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res cargas para sus presupuestos también en el período 
transitorio, la Comisión y el Consejo deben asumir 
todas las decisiones oportunas para resolver los proble­
mas que se produzcan por ello. Se recuerda asimismo 
que en el período deberá funcionar un sistema de com­
pensación adecuado. 
1. Introducción 
El Comité acoge favorablemente el fondo de la propue­
sta de texto que aquí se examina, cuyo objetivo es crear, 
en el sentido de las conclusiones del Consejo ECOFIN 
del 13 de noviembre de 1989 un instrumento jurídico 
comunitario específico que intensifique la eficacia de la 
cooperación administrativa en el ámbito de la imposi­
ción indirecta, incluyendo el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) y los impuestos especiales. No obstante, 
la actitud positiva del Comité está condicionada a la 
simplificación de los trámites para las empresas, la 
gestión ponderada y no puntillosa de las posibilidades 
de control y, por último, la revisión del fundamento 
jurídico así como de la forma de la propuesta de la 
Comisión, respecto de la cual el Comité, por las razones 
que se exponen a continuación, señala una preferencia 
justificada por una Directiva en lugar de un Reglamento 
sobre el tema. 
2. Observaciones y explicaciones preliminares 
2.1. Motivaciones de la Comisión 
2.1.1. Tal como sucede con la propuesta de modifica­
ción de la propuesta de Directiva del Consejo por la 4.4. La necesidad de reducir al mínimo las ocasiones 
de fraude debe considerarse como un objetivo priori­
tario. 
4.5. Por ello, la propuesta sobre un régimen transito­
rio debe ir estrechamente unida a la propuesta sobre la 
cooperación administrativa en el ámbito de los impue­
stos indirectos. 
que se completa el sistema común del impuesto sobre 
el valor andido y por la que se modifica la Directiva 
77/388/CEE, propuesta que implica la instauración de 
un régimen impositivo transitorio en concepto de IVA, 
la Comisión invoca la creación del gran mercado inte­
rior y la supresión de las fronteras fiscales como motivo 
de la propuesta de Reglamento que nos ocupa. Esta 
puede también considerarse como corolario de la pro­
puesta de Directiva antes citada. 
2.1.2. Ambas propuestas tienen por objetivo la pue­
sta en práctica de la obolición de los controles relaciona­
dos en el cruce de fronteras intracomunitarias a partir 
del 1 de enero de 1993. Mientras que la primera propue­
sta, que será objeto de un dictamen separado del 
Comité, prevé en sus aspectos principales el manteni­
miento, con ciertas adaptaciones, de la imposición en 
concepto de IVA en el país de destino, a la vez que 
confirma el objetivo de la inversión a medio plazo de 
la territorialidad de la imposición, con una imposición 
en el país de origen de los bienes y mercancías, la 
segunda propuesta, que se relaciona no con una Direc­
tiva sinon con un Reglamento directamente aplicable en 
todos los Estados miembros, se inspira exclusivamente, 
tanto en la exposición de motivos como en el texto 
mismo del Reglamento en cuestión, en la necesidad, 
tras la abolición de las fronteras fiscales, del reforza-Hecho en Bruselas, el 19 de septiembre de 1990. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
Dictamen sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la cooperación administra­
tiva en el ámbito de la imposición indirecta 
(90/C 332/35) 
El 17 de julio de 1990, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la 
propuesta mencionada arriba. 
El Comité encargó a la Sección de asuntos económicos, financieros y monetarios de la 
preparación de los trabajos en la materia. Durante los mismos, el Comité Económico y Social 
nombró ponente general al Sr. Giacomelli. 
El Comité Económico y Social adoptó el siguiente dictamen en su 279a sesión plenaria (sesión 
del 19 de septiembre de 1990) por unanimidad y una abstención. 
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miento de las disposiciones existentes en materia de 
cooperación administrativa y de asistencia mutua en el 
ámbito de los impuestos indirectos, basándose princi­
palmente en el argumento de la abolición de las fronte­
ras fiscales. 
2.1.3. En efecto, al desaparecer la posibilidad de 
control fiscal a priori por medio de las formalidades en 
las fronteras intracomunitarias, los Estados deberán 
poder basar sus controles ante todo en la verificación 
de los documentos contables de los agentes que inter­
vengan en los intercambios intracomunitarios. Toda 
vez que todo Estado miembro tiene la faculta de contro­
lar las cuentas de sus propios sujetos pasivos, es indis­
pensable, para evitar fraudes o infracciones principal­
mente durante el régimen transitorio, y también para 
asegurar la percepción del impuesto por el Estado 
miembro de destino, completar el sistema de asistencia 
mutua existente de conformidad con la Directiva del 
Consejo 79/100/CEE de fecha de 6 de diciembre de 
1989 (Do n° L 331/8) por un sistema de cooperación 
mucho más desarrollado y completo. Dico sistema que­
daba ya esbozado en el documento COM(87) 323 del 
5 de agosto de 1987, relativo al establecimiento de un 
mecanismo de compensación del IVA para las ventas 
intracomunitarias (véase punto 9.1). Se sabe que la idea 
del clearing house ha sido abandonada entretanto, pero 
la supresión de las fronteras fiscales, que comporta la 
del documento administrativo único como pieza de 
acompañamiento de los bienes que sirve ante todo a 
fines de control fiscal, exige igualmente el perfecciona­
miento del sistema de control por la cooperación admi­
nistrativa que hasta ahora se limitaba a la asistencia 
mutua en caso de fraude o de sospecha de fraude. 
2.1.4. Por último, la Comisión se refiere a las conclu­
siones del Consejo ECOFIN del 23 de noviembre de 
1989, que, descartando en lo inmediato el principio de 
la imposición en el país de origen debido a las fuertes 
divergencias existentes entre los Estados miembros, en 
particular respecto a la cuestión y la fórmula de la 
armonización concomitante de los tipos del IVA, así 
como al problema de la compensación entre Estados 
deudores y Estados acreedores, ha llegado a la conclu­
sión de que un dispositivo de control debe prevenir 
eficazmente los riesgos de fraude. Este dispositivo estará 
basado fundamentalmente en la utilización de las decla­
raciones de las empresas por parte de las administracio­
nes nacionales, en el intercambio de información de 
manera regular y en la comunicación de justificantes 
establecidos por la administración. Esta cooperación 
administrativa no deberá, en opinión del Consejo, cons­
tituir ningún obstáculo a las legislaciones nacionales 
y completará los procedimientos de asistencia mutua 
existentes. 
2.1.5. La Comisión considera la propuesta sometida 
a dictamen como un elemento muy importante de las 
medidas (tríptico: régimen transitorio del IVA, coop­
eración administrativa, ámbito estadístico) previstas 
para realizar la supresión de los controles en las fronte­
ras intracomunitarias en un gran mercado interior a partir del 1 de enero de 1993. Debe asegurar a la vez 
una buena eficacia contra el fraude y contribuir al 
desarrollo de relaciones de confianza entre las adminis­
traciones encargadas de aplicar el nuevo sistema. Como 
indicaba la Comisaria Sra. Schrivener en su conferencia 
de prensa del 8 de mayo de 1990, ello es necesario tanto 
para el régimen transitorio del IVA como paral el 
régimen definitivo que, en principio, deberá sustituir al 
régimen transitorio a partir del 1 de enero de 1997 tras 
un examen de conjunto del Consejo para determinar, 
a propuesta de la Comisión, según qué modalidades 
operará la unificación definitiva del sistema común del 
IVA [ver doc. COM(90) 182 final — SYN 274 del 19 
de junio de 1990, punto 3]. 
2.2. La situación actual 
2.2.1. Toda vez que la propuesta sometida a examen 
trata de la cooperación administrativa en materia de 
impuestos indirectos, se recuerda que en relación con 
el IVA no existe una legislación comunitaria que regule 
la asistencia mutua para la administración de los impue­
stos sobre consumos específicos. Ha sido preciso pues 
mencionar los impuestos sobre consumos específicos en 
cuestión en el texto del Reglamento de conformidad 
con los artículos 1 y 2. Por ello, el artículo 5 del título 
II enumera principalmente los impuestos indirectos de 
que se trata: IVA, impuesto especial sobre los labores 
del tabaco, impuesto especial sobre bebidas alcohólicas 
y alcoholes contenidos en otros productos, impuesto 
especial sobre hidrocarburos. Los títulos I, III y siguien­
tes se aplican en consecuencia implícitamente también 
a la cooperación administrativa y a los intercambios de 
información relativos a estos mismos impuestos. 
2.2.2. En lo relativo a la asistencia mutua en materia 
de IVA, la Comisión ha creído útil poder referirse al 
marco jurídico que proporciona la Directiva (mencio­
nada en el punto 2.1.3 suprá) del Consejo 79/1070/ 
CEE relativa a la asistencia mutua de las autoridades 
competentes de los Estados miembros en el ámbito de 
los impuestos indirectos. 
2.2.3. Como otras referencias, la Comisión cita el 
Reglamento (CEE) n° 1481/81, modificado por el Regla­
mento (CEE) n° 945/87, que afecta a los ámbitos adua­
nero y agrícola y que contiene disposiciones relativas a 
las asistencia mutua. La Comisión remite también al 
Convenio de Ñapóles de 1967, firmado entre los Estados 
miembros y que prevé la asistencia mutua entre las 
administraciones aduaneras, pero que no forma parte 
de la legislación comunitaria. 
2.2.4. Si los textos actualmente existentes a nivel 
comunitario en materia de asistencia mutua constitu­
yen, como confirma la Comisión, una buena base para 
la cooperación administrativa en materia de IVA, estas 
disposiciones no han sido apenas aprovechadas hasta 
ahora, toda vez que los Estados miembros consideraban 
que sus instrumentos nacionales de control, basados en 
los documentos de importación y exportación, bastaban 
para asegurar un control eficaz. 
2.2.5. Según las informaciones obtenidas de las 
administraciones competentes, parece efectivamente 
que dichos textos, en particular la Directiva del Consejo 
79/1070/CEE antes citada, únicamente han sido expío-
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tados en casos concretos, es decir en casos de fraude o 
de sospecha de fraude, y ello dentro de los límites 
que establece el párrafo 2 del artículo 7 (disposiciones 
relativas al secreto) y el artículo 8 (límites del intercam­
bio de información) de la Directiva del Consejo 77/ 
799/CEE sobre la asistencia en materia de impuestos 
directos, directiva ampliada al ámbito del IVA por la 
Directiva 79/1070/CEE antes mencionada. 
2.2.6. Toda vez que la cooperación administrativa 
está llamada a convertirse en la norma, tras la supresión 
de las fronteras fiscales, en un sistema de procedimien­
tos de control que serán los del régimen fiscal interno 
de los Estados miembros, basado en el control a poste-
riori de las declaraciones fiscales, mientras que en la 
actualidad los procedimientos que se aplican son los de 
los procedimientos aduaneros, basados en el control a 
priori de las operaciones; la Comisión considera que 
constituiría por su parte una mejor respuesta al man­
dato recibido del Consejo la propuesta de un nuevo 
instrumento jurídico que refuerce la cooperación admi­
nistrativa entre los Estados miembros del ámbito de los 
impuestos indirectos. 
2.3. Régimen aplicable a partir del 1 de enero de 1993 
2.3.1. Los procedimientos de control serán los del 
régimen fiscal interno, basado en el control a posteriori 
de las declaraciones fiscales. 
2.3.2. La declaración fiscal periódica del IVA indica: 
— el importe total del IVA pagado y deducido, 
— el importe de las compras y ventas intracomunita-
rias. 
Estos elementos son suficientes para el tratamiento del 
IVA. 
2.3.3. Los controles se refieren a la contabilidad de 
las empresas (a partir de documentos o en la misma 
empresa) lo que permite: 
a) el control de las existencias en la empresa, 
b) el control de las condiciones de exoneración a la 
entrega destinada a otro Estado miembro: 
— órdenes de pedido, 
— facturas, 
— declaraciones, y 
— documentos de transporte existentes. 
2.3.4. La cooperación interadministrativa reforzada 
permitirá: 
— la asistencia mutua en caso de fraude o de sospecha 
de fraude, 
— la cooperación « previa petición » para efectuar con­
troles de rutina, 
— la asistencia o transmisión de informaciones espon­
táneas. 
2.3.5. Lo que está previsto principalmente es que 
las administraciones verifiquen, conjuntamente y por 
sondeo, que a toda exportación declarada corresponde 
efectivamente una importación por el mismo importe, 
y viceversa. Las informaciones solicitadas deberán ser 
transmitidas al Estado miembro solicitante en un plazo 
máximo de tres meses. 2.3.6. La simplificación de las formalidades (de la 
que conocemos ya la supresión del aviso de paso y a la 
que se añadirá próximamente la del DAU) se hará sentir 
así para las empresas a nivel estadístico; el aspecto 
estadístico [doc. COM(90) 177 final — SYN 181 del 27 
de junio de 1990 —Propuesta modificada de Regla­
mento relativo a las estadísticas de los intercambios 
intracomunitarios] únicamente prevé, en sustitución del 
DAU que comporta la provisión de hasta cincuenta y 
cinco datos, un formulario compuesto de diez informa­
ciones estadísticas que deberán ser facilitadas por las 
empresas más importantes (menos del 20% de las 
empresas comunitarias), mientras que las restantes 
empresas únicamente deberán presentar dos cifras más 
en sus declaraciones periódicas del IVA, a saber, el total 
de sus importaciones y el total de sus exportaciones 
comunitarias. 
2.3.7. Podría pensarse, teniendo en cuenta que en 
ningún punto de la propuesta sometida a examen se 
indica lo contrario, que el nuevo instrumento objeto del 
Reglamento será aplicado tanto en régimen transitorio 
como en régimen definitivo, sean cuales sean las decisio­
nes adoptadas después por el Consejo tanto en materia 
de IVA como en materia de impuestos específicos. 
2.3.8. En el ámbito de los impuestos por consumos 
específicos, en los que, a pesar de las últimas propuestas 
de la Comisión (vivamente criticadas, por otra parte, 
por el Comité en sus recientes dictámenes CES n° 1328/ 
89, CES n° 63/90, CES n° 135/90 y CES n° 275/90 del 
5 de julio de 1990) las opciones parecen aún menos 
concretas que en materia de IVA, nada cambiará en el 
principio de la territorialidad del impuesto que, por 
naturaleza, debe ser recaudado en el país de destino, es 
decir el Estado donde se realiza el consumo. Queda sin 
embargo por precisar el método de funcionamiento de 
los sistemas de control interrelacionados en lo que se 
refiere a bienes y mercancías susceptibles de pagar 
impuestos específicos y que viajen en suspensión de 
derechos. La Comisión considera al respecto, sin añadir 
más, que serán necesarias ciertas formas de cooperación 
similares a las del ámbito del IVA. 
2.4. La Cooperación administrativa 
Basándose en el nuevo instrumento jurídico, habrá, de 
ahora en adelante, dos modos diferentes, pero ligados, 
de cooperación. 
2.4.1. Se mantienen los procedimientos existentes en 
materia de asistencia mutua en caso de fraude o de 
infracción graves (cuyo significado está aún por preci­
sar). Se ejercen especialmente sobre una base bilateral, 
pero deberán enmarcarse en el marco de la Comunidad 
y basarse en un mismo instrumento jurídico comunita­
rio (Reglamento). 
2.4.2. Además, se crea un nuevo modo de coopera­
ción administrativa a fin de dar respuesta al objetivo 
primero de la propuesta sometida a dictamen, a saber, 
que a falta de control fiscal en las fronteras intracomu-
nitarias, el intercambio a efectos de control de las 
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informaciones necesarias sobre las operaciones intraco-
munitarias (sometidas al IVA y a los derechos sobre 
impuestos específicos. 
2.4.3. Se prevén tres tipos de asistencia: 
2.4.3.1. La asistencia previa petición, por iniciativa 
de la autoridad requirente. 
2.4.3.2. La asistencia automática, en los casos en 
que la autoridad requirente y la autoridad requerida 
acuerdan por anticipado intercambiar ciertas informa­
ciones. 
2.4.3.3. La asistencia espontánea cuando una autori­
dad considera necesario tomar la iniciativa sin haber 
sido requerida para hacerlo. 
La asistencia previa petición representa en la actualidad, 
y representará sin duda también en el futuro, el tipo de 
asistencia más solicitado. 
3. Observaciones generales: reflexiones sobre el fondo 
y la forma 
3.1. No se discute el principio de que tras la supre­
sión de los controles y de las formalidades fiscales en 
las fronteras intracomunitarias que sancionan la total 
realización del gran mercado interior, es indispensable 
una cooperación más intensa entre las administraciones 
competentes en materia de impuestos indirectos de los 
Estados miembros, cooperación indispensable para el 
flexible y razonable funcionamiento exento de fraude 
del sistema, que se encuentra en régimen transitorio, 
tal como propone la Comisión o el régimen definitivo 
tal como deberá decidir el Consejo, tras el examen de 
las propuestas ad boc de la Comisión para el 1 de enero 
de 1997. 
3.2. La base jurídica en la que se basa la Comisión 
es el artículo 100 A del Tratado y nos preguntamos si 
no es cuestionable en este caso, sobreentendiendo que 
se quiere hacer abstracción del párrafo 2 del artículo 
100 A, el cual estipula que el párrafo 1 no se aplicará 
a las disposiciones fiscales. Parece que la Comisión 
pretende soslayar la norma de unanimidad dando 
implícitamente una interpretación limitativa a la dero­
gación del párrafo 2 juzgando que el párrafo 1 se aplica 
sin relación con el párrafo 2, a la vista de que las 
medidas propuestas para reforzar la cooperación admi­
nistrativa en materia de impuestos indirectos solamente 
constituirían medidas de ejecución y permitirían decidir 
por mayoría cualificada. Ahora bien, esto no es en 
absoluto seguro, toda vez que las disposiciones fiscales 
cubren a la vez el impuesto, su creación, su base imponi­
ble, su tipo, su establecimiento, así como su percepción, 
y tras una atenta lectura de la propuesta de la Comisión, 
se comprueba que afecta directamente al estableci­
miento del impuesto toda vez que establece, según el 
artículo 1, una cooperación entre las administraciones 
así como con la Comisión, con el fin de garantizar el 
respeto a la legislación sobre los impuestos indirectos y 
el correcto establecimiento de los impuestos en cuestión. 3.3. Por otra parte, al tratarse de impuestos indirec­
tos, cuando se está en presensia de disposiciones que 
afectan, por intermedio de una generalización y un 
reforzamiento de la cooperación administrativa que 
implica el objetivo del establecimiento correcto del 
impuesto, a la armonización de las legislaciones relati­
vas a los impuestos sobre la cifra de negocios, a los 
impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos 
indirectos, en la medida en que esta armonización es 
necesaria para asegurar el establecimiento y el funciona-
mento del mercado interior en el plazo previsto en el 
artículo 8 A (lo que no se discute), es legítimo pregun­
tarse por qué no se hace referencia en esta materia al 
artículo 99 del Tratado. El punto 5 de la exposición 
de motivos de la propuesta carece en todo caso de 
argumentos convincentes sobre la elección, como base, 
del artículo 100 A. Si la Comisión ha preferido la forma 
de Reglamento a la de Directiva, debería saber que el 
artículo 99 permite igualmente establecer Reglamentos. 
En cualquier caso, y a falta de una argumentación más 
persuasiva, el artículo 99 parece el más apropiado como 
punto de engarce de la propuesta sometida a examen. 
3.3.1. Es de sumo interés señalar en este punto que, 
en un dictamen de 19 de julio de 1990, el servicio 
jurídico del Consejo de las Comunidades Europeas, 
respondiendo a una pregunta del grupo ad boc « Aboli­
ción de las fronteras fiscales» y basándose en una 
argumentación muy pertinente que en parte se asemeja 
a la del Comité, concluyó de manera inequívoca que el 
artículo 99 del Tratado CEE es la base jurídica correcta 
para la aplicación de la propuesta de la Comisión. 
3.4. Se plantea asimismo la cuestión de saber si, en 
este caso, la forma de Reglamento es indicada y ade­
cuada. La asistencia entre administraciones fiscales con 
vistas a la aplicación de la legislación fiscal a las perso­
nas individuales o a los sujetos pasivos (párrafo 2 del 
artículo 7 y artículo 9 de la propuesta) y al estableci­
miento correcto del impuesto únicamente pueden, en la 
mayor parte de los Estados miembros, derivar de una 
ley votada por el Parlamento nacional y no de un 
acto del ejecutivo. En otros términos, la aceptación 
de procedimientos como los que la propuesta de la 
Comisión pretende poner en práctica en concepto de 
armonización, serán competencia por una parte de los 
Parlamentos nacionales y por otra de la unanimidad de 
los Estados miembros. 
De ello se sigue que mientras que el Reglamento es 
directamente aplicable de la Comunidad al individuo, 
sin interposición posible por parte del Estado miembro 
del que es ciudadano y, a pesar de que la propuesta 
prevé ir de individuo a individuo pasando sucesiva­
mente por dos Estados miembros, sin introducir real­
mente la Comunidad en el circuito, la necesidad de 
un Reglamento no es en absoluto evidente ni siquiera 
justificada. A este respecto el único argumento del 
punto 16 de la exposición de motivos no es, en todo 
caso, suficiente. 
Una Directiva basada en el artículo 99 del Tratado 
parecía pues, tanto desde el punto de vista de la interpre­
tación del Tratado (disposición fiscal en el sentido del 
párrafo 2 del artículo 100 a) como del contenido de 
la propuesta, ser la forma adecuada del instrumento 
jurídico buscado. 
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Por otra parte, una atenta lectura del artículo 19 de la 
propuesta sobre los procedimientos de consulta y de 
coordinación nos revela formulaciones facultativas, dis­
posiciones insuficientemente especificadas, procedi­
mientos que quedan por establecer, dejando márgenes 
que son habituales en una directiva, pero que no pueden 
ser inherentes a un Reglamento de interpretación 
estricta e inmediatamente aplicable. Se trata, al margen 
de la forma del texto que el artículo 22 de la propuesta 
en estudio pretende suprimir para sustituirlo (se trata 
también ahí de una Directiva), de otra razón pertinente 
que habla en favor de una Directiva. 
4. Observaciones particulares 
4.1. Ad segundo considerando 
— el segundo considerando se basa en un a priori 
citando las medidas de armonización fiscal que se 
adoptan con vistas a la realización del mercado 
interior, lo que en la actual situación es motivo, 
como mínimo, de controversia toda vez que un 
Reglamento adoptado por el Consejo en esas condi­
ciones se hallaría ante limitaciones posteriores 
implícitamente suscritas y que prejuzgan una deci­
sión final que únicamente el Consejo puede adoptar. 
Se propone, pues, modificar este considerando come 
sigue: « considerando que las medidas que se adop­
ten para el período transitorio en interés de la 
realización del mercado interior exigirían, a fin de 
tener pleno efecto ... etc. »; 
4.2. Ad tercer considerando 
— el tercer considerando hace alusión correctamente 
a disposiciones que, mediante la instauración de un 
sistema de cooperación, tienen por objeto permitir 
la supresión de los controles fiscales fronterizos, 
objetivo fijado por el artículo 8 A del Tratado. He 
aquí en efecto el objetivo de la propuesta presentada 
a examen que, contrariamente al segundo conside­
rando, no puede referirse a medidas de armoniza­
ción fiscal aún no adoptadas, pero que están por 
serlo, a pesar de que, contrariamente a lo que esta­
blece el tercer considerando, comporta efectiva­
mente una armonización de disposiciones fiscales 
en el sentido del párrafo 2 del artículo 100 A lo 
que inmediatamente pone en acción, al afectar a la 
cuestión de los impuestos indirectos, la base jurídica 
del artículo 99. 
4.3. Ad undécimo considerando 
— el penúltimo considerando enumera los casos en 
que un Estado miembro tiene derecho a negarse a 
efectuar investigaciones o a proporcionar informa­
ciones, cuando estos mismos casos no se encuentran 
en el texto del artículo 18, cuyo párrafo 1 cita 
como única razón el orden público. Conviene, por 
consiguiente, reparar este olvido completando el 
párrafo 1 del artículo 18. 4.4. Ad artículo 1 
Tal y como ya se ha señalado en el capítulo de las 
observaciones generales, la propuesta sometida a 
examen comporta efectivamente una armonización de 
disposiciones de orden fiscal, ya que aspira, a través de 
la colaboración entre administraciones encargadas en 
los Estados miembros de aplicar las leyes sobre fiscali-
dad indirecta, a la observación de dichas leyes y al 
establecimiento correcto del impuesto. Así, el artículo 1 
implícitamente pone en juego el artículo 99 del Tratado, 
relativo a la armonización de las legislaciones relativas 
a los impuestos indirectos. 
4.5. Ad artículo 3 
Aparte de la colaboración lógica y necesaria entre las 
autoridades competentes de los Estados miembros, que, 
salvo en casos particulares será principalmente de orden 
bilateral, el artículo 3 estipula la participación de la 
Comisión en lo relativo al respeto de las disposiciones 
comunitarias en materia de impuestos indirectos, en la 
medida en que afecte al derecho comunitario. 
Al final del segundo párrafo convendría especificar el 
tipo de información al que se hace referencia cuando 
se habla de comunicación por las autoridades compe­
tentes a la Comisión de cualquier información de carác­
ter general o específico que pueda ser de interés para 
la Comunidad. Las formulaciones vagas no convienen 
en absoluto a textos del alcance de la propuesta que se 
examina. 
4.6. Ad artículo 5 
El artículo 5 trata de la asistencia administrativa a 
instancia de la autoridad requirente, solicitando de la 
autoridad requerida toda la información necesaria que 
pueda permitirle garantizar al respeto de las disposicio­
nes de la legislación sobre imposición indirecta. El 
párrafo enumera los impuestos que entran dentro del 
campo de aplicación de la propuesta que se examina, 
o sea, el IVA así como los impuestos especiales sobre 
las labores del tabaco, los alcoholes y los hidrocarburos. 
Para orientar de entrada al lector, habría sido preferible 
definir el campo de aplicación desde el principio, en el 
marco del artículo 1. 
Por otra parte, si se quiere ser exhaustivo, parece indi­
cado incluir en el artículo 5 la segunda fase del artículo 
2 de la Directiva 77/799/CEE sobre asistencia mutua 
en materia de impuestos indirectos (que, a través de la 
Directiva 79/1070/CEE, se aplica actualmente en el 
ámbito de los impuestos indirectos), artículo que per­
mite que no se exija que la autoridad requerida dé curso 
favorable a una petición cuando resulte evidente que la 
autoridad requirente no ha agotado sus propias fuentes 
de información habituales que habría podido utilizar, 
según las circunstancias, para obtener las informaciones 
pedidas, sin riesgo de perjudicar la obtención del resul­
tado buscado. 
La asistencia previa solicitud será sin duda alguna el 
tipo de cooperación más solicitado durante el período 
de transición. 
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4.7. Ad artículo 7 
El artículo 7 trata de los casos de inspecciones coordina­
das, cuando dos o más autoridades tengan un interés 
común o relacionado, cada una en su territorio, en 
inspeccionar la situación en materia de impuestos indi­
rectos de una o más personas, con el fin de intercambiar 
la información obtenida. Cabe preguntarse sobre la 
eficacia de esta disposición si, como estipula el apartado 
1, corresponde a cada autoridad afectada decidir si 
participa o no en una operación de inspección coordi­
nada. Al menos deberían especificarse los criterios justi­
ficativos de una posible abstención. 
4.8. Ad artículo 11 
Este artículo trata del intercambio automático, sin soli­
citud previa y de una manera regular, de la información 
a que se refiere el artículo 3 para determinadas catego­
rías de casos que se determinarán con arreglo a los 
procedimientos establecidos en el artículo 19. 
Al ser el artículo 19 una disposición-marco, algunas de 
cuyas partes están aún por definir con mayor precisión 
en cuanto a los procedimientos previstos, resulta difícil 
pronunciarse sobre el alcance exacto del artículo 11. 
4.9. Ad letra b), apartado 1, artículo 13 
Sería oportuno formular más claramente esta disposi­
ción, de entrada confusa, para que las personas que no 
conocen la materia puedan entenderla mejor. 
4.10. Ad apartado 2, artículo 13 
Como otras disposiciones, este apartado adolece de las 
mismas imprecisiones que afectan al artículo 19. 
4.11. Ad apartado 3, artículo 13 
Convendría especificar si se sobreentiende que los otros 
Estados miembros a los que se podrá transmitir la 
información mencionada en los apartados 1 y 2 son 
Estados miembros interesados o afectados. Si este fuera 
el caso, debería completarse el apartado 3 en conse­
cuencia. 
4.12. Ad artículo 25 
La primera parte del apartado 1 entra dentro de los 
procedimientos que aún quedan por determinar según 
el artículo 19, lo cual, a este nivel, no permite un 
comentario adecuado. 
En cuanto al apartado 2, parece necesario establecer 
igualmente la posibilidad de una denegación con obliga­
ción por parte de la autoridad requirida de explicar 
los motivos (por ejemplo, cuando la solicitud de la autoridad requirente es concomitante con una solicitud 
de la autoridad judicial), como es el caso en la Directiva 
77/799/CEE sobre la asistencia mutua en materia de 
impuestos directos (que, por la Directa 79/1070/CEE 
rige igualmente la asistencia en materia de impuestos 
indirectos). 
4.13. Ad artículo 16 
Hay que lamentar igualmente que las disposiciones de 
este importante artículo, de delicada interpretación, 
dependan de los procedimientos que aún deberán esta­
blecerse según las disposiciones establecidas en el artí­
culo 19, que, por otra parte, están insuficientemente 
especificadas. 
4.14. Ad artículo 17 
En la primera frase del apartado 1 se menciona expresa­
mente que la información comunicada tiene carácter 
confidencial y está sujeta al secreto profesional, lo cual 
parece redundante, teniendo en cuenta que se supone 
que las personas que tienen acceso a dicha información 
son solamente funcionarios sujetos al secreto estipulado 
por su estatuto. La formulación de la dispoción corres­
pondiente (apartado 1, artículo 7) de la Directiva sobre 
asistencia en materia de impuestos directos (actual­
mente aplicable también al ámbito de los impuestos 
indirectos por la Directiva 79/1070/CEE) presenta una 
mayor claridad y concisión, por lo que se propone que 
se incorpore tal cual en este artículo. 
4.15. Ad artículo 18 
Ya se ha señalado más arriba, en el punto 4.3 supra, 
que el apartado 1 del artículo 18 es incompleto, ya que 
sólo recoge en parte los motivos citados en el undécimo 
considerando de la propuesta sometida a dictamen, 
motivos que otorgan a un Estado miembro el derecho 
de negarse a efectuar indagaciones o suministrar infor­
mación. Además del caso en que la comunicación de 
información es contraria al orden público, se establece 
en dicho considerando que el derecho a negarse existe 
igualmente cuando las leyes del Estado miembro de 
la autoridad requerida impide a la administración de 
impuestos indirectos la realización de tales indagaciones 
o la recogida o utilización para sus propios fines, lo 
cual, sin embargo, se desprende del apartado 2 del 
artículo 5. 
Por lo tanto, debería completarse el apartado 1 del 
artículo 18 en consecuencia. 
4.16. Ad artículo 19 
A causa de las imprecisiones inherentes a esta dispos­
ición-marco, que trata de procedimientos de coordina­
ción y consulta que aún están por especificar, y aparte 
de otras razones expuestas en el capítulo de las observa­
ciones generales apenas sí se puede concebir que se 
proponga la forma de Reglamento para el instrumento 
jurídico que debrá crearse a fin de afianzar la coopera­
ción administrativa en el ámbito de los impuestos indi­
rectos, cuando una Directiva —que, por otra parte 
N° C 332/130 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 90 
derogaría y sustituiría una Directiva que ya existe sobre 
el mismo tema— es lo que parece más apropiado al 
caso. Efectivamente, las disposiciones tales como las 
que aparecen en el artículo 19 son más bien propias 
de una Directiva y no de un Reglamento, que debe 
comportar criterios claros, precisos y de interpretación 
estricta, tanto más cuanto que lo que ahora nos ocupa 
es materia fiscal. 
Por lo demás, seguramente habría sido más sencillo 
inspirarse en el artículo 9 de la Directiva sobre asistencia 
mutua en el ámbito de los impuestos directos (válida 
igualmente para los impuestos indirectos) recogiéndola 
mutatis mutandis, dejando la mayor iniciativa posible 
a los Estados miembros y a sus autoridades competentes 
para decidir las modalidades de su cooperación, respe­
tando el principio de la subsidiariedad y de la soberanía 
fiscal de los Estados miembros. 
4.17. Nota general 
En el sentido de las observaciones que preceden, debería 
sustituirse en las diferentes disposiciones de la propue­
sta sometida a dictamen el término « Directiva » por el 
de «Reglamento». 
4.18. Observación final 
El Comité desea insistir en que, si se quiere garantizar 
la abolición plena de las fronteras fiscales el 1 de enero 
de 1993, es necesario que ne haya en el Consejo discusio­
nes ni decisiones diferentes sobre el tríptico formado 
por las tres propuestas relativas (respectivamente) al 
Hecho en Bruselas, el 19 de septiembre de 1 régimen impositivo transitorio en materia de IVA [doc. 
COM(90) 182 final], a la cooperación administrativa 
en materia de impuestos indirectos [doc. COM(90) 183 
final], y a las estadísticas comunitarias de intercambios 
de bienes [doc. COM(90) 177 final]. Estas tres propue­
stas están estrechamente ligadas y por consiguiente 
deberían ser objeto de una discusión y de una decisión 
simultáneas. 
5. Conclusión 
A menos que la Directiva existente 79/1070/CEE del 6 
de diciembre de 1979, incluso debidamente modificada, 
resultara inadecuada o insuficiente en la situación que 
prevalecerá a partir de enero de 1993, al afianzamiento 
de la asistencia mutua y de la cooperación administra­
tiva en el ámbito de los impuestos indirectos es cierta­
mente necesaria e indispensable en un sistema de control 
fiscal a posteriori, tras la abolición de los controles 
fronterizos intracomunitarios. Por esa razón, el Comité 
aprueba —a reserva de las observaciones que prece­
den— las modalidades propuestas por la Comisión, 
presuponiendo, por otra parte, que las soluciones apli­
cadas en definitiva, tanto en materia de fijación de 
impuestos como en el ámbito de la cooperación admi­
nistrativa y de la estadística de los intercambios intraco­
munitarios, permitan una atribución justa y equitable 
de los impuestos percibidos al derechohabiente, es decir, 
al Estado miembro de consumo, sin que sea necesario 
establecer un mecanismo o un sistema de compensación 
complejo y costoso, sobre el que el Comité ya se ha 
manifestado con muchas reticencias en su dictamen 
CES n° 742/88 del 7 de julio de 1988 sobre el documento 
COM(87) 323 citado en el punto 2.1.3 supra. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE