Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las transferencias transfronterizas (94/C 360/11) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(94) 436 final - 94/0242(COD)

(Presentada por la Comisión el 18 de noviembre de 1994)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Visto el dictamen del Instituto Monetario Europeo,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado,

Considerando que el volumen de pagos transfronterizos a distancia aumenta constantemente a medida que la realización del mercado interior y el avance hacia una unión económica y monetaria conducen a un incremento de los intercambios y de la circulación de personas en la Comunidad; que las transferencias transfronterizas constituyen una parte sustancial del volumen y valor de los pagos transfronterizos a distancia;

Considerando que es fundamental que los particulares y empresas puedan efectuar sus transferencias de una parte a otra de la Comunidad de forma rápida, fiable y económica; que la existencia de un mercado competitivo en materia de transferencias transfronterizas debería mejorar los servicios y reducir los precios;

Considerando que la finalidad de la presente Directiva es seguir los avances realizados en el ámbito de la liberalización de la circulación de capitales durante la primera etapa de la unión económica y monetaria; que la presente Directiva tiene presente el objetivo fijado por el Tratado de facilitar la unión del ecu; que la presente Directiva debe ser considerada como un paso hacia la realización progresiva de la unión económica y monetaria; que sus disposiciones deben aplicarse a las transferencias efectuadas en cualquier moneda, incluido el ecu;

Considerando que la finalidad de la presente Directiva es aplicar un aspecto del programa de trabajo elaborado por la Comisión con arreglo a su «Libro verde sobre realización de pagos en el mercado interior».

Considerando que la Comisión ha recomendado a los Estados miembros que el umbral por debajo del cual no tendrían que declararse los pagos transfronterizos no debería ser inferior a 10 000 ecus;

Considerando que el Comité de gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros recomendaron que los sistemas de pagos de todos los Estados miembros se apoyaran en una base jurídica sólida; que la Comisión ha creado un grupo de trabajo sobre el marco jurídico de los pagos transfronterizos en el que participan juristas de los gobiernos y del IME; que este grupo ha recomendado a la Comisión que las cuestiones a que se refiere la presente Directiva sean tratadas por separado de los problemas sistémicos, que siguen siendo objeto de estudio; que puede ser necesario hacer una nueva propuesta que trate de las cuestiones sistémicas, principalmente en los que se refiere al carácter definitivo de la liquidación;

Considerando que el objetivo de la presente Directiva es mejorar los servicios de transferencias transfronterizas, ayudando al IME en su tarea de fomentar la eficacia de los pagos transfronterizos en vista de la preparación de la tercera etapa de la unión económica y monetaria;

Considerando que, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 3 B del Tratado, la presente Directiva establece los requisitos mínimos necesarios para garantizar un adecuado nivel de información al cliente; que el logro de una mayor transparencia implica que las entidades cumplan unas exigencias de funcionamiento mínimas; que la presente Directiva establece los requisitos mínimos de funcionamiento a que deberán atenerse las entidades que prestan servicios de transferencias transfronterizas; que la presente Directiva cumple con las condiciones establecidas en los principios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la Recomendación 90/109/CEE de la Comisión (1); que la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (2);

Considerando que, dada la propia naturaleza de las transferencias transfronterizas, que consisten en una serie de operaciones en que participan entidades de Estados miembros diferentes, es necesario y conveniente que sean tratados de forma coordinada a nivel de la Comunidad; que la Comisión había propiciado, en su Recomendación 90/109/CEE una estrategia de autorregulación; que este enfoque de caracter voluntario no ha dado los resultados esperados; que, por consiguiente, es necesario adoptar una medida vinculante;

Considerando que la presente Directiva debe aplicase a las transferencias cualquiera que sea su importe; que las entidades deben tener la obligación de reembolsar en el caso de las transferencias que no se hubieran ultimado; que la obligación de reembolsar supone para las entidades una obligación contingente que, de no brindar la posibilidad de excluir las transferencias de elevado valor, podría tener un efecto de carácter cautelar sobre el coeficiente de solvencia; que debe preverse la posibilidad (por los Estados miembros y por las entidades, si hacen uso de la misma) de establecer una excepción a dicha obligación solamente en el caso de los pagos de elevado valor, superiores a 10 000 ecus; que este umbral no debe aplicarse a ningún otro artículo de la presente Directiva;

Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 12 de febrero de 1993, propugnó la elaboración de una Directiva del Consejo que determinara las normas relativas a la transparencia y eficacia de los pagos transfronterizos;

Considerando que el Comité Económico y Social, en su dictamen de 6 de julio de 1994, marcó su preferencia por un código de buenas prácticas; que la Comisión ya ha intentado anteriormente seguir este enfoque; que el Comité Económico y Social aconsejó que, si se proponía una Directiva, ésta debería limitarse a establecer un marco general; que la presente Directiva sigue este modelo, ya que permite un amplio margen de libertad contractual,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: SECCIÓN I Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones de la presente Directiva a las entidades de crédito y otras entidades que presten al público, en el marco de sus actividades comerciales servicios de transferencias.

2. La presente Directiva se aplicará a las transferencias efectuadas en cualquier moneda, incluido el ecu, cualquiera que sea su importe, salvo los casos en que se haga uso de la excepción prevista en el apartado 3 del artículo 7.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «entidad de crédito», la entidad definida en el artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE del Consejo (3); a efectos de la presente Directiva, las sucursales de entidades de crédito situadas en Estados miembros diferentes se considerarán entidades distintas;

b) «otra entidad», toda persona jurídica, distinta de una entidad de crédito, que preste al público, en el marco de sus actividades comerciales, sercicios de transferencias;

c) «entidad», una entidad de crédito u otra entidad;

d) «persona», una persona física o jurídica, según los casos;

e) «pago», una transferencia efectuada por un ordenante de un crédito monetario sobre una parte aceptable para el beneficiario, incluido el caso en que el ordenante y el beneficiario sean la misma persona;

f) «pago transfronterizo», un pago efectuado por un ordenante, con cargo a una cuenta abierta en una sucursal de dicha entidad en un Estado miembro, en favor de un beneficiario en una entidad o en una sucursal de dicha entidad en otro Estado miembro;

g) «ordenante», la persona que autoriza la realización de una transferencia en favor de un beneficiario;

h) «beneficiario», el destinatario final de una transferencia;

i) «cliente», el ordenante o el beneficiario, según los casos, podrá ser la misma persona;

j) «orden de pago», una instrucción, cualquiera que sea su forma, dada directamente a una entidad, de poner a disposición del beneficiario una cantidad de dinero fija o determinable;

k) «transferencia», un pago transfronterizo consistente en una serie de operaciones, la primera de las cuales es la orden de pago del ordenante. El término incluye todas las órdenes de pago emitidas por la entidad del ordenante o por cualquier entidad intermediaria con el objeto de ejecutar la orden de pago del ordenante;

l) «fuerza mayor», el concepto recogido en el inciso ii) del párrafo segundo del apartado 6 del artículo 4 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo (4), con exclusión de la insolvencia de una entidad intermediaria;

m) «interés», el tipo interbancario de oferta en el mercado de referencia, más dos puntos porcentuales aplicable a los depósitos en la moneda en que deba efectuarse un determinado pago, calculado para el período de retraso;

n) «fecha valor», la fecha en que la cuenta del cliente se adeuda (en el caso del ordenante) o se abona (en el del beneficiario), siendo dicha fecha la que la entidad utiliza para calcular el interés de la cuenta (caso de haberlo) o para determinar la disponibilidad de los fondos cuando el interés no sea un criterio pertinente;

o) «aceptación», la aceptación de una orden de pago por parte de una entidad, previo cumplimiento de las condiciones impuestas con respecto a la disponibilidad de una cobertura financiera, identificación de las partes mencionadas en la orden de pago y de las demás condiciones previas que hubieran acordado las partes;

p) «ultimación» de una transferencia, su aceptación por parte de la entidad del beneficiario;

q) «entidad intermediaria», una entidad que no es ni la del ordenante ni la del beneficiario;

r) «día hábil», tratándose de una entidad, un día, o parte de él, en el que la entidad funciona a efectos de la tramitación de transferencias.

SECCIÓN II Transparencia de las condiciones aplicables a las transferencias

Artículo 3

Información previa al envío o recepción de una transferencia

La entidad facilitará a su clientela una información escrita clara sobre los servicios por ella prestados para efectuar o recibir transferencias. Esta información deberá contener, como mínimo:

- una indicación del tiempo necesario para que los fondos sean acreditados en la cuenta de la entidad del beneficiario, o del beneficiario, según corresponda;

- la base de cálculo de todos las comisiones y gastos que deba pagar el cliente a la entidad;

- la fecha valor aplicable, en su caso, por la entidad;

- una referencia a las vías de recurso a disposición del cliente y modalidades de acceso a las mismas.

Artículo 4

Información posterior al envío o recepción de una transferencia

Las entidades facilitarán a su clientela una información escrita clara con posterioridad al envío o recepción de una transferencia. Esta información deberá contener, como mínimo:

- una referencia que permita al cliente identificar el pago;

- el importe de todos los gastos a cargo de su cliente. Cuando el ordenante hubiera autorizado una deducción del importe de la transferencia, el banco del beneficiario comunicará a este último esta circunstancia y el importe original de la transferencia;

- la fecha valor aplicada, en su caso, por la entidad.

SECCIÓN III Obligaciones mínimas de las entidades en materia de transferencias

Artículo 5

Obligación de ejecución en el momento oportuno

1. Toda entidad que haya aceptado una orden de pago deberá ejecutar la transferencia correspondiente dentro de los plazos acordados con el cliente (o entidad) que hubiera emitido dicha orden. A falta de un acuerdo específico con respecto a los plazos, la entidad actuará con una diligencia necesaria para respetar los plazos de ejecución claramente indicados y publicados. Cuando no exista ni acuerdo específico ni plazos publicados, serán de aplicación las obligaciones siguientes:

- la entidad del ordenante será responsable ante éste de la ultimación de la transferencia a más tardar al final del quinto día hábil siguiente a la aceptación por ella de la orden de pago del ordenante;

y

- la entidad del beneficiario deberá poner el importe de la transferencia a la disposición del beneficiario, a más tardar al final del día hábil siguiente a la ultimación de la transferencia.

2. La entidad del ordenante compensará a éste mediante el pago de un interés sobre el importe de la transferencia, en caso de que ésta se hubiera ultimado con retraso, pero no será, con arreglo a la presente Directiva, responsable de las pérdidas que puedan producirse indirectamente. No se pagará ninguna compensación cuando el banco del ordenante pueda demostrar que el retraso es imputable al ordenante.

3. Además de la obligación de ejecución a que se refiere el apartado 1, la entidad del beneficiario compensará a éste mediante el pago de un interés sobre el importe de la transferencia cuando esta última sea puesta a disposición del beneficiario con retraso.

Artículo 6

Obligación de efectuar la transferencia con arreglo a las instrucciones de la orden de pago

1. La entidad del ordenante, cada una de las entidades intermediarias y la entidad del beneficiario estarán obligadas, una vez aceptada la orden de pago, a ejecutar la transferencia correspondiente por su importe total, a menos que hubieran sido autorizadas para realizar deducciones. Sin perjuicio de la obligación de no efectuar deducciones, la entidad del beneficiario podrá, en su caso, cobrar al beneficiario, cuando proceda, los gastos adicionales que resulten de la gestión de su cuenta. Sin embargo, dichos gastos administrativos adicionales no podrán ser superiores a los que se hubieren cobrado en el caso de una transferencia de carácter nacional.

2. En caso de que una entidad cualquiera, distinta de la del beneficiario, incumpla la obligación de efectuar la transferencia con arreglo a la orden de pago a que se refiere el apartado 1, y sin perjuicio de cualquier otra reclamación que pudiera presentarse, la entidad del ordenante deberá acreditar, a su costa, en la cuenta de este último, todos los importes indebidamente deducidos por cualquier entidad, o bien, si el ordenante así se lo pide, deberá transferir dichos importes a la cuenta del beneficiario, sin deducciones y a su costa. Cualquier entidad intermediaria que efectúe una deducción en infracción de la obligación a que se refiere el apartado 1 deberá abonar el importe deducido a la entidad del ordenante o bien, a instancia de ésta, deberá transferir dicho importe, sin deducción alguna y a su costa, a la cuenta del beneficiario.

3. Si fuera la entidad del beneficiario la que hubiera infringido la obligación de efectuar la transferencia con arreglo a las instrucciones de la orden de pago, y sin perjuicio de cualquier otra reclamación que pudiera presentarse, dicha entidad estará obligada a acreditar en la cuenta del beneficiario, a su costa, el importe indebidamente deducido.

Artículo 7

Obligación de reembolso por parte de las entidades en caso de no haberse ultimado una transferencia

1. Si, tras aceptación de la orden de pago por la entidad del ordenante, la transferencia correspondiente no se hubiera ultimado por la razón que fuera, y sin perjuicio de cualquier otra reclamación que pudiera presentarse, el ordenante tendrá derecho, previa solicitud, a que se acredite en su cuenta la totalidad del importe de la transferencia no ultimada; dicha solicitud deberá presentarse no antes de 20 días hábiles después de la fecha en que debería haberse ultimado la transferencia. Todas las entidades intermediarias que hubieren aceptado la orden de pago tendrán igualmente la obligación de reembolsar el importe de la transferencia, a su costa, a la entidad que le hubiere impartido la instrucción de realizarla.

2. Si una transferencia no llegara a ultimarse a causa de algún error en las instrucciones dadas por el ordenante a su entidad, ésta y las otras entidades que intervengan procurarán por todos los medios efectuar el reembolso a que se refiere el apartado 1.

3. Los Estados miembros podrán permitir que las entidades establezcan, por vía contractual, excepciones a la obligación de reembolso prevista en el apartado 1, en los siguientes casos:

- cuando la no ultimación de la transferencia se debiera a motivos de fuerza mayor; o

- tratándose de pagos superiores a 10 000 ecus.

SECCIÓN IV Disposiciones finales

Artículo 8

Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1996. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. En esta comunicación los Estados miembros facilitarán un cuadro de correspondencias que indique las disposiciones nacionales vigentes o en vías de adopción en relación con cada artículo de la presente Directiva.

Artículo 9

Informe al Parlamento Europeo y al Consejo

A más tardar, el 31 de diciembre de 1993, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva acompañado, en su caso, de propuestas de revisión.

Artículo 10

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 11

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) DO n° L 67 de 15. 3. 1990, p. 39.

(2) DO n° L 166 de 28. 6. 1991, p. 77.

(3) DO n° L 322 de 17. 12. 1977, p. 30.

(4) DO n° L 158 de 23. 6. 1990, p. 59.