Tal como confirma la jurisprudencia de los tribunales de la UE, el plan de pensiones de los funcionarios de la UE es un fondo nocional (virtual) con prestaciones definidas, en el que las contribuciones de los miembros en activo del personal sirven para financiar las futuras pensiones de los cotizantes. Las contribuciones cubren realmente el coste de los derechos de pensión adquiridos en un año determinado y no están en modo alguno vinculadas a los gastos de pensiones del ejercicio.

Solo es posible realizar una comparación de las prestaciones de los regímenes de pensiones entre los Estados miembros hasta cierto punto, ya que existen diferencias estructurales entre los mismos. En concreto, los regímenes para los funcionarios de las administraciones centrales de los Estados miembros pueden no cubrir las mismas poblaciones, es decir, los regímenes de los Estados miembros cubren alternativamente a los funcionarios de la administración central, a todos los funcionarios del sector público, o bien encuadran al conjunto de la población activa junto con los funcionarios de las administraciones centrales.

Tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020, no se han registrado datos para el Reino Unido. De hecho, el análisis realizado en este informe servirá como base para las acciones futuras. Por lo tanto, si bien se reconoce plenamente el hecho de que el Reino Unido era un Estado miembro durante el periodo de referencia, no parece apropiado en estos momentos incluir datos relativos a la situación en el Reino Unido.

El artículo 77 del Estatuto de los funcionarios hace referencia a la edad de jubilación, que también se conoce como edad normal de jubilación. Este término corresponde a la edad a la que el personal de Unión Europea (UE) se jubila automáticamente sin penalización económica. Desde el 1 de enero de 2014, la edad normal de jubilación del personal de la UE ha aumentado hasta los sesenta y seis años para el personal contratado a partir de 2014. Al personal contratado antes de esa fecha se aplican disposiciones transitorias.

Existen dos excepciones a la edad normal de jubilación:

-En primer lugar, los miembros del personal pueden solicitar la jubilación anticipada, es decir, jubilarse antes de alcanzar la edad normal de jubilación. Desde el 1 de enero de 2014, la edad para solicitar la jubilación anticipada se ha aumentado hasta los cincuenta y ocho años para todo el personal. La jubilación anticipada resulta siempre en una sanción económica significativa.

-En segundo lugar, los miembros del personal pueden seguir trabajando hasta los sesenta y siete años, siempre que sea a petición propia y la autoridad facultada para proceder a los nombramientos lo considere justificado en interés del servicio. De forma excepcional, los miembros del personal pueden trabajar hasta los setenta años de edad, en cuyo caso deberán jubilarse automáticamente el último día del mes en que alcancen dicha edad.

3.Evolución de la edad de jubilación de los funcionarios de las administraciones centrales de los Estados miembros

Los gráficos siguientes muestran la evolución de la edad normal de jubilación, la edad máxima y la edad mínima de jubilación de los funcionarios de las administraciones centrales de los Estados miembros. Los Estados miembros a los que no se hace referencia en los gráficos no proporcionaron datos a Eurostat o no tienen una edad mínima o máxima de jubilación.

3.1. Edad normal de jubilación en las administraciones públicas centrales de los Estados miembros

3.2. Edad mínima de jubilación

3.3. Edad máxima de jubilación

3.4. Evaluación de la evolución de la edad de jubilación para el personal de las administraciones públicas de los Estados miembros

* Esta tabla se basa en los datos disponibles en la tabla 3.2. Para los países que tienen edades de jubilación diferenciadas entre mujeres y hombres, en la tabla anterior aparece reflejado el valor más elevado.

Los gráficos anteriores muestran la evolución de la edad mínima, normal y máxima de jubilación aplicable a los funcionarios de las administraciones centrales de los Estados miembros entre los años 2014 y 2018.

Puede observarse una desigualdad, ya que algunos Estados miembros no tienen edad mínima de jubilación, mientras que en otros no existen diferencias entre la edad máxima y la edad normal de jubilación para los funcionarios de la administración central.