(6)De acuerdo con el enfoque expuesto en el dictamen del Consejo de 18 de junio de 2021 sobre el Programa de Estabilidad de 2021, en la actualidad, la mejor manera de medir la orientación de la política fiscal es mediante la variación de los gastos primarios (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos), excluidas las medidas de emergencia temporales relacionadas con la crisis de la COVID-19, pero incluidos los gastos financiados mediante ayudas no reembolsables (subvenciones) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE, en relación con el crecimiento potencial a medio plazo. Más allá de la orientación general de la política fiscal, para determinar si la política fiscal nacional es prudente y si su composición favorece una recuperación sostenible y compatible con las transiciones ecológica y digital, también se presta atención al crecimiento de las inversiones y del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos y las medidas de emergencia temporales relacionadas con la crisis de la COVID-19).

(7)El 2 de marzo de 2022, la Comisión adoptó una Comunicación que proporciona orientaciones generales para la política fiscal de 2023 destinadas a apoyar la preparación de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. Sobre la base de las previsiones macroeconómicas del invierno de 2022, señaló que sería adecuado pasar de una orientación fiscal agregada expansiva en 2020-2022 a una globalmente neutra en 2023, si bien manteniéndose listos para reaccionar ante la evolución de la situación económica. La Comisión anunció que las recomendaciones de la política fiscal para 2023 debían seguir diferenciándose entre los Estados miembros y tener en cuenta posibles contagios de los efectos entre países. La Comisión invitó a los Estados miembros a que reflejaran las orientaciones en sus programas de estabilidad y convergencia. La Comisión se comprometió a vigilar de cerca la evolución económica y a ajustar sus orientaciones políticas cuando fuera necesario y, a más tardar, en el marco del paquete del Semestre Europeo de primavera a finales de mayo de 2022.

(8)En lo que respecta a las orientaciones de la política fiscal publicadas el 2 de marzo de 2022, las recomendaciones para 2023 tienen en cuenta las perspectivas económicas deterioradas, el aumento de la incertidumbre y los nuevos riesgos a la baja, así como el aumento de la inflación respecto de las previsiones de invierno. En vista de estas consideraciones, la respuesta fiscal debe ampliar la inversión pública en las transiciones ecológica y digital y la seguridad energética, así como mantener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables a fin de amortiguar el impacto de la subida de los precios de la energía y contribuir a limitar las presiones inflacionistas provocadas por los efectos indirectos a través de medidas específicas y temporales. La política fiscal debe seguir siendo ágil para adaptarse a la rápida evolución de las circunstancias, y diferenciarse de un país a otro en función de su situación fiscal y económica, en particular en lo que se refiere a la exposición a la crisis y a la afluencia de personas desplazadas procedentes de Ucrania.

(9)El 28 de abril de 2021, Francia presentó su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación del anexo V de dicho Reglamento. El 13 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Francia. El desembolso de los tramos está supeditado a una decisión de la Comisión, adoptada de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Francia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)El 4 de mayo de 2022, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2022. No presentó su Programa de Estabilidad. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2022 refleja también el informe semestral de Francia sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia.

(11)La Comisión publicó el informe específico de 2022 sobre Francia el 23 de mayo de 2022. En él se evalúan los avances realizados por Francia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo en 2019, 2020 y 2021, y se hace balance de la ejecución por parte de Francia del plan de recuperación y resiliencia, basándose en el cuadro de indicadores de la recuperación y la resiliencia. Sobre la base de este análisis, el informe por país señala las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el plan de recuperación y resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes, incluidos los derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Asimismo, evalúa los avances de Francia en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la UE en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)La Comisión llevó a cabo un examen exhaustivo de Francia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, y publicó sus resultados el 23 de mayo de 2022. La Comisión llegó a la conclusión de que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. Concretamente, las vulnerabilidades guardan relación con la elevada deuda pública y la debilidad de la competitividad, que tienen importancia transfronteriza, en un contexto de bajo crecimiento de la productividad.

(13)El 23 de mayo de 2022, la Comisión emitió un informe en virtud del artículo 126, apartado 3, del TFUE. Dicho informe analizó la situación presupuestaria de Francia, habida cuenta de que el déficit de sus Administraciones Públicas rebasó en 2021 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras que su deuda pública rebasó el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado y no respetó el valor de referencia para la reducción de la deuda. El informe concluyó que no se cumplían los criterios de déficit y deuda. En consonancia con la Comunicación de 2 de marzo de 2022, la Comisión consideró, en su evaluación de todos los factores pertinentes, que el cumplimiento del valor de referencia de reducción de la deuda conllevaría un esfuerzo fiscal concentrado en las fases iniciales excesivamente exigente, que podría poner en riesgo el crecimiento. Por tanto, en opinión de la Comisión, el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda no está garantizado en las condiciones económicas excepcionales que concurren actualmente. Tal como se anunció, la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2022 y volverá a evaluar la pertinencia de una propuesta de apertura de dichos procedimientos en otoño de 2022.

(14)El 20 de julio de 2020, el Consejo recomendó a Francia que adoptara en 2020 y 2021 todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, para combatir la pandemia, sostener la economía y apoyar la posterior recuperación de forma eficaz. Asimismo, le recomendó que, cuando las condiciones económicas lo permitiesen, aplicara políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Sobre la base de los datos validados por Eurostat, el déficit público de Francia descendió del 8,9 % del PIB en 2020 al 6,5 % en 2021. La respuesta de Francia en materia de política fiscal respaldó la recuperación económica en 2021, mientras que las medidas temporales de apoyo de emergencia descendieron del 3,3 % del PIB en 2020 al 2,6 % del PIB en 2021. Las medidas adoptadas por Francia en 2021 se ajustan a la Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020. Las medidas presupuestarias discrecionales adoptadas por el Gobierno en 2020 y 2021 fueron, en su mayoría, temporales o estuvieron acompañadas de medidas compensatorias. Al mismo tiempo, algunas de las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno durante el período 2020-2021 no fueron temporales ni estuvieron acompañadas de medidas compensatorias, consistentes principalmente en una reducción permanente de los impuestos sobre la producción a partir de 2021 y en un aumento de los salarios de los funcionarios, principalmente de los que trabajan en el sistema sanitario. Sobre la base de los datos validados por Eurostat, la deuda pública se situó en el 112,9 % del PIB en 2021.

(15)Sobre la base de las medidas políticas conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión indican un déficit público para 2022 y 2023 del 4,6 % del PIB y del 3,2 % del PIB, respectivamente. Según las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, la ratio de deuda pública sobre el PIB será del 111,2 % en 2022 y del 109,1 % en 2023. Según el análisis de la Comisión, los riesgos para la sostenibilidad de la deuda parecen elevados a medio plazo.

Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, el crecimiento de la producción potencial a medio plazo (medio a diez años) se estima en un 1,0 %. Sin embargo, esta estimación no incluye el impacto de las reformas que forman parte del plan de recuperación y resiliencia y que pueden impulsar el crecimiento potencial de Francia.

(16)En 2022, el Gobierno ha suprimido gradualmente la mayoría de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19, de modo que se prevé que las medidas temporales de apoyo de emergencia disminuyan del 2,6 % del PIB en 2021 al 0,4 % del PIB en 2022. El déficit público se ve afectado por las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía, que, según las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, se situarán en el 0,7 % del PIB en 2022, y se espera que se eliminen gradualmente en 2023. Estas medidas consisten principalmente en transferencias sociales a los hogares más pobres, reducciones en los impuestos indirectos sobre el consumo de energía, límites a los precios al por menor y al por mayor y subvenciones a las empresas de alto consumo de energía. Estas medidas se han presentado como temporales. Sin embargo, si los precios de la energía siguen siendo elevados en 2023, algunas de estas medidas podrían mantenerse. Algunas de estas medidas no tienen carácter específico, en particular la limitación general de los precios de la electricidad y del gas, así como el descuento inmediato subvencionado en los combustibles. El déficit público también se ve afectado por los costes de la protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania, que, según las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, se situarán en el 0,1 % del PIB tanto en 2022 como en 2023.

(17)El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Francia que utilizara en 2022 el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación, aplicando al mismo tiempo una política fiscal prudente. Además, debía preservar las inversiones financiadas a nivel nacional. Asimismo, recomendó al país que, cuando las condiciones económicas lo permitiesen, aplicara una política fiscal encaminada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo y que, al mismo tiempo, fomentara la inversión para impulsar el potencial de crecimiento.

