Mandato y calendario de la Convención
20. Considera fundamental, para garantizar una reforma eficaz de la Unión, que la Convención se dote
de un procedimiento de toma de decisiones que le permita elaborar por consenso una propuesta única ycoherente, y presentarla a la Conferencia Intergubernamental como única base de negociación y de deci-sión;
21. Expresa su deseo de que la Convención inicie de inmediato sus trabajos tras el Consejo Europeo de
Laeken y los concluya de forma que la Conferencia Intergubernamental pueda finalizar sus trabajos afinales de 2003 bajo la Presidencia italiana, de manera que el nuevo tratado pueda aprobarse a más tardaren diciembre del mismo año, contribuyendo así a que en 2004 las elecciones europeas puedan constituirun impulso democrático al proceso de integración europea y a que el Parlamento, junto con la Comisión,pueda participar en el proceso en las mejores condiciones posibles; opina que el intervalo entre la presen-tación de los resultados de la Convención y la Cumbre de inauguración tiene que ser lo más breve posibley, en ningún caso, superar los tres meses;
*
**
22. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, así como a
los Jefes de Estado y de Gobierno y los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos.
20. Gobernanza europea
A5-0399/2001
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Blanco de la Comisión «La gobernanza europea»
(COM(2001)428 vdash C5-0454/2001 vdash 2001/2181(COS))
El Parlamento Europeo,
Jdash Visto el Libro Blanco de la Comisión «La gobernanza europea» (COM(2001) 428 (1) Jdash C5-0454/2001),
Jdash Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, los artículos 1, 3, 5 y 6,
Jdash Visto el Protocolo no7 anejo al Tratado de Amsterdam sobre la aplicación de los principios de subsi-
diariedad y proporcionalidad, así como el Protocolo no9 sobre el cometido de los Parlamentos nacio-
nales en la Unión Europea,
Jdash Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular, los artículos 39
(derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo), 41 (derecho a una buenaadministración) y 42 (derecho de acceso a los documentos),
Jdash Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa, en las que se pide a la
Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que, a más tardar en 2001, definan una estrategia denuevas medidas coordinadas dirigidas a simplificar los marcos reguladores, incluidos los que rigen el
funcionamiento de las administraciones públicas, tanto a escala nacional como comunitaria,
Jdash Visto el Grupo de asesores de alto nivel creado el 7 de noviembre de 2000 en Estrasburgo por los
Ministros de Administración Pública, que debiera contribuir a la elaboración de la estrategia esbozadapor el Consejo Europeo en Lisboa,
(1) DO C 287 de 12.10.2001, p. 1.C 153 E/314 ES 27.6.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 29 de noviembre de 2001
Jdash Vista su Resolución de 10 de diciembre de 1996 (1) sobre la participación de los ciudadanos y de los
interlocutores sociales en el sistema institucional de la Unión Europea,
Jdash Vista su Resolución de 15 de abril de 1999 (2) sobre la mejora del funcionamiento de las instituciones
sin modificación de los Tratados,
Jdash Vista su Resolución de 26 de octubre de 2000 (3) sobre los informes de la Comisión dirigidos al
Consejo Europeo titulados: «Legislar mejor 1998 Jdash Una responsabilidad que debe compartirse» y
«Legislar mejor 1999»,
Jdash Vista su Resolución de 25 de octubre de 2001 (4) sobre la reforma del Consejo,
Jdash Visto el Libro Blanco de la Comisión sobre la reforma de la Comisión (COM(2000) 200) y, en par-
ticular, su capítulo II (IV) sobre la mejora del diálogo con la sociedad civil,
Jdash Vista su Resolución de 30 de noviembre de 2000 (5) sobre el Libro Blanco relativo a la reforma de la
Comisión,
Jdash Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 14 de diciembre de 2000 sobre «Las nuevas formas
de gobernanza Jdash Europa: un marco para la iniciativa de los ciudadanos», (6)
Jdash Visto el informe provisional de la Comisión al Consejo Europeo de Estocolmo, de 7 de marzo
de 2001, titulado «Mejorar y simplificar el marco regulador» (COM(2001) 130),
Jdash Visto el dictamen del Comité Económico y Social de 25 de abril de 2001 (7) sobre la sociedad civil
organizada y la gobernanza europea,
Jdash Visto el informe del Comité de las Regiones de 20 de septiembre de 2001 sobre la proximidad, (8)
Jdash Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,Jdash Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales, así como las opiniones de la Comisión
de Presupuestos, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de AsuntosJurídicos y Mercado Interior, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consu-
midor, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, de la
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y de la Comisión de Peticiones(A5-0399/2001),
A. Considerando que una reforma de la gobernanza europea debe estar basada en un análisis crítico
fundamental del déficit democrático, plasmado en un informe sobre la situación de la aplicación delos principios de legitimación, parlamentarismo, publicidad, control y participación,
B. Considerando que la Comisión estima que su Libro Blanco es un primer paso en el contexto de una
reforma que se prolongará durante varios años, se pondrá en práctica conjuntamente con las demásinstituciones y contribuirá al debate sobre el futuro de Europa,
C. Considerando que la nueva situación internacional obliga a la Unión Europea a mejorar su funciona-
miento y la coherencia de las políticas comunitarias con el fin de poder desarrollar de esta forma una
acción exterior más eficaz y hacer valer su peso en el ámbito internacional,
D. Considerando la relación objetivamente estrecha y, en cierto modo, inseparable, entre la reforma de la
propia Comisión, la reforma de la gobernanza y el proceso constitucional sobre el futuro de la Unión,
E. Considerando que la ampliación de la Unión planteará a sus instituciones desafíos totalmente nuevos,
para lo que será necesario revisar completamente su funcionamiento, y que el Parlamento Europeocontribuirá a este proceso mediante una reforma interna que ya se ha iniciado así como en el marcode los trabajos de una Convención con vistas a la CIG 2004 sobre el desarrollo de la constitucionali-zación de la Unión,
(1) DO C 20 de 20.1.1997, p. 31.
(2) DO C 219 de 30.7.1999, p. 427.
(3) DO C 197 de 12.7.2001, p. 433.
(4) «Textos Aprobados», punto 12.
(5) DO C 228 de 13.8.2001, p. 211.
(6) CdR 182/2000.
(7) DO C 193 de 10.7.2001, p. 117.
(8) CdR 436/2000.27.6.2002 ES C 153 E/315 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 29 de noviembre de 2001
F. Lamentando la ausencia de indicaciones claras en el Libro Blanco acerca del modo en que puede
mejorarse la gobernanza a través de una mayor transparencia del Consejo como colegislador, en elmarco de su Reglamento y sin modificación de los Tratados,
G. Considerando que el concepto de eficiencia en el sentido de eficiencia administrativa no debe poner en
peligro la legitimación democrática,
H. Considerando que el grado de legitimación y aceptación de la Unión Europea depende en buena
medida de la eficacia de sus decisiones,
I. Considerando que los mecanismos jurídicos y la distribución institucional de las competencias no
pueden bastar por sí solas para estimular el interés de los ciudadanos y que es conveniente poner enpráctica un método nuevo y una campaña de comunicación adecuada,
J. Considerando que el principal objetivo del Libro Blanco es aumentar el grado de aceptación y de
legitimidad de la Unión Europea mediante una participación más intensa de los ciudadanos y ciuda-danas y de la «sociedad civil» en la elaboración y en la ejecución de sus políticas,
K. Considerando, por una parte, que la inclusión de aspectos relacionados con la democracia participativa
en el sistema político de la Unión debe llevarse a cabo con precaución sin perder de vista en esteproceso los principios y elementos estructurales reconocidos de la democracia representativa y delEstado de Derecho, y que, por otra parte, los ciudadanos y ciudadanas esperan, en particular, y conrazón, que la Unión adopte unos procesos de toma de decisiones transparentes y establezca, además,una responsabilización política clara con respecto a las decisiones,
L. Considerando que los principios de competencia exclusiva (artículo 5 del Tratado UE y párrafo pri-
mero del artículo 5 del Tratado CE), subsidiariedad (párrafo segundo del artículo 2 del UE y párrafosegundo del artículo 5 del Tratado UE), proporcionalidad (apartado 4 del artículo 6 del Tratado UE ypárrafo tercero del artículo 5 del Tratado CE) y respeto de la identidad nacional de los Estados miem-bros (apartado 3 del artículo 6 del Tratado UE) limitan claramente la delegación horizontal de com-petencias a las instancias reguladoras autónomas de la UE, así como la delegación vertical de compe-tencias y labores directamente por parte de la Unión a nivel regional y local en el marco de una«mayor participación de las autoridades regionales y locales en las políticas de la Unión» (
1), tal y
como reconoce la Comisión,
M. Considerando, por otra parte, que parece injustificado el argumento de que el actual sistema de fun-
cionamiento de la Unión no permite una asociación en la que los Gobiernos nacionales impliquenplenamente a sus regiones y ciudades en la elaboración de las políticas europeas (
1), ya que los Trata-
dos permiten perfectamente a los Estados miembros garantizar la participación de sus regiones y susautoridades locales en la configuración y la aplicación de políticas de la UE, en función de sus respec-tivos ordenamientos constitucionales;
N. Considerando que es necesario aclarar el «complicado sistema» formado por casi 700 comités consul-
tivos en los que se apoya la Comisión, pero que, de conformidad con el Libro Blanco sobre la reformade la Comisión, en junio de 2001 ya debería haberse publicado una lista de los comités y grupos detrabajo que participen en los procedimientos formales o estructurados de consulta (Medida 5) (
2) y que,
por otra parte, algunas propuestas recogidas en el Libro Blanco, como la consulta «en línea a través dela iniciativa de elaboración interactiva de las políticas» (
1) podría generar una inflación de consultas, y
que esta situación sería incompatible con el objetivo, también recogido en el Libro Blanco, de reducir«los largos plazos necesarios para la adopción y aplicación de las normas comunitarias» (
3),
O. Considerando que un paso fácil de dar y sin embargo importante en términos de transparencia sería
que la Comisión se comprometiese a presentar en el futuro, junto a cada propuesta legislativa, unalista de los comités, expertos, asociaciones, organizaciones y organismos consultados en el contexto dela elaboración de dicha propuesta,
(1) Libro Blanco, apartado 3.1.
(2) Libro Blanco «Reforma de la Comisión», parte II, Plan de acción, capítulo II(IV), punto 3 (COM(2000) 200).
(3) Libro Blanco, apartado 3.2.C 153 E/316 ES 27.6.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 29 de noviembre de 2001
P. Considerando que, en particular en el contexto de la ampliación, la Unión no puede seguir retrasando
la reducción de la «densidad de las medidas legislativas», es decir, que debe dilucidar hasta qué puntodebería detallarse la legislación a escala comunitaria, ya que, en caso contrario, se corre el riesgo deuna «implosión» de las instituciones que participan en el proceso de elaboración de la legislación,
Q. Considerando que para resolver este problema será preciso replantear la delegación de la legislación
(«comitología») y modificar el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 202 del TratadoCE) de forma que se ponga en pie de igualdad al Consejo y al Parlamento; que hay que acoger consatisfacción las declaraciones de la Comisión en este sentido, y que espera con el mayor interés lasreferidas, en particular, a «un mecanismo jurídico simple» (
1),
R. Considerando que, pese a tener un impacto directo en los ciudadanos, las medidas financiadas con
cargo al presupuesto de la Unión carecen de la visibilidad necesaria, con lo que contribuyen insufi-cientemente a la percepción de un valor añadido europeo,
1. Acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de examinar sin excepciones y desde un punto de
vista autocrítico «las normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes anivel europeo» («gobernanza») (
2), y de proceder a su modificación;
2. Advierte a la Comisión que se abstenga de adoptar medidas legislativas que podrían afectar al papel
del Parlamento y del Consejo en el proceso legislativo antes de consultar debidamente al Parlamento;
3. Propone, en su lugar, que el Libro Blanco sea considerado el trampolín de un diálogo entre las
instituciones de la Unión acerca de la reforma de la gobernanza que abarque las medidas de la llamada«primera fase», y que los resultados se incluyan en un texto revisado antes de finales de 2002;
4. Celebra la constitución de un grupo de trabajo interinstitucional, como propuso el Presidente Prodi el
2 de octubre de 2001;
5. Reitera su confianza en el método comunitario y defiende el mantenimiento del equilibrio institucio-
nal como la vía más adecuada para progresar en el sistema de integración;
6. Recuerda ante todo la imposibilidad de que exista un principio de gobernanza europea sin unos
recursos propios acordados democráticamente y sin una simplificación considerable de los procedimientospresupuestarios que los haga transparentes para el ciudadano;
7. Acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión por mejorar la planificación de los procedimien-
tos; considera, sin embargo, que el proceso de planificación estratégica debe actualizarse en función de lasprioridades políticas manifestadas por la Autoridad Presupuestaria y que los recursos humanos necesariospara la aplicación de las políticas deben ajustarse en consecuencia;
Principios fundamentales
8. Confirma que la «parlamentarización» del sistema de toma de decisiones de la Unión presupone una
mayor transparencia de los trabajos del Consejo y que la participación tanto del propio Parlamento Euro-peo como de los Parlamentos nacionales representa la base del ordenamiento europeo legitimado demo-cráticamente, y que solamente las instituciones legitimadas democráticamente a los niveles regional, nacio-nal y europeo pueden tomar responsablemente decisiones legislativas;
9. Estima que el Parlamento no puede aceptar que se pretenda recortar las facultades normativas y la
participación en el proceso legislativo de la única institución que es elegida directamente por los ciudada-nos europeos; considera que el incremento de la comunicación de los ciudadanos con las instituciones dela Unión pasa necesariamente por el refuerzo de las facultades legislativas del Parlamento;
(1) Libro Blanco, apartado 3.4.
(2) Libro Blanco I, nota 1 a pie de página.27.6.2002 ES C 153 E/317 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 29 de noviembre de 2001
10. Concede importancia, por ello, a que en la continuación del debate sobre la gobernanza se tengan
en cuenta las siguientes consideraciones fundamentales:
a) el ejercicio de las competencias (gobernanza) por parte de las instituciones de la Unión implica una
legitimación democrática, que se alcanza conjuntamente a través del Parlamento Europeo y los Parla-
mento de los Estados miembros, estos últimos en su calidad de órganos de control democrático de losgobiernos representados en el Consejo;
b) la legitimidad democrática presupone que la voluntad política en la que se basan las decisiones tiene
su origen en la deliberación parlamentaria; se trata de un requisito sustantivo, no sólo formal; tambiénen el marco de reglamentos de aplicación que necesariamente debe adoptar el Ejecutivo son absoluta-mente necesarios la legitimación y el control democráticos;
c) la legitimidad, en este sentido, implica que las decisiones políticas se basen en un consenso básico, tal
y como se señala en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en forma de unalista de los derechos individuales y de un sistema de valores objetivo);
d) la legitimidad, en este sentido, es totalmente inconcebible si no se establece una jerarquía clara de las
responsabilidades políticas y no puede ser sustituida por categorías «técnicas» como «eficacia» y «cohe-rencia»;
Participación y consulta
11. Señala, sobre la base de estas consideraciones, y en relación con la participación y la consulta, que
a) la «sociedad civil organizada», en su calidad de «conjunto de todas las estructuras organizativas cuyos
miembros prestan un servicio al interés general por medio de un procedimiento democrático basadoen el discurso y el consenso y sirven como mediadores entre las autoridades públicas y los ciudada-nos» (
1), si bien es importante, es necesariamente sectorial y no puede considerarse una entidad autó-
noma con legitimidad democrática, (2) teniendo en cuenta los elementos a los que se ha hecho refe-
rencia en los apartados 8 y 10, y porque sus representantes no son elegidos por el pueblo ni éstepuede lograr por las urnas que abandonen sus puestos;
b) la consulta a los sectores afectados con el objetivo de mejorar los proyectos legislativos tan sólo puede
complementar, pero no sustituir los procedimientos y las decisiones de las instituciones legislativaslegitimadas democráticamente; en el procedimiento legislativo solamente podrán decidir responsable-mente el Consejo y el Parlamento, en su calidad de legisladores, y tomando debidamente en conside-ración los dictámenes de las instituciones contempladas en los Tratados CE, en particular, del ComitéEconómico y Social y del Comité de las Regiones;
c) un portavoz importante de la sociedad, por definición y de conformidad con el mandato definido
recientemente por el Tratado de Niza (artículo 257), es el Comité Económico y Social, que goza deun estatuto consultivo, ya que, según las disposiciones vigentes, puede ser previamente consultado porel Consejo o por la Comisión «en todos aquellos casos en que lo consideren oportuno» (
3); su consulta
previa por parte de la Comisión puede considerarse prueba del fortalecimiento de la democracia par-ticipativa a nivel de la Unión (
4)(5);
d) la creación por parte de la Comisión de grupos de expertos en los que delegase tareas que podría
desempeñar el Comité Económico y Social de forma más adecuada, ya que es independiente de laComisión, sería incompatible con una buena gobernanza (
6);
(1) Dictamen del Comité Económico y Social sobre el papel y la contribución de la sociedad civil organizada en la
construcción europea, de 22 de septiembre de 1999, punto 7.1, DO C 329 de 17.11.1999, p. 339.
(2) Véase, también, el apartado 30 de la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de octubre de 2000 sobre
los informes de la Comisión dirigidos al Consejo Europeo titulados «Legislar mejor 1998 Jdash Una responsabi-lidad que debe compartirse» (COM(1998) 715 Jdash C5-0266/2000 Jdash 1999/2197(COS)) y «Legislar mejor 1999»
(COM(1999) 562 Jdash C5-0279/1999 Jdash 1999/2197(COS)) (DO C 197 de 12.7.2001, p. 433).
(
3) Artículo 262 del Tratado CE.
(4) Dictamen del Comité Económico y Social de 25 de abril de 2001, apartados 4.1, 4.2.1, 4.6 y 5.5 «Propuestas y
directrices», Propuestas 1) y 2).
(5) Véanse en este contexto los apartados 28 y 37 de la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de diciembre
de 1996 (DO C 20 de 20.1.1997, p. 31).
