COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 23.12.1996 
COM(%) 725 final 
96/0025 (COD) 
Propuesta modificada de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses 
de los consumidores 
(presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 
del artículo 189 A del Tratado CE) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
H ANTECEDENTES 
El 24 de enero de 1996, la Comisión aprobó una propuesta de Directiva relativa a las 
acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores1, 
basada en el» artículo 100A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Esta 
propuesta pretende garantizar la aplicación efectiva del Derecho comunitario sobre el 
consumo y tiene por objeto las acciones de cesación que pueden ejercerse con el fin de 
hacer cesar determinadas infracciones a las disposiciones nacionales que incorporan a la 
legislación nacional el Derecho comunitario en este ámbito. A tal efecto y, en particular, 
con el fin de luchar contra las infracciones intracomunitarias, la Directiva propuesta aplica 
el principio de reconocimiento mutuo a las entidades "cualificadas" para iniciar la acción 
a nivel nacional, a partir de las listas que serán establecidas por los Estados miembros y 
se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 25 de septiembre de 1996. El 
Parlamento Europeo, al que se presentó la propuesta en el marco del procedimiento de 
codecisión, emitió su dictamen en primera lectura el 14 de noviembre de 1996 (ponente: 
Sr. Verde i Aldea). La Resolución legislativa adoptada por el Parlamento aprueba la 
propuesta con 20 enmiendas, 17 de las cuales fueron aceptadas, entera o parcialmente, 
por la Comisión durante el debate que precedió al voto en sesión plenaria. 
m POSICIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LAS ENMIENDAS 
Las enmiendas 6, 19 y 25 fueron rechazadas por la Comisión por razones vinculadas al 
principio de proporcionalidad y, en particular, a los considerandos 9, 10 y 11 de la 
propuesta de Directiva. 
DO n* C107 de 114.1996, p.3. 
En la sesión plenaria del Parlamento, la Comisión se comprometió a aceptar las 
enmiendas 1, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, así como, con determinadas 
modificaciones, las enmiendas 8, 10, 20 y 23. 
De acuerdo con las disposiciones que regulan el procedimiento de codecisión, la 
Comisión modifica la propuesta de Directiva para recoger las enmiendas antes 
mencionadas. 
Iin LA PROPUESTA MODIFICADA 
Se modifican el considerando n" 1 y el artículo 1 basándose en las enmiendas 3, 10 y 
11 del Parlamento Europeo; estas modificaciones están destinadas a mejorar la coherencia 
del texto con relación al concepto de entidad cualificada definido en el artículo 3, así 
como al concepto de interés protegido indicado en algunos de los actos comunitarios 
recogidos en el Anexo de la propuesta. En el apartado 1 del artículo 1, el término 
"coordinar" es sustituido por "aproximar", que corresponde a la fórmula consagrada en 
el apartado 1 del artículo 100A del Tratado: dado que esta última disposición constituye 
la base jurídica de la Directiva propuesta, la Comisión considera que la modificación de 
la redacción está justificada. 
El considerando n' 15 se modifica de acuerdo con la enmienda 7, para recordar que la 
legislación aplicable al fondo del litigio debe aplicarse en su integridad, puesto que se 
trata de disposiciones que incorporan a la legislación nacional uno de los actos 
comunitarios recogidos en el anexo,. En efecto, la Directiva propuesta no modifica 
ninguna de las normas de Derecho internacional privado ni de los convenios en vigor 
entre los Estados miembros. 
Se añade un considerando n' 15 bis, paralelo a la modificación introducida en el segundo 
apartado del artículo 4, como consecuencia de las enmiendas 8 y 24, cuyo principio la 
Comisión aceptó. La modificación pedida por el Parlamento tiene por objeto evitar las 
diferencias de interpretación de la noción de "plazo razonable" que figuraba en la 
propuesta inicial, y las dificultades de aplicación vinculadas al carácter general de este 
concepto. En la propuesta modificada el plazo se expresa en semanas, por una parte 
porque los "días hábiles" pueden no ser los mismos en los Estados miembros afectados 
y, por otra, porque las enmiendas 8 y 24 indican dos plazos incompatibles entre sí (30 
y 20 días, respectivamente). Puesto que la disposición se inserta en el marco de un 
procedimiento urgente [letra a) del artículo 2], las tres semanas corresponden a lo que 
debería ser un plazo "razonable" en el contexto específico de la Directiva. 
El considerando n" 16 bis se introduce en la propuesta modificada como consecuencia 
de las enmiendas 9 y 23. El principio que inspira estas enmiendas corresponde al apartado 
5 del comentario de los artículos en la propuesta inicial, y la Comisión lo comparte 
enteramente, pero dado que su integración en el dispositivo puede ir en perjuicio de la 
actividad futura del legislador comunitario, es preferible la colocación del principio en 
un considerando. 
El artículo 2 se modifica de acuerdo con las enmiendas 13, 14 y 15; en particular, la 
modificación introducida en la letra c) supone una aplicación del principio de 
proporcionalidad, puesto que tiene por objeto dejar un mayor margen de maniobra a los 
Estados miembros: en virtud de esta modificación, la naturaleza y el beneficiario del pago 
serán determinados por la legislación nacional aplicable. 
El artículo 2 bis se introduce en la propuesta modificada como consecuencia de la 
enmienda 16 y tiene por objeto precisar la distinción (implícita en la propuesta inicial) 
entre la noción de cualificación para actuar y la de interés para actuar. La Directiva tiene 
por objeto introducir el reconocimiento mutuo de la cualificación para actuar ("entidades 
cualificadas"), pero el interés para actuar es regulado por el Derecho nacional y debe ser 
evaluado, caso por caso, por el juez al que se haya sometido la acción. 
El artículo 3 es objeto de modificaciones en su formulación que corresponden a las 
enmiendas 17 y 18, y de una aclaración que recoge el espíritu de la enmienda 20: sobre 
la base de la propuesta de la Comisión, los Estados miembros aplican "los criterios 
establecidos por su legislación nacional" a toda organización establecida en su territorio, 
prescindiendo del carácter nacional, transnacional o europeo de las organizaciones. 
El artículo 5 se modifica de acuerdo con la enmienda 22; en particular, las modalidades 
que rigen la notificación previa deben permitir el ejercicio de la acción "a la mayor 
brevedad", debido al carácter urgente del procedimiento contemplado [letra a) del artículo 
2]. 
Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses 
de los consumidores 
(Presentadapor la Comisión con arreglo al apartado 2 del articulo 189 A 
del Tratado CE el ) 
PROPUESTA INICIAL PROPUESTA MODIFICADA 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL 
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Visto el Tratado constitutivo de la Sin modificar 
Comunidad Europea, y en particular su 
artículo 100 A, 
Vista la propuesta de la Comisión,1 
Visto el dictamen del Comité Económico y 
Social, 
De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 189 B del 
Tratado, 
1) Considerando que determinadas 
Directivas comunitarias, que figuran 
en la lista aneja a la presente 
Directiva, establecen normas en 
materia de protección de los 
intereses económicos de. los 
consumidores; Considerando que determinadas Directivas 
comunitarias, que figuran en la lista aneja a 
la presente Directiva, establecen normas en 
materia de protección de los intereses 
económicos de los consumidores, asi como 
de los intereses de las personas que ejercen 
una actividad comercial, industrial o 
artesanal y de la población en general, 
contra determinados actos ilícitos y sus 
consecuencias en lo que respecta a la 
competencia desleal; 
2) Considerando que los mecanismos 
que existen actualmente para 
garantizar el cumplimiento de 
dichas Directivas, tanto en el 
ámbito nacional como en el 
comunitario, no siempre permiten 
corregir los efectos de las 
infracciones de sus disposiciones en 
una fase conveniente para los Sin modificar 
DOn°C 107 de 13.4.1996, p. 3 K 
intereses de los consumidores; 
3) Considerando que la eficacia de las 
medidas nacionales de 
incorporación de las Directivas 
antes mencionadas, al objeto de 
impedir las prácticas ilícitas, resulta 
obstaculizada cuando éstas 
producen sus efectos en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que 
se sitúa su origen; Sin modificar 
4) Considerando que estas dificultades 
perjudican el buen funcionamiento 
del mercado interior, al tener por 
consecuencia que baste con 
trasladar el punto de partida de una 
práctica ilícita para protegerse de 
cualquier tipo de acción, y que ello 
constituye una distorsión de la 
competencia, que se produce en 
perjuicio de la gran mayoría de las 
empresas que respetan las 
disposiciones del Derecho nacional; Sin modificar 
5) Considerando que estas mismas 
dificultades pueden afectar a la 