(18)En 2022, sobre la base de las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, se prevé que la orientación de la política fiscal sea expansiva, situándose en el – 1,7 % del PIB. Francia tiene previsto seguir apoyando la recuperación mediante el uso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversiones adicionales, según lo recomendado por el Consejo. Se espera que el efecto positivo en la actividad económica del gasto financiado a través de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE disminuya en 0,2 puntos porcentuales del PIB en comparación con 2021. Esta disminución en 2022 se debe a la ayuda financiera anticipada del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021. Se espera que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto neutro en la orientación de la política fiscal en 2022. Por consiguiente, Francia tiene previsto mantener las inversiones financiadas a nivel nacional, según lo recomendado por el Consejo. Al mismo tiempo, se prevé que en 2022 el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las nuevas medidas relativas a los ingresos) tenga un efecto expansivo de 1,6 puntos porcentuales sobre la orientación fiscal general. Este importante efecto expansivo incluye el impacto adicional de las medidas para hacer frente al impacto económico y social del aumento de los precios de la energía (0,5 % del PIB), así como los costes de la protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania (0,1 % del PIB). Otras medidas de gasto corriente incluyen las presentadas en el plan de resiliencia para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Ucrania, como las subvenciones directas a sectores específicos (0,1 % del PIB), y el aumento de los salarios de los funcionarios (0,1 % del PIB). Por el lado de los ingresos, también se prevé que el recorte del tipo impositivo del impuesto sobre sociedades (0,1 % del PIB) y de los impuestos de la vivienda (0,1 % del PIB) contribuya a la orientación fiscal expansiva. Se prevé que el mayor aumento de los precios de consumo con respecto al deflactor del PIB repercuta en el efecto expansivo de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional en 2022, al aumentar el consumo público y las prestaciones sociales. Sobre la base de las previsiones de la Comisión, estas medidas y factores impulsores de un mayor gasto no van plenamente acompañados de medidas compensatorias.

(19)De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, en 2023 la orientación de la política fiscal se situaría en el + 0,9 % del PIB, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica. Se prevé que en 2023 Francia siga utilizando las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación. Se espera que el efecto positivo en la actividad económica del gasto financiado a través de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE disminuya en 0,1 puntos porcentuales del PIB con respecto a 2022, lo que refleja el carácter de ayuda financiera anticipada de las subvenciones concedidas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021 y 2022. Se espera que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto neutro en la orientación de la política fiscal en 2023. Al mismo tiempo, en 2023, el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las nuevas medidas relativas a los ingresos) tendría un efecto contractivo de 0,7 puntos porcentuales sobre la orientación general de la política fiscal. Esto incluye el impacto de la eliminación gradual de las medidas que abordan el aumento de los precios de la energía (el 0,7 % del PIB). Por lo tanto, el efecto contractivo de los gastos corrientes financiados a nivel nacional depende en parte de la eliminación progresiva de las medidas previstas actualmente para hacer frente al impacto del aumento de los precios de la energía.

(20)El actual sistema de pensiones de Francia es complejo y consta de más de cuarenta regímenes coexistentes que cubren a diversos grupos de trabajadores y categorías profesionales con arreglo a diferentes conjuntos de normas. Según datos de Eurostat, el gasto público en pensiones de Francia, situado en un 14,6 % del PIB en 2019, fue el tercero más elevado de la UE. El elevado coste está relacionado con una tasa de sustitución relativamente elevada (es decir, las pensiones con respecto a los salarios anuales finales), la esperanza de vida, una edad efectiva de jubilación relativamente anticipada (alrededor de los 62 años) y un elevado número de beneficiarios de pensiones con respecto a la población total. Según el Informe sobre el envejecimiento de 2021 de la Comisión y el último informe anual del Consejo Consultivo sobre Pensiones de Francia (Conseil d’orientation des retraites), tras un cierto descenso previsto hasta 2024, se prevé que el gasto en pensiones aumente moderadamente entre 2025 y alrededor de 2030, en aproximadamente 0,2 puntos porcentuales del PIB. El elevado gasto público total, en el que el gasto en pensiones constituye una de las principales partidas, contribuye a la acumulación de deuda pública a pesar de una fuerte presión fiscal, con lo que Francia se enfrenta a elevados riesgos para la sostenibilidad fiscal a medio plazo. A más largo plazo, el gasto en pensiones empezaría a disminuir de forma constante hasta 2070, debido principalmente a la indización de las prestaciones de pensión en función de la inflación, lo que compensa el efecto del aumento de la tasa de dependencia debido al envejecimiento de la población. La simplificación del sistema de pensiones, mediante la unificación de los diferentes regímenes, contribuiría a mejorar su transparencia y equidad, al tiempo que tendría efectos positivos sobre la movilidad laboral y la eficiencia de la asignación de mano de obra, y podría sustentar la sostenibilidad fiscal. En 2018, el Gobierno francés inició un proceso de reforma con el objetivo de unificar las normas de los múltiples regímenes de pensiones. La reforma se interrumpió con el brote de la pandemia de COVID-19. Al presentar los objetivos del plan de recuperación y resiliencia francés, el Gobierno confirmó su compromiso de llevar a cabo una ambiciosa reforma del sistema de pensiones, con el fin de mejorar su equidad y sostenibilidad.

(21)De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), y con el anexo V, criterio 2.2, del Reglamento (UE) 2021/241, el plan de recuperación y resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse para 2026. Estas contribuyen a hacer frente a la totalidad o a una parte significativa de los retos económicos y sociales señalados en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Francia por el Consejo en el marco del Semestre Europeo en 2019 y 2020, además de en las recomendaciones específicas por país formuladas hasta la fecha de adopción de un plan. La aplicación del plan francés está muy avanzada. La Comisión evaluó positivamente la primera solicitud de pago de Francia, teniendo en cuenta el dictamen del Comité Económico y Financiero, lo que dio lugar a un desembolso de 7 400 millones EUR de ayuda financiera (netos de prefinanciación) el 4 de marzo de 2022. Los 38 hitos y objetivos correspondientes abarcan reformas en los ámbitos de las finanzas públicas, el mercado laboral, la sanidad y los cuidados de larga duración. Se han realizado inversiones en eficiencia energética de los edificios (viviendas públicas, privadas y sociales), transporte sostenible (adquisición de vehículos limpios), descarbonización de la industria, empleo juvenil y educación. Se validaron varias estrategias de investigación en materia de tecnologías ecológicas y digitales clave y se pondrán en marcha convocatorias de proyectos en 2022 y 2023.

(22)Se espera que el plan de recuperación y resiliencia de Francia contribuya a que prosigan los avances en la transición ecológica y digital. Las medidas de apoyo a los objetivos climáticos en Francia representan el 46,0 % de la asignación total del plan (con una importante inversión en la renovación energética de los edificios), mientras que las medidas de apoyo a los objetivos digitales representan el 21,3 % de esa asignación total. La plena ejecución del plan de recuperación y resiliencia, en consonancia con los hitos y objetivos pertinentes acordados, ayudará a Francia a recuperarse rápidamente de las secuelas de la crisis de la COVID-19, reforzando al mismo tiempo su resiliencia. La participación sistemática de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del plan de recuperación y resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que aquel abarca, a fin de garantizar una amplia asunción del programa de políticas en su conjunto.

(23)Francia presentó sus documentos de programación de la política de cohesión el 17 de diciembre de 2021 en lo que respecta al Acuerdo de Asociación y la mayoría de los programas antes del 17 de marzo de 2022. De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, Francia tendrá en cuenta las recomendaciones específicas por país pertinentes en la programación de los fondos de la política de cohesión para el período 2021-2027. Este es un requisito esencial para mejorar la eficacia y maximizar el valor añadido de la ayuda financiera que se reciba de los fondos de la política de cohesión, y al mismo tiempo promover la coordinación, la complementariedad y la coherencia entre estos fondos y otros instrumentos y fondos de la Unión. La ejecución satisfactoria del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de los programas de la política de cohesión depende también de que se eliminen los impedimentos a la inversión en apoyo de la transición ecológica y digital y un desarrollo territorial equilibrado.

(24)Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupa el plan de recuperación y resiliencia, Francia afronta algunos retos adicionales relacionados con la escasez de capacidades y el despliegue de las energías renovables. La mejora de las cualificaciones de los trabajadores contribuiría a aumentar la productividad laboral y, en consecuencia, a mejorar la competitividad global de la economía francesa.