B4-0058, 0062, 0089, 0096 y 0103/99

Resolución sobre el tráfico ilegal de recién nacidos procedentes de Guatemala

El Parlamento Europeo,

- Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

- Visto el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989,

- Visto el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, de 29 de mayo de 1993,

- Vista su Resolución de 12 de diciembre de 1996 sobre la mejora del derecho y de la cooperación entre los Estados miembros en materia de adopción de menores ((DO C 20 de 20.1.1997, pág. 176.)),

A. Considerando que las adopciones internacionales desarrolladas con los adecuados procedimientos y garantías para el recién nacido o el niño le ofrecen la oportunidad de unas mejores condiciones de vida; considerando que la adopción internacional es asimismo una modalidad importante de cooperación internacional,

B. Considerando que es una cuestión prioritaria no penalizar la adopción internacional como tal, sino dotar a este proceso de normas transparentes y equilibradas,

C. Considerando que el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño solamente reconoce la adopción internacional como una alternativa en caso de que el niño no pueda ser atendido adecuadamente en su país natal y que el Convenio estipula que todas las partes deben tomar todas las medidas adecuadas para garantizar que la adopción internacional no dé lugar a beneficios económicos indebidos,

D. Considerando que en los últimos años, por el conflicto interno y por la reciente catástrofe de la tormenta tropical Mitch, aumentó el número de menores de edad huérfanos y abandonados, así como el número de personas dispuestas a dar en adopción a sus niños por razones económicas,

E. Considerando que en 1997 en Guatemala un pequeño grupo de abogados llevó a cabo más de 2.000 adopciones internacionales por un coste medio comprendido entre 15.000 y 20.000 dólares estadounidenses,

F. Considerando que en Guatemala las adopciones internacionales prácticamente se han duplicado en los últimos 12 meses,

G. Preocupado por las noticias de que métodos ilegales de adopción siguen siendo una práctica común en Guatemala,

H. Considerando que el vigente Código Penal guatemalteco no tipifica el tráfico de niños como delito y que el rapto de menores está penado solamente con un año de prisión condicional,

I. Considerando que las ONG de defensa de los derechos del niño y las personas que actúan en materia de adopciones ilegales de recién nacidos en Guatemala han sido objeto de amenazas e intimidación,

1. Reconoce la importancia de la función de las adopciones internacionales legales;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ejerzan una presión sostenida sobre el Gobierno guatemalteco para que fomente las adopciones nacionales, ratifique el Convenio de La Haya en materia de Adopción Internacional, refuerce su legislación en materia de adopción internacional y aplique el Código relativo a menores y adolescentes, que reflejará las obligaciones de Guatemala en virtud del Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

3. Pide al Gobierno de Guatemala y a los Estados miembros que persigan penalmente a los implicados en tráfico ilegal de recién nacidos y niños;

4. Hace un llamamiento a la Comisión y a los Estados Miembros para que apoyen financieramente los programas de la Procuraduría General de Guatemala, que vela por que los procesos de adopción se hagan con todas las garantías legales nacionales e internacionales;

5. Pide a los Estados miembros que garanticen que solamente se permita a organismos públicos u organizaciones sin fines de lucro acreditadas por el Estado la actuación como intermediarios en procedimientos de adopción;

6. Expresa su seria preocupación por el hecho de que quienes trabajan para impedir el tráfico ilegal de niños sean objeto de amenazas e intimidación y pide al Gobierno de Guatemala que garantice la seguridad de estas personas;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que investiguen particularmente el caso del director ejecutivo de los programas latinoamericanos para la Casa Alianza, Bruce Harris, de origen británico, acusado de difamación por declaraciones sobre el proceso de adopción internacional en Guatemala;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de Guatemala, a las Naciones Unidas y a la UNICEF.