Los Estados miembros podían decidir no aplicar el Reglamento a los servicios de pasaje cubiertos por obligaciones de servicio público, contratos de servicio público o servicios integrados, siempre que garantizaran que los derechos establecidos por el Reglamento estuvieran garantizados de forma similar en el Derecho nacional. Ningún Estado miembro ha hecho uso de esta exención.

Los servicios comerciales de pasajeros son servicios de pasaje prestados entre puertos conforme a un horario público. Representan el 96,5 % del mercado del transporte marítimo de pasajeros: en 2013, 193 millones de pasajeros viajaron en transbordadores marítimos y otros servicios de línea marítima regular. Es preciso garantizar un intenso tráfico marítimo de pasajeros para que los archipiélagos, las islas y las regiones remotas o ultraperiféricas de los Estados miembros puedan formar parte del tejido económico y social de la UE. En algunos casos (como, por ejemplo, las pequeñas islas sin conexión de transporte aéreo), no existe ninguna alternativa al transporte marítimo y los ciudadanos tienen que viajar por barco, sean cuales sean las condiciones que les imponga el transportista.

No se podrá solicitar a las personas con discapacidad o con movilidad reducida que abonen tasas complementarias por su billete, y los transportistas y operadores de terminales portuarias deberán proporcionarles, de forma gratuita, asistencia adecuada en los puertos y a bordo de los buques.

Los transportistas y los gestores de terminales deben establecer condiciones de acceso no discriminatorias.

Los transportistas, las agencias de viajes y los operadores turísticos no pueden negarse a aceptar una reserva ni a embarcar pasajeros alegando como motivo su discapacidad o movilidad reducida, salvo que:

Contrariamente a los servicios comerciales de pasaje, los servicios de crucero no se prestan conforme a horarios vinculantes publicados, por lo que los cruceristas no tienen derecho en virtud del Reglamento a elegir entre transporte alternativo y reembolso en caso de cancelación o retraso en la salida (esta cuestión deberá regularse en el contrato de servicios de crucero que suscriba el pasajero), ni tampoco a indemnización en caso de retraso en la llegada.

Además, los pasajeros tienen derecho a una indemnización objetiva y normalizada en caso de gran retraso a la llegada. El importe de la indemnización depende de la duración del retraso y de la duración prevista del viaje, y se calcula en relación con el precio del billete. El transportista no está obligado a abonar una indemnización si puede demostrar que el retraso obedece a condiciones meteorológicas que hacen peligrosa la navegación del buque o a circunstancias extraordinarias que no hayan podido evitarse razonablemente.

c) Asistencia inmediata y proporcionada en caso de perturbación del tráfico

Antes de su viaje y durante el mismo, los pasajeros tienen derecho a recibir información adecuada (en particular, en caso de perturbación del tráfico), especialmente sobre sus derechos y los datos de contacto de los organismos nacionales de ejecución.

a) No discriminación por motivos de nacionalidad

Los pasajeros que viajen en buque dentro de un circuito combinado disfrutan de derechos adicionales en virtud de la Directiva (UE) 2015/2302, recientemente adoptada, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.

Los siguientes actos legislativos de la UE regulan también varios aspectos de la accesibilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida a los buques: Directiva 2009/45/CE sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje, Directiva 1999/35/CE sobre un régimen de reconocimientos obligatorio para garantizar la seguridad en la explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad, y Directiva 98/41/CE sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje que naveguen con origen o destino en puertos de los Estados miembros de la Comunidad.

Una parte significativa del transporte de pasajeros por mar o vías navegables se produce en un contexto transfronterizo: los pasajeros viajan bien en servicios transfronterizos, bien en servicios nacionales fuera de su propio Estado miembro. Con el fin de proteger los intereses de esos viajeros, el Reglamento (CE) n.º 2006/2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores, establece un marco apropiado para que los organismos nacionales competentes cooperen entre sí y defiendan el interés colectivo de los pasajeros en un contexto transfronterizo.

3. Aplicación del Reglamento por los Estados miembros

El Reglamento obliga a los Estados miembros a designar organismos nacionales de ejecución para garantizar su aplicación efectiva y a establecer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en su Derecho nacional para penalizar a los operadores que lo infrinjan.

Designación de los organismos nacionales de ejecución

La mayoría de los Estados miembros, aunque no todos, han designado organismos nacionales de ejecución que previamente eran responsables de los derechos de los pasajeros en otros modos de transporte. Los organismos nacionales de ejecución son autoridades responsables de transportes o de la protección de los consumidores. Algunos Estados miembros designan varios organismos nacionales de ejecución: en general, una autoridad responsable de la protección de los consumidores, que se encarga de la tramitación de las reclamaciones, y una autoridad responsable de transportes, que se encarga de otras cuestiones (inspecciones, sanciones, acceso a los buques y las terminales portuarias para pasajeros con discapacidad). En la mayoría de los Estados miembros, los organismos nacionales de ejecución han sido designados únicamente a escala nacional, pero en algunos Estados miembros las autoridades regionales desempeñan un papel esencial en la aplicación del Reglamento.

Tramitación de reclamaciones

Los pasajeros pueden presentar reclamaciones sobre supuestas infracciones del Reglamento al transportista, al operador de la terminal portuaria o directamente al organismo nacional de ejecución.

El Reglamento no establece qué orden cronológico ha de seguirse para presentar reclamaciones, pero autoriza a los Estados miembros a exigir que los pasajeros presenten su reclamación en primer lugar al transportista o al operador de la terminal portuaria, actuando solamente el organismo nacional de ejecución como órgano de recurso si el pasajero no está satisfecho con la respuesta. En total, fueron 21 los Estados miembros que eligieron esta opción, la cual presenta la ventaja de que los organismos nacionales de ejecución pueden tramitar las reclamaciones con mayor eficacia y rapidez, puesto que tienen desde el principio a su disposición la correspondencia entre el reclamante y el transportista o el operador de terminal y, por tanto, una visión más completa del asunto desde los puntos de vista de ambas partes.

No hay cifras públicas disponibles sobre el número de reclamaciones que los pasajeros presentaron a los transportistas o los operadores de terminales en 2013 y 2014. Aunque estos datos serían de gran utilidad para evaluar la aplicación del Reglamento, los transportistas y los operadores de terminales no están obligados a recogerlos ni a notificarlos a los organismos nacionales de ejecución.

Se sabe, sin embargo, que dichos organismos han tramitado muy pocas reclamaciones (véase el cuadro que figura a continuación). Existen varias razones que explican esta situación, en particular el hecho de que el Reglamento sea relativamente reciente y muchos pasajeros puedan no ser plenamente conscientes de sus derechos. Además, en la mayoría de los Estados miembros, los pasajeros deben presentar primero sus reclamaciones al transportista o al operador de terminal, quienes, al parecer, las resuelven en su mayoría satisfactoriamente, puesto que no llegan a los organismos nacionales de ejecución.

Sanciones

La mayoría de las legislaciones nacionales de los Estados miembros establecen un sistema de sanciones basado exclusivamente en multas, si bien algunos organismos nacionales de ejecución también pueden retirar las licencias de los operadores en caso de infracción deliberada y sistemática del Reglamento.

Los organismos nacionales de ejecución han impuesto muy pocas sanciones desde la entrada en vigor del Reglamento (véase el cuadro que figura a continuación). La mayoría de ellos alega que los operadores están dispuestos a cumplir y corregir las infracciones y resolver las reclamaciones antes de que sea necesario imponer una sanción.





Cuadro — Número de reclamaciones tramitadas y sanciones impuestas por los organismos nacionales de ejecución

Estado miembro Número de reclamaciones tramitadas Número de sanciones impuestas 2013 2014 2013 2014 Austria n.d. n.d. n.d. n.d. Bélgica n.d. n.d. n.d. n.d. Bulgaria - - - - Croacia 0 0 0 0 Chipre - - - - Chequia n.d. n.d. n.d. n.d. Dinamarca 1 2 0 0 Estonia 1 1 0 0 Finlandia 10 6 n.d. n.d. Francia n.d. 0 n.d. 0 Alemania 4 10 0 0 Grecia 64 45 11 7 Hungría 0 0 0 0 Irlanda 3 0 0 0 Italia n.d. n.d. n.d. n.d. Letonia 0 0 0 0 Lituania 0 0 0 0 Luxemburgo n.d. n.d. n.d. n.d. Malta 1 3 0 0 Países Bajos 0 0 0 0 Polonia n.d. 0 n.d. 0 Portugal n.d. 0 n.d. 0 Rumanía n.d. 0 n.d. 0 Eslovaquia 0 0 0 0 Eslovenia 0 0 0 0 España 501 419 21 39 Suecia 1 27 n.d. 0 Reino Unido 14 11 0 0