COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 23.9.2020 COM(2020) 610 final 2020/0279(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la gestión del asilo y la migración y por el que se modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo y la propuesta de Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración]



(Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2020) 207 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA 1.1.Razones y objetivos de la propuesta En las orientaciones políticas de la Comisión, la presidenta Ursula von der Leyen anunció un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que implica un enfoque integral con respecto a las fronteras exteriores, los sistemas de retorno y asilo, el espacio Schengen de libre circulación y la dimensión exterior. El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, presentado junto con esta propuesta de nuevo Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, representa un nuevo comienzo en materia de migración basado en un enfoque integral para la gestión de la migración. Esta propuesta establece un marco común para la gestión del asilo y la migración a escala de la UE como una contribución esencial al enfoque integral y busca fomentar la confianza mutua entre los Estados miembros. El Nuevo Pacto, que se basa en los principios generales de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades, aboga por la formulación de políticas integradas que aúnen políticas en los ámbitos del asilo, la migración, el retorno, la protección de las fronteras exteriores, la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y las relaciones con terceros países clave que reflejen una perspectiva de la Administración en su conjunto. Reconoce que un enfoque integral también conlleva una expresión más sólida, más sostenible y tangible del principio de solidaridad y de reparto equitativo de responsabilidades, que encuentra su equilibrio en un contexto más general, ampliando el foco más allá de la cuestión de qué Estado miembro es el responsable del examen de una solicitud de protección internacional. Por tanto, estos principios deben aplicarse a toda la gestión de la migración, desde garantizar el acceso a protección internacional hasta abordar la migración irregular y los movimientos no autorizados. Los desafíos que plantea la gestión de la migración, desde garantizar un equilibrio de los esfuerzos a la hora de tratar las solicitudes de asilo hasta garantizar una identificación rápida de aquellos que necesiten protección internacional o el retorno efectivo de los que no necesiten protección, no deben ser afrontados por los Estados miembros por separado, sino por la UE en su conjunto. Además, la presión sobre los sistemas de asilo de los Estados miembros sigue suponiendo una pesada carga para los Estados miembros de primera llegada, así como para los sistemas de asilo de otros Estados miembros a través de movimientos no autorizados. El sistema de migración actual no es suficiente para hacer frente a estas realidades. En particular, actualmente no existe ningún mecanismo efectivo de solidaridad y tampoco se han adoptado normas eficientes en materia de responsabilidad. Por ese motivo, es necesario un marco europeo que pueda gestionar la interdependencia entre las políticas y las decisiones de los Estados miembros. Este marco debe tener en cuenta las realidades cambiantes de la migración, que han supuesto una creciente complejidad y una necesidad cada vez mayor de coordinación. Esta propuesta de nuevo Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración pretende sustituir el actual Reglamento de Dublín y vuelve a poner en marcha la Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) mediante la creación de un marco común que contribuya al enfoque integral de la gestión de la migración a través de la formulación de políticas integradas en el ámbito de la gestión del asilo y la migración, incluidos tanto los componentes externos como internos. Este nuevo enfoque afianza el sistema existente en un marco más amplio que es capaz de reflejar la perspectiva de la Administración en su conjunto y garantizar la coherencia y la efectividad de las acciones y medidas adoptadas por la Unión y sus Estados miembros. Este enfoque también incluye un nuevo mecanismo de solidaridad más exhaustivo para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de migración, así como criterios simplificados y mecanismos más eficientes para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional. La presente propuesta contempla un nuevo mecanismo de solidaridad que tiene un diseño flexible y adaptativo, con el fin de poder adaptarse a las diferentes situaciones que presentan los distintos desafíos en materia de migración a los que se enfrentan los Estados miembros, fijando medidas de solidaridad a las que los Estados miembros pueden decidir contribuir. Este nuevo planteamiento para la solidaridad proporciona un apoyo continuo y variado a los Estados miembros que están sometidos a presión o corren el riesgo de estarlo, e incluye un proceso concreto para abordar las especificidades de los desembarcos tras operaciones de búsqueda y salvamento. Además, los Estados miembros podrán ofrecer contribuciones voluntarias en cualquier momento. La Comisión garantizará la coordinación de dichas medidas en todo momento. La presente propuesta también incluye disposiciones para reforzar el retorno de migrantes irregulares. Con este objetivo, introduce un mecanismo para facilitar la cooperación con terceros países en materia de retorno y readmisión que complementa al mecanismo establecido en virtud del artículo 25 bis del Reglamento (UE) n.º 810/2019 por el que se establece un Código comunitario sobre visados. Este nuevo mecanismo otorga competencias a la Comisión para presentar al Consejo un informe en el que se formulen medidas efectivas para incentivar y mejorar la cooperación con terceros países con vistas a facilitar el retorno y la readmisión, así como la cooperación entre los Estados miembros con ese mismo objetivo, a la vez que se tienen debidamente en cuenta los intereses generales y las relaciones con los terceros países en cuestión. La Comisión se basará en la información proporcionada por el Servicio Europeo de Acción Exterior y las delegaciones de la UE. La Comisión y el Consejo considerarán entonces cualesquiera medidas adicionales adecuadas que hayan de aplicarse a ese respecto, dentro de los límites de sus respectivas competencias. Tanto este mecanismo como el nuevo coordinador de retornos de la UE, apoyados por una red de representantes de alto nivel, anunciados en el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, contribuirán al establecimiento de un enfoque común estratégico y coordinado en materia de retorno y readmisión entre los Estados miembros, la Comisión y las agencias de la Unión. Asimismo, las medidas de solidaridad también brindarán a los Estados miembros nuevas posibilidades para que se proporcionen asistencia mutuamente a la hora de llevar a cabo los retornos, en forma de patrocinio de retornos. De acuerdo con esta nueva modalidad de medida de solidaridad, los Estados miembros se comprometerían al retorno de migrantes irregulares en nombre de otro Estado miembro, realizando todas las actividades necesarias para este fin directamente desde el territorio del Estado miembro beneficiario (por ejemplo, asesoramiento para el retorno, liderazgo en el diálogo de orientación con terceros países, aportación de apoyo para el retorno voluntario asistido y la reintegración). Dichas actividades se suman a las llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en virtud de su mandato e incluyen especialmente medidas que la Agencia no puede aplicar (por ejemplo, ofrecer apoyo diplomático al Estado miembro beneficiario en sus relaciones con terceros países). No obstante, cuando el retorno no haya concluido en un plazo de ocho meses, los migrantes irregulares serían trasladados al territorio del Estado miembro patrocinador para continuar desde allí las actividades encaminadas a ejecutar las decisiones de retorno. El nuevo enfoque con respecto a la gestión de la migración también incluye la mejora de las normas en materia de responsabilidad para examinar una solicitud de protección internacional, a fin de contribuir a la reducción de movimientos no autorizados de forma razonable y proporcionada. Además, la presente propuesta establece un marco de gobernanza basado en las estrategias nacionales de los Estados miembros, que se incorporará a una Estrategia Europea sobre la Gestión del Asilo y la Migración que establecerá el planteamiento estratégico para la gestión del asilo y la migración a escala europea y la aplicación de políticas de asilo, migración y retorno de conformidad con el enfoque integral. Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) El Pacto se basa en las propuestas de la Comisión para reformar el SECA a partir de 2016 y 2018 e incorpora elementos nuevos adicionales para lograr el equilibrio que precisa un marco común que aúna todos los aspectos de la política de asilo y migración. La reforma de asilo propuesta en 2016 estaba compuesta por siete propuestas legislativas: la refundición del Reglamento de Dublín, la refundición del Reglamento Eurodac, el Reglamento por el que se establece la Agencia de Asilo de la Unión Europea, el Reglamento sobre los procedimientos de asilo, el Reglamento sobre requisitos para la protección internacional, la refundición de la Directiva sobre las condiciones de acogida y el Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento de la Unión. En septiembre de 2018, la Comisión también planteó una propuesta modificada de Reglamento relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Aunque se realizaron avances significativos en algunas de estas propuestas, y los colegisladores llegaron a acuerdos políticos provisionales con respecto a las propuestas del Reglamento sobre requisitos para la protección internacional, la Directiva sobre las condiciones de acogida, el Reglamento Eurodac y la primera propuesta por la que se establece la Agencia de Asilo de la Unión Europea, se lograron menos avances en las propuestas para el Reglamento de Dublín y el Reglamento sobre los procedimientos de asilo, principalmente debido a las discrepancias en el Consejo. Ni siquiera fue posible recabar apoyo suficiente para llegar a un acuerdo sobre algunas de las propuestas relacionadas con la reforma del sistema de asilo de cara a acordar la reforma completa. Junto con esta propuesta, la Comisión presenta otra por la que se modifica la propuesta del Reglamento sobre los procedimientos de asilo de 2016 y la propuesta de Reglamento por el que se introduce un control de nacionales de terceros países y apátridas en las fronteras exteriores, que establezcan una continuidad entre todas las etapas del procedimiento de migración, incluidos una nueva fase previa a la entrada y un retorno más rápido de los nacionales de terceros países que no tengan derecho a permanecer en la Unión. Además, la Comisión presenta una propuesta por la que se modifica la propuesta de refundición del Reglamento Eurodac de 2016 para establecer un vínculo claro y coherente entre personas concretas y los procedimientos a los que están sometidas, con el fin de mejorar la asistencia en relación con el control de la migración irregular y la detección de movimientos no autorizados y de apoyar la aplicación del nuevo mecanismo de solidaridad. Finalmente, la Comisión también presenta una propuesta de Reglamento sobre la gestión de situaciones de crisis, con el fin de crear las herramientas necesarias para abordar situaciones de crisis y de fuerza mayor. Este instrumento pretende abordar situaciones excepcionales de afluencia masiva de nacionales de terceros países o apátridas que llegan de forma irregular a un Estado miembro, o un riesgo inminente de dichas llegadas que, dada su naturaleza y magnitud, dejen fuera de funcionamiento el sistema de retorno, acogida o asilo del Estado miembro, y que puedan impedir que dichos nacionales soliciten la asistencia del Sistema Europeo Común de Asilo y del sistema de gestión de la migración de la Unión, o tener consecuencias graves para el funcionamiento de estos sistemas. El instrumento también pretende establecer normas de excepción en situaciones de fuerza mayor. 1.2.Objetivos de la propuesta

Es necesario establecer un enfoque integral con respecto a la gestión de la migración para crear un clima de confianza mutua entre los Estados miembros, con el fin de garantizar la coherencia del planteamiento de la UE en el ámbito de la gestión de la migración, el asilo, la protección de fronteras exteriores y las relaciones con los terceros países pertinentes, aunque cabe reconocer que para que ese enfoque integral sea eficaz todos los componentes deben abordarse de forma conjunta e integrada. La propuesta también tiene en cuenta las últimas sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-715/17, C-718/17 y C-719/17, en las que el Tribunal falló que «las cargas […] deben, en principio, distribuirse entre los demás Estados miembros con arreglo al principio de solidaridad y de reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros, al ser este, de conformidad con el artículo 80 TFUE, el principio rector de la política de asilo de la Unión». En 2016 la Comisión propuso un sistema por el cual, cuando según la jerarquía de los criterios de responsabilidad, se determinaba que un Estado miembro era responsable de examinar una solicitud de protección internacional, dicho Estado miembro seguiría siendo permanentemente responsable del examen de cualquier solicitud o manifestación posterior realizada por el mismo solicitante. El sistema se complementó con un mecanismo de asignación correctora obligatorio y automático que, mediante una clave de referencia, se activaba cuando un Estado miembro hacía frente a una presión desproporcionada, garantizando un sistema claro y vinculante de reparto de responsabilidad entre los Estados miembros. El Parlamento Europeo adoptó su mandato de negociación el 16 de noviembre de 2017, que incluía una propuesta para sustituir los criterios de primera llegada y el criterio por defecto de primera solicitud por un sistema de asignación en el que el solicitante podía elegir ser asignado a uno de los cuatro Estados miembros con menos solicitudes. Por parte del Consejo, los Estados miembros no fueron capaces de acordar un enfoque común y las negociaciones se estancaron. Con el fin de superar el estancamiento actual y proporcionar un marco sólido y más amplio para las políticas de migración y asilo, la Comisión tiene la intención de retirar la propuesta de 2016. La presente propuesta deroga y sustituye el Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (en lo sucesivo, «el Reglamento Dublín III»). En particular, la presente propuesta pretende: ·establecer un marco común que contribuya al enfoque integral para la gestión del asilo y la migración basado en los principios de formulación de políticas integradas y de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades; ·garantizar el reparto de responsabilidades a través de un nuevo mecanismo de solidaridad mediante el establecimiento de un sistema para lograr la solidaridad de forma continuada en circunstancias normales y ayudar a los Estados miembros con medidas efectivas (reubicación o patrocinio de retornos y otras contribuciones destinadas a reforzar la capacidad de los Estados miembros en el ámbito del asilo, la acogida y el retorno, y en la dimensión exterior) para gestionar la migración en la práctica cuando sufran presión migratoria. Este enfoque también incluye un proceso concreto para se aplique la solidaridad a las llegadas que se produzcan tras operaciones de búsqueda y salvamento; ·mejorar la capacidad del sistema para determinar de forma eficiente y efectiva un único Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional. En concreto, se limitarían las cláusulas de cesación de responsabilidad, así como las posibilidades de transferencia de responsabilidad entre los Estados miembros debido a las acciones del solicitante, y se acortarían considerablemente los plazos para el envío de solicitudes y la recepción de respuestas, de tal manera que se garantice que los solicitantes tendrán una determinación más rápida del Estado miembro responsable y, por tanto, un acceso más rápido a los procedimientos para la concesión de protección internacional; ·Además, se desalentarían los abusos y se evitarían los movimientos no autorizados de solicitantes dentro de la UE, en particular, mediante la introducción de obligaciones claras para los solicitantes de presentar su solicitud en el Estado miembro de primera llegada o de estancia legal y de permanecer en el Estado miembro designado responsable. Esto requiere, asimismo, que se establezcan consecuencias materiales proporcionadas en caso de incumplimiento de sus obligaciones. 1.3.Coherencia con las disposiciones existentes en el ámbito político en cuestión El sistema que determina qué Estado miembro es responsable del examen de una solicitud de protección internacional es la piedra angular del Sistema Europeo Común de Asilo. Está íntegramente vinculado a los instrumentos políticos y jurídicos existentes en el ámbito del asilo, en particular a los procedimientos de asilo, los requisitos para que los individuos puedan acogerse a la protección internacional y las condiciones de acogida, así como el reasentamiento. La presente propuesta también guarda coherencia con las normas relativas al control fronterizo en las fronteras exteriores establecidas en el Código de fronteras Schengen y contribuye al objetivo de gestión efectiva de las fronteras exteriores como corolario necesario para la libre circulación de personas dentro de la Unión. Mediante la ampliación del alcance de las medidas para abordar los desafíos migratorios, la propuesta reduce además la necesidad de restablecer los controles fronterizos en las fronteras interiores. Asimismo, se garantiza la coherencia con la gestión integrada efectiva de las fronteras, tanto a escala europea como nacional, tal y como se define en el Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. La gestión integrada de las fronteras a escala europea es un corolario necesario para la libre circulación de personas dentro de la Unión y un componente fundamental de un espacio de libertad, seguridad y justicia. También reviste una importancia capital para esta propuesta y contribuye a la aplicación del principio de política integrada para mejorar el planteamiento global contemplado en la presente propuesta con respecto a la gestión de la migración. Esta propuesta guarda plena coherencia con la Comunicación sobre el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y la hoja de ruta de iniciativas adjunta a la misma, incluida la propuesta de una modificación específica del Reglamento sobre los procedimientos de asilo y del Reglamento por el que se introduce un control, que garantiza que los migrantes son sometidos a un control de identidad, salud y seguridad y sean canalizados hacia un procedimiento de retorno o de asilo, y que incluye, cuando corresponda, el procedimiento fronterizo de asilo o retorno establecido en la propuesta que modifica el Reglamento sobre los procedimientos de asilo. La propuesta también es coherente con la propuesta por la que se modifica la propuesta de refundición del Reglamento Eurodac de 2016. La presente propuesta también guarda plena coherencia con el Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias que establece un marco operativo para la supervisión y previsión de los flujos migratorios y la situación migratoria, fortaleciendo la resiliencia y organizando una respuesta coordinada a una crisis migratoria. En particular, la propuesta aprovecha al máximo los informes emitidos y las actividades de la red creada en virtud del Plan Rector. Además, la propuesta refuerza el marco jurídico y la política de retornos de la UE, aumentando la capacidad de la Unión de actuar en cooperación con terceros países a través de un mecanismo que otorga competencias a la Comisión para considerar y proponer medidas de cara a mejorar dicha cooperación, yendo más allá de las medidas ya previstas en el Código de visados. También se garantiza la coherencia con los acuerdos políticos provisionales ya alcanzados acerca del Reglamento sobre requisitos para la protección internacional, la refundición de la Directiva sobre las condiciones de acogida, el Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento de la Unión y el Reglamento por el que se establece la Agencia de Asilo de la Unión Europea, que la Comisión apoya plenamente. Puesto que los objetivos que sustentan estas propuestas siguen válidos a día de hoy, debe alcanzarse un acuerdo con respecto a dichas propuestas lo antes posible. Sin embargo, como no se alcanzó acuerdo alguno en relación con la propuesta para el Reglamento de Dublín, publicado el 4 de mayo de 2016, y puesto que dicha propuesta incluye un nuevo mecanismo de solidaridad estructurado y también tiene en cuenta otros cambios propuestos en 2016 destinados principalmente a aumentar la eficacia de los procedimientos para los traslados con arreglo al sistema de Dublín, como las notificaciones de readmisión y la limitación de la transferencia de responsabilidad, es necesario retirar dicha propuesta. La Comisión también propuso un mecanismo de reubicación de crisis en septiembre de 2015, con el fin de diseñar una solución estructural para abordar situaciones de crisis como las vividas en Grecia e Italia, que desembocaron en las dos decisiones sobre reubicación adoptadas por el Consejo en septiembre de 2015. Puesto que la propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración incluye disposiciones para abordar las realidades de los flujos migratorios mediante la reubicación y el patrocinio de retornos en momentos de presión migratoria, y dado que la propuesta de Reglamento sobre situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo también contempla normas específicas para la reubicación y el patrocinio de retornos con objeto de hacer frente a situaciones de crisis en términos estructurales, la Comisión tiene previsto retirar la propuesta de Reglamento por el que se establece un mecanismo de reubicación de crisis de septiembre de 2015 y derogar la Directiva sobre protección temporal. 1.4.Coherencia con otras políticas de la Unión La presente propuesta guarda coherencia con el enfoque global y a largo plazo para la gestión de la migración establecido en el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que implica situar la política de migración en el centro de las relaciones con socios de terceros países; integrar la gestión de las fronteras exteriores en la política de gestión de la migración de la UE en un sentido más amplio; crear procedimientos eficientes, justos e ininterrumpidos en materia de asilo y retorno y reforzar el espacio Schengen de libre circulación basado en la confianza entre los Estados miembros. Una parte esencial de este planteamiento consiste en fomentar las vías legales de acceso a la UE a fin de atraer talentos para el mercado de trabajo de la Unión y proporcionar protección a aquellos que lo necesiten mediante el reasentamiento y otras vías de protección complementarias, así como desarrollar políticas específicas que contribuyan a la integración de los nacionales de terceros países en las sociedades europeas.

