COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS --ARTÍCULOS 28 Y 49 CE-- EN MATERIA DE UTILIZACIÓN DE ANTENAS PARABÓLICAS

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. OBJETO DE LA COMUNICACIÓN. Las antenas parabólicas: instrumentos de recepción y circulación de servicios en el mercado interior

1. Importancia de las antenas parabólicas

2. Toda una gama de servicios disponibles a través de las antenas

3. Multitud de partes interesadas en la utilización de las antenas parabólicas

II. La libre circulación de mercancías y servicios y las antenas parabólicas: principios generales

1. Las antenas parabólicas y el mercado interior

2. Las antenas parabólicas y la libertad de expresión

III. Restricciones en materia de utilización de antenas parabólicas resultantes de disposiciones o comportamientos de instancias nacionales

a) Normas y prescripciones técnicas

b) Normas administrativas

c) Normas arquitectónicas y urbanísticas

d) Normas fiscales

e) Normas sobre recepción

INTRODUCCIÓN

El Consejo Europeo de Lisboa destacó el potencial de crecimiento, competitividad y creación de empleo que encierra la economía digital basada en el conocimiento y subrayó la importancia de que los ciudadanos y empresas de Europa tengan acceso a una amplia gama de servicios a través de una infraestructura de comunicaciones de alta calidad y bajo coste [1].

[1] En respuesta a la invitación del Consejo Europeo de Lisboa, la Comisión adoptó, el 29.12.2000, una comunicación [COM(2000) 888] que define una nueva estrategia para el mercado interior de servicios y que subraya, en particular, la nueva dinámica inyectada en los servicios por la sociedad de la información a través de la reducción de los costes de transmisión y adquisición de la información, así como el objetivo de mejorar las condiciones de la libre circulación de servicios para reforzar la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo en nuestra economía.

Las antenas parabólicas responden plenamente a estas finalidades, puesto que se trata de aparatos de recepción directa, sencilla y de bajo coste de una multitud de servicios de alta calidad que suscitan, actualmente, un interés creciente entre el público general y se están convirtiendo en un objeto cada vez más popular, utilizado con fines no sólo profesionales sino también domésticos.

La posibilidad de definir la existencia, en cierto modo, de un «derecho a la antena» para los usuarios, según indicaciones lo bastante claras y ponderadas, constituye una condición previa para permitir que consumidores y empresas accedan cada vez más fácilmente y en mayor número a las tecnologías modernas y para consolidar las perspectivas de inversión y competitividad de la industria europea, habida cuenta, especialmente, de las grandes posibilidades de expansión de la recepción vía satélite en Europa.

Con arreglo a las competencias que le atribuye el artículo 211 CE en el marco de su misión de garantizar el funcionamiento y el desarrollo del mercado interior, la Comisión pretende, con la presente Comunicación, contribuir, en virtud de los principios existentes, a la seguridad jurídica y proporcionar un instrumento de referencia útil a los usuarios, los operadores económicos y las administraciones nacionales, con vistas, especialmente, a eliminar y prevenir obstáculos reales o potenciales al empleo de dicho aparato de recepción de servicios transfronterizos y evitar, de este modo, un número creciente de procedimientos de infracción.

En efecto, aunque corresponde a cada Estado miembro, con arreglo a su propio ordenamiento jurídico interno, fijar las condiciones que deben cumplirse para la instalación y utilización de antenas parabólicas, algunas reglamentaciones nacionales pueden repercutir en las posibilidades de recepción y, por consiguiente, indirectamente, de difusión de la amplia gama de servicios transmitidos vía satélite, con vocación eminentemente transfronteriza, representados por las emisiones televisivas y radiofónicas y los servicios interactivos («servicios de la sociedad de la información»). Por tanto, estas medidas nacionales deben ser conformes a los principios fundamentales del Tratado, entre los que se encuentran la libre circulación de mercancías y la libre circulación de servicios dentro del mercado interior, consagradas, respectivamente, por los artículos 28 [2] a 30 y los artículos 49 [3] y siguientes del Tratado CE.

[2] Artículo 28: «Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.».

[3] Primer párrafo del artículo 49: «En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación.».

La Comisión, visto el creciente interés que suscita el tema, como lo demuestran las numerosas denuncias, peticiones y solicitudes de información que le han presentado últimamente tanto particulares como otras instituciones [4], aunque no prevé, de momento, una iniciativa legislativa específica, considera procedente, mediante el presente documento, dar su apreciación del alcance y la utilidad de los principios fundamentales de la libre circulación de mercancías y de servicios, tal como se prevén en el Tratado y son interpretados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en materia de normas nacionales relativas a las condiciones de utilización de antenas parabólicas.

[4] Véanse, por ejemplo, las preguntas escritas del PE 1759/97, 4114/98, 99/2216 01/718 y 01/883.

Podrá aplicar las indicaciones de la presente Comunicación, prosiguiendo los contactos e intercambios de información con los particulares y las demás partes interesadas (empresas, autoridades nacionales y comunitarias), con vistas, en su caso, a tomar cualquier iniciativa necesaria para eliminar o prevenir los obstáculos al funcionamiento del mercado interior en este ámbito.

La presente Comunicación se refiere únicamente a las antenas parabólicas de recepción de servicios y excluye, por lo tanto, las antenas que permiten la transmisión por parte del usuario (menos extendidas y disponibles desde hace menos tiempo en el mercado), independientemente de que las indicaciones facilitadas a continuación podrían, asimismo, aplicarse en su caso, mutatis mutandis, en gran medida a las antenas de transmisión. Las antenas de recepción, debido a sus características técnicas, no plantean cuestiones relativas, por ejemplo, a posibles riesgos de emisión de ondas magnéticas o de interferencias con otras estructuras de transmisión (aeropuertos, instalaciones militares, etc.) y que podrán por este motivo --como en el caso de otros problemas que encuentran los usuarios en la recepción de servicios vía satélite-- exigir en el futuro un análisis específico.

Las opiniones que expresa en el presente documento la Comisión se basan en la interpretación existente de los principios generales del Derecho comunitario y en los elementos de hecho disponibles actualmente; por este motivo, las presentes indicaciones podrán adaptarse posteriormente, en función, especialmente, de la futura evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los progresos tecnológicos y demás circunstancias pertinentes.

En particular, la presente Comunicación no pretende prejuzgar la interpretación puntual que pueda dar más adelante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre las cuestiones tratadas a continuación, mediante, especialmente, futuras decisiones con carácter prejudicial, con arreglo al artículo 234 del Tratado CE.

I. OBJETO DE LA COMUNICACIÓN. Las antenas parabólicas: instrumentos de recepción y circulación de servicios en el mercado interior

1. Importancia de las antenas parabólicas

Una antena parabólica constituye un eslabón esencial de la cadena de circulación de los servicios prestados vía satélite. La difusión vía satélite, por su propia naturaleza, no se restringe a un territorio nacional, sino que puede abarcar regiones geográficas muy extendidas y varios Estados, o incluso la totalidad del territorio de la Comunidad Europea (o superficies aún mayores), independientemente de las distancias y de las fronteras geográficas.

La difusión de las antenas sigue creciendo, gracias a lo moderado de sus costes actuales y al rendimiento cada vez mayor de su tecnología. Según estimaciones relativas a mediados del año 2000, casi 30 millones de hogares de la UE [5] están dotados de sistemas de recepción directa de servicios de radiodifusión vía satélite, bien antenas individuales para una sola vivienda (DTH: Direct To Home), bien antenas colectivas para varias viviendas (SMATV: Satellite Master Antenna Television).

[5] Cifras suministradas por Astra. En concreto, los hogares dotados de sistemas de recepción directa vía satélite en la UE se elevaban a 25,2 millones a mediados de 1998, 27,7 millones a mediados de 1999, 29,4 millones a mediados de 2000 y podrían alcanzar los 52 millones en 2010. Otras estadísticas, procedentes de una encuesta realizada por el Crédome (Centre de Recherche Innovation/Médias del grupo Publicis) por cuenta de Eutelsat, indican, en cualquier caso, un número de hogares superior a 26 millones para 1999.

Los servicios accesibles a través de las antenas progresan constantemente en términos

- tanto cualitativos, por ejemplo, en cuanto a la mejora de las características técnicas de transmisión, de la definición de las imágenes y el sonido, etc.; además, su diámetro habitual se va reduciendo progresivamente para las mismas prestaciones;

- como cuantitativos, especialmente mediante la numeralización y la compresión digital que, al multiplicar las posibilidades de transmisión, permiten incrementar la oferta de eventos (por ejemplo, en pago por visión) y de servicios interactivos, y diversificar los horarios de las emisiones, las versiones lingüísticas, las tomas de una misma transmisión, etc.

Por consiguiente, gracias al progreso técnico, las antenas se han convertido en un medio de interpenetración en la Unión Europea, desde un punto de vista no solamente económico, sino también cultural y social (al constituir, a menudo, el único medio para captar las emisiones radiotelevisivas procedentes de Estados miembros distintos del de residencia y, especialmente, del Estado o incluso de la región de origen del destinatario); lingüístico (para el aprendizaje de lenguas extranjeras o la escucha de la lengua materna para familias en el extranjero, en particular los niños); de información y enseñanza a distancia (gracias a las cadenas temáticas y a los servicios interactivos); turístico (mediante la utilización de las antenas en los lugares de vacaciones); etc. [6]

[6] Véase el considerando tres de la Directiva «satélite y cable» 93/83/CEE del Consejo (DOCE L 248 de 6.10.1993) que afirma que «las emisiones transfronterizas de radiodifusión dentro de la Comunidad, en especial vía satélite y por cable, son uno de los medios más importantes para el logro de los objetivos» comunitarios, «que son al mismo tiempo de carácter político, económico, social, cultural y jurídico».

Además, la transmisión vía satélite constituye, a menudo, no ya un simple medio suplementario elegible entre otros (vía herciana y cable, sometido éste por añadidura en ocasiones a un régimen de monopolio territorial al existir un único operador), sino el único vehículo de acceso a emisiones o servicios no disponibles de otra forma. De hecho, así como el número de cadenas de un Estado miembro distinto al de residencia difundidas por vía herciana o por cable es, por lo general, muy reducido o incluso inexistente, en cambio, vía satélite es muy elevado y potencialmente ilimitado.

2. Toda una gama de servicios disponibles a través de las antenas

Gracias a la tecnología actual, las prestaciones transfronterizas trasmitidas vía satélite y que pueden recibirse mediante una antena ya no están constituidas únicamente por a) servicios de radiodifusión televisiva [7] y sonora, sino también por b) servicios de la sociedad de la información.

[7] Después de que el Tribunal de Justicia reconoció explícitamente que los servicios de radiodifusión televisiva entran en el ámbito del artículo 49 (antiguo art. 59) del Tratado en la sentencia Sacchi de 30.4.1974, asunto 155/73, éstos se han regido por la Directiva sobre la «televisión sin fronteras» 89/552/CEE de 3.10.1989 (DOCE L 298 de 17.10.1989) modificada por la Directiva 97/36/CE de 30.6.1997 (DOCE L 202 de 30.7.1997).

(a) Actualmente, las cadenas de radiodifusión que pueden captarse en Europa --en forma analógica o digital, codificadas o no, destinadas al público en general o a los profesionales (business TV)-- se elevan a varios centenares. Según algunas previsiones [8], el número de familias abonadas a servicios de televisión de pago vía satélite podría elevarse a 27 millones en 2010, con una tasa de crecimiento del 349 % cada decenio.

[8] Baskerville Communications.

(b) Hay que añadir a todo esto los servicios de la sociedad de la información [9], también accesibles mediante las mismas antenas parabólicas de recepción. A grandes rasgos, se trata de las prestaciones en línea de carácter interactivo, que circulan a través de las redes electrónicas como Internet y que consisten, especialmente, en la transmisión de datos, documentos, sonidos e imágenes. Independientemente del medio de transmisión (por ejemplo, por cable) para la «solicitud individual» que utilice el destinatario, éste puede recibir tales servicios, transmitidos vía satélite, mediante una antena parabólica de recepción, que puede, por otra parte, ser la utilizada para captar los servicios de radiodifusión antes mencionados. Los servicios de la sociedad de la información recibidos vía satélite están destinados no sólo a los consumidores, sino también a los operadores económicos (business to business): por ejemplo, los proveedores de acceso a Internet (que utilizan las capacidades de los satélites para incrementar sus conexiones a la redes de telecomunicación y las capacidades de transmisión que ofrecen a sus clientes) o las empresas con actividades transfronterizas (que pueden transferir con rapidez y seguridad una cantidad considerable de datos y de ficheros a través de redes privadas vía satélite).

