(6)El 18 de noviembre de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la situación presupuestaria de Rumanía. A la luz del persistente y excepcional grado de incertidumbre creado por la pandemia de COVID-19 y sus enormes repercusiones macroeconómicas y presupuestarias, la Comisión consideraba que, en esa coyuntura, no se podía adoptar ninguna decisión sobre nuevas medidas en el marco del procedimiento de déficit excesivo (PDE) iniciado con respecto a Rumanía. En particular, el excepcional grado de incertidumbre, especialmente a la hora de diseñar una trayectoria creíble para la política presupuestaria, no permitía a la Comisión presentar en ese momento una Recomendación de Recomendación del Consejo conforme al artículo 126, apartado 7, del Tratado. La Comisión declaró que volvería a evaluar la situación presupuestaria de Rumanía en la primavera de 2021 partiendo de los datos registrados para 2020, el presupuesto para 2021 y las previsiones de la Comisión de la primavera de 2021 y que, en su caso, propondría nuevas medidas en el marco del PDE, teniendo en cuenta el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia del PEC en 2021.

(11)De conformidad con el artículo 126, apartado 7, del Tratado y el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1467/97, el Consejo debe dirigir una Decisión al Estado miembro de que se trate en la que, entre otras cosas, se establezca un plazo para que este ponga fin a su situación de déficit excesivo. La Recomendación ha de establecer un plazo máximo de seis meses para que el Estado miembro adopte medidas eficaces encaminadas a la corrección del déficit excesivo, plazo que puede reducirse a tres meses cuando la gravedad de la situación así lo justifique. Por otra parte, en una recomendación relativa a la corrección del déficit excesivo, el Consejo debe exigir el logro de objetivos presupuestarios anuales que, teniendo en cuenta la previsión en que se basa la recomendación, sean compatibles con una mejora anual equivalente como mínimo al 0,5 % del PIB del saldo estructural (es decir, el saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal).

(12)El PIB real de Rumanía se redujo un 3,9 % en 2020, y según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2021 registrará un repunte a continuación, con una tasa de crecimiento del 5,1 % en 2021 y el 4,9 % en 2022. Se espera una recuperación del consumo privado a medida que avance el proceso de vacunación y se vayan suprimiendo gradualmente las medidas de distanciación social, mientras que se prevé que las subidas salariales también se mantengan robustas. Se considera que la realización gradual de proyectos en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia propiciará un nuevo impulso a la expansión de la inversión. Se espera que la contribución de las exportaciones netas (esto es, exportaciones menos importaciones) se mantenga negativa durante el período de previsión, ya que las importaciones se verían estimuladas por el consumo privado y por las crecientes inversiones. Se prevé que las exportaciones sean respaldadas por una recuperación de la demanda interna, pero que se mantengan menos dinámicas que las importaciones. Las perspectivas de crecimiento están sujetas a unos riesgos equilibrados. Por una parte, una estrategia presupuestaria a medio plazo creíble puede contribuir a disipar la inquietud acerca de la sostenibilidad presupuestaria, particularmente cuando se asocia a reformas ambiciosas (incluidas las contenidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia). Ello ayudaría a Rumanía a corregir sus desequilibrios macroeconómicos, mitigar los riesgos para la estabilidad de sus finanzas y contribuir al crecimiento sostenible, particularmente mejorando su clima de inversión. Por otra parte, la incertidumbre en relación con la adopción de medidas y los retrasos o ineficiencias en la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia podrían tener efectos negativos sobre la confianza.

(13)El 2 de marzo de 2021, el Parlamento rumano adoptó el presupuesto para 2021 y la estrategia presupuestaria a medio plazo de Rumanía. La estrategia presupuestaria, junto con información sobre el perfil de ayudas financieras no reembolsables y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, el «Mecanismo»), se ha tenido en cuenta en el Programa de Convergencia de 2021, que se presentó a la Comisión el 5 de mayo de 2021. Partiendo de un déficit de las Administraciones Públicas equivalente al 9,2 % del PIB en 2020, el Programa de Convergencia se propone como objetivo reducir este déficit por debajo del 3 % del PIB de aquí a 2024, en las siguientes etapas: 8,0 % del PIB en 2021; 6,2 % del PIB en 2022; 4,4 % del PIB en 2023, y 2,9 % del PIB en 2024. El ajuste presupuestario contemplado en el Programa de Convergencia se realizaría principalmente por el lado del gasto. Se espera un control del gasto, reduciéndolo en porcentaje del PIB, particularmente en el caso de los salarios del sector público (disminución de 1,4 puntos porcentuales entre 2022 y 2024) y las transferencias sociales (disminución de 0,9 puntos porcentuales entre 2022 y 2024).

