración de los pagos minoristas en la Unión, particularmente en el contexto de los actos legislativos de la Unión en materia de pagos, concretamente la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[19], el Reglamento (CE) nº 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo[20], la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[21], y el Reglamento (UE) nº 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo[22]. La Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo[23], vino a completar más el marco regulador de los servicios de pago, al poner un límite específico a la posibilidad de que los minoristas cobren a sus clientes un recargo por el uso de determinados medios de pago. (2) La Directiva 2007/64/CE se adoptó en diciembre de 2007, a partir de una propuesta de la Comisión de diciembre de 2005. Desde entonces, el mercado de pagos minoristas ha experimentado notables innovaciones técnicas, que han dado lugar a un rápido incremento del número de pagos electrónicos y pagos móviles, y a la aparición de nuevos tipos de servicios de pago en el mercado. (3) La revisión del marco regulador de la Unión sobre servicios de pago y, en especial, la evaluación de impacto de la Directiva 2007/64/CE y la consulta relativa al Libro Verde de la Comisión titulado «Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles»[24] han puesto de manifiesto que los cambios habidos plantean grandes desafíos desde el punto de vista normativo. Importantes ámbitos del mercado de pagos, en particular los pagos con tarjeta, pagos por internet y pagos móviles, aparecen aún, a menudo, fragmentados con arreglo a las fronteras nacionales. Muchos productos o servicios de pago innovadores no entran, en su totalidad o en gran parte, en el ámbito de aplicación de la Directiva 2007/64/CE. Además, la Directiva ha demostrado ser en algunos casos, en su ámbito de aplicación y, en particular, en los elementos excluidos del mismo, como determinadas actividades conexas a pagos, demasiado ambigua o general, o simplemente obsoleta, vista la evolución del mercado. Ello ha generado inseguridad jurídica, posibles riesgos de seguridad en la cadena de pago y desprotección de los consumidores en determinados terrenos. Se ha constatado la dificultad de lograr que servicios de pago digitales innovadores y de fácil uso despeguen, de modo que los consumidores y los minoristas puedan disfrutar de métodos de pago eficaces, cómodos y seguros a escala de la Unión. (4) Crear un mercado único integrado de pagos electrónicos es esencial para que los consumidores, los comerciantes y las empresas en general puedan aprovechar plenamente las ventajas del mercado interior, habida cuenta del desarrollo de la economía digital. (5) Resulta oportuno establecer nuevas disposiciones que colmen las lagunas legales y, a la vez, aporten más claridad jurídica y garanticen una aplicación uniforme del marco regulador en toda la Unión. Es preciso garantizar condiciones operativas equivalentes, tanto a los operadores ya existentes en el mercado como a los nuevos, y facilitar que los nuevos medios de pago lleguen a un mayor número de consumidores, así como asegurar una elevada protección del consumidor en el uso de esos servicios de pago en toda la Unión. Se prevé que ello impulsará a la baja los costes y precios que soportan los usuarios de los servicios de pago e incrementará la gama de servicios disponibles y la transparencia de estos. (6) En los últimos años, han aumentado los riesgos de seguridad de los pagos electrónicos, debido a la mayor complejidad técnica de estos, el incesante incremento del volumen de pagos electrónicos en todo el mundo y los nuevos tipos de servicios de pago. Disponer de servicios de pago fiables y seguros es condición esencial para el buen funcionamiento del mercado de servicios de pago, por lo que los usuarios de esos servicios deben gozar de la debida protección frente a tales riesgos. Los servicios de pago son fundamentales para el desarrollo de actividades económicas y sociales vitales y, por consiguiente, los operadores de servicios de pago, tales como las entidades de crédito, se consideran operadores de mercado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 8, de la Directiva [insértese el número de la Directiva sobre seguridad de las redes y de la información (SRI) tras su adopción] del Parlamento Europeo y del Consejo[25]. (7) Además de las medidas generales que deben adoptar los Estados miembros, de acuerdo con la Directiva [insértese el número de la Directiva sobre seguridad de las redes y de la información (SRI) tras su adopción], los riesgos de seguridad de las operaciones de pago deben abordarse también a nivel de los proveedores de servicios de pago. Las medidas de seguridad que deban adoptar estos últimos han de estar en consonancia con los riesgos de seguridad concretos. Procede implantar un mecanismo de notificación periódica, que garantice que los proveedores de servicios de pago faciliten anualmente a las autoridades competentes información actualizada sobre la evaluación de sus riesgos de seguridad y las medidas (adicionales) que hayan adoptado para hacerles frente. Además, a fin de garantizar la reducción al máximo del perjuicio causado, tanto a otros proveedores de servicios de pago y a los sistemas de pago, como puede ser una perturbación importante de estos sistemas, como a los usuarios, es esencial que los proveedores de servicios de pago tengan la obligación de comunicar los incidentes graves de seguridad a la Autoridad Bancaria Europea, sin indebidas demoras. (8) El marco regulador revisado aplicable a los servicios de pago se complementa con el Reglamento [XX/XX/XX], del Parlamento Europeo y del Consejo[26]. Este Reglamento introduce disposiciones sobre el cobro de tasas de intercambio multilaterales y bilaterales en todas las operaciones de los consumidores realizadas con tarjeta de débito y de crédito, así como en los pagos electrónicos y móviles basados en esas operaciones, y restringe la aplicación de determinadas normas comerciales en las operaciones con tarjeta. El citado Reglamento persigue acelerar el logro de un mercado integrado efectivo en el ámbito de los pagos con tarjeta. (9) A fin de evitar distintos enfoques en los diferentes Estados miembros, en detrimento de los consumidores, las disposiciones sobre los requisitos de transparencia y de información que la presente Directiva establece con respecto a los proveedores de servicios de pago deben también aplicarse a las operaciones en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante, o del beneficiario, esté radicado en el Espacio Económico Europeo (EEE) y el otro proveedor de servicios de pago esté radicado fuera del EEE. Procede, igualmente, que las disposiciones sobre transparencia e información se apliquen también a las operaciones en cualquier divisa que tengan lugar entre proveedores de servicios de pago radicados en el EEE. (10) La definición de servicios de pago debe ser tecnológicamente neutra, de modo que en ella tengan cabida futuros nuevos tipos de servicios de pago, garantizando, al mismo tiempo, condiciones operativas equivalentes para los proveedores de servicios de pago existentes y los nuevos. (11) La exención de las operaciones de pago realizadas a través de un agente comercial por cuenta del ordenante o del beneficiario, según prevé la Directiva 2007/64/CE, se aplica de manera muy diversa en los diferentes Estados miembros. Algunos de ellos permiten que se acojan a esa exención las plataformas de comercio electrónico que actúan como intermediarios por cuenta de compradores y vendedores individuales sin posibilidad real de negociar o llevar a cabo la compra o venta de bienes o servicios. Esto escapa del ámbito de aplicación de la exención previsto y puede aumentar los riesgos de los consumidores, al quedar estos proveedores al margen de la protección que ofrece el marco regulador. Las divergencias en la aplicación falsean además la competencia en el mercado de pagos. La definición debe ser más precisa y clara a fin de disipar esos temores. (12) La información procedente del mercado indica que las actividades de pago englobadas en la exención referente a una red limitada comportan, a menudo, pagos de gran magnitud, tanto en volumen como en cuantía, y ofrecen a los consumidores cientos o miles de productos y servicios diferentes, lo que no se ajusta a la finalidad que con la citada exención perseguía la Directiva 2007/64/CE. Ello conlleva un aumento de los riesgos, así como la desprotección jurídica, de los usuarios de los servicios de pago y, en particular, los consumidores, y pone a los operadores del mercado regulados en situación de clara desventaja. Es necesario definir con más precisión el concepto de red limitada, de forma acorde con la Directiva 2009/110/CE, a fin de limitar esos riesgos. Debe considerarse, pues, que un instrumento se utiliza dentro de una red limitada si solo puede emplearse para la adquisición de bienes y servicios en un determinado establecimiento o cadena de establecimientos, o para una serie limitada de bienes y servicios, sea cual sea la localización geográfica del punto de venta. Tales instrumentos podrían incluir las tarjetas de compra, tarjetas de combustible, tarjetas de socio, tarjetas de transporte público, vales de alimentación o vales de servicios específicos, sujetos a veces a un marco jurídico específico en materia fiscal o laboral destinado a promover el uso de tales instrumentos para lograr los objetivos establecidos en la legislación social. En caso de que tal instrumento con fines específicos se convierta en un instrumento con fines más generales, debe dejar de estar excluido del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los instrumentos que puedan utilizarse para comprar en establecimientos de comerciantes afiliados no deben estar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, pues suelen estar pensados para una red de proveedores de servicios que crece constantemente. La exención debe ir unida a la obligación de que los proveedores de servicios de pago potenciales notifiquen las actividades que entren en el ámbito de aplicación de la definición de red limitada. (13) La Directiva 2007/64/CE exime de su ámbito de aplicación a determinadas operaciones de pago, ejecutadas mediante dispositivos de telecomunicación o de tecnologías de la información, cuando el operador de red no actúe únicamente como intermediario en las operaciones digitales de entrega de bienes y servicios realizadas a través de dicho dispositivo, sino que además genere valor añadido. Esta exención permite, en particular, las compras facturadas por el operador, o pago directo a través de la factura telefónica, que, con servicios tales como los de tono de llamada y SMS de tarificación adicional, contribuyen al desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en la venta de contenido digital de escaso valor. La información procedente del mercado no indica que este método de pago, en el que los consumidores confían para pagos de escasa cuantía, se haya convertido en un servicio general de intermediación en los pagos. No obstante, al estar expresada la actual disposición sobre la exención de forma ambigua, se ha aplicado de forma diversa en los distintos Estados miembros. Esto merma la seguridad jurídica tanto de los operadores como de los consumidores y ha dado lugar, en ocasiones, a que otros servicios de intermediación invoquen el derecho a estar exentos de la aplicación de la Directiva 2007/64/CE. Por tanto, se considera oportuno reducir el ámbito de aplicación de esa Directiva, que debe centrarse específicamente en los micropagos por contenidos digitales, como tonos de llamada, salvapantallas, música, juegos, vídeos y aplicaciones. La exención debe aplicarse solo a los servicios de pago prestados como servicios auxiliares a otros servicios de comunicación electrónica (es decir, a la actividad fundamental del operador considerado). (14) De igual modo, la Directiva 2007/64/CE excluía también de su ámbito de aplicación los servicios de pago ofrecidos por los proveedores de cajeros automáticos independientes de bancos o de otros proveedores de servicios de pago. Concebida inicialmente como incentivo para promover la instalación de cajeros automáticos individuales en lugares remotos y escasamente poblados, ya que permitía cobrar comisiones adicionales a las abonadas a los proveedores de servicios de pago que emitían la tarjeta, la disposición no estaba dirigida a proveedores de cajeros automáticos configurados en redes de cientos o incluso miles de cajeros automáticos emplazados en uno o más Estados miembros. El resultado es la inaplicación de la Directiva a una parte cada vez mayor del mercado de cajeros automáticos, con los consiguientes efectos sobre la protección de los consumidores. Además, los proveedores de cajeros automáticos existentes se ven incentivados a rediseñar su modelo de negocio y cancelar la relación contractual habitual con los proveedores de servicios de pago, al objeto de aplicar comisiones más elevadas directamente a los consumidores. Procede, por tanto, suprimir esta exención. (15) Los proveedores de servicios que desean acogerse a una exención en virtud de la Directiva 2007/64/CE a menudo no consultan a las autoridades si sus actividades están incluidas o excluidas del ámbito de aplicación de esa Directiva, sino que se basan en sus propios análisis. Según parece, algunas de las exenciones pueden haber sido utilizadas por los proveedores de servicios de pago para rediseñar sus modelos de negocio de forma que las ofertas de servicios de pago «queden fuera del ámbito de aplicación» de dicha Directiva. Esto puede conllevar un aumento de los riesgos a que están expuestos los usuarios de servicios de pago, y condiciones divergentes para los proveedores de servicios de pago en el mercado interior. Los proveedores de servicios deben, por tanto, tener la obligación de notificar determinadas actividades a las autoridades competentes, a fin de garantizar una interpretación homogénea de las normas en todo el mercado interior. (16) Es importante establecer la obligación de que los proveedores de servicios de pago potenciales notifiquen su intención de prestar servicios en el contexto de una red limitada si el volumen de operaciones de pago sobrepasa un determinado umbral. Las autoridades competentes deben proceder a un examen y adoptar una decisión motivada, a la luz de los criterios establecidos en el artículo 3, letra k), sobre si esos servicios pueden considerarse prestados en el contexto de una red limitada. (17) Las nuevas normas deben seguir el planteamiento adoptado en la Directiva 2007/64/CE y abarcar así todos los tipos de servicios de pago electrónicos. Por tanto, sigue no resultando oportuno que las nuevas normas se apliquen a aquellos servicios en los cuales la transferencia o el transporte de fondos del ordenante al beneficiario se efectúen exclusivamente por medio de billetes de banco y monedas, o cuando la transferencia se realice mediante cheques en papel, letras, pagarés u otros instrumentos en papel, vales en papel o tarjetas extendidas por un proveedor de servicios de pago o por otras partes a fin de poner fondos a disposición del beneficiario. (18) Desde la adopción de la Directiva 2007/64/CE han surgido nuevos tipos de servicios de pago, especialmente en el ámbito de los pagos por internet. En particular, cabe señalar el surgimiento de proveedores de servicios de pago terceros, que ofrecen a los consumidores y los comerciantes los denominados servicios de iniciación de pagos, a menudo sin llegar a tener en su poder los fondos que han de transferirse. Estos servicios facilitan los pagos en el comercio electrónico al proporcionar un soporte lógico que sirve de puente entre el sitio web del comerciante y la plataforma bancaria en línea del consumidor, con el fin de iniciar pagos por transferencia o adeudo domiciliado a través de internet. Los proveedores de servicios de pago terceros ofrecen una alternativa de bajo coste a los pagos con tarjeta tanto a los comerciantes como a los consumidores, y permiten a estos hacer compras en línea aun cuando no posean tarjetas de crédito. Sin embargo, los proveedores de servicios de pago terceros no están actualmente sujetos a la Directiva 2007/64/CE, por lo que no están necesariamente supervisados por una autoridad competente y no se atienen a lo establecido en la Directiva 2007/64/CE. Ello plantea una serie de problemas jurídicos, que van desde la protección de los consumidores, a aspectos relacionados con la seguridad, la responsabilidad, la competencia y la protección de datos. Las nuevas normas deben dar una respuesta al respecto. (19) El envío de dinero constituye un servicio de pago sencillo que se basa, por lo general, en la entrega de efectivo por un ordenante a un proveedor de servicios de pago, que remite el importe correspondiente, por ejemplo, mediante redes de comunicación, a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario. En algunos Estados miembros existen supermercados, comerciantes y otros minoristas que prestan al público un servicio equivalente que permite pagar las facturas de servicios públicos y otras facturas domésticas periódicas. Estos servicios de pago de facturas deben considerarse servicios de envío de dinero, salvo que las autoridades competentes consideren que la actividad corresponde a otro tipo de servicio de pago. (20) Es preciso especificar las categorías de proveedores de servicios de pago que pueden legítimamente prestar servicios de pago en toda la Unión, a saber, las entidades de crédito que aceptan depósitos de los usuarios que pueden utilizarse para financiar operaciones de pago, las cuales deben seguir sometidas a los requisitos prudenciales contemplados en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[27], las entidades de dinero electrónico que emiten dinero electrónico que puede utilizarse para financiar operaciones de pago, las cuales deben seguir sometidas a los requisitos prudenciales contemplados en la Directiva 2009/110/CE, las entidades de pago y las instituciones de giro postal habilitadas para prestar servicios de pago conforme a la legislación nacional. (21) La presente Directiva debe establecer las normas de ejecución de las operaciones de pago cuando los fondos adopten la forma de dinero electrónico, tal como se define en la Directiva 2009/110/CE. La presente Directiva no debe regular, sin embargo, la emisión de dinero electrónico ni modificar la reglamentación en materia de supervisión prudencial de las entidades de dinero electrónico, establecida mediante la Directiva 2009/110/CE. Por consiguiente, las entidades de pago no deben estar autorizadas a emitir dinero electrónico. (22) La Directiva 2007/64/CE ha establecido un régimen prudencial por el que se introduce una licencia única para todos los proveedores de servicios de pago no vinculados a la recepción de depósitos o la emisión de dinero electrónico. A tal fin, la citada Directiva introdujo una nueva categoría de proveedores de servicios de pago, «las entidades de pago», que contemplaba la autorización, sujeta a una serie de requisitos estrictos y exhaustivos, de personas jurídicas no pertenecientes a las categorías existentes, para prestar servicios de pago en toda la Comunidad. De este modo, deben aplicarse en toda la Unión los mismos requisitos a este tipo de servicios. (23) Las condiciones de concesión y mantenimiento de las autorizaciones de las entidades de pago no han variado sustancialmente. Al igual que en la Directiva 2007/64/CE, entre dichas condiciones deben figurar requisitos prudenciales que sean proporcionados con respecto a los riesgos operativos y financieros que afrontan este tipo de entidades en el ejercicio de sus actividades. En este contexto, debe garantizarse un sólido régimen de capital inicial combinado con un capital permanente que pueda configurarse de manera más compleja a su debido tiempo, dependiendo de las necesidades del mercado. Debido a la amplia gama de servicios de pago, la presente Directiva debe permitir emplear diversos métodos, junto con un cierto margen discrecional en el ejercicio de la supervisión, a fin de garantizar que, a igualdad de riesgo, reciban el mismo trato todos los proveedores de servicios de pago. Los requisitos aplicables a las entidades de pago deben reflejar el hecho de que ejercen actividades más especializadas y limitadas, que generan, por tanto, riesgos más limitados y de más fácil supervisión y control que los que se plantean en toda la gama, más amplia, de actividades de las entidades de crédito. En particular, debe prohibirse a las entidades de pago la recepción de depósitos de usuarios, y autorizárseles la utilización de fondos recibidos de los usuarios únicamente a efectos de prestación de servicios de pago. Las necesarias normas prudenciales, entre ellas las referidas al capital inicial, deben adecuarse al riesgo que conlleve el servicio de pago que preste la entidad de pago. Los servicios que permitan únicamente el acceso a cuentas de pago, pero no ofrezcan cuentas, deben considerarse de riesgo medio por lo que atañe al capital inicial. (24) Debe establecerse que los fondos de los clientes se mantengan separados de los fondos de las entidades de pago destinados a otras actividades comerciales. No obstante, parece necesario establecer requisitos de salvaguardia solo cuando la entidad de pago esté en posesión de los fondos de los clientes. Las entidades de pago deben asimismo estar sujetas a requisitos eficaces en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (25) La presente Directiva no debe introducir cambios en las obligaciones de las entidades de pago con respecto a la información contable y la auditoría de cuentas en relación con sus cuentas anuales y consolidadas. Las entidades de pago deben elaborar sus cuentas anuales y consolidadas de conformidad con la Directiva 78/660/CEE del Consejo[28] y, cuando proceda, con la Directiva 83/349/CEE del Consejo[29] y la Directiva 86/635/CEE del Consejo[30]. Las cuentas anuales y las cuentas consolidadas deben ser sometidas a auditoría, a menos que la entidad de pago haya quedado exenta de esta obligación, en virtud de la Directiva 78/660/CEE y, cuando proceda, de las Directivas 83/349/CEE y 86/635/CEE. (26) En los últimos años, con los avances tecnológicos han surgido también una serie de servicios complementarios, tales como los de información sobre cuentas y agregación de cuentas. Estos servicios deben también entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, con el fin de proporcionar a los consumidores una protección adecuada y seguridad jurídica en cuanto a su situación. (27) Los proveedores de servicios de pago, cuando presten uno o varios de los servicios de pago regulados por la presente Directiva, deben mantener en todo momento cuentas de pago que se utilicen exclusivamente para realizar operaciones de pago. A fin de que las entidades de pago puedan prestar servicios de pago, es imprescindible que tengan acceso a cuentas de pago. Los Estados miembros velarán por que ese acceso resulte acorde con el objetivo legítimo al que responde. (28) La presente Directiva debe regular la concesión de créditos por las entidades de pago, es decir, la concesión de líneas de crédito y expedición de tarjetas de crédito, solamente en la medida en que esa actividad esté estrechamente ligada a servicios de pago. Solo si el crédito se concede para facilitar servicios de pago y se trata de un crédito a corto plazo concedido por un período no superior a doce meses, incluso renovable, procede permitir a las entidades de pago que concedan dichos créditos en relación con sus actividades transfronterizas, con la condición de que se refinancien principalmente utilizando los fondos propios de la entidad de pago, y otros fondos procedentes de los mercados de capitales, pero no los fondos depositados por los clientes para operaciones de pago. Lo anterior debe establecerse sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[31], u otra legislación pertinente de la Unión o nacional no armonizada por la presente Directiva sobre las condiciones de concesión de créditos al consumo. (29) En general, el funcionamiento de la cooperación entre las autoridades nacionales competentes responsables de conceder autorizaciones a las entidades de pago, efectuar controles y decidir sobre la posible revocación de dichas autorizaciones ha demostrado ser satisfactorio. Sin embargo, la cooperación entre las autoridades competentes debe reforzarse, tanto con respecto a la información intercambiada, como de cara a una aplicación e interpretación coherentes de la Directiva, en los casos en que las entidades de pago autorizadas deseen prestar servicios de pago en otro Estado miembro distinto del suyo, en el ejercicio del derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios. Debe pedirse a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) que elabore un conjunto de directrices sobre la cooperación y el intercambio de datos. (30) En aras de una mayor transparencia sobre las entidades de pago autorizadas o registradas por las autoridades competentes, así como sus agentes y sucursales, la ABE debe contar con un sitio web que sirva de punto de acceso electrónico europeo e interconecte los registros nacionales. La finalidad de estas medidas debe ser contribuir a la mejora de la cooperación entre las autoridades competentes. (31) En aras de una información más exacta y actualizada, debe exigirse a las entidades de pago que informen a la autoridad competente de su Estado de origen, sin indebidas demoras, de todo cambio que afecte a la exactitud de la información y los elementos aportados en relación con la autorización, en particular nuevos agentes o sucursales, o entidades a las que se externalicen actividades. En caso de duda, las autoridades competentes deben además cerciorarse de que la información recibida sea correcta. (32) Si bien la presente Directiva especifica la serie mínima de facultades de que han de disponer las autoridades competentes para supervisar el cumplimiento por parte de las entidades de pago, dichas facultades han de ejercerse en el respeto de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida privada. Al objeto de ejercer esas facultades, que pueden interferirse gravemente con el derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y las comunicaciones, los Estados miembros deben establecer garantías adecuadas y efectivas frente a posibles abusos o arbitrariedades, por ejemplo, previendo, cuando proceda, la autorización previa de la autoridad judicial del Estado miembro de que se trate. (33) Es importante garantizar que todas las personas que presten servicios de envío de dinero deban cumplir una serie de requisitos legales y reglamentarios mínimos. En consecuencia, resulta oportuno exigir que se registre la identidad y la ubicación de todas esas personas, inclusive de aquellas que no puedan cumplir íntegramente los requisitos para ser autorizadas como entidades de pago. Este enfoque resulta acorde con la lógica de la Recomendación especial VI del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), que prevé la implantación de un mecanismo que permita tratar como entidades de pago a aquellos proveedores de servicios de pago que no puedan cumplir todos los requisitos que preconiza la citada Recomendación. A tal efecto, los Estados miembros deben incluir a dichas personas en el registro de entidades de pago, sin aplicar todos o parte de los requisitos de autorización. No obstante, es fundamental que la posibilidad de conceder exenciones se supedite a requisitos estrictos sobre el volumen de las operaciones de pago. Las entidades de pago que se beneficien de una exención no deben disfrutar del derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, ni deben ejercer indirectamente estos derechos en tanto en cuanto sean miembros de un sistema de pago. (34) Para los proveedores de servicios de pago resulta fundamental poder acceder a los servicios de infraestructuras técnicas de los sistemas de pago. No obstante, el acceso debe estar supeditado al cumplimiento de los requisitos pertinentes con el fin de garantizar la integridad y estabilidad de dichos sistemas. Todo proveedor de servicios de pago que solicite su inclusión en un sistema de pago debe demostrar a los participantes en el sistema de pago que sus procedimientos internos son tan sólidos como para enfrentarse a todo tipo de riesgo. Estos sistemas de pago incluyen normalmente, por ejemplo, los sistemas de tarjetas cuatripartitos, así como los principales sistemas de tratamiento de las transferencias y los adeudos domiciliados. A fin de garantizar en toda la Unión la igualdad de trato entre las diferentes categorías de proveedores autorizados de servicios de pago, con arreglo a las condiciones contempladas en su licencia, es preciso clarificar las normas que rigen el acceso a la actividad de prestación de servicios de pago y a los sistemas de pago. (35) Conviene prever el trato no discriminatorio de las entidades de pago y las entidades de crédito autorizadas, de tal forma que todo proveedor de servicios de pago que opere en el mercado interior pueda recurrir a los servicios de las infraestructuras técnicas de dichos sistemas de pago en igualdad de condiciones. Es preciso establecer diferencias de trato entre los proveedores autorizados de servicios de pago y los que se beneficien de una exención de conformidad con la presente Directiva, así como de las exenciones contempladas en el artículo 3 de la Directiva 2009/110/CE, debido a las diferencias entre sus respectivos marcos prudenciales. En cualquier caso, deben permitirse diferencias en las condiciones de precio solo cuando estén motivadas por diferencias en los costes soportados por los proveedores de servicios de pago. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a limitar el acceso a sistemas de pago de importancia sistémica, con arreglo a la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[32], ni de las competencias del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) en relación con el acceso a los sistemas de pago. (36) En algunos casos, los Estados miembros han concedido a determinados proveedores de servicios de pago acceso indirecto a sistemas de pago reconocidos, en consonancia con lo establecido en la Directiva 98/26/CE. Esta decisión queda a la discreción del Estado miembro de que se trate. No obstante, en aras de la equidad en las condiciones de competencia entre los proveedores de servicios de pago, la presente Directiva debe establecer que si un Estado miembro concede a un proveedor autorizado acceso indirecto a esos sistemas, otros proveedores de servicios que estén en la misma situación han de beneficiarse también del mismo trato, sin discriminaciones. (37) En los últimos años, algunos sistemas tripartitos en los que el sistema actúa como proveedor de servicios único tanto del ordenante como del beneficiario se han convertido en operadores importantes del mercado de tratamiento de pagos. En consecuencia, ya no se justifica que estos sistemas puedan quedar exentos de proporcionar acceso a otros proveedores de servicios de pago, si otros proveedores no pueden acogerse a esa exención. (38) Es preciso establecer un conjunto de normas que garanticen la transparencia de las condiciones y los requisitos de información aplicables a los servicios de pago. (39) La presente Directiva no debe aplicarse ni a las operaciones de pago efectuadas en efectivo, dado que existe ya un mercado único para los servicios de pago en efectivo, ni a las efectuadas por medio de cheques en papel, toda vez que dichas operaciones, por su propia naturaleza, no pueden procesarse tan eficientemente como otros medios de pago. Sería conveniente, no obstante, que las buenas prácticas en la materia se inspiraran en los principios enunciados en la presente Directiva. (40) Dado que los consumidores y las empresas no se hallan en las mismas condiciones, no deben disponer del mismo nivel de protección. Si bien procede garantizar los derechos de los consumidores mediante disposiciones con respecto a las cuales no puedan establecerse excepciones en los contratos, resulta razonable permitir que las empresas y organizaciones acuerden en contrario cuando no estén involucrados consumidores. No obstante, los Estados miembros deben poder disponer que las microempresas, según se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión[33], reciban el mismo trato que los consumidores. En todo caso, determinadas disposiciones esenciales de la presente Directiva deben aplicarse siempre, sea cual fuere el tipo de usuario. (41) La presente Directiva debe especificar las obligaciones de los proveedores de servicios de pago por lo que atañe a la información que deben facilitar a los usuarios de dichos servicios, los cuales deben recibir información de un mismo y elevado nivel de claridad sobre los servicios de pago, a fin de poder adoptar decisiones fundadas y elegir libremente en toda la Unión. En aras de la transparencia, la presente Directiva debe establecer los requisitos armonizados necesarios para garantizar el suministro de la información necesaria, y en el grado suficiente, a los usuarios de servicios de pago, en relación con el contrato de servicios de pago y con las operaciones de pago. A fin de favorecer un funcionamiento correcto del mercado interior de los servicios de pago, los Estados miembros no deben poder adoptar disposiciones en materia de información que difieran de las establecidas en la presente Directiva. (42) Procede proteger a los consumidores contra las prácticas comerciales engañosas y desleales, en consonancia con lo establecido en la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[34], así como en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[35], y la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[36]. Las disposiciones adicionales de esas Directivas siguen siendo aplicables. No obstante, conviene aclarar la relación entre la presente Directiva y la Directiva 2002/65/CE por lo que se refiere, en particular, a los requisitos de información precontractual. (43) La información requerida debe guardar proporción con las necesidades de los usuarios y comunicarse de modo normalizado. Sin embargo, los requisitos en materia de información aplicables a una operación de pago deben ser diferentes de los aplicables a un contrato marco que contemple una sucesión de operaciones de pago. (44) En la práctica, los contratos marco y las operaciones de pago en el marco de dichos contratos son mucho más frecuentes y tienen mayor importancia económica que las operaciones de pago aisladas. Si existe una cuenta de pago o un instrumento de pago específico, se requiere un contrato marco. Por lo tanto, los requisitos de información previa sobre los contratos marco deben ser bastante exhaustivos y la información debe facilitarse siempre en papel o a través de otros soportes duraderos, tales como los extractos de cuenta impresos a través de cajeros automáticos, disquetes, CD-ROM, DVD y discos duros de ordenadores personales en los que puedan almacenarse correos electrónicos, así como a través de sitios internet, en la medida en que para futuras referencias se pueda acceder a dichos sitios durante un período de tiempo adecuado a efectos de información, y que los mismos permitan la reproducción sin cambios de la información almacenada. No obstante, el contrato marco entre el proveedor de servicios de pago y el usuario del servicio de pago debe poder estipular la forma en que se facilitará la información ulterior sobre las operaciones de pago ejecutadas, como, por ejemplo, por lo que respecta a las operaciones bancarias por internet, acordar que toda la información sobre la cuenta de pago esté disponible en línea. (45) Por lo que se refiere a las operaciones de pago aisladas, solo debe facilitarse siempre la información esencial a iniciativa del proveedor del servicio de pago. Habida cuenta de que el ordenante está normalmente presente cuando da la orden de pago, no es necesario disponer que la información se facilite siempre por escrito o mediante otro soporte duradero. El proveedor de servicios de pago podría ofrecer información oral in situ o hacer que la información esté fácilmente disponible, por ejemplo, mediante difusión de las condiciones en un tablón de anuncios en sus locales. También debe informarse sobre dónde obtener información adicional más detallada (por ejemplo, direcciones de sitios internet). No obstante, si así lo solicita el consumidor, la información esencial debe proporcionarse por escrito o mediante otro soporte duradero. (46) La presente Directiva debe prever el derecho del consumidor a recibir la información pertinente de forma gratuita antes de quedar vinculado por un contrato de servicios de pago. El consumidor también debe poder solicitar que se le facilite por escrito, gratuitamente, información previa y el contrato marco, en cualquier momento a lo largo de la relación contractual, de forma que pueda comparar los servicios y las condiciones ofrecidas por los proveedores de servicios de pago y, en caso de litigio, comprobar sus derechos y obligaciones contractuales. Estas disposiciones deben ser compatibles con la Directiva 2002/65/CE. Lo dispuesto explícitamente en la presente Directiva en materia de información gratuita no debe tener como consecuencia que se permita cobrar gastos por facilitar información a los consumidores con arreglo a otras Directivas aplicables. (47) La forma en que el proveedor de servicios de pago facilite la información necesaria al usuario de servicios de pago debe tener en cuenta las necesidades de este último, así como aspectos técnicos de carácter práctico y la relación coste-eficacia, en función de lo acordado en el correspondiente contrato de servicios de pago. Así pues, la presente Directiva debe distinguir entre las dos formas en las que el proveedor de servicios de pago debe facilitar la información, es decir, bien el proveedor de servicios de pago la comunica de forma activa en el momento adecuado, tal como establece la presente Directiva, sin que el usuario del servicio de pago tenga que tomar ninguna iniciativa, o bien la información se pone a disposición del usuario de servicios de pago, tomando en consideración toda posible solicitud de información adicional que este pueda formular. En este último caso, el usuario del servicio de pago debe tomar activamente iniciativas para obtener la información, tales como solicitarla explícitamente al proveedor de servicios de pago, consultar la cuenta bancaria en línea o imprimir extractos de cuenta por medio de una tarjeta bancaria. A estos efectos, el proveedor de servicios de pago debe garantizar el acceso a la información y que esta esté a disposición del usuario de servicios de pago. (48) El consumidor debe recibir información básica sobre las operaciones de pago efectuadas, sin gastos suplementarios. Por lo que respecta a las operaciones de pago aisladas, el proveedor de servicios de pago no debe facturar separadamente esta información. De la misma forma, debe ofrecerse gratuitamente la información mensual ulterior sobre operaciones de pago realizadas con arreglo a un contrato marco. No obstante, habida cuenta de la importancia de la transparencia en la fijación de precios y de las distintas necesidades de los clientes, las partes deben poder acordar los gastos aplicables en caso de información adicional o más frecuente. Para tener en cuenta las diferentes prácticas nacionales, los Estados miembros deben estar autorizados a establecer normas por las cuales los extractos mensuales de las cuentas de pago en papel deban ofrecerse siempre gratuitamente. (49) A fin de facilitar la movilidad de los clientes, los consumidores deben tener la posibilidad de rescindir un contrato marco después de un año de vigencia, sin incurrir en gastos. Por lo que respecta a los consumidores, no debe convenirse un plazo de notificación previa superior a un mes y, por lo que respecta a los proveedores de servicios de pago, dicho plazo no puede ser inferior a dos meses. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la obligación del proveedor de servicios de pago de rescindir el contrato de servicios de pago en circunstancias excepcionales, con arreglo a otra normativa nacional o de la Unión pertinente, como la normativa en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, o con motivo de cualquier actuación que tenga por objeto la congelación de fondos o cualquier otra medida específica en relación con la prevención e investigación de delitos. (50) Los instrumentos utilizables en pagos de escasa cuantía deben constituir una alternativa barata y fácilmente accesible en el caso de bienes y servicios de precio reducido, y no deben someterse a requisitos excesivos. Los requisitos de información y normas de ejecución deben limitarse, por consiguiente, a la información esencial, habida cuenta asimismo de las características técnicas que cabe razonablemente esperar de instrumentos dedicados a pagos de escasa cuantía. Pese a tratarse de un régimen menos estricto, los usuarios de servicios de pago deben beneficiarse de una protección adecuada que atienda a los riesgos limitados que plantean dicho tipo de instrumentos de pago, en particular los instrumentos de prepago. (51) Es necesario establecer los criterios con arreglo a los cuales se permita a los proveedores de servicios de pago terceros obtener y utilizar la información sobre la disponibilidad de fondos en la cuenta que el usuario de servicios de pago tenga en otro proveedor de servicios. En particular, tanto el proveedor de servicios de pago tercero como el proveedor de servicios de pago gestor de la cuenta del usuario deben cumplir lo dispuesto o mencionado en la presente Directiva, o recogido en las directrices de la ABE, con respecto a la seguridad y la protección de datos. Los ordenantes deben otorgar consentimiento expreso al proveedor de servicios de pago tercero para que este tenga acceso a su cuenta de pago, y deben ser debidamente informados del alcance de dicho acceso. A fin de favorecer la existencia de otros proveedores de servicios de pago que no puedan recibir depósitos, es necesario que las entidades de crédito les faciliten información sobre la disponibilidad de fondos, si el ordenante ha autorizado que esa información se comunique al proveedor de servicios de pago emisor del instrumento de pago. (52) Los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios de pago y los proveedores de servicios de pago deben ajustarse adecuadamente a fin de tener en cuenta la participación del proveedor de servicios de pago tercero en la operación siempre que se utilice un servicio de iniciación de pagos. En concreto, un reparto equilibrado de responsabilidades entre el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta y el proveedor de servicios de pago tercero que interviene en la operación hará que tanto el uno como el otro asuman la responsabilidad de aquellas partes de la operación que estén bajo su control y servirá para determinar claramente quién es responsable en caso de incidente. En caso de fraude o litigio, el proveedor de servicios de pago tercero debe tener la obligación específica de facilitar al ordenante y al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta la referencia de las operaciones y la información sobre la autorización conexa a la operación de que se trate. (53) Para reducir los riesgos y las consecuencias de operaciones de pago no autorizadas o que hayan sido ejecutadas incorrectamente, el usuario de servicios de pago debe informar al proveedor de servicios de pago, lo antes posible, sobre toda reclamación en relación con operaciones de pago supuestamente no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, siempre y cuando el proveedor de servicios de pago haya respetado sus obligaciones de información con arreglo a la presente Directiva. Si el usuario de servicios de pago respeta el plazo de notificación, debe poder reclamar dentro de los plazos de prescripción con arreglo al Derecho nacional. La presente Directiva no debe afectar a otras reclamaciones entre usuarios de servicios de pago y proveedores de servicios de pago. (54) Cuando se trate de una operación de pago no autorizada, debe devolverse al ordenante inmediatamente el importe de la operación. A fin de evitar perjuicios al ordenante, la fecha de valor del abono de la devolución no debe ser posterior a la fecha de adeudo del pertinente importe. A fin de ofrecer incentivos para que el usuario de servicios de pago comunique sin demora a su proveedor toda pérdida o robo de un instrumento de pago y reducir así el riesgo de operaciones de pago no autorizadas, el usuario solo debe ser responsable por un importe limitado, salvo en caso de fraude o grave negligencia por su parte. A este respecto, parece adecuado fijar un importe de 50 EUR con vistas a garantizar una protección elevada y homogénea del consumidor dentro de la Unión. Asimismo, una vez que el usuario haya comunicado al proveedor de servicios de pago que su instrumento de pago puede haber sido objeto de uso fraudulento, no deben exigírsele responsabilidades por las ulteriores pérdidas que pueda ocasionar el uso no autorizado del instrumento. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los proveedores de servicios de pago por la seguridad técnica de sus propios productos. (55) A la hora de evaluar la posible negligencia del usuario de servicios de pago, deben tomarse en consideración todas las circunstancias. Las pruebas de una presunta negligencia, y el grado de esta, deben evaluarse con arreglo a la normativa nacional. Se deben considerar nulas las cláusulas contractuales referidas al suministro y al uso de un instrumento de pago que tengan por efecto aumentar la carga de la prueba correspondiente al usuario y reducir la correspondiente al emisor. Además, en situaciones específicas y, más concretamente, cuando el instrumento de pago no esté presente en el punto de venta, como en el caso de los pagos a través de internet, resulta oportuno que el proveedor de servicios aporte pruebas de la presunta negligencia, puesto que los medios a disposición del ordenante son limitados en esos casos. (56) Deben adoptarse las disposiciones oportunas para proceder a una asignación de pérdidas en caso de operaciones de pago no autorizadas. Salvo en caso de fraude o negligencia grave, el consumidor no debe nunca estar obligado a abonar más de 50 EUR en caso de que se realice una operación no autorizada con cargo a su cuenta. Pueden aplicarse disposiciones distintas a los usuarios de servicios de pago que no sean consumidores, pues estos usuarios, por lo general, se hallan en mejores condiciones de evaluar el riesgo de fraude y adoptar las medidas correspondientes. (57) La presente Directiva debe establecer normas de devolución, con el fin de proteger al consumidor en caso de que el importe de la operación de pago ejecutada sea superior al importe que razonablemente hubiera cabido esperar. A fin de evitar perjuicios económicos al ordenante, es necesario garantizar que la fecha de valor de cualquier devolución no sea posterior a la fecha de adeudo del pertinente importe. En el caso de los adeudos domiciliados, los proveedores de servicios deben poder ofrecer condiciones incluso más favorables a sus clientes, que deben tener el derecho incondicional de devolución en cualquier operación de pago objeto de litigio. Sin embargo, este derecho incondicional de devolución que garantice el mayor grado posible de protección de los consumidores no parece justificado cuando el comerciante ya haya cumplido el contrato y el correspondiente bien o servicio ya haya sido consumido. En aquellos casos en que el usuario reclame la devolución en una operación de pago, el derecho de devolución no debe afectar a la responsabilidad del ordenante frente al beneficiario derivada de la relación subyacente, por ejemplo, por los bienes o servicios solicitados, consumidos o legítimamente facturados, ni al derecho del usuario a revocar una orden de pago. (58) A efectos de la planificación financiera y del cumplimiento de las obligaciones de pago a su debido tiempo, los consumidores y las empresas deben disponer de garantías sobre los plazos de ejecución de las órdenes de pago. Por consiguiente, la presente Directiva debe establecer el momento a partir del cual comiencen a surtir efecto los derechos y obligaciones, a saber, cuando el proveedor de servicios de pago reciba la orden de pago, incluso cuando haya tenido la posibilidad de recibirla por los medios de comunicación convenidos en el contrato de servicios de pago, independientemente de que haya podido participar previamente en el proceso de generación y transmisión de la orden de pago, por ejemplo, en las comprobaciones de seguridad y de disponibilidad de fondos, en la información sobre el uso del número de identificación personal o en la emisión de promesas de pago. Por otra parte, la recepción de una orden de pago debe considerarse que se produce en el momento en que el proveedor de servicios de pago del ordenante reciba la orden del pago que deba adeudarse en la cuenta del ordenante. No deben ser pertinentes a estos efectos el día o el momento en que el beneficiario transmita a su proveedor de servicios las órdenes de pago para el cobro, por ejemplo, de pagos con tarjeta o de adeudos domiciliados, o en que el beneficiario obtenga de su proveedor de servicios de pago la prefinanciación de los correspondientes importes (mediante un crédito contingente a su cuenta). Los usuarios deben poder confiar en la correcta ejecución de una orden de pago completa y válida, si el proveedor de servicios de pago no tiene motivos contractuales o reglamentarios para rechazarla. En caso de que el proveedor de servicios de pago rechace una orden de pago, debe comunicárselo al usuario del servicio de pago, junto con los motivos en que se basa, a la mayor brevedad posible, con sujeción a lo dispuesto en la normativa nacional y de la Unión. (59) Dada la rapidez de procesamiento de las operaciones que permiten los modernos sistemas de pago, completamente automatizados, que impide, transcurrido un determinado plazo, revocar las órdenes de pago sin afrontar elevados costes de intervención manual, es preciso especificar, para la revocación de pagos, un plazo claro. Sin embargo, en función del tipo de servicio de pago y de la orden de pago, el momento preciso puede variar si así lo acuerdan las partes. La revocación en este contexto debe referirse solo a la relación entre el usuario de servicios de pago y el proveedor de servicios de pago, sin que ello afecte a la irrevocabilidad y firmeza de las operaciones de pago realizadas a través de sistemas de pago. (60) Esta irrevocabilidad no debe afectar al derecho o la obligación que el proveedor de servicios de pago tenga, en virtud de la legislación de algunos Estados miembros y a tenor del contrato marco del ordenante o de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, o directrices, nacionales, de devolver a este último el importe de la operación de pago ejecutada en caso de litigio entre el ordenante y el beneficiario. Dicha devolución debe considerarse una nueva operación de pago. Excepto en esos casos, los litigios que se deriven de la relación que subyace a la orden de pago deben resolverse exclusivamente entre el ordenante y el beneficiario. (61) De cara al tratamiento integrado y automatizado de los pagos, y en aras de la seguridad jurídica con respecto al cumplimiento de cualquier obligación subyacente entre usuarios de servicios de pago, es fundamental abonar en la cuenta del beneficiario el importe íntegro transferido por el ordenante. Por consiguiente, ningún intermediario que intervenga en la ejecución de las operaciones de pago debe poder efectuar deducciones del importe transferido. No obstante, el beneficiario debe poder celebrar un acuerdo con su proveedor de servicios de pago con arreglo al cual este último pueda deducir sus propios gastos. Sin embargo, para que el beneficiario pueda comprobar que se le ha abonado correctamente el importe debido, la información ulterior facilitada sobre la operación de pago debe indicar no solo el importe total de los fondos transferidos sino también los posibles gastos aplicados. (62) En relación con los gastos, la experiencia demuestra que compartirlos entre el ordenante y el beneficiario es el sistema más eficaz, pues facilita un tratamiento completamente automatizado de los pagos. Por tanto, debe establecerse que, en circunstancias normales, los proveedores de servicios de pago respectivos cobren directamente los gastos al ordenante y al beneficiario. No obstante, esto solo debe aplicarse en caso de que la operación de pago no requiera cambio de divisas. El importe de los gastos aplicados puede ser también nulo, ya que la presente Directiva no debe afectar a los casos en los que el proveedor de servicios de pago no cobra comisiones a los consumidores por los abonos en cuenta. Igualmente, en función de los términos del contrato, un proveedor de servicios de pago puede cobrar comisión únicamente al beneficiario (el comerciante) por la utilización del servicio de pago, de modo que no se aplican comisiones al ordenante. Las comisiones abonadas a los sistemas de pago pueden adoptar la forma de una cuota de suscripción. Las disposiciones relativas al importe transferido o las posibles comisiones aplicadas no tendrán efectos directos sobre las tarifas aplicadas entre los proveedores de servicios de pago o los posibles intermediarios. (63) Las divergencias en las prácticas nacionales en cuanto a los gastos aplicados por el uso de un determinado instrumento (en lo sucesivo, «recargo») han generado una extraordinaria heterogeneidad en el mercado de pagos de la Unión y constituyen una fuente de confusión para los consumidores, en particular en el comercio electrónico y en el contexto transfronterizo. Comerciantes radicados en Estados miembros en los que se autoriza el recargo ofrecen productos y servicios en Estados miembros en los que está prohibido y, aún así, aplican el recargo al consumidor. Por otra parte, la clara necesidad de revisar las prácticas en materia de recargo se ve corroborada por el hecho de que el Reglamento (UE) nº xxx/yyyy establece disposiciones con respecto a las tasas multilaterales de intercambio aplicables en los pagos con tarjeta. Dado que las tasas de intercambio son el principal factor de encarecimiento de la mayoría de los pagos con tarjeta y puesto que los recargos se limitan en la práctica a los pagos con tarjeta, las disposiciones aplicables a las tasas de intercambio deben ir acompañadas de una revisión de las normas aplicables a los recargos. A fin de favorecer la transparencia de costes y el uso de los instrumentos de pago más eficientes, los Estados miembros y los proveedores de servicios de pago no deben oponerse a que el beneficiario exija al ordenante un recargo por el uso de un determinado instrumento de pago, con la debida sujeción a lo establecido en la Directiva 2011/83/UE. No obstante, el derecho del beneficiario a exigir un recargo solo debe existir cuando se trate de instrumentos de pago en relación con los cuales no se hayan regulado tasas de intercambio. Se estima que esto actuará como mecanismo inductor del uso de los medios de pago más baratos. (64) En aras de una mayor eficiencia de los pagos en toda la Unión, todos los pagos iniciados por el ordenante y denominados en euros o en otra moneda de un Estado miembro no perteneciente a la zona del euro, incluidas las transferencias y los servicios de envío de dinero, deben respetar un plazo máximo de ejecución de un día. En todos los demás pagos, tales como los iniciados por el beneficiario o a través del mismo, incluido el adeudo domiciliado y el pago con tarjeta, a falta de acuerdo explícito entre el proveedor y el ordenante que prevea un plazo de ejecución más prolongado, debe aplicarse la misma norma de plazo máximo de ejecución de un día. El mencionado plazo debe poder prorrogarse un día hábil adicional si la orden de pago se cursa en papel. Esto permite mantener la prestación de servicios de pago a los consumidores que solo utilizan normalmente documentos en papel. Cuando se utilice un sistema de adeudo domiciliado, el proveedor de servicios de pago del beneficiario debe transmitir la orden de cobro en los plazos acordados entre este último y aquel, a fin de que la liquidación pueda tener lugar en la fecha convenida. Habida cuenta de la gran eficiencia que a menudo caracteriza a las infraestructuras de pago y a fin de evitar cualquier deterioro de los niveles de servicio actuales, debe permitirse a los Estados miembros mantener o establecer normas que especifiquen un plazo de ejecución más corto que un día hábil, cuando proceda. (65) Las disposiciones sobre ejecución por el importe íntegro y plazo de ejecución deben constituir buenas prácticas cuando uno de los proveedores de servicios de pago no esté situado en la Unión. (66) Es de fundamental importancia que los usuarios de los servicios de pago estén informados de los costes y comisiones reales de los servicios de pago a fin de elegir la opción que les interese. Por ello, no debe permitirse el uso de métodos de tarificación no transparentes, pues dificultan extremadamente al usuario la determinación del precio real del servicio de pago. En concreto, no debe permitirse el uso de la fecha de valor en perjuicio del usuario. (67) Para el funcionamiento eficaz y ordenado de los sistemas de pago es imprescindible que el usuario pueda confiar en que el proveedor de servicios de pago ejecute la operación correctamente y en el plazo acordado. Normalmente, el proveedor se halla en condiciones de evaluar los riesgos de la operación de pago. Le corresponde al proveedor proporcionar el sistema de pago, tomar medidas para reclamar los fondos extraviados o asignados erróneamente y, en la mayoría de los casos, decidir qué intermediarios intervienen en la ejecución de una operación de pago. Por todos estos motivos, es del todo procedente, excepto cuando se trate de circunstancias excepcionales e imprevisibles, hacer al proveedor de servicios de pago responsable de la ejecución de las operaciones de pago que acepte del usuario, salvo en lo que respecta a los actos y omisiones del proveedor de servicios de pago del beneficiario, de cuya selección solo es responsable el beneficiario. No obstante, a fin de no dejar desprotegido al ordenante en improbables circunstancias anómalas en que no sea posible dilucidar (non liquet) si el proveedor de servicios de pago del beneficiario recibió o no a su debido tiempo el importe del pago, la correspondiente carga de la prueba debe recaer en el proveedor de servicios de pago del ordenante. Como regla general, cabe esperar que la entidad intermediaria (normalmente un organismo «neutral», tal como un banco central o una cámara de compensación) que transfiera el importe del pago del proveedor de servicios de pago remitente al receptor conservará los datos de la cuenta y podrá presentarlos cuando sea necesario. Siempre que el importe del pago se haya ingresado en la cuenta del proveedor de servicios de pago receptor, el beneficiario debe poder invocar inmediatamente frente al proveedor de servicios de pago su derecho a que se ingrese el importe en su cuenta. (68) El proveedor de servicios de pago del ordenante debe asumir la responsabilidad de la correcta ejecución del pago, incluido, en particular, por lo que se refiere al importe total de la operación de pago y al plazo de ejecución, así como la plena responsabilidad por los posibles fallos de otras partes en la cadena de pago hasta llegar a la cuenta del bene