COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 27.10.2021 COM(2021) 663 final 2021/0341(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican la Directiva 2013/36/UE, en lo referente a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y la Directiva 2014/59/UE

(Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2021) 380 final} - {SWD(2021) 320 final} - {SWD(2021) 321 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La propuesta de modificación de la Directiva 2013/36/UE (la Directiva de Requisitos de Capital o DRC) forma parte de un paquete legislativo que incluye también modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (el Reglamento de Requisitos de Capital o RRC). En respuesta a la gran crisis financiera de 2008-09, la Unión llevó a cabo reformas sustanciales del marco prudencial aplicable a los bancos con el fin de aumentar su resiliencia y contribuir así a prevenir la reaparición de una crisis similar. Estas reformas se basaron en gran medida en las normas internacionales adoptadas desde 2010 por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB). Las normas se conocen colectivamente como las normas de Basilea III, las reformas de Basilea III o el marco de Basilea III. Las normas mundiales elaboradas por el CSBB cobran cada vez más importancia debido al carácter cada vez más global e interconectado del sector bancario. Si bien un sector bancario globalizado facilita el comercio y la inversión internacionales, también genera riesgos financieros más complejos. Sin unas normas mundiales uniformes, los bancos podrían optar por establecer sus actividades en la jurisdicción con los regímenes reguladores y de supervisión más favorables. Esto podría dar lugar a una carrera reguladora a la baja para atraer a las empresas bancarias, aumentando al mismo tiempo el riesgo de inestabilidad financiera mundial. La coordinación internacional de las normas mundiales limita en gran medida este tipo de competencia arriesgada y es fundamental para mantener la estabilidad financiera en un mundo globalizado. Las normas mundiales también simplifican la labor de los bancos con actividad internacional —entre los que se encuentran un buen número de bancos de la UE—, ya que garantizan la aplicación de normas muy similares en los principales centros financieros de todo el mundo. La UE ha sido uno de los principales defensores de la cooperación internacional en el ámbito de la regulación bancaria. El primer conjunto de reformas posteriores a la crisis que forma parte del marco de Basilea III se ha aplicado en dos etapas: ·en junio de 2013, con la adopción del RRC y la DRC IV; ·en mayo de 2019, con la adopción del Reglamento (UE) 2019/876, también conocido como RRC II, y de la Directiva (UE) 2019/878, también conocida como DRC V. Las reformas aplicadas hasta ahora se han centrado en aumentar la calidad y cantidad del capital reglamentario que los bancos deben tener para cubrir posibles pérdidas. Además, su objetivo era reducir el apalancamiento excesivo de los bancos, aumentar la resiliencia de los bancos frente a perturbaciones de liquidez a corto plazo, reducir su dependencia de la financiación a corto plazo, reducir su riesgo de concentración y abordar los problemas de las entidades demasiado grandes para quebrar. Como consecuencia de ello, las nuevas normas reforzaron los criterios aplicables al capital reglamentario admisible, incrementaron los requisitos mínimos de capital e introdujeron nuevos requisitos para el riesgo de ajuste de valoración del crédito (AVC) y para las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte. Además, se introdujeron varias normas prudenciales nuevas: un requisito mínimo de ratio de apalancamiento, una ratio de liquidez a corto plazo (denominada ratio de cobertura de liquidez), una ratio de financiación estable a más largo plazo (denominada ratio de financiación estable neta), límites de grandes exposiciones y colchones de capital macroprudenciales. Gracias a este primer conjunto de reformas aplicadas en la Unión, el sector bancario de la UE se ha vuelto considerablemente más resistente a las perturbaciones económicas y ha entrado en una situación considerablemente más estable en la crisis de la COVID-19 en comparación con su situación al inicio de la gran crisis financiera. Además, los supervisores y legisladores adoptaron medidas temporales de alivio al inicio de la crisis de la COVID-19. En su Comunicación interpretativa sobre la aplicación de los marcos contable y prudencial para facilitar los préstamos bancarios en la UE «Apoyar a las empresas y los hogares frente a la COVID-19», de 28 de abril de 2020, la Comisión confirmó la flexibilidad inherente a las normas prudenciales y contables, como destacaron las Autoridades Europeas de Supervisión y los organismos internacionales. Sobre esta base, en junio de 2020, los colegisladores adoptaron modificaciones temporales específicas de aspectos concretos del marco prudencial, el denominado paquete «solución rápida» del RRC. Junto con medidas decididas de política monetaria y fiscal, esto ayudó a los bancos a seguir concediendo préstamos a hogares y empresas durante la pandemia. Esto, a su vez, ayudó a mitigar la perturbación económica provocada por la pandemia. Aunque el nivel global de capital en el sistema bancario de la UE se considera actualmente satisfactorio por término medio, todavía no se han abordado algunos de los problemas detectados a raíz de la gran crisis financiera. Los análisis realizados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el Banco Central Europeo (BCE) han puesto de manifiesto que los requisitos de capital calculados por los bancos de la UE utilizando modelos internos han demostrado un nivel significativo de variabilidad que no se justificaba por diferencias en los riesgos subyacentes y que, en última instancia, socava la fiabilidad y comparabilidad de sus ratios de capital. Además, la falta de sensibilidad al riesgo en los requisitos de capital calculados utilizando métodos normalizados da lugar a unos requisitos de capital insuficientes o excesivamente elevados para algunos productos o actividades financieros (y, por tanto, para modelos de negocio específicos basados principalmente en ellos). En diciembre de 2017, el CSBB acordó un conjunto definitivo de reformas de las normas internacionales para abordar estos problemas. En marzo de 2018, los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 acogieron con satisfacción estas reformas y confirmaron reiteradamente su compromiso con una aplicación plena, oportuna y coherente. En 2019, la Comisión anunció su intención de presentar una propuesta legislativa para aplicar estas reformas en el marco prudencial de la UE. A la luz de la pandemia de COVID-19, se han retrasado los trabajos preparatorios de la presente propuesta. El retraso reflejó la decisión del CSBB, de 26 de marzo de 2020, de aplazar un año los plazos de aplicación acordados previamente para los elementos finales de la reforma de Basilea III. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente iniciativa legislativa tiene dos objetivos generales: contribuir a la estabilidad financiera y contribuir a la financiación constante de la economía en el contexto de la recuperación de la crisis posterior a la COVID-19. Estos objetivos generales pueden desglosarse en cuatro objetivos más específicos: 1)reforzar el marco de los requisitos de capital basados en el riesgo sin aumentos significativos de los requisitos de capital en general; 2)reforzar la atención prestada a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el marco prudencial; 3)armonizar en mayor medida las competencias y los instrumentos de supervisión; y

4)reducir los costes administrativos de los bancos relacionados con la divulgación pública de información y mejorar el acceso a los datos prudenciales de los bancos. 1)Reforzar el marco de los requisitos de capital basados en el riesgo Las tensiones temporales en las condiciones económicas no han modificado la necesidad de llevar a cabo esta reforma estructural. Es necesario completar la reforma para abordar las cuestiones pendientes, reforzar aún más la solidez financiera de los bancos de la UE, situándolos en una mejor posición para apoyar el crecimiento económico y resistir posibles crisis futuras, y facilitar la comparabilidad de los niveles de capital entre bancos. La aplicación de los elementos finales de Basilea III también es necesaria para proporcionar a las entidades la seguridad normativa necesaria y completar una reforma del marco prudencial que dura una década. Por último, la finalización de la reforma está en consonancia con el compromiso de la UE con la cooperación internacional en materia de reglamentación y las acciones concretas que algunos de sus socios han anunciado o ya han adoptado para aplicar la reforma oportuna y fielmente. 2)Reforzar la atención prestada a los riesgos ASG en el marco prudencial Otra necesidad igualmente importante de reforma se deriva de los trabajos en curso de la Comisión sobre la transición hacia una economía sostenible. La Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo y la Comunicación de la Comisión sobre la consecución del objetivo climático de la UE para 2030 («Objetivo 55») establecen claramente el compromiso de la Comisión de transformar la economía de la UE en una economía sostenible, al tiempo que se abordan las inevitables consecuencias del cambio climático. También anunció una estrategia de financiación sostenible que se basa en iniciativas e informes anteriores, como el plan de acción para financiar el crecimiento sostenible y los informes del Grupo de Expertos Técnicos sobre Finanzas Sostenibles, pero intensifica los esfuerzos de la Comisión en este ámbito para adaptarlos a los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo. La transición hacia los objetivos de sostenibilidad de la Comisión requiere esfuerzos de financiación sin precedentes para mitigar y adaptarse al cambio climático, reconstruir el capital natural y fortalecer la resiliencia y un mayor capital social. Pero los recursos públicos por sí solos no serán suficientes. La inversión privada de la transición a una economía sostenible, neutra en carbono, circular y justa debe expandirse para satisfacer la cantidad estimada de recursos que deben desplegarse para alcanzar estos objetivos. Situar la financiación ecológica y sostenible en el centro del sistema financiero es el objetivo de la estrategia de la Comisión para la financiación ecológica. Por lo tanto, la intermediación bancaria desempeñará un papel crucial en la financiación de la transición hacia una economía más sostenible. Al mismo tiempo, es probable que esta transición entrañe riesgos para los bancos que estos tendrán que gestionar adecuadamente para garantizar que se minimicen los riesgos para la estabilidad financiera. Es aquí donde es necesaria la regulación prudencial y donde puede desempeñar un papel crucial. La estrategia de la UE lo reconoció y puso de relieve la necesidad de incluir una mejor integración de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el marco prudencial de la UE. Los requisitos legales actuales son insuficientes por sí solos para incentivar una gestión sistemática y coherente de los riesgos ASG por parte de los bancos. 3)Armonizar en mayor medida las competencias y los instrumentos de supervisión Otro ámbito de interés es la correcta aplicación de las normas prudenciales. Los supervisores deben tener a su disposición los instrumentos y competencias necesarios a tal efecto (por ejemplo, competencias para autorizar a los bancos y sus actividades, evaluar la idoneidad de su dirección o sancionarlos en caso de que infrinjan las normas). Si bien la legislación de la UE garantiza un nivel mínimo de armonización, los instrumentos y procedimientos de supervisión varían considerablemente de un Estado miembro a otro. Este panorama regulador fragmentado a la hora de definir determinados instrumentos y competencias que se encuentran a disposición de los supervisores y su aplicación en todos los Estados miembros socava la igualdad de condiciones en el mercado interior y plantea dudas sobre la gestión adecuada y prudente de los bancos de la UE y su supervisión. Este problema es especialmente grave en el contexto de la unión bancaria. Las diferencias entre veintiún sistemas jurídicos diferentes impiden que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) desempeñe sus funciones de supervisión de manera eficaz y eficiente. Además, los grupos bancarios transfronterizos tienen que abordar una serie de procedimientos diferentes para la misma cuestión prudencial, lo que aumenta indebidamente sus costes administrativos. 4)Reducir los costes administrativos de los bancos relacionados con la divulgación pública de información y a mejorar el acceso a los datos prudenciales de los bancos. Esta propuesta también es necesaria para seguir mejorando la disciplina del mercado. Se trata de otra herramienta importante para que los inversores puedan ejercer su función de supervisión del comportamiento de los bancos. Para ello, necesitan acceder a la información necesaria. Las dificultades actuales relacionadas con el acceso a la información prudencial privan a los participantes en el mercado de la información que necesitan sobre las situaciones prudenciales de los bancos. Esto, en última instancia, reduce la eficacia del marco prudencial para los bancos y puede suscitar dudas sobre la resiliencia del sector bancario, especialmente en períodos de tensión. Por este motivo, la propuesta tiene por objeto centralizar la divulgación de información prudencial con vistas a aumentar el acceso a los datos prudenciales y la comparabilidad entre sectores. La centralización de la divulgación de información en un único punto de acceso establecido por la ABE también tiene por objeto reducir la carga administrativa para las entidades, especialmente las pequeñas y no complejas. Otro objetivo intersectorial, el de crear un marco sólido de la UE para los grupos de terceros países que prestan servicios bancarios en la UE, ha adquirido una nueva dimensión tras el Brexit. El establecimiento de sucursales de terceros países (STP) está esencialmente sujeto solo a la legislación nacional y está armonizado en una medida muy limitada por la DRC. El reciente informe de la ABE a las instituciones de la UE muestra que el actual panorama normativo desigual ofrece a las STP oportunidades significativas de arbitraje en materia de regulación y supervisión para llevar a cabo sus actividades bancarias al tiempo que, por otra parte, da lugar a una falta de supervisión y a un aumento de los riesgos para la estabilidad financiera de la UE. A menudo, los supervisores carecen de la información y las competencias necesarias que necesitan para hacer frente de manera adecuada a esos riesgos. La ausencia de requisitos comunes de información prudencial, de gobernanza y de supervisión detallada, así como el insuficiente intercambio de información entre las autoridades encargadas de supervisar diferentes entes o actividades de un grupo de un tercer país, deja puntos ciegos. La UE es la única jurisdicción principal en la que el supervisor consolidado no tiene una visión completa de las actividades de los grupos de terceros países que operan a través de filiales y sucursales. Estas deficiencias no solo crean riesgos para la estabilidad financiera y la integridad del mercado de la UE, sino que también afectan a la igualdad de condiciones entre los grupos de terceros países que operan en distintos Estados miembros, así como frente a los bancos con sede en la UE. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial Varios elementos de las propuestas del RRC y la DRC siguen el trabajo realizado a escala internacional, o por la ABE, mientras que otras adaptaciones del marco prudencial se han vuelto necesarias debido a la experiencia práctica adquirida desde la transposición y aplicación nacionales de la DRC, particularmente en el contexto del Mecanismo Único de Supervisión. La propuesta introduce modificaciones de la legislación vigente y la hace plenamente coherentes con las disposiciones vigentes en el ámbito de la regulación prudencial y la supervisión de los bancos. La revisión del RRC y de la DRC tiene por objeto finalizar la aplicación de la reforma de Basilea III en la UE introduciendo las medidas necesarias para reforzar aún más la resiliencia del sector bancario. •Coherencia con otras políticas de la Unión Han transcurrido casi diez años desde que los jefes de Estado o de Gobierno europeos acordaron crear una unión bancaria actualmente, esta consta de dos pilares, la supervisión y la resolución únicas, sólidamente cimentadas en un código normativo único para todas las entidades de la UE. Esta propuesta tiene como objetivo garantizar un código normativo único permanente para todas las entidades de la UE, ya formen parte o no de la unión bancaria. Los objetivos generales de la iniciativa, según se describen más arriba, son plenamente compatibles y coherentes con las metas fundamentales de la UE, consistentes en fomentar la estabilidad financiera, reducir la probabilidad de que los contribuyentes sufraguen la resolución de las entidades y el alcance de su aportación, y contribuir a la financiación armónica y sostenible de la actividad económica, lo que ha de redundar en un elevado grado de competitividad y de protección del consumidor. Por último, con el reconocimiento de los riesgos relacionados con los aspectos ASG y la incorporación de dichos elementos en el marco prudencial, esta iniciativa complementa la estrategia más amplia de la UE para un sistema financiero más sostenible y resiliente.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La propuesta contempla medidas para enmarcar el acceso a la actividad bancaria, su ejercicio y su supervisión dentro de la Unión, con el objetivo de garantizar la estabilidad del mercado interior. El sector bancario, uno de los componentes fundamentales del sistema financiero de la Unión, proporciona actualmente la mayor parte de la financiación dentro del mercado interior. La Unión tiene un mandato claro para actuar en el ámbito del mercado interior, y la base jurídica adecuada consiste en los artículos pertinentes del Tratado en los que se basan las competencias de la Unión en este ámbito. Las propuestas de modificación descansan sobre la misma base jurídica que los actos legislativos que modifican, esto es, el artículo 114 del TFUE, en el caso de la propuesta de Reglamento por el que se modifica el RRC, y el artículo 53, apartado 1, del TTFUE en el caso de la propuesta de Directiva por la que se modifica la DRC. •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) La base jurídica se inscribe en el ámbito del mercado interior, que se considera una competencia compartida, tal como se define en el artículo 4 del TFUE. La mayoría de las medidas consideradas representan actualizaciones y modificaciones del Derecho vigente de la Unión y, como tales, se refieren a ámbitos en los que la UE ya ha ejercido su competencia y no tiene intención de dejar de ejercerla. Algunas medidas (en particular las que modifican la DRC) tienen por objeto introducir un grado adicional de armonización con el fin de alcanzar de manera coherente los objetivos definidos en dicha Directiva. Dado que las medidas propuestas tienen por objeto complementar la legislación ya vigente de la UE, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, antes que con diferentes iniciativas nacionales. Las medidas nacionales destinadas, por ejemplo, a aplicar normas que tengan una huella internacional inherente —por ejemplo, una norma mundial como Basilea III o la mejora del tratamiento de los riesgos relacionados con los factores ASG— en la legislación aplicable no serían tan eficaces para garantizar la estabilidad financiera como las normas de la UE. En cuanto a las medidas de supervisión, la divulgación de información y las sucursales de terceros países, si se deja que la iniciativa se aborde únicamente a escala nacional, esto puede dar lugar a una menor transparencia y a mayores costes de arbitraje, lo que puede dar lugar a una posible distorsión de la competencia y afectar a los flujos de capital. Además, la adopción de medidas nacionales sería jurídicamente difícil, dado que el RRC ya regula las cuestiones bancarias, incluidas las ponderaciones de riesgo, la presentación y la divulgación de información y otros requisitos relacionados con el RRC. Así pues, la modificación del RRC y la DRC se considera la mejor opción. Con ello se logra un equilibrio adecuado entre la armonización de las normas y el mantenimiento de la flexibilidad nacional cuando resulte esencial, sin perjuicio del código normativo único. Las modificaciones seguirían promoviendo la aplicación uniforme de los requisitos prudenciales y la convergencia de las prácticas supervisoras, y garantizarían condiciones de competencia equitativas en todo el mercado interior de servicios bancarios. Esto es particularmente importante en el sector bancario, pues muchas entidades de crédito operan en todo el mercado interior de la UE. La plena cooperación y confianza dentro del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), así como en los colegios de supervisores y las autoridades competentes ajenos al MUS es esencial para que las entidades de crédito sean supervisadas eficazmente en base consolidada. Estos objetivos no podrían conseguirse con normas nacionales. •Proporcionalidad La proporcionalidad ha sido parte integrante de la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta. Las modificaciones propuestas en diferentes ámbitos reglamentarios se han evaluado individualmente en relación con el objetivo de proporcionalidad. Además, se ha evaluado la falta de proporcionalidad de las normas vigentes en varios ámbitos y se han analizado opciones específicas para reducir la carga administrativa y los costes de cumplimiento de las entidades más pequeñas. Por ejemplo, las modificaciones que introducen requisitos de notificación ex ante para los bancos sobre acontecimientos de importancia prudencial están sujetas a umbrales de importancia relativa, por debajo de los cuales no es necesario notificar los hechos. Con arreglo al nuevo marco para las sucursales de terceros países, las sucursales que se consideran pequeñas y de menor riesgo (sucursales de terceros países de clase 2) están sujetas a requisitos prudenciales y de información comparativamente menos estrictos. Por último, los nuevos requisitos para una evaluación ex ante de la idoneidad se han calibrado para centrarse únicamente en las grandes entidades financieras. •Elección del instrumento Se propone que las medidas se apliquen mediante una modificación del RRC y la DRC a través de un Reglamento y una Directiva, respectivamente. En efecto, las medidas propuestas se refieren a las disposiciones ya existentes integradas en dichos instrumentos jurídicos (es decir, el marco para calcular los requisitos de capital basados en el riesgo, las competencias y los instrumentos puestos a disposición de los supervisores de toda la Unión) o las desarrollan. Algunas de las propuestas de modificaciones de la DRC relacionadas con las competencias para sancionar concederían a los Estados miembros una cierta flexibilidad para mantener diferentes normas en el momento de su transposición al ordenamiento jurídico nacional. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post/controles de la adecuación de la legislación existente La Comisión ha adoptado varias medidas y ha llevado a cabo diversas iniciativas para evaluar si el actual marco prudencial bancario de la UE y la aplicación de los estándares internacionales pendientes son adecuados para contribuir a garantizar que el sistema bancario de la UE sea estable y resistente a las perturbaciones económicas y siga siendo una fuente sostenible de financiación constante para la economía de la UE. La Comisión recabó las opiniones de las partes interesadas sobre temas específicos en los ámbitos del riesgo de crédito, el riesgo operativo, el riesgo de mercado, el riesgo de AVC, las operaciones de financiación de valores, así como en relación con el suelo de resultados. Además de estos elementos relacionados con la aplicación de Basilea III, la Comisión también ha realizado consultas sobre otros asuntos con vistas a garantizar la convergencia y coherencia de las prácticas de supervisión en toda la Unión y aliviar la carga administrativa de las entidades. La consulta pública llevada a cabo entre octubre de 2019 y principios de enero de 2020 había estado precedida de una primera consulta exploratoria llevada a cabo en la primavera de 2018, en la que se recabaron las primeras opiniones de un grupo específico de partes interesadas sobre el acuerdo internacional. Los resultados de las dos consultas han contribuido a la preparación de la iniciativa legislativa que acompaña a la evaluación de impacto. Todas las iniciativas mencionadas han aportado pruebas claras de la necesidad de actualizar y completar las normas actuales a fin de i) reducir aún más los riesgos en el sector bancario, y ii) mejorar la capacidad de las entidades para canalizar una financiación adecuada hacia la economía.

En el anexo 2 de la evaluación de impacto figura un resumen de la consulta. •Obtención y uso de asesoramiento especializado La Comisión recurrió a la experiencia de la ABE, que preparó un análisis de impacto sobre la aplicación de la finalización de la reforma de Basilea III. Además, los servicios de la Comisión examinaron el análisis macroeconómico del BCE. Este se presenta en la evaluación de impacto y actualiza el análisis macroeconómico anterior, publicado en diciembre de 2019. •Evaluación de impacto La evaluación de impacto consideró una serie de opciones de actuación en cuatro dimensiones clave, además de la situación de partida en la que no se toma ninguna medida a escala de la Unión. Como se desprende del análisis de simulación y de la modelización macroeconómica desarrollados en la evaluación de impacto, se espera que la aplicación de las opciones preferidas y la consideración de todas las medidas de la propuesta conduzcan a un aumento medio ponderado de los requisitos mínimos de capital de los bancos de la UE de entre el 6,4 % y el 8,4 % a largo plazo (de aquí a 2030), tras el período transitorio previsto. A medio plazo (en 2025), se espera que el aumento se sitúe entre el 0,7 % y el 2,7 %. Según las estimaciones facilitadas por la ABE, este impacto podría llevar a un reducido número de grandes bancos de la UE (10 de los 99 bancos incluidos en la muestra de ensayo) a obtener colectivamente importes adicionales de capital (menos de 27 000 millones EUR para los 10 bancos) con el fin de cumplir los nuevos requisitos mínimos de capital con arreglo a la opción preferida. Para poner esta cantidad en perspectiva, los 99 bancos de la muestra (que representan el 75 % de los activos bancarios de la UE) tenían un importe total de capital reglamentario por valor de 1 414 millones EUR a finales de 2019 y tuvieron unos beneficios combinados de 99 800 millones EUR en 2019. Si bien los bancos incurrirían en costes administrativos y operativos puntuales para aplicar las normas modificadas, se espera que las simplificaciones que suponen varias de las opciones preferidas (por ejemplo, la eliminación de enfoques modelizados internamente) reduzcan los costes recurrentes en relación con los actuales. •Adecuación regulatoria y simplificación Esta iniciativa tiene por objeto completar la aplicación por la UE de las normas prudenciales internacionales para los bancos acordadas por el CSBB entre 2017 y 2020. Completaría la aplicación por la UE de la reforma de Basilea III que puso en marcha el Comité de Basilea a raíz de la gran crisis financiera. Esta reforma era en sí misma una revisión exhaustiva del marco prudencial vigente antes y durante la gran crisis financiera, a saber, el marco de Basilea II (en la UE dicho marco se aplicó mediante la Directiva 2006/48/CE, es decir, la Directiva sobre requisitos de capital original). La Comisión utilizó los resultados de la revisión exhaustiva por parte del CSBB del marco prudencial, junto con las aportaciones de la ABE, el BCE y otras partes interesadas, para fundamentar su labor de aplicación. A la espera de la aplicación de las reformas finales de Basilea III en la UE, todavía no se ha llevado a cabo un control de adecuación ni un ejercicio de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). •Derechos fundamentales La UE se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los derechos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de derechos humanos. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá efectos directos sobre esos derechos, según figuran en los principales convenios de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que forma parte integrante de los Tratados de la Unión Europea, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la UE. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información Se prevé que las modificaciones propuestas no comenzarán a entrar en vigor antes de 2023. Las modificaciones están estrechamente relacionadas con otras disposiciones del RRC y la DRC que ya están en vigor y han sido objeto de seguimiento desde 2014 y, con respecto a las medidas introducidas por el paquete de medidas de reducción del riesgo, desde 2019. El CSBB y la ABE seguirán recopilando los datos necesarios para el seguimiento de los parámetros clave (ratios de capital, ratio de apalancamiento, medidas de liquidez). Esto permitirá evaluar el futuro impacto de los nuevos instrumentos políticos. El proceso de revisión y evaluación supervisoras (PRES) y los ejercicios de aplicación de pruebas de resistencia, de carácter periódico, servirán también para verificar el efecto de las nuevas medidas propuestas sobre las entidades afectadas, así como para evaluar si la flexibilidad y proporcionalidad previstas son las adecuadas para atender a las especificidades de las entidades de menor tamaño. Además, la ABE, junto con el MUS y las autoridades nacionales competentes, están desarrollando un instrumento integrado de información (EUCLID) que se espera sea un instrumento útil para supervisar y evaluar el impacto de las reformas. Por último, la Comisión seguirá participando en los grupos de trabajo del CSBB y en el grupo operativo conjunto creado por el BCE y por la ABE, que examinan la dinámica de las situaciones de las entidades en cuanto a fondos propios y liquidez, a escala mundial y de la UE, respectivamente. •Documentos explicativos (para las directivas) No se considera necesario ningún documento explicativo.





•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta Independencia de las autoridades competentes La evolución reciente de la situación ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con disposiciones más claras y operativas sobre el principio de independencia de las autoridades competentes. Por consiguiente, se modifica el artículo 4 para aclarar cómo deben garantizar los Estados miembros la independencia de las autoridades competentes, incluidos su personal y sus órganos de gobierno. Se introducen requisitos mínimos para evitar conflictos de intereses en las tareas de supervisión de las autoridades competentes, su personal y sus órganos de gobierno, y la ABE tiene el mandato de elaborar directrices al respecto, teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales. Facultades de supervisión Para que sea eficiente, la unión bancaria se basa en la convergencia de las prácticas de supervisión y, en última instancia, en un grado suficiente de armonización de las distintas normas nacionales que enmarcan la actividad supervisora. Una serie de discrepancias entre los Estados miembros se considera, a este respecto, muy perjudicial para el correcto funcionamiento de la unión bancaria. Este es, en particular, el caso de las facultades de supervisión. Si bien la DRC enumera un conjunto mínimo de facultades de supervisión que deben estar a disposición de las autoridades competentes en toda la Unión, algunas de ellas ya existen en muchos Estados miembros, mientras que en otros faltan. Esta situación lleva a una desigualdad de oportunidades y, posiblemente, a un arbitraje regulatorio. También impide que algunas autoridades competentes intervengan en determinadas operaciones realizadas por una entidad supervisada que pueden plantear graves problemas prudenciales o de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Para remediar esta situación, la propuesta de la Comisión amplía la lista de facultades de supervisión de que disponen las autoridades competentes en la DRC para cubrir operaciones tales como la adquisición por una entidad de crédito de una participación significativa en una entidad financiera o no financiera (nuevo capítulo 3 del actual título III), la transferencia significativa de activos o pasivos (nuevo capítulo 4) y las fusiones o escisiones (nuevo capítulo 5). Estas facultades de supervisión garantizarán que las autoridades competentes reciban una notificación previa (artículos 27 bis, 27 septies y 27 undecies), dispongan de toda la información necesaria para llevar a cabo una evaluación cautelar de estas operaciones y, en última instancia, puedan oponerse a la conclusión de aquellas (artículos 27 ter, 27 octies y 27 duodecies) que vayan en detrimento del perfil prudencial de los entes supervisados que las lleven a cabo. Estas nuevas facultades de supervisión se enmarcan con el fin de mantener su proporcionalidad y, más concretamente, de evitar una carga administrativa adicional indebida para los entes supervisados y las autoridades competentes. En primer lugar, las facultades relacionadas con la adquisición por parte de entidades de crédito de participaciones cualificadas y transferencias de activos y pasivos solo se aplican en el caso de operaciones consideradas importantes. Se prevé un mecanismo de aprobación tácita, similar al existente para la adquisición de participaciones importantes en entidades de crédito, con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los entes supervisados e impedir que las autoridades competentes estén obligadas a iniciar un procedimiento estándar de adopción de decisiones cuando no sea necesario. Solo en el caso de fusiones y escisiones, se impone en todos los casos la aprobación previa de las autoridades competentes (a menos que se trate de una operación interna de un grupo), siempre que ello no dé lugar a una situación en la que la nueva entidad resultante de la fusión de la escisión deba solicitar una autorización como entidad de crédito o una aprobación como sociedad financiera de cartera. Además, con el fin de garantizar una articulación adecuada entre las diversas evaluaciones (en las que posiblemente participen varias autoridades competentes) que podrían tener que llevarse a cabo para una única operación, se espera una estrecha cooperación entre las autoridades competentes implicadas, enmarcada en requisitos de notificación cruzada e intercambio de información (artículos 27 quater, 27 nonies y 27 duodecies). Para facilitar esta cooperación, pero también para garantizar una adecuada racionalización de los procesos de notificación y evaluación y evitar una carga administrativa indebida tanto para los entes supervisados como para las autoridades competentes, se propone una serie de mandatos de la ABE para complementar el marco jurídico previsto en la DRC para estas nuevas facultades de supervisión. Estos mandatos se refieren a cuestiones como la información que debe enviarse a las autoridades competentes, el proceso de evaluación, la adición de precisiones sobre los criterios de evaluación pertinentes o la cooperación entre las distintas autoridades competentes que puedan intervenir. Estas modificaciones fueron objeto de debates específicos en el seno del Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros. Idoneidad El marco de idoneidad es uno de los ámbitos menos armonizados de la normativa de supervisión bancaria de la UE y, en consecuencia, se considera necesario modificar la DRC para garantizar una supervisión más coherente, eficiente y eficaz de los miembros del órgano de dirección y de los titulares de funciones clave. A pesar de los esfuerzos realizados por los reguladores y supervisores para garantizar una mayor convergencia en materia de supervisión, se requieren modificaciones legislativas para mejorar su supervisión. El marco actual para los miembros de los consejos de administración, basado en las normativas nacionales de implementación de la DRC, se basa en gran medida en principios y, por tanto, no especifica cómo y cuándo los supervisores deben llevar a cabo evaluaciones de idoneidad. Por lo que se refiere a los titulares de funciones clave, la ausencia de una definición y de un marco en la DRC ha llevado a algunos supervisores a no identificarlos adecuadamente y, por tanto, a no llevar a cabo una evaluación de su idoneidad para desempeñar sus funciones, mientras que otros lo hacen de diversas maneras. Este fragmentado panorama regulador constituye un grave problema, en particular en la unión bancaria. Por lo tanto, además de los criterios de idoneidad del artículo 91, se introducen los artículos 91 bis y 91 ter para aclarar el papel de los bancos y las autoridades competentes en el control del cumplimiento por parte de los miembros del consejo, incluido el calendario de dicha evaluación. Se añaden los artículos 91 quater y 91 quinquies para establecer requisitos mínimos para los titulares de funciones clave. A fin de garantizar la estabilidad financiera, en situaciones urgentes de destitución o sustitución de miembros del órgano de dirección o de alta dirección en el contexto de la aplicación de medidas de intervención temprana o de la ejecución de la acción de resolución por las autoridades competentes y las autoridades de resolución, la evaluación de la idoneidad debe llevarse a cabo una vez que dichas personas hayan asumido sus funciones. Aclaración de la interacción entre la declaración de entidad inviable o con probabilidad de serlo y la retirada de la autorización Se modifica el artículo 18 para aclarar que, cuando una entidad de crédito sea declarada inviable o con probabilidad de serlo por la autoridad competente o la autoridad de resolución, la autoridad competente estará facultada para revocar la autorización bancaria. Algunos casos recientes han puesto de manifiesto una alineación insuficiente entre los marcos prudenciales y de resolución. Por poner un ejemplo, en el marco de resolución bancaria de la Unión, no solo la insolvencia real o la falta de liquidez real, sino también la probable insolvencia y la probable falta de liquidez, constituyen motivos para determinar que una entidad de crédito es inviable o tiene probabilidad de serlo. Por el contrario, las normativas nacionales en materia de insolvencia suelen exigir que se produzca la insolvencia real o la falta de liquidez real antes de que pueda iniciarse un procedimiento de insolvencia. Algunos de los elementos que están integrados en el marco legislativo nacional en materia de insolvencia no pueden abordarse mediante cambios en la DRC. No obstante, se propone aclarar en el artículo 18, letra g), que, en caso de que una entidad de crédito sea inviable o tenga probabilidad de serlo y, al mismo tiempo, no cumpla las demás condiciones para ser objeto de resolución (existencia de interés público, ausencia de una alternativa impulsada por el mercado para resolver la crisis), debe interrumpir la actividad bancaria y ser liquidada con arreglo a la normativa nacional. Riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) Se introducen nuevas disposiciones y se realizan ajustes en varios artículos de la DRC y del RRC para hacer frente a los riesgos significativos a los que se enfrentarán las entidades de crédito debido al cambio climático y a las profundas transformaciones económicas necesarias para gestionar este y otros riesgos ASG. Las disposiciones del artículo 133 sobre el marco del colchón contra riegos sistémicos ya pueden utilizarse para abordar diversos tipos de riesgos sistémicos, que pueden incluir riesgos relacionados con el cambio climático. Las autoridades competentes o designadas pertinentes, según proceda, podrán exigir a las entidades de crédito que mantengan un colchón contra riesgos sistémicos para hacer frente a riesgos que puedan tener consecuencias negativas graves para el sistema financiero y la economía real de los Estados miembros, cuando la imposición de un porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos se considere eficaz y proporcionada para mitigar el riesgo. De conformidad con el artículo 133, apartado 5, las medidas adoptadas por las autoridades competentes o designadas pertinentes con arreglo al artículo 133 pueden aplicarse a determinados conjuntos o subconjuntos de exposiciones, por ejemplo, las sujetas a riesgos físicos y de transición relacionados con el cambio climático. La idoneidad del marco macroprudencial para hacer frente a tales riesgos se evaluará de manera global y estructurada en la revisión del marco macroprudencial de 2022. El artículo 73 y el artículo 74 de la DRC se modifican para exigir que los horizontes a corto, medio y largo plazo de los riesgos ASG se incluyan en las estrategias y procesos de las entidades de crédito para evaluar las necesidades de capital interno, así como un gobierno corporativo interno adecuado. También se introduce en el artículo 76 una referencia a los impactos actuales y prospectivos de los riesgos ASG y una solicitud al órgano de dirección para que elabore planes concretos para hacer frente a estos riesgos. El artículo 87 bis de la DRC introduce una dimensión de sostenibilidad en el marco prudencial para garantizar una mejor gestión de los riesgos ASG e incentivar una mejor asignación de la financiación bancaria entre los proyectos sostenibles, contribuyendo así a la transición hacia una economía más sostenible. El artículo 87 bis también permite a las autoridades competentes revisar la adaptación de los bancos a los objetivos pertinentes de la política de la Unión o a las tendencias de transición más generales en relación con los factores ASG y la gestión de los riesgos ASG por parte de los bancos a corto, medio y largo plazo, lo que conduce a una mejor comprensión de estos riesgos y permite a las autoridades competentes abordar los problemas de estabilidad financiera que podrían surgir de que las entidades de crédito sigan evaluando incorrectamente los riesgos ASG. A fin de garantizar la coherencia de las evaluaciones de riesgos ASG, el artículo 87 bis encomienda a la ABE que especifique con más detalle los criterios para la evaluación de los riesgos ASG, incluida la forma en que deben ser detectados, medidos, gestionados y supervisados, así como la forma en que las entidades de crédito deben elaborar planes concretos para abordar la resiliencia y las repercusiones negativas a largo plazo en los riesgos ASG y someterlas a pruebas de resistencia internas.

Por lo que se refiere al proceso de revisión y evaluación supervisoras (PRES), el artículo 98 otorga a la ABE la facultad de emitir directrices sobre la inclusión uniforme de los riesgos ASG en el PRES. A la luz de la pertinencia de las pruebas de resistencia prospectivas para calibrar los riesgos medioambientales y otros riesgos ASG en el proceso de revisión y evaluación (PRES) previsto en el artículo 97, se modifica el artículo 100 para permitir que la ABE, junto con las demás AES, desarrolle normas coherentes relativas a las metodologías para realizar pruebas de resistencia en relación con estos riesgos, dando prioridad a los riesgos medioambientales mientras los datos y metodologías de riesgo ASG evolucionan para reflejar los demás factores. Para facilitar el PRES de las exposiciones, la gobernanza y la gestión de los riesgos ASG de las entidades de crédito, se modifica el artículo 98 para exigir a las autoridades competentes que evalúen la adecuación de las exposiciones de las entidades, así como de los sistemas, estrategias, procesos y mecanismos para gestionar estos riesgos en su revisión y evaluación. A fin de facilitar a las autoridades competentes la posibilidad de abordar los riesgos ASG que afectan a la situación prudencial del banco a corto, medio y largo plazo, y para reflejar las especificidades de esta categoría de riesgos, en el artículo 104 se añade una facultad de supervisión concreta para hacer frente a los riesgos ASG. Prestación directa de servicios bancarios en la UE por empresas de terceros países Las entidades de crédito están sujetas a regulación y supervisión prudenciales para minimizar el riesgo de quiebra y, cuando se produzca, gestionarla para evitar que se propague de manera desordenada a otras entidades de crédito y agentes del mercado y provoque el colapso del sistema financiero (riesgo de contagio). Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la regulación y supervisión prudenciales es proteger la estabilidad financiera de la Unión y de sus Estados miembros. Teniendo en cuenta este objetivo, es esencial evitar que zonas o segmentos de los mercados queden fuera del ámbito o alcance del sistema de regulación y supervisión prudenciales, ya que en este escenario los riesgos podrían acumularse en esos segmentos de manera incontrolada y extenderse a otras partes del sistema financiero con efectos muy perjudiciales. Esto es especialmente importante para aquellas partes de los mercados financieros en las que las entidades de crédito están estrechamente implicadas. La crisis financiera de 2008-2009 es el último precedente histórico que evidencia que los pequeños segmentos de mercado pueden convertirse en una fuente de amenazas significativas para la estabilidad financiera de la Unión y de sus Estados miembros si quedan fuera del ámbito de la regulación y supervisión prudenciales. Por esta razón, la prestación de servicios bancarios en la Unión requiere una presencia física en un Estado miembro a través de una sucursal o una persona jurídica, ya que solo a través de dicha presencia física las entidades de crédito pueden estar sujetas a una regulación y supervisión prudenciales efectivas en la Unión. En sentido contrario, la prestación de servicios bancarios en la Unión sin una sucursal o una persona jurídica establecida en un Estado miembro contribuye a crear este tipo de segmentos de mercado que quedan fuera del ámbito y alcance de la regulación y supervisión prudenciales de la Unión, en los que los riesgos pueden acumularse de forma incontrolada y, en última instancia, amenazar la estabilidad financiera de la Unión o de sus Estados miembros. Por lo tanto, las empresas de terceros países deben establecer una sucursal en un Estado miembro y solicitar autorización con arreglo al título VI de la DRC para dicha sucursal como condición para que se le permita iniciar actividades bancarias en ese Estado miembro. Se inserta un artículo 21 quater en la DRC para establecer explícitamente este requisito. Sin embargo, este requisito no será aplicable a los casos en que dichas empresas de terceros países presten servicios bancarios a clientes y contrapartes de un Estado miembro mediante la solicitud inversa de servicios, ya que en tales casos es el cliente o contraparte pertinente el que se pone en contacto con la empresa del tercer país para solicitar la prestación del servicio.

Sucursales de terceros países Visión general de las sucursales de terceros países en la UE A 31 de diciembre de 2020, en la UE había 106 STP distribuidas en 17 Estados miembros. El importe total de los activos que poseían en esa fecha era ligeramente superior a 510 000 millones EUR, el 86 % de los cuales se concentró en solo cuatro Estados miembros (Alemania, Bélgica, Francia, y Luxemburgo). Parece existir una tendencia hacia un uso cada vez mayor de STP para acceder a los mercados bancarios de los Estados miembros, en la medida en que el número total de STP aumentó en 14, y el volumen de activos que poseían en 120 500 millones EUR, en 2020 con respecto a 2019. Fuente: Informe de la ABE sobre las sucursales de terceros países. Mientras que la mayoría de las STP (70 de 106) poseían activos por valor inferior a 3 000 millones EUR, había 2 STP determinadas que poseían activos superiores a 30 000 millones EUR, y otras 14 cuyos activos suponían un importe comprendido entre 10 000 y 30 000 millones EUR (frente a 6 en la misma fecha del año anterior). A 31 de diciembre de 2020, las STP establecidas en la UE procedían de 23 terceros países, siendo las representaciones más numerosas de China (18), Reino Unido (15), Irán (10), EE. UU. (9) y Líbano (9). Varios grupos de terceros países (23) tienen STP en más de un Estado miembro. Además, algunos de esos grupos de terceros países también tienen una o más filiales en la UE. Por ejemplo, 14 grupos de terceros países tienen una STP y una filial en el mismo Estado miembro. De ellos, 9 grupos de terceros países tienen una filial y dos o más STP en la UE. Dos grupos de terceros países tienen una doble presencia compuesta por una STP y una filial en más de un Estado miembro. Los 15 mayores grupos de terceros países que operan en la UE poseen más de tres cuartas partes de sus activos de la UE a través de STP. Por lo que se refiere al efecto de la presencia de las STP en la UE, puede medirse utilizando los dos parámetros siguientes: a)la ratio entre el importe total agregado de los activos de las STP por Estado miembro a 31 de diciembre de 2019 y el tamaño del sistema bancario nacional; este porcentaje es inferior al 1 % en 7 Estados miembros, entre el 1 % y el 10 % en 6 Estados miembros y aumenta a más del 25 % en 1 Estado miembro;

b)la ratio entre el importe total agregado de los activos de las STP por Estado miembro a 31 de diciembre de 2019 y el volumen del PIB nacional; este porcentaje es inferior al 1 % en 7 Estados miembros, entre el 1 % y el 10 % en 6 Estados miembros y aumenta a más del 25 % en 1 Estado miembro. En cuanto a los modelos de negocio y sobre la base de la información disponible, 50 STP operan como bancos universales, mientras que 48 operan únicamente como bancos mayoristas. Solo 4 STP operan como bancos minoristas. Problemática actual Como se muestra en la sección anterior, la huella de las STP en la UE ya es muy significativa. En varios casos, las STP poseen colectivamente una cantidad muy importante de activos en relación con el volumen del PIB de su Estado miembro de establecimiento y del sector bancario de ese Estado miembro. Para alguna STP, la magnitud de los activos individuales supera el umbral que los convertiría en entidades significativas bajo la supervisión directa del Banco Central Europeo (BCE) en el contexto del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Sin embargo, las STP siguen estando fuera del ámbito del MUS y no están sujetas a los requisitos de supervisión establecidos en la DRC, ya que no son entidades de crédito autorizadas en virtud del título III, capítulo 1, de dicha Directiva. Por el contrario, el establecimiento de STP para la prestación de servicios bancarios en la UE está esencialmente sujeto a la legislación nacional, ya que solo las obligaciones de información de alto nivel que les afectan se han armonizado recientemente como parte de la DRC V. Esto crea un panorama regulador desigual que da lugar a requisitos dispares para las STP en cada Estado miembro y a importantes retos para que las autoridades competentes controlen adecuadamente los riesgos derivados de las actividades que llevan a cabo en la UE. Por ejemplo: a)dada la ausencia total de un marco regulador prudencial o de gobernanza común sobre las STP, algunas de ellas solo están sujetas a requisitos limitados en determinados Estados miembros; b)los actuales mecanismos de cooperación en materia de supervisión a escala de la UE no incluyen a las STP, lo que crea puntos ciegos en la medida en que estas generan riesgos que pueden extenderse sin restricciones a otros entes del grupo o al mercado. Por ejemplo, dado que las autoridades competentes no están obligadas a intercambiar información exhaustiva sobre las STP, las autoridades que supervisan un grupo de un tercer país en un Estado miembro carecen de información suficiente sobre las STP del mismo grupo en otro Estado miembro y, por la misma razón, tampoco disponen de herramientas adecuadas para hacer frente a estos posibles riesgos de contagio; c)varios grupos de terceros países utilizan estructuras jurídicas complejas a través de una combinación de filiales y sucursales o, dependiendo de los servicios prestados, operaciones transfronterizas, para llevar a cabo sus actividades en la UE. Unas estructuras tan complejas pueden ser opacas y muy difíciles de supervisar para las autoridades competentes, habida cuenta de la diversidad y la división de los requisitos que se aplican a cada una de ellas. Por ejemplo, la doble función de los miembros del consejo de administración puede dar lugar a conflictos de intereses, mientras que el registro y la contabilidad flexibles pueden llevar a trasladar el riesgo de una entidad a otra; d)si bien las STP solo deben prestar servicios en los Estados miembros en los que están establecidas, el cumplimiento de este requisito no solo es difícil, sino casi imposible en el marco actual debido a la creciente tendencia de digitalización de los servicios financieros. Las STP también plantean problemas de arbitraje regulatorio. Cuando el Estado miembro de establecimiento imponga unas normas prudenciales menos estrictas, las STP podrán permitir efectivamente que los grupos de terceros países rebajen los requisitos bancarios de la UE cuando su sede social esté sujeta a normas prudenciales o de supervisión menos estrictas en el tercer país de que se trate. Marco armonizado para sucursales de terceros países Dada la importante huella que tienen las STP en los mercados bancarios de la UE y los actualmente dispersos y dispares requisitos prudenciales y de supervisión a los que están sujetas, existen riesgos evidentes para la estabilidad financiera y la integridad del mercado de la UE, así como oportunidades de arbitraje regulatorio que deben abordarse a través de un nuevo marco armonizado para estas sucursales. Aunque mantener el statu quo no es una opción deseable, someter a las STP a la totalidad de los requisitos prudenciales y de supervisión que se aplican a las entidades de crédito en virtud del RRC y de la DRC podría resultar desproporcionado, ya que no se atendería adecuadamente a sus características específicas en relación con las entidades de crédito cuya administración central se encuentra en la UE, y ello tendría un efecto perjudicial importante en dichas STP. En su lugar, una manera más adecuada sería crear un conjunto ad hoc de requisitos de armonización mínima que se base en los marcos nacionales vigentes de los Estados miembros actualmente en vigor y garantice unas normas mínimas y unos requisitos coherentes en toda la Unión. Dicho marco proporcionaría la claridad, previsibilidad y transparencia necesarias para las empresas de terceros países que deseen prestar servicios bancarios a través de sucursales en uno o varios Estados miembros. También adaptaría los requisitos de la UE sobre STP a las prácticas internacionales vigentes, en la medida en que numerosos terceros países aplican requisitos similares o equivalentes a las sucursales de bancos extranjeros que operan en sus territorios. Por consiguiente, el título VI de la DRC se modifica para incluir disposiciones sobre lo siguiente: a)autorización: el establecimiento de STP está sujeto a un procedimiento de autorización explícito y a requisitos mínimos. Estos requisitos deben incluir mecanismos de cooperación e información mediante los cuales las autoridades competentes de las STP i) tengan acceso a información suficiente sobre la empresa del tercer país que sea la administración central de la STP (la «empresa principal» de la STP) y ii) puedan cooperar con las autoridades de supervisión de la empresa principal en la medida en que sea necesario o pertinente para supervisar eficazmente a la STP en el Estado miembro; b)requisitos reglamentarios mínimos: entre ellos figuran las obligaciones impuestas a las STP de: i)mantener una dotación mínima de capital, calculada como porcentaje de los pasivos de la sucursal para STP más grandes y de mayor riesgo (clase 1), o un importe fijo para las STP más pequeñas (clase 2); ii)cumplir un requisito de liquidez, que para las STP de clase 1 debe ser el mismo que el requisito de cobertura de liquidez que se aplica a las entidades de crédito de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión; iii)cumplir los requisitos de gobernanza interna y control de riesgos, y aplicar disposiciones sobre registro para hacer un seguimiento de los activos y pasivos vinculados a las actividades realizadas por la STP en el Estado miembro;

c)requisitos de información: las STP están obligadas a comunicar periódicamente a sus autoridades competentes: i) información sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la DRC y en el ordenamiento jurídico nacional, así como ii) información financiera en relación con los activos y pasivos en sus libros; d)supervisión: las autoridades competentes están obligadas a llevar a cabo revisiones periódicas del cumplimiento por parte de las STP de sus requisitos reguladores, por ejemplo, a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales, y a adoptar medidas de supervisión para garantizar o restablecer el cumplimiento de dichos requisitos. Las autoridades competentes de las STP de clase 1 deben incluirlas en el colegio de supervisores del grupo pertinente, cuando ya exista, o de lo contrario crear un colegio ad hoc para STP de clase 1 del mismo grupo que operen en más de un Estado miembro. Por razones de proporcionalidad, y en particular para evitar cargas administrativas adicionales innecesarias para las STP pequeñas o más pequeñas, el alcance y el nivel de los requisitos prudenciales se modulan para diferenciar entre las STP de clase 1 y las de clase 2. La primera categoría comprende las STP más grandes (es decir, las que poseen activos iguales o superiores a 5 000 millones EUR), así como las autorizadas a recibir depósitos de clientes minoristas y las consideradas «no admisibles», las dos últimas independientemente de su tamaño. La clase 2 comprende todas las STP no clasificadas en la clase 1. Una STP se considera «admisible» cuando su administración central está establecida en un país i) que dispone de un marco de supervisión y regulación para los bancos y de requisitos de confidencialidad que han sido evaluados como equivalentes a los de la Unión, y ii) que no figura en la lista como tercer país de alto riesgo que presenta deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los Estados miembros deben velar por que sus autoridades competentes dispongan de las facultades necesarias para exigir a las STP establecidas en su territorio que soliciten autorización como entidades filiales en virtud de la DRC en casos específicos (facultad de exigir la autorización como filial). Por ejemplo, esta facultad debe poder utilizarse con respecto a una STP que realice operaciones o negocios con contrapartes de otros Estados miembros contraviniendo las normas del mercado interior. Por otra parte, también debe disponerse de la misma facultad para los casos en que una STP plantee riesgos para la estabilidad financiera del Estado miembro de que se trate o de la UE, teniendo en cuenta determinados indicadores de riesgo sistémico establecidos en la DRC y detallados en las normas técnicas de regulación. Cuando las STP tengan registrados activos por un importe igual o superior a 30 000 millones EUR, las autoridades competentes deben evaluar periódicamente si dichas STP presentan un nivel de riesgo para la estabilidad financiera del Estado miembro respectivo y de la UE análogo al de las entidades definidas como «sistémicas» con arreglo al RRC y a la DRC (evaluación de la importancia sistémica). El umbral de 30 000 millones EUR debe calcularse teniendo en cuenta los activos registrados por todas las STP pertenecientes al mismo grupo de un tercer país en la UE, ya sea en un solo Estado miembro o en varios Estados miembros, y se medirán como una media a lo largo de un período de tres años consecutivos o como un umbral absoluto mínimo alcanzado durante al menos tres años a lo largo de un período de cinco años consecutivos. A efectos de la evaluación de la importancia sistémica, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los indicadores de riesgo sistémico a que se refiere el párrafo anterior. Cuando, a la luz de estos indicadores, las autoridades competentes lleguen a la conclusión de que las STP pertinentes son sistémicas, pueden exigir a dichas STP que soliciten la autorización como entidades filiales en virtud de la DRC con el fin de seguir llevando a cabo actividades bancarias en el Estado miembro y en la UE (requisito de autorización como entidad filial). Como alternativa, las autoridades competentes pueden decidir: i) exigir a las STP que reestructuren sus actividades o activos de modo que dejen de cumplir los criterios de importancia sistémica o el umbral de 30 000 millones EUR (requisito de reestructuración); o ii) imponer requisitos adicionales del pilar 2 a las STP y las entidades filiales del grupo de un tercer país en la UE (por ejemplo, requisitos adicionales de capital, liquidez, información o divulgación de información), cuando dichos requisitos del pilar 2 sean adecuados y suficientes para mitigar los posibles riesgos para la estabilidad financiera (requisitos del pilar 2). Las autoridades competentes solo podrán decidir no imponer ninguno de los requisitos anteriores a las STP cuando puedan justificar que los riesgos que suponen para la estabilidad financiera y la integridad del mercado no aumentarían significativamente en ausencia de dichos requisitos (decisión de aplazamiento). Las autoridades competentes deben volver a evaluar su decisión de aplazamiento en el plazo de un año a partir de la fecha en que se tomó la decisión. La evaluación de la importancia sistémica de las STP pertenecientes a un grupo de un tercer país con sucursales y filiales en toda la UE debe estar dirigida por: i) el supervisor en base consolidada del grupo pertinente en la Unión, cuando sea de aplicación el artículo 111 de la DRC; ii) la autoridad competente que haría la función de supervisor en base consolidada del grupo en la UE de conformidad con dicho artículo si las STP fueran tratadas como entidades filiales; o iii) la ABE, cuando la autoridad competente principal no haya iniciado la evaluación o el supervisor en base consolidada hipotético no se haya determinado en un plazo de tres meses. La decisión de imponer alguno de los requisitos antes mencionados o de aplazar la imposición de tales requisitos a las STP consideradas sistémicas se debe adoptar como decisión conjunta de la autoridad competente principal y de las autoridades competentes responsables de la supervisión de las STP y las filiales del mismo grupo de un tercer país. Por otra parte, el nuevo marco para las STP no sustituye ni impide cualquier discrecionalidad que los Estados miembros tengan actualmente para obligar a las empresas establecidas en determinados terceros países a cursar una solicitud general para llevar a cabo actividades bancarias en su territorio a través de filiales autorizadas de conformidad con el título III, capítulo 1, de la DRC. Repercusiones del nuevo marco Con arreglo al nuevo marco propuesto, las STP que operan actualmente en la UE tendrán que ser objeto de una nueva autorización. Sin embargo, los costes de cumplimiento y de transición asociados a esta autorización y a la operación en curso se mitigarían significativamente por las siguientes circunstancias: a)una vez concluido el período de transposición de la Directiva de dieciocho meses, las STP dispondrán de un período transitorio de doce meses para obtener la autorización y, por lo tanto, podrán repartir los costes de transición a lo largo de dicho período; b)los requisitos prudenciales y de autorización se basan en gran medida en los requisitos nacionales vigentes en varios Estados miembros y, dado que el nuevo marco contiene requisitos muy similares a estos, las STP solo tendrían que efectuar costes limitados para adaptarse; c)sobre la base de los datos del 31 de diciembre de 2020, hasta 40 de las 106 STP autorizadas a operar en distintos Estados miembros habrían sido clasificados en la clase 2 y, por tanto, estarían sujetas a requisitos prudenciales y de información comparativamente menos estrictos con arreglo al nuevo marco; d)sobre la base de los mismos datos y a partir de esa fecha, solo tres STP tenían registrados activos por un importe superior a 30 000 millones EUR y, por tanto, estarían sujetas a la evaluación de la importancia sistémica. Aunque las STP pueden estar sujetas a costes adicionales para cumplir los nuevos requisitos de información, estos estarían justificados para cumplir el objetivo de mejorar la protección de la estabilidad financiera y la integridad del mercado. Revisión del régimen de sanciones administrativas Las multas coercitivas se introducen como un nuevo instrumento de ejecución destinado a garantizar que las entidades de crédito cumplan rápidamente las normas prudenciales. Además, se hace una clara distinción entre las multas coercitivas y las sanciones administrativas. La lista de infracciones sujetas a multas y sanciones administrativas se complementa con los requisitos prudenciales que actualmente faltan en la lista de infracciones punibles con arreglo al artículo 67 de la DRC. Se modifican los artículos 66 y 67 de la DRC para aclarar la definición de «volumen de negocios neto anual total» y definirlo por referencia al indicador de actividad del nuevo artículo 314 del RRC. A fin de garantizar la igualdad de condiciones en el ámbito de las facultades sancionadoras, los Estados miembros están obligados a establecer sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas en relación con las infracciones de las disposiciones nacionales de transposición de la DRC y del RRC. Además, se introducen garantías procesales para la aplicación efectiva de las sanciones, especialmente en caso de acumulación de sanciones administrativas y penales por el mismo incumplimiento. A tal fin, se modifica el artículo 70 de la DRC para obligar a los Estados miembros a establecer normas sobre la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades judiciales en caso de duplicación de procedimientos y sanciones penales y administrativos por la misma infracción. Estas normas tienen por objeto proporcionar un nivel suficiente de protección a la persona física o jurídica sujeta a esta duplicación de procedimientos de conformidad con el principio non bis in idem. Revisión de la composición de los requisitos del pilar 2 Con el fin de mejorar la coherencia interna del marco regulador, la DRC V armonizó la naturaleza del capital reglamentario que los bancos deben poseer para cumplir el requisito de capital del pilar 2 con los mínimos de composición del capital previstos en el requisito de capital del pilar 1. No obstante la norma general establecida en el artículo 104 bis, apartado 4, de la DRC, los supervisores tienen la facultad discrecional de decidir, caso por caso, imponer requisitos de capital del pilar 2 con una proporción más elevada de capital de nivel 1 o capital de nivel 1 ordinario. Este nuevo tratamiento ha empezado a aplicarse recientemente, durante la crisis de la COVID-19. Aunque todavía es demasiado pronto para extraer conclusiones globales sobre la reciente adaptación, una primera revisión ha confirmado la utilidad de una composición estándar coherente de los requisitos de capital mínimos (pilar 1) y adicionales (pilar 2).

Ajustes que acompañan a la introducción del suelo de resultados La introducción de suelo de resultados en el cálculo del importe total de exposición al riesgo (TREA) según lo establecido en el artículo 92 del RRC repercutirá en aquellos requisitos de fondos propios establecidos en la DRC cuyo cálculo dependa del TREA. Estos son el requisito de colchón de conservación de capital (CCC), el requisito de colchón de capital anticíclico (CCA), los requisitos de colchón de capital para las entidades de importancia sistémica mundial y otras entidades de importancia sistémica (EISM y OEIS), el requisito de colchón contra riesgos sistémicos (CRS) y, en la medida en que una autoridad competente utilice un enfoque que lo establezca como porcentaje del TREA desde el principio, el requisito específico por entidad previsto en el pilar 2 (P2R). Dos de estos requisitos, a saber, el P2R y el CRS, pueden utilizarse para hacer frente a riesgos de naturaleza similar a los abordados por el suelo de resultados. Por consiguiente, existe la posibilidad de que determinados riesgos (por ejemplo, el riesgo de modelo) se contabilicen dos veces una vez que el suelo de resultados empiece a aplicarse. Esto debe evitarse. El dictamen de la ABE sobre la finalización de Basilea III incluye una recomendación específica sobre esta cuestión y pide, de manera más general, a las autoridades competentes y designadas que reconsideren el nivel adecuado de P2R y el CRS, respectivamente, una vez que empiece a aplicarse el suelo de resultados. En vista de lo anterior, la propuesta modifica los artículos 104 bis y 133 de la DRC —que establecen las normas sobre el P2R y el CRS, respectivamente— mediante la introducción de salvaguardias destinadas a evitar aumentos injustificados del P2R y del requisito del CRS a raíz de que una entidad se convierta en obligada por el suelo de resultados: ·el P2R y el requisito del CRS se «congelará» para evitar aumentos automáticos (también denominados «aritméticos») del importe del capital reglamentario exigido en virtud de estos dos requisitos. Esta salvaguardia se justifica por el hecho de que el aumento de los activos ponderados por riesgo (APR) debido a que la entidad pasa a estar sujeta al suelo de resultados es, en todos los demás casos, puramente aritmético y no refleja un aumento real de los riesgos que justifique la necesidad de capital adicional de la entidad; ·la autoridad competente de la entidad deberá revisar la calibración del P2R y la autoridad competente o designada, según proceda, deberá revisar la calibración del requisito del CRS, respectivamente, a fin de determinar si existe doble contabilización del riesgo y, en caso afirmativo, recalibrar dichos requisitos para evitarla; ·los dos requisitos permanecerán congelados hasta que concluyan las revisiones respectivas y se anuncien las decisiones pertinentes sobre su calibración adecuada. Los artículos 104 bis y 133 de la DRC también se modifican para aclarar que P2R y el requisito del CRS no pueden utilizarse para cubrir riesgos que ya están plenamente cubiertos por el suelo de resultados. Por último, se modifica el artículo 131 para exigir a las autoridades competentes o designadas, según proceda, que revisen la calibración de los requisitos del colchón para OEIS cuando una OEIS quede vinculada por el suelo de resultados, a fin de asegurarse de que la calibración sigue siendo adecuada. Divulgación de información Se modifica el artículo 106 para permitir a los Estados miembros otorgar a los supervisores la facultad de exigir a las entidades que presenten información a la ABE en un plazo determinado. Esto es consecuencia de las modificaciones introducidas en los artículos 433 y 434 del RRC, que obligan a la ABE a centralizar la publicación de la información divulgada por las entidades. Además, la propuesta faculta a los supervisores para que permitan a las entidades utilizar medios y lugares específicos, distintos del sitio web de la ABE, para realizar las publicaciones. Esto está en consonancia con la modificación propuesta del RRC, según la cual, además de la publicación centralizada de la ABE, las entidades siguen teniendo libertad para publicar su propia información por otros medios. Establecimiento de referencias de supervisión de los métodos para el cálculo de los requisitos de fondos propios Se modifica el artículo 78 para añadir dos tipos de métodos para calcular los requisitos de fondos propios a los métodos incluidos en el ámbito de aplicación del establecimiento de referencias de supervisión, a saber: a)los métodos de modelización utilizados para calcular las pérdidas por riesgo de crédito previstas, tanto con arreglo a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9 como a las normas nacionales de contabilidad; y b)el método estándar alternativo para el riesgo de mercado establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del RRC, dado que las entidades pueden modelizar determinados parámetros con arreglo a dicho método. Dado que los métodos utilizados para calcular las pérdidas por riesgo de crédito esperadas también pueden ser utilizados por las entidades que utilizan el método estándar para el riesgo de crédito establecido en la parte tercera, título II, capítulo 2, del RRC, dichas entidades también se incluyen en el ámbito de aplicación del ejercicio de establecimiento de referencias de supervisión. No obstante, la ABE está obligada a decidir cuál de esas entidades debe incluirse, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. También se modifica el artículo 78 para prever la posibilidad de reducir la frecuencia de los ejercicios de establecimiento de referencias de supervisión de anual a bienal en reconocimiento del hecho de que, tras la realización de un determinado número de ejercicios, es probable que una frecuencia menor sea suficiente para supervisar los resultados de los métodos de las entidades. Esto también reducirá la carga administrativa para las entidades que utilicen los métodos de establecimiento de referencias. 2021/0341 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifican la Directiva 2013/36/UE, en lo referente a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y la Directiva 2014/59/UE

(Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, apartado 1, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Banco Central Europeo, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)Las autoridades competentes, su personal y los miembros de sus órganos de gobernanza han de mantener su independencia frente a toda injerencia política y económica. Los riesgos de conflictos de intereses menoscaban la integridad del sistema financiero de la Unión y lacran el objetivo de lograr una unión bancaria y de los mercados de capitales integrada. Es preciso que la Directiva 2013/36/UE establezca disposiciones más detalladas para que los Estados miembros puedan garantizar que las autoridades competentes, incluidos su personal y su dirección, actúen con independencia y objetividad. A este respecto, deben establecerse requisitos mínimos para evitar los conflictos de intereses. La Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha de formular directrices destinadas a las autoridades competentes sobre la forma de evitar los conflictos de intereses, tomando como base las mejores prácticas internacionales. (2)Las autoridades competentes han de estar debidamente facultadas para revocar la autorización concedida a una entidad de crédito cuando se determine que esta es inviable o probablemente lo será y, al mismo tiempo, la entidad no cumpla las demás condiciones para la resolución establecidas en la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo o en el Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. En tal situación, con arreglo a los procedimientos nacionales de insolvencia aplicables u otros procedimientos previstos para las entidades de crédito en virtud del Derecho nacional, debería procederse a la liquidación de la entidad, que, en consecuencia, tendría que cesar las actividades amparadas por la autorización que le hubiera sido concedida. (3)La prestación de servicios bancarios en la Unión está supeditada a la autorización previa de la entidad de crédito de que se trate y a su presencia física a través de una persona jurídica o una sucursal en el territorio de la Unión. Solo así es posible someter a las entidades de crédito a una regulación y una supervisión prudenciales efectivas, que son necesarias para minimizar el riesgo de inviabilidad y, llegado el caso, gestionar la situación de inviabilidad de tal manera que sus efectos no se propaguen de forma desordenada y no provoquen el colapso del sistema financiero (riesgo de contagio derivado de, por ejemplo, una situación de pánico bancario o de inviabilidad bancaria a raíz de la concesión imprudente de préstamos). La prestación de servicios bancarios en la Unión sin dicha presencia física conllevaría, en los mercados financieros en los que las entidades de crédito participan activamente, una mayor presencia y prevalencia de segmentos de riesgo no sometidos a la regulación y la supervisión prudenciales de la Unión, lo que, en última instancia, podría suponer una amenaza para la estabilidad financiera de la Unión o de sus Estados miembros. La crisis financiera de 2008-2009, el precedente histórico más reciente, muestra hasta qué punto los pequeños segmentos de mercado, si se dejan al margen de la regulación y la supervisión prudenciales, pueden convertirse en el origen de grandes amenazas para la estabilidad financiera de la Unión y de sus Estados miembros. Esto explica la necesidad de disponer explícitamente en el Derecho de la Unión que las empresas establecidas en un tercer país y que deseen prestar servicios bancarios en la Unión deban, como mínimo, establecer una sucursal en un Estado miembro autorizada con arreglo al Derecho de la Unión, salvo que la empresa se proponga prestar los servicios bancarios en la Unión a través de una filial. No obstante, el requisito de establecer una sucursal no debería aplicarse a la comercialización pasiva de servicios, dado que se trata de una situación en la que es el propio cliente quien se dirige a la empresa del tercer país para solicitar la prestación del servicio. (4)Los supervisores de las entidades de crédito han de poseer las facultades necesarias para ejercer sus cometidos respecto de las distintas operaciones que efectúen los entes supervisados. A esos efectos, y con miras a favorecer la igualdad de condiciones, es imperativo que los supervisores dispongan de las facultades que les permitan supervisar las operaciones significativas que puedan llevar a cabo los entes supervisados. Por consiguiente, ha de notificarse al Banco Central Europeo y a las autoridades nacionales competentes toda operación significativa de un ente supervisado que plantee dudas sobre su perfil prudencial o sobre posibles actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, en particular cuando se trate de operaciones como la adquisición de participaciones significativas en entes financieros o no financieros por parte de un ente supervisado, la transferencia significativa de activos y pasivos de un ente supervisado o a un ente supervisado, y las fusiones y escisiones en las que intervenga un ente supervisado. Además, el BCE y las autoridades nacionales competentes deben estar facultadas para intervenir en tales casos. (5)En lo tocante a las fusiones y escisiones, la Directiva (UE) 2017/1132 establece normas y procedimientos armonizados, en particular para las fusiones y escisiones transfronterizas de sociedades de capital. Así pues, el procedimiento de evaluación por parte de las autoridades competentes que se establece en la presente Directiva ha de ser complementario a la Directiva (UE) 2017/1132 y no contradecir ninguna de sus disposiciones. En el caso de las fusiones y escisiones transfronterizas que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2017/1132, el dictamen motivado emitido por la autoridad de supervisión competente debe formar parte de la evaluación del cumplimiento de todas las condiciones pertinentes y de la correcta realización de todos los procedimientos y trámites necesarios para el certificado previo a la fusión o escisión. El dictamen motivado ha de transmitirse, pues, a la autoridad nacional designada que sea responsable de expedir el certificado previo a la fusión o escisión con arreglo a la Directiva (UE) 2017/1132. (6)A fin de que las autoridades competentes puedan intervenir antes de que se lleve a cabo una de las mencionadas operaciones significativas, es preciso que se les notifique de antemano. La notificación ha de ir acompañada de la información necesaria para que las autoridades competentes evalúen la operación prevista desde el punto de vista prudencial y de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dicha evaluación por parte de las autoridades competentes debe iniciarse en el momento de la recepción de la notificación en la que se incluya la totalidad de la información solicitada y, en el caso de la adquisición de una participación significativa o la transferencia significativa de activos y pasivos, debe estar acotada en el tiempo. (7)En el supuesto de la adquisición de una participación cualificada, o la transferencia significativa de activos o pasivos, la conclusión que se extraiga de la evaluación podría llevar a la autoridad competente a oponerse a la operación. Si la autoridad competente no manifiesta su oposición en un plazo determinado, la operación ha de considerarse aprobada. (8)En interés de la proporcionalidad, y con miras a evitar cargas administrativas indebidas, es conveniente que esas facultades adicionales de las autoridades competentes se limiten exclusivamente a las operaciones que se consideren significativas. Únicamente las operaciones consistentes en fusiones o escisiones deben tratarse de forma automática como operaciones significativas, dado que cabe esperar que el ente de nueva creación presente un perfil prudencial sensiblemente diferente al de los entes iniciales que intervengan en la fusión o escisión. Por otra parte, sin antes haber obtenido el dictamen favorable previo de las autoridades competentes, ningún ente ha de celebrar una fusión o escisión. Otras operaciones (como la adquisición de participaciones y las transferencias de activos y pasivos), cuando se consideren significativas, deben ser evaluadas por las autoridades competentes con arreglo a un procedimiento de aprobación tácita. (9)En algunas situaciones (por ejemplo, cuando intervienen entes establecidos en varios Estados miembros), las operaciones pueden requerir múltiples notificaciones y evaluaciones por parte de diferentes autoridades competentes, lo que exige una cooperación eficaz entre dichas autoridades. Por lo tanto, es necesario precisar las obligaciones de cooperación, en particular por lo que se refiere a las notificaciones recíprocas en una fase temprana, el intercambio fluido de información y la coordinación en la evaluación. (10)Es preciso armonizar las disposiciones relativas a la adquisición de una participación cualificada en una entidad de crédito con las disposiciones sobre la adquisición de una participación cualificada por parte de una entidad, en caso de que deban realizarse ambas evaluaciones para la misma operación. En efecto, sin una coordinación adecuada, estas disposiciones podrían dar lugar a incoherencias en la evaluación de las autoridades competentes y, en última instancia, en las decisiones adoptadas. Por consiguiente, cuando una operación se considere compleja, es preciso prever un plazo adicional similar para que las autoridades competentes acusen recibo de la notificación.

(11)Conviene encomendar a la ABE la elaboración de normas técnicas de regulación y de ejecución con el fin de garantizar que el ejercicio de esas facultades de supervisión adicionales esté debidamente delimitado. Dichas normas técnicas de regulación y de ejecución han de especificar, en particular, la información que deben recibir las autoridades competentes, los aspectos que deben evaluarse y las modalidades de cooperación cuando intervengan varias autoridades competentes. Los diversos elementos mencionados son cruciales para asegurar una metodología de supervisión suficientemente armonizada que permita aplicar las disposiciones relativas a las facultades adicionales de manera eficiente y con el menor incremento posible de la carga administrativa. (12)Es imprescindible que las entidades de crédito, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera cumplan los requisitos prudenciales para garantizar su seguridad y solidez y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad del sistema financiero, tanto a nivel de la Unión como a nivel de cada Estado miembro. Así pues, el BCE y las autoridades nacionales competentes han de estar facultados para adoptar medidas oportunas y decisivas cuando una entidad de crédito, una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera, o bien sus directivos efectivos, no cumplan los requisitos prudenciales o las decisiones de supervisión. (13)A fin de asegurar la igualdad de condiciones en el ámbito de las facultades sancionadoras, es preciso exigir a los Estados miembros que prevean sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas efectivas, proporcionadas y disuasorias en relación con las infracciones de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y las infracciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. En particular, los Estados miembros pueden imponer sanciones administrativas cuando se trate de una infracción que también esté tipificada en el Derecho penal nacional. Las citadas sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas deben ajustarse a unos requisitos mínimos, como las facultades mínimas que deben conferirse a las autoridades competentes para imponerlas, los criterios que estas autoridades han de tomar en consideración al aplicarlas, los requisitos de publicación o la cuantía de las sanciones administrativas y las multas coercitivas. Los Estados miembros han de establecer normas específicas y mecanismos eficaces para la aplicación de las multas coercitivas. (14)Las sanciones pecuniarias administrativas deben tener un efecto disuasorio, de modo que la persona física o jurídica que infrinja las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36/UE o las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 no reincida en la infracción o actúe de manera similar en el futuro. Ha de exigirse a los Estados miembros que prevean sanciones administrativas efectivas, proporcionadas y disuasorias. Además, al determinar el tipo de sanciones administrativas u otras medidas administrativas y la cuantía de las sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competentes deben tener en cuenta si anteriormente ya se había impuesto a la persona física o jurídica responsable alguna sanción penal por la misma infracción. El objetivo es garantizar que la severidad de las sanciones y otras medidas administrativas impuestas con fines punitivos en caso de acumulación de procedimientos administrativos y penales no exceda de lo necesario atendiendo a la gravedad de la infracción. A ese respecto, es fundamental reforzar la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades judiciales, ante el caso de que se acumulen procedimientos administrativos y penales contra una misma persona por la misma infracción. Asimismo, los Estados miembros han de establecer normas y mecanismos específicos para facilitar la cooperación. (15)Las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer sanciones administrativas a la misma persona física o jurídica responsable de los mismos actos u omisiones. No obstante, la acumulación de procedimientos y sanciones por la misma infracción debe perseguir diferentes objetivos de interés general. Los Estados miembros han de establecer normas que prevean una coordinación adecuada entre los procedimientos administrativos y penales. En virtud de tales normas, la imposición de sanciones acumulativas por la misma infracción a la persona física o jurídica responsable debe limitarse a lo estrictamente necesario para alcanzar los diferentes objetivos perseguidos. Por otra parte, es preciso que los Estados miembros establezcan normas que garanticen que la severidad de todas las sanciones administrativas y penales y otras medidas que se impongan en los casos de acumulación de procedimientos no exceda de lo necesario atendiendo a la gravedad de la infracción. Asimismo, los Estados miembros han de velar por que tanto la duplicación de los procedimientos como las correspondientes sanciones se ajusten al principio de «non bis in idem» y por que se respeten debidamente los derechos de la persona física o jurídica responsable. (16)Las sanciones pecuniarias administrativas contra personas jurídicas deben aplicarse de manera coherente, en particular por lo que se refiere a la determinación de la cuantía máxima de las sanciones administrativas, a cuyos efectos ha de tenerse en cuenta el volumen de negocios neto anual total de la empresa de que se trate. Ahora bien, la definición en vigor del volumen de negocios neto anual total que figura en la Directiva 2013/36/UE no es exhaustiva ni lo suficientemente clara y completa para garantizar la igualdad de condiciones en la aplicación de las sanciones pecuniarias administrativas. Por consiguiente, es necesario aclarar varios elementos de dicha definición para evitar divergencias en la interpretación. (17)Además de las sanciones administrativas, las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer multas coercitivas a las entidades de crédito, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera y sus directivos efectivos por el incumplimiento de las obligaciones que les incumban en virtud de la Directiva 2013/36/UE, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 o una decisión adoptada por una autoridad competente. Las citadas medidas de ejecución han de imponerse cuando persista el incumplimiento de un requisito o de una decisión de supervisión de la autoridad competente. Es preciso que las autoridades competentes puedan imponer tales medidas de ejecución sin necesidad de transmitir previamente una solicitud, una orden o una advertencia a la parte infractora. Dado que el objetivo de una multa coercitiva es obligar a una persona física o jurídica a poner fin a una infracción en curso, la imposición de dicha multa no debe excluir la posibilidad de que las autoridades competentes impongan sanciones administrativas ulteriores por la misma infracción. (18)Es preciso establecer sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas con el fin de garantizar el más amplio campo de acción tras la comisión de una infracción y, además, ayudar a evitar futuras infracciones, con independencia de que en el Derecho nacional se prevean sanciones administrativas u otras medidas administrativas para esas infracciones. Los Estados miembros deben, pues, tener la potestad de establecer sanciones adicionales y fijar importes más elevados para las sanciones pecuniarias administrativas. (19)Las autoridades competentes han de imponer multas coercitivas proporcionadas y eficaces. En consecuencia, las autoridades competentes deben tomar en consideración los efectos que las multas coercitivas puedan tener en la situación financiera de las personas físicas o jurídicas infractoras y tratar de evitar que la sanción las lleve a una situación de insolvencia o de graves dificultades financieras, o que represente un porcentaje desproporcionado de su volumen de negocios anual total. (20)Cuando el ordenamiento jurídico de un Estado miembro no contemple las sanciones administrativas previstas en la presente Directiva, cabe la posibilidad de aplicar las normas sobre sanciones administrativas de tal manera que la incoación de la sanción corresponda a la autoridad competente y su imposición, a las autoridades judiciales. Por lo tanto, es necesario que los Estados miembros en los que se dé la situación descrita garanticen que la aplicación de las normas y las sanciones tenga un efecto equivalente al de las sanciones administrativas impuestas por las autoridades competentes. Al imponer tales sanciones, las autoridades judiciales deben tener en cuenta la recomendación de la autoridad competente que incoe la sanción. Las sanciones impuestas han de ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. (21)A fin de establecer sanciones adecuadas en caso de infracción de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36/UE o de las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013, es preciso completar la lista de las infracciones por las que se pueden imponer sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas. Procede, pues, modificar la lista de infracciones con arreglo al artículo 67 de la Directiva 2013/36/UE. (22)En lo referente a la regulación del establecimiento de sucursales por empresas de terceros países para la prestación de servicios bancarios en los Estados miembros, se trata de un ámbito regulado por el Derecho nacional y apenas armonizado en virtud de la Directiva 2013/36/UE. Actualmente, a pesar de la considerable presencia de sucursales de terceros países en los mercados bancarios de la Unión, estas sucursales han de cumplir unos requisitos de información muy estrictos, pero quedan fuera de toda norma prudencial o mecanismo de cooperación en materia de supervisión a nivel de la Unión. Debido a la ausencia total de un marco prudencial común, las sucursales de terceros países están sujetas a requisitos nacionales dispares de distinto alcance y rigor prudencial. Además, las autoridades competentes carecen de información exhaustiva y de los instrumentos de supervisión necesarios para hacer un seguimiento adecuado de los riesgos específicos que se derivan de los grupos de terceros países que operan en uno o más Estados miembros a través tanto de sucursales como de filiales. Por el momento, no hay ningún mecanismo integrado de supervisión para estas sucursales y filiales, y la autoridad competente responsable de supervisar a cada sucursal de un grupo de un tercer país no está obligada a intercambiar información con las autoridades competentes responsables de supervisar a las demás sucursales y filiales del mismo grupo. Semejante fragmentación del panorama regulador conlleva riesgos para la estabilidad financiera y la integridad del mercado de la Unión, situación que debe abordarse adecuadamente a través de un marco armonizado para las sucursales de terceros países. Dicho marco ha de incluir requisitos mínimos comunes en materia de autorización, normas prudenciales, gobernanza interna, supervisión y comunicación de información. Tales requisitos deben basarse en los requisitos que los Estados miembros ya apliquen a las sucursales de terceros países en sus territorios y tener en cuenta requisitos similares o equivalentes que los terceros países apliquen a las sucursales extranjeras, con el fin de garantizar la coherencia entre los Estados miembros y adaptar el marco de la Unión para las sucursales de terceros países a las prácticas internacionales predominantes en este ámbito. (23)Por razones de proporcionalidad, los requisitos aplicables a las sucursales de terceros países deben ajustarse al riesgo que estas supongan para la estabilidad financiera y la integridad de los mercados, tanto de la Unión como de los Estados miembros. Por lo tanto, es preciso que las sucursales de terceros países se cataloguen, bien en la clase 1, cuando se considere que plantean un riesgo elevado, bien en la clase 2, cuando se trate de sucursales pequeñas y no complejas que no supongan un riesgo significativo para la estabilidad financiera [de conformidad con la definición de «entidad pequeña y no compleja» del Reglamento (UE) n.º 575/2013]. En consecuencia, cuando el importe de los activos de una sucursal de un tercer país registrados en un Estado miembro sea igual o superior a 5 000 000 000 EUR, debe considerarse que esa sucursal entraña un riesgo más elevado por su gran tamaño y complejidad, pues en caso de inviabilidad podría provocar una perturbación significativa del mercado de servicios bancarios o del sistema bancario del Estado miembro de que se trate. También en el caso de las sucursales de terceros países autorizadas a aceptar depósitos minoristas debe considerarse que el riesgo es más elevado, independientemente del tamaño de la sucursal, en la medida en que su inviabilidad afectaría a los depositantes altamente vulnerables y podría dar lugar a la pérdida de confianza en la seguridad y la solidez del sistema bancario del Estado miembro para proteger el ahorro de sus ciudadanos. Por consiguiente, ambos tipos de sucursales de terceros países deben considerarse de clase 1. (24)Las sucursales de terceros países deben igualmente considerarse de clase 1 cuando la regulación y la supervisión a las que esté sujeta la empresa del tercer país que sea su administración central (la «empresa principal»), así como la forma en que se aplique dicha regulación, no se consideren al menos equivalentes a lo previsto en la Directiva 2013/36/UE y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, o cuando el tercer país en cuestión figure en la lista de terceros países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo. Dichas sucursales de terceros países plantean un riesgo significativo para la estabilidad financiera de la Unión y del Estado miembro de establecimiento, puesto que el marco regulador bancario o de lucha contra el blanqueo de capitales que se aplica a la empresa principal no refleja debidamente los riesgos específicos que se derivan de las actividades de la sucursal en el Estado miembro o los riesgos para las contrapartes del Estado miembro que se derivan del grupo del tercer país, ni permite hacer un seguimiento adecuado de estos riesgos. A efectos de determinar la equivalencia entre las normas bancarias prudenciales y de supervisión del tercer país y las normas de la Unión, la Comisión debe estar facultada para encomendar a la ABE una evaluación de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. La ABE ha de llevar a cabo la evaluación de manera rigurosa y transparente y con arreglo a una metodología sólida. Además, la ABE debe consultar a las autoridades de supervisión y los departamentos gubernamentales encargados de la regulación bancaria en los terceros países y cooperar estrechamente con ellos, y, cuando proceda, también debe hacer lo propio con las partes de