COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 29.01.1996 
COM(96) 20 final 
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL 
PARLAMENTO EUROPEO 
Cooperación entre Administraciones 
para la aplicación de la normativa 
del mercado interior 
- informe recapitulativo -

- -1 -
índice 
I. Introducción 1 CL. 
II. Notificación de enlaces 2 
Cuadro 1 : Notificaciones de enlaces en cada sector, por Estado miembro 3 
III. Programa de debates 4 
IV. Perfeccionamiento de las actuales disposiciones 7 
Anexo Cooperación para la aplicación de la normativa del mercado interior en sectores 
específicos 9 
Cuadro 2: Intercambios del programa KAROLUS clasificados por sectores prioritarios 59 

1-0_~ 
I. Introducción 
1. El presente informe contiene un estudio de la labor que se viene desarrollando para asegu­
rar que la aplicación de la normativa comunitaria sobre el mercado interior sea más coherente, 
mediante el fomento de la cooperación y la asistencia mutua entre las Administraciones de los 
distintos Estados miembros. Este es un objetivo que responde a las necesidades manifestadas 
por las empresas, los consumidores, los gobiernos nacionales y las instituciones comunitarias. 
Fué enunciado en el Programa Estratégico de la Comisión de cara al mercado interior1. 
En su Comunicación de 16 de febrero de 1994, relativa al desarrollo de la cooperación adminis­
trativa para la aplicación y el cumplimiento de la legislación comunitaria en el mercado interior2, la 
Comisión estableció un marco de cooperación a tal efecto. El 16 de junio de 1994, el Consejo 
aprobó una Resolución3 al respecto. El Comité Económico y Social también ha insistido en este 
punto4 y, más recientemente, la Presidencia francesa del Consejo lo ha convertido en un aspecto 
de especial interés, al vincular la aplicación de la legislación a las sanciones por incumplimiento 
de las normas comunitarias. A raíz de la Comunicación de la Comisión sobre la función de las 
sanciones en relación con la aplicación de la legislación comunitaria sobre el mercado interior5, el 
Consejo adoptó una Resolución el 29 de junio de 1995, en la que fija un enfoque común en la 
materia6. En dicha Resolución se pone de relieve que "la cooperación administrativa debe 
intensificarse, cuando proceda, en los sectores en los que se encuentre poco desarrollada y, en 
cualquier caso, debe responder a las exigencias de una aplicación uniforme y eficaz de las 
normas comunitarias". 
2. La Resolución del Consejo de 16 de junio de 1994 preconizaba, entre otras cosas, la 
adopción de tres tipos de medidas concretas a este respecto: 
i) se instaba a los Estados miembros a que enviasen a la Comisión, para el 31 de 
diciembre de 1994, una lista de enlaces a efectos de aplicación de la normativa del 
mercado interior en dieciocho sectores prioritarios, junto con información básica sobre 
sus estructuras administrativas en estos ámbitos; 
ii) se invitaba a la Comisión a que prosiguiese el programa de debates con los Estados 
miembros que se estaba desarrollando ya en los comités sectoriales y los grupos de 
trabajo, para determinar qué tipo de cooperación era necesaria en cada uno de los 
ámbitos legislativos considerados prioritarios; 
iii) se invitaba a la Comisión a presentar propuestas, a la luz de tales debates, con vistas a 
mejorar las disposiciones vigentes, incluidas posibles medidas adicionales de apoyo a 
la cooperación administrativa, tales como seminarios, programas de formación e 
intercambio de funcionarios o la publicación de guías interpretativas. Dichas propuestas 
debían incluir, en caso de necesidad, una adaptación de la legislación vigente. 
Comunicación de la Comisión al Consejo de 22 de diciembre de 1993, "Aprovechar al máximo el mercado interior. Programa 
estratégico", COM(93)632 final. 
COM(94)29 final, de 16.2.1994. 
Resolución del Consejo, de 16 de junio de 1994, sobre el desarrollo de la cooperación administrativa para la aplicación y el 
cumplimiento de la legislación comunitaria en el mercado interior, DO n° C 179 de 1.7.1994, pág. 1. 
Dictamen del Comité Económico y Social sobre el informe anual relativo al mercado interior, DO n° C 393 de 31.12.1994, pág. 
14; recomendación 2: "Se debe supervisar rigurosamente la aplicación y el control...". 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la función de las sanciones en relación con la aplicación 
de la legislación comunitaria sobre el mercado interior, COM(95)162 final, de 3.5.1995. 
Resolución del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre las 
sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior, DO n° C 188 de 22.7.1995, pág. 1. 
2-
En los siguientes capítulos se presentan los progresos habidos en relación con estas medidas. 
II. Notificación de enlaces 
3. Todos los Estados miembros han notificado sus enlaces para la mayor parte de los sectores 
prioritarios definidos en la Resolución de junio de 1994. Algunos de los textos legales aprobados 
exigían ya expresamente que se notificasen los enlaces a la Comisión, como, por ejemplo, las 
Directivas 93/99/CEE, relativa al control de los productos alimenticios, y 89/48/CEE, sobre el 
reconocimiento de títulos. La intención de la Comisión no era sustituir o duplicar los sistemas ya 
existentes, sino más bien comprobar que funcionaban correctamente. El propósito de tales 
enlaces es poner en contacto a los funcionarios responsables de la aplicación de la normativa del 
mercado interior. En aquellos casos en que se hayan descentralizado las funciones de control, es 
posible que las comunicaciones deban pasar primero por un coordinador central a nivel nacional. 
No obstante, cabe señalar que se han recibido notificaciones en las que constan las autoridades 
regionales, tales como las de los diversos Estados federados alemanes. 
4. La información relativa a los enlaces incluye, en general, la denominación del servicio de la 
Administración de los Estados miembros (o de la Comisión) directamente responsable y un 
número de fax directo. En la mayoría de los casos figura, además, el nombre de un responsable 
con su número de teléfono. En algunas notificaciones se señalan también los idiomas que los 
enlaces pueden hablar o entender y su dirección electrónica. En algunos casos se ha designado 
como enlace a un funcionario de la Representación Permanente del Estado miembro en Bruselas. 
Todos los enlaces han sido introducidos en una base de datos, a partir de la cual se distribuyen 
listados o disquetes a los interesados. 
El cuadro 1 muestra, en cada sector legislativo, los Estados miembros que habían notificado sus 
enlaces cuando terminó de redactarse la presente comunicación (27.11.1995). Cuando los secto­
res legislativos se dividen en subsectores, el cuadro indica si se ha recibido una notificación 
completa o parcial de enlaces para cada subsector. Esta última viene representada por la letra "P" 
en una casilla sombreada. Las casillas en negro indican que no se ha recibido notificación. La 
base de datos contiene también información sobre los enlaces de tres sectores que fueron 
notificados a la Comisión al margen de este ejercicio, esto es, productos de doble finalidad, 
sustancias utilizadas para la fabricación de estupefacientes y reconocimiento de títulos (bajo el 
epígrafe "derecho de establecimiento"); todos los Estados miembros han enviado notificaciones 
completas en relación con estos tres sectores. 
Según puede observarse en el cuadro, sólo un Estado miembro ha omitido notificar los corres­
pondientes enlaces en más de uno o dos sectores. Grecia aún no ha comunicado los enlaces de 
cuatro de los dieciocho sectores enumerados en la Resolución del Consejo, y se ha limitado a 
enviar notificaciones parciales para algunos de los demás. 
Dos Estados miembros no han notificado todavía los enlaces nacionales en relación con la 
radiodifusión. La Comisión solicitó, en concreto, una lista detallada de enlaces en el sector de 
transportes, y tan sólo siete Estados miembros han remitido esta notificación completa (España 
ha comunicado un solo enlace para todo el sector). En el cuadro, únicamente dos de los sectores 
enumerados en el anexo de la Resolución del Consejo de 16 de junio de 1994 aparecen divididos 
en subsectores, esto es, los de "productos alimenticios, control sanitario de animales y plantas y 
medicamentos de uso veterinario" y "fiscalidad". El subsector que menos notificaciones registra es 
el de fiscalidad directa. 
5. Muchos de los enlaces notificados son funcionarios que se encargan más bien de los 
aspectos legislativos o normativos que del control de la comercialización de un determinado 
producto o servicio o de la aplicación de la legislación sobre el terreno. La Comisión considera 
que habrán de establecerse contactos entre los coordinadores en materia normativa y sus 
homólogos en lo que respecta al control del mercado, a fin de que la información sobre la 
aplicación de la legislación pueda circular rápidamente de un Estado miembro a otro. Por otra 
parte, algunos de los sectores a que se refiere la Resolución del Consejo de 16 de junio de 1994 
son muy amplios. A modo de ejemplo, un único enlace para las directivas de armonización técnica 
tendría que abarcar varias áreas legislativas distintas, desde la medicina hasta los juguetes. El 
grado de recurso real a los enlaces notificados nos dará una indicación de su adecuación. 
Cuadro 1 Notificaciones de enlaces para cada sector, por Estado miembro, a 27.11.1995 
ESTADO MIEMBRO 
1. Armonización técnica: directivas 
para la supresión de obstáculos al 
comercio 
2. Contratación pública 
3. Armas de fuego 
4. Productos de doble finalidad 
5. Seguridad general de los productos 
6. Telecomunicaciones 
7. Productos alimenticios, controles 
fito y zoosanitarios, productos 
veterinarios 
a) productos alimenticios 
b) controles veterinarios 
c) controles fitosanitarios 
d) productos veterinarios 
8. Notificación de normas técnicas -
Directiva 83/189 
9. Aduanas 
10. Fiscalidad 
a) fiscalidad directa 
b) fiscalidad indirecta 
11. Precursores de drogas 
12. Bienes culturales 
13. Derecho de establecimiento 
14. Derecho de sociedades 
15. Seguros, banca, valores 
16. Propiedad intelectual 
17. Radiodifusión 
18. Transportes B DK 
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(P = notificación parcial para el sector; casilla negra = no notificado; todos los demás notificados) 
-4-
Es importante mencionar que la Comisión se ha comprometido a aplicar los principios sobre 
protección de datos establecidos en la Directiva 95/46/CE.7 Como consecuencia, el acceso a las 
informaciones personales suministradas quedará estrictamente limitado a los servicios de la 
Comisión y de las administraciones de los Estados Miembros, directamente implicados en el 
ejercicio concreto de cooperación. A las personas de contacto se les dará información detallada 
sobre la finalidad y el uso que se dará a dichos informes. Serán informados y se recabará su 
consentimiento antes de distribuir, en su caso, sus datos a cualquier otro organismo. 
Apenas se ha recibido información acerca de las estructuras y los procedimientos de aplicación 
de la normativa, pese a que en una resolución del Consejo se solicitara a los Estados miembros 
que facilitasen tal información. 
6. De cara al futuro, los Estados miembros podrían adoptar otras iniciativas para lograr que el 
sistema de enlaces así instaurado pueda utilizarse de forma más efectiva, por ejemplo, desi­
gnando enlaces que puedan servir de intermediarios entre los particulares y las empresas 
(especialmente las PYME) y las autoridades de cada Estado miembro, a fin de que aquellos 
puedan denunciar los posibles obstáculos a la libre circulación o al comercio. A modo de ejemplo 
de este tipo de enlaces cabe citar el Servicio Británico de Conformidad con el Mercado Interior y 
el Comité Danés de Obstáculos Comerciales. En una reciente Resolución del Consejo8 se instaba 
a la designación de tales enlaces para las empresas, en particular las PYME, y en otra 
Resolución9 se invitaba a la Comisión a remitir al Consejo un informe sobre las conclusiones de 
dichos enlaces. Hasta la fecha, son pocos los Estados miembros que han cumplido con este 
compromiso político. 
En tanto no existan enlaces que permitan hacer frente a los problemas del mercado interior con el 
menor grado de burocracia posible, no podrá considerarse que los Estados miembros hacen 
cuanto está en sus manos para erradicar los obstáculos al comercio y a la libre circulación de 
personas. 
III. Programa de debates 
7. En 1994 y durante los primeros meses de 1995 se mantuvieron una serie de debates acerca 
de la cooperación administrativa para la aplicación de la normativa en los sectores enumerados 
en el Anexo de la Resolución del Consejo de 16 de junio de 1994 (véase anexo a la presente 
Comunicación), con excepción de la radiodifusión. 
Dichos debates tenían cuatro objetivos: 
• definir las necesidades de asistencia mutua en cada uno de los sectores de actividad 
(necesidad de información y medios de satisfacerla); 
• determinar en qué medida se había respondido ya a tales necesidades; 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consjo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, DO n° L 281 de 23.11.1995, 
pág.31. 
Resolución del Consejo, de 10 de octubre de 1994, sobre el libre desarrollo de la dinámica y del poder innovador de las 
pequeñas y medianas empresas, incluidas las artesanales y las microempresas, en una economía abierta a la competencia, DO 
n° C 294 de 22.10.1994, último guión de la sección III, pág. 7. 
Resolución del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre el fortalecimiento de la competitividad de la industria comunitaria, 
DO n° C 343 de 6.12.1994, apdo. III.4, pág. 4. 
-5-
• en su caso, alentar a los participantes en los debates a establecer una cooperación 
para la aplicación de la normativa o a intensificarla; 
• en aquellos casos en que no se hubiera hecho aún, recopilar listas de enlaces en los 
Estados miembros. 
En el anexo se presenta un examen pormenorizado de la cooperación en estos sectores. 
8. Estos temas han sido abordados con ocasión de las reuniones de los comités y grupos de 
trabajo organizadas por la Comisión, en las que participaban representantes de las Administra­
ciones de los Estados miembros que ejercían su cargo en los correspondientes sectores. Parale­
lamente, se ha venido informando al Comité Consultivo de Coordinación en el ámbito del Mercado 
Interior (CCMI)10 de los progresos realizados, en particular en relación con los enlaces. 
Los comités especializados u otros órganos consultados se dividen en tres categorías: 
• aquellos cuya única misión consiste en garantizar una cooperación para la aplicación de 
la normativa (p. ej., el Comité Permanente de Cooperación Administrativa en el ámbito 
de la Fiscalidad Indirecta - CPCA); 
• aquellos que desempeñan un papel normativo o consultivo, pero que dedican parte de 
su tiempo a la cooperación administrativa (p. ej., el Comité Veterinario Permanente), y 
• aquellos que se ocupan de los aspectos normativos y no de la aplicación, pero que, de 
forma provisional, pueden servir de intermediarios para canalizar la información entre 
las autoridades nacionales competentes para la aplicación de la normativa, y entre 
éstas y la Comisión (p. ej., el Comité Consultivo de Contratación Pública). 
La Comisión desearía que la cooperación descrita en el anexo, que, en algunos casos, sólo está 
relacionada de forma indirecta con la aplicación de las normas del sector, se concentrara en 
mayor medida en este aspecto. 
En los debates se prestó especial atención a un medio de comunicación que se utiliza ya en 
varios sectores, a saber, las redes electrónicas de datos; la experiencia adquirida con las que ya 
existen debería aprovecharse en futuros proyectos. 
El CCMI ha sido informado y consultado acerca de este informe recapitulativo. 
9. En el anexo al presente informe se hace referencia a una serie de áreas que no se 
contemplan en la Resolución del Consejo de 16 de junio de 1994, a saber, política social, admi­
nistración pública y política de competencia, ya que en ellas se sustenta el funcionamiento del 
mercado interior. Al final de dicho anexo se dedican, asimismo, sendas secciones a las redes 
telemáticas entre Administraciones y al programa de intercambios KAROLUS11. 
10. Si bien las necesidades varían en función del sector de la actividad comunitaria conside­
rado, los debates mantenidos hasta la fecha permiten extraer algunas conclusiones comunes a 
todos ellos. 
En primer lugar, el grado de cooperación administrativa existente difiere considerablemente 
dependiendo de los sectores prioritarios de la legislación comunitaria de que se trate. En términos 
generales, estos pueden dividirse en cuatro categorías: 
10 
11 Decisión 93/72/CEE de la Comisión, de 23 de diciembre de 1992, relativa a la creación de un Comité consultivo de coordinación 
en el ámbito del mercado interior, DO n° L 26 de 3.2.1993, pág. 18. 
Decisión 92/481/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, relativa a la adopción de un plan de acción para el intercambio 
entre las administraciones de los Estados miembros de funcionarios nacionales encargados de la puesta en marcha de la 
legislación comunitaria necesaria para la realización del mercado interior, DO n° L 286 de 1.10.1992, pág. 65. 
-6-
1. Aquellos en que existe ya una intensa cooperación entre Administraciones: 
en ellos se incluyen aduanas, IVA, controles fito y zoosanitarios, banca, seguros y 
valores (y, además de los sectores prioritarios, el de seguridad social para los 
trabajadores migrantes); 
2. Aquellos en que se han introducido recientemente nuevas disposiciones para la coope­
ración administrativa y en los que es necesario supervisar tales sistemas: 
en ellos se incluyen productos farmacéuticos, productos alimenticios y productos 
de doble finalidad; 
3. Aquellos en que existe una cooperación, aunque en distinta medida: 
en ellos se incluyen armas de fuego, bienes culturales, seguridad de los productos, 
metrología legal, transportes y telecomunicaciones; 
4. Aquellos en que, a juicio de la Comisión, aún ha de consolidarse la cooperación entre 
Administraciones para la aplicación de la legislación comunitaria: 
en ellos se incluyen algunas de las directivas de "nuevo enfoque" (y, más concreta­
mente, las que han entrado en vigor recientemente), la contratación pública, la Direc­
tiva sobre la televisión sin fronteras y la Directiva sobre protección de datos. 
11. La necesidad de una mayor cooperación varía también considerablemente entre un sector y 
otro, abarcando desde el intercambio de datos numéricos específicos (como sucede en materia 
de cooperación fiscal, aduanera y estadística) hasta el conocimiento de los procedimientos para 
comercializar productos o servicios en otros Estados miembros. 
En los sectores de carácter técnico, tales como los medicamentos o los equipos de telecomuni­
cación, resulta necesario el intercambio de información acerca de las técnicas de ensayo o las 
características de los productos o servicios considerados. 
Entre las demás necesidades a que se alude con frecuencia cabe incluir la traducción de la 
información, el asesoramiento para la interpretación de la normativa, el establecimiento de 
normas de procedimiento para los intercambios de información y, sobre todo, la formación 
coordinada de las autoridades responsables de la aplicación de la normativa. 
En algunos ámbitos, tales como las aduanas, las sustancias utilizadas para la fabricación de 
estupefacientes y las armas, se ha hecho patente igualmente la necesidad de aclarar la relación 
existente entre las medidas adoptadas en virtud del Tratado CE y aquellas a las que se aplican 
las disposiciones en materia de cooperación intergubernamental del título VI del Tratado de la 
Unión Europea. 
12. Los funcionarios de los Estados miembros y la Comisión estaban impacientes por tener a su 
disposición la lista de enlaces de su sector. Los que habían de responder a consultas de las 
empresas precisaban, en ocasiones, un contacto en otros sectores, a fin de acortar el plazo 
necesario para resolver los problemas. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio de un Estado 
miembro tuvo que ponerse en contacto con las autoridades de otro país a través de su embajada, 
con objeto de que pudiera comercializarse cerveza en este último sin someterla a nuevas 
pruebas; el diálogo directo con las autoridades competentes para la aplicación de la normativa 
sobre productos alimenticios hubiese permitido resolver este problema con mayor rapidez. 
13. En general, los miembros de los comités y de los grupos consultados eran partidarios de 
que la Comisión coordinase y, con frecuencia, financiase la labor de cooperación, como en el 
caso de la creación de redes electrónicas de datos. Las autoridades de supervisión bancaria, que 
cooperan en virtud de una serie de acuerdos bilaterales, las autoridades competentes en materia 
de impuestos directos, que colaboran al amparo de lo dispuesto en la Directiva 77/799/CEE y de 
los convenios fiscales bilaterales, y, en cierta medida, las autoridades de control de las 
telecomunicaciones constituyen excepciones. 
14. Los sectores en los que la cooperación se estaba desarrollando o estaba ya bastante 
desarrollada eran, en general, conscientes de la necesidad de una formación conjunta de los 
funcionarios encargados de la aplicación de la normativa. Los que habían tenido ocasión de 
acogerse al programa de intercambios KAROLUS lo encontraban, en general, muy útil, si bien sus 
beneficios no habían tenido el alcance que cabía esperar. Con frecuencia, se consideraba que 
aquellos que mayor partido hubiesen sacado del intercambio de experiencia no disponían de 
tiempo para acogerse a un intercambio de larga duración. Además, las Administraciones conta­
ban con una capacidad limitada para desempeñar su papel de anfitrionas. Estos factores pueden 
haber sido la causa de que no se alcanzase el número de intercambios previsto. A la luz de la 
experiencia adquirida con otros programas, tales como el programa MATTHAEUS para los 
funcionarios de aduanas, algunos sectores expresaron el deseo de que se organizasen 
intercambios más breves o visitas, seminarios conjuntos y actividades similares de formación, 
además de los intercambios convencionales. 
IV. Perfeccionamiento de las actuales disposiciones 
15. Las conclusiones, de momento, no pueden ser sino provisionales. No obstante, es necesa­
rio seguir trabajando para garantizar que se cumpla el objetivo de una aplicación uniforme de la 
legislación comunitaria en toda la Unión. La Comisión preconiza, en particular, las siguientes 
medidas: 
Enlaces 
• Los Estados miembros deberían completar lo antes posible la lista de enlaces notificada 
para los dieciocho sectores enumerados en el Anexo de la Resolución del Consejo de 16 de 
junio de 1994. 
• Asimismo, deberían facilitar la información necesaria sobre sus estructuras y procedimientos 
para la aplicación de la normativa. 
• Los Estados miembros deberían velar por que las listas de enlaces estén actualizadas e 
informar a la Comisión de cualquier cambio. 
• La Comisión estudiará la posibilidad de utilizar versiones en línea de dichas listas. 
• En 1996, la Comisión realizará un seguimiento más extenso de la labor desarrollada por los 
enlaces notificados, para determinar el número de comunicaciones, la utilidad de los resul­
tados de esta cooperación y las posibles formas de mejorarla, e informará de ello al CCMI. 
• Los Estados miembros deberían llevar a la práctica lo antes posible la Resolución del 
Consejo de 10 de octubre de 1994, estableciendo enlaces para el público, y en especial 
para las PYME, con objeto de que el sistema de enlaces entre Administraciones ya exis­
tente pueda dar todos sus frutos. 
Nuevos mecanismos de formación conjunta 
• La Comisión estudiará la posibilidad de modificar el programa de intercambios KAROLUS, 
para incluir, en particular, actividades específicas de formación similares a los seminarios de 
los actuales programas MATTHAEUS y MATTHAEUS-Fiscalidad. Se pondría así énfasis en 
-8-
la formación conjunta de funcionarios de distintos Estados y en una mayor flexibilidad de los 
intercambios. 
• La Comisión y los Estados miembros deberían igualmente fomentar las visitas conjuntas 
breves o las inspecciones conjuntas, tales como las que se llevan a cabo actualmente en 
relación con las prácticas de laboratorio o los productos alimenticios, además de los inter­
cambios y los cursos de formación, ya que éstas permiten a los funcionarios contar con una 
perspectiva global de la Comunidad que contribuye a una aplicación uniforme de las 
normas. 
Bases para la cooperación 
• Por último, siempre que resulte oportuno y en colaboración con los Estados miembros, la 
Comisión procurará establecer, para finales de 1996, normas básicas de cooperación en 
cada uno de los sectores legislativos, que regularán, por ejemplo, el tipo concreto de infor­
mación que ha de intercambiarse, el momento en que ello habrá de hacerse en el proceso 
de aplicación de la legislación y la destinación de tal información. Únicamente este tipo de 
soluciones "a la medida", adaptadas a las especificidades de cada sector, pueden crear la 
confianza necesaria entre Administraciones. La experiencia demuestra que el estableci­
miento de reglas a las que puedan atenerse todos los interesados es particularmente 
necesario en relación con las directivas de nuevo enfoque. En el supuesto de que, en 
algunos sectores, resultase imposible lograr una correcta aplicación de las normas por otros 
medios, por ejemplo, al amparo de lo previsto en el artículo 5 del Tratado, la Comisión 
estudiaría la conveniencia de presentar propuestas legislativas que impusieran tales normas 
de cooperación. 
La Comisión insta al Consejo y al Parlamento a tomar nota de las anteriores recomendaciones. 
-9-
Anexo 
Cooperación para la aplicación de la normativa 
del mercado interior en sectores específicos 
Indice 
Primera parte Sectores prioritarios enumerados en la Resolución del Consejo de 16 de 
junio de 1994 
1. Armonización técnica: directivas destinadas a eliminar los obstáculos al comercio ..10 
2. Contratación pública 17 
3. Armas de fuego 19 
4. Productos de doble finalidad 20 
5. Directiva sobre seguridad general de los productos 22 
6. Telecomunicaciones 23 
7. Productos alimenticios, control sanitario de animales y plantas, medicamentos de 
uso veterinario 25 
8. Notificación de normas técnicas 30 
9. Aduanas 31 
10. Fiscalidad 33 
11. Precursores de drogas 36 
12. Bienes culturales 38 
13. Derecho de establecimiento 40 
14. Derecho de sociedades 41 
15. Seguros, banca y valores 43 
16. Propiedad intelectual 47 
17. Radiodifusión 48 
18. Transportes 49 
Segunda parte: Otros sectores 
19. Política social 50 
20. Administración pública 53 
21. Competencia 54 
22. Redes telemáticas entre Administraciones (IDA) 56 
23. Programa de intercambios KAROLUS 58 
La descripción de la labor de cooperación en cada uno de los sectores legislativos considerados 
se divide en un máximo de cinco secciones: 
I. Introducción 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
III. Necesidades de cooperación 
IV. Obstáculos para la cooperación 
V. Futuras medidas 
10 
Primera parte 
Sectores prioritarios enumerados en la Resolución del Consejo de 16 
de junio de 1994 
1. Armonización técnica: directivas destinadas a eliminar los obstáculos al 
comercio 
Este sector se ha dividido en los siguientes subsectores: 
A - Nuevo enfoque: juguetes, máquinas, equipos de protección individual, compatibilidad elec­
tromagnética, equipos de bajo voltaje, aparatos de gas, recipientes a presión, productos sani­
tarios, metrología y explosivos 
B - Productos farmacéuticos 
C - Buenas prácticas de laboratorio 
Las pruebas de conformidad y la supervisión del mercado en relación con estas directivas son 
uno de los sectores a los que se aplica el programa KAROLUS de intercambio de funcionarios 
encargados de la aplicación de la normativa. Para mayor información, véase la sección 23 sobre 
el programa KAROLUS. 
1 A — Nuevo enfoque: juguetes, máquinas, equipos de protección individual, 
compatiblidad electromagnética, equipos de bajo voltaje, aparatos de gas, 
recipientes a presión, productos sanitarios, metrología y explosivos 
I. Introducción 
La aplicación de estas directivas apenas comienza a ser obligatoria. Además, han sido modifica­
das por la Directiva 93/68/CEE12, que impone el marcado CE para los distintos productos consi­
derados y que entró en vigor el 1 de enero de 1995. Está previsto un período transitorio hasta el 1 
de enero de 1997, tras el cual dicho marcado será obligatorio en todos los sectores (como lo es 
ya para los juguetes). Por consiguiente, la cooperación para la aplicación de la normativa apenas 
comienza a desarrollarse. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
• Directiva sobre juguetes13: aplicación desde el 1.1.1990. 
Los contactos entre la Comisión y los Estados miembros tienen lugar principalmente a 
través de las autoridades de control nacionales, con ocasión de las notificaciones de medi­
das de salvaguardia, antes de que éstas sean difundidas en todos los Estados miembros. 
Estas consultas son de carácter puntual y, en general, bilateral. Para completar la informa­
ción de que dispone sobre la aplicación de la directiva en los distintos países y hacer posible 
12 DO n°L 220 de 31.8.1993, pág. 1. 
13 Directiva 88/378/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre la seguridad de los juguetes, DO n° L 187 de 16.7.1988, pág. 1. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 - 11 
un intercambio de opiniones respecto de algunos problemas relacionados con su inter­
pretación y aplicación, la Comisión ha organizado en 1995 encuentros bilaterales con algu­
nas autoridades de control nacionales, así como una reunión entre dichas autoridades. Los 
debates han puesto de manifiesto la necesidad y la urgencia de los intercambios de infor­
mación, tanto para las autoridades de control como para los organismos autorizados. 
Directiva sobre máquinas14: aplicación desde el 1.1.1993, obligatoria desde el 1.1.1995 
(componentes de seguridad y aparatos para elevación o desplazamiento de personas15: 
1.1.1997). 
Se están celebrando debates acerca del tipo de información que ha de intercambiarse y de 
los medios para ello (se está intentando desarrollar métodos adaptados a los requisitos 
fundamentales de la Directiva). 
El Comité creado en virtud de la Directiva está trabajando en una interpretación común y ha 
logrado alcanzar un acuerdo sobre puntos concretos, tales como la determinación de las 
partes de los registros técnicos que han de presentarse y el momento en que ha de 
hacerse, y la aclaración de los tipos de maquinarias excluidos de la Directiva. 
Directiva sobre equipos de protección individual16 (aplicación: 1.7.1992; obligatoria desde el 
1.7.1995) 
Hasta la fecha, los trabajos se han centrado sobre todo en los problemas de interpretación y 
los aspectos relativos a la certificación. 
Directiva sobre compatibilidad electromagnética17 (aplicación: 1.1.1992; obligatoria desde el 
1.1.1996) y Directiva sobre equipos de bajo voltaje18 (aplicación: 21.8.1974; DK: 
21.12.1979). 
La Directiva sobre equipos de bajo voltaje constituye plenamente una directiva de nuevo 
enfoque, con arreglo a las Decisiones del Consejo relativas a los módulos correspondientes 
a las diversas fases de los procedimientos de evaluación de la conformidad 19 y a la Direc­
tiva 93/68/CEE, relativa al marcado CE12. La Directiva sobre compatibilidad electro­
magnética es el único caso en que se exige a los Estados miembros que notifiquen a la 
Comisión las autoridades competentes para la aplicación de una directiva de nuevo 
enfoque. 
Se han celebrado debates sobre las necesidades que se plantean y la información que ha 
de intercambiarse, en dos ocasiones en lo tocante a la Directiva sobre equipos de bajo 
voltaje y en tres, en lo que hace a la Directiva sobre compatibilidad electromagnética. Los 
funcionarios nacionales responsables de la aplicación de las normas se han reunido en 
varias ocasiones con el objeto de examinar los sistemas con que cuentan los distintos 
Estados miembros para dar cumplimiento a la legislación y de definir la forma que debería 
adoptar la cooperación. En dichas reuniones se han intentado definir los siguientes puntos: 
Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas, DO n° L 183 de 29.6.1989, pág. 9. 
Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20 de junio de 1991, y 93/44/CEE, de 14 de junio de 1993, por las que se modifica la 
Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, DO n° L 198 de 
22.7.1991, pág. 16, y L 175 de 19.7.1993, pág. 12. 
Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas a los equipos de protección individual, DO n° L 399 de 30.12.1989, pág. 18. 
Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a la compatibilidad electromagnética, DO n° L 139 de 23.5.1989, pág. 19. 
Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, DO n° L 77 de 26.3.1973, pág. 
29. 
Decisión 90/683/CEE del Consejo, de 13 de diciembre 1990, relativa a los módulos correspondientes a las diversas fases de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad que van a utilizarse en las directivas de armonización técnica, DO n° L 380 de 
31.12.1990, pág. 13, tal como quedó modificada por la Decisión 93/465/CEE, de 22 de julio de 1993, DO n° L 220 de 30.8.1993, 
pág. 23. 
- 12-
i) listas de enlaces, responsables tanto de la aplicación de las directivas como de la 
supervisión del mercado; 
ii) contenido y tipo de información que han de intercambiar las autoridades; 
iii) medios a los que ha de recurrirse para desarrollar tales contactos: fax, redes de inter­
cambio de datos, etc. 
• Directivas sobre aparatos de gas20 y recipientes a presión21 (aplicación: 1.1.1992 y 
1.1.1990; obligatorias desde el 1.1.1996 y 1.7.1992, respectivamente).Los trabajos se 
centran en los problemas de interpretación. Se están elaborando guías para la industria y 
los legisladores -se ha publicado una guía para el sector del gas en la que se presenta, en 
particular, una lista de enlaces en materia de precomercialización. 
• Directivas sobre los productos sanitarios implantables activos22 y sobre los productos sani­
tarios23: aplicación desde el 1.1.1993 y el 1.1.1995; obligatorias desde el 1.1.1995 y el 
14.6.1998 (el 1.7.2004 en algunos casos), respectivamente. El 28 de marzo de 1995, con 
ocasión de la reunión de expertos de las autoridades competentes y los Estados miembros, 
la Comisión presentó a los Estados miembros un borrador de documento y de formulario 
para el intercambio de información con arreglo al sistema de alerta rápida, recabando sus 
comentarios al respecto. 
• Directiva sobre metrología legal: la Directiva 90/384/CEE24 entró en vigor el 1.1.1993 y es 
obligatoria desde el 1.1.1995. Se está realizando un estudio de viabilidad para crear una 
base de datos que haga posibles los intercambios de información entre los organismos 
autorizados y entre estos y las autoridades de supervisión del mercado. 
• Directiva sobre explosivos25 (aplicación desde el 1.1.1995; obligatoria a partir del 1.1.2003): 
la cooperación es necesaria para la aplicación de las disposiciones de la directiva relativas 
al traslado de explosivos. En este caso, se requiere el acuerdo de varias autoridades 
competentes. La cooperación se efectúa a través del Comité y también en función de cada 
caso concreto. 
La experiencia en estos sectores "de nuevo enfoque" es limitada de momento. No obstante, se 
han efectuado algunos intercambios de funcionarios en estos sectores dentro del programa 
KAROLUS y están previstos otros para 1996. 
Aparte de un seminario organizado a nivel de la Unión sobre el tema de los equipos de protección 
individual y otro en relación con las máquinas, la principal fuente de conocimientos son los 
seminarios organizados por los propios Estados miembros, los contactos establecidos merced a 
la participación en las reuniones de los comités y los intercambios bilaterales con motivo de visitas 
o misiones. 
III. Necesidades de cooperación 
20 
21 
22 
23 
24 
25 Directiva 90/396/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los aparatos de gas, DO n° L 196 de 26.7.1990, pág. 15. 
Directiva 87/404/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de recipientes a presión simples, DO n° L 220 de 8.8.1987, modificada por la Directiva 90/488/CEE, DO n° 
L 270 de 2.10.1990, pág.48. 
Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los productos sanitarios implantables activos, DO n° L 189 de 20.7.1990, pág. 17. 
Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios, DO n° L 169 de 12.7.1993, pág. 1. 
Directiva 90/384/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, DO n° L 189 de 20.7.1990, pág. 1. 
Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el 
mercado y el control de los explosivos con fines civiles, DO n° L 121 de 15.5.1993, pág. 20. 
- 13-
Las guías elaboradas permiten responder a la necesidad de dar una interpretación común a los 
términos utilizados en estas directivas. 
Las guías correspondientes a las directivas sobre máquinas y compatibilidad electromagnética se 
publicaron en 1993 y la referente a aparatos de gas, en febrero de 1995. Asimismo, se facilita, 
previa solicitud, documentación con directrices sobre los recipientes a presión y los productos 
sanitarios. 
La Comisión, en colaboración con las autoridades nacionales, elaborará también una guía sobre 
la aplicación de la Directiva relativa a los juguetes. Esta guía permitirá hacerse una idea sobre la 
delimitación del "juguete", según se define en la directiva, sobre los tipos de pruebas de confor­
midad que han de efectuarse para determinados juguetes y sobre la interpretación de tales 
pruebas. 
Al realizar esta labor se toman también en consideración los resultados de los trabajos de coor­
dinación que se llevan a cabo con y entre los organismos autorizados de cada sector. No 
obstante, cabe señalar que la interpretación, en sentido estricto, de la legislación compete al 
Tribunal de Justicia. 
Las necesidades de mejora no son, en sustancia, nuevas: a este respecto, cabe referirse a las 
conclusiones sobre la cooperación administrativa presentadas en el documento "El mercado único 
en1994"26. 
IV. Obstáculos para la cooperación 
No se ha realizado ningún inventario sistemático de los obstáculos materiales, tal como la falta de 
recursos o de infraestructura de comunicación. Los expertos que integran los grupos de trabajo 
de la Comisión no necesariamente desempeñan el papel de enlaces ni trabajan en el ministerio al 
que corresponde, en principio, dar cumplimiento a la normativa a nivel nacional. Hasta el 
momento, se ha intentado sobre todo fomentar los contactos bilaterales y multilaterales entre 
personas, lo que permitirá en un futuro a las Administraciones interesadas evaluar los recursos 
técnicos que han de desarrollarse. 
En algunos ámbitos se han expresado ciertas dudas acerca de la aplicación efectiva de las 
normas comunitarias por parte de los Estados miembros y de la existencia de una voluntad 
común de mejorar la cooperación, de lo que se desprende que aún han de definirse las "reglas del 
juego" que deberán aplicar todos los Estados miembros. 
1 B — Productos farmacéuticos 
I. Introducción 
En el transcurso de los últimos treinta años, la legislación comunitaria en materia de productos 
farmacéuticos ha ido englobando todos los medicamentos de producción industrial destinados 
tanto a las personas como a los animales. Existen normas específicas en relación con determi­
nados tipos de medicamentos, tales como las vacunas, los productos sanguíneos y los radiofár-
macos, para los cuales se han establecido requisitos de calidad, seguridad y eficacia armoni­
zados. 
En junio de 1993, el Consejo adoptó tres Directivas27 y un Reglamento28, que forman conjunta­
mente la base jurídica del nuevo sistema europeo de autorización para la comercialización de 
26 COM(95)238 final, de 15 de junio de 1995, apdo. 123. 
- 14-
medicamentos. Este sistema se puso en funcionamiento en 1995, cuando la Agencia Europea de 
Evaluación de Medicamentos (AEEM), con sede en Londres, inició sus actividades. 
Así, existen ahora dos procedimientos de autorización para la comercialización de estos produc­
tos: 
• un procedimiento centralizado que desemboca en una única autorización válida en toda la 
Unión Europea, el cual es obligatorio para los medicamentos biotecnológicos y al que puede 
recurrirse también a instancia de las empresas para otros productos innovadores; 
• un procedimiento descentralizado que se basa en el principio de reconocimiento mutuo de 
las autorizaciones nacionales y que tiene por objeto hacer extensiva la autorización conce­
dida por un Estado miembro a uno o varios de los restantes Estados miembros, por medio 
del reconocimiento de la autorización inicial. Si la autorización nacional no es reconocida por 
los demás países, y tras agotarse todas las posibilidades de resolver el litigio directamente 
entre los Estados miembros afectados, el caso se someterá al arbitraje de la Comunidad, de 
efectos vinculantes; 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
Desde 1975 se han creado una serie de comités y grupos de trabajo que se ocupan de los diver­
sos problemas relacionados con la armonización en el sector farmacéutico, la cooperación 
administrativa, los sistemas de alerta y el asesoramiento de la Comisión. 
• El Comité Farmacéutico se creó en virtud de la Decisión 75/320/CEE del Consejo, a fin de 
estudiar todos los aspectos relativos a la elaboración y la aplicación de la legislación en la 
materia. Está compuesto por altos representantes de las Administraciones de los Estados 
miembros con probada experiencia en cuestiones de salud pública. En este Comité se 
examinan conjuntamente los problemas de interpretación y aplicación de la legislación 
comunitaria sobre productos farmacéuticos. 
• Asimismo, se han creado dos comités científicos, el Comité de Especialidades Farmacéuti­
cas (CEA) y el Comité de Medicamentos Veterinarios (CMV), establecidos en virtud de las 
Directivas 75/319/CEE y 81/851/CEE del Consejo, para facilitar la adopción de una postura 
común con respecto a las autorizaciones de comercialización de medicamentos. Estos 
comités y sus diversos grupos de trabajo han constituido la piedra angular en la creación de 
la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos. Ambos comités están integrados por 
dos representantes de cada Estado miembro y están asistidos por una lista de 1600 
expertos europeos. 
La AEEM fue concebida como un interfaz para la coordinación y puesta en común de recursos 
científicos nacionales, ya sea humanos, intelectuales o materiales. Su papel consiste en actuar 
como catalizador para el despliegue de recursos, en particular a través de la creación de redes de 
recursos nacionales europeos. Las autoridades nacionales competentes siguen desempeñando 
un papel central en el nuevo sistema europeo de registro y continuarán ejerciendo sus funciones, 
por ejemplo, mediante la inspección de los fabricantes de medicamentos y el desarrollo de 
actividades de farmacovigilancia en nombre de la UE. 
27 
28 Directiva 93/39/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, por la que se modifican las Directivas 65/65/CEE, 75/318/CEE y 
75/319/CEE sobre medicamentos; Directiva 93/40/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, por la que se modifican las 
Directivas 81/851/CEE y 81/852/CEE relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
medicamentos veterinarios; Directiva 93/41/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, por la que se deroga la Directiva 
87/22/CEE por la que se aproximan las medidas nacionales relativas a la comercialización de medicamentos de alta tecnología, 
en particular los obtenidos por biotecnología, DO n° L 214 de 24.8.1993, págs. 22, 31 y 40. 
Reglamento (CEE) n° 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la 
autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la 
Evaluación de Medicamentos, DO n° L 214 de 24.8.1993, pág. 1. 
-15-
Actualmente se está implantando una red telemática entre la Comisión Europea, Ja AEEM y las 
autoridades nacionales, con el objeto de garantizar una transmisión rápida y fiable de datos, tales 
como los informes de evaluación y los avisos derivados de la farmacovigilancia. 
En lo que respecta a la fabricación industrial de medicamentos, desde 1975 se ha desarrollado 
un sistema de autorizaciones nacionales y supervisión basado en el principio de reconocimiento 
mutuo, que integra procedimientos adecuados de colaboración administrativa en materia de 
inspecciones, incluido un mecanismo de alerta sobre defectos de los productos. 
En cuanto a las inspecciones farmacéuticas, el grupo de trabajo sobre inspección y control de 
los productos farmacéuticos creado por la Comisión prosigue su labor de armonización de las 
prácticas de fabricación. 
Asimismo, los funcionarios encargados de la supervisión de productos farmacéuticos han partici­
pado en el programa KAROLUS de intercambios entre Administraciones nacionales (véase 
sección 23 más adelante). 
III. Necesidades de cooperación 
Sacar adelante el nuevo sistema europeo para los medicamentos es un reto al que sólo puede 
hacerse frente si los Estados miembros se comprometen plenamente a ello y dotan al sistema de 
expertos de la máxima capacidad científica. 
Además, es necesario un mayor conocimiento de los demás sistemas nacionales por parte de 
todos aquellos funcionarios que no tienen la oportunidad de participar en comités y grupos de 
trabajo. Aparte de KAROLUS, no existe ningún programa comunitario que permita formar a los 
funcionarios que trabajan sobre el terreno y los recursos nacionales son escasos. 
Los responsables de las autorizaciones (que son también, en general, responsables del control 
del mercado) requieren información pormenorizada acerca de los criterios técnicos y los proce­
dimientos administrativos de autorización nacional. Es necesario crear un clima de confianza 
mutua en la eficacia con que se aplican estos procedimientos en la práctica. 
IV. Futuras medidas 
El grupo de trabajo sobre inspección y control de los productos farmacéuticos sugirió que los 
intercambios de dos meses efectuados dentro del programa KAROLUS se completaran con talle­
res, seminarios y actividades similares, a fin de lograr un mayor conocimiento mutuo respecto a la 
tramitación de solicitudes y la supervisión del mercado, análogo al que permite obtener el 
programa MATTHAEUS. Asimismo, ha insistido en que el programa KAROLUS podría servir para 
incrementar la confianza mutua mediante la organización de inspecciones conjuntas y cursillos de 
formación, y en que la duración de los intercambios debería adaptarse a lo que, a su juicio, resulta 
necesario en este sector, esto es, una o dos semanas en lugar de dos meses. 
1 C — Buenas prácticas de laboratorio (BPL) 
I. Introducción 
Antes de comercializar productos químicos, pesticidas, productos alimenticios, alimentos para 
animales, cosméticos y productos farmacéuticos de fabricación industrial, es necesario efectuar 
pruebas de laboratorio; la normativa comunitaria se refiere a las BPL en todos estos sectores29. 
Directiva 87/18/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, sobre la aplicación de los principios de prácticas correctas de 
laboratorio y el control de su aplicación para las pruebas sobre las sustancias químicas, DO n° L 15 de 17.1.1987, pág. 29; 
- 16-
El objetivo consiste en el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas, con lo que se 
evita el tener que repetirlas y se facilita la libre circulación de estos productos con menores costes 
de comercialización. 
El cumplimiento de la norma BPL, reconocida a nivel internacional, garantizará, en principio, que 
las autoridades de todos los Estados miembros acepten los resultados de las pruebas. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
Se celebran reuniones de carácter informal con las autoridades nacionales de supervisión; se han 
organizado seminarios para familiarizar a los participantes con los sistemas que rigen en los 
demás Estados miembros; además, la Comisión actualiza cada año las bases de datos relativos a 
las inspecciones, las infraestructuras administrativas y la normativa nacional, y distribuye la 
información en disco duro. Asimismo, se realizan intercambios de información dentro de la OCDE. 
La última novedad es el establecimiento de un sistema de visitas conjuntas mutuas. Se trata de 
un programa voluntario consistente en una serie de visitas informales de una semana, como 
máximo, en las que participa un equipo de tres observadores. Los observadores son inspectores 
pertenecientes a las autoridades nacionales de control en materia de BPL de otros Estados 
miembros. La Comisión se encarga de la labor de coordinación pero no participa materialmente 
en las visitas. 
El propósito no es censurar a los Estados miembros cuando se descubre que no se aplica 
correctamente la normativa sobre BPL, sino ayudarles a adoptar el mismo enfoque que otros 
Estados miembros. El resultado es una mayor apertura y transparencia, lo que permite mejorar el 
entendimiento y la confianza mutuos. 
III. Necesidades de cooperación 
Existe cierta desconfianza con respecto a los sistemas de control de conformidad de los demás 
países, que es imprescindible superar. Los servicios de inspección en materia de BPL de los 
Estados miembros son plenamente conscientes de que la clave de la confianza mutua radica en 
el intercambio de información. 
Cabe definir dos ámbitos fundamentales de intercambio de información: 
(a) el referente a la aplicación y la interpretación de los textos, que se realiza durante las 
reuniones y los seminarios, a través de las bases de datos y dentro de la OCDE, y que 
pretende ante todo resolver los problemas derivados de diferencias reales o aparentes en la 
aplicación y la interpretación de los textos legales, y 
(b) el referente al control de conformidad. El programa de visitas mutuas conjuntas permite a 
las delegaciones comparar el funcionamiento real de los mecanismos nacionales. Consti­
tuye, por tanto, una forma de intercambio de gran alcance, así como un mecanismo para 
evitar enfoques formalistas. 
IV. Obstáculos para la cooperación 
No es probable que surjan grandes obstáculos, en tanto el sistema funcione de forma voluntaria y 
bastante informal. 
Directiva 88/320/CEE del Consejo, de 9 de junio de 1988, relativa a la inspección y verificación de las buenas prácticas de 
laboratorio (BPL), DO n° L 145 de 11.6.1988, pág. 35; Decisión 89/569/CEE del Consejo, de 28 de julio de 1989, relativa a la 
aceptación por la Comunidad Económica Europea de una Decisión- Recomendación de la OCDE sobre el cumplimiento de los 
principios de buenas prácticas de laboratorio, DO n° L 315 de 28.10.1989, pág. 1. 
17-
2. Contratación pública 
I. Mecanismos de cooperación existentes 
La cooperación administrativa con los Estados miembros viene ya llevándose a cabo por dos vías 
distintas: 
• Las reuniones de un Comité Consultivo compuesto por representantes de las Administra­
ciones encargadas de la contratación pública, en las que se estudian las propuestas de 
modificación de las directivas vigentes, los problemas de interpretación de las mismas, así 
como las dificultades planteadas por su aplicación o cualquier otro aspecto relacionado con 
la aplicación de las normas comunitarias de contratación pública. Asimismo, existe un 
Comité Consultivo de Apertura de la Contratación Pública, integrado por expertos inde­
pendientes cuya experiencia profesional y competencia en materia de contratación pública a 
nivel comunitario están ampliamente reconocidas, que se encarga de prestar asistencia en 
los trabajos de reflexión relacionados con diversos problemas de la contratación pública. 
• Las reuniones globales con cada uno de los Estados miembros en las que se estudian con 
las diferentes Administraciones o autoridades competentes nacionales los casos conflictivos 
señalados a la Comisión, ya sea a través de quejas o a raíz de procedimientos iniciados de 
oficio. 
Dentro del programa KAROLUS se organiza un considerable número de visitas de intercambio de 
funcionarios de los Estados miembros, a fin de estudiar distintos aspectos de la política y la 
práctica en materia de contratación pública. A mediados de noviembre de 1995 se habían apro­
bado sesenta y seis intercambios, de los cuales se habían ya llevado a cabo cuarenta y dos. 
II. Necesidades de cooperación 
Las directivas30 exigen que se publique en el Diario Oficial información específica sobre los 
anuncios de concurso, los anuncios de contratos adjudicados, los anuncios de información previa 
y los anuncios relativos a la existencia de un sistema de cualificación. Desde 1986, el sistema 
TED (Tenders Electronic Daily) permite el acceso en línea a los anuncios de contratos públicos. 
Actualmente se publican más de 500 anuncios al día. 
Con arreglo a las directivas, los Estados miembros vienen obligados a presentar informes 
estadísticos periódicos en relación con los contratos adjudicados por las entidades contratantes. 
La Comisión fomenta el desarrollo de las tecnologías y los servicios necesarios para la gestión de 
la información y la licitación electrónica. 
En virtud de las directivas en materia de recurso31, la Comisión, al igual que los demás Estados 
miembros, ha de mantenerse informada de la manera en que se tramitan las reclamaciones a 
nivel nacional, a fin de que se establezca un clima de confianza en que todos puedan estar 
convencidos de que sus empresas reciben un trato equitativo; no obstante, hasta la fecha, todos 
los Estados miembros se han mostrado reacios a facilitar tal información. 
30 Directivas 93/36/CEE, 93/37/CEE y 92/50/CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 
de suministro, obras y servicios, respectivamente, DO n° L 199 de 9.8.1993, págs. 1 y 54; DO n° L 209 de 24.7.1992, pág. 1. 
31 Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los 
contratos públicos de suministros y de obras, DO n° L 395 de 30.12.1989, pág. 33. 
-18-
Los dos Comités Consultivos de Contratación Pública se dedican al estudio de los problemas de 
interpretación. La adopción de textos interpretativos aprobados por estos Comités podría contri­
buir a una interpretación común de las disposiciones. 
III. Futuras medidas 
La Comisión está estudiando la posibilidad de elaborar una serie de propuestas con vistas a 
organizar un programa de formación conjunta (que será llevado a cabo por la Comisión, los 
Estados miembros y las empresas) que permita a todos los interesados adquirir conocimientos 
sobre el régimen de contratación pública. La Comisión espera que el Consejo tome una decisión 
rápida con respecto a tales propuestas. 
El desarrollo de las tecnologías informáticas puede suponer una importante contribución para la 
contratación pública. Uno de los elementos clave para garantizar que los procedimientos en 
materia de contratos públicos de suministros permitan obtener la mejor relación coste/beneficio es 
la transparencia. La Comisión ha iniciado la fase experimental de un proyecto denominado SIMAP 
(sistema de información sobre contratos públicos), que permitirá reunir por medios electrónicos 
información sobre las adquisiciones efectuadas por las entidades contratantes de la Comunidad y 
difundirla del mismo modo entre los proveedores potenciales. Para llevar a cabo debidamente 
este proyecto, es necesaria la colaboración de todos los interesados, entre los que se incluyen, 
como es obvio, los Estados miembros. 
Por otra parte, para comprobar el cumplimiento de las normas de contratación pública en los 
proyectos financiados por los fondos comunitarios, existe desde 1988 un reparto de funciones 
entre la Comisión y los Estados miembros, basado en el principio de subsídiariedad. De acuerdo 
con dicho reparto, son los Estados miembros los que han de comprobar la conformidad de dichos 
proyectos con las normas de contratación pública. Lamentablemente, la mayoría de ellos carece 
de los medios necesarios para efectuar tal control. Para mejorar este sistema, la Comisión podría 
proponer a los Estados miembros la designación de autoridades nacionales independientes que 
se encargarían de velar por la observancia de las referidas normas en los proyectos financiados 
por los fondos comunitarios. Las condiciones de actuación de dichas autoridades serían 
determinadas por los Estados miembros, siempre y cuando existiesen garantías de su 
independencia con respecto a los poderes adjudicadores y medios de intervención eficaces. En el 
supuesto de que se instituyan tales autoridades, tendrá que establecerse, como es lógico, una 
colaboración entre ellas y con la Comisión. 
Asimismo, cabe considerar la posibilidad de que las Administraciones centrales de los Estados 
miembros y las entidades contratantes (en gran medida, de carácter regional o local) recurran a 
dichas estructuras independientes para coordinar la aplicación de las normas en todos los ámbi­
tos de la contratación pública regulados por la legislación comunitaria. 
La Comisión propone estudiar esta cuestión con los Estados miembros. 
19-
3. Armas de fuego 
I. Introducción 
La Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y 
tenencia de armas32 constituye la principal medida de acompañamiento de la supresión de los 
controles de mercancías en las fronteras interiores en lo que a armas se refiere. Dicha directiva 
armoniza las normativas referentes a armas de fuego y establece las formalidades que han de 
cumplirse para la circulación de armas en la Comunidad. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
La directiva prevé la transmisión de información entre Estados miembros con respecto a las 
transferencias de armas de fuego y la adquisición y tenencia de las mismas por no residentes. 
Asimismo, dispone que los Estados miembros establezcan, para el 1 de enero de 1993, redes de 
intercambio de información al objeto de hacer frente a la obligación antes señalada. Los Estados 
miembros han de notificar a los demás Estados miembros y a la Comisión las autoridades nacio­
nales encargadas de transmitir y recibir la información. 
Estas redes de intercambio de información han sido creadas paulatinamente. 
III. Necesidades de cooperación 
Algunos Estados miembros lamentan la falta de una estructura (por ejemplo, un comité) que 
permita a los representantes de las Administraciones nacionales reunirse periódicamente sobre 
bases multilaterales y discutir los problemas prácticos planteados por la aplicación de la directiva. 
IV. Obstáculos para la cooperación 
A finales de octubre de 1995, la directiva no había sido incorporada por Austria, Finlandia y 
Suecia a su ordenamiento jurídico interno. 
32 DO n°L 256 de 13.9.1991, pág 51. 
-20 
4. Productos de doble finalidad 
I. Introducción 
El sistema de control de las exportaciones de productos de doble finalidad se fundamenta en dos 
instrumentos: la Decisión n° 94/942/PESC del Consejo, relativa a la acción común adoptada por el 
Consejo sobre la base del artículo J.3 del Tratado de la Unión Europea y el Reglamento (CE) n° 
3381/94 del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por el que se establece un régimen 
comunitario de control de las exportaciones de productos de doble uso33. El sistema se aplica 
desde el 1 de julio de 1995. 
El reglamento señala la necesidad de una cooperación administrativa. Se ha establecido una lista 
de enlaces y los formularios nacionales de licencia se basan en un modelo. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
El grupo de coordinación para el control de las exportaciones de productos de doble finalidad se 
reúne periódicamente para debatir sobre la cooperación administrativa en este sector. Este grupo 
ha ayudado a la Comisión a definir los pormenores de la cooperación administrativa entre Estados 
miembros. 
Dentro del programa KAROLUS se han aprobado cinco intercambios de funcionarios responsa­
bles de la aplicación de la normativa en la materia. En 1994 se organizó un seminario dentro del 
programa MATTHAEUS, con vistas a la cooperación aduanera en relación con los productos de 
doble finalidad. 
III. Necesidades de cooperación 
Son varias las disposiciones del reglamento que requieren una estrecha cooperación entre las 
autoridades de los Estados miembros, tanto las responsables de la concesión de licencias como 
las responsables de las aduanas (que, en terminología comunitaria, incluyen los controles post­
salida). Concretamente, cabe destacar las siguientes: 
a) Las licencias expedidas por la autoridad competente de un Estado miembro han de poder 
ser reconocidas por la autoridad de otro Estado miembro que tenga que aplicarlas. 
b) Las autoridades competentes para la concesión de licencias del Estado miembro en que 
esté establecido el exportador deben consultar a sus homologas en el Estado miembro en 
que esté o vaya a estar localizado el producto. No se ha previsto la forma que ha de adoptar 
esta consulta. 
c) La eficacia de las medidas de control post-salida puede aumentar con la cooperación entre 
Administraciones. 
d) Los Estados miembros pueden pedir una licencia de exportación para la salida de su terri­
torio de productos de doble finalidad no enumerados en el Anexo 1 de la Decisión del 
Consejo sobre la acción común. La transparencia de tales medidas va en interés de todos 
los Estados miembros, y el intercambio de información con respecto a las autorizaciones 
previstas en el reglamento podría resultar de utilidad. 
Los servicios de la Comisión presentarán una nota explicativa en relación con las disposiciones 
del reglamento que puedan dar lugar a interpretaciones divergentes. 
33 DO n°L 367 de 31.12.1994, pág 1. 
-21 -
Todos los Estados miembros contaban ya con un sistema eficaz de control de las exportaciones 
antes de que entrase en vigor el sistema comunitario. No obstante, las distintas experiencias de 
las diversas Administraciones con determinadas categorías de productos han de superarse 
mediante un intercambio de información. 
Una infraestructura para el intercambio electrónico de datos podría facilitar la aplicación eficaz y 
efectiva del sistema comunitario de control de las exportaciones, no obstante, los Estados miem­
bros no desean evaluar de momento la necesidad de dicha red. 
-22 
5. Seguridad general de los productos 
I. Introducción 
La cooperación para la aplicación de la normativa en el ámbito de la seguridad general de los 
productos se basa en los diversos mecanismos establecidos por la Directiva 92/59/CEE, relativa a 
la seguridad general de los productos. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
La Directiva 92/59/CEE dispuso la creación de un "Comité de Urgencia" compuesto por represen­
tantes de los Estados miembros y de los servicios de la Comisión, Comité en el que se debaten 
los problemas relacionados con la cooperación. 
La Comisión presenta con regularidad documentos de trabajo a los miembros del Comité de 
Urgencia, con vistas a lograr prácticas convergentes en la aplicación de los distintos mecanismos 
previstos en la directiva. 
III. Necesidades de cooperación 
En julio de 1994 se presentó un cuestionario a los miembros del Comité de Urgencia creado en 
virtud de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos, a fin de definir las necesi­
dades de cooperación en este sector. Hasta la fecha, sólo una minoría de Estados miembros han 
dado a la Comisión respuestas detalladas. 
IV. Obstáculos para la cooperación 
Algunos Estados miembros han expresado cierta preocupación por su falta de recursos y de 
infraestructura de comunicación. Asimismo se ha aludido expresamente a la falta de formación de 
los inspectores para poder lograr un planteamiento lo más homogéneo posible dentro del 
mercado interior. 
V. Futuras medidas 
Dentro del programa IDA se ha realizado un estudio de viabilidad sobre la informatización del 
sistema de intercambio rápido de información contemplado en la Directiva relativa a la seguridad 
general de los productos. En función de los créditos disponibles, en el transcurso del segundo 
trimestre de 1996 podría iniciarse un proyecto piloto con algunos Estados miembros y, si los 
resultados son satisfactorios, el proyecto podría hacerse extensivo a todos los Estados miembros. 
Convendría estudiar la posibilidad de conceder a determinados países apoyo comunitario para 
programas de formación destinados a los funcionarios encargados de la aplicación de la norma­
tiva en materia de seguridad de los productos. 
-23-
6. Telecomunicaciones 
I. Mecanismos de cooperación existentes 
Con arreglo a la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, todos los Estados miembros han de contar 
con una autoridad nacional de reglamentación, independiente de los organismos de tele­
comunicaciones. En lo que respecta a la cooperación en la aplicación de la normativa de la UE, 
los principales foros de intercambio de información son dos comités: el Comité de Aprobación de 
Equipos de Telecomunicación (CAET)34 y el Comité de Realización de la Oferta de Red Abierta 
(ONP) en el sector de redes y servicios35. (Ambos Comités están compuestos por representantes 
de los Estados miembros y presididos por la Comisión, y pueden actuar tanto con carácter 
consultivo como reglamentario.) 
La cooperación en el ámbito de las telecomunicaciones se enmarca también en la Unión Inter­
nacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas y, a nivel europeo, en la Conferencia 
Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT). 
El CAET es el principal foro de cooperación entre Estados miembros para la aplicación de la 
normativa en materia de equipos terminales. 
Tanto a nivel nacional como europeo, existe una intensa actividad consistente en seminarios, 
conferencias y estudios de asesoramiento -organizados por la Comisión y por empresas comer­
ciales- en los que participan funcionarios. La cooperación se efectúa también a través de la 
Asociación de Laboratorios Designados de los Organismos Notificados, que se ocupa de cues­
tiones de orden práctico relacionadas con los procedimientos para certificar la conformidad de los 
equipos terminales. 
II. Necesidades de cooperación 
La liberalización del sector de telecomunicaciones supone que muchas de las tareas desem­
peñadas con anterioridad por las Administraciones lo son ahora por los operadores de dicho 
mercado en condiciones comerciales. 
Aún es necesaria una coordinación entre las Administraciones de los Estados miembros en lo que 
respecta a la autorización de servicios de telecomunicaciones, la asignación de frecuencias y la 
numeración. 
Debería ultimarse el sistema de correo electrónico entre los representantes de los Estados 
miembros y entre estos y la Comisión, el cual resultaría de utilidad a la hora de transmitir los 
documentos de rutina del Comité y de realizar un seguimiento de la aplicación de la legislación. 
Asimismo, se requieren imperativamente directrices para la aplicación de los principios sobre 
ONP. Dichas directrices son importantes para que pueda progresar el debate en torno al futuro de 
la ONP, y especialmente con vistas a las futuras directivas en la materia (por ejemplo, las que 
regulen la telefonía vocal y la interconexión). 
III. Obstáculos para la cooperación 
Directiva 91/263/CEE del Consejo, de 29 de abril de 1991, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre equipos terminales de telecomunicación, incluido el reconocimiento mutuo de su conformidad, DO n° L 128 de 
23.5.1991, pág. 1. 
Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de 
telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones, DO n° L 192 de 24.7.1990, 
pág.1. 35 
-24-
Algunas de las autoridades nacionales de reglamentación en el sector de telecomunicaciones -en 
particular, las de los Estados miembros más pequeños- sufren de una escasez de recursos. 
Debido a la especificidad de las telecomunicaciones, es, en ocasiones, difícil para dichas autori­
dades encontrar personal con los conocimientos y experiencia necesarios. 
IV. Futuras medidas 
Los intercambios cotidianos de información serían más fáciles si todas las Administraciones 
pudiesen acceder sin dificultad a los sistemas de correo electrónico para la distribución de docu­
mentos. 
25 
7. Productos alimenticios, controles sanitarios de animales y plantas y 
medicamentos de uso veterinario 
Esta sección incluye cuatro sectores distintos, por lo que se tratarán por separado 
7 A — Productos alimenticios 
I. Introducción 
En este sector, la cooperación administrativa se inició en 1984 con la constitución de una red de 
enlaces que permitía advertir del grave peligro presentado por determinados productos alimenti­
cios e intercambiar la información necesaria para paliar los riesgos graves para la salud identifi­
cados a través de dicha red. Estas disposiciones se perpetuaron en la Directiva sobre seguridad 
general de los productos36. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
Con la adopción de la Directiva 89/397/CEE, relativa al control oficial de los productos alimenti­
cios, se crearon otros instrumentos de cooperación administrativa: 
• comunicación anual, desde 1993, a la Comisión de los resultados estadísticos de los 
programas nacionales de control oficial de los productos alimenticios; 
• recomendación anual de la Comisión en la que se define un programa comunitario coordi­
nado de controles oficiales de los productos alimenticios. 
Además, en aplicación de la Directiva 93/99/CEE, se implantó un sistema formal de cooperación 
administrativa que empezó a aplicarse el 1 de mayo de 1995. Los servicios nacionales de control 
se prestan mutuamente asistencia administrativa en su labor de supervisión de la conformidad 
reglamentaria de los productos alimenticios. Cada Estado miembro designa a un único organismo 
de enlace que transmite las solicitudes de asistencia a los demás enlaces y se preocupa de que 
las solicitudes recibidas de otros Estados no queden sin respuesta. 
La eficacia y la equivalencia de los sistemas nacionales de control son evaluadas por agentes 
designados y comisionados por la Comisión a tal efecto. 
Por último, la Directiva 93/5/CEE estableció procedimientos de cooperación científica entre la 
Comisión y los Estados miembros desde junio de 1993. 
En lo que respecta a las actividades concretas realizadas a través de estos diversos instrumentos 
de cooperación, cabe destacar lo siguiente: 
• La labor de mejora de la transparencia efectuada por el grupo de trabajo de la Comisión y 
los Estados miembros sobre el control oficial de los productos alimenticios, en relación con 
la síntesis de los resultados anuales de los Estados miembros. 
• La realización, en 1995, del primer programa comunitario coordinado de controles, que ha 
permitido comprobar la utilidad de llevar a cabo algunos controles en el conjunto del 
mercado interior. 
• El comienzo de las misiones de evaluación de la eficacia y equivalencia de los sistemas 
nacionales de control, que se efectúan en colaboración con los Estados miembros y la 
Comisión. Las primeras misiones (Reino Unido, Italia, Países Bajos) se han llevado a cabo 
36 Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativa a la seguridad general de los productos, DO n° L 228 de 
11.8.1992, pág. 24. 
-26-
en 1995. Obviamente, estas misiones de evaluación adquirirán todo su significado a más 
largo plazo, y concretamente cuando se hayan visitado todos los Estados miembros. No 
obstante, puede decirse ya que este contacto directo con la realidad práctica del control de 
los productos alimenticios constituye una aportación muy positiva. 
• El programa de colaboración científica entre la Comisión y los Estados miembros y sus 
institutos de investigación, que en 1995 se centró en temas tales como los aromas, los 
criterios microbiológicos, la evaluación del consumo alimentario y diversos agentes conta­
minantes. 
Por último, cabe señalar el papel de concertación sobre las condiciones de aplicación de los 
textos que desempeña el Comité Permanente de Productos Alimenticios, así como la utilidad de 
los intercambios de funcionarios dentro del programa KAROLUS. 
III. Necesidades de cooperación 
La legislación sobre productos alimenticios permite responder en gran medida a las necesidades 
en materia de intercambio de información y de cooperación científica entre los Estados miembros 
y la Comisión. 
En lo que respecta al control oficial, los trabajos del grupo de trabajo Comisión/Estados miembros 
han puesto de relieve, en particular, la necesidad de disponer de un vademécum o de directrices 
sobre las condiciones de transmisión de los resultados de los controles oficiales nacionales a la 
Comisión. La adopción de este vademécum, prevista para finales de 1995, permitirá, en principio, 
hacer más transparentes y comparables las estadísticas nacionales sobre el control oficial de los 
productos alimenticios. 
IV. Obstáculos para la cooperación 
Se plantean dos problemas: 
• lograr que los resultados comunicados de los programas de control anuales nacionales y 
comunitarios sean los más comparables posible; 
• lograr un procesamiento estadístico rápido a nivel comunitario con vistas a elaborar una 
síntesis de los resultados estadísticos recibidos. 
En un sistema de colaboración como el de la cooperación científica, en que los recursos científi­
cos y técnicos se concentran en los Estados miembros, la experiencia demuestra que debe 
crearse un equilibrio entre la descentralización de responsabilidades hacia los Estados miembros 
y la coordinación comunitaria, que ha de centrarse en la definición precisa de las tareas de 
cooperación. 
V. Futuras medidas 
Deberían establecerse sistemas eficaces de intercambio de información en los que se incluyan la 
transmisión y el procesamiento de los considerables datos estadísticos facilitados. Está previsto 
realizar un estudio para determinar, en el transcurso de 1996, el sistema más adecuado. 
Por otra parte, la experiencia concreta adquirida a través de la actual cooperación administrativa 
pone de manifiesto que sería útil disponer, en algunos casos, de medios comunitarios de forma­
ción de los agentes de control. En este contexto, el programa KAROLUS debe proseguir, pero, en 
algunos casos, podría reorientarse para hacer posible, además del intercambio de funcionarios, la 
organización de seminarios de formación o de intercambios de experiencia. 
En relación con la cooperación científica, es importante que siga habiendo un incentivo comuni­
tario, concretamente a través de la financiación comunitaria de los gastos administrativos ocasio-
-27-
nados por las tareas de cooperación, dado que son los Estados miembros los que financian los 
trabajos científicos realizados. 
7 B — Controles veterinarios 
I. Introducción 
En el sector veterinario existen disposiciones sumamente desarrolladas en materia de cooper­
ación para la aplicación de la normativa, reflejo de la larga experiencia legislativa a nivel comuni­
tario. En 1989, el Consejo aprobó la Directiva 89/608/CEE37, por la que se establecían normas 
para la asistencia entre autoridades y la comunicación de información. Esta Directiva otorga un 
papel preponderante a los comités permanentes (véase apdo. II). 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
La principal vía de cooperación administrativa son las reuniones periódicas del Comité Veterinario 
Permanente (creado en 1968) y del Comité Zootécnico Permanente (comités de reglamentación). 
En 1994, el Comité Veterinario Permanente se reunió en 31 ocasiones, por un total de 69 días, y 
el Comité Zootécnico Permanente, en una ocasión. Además, los Estados miembros y la Comisión 
se reúnen también con regularidad en los grupos de trabajo de expertos, científicos y técnicos 
creados por la Comisión para estudiar problemas concretos. 
La Directiva 82/894/CEE del Consejo38 estableció un sistema de notificación de las enfermedades 
de los animales a la Comisión y los demás Estados miembros, mediante el cual la información se 
transmite por medios electrónicos en las 24 horas. Asimismo, se ha creado un sistema informático 
(ANIMO) para la notificación de los movimientos de animales39, con arreglo al cual el Estado 
miembro de expedición avisa por adelantado al de destino de la llegada de animales. Actualmente 
están conectadas más de 2.000 unidades locales en los doce Estados miembros y, en el segundo 
semestre de 1994, se transmitieron unos 125.000 mensajes. El sistema ANIMO será implantado 
en Austria, Finlandia y Suecia en 1995. 
Se está trabajando en la creación de un nuevo sistema electrónico de información, el sistema 
SHIFT40, que conecte todos los centros de inspección fronterizos de la Comunidad, a fin de 
garantizar una cooperación eficaz entre los puestos fronterizos exteriores de la Comunidad y una 
correcta aplicación de los requisitos comunitarios en materia de importación. 
Los funcionarios de la Comisión pertenecientes a la Oficina de Inspecciones y Controles Veteri­
narios y Fitosanitarios efectúan periódicamente misiones en los Estados miembros para garanti-
37 
38 
39 
40 Directiva 89/608/CEE del Consejo, de 21 de noviembre de 1989, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades 
administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta 
aplicación de las legislaciones veterinaria y zootécnica, DO n° L 351 de 2.12.1989, pág. 34. Modificada en último lugar por el 
Acta relativa a las condiciones de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se 
fundamenta la Unión, DO n° C 241 de 29.8.1994, pág 21. 
Directiva 82/894/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1982, relativa a la notificación de las enfermedades de los animales en 
la Comunidad, DO n° L 378 de 31.12.1982, pág. 58. Modificada en último lugar por el Acta relativa a las condiciones de adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, DO n° C 241 de 
29.8.1994, pág 21. 
Establecido de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los 
controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos 
con vistas a la realización del mercado interior, DO n° L 224 de 18.8.1990, pág. 29. Modificada en último lugar por el Acta relativa 
a las condiciones de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la 
Unión, DO n° C 241 de 29.8.1994, pág 21. 
Decisión 92/438/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, sobre la informatización de los procedimientos veterinarios aplicables 
a la importación (proyecto SHIFT) y por la que se modifican las Directivas 90/675/CEE, 91/496/CEE y 91/628/CEE así como la 
Decisión 90/424/CEE y se deroga la Decisión 88/192/CEE, DO n° L 243 de 25.8.1992, pág. 27. Modificada en último lugar por el 
Acta relativa a las condiciones de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se 
fundamenta la Unión, DO n° C 241 de 29.8.1994, pág 21. 
-28-
zar una aplicación uniforme de la legislación comunitaria. Dichas misiones, que se llevan a cabo 
en colaboración con las autoridades nacionales competentes, constituyen una valiosa oportunidad 
de intercambiar información y discutir problemas de orden práctico. En 1994 se realizaron 142 
misiones, que se centraron en las medidas zoosanitarias, el fraude, las aves de corral, los 
residuos y los puestos de inspección fronterizos. 
Hace ya algún tiempo que se viene desarrollando un programa de intercambio de funcionarios 
nacionales que se ocupan de los aspectos veterinarios, basado en el artículo 34 de la Decisión 
90/424/CEE41. En 1994, participaron sobre todo en estos intercambios funcionarios que 
trabajaban en los puestos de inspección fronterizos, realizándose 31 intercambios en los que 
intervinieron los 12 Estados miembros. 
Tanto los Estados miembros como la Comisión organizan, asimismo, conferencias y seminarios. 
7C — Normas fitosanitarias y otras normas relacionadas con los productos vege­
tales y la alimantación animal 
I. Mecanismos de cooperación existentes 
En lo que respecta al control fitosanitario, las semillas, la protección de las variedades vegetales, 
la alimentación animal, los residuos de plaguicidas, los productos fitosanitarios y los cultivos 
biológicos, existe desde hace algún tiempo un marco de cooperación sumamente desarrollado, 
merced al comité de reglamentación que se ocupa del correspondiente ámbito de actividad42. 
Algunos de estos comités existen desde mediados de la década de los sesenta, mientras que los 
responsables de los aspectos fitosanitarios y de la protección de las obtenciones vegetales se 
crearon en 1977 y 1994, respectivamente. 
Al margen de sus funciones legislativas, estos comités hacen posible un intercambio sistemático e 
intensivo de información, sobre todo a través de los numerosos comités de expertos y grupos de 
trabajo que dependen de ellos. El intercambio rápido de información es esencial en muchos 
casos, por ejemplo, cuando un Estado miembro ha interceptado una planta o un producto vegetal 
originario de un tercer país o de la UE que no cumple los requisitos de la legislación comunitaria. 
Estos intercambios se efectúan habitualmente mediante un contacto directo entre los Estados 
miembros y la Comisión. Además, los Estados miembros disponen del sistema de correo 
electrónico EUROPHYT para el intercambio de datos. 
La labor específica de cooperación incluye la organización de seminarios de carácter técnico y de 
intercambios de funcionarios entre Estados miembros al amparo del programa KAROLUS (a 
mediados de noviembre de 1995 se habían aprobado doce). La Inspección Fitosanitaria organiza 
seminarios y cursos de formación para los Estados miembros en relación con los controles fito­
sanitarios y participa igualmente en los cursos nacionales de formación. Además, la Comunidad 
ha previsto que los Estados miembros cooperen entre sí mediante el intercambio de la informa­
ción científica de que dispongan y que se lleven a cabo proyectos de investigación fitosanitaria. 
En el sector de los pesticidas, se celebró en 1994 un seminario en el que participaron todos los 
Estados miembros y, dentro de un nuevo proyecto piloto, los Estados miembros se reúnen todos 
los meses para debatir sobre aspectos específicos de la aplicación de la normativa. 
41 
42 Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario, DO n° L 224 
de 18.8.1990, pág. 19. Modificada en último lugar por la Decisión 93/70/CEE, de 21 de diciembre de 1992, DO n° L 25 de 
2.2.1993, pág. 34. 
Esto es, el Comité Permanente de Semillas y Plantones Agrícolas, Hortícolas y Forestales; el Comité Fitosanitario Permanente; 
el Comité Permanente de Alimentación Animal; el Comité Permanente de Materiales de Reproducción y Plantas de Géneros y 
Especies Frutales; el Comité Permanente de Materiales de Reproducción y Plantas Ornamentales, el Comité Permanente de 
Protección de las Obtenciones Vegetales y el Comité Permanente de Agricultura Ecológica. 
-29-
Los comités garantizan también una interpretación común y una aplicación uniforme de la legis­
lación comunitaria en estos ámbitos de gran tecnicidad, mediante el diálogo y el intercambio de 
experiencia práctica. En algunos casos, la normativa obliga expresamente a adoptar un plan­
teamiento uniforme. Por ejemplo, en el sector de las semillas, la realización de pruebas comuni­
tarias comparativas está destinada a lograr técnicas armonizadas de certificación de semillas. 
Además, en caso de necesidad, la Comisión está dispuesta a ayudar en la interpretación de 
textos legislativos difíciles, por ejemplo, mediante la elaboración de notas interpretativas. 
II. Futuras medidas 
Las posibles mejoras que cabría aportar en materia de cooperación se refieren al intercambio de 
funcionarios dentro del programa KAROLUS (algunos Estados miembros se han mostrado reacios 
a aceptar funcionarios debido a la falta de tiempo) y al fomento de la utilización del correo 
electrónico entre Estados miembros. 
7 D — Medicamentos de uso veterinario 
Véase el precedente apartado 1 b) bajo el epígrafe productos farmacéuticos. 
30 
8. Notificación de normas técnicas - Directiva 83/189 
I. Introducción 
La citada directiva43 establece la obligación de notificar a la Comisión los proyectos de normas y 
reglamentos técnicos nacionales que puedan generar obstáculos técnicos dentro del mercado 
interior. De este modo, los demás Estados miembros y la Comisión tienen la posibilidad de reac­
cionar ante dichos proyectos normativos, que sólo pueden entrar en vigor tras un período de 
moratoria. Constituye éste un ejemplo de sistema de información formal en el que todas las 
comunicaciones pasan a través de la Comisión. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
El Comité de Normas y Reglamentaciones Técnicas, que se encarga de hacer el seguimiento de 
la Directiva, está integrado por las autoridades competentes que designan a los organismos 
autorizados con arreglo a las directivas de nuevo enfoque. Hasta la reciente reunión de julio de 
1995 (véase más arriba el apartado 1.a).i), era además el único órgano en el que se discutían ios 
problemas relacionados con la aplicación de la Directiva sobre juguetes. 
Se emplea el correo electrónico para las notificaciones resumidas y los mensajes a ellas vincula­
dos. Dentro del programa IDA (véase el apartado 22) se está estudiando la viabilidad de un 
proyecto para incrementar el uso del correo electrónico y crear bases de datos apropiadas. 
III. Necesidades de cooperación 
Las determinará el estudio. 
Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento para el aporte de 
información en el ámbito de las normas y reglamentaciones técnicas, DO n° L 109 de 26.4.1983, pág. 8; modificada por las 
Directivas 88/182/CEE, DO n° L 81 de 26.3.1988, y 94/1 O/CE, DO n° L 100 de 4.4.1994. 
31 
Aduanas 
I. Introducción 
Las aduanas son uno de los ámbitos en los que la cooperación administrativa comenzó muy 
pronto. Desde 1968, los servicios de la Comisión han procurado armonizar la legislación, esen­
cialmente mediante directivas. Estas directivas han ¡do sustituyéndose progresivamente por 
reglamentos sectoriales, más restrictivos y eficaces de cara a la citada armonización. Sin embar­
go, se comprobó que esta dispersión de textos no facilitaba la aplicación. Por ello, la Comisión 
emprendió la recopilación de todos los textos existentes en un código de aduanas, que entró en 
aplicación al día siguiente de la entrada en vigor del mercado interior. Actualmente, las adminis­
traciones de aduanas y los agentes económicos cuentan con una legislación comprensible, 
precisa y coherente, condición indispensable para un mercado interior. 
II. Mecanismos de cooperación existentes: el programa "Aduanas 2000", un nuevo 
desafío para las aduanas de la Unión Europea 
Un mercado único sin fronteras internas exige, para su buen funcionamiento, que los controles 
que en él se efectúen sean homogéneos, sea cual sea el Estado miembro considerado. 
Por ello, la Comisión ha propuesto una serie de medidas para configurar la aduana del año 2000, 
partiendo de la cooperación con los Estados miembros. La finalidad de todas esas medidas es 
conseguir que la aduana pueda vigilar y controlar la frontera exterior comunitaria, consolidando 
mediante prácticas homogéneas la legislación vigente. Todas ellas se basan en una cooperación 
administrativa muy activa. 
Entre las medidas en curso, cabe destacar las siguientes: 
a) adopción de nuevos métodos de trabajo 
Los servicios de la Comisión se han propuesto generalizar las técnicas de análisis de riesgos, que 
permiten dirigir los controles materiales o documentales de las mercancías; para ello han 
elaborado, con la cooperación de los Estados miembros, líneas directrices que permitan a éstos 
conocer todos los métodos existentes en la Unión. 
Un trabajo idéntico se consagrará a las técnicas de auditoría, que tienen por objeto el control 
detallado de la contabilidad y gestión de las empresas (incluidas las establecidas en varios 
países). 
b) sanciones aduaneras 
En colaboración con los Estados miembros, la Comisión realiza en este ámbito trabajos destina­
dos a impedir las distorsiones de la competencia a que podrían tener que enfrentarse los agentes 
económicos. 
c) evaluación de los resultados 
Equipos conjuntos, integrados por funcionarios nacionales y funcionarios de la Comisión, visitan 
los Estados miembros, en lo que se conoce como "acciones de seguimiento". A través de estas 
visitas, los funcionarios nacionales adquieren conocimiento directo de los métodos de trabajo 
utilizados por otras administraciones aduaneras. El objetivo es conseguir un intercambio de las 
prácticas que se consideren más eficaces. 
-32-
d) formación 
Desde 199144 se viene desarrollando un programa específico de formación de los funcionarios de 
los Estados miembros (programa MATTHAEUS) creado por decisión del Consejo de la Unión. 
Este programa consiste en el intercambio de funcionarios de las aduanas de los Estados miem­
bros y la organización de seminarios sobre temas específicos de legislación aduanera. Tiene por 
objeto, asimismo, constituir un material de formación común. 
e) informática 
Tanto los Estados miembros como la Comisión son partidarios de trazar una estrategia global que 
rija el futuro desarrollo informático de los procedimientos aduaneros. Esta estrategia parte de la 
explotación de los sistemas existentes y de la creación de vínculos entre los mismos. Además, 
prevé la utilización de los sistemas informáticos de las empresas. 
III. Obstáculos para la cooperación 
Estas medidas, cuyo propósito es lograr la aplicación homogénea de una legislación uniforme, se 
enfrentan, actualmente, a un obstáculo institucional. Cabe señalar que la cooperación aduanera 
es, en lo fundamental, competencia comunitaria, pero cuando se trata de ámbitos no armonizados 
(armas, estupefacientes, armamento nuclear, etc..) se rige por las disposiciones del título VI del 
TUE (véase el artículo K.1.8). Esta situación plantea dificultades de articulación entre estas 
últimas disposiciones y el Derecho comunitario. 
IV. Futuras medidas 
La Comisión proseguirá con el programa ya emprendido en 1994, con la finalidad de dotarlo de 
una base y estructura más concretas. En particular, podrían reforzarse y desarrollarse las medi­
das antes descritas. El objetivo esencial es que las administraciones aduaneras aprendan a 
conocerse y a trabajar juntas de manera espontánea y natural, para aumentar la igualdad de trato 
entre los operadores, por medio de controles efectuados de manera homogénea. 
44 Decisión n° 91/341/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1991, D.O. n° L 187 de 13.7.1991, pág. 41. 
-33 
10. Fiscalidad 
10 A — Fiscalidad directa 
I. Introducción 
La Directiva 77/779/CEE relativa a la asistencia mutua en el ámbito de la fiscalidad directa e indi­
recta constituye el marco legislativo en virtud del cual los Estados miembros se prestan mutua­
mente asistencia para luchar contra el fraude y la evasión fiscal internacional. Dicha Directiva se 
ocupa, fundamentalmente, del intercambio de información. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
En 1993, se puso en marcha un programa continuo de reuniones entre funcionarios de los Esta­
dos miembros en el ámbito de la fiscalidad directa, al objeto de mejorar, en cantidad y calidad, el 
intercambio de información. El grupo de trabajo alcanzó sus primeros resultados en 1994, al 
adoptar directrices comunes para el intercambio de información en los casos en que ésta se pide 
específicamente. El grupo estableció también un código práctico sobre los plazos de respuesta 
que han de respetar los Estados miembros al responder a las solicitudes recibidas. El grupo 
comprobará los progresos realizados mediante la agregación de estadísticas simples orientadas a 
determinar en qué medida se cumplen las normas acordadas, y, si fuera necesario, adaptará 
estas últimas. 
III. Necesidades de cooperación 
Es necesario aumentar y mejorar el uso de los instrumentos existentes. 
IV. Obstáculos para la cooperación 
Los distintos grados de confidencialidad existentes en los Estados miembros en-lo que se refiere 
a la fiscalidad y los bancos. 
V. Futuras medidas 
El grupo estudiará la manera de lograr mejoras equivalentes en los casos en que el intercambio 
de información tiene lugar de manera "automática" o "espontánea". 
10 B — Fiscalidad indirecta 
I. Introducción 
Con la eliminación de los trámites fronterizos, el 1 de enero de 1993, adquirió mayor importancia 
la cooperación entre las autoridades fiscales nacionales de control para la aplicación de la 
normativa. Mediante el Reglamento 218/92 se creó entre ellas un sistema de intercambio de 
información sobre el IVA (VIES). Al mismo tiempo, la Directiva 92/12 creó un Comité de Impues­
tos Especiales y un sistema de intercambio de información sobre los impuestos especiales 
(SEED). Actualmente, determinada información sobre el IVA se almacena y transmite a los Esta-
-34-
dos miembros por medios electrónicos, y, en el caso de los impuestos especiales, mediante 
disquete. 
El Reglamento preveía también la creación de una red de Organismos Centrales de Enlace y el 
Comité Permanente de Cooperación Administrativa (SCAC), lo que también se prevé en la Direc­
tiva 77/799 relativa a la asistencia mutua en el ámbito de los impuestos directos e indirectos. La 
Comisión gestiona la red telemática, mantiene y distribuye una relación de los mencionados 
Organismos y dirige el SCAC y el Comité de Impuestos Especiales. Asimismo, provee el marco 
para el futuro desarrollo de la cooperación en conjunción con los Estados miembros, basándose 
en la experiencia compartida y en una percepción común de las necesidades de cada uno. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
Mediante la Decisión 93/588 del Consejo se creó el programa MATTAEUS en materia de fiscali­
dad, que prevé el intercambio entre Administraciones de funcionarios responsables de los 
impuestos indirectos, así como la celebración de seminarios de formación para los funcionarios 
encargados de la formación y los encargados de hacer cumplir la normativa. Cada año, un 
máximo de 100 funcionarios participan en intercambios y se celebran 10 ó más seminarios. La 
citada Decisión prevé también programas comunes de formación en todos los Estados miembros. 
A efectos de supervisión en materia de IVA, las Administraciones deben identificar a los operado­
res que efectúan adquisiciones intracomunitarias, para asegurarse de que pagan apropiadamente 
el impuesto. Con este fin, las Administraciones intercambian datos de las declaraciones 
trimestrales de los operadores a través del VIES. Éste permite también la comprobación trans-
fronteriza de los números de identificación del IVA; en el caso de los impuestos especiales, esa 
función la desempeña el SEED. Se puede solicitar información adicional, en virtud del Reglamento 
218/92 y de la Directiva 77/799. En 1994, se tramitaron más de 1.400 solicitudes de información 
adicional. En lo que atañe a los impuestos especiales, este mismo tipo de información es objeto 
de intercambio a través del sistema de verificación de movimientos establecido en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 19.6 de la Directiva 92/12 CEE. 
El Comité del IVA previsto en el artículo 29 de la Sexta Directiva IVA y el Comité de Impuestos 
Especiales, antes mencionado, garantizan una interpretación común de la legislación comunitaria 
sobre fiscalidad indirecta. El Comité Consultivo de Asuntos Aduaneros y Fiscalidad Indirecta, así 
como algunos organismos ad hoc, proporcionan valiosa información . 
La Comisión facilita una guía sobre el sistema del IVA vigente en cada Estado miembro; esta guía 
ha sido revisada recientemente para incluir en ella a los nuevos Estados miembros. Asimismo, ha 
iniciado y financiado experiencias piloto de control conjunto por varios Estados miembros de 
empresas multinacionales y otras empresas que desarrollan actividades comerciales intraco­
munitarias. 
III. Obstáculos para la cooperación 
Son pocos, en parte gracias a los Organismos Centrales de Enlace. La Comisión, el SCAC y el 
Comité de Impuestos Especiales analizan con atención los que aún se derivan de diferencias en 
la legislación y en los métodos. 
IV. Futuras medidas 
La Comisión propone seguir aumentando en este sector el nivel de cooperación para la aplicación 
de la normativa, ya muy elevado, y, además de la labor que desarrolla para el intercambio de 
información, pretende conseguir mejoras en lo que atañe al cobro de deudas fiscales, estudiando, 
-35-
para ello, el uso de la legislación comunitaria vigente y analizando si dicha legislación es la 
adecuada. 
Se revisará también la idoneidad de los actuales sistemas de transmisión de datos; por ejemplo, 
el actual intercambio de información sobre los impuestos especiales, extraída de las bases de 
datos nacionales y que se realiza por medio de disquetes, se sustituirá por un sistema en línea. 
La Comisión propondrá un presupuesto apropiado para financiar esto último, el VIES y el 
programa MATTHAEUS en materia de fiscalidad. 
-36-
11. Precursores de drogas 
I. Introducción 
El Reglamento 3677/90, posteriormente modificado, se aprobó en aplicación del artículo 12 del 
Convenio de las NU contra el tráfico ilícito de estupefacientes, del que es parte contratante la 
Comunidad. Las modificaciones introducidas por el Reglamento 900/92 se deben a las conclu­
siones del grupo de acción para los productos químicos (CATF) creado por el G-7 en la cumbre 
de Houston de 1990 y en cuyos trabajos participaron la Comisión y siete Estados miembros. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
El intercambio de información tiene lugar a través de la red SCENT de correo electrónico, que 
consta de más de 300 terminales en el conjunto de los Estados miembros. Esta red está abierta a 
todas las autoridades competentes, con arreglo a lo dispuesto en el citado Reglamento. Las 
Administraciones que aún no están conectadas reciben la información mediante fax o télex. 
(a) Intercambios de funcionarios de los Estados miembros: 
Está previsto realizar intercambios entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la norma­
tiva en 1995, dentro del programa MATTHAEUS (aduanas) y KAROLUS (otros ámbitos). Además, 
pronto se ofrecerá a los funcionarios de los Estados miembros la posibilidad de disfrutar de un 
mes de formación en los servicios de la Comisión (ya se han recibido muchas solicitudes). 
(b) Programas de formación 
Desde 1994, se vienen celebrando seminarios anuales, en parte financiados a través del 
programa MATTHAEUS; se ha propuesto la realización de cursillos más especializados, destina­
dos a grupos específicos de funcionarios (investigadores, funcionarios responsables de las auto­
rizaciones, etc.). 
(c) Varios 
El Comité de Sustancias para la Fabricación de Estupefacientes, en las reuniones que periódi­
camente celebra, se encarga de velar por la correcta aplicación de las normas. Siempre que se 
compruebe o sospeche que existen contravenciones, habrá de comunicarse a la Comisión; 
asimismo, se informará a ésta de las posibles lagunas o deficiencias que se detecten en las 
disposiciones. Cuando éstas no se apliquen apropiadamente, el Comité estudiará el caso con 
vistas a hallar una solución aceptada por todas las delegaciones. Las resoluciones del Comité dan 
lugar a "dictámenes concertados", que se comunican a las Administraciones. 
Además de establecer contactos a través del Comité, los funcionarios de los Estados miembros 
participan con regularidad, en calidad de formadores, en programas externos destinados a terce­
ros países (p.ej., un programa de formación en sustancias para la fabricación de estupefacientes, 
dentro del programa PHARE; seminarios para los países de la CEI, de Oriente Medio, ASEAN, 
etc.), lo que ofrece constantemente la oportunidad de establecer contactos e intercambiar expe­
riencias. 
III. Necesidades de cooperación 
Las autoridades competentes han de consultarse todos los asuntos de relevancia en este ámbito 
(expedición de autorizaciones, autorizaciones de exportación y, en particular, lo relacionado con la 
cooperación contra el fraude). El Reglamento 3677/90 remite a la aplicación, mutatis mutandis, 
del Reglamento 1468/81, instrumento de probada eficacia utilizado en el terreno de la coope-
-37-
ración administrativa en los ámbitos aduanero y agrícola. La Comisión, para desempeñar su 
función de coordinadora en la lucha contra el fraude, necesita un continuo flujo de información, 
que transmite a los organismos internacionales, como las Naciones Unidas. 
IV. Obstáculos para la cooperación 
Puede plantear dificultades la falta de coordinación con otros ámbitos en los que se efectúan 
controles de exportación similares (armas químicas, etc.); asimismo, pueden surgir problemas 
derivados del hecho de que las sustancias para la fabricación de estupefacientes estén sujetas a 
los procedimientos comunitarios y el resto de la cooperación en materia de estupefacientes esté 
sujeta a lo dispuesto al respecto en el Título VI del Tratado de la Unión Europea. 
V. Futuras medidas 
Sin duda, mantener el actual nivel de recursos y de intervención contribuirá a garantizar que la 
cooperación en este ámbito sea cada vez más eficaz. Sería conveniente que la Comisión y los 
Estados miembros llegaran a una solución pragmática para superar la infructuosa diferencia 
existente entre las actividades sujetas a lo dispuesto en el Tratado CE y las sujetas a lo dispuesto 
en el Título VI del Tratado UE. 
-38 
12. Bienes culturales 
I. Introducción 
Para eliminar los controles de mercancías en las fronteras interiores, la Comunidad se ha dotado 
de dos instrumentos jurídicos de acompañamiento esenciales para la protección de los bienes 
culturales: el Reglamento relativo a la exportación de bienes culturales45 y la Directiva sobre 
restitución46. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
No cabe pensar en un régimen de restitución sin cooperación entre los Estados miembros (por 
ejemplo, para investigar en relación con bienes culturales que hayan salido ilegalmente del terri­
torio de un Estado miembro, localizarlos e identificar al poseedor de los mismos). La Directiva 
organiza esa cooperación, indispensable para que el mecanismo de restitución funcione apro­
piadamente. 
Dado que, en lo que atañe a la protección de los bienes culturales, las competencias están muy 
repartidas entre distintas autoridades en cada Estado miembro, la Directiva dispone que cada 
Estado miembro designe una o varias autoridades centrales que ejerzan las funciones en ella 
previstas. 
Estas autoridades centrales sirven, ante todo, de enlaces. Cooperan entre sí y facilitan las 
consultas entre las autoridades competentes de los Estados miembros. 
La Directiva establece que los Estados miembros deben comunicar a la Comisión todas las auto­
ridades centrales que designen, e, igualmente, que la Comisión debe publicar la lista de dichas 
autoridades en el Diario Oficial. 
A este respecto, cabe señalar que el Reglamento prevé también la cooperación entre las autori­
dades encargadas del control de los bienes culturales destinados a la exportación y las mencio­
nadas autoridades centrales. 
III. Necesidades de cooperación 
La cooperación "general" en materia de protección de los patrimonios nacionales, prevista por el 
Consejo y en relación con la cual son competentes los Estados miembros, aún no se ha concre­
tado. Cabe destacar que el grupo de trabajo sobre sustancias estupefacientes y crimen organi­
zado, del Consejo, acaba de empezar a examinar iniciativas sobre la cooperación policial en la 
lucha contra el tráfico ilícito de obras de arte. 
IV. Obstáculos para la cooperación 
Nueve Estados miembros habían de incorporar la Directiva como máximo el 15 de diciembre de 
1993; Bélgica, Alemania y los Países Bajos, el 15 de marzo de 1994; y Austria, Finlandia y Suecia 
el 1 de enero de 1995. 
En octubre de 1995, sólo nueve de los quince Estados miembros la habían incorporado. Por otra 
parte, de estos nueve Estados, sólo Finlandia, Irlanda, Suecia y el Reino Unido habían comuni­
cado a la Comisión las autoridades centrales designadas. 
45 Reglamento (CEE) n° 391/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la exportación de bienes culturales, DO n° L 395 
de 31.12.1992, pág. 1. 
46 Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma 
ilegal del territorio de un Estado miembro, DO n° L 74 de 27.3.1993, pág. 29. 
39 
V. Futuras medidas 
Los Estados miembros que aún no lo han hecho, deben incorporar la Directiva y notificar a la 
Comisión las autoridades centrales designadas a la mayor brevedad posible, indicando, en su 
caso, si se trata de los mismos enlaces notificados en cumplimiento del Reglamento o de la 
Resolución del Consejo, de 16 de junio de 1994, sobre la cooperación administrativa. 
-40-
13. Derecho de establecimiento 
Reconocimiento de las titulaciones 
I. Introducción 
En lo que se refiere al reconocimiento profesional de las titulaciones, existen ya diversas instan­
cias de cooperación administrativa que desempeñan una función muy importante para la correcta 
aplicación de las directivas. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
El Comité de Altos Funcionarios de la Sanidad Pública, constituido en 1975, está integrado por 
altos funcionarios de los Estados miembros, que tienen competencias directas en el ámbito de la 
sanidad. Su misión es debatir y, cuando sea posible, solucionar los problemas que plantean la 
aplicación de las directivas relativas a los médicos, los dentistas, los enfermeros y las comadro­
nas. 
La Comisión ha creado grupos ad hoc para las directivas relativas a los arquitectos y los veteri­
narios. Al igual que ocurre con el Comité Farmacéutico, cuya competencia han hecho extensiva a 
los farmacéuticos las Directivas 85/432/CEE y 85/433 CEE, estos grupos desempeñan las 
mismas funciones que el Comité de Sanidad Pública, en sus ámbitos específicos. 
Las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE relativas a un sistema general de reconocimiento de titu­
laciones han instituido también un sistema de cooperación administrativa entre los Estados 
miembros y la Comisión. Con arreglo a estas Directivas, cada Estado miembro debe nombrar un 
coordinador para el reconocimiento de titulaciones. Estos coordinadores se reúnen cinco veces al 
año con la Comisión para discutir sobre los problemas planteados por las Directivas. El debate en 
el grupo de coordinadores permite que los Estados miembros adopten una interpretación más 
uniforme de las Directivas en determinados aspectos considerados más delicados. Por otra parte, 
el contacto entre los coordinadores y con los funcionarios de la Comisión ha permitido resolver 
muchos casos concretos. Además, el grupo ha contribuido a la elaboración del vademécum del 
sistema general y la guía de usuarios, que se dirige, más en concreto, a los ciudadanos. 
III. Futuras medidas 
La mejora de la cooperación exige, ante todo, erigir incesantemente la confianza mutua en la 
actividad cotidiana. Ello se hará a través de los comités y grupos antes mencionados (y de los 
otros siete en los que participan también expertos de las universidades y de las diferentes profe­
siones). 
Proseguirán, además, las experiencias para el desarrollo del correo electrónico, en los casos en 
que se considere justificado. Asimismo, se trabajará para mejorar las estadísticas. 
41 
14. Derecho de sociedades 
En general, cuando se trata de problemas que se plantean en el ámbito del Derecho de socieda­
des, los interlocutores de la Comisión son los representantes de los Ministerios de Justicia. En lo 
que atañe a la contabilidad, los interlocutores proceden de los Ministerios de Justicia o de los 
Ministerios de Economía y Hacienda. 
14 A— Contabilidad 
I. Introducción 
La Cuarta Directiva, aprobada en 1978, creó un Comité de Contacto para las Directivas Conta­
bles, que se compone de representantes de los Estados miembros y de la Comisión. El Presi­
dente es un representante de la Comisión. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
Las funciones del Comité son: 
• favorecer la aplicación armonizada de las directivas contables a través de reuniones 
periódicas en las que se abordan, en particular, los problemas planteados por la aplicación; 
• proponer a la Comisión, en su caso, que añada o modifique algún aspecto de las directivas. 
El Comité lo convoca (generalmente dos veces al año) el Presidente, por iniciativa propia o a 
solicitud de alguno de sus miembros. Los puntos del orden del día los fijan, en gran medida, los 
representantes de los Estados miembros. 
El resultado del debate sobre los problemas contables se plasma en el informe de la reunión. En 
1990, la Comisión publicó un folleto en el que se resumían algunas de las conclusiones. 
Se coincide en que el Comité de Contacto es el órgano apropiado para "desempeñar un papel de 
dirección en la organización práctica de la cooperación entre las Administraciones competentes 
de los Estados miembros y los servicios de la Comisión, básicamente en el marco de los comités 
y órganos existentes", tal y como se dice en la Resolución. 
Dado que en las normas contables influyen mucho los organismos nacionales encargados de 
fijarlas, se ha creado un Foro consultivo en materia contable en el que están representadas las 
principales partes que intervienen en asuntos contables en la UE. Dicho órgano asesora a la 
Comisión sobre los aspectos técnicos de la contabilidad y sobre las posibles maneras de lograr 
una mayor armonización. 
14 B — Agrupación europea de interés económico (AEIE) 
I. Introducción 
El Reglamento sobre la agrupación europea de interés económico (AEIE)47, aprobado el 25 de 
julio de 1985, creó un Comité de Contacto. 
Reglamento (CEE) n° 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985, sobre la agrupación europea de interés económico, DO n° L 
199 de 31.7.1985, pág. 1. 
-42-
II. Mecanismos de cooperación existentes 
Las funciones del Comité son facilitar la aplicación del Reglamento mediante consultas regulares, 
en particular sobre los problemas prácticos que plantea su aplicación, y asesorar a la Comisión, 
cuando proceda, sobre posibles aditamentos o modificaciones del Reglamento. 
III. Futuras medidas 
Se espera que el Comité de Contacto pueda servir para recabar información sobre las AEIE 
inscritas en los diferentes Estados miembros; esto contribuirá a que la Comisión mantenga una 
base de datos sobre las AEIE existentes. 
43-
15. Seguros, banca, valores 
15 A — Sector de seguros 
I. Introducción 
En el sector de seguros, se ha considerado siempre que la cooperación administrativa es nece­
saria para garantizar el correcto cumplimiento de la legislación comunitaria en toda la Comunidad. 
Las directivas de seguros comunitarias ya prevén una estrecha colaboración entre las autoridades 
de supervisión del sector de seguros. Todo el sistema del "pasaporte europeo" se basa en tal 
cooperación. Es necesaria también la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión para 
garantizar que las Directivas se apliquen apropiadamente. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
La cooperación para la aplicación de la normativa tiene lugar en dos foros: la Conferencia de 
autoridades de supervisión de seguros (de los Estados miembros de la UE) y el Comité de Segu­
ros. 
La Conferencia la crearon los Estados miembros en 1957. La Comisión asiste en calidad de 
observador. La Conferencia discute sobre los problemas que plantea la supervisión de seguros 
(es decir, la solvencia de las empresas de seguros). Asimismo, ha establecido protocolos para la 
colaboración entre las autoridades competentes, con el fin de facilitar la aplicación práctica de las 
directivas de seguros. 
El Comité de Seguros se creó en la Directiva 91/675/CEE. Además de asistir a la Comisión en el 
ejercicio de sus poderes de ejecución, el Comité de Seguros puede examinar cualquier asunto 
que ataña al sector de seguros, así como la aplicación de las Directivas de seguros. Este Comité 
ya ha debatido toda una serie de problemas planteados en el sector de seguros (grupos de 
seguros, línea divisoria entre la seguridad social y los seguros, interpretación de las directivas de 
seguros, etc.). 
En 1994 se creó un grupo ad hoc de interpretación encargado de estudiar los problemas de 
interpretación planteados por la legislación de seguros de la UE. Este grupo, integrado por 
representantes de las autoridades de supervisión de los Estados miembros, está presidido por la 
Comisión. El grupo de interpretación informa al Comité de Seguros, que puede acordar discutir 
sobre la interpretación que ha de darse a una determinada disposición de la legislación comuni­
taria. En 1995 se ha reunido dos veces. 
Además, dentro del procedimiento de comitología, el Comité de Seguros puede adoptar deci­
siones orientadas a aclarar la definición de las directivas de seguros. 
A través del programa KAROLUS pueden efectuarse intercambios entre funcionarios de los 
organismos nacionales competentes. Los primeros resultados de estos intercambios parecen 
positivos. 
III. Necesidades de cooperación 
La cooperación entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión es básica para garantizar 
que el sistema de "autorización única" y el régimen de control por el país de origen funcionen 
apropiadamente en la Comunidad. 
-44-
Las Terceras Directivas de seguros prevén también que el Estado miembro de origen controle in 
situ las sucursales de las empresas de seguros. Las autoridades competentes del Estado miem­
bro de acogida deben cooperar con el Estado miembro de origen para facilitar dicho control. 
Pueden, asimismo, participar en el mismo. 
Pueden emitirse también comunicaciones interpretativas, con la finalidad de aclarar la posición de 
la Comisión con respecto a determinados puntos conflictivos. Es el caso, por ejemplo, de la 
gestión y custodia de los fondos de pensiones. En diciembre de 1994, la Comisión publicó una 
comunicación sobre la gestión e inversión de los activos de los fondos de pensiones. 
IV. Futuras medidas 
Además de la participación de los funcionarios nacionales en el programa KAROLUS, sería 
conveniente que los funcionarios de la Comisión tomaran parte en programas específicos de 
formación sobre diferentes aspectos de los sectores de seguros y de servicios financieros. 
Asimismo, se considera que, para que la Comisión pueda desempeñar su función, son necesarios 
períodos de formación con las autoridades de supervisión y en empresas de seguros. 
La Comisión ha entablado conversaciones con los Estados miembros con el fin de crear un 
programa piloto para el establecimiento de una red informática que permita a las autoridades 
competentes de los Estados miembros intercambiar mensajes e información sobre la supervisión 
de las empresas de seguros (EDENIS, red informática para el intercambio de datos en el sector 
de seguros). Esta red facilitaría la cooperación entre las autoridades competentes. Estaba previs­
to que entrara en funcionamiento el segundo semestre de 1995. Desafortunadamente, debido a 
restricciones presupuestarias, se ha aplazado por el momento. 
No obstante, se cree necesario disponer de algún tipo de red informática para cooperar en la 
aplicación de la normativa, facilitar y acelerar el intercambio de información entre las Administra­
ciones y dotar de mayor eficacia la supervisión del sector de seguros en el mercado interior. 
15 B— Banca 
I. Introducción 
La Segunda Directiva bancaria, 89/646/CEE, de 15 de diciembre de 1989, entró en vigor el 1 de 
enero de 1993. En ella se crea un "pasaporte" o autorización única para las entidades de crédito, 
reconocida en toda la Unión y que se ve respaldada por mecanismos innovadores de notificación 
y cooperación; esta autorización se basa en la supervisión por las autoridades del país en que la 
entidad esté registrada, en lo que atañe a la solvencia global, y por el país de acogida en lo que 
se refiere a la liquidez de las sucursales establecidas en el territorio de este último. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
Los Estados miembros vienen cooperando en el ámbito bancario, en un plano institucional, desde 
1979, fecha en que la Primera Directiva de coordinación bancaria creó el Comité Consultivo 
Bancario (77/780/CEE). Otra forma de cooperación se canaliza a través del grupo de contacto de 
las autoridades bancarias de supervisión de los Estados miembros, que no ha sido creado por 
ninguna directiva comunitaria, pero cuya existencia ha quedado reconocida en documentos 
comunitarios, y en el que participa la Comisión. Los Gobernadores de los bancos centrales de la 
Comunidad Europea celebran reuniones de cooperación, en las que no participa la Comisión, a 
través del Subcomité de supervisión bancaria del Instituto Monetario Europeo. 
-45-
Todos estos órganos estudian los problemas que se plantean en el mercado único del sector 
bancario, para buscar soluciones que puedan plasmarse en disposiciones nacionales o 
recomendar a la Comisión soluciones que exijan la elaboración de nuevas propuestas de directi­
vas del Consejo o de la Comisión, con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología. 
La Comisión ha recibido, además, muchos protocolos de acuerdo bilaterales, que la mayoría de 
los Estados miembros han firmado con vistas a la aplicación de los nuevos procedimientos esta­
blecidos en la Segunda Directiva. 
La Comisión ha creado el grupo de trabajo para la interpretación de las directivas bancarias 
(GTIAD), cuya misión consiste en examinar y, en su caso, resolver todos los problemas de inter­
pretación que puedan plantearse a los Estados miembros al aplicar las directivas. Si el grupo de 
trabajo se pone de acuerdo para una interpretación común, la Comisión se compromete a publi­
carla. Si no se logra el acuerdo, el problema se remite al Comité Consultivo Bancario (CCB), que 
emite dictamen. Si el Comité alcanza un acuerdo, la Comisión publica la interpretación; en caso 
contrario, la Comisión está facultada para extraer las oportunas conclusiones. La Comisión ha 
publicado un proyecto de comunicación sobre los conceptos de libre prestación de servicios e 
interés general, cuya interpretación fue debatida por el GTIAD y el CCB48. 
III. Necesidades de cooperación 
Los países de origen y de acogida han de intercambiarse información, de interés cautelar o de 
otro tipo, especialmente cuando surjan dudas sobre si la entidad aún cumple los requisitos nece­
sarios para la autorización. 
IV. Futuras medidas 
Una directiva49 recientemente aprobada por el Consejo prevé el intercambio de información entre 
las autoridades de supervisión de diversos sectores y establece la obligación de que los auditores 
notifiquen a las autoridades de supervisión toda circunstancia susceptible de deteriorar la 
estabilidad de las entidades cuyas cuentas auditan. 
A la luz de los comentarios que reciba en respuesta al proyecto de comunicación antes citado, la 
Comisión estudiará la posibilidad de publicar una comunicación interpretativa que permita a los 
operadores económicos y los Estados miembros formarse una opinión sobre la postura que, con 
toda probabilidad, la Comisión adoptaría al respecto en el supuesto de que tuviese conocimiento 
de algún problema concreto. 
15 C— Valores 
I. Introducción 
Muchas de las directivas ya aprobadas en el ámbito de los valores, como, por ejemplo, la Direc­
tiva sobre las condiciones de admisión a cotización en bolsa, de 1979, prevén la cooperación 
entre las autoridades competentes de diversos Estados miembros, en particular en lo que atañe a 
48 
49 D0n°C291 de 4.11.1995, pág. 7. 
Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 1995, por la que se modifican las Directivas 
77/780/CEE y 89/646/CEE, relativas a las entidades de crédito, las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE, relativas al seguro 
directo distinto del seguro de vida, las Directivas 79/267/CEE y 92/96/CEE, relativas al seguro directo de vida, la Directiva 
93/22/CEE, relativa a las empresas de inversión y la Directiva 85/611/CEE, sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) con objeto de reforzar la supervisión prudencial, DO n° L 168 de 18.7.1995, pág. 7 
-46-
la información. Estos intercambios de información están sujetos a la obligación de secreto 
profesional. 
Además, los supervisores de los Estados miembros se reúnen dos veces al año en encuentros 
organizados por la Comisión (Comité de Alto Nivel de Supervisores de Valores), y de manera 
informal, sin la participación de la Comisión, en reuniones ad hoc. La Comisión ha aprobado una 
propuesta de directiva para la creación del Comité de Valores50, que reemplazará al Comité de 
Alto Nivel de Supervisores de Valores. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
En el sector de valores, la cooperación se está llevando a la práctica a través de acuerdos de 
cooperación mutua (protocolos de acuerdo) celebrados entre los supervisores de países cuyo 
volumen mutuo de negociación es importante. Estos acuerdos se celebraron, en un principio, 
entre los supervisores europeos y los de EE.UU. y Japón, pero ahora son cada vez más frecuen­
tes en los contactos dentro de Europa. 
III. Necesidades de cooperación 
Dado que la negociación de valores es, básicamente, una actividad internacional, tanto más a 
medida que la tecnología de la información va facilitando las comunicaciones, para regular de 
manera eficaz la participación en el mercado es esencial la cooperación entre los supervisores en 
la aplicación de sus respectivas disposiciones nacionales. Esto es especialmente obvio en el caso 
de las operaciones con información privilegiada, en las que un operador con este tipo de 
información puede utilizar el mercado de valores de otro país para efectuar una operación ilegal, 
con el fin de escapar al control de los supervisores del país de origen. La Comisión no interviene 
en este intercambio de información entre supervisores, pues no tiene ninguna función directa de 
supervisión. 
Tras la aprobación, en 1993, de las Directivas sobre los servicios de inversión y la adecuación del 
capital, la Comisión ha convocado algunas reuniones informales para la interpretación de ambas 
directivas, al objeto de discutir los problemas concretos que se les han planteado a los Estados 
miembros al aplicarlas. 
IV. Futuras medidas 
La Comisión debería comprobar en qué medida las disposiciones sobre cooperación, previstas en 
las directivas sobre los mercados de valores, son eficaces en la práctica, en particular cuando 
existe un reparto de competencias entre los supervisores del Estado miembro de origen y del 
Estado miembro de acogida. Al mismo tiempo, habría que adoptar cuanto antes la Directiva por la 
que se crea el Comité de Valores. 
50 
COM (95) 360fmal, de 17 de julio de 1995. 
47 
16 Propriedad intelectual 
I. Introducción 
La aplicación de la legislación comunitaria en el ámbito de la propiedad industrial corresponde a 
las oficinas de patentes de los Estados miembros que, habitualmente, son organismos autónomos 
de los ministerios nacionales. Las oficinas de patentes de los Estados miembros son 
competentes, en general, en materia de patentes, marcas, diseños y modelos, y, en su caso, de 
modelos de utilidad. No obstante, existe un alto grado de coordinación entre las políticas de los 
Estados miembros, a través de la Oficina Europea de Patentes de Munich y de la Oficina para la 
Armonización del Mercado Interior, de Alicante. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
En el ámbito de las patentes, las reuniones del Consejo de Administración y de los Jefes de 
delegación en la Oficina Europea de Patentes (Munich) permiten el intercambio periódico de 
puntos de vista entre los representantes de la Comisión y los de los Estados miembros, en parti­
cular en lo que atañe a la evolución de las legislaciones nacionales. Dichas reuniones permiten, 
asimismo, conocer el estado de ratificación del Convenio de Luxemburgo sobre la patente 
comunitaria. Hay que señalar, además, que la Oficina Europea de Patentes se ocupa de la 
secretaría de un órgano específico, encargado de la aplicación de la patente comunitaria, llamado 
"Comité Interino de la Patente Comunitaria". 
Una reunión de expertos nacionales, organizada por la Comisión en enero de 1995, permitió 
plantear problemas de interpretación del Reglamento 1768/92 relativo a la creación de un certifi­
cado complementario de protección para los medicamentos, y hallar soluciones comunes a ese 
respecto. 
En lo que atañe a las marcas, una vez aprobado el Reglamento 40/94 relativo a la marca 
comunitaria, las reuniones del Consejo de Administración de la Oficina para la armonización del 
mercado interior (marcas, diseños y modelos) permiten el encuentro con los representantes de los 
Estados miembros. Estas reuniones brindan la oportunidad de abordar todo lo relacionado con el 
funcionamiento de la Oficina de Alicante y, asimismo, de aclarar algunos aspectos relativos a las 
marcas nacionales. 
Por último, se ha llevado a cabo la necesaria coordinación para las reuniones de los órganos de 
dirección de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), celebradas en septiem­
bre todos los años, y de los Comités de expertos encargados de examinar los aspectos específi­
cos de la propiedad intelectual. Gracias a esta coordinación, en numerosas ocasiones la Presi­
dencia se erige en portavoz de los 15 Estados miembros. 
En relación con los derechos de autor y derechos afines, los contactos tienen lugar a través del 
grupo de trabajo del Consejo sobre la "propiedad intelectual". En este grupo de trabajo se coor­
dinan las posiciones, de cara, sobre todo, a la participación en los debates de la OMPI. Las 
reuniones del Consejo de Europa y de la UNESCO consagradas a diferentes aspectos de los 
derechos de autor son también ocasión para numerosos encuentros entre los representantes de 
la Comisión y los Estados miembros. 
III. Futuras medidas 
La Comisión tiene previsto continuar los contactos con los expertos de los Estados miembros y, 
en su caso, intensificarlos. 
48 
17 Radiodifusión 
I. Introducción 
Todos los Estados miembros han comunicado las medidas nacionales de incorporación de la 
Directiva 89/552. La Comisión ha decidido incoar procedimientos de infracción contra la mayor 
parte de ellos (se está analizando la legislación de los nuevos países miembros). No obstante, la 
mayoría de los problemas (interpretación errónea, redacción ambigua de las medidas de incorpo­
ración) parecen estar en vías de solución. Por otra parte, los problemas que se plantean en estos 
procedimientos son muy variados, en función del Estado miembro considerado, por lo que no 
cabe solucionarlos mediante un procedimiento de coordinación reforzado. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
Para el seguimiento de esta Directiva, existe un grupo ad hoc de representantes de los Estados 
miembros, creado por la Comisión, que se encarga de discutir los problemas de interpretación o 
de aplicación que les hayan surgido a los Estados miembros. Este grupo ha cumplido sobrada­
mente su misión facilitando la aplicación de la Directiva, y seguirá desempeñando un papel, con el 
seguimiento de la aplicación de la actual Directiva y el de la nueva Directiva una vez aprobada. 
III. Necesidades de cooperación 
Algunos Estados miembros han sugerido que sería conveniente institucionalizar un grupo de 
trabajo (integrado por las autoridades de reglamentación) que se encargue, por un lado, de 
alcanzar una posición común para los problemas relacionados con la moral pública (pornografía, 
violencia, colaboración para el visionado de películas, ...), y, por otro, de facilitar el intercambio 
permanente de información sobre los organismos de radiodifusión, para evitar conflictos positivos 
o negativos de competencia de un Estado miembro. 
IV. Futuras medidas 
El Consejo, en su reunión del 20 de noviembre cuyo objetivo era la revisión de la Directiva, llegó a 
un acuerdo político del cual uno de los elementos fue la creación de un comité de contacto. 
-49 
18 Transporte 
I. Mecanismos de cooperación existentes 
En el sector del transporte y, en concreto, en lo que se refiere al transporte aéreo y por carretera, 
determinados reglamentos y directivas prevén explícitamente (en artículos muy precisos) la 
cooperación entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión. 
Las redes de cooperación creadas distan mucho de ser eficaces en todos los ámbitos, pero puede 
decirse que algunas funcionan relativamente bien, por ejemplo: el transporte internacional de 
pasajeros en autocar y autobús; el cabotaje por carretera de pasajeros y mercancías; las 
medidas, en caso de crisis, en el mercado del transporte de mercancías por carretera; la fiscali­
dad del transporte por carretera; el reconocimiento mutuo de los certificados nacionales para la 
conducción de barcos (vías navegables); el acceso de los transportistas aéreos de la Comunidad 
a los enlaces aéreos intracomunitarios. Esto se consigue a través de reuniones ad hoc. 
Otras redes, pese a estar previstas en la legislación, no funcionan bien y, por otra parte, en 
determinados ámbitos no se ha previsto red alguna. 
Dentro del programa KAROLUS, se han realizado hasta la fecha varios intercambios entre 
funcionarios nacionales responsables del control de la aplicación de la legislación relativa al 
transporte por carretera y al transporte marítimo. 
-50 
Segunda parte 
Otros sectores 
19. Política social 
19 A — Seguridad social para los inmigrantes 
I. Introducción 
Con arreglo a lo previsto en los artículos 48-51 del Tratado sobre la libertad de circulación de los 
trabajadores, el Reglamento 1408/7151 del Consejo establece disposiciones para la coordinación 
de los sistemas nacionales de seguridad social. En el Reglamento 574/72 de 21 de marzo de 
1972 se establecen disposiciones detalladas para la aplicación del Reglamento 1408/71, incluida 
la lista de los organismos responsables. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
En virtud de lo previsto en el Reglamento 1408/71, se ha creado un Comité Administrativo para la 
Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes. Este Comité, integrado por representantes de 
los Estados miembros, tiene diversas funciones y, entre otras, "estudiar todos los problemas 
administrativos o de interpretación que puedan plantear las disposiciones del Reglamento". En los 
casos en que surgen problemas administrativos porque no se está aplicando lo dispuesto en el 
Reglamento, se discute en el Comité y se hallan soluciones. La Secretaría del Comité Adminis­
trativo recibe, a menudo, quejas de personas que consideran que los organismos de seguridad 
social no les han reconocido las prestaciones a que tienen derecho en virtud del Reglamento 
1408/71. Las soluciones se hallan en colaboración con los representantes de los Estados miem­
bros en el Comité Administrativo. 
En la Comunidad son miles los organismos de la seguridad social que aplican el Reglamento 
1408/71. El Comité Administrativo ha confeccionado una serie de formularios-tipo que sirven para 
organizar el flujo de información entre dichos organismos y los Estados miembros. 
En 1991, el Comité Administrativo creó el grupo de trabajo TESS (Telemática aplicada a la 
Seguridad Social), encargado de llevar a la práctica el programa TESS: Desarrollo de los Servi­
cios Telemáticos para la Coordinación de los Sistemas Europeos de Seguridad Social. Este grupo 
de trabajo analiza las necesidades de los organismos de la seguridad social en lo que se refiere a 
los intercambios de información y concibe las oportunas soluciones para la introducción de 
mejoras y la modernización. 
El Comité Administrativo, una vez estudiado un problema concreto de interpretación de los 
Reglamentos 1408/71 ó 574/72 (CEE), oficializa sus conclusiones mediante decisiones o 
recomendaciones que se publican en el Diario Oficial. 
Dentro del programa TESS, se está preparando un glosario de términos de la seguridad social, 
que sirva de apoyo en los futuros intercambios telemáticos de información. 
La Secretaría del Comité Administrativo, integrada en la Comisión, organiza periódicamente 
seminarios sobre distintos temas relacionados con la aplicación del Reglamento 1408/71. En 
51 Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social 
a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO n° L 149 de 5.7.71, pág. 2. 
51 -
1994, se publicó una guía que explica el funcionamiento del Reglamento én un lenguaje fácil­
mente comprensible para el público y que presenta los sistemas de seguridad social de los Esta­
dos miembros. 
19 B — Inspección laboral 
I. Introducción 
Desde 1982, a iniciativa de la Comisión, se viene reuniendo periódicamente un Comité de Altos 
Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC), con la finalidad de aumentar la cooperación 
entre los Estados miembros y la Comisión, y coadyuvar a que la legislación europea se aplique de 
manera eficaz y coherente en los Estados miembros. El Comité está integrado por dos repre­
sentantes de alto nivel de los servicios de inspección laboral de cada uno de los Estados miem­
bros. 
Desde el principio, el SLIC ha sido un foro en el que han colaborado estrechamente los expertos 
nacionales de los Estados miembros y la Comisión para el intercambio de información, y, 
asimismo, una red de altos funcionarios con la misión de ayudar a conseguir que la legislación 
social de la Comunidad se aplique de manera efectiva. 
Por decisión de la Comisión, eM2 de julio de 1995, el SLIC se consagró como comité oficial. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
El SLIC ha creado una red de corresponsales nacionales -de la inspección laboral- con vistas a 
conseguir un rápido intercambio de información. Esta red se está utilizando para intercambiar 
información sobre la aplicación de la legislación comunitaria del mercado interior y, entre otras, de 
la Directiva sobre maquinaria. 
El SLIC ha definido unos principios comunes a la labor de inspección en el ámbito de la seguridad 
e higiene laborales y promueve el desarrollo de métodos que permitan evaluar los sistemas 
nacionales de inspección en relación a dichos principios (actualmente se lleva a cabo una primera 
evaluación, con carácter experimental, en los Países Bajos). 
Una de las principales actividades del SLIC es el intercambio de inspectores entre los Estados 
miembros. 
En el transcurso de los años, casi 100 inspectores han visitado un país europeo para estudiar 
algún tema de especial interés para su propio país. Con esta actividad se fomenta el intercambio 
de experiencias en lo que atañe a la aplicación de la legislación. 
Desde el inicio de la década de los años noventa, han tenido lugar dos "Jornadas Europeas" para 
el intercambio de información sobre los métodos de inspección empleados en sectores 
específicos (sector de la construcción y sector agrícola, respectivamente), en las que han partici­
pado inspectores de cuatro Estados miembros diferentes. Probablemente, en la próxima reunión 
del SLIC se convoquen unas terceras jornadas, que se referirán a la industria automovilística y 
sus subcontratistas. 
Uno de los documentos elaborados por el SLIC consiste en un módulo de formación, destinado a 
los inspectores laborales, sobre la UE y la seguridad e higiene laborales. Este módulo de forma­
ción se ha utilizado como material básico en los programas de formación dirigidos a los inspecto­
res laborales de todos los Estados miembros. 
-52-
III. Necesidades de cooperación 
El Comité ha de disponer de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para promover 
sus trabajos, tal como se señala en su programa para los próximos tres años. 
IV. Obstáculos para la cooperación 
Es importante dotar al SLIC de los recursos para la comunicación precisos, como son los de 
interpretación y traducción, al objeto de apoyarlo en la tarea de lograr que la legislación comuni­
taria en materia de seguridad e higiene en el trabajo se aplique de manera efectiva y coherente. 
53 
20. Administración pública 
I. Introducción 
Aunque los Tratados no prevén la Administración de la Función Pública entre las competencias de 
la Unión Europea, el progreso de la construcción europea, en particular en lo que atañe al 
mercado interior, exige cada vez más una estrecha cooperación entre las Administraciones. Las 
reuniones de directores generales (24 en total, hasta el momento) se han convertido en foro de 
debate e intercambio de información sobre los problemas de interés común, vinculados, en 
particular, a las repercusiones de la construcción europea. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
En la Conferencia ministerial de Nancy, celebrada en febrero de 1995, se encargó a los directores 
generales de la Función Pública que buscaran soluciones globales e equilibradas a los obstáculos 
que aún se oponen a la apertura de la Función Pública a los ciudadanos comunitarios, así 
como que aumentaran la coordinación de la formación de los funcionarios nacionales en los 
asuntos europeos. A este respecto, en la reunión celebrada a principios de mayo de 1995 en 
París, los directores generales decidieron: 
• crear dos grupos de trabajo: uno, encargado de estudiar los problemas de acceso a la 
Función Pública, y otro, de abordar el tema de los regímenes de pensión de los funciona­
rios; estos grupos han de presentar sus conclusiones el primer semestre de 1996. 
• organizar dos reuniones de las escuelas e institutos nacionales de Administración, en 
junio y octubre de 1995. 
Por otra parte, los directores generales de la Función Pública participan, dentro de los límites de 
sus competencias, que varían mucho de un país a otro, en el apoyo de los programas de inter­
cambio de funcionarios nacionales y, más en concreto, del programa KAROLUS. 
III. Necesidades de cooperación 
Los problemas que se repiten en el desarrollo de la cooperación administrativa atañen habitual­
mente a la información (la transmisión de información en tiempo real entre las Administraciones 
comunitarias, nacionales, regionales y locales, por un lado, y entre las Administraciones de diver­
sos países, por otro) y a la formación de los funcionarios de las Administraciones nacionales y 
territoriales en los asuntos europeos. 
Esto afecta, en particular, a las Administraciones territoriales, tanto más cuanto que la dimensión 
regional de la construcción europea ha recibido un nuevo impulso en el Tratado de Maastricht. 
Conscientes de ello, las asociaciones de gobernadores civiles han tomado, espontáneamente, la 
iniciativa de reunirse, junto con sus homólogos de los diversos países de la Unión Europea, para 
definir el problema y comenzar a estudiarlo. 
54 
21. Competencia 
I. Introducción 
Desde el principio, ha existido cooperación con las autoridades nacionales de la competencia en 
lo que se refiere a las normas antimonopolio (véase el Reglamento n° 17/62, primer reglamento 
de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE) y a las concentraciones (véase el Regla­
mento n° 4064/89). En estos ámbitos, los procedimientos han de desarrollarse "en estrecho y 
constante contacto" con las citadas autoridades. 
Para lograr una mayor eficacia, la Dirección General de la Competencia intenta que las autorida­
des nacionales apliquen en mayor medida los artículos 85 y 86. Los métodos y medios para 
conseguirlo se han abordado en un informe cuyas conclusiones aprobaron los directores genera­
les de la competencia en septiembre de 1994. Basándose en este informe, está previsto pedir a la 
Comisión que apruebe una comunicación, este mismo año, sobre la cooperación con las auto­
ridades nacionales. 
Dicha comunicación será el equivalente de la comunicación, ya en vigor, sobre la cooperación con 
los tribunales nacionales para la aplicación de esos mismos artículos, publicada en febrero de 
199352. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
Se realizan intercambios de funcionarios entre los organismos responsables de la competencia de 
los Estados miembros (Bundeskartellamt, Office of Fair Trading, etc.). Además, la Comisión 
acoge, en calidad de expertos nacionales en comisión de servicios, a funcionarios de dichos 
organismos. 
Las inspecciones de las empresas sospechosas de contravenir las normas de la competencia las 
llevan a cabo, conjuntamente, funcionarios de la Comisión y las autoridades nacionales de la 
C9mpetencia52. 
Aparte de acoger a expertos nacionales, lo que favorece la adquisición de conocimientos sobre 
los objetivos y métodos de la DGIV, cabe señalar que ésta recibe también funcionarios nacionales 
para estancias breves de formación. 
Frecuentemente, se realizan seminarios. Los directores generales de la competencia de los 
Estados miembros se reúnen periódicamente. Se realizan reuniones de expertos nacionales 
sobre cualquier proyecto legislativo o paralegislativo (comunicaciones) que pueda repercutir en el 
mercado interior. 
Se estudia conjuntamente la aplicación descentralizada de los artículos 85 y 86. La reciente 
conferencia del Foro Europeo de la Competencia acogió, por primera vez, a representantes de las 
autoridades nacionales y a los magistrados especializados en el ámbito de la competencia. 
III. Necesidades de cooperación 
52 En lo que atañe a las concentraciones este problema no existe. A partir de los límites previstos por el Reglamento n° 4064/89, la 
competencia de la Comunidad es, en lo esencial, exclusiva. Hasta alcanzar dichos limites, esa competencia la tienen en 
exclusiva los Estados miembros. Asimismo, sólo la Comisión es competente para la aplicación de las disposiciones en materia 
de competencia del Tratado CECA (artículos 65 y 66). 
-55-
La aplicación descentralizada de los artículos 85 y 86 exigirá nuevos métodos, que ya han sido 
objeto de análisis. Dichos métodos no implicarán la modificación de los textos. Del mismo modo, 
el hecho de que cada vez más el Derecho comunitario lo apliquen las autoridades nacionales -
algo que se fomenta- hace preciso que la Comisión reciba información rápida y completa, lo que, 
actualmente, no prevén los textos. 
El intercambio de datos por medios electrónicos podría acelerar la recogida de información. Ya 
existe el proyecto FOURCOM (DG IV, Comunicación), financiado por el programa IDA, del que 
una aplicación piloto estará ya disponible este año. 
La interpretación uniforme del Derecho comunitario de la competencia, especialmente de sus 
artículos 85 y 86, pide que sólo los casos de infracción manifiesta, cuyos efectos se dejen sentir, 
principalmente, en un determinado Estado miembro, sean tratados por las autoridades naciona­
les. Esto excluye los acuerdos entre empresas contrarios al apartado 1 del artículo 85 pero que 
puedan acogerse a la excepción prevista en el apartado 3 de este artículo52. 
-56 
22 Redes telemáticas entre administraciones (IDA) 
I. Introducción 
Ya en 1982, mucho antes de que se iniciara el programa del mercado interior, el Consejo había 
adoptado decisiones para el establecimiento de conexiones electrónicas entre las instituciones 
comunitarias y las de los Estados miembros. Inicialmente, el énfasis se puso en el ámbito de las 
aduanas y de la cooperación agraria, con un estudio53 que dio lugar al programa CADDIA 
(Cooperación para la informatización de los datos y la documentación de las exportaciones e* 
importaciones y de la agricultura)54. El Consejo decidió también crear un sistema integrado de 
información interinstitucional (INSIS), que "permitirá el uso de nuevas técnicas electrónicas en los 
intercambios de información entre los servicios de las instituciones comunitarias y los Estados 
miembros"55, y que, entre otras cosas, dotaba a la Comisión de su propia infraestructura de 
correo electrónico. 
Ante el programa de 1992, era obvio que las citadas conexiones habían de desarrollarse al 
máximo para que el mercado interior pudiera funcionar con eficacia. En el tercer y cuarto 
programas marco de l+D se incluían estudios sobre las redes telemáticas entre las Administra­
ciones. El programa ENS (Sistema Nervioso Europeo) forma parte de un programa específico de 
investigación y desarrollo para la creación de aquéllas56. Al objeto de que los proyectos salieran 
de la fase de precompetitividad para convertirse en sistemas plenamente operativos, con el fin de 
mejorar la gestión del mercado interior, la Comisión propuso, en 1993, una serie de directrices y 
un programa comunitario plurianual de apoyo a la creación de redes transeuropeas para el 
intercambio de información entre las Administraciones (IDA)57. El 6 de noviembre de 1995 se 
aprobó solo una Decisión del Consejo sobre el programa plurianual58, en la que se prevé la 
financiación de una serie de proyectos, algunos de los cuales se están llevando a cabo. 
II. Mecanismos de cooperación existentes 
El programa CADDIA ha contribuido al desarrollo del Sistema de Información Aduanera (CIS) y 
del sistema SHIFT (véanse los precedentes apartados 7 a) y 9, sobre las inspecciones veterina­
rias y las aduanas). Gracias al proyecto SIMAP, que forma parte del IDA, en toda Europa podrá 
emplearse la licitación electrónica para la contratación pública (véase el precedente apartado 2). 
53 77/619/CEE: Decisión del Consejo, de 27 de septiembre de 1977, por la que se crea un sistema informático para el tratamiento 
de datos sobre exportaciones e importaciones y sobre gestión y control financiero de las organizaciones del mercado agrícola, 
DO n° L 25 de 6.10.1977, pág. 32. 
54 Decisión n° 82/607/CEE del Consejo, de 28 de julio de 1982, relativa a la coordinación de la labor de los Estados miembros y de 
la Comisión referente a las actividades previas a un programa a largo plazo sobre la utilización de la telemática en los sistemas 
comunitarios de información sobre exportaciones e importaciones y sobre gestión y control financiero de las organizaciones del 
mercado agrícola, DO n° L 247 de 23.8.1982, pág.25; Decisión n° 85/214/CEE del Consejo, de 26 de marzo de 1985, relativa a la 
coordinación de las actuaciones de los Estados miembros y de la Comisión con relación a la ejecución de un programa a largo 
plazo sobre utilización de la telemática en los sistemas de información de la Comunidad sobre importaciones y exportaciones y 
sobre la gestión y control financiero de las organizaciones del mercado agrícola, DO n° L 96 de 3.4.1985, pág.35. 
55 Decisión n° 82/869/CEE, de 13 de diciembre de 1982, relativa a la coordinación de las actividades de los Estados miembros y de 
las instituciones de la Comunidad para evaluar la necesidad de un sistema comunitario interinstitucional de información y 
preparar propuestas para implantar tal sistema, DO n° L 368 de 28.12.1982, pág. 40. 
56 Decisión 91/353/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1991, por la que se aprueba un programa específico de investigación y 
desarrollo tecnológico en el ámbito de los sistemas telemáticos de interés general (1990 a 1994) (91/353/CEE) DO n° L 192 de 
16.7.1991, pág. 18; 94/8012/CE: Decisión del Consejo, de 23 de noviembre de 1994, por la que se adopta un programa 
específico de investigación y desarrollo tecnológico, incluida la demostración, en el sector de las aplicaciones telemáticas de 
interés común (1994 a 1998), DO n° L 334 de 22.12.1994, pág. 1. 
57 COM(93)69 final, de 12.3.1993, DO n° C 105 de 16.4.1993, págs. 10 y 12. 
58 Decisión 95/468/CE del Consejo, de 6 de noviembre de 1995, sobre la contribución comunitaria al intercambio telemático de 
datos entre las administraciones en la Comunidad (IDA), DO n° L 269 de 11.11.1995, pág. 23. 
-57-
La Red de Seguridad Social (SOSENET) se ha transferido del ENS al IDA, al entrar en funcio­
namiento. Los miembros de algunos comités, entre otros el Comité Consultivo del Mercado Inte­
rior, han recibido ya, con cargo al IDA, fondos destinados a introducir mejoras en sus sistemas de 
comunicación electrónica con la Comisión (y entre los miembros de dichos comités) a través del 
proyecto "Correo electrónico para los comités". Estos son algunos ejemplos de las actividades 
financiadas a través de los diversos programas. 
Ill, IV, V. Necesidades de cooperación, obstáculos para la cooperación y futuras medidas 
Las necesidades de los usuarios, que se determinarán a través de la cooperación entre las 
Administraciones nacionales, y entre éstas y la Comisión, habrán de ser el motor y justificación de 
las iniciativas comunitarias (la Comisión y los Estados miembros) en lo que se refiere a las RTA. 
Estas iniciativas han de integrarse plenamente en la política de las Administraciones y en la 
legislación comunitaria sobre los sectores afectados. Dichas necesidades determinarán dónde se 
precisan las redes, qué servicios han de prestar y, asimismo, la calidad de dichos servicios. 
Se han mantenido numerosas conversaciones con los Estados miembros para decidir cuál ha de 
ser la contribución comunitaria a las RTA, en lo que se refiere al alcance de la misma, la finan­
ciación y la gestión. Con el fin de que los actuales proyectos cuenten con el necesario apoyo, ha 
de aplicarse la Decisión IDA y liberarse la dotación asignada a la misma sin demora. Los futuros 
proyectos habrán de ajustarse a las necesidades de las Administraciones, tal y como ya se ha 
dicho. 
Este programa proporciona un apoyo esencial para la cooperación en muchos de los sectores 
mencionados en el presente informe y debe ampliarse al objeto de que otros sectores se benefi­
cien también de las técnicas modernas de comunicación entre Administraciones. Sin una finan­
ciación suficiente, existe el riesgo de que algunos de los proyectos, incluso los que ya se han 
iniciado, deban abandonarse. 
58 
23. Programa de intercambios KAROLUS 
I. Introducción 
El programa KAROLUS, que se puso en marcha en 199359, por un período de cinco años, prevé 
el intercambio de funcionarios entre las Administraciones de los Estados miembros en el ámbito 
del mercado interior. Este programa permite a los participantes en el mismo trabajar con sus 
homólogos de otro Estado miembro durante un período aproximado de dos meses. El objetivo del 
programa es lograr que la legislación comunitaria se interprete de manera armonizada y se 
aplique homogéneamente. 
II. Desarrollo del programa 
De las 280 solicitudes aceptadas a 14.11.95, 193 ya se habían materializado, en esa fecha, en 
intercambios complementados por seminarios de introducción y evaluación. En opinión de los 
participantes, estos intercambios han acrecentado la comprensión entre funcionarios de distintos 
Estados miembros cuya actividad se desenvuelve en un mismo ámbito, han permitido, además, 
un fructífero intercambio de experiencias y el establecimiento de redes de enlace que permitirán 
una cooperación efectiva y eficaz. 
De entre todos los ámbitos considerados prioritarios, el mayor número de intercambios se ha 
producido en los de contratación pública, productos alimenticios, pruebas de conformidad y 
supervisión de los mercados, y productos farmacéuticos. Los doce Estados miembros (1993-
1994) han participado en el programa KAROLUS, en calidad de país de origen o de acogida "de 
los participantes. Estos últimos proceden, en general, de las Administraciones centrales; no 
obstante, las demás Administraciones están bien representadas, en especial en el caso de 
España (Comunidades Autónomas) y Alemania (Estados federados). Los principales países de 
acogida de funcionarios son Francia y Gran Bretaña. Los principales países de origen son Italia, 
España, Gran Bretaña, Alemania y Grecia. Los nuevos países miembros comienzan a participar 
activamente en el programa. 
III. Balance 
La participación en los intercambios sigue siendo menor de lo previsto: sólo un tercio de la capa­
cidad potencial del programa. Las razones de esta escasa participación son de diverso tipo: las 
dificultades lingüísticas, el hecho de que el Estado miembro de origen sufrague hasta el 50% de 
los gastos de estancia, poco fomento del programa por parte de las Administraciones, dificultad 
de ausentarse durante un período de dos meses. 
La Comisión está realizando una evaluación del programa KAROLUS, que concluirá para finales 
de marzo de 1996. Dicha evaluación, que consistirá en analizar el funcionamiento del programa, 
su contribución al proceso de cooperación administrativa entre las Administraciones de los Esta­
dos miembros y los resultados obtenidos, coadyuvará a reflexionar sobre la futura evolución del 
programa. 
IV. Futuras medidas 
En función de cuáles sean las conclusiones de esta evaluación, podrán proponerse modifica­
ciones de la Decisión del Consejo; por ejemplo, incluir en el programa seminarios y visitas de 
corta duración. No obstante, los intercambios de dos meses han demostrado su utilidad, por lo 
que convendría efectuar una campaña de sensibilización entre los candidatos potenciales, en 
estrecha colaboración con los Estados miembros. 
59 Decisión 92/481/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992. DO n° L 286 de 1.10.1992, pág. 65. 
-59 
Cuadro 2: Intercambios del programa KAROLUS clasificados por sectores prioritarios 
(período 1.1.93 -14.11.95, un total de 280 intercambios aprobados y 193 concluidos) 
I aprobados 
I concluidos 
FIN CON CPR CPT EXC EXP FOO FRM PHA PLA PPR RTR STR STA TRW INF 
Banca, seguros, bolsa FIN 
Pruebas de conformidad y supervisión del mercado CON 
Protección del consumidor CPR 
Competencia CPT 
Control de las exportaciones de bienes culturales EXC 
Control de las exportaciones de productos y tecnologías de 
doble finalidad EXP 
Productos alimentarios FOO 
Libre circulación de personas FRM 
Productos-farmacéuticos PHA 
Control fitosanitario PLA 
Contratación pública PPR 
Transporte por carretera RTR 
Transporte marítimo STR 
Programas estadísticos STA 
Transferencia de residuos TRW 
Directiva 83/189/CEE sobre el intercambio de información INF 
ISSN 0257-9545 
COM(96) 20 final 
DOCUMENTOS 
ES 10 
N" de catálogo : CB-CO-96-021-ES-C 
ISBN 92-77-99653-6 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo