El país tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción, en el que no se han logrado avances. El marco jurídico e institucional requiere mayor armonización con las normas internacionales y sigue permitiendo una influencia indebida por parte del ejecutivo en la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción destacados. El historial de Turquía en la investigación, enjuiciamiento y condena en casos de corrupción sigue siendo deficiente, especialmente en relación con casos de corrupción de alto nivel. No se ha avanzado en el refuerzo de la rendición de cuentas y la transparencia en la labor de los organismos públicos. Para luchar contra la corrupción de manera decisiva, es imprescindible un amplio consenso político entre partidos y una firme voluntad política. Turquía aún tiene trabajo por delante en prácticamente todas las recomendaciones de la Asamblea del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. La corrupción sigue estando generalizada en muchos ámbitos y constituye un grave problema. La percepción de la corrupción también sigue siendo elevada.

El sistema judicial de Turquía se encuentra en una fase inicial de preparación. En el último año se han registrado retrocesos, en particular por lo que respecta a la independencia del poder judicial. Las enmiendas constitucionales que regulan el Consejo de Jueces y Fiscales (CJF) entraron en vigor y socavaron aún más su independencia con respecto al poder ejecutivo. El CJF ha seguido participando en las suspensiones y los traslados masivos de jueces y fiscales. No se han realizado esfuerzos para abordar la inquietud en relación con la falta de criterios objetivos, basados en los méritos, uniformes y preestablecidos en la selección y el ascenso de jueces y fiscales.

Los 31 Decretos adoptados hasta la fecha en el marco del estado de excepción presentan graves deficiencias. Dichas medidas no se han sometido a un examen profundo y efectivo del Parlamento. En consecuencia, los Decretos no siempre se han podido someter al control jurisdiccional y ninguno de ellos ha sido aún objeto de una decisión del Tribunal Constitucional. Estos Decretos de urgencia han reducido de forma notable determinados derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, la libertad de reunión o los derechos procesales. Asimismo, han modificado actos legislativos fundamentales, que seguirán desplegando sus efectos tras levantarse el estado de excepción.

Turquía ha avanzado de forma notable en el ámbito de la política de migración y asilo y ha mantenido su compromiso con la aplicación de la Declaración UE-Turquía de marzo de 2016 relativa a la gestión eficaz de los flujos migratorios a lo largo de la ruta del Mediterráneo oriental. Por lo que se refiere a la implementación de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados, a principios de febrero Turquía presentó a la Comisión Europea un plan de trabajo que explica la forma prevista por este país para cumplir los siete criterios pendientes para la liberalización del régimen de visados. La Comisión está evaluando las propuestas de Turquía, tras lo que se llevarán a cabo consultas adicionales con los homólogos turcos.

El marco jurídico turco incluye garantías generales de respeto de los derechos humanos y fundamentales que sin embargo han sido amenazadas y socavadas por una serie de decretos de urgencia. El grave retroceso de la libertad de expresión ha continuado, un ámbito en el que Turquía se encuentra en una fase inicial de preparación. Con el tiempo, el ámbito de aplicación de las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción se ha ampliado a muchas voces críticas de los medios de comunicación y el mundo académico, entre otros, en contradicción con el principio de proporcionalidad. Los asuntos penales contra periodistas —más de 150 de ellos permanecen detenidos—, defensores de los derechos humanos, escritores o usuarios de redes sociales, la retirada de carnés de prensa, así como el cierre de numerosos medios de comunicación o el nombramiento por parte del Gobierno de gestores para administrarlos, son motivo de grave preocupación y se basan principalmente en la aplicación arbitraria y selectiva de la ley, especialmente de las disposiciones sobre seguridad nacional y lucha contra el terrorismo. La Ley de Internet y el marco jurídico general siguen facultando al ejecutivo a bloquear contenidos en línea sin una orden judicial por una gama de motivos demasiado amplia. También se ha producido un retroceso grave en el ámbito de la libertad de reunión, la libertad de asociación, y los derechos procesales y de propiedad. La libertad de reunión sigue estando muy limitada, en la legislación y en la práctica. Las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción también retiraron garantías esenciales de protección de los detenidos frente a los abusos, de modo que ha crecido el riesgo de impunidad, en un contexto en el que han aumentado las acusaciones de malos tratos y torturas. Los decretos de urgencia impusieron restricciones adicionales a los derechos procesales, también sobre los derechos de defensa. El disfrute de los derechos se ve obstaculizado por la fragmentación y el mandato limitado de las instituciones públicas responsables de los derechos humanos y las libertades y en un contexto en el que la independencia del poder judicial se ha visto menoscabada. La pobreza extrema y las carencias de artículos de primera necesidad siguen siendo habituales entre las familias gitanas en Turquía. Los derechos de los grupos más vulnerables y de las personas pertenecientes a las minorías deben estar suficientemente protegidos. La violencia de género, la discriminación, la incitación al odio contra las minorías, el delito de odio y las violaciones de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales siguen siendo fuente de gran preocupación.

Turquía ha seguido expresando su apoyo a las conversaciones para la resolución del problema de Chipre entre los dirigentes de las dos comunidades, y a los esfuerzos del secretario general de las Naciones Unidas y su asesor especial. Una conferencia sobre Chipre, convocada en Ginebra en enero de 2017 y en Crans-Montana en julio de 2017, se clausuró sin acuerdo. Sin embargo, Turquía aún no ha cumplido su obligación de garantizar la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación y no ha eliminado todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones en los enlaces directos de transporte con Chipre. No ha habido avances en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. Las conclusiones sobre Turquía adoptadas por el Consejo de la Unión Europea y que fueron refrendadas por el Consejo Europeo en diciembre de 2006 siguen vigentes. En ellas se establece que no se abrirán las negociaciones sobre ocho capítulos relativos a las restricciones de Turquía respecto a la República de Chipre y que no se cerrará provisionalmente ningún capítulo hasta que la Comisión confirme que Turquía ha aplicado plenamente el Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación.

La cooperación con Grecia y Bulgaria sobre migración se ha intensificado. Sin embargo, las tensiones en el mar Egeo y en el Mediterráneo oriental no han favorecido unas buenas relaciones de vecindad y han socavado la estabilidad y seguridad de la región. Las relaciones bilaterales con varios Estados miembros de la UE se han deteriorado, y en ocasiones se ha empleado una retórica ofensiva e inaceptable. En marzo de 2018, el Consejo Europeo condenó enérgicamente las continuas acciones ilegales de Turquía en el Mediterráneo oriental y el mar Egeo y recordó la obligación de Turquía de respetar el Derecho internacional y las buenas relaciones de vecindad y de normalizar sus relaciones con todos los Estados miembros de la UE. Asimismo, el Consejo Europeo expresó su profunda preocupación por las continuas detenciones de ciudadanos de la UE en Turquía, incluidos dos soldados griegos, y pidió una resolución rápida y positiva de estas cuestiones en un diálogo con los Estados miembros.

Turquía debe comprometerse de manera inequívoca con las relaciones de buena vecindad, los acuerdos internacionales y la resolución pacífica de las controversias de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso necesario, a la Corte Internacional de Justicia. En este contexto, la UE ha manifestado una vez más su honda preocupación y ha instado a Turquía a evitar todo tipo de amenaza o actuación dirigida contra un Estado miembro, o toda fuente de fricción o intervenciones que dañen las relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de controversias.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, la economía turca está muy avanzada y puede considerarse una economía de mercado viable. La economía, con el apoyo de las medidas de estímulo del Gobierno, ha conseguido recuperarse de la contracción que sufrió a raíz del intento de golpe de Estado de 2016, y en 2017 logró un fuerte crecimiento. No obstante, el gran crecimiento está unido a desequilibrios macroeconómicos sustanciales. El déficit por cuenta corriente sigue siendo alto, y a finales de 2017 creció, por lo que el país depende de las entradas de capital y es vulnerable a las perturbaciones externas. En 2017, la tasa de inflación alcanzó los dos dígitos (11,1 %) y la depreciación de la lira turca continuó, lo que intensificó las preocupaciones sobre el grado de compromiso de los responsables de la toma de decisiones de política monetaria con la estabilidad de los precios. La economía turca ha seguido caracterizándose por un alto nivel de informalidad. En conjunto, se ha producido un retroceso en este ámbito. La tendencia a incrementar el control estatal en la esfera económica y las medidas dirigidas a las empresas, los empresarios y los opositores políticos y sus empresas han perjudicado el entorno empresarial.

Turquía ha progresado en cierta medida y tiene un buen nivel de preparación para hacer frente a las presiones competitivas y a las fuerzas del mercado dentro de la UE. Turquía está bien integrada con el mercado de la UE tanto en términos de comercio como de inversión. Se han registrado algunos avances en el sector de la energía, sobre todo en el mercado del gas, y en el aumento del gasto en investigación y desarrollo. No obstante, siguen existiendo graves problemas en lo tocante a la calidad de la educación. No se ha progresado en la mejora de la transparencia de las ayudas estatales.

Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Turquía ha avanzado en su adaptación al acervo, si bien a un ritmo reducido. Se han producido nuevos casos de retroceso en relación con una serie de aspectos clave en los ámbitos de la sociedad de la información, la política social y el empleo, y las relaciones exteriores. Turquía está bastante avanzada en los ámbitos del Derecho de sociedades, las redes transeuropeas, y la ciencia y la investigación, y ha alcanzado un buen nivel de preparación en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, el Derecho de propiedad intelectual, los servicios financieros, la política empresarial e industrial, la protección de los consumidores y de la salud, la unión aduanera y el control financiero. Turquía solo está moderadamente preparada en materia de contratación pública, ya que siguen existiendo importantes lagunas en su adaptación al acervo. También está moderadamente preparada en el ámbito de las estadísticas y la política de transportes, donde todavía son necesarios esfuerzos considerables en general. Turquía solo ha alcanzado un cierto grado de preparación en los ámbitos del medio ambiente y el cambio climático, en los que aún es preciso formular y aplicar políticas más ambiciosas y mejor coordinadas. En todos los ámbitos, es necesario prestar más atención al cumplimiento de la legislación, mientras que muchos ámbitos requieren más avances significativos para lograr la adaptación legislativa al acervo de la UE.

Montenegro

En relación con los criterios políticos, el período de referencia se ha caracterizado por el bajo nivel de confianza en el marco electoral y el largo boicot parlamentario por la oposición en pleno desde las elecciones parlamentarias de octubre de 2016. Hacer que el debate político vuelva al Parlamento es responsabilidad de todos los actores políticos. Parte de la oposición regresó al Parlamento en diciembre de 2017, pero este fin del boicot parcial y selectivo todavía no se ha traducido en una mejora del diálogo y el control parlamentarios. El escenario político sigue estando fragmentado, polarizado y caracterizado por la falta de diálogo político, en particular en las instituciones democráticas.

Deben reforzarse la capacidad legislativa del Parlamento y su supervisión del ejecutivo. El Parlamento sigue abordando los resultados de la auditoría del organismo estatal de auditoría de manera limitada, y no hay debate ni información sobre la aplicación de las principales políticas y normativas. En diciembre de 2017, el Parlamento aprobó sin la debida consulta pública una serie de leyes que abordan solo parcialmente las recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Debe plantearse una reforma exhaustiva del sistema electoral. En el período de referencia se celebraron ocho elecciones locales. Las elecciones locales no se celebran el mismo día en todo el país, sino de forma rotatoria; así pues, el paisaje político se caracteriza por un ambiente electoral prolongado y altamente personalizado. Debido al ciclo electoral, la observación electoral resulta difícil, sobre todo para los observadores internacionales, lo que deja un amplio margen para las denuncias de irregularidades que no pueden ser valoradas de manera independiente. No ha habido nuevos avances en el seguimiento político y judicial de la presunta malversación de fondos públicos para fines partidistas en 2012 («asunto de las escuchas»).

Por lo que respecta a la gobernanza, es necesario reforzar la transparencia, la participación de las partes interesadas y la capacidad del Gobierno para implementar reformas. Debe garantizarse la coherencia del sistema de elaboración de políticas mediante un desarrollo coordinado de las mismas. Existen mecanismos de consulta de las organizaciones de la sociedad civil por parte del Gobierno, pero necesitan normas claras y una mayor implicación de ambas partes.

Montenegro está moderadamente preparado en lo que respecta a la reforma de su Administración Pública. Se han realizado avances notables, en particular mediante la adopción de nuevas leyes sobre los funcionarios y empleados del Estado y sobre autonomía local destinadas a poner en práctica la selección de personal basada en los méritos en el servicio público. Sigue siendo necesaria una fuerte voluntad política a fin de abordar efectivamente la despolitización del servicio público y la optimización de la Administración estatal, así como garantizar una aplicación eficaz y la sostenibilidad financiera de las reformas.

El sistema judicial de Montenegro está moderadamente preparado y se han realizado algunos avances. El marco legislativo sobre el poder judicial, que tiene por objeto aumentar su independencia y profesionalidad, aún no se ha implementado plenamente. Se ha reforzado la capacidad institucional.

Montenegro ha alcanzado un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. A pesar de algunos avances, la corrupción está generalizada en muchos ámbitos y sigue siendo un motivo de preocupación. La capacidad operativa de las instituciones ha mejorado; sin embargo, todas las instituciones deben demostrar una actitud más proactiva. Deben abordarse las amenazas a la credibilidad, la independencia y la fijación de prioridades de la Agencia Anticorrupción. Las investigaciones financieras y la incautación y decomiso de activos aún deben mejorar. Se ha establecido un historial inicial de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel, pero debe consolidarse en mayor medida. Solo se podrá seguir mejorando el historial de investigaciones fructíferas y condenas en un entorno en el que las instituciones sean independientes, estén a salvo de cualquier influencia indebida y tengan incentivos para hacer pleno uso de sus competencias.

En el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, existe un historial inicial de enjuiciamientos en la lucha contra el tráfico de migrantes y contra el tráfico de drogas. Sin embargo, hacen falta más resultados para generar un historial convincente, en particular en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la trata de seres humanos.

En materia de derechos fundamentales, Montenegro ha seguido adaptando su legislación a las normas de la UE. En particular, la labor de la oficina del Defensor del Pueblo ha mejorado, pero todavía son necesarios más esfuerzos para reforzar el marco institucional y proteger de forma efectiva los derechos humanos. Tras los avances realizados en materia de legislación contra la discriminación, Montenegro debe ahora velar por que existan mecanismos institucionales adecuados para proteger a los grupos vulnerables frente a la discriminación. La aplicación de la legislación sigue siendo débil, y debe aumentarse la capacidad institucional en materia de derechos humanos. La minoría gitana sigue siendo la comunidad más vulnerable y discriminada. La violencia de género y la violencia contra los menores siguen constituyendo una grave preocupación en este país.

Montenegro ha alcanzado un cierto nivel de preparación en el ámbito de la libertad de expresión, pero el pasado año no realizó ningún progreso más. No se han producido avances notables en relación con las investigaciones de casos antiguos de violencia contra periodistas. Recientes injerencias políticas en el Consejo nacional del servicio público de radiodifusión y la Agencia de Medios de Comunicación Electrónicos son motivo de grave preocupación. El panorama de los medios de comunicación sigue estando muy polarizado y persisten dificultades para comprender el papel de la prensa libre. Sigue habiendo un elevado número de casos de difamación, en parte por la debilidad de los mecanismos de autorregulación.

Montenegro ha seguido mostrando compromiso y un enfoque constructivo en cuanto a las relaciones bilaterales con otros países candidatos y Estados miembros de la UE de su vecindad, y sigue siendo un participante activo en la cooperación regional.