Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra la exclusión social"

(2001/C 144/15)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra la exclusión social (COM(2000) 368 final - 2000/0157 (COD);

vista la decisión del Consejo, con fecha del 24 de julio de 2000, de consultarle sobre este asunto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 265 y con el artículo 137 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión adoptada por el Presidente del Comité de las Regiones el 3 de agosto de 2000, de conformidad con el artículo 39 de su Reglamento Interno, de encargar a la Comisión de Política Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo (Comisión 5) la elaboración del dictamen sobre este asunto;

visto su dictamen CDR 84/2000 fin, punto 2, de 14 de junio de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión - Construir una Europa que fomente la integración (COM(2000) 79 final)(1);

visto el proyecto de dictamen aprobado por la Comisión 5 el 23 de octubre de 2000 (CDR 302/2000 rev. 1), [ponentes: Sra. Hanham (UK/PPE) y Sr. Sodano (IT/NI)],

ha aprobado, en su 36o Pleno de los días 13 y 14 de diciembre de 2000 (sesión del 13 de diciembre) el presente Dictamen.

El Comité de las Regiones,

1. acoge con satisfacción el programa de acción comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra la exclusión social;

2. se felicita del reconocimiento importante hecho por la Comisión de que la lucha contra la exclusión social compete, ante todo, a los Estados miembros y a sus autoridades nacionales, regionales y locales(2);

3. valora positivamente el objetivo global del programa de acción comunitario, que es fomentar una cooperación que permita que la Unión y sus Estados miembros consigan un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, tal como se fijó en los objetivos acordados por el Consejo;

4. aprueba el método de lograr este objetivo a través de la conversión de estas directrices europeas en planes de acción nacionales y regionales mediante la determinación de objetivos específicos y la adopción de medidas que tengan en cuenta las diferencias nacionales y regionales y la cooperación transnacional para mejorar la comprensión y la práctica;

5. comparte la opinión de la Comisión de que los planes de acción nacionales deben tener en cuenta que la exclusión social es un fenómeno que posee múltiples dimensiones y prestar especial atención al acceso a los derechos y servicios fundamentales, incluidos el empleo, la protección social, la sanidad, la vivienda, la educación, la formación y la cultura;

6. acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, de marzo de 2000, en las que se declara que la estrategia de exclusión social de la Comunidad debería consistir en:

- la promoción de una mejor comprensión de la exclusión social a través del diálogo y los intercambios continuados de información y de las mejores prácticas, a partir de indicadores comúnmente acordados;

- la integración de la promoción de la inclusión en las políticas de empleo, educación y formación, sanidad y vivienda de los Estados miembros, lo que se complementa a nivel comunitario con la actuación de los Fondos Estructurales en el actual marco presupuestario, y

- el desarrollo de acciones prioritarias dirigidas a grupos destinatarios específicos, que los Estados miembros elegirán según sus situaciones particulares, e informarán posteriormente sobre su puesta en práctica;

7. destaca la importancia de promover una mejor comprensión de la exclusión social a través del diálogo y los intercambios continuados de información y de las mejores prácticas, a partir de indicadores comúnmente acordados, en los que participen todos los actores clave, incluidas las autoridades locales y regionales; y sugiere que se intercambie información y las mejores prácticas sobre los nuevos grupos de población excluida como, por ejemplo, las personas que carecen de cualificaciones en la tecnología de la información;

8. hace hincapié en el papel fundamental que desempeñan las administraciones locales y regionales en la aplicación de las políticas diseñadas para erradicar la pobreza y la exclusión social, en su calidad de:

- responsables territoriales y agentes primordiales en la cooperación en materia de regeneración local,

- proveedores y canalizadores de servicios a todas las personas de la comunidad,

- catalizadores de la actividad económica y del empleo,

- principales empleadores locales, y

- proveedores de información e investigación local(3);

9. acoge con satisfacción la intención de que el programa de acción haga un especial hincapié en los planteamientos integrados, basados en colaboraciones y participativos. Como responsables territoriales y agentes primordiales en la cooperación en materia de regeneración local, las autoridades locales y regionales disponen de una rica experiencia sobre cooperaciones para el desarrollo y fomento en las que participan instituciones públicas, todos los agentes importantes, incluidos los sectores del voluntariado y las organizaciones no gubernamentales, y el sector privado y otros agentes económicos;

10. valora positivamente la importancia dada a asegurar la coherencia global de todas las actividades del programa con otras políticas, instrumentos y acciones comunitarios, estableciendo los mecanismos apropiados para coordinarlas con otras actividades pertinentes en otros programas en materia de investigación, empleo, no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, protección social, educación, formación y política de la juventud, sanidad y de relaciones exteriores de la Comunidad;

11. pone de relieve la importancia de obtener la máxima sinergia entre los planes de acción nacionales (con objetivos para erradicar la pobreza y la exclusión social) y los programas e instrumentos de financiación comunitarios y reitera que ello sólo será posible si hay un diálogo real entre todos los agentes clave, incluidas las autoridades locales y regionales;

12. acoge con satisfacción los objetivos globales establecidos en Lisboa de aumentar la tasa de empleo de la media actual del 61 % al 70 % en 2010, reducir a la mitad la pobreza infantil antes de 2010 y reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de pobreza del 18 % actual al 15 % en 2005 y al 10 % en 2010, y en especial señala que los tres capítulos del programa de acción deberían aplicarse a los siguientes grupos, entre otros:

- parados capaces de incorporarse al mercado de trabajo,

- parados que no pueden incorporarse al mercado de trabajo debido a su carencia de cualificaciones y formación necesarias,

- personas con empleo pero que sufren exclusión social ya que desempeñan trabajos de corta duración, reciben salarios bajos o beneficios laborales insuficientes,

- personas que no pueden integrarse en el mercado de trabajo (por ejemplo, debido a una enfermedad o a que tienen la responsabilidad de atender a otras personas),

- personas mayores que sufren exclusión social debido a que reciben subsidios o pensiones insuficientes,

- personas excluidas de la sociedad del conocimiento,

- personas excluidas del mercado de trabajo a causa de la postindustrialización;

13. subraya que, al aplicar las medidas del capítulo 1, que se refiere al análisis de las características, procesos, causas y tendencias de la exclusión social, deben tenerse en cuenta los siguientes principios:

- el valor de desarrollar indicadores nacionales, regionales y locales, incluidos los indicadores transversales, para permitir la comparación en toda Europa de la información tanto nacional como local,

- la importancia de compartir la información en todos los niveles de gobierno, local, regional, nacional y europeo, y

- la importancia de asegurarse de que las cualificaciones son desarrolladas por todos los organismos y grupos a fin de garantizar una utilización y una interpretación exactas y efectivas de los indicadores comunes (en el contexto del Quinto Programa Marco que contiene una acción clave para "aumentar el potencial humano de la investigación y la base de conocimientos socioeconómicos";

14. sugiere que, con objeto de que resulte más fácil determinar los indicadores cuantitativos y cualitativos apropiados (capítulo 1) e intercambiar las buenas prácticas (capítulo 2), la Comisión debería:

- desarrollar una base de datos europea de buenas prácticas en materia de fomento de la integración social que comprenda una base de datos de indicadores nacionales y locales;

- consultar al Comité de las Regiones en lo relativo a la estructura de dicha base de datos, y

- recabar información y estadísticas de las asociaciones de administraciones locales y regionales de los Estados miembros para elaborar la citada base de datos(4);

15. pone de relieve la importancia de implicar a autoridades locales y regionales en el desarrollo y la aplicación del programa de acción porque:

- las autoridades locales y regionales pueden aportar una experiencia y unos conocimientos valiosos para desarrollar indicadores comunes en materia de exclusión e integración social y facilitar información sobre su adaptación a las circunstancias locales y regionales;

- las autoridades locales y regionales pueden asesorar sobre la conversión de las directrices europeas en políticas nacionales y regionales mediante la determinación de objetivos específicos y la adopción de medidas que tengan en cuenta las diferencias nacionales y regionales;

- las autoridades locales y regionales disponen de una experiencia valiosa en la aplicación de los programas de los Fondos Estructurales y ello va en interés del objetivo de integrar la promoción de la inclusión en las políticas de empleo, educación y formación, sanidad y vivienda, y

- las autoridades locales y regionales poseen una experiencia valiosa en proyectos de cooperación transnacional en el ámbito de la exclusión social (por ejemplo, la antigua Iniciativa comunitaria para el empleo);

16. acoge con satisfacción la intención de abordar los problemas de exclusión relacionados con la nueva sociedad del conocimiento y destaca que las autoridades locales y regionales desempeñan un papel clave tanto al facilitar los servicios a todos los sectores de la comunidad como al adoptar una postura integradora de los servicios de su competencia mediante el recurso a la tecnología de la información y la comunicación con el fin de lograr una interacción más efectiva con los ciudadanos, de facilitar la participación en las actividades culturales y de ocio, de fomentar una activa colaboración ciudadana y de garantizar que las personas estén en disposición de participar en los procesos democráticos(5);

17. llama la atención sobre la insuficiencia del presupuesto global propuesto por la Comisión (70 millones de euros en cinco años), ya que es improbable que esta suma cubra adecuadamente los tres capítulos de acción propuestos y ayude a los Estados miembros a conseguir un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza y la exclusión social; sugiere, por tanto, que se aumente el presupuesto;

18. pone de relieve la importancia de que todos los Estados miembros participen en la supervisión y la evaluación regulares de los planes de acción nacionales a fin de valorar y formular observaciones sobre los progresos alcanzados en todos los objetivos globales europeos y nacionales;

19. reitera que los capítulos de acción deberán aplicarse por igual en las zonas urbanas y rurales;

20. pide que, teniendo en cuenta la intención de que todos los sectores interesados participen en el programa de acción, la Comisión realice un intercambio periódico de puntos de vista con representantes de las autoridades locales y regionales (así como con representantes de organizaciones no gubernamentales y los interlocutores sociales, tal como se señala en el apartado 1 del artículo 5);

21. pide que los contenidos de las directrices de la Comisión que se elaboren dentro del programa obliguen a los Estados miembros a consultar con los entes regionales y locales sobre el desarrollo de los planes de acción nacionales del capítulo 1, y que el Comité de las Regiones participe en la consulta sobre el desarrollo de los indicadores generales europeos (tal como se señala en el apartado 4 del acuerdo político del Consejo de la Unión Europea de 17 de octubre de 2000) ya que, por ejemplo,

- algunos objetivos e indicadores nacionales pueden ser prácticos para establecer comparaciones a nivel europeo,

- los objetivos y los indicadores locales podrían divulgarse con fines informativos a través de una base de datos europea sobre objetivos e indicadores, y

- la experiencia y capacidad de las autoridades locales y regionales en la recogida de datos pueden influir en la práctica sobre qué datos pueden recogerse en el nivel nacional y qué datos en el nivel europeo(6);

22. pone de relieve la importancia de que el Comité de las Regiones participe en una mesa redonda anual de la UE sobre la exclusión social que deberá organizarse en colaboración con la Presidencia de la UE;

23. insta al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo a que reconozcan la contribución que les compete aportar a fin de garantizar que se preste la debida atención al papel de los entes locales y regionales en este ámbito político(7).

Bruselas, 13 de diciembre de 2000.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jos Chabert

(1) DO C 317 de 6.11.2000, p. 47.

(2) Véase el punto 2 del doc. CDR 84/2000 fin.

(3) Véase el punto 3 del doc. CDR 84/2000 fin.

(4) Véase el punto 17 del doc. CDR 84/2000 fin.

(5) Véase el punto 6 del doc. CDR 84/2000 fin.

(6) Véase el punto 18 del doc. CDR 84/2000 fin.

(7) Véase el punto 20 del doc. CDR 84/2000 fin.