[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 15.12.2005

COM(2005) 657 final

INFORME DE LA COMISIÓN

Informe de evaluación de la Directiva sobre la firmeza de la liquidación 98/26/CE (UE 25)

ÍNDICE

1. Objetivos de la evaluación 5

2. Aplicación de la Directiva sobre la firmeza de la liquidación 6

3. Principales problemas detectados y riesgos previsibles 7

4. Objetivos, resultados y repercusiones de la DFL 9

5. Conclusiones 11

ANNEX 12

Resumen

La Directiva 1998/26/CE sobre la firmeza de la liquidación, denominada en lo sucesivo la DFL, entró en vigor el 11 de diciembre de 1999 para los Estados miembros de la UE 15 y el 1 de mayo de 2004 para los diez nuevos Estados miembros. La DFL también es aplicada por Noruega, Islandia y Liechtenstein, Estados miembros del EEE. El artículo 12 de la DFL dispone que "… la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva, acompañado, en su caso, de propuestas de modificación.". Habría debido presentarse un informe al Parlamento Europeo y al Consejo el 11 de diciembre de 2002 a más tardar.

Este informe fue efectivamente encargado por la Comisión y se elaboró para los Estados miembros de la UE 15. Se terminó el 19 de febrero de 2003:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/docs/transposition-dir-9826/main_en.pdf ).

Dada la proximidad de la ampliación, este informe no se presentó al Consejo y al Parlamento Europeo. El presente informe de evaluación pretende abarcar al conjunto de los Estados miembros de la UE 25.

Para elaborar el presente informe, la Comisión instó a los Estados miembros a responder a un largo cuestionario sobre la puesta en práctica y la aplicación de la DFL. Veinticuatro Estados miembros han respondido; Chipre, que no lo ha hecho, explicó que no disponía aún de una experiencia práctica suficiente de la aplicación de la Directiva para responder al cuestionario.

La Directiva sobre la firmeza de la liquidación – Justificación y descripción

La DFL fue la respuesta del legislador comunitario a la preocupación mostrada por el riesgo sistémico por parte del Comité sobre los sistemas de pago y de liquidación (CSPL) bajo los auspicios del Banco de Pagos Internacionales. Con el inicio de la II fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en 1994, quedó patente que era necesaria una infraestructura de pagos estable y eficiente para apoyar a los pagos transfronterizos, a la futura política monetaria única y para reducir al mínimo el riesgo sistémico, especialmente si tenemos en cuenta el aumento de la dimensión transfronteriza.

Para responder a la necesidad de minimizar el riesgo sistémico y de garantizar la estabilidad de los sistemas de pago y liquidación de valores, la DFL dispone que las órdenes de transferencia introducidas en estos sistemas no pueden ni revocarse ni invalidarse de ninguna otra forma. Garantiza esta protección al estipular la irrevocabilidad y el carácter definitivo de las órdenes de transferencia introducidas en un sistema que reúna las condiciones estipuladas y de su compensación, incluso en caso de un procedimiento de insolvencia contra un participante nacional o extranjero. No obstante, hay que señalar que esta protección ya existía en muchos Estados miembros, aunque en formas diferentes, antes de la introducción de la DFL.

La DFL contiene catorce artículos y es relativamente corta. Su brevedad es contrarrestada por la gran complejidad del texto.

El mecanismo de la DFL consiste en establecer una categoría de sistemas que se beneficien de su protección, es decir los sistemas que entran en su definición operativa de "sistema" y que han sido designados como tales por las autoridades competentes del Estado miembro y notificados por éstas a la Comisión. En el presente informe, se entiende por "sistema" un miembro de esta categoría. En conjunto, la DFL ha establecido una categoría paneuropea de sistemas, diciéndose anecdóticamente que la pertenencia a éstos tiene un valor comercial, además de sistémico. La Comisión publica la lista de los sistemas notificados en la siguiente dirección: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/financial-markets/settlement/dir-98-26-art10-national_en.htm

La DFL delimita su ámbito de aplicación definiendo una serie de componentes esenciales, como los conceptos de "sistema", "participante" y "procedimiento de insolvencia". Desde el momento en que se introduce en un sistema una orden de pago o de liquidación de valores de acuerdo con sus normas de funcionamiento, está protegida frente a terceros incluso en caso de quiebra de uno o más participantes en el sistema. Esta protección está garantizada si la orden de transferencia se ha introducido en el sistema antes de la incoación del procedimiento de insolvencia, o el día de la misma siempre que las partes implicadas puedan demostrar que no tenían conocimiento o que no podían tenerlo de dicho procedimiento. Con esta protección, ninguna ley, normativa, norma o práctica sobre la anulación de contratos y operaciones celebrados antes de la incoación del procedimiento de insolvencia puede producir la anulación de una compensación de órdenes de transferencia. El momento exacto en que se introduce una orden de transferencia en un sistema viene determinado por las normas de funcionamiento de cada sistema. Además, la DFL dispone que un procedimiento de insolvencia no puede tener efectos retroactivos sobre las órdenes de transferencia o compensación.

Cuando un Estado miembro decida incoar un procedimiento de insolvencia contra un participante en un sistema, notificará inmediatamente esta decisión a la autoridad central que haya designado, la cual lo notificará a las autoridades centrales de todos los demás Estados miembros. Esta disposición tiene por objeto permitir que se dé rápidamente la alerta.

La legislación aplicable a un sistema se establece en las normas de funcionamiento de cada uno de ellos. La DFL permite que el sistema esté regulado por la legislación nacional de cualquier Estado miembro, a condición de que uno de los participantes en el sistema tenga su domicilio social en el Estado cuya legislación se haya elegido.

En cuanto a los valores constituidos en garantía para los participantes en relación con sistemas o bancos centrales, la legislación aplicable a esta garantía es la del Estado miembro donde está situado el registro, la cuenta o el depositario en el que están registrados.

Designación de los sistemas de pago y de liquidación de valores

Con arreglo a los artículos 6 y 10 de la DFL, los Estados miembros deben notificar a la Comisión qué sistemas han designado y qué autoridades nacionales están encargadas de la notificación. La Comisión cuenta con dos registros que contienen esta información, que puede consultarse en internet. Se actualizan cada vez que los Estados miembros comunican nueva información a la Comisión.

La información acerca de las autoridades que los Estados miembros han designado para la notificación de la incoación de un procedimiento de insolvencia (artículo 6 de la DFL) contiene la denominación oficial de las autoridades encargadas y los datos de contacto (personas responsables, números de teléfono, etc.). Once Estados miembros han designado a sus bancos centrales nacionales como autoridad responsable (At, Bel, Cyp, Gr, Hu, Irl, It, Lt, Mt, Nl, Pl)); otros siete designaron a sus autoridades de control financiero (Dk, Ee, Fr, D, Lv, Lu, S) y seis designaron a ambos (Rep Ch, Pt, Si, Sp, Sk, Uk). Un Estado miembro (Fi) designó a un Ministerio : http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/financial-markets/settlement/dir-98-26-art06-insolvency_en.htm )

En cuanto a los sistemas de pago y liquidación de valores designados (artículo 10 de la DFL) también figura su denominación oficial y los datos de contacto. La información que los Estados miembros comunican es más o menos detallada según los casos. La Comisión tiene previsto hacerla uniforme. No será, sin embargo, necesaria la intervención del legislador, bastará con un acuerdo informal con los Estados miembros.

En total, se han designado y notificado a la Comisión 107 sistemas. De ellos, 49 son sistemas de pago y 58 son sistemas de liquidación de valores. Existe una tendencia clara, cada vez más sistemas desean ser designados por los Estados miembros pertinentes, ya que proporciona un doble beneficio: obtienen la "marca de calidad" de la DFL y su "pasaporte" informal generador de confianza para efectuar operaciones transfronterizas. Cuando se ha designado y notificado un sistema, los operadores del mercado pueden confiar en la calidad jurídica de los prestadores de servicios y en el contexto jurídico en el que operan. Los tribunales y autoridades extranjeros deben respetar la protección concedida a estos sistemas en virtud de la DFL.

1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

Los principales objetivos de la presente evaluación son los siguientes: (i) analizar el proceso de aplicación de la DFL y (ii) elaborar una lista con los puntos que pueden plantear problemas y que podrían ser objeto de una revisión futura de la Directiva.

La evaluación se ha realizado tomando como base la información recibida de los Estados miembros y del Banco Central Europeo. En lo relativo al primer objetivo, los Estados miembros respondieron a un largo cuestionario de la Comisión (véase la sección 1) sobre la aplicación de la DFL. El material de que dispone la Comisión es demasiado voluminoso para que pueda reproducirse de forma detallada. En consecuencia, cuando la presente evaluación no trata un asunto concreto es porque se considera que no plantea problemas y que no es necesario plantearse su revisión. Los interesados pueden, no obstante, consultar las respuestas de cada Estado miembro en la página internet de la Comisión (la dirección se dará posteriormente) para más detalles.

En lo relativo al segundo objetivo, varios Estados miembros y el BCE han expresado su opinión sobre lo que consideran cuestiones potencialmente problemáticas. En el presente informe de evaluación, la Comisión ha determinado las principales cuestiones que merecen un análisis más profundo (sección 4). No se trata de una propuesta formal “de revisión de la Directiva”, según lo dispuesto en el artículo 12 de la DFL. Cualquier propuesta de modificación de la Directiva iría por supuesto acompañada de un análisis de impacto completo.

2. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE LA FIRMEZA DE LA LIQUIDACIÓN

Análisis del proceso de aplicación de la DFL.

Los Estados miembros parecen estar de acuerdo en que la DFL resulta un instrumento muy útil para garantizar una mayor protección contra el riesgo sistémico en los sistemas europeos de pago y liquidación de valores y que proporciona y aumenta la seguridad jurídica y la predictibilidad entre los participantes de los distintos Estados miembros. Se considera que la DFL ha logrado los efectos deseados y funciona bien. Para ilustrarlo, una de las respuestas al cuestionario dice: "Estamos bastante satisfechos con la DFL, que ofrece una protección jurídica completa (casi perfecta) a los sistemas con participación internacional. La DFL no requiere cambios fundamentales. Sí podrían plantearse algunas mejoras menores.".

Sobre la base de las respuestas al cuestionario, podrían ponerse de relieve algunas cuestiones relativas a la aplicación de la Directiva. La presente sección no trata los puntos problemáticos. Éstos se abordan en la sección 4.

- Artículo 1, letra a) : En lo relativo a la elección del Derecho que rige un sistema (el Derecho nacional de cualquier Estado miembro), a la pregunta sobre si existen sistemas registrados o situados en un Estado miembro o notificados por un Estado miembro que se rigen por la legislación de otro Estado miembro, todos excepto uno respondieron negativamente. A la pregunta opuesta, es decir si los Estados miembros tienen conocimiento de que su legislación esté siendo utilizada por un sistema que esté registrado, situado en otro Estado miembro o sea notificado por otro Estado miembro, dos de ellos respondieron afirmativamente. Estas respuestas no permiten sacar conclusiones claras. No obstante, parecen indicar que los sistemas de pago y liquidación de valores aún prefieren operar en un entorno nacional, a pesar de la intención de crear un mercado interior también para estos servicios. Eso implica que no existen sistemas que sean verdaderamente paneuropeos o que existen muy pocos.

- Artículo 2, letras c), d) y e) : Existe un tratamiento uniforme de las contrapartes centrales, los agentes de liquidación y las cámaras de compensación, en el sentido de que todos los Estados miembros autorizan a que estas entidades sean "participantes" con arreglo a la DFL.

- Artículo 2), letra g) : En lo relativo a la utilización del concepto de "participantes indirectos", la situación queda menos clara. A la cuestión de si hay casos en los que los "participantes indirectos" u otros organismos han sido considerados como "participantes", nueve Estados miembros respondieron afirmativamente. Los sistemas jurídicos de los otros Estados miembros o no reconocen este concepto, o aún no han admitido a participantes indirectos, aunque se considera que sería posible en algunos casos. Todos los Estados miembros han preferido no ampliar el círculo de los participantes más allá de lo previsto en la DFL.

