ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
18.

El elevado nivel de financiación internacional que se facilitó en respuesta al tsunami excedió la capacidad de absorción de algunos socios (véase el recuadro 2). Más de 360 organizaciones humanitarias llegaron a Sri Lanka y 450 a Indonesia con considerables sumas de financiación privada. La competencia para obtener recursos contribuyó a la inflación y a las dificultades para obtener bienes y contratar personal cualificado. El informe de la Oficina de Rehabilitación y Reconstrucción [BRR (8)] un año después del tsunami describe cómo los precios y los salarios en Aceh aumentaron entre un 30 y un 40 % en 2005. Recuadro 2Contexto general de fondos superiores a las necesidades financieras de los sociosEn Sri Lanka, debido al elevado nivel de financiación privada, algunos de los socios ya existentes de la DG ECHO no han tenido la capacidad de absorber la financiación ofrecida por la Comisión. Por ejemplo, se acordó con una ONG un proyecto de solo 570 000 euros, aunque la DG ECHO pretendía inicialmente asignarle 1 millón de euros de la decisión de 10 millones de euros. Pese a aumentar su capacidad en Sri Lanka desde el tsunami, esta ONG no ha presentado una propuesta en el contexto de la decisión de 80 millones de euros, por lo que, desde octubre de 2005 la DG ECHO trabajó con cuatro socios nuevos en Sri Lanka (de un total de 21 socios).En Indonesia, un organismo de las Naciones Unidas no tenía la capacidad de utilizar todos los fondos de la Comisión durante el período de aplicación de seis meses de la decisión de emergencia. Muchos socios habituales de la DG ECHO no presentaron propuestas de proyectos en Indonesia porque la financiación que habían recibido de otros donantes ya había superado su capacidad de absorción.Este análisis de la falta de capacidad de absorción de los fondos proporcionados queda reforzado por la posición de una ONG, que insistió en que sus programas solo debían guiarse por la necesidad y no por un deseo de gastar un excedente de financiación. Aunque menos de una semana después de la catástrofe dejó de aceptar fondos para las víctimas del tsunami recibió, no obstante, 110 millones de euros frente a los 25 millones de euros que necesitaba para llevar a cabo los programas del tsunami para 2005. Se pidió permiso a los donantes para suprimir las restricciones a los donativos y poder utilizarlos para otras emergencias, y el 99 % se mostró de acuerdo. Para el final de 2005, 65 millones de euros de donativos inicialmente previstos para el tsunami se habían utilizado para hacer frente a necesidades en otros lugares, como la crisis nutricional en Níger, el conflicto de Darfur y el terremoto de Pakistán.
52003SA0004

Informe Especial n° 4/2003 sobre el desarrillo rural: apoyo a las zonas desfavorecidas, acompañado de las respuestas de la Comisión



Diario Oficial n° C 151 de 27/06/2003 p. 0001 - 0024
a) Uso eficiente y eficaz de los artículos o de las instalaciones adquiridos. En Santa Lucía, la Comisión suscribió un contrato para el suministro de equipos hospitalarios y servicios conexos. Durante su visita sobre el terreno, el Tribunal constató que los artículos seleccionados se habían entregado, y se estaban gestionando o utilizando de manera adecuada para su propósito, contribuyendo así a lograr los objetivos de la acción y, en consecuencia, aclarar los beneficios para los beneficiarios finales. b) Peligro para la sostenibilidad de los proyectos La Comisión suscribió un contrato de obras para la construcción de una desalinizadora en Yibuti. Durante su visita sobre el terreno, el Tribunal constató que la superficie inicialmente dedicada al proyecto se había reducido y que en su lugar se habían construido un nuevo puesto y una base militar en las inmediaciones de la desalinizadora. Las obras de construcción y la consiguiente explotación del puerto y de la base militar pueden afectar a las corrientes marinas y a la calidad del agua, así como a la ubicación de la captación de agua. Todos estos factores podrían incidir de manera significativa en la viabilidad de la planta desalinizadora, poniendo en riesgo su sostenibilidad a largo plazo. c) Instalaciones y artículos adquiridos no utilizados La Comisión firmó un acuerdo de contribución con una organización internacional para apoyar la gestión de las finanzas públicas en Jamaica. La organización internacional ejecutó el proyecto en su integridad a través de sus socios. Durante su control sobre el terreno en 2019, el Tribunal observó que uno de los dos servidores informáticos adquiridos a principios de 2017 para el proyecto se habían instalado en una oficina que no se utilizaba en el momento de la auditoría. El segundo servidor todavía se hallaba en su caja original dos años después de su entrega. En Haití, la Comisión firmó un contrato de subvención con una organización no gubernamental (ONG) para ejecutar un proyecto de saneamiento. Cuando el Tribunal examinó un baño público construido con el apoyo de la subvención, constató que los aseos no funcionaban adecuadamente y que algunos no estaban abiertos para su uso. d) Principio de economía no respetado En Mozambique, la Comisión concluyó un contrato de subvención con una organización internacional para mejorar la nutrición y el acceso a los alimentos. Una de las partidas seleccionadas para el examen del Tribunal era un pago de una serie de radionovelas destinada a promover un cambio de comportamiento duradero. El importe se cargó sobre la base de un acuerdo interinstitucional entre la organización internacional y una organización relacionada de la misma familia, mediante el cual la organización internacional acordaba contribuir con 180 000 euros a su organización hermana. El Tribunal constató que este importe no se había determinado mediante un análisis de costes, sino de manera arbitraria entre las dos organizaciones, basándose en la financiación de la UE disponible.
22.

En lo que respecta a la ampliación de mantenimiento de los componentes del Sistema de Información de Visados (VIS), se estimó que los cambios previstos no podían separarse técnica o económicamente del contrato principal. A este respecto, hay que señalar que el WCC es titular de los derechos de propiedad intelectual del motor de búsqueda Elise. Por consiguiente, cualquier otro proveedor sería de hecho un subcontratista de WCC, por lo que no estaría en condiciones de ofrecer una mejor relación calidad-precio. Asimismo, SC 14 no solo se refería a las licencias permanentes de Elise de WCC, sino también a su mantenimiento posterior, el cual no podría atribuirse a un proveedor tercero sin poner en peligro la responsabilidad global del contratista de MWO por el mantenimiento de VIS. Además, cabe destacar que gracias a la adquisición de licencias permanentes de Elise WCC se obtuvieron ahorros significativos a largo plazo para la Agencia, y que se estimaron en 402 243,22 euros en un período de cuatro años. Por último, cabe observar que en el artículo I.19.1 de las condiciones especiales del contrato marco se prevé la disposición de «cliente mas favorecido», que protege aún más los intereses financieros de la Agencia a la hora de adquirir hardware o software del contratista.
19.

La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 685 604 euros. En 2016 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2016, son los correspondientes al Centro infantil polivalente (190 292 euros), al Perfeccionamiento profesional (155 325 euros) y a los gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal (150 000 euros).
Los procedimientos de selección de personal examinados contenían deficiencias significativas que afectaban a la transparencia y a la igualdad de trato de los candidatos: las preguntas de las pruebas escritas y orales se definieron con posterioridad al examen de las solicitudes por el comité de selección, no se fijaron de antemano las puntuaciones requeridas para las pruebas escritas y orales y para la admisión en la lista de reserva, y el comité de selección no documentó todas sus reuniones y decisiones.

2014

Se constataron considerables mejoras en las verificaciones ex ante y ex post de los gastos declarados por los países colaboradores en virtud de los acuerdos de subvención. Sin embargo, no es siempre suficiente la documentación justificativa de los gastos declarados presentada por los países colaboradores. Además, no se solicitaron certificados de auditoría, pese a que las normas de desarrollo del Reglamento Financiero de la UE así lo recomiendan para las subvenciones que superen unos umbrales específicos (1). Los certificados de auditoría proporcionarían garantías adicionales sobre la legalidad y regularidad de las operaciones de subvención.
2012

En 2012, el Centro concedió subvenciones a instituciones de investigación y a particulares. El gasto total dedicado a las subvenciones ascendió a 752 000 euros, lo cual representa el 1,4 % de los gastos operativos de 2012. Las verificaciones ex ante efectuadas por el Centro antes de reembolsar los gastos declarados por los beneficiarios consisten en un análisis documental de las declaraciones de gastos y, en parte, en los certificados de auditoría emitidos por empresas de auditoría independientes contratadas por los beneficiarios. El Centro no suele obtener de los beneficiarios ningún documento que justifique la subvencionabilidad y exactitud de los gastos declarados. A fin de reforzar los controles, el Centro adoptó una estrategia de verificación ex post cuya aplicación estaba prevista para 2012, pero sufrió un retraso de diez meses para acceder a un contrato de auditoría interinstitucional y, en el momento de la fiscalización, todavía no se han realizado verificaciones ex post de los gastos de 2012 en subvenciones. La documentación justificativa obtenida por el Centro en nombre del Tribunal proporcionaba garantías razonables de la legalidad y regularidad de las operaciones controladas por el Tribunal.
La Oficina no aprobó las normas de desarrollo del Estatuto en cuanto a la contratación y utilización de personal contractual y a la ocupación temporal de puestos directivos.

2012

Los procedimientos de selección de personal mostraron deficiencias significativas que afectaban a la transparencia y la igualdad de trato de los candidatos: no siempre se aplicaron las ponderaciones y los umbrales fijados de antemano, no se empleó el mismo método de evaluación en los distintos procedimientos y no se mencionó la posibilidad de recurso en el anuncio de vacante.
Competencias de la Autoridad [Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo] [Reglamento (UE) no 1022/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1093/2010]

Objetivos a) mejorar el funcionamiento del mercado interior, en particular con un nivel sólido, efectivo y coherente de regulación y supervisión; b) velar por la integridad, la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros; c) reforzar la coordinación de la supervisión internacional; d) evitar el arbitraje regulatorio y promover la igualdad de condiciones de competencia; e) garantizar que los riesgos de crédito y otro tipo están regulados y supervisados de la forma adecuada; f) reforzar la protección del consumidor. Funciones a) contribuir al establecimiento de normas y prácticas reguladoras y de supervisión comunes de alta calidad; b) desarrollar y actualizar un manual europeo sobre la supervisión de las entidades financieras de la Unión en su conjunto; c) contribuir a la aplicación coherente de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión; d) facilitar la delegación de funciones y responsabilidades entre autoridades competentes; e) cooperar estrechamente con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) (1); f) organizar y llevar a cabo evaluaciones inter pares de las autoridades competentes; g) supervisar y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de competencia; h) realizar análisis económicos de los mercados para sustentar el desempeño de las funciones que le incumben; i) promover la protección de los depositantes e inversores; j) fomentar el funcionamiento consecuente y coherente de los colegios de supervisores, la supervisión, evaluación y medición del riesgo sistémico, la elaboración y coordinación de planes de rescate y resolución, ofrecer un elevado nivel de protección a depositantes e inversores en toda la Unión y elaborar métodos para la resolución de las entidades financieras en quiebra y una evaluación de la necesidad de instrumentos de financiación adecuados; k) cumplir cualquier otra de las funciones específicas previstas en el presente Reglamento o en otros actos legislativos; l) publicar en su sitio Internet y actualizar periódicamente la información relativa a su sector de actividad;
En 2012, el Instituto efectuó pagos finales y liquidaciones de prefinanciaciones (operaciones) correspondientes a subvenciones por valor de 11,3 millones de euros (actividades de 2010) y 48,6 millones de euros (actividades de 2011).

Todas las operaciones de subvención se someten al control de la Comisión antes de ser autorizadas por el Instituto. El propio Instituto realizó considerables esfuerzos por practicar controles ex ante eficaces con la finalidad de aportar garantías razonables sobre la legalidad y regularidad de las operaciones relacionadas con las subvenciones. Alrededor del 80 % del gasto en subvenciones declarado por las CCI está cubierto por certificados expedidos por sociedades de auditoría independientes contratadas por las CCI y sus socios. El propio Instituto realizó controles ex ante consistentes en comprobaciones documentales exhaustivas. El Instituto solo controlaba inicialmente los documentos justificativos obtenidos de las CCI y de sus socios cuando se detectaban riesgos específicos.

No obstante, el Tribunal observó que la calidad de los certificados de auditoría es insuficiente en muchos casos (1). Para tener un segundo nivel de garantía sobre la legalidad y regularidad de las operaciones de subvención, al final de 2012, el Instituto introdujo controles ex post complementarios relativos a las actividades de 2011. Estos fueron llevados a cabo por empresas de auditoría independientes contratadas por el Instituto y estimados fiables. Los resultados de los controles ex post confirmaron que los controles ex ante no eran plenamente eficaces. No obstante, el Instituto ha recuperado los pagos irregulares detectados y el porcentaje de error residual de las operaciones de subvención de 2011 no es significativo.

Todavía no se han llevado a cabo controles ex post de las operaciones correspondientes a las subvenciones de las actividades de 2010 (11,3 millones de euros). Además, teniendo en cuenta las garantías limitadas que ofrecen los controles ex ante, no existen garantías razonables sobre la legalidad y regularidad de estas operaciones. El Tribunal no pudo obtener información probatoria suficiente y apropiada sobre la legalidad y regularidad de las operaciones de subvención auditadas relativas a las actividades de 2010.
2011

Los procedimientos de contratación pública auditados no eran plenamente conformes con lo dispuesto en el Reglamento Financiero general. En cinco casos de compra de material informático (por un total de 1 60 117 euros), no se fijaron de antemano los criterios de adjudicación y no se firmaron contratos por escrito. En otro caso de servicios de selección del personal (55 000 euros), los criterios de adjudicación no se aplicaron correctamente. La Autoridad debería garantizar que todos los nuevos contratos se adjudiquen de plena conformidad con la normativa de la UE en la materia.
[Reglamento (CEE) no 1365/75 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) no 1111/2005]

Actividades y servicios facilitados en 2013
Ámbito de competencias de la Unión según el Tratado (artículos 187 y 188 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)

La Decisión no 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre el Séptimo Programa Marco contempla una contribución de la Unión para el establecimiento a largo plazo de asociaciones público privadas en forma de iniciativas tecnológicas conjuntas que podrían ejecutarse a través de empresas comunes en el sentido del artículo 187 del TFUE. Reglamento (CE) no 219/2007 del Consejo relativo a la constitución de la Empresa Común SESAR, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1361/2008 (DO L 352 de 31.12.2008).
La Oficina aún debe mejorar su gestión del inmovilizado. En cuanto a los activos inmateriales generados por la Oficina, los procedimientos contables y la información sobre los gastos no eran fiables.

No obstante, el Tribunal señala la existencia de un nivel todavía elevado de saldo en efectivo.

2011

La Oficina debe mejorar la transparencia de los procedimientos de selección de personal: las puntuaciones mínimas exigidas para acceder a las distintas fases no se fijaron con antelación ni tampoco se definieron las preguntas de las pruebas orales y escritas antes del examen de solicitudes por el comité de selección. Además de ello, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no participó en las decisiones para constituir el comité de selección y, en un caso, no estaba garantizada la separación de funciones entre ambos.
20.

La fiscalización del Tribunal ha confirmado las conclusiones de una auditoría interna realizada en 2011 sobre contratación, en particular las siguientes: — el anuncio previo de información no se utiliza como instrumento para fomentar la publicidad ex ante de las licitaciones siguientes (19); — no existe un sistema para rastrear y gestionar los cambios en las exigencias contractuales, y de este modo identificar y rectificar las desviaciones de costes; — la duración del procedimiento de adjudicación resulta con frecuencia excesiva y la preparación de la documentación adolece de insuficiencias; — las estimaciones de costes no están bien documentadas.
1.

La Agencia del Sistema Europeo Global de Navegación por Satélite o GNSS (en lo sucesivo denominada «la Agencia»), con sede en Bruselas, se creó en virtud del Reglamento (UE) no 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1321/2004 del Consejo (2) y se modifica el Reglamento (CE) no 683/2008 (3), con la misión de gestionar los intereses públicos relativos a los programas europeos de radionavegación por satélite (GNSS) y ser su órgano regulador durante las fases de despliegue y explotación del programa Galileo. En virtud del Reglamento (CE) no 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, las competencias de la Agencia se vieron limitadas al control de la seguridad de los sistemas Galileo y a la preparación de su comercialización (4). Con arreglo a la Decisión 2010/803/UE de los Estados miembros (5), la Agencia tendrá su sede en Praga a partir del 1 de septiembre de 2012.
15.

El Centro reconoce que el calendario utilizado para establecer un acuerdo específico en relación con la coordinación de EPIET no coincide con el proceso previsto en el acuerdo marco de asociación. No obstante, interrumpir esta coordinación por no haberse suscrito acuerdos específicos habría repercutido muy negativamente en dicho programa. El Centro ha mejorado sus procedimientos de gestión de licitaciones con el objetivo de iniciar antes el proceso de solicitud de propuestas y de supervisar de cerca las fases más importantes.
Competencias de la Agencia [Reglamento (CE) no 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo modificado por los Reglamentos (CE) no 1644/2003 y no 724/2004]

Objetivos — Garantizar un nivel elevado, uniforme y eficaz de seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques. — Proporcionar a los Estados miembros y a la Comisión respaldo técnico y científico. — Controlar la aplicación efectiva de la legislación de la Unión en la materia y evaluar la eficacia de las medidas vigentes. — Introducir métodos operativos para combatir la contaminación en aguas europeas. Funciones La Agencia lleva a cabo una gran variedad de actividades en materia de seguridad marítima, prevención y seguridad de contaminación y respuesta a la contaminación causada por los buques. En primer lugar, la Agencia ha sido encomendada con la función de asistir a la Comisión en el control de la aplicación de la normativa de la UE relacionada, sobre todo, con las sociedades de clasificación, el control del Estado del puerto, la recepción de desechos en los puertos europeos, la certificación de equipos marinos, la protección de los buques, la formación de marineros de Estados miembros de la UE y de terceros países y el seguimiento del tráfico marítimo. En segundo lugar, la Agencia desarrolla y dirige capacidades informativas sobre cuestiones marítimas a nivel europeo. Algunos ejemplos significativos son el sistema de seguimiento del tráfico marítimo SafeSeaNet, que permite controlar, de manera efectiva, a los buques y sus cargas; el Centro Europeo de datos LRIT, que sirve para la identificación y seguimiento de los buques con pabellón de la UE que navegan por todo el mundo, y el sistema de información THETIS, necesario para la puesta en funcionamiento del régimen comunitario de control del Estado del puerto. Al mismo tiempo, se ha establecido un sistema de preparación, detección y respuesta a la contaminación marina, que consiste en una red europea de buques de apoyo de respuesta a los vertidos de hidrocarburos y un servicio europeo de vigilancia por satélite para la detección de mareas negras (CleanSeaNet), ambos con el objetivo de ayudar a crear un sistema eficaz de protección de las costas y aguas europeas de la contaminación procedente de los buques. Finalmente, la Agencia proporciona consejos técnicos y científicos a la Comisión en materia de seguridad marítima y de prevención de contaminación por los buques, que comprenden el proceso continuo evaluativo de la eficacia de las medidas aplicadas y la actualización y desarrollo de la nueva normativa. También ayuda a los Estados miembros, facilita la cooperación entre sí y divulga códigos de buenas prácticas. Un programa importante de formación ha sido ofrecido a los expertos de los Estados miembros. Al mismo tiempo, se proporciona ayuda a los nuevos y futuros Estados miembros en cuanto a la incorporación y aplicación de la normativa de la UE.
22.

La Empresa Común adoptó en octubre de 2010 un plan estratégico global de auditoría interna para el período 2010-2012. No obstante, hay que señalar que en 2011 se prevé el examen de algunos de los procesos clave como la validación ex ante de las declaraciones de gastos y que hasta 2011 no está previsto iniciar las auditorías ex post, controles clave cuya finalidad es evaluar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.