Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Comunicación de la Comisión - Construir una Europa que fomente la integración"

(2000/C 317/15)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión "Construir una Europa que fomente la integración" (COM(2000) 79 final);

vista la decisión de su Mesa de 2 de junio de 1999, conforme al quinto párrafo del artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de emitir un dictamen sobre este asunto y de encargar su elaboración a la Comisión de Política Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo (Comisión 5);

visto el proyecto de dictamen (CDR 84/2000 rev. 1) aprobado por la Comisión 5 el 18 de abril de 2000 [ponente: Sra. Hanham (UK/PPE)];

considerando que dicha Comunicación está destinada al Consejo Europeo extraordinario de Lisboa;

considerando que la Comunicación forma parte de un conjunto de tres Comunicaciones que se refieren, respectivamente, a la integración, las tendencias sociales y el empleo, y que destacan las medidas que se adoptarán próximamente con vistas al objetivo común de mejorar la competitividad y la cohesión de la Unión,

ha aprobado, en su 34o Pleno celebrado los días 14 y 15 de junio de 2000 (sesión del 14 de junio), el presente Dictamen.

El Comité de las Regiones:

1. celebra la Comunicación y la iniciativa que en ella se propone de promover unas economías y sociedades más integradoras, lo cual responde a las grandes expectativas formuladas por el Parlamento, las organizaciones no gubernamentales, los interlocutores sociales y las autoridades locales y regionales;

2. se felicita del reconocimiento importante hecho por la Comisión en la Comunicación de que la lucha contra la exclusión social compete, ante todo, a los Estados miembros y a sus autoridades nacionales, regionales y locales;

3. hace hincapié en el papel fundamental que desempeñan las administraciones locales y regionales en la aplicación de las políticas adoptadas para alcanzar estos objetivos, en su calidad de:

- responsables territoriales y agentes primordiales en la cooperación en materia de regeneración local, aunando los esfuerzos de las instancias públicas locales competentes en materia de sanidad y criminalidad, al igual que los de los grupos de ciudadanos y voluntarios;

- proveedores y canalizadores de servicios a todas las personas de la comunidad;

- catalizadores de la actividad económica y del empleo;

- empleadores;

- proveedores de información e investigación local;

4. coincide en que la exclusión social es un fenómeno multidimensional (punto 2.2) que va más allá del ámbito del desempleo y el acceso al mercado laboral y abarca también la educación (incluido el analfabetismo en materia de tecnologías de la información), la sanidad, el medio ambiente, la vivienda, la cultura, el acceso a los derechos y el apoyo familiar. Las autoridades locales y regionales están activamente implicadas en todas estas áreas, a menudo por medio de programas de colaboración con otras agencias y organismos públicos y con grupos ciudadanos y de voluntarios;

5. coincide en que el objetivo de la política de integración social debe ser la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos (punto 2.2), si bien hace hincapié en que el objetivo ha de ser la igualdad en el acceso a unos servicios de calidad;

6. acoge con satisfacción el objetivo de dar acceso a todos los ciudadanos a la sociedad del conocimiento y destaca que las autoridades locales y regionales desempeñan un papel clave tanto al facilitar los servicios a todos los sectores de la comunidad como al adoptar una postura integradora de los servicios de su competencia mediante el recurso a la tecnología de la información y la comunicación con el fin de lograr una interacción más efectiva con los ciudadanos, de facilitar la participación en las actividades culturales y de ocio, de fomentar una activa colaboración ciudadana y de garantizar que las personas estén en disposición de participar en los procesos democráticos;

7. se felicita de que en la Comunicación se reconozca que el desafío radica tanto en mejorar la asistencia proporcionada a las personas socialmente marginadas o expuestas al riesgo de exclusión social como en actuar para eliminar las barreras estructurales que dificultan la integración social y reducir, de esta manera, los casos de marginación social;

8. celebra el énfasis con el que en la Comunicación y en las conclusiones de la cumbre de Lisboa se destaca la necesidad de incorporar el fomento de la inclusión social en las políticas de empleo, de educación y formación, de sanidad y de vivienda de los Estados miembros;

9. respalda la idea de que todas las instancias administrativas (locales, nacionales y europeas) verifiquen sus políticas, en una fase temprana de su desarrollo, en lo relativo a su repercusión sobre la pobreza o la marginación social;

10. reconoce la importancia de los cuatro objetivos principales propuestos por la Comisión, tendentes a:

- reforzar el enfoque proactivo en materia de integración social y, en particular, de incorporar la integración social en el marco de las políticas comunitarias de la UE;

- desarrollar indicadores comunes en lo relativo tanto a la exclusión como a la integración social, para analizar y supervisar las tendencias y las políticas;

- proporcionar acceso a todos los ciudadanos a la sociedad del conocimiento;

- fomentar y aprovechar el crecimiento económico previsto para la próxima década;

y, en relación con estos objetivos, destaca los aspectos siguientes:

- la importancia de desarrollar indicadores nacionales, locales y regionales, con objeto de permitir que la información de estos entes sea comparable a escala europea;

- la necesidad de garantizar la adquisición a todos los niveles de los conocimientos necesarios para utilizar e interpretar los indicadores comunes;

- la importancia de garantizar que el crecimiento económico se fundamente en unos principios de desarrollo sostenible, atendiendo a consideraciones de índole medioambiental y social;

11. hace hincapié en que los factores que se citan a continuación facilitarán el desarrollo de unos indicadores comparables en los Estados miembros:

- intercambio de información a todos los niveles administrativos - local, regional, nacional y europeo;

- desarrollo de indicadores transversales;

- desarrollo de indicadores locales y regionales (y nacionales);

- implicación de las autoridades locales y regionales en el desarrollo de esta iniciativa (dichas autoridades pueden aportar una experiencia y unos conocimientos valiosos para la elaboración de indicadores comunes en materia de marginación e integración social y brindar información sobre su adaptación a las circunstancias locales y regionales);

- el desarrollo de conocimientos para garantizar que las autoridades locales y regionales y otras agencias y grupos estén capacitados para interpretar y utilizar los datos relativos a los indicadores (en el contexto del Quinto Programa Marco que contiene una acción clave para "aumentar el potencial humano de la investigación y la base de conocimientos socioeconómicos");

y solicita, en particular, que la Comisión implique formalmente a los representantes de las administraciones locales y regionales en la consulta relativa al desarrollo de esta iniciativa;

12. reconoce que, si bien el empleo es para la mayoría de los ciudadanos el camino de salida de la marginación social, debe haber una protección social adecuada para aquellas personas que no están capacitadas para participar en el mercado laboral, así como para las que van alternando trabajos de escasa remuneración con períodos de desempleo;

13. celebra el reconocimiento de que las tendencias de marginación social son manifiestas tanto en zonas rurales como en zonas urbanas (punto 2.3.4) y recomienda que en la Comunicación se haga constar que la aplicación de los cuatro objetivos principales por parte de los Estados miembros y de la UE se refiere tanto a las zonas rurales como a las urbanas;

14. coincide en que "la discriminación y la xenofobia pueden exacerbar la exclusión social, sobre todo en el caso de los inmigrantes" (punto 2.2) y recomienda que la Comunicación haga referencia a las siguientes cuestiones:

- las dificultades lingüísticas como barrera para la integración social;

- la importancia de que los solicitantes de asilo y los refugiados tengan acceso a unos servicios de calidad en materia de sanidad, educación, formación y protección social;

- la necesidad de que esta iniciativa se aplique a los solicitantes de asilo y a los refugiados vistos como un grupo perteneciente a la sociedad;

15. conviene en que la iniciativa debería reforzar la integración de la vertiente de la exclusión relacionada con el género (punto 5.2.1) y recomienda que la Comunicación mencione, en este punto, las necesidades particulares de las familias monoparentales, así como de la exclusión debida a la discriminación por razones de raza, edad, discapacidad, religión o convicciones u orientación sexual, tomando en consideración el paquete de medidas contra la discriminación publicado el 25 de noviembre de 1999. Si se adoptara la Carta de los Derechos Fundamentales, ésta se convertiría en el instrumento jurídico idóneo para identificar todo tipo de discriminaciones.

16. coincide en que los jóvenes han de tener amplio acceso a las competencias básicas (apartado 4), pero recomienda que se mencionen, asimismo, las necesidades de las personas mayores en relación no sólo con las tecnologías de la información y la comunicación, sino también con una protección social y una atención sanitaria adecuadas [El Dictamen del Comité de las Regiones sobre "1999 - Año Internacional de las Personas de Edad" CDR 442/98(1) (Keymer y Haijanen) hace un llamamiento en favor de un enfoque positivo del "envejecimiento activo" que incluya lo siguiente: regímenes de jubilación progresivos y flexibles para facilitar la transición desde la jornada a tiempo completo; estrategias globales de empleo flexible y reconversión profesional, formación a lo largo de toda la vida, mantenimiento de ingresos, vivienda, cuidados y participación; medidas proactivas para combatir la discriminación; fomento de un enfoque integrador y positivo del envejecimiento y de una mejor percepción social de las personas mayores y solidaridad intergeneracional]; el Comité desea que, en este contexto, se afirme nítidamente el papel que desempeñan los entes territoriales en el apoyo a los ciudadanos de todas las edades. Las actuaciones de estos entes permiten, de hecho, la participación de las personas de distintas generaciones en la vida económica y social. En este contexto también debe encontrar su lugar la solidaridad entre generaciones.

17. sugiere que, con objeto de que resulte más fácil determinar y aplicar las buenas prácticas, la Comisión debería:

- desarrollar una base de datos europea de buenas prácticas en materia de fomento de la integración social que comprenda una base de datos de indicadores nacionales, locales y regionales;

- consultar al Comité de las Regiones en lo relativo a la estructura de dicha base de datos;

- recabar información y estadísticas de las asociaciones de administraciones locales y regionales de los Estados miembros para elaborar la citada base de datos;

- aplicar un método abierto de coordinación que combine las políticas nacionales y regionales mediante el establecimiento de objetivos específicos y la adopción de medidas que tengan en cuenta las diferencias nacionales y regionales, como se recomienda en las Conclusiones de la cumbre de Lisboa;

18. solicita que las administraciones locales y regionales estén representadas en el Grupo de trabajo de alto nivel sobre la protección social con objeto de participar en el establecimiento de los indicadores decididos de común acuerdo;

19. invita a la Comisión Europea a incorporar los temas planteados en el presente dictamen a la hora de estudiar las medidas de seguimiento de esta Comunicación y de la cumbre de Lisboa, incluida la elaboración de un programa de acción;

20. insta al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo a que reconozcan la contribución que les compete aportar a fin de garantizar que se preste la debida atención al papel de los entes locales y regionales en este ámbito político.

Bruselas, 14 de junio de 2000.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jos Chabert

(1) DO C 374 de 23.12.1999, p. 36.