Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los controles oficiales de piensos y alimentos

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. RESUMEN

1. Esta propuesta responde al anuncio que la Comisión hizo en su Libro Blanco sobre seguridad alimentaria [1] de que presentaría al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de Reglamento sobre los controles oficiales de piensos y alimentos. En ella se establecen las normas que han de observar las autoridades competentes encargadas de llevar a cabo estos controles oficiales, así como las tareas de la Comisión con respecto a la organización de estos controles. Es el resultado de una revisión de las normas comunitarias existentes en la materia, adoptadas por separado para el sector de los piensos, el sector de los alimentos y el sector veterinario, y abarca todas las actividades a las que se aplican la legislación sobre piensos y la legislación sobre alimentos, que incluyen la seguridad de los piensos y de los alimentos y otros aspectos relacionados con la protección de los consumidores, como es el etiquetado de todos estos productos.

[1] Documento COM(1999) 719.

Se presta una especial atención a las medidas de ejecución y, en particular, a la imposición de sanciones a nivel nacional y comunitario. Para ello, la propuesta contiene unos requisitos mínimos sobre las sanciones penales que los Estados miembros deben imponer por delitos graves cometidos intencionadamente o por negligencia grave. Asimismo, la propuesta incluye instrumentos nuevos para que la Comisión obligue a los Estados miembros a aplicar la legislación comunitaria sobre piensos y alimentos.

II. INTRODUCCIÓN

2. Los motivos por los que la Comisión presenta esta propuesta pueden resumirse como sigue:

* El actual planteamiento sectorial ha dado lugar a duplicaciones o a situaciones en las que se han establecido requisitos de naturaleza similar de una manera distinta para cada sector. En algunos sectores no se tratan algunos aspectos del control, lo cual crea lagunas en la legislación.

* Las recientes crisis relacionadas con piensos y alimentos han puesto de manifiesto las deficiencias de los sistemas nacionales de control. La falta de un planteamiento comunitario armonizado respecto de la concepción y el desarrollo de estos sistemas constituye el núcleo del problema.

* Es necesario definir adecuadamente el papel de los propios servicios de control de la Comisión, para utilizar de la manera más eficaz posible los recursos disponibles.

3. En el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria se establece lo siguiente:

«Por lo tanto, es manifiestamente necesario definir un marco comunitario para los sistemas de control nacionales que mejore la calidad de los controles a escala comunitaria y, por consiguiente, eleve el nivel de seguridad alimentaria en el conjunto de la Unión europea. La gestión de estos sistemas de control seguirá siendo una competencia nacional. Este marco comunitario tendrá tres elementos básicos:

- El primer elemento estará constituido por unos criterios de funcionamiento definidos a escala comunitaria que deberán respetar las autoridades nacionales. Estos criterios constituirán los puntos de referencia esenciales que servirán de base a la OAV para auditar a las autoridades competentes, de manera que ésta podrá definir un enfoque coherente y completo del control de los sistemas nacionales.

- El segundo elemento será la elaboración de orientaciones de control comunitarias. Éstas fomentarán estrategias nacionales coherentes y determinarán las prioridades en función de los riesgos y los procedimientos de control más eficaces. Una estrategia comunitaria adoptará un planteamiento global integrado de la aplicación de los controles. Estas orientaciones proporcionarán también asesoramiento sobre el desarrollo de sistemas para registrar la eficacia y los resultados de las medidas de control, además de definir indicadores de eficacia comunitarios.

- El tercer elemento del marco será una mejor cooperación administrativa en el desarrollo y la gestión de los sistemas de control. Se reforzará la dimensión comunitaria de los intercambios de buenas prácticas entre las autoridades nacionales. Este elemento incluirá asimismo el fomento de la asistencia mutua entre los Estados miembros mediante la integración y el perfeccionamiento del marco jurídico existente.»

El objetivo de la presente propuesta es crear ese marco comunitario para los sistemas de control nacionales, fusionando y completando las normas existentes para los controles nacionales y comunitarios dentro de la UE, en las fronteras y en terceros países.

4. La propuesta tiene en cuenta los principios de seguridad alimentaria expuestos en el Libro Blanco de la Comisión sobre seguridad alimentaria, y, en particular, que:

- la política de seguridad alimentaria debe estar basada en un planteamiento global e integrado;

- los explotadores de empresas alimentarias y de piensos son los principales responsables de la seguridad de los piensos y los alimentos, mientras que las autoridades competentes supervisan el ejercicio de esa responsabilidad y velan por su cumplimiento, por medio de sistemas nacionales de vigilancia y control; los servicios de control de la Comisión se dedican sobre todo a evaluar, mediante auditorías e inspecciones, la capacidad de las autoridades competentes para aplicar estos sistemas;

- la política de seguridad de los piensos y los alimentos debe estar basada en los riesgos;

- debe aplicarse sistemáticamente la política basada en el principio «de la granja a la mesa», que abarca todos los sectores de la cadena alimentaria, desde la producción de piensos y la alimentación animal, pasando por la producción primaria y la transformación de alimentos, hasta el almacenamiento y la distribución, así como la salud y el bienestar de los animales.

5. Sobre la base de las observaciones anteriores, la propuesta contiene los siguientes elementos principales:

- Los controles oficiales efectuados por los Estados miembros les permitirán verificar e imponer el cumplimiento de las legislaciones comunitarias y nacionales relativas a piensos y alimentos; para ello, los controles oficiales deberán llevarse a cabo con regularidad y estar definidos en función de los riesgos.

- Las autoridades de los Estados miembros con competencia para efectuar los controles oficiales deberán cumplir unos criterios de funcionamiento que garanticen su eficiencia e imparcialidad.

- El personal que efectúe los controles oficiales deberá haber recibido una formación adecuada para poder ejercer sus funciones con plena competencia.

- Sólo en condiciones estrictamente definidas podrán delegarse en un órgano independiente tareas de control específicas.

- Los métodos de muestreo y análisis deberán estar validados conforme a métodos aceptados internacionalmente, incluidos los basados en criterios de funcionamiento, y ser aplicados por laboratorios acreditados al efecto.

- Cuando los controles oficiales revelen incumplimientos deberán adoptarse las medidas apropiadas, en especial medidas de carácter administrativo y sanciones penales. Esas medidas y sanciones deberán ser efectivas, disuasorias y proporcionadas.

- Deberán diseñarse planes de contingencia en los que se establezcan las medidas que han de aplicarse en caso de emergencias relacionadas con piensos y alimentos.

- Los Estados miembros deberán efectuar controles regulares de las importaciones de piensos y alimentos.

- Cuando los controles oficiales requieran la actuación de más de un Estado miembro, las autoridades competentes de los Estados miembros afectados deberán ofrecerse asistencia administrativa mutua. Esta asistencia podrá ampliarse a una cooperación activa que incluya controles sobre el terreno de los expertos de un Estado miembro en el territorio de otro.

- Deberá crearse, en colaboración con los Estados miembros, un marco comunitario para el desarrollo y el funcionamiento de los sistemas nacionales de control que aproveche las mejores prácticas existentes y la experiencia de los servicios de control de la Comisión. Este marco se basará en criterios acordados con respecto a los resultados de estos sistemas, y conducirá al establecimiento de directrices claras sobre su funcionamiento. Para ello se redactarán directrices comunitarias.

- La Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) de la Comisión llevará a cabo inspecciones para verificar la eficacia de los sistemas nacionales de control.

- Deben ponerse a disposición de la Comisión más instrumentos que le permitan obligar a los Estados miembros a aplicar la legislación comunitaria sobre piensos y alimentos.

- Debe existir un marco comunitario para la formación del personal de control en los Estados miembros, a fin de que las decisiones tomadas por dicho personal sean uniformes.

- Es preciso tener especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

6. Los principios básicos relacionados con las responsabilidades de las autoridades de los Estados miembros están ya fijados en el Reglamento (CE) nº 178/2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria [2]. Dicho Reglamento establece, en concreto, que «los Estados miembros velarán por el cumplimiento de la legislación alimentaria, y controlarán y verificarán que los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos cumplen los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución. Para tal fin, mantendrán un sistema de controles oficiales y llevarán a cabo otras actividades oportunas, incluida la información al público sobre la inocuidad y los riesgos de los alimentos y los piensos, la vigilancia de la inocuidad de alimentos y piensos y otras actividades de control que cubran todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución. Los Estados miembros regularán asimismo las medidas y las sanciones aplicables a las infracciones de la legislación alimentaria y de la legislación relativa a los piensos. Esas medidas y sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias».

[2] DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

La presente propuesta describe más pormenorizadamente el modo de interpretar y aplicar estos principios básicos.

III. ANÁLISIS GENERAL DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA VIGENTE

7. La legislación comunitaria sobre los controles oficiales de la seguridad de piensos y alimentos se ha desarrollado a lo largo de varias décadas de una manera sectorial y, en consecuencia, está contenida en varias directivas y decisiones. La situación puede resumirse como sigue:

Piensos

8. Directiva 95/53/CE del Consejo, de 25 de octubre de 1995, por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal [3].

[3] DO L 265 de 8.11.1995, p. 17.

La principal finalidad de esta Directiva es armonizar los controles oficiales efectuados por las autoridades competentes de los Estados miembros en lo que respecta tanto a las importaciones como al comercio dentro de la Comunidad.

La Directiva se aplica a todos los productos y las sustancias utilizados en la alimentación animal. Los siguientes elementos constituyen sus disposiciones básicas:

a) Principios uniformes para la organización de los controles.

b) Refuerzo de los controles en el lugar de procedencia y organización de controles en el lugar de destino, en el contexto del mercado único.

c) Controles sistemáticos de la documentación y controles aleatorios de la identidad y el estado físico de las importaciones de piensos, así como un procedimiento para mejorar la armonización de estos controles.

d) Procedimientos para la cooperación entre Estados miembros cuando se detectan infracciones.

e) Se exige a los Estados miembros que establezcan programas nacionales de control anuales.

f) Se les exige, asimismo, que presenten a la Comisión un informe sobre la aplicación de los programas nacionales, a partir de abril de 2000.

g) Se obliga a la Comisión a que, basándose en la información así recibida, presente cada año un informe de síntesis global y una propuesta de recomendación relativa a un programa de control comunitario coordinado.

h) Un procedimiento para que la Comisión lleve a cabo controles in situ tanto en los Estados miembros como en terceros países.

i) La posibilidad de que la Comisión adopte medidas de salvaguardia respecto de productos originarios de terceros países en caso de enfrentarse a un riesgo grave.

j) Disposiciones para establecer, en su caso, planes de control específicos además del plan de control general anual.

k) Se exige a los Estados miembros que cuenten con planes de contingencia adecuados para hacer frente a riesgos graves en relación con los piensos.

l) Asimismo, se les obliga a que informen a la Comisión tan pronto como hayan detectado una contaminación o un riesgo grave que se hayan propagado.

9. La Decisión 98/728/CE [4] organiza la financiación de los controles oficiales en el sector de la alimentación animal. En ella se establece un sistema comunitario de tasas que han de cobrarse por el examen de los expedientes de aditivos específicos y por la autorización de determinados establecimientos e intermediarios. La Decisión fija una lista exclusiva de los costes que pueden tenerse en cuenta al calcular las tasas de control. Entre ellos están los costes de personal, los costes administrativos y los costes técnicos. Con base en estos criterios, los Estados miembros pueden aplicar cantidades a tanto alzado para financiar los gastos de los controles oficiales en ámbitos específicos. No está permitida la devolución directa o indirecta de las tasas a los explotadores de empresas alimentarias o de piensos.

[4] DO L 346 de 22.12.1998, p. 51.

A pesar de que esta Decisión se aplica desde no hace mucho tiempo, parece que está funcionando adecuadamente. Al contrario de lo que ocurre con el sistema que se aplica en el sector veterinario, no se ha notificado a la Comisión ninguna dificultad en su aplicación.

10. Los métodos comunitarios de muestreo y análisis para el control oficial de la alimentación animal se establecen en la Directiva 70/373/CEE del Consejo [5]. Esta Directiva faculta a la Comisión para establecer esos métodos comunitarios, a fin de comprobar que se cumplen los requisitos relativos a la calidad y la composición, teniendo en cuenta los actuales conocimientos científicos y técnicos.

[5] DO L 170 de 3.8.1970, p. 2.

Esto ha permitido establecer una serie de métodos de análisis, como los recogidos en la Directiva 98/88/CE de la Comisión de 13 de noviembre de 1998 por la que se establecen las directrices para la identificación de los componentes de origen animal y el cálculo de sus cantidades mediante microscopio a los efectos del control oficial de los piensos [6]. Sin embargo, la Directiva 79/373/CEE no establece los criterios que deben cumplir los métodos de análisis, a diferencia de lo que ocurre con la alimentación humana (Directiva 85/591/CEE). Es necesario armonizar ambos ámbitos.

[6] DO L 318 de 27.11.1998, p. 45.

Alimentos

11. Dos directivas se aplican a los controles oficiales en el ámbito de los alimentos:

- la Directiva 89/397/CEE relativa al control oficial de los productos alimenticios [7];

[7] DO L 186 de 30.6.1989, p. 23.

- y la Directiva 93/99/CEE sobre medidas adicionales relativas al control oficial de los productos alimenticios [8].

[8] DO L 290 de 24.11.1993, p. 14.

En el ámbito de aplicación de estas dos Directivas entran todos los alimentos, sin perjuicio de los requisitos de la legislación veterinaria que se describen más adelante. Ambas establecen, de una manera general, los principios generales que deben aplicar los servicios de control de los Estados miembros para asegurar que los alimentos, los aditivos alimentarios, las vitaminas, las sales minerales, los oligoelementos y otros aditivos, así como los materiales y los artículos pensados para entrar en contacto con alimentos, cumplen lo establecido. Se trata, en particular, de normas sobre la organización de los controles oficiales en los Estados miembros, el muestreo y el análisis, el derecho de recurso contra las medidas tomadas por la autoridad competente, la organización de controles de acuerdo con planes establecidos de antemano, los controles comunitarios en los Estados miembros y la asistencia mutua.

Sin embargo, estas Directivas no incluyen normas comunes sobre el control de los alimentos importados en la Comunidad, ni sobre la organización de controles comunitarios en terceros países. Tampoco incluyen procedimientos para emergencias alimentarias ni relativos a la financiación de los controles oficiales, y no especifican las medidas que deben tomarse cuando los controles oficiales desvelan irregularidades.

Controles veterinarios

12. Existe un amplio conjunto de normas que las autoridades de los Estados miembros deben aplicar a los controles de los productos de origen animal, y para verificar que cumplen las normas veterinarias de la Comunidad. Entre ellas están las siguientes Directivas, que son de carácter general y por lo tanto aplicables a todos los alimentos de origen animal:

- la Directiva 89/662/CEE del Consejo, relativa a los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior [9],

[9] DO L 395 de 30.12.1989, p. 13.

- la Directiva 97/78/CE del Consejo, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros [10].

[10] DO L 24 de 30.1.1998, p. 9.

13. La primera de ellas se adoptó cuando se estableció el mercado único. Su objetivo es garantizar que los controles veterinarios de las mercancías destinadas al mercado comunitario ya no se llevan a cabo en las fronteras internas de la Comunidad sino en el lugar de expedición. Contiene disposiciones acerca de la organización de los servicios de control en los Estados miembros, las medidas que han de tomarse en caso de emergencias alimentarias y el establecimiento de planes de control.

14. La segunda Directiva determina pormenorizadamente los controles que deben efectuarse sobre las mercancías procedentes de terceros países. En particular, establece que esas mercancías deben ser antes autorizadas por un puesto de inspección transfronterizo, que a su vez ha de estar incluido en la lista de puestos de inspección transfronterizos aprobados por la Comisión, y que deben someterse a un control documental, identificativo y físico. Describe, asimismo, los procedimientos que deben seguirse en caso de que las mercancías no cumplan las normas veterinarias de la Comunidad.

15. Además de estas dos Directivas, existe una serie de directivas específicas centradas en un producto, cada una de las cuales obliga a las autoridades competentes a efectuar controles sobre los productos en cuestión, entre ellos la carne, los productos cárnicos, los ovoproductos, los productos de la pesca, la leche y los productos lácteos, etc.

16. Otras dos Directivas relativas al sector veterinario revisten gran importancia con respecto a la organización de controles oficiales, a saber:

- la Directiva 89/608/CEE relativa a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las legislaciones veterinaria y zootécnica [11];

[11] DO L 351 de 2.12.1989, p. 34.

- la Directiva 96/43/CE por la que se modifica y se codifica la Directiva 85/73/CEE con el fin de establecer la financiación de las inspecciones y controles veterinarios de animales vivos y ciertos productos de origen animal [12]. Esta Directiva regula la financiación de los controles veterinarios de los productos de origen animal y de los animales vivos.

[12] DO L 162 de 1.7.1996, p. 1.

17. Por último, el Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, es muy importante para la organización de controles oficiales en el sector veterinario, como lo es el recientemente adoptado Reglamento (CE) n° 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano [13].

[13] DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

18. La legislación veterinaria establece, con respecto a los alimentos de origen animal, normas comunes sobre la organización de los controles oficiales, el control de los productos alimenticios importados en la Comunidad, los procedimientos que han de aplicarse en caso de emergencias alimentarias y las medidas específicas que han de tomarse cuando los controles oficiales desvelan irregularidades, así como normas detalladas sobre la asistencia mutua y la financiación de las inspecciones y los controles veterinarios de animales vivos y determinados productos animales. Contempla asimismo la organización de controles comunitarios en los Estados miembros y en terceros países. Sin embargo, una cuestión que la legislación veterinaria no contempla de un modo general es la del muestreo y el análisis oficiales de los alimentos.

Otros sectores

19. También en los ámbitos de la sanidad animal, el bienestar de los animales y la sanidad vegetal se han establecido requisitos sobre controles oficiales propios de estos sectores. Sin embargo, habida cuenta de su carácter global y su naturaleza general, la propuesta sobre controles oficiales de piensos y alimentos puede aplicarse plenamente a estos sectores. Esto está en consonancia con el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, que afirma que la salud y el bienestar de los animales son factores importantes que contribuyen a la seguridad de los piensos y los alimentos.

IV. RESPONSABILIDADES DE CONTROL DE LA COMISIÓN EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Poderes y obligaciones de la Comisión en relación con las actividades desarrolladas en los Estados miembros

20. Los controles son un aspecto del papel de guardiana que la Comisión desempeña para asegurar que la legislación comunitaria se aplica y se hace cumplir dentro de la Comunidad tal y como establece el artículo 211 del Tratado CE. Además, en el artículo 152 se establece que «la acción de la Comunidad [...] se encaminará a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana». Las obligaciones de control que contienen los textos legislativos están sujetas a estos deberes más amplios de asegurar que la legislación se hace cumplir eficazmente y que se eliminan los peligros para la salud.

21. Son muy pocas las ocasiones en que la legislación comunitaria exige a la Comisión que lleve a cabo controles en los Estados miembros. En la gran mayoría de los casos, la legislación la autoriza a realizar inspecciones, pero no la obliga a ello. De este modo, la Comisión es libre de efectuar controles o de emplear otros medios para hacer que se cumpla la legislación. Actualmente existen dos excepciones a este respecto:

a) la Decisión 97/778/CE de la Comisión exige a ésta que realice inspecciones, normalmente anuales, de los puestos de inspección transfronterizos (existen alrededor de doscientos noventa en la Comunidad);

b) varias decisiones de la Comisión de los últimos años relativas a la EEB han impuesto expresamente a la Comisión la realización de controles para que verifique el cumplimiento de la normativa.

La obligación contemplada en la letra a) nunca se ha cumplido plenamente, por falta de recursos. Además, la frecuencia de inspecciones actualmente prescrita no resulta esencial para asegurar una protección elevada. El correcto funcionamiento de estas instalaciones debería ser responsabilidad principalmente de los servicios de control de los Estados miembros, mientras que los servicios de control de la Comisión deberían integrar este elemento de control en sus auditorías generales de los sistemas de control de los Estados miembros, en consonancia con las ideas reflejadas en la presente exposición. Así pues, la Comisión considera que habría que revisar y adaptar en consecuencia las normas existentes, lo cual será objeto de unas propuestas aparte.

Poderes y obligaciones de la Comisión en relación con los terceros países

22. Por lo que se refiere a los terceros países, la legislación comunitaria impone generalmente obligaciones fundamentales de inspección sólo en el sector veterinario, en el que las directivas sobre higiene sectoriales establecen que «deberán» efectuarse controles comunitarios a fin de verificar si las normas que aplica el país tercero en cuestión cumplen las aplicadas dentro de la Comunidad u ofrecen un nivel de protección equivalente. En la medida en que las directivas sobre higiene contemplan la obligación de inspección, la Decisión 95/408/CE del Consejo introdujo una excepción a esta obligación para todos los animales y los productos salvo los bovinos, ovinos, suidos y caprinos y sus productos. En relación con estos últimos animales y productos, la Decisión 86/474/CEE de la Comisión exige a ésta que lleve a cabo controles anuales en un gran número de países y establecimientos. Por falta de recursos, en realidad sólo una pequeña parte de estos países y establecimientos son visitados cada año en relación con los productos afectados. Es obvio que las normas, en su estado actual, deben adaptarse para tener en cuenta estas limitaciones de recursos y adoptar con respecto a los terceros países un planteamiento basado en auditorías, tan pronto como sea viable.

V. EL PAPEL DE LA COMUNIDAD

Un contexto cambiante

23. En los últimos años, el contexto en que se desarrollan las actividades de control de la Comisión ha cambiado en una serie de aspectos importantes.

La seguridad alimentaria pasó a ser, y continúa siendo, una prioridad en la agenda de la Comunidad. La respuesta de la Comisión a las continuas preocupaciones de los consumidores europeos acerca de la seguridad de los alimentos consistió, y consiste, en parte, en reunir en 1999 en la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores todos los servicios responsables de las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y de los piensos. Intenta así concentrar, de una manera concertada y eficaz, todos los recursos de que dispone en las prioridades más importantes para garantizar la seguridad alimentaria a nivel comunitario. De este modo, los servicios de control y los servicios legislativos de la Comisión cooperan estrechamente para garantizar que la legislación sobre seguridad alimentaria está actualizada, es exhaustiva y practicable, y se aplica y se hace cumplir adecuadamente.

24. También en los Estados miembros se están poniendo en marcha nuevas modalidades institucionales. En algunos de ellos se han creado o se están creando agencias de seguridad alimentaria para ayudar a calmar las inquietudes de los consumidores con respecto a la inocuidad de los alimentos. Algunos de estos nuevos organismos tienen importantes responsabilidades de control.

25. Las responsabilidades de control tanto nacionales como comunitarias se están ampliando. Hasta ahora, los controles comunitarios se han concentrado más bien en las fases iniciales de la transformación de alimentos, sobre todo de los de origen animal. La mayor parte de la legislación detallada sobre seguridad alimentaria se refiere a controles en estos ámbitos. Sin embargo, las autoridades de control deben abarcar la cadena alimentaria en su totalidad, con un número de productos y sectores en constante aumento. La cadena de producción de alimentos está además haciéndose más compleja y sofisticada; los alimentos se fabrican con nuevos procesos que no están previstos en la legislación vigente. Los sistemas de control tienen que adaptarse en consecuencia; han de basarse en un planteamiento centrado en puntos críticos en cada nivel de control: comunitario, nacional, regional, local y en cada empresa en particular.

26. También va en aumento la responsabilidad de la Comisión de garantizar que todas las importaciones de alimentos, animales, plantas y sus productos procedentes de terceros países cumplen los requisitos comunitarios. En la actualidad, la UE importa esos productos de más de doscientos países de todo el mundo, desde los muy desarrollados hasta los más pobres. Sus métodos y sus niveles de control varían mucho. Resulta complejo y delicado establecer un equilibrio entre las exigencias de la legislación comunitaria con respecto a la seguridad alimentaria, la sanidad animal, el bienestar de los animales y la sanidad vegetal, por un lado, y el comercio y las obligaciones humanitarias de la Comunidad para con tantos países, por otro.

La futura ampliación de la Unión dará una nueva dimensión a las responsabilidades de la Comisión. Es evidente que muchos de los países candidatos se enfrentan a un difícil reto para elevar sus sistemas de control a los niveles exigidos dentro de la Comunidad. La Comisión tendrá que aportarles su ayuda para alcanzar este objetivo.

Un marco comunitario para los sistemas de control nacionales

27. En el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria se apuntaba la necesidad de un planteamiento más armonizado del funcionamiento de los sistemas aplicados en los Estados miembros para verificar la aplicación de la legislación comunitaria y hacer cumplir sus disposiciones. Proponía por tanto establecer un marco comunitario para los sistemas de control nacionales a fin de elevar los niveles de seguridad alimentaria en toda la UE.

28. En el presente Reglamento, la Comisión propone introducir un nuevo planteamiento según el cual los tres aspectos del control --verificación de la transposición, recepción de informes de los Estados miembros y realización de controles sobre el terreno-- se combinarán en un solo proceso de control integrado para todos los piensos y alimentos. El ciclo de control conforme a este nuevo planteamiento se compondrá de cuatro fases principales.

Fase 1:

La Comisión redactará unas directrices generales, en consulta con los Estados miembros y teniendo presente el principio de subsidiariedad, acerca de la estructura y la organización de los sistemas de control nacionales y del alcance, el contenido y el funcionamiento de los planes nacionales de control. El propósito de estas directrices será fomentar un planteamiento armonizado de los controles, que abarque toda la legislación comunitaria, todos los sectores de productos y todas las fases de las cadenas de alimentación humana y animal. Además, animarán a adoptar las mejores prácticas en relación con los principios clave expuestos anteriormente, a todos los niveles del sistema de control de cada Estado miembro, y señalarán los principales indicadores de resultados que deberá aplicar la Comisión al evaluar y auditar los planes de control nacionales.

Fase 2:

En los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Reglamento, los Estados miembros tendrán que preparar un plan nacional de control integrado y plurianual que deberán mantener y presentar a la Comisión si así se les solicita. Los planes de control se aplicarán por primera vez un año después de entrar en vigor el presente Reglamento.

Fase 3:

Basándose en el plan nacional de control integrado plurianual, la Comisión efectuará regularmente una auditoría general de las actividades de control de cada Estado miembro, que podrá incluir controles selectivos a nivel regional, local o de distrito, así como en los establecimientos, a fin de verificar distintos aspectos del sistema de control. Esta auditoría general podrá complementarse con otras auditorías de sectores específicos o de puntos de control crítico concretos, incluida la investigación de emergencias o situaciones nuevas, según se considere apropiado.

Fase 4:

Un año después de haber comenzado a aplicarse los planes de control, y, a partir de entonces, con una periodicidad anual, los Estados miembros tendrán que presentar a la Comisión un informe en el que, en caso necesario, actualicen su plan inicial en función de: a) la legislación que se haya introducido o modificado para ajustarse a los requisitos comunitarios; b) los cambios importantes que se hayan llevado a cabo en la estructura y el funcionamiento de los sistemas de control; y c) los ajustes hechos en sus planes de control. Las posteriores auditorías de la Comisión se basarán en sus planes actualizados.

La Comisión elaborará y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, para su posterior publicación, un informe general sobre el funcionamiento global de los sistemas de control nacionales de los Estados miembros, basado en sus respectivos informes nacionales, que incluya el resultado de las auditorías de la Comisión y otras informaciones relevantes.

29. Este nuevo planteamiento de los controles tendrá una serie de ventajas importantes. Para los Estados miembros, pues les permitirá planificar y poner en práctica sus actividades de control sabiendo claramente qué se espera conseguir a nivel comunitario y dentro de un marco comunitario global e integrado. La actual legislación comunitaria sobre seguridad alimentaria, alimentación animal, salud y bienestar de los animales y sanidad vegetal establece un conjunto de requisitos muy amplio y diversificado. Los Estados miembros se quejan a veces de que los criterios y puntos de referencia que la Comisión emplea para comprobar y evaluar sus sistemas de control no siempre son claros ni se aplican coherentemente. El nuevo planteamiento responderá a estas inquietudes.

Para la Comisión, pues podrá utilizar más eficazmente sus recursos combinando sus diversas actividades de control en un único proceso global integrado. Este planteamiento garantizará que todos los requisitos importantes establecidos en la legislación comunitaria se comprueban regularmente, y que no quedan lagunas importantes en el proceso de control.

Para los consumidores, pues el nuevo planteamiento será más transparente y comprensible. La publicación de los informes sobre el funcionamiento global de los planes de control nacionales de los Estados miembros y de los resultados de las auditorías efectuadas por los expertos de la Comisión ilustrará muy claramente cómo se aplica la legislación comunitaria sobre seguridad alimentaria y qué están haciendo los Estados miembros y la Comisión para asegurar una protección adecuada de los consumidores y mejorar la seguridad de piensos y alimentos, la salud y el bienestar de los animales y la sanidad vegetal.

Controles comunitarios en terceros países

30. La Unión Europea importa piensos, alimentos, plantas y animales de más de doscientos países de todo el mundo. De conformidad con la legislación actual, la Comisión debe:

a) verificar que las autoridades competentes de estos países son capaces de asegurar el cumplimiento de los requisitos comunitarios en relación con todos los productos exportados a la UE;

b) en el caso de determinados productos, llevar a cabo inspecciones en establecimientos de producción concretos, trece mil quinientos de los cuales están actualmente autorizados para exportar a la Comunidad;

c) supervisar regularmente el funcionamiento de unos doscientos noventa puestos de inspección que someten a controles específicos a todas las importaciones de animales, productos animales y alimentos de origen animal en su punto de entrada a la UE, y someter a su vez a inspección a los nuevos puestos con vistas a su autorización individual.

31. Esto constituye una carga enorme de responsabilidades para la Comisión. Dado lo limitado de sus recursos, se impone hacer un gran esfuerzo para fijar prioridades. La adopción de un planteamiento más integrado de los controles, según el cual se efectuarían auditorías en terceros países sobre la base de planes de control similares a los previstos para los Estados miembros, debería facilitar este proceso. A tal efecto, los terceros países pueden clasificarse en cuatro categorías generales:

* los Estados solicitantes que están negociando la adhesión a la Unión Europea;

* los países que han negociado con la UE acuerdos veterinarios y fitosanitarios (Canadá, EE.UU., Nueva Zelanda, Chile y Suiza), en virtud de los cuales las partes contratantes han aceptado que determinadas disposiciones legislativas sobre seguridad alimentaria y sanidad animal ofrecen un nivel equivalente de protección de los consumidores y de la salud de los animales;

* los tres países que tienen convenios especiales con la UE (Noruega, Islandia y las Islas Feroe), según los cuales las importaciones de todos los productos, o de productos específicos (por ejemplo, los productos de la pesca procedentes de Islandia), se tratarán de acuerdo con el convenio pertinente;

* todos los demás terceros países, muchos de los cuales exportan muy poco a la UE.

32. Estados que han presentado una solicitud de adhesión

La Comisión ha intensificado sus actividades de control en los Estados solicitantes, a la vista de la ampliación. Por el momento, sus responsabilidades de control se limitan a aquellos sectores y establecimientos autorizados para exportar a la UE, que son, por lo general, pequeños con respecto a los sectores nacionales en su conjunto. Sin embargo, se han alcanzado acuerdos con la mayoría de estos países para que los controles de la OAV se amplíen a todos los ámbitos de la producción de piensos, alimentos, animales y plantas. Así pues, el papel de la Comisión en relación con estos países se ha transformado sustancialmente en los últimos años, pues ha tenido que asumir nuevas responsabilidades importantes y ampliar sus controles a toda la cadena de producción, del mismo modo que en los Estados miembros.

Una gran proporción de los piensos, los alimentos, las plantas y los animales que se importan actualmente en la Comunidad provienen ya de los Estados solicitantes, en particular los productos de origen animal de más riesgo y animales vivos.

33. Países con un acuerdo bilateral

Se han concluido acuerdos veterinarios con los EE.UU., Canadá, Nueva Zelanda, Chile y Suiza. En ellos se establece un marco para que las partes acuerden que sus respectivas legislaciones ofrecen un nivel equivalente de protección en relación con determinados animales y productos, con fines comerciales.

En la Cumbre que se celebró el 17 de mayo de 2002 en Madrid entre la UE y el Mercosur se acordó iniciar las negociaciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias entre la UE y los países que lo integran. Estas negociaciones formarán parte del conjunto único de medidas que constituirán el futuro acuerdo de asociación birregional.

Actualmente, cada acuerdo contempla medidas sanitarias que se aplican a la mayoría de los animales vivos y de los artículos que contienen productos de origen animal, con excepción de determinadas cuestiones que se especifican en los acuerdos (por ejemplo, algunos residuos y aditivos o el etiquetado). El número de elementos para los que se ha acordado una equivalencia plena es limitado. Así, la Comisión está obligada a aplicar dos baremos diferentes cuando verifica el funcionamiento de los sistemas de control en relación con el comercio con estos países. Con los productos para los que se ha acordado la plena equivalencia, la Comisión debe verificar que los sistemas de control de estos países funcionan de acuerdo con su propia legislación nacional y ofrecen los resultados en ella establecidos. Con otros productos, efectúa inspecciones para verificar si los sistemas de control puestos en práctica pueden garantizar el cumplimiento de los requisitos de la legislación comunitaria en relación con los aspectos para los que todavía no se ha acordado la equivalencia. Este sistema dual de control plantea cada vez más problemas a los que debe darse solución.

Así pues, parece conveniente realizar una auditoría general y exhaustiva de cada uno de estos países, que abarcaría los principales sectores que exportan productos a la UE. Como en el caso de los Estados miembros, las autoridades de los países que son parte en los acuerdos dispondrían de un plan en el que se establecerían la estructura, la organización y el funcionamiento de los sistemas de control en relación con los principales productos que exportan a la UE. Las auditorías se llevarían a cabo basándose en estos planes. Si estas auditorías generales plantearan cuestiones concretas, éstas podrían ser objeto posteriormente, según procediera, de auditorías adicionales más específicas.

En general, este mismo planteamiento se aplicará a los otros tres países con los que la Comunidad tiene convenios especiales.

34. Otros terceros países

Alrededor de otros ciento noventa terceros países exportan a la UE piensos, alimentos, plantas o animales. Dado lo limitado de sus recursos, la Comisión no puede hacer frente a todas sus obligaciones actuales relacionadas con la evaluación de las autoridades competentes y la comprobación de los establecimientos de estos países.

Parece apropiado, por tanto, organizar en ellos auditorías con base en planes de control similares a los previstos para los Estados miembros, en relación con los productos que exporten a la Unión Europea.

En la actualidad, la Comisión verifica las garantías ofrecidas por terceros países por medio de canjes de cartas, cuestionarios, informes sobre la aplicación de controles y de inspecciones sobre el terreno en los sectores de producción para los que el país tercero ha obtenido la autorización de exportar a la Comunidad. Este intercambio de información se corresponde con las acciones establecidas en los artículos 4 y 7 y el punto 3 del anexo B del Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (Acuerdo MSF), adoptado por la Organización Mundial del Comercio.

Con el nuevo sistema, se exigirá a los terceros países exportadores que elaboren un plan de control en el que ofrezcan información exacta y actualizada sobre la organización y gestión generales de los sistemas de control pertinentes, y que lleven registros actualizados de la aplicación de dichos sistemas; todo ello se pondrá a disposición de la Comisión a petición de ésta. El plan de control y los registros reemplazarán el sistema basado en cuestionarios previos a las visitas, salvo en circunstancias concretas en las que se necesite información suplementaria que no esté incluida en el plan o los registros normales. El plan de control será proporcionado y técnica y económicamente viable teniendo en cuenta la situación específica del país tercero y la naturaleza de los productos exportados a la Comunidad. Deben establecerse directrices que especifiquen la manera de elaborar y presentar estos planes de control y estos registros, a fin de facilitar a los terceros países el cumplimiento de este requisito. Las auditorías de la Comisión serán efectuadas, tomando como referencia estos planes, por un equipo multidisciplinar que abarque los principales sectores que exportan a la UE. La frecuencia de estos controles debe estar determinada en función de los riesgos: la frecuencia de las auditorías será mayor cuando, sobre la base de una determinación del riesgo que contemple la naturaleza de los productos, las garantías ofrecidas por un país tercero y el posible historial documentado respecto al cumplimiento de la normativa, se perciba la presencia de un riesgo elevado. Si estas auditorías generales plantearan cuestiones concretas, éstas podrían ser objeto posteriormente, según procediera, de auditorías adicionales más específicas.

La experiencia ha demostrado que las autoridades competentes de algunos de los países menos desarrollados pueden tener grandes dificultades para organizar sus sistemas de control de manera que alcancen los niveles comunitarios. En estas circunstancias, la Comisión se enfrenta a menudo a un dilema. La letra de la ley le exige que proponga el cese de las importaciones de estos países, aplicando un planteamiento cautelar. Sin embargo, a menudo estos productos son una de las pocas fuentes de recursos extranjeros de que disponen estos países, y una prohibición de importación tiene a menudo consecuencias económicas muy graves no sólo para los establecimientos en cuestión, sino para todo el país.

La Comisión buscará la forma de ayudar a estos países en estas circunstancias sin que se vea comprometida la protección de la salud de los consumidores. Por ejemplo, podría ofrecerse ayuda adicional a terceros países por medio de programas comunitarios de ayuda y formación, a fin de orientarles sobre la mejor forma de alcanzar los niveles comunitarios y de encontrar soluciones de control particulares que se correspondan de manera más precisa con el nivel de riesgo de productos concretos.

VI. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

35. La propuesta adjunta se propone revisar las actuales normas comunitarias sobre controles oficiales. Esta revisión eliminará discrepancias entre distintas partes de la legislación comunitaria vigente y cubrirá las lagunas existentes en algunos ámbitos de la legislación sobre piensos y alimentos. La armonización resultante en todos los sectores de dicha legislación supondrá un aumento de la transparencia.

36. Con la adopción del Reglamento (CE) nº 178/2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, se han resuelto una serie de cuestiones para todos los ámbitos de la legislación sobre piensos y alimentos. Por tanto, no es necesario seguir prestándoles atención en la presente propuesta. Es el caso de:

- las definiciones básicas de la legislación sobre piensos y alimentos;

- la responsabilidad básica de los Estados miembros con respecto a los controles oficiales de piensos y alimentos;

- los procedimientos para poner en marcha medidas de emergencia;

- la información que hay que poner a disposición de la Comisión y de los demás Estados miembros en caso de piensos o alimentos que sean una amenaza grave para la salud.

Controles oficiales realizados por los Estados miembros

37. Objetivos y obligaciones generales

El objetivo de los controles oficiales efectuados por los Estados miembros será hacer cumplir la legislación sobre piensos y alimentos y comprobar si los explotadores de empresas alimentarias y de piensos cumplen los requisitos pertinentes de dicha legislación en todas las fases de la producción, la transformación y la distribución. Para ello deben aplicarse las diferentes técnicas de control disponibles, como son las inspecciones, el seguimiento, la verificación, las auditorías, el muestreo y el análisis de muestras. La intensidad de estos controles depende de muchos factores: además de un programa de seguimiento básico normal, deben tener en cuenta los riesgos identificados en relación con productos concretos de la alimentación humana o animal o con empresas alimentarias o de piensos concretas, el funcionamiento de los controles internos de estas empresas, las sospechas de incumplimiento y las posibles prácticas fraudulentas.

38. Autoridades competentes

Los Estados miembros designarán las autoridades que son competentes para llevar a cabo los controles oficiales. Éstas deberán cumplir una serie de criterios operativos que garanticen su eficiencia e imparcialidad. En particular, deberán contar con una plantilla suficiente de personal adecuadamente cualificado o tener acceso a él, y deberán garantizar que este personal puede trabajar correctamente en condiciones extremas derivadas de una posible emergencia relacionada con un pienso o un alimento. Esto exige que se establezcan planes de contingencia y que se forme adecuadamente al personal para aplicarlos. Para asegurarse de que las autoridades competentes alcanzan el objetivo del presente Reglamento, se llevarán a cabo auditorías sujetas a una investigación independiente.

También deberán establecerse procedimientos apropiados de coordinación a fin de asegurar la cooperación eficaz de los diferentes departamentos que participan en los controles oficiales. Esto es especialmente importante en los Estados miembros de estructura descentralizada, donde es esencial que exista una coordinación eficaz entre la autoridad competente central y la autoridad o autoridades en las que se haya delegado la competencia para efectuar los controles oficiales.

39. La delegación de tareas de control a organismos de control no gubernamentales

Varios Estados miembros han delegado algunas tareas de control a organismos no gubernamentales. Ocurre así, en particular, con el análisis de laboratorio de las muestras oficiales. Esto no excluye, sin embargo, que se deleguen en estos organismos otras tareas. Si los Estados miembros practican este tipo de delegación de competencias, debe garantizarse el mantenimiento de un nivel elevado de protección de los consumidores. Para ello, la propuesta establece que los organismos en los que se delega la competencia de realizar controles oficiales deben funcionar conforme a unas condiciones muy estrictas y de acuerdo con normas reconocidas internacionalmente que han de asegurar su competencia e independencia.

Asimismo, debe estar previsto que determinadas tareas de control no puedan delegarse en organismos no gubernamentales. Por eso se contempla un procedimiento para determinar a nivel comunitario las tareas que pueden (o no) delegarse en esos organismos.

40. Muestreo y análisis

Urge conseguir que los resultados derivados del muestreo oficial y el análisis oficial de muestras se obtengan conforme a unos principios comunes. La legislación comunitaria en vigor no siempre garantiza que así sea. Lo ideal sería que todos los métodos de muestreo y análisis estuvieran armonizados, pero este objetivo no es viable a corto plazo. En su lugar, la propuesta exige a los laboratorios que introduzcan, si existen, métodos de análisis validados de acuerdo con protocolos internacionales, incluidos los basados en criterios de funcionamiento, como los que han sido aceptados por el Comité Europeo de Normalización (CEN), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). Asimismo, debe existir un procedimiento que permita a la Comisión establecer métodos de muestreo y análisis. Los laboratorios designados para analizar las muestras oficiales deberán estar acreditados conforme a las normas internacionales pertinentes establecidas a tal efecto.

El Centro Común de Investigaciones (CCI) y el programa marco de la Comisión desempeñan ya un papel importante en el desarrollo, armonización y validación de métodos de muestreo y análisis y en el establecimiento de criterios relativos al funcionamiento de dichos métodos, y su capacidad podría explotarse aún mejor en el futuro, en cooperación o no con los organismos citados anteriormente.

Para conseguir que el muestreo y el análisis sean de gran calidad, la propuesta se basa hasta cierto punto en el trabajo del Comité Europeo de Normalización (CEN). Este organismo de normalización ha realizado actividades en el sector alimentario, que, por el momento, se han limitado al desarrollo de métodos de análisis, varios de ellos emanados de la ISO. Algunas normas EN preparadas por el CEN están relacionadas con la organización de controles. Este es el caso, en particular, de la validación de métodos de análisis y relativos al funcionamiento y la acreditación de organismos de control. Estas normas gozan de un reconocimiento internacional que justifica plenamente su utilización en este contexto.

41. Planes de contingencia

La experiencia ha demostrado que para manejar y gestionar con prontitud situaciones de emergencia hacen falta infraestructuras, materiales y recursos humanos que puedan movilizarse rápidamente y durante un cierto tiempo. También se requiere un alto grado de coordinación si las responsabilidades se comparten entre varios servicios o departamentos. La presente propuesta introduce la obligación de garantizar una gestión eficaz de las emergencias relacionadas con piensos y alimentos mediante el establecimiento de planes de contingencia.

42. Importaciones de piensos y alimentos

Algunos sectores, y en particular el veterinario, aplican ya disposiciones detalladas para asegurar un control efectivo de los productos importados. Los productos de ese sector (de origen animal) deben presentarse en un puesto de inspección fronterizo de la UE autorizado y someterse a un control documental, identificativo y físico de acuerdo con un esquema cuyos principios están establecidos a nivel comunitario. También existen requisitos aplicables a los productos en tránsito y a los almacenados temporalmente en el territorio de la Comunidad. Este sistema funciona adecuadamente, y no hay razón para modificarlo.

En lo que se refiere a los piensos y alimentos de origen no animal, no existe un planteamiento comunitario armonizado de los controles de las importaciones. La presente propuesta pretende introducir un sistema de control para estos productos basado en los siguientes principios:

a) Los Estados miembros efectuarán controles regulares de los piensos y alimentos que se despachen a libre práctica en la Comunidad. Estos controles se organizarán por medio de un plan de muestreo de base estadística y podrán tener lugar en cualquier punto de distribución de las mercancías: antes o después del despacho a libre práctica, por ejemplo, en los locales del importador, durante la transformación o en el punto de venta al por menor. En cualquier caso, deberá existir una estrecha cooperación entre los servicios aduaneros y la autoridad competente para controlar las importaciones de piensos y alimentos.

b) Además, se propone establecer a nivel comunitario una lista de piensos y alimentos prioritarios que, de acuerdo con la experiencia, pueden presentar peligros (por ejemplo, las aflatoxinas en determinados alimentos). Estos piensos y alimentos se presentarán en puestos de inspección especialmente designados y equipados, a fin de someterlos a los controles necesarios. Tales controles deberán efectuarse con anterioridad al despacho a libre práctica de las mercancías.

Además, y con el fin de posibilitar los controles sobre piensos y alimentos procedentes de terceros países que entren en zonas francas o depósitos francos o sean sometidos a los regímenes aduaneros de tránsito, depósito aduanero, perfeccionamiento activo, transformación bajo control aduanero o importación temporal, la propuesta prevé la posibilidad de efectuar controles sobre los piensos y los alimentos sometidos a estos tratamientos o usos aduaneros autorizados.

Esta propuesta tiene también como finalidad definir mejor los controles esenciales que son necesarios para garantizar la seguridad de los piensos conforme a los mismos principios que se aplican a los alimentos.

43. Financiación de los controles oficiales

Actualmente se aplica un sistema de tasas de control en dos sectores: el veterinario y el de los piensos. El sistema del sector veterinario se basa en una cantidad a tanto alzado que admite desviaciones para tener en cuenta las diferencias locales con respecto a los elementos que se han tenido presentes para calcular dicha cantidad (salarios, costes de transporte, etc.). Aunque las tasas se introdujeron en este sector para evitar diferencias entre Estados miembros que pudieran causar distorsiones, la experiencia demuestra que persisten diferencias importantes entre los distintos países, e incluso dentro de ellos. El sistema no siempre ha alcanzado el objetivo deseado.

En el sector de los piensos pueden cobrarse tasas para determinadas tareas de control bien especificadas. La Directiva que rige este sector no establece una cantidad a tanto alzado comunitaria, sino que establece que sean los Estados miembros quienes lo hagan, eso sí, respetando algunos criterios al fijar esas cantidades. Las normas que establecen estos principios son de adopción relativamente reciente (Decisión 98/728/CE del Consejo, de 14 de diciembre de 1998, relativa a un sistema comunitario de tasas en el sector de la alimentación animal).

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida hasta la fecha, se propone establecer los principios en que ha de basarse la financiación de los controles oficiales, y, en particular, lo siguiente:

- los Estados miembros deben velar por que existan los recursos económicos adecuados para realizar los controles oficiales;

- si se imponen tasas a los explotadores de empresas alimentarias y de piensos, deben observarse principios comunes al fijar la cuantía de las mismas;

- si los controles oficiales revelan un incumplimiento de la legislación sobre piensos y alimentos, los costes extraordinarios acarreados por los controles más intensos que puedan estar relacionados con dicho incumplimiento correrán a cargo del explotador de empresa alimentaria o de piensos de que se trate;

- se requiere una cierta flexibilidad para tener presentes los intereses de las pequeñas empresas.

44. Certificación oficial

Dentro de la UE, donde existe la libre circulación de mercancías, no es necesario establecer la obligación de que las partidas de piensos y alimentos vayan sistemáticamente acompañadas de certificados oficiales emitidos por la autoridad competente.

Sí cabe pensar, sin embargo, en dos situaciones en las que puede preverse la certificación oficial: a) en circunstancias excepcionales, cuando se produce dentro de la UE una emergencia relacionada con piensos o alimentos; b) a fin de obtener la confirmación de las autoridades de los terceros países exportadores de que las mercancías cumplen las normas de la UE u otras equivalentes.

A fin de dar cabida a estas dos situaciones, la propuesta establece un procedimiento para especificar los casos y las condiciones en que debe procederse a la certificación oficial.

Laboratorios de referencia

45. En virtud de la legislación comunitaria vigente se han establecido una serie de laboratorios comunitarios de referencia, que funcionan con el apoyo económico de la Comunidad. Su labor es muy importante para garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores. Han de proporcionar a los laboratorios de referencia nacionales, por ejemplo, detalles sobre métodos analíticos, organizar la realización de ensayos comparativos, coordinar, en su ámbito de competencias, las actividades prácticas y científicas necesarias para obtener nuevos métodos analíticos, dirigir cursos de formación y ofrecer asistencia técnica a la Comisión. Actualmente existen laboratorios comunitarios de referencia para el análisis de residuos (cuatro laboratorios), el análisis de leche, la cuantificación de biotoxinas en los moluscos, el análisis de moluscos para detectar la presencia de virus nocivos, el control de las zoonosis (salmonela) y las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).

La presente propuesta establece procedimientos para asegurar la continuidad del trabajo de estos laboratorios y para crear otros nuevos si fuera necesario.

Por cada laboratorio comunitario de referencia debe establecerse en cada Estado miembro un laboratorio nacional de referencia. Esta último funciona como punto de comunicación entre el laboratorio comunitario de referencia y todos los laboratorios oficiales de los Estados miembros. Los laboratorios nacionales de referencia desempeñan un papel importante para conseguir que los resultados analíticos de las muestras oficiales tengan un nivel uniforme.

Asistencia mutua

46. La asistencia mutua entre las autoridades de control de los Estados miembros constituye un elemento esencial de la legislación comunitaria; dicha asistencia debe asegurar una coordinación eficaz cuando es necesaria la intervención de más de un Estado miembro (por ejemplo, en caso de emergencias relacionadas con piensos y alimentos o de incumplimientos que afectan a dos o más Estados miembros).

Este aspecto está ya recogido en la legislación relativa a los distintos sectores afectados, pero está concebido de modos diferentes y da lugar, por tanto, a diferencias innecesarias. La presente propuesta establece un sistema uniforme basado en los siguientes principios:

a) los Estados miembros deberán designar un organismo de enlace que sirva de ayuda en la comunicación, la transmisión y la recepción de las peticiones de asistencia y coordine todas estas actividades;

b) al recibir una petición motivada, el organismo de enlace se pondrá en contacto con las autoridades pertinentes, que se encargarán de que la parte solicitante reciba toda la información y todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de la legislación sobre piensos y alimentos;

c) si es necesario, las distintas partes tratarán de encontrar juntas las maneras y los medios de remediar la situación.

El procedimiento se aplicará al intercambio de todo tipo de información, salvo aquella que no pueda desvelarse por ser objeto de un procedimiento judicial.

Programas nacionales de control

47. Como ya se ha dicho, la propuesta contempla el establecimiento de planes nacionales de control en los que se definan el sistema y las actividades nacionales de control de una manera global y exhaustiva. Estos planes tendrán que elaborarse conforme a los principios contenidos en unas directrices que la Comisión deberá redactar tras consultar con los Estados miembros.

48. A los Estados miembros se les exige que informen anualmente de los resultados de los controles llevados a cabo el año anterior. En caso necesario, los planes de control deben adaptarse en función de esos resultados. La Comisión efectuará entonces regularmente auditorías en los Estados miembros, basándose en sus planes actualizados.

Actividades comunitarias

49. Controles comunitarios en los Estados miembros

Hasta ahora, los controles comunitarios en los Estados miembros se organizaban de acuerdo con los mandatos que otorgan a la Comisión las diversas directivas sectoriales. Este sistema no siempre ha permitido evaluar de una manera global los sistemas de control de los Estados miembros.

La creación, merced a la presente propuesta, de un único fundamento jurídico y el establecimiento de planes de control permitirán a los servicios de control comunitarios efectuar una auditoría general de los sistemas de control de los Estados miembros de una manera global. Estas auditorías se llevarán a cabo globalmente para verificar que los servicios competentes de los Estados miembros alcanzan en todo momento el grado de control exigido. Si es necesario, pueden ser complementadas por otras auditorías o inspecciones más específicas para un sector o un problema concretos.

50. Controles comunitarios en terceros países

El volumen de piensos y alimentos que se importan es considerable. Dados los recursos disponibles, está descartado que los inspectores de la OAV sometan a un control sistemático individual a todos los operadores de terceros países que participan en la exportación de piensos y alimentos. La propuesta establece, por tanto, un sistema que obliga a las autoridades de control de los terceros países a garantizar que los piensos y los alimentos que exportan a la UE cumplen la legislación sobre piensos y alimentos de la Unión o los requisitos que se consideren equivalentes.

A tal efecto, la propuesta exige también a estos países que dispongan de planes de control similares a los previstos para los Estados miembros, en relación con los productos que exporten a la Unión Europea. Estos planes constituirán la base de las ulteriores auditorías e inspecciones de la Comisión, que se llevarán a cabo en un marco multidisciplinar en el que se incluirán los principales sectores exportadores a la Unión Europea. Cuando sea necesario, los equipos comunitarios de control podrán hacer inspecciones y auditorías más específicas en sectores concretos. Los mismos principios se aplicarán a los animales vivos y las plantas.

51. Controles de terceros países en la Comunidad

Del mismo modo que la OAV tiene derecho a efectuar controles en terceros países para verificar que sus requisitos cumplen los de la legislación sobre piensos y alimentos de la UE o son equivalentes a ellos, estos países tienen derecho a realizar controles en los Estados miembros. La experiencia ha demostrado que, en algunos casos, es muy importante que representantes de la OAV acompañen a los equipos de terceros países que visitan los Estados miembros. Estos representantes pueden ayudar a los Estados miembros proporcionando información y datos disponibles a nivel comunitario que pueden ser útiles para el control efectuado por el país tercero. La presente propuesta establece un procedimiento para garantizar esta asistencia.

La formación de los funcionarios de control

52. El planteamiento integrado y global de la seguridad de los piensos y alimentos exige a las autoridades de control una alta capacitación y una gran experiencia: deben tener amplios conocimientos acerca de los diferentes peligros (químicos, biológicos y físicos) que pueden darse en las cadenas de alimentación humana y animal. Deben también conocer los mecanismos del mercado donde pueden obtenerse, procedentes de diversas fuentes, los ingredientes para productos compuestos. Al mismo tiempo, han de estar informadas de problemas muy concretos inherentes a métodos de producción específicos, y ser capaces de detectar el incumplimiento de los requisitos relativos a la seguridad de piensos y alimentos y las prácticas fraudulentas.

Además, las modernas técnicas de control exigen a los funcionarios encargados del control de los piensos y los alimentos una elevada capacitación para que los controles sean eficaces, objetivos y adecuados. Esto es así, sobre todo, cuando deben evaluar los resultados del análisis de los peligros y de las técnicas de control que realizan y aplican los operadores alimentarios.

Así pues, el control de la producción y comercialización de piensos y alimentos exige un planteamiento multidisciplinar. Los inspectores de piensos y alimentos deben formarse y actualizar sus conocimientos de manera constante. Es fundamental establecer las disposiciones legales necesarias para facilitar esa formación. Por eso, la presente propuesta exige que se establezcan programas de formación adecuados tanto a nivel nacional como comunitario.

En este contexto se ha prestado una especial atención a la organización de programas de formación a nivel comunitario y se han establecido disposiciones al efecto. Por ejemplo, debe asegurarse que la evaluación de la aplicación de los principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP), y las decisiones tomadas en consecuencia por el evaluador se derivan de un planteamiento basado en un procedimiento estándar que se aplica uniformemente en todos los Estados miembros. La organización de cursos de formación será objeto de una futura decisión, pero una posibilidad podría ser el establecimiento de un centro de formación bajo la égida de la Comisión, en la medida en que lo permitan los recursos humanos y económicos de que dispone. Podría invitarse a los expertos más destacados en el campo de los controles de piensos y alimentos y de las distintas técnicas de control. Podría invitarse a asistir a los cursos a funcionarios de control de los Estados miembros, aunque también de terceros países y, sobre todo, de países en desarrollo.

El cumplimiento de la legislación sobre piensos y alimentos

53. Medidas nacionales de ejecución

Para garantizar y mantener un nivel elevado de protección de la salud pública y de los consumidores, las autoridades deben disponer de las adecuadas medidas de ejecución y aplicarlas de manera eficaz, a fin de hacer frente al incumplimiento de la legislación sobre piensos y alimentos.

Los primeros responsables de aplicar y hacer cumplir la legislación comunitaria son los Estados miembros. De conformidad con el artículo 10 del Tratado CE, los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación y la efectividad de la legislación comunitaria. Entre ellas figuran, en cualquier caso, sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias (sentencia del Tribunal de 10 de julio de 1990 en el asunto C-326/88). Este tipo de medidas pueden consistir en sanciones administrativas o penales que han de imponer las autoridades competentes de los Estados miembros.

54. Medidas de ejecución administrativas

Están definidas en mayor o menor medida en algunos actos comunitarios de la legislación veterinaria (Directivas 89/662/CEE y 97/78/CE), la legislación sobre piensos (artículo 13 de la Directiva 95/53/CEE) y la legislación alimentaria (artículo 10 de la Directiva 89/397/CEE). En ellos, las sanciones van desde un simple «tomarán las medidas necesarias» (artículo 10 de la Directiva 89/397/CEE) a las acciones dirigidas a los productos (retirada del mercado, destrucción, saneamiento del producto, etc.) o a la empresa alimentaria afectada (acciones correctivas, cierre temporal o permanente de una empresa, etc.). Por supuesto, la legislación nacional puede prever otras sanciones administrativas adicionales.

Estas medidas administrativas constituyen una potente herramienta con un efecto directo sobre los operadores y, bien utilizadas, poseen también un importante efecto disuasorio. Por lo tanto, la presente propuesta reafirma la necesidad de que los Estados miembros adopten este tipo de medidas. Se propone asimismo garantizar la existencia de un requisito a tal efecto que se aplique a todas las empresas alimentarias y de piensos en todas las fases de las cadenas de alimentación humana y animal.

55. Sanciones penales

La legislación comunitaria no establece con certeza la obligación de los Estados miembros de fijar sanciones penales. Además, no existe un nivel mínimo para determinar los hechos constitutivos de delito contra la legislación sobre piensos y alimentos.

En muchos casos, sólo las sanciones penales tendrán un claro efecto disuasorio. El establecimiento de estas sanciones demuestra una desaprobación social cualitativamente distinta de la de las medidas de ejecución administrativas. Además, existe una garantía adicional de imparcialidad de las autoridades encargadas de la investigación penal, pues en ella participarán unas autoridades distintas a las que concedieron las licencias de explotación.

Por lo tanto, debe establecerse un conjunto mínimo común de delitos graves conforme a la legislación sobre piensos y alimentos de la UE, o conforme a las normas adoptadas por los Estados miembros para cumplir dicha legislación, delitos por los que los Estados miembros estén obligados a imponer sanciones penales. Este conjunto adopta la forma de una lista de delitos graves contra la legislación comunitaria sobre piensos y alimentos cometidos intencionadamente o por negligencia grave, para los que los Estados miembros deben establecer sanciones penales. Se trata de los delitos que más podrían amenazar a la seguridad de piensos y alimentos y, en consecuencia, a la salud pública.

La propuesta tiene como finalidad establecer un nivel mínimo de protección de la seguridad de piensos y alimentos, incluidos la salud y el bienestar de los animales, por medio del Derecho penal. No abarca todas las actividades reguladas por la legislación sobre piensos y alimentos de la Comunidad, sino únicamente los delitos importantes que podrían conducir a la comercialización de alimentos o piensos que no son seguros en el sentido de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del Reglamento (CE) nº 178/2002.

Los enumerados en la presente propuesta son delitos que podrían conducir finalmente a la comercialización de piensos o alimentos que no son seguros. Teniendo en cuenta lo grave que es la amenaza que suponen para la salud pública, es importante hacer que sean punibles «de por sí», independientemente de si conducen o no finalmente a la comercialización de piensos o alimentos que no son seguros.

Por supuesto, los Estados miembros pueden establecer otros delitos y otro tipo de medidas de ejecución y sanciones adicionales. Por ejemplo, pueden plantearse la posibilidad de establecer la descalificación de una persona física para participar en la fundación o la dirección de una empresa.

La naturaleza de las sanciones sólo pueden determinarla los Estados miembros, de acuerdo con la legislación nacional. Por esta misma razón, el Reglamento no regula cuestiones relacionadas con las investigaciones y los procesos penales, ni relativas al enjuiciamiento criminal. Son las autoridades de los Estados miembros las que han de decidir si los delitos enumerados en el Reglamento deben, en cualquier caso, enjuiciarse, o si la autoridad competente puede desistir de establecer sanciones penales en causas menores con un impacto insignificante en la seguridad de piensos y alimentos.

Por lo que se refiere a las personas físicas, la propuesta obligaría a los Estados miembros a establecer sanciones penales eficaces, disuasorias y proporcionadas contra las infracciones definidas de la legislación comunitaria. Para garantizar un nivel elevado de seguridad de los piensos y los alimentos, es importante también incluir sanciones contra la complicidad (participación e instigación) en los delitos incluidos en la lista. En casos graves, los Estados miembros tendrían que establecer la posibilidad de la pena de prisión, pero con una discrecionalidad muy amplia para definir esos casos.

En cuanto a las personas jurídicas, para que la legislación comunitaria sobre piensos y alimentos pueda hacerse cumplir eficazmente es esencial que se las pueda hacer responsables y que se les impongan sanciones. Sin embargo, algunos Estados miembros podrían tener dificultades para establecer sanciones penales contra las personas jurídicas sin necesidad de modificar principios fundamentales de sus sistemas jurídicos nacionales. Por tanto, los Estados miembros tendrían la posibilidad de prever sanciones no penales siempre que fueran eficaces, proporcionadas y disuasorias. Por ejemplo, podrían establecer multas no penales, el control judicial, órdenes judiciales de liquidación o la exclusión del derecho a prestaciones o ayudas públicas.

La Comisión considera que esta medida está justificada para garantizar el respeto de las normas de seguridad de los piensos y los alimentos en toda la UE, aplicando un planteamiento armonizado en todos los Estados miembros. La mejor forma de alcanzar este objetivo es mediante un planteamiento comunitario conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 del Tratado CE.

56. Medidas comunitarias de salvaguardia

El procedimiento contemplado en el artículo 226 del Tratado (procedimiento por incumplimiento) ofrece a la Comisión una herramienta para actuar contra los Estados miembros que no aplican la legislación comunitaria.

Aunque se trata de una herramienta poderosa, las limitaciones de tiempo a las que está sometido este procedimiento lo hacen impracticable cuando el incumplimiento de la obligación de aplicar la legislación comunitaria requiere una actuación rápida para salvaguardar la seguridad de los piensos y los alimentos. La medida de salvaguardia que establece el Reglamento (CE) nº 178/2002 permite que se tomen medidas únicamente cuando existen pruebas de que piensos o alimentos comercializados pueden constituir un riesgo grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, y de que este riesgo no puede contenerse satisfactoriamente por medio de las medidas que adopten el Estado miembro o los Estados miembros afectados. Sin embargo, esta medida no permite a la Comisión emprender acciones cuando existen pruebas claras de que el sistema de control de un Estado miembro presenta defectos graves y es inadecuado para aplicar correctamente la legislación comunitaria, comprometiendo así la seguridad de los piensos y los alimentos de una manera más general.

La presente propuesta añade una nueva dimensión a la medida de salvaguardia del Reglamento (CE) nº 178/2002. Introduce una herramienta que permitiría a la Comisión tomar medidas cuando hubiera pruebas de que el sistema de control de un Estado miembro es inadecuado; entre ellas, la suspensión, en el Estado miembro en cuestión, de la comercialización de determinados piensos y alimentos, el establecimiento de condiciones especiales para algunos piensos o alimentos o la adopción de cualquier otra medida provisional necesaria para asegurar la protección de la salud humana y la salud y el bienestar de los animales.

Trato especial y diferenciado

57. El artículo 10 del Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (Acuerdo MSF), adoptado por la Organización Mundial del Comercio, establece que «al elaborar y aplicar las medidas sanitarias o fitosanitarias, los Miembros tendrán en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo Miembros, y en particular las de los países menos adelantados Miembros».

La UE importa grandes cantidades de piensos y alimentos de los países en desarrollo. A estos países se aplican los mismos requisitos generales establecidos en el Reglamento (CE) nº 178/2002, según los cuales los terceros países deben asegurarse de que los piensos y los alimentos que exportan a la UE cumplen los requisitos pertinentes de la legislación sobre piensos y alimentos, u otros que la Comunidad reconozca al menos como equivalentes o, si existe un acuerdo especial entre la Comunidad y el país exportador, los requisitos contenidos en dicho acuerdo.

Aunque es imposible admitir excepciones a las normas sanitarias establecidas en la legislación comunitaria sobre piensos y alimentos, sí es posible pensar en una serie de actividades para ayudar a los países en desarrollo a ofrecer las garantías requeridas. La propuesta presenta procedimientos a tal efecto; por ejemplo, la introducción gradual de la obligación de presentar un programa de control, la ayuda para elaborar este programa, el fomento de proyectos hermanados entre países en desarrollo y Estados miembros y el envío de expertos comunitarios a esos países para ayudarles a organizar los controles oficiales.

Apoyo económico

58. La propuesta incluye una serie de actividades que requieren una aportación económica de la Comunidad. Se trata, en particular, de las siguientes:

* la designación de nuevos laboratorios de referencia;

* la creación de una base de datos sobre perfiles de países;

* la participación de expertos nacionales en las misiones de la OAV;

* la normalización de métodos de análisis y muestreo, en particular estableciendo normas de funcionamiento basadas en criterios;

* el apoyo a los países en desarrollo;

* la creación de instalaciones de formación para el personal de control de los Estados miembros y terceros países;

* estudios, conferencias y publicaciones sobre seguridad de los piensos y los alimentos.

Actualmente, los controles de la seguridad de piensos y alimentos suponen unos 3 millones de euros del presupuesto comunitario anual. Esta cantidad aumentaría a cerca de 16 millones anuales, es decir, 95 millones de euros a lo largo de seis años, si se aplicaran todas las medidas propuestas anteriormente. De esos 16 millones, 7,5 millones de euros están previstos para la formación de los funcionarios de control de los Estados miembros, los países candidatos y terceros países acerca de las (nuevas) medidas de control de la UE sobre piensos y alimentos.

Se completa así la acción 79 del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, que contempla el establecimiento de un fundamento jurídico para asegurar un apoyo económico adecuado de la Comunidad a las acciones necesarias para mejorar la seguridad alimentaria.

Medidas de aplicación

59. Las normas propuestas abarcan un amplio ámbito en el que se incluyen los controles oficiales de todos los piensos y alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria dentro de la Comunidad o que se presentan en las fronteras comunitarias para su importación. No obstante, estas normas no pueden contemplar todos los pormenores que caracterizan a los controles oficiales. Así pues, deben considerarse como un marco en el que están contenidos los requisitos fundamentales sobre cuya base pueden elaborarse, si es necesario, normas más detalladas para que los Estados miembros apliquen la normativa de manera uniforme. Por eso se dispone el desarrollo de esas medidas de aplicación conforme al procedimiento previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo.

Ámbito de aplicación del Reglamento propuesto

60. Los principios establecidos en la presente propuesta son de aplicación general a toda la legislación sobre piensos y alimentos, así como a la legislación sobre salud y bienestar de los animales. Sin embargo, habida cuenta de que en determinados ámbitos de la legislación alimentaria existen ya medidas de control exhaustivas y específicas, el Reglamento propuesto debería tener en cuenta este acervo.

Así pues, el ámbito de la propuesta no abarca la verificación del cumplimiento de las normas relativas a la organización común de los mercados de productos agropecuarios (cultivos herbáceos, vino, aceite de oliva, frutas y hortalizas, lúpulo, leche y productos lácteos, carne de vacuno y ternera, carne de ovino, carne de caprino y miel), para los que ya existe un sistema de control específico bien establecido. Por otro lado, la finalidad y los objetivos de la propuesta no son los mismos que los de los controles que se aplican a la organización común de los mercados agropecuarios.

Los siguientes actos incluyen medidas específicas para la verificación del cumplimiento de los requisitos que contienen:

- Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad [14];

[14] DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.

- Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios [15];

[15] DO L 198 de 22.7.1991, p. 1.

- Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios [16];

[16] DO L 208 de 24.7.1992, p. 1.

- Reglamento (CEE) nº 2082/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios [17].

[17] DO L 208 de 24.7.1992, p. 9.

La presente propuesta debe ser lo bastante flexible para poder tener en cuenta la especificidad de estos ámbitos.

La estructura de las futuras normas comunitarias sobre los controles de piensos y alimentos

61. La propuesta adjunta establece las normas generales aplicables a los controles oficiales de todos los piensos y alimentos en cualquier fase de la producción, la transformación y la distribución, ya estén producidos dentro de la UE o sean exportados a terceros países o importados de ellos. Además de estas normas generales, debe tenerse presente que los problemas concretos requieren soluciones concretas. Por lo tanto, debe haber margen para adoptar medidas de control más específicas a fin de mantener un nivel de protección elevado. En este contexto, es obvio que las normas de control más específicas ya existentes deben mantenerse. Es el caso, por ejemplo, de las siguientes:

- Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias ß-agonistas en la cría de ganado y por la que se derogan las Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE [18];

[18] DO L 125 de 23.5.1996, p. 3.

- Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y por la que se derogan las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 91/664/CEE [19];

[19] DO L 125 de 23.5.1996, p. 10.

- Reglamento (CE) nº .../... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones para la organización de los controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano [20];

[20] COM(2000) 438, doc. 2000/0180 (COD).

- (CE) n° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles [21];

[21] DO L 147 de 31.5.2001, p. 1.

- (CE) nº .../... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos transmitidos por los alimentos, por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE, 72/462/CEE y 90/539/CEE del Consejo [22];

[22] COM(2001).

- Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales [23] y Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas [24], así como las normas de aplicación de ellas derivadas;

[23] DO L 221 de 7.8.1986, p. 37.

[24] DO L 350 de 14.12.1990, p. 71.

- Directiva 92/1/CEE de la Comisión, de 13 de enero de 1992, relativa al control de las temperaturas en los medios de transporte y los locales de depósito y almacenamiento de alimentos ultracongelados destinados al consumo humano [25] y Directiva 92/2/CEE de la Comisión, de 13 de enero de 1992, por la que se establece el procedimiento de muestreo y el método comunitario de análisis para el control oficial de las temperaturas de los alimentos ultracongelados destinados al consumo humano [26].

[25] DO L 34 de 11.2.1992, p. 29.

[26] DO L 34 de 11.2.1992, p. 30.

Además, no está descartado que en el futuro haya que elaborar nuevas normas cuando surjan problemas de carácter especial. En ese caso se harán las propuestas al efecto.

2003/0030 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de sobre los controles oficiales de piensos y alimentos

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, sus artículos 37 y 95 y la letra b) del apartado 4 de su artículo 152,

Vista la propuesta de la Comisión [27],

[27] DO C ..., de ..., p. .

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social [28],

[28] DO C ..., de ..., p. .

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones [29],

[29] DO C [...] de [...], p. [...].

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado,

Considerando lo siguiente:

(1) Los piensos y los alimentos deben ser seguros y salubres. La legislación comunitaria comprende una serie de normas encaminadas a garantizar la consecución de ese objetivo. Estas normas abarcan la producción y la comercialización de los piensos y los alimentos.

(2) Las normas básicas relacionadas con la legislación sobre piensos y alimentos están establecidas en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria [30].

[30] DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

(3) Además de esas normas básicas, la legislación sobre piensos y la legislación alimentaria más específicas comprenden ámbitos diversos: nutrición animal, incluidos los piensos con medicamentos, higiene de los piensos y los alimentos, zoonosis, subproductos animales, residuos y contaminantes, control y erradicación de enfermedades animales que afectan a la salud pública, etiquetado de piensos y alimentos, plaguicidas, aditivos de piensos y alimentos, vitaminas, sales minerales, oligoelementos y otros aditivos, materiales en contacto con los alimentos, requisitos de calidad y composición, agua potable, ionización, alimentos nuevos y organismos modificados genéticamente (OMG).

(4) La salud y el bienestar de los animales son también factores importantes que contribuyen a la calidad y la seguridad de los alimentos.

(5) La legislación comunitaria sobre piensos y alimentos se basa en el principio de que los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos deben asegurarse, en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución que tienen lugar en las empresas bajo su control, de que los alimentos y los piensos cumplen los requisitos de la legislación sobre piensos y alimentos pertinentes a los efectos de sus actividades.

(6) Los Estados miembros deben velar por que se cumpla la legislación sobre piensos y alimentos, y hacer el correspondiente seguimiento y verificar que los explotadores de empresas alimentarias y de piensos cumplen los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución. Para ello deben organizarse controles oficiales.

(7) Debe establecerse un marco comunitario para la organización de los controles oficiales que abarque todos los ámbitos de la legislación sobre piensos y alimentos, incluidos la salud y el bienestar de los animales.

(8) Como norma general, este marco comunitario no debe incluir controles oficiales relativos a organismos nocivos para las plantas y los productos de ellas derivados, pues tales controles están ya adecuadamente contemplados en la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad [31]. No obstante, algunos aspectos del presente Reglamento sí deberían aplicarse al sector fitosanitario, en particular los que se refieren al establecimiento de planes nacionales de control y a las inspecciones comunitarias en los Estados miembros y en terceros países. Es, por tanto, oportuno modificar en consecuencia la Directiva 2000/29/CE.

[31] DO L 169 de 10.7.2000, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/36/CE de la Comisión (DO L 116 de 3.5.2002, p. 16).

(9) Los Reglamentos del Consejo (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios [32], (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios [33], y (CEE) nº 2082/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios [34], incluyen medidas específicas para verificar el cumplimiento de los requisitos que contienen. Los requisitos contenidos en el presente Reglamento deben ser lo bastante flexibles para poder tener en cuenta la especificidad de estos ámbitos.

[32] DO L 198 de 22.7.1991, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 436/2001 de la Comisión (DO L 63 de 3.3.2001, p. 16).

[33] DO L 208 de 24.7.1992, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 2796/2000 de la Comisión (DO L 324 de 21.12.2000, p. 26).

[34] DO L 208 de 24.7.1992, p. 9. Reglamento cuya última modificación la constituye el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia.

(10) Para verificar el cumplimiento de las normas relativas a la organización común de los mercados de productos agropecuarios (cultivos herbáceos, vino, aceite de oliva, frutas y hortalizas, lúpulo, leche y productos lácteos, carne de vacuno y ternera, carne de ovino, carne de caprino y miel), existe ya un sistema de control específico bien establecido. Por lo tanto, este Reglamento no debe aplicarse a esos ámbitos, máxime cuando sus objetivos difieren de los que persiguen los mecanismos de control para la organización común de los mercados de productos agropecuarios.

(11) Las autoridades competentes para efectuar los controles oficiales deben cumplir una serie de criterios operativos que garanticen su imparcialidad y eficacia. Deben contar con personal suficiente que tenga la cualificación y experiencia adecuadas, y poseer instalaciones y equipos apropiados para desempeñar correctamente sus funciones.

(12) Los controles oficiales deben llevarse a cabo por medio de técnicas apropiadas desarrolladas al efecto, entre las que se incluyen las actividades de vigilancia regulares y controles más intensivos, como inspecciones, verificaciones, auditorías, tomas de muestras y análisis de las mismas, etc. La correcta aplicación de esas técnicas requiere que el personal que lleve a cabo los controles oficiales reciba la formación adecuada. La formación es necesaria también para que las autoridades de control tomen decisiones de manera uniforme, en particular con respecto a la aplicación de los principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP en sus siglas inglesas).

(13) La frecuencia de los controles oficiales debe ser regular y proporcional a la naturaleza del riesgo, teniendo en cuenta los resultados de los propios controles efectuados por los explotadores de empresas alimentarias y de piensos conforme a programas de control basados en el sistema HACCP o a programas de aseguramiento de la calidad, cuando éstos estén diseñados para cumplir los requisitos de la legislación sobre piensos y alimentos. Si es necesario, deben efectuarse controles ad hoc ante la sospecha de que ha habido un incumplimiento de esta legislación.

(14) Los controles oficiales deben realizarse basándose en procedimientos documentados, a fin de asegurar que se llevan a cabo de una manera uniforme y con una calidad elevada constante.

(15) Cuando en la realización de los controles oficiales participan distintas unidades de control, las autoridades competentes deben garantizar la existencia de procedimientos de coordinación adecuados, así como su eficaz aplicación.

(16) Asimismo, si la entidad central ha delegado la competencia para realizar los controles oficiales en una entidad regional o local, las autoridades competentes deben asegurarse de que existe una coordinación eficaz entre la entidad central y esa entidad regional o local.

(17) Los laboratorios que participan en el análisis de muestras oficiales deben aplicar procedimientos autorizados internacionalmente o normas de funcionamiento basadas en criterios y emplear métodos de análisis que, en la medida de lo posible, hayan sido validados.

(18) La designación de laboratorios comunitarios y nacionales de referencia ha de contribuir a que los resultados de los análisis sean de elevada calidad y muy uniformes. Este objetivo puede alcanzarse, entre otras cosas, aplicando métodos de análisis validados, asegurando la disponibilidad de materiales de referencia, organizando ensayos comparativos y formando adecuadamente al personal de los laboratorios.

(19) Las actividades de los laboratorios de referencia deben abarcar todos los ámbitos de la legislación sobre piensos y alimentos y, en particular, aquellos en los que se requieren resultados precisos de análisis y diagnósticos, como es el caso de la sanidad animal, dada la importancia de este sector para la legislación sobre piensos y alimentos.

(20) El Comité Europeo de Normalización (CEN) ha elaborado normas europeas (normas EN) adecuadas a los efectos del presente Reglamento. Estas normas EN se refieren, en particular, al funcionamiento y la evaluación de laboratorios de ensayo y al funcionamiento y la acreditación de los órganos de control. También han elaborado normas internacionales la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). Estas normas, en casos bien definidos, podrían ser adecuadas a los efectos del presente Reglamento, teniendo en cuenta que en la legislación sobre piensos y alimentos se han establecido criterios sobre resultados a fin de garantizar la flexibilidad y la rentabilidad.

(21) Deben tomarse las medidas oportunas para que la autoridad competente pueda delegar en un organismo no gubernamental la competencia para llevar a cabo tareas específicas de control, y establecerse las condiciones en que puede tener lugar esa delegación.

(22) Deben existir procedimientos adecuados para la cooperación entre las autoridades competentes dentro de los Estados miembros y entre unos Estados miembros y otros, en particular cuando los controles oficiales pongan de manifiesto que los problemas relacionados con piensos o alimentos afectan a más de un Estado miembro. Para facilitar esa cooperación, los Estados miembros deben designar uno o varios organismos de enlace que estarán encargados de coordinar la transmisión y recepción de las peticiones de asistencia.

(23) De acuerdo con el artículo 50 del Reglamento (CE) nº 178/2002, los Estados miembros que posean información relativa a la existencia de un riesgo grave, directo o indirecto, para la salud humana derivado de un alimento o de un pienso, notificarán inmediatamente esta información a la Comisión.

(24) Es importante crear procedimientos uniformes para el control de los piensos y alimentos introducidos en el territorio de la Comunidad procedentes de terceros países, teniendo en cuenta que ya se han establecido procedimientos armonizados de importación con respecto a:

- los alimentos de origen animal, en virtud de la Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros [35];

[35] DO L 24 de 30.1.1998, p. 9.

- los animales vivos, en virtud de la Directiva 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros y por la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE [36].

[36] DO L 268 de 24.9.1991, p. 56. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 96/43/CE (DO L 162 de 1.7.1996, p. 1).

Su funcionamiento es correcto y deben mantenerse.

(25) Los controles de piensos y alimentos procedentes de terceros países a los que se refiere la Directiva 97/78/CE se limitan a los aspectos veterinarios. Es necesario complementar estos controles con controles oficiales relacionados con aspectos no contemplados por los controles veterinarios, como son los aditivos, el etiquetado, la trazabilidad, la irradiación de alimentos y los materiales en contacto con alimentos.

(26) La legislación comunitaria establece también procedimientos para el control de piensos importados, en virtud de la Directiva 95/53/CE del Consejo, de 25 de octubre de 1995, por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal [37]. Esta Directiva establece los principios y procedimientos que deben aplicar los Estados miembros en el despacho a libre práctica de piensos importados.

[37] DO L 265 de 8.11.1995, p. 17. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva