EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

En la actualidad, los ciudadanos y las empresas de la UE que quieren que se reconozca y ejecute una resolución judicial de la UE en un país que no pertenece a la UE tienen que lidiar con un panorama jurídico heterogéneo debido a la ausencia de un marco internacional integral del reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en materia civil y mercantil. En consecuencia, los acreedores en resoluciones judiciales tienen que desentrañar todo un mosaico de normativas de países no pertenecientes a la UE en materia de aceptación de resoluciones judiciales extranjeras, así como tratados bilaterales, regionales y multilaterales en vigor. Por lo tanto, para conseguir que se ejecuten las resoluciones, los interesados tienen que invertir recursos y tiempo y, a menudo, precisan de asesoramiento externo para preparar una estrategia procesal sólida. Esta complejidad y los gastos e inseguridad jurídica asociados son factores disuasorios que pueden hacer que las empresas y los ciudadanos eviten acudir a la vía judicial y busquen otras formas de resolución de litigios, que renuncien a hacer valer sus derechos o que decidan no celebrar negocios jurídicos internacionales. Asimismo, puede repercutir negativamente en la predisposición de las empresas y los ciudadanos de la UE a participar en actividades comerciales y de inversión de carácter internacional. A mayor abundamiento, dado que la ejecución de las resoluciones judiciales de la UE en países no pertenecientes a la UE es un aspecto sujeto a incertidumbre, se obstaculiza el derecho de acceso a la justicia de las empresas y los ciudadanos de la UE. El crecimiento del comercio y de los flujos de inversión internacionales aumenta estos riesgos jurídicos para las empresas y los ciudadanos de la UE, pero esta situación puede corregirse con un sistema predecible de reconocimiento y ejecución transfronterizos de resoluciones judiciales en materia civil o mercantil. Sin embargo, hasta hace poco, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en materia civil y mercantil no estaban totalmente regulados en el ámbito internacional, si bien existen algunos acuerdos bilaterales y multilaterales en vigor de alcance limitado. Esta situación ha cambiado con la adopción del Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en materia civil o comercial (el «Convenio sobre resoluciones judiciales») en julio de 2019.

El Convenio sobre resoluciones judiciales, adoptado bajo los auspicios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, tiene el potencial de mejorar el sistema actual de circulación de resoluciones judiciales extranjeras. El Convenio tiene por objeto promover un acceso efectivo a la justicia para todos y facilitar el comercio y la inversión multilaterales basados en normas, así como la movilidad, a través de la cooperación judicial.

La UE siempre ha apoyado la creación de un sistema multilateral de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, motivo por el que ha participado activamente en el proceso de negociación del Convenio con vistas a su posible adhesión a este futuro sistema internacional. Sobre la base del mandato otorgado por el Consejo a la Comisión Europea en mayo de 2016, la Comisión representó los intereses de la Unión durante el proceso de negociación en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

La presente propuesta está en consonancia con los objetivos de la Comisión establecidos en las Orientaciones políticas de la Comisión Europea (2019-2024) y, en particular, con la prioridad «Un nuevo impulso a la democracia europea». También está en consonancia con el compromiso de la Unión con el multilateralismo en las relaciones internacionales y es probable que anime a otros países y socios comerciales de la UE a adherirse al Convenio sobre resoluciones judiciales. Por último, la adhesión de la UE a un convenio multilateral sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil también está en consonancia con la política de la Unión destinada a aumentar el comercio internacional, la inversión extranjera y la movilidad de los ciudadanos en todo el mundo.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

La UE cuenta con un sistema bien elaborado de reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil entre los Estados miembros, que se estableció como complemento necesario del mercado único. Sin embargo, el Reglamento Bruselas I bis no se aplica al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en países no pertenecientes a la UE. En el plano internacional, la UE ha celebrado un convenio internacional con los Estados del EEE y Suiza (Convenio de Lugano de 2007). Por otra parte, el primer intento de establecer un marco multilateral para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dio lugar a la celebración del Convenio de 2005 sobre la elección de foro. Este Convenio garantiza el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en supuestos en que las partes hayan acordado cuál es el órgano jurisdiccional con competencia exclusiva para conocer de su litigio. La Unión ratificó este Convenio en 2015, lo que significa que forma parte del acervo de la Unión. Aparte del Convenio de 2005 sobre la elección de foro, cuyo ámbito de aplicación es limitado, no existe otro marco multilateral general para la circulación de las resoluciones judiciales. Así pues, el Convenio sobre resoluciones judiciales complementaría el marco jurídico vigente en la Unión, garantizando la circulación de las resoluciones judiciales extranjeras más allá del sistema vigente aplicable entre los Estados de la UE y del EEE y Suiza.

El acervo interno de la UE no se vería alterado por el Convenio de no haber declaración, ya que ambos instrumentos se aplican en contextos diferentes. Esto se debe a que el Reglamento Bruselas I bis se aplica al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dentro de la UE, mientras que el Convenio se aplica a las resoluciones de países no pertenecientes a la UE. Sin embargo, es necesaria una declaración para garantizar que la adhesión al Convenio no afecte a la consecución de los objetivos del Reglamento Bruselas I bis. Más concretamente, en el caso de contratos de arrendamiento de locales de negocio, el Reglamento Bruselas I bis atribuye competencia exclusiva a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté situado el bien inmueble. El Convenio sobre resoluciones judiciales no contiene tal regla de atribución de competencia exclusiva respecto de los arrendamientos de locales de negocio. Por consiguiente y en virtud del Convenio, los Estados miembros estarían obligados a reconocer y ejecutar las resoluciones judiciales de terceros países sobre arrendamientos como locales de negocio de bienes inmuebles situados en su territorio. Esto iría en contra de uno de los objetivos estratégicos del Reglamento Bruselas I bis, a saber, atribuir competencia exclusiva a los órganos jurisdiccionales de la UE respecto de litigios relacionados con bienes inmuebles situados en la UE.

Por consiguiente, en el momento de la adhesión debe realizarse una declaración específica por la que se excluya el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia de arrendamiento como locales de negocio de bienes inmuebles situados en la UE. Esta declaración de objeto limitado garantizará la coherencia del Convenio con el acervo de la UE sin obstaculizar la consecución plena de todos los objetivos estratégicos de la presente propuesta.

•Coherencia con otras políticas de la Unión