- Artículo 3 : La DFL minimiza el riesgo sistémico al garantizar la irrevocabilidad, la aplicabilidad y el carácter vinculante para terceros de las órdenes de pago y de liquidación de valores que se introducen en un sistema. Para reducir el riesgo sistémico es necesario, entre otras cosas, que se pueda actuar rápidamente en caso de insolvencia de un participante en el sistema. En este contexto, es importante que los participantes en el mercado, así como los tribunales y las autoridades competentes dispongan de un acceso inmediato y completo a la información, a las decisiones y a las normas en materia de insolvencia. En dieciocho Estados miembros, estas decisiones se hacen públicas y están disponibles en distintos medios de comunicación con plazos variables. Algunos Estados miembros utilizan internet para notificar inmediatamente las insolvencias, mientras que otros se limitan a publicar la información en su Diario Oficial en un plazo de hasta ocho días. Algunos Estados miembros no hacen públicas las decisiones hasta que adquieren valor legal completo, mientras que otros dejan al juez la posible decisión de pedir que se dé una mayor publicidad a una decisión en la prensa local y nacional por ejemplo. Cinco Estados miembros no hacen públicas las decisiones de insolvencia, aunque tengan un amplio deber de información cuando sus tribunales deben notificar inmediatamente estas decisiones por ejemplo al Banco Central Nacional, al Gobierno o al registro de sociedades.

- Artículo 5 : Ninguno de los veinticuatro Estados miembros que respondieron al cuestionario tiene legislación que defina el "momento de introducción" de una orden de pago o de liquidación de valores; todos los Estados miembros mencionan que esto debe decidirse con arreglo a las normas establecidas de cada sistema, de acuerdo con las disposiciones de la DFL. Es un aspecto positivo, ya que significa que ningún participante debe temer que la legislación nacional anule los acuerdos de los sistemas sobre este punto.

- A la pregunta general sobre si los Estados miembros tienen o han tenido problemas con la aplicación de la DFL, todos respondieron negativamente. Unos pocos Estados miembros aplicaron la Directiva con retraso, pero alegan que este retraso fue debido a factores distintos al contenido de la propia Directiva.

La Comisión concluye que todos los Estados miembros han transpuesto la DFL de manera muy satisfactoria, excepto en los casos mencionados en la sección 4.

3. PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS Y RIESGOS PREVISIBLES

En esta sección se ofrece una descripción de los ámbitos en los que se perciben problemas con la correcta transposición o aplicación de la DFL sobre la base de las respuestas y sugerencias de los Estados miembros y del BCE. Define los principales problemas potenciales que pueden ser objeto de una futura revisión de la Directiva.

También existen una serie de cuestiones secundarias más técnicas que deberán estudiarse de manera profunda en futuras revisiones de la DFL, pero que no parece que deban calificarse en esta fase como problemas importantes.

1. Artículo 1, letra a) : Siete Estados miembros parecen ser favorables a la introducción de una opción que permitiría que la legislación de más de un Estado miembro regule un sistema determinado o diferentes partes del mismo.

Seis Estados miembros (quizá siete, pero un Estado miembro no ha respondido claramente) no parecen autorizar explícitamente la libre elección de la legislación que debe regular un sistema. Se trata, potencialmente, de un problema que no se puede descuidar y que podría conducir a procedimientos de infracción.

2. Artículo 2, letra a) : Debería dejar claro que un "acuerdo" entre participantes en el sistema puede regirse por contrato o por la legislación.

3. Artículo 2, letra b) : La gama de entidades definidas incluye a las entidades de crédito. Existe cierto debate sobre si esto incluye a las entidades de dinero electrónico (ELMIS), según lo definido en la Directiva 2000/46/CE, artículo 2 bis. Trece Estados miembros y el BCE consideran que sí las incluye; once, consideran que no las incluye. Esto preocupa al BCE y ha sugerido que, por razones de estabilidad, las ELMIS disfruten de la misma protección que otras "entidades de crédito", en especial por lo que se refiere al funcionamiento del sistema TARGET.

4. Artículo 2, letras f) y g) : Las definiciones de "participante" y "participante indirecto" han llamado la atención.

En primer lugar, según el BCE, no existe consenso en la Unión sobre si los agentes de liquidación, las cámaras de compensación y las contrapartidas centrales entran en estas definiciones; sin embargo, en sus respuestas al cuestionario, todos los Estados miembros consideran que estas entidades también pueden actuar como participantes.

En segundo lugar, las protecciones concedidas por la DFL no incluyen a los participantes de fuera de la Unión. Una decena de Estados miembros consideran que debería preverse una ampliación de una forma u otra, y otros cuatro son favorables, con cierta cautela, a esta idea. Más concretamente, se busca una protección, con vistas a la integración de los mercados financieros, para los participantes de terceros países presentes en sistemas con base en la UE y de participantes de la UE en sistemas externos a la UE. Esta participación ya es posible de forma bilateral caso por caso, pero estos acuerdos implican un riesgo no desdeñable en cuanto a la previsión jurídica y potencialmente para los sistemas como tales. Obviamente, la UE no es competente para ampliar la validez de la DFL fuera del territorio de la Unión, pero sería concebible que se regulara de una manera más detallada la presencia de participantes o sistemas de terceros países en sistemas que tengan su base en la UE y la de participantes de la UE en sistemas externos a la UE. Esto permitiría reforzar la estabilidad financiera.

5. Artículo 2, letra i) . Algunos Estados miembros también desearían que la DFL indicara claramente cuándo debería considerarse que una orden de transferencia se ha introducido en un sistema, cuando son varios los que están interconectados. Con ello se garantizaría que la definición de "orden de transferencia" o de "orden de pago" incluye a todos los tipos de instrumentos de pago.

6. La definición de "procedimientos de insolvencia" que figura en el artículo 2, letra j) de la DFL no incluye claramente a todos los tipos de procedimientos nacionales de insolvencia o similares. Algunos Estados miembros desearían que se ampliara la definición para proteger contra todos los procedimientos de insolvencia. Las moratorias legales, por ejemplo, que son distintas de los procedimientos de insolvencia, podrían no estar incluidas, aunque los procedimientos similares a los de insolvencia pueden tener los mismos efectos sobre los sistemas de pago y liquidación de valores que los procedimientos de insolvencia propiamente dichos. Una posibilidad sería que la protección de las órdenes estuviera limitada estrictamente por una "norma de 24 horas" (las operaciones efectuadas en ese plazo se considerarían efectuadas antes de la quiebra) sin una condición de "buena fe". En el mismo orden de ideas, el artículo 7 de la DFL debería incluir una protección contra la denominada elección selectiva (normas sobre el derecho de recuperación) con respecto a otros procedimientos distintos del procedimiento de insolvencia propiamente dicho.

7. Las definiciones nacionales del concepto de "garantía" que figuran en el artículo 2, letra m) , no parecen haber planteado problemas de compatibilidad aunque difieren muy sensiblemente. Según el BCE, aunque no hay problemas por ahora, podrían producirse dificultades a la vista de las modificaciones previstas en lo relativo a admisibilidad de las garantías, que incluirán por ejemplo a los préstamos bancarios.

8. Artículo 3 . Otro asunto problemático es que ocho Estados miembros no prevén la obligación por parte de las autoridades judiciales o administrativas de indicar la hora exacta del día en que se adopta la decisión de insolvencia. Esta obligación existe en quince Estados miembros. En algunos de ellos, los jueces y tribunales deben indicar la hora y el minuto en que se adopta la decisión, mientras que otros también publican esta información junto con la decisión por ejemplo en internet. Esta cuestión reviste quizá menos importancia por razones de publicidad, pero es crucial cuando se trata de decidir los efectos de una decisión de insolvencia que afecte a un participante en el sistema, especialmente habida cuenta de los importes transferidos en los sistemas y de su irrevocabilidad con arreglo al artículo 3.1.

9. Se considera que haría falta una mayor claridad sobre el momento de la introducción en el sistema (véase el apartado 5) en relación con el artículo 5 para las normas de algunos sistemas de pago SLBTR, y en circunstancias en que varios sistemas están interconectados y a efectos del artículo 6, apartado 2 (notificación de insolvencia). El artículo 6, apartado 2 no prevé que se notifique directamente ni al BCE ni a la Comisión. Habida cuenta de sus papeles respectivos de supervisor y operador del sistema y responsable del registro de sistemas comunitario, debería introducirse seguramente esta obligación. La Comisión quizá podría establecer un mecanismo de reacción rápida para que la información relativa a una posible insolvencia se transmitiera inmediatamente a todas las partes interesadas.

10. El artículo 8 prevé la aplicación de la legislación de un sistema a "[...] los derechos y obligaciones derivados de su participación o que estén vinculados a la misma", en caso de insolvencia de un participante. Sería necesaria una mayor claridad para evitar todos los conflictos entre legislaciones sobre insolvencia cuando la legislación aplicable a un sistema sea diferente de la legislación del Estado miembro en el que está situado dicho sistema.

4. OBJETIVOS, RESULTADOS Y REPERCUSIONES DE LA DFL

Para resumir las conclusiones que se pueden extraer de la información comunicada por los Estados miembros, una serie de cuestiones fundamentales deben recibir respuesta. Las principales preguntas de la evaluación acerca de los efectos de la DFL son los siguientes:

1. ¿Cómo han transpuesto la DFL los diversos Estados miembros?

Como se ha indicado anteriormente, los Estados miembros han transpuesto la DFL de forma muy satisfactoria. No obstante, sigue habiendo algunos puntos problemáticos y, en lo relativo a algunos Estados miembros, la aplicación del artículo sobre la elección de la legislación aplicable a los sistemas podría llevar a la Comisión a incoar procedimientos de infracción.

2. ¿Cómo se ha garantizado la aplicación efectiva de la nueva legislación?

Todo indica que la aplicación efectiva de las normas de la DFL, a través de la legislación de los Estados miembros, es eficiente. La designación y supervisión de los sistemas no parecen plantear problemas particulares.

3. ¿Se han producido retrasos importantes?

No, no se produjeron retrasos importantes en la aplicación de la DFL. Todos los nuevos Estados miembros de la UE, desde el 1 de mayo de 2004, declaran que ellos también han aplicado la Directiva de forma adecuada y eficiente.

4. ¿Hay claridad jurídica suficiente en lo relativo a las consecuencias de la insolvencia de un participante en un sistema?

Como estaba previsto, la DFL ha proporcionado una doble claridad/seguridad jurídica; cada sistema puede elegir qué legislación nacional desea aplicar y seguir; y las legislaciones de todos los Estados miembros hacen que las órdenes de pago y liquidación sean irrevocables, vinculantes y efectivas una vez introducidas en un sistema (con las excepciones señaladas en la DFL) y de acuerdo con las normas de funcionamiento de los sistemas.

5. ¿Puede tener certeza el mercado de que las órdenes de pago y liquidación de valores son irrevocables una vez introducidas en un "sistema"?

Sí, aunque existen algunos factores que convendría tener en cuenta, como la definición de "procedimientos de insolvencia" que figura en la DFL que podría no ser suficientemente clara para abarcar a todos los tipos de procedimientos pertinentes que podrían, teóricamente, poner en entredicho la irrevocabilidad, el carácter vinculante y la aplicabilidad. Asimismo, el momento de “introducción” en un sistema podría resultar difícil de determinar cuando dos o más sistemas, designados como sistemas independientes, en realidad funcionan juntos.

6. ¿La DFL ha reducido el riesgo sistémico para los sistemas de pago y liquidación de valores y para los mercados financieros en su conjunto?

El riesgo sistémico asociado a los problemas jurídicos no puede cuantificarse. No se puede, pues, más que constatar de forma indirecta que la DFL ha reducido el riesgo sistémico. Además de poderlo deducir de las respuestas recibidas de los Estados miembros, los bancos centrales, que tienen por misión contribuir a la estabilidad del sistema financiero, han expresado esa opinión. Por ello, el BCE ha manifestado: "… la protección de los inversores y la estabilidad del sistema se basan en un entorno jurídico estable que respalda los derechos de los inversores y la integridad de los sistemas, ejemplo de lo cual es la Directiva sobre la firmeza de la liquidación DFL" (2004). Por su parte, el Banco de Inglaterra ha declarado que "… la designación [del tipo previsto por la DFL] podría fomentar la estabilidad financiera al proporcionar protección para las normas sobre incumplimientos de los sistemas de las legislaciones sobre insolvencia de los países del EEE en caso de incumplimiento de un miembro del sistema " ( Financial Stability Review , diciembre de 2002).

7. ¿La aplicación de la DFL ha implicado costes?

La Comisión no tiene conocimiento de ningún coste, aparte del coste del personal empleado en los Estados miembros para transponer en la práctica la Directiva, administrar el registro de sistemas, etc. De forma anecdótica, según un informe de la Cámara de Comercio austriaca (octubre de 2005), la DFL no forma parte de las Directivas consideradas costosas para el sector bancario.

8. ¿Ha tenido la DFL resultados o efectos inesperados?

Ningún Estado miembro los ha descrito.

9. ¿Hay casos de quiebras que hayan tenido repercusiones sobre un sistema?

Los Estados miembros han respondido con distintos grados de precisión a la pregunta de si los participantes en sistemas de pago y/o liquidación de valores se han visto envueltos en procedimientos de insolvencia ("quiebras") (desde la entrada en vigor de la DFL). Los Estados miembros han constatado doce quiebras desde la entrada en vigor de la DFL. Pero el número real podría ser mucho más elevado. Las quiebras indicadas no parecen haber causado daños sistémicos que puedan medirse, ni al sistema del participante insolvente ni a la estabilidad financiera.

5. CONCLUSIONES

La Comisión Europea saca las siguientes conclusiones:

1. La DFL funciona bien. Los Estados miembros están, en general, satisfechos con ella.

2. Sería, no obstante, necesario aportar algunas aclaraciones, algunas mejoras, precisar las definiciones y, si es posible, simplificarla, como ya se ha indicado.

3. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión propondrá dirigirse de nuevo a los Estados miembros y al BCE en 2006, por ejemplo en el marco del Comité europeo de valores (CEV), para iniciar un diálogo con el fin de establecer en qué medida los puntos que deben mejorarse, u otros, deberían dar lugar a una modificación de la DFL.

Este diálogo debería tener en cuenta el hecho de que, en el ámbito de los sistemas de pago y liquidación de valores, podrían estar en marcha algunos cambios importantes que quizá tendrían influencia sobre la DFL. La Comisión podría proponer en 2006 instrumentos jurídicos para aumentar la eficiencia y la seguridad de los servicios de compensación y liquidación. Asimismo, seguramente sería necesario tener también en cuenta el resultado de los debates sobre la propuesta que tiene como objetivo que la Comunidad firme el Convenio de La Haya sobre valores mobiliarios.

ANNEX

Logframe for the evaluation of Settlement Finality Directive

Description | Evaluation questions | Evidences | Indicators |

Assumptions | The insolvency of a participant in a Clearing and Settlement system may have systemic implications. | Potential consequences of the failure of a participant in a system for the system as a whole or even to other systems as evidenced e.g. by the relevant studies of CPPS-IOSCO. | Potential risk of unwinding and losses for participants Regulatory and capital adequacy treatment |

Actions | Settlement Finality Directive. | How have the different Member States transposed the SFD? How has new legislation been applied and/or enforced? Have there been important delays or shortcomings? | National laws. System rules. | Transposition indicators. Transposition delays. |

Results | Ensure legal certainty, bindingness and enforceability of payment transfers- and securities settlement orders entered into a system as defined by the SFD. | Has legal certainty increased? Can the market rely on the bindingness and enforceability of payment transfers and securities settlement orders after entry into a “system”? | National laws. Insolvency cases. Responses to questionnaire | Treatment and impact of insolvency cases. [the number will stay unaffected, it’s the effects that count] Problems reported by Member States. |

Impacts | Reduction of systemic risk inherent in payment systems. Contribute to the cost-effective operation of cross-border payment and securities settlement arrangements in the EU. | Is there any implementation cost due to the SFD? Are other costs reduced? Are there any unexpected impacts? Is there any evidence of bankruptcy having impact on a system? | Insolvency cases. Contagion risk/effects due to insolvency cases. Responses to questionnaire. Information provided by the Member States | Reduced impact of insolvency cases. Reduced risk of contagion cases. |