Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores»

(96/C 212/08)

El 20 de noviembre de 1995, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores».

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 2 de mayo de 1996 (Ponente: Sra. Engelen-Kefer; Coponente: Sr. Boussat).

En su 336° Pleno (sesión del 29 de mayo de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 118 votos a favor, 3 en contra y 13 abstenciones el presente dictamen.

1. Para una buena comprensión de la Comunicación de la Comisión sobre información y consulta de los trabajadores es necesario hacer una mínima distinción en relación con los problemas planteados en el texto.

2. Conviene señalar que el instrumento de información y consulta de los trabajadores no es el mismo que el de la participación de los trabajadores en el plano de la empresa o en los órganos de empresa previstos en el derecho de sociedades. La calidad de ambos es distinta, si bien la Comisión no hace esta necesaria distinción y da a estos dos instrumentos un tratamiento similar. Sus reflexiones, y las tres opciones señaladas por la Comisión, se apoyan, pues, en premisas falsas.

3. Por lo tanto, sería conveniente separar la cuestión de la información y la consulta, que más o menos existe en casi todos los países miembros, de la de la participación, que también existe en algunos Estados miembros, pero que corresponde a una práctica y a unos objetivos muy distintos.

4. Por otra parte, una iniciativa comunitaria presupone, en primer lugar, que se conozcan las regulaciones existentes en los distintos países miembros. La Comunicación de la Comisión no incluye a tal efecto ningún análisis. Sin embargo, es preciso hacer previamente un análisis comparativo para establecer en qué medida existen, en los distintos Estados, reglamentaciones concordantes o divergentes y en qué medida sería necesaria y oportuna una intervención por parte de la Comunidad. Por lo tanto la Comisión debería hacer primero un inventario y llevar a cabo un estudio comparativo del tema.

5. Se trata evidentemente de un problema tremendamente complejo y delicado, que afecta ante todo a las relaciones entre los empresarios y los trabajadores y sus representantes. Justamente ante un tema así parece oportuno y deseable abrir un debate entre los interlocutores sociales dentro del proceso de diálogo social previsto a esos efectos, y esperar luego a los resultados. En relación con ello se señala además lo siguiente.

6. Todas las directivas comunitarias aprobadas hasta ahora se ocupan exclusivamente de la información y consulta de los trabajadores. La Directiva sobre el comité de empresa europeo regula estas cuestiones a nivel transnacional para empresas y grupos de empresas que operen a nivel comunitario.

7. Las directivas sobre despidos colectivos y sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas prevén la información y la consulta de los representantes de los trabajadores, pero sólo a nivel nacional.

8. Antes de emprender una posible nueva iniciativa europea en el ámbito de la información y consulta de los trabajadores, el estudio comparativo mencionado en el punto 4 debería ser sometido a los interlocutores sociales para debate, con el fin de que puedan decidir si es oportuno establecer una reglamentación marco europea, preferentemente en base a un acuerdo, a la que se le diera luego contenido a escala nacional. La experiencia con la directiva sobre el comité de empresa europeo ha demostrado que incluso en la negociación voluntaria es de gran ayuda que el legislador fije un marco de este tipo, que los interlocutores sociales puedan luego rellenar en un determinado plazo.

9. Por otro lado, los textos sobre los seis instrumentos de derecho de sociedades que menciona la Comisión tienen que ser examinados individualmente, ya que conciernen a formas jurídicas del empresariado muy diferentes, muy dispares de un país a otro, y distribuidas de manera desigual. Pero por encima de todo, estos diferentes instrumentos cubren modos muy distintos de participación de los trabajadores, que es precisamente el tema de la Comunicación de la Comisión.

10. Las propuestas sobre el estatuto de la sociedad europea presentadas hasta ahora no se ocupan solamente de la información y la consulta de los trabajadores, sino también de la participación de los representantes de los trabajadores a nivel de los órganos de empresa. Normas de este tipo, más avanzadas, están en vigor en algunos Estados miembros de la Comunidad, aunque no en todos. Ni la directiva sobre el comité de empresa europeo, limitada a los problemas de información y consulta de los trabajadores, ni una futura reglamentación marco global de la Comunidad sobre la información y consulta de los trabajadores a nivel nacional (véase punto 8) pueden sustituir de manera válida la participación de los trabajadores a nivel de empresa.

11. La adopción del estatuto de la sociedad europea no debe permitir que las empresas establecidas en los países miembros que aplican una legislación más avanzada eviten esta participación más amplia sin más que elegir la forma jurídica europea.

12. El objetivo no es transferir a los otros Estados miembros de la Comunidad un determinado modelo de participación vigente sólo en uno o algunos Estados miembros. Pero hay que impedir también que se recurra a un instrumento jurídico europeo para eludir la participación de los trabajadores. Los trabajadores del Estado miembro afectado no tienen por qué sacrificar sus derechos a nivel nacional, únicamente porque Europa no está en condiciones de conceder a los trabajadores derechos de participación más allá de la simple información y consulta.

13. Por tanto, desde el punto de vista de los Estados miembros que aplican dicha legislación avanzada en materia de participación de los trabajadores, las posibilidades presentadas por la Comisión en las opciones 2 y 3 son insuficientes. Antes bien, hay que buscar una solución que asegure que ningún tipo de empresa europea pueda restringir ni evitar las reglamentaciones sobre participación que existen en determinados Estados miembros.

14. Las objeciones aquí apuntadas, en el sentido de que se puedan obviar las reglamentaciones sobre participación ya existentes, afectan principalmente al estatuto de la sociedad europea. Son también válidas para las otras formas de empresa europeas (asociación europea, sociedad cooperativa europea y mutualidad europea). Sería aconsejable separar éstas del estatuto de la sociedad europea y prever una vía distinta de adopción para la reglamentación correspondiente. Esta decisión debería adoptarse lo más pronto posible para poder establecer un plano de igualdad entre unas y otras. Para acortar este plazo, las relaciones entre los trabajadores y las futuras sociedades cooperativas, mutualidades y asociaciones europeas en tanto que empresarios deben estar amparadas por disposiciones legales adecuadas que tengan en cuenta sus características específicas. En la elaboración de ese marco legal europeo deben participar por tanto representantes de las sociedades cooperativas, mutualidades y asociaciones.

Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 1996.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER