No se ha llevado a cabo una evaluación de impacto, ya que el Acuerdo actualiza y refuerza en su mayor parte el ACC ya existente, por lo que no introducirá nuevos ámbitos de cooperación sustanciales que tengan un impacto económico, social o medioambiental considerable. El impacto esperado es fundamentalmente político: la UE pretende consolidar la trayectoria política de un país socio y reforzar el capital político de la UE. Puede haber consecuencias sociales positivas en la República Kirguisa relacionadas principalmente con las disposiciones previstas sobre el Estado de Derecho, los derechos humanos y la seguridad. También se espera un aumento del comercio como resultado de la mejora del entorno empresarial, pero no supone ningún riesgo para sectores específicos de la industria de ninguna de las partes, ya que la República Kirguisa y la UE no compiten en los mismos sectores. Como se indica en la hoja de ruta, la realización de una evaluación de impacto no aportaría suficiente valor añadido.

El Acuerdo no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos políticos de refuerzo de las relaciones entre la UE y la República Kirguisa, con vistas a promover las reformas democráticas, el Estado de Derecho y el desarrollo económico sostenible como medio para aumentar la estabilidad y la seguridad en la República Kirguisa. El Acuerdo no requerirá la modificación de las normas, los reglamentos o los estándares de la Unión en ningún ámbito regulado.

Cabe señalar que el Acuerdo no abarca ámbitos que sean competencia de los Estados miembros y, por lo tanto, no exige que los Estados miembros de la UE se conviertan en Partes del presente Acuerdo.

COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 13.6.2022 COM(2022) 276 final ANEXO

de la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas entre la Unión Europea, por una parte, y la República Kirguisa, por otra



PROYECTO

DE ACUERDO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN REFORZADAS

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA KIRGUISA LA UNIÓN EUROPEA, por una parte, LA REPÚBLICA KIRGUISA, por otra, en lo sucesivo denominadas conjuntamente «las Partes», CONSIDERANDO sus firmes vínculos y sus valores comunes, CONSIDERANDO su deseo de reforzar la cooperación mutuamente beneficiosa establecida en el pasado mediante el Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por otra, firmado en Bruselas el 9 de febrero de 1995, CONSIDERANDO su deseo de mejorar sus relaciones para reflejar las nuevas realidades políticas y económicas y el progreso de su colaboración, EXPRESANDO su voluntad común de consolidar, profundizar y diversificar su cooperación a todos los niveles en cuestiones bilaterales, regionales e internacionales de interés mutuo,



REAFIRMANDO su compromiso de reforzar la promoción, la protección y la aplicación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el respeto de los principios democráticos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, así como el desarrollo de la democracia parlamentaria, CONFIRMANDO su compromiso con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, la «Carta de las Naciones Unidas»), la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Resolución A/RES/217 (III) A de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 (en lo sucesivo, la «DUDH»), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (en lo sucesivo, la «OSCE»), en particular el Acta Final de Helsinki adoptada el 1 de agosto de 1975 durante la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (en lo sucesivo, el «Acta Final de Helsinki de la OSCE»), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Resolución 2200A (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la Resolución 2200A (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, así como los principios y normas del Derecho internacional, REITERANDO su compromiso de fomentar activamente la paz y la seguridad internacionales y de participar en un multilateralismo eficaz, así como en la resolución pacífica de las diferencias, en particular mediante la cooperación en el marco de las Naciones Unidas y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), CONSIDERANDO su deseo de seguir desarrollando un diálogo político regular sobre cuestiones bilaterales e internacionales de interés mutuo, CONSIDERANDO su compromiso con las obligaciones internacionales de lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores,

CONSIDERANDO su compromiso de reforzar la cooperación en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad, en particular la lucha contra la corrupción, CONSIDERANDO su compromiso de contribuir, mediante su extensa cooperación en un amplio espectro de ámbitos de interés común, al desarrollo político, socioeconómico e institucional de la República Kirguisa, CONSIDERANDO su voluntad de reforzar su relación económica sobre la base de los principios de una economía de mercado y de crear un clima propicio para la expansión de las relaciones comerciales y de inversión bilaterales y de la conectividad, CONSIDERANDO su compromiso de cumplir con los derechos y obligaciones derivados de la adhesión a la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, la «OMC»), así como con la aplicación transparente y no discriminatoria de tales derechos y obligaciones, CONSIDERANDO su compromiso de respetar el principio del desarrollo sostenible y de colaborar en la consecución de los objetivos del documento final titulado Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015, aprobada por la Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015 (en lo sucesivo, la «Agenda 2030»), teniendo debidamente en cuenta sus programas internos,



CONSIDERANDO su compromiso de garantizar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente y la aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales de los que son partes, así como su compromiso de reforzar la cooperación en materia de medio ambiente, reducción del riesgo de desastres y en todos los ámbitos de la acción por el clima, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptado el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, el «Acuerdo de París sobre el Cambio Climático»), CONSIDERANDO su compromiso de promover la cooperación transfronteriza e interregional, SEÑALANDO que la posición especial de Irlanda en virtud del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y la posición especial de Dinamarca en virtud del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo a dichos Tratados, quedarán reflejadas en el presente Acuerdo, cuando proceda, HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

TÍTULO I OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES ARTÍCULO 1 Objetivos 1. El presente Acuerdo establece una colaboración y una cooperación reforzadas entre las Partes, basadas en valores compartidos, los intereses comunes y el deseo de reforzar sus relaciones en todos los ámbitos de su aplicación, en beneficio mutuo. 2. Esta cooperación es un proceso entre las Partes que contribuye al desarrollo sostenible, la paz, la estabilidad y la seguridad, mediante una mayor convergencia en materia de política exterior y de seguridad, una cooperación política y económica eficaz y el multilateralismo.



ARTÍCULO 2 Principios generales 1. El respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos y las libertades fundamentales, proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la DUDH y el Acta Final de Helsinki de la OSCE, así como en otros instrumentos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos de los que son parte, y el respeto del principio del Estado de Derecho, sustentan las políticas internas e internacionales de ambas Partes y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo. 2. Las Partes reafirman su respeto por los principios de buena gobernanza, en particular la lucha contra la corrupción a todos los niveles. 3. Las Partes reiteran su compromiso con los principios de una economía de mercado, promoviendo el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. 4. Las Partes se comprometen a luchar contra las diferentes formas de terrorismo y delincuencia organizada transnacional, a luchar contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores, así como a un multilateralismo eficaz. 5. Las Partes aplicarán el presente Acuerdo sobre la base de los valores compartidos, los principios del diálogo, la confianza y respeto mutuos, la cooperación regional, el multilateralismo eficaz y el respeto de sus obligaciones internacionales derivadas, en particular, de su pertenencia a las Naciones Unidas y a la OSCE.

TÍTULO II DIÁLOGO POLÍTICO Y REFORMAS;

COOPERACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 3 Objetivos del diálogo político Las Partes desarrollarán un diálogo político efectivo en todos los ámbitos de interés mutuo, en particular la política exterior y de seguridad, y la reforma interna. Los objetivos del diálogo político serán los siguientes: a) aumentar la eficacia de la cooperación política y la convergencia en materia de política exterior y de seguridad y promover, preservar y reforzar la paz y la estabilidad y seguridad regionales e internacionales sobre la base de un multilateralismo eficaz; b) reforzar la democracia y el desarrollo político, socioeconómico e institucional sostenible en la República Kirguisa; c) reforzar el respeto de los principios democráticos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el principio de no discriminación, e intensificar la cooperación en estos ámbitos;

d) desarrollar el diálogo y fortalecer la cooperación en el ámbito de la seguridad y la defensa; e) promover la resolución pacífica de los conflictos, así como los principios de integridad territorial, inviolabilidad de las fronteras, soberanía e independencia; f) mejorar las condiciones para la cooperación regional.

ARTÍCULO 4 Democracia y Estado de Derecho Las Partes reforzarán el diálogo y la cooperación con el fin de: a) garantizar la aplicación de los principios democráticos y del Estado de Derecho; b) desarrollar, consolidar y aumentar la estabilidad, la eficacia y la rendición de cuentas de las instituciones democráticas; c) proseguir la reforma judicial y jurídica y el funcionamiento eficaz de las instituciones en los ámbitos de aplicación de la ley y administración de la justicia, a fin de garantizar la igualdad de acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo (en particular, las garantías procesales de los sospechosos, acusados y víctimas), garantizar la independencia, la rendición de cuentas, la calidad y la eficiencia del poder judicial, la fiscalía y las fuerzas y cuerpos de seguridad;

d) promover la administración electrónica y proseguir la reforma de la administración pública para instaurar una gobernanza responsable, eficaz y transparente a escala nacional, regional y local; e) reforzar los procesos electorales y las capacidades de los órganos de gestión electoral; f) garantizar la eficacia de la lucha contra la corrupción a todos los niveles.

ARTÍCULO 5 Derechos humanos y libertades fundamentales Las Partes cooperarán en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y reforzarán el diálogo y la cooperación con el fin de: a) garantizar el respeto de los derechos humanos, el principio de no discriminación y los derechos de las personas que pertenecen a minorías y grupos vulnerables; b) garantizar la protección de las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión, la libertad de reunión y de asociación, la libertad de los medios de comunicación y la libertad religiosa; c) promover los derechos económicos, sociales y culturales; d) promover la igualdad de género, promoviendo, protegiendo y respetando los derechos de las niñas y las mujeres, en particular garantizando su participación activa en los ámbitos público y privado;

e) reforzar las instituciones nacionales relacionadas con los derechos humanos, en particular mediante su participación en los procesos de toma de decisiones; f) reforzar la cooperación con los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, en particular mediante un seguimiento adecuado de sus recomendaciones de conformidad con la legislación nacional de las Partes. ARTÍCULO 6

Sociedad civil Las Partes cooperarán para reforzar la sociedad civil y su papel en el desarrollo económico, social y político de una sociedad democrática abierta, en particular mediante: a) el refuerzo de las capacidades, la independencia y la transparencia de las organizaciones de la sociedad civil; b) el fomento de la participación de la sociedad civil en los procesos legislativos y de elaboración de políticas mediante el establecimiento de un diálogo abierto, transparente y regular entre las instituciones públicas, por una parte, y los representantes de la sociedad civil, por otra; c) el fomento del refuerzo de los contactos y el intercambio de información y experiencias, en particular mediante seminarios y consultas entre todos los sectores de la sociedad civil de la Unión Europea (UE) y de la República Kirguisa, en especial a través de la aplicación del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 7 Política exterior y de seguridad 1. Las Partes reafirman su compromiso con los principios y normas del Derecho internacional, en particular los consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el Acta Final de Helsinki de la OSCE, así como con el fomento de dichos principios y normas en sus relaciones bilaterales y multilaterales. 2. Las Partes reforzarán su diálogo y cooperación en el ámbito de la política exterior y de seguridad, incluidos diversos aspectos de la política de seguridad y defensa, y abordarán, en particular, las cuestiones de prevención de conflictos y gestión de crisis, reducción de riesgos, ciberseguridad, funcionamiento eficiente del sector de la seguridad, estabilidad regional, desarme, no proliferación, control de armamentos y control de las exportaciones.

ARTÍCULO 8 Delitos graves que preocupan a la comunidad internacional 1. Las Partes reiteran que los delitos más graves que preocupan al conjunto de la comunidad internacional no deben quedar impunes y que su enjuiciamiento efectivo debe garantizarse mediante la adopción de medidas a escala nacional e internacional.

2. Las Partes consideran que el establecimiento y funcionamiento efectivo de la Corte Penal Internacional constituyen avances importantes para la paz y la justicia internacionales. Las Partes reforzarán la cooperación en la promoción de la paz y la justicia internacional. Las Partes promoverán la universalidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y debatirán la cuestión de la ratificación y aplicación, teniendo en cuenta sus marcos jurídicos y constitucionales. 3. Las Partes se comprometen a cooperar estrechamente para prevenir el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, haciendo uso de los marcos bilaterales y multilaterales oportunos. ARTÍCULO 9 Prevención de conflictos y gestión de crisis Las Partes cooperarán en la prevención de conflictos y la gestión de crisis, y trabajarán contra los conflictos en la región con el objetivo de crear un entorno de paz y estabilidad.

ARTÍCULO 10

Cooperación regional y resolución pacífica de conflictos 1. Las Partes intensificarán sus esfuerzos conjuntos destinados a mejorar las condiciones para una mayor cooperación regional en ámbitos clave como el agua, la energía, el medio ambiente y el cambio climático, la gestión integrada del agua y de los recursos hídricos y energéticos, la gestión de fronteras que facilite el flujo transfronterizo de personas y mercancías, y el desarrollo democrático y sostenible, contribuyendo así a las buenas relaciones de vecindad, la estabilidad y la seguridad en Asia Central. Las Partes trabajarán en aras de la resolución pacífica de los conflictos. 2. Los esfuerzos a que se refiere el apartado 1 perseguirán el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, en el Acta Final de Helsinki de la OSCE y en otros instrumentos multilaterales pertinentes a los que se adhieren las Partes.

ARTÍCULO 11 Lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva 1. Las Partes consideran que la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores, a agentes tanto públicos como privados, representa una de las amenazas más graves para la estabilidad y la seguridad internacionales. Las Partes acuerdan, por tanto, cooperar y coadyuvar a la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores, mediante el pleno cumplimiento a nivel nacional de las obligaciones que les incumben en virtud de los tratados y acuerdos internacionales de desarme y de no proliferación, así como de otras obligaciones internacionales en la materia. Las Partes acuerdan que esta disposición constituye un elemento esencial del presente Acuerdo. 2. Las Partes acuerdan, además, cooperar y contribuir a la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores: a) adoptando medidas para firmar, ratificar o adherirse, según proceda, a los instrumentos internacionales pertinentes, aplicándolos en su totalidad; b) estableciendo un sistema eficaz de controles nacionales de las exportaciones y el tránsito de mercancías relacionadas con las armas de destrucción masiva, incluido un control del destino final de las tecnologías de doble uso de dichas armas y previendo sanciones eficaces en caso de violación de los controles de las exportaciones.

3. Las Partes convienen en establecer un diálogo político regular que acompañe y consolide estos elementos.

ARTÍCULO 12 Armas ligeras y armas de pequeño calibre y control de las exportaciones de armas convencionales 1. Las Partes reconocen que la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y armas ligeras, incluidas sus municiones, así como su acumulación excesiva, su gestión deficiente, la existencia de arsenales indebidamente protegidos y su circulación incontrolada, siguen constituyendo una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. 2. Las Partes acuerdan respetar y aplicar plenamente sus respectivas obligaciones de hacer frente al comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, incluidas sus municiones, con arreglo a los acuerdos internacionales existentes y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como a sus compromisos en el marco de otros instrumentos internacionales aplicables en este ámbito, tales como el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos de las Naciones Unidas, adoptado el 20 de julio de 2001. 3. Las Partes reconocen la importancia de los sistemas de control interno para la transferencia de armas convencionales, en consonancia con las normas internacionales vigentes. Las Partes reconocen la importancia de aplicar dichos controles de forma responsable, como contribución a la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales y regionales, y a la reducción del sufrimiento humano, así como para la prevención del desvío de armas convencionales. 4. Por tanto, las Partes se comprometen a cooperar y asegurar la coordinación, la complementariedad y la sinergia de sus esfuerzos por regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales, así como a prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas. Convienen en establecer un diálogo político regular que secundará y consolidará el presente compromiso.

TÍTULO III JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 13 Protección de datos de carácter personal 1. Las Partes reconocen la importancia de promover y garantizar los derechos fundamentales a la intimidad y la protección de los datos personales, como un factor esencial de la confianza de los ciudadanos en la economía digital y un elemento clave para seguir desarrollando los intercambios comerciales y la cooperación en materia de ejecución de las leyes. 2. Las Partes cooperarán para garantizar la protección y el respeto efectivos de estos derechos, en particular en el contexto de la prevención del terrorismo y la lucha antiterrorista y otros delitos transnacionales. La cooperación podrá abarcar el desarrollo de capacidades, la asistencia técnica y el intercambio de información y conocimientos técnicos, así como otras formas.

3. Las Partes cooperarán a fin de garantizar un nivel elevado de protección de los datos personales, mediante el intercambio de mejores prácticas y experiencias, teniendo en cuenta las normas y los instrumentos jurídicos europeos e internacionales. Como forma de facilitar la cooperación, la República Kirguisa se esforzará por adherirse y aplicar el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981, y su Protocolo Adicional al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, a las Autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos, de 8 de noviembre de 2001. ARTÍCULO 14 Cooperación en materia de migración, asilo y gestión de fronteras 1. Las Partes reafirman la importancia de establecer un diálogo integral sobre todas las cuestiones relacionadas con la migración, en particular, en su caso, la migración legal, la protección internacional y la lucha contra la migración irregular, la lucha contra el tráfico ilícito de personas y la trata de seres humanos. 2. La cooperación se basará en una evaluación específica de las necesidades llevada a cabo mediante consulta entre las Partes y se aplicará de conformidad con su legislación pertinente en vigor. Se centrará, en particular, en:

a) el examen de las causas subyacentes de la migración;

b) el desarrollo y la aplicación de la legislación y las prácticas nacionales en materia de protección internacional, con vistas a cumplir las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada el 28 de julio de 1951, y del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 31 de enero de 1967; c) la evocación de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, adoptada por la Resolución A/RES/71/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de septiembre de 2016; d) las normas de admisión y los derechos y el estatuto de las personas admitidas, el trato equitativo y la integración de los ciudadanos no nacionales con residencia legal, la educación y la formación y las medidas de lucha contra el racismo y la xenofobia; e) el establecimiento de una política preventiva eficaz contra la migración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos, en particular el estudio de los medios para luchar contra las redes y organizaciones delictivas de traficantes y para proteger a las víctimas de este tipo de tráfico en el marco de los instrumentos internacionales pertinentes; f) aspectos como la organización, la formación, las mejores prácticas y otras medidas operativas en los ámbitos de la gestión de la migración, en particular la migración irregular, la seguridad de los documentos, la política de visados, y la gestión de las fronteras y los sistemas de información sobre la migración.

ARTÍCULO 15 Readmisión y lucha contra la migración irregular 1. En el marco de la cooperación para prevenir y luchar contra la migración irregular, las Partes acuerdan que: a) la República Kirguisa readmitirá a cualquiera de sus nacionales que no cumpla, o que haya dejado de cumplir, las condiciones en vigor para la entrada, la presencia o la residencia en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, a petición de este último y sin mediar más trámites;

b) cada Estado miembro de la Unión Europea readmitirá a cualquiera de sus nacionales que no cumpla, o que haya dejado de cumplir, las condiciones en vigor para la entrada, la presencia o la residencia en el territorio de la República Kirguisa, a petición de este último y sin mediar más trámites;

c) los Estados miembros de la Unión Europea y la República Kirguisa facilitarán a sus nacionales documentos de viaje adecuados para tales fines o aceptarán el uso del documento de viaje europeo establecido en virtud del Reglamento (UE) 2016/1953 del Parlamento Europeo y del Consejo a efectos del retorno. Cuando la persona que deba ser readmitida no esté en posesión de ningún documento o prueba de su nacionalidad, las legaciones diplomáticas o consulares competentes del Estado miembro en cuestión o de la República Kirguisa ofrecerán, a petición de la República Kirguisa o del Estado miembro en cuestión, plena cooperación para establecer su nacionalidad. 2. Las Partes acuerdan celebrar, si así lo solicita una de ellas, un acuerdo entre la Unión Europea y la República Kirguisa que regule las obligaciones específicas de los Estados miembros de la Unión Europea y de la República Kirguisa en lo que respecta a la readmisión, en particular las disposiciones detalladas para la readmisión de nacionales de otros países y de apátridas. Las Partes también podrán considerar, si las condiciones lo permiten, una posible negociación de un acuerdo entre la Unión Europea y la República Kirguisa sobre la facilitación de visados para los ciudadanos de la Unión Europea y de la República Kirguisa.

ARTÍCULO 16 Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 1. Las Partes cooperarán con el fin de evitar y combatir eficazmente el uso de sus instituciones financieras y de determinadas actividades y profesiones no financieras para el blanqueo de los productos de actividades delictivas y para la financiación del terrorismo. 2. Para ello, intercambiarán información en el marco de sus respectivas legislaciones y cooperarán para garantizar la aplicación efectiva y plena de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de otras normas adoptadas por los organismos internacionales pertinentes activos en este ámbito. Dicha cooperación podrá abarcar, entre otras, la identificación, la localización, el embargo, el decomiso y la recuperación de activos o fondos derivados de los productos de actividades delictivas. ARTÍCULO 17 Drogas ilícitas

1. Las Partes cooperarán para garantizar un enfoque equilibrado, basado en datos contrastados e integrado en relación a las drogas ilícitas y las nuevas sustancias psicoactivas.

2. Las políticas y acciones relacionadas con las drogas estarán encaminadas a reforzar las estructuras para prevenir y combatir las drogas ilícitas, reducir el suministro, el tráfico y la demanda de drogas ilícitas, y hacer frente a las consecuencias sanitarias y sociales del consumo de drogas ilícitas con el fin de reducir los daños. Las Partes cooperarán para prevenir el desvío de productos químicos precursores utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes, y de sustancias psicotrópicas y nuevas sustancias psicoactivas. 3. Las Partes acordarán los métodos de cooperación necesarios para lograr los objetivos mencionados en el apartado 1. Las acciones se basarán en los principios comúnmente acordados establecidos en los convenios pertinentes de las Naciones Unidas en materia de control de drogas y en las recomendaciones que figuran en el documento final titulado «Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas», adoptado por la Resolución A/RES/S-30/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de abril de 2016, como el consenso internacional más reciente sobre política internacional en materia de drogas, con el fin de hacer un balance de la aplicación de los compromisos contraídos para abordar y contrarrestar conjuntamente el problema mundial de las drogas. ARTÍCULO 18 Lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción 1. Las Partes colaborarán en la lucha contra las actividades delictivas e ilegales y en su prevención, en especial actividades transnacionales, organizadas o no, tales como: a) el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos;

b) el contrabando y el tráfico de armas de fuego, entre ellas las armas pequeñas y armas ligeras; c) el contrabando y el tráfico de drogas ilegales;

d) el contrabando y el tráfico de mercancías; e) actividades económicas y financieras ilegales, tales como la falsificación, el fraude fiscal y el fraude en materia de contratación pública; f) la malversación en proyectos financiados por donantes internacionales; g) la corrupción activa y pasiva, tanto en el sector privado como en el público; h) la falsificación de documentos y la presentación de declaraciones falsas; i) la ciberdelincuencia. 2. Las Partes reforzarán la cooperación bilateral, regional e internacional entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, también la formación y el intercambio de experiencias. Las Partes aplicarán de forma efectiva las normas internacionales pertinentes, en particular las consagradas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Resolución A/RES/55/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de enero de 2001, y sus Protocolos.

3. Las Partes cooperarán en la prevención y la lucha contra la corrupción en consonancia con las normas internacionales pertinentes, en particular las consagradas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por la Resolución A/RES/58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003, y las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas de dicha Convención. ARTÍCULO 19 Lucha antiterrorista

1. Las Partes reafirman la importancia de la lucha antiterrorista y de la prevención del terrorismo, y acuerdan trabajar conjuntamente a escala bilateral, regional e internacional para prevenir y combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. 2. Las Partes convienen en que resulta esencial que la lucha antiterrorista se lleve a cabo en pleno respecto del Estado de Derecho y el Derecho internacional, incluido el Derecho internacional en materia de derechos humanos, la legislación internacional sobre refugiados, la legislación humanitaria internacional, los principios de la Carta de las Naciones Unidas y todos los instrumentos internacionales pertinentes en materia de la lucha antiterrorista. 3. Las Partes destacan la importancia de la ratificación universal y la plena aplicación de todos los convenios y protocolos de las Naciones Unidas relacionados con la lucha antiterrorista. Las Partes acuerdan promover el diálogo sobre el proyecto de convenio global sobre terrorismo internacional y cooperar en la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, adoptada por la Resolución A/RES/60/288 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de septiembre de 2006, así como de todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

4. Las Partes reafirman la importancia de un enfoque policial y judicial en la lucha antiterrorista y acuerdan cooperar en la prevención y la supresión del terrorismo, en particular: a) intercambiando información sobre los grupos terroristas y los particulares y sus redes de apoyo, de conformidad con el Derecho internacional e interno, en particular en lo que respecta a la protección de datos y la protección de la intimidad; b) intercambiando experiencia en lo que respecta a la prevención y la supresión del terrorismo, los medios y los métodos empleados y sus aspectos técnicos, así como formación, de conformidad con la legislación aplicable; c) intercambiando puntos de vista sobre la radicalización y la captación, así como formas de luchar contra la radicalización y promover la desradicalización y la rehabilitación; d) intercambiando puntos de vista y experiencia sobre la circulación transfronteriza y el desplazamiento de sospechosos de terrorismo, así como sobre las amenazas terroristas; e) compartiendo mejores prácticas en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos en la lucha antiterrorista, sobre todo en relación con los procesos penales; f) garantizando la tipificación penal de los delitos de terrorismo y adoptando medidas para luchar contra la financiación del terrorismo;



g) adoptando medidas contra la amenaza de terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear y aplicando las medidas necesarias para impedir la adquisición, transferencia y utilización, con fines terroristas, de materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, así como para evitar actos ilícitos contra instalaciones químicas, biológicas, radiológicas y nucleares de alto riesgo. 5. La cooperación se basará en las evaluaciones pertinentes disponibles y se llevará a cabo mediante consulta entre las Partes. ARTÍCULO 20 Cooperación judicial y jurídica 1. Las Partes reforzarán la cooperación existente en materia de asistencia judicial mutua y extradición sobre la base de los acuerdos internacionales pertinentes. Las Partes reforzarán los mecanismos existentes y, en su caso, estudiarán el desarrollo de nuevos mecanismos para facilitar la cooperación internacional en este ámbito. Dicha cooperación abarcará, en su caso, la adhesión a los instrumentos internacionales pertinentes y su aplicación, así como una cooperación más estrecha con Eurojust. 2. Las Partes desarrollarán la cooperación judicial y jurídica en materia civil y mercantil, en particular por lo que se refiere a la negociación, ratificación y aplicación de los convenios multilaterales sobre cooperación judicial en materia civil, en especial los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

ARTÍCULO 21 Protección consular Las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro de la Unión Europea ofrecerán protección a todo nacional de un Estado miembro de la Unión Europea que no cuente con una representación permanente en la República Kirguisa en condiciones de prestar protección consular de forma efectiva en un caso determinado, en las mismas condiciones que a los nacionales de dicho Estado miembro.

Con vistas a establecer un procedimiento coordinado que permita a los nacionales de la República Kirguisa recibir protección consular en los Estados miembros de la Unión Europea en los que la República Kirguisa no tenga una representación permanente en condiciones de prestar protección consular de forma efectiva en un caso determinado, se exime a las oficinas consulares de la República Kirguisa establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea del requisito de notificación previsto en el artículo 7 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, adoptada el 24 de abril de 1963.



Título IV COMERCIO Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES HORIZONTALES ARTÍCULO 22 Objetivos Los objetivos del presente título son:

a) la expansión, diversificación y facilitación del comercio entre las Partes, en particular mediante disposiciones relativas a las aduanas y la facilitación del comercio, los obstáculos técnicos al comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias, preservando al mismo tiempo el derecho de cada Parte a legislar para alcanzar objetivos de política pública; b) la facilitación del comercio de servicios y la inversión entre las Partes, en particular mediante la libre transferencia de pagos corrientes y movimientos de capitales;

c) la apertura efectiva y recíproca de los mercados de la contratación pública de las Partes; d) la promoción de la innovación y la creatividad garantizando una protección adecuada y eficaz de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial; e) la promoción de condiciones que fomenten una competencia no falseada en las actividades económicas de las Partes, en particular en lo que respecta al comercio y la inversión entre ellas; f) el desarrollo del comercio internacional de tal manera que contribuya al desarrollo sostenible en sus ámbitos económico, social y medioambiental; g) el establecimiento de un mecanismo de solución de diferencias eficaz, justo y predecible para resolver las diferencias relativas a la interpretación y aplicación del presente título. ARTÍCULO 23 Definiciones A los efectos del presente título, se entenderá por:

a) «Acuerdo sobre la Agricultura»: el Acuerdo sobre la Agricultura que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

b) «Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación»: el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC; c) «Acuerdo Antidumping»: el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT de 1994, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC; d) «días»: días naturales, incluidos los fines de semana y festivos; e) «Tratado sobre la Carta de la Energía»: el Tratado sobre la Carta de la Energía, celebrado en Lisboa el 17 de diciembre de 1994; f) «existente»: en efecto en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo; g) «GATT de 1994»: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC; h) «AGCS»: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que se recoge en el anexo 1B del Acuerdo de la OMC; i) «medida»: cualquier medida adoptada por una Parte, ya sea en forma de disposición legal y reglamentaria, norma, procedimiento, decisión o disposición administrativa, o que revista cualquier otra forma;

j) «medidas adoptadas por una Parte»: medidas adoptadas o mantenidas por:

i) gobiernos o autoridades públicas centrales, regionales o locales; así como ii) organismos no gubernamentales en el ejercicio de facultades delegadas en ellos por gobiernos o autoridades públicas centrales, regionales o locales; k) «persona»: una persona física o persona jurídica; l) «Convenio de Kioto revisado»: el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, celebrado en Kioto el 18 de mayo de 1973, en su versión modificada; m) «Acuerdo sobre Salvaguardias»: el Acuerdo sobre Salvaguardias, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC; n) «Acuerdo SMC»: el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC; o) «Acuerdo MSF»: el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC; p) «Acuerdo OTC»: el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

q) «tercer país»: un país o territorio que está fuera del ámbito geográfico de aplicación del presente Acuerdo; r) «Acuerdo sobre facilitación del comercio»: el Acuerdo sobre facilitación del comercio, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

s) «Acuerdo sobre los ADPIC»: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que se recoge en el anexo 1C del Acuerdo de la OMC; t) «Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados»: la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, celebrada en Viena el 23 de mayo de 1969; u) «Declaración de Arusha de la Organización Mundial de Aduanas»: la Declaración del Consejo de Cooperación Aduanera relativa a la integridad en las aduanas, hecha en Arusha, Tanzania, el 7 de julio de 1993; v) «OMC»: Organización Mundial del Comercio; w) «Acuerdo de la OMC»: el Acuerdo por el que se establece la Organización Multilateral de Comercio, celebrado en Marrakech el 15 de abril de 1994.

ARTÍCULO 24 Relación con otros acuerdos internacionales 1. Las Partes afirman sus derechos y obligaciones recíprocos en virtud del Acuerdo de la OMC y de cualquier otro acuerdo del que ambas son parte. 2. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará de forma que exija a cualquiera de las Partes actuar de forma incompatible con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de la OMC.

ARTÍCULO 25 Referencias a las disposiciones legales y reglamentarias y otros acuerdos 1. Toda referencia en el presente título a disposiciones legales y reglamentarias, ya sea con carácter general o por referencia a una ley, reglamento o directiva específicos, se interpretará como una referencia a las disposiciones legales y reglamentarias en su versión modificada, salvo que se indique lo contrario. 2. Salvo que se indique lo contrario, toda referencia o incorporación por medio de una referencia en el presente título a otros acuerdos o instrumentos jurídicos, en su totalidad o en parte, se interpretará en el sentido de que incluye: a) los anexos, protocolos, notas a pie de página, notas interpretativas y notas explicativas relacionados; así como

b) los acuerdos sustitutivos en los que las Partes sean parte o las modificaciones que sean vinculantes para las Partes, salvo en caso de que la referencia afirme derechos vigentes. ARTÍCULO 26 Derecho de recurso con arreglo al Derecho interno Ninguna de las Partes podrá prever un derecho de recurso con arreglo a su Derecho interno contra la otra Parte aduciendo que una medida de la otra Parte es incompatible con el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 27 Tareas específicas del Consejo de Cooperación en su configuración de comercio 1. Cuando el Consejo de Cooperación lleve a cabo cualquiera de las tareas que le hayan sido encomendadas en relación con el presente título, estará compuesto por representantes de las Partes con responsabilidad en cuestiones relacionadas con el comercio, de conformidad con los respectivos marcos jurídicos de las Partes, o por sus representantes.

2. El Consejo de Cooperación, en su configuración de comercio: a) tendrá la facultad de adoptar decisiones con el fin de actualizar o modificar, sobre la base del consentimiento mutuo, los siguientes elementos, con el debido respeto a la conclusión de los respectivos procedimientos internos de las Partes con arreglo a lo dispuesto en su legislación: i) el anexo 2; ii) los anexos 8-A, 8-B y 8-C; iii) el anexo 9; iv) los anexos 14-A y 14-B; v) el Protocolo I.

Dichas actualizaciones y modificaciones se confirmarán por el canje de notas diplomáticas entre las Partes y entrarán en vigor tras dicho canje, a menos que las Partes acuerden otra cosa. b) podrá adoptar decisiones para formular interpretaciones de las disposiciones del presente título; c) podrá adoptar decisiones para establecer subcomités adicionales distintos de los establecidos en el presente título, compuestos por representantes de las Partes, y asignarles responsabilidades dentro de sus competencias. También podrá decidir modificar las funciones asignadas a los subcomités que cree, así como disolverlos.

3. El Consejo de Cooperación, en su configuración de comercio, adoptará decisiones y formulará las recomendaciones oportunas una vez finalizados los respectivos procedimientos internos de las Partes, según lo previsto en su legislación. 4. Cuando no se celebren reuniones del Consejo de Cooperación, las decisiones a que se refiere el apartado 2 podrán adoptarse por procedimiento escrito. ARTÍCULO 28 Tareas específicas del Comité de Cooperación en su configuración de comercio 1. Cuando el Comité de Cooperación lleve a cabo cualquiera de las tareas que le hayan sido encomendadas en virtud del presente título, estará compuesto por representantes de las Partes con responsabilidad en cuestiones relacionadas con el comercio, o por sus representantes. 2. El Comité de Cooperación, en su configuración de comercio, tendrá, en particular, las siguientes tareas:

a) asistir al Consejo de Cooperación en el desempeño de sus funciones en lo relativo a cuestiones relacionadas con el comercio; b) será responsable de la correcta ejecución y aplicación del presente título. A este respecto, y sin perjuicio de los derechos establecidos en el capítulo 14, cualquiera de las Partes podrá someter a debate en el Comité de Cooperación cualquier cuestión relativa a la aplicación o interpretación del presente título;

c) supervisar la elaboración ulterior de las disposiciones del presente título y evaluar los resultados obtenidos de su aplicación, d) buscar formas adecuadas de prevenir y resolver los problemas que de otro modo pudieran surgir en los ámbitos contemplados por el presente título; así como e) supervisar el trabajo de todos los subcomités establecidos en virtud del presente título. 3. En el desempeño de sus funciones con arreglo al apartado 2 del presente artículo, el Comité de Cooperación podrá presentar propuestas sobre la necesidad de adoptar las decisiones de actualización o modificación a que se refiere el artículo 27, apartado 2, letra a), o de formular las interpretaciones a que se refiere el artículo 27, apartado 2, letra b), cuando no se celebren reuniones del Consejo de Cooperación. 4. El Comité de Cooperación, en su configuración de comercio, adoptará decisiones y formulará las recomendaciones oportunas una vez finalizados los respectivos procedimientos internos de las Partes, según lo previsto en su legislación. ARTÍCULO 29 Coordinadores 1. La Unión Europea y la República Kirguisa designarán un coordinador para el presente título, en el plazo de sesenta días a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, y se notificarán mutuamente los datos de contacto.



2. Los coordinadores establecerán de manera conjunta el orden del día y llevarán a cabo todos los preparativos necesarios para las reuniones del Consejo de Cooperación y del Comité de Cooperación de conformidad con el presente capítulo, y darán seguimiento a las decisiones de ambos órganos, según proceda. ARTÍCULO 30 Subcomités 1. Los subcomités estarán compuestos por representantes de la Unión Europea, por una parte, y por representantes de la República Kirguisa, por otra. 2. Los subcomités se reunirán en el plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y, posteriormente, una vez al año o a petición de cualquiera de las Partes o del Comité de Cooperación, al nivel adecuado. Cuando las reuniones sean presenciales, se celebrarán alternativamente en Bruselas o en Biskek. Las reuniones también podrán celebrarse por cualquier medio tecnológico disponible para las Partes. 3. Los subcomités estarán copresididos por representantes de las Partes.

CAPÍTULO 2 COMERCIO DE MERCANCÍAS

Artículo 31 Ámbito de aplicación Salvo que se disponga lo contrario en el presente Acuerdo, este capítulo se aplica al comercio de mercancías de una Parte. Artículo 32 Definiciones A los efectos del presente capítulo, se entenderá por: a) «formalidades consulares»: el procedimiento de obtención por parte de un cónsul de la Parte importadora en el territorio de la Parte exportadora, o en el territorio de un tercero, una factura consular o un visado consular para una factura comercial, un certificado de origen, un manifiesto, una declaración de exportación del expedidor o cualquier otra documentación aduanera relacionada con la importación de la mercancía;

b) «derecho de aduana»: todo derecho o gravamen de cualquier tipo aplicado a la importación de una mercancía o en relación con ella; no abarca: i) ninguna carga equivalente a un impuesto interno aplicado de conformidad con el artículo 34; ii) derechos antidumping, de salvaguardia especial, compensatorios o de salvaguardia aplicados de conformidad con el GATT de 1994, el Acuerdo Antidumping, el Acuerdo sobre la Agricultura, el Acuerdo SMC y el Acuerdo sobre Salvaguardias, según proceda;

iii) una tasa u otra carga aplicada a la importación de una mercancía o en relación con ella, cuyo importe se limite al coste aproximado de los servicios prestados; c) «procedimiento para el trámite de licencias de exportación»: un procedimiento administrativo que requiere la presentación de una solicitud u otra documentación (distinta de la que generalmente se requiere a efectos del despacho de aduana) al órgano u organismos administrativos competentes como condición previa para la exportación desde el territorio de la Parte exportadora; d) «mercancía de una Parte»: una mercancía nacional, tal como se entiende en el GATT de 1994; e) «Sistema Armonizado» o «SA»: el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, incluidas todas las notas legales y las modificaciones a las mismas elaboradas por la Organización Mundial de Aduanas;

f) «procedimiento para el trámite de licencias de importación»: un procedimiento administrativo que requiere la presentación de una solicitud u otra documentación (distinta de la que generalmente se requiere a efectos del despacho de aduana) al órgano u organismos administrativos competentes como condición previa para la importación al territorio de la Parte importadora; g) «mercancía remanufacturada»: una mercancía clasificada en los capítulos 84, 85, 87, 90 o en la partida 9402 del Sistema Armonizado que: i) esté compuesta total o parcialmente por piezas obtenidas a partir de mercancías que ya hayan sido utilizadas, y ii) tenga un rendimiento y unas condiciones de trabajo similares a los de la mercancía equivalente nueva; y iii) tenga la misma garantía que la mercancía equivalente nueva.

Artículo 33 Trato de nación más favorecida 1. Cada una de las Partes concederá el trato de nación más favorecida a las mercancías de la otra Parte de conformidad con el artículo I del GATT de 1994, incluidas sus notas y disposiciones complementarias, que se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

2. El apartado 1 no deberá aplicarse en relación con el trato preferencial que cualquiera de las Partes confiera a las mercancías de un tercer país en virtud de lo establecido en el Acuerdo de la OMC. Artículo 34 Trato nacional Cada Parte concederá trato nacional a las mercancías de la otra Parte de conformidad con el artículo III del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias. A tal efecto, el artículo III del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo. Artículo 35 Restricciones a la importación y a la exportación

Ninguna de las Partes adoptará o mantendrá prohibiciones o restricciones que no sean derechos de aduana, impuestos u otros gravámenes, ya sean aplicadas mediante contingentes, licencias de importación o exportación u otras medidas, sobre la importación de cualquier mercancía de la otra Parte o sobre la exportación o la venta para la exportación de cualquier mercancía destinada al territorio de la otra Parte, excepto de conformidad con el artículo XI del GATT de 1994, incluidas sus notas y disposiciones complementarias. A tal efecto, el artículo XI del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.



Artículo 36 Derechos de exportación, impuestos u otros gravámenes 1. Ninguna de las Partes introducirá o mantendrá ningún derecho, impuesto u otro gravamen de cualquier tipo que se imponga a la exportación de una mercancía a la otra Parte o en relación con ella, ni ninguna otra medida de efecto equivalente que no sea aplicable a las mercancías, de conformidad con la lista que figura en el anexo 2. La presente disposición no se aplica a las mercancías en tránsito a través del territorio de una Parte en el sentido del artículo V del GATT de 1994, ni a las mercancías que, de conformidad con un acuerdo internacional entre la República Kirguisa y un tercero, hayan sido importadas en la República Kirguisa sin la imposición de derechos de exportación que, de otro modo, podría haber impuesto dicho tercero a la exportación a la Unión Europea de conformidad, en su caso, con la lista de concesiones de dicho tercero aneja al GATT de 1994 o con cualquier compromiso bilateral con la Unión Europea. 2. Ninguna disposición del presente artículo impedirá a una Parte imponer a la exportación de una mercancía a la otra Parte un impuesto o gravamen que esté permitido en virtud del artículo 38. Artículo 37 Controles de las exportaciones de productos de doble uso Las Partes intercambiarán información y buenas prácticas en materia de control de las exportaciones de productos de doble uso con el fin de promover la convergencia de los controles de las exportaciones de la Unión Europea y de la República Kirguisa.



Artículo 38

Tasas y formalidades 1. El artículo VIII del GATT de 1994 y sus notas interpretativas, así como cualquier excepción y exención de las obligaciones establecidas en el artículo VIII del GATT de 1994 aplicables en virtud del Acuerdo de la OMC, se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo. 2. Cada una de las Partes publicará sin demora todas las tasas y gravámenes que apliquen en relación con la importación o la exportación, de tal manera que permita que las administraciones públicas, los operadores económicos y otras partes interesadas se familiaricen con ellos. 3. Cada una de las Partes examinará periódicamente las tasas y gravámenes que impone con el fin de reducir su número y diversidad, cuando sea factible. 4. Ninguna de las Partes exigirá formalidades consulares, entre ellas tasas y gravámenes conexos, en relación con la importación de cualquier mercancía de la otra Parte.



Artículo 39 Mercancías remanufacturadas 1. Cada una de las Partes se esforzará por conceder a las mercancías remanufacturadas de la otra Parte un trato que no sea menos favorable que el que concede a las mercancías equivalentes nuevas. 2. Si una Parte adopta o mantiene prohibiciones o restricciones a la importación y la exportación de mercancías usadas, se esforzará por no aplicar dichas medidas a las mercancías remanufacturadas.

3. Una Parte podrá exigir que las mercancías remanufacturadas se identifiquen como tales para su distribución o venta en su territorio y que cumplan todos los requisitos técnicos aplicables a las mercancías equivalentes nuevas. Artículo 40 Admisión temporal de mercancías Cada una de las Partes concederá a la otra Parte la exención de los derechos y gravámenes de importación sobre las mercancías admitidas temporalmente, en los casos y de conformidad con los procedimientos estipulados en cualquier convenio internacional sobre la admisión temporal de mercancías que le sea vinculante. La presente exención se aplicará de conformidad con la legislación de cada una de las Partes.



Artículo 41 Tránsito El artículo V del GATT de 1994 se incorpora e integra en el presente Acuerdo. Las Partes adoptarán todas las medidas necesarias para facilitar el tránsito de productos energéticos, en consonancia con el principio de libertad de tránsito y con arreglo al artículo 7, apartados 1 y 3, del Tratado sobre la Carta de la Energía. Artículo 42 Monopolios de importación y exportación

Ninguna de las Partes designará o mantendrá un monopolio designado de importación o exportación. A los efectos del presente artículo, se entenderá por «monopolio de importación o exportación» el derecho exclusivo o la concesión de autoridad por una Parte a una entidad para importar una mercancía de la otra Parte o exportarla a la otra Parte.



Artículo 43 Marcado de origen 1. Cuando la República Kirguisa exija una marca de origen para la importación de mercancías de la Unión Europea, aceptará la marca de origen «Made in EU» o su equivalente en una lengua acorde con los requisitos del marcado de origen de la República Kirguisa en condiciones que no sean menos favorables que las aplicadas a las marcas de origen de los Estados miembros de la Unión Europea. 2. A efectos de la marca de origen «Made in EU», la República Kirguisa tratará a la Unión Europea como un único territorio. Artículo 44 Procedimientos para el trámite de licencias de importación Cada una de las Partes adoptará y administrará cualquier procedimiento para el trámite de licencias de importación de conformidad con los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación. A tal fin, los artículos 1 a 3, del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.





Artículo 45 Procedimientos para el trámite de licencias de exportación 1. Cada una de las Partes, de conformidad con sus competencias, garantizará la transparencia con respecto a los procedimientos para el trámite de licencias de exportación y publicará cualquier procedimiento nuevo para el trámite de licencias de exportación, o cualquier modificación de un procedimiento existente para el trámite de licencias de exportación, de manera que las administraciones públicas, los operadores económicos y otras partes interesadas se familiaricen con ellos. Dicha publicación tendrá lugar, siempre que sea posible, a más tardar treinta días antes de que surta efecto cualquier procedimiento nuevo para el trámite de licencias de exportación o cualquier modificación de un procedimiento existente para el trámite de licencias de exportación y, en cualquier caso, a más tardar en la fecha en que surta efecto dicho procedimiento o modificación. 2. La publicación de los procedimientos para el trámite de licencias de exportación incluirá la siguiente información: a) los textos de los procedimientos para el trámite de licencias de exportación o cualquier modificación de los mismos; b) las mercancías objeto de cada procedimiento para el trámite de licencias de exportación;

c) para cada procedimiento, una descripción del proceso para solicitar una licencia de exportación y los criterios que un solicitante debe cumplir para poder solicitarla, como disponer de una licencia de actividad, establecer o mantener una inversión u operar a través de una forma particular de establecimiento en el territorio de una de las Partes; d) el punto o los puntos de contacto a través de los cuales las personas interesadas pueden obtener información adicional sobre las condiciones para la obtención de una licencia de exportación; e) el órgano o los organismos administrativos ante los que debe presentarse una solicitud u otra documentación pertinente; f) una descripción de cualquier medida o medidas que el procedimiento para el trámite de licencias de exportación esté diseñado para aplicar;

g) el período durante el cual estará en vigor cada procedimiento para el trámite de licencias de exportación, a menos que el procedimiento permanezca en vigor hasta su retirada o se revise en una nueva publicación; h) si la Parte pretende utilizar un procedimiento para el trámite de licencias de exportación para administrar un contingente de exportación, la cantidad global y, cuando sea posible, el valor del contingente y las fechas de apertura y cierre del mismo; así como i) las exenciones o excepciones al requisito de obtener una licencia de exportación, la forma de solicitar o utilizar dichas exenciones o excepciones y los criterios para su concesión.

3. En el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, cada una de las Partes notificará a la otra Parte sus procedimientos vigentes para el trámite de licencias de exportación. Cuando una de las Partes adopte un nuevo procedimiento para el trámite de licencias de exportación o modifique cualquier procedimiento existente para el trámite de licencias de exportación, notificará a la otra Parte el procedimiento o la modificación en un plazo de sesenta días a partir de su publicación. La notificación incluirá una referencia a la(s) fuente(s) en las que se publique la información requerida de conformidad con el apartado 2 e incluirá, cuando corresponda, la dirección del sitio web oficial correspondiente. ARTÍCULO 46 Soluciones comerciales Las Partes afirman sus derechos y obligaciones en virtud de: a) el artículo XIX del GATT de 1994; b) el Acuerdo sobre Salvaguardias; c) el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura;

d) el artículo VI del GATT de 1994; e) el Acuerdo Antidumping; así como f) el Acuerdo SMC.

ARTÍCULO 47 Transparencia de los instrumentos de defensa comercial 1. Las Partes convienen en que los instrumentos de defensa comercial (salvaguardias antidumping, antisubvenciones y globales) deben utilizarse en pleno respeto de los requisitos pertinentes de la OMC y sobre la base de un sistema justo y transparente. 2. Antes de que se adopte una determinación final sobre medidas antidumping o compensatorias, las Partes garantizarán la comunicación de todos los hechos esenciales tomados en consideración que constituyan la base de la decisión de aplicar las medidas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.5 del Acuerdo Antidumping y en el artículo 12.4 del Acuerdo SMC. La comunicación permitirá que las partes interesadas tengan tiempo suficiente para formular observaciones. 3. Se dará a cada parte interesada la oportunidad de expresar sus puntos de vista durante las investigaciones antidumping y antisubvenciones, siempre que ello no retrase innecesariamente la realización de las investigaciones. 4. El presente artículo no estará sujeto al capítulo 14 del presente título.



CAPÍTULO 3 ADUANAS Artículo 48 Cooperación aduanera 1. Las Partes intensificarán la cooperación en el sector aduanero para garantizar un entorno comercial transparente, facilitar el comercio, aumentar la seguridad de la cadena de suministro, promover la seguridad de los consumidores, prevenir los flujos de mercancías que infringen los derechos de propiedad intelectual e industrial, y luchar contra el contrabando y el fraude. 2. Con el fin de lograr esos objetivos a que se refiere el apartado 1, y dentro de los límites de los recursos disponibles, las Partes deberán cooperar, entre otras cosas, para: a) mejorar la legislación aduanera, y armonizar y simplificar los procedimientos aduaneros, con arreglo a los convenios y normas internacionales aplicables en el ámbito de las aduanas y la facilitación del comercio, en particular los elaborados por la OMC (también el Acuerdo sobre facilitación del comercio) y la Organización Mundial de Aduanas (también el Convenio de Kioto revisado), y teniendo en cuenta los instrumentos y las mejores prácticas desarrollados por la Unión Europea, incluidos los planes rectores aduaneros;

b) establecer sistemas aduaneros modernos, en particular tecnologías modernas de despacho de aduana, disposiciones aplicables a los operadores económicos autorizados, análisis y controles automatizados basados en riesgos, procedimientos simplificados de despacho de mercancías, auditorías posteriores al despacho de las mercancías, valoración transparente en aduana y disposiciones para las asociaciones entre empresas y aduanas. c) asegurar la facilitación y el control efectivo de las operaciones de transbordo y los movimientos de tránsito en sus territorios respectivos; garantizar la cooperación y la coordinación entre todas las autoridades y agencias interesadas en sus respectivos territorios para facilitar el tráfico en tránsito; y buscar, cuando sea pertinente y apropiado, oportunidades para hacer compatibles los respectivos sistemas de tránsito aduanero;

d) fomentar las normas más estrictas de ética profesional, especialmente en la frontera, mediante la aplicación de medidas que reflejen los principios establecidos en la Declaración de Arusha de la Organización Mundial de Aduanas; e) intercambiar mejores prácticas, así como proporcionar apoyo técnico para la planificación y para garantizar el máximo nivel de ética profesional; f) intercambiar, cuando sea apropiado, información y datos pertinentes, al mismo tiempo que se respetan las normas de las Partes sobre confidencialidad de los datos sensibles y protección de los datos personales; g) participar, cuando sea pertinente y adecuado, en actividades aduaneras coordinadas entre las autoridades aduaneras de las Partes.



Artículo 49 Asistencia administrativa mutua Sin perjuicio de otras formas de cooperación previstas en el presente Acuerdo, en particular en el artículo 48, las Partes se prestarán mutuamente asistencia administrativa en materia de aduanas de conformidad con el Protocolo I. Artículo 50 Valor en aduana

1. Los artículos 1 a 17 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT de 1994, que figura en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC, regularán el valor en aduana de las mercancías en el comercio entre las Partes. Estas disposiciones se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo. 2. Las Partes cooperarán con objeto de alcanzar un enfoque común sobre cuestiones relativas al valor en aduana.

CAPÍTULO 4 OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO Artículo 51 Objetivo El objetivo del presente capítulo es facilitar el comercio de mercancías entre las Partes mediante la prevención, la identificación y la eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio. Artículo 52 Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplica a la elaboración, la adopción y la aplicación de todas las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad definidos en el Acuerdo OTC que puedan afectar al comercio de mercancías entre las Partes.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente capítulo no se aplica a: a) las especificaciones de compra elaboradas por los organismos gubernamentales para los requisitos de producción o consumo de dichos organismos; o b) las medidas sanitarias y fitosanitarias definidas en el anexo A del Acuerdo MSF, cubiertas por el capítulo cinco del presente Acuerdo. Artículo 53 Relación con el Acuerdo OTC Las Partes afirman sus derechos y obligaciones mutuas en vigor en virtud del Acuerdo OTC, que se incorpora e integra, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo. Artículo 54 Reglamentos técnicos

1. Cada Parte llevará a cabo, de conformidad con las normas y procedimientos aplicables a dicha Parte, una evaluación del impacto reglamentario de los reglamentos técnicos previstos, teniendo en cuenta las alternativas reglamentarias y no reglamentarias disponibles al reglamento técnico propuesto que puedan cumplir los objetivos legítimos de la Parte de conformidad con el artículo 2.2 del Acuerdo OTC.

2. Cada una de las Partes utilizará las normas internacionales pertinentes como base para sus reglamentos técnicos, excepto cuando pueda demostrar que dichas normas internacionales serían un medio ineficaz o inadecuado para el cumplimiento de los objetivos legítimos perseguidos. 3. En caso de que una Parte no haya utilizado normas internacionales como base para sus reglamentos técnicos, adoptará, previa solicitud de la otra Parte, medidas para garantizar la detección de cualquier desviación sustancial de las normas internacionales pertinentes y explicará las razones por las que tales normas se han considerado inadecuadas o ineficaces para el objetivo perseguido. 4. Cada una de las Partes revisará sus reglamentos técnicos con el fin de aumentar su convergencia con las normas internacionales pertinentes, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las novedades respecto de las normas internacionales pertinentes o los cambios en las circunstancias que hayan dado lugar a la divergencia con respecto a cualquier norma internacional pertinente. 5. Al elaborar reglamentos técnicos importantes que puedan tener un efecto significativo en el comercio, cada una de las Partes adoptará medidas para garantizar, de conformidad con sus respectivas normas y procedimientos, la existencia de procedimientos que permitan a las personas contribuir a través de un debate público, salvo cuando surjan o amenacen con surgir problemas urgentes de seguridad, salud, protección del medio ambiente o seguridad nacional, y garantizará que los resultados de dichos debates se hagan públicos.



Artículo 55 Normas 1. Con el fin de armonizar las normas sobre una base lo más amplia posible, cada una de las Partes alentará a los organismos de normalización establecidos en su territorio y a los organismos de normalización regionales, de los que ella o los organismos de normalización establecidos en su territorio sean miembros, a: a) participar, dentro de los límites de sus recursos, en la elaboración de normas internacionales por parte de los organismos de normalización internacionales pertinentes;

b) utilizar las normas internacionales pertinentes como base de las normas que elaboren, salvo cuando dichas normas internacionales resulten ineficaces o inadecuadas, por ejemplo debido a un nivel insuficiente de protección, a factores climáticos o geográficos fundamentales o a problemas tecnológicos fundamentales; c) evitar la duplicación, o el solapamiento, del trabajo de los organismos internacionales de normalización; d) revisar periódicamente normas nacionales y regionales que no estén basadas en las normas internacionales pertinentes, con miras a aumentar su convergencia con dichas normas internacionales;

e) cooperar con los organismos de normalización pertinentes de la otra Parte en actividades internacionales de normalización. Dicha cooperación puede efectuarse en organismos de normalización internacionales o a escala regional; así como f) fomentar la cooperación bilateral entre ellos y los organismos de normalización de la otra Parte. 2. Las Partes deben intercambiar información sobre sus respectivos procesos de normalización y sobre el alcance del uso de las normas internacionales, regionales o subregionales como base para sus normas nacionales. 3. Si los requisitos de las normas se convierten en obligatorios en un proyecto de reglamento técnico o en un procedimiento de evaluación de la conformidad, entonces deberán cumplirse las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 58 del presente Acuerdo y en el artículo 2 o 5 del Acuerdo OTC. 4. Las normas internacionales adoptadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión del Codex Alimentarius establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se considerarán normas internacionales pertinentes en el sentido de los artículos 2 y 5 del Acuerdo OTC y de su anexo 3, sin impedir la utilización de otras normas internacionales.

5. Una norma elaborada por otras organizaciones internacionales también podría considerarse como norma internacional pertinente en el sentido de los artículos 2 y 5 del Acuerdo OTC y de su anexo 3, siempre y cuando: a) la haya elaborado un organismo de normalización que trate de llegar a un consenso entre:

i) las delegaciones nacionales de los miembros participantes de la OMC que representen a todos los organismos nacionales de normalización de su territorio que hayan adoptado, o tengan previsto adoptar, normas para el asunto al que se refiera la actividad internacional de normalización, o ii) los organismos gubernamentales de los miembros participantes de la OMC; y b) se haya elaborado de conformidad con la Decisión del Comité Relativa a los Principios para la Elaboración de Normas, Guías y Recomendaciones Internacionales en relación con los artículos 2 y 5 del Acuerdo OTC y de su anexo 3. Artículo 56 Evaluación de la conformidad 1. Las disposiciones establecidas en el artículo 52 con respecto a la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos se aplicarán mutatis mutandis a los procedimientos de evaluación de la conformidad.

2. Si una de las Partes exige la evaluación de la conformidad como garantía positiva de que un producto cumple con un reglamento técnico, seleccionará procedimientos de evaluación de la conformidad proporcionados a los riesgos que entrañen determinados sobre la base de la evaluación de riesgos, incluido, en su caso, el uso de la declaración de conformidad del proveedor. 3. Cuando una de las Partes exija una evaluación de la conformidad por terceros como garantía positiva de que un producto se ajusta a un reglamento técnico, y no haya reservado esta tarea a una autoridad gubernamental como se especifica en el apartado 4, deberá: a) utilizar preferentemente la acreditación para calificar a los organismos de evaluación de la conformidad; b) hacer el mejor uso posible de las normas internacionales para la acreditación y evaluación de la conformidad, así como de los acuerdos internacionales en los que participen los organismos de acreditación de las Partes, por ejemplo a través de los mecanismos de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios y del Foro Internacional de Acreditación;

c) considerar la posibilidad de unirse a sus organismos de evaluación de la conformidad o animarlos a adherirse, según proceda, a cualquier acuerdo o acuerdos internacionales en vigor para la armonización o la facilitación de la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad; d) asegurarse de que los agentes económicos tengan la posibilidad de elegir entre los organismos de evaluación de la conformidad aceptados por las autoridades de una Parte para un producto concreto;

e) velar por que los organismos de evaluación de la conformidad sean independientes de los fabricantes, los importadores y los operadores económicos en general y por que no existan conflictos de interés entre los organismos de acreditación y los organismos de evaluación de la conformidad; f) permitir que los organismos de evaluación de la conformidad recurran a subcontratistas para realizar ensayos o inspecciones en relación con la evaluación de la conformidad; y g) publicar en un único sitio web una lista de los organismos que haya designado para realizar la evaluación de la conformidad y la información pertinente sobre el alcance de la designación de cada uno de esos organismos. 4. Nada de lo dispuesto en el apartado 3, letra f), se interpretará como una prohibición para que una de las Partes exija a los subcontratistas que cumplan los mismos requisitos que los que se exigirían al organismo de evaluación de la conformidad al que se haya contratado para realizar dicha evaluación, a fin de realizar las pruebas contratadas o la propia inspección. 5. Ninguna disposición del presente artículo será óbice para que una de las Partes exija que la evaluación de la conformidad en relación con productos específicos la realicen autoridades gubernamentales específicas. En tal caso, la Autoridad: a) limitará las tasas de evaluación de la conformidad al coste aproximado de los servicios prestados y, a petición de un solicitante de evaluación de la conformidad, explicará cómo las tasas que impone en relación con dicha evaluación de la conformidad se limitan al coste aproximado de los servicios prestados; y

b) pondrá a disposición del público las tasas de evaluación de la conformidad. 6. Tres años después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las Partes iniciarán conversaciones sobre la aceptación de la declaración de conformidad de un proveedor como prueba del cumplimiento de los reglamentos técnicos en vigor, en particular en los siguientes ámbitos:

a) los aspectos de seguridad de los aparatos eléctricos y electrónicos; b) los aspectos de seguridad de las máquinas; c) la compatibilidad electromagnética de los equipos; d) la eficiencia energética, en particular los requisitos de diseño ecológico; y e) la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.



Artículo 57 Cooperación en materia de obstáculos técnicos al comercio 1. Las Partes reforzarán su cooperación en lo relativo a las normas, los reglamentos técnicos, la metrología, la vigilancia del mercado, la acreditación y los procedimientos de evaluación de la conformidad con miras a aumentar la comprensión mutua de sus respectivos sistemas y a facilitar el acceso a sus respectivos mercados. Para ello, las Partes procurarán determinar y desarrollar mecanismos e iniciativas de cooperación adecuados para las cuestiones o sectores concretos, en particular mediante: a) el intercambio de información y experiencias sobre la preparación y aplicación de sus respectivos reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad;

b) el fomento de la cooperación entre sus respectivos organismos responsables de la metrología, la normalización, la evaluación de la conformidad y la acreditación; y c) el intercambio de información sobre los progresos en foros regionales y multilaterales pertinentes en relación con las normas, los reglamentos técnicos, los procedimientos de evaluación de la conformidad y la acreditación. 2. Con objeto de promover el comercio entre ellas, las Partes: a) tratarán de reducir las diferencias existentes entre ellas en lo relativo a los reglamentos técnicos, la metrología, la normalización, la vigilancia del mercado, la acreditación y los procedimientos de evaluación de la conformidad, en particular fomentando la utilización de instrumentos pertinentes acordados a nivel internacional;

b) fomentarán, con arreglo a las normas internacionales, el uso de la acreditación en apoyo de la evaluación de la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad y de sus actividades; y c) fomentarán la participación y, cuando sea posible, la adhesión de la República Kirguisa y de sus organismos nacionales pertinentes a las organizaciones europeas e internacionales cuya actividad esté relacionada con la normalización, la evaluación de la conformidad, la acreditación, la metrología y otras funciones vinculadas. Artículo 58 Transparencia 1. Al transmitir una propuesta de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad al Registro Central de Notificaciones de la OMC, una Parte concederá un plazo de, al menos, sesenta días para que la otra Parte formule observaciones por escrito, salvo cuando surjan o amenacen con surgir problemas urgentes relacionados con la seguridad, la salud, la protección del medio ambiente o la seguridad nacional. Cada una de las Partes estudiará cualquier solicitud razonable de prórroga del plazo para formular observaciones. 2. Si una de las Partes recibe de la otra Parte observaciones por escrito sobre su propuesta de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad, esa deberá:

a) si lo solicita la otra Parte, comentar las observaciones por escrito con la participación de su autoridad de reglamentación competente, en un momento en que sea posible tenerlas en cuenta; y

b) responder por escrito a las observaciones a más tardar en la fecha de la publicación del reglamento técnico o del procedimiento de evaluación de la conformidad. 3. Cada una de las Partes publicará en un sitio web sus respuestas a las observaciones que reciba a raíz de la notificación a que se refiere el apartado 1, a más tardar en la fecha de publicación del reglamento técnico o del procedimiento de evaluación de la conformidad adoptado. 4. Cada una de las Partes, en caso de solicitud de la otra Parte, informará acerca de los objetivos, la base jurídica y la justificación de cualquier reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad que la Parte haya adoptado o proponga para su adopción. 5. Cada una de las Partes velará por que los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad que haya adoptado se publiquen en un sitio web gratuito. 6. Cada una de las Partes proporcionará información acerca de la adopción y la entrada en vigor de los reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad y los textos definitivos adoptados mediante una adición a la notificación original a la OMC. 7. Habrá un intervalo de tiempo razonable entre la publicación de reglamentos técnicos y su entrada en vigor para que los operadores económicos de la otra Parte puedan adaptarse. Se entenderá por «intervalo razonable» un período no inferior a seis meses, salvo en los casos en que esto resultase un medio ineficaz para el cumplimiento de los fines legítimos perseguidos.

8. Cada una de las Partes valorará las solicitudes razonables de la otra Parte, siempre que se hayan recibido antes de que finalice el plazo para formular observaciones tras la notificación de un reglamento técnico propuesto a la OMC, como se menciona en el apartado 1, de ampliar el período de tiempo entre la adopción del reglamento técnico y su entrada en vigor, salvo en los casos en que la demora resultase un medio ineficaz para el cumplimiento de los fines legítimos perseguidos. Artículo 59

Marcado y etiquetado 1. Las Partes acuerdan que un reglamento técnico puede incluir o tratar exclusivamente requisitos de marcado o etiquetado. En tales casos, las Partes aplicarán los principios del artículo 2.2 del Acuerdo OTC. 2. Cuando una Parte requiera marcado o etiquetado obligatorio de los productos: a) requerirá únicamente información que sea pertinente para los consumidores o los usuarios del producto o que indique la conformidad del producto con los requisitos técnicos obligatorios; b) no exigirá ninguna homologación, registro o certificación previos de las etiquetas o marcas de los productos, así como ningún desembolso de tasas, como condición previa para comercializar productos que ya cumplen los requisitos establecidos, salvo que sea necesario en vista del riesgo de los productos para la salud o la vida humana, animal o vegetal, el medio ambiente o la seguridad nacional;

c) en caso de que exija el uso de un número de identificación único a los operadores económicos, expedirá dicho número a los operadores económicos de la otra Parte sin demoras indebidas y de forma no discriminatoria; d) siempre que los elementos citados a continuación no sean engañosos, contradictorios o confusos en relación con la información requerida en la Parte que importa las mercancías, dicha Parte permitirá: i) información en otras lenguas además de la lengua que se exija en la Parte que importa las mercancías; ii) nomenclaturas, pictogramas, símbolos o gráficos aceptados a escala internacional; así como iii) información adicional a la exigida en la Parte que importa las mercancías;

e) aceptará que el etiquetado, en particular el etiquetado complementario o las correcciones del etiquetado, se realice en depósitos aduaneros u otras zonas designadas como alternativa al etiquetado en el país de origen; y f) cuando corresponda, considerará la posibilidad de aceptar etiquetas no permanentes o despegables, o el marcado o etiquetado en la documentación adjunta en lugar de adherida físicamente al producto.



Artículo 60 Consultas 1. Cualquiera de las Partes podrá solicitar consultas con la otra Parte en relación con cualquier asunto que surja en virtud del presente capítulo, enviando una solicitud por escrito al coordinador del capítulo de OTC de la otra Parte. Las Partes harán todo lo posible por resolver el asunto de manera satisfactoria para ambas Partes y podrán convocar al Comité de Cooperación a tal efecto. 2. Para mayor certeza, el presente artículo se entiende sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del capítulo 14. Artículo 61 Coordinador del capítulo de OTC 1. Cada una de las Partes designará a un coordinador del capítulo de OTC e informará a la otra Parte de cualquier cambio al respecto. Los coordinadores del capítulo de OTC trabajarán conjuntamente para facilitar la aplicación del presente capítulo y la cooperación entre las Partes en todas las cuestiones referentes al Acuerdo OTC.



2. Las funciones de cada coordinador del capítulo de OTC abarcan: a) realizar un seguimiento de la aplicación y administración del presente capítulo, en particular de cualquier cuestión relacionada con la elaboración, adopción, aplicación o ejecución de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad; b) comunicarse con el coordinador del capítulo de OTC de la otra Parte en relación con las iniciativas adoptadas por las Partes para reforzar la cooperación en el desarrollo y la mejora de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, e intercambiar información sobre la evolución de los foros no gubernamentales, regionales y multilaterales vinculados con las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad. 3. Los coordinadores del capítulo de OTC se comunicarán entre sí por cualquier método acordado que sea adecuado para el desempeño de sus funciones.

CAPÍTULO 5 MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS Artículo 62 Objetivo El objetivo del presente capítulo es establecer los principios aplicables a las medidas sanitarias y fitosanitarias (en lo sucesivo, las «medidas MSF») en el comercio entre las Partes, así como cooperar en materia de bienestar animal, protección de las plantas y resistencia a los antimicrobianos. Los principios establecidos en el presente capítulo serán aplicados por las Partes de manera que se facilite el comercio y se evite la creación de obstáculos injustificados al comercio entre ellas, preservando al mismo tiempo el nivel de protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal de cada una de la Partes.

Artículo 63 Obligaciones multilaterales Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo MSF.



Artículo 64 Principios 1. Las Partes velarán por que las medidas MSF se elaboren y apliquen sobre la base de los principios de proporcionalidad, transparencia, no discriminación y justificación científica, teniendo en cuenta las normas internacionales [la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, firmada en Roma el 6 de diciembre de 1951 (en lo sucesivo, la «CIPF»), la Organización Mundial de Sanidad Animal (en lo sucesivo, la «OIE») y la Comisión del Codex Alimentarius (en lo sucesivo, la «Codex Alimentarius»)]. 2. Cada una de las Partes garantizará que sus medidas MSF no discriminen de manera arbitraria o injustificada entre su propio territorio y el territorio de la otra Parte, en la medida en que existan condiciones idénticas o similares. Las medidas MSF no se aplicarán de manera que constituyan una restricción encubierta del comercio entre las Partes. 3. Cada una de las Partes garantizará la aplicación de medidas, procedimientos o controles MSF y que las solicitudes de información recibidas de una autoridad competente de la otra Parte se atiendan sin demora indebida y de manera no menos favorable para los productos importados que para los productos nacionales similares.



Artículo 65

Requisitos de importación 1. Los requisitos de importación de la Parte importadora se aplicarán a todo el territorio de la Parte exportadora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64. 2. Los requisitos de importación establecidos en los certificados que pueden exigirse para el comercio de mercancías alimentarias y agrícolas entre las Partes se basan en los principios de la CIPF, la OIE y la Codex Alimentarius y sus normas pertinentes, salvo que los requisitos de importación estén respaldados por una evaluación de riesgos basada en datos científicos realizada de conformidad con las normas internacionales aplicables establecidas en el Acuerdo MSF. 3. Los requisitos establecidos en los permisos de importación expedidos por la República Kirguisa no contendrán condiciones sanitarias ni veterinarias más estrictas que las establecidas en los certificados a que se refiere el apartado 2. Cada una de las Partes debe aplicar certificados de importación armonizados que se gestionen a escala central y que sean aplicables a todo el territorio de la Parte exportadora.



Artículo 66 Medidas relacionadas con la salud animal y vegetal De conformidad con el Acuerdo MSF y las normas, directrices o recomendaciones pertinentes de la CIPF, la OIE y la Codex Alimentarius: a) las Partes reconocerán los conceptos de zonas libres de plagas o enfermedades y zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades; b) la Parte importadora basará sus medidas sanitarias aplicables a la Parte exportadora cuyo territorio se vea afectado por una plaga o enfermedad en la decisión de zonificación adoptada por la Parte exportadora, siempre que se alcance el nivel adecuado de protección de la Parte importadora;

c) al determinar las zonas libres de plagas o enfermedades y las zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades, las Partes considerarán factores como la localización geográfica, los ecosistemas, la vigilancia epidemiológica y la efectividad de los controles sanitarios o fitosanitarios en tales zonas.



Artículo 67 Inspecciones y auditorías Las inspecciones y auditorías realizadas por la Parte importadora en el territorio de la Parte exportadora para evaluar y reconocer los sistemas de inspección y certificación de esta última se llevarán a cabo de conformidad con las normas, directrices y recomendaciones internacionales pertinentes de la CIPF, la OIE y la Codex Alimentarius. Los costes de las inspecciones y auditorías serán sufragados por la Parte que las realice. Artículo 68 Intercambio de información y cooperación 1. Las Partes mantendrán conversaciones e intercambiarán información acerca de las medidas MSF y de bienestar animal vigentes y sobre su desarrollo y aplicación. Tales conversaciones e intercambios de información tendrán en cuenta, según corresponda, el Acuerdo MSF y las normas, directrices o recomendaciones de la CIPF, la OIE y la Codex Alimentarius. 2. Las Partes convienen en cooperar en asuntos relacionados con la seguridad de los alimentos, la salud animal, el bienestar animal, la fitosanidad, la protección de las plantas y la resistencia a los antimicrobianos mediante el intercambio de información, conocimientos técnicos y experiencia con el objetivo de desarrollar las capacidades en esos ámbitos. Dicha cooperación podrá abarcar asistencia técnica.

3. A petición de cualquiera de las Partes, las Partes entablarán un diálogo oportuno sobre medidas MSF para estudiar cuestiones relacionadas con estas y otras cuestiones urgentes cubiertas por el presente capítulo. El Comité de Cooperación podrá adoptar normas para el desarrollo de tales diálogos.

4. Las Partes designarán y actualizarán periódicamente los puntos de contacto para la comunicación sobre las cuestiones que entren dentro del ámbito de aplicación del presente capítulo. Artículo 69 Transparencia Cada una de las Partes: a) se esforzará en aras de la transparencia con respecto a las medidas MSF aplicables al comercio y, en particular, a los requisitos sanitarios y fitosanitarios aplicados a las importaciones de la otra Parte; b) comunicará, a petición de la otra Parte y en el plazo de dos meses desde la fecha de dicha solicitud, los requisitos aplicables a la importación de productos específicos e indicará si es necesaria una evaluación de riesgos; y c) informará al punto de contacto de la otra Parte, sin demora indebida, por correo, fax o correo electrónico, sobre cualquier riesgo grave o significativo para la salud animal o vegetal, en particular las emergencias alimentarias relacionadas con las mercancías objeto de comercio entre las Partes.

CAPÍTULO 6 COMERCIO EN EL SECTOR DE SERVICIOS E INVERSIÓN

Artículo 70 Objetivo, ámbito de aplicación y alcance 1. Las Partes, reafirmando sus compromisos respectivos en virtud del Acuerdo de la OMC, establecen las disposiciones necesarias para mejorar las condiciones recíprocas del comercio en el sector de servicios y la inversión. 2. Nada de lo dispuesto en el presente capítulo se interpretará de forma que imponga una obligación con respecto a la contratación pública sujeta al capítulo 9. 3. El presente capítulo no se aplicará a las subvenciones concedidas por cualquiera de las Partes. 4. Las Partes reafirman el derecho a regular en sus respectivos territorios para alcanzar objetivos políticos legítimos, como la protección de la salud pública, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente (en particular el cambio climático), la moral pública, la protección social o de los consumidores, la privacidad y la protección de datos o la promoción y la protección de la diversidad cultural.

5. El presente capítulo no se aplicará a las medidas que afecten a personas físicas que traten de acceder al mercado de trabajo de las Partes ni a las medidas en materia de ciudadanía, residencia o empleo con carácter permanente. 6. El presente capítulo no impedirá que una de las Partes aplique medidas para regular la entrada o la estancia temporal de personas físicas en su territorio, en particular las medidas necesarias para proteger la integridad y garantizar un desplazamiento ordenado de las personas físicas a través de sus fronteras, siempre que tales medidas no se apliquen de manera que anulen o reduzcan los beneficios que correspondan a la otra Parte en virtud del presente capítulo. No se considera que el mero hecho de exigir un visado a las personas físicas de un país determinado y no a las de otros países anule o reduzca las ventajas resultantes del presente capítulo. 7. A los efectos del presente capítulo, no se tendrá en cuenta el trato concedido por las Partes: a) en virtud de un acuerdo que liberalice sustancialmente el comercio en el sector de servicios (también el establecimiento en el ámbito de los servicios) y que cumpla los criterios de los artículos V y V bis del AGCS o de un acuerdo que liberalice sustancialmente el establecimiento en otras actividades económicas, que cumplan los mismos criterios, con respecto a dichas actividades;

b) resultante de medidas que prevean el reconocimiento, en particular de las normas o criterios para la autorización, el trámite de licencias o la certificación de una persona física o empresa para llevar a cabo una actividad económica, o de medidas prudenciales.

8. El presente capítulo no es aplicable al sector audiovisual. Artículo 71 Definiciones A los efectos del presente capítulo, se entenderá por: a) «actividad realizada en el ejercicio de facultades gubernamentales»: la actividad realizada, incluido cualquier servicio suministrado, ni sobre una base comercial ni en competencia con uno o varios operadores económicos; b) «sucursal»: un establecimiento comercial sin personalidad jurídica establecido en una de las Partes y que tenga apariencia de permanencia, tal como la prolongación de una empresa matriz en la otra Parte, que tenga una gestión y equipo material para realizar actividades comerciales con terceros de modo que estos últimos, aun cuando tengan conocimiento de que, en caso necesario, se establecerá un vínculo jurídico con la empresa matriz, cuya sede se encuentra en la otra Parte, no deban tratar directamente con dicha empresa matriz sino que puedan efectuar transacciones en el lugar de la actividad comercial, que constituye la mencionada prolongación;

c) «suministro transfronterizo de servicios», el suministro de un servicio: i) desde el territorio de una Parte al territorio de la otra Parte; o

ii) en el territorio de una Parte a un consumidor de servicios de la otra Parte; d) «actividad económica»: todo servicio o actividad de carácter industrial, comercial o profesional o las actividades artesanales, salvo los servicios prestados o las actividades realizadas en el ejercicio de facultades gubernamentales; e) «empresa»: una persona jurídica, una sucursal o una oficina de representación creada mediante establecimiento; f) «establecimiento»: la creación o adquisición de una persona jurídica, incluso mediante participación de capital, o la creación de una sucursal o una oficina de representación, en la Unión Europea o en la República Kirguisa, con objeto de establecer o mantener vínculos económicos duraderos;

g) «persona trasladada dentro de una misma empresa»: persona física que ha sido empleada por una persona jurídica de una de las Partes o ha sido socia en esta durante un período no inferior a un año inmediatamente anterior a la fecha de su solicitud de entrada y estancia temporal en el territorio de la otra Parte, y que ha sido trasladada temporalmente a una empresa, en el territorio de la otra Parte, que forma parte del grupo de la mencionada persona jurídica, incluida su oficina de representación, filial, sucursal o empresa matriz, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: i) la persona física en cuestión debe pertenecer a una de las categorías siguientes: A) directivos o ejecutivos: personas que ocupan cargos superiores, que dirigen fundamentalmente la gestión de la empresa, bajo la supervisión o dirección general principalmente del consejo de administración o los accionistas de la empresa o sus equivalentes, lo que incluye como mínimo: (1) dirigir la empresa o uno de sus departamentos; (2) supervisar y controlar el trabajo de otros empleados que ejerzan funciones de supervisión, técnicas o de gestión; y (3) la facultad de contratar y despedir o recomendar la contratación, el despido u otras medidas relativas al personal;



B) especialistas: personas que poseen conocimientos especializados esenciales para la producción de la empresa, su equipo de investigación, sus técnicas, sus procesos, sus procedimientos o su gestión; o C) trabajadores en formación; personas en posesión de un título universitario que son trasladadas temporalmente con fines de su desarrollo profesional o para obtener formación en técnicas o métodos empresariales; ii) respecto a la Unión Europea, al evaluar los conocimientos mencionados en el inciso i), letra B), se tendrán en cuenta no solo los conocimientos específicos de la empresa sino también si la persona física está altamente cualificada con respecto a un tipo de trabajo o comercio que requiera conocimientos técnicos específicos, en particular la adscripción a un colegio profesional; h) «inversor de una de las Partes»: cualquier persona natural o jurídica de una de las Partes que pretenda ejercer o ejerza una actividad económica creando un establecimiento en la otra Parte; i) «persona jurídica»: toda entidad jurídica debidamente constituida u organizada de otro modo con arreglo a la legislación aplicable, tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad privada o pública, incluyendo cualquier sociedad de capital, sociedad de gestión (trust), sociedad personal (partnership), empresa conjunta, sociedad unipersonal o asociación;

j) «persona jurídica de una de las Partes»: toda persona jurídica constituida de conformidad con el Derecho de la Unión Europea o de sus Estados miembros o con el Derecho de la República Kirguisa y que tenga su domicilio social, su administración central o su sede de actividad principal en el territorio de la Unión Europea o en el territorio de la República Kirguisa, respectivamente; en los casos en que una persona jurídica creada de conformidad con el Derecho de la Unión Europea o de sus Estados miembros o con el Derecho de la República Kirguisa solo tenga su domicilio social o su administración central en el territorio de la Unión Europea o en el territorio de la República Kirguisa, respectivamente, no se considerará persona jurídica de una de las Partes a menos que realice operaciones empresariales importantes en el territorio de la Unión Europea o en el territorio de la República Kirguisa, respectivamente; las empresas de transporte marítimo establecidas fuera de la Unión Europea o de la República Kirguisa, controladas por nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de la República Kirguisa,