EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

• Razones y objetivos de la propuesta

Una cooperación judicial transfronteriza eficiente requiere una comunicación segura, fiable y rápida entre los órganos jurisdiccionales y las autoridades competentes. Además, esta cooperación debe llevarse a cabo de manera que no genere una carga administrativa desproporcionada y sea resiliente ante circunstancias de fuerza mayor.

A escala de la UE, existe un amplio conjunto de instrumentos diseñados para mejorar la cooperación judicial en los asuntos civiles, mercantiles y penales transfronterizos. Muchos de estos regulan la comunicación entre autoridades, incluso en algunos casos con los órganos y organismos de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la UE. Sin embargo, la mayoría de los instrumentos no contemplan el establecimiento de dicha comunicación a través de medios digitales. Incluso en los casos en que lo hacen, siguen existiendo otras lagunas, como la falta de canales digitales de comunicación seguros y fiables o la falta de reconocimiento de documentos, firmas y sellos electrónicos, lo que impide que la cooperación judicial utilice los canales de comunicación más eficientes, seguros y fiables disponibles.

Además, la pandemia de COVID-19 ha demostrado que los acontecimientos de fuerza mayor pueden afectar gravemente al funcionamiento normal de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Durante la crisis, en muchos casos los órganos jurisdiccionales nacionales no han podido mantener su funcionamiento habitual debido a la propagación del virus. Los Estados miembros se vieron obligados a adoptar una serie de medidas que iban desde el cierre total hasta el tratamiento de solo algunos casos prioritarios. Al mismo tiempo, las actividades que podían llevarse a cabo digitalmente (por ejemplo, por correo electrónico, videoconferencia, etc.) pudieron continuar sin interrupción. Sin embargo, muchas de las soluciones técnicas empleadas se desarrollaron de manera ad hoc y no siempre cumplían plenamente las normas en materia de seguridad y derechos fundamentales. La cooperación judicial en los asuntos transfronterizos de la UE se ha visto igualmente afectada, y la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar la resiliencia de la comunicación.

En este contexto, la Comisión propuso la adopción de un conjunto armonizado de normas sobre digitalización, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la justicia y la eficiencia y resiliencia de los flujos de comunicación inherentes a la cooperación entre las autoridades judiciales y otras autoridades competentes en asuntos transfronterizos en la UE [Referencia al Reglamento sobre digitalización]. La propuesta de Reglamento establece que la comunicación escrita entre las autoridades competentes que participan en la cooperación judicial en materia civil, mercantil y penal debe realizarse a través de canales digitales de comunicación, sin perjuicio de excepciones justificadas. Con el fin de garantizar que la comunicación se lleve a cabo de manera uniforme dentro del ámbito de aplicación de todos los instrumentos jurídicos de la Unión en materia civil, mercantil y penal, deben armonizarse determinadas disposiciones que ya regulan la comunicación para garantizar el intercambio de información «digital por defecto». El objetivo de las modificaciones es garantizar la seguridad jurídica en aquellas situaciones en las que las disposiciones existentes pueden regular la comunicación de manera diferente a la del Reglamento propuesto. Teniendo en cuenta que algunos de los actos jurídicos en cuestión son decisiones marco y directivas, procede modificarlos mediante una Directiva, que también establece aspectos relacionados con la incorporación al Derecho nacional.

Dado que la Decisión Marco 2003/577/JAI y la Decisión Marco 2006/783/JAI siguen aplicándose no solo entre los Estados miembros que no están vinculados por el Reglamento (UE) 2018/1805, sino también entre cualquier Estado miembro que no esté vinculado por el Reglamento (UE) 2018/1805 (en particular Irlanda) y cualquier Estado miembro que esté vinculado por el Reglamento (UE) 2018/1805, también se proponen modificaciones de estas Decisiones Marco en la presente propuesta, en caso de que Irlanda decida participar en el Reglamento sobre digitalización *.