N° C 191/28 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 7. 91 
Dictamen sobre la evolución social de la Comunidad en 1990 
(91/C 191/13) 
El 17 de diciembre de 1990, de conformidad con el apartado 4 del artículo 20 del Reglamento 
interno, el Comité Económico y Social decidió emitir un dictamen sobre la evolución social 
de la Comunidad en 1990. 
La Sección de asuntos sociales, familia, educación y cultura, encargada de preparar los 
trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 13 de mayo de 1991 (ponente: Sr. Muller). 
En su 287° pleno (sesión del 29 de mayo de 1991), el Comité Económico y Social ha aprobado 
por mayoría, con dos votos en contra y diez abstenciones, el siguiente dictamen. 
1. Introducción 
1.1. De entrada, conviene recordar que el dictamen 
anual del Comité sobre la evolución social de la Comu­
nidad consiste primordialmente en un examen de los 
hechos y problemas registrados en materia social 
durante un período determinado, junto con una toma 
de posición frente a las observaciones así realizadas. 
Por consiguiente, este trabajo no aspira a ser un examen 
de envergadura y en profundidad del vasto ámbito de 
la política social. No obstante, mediante su dictamen 
anual el Comité Económico y Social pretende contribuir 
útilmente a la realización progresiva y coherente de 
dicha política, que deberá traducirse en el bienestar 
general de todos los ciudadanos y que reflejará la verda­
dera identidad social de la Comunidad Europea. 
1.2. El Comité lamenta no disponer del informe 
anual escrito de la Comisión sobre la evolución social 
en 1990. Solicita a la Comisión que, en el futuro, 
examine la posibilidad de publicar tal informe en un 
plazo de tiempo oportuno, es decir, a principios del año 
siguiente al de referencia. 
1.3. Dado que el programa de trabajo del Comité 
Económico y Social prevé la redacción de un dictamen 
sobre el empleo en Europa en 1990, el presente dictamen 
sobre la evolución social no incluye ninguna recomen­
dación sobre el empleo. A pesar de ello, es conveniente 
señalar algunos de los grandes rasgos de la evolución 
observada en 1990. 
1.3.1. La disminución del índice de desempleo en la 
Comunidad (sin contar la antigua RDA) observada en 
los últimos años no ha continuado a lo largo de 1990. 
El índice de desempleo global se ha estabilizado en el 
8,3 % de la población activa durante casi todo el 
segundo semestre y ha aumentado muy levemente a 
partir de diciembre. La disminución del ritmo de creci­
miento económico observada en muchos países euro­
peos desde finales del verano de 1990, así como los 
efectos de la guerra del Golfo en determinados sectores 
de actividad, hacen temer el mantenimiento de esta 
evolución desfavorable en el primer trimestre de 1991. El desempleo de larga duración, cuya persistencia se ha 
comprobado en un período de reducción del desempleo 
total, amenaza de nuevo con agravarse en una coyun­
tura de empleo menos favorable. 
Por el contrario, no parece que dicha pérdida de creci­
miento haya repercutido en la evolución del empleo en 
el segundo semestre de 1990. En su última nota de 
coyuntura de diciembre de 1990, los servicios de la 
Comisión incluso han revisado al alza sus estimaciones 
sobre el índice de crecimiento de empleo global en 1990 
( + 1,6% en lugar del 1,4%). 
1.3.2. Aunque esta evolución favorable después de 
dos años de fuerte crecimiento ha hecho posible que 
también se modifique la estructura de la oferta de 
empleo, al reducirse el porcentaje de empleos atípicos, 
hay que señalar que las perspectivas para 1991 se han 
revisado ya a la baja en lo que respecta al índice de 
crecimiento global del empleo, que será solamente del 
0,6%, en lugar del 0,9%. 
Por último, no debe olvidarse el hecho de que estos 
promedios comunitarios ocultan las profundas dispari­
dades que existen entre los países miembros. Algunos 
han experimentado ya un recrudecimiento del des­
empleo o una evolución desfavorable de éste en diversos 
sectores de la economía. 
Por todo ello, se insta a la Comunidad a velar por el 
mantenimiento y la consolidación de las medidas de 
intervención de carácter social y económico que permi­
tan luchar con eficacia contra el deterioro de las condi­
ciones de empleo. 
1.4. El Comité, consciente de la importancia y la 
agudización de los problemas que plantea la emigración 
dentro de la Comunidad, ha aprobado un dictamen de 
iniciativa sobre el estatuto de los trabajadores migrantes 
procedentes de terceros países y está elaborando un 
segundo dictamen de iniciativa sobre la política de 
inmigración. 
1.4.1. Por consiguiente, el presente dictamen no hará 
referencia a estos aspectos, aun cuando constituyen uno 
de los rasgos más significativos de la evolución social 
observada en el transcurso del pasado año, y aunque 
la política de inmigración, unida a una política de 
integración adecuada, debe tener en cuenta forzosa-
22. 7. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 191/29 
mente los fenómenos sociales que pueden ir unidos. Se 
trata sobre todo de manifestaciones como el racismo y 
la xenofobia, cuyas causas, así como sus consecuencias, 
es preciso analizar, debiendo introducirse medios efica­
ces para combatirlas. 
Ello es tanto más importante cuanto que dichos fenóme­
nos, que no siempre están vinculados a la inmigración, 
en razón de sus múltiples facetas y complejas ramifica­
ciones, repercutirán indefectiblemente en la política de 
los ciudadanos europeos. 
1.4.2. En este contexto, y teniendo en cuenta los 
acontecimientos recientemente ocurridos, el fenómeno 
de los movimientos migratorios procedentes de terceros 
países exige medidas apropiadas por parte de la Comu­
nidad. El Comité manifiesta su decepción por el hecho 
de que aún no se haya atendido su recomendación, 
reiterada y subrayada con especial hincapié en su dicta­
men sobre la evolución social de la Comunidad en 1989, 
relativa a la creación de «un contexto jurídico común 
aprobado por los Estados miembros en materia de 
emigración, de libertad de circulación en Europa de los 
ciudadanos de terceros países, incluyendo los nómadas 
de cualquier nacionalidad». Es de esperar que las reco­
mendaciones que emita el Comité Económico y Social 
con respecto a la política de emigración merezcan la 
atención de las Instituciones comunitarias. 
2. La aplicación de la Cana social 
2.1. La toma de conciencia general de la necesidad 
de conferir a la dimensión social europea un valor 
equivalente al que se da a la dimensión económica se 
concretó mediante la adopción a finales del 1989 del 
programa de acción de la Comisión para la realización 
de la Carta comunitaria de los derechos sociales funda­
mentales. Este paso importante puede justificar cierto 
optimismo en la medida en que las instancias comunita­
rias y nacionales, y con ellas, los interlocutores sociales, 
serán capaces de afrontar los problemas y acelerar el 
movimiento. Aunque este optimismo se ha visto afec­
tado ya por las dudas suscitadas con respecto al pro­
grama de acción y su realización dentro de los plazos 
previstos. 
El papel constructivo desempeñado por el Comité Eco­
nómico y Social, sobre todo en la fase de elaboración 
de esta Carta, es conocido y ampliamente reconocido. 
Por ello, debería tenerse en cuenta la posición crítica 
del Comité frente a los resultados obtenidos. 
2.2. Procedimientos y métodos de actuación 
2.2.1. Conforme al apartado 29 de la Carta Comuni­
taria de los derechos sociales fundamentales de los 
trabajadores, la Comisión establecerá «cada año, 
durante el último trimestre, un informe sobre la aplica­
ción de la carta por los Estados miembros y por la 
Comunidad Europea». 
Hasta ahora no ha aparecido este informe sobre le 
primer año de aplicación de la Carta. Sin duda tendría interés que estos informes anuales, publicados dentro 
del plazo previsto, fuesen suficientemente explícitos 
para que de ellos se pudiesen deducir las perspectivas 
de progresión normal y también las posibles causas 
de estancamiento o de los obstáculos surgidos en los 
diversos ámbitos del programa de acción. 
2.2.2. La declaración del Presidente de la Comisión, 
Sr. Jacques Delors, según la cual la Carta comunitaria 
de los derechos sociales no podrá integrarse en la reali­
dad social sin la participación activa de los interlocuto­
res sociales pone de relieve la necesidad, entre otros 
medios de acción, de reforzar el diálogo social. 
2.2.2.1. En este contexto se alude por regla general 
al diálogo social, tradicionalmente desempeñado por el 
Comité Económico y Social, por una parte, y la UNICE 
y la CEEP, por otra. Además, en el transcurso de 1990, 
la Comisión ha continuado su proceso de consultas 
sectoriales. 
No cabe duda, por una parte, de que estos diálogos en 
los que las organizaciones participantes representan a 
los interlocutores sociales han permitido alcanzar un 
consenso o dictámenes comunes sobre los distintos 
temas tratados. Por otra parte, algunas críticas formula­
das por razones diversas en los dos campos de los 
interlocutores sociales, así como en determinados secto­
res de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), 
plantean la cuestión de si no sería oportuno emprender 
un análisis en profundidad de las fórmulas de diálogo 
más apropiadas, de los métodos que conviene utilizar, 
del contenido y el alcance de los temas, de cómo llevar a 
cabo el diálogo social, del problema de las competencias 
atribuidas a los interlocutores a nivel nacional y comu­
nitario, así como del valor y efecto de los compromisos 
acordados o las decisiones adoptadas. 
Si bien no se pretende difuminar la clara distinción que 
debería establecerse entre el Comité como Institución 
consultiva comunitaria y los interlocutores sociales en 
su papel de negociadores, el Comité debería poder 
expresar su opinión en el contexto de este debate. 
2.2.2.2. El diálogo social mencionado en el punto 
2.1.2.1 se ha visto ratificado, entre otros, por el Acta 
Única, cuyo artículo 118 B establece que «la Comisión 
procurará desarrollar el diálogo entre las partes sociales 
a nivel europeo, que podrá dar lugar, si éstas lo conside­
ran deseable, al establecimiento de relaciones basadas 
en un acuerdo entre dichas partes ». Entre las relaciones 
convencionales de que se trata aquí, cabe incluir la 
celebración de acuerdos marco a nivel europeo. Así 
pues, es necesario superar el estadio de mero diálogo 
para instaurar la búsqueda de acuerdos por la vía de la 
negociación, como elemento esencial para llevar a cabo 
la integración europea. 
Por lo tanto no está excluido que, en el camino hacia 
una mejor cohesión económica y social, la Comunidad 
N° C 191/30 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 7. 91 
pueda llegar a una plataforma de diálogo que, teniendo 
en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales, per­
mita encontrar posiciones convergentes y puntos de 
acuerdo sobre algunas grandes problemáticas sociales. 
A partir de esta posición, la normativa social podría 
adquirir un carácter mixto, basándose tanto en Directi­
vas y Reglamentos como en los resultados del diálogo 
social. Ello permitiría a los interlocutores sociales des­
empeñar un papel creciente y contribuir decisivamente 
a establecer la normativa social, respetando el principio 
de autonomía en las negociaciones. 
Es verdad que esta acción debería realizarse con prag­
matismo y articularse perfectamente con la evolución 
de las otras políticas comunitarias. 
El Comité Económico y Social recomienda a la Confe­
rencia intergubernamental que estudie este problema 
del diálogo social como instrumento de progreso y la 
función que debe desempeñar el Comité Económico y 
Social en este contexto. 
En el mismo orden de cosas, el Comité sugiere que se 
revise la aplicación del principio de subsidiariedad en 
materia social, sin perder de vista el hecho de que las 
iniciativas que hay que adoptar para poner en práctica 
los derechos sociales competen a la responsabilidad de 
los Estados miembros y de los interlocutores sociales, 
así como la opinión expresada por el Comité en su 
dictamen sobre los Derechos Sociales Fundamentales 
en cuanto a que los instrumentos y procedimientos 
especificados en el Tratado son los que deben ponerse 
en práctica para (a) garantizar la protección de los 
derechos sociales fundamentales en los sistemas jurídi­
cos de los Estados miembros y (b) facilitar la aplicación 
de aquellas medidas sociales que constituyen una condi­
ción une qua non para el desenvolvimiento armónico 
del mercado interior. 
2.3. El problema de las competencias y de los funda­
mentos jurídicos influye de manera decisiva en la aplica­
ción de la Carta social. 
A este respecto, el Comité toma nota de la intención 
del Gobierno de Luxemburgo, que actualmente desem­
peña la Presidencia del Consejo, que se caracteriza por 
tres elementos: 
— hacer avanzar prioritariamente las cuestiones socia­
les en las que parece posible progresar y llegar a 
una conclusión rápidamente, 
— discutir prioritariamente el fondo de las cuestiones, 
evitando atascarse en discusiones sobre el funda­
mento jurídico, 
— hacer que estos problemas de fundamento jurídico 
se aborden en los ámbitos competentes y dar ocasión 
a la Conferencia intergubernamental de dedicarles 
algunas reflexiones. Es evidente que el problema del fundamento jurídico 
está directamente relacionado con el de las competen­
cias. De todos modos, esta cuestión se examinará con 
motivo de la Conferencia intergubernamental. 
En relación con esto, parece oportuno referirse al dicta­
men de la Comisión del 21 de octubre de 1990 relativo 
al proyecto de revisión del Tratado constitutivo de la 
CEE en lo referente a la unión política (*), en el que, 
entre otras cosas, se dice: 
« Al igual que ocurre con el Acta Única, es preciso 
entender la cuestión de las competencias, no en 
términos generales, sino en función de una selección 
de los medios de actuación comunitaria que se nece­
sitan para conseguir el desarrollo equilibrado de las 
políticas comunes. 
Con este enfoque selectivo, la Comisión propone 
que, para la ampliación de competencias, se conside­
ren como factores prioritarios la dimensión social, 
las grandes redes de infraestructuras y la libre circu­
lación de personas, aspectos todos relacionados con 
el desarrollo óptimo del mercado interior. » 
Debido al procedimiento seguido en la preparación de 
la Conferencia intergubernamental, el Comité lamenta 
que no se le haya ofrecido la oportunidad de pronunci­
arse sobre estas cuestiones. Con todo, confía en que las 
Instituciones comunitarias tomen en consideración las 
preocupaciones que el Comité ha expresado en repeti­
das ocasiones y, en particular, en su dictamen sobre los 
derechos sociales fundamentales comunitarios. 
2.4. El programa llevado a cabo en 1990 
2.4.1. La Comisión ha adoptado diversas propuestas 
de Directiva en 1990, fundamentalmente relativas a la 
protección de los trabajadores en materia de salud y 
seguridad, al trabajo «atípico», a la información y 
consulta a los trabajadores dentro de la empresa, a la 
prueba escrita de la relación laboral, a la protección de 
las personas de edad avanzada y a la mejora de la 
movilidad de los trabajadores minusválidos. 
La propuesta de Directiva relativa al régimen aplicable 
a los trabajadores de un Estado miembro que se despla­
zan a otro para trabajar, prevista para 1990, debería ser 
adoptada por la Comisión durante el primer semestre de 
1991. 
2.4.2. En relación con otros sectores de actividad, 
se han presentado diversos programas, referentes a la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres, la mejora 
de las condiciones de los minusválidos, el empleo de 
fondos comunitarios para la formación de jóvenes, 
mujeres y parados de larga duración. 
Cabe mencionar que, debido a la carencia de funda­
mento jurídico, la Comisión no ha formulado ninguna 
En la situación actual, el Comité se adhiere a este 
proceder. í1) CM. 60.90.200 FR.C p. 21. 
22. 7. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 191/31 
propuesta relativa a la armonización de los objetivos 
de la seguridad social, o a la cuestión de la inserción o 
de los ingresos mínimos garantizados para reducir la 
pobreza. 
El Comité insta encarecidamente a la Comisión a que 
examine estas cuestiones y acoge favorablemente las 
iniciativas previstas para 1991, referentes a la formula­
ción de una recomendación sobre los criterios comunes 
relativos a la existencia de unos recursos y prestaciones 
suficientes en los sistemas de protección social y de una 
comunicación sobre el establecimiento de unos ingresos 
mínimos. 
Asimismo, el Comité acoge favorablemente la intención 
expresada por la Comisión en su programa de trabajo 
para 1991 de proponer su enfoque con respecto al 
mantenimiento y transferencia de las pensiones comple­
mentarias. 
2.4.3. En cuanto al avance de los trabajos en el seno 
del Consejo de Ministros, las quejas expresadas en 
diversas ocasiones por el Presidente de la Comisión 
sobre la lentitud de la concretización de la dimensión 
social podrían referirse entre otras cosas al hecho de 
que el Consejo ha adoptado pocas decisiones formales. 
El Comité comparte esta misma preocupación y, por 
ello, respalda la voluntad manifestada por la Presiden­
cia luxemburguesa de acelerar los trabajos futuros y 
conceder prioridad a la Europa social. No obstante, 
hay que puntualizar que el Consejo ha emprendido los 
debates sobre la mayoría de las propuestas presentadas 
por la Comisión. Por ejemplo, se ha adoptado una 
posición común sobre la propuesta relativa al amianto 
y también sobre la Directiva relativa a la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo de los trabajadores 
temporales e interinos. Además, el Consejo ha adoptado 
una decisión sobre el plan de acción comunitario en 
favor de las personas de edad avanzada. 
3. La cohesión económica y social: algunos factores 
potenciales de refuerzo 
3.1. Es evidente la existencia de interacciones entre 
«lo económico» y «lo social». Una premisa esencial 
para la plena realización del mercado interior es el 
desarrollo armonioso de ambos ámbitos en el conjunto 
de la Comunidad. La búsqueda constante de la « mejora 
por la vía del progreso» implica que debe tenerse en 
cuenta dicho desarrollo armonioso. En lo que respecta 
a la aplicación de la Carta social, sin duda es preciso 
subrayar una serie de elementos que conforman una 
especie de tejido conjuntivo para reforzar la cohesión 
económica y social. Al mismo tiempo es preciso identifi­
car los elementos que pueden debilitar dicha cohesión. 
3.2. Ante todo, cabe citar los programas comunita­
rios de ayuda financiera directa en favor de la realiza­
ción de iniciativas en diversos ámbitos de la política 
social y los programas de ayuda para impulsar la puesta 
en marcha de proyectos piloto e intercambios de infor­
mación. Estos programas pueden constituir medidas muy valio­
sas de acompañamiento a la hora de aplicar la legisla­
ción comunitaria a nivel nacional o regional y en todos 
los ámbitos en que resulte útil una sensibilización de 
los ciudadanos y de los sectores económicos a favor de 
los aspectos sociales. Esto supone una acción perma­
nente de integración del aspecto social en las diversas 
acciones, evaluaciones razonables del impacto de las 
medidas de acompañamiento y comunicaciones adecua­
das sobre estas medidas para los interlocutores sociales. 
Puede citarse como ejemplo la entrada en vigor de las 
Directivas relativas a la seguridad en el lugar de trabajo. 
El carácter constrictivo de las medidas adoptadas en 
este ámbito no basta por sí solo para reforzar la cohe­
sión económica y social, pese a la existencia de relacio­
nes evidentes entre lo «económico» y lo «social». Las 
actividades de formación e información pueden resultar 
muy beneficiosas para reformar la cohesión de forma 
global y duradera sobre los diversos aspectos de la 
seguridad, sobre todo teniendo en cuenta la existencia 
de numerosas Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 
dentro de la Comunidad. 
3.3. La ausencia de normativa comunitaria puede 
crear un cierto vacío entre el ámbito económico y el 
social. Así, por ejemplo, la liberalización del sector de 
las adjudicaciones públicas se ve debilitada por la falta 
de una reglamentación comunitaria específica en lo que 
respecta a la aplicación del derecho de trabajo y de 
seguridad social en el supuesto de que intervengan 
equipos de trabajo de un Estado miembro que tenga un 
nivel de protección social inferior al del Estado donde 
se ejecutan los trabajos. 
Asimismo, desde la perspectiva de una mayor cohesión, 
debe procurarse que la aplicación de las diversas políti­
cas comunitarias vaya acompañada por una mejor con­
sideración de la dimensión social. A este respecto, cabe 
referirse a los problemas sociales relacionados con la 
reforma de la política agrícola y con la aplicación de 
la política regional. El Comité celebra la creación de 
una unidad específica de la Comisión encargada de 
evaluar las repercusiones de diversas iniciativas comuni­
tarias sobre la cohesión económica y social. El Comité 
tendrá ocasión de examinar esta problemática en el 
dictamen de iniciativa que tiene intención de elaborar. 
3.4. Una de las políticas comunitarias que puede 
calificarse de factor de enlace por excelencia para la 
cohesión económica y social es la de la formación 
profesional. 
Entre las iniciativas adoptadas en el ámbito de la forma­
ción profesional, el Comité desea mencionar especial­
mente la notable acción emprendida por la Task Forcé 
«Recursos Humanos, Educación, Formación y Juven­
tud» creada recientemente por la Comisión. Esta acción 
consiste fundamentalmente en definir, a partir de una 
exposición de motivos y reflexiones y teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos gracias a un nuevo 
procedimiento de consulta tripartita en los doce Estados 
N° C 191/32 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 7. 91 
miembros, las nuevas orientaciones que deben guiar 
una política común de formación profesional para los 
años 90. 
Dicha iniciativa denota claramente que el aprovecha­
miento de los recursos humanos resultante de una for­
mación adecuada ocupa un lugar central en el contexto 
de la competencia internacional y desempeña un papel 
primordial en el proceso de consolidación del creci­
miento y de mejora de las condiciones sociales. 
El Comité alienta a la Comisión en esta iniciativa de 
reactivación y racionalización de la política de forma­
ción profesional. Solicita que se adopten las medidas 
necesarias para que las modalidades de funcionamiento 
del Comité Consultivo para la formación profesional 
puedan adaptarse a las necesidades que impongan las 
nuevas actividades, para que este instrumento de diá­
logo pueda desempeñar un papel decisivo en el procedi­
miento previsto. 
3.5. Es cierto que las políticas sociales de los Estados 
miembros están firmemente enraizadas en la historia y 
la cultura de cada país. Esta es una situación de fado 
que hace poco realista intentar una armonización 
rápida de los sistemas de protección social. No 
obstante, en los países miembros hay un consenso gene­
ralizado sobre la necesidad de promover una estrategia 
de convergencia de los objetivos políticos de protección 
social. 
Consciente de la complejidad y las dificultades que 
comporta la realización de las recomendaciones en este 
ámbito, el Comité desea señalar algunos motivos de 
preocupación importantes, en relación con algunos 
aspectos que pueden ser decisivos para la consolidación 
de la proyectada cohesión. 
3.5.1. Las personas de edad avanzada 
El Comité ha abordado ya en varias ocasiones las 
consecuencias del envejecimiento ineludible de la pobla­
ción de la Comunidad, pero, no obstante, desea subra­
yar lo siguiente: 
La Decisión del Consejo del 26 de noviembre de 1990 
relativa a la iniciativa comunitaria en favor de las 
personas de edad avanzada es la primera iniciativa 
comunitaria en este ámbito. En su dictamen del 8 de 
julio de 1990, el Comité pedía un programa mucho mas 
ambicioso en su contenido y financiación. El Comité 
solicita que, antes de la finalización del programa, 
puedan introducirse reajustes en función de los informes 
de ejecución y las conclusiones de los trabajos del 
Comité. En lo inmediato, desea que se puedan tomar 
rápidamente medidas para aliviar los problemas de 
desplazamiento de las personas de edad avanzada en el 
interior de la Comunidad. 
Los progresos con respecto a la esperanza de vida 
después de la jubilación agravan las dificultades de 
financiación de los regímenes de pensión y jubilación. 
Por ejemplo, se puede considerar que un jubilado actual 
disfruta de su pensión, por término medio, durante un tiempo dos veces superior al de uno de 1950. En la 
mayoría de los países, estos problemas de financiación 
se agravarán considerablemente dentro de pocos años. 
Aunque esta cuestión sea competencia, más que cual­
quier otra, de la política nacional, sería de desear que 
los estudios comunitarios analizaran las soluciones 
adoptadas en los diferentes países y examinaran los 
elementos de convergencia. 
Debe dedicarse especial atención a las experiencias que 
faciliten una mayor capacidad de adaptación al empleo 
a los trabajadores de más de 50 años de edad. Con una 
perspectiva a medio y largo plazo, sería preciso invertir 
la tendencia a excluirlos del mercado laboral. Aparte 
de acabar con la discriminación por razón de edad que 
ello implica, es importante investigar las condiciones 
que permitan garantizar mejor el empleo (de jornada 
completa o parcial) a las personas de edad y facilitar 
la transición entre la vida activa y la jubilación. Induda­
blemente, para ello se requiere aplicar métodos de for­
mación continua adecuados, así como políticas más 
sistemáticas de control de la salud de los trabajadores 
y de investigación para conseguir mayor ergonomía en 
el puesto de trabajo. 
3.5.2. La maternidad 
Exceptuando Irlanda, todos los países de la Comunidad 
se caracterizan por tener un índice de natalidad que no 
garantiza la renovación generacional y que, a falta de 
migraciones, provocará a la larga una disminución de 
la población de los países miembros. Este descenso de 
la población puede deplorarse, pero la decisión de tener 
o no tener hijos, o limitar el número, es una elección 
personal de los padres, desvinculada de los intereses de 
la política pública a favor de la natalidad. 
Por el contrario, parece importante que las políticas 
sociales y fiscales no penalicen a los padres que han 
elegido tener hijos. En particular sería necesario velar 
por que las políticas de armonización fiscal no se hagan 
en detrimento de las políticas de ayuda a las familias. 
Gracias a los proyectos de Directiva sobre la protección 
de la mujer embarazada y las modalidades de custodia 
infantil que se examinarán en 1991, los países que aún 
no disfrutan de estas disposiciones podrán avanzar en 
pos de una mayor conciliación entre la actividad y éxito 
profesional de las mujeres y su deseo de ser madres. 
Para poder estudiar sobre bases sólidas los proyectos 
futuros, el Comité considera necesario también que la 
Comunidad impulse un programa de estudios compara­
tivos sobre los diferentes modos de compensación de 
las cargas familiares que existen en Europa. Se trata 
de una cuestión de enorme complejidad, porque la 
comparación no puede limitarse a las medidas destina­
das exclusivamente a las familias (subsidios familiares, 
deducciones fiscales) sino que ha de tener en cuenta 
otras medidas que también benefician a las familias 
aunque sus objetivos tengan un alcance más general. 
Ello requiere examinar el conjunto de los sistemas de 
22. 7. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 191/33 
protección social y las disposiciones fiscales que afectan 
a las familias. 
3.5.3. La lucha contra la pobreza 
En múltiples ocasiones, el Comité Económico y Social 
ha pedido que se intensifiquen las acciones destinadas 
a combatir la pobreza. Por ello, acoge con satisfacción 
el anuncio de un proyecto de recomendación sobre 
los criterios comunes relativos a la existencia de unos 
recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de 
protección social, mencionado en el apartado 2.4.2, si 
bien lamenta que la falta de fundamento jurídico no 
permita adoptar un texto más vinculante. A este res­
pecto, recuerda las recomendaciones formuladas en su 
dictamen del 8 de julio de 1989 sobre la pobreza y en 
su documento informativo del 15 de marzo de 1989, y 
confía en que las medidas de estímulo permitan a ciertos 
países progresar con mayor rapidez en esta vía. 
4. Conclusión 
4.1. El Comité manifiesta su interés por el informe 
que elaborará la Comisión sobre la aplicación de la 
Carta social, sobre todo porque dicho informe, que ya 
lleva cierto retraso, parece basarse en los resultados de 
una encuesta realizada en forma de cuestionario en 
todos los Estados miembros, por lo que debería incluir 
Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 1991. indicaciones útiles sobre los medios de avanzar en el 
ámbito social 
El Comité desearía poder pronunciarse sobre dicho 
informe, tal como fue acordado con el Presidente de la 
Comisión en el transcurso del pleno del Comité de 
febrero de 1991. 
4.2. En los capítulos precedentes se han planteado 
determinados problemas de fuerte componente social; 
otros problemas con importantes implicaciones socia­
les, económicas y culturales se tratan diariamente en el 
Comité. En las orientaciones que se deben establecer 
para la construcción de Europa es conveniente tener 
una visión global e integrada de estos problemas y 
llegar a una justa evaluación del impacto de todos estos 
elementos sobre el objetivo fundamental: conseguir el 
bienestar general de todos los ciudadanos de la Comuni­
dad y hacer frente a todo elemento perturbador. Consi­
derados desde esta perspectiva, problemas como el des­
empleo, el racismo, la xenofobia y la discriminación 
económica y social adquieren necesariamente otra 
dimensión. 
El Comité manifiesta sumo interés por los trabajos que 
se han encargado a la nueva unidad mencionada en el 
apartado 3.3. 
4.3. Tras la declaración solemne de la Carta social, 
conviene adoptar un enfoque más concreto y específico 
para reforzar la plataforma social existente y para erigir 
sobre ella los pilares imprescindibles para llevar a cabo 
la política social que el desarrollo equilibrado de la 
Comunidad requiere. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Frangís STAEDELIN 
N° C 191/34 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 7. 91 
ANEXO 
al dictamen del Comité Económico y Social 
La siguiente enmienda, que obtuvo más de una cuarta parte de los votos emitidos, fue rechazada en el 
transcurso del debate: 
Apartado 2.2.2.2, primer párrafo 
Suprímase la frase final del primer párrafo « Así pues, es necesario ... integración europea » y sustituyase por 
la siguiente: 
« Esto es algo que habría que explorar más a fondo en sucesivos debates con el fin de determinar si hay 
o no perspectivas reales de que los acuerdos negociados a nivel europeo se hagan realidad.» 
Exposición de motivos 
La consecución de acuerdos marco a nivel europeo requerirá un amplio consenso entre los representantes de 
los interlocutores sociales de todos los Estados miembros. Antes de ver claro si existe o no semejante consenso 
hará falta no pocas discusiones. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 33, votos en contra: 62, abstenciones: 14. 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a las disposiciones mínimas 
destinadas a mejorar la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores de las 
industrias extractivas (!) 
(91/C 191/14) 
El 31 de enero de 1991, de conformidad con el artículo 118 A del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de asuntos sociales, familia, educación y cultura, encargada de preparar los 
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de mayo de 1991 (ponente: Sr. Flum). 
En su 287° pleno (sesión del 29 de mayo de 1991), el Comité Económico y Social ha aprobado 
por mayoría y 14 abstenciones el siguiente dictamen. 
1. Descripción del programa 
1.1. La propuesta de Directiva de la Comisión de 
la Comunidad Europea tiene por objetivo mejorar la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores 
de las industrias extractivas. Se establecen disposiciones 
mínimas relativas a los métodos de trabajo, la configu­
ración del lugar de trabajo, el equipo, las instalaciones 
sanitarias y los locales de descanso. 
1.2. La propuesta se basa en el artículo 118 A del 
Tratado CEE y está incluida en el contexto de la comu­
nicación de la Comisión relativa a su programa sobre 
seguridad e higiene en el lugar de trabajo. 
(*) DO n° C 32 de 7. 2. 1991, p. 7. 1.3. La propuesta forma parte de las medidas sociales 
destinadas a acompañar la consecución del mercado 
interior. 
1.4. La propuesta de Directiva abarca las «industrias 
extractivas » dedicadas a los trabajos siguientes: 
a) la exploración y explotación de yacimientos minera­
les mediante perforación (p. ej. producción de petró­
leo, gas natural, sal, etc.); 
b) la exploración y explotación de yacimientos minera­
les en minas a cielo abierto (p. ej. producción de 
arena, grava, balasto, mármol, granito, pizarra, 
yeso, cal, lignito, etc.); 
c) la exploración y la explotación de yacimientos mine­
rales subterráneos (p. ej. producción de hulla, lig­
nito, mineral de hierro, sal gema, sales potásicas, 
yeso, pizarra, etc.).