7.

Solicita al Consejo y a la Comisión que tengan en cuenta las siguientes solicitudes antes de presentar la propuesta de Reglamento a la aprobación del Parlamento Europeo: i) el presupuesto de la Unión constituye la garantía última de todas las medidas de ayuda otorgadas en virtud de la propuesta sobre la balanza de pagos; de acuerdo con esto, la Comisión debería presentar soluciones adecuadas que vayan más allá de las disposiciones existentes para que el papel de control del Parlamento sobre el presupuesto de la Unión pueda tenerse en cuenta de manera más significativa en la propuesta sobre la balanza de pagos y desempeñarse de forma tal que permita una auténtica rendición de cuentas; ii) la Comisión debería aclarar la relación entre cualquier ayuda que se pueda otorgar a un Estado miembro no perteneciente a la zona del euro en virtud del Reglamento (UE) no 407/2010 por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera (5) y las disposiciones y los instrumentos establecidos en virtud del Reglamento 3que se ha de adoptar sobre la base de la propuesta sobre la balanza de pagos una vez suspendido el MEEF; iii) dado que próximamente se suspenderá el MEEF, tal como anunciaron los dirigentes de la UE en el Consejo Europeo de 2010, con motivo de la entrada en vigor del Tratado MEDE, los fondos pendientes del MEEF (aproximadamente unos 10 000 millones de euros) deberían transferirse al instrumento relativo a la balanza de pagos, lo que aumentaría su capacidad máxima de 50 000 millones EUR a 60 000 millones EUR; una vez que los Estados miembros hayan reembolsado los préstamos obtenidos del MEEF, ya no es necesaria la garantía del presupuesto de la Unión para el importe reembolsado, por lo que se libera el presupuesto para garantizar nuevos préstamos. Tras la interrupción del MEEF, la capacidad restante ya no se utilizará en el marco del MEEF y podría utilizarse en el marco del instrumento relativo a la balanza de pagos; iv) no debería establecerse vínculo efectivo ni condición sustancial alguna entre el instrumento relativo a la balanza de pagos y el uso de los Fondos Estructurales en la propuesta sobre la balanza de pagos; las condiciones relativas al uso de los Fondos Estructurales deberían, en caso necesario, abordarse en el correspondiente acto legislativo relativo a la política de cohesión; v) el artículo 2, apartado 4, de la propuesta sobre la balanza de pagos, que contempla la exigencia de consultar con la Comisión cuando se solicite ayuda financiera fuera de la Unión, no debe aplicarse a un Estado miembro que reciba ayuda financiera con carácter preventivo en forma de una línea de crédito no condicionada a la adopción de nuevas medidas políticas por parte del Estado miembro de que se trate, siempre y cuando no se utilice la línea de crédito; vi) es necesario mejorar la transparencia y la responsabilidad en el marco del proceso de supervisión reforzada, adaptando el diálogo económico de modo que el correspondiente parlamento nacional y el Parlamento Europeo puedan invitar a la Comisión, al Consejo, al Banco Central Europeo (BCE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) a celebrar un intercambio de puntos de vista; vii) la Comisión debería presentar al Parlamento Europeo su proyecto de recomendación para conceder un préstamo a un Estado miembro junto con el proyecto de programa de ajuste macroeconómico; viii) en lo que respecta a las condiciones y los procedimientos de concesión de préstamos, el Banco Central Europeo (BCE) debería tener una menor implicación en la elaboración de los programas de ajuste; en su dictamen sobre la propuesta relativa a la balanza de pagos, de 7 de enero de 2013 (CON/2013/2), el BCE considera que no es conveniente asumir este papel para un Estado miembro no perteneciente a la zona del euro; por consiguiente, como propone el BCE, debería sustituirse el artículo 3, apartado 3, «que actuará en coordinación con el BCE» y el artículo 3, apartado 8, «en coordinación con el BCE» por «teniendo en cuenta el dictamen del BCE, en caso de que este decida pronunciarse al respecto»; ix) en general, se necesitaría un mayor claridad y más especificaciones para la elaboración y evaluación del programa de ajuste macroeconómico, principalmente en lo que respecta a los requisitos en materia de política y de procedimiento, con objeto de restablecer «la sostenibilidad de la balanza de pagos y la capacidad del país para financiarse plenamente en los mercados financieros»; x) por lo que se refiere al artículo 4, apartado 1, respecto de las condiciones relativas a la concesión de una línea de crédito preventivo condicionado, la propuesta sobre la balanza de pagos mejoraría si se definieran con mayor claridad dos conceptos a nivel operativo, a saber, la «balanza de pagos sostenible» y la «existencia o ausencia de problemas de solvencia de los bancos que pudieran plantear amenazas sistémicas para la estabilidad del sistema bancario»; para ello, estos conceptos deberían especificarse directamente en el artículo 4, incluyendo referencias explícitas a los indicadores adecuados previstos en los textos pertinentes de la Unión (Directiva sobre los requisitos de capital (DRC IV), Junta Europea de Riesgo Sistémico, reglamentos de la Autoridad Europea de Supervisión, «paquete de seis», informes de sostenibilidad fiscal) o, cuanto menos, mediante actos delegados; en este mismo sentido, el artículo 4 debería aclarar en mayor medida que la evaluación global debe ser realizada por la Comisión y, si procede, publicarse; también debería añadirse a los criterios de admisibilidad una referencia a las evaluaciones previstas en el marco del procedimiento relativo a los desequilibrios macroeconómicos, tal como se establece en el Reglamento (UE) no 1176/2011; xi) en cuanto al artículo 4, apartado 2, de la propuesta sobre la balanza de pagos, respecto de las condiciones de concesión de una línea de crédito con condiciones reforzadas, se precisa más claridad y unas directrices más definidas respecto de los umbrales y los criterios necesarios para evaluar si un Estado miembro ya no puede optar a una línea de crédito preventivo condicionado, pero sí a una línea de crédito con condiciones reforzadas, así como claridad en cuanto a los procedimientos que conduzcan a la evaluación a que se refiere el presente inciso; xii) es necesario aclarar en mayor medida el proceso de transición de una línea de crédito con condiciones reforzadas a un préstamo en caso de deterioro de la situación económica, previsto en el artículo 6, apartado 5, de la propuesta sobre la balanza de pagos, en particular por lo que se refiere a los plazos y los factores determinantes de dicha transición; xiii) debería establecerse un instrumento indirecto de recapitalización bancaria para los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, habida cuenta, en particular, de la posible participación de estos Estados en el próximo mecanismo único de supervisión y de la necesidad de proporcionarles una forma de garantía presupuestaria. Se propone un instrumento indirecto de recapitalización bancaria en vez de uno directo, ya que establecer este último en el marco del instrumento relativo a la balanza de pagos expondría directamente al presupuesto de la Unión a los riesgos propios de la entidad financiera que se intenta recapitalizar. Dicho instrumento indirecto debería adoptar la forma de un préstamo para la recapitalización bancaria, además de los tres instrumentos de ayuda financiera ya existentes en el marco de la propuesta sobre la balanza de pagos (líneas de crédito preventivo condicionado, líneas de crédito con condiciones reforzadas y préstamos); no hay obstáculos jurídicos que impidan la concesión de un préstamo para la recapitalización de los bancos, que se abonaría al gobierno del Estado miembro afectado para recapitalizar sus instituciones bancarias, bajo condiciones estrictas; xiv) al margen del instrumento indirecto de recapitalización bancaria anterior, se podría considerar la posibilidad de cambiar el Tratado MEDE y permitir que los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que participan en el mecanismo de supervisión única, se beneficien del instrumento de recapitalización bancaria del MEDE, a condición de que la participación en el mecanismo único de supervisión y en el MEDE sea permanente y prevea los mismos derechos y obligaciones que para los Estados miembros pertenecientes a la zona del euro. En ese caso, los Estados miembros harían una contribución de capital específicamente para el instrumento de recapitalización bancaria del MEDE. La idea de la creación de una filial MEDE que se utilizaría para la recapitalización directa, lo que limitaría el impacto negativo que la compra de capital bancario podría tener sobre la calificación crediticia del MEDE y la capacidad de préstamo, debe ser explorado y desarrollado, con el fin de que abarque también a los Estados miembros del euro que participan en el mecanismo único de supervisión; xv) debería tenerse en cuenta que cualquier futuro fondo único de resolución bancaria debe incluir también a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro; xvi) se acoge con satisfacción el acuerdo final entre los equipos negociadores del Parlamento y del Consejo sobre el contenido del Expediente Gauzès, aunque es importante que el Reglamento sobre la balanza de pagos refleje la situación actual, en particular por lo que respecta a: — la transparencia de las decisiones de la Comisión (artículo 2, apartados 3 y 5, del Expediente Gauzès); — las especificaciones relativas al refuerzo de la eficacia y la eficiencia de la capacidad de recaudación y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, con vistas a proteger los ingresos fiscales (artículo 9 del Expediente Gauzès); — los parámetros a tener en cuenta al someter un Estado miembro a una supervisión reforzada (artículo 2, apartado 1) y las especificaciones de la conducta de los Estados miembros en virtud de una mayor vigilancia, incluida la mención de un papel adecuado para el Banco Central Europeo (artículo 3, apartado 1), según se recoge en el punto viii) del presente apartado; — la transparencia y la responsabilidad del Parlamento Europeo y, en su caso, de los parlamentos nacionales, incluidas las obligaciones de hacer públicos los programas de ajuste macroeconómico y el reparto previsto del esfuerzo de ajuste (artículos 2, 3, 7 y 18 ter del Expediente Gauzès), — la consideración de la práctica y las instituciones de formación de los salarios y la vigencia de los artículos 151 y 152 TFUE y del artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el contexto de la estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo, así como las especificaciones relativas a la obligación de incluir a los interlocutores sociales y a la sociedad civil, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales; — las especificaciones relativas a la evaluación del análisis de la sostenibilidad de la deuda del gobierno, incluidos los requisitos en materia de publicidad (artículo 6 del Expediente Gauzès), — especificaciones adicionales relativas al mandato de asistencia técnica establecido para los Estados miembros en virtud del programa (artículo 7, apartado 8, del Expediente Gauzès), — la necesidad de previsiones realistas, actualizadas y publicadas (artículo 6 y artículo 7, apartado 5, del Expediente Gauzès), — el reconocimiento y el papel de los efectos de arrastre (artículo 1, apartado 1, artículo 3, apartado 6, y artículo 7, apartado 5, del Expediente Gauzès), — la auditoría completa de las finanzas públicas de un Estado miembro en el marco del programa de ajuste macroeconómico (artículo 7, apartado 9, del Expediente Gauzès), — la evaluación de si las desviaciones del programa están bajo el control o no del Estado miembro en cuestión, la evaluación de las consecuencias derivadas del programa de ajuste macroeconómico y la protección explícita de los sectores de la educación y la salud (artículo 7, apartados 5 y 7, del Expediente Gauzès), — el Estado miembro que reciba ayuda, en estrecha cooperación con la Comisión, decidirá si ha de tomar todas las medidas necesarias para que los inversores privados mantengan su exposición global de forma voluntaria (artículo 7, apartado 6 del Expediente Gauzès); — el diálogo económico con la Comisión, el BCE y el FMI (artículo 3, apartado 9, del Expediente Gauzès), — la comunicación periódica entre la misión de evaluación crítica realizada en el marco de la supervisión posterior a la ayuda a la comisión competente del Parlamento Europeo y al Parlamento del Estado miembro de que se trate, incluida la posibilidad de mantener a cabo un diálogo económico (artículo 14, apartados 3 y 5, del Expediente Gauzès), — revertir la votación por mayoría cualificada en el Consejo en lo que respecta a las medidas correctoras para las medidas posteriores al programa (artículo 14, apartado 4, del Expediente Gauzès), — el informe sobre la revisión del Reglamento que se ha de adoptar sobre la base de la propuesta relativa a la balanza de pagos (de conformidad con el artículo 19 del Expediente Gauzès); xvii) El artículo 6, apartado 2, de la propuesta relativa a la balanza de pagos sobre la mejora de la vigilancia incluye una serie de elementos que reflejan el contenido del Expediente Ferreira. Por lo tanto, la propuesta relativa a la balanza de pagos debe actualizarse de cara a garantizar la igualdad de condiciones con el fin de reflejar el acuerdo alcanzado entre los negociadores del Parlamento y del Consejo sobre las cuestiones más importantes del Expediente Ferreira, a saber: — las normas y procedimientos relativos a las especificaciones para la presentación de informes, incluyendo los actos delegados para estos requisitos de información (artículo 10 del Expediente Ferreira); — los requisitos de control sobre la calidad de las finanzas públicas incluidas disposiciones relativas al impacto de las medidas presupuestarias previstas en los objetivos establecidos por la Estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo (objetivos UE 2020) y las adaptaciones que un programa de asistencia conlleva en los programas nacionales de reforma, así como la descripción y cuantificación de las medidas presupuestarias, incluidas las reformas de política fiscal previstas y los posibles efectos indirectos de las medidas previstas para otros Estados miembros (artículo 6 del Expediente Ferreira); — indicaciones sobre los posibles beneficios económicos de los proyectos de inversión pública fuera del ámbito de la defensa con un impacto presupuestario significativo (artículo 4, apartado 1, del Expediente Ferreira);