ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
45.

Señala a la atención el carácter extremadamente sensible y estratégico de la investigación en materia de defensa y la necesidad de regular el acceso de entidades controladas por terceros no pertenecientes a la Unión a los proyectos financiados por el FED, a fin de mantener la coherencia con la ambición de la Unión relativa a la autonomía estratégica; subraya que la participación de terceros países en el FED, en algunos casos adecuados específicos y excepcionales, cuando aporte un valor añadido tecnológico y operativo probado a determinados proyectos, debe tener lugar sobre la base de una reciprocidad efectiva, no debe debilitar los intereses de seguridad estratégicos de la Unión, no debe socavar los objetivos del FED y debe enmarcarse en una supervisión estricta de su conformidad con las normas establecidas en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa (COM(2018)0476), como el mantenimiento de la propiedad intelectual dentro de la Unión;
J.

Considerando que los tribunales iraníes no respetan las garantías procesales ni garantizan el derecho a un juicio justo, deniegan el acceso a la asistencia de un abogado, en particular durante el período de investigación, y no permiten visitas consulares, de las Naciones Unidas o de organizaciones humanitarias; que las condenas impuestas por los tribunales iraníes se basan con frecuencia en acusaciones vagas e imprecisas de espionaje o relacionadas con la seguridad nacional; que no hay mecanismos independientes para garantizar la rendición de cuentas en el seno del poder judicial y que sigue habiendo motivos de grave inquietud por la politización de los jueces;
—

Visto el informe del Grupo de Sabios de Alto Nivel, de octubre de 2019, titulado «Europe in the World — The future of the European financial architecture for development» (Europa en el mundo: futuro de la arquitectura financiera europea para el desarrollo) (8),
27.

Observa que, si bien las plataformas en línea, como los mercados en línea, han beneficiado tanto a minoristas como a consumidores al mejorar la oferta y bajar los precios, hay al mismo tiempo un creciente número de vendedores —especialmente procedentes de terceros países— que ofrecen productos no seguros o ilegales en el mercado único; insta en consecuencia a los mercados en línea a que reaccionen lo más rápidamente posible a las notificaciones del sistema RAPEX y a que cooperen de manera eficaz y proactiva con las autoridades competentes de los Estados miembros retirando inmediatamente los productos no seguros y adoptando medidas para impedir que vuelvan a aparecer; pide a la Comisión que imponga obligaciones por las que se exija a los mercados en línea que reaccionen con eficacia ante los productos no seguros, lo que incluye informar a los consumidores que hayan adquirido un producto no seguro o que no cumpla las normas; anima a los mercados en línea a que, cuando se pongan en contacto con ellos organizaciones de consumidores, alerten del producto no seguro y colaboren con dichas organizaciones en la evaluación del posible riesgo;
2.

Reitera su pleno apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Georgia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y reafirma su compromiso de seguir contribuyendo a la resolución pacífica del conflicto entre Rusia y Georgia, en particular a través del representante especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia, la copresidencia de las deliberaciones internacionales de Ginebra, las actividades de la Misión de Observación de la Unión Europea y la política de no reconocimiento y compromiso; condena enérgicamente la ocupación ilegal de las regiones georgianas de Abjasia y Tsjinvali/Osetia del Sur por parte de la Federación de Rusia y la instalación ilegal en curso de alambradas y otros obstáculos artificiales («definición de fronteras») a lo largo de la línea de demarcación administrativa por parte de los agentes de seguridad rusos y los agentes, de facto, de Osetia del Sur, y destaca que deben suspenderse estas violaciones del Derecho internacional; exige que las autoridades de facto de Abjasia y de la región de Tsjinvali/Osetia del Sur reabran sin dilación los pasos fronterizos cerrados y desistan de limitar la libre circulación en esas regiones; pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Estados miembros que denuncien este proceso; hace hincapié en que el Acuerdo de Asociación abarca la totalidad del territorio de Georgia, incluidas sus regiones ocupadas, y que tiene por objeto beneficiar a toda su población; pide a la Federación de Rusia que cumpla sus obligaciones en virtud del Acuerdo de alto el fuego de 12 de agosto de 2008, en el que la Unión actuó como mediador, y, en particular, que retire todas sus fuerzas militares de los territorios ocupados de Georgia y permita el acceso sin trabas de la Misión de Observación de la Unión Europea a todo el territorio de Georgia; pide, en este contexto, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que comunique claramente las disposiciones que la Federación de Rusia todavía no ha cumplido; pide a la Comisión y al SEAE que redoblen sus esfuerzos de cara a la resolución del conflicto por vía pacífica valiéndose de todos los instrumentos diplomáticos, en particular la Misión de Observación de la Unión Europea y el representante especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia, y que continúen apoyando el paquete del Parlamento georgiano denominado «Un paso hacia un futuro mejor» y fomenten los contactos interpersonales y las medidas de creación de confianza; acoge con satisfacción los esfuerzos de Georgia por promover unas relaciones de buena vecindad y una cooperación constructiva entre los países del Cáucaso Meridional;
—

Visto el estudio de agosto de 2017, encargado por la Comisión Europea, titulado «Study for the strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme» (Estudio sobre la estrategia para un medio ambiente no tóxico del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente) (33),
38.

Pide, a este respecto, una acción coordinada para atajar estos riesgos, incluida la creación de un conjunto de herramientas macroprudenciales y una mayor aplicación de las herramientas existentes para hacer frente a las amenazas para la estabilidad financiera que conlleva la relevancia creciente del sistema de intermediación financiera no bancaria; considera que es necesario evaluar si los requisitos prudenciales aplicables a las grandes exposiciones, en particular a la intermediación financiera no bancaria, son suficientes para garantizar la estabilidad financiera; subraya además los riesgos puestos de relieve por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) en su «EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019» (Seguimiento del riesgo de intermediación financiera no bancaria en la UE 2019), como los derivados de la transformación de la liquidez, la asunción de riesgos y el efecto multiplicador y el apalancamiento que afectan al sector en general;
J.

Considerando que, el 26 de mayo de 2020, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, ratificó de forma injustificada el nombramiento de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional; que en la sesión ilegal que se celebró en enero de 2020 no se respetaron ni el procedimiento legal ni los principios constitucionales democráticos al impedirse, en algunos casos por la fuerza, que la gran mayoría de los representantes elegidos democráticamente estuviesen presentes durante dicha sesión y, por lo tanto, pudiesen emitir sus votos; que la decisión ilegal resultante de esta sesión parlamentaria ilegítima ha llevado al Consejo de la Unión a imponer sanciones a otros once altos cargos más por haber socavado la democracia y el Estado de Derecho, figurando entre ellos Luis Parra y Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; que Juan Guaidó se ha excluido a sí mismo de cualquier gobierno de transición y Nicolás Maduro no puede formar parte de un gobierno de ese tipo;
19.

Apoya la publicación de los documentos de los diálogos tripartitos; subraya que la sentencia pronunciada en el asunto De Capitani (T-540/15) en marzo de 2018 indica que el punto de vista de las instituciones relativo a los documentos con cuatro columnas no está amparado por la presunción general de no divulgación; destaca que el carácter muy sensible del tema abordado reflejado en los documentos del diálogo tripartito no constituye per se un motivo suficiente para denegar el acceso al público; estima que, para lograr la transparencia en los diálogos tripartitos, las tres instituciones deben contribuir; reconoce que el derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones de la Unión representa un derecho protegido e inalienable de todos los ciudadanos de la Unión que emana directamente del principio democrático y el derecho fundamental de la libertad de expresión, por lo que se establece la correspondiente obligación para la Unión en términos de cumplimiento y rendición de cuentas; destaca la necesidad de seguir promoviendo las instituciones garantes de la transparencia, como el Defensor del Pueblo, de manera que la Unión cumpla con dicha obligación;
14.

Manifiesta su preocupación por las conclusiones del informe de síntesis de alto nivel titulado «United in Science» (Unidos en la ciencia), dado a conocer con ocasión de la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas de 2019, en particular que en 2017 volvió a producirse un crecimiento de las emisiones debidas al carbón y que las emisiones de CO 2 debidas a combustibles fósiles volvieron a alcanzar un máximo en 2018, lo que ha dado lugar a unas alarmantes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera que no tienen precedentes;
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Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 y 52, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en particular sus artículos 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, y el protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en particular su artículo 3,
N.

Considerando que las autoridades de los Estados miembros presentaron numerosas observaciones críticas durante los tres meses del período de consulta (11), entre ellas el hecho de que muchas cuestiones relativas a la seguridad y la posible toxicidad de la soja modificada genéticamente siguen sin resolver, que no se han analizado los efectos combinatorios de ambas proteínas, que hay que analizar más información antes de que la evaluación del riesgo pueda concluir, que el plan de seguimiento medioambiental no cumple los objetivos establecidos en el anexo VII de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y debe modificarse para poder obtener la autorización, y que no hay motivos para suponer que el consumo de proteínas Cry es seguro y no representa un peligro para los seres humanos, los animales o el medio ambiente;
—

Vistas las opiniones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en particular las de los días 10 y 11 de marzo de 2017 sobre las modificaciones de la Constitución que deben someterse a un referéndum nacional, sobre las medidas previstas en los recientes Decretos Leyes de excepción relativos a la libertad de los medios de comunicación, así como a las obligaciones, las competencias y el modo de funcionamiento de los juzgados de paz en materia de Derecho penal, las de 6 y 7 de octubre de 2017 sobre las disposiciones del Decreto Ley n.o 674 sobre el ejercicio de la democracia local, las de 9 y 10 de diciembre de 2016, sobre los Decretos Ley de excepción n.o 667-676, aprobados tras el fracasado golpe de Estado de 15 de julio de 2016, y las de 14 y 15 de octubre de 2016 sobre la suspensión del artículo 83, párrafo segundo, de la Constitución, sobre la inviolabilidad parlamentaria,
F.

Considerando que, durante las negociaciones, se ha informado parcialmente —y no plenamente— al Parlamento; que el Parlamento no recibió las directrices de negociación del Consejo para el SEAE hasta el 16 de marzo de 2018, y no en noviembre de 2011, que fue cuando se le informó de la decisión de entablar negociaciones;
G.

Considerando, no obstante, que la EFSA restringió sus consideraciones y su evaluación de riesgos a posibles efectos no objetivo en las plantas, sin tener en cuenta los efectos en los seres humanos y los animales, y sus microbiomas intestinales que están expuestos al maíz a través de la cadena alimentaria humana y animal; que una evaluación del dictamen de la EFSA por parte de un instituto independiente describe este caso como un ejemplo perfecto de la estrategia de no buscar algo para no encontrarlo, incompatible con la normativa vigente (6);
—

Visto el Informe de marzo de 2017 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado Current migration situation in the EU: Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex asylum seekers («Situación migratoria actual en la UE: solicitantes de asilo lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales»),
6.

Lamenta que aún no se hayan resuelto una serie de cuestiones relacionadas con el Reglamento (CE) n. o 1/2005, entre las que se incluyen: el hacinamiento; la falta de espacio libre en altura suficiente; la no realización de las paradas de descanso requeridas y el no suministro de alimentos y agua; dispositivos de ventilación y distribución de agua inadecuados; el transporte a temperaturas extremadamente altas; el transporte de animales no aptos; el transporte de terneros no destetados; la necesidad de determinar el estado de gestación de los animales vivos; la medida en que la que se comprueban los cuadernos de a bordo u hojas de ruta; la relación entre infracciones, control del cumplimiento y sanciones; el impacto «mixto» de la formación, la educación y la certificación; y la yacija insuficiente, tal y como señalan asimismo el Tribunal de Cuentas Europeo en su Informe Especial n. o 31/2018 y las ONG en las denuncias presentadas a la Comisión; pide que se realicen mejoras en los ámbitos arriba mencionados;
—

Vistos el informe coordinado por la OLAF titulado «Fraud in Public Procurement — A collection of red flags and best practices» (El fraude en la contratación pública: recopilación de alertas y buenas prácticas), publicado el 20 de diciembre de 2017, y el Manual de la OLAF de 2017 titulado «Reporting of irregularities in shared management» (La notificación de irregularidades en la gestión compartida),
C.

Considerando los numerosos comentarios críticos presentados por las autoridades competentes durante los tres meses del período de consulta (5); que las observaciones incluían, entre otras cosas, que los datos experimentales no se correspondían con un mayor rendimiento para el maíz modificado genéticamente MON 87403, que no es posible llegar a una conclusión sobre la seguridad de los efectos, a largo plazo, reproductivos o de desarrollo de la totalidad de los alimentos o los piensos, que la propuesta del solicitante de un plan de seguimiento medioambiental no cumple los objetivos definidos en el anexo VII de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y, sobre todo, que las pruebas aportadas no se consideraron suficientes para tranquilizar a los consumidores acerca de la seguridad del maíz modificado genéticamente MON 87403;
—

Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión del Parlamento Europeo titulado «Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability» («Discriminación provocada por la confluencia de género y discapacidad»),
1.

Lamenta que la Comisión todavía no haya presentado una propuesta de mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y le pide que lo haga, en particular proponiendo la aprobación del acuerdo interinstitucional sobre el Pacto de la Unión para la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales en su próxima iniciativa no legislativa para fortalecer el cumplimiento de la ley en la Unión;
12.

Opina que es necesario revisar el funcionamiento del proceso de negociación introduciendo más flexibilidad que en la actualidad en el marco de la norma del consenso, al tiempo que reconoce que el enfoque del «todo único» ha limitado la eficacia de la gobernanza comercial multilateral; expresa su apoyo al concepto de multilateralismo flexible, por el que los miembros de la OMC interesados en proseguir con una determinada cuestión en la que aún no es posible el pleno consenso deben poder avanzar y celebrar acuerdos multilaterales, bien mediante los denominados acuerdos OMC del anexo 4, de conformidad con el artículo II, apartado 3, el artículo III, apartado 1, y el artículo X, apartado 9, del Acuerdo de Marrakech, o mediante acuerdos de «masa crítica» que amplíen las concesiones negociadas a los miembros de la OMC sobre una base de nación más favorecida (NMF); anima a la Comisión a que no use estos artículos como alternativa al diálogo constructivo con los miembros de la OMC para abordar los obstáculos al comercio y la reforma de la OMC y sus funciones; considera en este sentido que sus miembros deberían impulsar la capacitación de la OMC para garantizar que esté dotada de los recursos financieros y humanos adecuados a sus necesidades ampliadas, de manera que se mantenga la misma calidad de su trabajo; considera que, en general, las contribuciones monetarias de los miembros nuevos deben añadirse al presupuesto de la OMC y no derivar en la aplicación de cuotas inferiores a los miembros actuales;
—

Visto el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (COM(2017)0008), y en particular el capítulo relativo al tratamiento de datos personales operativos aplicable a los organismos y órganos de la Unión en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del TFUE,
5.

Lamenta el anuncio del presidente de los Estados Unidos de su decisión de retirarse del Acuerdo de París; reafirma la responsabilidad —y la oportunidad— que tiene la Unión Europea de asumir un papel de liderazgo en la acción mundial por el clima, de intensificar sus esfuerzos diplomáticos en favor del clima y de formar una alianza sólida entre países y actores que seguirá apoyando y contribuyendo a alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de 2 o C, al tiempo que prosigue los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 o C, tal como recomienda el IPCC; destaca, no obstante, la importancia de cooperar estrechamente con el Gobierno de los Estados Unidos y, en particular, con los Estados y ciudades de ese país;
10.

Recuerda su posición favorable a establecer un mecanismo en virtud del cual los Estados miembros que no respeten los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea pueden sufrir consecuencias financieras; toma nota de la propuesta de la Comisión sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, presentada en el marco del paquete global sobre el MFP; tiene la intención de analizar minuciosamente todos los elementos de esta propuesta e introducir las disposiciones necesarias para garantizar que los beneficiarios finales del presupuesto de la Unión no puedan verse afectados en modo alguno por las infracciones contra normas de las que no son responsables;
—

Visto el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de diciembre de 2017, titulado «Protection of Civilians: Building the Foundation for Peace, Security and Human Rights in Somalia» (Protección de civiles: sentar las bases para la paz, la seguridad y los derechos humanos en Somalia),
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Visto el Reglamento (UE) n.o 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 680/2007 y (CE) no 67/2010 (5),
—

Visto el estudio, de diciembre de 2017, titulado «Integration of environmental concerns in Cohesion Policy Funds (ERDF, ESF, CF) – Results, evolution and trends through three programming periods (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020)»[Integración de las consideraciones medioambientales en los fondos de la política de cohesión (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión) — Resultados, evolución y tendencias a través de los tres períodos de programación (2000-2006, 2007-2013 y 2014-2020)], encargado por la Comisión,
(15)

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el «Tribunal de Justicia»), de 6 de noviembre de 2012, en el asunto C-286/12, Comisión/Hungría (1), que afirma que, al adoptar un régimen nacional que obliga a cesar en su actividad profesional a los jueces, fiscales y notarios que han alcanzado la edad de 62 años, Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, el Parlamento húngaro aprobó la Ley XX de 2013 que prevé la prolongación gradual de la edad de jubilación de la magistratura hasta los 65 años, a lo largo de un período de diez años, y establece los criterios para la reincorporación o la compensación. Según la Ley, existía la posibilidad de que los jueces cesados se reincorporasen a los puestos que ocupaban con anterioridad en el mismo tribunal y en las mismas condiciones que antes de la adopción de la normativa sobre jubilación o, en caso de no estar dispuestos a ocupar de nuevo el puesto, de que recibiesen una compensación a tanto alzado de doce meses equivalente a la remuneración que no hubiesen recibido y que pudiesen solicitar una compensación adicional ante el tribunal, pero no se garantizaba la reincorporación a altos cargos de la administración. No obstante, la Comisión reconoció las medidas adoptadas por Hungría para hacer que su Ley de jubilación fuese compatible con el Derecho de la Unión. En su informe de octubre de 2015, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de la Abogacía afirmó que la mayoría de los jueces destituidos no han vuelto a los puestos que ocupaban anteriormente, en algunos casos por que estos puestos ya estaban ocupados. También mencionó que no puede garantizarse la independencia y la imparcialidad del poder judicial húngaro y que el Estado de Derecho sigue siendo débil.
O.

Considerando que a los sitios web que escojan no registrarse, pese a la nueva legislación, o no reúnan los nuevos criterios, se les denegará la acreditación para instituciones gubernamentales, lo que supone una intensificación de la censura a la prensa; que tanto los medios de comunicación en línea registrados como los no registrados estarán también obligados a registrar los nombres de quienes remitan comentarios; que los propietarios de medios de comunicación en línea registrados serán asimismo responsables del contenido de dichos comentarios;