A4-0210/97

Resolución sobre el Séptimo Informe Anual de la Comisión sobre los Fondos estructurales correspondiente a 1995 (COM(96)0502 - C4-0020/97)

El Parlamento Europeo,

- Visto el Séptimo Informe Anual (COM(96)0502 - C4-0020/97),

- Visto el Reglamento (CEE) nº 2081/93 ((DO L 193 de 31.7.1993, pág. 5)), en particular su artículo 16, y el Reglamento (CEE) nº 2082/93 ((DO L 193 de 31.7.1993, pág. 20)), en particular su artículo 31,

- Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas correspondiente a 1995,

- Visto el Primer Informe sobre la Cohesión Económica y Social,

- Visto el informe de la Comisión de Política Regional y las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Control Presupuestario (A4-0210/97),

A. Considerando que 1995 es un año significativo en cuanto que es el primero de realización completa de las intervenciones del período 94-99; considerando, además, que en ese año ha tenido lugar la ampliación a Austria, Finlandia y Suecia y que a lo largo del mismo consiguieron aprobarse la mayoría de los programas correspondientes a los nuevos Estados miembros,

B. Considerando la preocupante subejecución de los créditos atribuidos a los Fondos estructurales y considerando también las diferencias notables de ejecución entre los distintos Fondos, objetivos y Estados,

C. Considerando el elevado número de programas de iniciativa comunitaria, más de 400, presentados por los Estados miembros y la sobrecarga administrativa que ello representa; y considerando que en 1995 se aprobó el 80% de los programas correspondientes a los 12 Estados miembros y el 45% de los destinados a los nuevos Estados miembros,

D. Considerando que el Consejo informal de Ministros de política regional y ordenación del territorio celebrado en Venecia en mayo de 1996 reconoció los problemas que origina el elevado número de programas y la complejidad que ello ocasiona, en particular por lo que se refiere a las iniciativas comunitarias, así como la necesidad de poner remedio a esa situación,

E. Considerando que el Séptimo Informe da una especial importancia a la compatibilidad y complementariedad de los Fondos estructurales con las demás políticas comunitarias y en particular con la política de medio ambiente a la que se da un tratamiento transversal a lo largo de todo el informe,

F. Considerando que el objetivo principal de los Fondos estructurales es contribuir a la cohesión económica y social dentro del espacio de la Unión Europea; considerando, además, que el Tratado atribuye también carácter horizontal a la política de cohesión a la que deberán contribuir todas las políticas comunitarias,

G. Considerando que el desempleo sigue constituyendo el problema económico y social más grave al que se enfrenta la Unión y considerando que los Fondos estructurales son el instrumento financiero esencial de que dispone la Unión para contribuir a la lucha contra el paro, sin perjuicio de la contribución fundamental que deberá seguir prestando para superar las asimetrías territoriales y estructurales,

H. Considerando que la adicionalidad, principio esencial en la aplicación de los Fondos estructurales, sigue constituyendo la principal garantía del valor añadido de las políticas estructurales comunitarias respecto al esfuerzo nacional en favor del desarrollo regional y, por lo tanto, de su contribución a la consecución de la cohesión económica y social,

I. Considerando las dificultades constatadas en materia de verificación del efectivo respeto de la adicionalidad en varios Estados miembros y considerando los obstáculos con los que se encuentra la Comisión a la hora de obtener datos que le permitan proceder a tal verificación,

J. Considerando las dificultades de aplicación del principio de cooperación en el caso de las autoridades locales y de los interlocutores sociales,

Ejecución

1. Expresa su inquietud por las proporciones alarmantes que está adquiriendo la subejecución presupuestaria de los Fondos estructurales; toma nota, no obstante, de que los datos relativos a 1995 suponen una importante mejora en relación al año precedente; se congratula en particular de la satisfactoria ejecución observada en las zonas del objetivo 1 de los cuatro Estados de la cohesión;

2. Constata que el fenómeno de subejecución no afecta por igual a los diversos Fondos, objetivos y Estados y pide a la Comisión que le presente en el próximo informe anual un análisis de las causas de los retrasos en la ejecución, de la situación en los distintos Estados miembros y de las consecuencias del problema sobre las posibilidades de ejecución completa del paquete global 1994-1999;

3. Expresa, en particular, su profunda inquietud en relación con el bajo índice de ejecución presupuestaria del Fondo Social Europeo y considera que la Comisión y los Estados miembros deberán realizar en el futuro esfuerzos mucho más serios para remediar ese retraso; observa con preocupación los bajos porcentajes de utilización registrados en algunos Estados miembros y pide a la Comisión que presente propuestas adicionales para mejorar la situación en estos Estados miembros;

4. Pide, así mismo, a la Comisión que, en los sucesivos informes anuales, le suministre los datos correspondientes a la evolución de los créditos pendientes de liquidación, en particular con relación a los créditos inscritos anualmente en el presupuesto;

5. Expresa su crítica al Consejo por sus intentos de evitar problemas a la hora de utilizar recursos mediante recortes de las previsiones anuales;

6. Recuerda a los Estados miembros que los créditos atribuidos a los Fondos estructurales constituyen, dentro de las perspectivas financieras, no sólo una autorización sino también y, sobre todo, un objetivo de gasto e insta a la Comisión a hacer lo necesario para dar cumplimiento a los acuerdos de Edimburgo y a lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) nº 2081/93 antes mencionado;

7. Manifiesta su preocupación por la enorme carga de trabajo burocrático que implica tanto a nivel de los Estados miembros como de la Comisión el ejercicio de programación, que es una de las principales causas de la escasa ejecución económica del año en cuestión; opina que en el futuro se deben estudiar seriamente procedimientos más simplificados y pide a la Comisión que evalúe de nuevo sus sistemas informáticos para las solicitudes de financiación;

8. Señala a la atención, en este contexto, la multiplicidad de fondos (4) objetivos (7) e iniciativas comunitarias (13) implicados en la gestión de los recursos estructurales de la UE;

9. Constata que la estructura de la presentación presupuestaria de las políticas estructurales, en particular de los Fondos estructurales, no refleja con transparencia el marco jurídico que prevé una programación por objetivo y una asignación indicativa de la dotación financiera por objetivo y por Estado miembro; estima que, en la situación actual, esto dificulta el examen de las divergencias entre la programación planteada en el ámbito de las decisiones de Edimburgo y su ejecución presupuestaria;

10. Confirma su opinión, manifestada a propósito de su Resolución de 5 de septiembre de 1996 sobre el sexto informe anual de la Comisión sobre los Fondos Estructurales en 1994 ((DO C 277 de 23.9.1996, pág. 29)), de que la preocupante escasa ejecución presupuestaria refleja en ciertos casos las dificultades que tienen algunos Estados miembros para aplicar el nuevo régimen;

11. Recuerda que las sucesivas adaptaciones de la rúbrica 2 de las Perspectivas Financieras, efectuadas cada año desde 1995, han creado un efecto de bola de nieve que ha concentrado en 1999 (último año de programación) como mínimo un importe suplementario, frente al límite máximo inicial de los créditos de compromiso previsto en Edimburgo, del orden de 1.738.000 millones de ecus; teme que este importe aumente vista la escasa ejecución de los dos próximos años;

12. Considera que, en caso de que persistan dificultades de absorción al final del período de programación, se han de encontrar soluciones que permitan la reasignación de recursos a favor de aquellos Estados miembros que hayan mostrado capacidad de absorber recursos comunitarios puestos a disposición durante el actual período de programa y que permitan evitar el reembolso a los Estados miembros de los recursos comunitarios;

13. Constata que en 1995 la escasa ejecución se ha concentrado esencialmente en Estados miembros fuera del Fondo de Cohesión y que algunos de los que se benefician de este Fondo incluso han rebasado el porcentaje de ejecución financiera previsto;

14. Recuerda al respecto su Resolución de 28 de marzo de 1996 sobre la asignación de la reserva de las Iniciativas Comunitarias ((DO C 117 de 22.4.1996, pág. 70)), y su mencionada Resolución de 5 de septiembre de 1996, en particular a lo que concierne a:

- la presentación todos los años por la Comisión al Parlamento Europeo, en el momento de la adopción del anteproyecto de presupuesto, de un informe sobre la situación de la ejecución financiera de cada marco comunitario de apoyo y de cada iniciativa comunitaria;

- la presentación de un informe, antes de julio de 1998, sobre la situación general de ejecución de las diferentes ramas de los Fondos estructurales en el que se propongan a la autoridad presupuestaria los ajustes y refuerzos necesarios, en su caso, para las diferentes programaciones financieras adoptadas anteriormente;

15. confirma el carácter indicativo de la asignación por Estado miembro de la dotación financiera plurianual, decidida en virtud del artículo 12 del mencionado Reglamento (CEE) nº 2081/93, y pide en consecuencia a la Comisión que adopte las medidas necesarias para la realización de los objetivos definidos en Edimburgo también por lo que respecta al gasto comunitario;

Complementariedad con las otras políticas comunitarias

16. Se felicita del tratamiento que la Comisión reserva a la dimensión medioambiental de los Fondos en su informe, dándole un tratamiento horizontal; juzga, asimismo, positivo que la Comisión se declare dispuesta a utilizar de forma más generalizada la posibilidad ofrecida por el artículo 13 del Reglamento Marco de los Fondos estructurales en el sentido de diferenciar el nivel de financiación comunitaria en favor del medio ambiente; está, sin embargo, convencido de que existen ahora numerosas posibilidades de mejora en lo que se refiere al medio ambiente, posibilidades que podrían, entre otras cosas, suscitar la reforma y la modernización muy importante del reglamento relativo al estudio de las repercusiones sobre el medio ambiente;

17. Acoge con interés la atención prestada por la Comisión a la compatibilidad y complementariedad de los Fondos con otras políticas comunitarias que contribuye a evidenciar que los Fondos estructurales constituyen la masa financiera más importante de que dispone la Unión para hacer efectivas sus prioridades en numerosas políticas; recuerda, sin embargo, una vez más que el objetivo básico de los instrumentos estructurales sigue siendo contribuir a la consecución de la cohesión económica y social a través de la lucha contra las disparidades territoriales y sociales, disparidades que siguen manteniendose; pide a la Comisión que en informes sucesivos complete su análisis con el seguimiento de la compatibilidad de las otras políticas con el objetivo básico de los Fondos estructurales, la cohesión;

18. Pide a la Comisión que prepare un estudio, con vistas a la reforma de 1999, sobre las nuevas políticas que deberán adoptarse para reducir ulteriormente el desnivel existente entre las regiones de la Unión más desarrolladas y las que sufren desventajas naturales (islas, zonas montañosas, zonas limítrofes);

19. Constata que la política comunitaria en materia de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, a la que deben contribuir de manera activa los Fondos estructurales, no se tiene debidamente en cuenta; considera que esto constituye una grave deficiencia del informe y pide a la Comisión que, en próximas evaluaciones, examine también en profundidad este problema;

20. Constata que, a pesar de las claras prioridades comunes establecidas a escala europea más allá del marco de los programas específicos para las PYME, hay que valorar como sumamente deficiente el apoyo a las PYME; constata igualmente que la Comisión ha evaluado de manera insuficiente la realización de esta prioridad común como estrategia indirecta y efectiva para luchar contra el desempleo y la pobreza en el marco de las medidas de apoyo posibles de manera directa o indirecta, y exige por ello a la Comisión que, en próximas evaluaciones, preste mayor atención al desarrollo de las PYME y a los posibles obstáculos;

Adicionalidad

21. Lamenta constatar que la Comisión no puede hacerse garante del respeto del principio de adicionalidad que tras la reforma de 1988 es uno de los pilares básicos de las políticas estructurales de la Unión; reafirma la importancia del carácter adicional de los Fondos estructurales respecto al esfuerzo nacional, esencial para asegurar su efectiva contribución a la consecución de la cohesión;

22. Estima imprescindible reforzar la adicionalidad de los Fondos estructurales y pide a la Comisión que, de cara a la próxima reforma de los Reglamentos, considere la inclusión de una cláusula suspensiva de las ayudas vinculada al respeto de la adicionalidad y al suministro por parte de los Estados miembros de los datos necesarios para verificar su cumplimiento; se congratula de que la Comisión haya incluido ya una cláusula de ese tipo en algunos de los Documentos Únicos de programación de la segunda etapa del objetivo 2;

23. Expresa, por tanto, su total rechazo a la introducción de cualquier principio de condicionalidad aplicado a los Fondos estructurales, subordinándolos al cumplimiento de los criterios de convergencia o al cumplimiento de las limitaciones presupuestarias previstas en el futuro pacto de estabilidad;

24. Constata que, en cuanto al primer período de programación, la Comisión sigue sin poder probar el cumplimiento del principio de adicionalidad en siete Estados miembros, constatación tanto más preocupante cuanto la verificación del segundo período se basa en los datos del primero, a todas luces insuficientes;

Evaluación y seguimiento

25. Lamenta que el análisis del balance del primer período de programación aún no haya concluido y, sobre todo, que no haya sido objeto de un informe completo y exhaustivo sino que los datos se hayan ido ofreciendo de forma dispersa en sucesivos informes anuales, lo que no contribuye ni a la transparencia ni a la visibilidad de las políticas de cohesión comunitarias;

26. Valora positivamente el nuevo sistema de evaluación propuesto por la Comisión y aceptado por los Estados miembros en el Consejo informal de Ministros de Madrid que prevé la intervención de expertos independientes; se inquieta, sin embargo, por el retraso en el nombramiento efectivo de dichos expertos; considera, además, que la aplicación práctica de este sistema deberá efectuarse de manera muy prudente y, sobre todo, que será necesario garantizar que la selección de expertos se lleve a cabo de acuerdo con criterios objetivos y que éstos deberán estar sometidos a algún tipo de control;

27. Juzga positivamente los esfuerzos desplegados por la Comisión en materia de seguimiento, en particular a través de la elaboración de una «Guía común para el seguimiento»; recuerda que la excesiva complejidad de los criterios y los procedimientos relativos a los Fondos estructurales constituyen uno de los factores que dificultan el seguimiento y aboga en favor de una simplificación radical de la normativa con ocasión de la próxima reforma de los Reglamentos;

28. Considera también importante la evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados de la aplicación de los Fondos estructurales, en particular de las iniciativas comunitarias, y el análisis de las razones de los diferentes resultados obtenidos;

Coordinación

29 Se inquieta por la disminución relativa de los préstamos del BEI concedidos en las regiones del objetivo 1 y estima necesario proceder a una mejor combinación subvenciones/préstamos particularmente en los proyectos generadores de ingresos;

Principio de cooperación

30. Constata que la aplicación del principio de cooperación con las autoridades regionales ha mejorado notablemente; lamenta, sin embargo, las deficiencias observadas en la aplicación de dicho principio en el caso de las autoridades locales y los interlocutores sociales; pide por ello a la Comisión que en los próximos informes anuales se analicen y valoren los obstáculos y limitaciones operativas del principio de asociación entre interlocutores sociales, autoridades locales y otros niveles superiores de la administración, y elabore propuestas para una mejor estructuración dirigidas a los Estados miembros; insiste en que todas las autoridades regionales dispongan de representatividad electoral;

31. Considera que para mejorar el trabajo de los comités de seguimiento es necesario que se ofrezca a los interlocutores económicos y sociales la posibilidad de participar el cursos de formación que les permitan disponer de conocimientos análogos a los de las personas que desempeñan estas tareas de oficio;

32. Estima que la cooperación con las autoridades locales puede mejorar sustancialmente con un esfuerzo en materia de información; para ello recuerda su propia propuesta en el sentido de que los programas operativos sean dados a conocer íntegra y sistemáticamente a través de las publicaciones oficiales nacionales o, en su caso, regionales; considera, en cualquier caso, que los poderes locales y regionales así como los interlocutores sociales deben recibir mayor información sobre las posibilidades existentes, sobre todo en lo que se refiere a las iniciativas comunitarias y a las acciones innovativas, y que la integración de los diferentes proyectos y acciones en los programas correspondientes deberá efectuarse en función de las necesidades reales y de acuerdo con criterios objetivos;

33. Acoge con interés las pistas sugeridas por la Comisión para reforzar el principio de cooperación de cara a la próxima reforma de los Reglamentos y, también, la propuesta del Comité de las Regiones de que los documentos de programación sean firmados conjuntamente por el Estado y la Región;

34. Felicita a la Comisión por haber establecido un diálogo permanente con el Comité de las Regiones que va más allá de las consultas obligatorias previstas por el Tratado;

35. Reitera su confianza en la descentralización como método de gestión de los Fondos pero constata que el actual sistema conlleva una contradicción de graves consecuencias, ya que mientras que la gestión corresponde casi totalmente a los Estados miembros, la responsabilidad de dicha gestión corresponde a la Comisión, que no cuenta con los medios humanos necesarios para controlar en detalle las realizaciones; estima que la próxima reforma de los Reglamentos deberá afrontar este problema desde la óptica de una descentralización decidida de la gestión acompañada de una capacidad real de sanción por parte de la Comisión;

Aspectos agrícolas

36. Considera que las intervenciones de los Fondos estructurales son un elemento importante en el apoyo a las rentas de los agricultores y de la población rural en el actual proceso de adaptación al nuevo contexto surgido tras las reformas de la PAC y las obligaciones adquiridas en el comercio internacional; que además, juegan un papel creciente en el mantenimiento del empleo rural y en la protección del espacio natural y del medio ambiente y que para su mayor eficacia, es necesario simplificar la complejidad administrativa y agilizar el circuito de pagos;

37. Considera que debe impulsarse tal y como propugna el punto 9 de la Declaración de la Conferencia de Cork, la descentralización en la gestión de las intervenciones estructurales, especialmente las que afectan al ámbito agrícola, estableciendo claramente a fin de evitar peligros de renacionalización de la PAC, las reglas de participación y de determinación de responsabilidades de las administraciones regionales que son las encargadas, por otra parte, de aplicar en la mayoría de los Estados miembros las disposiciones de la PAC;

38. Está convencido de que la complejidad de la legislación redunda en falta de transparencia y puede favorecer el fraude, especialmente en las acciones no regionalizadas del objetivo 5a) y que, por tanto, la reflexión sobre la simplificación de las normas, la clarificación de la definición de las inversiones subvencionables y la racionalización de los métodos de gestión adquiere la máxima urgencia ante la adaptación de la política estructural al final del milenio para responder a las necesidades actuales y las que comportarán las futuras ampliaciones;

39. Considera que, a pesar de los esfuerzos realizados, deben multiplicarse las iniciativas relativas a ampliar la información sobre las posibilidades de actuación y difusión de experiencias en el mundo rural, aprovechando al máximo las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación; saluda, a este respecto, la implantación del Observatorio europeo de innovación y desarrollo rural, y pide a la Comisión que potencie su funcionamiento; considera, por otra parte, que la Comisión debería instar a los gobiernos de los Estados miembros y a los gobiernos regionales a que, a su vez, mejoren la divulgación de la información sobre las acciones cofinanciadas por los programas comunitarios;

Empleo

40. Considera que se debe lograr mejor coordinación entre las políticas regionales y el mercado de trabajo nacional y de la UE, dando a las autoridades regionales y a los interlocutores sociales una función más importante en la planificación, la gestión y el control de los proyectos cofinanciados por la UE; propone que se tengan en cuenta los programas plurianuales;

41. Expresa su falta de satisfacción ante los progresos en los procedimientos de seguimiento y evaluación y en particular ante la falta de criterios comunes de evaluación en lo concerniente a recursos humanos y pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren las actividades de las comisiones de seguimiento;

42. Acoge favorablemente el apoyo que el FSE da a las políticas nacionales de mercado de trabajo reforzando y desarrollando acciones para favorecer a grupos sociales particularmente vulnerables y pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la distribución del FSE en lo referente a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;

43. Critica la incapacidad de facilitar información acerca de si los proyectos financiados bajo las iniciativas comunitarias (ADAPT, EMPLOYMENT) cumplen los principios de trasnacionalidad, innovatividad y desarrollo local que deberían ser las características distintivas de estos programas;

44. Observa el éxito del diálogo regular entre la Comisión y el grupo de trabajo de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento y recomienda esta estructura a las demás comisiones parlamentarias competentes para los Fondos estructurales.

Procedimiento legislativo

45. Reafirma su exigencia de ser colegislador en materia de Fondos estructurales y de Fondo de Cohesión y, en consecuencia, de que se aplique el procedimiento de codecisión a la adopción de los reglamentos correspondientes;

46. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, al Comité de las Regiones y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.