De forma paralela y simultánea a los problemas de financiación del terrorismo, se han detectado significativas zonas opacas en transacciones financieras en todo el mundo que indican que a menudo se recurre a jurisdicciones extraterritoriales como sede de entidades intermediarias que ponen distancia entre el titular real y los activos que este posee, con el frecuente propósito de eludir o evadir el pago de impuestos. La presente propuesta pretende evitar la ocultación de fondos a gran escala que puede restar eficacia a la lucha contra la delincuencia financiera, y aumentar la transparencia societaria, de modo que los titulares reales de las empresas u otras estructuras jurídicas no puedan esconderse tras identidades no desveladas.

De conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados en grado suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor al nivel de la Unión. La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos. En consonancia con las disposiciones vigentes, tanto de la Directiva 4AMLD como de la Directiva 2009/101/CE, los Estados miembros están facultados para adoptar o mantener medidas más estrictas que las establecidas en la legislación de la Unión.

Por lo que se refiere a los instrumentos de prepago —reconociendo que presentan un claro interés social, ya que se utilizan en algunos Estados miembros para abonar prestaciones sociales—, el principio de proporcionalidad dicta que se tengan debidamente en cuenta las necesidades de las personas económicamente vulnerables. Así, las medidas propuestas pretenden fomentar la inclusión financiera, por lo que esas tarjetas de prepago seguirán pudiendo funcionar como sustitutivo de facto de las cuentas bancarias. Además, dado que es preciso contrapesar la legítima pretensión de anonimidad de los pagos por los particulares con las exigencias de una eficaz vigilancia de las transacciones sospechosas, y teniendo en cuenta las tendencias más recientes del mercado y las cifras que indican los volúmenes medios de transacciones no sospechosas efectuadas con instrumentos de prepago anónimos, se considera apropiado y proporcionado rebajar los umbrales fijados en la Directiva 4AMLD para aquellas transacciones a las que no se aplique la diligencia debida con respecto al cliente.

2)Las transacciones sospechosas realizadas con monedas virtuales no son objeto de una vigilancia suficiente por las autoridades, las cuales no pueden vincular las transacciones a unas personas determinadas;

Al rebajar los umbrales contemplados por la Directiva 4AMLD para el ejercicio de la diligencia debida en relación con los instrumentos de prepago, se asegura que la legislación de la UE refleja las prácticas vigentes en el mercado para las tarjetas no recargables, sin menoscabo de las necesidades y los intereses legítimos de sus usuarios. La identificación y la verificación de la identidad de los titulares de las tarjetas solo se requerirán por encima del umbral propuesto o cuando la tarjeta, recargable o no, se utilice para hacer compras en línea.

Del mismo modo, se ha tenido debidamente en cuenta la necesidad de respetar la libertad de empresa, y si bien tendrán cierto impacto en los agentes del mercado que actualmente no tienen que aplicar medidas de diligencia debida respecto de sus clientes pero que pasarán a ser entidades obligadas, las modificaciones no afectarán a la posibilidad de explotar plataformas de cambio de monedas virtuales.

De conformidad con el artículo 12 de la Directiva 4AMLD, cualquier Estado miembro puede permitir a las entidades obligadas no aplicar determinadas medidas de diligencia debida con respecto al cliente cuando se trate de dinero electrónico, si se dan ciertas condiciones. Los riesgos actualmente reconocidos de financiación del terrorismo que plantean las tarjetas de prepago se concentran en las tarjetas de prepago no sujetas al ejercicio de la diligencia debida con respecto al cliente, de uso múltiple (recargables o no recargables), que se utilizan en sistemas nacionales o internacionales, y en su facilidad de utilización en línea.

Las transferencias de monedas virtuales no son actualmente objeto de ningún tipo de vigilancia por las autoridades públicas dentro de la UE, ya que no se han establecido, ni al nivel de la Unión ni por los Estados miembros, normas específicas y vinculantes que determinen las condiciones de tal vigilancia. Para responder adecuadamente a esos riesgos, es esencial establecer un marco regulador para el funcionamiento de los intercambios y de los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, que ejercen la función de «custodios» y permiten a los ciudadanos acceder a los diversos sistemas de monedas virtuales. Como entidades obligadas con arreglo a la Directiva 4AMLD, pasan a estar sujetos, de forma similar a las instituciones financieras, a la obligación de aplicar medidas preventivas y de notificar toda transacción sospechosa.

No obstante, los Estados miembros no están actualmente obligados a incluir en sus regímenes nacionales una lista específica de medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente, por lo que existen regímenes heterogéneos de aplicación de ese tipo de medidas frente a los países con deficiencias.

Las entidades intermediarias que no ejercen ninguna actividad económica y cuyo único propósito es poner distancia entre los titulares reales y los activos tienen poca dificultad en soslayar el umbral del 25 %. El establecimiento de un umbral más bajo cuando exista un riesgo específico ceñirá el espectro de entidades respecto de las que las entidades obligadas habrán de recabar información adicional a aquellas que presenten un riesgo elevado de ser utilizadas con fines ilícitos. Esto propiciará, por consiguiente, una mejor detección de los titulares reales, pues se situarán en el punto de mira las entidades que operan como estructuras intermedias y no generan ingresos propios sino que, mayormente, canalizan ingresos procedentes de otras fuentes (las definidas como «entidades no financieras pasivas» en virtud de la Directiva 2011/16/UE).

La fuente potencial de fondos/activos, en la que suele radicar el riesgo de blanqueo de capitales, no puede valorarse con fiabilidad en tanto no se realice ese escrutinio sistemático. La falta de vigilancia sistemática no permite detectar y evaluar los riesgos a tiempo en algunos casos. Al aplicar la diligencia debida con respecto al cliente a una selección de clientes existentes, la evaluación del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a tiempo y la respuesta a esa situación pueden verse entorpecidas por la falta de información actualizada sobre los clientes, lo que crea la oportunidad de ocultar dinero ilícito. Además de las normas de la Directiva 4AMLD, son pertinentes en este ámbito otras disposiciones de Derecho de la Unión que deben tenerse en cuenta. La ampliación de la información sobre la titularidad real conforme a la Directiva 4AMLD afecta directamente al régimen de notificación de la Directiva 2011/16/UE. Esta exige a las instituciones financieras que obtengan una autocertificación con respecto a los titulares reales de las entidades no financieras pasivas que tengan cuentas preexistentes con un saldo superior a 1 millón de USD, de conformidad con el Estándar Común de Comunicación de Información (ECCI) desarrollado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Partiendo de la obligación impuesta a la institución financiera de ponerse en contacto con la entidad no financiera pasiva, pueden obtenerse sinergias para actualizar la información sobre la titularidad real de forma acorde a los niveles de conocimiento más recientes.

iii) Lugar de vigilancia y registro de los fideicomisos

De conformidad con el artículo 31 de la Directiva 4AMLD, los Estados miembros deben exigir que los fideicomisos «sujetos a su legislación» obtengan y mantengan información suficiente, exacta y actualizada, en particular sobre el fideicomisario. Ese mismo artículo requiere a los Estados miembros que establezcan, a nivel nacional, registros centralizados de los titulares reales de los fideicomisos que «generen obligaciones tributarias».

La Comisión propone dejar claro que el Estado miembro afectado por estas obligaciones es el de administración del fideicomiso.

Los criterios actuales de «sujetos a su legislación» y «que generen obligaciones tributarias» no siempre se entienden de forma inequívoca, por lo que deben aclararse. Concretamente, el actual texto del artículo 31 podría llevar a considerar que, en tanto no reconozca los fideicomisos con arreglo a su Derecho interno, un Estado miembro no está sujeto a obligación alguna de vigilar y registrar los fideicomisos administrados en su territorio. Esta situación puede generar lagunas en el registro, lo que se desvía de los objetivos de transparencia de la Directiva. Además, limitar el requisito de registro exclusivamente a los fideicomisos que generen obligaciones tributarias no es plenamente compatible con la obligación de mayor alcance prevista en la Directiva, que exige identificar todos los tipos de fideicomiso antes de entablar una relación de negocios.

La disposición de la Directiva vigente resulta también incoherente en la medida en que quedan actualmente exentos del requisito de registro los fideicomisos que, debido a la falta de armonización de los sistemas tributarios, quedan fuera del ámbito de aplicación de las normas fiscales de los Estados miembros (por ejemplo, por no tener residencia fiscal en ningún lugar). Esos fideicomisos no solo no pagan impuestos, sino que además no están registrados en lugar alguno.

La propuesta de la Comisión se ajusta a las directrices sobre transparencia y titularidad real del GAFI.

iv) Interconexión de los registros nacionales La Directiva 4AMLD subraya la necesidad de garantizar la interconexión segura y eficiente de los registros nacionales de titularidad real. Se ha encargado a la Comisión que elabore un informe, que deberá presentarse a más tardar en junio de 2019, en el que se evalúen las condiciones y especificaciones técnicas y el procedimiento de interconexión. Es de importancia vital abordar urgentemente los riesgos que puede presentar la utilización indebida de las personas y estructuras jurídicas. La Comisión propone por lo tanto establecer una interconexión directa entre esos registros. Esa interconexión permitirá a las autoridades competentes, las UIF y las entidades obligadas identificar a los titulares reales con mayor eficacia y facilidad y aumentará los requisitos de transparencia aplicables a las sociedades y los fideicomisos. Además, posibilitará el acceso público a la información sobre la titularidad real en toda la UE. En suma, el nuevo planteamiento sobre transparencia societaria y acceso a la información sobre la titularidad real incide en todos los aspectos que actualmente configuran el régimen de información sobre la titularidad real: lo que se registra (entidades cuya información se registra), el lugar donde debe efectuarse el registro (el Estado miembro que es responsable del registro de una entidad determinada), los agentes a los que se concede acceso a la información (acceso más claro a la información sobre la titularidad real) y la interrelación entre los registros nacionales. G. Clarificación de una serie de disposiciones existentes

i) El concepto de autoridades competentes

A pesar de ser una referencia recurrente en todo el texto de la Directiva, los términos «las autoridades competentes» no son siempre inequívocos, lo que ha dado lugar a interpretaciones divergentes en distintos puntos de la Unión. La presente propuesta incluye un considerando que aclara esta cuestión.

ii) Exclusión de las tarjetas de circuito cerrado

Las tarjetas de circuito cerrado son tarjetas de prepago que pueden utilizarse únicamente para la adquisición de bienes o servicios en los establecimientos del emisor o dentro de una red limitada de proveedores de servicios en virtud de un acuerdo comercial directo con un emisor profesional, o que pueden utilizarse únicamente para adquirir una gama muy limitada de bienes o servicios. Habida cuenta del escaso riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que plantean las tarjetas de circuito cerrado, se han dejado fuera de la definición de dinero electrónico a efectos de la Directiva 4AMLD, decisión que es coherente con el planteamiento de la Directiva 2009/110/CE.

iii) Plena compatibilidad con las disposiciones en materia de identificación electrónica