Dictamen del Comité Económico y Social sobre «Las disposiciones previstas para la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria: pacto de estabilidad y crecimiento para garantizar la disciplina presupuestaria, procedimientos de convergencia reforzados y nuevo mecanismo de tipos de cambio»

(97/C 287/16)

El 18 de marzo de 1997, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de mayo de 1997 (Ponente: Sr. Burani).

En su 346° Pleno (sesión del 29 de mayo de 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado por 124 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

El presente documento constituye una nueva contribución del Comité Económico y Social () a los trabajos preparatorios de la unión monetaria europea.

El punto de partida son los siguientes documentos aprobados por la Comisión:

- Propuesta modificada de Reglamento (CE) del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión y la coordinación de las políticas presupuestarias ();

- Propuesta modificada de Reglamento (CE) del Consejo por el que se agiliza y clarifica la aplicación del procedimiento de déficit excesivo ();

- Comunicación de la Comisión al Consejo: Procedimientos de convergencia reforzados y nuevo mecanismo de tipos de cambio en la tercera fase de la UEM ().

También se tienen en cuenta las orientaciones decididas en los sucesivos Consejos Ecofin.

Con la presentación de los documentos mencionados la Comisión ha cumplido por el momento su obligación de proponer las directrices principales en que deberán basarse las decisiones de la próxima cumbre de Amsterdam. Por consiguiente, el presente Dictamen quiere ser una contribución del Comité Económico y Social a las reflexiones preliminares del Consejo.

1. Introducción

1.1. Habida cuenta de que se aproxima la fecha establecida en el Tratado para la plena realización de la UEM, la Comisión ha elaborado -en colaboración con el Instituto Monetario Europeo (IME)- las propuestas de medidas legislativas y reglamentarias que deberá aprobar el Consejo. El Comité ya emitió un Dictamen sobre uno de los documentos aprobados por la Comisión en el que se proponen dos reglamentos del Consejo sobre la infraestructura jurídica para la creación y funcionamiento del euro ().

1.2. La Comisión ha aprobado otras dos propuestas, que se citan al inicio del presente documento, destinadas a establecer los principios fundamentales que regirán toda la realización de la UEM: por una parte, se proponen normas para garantizar que la moneda única tendrá una estabilidad inicial y constante y, por otra, se quieren regular las relaciones de la moneda única con las monedas de los países que queden provisionalmente fuera de la UEM.

1.3. Estas dos iniciativas no pueden analizarse de forma separada: al contrario, deben considerarse como un todo indisoluble en el marco de una política destinada a mantener la estabilidad intrínseca del euro, para lo que es necesario supervisar el comportamiento de los países que participen y procurar que las políticas de los países «exteriores» no entren en contradicción con las de los países que ya hayan adoptado la moneda única.

2. Pacto de estabilidad - Observaciones generales

2.1. El origen de la propuesta de la Comisión es el documento del Gobierno alemán «Un pacto de estabilidad para Europa», analizado en el Consejo de Madrid de diciembre de 1995. La finalidad de este pacto es garantizar la estabilidad en el tiempo de la moneda única mediante una disciplina presupuestaria rigurosa y convergente de todos los países participantes. El Comité reitera su apoyo a este enfoque, tal como señaló en su anterior Dictamen (), con las observaciones que a continuación se exponen.

2.2. El pacto de estabilidad, cuya denominación completa es «Pacto de estabilidad y crecimiento para garantizar la disciplina presupuestaria en la tercera fase de la UEM», consta de las dos propuestas de reglamento del Consejo mencionadas en la introducción del presente dictamen. Las observaciones generales formuladas en el presente punto se refieren a ambos reglamentos, así como las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo de Dublín.

2.3. La Comisión basa sus propuestas en dos tipos de medidas: preventivas y disuasorias. Las primeras tienen por objeto evitar que uno o varios Estados miembros, participantes en la UEM, creen las condiciones para una situación de inestabilidad presupuestaria, y con las segundas se quiere que cada uno de los participantes sea consciente de las consecuencias directas, en su perjuicio, de comportamientos contrarios al mantenimiento de la estabilidad monetaria que, con la creación de la moneda única, se convierte en un patrimonio colectivo. Por lo tanto, la defensa de este patrimonio se convierte en un asunto de interés común y, como tal, sujeto a una rígida disciplina. El Comité Económico y Social también respalda este planteamiento.

2.4. Por otra parte, en la propuesta de la Comisión se considera que una disciplina rígida no excluye la posibilidad de que existan excepciones a la aplicación de sanciones siempre que las desviaciones que provocan un déficit excesivo obedezcan a circunstancias temporales y excepcionales que escapen al control del Estado miembro afectado. No cabe duda de que este criterio es correcto, pero -tal como admite la propia Comisión- la dificultad radica en establecer criterios suficientemente objetivos para aplicar dichas excepciones. El Comité volverá a tratar este punto al analizar de forma detallada la propuesta.

2.5. El hecho de que la disciplina sancionadora incluya excepciones ante circunstancias temporales y excepcionales parece hacer referencia sobre todo a la hipótesis de un Estado miembro concreto que se desvíe por circunstancias ajenas a su control. No obstante, cabe imaginar que determinados acontecimientos pueden afectar a un Estado miembro durante períodos más largos y, por lo tanto, de forma no temporal; del mismo modo, determinadas emergencias -recuérdese la crisis petrolífera de 1972, por ejemplo- pueden afectar a varios Estados miembros de forma excepcional pero con consecuencias que no pueden solucionarse a corto plazo. El pacto de estabilidad propuesto no toma en consideración estas eventualidades que, aunque remotas y desde luego no deseables, no pueden pasarse por alto.

2.6. La observación de la realidad actual aconseja cierta prudencia a la hora de enunciar los principios de base del pacto de estabilidad: algunos Estados miembros ya tienen programado un cumplimiento estricto de los criterios de convergencia para 1996, pero las circunstancias socioeconómicas y coyunturales les han obligado a aplazar hasta 1997 el cumplimiento de la promesa. Ello es un indicio evidente de que no siempre los gobiernos están en condiciones de orientar a su antojo la economía de su país y de que las previsiones, por muy fiables que sean, pueden resultar inexactas.

3. Propuesta de reglamento relativo al reforzamiento de la supervisión y la coordinación de las políticas presupuestarias

3.1. La idea de base de la propuesta de reglamento es crear un sistema orgánico de «supervisión multilateral» de la disciplina presupuestaria de cada uno de los Estados miembros participantes en la UEM. Con este fin, se establece que todos los Estados miembros participantes deben presentar, a partir del 1 de enero de 1999 y con carácter anual, un «programa de estabilidad» que incluirá:

- los objetivos a medio plazo y las tendencias de ajuste del superávit o del déficit público en relación con el PIB, así como la tendencia prevista para la proporción entre la deuda pública y el PIB;

- las principales hipótesis sobre el desarrollo económico, como el aumento real del PIB, el empleo y desempleo, la inflación y otras importantes variables económicas;

- la descripción de las medidas presupuestarias adoptadas para alcanzar los objetivos del programa;

- el compromiso de adoptar medidas adicionales cuando resulte necesario para evitar desviarse de los objetivos de estabilidad.

3.2. El Comité Económico y Social no puede sino estar de acuerdo con tal planteamiento; no obstante, plantea ciertas dudas sobre la posibilidad de presentar programas con carácter prácticamente vinculante, habida cuenta de que el período abarcado es el año precedente, el corriente y los tres años siguientes. En la práctica se trataría de presentar un programa de cuatro años: dada la inestabilidad de las perspectivas políticas y socioeconómicas -a nivel europeo, pero sobre todo mundial-, más que de programas habría que hablar de declaraciones programáticas, que serán vinculantes en la medida en que se adecúen a la evolución real de la coyuntura.

3.3. Cuando el Consejo Europeo examinó la cuestión de un pacto de estabilidad, añadió el importante concepto de «pacto de estabilidad y de crecimiento». Al examinar el contenido del programa de estabilidad, el Comité quiere llamar la atención sobre un punto muy sensible: el empleo. El Comité quiere avanzar las ideas siguientes sobre el empleo como la consecuencia práctica más importante del hecho que se trata asimismo de un «pacto de crecimiento». Cuando se concibieron los criterios de convergencia, la tasa de paro de la mayoría de los Estados miembros no planteaba excesivas preocupaciones y se consideraba que podía controlarse. Hoy día ocurre todo lo contrario. La obligación de reducir unilateralmente el déficit ha influido de forma negativa en el crecimiento y, por consiguiente, en el empleo.

3.4. A este respecto, el Comité considera que los programas deben orientarse teniendo en cuanta las directrices establecidas por el Consejo para la política de empleo.

3.5. Antes de que se cumplan dos meses desde la presentación del programa de estabilidad, el Consejo -a propuesta de la Comisión y del Comité Monetario establecido en el artículo 109 C del Tratado- comunicará su aceptación o formulará una recomendación para que el Estado miembro en cuestión modifique su programa. Esta medida preventiva no requiere observaciones específicas. No obstante, subsisten dudas sobre las posibilidades reales de examinar en poco tiempo los programas de todos los Estados miembros participantes y de redactar eventuales propuestas con medidas correctoras. Habida cuenta de los procedimientos que deben seguirse y de que participan tres instituciones -Comisión, Comité Monetario y Consejo-, puede pensarse que la fijación de un período de dos meses es un tanto optimista. Además, el Comité Económico y Social considera que en este proceso debería incluirse al Comité de empleo y mercado laboral.

3.6. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 103 del Tratado, el Consejo supervisará el cumplimiento real de las obligaciones asumidas por los Estados miembros con el fin de detectar posibles desviaciones. Cuando se verifique tal eventualidad, el Consejo formulará las recomendaciones convenientes; si en posteriores verificaciones se pusiera de relieve que la situación no cambia o empeora, se formulará una recomendación pública para que el Estado en cuestión adopte medidas correctoras específicas. Al redactar la recomendación que deberá hacerse pública de conformidad con el apartado 4 del artículo 103 del Tratado, el Comité Monetario deberá obrar con mucha prudencia para tener en cuenta las repercusiones posibles en la situación política del Estado miembro de que se trate y la sensibilidad de su opinión pública.

4. Propuesta de reglamento por el que se agiliza y clarifica la aplicación del procedimiento de déficit excesivo

4.1. En esta segunda parte del pacto de estabilidad se tratan los procedimientos para establecer la existencia de déficit excesivo (apartado 6 del artículo 104 C del Tratado) y las sanciones de aplicación (apartado 11 del artículo 104 C). Este reglamento constituye un acto jurídico indispensable, dado que se refiere a medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Tratado.

4.2. Se decide que existe déficit excesivo cuando la proporción entre el déficit público y el PIB (índice de déficit público) supera el 3 % o cuando la proporción entre la deuda pública y el PIB (índice de deuda pública) supera el 60 %. Corresponde al Consejo decidir si existe realmente un déficit excesivo en el plazo de tres meses a partir de la presentación de los resultados por parte de los Estados miembros, siendo éstos los destinatarios de las «recomendaciones» consiguientes. Si, en el plazo de cuatro meses a partir de la formulación de las recomendaciones, el Consejo comprueba que no se han tenido en consideración las sugerencias, dichas recomendaciones se harán públicas.

4.3. El Consejo valorará la voluntad real del Estado miembro para adecuarse a las recomendaciones a partir de las decisiones oficiales de su gobierno, que deberán convertirse (llegado el caso) en leyes en el plazo fijado por el Consejo. Si se demuestra que las leyes no se han publicado o que se han modificado de forma sustancial durante el procedimiento parlamentario, el Consejo decidirá en el plazo de un mes si deben adoptarse medidas concretas con una advertencia para que se cumplan las recomendaciones anteriores. La decisión final de aplicar sanciones se adoptará, a más tardar, dos meses después de la fecha de la advertencia. En total, el período transcurrido entre la fecha de presentación del informe por parte del Estado miembro y la fecha de imposición de sanciones no puede superar los diez meses.

4.4. El procedimiento de decisión de la existencia de déficit público excesivo no acarrea la imposición de sanciones -de acuerdo con lo dispuesto en el segundo guión de la letra a) del apartado 2 del artículo 104 C del Tratado- cuando dicho déficit sea excepcional y temporal y se deba a circunstancias sobre las que no tiene control el Estado miembro afectado, o cuando obedezca a una grave recesión económica, en particular debida a un crecimiento anual negativo. En el reglamento se prevé que la Comisión presente previsiones presupuestarias sobre la vuelta a la situación normal cuando la circunstancia o la coyuntura económica dejen de tener efectos negativos en el año en curso o en el siguiente, pero no se dice nada de una recesión estructural o coyuntural que perdure.

4.5. Por lo que se refiere a los criterios de aplicación, en primer lugar de las medidas de evaluación y de notificación y, en segundo lugar, de las sanciones eventuales, en el reglamento se establecen disposiciones precisas:

- cuando el déficit excesivo se derive del incumplimiento del índice de déficit público (3 % del PIB), el Estado miembro en cuestión deberá constituir ante la Comisión un depósito sin intereses que comprenderá un componente fijo, igual al 0,2 % del PIB, y un componente variable, igual a una décima parte de la diferencia entre el índice de déficit público, expresado en porcentaje del PIB, y el valor de referencia (), con un límite máximo del 0,5 % del PIB;

- si el déficit excesivo se deriva exclusivamente del incumplimiento del índice de deuda pública, el importe del depósito será del 0,2 % del PIB.

4.6. Los criterios expuestos son rigurosos y matemáticos. El Comité Económico y Social reconoce que una sanción pecuniaria es el mejor instrumento de disuasión frente al mantenimiento de políticas demasiado flexibles en materia de finanzas públicas. No obstante, considera que el montante de la sanción podría repercutir de forma muy negativa en unas cuentas públicas ya desequilibradas. En la hipótesis de que se exceda el índice de déficit o de deuda pública durante dos años, el depósito se reclamará -de acuerdo con la orientación predominante- cada año, esto es, en tres ocasiones, incluso si el cálculo es un poco más favorable las siguientes veces. Por lo tanto, el Consejo debería considerar con extrema cautela y objetividad las consecuencias de la aplicación de los criterios propuestos por la Comisión.

4.7. Es verdad que la inminencia de la perspectiva de la unión monetaria europea ha provocado una toma de conciencia por parte de numerosos gobiernos en cuanto a la necesidad de sanear las finanzas públicas para cumplir las normas en el momento del examen (primavera de 1998). En efecto, el siguiente cuadro parece demostrar que existe una voluntad común -incluso en los Estados miembros cuyas posibilidades todavía ofrecen dudas- de reducir el déficit.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Deuda pública

>PRINCIPIO DE GRÁFICO>

>FIN DE GRÁFICO>

Déficit público

>PRINCIPIO DE GRÁFICO>

>FIN DE GRÁFICO>

Fuente: Comisión Europea, previsiones de abril de 1997.

4.8. No obstante, en este cuadro también se demuestra el «riesgo» de los márgenes de maniobra establecidos: tras haber repetido en numerosas ocasiones que el tope del 3 % para el déficit y del 60 % para la deuda pública son límites máximos, y que unas economías saneadas deberían situarse muy lejos de dichos límites, se comprueba que la mayoría de los Estados miembros -incluidos los más fuertes- se encuentran en la actualidad peligrosamente cerca de los límites máximos o, incluso, los han superado hasta en las previsiones.

4.9. La prudencia defendida por el Comité Económico y Social (véase el punto 4.6) resulta necesaria en este punto si se considera que, aunque la evaluación de las variables del déficit y de deuda pública permite cierta flexibilidad de interpretación en el momento de la verificación de las condiciones exigidas para participar en la UEM (), dicha flexibilidad ya no será posible más adelante: los criterios para la aplicación de las sanciones son matemáticos y no dejan ningún margen para la interpretación. Por lo demás, en dicho cuadro se comprueba fácilmente que, si las previsiones para 1997 reflejaran la realidad de 1999, muy pocos miembros de la UEM se librarían de sanciones.

4.10. A este respecto, surge de forma espontánea la siguiente reflexión: con el paso de los años, la coyuntura económica mundial -y europea, en especial- se ha modificado de forma progresiva, de tal forma que es difícil recuperar parámetros que hace tiempo eran considerados «normales». En Europa (), durante los años sesenta y principios de los setenta se consideraban normales presupuestos bastante equilibrados e, incluso, con superávit. Por ejemplo, la media de la deuda pública de los 15 Estados miembros en 1970 era del 34,6 % del PIB; en 1995 dicha cifra había aumentado hasta el 71,7 %, lo que supone una duplicación en 25 años. Si la situación ha cambiado de forma tan macroscópica, nada impide que pueda volver a cambiar en el futuro. De esta reflexión surge la propuesta que el Comité presenta al Consejo: los criterios de convergencia, en especial los que se refieren al déficit y a la deuda publica, deberían ser objeto de una revisión periódica, por ejemplo cada diez años. Esta posibilidad no se menciona en el Tratado, pero la experiencia y la cautela deberían hacer reflexionar sobre este importante argumento.

4.11. Un indicio de que este riesgo ya ha sido percibido lo constituye la reciente iniciativa de Eurostat de revisar los criterios estadísticos y contables para el cálculo del déficit público (), claramente con vistas al examen de la primavera de 1998. Estos criterios, que los críticos han calificado como «contabilidad creativa», tienen como finalidad que los asientos contables deudores y acreedores se calculen de forma diferente a la práctica habitual. El Comité considera aceptable esta iniciativa si el fin último es el de garantizar el acceso a la UEM de acuerdo con criterios armonizados y basados en la neutralidad contable y estadística. No obstante, llama la atención sobre la necesidad de una mayor armonización de los criterios de recogida de datos estadísticos, en concreto de los que se refieren al coste de la vida y al empleo: es fundamental que se puedan comparar para la aplicación de criterios de convergencia equitativos y «neutros». Por lo tanto, es indispensable que no se altere la exigencia de que las nuevas normas permitan una mejor evaluación de la convergencia y no permitan desviaciones respecto de los criterios necesarios de rigor presupuestario.

5. Procedimientos de convergencia reforzados y nuevo mecanismo de tipos de cambio en la tercera fase de la UEM

5.1. No cabe duda de que el problema de los Estados miembros que no formarán parte de la UEM es uno de los más delicados desde el punto de vista económico, monetario y político. La evolución armoniosa del mercado único sufriría un duro golpe si las monedas de los países «acogidos a una excepción» (llamados ahora «pre-in» en los documentos oficiales) pudieran fluctuar libremente. Todas las partes interesadas, incluidos el IME y la Comisión, han reconocido la necesidad de una disciplina. Por lo tanto, la Comunicación de la Comisión de 16 de octubre de 1996 () constituye el modelo en el que se basarán presumiblemente las próximas decisiones.

5.2. El Consejo Ecofin ya ha alcanzado un consenso de principio sobre la necesidad de una solidaridad monetaria mediante la creación de un nuevo mecanismo de cambio -derivado del mecanismo actual- en el que participarán los países «pre-in». El objetivo de este mecanismo es imponer a dichos Estados miembros una disciplina en los tipos de cambio y el cumplimiento -al menos en su evolución- de los criterios de convergencia. La debilidad del proyecto radica en que el nuevo mecanismo de cambio no será obligatorio para todos los Estados miembros de la Unión Europea. La eventualidad de que uno de los países «pre-in» rechace someterse a tal disciplina -que, en definitiva, es de interés común- parece remota, pero el problema de cómo actuar ante una moneda que fluctúa de forma libre debe examinarse con gran atención.

5.3. La cuestión es especialmente delicada en el caso de los países que se benefician de la cláusula llamada de «opt-out». Hay dudas en cuanto al acceso de Dinamarca; el Reino Unido no forma parte del SME, por lo que su participación depende tanto de su voluntad como del respeto de los márgenes normales de fluctuación, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer guión del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado. La Unión Europea es en primer lugar política, después económica y, por último, monetaria: la presencia de monedas regidas por criterios «nacionales» es contraria al Tratado, que propugna que los Estados miembros traten sus políticas monetarias como asunto de interés común.

5.4. El nuevo sistema de tipos de cambio se basará en vínculos bilaterales entre el euro y cada una de las monedas «pre-in»; los tipos centrales y los márgenes de fluctuación se fijarán para cada moneda con arreglo a un procedimiento de decisión en el que participarán los ministros de Hacienda, los gobernadores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales no participantes, así como la Comisión.

5.5. En caso de fluctuaciones anormales o de presiones del mercado, el mecanismo garantizaría un apoyo automático completado con un mecanismo de financiación cuando la moneda «pre-in» se acerque a los márgenes de la banda de fluctuación. No obstante, el BCE podrá suspender la intervención cuando se produzcan situaciones que puedan poner en peligro el objetivo primario de la estabilidad de precios. Asimismo, se prevén medidas prácticas -no especificadas en el documento de la Comisión- para restringir las fluctuaciones dentro de la banda fijada.

5.6. Los eventuales realineamientos de los tipos de cambio deberán hacerse en el momento oportuno y mediante un procedimiento común. Todas las partes interesadas podrán solicitar que se proceda a un realineamiento.

5.7. El Comité Económico y Social considera que este mecanismo, tal como se describe, es válido y debe ser aprobado. La estabilidad cambiaria de todas las monedas de la Unión Europea es una condición importante y necesaria. No obstante, causa cierta perplejidad que las intervenciones de apoyo se consideren «automáticas», pero que, al mismo tiempo, se prevea que no podrán aplicarse cuando existan otras prioridades (véase el punto 5.5) No parece que una solidaridad sujeta a condiciones sea totalmente «automática», al menos en la medida en que está sujeta a la verificación de circunstancias ajenas a la voluntad de las partes. Por otra parte, cuesta imaginar otro mecanismo que pueda aplicarse en circunstancias que requieren la concentración de los esfuerzos en el bien prioritario, esto es, la moneda única.

5.8. En la Comunicación se afirma que la estabilidad de los tipos de cambio depende, sobre todo, de una gestión macroeconómica saneada; ello resultará cierto si se avanza de forma progresiva hacia una convergencia sostenible. Habida cuenta de la relación existente entre estabilidad de tipos de cambio y convergencia, la Comisión propone que se presenten programas de convergencia como instrumento de gestión y de control del nuevo mecanismo de cambio útil. En definitiva, se trata de crear para los Estados miembros «pre-in» un sistema paralelo al de los programas de estabilidad de los Estados miembros «in».

5.9. La Comisión propone que la presentación de los programas de convergencia sea una obligación formal de los Estados miembros «pre-in» con las mismas modalidades y en idénticas condiciones que las previstas para los programas de estabilidad. En ellos debería prestarse especial atención a los objetivos de los índices de inflación, deuda pública y porcentaje de endeudamiento, así como la descripción de las políticas de acercamiento a los criterios de convergencia.

5.10. Asimismo, en la Comunicación se prevé el establecimiento de procedimientos de convergencia reforzados a nivel comunitario, aunque se reconoce que la responsabilidad del cumplimiento de dichos criterios corresponde ante todo a cada uno de los Estados miembros «pre-in». En la práctica, estos procedimientos reforzados supondrían una supervisión más rigurosa de las coyunturas y de los programas, en aplicación del artículo 103 del Tratado. En este artículo se prevén diversas medidas que van desde la formulación de recomendaciones por parte del Consejo hasta la publicidad de dichas recomendaciones y, en última instancia, la comparecencia del Presidente del Consejo ante la comisión competente del Parlamento Europeo.

5.11. El Comité Económico y Social se muestra de acuerdo con los mecanismos y las medidas propuestas. No obstante, señala que, a diferencia del pacto de estabilidad, los programas de convergencia carecen del requisito fundamental del poder disuasorio de las sanciones. En el Tratado no se prevén tales sanciones y tampoco parece aconsejable que se establezcan ahora. Por otra parte, la debilidad del sistema reside en el hecho de que, en definitiva, el avance hacia la convergencia de los Estados miembros «pre-in» depende principalmente de su voluntad de participar en la UEM y de la sensatez de sus políticas macroeconómicas y monetarias. En consecuencia, las medidas propuestas por la Comisión son racionales, pero insuficientes, en caso de que un país, ante dificultades objetivas, no quiera o no pueda adecuarse a los criterios de convergencia. Evidentemente, es diferente el caso de un Estado miembro que realice a sabiendas maniobras de «devaluación competitiva».

6. Observaciones adicionales y finales

6.1. Algunos Estados miembros han considerado la posibilidad de constituir un consejo de estabilidad compuesto por los ministros de Hacienda de los Estados miembros «in» (una especie de Consejo Ecofin informal y reducido), encargado de coordinar las políticas presupuestarias de los países participantes en la UEM y de servir de «interlocutor» con el BCE. En general, se considera que con esta propuesta se quiere crear un contrapeso político a los poderes del futuro BCE, cuya independencia a la hora de determinar la política monetaria queda garantizada por el artículo 107 del Tratado. El Comité Económico y Social considera que, independientemente de las funciones del Consejo en política económica y el papel fundamental de la Comisión, debe respetarse tanto en la forma como en el fondo la independencia del BCE. En caso de que se constituyera, el consejo de estabilidad deberá respetar estos principios. Por lo demás, es difícil emitir un juicio sin datos precisos sobre el papel, obligaciones y competencias de este organismo.

6.2. El Comité Económico y Social ha señalado con anterioridad (véanse los puntos 3.3 y 3.4) la importancia que adquiere la situación del empleo en un contexto diferente al que existía cuando se redactaron las disposiciones del Tratado. Por consiguiente, es esencial garantizar una coherencia entre el objetivo de convergencia y estabilidad y los de mantenimiento del estado del bienestar y aumento de la competitividad. El Comité se reserva la posibilidad de elaborar un nuevo dictamen sobre estos aspectos.

