A4-0034/98

Resolución sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1996)

El Parlamento Europeo,

- Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

- Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de diciembre de 1966, así como los Protocolos correspondientes,

- Vista la Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial,

- Vista la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

- Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos del Niño,

- Vista la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados y sus Protocolos, así como las recomendaciones del ACNUR,

- Vista la Convención sobre las migraciones en condiciones abusivas y sobre el fomento de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (Ginebra, 1975),

- Vistos los derechos humanos fundamentales garantizados por las disposiciones constitucionales de los Estados miembros y el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como los protocolos adjuntos,

- Visto el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (1987),

- Visto el Dictamen 2/94 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de marzo de 1996 sobre la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,

- Vista la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores,

- Vistos los principios del Derecho internacional y europeo en materia de derechos humanos,

- Vista la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

- Vistos el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

- Visto el Tratado de la Unión Europea,

- Vista su Resolución de 12 de abril de 1989 por la que se aprueba la declaración de los derechos y libertades fundamentales ((DO C 120 de 16.5.1989, pág. 51.)),

- Vista su Resolución de 9 de julio de 1991 sobre los derechos humanos ((DO C 240 de 16.9.1991, pág. 45.)),

- Vista su Resolución de 12 de marzo de 1992 sobre la pena de muerte ((DO C 94 de 13.4.1992, pág. 277.)),

- Vista su Resolución de 18 de julio de 1992 sobre la Carta Europea de los Derechos del Niño ((DO C 241 de 21.9.1992, pág. 67.)),

- Vista su Resolución de 11 de marzo de 1993 sobre el respeto de los derechos humanos en la Comunidad Europea ((DO C 115 de 26.4.1993, pág. 178.)),

- Vista su Resolución de 19 de enero de 1994 sobre la objeción de conciencia en los Estados miembros de la Comunidad ((DO C 44 de 14.2.1994, pág. 103.)),

- Vista su Resolución de 8 de febrero de 1994 sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la Comunidad Europea ((DO C 61 de 28.2.1994, pág. 40)),

- Vista su Resolución de 27 de abril de 1995 sobre racismo, xenofobia y antisemitismo ((DO C 126 de 22.5.1995, pág. 75.)),

- Vista su Resolución de 18 de enero de 1996 sobre la trata de personas ((DO C 32 de 5.2.1996, pág. 88.)),

- Vista su Resolución de 18 de enero de 1996 sobre las malas condiciones en las cárceles de la Unión Europea ((DO C 32 de 5.2.1996, pág. 102.)),

- Vista su Resolución de 29 de febrero de 1996 sobre las sectas en Europa ((DO C 78 de 18.3.1996, pág. 31.)),

- Vista su Resolución de 9 de mayo de 1996 sobre la Comunicación de la Comisión sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo ((DO C 152 de 27.5.1996, pág. 57.)),

- Visto su dictamen de 9 de mayo de 1996 sobre la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se declara 1997 Año Europeo contra el Racismo ((DO C 152 de 27.5.1996, pág. 62.)),

- Vista su Resolución de 17 de septiembre de 1996 sobre los derechos humanos en la Unión ((DO C 320 de 28.10.1996, pág. 36.)),

- Vista su Resolución de 12 de diciembre de 1996 sobre la protección de los menores en la Unión Europea ((DO C 20 de 20.1.1997, pág. 170.)),

- Vista su Resolución de 8 de abril de 1997 sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1995) ((DO C 132 de 28.4.1997, pág. 31.)),

- Vista su Resolución de 16 de septiembre de 1997 sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres ((DO C 304 de 6.10.1997, pág. 55.)),

- Vista su Resolución de 6 de noviembre de 1997 sobre la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños y el Memorándum relativo a la contribución de la Unión Europea a la intensificación de la lucha contra los abusos y la explotación sexual de que son víctimas los niños ((ACTA de esa fecha, parte II, punto 7.)),

- Vistas las peticiones:

a) 10/96, presentada por Loretta GREGO-BURKHARDT, de nacionalidad alemana, en nombre de Giuseppe GARRUBA (de nacionalidad italiana) sobre la amenaza de expulsión de este último de la República Federal de Alemania,

b) 11/96, presentada por Karl-Werner SIEBLER, de nacionalidad alemana, sobre sus problemas para solicitar un permiso de residencia en Francia,

c) 176/96, presentada por Herber PERDIGON, de nacionalidad francesa, sobre una discriminación sexual,

d) 233/96, presentada por Beyler YILMAZ, de nacionalidad turca, sobre la actitud hostil de algunos europeos frente a los turcos,

e) 264/96, presentada por Yassine KHLIFI, de nacionalidad tunecina, sobre su solicitud del estatuto de refugiado político,

f) 328/96, presentada por Rhoda BULL, de nacionalidad británica, sobre la igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo,

g) 342/96, presentada por Mario PRESA, de nacionalidad italiana, sobre la liberación de los objetores de conciencia griegos en prisión,

h) 393/96, presentada por Rosemarie KOSITZKI, de nacionalidad alemana, en nombre del Grupo de trabajo demócrata cristiano sobre la amenaza de expulsión de Alemania de una familia del pueblo roma,

- Vista la propuesta de resolución del Sr. Cushnahan sobre la denegación de derechos humanos en Gran Bretaña e Irlanda (B4-0267/97),

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer (A4-0034/98),

A. Considerando que el respeto de los derechos humanos constituye un principio fundamental que no admite excepciones en los Estados miembros, al estar garantizado mediante sistemas políticos democráticos y pluralistas con efectivas instituciones parlamentarias y sistemas judiciales independientes,

B. Considerando que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce los derechos económicos y sociales como derechos fundamentales en aplicación del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos,

C. Teniendo en cuenta las resoluciones del Consejo de Europa a este respecto y las propuestas de las organizaciones no gubernamentales en materia de protección y respeto de los derechos humanos,

D. Preocupado por el hecho de que en 1996 se han producido en algunos Estados miembros determinadas situaciones que podría considerarse que contravienen el respeto de los derechos humanos en diverso grado,

E. Considerando que, para toda persona que resida en el territorio de la Unión Europea, el respeto y la protección de sus derechos constituye una obligación para los Estados miembros independientemente de su «raza», sexo, nacionalidad, religión, orientación sexual, edad o minusvalía,

1. Insiste en la necesidad de garantizar el respeto total de los derechos humanos en todos los Estados miembros, lo que también permitirá reforzar la credibilidad de la Unión Europea cuando ésta exija el respeto de los derechos humanos en los acuerdos de cooperación con terceros países;

2. Indica que los derechos humanos son derechos naturales de toda persona y que, por consiguiente, no dependen de ninguna obligación o prestación previa;

3. Estima de su competencia, como institución comunitaria elegida democráticamente, velar por la defensa y el fomento de los derechos y libertades fundamentales en la Unión Europea;

4. Reafirma el deseo de que la Unión Europea pueda adherirse al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

5. Pide a los Estados miembros que aún no lo han hecho que procedan a la abolición completa de la pena de muerte en su legislación, incluso para los delitos excepcionales; pide a los Estados miembros que suscriban y ratifiquen los textos internacionales sobre la abolición de la pena de muerte y, en particular, el Protocolo n° 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y el Protocolo facultativo n° 2 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos;

6. Propone que se incluya sistemáticamente un apartado «derechos humanos en la UE» en el debate de urgencia del Pleno de acuerdo con el mismo procedimiento utilizado para los derechos humanos fuera de la Unión Europea, siendo la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores de la responsable de la selección de los temas que deben tratarse;

7. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros que establezcan en cada país una comisión consultiva de derechos humanos, contando con la participación de las organizaciones humanitarias, que se encargara de elaborar un informe anual sobre la evolución de la situación de los derechos humanos;

8. Subraya, una vez más, que la libertad de opinión, creencia y religión y la libertad de asociación son derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión;

INMIGRACIÓN Y DERECHO DE ASILO

9. Lamenta el carácter exclusivamente represivo de numerosas recomendaciones, declaraciones, resoluciones, aprobadas o en fase de elaboración, a nivel comunitario, especialmente por lo que se refiere a la inmigración, al derecho de asilo, a la reunificación familiar y al concepto de refugiado;

10. Lamenta que ningún Estado miembro haya ratificado la Convención Internacional para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990; insta a los Estados miembros para que inicien los procedimientos de firma y ratificación;

11. Toma nota del proceso de regularización de los indocumentados llevado en determinados Estados miembros; pide a todos los Estados miembros que se comprometan a seguir este ejemplo y que procedan a la regularización de los indocumentados en el respeto de los derechos humanos y de los convenios internacionales;

12. Pide a los Estados miembros que garanticen el efecto suspensivo del recurso en todos los casos de solicitudes de regularización presentadas por inmigrantes a los que se les ha desestimado en primera instancia;

13. Pide que los inmigrantes extracomunitarios gocen de igualdad de trato en materia de derechos económicos y sociales y de reconocimiento de los derechos cívicos, culturales y políticos, especialmente el derecho de voto en las elecciones locales para aquellos que residen desde hace más de cinco años en un Estado miembro, de conformidad con el Convenio del Consejo de Europa; señala que la dignidad del hombre es inviolable y que, por consiguiente, los derechos humanos intransferibles e inviolables son la base de toda comunidad humana, de la paz y de la libertad en el mundo y que, por lo tanto, deberán estar vigentes sin limitación para todas las personas en el territorio de la Unión Europea;

14. Pide que se reconozca plenamente el derecho a vivir en familia, lo que implica que todas las personas que residan o trabajen en un Estado miembro pueda tener derecho a la reunificación familiar;

15. Pide una vez más a los Estados miembros que examinen las causas de la huida de los solicitantes de asilo menores de edad en un procedimiento especial, adecuado a su edad, que les concedan un estatuto de residencia seguro, que garanticen sus cuidados y que les permitan la reunificación familiar, independientemente de que se les conceda o no el estatuto de refugiados;

16. Reconoce que las normas que rigen la nacionalidad son competencia de los Estados miembros y se pueden basar, en principio, tanto en el «ius sanguinis» como en el «ius soli»; reitera que el ejercicio de los derechos civiles debe vincularse a la adquisición de la nacionalidad; pide a los Estados miembros que permitan que los nacionales de terceros países que han obtenido el derecho de residencia permanente y tienen la intención de permanecer en la UE adquieran la nacionalidad;

17. Considera que la expulsión de residentes no comunitarios condenados penalmente y que han cumplido su pena llevada a cabo por determinados Estados miembros supone una «doble pena»; pide a los Estados miembros que eliminen cualquier posibilidad de «doble pena»;

18. Lamenta que las causas para la detención de los solicitantes de asilo no se adecuen, con frecuencia, a las normas internacionalmente establecidas; denuncia las lamentables condiciones de los solicitantes de asilo en las zonas de espera y en los centros de retención; encarga a su Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores que elabore un informe específico sobre este tema con visitas in situ; exige a los Estados miembros que lleven a cabo mejoras con carácter inmediato, tanto en materia de higiene y alimentación como de respeto de la persona humana;

19. Pide que las mujeres solicitantes de asilo y las mujeres migrantes puedan disfrutar de derechos propios independientemente de su estado matrimonial; condena las discriminaciones de las que son víctimas las mujeres y los hombres solteros en lo que respecta al reconocimiento de sus derechos;

20. Pide que no se adopte ninguna medida de expulsión o de reconducción a la frontera contra un extranjero reconocido médicamente como aquejado de una patología grave o contra sus padres o tutores si se trata de un menor o de una persona dependiente;

21. Denuncia la persistente violación por el Consejo del artículo 7 A del Tratado CE, que preveía la instauración de la libre circulación de personas y la abolición de las fronteras interiores antes del 31 de diciembre de 1992;

22. Pide a los Estados miembros que no impongan nuevas restricciones a la entrada y estancia de extranjeros y que arbitren garantías respetuosas con los derechos humanos para la tramitación justa de las solicitudes de asilo;

23. Pide el pleno respeto por los Estados miembros de sus obligaciones en virtud de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados y del Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de los refugiados de 21 de enero de 1967; pide a los Estados miembros que se ajusten escrupulosamente a los principios elaborados por el Comité Ejecutivo del Alto Comisionado para los Refugiados;

24. Lamenta que el concepto de «terceros países seguros» no garantice siempre una auténtica protección para el solicitante de asilo, que puede ser expulsado a un país en el que fue víctima de violación de los derechos humanos o en el que se encuentra amenazado; pide a los Estados miembros que garanticen el efecto suspensivo del recurso de apelación;

25. Pide al Consejo y a los Estados miembros que reconozcan el derecho de acceso al procedimiento de asilo a las víctimas de persecuciones perpetradas en situaciones de violencia interna generalizada;

26. Considera que las sanciones impuestas a los transportistas y la exigencia de visado para los solicitantes de asilo constituyen obstáculos inaceptables para el acceso al procedimiento de asilo;

27. Condena las reconducciones colectivas a la frontera, prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

28. Considera que no deben repetirse las devoluciones ni expulsiones masivas y secretas, previo suministro de drogas a los expulsados, que parte de éstos sean devueltos a sus países de origen en situación de estado de guerra, o que lo sean a otros distintos del de su procedencia sin que haya conflicto alguno que lo justifique;

29. Manifiesta su preocupación por la tendencia de los Estados a sustituir por una protección precaria y temporal, bajo formas muy variables según los Estados miembros, el reconocimiento de un auténtico estatuto de refugiado con arreglo a la Convención de Ginebra; lamenta que la aplicación armonizada de la definición de refugiado adoptada por el Consejo excluya a las personas víctimas de violencias sexuales y a las perseguidas en sus países, incluso en el caso de que la persecución no provenga de las autoridades estatales; afirma que estas personas deben poder encontrar en la Unión Europea una protección conforme a los compromisos internacionales de los Estados miembros;

30. Considera necesario intensificar la lucha contra la inmigración clandestina, sus redes y traficantes, así como combatir el trabajo clandestino; debería establecerse una sanción para dicho delito que tuviera carácter disuasorio;

31. Señala a los Estados miembros de Schengen la jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos humanos en lo relativo al artículo 3 del CPDH y les pide que no devuelvan a los inmigrantes y refugiados, aun cuando hayan entrado ilegalmente en su territorio, a un Estado en que les aguarde la tortura u otro trato inhumano o humillante o haya razones para suponer que los expulsados recibirán dicho trato, así como que no celebren ningún acuerdo de repatriación con dichos Estados;

32. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones de la Cumbre Social de Copenhague y que refuercen las políticas de cooperación con los países en desarrollo con objeto de actuar sobre las causas estructurales y coyunturales de los movimientos migratorios;

LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

33. Reitera su condena de todas las formas de racismo, xenofobia y antisemitismo, de los actos de violencia racista y de las discriminaciones de carácter racista en materia de acceso al empleo y a la formación profesional, de vivienda, de escolarización, de salud y de acceso a las prestaciones sociales;

34. Manifiesta su preocupación por el incremento de las tesis racistas y xenófobas en la política, en la opinión pública, en la vida diaria y en el seno de las empresas;

35. Pone de manifiesto su satisfacción por la introducción de cláusulas antidiscriminatorias en los instrumentos comunitarios y por la Decisión de 23 de julio de 1996 por la que se declaraba 1997 Año europeo contra el racismo, aunque considera que todavía queda mucho por hacer, tanto a nivel nacional como comunitario, para prevenir y combatir el racismo;

36. Pide a los Estados miembros que adopten o refuercen las leyes antirracistas basándolas en el principio según el cual «el racismo constituye un delito», tanto si se trata de actos, como de declaraciones o de difusión de mensajes, e incluyendo medidas a la vez penales, civiles y administrativas, como ya lo han hecho España, Austria, Bélgica, Francia, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido.

37. Recomienda a los Estados la creación de un órgano independiente encargado de la lucha contra el racismo, especialmente en la aplicación de la legislación, a imitación de Bélgica, de los Países Bajos, del Reino Unido y de Suecia, puesto que la situación sobre el terreno resulta con demasiada frecuencia insatisfactoria, incluso en aquellos casos en que el marco legislativo es bueno;

38. Pide a los Estados miembros que adopten medidas para luchar contra las manifestaciones y comportamientos racistas de todas las autoridades y que establezcan programas de formación del personal de la policía y de la justicia, especialmente de aquellos que tratan con inmigrantes en las fronteras (conocimiento y comprensión de las culturas extranjeras, prevención de los comportamientos racistas, educación a la tolerancia);

39. Insiste para que se lleven a cabo con carácter permanente campañas de información y educación, especialmente en la enseñanza y en los medios de comunicación, para luchar contra el racismo, fomentar la tolerancia y dar a conocer la contribución positiva de los extranjeros a la economía y a la cultura europeas;

40. Opina que las autoridades, preferentemente a través del apoyo a las iniciativas de las organizaciones sociales, entre las que se incluyen las organizaciones pertenecientes al entorno de los propios grupos discriminados, deben prestar su contribución a la lucha contra el racismo y sus causas, de manera que desde diversas perspectivas y responsabilidades se trabaje para incrementar las posibilidades de defensa contra el racismo y la xenofobia y para reducir estos fenómenos;

41. Propone convertir el 21 de marzo en una jornada europea de lucha contra el racismo con iniciativas concretas en todos los Estados miembros y a nivel comunitario, contando con la participación de las organizaciones antirracistas;

42. Pide a la Comisión que cree un premio de los medios de comunicación contra el racismo cuya entrega se llevaría a cabo el 21 de marzo de cada año;

43. Condena a los dirigentes políticos que atizan el racismo y la xenofobia y exige a los partidos políticos que supriman toda propaganda racista de sus programas electorales;

44. Encarga a su Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades que proponga una modificación del Reglamento interno con objeto de permitir que el Presidente pueda intervenir para llamar al orden a aquellos diputados europeos que hagan comentarios racistas en el transcurso de sus reuniones oficiales;

DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

45. Pide a los Estados miembros que eviten las violaciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos también en el ámbito social y que, en la medida en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constate violaciones, las corrijan mediante la adaptación de las normas jurídicas nacionales pertinentes; reitera la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce que los derechos sociales y económicos forman parte de los derechos humanos fundamentales;

46. Considera necesario respetar los derechos económicos, sociales, sindicales y culturales, así como otorgarles el reconocimiento de derechos fundamentales, especialmente el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la protección social y a la cultura;

47. Insta al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a que presten una especial atención en sus decisiones a la Declaración de los derechos y libertades fundamentales antes mencionada, aprobada por el Parlamento Europeo el 12 de abril de 1989, haciendo particular hincapié en la garantía de los derechos sociales y económicos con vistas a la protección de las personas y en el valor jurídico de los deberes que se imponen a los Estados miembros como consecuencia de los derechos sociales y económicos, en última instancia, en el marco legislativo de cada uno de ellos, y tomando asimismo en consideración las disposiciones de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos;

48. Lamenta la magnitud de la pobreza en Europa, el agravamiento del desempleo, de la precariedad y las desigualdades, a pesar de las acciones de lucha contra la pobreza llevadas a cabo a nivel nacional y comunitario; considera que es necesario evitar toda acción que pueda perjudicar a actividades de empresas privadas susceptibles de crear puestos de trabajo y recursos que les permitirían desarrollarse;

49. Considera que el proceso de empobrecimiento y precariedad que afecta cada vez a más jóvenes tiene causas estructurales relacionadas directamente con el funcionamiento de la economía, con la falta de una fiscalidad justa que fomente una redistribución de los medios disponibles, así como con la falta de protección social;

50. Opina que la pobreza y la exclusión son indignas de una sociedad democrática y rica y que es inaceptable que en la Unión Europea haya más de 52 millones de pobres; pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que conviertan la lucha contra la exclusión social y la pobreza en una prioridad política y que, con la participación de las ONG interesadas, desarrollen políticas holísticas coherentes para combatir estos fenómenos; pide al Consejo que adopte sin demora el IV Programa sobre la pobreza; considera que una parte mayor del presupuesto de la Unión Europea debería dedicarse a la lucha contra la exclusión social y al fomento de la inclusión, en particular, mediante el apoyo a proyectos piloto en empleos en el «tercer sector»;

51. Considera que, con objeto de responder a las necesidades fundamentales de los ciudadanos, las políticas económicas y sociales aplicadas a nivel nacional y comunitario deberían tender a un incremento de la competitividad de las empresas y a una mayor flexibilidad del mercado de trabajo, que permitan hacer frente a las necesidades derivadas de la mundialización de los mercados y del agravamiento preocupante del desempleo en Europa;

52. Insta a los Estados miembros a que actúen de manera decidida en los siguientes ámbitos: el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la protección contra la pobreza y la exclusión social, al alojamiento y otros derechos sociales;

53. Recuerda que, para luchar contra la extensión de los fenómenos de empobrecimiento y de exclusión, es necesario privilegiar la libertad de empresa de cada individuo y la libertad para crear nuevos empleos;

54. Aboga en favor de la elaboración a nivel comunitario de instrumentos que establezcan garantías mínimas con respecto a las rentas, a la protección social y al derecho al tratamiento médico y al alojamiento como un requisito previo esencial para garantizar una calidad de vida consistente con la dignidad humana;

55. Pide a los Estados miembros que cumplan sin dilación las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en particular en lo relativo a los ámbitos «prohibición de los trabajos forzados», «libertad de asociación» y «derecho de huelga» contenidos en la Carta Social Europea;

56. Reitera la importancia de las conclusiones del Comité de Sabios presidido por Maria de Lourdes Pintasilgo, de su análisis en profundidad y de las propuestas relativas al alcance de los derechos fundamentales;

57. Pide a los Estados miembros que adopten y apliquen, en estrecha concertación con las asociaciones humanitarias, leyes de prevención y de lucha contra la exclusión que contemplen especialmente el acceso al trabajo, a la salud, a las prestaciones sociales, a la vivienda, a la educación y a la justicia;

58. Lamenta que no se haya aprobado el programa de lucha contra la pobreza y reitera su solicitud de que el Consejo lo apruebe rápidamente;

59. Condena a los ayuntamientos que prohíben la mendicidad en su municipio;

60. Pone de manifiesto su indignación por las condiciones de semiesclavitud en las que se mantiene a los empleados de hogar, a menudo de origen extranjero, por parte de empleadores que aprovechan su dependencia económica y vulnerabilidad social para negarles el reconocimiento de sus derechos y ejercer sobre ellos secuestro y violencia;

61. Pide a los Estados miembros que apliquen un marco jurídico europeo que garantice el acceso al empleo de las personas con discapacidades;

62. Pide a los Estados miembros que respeten todas las recomendaciones y convenios de la OIT, en especial el convenio n° 111 sobre la no discriminación en materia de empleo, el convenio n° 138 relativo a la edad mínima de admisión al empleo y el convenio n° 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y que apliquen todas las disposiciones de la Carta Social renovada del Consejo de Europa;

63. Lamenta los numerosos ataques a las libertades sindicales y a los derechos de los delegados sindicales en numerosos Estados miembros y pide que se les ponga fin mediante el reconocimiento de la libertad sindical como un derecho fundamental en todos los Estados miembros;

64. Toma nota de la solución alcanzada en favor de los estibadores de Liverpool que habían sido despedidos y elogia su determinación; pide de manera más general al Gobierno británico que adopte iniciativas para anular las restricciones al derechos de huelga;

IGUALDAD DE DERECHOS Y NO DISCRIMINACIÓN

65. Manifiesta su satisfacción por la inclusión, en los instrumentos comunitarios, de cláusulas de no discriminación que prevén la prohibición de toda forma de discriminación;

66. Considera que su mencionada anteriormente Resolución de 8 de febrero de 1994 sobre los homosexuales contribuyó a mejorar la situación en numerosos Estados miembros y a nivel comunitario;

67. Pide a todos los Estados miembros que reconozcan la igualdad de derechos de los homosexuales, especialmente mediante el establecimiento, donde aún no sea el caso, de contratos de unión civil, con vistas a suprimir todas las formas de discriminación de las que aún son víctimas los homosexuales, en particular, en materia de Derecho fiscal, regímenes patrimoniales, derechos sociales, etc., y que contribuyan, mediante la información y la educación, a luchar contra los prejuicios de que son objeto en la sociedad;

68. Pide que el Estatuto de los agentes de las Comunidades Europeas se modifique sin demora para garantizar al compañero no casado los mismos derechos que se reconocen al cónyuge de un agente de las Comunidades Europeas;

69. Pide nuevamente al Gobierno austriaco que proceda a abolir sus leyes antihomosexuales, especialmente la disposición discriminatoria en cuanto a la edad mínima legal para las relaciones sexuales;

70. Lamenta que el Derecho de los grupos nacionales y minorías del Consejo de Europa (Convenio marco y Carta de las lenguas minoritarias) prácticamente aún no haya sido ratificado por ningún Estado miembro de la Unión Europea y que la reivindicación del Parlamento Europeo que figura en su Resolución de 13 de mayo de 1996 que contiene (i) el dictamen del Parlamento sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental y (ii) la evaluación de los trabajos del Grupo de Reflexión y la definición de las prioridades políticas del Parlamento Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental ((DO C 96 de 1.4.1996, pág. 77.)), a saber, la promoción activa de las minorías lingüísticas en la Unión Europea aún no haya sido asumida por el Consejo, la Conferencia Internacional ni los Estados miembros, por lo que las minorías nacionales y lingüísticas existentes en muchos Estados miembros no ven protegidos sus derechos o solamente con carácter regional o nacional;

71. Subraya que nadie podrá ser discriminado por su pertenencia a una minoría nacional o lingüística y que la promoción específica de las minorías frente a la presión asimiladora de la mayoría no vulnera el principio de igualdad sino que, al contrario, contribuye a su realización;

72. Pide a los Estados miembros que reconozcan la situación específica de las minorías nómadas (sinti y romas), respeten su cultura, garanticen su protección, se abstengan de cualquier discriminación y luchen contra los prejuicios de que son objeto; pide que se respete la obligación legal para todo ayuntamiento de prever lugares de acogida adaptados y con equipamientos para las poblaciones nómadas y pide a los Estados miembros que hagan respetar o contemplen en su legislación estas obligaciones;

73. Constata que los minusválidos siguen siendo objeto de discriminaciones tanto en la vida diaria como en el trabajo; pide a los Estados miembros que adopten medidas legislativas para mejorar la vida cotidiana y fomentar el empleo e inserción profesional de los minusválidos;

74. Recuerda que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de Viena estableció en 1993 que los derechos de las mujeres forman parte inalienable, íntegra e indivisible de los derechos humanos universales;

75. Pide a los Estados miembros que cumplan plenamente sus obligaciones con arreglo al Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW) y que acaben con todas las reservas que todavía persisten y que pudieran ser incompatibles con los objetivos de éste; pide a los Estados miembros que aprueben y ratifiquen el protocolo opcional propuesto al CEDAW, que proporcionaría a los individuales y a los grupos el derecho a presentar reclamaciones en virtud del Convenio;

76. Pide a la Unión Europea que se adhiera al CPDH y que respalde la resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por la que se aprueba un nuevo protocolo al CPDH sobre los derechos de las mujeres;

77. Lamenta que, en sus informes sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín y en sus informes periódicos al Comité de la CEDAW, los Estados miembros contemplen los derechos humanos como una cuestión que afecta predominantemente a la política de cooperación al desarrollo, con lo que conceden escasa prioridad a las violaciones de los derechos de la mujer cometidas dentro de la UE;

78. Constata que, a pesar de algunas mejoras, las mujeres siguen siendo víctima de discriminaciones y no siempre disfrutan de una auténtica igualdad de trato, especialmente en materia salarial;

79. Pide a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas para mejorar la igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres y que garanticen su participación efectiva y en condiciones de igualdad en la vida pública y en el proceso de toma de decisiones en todos los ámbitos;

80. Pide a los Estados miembros que fomenten el principio de democracia paritaria, considerando que los derechos de la persona humana estarán mejor garantizados si existe una participación igualitaria de hombres y mujeres en el poder de decisión;

81. Recuerda su convicción de que las acciones positivas son fundamentales para acabar con las discriminaciones y permitir a las mujeres el acceso al pleno ejercicio de sus derechos económicos y sociales;

82. Insta a los Estados miembros a que incluyan la persecución basada en razones de sexo entre los criterios para la admisión en la Unión Europea aplicables a quienes solicitan asilo procedentes de determinados países; insta, además, a los Estados miembros a que acuerden un estatuto de residencia temporal para las mujeres que hayan sido víctimas del tráfico de seres humanos desde un tercer país, antes de decidir, de modo definitivo, si ha de permitírseles permanecer en el Estado miembro en cuestión;

83. Lamenta que en Irlanda la ley prohíba toda información o posición favorable a la interrupción voluntaria del embarazo y manifiesta su preocupación por el activismo de los comandos antiabortistas en Francia; pide que se garantice en todos los Estados miembros el acceso a la información sobre el aborto y que se reconozca la función de las asociaciones;

84. Pide a los Estados miembros que hagan lo necesario para que a toda mujer en situación de desamparo se le proponga efectivamente una ayuda material, psicológica y moral que le permita ejercer la opción de la vida;

85. Pide a los Estados miembros que luchen contra todo sexismo en los medios de comunicación, en la publicidad y en los manuales escolares mediante la supresión de la desigualdad de trato entre hombres y mujeres y ofreciendo de la mujer modelos positivos de identificación;

86. Se muestra preocupado por el desarrollo de la trata de mujeres en la Unión Europea, sobre todo a partir de los PECO, y desea que se refuercen los acuerdos celebrados a nivel europeo para llevar a cabo una lucha más eficaz contra esta práctica;

87. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden la propuesta para designar 1999 como Año Europeo contra la violencia hacia las mujeres, con el fin de señalar la prevalencia de esta violación de los derechos de la mujer de índole fundamental que afecta a todos los estratos sociales y entraña costes incalculables no sólo para las mujeres afectadas, sino para la sociedad en su conjunto;

88. Condena rotundamente la práctica de la mutilación de los genitales femeninos y pide a los Estados miembros que apoyen, en cooperación con los países en cuestión, campañas de información en ese sentido, que velen en sus propios países por que los miembros de estos grupos étnicos reciban una mayor información con vistas a eliminar las tradiciones existentes y que adopten todas las medidas posibles tanto para sancionar a quienes efectúan la operación como para proteger a las jóvenes y mujeres afectadas, tanto si se les obliga a someterse a la operación en un Estado miembro como si se les envía a un tercer país.

89. Pide encarecidamente a los Estados miembros que revisen toda la reglamentación existente por la que se autorice la esterilización forzada y pide la adopción de una moratoria sobre la esterilización forzada a la espera de que se lleve a cabo dicha revisión;

90. Pide a los Estados miembros y al Consejo que prevean medidas para proteger y poner a cubierto de toda explotación y violencia a las personas que ejercen la prostitución y para favorecer su reinserción social y profesional;

91. Subraya que los derechos del niño son derechos humanos y pide a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros que pongan en práctica los objetivos del Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y los den a conocer, en la mayor medida de lo posible, a la opinión pública;

92. Lamenta que, a pesar de la adopción de una directiva específica, en algunos Estados miembros siga habiendo niños que trabajan; pide que se respete sin demora en toda la Unión Europea la prohibición del trabajo de menores;

93. Pide que se garantice plenamente en todos los Estados miembros la libertad de circulación de los alumnos no europeos en viajes escolares a otro Estado miembro;

94. Manifiesta su satisfacción por las medidas adoptadas, o en fase de preparación a nivel nacional y comunitario, para luchar contra la pornografía infantil, la prostitución y la trata de menores;

95. Pide a todos los Estados miembros que adopten medidas legislativas en materia de extraterritorialidad para perseguir en su territorio a los autores de abusos sexuales perpetrados contra menores en un tercer país;

96. Propone que se organice el 20 de noviembre de cada año una jornada europea de los derechos del niño, con objeto de sensibilizar a la opinión pública y de que los niños puedan expresarse y dar su opinión sobre la manera en que se respetan sus derechos;

97. Constata nuevamente que se pone en peligro el derecho de los niños a crecer en un entorno seguro en caso de que no exista el derecho al divorcio o de que éste se vea sometido a disposiciones, como por ejemplo la demostración de culpa, que podrían perjudicar las relaciones del niño con uno de sus padres;

98. Insta una vez más a los Estados miembros a que potencien los estímulos encaminados a prevenir e impedir que los niños sean víctimas de una grave desatención;

99. Exhorta a todos los Estados miembros a que declaren ilegal toda violencia física contra los niños y a que velen por que, en caso necesario, se acate esta legislación;

SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS Y DE LAS PERSONAS RETENIDAS PROVISIONALMENTE

100. Pide que se prohíba y se castigue toda forma de tratos inhumanos, degradantes o de torturas, y manifiesta su preocupación por el hecho de que la detención continúe considerándose exclusivamente como una sanción y no como un medio de readaptación y de rehabilitación del preso con vistas a su reinserción social posterior, tal como prevén los convenios internacionales sobre derechos humanos y prácticamente todas las constituciones de los Estados miembros;

101. Muestra su extrañeza por el abandono de las actuaciones judiciales o por la debilidad de las penas contra los agentes de seguridad responsables de estos malos tratos que, con frecuencia, revisten un tinte racista; insta a los Estados miembros a que apliquen con el mayor rigor las medidas de carácter penal y procesal para garantizar que los responsables de torturas o de tratos inhumanos o degradantes sean debidamente castigados;

102. Pide a los Estados miembros que consideren la impunidad como protección de los delincuentes y los malos tratos como infracciones penales graves cuyos autores deben ser sancionados con rigor y que adopten las medidas adecuadas para prevenir eficazmente el recurso a la violencia durante la detención preventiva y en prisión;

103. Lamenta de manera general la excesiva duración de la detención preventiva y condena la discriminación que afecta a los no nacionales de Estados miembros sometidos a períodos de detención preventiva más largos;

104. Pone de manifiesto su inquietud por el deterioro de las condiciones de vida en las cárceles, especialmente debido al hacinamiento; pide a los Estados miembros que hagan respetar la dignidad humana en las cárceles en materia de condiciones materiales, atención médica, permisos penitenciarios, acceso al trabajo y a las actividades culturales o deportivas, en el respeto estricto de las «normas penitenciarias» del Consejo de Europa; recuerda que entre los objetivos del Derecho Penitenciario está la rehabilitación del privado de libertad con vistas a su reinserción social; por ello, insta a los Estados miembros a que presten la máxima atención a las condiciones de vida en las cárceles y al respeto de la dignidad y de los derechos fundamentales de los presos;

105. Pide a los Estados miembros que creen en las prisiones unidades de visitas familiares exentas de vigilancia a fin de que las familias puedan mantener relaciones con los detenidos en unas condiciones decentes; pide a los Estados miembros que mejoren el acceso a los cuidados y a la enseñanza en las prisiones y que desarrollen infraestructuras deportivas; pide que se establezcan regímenes más flexibles para las madres de familia; pide que hagan todo lo que esté en su mano para que los niños que viven en prisión junto a uno de sus padres encarcelados sufran lo menos posible de dicho régimen;

106. Pide a los Estados miembros que recurran en la mayor medida posible -y teniendo en cuenta la necesidad de proteger a la sociedad de los delincuentes peligrosos- a soluciones alternativas al encarcelamiento, desarrollando, en particular, penas administrativas o pecuniarias para los delitos menores, promoviendo las penas de sustitución, como los trabajos de interés público, desarrollando los regímenes de prisión abierta o semiabierta y recurriendo a los permisos condicionales;

107. Desea que se conceda una atención especial a determinados grupos de detenidos especialmente vulnerables: mujeres, emigrantes, minorías étnicas y homosexuales; insta a los Estados miembros a que, en aplicación del principio de rehabilitación del penado, adopten las medidas necesarias para dispensar un trato individualizado a las personas que se encuentran en prisión, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada una de ellas;

108. Pide a los Estados miembros que consideren más importante la rehabilitación y educación de los delincuentes menores de edad que su encarcelamiento, que adapten esta última situación a las necesidades de los menores de edad y que, en principio, los niños menores de 16 años no ingresen en las cárceles normales;

109. Pide que se imponga el internamiento de seguridad preventivo de los delincuentes sexuales cuando no pueda excluirse con seguridad el riesgo de reincidencia y todos los pronósticos médicos y psicológicos sean negativos;

110. Expresa su repulsa contra las prácticas consistentes en atar o esposar a las reclusas durante exámenes ginecológicos o tras un parto, como ha ocurrido en una cárcel inglesa;

111. Pide a los Estados miembros que proporcionen una formación adecuada al personal policial y penitenciario, en particular una formación específica para el tratamiento de la toxicomanía y del sida;

LIBERTAD DE INFORMACIÓN, DE EXPRESIÓN Y DE CREACIÓN

112. Reitera el derecho de toda persona a la libertad de expresión, de la que son parte integrante la libertad de prensa y el derecho a la información;

113. Pide a la Comisión que tenga el cuenta de manera sistemática las repercusiones de las políticas comunitarias en los aspectos culturales;

114. Pide a los Estados miembros que reconozcan y fomenten las lenguas y culturas regionales, especialmente en la enseñanza y en los medios de comunicación, en el respeto del Convenio del Consejo de Europa;

115. Condena toda forma de censura cultural y todo ataque contra la libertad de expresión y de creación, no debiendo convertirse esta libertad en un pretexto para ninguna forma de incitación al odio;

116. Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que firmen y ratifiquen la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias;

117. Condena los intentos de determinados dirigentes de colectividades locales que, por razones de ideología o de afiliación política, impiden la celebración de actos culturales en los que participan artistas que no comparten las mismas ideas políticas o retiran de las bibliotecas públicas determinados periódicos, revistas u obras considerados no conformes a sus convicciones políticas;

118. Pide a los Estados miembros y al Consejo que consideren como delito toda incitación al odio de carácter xenófobo y toda expresión racista o revisionista difundida a través de los medios de comunicación «clásicos», la edición o Internet;

119. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el acceso de los periodistas y del público a las informaciones de las administraciones nacionales y comunitarias, con objeto de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información;

120. Pide la adopción de una reglamentación común a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo que garantice el derecho de acceso del público y de los periodistas a los documentos comunitarios;

121. Pide a la Comisión que presente con celeridad al Parlamento Europeo una directiva anticoncentración en los medios de comunicación, con objeto de garantizar el pluralismo de la información, como desea el grupo de expertos de alto nivel creado en el marco de la sociedad de la información;

DERECHOS POLÍTICOS

122. Lamenta que Bélgica y Francia no hayan incorporado en su legislación aún la Directiva 94/80/CE ((DO L 368 de 31.12.1994, pág. 38.)) por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales y, por consiguiente, pide a estos países que modifiquen su legislación con arreglo a dicha directiva;

LIBERTADES INDIVIDUALES

123. Recuerda a los Estados sus obligaciones en materia de respeto de los derechos de la defensa en un proceso, así como sus obligaciones en materia de respeto de los derechos de las personas arrestadas o detenidas con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos;

124. Señala que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en numerosas ocasiones a los Estados miembros a reparar los derechos de los ciudadanos violados por los sistemas judiciales nacionales, en particular por la lentitud de los procesos y la violación de los derechos de la defensa; en consecuencia, pide a los Estados miembros que prevean medidas encaminadas a evitar el mal funcionamiento de los sistemas judiciales;

125. Toma nota de las medidas adoptadas en Grecia para liberar a los objetores de conciencia encarcelados y aplicar una legislación que reconozca el derecho a la objeción de conciencia, y alienta a este país a continuar en este sentido;

126. Pide, por consiguiente, a Grecia,

a) que libere inmediatamente a los objetores de conciencia encarcelados, tratándolos de acuerdo con la nueva ley que prevé el servicio civil para los objetores de conciencia,

b) que las personas que hayan objetado antes de la entrada en vigor de dicha ley sean puestas en libertad total o parcialmente, dependiendo de cada caso, ya que muchos de ellos ya han visto mermada su libertad,

c) que amnistíe totalmente a los anteriores objetores de conciencia,

d) que conceda plenamente los derechos civiles a todos los objetores, en particular el derecho a un pasaporte que les permita desplazarse libremente por la UE como todo ciudadano europeo y que, de esta manera, reglamente aceptablemente la situación de los objetores griegos de conciencia que residen en el extranjero;

127. Pide, por lo tanto, a todos los Estados miembros que respeten la recomendación del Consejo de Europa, así como la Resolución 1993/84 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante el reconocimiento pleno de la objeción de conciencia con la posibilidad de efectuar un servicio civil; debe amnistiarse y reconocerse la totalidad de sus derechos civiles a todas las personas que en la actualidad se encuentran desfavorecidas por la situación jurídica actual;

128. Condena las numerosas formas de malos tratos de que continúan siendo objeto los reclutas de los ejércitos europeos; sugiere que los Parlamentos nacionales de que se trate abran una investigación con objeto de examinar la amplitud y la gravedad de dichos abusos en los ejércitos de los países miembros;

129. Reitera su condena a que se mencione la religión en el documento de identidad, ya que supone un atentado contra la vida privada de las personas y puede dar lugar a discriminaciones;

130. Muestra su preocupación por la conexión de sistemas informáticos que no siempre respetan las reglamentaciones sobre la protección de la vida privada y de los datos personales;

131. Pone de manifiesto su preocupación por los posibles excesos que pudieran cometerse con el fichero SIS, que tiende a incriminar a los extranjeros; solicita que los bancos de datos como el SIS estén sometidos al respeto del derecho a la intimidad y que no puedan contener ninguna información que no respete el principio de igualdad de trato y no discriminación;

132. Pide a todos los Estados miembros que creen centros nacionales de protección de los datos individuales;

133. Condena la utilización de las escuchas telefónicas ilegales y pide a los Estados miembros que se doten de legislaciones que respeten los convenios internacionales y que garanticen un equilibrio entre las exigencias de la lucha contra la delincuencia y las de la protección de los derechos y libertades fundamentales;

134. Pide a los Estados miembros que adopten medidas, en el respeto de los principios del Estado de derecho, para combatir los ataques a los derechos de las personas provocados por determinadas sectas, a las que debería denegársele el estatuto de organización religiosa o cultural que les garantiza ventajas fiscales y una determinada protección jurídica;

135. Constata la magnitud y la gravedad de los ataques contra el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos que provoca la delincuencia organizada ,y particularmente el terrorismo, especialmente debido a sus vínculos con el mundo de la política, de la economía y de la administración pública, pero también por la magnitud del fraude y la evasión fiscal;

136. Condena decidida y totalmente, por tanto, todas las acciones violentas y todas las amenazas de violencia terrorista y pide que se combatan con el mayor rigor en toda la Unión Europea, sirviéndose de todos los recursos del Estado de derecho;

137. Condena los asesinatos, mutilaciones, actos de violencia, secuestro y extorsión perpetrados por los grupos terroristas, e insta a los Estados miembros a que sigan colaborando estrechamente en la lucha contra el terrorismo y, en este sentido, continúen reforzando la cooperación judicial y policial europea;

138. Pide que, al sancionar los delitos, además de a la resocialización de los delincuentes, se conceda más importancia a la redención de los delitos cometidos y a la seguridad de los ciudadanos contra la reincidencia;

139. Pide a los Estados miembros que reexaminen el catálogo de sanciones habituales, como las penas de prisión, las multas y la retirada del permiso de conducción, por si este catálogo pudiera ampliarse con medidas adaptadas a la época que tuvieran también un efecto preventivo específico y general;

140. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.