A4-0315/96

Resolución sobre la Resolución del Consejo relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo (5585/95 - C4-0356/95)

El Parlamento Europeo,

- Vista la Resolución del Consejo de 20 de junio de 1995 relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo (5585/95 - C4-0356/95) ((DO C 274 de 19.9.1996, pág. 13)),

- Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948,

- Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como el Séptimo Protocolo anexo,

- Vista la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, así como el Protocolo de 1967,

- Visto el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos,

- Vista la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984,

- Vistos los artículos K a K.9 del Tratado de la Unión Europea así como la declaración sobre el asilo contenida en el Acta Final del mismo Tratado,

- Vistas las conclusiones 8, 15, 22, 30, 44, 58, 64, 65, 68 y 73 del Comité ejecutivo,

- Vistos los principios generales de derecho vigentes en los Estados miembros,

- Vista su Resolución de 21 de septiembre de 1995 sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la política de inmigración y derecho de asilo ((DO C 269 de 16.10.1995, pág. 156.)),

- Vista su Resolución de 18 de noviembre de 1992 sobre la armonización, dentro de las Comunidades Europeas, de la legislación y las políticas en materia de asilo ((DO C 337 de 21.12.1992, pág. 97.)),

- Vistas las Resoluciones de Londres de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1992, del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores

((10518 (Prensa 230-G)))- Vistos el informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y de la Comisión de Derechos de la Mujer (A4-0315/96),

A. Considerando que la resolución relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo constituye un buen punto de partida en el que se formulan una serie de principios esenciales, mediante cuyo desarrollo puede promoverse el objetivo de la armonización que se pretende,

B. Considerando que la resolución del Consejo no establece disposiciones vinculantes y que las garantías no vinculantes no son garantías, por lo que deben transponerse en Derecho comunitario y nacional,

C. Considerando que la armonización de las políticas de asilo en los Estados miembros es una condición indispensable para que se garanticen en toda la Unión Europea las normas del Estado de derecho,

D. Considerando que el Consejo y la Comisión han omitido consultar al Parlamento Europeo de conformidad con el artículo K.6 del Tratado de la Unión Europea,

E. Considerando que la mayoría de los refugiados proceden de países no europeos y han de ser acogidos en su propia región,

F. Considerando que en la legislación y en los procedimientos debe establecerse una distinción entre los solicitantes de asilo y otros súbditos de terceros países,

G. Considerando que un solicitante de asilo sólo podrá ser devuelto al país de origen tras haberse constatado que el retorno al país de origen no supone una violación del artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 (principio de no expulsión),

H. Considerando que las solicitudes de asilo se presentan cada vez más en las fronteras,

I. Considerando que el concepto de «terceros países seguros» debe considerarse un medio para determinar la responsabilidad de la tramitación de una solicitud de asilo, para evitar de este modo las situaciones de refugiados «en órbita»,

J. Considerando que deben observarse las siguientes condiciones para una protección judicial efectiva en los procedimientos:

- el procedimiento de asilo deberá ofrecer a todo solicitante de asilo la posibilidad de presentar lo antes posible su solicitud de asilo,

- deberá garantizarse la asistencia jurídica y lingueística a las partes,

- la investigación de los hechos y la libertad de comprobación deberán permitir a las instancias judiciales sopesar todos los aspectos esenciales a la hora de adoptar una decisión,

- las solicitudes de asilo deberán ser evaluadas por un órgano especializado independiente con competencias exclusivas para evaluar las solicitudes de asilo,

- deberá existir la posibilidad de apelar una instancia independiente para la revisión de decisiones negativas en el procedimiento de asilo y, excepto en casos de solicitudes de asilo manifiestamente infundadas, los recursos deberán tener, por regla general, un efecto suspensivo,

K. Considerando que determinados grupos de solicitantes de asilo, como las mujeres y los menores no acompañados, deberán ser oídos en una entrevista adecuada, por funcionarios de enlace que tengan una formación específica orientada al trato con este tipo de grupos,

L. Considerando que la no detención constituye un derecho humano fundamental, tal como se establece en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 5 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales,

M. Considerando que el retorno de aquellas personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada en el marco de un procedimiento justo y satisfactorio debería basarse en el principio de seguridad y dignidad,

N. Considerando que la resolución del Consejo puede aprobarse teniendo en cuenta lo que figura a continuación,

O. Considerando que la resolución del Consejo requiere ser completada en una serie de aspectos esenciales,

1. Manifiesta una vez más su indignación por los hostigamientos cotidianos de que son víctimas miles de personas, hombres y mujeres, de muchos países por motivos políticos o religiosos;

2. Exige que, cuando el Consejo adopte decisiones en virtud del Tratado de la Unión Europea, se le consulte antes de la toma de decisiones, de conformidad con el artículo K.6;

3. Desea que, en términos generales, los documentos y las deliberaciones del Consejo sean públicos en lo sucesivo y que, sobre todo, se ponga fin al secreto que rodea las actividades del Comité contemplado en el artículo K.4 y de los Grupos de trabajo que informan a dicho Comité, así como de los centros de coordinación CIRIA y CIRIFI; desea también que se le informe regularmente sobre los trabajos realizados en este ámbito y que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones;

4. Opina que la resolución en examen así como otras decisiones de carácter general del Consejo en el ámbito de la política de asilo no son del todo vinculantes dado su carácter seudolegislativo, y se sustraen injustamente al control parlamentario y judicial, por lo que no son aceptables como reglamentación de la Unión;

5. Pide al Consejo que incluya la política de asilo (apartado 1 del artículo K. 1 del Tratado de la Unión Europea) en la legislación comunitaria y que la armonice respetando estrictamente los principios vigentes de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, a fin de evitar los problemas arriba mencionados;

6. Pide, en la medida en que una comunitarización de la política de asilo no se pueda alcanzar a corto plazo, una regulación europea conjunta del derecho de asilo y la garantía de protección para los refugiados políticos dentro del estricto respeto de los principios vigentes de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en un acto jurídico vinculante de derecho internacional público;

7. Pide al Consejo que establezca con claridad y carácter vinculante que cualquier Estado miembro calificará de manifiestamente infundada, y en cualquier caso denegará, la solicitud de asilo o de estatuto de refugiado presentada por un nacional de otro Estado miembro;

8. Considera necesario que los funcionarios de enlace y los encargados de tomar decisiones sean expertos en materia de derechos humanos y de derecho internacional y nacional de los refugiados;

9. Insiste en que las decisiones referentes a las solicitudes de asilo se adopten en un plazo razonable, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud de asilo;

10. Pide a los Estados miembros que, a la hora de elaborar sus informes conjuntos sobre la situación de determinados terceros países de origen de los solicitantes de asilo, tengan en cuenta si el Centro de Documentación sobre Refugiados del ACNUR y las organizaciones internacionales activas en el ámbito de los derechos humanos han podido controlar el respeto de los derechos humanos;

11. Pide a los Estados miembros que respeten las recomendaciones del ACNUR, que, de conformidad con el apartado 65 de la guía de procedimientos y de criterios aplicables para la definición del estatuto de refugiado, reafirma que la Convención de Ginebra se aplica a aquellas personas víctimas de las acciones de determinados grupos cuando es evidente que las autoridades públicas no pueden protegerlas;

12. Exige que, además de la asistencia lingueística, se brinde, tal como se prevé en los Derechos procesales nacionales vigentes, asistencia jurídica a los solicitantes de asilo que no dispongan de los recursos necesarios para costearla;

13. Desea que, ante una decisión que declare manifiestamente infundada una solicitud de asilo, siempre exista la posibilidad de recurso ante una instancia judicial instituida por ley, que sea independiente e imparcial, y competente para adoptar decisiones vinculantes en el plazo más breve posible;

14. Exige que sólo pueda restringirse el principio del carácter suspensivo del recurso en casos de rechazo de una solicitud de asilo por manifiestamente infundada; que no se lleve a cabo una expulsión hasta que el solicitante haya tenido ocasión de solicitar el restablecimiento del efecto suspensivo de su recurso;

15. Considera necesario que los Estados miembros, antes de proceder a la expulsión de un solicitante de asilo a un país tercero considerado seguro, reciban garantías de que el solicitante de asilo tenga acceso al procedimiento correspondiente, que se realice una evaluación del fondo de la solicitud de asilo y que se respete el principio de no expulsión;

16. Considera necesario que se conceda al solicitante de asilo tiempo suficiente para la preparación de la entrevista de evaluación de la solicitud de asilo como también para la entrevista en sí; opina que dicha entrevista deberá ser objeto de un informe redactado en una lengua comprensible para el solicitante de asilo y que el solicitante de asilo, o la persona que le proporcione asistencia jurídica, han de tener derecho a conocer el contenido del mismo;

17. Desea que se motiven debidamente las decisiones relativas a las solicitudes de asilo, de manera que quede claro qué datos se han tenido en cuenta para la decisión, por qué dichos datos han llevado a la decisión correspondiente y qué informaciones disponibles no se han tenido en cuenta;

18. Insiste en que las autoridades encargadas de la vigilancia en las fronteras no deberán tener responsabilidad alguna en el examen del fondo de las solicitudes de asilo;

19. Exige que, en los casos en que se deniega la entrada en razón de que la solicitud de asilo es «manifiestamente infundada» y no es aplicable la garantía de la protección jurídica provisional, sea una autoridad central con los conocimientos y la experiencia necesarios en el ámbito del Derecho de asilo quien adopte la decisión de denegar la entrada;

20. Pide que todas las decisiones relacionadas con el procedimiento de asilo se comuniquen por escrito, en una lengua comprensible para el solicitante de asilo, incluida la decisión que declara aplicable el principio de la existencia de un tercer país seguro conforme al derecho nacional;

21. Pide a los Estados miembros que elaboren una lista armonizada - basada en un análisis detallado - de países de origen seguros, en los que se den condiciones de seguridad frente a la persecución política en todo el país y para todas las personas y grupos de población; que la presunción jurídica de la seguridad frente a la persecución pueda quedar disipada por una exposición concluyente, fundada y creíble de motivos individuales de persecución; que una lista, vigente en todo el territorio de la Unión se someta al Parlamento Europeo para que éste emita su dictamen;

22. Exige que el solicitante de asilo tenga la posibilidad de impugnar, en un procedimiento individual, la presunta seguridad del país de origen; a este respecto, debe ofrecérsele al solicitante de asilo la posibilidad de demostrar que su solicitud se basa en circunstancias especiales que, a diferencia de la situación del país de origen, pueden dar lugar a un temor fundado a la persecución;

23. Desea que los requisitos de adhesión de futuros Estados miembros de la Unión incluyan condiciones referentes a la política de asilo;

24. Considera necesario que a los solicitantes de asilo menores de edad no acompañados se les ofrezca la posibilidad de presentar por su cuenta una solicitud de asilo; con este fin, dado el caso, se proporcionará al solicitante de asilo menor de edad la asistencia de un tutor o cuidador nombrado expresamente;

25. Acoge con satisfacción el hecho de que las necesidades de las mujeres sean reconocidas por primera vez en la resolución del Consejo, pero considera que el tenor literal de la resolución deja un excesivo margen a los Estados miembros para seguir sin tomar ninguna medida de apoyo en favor de las mujeres solicitantes de asilo;

26. Recomienda que la UE y sus Estados miembros, siguiendo el ejemplo del Consejo de Europa, el Canadá, los EE.UU. y el ACNUR, reconozcan el derecho de asilo para las mujeres y niñas que sufren o corren el riesgo de sufrir discriminaciones por razón de su sexo;

27. Insta a todos los Estados miembros a que adopten las orientaciones sobre las mujeres solicitantes de asilo acordadas en el documento de conclusiones nº 73 de 1993 del Comité Ejecutivo del ACNUR, incluyendo en dichas orientaciones asesoramiento sobre el modo de actuar frente a la violencia sexual;

28. Estima que es de crucial importancia que la violencia sexual sea reconocida como una forma de tortura, particularmente a la vista del uso que se hace de la violación como arma de guerra y las tradiciones culturales de determinados países que implican la persecución por razón de sexo;

29. Resalta la necesidad de una información adecuada sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres, así como sobre las formas específicas de persecución a que frecuentemente se somete a las mujeres, especialmente en los países que son origen principal de solicitudes de asilo en la UE;

30. Pide a todos los Estados miembros que establezcan unos programas de formación para que sus funcionarios encargados de la tramitación de solicitudes de asilo estén suficientemente concienciados de los asuntos relacionados con la persecución basada en el sexo y las necesidades de las mujeres traumatizadas que solicitan asilo; recomienda a los Estados miembros que pongan en práctica cuanto antes posible la recomendación (contenida en el apartado 28 de la resolución del Consejo) de encargar, en la mayor medida posible, a funcionarias e intérpretes femeninas la acogida de las solicitantes de asilo afectadas;

31. Hace hincapié en la necesidad de que, en caso de que las solicitantes de asilo vayan acompañadas de su familia, se conceda un estatuto jurídico propio a las mujeres, a fin de que no pierdan sus propios derechos en caso de fallecimiento, divorcio o ruptura de su relación conyugal;

32. Pide que se establezcan programas especiales para las mujeres que precisen de cuidados médicos y psicosociales como consecuencia de la violencia sexual;

33. Insiste en que los Estados miembros apliquen programas de acción que favorezcan el acceso rápido de las mujeres refugiadas a la independencia económica;

34. Insiste al mismo tiempo en que las mujeres tengan la posibilidad de presentar por su cuenta una solicitud de asilo y que, si lo desean, en el marco de una solicitud de asilo conjunta, sean oídas independientemente de sus esposos por funcionarias encargadas del contacto en una entrevista separada y con todas las garantías;

35. Constata con preocupación que todavía no existe una política satisfactoria con respecto a las personas que han agotado todas las vías legales, los solicitantes de asilo que han sido rechazados, las personas de difícil expulsión y los ilegales;

36. Desea que se respeten plenamente las garantías del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del artículo 5 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y las directivas del ACNUR y que, incluso en caso de detención, se garantice a las ONG reconocidas y a los abogados el acceso libre y permanente;

37. Recuerda a la Comisión su promesa de presentar en 1996 una propuesta de Convenio relativo a la política de asilo e insiste en que no sólo se codifiquen los acuerdos existentes sino que también se subsanen las lagunas actuales en el derecho de asilo, teniendo en cuenta las objeciones expuestas en la presente resolución;

38. Considera que, a la hora de armonizar los procedimientos, los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros deben tener en cuenta el contenido de la presente resolución y poder facilitar las aclaraciones que el Parlamento considera necesarias tras el examen de la resolución del Consejo

39. Desea que se le consulte, en caso de que el Consejo decida proponer modificaciones de su resolución relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo o sustituirla por otro texto;

40. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los Estados candidatos a la adhesión, al Consejo de Europa, al ACNUR, al CERE y a Amnistía Internacional.