COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COM(93) 371 final - SYN 466 - SYN467 
Bruselas, 22 de julio de 1993 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO 
Y AL PARLAMENTO EUROPEO 
LEGISLAC ION DERIVADA CON VISTAS A LA SEGUNDA FASE 
DE LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA 
legislación derivada con vistas a la segunda fase 
de la Unión Económica y Monetaria 
(Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo) 
En la cumbre de Copenhague, celebrada los di as 21 y 22 de j unió de 1993, el Consejo Europeo invitó 
a la Comisión a presentar propuestas con respecto a cuantas medidas fuesen necesarias para el 
desarrollo de la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM), de modo que el Consejo 
pudiese aprobarlas tras la entrada en vigor del Tratado y antes del 1 de enero de 1994. A ello 
responden los cuatro proyectos de propuesta de actos legislativos que la Comisión presenta en anexo. 
El fundamento jurídico de los presentes proyectos de propuesta es el Tratado constitutivo de la 
comunidad Europea (Tratado CE), modificado por el Tratado de la Unión Europea. El proceso 
legislativo no puede iniciarse oficialmente en tanto el Tratado no haya entrado en vigor. La 
elaboración formal de normas legislativas puede verse sujeta a serias limitaciones de tiempo debido 
al breve lapso previsto entre la entrada en vigor del Tratado y el comienzo de la segunda fase de la 
UEM. Por ello, para cumplir con el mandato del Consejo Europeo antes mencionado, es preciso 
elaborar, aun de manera informal, la legislación necesaria en el ámbito de la UEM. Si bien la 
Comisión tiene el propósito de presentar propuestas formales en consonancia con los presentes 
proyectos tras la entrada en vigor del Tratado, se reserva la posibilidad de introducir modificaciones 
si considera que las circunstancias lo exigen. 
Los presentes proyectos de propuesta tienen por objeto iniciar, con carácter informal, los debates 
necesarios con las instituciones comunitarias pertinentes, a fin de que los procedimientos formales 
puedan comenzar inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado CE y concluir de 
acuerdo con los objetivos fijados por el Consejo Europeo. Dos de los cuatro textos requieren el 
procedimiento de cooperación con el Parlamento, según lo previsto en el artículo 189C del Tratado, 
mientras que en los dos restantes se contempla el procedimiento de consulta. Uno de los textos exige 
la celebración de consultas con el Comité de Gobernadores y el Comité Monetario. 
La presente Comunicación se acompaña de los siguientes cuatro proyectos de propuesta: 
Reglamento orientado a precisar la disposición por la que se prohibe el acceso del sector público 
al crédito concedido por los bancos centrales (artículo 104 del Tratado CE). El objetivo de dicho 
Reglamento es establecer las definiciones de términos como "descubiertos o cualquier otro tipo 
de créditos" o "empresas públicas". Si bien no es obligatoria la elaboración de legislación 
derivada en relación con el artículo 104, sí resulta conveniente aclarar una serie de extremos, tal 
como ha propuesto, asimismo, el Comité de Gobernadores. Habrá de aprobarse en cooperación 
con e! Parlamento Europeo. 
Reglamento orientado a precisar la disposición por la que se prohibe al sector público disponer 
de acceso privilegiado a las entidades financieras (artículo 104A del Tratado CE). La legislación 
derivada, que es obligatoria, cumple también el propósito de definir conceptos tales como 
"acceso privilegiado", "entidades financieras", "consideraciones prudenciales" y, como en el caso 
del artículo 104, "empresas públicas". Habrá de aprobarse en cooperación con el Parlamento 
Europeo. 
Reglamento sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (apartado 14 del 
artículo 104C del Tratado CE) Este Reglamento tiene por objeto establecer normas y 
definiciones pormenorizadas para la aplicación de lo dispuesto en el Protocolo sobre el 
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. En él se precisan las definiciones que habrán 
de utilizarse, incluida la de la deuda pública, y se fijan normas sobre la transmisión de 
información por los Estados miembros a la Comisión. Habrá de consultarse al Parlamento 
Europeo. 
Decisión sobre la fijación de la clave de reparto de las contribuciones de los bancos centrales a 
los recursos financieros del Instituto Monetario Europeo (apartado 2 del artículo 16 4e los 
Estatutos del IME). El objeto de esta Decisión es establecer las normas que la Comisión habrá 
de aplicar a la hora de facilitar datos relativos a la población y al producto interior bruto para la 
fijación de la citada clave de reparto. Habrá de consultarse al Parlamento Europeo, así como al 
Comité de Gobernadores y al Comité Monetario 
Se está elaborando aún otro texto legislativo en relación con el Instituto Monetario Europeo, pero no 
se adjunta a la presente Comunicación. Dicho texto se refiere a las consultas que habrán de celebrar 
las autoridades de los Estados miembros con el Instituto en relación con aquellos proyectos de 
disposiciones legales que pertenezcan al ámbito de competencias de este último. En su momento, la 
Comisión presentará, de manera informal, el correspondiente proyecto de propuesta. 
En el curso de este año, la Comisión propondrá asimismo ciertas modificaciones de modesto alcance 
de la legislación comunitaria, necesarias para completar la preparación de la segunda fase de la UEM. 
Anexo 
Pro puesta de 
REGLAMENTO (CEE) DEL CONSEJO SYN 466 
por el que se establecen definiciones para la aplicación de 
las prohibiciones a que se refieren 
el artículo 104 y el apartado 1 del artículo 104B 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
Exposición de motivos 
En la cumbre de Copenhague, cl Consejo Europeo invitó ala Comisión a presentar propuestas con 
respecto a cuantas medidas fuesen necesarias para el desarrollo de la segunda fase de la Unión 
Económica y Monetaria, de modo que el Consejo pudiese aprobarlas tras la entrada en vigor del 
gratado y antes del I de enero de 19()4. En respuesta a dicha solicitud y dada la falta de fundamento 
jurídico para la culopción de una propuesta jo mi al, la Comisión presenta el proyecto de propuesta 
adjunto. Su objeto es iniciar, con carácter informal, los debates necesarios con las instituciones 
comunitarias interesadas, para que los procedimientos formales puedan ponerse en marcha 
inmediatamente después de que entre en vigor el Tratado y concluir según lo previsto por el Consejo 
Europeo. Si bien la Comisión se propone presentar una propuesta formal en consonancia con el 
presente proyecto tras la entrada en vigor del Tratado, se reseiya la posibilidad de introducir 
modificaciones en función de las circunstancias. 
I. Introducción: consideraciones generales 
La política presupuestaria, a diferencia de la monetaria, no va a centralizarse en la tercera fase de la 
Unión Monetaria, sino que va a seguir siendo responsabilidad de los parlamentos y gobiernos de los 
Estados miembros. No obstante, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea contiene una serie 
de disposiciones tendentes a promover la disciplina presupuestaria. Los artículos 104 y 104B, junto 
con el artículo 104A, constituyen el grupo de disposiciones mediante las que se pretende intensificar 
la disciplina impuesta por los mecanismos de mercado. Dichas disposiciones se aplicarán ya desde 
el comienzo de la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria. 
La prohibición de que los bancos centrales financien directamente la deuda del sector público 
constituye, asimismo, un factor importante a la hora de garantizar su independencia. Las necesidades 
de financiación del sector público no deberán influir en las operaciones de política monetaria 
realizadas por los bancos centrales. 
Por último, la adquisición y tenencia por los bancos centrales de deuda del sector público, en tanto 
en cuanto sea remunerada a tipos inferiores a los de mercado, puede afectar a los ingresos monetarios 
del SEBC en su conjunto durante la tercera fase, reduciendo así los ingresos monetarios de los bancos 
centrales de todos los Estados miembros. 
El presente proyecto de Reglamento del Consejo, basado en los artículos 104 y 104B del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, precisa el significado de los términos "descubiertos y 
cualquier otro tipo de créditos" (artículo l del proyecto). Por otra parte, explica en qué condiciones 
determinadas formas de crédito derivadas del ejercicio de las funciones de agente del Tesoro no se 
consideran como créditos en el sentido de lo dispuesto en el artículo 104 (artículos 3 a 6 del presente 
proyecto). Asimismo define, tanto en lo relativo a los artículos 104 y 104B como en lo que se refiere 
al artículo 104A, y basándose en la legislación ya existente, el término "empresas públicas" y señala 
que los bancos centrales no forman parte del sector público (artículo 7 del proyecto). 
Se autoriza, por el momento, a Portugal y al Reino Unido a mantener determinadas disposiciones que 
cabría considerar prohibidas con arreglo al artículo 104. Tales autorizaciones están recogidas en el 
Protocolo sobre Portugal y en el apartado 11 del Protocolo sobre determinadas disposiciones relativas 
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
II. Comentarios a los artículos 
Artículo 1 - Descubiertos y cualquier otro tipo de créditos 
El artículo 1 especifica que la deuda a plazo fijo que haya sido adquirida con anterioridad al 1 de 
enero de 1994 no está comprendida en la definición de "descubiertos y cualquier otro tipo de 
créditos", por lo que puede conservarse hasta su vencimiento Los saldos vivos de los descubiertos 
y de cualquier otro tipo de créditos deberán amortizarse o convertirse en deuda a plazo fijo antes del 
1 de enero de 1994. A partir de dicha fecha, las leyes y estatutos de los bancos centrales de los 
Estados miembros no podrán seguir contemplando la posibilidad de autorizar descubiertos o conceder 
otras formas de crédito; no bastará que tales créditos hayan dejado de concederse en la práctica. 
Artículo 2 - Adquisiciones directas 
2.1 Aun cuando el artículo 104 prohibe la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier 
otro tipo de créditos, así como la adquisición directa de instrumentos de deuda del sector público, no 
menciona expresamente las adquisiciones en el mercado secundario. La razón de tal omisión es que, 
en la mayor parte de los países, es esencial que haya un mercado de efectos del Estado de gran 
amplitud y liquidez para poder llevar a cabo las operaciones de mercado abierto. Con ello no se 
pretende, desde luego, brindar a los bancos centrales la posibilidad de eludir la prohibición de 
financiar al sector público. El presente proyecto de propuesta lo indica con claridad al declarar 
compatibles con el artículo 104 las adquisiciones en el mercado secundario únicamente cuando 
obedecen a razones de política monetaria. La disposición que exige el compromiso de los Estados 
miembros de no influir en los órganos de decisión de los bancos centrales nacionales a este respecto 
se refiere tan sólo a la financiación del sector público por los bancos centrales y no pretende anticipar 
en modo alguno la independencia de éstos. 
2.2 El artículo 104 no especifica si la prohibición atañe únicamente a los bancos centrales y las 
Administraciones del mismo país o si es aplicable a los créditos transfronterizos. Durante la segunda 
fase de la UEM, las adquisiciones directas de instrumentos de deuda negociables del sector público 
por el banco central de otro país comunitario no tienen las mismas implicaciones que la intervención 
directa del banco central nacional en el mercado, ya que, en el primer caso, el banco central no crea 
dinero en el país deudor. Se trata, más bien, de operaciones de carácter comercial que cabe enmarcar 
en el contexto de la gestión de reservas en divisas. Por lo demás, en tanto en cuanto los instrumentos 
de deuda considerados sean negociables, es poco probable que las citadas operaciones influyan en 
los efectos de los mecanismos de mercado sobre la deuda pública 
* * * 
El hecho de que, en ocasiones, los créditos no sean sino un "subproducto" en el contexto de 
operaciones con el sector público no los exime, en principio, de la aplicación del artículo 104. Los 
artículos 3 a 6 precisan qué operaciones no están incluidas en la definición de "descubiertos o 
cualquier otro tipo de créditos" Estas excepciones se asientan en el principio de que el artículo 104 
no debería ser obstáculo para que los bancos centrales de los Estados miembros desempeñen 
eficazmente sus funciones como agentes del Tesoro (artículo 21 de los Estatutos del SEBC). 
Artículo 3 - Créditos intra-día 
En muchos países, los bancos centrales administran la totalidad de las cuentas principales de la 
Administración central y todos los pagos e ingresos de la Administración central pasan directamente, 
o se canalizan indirectamente, a través de dichas cuentas. El Estado recibe créditos intra-día cuando 
el banco central efectúa pagos en su nombre en tiempo real y se crean posiciones deudoras netas en 
el curso del día. En sentido estricto, el crédito intra-día constituye una forma de financiación del 
sector público por el banco central a muy corto plazo. 
En la evolución de los modernos sistemas de pagos, se observa una tendencia en favor de sistemas 
de liquidación bruta en tiempo real. El artículo 104 no debería ser obstáculo para que los bancos 
centrales desempeñen eficazmente sus funciones como agentes del Tesoro, incluidas las operaciones 
de pago. Por otra parte, dada la extrema brevedad de los plazos y el carácter técnico de los créditos 
intra-día, no cabe esperar repercusiones para el desarrollo de una política monetaria independiente 
en la tercera fase de la UEM Por último, la existencia de créditos intra-día no reduce el efecto de los 
mecanismos de mercado sobre el endeudamiento público No obstante, a fin de evitar la inobservancia 
del artículo 104, en la definición de crédito intra-día se excluye expresamente cualquier posible 
prórroga al día siguiente. 
Artículo 4 - Cobro de cheques 
Este artículo enuncia los procedimientos admitidos para el cobro de cheques por los bancos centrales 
por cuenta del Estado. Tales procedimientos pueden suponer financiación a corto plazo del banco 
central (sin interés) si el banco central abona al Tesoro los cheques emitidos en favor del mismo por 
el sector privado en el momento preciso de su recepción, o muy poco después, y los correspondientes 
adeudos en las cuentas de los bancos de los emisores de los cheques se efectúan uno o varios días 
después (desfase). 
En principio, un desfase a favor del Tesoro en el cobro de cheques constituye una forma de crédito 
a corto plazo y sería, pues, contrario al artículo 104. Si bien las consecuencias directas de tal desfase 
pueden revestir escasa importancia, la gestión de los recursos líquidos a corto plazo puede verse 
afectada. 
En consecuencia, los cheques no deberían, en principio, abonarse en la cuenta del Tesoro antes de 
haberse adeudado al librador; sin embargo, es difícil respetar esta secuencia en cada caso, por lo que, 
atendiendo a razones de coste y eficiencia, en determinadas circunstancias es posible adoptar un 
enfoque más pragmático. La solución elegida en el artículo 3 establece plazos fijos entre la recepción 
del cheque por el banco central y el abono en la cuenta del Tesoro. Dichos plazos deberán 
corresponder a los aplicados habitualmente en los Estados miembros y habrán de fijarse de manera 
tal que se asegure en promedio la neutralidad de las operaciones en términos de efectos sobre el 
crédito. 
Artículo 5 - Tenencia de moneda metálica 
En la mayor parte de los países comunitarios, el Tesoro acuña la moneda metálica y el banco central 
la pone en circulación. En algunos casos, el banco central realiza un abono en la cuenta del Tesoro 
antes de poner la moneda en circulación y no realiza el correspondiente adeudo en dicha cuenta 
cuando ésta vuelve a su poder 
Esta operación constituye, en principio, una forma de crédito (sin interés). Con todo, en algunos 
países sería bastante difícil, si no imposible, aplicar, de manera rigurosa, el principio según el cual 
se permite al banco central realizar un abono en la cuenta del Tesoro sólo después de haber puesto 
la moneda en circulación e, inversamente, se le obliga a adeudar de inmediato en la cuenta del Tesoro 
el contravalor de la moneda que vuelva a su poder. En cambio, debería permitirse (aunque no 
exigirse) a los bancos centrales la tenencia de moneda acuñada por el Tesoro dentro de un 
determinado límite. Por razones prácticas, se propone un límite equivalente al 10% de la moneda 
metálica en circulación. 
Artículo 6 - Créditos destinados al cumplimiento de obligaciones 
monetarias internacionales 
Dado que el FMI es un organismo intergubernamental, corresponde a sus países miembros cumplir 
los compromisos contraídos con arreglo al mecanismo de apoyo a las balanzas de pagos del Fondo 
y a los bancos centrales actuar en calidad de agentes del Tesoro. En la mayor parte de los Estados 
miembros, es el banco central el que financia tales préstamos en última instancia y los incluye en su 
balance. De manera análoga, el mecanismo comunitario de apoyo financiero a medio plazo a las 
balanzas de pagos prevé la concesión de créditos mediante el recurso a los Estados miembros; en tal 
caso, la práctica habitual en algunos de ellos consiste en financiar dichos préstamos a través del banco 
central y no con cargo a los presupuestos. 
Desde una óptica estrictamente formal, estas operaciones suponen la financiación del sector público 
por el banco central; sin embargo, desde el punto de vista económico, no están en contradicción con 
los objetivos del artículo 104. Por consiguiente, debería permitirse (aunque no exigírseles) a los 
bancos centrales nacionales la concesión de préstamos a la Administración central con tal finalidad. 
Artículo 7 -Definición del sector público 
La definición de organismos del sector público recogida en el artículo 104 y en el apartado 1 del 
artículo I04B se considera clara y completa. Conviene, no obstante, hacer dos precisiones. En el 
apartado I se definen las empresas públicas basándose en la definición contenida en la 
Directiva 80/723/CEE de la Comisión; sin embargo, las excepciones contempladas en la referida 
Directiva no son procedentes a los efectos del artículo 104 y del apartado 1 del artículo 104B. La 
utilización de esta definición garantiza la coherencia del artículo 104A del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea con la legislación derivada. 
El apartado 2 puntualiza que el BCE y los bancos centrales nacionales no se incluyen en la definición 
del sector público con objeto de permitir, entre otras cosas, que los bancos centrales se concedan 
créditos entre sí. 
Propuesta de 
REGLAMENTO (CEE) DEL CONSEJO 
por el que se establecen definiciones para la aplicación 
de las prohibiciones a que se refieren el artículo 104 
y el apartado I del artículo I04B del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el Tratado de la Unión Europea, 
y, en particular, su artículo 104 y el apartado 2 de su artículo 104B, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Considerando que el artículo 104 y el apartado I del artículo 104B son directamente aplicables; que las 
definiciones contenidas en los mismos pueden precisarse, si procede; 
Considerando que la prohibición de que los bancos centrales financien directamente a los organismos 
públicos, a que se refiere el artículo 104, constituye un factor esencial a la hora de someter las operaciones 
de financiación del sector público a la disciplina del mercado, contribuyendo así a evitar la creación de 
déficit excesivos; 
Considerando que la aclaración del término "descubiertos y cualquier otro tipo de créditos" ofrece 
seguridad jurídica en lo que se refiere al tratamiento de créditos vivos a 31 de diciembre de 1993; 
Considerando que la adquisición directa, en el mercado secundario, de valores emitidos por los organismos 
públicos, a que se refiere el artículo 104, son importantes para el desarrollo de la política monetaria; que, 
no obstante, si no se realiza exclusivamente con fines de política monetaria, dicha adquisición ofrece la 
posibilidad de sustraerse al artículo 104 y a sus objetivos; 
Considerando que, durante la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria, la adquisición directa por 
el banco central de un Estado miembro de instrumentos de deuda negociables emitidos por el sector público 
de otro Estado miembro no afecta negativamente al desarrollo de la política monetaria ni al efecto de los 
mecanismos de mercado en la deuda del sector público, que tal operación reviste un carácter 
fundamentalmente comercial y ha de enmarcarse en el contexto de la gestión de reservas en divisas; 
Considerando que el crédito otorgado por los bancos centrales al sector público puede revestir diversas 
formas; que los créditos que se deriven del desfase registrado entre los abonos y los adeudos 
correspondientes a operaciones realizadas por el Banco Central Eiuropeo o por los bancos centrales de los 
Estados miembros por cuenta del sector público constituyen, en principio, una forma de crédito; que, no 
obstante, el apartado 2 del artículo 21 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del 
Banco Central Europeo permite expresamente a los bancos centrales de los Estados miembros el ejercicio 
9 
de los Estados miembros por cuenta del sector público constituyen, en principio, una forma de 
crédito; que, no obstante, el apartado 2 del artículo 21 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales y del Banco Central Europeo permite expresamente a los bancos centrales de los Estados 
miembros el ejercicio de las funciones de agentes del Tesoro, que, por consiguiente, es preciso 
establecer excepciones al principio general en lo que respecta a operaciones específicas; 
Considerando que los créditos intra-día otorgados por los bancos centrales al sector público pueden 
resultar de utilidad para el correcto funcionamiento de los sistemas de pagos y se ajustan a los 
objetivos del artículo 104, siempre y cuando no se prorroguen al día siguiente; 
Considerando que la prohibición de que los bancos centrales financien directamente los déficit 
presupuestarios no debe ser obstáculo para que desempeñen eficazmente sus funciones como agentes 
del Tesoro; que, por lo tanto, el cobro de cheques por los bancos centrales por cuenta del Estado no 
debe quedar prohibido por el artículo 104, siempre y cuando ello no implique, de manera general, la 
concesión de crédito por el banco central al Estado; 
Considerando que la tenencia por los bancos centrales de moneda metálica acuñada por el Tesoro 
constituye en principio una forma de crédito sin interés al Estado; que, no obstante, en algunos países 
resultaría difícil, cuando no imposible, prohibir dicha forma de crédito; 
Considerando que los créditos otorgados por los bancos centrales a sus correspondientes Estados en 
cumplimiento de los compromisos contraídos con arreglo al mecanismo de apoyo a las balanzas de 
pagos del FMI y al mecanismo de apoyo financiero a medio plazo previsto por el Reglamento(CEE) 
n° 1969/88 del Consejo'1', tienen por objeto la concesión de préstamos a otros países para apoyar sus 
balanzas de pagos; 
Considerando que la prohibición prevista en el artículo 104 y en el apartado 1 del artículo 104B es 
aplicable a las empresas públicas; que dichas empresas están definidas en la Directiva 80/723/CEE 
de la Comisión(2), modificada por la Directiva 85/413/CEE(í;; que la citada Directiva contempla 
excepciones en relación con la definición de empresas públicas que no proceden en el contexto del 
artículo 104 y del apartado I del artículo I04B; 
Considerando que conviene puntualizar los anteriores extremos; 
Considerando que las definiciones del presente Reglamento podrán ser revisadas, en su caso, en 
función de la experiencia y con vistas a la instauración del Sistema Europeo de Bancos Centrales y 
a la aplicación de una política monetaria común en la tercera fase de la UEM, 
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
(,) DO n° L 178 de 8.7. 1988, p. I 
,?) DO n° L 195 de 29.7.1980, p. 35 
0) DO n° L 229 de 28.8.1985, p. 20 
Artículo I 
(Descubiertos y cualquier otro tipo de créditos) 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 104, se entenderá por "descubiertos o cualquier otro tipo de 
créditos" aquellos que el Banco Central Europeo ("BCE") o los bancos centrales de los Estados miembros 
("bancos centrales nacionales") autoricen o concedan en favor de instituciones u organismos comunitarios, 
Administraciones centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de 
Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros (denominados en lo sucesivo "sector 
público"). No se considerarán créditos los derechos con vencimiento fijo adquiridos con anterioridad al 1 
de enero de 1994. 
Artículo 2 
(Adquisiciones directas) 
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 104, se considerará adquisición directa la adquisición por el 
BCE o los bancos centrales nacionales de instrumentos de deuda emitidos por el sector público en el 
mercado secundario, salvo cuando tal operación se realice exclusivamente con fines de política monetaria 
y a menos que los Estados miembros se comprometan a no influir en los órganos de decisión de los bancos 
centrales nacionales a este respecto. 
2. Durante la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria, no se considerará adquisición directa, 
a efectos de lo dispuesto en el artículo 104, la adquisición por el banco central nacional de un Estado 
miembro de instrumentos de deuda negociables emitidos por el sector público de otro Estado miembro, 
siempre y cuando tal operación se efectúe con la única finalidad de gestionar las reservas en divisas 
Artículo 3 
(Créditos intra-día) 
Los créditos que el BCE o los bancos centrales nacionales concedan al sector público con vencimiento en 
el día no se considerarán créditos a efectos de lo dispuesto en el artículo 104, siempre y cuando no se 
prorroguen al día siguiente. 
Aitículo 4 
(Cobro de cheques) 
Cuando el BCE o los bancos centrales nacionales reciban del sector público, para su cobro, cheques 
emitidos por terceros y los abonen en la cuenta del sector público antes de que se produzca el adeudo en 
la del emisor, dicho desfase no se considerará crédito siempre y cuando haya transcurrido un plazo fijo 
desde la recepción del cheque y dicho desfase se corresponda con el plazo medio en el cobro de cheques 
en cada Estado miembro, de modo que cualquier posible desviación sea excepcional, de pequeña cantidad 
y compensada en el corto plazo. 
Artículo 5 
(Tenencia de moneda metálica) 
La tenencia por el BCE o los bancos centrales nacionales de moneda metálica acuñada por el sector público 
no se considerará crédito a efectos de lo dispuesto en el artículo 104, siempre que no rebase el 10% de la 
moneda metálica en circulación. 
Artículo 6 
(Créditos destinados al cumplimiento de 
obligaciones monetarias internacionales) 
Los créditos concedidos al sector público por el BCE o los bancos centrales nacionales en cumplimiento 
de los compromisos contraídos con arreglo al mecanismo de apoyo a las balanzas de pagos del FMI o al 
apoyo financiero a medio plazo concedido en aplicación del Reglamento (CEE) n° 1969/88, no se 
considerarán créditos a efectos de lo dispuesto en el artículo 104. 
Artículo 7 
(Sector público) 
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 104 y en el apartado 1 del artículo 104B, se entenderá por 
"empresas públicas" aquellas en las que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una 
influencia dominante en razón de su propiedad, de su participación financiera o de las normas que las rijan. 
2 A efectos de lo dispuesto en el artículo 104 y en el apartado I del articulo I04B, se considerará que 
el BCE y los bancos centrales nacionales no forman parte del sector público 
Artículo 8 
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1994. 
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro. 
Hecho en Bruselas, el 
Por el Consejo 
El Presidente 
12 
Anexo 2 
Propuesta de 
REGLAMENTO (CEE) DEL CONSEJO SYN 467 
por el que se establecen las definiciones para la 
aplicación de la prohibición del acceso privilegiado a que se 
refiere el artículo 104A del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
13 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la cumbre de Copenhague, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar propuestas con 
respecto a cuantas medidas fuesen necesarias para el desarrollo de la segunda fase de la Unión 
Económica y Monetaria, de modo que el Consejo pudiese aprobarlas tras la entrada en vigor del 
Tratado y antes del I de enero de 1994. En respuesta a dicha solicitud y dada la falta de fundamento 
jurídico para la adopción de una propuesta formal, la Comisión presenta el proyecto de propuesta 
adjunto. Su objeto es iniciar, con carácter informal, los debates necesarios con las instituciones 
comunitarias interesadas, para que los procedimientos formales puedan ponerse en marcha 
inmediatamente después de que entre en vigor el Tratado y concluir según lo previsto por el Consejo 
Europeo. Si bien la (omisión se propone presentar una propuesta formal en consonancia con el 
presente proyecto tras la entrada en vigor del Tratado, se reserva la posibilidad de introducir 
modificaciones en función de las circunstancias. 
I. INTRODUCCIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES 
La prohibición del acceso privilegiado (artículo 104A), junto con la prohibición de la financiación 
directapor los bancos centrales (artículo 104)y lacláusulainhibitoria(artículo 104B) están orientadas 
a impedir que los poderes públicos se sustraigan a la disciplina del mercado en sus operaciones de 
financiación. El respeto del mecanismo de precios servirá de acicate para que las autoridades apliquen 
una política presupuestaria rigurosa y evitar, con ello, la aparición de déficit excesivos. 
La prohibición del acceso privilegiado entrará en vigor el I de enero de 1994, cuando comience la 
segunda fase de la Unión Económica y Monetaria. La aplicación de la citada prohibición requiere que 
en la legislación derivada se definan los cuatro términos siguientes: 
acceso privelegiado 
consideraciones prudenciales 
empresas públicas 
entidades financieras 
El contenido de las definiciones se explica con mayor detalle en los comentarios sobre los artículos. 
». COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS 
Artículo 1 - Definición del acceso privilegiado 
El concepto de acceso privilegiado se refiere a los derechos que se ostentan frente al sector público 
(p. ej.: valores emitidos por el sector público o préstamos concedidos al mismo), y no incluye, por 
tanto, los depósitos del sector público 
La prohibición alcanza no sólo a aquellas disposiciones que obligan directamente a las entidades 
financieras a poseer deuda pública, sino también a aquellas que indirectamente tengan el mismo 
efecto. La formulación es semejante a la del artículo 85 del Tratado CEE relativo a la política de 
competencia. 
La referencia a la compatibilidad con las condiciones de mercado, basada en el texto de los artículos 
3 A y 102A del Tratado de la Unión Europea, no implica que el sector público no pueda beneficiarse 
de un trato favorable merced al crédito de que normalmente disfruta. 
14 
Por otra parte, el texto no permite considerar acceso privilegiado aquellas obligaciones que sean 
conformes al principio de libre mercado (p. ej.: la obligación de que los operadores del mercado 
primario negocien en deuda pública). De modo análogo, la obligación de ofrecer condiciones 
especiales para la financiación de las viviendas sociales, a que están sujetas determinadas entidades 
financieras, es asimismo compatible con la prohibición del acceso privilegiado. 
Las bonificaciones de intereses, o las transferencias de otro tipo entre distintas partes del sector 
público, que suponen de hecho una reducción del coste de los préstamos, no se consideran acceso 
privilegiado en tanto en cuanto la entidad financiera obtenga el precio de mercado. 
La prohibición se refiere únicamente al acceso privilegiado a las entidades financieras; no se prohibe, 
en cambio, el acceso privilegiado a los mercados financieros. Ello significa, por ejemplo, que las 
ventajas fiscales que favorecen la adquisición de deuda del sector público y de las que puede 
beneficiarse todo el mundo no están incluidas en la prohibición. Sí se prohibe, en cambio, la 
concesión a las entidades financieras de ventajas fiscales por la adquisición de derechos del sector 
público. 
Con objeto de agilizar el texto, las entidades enumeradas en el artículo 104A que no pueden disfrutar 
de acceso privilegiado se designan, genéricamente, como "sector público". 
Articulo 2 - Definición de consideraciones prudenciales 
Las medidas prudenciales pueden favorecer el acceso privilegiado, ya que propician la tenencia de 
deuda pública, que, en condiciones normales, conlleva muy escaso riesgo En efecto, los títulos de 
deuda pública suelen estar dotados de bastante liquidez y el Estado es, en principio, un deudor fiable 
debido a sus prerrogativas para recaudar impuestos, lo que justifica la imposición a las entidades 
financieras de determinadas normas prudenciales que se traducen en la tenencia de dichos títulos. 
Ahora bien, la supervisión prudencial no puede convertirse en una manera de eludir la prohibición 
del acceso privilegiado. 
Las consideraciones prudenciales se definen atendiendo al sistema financiero en su conjunto, a las 
entidades financieras y a los clientes. Por consiguiente, las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas nacionales referidas a las entidades financieras, que regulen aspectos no recogidos 
en la legislación comunitaria, constituyen referencias válidas a efectos de las consideraciones 
prudenciales, siempre y cuando respeten la legislación comunitaria 
La formulación implica que aquellas normas comunitarias en que se contempla un tratamiento 
privilegiado para los títulos de deuda pública -p. ej.: dentro del sistema de ponderaciones aplicadas 
para el cálculo del coeficiente de solvencia, o de los requisitos de diversificación impuestos a los 
OICVM- son compatibles con la prohibición del acceso privilegiado, dado que están basadas en 
condiciones prudenciales. Lo mismo cabe decir de determinadas disposiciones relativas a los seguros 
de vida y no de vida, que, en virtud de las Directivas del Consejo aprobadas recientemente, no se 
derogarán hasta el I 07 1994, en tanto que la prohibición del acceso privilegiado entrará en vigor el 
I de enero de 1994. 
15 
Artículo 3 - Definición de empresas públicas 
La lista que figura en el artículo 104A, que enumera aquellas entidades que no pueden beneficiarse del 
acceso privilegiado (el sector público) se considera clara y completa, salvo en lo que se refiere a las 
empresas públicas, cuya definición figura en el apartado I Dicha definición reproduce la que se da en la 
Directiva 80/723/CEE de la Comisión0' relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los 
Estados miembros y las empresas públicas. Se ha considerado preferible reproducir por entero la definición 
a recoger meramente la referencia a una Directiva de la Comisión, que puede modificarse sin la 
intervención del Consejo 
El apartado 2 especifica que los bancos centrales de los Estados miembros y el Banco Central Europeo no 
pueden incluirse en el sector público y que, por tanto, pueden obligar a las entidades financieras a ostentar 
derechos frente al banco central por motivos de política monetaria (por ejemplo, reservas mínimas 
obligatorias). 
No obstante, los instrumentos de política monetaria no deben determinarse de tal modo que sólo pueda 
obtenerse crédito del banco central a través de derechos frente al sector público, por ejemplo, en forma de 
garantías o en operaciones de mercado abierto Sin embargo, nada se opone a que determinadas 
operaciones se limiten a derechos específicos frente al sector público que reúnan ciertas características. 
Artículo 4 - Definición de entidades financieras 
En el apartado I, las entidades financieras se definen con referencia a la legislación comunitaria vigente. 
Se ha incluido, además, una cláusula de carácter general que será de aplicación si aún no se han aprobado 
normas comunitarias en relación con determinadas entidades financieras 
El apartado 2 excluye los bancos centrales de los Estados miembros y el Banco Central Europeo, ya que 
sus relaciones con el sector público se regulan en el artículo 104. Si bien las cajas postales están obligadas 
a poner a disposición del sector público los fondos que obran en su poder, se han excluido de la definición 
por no constituir una entidad financiera suficientemente diferenciada de las Administraciones públicas. 
(\) DO n° L 195 de 29 07.1980, p 35 
Propuesta de 
REGLAMENTO (CEE) DEL CONSEJO 
por el que se establecen las definiciones para la 
aplicación de la prohibición del acceso privilegiado a que se 
refiere el artículo 104A del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el Tratado de la Unión Europea, 
y en particular el apartado 2 de su artículo 104A, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Considerando que la prohibición del acceso privilegiado es fundamental para someter las operaciones de 
financiación del sector público a la disciplina del mercado, y contribuye, por tanto, a evitar déficit 
excesivos; 
Considerando que si bien las excepciones a la prohibición del acceso privilegiado están justificadas si 
vienen motivadas por consideraciones prudenciales, dichas excepciones deben ser siempre compatibles, 
en particular, con la legislación comunitaria sobre liberalización de los movimientos de capitales; 
Considerando que la prohibición del Artículo 104A es de aplicación a las empresas públicas; que las 
empresas públicas quedan definidas en la Directiva 80/723/CEE de la Comisión(1), modificada por la 
Directiva 85/413/CEE<2); que dicha Directiva contempla excepciones a la definición de empresas públicas 
que no proceden en relación a la prohibición del Artículo 104A; 
Considerando que el acceso privilegiado se refiere al acceso a las entidades financieras y no a los mercados 
financieros; que las Directivas del Consejo 89/646/CEE(í\ modificada por la Directiva 92/30/CEE(4j, y 
91/308/CEE(5) dan distintas definiciones de las entidades financieras; que ninguna de estas Directivas 
ofrece una definición de las entidades financieras que resulte adecuada a los efectos de la prohibición del 
acceso privilegiado; 
(i) 
(2) 
O) 
(4; DO n° L 195 de 29.7.1980, p. 35 
DO n° L 229 de 28 8.1985, p. 20 
DO n° L 386 de 30.12.1989, p. I 
DO n° L 110 de 28.4 1992, p 52 
DO n° L 166 de 28.6.1991, p. 77 
17 
Considerando que los bancos centrales de los Estados miembros y el Banco Central Europeo mantienen 
una relación especial con las entidades financieras y, en particular, con las entidades de crédito, que pueden 
ser obligadas, por motivos de política monetaria, a mantener pasivo de los bancos centrales de los Estados 
miembros o del Banco Central Europeo; que los bancos centrales de los Estados miembros y el Banco 
Central Europeo deben, no obstante, tener en cuenta la prohibición de acceso privilegiado al crear y utilizar 
instrumentos de política monetaria que incluyan principalmente títulos de deuda del sector público, y, por 
consiguiente, no pueden tomar medidas que supongan un acceso privilegiado del sector público a las 
entidades financieras; que por parte de los bancos centrales de los Estados miembros y el Banco Central 
Europeo existe una relación especial con el sector público a que se refiere el artículo 104 del Tratado; 
Considerando que las definiciones del presente Reglamento podrán revisarse, en su caso, en función de la 
experiencia, 
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
Artículo 1 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 104A, se entenderá por "cualquier medida que establezca un acceso 
privilegiado" toda disposición legal, reglamentaria o de otro tipo que no se atenga al principio de una 
economía abierta de mercado y libre competencia y que obligue a las entidades financieras a adquirir o 
mantener derechos frente a instituciones u organismos comunitarios, Administraciones centrales, 
autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, otros organismos de Derecho público o 
empresas públicas de los Estados miembros (en lo sucesivo denominados "sector público"), o que tenga 
por objeto o efecto tal adquisición o posesión. 
Artículo 2 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 104A, se entenderá por "consideraciones prudenciales" las referidas 
a disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales que se basen en el Derecho 
comunitario o sean conformes al mismo y que estén destinadas a promover la solvencia de cada entidad 
financiera, con el fin de reforzar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y la protección de los 
clientes de dichas entidades financieras. 
Artículo 3 
I A efectos de lo dispuesto en el artículo 104A, se entenderá por "empresas públicas" aquellas en las 
que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de 
su propiedad, de su participación financiera o de las normas que las rijan. 
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 104A, se considerará que los bancos centrales de los Estados 
miembros y el Banco Central Europeo no forman parte del sector público. 
Dicha exclusión se entenderá sin perjuicio de la observancia del artículo 104 A por parte de los bancos 
centrales de los Estados miembros y del Banco Central Europeo 
Artículo 4 
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 104A, se considerarán "entidades financieras": 
las entidades de crédito, tal como se definen en el primer guión del artículo l de la Directiva 
77/780/CEE del Consejo*'*, 
las empresas de seguros, tal como se definen en el artículo I de la Directiva 92/49/CEE del Consejo'7\ 
las empresas de seguros, tal como se definen en la letra a) del artículo 1 de la Directiva 92/96/CEE del 
Consejow, 
los OICVM, tal como se definen en el apartado 2 del artículo I de la Directiva 85/611/CEE del 
Consejo(<)\ 
las empresas de inversión, tal como se definen en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 
93/22/CEE del Consejo' u,\ 
los organismos de previsión para la jubilación, tal como se definen en la Directiva ../../CEE del 
Consejo(1,), 
otras empresas o entidades cuya actividad principal consista en adquirir activos financieros o en 
transformar derechos financieros. 
2. Se considerará que las siguientes entidades no forman parte de las entidades financieras definidas en 
el apartado 1 : 
los bancos centrales de los Estados miembros y el Banco Central Europeo, 
las cajas postales, cuando estén integradas en las Administraciones públicas. 
",) DO n° L 322 de 17.12.1977, p 30 
'" DO n° L 228 de I I 8 1992, p. I 
(X) DO n° L 360 de 9 12 1992, p I 
(,,) DO n° L 375 de 31.12.1985, p.3 
(lü) DO n° L 141 de 11.6.1993, 27 
(,,) DOn°L 
Artículo 5 
El presente Reglamento entrará en vigor el I de enero de 1994 
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro. 
Hecho en Bruselas, el 
Por el Consejo 
El Presidente 
20 
Anexo 3 
Propuesta de 
REGLAMENTO (CEE) DEL CONSEJO 
relatívo a la aplicación de las disposiciones 
del Protocolo sobre el procedimiento aplicable 
en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea 
21 
Exposición de motivos 
En la cumbre de i 'openhague, el Consejo Europeo invitó a la ( "omisión a presentar propuestas con 
respecto a cuantas medidas fuesen necesarias para el desarrollo de la segunda fase de la Unión 
Económica y Monetaria, de modo que el Consejo pudiese aprobarlas tras la entrada en vigor del 
Tratado y antes del I de enero de 1994. En respuesta a dicha solicitud y dada la falta de fundamento 
jurídico para la adopción de una propuesta formal, la ("omisión presenta el proyecto de propuesta 
adjunto. Su objeto es iniciar, con carácter informal, los debates necesarios con las instituciones 
comunitarias interesadas, para que los procedimientos formales puedan ponerse en marcha 
inmediatamente después de que entre en vigor el Tratado y concluir según lo previsto por el Consejo 
Europeo. Si bien la Comisión se propone presentar una propuesta formal en consonancia con el 
presente proyecto tras la entrada en vigor del Tratado, se reserva la posibilidad de introducir 
modificaciones en función de ¡as circunstancias. 
1 Cgnsideraçipnes generales 
A partir del momento en que dé comienzo la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria 
(UEM), el apartado 4 del artículo 109E exige que los Estados miembros procuren evitar los déficit 
públicos excesivos, sin que exista todavía la obligación legal de evitar tales déficit, a la que estarán 
sujetos los Estados miembros que participen en la tercera fase o los que se acojan a una excepción. 
La importancia de esta cláusula, por la que se exige que los Estados miembros no escatimen 
esfuerzos, se deriva del hecho de que la consecución de un saldo presupuestario público que no arroje 
un déficit excesivo, de acuerdo con lo definido en el apartado 6 del artículo 104C, es uno de los 
criterios por los que se guiarán la Comisión y el Instituto Monetario Europeo para comprobar si se 
ha alcanzado un grado elevado de convergencia sostenible, en los informes que elaborarán antes de 
que se inicie la tercera fase. 
Aun cuando no exista, pues, obligación legal de evitar los déficit excesivos en la segunda fase, está 
claro que el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, descrito en el artículo 104C, y el 
Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo que figura en anexo al Tratado 
(en lo sucesivo denominado "el Protocolo") no deberían establecer una distinción entre la segunda 
y la tercera fase al determinar si un déficit es excesivo. Esto se aplica, en particular, a las tareas 
asignadas a la Comisión en los apartados 2 y 3 del artículo I04C del Tratado. 
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 104C, la Comisión " supervisará la evolución 
de la situación presupuestaria y del nivel de endeudamiento público de los Estados miembros con el 
fin de detectar errores manifiestos. En particular, examinará la observancia...". De esta disposición 
se desprende claramente que la labor de supervisión de la Comisión no debería restringirse a los dos 
criterios mencionados en el apartado 2 del artículo 104C, sino hacerse extensiva a la evolución de la 
situación presupuestaria general Esta interpretación viene confirmada por dos factores. En primer 
lugar, la Comisión puede elaborar un informe si, aun cumpliéndose los requisitos según ambos 
criterios, considera que existe un riesgo de déficit excesivo en un Estado miembro y actúa, entonces, 
en función de datos distintos de aquellos en que se basan dichos criterios. En segundo lugar, la 
Comisión debe considerar en su informe "si el déficit público supera los gastos públicos de inversión, 
así como todos los demás factores pertinentes, incluida la situación económica y presupuestaria a 
medio plazo del Estado miembro". Por consiguiente, para llevar a cabo las tareas que se le asignan, 
la Comisión debe supervisar una amplia gama de información, no sólo en el ámbito presupuestario 
sino también en el económico 
22 
En el Protocolo, el Tratado establece los valores de referencia de ambos criterios, esto es, el déficit 
y la deuda públicos (art. I ), una serie de definiciones de las variables utilizadas en el procedimiento 
relativo a los déficit excesivos (art. 2), una serie de obligaciones para los Estados miembros (art. 3) 
y la obligación para la Comisión de facilitar los datos estadísticos pertinentes (art. 4). El apartado 14 
del artículo 104C del Tratado, que constituye el fundamento jurídico del presente Reglamento, 
dispone que el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo, fije normas de desarrollo y definiciones para la aplicación de las disposiciones del 
Protocolo. Por consiguiente, el objeto del presente Reglamento es establecer definiciones más 
detalladas para la aplicación del Protocolo y fijar normas para la notificación por parte de los Estados 
miembros. 
Varias definiciones del Protocolo hacen referencia al Sistema Europeo de Cuentas Económicas 
Integradas (SEC). El Reglamento proporciona una definición más precisa al dar los códigos de 
clasificación utilizados en la segunda edición del SEC,1;. La definición de deuda pública, en la que 
el Protocolo no hacía referencia al SEC, se ha precisado, en parte mediante los códigos de 
clasificación del SEC. Si bien el SEC se estableció en estrecha colaboración con los Estados 
miembros, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (OECE) siempre ha asumido, en 
última instancia, la responsabilidad. Este reparto de la responsabilidad seguirá siendo válido en las 
nuevas ediciones del SEC y en las cuestiones relativas a su interpretación. La Comisión deberá 
cambiar los códigos de clasificación en el Reglamento si se modifican en las nuevas ediciones del 
SEC 
Los Estados miembros deben notificar sus datos a la Comisión "sin demora y de forma periódica". 
Plantea aquí un problema la transición entre las cuentas públicas utilizadas a efectos nacionales y las 
definiciones armonizadas necesarias en el procedimiento relativo a los déficit excesivos. Dado que 
los listados miembros deben comunicar sus datos (con arreglo a las definiciones del Tratado) a la 
Comisión sin demora y que, de acuerdo con el Protocolo, deben garantizar que los procedimientos 
nacionales en materia presupuestaria les permitan atender a sus obligaciones en dicho ámbito, se 
presume que los Estados miembros comunicarán los datos definidos en el Tratado conforme 
dispongan de los nuevos datos definidos según los usos internos. No obstante, habida cuenta de que 
podrán necesitar cierto tiempo para pasar de la definición nacional a la del Protocolo, se propone 
establecer un sistema de notificación bianual con los requisitos mínimos que habrán de cumplir los 
Estados miembros en materia de plazos de notificación. 
Como la Comisión debe supervisar más datos de los que resultan estrictamente necesarios a efectos 
de los criterios de déficit y deuda establecidos en el apartado 2 del artículo 104C, el Reglamento 
menciona una serie de datos adicionales cuya transmisión a la Comisión se considera redunda en 
beneficio de los Estados miembros. La solución alternativa, consistente en que sea la Comisión la que 
recogiese tales datos, implicaría que ésta tomase decisiones políticamente delicadas a partir de datos 
de los que los Estados miembros no se han hecho responsables. Por ello, se ha incluido esta serie 
limitada de datos entre las definiciones y los datos que deben facilitarse a la Comisión. 
"J Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, Sistema Europeo de Cuentas 
Integradas-S EC, segunda edición, noviembre de 1978. 
23 
II. Comentarios a los artículos 
Artículo 1 
En este artículo se definen los términos "público", "déficit público", "saldo público primario", 
"inversión pública" y "deuda pública". Para los cuatro primeros términos, las definiciones hacen 
referencia a los códigos de clasificación de la segunda edición del SEC. 
La definición de deuda pública es más precisa que la del Protocolo. En primer lugar, en pro de una 
mayor claridad, se hace expresamente referencia al SEC. En segundo lugar, se ha resuelto el problema 
de la valoración nominal de las obligaciones, en especial en el supuesto de que el valor facial de una 
obligación difiera considerablemente de su valor actual. Por último, se ha introducido una norma para 
la valoración de obligaciones denominadas en divisas 
Artículo 2 
En este artículo se define el producto interior bruto a precios de mercado (PIBpm). Se hace referencia 
a la definición dada en la Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo, de 13 de febrero de 1989, 
relativa a la armonización del establecimiento del producto nacional bruto a precios de mercado 
(Directiva PNB)(2), en la que se define el PIB con relación al SEC como fase intermedia para la 
definición del PNB. Para los años en que se disponga de ellos, se utilizarán datos sobre el PIBpm 
establecidos con arreglo a lo dispuesto en la Directiva PNB. 
Artículo 3 
Se definen aquí los términos "real" y "previsto" empleados en el Protocolo. Se establece una 
distinción entre la definición de estos términos en este artículo y su significado a efectos de los 
requisitos de notificación de años concretos previstos en el capítulo 2 del Reglamento. Por ejemplo, 
si un Estado decidiese mantener un déficit durante los dos años siguientes, este déficit se definiría 
como "previsto", pero el déficit previsto cuya notificación se solicita es el del año en curso. 
El apartado 1 de este artículo se refiere al artículo 3 del Protocolo, que atribuye a los gobiernos de los 
Estados miembros la responsabilidad por los déficit de las Administraciones públicas. La 
responsabilidad de notificar los datos sobre las Administraciones públicas recae, pues, en los 
gobiernos de los Estados miembros. Este apartado menciona "el año en curso y años posteriores" para 
dar cuenta del momento en que se notifican los datos. Por ejemplo, un presupuesto para el año 
siguiente aprobado en octubre y notificado en diciembre correspondería a un año "posterior", mientras 
que si se notificase en enero, correspondería al año en curso. La obligación de que los datos se ajusten 
a las decisiones más recientes de las autoridades presupuestarias significa, entre otras cosas, que los 
gobiernos deben tener en cuenta las enmiendas introducidas por los parlamentos en los presupuestos 
propuestos o cualquier otra decisión que afecte al presupuesto y que se haya tomado después de que 
presentasen su propuesta de presupuesto 
l) DO n° L 49 de 21.2.1989, p 26 
24 
El apartado 2 define el término "real", al reconocerse que las estadísticas históricas pueden someterse 
a varias revisiones antes de pasar a ser definitivas. En particular, se deja claro que, incluso, las 
primeras estimaciones sobre un año anterior se consideran datos reales, de modo que no exista 
diferencia entre los datos reales y previstos. 
Artículo 4 
En este artículo se describe el procedimiento de notificación que han de seguir los Estados miembros 
y la información que deben facilitar. 
En el apartado 1 se establece, como principio general, que los Estados miembros deben notificar sus 
datos a la Comisión sin demora. Habida cuenta de los retrasos que pueden producirse al adaptar los 
datos a las definiciones del Protocolo partiendo de las definiciones nacionales, se ofrece a los Estados 
miembros un tiempo adicional, fijando dos fechas límite al año de las que pueden valerse si es 
necesario No obstante, se entiende que, entre esas dos lechas, los listados miembros remitirán toda 
la información adicional pertinente en relación con el año en curso y los años posteriores. De este 
modo, la Comisión podrá contar con una imagen lo más actualizada posible de la situación de los 
Estados miembros, aun cuando se base en datos que se ajusten a las definiciones nacionales. Las dos 
fechas límite para que los Estados miembros notifiquen determinados datos con arreglo a las 
definiciones del Protocolo se han fijado, tras consultar a los Estados miembros, a 1 de febrero y 1 de 
julio de cada año. La Comisión es consciente de que ello requiere una adaptación de los 
procedimientos nacionales en algunos casos. Las fechas límite propuestas son, no obstante, 
necesarias, habida cuenta de la planificación de las siguientes etapas del procedimiento relativo a los 
déficit excesivos. , 
En los apartados 2 y 3 se establecen los años a los que deben referirse los datos que se notifiquen 
antes del I de febrero y del I de julio Los Estados miembros deberían comunicar, en particular, los 
elementos que expliquen las correspondencias entre las cuentas públicas nacionales y las definiciones 
del Protocolo, así como las relaciones entre las variaciones en el nivel de deuda pública y el déficit 
público Cabe señalar que, aun cuando el Protocolo no lo exija estrictamente, se pide a los Estados 
miembros que notifiquen la deuda prevista. Este dato se considera especialmente importante para 
evaluar si el ratio deuda-PIB disminuye lo suficiente y se aproxima al valor de referencia a un ritmo 
satisfactorio, por lo que su notificación redunda en beneficio de los Estados miembros. 
El apartado 4 permite a aquellos Estados miembros cuyo ejercicio presupuestario no coincida con el 
año natural notificar los datos previstos en relación con los ejercicios presupuestarios, siempre y 
cuando los datos reales de los dos últimos años que presenten correspondan también a los ejercicios 
presupuestarios. 
Artículos 5 y 6 
En estos artículos se define la serie limitada de datos que, en opinión de la Comisión, los Estados 
miembros deben, por su propio interés, facilitar junto con los datos correspondientes a su déficit y 
deuda reales y previstos Se trata de datos que la Comisión tendrá en cuenta al supervisar la situación 
presupuestaria y que constituyen factores pertinentes para su informe a efectos de lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 104C. El artículo 5 se refiere concretamente a la inversión pública y el saldo 
público primario. Los préstamos impagados con garantía del Estado o las deudas de otros sectores 
asumidas por el Estado revisten especial importancia en la evaluación del riesgo de déficit excesivo 
25 
por parte de la Comisión. Por consiguiente, el artículo 6 dispone que los Estados miembros faciliten 
a la Comisión datos sobre los pagos corrientes y previsibles en ejecución de garantías del Estado, así 
como las absorciones de deudas corrientes y previsibles. 
Artículo 7 
Este artículo señala los requisitos de notificación en relación con el producto interior bruto a precios 
de mercado (PIBpm). El procedimiento de notificación difiere en cierta medida del de los datos sobre 
el déficit y la deuda, ya que, a partir de determinada fecha, se dispone de los datos reales relativos al 
PIBpm establecidos con arreglo al procedimiento de la Directiva PNB y deben utilizarse. 
Artículo 8 
Este artículo faculta a la Comisión para modificar los códigos de clasificación del SEC citados en el 
Reglamento, en el supuesto de se modifiquen en futuras ediciones del mismo. Ello constituiría una 
mera adaptación técnica del Reglamento. 
26 
Anexo a la exposición de motivos 
Aleunas definiciones de los códigos de clasificación del SEC 
En este anexo se presentan algunas definiciones de los códigos de clasificación del Sistema Europeo de 
Cuentas Económicas Integradas (SEC)n), segunda edición, al que se hace referencia en el proyecto de 
propuesta de Reglamento Las definiciones se dan exclusivamente a título indicativo. El SEC ofrece las 
definiciones completas, con más detalles de los que podemos incluir aquí. 
Sectores institucionales 
S 60 - Sector administraciones públicas 
El sector administraciones públicas comprende todas las unidades institucionales que, a título de función 
principal, producen servicios no destinados a la venta para la colectividad y/o efectúan operaciones de 
redistribución de la renta y de la riqueza nacional. Los recursos principales de estas unidades proceden de 
pagos obligatorios efectuados por unidades pertenecientes a otros sectores y recibidos directa o 
indirectamente. 
S 61 - Subsector administración central 
La administración central comprende los órganos administrativos del Estado y los organismos centrales, 
cuya competencia se extiende a la totalidad del territorio, con excepción de las administraciones centrales 
de seguridad social. 
S 62 - Subsector administraciones locales 
Las administraciones locales comprenden todas las administraciones públicas cuya competencia abarca 
solamente una parte del territorio, con excepción de las administraciones locales de seguridad social. 
S 63 - Subsector administraciones de seguridad social 
Las administraciones de seguridad social comprenden todas las unidades institucionales, centrales y 
locales, cuya actividad principal consiste en proporcionar prestaciones social esy cuyos recursos principales 
están constituidos por cotizaciones sociales obligatorias pagadas por otras unidades. 
Operaciones de bienes y servicios 
P 41 - Formación bruta de capital fijo 
La formación bruta de capital fijo representa el valor de los bienes duraderos, destinados a fines no 
militares, adquiridos por las unidades de producción residentes con el fin de utilizarlos durante más de un 
año en sus procesos de producción, incluyendo el valor de los servicios incorporados a los bienes de capital 
fijo. 
(,) Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, Sistema Europeo de Cuentas Económicas 
Integradas - SEC, segunda edición, noviembre de 1978 
27 
Operaciones de distribución 
R 41 - Intereses efectivos 
Los intereses efectivos son la forma de remuneración de ciertos activos financieros (depósitos y 
títulos a corto plazo, obligaciones y créditos) caracterizada por el pago en plazos previstos por 
anticipado de un porcentaje determinado del importe del activo financiero. 
Agregados 
N I - Producto interior bruto a precios de mercado 
El producto interior bruto a precios de mercado, que representa el resultado final de la actividad de 
producción de las unidades de producción residentes, corresponde a la producción total de bienes y 
servicios de la economía, menos el total de los consumos intermedios, más el IVA que grava los 
productos y más los impuestos netos ligados a la importación. 
El producto interior bruto a precios de mercado es igual a la suma de los valores añadidos brutos a 
precios de mercado de las diferentes ramas más el IVA que grava los productos y más los impuestos 
netos ligados a la importación. 
El producto interior bruto a precios de mercado equivale igualmente a la suma de los valores añadidos 
brutos a precios de mercado de los diferentes sectores, más el IVA que grava los productos y más los 
impuestos netos ligados a la importación y menos el consumo intermedio de los servicios bancarios 
no distribuidos 
N 5 - Capacidad (necesidad) de financiación 
La capacidad (necesidad) de financiación del sector administraciones públicas (S 60) se define como 
el saldo del ahorro bruto y las transferencias de capital recibidas menos la formación bruta de capital 
fijo, las variaciones de existencias, las adquisiciones netas de terrenos y activos inmateriales y las 
transferencias de capital efectuadas. 
Operaciones financieras 
F 20 - Efectivo y depósitos a la vista transferibles 
La rúbrica efectivo y depósitos a la vista transferibles comprende la moneda fiduciaria y los depósitos 
a la vista cuya conversión inmediata en moneda de curso legal nacional puede exigirse sin restricción 
de ningún tipo y que son transferibles mediante cheque, transferencia bancaria o documento análogo. 
F 30 - Otros depósitos 
La rúbrica otros depósitos recoge el conjunto de depósitos distintos de los depósitos a la vista 
transferibles, es decir, los depósitos que no pueden utilizarse en cualquier momento, sin restricción 
y sin transformación previa en efectivo o depósitos a la vista transferibles Estos activos financieros 
constituyen instrumentos de financiación. 
28 
F 40 - Títulos a corto plazo 
La rúbrica títulos acorto plazo agrupa los activos financieros con vencimiento próximo, normalmente 
12 meses y como máximo 2 años, materializados en títulos destinados a circular, cuyo valor nominal, 
determinado en el momento de su emisión, está expresado por un número redondo y que proporcionan 
unos intereses normalmente pagados por adelantado. Son reembolsables por su valor nominal en 
fecha concreta, o a partir de una fecha fijada en el momento de su emisión. Estos títulos son 
instrumentos de colocación de fondos. 
F 50 - Obligaciones 
La rúbrica obligaciones agrupa los títulos con vencimiento a varios años, con interés fijo o indiciado 
normalmente pagadero mediante cupones que son reembolsables a partir de una fecha fijada en el 
momento de la emisión. Las obligaciones son instrumentos de colocación de fondos negociables que 
generalmente cotizan en bolsa. 
F 79 - Otros créditos a corto plazo 
La subrúbrica otros créditos a corto plazo comprende todos los créditos a corto plazo distintos de los 
incluidos en créditos comerciales a corto plazo y en desfases contables. 
F 89 - Otros créditos a medio y largo plazo 
La subrúbrica otros créditos a medio y largo plazo comprende todos los créditos a medio y largo plazo 
no clasificados en créditos comerciales a medio y largo plazo 
29 
Propuesta de 
REGLAMENTO (CEE) DEL CONSEJO 
relativo a la aplicación de las disposiciones del Protocolo sobre el procedimiento aplicable 
en caso de déficit exesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el Tratado de la Unión Europea, 
y, en particular, el párrafo tercero del apartado 14 de su artículo 104C, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo'1}, 
Considerando que, en el Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, los 
términos "público", "déficit" e "inversión" se definen con referencia al Sistema Europeo de Cuentas 
Económicas Integradas (SEC)Í2); que el SEC establece definiciones generalmente aceptadas que pueden 
someterse a revisión; que son necesarias definiciones precisas en las que se haga referencia a los códigos 
de clasificación del SEC; 
Considerando que la definición de "deuda" establecida en el Protocolo sobre el procedimiento aplicable 
en caso de déficit excesivo debe precisarse haciendo referencia a los códigos de clasificación del SEC; que 
determinados aspectos relacionados con la valoración de la deuda requieren aún ser aclarados; que la 
definición y el registro de los intereses que se fijan en el SEC deben adaptarse en función de los nuevos 
instrumentos financieros; 
Considerando que la Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo, de 13 de febrero de 1989, relativa a la 
armonización del establecimiento del producto nacional bruto a precios de mercado0', define, de forma 
detallada y adecuada, el producto interior bruto a precios de mercado; 
Considerando que la Comisión viene obligada a facilitar los datos estadísticos que se utilizarán en el 
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. 
Considerando que resultan necesarias normas detalladas para que los Estados miembros notifiquen a la 
Comisión, sin demora y de forma periódica, sus déficit previstos y reales y el nivel de su deuda; 
di 
Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, Sistema Europeo de Cuentas Económicas 
Integradas SEC, segunda edición, noviembre de 1978 
DO n° L49 de 21.2.1989, p. 26 
30 
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo I04C, la Comisión 
supervisará la evolución de la situación presupuestaria y del nivel de endeudamiento público de los Estados 
miembros, y examinará la observancia de la disciplina presupuestaria atendiendo a criterios de déficit y 
deuda públicos; que, en el supuesto de que un Estado miembro no cumpla los requisitos en relación con 
uno de los criterios o ambos, la Comisión tendrá en cuenta todos los factores pertinentes; que la Comisión 
debe evaluar si existe un riesgo de déficit excesivo en un Estado miembro; que la Comisión debe, por tanto, 
recibir de los Estados miembros información complementaria de las cifras de déficit y deuda notificadas; 
Considerando que las definiciones y normas del presente Reglamento podrán revisarse, en su caso, en 
función de la experiencia, 
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO 
CAPÍTULO 1: DEFINICIONES 
Artículo I 
A los efectos del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo y del presente 
Reglamento, los términos que a continuación se señalan se definirán con arreglo al Sistema Europeo de 
Cuentas Económicas Integradas (SEC) (Los códigos entre paréntesis corresponden a la segunda edición 
del SEC) 
T. Por público se entenderá perteneciente al sector Administraciones públicas (S 60), que comprende los 
subsectores Administración central (S 61), Administraciones locales (S 62) y Administraciones de 
seguridad social (S 63). 
2. Por déficit (superávit) público se entenderá la necesidad (capacidad) de financiación (N 5) del sector 
Administraciones públicas (S 60). Los intereses incluidos en el déficit público estarán constituidos por 
la suma de los intereses efectivos (R 41) y de los intereses capitalizados. Los intereses 
correspondientes a diversos períodos contables se distribuirán entre los diferentes períodos. 
3. Por saldo público primario se entenderá el déficit o superávit público, según se define en el apartado 
anterior, menos los intereses efectivos (R 41) pagados por las Administraciones públicas y los 
intereses capitalizados. 
4. Por inversión publicase entenderá la formación bruta de capital fijo (P 41 ) del sector Administraciones 
públicas (S 60). 
5 Por deuda pública se entenderá el valor nominal total de las obligaciones del sector Administraciones 
públicas (S 60) pendientes a 3 I de diciembre, a excepción de aquellas cuyos correspondientes activos 
financieros estén en manos del sector Administraciones públicas (S 60) 
31 
La deuda pública se subdividirá en las siguientes rúbricas: efectivo y depósitos; valores; préstamos; 
y toda deuda no clasificada en ninguna otra rúbrica La rúbrica "efectivo y depósitos" incluirá las 
rúbricas "efectivo y depósitos a la vista transferibles" (F 20) y "otros depósitos" (F 30); la rúbrica 
"valores" incluirá las rúbricas "títulos a corto plazo" (F 40) y "obligaciones" (F 50); y la rúbrica 
"préstamos" incluirá las rúbricas "otros créditos a corto plazo" (F 79) y "otros créditos a medio y largo 
plazo" (F 89). 
El valor nominal de una obligación pendiente a 31 de diciembre será su valor facial. En el supuesto 
de que el valor actual de una obligación en la fecha de emisión difiera considerablemente de su valor 
facial, el valor nominal será su valor actual. El valor actual se calculará a partir de un tipo de interés 
adecuado fijado para la fecha en que se adquiera la obligación 
El valor nominal de una obligación indexada corresponderá a su valor facial ajustado en función del 
incremento de capital derivado de la indexación acumulado a 31 de diciembre. 
Las obligaciones denominadas en divisas se convertirán a la moneda nacional al tipo de cambio 
representativo del mercado registrado el último día hábil de cada año 
Artículo 2 
Por producto interior bruto se entenderá el producto interior bruto a precios de mercado (PIBpm), tal como 
se define en el artículo 2 de la Directiva 89/130/CEE, Euratom 
Artículo 3 
1. Por cifras previstas de déficit y nivel de deuda se entenderán las cifras establecidas por los Estados 
miembros en relación con el año en curso y los años posteriores de conformidad con las decisiones 
más recientes de sus autoridades presupuestarias, y notificadas a la Comisión en virtud de las 
disposiciones de responsabilidad contenidas en la primera frase del artículo 3 del Protocolo sobre el 
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. 
2. Por cifras reales de déficit y nivel de deuda se entenderán los resultados estimados, semidefinitivos 
o definitivos de un año anterior. 
CAPITULO 2: NOTIFICACIÓN 
Artículo 4 
A partir de comienzos de 1994, los Estados miembros notificarán a la Comisión los déficit públicos 
y los niveles de deuda pública previstos y reales sin demora y como mínimo dos veces al año, la 
primera antes del I de febrero del año en curso (año n) y la segunda, antes del 1 de julio del año n. 
En el intervalo entre las notificaciones semestrales, los Estados miembros facilitarán a la Comisión 
toda información adicional pertinente sobre el año en curso y los años posteriores. 
32 
2. Antes del 1 de febrero del año n, los Estados miembros: 
notificarán a la Comisión el déficit público previsto para el año n, la estimación actualizada del 
déficit público real del año n-1 y los déficit públicos reales de los años n-2, n-3 y n-4; 
comunicarán simultáneamente a la Comisión, en relación con los años n, n-1 y n-2, los 
correspondientes déficit presupuestarios de las cuentas públicas, según la definición utilizada en 
cada Estado miembro, y las cifras que expliquen la correspondencia entre dicho déficit 
presupuestario de las cuentas públicas y el déficit público. Las cifras que expliquen tal 
correspondencia y que se faciliten a la Comisión incluirán, en particular, las correspondientes a 
la necesidad de financiación de los subsectores (S 61 ), (S 62) y (S 63) 
notificarán a la Comisión el nivel de deuda pública previsto para el año n, la estimación 
actualizada del nivel real de deuda pública del año n-1 y los niveles reales de deuda pública de 
los años n-2, n-3 y n-4. 
comunicarán simultáneamente a la Comisión, en relación con los años n, n-1 y n-2, las cifras que 
expliquen la contribución del déficit público y otros factores determinantes en la variación del 
nivel de deuda pública. 
3. Antes del l de julio del año n, los Estados miembros. 
notificarán a la Comisión la previsión actualizada del déficit público para el año n y los déficit 
públicos reales de los años n-1, n-2 y n-3, cumpliendo, asimismo, los requisitos establecidos en 
el segundo guión del apartado 2. 
notificarán a la Comisión la previsión actualizada del nivel de deuda pública para el año n y los 
niveles reales de deuda pública de los años n-1, n-2 y n-3, cumpliendo, asimismo, los requisitos 
establecidos en el cuarto guión del apartado 2. 
4 Las cifras previstas de déficit público y nivel de deuda pública que se notifiquen a la Comisión 
de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 se expresarán en moneda nacional y se 
referirán a ejercicios presupuestarios. 
Las cifras reales de déficit público y nivel de deuda pública que se notifiquen a la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 se expresarán en moneda nacional y se 
referirán a años naturales. 
En el supuesto de que el ejercicio presupuestario no coincida con el año natural, los Estados 
miembros notificarán asimismo a la Comisión las cifras reales de déficit público y nivel de 
deuda pública por ejercicios presupuestarios respecto a los dos ejercicios presupuestarios que 
precedan al ejercicio en curso 
Artículo 5 
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión las cifras correspondientes a la inversión pública y 
al saldo público primario, ateniéndose para ello a los mismos plazos y condiciones de contenido que 
los fijados en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4 
33 
Artículo 6 
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión, en los mismos plazos que los fijados en el apartado 1 del 
artículo 4, las cifras del año en curso y de los años posteriores correspondientes al importe del gasto 
público y de la deuda pública que se derive de pagos efectuados o previsibles en concepto de garantías 
públicas, y al importe de la deuda de entidades no incluidas en el sector Administraciones públicas que se 
haya asumido o que previsiblemente se asumirá 
Artículo 7 
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión, en los mismos plazos que los fijados en el apartado 1 del 
artículo 4, una previsión para el año n y una estimación para el año n-1 de su PIBpm. Las cifras de PIBpm 
correspondientes a años anteriores se actualizarán mediante las enviadas a la Comisión de conformidad con 
lo dispuesto en la Directiva 89/130/CEE, Euratom. 
Artículo 8 
Siempre que resulte oportuno, la Comisión adaptará los códigos de clasificación del SEC en los artículos 
I y 4 en función de las posibles revisiones del mismo 
Artículo 9 
El presente Reglamento entrará en vigor el I de enero de 1994. 
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro. 
Hecho en Bruselas, el 
Por el Consejo 
El Presidente 
34 
Anexo 4 
Propuesta de 
DECISIÓN DEL CONSEJO 
por la que se establece la clave de reparto de 
los recursos financieros del Instituto Monetario Europeo 
35 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la cumbre de Copenhague, el Consejo Europeo invitó a la ("omisión a presentar propuestas con 
respecto a cuantas medidas fuesen necesarias para el desarrollo de la segunda fase de la Unión 
Económica y Monetaria, de modo que el Consejo pudiese a¡)robarlas tras la entrada en vigor del 
Tratado y antes del I de enero de 1994. En respuesta a dicha solicitud y dada la falta de fundamento 
jurídico para la adopción de una propuesta formal, la ("omisión presenta el proyecto de propuesta 
adjunto. Su objeto es iniciar, con carácter informal, los debates necesarios con las instituciones 
comunitarias interesadas, para que los procedimientos formales puedan ponerse en marcha 
inmediatamente después de que entre en vigor el Tratado y concluir según lo previsto por el Consejo 
Europeo. Si bien la Comisión se propone presentar una propuesta formal en consonancia con el 
presente proyecto tras la entrada en vigor del Tratado, se reserva ¡a posibilidad de introducir 
modificaciones en función de las circunstancias. 
I. Consideraciones generales 
La voluntad política de dotar al Instituto Monetario Europeo (IME) de una estructura financiera 
similar a la del Banco Central Europeo (BCE) se refleja en las normas por las que se determina la 
participación de cada banco central en los recursos financieros, que son las mismas que las del BCE. 
La clave de reparto del capital del BCE es fundamental. Además de las contribuciones al capital, 
determina la participación de cada banco central en las reservas exteriores comunes, la ponderación 
de los votos en el Consejo del BCE en relación con los asuntos financieros y, en particular, la 
distribución de los ingresos monetarios del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) en su 
conjunto. De ahí que las normas que regulen la forma de proporcionar los datos para establecer la 
clave de reparto del BCE hayan de ser definidas por el Consejo. Si bien, en lo que respecta al IME, 
la importancia de la clave se limita a las contribuciones a los recursos financieros, a la distribución 
del posible superávit (o pérdida) y a la distribución del posible producto de su liquidación a los 
bancos centrales nacionales, la legislación que, en este momento, ha de elaborarse para el IME será 
de utilidad a la hora de elaborar las normas relativas a la clave de reparto del BCE, que se aprobarán 
en cuanto se tome la decisión de iniciar la tercera fase de la UEM 
De acuerdo con el apartado I del artículo 29 de los Estatutos del SEBC y del BCE, se asignará a cada 
banco central nacional una ponderación en la clave igual a la suma del 50% de la parte 
correspondiente a su país en la población de la Comunidad el penúltimo año antes de la creación del 
SEBC y el 50% de la participación de su país en el producto interior bruto a precios de mercado de 
la Comunidad registrada durante los cinco años anteriores al penúltimo año antes de la creación del 
SEBC. En lo que respecta a la clave de reparto de los recursos financieros del IME, los años de 
referencia serán los mismos pero en relación con la constitución del IME. 
La presente Decisión del Consejo está destinada a establecer las normas a las que deberá atenerse la 
Comisión a la hora de facilitar los datos estadísticos para fijar la clave de reparto antes definida. Entre 
tales normas se incluyen la definición y las fuentes de las estadísticas sobre el PIB y la población que 
se utilizarán, así como el método de cálculo que se seguirá. 
El IME se constituirá el I de enero de 1994; el Consejo del mismo decidirá el volumen de sus 
recursos y aplicará la clave para determinar las contribuciones individuales a principios de 1994. Los 
datos necesarios para establecer la clave deben, pues, facilitarse antes de esa fecha. 
36 
La clave de reparto del IME se establecerá una sola vez y será aplicable mientras exista el IME La 
revisión quinquenal prevista para la clave del BCE es irrelevante para el IME, dado que la tercera fase 
dará comienzo como máximo cinco años después de la constitución del IME. 
II. Comentarios a los artículos 
Artículo 1 
El artículo I define el ámbito regulado por la Decisión: los datos estadísticos y el método de cálculo 
para establecer la clave. Si nos atuviésemos a una interpretación estricta, estas normas se limitarían 
a precisar el concepto y las fuentes que se utilizarán en relación con la población y el PÏB. No 
obstante, entre el suministro de los datos referentes a los distintos países y el establecimiento de la 
clave surgen inevitablemente cuestiones de orden metodológico, que deben también contemplarse en 
la presente Decisión con vistas a una mayor coherencia y precisión. 
Artículos 2,3,4,5 y 6 
Estos artículos especifican las definiciones y las fuentes de los datos sobre población y PIB. Las 
definiciones adoptadas son las del Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas (SEC). 
Dado que los agregados de la contabilidad nacional se refieren a un período de un año, las 
correspondientes cifras de población deben representar el promedio de la población total durante el 
año. 
Los datos sobre el PIBpm de los años 1988 a 1991 son los que se derivan de la aplicación de la 
Directiva del Consejo relativa a la armonización del establecimiento del PNBpm. La Directiva no 
abarca el año 1987, por lo que los datos sobre el PIBpm de ese año serán los obtenidos por la 
Comisión (EUROSTAT) de los Estados miembros con arreglo al procedimiento establecido. Los 
datos de 1987 se adaptarán para que sean coherentes con los del período 1988-1991 resultantes de la 
aplicación de la Directiva sobre el PNBpm. Esta Directiva se aplica una vez al año y los datos 
obtenidos están oficialmente aceptados por todos los Estados miembros. La Comisión (EUROSTAT) 
realizará los oportunos reajustes en los datos de años anteriores no contemplados por la Directiva, 
para garantizar la coherencia de las series. 
En la actualidad, y desde octubre de 1990, los datos resultantes de la aplicación de la Directiva PNB 
y referentes a Alemania incluyen los nuevos Estados federados. Como, durante el período de 
aplicación de la clave, la Comunidad Europea incluye los nuevos Estados federados alemanes, parece 
razonable añadir el PIBpm de dichos Estados a los datos del período 1987-1991. No se dispone de 
datos anteriores a 1991 para el conjunto de Alemania. A los efectos de la presente Decisión, se ha 
realizado una estimación del PIB del conjunto del país durante el período 1987-1990 suponiendo que 
la parte del PIB total correspondiente a los antiguos Estados federados era la misma en ese período 
que en 1991. 
En el caso de Portugal, los datos sobre el PIBpm resultantes de la aplicación de la Directiva PNBpm 
corresponden al PIB peninsular para los años 1988 a 1990 y al PIB total para 1991. No obstante, cabe 
esperar que, en la próxima aplicación de la Directiva PNBpm, el próximo otoño, se incluya el PIB 
total para el período 1988-1990, en cuyo caso se utilizará el PIB correspondiente a la totalidad del 
territorio. 
37 
Artículos 7,8 y 9 
Los datos sobre el PIB se establecerán en moneda nacional. El denominador común será el tipo de 
cambio del ecu. La otra posible solución, consistente en utilizar los patrones de poder de compra 
(PPC), ha sido descartada. En comparación con los PPC, los tipos de cambio están definidos sin 
ninguna ambigüedad, lo que facilita y hace más transparente el cálculo, además, responden más al 
concepto de precios de mercado que va unido al PIB. Asimismo, la práctica comunitaria actual en 
relación con las aportaciones financieras de los Estados miembros a la Comunidad consiste en utilizar 
los tipos de cambio como denominador común. 
Artículo 10 
El IME se constituirá el 1 de enero de 1994. El Consejo del IME decidirá, a principios de 1994, el 
volumen de sus recursos y aplicará la clave para determinar la contribución de cada uno de los bancos 
centrales de los Estados miembros. La Comisión deberá, pues, comunicar la clave al Comité de 
Gobernadores antes de la fecha de constitución del IME 
La corrección al alza de la ponderación hasta el múltiplo de 0,05 puntos porcentuales más cercano, 
a que se refiere el artículo 29 de los Estatutos del SEBC y del BCE, queda excluida del ámbito de 
aplicación de la presente Decisión. Corresponderá al Consejo del IME establecer la clave redondeada. 
38 
Propuesta de 
DECISIÓN DEL CONSEJO 
por la que se establece la clave de reparto de los recursos financieros del Instituto Monetario Europeo 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Vjsto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el Tratado de la Unión Europea, 
y, en particular, el apartado 2 del artículo 16 del Protocolo sobre los Estatutos del Instituto Monetario 
Europeo, anejo a dicho Tratado, y los apartados 1 y 2 del artículo 29 del Protocolo sobre los Estatutos del 
Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, anejo a dicho Tratado, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo(1), 
Visto el dictamen del Comité de Gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados 
miembros(2), 
Visto el dictamen del Comité Monetario0', 
Considerando que el Instituto Monetario Europeo, en lo sucesivo denominado "IME", se constituirá el I 
de enero de 1994; 
Considerando que debe dotarse al IME de recursos propios para que pueda llevar a cabo sus tareas y 
funciones desde el momento de su constitución; 
Considerando que los recursos del IME serán fijados por el Consejo del mismo; 
Considerando que los recursos del IME provendrán de contribuciones de los bancos centrales nacionales 
establecidas de conformidad con la clave a que se refiere el apartado 1 del artículo 29 de los Estatutos del 
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Banco Central Europeo (BCE); 
Considerando que la clave de reparto de los recursos financieros del IME habrá de determinarse antes de 
que se inicie la segunda fase; 
O) 
39 
Considerando que los datos estadísticos que se utilizarán para determinar la clave de reparto serán 
proporcionados por la Comisión con arreglo a las normas que apruebe el Consejo; 
Considerando que deben determinar las definiciones y las fuentes de los datos que se utilizarán, así como 
el método de cálculo para determinar la clave de reparto; 
Considerando que la Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo, de 13 de febrero de 1989, relativa a la 
armonización del establecimiento del producto nacional bruto a precios de mercado<4), permite disponer 
de datos sobre el producto interior bruto a precios de mercado aprobados por los Estados miembros, 
DECIDE: 
Artículo I 
Los datos estadísticos y el método de cálculo que se utilizarán para establecer la clave de reparto de las 
contribuciones de los bancos centrales nacionales a los recursos financieros del IME, serán facilitados por 
la Comisión de conformidad con las normas contenidas en los siguientes artículos. 
Artículo 2 
La población y el producto interior bruto a precios de mercado, en lo sucesivo denominado PIBpm, se 
definirán con arreglo al vigente Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas (SEC) en vigor. Por 
PIBpm se entenderá el PIBpm definido en el artículo 2 de la Directiva 89/130/CEE, Euratom 
Artículo 3 
Los datos sobre población corresponderán al año 1992. Se utilizará el promedio de población total durante 
el año, con arreglo a la definición del SEC. 
Artículo 4 
Los datos sobre el PIBpm corresponderán a cada uno de los años comprendidos entre 1987 y 1991, ambos 
inclusive. El PIBpm de los Estados miembros se expresará en su respectiva moneda nacional a precios 
corrientes. 
Artículo 5 
Los datos sobre población serán los obtenidos por la Comisión (EUROSTAT) de los Estados miembros. 
H) DO n° L 49 de 21.2 1989, p 26 
40 
Artículo 6 
L Los datos correspondientes a los años 1988 a 1991 serán los resultantes de la aplicación de la 
Directiva 89/130/CEE, Euratom Los datos sobre el PIBpm correspondientes al año 1987 serán los 
obtenidos por la Comisión (EUROSTAT) de los Estados miembros, una vez armonizados con los datos 
sobre el PIBpm correspondientes a los años 1988 a 1991. 
2. Para Alemania, los datos sobre el PIBpm de los años 1987 a 1990 se estimarán del siguiente modo: 
el PIBpm de los antiguos Estados federados se multiplicará por la relación entre el PIBpm de toda 
Alemania y el PIBpm de los antiguos Estados federados en 1991. 
Artículo 7 
I La proporción correspondiente a un Estado miembro en la población de la Comunidad será la que le 
corresponda en la suma de las poblaciones de los Estados miembros, expresada en porcentaje. 
2. Los datos sobre el PIBpm de cada uno de los años y Estados miembros expresados en moneda 
nacional se convertirán en datos expresados en ecus. El tipo de cambio que se utilizará a tal fin será la 
media de los tipos de cambio de todos los días hábiles de un año. El tipo de cambio diario será el tipo 
calculado por la Comisión y publicado en la serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
3. La participación de un Estado miembro en el PIBpm de la Comunidad será la proporción que le 
corresponda en la suma de los PIBpm de los Estados miembros correspondientes a los cinco años 
considerados, expresada en porcentaje. 
Artículo 8 
La ponderación de un banco central nacional en la clave será igual a la media aritmética de los porcentajes 
del correspondiente Estado miembro en la población y el PIBpm de la Comunidad. 
Artículo 9 
Las sucesivas etapas del cálculo se basarán en un número de decimales suficiente para garantizar su 
exactitud. La ponderación de los bancos centrales nacionales en la clave constará de cuatro decimales. 
Artículo 10 
La Comisión comunicará la clave al Comité de Gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 
Estados miembros antes del I de enero de 1994. 
Hecho en Bruselas, el 
Por el Consejo 
El Presidente 
41 
ISSN 0257-9545 
COM(93) 371 final 
DOCUMENTOS 
ES 01 06 
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