Pueden compararse de forma general las disposiciones y la utilización de los programas de crédito a la exportación por parte de los Estados, esbozando las principales diferencias y similitudes. No obstante, realizar una comparación exhaustiva que recoja todos los aspectos resulta mucho más difícil. Pueden observarse diferencias en las condiciones de los programas de crédito a la exportación, incluso las de aquellos que forman parte de la misma categoría de programas y que son gestionados por ACE que cumplen el mismo marco reglamentario. En general, ha aumentado la convergencia en los últimos años, ya que el Acuerdo de la OCDE en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial ha pasado a englobar una gran variedad de asuntos.

La mayoría de Estados miembros ofrecen también otras formas de apoyo previstas en el Reglamento (UE) n.º 1233/2011 y en el Acuerdo de la OCDE en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial, como el crédito o financiación directos (en la que la ACE, y no un banco comercial, aporta directamente la financiación), la refinanciación o los sistemas de subvención de intereses. Varios informes anuales de actividades también mencionan explícitamente la financiación de proyectos y la ayuda ligada.

Los siete Estados miembros restantes (Chipre, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania y Malta) no tenían programas de crédito a la exportación en vigor a tenor del Reglamento (CE) n.º 1233/2011 durante el año objeto de informe.

La presente revisión anual se refiere al año civil 2014. Este ejercicio tiene por objeto las actividades de crédito a la exportación a tenor del Reglamento (UE) n.º 1233/2011, a saber, las operaciones a «medio y largo plazo» con un período de reembolso igual o superior a dos años. La presente revisión no incluye las operaciones de crédito a la exportación a corto plazo ni las operaciones que algunas ACE llevan a cabo fuera del ámbito de los créditos a la exportación (como los seguros de inversiones). Cabe señalar también que, en algunos Estados miembros, la función de la ACE es asumida por una compañía de seguros con mandato público. En tales casos, la gestión del programa público de crédito a la exportación está estrictamente separada de las actividades del sector privado (obviamente, estas últimas no son objeto de la presente revisión).

Apoyo oficial en forma de «cobertura pura» en 2014 (miles de millones EUR) Los mayores en la UE ordenados según la exposición al riesgo nominal global Alemania 88,5 Francia 65,3 Suecia 31,6 Italia 26,7 Países Bajos 20,2

Mediante sus ACE, los Estados miembros intervienen en una gran variedad de ámbitos que no son objeto de los informes presentados con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1233/2011. Teniendo en cuenta que en algunos sectores industriales (por ejemplo, la aeronáutica y la construcción naval) prevalecen condiciones de financiación específicas, varios Estados miembros han desarrollado también productos de crédito a la exportación sectoriales. Estos se refieren fundamentalmente a las actividades de crédito a la exportación a medio y largo plazo (tal como se definen en el Acuerdo de la OCDE en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial). No obstante, muchas ACE europeas ofrecen también estos productos como garantías de crédito a la exportación y carta de crédito, garantías de riesgo de fabricación o productos de seguros de inversión a corto plazo. Conviene tenerlo en cuenta al evaluar el papel económico que tienen las ACE en un sentido más amplio.

Las secciones II y IV del modelo utilizado para los informes anuales de actividades de los Estados miembros, así como los informes anuales generales a los que hacen referencia explícita varios Estados miembros, contienen información detallada al respecto.

Como conclusión general cabe decir que los informes anuales de actividades ofrecen información financiera pertinente sobre los programas de crédito a la exportación de 2014. No obstante, es preciso destacar que, según el Reglamento (UE) n.º 1233/2011, esta información se proporciona con arreglo a las legislaciones nacionales respectivas de los Estados miembros. Ello da lugar a algunas diferencias de presentación. Una vez aclarado esto, la Comisión no tiene observaciones específicas sobre los aspectos financieros de los informes anuales de actividades.

Los informes anuales de actividades de Chequia, Eslovaquia y el Reino Unido mencionan pasivos contingentes, conforme a lo dispuesto en el punto 1, última frase, del anexo I del Reglamento (UE) n.º 1233/2011.

b) Tratamiento de los «riesgos medioambientales, que pueden acarrear otros riesgos pertinentes»

Según el punto 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 1233/2011, «en el informe anual de actividades, los Estados miembros describirán la forma en que los riesgos medioambientales, que pueden acarrear otros riesgos pertinentes, se tienen en cuenta en las actividades de créditos a la exportación con apoyo oficial de sus ACE».

Todos los Estados miembros hacen referencia explícita a esta disposición. Si bien el punto 2 del anexo I solo menciona los riesgos medioambientales, la mayoría de Estados miembros también mencionan riesgos relacionados con cuestiones sociales y de derechos humanos. Casi todos los Estados miembros afirman que cumplen la Recomendación de la OCDE sobre los enfoques comunes en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial y el deber de diligencia medioambiental y social (los «enfoques comunes») en relación con los riesgos en materia medioambiental y de derechos humanos. Lo mismo sucede con la Recomendación de la OCDE sobre soborno.

En consonancia con los enfoques comunes, las ACE están creando gradualmente un grupo de expertos especializados en cuestiones medioambientales, sociales y de derechos humanos. Se examinan los posibles impactos de las operaciones en los ámbitos medioambiental, social y de derechos humanos con arreglo a los enfoques comunes. El proceso de examen ha ido convirtiéndose en un procedimiento estándar de evaluación entre ACE.

Varias ACE también mencionan que la evaluación de riesgos en aspectos relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos a menudo se realiza colaborando estrechamente con los exportadores y los bancos. Estos y aquellos han de proporcionar información adicional, cuando sea necesario, con el fin de garantizar que se lleva a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos.

El proceso de evaluación de los riesgos en cuestión suele estar destinado a determinar claramente si un proyecto concreto es o no admisible para beneficiarse de apoyo al crédito a la exportación (si los riesgos son desproporcionados, no se ofrece cobertura). En el caso de los riesgos considerados aceptables, el apoyo al crédito a la exportación suele estar sujeto a determinadas condiciones, generalmente relacionadas con la garantía de la aplicación de medidas de reducción del riesgo y con el cumplimiento de las normas correspondientes.

Bulgaria no es miembro de la OCDE y su ACE no ha aplicado los enfoques comunes en relación con el medio ambiente ni los aspectos relacionados con los derechos humanos. No obstante, dicho país aplica la Recomendación de la OCDE sobre soborno y créditos a la exportación con apoyo oficial.

Además de la información mencionada en el apartado 3, letras a) y b), los informes anuales de actividades ponen de manifiesto que los Estados miembros aplican en general políticas sobre los créditos a la exportación y el medio ambiente, la lucha contra el soborno y las prácticas de préstamos sostenibles relacionadas con los países de renta baja. Las tres recomendaciones pertinentes de la OCDE desempeñan un papel importante, aunque no exclusivo, a este respecto. Incluso los Estados miembros que no forman parte de la OCDE las aplican o, en principio, tienen intención de aplicarlas. Globalmente, los informes de los Estados miembros muestran que estos están adoptando el mismo enfoque para abordar las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, los derechos humanos y el soborno. Algunos Estados miembros ofrecen información más detallada en sus informes y destacan la importancia de estas cuestiones.

En muchos casos, los Estados miembros están aplicando progresivamente normas y prácticas que exceden el ámbito de aplicación definido por el Acuerdo de la OCDE y utilizan el mismo enfoque para operaciones que no pertenecen al ámbito de aplicación de los enfoques comunes. A veces, las propias ACE han desarrollado instrumentos pertinentes (por ejemplo, una política sobre responsabilidad social de las empresas o un código ético).

Varios Estados miembros abordan la importancia de adoptar medidas para promover la apertura y la transparencia suministrando información a todas las partes interesadas sobre las operaciones, las finanzas y las cuestiones medioambientales y sociales. A fin de aumentar el grado de concienciación y promover la apertura y la transparencia, se entablan diálogos periódicos con las partes interesadas.

Al igual que en el anterior ejercicio de información, muchos Estados miembros subrayan la importancia particular que revisten los derechos humanos. Prácticamente todos los informes siguen reflejando el apoyo al desarrollo de la faceta de los derechos humanos en el marco de los nuevos enfoques comunes. Varios Estados miembros conceden un estatus particular a los derechos humanos en su evaluación de los proyectos. En algunos casos, esta cuestión está vinculada directamente con los derechos laborales o los derechos de los trabajadores.

Todos los Estados miembros conceden también una gran importancia a las políticas de lucha contra el soborno y la corrupción. En varios Estados miembros, los exportadores y los bancos están obligados a firmar una declaración contra el soborno como parte de la solicitud de cobertura. Se aplica también una amplia serie de instrumentos de otro tipo (por ejemplo, legislación nacional o buenas prácticas internas).