[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 27.6.2007

COM(2007) 377 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre los avances realizados por Bulgaria en relación con las medidas complementarias tras la adhesión

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre los avances realizados por Bulgaria en relación con las medidas complementarias tras la adhesión

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto

Cuando Bulgaria entró a formar parte de la Unión Europea el 1 de enero de 2007, se adoptaron disposiciones especiales destinadas a facilitar y consolidar su adhesión y a preservar el buen funcionamiento de las políticas e instituciones europeas.

Al adherirse a la Unión Europea, Bulgaria asumió los derechos y las obligaciones que se confieren a todos los Estados miembros. Conforme a su práctica habitual, la Comisión supervisa la aplicación del acervo comunitario para cerciorarse del cumplimiento de dichas obligaciones.

Además, al igual que sucedió con los países que se incorporaron a la UE en 2004, el Acta de adhesión recogía diversas disposiciones transitorias y cláusulas del salvaguardia (restricciones de la libre circulación de trabajadores y del acceso a las redes de transporte por carretera, disposiciones relativas a las normas veterinarias, fitosanitarias y de seguridad de los productos alimenticios, etc.). Conforme al Acta de adhesión, si se producen deficiencias graves en la transposición y la aplicación del acervo en el ámbito económico, del mercado interior o de la justicia y los asuntos de interior, pueden adoptarse medidas de salvaguardia[1] durante un período máximo de tres años a partir de la adhesión.

La adhesión de Bulgaria se acompañó asimismo de una serie de medidas complementarias concretas, destinadas a prevenir o paliar las lagunas en el ámbito de la seguridad de la aviación, la seguridad de los productos alimenticios, los fondos agrícolas, la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. En este último ámbito se instauró un mecanismo de cooperación y verificación que establecía diversos indicadores con el fin de crear el marco de referencia necesario para el seguimiento de los avances realizados[2].

Ese mecanismo se creó debido a la enorme importancia de que Bulgaria disponga de un sistema administrativo y judicial que funcione bien y le permita así honrar todas sus obligaciones y ejercer los derechos que la adhesión le confiere. Refleja también la necesidad de luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada. El mecanismo de cooperación y verificación tiene por objeto velar por que se adopten medidas para garantizar a los búlgaros y a los demás Estados miembros que las decisiones y prácticas administrativas y judiciales de Bulgaria en estos ámbitos se ajustan a las del resto de la UE. Los avances en el ámbito de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada permitirán a los ciudadanos y las empresas búlgaros gozar de los derechos que les corresponden en su calidad de ciudadanos de la UE. Si Bulgaria no logra avances irreversibles en esos ámbitos se arriesga a no poder aplicar correctamente el Derecho comunitario.

Se solicitó a la Comisión que informara periódicamente acerca de las medidas complementarias. En el caso del mecanismo de cooperación y verificación, debía presentar informes semestrales a partir de junio de 2007. El presente informe ofrece una panorámica de la situación por lo que se refiere a las medidas complementarias y constituye el primer informe relativo a ese mecanismo. Abarca todos los ámbitos en los que se adoptaron medidas complementarias y se centra en la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.

1.2. Metodología

Entre las diversas fuentes de información empleadas para elaborar este informe, la principal ha sido el Gobierno búlgaro. Se han tenido presentes los datos y los análisis procedentes de las Oficinas de Representación de la CE y las misiones diplomáticas de los Estados miembros en Bulgaria, de organizaciones cívicas, asociaciones y expertos. La Comisión organizó misiones en Bulgaria en el marco del mecanismo de cooperación y verificación en abril de 2007, a las que contribuyeron diversos expertos de los Estados miembros y de la Comisión. Se trataba de proceder a una evaluación independiente de los avances realizados. Los expertos redactaron informes que fueron presentados posteriormente a las autoridades búlgaras para la corrección de posibles inexactitudes materiales.

Bulgaria presentó un primer informe sobre los avances realizados en el marco del mecanismo de cooperación y verificación el 31 de marzo de 2007. Desde entonces ha mantenido a la Comisión al corriente de la evolución de la situación.

2. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: SITUACIÓN ACTUAL

En el caso de Bulgaria, las medidas complementarias se refieren los fondos agrícolas, la seguridad de los productos alimenticios, la seguridad aérea, la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. En este apartado se analizan brevemente los progresos realizados en los tres primeros ámbitos, algunos de cuyos elementos son también objeto de informes independientes. Los avances realizados en la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada se exponen en el apartado 3.

El Anexo incluye información complementaria sobre la situación por lo que se refiere a las cláusulas de salvaguardia y las demás disposiciones en esos ámbitos. Habida cuenta de las estructuras de aplicación y los mecanismos de información existentes en los sectores de la agricultura, la sanidad animal, la seguridad de los productos alimenticios y la aviación, estos ámbitos no se contemplarán más adelante en este informe horizontal. Si fuera preciso adoptar decisiones complementarias en estos ámbitos, se haría en cada uno de ellos por separado, conforme a las normas aplicables al sector en cuestión.

2.1. Fondos agrícolas

Por lo que se refiere a los fondos agrícolas, los Estados miembros deben disponer de organismos pagadores acreditados y eficientes, que garanticen la gestión y el control satisfactorios de los gastos agrícolas. Deben también emplear un sistema integrado de gestión y control (SIGC) para efectuar los pagos directos a los agricultores y algunos gastos en materia de desarrollo rural (en particular, para evitar prácticas fraudulentas y pagos irregulares). Si los Estados miembros no aplican correctamente estos sistemas de control, la Comisión efectúa reajustes financieros anuales a posteriori . Dado que el riesgo de que el SIGC no funcionara correctamente en la fecha de la adhesión de Bulgaria era demasiado elevado, la Comisión estableció un mecanismo de salvaguardia que podía emplearse en ese país en caso de que los elementos del SIGC o los demás elementos necesarios para efectuar correctamente los pagos no estuvieran disponibles o fueran claramente deficientes. Dicho mecanismo prevé la posibilidad de reducir temporalmente en un 25 % los gastos vinculados al SIGC. Las principales preocupaciones en relación con el SIGC fueron la conexión del registro de las explotaciones agrarias al sistema de identificación de parcelas, la logística y la capacidad administrativa, y la calidad de los datos registrados. Una misión de auditoría efectuada en junio confirmó que Bulgaria ha seguido avanzando en la aplicación de distintos elementos del SIGC. No obstante, se han de realizar esfuerzos suplementarios y se debe actuar con rapidez para, sobre todo, velar por la realización eficaz de los controles in situ en los próximos meses. La última semana de junio está previsto realizar otra misión de auditoría en Bulgaria, con el fin de comprobar si el organismo pagador funciona correctamente y hacer balance de algunas cuestiones relativas al SIGC. Sobre la base de estas auditorías y de la declaración ministerial remitida a finales de marzo por las autoridades búlgaras, la Comisión evaluará si los elementos del SIGC han sido implantados y si son operativos. La decisión de aplicar o no las medidas de salvaguardia (que podrían implicar una reducción de los gastos vinculados al SIGC) se tomará a la luz de los resultados de la auditoría y de la declaración ministerial remitida por las autoridades búlgaras.

2.2. Seguridad aérea

Por lo que se refiere a la seguridad aérea, Bulgaria ha verificado las deficiencias relativas a la debilidad de su capacidad administrativa en materia de reglamentación, supervisión y vigilancia de las compañías aéreas y los organismos que intervienen en la garantía de la aeronavegabilidad y el mantenimiento de los productos aeronáuticos. Las distintas visitas de control efectuadas desde 2005 pusieron de manifiesto que Bulgaria no estaba en condiciones de aplicar ni las normas comunitarias ni las normas de las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas en materia de seguridad de los productos aeronáuticos y organismos de mantenimiento. Tampoco podía cumplir las obligaciones que le correspondían en materia de supervisión de acuerdo con las normas comunitarias, las normas internacionales (OACI) o las normas de las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas. Así pues, en diciembre de 2006 se aplicaron algunas medidas de salvaguardia, con arreglo a las cuales, desde el 1 de enero de 2007: a) las compañías aéreas búlgaras no pueden acogerse al estatuto de «compañía comunitaria» y han de seguir operando como compañías de países terceros; b) los certificados de seguridad expedidos por las autoridades búlgaras no son objeto de las disposiciones de reconocimiento mutuo aplicadas en la Comunidad Europea. En cambio, Bulgaria sigue plenamente vinculada por todas las obligaciones que se derivan de las normas comunitarias pertinentes. Bulgaria ha comenzado a mejorar sus capacidades de vigilancia de la seguridad aérea. Así, en febrero de 2007 procedió a adoptar medidas de salvaguardia cautelares, retirando los certificados de aeronavegabilidad de cuatro compañías de carga, suspendiendo el de otra e imponiendo restricciones a otra más vistas sus deficiencias en materia de seguridad de las operaciones. También ha dado de baja a más de 160 aviones que no se ajustaban a las normas comunitarias.

2.3. Sanidad animal y seguridad de los productos alimenticios

En el ámbito veterinario y de la sanidad animal se han adoptado medidas transitorias para hacer frente a la peste porcina clásica y se han aprobado planes de erradicación. Está previsto realizar una revisión de estas medidas en septiembre de 2007. La Comisión también ha adoptado medidas transitorias en los sectores de la carne y de la leche. Sólo algunos establecimientos están autorizados a exportar sus productos a otros Estados miembros. Para la leche cruda se han adoptado medidas específicas.

3. REFORMA JUDICIAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

3.1. Resumen

La reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada han sido objeto de atento seguimiento a través del mecanismo de cooperación y verificación. A continuación se presentan un breve análisis y una explicación detallada de los progresos realizados respecto a los indicadores concretos establecidos en dicho mecanismo. La explicación detallada se estructura siguiendo las medidas que sirvieron de parámetro de los avances realizados para cumplir los indicadores concretos.

Bulgaria ha progresado en diversa medida en la consecución de los indicadores contemplados en el mecanismo de cooperación y verificación. Es importante recordar que éstos no constituyen una mera lista de medidas independientes que puedan tacharse de una en una, sino que son interdependientes. Los avances respecto a uno de ellos inciden en los demás. Cada indicador contribuye a la instauración de un sistema judicial y administrativo independiente e imparcial. La creación y el mantenimiento de tal sistema constituyen un proceso de larga duración, que requiere cambios fundamentales de alcance sistémico. Así pues, los indicadores no pueden considerarse por separado. Deben plantearse conjuntamente, como un elemento de una amplia reforma de los ámbitos considerados, que requiere un compromiso político a largo plazo. Deben aportarse más pruebas de la aplicación in situ para demostrar que el cambio es irreversible.

El Gobierno búlgaro se comprometió a reformar el sistema judicial y a erradicar la corrupción y la delincuencia organizada. Las autoridades búlgaras dan muestra de determinación y buena voluntad en todos los ámbitos. Han elaborado los proyectos de ley, planes de acción y programas necesarios. Sin embargo, la prueba de fuego es la aplicación cotidiana y decidida de dichas medidas. La traducción de esas intenciones en resultados sigue siendo claramente deficiente. Si bien es cierto que Bulgaria ha intensificado sus esfuerzos a los más altos niveles para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada, y que conviene reconocer la labor efectuada, todavía queda mucho por hacer. Los avances realizados desde la reciente instauración del mecanismo de cooperación y verificación siguen siendo insuficientes.

Los problemas profundamente arraigados como la corrupción y la delincuencia organizada requieren la instauración irreversible y el funcionamiento efectivo de estructuras de investigación y ejecución duraderas, capaces de transmitir mensajes disuasivos firmes. Además, los cambios estructurales necesarios repercuten en el conjunto de la sociedad y requieren una profunda transformación, que va mucho más allá del mero cumplimiento de los indicadores. Todo ello exige un compromiso de Bulgaria a largo plazo y sólo puede dar resultados satisfactorios si se respeta estrictamente la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

3.2. Evaluación

3.2.1. Indicador n° 1: Adoptar modificaciones constitucionales que eliminen cualquier ambigüedad relativa a la independencia y responsabilidad del sistema judicial

Bulgaria ha adoptado una serie de enmiendas constitucionales que garantizan la independencia del poder judicial y contemplan la instauración de una Inspección judicial independiente, responsable de controlar la integridad del poder judicial y dar seguimiento a las denuncias.

Resulta prematuro valorar la eficacia de estas modificaciones, dado que todavía no se ha establecido dicha Inspección.

Al enmendar su Constitución, Bulgaria ha alcanzado en gran medida el objetivo establecido. La eficacia de las modificaciones, en cuanto a la eliminación de toda ambigüedad en torno a la independencia y la responsabilidad del sistema judicial, no se podrá evaluar hasta que se hayan adoptado y ejecutado plenamente las disposiciones de aplicación necesarias para la instauración de la Inspección judicial independiente (véanse también los indicadores n° 2 y n° 3).

Evaluación detallada

- Modificación de la Constitución búlgara por la Asamblea Nacional

El 2 de febrero de 2007, la mayoría necesaria (tres cuartos) de la Asamblea Nacional aprobó la cuarta enmienda de la Constitución, con la que quedaron aprobadas las modificaciones[3] necesarias para despejar toda ambigüedad respecto a la posible interferencia del Ministerio de Justicia en la independencia del poder judicial.

Como cualquier otra modificación, estas enmiendas constitucionales podrían ser objeto de revisión por el Tribunal Constitucional, en cuyo caso los actos legislativos y administrativos adoptados en aplicación de las mismas podrían ser objeto de recurso ordinario de inconstitucionalidad.

- Modificación necesaria de la Ley relativa al sistema judicial por la Asamblea Nacional

La Ley relativa al sistema judicial todavía no ha sido promulgada (véase el segundo punto de la evaluación detallada relativa al indicador n° 2).

- Instauración y entrada en funcionamiento de la Inspección (publicación y evaluación de los primeros resultados )

La Inspección será creada tras la promulgación de la Ley relativa al sistema judicial (véase la evaluación correspondiente al indicador n° 3).

3.2.2. Indicador n° 2: Garantizar un proceso judicial más transparente y eficiente mediante la adopción y aplicación de una nueva Ley relativa al sistema judicial y el nuevo Código Procesal Civil; informar sobre las consecuencias de la nueva normativa y de los códigos procesales penal y administrativo, principalmente en fase de instrucción

Los primeros capítulos de la nueva Ley relativa al sistema judicial no fueron aprobados hasta mediados de junio, por lo que es demasiado pronto para poder informar sobre su aplicación. Responderían a los problemas de la independencia y la plantilla del Consejo Superior de la Magistratura y de su Inspección. La aprobación del Código Procesal Civil todavía está pendiente. Se ha establecido un sistema de control del nuevo Código Procesal Penal y del nuevo Código Procesal Administrativo para facilitar la aplicación uniforme de la legislación. Sin embargo, no se ha informado sistemáticamente de los resultados de este control.

En general, Bulgaria ha avanzado en la mejora de la transparencia del proceso judicial, pero aún es demasiado pronto para valorar si las nuevas leyes tendrán la incidencia prevista.

Evaluación detallada

- Adopción del nuevo Código Procesal Civil

El Código Procesal Civil todavía no ha sido promulgado.

En mayo de 2006, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto y lo remitió a la Asamblea Nacional. Algunos artículos están siendo objeto de segunda lectura. Las autoridades búlgaras prevén que el Parlamento haya aprobado el Código antes de finales de julio de 2007.

- Adopción de una nueva Ley relativa al sistema judicial que refleje las enmiendas constitucionales y las recomendaciones de los expertos responsables de la evaluación inter pares

Todavía no ha sido promulgada la Ley relativa al sistema judicial (LSJ). El 14 de junio de 2007 el Parlamento aprobó en segunda lectura los primeros capítulos de la nueva Ley, pero aún no se dispone del texto.

Tras la aprobación de la cuarta enmienda de la Constitución se constituyó un grupo de trabajo compuesto por representantes del Consejo Superior de la Magistratura. El proyecto de LSJ por él elaborado fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2007 y adoptado en abril en primera lectura por la Asamblea Nacional[4].

Aunque los debates prosiguen en la Asamblea Nacional, varios juristas búlgaros de renombre, consejeros de los proyectos de hermanamiento y otros expertos han expresado su preocupación sobre diversos aspectos del actual proyecto de Ley:

- el estatuto del Consejo Superior de la Magistratura: según los últimos artículos aprobados de la LSJ, el Consejo Superior de la Magistratura sería un órgano permanente;

- la Inspección del Consejo Superior de la Magistratura : debería evitarse el solapamiento de funciones[5] con las de la Inspección del Ministerio de Justicia;

- los criterios de selección de jueces, fiscales o instructores no exigen que los candidatos hayan seguido una formación de varios meses en el Instituto Nacional de la Magistratura ni que hayan efectuado un período de prácticas junto a un juez, fiscal o instructor;

- los ascensos de jueces, fiscales e instructores no exigen superar una oposición; el proceso de evaluación es dirigido por jueces en ejercicio, miembros del Comité de Propuestas y Evaluación de la Labor de Jueces, Fiscales e Instructores del Consejo Superior de la Magistratura;

- también se considera preocupante el riesgo de que las restricciones al acceso a la información sobre las decisiones judiciales que autoriza la normativa actual del Ministerio de Justicia puedan anular los derechos y las obligaciones de apertura, es decir, el derecho de la opinión pública a ser informada de la labor del poder judicial y la obligación impuesta a éste de actuar de manera abierta, accesible y transparente.

Estas críticas y temores llevan a preguntarse si la Ley relativa al sistema judicial que se está tramitando permitirá realizar plenamente la reforma requerida y si debería ser objeto de escrutinio adicional con el fin de que contribuya realmente a consolidar el Estado de Derecho e incrementar la eficacia y la responsabilidad del sistema judicial y de los organismos responsables del cumplimiento de la ley.

- Establecimiento de un sistema de supervisión de todos los nuevos códigos

Código Procesal Penal : Los dispositivos de supervisión de la incidencia del Código Procesal Penal, en vigor desde abril de 2006, están bien establecidos.

Los miembros del grupo responsable de esta labor son altos representantes del Consejo Superior de la Magistratura, del Tribunal Superior de Casación, del Tribunal Superior Administrativo, de otros órganos jurisdiccionales, de la Fiscalía, del Servicio Nacional de Investigación, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Interior. El Viceministro de Justicia y el Viceministro de Interior desempeñan, respectivamente, la Presidencia y Vicepresidencia del grupo.

Este grupo de supervisión recibe información de distintas fuentes —responsables de la Fiscalía y de los tribunales de primera instancia, regionales y de apelación, la Inspección Judicial, el Servicio Nacional de Policía, etc.— y ha emitido siete dictámenes sobre las disposiciones del Código Procesal Penal desde finales de 2006. Estos dictámenes tienen por objeto contribuir a la uniformización de la práctica judicial en materia penal. Se publican en el sitio web del Ministerio de Justicia y del Consejo Superior de la Magistratura y se comunican también a los jueces en ejercicio a través de reuniones, conferencias, etc.

Tanto el grupo de supervisión como los letrados realizan una valoración positiva del Código Procesal Penal.

Código Procesal Administrativo : La supervisión acaba de comenzar, ya que algunas disposiciones importantes del nuevo Código Procesal Administrativo no entraron en vigor hasta el 1 de marzo de 2007. Ya se han adoptado los criterios de supervisión correspondientes, los cuales se refieren esencialmente a la protección de los derechos, el refuerzo de la buena gobernanza y la agilización y la mejora de la eficacia del proceso de toma de decisiones.

Todavía no se ha informado de los resultados de esta supervisión.

Código Procesal Civil : Su supervisión sólo será posible después de la promulgación de la legislación pertinente.

- Informar periódicamente de las conclusiones de este proceso de supervisión, en particular por lo que se refiere a la fase de instrucción y a la ejecución de las resoluciones judiciales

Hasta ahora sólo se dispone de documentación relativa a la supervisión del Código Procesal Penal. El grupo responsable de su supervisión cumple parcialmente esta obligación. Un informe de marzo de 2007 titulado «Análisis de la aplicación del Código Procesal Penal en cuanto a la eficacia de los procedimientos de instrucción» pone de manifiesto que la aplicación del nuevo Código Procesal Penal propicia mejoras, en particular en lo tocante a la agilización de la fase de instrucción. También se ha elaborado un informe estadístico sobre los asuntos penales de 2006. No obstante, hasta la fecha no se ha establecido ningún mecanismo de información periódica y sistemática sobre las conclusiones del proceso de supervisión.

La supervisión del Código Procesal Civil sólo será posible tras la promulgación de la legislación pertinente, y la del Código Procesal Administrativo acaba de comenzar. Por consiguiente, no se ha podido informar periódicamente sobre las conclusiones extraídas en el marco de estos procesos de supervisión, y por ahora los avances son reducidos.

- Modificar, en su caso, la legislación y los códigos pertinentes

Los dictámenes emitidos por el grupo de supervisión del Código Procesal Penal contribuyeron a allanar las dificultades y garantizar un enfoque uniforme en todo el país. En esa línea, las autoridades búlgaras determinaron que era necesario introducir las cinco modificaciones siguientes en el Código Procesal Penal: 1) reforzar la capacidad de la policía para garantizar la eficacia y la celeridad de los procedimientos de instrucción; 2) prolongar de dos a seis meses el período de investigación, con la posibilidad de otra prolongación de seis meses; 3) permitir a los policías que hayan participado en la investigación de un asunto dar testimonio en juicio; 4) permitir a los agentes secretos dar testimonio en juicio por videoconferencia; 5) suprimir la necesidad, por lo que respecta a los testigos cualificados, de participar en la realización de actuaciones procesales en la fase de instrucción.

Además de estos cinco puntos, las autoridades búlgaras propusieron también asignar poderes adicionales a los magistrados de instrucción (sledovateli) , dado que actualmente la responsabilidad en materia de investigación de la mayoría de los delitos se ha transferido a los inspectores de policía. Consideran que estos magistrados constituyen un recurso nacional infrautilizado, que sería conveniente destinar a las investigaciones sobre la delincuencia de guante blanco, la delincuencia juvenil y otros ámbitos específicos. Las autoridades búlgaras destacan que esta medida no constituiría retroceso alguno, puesto que a estas personas sólo se les confiarían tareas concretas, específicas, claramente determinadas y limitadas en el tiempo. Recurrir a los antiguos magistrados de instrucción para prestar apoyo a los inspectores de policía podría tener una incidencia positiva y contribuir, en particular, a la reducción de la carga de trabajo actual y a la tramitación tempestiva de todos los asuntos, siempre que esta medida sea temporal y solamente se utilice en casos específicos claramente definidos, de modo que no desemboque en una revocación parcial de las reformas introducidas.

Según las autoridades búlgaras, las modificaciones del Código Procesal Penal deberían formar parte del programa legislativo del Parlamento para el otoño.

En abril, el Parlamento ya aprobó de manera definitiva una serie de modificaciones del Código Penal , incluido el endurecimiento de las penas de determinados delitos graves, con el fin de aumentar la función disuasiva de la legislación penal[6].

3.2.3. Indicador n° 3: Continuar la reforma del sistema judicial con objeto de mejorar la profesionalidad, la responsabilidad y la eficiencia; evaluar el impacto de esta reforma y publicar los resultados anualmente

La Inspección Judicial, que será la principal institución encargada de velar por la integridad del poder judicial, aún no ha sido instaurada por la Ley relativa al sistema judicial, de inminente aprobación. Así pues, no cabe sino señalar avances limitados por lo que se refiere a la mejora de la responsabilidad del poder judicial. La aplicación del Código de Deontología y la ejecución de sanciones disciplinarias contra fiscales encausados constituyen los primeros pasos en esta dirección. Bulgaria sí ha realizado avances en lo tocante al procedimiento de contratación de jueces y la evaluación de su labor, esfuerzos que habrá de proseguir y ampliar. El Instituto Nacional de la Magistratura organizó varias sesiones de formación sobre los nuevos códigos procesales, en las que participaron numerosos jueces, secretarios judiciales y fiscales. Está previsto que la atribución aleatoria de los asuntos por ordenador pase a ser la práctica habitual.

En general, se han logrado algunos avances por lo que se refiere a la mejora de la responsabilidad, la profesionalidad y la eficiencia del poder judicial en Bulgaria.

Evaluación detallada

- Establecer un proceso decisorio transparente y plenamente operativo en las investigaciones disciplinarias realizadas por la futura Inspección con el Consejo Superior de la Magistratura

A la espera de la instauración de la Inspección en virtud de la Ley relativa al sistema judicial, no cabe indicar avance alguno. No obstante, la supresión de la inmunidad del poder judicial tras la aprobación de la cuarta enmienda de la Constitución ha facilitado la apertura de diligencias disciplinarias en tres asuntos recientes en los que el Fiscal General había propuesto la adopción de medidas disciplinarias contra dos fiscales de alto rango. Las decisiones del Consejo Superior de la Magistratura de suspender a los dos fiscales detenidos, contra los que se han incoado procesos penales por corrupción, van en el sentido de las propuestas del Fiscal General. Tras los recursos, uno de los asuntos fue examinado por el Tribunal Superior Administrativo, el cual confirmó la decisión del Consejo Superior de la Magistratura en marzo de 2007.

- Garantizar la aplicación plena y sistemática del Código Deontológico de los jueces, sobre todo los procedimientos en materia de revisión, investigación y desestimación o enjuiciamiento en caso de infracción

El Código Deontológico de los Jueces Búlgaros, compuesto de siete artículos, es un breve documento de cuatro páginas redactado por la Asociación Búlgara de Jueces y aprobado por el Consejo Superior de la Magistratura el 13 de diciembre de 2003. Las infracciones cometidas por jueces y fiscales que dan lugar a responsabilidad penal se someten al Fiscal General, mientras que el Consejo Superior impone las sanciones previstas para las demás infracciones. El mecanismo de ejecución se apoya aún básicamente en la interposición de denuncias, aunque una vez instaurada la Inspección se actuará esencialmente de oficio.

Desde su introducción, el Código Deontológico no ha sido objeto de ninguna revisión que garantice que responda a los problemas éticos derivados de su aplicación.

- Controlar la aplicación del sistema de contratación por oposición y de evaluación de la labor de los jueces

El informe de Bulgaria ofrece datos sobre ocho oposiciones ya convocadas y otras cinco que se convocarán en el futuro, algunas de las cuales tendrán alcance nacional, como la que se realizará para cubrir las plazas del nuevo Tribunal Administrativo. El procedimiento parece ser un éxito. Muchos de los jueces nombrados recientemente eran abogados en ejercicio, lo que da prueba del carácter abierto del procedimiento y de la importancia que reviste este método de contratación para la judicatura. Según las autoridades búlgaras, sólo se han recibido tres reclamaciones de candidatos no seleccionados.

- Publicar anualmente las conclusiones de la evaluación de la reforma del sistema judicial, en particular sobre la manera en que se abordan los problemas específicos relacionados con la responsabilidad, la profesionalidad y la eficiencia

En su «Informe sobre la ejecución del programa de aplicación de la estrategia de reforma del sistema judicial búlgaro durante el período enero de 2006-marzo de 2007», el Ministerio de Justicia reitera su determinación de mejorar el sistema judicial y hacerlo accesible, transparente y capaz de proteger los derechos[7].

Esta parte del indicador no puede evaluarse de manera concluyente sobre la única base de este Informe. En concreto, es imposible confirmar si se han alcanzado los objetivos y las prioridades y si se respetarán los principios de la declaración inicial (transparencia, accesibilidad, etc.).

- Implantar programas informáticos de tratamiento aleatorio de los asuntos en los servicios de la Fiscalía

La atribución informática aleatoria de los asuntos a los jueces es operativa en todos los tribunales búlgaros.

La atribución informática de los asuntos se utiliza actualmente en tres de las oficinas de la Fiscalía, entre ellas la oficina principal de Sofía. En los restantes lugares la atribución de los asuntos a los fiscales se efectúa manualmente. Según las autoridades búlgaras, la instalación de los programas informáticos ya habrá finalizado a finales de 2007, de modo que la atribución aleatoria en las oficinas de la Fiscalía alcanzará el mismo nivel que en los tribunales.

- Mejorar la formación sobre las implicaciones de estas nuevas leyes

El Instituto Nacional de la Magistratura viene desarrollando un dinámico programa de formación sobre las nuevas leyes desde diciembre del pasado año.

Por lo que respecta al nuevo Código Procesal Civil, se organizaron diecinueve sesiones de formación en las que participaron 530 jueces, secretarios judiciales, etc. venidos de todo el país.

En cuanto al Código Procesal Administrativo, el Instituto ofreció siete sesiones de formación destinadas tanto a jueces recientemente nombrados como a jueces con experiencia adscritos a los tribunales administrativos.

El Instituto Nacional de la Magistratura organizó también diez seminarios sobre el nuevo Código Procesal Penal, en los que participaron 327 jueces, fiscales, instructores y « doznateli» , así como cuatro seminarios sobre dicho Código destinados a los formadores, en los que participaron 67 personas en total.

3.2.4. Indicador n° 4: Elaborar informes sobre investigaciones profesionales y no partidistas en casos de denuncia de corrupción a alto nivel; informar sobre las inspecciones internas de instituciones públicas y la publicación de patrimonio de altos cargos.

Varios Comité s vinculados a la Asamblea Nacional, al Consejo de Ministros y al Consejo Superior de la Magistratura son responsables de luchar contra este tipo de corrupción en las instituciones públicas búlgaras. Aunque se ha adoptado un programa de aplicación específico en la materia, su puesta en práctica adolece de imprecisión en la delimitación de responsabilidades y de la falta de un mecanismo de coordinación eficaz, por lo que resulta difícil desarrollar una actuación continua en todos los niveles de la administración y del ejecutivo. Sigue sin saberse con certeza si se han aplicado efectivamente las medidas destinadas a proteger a los posibles denunciantes de irregularidades; así pues, se necesita legislación adicional. Por lo que se refiere a las investigaciones en la fase de instrucción, se han realizado algunos avances, en concreto gracias a la reciente instauración de inspecciones independientes. En enero de 2007 se estableció un sistema de verificación de las declaraciones de patrimonio de los altos funcionarios. No obstante, no parece que las denuncias de corrupción de altos cargos sean objeto de seguimiento judicial riguroso y sistemático.

En general, los avances realizados en el tratamiento judicial de los asuntos de corrupción de alto nivel en Bulgaria siguen siendo insuficientes.

Evaluación detallada

- Recabar la asistencia y el asesoramiento de expertos de los Estados miembros para mejorar la calidad de las investigaciones y los informes correspondientes

Permanentemente se desarrollan numerosos programas y tienen lugar múltiples contactos en los que participan otros Estados miembros, en particular con los consejeros de los proyectos de hermanamiento y los funcionarios policiales de enlace, quienes informan de avances. Queda por ver si estas medidas han propiciado la mejora de la calidad de las investigaciones.

- Modernizar y coordinar la estructura institucional de los organismos habilitados para luchar contra la corrupción

Los esfuerzos desplegados para combatir la corrupción son coordinados por el «Consejo de Coordinación de la Lucha contra la Corrupción», creado en abril de 2006. En él participan representantes de los tres principales organismos anticorrupción: a) la Comisión de Lucha contra la Corrupción de la Asamblea Nacional; b) el Comité Anticorrupción del Consejo de Ministros, y c) el Comité Anticorrupción del Consejo Superior de la Magistratura. La administración del Parlamento presta apoyo organizativo y técnico al Consejo de Coordinación, el cual se reúne mensualmente para examinar tanto las cuestiones estratégicas como las cuestiones operativas, incluidos asuntos concretos.

En marzo de 2007 se aprobaron un «Informe sobre la Aplicación del Programa Estratégico para la Gestión Transparente, la Prevención y la Lucha contra la Corrupción (2006)» y un Plan de Aplicación de la Estrategia para 2007. No obstante, todavía es pronto para poder valorar en qué medida la coordinación ha aportado valor a las investigaciones y determinar qué resultados concretos ha producido el incremento de la coordinación.

Habida cuenta de la existencia de tres organismos anticorrupción en los distintos niveles de poder (ejecutivo, legislativo y judicial), una Inspección General en el Consejo de Ministros e inspecciones en los distintos Ministerios y Fiscalías, sigue sin quedar claro sobre quién recae la responsabilidad operativa definitiva de los resultados de la lucha contra la corrupción.

La delimitación clara de las responsabilidades y la coordinación de los esfuerzos desplegados por las instituciones en la lucha contra la corrupción son esenciales para la aplicación eficaz de las políticas anticorrupción. Así pues, es preciso mejorar manifiestamente la labor de los distintos servicios anticorrupción, en particular por lo que se refiere al estilo de gestión y la toma de decisiones.

- Adoptar disposiciones administrativas que protejan a los denunciantes de irregularidades

Bajo los auspicios del Ministerio de Administración Pública y Reforma Administrativa y con la colaboración de expertos británicos se ha elaborado un proyecto de Ley sobre la denuncia de irregularidades, la «Ley sobre la protección de los trabajadores y empleados que denuncian casos de corrupción y abuso de poder». El texto todavía no ha sido sometido al Parlamento para su aprobación, ya que algunas de las más altas instancias búlgaras dudan de que aporte valor añadido alguno, dado que la mayoría de las garantías en él previstas ya figuran en otros textos legislativos búlgaros, como el Código Procesal Administrativo y la Ley de la Función Pública.

No es posible confirmar que se hayan desarrollado medidas eficaces continuas para aplicar el marco legislativo actual con el fin de proteger a los posibles denunciantes de irregularidades.

- Aplicar íntegramente la legislación relativa a la independencia de las Inspecciones en la administración pública y dar un carácter más dinámico a su labor de investigación

La «Ley sobre la Administración» sienta el marco legislativo necesario para la creación de Inspecciones en la administración pública. Cada Ministerio debe crear una Inspección, que se situará bajo la tutela directa del Ministro[8]. En el Consejo de Ministros se ha establecido una Inspección General[9].

Además de las Inspecciones de cada Ministerio y de la Inspección General del Consejo de Ministros, es preciso mencionar la Dirección de Inspección de la Administración Pública adjunta al Ministerio de Administración Pública, que inspecciona y controla las cuestiones relacionadas con la aplicación de la legislación relativa a la función pública (contratación, promoción, despido, remuneración, etc. de los funcionarios). En aras de la coordinación de las Inspecciones establecidas en los Ministerios, la Inspección General ha publicado una serie de instrucciones metodológicas. En unos pocos casos (3 o 4), algunas Inspecciones ministeriales han recurrido a la Inspección General para que medie en conflictos internos. Cuando esto sucede, la Inspección General transmite una recomendación al Ministerio interesado, la cual, según la propia Inspección General, se sigue generalmente. En su informe, el Gobierno búlgaro ofrece datos sobre el número de controles efectuados por las distintas estructuras administrativas y sobre el número de procedimientos disciplinarios incoados. No obstante, la información sigue siendo borrosa por lo que se refiere al nivel jerárquico y los cargos de los funcionarios que son objeto de estos procedimientos.

La Ley sobre la Administración garantiza la independencia de las Inspecciones. Sus poderes y competencias se precisan en los reglamentos internos de los servicios respectivos. Todas las Inspecciones ministeriales dependen del Ministro y obtienen sus presupuestos del Ministerio. El control de los órganos del poder ejecutivo (ministros, directores de las agencias de ejecución, presidentes de los organismos y comisiones públicos, etc.) corresponde a la Dirección de Inspección Principal, bajo la responsabilidad directa del Primer Ministro de la República de Bulgaria.

- Informar sobre la aplicación de las medidas adoptadas para prevenir y combatir el ejercicio de presiones sobre las entidades encargadas de las investigaciones y las actuaciones judiciales, en particular en los casos de suspensión/desestimación/incoación de procesos penales contra autoridades policiales y judiciales presuntamente corruptas

Según las autoridades búlgaras, actualmente se están aplicando una serie de medidas de prevención y control en los Ministerios. No obstante, el efecto real de las distintas medidas queda por demostrar; si bien es cierto que se han adoptado diversas medidas administrativas, los datos relativos a la incoación y término de procedimientos penales no se ha podido verificar. La información proporcionada tampoco permite saber ni cuántos de los casos se referían a intentos de ejercer presiones sobre investigaciones en materia de corrupción, ni cómo se abordan tales casos.

- Garantizar la instauración de un mecanismo de control creíble de las declaraciones de patrimonio y prever sanciones efectivas en caso de declaraciones falsas o inexactas

Desde enero de 2007, en virtud de las modificaciones efectuadas en la Ley relativa a la publicidad del patrimonio de altos cargos del Estado (de septiembre de 2006), los altos funcionarios deben presentar una declaración de patrimonio antes del 30 de abril de cada año, y disponen de un plazo suplementario de un mes para corregir posibles errores.

Posteriormente las declaraciones se cotejan con la información disponible en registros compilados por otras autoridades, como los Ministerios de Hacienda, Transportes, Desarrollo Regional y Agricultura y Silvicultura. El Tribunal de Cuentas Nacional es responsable de coordinar las declaraciones de patrimonio, cotejarlas con los registros e imponer multas en caso de incumplimiento. El plazo para la finalización de las operaciones de cotejo es el 31 de octubre. Toda declaración irregular se debe poner en conocimiento de la Agencia Tributaria Nacional, a efectos de su posterior inspección. Si se detectan indicios de actividad delictiva, se procede a consultar al Fiscal General. Tanto las declaraciones como las medidas que se adopten posteriormente son publicadas en el sitio web del Tribunal de Cuentas Nacional.

Este mecanismo completa los elementos preventivos y disuasivos de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y permite a los ciudadanos comparar las declaraciones de patrimonio con el tren de vida de los interesados. No obstante, la incidencia de este mecanismo no se podrá evaluar hasta que: a) se hayan presentado todas las declaraciones; b) se hayan comprobado todas ellas y se hayan adoptado las medidas necesarias[10].

3.2.5. Indicador n° 5: Tomar medidas complementarias de prevención y lucha contra la corrupción, en particular en las fronteras y las administraciones locales

Bulgaria ha intensificado los esfuerzos que despliega para erradicar la corrupción en algunos puestos fronterizos y ha aumentado el número de sanciones y controles preventivos. La instauración de dispositivos de pago electrónico y de un régimen de rotación aleatoria del personal en algunos puestos fronterizos ha permitido reducir las posibilidades de corrupción y aumentar la recaudación. Conviene extender estas buenas prácticas a todos los puestos fronterizos. Medidas específicas de formación y sensibilización sobre la corrupción dirigidas a las administraciones locales, asociadas a una mayor transparencia y simplificación de los procedimientos administrativos, han comenzado a dar resultados. Sin embargo, no se ha proporcionado ningún dato sobre el enjuiciamiento de los asuntos de corrupción a escala de las administraciones locales. El Tribunal de Cuentas Nacional ha emprendido investigaciones financieras, pero por lo general los casos de enriquecimiento inexplicable todavía no son objeto de investigaciones de oficio.

Globalmente, la prevención de la corrupción y la lucha contra ésta en las fronteras y en las administraciones locales ha avanzado de manera considerable.

Evaluación detallada

- Aplicar sanciones disciplinarias y una política de tolerancia cero, en particular en el servicio veterinario, las aduanas, la agencia ejecutiva de la administración del transporte por carretera y otros servicios pertinentes

Las autoridades búlgaras han redoblado los esfuerzos para imponer controles y aplicar sanciones en los servicios pertinentes. La disminución constante de los casos de corrupción entre los agentes de la policía de fronteras, ya observada en 2006, ha proseguido. Los ambiciosos esfuerzos desplegados por el Ministerio de Función Pública y Reforma Administrativa y por las autoridades regionales y locales son notables a este respecto. Además de los controles efectuados por la Inspección, la Dirección General de la Policía de Fronteras aplica el principio de rotación del personal. Lo mismo cabe decir en relación con los inspectores veterinarios en las fronteras, la Agencia Aduanera y la Agencia Tributaria Nacional. Además de las inspecciones efectuadas con arreglo a las indicaciones de los puestos fronterizos, se realizan inspecciones imprevistas[11]; se han instalado cámaras de vídeo en los lugares de trabajo; se distribuyen folletos en inglés y en búlgaro a las personas que entran en el país; en su caso, se proporciona información sobre el coste de la desinfección preventiva de los vehículos en los puestos fronterizos encargados de la inspección veterinaria; se imparte sistemáticamente formación a los nuevos empleados y a los altos funcionarios; se realizan estudios psicológicos para evaluar el riesgo de corrupción, y todos los casos detectados se hacen públicos con carácter disuasivo.

Aunque las autoridades búlgaras indican que se están aplicando medidas disciplinarias[12], no es posible evaluar su efecto, ya que hasta ahora no se ha proporcionado información alguna sobre las funciones y la antigüedad de los funcionarios involucrados. Además, sólo se han incoado diligencias penales en pocos casos, y no ha habido ninguna condena por delitos relacionados con la corrupción en ninguno de los servicios pertinentes.

- Establecer dispositivos de pago electrónico y un régimen de rotación aleatoria del personal fronterizo

En julio de 2006, Bulgaria estableció en el puesto de control fronterizo de Lesovo, como proyecto piloto, un sistema de pago electrónico destinado a reducir los pagos en efectivo y los riesgos de corrupción. Este sistema se está extendiendo a todos los puestos fronterizos de carreteras en las fronteras exteriores de la UE. Así pues, los buenos resultados registrados en el puesto de Lesovo deberían generalizarse a todos los puestos de carreteras para que tengan un efecto duradero.

Para la asignación de los turnos a los guardias fronterizos se utiliza un sistema de atribución aleatoria. En algunos pasos fronterizos se dispone también de programas informáticos para establecer los turnos de los agentes de la policía allí destinados. Queda por extenderlo a todos los pasos fronterizos.

- Efectuar auditorías y comprobaciones periódicas, publicar las conclusiones y garantizar el seguimiento

El Tribunal de Cuentas Nacional, apoyado por los servicios de auditoría regionales y locales (6 secciones territoriales y 28 oficinas en toda Bulgaria), procede al control financiero de todos los órganos públicos, incluidos los gobiernos locales, y comprueba todas las licitaciones, de cuyo seguimiento también se ocupa. Los resultados se publican periódicamente en internet.

Según las autoridades búlgaras, seis auditorías están siendo realizadas desde enero de 2007 y otras ocho deberían haberse completado antes de finales de diciembre de 2007.

- Informar sobre las investigaciones de los casos de enriquecimiento inexplicable

Actualmente sólo se pueden iniciar investigaciones sobre los casos de enriquecimiento inexplicable si tienen vínculos con una infracción penal o se basan en indicios sólidos. Proceder a la comprobación de cuentas bancarias o declaraciones fiscales a efectos de una investigación no están permitido si no existen vínculos con una infracción penal. Así pues, las investigaciones en materia de enriquecimiento inexplicable no existen como tales y las autoridades búlgaras no guardan registros ni informan de ellas.

3.2.6. Indicador n° 6: Aplicar una estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, haciendo hincapié en los delitos graves y el blanqueo de capitales, así como en la confiscación sistemática de activos de los delincuentes; presentar informes sobre las investigaciones nuevas y en curso, los procesos y las condenas en estos campos

Bulgaria está aplicando un plan de acción actualizado relativo a la delincuencia organizada, centrado en la ejecución de las decisiones judiciales, las sanciones prejudiciales y las medidas preventivas. En este ámbito, la cooperación judicial con los demás Estados miembros es muy extensa. Bulgaria participa también en numerosos proyectos de asistencia que abarcan distintos aspectos de la delincuencia organizada y los delitos graves. Sin embargo, la evaluación de los efectos de la estrategia es poco concluyente, a falta de una metodología de medición y de estadísticas fiables. Los datos necesarios para evaluar el tratamiento judicial de los asuntos son fragmentarios o inadecuados. Además, el enjuiciamiento de los presuntos casos de asesinato a sueldo sigue siendo insuficiente. También sigue siendo fuente de inquietud la capacidad de las instituciones para garantizar la confiscación de los activos de origen delictivo.

Globalmente, los avances realizados en la lucha contra los delitos graves y la delincuencia organizada siguen siendo insuficientes.

Evaluación detallada

Aunque su volumen está aumentando, la información remitida por las autoridades búlgaras sobre la lucha contra la delincuencia organizada sigue siendo vaga.

Los instrumentos jurídicos para la aplicación de la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada ya han sido adoptados: en enero de 2007, el Consejo de Ministros aprobó la actualización del Plan de Lucha contra la Delincuencia Organizada, pero no se dispone de información sustancial sobre cómo se aplican estos instrumentos.

- Recabar la asistencia y el asesoramiento de expertos de los Estados miembros para mejorar la calidad de las investigaciones y los informes correspondientes

Se han desarrollado con éxito diversas operaciones conjuntas de lucha contra la delincuencia organizada, en particular contra los delitos relacionados con los estupefacientes. Según las autoridades búlgaras, desde septiembre de 2006 se han llevado a cabo quince operaciones conjuntas con las policías de España, Países Bajos, Francia, Rumanía, Portugal y Turquía. Las autoridades búlgaras informan también del desmantelamiento de tres grupos mafiosos dedicados a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Tres personas fueron detenidas en virtud de una orden de detención europea y las autoridades judiciales búlgaras expidieron a su vez una orden de ese tipo.

Las fuerzas del orden y las autoridades judiciales búlgaras colaboran con expertos de los demás Estados miembros de la UE para combatir distintas formas de delitos graves y delincuencia organizada. Se están desarrollando proyectos conjuntos con varios Estados miembros y un total de nueve proyectos de hermanamiento Phare. Un antiguo Fiscal General neerlandés asesora a la Fiscalía General búlgara. En abril de 2007, un consejero francés comenzó a trabajar en el Ministerio de Interior para reforzar la capacidad de la Dirección General de Policía y mejorar las actuaciones de lucha contra la delincuencia organizada.

También se han obtenido resultados concretos en la lucha contra los delitos vinculados a la utilización irregular de fondos de la UE. Se están desarrollando varias investigaciones.

- Presentar un plan de aplicación de la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada y ejecutarlo informando a intervalos periódicos

El Plan de Lucha contra la Delincuencia Organizada, válido hasta finales de 2007, ha sido actualizado y está siendo aplicado. Sus objetivos principales son: a) centrar las diligencias penales en los dirigentes de grupos mafiosos; b) aplicar un enfoque dinámico en la lucha contra la delincuencia organizada; c) reducir los recursos económicos de los grupos mafiosos; d) confiscar los activos de origen delictivo.

Las autoridades búlgaras señalan logros significativos en la aplicación del Plan. No obstante, sigue siendo difícil valorar tales logros, ya que no existen informes periódicos sobre los resultados derivados de su ejecución concreta.

- Aplicar íntegramente la legislación pertinente en materia de decomiso de activos de origen delictivo

Instituida hace dos años en virtud de la Ley sobre el decomiso de activos de origen delictivo, la Comisión de Identificación de Activos de Origen Delictivo acaba de recibir poderes —todavía no utilizados en la práctica— para la imposición efectiva de medidas que permitan bloquear y confiscar activos de procedencia ilícita previa petición de los instructores. La Comisión puede identificar activos de origen delictivo, imponer medidas para su congelación o iniciar diligencias judiciales.

Hasta ahora, la Comisión no dispone de sede permanente ni ha cubierto 114 puestos vacantes en su plantilla de 294 personas.

Varios asuntos han sido remitidos a los tribunales. El capital y los bienes que se están investigando son objeto de congelación durante la investigación, pero hasta ahora no se ha procedido a ningún decomiso definitivo, pues primero habrán de concluir los procedimientos judiciales, para lo que pueden transcurrir de dos a tres años desde su incoación.

- Informar periódicamente sobre las investigaciones nuevas y en curso, los enjuiciamientos y las condenas, y someterlos a control interno

En Bulgaria se registra una tendencia estable de reducción constante de los delitos contra las personas. No obstante, en las estadísticas suministradas por las autoridades búlgaras no se definen claramente los tipos de delitos perpetrados; por ejemplo, en cuanto a los asesinatos, los datos proporcionados mezclan los asesinatos en el círculo familiar con los que guardan relación con la delincuencia general o la delincuencia organizada, en particular los asesinatos a sueldo. La información sobre el desarrollo de las investigaciones en los asuntos relacionados con la delincuencia organizada es insuficiente. Es preciso precisar los datos estadísticos para poder realizar una evaluación adecuada.

Los asesinatos a sueldo siguen siendo un fenómeno muy preocupante, en concreto los asesinatos de políticos locales cometidos desde enero. Hasta ahora no han sido objeto de procesamientos ni se ha dictado ninguna condena.

Los últimos escándalos que han salpicado a altos funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial de Bulgaria constituirán una prueba determinante de la eficacia de los mecanismos establecidos para investigar y sancionar realmente los delitos vinculados a la delincuencia organizada y la corrupción de las altas esferas. La reciente dimisión de un Ministro tras la apertura de una investigación sobre un presunto delito de corrupción debe considerarse una señal positiva.

El verdadero instrumento tangible de medición del éxito sigue siendo el número de procesamientos fructíferos y de condenas impuestas.

- Publicar las conclusiones de estos controles

Hasta ahora no se ha establecido ningún mecanismo de presentación de datos.

- Aplicar la nueva legislación de lucha contra el blanqueo de capitales

El Código Penal búlgaro fue modificado en 2006 con el fin de precisar que delitos cometidos en el extranjero pueden constituir delitos previos a efectos del blanqueo de capitales en Bulgaria y que no es necesaria una condena anterior por ese acto punible previo para poder incoar un proceso por blanqueo de capitales. Además, en estos asuntos y en los de delincuencia organizada, el Fiscal General ha sido facultado para pedir información a los bancos sin autorización judicial previa. Se están desarrollando otras actuaciones para mejorar las medidas contra el blanqueo de capitales, medidas que podrían contribuir a incrementar la eficacia de la aplicación de la ley.

Las autoridades búlgaras señalan que se han realizado algunos avances en este ámbito e indican, en particular, que la Oficina del Fiscal del Tribunal Superior de Casación ha finalizado la instrucción de 54 asuntos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales. Se han formulado cargos en otros 37 asuntos, se han pronunciado 5 sentencias condenatorias por blanqueo de capitales y se han completado 81 controles fiscales relativos a miembros de grupos mafiosos y a personas físicas y jurídicas vinculadas a ellos.

No obstante, es demasiado pronto para evaluar concretamente estas mejoras. Deben en primer lugar ser confirmadas. Además, se necesitan medidas complementarias, algunas de las cuales están en curso de elaboración[13].

4. SEGUIMIENTO EN EL MARCO DEL MECANISMO DE COOPERACIÓN Y VERIFICACIÓN

En lo que respecta a la reforma judicial y a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, Bulgaria debe seguir avanzando en el cumplimiento de los indicadores y, en particular:

- extender los dispositivos de supervisión para incluir la nueva Ley relativa al sistema judicial y los Códigos Procesales, tras la aprobación y aplicación de esa Ley y del Código Procesal Civil, e informar periódicamente de los resultados de dicha supervisión;

- garantizar el buen funcionamiento de las Inspecciones del Consejo Superior de la Magistratura; generalizar los proyectos piloto en materia de atribución aleatoria informatizada de los asuntos y proseguir las actividades de evaluación y formación de jueces y fiscales en materia de deontología;

- demostrar resultados en el marco de la lucha contra la corrupción; sobre la base de los progresos realizados en el ámbito de las investigaciones, Bulgaria debe redoblar los esfuerzos de sensibilización del poder judicial sobre la importancia de la fuerza de cosa juzgada de las sentencias y su efecto disuasorio en los casos de corrupción a alto nivel, sobre todo en los que estén procesados personalidades influyentes y conocidas;

- proporcionar análisis independientes, una metodología convincente y estadísticas fiables y específicas para evaluar si los casos de corrupción a alto nivel, los asesinatos en plena calle y los asuntos de delincuencia organizada se investigan adecuadamente y son objeto de sentencias disuasorias; no debe haber ninguna relajación en materia de prevención y enjuiciamiento; además, los avances realizados deben ser objeto de seguimiento e informes detallados y concluyentes;

- intensificar los esfuerzos y el compromiso político a efectos de la ejecución del Plan de Lucha contra la Delincuencia Organizada e informar con toda transparencia sobre la labor realizada; Bulgaria debe también profundizar su cooperación internacional en este ámbito;

- para lograr estas metas, reforzar la capacidad del sistema judicial a todos los niveles: profesionalidad, independencia, recursos y competencias.

El mecanismo de cooperación y verificación seguirá supervisando la situación en Bulgaria. Para facilitar una y otra, sería conveniente que las autoridades búlgaras elaboraran, de aquí a octubre de 2007, un plan de acción por fases, que exponga la forma en que Bulgaria se propone cumplir con los indicadores. El plan debería contener una estrategia coherente de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y un plan creíble de fortalecimiento de la profesionalidad, la independencia, las competencias y los recursos del poder judicial. Disponer de estadísticas y sistemas de información perfeccionados y más precisos sobre los casos de corrupción y delincuencia organizada, así como sobre el seguimiento de que son objeto por el poder judicial, facilitaría también la labor en el marco del mecanismo de cooperación y verificación. Es importante que las autoridades búlgaras potencien un diálogo franco con la población, mejorando la transparencia de las reformas emprendidas en virtud del mecanismo de cooperación y verificación.

4.1. Apoyo

Bulgaria recibirá un apoyo que contribuirá a sus esfuerzos de reforma del poder judicial y lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Para ello será preciso concentrar la financiación de la CE disponible en los diversos programas para este país, focalizándolos en programas de desarrollo institucional y de formación relacionados con la reforma judicial y la lucha contra la delincuencia organizada.

La Comisión Europea insta a los demás Estados miembros a intensificar su ayuda y su valioso apoyo práctico a Bulgaria cooperando con las autoridades búlgaras en equipos de investigación conjuntos contra la corrupción y la delincuencia organizada, compartiendo información y metodologías financieras, enviando expertos y asesores a ministerios y organismos clave (por ejemplo, las futuras Inspecciones instituidas en virtud de la Ley relativa al sistema judicial o el Consejo Superior de la Magistratura), y facilitando formación de alto nivel a la policía, a los funcionarios de aduanas y a los fiscales en sus academias de policía y de aduanas, escuelas de magistrados o institutos nacionales de justicia, así como en otros centros de excelencia para la función pública.

La importancia primordial del principio del Estado de Derecho en la UE obliga a todos —Comisión, Bulgaria y los demás Estados miembros— a cooperar con objeto de garantizar que Bulgaria reforme efectivamente su poder judicial y combata la delincuencia y la corrupción a todos niveles. Antes de octubre de 2007, la Comisión examinará la ayuda ofrecida por los Estados miembros con el fin de detectar las lagunas y asegurar un respaldo total a Bulgaria.

5. CONCLUSIÓN

Durante los seis meses siguientes a la adhesión, Bulgaria ha seguido atajando las deficiencias que podían impedir la aplicación efectiva de la legislación, las políticas y los programas de la UE. Ahora bien, todavía no ha habido tiempo suficiente para demostrar resultados convincentes en los ámbitos fundamentales. Será necesario prestar atención constante a todos los sectores que cuentan con medidas complementarias vigentes. En particular, procede intensificar la labor de reforma judicial y de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. A la luz del análisis recogido en este informe, la Comisión no considera justificado, en estos momentos, invocar las medidas de salvaguardia contempladas en el Acta de adhesión.

La Comisión seguirá colaborando estrechamente con Bulgaria para ayudarla a ajustarse a los indicadores establecidos en el mecanismo de cooperación y verificación. La Decisión por la que se establece dicho mecanismo dispone que la Comisión presente un informe cada seis meses. La Comisión actualizará el presente informe a principios de 2008 y elaborará el próximo informe detallado sobre el mecanismo de cooperación y verificación a mediados de 2008. Bulgaria comunicará a la Comisión los avances realizados de aquí al 31 de marzo de 2008, de manera que la Comisión disponga de los datos necesarios para redactar dicho informe.

ANEXO

Situación actual por lo que respecta a las medidas de salvaguardia y las disposiciones transitorias aplicables en Bulgaria

Cláusula de salvaguardia económica

No se ha aplicado

Cláusula de salvaguardia relativa al mercado interior

No se ha aplicado

Cláusula de salvaguardia relativa a la justicia y los asuntos de interior

No se ha aplicado

Fondos agrícolas

a) Medidas de salvaguardia

No se han aplicado

b) Disposiciones transitorias

Reglamento (CE) nº 1423/2006 de la Comisión , de 26 de septiembre de 2006, por el que se establece un mecanismo para adoptar las medidas oportunas en el ámbito del gasto agrario en relación con Bulgaria y Rumanía

Seguridad de los productos alimenticios

a) Medidas de salvaguardia

No se han aplicado

b) Disposiciones transitorias

Decisión 2006/800/CE de la Comisión , de 23 de noviembre de 2006, por la que se aprueban los planes de erradicación de la peste porcina clásica de los jabalíes y de la vacunación de urgencia de los mismos contra dicha enfermedad en Bulgaria

Decisión 2006/805/CE de la Comisión, de 24 de noviembre de 2006, sobre las medidas de control de sanidad veterinaria relativas a la peste porcina clásica en determinados Estados miembros (modificada en último lugar por la Decisión 2007/152/CE de la Comisión, de 6 de marzo de 2007)

Decisión 2007/16/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, por la que se establecen medidas transitorias para el comercio intracomunitario de esperma, óvulos y embriones de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina obtenidos en Bulgaria y Rumanía

Decisión 2007/26/CE de la Comisión, por la que se modifica el apéndice del anexo VI del Acta de adhesión de Bulgaria y Rumanía por lo que se refiere a determinados establecimientos de transformación de leche en Bulgaria

Decisión 2007/29/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, por la que se establecen medidas transitorias para determinados productos de origen animal contemplados en el Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, introducidos en Bulgaria y Rumanía desde terceros países antes del 1 de enero de 2007

Decisión 2007/30/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, por la que se establecen medidas transitorias para la comercialización de determinados productos de origen animal obtenidos en Bulgaria y Rumanía (modificada mediante la Decisión 2007/264/CE de la Comisión, de 25 de abril de 2007)

Decisión 2007/31/CE de la Comisión , de 22 de diciembre de 2006, por la que se establecen medidas transitorias sobre el envío desde Bulgaria a otros Estados miembros de determinados productos de los sectores cárnico y lácteo incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (modificada en último lugar por la Decisión 2007/398/CE de la Comisión, de 11 de junio de 2007)

Seguridad aérea

Medidas de salvaguardia

Reglamento (CE) nº 1962/2006 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2006, en aplicación del artículo 37 del Acta de adhesión de Bulgaria a la Unión Europea

Además, el 21 de febrero de 2007 Bulgaria impuso restricciones a cinco compañías de carga para evitar su inclusión en la Lista de compañías aéreas prohibidas en la UE y anuló los certificados de aeronavegabilidad de 160 aviones que no se ajustaban a las normas comunitarias.

[1] Artículos 36, 37 y 38 del Acta de adhesión

[2] Decisión 2006/929/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006, por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Bulgaria para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial, lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada (DO L 354 de 14.12.2006, p. 58).

[3] Se trata de las siguientes enmiendas: Con arreglo a la nueva redacción del artículo 84, la Asamblea Nacional recibe y aprueba los informes anuales del Tribunal Superior de Casación, del Tribunal Superior Administrativo y de la Fiscalía General sobre la aplicación de las leyes y sobre sus actividades respectivas. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) presenta a continuación esos informes a la Asamblea Nacional. De conformidad con el artículo 130, los poderes de nombramiento, promoción, destitución, sanción disciplinaria y calificación de los jueces se confieren ahora expresamente al Consejo Superior de la Magistratura. El artículo 130 bis deja de conferir al Ministerio de Justicia competencias para fiscalizar las disposiciones relativas a la incoación, el desarrollo y el cierre de los procesos. En cambio, un nuevo artículo, el artículo 132 bis , prevé la creación de una Inspección independiente, adscrita al CSM, responsable de controlar la actividad de los órganos judiciales, de oficio y previa denuncia presentada por particulares, personas jurídicas o autoridades públicas, incluidos miembros del poder judicial. Se ha eliminado la inmunidad efectiva del poder judicial frente a las acciones ejercidas contra ellos (sin vinculación con el ejercicio de funciones oficiales). En la actualidad, el poder judicial sólo mantiene la inmunidad respecto a sus actuaciones en ejercicio de sus funciones oficiales, y no respecto a los delitos dolosos perseguibles de oficio.

[4] El actual proyecto de Ley relativa al sistema judicial se subdivide en 22 partes y consta de 377 artículos. Regula con detalle: a) el estatuto y las competencias del Consejo Superior de la Magistratura; b) el estatuto y las competencias de la Inspección adscrita al Consejo Superior de la Magistratura; c) el estatuto y las competencias de la Inspección bajo la supervisión del Ministerio de Justicia [entre otras, fiscalizar la actividad de los agentes de ejecución públicos y privados, controlar la administración judicial y asistir al Ministerio de Justicia en la elaboración de propuestas de resoluciones y decisiones hermenéuticas]; d) los criterios y el procedimiento de evaluación de los jueces; e) el alcance de las funciones interpretativas de los órganos jurisdiccionales más elevados; f) las funciones de la Fiscalía de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal; g) los principios competitivos aplicables en los procedimientos de contratación y nombramiento en los órganos judiciales; h) la responsabilidad disciplinaria de los jueces, incluso en caso de vulneración de las normas deontológicas.

[5] En particular, ambas Inspecciones controlan la organización de la actividad administrativa de los tribunales y resumen la información relativa a los asuntos recopilada por jueces, fiscales e instructores (artículo 58, apartado 1, y artículo 69, apartado 1, del proyecto de LSJ).

[6] La incitación a la prostitución estará sancionada con una pena de prisión de hasta cinco años (anteriormente, tres años) y una multa de 3 000 a 10 000 BGN (anteriormente, de 1 000 a 3 000 BGN) . La pena prevista para este delito, cuando se realice a las órdenes de una organización delictiva, cuando la víctima sea menor de 18 años o sufra trastorno mental, o en caso de reincidencia peligrosa, será de dos a ocho años (anteriormente, seis años) y se combinará con una multa de 5 000 a 15 000 BGN. Obligar o incitar a una persona a consumir estupefacientes o sustancias similares para prostituirse se sancionará con una pena de diez a veinte años de prisión y una multa de 100 000 a 300 000 BGN (anteriormente, pena de cinco a quince años y multa de 10 000 a 35 000 BGN).

[7] El Informe se estructura como sigue: una declaración explícita de principios (Estado de Derecho, independencia del sistema judicial, protección de los derechos individuales y aplicación de las normas judiciales europeas) seguida de ocho secciones, en cada una de las cuales se expone brevemente un objetivo (consolidación de la capacidad judicial y mejora de la actividad administrativa del sistema judicial; participación efectiva de Bulgaria en la cooperación judicial de la CE; refuerzo de las capacidades del Consejo Superior de la Magistratura para la gestión del sistema judicial, etc.) y sendas listas de prioridades a corto y medio plazo (hasta finales de 2006 y 2007, respectivamente).

[8] Las Inspecciones tienen las siguientes funciones: i) analizar la eficacia de las actividades de la administración pública; ii) velar por el respeto de las normas de organización internas; iii) incoar procedimientos disciplinarios en caso de vulneraciones cometidas en el ejercicio de las funciones oficiales o del Código de Conducta de los Empleados de la Administración Pública; iv) proceder a comprobaciones sobre las indicaciones, peticiones y denuncias relativas a acciones ilegales o inadecuadas o a la pasividad de empleados públicos; v) asumir otras funciones de control administrativo.

[9] La Inspección General depende directamente del Primer Ministro y tiene las siguientes funciones: i) coordinar y apoyar las actividades de las Inspecciones; ii) sugerir orientaciones metodológicas a las Inspecciones; iii) examinar los indicios de conflictos de intereses y otras vulneraciones cometidas en el ejercicio de funciones oficiales; iv) analizar los indicios de corrupción en el poder ejecutivo y la función pública; v) asumir otras funciones definidas mediante decretos del Consejo de Ministros o asignadas por el Primer Ministro.

[10] Hasta ahora, 106 de los 359 partidos políticos registrados (y sus afiliados) han presentado un informe financiero al Tribunal de Cuentas Nacional. Los 253 partidos que no han presentado dicho informe pierden el derecho a percibir financiación pública y no pueden participar ni en las elecciones nacionales ni en las elecciones locales.El 20 de abril, el Tribunal de Cuentas Nacional publicó en su sitio web una lista de personas que no habían presentado una declaración de patrimonio inicial después de su asunción de funciones y otra lista de personas no habían presentado una declaración de patrimonio tras su destitución, en vulneración de las disposiciones legales. Se presentaron, con arreglo a las disposiciones legales, 816 declaraciones de patrimonio en el momento de la asunción de funciones. Ocho declaraciones de este tipo (de miembros de órganos de gestión y control de partidos políticos) no se presentaron en los plazos oportunos, al igual que dos declaraciones finales (tras el cese de funciones) de instructores.Se han incoado diligencias administrativas y penales contra las personas que no han presentado sus declaraciones en las condiciones previstas en la ley. El Presidente del Tribunal de Cuentas Nacional ha remitido una lista con sus nombres al Director Ejecutivo de la Agencia Tributaria Nacional a efectos de la adopción de medidas en virtud del Código Procesal Fiscal y de Seguros.El plazo previsto para la presentación de las declaraciones anuales de patrimonio de altos cargos oficiales expiró el 30 de abril. A 15 de mayo, el Tribunal de Cuentas Nacional había tratado 5 515 declaraciones y notificaciones. La cifra definitiva de declaraciones y notificaciones anuales tratadas se presentará una vez expire el plazo contemplado para efectuar modificaciones en las declaraciones realizadas.

[11] Las estadísticas relativas a los presuntos casos de corrupción de funcionarios y a las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades, transmitidas al experto delegado por la Comisión Europea en abril en el puesto fronterizo de Kapitan Andreevo, indican que la calidad de las investigaciones ha mejorado.

[12] Según el informe sobre la aplicación (en 2006) de la Estrategia de gobernanza transparente, prevención de la corrupción y lucha contra ésta adoptado por las autoridades búlgaras, de las 121 medidas enunciadas en el Plan de Acción de 2006, 94 ya se han aplicado y la ejecución de las 27 restantes se habrá completado a mediados de 2007. Se ignora qué medidas se han aplicado y cuáles no han sido ejecutadas. El informe búlgaro —que hasta la fecha no ha sido presentado oficialmente— anuncia también la aprobación de un plan de aplicación de dicha Estrategia en 2007.

[13] En concreto, el Consejo de Ministros aprobó el 30 de noviembre de 2006 un proyecto de ley que modifica la Ley de medidas contra el blanqueo de capitales. Con arreglo a ese proyecto, los bancos y las sociedades de efectivo electrónico deben proporcionar información suplementaria sobre las operaciones y transacciones en las que se sospecha un blanqueo de capitales. Las enmiendas propuestas, que todavía son objeto de debate en el Parlamento, tienen por finalidad ajustar el marco reglamentario a la Ley relativa a las instituciones de crédito, en vigor desde el 1 de enero de 2007. Las autoridades búlgaras impulsan también la transposición de la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales de la UE.