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•ir i!r COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 29.10.1998 
COM(1998) 615 final 
98/0099 (COD) 
Propuesta modificada de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones 
comerciales 
(presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 
del artículo 189 A del Tratado CE) 

KS/23/98/l 1010200. WOO (HN) 
EXPOSICIÓN m: MOTIVOS 
1. INTRODUCCIÓN 
El 25 de marzo de 1998, la Comisión aprobó una propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las transacciones comerciales1. 
El Comité Económico y Social emitió su dictamen sobre la propuesta de la Comisión cl 10 
de septiembre de I9982. 
El 17 de septiembre, con arreglo al procedimiento de eodecisión, el Parlamento Europeo 
aprobó en primera lectura el Informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 
y de Política Industrial y la resolución legislativa que incluye el dictamen del Parlamento 
Europeo sobre la propuesta de la Comisión3. El Parlamento Europeo aprobó 27 enmiendas, 
que en su mayoría la Comisión considera aceptables ya que clarifican y complementan la 
formulación original de la propuesta. Respecto a algunas de las enmiendas del Parlamento 
Europeo, la Comisión ha aceptado lo sustancial, pero ha reformulado la redacción. Por 
consiguiente, la Comisión presenta su propuesta modificada, que se presenta a 
continuación en sus rasgos generales. 
La Comisión no ha podido aceptar algunas de las enmiendas. En el caso de la enmienda 
que proponía un artículo suplementario sobre la concesión de licencias a agencias de cobro 
de deudas, la Comisión ha mantenido su posición original. La enmienda que proponía un 
nuevo artículo ó bis, en el que se indicaba que las disposiciones de los listados miembros 
que regulan la representación por abogado en las acciones judiciales no se verían afectadas, 
debilitaba de manera evidente el texto original, que simplemente permite que el acreedor 
elija a su representante mientras el deudor no impugne la deuda, y por lo tanto no se puede 
aceptar. Lo mismo sucede con la enmienda que modifica el apartado 2 del artículo 8, 
relativo al derecho a reclamar intereses de demora a las entidades adjudicadoras públicas, 
al suprimir las palabras "sin necesidad de mediar declaración". La Comisión no puede 
aceptar dicha enmienda, porque ha de quedar claro que las administraciones públicas 
deberán abonar intereses de demora automáticamente, es decir, sin que se lo reclame el 
acreedor. 
La enmienda que añade un nuevo considerando acerca de los productos alimenticios 
perecederos singulariza un sector concreto y no es aceptable, ya que contradice el carácter 
general de la Directiva. La enmienda que añade un nuevo párrafo al artículo 9 y señala que 
el presidente del Comité podrá ser oído por las comisiones competentes no se ajusta a los 
1 DOC 168 de 3.6.1998, p. 13. 
2 Aprobado el 10.9.1998 y aún no publicado en e! DO. 
3 Dictamen del Parlamento Europeo, aprobado el 17.09.1998, aún no publicado en el DO. 
-2 
ES/23/98/110I0200.W00 (EN) 
lexlos sobre comitología y por tanto es inaceptable. La enmienda acerca de un nuevo 
artículo 9 bis, en relación con el informe sobre la evolución resulta redundante por la 
enmienda sobre la revisión de la Directiva del apartado 2 bis del artículo 3, que la 
Comisión acepta. La enmienda en la que se propone un nuevo considerando en el que se 
pide a los Estados miembros que se mantengan alerta contra prácticas comerciales 
desleales y la que añade un nuevo apartado al artículo 3 en el que se pide a los Estados 
miembros que tomen las medidas adecuadas para reducir los plazos de pago contractuales 
dilatados tienen más bien un carácter de recomendación y por lo tanto no se pueden 
incorporar a la presente Directiva. 
Al presentar su propuesta modificada, la Comisión ha tenido igualmente en cuenta el 
diclamen del Comité Económico y Social en la mayor medida posible. 
-3 
ES/23/98/11010200.W00 (EN) 
2. COMENTARIOS SOBRE LAS PRINCIPALES ENMIENDAS 
Artículo 2: Definiciones 
Se ha clarificado el apartado l del artículo 2. en el que se definen las "transacciones 
comerciales", con el fin de incluir a las empresas que no son personas físicas ni jurídicas. 
Tales empresas son empresas sin personalidad jurídica, tales como las entidades sociales, 
que de otro modo habrían quedado fuera del ámbito de la Directiva. La Comisión, sin 
embargo, ha eliminado la referencia a las instituciones de la Unión Europea, porque han de 
cumplir el Reglamento Financiero4, que la Comisión se propone modificar con el objetivo 
de aplicar a las instituciones comunitarias las mismas normas que se incluyen en esta 
Directiva. 
El término "administraciones públicas" del apartado 4 del artículo 2 de la propuesta 
original se ha convertido en "entidades adjudicadoras" y se ha simplificado la definición. 
La Comisión acepta el principio que subyace a la modificación del Parlamento, pero ha 
reformulado el texto con el objetivo de utilizar las definiciones existentes en las Directivas 
sobre contratación pública y no crear una nueva. A efectos de la presente Directiva, la 
nueva definición también comprende las "entidades contratantes" que se mencionan en la 
Directiva 93/38/CEE. Este cambio se refleja en todos los artículos de la propuesta 
modificada. 
Artículo 3: Fecha de demora , intereses de demora c indemnización por los perjuicios 
causados 
En la Directiva, el concepto de "fecha de vencimiento" ha sido sustituida por "fecha de 
demora" ya que, con arreglo a la legislación de prácticamente todos los Estados miembros, 
el pago se ha de efectuar en el momento de la entrega. La Comisión no pretendía modificar 
este aspecto, sino abordar más bien las condiciones y las consecuencias del 
incumplimiento por parle del deudor. 
Se ha modificado el apartado I del artículo 3 para establecer la correcta entrega de los 
bienes y servicios como condición previa para que se considere el incumplimiento por 
parte del deudor. 
Con el fin de definir un modo inequívoco de calcular la fecha de demora, el Parlamento 
Europeo añadió una aclaración en la letra a) del apartado 1, según la que la fecha de 
demora se calculará a partir de la recepción de la factura. Ello exige la inserción de una 
nueva letra b) en la que se establezca el supuesto jurídico consistente en considerar que una 
factura se ha recibido en el quinto día natural a partir de la fecha de facturación a menos 
que una de las partes pueda probar que se ha recibido en otro momento. 
El Parlamento Europeo ha planteado la necesidad de incitar a las partes de un contrato a 
que acuerden plazos razonables de pago sin forzarlos a hacerlo. En concreto, se ha añadido 
DO L 356 de 31.12.1977, p. 1. 
-4 
(«S/23/98/11010200.WOO (EN) 
la letra d) del apartado I para disuadir a las partes de acordar los plazos de pago que 
excedan de 45 días naturales, lin este caso la Comisión ha modificado la enmienda del 
Parlamento cambiando el plazo de pago de 60 a 45 días para evitar períodos excesivamente 
largos de pago. Mientras que las partes contratantes siguen siendo en principio libres de 
acordar plazos de pago más largos, éstos solamente serán válidos si el comprador entrega 
al vendedor un pagaré garantizado. La letra d) del apartado 1 debería leerse conjuntamente 
con la letra e), ya que ésta indica las consecuencias que tendrá el que el comprador no 
proporcione un pagaré. 
La Comisión ha mantenido su texto original en la letra j) del apartado 1, pero tiene en 
cuenta la enmienda en el marco de negociaciones ulteriores en el Consejo. 
Se ha insertado el nuevo apartado 3 del artículo 3 a petición del Parlamento Europeo para 
poder evaluar la elicacia de la Directiva. Se ha reformulado la enmienda, ya que la 
C'omisión considera que sería factible una evaluación tres años a partir de la fecha definida 
en el apartado 1 del artículo 10 para que se puedan analizar los cambios en las prácticas de 
pago. 
Artículo 4: Reserva de dominio 
La Comisión ha mantenido lo sustancial de las enmiendas del Parlamento referentes al 
artículo 4, pero ha reformulado la redacción y ha cambiado la orden de las diversas 
disposiciones. Los apartados 1 y 2 tratan ahora las condiciones en que se puede acordar 
una reserva válida de dominio, el apartado 3 describe sus efectos y el apartado 4 especifica 
distintos ámbitos en los que los Estados miembros siguen siendo libres de complementar el 
texto propuesto. 
El apartado 1 del artículo 4 se ha modificado de manera que clarifica la necesidad de que 
las partes acuerden la utilización de la reserva de dominio. Esto puede hacerse bien 
mediante un contrato individual, bien de común acuerdo a partir de los documentos que 
acompañen los bienes o servicios correspondientes. En este contexto, la Comisión 
considera que la limitación a las "transacciones comerciales" es redundante. 
Como se ha suprimido el apartado 2 del antiguo artículo 4, referente a la reserva de 
dominio en las deudas pagaderas en un solo plazo, era necesario clarificar las cláusulas del 
anexo para indicar que el vendedor sigue siendo el propietario de los bienes hasta que se 
haya pagado completamente el precio. 
