COMISIÓN EUROPEA 
Bruselas, 25.7.2011 
SEC(2011) 938 final 
  
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
Resumen de la evaluación de impacto 
que acompaña al documento 
Propuesta de 
 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
por el que se crea una orden europea de retenc ión de cuentas con el fin de facilitar la 
recuperación de deudas transfronterizas en asuntos civiles y mercantiles 
 
{COM(2011) 445 final} 
{SEC(2011) 937 final}  
 
ES 1   ES 1. INTRODUCCIÓN  
Esta iniciativa tiene por objeto facilitar el cobro transfronterizo de deudas mejorando el 
acceso y la eficacia de la retenci ón de las cuentas bancarias en la  Unión Europea. La iniciativa 
contribuirá a reforzar la confianza de las empr esas –en particular, de las PYME (pequeñas y 
medianas empresas) –, los consumidores y las familias a fin de que puedan hacer pleno uso de las posibilidades que ofrece el mercado único. Es to es coherente con el enfoque integrado de 
la Comisión para reforzar la recuperación de la economía europea según lo establecido en la 
Estrategia Europa 2020 para el Crecimiento.  
1.1. Mandato político e instrumentos existentes 
El Programa de Estocolmo de 2009 establece que «el espacio judicial europeo debe servir 
para respaldar la actividad económica en el mercado interior». Por lo  tanto, «invita a la 
Comisión a formular las propuestas adecuadas para mejorar la efic acia de la ejecución de las 
resoluciones judiciales en la Un ión Europea en lo que respecta a las cuentas bancarias y a los 
activos patrimoniales de los deudores». En cons ecuencia, el Plan de Acción de la Comisión 
para la Aplicación del Programa de Estoco lmo hace referencia a una iniciativa de 
«Reglamento relativo a la retención de cuentas ba ncarias». Los instrumentos existentes en el 
ámbito de la justicia civil no se ocupan de la ejecución. 
1.2. Consulta y asesoramiento 
Para la preparación de esta iniciativa, la Comisión publicó un  estudio comparativo en 2003 y 
llevó a cabo una consulta pública a través de un Libro Verde en octubre de 2006. Los datos 
empíricos en los que se basó la  elaboración de la evaluación de impacto fueron recogidos por 
otro estudio externo y por una encuesta del European Business Test Panel . La Comisión 
organizó también una audiencia pública y vari as reuniones con expertos en ejecución. Un 
grupo interservicios de la Comisión aportó ob servaciones adicionale s. La evaluación de 
impacto fue revisada por el Comité de Evaluación de Impacto  (CEI). Las recomendaciones 
formuladas en el dictamen del CEI se han in corporado a la presente versión revisada del 
informe del modo siguiente: i) se ha reforzado el análisis del problem a explicando mejor las 
fases del cobro transfronterizo de deudas y lo s problemas que subsisten en este ámbito 
después de la revisión del Reglamento Bruselas I; en particular, se han aclarado las hipótesis 
que subyacen en las estimaciones de los efectos económicos de la medida; ii) se ha ampliado 
la evaluación de la hipótesis de base y realzado el valor añadido de la opc ión preferida; iii) se 
ha mejorado la evaluación de los impactos, en particular evaluando subo pciones que reflejan 
elementos importantes de la propuesta legisl ativa, con atención específica a los plazos 
propuestos en la nueva iniciativa; iv) por último, se han aclarado los conceptos jurídicos y se ha añadido un glosario en el anexo. 
1.3. Respeto de los derechos fundamentales 
Se ha evaluado el impacto en los derechos fund amentales, con el fin de garantizar que las 
acciones que se emprendan respetan plenamente los derechos y principios enunciados en la 
Carta de los Derechos Fundame ntales. Las principales dis posiciones afectadas por la 
iniciativa de la Comisión son las siguientes:  derecho a un recurso efectivo (artículo 47, 
 
