Pese a estar originalmente obligado en virtud de la Decisión marco, el 1 de septiembre de 2014 el Reino Unido decidió no incorporarla a su Derecho nacional conforme al artículo 10, apartado 4, del Protocolo 36 anejo a los Tratados. Por consiguiente, el informe actual no incluye al Reino Unido.

Por otra parte, en siete Estados miembros (BE, EE, IE, LU, HU, MT y PL) los términos indicados para la transposición tienen un significado equivalente conforme a la jurisprudencia nacional en la materia. En EE, HU, IE y PL, la definición actual de «acto de corrupción activa» no hace referencia a «ofrecer un soborno», algo que sí está recogido en la jurisprudencia. En BE y LU, el Código Penal habla de «hacer una oferta, una promesa u ofrecer una ventaja de cualquier naturaleza». En MT, la persona que «soborna» es responsable como cómplice. La persona que trata de inducir a otra persona para que cometa la infracción es sancionable, aunque su tentativa no sea eficaz.

Diecinueve Estados miembros (BG, CZ, DK, DE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LT, NL, AT, PT, RO, SK, SI, FI y SE) han incorporado casi literalmente los tres términos («prometer, ofrecer o entregar») a sus legislaciones.

El informe se concentra en los artículos 2 a 7 de la Decisión marco. No abarca los artículos 8 a 11 (esto es, las disposiciones relativas a la derogación, la ejecución, la aplicación territorial y la entrada en vigor), puesto que no es necesario incorporarlos al Derecho nacional.

En diez Estados miembros (BG, CZ, FR, EE, EL, IT, LV, HU, MT y PT), las medidas de transposición nacionales abordan de manera explícita este elemento. Sin embargo, dicho elemento no figura de forma explícita en la legislación de catorce Estados miembros (BE, DK, ES, HR, IE, CY, LT, LU, NL, PL, RO, SK, SI y SE), ya que en estos países la infracción suele referirse a cualquier persona («toda persona»). En todo caso, en la medida en que la referencia a dicho aspecto es amplia, la transposición está en línea por con la Decisión marco.

En IT, la corrupción activa y pasiva solo se refieren a cargos directivos, como los jefes, los directores generales, los directores encargados de la elaboración de los balances, los alcaldes y los liquidadores, o a toda persona que «ejerza diversas funciones directivas», de modo que no incluyen a las personas sin funciones ejecutivas.

En RO, la definición de corrupción activa y pasiva no menciona explícitamente las «funciones directivas o laborales». El texto en cuestión se refiere a «quien, de forma permanente o temporal, desempeña una función o tarea con la que participa en el proceso decisorio o puede influir en él». Esta formulación parece abarcar las funciones directivas, pero no necesariamente todos los tipos de relaciones laborales. En IE y CY, los actos de corrupción activa y pasiva se circunscriben a la conducta de un agente «en relación con los negocios o las actividades de su superior jerárquico».

En cuanto a EE, la definición de acto de corrupción activa no comprende el aspecto de «funciones laborales o directivas», mientras que la definición de acto de corrupción pasiva alude a ellos de manera más general («por una persona con capacidad para participar en actividades económicas»). La información facilitada por las autoridades estonias no ha sido concluyente en relación con si algunos de los elementos que figuran en la definición de acto de corrupción pasiva son también aplicables a los actos de corrupción activa.

La legislación de HR, NL y AT no alude a las «funciones directivas», sino que se limita a hablar de «funciones laborales». En PT, la definición tampoco hace referencia a las «funciones directivas», sino que se refiere a los «empleados del sector privado» en el caso de la corrupción pasiva y a «cualquier persona» en el caso de la corrupción activa. En LT, los actos de corrupción en el sector privado solo están tipificados como delito en el caso de las personas que ostentan «las capacidades administrativas apropiadas» o «están facultadas para actuar en representación de un organismo, empresa u organización» o «ejercen funciones públicas». LT arguye que la jurisprudencia del Tribunal Supremo aclara las obligaciones asociadas a las funciones directivas o laborales. En CZ y SK no hay una limitación explícita a las funciones directivas o laborales, puesto que la forma en que está redactada la legislación parece abarcar todos los tipos de relación o de vínculo con una empresa privada. En SE, la legislación se refiere a «una persona que actúe en calidad de trabajador o que tenga un mandato» (corrupción pasiva) o a cualquier «persona» (corrupción activa), lo que parece englobar los aspectos directivos y laborales. En DK y SI, como la ley no especifica el vínculo existente entre el infractor y la persona jurídica, se asume que todos estos elementos están cubiertos.

No obstante, aunque en ellas no conste el elemento «directamente o a través de un intermediario», las legislaciones nacionales implican que ambos casos están cubiertos, por lo que todos los Estados miembros contemplan este aspecto.

Por otra parte, doce Estados miembros (BG, DE, DK, IE, IT, HU, NL AT, PL, FI, SI y SE) no incluyen explícitamente el elemento «directamente o a través de un intermediario». En EE, la definición de acto de corrupción activa no comprende este aspecto, que sí aparece reflejado en la definición de acto de corrupción pasiva. La información facilitada por las autoridades estonias no fue concluyente en relación con si algunos de los elementos que solo figuran en la definición de acto de corrupción pasiva son también aplicables a los actos de corrupción activa.

En ES, la legislación no alude explícitamente a «aceptar la promesa de un soborno», pues se refiere únicamente a aceptar «un beneficio o ventaja no justificados».

En seis Estados miembros (CZ, DK, EE, FR, IE y SI), aunque los términos empleados en el Código Penal son diferentes, su significado es equivalente conforme a la jurisprudencia en la materia. Además, la legislación de LV no contempla expressis verbis «aceptar la promesa de un soborno», pero sí «aceptar la oferta de un soborno». En CZ, «aceptar la promesa de una ventaja indebida» no está cubierto explícitamente por la definición actual de corrupción pasiva, que se refiere a «acordar aceptar un regalo o dádiva como incentivo o remuneración».

Dieciocho Estados miembros (BE, BG, DE, EL, HR, LT, LU, HU, MT, AT, PT, SK, FI, IT, RO, NL, PL y SE) han incorporado de forma casi literal los tres términos («pedir o recibir o aceptar la promesa de») a sus legislaciones.

«una ventaja indebida de cualquier naturaleza»

Las ventajas indebidas pueden ser de carácter económico, pero también de naturaleza inmaterial. Lo importante es que el infractor o cualquier otra persona —como, por ejemplo, un pariente— se encuentre en una situación mejor que antes de que se cometiese la infracción y que no tenga derecho a percibir dicha ventaja. Esta puede, por ejemplo, adoptar la forma de dinero, vacaciones, préstamos, alimentos y bebidas, la gestión acelerada de un asunto o mejores perspectivas de carrera, etc. Debe interpretarse que el término «indebida» hace referencia a una ventaja que el receptor no puede legalmente aceptar o recibir. Esta interpretación excluye este tipo de infracción las ventajas permitidas por la ley o por las normas administrativas aplicables.

Diecinueve Estados miembros (BE, BG, DE, DK, ES, EL, CY, LT, LV, LU, HU, MT, AT, PL, PT, RO, FI, IT y SE) incorporaron este elemento literalmente a su Derecho nacional.

Otros Estados miembros lo hicieron tras introducir ligeras variaciones.

En NL, la disposición de ejecución no se refiere a una «ventaja indebida», sino a un «regalo», «servicio» o «promesa». En CY, el término «ventaja indebida» se ha incorporado como «todo regalo o dádiva, como un incentivo o una recompensa». La legislación de FR se refiere a «toda ventaja», lo cual tiene un significado ligeramente más amplio, mientras que en HR la legislación menciona un «favor». En SI, la legislación se refiere a «una recompensa, un regalo u otras ventajas materiales no autorizados». En IE, la infracción de acto de corrupción pasiva hace alusión a los términos «regalo, dádiva o ventaja», mientras que la de acto de corrupción activa solo incluye «regalo o dádiva».

SK no trata específicamente la oferta de ventajas indebidas que no sean sobornos. En las disposiciones del Código Penal eslovaco relativas a los actos de corrupción no figura el término «ventaja», sino que se emplea el término «soborno»: «Se considerará soborno un objeto o la transferencia de bienes o de otros elementos inmateriales a los que no se tenga derecho legal». En CZ, «una ventaja indebida de cualquier naturaleza» está incluida en la definición de «soborno», que es «una ventaja indebida consistente en un enriquecimiento material directo o una ventaja de otra índole [...] a la que la persona en cuestión no tiene derecho».

En EE, si el acto de corrupción es pasivo, la ventaja indebida se define como «un bien u otro beneficio», mientras que en el caso de los actos de corrupción activa la legislación hace referencia a un soborno, un concepto más restringido que el de ventaja indebida. La información disponible no aclara si algunos de los elementos incluidos en la definición de acto de corrupción pasiva son aplicables también a los actos de corrupción activa.

«para dicha persona o para un tercero» / «para sí mismo o para un tercero»

Veintidós Estados miembros han incorporado este elemento de manera literal al Derecho nacional (BE, BG, CZ, DE, DK ES, EL, FR, HU, HR, CY, LT, LV, LU, MT, AT, PT, SK, SI, FI, IE y SE).

En PL, es posible que el aspecto relativo a la existencia de un tercero solo esté cubierto indirectamente, en la medida en que corresponde a «a favor de un comprador, o de un destinatario de bienes, servicios u otras prestaciones».

Dos Estados miembros (NL y RO) no contemplan este elemento de forma explícita. En otros dos (EE e IT), dicho elemento de los no está cubierto en la definición de acto de corrupción activa.





«para que esta realice o se abstenga de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones» / «a cambio de realizar o abstenerse de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones»

En trece Estados miembros (BE, BG, DE, DK, FR, EL, IE, IT, CY, LV, LU, AT y SK) este elemento se ha incorporado literalmente al Derecho nacional.

Siete Estados miembros (LT, LV, HU, MT, PT, RO y SE) lo han incorporado con ligeras modificaciones. En RO, este aspecto solo figura en la definición de acto de corrupción pasiva. En LT, se ha incorporado al Derecho nacional del siguiente modo: «acto u omisión legal o ilegal [...] en el cumplimiento de sus funciones». En PT, la noción de «incumplimiento de las obligaciones» solo consta en la definición de acto de corrupción pasiva, pero no en la de acto de corrupción activa. En LV, el componente «realizar o abstenerse de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones» se ha introducido en el Derecho nacional de una forma más general, puesto que la realización de un acto o la abstención de realizarlo debe producirse «ejerciendo su autoridad», sin implicar necesariamente un incumplimiento específico. En HU, MT y SE, la legislación no indica «debe realizar o abstenerse de realizar». Ello implica que la omisión de estos elementos no incide en el aspecto «incumpliendo sus obligaciones», que está contemplado en el Código Penal; resulta indiferente si estas palabras figuran de manera implícita o explícita.

En EE, se alude a este aspecto como «abuso de sus competencias» en el caso de la corrupción pasiva, mientras que no se menciona en absoluto en la definición de corrupción activa. La información facilitada por las autoridades estonias no ha permitido determinar si algunos de los elementos que figuran en la definición de acto de corrupción pasiva son también aplicables a los actos de corrupción activa.

El Código Penal de CZ no limita la aplicabilidad de las disposiciones relativas a los actos de corrupción en el sector privado a aquellos casos en que se haya producido un incumplimiento de las obligaciones.

En ES, se ha eliminado de la legislación la frase «incumpliendo sus obligaciones». La redacción actual tampoco refleja el aspecto de «realizar o abstenerse de realizar un acto». El ámbito de aplicación del artículo en cuestión es también limitado («con motivo de la adquisición o venta de mercancías, o de la contratación de servicios o de relaciones comerciales»).