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B4-1384/95

Resolución sobre los seísmos y las inundaciones en Turquía

El Parlamento Europeo,

A. Considerando que las fuertes lluvias e inundaciones producidas el 4 de noviembre de 1995 en la ciudad de Esmirna causaron 57 víctimas mortales y la desaparición de 9 personas y dejaron sin hogar a centenares de familias,

B. Considerando que el 1 de octubre de 1995 89 personas perdieron la vida en Dinar y centenares de personas resultaron gravemente heridas a consecuencia de un seísmo que prácticamente destruyó la ciudad,

C. Considerando que las deficiencias en la construcción de los edificios y una planificación urbana incorrecta contribuyeron a elevar el número de víctimas mortales,

D. Considerando que la protección contra las catástrofes en Turquía y a escala internacional es insuficiente,

El Parlamento Europeo,

1. Comparte el dolor de los familiares de las víctimas del seísmo y de las inundaciones en Turquía y les manifiesta sus más sinceras condolencias;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen los trabajos de reconstrucción en Dinar y en Esmirna y que organicen la creación de un sistema europeo de protección contra las catástrofes y adopten medidas preventivas;

3. Pide a las autoridades turcas que revisen las normas vigentes en el ámbito de la planificación urbana y de la construcción y que adopten medidas orientadas a evitar que se produzcan otras catástrofes naturales semejantes a las de Dinar y Esmirna;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de Turquía y a la Gran Asamblea Nacional turca.
B4-1294/95

Resolución sobre la aplicación de un mercado único de los servicios postales

El Parlamento Europeo,

- Visto el apartado 2 del artículo 37 de su Reglamento,

- Visto el Libro Verde de la Comisión sobre el desarrollo del mercado único de los servicios postales (COM(91)0476),

- Vista su Resolución de 22 de enero de 1993 ((DO C 42 de 15.2.1993, pág. 240)) a este respecto, en la que pedía a la Comisión que elaborara un paquete de propuestas con vistas a la creación de un mercado único de los servicios postales,

- Vistas sus Resoluciones de 25 de junio de 1993 ((DO C 194 de 19.7.1993, pág. 397)) sobre el mercado único de los servicios postales, y de 29 de octubre de 1993 ((DO C 315 de 22.11.1993, pág. 643)) sobre los servicios postales,

- Vistas sus Resoluciones sobre el programa legislativo,

- Visto el «código de conducta» acordado por la Comisión y el Parlamento Europeo y aprobado el 15 de marzo de 1995 ((DO C 89 de 10.4.1995, pág. 69)),

- Vista la propuesta de directiva de la Comisión sobre unas normas comunes para el desarrollo de los servicios postales comunitarios y la mejora de la calidad del servicio (COM(95)0227),

- Visto el proyecto de comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia a los servicios postales y, en particular, sobre la evaluación de determinadas medidas estatales relacionadas con los servicios postales,

A. Considerando que el proyecto de comunicación hace caso omiso de la propuesta de directiva de la Comisión sobre unas normas comunes para el desarrollo de los servicios postales comunitarios,

B. Considerando que el proyecto de comunicación prevé el apartado 3 del artículo 90 como fundamento jurídico para los servicios postales, mientras que la directiva hace referencia al artículo 100 A,

1. Pide a la Comisión que retire su proyecto de comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia a los servicios postales y, en particular, sobre la evaluación de determinadas medidas estatales relacionadas con los servicios postales;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a los sindicatos interesados.
B4-1504, 1505, 1508, 1545, 1550 y 1564/95

Resolución sobre la persecución de Sr. Wei Jingsheng

El Parlamento Europeo,

A. Consternado por la brutal condena a catorce años de prisión impuesta el 13 de diciembre de 1995 por un Tribunal de Pekín al disidente chino Wei Jingsheng,

B. Reconociendo que Wei Jingsheng, a quien se acusó de tentativa de derrocamiento del Gobierno chino, está siendo perseguido en realidad porque exige el reconocimiento de derechos democráticos para el pueblo chino,

C. Considerando que Wei Jingsheng ha purgado ya una pena de quince años de cárcel en los laogai (campos de reforma por el trabajo) y en la mina de sal de Nanpu tras su compromiso con el movimiento del «Muro de la democracia» y sus escritos en favor de la democratización del régimen chino,

D. Consternado por el hecho de que, desde su nueva detención el 1 de abril de 1994, Wei Jingsheng ha sido mantenido incomunicado y ni su familia ni sus abogados han tenido ninguna información sobre él, hasta el 21 de noviembre de 1995, fecha en que se formuló la acusación,

El Parlamento Europeo,

1. Condena la persecución de Wei Jingsheng por el Gobierno chino y pide su inmediata liberación;

2. Insiste en que la Comisión y el Consejo estudien los medios más apropiados para iniciar una acción común con arreglo a los dispuesto en el Tratado de la Unión Europea con el fin de ejercer una presión de larga duración sobre China para que ésta respete los derechos humanos, y considera que las políticas comerciales y de inversión deben ser consideradas como medios para ejercer tal presión;

3. Pide la liberación de todos los prisioneros de opinión encarcelados y el cierre inmediato de los laogai;

4. Encarga a su delegación para las relaciones con la República Popular de China que interpele a las autoridades chinas sobre la situación de los derechos humanos en este país;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a los Parlamentos de los Estados miembros, así como al Gobierno y a la Asamblea Nacional Popular de China.
B4-0743, 0748, 0770, 0785, 0791, 0819, 0831 y 0843/95

Resolución sobre la caza de ballenas y la próxima reunión de la Comisión Ballenera Internacional

El Parlamento Europeo,

A. Considerando la importancia de las decisiones que se debatirán en la próxima reunión de la Comisión Ballenera Internacional, que se celebrará en Dublín a partir del 29 de mayo de 1995,

B. Considerando la posición del Parlamento Europeo, que se ha pronunciado en repetidas ocasiones en contra de la caza de ballenas con fines comerciales y en favor de la moratoria actualmente vigente,

C. Haciendo hincapié en que Noruega y Japón son los dos únicos países que continúan matando ballenas,

D. Considerando la Cuarta Conferencia del Mar del Norte de los Ministros de Medio Ambiente que se celebrará los días 8 y 9 de junio de 1995 en Esbjerg (Dinamarca) y en la que se debatirá y decidirá sobre los vertidos de sustancias químicas y el hundimiento de plataformas marítimas fuera de uso que perturban el delicado equilibrio ecológico del medio marino,

El Parlamento Europeo,

1. Reitera su oposición a la matanza, con fines comerciales, de cualquier especie de ballena que el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional considere en peligro de extinción;

2. Pide a la Comisión que presente un informe basado en las informaciones científicas más recientes sobre la interacción entre las ballenas y otras especies en el medio marino;

3. Reitera su petición de que se cree una zona de protección de las ballenas en el Pacífico Sur y exige que todos los países respeten dicha zona;

4. Pide a la Comisión que manifieste a la CBI el apoyo de la UE a la continuación de la moratoria sobre la caza comercial de ballenas mientras esté basada en sólidos datos científicos;

5. Atrae la atención de los miembros de la CBI sobre las divergencias existentes en las estimaciones de la población de ballenas y sobre la necesidad de controlar sistemáticamente todos los datos facilitados por investigadores noruegos; subraya la necesidad de ser muy estrictos en el mantenimiento del equilibrio entre las estimaciones de la población de ballenas y las cuotas de captura anuales a través del «procedimiento de gestión revisado»;

6. Expresa su profunda preocupación y oposición en relación con el hundimiento programado de plataformas marítimas en el Atlántico, al este de Irlanda, que contribuirán a contaminar deliberadamente el medio marino;

7. Pide a la Comisión que adopte todas las medidas posibles para impedir el hundimiento del «Brent Spar» y de otras plataformas marítimas e insta a la Cuarta Conferencia del Mar del Norte de los Ministros del Medio Ambiente a tratar este asunto en el mismo sentido;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, a los miembros de la Comisión Ballenera Internacional y a los Gobiernos de los Estados que participarán en la Cuarta Conferencia del Mar del Norte.
B4-0033, 0041 y 0082/95

Resolución sobre la situación de los medios de información independientes en los Estados sucesores de la antigua Yugoslavia

El Parlamento Europeo,

- Vistas sus anteriores resoluciones y, en particular, la de 15 de diciembre de 1994 sobre la supervivencia del diario Borba (Belgrado) ((Acta de esa fecha, parte II, punto 13 f))),

A. Inquieto por la política de Milosevic, que instaura un monopolio absoluto de la opinión en Serbia, en la medida en que la radio, la televisión y todos los demás periódicos están ya bajo control directo o indirecto del régimen,

B. Considerando las cortapisas, sobre todo de índole fiscal, con que se pretende minar el terreno a la revista satírica croata Feral Tribune,

C. Consciente del papel clave de los medios de comunicación independientes a la hora de informar a la población y contrarrestar los prejuicios,

1. Pide al Consejo y a la Comisión que empleen de nuevo medios políticos y económicos con el fin de facilitar la existencia y el trabajo a los medios de comunicación independientes amenazados en los Estados sucesores de la antigua Yugoslavia;

2. Insiste en que, entre las condiciones para una atenuación general de las sanciones contra Serbia y Montenegro, se incluya explícitamente la posibilidad de que los medios de comunicación independientes continúen desarrollando su actividad en estos países, pero cree que debe considerarse una atenuación de las sanciones en cuanto al papel de periódico y a los equipos de televisión, siempre que estos suministros se canalicen a través de las ONG, y no a través de las autoridades de Milosevic;

3. Pide a las redacciones de los medios de comunicación libres, así como a las asociaciones de editores y periodistas en toda Europa que concedan una ayuda conjunta a los medios de comunicación independientes de los Estados sucesores de la antigua Yugoslavia y con ello faciliten el flujo de información en ambos sentidos;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de la «República Federativa de Yugoslavia», al Gobierno de Croacia, al Gobierno de Bosnia y Herzegovina, a la Secretaría del Consejo de Europa, a la OSCE y al comité de las Naciones Unidas para el control de las sanciones.
B4-0216/95

Resolución sobre la detención de Maria Gabriella Guarino

El Parlamento Europeo,

A. Considerando que el 8 de marzo de 1994 fue detenida la ciudadana italiana Maria Gabriella Guarino, en una operación antiterrorista de la policía peruana, en Trujillo, al norte del Perú, donde residía con su hija de 11 meses y su compañero Juan León Montero, miembro del MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru),

B. Considerando que después de algunos viajes anteriores al Perú, Gabriella Guarino publicó a su regreso a Italia varios artículos sobre la situación en el Perú y realizó en 1992 un vídeo sobre las actividades del MRTA en la selva peruana,

C. Considerando que, basándose en las declaraciones de un arrepentido, la policía la acusó de pertenencia al MRTA y de colaboración activa con el terrorismo,

D. Considerando que después de 7 meses de prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Santa Mónica de Chorrillos, en Lima, se han celebrado tres audiencias de su juicio, a puerta cerrada y con jueces «sin rostro», ocultos tras una pantalla y con la voz distorsionada, y que, al final de la tercera audiencia, el 17 de noviembre de 1994, fue condenada a 20 años de reclusión y a pagar 25.000 dólares de indemnización,

E. Considerando que Gabriella Guarino no ha cometido ningún acto de terrorismo y que nunca ha compartido la actividad política ni las formas de lucha propias de la guerrilla, como se desprende de las cartas encontradas en casa del arrepentido,

F. Considerando que las condiciones de detención de Gabriella Guarino son durísimas, que se le ha impedido recibir en su celda cartas de familiares o tener la foto de su hija y que se le ha negado hasta el agua potable, aparte de una dosis diaria de 1/4 litro,

G. Considerando que se presentó inmediatamente un recurso ante la Corte Suprema,

H. Considerando que recientemente Amnistía Internacional ha reconocido a Gabriella Guarino como presa de conciencia y ha pedido su inmediata liberación,

El Parlamento Europeo,

1. Pide que se humanicen inmediatamente las condiciones de detención, tanto sanitarias como psicológicas, de Gabriella Guarino, y en particular que se le permita leer y escribir;

2. Espera que en la revisión del juicio la Corte Suprema se pronuncie por la absolución o, al menos, por una drástica reducción de la condena;

3. Pide, en cualquier caso, al Sr. Fujimori, Presidente del Perú, que intervenga, por razones humanitarias, con una medida de gracia y de expulsión;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno italiano, al Sr. Fujimori, Presidente de la República del Perú, y al Sr. Fantoja, Presidente de la Corte Suprema de este país.
25.

Observa que las misiones, que son esenciales para cumplir la función del Tribunal (es decir, fiscalizar órganos nacionales sobre el terreno o presentar su informe anual ante los Parlamentos nacionales), están limitadas por el presupuesto anual y deben someterse a controles ex ante y ex post exhaustivos basados en muestras mensuales; celebra que la Decisión n.o 59-2017 del Tribunal delegó en el secretario general del Tribunal la función de ordenador para todas las misiones y gastos de los miembros del Tribunal, mientras que la Decisión n.o 61-2017 del Tribunal clarificó las normas que rigen las misiones, en particular la obligación de demostrar la manera en que las misiones están relacionadas con el trabajo del Tribunal, y hace hincapié en que las misiones deben declararse de manera clara e inequívoca como tales; observa que los miembros del Tribunal también sirven como puntos de contacto para las instituciones nacionales de auditoría y para informar a los ciudadanos sobre el uso de los fondos de la Unión; observa con preocupación, no obstante, que no se aplica ninguna limitación o requisito a la duración o el lugar de las misiones, lo que podría crear riesgos de gestión ineficiente del tiempo; considera que se debe prestar especial atención a las misiones a terceros países en lo que se refiere a la duración, el valor añadido y los costes; pide al Tribunal que establezca normas adecuadas para prevenir cualquier posible uso indebido de las órdenes de misión, lo que podría poner en tela de juicio la integridad, la independencia y la objetividad de sus miembros; señala, en particular, que, en general, las misiones de los miembros deben comenzar o terminar en Luxemburgo, en consonancia con la obligación de residencia explícita, salvo en caso de excepciones ocasionales y justificadas; espera que los miembros del Tribunal participen activamente en las misiones de auditoría y que se especifiquen sus tareas y responsabilidades para evitar cualquier forma de posible conducta indebida;
17.

Recuerda las conclusiones del informe de aprobación de la gestión para el ejercicio 2019 de la Agencia sobre el Informe Especial n.o 8/2021 del Tribunal y la serie de deficiencias operativas detectadas en el mismo; recuerda la conclusión del informe del Tribunal de que la Agencia aún no había adoptado medidas suficientes para adaptar su organización a fin de ejecutar plenamente su mandato en virtud del Reglamento (UE) 2016/1624 (5), y de que el Tribunal destacó riesgos significativos relacionados con el mandato de la Agencia en virtud del Reglamento (UE) 2019/1896; recuerda que el Tribunal formuló cinco recomendaciones a la Agencia y a la Comisión, con plazos de ejecución para finales de 2021 (recomendación n.o 5), mediados de 2022 (recomendación n.o 1) y finales de 2022 (recomendaciones n.os 2, 3 y 4); toma nota de que las recomendaciones se dirigen a la Agencia y a la Comisión, y de que los Estados miembros también participan en la aplicación; subraya la importancia que la autoridad de aprobación de la gestión concede a la correcta aplicación de las recomendaciones formuladas por el Tribunal; recuerda que la recomendación n.o 5 está incluida en los requisitos formulados en el informe de aprobación de la gestión de la Agencia para el ejercicio 2019 y sigue sin cumplirse plenamente, y que la aplicación de las demás recomendaciones sigue pendiente; solicita al Tribunal que lleve a cabo una evaluación una vez que hayan transcurrido los plazos de las recomendaciones n.o 1 a n.o 4 (para finales de 2022) en marco del informe anual del Tribunal para la Agencia, con el fin de evaluar si la Agencia ha aplicado las recomendaciones del Tribunal de forma adecuada y dentro del plazo, y, en caso afirmativo, en qué medida y de qué manera; pide a la Agencia y a la Comisión que mantengan informada a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de la aplicación de las recomendaciones y expresa su compromiso de reflejarlo en futuros informes de aprobación de la gestión;
10.

Reconoce que, en 2020, la pandemia de COVID-19 afectó al presupuesto del TJUE; observa que se incurrió en costes adicionales para adquirir equipos informáticos, debido al teletrabajo generalizado para el personal, así como equipos de protección individual (EPI) y desinfectante; observa que, como resultado, se lograron ahorros en varias líneas presupuestarias, en particular las relativas a traducción, interpretación externa, formación profesional, misiones, inmuebles (limpieza, seguridad y vigilancia), mobiliario, actividades relativas al protocolo, reuniones y conferencias; observa, en particular, que un número significativo de actividades de formación, por un importe de 170 000 EUR, no pudo llevarse a cabo;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (1), y en particular su artículo 44,
16.

Lamenta que el Centro no haya establecido todavía objetivos de reducción de CO 2 ; se congratula, no obstante, de los esfuerzos realizados por el Centro para crear un lugar de trabajo que respete el medio ambiente y todas las medidas que ha adoptado para reducir su huella de carbono y su consumo de energía y para desarrollar un flujo de trabajo sin papel;
62.

Reconoce que en la declaración conjunta el Comité en especial acepta sin reservas el Informe de la OLAF y sus conclusiones, y reconoce sus errores y carencias en el pasado; asume, al igual que el Parlamento, que el Sr. McCoy estuvo en lo cierto al plantear sus inquietudes directamente al Parlamento y que debería haberse esforzado más por atender las demandas del Parlamento de 2004, entre ellas que el Sr. McCoy no sufriera ninguna consecuencia adversa por haber denunciado una irregularidad; reconoce que el Sr. McCoy es un denunciante de buena fe, como reconoció políticamente el Parlamento en 2004, y lamenta que no haya estado protegido pese a haberle brindado protección como denunciante en 2003; lamenta sinceramente el enorme daño que el Comité ha causado al Sr. McCoy, el trato que le dio y el cumplimiento insuficiente de su deber de diligencia; admite que no debería haberse dejado que el caso permaneciera sin resolver durante más de diecisiete años;
7.

Considera que el papel de la Agencia en el fomento de la creación de Frontex no debe socavar en modo alguno su principal función en cuanto organismo de la Unión responsable de organizar la coordinación operativa de las actividades de control de la pesca y prestar asistencia a este respecto a los Estados miembros y la Comisión, ya que esto podría conducir al debilitamiento de la vigilancia de la pesca y al aumento de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; destaca, por tanto, la necesidad de proporcionar a la Agencia recursos financieros y humanos suficientes que sean acordes con el incremento de sus funciones;
19.

Constata con preocupación que, al final del ejercicio 2017, el Instituto era parte demandada en cuatro asuntos relativos a tres procedimientos de contratación pública sometidos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia») por licitadores no seleccionados; observa que en 2018 el Tribunal de Justicia se pronunció sobre dos de los cuatro asuntos y desestimó las acciones de los demandantes por considerar que el Instituto no era responsable, y que en 2019 el Tribunal de Justicia se pronunció sobre los dos asuntos restantes, vinculados a la misma decisión y al mismo contrato de adjudicación; toma nota de que, según la respuesta del Instituto, este mejoró los procedimientos de contratación pública para reducir al mínimo el riesgo de un potencial descontento entre los licitadores no seleccionados y de futuros procesos judiciales;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (3), y en particular sus artículos 68 y 70,
16.

Observa con satisfacción que la cuestión de las diferencias en las metodologías y los procedimientos aplicados por las autoridades nacionales de financiación ya no es pertinente para la ejecución de los proyectos de Horizonte 2020, ya que las auditorías ex post las realizan o la Empresa Común o la Comisión; observa que, de conformidad con las disposiciones del plan común de auditorías ex post para Horizonte 2020, en la actualidad hay 17 auditorías ex post ya en marcha sobre operaciones relacionadas con las actividades de la Empresa Común;
6.

Es consciente de la disminución de la producción en el sector de la minería en Europa y de la drástica reducción de las exportaciones de la UE-28 en dicho sector desde 2014, del aumento del precio del acero europeo y de los consiguientes elevados costes de producción de maquinaria, en particular en comparación con China; lamenta, no obstante, que el grupo Caterpillar haya decidido transferir los volúmenes producidos en la planta de Gosselies a otras unidades de producción en Francia (Grenoble) y otras plantas situadas fuera de Europa, incluidas China y Corea del Sur, lo que dio lugar al repentino cierre de la planta de Gosselies y el despido de 2 300 trabajadores, sumiendo a miles de familias en un drama social y humano, a pesar de que la planta de Gosselies era rentable, en particular tras las inversiones realizadas en los años anteriores;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (2), y en particular su artículo 44