ES 2   ES párrafo 1), derecho a un juicio justo (artícul o 47, párrafo 2), derecho a la dignidad de la 
persona (artículo 1), derecho de propiedad (artíc ulo 17), derecho a la vida familiar (artículo 7) 
y derecho a la protección de datos (artículo 8). 
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
2.1. El problema del cobro transfronterizo de deudas 
Actualmente, el acreedor que pretende cobrar su deuda en otro Estado miembro se enfrenta a 
dificultades importantes. Esas dificultades surgen  en el contexto de a) un procedimiento sobre 
el fondo en el que un ór gano jurisdiccional dicta una sent encia firme sobre la base de un 
análisis completo de todos los elementos de hecho y de Derecho implicados en el asunto, y b) los procedimientos de medidas provisionales en  los que un órgano jurisdiccional dicta una 
resolución provisional como una or den de retención de una cuenta  bancaria sobre la base de 
un análisis resumido del caso. En consonancia c on el mandato político, la presente iniciativa 
se centra en facilitar la obtención de medidas pr ovisionales para la retención de los haberes de 
un deudor, y en la mejora de la eficacia de la ejecución de las resoluciones judiciales en la 
Unión Europea. Actualmente, el mercado interi or permite que un deudor transfiera sus fondos 
de una cuenta bancaria a otra casi instantán eamente, lo que le permite eludir fácilmente la 
ejecución. Por otra parte, un acreedor tiene po cas posibilidades de bloquear con la misma 
rapidez las cuentas bancarias del deudor en el ex tranjero a fin de asegurarse el pago de su 
deuda. El acreedor puede también tener dificulta des para averiguar la  localización de la 
cuenta de su deudor, en particular en situac iones transfronterizas. Por todo ello, muchos 
acreedores son incapaces de recuperar plenamente  sus deudas en el extranjero o consideran 
que no vale la pena intentar lo y las dan por perdidas. 
2.2. Diferentes fases del procedimiento 
El gráfico que figura a continuación ilustra dife rentes fases de la obtención y la ejecución de 
una orden de retención. 
 
ES 3   ES El acreedor 
solicita una 
orden de 
retenciónSe dicta 
orden de
retenciónExequatur *Retención
de la cuentaCondiciones y 
procedimiento:
Derecho 
nacional
El acreedor 
solicita una 
orden de 
retenciónSe dicta 
orden de
retenciónRetención
de la cuentaCondiciones y 
procedimiento:
Derecho EuropeoEl acreedor 
solicita una 
orden de 
retenciónSe dicta 
orden de
retenciónRetención
de la cuentaCondiciones y 
procedimiento:
Derecho nacional2) Revisión del Reglamento de Bruselas I:
3) Iniciativa propuesta:1) Situación jurídica actual:
No exequatur = 
Ejecutable 
automáticamente
No exequatur = 
Ejecutable 
automáticamente* solo previa 
audiencia del 
deudorEjecución y 
acceso a la 
información de la cuenta:
- Derecho 
nacional
Ejecución y acceso 
a la información de la cuenta:
- Derecho 
EuropeoNUEVONUEVONUEVO
Ejecución y 
acceso a la 
información 
de la cuenta:
- Derecho 
nacional
 
 
En muchos Estados miembros, el acreedor puede solicitar una medida provisional de 
retención de los activos patrimoniales de su de udor ya antes de la puesta en marcha de los 
procedimientos sobre el fondo.  Si la medida provisional ha  de ejecutarse en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que se dictó,  es preciso que la d ecisión en beneficio del 
acreedor sea declarada ejecutoria (en el llamado procedimiento de exequátur ). Con arreglo al 
actual Reglamento Bruselas I, puede obtener se el exequátur para medidas provisionales 
dictadas en otro Estado miembro, excepto si se han dictado sin oír al deudor (las denominadas 
resoluciones ex parte ). Con la revisión del Reglamento Br uselas I, se espera suprimir el 
requisito del exequátur, es decir, las resolu ciones dictadas en un Estado miembro, incluidas 
determinadas resoluciones ex parte  tendrán automáticamente fuerza ejecutiva en otro Estado 
miembro. No obstante, la ejecución de la s órdenes de retención seguirá regulada 
exclusivamente por el Derecho nacional. 
2.3. Las causas de los problemas actuales 
Problema 1: Las condiciones para dictar órde nes de retención varían en toda la UE.  Esto 
hace que sea más difícil que los acreedores obte ngan una orden de retención en unos Estados 
miembros que en otros. Las diferencias está n relacionadas, por ejemplo, con el nivel de 
prueba requerido por el tribunal para dictar la orden (por ejem plo, con la condición específica 
de que exista un grave riesgo de que la ejecución definitiva de la sentencia resulte imposible).  
 
ES 4   ES Problema 2: Dificultades para obtener informac ión sobre la cuenta bancaria del deudor.  En 
muchos Estados miembros es difícil que un acreedor obtenga información sobre la 
localización de la cuenta bancaria del deudor.  También hay Estados miembros en los que no 
es posible obtener una orden por la  que se obligue a los bancos a revelar si el deudor es titular 
de una cuenta en ellos. En otros países, si n embargo, las autoridades competentes tienen 
acceso a los registros fiscales. En el ámbito del mantenimiento de la familia, el Reglamento sobre obligación de alimentos establece un sistema de asis tencia administrativa a los 
acreedores por parte de las autoridades centrales que tienen acceso a la información que obre en poder de las autoridades públicas. 
Problema 3: Los costes de obtención de una orde n de retención son superiores en los asuntos 
transfronterizos.  La revisión del Reglamento Bruselas I ahorrará a los acreedores 2 000 EUR 
de coste medio del exequátur. Sin embargo, ac tualmente los casos transfronterizos suponen 
costes adicionales. Esto se de be, en primer lugar, a la necesidad de contratar a un abogado con 
licencia para el ejercicio de la profesión en el país en el que se sustancian los procedimientos. 
También existen costes de traducción de los documentos a la lengua oficial admitida por el tribunal o costes de tr aslado de los documentos de un país a otro.  
Problema 4: Diferencia s en los sistemas de ejecució n nacionales y lentitud de los 
procedimientos de ejecución en los Estados miembros. Incluso en asuntos nacionales puede 
tardarse en Europa entre 1 y má s de 30 días en notificar una de cisión judicial sobre cobro de 
deudas. En los casos transfronterizos, los pl azos son en general todavía más largos. Las 
diferencias en los sistemas nacionales de ejecu ción dan también lugar a retrasos adicionales 
en la aplicación o ejecución de las decisione s. En algunos Estados miembros, la ejecución 
corre a cargo de agentes judiciales que actúan fuera del sistema jurisdiccional, en otros ese 
trámite corre a cargo del órgano jurisdiccional  o de un organismo ad ministrativo central. 
2.4. Magnitud del problema 
Los problemas de cobro transfronterizo de  deudas afectan en primer lugar a las empresas  que 
comercian o prestan servicios en otros Estados miembros. La magnitud de la deuda incobrable 
transfronteriza que puede ser potencialmente garantizada puede estimarse entre 1120 y 2000 
millones EUR según datos de distintas fuentes.  Según recientes encuestas del Eurobarómetro, 
los consumidores  siguen siendo reacios a realizar comp ras transfronterizas. El 14 % de los 
consumidores que han realizado compras a dist ancia han tenido problemas con la transacción. 
Más de la mitad de ellos considera que es difícil acceder a la justicia civil en otro Estado miembro de la UE. Puede estimarse que el valor monetario de las reclamaciones 
transfronterizas «problemáticas» de alimentos  asciende a 268 millones EUR anuales. La 
situación de los acreedores a este respecto mejora rá en cierta medida con el Reglamento sobre 
obligación de alimentos. 
2.5. Necesidad de actuar a nivel de la UE 
Cualquier nuevo instrumento europeo sobre retenc ión de las cuentas bancarias en situaciones 
transfronterizas implicará el reconocimiento y la ejecución de una resolución judicial y 
eliminará también los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles. Como tal, estarán cubiertos por las letras a) y f)  del artículo 81 del TFUE, que exige también 
medidas, en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado 
 
ES 5   ES interior. En lo que respecta a la subsidiaried ad, los problemas (a saber, el coste de los 
procedimientos, la dificultad para obtener in formación sobre los activos del deudor y las 
ineficientes normas de procedimiento civil) tien en una dimensión transnacional evidente y los 
Estados miembros no pueden resolverlos adecuadamente por sí solos. 
3. OBJETIVOS  
Los objetivos generales de la iniciativa consisten en faci litar el cobro de las deudas 
transfronterizas de los ciuda danos y las empresas, especial mente de las PYME, a fin de 
aumentar la confianza de los operadores, mejo rar la moral de pago de los deudores, reducir 
los riesgos que representa el comercio transfront erizo y mejorar la eficacia de la ejecución de 
las resoluciones. El objetivo específico es au mentar la eficacia del procedimiento para la 
aplicación transfronteriza de la normativa, permitiendo a los acreedores conseguir órdenes de 
retención o de embargo bancario sobre la base  de condiciones idénti cas, independientemente 
del país en el que se encuentre el tribunal competente, permitiendo también a los acreedores 
obtener información sobre la localización de las cuentas bancarias de los deudores, reduciendo los costes en situaciones tran sfronterizas e incrementando el grado de 
conocimiento de que existe un procedimiento europeo.   
4. O
PCIONES SELECCIONADAS  
Opción A:  Statu quo tras la revisión del Reglamento Bruselas I. Con esta opción, la Comisión 
no adoptaría ninguna medida aparte de la prop uesta de revisión del Reglamento Bruselas I 
adoptado en diciembre de 2010.   
Opción B:  Creación de una orden eur opea de retención de cuentas bancarias. Esta opción 
crearía un procedimiento europeo nuevo y especí fico con efecto protector, que serviría de 
complemento a las vías de recurso existentes con arreglo a la legisl ación nacional de los 
Estados miembros de la UE sin necesidad de  modificar su legislación nacional sobre el 
procedimiento civil o sus sistemas de ejecu ción. El procedimiento europeo regularía el 
procedimiento para dictar la orden de retenció n de las cuentas bancarias, así como las normas 
para su aplicación por el banco donde se halle la cuenta implicada. 
Opción C:  Armonización de las normas nacionales de  retención de las cuentas bancarias. 
Esta opción permitiría armonizar las normas n acionales de procedimiento civil para la 
retención de cuentas bancarias en los casos tran sfronterizos mediante una Directiva europea. 
5. EVALUACIÓN DE LAS OPCIONES POLÍTICAS Y DE SU IMPACTO  
5.1. Opción A: Statu quo tras la revisión del Reglamento Bruselas I (en caso de que 
sea adoptada) 
a) Objetivos que deberán alcanzarse: mantener la situación act ual no tendría ningún efecto 
en los problemas identificados y no contri buiría a alcanzar los objetivos políticos 
anteriormente esbozados.  
 
ES 6   ES b) Impacto económico: en la situación de statu quo, ha y un 60 % más de empresas que 
solicitan medidas provisionales de  retención de la cuenta ba ncaria de un deudor en casos 
nacionales que en casos transfronterizos1. Esto significa que las empresas hacen menos uso de 
la posibilidad de garantizar el pago de sus de udas mediante las órdenes de retención en las 
transacciones transfronterizas que en los asunto s nacionales y, como resultado de ello, dan por 
perdidas en más casos las deudas transfronter izas que las nacionales.  Este importe puede 
cuantificarse entre 441 y 800 millones EUR2. Las dificultades del c obro transfronterizo de 
deudas está disuadiendo a las em presas, en particular a las PY ME, y a los consumidores de 
hacer un uso pleno del mercado único. Tras la re visión del Reglamento Bruselas I, se espera 
que el número de empresas que se beneficien de las órdenes de retención en una situación 
transfronteriza aumente alrededor  de un 10 % con respecto a la situación actual, lo que dará 
lugar a un incremento de retención de la  deuda correspondiente a entre 68 y 120 millones 
EUR. 
c) Derechos fundamentales: el statu quo no contradice los re quisitos de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, puesto que la carta sólo  obliga a los Estados 
miembros a respetar los derechos  establecidos en e lla cuando apliquen el Derecho de la Unión 
y el proceso de ejecución de las resoluciones ju diciales civiles no está actualmente cubierto 
por los instrumentos de la UE. 
d) Punto de vista de las partes interesadas: no ha habido ninguna petición de mantener sólo 
el statu quo. 
5.2. Opción B: Orden europea de retención de cuentas bancarias 
a) Eficacia para lograr lo s objetivos políticos: Con la  opción B se consigue el objetivo 
político general  de facilitar el cobro de las deudas tr ansfronterizas de lo s ciudadanos y de las 
empresas, haciendo que sea más fácil obtener una orden de retención que garantice la 
recuperación de las deudas transfronterizas. C on esta opción se consigue n en gran medida los 
objetivos políticos específicos, pues permitirá a un acreedor recurrir a un procedimiento 
europeo uniforme y eficaz en las mismas condi ciones en todos los Estados miembros de la 
UE, por ejemplo, sin audiencia previa del deudor,  conservando con ello el efecto sorpresa de 
la medida, para obtener información sobre la localización de las cuenta s del deudor sin tener 
que pagar a servicios privados de cobro de deud as o a agencias de investigación. Se reducirán 
los gastos de abogado y los costes de traducción. Los costes de los bancos y agentes judiciales 
serán más transparentes, al obligar a los Esta dos miembros a fijar una  tarifa única por sus 
servicios respectivos. Se permitirá a un acreedor obtener y ejecutar una orden de retención más rápidamente mediante la introducción de plazos para determinadas fases clave del 
procedimiento. 
b) Impacto económico:  La opción B tendría una repercusión económica positiva y 
contribuiría a reducir los 55 000 millones EUR de  deudas incobrables, pues permitiría a las 
                                                
 
1 Diferencia entre el 11,6 % de empresas que solicitan un embargo bancario transfronterizo y el 19,2 % 
que solicitan un embargo nacional.  
2 Una estimación basada en una muestra de entidades bancarias ascendía a 1 129–678 millones EUR, lo 
que representa 440 millones EUR, y la segunda estimación a 2 000–1 200 millones EUR, lo que 
representa 800 millones EUR. 
 
ES 7   ES empresas recuperar entre 373 y 600 millones más por año de deudas incobrables , lo que 
incrementaría con el tiempo el nivel global de deuda incobrable asegurada  mediante 
órdenes de retención por un importe que oscila  entre una cifra comprendida entre 679 y 1 200 
millones EUR y otra comprendida en tre 1 120 y 2 000 millones EUR al año.  Una estimación 
del ahorro de costes para las empresas que participan actualmente en el comercio 
transfronterizo estaría comprendida entre 81,9 y 149 millones EUR anuales3. La opción B 
beneficiará en particular a las PYME  y es probable que anime a un mayor número de 
empresas y de consumidores a utilizar plenamente las posibilidades que ofrece el mercado único. Es también probable que la existencia de una sanción efectiva en caso de impago 
(además del aumento de la cuantía de la deuda ya prevista en la Directiva sobre morosidad) 
mejore el comportamiento de los deudores en relación con el pago. El aumento del número de 
órdenes de retención corre el riesgo de tener un impact o económico negativo sobre los 
bancos,  en los casos en que actualmente no están autorizados a cobrar una tasa de aplicación 
de esta medida. 
c) Impacto social: se espera que la opción B,  junto con la puesta en  práctica del Reglamento 
de obligación de alimentos, permita que los acr eedores de alimentos recuperen una proporción 
considerable de los créditos de  los deudores recalcitrantes.  
d) Impacto en los Estados miembros: los costes de ejecución son considerablemente 
menores que la opción alternativa de armoni zar las normas nacionales. Los costes de 
familiarizar a los jueces y funci onarios encargados de la ejecución serían escasos y puntuales. 
Los Estados miembros cuyo sistema judicial es actualmente relativ amente lento pueden 
incurrir en costes de aplicación más elevados para cumplir los plazos procesales. La opción B 
respetará las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. 
e) Derechos fundamentales: la opción B podría mejorar el derecho del acreedor a una 
ejecución efectiva de sus deudas. Al mismo tiem po, el nuevo procedimiento garantizaría que 
los derechos del deudor estén pr otegidos respetando plenamente los requisitos de la Carta de 
los Derechos Fundamentales, especialmente medi ante la concesión de recursos rápidos y 
adecuados contra la orden de  retención y velando por que los importes necesarios para 
garantizar su sustento queden exentos de ej ecución. El instrumento debe garantizar que los 
datos personales del deudor se procesan de mane ra legal y lícit a, que el tratamiento de los 
mismos se limita únicamente a los fines de la retención de la cuantía de la deuda, que los 
datos del deudor no se conservan durante más tiempo del necesario y que el deudor dispone 
de un derecho de recurso contra el tratamiento de sus datos. 
f) Puntos de vista de las partes interesadas:  una gran mayoría de interesados y el 
Parlamento Europeo instan a de sarrollar un instrumento europe o específico para el cobro 
transfronterizo de deudas. 
                                                
 
3 Esto presupone que las empresas pueden ahorrar una media de 10h en honorarios de abogado por 
asunto transfronterizo, lo que repr esenta una media de 2 410 EUR por caso en la UE. Esta cantidad se 
multiplica por el actual número estimado de órdenes de retención transfronteriza de entre 34 000 y 
61 828 por año.  
 
ES 8   ES 5.3. Opción C: Armonización de las normas nacionales sobre retención de cuentas 
bancarias  
a) Objetivos que deberán alcanzarse:  Esta opción permitiría también alcanzar parcialmente 
los objetivos políticos anteriormente indicados, aunque en menor medida que la opción B. No 
obstante, la opción C no permitiría a los procedimientos nacionales coexistir con el procedimiento «europeo» armonizado. 
b) Impacto económico: la opción C tendría un impacto ec onómico ligeramente diferente al 
de la opción B. Si bien armonizaría las condi ciones para dictar una orden de retención, 
garantizando, por ejemplo, que las órdenes de retención puedan obtenerse en toda la Unión 
Europea en las mismas condiciones, podrían subsis tir diferencias entre los procedimientos si 
el instrumento de armonización (por ejemplo, una  Directiva) no abordara  todos los aspectos 
específicos del Derecho procesal de los Estados  miembros. Por consiguiente, la opción C no 
conseguiría el mismo grado de uniformidad  que un procedimiento europeo específico 
establecido mediante un Reglamento. Es probabl e que las diferencias s ubsistentes entre las 
normas nacionales de ejecución y de procedimiento de los Estados miembros sigan exigiendo la participación de un abogado ha bilitado para ejercer en cada  uno de los Estados miembros 
en que vaya a obtenerse y/o ejecutarse la orden de retención. Esto no permitiría la misma reducción de costes en el caso de  la opción C que en el de la opción B. Es, pues, probable que 
la opción C suponga un beneficio económico menos positivo para las PYME , que es menos 
probable que dispongan de departamentos jurídicos propios y, en general, son más sensibles a 
los costes jurídicos que las grandes empresas.  
c) Estados miembros: la opción C obligaría a los Estados  miembros a aplicar las normas 
armonizadas por la Directiva a su Derecho nacional.  La opción C sería, pues, más costosa de 
aplicar y representaría en mayor medida una  intromisión en las tradiciones jurídicas 
nacionales.  
d) Derechos fundamentales:  la opción C tendría un impacto positivo en el derecho del 
acreedor a una ejecución efectiva. Sería tambié n necesario ajustarse a los requisitos de la 
Carta relativos a la protección del demandado. 
6. C
OMPARACIÓN DE LAS OPCIONES  
Clave:  + + = impacto muy positivo; 0 = sin imp acto o impacto neutro; - - = impacto muy 
negativo. 
Opciones políticas Eficacia para 
alcanzar los objetivos Impacto 
económico Impacto sobre 
los Estados miembros Derechos 
fundamentales 
Opción A: statu quo después de revisar el Reglamento Bruselas I  0 0 0 0 
 
ES 9   ES Opción B: Orden europea de 
retención de cuentas bancarias + + 
+ + 1) costes de 
aplicación – 
2) tradiciones 
jurídicas 0 + 
Opción C: Armonización de 
las normas nacionales relativas a las órdenes de retención + 
+ 1) costes de 
aplicación – –  
2) tradiciones 
jurídicas – –  + 
En conclusión, la opción A  no aborda eficazmente el objeti vo político, ya que subsiste el 
actual problema de divergencia de criterios para la obt ención de órdenes de retención bancaria 
y sus efectos en los sistemas jurídicos nacionales. La Opción C  no garantiza los mismos 
beneficios económicos y sociales que la opción B y sería una intromisión innecesaria en los 
sistemas jurídicos nacionales. La Opción B ofr ece la solución más global y, por lo tanto, la 
opción B  es la opción preferida.  
Se han considerado las siguientes  subopciones de la opción B : En primer lugar, el 
procedimiento europeo permitiría al acreedor obtener una orden de retención normalmente sin audiencia previa del deudor, ( ex parte ), preservando así el efecto so rpresa de la medida. En 
segundo lugar, el tribunal competente sobre el  fondo del caso debe ser también competente 
para dictar las órdenes de retención. Deberá de terminarse si hay otros tribunales competentes 
para conocer de la oposición del deudor contra la orden, es decir, los tribunales del domicilio 
del deudor. En tercer lugar, ciertas disposic iones permitirían al acreedor obtener información 
sobre la localización de la cuenta del deudor: bien una orden de información dictada por el 
órgano jurisdiccional obligaría a todos los bancos situados en un Estado miembro 
determinado a verificar si el deudor es titular de una cuenta en ellos, o el tribunal o las 
autoridades encargadas de la ejecución podría a cceder directamente a los registros públicos 
existentes que contengan la información necesaria.  Por último, en lo que respecta a los plazos, 
el procedimiento europeo requeriría una aplic ación no más lenta que la s medidas nacionales, 
o podría introducir plazos específicos, por ejempl o, para dictar la orden, para notificarla al 
banco y al deudor, o para pronunciarse sobre una solicitud de reexamen de la misma por parte 
del deudor.