Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se amplían las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Comentario general

1.1. Antecedentes

La presente propuesta tiene el objetivo de ampliar las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 a los nacionales de terceros países. Ella reemplaza la proposición de la Comisión de 12 de noviembre de 1997 [1], que es retirada. El Reglamento (CEE) nº 1408/71 [2] coordina a escala comunitaria los regímenes de seguridad social de los Estados miembros y es aplicable, actualmente, a los ciudadanos comunitarios y a determinadas categorías de nacionales de terceros países.

[1] DO C 6 de 10.1.1998, p. 15.

[2] Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149 de 5.7.1971, p. 2). Reglamento actualizado por el Reglamento (CE) nº 118/97 (DO L 28 du 30.1.1997, p. 1) y cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001 (DO L 187 de 10.7.2001, p. 1).

La propuesta de la Comisión de 12 de noviembre de 1997 tenía la finalidad de atender la exigencia de igualdad de trato entre los ciudadanos comunitarios y los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Comunidad. Además, pretendía simplificar las normas reduciendo el número de instrumentos nacionales e internacionales que regulan la coordinación de los regímenes de seguridad social para estas personas, lo que permitiría aliviar considerablemente los costes administrativos. Estos motivos siguen siendo válidos.

Por otra parte, el objetivo de la igualdad de trato ha sido confirmado por las instituciones comunitarias después de la presentación por la Comisión de dicha propuesta.

En su reunión especial celebrada en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, el Consejo Europeo subrayó en varias ocasiones la necesidad de dar un trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros, y declaró que una política de integración más decidida debería encaminarse a concederles derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión, así como a fomentar la ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural y a desarrollar medidas contra el racismo y la xenofobia. Asimismo, el Consejo Europeo reconoció que el estatuto jurídico de los nacionales de terceros países debería aproximarse al de los nacionales de los Estados miembros [3].

[3] Conclusiones de la Presidencia, puntos 18 y 21.

Por su parte, la Agenda Social Europea anexa a las conclusiones del Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000 incluye el compromiso de emprender una política más enérgica en materia de integración de los nacionales de terceros países que residan de forma regular en el territorio de la Unión.

En su Resolución de 27 de octubre de 1999, el Parlamento Europeo instó a la rápida materialización de las promesas de trato justo de los nacionales de terceros países que residen legalmente en los Estados miembros y a la definición de su estatuto jurídico con derechos uniformes y tan próximos como sea posible a los de los ciudadanos de la Unión Europea [4].

[4] DO C 154 de 5.6.2000, p. 63.

Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y en consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración [5], cuyo capítulo II establece las condiciones en las que los residentes de larga duración pueden instalarse en otro Estado miembro para trabajar, estudiar o con otros fines. Esta propuesta implica que se amplíe el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 atendiendo al compromiso de la Comisión de garantizar una auténtica integración de los nacionales de terceros países que están instalados de forma duradera en el territorio de los Estados miembros y de ofrecer igualdad de trato en materia de seguridad social a los residentes de larga duración.

[5] DO C 240 E de 28.8.2001, p. 79.

Además, la ampliación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 se inscribe en el contexto del apoyo a la movilidad de los trabajadores. En su Comunicación de 28 de junio de 2000 [6] relativa a la Agenda de política social, la Comisión recordó la necesidad de ampliar el Reglamento (CEE) nº 1408/71 a los nacionales de terceros países, especialmente con ese objetivo. Con esta finalidad y, más concretamente, con objeto de promover una nueva estrategia para que los nuevos mercados europeos de trabajo sean abiertos y accesibles para todos, la Comunicación de la Comisión de 28 de febrero de 2001 [7] apela a que se apoye también la movilidad de los nacionales de terceros países.

[6] COM(2000) 379 de 28.6. 2000.

[7] COM(2001) 116 de 28.2.2001.

Por último, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que en diciembre de 2000 fue solemnemente proclamada en Niza por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, consagra una serie de derechos que se reconocen tanto a los nacionales de los Estados miembros como a los nacionales de terceros países que residen en ellos.

1.2. Elección del fundamento jurídico

En el Consejo se ha celebrado un debate sobre la elección del fundamento jurídico que debe utilizarse para la ampliación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 a los nacionales de terceros países. La propuesta de la Comisión de 12 de noviembre de 1997 retomaba el fundamento jurídico del propio Reglamento (CEE) nº 1408/71, es decir, los artículos 51 y 235, ahora 42 y 308, del Tratado CE.

Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y de las nuevas disposiciones del título IV del mismo, y atendiendo a la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia (cf. en particular la sentencia de 11 de octubre de 2001 en el asunto C-95/99, Khalil), se puso de manifiesto la necesidad de reconsiderar las bases jurídicas previstas en un principio. En este caso, el apartado 4 del artículo 63, relativo a las condiciones de entrada y de residencia en la Comunidad de los nacionales de terceros países, constituiría un fundamento jurídico adecuado para permitir que la coordinación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros se aplique al conjunto de los nacionales de terceros países que cumplen las condiciones materiales del Reglamento (CEE) nº 1408/71 y que actualmente quedan excluidos de su ámbito de aplicación por su nacionalidad.

En sus conclusiones de 3 de diciembre de 2001, el Consejo reconoció la posibilidad de utilizar el apartado 4 del artículo 63 del Tratado CE como base jurídica para esa ampliación. Asimismo, consideró que la coordinación aplicable a los nacionales de terceros países debe concederles un conjunto de derechos uniformes tan próximos como sea posible a los que disfrutan los ciudadanos de la Unión Europea.

El Consejo Europeo de Laeken celebrado los días 14 y 15 de diciembre de 2001 tomó nota del acuerdo político relativo a la extensión a los nacionales de terceros países de la coordinación de los regímenes de seguridad social, e invitó al Consejo a adoptar cuanto antes las disposiciones necesarias [8].

[8] Conclusiones de la Presidencia, punto 29.

En este contexto, la Comisión considera oportuno realizar una nueva propuesta utilizando el apartado 4 del artículo 63 del Tratado CE como fundamento jurídico. Con la presente propuesta será posible proseguir los trabajos en el Consejo y consultar de nuevo al Parlamento Europeo.

El apartado 4 del artículo 63 fue introducido por el Tratado de Amsterdam. En virtud del mismo, el Consejo debe adoptar «medidas que definan los derechos y las condiciones con arreglo a los cuales los nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro puedan residir en otros Estados miembros». La coordinación de los regímenes de seguridad social contribuye indiscutiblemente a que los nacionales de terceros países puedan efectivamente residir en otro Estado miembro y desplazarse en el interior de la Comunidad.

La propuesta de Reglamento debe adoptarse mediante el procedimiento previsto en el artículo 67 del Tratado, según el cual el Consejo adopta una decisión por unanimidad a propuesta de la Comisión o por iniciativa de los Estados miembros y previa consulta al Parlamento Europeo. El título IV del Tratado CE no es aplicable al Reino Unido ni a Irlanda, a menos que estos Estados decidan lo contrario según las modalidades que se establecen en el Protocolo sobre la posición de Reino Unido y de Irlanda, anejo a los Tratados. Tampoco puede aplicarse a Dinamarca en virtud del Protocolo, asimismo anejo a los Tratados, sobre la posición de Dinamarca.

1.3. Subsidiariedad y proporcionalidad

La Comunidad Europea debe ejercer sus competencias de conformidad con el artículo 5 del Tratado CE, es decir, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario. La presente propuesta de Reglamento se ajusta a estos criterios.

Una intervención normativa vinculante, a través de un reglamento, es proporcional al objetivo que se persigue, ya que es oportuno garantizar la igualdad de trato, en el ámbito de la coordinación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros, entre los ciudadanos comunitarios y los nacionales de terceros países, como también lo es simplificar y aclarar las normas jurídicas aplicables en ese ámbito a las personas pertenecientes a esta categoría que no estuvieran ya cubiertas por las disposiciones de Reglamento (CEE) nº 1408/71. El reglamento es el instrumento que se considera más adecuado para lograr este objetivo.

2. Comentario de los artículos

Artículo 1

Este artículo hace aplicables las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 a los nacionales de terceros países que, debido a su nacionalidad, no estuvieran ya cubiertos por los artículos 2 y 22 bis de dicho Reglamento. Algunas categorías de nacionales de terceros países ya están incluidas en el ámbito de aplicación del mismo. Se trata de los apátridas, los refugiados y los miembros de las familias y supervivientes de ciudadanos comunitarios según las definiciones de ese Reglamento.

Para acogerse a lo dispuesto en la propuesta actual, los nacionales de terceros países deben residir legalmente en el territorio de un Estado miembro y, por consiguiente, tener derecho a la estancia temporal o permanente en él. Este requisito responde al objetivo constante de la Comisión, que se refleja en su reciente Comunicación relativa a una política común de inmigración ilegal [9], de prevenir la inmigración clandestina. Para acogerse al Reglamento en otro Estado miembro, el nacional de un tercer país no necesariamente tiene que cumplir la condición de residencia, sino que puede estar simplemente en desplazamiento, respetando la legislación nacional de entrada y residencia de ese Estado.

[9] COM(2001) 672 de 15.11.2001.

La referencia a las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 es dinámica, para que éstas sean aplicables a las personas contempladas en la versión vigente en cada momento, quedando así incluidas las posibles modificaciones ulteriores.

Artículo 2

Este artículo adopta las disposiciones transitorias destinadas a proteger a las personas incluidas en su ámbito de aplicación, evitar que éstas pierdan derechos por su entrada en vigor y permitir la liquidación, la recuperación o la revisión de sus derechos a prestaciones.

2002/0039 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se amplían las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el apartado 4 de su artículo 63,

Vista la propuesta de la Comisión [10],

[10] ......

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [11],

[11] ......

Considerando lo siguiente:

(1) En su reunión extraordinaria de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, el Consejo Europeo proclamó que la Unión Europea debe dar un trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de sus Estados miembros, concederles derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión Europea, fomentar la ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural y aproximar su estatuto jurídico al de los nacionales de los Estados miembros.

(2) En su Resolución de 27 de octubre de 1999, el Parlamento Europeo instó a la rápida materialización de las promesas de trato justo de los nacionales de terceros países que residen legalmente en los Estados miembros y a la definición de su estatuto jurídico con derechos uniformes y tan próximos como sea posible a los de los ciudadanos de la Unión Europea [12].

[12] DO C 154 de 5.6.2000, p. 63.

(3) Asimismo, el Comité Económico y Social, en su dictamen de 26 de septiembre de 1999 sobre el estatuto de los trabajadores migrantes procedentes de terceros países [13], apela a la igualdad de trato entre los ciudadanos comunitarios y los nacionales de terceros países.

[13] DO C 339 de 31.12.1991, p. 82.

(4) El apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea dispone que la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario.

(5) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(6) El fomento de un nivel elevado de protección social y la mejora del nivel y de la calidad de vida en los Estados miembros son objetivos de la Comunidad.

(7) En relación con las condiciones de la protección social de los nacionales de terceros países y, en particular, del régimen de seguridad social aplicable a los mismos, el Consejo de Empleo y Política Social consideró en sus conclusiones de 3 de diciembre de 2001 que la coordinación aplicable a los nacionales de terceros países debe concederles un conjunto de derechos uniformes tan próximos como sea posible a los que disfrutan los ciudadanos de la Unión Europea.

(8) Actualmente, el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad [14], que constituye la base para la coordinación de los regímenes de seguridad social de los diferentes Estados miembros, sólo se aplica a determinados nacionales de terceros países. El número y la diversidad de los instrumentos jurídicos utilizados para intentar resolver los problemas de coordinación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros a los que pueden enfrentarse los nacionales de terceros países que se encuentren en la misma situación que los ciudadanos comunitarios son fuente de complicaciones jurídicas y administrativas, y plantean importantes dificultades tanto para los interesados como para sus empresas y los organismos nacionales de seguridad social competentes.

[14] Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149 de 5.7.1971, p. 2). Reglamento actualizado por el Reglamento (CE) nº 118/97 (DO L 28 de 30.1.1997, p. 1) y cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001 (DO L 187 de 10.7.2001, p. 1).

(9) Es conveniente, por ello, disponer la aplicación de las normas de coordinación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 a los nacionales de terceros países que se encuentran en situación legal en la Comunidad y no quedan cubiertos en la actualidad por las disposiciones de ese Reglamento debido a su nacionalidad, aun cuando cumplen las demás condiciones previstas por el mismo.

(10) La aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 a esas personas no les concede ningún derecho de entrada, estancia, residencia ni acceso al mercado de trabajo en un Estado miembro.

(11) Es oportuno adoptar disposiciones transitorias destinadas a proteger a las personas a las que se aplica el presente Reglamento y a evitar que pierdan derechos en razón de su entrada en vigor.

(12) Para ello, es necesario y apropiado que la ampliación del ámbito de aplicación de las normas de coordinación de los regímenes nacionales de seguridad social se efectúe mediante un instrumento jurídico comunitario vinculante y directamente aplicable en todos los Estados miembros que hayan adoptado el presente Reglamento.

(13) Dado que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión de la acción contemplada, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas conforme al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. Según el principio de proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 se aplicarán a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas, siempre que se encuentren en situación legal de residencia en el territorio de un Estado miembro y se desplacen legalmente dentro de la Comunidad.

Artículo 2: disposiciones transitorias

1. El presente Reglamento no dará lugar a ningún derecho para períodos anteriores al ...*.

2. Todos los períodos de seguro y, en su caso, todos los períodos de empleo, actividad por cuenta propia o residencia, cubiertos bajo la legislación de un Estado miembro antes del ... se tomarán en consideración para determinar los derechos adquiridos conforme a las disposiciones del presente Reglamento.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, se adquirirán derechos en virtud del presente Reglamento aun cuando la fecha del hecho causante sea anterior al ...

4. Las prestaciones que no hayan sido liquidadas o que hayan sido suspendidas debido a la nacionalidad o la residencia del interesado se liquidarán o reanudarán, a petición del mismo, a partir del ..., siempre que los derechos anteriormente liquidados no hayan dado lugar a un pago en capital.

5. Los derechos de los interesados que hayan obtenido antes del ... la liquidación de una pensión o renta, se podrán revisar, a petición de los interesados, teniendo en cuenta las disposiciones del presente Reglamento.

6. Si una solicitud contemplada en los apartados 4 o 5 se presenta en un plazo de dos años a partir del ..., los derechos abiertos en virtud del presente Reglamento se adquirirán a partir de dicha fecha, y no se podrán denegar al interesado basándose en la legislación de ningún Estado miembro relativa a la caducidad o la prescripción de los derechos.

7. Si una solicitud contemplada en los apartados 4 o 5 se presenta tras el vencimiento del plazo de dos años previsto en el apartado 6, los derechos a los que no afecte la caducidad o que no hayan prescrito se adquirirán a partir de la fecha de la solicitud, salvo que existan disposiciones más favorables en la legislación de cualquier Estado miembro.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente