ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
16.

El que la reducción de las tasas conduzca automáticamente a una disminución del superávit de la Oficina es una verdad sólo parcial. La experiencia ha demostrado que el volumen de solicitudes ha aumentado considerablemente cuando se ha aplicado esta medida. De hecho, en términos de ingresos, el aumento de las solicitudes de marcas en este mismo período ha compensado de manera significativa la reducción de tasas. Asimismo, la aplicación del plan estratégico adoptado por los órganos de gobierno de la Oficina y otros elementos a los que se hace referencia en la observación no 15 llevan progresivamente a la Oficina hacia un presupuesto equilibrado y absorben una parte significativa del excedente acumulado para fines exclusivamente relacionados con el sistema de la propiedad intelectual. Por último, la Oficina desea subrayar que el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, articula claramente el principio de la coexistencia entre los sistemas de marcas, dibujos y modelos nacionales y comunitario. De acuerdo con la voluntad del legislador, la OAMI está ejecutando un plan estratégico que desarrolle medidas concretas para seguir desarrollando este modelo en beneficio de los usuarios y de la industria. La Oficina estima que una reducción indiscriminada de tasas no sólo no supondría necesariamente una reducción de excedentes, sino que pondría en peligro la supervivencia de las Oficinas nacionales.
22.

El artículo 17 del Reglamento (CE) no 74/2008, relativo a la creación de la Empresa Común Artemis, especifica que entre la Empresa Común Artemis y Bélgica se celebrará un acuerdo de sede que regule la dotación de oficinas, los privilegios e inmunidades y otras formas de apoyo que deba prestar este país a la Empresa Común. No obstante, al fin de 2009 no se había celebrado tal acuerdo.
27.

No obstante, la Empresa Común no ha elaborado todavía una política contable con respecto a los activos generados en la fase de desarrollo del proyecto. No hay establecido un sistema de información de la gestión que permita asignar los costes a paquetes de actividades específicas o identificar la fuente de financiación de los costes operativos, lo que impide la valoración correcta de los activos. Aunque no afecta a las cuentas de 2008, puesto que la actividad operativa fue limitada, está situación tendrá un impacto significativo a partir de 2009.
7.

El presupuesto de 2007 del Centro se elevó a 17,4 millones de euros, frente a los 17,6 millones de euros del ejercicio anterior. El programa de trabajo del Centro para 2007 recogía las actividades programadas para cada objetivo específico con una descripción pormenorizada de los resultados perseguidos. Con frecuencia, los objetivos y los resultados no eran cuantificables y no se establecieron indicadores de rendimiento para evaluar el cumplimiento de los objetivos. Los recursos financieros y humanos necesarios solo se indicaban para los proyectos, sin relacionarlos con las actividades. Las actividades programadas no estaban sujetas a un calendario. Para conseguir que su presupuesto esté realmente basado en las actividades, el Centro debería definir objetivos precisos y mejorar su programación de modo que establezca una relación clara y coherente entre los objetivos fijados y la ejecución de los recursos presupuestarios necesarios para lograrlos.
La Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención. (Artículo 152, apartado 2, del Tratado)

Objetivos Proporcionar a la Unión y a sus Estados miembros datos objetivos, fiables y comparables a nivel europeo sobre el fenómeno de la droga y la toxicomanía, así como sobre sus consecuencias. El Observatorio se centrará en los siguientes ámbitos prioritarios: 1) el seguimiento del estado del fenómeno de las drogas, y el seguimiento de las nuevas tendencias, en especial las relacionadas con el policonsumo; 2) el seguimiento de las soluciones y el ofrecimiento de información sobre las mejores prácticas; 3) la evaluación de los riesgos de las nuevas sustancias psicotrópicas y el mantenimiento de un sistema de alerta rápida; 4) el desarrollo de herramientas e instrumentos que faciliten a los Estados miembros el control y evaluación de sus políticas nacionales y a la Comisión el control y evaluación de las políticas de la Unión Europea.

Funciones — Recopilar y analizar datos. — Mejorar el método de comparación de la información. — Difundir la información. — Cooperar con los organismos y organizaciones europeos e internacionales y con países terceros. — Identificar nuevas tendencias o evoluciones.

1. Consejo de Administración Compuesto por un representante de cada Estado miembro, dos representantes de la Comisión y dos expertos independientes designados por el Parlamento Europeo. Aprueba el programa de trabajo, el informe general de actividad y el presupuesto. 2. Director Nombrado por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión. 3. Comité científico Emite dictámenes. Compuesto por un máximo de quince personalidades científicas nombradas debido a su competencia por el Consejo de administración tras una convocatoria de manifestación de interés. El Consejo de administración podrá también nombrar a una selección de expertos para ampliar el Comité científico con objeto de evaluar el riesgo de las nuevas sustancias psicotrópicas. 4. Control externo Tribunal de Cuentas. 5. Autoridad de aprobación de la gestión Parlamento previa recomendación del Consejo.

Presupuesto definitivo 14,4 millones de euros (13,1 millones de euros). sufragados por la subvención comunitaria al 93 % (92 %). Puestos previstos en la plantilla: 82 (77) Puestos cubiertos: 73 (68) +25 (23) puestos (contratos auxiliares, agentes contractuales e interinos) Total efectivos: 98 (91) Agentes encargados de: tareas operativas: 60 (53,5) tareas administrativas y de apoyo informático: 29 (30) tareas mixtas: 9 (7,5)
11.

Por lo que atañe a los procedimientos de adjudicación de contratos se observaron las irregularidades siguientes (6): los criterios de selección no se mencionaron o no se aplicaron; el método de evaluación de los precios no estaba definido antes de que el procedimiento de evaluación estuviera en marcha; la descripción de los criterios de calidad resultaba demasiado vaga. La composición del comité de evaluación no cumplía el principio de la independencia jerárquica de sus miembros, debido principalmente a que la Autoridad no había aplicado procedimientos claros para adjudicar sus contratos.
9.

No se efectúa ninguna conciliación entre los saldos bancarios y la contabilidad, y los errores en los importes que se han de abonar no siempre se detectan. Por otra parte, las instrucciones bancarias del contable no van refrendadas por una segunda persona. Puesto que se trata de un ámbito de riesgo elevado, los procedimientos de control interno deberían reforzarse sin demora.
4

El objetivo específico del Instrumento es aumentar la inversión del sector público para satisfacer las necesidades de desarrollo de regiones de la UE identificadas en planes territoriales de transición justa, derivadas de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra. Para conseguirlo, el proyecto de Reglamento propone facilitar la financiación de proyectos que no generen un flujo suficiente de ingresos propios y que no se financiarían sin el elemento de ayudas en forma de subvenciones procedentes del presupuesto de la UE. El elemento de subvenciones, por ejemplo, ayudaría a un organismo público a financiar un proyecto que, de lo contrario, no se ejecutaría (o no en la misma medida) o se aplazaría por limitaciones presupuestarias.
35.

Las recientes fiscalizaciones del Tribunal confirman lo señalado anteriormente (42). No hay garantías de que los mecanismos de corrección financiera, pese al dilatado proceso administrativo que implican, compensen suficientemente los errores no detectados, y de que se hayan resuelto todos los problemas significativos al cierre de los programas operativos. Tampoco existen pruebas de que los mecanismos de corrección financiera se traduzcan en mejoras duraderas de los sistemas para evitar que se reproduzcan errores no detectados. Uno de los motivos es su reducido impacto financiero (con lo que el incentivo para que los Estados miembros mejoren el rendimiento de sus sistemas es también limitado), dado que los gastos nacionales sirven de parachoque a la mayor parte del gasto «irregular». Con estos mecanismos las operaciones subyacentes no son sin embargo menos ilegales o irregulares y se termina trasladando el coste de las operaciones (desautorizadas) ilegales e irregulares desde el presupuesto de la UE a los presupuestos nacionales. En última instancia, los destinatarios finales probablemente no sentirán los efectos.
(16)

En los acuerdos suscritos para cada acción debe figurar la supervisión y el control financiero por la Comisión o cualquier representante autorizado de ésta, así como las auditorías por el Tribunal de Cuentas y las verificaciones in situ a cargo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), con arreglo a las procedimientos establecidos en el Reglamento los Reglamentos (CE) no 2185/96, (CE) no 1073/1999 y (CE) no 1074/1999 del Consejo. Del mismo modo, en los acuerdos deberán contemplarse las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas, el cual, en virtud del artículo 248, apartado 2, del Tratado, podrá llevar a cabo sus controles conforme a sus propias normas.
19.

Por otra parte, el Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999 concluyó, entre otras cosas, que el sistema de recursos propios de la Unión debería ser equitativo, transparente, rentable, simple y estar basado en los criterios que mejor reflejen la capacidad contributiva de cada Estado miembro. Sin embargo, la existencia de cualquier mecanismo de corrección compromete la simplicidad y la transparencia del sistema de recursos propios. En particular, el cálculo de los saldos netos implica la realización de numerosas elecciones (elementos que se han de incluir, períodos de referencia y métodos contables) que en conjunto añaden complejidad a cualquier mecanismo de corrección. Además, los saldos presupuestarios netos no son buenos indicadores para apreciar las ventajas que se hayan de obtener de las políticas comunitarias, puesto que no tienen en cuenta el efecto multiplicador de dichas políticas (18).
Dictamen n° 9/2001

sobre una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad

[2001/0115 (COD) - COM(2001) 272 final]

(presentado en virtud del apartado 4 del artículo 280 del Tratado CE)

(2002/C 14/01)

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 4 de su artículo 280,

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad,

Vista la solicitud de dictamen sobre esta propuesta enviada por el Consejo al Tribunal de Cuentas el 29 de octubre de 2001, recibida por éste el 5 de noviembre de 2001,

HA APROBADO EL DICTAMEN SIGUIENTE:

El Tribunal de Cuentas se congratula de la iniciativa de la Comisión de proponer una Directiva relativa a la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad, con el objetivo de substituir y/o integrar los instrumentos del tercer pilar mediante actos comunitarios aprobados con arreglo a las nuevas bases establecidas por el Tratado de Amsterdam.

El Tribunal observa que esta iniciativa coincide con la recomendación efectuada a este respecto por el Tribunal en sus Observaciones sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades, así como a la propuesta de Acto del Consejo por el que se establece el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades (Observaciones aprobadas el 22 de febrero de 1995, apartado 26).

El Tribunal considera que la aprobación de nuevos instrumentos jurídicos comunitarios, que tengan como fin poner en práctica la exigencia enunciada en el artículo 280 CE de una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros contra el fraude que cause perjuicio a los intereses financieros de la Comunidad, tiene la misma orientación que los Convenios y Protocolos pendientes de ratificación. En todo caso, éstos englobarán, de forma más amplia, el mismo ámbito.

El Tribunal estima, tal y como puso de relieve en las Observaciones anteriormente mencionadas, que una directiva constituye un instrumento adecuado para poner en práctica una protección eficaz de los intereses financieros de la Comunidad Europea.

El Tribunal de Cuentas es del parecer de que una protección lo más completa y eficaz posible de los intereses financieros de la Comunidad hace que sean necesarias algunas precisiones relativas a:

- la definición de algunas de estas infracciones,

- ciertos aspectos de las sanciones que deben aplicar los Estados miembros.

Las modificaciones propuestas a este respecto por el Tribunal al texto de la Comisión, así como su fundamento, se adjuntan en forma de cuadro.

El presente Dictamen ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo en su reunión de 8 de noviembre de 2001.

Por el Tribunal de Cuentas

Jan O. Karlsson

Presidente

>SITIO PARA UN CUADRO>
2.6.

En principio, la COSAC se muestra satisfecha con la cooperación estrecha y abierta de los Parlamentos nacionales con la Comisión Europea, establecida en virtud del Tratado de Lisboa. El diálogo político informal entre la Comisión Europea y los Parlamentos nacionales contribuirá a fortalecer la dimensión parlamentaria en el proceso de toma de decisiones de la UE. No obstante, la COSAC señala que, con arreglo al artículo 6 del Protocolo no 2, los dictámenes motivados presentados deberán exponer las razones por las que el proyecto en cuestión no se ajusta al principio de subsidiariedad, en lugar de las razones por las que sí lo hace.
10.1.

El Tratado de Lisboa permite, desde el 1 de diciembre de 2009, que los proyectos de actos legislativos, definidos en el artículo 289, apartado 3 del TFUE, sean objeto de un control por medio de los procedimientos y con los efectos establecidos en el Protocolo (no 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. La COSAC desea felicitar a la Comisión Europea y al Consejo por su respuesta, que ha contribuido hasta ahora al buen funcionamiento del nuevo Protocolo (no 2). Asimismo, la COSAC acoge con satisfacción el proceso de diálogo político con la Comisión Europea. El seguimiento del papel de los Parlamentos nacionales, definido en particular en el artículo 12 del Tratado de la Unión Europea y sus respectivos Protocolos, seguirá siendo una de las prioridades de la COSAC.
M.

Considerando que en el suplicatorio de suspensión de la inmunidad se señala, por lo que se refiere a la aplicación del artículo 71 de la Constitución Española y, específicamente, a la actuación judicial a partir de la cual no resulta obligado recabar una autorización parlamentaria para ejercer acciones penales contra un encausado que adquiera la condición de parlamentario, que no es preciso presentar un suplicatorio de suspensión de la inmunidad en aquellos supuestos en los que se accede a la condición de parlamentario estando pendiente la celebración de un juicio oral previamente abierto ni cuando el parlamentario acceda al cargo después de su procesamiento; que, por consiguiente, no es necesario solicitar la suspensión de la inmunidad contemplada en el artículo 9, párrafo primero, letra a), del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea para poder adoptar medidas en el territorio español;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (6), y en particular su artículo 70,
—

Visto el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (1) (MiFIR), y en particular su artículo 32, apartado 1, y su artículo 50, apartado 5,
F.

Considerando que, el 28 de julio de 2015, Christian Estrosi presentó una denuncia con personación como actor civil ante el decano de los jueces de instrucción de Niza contra Marine Le Pen, por un hecho constitutivo de difamación pública de un ciudadano responsable de un mandato público; que en ella alegaba que, el 3 de mayo de 2015, con ocasión de la emisión del programa Le Grand Rendez-vous, difundido al mismo tiempo en iTÉLÉ y Europe 1, Marine Le Pen realizó las declaraciones siguientes, constitutivas de alegaciones o imputaciones de hechos que perjudican su honor o consideración: «Mire, yo lo que sé es que el señor Estrosi financió la UOIF [Unión de Organizaciones Islámicas de Francia]; que la justicia administrativa lo condenó por haberle concedido un alquiler tan bajo a una mezquita de la UOIF que incluso el tribunal administrativo le llamó la atención; lo que no deja de ser, en realidad, sino el modo en el que estos alcaldes financian mezquitas ilegalmente, infringiendo la Ley de 1905; entonces, cuando te pillan en flagrante delito de clientelismo y comunitarismo, evidentemente, hay que gritar bien alto y decir cosas que chocan, pero yo no me fijo en las palabras, me fijo en los actos…»; en respuesta a la pregunta del entrevistador «Entonces, Estrosi, ¿es cómplice de los yihadistas?», Marine Le Pen respondió, al parecer: «La ayuda, la provisión de medios, la asistencia: cuando se contribuye a que el fundamentalismo islamista se asiente, se difunda, reclute gente, de alguna manera, moralmente, se es un poco cómplice, sí»;
—

Visto el Reglamento (CE) no 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano (1), y en particular su artículo 41, apartado 3, y su artículo 42, apartado 2,
P6_TA(2006)0426

Demanda de amparo de la inmunidad y los privilegios de Mario Borghezio

Decisión del Parlamento Europeo sobre la demanda de amparo de la inmunidad y los privilegios de Mario Borghezio (2006/2151(IMM))

El Parlamento Europeo,

- Vista la demanda de Mario Borghezio de amparo de su inmunidad, presentada mediante carta de 23 de mayo de 2006 y comunicada en el Pleno del 1 de junio de 2006,

- Tras haber oído a Mario Borghezio, de conformidad con el apartado 3 del artículo 7 de su Reglamento,

- Vistos los artículos 9 y 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el artículo 6, apartado 2 del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

- Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986 [1],

- Visto el artículo 68 de la Constitución de la República Italiana,

- Vistos el apartado 3 del artículo 6 y el artículo 7 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0329/2006),

1. Decide no amparar la inmunidad y los privilegios de Mario Borghezio.

[1] Asunto 101/63, Wagner/Fohrmann y Krier, Rec. Ed. Esp. 1964-1966, p. 47, y Asunto 149/85, Wybot/Faure y otros, Rec. 1986, p. 2391.

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P6_TA(2005)0024

Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Koldo Gorostiaga

Decisión del Parlamento Europeo sobre la demanda de amparo de la inmunidad y los privilegios de Koldo Gorostiaga (2004/2102(IMM))

El Parlamento Europeo,

- Vista la demanda de Koldo Gorostiaga de amparo de su inmunidad en relación con un procedimiento judicial pendiente ante un tribunal francés, presentada el 7 de julio de 2004 y comunicada en el Pleno del 22 de julio de 2004,

- Vistos los artículos 8, 9 y 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el apartado 2 del artículo 6 del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

- Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986 [1],

- Vistos el apartado 3 del artículo 6 y el artículo 7 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0006/2005),

A. Considerando que Koldo Gorostiaga fue elegido diputado al Parlamento Europeo en las quintas elecciones directas celebradas el 13 de junio de 1999, que sus credenciales fueron verificadas el 15 de diciembre de 1999 [2] y que su mandato expiró el 19 de julio de 2004,

B. Considerando que Koldo Gorostiaga se queja de que le fue incautada por el Tribunal de Grande Instante (TGI) de París una determinada cantidad de dinero que le pertenecía y que alega que esa cantidad estaba constituida por dietas que le había abonado el Parlamento,

C. Considerando que Koldo Gorostiaga afirma que la incautación de los bienes que, según sus alegaciones, le pertenecen constituye una violación del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades,

D. Considerando que Koldo Gorostiaga se queja de que ha sido declarado "presunto inculpado" por la Sala segunda de instrucción de La Cour d'Appel de París, en su resolución de 11 de junio de 2004, lo que constituye una violación del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades,

E. Considerando que, con arreglo a las pruebas por él mismo presentadas, Koldo Gorostiaga no está protegido por la inmunidad parlamentaria respecto a ninguna de las demandas que se han sometido a la atención del Presidente del Parlamento Europeo,

1. Decide no amparar la inmunidad y los privilegios de Koldo Gorostiaga.

[1] Asunto 101/63 Wagner/Fohrmann y Krier, Rec 1964, p. 383, y el Asunto 149/85 Wybot/Faure y otros, Rec 1986, p. 2391.

[2] Decisión del Parlamento Europeo sobre la verificación de credenciales tras las quintas elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal directo celebradas del 10 al 13 de junio de 1999 (DO C 296 de 18.10.2000, p. 93).

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