Al establecer un marco para la gestión de la migración aplicable a todo el recorrido mediante el desarrollo de asociaciones con terceros países, el presente Reglamento contribuye a los objetivos de la UE de una política exterior amplia y ambiciosa basada en la asociación con terceros países. Esto también garantiza la coherencia con los objetivos humanitarios de la Unión expresados a través del apoyo a los refugiados en terceros países. Asimismo, esta propuesta es compatible con la propuesta de control y, en concreto, contribuye a establecer sólidas salvaguardias para los derechos fundamentales a través del mecanismo de seguimiento contemplado en la misma. En la propuesta de Reglamento por el que se establece la obligación de someter a un control en las fronteras exteriores a los nacionales de terceros países que, en principio, no cumplen las condiciones de entrada, se propone un nuevo mecanismo de seguimiento que garantice que durante dicho control se respetan los derechos fundamentales y que las alegaciones de violación de los derechos fundamentales se investigan debidamente. Este seguimiento forma parte de las disposiciones del Reglamento propuesto en materia de gobernanza, que establecen que los Estados miembros deben integrar los resultados de su mecanismo de seguimiento nacional establecido en virtud del Reglamento sobre el control en las estrategias nacionales contempladas en la presente propuesta de Reglamento. Además, el informe anual de gestión de la migración también incluirá los resultados de los informes de seguimiento y propondrá mejoras cuando corresponda. Para promover las medidas de solidaridad centradas en la reubicación y los traslados posteriores, además de los traslados que forman parte de los procedimientos para determinar la responsabilidad de los Estados miembros, esta propuesta prevé que se abonen determinadas cantidades a tanto alzado a los Estados miembros y se ajusta íntegramente al presupuesto de la UE para incentivar dichas medidas y para la aplicación eficiente del Reglamento. Además, esta propuesta refuerza las políticas en el ámbito de la seguridad. Mediante las normas específicas establecidas en este Reglamento, la responsabilidad de examinar una solicitud de protección internacional se determinará rápidamente cuando la persona represente un riesgo para la seguridad nacional y el orden público, y se evitará cualquier traslado adicional de dicha persona a otros Estados miembros. Por tanto, la propuesta también refuerza el objetivo de seguridad contemplado en la propuesta de Reglamento sobre el control, según el cual dicho control de seguridad será obligatorio. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 2.1.Base jurídica Esta propuesta deroga y sustituye al Reglamento (UE) n.º 604/2013 y amplía el ámbito de aplicación para incluir un marco común que contribuya al enfoque global para la gestión de la migración, además de introducir un planteamiento más amplio con respecto a la solidaridad. Por lo tanto, debe adoptarse con arreglo a la base jurídica adecuada, a saber, el artículo 78, apartado 2, letra e), y el artículo 79, apartado 2, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario. 2.2.Geometría variable Irlanda está obligada por el Reglamento (UE) n.º 604/2013, dado que notificó su deseo de participar en la adopción y aplicación de dicho Reglamento con arreglo al Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al TFUE. De acuerdo con el citado Protocolo, Irlanda puede optar por participar en la adopción de la presente propuesta. También podrá acogerse a esta opción tras la adopción de la propuesta. Según el Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción por el Consejo de las medidas propuestas en virtud del título V del TFUE (salvo en lo que respecta a medidas por las que se determinen «los terceros países cuyos nacionales deban estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros» o «medidas relativas a un modelo uniforme de visado»). No obstante, dado que Dinamarca aplica el Reglamento de Dublín actualmente vigente con arreglo a un acuerdo internacional que celebró con la UE en 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de dicho acuerdo, deberá notificar a la Comisión su decisión de aplicar o no las partes III, V y VII del Reglamento modificado. 2.3.Impacto de la propuesta en Estados no miembros de la UE asociados al sistema de Dublín De forma paralela a la asociación de varios Estados no miembros de la UE al acervo de Schengen, la Unión ha celebrado varios acuerdos que asocian también a estos países al acervo de Dublín/Eurodac: — el acuerdo que asocia a Islandia y Noruega, celebrado en 2001; — el acuerdo que asocia a Suiza, celebrado el 28 de febrero de 2008; — el protocolo que asocia a Liechtenstein, celebrado el 7 de marzo de 2011. Con el fin de generar derechos y obligaciones entre Dinamarca —que, como se ha explicado anteriormente, se ha asociado al acervo de Dublín/Eurodac mediante un acuerdo internacional— y los países asociados antes mencionados, se han formalizado otros dos instrumentos entre la Unión y los países asociados. De conformidad con los tres acuerdos anteriormente mencionados, los países asociados aceptarán el acervo de Dublín/Eurodac y su desarrollo sin excepciones. No participan en la adopción de actos que modifiquen o desarrollen el acervo de Dublín (incluida, por tanto, la presente propuesta), pero han de notificar a la Comisión, en un plazo determinado, si aceptan o no el contenido de dichos actos, una vez aprobados estos por el Parlamento Europeo y el Consejo. En caso de que Noruega, Islandia, Suiza o Liechtenstein no acepten un acto que modifique o desarrolle el acervo de Dublín/Eurodac, se pondrá fin a los acuerdos respectivos, a menos que el Comité Mixto creado en virtud de los acuerdos decida lo contrario por unanimidad. El Reglamento propuesto tiene un ámbito de aplicación más amplio que va más allá del objeto de los acuerdos anteriormente citados, estableciendo un enfoque integral basado en un marco común para la gestión de la migración a la vez que se preservan las disposiciones básicas relativas a la determinación de la responsabilidad de examinar una solicitud de protección internacional, que siguen siendo una parte fundamental del Reglamento. Con el fin de garantizar que se preservan los acuerdos con Dinamarca y los países asociados que regulan su participación en el sistema de Dublín, si este acto es adoptado, Dinamarca, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein solamente estarán sujetos a las partes III, V y VII del presente Reglamento.

2.4.Subsidiariedad El título V del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, confiere a la Unión Europea determinadas competencias en estas materias. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, es decir, solo en la medida en que los objetivos de la acción propuesta no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o a los efectos de la acción propuesta, puedan lograrse mejor a nivel de la Unión Europea. Esta propuesta racionaliza las normas actuales expuestas en el Reglamento (UE) n.º 604/2013 y pretende garantizar la correcta aplicación de estas normas que limitarán los movimientos no autorizados de nacionales de terceros países entre los Estados miembros, cuestiones que son transfronterizas por naturaleza. Estas normas se complementan con un nuevo mecanismo de solidaridad para establecer un sistema que permita abordar situaciones en las que los Estados miembros se enfrenten a la presión migratoria. Asimismo, este enfoque prevé la introducción de medidas de solidaridad aplicadas a llegadas tras las operaciones de búsqueda y salvamento, con el fin de proporcionar apoyo a los Estados miembros que se enfrenten a los desafíos que conllevan dichas llegadas. La consecución de estos objetivos requiere acciones a nivel de la UE, puesto que son transfronterizos por naturaleza. Es evidente que las medidas adoptadas por Estados miembros aislados no pueden responder satisfactoriamente a la necesidad de un enfoque común de la UE respecto de un problema común. 2.5.Proporcionalidad De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos. En cuanto al enfoque integral basado en un marco común, este Reglamento establece los principios clave de dicho enfoque, que se sustenta en una estructura de seguimiento y gobernanza necesaria para garantizar su aplicación. A través de los principios de formulación de políticas integradas y de los relativos a la solidaridad y al reparto equitativo de responsabilidades, los Estados miembros tienen un interés común en garantizar la aplicación coherente de la gestión de la migración a nivel de la UE. Estas disposiciones no van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de hacer frente a la situación de manera eficaz. Por lo que se refiere a la racionalización de las normas para determinar el Estado miembro responsable de examinar la solicitud de protección internacional, las modificaciones propuestas se limitan a lo necesario para garantizar un funcionamiento eficaz del sistema, tanto en lo relativo a un acceso más rápido de los solicitantes al procedimiento de concesión de protección internacional como a la capacidad de las administraciones de los Estados miembros de aplicar el sistema. En lo que respecta a la introducción de un nuevo mecanismo de solidaridad, en su forma actual el Reglamento (UE) n.º 604/2013 no contempla instrumentos para hacer frente a situaciones en las que los Estados miembros se enfrenten a la presión migratoria. Además, el Reglamento actual no aborda la situación concreta que representan las llegadas tras las operaciones de búsqueda y salvamento. Las disposiciones en materia de solidaridad que introduce la propuesta pretenden corregir esta laguna. Estas disposiciones no van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de hacer frente a la situación de manera eficaz. 2.6.Elección del instrumento Dado que el mecanismo de Dublín existente se estableció por medio de un Reglamento, se emplea el mismo instrumento jurídico para instaurar un enfoque integral basado en un marco común para la gestión efectiva de la migración, racionalizando el mecanismo de Dublín y complementándolo con un mecanismo de solidaridad. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO Recopilación de conocimientos sobre la ejecución y aplicación de la legislación vigente 3.1.Formulación de políticas basadas en datos La Comisión ha realizado un análisis de la situación y sus resultados se reflejan con más detalle en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y sus propuestas legislativas y no legislativas. Dicho análisis destaca los últimos avances en el ámbito de la gestión de la migración y subraya que poner de nuevo en marcha la reforma del sistema que determina el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional y una nueva forma de repartir la carga son elementos clave para un nuevo comienzo. El análisis destaca que, aunque el número de llegadas irregulares a la Unión ha descendido de forma drástica en un 92 % desde el punto álgido de la crisis en 2015, siguen existiendo una serie de desafíos estructurales que ejercen una gran presión sobre los sistemas de asilo, acogida y retorno de los Estados miembros. Estos incluyen un porcentaje creciente de solicitantes de protección internacional sin peticiones auténticas que probablemente no reciban protección en la UE, lo que genera un aumento de la carga administrativa y retrasos en la concesión de protección a aquellos que verdaderamente la necesitan, así como un fenómeno persistente de desplazamientos de migrantes dentro de la UE. Asimismo, deben reconocerse los desafíos a los que se enfrentan las autoridades de los Estados miembros para garantizar la seguridad de los solicitantes y de su personal al hacer frente a la crisis de la COVID-19. Pese al descenso del número de llegadas irregulares con el paso del tiempo, el porcentaje de migrantes que llegan de países con tasas de reconocimiento inferiores al 20 % ha pasado del 13 % en 2015 al 55 % en 2018. Al mismo tiempo, se ha producido también un incremento del porcentaje de casos complejos, cuya tramitación requiere más recursos, pues la llegada de nacionales de terceros países con necesidades evidentes de protección internacional durante el período 2015-2016 se ha visto parcialmente reemplazada por llegadas mixtas de personas de nacionalidades con tasas de reconocimiento más divergentes. Además, sin perjuicio del descenso de llegadas irregulares en toda la UE, el número de solicitudes de protección internacional ha seguido aumentando, y actualmente es cuatro veces superior al número de llegadas. Esta tendencia parece deberse a solicitantes que no solicitan protección en el primer Estado miembro de llegada, a la presentación de múltiples solicitudes de protección internacional dentro de la UE y a la necesidad de reformar el actual sistema de Dublín. Por último, prevalecen los desafíos planteados por los desembarcos tras las operaciones de búsqueda y salvamento. En 2019, la mitad de las llegadas irregulares por mar fueron desembarcadas tras las operaciones de búsqueda y salvamento, lo que supuso una presión especial para determinados países exclusivamente debido a su ubicación geográfica. El análisis detalla, además, que los nacionales de terceros países cuyas solicitudes de protección internacional son denegadas, que ascienden a alrededor de 370 000 personas en la UE cada año, necesitan ser derivados al procedimiento de retorno. Según las estadísticas de las que dispone la Comisión, esto representa alrededor del 80 % del número total de decisiones de retorno dictadas cada año. El creciente porcentaje de solicitantes de protección internacional sin probabilidades de recibir dicha protección en la UE tiene como consecuencia un aumento de la carga que conlleva tramitar no solo solicitudes de asilo, sino también el retorno de migrantes irregulares que nunca solicitaron protección internacional o cuyas solicitudes han sido denegadas, incluidas las que son manifiestamente infundadas o inadmisibles. Además, afecta de forma natural a la velocidad a la hora de conceder el estatuto a aquellas personas que necesiten realmente protección internacional. El análisis destaca que existen carencias y deficiencias estructurales importantes en el diseño y aplicación de la política europea en materia de migración y asilo. Los sistemas de asilo y retorno de los Estados miembros siguen sin estar armonizados en gran medida, de manera que surgen diferencias en los criterios de protección y deficiencias en los procedimientos y se alienta a los migrantes a desplazarse por Europa sin autorización en busca de mejores condiciones de acogida y perspectivas de estancia, generando efectos no deseados en el espacio Schengen. La gestión de la migración puede examinarse desde la perspectiva de diferentes ámbitos políticos, cada uno con sus propios objetivos y actores. Cada ámbito político busca abordar retos individuales, sin reconocer cómo esto afecta al marco general de la gestión de la migración y cómo encaja en el marco global necesario para beneficiarse de un sistema bien gestionado. En general, el documento justificativo reconoce que es necesario formular políticas de forma integrada, de manera que se reúnan las diferentes políticas en un conjunto coherente. El documento justificativo destaca, asimismo, que la ausencia de un sistema sostenible que funcione para todos los Estados miembros afecta a la posibilidad de garantizar una reacción inmediata y efectiva a los factores externos. Es decir, no existe ningún mecanismo de solidaridad estructurado en el actual sistema de Dublín o en el SECA en general, aunque la presión sobre los Estados miembros por separado puede variar considerablemente y cambiar repentinamente, de forma impredecible.

Asimismo, la falta de un enfoque coherente a escala de la UE con respecto al vínculo entre poner fin a la permanencia legal debido a una decisión de asilo negativa y el comienzo de los procedimientos de retorno, incluida la petición de readmisión a terceros países, disminuye la eficacia de todo el sistema de gestión de la migración. Además, no se dispone de datos suficientes o fiables, o bien no se aprovechan de forma eficiente las fuentes de datos para ofrecer una imagen completa. Los datos cuantitativos proporcionados en enero de 2020 por los Estados miembros en cuanto a la intensidad de los movimientos no autorizados observados en su país fueron escasos; en su lugar, las contribuciones de los diecinueve Estados miembros señalaron el número de solicitudes de protección internacional recibidas, así como en algunos casos el número de peticiones de traslado de entradas y salidas en el marco del sistema de Dublín. Solo es posible hacer frente a estos desafíos si se mejora la eficacia, el carácter global y la sostenibilidad del sistema europeo de migración y asilo, considerando la gestión de la migración de la UE como un conjunto de políticas interrelacionadas basadas en normas y políticas integradas, en el que la efectividad y las deficiencias de cada parte afectan al sistema en su conjunto. Además, el análisis señala el hecho de que es necesario un concepto de solidaridad más amplio. Este concepto de solidaridad debe ser de carácter obligatorio, con el fin de poder responder de forma predecible y efectiva a las realidades cambiantes con un creciente porcentaje de flujos migratorios mixtos hacia la Unión, y de garantizar un reparto equitativo de responsabilidades en consonancia con el Tratado. Es necesario que los Estados miembros se apoyen mutuamente, no solo a través de la reubicación de solicitantes a los que no se aplique el procedimiento fronterizo, sino también en determinados casos de otros grupos, como solicitantes sujetos al procedimiento fronterizo y también son beneficiarios de protección internacional. Además, los Estados miembros deben tener la posibilidad de beneficiarse de la solidaridad en el ámbito del retorno para poder gestionar mejor el creciente porcentaje de flujos migratorios mixtos. Las pruebas sugieren, además, que la solidaridad entre los Estados miembros en forma de contribuciones al desarrollo de capacidades y en otras áreas de apoyo han demostrado ser efectivas a la hora de ayudar a un Estado miembro a hacer frente a la presión migratoria. Las lecciones aprendidas de los programas de solidaridad anteriores y actuales destacan que la solidaridad debe estar permanentemente disponible en el contexto de los desembarcos tras las operaciones de búsqueda y salvamento. El documento justificativo también subraya que la presión migratoria deriva de factores diferentes y debe evaluarse conforme a una serie de criterios que van más allá del ámbito del asilo y aluden incluso a la situación migratoria de los Estados miembros, así como a la de la UE en su conjunto (evaluación cualitativa global). Además, en determinados casos, se ha demostrado que el fomento del correcto funcionamiento de los sistemas de asilo, acogida y retorno, así como de la gestión de fronteras, también resulta efectivo. El apoyo mutuo de los Estados miembros y el apoyo a nivel de la UE para mejorar y fortalecer las relaciones con determinados terceros países, en concreto en cuanto a la readmisión, podría resultar realmente útil para algunos Estados miembros en determinados casos. Por último, el documento justificativo destaca la necesidad de normas más eficientes y simplificadas para el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional. En la nueva propuesta se abordan los desafíos que plantean las normas actuales del sistema de Dublín en materia de responsabilidad mediante una serie de medidas. Algunas de estas medidas ya se propusieron en 2016, y algunas se basan en las normas actuales del sistema de Dublín. Asimismo, es necesario adaptar las responsabilidades de los Estados miembros en cuanto a la migración de manera que tengan en cuenta la nueva situación y se repartan de forma equitativa, habida cuenta del marco más amplio para la gestión de la migración. Es necesario establecer normas comunes sobre la gestión de los flujos migratorios mixtos —ya sea a la llegada o cuando los nacionales de terceros países que evitaron los controles en las fronteras exteriores son detenidos dentro del territorio—, con el fin de constatar su identidad y realizar controles sanitarios y de seguridad, basándose en las prácticas que ya se han desarrollado en el marco del enfoque de puntos críticos. Los Estados miembros deben recibir apoyo adicional y más amplio por parte de las agencias de la UE y mediante financiación de la Unión, tanto para ayudarles a aportar las contribuciones solidarias que habrán de proporcionar como a la hora de gestionar sus diferentes responsabilidades con respecto a los flujos migratorios. 3.2.Evaluaciones ex post / controles de adecuación de la legislación existente Tras su compromiso anunciado en la Agenda Europea de Migración, la Comisión encargó estudios externos sobre la evaluación del sistema de Dublín en 2016. Se evaluaron la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la UE del Reglamento Dublín III. La Comisión examinó hasta qué punto el Reglamento abordaba sus objetivos, las necesidades políticas más generales de la UE y las necesidades de las partes interesadas destinatarias. La evaluación incluyó un estudio exhaustivo sobre la aplicación práctica del Reglamento Dublín III en los Estados miembros. Las principales conclusiones se resumen a continuación, y se exponen con más detalle en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al Nuevo Pacto y sus propuestas. Por otra parte, el Parlamento Europeo solicitó al Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados que realizara un estudio sobre el «Reglamento de Dublín relativo a las solicitudes de protección internacional» en febrero de 2020. La pertinencia del Reglamento Dublín III El sistema de determinación del Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional es uno de los pilares del acervo de la UE en materia de asilo y sus objetivos siguen siendo válidos. Es fundamental crear un instrumento que establezca los criterios y mecanismos aplicables a nivel de la UE a la determinación del Estado miembro responsable, ya que existen sistemas nacionales de asilo independientes dentro de la Unión. Sin este instrumento, los Estados miembros tendrían que recurrir a acuerdos ad hoc, tal como sucedía antes de Dublín, lo que dificultaría enormemente la determinación de la responsabilidad entre Estados miembros. La evaluación llegó a la conclusión de que ningún instrumento bilateral o nacional podría tener el mismo efecto general, lo que podría dar lugar a una situación en la que las solicitudes de protección internacional quedasen sin tramitar cuando no pudiese determinarse a qué jurisdicción nacional corresponde hacerlo. Se expresaron opiniones variadas en cuanto al impacto real del Reglamento, que debe garantizar un rápido acceso a los procedimientos de asilo para el solicitante y conducir a una estrategia a largo plazo que desincentive la presentación de solicitudes múltiples. Esto contribuiría además a la eficacia del sistema de asilo evitando usos indebidos, y reduciría los costes globales. Uno de los últimos estudios del Parlamento Europeo también confirma la necesidad de un sistema por el cual un Estado miembro sea responsable del examen de una solicitud de protección internacional sobre la base de criterios comunes y requisitos probatorios conexos, a pesar de sus deficiencias actuales. Aplicación del Reglamento El problema más significativo destacado en el estudio externo encargado por la Comisión, que también ha sido confirmado por los Estados miembros y las partes interesadas en las consultas celebradas desde que la Comisión adoptara su propuesta en 2016, fue la falta de aplicación coherente y correcta en todos los Estados miembros. Asimismo, se llegó a la conclusión de que la concepción del Reglamento Dublín III presentaba una serie de deficiencias que dificultaban la consecución de sus principales objetivos. La jerarquía de criterios tal y como se establece en el Reglamento Dublín III no tiene en cuenta las realidades a las que hacen frente los sistemas de migración de los Estados miembros, y tampoco intenta lograr un equilibrio en cuanto a los esfuerzos realizados. El método de asignación de responsabilidad retrasa el acceso al procedimiento de asilo. Con el sistema actual, los solicitantes pueden esperar hasta diez meses (en el caso de las peticiones de «readmisión») u once meses (en el caso de peticiones de «toma a cargo») antes de que comience el procedimiento de examen de la solicitud de protección internacional. Esto dificulta el objetivo del sistema de garantizar que un solicitante tenga un acceso rápido al procedimiento de asilo. Además, las solicitudes múltiples de protección internacional siguen siendo un problema común en la UE. En 2019, el 32 % de los solicitantes ya habían presentado solicitudes anteriormente en otros Estados miembros. Esto sugiere que el Reglamento ha tenido poco o ningún efecto en lo que respecta a alcanzar el objetivo de impedir que los solicitantes realicen múltiples solicitudes, reduciéndose así los movimientos no autorizados. Queda claro también que el Reglamento Dublín III no estaba diseñado para abordar situaciones de presión migratoria o un reparto equitativo de responsabilidades en los Estados miembros. Tampoco tiene en cuenta la situación de la gestión de los flujos migratorios mixtos y la consiguiente presión que ejercen estos flujos sobre los sistemas migratorios de los Estados miembros. 3.3.Consultas con las partes interesadas El perfil político de la migración en los últimos años y las negociaciones sobre las propuestas de 2016 ponen de manifiesto que ya ha habido un debate exhaustivo y profundo con respecto a las cuestiones contempladas en el presente Reglamento. Además, la Comisión consultó al Parlamento Europeo, los Estados miembros y las partes interesadas en varias ocasiones para recoger sus opiniones acerca del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Se prestó especial atención a la interacción con el Parlamento Europeo, que ha manifestado en repetidas ocasiones la importancia de un enfoque integral para una política sostenible en material de asilo y migración. También se defendió la necesidad de un enfoque integral para la migración en los documentos de posición presentados por varios grupos políticos en el Parlamento Europeo, y se hizo un llamamiento general para llegar a una conclusión rápida acerca de las propuestas en materia de migración y asilo. El Parlamento Europeo ha manifestado que un enfoque integral para la migración debe tener en cuenta la dimensión exterior de la UE, la capacidad de abordar las causas fundamentales de la migración y desarrollar nuevas asociaciones con terceros países, un mecanismo estable de búsqueda y salvamento, así como la promoción de los reasentamientos, las vías legales y las medidas de integración.

El Parlamento Europeo también reclamó un sistema de solidaridad obligatoria que incluya la reubicación y la necesidad de soluciones a largo plazo y una firme solidaridad en las medidas relativas al asilo. Este tipo de medidas también se han planteado en el contexto de la pandemia de COVID-19, con el fin de evitar crisis humanitarias. La Comisión mantuvo conversaciones con todos los Estados miembros antes de la puesta en marcha del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y, posteriormente, durante la preparación del Pacto. Los Estados miembros entendieron la necesidad de avanzar en la resolución de las carencias del sistema actual, la necesidad de un nuevo sistema de reparto equitativo de responsabilidades con arreglo al cual todos los Estados miembros estarían obligados a contribuir, la necesidad de una sólida protección de las fronteras y la importancia de la dimensión exterior de la migración y la mejora de los retornos. La intención de la Comisión de encontrar nuevas formas de solidaridad, por ejemplo, mediante el patrocinio de retornos, tuvo una buena acogida en general durante la fase de consulta. De forma paralela, las Presidencias rumana, finlandesa, croata y alemana han realizado intercambios estratégicos y técnicos sobre el futuro de diversos aspectos de la política de migración que remarcaron aún más estos puntos. En el marco de varios foros del Consejo organizados bajo los auspicios de la Presidencia finlandesa, incluida la conferencia Tampere 2.0 celebrada los días 24 y 25 de octubre de 2019 en Helsinki y el Foro de Salzburgo celebrado en Viena los días 6 y 7 de noviembre de 2019, los Estados miembros acogieron con satisfacción la intención de la Comisión Europea de reactivar la reforma de Dublín con el fin de encontrar nuevas formas de solidaridad a las que pueden contribuir significativamente todos los Estados miembros. Los Estados miembros hicieron hincapié en la necesidad de que las medidas de solidaridad vayan de la mano de medidas de responsabilidad. Asimismo, subrayaron la urgente necesidad de luchar contra los movimientos no autorizados dentro de la UE, así como de llevar a cabo los retornos de aquellas personas que no necesitan protección internacional. La Comisión también ha tenido en cuenta las numerosas recomendaciones de las autoridades nacionales y locales, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones internacionales, como ACNURy la OIM, así como de grupos de reflexión y del ámbito académico, sobre cómo comenzar de nuevo y abordar los desafíos actuales que plantea la migración respetando las normas en materia de derechos humanos. A juicio de estas entidades, en ese nuevo comienzo de la reforma se deben revisar determinadas normas relativas a la determinación de la responsabilidad y se debe prever un mecanismo de solidaridad obligatoria que incluya a las personas desembarcadas después de operaciones de búsqueda y salvamento. Las organizaciones no gubernamentales también defienden un entendimiento común de la responsabilidad entre los Estados miembros y reclamaron que las normas de Dublín revisadas incluyeran un mecanismo de reubicación más permanente. La Comisión también ha tenido en cuenta la opinión de las partes interesadas sobre la necesidad de desarrollar un enfoque global de la gestión de la migración mediante una perspectiva integral para la migración y el asilo. Las partes interesadas consultadas han expresado sus opiniones acerca de cómo formular un nuevo principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades, y han celebrado la intención de la Comisión de volver a poner en marcha la reforma del Reglamento de Dublín para encontrar nuevas formas de solidaridad. La comisaria Johansson también celebró consultas específicas en varias ocasiones con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales locales pertinentes en los Estados miembros, así como con socios del ámbito social y económico. Las recomendaciones concretas derivadas de este proceso de consulta se centraron en un enfoque común para las normas que afectan específicamente a los menores de conformidad con la Comunicación de 2017 sobre la protección de los menores migrantes y la necesidad de crear un sistema que sea equitativo y garantice la protección de los derechos fundamentales. La Comisión también tuvo en consideración las aportaciones y los estudios de la Red Europea de Migración, que se creó por iniciativa suya y que a lo largo de los últimos años ha elaborado varios estudios especializados y realizado consultas ad hoc. 3.4.Derechos fundamentales La presente propuesta respeta y es plenamente compatible con los derechos fundamentales, los principios generales de la Unión y el Derecho internacional. En particular, informar mejor a los solicitantes de asilo sobre la aplicación del presente Reglamento y sobre los derechos y obligaciones que les asisten en virtud del mismo les permitirá, por una parte, reivindicar mejor sus derechos y, por otra, contribuirá a reducir la magnitud de los movimientos no autorizados, al hacer que los solicitantes de asilo estén más dispuestos a respetar el sistema. Aumentará la efectividad del derecho a interponer un recurso judicial, especificando el alcance de la apelación y fijando el objetivo para que los órganos jurisdiccionales tomen decisiones dentro de un plazo armonizado. Una solicitud de efecto suspensivo debe resolverse dentro de un plazo armonizado. El derecho a la libertad y a la libre circulación se reforzará mediante un acortamiento de los plazos dentro de los cuales una persona puede ser internada en un caso excepcional establecido con arreglo al Reglamento, y solo en la medida en que se respeten los principios de necesidad y proporcionalidad. El respeto a la vida privada y familiar se reforzará, en particular, mediante la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento para incluir a hermanos y hermanas, así como a las familias formadas en los países de tránsito. Los derechos de los menores no acompañados también se han reforzado mediante una mejor definición de la aplicación del principio del interés superior del menor y el establecimiento de un mecanismo para que se determine el interés superior del menor en cualquier circunstancia que implique el traslado de un menor. El límite de tiempo para enviar una solicitud de toma a cargo también ha sido adaptado para tener en cuenta la complejidad de los casos relativos a la localización y reagrupación familiar. Se han racionalizado las normas relativas a las pruebas para garantizar la rápida determinación de la responsabilidad y para reforzar aún más el derecho a la unidad familiar. Igualmente, siempre deberá concederse prioridad a la reubicación de menores no acompañados y los Estados miembros recibirán un mayor incentivo económico a ese respecto en forma de contribución. Para evitar movimientos no autorizados, la propuesta limita el derecho de las condiciones de acogida materiales en el Estado miembro en el que el solicitante deba estar presente, con la excepción de la obligación para todos los Estados miembros de garantizar un nivel de vida conforme al Derecho de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y las obligaciones internacionales. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS El importe total de los recursos financieros necesarios para promover la aplicación de esta propuesta asciende a 1 113 500 millones EUR para el período 2021-2027. Este importe cubriría los costes operativos en los que se incluyen los costes de traslado en forma de cantidades a tanto alzado tanto para los traslados contemplados en esta propuesta de Reglamento como para los traslados relacionados con la reubicación en el contexto de las disposiciones en materia de solidaridad, relativas a la reubicación de solicitantes de protección internacional, beneficiarios de protección internacional y nacionales de terceros países en situación irregular. Se prevén mayores incentivos financieros para la reubicación de menores no acompañados. Las necesidades económicas son compatibles con el marco financiero plurianual vigente y, además, pueden implicar el uso de instrumentos especiales según lo definido en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo. 5.EXPLICACIÓN DETALLADA DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA PROPUESTA El presente Reglamento establece un marco común que trata de reconocer que el desafío de las llegadas irregulares de migrantes a la Unión no debe ser asumido por los Estados miembros por separado, sino por la Unión en su conjunto. El Reglamento contribuye al enfoque integral mediante la promoción de una formulación de políticas integradas dentro de su ámbito de aplicación.

La propuesta mantiene el vínculo entre la responsabilidad en materia de asilo y el respeto por parte de los Estados miembros de sus obligaciones de proteger las fronteras exteriores, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de realizar operaciones de búsqueda y salvamento, con ciertas excepciones destinadas a proteger la unidad familiar y el interés superior del menor. En lo esencial, se mantienen los criterios actuales para determinar la responsabilidad, pero se proponen modificaciones concretas, sobre todo para fortalecer la unidad familiar mediante la ampliación de la definición de miembro de la familia, aclarar la responsabilidad de un Estado miembro tras las operaciones de búsqueda y salvamento, e introducir un nuevo criterio relativo a la posesión de titulaciones académicas. Las principales modificaciones realizadas pretenden, por una parte, mejorar la eficiencia del sistema, en particular reforzando la responsabilidad de un Estado miembro determinado para examinar una solicitud de protección internacional una vez que se haya establecido dicha responsabilidad. Por otra parte, las modificaciones sirven para limitar los movimientos no autorizados, en particular mediante la supresión de determinadas normas relativas al cese o la transferencia de responsabilidad entre los Estados miembros. El sistema se complementa con un nuevo enfoque para la solidaridad, basado en un marco que permite evaluar en tiempo real la situación en los Estados miembros y en la UE. Además, se establecen normas de procedimiento para facilitar la reubicación y el patrocinio de retornos como un medio de solidaridad. 5.1.Creación de un marco común basado en el enfoque integral para la gestión de la migración Con el fin de aplicar el marco común, la propuesta establece una serie de principios que deben servir de guía para la aplicación de la gestión de la migración, e incluye la necesidad de formular políticas integradas y garantizar el cumplimiento del principio de solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades. Se establece una estructura de gobernanza, en la que los Estados miembros contarán con estrategias nacionales para la aplicación de este marco, inclusive relativas a planes de contingencia para evitar la acumulación de presión migratoria y también relativas al seguimiento de los derechos fundamentales. Estas estrategias contribuirán a una nueva estrategia europea en relación con la aplicación de los diferentes elementos que abarcan el enfoque integral y establecerán el planteamiento estratégico aplicable a la gestión de la migración a nivel de la Unión, de manera que permitirán adoptar una perspectiva orientada al futuro para afrontar los riesgos y oportunidades que presenta la gestión de la migración y cómo abordarlos de la mejor manera. La Comisión publicará cada año un informe sobre la gestión de la migración que incluirá una previsión a corto plazo de la evolución de la situación migratoria y permitirá responder en el momento oportuno a la evolución de las tendencias en materia de migración y a los resultados del marco de seguimiento. Este marco se complementará con un sistema que efectuará un seguimiento regular de la situación migratoria a través de informes de situación redactados por la Comisión. Este trabajo contará también con el respaldo de las actividades realizadas en el marco del Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias, especialmente las actividades de seguimiento e información previstas en el mismo. 5.2.Mecanismo de solidaridad ·Las medidas de solidaridad que los Estados miembros estarán obligados a garantizar en situaciones de presión migratoria Se establece un nuevo mecanismo que puede aportar la solidaridad necesaria para hacer frente a la presión migratoria. El mecanismo de solidaridad cuenta con un diseño flexible, para que pueda aplicarse en situaciones en las que primen diferentes realidades y flujos migratorios. Las contribuciones solidarias que los Estados miembros estarán obligados a proporcionar consisten en reubicar migrantes o bien conceder un patrocinio de retornos, y también existe la posibilidad de contribuir con medidas destinadas a reforzar la capacidad de los Estados miembros en el ámbito del asilo, la acogida y el retorno y en la dimensión exterior. Los Estados miembros estarán obligados a contribuir mediante una cuota calculada en función de una clave de reparto que se basa en el 50 % del PIB y el 50 % de la población La cuota que corresponde al Estado miembro beneficiario se incluirá en la clave de reparto de forma que se garantice que todos los Estados miembros apliquen el principio de reparto equitativo de responsabilidades. Reubicación El alcance propuesto de la reubicación incluye a los solicitantes de protección internacional que no están sujetos al procedimiento fronterizo en virtud del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedimientos de asilo]. Cualquier vínculo importante entre la persona que ha de ser reubicada y el Estado miembro que se encarga de la reubicación se incorpora como un elemento de procedimiento. En casos de presión migratoria, la reubicación incluirá también a los beneficiarios de protección internacional durante un período máximo de tres años desde el momento en que se concedió protección internacional a dichas personas. Patrocinio de retornos El Reglamento propuesto incluye la posibilidad de que los Estados miembros opten por proporcionar su contribución solidaria en forma de patrocinio de retornos. En el marco del patrocinio de retornos, un Estado miembro se compromete a apoyar a un Estado miembro que se encuentra bajo presión migratoria realizando las actividades necesarias para llevar a cabo el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular identificados individualmente desde el territorio de un Estado miembro beneficiario de una medida de solidaridad obligatoria, en estrecha coordinación. Para tal fin, el Estado miembro patrocinador proporcionaría, por ejemplo, asesoramiento en materia de retorno y reintegración a los nacionales de terceros países en situación irregular, ayudaría con el retorno voluntario y la reintegración de migrantes irregulares haciendo uso de su programa y recursos, dirigiría o respaldaría el diálogo de orientación con terceros países para facilitar la readmisión de los migrantes irregulares que se encuentren en el Estado miembro beneficiario y garantizaría la entrega de un documento de viaje válido. Sin embargo, si estos esfuerzos resultan infructuosos después de ocho meses, el Estado miembro patrocinador trasladaría a las personas afectadas y seguiría esforzándose para llevar a cabo el retorno de las mismas, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE sobre el retorno. Las actividades cubiertas por el patrocinio de retornos se suman a las que realiza la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y, sobre todo, incluyen actividades que la Agencia no puede llevar a cabo en virtud de su mandato (por ejemplo, ofrecer apoyo diplomático al Estado miembro beneficiario en las relaciones con terceros países). Cuando los Estados miembros indiquen que asumirán el patrocinio de retornos, también facilitarán las nacionalidades de los terceros países a los que tengan intención de asistir en el retorno: de esta forma se garantiza que el patrocinio se usa para el retorno de nacionales de terceros países a los que los Estados miembros en cuestión pueden aportar valor añadido. ·Medidas de solidaridad para los desembarcos tras operaciones de búsqueda y salvamento El informe anual de gestión de la migración establecerá las previsiones a corto plazo para todas las rutas de los desembarcos realizados tras operaciones de búsqueda y salvamento y la respuesta solidaria que se requeriría para contribuir a las necesidades de los Estados miembros de desembarco relativas tanto a la reubicación de los solicitantes que no están sujetos a procedimientos fronterizos como a las necesidades de capacidad de los Estados miembros en cuestión. El informe indicará también la proporción de las medidas de solidaridad necesarias que debe asumir cada Estado miembro y especificará el número total de nacionales de terceros países cubiertos por las medidas de solidaridad. Otros Estados miembros indicarán entonces qué tipo de medidas de solidaridad tienen intención de adoptar, a través de la reubicación de solicitantes o bien mediante medidas en el ámbito del refuerzo de capacidades o de la dimensión exterior. Cuando las contribuciones de los Estados miembros sean suficientes, la Comisión adoptará un acto de ejecución por medio del cual se creará un contingente de solidaridad con el propósito de prestar apoyo a los desafíos a los que se enfrenta el Estado miembro de desembarco. Cuando las contribuciones indicadas por los Estados miembros no satisfacen las necesidades identificadas en el informe de gestión de la migración, la Comisión adoptará un acto de ejecución por el que se establezcan las cuotas de cada Estado miembro de acuerdo con la clave de reparto para la reubicación. Cuando los Estados miembros hayan indicado su intención de adoptar medidas en el ámbito de la capacidad o la dimensión exterior, la Comisión establecerá dichas medidas en el acto de ejecución. No obstante, si las contribuciones indicadas por los Estados miembros para adoptar medidas en el ámbito de la capacidad o la dimensión exterior superan el 30 % del número de personas que es necesario reubicar, la Comisión se asegurará de que los Estados miembros aporten la mitad de su cuota a la reubicación. En tales casos, los Estados miembros también podrán optar por contribuir mediante el patrocinio de retornos. A lo largo de todo el año, mientras tienen lugar los desembarcos, la Comisión hará uso del contingente y elaborará listas para repartir a las personas procedentes de cada desembarco o grupo de desembarcos que han de ser reubicadas en los Estados miembros contribuidores. Cuando los contingentes de solidaridad corran el riesgo de ser insuficientes debido a un aumento del número de desembarcos, la Comisión modificará el acto de ejecución y establecerá una cantidad adicional de medidas previstas en materia de reubicación para el Estado miembro o los Estados miembros beneficiarios concretos, que no deberá exceder el 50 % de la cantidad fijada en los actos de ejecución. Además, cuando un Estado miembro de desembarco corra el riesgo de sufrir presión migratoria, su contingente de solidaridad podrá emplearse para reubicar personas rápidamente hasta que se adopte el acto de ejecución contemplado para situaciones de presión. Los contingentes de los demás Estados miembros de desembarco también podrán utilizarse también para este fin siempre que no se ponga en peligro el funcionamiento de sus contingentes. Cuando el informe de gestión de la migración determine que los Estados miembros se enfrentan a retos concretos debido a la presencia de nacionales de terceros países en su territorio que son solicitantes de protección internacional y son vulnerables, independientemente de cómo cruzaron las fronteras exteriores, el contingente de solidaridad podrá utilizarse también para reubicar rápidamente a dichas personas.

Solidaridad obligatoria en situaciones de presión migratoria Evaluación de la presión migratoria y la respuesta solidaria Cuando un Estado miembro haya comunicado a la Comisión que se considera bajo presión migratoria, incluido el riesgo de presión como consecuencia de un gran número de llegadas, inclusive cuando estas llegadas proceden de operaciones de búsqueda y salvamento, la Comisión realizará una evaluación de la situación teniendo en cuenta el contexto específico que impera en el Estado miembro, en función de una serie de criterios y de la información disponible, que comprenderá también la información recopilada al amparo del Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias. Cuando la evaluación constate que un Estado miembro se encuentra bajo presión migratoria, identificará las necesidades generales del Estado miembro e indicará las medidas adecuadas necesarias para abordar la situación, y los demás Estados miembros contribuirán mediante medidas de reubicación o patrocinio de retornos, o una combinación de ambas. El Estado miembro beneficiario no está obligado a contribuir a las medidas de solidaridad. Los Estados miembros indicarán el tipo de contribuciones que aportarán en los Planes de Respuesta Solidaria que se envían a la Comisión. Además, cuando el informe sobre presión migratoria indique que se requieren otras medidas de solidaridad encaminadas a fortalecer su capacidad en el ámbito del asilo, la acogida o el retorno, o medidas en el ámbito de la dimensión exterior para abordar los flujos migratorios, los Estados miembros contribuidores podrán indicar dichas mediadas en sus Planes de Respuesta Solidaria en lugar de las medidas de reubicación o patrocinio de retornos. Dichas medidas podrían adoptar diferentes formas, desde la asistencia para mejorar la capacidad de acogida, incluida la infraestructura u otros sistemas, hasta la mejora de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo. Esto también podría incluir la financiación destinada a gestionar la situación de asilo y migración en un tercer país específico que esté generando flujos migratorios concretos hacia un Estado miembro. En el ámbito del retorno, estas medidas podrían incluir, por ejemplo, ayuda financiera u otro tipo de asistencia centrada en las infraestructuras e instalaciones que puedan ser necesarias para mejorar la ejecución de los retornos o suministrar medios de transporte o material para llevar a cabo las operaciones. Cuando la Comisión determine que estas aportaciones son proporcionales a la cuota que le corresponde al Estado miembro y se ajustan a los objetivos fijados en el Fondo de Asilo y Migración, estas contribuciones se especificarán en el acto de ejecución. Sin embargo, si las contribuciones indicadas por los Estados miembros para adoptar medidas en el ámbito de la capacidad o en la dimensión exterior superan el 30 % del número de personas que es necesario reubicar o que están sujetas al patrocinio de retornos, la Comisión se asegurará de que los Estados miembros aportan la mitad de su cuota a estas medidas. Por otra parte, un Estado miembro podrá solicitar una reducción de su cuota siempre que pueda demostrar que en los cinco años anteriores ha sido responsable de más del doble de la media per cápita de solicitudes de protección internacional en la UE, y podrá solicitar una reducción del 10 % de su cuota. La reducción se repartirá de forma proporcional entre los demás Estados miembros. Actos de ejecución de la Comisión sobre medidas de solidaridad En un plazo de dos semanas tras la presentación de los Planes de Respuesta Solidaria, la Comisión adoptará un acto de ejecución por el que se establezcan las medidas de solidaridad que han de adoptar los Estados miembros en beneficio de los Estados miembros que se encuentran bajo presión migratoria. El acto de ejecución especificará el número total de personas que deben ser reubicadas o que están sujetas a patrocinio de retornos, teniendo en cuenta la capacidad y las necesidades del Estado miembro beneficiario en el ámbito del asilo y retorno constatadas en la evaluación y especificará la cuota que debe asumir cada Estado miembro en función de una clave de reparto que se ajustará con arreglo a las solicitudes realizadas por los Estados miembros que han demostrado que pueden acogerse a una deducción. También especificará las medidas en el ámbito del desarrollo de capacidades, apoyo operativo, o medidas en la dimensión exterior que deben ser adoptadas por un Estado miembro contribuidor, en lugar de la reubicación o el patrocinio de retornos. El acto de ejecución será adoptado de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, según el cual, por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas debido a la situación de presión migratoria en un Estado miembro beneficiario, la Comisión está facultada para adoptar actos de ejecución que serán aplicables inmediatamente y permanecerán en vigor por un plazo no superior a seis meses. ·Disposiciones generales en materia de solidaridad Foro de Solidaridad En situaciones de presión migratoria, cuando las contribuciones solidarias indicadas por los Estados miembros en los Planes de Respuesta Solidaria no se correspondan con las necesidades identificadas en la evaluación de la presión migratoria, la Comisión convocará el Foro de Solidaridad, que brindará la oportunidad de que los Estados miembros ajusten la categoría de sus contribuciones en sus Planes de Respuesta Solidaria. Cuando las contribuciones solidarias previstas no sean suficientes para garantizar el funcionamiento eficiente del apoyo solidario para los desembarcos tras operaciones de búsqueda y salvamento, la Comisión convocará el Foro de Solidaridad antes de adoptar el acto de ejecución al que hace referencia dicho artículo. Otras formas de solidaridad Un Estado miembro podrá solicitar apoyo solidario voluntario a otros Estados miembros en cualquier momento. Cualquier Estado miembro podrá realizar contribuciones voluntarias en beneficio de dicho Estado miembro, incluso mediante la reubicación de solicitantes de asilo internacional sujetos al procedimiento fronterizo de acuerdo con el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los procedimientos de asilo] o de nacionales de terceros países en situación irregular. Además, los Estados miembros podrán realizar contribuciones voluntariamente con vistas a fortalecer la capacidad de los Estados miembros en el ámbito del asilo, la acogida y el retorno, así como en la dimensión exterior. Los Estados miembros que han contribuido o tienen intención de contribuir con medidas de solidaridad lo comunicarán a la Comisión mediante la presentación del Plan de Contribuciones Solidarias que se adjunta a esta propuesta. Cuando dichas contribuciones voluntarias correspondan a medidas establecidas en un acto de ejecución sobre presión migratoria, el nivel de las contribuciones de los Estados miembros se deducirá de la cuota indicada en el acto de ejecución. Procedimiento de reubicación El Reglamento propuesto establece los procedimientos que han de seguirse antes y después de la reubicación y las obligaciones tanto del Estado miembro beneficiario como de los Estados miembros de reubicación. Las obligaciones del Estado miembro beneficiario incluyen disposiciones relativas a la identificación y el registro de las personas afectadas a los efectos de reubicación y la obligación de garantizar que la persona en cuestión no supone una amenaza para la seguridad nacional o para el orden público. Dicha persona no será reubicada cuando el Estado miembro beneficiario concluya que supone tal riesgo para la seguridad. Cuando la persona que ha de ser reubicada es un solicitante, el Estado miembro beneficiario debe determinar principalmente que no puede ser elegido Estado miembro responsable con arreglo a los criterios relativos a la reagrupación familiar o a la residencia/visado antes de solicitar el procedimiento de reubicación, ya que estas personas tendrían un fuerte vínculo con el Estado miembro beneficiario y no deberían ser reubicadas en otro lugar. Las obligaciones de los Estados miembros de reubicación incluyen la obligación de reubicar a una persona que no suponga una amenaza para la seguridad nacional o para el orden público y, cuando la persona sea un solicitante, llevar a cabo el procedimiento para determinar el Estado miembro responsable cuando esto no haya sido realizado en el Estado miembro beneficiario. Cuando la persona sea beneficiaria de protección internacional, el Estado miembro de reubicación debe conceder automáticamente el correspondiente estatuto concedido por el Estado miembro beneficiario, con el fin de asegurarse de que la persona beneficiaria conserva su estatuto y los derechos correspondientes, aunque sea reubicada en otro Estado miembro. Procedimiento de patrocinio de retornos Un Estado miembro que se compromete a proporcionar patrocinio de retornos debe interactuar y coordinarse estrechamente con el Estado miembro beneficiario para determinar las medidas de apoyo concretas que son necesarias para llevar a cabo el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular identificados individualmente desde el territorio del Estado miembro beneficiario. Sobre la base del resultado de la coordinación entre los Estados miembros en cuestión, el Estado miembro patrocinador adoptaría las medidas necesarias para facilitar y concluir de forma satisfactoria los procedimientos de retorno, por ejemplo, prestando apoyo para el retorno voluntario asistido y la reintegración, dirigiendo o promoviendo el diálogo de orientación con terceros países concretos, garantizando la identificación y la entrega de documentos de viaje válidos u organizando las disposiciones prácticas para las operaciones de retorno, como vuelos chárter o regulares. Sin embargo, en esta fase, el Estado miembro beneficiario sigue siendo el responsable de llevar a cabo los procedimientos de retorno (por ejemplo, adopción de la decisión de retorno, apelaciones) con respecto a las personas afectadas y aplicará la Directiva sobre retorno.

Los Estados miembros patrocinadores aplicarán las medidas de apoyo durante un período de tiempo predeterminado, que será de ocho meses. Este período empezará a partir del día en que la Comisión adopta un acto de ejecución en materia de solidaridad en situaciones de presión migratoria. Si los nacionales de terceros países patrocinados todavía no están sujetos a una decisión de retorno cuando se adopte el acto de ejecución, el período empezaría a contar a partir del momento en que se dicten las decisiones de retorno o, si las personas solicitaron asilo sin éxito y, por consiguiente, obtuvieron decisiones de retorno, a partir del momento en que los nacionales de terceros países dejen de tener derecho a permanecer y no se les permita hacerlo. Cuando, a pesar de los esfuerzos conjuntos por parte de los Estados miembros, los retornos en cuestión no hayan sido llevados a cabo con éxito, tras el vencimiento del período de ocho meses, los nacionales de terceros países serían trasladados al territorio del Estado miembro patrocinador. A tal fin, el procedimiento descrito en la sección anterior se aplicaría mutatis mutandis. ·Ayuda financiera La propuesta prevé incentivos financieros para la reubicación. Se concederá una contribución financiera de 10 000 EUR por persona reubicada (incluso tras el patrocinio de retornos si el retorno fue realizado sin éxito). La contribución financiera será de 12 000 EUR cuando la persona reubicada sea un menor no acompañado. Además, se dará una ayuda financiera de 500 EUR para cubrir los gastos de traslado de personas en relación con la reubicación y con los procedimientos expuestos en el presente Reglamento. ·Modificaciones de otros instrumentos legislativos Esta propuesta incluye una modificación del Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración] para introducir las disposiciones financieras que sustentan el Reglamento propuesto. La propuesta incluye también una modificación de la Directiva 2003/109/CE (Directiva sobre residentes de larga duración). Para aquellos que necesitan protección, la perspectiva de obtener el estatuto de residente de larga duración en un período de tiempo menor será una contribución importante de cara a facilitar la rápida y plena integración de los beneficiarios de protección internacional en el Estado miembro de residencia. Los beneficiarios de protección internacional deben poder obtener la condición de residentes de larga duración en el Estado miembro que les concedió protección internacional después de tres años de residencia legal e ininterrumpida en dicho Estado miembro, a la vez que se garantiza que los beneficiarios de protección internacional estén sujetos a las mismas condiciones que otros nacionales de terceros países por lo que respecta a otras condiciones para la obtención del estatuto de residente de larga duración. 5.3.Racionalizar el procedimiento para determinar la responsabilidad y mejorar su eficiencia Con el fin de garantizar que el procedimiento para determinar la responsabilidad de examinar una solicitud de protección internacional funciona correctamente y de forma sostenible, cumple el objetivo de proporcionar un acceso rápido al procedimiento de examen y protección a las personas que lo necesitan, y desincentiva los movimientos no autorizados, se proponen una serie de mejoras en el sistema, en particular: ·La obligación del solicitante de presentar su solicitud en el Estado miembro de primera llegada irregular o, en caso de estancia legal, en dicho Estado miembro, como se propuso en 2016. Por tanto, el solicitante debe estar presente en dicho Estado miembro durante el proceso de determinación, y en el Estado miembro responsable tras dicha determinación. Con ello se pretende garantizar una gestión ordenada de los flujos, facilitar la determinación del Estado miembro responsable y, por tanto, un acceso más rápido al procedimiento de concesión de protección internacional, además de evitar movimientos no autorizados. Con esta modificación queda aclarado que el solicitante no tiene derecho a elegir ni el Estado miembro de solicitud ni el Estado miembro responsable de examinar la solicitud. En caso de incumplir esta obligación, un solicitante solo podrá gozar de derechos materiales de acogida en el lugar en el que tenga la obligación de estar presente. ·Las personas a las que se conceda protección inmediata en virtud del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito del asilo y la migración] están incluidas en la definición de solicitante para garantizar que aunque sus solicitudes estén pendientes (suspensas), el Estado miembro que ha concedido el estatuto de protección no quedará exento de su obligación de determinar el Estado miembro responsable de examinar la solicitud ni de respetar los criterios y mecanismos establecidos en el presente Reglamento. Si se determina responsable a otro Estado miembro, la protección inmediata debe cesar en cuanto se lleve a cabo el traslado. En el caso de que las personas en cuestión se desplacen a otros Estados miembros y soliciten protección internacional allí, el Estado miembro responsable también estaría obligado a hacerse cargo de las mismas en virtud de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento. ·Tal y como se propuso en 2016, antes de aplicar los criterios de determinación del Estado miembro responsable, el Reglamento incorpora una obligación en virtud de la cual los Estados miembros deben garantizar que una persona no suponga una amenaza para la seguridad nacional o para el orden público de un Estado miembro antes de que se lleve a cabo un traslado. Esta obligación se aplica a cualquier persona sujeta a los procedimientos establecidos en el Reglamento, aunque la persona no haya sido objeto de control o, por cualquier otro motivo, no haya pasado ningún control de seguridad. El primer Estado miembro en el que se registró la solicitud es quien debe evaluar si existen motivos justificados para considerar que el solicitante supone una amenaza para la seguridad nacional o para el orden público de un Estado miembro antes de aplicar los criterios de responsabilidad. Si la evaluación demuestra que el solicitante representa un riesgo para la seguridad, el Estado miembro pasará a ser el Estado miembro responsable. En el caso de que se constate que la persona en cuestión supone un riesgo para la seguridad después de que se haya determinado la responsabilidad, podrá llevarse a cabo el traslado, siempre que se respete la disposición específica que hace referencia al intercambio de información relativa a la seguridad. ·Se refuerza el requisito de cooperación de los solicitantes con miras a garantizar que las autoridades dispongan de toda la información necesaria para determinar el Estado miembro responsable y si el solicitante puede acogerse a la protección internacional, así como para impedir que se eludan las normas, especialmente que se produzcan fugas. El Reglamento establece obligaciones proporcionadas para los solicitantes en cuanto al suministro oportuno de todos los elementos y datos pertinentes para determinar el Estado miembro responsable, así como en lo relativo a la cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros. También establece de forma expresa que los solicitantes tienen la obligación de estar presentes y a disposición de las autoridades del Estado miembro pertinente y de respetar la decisión de traslado. El incumplimiento de las obligaciones jurídicas establecidas en el Reglamento tendrá consecuencias procesales proporcionadas para el solicitante, tales como la no aceptación de la información presentada demasiado tarde de manera injustificada. ·El Reglamento amplía el alcance de información que ha de facilitarse a los solicitantes. La entrevista personal sirve para facilitar el proceso de determinación del Estado miembro responsable ayudando a recopilar toda la información necesaria. Sin embargo, no debería llevar a una ralentización del procedimiento cuando el solicitante se haya dado a la fuga o cuando ya se haya facilitado información suficiente. ·La norma según la cual los criterios se determinarán en función de la situación existente en el momento en que la solicitud fue registrada por primera vez en un Estado miembro se aplica a todos los criterios, incluidos los relativos a los miembros de la familia y a los menores. Un plazo límite claro para facilitar la información pertinente permitirá una evaluación y una decisión rápidas. ·El Reglamento conserva la definición ampliada de miembros de la familia propuesta en 2016 en dos sentidos: 1) mediante la inclusión del hermano o hermanos del solicitante; y 2) mediante la inclusión de las relaciones familiares que se formaron después de la salida del país de origen, pero antes de la llegada al territorio del Estado miembro. Los hermanos constituyen una categoría específica pero importante en la que demostrar y comprobar la relación familiar es relativamente fácil, por lo que las posibilidades de fraude son bajas. La ampliación para abarcar a las familias formadas durante el tránsito refleja fenómenos migratorios recientes, tales como los largos períodos pasados fuera del país de origen antes de llegar a la UE, inclusive en campamentos de refugiados. Estas ampliaciones específicas de la definición de familia pretenden proporcionar un vínculo significativo entre la persona en cuestión y el Estado miembro responsable, teniendo en cuenta también las implicaciones más generales para las familias afectadas; se espera que reduzcan el riesgo de movimientos no autorizados o el riesgo de fuga por parte de las personas sujetas a las normas ampliadas. ·Se dota de una mayor flexibilidad a las normas relativas a las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad, especialmente para facilitar la reagrupación familiar efectiva. Las normas aclaran que las pruebas formales, como las pruebas documentales originales y las pruebas de ADN, no deben considerarse necesarias en casos en los que las pruebas circunstanciales sean coherentes, demostrables y lo suficientemente detalladas para determinar la responsabilidad. ·Se propone una serie de modificaciones para racionalizar y fortalecer los criterios de responsabilidad establecidos en los artículos 19, 21, y 22. A fin de mejorar la estabilidad del sistema, en el artículo 19 se han aclarado los criterios de responsabilidad en relación con los visados y los documentos de residencia y su aplicación se ha prorrogado tres años, respectivamente. De igual manera, en el artículo 21 relativo a la entrada irregular, la cláusula que prevé el cese de responsabilidades una vez transcurridos doce meses desde la entrada irregular se ha prorrogado tres años, y la cláusula relativa a la permanencia ilegal ha sido suprimida, ya que se demostró que es complicado aplicar esta disposición en la práctica debido a la dificultad de proporcionar las pruebas necesarias. En relación con el criterio de la dispensa de la obligación de visado de entrada, se suprime asimismo la excepción relativa a las entradas posteriores en Estados miembros en los que se aplica una dispensa de la obligación de visado de entrada, en consonancia con el enfoque según el cual debe ser responsable, por regla general, el Estado miembro de primera llegada, y con vistas a prevenir movimientos no autorizados posteriores a la entrada. ·Además, se ha introducido un nuevo criterio relativo a la posesión de un título académico o cualificación expedidos por una institución educativa establecida por un Estado miembro con el fin de garantizar que la solicitud de un solicitante sea examinada por un Estado miembro con el que el solicitante tenga vínculos importantes. Dicho título académico o cualificación deben ser, como mínimo, de educación secundaria equivalentes al nivel 2 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, impartidos por un centro de enseñanza o institución de enseñanza superior tal y como se define en la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de conformidad con el Derecho nacional o la práctica administrativa de los Estados miembros. ·El Reglamento establece plazos más breves para las distintas etapas del procedimiento, con el fin de acelerar el procedimiento de determinación para conceder a los solicitantes un acceso más rápido al procedimiento de asilo. Esto atañe a los plazos de presentación y respuesta con respecto a una petición de toma a cargo, con la excepción de menores no acompañados, a una notificación de readmisión, y a la adopción de una decisión de traslado.

·El vencimiento de los plazos solo conllevará, en determinados casos, una transferencia de responsabilidad entre los Estados miembros. Tales transferencias parecen haber creado incentivos para eludir las normas y obstaculizar el procedimiento. Por ese motivo, se han suprimido las normas que llevan a la transferencia de responsabilidad en los casos en que el plazo para enviar una notificación de readmisión haya vencido, así como las normas que llevan al cese o transferencia de responsabilidad como consecuencia del comportamiento del solicitante. Si el solicitante se fuga de un Estado miembro para eludir un traslado al Estado miembro responsable, el Estado miembro que realiza el traslado podrá usar el período restante del plazo de seis meses para llevar a cabo el traslado a partir del momento en que el solicitante vuelva a estar a disposición de las autoridades. ·Tal y como se propuso en 2016, las solicitudes de readmisión se han transformado en simples notificaciones de readmisión, dado que el Estado miembro responsable quedará reflejado en la respuesta positiva de Eurodac. El Estado miembro que recibe la notificación tendrá entonces la oportunidad de presentar rápidamente objeciones a la notificación basándose en que se aplican las normas limitadas para la transferencia y el cese de responsabilidad, es decir, si otro Estado miembro no trasladó a tiempo a la persona al Estado miembro responsable, aplicó la cláusula discrecional, o la persona en cuestión abandonó el territorio del Estado miembro en cumplimiento de una decisión de retorno. Esto será una importante herramienta para hacer frente a los movimientos no autorizados, habida cuenta de la preponderancia actual de las peticiones de readmisión con respecto a las peticiones de toma a cargo. ·Se ha añadido la obligación del Estado miembro responsable de readmitir a los beneficiarios de protección internacional o a las personas reasentadas que hayan formulado una solicitud o se encuentren en otro Estado miembro de forma irregular. Esta obligación proporcionará a los Estados miembros el instrumento jurídico necesario para ejecutar los traslados de retorno, lo cual es importante para limitar los movimientos no autorizados. ·Las normas sobre los recursos se han adaptado para acelerar y armonizar considerablemente el proceso de apelación. Además de aclarar el derecho del solicitante a pedir que se suspenda una decisión de traslado durante una apelación o revisión, la propuesta establece un plazo concreto y breve para que los órganos jurisdiccionales adopten tales decisiones. ·Se modifica el procedimiento de conciliación como un mecanismo de resolución de litigios, que no se ha utilizado formalmente desde su creación en el Convenio de Dublín de 1990 (aunque en una forma ligeramente diferente), para hacerlo más operativo y facilitar su uso. ·Los objetivos del actual mecanismo de alerta rápida y capacidad de respuesta serán asumidos por la nueva Agencia de Asilo de la Unión Europea, según lo establecido, en particular, en el capítulo 5 sobre el control y la evaluación y en el capítulo 6 sobre asistencia técnica y operativa de la propuesta relativa a la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Por tanto, en el presente Reglamento se ha mantenido la eliminación del mecanismo propuesto en 2016. ·La Agencia de Asilo de la Unión Europea ha establecido e impulsado una red de unidades responsables para mejorar la cooperación práctica y el intercambio de información sobre todos los asuntos relacionados con la aplicación del presente Reglamento, incluidos el desarrollo de herramientas prácticas y la orientación. ·En lo que respecta a los menores no acompañados, la propuesta aclara que el Estado miembro en que el menor haya presentado su primera solicitud de protección internacional será responsable, a menos que se demuestre que ello no redunda en el interés superior del menor. Esta norma permitirá una rápida determinación del Estado miembro responsable y, de esta manera, el acceso rápido al procedimiento de este grupo vulnerable de solicitantes, teniendo también presentes los plazos reducidos propuestos. ·Se adapta la disposición relativa a las garantías para los menores no acompañados para que la determinación del interés superior del menor sea más operativa. Así, antes de trasladar a un menor no acompañado a otro Estado miembro, el Estado miembro que efectúe el traslado se asegurará de que el Estado miembro de acogida adopte sin demora las medidas necesarias con arreglo al Reglamento sobre los procedimientos de asilo y la Directiva sobre las condiciones de acogida. También se estipula que cualquier decisión relativa al traslado de un menor no acompañado debe ir precedida de una evaluación de su interés superior, que deberá llevarse a cabo con celeridad por personal cualificado. 2020/0279 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la gestión del asilo y la migración y por el que se modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo y la propuesta de Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración]



(Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 78, apartado 2, letra e), y su artículo 79, apartado 2, letras a), b) y c), Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)Para constituir un espacio de libertad, seguridad y justicia, la Unión debe garantizar la ausencia de controles a las personas en las fronteras interiores y formular una política