Considerando estas medidas, Turquía aún no cumple plenamente tan solo uno de los requisitos del bloque 1, que consiste en la obligación de expedir a sus ciudadanos pasaportes biométricos conformes con las normas de la UE establecidas en el Reglamento (CE) n.º 2252/2004 del Consejo, es decir, pasaportes que incorporen un chip sin contacto que contenga no solo la imagen facial del titular del pasaporte sino también sus impresiones dactilares y que esté protegido mediante un sistema de cifrado de control de acceso suplementario (CAS) .

Además, las autoridades turcas han comenzado a cooperar con los Estados miembros de la UE en el intercambio de información sobre documentos de viaje falsos y falsificados. Actualmente, la Policía Nacional Turca (PNT) carga de forma regular y oportuna en la bases de datos Dial-doc de la Interpol, a la que tienen acceso todos los Estados miembros, información sobre los documentos de viaje falsos y falsificados detectados en Turquía durante controles fronterizos. Al mismo tiempo, en los principales aeropuertos turcos (aeropuerto Atatürk de Estambul y aeropuerto de Antalya), la PNT ha creado oficinas especializadas encargadas del intercambio de información y del asesoramiento a los funcionarios de enlace de inmigración de los Estados miembros sobre los documentos de viaje sospechosos hallados en poder de personas que viajan a la UE. Por otra parte, la PNT ha aumentado las oportunidades de formación que ofrece a sus agentes destinados en los pasos fronterizos con el fin de mejorar su capacidad para detectar documentos falsificados, en particular documentos expedidos por los Estados miembros de la UE.

En particular, las autoridades turcas comenzaron a expedir a los ciudadanos turcos, en el marco de un proyecto piloto, documentos de identidad nuevos y más seguros que contienen identificadores biométricos. La sustitución de los antiguos documentos por los nuevos para todos los ciudadanos turcos tardará unos tres años. Actualmente, el proceso ya está bastante avanzado.

El Tercer Informe sigue la estructura de la Hoja de Ruta y, por consiguiente, aborda uno por uno los cinco bloques indicando para cada uno de ellos los requisitos que todavía no se cumplen plenamente y las medidas que debería adoptar Turquía para cumplir estos últimos requisitos pendientes.

El 29 de noviembre de 2015 se celebró una cumbre entre la UE y Turquía en la que ambas partes acordaron las modalidades para profundizar su cooperación, en particular en la gestión de la crisis de los refugiados sirios y para abordar la migración irregular. En esta cumbre, la parte turca expresó su compromiso de acelerar el cumplimiento de la Hoja de Ruta, incluyendo la anticipación de la aplicación de todas las disposiciones del Acuerdo de Readmisión UE-Turquía, con el objetivo de obtener la liberalización del régimen de visados en octubre de 2016 como máximo . Este compromiso fue acogido con satisfacción por la UE.

En enero y febrero de 2016, las autoridades turcas, al darse cuenta de que esto ocurría en el caso de sirios e iraquíes, impusieron obligaciones de visado más eficaces para estas dos nacionalidades. Esto ha contribuido a poner fin a los altos flujos migratorios irregulares que se dirigen hacia la UE. Las autoridades turcas deben estar dispuestas a repetir estas medidas en el futuro y a imponer sin demora obligaciones de visado a otros países exentos de esta obligación si se observa que un gran número de ciudadanos de estos países abusan de la posibilidad de entrar sin visado en Turquía, en particular, si existe un riesgo de migración irregular posterior hacia la UE. Los ejemplos de Irán, Marruecos y Líbano, tres países exentos de la obligación de visado, de los cuales en 2015 llegaron a la UE a través del territorio turco 23 087, 7 419 y 2 044 inmigrantes irregulares, respectivamente, revisten especial importancia.

Asimismo, el sistema turco de visados electrónicos se ha hecho mucho más seguro. La posibilidad de beneficiarse de este sistema se circunscribe a los nacionales de terceros países que no son países de origen de flujos de migración irregular o a los nacionales de los países de origen en posesión de un visado o permiso de residencia válido que haya sido expedido por un Estado de la zona Schengen o por Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda. Las autoridades turcas han establecido también despachos especiales en la mayor parte de los pasos fronterizos del país, en los que agentes de policía con una formación especializada comprueban que estos visados o permisos de residencia figuren realmente en el pasaporte de los titulares de un visado electrónico.

En el ámbito de la política de visados, el Gobierno turco adoptó el 2 de mayo de 2016 un decreto que establece que los ciudadanos de todos los Estados miembros podrán entrar sin visado en Turquía a partir de la fecha en que se suprima la obligación de visado para los ciudadanos turcos. De este modo se pondría fin a la obligación discriminatoria de visado a la que aún están sujetos los ciudadanos de once Estados miembros.

En primer lugar, la Dirección General de Gestión de la Migración (DGGM), encargada de la gestión del sistema de asilo de Turquía, procesa actualmente sin demora todas las nuevas solicitudes de protección internacional. Asimismo, la DGGM ha empezado a reducir el volumen de antiguas solicitudes de asilo pendientes que estaban a la espera de examen y que a finales de febrero alcanzaban la cifra de 140 000, aproximadamente. Gracias al nuevo planteamiento proactivo adoptado por la DGGM y a su movilización de recursos humanos adicionales, el retraso se redujo a unas 100 000 solicitudes de asilo pendientes a finales de abril. Aunque actualmente la DGGM tramita con celeridad las solicitudes de asilo, no resulta objetivamente posible tramitar todas las solicitudes de asilo pendientes para finales de junio de 2016, es decir, dentro del plazo que la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo establece para la finalización del proceso de liberalización de visados. Sin embargo, la DGGM ha elaborado y aplica una hoja de ruta según la cual prevé completar su labor antes de que finalice 2016.

Las autoridades turcas también tomaron la decisión de crear un Centro Nacional de Análisis de Riesgos (NACORAC), cuyo desarrollo recibirá apoyo a través de un proyecto financiado por la UE. Otros proyectos financiados por la UE ya previstos contribuirán a reforzar la vigilancia a lo largo de la frontera oriental de Turquía para evitar el cruce de fronteras no detectado. Por último, las autoridades turcas también adoptaron un Código de Conducta Común y Normas de Lucha contra la Corrupción aplicables al personal que trabaja en los organismos de gestión de fronteras.

4. BLOQUE 3: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

Desde la adopción del Segundo Informe, las autoridades turcas tomaron numerosas medidas incluidas en el bloque 3, que representaron importantes avances.

En particular, Turquía adoptó una nueva estrategia y un plan de acción para la lucha contra la delincuencia organizada, que ahora debe aplicar plenamente, en especial en lo que respecta a las acciones destinadas a reducir la delincuencia transfronteriza, como el tráfico de armas de fuego. El 18 de abril de 2016, Turquía también adoptó una nueva estrategia y un nuevo plan de acción plurianual para la lucha contra el tráfico de drogas para el período 2016-2018. El 30 de abril de 2016, las autoridades turcas también adoptaron un plan de acción nacional en materia de corrupción.

Además, Turquía ratificó el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, además de adoptar legislación para adaptar su marco nacional a las disposiciones de dicho Convenio. La aplicación de esta nueva legislación en consonancia con la normativa revisada del Grupo de Acción Financiera Internacional es esencial. Mientras tanto, también con la ayuda de un proyecto financiado por la UE, las autoridades turcas siguieron reforzando la capacidad de la MASAK –la unidad de inteligencia financiera turca– para cooperar con las fuerzas y cuerpos de seguridad turcos con el fin de detectar y analizar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y para cooperar con las unidades de inteligencia financiera de los Estados miembros en este ámbito.

Turquía también ratificó el protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, los tres protocolos del Convenio del Consejo de Europa sobre extradición y un protocolo del Convenio del Consejo de Europa sobre asistencia judicial en materia penal, de los que aún no formaba parte.

Además, Turquía ratificó también el Convenio del Consejo de Europa sobre la trata de seres humanos y adoptó un decreto sobre la trata de seres humanos. Asimismo, Turquía ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre el tratamiento de los datos de carácter personal y su protocolo, y adoptó una ley sobre la protección de datos personales que, sin embargo, no es plenamente conforme al acervo de la UE.

Turquía adoptó una única ley global que define los procedimientos a seguir por todas las autoridades turcas competentes a la hora de aplicar las obligaciones internacionales de Turquía relativas a la cooperación judicial en materia penal. Aunque esta ley no fija plazos estrictos para concluir los procedimientos que cubre y no incluye criterios objetivos y transparentes para aceptar o desestimar una solicitud de cooperación, representa, no obstante, una mejora evidente que debería intensificar la cooperación judicial en materia penal entre Turquía y los Estados miembros.

Turquía también tomó medidas concretas para mejorar sus relaciones de trabajo con Eurojust y manifestó formalmente la firme intención de celebrar un acuerdo de cooperación tan pronto como sea posible. A la espera de la celebración de dicho acuerdo, será importante que los funcionarios turcos nombrados funcionarios de enlace con la Agencia comiencen a aplicar un seguimiento efectivo a las solicitudes de información y cooperación que reciben de las otras partes.

En el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, Turquía ratificó, el 25 de abril de 2016, el Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, y el Convenio de La Haya de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia.

Turquía depositó los instrumentos de ratificación de todos los convenios y protocolos ratificados, con excepción de los dos Convenios de La Haya antes mencionados y del protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de datos personales, para el que este procedimiento está aún en curso y debería concluir lo antes posible.

Por último, Turquía ha tomado medidas para abordar el problema de los retrasos experimentados en la aplicación del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Al haber entendido que estos retrasos se producen principalmente en la fase de recurso y, en particular, por el hecho de que en el sistema actual todos los recursos se concentran en el Tribunal Supremo de Ankara, el Alto Consejo de Jueces y Fiscales emitió un decreto el 25 de marzo de 2016 por el que se establecen tribunales civiles regionales en Ankara, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Estambul, Esmirna y Samsun. Estos tribunales se ocuparán de los recursos y entrarán en funcionamiento el 20 de julio de 2016.

Pese a estos considerables avances, el cumplimiento de los requisitos del bloque 3 se encuentra mucho menos avanzado que el de los requisitos de los bloques 1 y 2. Algunos requisitos importantes del bloque 3 siguen sin cumplirse. Para cumplir estos requisitos pendientes, se invita a Turquía a tomar las siguientes medidas:

modificar la legislación recientemente adoptada sobre protección de datos personales a fin de adaptarla al acervo de la UE, en particular para garantizar que la autoridad responsable de la protección de datos pueda actuar de manera independiente y que las actividades de las fuerzas y cuerpos de seguridad estén comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley;

a su vez, la nueva legislación sobre protección de datos personales permitirá a Turquía concluir las negociaciones de un acuerdo de cooperación operativa con Europol;

adoptar una legislación que permita un seguimiento efectivo de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO) en todas sus rondas de evaluación, en particular la legislación relativa a la financiación de los partidos políticos, a las inmunidades, al soborno y a la independencia del poder judicial;

garantizar la cooperación judicial con todos los Estados miembros, incluyendo el desarrollo de relaciones de trabajo con sus funcionarios de enlace destinados en Turquía a fin de facilitar la comprensión mutua y la aplicación de los respectivos procedimientos o, cuando dichos funcionarios no estén disponibles, a través de cualquier otra forma de comunicación y cooperación que sea adecuada para ambas partes.

5. BLOQUE 4: DERECHOS FUNDAMENTALES

La evaluación de la situación con relación al bloque 4 es similar a la del bloque 3: se han realizado progresos en el cumplimiento de varios requisitos, pero es necesario seguir avanzando en algunos requisitos pendientes.