(14)Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2021, que abarcan hasta 2024, el déficit de las Administraciones Públicas sería del 8,0 % del PIB en 2021, el 7,1 % del PIB en 2022 y el 6,8 % del PIB en 2023 y 2024. Esta previsión tiene en cuenta los gastos que se espera financiar con ayudas financieras no reembolsables y préstamos del Mecanismo, según figuran en el Programa de Convergencia de Rumanía y en la información adicional proporcionada por las autoridades rumanas. La disminución del déficit de las Administraciones Públicas previsto por la Comisión se basaría principalmente en la expiración gradual de las medidas de urgencia adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19, en unos mayores ingresos debido a la recuperación económica prevista y en los efectos positivos adicionales de las inversiones y las reformas que se espera financiar mediante el Mecanismo. Además, el Gobierno rumano ha decidido congelar los salarios del sector público en 2021 y 2022, aplazar la subida de las pensiones previstas para 2021 y aumentar moderadamente las pensiones en 2022, lo que contribuye a unas mejores perspectivas que las asociadas a las previsiones de la Comisión del otoño de 2020. Estos cambios ya se han plasmado en nueva legislación. Por otro lado, el Gobierno se propone adoptar una nueva legislación en materia de pensiones que mantendría a un nivel globalmente estable la proporción que representan los gastos de pensiones en el PIB. El hecho de que la previsión de déficit que figura en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2021 sea superior a la contenida en el Programa de Convergencia de Rumanía se deriva de que la consolidación planeada por las autoridades rumanas se apoya en medidas no aplicadas plenamente o no anunciadas de forma creíble, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta en las previsiones de la Comisión. La Comisión prevé que el déficit estructural mejore en 0,7 puntos porcentuales del PIB en 2021 y 0,5 puntos porcentuales del PIB en 2022 y se deteriore en 0,1 puntos porcentuales del PIB en 2023 y 0,4 puntos porcentuales del PIB en 2024.

(15)El déficit de las Administraciones Públicas representaba el 34,7 % del PIB al final de 2018, el 35,3 % del PIB al final de 2019 y el 47,3 % del PIB al final de 2020. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2021, aumentaría al 49,7 % del PIB al final de 2021, el 52,7 % del PIB al final de 2022 y el 59,5 % del PIB al final de 2024, con lo cual se aproximaría por primera vez al valor de referencia del 60 % establecido en el Tratado, sin contar con otras medidas correctoras que las ya aplicadas o anunciadas de forma creíble.

(16)El análisis de la sostenibilidad de la deuda a medio y largo plazo, actualizado atendiendo a las previsiones de la Comisión de la primavera de 2021, confirma unos elevados riesgos para la sostenibilidad a medio plazo. Según la previsión de referencia a 10 años, la ratio deuda pública/PIB seguiría aumentando durante el periodo de previsión, hasta alcanzar un nivel próximo al 90 % del PIB. Los factores de riesgo para la sostenibilidad de la deuda serían los amplios déficits presupuestarios, los costes relacionados con el envejecimiento de la población y la vulnerabilidad de la senda de deuda respecto de perturbaciones macrofiscales. Las subidas de las pensiones, aprobadas en el verano de 2019, y por ahora aplazadas hasta el final de 2022, constituyen el principal factor de riesgo para la sostenibilidad de la deuda. La estructura de la deuda, con una alta proporción de deuda denominada en divisas y una proporción significativa de deuda poseída por no residentes, aumenta los riesgos para la sostenibilidad de la deuda, aunque las intervenciones del Banco Nacional de Rumanía en el mercado secundario han contribuido a mantener los costes de empréstito del sector público en unos niveles favorables en 2020. Por otro lado, existen riesgos derivados de los pasivos contingentes asociados a las garantías estatales (1,4 % del PIB) concedidas a las empresas y a los trabajadores autónomos durante la crisis de la COVID-19. Se prevé un aumento de las necesidades brutas de financiación. En cambio, se prevé que las reformas e inversiones en el marco de la iniciativa Next Generation EU, si se aplican de forma eficaz, tendrán un efecto positivo sobre el crecimiento del PIB en los próximos años, lo que contribuiría a la sostenibilidad de la deuda.

(17)En virtud del artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, la corrección del déficit excesivo debe completarse en el año siguiente a su detección salvo que concurran circunstancias especiales. La senda de ajuste debe determinarse de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1467/97, teniendo en cuenta la situación económica y presupuestaria del Estado miembro.

(18)En la situación actual, en Rumanía se dan tales circunstancias especiales. La concesión de un año adicional a Rumanía, lo que sería conforme con la norma establecida en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, requeriría un ajuste presupuestario muy pronunciado y daría lugar a pérdidas de producción significativas, lo que pondría en peligro la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19. Una senda de ajuste con un plazo de corrección del déficit excesivo en 2024, aunque requeriría ajustes anuales sustanciales, implicaría un esfuerzo más gradual y lograría un buen equilibrio entre el saneamiento presupuestario y el apoyo a la recuperación económica. La nueva senda de ajuste también tiene en cuenta la modificación de la situación presupuestaria, con inclusión de la evolución presupuestaria en 2020 y la nueva estrategia presupuestaria instaurada por el Gobierno rumano. Unas reformas, especialmente aquellas que mejoren la gestión de las finanzas públicas, serían determinantes para garantizar una corrección duradera del déficit excesivo. A la luz de estas consideraciones, y en consonancia con las orientaciones para la política presupuestaria establecidas en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2021, está justificado fijar el año 2024 como plazo para la corrección del déficit excesivo.

(19)Una senda de ajuste creíble y sostenible conforme a este plazo requeriría que Rumanía lograse un déficit de las Administraciones Públicas del 8,0 % del PIB en 2021, el 6,2 % del PIB en 2022, el 4,4 % del PIB en 2023 y el 2,9 % del PIB en 2024, en consonancia con los propios objetivos del Gobierno. Según las previsiones de la Comisión, ello es compatible con una tasa de incremento nominal de los gastos primarios netos del 3,4 % en 2021, el 1,3 % en 2022, el 0,9 % en 2023 y el 0,0 % en 2024. Estas tasas de incremento de los gastos primarios netos constituirán el principal indicador utilizado para evaluar el esfuerzo presupuestario en caso de que sea necesario un análisis a fondo de la situación. Los correspondientes ajustes presupuestarios anuales del saldo estructural serían del 0,7 % del PIB en 2021, el 1,8 % del PIB en 2022, el 1,7 % del PIB en 2023 y el 1,5 % del PIB en 2024.

(20)Para evaluar el efecto potencial de la política presupuestaria general en la producción, en la coyuntura actual, los considerables pagos efectuados con cargo al presupuesto de la UE (en el marco del Mecanismo y otros fondos de la Unión) deberán incluirse en el agregado del gasto pertinente, como medida presupuestaria. Partiendo de esta base, se espera que los fondos de la Unión tengan un efecto positivo significativo sobre la economía rumana en los próximos años. Concretamente, las inversiones y reformas respaldadas por el Mecanismo ofrecen a Rumanía la oportunidad de mejorar su situación presupuestaria subyacente a medio plazo, al mismo tiempo que apoyan el crecimiento y la creación de empleo.

(21)Las medidas de saneamiento presupuestario deberán garantizar una corrección duradera del déficit excesivo y, al mismo tiempo, estar encaminadas a mejorar la calidad de las finanzas públicas y a reforzar el potencial de crecimiento de la economía. La realización de reformas de carácter presupuestario y de carácter económico en general —relacionadas, por ejemplo, con el sistema de pensiones, la administración tributaria, los salarios del sector público y la gobernanza de las empresas de propiedad estatal— deberá contribuir al esfuerzo de saneamiento presupuestario.

(22)Desde 2016, Rumanía se ha apartado de forma sistemática y repetida de su normativa presupuestaria nacional y del calendario de adopción de su estrategia presupuestaria a medio plazo, incluidos en su marco presupuestario nacional. De cara al futuro, el ajuste presupuestario Rumanía estaría respaldado por una plena aplicación de su marco presupuestario nacional.

HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

(1)Rumanía deberá poner fin a su situación de déficit excesivo a más tardar en 2024.

(2)Rumanía deberá alcanzar un objetivo de déficit público del 8,0 % del PIB en 2021, el 6,2 % del PIB en 2022, el 4,4 % del PIB en 2023, y el 2,9 % del PIB en 2024. Estas cifras son compatibles con unas tasas de incremento nominal del gasto público primario neto del 3,4 % en 2021, el 1,3 % en 2022, el 0,9 % en 2023 y el 0,0 % en 2024, y corresponden a un ajuste estructural anual del 0,7 % del PIB en 2021, el 1,8 % del PIB en 2022, el 1,7 % del PIB en 2023 y el 1,5 % del PIB en 2024.

(3)Rumanía habrá de aplicar plenamente las medidas ya adoptadas para 2021, y deberá especificar y aplicar las medidas adicionales que son necesarias para lograr la corrección de su déficit excesivo de aquí a 2024. Las medidas de saneamiento presupuestario deberán garantizar una corrección sostenible que favorezca el crecimiento. Los posibles resultados positivos inesperados deberán utilizarse para reducir el déficit de las Administraciones Públicas.

(4)El Consejo fija la fecha límite del 15 de octubre de 2021 para que Rumanía adopte medidas efectivas y, de conformidad con el artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, informe sobre la estrategia de saneamiento prevista para alcanzar los objetivos. Posteriormente, Rumanía deberá informar acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente Recomendación, al menos cada seis meses, hasta que se haya corregido el déficit excesivo.

Asimismo, Rumanía deberá garantizar la aplicación plena y efectiva de su marco presupuestario nacional. A fin de garantizar el éxito de la estrategia presupuestaria a medio plazo, también será importante respaldar el saneamiento presupuestario por medio de reformas globales.

El destinatario de la presente Recomendación es Rumanía.

Hecho en Bruselas, el