[9] Los servicios de la sociedad de la información se definen como todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios. Este concepto, introducido por el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 98/48/CE (que modifica la Directiva 98/34/CE y prevé un procedimiento de transparencia normativa, DOCE L 217 de 5.8.1998), se ha retomado posteriormente en las Directivas 98/84/CE (relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional, DOCE L 320 de 28.11.1998) y 2000/31 (sobre el comercio electrónico, DOCE L 178 de 17.7.2000).

Por tanto, se puede considerar que una antena parabólica, al permitir la recepción de una amplia gama de servicios, se ha convertido, en la actualidad, en un verdadero terminal multifuncional.

3. Multitud de partes interesadas en la utilización de las antenas parabólicas

Habida cuenta de la riqueza de la oferta, el régimen jurídico aplicable en materia de instalación y utilización de las antenas como medio de recepción puede afectar, directa o indirectamente, a múltiples actores económicos participantes en el proceso de fabricación y comercialización de las antenas y en la cadena de producción y difusión de los servicios transmitidos y prestados vía satélite. En una reconstrucción esquemática en sentido inverso es posible identificar, en particular, las siguientes categorías de actores económicos:

* los usuarios

esto es, los telespectadores, los oyentes radiofónicos y los diversos destinatarios de servicios en línea (consumidores, profesionales, empresas y establecimientos públicos);

* los técnicos en antenas

que son los operadores dedicados a comercializarlas (detallistas), instalarlas y mantenerlas (instaladores);

* las empresas de satélites

es decir los operadores que ofrecen sus frecuencias en satélites para la distribución de diversos servicios en las regiones cubiertas por sus infraestructuras de transmisión;

* las cadenas de radiodifusión televisiva y radiofónica vía satélite

estos operadores utilizan los satélites como medio de difusión de sus emisiones;

* los prestadores de servicios de la sociedad de la información

se trata de los operadores que prestan sus servicios interactivos, transmitidos vía satélite y recibidos gracias a las antenas parabólicas por los destinatarios finales;

* los profesionales de la comunicación comercial

para los que la transmisión de servicios vía satélite ofrece nuevas oportunidades de ampliar la gama de destinatarios de mensajes promocionales;

* los proveedores de contenidos

que incluyen a los autores (cinematográficos, televisivos, musicales o los organizadores deportivos) y los productores, que tienen un interés directo en que sus actividades puedan comunicarse, gracias también al satélite y a las antenas, a la mayor cantidad posible de usuarios finales;

* los productores y los distribuidores

se trata de los fabricantes de antenas y de los importadores y mayoristas que se dedican a su distribución comercial.

De lo anterior se deduce que las posibles restricciones a la utilización de las antenas repercuten no sólo en los usuarios finales, sino también --asimismo en lo relativo a las perspectivas de inversión-- en un amplio número de operadores económicos intermedios.

II. La libre circulación de mercancías y servicios y las antenas parabólicas: principios generales

En virtud de los principios de la libre circulación de mercancías (artículos 28 a 30 CE) y la libre circulación de servicios (artículos 49 y siguientes CE, interpretados con arreglo al artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales), la posibilidad de utilizar una antena parabólica debe, por norma general, reconocerse a cualquier persona que desee disponer de ella.

1. Las antenas parabólicas y el mercado interior

En el marco del funcionamiento del mercado interior, espacio sin fronteras internas, la reglamentación de la comercialización, instalación y utilización de las antenas parabólicas en los Estados miembros --en la medida en que interviene un elemento de carácter transfronterizo-- plantea cuestiones respecto de dos libertades fundamentales previstas en el Tratado CE: la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios. En efecto, dichas antenas constituyen mercancías [10] por las que transitan servicios con carácter eminentemente transfronterizo [11].

[10] Se trata de productos con un valor económico y que pueden, por consiguiente, ser objeto de transacciones comerciales en el sentido de la sentencia Comisión/Italia de 10.12.1968, asunto 7/68.

[11] En efecto, se trata de prestaciones (vía satélite), realizadas normalmente a cambio de una remuneración en el sentido del artículo 50 del Tratado CE (Véase la sentencia Bond van Adverteerders de 26.4.1988, asunto 352/85) y cuyos elementos no se restringen en su totalidad a un solo Estado miembro (Véase la sentencia Comisión contra la República Helénica de 26.2.1991, asunto C-198/89).

Los artículos 28 y 49 CE, tal y como los ha interpretado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, garantizan respectivamente la protección de esas dos libertades mediante la eliminación de las discriminaciones directas o indirectas, basadas en la nacionalidad, y mediante la supresión de las restricciones nacionales, aunque se apliquen indistintamente, cuando pueden prohibir, entorpecer o hacer menos atractivo el ejercicio de actividades económicas a escala transfronteriza [12].

[12] Véanse las sentencias: Dassonville de 11.7.1974, asunto 8/74, Keck y Mithouard de 24.11.1993, asuntos acumulados C-267/91 y C-268/91; Guiot de 28.3.1996, asunto C-272/94 (punto 10).

Para ser admitidas como excepción a libertades fundamentales del mercado interior, las medidas nacionales que, en un ámbito no armonizado como el de la comercialización, instalación y utilización de antenas parabólicas, pueden entorpecer o hacer menos atractivo su ejercicio deben cumplir cuatro condiciones:

* aplicarse de forma no discriminatoria;

* justificarse, bien por intereses legítimos previstos en el Tratado [13], especialmente, el orden público, la seguridad pública o la salud pública, bien por otros intereses legítimos reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, bajo la denominación de «razones imperiosas de interés general» en materia de servicios [14] o de «exigencias obligatorias», en lo relativo a las mercancías [15]; por ejemplo, la protección de los consumidores o la protección del medio ambiente;

[13] Artículos 30 y 46 CE.

[14] Véase la sentencia Dennemeyer de 25.7.1991, asunto C-76/90.

[15] Véase la sentencia Rewe, llamada «Cassis de Dijon», de 20.2.1979, asunto 120/78.

* ser de naturaleza que garanticen la realización del objetivo perseguido y

* no ir más allá de lo necesario para alcanzarlo, respetando así el principio de proporcionalidad [16].

[16] Véanse las sentencias Rewe, antes citada, Gebhard de 30.11.1995, asunto C-55/94 (punto 37), y Zenatti de 21.10.1999, asunto C-67/98 (punto 29).

Asimismo, conviene tener en cuenta en este contexto la Directiva sobre la televisión sin fronteras [17] que, previendo que, por norma general, los Estados miembros garanticen la libertad de recepción y no obstaculicen la retransmisión en sus territorios de emisiones televisadas procedentes de otros Estados miembros por motivos inherentes a los ámbitos coordinados, tiene como principal objetivo crear las condiciones necesarias para la libre circulación de las emisiones de radiodifusión televisiva.

[17] Véase la nota 7.

Los artículos 28 y 49 son de aplicación directa e incondicional en los ordenamientos jurídicos nacionales [18] y tienen un efecto directo. En particular, la libre circulación de servicios en el mercado interior es un principio fundamental del Derecho comunitario del que se benefician no sólo los prestadores sino también los destinatarios de servicios [19].

[18] Véanse las sentencias Iannelli y Volpi de 22.3.1977, asunto 74/76 y van Binsbergen de 3.12.74, asunto 33/74.

[19] Véase la sentencia Vander Elst de 9.8.1994, asunto 43/93 (punto 13). También en el plano terminológico, la mención de la libre circulación de servicios (que figura incluso en el Tratado CE, véase la letra c) del artículo 3, el apartado 2 del artículo 14 o el Título III de la Tercera Parte) confirma la idea de que la libertad fundamental prevista por el artículo 49 del Tratado CE puede ser invocada no sólo por los prestadores, sino también por los destinatarios de servicios.

Vista la primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional, los artículos 28 y 49 generan para los interesados unos derechos que las autoridades nacionales deben respetar y salvaguardar.

Además, no sólo hacen inaplicable de pleno derecho cualquier disposición contraria de la legislación nacional existente, sino que impiden la elaboración válida en el futuro de nuevos actos reglamentarios nacionales incompatibles con estas normas comunitarias [20]. Esta no aplicabilidad se refiere tanto a las disposiciones legislativas como a las administrativas, y estas últimas, además, no sólo incluyen normas generales y abstractas, sino también decisiones administrativas individuales y concretas [21].

[20] Véanse las sentencias Simmenthal de 9.3.1978, asunto 106/77, y Carra de 8.6.2000, asunto C-258/98.

[21] Véase la sentencia Ciola de 29.4.1999, asunto C-224/97.

Esta prohibición afecta también a cualquier práctica administrativa que corresponda a un comportamiento uniforme y regular de las autoridades públicas y a incitaciones de éstas que, aunque no sean vinculantes para sus destinatarios, puedan no obstante repercutir en el comportamiento de los agentes económicos y, especialmente, de los consumidores, contraviniendo de este modo los artículos 28 y 49 [22].

[22] Véanse las sentencias «Buy Irish» de 24.11.1982, asunto 249/81 y Factortame de 19.6.1990, asunto C-213/89.

La obligación de garantizar la primacía del Derecho comunitario subsiste en cualquier órgano del Estado miembro, no solamente en las jurisdicciones nacionales sino también en todos los órganos de la administración, incluidas las autoridades descentralizadas y locales, como los municipios [23]. En varios Estados miembros, las prescripciones relativas a la instalación y utilización de las antenas están determinadas, a menudo, a escala de las administraciones regionales o locales (especialmente de los municipios), que dictan reglamentaciones detalladas en la materia, mientras que los órganos centrales y federales se limitan, más bien, a enunciar principios generales.

[23] Véanse las sentencias Brasserie du Pêcheur de 5.3.1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93; de 10.4.84, asunto 14/83; de 13.11.1990, asunto 106/89; Fratelli Costanzo de 22.6.1989, asunto 103/88. Además, el Tribunal ha añadido que los Estados miembros son responsables cualquiera que sea el órgano del Estado cuya acción u omisión origina la falta, incluso si se trata de una institución independiente constitucionalmente (Véanse las sentencias de 5.5.1970, Comisión contra Bélgica, asunto 77-69, y de 2.2.1982, asunto 71/81). Por añadidura, los justiciables pueden invocar los derechos resultantes de la libre circulación de servicios contra organismos o entidades que, independientemente de su estatuto jurídico, estén sometidos a la autoridad o el control del Estado o que dispongan de poderes desproporcionados con respecto a los resultantes de las normas aplicables en las relaciones entre particulares (Véase la sentencia de 12.7.1990, asunto C-188/89). Esto afecta a los actos tanto de las autoridades públicas como de los organismos que, aunque tienen un estatuto jurídico privado, están sometidos a una influencia determinante de los poderes públicos en su funcionamiento, a través de, por ejemplo, la existencia de representantes de las autoridades públicas, el nombramiento de los miembros directivos, la financiación del organismo, etc. (Véanse las sentencias Comisión contra Francia de 9.5.85, asunto 21/84; «Buy Irish» antes mencionado, véase la nota 22).

Por consiguiente, la presente Comunicación, basándose en las indicaciones de carácter general de la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia en materia de libre circulación, se dirige a todas las instancias públicas que --independientemente de su forma jurídica-- tienen competencias para dictar y aplicar normas en materia de utilización de antenas parabólicas, en los diferentes niveles estatal, regional, provincial, municipal u otro, sin perjuicio, evidentemente, de sus respectivas prerrogativas de autonomía reconocidas por el ordenamiento jurídico interno.

Además, los actores económicos tienen, en el marco tanto de la libre prestación de servicios como de la libre circulación de mercancías, algunas garantías de procedimiento en sus relaciones con las autoridades públicas. Por ejemplo, sería contrario al Derecho comunitario establecer procedimientos de autorización que no fueran fácilmente accesibles, rápidos y de bajo coste (habida cuenta, especialmente, del precio de la antena que se deseara instalar) para el operador económico o el particular y que le no ofrecieran la garantía de obtener una decisión debidamente motivada a su solicitud y recurrible judicialmente [24]. Por añadidura, las sanciones aplicadas a los interesados por no respetar las normas nacionales no deben ser discriminatorias ni excesivas con respecto al objetivo buscado [25].

