COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados

2002/0090 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados

1. ANTECEDENTES

Fecha de la transmisión de la propuesta al PE y al Consejo (documento COM(2002)159 final - 2002/0090 (COD): // 18.04.2002

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: // 11.12.2002

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura: // 08.04.2003

Fecha de la transmisión de la propuesta modificada: // 12.06.2003

Fecha de adopción de la posición común: // 06.02.2004

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Esta propuesta tiene por objeto permitir a los acreedores que han obtenido una resolución ejecutiva sobre un crédito pecuniario no impugnado por el deudor para que se ejecute directamente en otro Estado miembro, a fin de asegurar la libre circulación de resoluciones. En el ámbito de las sentencias sobre créditos no impugnados, aspira a eliminar las medidas intermedias actualmente necesarias para la ejecución en otro Estado miembro (el llamado procedimiento de exequátur) y a prescindir de la posibilidad de oposición al reconocimiento. La propuesta de la Comisión aplica así, por primera vez, el principio por el que los Estados miembros deben tratar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros como si hubieran sido dictadas por los suyos propios y ofrece una opción más de ejecución simplificada a los acreedores, pero sin obligarles a utilizarla.

La propuesta contiene normas mínimas sobre la notificación de documentos que abarcan los métodos de notificación admisibles y la adecuada información al deudor con objeto de permitir la preparación de su defensa y garantizar así la imparcialidad del proceso. Sólo el cumplimiento de estas normas mínimas, verificado por los tribunales del Estado miembro de origen en el proceso que da lugar a la certificación de una resolución como Título Ejecutivo Europeo justifica la abolición del control de la observancia de los derechos de la defensa en el Estado miembro donde debe ejecutarse la resolución.

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Observaciones generales

El planteamiento general acordado unánimemente por el Consejo el 27 de noviembre de 2003 llevó a la adopción de una posición común por el procedimiento escrito el 6 febrero 2004.

La posición común del Consejo preserva lo esencial de la propuesta inicial de la Comisión modificada por la propuesta enmendada.

Los principales cambios realizados en la posición común se refieren a las siguientes cuestiones:

- la posición común ya no requiere el carácter firme de una resolución como requisito previo para su certificación como Título Ejecutivo Europeo, sino que considera suficiente la ejecutoriedad de una resolución a pesar de ser recurrible. Si se materializa algún recurso, la sentencia subsiguiente a dicho recurso es ejecutoria en otros Estados miembros en las mismas condiciones, es decir, sin el exequátur, aunque el crédito objeto de la misma deje de ser no impugnado, ya que en tal situación sería inaceptable invalidar el Título Ejecutivo Europeo y obligar al acreedor a empezar de cero mediante un procedimiento de exequátur. Efectivamente, en tal caso, cualquier deudor contra quien se haya emitido un certificado podría retrasar la ejecución de la resolución interponiendo un recurso, aun manifiestamente infundado, en el país de origen y anular así el efecto beneficioso del uso del Título Ejecutivo Europeo. Esto socavaría el objetivo mismo del Reglamento (la simplificación y aceleración de la ejecución transfronteriza) hasta el punto de convertir el instrumento en contraproducente. Los intereses legítimos del deudor en caso de un recurso subsiguiente a la expedición del certificado de Título Ejecutivo Europeo quedan salvaguardados adecuadamente por los artículos 8Y y 23, relativos a la suspensión o limitación de la ejecución;

- la posición común mantiene el principio de que no hay recurso contra la expedición del certificado de Título Ejecutivo Europeo. Sin embargo, introduce la posibilidad de que el deudor solicite la rectificación de errores materiales en el certificado (por ejemplo, un error de mecanografía) y la retirada del certificado cuando esté claro que se ha concedido erróneamente;

- a los deudores destinatarios de la resolución que sean consumidores, se les concede una protección especial que va más allá del control del cumplimiento de las normas jurisdiccionales del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo ("Bruselas I"). Una resolución judicial dictada contra un consumidor a falta de una admisión explícita de la deuda en cuestión sólo puede certificarse como Título Ejecutivo Europeo si el consumidor está domiciliado en el Estado miembro de origen;

- en vez de estructurar jerárquicamente los métodos de notificación, lo que requeriría intentar notificar al deudor personalmente antes de recurrir a otros medios de notificación, el Consejo ha acordado permitir elegir sin restricciones cualquiera de los métodos de notificación admisibles exhaustivamente recogidos en la propuesta y ha añadido la posibilidad, bajo ciertas condiciones, de la notificación postal sin prueba de recepción o entrega;

- por otra parte, todos esos métodos de notificación, que proporcionan un alto grado de probabilidad pero no la prueba fehaciente de que el documento notificado ha llegado a su destinatario, solamente son admisibles si, de conformidad con la ley del Estado miembro de origen, el deudor tiene derecho a solicitar una revisión total de la resolución en los casos excepcionales en que, a pesar de la notificación conforme con el presente Reglamento, el deudor no haya tenido conocimiento del documento en cuestión con tiempo suficiente para poder preparar su defensa.

La Comisión puede aceptar la posición común que, aunque modifica algunas características específicas de la propuesta original de la Comisión modificada tras el dictamen del Parlamento, permanece fiel al ambicioso objetivo de la supresión del exequátur y de todo control relativo al orden público, logrando el justo equilibrio entre una considerable simplificación de la ejecución transfronteriza para los acreedores y la adecuada protección de los derechos de los deudores.

3.2. La incorporación de las enmiendas del Parlamento en la propuesta modificada y la posición común

3.2.1. Enmiendas incorporadas íntegra o parcialmente en la propuesta modificada y en la posición común

3.2.1.1 Considerandos

La enmienda 1 (considerando 3 bis), que toma nota de la aplicabilidad del procedimiento de codecisión desde la entrada en vigor del Tratado de Niza, se ha incorporado con una redacción ligeramente abreviada pero sin cambios sustanciales.

3.2.1.2 Artículos

La enmienda 2 (letra b) del apartado 4 del artículo 3 de la propuesta original, actualmente letra b) del apartado 1 del artículo 2 bis combinaba dos modificaciones de la definición de una subcategoría del término "créditos no impugnados". La primera destinada a aclarar que, para constituir un motivo válido de oposición a una deuda, la actuación del deudor debe llevarse a cabo de conformidad con los requisitos procesales del Estado miembro de origen. La Comisión suscribió esta intención, pero prefirió una redacción que evite la referencia al "recurso formal" que puede no adecuarse a todos los Estados miembros y todos los tipos de procedimientos y no abarca todas las situaciones que deben cubrirse (por ejemplo, el caso de un deudor que expresamente solicite la desestimación él mismo aunque la representación por abogado sea obligatoria). La referencia a "de conformidad con los requisitos procesales pertinentes del Estado miembro de origen" de la propuesta modificada se incorporó [1] en la posición común. Sin embargo, el Consejo decidió suprimir la parte del párrafo que establece que tener dificultades efectivas de pago no puede considerarse impugnación.

[1] N. del T: la versión española de la posición común dice: "en cumplimiento de los correspondientes requisitos procesales (...) conforme a la ley del Estado miembro de origen".

La segunda modificación, que haría inadmisible, como objeción válida a un crédito, "el escrito de oposición en un procedimiento prejudicial que conduzca a la transición automática hacia un procedimiento judicial litigioso", fue rechazada por la Comisión y tampoco el Consejo la incorporó. Es innecesaria y engañosa. En cuanto al período prejudicial, la redacción actual ya establece claramente que la oposición debe formalizarse "en el marco de un procedimiento judicial". Sin embargo, la intención de la enmienda parece referirse fundamentalmente a los escritos de oposición en los procesos sumarios de requerimiento de pago (injonction de payer, Mahnverfahren) ya que solamente éstos pueden conducir automáticamente a procedimientos contradictorios. Para esos procesos la terminología «prejudicial» resulta inadecuada porque constituyen auténticos procesos judiciales. Además, la situación de oposición inicial y subsiguiente ausencia de participación ya se recoge específicamente por el siguiente apartado del mismo artículo.

La enmienda 5 (artículo 4) reformuló la descripción de los efectos jurídicos de la certificación de una resolución como Título Ejecutivo Europeo, la supresión del exequátur, equiparándolo explícitamente a un «título ejecutivo nacional». La Comisión consideró preferible hacer referencia más directamente a las consecuencias de esa equiparación alineándola con el texto acordado por el Consejo por lo que se refiere a la abolición del exequátur para algunas decisiones sobre responsabilidad parental y declarando que una resolución certificada "será reconocida y ejecutoria en otro Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración de cumplimiento y sin posibilidad de recurso contra su reconocimiento". El Consejo ha dejado inalterada la propuesta modificada en este punto.

La enmienda 9 (letra b) del apartado 1 del artículo 11) se propone equiparar la negativa del deudor a recibir el documento en cuestión, acreditada por el funcionario competente que realice la notificación, con la efectiva notificación personal al deudor. Fue aceptada por la Comisión e integrada en la posición común con la clarificación adicional de que la denegación puede solamente considerarse equivalente a la notificación cuando el deudor carece de una justificación legal para su conducta que puede existir bajo ciertas condiciones tales como aquéllas establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.

La enmienda 14 (letra d) del artículo 16 de la propuesta) tenía como finalidad aclarar que la descripción muy breve de la justificación del crédito en cuestión que es generalmente suficiente en procesos sumarios de cobro de deudas (injonction de payer, Mahnverfahren) también figura entre los requisitos del certificado de Título Ejecutivo Europeo. En vez de añadir terminología legal adicional a la existente, dificultando con ello bastante la comprensión de la disposición, la Comisión prefiere abreviar, simplificar y ampliar la redacción de una manera que elimine cualquier posible duda a ese respeto. La propuesta modificada que requería "una motivación de la acción" se ha incorporado a la posición común sin más cambios.

3.2.2. Enmiendas incluidas en la propuesta modificada pero no incorporadas en la posición común

La enmienda 4 se refería a una clarificación de la definición del término "recurso ordinario" en el apartado 6 del artículo 3. Como consecuencia de la eliminación del requisito de la naturaleza firme de una resolución, caracterizada por no ser susceptible de recurso ordinario, la definición ha quedado obsoleta. Por tanto, el apartado 6 del artículo 3 se ha suprimido enteramente.

La enmienda 6 (apartado 1 del artículo 7), sobre la emisión del certificado sólo cuando la resolución sobre la solicitud sea firme), la enmienda 7 (apartado 4 del artículo 7, sobre la notificación de la resolución sobre el certificado al deudor), la enmienda 8 (artículo 8, sobre el recurso contra el certificado de Título Ejecutivo Europeo) y la enmienda 16 (destinada a reflejar las enmiendas 6, 7 y 8 en el formulario de certificado) deben tratarse juntas porque todas se dirigen y se relacionan con la introducción de una posibilidad de recurrir la emisión o denegación del certificado de Título Ejecutivo Europeo. A falta de derecho de recurso, pero con el fin de fortalecer los derechos de la defensa en el procedimiento de certificación, la Comisión insertó, en su propuesta modificada, un nuevo artículo 6 bis con arreglo al cual la solicitud de certificado de Título Ejecutivo Europeo debe ser notificada al deudor para darle la oportunidad de presentar a la atención del tribunal del país de origen su punto de vista sobre el cumplimiento de los requisitos para la certificación antes de que decida sobre la solicitud. La posición común se decanta por otro enfoque que logra los objetivos de las enmiendas, aunque por medios ligeramente diversos. El apartado 4 del artículo 8 mantiene el principio de la inexistencia de recurso contra la expedición del certificado mientras que la cuestión del recurso contra la denegación del certificado ya no se aborda en ningún sitio, por lo que se deja al Derecho nacional. Los apartados anteriores nuevos del artículo 8 ofrecen al deudor medios adecuados para pedir la rectificación de errores materiales en el certificado o su retirada cuando esté claro que se concedió erróneamente teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Reglamento. La Comisión puede prestar su apoyo a la posición del Consejo que protege plenamente los derechos del deudor sin obstaculizar el aumento de la eficacia de la ejecución transfronteriza.

La enmienda 10 (apartado 2 del artículo 11) introducía una referencia al Derecho nacional por lo que se refiere a la admisibilidad de la notificación al representante legal del deudor en vez de al deudor mismo. Los debates en el Consejo han revelado la complejidad de la determinación de la ley aplicable (ley del Estado miembro de origen o ley del lugar de notificación) en relación con diversos aspectos relacionados con la representación del deudor. La posición común, por tanto, ha reinstaurado la redacción de la propuesta original de la Comisión con un cambio menor en el nuevo artículo 12 bis y ha suprimido toda referencia al Derecho nacional. La Comisión puede aceptar este cambio, particularmente habida cuenta de que los tribunales de los Estados miembros examinarán automáticamente el cumplimiento de su propio Derecho nacional (incluido el Derecho internacional privado y, por tanto, en su caso la ley del lugar de notificación) en los procesos que den lugar a la resolución.

La enmienda 11 (apartado 1 del artículo 12 de la propuesta) tenía como finalidad aclarar que una sola tentativa infructuosa de notificación personal al deudor es suficiente para poder acudir a los procedimientos de notificación sustitutoria. Esta clarificación ya no es procedente, puesto que la posición común ha prescindo de la jerarquía entre los artículos 11 y 12.

Según el tenor de la misma enmienda, podía efectuarse una notificación sustitutoria «en particular» de alguna de las siguientes formas. Esta redacción convertía la lista subsiguiente de procedimientos alternativos en una lista no exhaustiva. El artículo, en dicha forma, ya no implicaría ninguna limitación de los procedimientos admisibles de notificación sustitutoria, por lo que socavaría el objetivo de establecer normas mínimas fiables. Por tanto, esa parte de la enmienda no se incorporó ni en la propuesta modificada ni en la posición común.

La enmienda 15 (apartado 2 del artículo 19 de la propuesta) elimina la posibilidad de certificar una resolución como Título Ejecutivo Europeo, a pesar del incumplimiento de las normas mínimas sobre notificación, si se demuestra que el deudor ha recibido el documento en cuestión personalmente y con tiempo suficiente para preparar su defensa. El Consejo considera que esta disposición podía tener valor práctico, pero también respondió a las críticas de los riesgos inherentes a su imprecisión por imponer el requisito concreto adicional de que debe ser el propio deudor quien explícita o implícitamente, a través de su propia actuación en el proceso judicial, confirme el cumplimiento de estos requisitos. La Comisión puede aceptar este cambio.

3.2.3. Enmiendas rechazadas por la Comisión y no incorporadas en la posición común

La enmienda 3 (letra c) del apartado 4 del artículo 3 de la propuesta) pretendía introducir el requisito del carácter voluntario de la incomparecencia del deudor ante el órgano jurisdiccional que conoce de un asunto de crédito no impugnado. Este requisito, en casi todos los casos, impediría la emisión del certificado de Título Ejecutivo Europeo porque el órgano jurisdiccional de origen sólo está de ordinario en condiciones de evaluar si se ha citado correctamente al deudor para una vista. Aunque sea citado y no comparezca, el órgano jurisdiccional no podrá excluir la posibilidad de que no haya podido personarse sin culpa por su parte (por ejemplo, a causa de un accidente de tráfico de camino a la vista). Además, para los casos problemáticos en que sea pertinente el criterio de la falta de culpa del deudor, constituye un requisito previo para la revisión en casos excepcionales de conformidad con el artículo 19 bis.

La enmienda 12 (apartado 3 del artículo 12 de la propuesta) añadía el cumplimiento de la legislación del Estado miembro de origen a los requisitos de admisibilidad del uso de cualquier procedimiento sustitutorio de notificación. La introducción de tal requisito previo sería algo nuevo y ajeno a la propuesta. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen tienen que analizar el cumplimiento de las normas de notificación de documentos en los procedimientos principales en cualquier caso. La repetición del requisito del cumplimiento de la legislación del Estado miembro de origen en el contexto de la certificación implicaría una duplicación del trabajo para los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen. También representaría un paso atrás con respecto al Reglamento (CE) n° 44/2001, el cual, en el apartado 2 de su artículo 34, prescindió de ese requisito que había existido de conformidad con el apartado 2 del artículo 27 del Convenio de Bruselas de 1968.

La enmienda 13 (nuevo artículo 14 a) incorporaría una nueva disposición según la cual cada referencia a una vista judicial en la propuesta se entenderá efectuada al trámite procesal que sustituya dicha vista con el fin de tomar debidamente en cuenta los procedimientos en que no se celebre vista judicial. Este nuevo artículo resulta superfluo puesto que las disposiciones que hacen referencia a una vista judicial sencillamente resultan irrelevantes e inaplicables si no se ha celebrado ninguna vista. En ese supuesto, solo se requieren aquellas normas mínimas procesales que no presuponen una vista. Sigue sin estar claro qué debería reemplazar la vista como punto de referencia y qué finalidad tendría en la práctica una referencia modificada de este tipo.

3.3. Nuevas disposiciones insertadas y disposiciones suprimidas o modificadas en su contenido por el Consejo

3.3.1 Considerandos

Se ha insertado el considerando 5 bis para ilustrar mejor los dos supuestos de falta de participación en el proceso judicial que equivalen a ausencia de impugnación: la incomparecencia en la vista y la omisión de respuesta a la invitación a comunicar la intención de presentar alegaciones por escrito.

El considerando 5 ter se propone aclarar que, como corolario de sustituir el carácter firme de una resolución por su ejecutoriedad como condición suficiente para la certificación como Título Ejecutivo Europeo (véase el punto 3.1 supra), este Reglamento se aplica no sólo a las resoluciones sobre créditos no impugnados, sino también a las decisiones dictadas tras la impugnación de dichas resoluciones, aunque ya se trate de un crédito impugnado.

El considerando 6 incluye ahora una explicación adicional sobre las implicaciones de la supresión del exequátur para el Reino Unido y el registro de las resoluciones extranjeras, que seguirá requiriéndose, aunque ello no supondrá el examen del fondo como en el procedimiento de exequátur.

El considerando 11 bis establece el vínculo entre la admisibilidad del uso de los métodos de notificación de conformidad con el artículo 12, que, a pesar de su alto grado de fiabilidad, no pueden proporcionar la prueba fehaciente de que el deudor haya tenido personalmente conocimiento del documento que se le ha notificado, y la existencia de un procedimiento de revisión de acuerdo con el artículo 19 bis en los escasos supuestos en que las normas mínimas del artículo 12 se hayan cumplido, pero no obstante el deudor no haya tenido conocimiento del documento.

El considerando 11 ter deja claro que, en contraste con la letra b) del apartado 1 del artículo 11 donde se aborda expresamente este supuesto, la negativa del compañero de piso o empleado del deudor a aceptar el documento que debe notificarse no puede considerarse una notificación en debida forma.

El considerando 11 quater especifica que el término "representante" utilizado en el artículo 12 bis cubre tanto al representante legal de un deudor que no puede representarse a sí mismo ante el órgano jurisdiccional, como al representante autorizado elegido por el deudor.

El considerando 15 bis específica que por lo que se refiere a la notificación transfronteriza de documentos, este Reglamento no sustituye al Reglamento (CE) nº 1348/2000 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, sino que los dos instrumentos se aplican acumulativamente. Mientras que el Reglamento nº 1348/2000 establece cómo hay que efectuar la notificación en litigios transfronterizos, la resolución resultante de esos procedimientos solamente puede certificarse como Título Ejecutivo Europeo si también se han cumplido las normas mínimas del Capítulo III.

3.3.2 Artículos

Se ha modificado el artículo 2 para aclarar que los casos en que el Estado incurra en responsabilidad por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad ("acta iure imperii") no constituyen materia civil ni mercantil y, por lo tanto, no están comprendidos en el ámbito del Reglamento.

Se ha introducido el artículo 2 bis para resaltar la importancia particular de la definición del término "no impugnado" anteriormente tratado en el apartado 4 del artículo 3 y para establecer claramente, en el apartado 2, que una vez una resolución haya sido certificada como Título Ejecutivo Europeo por el carácter no impugnado del crédito correspondiente, el Reglamento continúa aplicándose a las resoluciones ulteriores aunque se haya impugnado el crédito.

Se ha incluido una referencia adicional a la legislación nacional en la letra c) del apartado 1 para asegurar que, en las circunstancias específicas establecidas, el órgano jurisdiccional de un Estado miembro no tenga que certificar una resolución como Título Ejecutivo Europeo cuando, a pesar de la incomparecencia del deudor, el crédito siga considerándose impugnado con arreglo a su legislación procesal nacional.

En el artículo 3, los apartados 5 y 6 han quedado obsoletos al prescindir del requisito de la decisión firme. El apartado 3 se ha modificado para permitir la certificación de las resoluciones relativas a los créditos aún no exigibles pero cuya futura fecha de exigibilidad se indica en la resolución incluidos los pagos recurrentes periódicos como los alimentos.

El artículo 5 refleja un cambio general que afecta a todo el Reglamento. En vez del órgano jurisdiccional que tiene jurisdicción para la certificación como en la propuesta modificada de la Comisión, la posición común indica el órgano jurisdiccional al que hay que dirigir la solicitud, dejando por tanto cierta flexibilidad a los Estados miembros por lo que se refiere a la atribución de jurisdicción.

La nueva letra c bis) del apartado 1 establece la protección especial para consumidores ya mencionada supra (punto 3.1). Debido a la introducción de una regla especial para asuntos de consumidores, el requisito del cumplimiento de la Sección 4 del Capítulo II del Reglamento (CE) nº 44/2001, que trata estos asuntos, se ha suprimido en la letra b) del apartado 1.

Los apartados 2 y 3 introducen dos nuevos formularios tipo para acreditar la pérdida o limitación de la ejecutoriedad de una resolución previamente certificada como Título Ejecutivo Europeo y, en el caso de una resolución que resuelva un recurso contra una resolución certificada como Título Ejecutivo Europeo, sustituir el certificado original por uno nuevo basado en la última resolución.

El artículo 5 bis estipula que cuando una resolución sobre un crédito no impugnado incluya una decisión ejecutiva relativa a un importe específico de costas, esta decisión sobre las costas también será plenamente ejecutiva sin exequátur, a menos que el deudor haya impugnado expresamente su responsabilidad a este respecto.

El artículo 6 se ha simplificado y abreviado considerablemente sin cambios sustanciales.

Por lo que se refiere al artículo 7, el apartado 3 (que determinaba el número de copias autenticadas del Título Ejecutivo Europeo que debía facilitarse al acreedor) se consideró superfluo y, por tanto, fue suprimido.

Se ha modificado el artículo 8 para crear la posibilidad de rectificar y retirar el certificado de Título Ejecutivo Europeo (véanse los puntos 3.1 y 3.2.2 supra). Los detalles de esos procedimientos se rigen por el Derecho nacional.

El artículo 8 Y establece el principio directo de que la supresión del exequátur, destinada a situar las resoluciones dictadas en el extranjero en pie de igualdad en el Estado miembro de ejecución con las resoluciones pronunciadas en ese Estado miembro, no debe dar lugar a que la resolución certificada sea ejecutable más fácilmente en el extranjero que en el Estado miembro de origen. El Consejo también acordó una disposición paralela con la misma redacción por lo que se refiere a la abolición del exequátur para algunas resoluciones sobre responsabilidad parental. Si la resolución ya no es ejecutiva o sólo es ejecutiva con ciertas restricciones en el Estado miembro de origen, la existencia de un Título Ejecutivo Europeo no puede malinterpretarse en el sentido de que el acreedor tiene derecho permanente a una ejecución sin restricciones en otros Estados miembros. En su caso, el deudor puede obtener un certificado que acredite la falta o limitación de la ejecutoriedad de conformidad con el apartado 2 del artículo 5.

El artículo 9, que trataba de la situación específica de las resoluciones sobre créditos no impugnados que son ejecutivas pero aún son susceptibles de recurso, ha quedado obsoleto habida cuenta de que la naturaleza firme de una sentencia ya no es un requisito previo para la certificación y, por tanto, se ha suprimido.

El artículo 10 incluye un nuevo apartado 2 que establece las condiciones para la aplicabilidad a la certificación de las normas mínimas establecidas en el Capítulo III, de conformidad con el apartado 3 del artículo 5, de una sentencia que resuelve un recurso contra una resolución certificada como Título Ejecutivo Europeo. En los casos en que el procedimiento de recurso haya sido contradictorio, no hay necesidad alguna de dispensar una protección especial al deudor por los requisitos fijados en el Capítulo III. Sin embargo, en los casos en que la propia resolución del recurso se base en la interpretación de la incomparecencia a la vista o la falta de participación en el procedimiento como una admisión tácita de la deuda y se cumplan los requisitos de las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 2 bis, serán aplicables, mutatis mutandis, las disposiciones del Capítulo III al procedimiento de recurso.

El artículo 11 permanece inalterado aparte de las modificaciones mencionadas en los puntos 3.2.1.2 y 3.2.2 supra.

El artículo 12 se caracteriza por simplificar y clarificar la descripción de los métodos admisibles de notificación que ya se incluían en la propuesta de la Comisión modificada sin introducir cambios sustanciales. Se han añadido dos nuevos métodos de notificación: la notificación postal sin prueba de recepción y la notificación electrónica con confirmación automática de entrega, en condiciones que aseguran un elevado grado de probabilidad de que el documento notificado realmente haya alcanzado a su destinatario. Cabe remitirse a los comentarios sobre este artículo y su relación con el artículo 11 contenidos en los puntos 3.1 y 3.2.2 supra.

El artículo 12 bis ya se ha comentado en el punto 3.2.2 (enmienda 10) supra.

El artículo 13 se ha suprimido como disposición separada, ya que las disposiciones sobre los métodos admisibles de prueba de la notificación se han incorporado en los artículos 11 y 12.

El mismo razonamiento explica la eliminación del artículo 14 debido a la decisión del Consejo de recoger íntegramente las normas mínimas sobre el método de notificación en los artículos 11 y 12 tanto para el escrito de incoación del procedimiento como para, en su caso, la citación a una vista.

El artículo 15 se suprimió dado el acuerdo general en el Consejo de que puede haber plena confianza mutua en que la legislación nacional de los Estados miembros permite los plazos suficientes para la preparación de la defensa tras la notificación de un documento de incoación de un proceso judicial o de una citación a una vista, lo que significa que no se requiere una norma mínima que regule esta cuestión particular.

El artículo 17 y el antiguo artículo 18 se han fusionado para crear una norma de alcance general sobre la debida información al deudor que abarca tanto la citación a una vista como el escrito de contestación al documento de incoación del procedimiento. El contenido de la disposición se ha racionalizado y simplificado considerablemente.

El apartado 1 del artículo 19 se ha modificado con objeto de racionalizar su tenor y eliminar una norma mínima referente al plazo de recurso u otra vía de impugnación por los mismos motivos que llevaron a la supresión del artículo 15. Ya se ha comentado antes la reintroducción de un modificado apartado 2 (véase el punto 3.2.2 supra).

El artículo 19 bis reemplaza el artículo 20 de la propuesta modificada de la Comisión como disposición que aborda dos situaciones excepcionales diversas: por una parte, que la notificación no permita al deudor preparar correctamente su defensa a pesar del cumplimiento del artículo 12 (que, a diferencia del artículo 11, no implica la prueba fehaciente de que el deudor ha tenido conocimiento del documento en cuestión), y por otra, la incapacidad para impugnar la deuda por fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales ajenas al deudor y con independencia de la notificación de documentos. El antiguo artículo 20 cubría ambas situaciones, pero el artículo 19 bis las aborda con mayor detalle en las letras a) y b) del apartado 1 respectivamente. La nueva disposición también precisa con mayor claridad su carácter de norma mínima al no establecer requisitos para la revisión excepcional, sino que supedita la certificación como Título Ejecutivo Europeo de una resolución a que existan normas procesales conformes con este artículo.

El artículo 21 ha sido modificado por la posición común en varios extremos. El apartado 1 incluye ahora una frase que inequívocamente establece el principio de que, a efectos de la ejecución, las resoluciones certificadas como Títulos Ejecutivos Europeos deben tratarse exactamente igual que las resoluciones dictadas en el Estado miembro de ejecución, como sugirió el Parlamento Europeo en su enmienda 5, aunque en otro artículo. La letra c) del apartado 2 cubre explícitamente, además de la traducción, la transcripción del alfabeto griego al romano y viceversa y prevé una posibilidad, más que una obligación, de que los Estados miembros indiquen la lengua o lenguas, con excepción de su/s propia/s lengua/s oficial/es que pueden aceptar para la cumplimentación del certificado. El apartado 4 se suprimió por la oposición de la mayoría de los Estados miembros a tal norma.

El tenor del artículo 22 se modificó ligeramente y se precisaron algunos extremos sin modificar su contenido.

Se insertó el nuevo artículo 22 bis para tener en cuenta las obligaciones existentes de ciertos Estados miembros en virtud del Derecho internacional para no reconocer y no ejecutar resoluciones contra demandados domiciliados o habitualmente residentes en determinados terceros países en las circunstancias establecidas en la disposición. Reproduce el artículo 72 del Reglamento (CE) nº 44/2001 con adaptaciones textuales.

El tenor del artículo 23 tuvo que armonizarse con las enmiendas relativas al contenido y a la terminología relacionadas, en particular, con los recursos extraordinarios contra el certificado de Título Ejecutivo Europeo (artículo 8) y la resolución certificada (artículo 19 bis). Por otra parte, mientras que mantiene la naturaleza discrecional del poder de ejecución de los tribunales del Estado miembro de conformidad con este artículo en general, la plena suspensión de la ejecución, frente a la limitación, sólo es admisible como medida excepcional.

El artículo 25, combinando las palabras inglesas ("approuved by a court") y las francesas ("conclues devant le juge") del artículo 58 del Reglamento (CE) nº 44/2001, incluye explícitamente las transacciones extrajudiciales declaradas ejecutivas en virtud de una decisión judicial llamada "homologation" en francés. Hubo que añadir un nuevo apartado 2 bis, al igual que en el artículo 26, debido a la diferencia conceptual entre resoluciones por una parte y transacciones judiciales e instrumentos auténticos por otra, que no permiten referirse a un "reconocimiento" de estos últimos.

El artículo 26 ya no establece, como era el caso del anterior apartado 3 que se ha suprimido de la propuesta modificada de la Comisión, el requisito específico para la certificación de un instrumento auténtico consistente en la información del deudor de la ejecutoriedad directa en todos los Estados miembros acreditada por su propia firma. El Consejo lo consideró innecesario y excesivamente complicado.

El artículo 26 bis corresponde al artículo 24 de la propuesta modificada de la Comisión con una redacción ligeramente distinta pero sin ningún cambio sustancial.

El artículo 27 y el artículo 28 que contenían las normas relativas a la determinación del domicilio del deudor han quedado obsoletos tras sustituir el concepto de "domicilio" por el de "dirección" del deudor o el "establecimiento comercial" en todo el Reglamento, con la excepción de la letra c bis) del apartado 1 del artículo 5 donde, sin embargo, se añadió una referencia específica al artículo 59 del Reglamento (CE) nº 44/2001 que se había reproducido en el artículo 27.

El artículo 29 se ha simplificado y ahora vincula la aplicabilidad del presente Reglamento a la fecha del pronunciamiento de la sentencia, transacción judicial o instrumento auténtico que deban certificarse como Título Ejecutivo Europeo sin necesidad de más definiciones.

Los artículos 30 y 31 sobre la relación con el Reglamento (CE) nº 44/2001 y el Reglamento (CE) nº 1348/2000 se han simplificado y reducido a su contenido esencial, es decir, que el presente Reglamento no obliga a los acreedores a optar por el Título Ejecutivo Europeo, sino que deja a su discreción recurrir al procedimiento de exequátur cuando lo consideren preferible, y que en modo alguno afecta a la aplicabilidad del Reglamento (CE) nº 1348/2000 cuando haya que notificar un documento de un Estado miembro a otro; en este último caso, cuando el acreedor quiera obtener un Título Ejecutivo Europeo también habrá que cumplir los requisitos del Reglamento objeto de examen. El Consejo consideró innecesarias las normas pormenorizadas contenidas en la propuesta de la Comisión modificada.

El artículo 31 bis sigue el ejemplo del artículo 22 del Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo al obligar a los Estados miembros a comunicar la información pertinente para el funcionamiento adecuado de este Reglamento a la Comisión, que la pondrá a disposición del público. Este método permite una mayor flexibilidad en el caso de cambios que si se tiene que facilitar la misma información en un anexo del Reglamento, ya que no requiere complejas enmiendas del propio Reglamento.

Se han modificado ligeramente los artículos 32 y 33, teniendo en cuenta la aplicabilidad del procedimiento de codecisión, que requería una mención adicional del artículo 8 de la decisión 1999/468/CE.

4. CONCLUSIÓN

La Comisión acepta la posición común habida cuenta de que incluye los elementos clave de su propuesta inicial y de las enmiendas del Parlamento, tal y como se han incorporado a su propuesta modificada.

El texto representa un compromiso justo y equilibrado y supone un importante paso adelante en la aplicación del principio de reconocimiento mutuo al permitir que, sin medida intermedia alguna como requisito previo para su ejecución, una considerable proporción de resoluciones civiles y mercantiles circulen libremente en los Estados miembros distintos a aquél donde se pronunciaron.