(6) En un proyecto de dictamen de la Subcomisión «Gobernanza» del Comité Económico y Social se cita el ejemplo del
«Grupo de política empresarial» encargado de la competitividad de la industria, formado por 30 miembros nom-
brados por los Estados miembros y 40 por la Comisión, lo que conlleva unos costes adicionales inmensos (Docu-
mento CES 95/2001 de 22.2.2001, apartado 4.2.2).C 153 E/318 ES 27.6.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 29 de noviembre de 2001
e) si bien la consulta a grupos interesados y a los expertos reviste una importancia de primer orden en
relación, en particular, con la preparación de las propuestas legislativas, no debería desembocar en lacreación de nuevos niveles burocráticos, por ejemplo en forma de «organizaciones acreditadas» o de«organizaciones con acuerdos de colaboración»;
f) en contacto con el CES, la Comisión debe encontrar estructuras organizativas para que el procedi-
miento de consulta de los grupos interesados pueda llevarse a cabo de manera razonable y eficiente;todas las consultas en curso se enumerarán en un registro accesible por Internet;
12. Propone, apoyándose en las propuestas de la Comisión y del Comité Económico y Social (
1), la
celebración de un acuerdo interinstitucional sobre la consulta democrática, que comprometa a las tresinstituciones a unos procedimientos y prácticas de consulta acordados a escala comunitaria; señala, no
obstante, en relación con el papel independiente de numerosas organizaciones no gubernamentales, que
la creación de normas de consulta no debe estar ligada a contrapartidas por parte de las organizaciones dela sociedad civil, ya que para que una democracia esté viva es necesaria una opinión pública independientey crítica; insiste, no obstante, en que deben aplicarse a estas organizaciones los requisitos democráticos enmateria de responsabilidad y transparencia del proceso normativo comunitario;
13. Indica que el acceso a la legislación es un elemento importante para la participación y la consulta
efectivas y señala, por lo tanto, la necesidad de coherencia y claridad de la legislación, del acceso práctico alos textos legislativos y de su mejor comprensión por los interesados;
14. Considera que ello presupone una buena publicidad y una comunicación óptima, directa (con la
opinión pública) e indirecta (por medio de la prensa), con el fin de suscitar el interés y ganar el apoyo delos ciudadanos para las medidas que se adopten;
15. Insiste en la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías para hacer frente a nuevos desafíos en
materia de comunicación, consulta y participación directa de la sociedad civil;
Organismos reguladores autónomos
16. Señala que con el traslado progresivo de competencias administrativas de la UE a agencias europeas
dotadas de competencias de decisión se dificultarían el ejercicio del derecho de codecisión y el controlpolítico del Parlamento Europeo y también del Consejo;
17. Considera, basándose en los principios recogidos en los apartados 8 y 10, que la creación de nuevos
organismos reguladores independientes, junto a la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Ali-cante, el Centro de Registro de las Variedades Vegetales de Angers, y la Agencia Europea para la Evalua-ción de Medicamentos de Londres, sólo puede ser apoyada en las condiciones recogidas en el LibroBlanco (
2) en aquellos casos en que se necesiten unos conocimientos científicos o técnicos determinados y
parezca adecuada una administración descentralizada, lo que no debe desembocar ni en una reducción del
control técnico y jurídico que ejerce la Comisión ni en la merma de su responsabilidad política;
18. Subraya, no obstante, que la Comisión debe contar en todo momento con los instrumentos necesa-
rios para poder dar cuenta al Parlamento y al Consejo de las actividades de estos organismos, que sólopodrán crearse, huelga decirlo, sobre la base de un fundamento jurídico claro;
Apertura y transparencia
19. Considera que una mayor transparencia y apertura del Consejo en su calidad de legislador repre-
senta una contribución imprescindible para una buena gobernanza y es el requisito básico de una mejorcomprensión y participación de la población y de la información de los círculos interesados en relacióncon los trabajos del Consejo en el marco de la legislación;
20. Subraya una vez más en este contexto la necesidad de que las reuniones del Consejo sean públicas
cuando se reúna como Consejo legislativo; en este caso, los debates y las votaciones deberán ser públicos;de conformidad con el Reglamento del Consejo, al comienzo y a la conclusión de todos los procedimientoslegislativos se celebrarán debates públicos y se publicarán los resultados de las votaciones y las explicacio-nes de voto;
(1) Libro Blanco, apartado 3.1: «Lo que precisamos es una cultura reforzada de consulta y diálogo; una cultura adop-
tada por todas las Instituciones y que asocie especialmente al Parlamento Europeo en el proceso consultivo, dado su
papel de representante de los ciudadanos», y dictamen del CES de 25.4.2001, apartados 3.5 y 3.5.1.
(2) Libro Blanco, apartado 3.2.27.6.2002 ES C 153 E/319 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 29 de noviembre de 2001
21. Lamenta que en el Libro Blanco no se citen en ningún momento las instituciones de la petición al
Parlamento Europeo y la queja al Defensor del Pueblo europeo, pese a que la Comisión Europea presta unacontribución muy apreciada y a menudo determinante al examen de las peticiones en el propio interés delciudadano europeo;
22. Lamenta que, aunque el Libro Blanco trate principalmente de cuestiones relativas a la buena admi-
nistración, la Comisión no haya podido adoptar una posición sobre la iniciativa del Parlamento Europeo ydel Defensor del Pueblo europeo relativa a la buena administración;
23. Juzga deplorable que no se utilice el proyecto de código de buena conducta administrativa como
punto de partida cuando la Comisión planea acciones concretas en aplicación del Libro Blanco;
24. Lamenta que la Comisión no mencione las nuevas disposiciones relativas al acceso a los documen-
tos en el Libro Blanco, ya que resulta evidente que una aplicación correcta de estas disposiciones y laasignación de recursos adecuados a la misma tienen una importancia capital con vistas a la buena gober-nanza en la UE;
La participación de las autoridades regionales y locales
25. Señala, teniendo en cuenta las consideraciones recogidas en los apartados 8 y 10, que no cabe
plantearse la delegación directa de competencias y funciones a organismos o autoridades a nivel regionalo local en los Estados miembros, ya que de ese modo se socavaría la estructura básica de la Unión y seviolarían los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que confían a los Estados miembros la deci-sión sobre su organización interna;
26. Acoge favorablemente la noción establecida en el Libro Blanco sobre el papel de las regiones como
intermediarias entre el ciudadano y las autoridades supranacionales; acogerá favorablemente las propuestasque formule la Convención para modificar la redacción del artículo 5 del Tratado CE con el fin de haceruna referencia específica a la función de las regiones constitucionales dentro de los Estados miembros;propone que se invite a las regiones y las autoridades locales, todas ellas con deberes importantes enmateria de aplicación de la legislación y la política comunitarias, a comprometerse en mucha mayormedida tanto en la labor consultiva de la fase prelegislativa como en el control poslegislativo de las reper-cusiones sobre el terreno de la legislación en cuestión;
27. Considera asimismo que el desarrollo de un diálogo sistemático y formal con asociaciones de muni-
cipios debe dar lugar a que sean oídos los ayuntamientos y las entidades locales en relación con todos losproyectos de la Comisión Europea que afecten a sus intereses;
28. Constata, en este contexto, que los acuerdos administrativos a que se aspira representan un enfoque
interesante y nuevo para la aplicación del Derecho comunitario, pero deben examinarse cuidadosamentelas repercusiones en el Derecho administrativo de los Estados miembros, en particular, en las estructuras dela autonomía administrativa municipal;
29. Subraya su compromiso con el principio de una ejecución autónoma de la legislación comunitaria
por los Gobiernos nacionales y las regiones, porque da lugar a una distribución de cometidos transparente,a una responsabilidad claramente definida y a una aplicación del Derecho de la UE cercana al ciudadano;insiste en un control eficaz de la observancia de las obligaciones que impone la legislación europea, porejemplo, mediante procedimientos por infracción del Tratado;
Hacia una legislación de mayor calidad
30. Señala que, desde hace años, las instituciones de la Unión mantienen un intenso intercambio de
puntos de vista sobre este tema (
1);
31. Observa que la elaboración de un Plan de Acción para una legislación de mayor calidad por parte
de un grupo de trabajo del Consejo (Grupo Mandelkern para una legislación de mayor calidad) y, parale-lamente, por un grupo de trabajo análogo de la Comisión, supone una grave ruptura del método comuni-tario, en la medida en que el Parlamento, en su calidad de colegislador, no ha sido informado ni llamado aparticipar en los trabajos;
(1) Cabe citar aquí los siguientes documentos recientes: Resolución del Parlamento Europeo de 4 de septiembre
de 2001 sobre el 17oinforme anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario
(1999) (COM(2000)92 Jdash C5-0381/2000 Jdash 2000/2197(COS)) («Textos Aprobados», punto 6), Resolución del Par-
lamento Europeo de 3 de julio de 2001 sobre el proyecto de acuerdo interinstitucional de 2000 para un recurso
más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos (2037/1/2000REV1 Jdash C5-0588/2000-2000/2266(ACI)) («Textos Aprobados», punto 5), Resolución del Parlamento Europeo de 16 de enero de 2001sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el reexamen del proyecto SLIM
(Simplificación de la Legislación en el Mercado Interior) (COM(2000)104 Jdash C5-0209/2000 Jdash 2000/2115(COS)),
así como la antes mencionada Resolución del Parlamento Europeo de 26 de octubre 2000.C 153 E/320 ES 27.6.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 29 de noviembre de 2001
32. Insta al Consejo a que no adopte el Plan de Acción para una legislación de mayor calidad sin
consultar previamente al Parlamento Europeo;
33. Recuerda que, el 2 de octubre de 2001, el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, aseguró al Parla-
mento Europeo que la Comisión no presentaría una propuesta de este tipo ni en el Consejo de Laeken nien ningún otro momento sin haber recabado previamente la opinión del Parlamento; insta, por ello, a laComisión a que se abstenga de someter al Consejo Europeo de Laeken un Plan de Acción para unalegislación de mayor calidad u otro documento de idéntico contenido aunque distinta denominación sinque el Parlamento, en su calidad de colegislador, haya podido emitir un dictamen detallado al respecto;
34. Opina, con referencia a la corregulación, que en la actualidad no existen disposiciones interinstitu-
cionales que garanticen al Parlamento el ejercicio efectivo de su función política y sus responsabilidades, nien relación con la elección adecuada del instrumento jurídico (respetando el derecho de iniciativa de laComisión) ni en relación con la calidad real y la aplicación de la corregulación propuesta;
35. Considera que el recurso a las llamadas directivas marco debe estar condicionado al ejercicio de los
adecuados mecanismos de control democrático; opina que, en el futuro, el Parlamento debe poder hacer
uso, en particular, de un mecanismo de revocación («call-back») para normativas legales adoptadas pordelegación;
36. Subraya que estos métodos deben ser examinados y analizados con mayor detalle por el Parlamento
y ser objeto de un acuerdo interinstitucional (
1); considera que si la Comisión parte de la base de que no
debe recurrirse a la corregulación en situaciones en que «las normas deben aplicarse uniformemente en
todos los Estados miembros» (2), su ámbito de aplicación no será probablemente muy amplio; observa que
hay que evitar por todos los medios llegar a una situación en la que los objetivos de protección del medioambiente fijados para la industria se adopten «sin tener en cuenta al Parlamento» en el marco de acuerdosaceptados por el Consejo (
3) y adoptados por la Comisión y asociaciones industriales que no son ni «repre-
sentativas» ni «responsables»(4);
37. Considera que el llamado «método abierto de coordinación» plantea menos problemas si se restringe
al intercambio de procedimientos que hayan demostrado su eficacia y a la comparación de progresosrealizados, y no se aplica en ámbitos de los que esté excluido el Parlamento, como la preparación de losConsejos Europeos; considera que la coordinación abierta no debe dar lugar en modo alguno a una legis-lación paralela que eluda los procedimientos legislativos consagrados en el Tratado CE;
38. Indica que una legislación de calidad debe convertirse en un elemento consustancial de la «cultura»
de las administraciones públicas a todos los niveles en la Unión Europea y alcanzar también la transposi-
ción de leyes y normativas por las autoridades de los Estados miembros; para ello, es necesario que seancorrectas y adecuadas la información y la formación de los funcionarios tanto en el nivel europeo como enlos niveles nacional, regional y municipal, a fin de garantizar una administración descentralizada y unaactitud favorable a Europa a todos los niveles;
39. Considera que cualquier modificación de los dispositivos legislativos comunitarios que afecten a
aspectos institucionales o jurídicos de la gobernanza deberá hacerse mediante una modificación de los
Tratados vigentes y, por lo tanto, estar incluida en el orden del día de la próxima Convención;
40. Opina que la Comisión debe presentar propuestas de reforma más detalladas en relación con la
comitología, ya que la aplicación de la legislación comunitaria por la Comisión precisa también de unamayor transparencia y un mayor control por parte del Parlamento en cuanto que colegislador;
41. Pide a la Comisión que, a fin de dar prioridad «al examen de las posibles violaciones del Derecho
comunitario» Jdash intención manifestada por ella misma-no dude en iniciar procedimientos que puedanllevar hasta la interposición ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de un recurso porincumplimiento contra los Estados miembros sobre la base del artículo 226 del Tratado;
42. Insta a la Comisión a que intensifique sus esfuerzos por llevar a cabo su propia reforma adminis-
trativa, a fin de configurar una administración pública de primera categoría, abierta y transparente, sin locual le será imposible aspirar a ser el principal ejecutivo en una Unión bien gestionada y responsable;
(1) En su Resolución de 26 de octubre de 2000 sobre «legislar mejor» el Parlamento ya se refirió a los peligros de los
«acuerdos voluntarios entre las partes» (nota siete, apartados 23 y 24 de la resolución contenida en el informeWürmeling).
(
2) Libro Blanco, apartado 3.1., cuadro titulado «Condiciones para el recurso a la corregulación».
(3) Véase la Resolución del Parlamento Europeo de 17 de julio de 1997 sobre la Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo sobre los acuerdos en materia de medio ambiente, DO C 286 de 22.9.1997,p. 254. El ejemplo más reciente de acuerdo voluntario con la industria se refiere a la protección de los peatones
frente a las lesiones provocadas por automóviles (Comunicación de la Comisión (COM(2001) 389, de 11.7.2001).
(
4) Libro Blanco, v. nota anterior.27.6.2002 ES C 153 E/321 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 29 de noviembre de 2001
Colaboración con el Parlamento Europeo
43. Espera que la Comisión Europea intensifique ante todo la cooperación con los diputados al Parla-
mento Europeo y los apoye en su cometido más genuino, a saber, el mantenimiento del diálogo con losciudadanos, de manera que los respectivos órganos de la Comisión faciliten todas las informaciones nece-sarias, por ejemplo, sobre procedimientos administrativos y el vencimiento de plazos y, en particular,atiendan de manera íntegra y exhaustiva a las peticiones de información;
44. Hace hincapié en que los diputados directamente elegidos al Parlamento Europeo son los represen-
tantes de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea;
Ampliación
45. Expone que en su Libro Blanco, la Comisión no aborda prácticamente la dimensión política de la
«ampliación», pese a haber señalado en su dictamen sobre la convocatoria de la última Conferencia Inter-
gubernamental, con razón, que «la ampliación exige adaptar el funcionamiento de las instituciones si se
quiere garantizar su eficacia en una Unión cuyo número de Estados miembros ha de duplicarse» (
1); señala
que, en el contexto de la ampliación, la cuestión de los costes que conllevan las reformas propuestas por laComisión con respecto a la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil adquiere una dimensióndiferente (
2);
Convención y Conferencia Intergubernamental
46. Señala que en lo referente a los temas que se plantean en el último capítulo del Libro Blanco
(«Debate sobre el futuro de Europa»), expondrá sus puntos de vista a la luz de los diferentes informes queelaborarán sus comisiones competentes en la materia, por lo que en la presente resolución no se trataránestos temas para evitar solapamientos y repeticiones;
Medidas específicas propuestas por la Comisión
47. Expresa su intención de examinar con detenimiento, tan pronto como se le remitan, las numerosas
propuestas y medidas recogidas en el Libro Blanco, entre las que figuran las siguientes:
Jdash las directrices que regulen los métodos de obtención y utilización del conocimiento especializado (
3),
Jdash la prioridad concedida al examen de las posibles violaciones del Derecho comunitario (4),
Jdash las condiciones para la creación de nuevas agencias reguladoras en la UE (5),
Jdash un código de conducta que fije unas normas mínimas para las consultas(6),
Jdash el desarrollo de fórmulas de colaboración con las redes clave (6),
Jdash un Programa de revisión y simplificación de la legislación comunitaria recurriendo a procedimientos
acelerados (7),
Jdash la codificación de las normas administrativas vigentes en materia de tratamiento de denuncias (7),
(1) «Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito», de 26.1.2000, COM(2000) 34, p. 6.
(2) Véase, en lo que se refiere al Parlamento, el informe adoptado por la Mesa el 3 de septiembre de 2001 titulado
«Preparar el Parlamento Europeo para la ampliación de la Unión Europea», PE 305.269/MESA/def.
(3) Libro Blanco, apartado 3.2.
(4) Libro Blanco, apartado 3.2. (cuadro).
(5) Libro Blanco, propuestas de cambio.
(6) Libro Blanco, apartado 3.1, «Plan de acción».
(7) Libro Blanco, apartado 3.2, «Plan de acción».C 153 E/322 ES 27.6.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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Jdash el examen de los medios para respaldar más adecuadamente, a nivel de la UE, el marco de cooperación
transnacional entre agentes regionales o locales (1),
Jdash la propuesta de celebrar acuerdos de hermanamiento entre Administraciones nacionales (2),
Jdash la revisión de la representación internacional de la Unión (3);
*
**
48. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, al Comité
Económico y Social, al Comité de las Regiones y a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estadosmiembros.
(1) Libro Blanco, apartado 3.1, «Plan de acción».
(2) Libro Blanco, apartado 3.2, «Plan de acción».
(3) Libro Blanco, apartado 3.3, «Plan de acción».
21. Política de empleo y política social
B5-0739/2001
Resolución del Parlamento Europeo sobre una estrategia europea para fomentar la calidad en el
trabajo y en la política social
El Parlamento Europeo,
Jdash Vista la Agenda de Política Social adoptada por el Consejo Europeo de Niza de los días 7 a 9 de
diciembre de 2000,
Jdash Vistas las Conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa (23-24 de marzo de 2000), Estocolmo
(23-24 de marzo de 2001) y Gotemburgo (15-16 de junio de 2001),
Jdash Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Políticas sociales y de empleo Jdash un marco para
invertir en la calidad» (COM(2001) 313),
Jdash Vista la propuesta de la Comisión de una decisión del Consejo relativa a las directrices para las polí-
ticas de empleo de los Estados miembros para el año 2002 (COM(2001) 511),
A. Considerando que el Consejo Europeo de Lisboa se fijó el objetivo estratégico de convertir la Unión en
la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecereconómicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social,
B. Considerando que la Agenda de Política Social adoptada por el Consejo Europeo de Niza pone de
relieve la necesidad de centrar la atención en la calidad a fin de garantizar una interacción positiva ymutuamente enriquecedora entre las políticas económicas, sociales y de empleo,
C. Considerando que la calidad del empleo debería ser un objetivo siempre, con independencia de la
coyuntura de crecimiento económico del momento,
D. Considerando que las orientaciones 2002 para el empleo incluyen la «calidad del trabajo» como obje-
tivo general,
E. Considerando que el Consejo Europeo de Estocolmo pidió al Consejo y a la Comisión que desarrolla-
ran indicadores para la calidad en el trabajo con vistas a su oportuna presentación durante el ConsejoEuropeo de Laeken,27.6.2002 ES C 153 E/323 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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