Persiste la preocupación relativa al procedimiento de nombramiento en los puestos más altos de jueces y fiscales. Las tres ramas principales del poder judicial gozan de un alto nivel de autonomía administrativa. Existen tres consejos superiores de la magistratura, uno para cada uno de las ramas del poder judicial, en los que el poder ejecutivo y el poder legislativo no están representados. Estos consejos deciden sobre nombramientos, ascensos, traslados y comisiones de servicio de jueces en las respectivas ramas de la judicatura y la fiscalía. En cuanto a los puestos de más alta responsabilidad de jueces y fiscales, como el presidente y el vicepresidente del Consejo de Estado o el Tribunal Supremo, la Constitución estipula que los nombramientos se efectúan por decreto presidencial, tras una propuesta del Consejo de Ministros . En noviembre de 2020, el GRECO, en su informe más reciente, planteó una vez más su preocupación por el sistema de nombramientos para los cargos más altos del poder judicial (incluido el presidente del Tribunal Supremo), en particular por el hecho de que estos cargos estén sujetos a una influencia potencialmente fuerte del poder ejecutivo, y recomendó revisar el método de selección y garantizar la participación del poder judicial en el proceso . Las autoridades griegas no tienen previsto revisar el procedimiento de nombramiento en un futuro próximo . El Gobierno ha insistido en que la aplicación de la legislación actual introduce elementos adicionales de controles y equilibrios institucionales . De hecho, existe una lista de candidatos elaborada por el Ministro de Justicia sobre la base de criterios objetivos de antigüedad (como los años cumplidos en el tribunal correspondiente) . La lista se debate en la Conferencia de Presidentes (oradores) del Parlamento (actuales y antiguos presidentes que siguen siendo diputados, los vicepresidentes del Parlamento, los presidentes de las comisiones parlamentarias, los presidentes de los grupos políticos y un diputado independiente del Parlamento) . El Ministro no está obligado a seguir el dictamen del Parlamento . En la práctica, siempre ha habido acuerdo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en cuanto a la elección de los candidatos propuestos para su nombramiento. Los candidatos no seleccionados no tienen la posibilidad de impugnar ante un tribunal independiente la decisión de no proponerlos para su nombramiento .

Aunque se han producido algunas mejoras en el sistema de controles y equilibrios en Grecia, persisten algunos retos. Sin embargo, se observan mejoras en el proceso legislativo, en particular en lo que se refiere al avance de la aplicación de la Ley del Estado ejecutivo. Existen iniciativas específicas cuyo objeto es mejorar la normalización y la uniformidad del proceso de elaboración de leyes, la simplificación y racionalización, así como la introducción de un mayor grado de transparencia y seguridad jurídica. Durante la pandemia de COVID-19, Grecia no declaró el estado de emergencia, y todas las medidas pertinentes se adoptaron de conformidad con el procedimiento legislativo normal. Se han reforzado las competencias del Defensor del Pueblo. Varias organizaciones de la sociedad civil siguen cuestionando el sistema de registro de las ONG activas en el ámbito del asilo, la migración y la inclusión social.

Se está llevando a cabo una amplia gama de reformas anticorrupción que Grecia ha emprendido en los últimos años. El examen constitucional del régimen de inmunidad de diputados y ministros, de 2019, dio lugar a una ampliación del límite legal para las investigaciones, y se ha empezado a levantar la inmunidad en algunos asuntos de corrupción, poniendo fin a un obstáculo importante para el enjuiciamiento de la corrupción de alto nivel. Sin embargo, persisten algunas cuestiones prácticas, en particular en lo que se refiere a los recursos para investigar la corrupción y los retrasos en la gestión de los expedientes judiciales. Aún no se han subsanado las lagunas legislativas relativas a la regulación de los grupos de presión. Persisten deficiencias significativas en la supervisión efectiva, en particular debido a la fragmentación en cuatro organismos de supervisión, y en el seguimiento de las disposiciones relativas a la declaración del patrimonio, los conflictos de intereses y la financiación de partidos. Aunque las declaraciones de patrimonio de los diputados y miembros del Gobierno se hacen públicas, lo hacen en un formato ilegible electrónicamente y los informes sobre el resultado de los controles y sobre posibles infracciones o procedimientos sancionadores siguen sin estar a disposición del público.

Se están aplicando una serie de medidas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad del sistema judicial griego. El Código del personal judicial se adoptó el 24 de abril de 2021 y está en curso la elaboración del Código de Conducta de la Justicia Administrativa, aunque no se ha hecho público ningún proyecto. Se están aplicando medidas para mejorar la calidad de la justicia, en particular en lo que se refiere a la recopilación de estadísticas judiciales y la creación de salas especializadas en los tribunales, así como medidas relacionadas con la justicia en línea, aunque siguen existiendo dificultades, principalmente en lo que se refiere a las firmas digitales y la plena aplicación de la presentación electrónica. La reforma del mapa judicial es una prioridad. Las reformas en curso en el procedimiento civil tendrían un impacto positivo en la administración de justicia, que sigue teniendo dificultades en materia de eficiencia. Persiste la preocupación relativa al procedimiento de nombramiento en los puestos más altos de jueces y fiscales.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía es competente para el seguimiento de las medidas anticorrupción en la policía y otros servicios de seguridad pública. . El comité de auditoría responsable del control de las declaraciones presentadas, compuesto por 20 funcionarios, solo tiene capacidad para verificar entre el 15-20 % de las declaraciones presentadas anualmente . No se dispone de registros claros en relación con la carga de trabajo y la efectividad de la Unidad de Asuntos Internos. Del mismo modo, no hay pruebas de que se imparta formación específica contra la corrupción o para la sensibilización de los funcionarios que trabajan en la Unidad de Asuntos Internos.

Se están tomando medidas legislativas para reformar el marco de la declaración de patrimonio, mientras que la verificación y publicación de las declaraciones de patrimonio de funcionarios y parlamentarios sigue enfrentándose a dificultades, a pesar de algunos avances. Actualmente se está elaborando un proyecto de ley con el objetivo de reformar el marco de las declaraciones de patrimonio. El sistema de declaraciones de patrimonio sigue estando fragmentado entre los cuatro principales organismos de control . Las auditorías llevadas a cabo en 2020 por la Autoridad Nacional de Transparencia, que también es responsable de la declaración de activos por parte de funcionarios, auditores e inspectores, han puesto de manifiesto varias infracciones, en particular quince asuntos de ingresos no declarados y dos asuntos de posibles conflictos de intereses. Los datos relativos a las declaraciones de patrimonio de diputados, partidos políticos y miembros del poder judicial se hacen públicos. El Comité del Parlamento para la Investigación de las Declaraciones de Activos (CIDA) es competente para revisar las declaraciones de patrimonio de los diputados, los partidos políticos y los miembros del poder judicial. La CIDA cuenta con el apoyo de una secretaría (una dirección de 21 funcionarios), auditores individuales y un fiscal. La secretaría de la CIDA gestiona una carga de trabajo anual de varios miles de declaraciones. Las autoridades informan de que, a principios de 2021, el CIDA tenía un retraso de aproximadamente 20 000 declaraciones pendientes de control. La práctica demuestra que las declaraciones de patrimonio de los diputados no se publican en un formato legible electrónicamente. Los partidos políticos deben presentar sus estados financieros al CIDA indicando el importe y la fuente de ingresos y gastos, incluidas las obligaciones financieras o deudas. Tras las auditorías, el CIDA ha detectado infracciones financieras por parte de 11 partidos políticos . Las infracciones recurrentes se refieren a subvenciones estatales que no se gastan correctamente (es decir, no a tiempo ni para los fines previstos), y los pagos no se efectúan con cargo a la cuenta bancaria oficial de un partido. Se han reducido en consecuencia las subvenciones estatales a los partidos que incumplen las disposiciones financieras. No se dispone de datos sobre las declaraciones de patrimonio de los miembros del poder judicial. El CIDA publica su informe anual en línea. La información sobre los resultados de los controles realizados por el CIDA, así como sobre las infracciones o sanciones impuestas, no se incluye en el informe público.

Siguen existiendo deficiencias en cuanto a la eficacia de la acción contra la corrupción de alto nivel. Los retos para la Fiscalía consisten, en particular, en la falta de personal administrativo y paralegal, así como de investigadores altamente cualificados; una carencia general de herramientas digitales para detectar delitos financieros sofisticados y el retraso en el despliegue; y la ausencia de un sistema de gestión de asuntos . Como seguimiento de la evaluación realizada en el informe del año pasado sobre las consecuencias de las sucesivas modificaciones de la definición de corrupción activa y las sanciones aplicables , se informó de que, si bien no hay datos sobre el número y el tipo de asuntos de corrupción afectados por estos cambios sucesivos, en 2020 se aplicó el principio de lex mitior («ley más favorable») en al menos un asunto de alto nivel, en el que había políticos implicados .

El sistema judicial sigue afrontando desafíos relativos a su eficiencia general. Las estadísticas judiciales muestran que en particular el sistema judicial civil sigue afrontando desafíos en materia de eficiencia, ya que el tiempo necesario para resolver litigios civiles y mercantiles en primera instancia ha aumentado de nuevo (637 días en 2019 frente a 559 días en 2018) . Además, la productividad de los tribunales de primera instancia no ha mejorado en lo que respecta a la tasa de resolución de los asuntos civiles y mercantiles (86,2 % en 2019 frente al 86,3 % en 2017) , lo que significa que Grecia se enfrenta a un claro riesgo de acumulación de retrasos, agravado aún más por las consecuencias de las interrupciones parciales del trabajo debidas a la pandemia de COVID-19 . Los aplazamientos provocaron retrasos significativos y acumulaciones, ya que algunos asuntos se han programado para ser juzgados en fechas futuras remotas, hasta 2026 o incluso más tarde. Las partes interesadas identificaron una serie de cuestiones procedimentales, que la Ley de Enjuiciamiento Civil reformada intentaba abordar, pero que persisten a día de hoy.

IV.Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales

Grecia es una democracia parlamentaria con un Parlamento unicameral. La separación de poderes está consagrada en la Constitución. El poder legislativo se confiere al Parlamento y al presidente, y el derecho a presentar leyes corresponde al Parlamento y al Gobierno .

Se han tomado nuevas medidas para mejorar la calidad del proceso legislativo. Sigue en marcha la aplicación de la Ley del Estado ejecutivo para normalizar y simplificar la fase preparatoria del proceso legislativo y mejorar su calidad. Esta ley introdujo un nuevo servicio público ejecutivo, la Presidencia del Gobierno, con un papel más activo en el proceso legislativo, a través de la Secretaría General de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios. A finales de 2020, la Secretaría General de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios publicó orientaciones para todos los ministerios sobre la elaboración de los informes de evaluación de impacto que acompañan a los proyectos legislativos, así como sobre la metodología y la codificación de la legislación. Se ha creado un órgano interdisciplinario, el Comité de Evaluación de la Calidad del Proceso Legislativo, para llevar a cabo un control de calidad de cada proyecto de ley con respecto a los principios legislativos, así como la constitucionalidad de los proyectos de disposiciones legislativas. Se ha creado un Comité Central de Codificación para coordinar la codificación jurídica y el desarrollo del plan anual de codificación. En septiembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el primer plan anual y el trabajo avanza. Según las partes interesadas nacionales, estas iniciativas de reforma han mejorado la calidad de los proyectos de ley presentados en el Parlamento y han contribuido a una reducción considerable de las enmiendas de última hora que contienen disposiciones no relacionadas con el contenido principal de la ley. Sin embargo, las partes interesadas, y en particular el Defensor del Pueblo, a menudo no reciben los proyectos legislativos a su debido tiempo y, en ocasiones, solo cuando el proyecto se hace público . La consulta al Defensor del Pueblo y a las partes interesadas solo se cumple en aproximadamente la mitad de la legislación propuesta. Además, el Gobierno implicó a varias ONG con diversas iniciativas, como el plan nacional para las personas con discapacidad o las reformas del Derecho de familia.

Durante la pandemia de COVID-19, Grecia no ha declarado el estado de emergencia. Todas las medidas pertinentes se adoptaron con arreglo al procedimiento legislativo normal. No consta que ningún tribunal se haya pronunciado sobre ninguna de las medidas adoptadas en este contexto. Durante este período, el Parlamento autorizó la emisión de votos antes de las sesiones parlamentarias, en determinadas condiciones, por carta o fax, a falta de sistemas digitales más desarrollados, con la firma del diputado y la indicación del asunto sometido a votación. Aunque las circunstancias en las que puede recurrirse a esta posibilidad son limitadas, el Parlamento decidió hacer una interpretación flexible de sus normas internas, aceptando la presencia no física de sus diputados, para adaptarse al contexto de la pandemia de COVID-19.

Se han reforzado los poderes de la institución del Defensor del Pueblo. De conformidad con las nuevas disposiciones legales adoptadas a finales de 2020 , se define al Defensor del Pueblo como mecanismo nacional de investigación de incidentes de arbitrariedad, con la responsabilidad de recoger, registrar, evaluar e investigar las denuncias por acciones u omisiones de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Las nuevas disposiciones han proporcionado a la institución del Defensor del Pueblo un conjunto de herramientas y mecanismos, así como los recursos humanos adicionales necesarios. El Defensor del Pueblo supervisa continuamente el nivel de cumplimiento de la Administración pública con sus recomendaciones . En el contexto de la pandemia de COVID-19, ninguna autoridad estatal se ha puesto formalmente en contacto con el Defensor del Pueblo, pero ha presentado por iniciativa propia una serie de recomendaciones, principalmente relativas a grupos vulnerables. Como parte de su informe anual para las Naciones Unidas, presentó información que describía las restricciones relacionadas con la COVID-19. Dada la importancia de la migración y el asilo en Grecia, el Defensor del Pueblo interviene en estas cuestiones y ha publicado recientemente un informe de propia iniciativa sobre las acusaciones de hacer retroceder en el mar.

Los requisitos para el registro de las ONG activas en el ámbito del asilo, la migración y la inclusión social siguen suscitando preocupación. Esta preocupación relativa a la capacidad de las ONG para operar en Grecia y recibir apoyo financiero a la luz de las normas sobre registro y certificación introducidas en 2020 se ha puesto de manifiesto en un reciente informe del Consejo de Expertos del Consejo de Europa sobre Derecho de las ONG , elaborado por tres relatores especiales de las Naciones Unidas, por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por una ONG especializada en cuestiones de asilo, migración e inclusión social . El objetivo perseguido por la legislación, a saber, garantizar la transparencia en el registro, puede considerarse legítimo. No obstante, los requisitos de registro no deben ir más allá de lo estrictamente necesario y proporcionado y, en particular, no deben ser excesivamente gravosos. Está pendiente un recurso ante el Consejo de Estado sobre algunos aspectos de la legislación, y las ONG a las que se les ha denegado el registro por no cumplir criterios formales o sustanciales han presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo.

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es .

Amnistía Internacional (2020), Grecia: Regulation of NGOs working on migration and asylum threatens civic space .

Amnistía Internacional (2020), Grecia: Cambios jurídicos preocupantes para los solicitantes de asilo y las ONG

Centre for Media Pluralism and Media Freedom (2021), Media Pluralism Monitor de 2021 (se indicará el enlace cuando esté disponible).

Consejo de Europa, Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas – Grecia ( https://www.coe.int/en/web/media-freedom/greece )

Dianeosis (2019), Justice in Greece: Proposals for a modern judicial system ( https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2019/02/justice_study.pdf )

Dirección General de Comunicación (2019), Eurobarómetro Flash n.º 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU.

Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro especial n.º 502: Corrupción.

Comisión Europea (2020), Informe sobre el Estado de Derecho - Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Grecia.

Comisión Europea (2021), Enhanced Surveillance Report for Greece ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip145_en.pdf ).

European Parliamentary Research Service (2020), Parliaments in emergency mode: How Member States' parliaments are continuing with business during the pandemic ( https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649396 ).

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), Contribution from the European Union Agency for Fundamental Rights to the 2021 Rule of Law Report

Consejo de Expertos sobre Derecho de las ONG de la Conferencia sobre ONGI del Consejo de Europa (2020), Opinion on the compatibility with European standards of recent and planned amendments to the Greek legislation on NGO registration ( https://rm.coe.int/expert-council-conf-exp-2020-4-opinion-ngo-registration-greece/16809ee91d ).