6.3. En las condiciones de una moneda única se puede originar un desequilibrio entre los objetivos monetarios y los de la economía real, porque la consecución de los objetivos monetarios está respaldada por un potente Banco Central Europeo. Por ello, basándose en consideraciones macroeconómicas y teniendo en cuenta la cohesión social, deben crearse mecanismos que, en primer lugar, garanticen una mejor coordinación de las macropolíticas (crecimiento, empleo, fiscalidad, etc.) a escala europea y, en segundo lugar, permitan el establecimiento de un nivel de reuniones periódicas entre los responsables monetarios y de la economía real.

6.4. En conclusión, el Comité Económico y Social se muestra de acuerdo en términos generales con las propuestas de la Comisión y llama la atención del Consejo sobre determinadas consideraciones y reservas formuladas en el presente Dictamen, que, sin alterar las directrices propuestas, podrían facilitar una revisión posterior de las propuestas de la Comisión.

Bruselas, el 29 de mayo de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() Las contribuciones anteriores se recogen en los Dictámenes del Comité Económico y Social sobre el «Libro Verde sobre las modalidades de transición a la moneda única» de 26. 10. 1995 (DO C 18 de 22. 1. 1996), «Los efectos de la unión económica y monetaria: aspectos económicos y sociales de la convergencia y sensibilización a la moneda única» de 26. 9. 1996 (DO C 30 de 30. 1. 1997) y «La legislación y las reglamentaciones necesarias para la transición a la moneda única y sus implicaciones para el mercado» de 31. 10. 1996 (DO C 56 de 24. 2. 1997).

() Presentada por la Comisión el 19. 3. 1997 en aplicación del apartado 2 del artículo 189 A del Tratado CE (DO C 117 de 15. 4. 1997).

() Presentada por la Comisión el 19. 3. 1997 en aplicación del apartado 2 del artículo 189 A del Tratado CE (DO C 130 de 26. 4. 1997).

() Doc. COM(96) 498 fin de 16. 10. 1996.

() Véase el Dictamen del Comité de 31. 10. 1996.

() Véase el Dictamen del Comité de 26. 9. 1996, punto 5.

() Caso hipotético de un déficit real del 3,5 %. El cálculo será el siguiente: 0,2 % + >NUM>1

>DEN>10

de 0,50 = 0,2 + 0,05 = 0,25.

() Véase el Dictamen del Comité de 26. 9. 1996, punto 2.7.

() Los datos ofrecidos proceden de un informe del Sr. Duisenberg, presidente del Banco Central de los Países Bajos y del Banco Internacional de Pagos, de 20. 3. 1997 (publicado por BIS Review, n° 36 de 3. 4. 1997).

() Véanse Eurostat news release n° 10/97 de 3. 2. 1997, n° 16/97 de 21. 2. 1997 y n° 24/97 de 26. 3. 1997.

() COM(96) 496.

ANEXO al Dictamen del Comité Económico y Social

Las enmiendas siguientes, que obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates.

Punto 3.5

Sustitúyase al final del párrafo las palabras «un tanto optimista» y sustitúyanse por «poco realista».

Resultado de la votación

Votos a favor: 35, votos en contra: 53, abstenciones: 21.

Punto 5.12 (nuevo)

Añádase un nuevo punto 5.12 redactado del modo siguiente:

«5.12. El Comité Económico y Social manifiesta su gran preocupación por las reacciones que provocan en la opinión pública las rigurosas políticas económicas y sociales impuestas por la realización de los criterios de convergencia.

El Comité lamenta que no se haya efectuado (y publicado) un detenido análisis económico y social -en particular, de los efectos en el empleo-, cuando desde múltiples direcciones: la Comisión de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas, el informe del BPI (Banco de Pagos Internacionales), las conclusiones de diversos centros de análisis de coyuntura en Alemania, Reino Unido, Francia, etc., tienden a demostrar que la política resultante de los imperativos de Maastricht prohíbe la vuelta a un crecimiento suficiente para detener el progreso del desempleo en Europa y acentúa la degradación de la competitividad europea comparada con el resto de la economía mundial.»

Exposición de motivos

Se considera innecesaria.

Resultado de la votación

Votos a favor: 35, votos en contra: 77, abstenciones: 15.