Agenda Social Europea

aprobada por el Consejo Europeo de Niza de 7, 8 y 9 de diciembre de 2000

(2001/C 157/02)

1. Orientaciones políticas definidas por el Consejo Europeo

1. El Consejo Europeo de Lisboa fijó para la Unión Europea el objetivo estratégico de "convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social".

2. El Consejo Europeo sentó asimismo el objetivo del pleno empleo en Europa, en una sociedad que se adapte mejor a las opciones personales de mujeres y hombres. El objetivo final es elevar, sobre la base de las estadísticas disponibles, el índice de empleo (del 61 % actualmente en promedio) a un nivel lo más próximo posible al 70 % de aquí a 2010 y lograr que la proporción de mujeres activas (el 51 % actualmente en promedio) supere el 60 % de aquí a 2010. Los Jefes de Estado y de Gobierno subrayaron que un índice medio de crecimiento económico de alrededor del 3 % debería constituir una previsión realista para los próximos años si las medidas decididas en Lisboa se aplican en un marco macroeconómico sólido.

3. En ese marco, el Consejo Europeo encargó a la Presidencia francesa que pusiera en marcha el trabajo "basándose en una comunicación de la Comisión, con vistas a alcanzar un acuerdo sobre un programa social europeo en el Consejo Europeo de Niza en diciembre, con inclusión de las iniciativas de los distintos interlocutores implicados".

4. De acuerdo con esas orientaciones, el 28 de junio de 2000 la Comisión presentó su Comunicación titulada "Agenda de política social". La Comisión anunció esa Comunicación en el marco de su programa quinquenal como uno de los elementos clave de su agenda económica y social. Los Estados miembros destacaron unánimemente la calidad de esa contribución. Consideraron que constituía una base pertinente, habida cuenta de las orientaciones definidas por el Consejo Europeo en Lisboa y en Feira. Se recuerda asimismo que esa Comunicación aclara el modo en que la Comisión se propone hacer uso de su derecho de iniciativa en el ámbito de la política social.

5. Sobre esa base, la resolución del Parlamento Europeo adoptada el 26 de octubre de 2000 proporcionó elementos sustanciales de profundización y enriquecimiento. Insistió particularmente en los puntos siguientes: la importancia de la interacción entre la política económica, la política social y la política de empleo, el papel de los distintos instrumentos y señaladamente del método abierto de coordinación y de la legislación y la movilización de todos los agentes. El Parlamento Europeo expresó el deseo de reforzar la Agenda en una serie de puntos y subrayó la necesidad de pasar revista anualmente a la Agenda social sobre la base de un cuadro de indicadores elaborado por la Comisión.

6. Los dictámenes emitidos por el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones han enriquecido también el debate. Las aportaciones de los interlocutores sociales, así como de las organizaciones no gubernamentales, han permitido integrar los puntos de vista de esos agentes clave para las políticas sociales. Los Comités y Grupos pertinentes del Consejo y de la Comisión, y en particular el Comité de empleo, el Grupo de alto nivel "Protección social" y el Comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres han aportado también su contribución a este trabajo.

2. Modernizar y mejorar el modelo social europeo

7. En Lisboa los Estados miembros recordaron que: "El modelo social europeo, con sus sistemas desarrollados de protección social, debe apuntalar el tránsito a la economía basada en el conocimiento". Los Estados miembros subrayaron que: "Las personas constituyen en Europa el principal activo, por lo que deberían convertirse en el centro de las políticas de la Unión. La inversión en capital humano y el fomento de un Estado de bienestar activo y dinámico serán esenciales tanto para que Europa ocupe un lugar en la economía basada en el conocimiento como para garantizar que el surgimiento de esta nueva economía no incremente los problemas sociales existentes de desempleo, exclusión social y pobreza".

8. La Comisión ha centrado su Comunicación en la necesidad de lograr una interacción positiva y dinámica entre las medidas económicas, de empleo y sociales y movilizar a todos los agentes para alcanzar ese objetivo estratégico.

9. Con esa perspectiva ha de subrayarse la doble finalidad de la política social: la Agenda ha de reforzar el papel de la política social como factor de competitividad; paralelamente ha de permitirle lograr una mayor eficacia en cuanto a sus propios fines, en materia de protección de los individuos, de reducción de las desigualdades y de cohesión social. El Parlamento Europeo y los interlocutores sociales han insistido particularmente en esa doble finalidad. En efecto, el crecimiento económico y la cohesión social se refuerzan mutuamente. Una sociedad con más cohesión social y menos exclusión es garantía de una economía con mejores resultados.