confianza de los consumidores en el 
mercado interior, así corno entrañar 
efectos discriminatorios en perjuicio 
de las organizaciones de 
representación de los 
consumidores, perjudicados por 
una práctica que el Derecho 
comunitario considera ilícita; Sin modificar 
6) Considerando que dichas prácticas 
superan a menudo las fronteras de 
los Estados miembros, 
circunstancia ésta que aconseja, por 
otra parte, la aproximación del 
Derecho sustantivo al respecto; Sin modificar 
7) Considerando 
consecuencia, es que, en 
necesario y Sin modificar 
o 
urgente coordinar en cierta medida 
las disposiciones nacionales que 
permiten suprimir las prácticas 
ilícitas antes mencionadas, para que 
las vías de actuación existentes 
puedan surtir efecto, con 
independencia de cuál sea el país en 
el que la práctica ilícita produce sus 
efectos; 
8) Considerando que el legislador 
comunitario es el único con 
capacidad para alcanzar el objetivo 
de la acción prevista y que le 
corresponde por lo tanto intervenir; Sin modificar 
9) Considerando que el párrafo 
tercero del artículo 3 B del Tratado 
establece que el legislador 
comunitario no excederá de lo 
necesario para lograr sus objetivos; 
que, en aplicación de esta 
disposición, es importante respetar 
las especificidades de los 
ordenamientos jurídicos nacionales, 
y que se puede cumplir esta 
condición concediendo a los 
Estados miembros la posibilidad de 
elegir entre diferentes opciones 
cuyos efectos son equivalentes; Sin modificar 
10) 
II) Considerando que una de estas Sin modificar 
opciones debe prever que una 
entidad pública independiente, 
específicamente encargada de la 
protección de los intereses de los 
consumidores o de la competencia, 
ejerza los derechos de acción 
contemplados en la presente 
Directiva; 
Considerando que la otra opción Sin modificar 
debe prever el ejercicio de estos 
derechos por las organizaciones que 
poseen un interés legítimo en 
proteger a los consumidores, así 
como por las organizaciones de 
representación de las empresas, 
según los criterios establecidos por 
las legislaciones nacionales; 
12) Considerando que los Estados 
miembros deben poder combinar 
ambas opciones; Sin modificar 
13) Considerando que corresponde a 
los Estados miembros designar, a 
nivel nacional, los organismos u 
organizaciones autorizados a 
efectos de la presente Directiva; 
que conviene aplicar el principio de 
reconocimiento mutuo a los 
organismos así autorizados por los 
Estados miembros; Sin modificar 
14) Considerando que corresponde a 
los Estados miembros notificar a la 
Comisión la lista de los organismos 
u organizaciones autorizados, así 
como cualquier modificación de 
dichas listas nacionales; que 
corresponde a la Comisión 
garantizar su publicación en el 
Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas; Sin modificar 
15) Considerando que la presente 
Directiva no debe prejuzgar las 
normas del Derecho internacional 
privado ni los acuerdos vigentes 
entre los Estados miembros; Considerando que la presente Directiva no 
debe ir en perjuicio de las normas del 
Derecho internacional privado ni de los 
acuerdos vigentes entre los Estados 
miembros, lo que implica que la ley 
nacional que resulte aplicable al fondo del 
litigio, en virtud de las mencionadas 
normas, deberá aplicarse en su integridad; 
15) bis) Considerando que en caso de que 
los Estados miembros subordinen la 
formación de las acciones contempladas por 
la presente Directiva a la interposición 
1 
16) Considerando que los Estados 
miembros deben poder prever una 
obligación de advertencia previa a 
cargo de la parte que se proponga 
interponer una acción de cesación, 
con el fin de permitir al demandado 
poner fin a la infracción en litigio ; previa de una reclamación ante una entidad 
cualificada territorialmente competente, 
conviene establecer un plazo límite de tres 
semanas, y que a la expiración de este 
plazo, en caso de rechazo o de silencio de la 
entidad cualificada territorialmente 
competente, los Estados miembros deben 
permitir que la entidad cualificada 
interesada interponga directamente una 
demanda ante la jurisdicción competente: 
Sin modificar 
17) Considerando que la aplicación de 
la presente Directiva no debe ir en 
perjuicio de la aplicación de las 
normas comunitarias de 
competencia, 16) bis) Considerando que las disposiciones 
de la presente Directiva podrán hacerse 
extensivas a futuras directivas cuyo objeto 
se adapte a los objetivos generales 
expuestos en el artículo 1. 
Sin modificar 
HAN ADOPTADO LA PRESENTE 
DIRECTIVA: 
Artículo 1 
Ámbito de aplicación 
1. La presente Directiva tiene por objeto 
coordinar las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a determinadas 
acciones que permitan garantizar la 
protección de los intereses de los 
consumidores, al objeto de garantizar el 
buen funcionamiento del mercado interior. 1. La presente Directiva tiene por objeto 
aproximar las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a determinadas 
acciones destinadas a la protección de los 
intereses colectivos de los consumidores, de 
las personas que ejercen una actividad 
comercial, industrial o artesanal así como 
los intereses del público en general, contra 
las infracciones a las que se refiere el 
apartado 2. al objeto de garantizar el buen 
funcionamiento del mercado interior. 
2. A los efectos de la presenté Directiva, se 
entenderá por infracción cualquier acto 
contrario a las disposiciones de las 
Directivas que figuran en el Anexo y que 
hayan sido incorporadas al ordenamiento 
interno de los Estados miembros, que 
atente contra los intereses de los 
consumidores. 2. A los efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por infracción cualquier acto 
contrario a los intereses de los 
consumidores reconocidos por las 
Directivas que figuran en el anexo y que 
hayan sido incorporadas al ordenamiento 
interno de los Estados miembros, que 
pueda generar competencia desleal, o que 
sea contrario al interés de la población en 
general. 
Articulo 2 
Acción de cesación 
1. Los Estados miembros designarán al juez 
o a la autoridad competente para decidir 
sobre las acciones ejercitadas por las 
entidades cualificadas a efectos del artículo 
3, a fin de: Sin modificar 
a) ordenar, en el menor plazo posible y, en 
su caso, mediante procedimiento de 
urgencia, el cese o la prohibición de 
cualquier acto constituyente de infracción; a) ordenar, mediante procedimiento de 
urgencia, el cese o la prohibición de 
cualquier acto constituyente de infracción; 
b) en su caso, adoptar las medidas 
necesarias para corregir los efectos de dicha 
infracción, incluida la publicación de su 
resolución; b) en su caso, adoptar o exigir las medidas 
necesarias para corregir tos efectos de dicha 
infracción, incluida la publicación de su 
resolución; 
c) condenar a la parte perdedora a abonar a 
la parte demandante, en caso de falta de 
ejecución de la resolución adoptada en el 
plazo establecido por la misma, una 
cantidad establecida por día de retraso o 
cualquier otra suma contemplada por la 
legislación nacional al objeto de garantizar 
la ejecución de las resoluciones. c) condenar a la parte perdedora a abonar aj 
Estado o al beneficiario previsto por la 
legislación nacional, en caso de falta de 
ejecución de la resolución adoptada en el 
plazo establecido por la misma, una multa 
coercitiva establecida por día de retraso o 
cualquier otra sanción pecuniaria 
contemplada por la legislación nacional al 
objeto de garantizar la ejecución de las 
2. Cuando, en virtud de los convenios 
aplicables, la acción pueda ejercerse en un 
Estado miembro distinto de aquel cuya 
legislación haya sido objeto de la infracción 
denunciada, la autoridad competente ante la 
que se formule la demanda adoptará iguales 
medidas que las previstas para la violación 
de la legislación nacional. 
Artículo 3 
Entidades cualificadas para ejercitar 
una acción resoluciones. 
Sin modificar 
Artículo 2 bis (nuevo) 
Cuando la legislación nacional de un Estado 
miembro haya previsto en su jurisdicción 
condiciones más rigurosas en cuanto al 
reconocimiento del interés legítimo de las 
federaciones para ejercitar una acción, 
dichas condiciones seguirán en vigor. 
1. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por "organismo cualificado" 
qualquier organismo u organización que 
posea, con arreglo al Derecho nacional, 
un interés legítimo en hacer que se 
respeten las disposiciones contempladas 
en el artículo 1, y, en particular: 1. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por "entidad cualificada" 
qualquier organismo u organización que 
se haya constituido de forma adecuada 
con arreglo a la legislación en vigor de un 
Estado miembro y que posea un interés 
legítimo en hacer que se respeten las 
disposiciones contempladas en el artículo 
1, y, en particular: 
a) las entidades públicas independientes 
específicamente responsables de la 
protección de los intereses de los 
consumidores, en los Estados miembros 
en los que existan tales entidades, o Sin modificar 
b) las organizaciones que posean un 
interés legítimo en la protección de los 
intereses de los consumidores, así como 
las organizaciones representativas de b) las organizaciones que posean un 
interés legítimo en la protección de los 
intereses de los consumidores, así como 
las organizaciones representativas de 
empresas o de federaciones de empresas, 
según los criterios establecidos por su 
legislación nacional. empresas o de federaciones de empresas, 
según los criterios establecidos por su 
legislación nacional, en la medida en que 
ésta les permita ejercitar las acciones 
legales correspondientes. 
2. A efectos de la presente Directiva, y 
sin perjuicio de los derechos reconocidos 
a otros organismos por la legislación 
nacional, cada Estado miembro elaborará, 
a escala nacional, la lista de los 
organismos cualificados para ejercitar la 
acción prevista en el artículo 2. Los 
organismos y organizaciones que figuren 
en dicha lista recibirán un documento 
acreditativo de su cualificación ante las 
jurisdicciones o autoridades competentes 2. A efectos de la presente Directiva, y 
sin perjuicio de los derechos reconocidos 
a otras entidades por la legislación 
nacional, cada Estado miembro elaborará 
a escala nacional la lista de las entidades 
cualificadas para ejercitar la acción 
prevista en el artículo 2, incluyendo, en 
su caso. las organizaciones o 
federaciones europeas que estén 
establecidas en su territorio, si cumplen 
los criterios fijados por la legislación 
nacional. Los organismos y 
organizaciones que figuren en dicha lista 
recibirán un documento acreditativo de 
su cualificación ante las jurisdicciones o 
autoridades competentes. 
3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las listas elaboradas según lo 
dispuesto en el apartado 2, así como 
qualquier modificación eventual de las 
mismas, a efectos de su publicación en la 
serie C del Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. Sin modificar 
Artículo 4 
Infracciones intracomunitarias 
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que toda entidad 
cualificada pueda, en los casos en que los 
intereses que representa se vean 
afectados por una infracción cuyo origen 
se sitúe en otro Estado miembro, 
interponer una demanda ante el juez o 
ante la autoridad competente prevista en 
el artículo 2, previa presentación del 
documento contemplado en el apartado 2 
del artículo 3. Sin modificar 
\\ 
2. Los Estados miembros podrán 
establecer la subordinación de la 
intervención directa prevista en el 
apartado 1 a la intervención previa de un 
organismo cualificado del Estado 
miembro territorialmente competente, 
dirigida a obtener que éste inicie la acción 
prevista en el artículo 2; en dicho caso, 
los Estados miembros preverán un plazo 
de respuesta razonable por parte de los 
organismos cualificados nacionales. 2. Los Estados miembros podrán 
establecer la subordinación de la 
interposición directa de la demanda 
prevista en el apartado 1 a la 
interposición previa ante una entidad 
cualificada del Estado miembro 
territorialmente competente, dirigida a 
obtener que ésta inicie la acción prevista 
en el artículo 2; en dicho caso, los 
Estados miembros preverán que la 
entidad cualificada territorialmente 
competente disponga de un plazo de 
respuesta de tres semanas como máximo 
a partir de la fecha de recepción del 
recurso por las entidades cualificadas 
interesadas. 
Artículo 5 
Notificación previa 
1. Los Estados miembros podrán establecer 
o mantener la obligación de notificación 
previa a favor de la parte demandada a 
cargo de la parte que se proponga entablar 
una acción inhibitoria; Los Estados 
miembros que hagan uso de esta facultad 
velarán por que las modalidades que 
regulen la notificación previa permitan el 
ejercicio de la acción inhibitoria en un plazo 
razonable. 1. Los Estados miembros podrán establecer 
o mantener la obligación de solicitud de 
cesación o de eliminación de la práctica 
ilícita o de notificación previa a la parte 
infractora, como paso previo a la 
interposición de las acciones definidas en el 
artículo 2. Los Estados miembros que 
hagan uso de esta facultad garantizarán que 
las modalidades que regulen dicha solicitud 
o notificación previa permitan el ejercicio 
de la acción de cesación a la mayor 
brevedad. 
2. Las modalidades de notificación previa 
que adopten los Estados miembros serán 
notificadas a la Comisión y serán publicadas 
en la serie C del Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. Sin modificar 
3. La notificación previa interrumpirá la 
prescripción. Sin modificar 
Artículo 6 
U 
Informes 
Cada tres años y por primera vez el 31 de 
diciembre de 2000, a más tardar, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva. Sin modificar 
Artículo 7 
Disposiciones que garanticen una 
potestad de actuación más amplia 
La presente Directiva no constituirá 
obstáculo al mantenimiento o a la 
adopción por los Estados miembros de 
disposiciones que tengan por objeto 
garantizar, a escala nacional, una facultad 
de actuación más amplia a las 
organizaciones representativas de 
consumidores o de profesionales, o a las 
entidades públicas y a cualquier persona 
afectada. Sin modificar 
Artículo 8 
Aplicación 
1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el 31 de 
diciembre de 1997. Informarán 
inmediatamente de ello a Sa Comisión. Sin modificar 
Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados 
miembros establecerán las modalidades 
de la mencionada referencia. 
2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión el texto de las disposiciones 
de Derecho interno que adopten en el 
ámbito regulado por la presente Sin modificar 
W 
Directiva. 
Artículo 9 
Entrada en vigor 
La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. Sin modificar 
Artículo 10 
Destinatarios 
Los destinatarios de la presente Directiva 
son los Estados miembros. Sin modificar 
ANEXO 
LISTA DE LAS DIRECTIVAS 
CONTEMPLADAS EN EL 
APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 1 
Directiva 84/450/CEE del 
Consejo, de 10 de septiembre de 
1984 (publicidad engañosa); DO 
n°L250de 19.9.1984, p. 17; 
Directiva 85/577/CEE del 
Consejo, de 20 de diciembre de 
1985 (contratos negociados fuera 
de los establecimientos 
comerciales); DO n° L 372 de 
31.12.1985, p.31; 
Directiva 87/102/CEE del 
Consejo, de 22 de diciembre de 
1986, DO n°L42 de 12.2.1987, 
p.48; modificada por la Directiva 
90/88/CEE del Consejo, de 22 de 
febrero de 1990 (crédito al 
i4 
consumo); DO n° L 61 de 
10.3.1990, p. 14; 
Directiva 89/552/CEE del 
Consejo, de 3 de octubre de 1989 
(ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva): artículos 
10 a 23; DO n° L 298 de 
17.10.1989, p.23; 
Directiva 90/314/CEE del 
Consejo, de 13 de junio de 1990 
(viajes combinados, vacaciones 
combinadas y circuitos 
combinados); DO n° L 158 de 
23.6.1990, p.59; 
Directiva 92/28/CEE del Consejo, 
de 31 de marzo de 1992 
(publicidad de los medicamentos 
de uso humano); DO n° L 113 de 
30.4.1992, p.13; 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, 
de 5 de abril de 1993 (cláusulas 
abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores); 
DO n°L 95 de 21.4.1993, p.29; 
Directiva 94/47/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 26 de octubre de 
1994 (protección de los 
adquirentes en lo relativo a 
determinados aspectos de los 
contratos de adquisición de un 
derecho de utilización de 
inmuebles en régimen de tiempo 
compartido); DO n° L 280 de 
29.10.1994, p.83; 
Directiva ... del Parlamento 
Europeo y del Consejo, ..., 
(contratos negociados a 
distancia). 
K°> 
ISSN 0257-9545 
COM(96) 725 final 
DOCUMENTOS 
ES 10 06 
N" de catálogo : CB-CO-96-737-ES-C 
ISBN 92-78-14167-4 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
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