A4-0073/96

Resolución sobre la Unión Económica y Monetaria y la cohesión económica y social

El Parlamento Europeo,

- Vistos los debates celebrados durante las audiencias públicas sobre este tema de los días 17 de octubre, 29 de noviembre de 1995 y 24 de enero de 1996,

- Visto el informe provisional de la Comisión al Consejo Europeo de Madrid sobre las relaciones de los tipos de cambio entre los Estados miembros que participan en la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria y de los demás Estados miembros,

- Visto el documento de trabajo de la DG IV del Parlamento Europeo sobre las repercusiones sociales de la Unión Económica y Monetaria,

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Política Regional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía (A4-0073/96),

Sobre el carácter prioritario del objetivo de la cohesión económica y social

1. Recuerda explícitamente que, de conformidad con los artículos 2 y 130 A del Tratado, la cohesión económica y social pertenece a los objetivos básicos de la Unión Europea, y que la Unión Económica y Monetaria ha de establecerse teniendo en cuenta el carácter prioritario de este objetivo de cohesión;

2. Señala que a pesar de los esfuerzos llevados a cabo y de los progresos realizados, las discrepancias regionales en la Unión en lo que se refiere a los ingresos, las infraestructuras y el nivel de ocupación siguen siendo muy grandes: en relación con las 10 regiones más ricas de la Unión Económica, las 10 más pobres muestran una renta per cápita media 3,5 veces inferior y una tasa de desempleo 6 veces superior (28% frente al 4,5%);

3. Subraya que estos resultados confirman que la gestión de un mercado sin fronteras internas apela la necesidad de un presupuesto común más ambicioso adaptado a dicha realidad;

4. Reconoce, no obstante, que las regiones desfavorecidas se beneficiarán en igual medida que las regiones en desarrollo de las ventajas de la moneda única: descenso de los costes de transacción, eliminación de los riesgos vinculados a los tipos de cambio, unificación de los tipos de interés, crecimiento y empleo sin inflación y sin perturbaciones debidas a las crisis en los mercados financieros y de divisas, desarrollo económico basado en el pleno aprovechamiento de la estabilidad monetaria y el consiguiente incremento de la competitividad de las empresas europeas;

5. Subraya que, con la realización del mercado interior y la mejora de un entorno favorable a las inversiones y a la creación de empleo en la Unión Europea, la Unión Económica y Monetaria hará que aumente la cohesión económica y social y eliminará los efectos negativos sobre el empleo debidos a las fluctuaciones en los tipos de cambio y a las especulaciones; subraya también que la cohesión económica y social es particularmente necesaria para las regiones periféricas dado que, en dichas regiones, desaparecerán las primas de riesgo y bajarán los intereses mejorando, así, las condiciones de inversión que darán un nuevo impulso al crecimiento y a la creación de empleo; insiste además en el hecho de que el funcionamiento del mercado interior no deberá verse afectado por los problemas que puedan surgir entre los Estados miembros que participen en la UEM y los que no participen en ella;

6. Expresa igualmente su convicción de que los criterios de convergencia nominales para la transición a la moneda única, concretamente la estabilidad de los precios y el descenso de los déficit públicos, pueden crear un medio favorable para una mayor eficacia de los Fondos estructurales;

7. Subraya el hecho de que los objetivos a largo plazo de la cohesión económica y social y de la UEM no se contradicen. Sólo una política económica orientada a una convergencia nominal y real duradera en un espacio económico y monetario integrado puede mantener o reforzar la competitividad de la Comunidad con respecto a terceros países y ayudar a superar las debilidades estructurales de las economías nacionales. A este respecto, hay que constatar que la convergencia nominal apoya a la convergencia real;

8. Teme, no obstante, que una comprensión meramente nominal de la convergencia pueda agudizar aún más la discrepancia existente entre los países que participan en la moneda única («países in») y los que todavía no participan («países pre in»);

9. No excluye que el saneamiento necesario de las finanzas públicas pueda conducir temporalmente a un aumento de los impuestos y a una disminución del gasto público, lo que podría reflejarse en un crecimiento más lento, un aumento del paro y una reducción de los gastos sociales; defiende, por el contrario, una política presupuestaria de los Estados miembros que evite las reducciones en los gastos destinados a la inversión en las regiones desfavorecidas y conserve o, cuando sea posible, aumente los gastos públicos destinados a la formación escolar y profesional, así como a la infraestructura básica;

10. Opina por ello que se han de adoptar medidas de acompañamiento, con el fin de que la Unión Económica y Monetaria y la cohesión económica y social no se obstaculicen recíprocamente;

11. Reitera que la política estructural comunitaria es una política autónoma que persigue objetivos políticos propios más allá del objetivo de la UEM;

12. Opina que un desarrollo que pudiese conducir de forma duradera a un club de los «elegidos», por una parte, y, por otra, a un grupo de los «excluidos», iría contra la idea misma de la Unión Europea, sería inaceptable desde el punto de vista político y catastrófico desde el punto de vista económico para el futuro de la Unión;

Sobre una estrategia integrada de cohesión

13. Hace hincapié, por tanto, en la necesidad de elaborar y aplicar, teniendo en cuenta estos riesgos, una estrategia de cohesión integrada que se refiera tanto a la Unión Económica y Monetaria y a la política regional como al conjunto de las políticas comunitarias pertinentes;

14. Considera, sin que ello suponga poner en duda los criterios de convergencia nominal, que deberían precisarse de inmediato de forma clara las modalidades de la interpretación de los criterios mencionados en el artículo 104 C del Tratado, así como de los demás indicadores contemplados en el artículo 109 J; este requisito de precisión es tanto más necesario cuanto que los criterios de control son inherentes al funcionamiento adecuado de la Unión Económica y Monetaria y han de seguir cumpliéndose por ello más allá del año 1999;

15. Considera necesario que, con arreglo al modelo del SME, se cree una zona de estabilidad para los países «pre in» que esté vinculada con la zona del Euro; opina que se debería establecer además un mecanismo de solidaridad destinado a estabilizar los mercados financieros frente a las especulaciones externas entre los países que ya han ingresado y aquellos que aguardan la adhesión, para el caso en que los países «pre in» puedan cumplir sus obligaciones en el proceso de convergencia;

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, dado el carácter punitivo de la cláusula de condicionalidad en la aplicación del Fondo de cohesión, apoyen positivamente a los Estados afectados por dicho Fondo para que cumplan los criterios de convergencia;

17. Considera asimismo necesaria la creación de un instrumento de solidaridad («Fondo de estabilidad») para proseguir el desarrollo del Fondo de cohesión en lo que se refiere a los países «pre in» siempre que éstos cumplan sus obligaciones en el proceso de convergencia;

18. Solicita que en el marco de la Conferencia Intergubernamental se defina la cohesión económica y social como ingrediente constitutivo del acervo comunitario y, por tanto, referente obligatorio para los países que hoy conforman la Unión y para aquéllos que se incorporen a ella;

19. Pide al Consejo que vuelva a considerar el establecimiento de un Fondo europeo de inversión que incluya la posibilidad de conceder préstamos a bajo interés para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por alcanzar los criterios de convergencia de la UEM al mismo tiempo que reafirman la cohesión económica y social;

20. Opina que la Conferencia Intergubernamental debe examinar el fortalecimiento de los instrumentos de política económica en la Unión, con arreglo a las disposiciones actuales del Tratado, la coordinación de las políticas económicas resulta insuficiente e incompleta teniendo en cuenta que la realización de la Unión Económica y Monetaria en los años que siguen a 1999, es decir, la participación de todos los Estados miembros de la Unión, supone una política económica europea que se apoye en una estrecha cooperación y que sea capaz de impulsar el crecimiento y el empleo;

21. Insta a la Comisión, a la vista de la presentación del primer informe trienal sobre el estado de la cohesión que ésta habrá de elaborar en un futuro próximo, que trate de los siguientes puntos:

- esbozar de forma clara el concepto de cohesión económica y social,

- examinar la posibilidad de recurrir a indicadores de cohesión menos artificiales y restrictivos que los actuales (no solamente el PIB per cápita, sino asimismo la tasa de ocupación, la tasa de empleo, el crecimiento duradero, así como la dinámica del desarrollo económico, la lucha contra la exclusión y la situación de las infraestructuras incluidas las sociales y las culturales),

- elaborar un calendario de aplicación y resultados de las principales medidas relativas a una estrategia de cohesión a largo plazo,

- prever un seguimiento sistemático y regular del desarrollo de la cohesión, así como la presentación del correspondiente informe al Parlamento;

22. Pide al Consejo que, en estrecha cooperación con la Comisión, elabore informes paralelos a los del IME sobre los efectos que tendrá la UEM sobre la cohesión;

23. Opina que, en este sentido, la Conferencia Intergubernamental debería formular de nuevo y consolidar el Título XV del Tratado sobre la cohesión económica y social, con el fin de que este ámbito se convierta en una política independiente y no en un apéndice de la política económica y monetaria;

24. Opina que la política regional ha de constituir el sector clave de esta estrategia de cohesión a largo plazo; señala que, si bien la contribución de los Fondos estructurales supone un porcentaje importante del PIB de los principales países beneficiarios (aproximadamente el 3% del PIB en Portugal, Grecia e Irlanda y el 1,5% en España), el proceso de recuperación sigue desarrollándose a un ritmo demasiado lento; deduce de ello que el presupuesto de la UE debe reformarse desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo con vistas a incrementar la dotación de los Fondos estructurales con motivo de la revisión de las perspectivas financieras en el año 1999;

25. Opina que la futura ampliación de la Unión con la adhesión de los PECO, Malta y Chipre modificará considerablemente el concepto y la dimensión de la política regional, pero considera que no deben verse afectadas negativamente las regiones que necesitan los Fondos estructurales y de cohesión para alcanzar plenamente los objetivos de la cohesión económica y social;

26. Considera que, a la vista de los retos existentes, se ha de proseguir un desarrollo de los Fondos estructurales que se base en los indicadores antes mencionados, que sea más específico y que se corresponda mejor con los principios de concentración, adicionalidad, planificación y cooperación;

27. Considera además que esta nueva gestión de los Fondos entraña una concertación más estrecha entre los Estados miembros, las regiones, los poderes locales y los interlocutores sociales e insiste en una asignación más efectiva de los Fondos estructurales con el fin de aumentar su impacto;

28. Considera que, con vistas a una mejor coherencia y a una mayor eficacia de la acción regional, se debería conceder primacía progresivamente al diálogo entre los órganos regionales y/o locales y las instituciones europeas, ya que ésta es la única posibilidad de conseguir una mejor comprensión e intervención a la vista de los problemas regionales transfronterizos, así como de los problemas de las grandes zonas de cooperación regional;

29. Pide a la Conferencia Intergubernamental que reconozca expresamente en el Tratado la especificidad de la situación y los problemas de las regiones insulares, las ultraperiféricas y las regiones árticas y subárticas así como la necesidad de llevar a cabo políticas y medidas adecuadas con el fin de ayudarles a salir de su aislamiento;

30. Observa que las regiones deben hacer frente en la actualidad a numerosos desafíos, ya que se tienen que adaptar rápidamente a las nuevas tecnologías, por ejemplo, equiparse con redes de transporte de gran velocidad y de telecomunicaciones o aprovechar en la mayor medida posible la sociedad de la información y sus consecuencias sobre la localización de las actividades económicas;

31. Opina, por ello, que únicamente el establecimiento de una política europea de ordenación del territorio podría responder a las exigencias de una estrategia de cohesión a largo plazo; solicita por consiguiente a la Conferencia Intergubernamental que reconozca expresamente este concepto en el futuro Tratado y que formule el contenido y los instrumentos del mismo;

32. Opina que el éxito de una acción decidida de la Unión Europea en favor del empleo, cuya necesidad ha quedado reafirmada una vez más en el último Consejo Europeo de Madrid, presupone un enfoque regional de fomento de todas las iniciativas locales de educación, formación profesional, organización del tiempo de trabajo o promoción de las PYME, sobre la base de la estrategia europea elaborada por la Comisión para fomentar las iniciativas locales de desarrollo y empleo;

33. Pide a la Conferencia Intergubernamental que consagre un título específico a la lucha contra el desempleo en el Tratado, teniendo en cuenta sus costes sociales y regionales;

34. Considera necesario que la Conferencia Intergubernamental adopte en este contexto todas las medidas necesarias para evitar la difusión del dumping social y sus consecuencias en materia de deslocalización de las actividades, reforzando el capítulo social del Tratado y haciendo obligatorio para todos los Estados miembros el Protocolo social;

35. Opina que una política medioambiental duradera desempeña un papel importante en la calidad de vida en las regiones y en su atractivo (saneamiento de las zonas industriales abandonadas, equipamiento de las zonas urbanas, etc.,), así como en la creación de puestos de trabajo, y considera por ello que la dimensión medioambiental constituye un elemento esencial de la cohesión y de la garantía de una Europa en la que sea posible la vida para las generaciones futuras;

36. Subraya la necesidad de llevar a cabo, de forma mucho más activa que hasta la fecha, pero también mucho más cuidadosa, dadas las repercusiones sobre el medio ambiente y sobre las estructuras económicas locales y regionales, los trabajos destinados al establecimiento de las grandes redes transeuropeas de transportes, telecomunicaciones y energía como figura en el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo; hace hincapié en que se han de crear de forma paralela redes secundarias con el fin de evitar la concentración espacial de las actividades humanas en aglomeraciones urbanas y evitar el aislamiento de las regiones periféricas y rurales;

37. Considera que una política industrial europea consecuente podría tener una influencia positiva en el desarrollo económico y la especialización de las regiones menos desarrolladas; señala, por el contrario, que actualmente la política industrial europea está en manos de grandes empresas y de empresas transnacionales cuyas decisiones de implantación y operaciones de concentración pueden perjudicar gravemente el desarrollo de las regiones más desfavorecidas;

38. Solicita por ello a la Conferencia Intergubernamental que complete el capítulo del Tratado relativo a la política industrial en la actualidad demasiado fragmentario, con el fin de disponer de un auténtica política industrial europea que pueda contribuir en particular al refuerzo de la cohesión económica y social;

39. Manifiesta su preocupación por las amenazas que, en nombre de las desregulación, gravitan actualmente sobre el futuro de los servicios públicos en la Unión; subraya el papel destacado que desempeñan los servicios públicos en el mantenimiento de un grado elevado de cohesión económica y social (igualdad de trato de los usuarios, misiones de servicio público), y pide a la Conferencia Intergubernamental que reconozca expresamente en el Tratado esta misión insustituible de los servicios públicos y la necesidad de su mantenimiento;

40. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Conferencia Intergubernamental, a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.