[24] Véase la sentencia Sandoz de 14.7.1983, asunto 174/82, Heylens de 15.10.1987, asunto 222/86, GB Inno-BM SA, de 13.12.1991, asunto C-18/88. La sentencia de 18.1.2001 del asunto C-162/99, Comisión contra Italia, precisa la exigencia de que las legislaciones nacionales garanticen la plena aplicación del Derecho comunitario mediante «la adopción de disposiciones jurídicas que puedan crear una situación suficientemente precisa, clara y transparente para permitir a los particulares conocer todos sus derechos e invocarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales».

[25] Véanse las sentencias Casati de 11.11.1981, asunto 203/80, y Comisión/Grecia de 16.12.1992, asunto C-210/91.

2. Las antenas parabólicas y la libertad de expresión

Con arreglo a una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, los derechos fundamentales forman parte integrante de los principios generales del Derecho inscritos en el ordenamiento jurídico comunitario, de cuyo respeto se ocupa dicho Tribunal [26].

[26] Véase la sentencia Elliniki Radiophonia de 18.6.1991, asunto C-260/89.

El Tribunal ha precisado que «no pueden admitirse en la Comunidad medidas incompatibles con el respeto de los derechos humanos» y que cualquier justificación de una reglamentación que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre prestación de servicios, prevista por el Derecho comunitario, debe interpretarse con respecto a los principios generales del Derecho y, especialmente, de los derechos fundamentales, y sólo podrá beneficiarse de una excepción prevista por lo dispuesto en el Tratado si es conforme a dichos derechos fundamentales.

Por tanto, toda medida nacional que restrinja la recepción de emisiones y servicios a través de antenas parabólicas deberá también ser compatible con el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que prevé expresamente «la libertad de recibir [...] informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras» [27].

[27] El artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, consagrado a la libertad de expresión y de información, estipula en su apartado 1 que: «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras». Asimismo, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 estipula que: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».

Más particularmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 22 de mayo de 1990 (asunto Autronic), precisó que el artículo 10 del Convenio «se refiere no sólo al contenido de las informaciones, sino también a los medios de transmisión y captación» y que, en concreto, «la recepción de programas televisados mediante una antena --parabólica o de otro tipo-- está regida por el Derecho consagrado por las dos primeras frases del apartado 1 del artículo 10». Dicha sentencia subrayó asimismo, en el marco del Convenio, la importancia de mantener un control europeo «estricto» sobre toda injerencia de un Estado en el ejercicio de los derechos y libertades garantizados por el artículo 10.

III. Restricciones en materia de utilización de antenas parabólicas

La Comisión desea proporcionar a continuación algunas indicaciones en cuanto a las diversas tipologías de restricciones dictadas por instancias nacionales, con el fin de garantizar, mediante el pleno respeto de los principios establecidos en los artículos 28 y 49 del Tratado y visto, asimismo, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, un verdadero derecho individual a la antena, que se deriva de dichos principios y está estrictamente ligado al correcto funcionamiento del mercado interior.

Estas restricciones a la libre utilización de antenas parabólicas como instrumentos de recepción de servicios de radiodifusión y de la sociedad de la información pueden deberse a las tipologías de normas y obligaciones siguientes:

a) normas y prescripciones técnicas

b) normas administrativas

c) normas arquitectónicas y urbanísticas

d) normas fiscales

e) normas sobre recepción.

a) Normas y prescripciones técnicas

Toda norma destinada a establecer prescripciones técnicas y/o condiciones técnicas para la instalación de las antenas puede constituir un obstáculo a la libre circulación de mercancías y servicios.

La legislación de los Estados miembros prevé, en ocasiones, que únicamente pueden comercializarse y utilizarse en su territorio los equipos conformes a determinadas prescripciones técnicas. Se trata de un problema bastante frecuente en el ámbito de la libre circulación de mercancías y, más especialmente, en el caso de productos de alta tecnología, que puede afectar, al mismo tiempo, a la recepción y la circulación de servicios (mencionados en el capítulo I) que transitan y que pueden captarse, a veces exclusivamente, a través de dichos aparatos de recepción de señales transmitidas vía satélite, o incluso impedirlas.

Dichas prescripciones pueden abarcar desde la obligación de cumplir algunas especificaciones (por ejemplo, en lo relativo a las dimensiones, las bandas de recepción, el etiquetado, las instrucciones de instalación y utilización, etc.) hasta la obligación de someter el producto a un procedimiento de homologación previo a su comercialización en el territorio.

Ahora bien, en primer lugar hay que subrayar que las antenas de recepción están cubiertas por la Directiva 73/23/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión y por la Directiva 89/336/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética [28]. En virtud de dichas Directivas, los Estados miembros no obstaculizan, por razones de seguridad o por motivos relativos a la compatibilidad electromagnética, ni la comercialización ni la puesta en servicio en su territorio de los aparatos previstos en las dos Directivas que satisfacen las exigencias de éstas [29].

[28] Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (DO L 77 de 26.3.1973, p. 29) y Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética (DO L 139 de 23.5.1989, p.19).

[29] Las antenas de transmisión, por su parte, están regidas por la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (DO L 91 de 7.4.1999, p. 10). En ella se establece que los Estados miembros sólo pueden restringir la puesta en el mercado, la libre circulación y la puesta en servicio en la Comunidad de dichos equipos por razones relacionadas con el uso adecuado y efectivo del espectro radioeléctrico y para evitar las interferencias perjudiciales, es decir, excluyendo, por ejemplo, prescripciones en cuanto la tecnología utilizada.

Además, el Tribunal de Justicia, que ha debido pronunciarse en virtud del artículo 28 CE, ha intervenido en diversas ocasiones respecto a las exigencias impuestas por los Estados miembros en cuanto a prescripciones técnicas y homologación previa de los productos, precisando que tales medidas pueden plantear problemas de compatibilidad con el principio de la libre circulación de mercancías previsto en el Tratado.

También está claro que las exigencias técnicas requeridas no deben tener como finalidad o como efecto el favorecer la producción nacional de bienes o servicios. En caso de que la medida en cuestión constituyera un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta, sería contraria a lo dispuesto en el Tratado CE [30].

[30] Véase el artículo 30 CE : «Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros». Sobre la cuestión de la autorización u homologación previa, véanse la sentencias del Tribunal de Justicia C-188/84, de 28.1.1986, «homologación de máquinas para trabajar la madera», y Comisión contra Bélgica, C-80/92, de 24.3.1994. Sobre los controles técnicos discriminatorios, véase la sentencia del Tribunal de Justicia C-50/85 de 12.6.1986.

Asimismo, las prescripciones en cuanto al diámetro, las bandas de recepción o las características técnicas de una antena parabólica plantean problemas de compatibilidad también con los artículos 49 y siguientes del Tratado CE, ya que podrían dificultar o imposibilitar la recepción de los servicios transfronterizos (de radiodifusión u otros) que, para ser captados, precisan, por ejemplo, aparatos de recepción con un diámetro lo bastante amplio, determinadas bandas de recepción, o características técnicas específicas.

Junto a las normas antes mencionadas, se hallan a menudo medidas basadas en motivos de seguridad que imponen respetar algunas modalidades técnicas relativas a las modalidades de instalación de las antenas en los edificios (anclaje en el suelo o en la pared, aislamiento eléctrico, etc.). Estas disposiciones deberán ser compatibles con el Tratado y las Directivas mencionadas y, en cualquier caso, no deberán superar los límites fijados por el principio de proporcionalidad ni alterar la competencia entre los instaladores de antenas.

b) Normas administrativas

La imposición sistemática de un procedimiento administrativo previo a la utilización de cualquier antena parabólica tiene un alcance restrictivo.

La posibilidad de instalar una antena parabólica, tanto colectiva como individual, está subordinada, en ocasiones, especialmente en virtud de reglamentaciones locales, a la presentación de una solicitud, acompañada por una serie de documentos y formularios ad hoc, y a la obtención de un autorización o un permiso de las autoridades locales, en su caso, con gastos administrativos para costear estos trámites [31].

[31] Estas obligaciones administrativas se analizan aquí como tales, independientemente de las causas de fondo (por ejemplo, arquitectónicas y urbanísticas) que las motivan y que se examinan específicamente en el apartado siguiente.

Sin entrar aquí en el análisis de las consecuencias para el ejercicio de la libertad de establecimiento de los instaladores y los operadores de antenas, la imposición sistemática y generalizada de tales exigencias en un territorio (por ejemplo municipal) plantea problemas de compatibilidad con los artículos 28 y 49 del Tratado.

En efecto, por una parte dificulta la comercialización de las antenas de recepción fabricadas en otro Estado miembro y disuade a los consumidores de comprar y utilizar tales productos [32].

[32] Véase la sentencia del Tribunal de Justicia C-80/92, de 24.3.1994, Comisión/Bélgica. En dicha sentencia, relativa a una ley sobre la comercialización y utilización de aparatos de radiocomunicación, el Tribunal afirma que un procedimiento de homologación aplicado indistintamente a todos los aparatos únicamente receptores de radiocomunicación es contrario al artículo 30 (actualmente artículo 28) del Tratado.

Por otra parte, al desanimar al usuario de utilizar antenas parabólicas (incluso independientemente de su lugar de fabricación y comercialización), como instrumento necesario para la recepción de multitud de servicios transfronterizos transmitidos por ellas (véase el capítulo I), la obligación general de una autorización previa tiene un alcance restrictivo en la medida en que puede entorpecer o hacer menos atractiva la recepción de transmisiones procedentes de otro Estado miembro y, por consiguiente, la circulación intracomunitaria de servicios prestados vía satélite [33]. El Tribunal de Justicia ha precisado que una libertad fundamental concedida directamente por el Tratado no puede someterse a controles que equivaldrían a volver ilusoria dicha libertad o a someter su ejercicio al poder discrecional de una administración nacional [34].

[33] Véanse las sentencias Vander Elst de 9.8.1994, asunto C-43/93 (punto 15), Kohll de 28.4.1998, asunto C-158/96 (33-35) y Comisión contra Bélgica de 9.3.2000, asunto C-355/98 en que el Tribunal recuerda que «Es jurisprudencia reiterada que una normativa nacional que supedita el ejercicio de determinadas prestaciones de servicios en el territorio nacional, por parte de una empresa domiciliada en otro Estado miembro, a la concesión de una autorización administrativa constituye una restricción a la libre prestación de servicios a efectos del artículo 59 del Tratado».

[34] Véanse las sentencias Luisi y Carbone de 31.1.84, asuntos acumulados 286/82 y 26/83, y Analir de 20.2.2001, asunto C-205/99.

Por lo demás, el hecho de exigir en todos los casos una serie de trámites y de documentos a las personas interesadas es contrario al principio de proporcionalidad, en la medida en que el objetivo perseguido por las autoridades a través de la imposición de tales trámites administrativos podría, de hecho, realizarse mediante medidas menos restrictivas, como, por ejemplo, la obligación general de respetar algunas consignas estéticas y de seguridad en el momento de la instalación o, todo lo más, un sistema de simple declaración informativa ex post. Esto permitiría proceder más eficazmente a controles directos y, en caso necesario, aportar soluciones específicas (por ejemplo, el desplazamiento o la adecuación de las instalaciones, la reparación del edificio o la aplicación de sanciones determinadas).

Si bien parece excesivo incluir la instalación de antenas parabólicas en los actos y trabajos sometidos, por norma general, a un procedimiento administrativo suspensivo, en cambio, en circunstancias totalmente excepcionales debidamente motivadas, podría, en su caso, estar justificado prever una información más detallada y un control específico por parte de las autoridades competentes, incluso con un procedimiento de información ex ante (por ejemplo, para el montaje de antenas de un tamaño muy superior al normal o para instalaciones en edificios protegidos [35]).

[35] Véase el apartado siguiente.

En cualquier caso, incluso en supuestos puntuales en que estaría justificado un procedimiento administrativo más oneroso, los particulares gozan, en virtud del Tratado, de garantías de procedimiento en sus relaciones con las autoridades públicas, como se ha indicado en el capítulo I (supra).

c) Normas arquitectónicas y urbanísticas

Las preocupaciones arquitectónicas y urbanísticas pueden respetarse eficazmente a través de medidas destinadas a minimizar el impacto visual de las instalaciones de antenas, sin afectar al derecho a la antena de las personas interesadas ni imponerles cargas excesivas.

A menudo, reglamentaciones nacionales, sobre todo de rango local, establecen limitaciones en materia de colocación de las antenas y los cables de conexión en algunos lugares, por motivos arquitectónicos ligados al aspecto exterior de los edificios afectados y/o urbanísticos relativos a la ordenación de los barrios o las zonas residenciales.

Por tanto, se trata de intentar hallar el equilibrio entre, por una parte, el derecho fundamental de toda persona interesada en acceder a informaciones y servicios mediante la instalación de una antena parabólica y, por otra parte, preocupaciones de orden estético.

Aunque tal evaluación dependa de las circunstancias de cada caso, este tipo de imposiciones deberá justificarse debidamente y las consideraciones estéticas deberán ser reales y no un pretexto. Además, en virtud del principio de proporcionalidad, dichas imposiciones no deberán aplicarse de forma generalizada, sino teniendo en cuenta cada situación específica y dando preferencia siempre a las medidas que menos obstaculicen la libertad fundamental en cuestión, cuando sean precisas imposiciones particulares.

Un criterio para las autoridades nacionales competentes, que naturalmente deberá adaptarse a las circunstancias de cada caso, puede ser el de prever, en caso necesario, normas que garanticen al interesado el derecho de disponer de una antena parabólica como medio de acceso a los servicios de su elección y, al mismo tiempo, den la preferencia a soluciones que permitan reducir al mínimo el impacto visual y estético derivado de la instalación de una antena parabólica.

Por ejemplo, con carácter meramente indicativo y siempre que permitan técnicamente la recepción deseada por cada persona interesada con condiciones y costes razonables, podrían ser aceptables a primera vista, con arreglo a los artículos 28 a 30 y 49 y siguientes CE, reglamentaciones nacionales que:

- señalen un lugar de instalación que no sea visible o sea lo menos visible posible desde la vía pública para las antenas individuales (por ejemplo, en un balcón privado interior o en un lugar retranqueado con respecto al borde de la techumbre, en lugar de en la fachada exterior);

- prevean la instalación de una sola antena en lugar de diversas antenas para el mismo usuario, o de una antena colectiva en lugar de varias antenas individuales entre un número razonable de usuarios (sin que esto obstaculice la posibilidad de instalar otras antenas individuales para la recepción de servicios adicionales, la libre elección por los interesados de los instaladores y, en cualquier caso, la facultad de disponer de una antena individual en caso de desacuerdo entre los usuarios);

- incluyan prescripciones, en respuesta a necesidades específicas debidamente justificadas, relativas a las formas, las dimensiones o el color de una antena cuando se instale en edificios o en determinadas zonas;

- prescriban condiciones de instalación de los equipos de recepción colectiva lo más discretas posible en los edificios en construcción o por construir, por ejemplo, mediante la instalación de las antenas del lado de los patios interiores o en lugares no visibles desde la vía pública o mediante la colocación de los cables de conexión a una antena en el lado interior o en el interior mismo de un edificio o en conducciones existentes.

Aunque las consideraciones anteriores tienen por objeto proporcionar indicaciones de carácter general desde la perspectiva de la libre circulación de servicios, por otra parte, hay situaciones particulares que podrían exigir el respeto de algunas consignas estéticas ad hoc, especialmente en el marco de la ordenación urbanística de los centros históricos de las ciudades y de la salvaguardia de edificios clasificados o protegidos desde el punto de vista arquitectónico.

Por tanto, es previsible que las autoridades nacionales competentes impongan el respeto de exigencias específicas para salvaguardar la coherencia del conjunto arquitectónico y la calidad estética de barrios con valor histórico o artístico particular. En estos casos, la existencia de medidas más restrictivas (en cuanto a los lugares y las modalidades de instalación) podría justificarse, evitando al mismo tiempo imponer exigencias excesivas o atentar en exceso contra el derecho individual a la utilización de una antena.

Asimismo, es frecuente que se impongan condiciones especialmente estrictas sobre cualquier tipo de instalación de objetos en edificios clasificados o protegidos por su valor monumental, arquitectónico o histórico, con el fin de salvaguardar su apariencia estética.

En definitiva, se trata de circunstancias muy específicas que podrían justificar un régimen particular debido, precisamente, a su diferencia respecto de las situaciones ordinarias, desprovistas éstas de limitaciones e imposiciones de este tipo.

d) Normas fiscales

Los gravámenes específicos sobre las antenas parabólicas respecto a otros medios de recepción son un obstáculo a la libre circulación de servicios en el mercado interior.

La Comisión considera que las medidas nacionales de imposición que gravan específicamente la utilización de antenas parabólicas (o las conexiones a dichas antenas) respecto a otras antenas u otros medios de recepción, son contrarias al artículo 49 del Tratado CE en la medida en que su finalidad o su efecto es obstaculizar la recepción de servicios de carácter transfronterizo [36].

[36] La Comisión ya ha tomado posición contra tales tributos en el marco de procedimientos de infracción (véanse IP 99/281 y 00/237), preguntas escritas (véase la nota 4) y peticiones al PE (339/97, 128/2000 y 780/00).

Aunque en el estado actual del Derecho comunitario la disciplina fiscal en la materia entra como tal en el ámbito de las competencias de los Estados miembros, estos últimos (y, dentro de ellos, en su caso, las instancias regionales o locales competentes( deben ejercer sus prerrogativas sin vulnerar el Tratado [37]; en particular, las disposiciones nacionales en materia fiscal no pueden ni crear una discriminación ni restringir la libertad fundamental garantizada por los artículos 49 y siguientes CE, violando los criterios de necesidad y proporcionalidad antes mencionados.

[37] Véanse especialmente las sentencias Safir de 28.4.1998, asunto C-118/96 o Wielockx de 11.8.1995, asunto C-80/94.

Ahora bien, medidas fiscales, ya sean periódicas o se apliquen una tantum, que graven específicamente instalaciones de antenas parabólicas constituyen restricciones a la libre circulación de servicios vía satélite dentro del mercado interior [38], tanto para los destinatarios de servicios (en particular, los consumidores) como para los prestadores (operadores).

[38] En cuanto la posibilidad de considerar algunos tributos nacionales como restricciones a la libre prestación de servicios, véanse las sentencias Comisión/Francia de 5.10.1994, asunto C-381/93, o Corsica Ferries de 13.12.1989, asunto C-49/89.

En efecto, para los destinatarios de servicios, tales medidas fiscales pueden disuadir de la utilización de antenas parabólicas o, en cualquier caso, hacer mucho más onerosos el coste total y las condiciones de recepción de las emisiones y de los demás servicios vía satélite. Este tipo de tributo puede, incluso, presentar algunos aspectos discriminatorios en razón de la nacionalidad, en la medida en que puede afectar particularmente a los espectadores que confieren mayor importancia a la recepción de programas transfronterizos vía satélite, esto es, los que residen en el extranjero y desean recibir emisiones procedentes de su país de origen.

Por otra parte, en el caso de los prestadores, este tipo de gravamen, al hacer menos atractiva la recepción vía satélite, repercute por consiguiente en las oportunidades de difusión transfronteriza de los servicios de operadores establecidos en otros Estados miembros, donde ejercen legalmente sus actividades: empresas de comunicación vía satélite; cadenas televisivas y radiofónicas difundidas vía satélite; proveedores de servicios, por ejemplo vía Internet.

Resumiendo, los efectos de estos tributos son especialmente nefastos para la realización del mercado interior en cuanto a la comunicación transfronteriza y para el desarrollo tecnológico de los servicios transmitidos vía satélite.

En términos de proporcionalidad, la salvaguardia de posibles objetivos de protección de la estética urbanística de algunos barrios o edificios (invocados a veces como fundamento de la tasa( debería buscarse con medidas menos restrictivas y no generalizadas [39].

[39] Por ejemplo, no parecen plantear objeciones con arreglo al artículo 49 CE formas de incentivos fiscales para recurrir a antenas colectivas en lugar de individuales, según las indicaciones del apartado b) (supra).

Habida cuenta de la aplicabilidad directa del artículo 49 CE, los Estados miembros están obligados a reembolsar este tipo de imposición contraria al Tratado. En efecto, según el Tribunal, «el derecho a obtener la devolución de los tributos recaudados por un Estado miembro vulnerando el Derecho comunitario es la consecuencia y el complemento de los derechos que reconocen a los particulares las disposiciones comunitarias que prohíben tales tributos. En principio, pues, el Estado miembro está obligado a devolver los tributos recaudados con infracción del Derecho comunitario» [40].

[40] Véase la sentencia Comateb de 14.1.1997, asuntos acumulados C-192/95 a C-218/95.

No obstante, la obligación del juez nacional de garantizar la devolución (y por consiguiente, el derecho de un particular de reclamar su reembolso( de un tributo nacional de este tipo debe llevarse a cabo de conformidad con las condiciones, de fondo y de forma, establecidas por cada legislación nacional en lo relativo, especialmente, a los plazos de presentación de una reclamación. Se sobreentiende que dichas condiciones no podrán ser menos favorables que las relativas a reclamaciones similares de carácter interno ni hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario [41].

[41] Véase la sentencia de 22.10.1998, asuntos acumulados C-10/97 a C-22/97.

e) Normas sobre recepción

La elección entre los diversos medios de recepción y entre los posibles servicios que recibir mediante una antena corresponde a la persona interesada.

Cualquier medida que pueda obstaculizar directa o indirectamente la elección de utilizar las antenas parabólicas como medio de recepción de servicios transfronterizos debe ser compatible con los artículos 49 y siguientes del Tratado CE.

Por consiguiente, no pueden admitirse obstáculos a la libre elección o discriminaciones entre los medios de recepción alternativos de servicios, ni restricciones indirectas al derecho de los usuarios a recurrir a una antena parabólica. La salvaguardia del principio fundamental de la libre circulación de servicios en el mercado interior impone, de hecho, un obligación de neutralidad en el comportamiento de las instancias nacionales respecto de los diferentes medios tecnológicos de que disponen los usuarios y de su empleo.

Esto implica, por una parte, la obligación de las autoridades de no adoptar ni mantener vigentes reglamentaciones que atenten contra la utilización de las antenas o favorezcan el recurso a sistemas de recepción alternativos. De este modo, sería inadmisible facilitar la posibilidad de instalar una antena solamente a categorías determinadas de usuarios o limitar dicha posibilidad a los casos en que algunas cadenas o servicios no fueran ya accesibles mediante el cable.

Por otra parte, las autoridades deben abstenerse de cualquier comportamiento, incitación o actitud disuasoria que, aunque no cree una obligación, pueda no obstante repercutir en la elección de las personas interesadas y, por tanto, sería incompatible con el Tratado CE por su repercusión negativa sobre la circulación de servicios a escala transfronteriza [42].

[42] Véase la sentencia «Buy Irish» antes citada (nota 22) que expresó el concepto general, propio al funcionamiento de las libertades del mercado interior, según el cual incluso actos de un Gobierno de un Estado miembro sin carácter vinculante pueden influir en el comportamiento de los comerciantes y los consumidores en el territorio de dicho Estado y, como resultado, hacer fracasar las finalidades de la Comunidad.

La determinación, entre la amplia oferta disponible, de las emisiones y los servicios que se han de recibir mediante la instalación de una antena parabólica corresponde totalmente a cada persona interesada.

Por consiguiente, el hecho de imponer la recepción a través de una antena individual o colectiva de cadenas o de servicios particulares transmitidos por satélite constituirá una restricción inadmisible a la libre circulación de servicios, a no ser que se demuestre que tal obligación está justificada por una razón imperiosa de interés general y es adecuada para realizar este objetivo y que, en cualquier caso, no sea excesiva y no pueda sustituirse por una medida alternativa que imponga menos restricciones al usuario.

Tal obligación de recepción, al exigir la orientación de una parábola hacia los satélites que trasmiten dichos servicios (además o en lugar de otros satélites), supondría costes y cargas adicionales para el consumidor, hasta tal punto que podría disuadirle del uso de la antena, y tendría, por tanto, un alcance claramente restrictivo.