En el apartado 3 del artículo 4, actualmente se afirma claramente que la reserva de dominio 
se ha de hacer cumplir frente a terceros, incluso en caso de quiebra del deudor. De esta 
manera se recoge la situación actual en casi todos los Estados miembros, donde el acreedor 
tiene derecho a separar los bienes en cuestión de los activos de la quiebra. 
líl apartado 4 del artículo 4 otorga a los Estados miembros el derecho a proteger al tercero 
comprador de buena fe y decidir sobre el tratamiento de los pagos ya efectuados por el 
deudor. También podrán ocuparse de los bienes que están incluidos en otros bienes 
muebles o inmuebles. 
5-
HS/23/98/11010200. WOO (LN) 
Artículo 7: Transparencia en los contratos públicos 
El artículo 7 se ha ampliado para incluir la cadena completa de suministro exigiendo que el 
contratista principal aplique la misma obligación de transparencia a sus subcontratistas. 
Artículo 8: Pronto pago, fecha de demora y devengo automático de intereses 
El apartado 1 del artículo 8 se ha clarificado al fijar de manera más específica las fechas de 
demora de los contratos públicos. La Comisión acepta en principio la enmienda del 
Parlamento, pero propone un máximo de 1 ()().()()() ecus para los contratos pequeños con un 
período máximo de demora de 45 días, mientras que se propone el plazo de pago de 60 
días para contratos de una cuantía que supere dicha cantidad. La Comisión considera 
demasiado largo para el pago final el plazo de 90 días sugerido por el Parlamento. 
De igual modo que el artículo 7, también se ha modificado el artículo 8 para garantizar la 
igualdad de trato de los subcontratistas y suministradores con el contratista principal. Por 
otra parte, como los subcontratistas y los suminsitradores están en una situación de 
dependencia respecto al contratista principal, debería exigirse a éste que proporcionase un 
aval al subcontratista o suministrador para garantizar el pago de todas las cantidades 
adeudadas. 
Articulo 10: Transposición 
El apartado 2 del artículo 10 se ha modificado a petición del Parlamento Europeo para 
clarificar la redacción original. Efectivamente, la intención era permitir a los Estados 
miembros la adopción de disposiciones más favorables al acreedor. 
6-
ES/23/98/11010200.W00 (EN) 
Propuesta modificada de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones 
comerciales 
(texto pertinente a los fines del EEE) 
(presentada por la Comisión con arreglo al artículo 189 b del Tratado CE) 
-7 
ES/23/98/11010200.W00 (EN) 
PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA MODIFICADA 
El. PARLAMENTO EUROPEO Y EL 
CONSEJO DI- LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, su 
artículo 100 A, 
Vista la propuesta de la Comisión5, 
Visto el dictamen del Comité Económico y 
Social6, 
De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 189 B del Tratado7 
1. Considerando que el Parlamento Sin cambios 
Europeo, en su Resolución8 sobre el 
Programa integrado en favor de las PYME y 
del artesanado'*, insistió en que la Comisión 
debe presentar propuestas con objeto de 
solucionar el problema de la morosidad; 
2. Considerando que la Comisión Sin cambios 
adoptó el 12 de mayo de 1995 una 
Recomendación relativa a los plazos de 
pago en las transacciones comerciales10; 
3. Considerando que el Parlamento Sin cambios 
Europeo, en su Resolución sobre la 
Recomendación de la Comisión relativa a 
los plazos de pago en las transacciones 
comerciales11, instó a la Comisión a estudiar 
la posibilidad de convertir su 
Recomendación en una propuesta de 
Directiva del Consejo para su presentación 
en el plazo más breve posible; 
4. Considerando que el Comité Sin cambios 
DOC 168 de 3.6.1998, p. 13. 
Aprobado el 10.9.1998, aún no publicado en el DO. 
Dictamen del Parlamento Europeo aprobado el 17.09.1998, aún no publicado en el DO. 
DOC 323 de 21.11.1994, p. 19. 
COM(94) 207 final de 3.6.1994. 
DO L 127 de 10.6.1995, p. 19. 
DOC 211 de 22.7.1996, p. 43. 
-8-
ES/23/98/11010200.W00 (HN) 
Económico y Social emitió el 29 de mayo 
de 1997 un Dictamen sobre el "Libro Verde 
- La contratación pública en la Unión 
Europea: reflexiones para el futuro" de la 
Comisión12, en el que se recomiendan 
plazos de pago máximos e intereses de 
demora para las administraciones públicas; 
5. Considerando que la Comisión Sin cambios 
publicó el 4 de junio de 1997 un Plan de 
acción para el mercado interior1 •' en que se 
recalca que la morosidad representa un 
obstáculo cada vez más fuerte ai éxito del 
mercado interior; 
6. Considerando que la Comisión 
publicó el 17 de julio de 1997 una 
Comunicación - Informe sobre los retrasos 
en el pago en las transacciones 
comerciales14, en que se resumen los 
resultados de la evaluación de los efectos de 
la Recomendación de la Comisión de 12 de 
mayo de 1995; 
7. Considerando que onerosas cargas 
administrativas y financieras pesan sobre las 
empresas, y especialmente sobre las 
pequeñas y medianas, debido a la 
morosidad; que la morosidad es además una 
de las principales causas de la insolvencia 
que amenaza la propia supervivencia de las 
empresas y se traduce en la pérdida de 
numerosos puestos de trabajo; 
8. Considerando que las diferencias 
existentes entre los Estados miembros en lo 
que se refiere a las normas y prácticas de 
pago constituyen un obstáculo para el buen 
funcionamiento del mercado interior; que, 
de hecho, un acreedor que debe cobrar de 
deudores situados en varios Estados 
miembros se ve ante normas de 
legislaciones nacionales muy divergentes 
que dificultan, retrasan y encarecen el Sin cambios 
7. Considerando que onerosas cargas 
administrativas y financieras pesan sobre las 
empresas, y especialmente sobre las 
pequeñas y medianas, debido a los 
excesivos plazos de patio y a la morosidad; 
que estos problemas son además una de las 
principales causas de la insolvencia que 
amenaza la propia supervivencia de las 
empresas y se traduce en la pérdida de 
numerosos puestos de trabajo; 
Sin cambios 
12 
13 
14 DOC 287 de 22.9.1997, p. 92. 
CSE(97) 1 final de 4.6.1997, pp. 8 y 38. 
DOC 216 de 17.7.1997, p. 10. 
ES/23/98/11010200. WOO (EN) 
cobro; 
9. Considerando que ello limita Sin cambios 
considerablemente las transacciones 
comerciales entre listados miembros; que 
contradice el artículo 7 A del Tratado, ya 
que los empresarios deben poder comerciar 
en todo el mercado interior en condiciones 
tales que garanticen que las operaciones 
transfronterizas no supongan mayores 
riesgos que las ventas en el mercado 
nacional; y que crearía divergencias de la 
competencia si se aplicaran normas 
diferentes a las operaciones en el mercado 
nacional y a las transfronterizas; 
10. Considerando que las estadísticas Sin cambios 
más recientes indican que, en el mejor de 
los casos, no ha habido mejoras en los 
plazos de pago en muchos Estados 
miembros desde la adopción de la 
Recomendación de 12 de mayo de 1995; 
11. Considerando que, con arreglo al 
principio de subsidiariedad y al principio de 
proporcionalidad contemplados en el 
artículo 3 B del Tratado, los objetivos de la 
lucha contra la morosidad en el mercado 
interior no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros y, por 
consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel 
comunitario; que la presente Directiva se 
limita a lo estrictamente necesario para 
alcanzar estos objetivos y no excede de lo 
necesario a tal lin; Sin cambios 
12. Considerando que la morosidad 
constituye un incumplimiento de contrato 
que supone un aliciente económico para los 
deudores en la mayoría de los Estados 
miembros, por los bajos intereses aplicados 
a los pagos que incurren en mora y a la 
lentitud de los procedimientos de 
reclamación; que es necesario un cambio 
decisivo para invertir esta tendencia, de 
forma que las consecuencias de la 
morosidad sean disuasorias y se indemnice 
plenamente al acreedor por los gastos 
causados; Sin cambios 
13. Considerando que la utilización de 
cláusulas de reserva de dominio como 
medio tic acelerar el pago se ve limitada 
actualmente por una serie de diferencias en 
las legislaciones nacionales; que es 
necesario garantizar que los acreedores 
puedan ejercer la reserva de dominio en 
toda la Comunidad utilizando una única 
cláusula reconocida por todos los Estados 
miembros; ES/23/98/11010200.W00 (EN) 
13. Considerando que la utilización de 
cláusulas de reserva de dominio como 
medio de acelerar el pago se ve limitada 
actualmente por una serie de diferencias en 
las legislaciones nacionales; que es 
necesario garantizar que los acreedores 
puedan ejercer la reserva de dominio en 
toda la Comunidad utilizando una única 
cláusula reconocida por todos los Estados 
miembros, que evite que la excesiva 
duración de los plazos de pago y la 
morosidad distorsionen las transacciones 
comerciales en el contexto del mercado 
interior; 
14. Considerando que las consecuencias 
de la morosidad sólo pueden ser disuasorias 
si van acompañadas de procedimientos de 
reclamación rápidos, eficaces y poco 
costosos para el acreedor; y que, de 
conformidad con el principio de no 
discriminación establecido en el artículo 6 
del Tratado, tales procedimientos deben 
estar a disposición de los acreedores de 
todos los Estados miembros, 
independientemente de su lugar de 
residencia; 
15. Considerando que las 
administraciones públicas realizan pagos de 
un volumen considerable a las empresas; 
que una estricta disciplina de dichas 
autoridades en materia de pagos tendrá un 
efecto ejemplarizante, beneficioso para el 
conjunto de la economía; que, por lo que se 
refiere a los pagos realizados por la 
Comisión, ya se decidió otorgar a 
determinados acreedores el derecho a 
percibir intereses de demora sobre los pagos 
que incurran en mora; Sin cambios 
15. Considerando que las 
administraciones públicas realizan pagos de 
un volumen considerable a las empresas; 
que una estricta disciplina de dichas 
autoridades en materia de pagos tendrá un 
efecto ejemplarizante, beneficioso para el 
conjunto de la economía; considerando que, 
en el ámbito de la contratación pública, las 
empresas contratistas, a su vez, también 
demoran los pagos a sus suministradores y 
subcontratistas, recurriendo habitualmente a 
la imposición de unos plazos de pago 
desproporcionados, conductas que afectan 
gravemente a los intereses de numerosas 
empresas, especialmente PYME; que, por lo 
que se refiere a los pagos realizados por la 
Comisión, ya se decidió otorgar a 
determinados acreedores el derecho a 
percibir intereses de demora sobre los pagos 
que incurran en mora; 
ES/23/98/1 1010200.WOO (EN) 
16. Considerando que, a efectos de la Sin cambios 
aplicación de la presente Directiva, la 
Comisión debe estar asistida por un Comité 
de carácter consultivo, 
17. Considerando que al revisar la 
presente Directiva podría resultar necesario 
tomar en consideración la posibilidad de 
abordar las consecuencias de los plazos de 
pago contractualmente dilatados; 
18. Considerando que la expresión 
"entidades adjudicadoras" corresponde a la 
definición contemplada en las Directivas 
92/50/CK1':.'.*. y 93/37/CEE"'. relativas a los 
contratos públicos, e incluye, para los fines 
de la presente Directiva, las "entidades 
contratantes" definidas en la Directiva 
93/38/CEE12. 
HAN ADOPTADO 
DIRECTIVA: LA PRESENTE 
CAPITULO I 
Artículo 1 
Ámbito de aplicación Artículo I 
Ámbito de aplicación 
Las disposiciones de la presente Directiva Sin cambios 
se aplicarán a todos los pagos efectuados en 
transacciones comerciales. 
Artículo 2 
Definiciones Artículo 2 
Definiciones 
A efectos de la presente Directiva se A efectos de la presente Directiva se 
entenderá por: entenderá por: 
1. "transacciones comerciales", las 
transacciones entre dos o más personas 
físicas o jurídicas dedicadas a una actividad 
comercial o profesional, efectuadas en el 
desarrollo de dicha actividad, o entre estas 
personas y las administraciones públicas. 
15 IX) L 209 de 24.7.1992, p. I. 
"' IX) I. 199 de 9.X. 1993, p. 54. 
17 DO I. 199 de 9.8.1993, p. 84. 1. "transacciones comerciales", las 
transacciones entre empresas, que den lugar 
a un suministro remunerado de mercancías 
o servicios; una empresa es toda 
organización, establecida con carácter 
duradero, de una actividad económica 
12-
ES/23/98/11010200.W00 (EN) 
que den lugar a un suministro remunerado independiente, también cuando es ejercida 
de mercancías o servicios; por una única persona y también cuando no 
está orientada al lucro. Las entidades 
adjudicadoras, incluidas las instituciones de 
la Unión Europea, se considerarán también 
empresas en el sentido de la presente 
Directiva; 
2. "morosidad", el incumplimiento de Sin cambios 
los plazos contractuales o legales de pago; 
3. "reserva de dominio", el hecho de 3. "reserva de dominio", ja 
que el vendedor conserve la propiedad de estipulación, no sujeta a requisitos formales, 
los bienes en cuestión hasta que el de que el vendedor sigue siendo propietario 
comprador haya pagado completamente el de los bienes en cuestión hasta el pago 
precio; completo del precio; 
'administraciones públicas", las 4. "entidades adjudicadoras' la 
definición que se establece en las Directivas 
92/50/CEEH y 93/37/CEE12, incluida la 
definición de "entidades contratantes" que 
figura en la Directiva 93/38/EECgQ. autoridades nacionales, regionales o locales, 
las entidades de Derecho público, o las 
asociaciones constituidas por una o más de 
las citadas autoridades o entidades de 
Derecho público. Se considerará que una 
entidad es de Derecho público si se ha 
creado con el objeto preciso de cubrir 
necesidades de interés general que no sean 
tic nal u ra | e/a i nd usina I o eoinerc i a 1, si tiene 
personalidad jurídica y si está financiada en 
su mayor parte por las autoridades 
nacionales, regionales o locales u otras 
entidades de Derecho público, o si su 
gestión está sujeta a la supervisión de dichas 
entidades o si posee un consejo de 
administración, de dirección o de vigilancia 
en el que más de la mitad de sus miembros 
sean nombrados por las autoridades 
nacionales, regionales o locales o por otras 
entidades de Derecho público. 
5. "contrato público", cualquier 5. "contrato público", cualquier 
contrato que implique remuneración, contrato que implique remuneración, 
celebrado por escrito entre una persona celebrado por escrito entre una de las 
física o jurídica y una administración entidades adjudicadoras previstas en el 
18 DO L 209 de 24.7.1992, p. 1. 
19DOL 199 de 9.8.1993, p. 54. 
20 DO L 199 de 9.8.1993, p. 84. 
13 
pública. 
CAPITULO II ES/23/98/11010200.W00 (EN) 
apartad o 4 y una empresa que no sea 
entidad adjudicadora. 
CAPÍTULO II 
Artículo 3 
Inedia de demora , intereses de demora e 
indemnización por los perjuicios 
causados 
1. Los Estados miembros adoptarán la 
legislación necesaria y modificarán sus 
normas de procedimiento de manera que, 
siempre que el suministro de bienes o 
servicios se haya realizado adecuadamente y 
cumpla las condiciones jurídicas 
subyacentes, se asegure que: 
a) la fecha de vencimiento del pago de a) la fecha de demora del pago de deudas Artículo 3 
Fecha de vencimiento, intereses de 
demora c indemnización por los 
perjuicios causados 
1. 
que: Los Estados miembros velarán por 
deudas no supere los 21 días naturales a 
partir de la fecha de facturación, salvo 
mención contraria en el contrato o en las 
condiciones generales de venta del 
vendedor; no supere los 21 días naturales a partir de 
la fecha de recepción de la factura, salvo 
mención contraria en el contrato o en las 
condiciones generales de venta del 
vendedor; 
b) la factura se considerará recibida a más 
tardar el quinto día natural tras su 
facturación, a no ser que el comprador o 
el vendedor puedan demostrar otra fecha 
de recepción; 
b) a falta de factura, o si la fecha de çj a falta de factura, o si la fecha de 
facturación no pudiera determinarse con 
certeza o si fuera anterior a la fecha de 
entrega, la fecha de ...vend miento se calcule a partir de la fecha de entrega de 
los bienes y servicios; recepción no pudiera determinarse con 
certeza o si fuera anterior a la fecha de 
entrega de los bienes y servicios de que 
se trate, la fecha de demora se calcule a 
partir de la fecha de entrega de los bienes 
y servicios; 
d) cuando la fecha de demora especificada 
en el contrato o en las condiciones 
generales de venta del vendedor supere 
los 45 días naturales a partir de la fecha 
de recepción de la factura, el comprador 
proporcionará al vendedor un pagaré, 
cuyo coste correrá a cargo del 
comprador, en el que se especifique 
explícitamente la fecha de su pago y que 
esté avalado por una entidad de crédito 
reconocida; 
14-
ES/23/98/11010200.WOO (EN) 
c) el acreedor tenga derecho a reclamar al 
deudor intereses de demora por los 
importes pendientes si se ha sobrepasado 
la fecha de vencimiento determinada con 
arreglo a las letras a) y b) sin que el 
acreedor haya percibido la cantidad 
adeudada; e) en caso de que el comprador no 
proporcione al vendedor un pagaré de 
conformidad con la letra d), se aplique la 
fecha de demora normal y el tipo de 
interés previstos en el presente artículo v 
quede automáticamente anulada 
cualquier excepción contractual en 
detrimento del vendedor; el resto del 
contrato sigue en vigor; 
f) el acreedor tenga derecho a reclamar al 
deudor intereses de demora por los 
importes pendientes si se ha sobrepasado 
la fecha de demora determinada con 
arreglo a las letras a) y e) sin que el 
acreedor haya percibido la cantidad 
adeudada; 
d) el interés de demora se devengue 
automáticamente a partir del día 
siguiente a la fecha de vencimiento, sin 
necesidad de recordatorio; 
e) el tipo de interés de demora ("tipo legal") 
que el acreedor pueda reclamar sea la 
suma del tipo de adjudicación (recompra) 
del Banco Central Europeo ("tipo de 
referencia") más al menos ocho puntos 
porcentuales ("margen"), de no 
especificarse lo contrario en el contrato o 
en las condiciones generales de venta del 
vendedor; respecto de los Estados 
miembros que no participen en la tercera 
fase de la Unión Económica y Monetaria, 
el tipo de referencia será el tipo 
equivalente establecido por su banco 
central; 
0 el tipo legal de interés de demora cambie 
automáticamente de conformidad con los 
cambios en el tipo de referencia 
mencionado en la letra e}; 
g) además de a los intereses de demora, el 
acreedor tenga derecho a reclamar al 
deudor la compensación íntegra del 
perjuicio causado. 
2. El margen contemplado en la letra e) 
del apartado 1 podrá ser modificado por la 
Comisión con arreglo al procedimiento g) el interés de demora se devengue 
automáticamente a partir del día 
siguiente a la fecha de demora, sin 
necesidad de recordatorio; 
Nueva denominación: e) se convierte en h}; 
ningún otro cambio. 
Nueva denominación: f) se convierte en i) y 
la referencia a la letra e) se convierte en h); 
ningún otro cambio. 
Nueva denominación: g) se convierte en j^; 
ningún otro cambio. 
2. Nueva denominación: la referencia a 
la letra e) del apartado 1 se convierte en 
15-
ES/23/98/11010200. WOO (EN) 
Comisión con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 9 si resultare que el 
tipo legal no es ya lo bastante alto como 
para desalentar la morosidad y para 
indemnizar al vendedor de cualquier 
pérdida causada por la demora en el pago, 
especialmente por cualquier interés que el 
vendedor hubiere de pagar por un 
descubierto bancario. "letra h) del apartado 
cambio. ningún otro 
3. La Comisión, previa consulta al 
Comité contemplado en el artículo % 
procederá, tres años después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, a una 
revisión centrada, entre otras cuestiones, en 
el tipo legal, para evaluar el impacto para 
las transacciones comerciales v el 
funcionamiento de la legislación en la 
práctica. Se pondrán en conocimiento del 
Parlamento Europeo los resultados de esta y 
otras revisiones. 
Artículo 4 
Reserva de dominio Artículo 4 
Reserva de dominio 
I. Los listados miembros velarán por 
que el vendedor conserve la propiedad de 
los bienes cedidos si notifica por escrito al 
comprador su intención de hacerlo no más 
tarde de la fecha de entrega de los bienes. I. Los Estados miembros velarán por 
que el vendedor conserve la propiedad de 
los bienes cedidos si se ha acordado una 
reserva de dominio. Aparte de un contrato 
individual, tal acuerdo se considerará válido 
si se incluye la cláusula de reserva de 
dominio en el contrato modelo del 
vendedor, en la factura o en los documentos 
de entrega que acompañen a los bienes, que 
el comprador deberá haber recibido como 
máximo en el momento de la entrega y 
sobre los que no haya formulado objeción 
alguna. No se exigirá ninguna otra 
formalidad. 
Una vez sobrepasada la fecha de 
vencimiento sin que el comprador haya 
procedido al pago, el vendedor podrá 
reclamar que se le devuelvan los bienes en 
cuestión. En el momento en que el Z Los Estados miembros deberán 
reconocer la validez de las cláusulas que se 
incluyen en el Anexo o de cláusulas que 
tengan un efecto equivalente. 
X Una vez sobrepasada la fecha de 
demora sin que el comprador haya 
procedido al pago, el vendedor podrá 
reclamar que se le devuelvan los bienes en 
cuestión. Los Estados miembros deberán 
-16-
comprador tome posesión de los bienes, 
será responsable de los posibles daños 
causados a los mismos o de su posible 
pérdida. Podrá realizarse una notificación 
formal en el contrato normalizado del 
vendedor, en la factura o en tin contrato 
específico. 
Los Estados miembros reconocerán 
la validez de las cláusulas contenidas en el 
Anexo o de cualquier cláusula con efectos 
equivalentes. 
2. El apartado 1 se aplicará únicamente 
a las deudas pagaderas en un solo plazo. 
3. Los Estados miembros fijarán los 
efectos de la cláusula de reserva de dominio 
en aquellos aspectos no regulados por la 
presente Directiva y, especialmente, en lo 
relativo a terceros de buena fe. ES/23/98/1 1010200.W00 (EN) 
prever una oponibilidad a terceros de la 
clausula de reserva de dominio incluso en 
caso de quiebra del deudor o de cualquier 
otro procedimiento de esta misma 
naturaleza reconocido por las legislaciones 
de los Estados miembros. A más tardar en el 
momento en que el comprador lome 
posesión de los bienes, será responsable de 
los posibles daños causados a los mismos o 
de su posible pérdida. 
Nueva denominación: este apartado se 
convierte en el apartado 2 del capítulo 4; 
ningún otro cambio. 
Suprimido 
4. Los Estados miembros podrán 
adoptar disposiciones jurídicas para 
la protección de terceros de buena fe 
y en lo que se refiere a los pagos ya 
efectuados por el deudor. También 
podrán adoptar disposiciones 
jurídicas relativas a los bienes que 
están incluidos en otros bienes 
muebles o inmuebles. 
Artículo 5 
Procedimientos acelerados de cobro de 
deudas no impugnadas 
1. Los Estados miembros establecerán 
un procedimiento de cobro acelerado de las 
deudas no impugnadas. Artículo 5 
Procedimientos acelerados de cobro de 
deudas no impugnadas 
Sin cambios 
2. El procedimiento se aplicará con Sin cambios 
independencia del importe de la deuda. 
3. El procedimiento estará a Sin cambios 
disposición de los acreedores de todos los 
Estados miembros, independientemente de 
su lugar de residencia. 
4. El acreedor podrá decidir si desea o Sin cambios 
no ser representado por terceros. 
5. El procedimiento judicial se 
desarrollará de forma tal que no se supere 
un plazo de 60 días naturales entre la fecha Sin cambios 
- 17-
ES/23/98/11010200.WOO (EN) 
de recepción de la demanda del acreedor y 
la fecha en que el mandamiento judicial 
devenga ejecutivo. 
Dicho periodo se entenderá sin 
perjuicio de: 
a) la aplicación de las normas de Sin cambios 
notificación 
b) el derecho del demandado de impugnar Sin cambios 
la deuda. 
Artículo 6 
Procedimientos jurídicos simplificados 
para deudas de pequeña cuantía 
Los Estados miembros establecerán 
procedimientos simplificados que se 
aplicarán a las deudas hasta un umbral no 
inferior a 20.000 ecus. Dichos 
procedimientos permitirán aplicar unos 
métodos simples y de bajo coste para 
proceder judicialmente al cobro de deudas. 
En caso necesario, la Comisión podrá 
modificar dicho umbral, con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 9, a fin 
de reflejar los cambios de las condiciones 
económicas. 
Estos procedimientos estarán a disposición Sin cambios 
de los acreedores de todos los Estados 
miembros, independientemente de su lugar 
de residencia. Artículo 6 
Procedimientos jurídicos simplificados 
para deudas de pequeña cuantía 
Los Estados miembros establecerán 
procedimientos simplificados que se 
aplicarán a las deudas hasta un límite no 
inferior a 20.000 ecus. Dichos 
procedimientos permitirán aplicar unos 
métodos simples y de bajo coste para 
proceder judicialmente al cobro de deudas. 
Sin cambios 
CAPÍTULO III 
Artículo 7 
Transparencia en los contratos públicos 
Los Estados miembros velarán por que en 
los contratos públicos conste información 
precisa sobre los plazos de pago por parte 
de las administraciones públicas. Se fijarán 
especialmente fechas límite para la 
realización de las formalidades 
administrativas previas al pago, como los 
procedimientos de recepción de obras 
públicas. CHAPTER III 
Artículo 7 
Transparencia en los contratos públicos 
Los Estados miembros velarán por que en 
los contratos públicos conste información 
precisa sobre las fechas de demora y plazos 
de pago por parte de las entidades 
adjudicadoras, también en los casos en que 
estos plazos estén determinados en las 
condiciones generales de contratación. Se 
fijarán especialmente fechas límite para la 
realización de las formalidades 
administrativas previas al pago, como los 
ES/23/98/11010200. WOO (EN) 
Artículo fi 
Pronto pago, fecha de vencimiento y 
devengo automático de intereses 
Los listados miembros velarán por que: 
I ) la fecha de vencimiento del pago de 
las deudas contractuales de las 
administraciones públicas no supere los 60 
días naturales y se determine con arreglo a 
las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 
3; el contrato no podrá prever en ningún 
caso que se sobrepase el plazo máximo de 
pago; 
2) el acreedor tenga derecho a reclamar 
intereses de demora a las administraciones 
públicas por cualquier importe pendiente de 
pago una vez sobrepasada la fecha de 
vencimiento; los intereses se calcularán con 
arreglo a las letras d) y e) del apartado 1 del 
artículo 3 y se abonarán automáticamente 
por las administraciones públicas, sin 
necesidad de mediar reclamación; procedimientos de recepción de obras 
públicas. Será de aplicación la misma 
obligación de transparencia en la relación 
entre el contratista principal y el 
suhconlratista en obras públicas. 
Artículo (S 
Pronto pago, fecha de demora y devengo 
automático de intereses 
Los Estados miembros velarán por que: 
I. La fecha de demora del pago de las 
deudas contractuales de las entidades 
adjudicadoras, tal como se determina en las 
letras a) a c) del apartado 1 del artículo 3, 
no supere los 45 días naturales 
salvo cuando el valor del contrato supere los 
100.000 ecus, en que el plazo máximo de 
pago será de 60 días naturales ; el contrato 
no podrá prever en ningún caso que se 
sobrepase estas fechas de demora; en un 
contrato público, el contratista principal 
tendrá que garantizar al subcontratista y a 
los suministradores unas condiciones al 
menos tan favorables como las 
garantizadas al contratista principal por la 
entidad adjudicadora-
Para garantizar a los suministradores y 
subcontratistas estas condiciones, el 
contratista estará obligado a otorgar un aval 
en favor del suministrador o subcontratista, 
asegurando el pago de todos los importes 
debidos. Dicho aval será ejecutable a partir 
del vencimiento del plazo de 60 
días naturales a contar desde la fecha de 
presentación al contratista de la factura por 
el suministrador o subcontratista. 
2) el acreedor tenga derecho a reclamar 
intereses de demora a las entidades 
adjudicadoras por cualquier importe 
pendiente de pago una vez sobrepasada la 
fecha de demora; los intereses se calcularán 
con arreglo a las letras g) y h) del apartado 1 
del artículo 3 y se abonarán 
automáticamente por las entidades 
adjudicadoras, sin necesidad de mediar 
reclamación; 
19 
ES/23/98/1 1010200.WOO (EN) 
3) las administraciones públicas no 3) las entidades adjudicadoras no 
podrán solicitar o exigir al acreedor la podrán solicitar o exigir al acreedor la 
renuncia a cualquiera de los derechos 
previstos en el presente artículo. E} 
contratista principal tampoco podrá solicitar 
o exigir a sus suministradores o 
subcontratistas la renuncia a estos derechos. renuncia a cualquiera de los derechos 
previstos en el presente artículo. 
CAPITULO IV 
Artículo 9 
Comité CHAPTER IV 
Artículo 9 
Comité 
Con el fin de velar por la aplicación de la Sin cambios 
presente Directiva y, en particular, a los 
fines previstos en el apartado 2 del artículo 
3 y en el artículo 6, la Comisión estará 
asistida por un Comité consultivo 
compuesto por representantes de los 
Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión. 
El representante de la Comisión someterá al 
Comité un proyecto de las medidas que 
deban adoptarse. El Comité emitirá su 
diclamen sobre dicho proyecto en un plazo 
que el presidente podrá fijar en función de 
la urgencia del asunto, procediendo, en su 
caso, a una votación. 
El dictamen se incluirá en el acta; además, 
cada listado miembro tendrá derecho a 
solicitar que su opinión conste en acta. 
La Comisión tendrá en cuenta, en la mayor 
medida posible, el dictamen emitido por el 
Comité. Informará al Comité de la manera 
en que ha tenido en cuenta dicho dictamen. 
Artículo 10 
Transposición 
I. Los listados miembros adoptarán las Sin cambios 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el 31 de 
diciembre de 2000. Informarán 
inmediatamente de ello a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros 
adopten dichas disposiciones, éstas harán Artículo 10 
Transposición 
20 
ES/23/98/11010200.W00 (EN) 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia. 
2. Los Estados miembros podrán 
mantener o establecer disposiciones más 
estrictas que las necesarias para cumplir la 
presente Directiva. 2. Los Estados miembros podrán 
mantener o establecer disposiciones más 
favorables para el acreedor que las 
necesarias para cumplir la presente 
Directiva. 
3. Los Estados miembros comunicarán 
a la Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva. Sin cambios 
Artículo 11 
Entrada en vigor 
La presente Directiva entrará en vigor el Sin cambios 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de las Comunidades 
luir opeas. 
Artículo 12 
Destinatarios 
Los destinatarios de la presente Directiva Sin cambios 
serán los Estados miembros. Artículo 11 
Entrada en vigor 
Artículo 12 
Destinatarios 
Hecho en Bruselas, 
Por el Parlamento Europeo 
El Presidente Por el Consejo 
El Presidente 
-21 
ES/23/98/110I0200.W00 (EN) 
->? . ES/23/98/110I0200.W00 (EN) 
->? . Anexo 
Lista de las cláusulas que deben 
reconocer los listados miembros a efectos 
de lo dispuesto en el artículo 4 
ES: "El vendedor conservará la propiedad 
de los bienes hasta el pago." 
DA: "Varen forbliver sa;lgerens ejendom 
indtil den er betalt." 
DE: „Die Ware verbleibt bis zur Bezahlung 
im Eigentum des Verkáufers." 
EL: "Ta ayaGá eÇaKoA,ov0oi3v va avfjKouv 
axov ii(ùXr\vc\ ¡léypi va E^oyXiqQeí rj aCía 
T0UÇ." 
EN: "The goods remain the property of the 
seller until payment." 
FR: "Les biens restent la propriété du 
vendeur jusqu'au paiement." 
IT: "I béni rimangono propriété del 
venditore fino al pagamento." 
NL: "De goederen blijven het eigendom 
van de verkooper tot betaling." 
l'T: "As mercadorias ficam propriedade do 
vendedor até ao pagamento." Anexo 
Lista de las cláusulas que deben 
reconocer los Estados miembros a efectos 
de lo dispuesto en el artículo 4 
ES: "El vendedor conservará la 
propiedad de los bienes hasta el pago final." 
DA: "Varen forbliver saMgerens ejendom, 
indtil den er fuldstaendig betalt." 
DE: "Die Ware bleibt bis zur 
vollstàndmen Bezahlung im Eigentum des 
Verkáufers." 
EL: "O 7t©X,rixf|c rcapaKpaiei mv 
icupiÓTnra xcov aya0á)v u¿xpi Tnv zkñpt] 
e£ó(pXr|qr| TQU Tiurjuaxoc" 
EN: "The goods remain the property of 
the seller until fully paid." 
FR: "Les marchandises restent la 
propriété du vendeur jusqu'au paiement 
complet." 
IT: "Le merci restaño di proprietà del 
venditore fino al pieno pagamento." 
NL: "De waren blijven tot de volledige 
betaling eigendom van de verkoper." 
PT: "O vendedor conservará a 
propriedade dos bens até ao momento do 
ES/23/98/11010200. WOO (EN) 
pagamento final." 
FI: "lavara on myyjan omaisuutta kunnes FI: "Lavara on myyjan omaisuutta, 
kauppahinta on maksettu." kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan 
maksettu." 
SV: "Varorna fôrblir sàljarens egendom tills SV: "Varonía fôrblir sàljarens egendom 
de betalats." tills de betalats heltoch hâllet." 
23-
ES/23/98/11010200.WOO (EN) 
EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES EN LA EMPRESA 
REPERCUSIÓN DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS 
con especial referencia a las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
Título de la Propuesta: Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las transacciones comerciales 
Documento de referencia número: 98016. 
'ROPUESTA 
/. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ¿por qué razón es necesario que 
la C 'omunidad legisle en este ámbito y cuáles son sus principales objetivos? 
La propuesta contiene una serie de medidas para luchar contra la morosidad en las 
transacciones comerciales en la Comunidad Europea. Las medidas hacen referencia a 
todo tipo de morosidad entre empresas, y entre el sector público y las empresas. Se 
referirán a todas las empresas, incluyendo sociedades anónimas y empresas no 
constituidas en sociedades de capital y autónomos que respondan a la definición de 
"empresa" que figura en el apartado 1 del artículo 2. 
El objetivo general de la propuesta consiste en fomentar el cumplimiento de los 
plazos de pago convenidos contractualmente, para beneficio de todo tipo de 
empresas. Proporciona un marco legal para disuadir a los morosos de retrasarse en 
los pagos, otorgar derechos a los acreedores para que reciban una compensación 
apropiada cuando se les pague con retraso y instaurar o mejorar procedimientos de 
recuperación de deudas para que dichos procedimientos sean eficaces, baratos y 
rápidos. La propuesta pretende también garantizar que el Mercado Único funciona 
plenamente para las agencias de cobro de morosos. Por último, también hay medidas 
específicas para mejorar el comportamiento de los poderes públicos a la hora de 
pagar. 
Es evidente que la morosidad está entorpeciendo el normal funcionamiento del 
Mercado Interior21. Hay grandes diferencias en las prácticas de pago en la 
Comunidad, y esas diferencias desalientan a las empresas a comerciar con otros 
países. Las diferencias en la legislación de los listados miembros sobre morosidad y 
los distintos procedimientos de recurso y de compensación por los costes de 
recuperación de deudas también están actuando como barrera para el comercio 
21 Véase por ejemplo European Payment Habits Survey 1996, Intrum Justitia, Amsterdam, abril de 1997. 
-24-
ES/23/98/11010200. WOO (EN) 
transfronterizo. Por último, las diferencias en plazos de pago y los problemas de 
morosidad deterioran igualmente la competitividad de las empresas22. 
La Recomendación de la Comisión de 1995 relativa a los plazos de pago en las 
transacciones comerciales23 dio a los Estados miembros la oportunidad de abordar 
ellos mismos el problema, mediante un instrumento no vinculante. No obstante, el 
informe de la Comisión de julio de 1997 señaló la falta de medidas en los Estados 
miembros, y la necesidad de proponer medidas adicionales para reducir los pagos 
morosos en la Comunidad tales como una propuesta de Directiva24. Las últimas 
estadísticas indican también que los problemas de morosidad no han mejorado en 
numerosos Estados miembros después de la publicación de la recomendación de la 
('omisión25. 
Dada la acción insuficiente de los Estados miembros y los efectos nocivos que sigue 
causando la morosidad al normal funcionamiento del Mercado Único, la propuesta 
de un instrumento vinculante en forma de Directiva parece ahora lo más conveniente. 
Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad de la letra b) del artículo 3 del 
Tratado, está claro actualmente que el objetivo de reducir la morosidad dentro del 
Mercado Único no puede conseguirse satisfactoriamente mediante la acción 
individual de los Estados miembros y que se puede conseguir mejor mediante la 
acción de la Comunidad en su conjunto. 
REPERCUSIONES SOBRE LAS EMPRESAS EN GENERAL 
¿A quién afectará la propuesta? 
I lay dos situaciones básicas en las que las empresas en general se verán afectadas por 
la propuesta: 
a) Cuando una empresa cobra tarde de otra empresa. 
b) Cuando una empresa paga tarde a otra empresa. 
De acuerdo con una serie de encuestas, existen amplias variaciones entre ios plazos 
de pago convenidos contractualmente y los plazos reales de pago en los países del 
EEE26. La media más larga de periodos de pago se suele dar en Grecia, Portugal e 
Italia. La media más corta de plazos de pago se registran en Noruega, Finlandia y 
Suecia. Los países con la media de vencimiento más larga (es decir el número de días 
entre el plazo de pago real y el plazo de crédito contractual) son Portugal, Italia, 
Bélgica, Grecia, Países Bajos y Reino Unido. 
Los sectores que aparecen frecuentemente como peores pagadores en Europa suelen 
ser la construcción, el sector público, transporte/logística, comercio al por menor y al 
22 Véase Informe de la Comisión sobre los retrasos en el pago en las transacciones comerciales, DO n° C 216 
de 17.7.1997, p.10, en particular las secciones 3.1 y 3.2. 
23 DO n° L 127 de 10.6.1995, p.19. 
24 DO n°C 216 de 17.7.1997, secciones 2.1 y 4. 
25 DO n° C 216 de 17.7.1997, sección 2.2. 
26 Véase resumen de un reciente estudio estadístico en DO n° C 216 de 17.7.1997, sección 2.2. 
-25-
ES/23/98/110I0200.W00 (EN) 
por mayor c industrias básicas. En cambio, la banca y los seguros, el sector químico 
y las telecomunicaciones aparecen como los sectores que mejor pagan27. 
Las grandes empresas son los clientes que tienden a pagar más larde en toda Europa, 
seguidas por el sector público y las pequeñas empresas. Las grandes empresas 
aparecen como el tipo de clientes que más tarda en pagar en un 32% de casos como 
media europea, con cifras especialmente altas en España (49%) e Italia (41%).2S 
Una encuesta sobre el Reino Unido en 1994 desveló que los más altos niveles de 
importes totales netos pendientes de pago se daban en los sectores de la industria de 
transformación, la construcción y el comercio al por mayor, mientras que los niveles 
más bajos se registraban en el comercio al por menor, las industrias básicas y el 
transporte29. También hay diferencias regionales significativas. Otra encuesta 
reciente sobre el Reino Unido confirmó que el sector de la industria de 
transformación tenía el récord de peor pagador (14,0% de pagos dentro del plazo), 
seguido por la construcción (20,4%) y el comercio al por mayor (20,6%), mientras 
que el mejor pagador con diferencia era el sector de servicios financieros (31,6%)3(). 
La encuesta reveló asimismo que el número de pequeñas empresas que pagan 
puntualmente es el doble que el de las grandes empresas (un 23,2% de pequeñas 
empresas pagaron dentro de plazo frente a un I3,8%> de medianas empresas y un 
9,7% de grandes empresas). 
En Francia, los prestatarios netos (es decir los que más se benefician del crédito 
comercial) se concentran en los sectores del comercio al por menor, especialmente 
en la distribución de alimentos a larga escala, y del comercio al por mayor, 
automoción y venta y reparación de automóviles31. Las cantidades del crédito 
comercial se concentran en las grandes empresas: un 43%) lo disfrutan empresas de 
más de 500 empleados y un 31% empresas de más de 2.000 empleados. Los 
acreedores netos están más dispersos en distintos sectores pero se encuentran 
principalmente entre los productores de bienes intermedios e instalaciones y bienes 
de equipo, el sector mayorista y los servicios a las empresas. Un 57% del crédito 
comercial lo conceden empresas de menos de 500 empleados. Las recientes 
tendencias del crédito comercial han favorecido a las grandes empresas y han 
perjudicado a las PYME. Ello se ha visto confirmado por un reciente estudio de 
Expcrinn para el mercado del Reino Unido, que revela que las grandes empresas cada 
vez son más lentas en pagar sus facturas (un 23,3 % por encima de la media), 
mientras que las pequeñas empresas son más rápidas32. 
Por último, se han registrado graves problemas de pagos en el sector de la 
construcción en España, con plazos medios de pago de 215 días por parte de las 
grandes empresas de construcción a las PYME proveedoras de materiales de 
27 European Payment Habits Survey 1996, Intrum Justitia, Amsterdam, abril de 1997. 
28 European Business Survey, Grant Thornton International Business Strategies Ltd., primavera de 1997, 
p.25. 
29 Forum of Private Business, Londres, 31 de marzo de 1994. 
30 Survey of the payment performance in Britain, Dun & Bradstreet, Londres, octubre de 1997. 
31 Observatoire des délais de paiement, cinquième rapport, París, septiembre de 1997. p. 10 
'•'• Comunicado de prensa del 16.7.199X, Exportan, Nottingham. 
-26-
ES/23/98/11010200.WOO (EN) 
construcción33. También se han comunicado serios problemas de pago para los 
proveedores de material sanitario a los hospitales públicos en Italia (plazo medio de 
307 días), España (305 días), Portugal y Grecia, con grandes variaciones 
regionales34. 
La propuesta lijará también nuevos requisitos para garantizar un pronto pago por 
parte de los poderes públicos en todos los Estados miembros. Las estadísticas 
publicadas por Creditreform han demostrado de manera contundente que las 
entidades adjudicadoras tardan mucho más en pagar sus facturas que las empresas 
privadas. Por ejemplo, en Austria, el porcentaje de empresas que reciben sus pagos 
en un plazo superior a 60 días representa el 28,8 % en el caso de los deudores 
públicos, mientras que en el caso de los privados es sólo del 16 %35. El estudio de 
Experian confirma que las empresas de servicio público ostentan la marca de peores 
pagadoras del Reino Unido3'1. Por otra parte, está demostrado que las entidades de 
contratación pública tratan a las pequeñas empresas, especialmente las de tipo 
artesanal, peor aún que a las demás PYME<7. 
3. ¿(Jné deberán hacer las empresas para ejecutar la propuesta? 
Para las empresas en general, las disposiciones de la propuesta relativas a los plazos 
de las objeciones a la calidad y la cantidad de los bienes (artículo 3) van a introducir 
nuevos derechos y obligaciones. Las empresas deberán observar esos nuevos 
derechos y obligaciones que pretenden compensar adecuadamente a los acreedores 
que sufren la morosidad y disuadir a los morosos de retrasarse en los pagos. Al 
mismo tiempo, la propuesta modificada respeta totalmente el principio de libertad 
contractual para que las partes contratantes conserven su libertad de negociar y 
acordar, por ejemplo, la fecha de demora para el pago y el tipo de interés de demora. 
No obstante, si eligen un plazo de demora superior 45 días naturales, la propuesta 
modificada obliga al comprador a proporcionar al comprador un pagaré (letra d del 
apartado 1 del artículo 3). Los gastos que se realicen para proporcionar dicho pagaré 
correrán a cargo del comprador. Se espera que esta medida reducirá en gran medida 
el número de contratos a los que se aplican plazos de pago tan prolongados. De 
hecho, el plazo de pago contractual medio de los seis Estados miembros más 
rigurosos es de sólo 25 días. El promedio comunitario es de 39 días. Los plazos de 
pago superiores a 45 días, por consiguiente, deberán considerarse una excepción y 
limitarse a un número muy limitado de casos. Cuando, no obstante, se utilizan, 
normalmente no son necesarios para examinar la factura o la calidad de los bienes y 
servicios proporcionados, sino que más bien tienden a reflejar un poder en el 
mercado más elevado por parte del comprador, que desea obtener crédito comercial a 
33 Confederation of Suppliers of Construction Materials (CEPCO), Report on the Spanish Construction 
Industry, Madrid, septiembre de 1996. 
34 European Diagnostic Manufacturers Association, octubre de 1997. 
35 "Wirtschaftslage Mittelstand in Ôsterreich, Frühjahr 1998", Creditreform, Viena 1998, pp. 12-13. 
3() Comunicado de prensa del 16.7.1998, Experian, Nottingham. 
37 "Wirtsehal'lslage Mittelstand in Ôsterreich, h'rühjahr 1998", Creditreform, Viena 1998, p. 20. 
-27 
ES/23/98/11010200.WOO (EN) 
expensas de su suministrador, de manera que parece justificado que el comprador 
corra con los gastos del pagaré. 
La propuesta modificada también obliga al contratista principal de un contrato 
público a proporcionar un aval a los subconíratistas y suministradores que cubra el 
pago de todas las cantidades adeudadas en un plazo de 60 días. Esta obligación 
refleja el hecho de que los subcontratistas y suministradores son dependientes del 
contratista principal, al que se debería impedir que se aproveche de su posición para 
obtener a sus expensas un crédito comercial inusualmente largo. Se espera que esta 
medida reduzca en gran medida el número de casos de suministradores y 
subcontratistas que quiebran debido al aplazamiento poco razonable de los pagos por 
parte del contratista principal. 
Cada vez que no se pague, incumpliendo la obligación contractual o las normas 
legales, las empresas víctimas de la morosidad podrán solicitar una compensación y 
se podrá exigir a las empresas morosas que paguen una compensación en forma de 
intereses y demás costes relativos al cobro de las deudas, como gastos de abogados y 
costes administrativos. 
Los intereses de demora se incrementarán automáticamente, sin necesidad de que el 
acreedor deba notificarlo (letra g del apartado 1 del artículo 3). Ello supondrá un 
ahorro administrativo para las empresas en aquellos Estados miembros (por ej. 
Bélgica) donde se exige actualmente una notificación. 
La cláusula de reserva de dominio (artículo 4) supondrá un ahorro administrativo 
para las empresas que se sirvan de ella, en particular en las exportaciones. La 
situación presente es que los exportadores pueden necesitar una cláusula específica 
de reserva de dominio para cada Estado Miembro al que exportan, con objeto de 
satisfacer los distintos requisitos legales de cada Estado miembro. Ello impone una 
carga adicional de requisitos sobre las empresas. Ahora, las empresas podrán invocar 
una única cláusula de reserva de dominio utilizando una de las fórmulas o una 
fórmula equivalente en la propuesta. También se producirán ahorros de costes legales 
y administrativos al suprimir la exigencia de que las empresas deban cumplir 
determinadas formalidades en algunos Estados miembros como registrar el contrato 
o pasar por un notario. Inicialmente, las empresas deberán modificar tal vez su 
contrato normalizado o los contratos individuales para conformarse a la cláusula de 
reserva de dominio. No obstante, dichas modificaciones no serán costosas y sólo 
deberán introducirse una vez. Esos costes quedarán compensados ampliamente 
gracias a un ahorro administrativo a largo plazo y al estímulo de las exportaciones 
que aportará la cláusula de reserva de dominio. 
Las propuestas sobre procedimientos de recurso (artículos 5 y 6) pretenden garantizar 
que los acreedores cobren las deudas rápida y eficazmente y con el mínimo coste. 
Las modificaciones deberían suponer un ahorro para las empresas que utilicen esos 
procedimientos al reducir las formalidades correspondientes y mantener el coste 
financiero en un mínimo, especialmente en los casos en que deudor y acreedor 
residen en diferentes Estados miembros. En relación con los procedimientos 
acelerados de cobro (artículo 5), la supresión del límite (basado en la cuantía de la 
deuda) que se aplica en los procedimientos de algunos Estados miembros permitirá 
que se puedan beneficiar más deudas de los procedimientos acelerados. En 
-28 
ES/23/98/11010200.W00 (EN) 
Alemania, el procedimiento acelerado de cobro {Mahnverfahren) no tiene límite y en 
1996 se tramitaron más de 8 millones de casos con ese sistema. En él, los honorarios 
medios para una deuda tipo giran en torno a 17 ecus frente a ios 100 ecus que cuesta 
el procedimiento legal tradicional de cobro de deudas. 
En los procedimientos jurídicos simplificados en las demandas de menor cuantía 
(artículo 6), el límite de 20.000 ecus supondrá que esos procedimientos cubrirán 
muchas más transacciones comerciales, con lo que serán más las empresas que 
puedan beneficiarse de la relativa agilidad y bajos costes de los tribunales para las 
deudas de escaso importe. 
Los poderes públicos deberán garantizar que en los anuncios de contratos públicos y 
en los pliegos de condiciones de las licitaciones conste información detallada sobre 
los plazos de pago (artículo 7). Esto dará lugar a ciertos costes administrativos, 
aunque si se introducen plazos de pago normalizados, los costes serán únicos. 
Los poderes públicos deberán asimismo observar las obligaciones relativas a los 
plazos máximos de pago y el pago automático de los intereses de demora (artículo 
8). Esto supondrá la modificación de los términos contractuales así como el 
establecimiento de procedimientos y sistemas administrativos que garanticen el 
respeto de los plazos en los pagos públicos. El cambio de los sistemas informáticos 
podrá ocasionar algunos costes. La necesidad de establecer ese tipo de 
procedimientos ya la destacó la Recomendación de la Comisión de 1995 (letras (b) y 
(c) del artículo 6). En Irlanda, que ha introducido recientemente una ley sobre el 
pronto pago por parte del sector público, los costes administrativos de creación y 
funcionamiento de sistemas para el pago automático de intereses de demora no se 
consideran excesivos y no parece que haga falta más personal para ocuparse de los 
nuevos procedimientos. 
4. ¿ Qué efectos económicos puede tener la propuesta? 
Se espera que esta propuesta aporte unos notables beneficios a las empresas, 
especialmente las PYME. La reducción de la morosidad mejorará la liquidez de las 
empresas y también reducirá los costes financieros causados por aquella. Las 
empresas se beneficiarán gracias a las reducciones de los gravosos costes 
administrativos del cobro de deudas, ahorrando tiempo y recursos humanos, por 
ejemplo, en el envío de notificaciones, la gestión de reclamaciones pendientes y el 
cobro de deudas mediante diversos procedimientos de recurso. También se ahorrará 
en gastos legales para el cobro de deudas. 
Por otra parte, cuando se pague tarde a las empresas, deberá compensarse 
adecuadamente a éstas por todos los gastos ocasionados. Esto tendrá asimismo un 
efecto positivo para la rentabilidad y competitividad de las empresas. 
La reducción de los plazos de pago hará mejorar la situación financiera de las 
empresas gracias a una menor proporción de las deudas comerciales en sus activos 
totales. El riesgo de quiebra también será menor. Disponer de liquidez más 
rápidamente a través de la cadena de clientes y proveedores contribuirá también a 
hacer más improbable la cadena de insolvencias en caso de morosidad por parte de 
un cliente importante. 
29 
ES/23/98/110I0200.W00 (EN) 
Para dar una idea de las dimensiones de los beneficios potenciales, una encuesta 
sobre el Reino Unido en 1994 calculaba en GBP 10.000 millones (14.800 millones 
de ecus) el volumen líquido total de crédito comercial debido a empresas privadas en 
el Reino Unido, por lo que, eliminando la morosidad las empresas se beneficiarían de 
ese volumen total líquido38. Si aceptamos que el volumen de la deuda comercial en 
el Reino Unido es más o menos representativo del de los demás listados miembros, y 
basándonos en el número total de empresas británicas como proporción del número 
total de empresas comunitarias39, el volumen líquido total de la deuda comercial 
debido a empresas comunitarias sería de unos 90.000 millones de ecus. 
Considerando que el tipo medio de descuento oficial es del 12%, los costes 
financieros de la morosidad para las empresas europeas se situaría en torno a 10.800 
millones de ecus al año. 
Las propuestas deberán tener también consecuencias positivas sobre el empleo. 
Según una determinada fuente, una de cada cuatro insolvencias en Europa es debida 
a la morosidad40. Se calcula que en 1997 hubo en Europa Occidental 207.800 
insolvencias41, de las que las microempresas (con menos de 10 empleados) 
representan la mayor parle de los casos42. Ello condujo a la pérdida de 1,8 millones 
de puestos de trabajo y 94.500 millones de ecus en cuentas por cobrar43. El número 
de puestos de trabajo perdidos debido a la morosidad, por tanto, podría situarse en 
450.000 cada año, mientras que el importe de las cuentas por cobrar perdidas por 
morosidad asciende a 23.600 millones de ecus anuales. Aparte de mantener esos 
puestos de trabajo y esos valores económicos, la propuesta, al mejorar la liquidez, 
rentabilidad y competitividad de las empresas y al crear un clima de pagos más 
saludable en la economía europea, va a animar a las empresas a crear más puestos de 
trabajo. 
La propuesta tendrá además consecuencias positivas sobre la competitividad. Las 
empresas podrán tener en cuenta con más precisión el plazo de pago a la hora de 
calcular los precios. Las empresas que incrementan los precios para tener en cuenta 
los dilatados plazos de pago y prevenir así la morosidad, especialmente al exportar, 
podrán ahora reducir los precios si tienen la seguridad de que les van a pagar más 
deprisa. Además, la reducción del volumen de deuda comercial atrasada liberará 
recursos que podrán utilizarse más productivamente, por ejemplo en investigación y 
desarrollo tecnológico. 
38 Forum of Private Business, Londres, 31 de marzo de 1994. 
39 Las cifras son 2.549 millones y 15.777 millones respectivamente: Enterprises in Europe, Fourth Report, 
Comisión Europea/Eurostat, 1996. 
40 Fédération Nationale de l'Information d'Entreprises et de la Gestion de Créances, Lyón, septiembre de 
1997. 
41 "Insolvenzen in Europa 1997/98", Creditreform, Neuss, 1998, p. 3 (cifras de los Estados miembros de la 
UE, excepto Portugal por falta de datos fidedignos, más Suiza y Noruega). 
42 Fifth Report of the European Observatory for SMEs, European Network for SME Research, noviembre de 
1997, cap.7: "Failures and bankruptcies". 
43 "Insolvenzen in Europa 1997/98", Creditreform, Neuss, 1998, p. 34. 
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Una reducción general de la morosidad en la Comunidad, unos procedimientos 
perfeccionados para cobrar deudas en un Estado miembro distinto y la cláusula de 
reserva de dominio estimularán el comercio intracomunitario. Todo ello intensificará 
la participación en el Mercado Único y contribuirá a alcanzar el objetivo de la 
cohesión económica y social. 
Por último, el pronto pago por parte de los poderes públicos tendrá un efecto positivo 
sobre la economía en su conjunto. Los proveedores de los poderes públicos a los que 
se pague puntualmente podrán, a su vez, pagar puntualmente a sus proveedores, y 
ello tendrá un efecto de ejemplo beneficioso sobre la economía. Tales efectos serán 
aún más positivos en la medida en que la propuesta modificada establece que en un 
contrato público el contratista principal deberá transmitir a sus subcontratistas o 
suministradores todas las condiciones favorables que haya obtenido de la entidad 
adjudicadora. 
REPERCUSIONES SOBRE LAS PYME 
5. ¿C anticue la propuesta medidas que tengan en cuenta la situación específica de las 
pequeñas y medianas empresas (menores o distintas exigencias, etc.)? 
La propuesta modificada incluye dos medidas que beneficiarán especialmente a las 
PYME. La primera figura en la letra d del apartado 1 del artículo 3, que obliga al 
comprador a proporcionar un pagaré garantizado a sus expensas si la fecha de 
demora supera los 45 días naturales a partir de la fecha de recepción de la factura. Es 
evidente que serán grandes empresas las que insistirán en tales plazos de pago 
prolongados y por consiguiente serán las PYME las que se beneficiarán de la 
seguridad que ofrece un pagaré o bien del consentimiento del comprador en fijar 
plazos de pago más cortos para evitar la utilización de un pagaré. 
La segunda medida, que beneficiará especialmente a las PYME, consiste en el aval 
que deberá proporcionar el contratista principal a sus suministradores y 
subcontratistas con arreglo al segundo párrafo del apartado 1 del artículo 8. También 
en este caso, lo más probable es que sean las PYME que se ven confrontadas con el 
contratista principal las que en adelante estarán protegidas frente a plazos de pago 
inusualmente prolongados impuestos por aquél. 
Aunque la Directiva es aplicable a todas las empresas, será especialmente 
beneficiosa para las PYME que venden bienes o servicios sin contrato escrito (se 
calcula que la mayoría de las transacciones comerciales de las PYME se realizan sin 
contrato escrito). La propuesta proporcionará claridad y seguridad sobre las fechas de 
demora y las consecuencias de pagar con retraso. 
Se ha sostenido (casi siempre lo han hecho organizaciones que representan los 
intereses de las grandes empresas) que las PYME pueden verse perjudicadas por el 
tipo de interés aumentado que establece la letra h del apartado 1 del artículo 3. Sin 
embargo, las organizaciones que representan a las PYME y las empresas artesanales 
lo niegan, como la UEAPME, que apoya la directiva propuesta, incluido el tipo de 
interés aumentado. Algunas de las organizaciones de PYME han señalado que sus 
miembros abogan por un tipo de interés aún más alto que el que se propone en el 
texto, ya que dichos miembros han de pagar intereses atrasados a sus bancos de hasta 
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ES/23/98/11010200.WOO (EN) 
un 17 % que puede que no se vean compensados del lodo por el tipo de interés que 
se propone ahora. 
Por otra parte, la documentación estadística citada en el apartado 2 y especialmente 
las estadísticas que ofrece el Observatoire des délais de paiement de Francia 
muestran que la mayor parte de los intereses que deberán pagarse, en concreto el 
74 %, recaerá en las grandes empresas, mientras que las PYME (definidas aquí 
como las empresas de un máximo de 500 asalariados) deberán pagar el resto. Por 
consiguiente, las PYME serán beneficiarias netas de la presente Directiva. 
CONSULTA 
6. Lista de las organizaciones consultadas sobre la propuesta y líneas generales de su 
posición. 
Se ha estado realizando una amplia consulta con las partes afectadas por el problema 
de la morosidad durante varios años. Una primera ronda de consultas se basó en un 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre los plazos de pago en las 
transacciones comerciales44. Se recibieron más de 130 comentarios por escrito de 
organizaciones profesionales nacionales y europeas y de determinados Estados 
miembros. Se organizó asimismo una sesión pública los días 7 y 8 de julio de 1993, 
en la que unas 30 organizaciones expresaron sus opiniones. 
Tras la publicación del informe de la Comisión, de julio de 1997, tuvo lugar una 
segunda ronda de consultas. Se recibieron 114 respuestas escritas, procedentes 
principalmente de asociaciones profesionales nacionales, así como de organizaciones 
europeas, entre ellas las que representan a empresas; abogados y agencias de cobro 
de morosos. 91 (80%) estaban a favor de la legislación comunitaria sobre morosidad 
y 23 (20%) en contra en términos generales. La Comisión organizó igualmente una 
sesión pública el 7 de octubre de 1997, a la que asistieron más de 200 personas. Se 
manifestó un gran apoyo a la legislación comunitaria en la sesión pública, incluida la 
que se recibió por parte de eurodiputados y de miembros del Comité Económico y 
Social. 
Las respuestas se mostraron claramente a favor de un derecho a cobrar intereses de 
demora con un tipo de interés lo suficientemente alto como para disuadir a los 
morosos. También se mostraron claramente a favor de que el acreedor tenga derecho 
a una compensación por los costes totales del cobro de las deudas, como los gastos 
administrativos y legales. Todos aquellos que hicieron comentarios sobre el sector 
público estaban a favor de medidas legislativas, por ejemplo fijando plazos máximos 
de pagos y un derecho automático a percibir intereses de demora del sector público. 
Hubo también un apoyo unánime para una cláusula de reserva de dominio de ámbito 
comunitario. Muchas respuestas se mostraron a favor de unos procedimientos 
simplificados de recurso. Finalmente, las agencias de cobro de morosos tanto a nivel 
44 SEC(92) 2214 final, 22.12.1993. 
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ES/23/98/11010200.WOO (EN) 
europeo como nacional reclaman la concesión de licencias para las agencias de cobro 
de morosos en todos los Estados miembros y un verdadero Mercado Único de 
recuperación de deudas con reconocimiento mutuo de licencias en la Comunidad. 
33 

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