10. Un enfoque de ese tipo supone en primer lugar aumentar el nivel de participación en el mercado laboral, sobre todo de los grupos menos representados o más desfavorecidos en dicho mercado. En efecto, más puestos de trabajo y mejores puestos de trabajo son la clave para la integración social. Hay que promover mercados de trabajo de más fácil acceso y hay que fomentar la diversidad en el empleo como factor de competitividad y de integración social. La estrategia de refuerzo mutuo de las políticas económicas y sociales definida en Lisboa, consistente en movilizar todo el potencial de empleo disponible, es así decisiva para garantizar la perpetuidad de los sistemas de pensiones.

11. Para preparar el futuro, la Unión ha de basarse en sus logros. Así, ha de seguir fomentando los valores de solidaridad y de justicia que la caracterizan y que la Carta de los Derechos Fundamentales consagra solemnemente. El modelo social europeo, que se caracteriza en particular por la existencia de unos sistemas de protección social de alto nivel, por la importancia del diálogo social y por unos servicios de interés general que incluyen actividades esenciales para la cohesión social, se apoya hoy en día, por encima de la diversidad de los sistemas sociales de los Estados miembros, en una base común de valores.

12. El modelo social europeo se ha desarrollado a lo largo de los últimos cuarenta años a través de un acervo comunitario sustancial que los Tratados de Maastricht y Amsterdam han permitido reforzar considerablemente. Incluye ya textos esenciales en numerosos ámbitos: libre circulación de trabajadores, igualdad de hombres y mujeres en la vida profesional, salud y seguridad de los asalariados, condiciones de trabajo y empleo y, más recientemente, lucha contra todas las formas de discriminación. El capítulo social del Tratado ha consagrado el papel fundamental de los acuerdos entre los interlocutores sociales en el proceso legislativo. El Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo constituyó un hito de la máxima importancia en la movilización de la Unión Europea en favor del empleo. El Tratado de Amsterdam, con la estrategia europea para el empleo, y el Consejo Europeo, reunido en Lisboa y en Feira, con el método abierto de coordinación en materia de exclusión social y la cooperación más estrecha en el ámbito de la protección social, han aportado métodos nuevos y pertinentes para ampliar los nuevos ámbitos de acción comunitaria.

13. El objetivo fijado en Lisboa supone que la Unión Europea defina los nuevos retos que requieren respuesta en los próximos cinco años.

3. Retos comunes

Realizar el pleno empleo y movilizar todo el potencial de empleo disponible

14. El dinamismo del crecimiento en Europa, respaldado por la prosecución de las reformas estructurales, debe permitir alcanzar el objetivo de volver al pleno empleo. Esta perspectiva implica políticas ambiciosas en lo que se refiere a una mayor tasa de actividad, disminución de los desequilibrios regionales, reducción de las desigualdades y mejora de la calidad del empleo.

15. Es fundamental mejorar las cualificaciones e incrementar las posibilidades de educación y formación permanentes, encomendando un papel esencial a los interlocutores sociales. En efecto, el desarrollo y la evolución de las competencias son indispensables para mejorar la capacidad de adaptación y la competitividad y luchar contra la exclusión social. Para aprovechar plenamente las posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación serán necesarios cambios en la organización del trabajo. Flexibilidad y seguridad tendrán que combinarse en el contexto de una economía en transformación.

Beneficiarse del progreso técnico

16. La rápida evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, por una parte, y de las ciencias de la vida, por otra parte, hace ver a todos nuestros países la necesidad de ocupar el primer puesto, con arreglo al objetivo fijado en el Consejo Europeo de Lisboa, en la economía y la sociedad basadas en el conocimiento y la innovación, nuevos resortes de crecimiento y desarrollo.

17. Los cambios tecnológicos deben también traducirse en una mejora del nivel y de las condiciones de vida, que redundará en beneficio de todo el cuerpo social. El auge de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación constituye, pues, una oportunidad excepcional que conviene aprovechar plenamente, sin dar pie a una diferencia cada vez mayor entre quienes tienen acceso a los nuevos conocimientos y quienes quedan excluidos.

Desarrollar la movilidad

18. La integración económica y la constitución de empresas binacionales o multinacionales provocan una movilidad cada vez mayor de hombres y mujeres entre los diversos países de la Unión. Esta tendencia, que se observa ya en los jóvenes titulados y en los cargos directivos, se debe alentar y facilitar, en particular para los docentes, los investigadores y las personas en formación. Esta exigencia debe tenerse en cuenta de manera apropiada en el marco de los sistemas educativos y de formación nacionales. Por otra parte, deben modernizarse y mejorarse las normas comunitarias que garantizan el mantenimiento de los derechos sociales para los trabajadores que ejercen su derecho de movilidad.

Sacar partido de la integración económica y monetaria

19. El establecimiento de la unión económica y monetaria y la existencia de un gran mercado interior dan lugar a una mayor transparencia al comparar costes y precios. Esta integración, garantía de una mayor competitividad, se traducirá en una reestructuración de los aparatos productivos y en cambios sectoriales, que deberán encauzarse y beneficiarse de un mayor esfuerzo en materia de cualificación y formación de los trabajadores. Es necesario desarrollar un enfoque positivo de estos cambios implicando empresas y trabajadores.

20. Un crecimiento constante y no inflacionista en la unión económica y monetaria implica también que la evolución de los salarios sea compatible, en particular, con la evolución de los incrementos derivados de la productividad en cada Estado miembro y con las disposiciones que establecen los Tratados en lo que se refiere al mantenimiento de precios estables.

Responder al envejecimiento de la población

21. El envejecimiento de la población supone nuevas exigencias para los Estados miembros. Más allá del intento de llevar a cabo una política adecuada en el ámbito de la familia y de la infancia, este fenómeno exige nuevas respuestas tales como el aumento del porcentaje de actividad femenino, facilitar y apoyar la continuación de la actividad de los trabajadores de edad, la viabilidad de los sistemas de jubilación y las medidas para asumir las situaciones de dependencia.

22. La realización de un alto índice de empleo y el aumento de la actividad femenina, al reducir la carga de las jubilaciones por persona activa ocupada, aumentará la capacidad de hacer frente al envejecimiento. Por ello es necesario facilitar el acceso al mercado laboral por medio de medidas para luchar contra la discriminación, adaptar los sistemas de protección social para promover la actividad y reforzar la articulación entre la vida profesional y la vida familiar.

Reforzar la cohesión social

23. La cohesión social, el rechazo de cualquier forma de exclusión o discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres constituyen valores fundamentales del modelo social europeo que fueron reafirmados con ocasión del Consejo Europeo de Lisboa. El empleo constituye la mejor protección contra la exclusión social. El crecimiento debe beneficiar a todos. Para ello, deberán llevarse a cabo e intensificarse acciones decididas, en particular en los barrios difíciles, para responder a la complejidad y a las múltiples dimensiones de los fenómenos de exclusión o de desigualdad. De modo paralelo a la política de empleo, la protección social tiene un papel primordial que desempeñar, pero debe reconocerse también la importancia de otros factores, como la vivienda, la educación, la sanidad, la información y la comunicación, la movilidad, la seguridad y la justicia, el ocio y la cultura. También deberá lograrse la integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión.

Conseguir que la ampliación sea un éxito en el ámbito social

24. La ampliación constituye un reto para la Unión Europea, en particular en el ámbito social. La Unión debe apoyar decididamente los esfuerzos ya iniciados por los países candidatos para adaptar y transformar sus sistemas sociales y favorecer la puesta en marcha de un proceso de convergencia en el progreso. Efectivamente, éstos hacen frente no sólo al importante desafío de la adaptación y la transformación de sus sistemas, sino también a la mayoría de los problemas a los que se enfrentan los Estados miembros actuales de la Unión Europea. Por ello es necesario tener en cuenta la perspectiva de la ampliación en el conjunto de los ámbitos de la política social.

Afirmar la dimensión social de la mundialización

25. La mundialización de los intercambios comerciales y financieros, al aumentar la competencia, agudiza la exigencia de competitividad, lo que tiene consecuencias sobre las políticas sociales (aquí cabe mencionar la repercusión de las cargas sociales en los costes salariales). Las negociaciones multilaterales de tipo predominantemente económico tienen cada vez más una dimensión social (piénsese, por ejemplo, en los debates en torno a los derechos sociales fundamentales y en los imperativos de la seguridad en materia sanitaria). La Unión Europea debe organizarse de modo tal que garantice la toma en consideración de los objetivos sociales en las negociaciones internacionales.

4. Modalidades de aplicación

26. Para responder a estos nuevos desafíos, la Agenda debe garantizar la modernización y la profundización del modelo social europeo e insistir, en todos los ámbitos de la política social, en la promoción de la calidad. La calidad de la formación, la calidad del trabajo, la calidad de las relaciones laborales y la calidad de la política social en su conjunto son factores esenciales para que la Unión Europea cumpla los objetivos que se ha fijado en cuanto a competitividad y pleno empleo. El desarrollo de esta vía y las acciones acometidas en el ámbito comunitario deben centrarse más particularmente en lograr realizar unos objetivos comunes, dentro del respeto del principio de subsidiariedad y dando el lugar que le corresponde al diálogo social.

27. Todos los agentes, instituciones de la Unión Europea (Parlamento Europeo, Consejo, Comisión), Estados miembros, autoridades regionales y locales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y las empresas tienen un papel que desempeñar.

28. La Agenda social, para su aplicación, deberá recurrir, sin practicar ninguna exclusión, a toda la gama de instrumentos comunitarios existentes: el método abierto de coordinación, la legislación, el diálogo social, los Fondos Estructurales, los programas de apoyo, el planteamiento integrado de las políticas, el análisis y la investigación.

29. La Agenda reconocerá la necesidad de respetar plenamente el principio de subsidiariedad y la diversidad de tradiciones y de situaciones en materia social y de empleo entre los Estados miembros.

30. La Agenda social ha de mantener un carácter evolutivo para tener en cuenta los cambios económicos y sociales.

31. El fortalecimiento y la modernización del modelo social europeo a fin de poder responder a nuevos imperativos implica que se extraigan todas las consecuencias de la interacción entre el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social al establecer las políticas de la Unión. Ésa es la base sobre la que hay que definir las opciones estratégicas de esas políticas.

32. El Consejo (Empleo y Política Social), habida cuenta de las orientaciones definidas por el Consejo Europeo en Lisboa y en Feira, y basándose en la Comunicación de la Comisión, propone al Consejo Europeo de Niza que dé su aprobación a:

- Las siguientes orientaciones para la política social, que se indican a continuación:

I. Por un mayor número y una mejor calidad de los puestos de trabajo

II. Anticiparse a los cambios del entorno laboral y sacar partido de los mismos desarrollando un nuevo equilibrio entre flexibilidad y seguridad

III. Luchar contra cualquier forma de exclusión y de discriminación para favorecer la integración social

IV. Modernizar la protección social

V. Fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer

VI. Reforzar la dimensión social de la ampliación y de las relaciones exteriores de la Unión Europea.

- Las siguientes modalidades de aplicación de dichas orientaciones:

Se invita a la Comisión a que:

haga las propuestas adecuadas y ejerza sus competencias de ejecución y de control de la aplicación del Derecho comunitario de conformidad con el papel que le atribuye el Tratado;

de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa relativas al método abierto de coordinación, apoye dicho método por medio de iniciativas apropiadas, en particular en materia de desarrollo de los indicadores, junto con el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social.

El Consejo:

Se encargará, en su formación de "Empleo y Política Social" y con la participación de las demás formaciones del Consejo, de la aplicación de la Agenda social;

examinará, con miras a su adopción, durante el periodo de vigencia de la Agenda social, las propuestas adecuadas presentadas por la Comisión, con la participación del Parlamento Europeo, en las formas previstas por el Tratado;

de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa relativas al método abierto de coordinación, definirá y actualizará las directrices y los objetivos adecuados o comunes; establecerá, en su caso, indicadores cuantitativos y cualitativos y criterios de evaluación; encomendará al Comité de empleo y al Comité de protección social el apoyo a los trabajos del Consejo, fomentando las contribuciones de los interlocutores sociales, y de las organizaciones no gubernamentales en lo que respecta a la exclusión social; se congratula de que el Parlamento Europeo desee asociarse plenamente a esta aplicación y establecer los contactos adecuados.

Se invita a los interlocutores sociales a que:

utilicen plenamente las posibilidades del Tratado en materia de relaciones contractuales y de acciones comunes y a que comuniquen antes de cada Consejo Europeo de primavera las acciones conjuntas emprendidas o previstas;

presenten a tal efecto una primera contribución conjunta para el Consejo Europeo de Estocolmo del próximo mes de marzo.

Los Estados miembros:

garantizarán la aplicación a escala nacional de los actos adoptados por el Consejo;

de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa relativas al método abierto de coordinación, plasmarán dichas directrices y objetivos adecuados o comunes en políticas nacionales, regionales y locales, estableciendo objetivos específicos y adoptando medidas que tengan en cuenta las diversidades nacionales, regionales y locales.

- Las siguientes modalidades de seguimiento y actualización:

Se invita a la Comisión:

a que presente en su informe de síntesis anual al Consejo Europeo las iniciativas que haya adoptado y a que ponga de relieve las contribuciones de todos los demás agentes para la modernización y la mejora del modelo social europeo con objeto de alcanzar el objetivo estratégico decidido en Lisboa;

a que, en este contexto, garantice el seguimiento y el control de la aplicación de la Agenda social como lo solicitó el Consejo Europeo de Lisboa, en el marco de su comunicación del 28 de junio de 2000, así como de las orientaciones que figuran a continuación, y su revisión intermedia en 2003. A que presente a tal fin con miras al Consejo Europeo de primavera un cuadro anual de indicadores de los avances realizados en la aplicación de las acciones.

El Consejo:

en su formación de "Empleo y Política Social":

- examinará los informes y el cuadro de indicadores de la Comisión, y

- contribuirá, en coordinación con las demás formaciones implicadas del Consejo, al Consejo Europeo de primavera a que se alcance el objetivo estratégico definido en Lisboa. Se espera una primera contribución para el Consejo Europeo de Estocolmo.

I. POR UN MAYOR NÚMERO Y UNA MEJOR CALIDAD DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

La perspectiva de la realización del pleno empleo debe verse acompañada de un decidido esfuerzo para facilitar la participación del mayor número posible de personas en el mercado laboral, lo que implica, en particular, que se refuercen las políticas tendentes a fomentar la igualdad profesional de ambos sexos, a mejorar la articulación entre la vida profesional y la vida familiar, a facilitar el mantenimiento en el empleo de los trabajadores de edad, a luchar contra el desempleo de larga duración y a ofrecer, mediante la movilización de todos los agentes, y en particular los de la economía social y solidaria, perspectivas de integración para las personas más vulnerables. La opción por una sociedad del conocimiento implica que se invierta en recursos humanos a fin de fomentar la cualificación y la movilidad de los trabajadores. Al mismo tiempo, es importante fomentar la calidad del empleo y desarrollar realmente, en beneficio del mayor número posible de personas, una serie de estrategias de educación y de formación permanentes.

a) Aumentar la participación en el trabajo, poniendo mayor énfasis en las políticas tendentes a articular mejor la vida familiar y la vida profesional tanto para los hombres como para las mujeres y a favorecer el acceso al trabajo o el mantenimiento en el mismo de determinados grupos de personas (en particular los desempleados de larga duración, los trabajadores minusválidos, los trabajadores de edad avanzada, las minorías): análisis comparativo de la Comisión realizado de aquí al año 2002 sobre los factores estructurales que pueden fomentar la participación en el mercado de trabajo, y adaptación de las directrices para el empleo, en particular fijando un nuevo criterio de evaluación de los resultados relativo a la mejora de las estructuras de guardería.

b) Intensificar y prolongar la estrategia coordinada para el empleo, tomando apoyo en los trabajos del Comité de empleo. Iniciar en 2002 la revisión y la evaluación de la incidencia de esta estrategia para arrojar luz sobre su evolución futura.

c) En este contexto, tener más en cuenta los objetivos relacionados con la calidad del empleo, y con su importancia para el crecimiento como elemento importante de atracción e incitación al trabajo. Una Comunicación de la Comisión en 2001 tratará sobre la aportación de la política de empleo a la calidad del empleo en sus diversos aspectos (especialmente en lo que se refiere a las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad, la remuneración, la igualdad de sexos, el equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad, y las relaciones sociales). Sobre esta base, el Comité de empleo presentará un informe sobre la cuestión a finales de 2001 para que se puedan definir unos indicadores que permitan seguir de cerca todo lo indicado anteriormente.

d) Luchar contra el desempleo de larga duración desarrollando estrategias activas de prevención y de reeducación basadas en la determinación anticipada de las necesidades individuales y en la mejora de la capacidad de inserción profesional.

e) Apoyar, en este marco, las dimensiones local y regional de la estrategia para el empleo. La dimensión regional requerirá un planteamiento estratégico a todos los niveles, así como a nivel europeo, y podría requerir políticas diversas y específicas para regiones diferentes, con objeto de alcanzar los objetivos decididos en Lisboa y una cohesión regional reforzada.

f) Mejorar el acceso efectivo a la educación y a la formación permanente, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, con objeto de evitar los déficits de cualificación. Las estrategias en este ámbito deberían coordinar la responsabilidad compartida de los poderes públicos, los interlocutores sociales y los individuos, con la colaboración oportuna de la sociedad civil. Se insta a los interlocutores sociales a negociar medidas para mejorar la enseñanza superior y la formación con objeto de acrecentar la capacidad de adaptación. Asimismo se les insta, así como a los gobiernos, a comunicar al Consejo (Empleo y Política Social) de aquí a finales de 2001 las disposiciones que se hayan adoptado en los ámbitos europeo y nacional en el contexto de los planes nacionales de acción para el empleo. En 2002 se organizará una conferencia que reunirá a los agentes implicados para tratar de esta cuestión. Se creará un premio europeo a las empresas precursoras.

g) Promover la definición y la difusión de buenas prácticas sobre el empleo y la dimensión social de la sociedad de la información, en estrecha colaboración con el Grupo de alto nivel competente en este ámbito, y desarrollar más los aspectos del plan "e-Europe" relativos a los recursos humanos.

h) Facilitar la movilidad de los ciudadanos europeos:

- impulsar la Europa del conocimiento mediante la supresión de los obstáculos a la movilidad, en particular del personal docente, de los investigadores, estudiantes, formadores y personas que sigan una formación, especialmente en el marco del plan de acción sobre la movilidad y de la Recomendación adoptados por el Consejo,

- promover el reconocimiento a nivel europeo de las competencias y aptitudes adquiridas en los Estados miembros conforme a lo dispuesto en el Tratado,

- favorecer la libre circulación de personas: adaptación, de aquí a 2003, del contenido de las directivas relativas al derecho de residencia y fomento de la mejora de las normas relativas a la libre circulación de trabajadores,

- modernizar las normas durante el periodo de vigencia del programa, garantizando el mantenimiento de los derechos de seguridad social de los trabajadores migrantes; mejorar la aplicación de la legislación en la materia, en particular favoreciendo el recurso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación,

- reforzar, de aquí a finales de 2002, las modalidades de salvaguardia de los derechos de pensión complementaria de los trabajadores que se desplacen dentro de la Unión Europea.

i) Iniciar durante el periodo de la Agenda social una reflexión sobre los vínculos existentes entre los movimientos migratorios y las políticas de empleo.

j) Invitar a la Comisión a que, dentro del respeto de las competencias que le atribuye al respecto el Tratado, siga examinando la relación entre la política social y la política en materia de competencia, manteniendo los contactos adecuados con los Estados miembros y con los interlocutores sociales.

II. ANTICIPARSE A LOS CAMBIOS DEL ENTORNO DE TRABAJO Y SACAR PARTIDO DE LOS MISMOS, DESARROLLANDO UN NUEVO EQUILIBRIO ENTRE FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD

Las profundas transformaciones de la economía y del trabajo, relacionadas en particular con el nacimiento de la economía basada en el conocimiento y con la globalización, se están acelerando en todos los Estados miembros, haciendo necesarias nuevas respuestas colectivas que tengan en cuenta las expectativas de los asalariados. El diálogo social y la concertación deben crear las condiciones necesarias para una participación de los asalariados en los cambios que se produzcan, mediante una anticipación de los cambios en las empresas, los sectores industriales y los territorios. La búsqueda de unos marcos colectivos innovadores y adaptados a las nuevas formas de empleo deberá permitir un fomento de la movilidad y de la inserción de las personas en unas situaciones profesionales cada vez más diversificadas, mediante la organización de transiciones entre situaciones o empleos sucesivos. Las medidas que se adopten para hacer frente a estas transformaciones deberán recurrir de manera equilibrada a los diferentes instrumentos comunitarios existentes, en particular el método abierto de coordinación, y dejar un gran margen de iniciativa a los interlocutores sociales.

a) Reforzar la participación de los trabajadores en la gestión de los cambios que se produzcan, mejorando, de aquí a 2002, el marco comunitario relativo a los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores (revisión de la Directiva sobre el comité de empresa europeo, continuación del examen de las directivas sobre la información y la consulta y sobre el aspecto social de la sociedad europea).

b) Desarrollar, en particular sobre la base de una comunicación de la Comisión en 2002, la estrategia comunitaria en materia de salud y seguridad en el trabajo:

- codificar, adaptar y, en su caso, simplificar la normativa actual,

- responder a los nuevos riesgos como, por ejemplo, las situaciones de estrés en el trabajo, mediante iniciativas normativas e intercambios de buenas prácticas,

- favorecer la aplicación de la legislación en las PYME, teniendo en cuenta las condiciones específicas a las que se enfrentan, en particular mediante un programa específico,

- desarrollar, a partir de 2001, el intercambio de buenas prácticas y la colaboración entre los servicios de inspección del trabajo para responder mejor a los requisitos esenciales comunes.

c) Tener en cuenta, en el contexto de interdependencia creciente de las economías europeas, las transformaciones del entorno de trabajo y las relaciones laborales:

- organizar, a escala comunitaria y durante el período de vigencia de la Agenda social europea, el intercambio de experiencias innovadoras en lo que se refiere a unas relaciones laborales que concilien la seguridad de los trabajadores y la flexibilidad para las empresas, y someter a los interlocutores sociales la totalidad de los elementos pertinentes de la modernización y mejora de las relaciones laborales,

- establecer, ya en 2001, con arreglo a las propuestas de los interlocutores sociales, un "observatorio europeo del cambio", en el marco de la Fundación de Dublín;

- examinar, con miras a su adaptación de aquí a 2003, la directiva relativa a la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario; proceder, conforme a lo anunciado por la Comisión, a la evaluación de las actuales directivas sobre las garantías concedidas a los trabajadores en caso de despido colectivo y sobre la protección de la relación laboral en caso de cambio de empresario, y, en su caso, a su adaptación,

- instar a los interlocutores sociales a:

- proseguir el diálogo social sobre los problemas relativos a la organización del trabajo y a las nuevas formas de empleo,

- entablar debates que puedan dar lugar a negociaciones sobre la responsabilidad compartida entre las empresas y los trabajadores por lo que respecta a la capacidad de inserción profesional y a la capacidad de adaptación de los trabajadores, en particular desde el punto de vista de la movilidad,

- examinar las cuestiones relativas a la protección de datos.

d) Apoyar las iniciativas relativas a la responsabilidad social de las empresas y a la gestión del cambio, por medio de una comunicación de la Comisión.

e) Mejorar el funcionamiento del diálogo macroeconómico previsto por el Consejo Europeo de Colonia para que contribuya plenamente a la interacción positiva y dinámica de las políticas económica, social y del empleo. Favorecer los intercambios de información entre las instituciones comunitarias y los interlocutores sociales, sobre los cambios que se produzcan en relación con el modo de formación de los salarios y su composición.

f) De aquí a 2004, organizar un cambio de impresiones sobre los despidos individuales, teniendo en cuenta las prestaciones de la seguridad social y las características nacionales del mercado laboral.

g) Completar, en 2001, la legislación comunitaria relativa al tiempo de trabajo, ultimando las disposiciones relativas al sector del transporte por carretera. Adelantar los trabajos relativos a los textos en materia de armonización social en el transporte marítimo y aéreo.

III. LUCHA CONTRA TODAS LAS FORMAS DE EXCLUSIÓN Y DE DISCRIMINACIÓN PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL

La vuelta a un crecimiento económico sostenido y la perspectiva próxima del pleno empleo no significan que en la Unión Europea las situaciones de pobreza y de exclusión disminuyan espontáneamente, sino que hacen aún más inaceptable su persistencia. El Consejo Europeo de Lisboa subrayó la necesidad de tomar medidas para dar un impulso decisivo a la eliminación de la pobreza. Afirmada al más alto nivel en cada Estado miembro, esta voluntad debe traducirse en la práctica en una movilización de todos los agentes locales, en particular las ONG y los servicios sociales, y verse secundada por medidas tendentes a garantizar la igualdad de trato para todos los nacionales de terceros países que residan de forma regular en el territorio de la Unión.

a) Desarrollar en cada uno de los Estados miembros, de aquí a junio de 2001, como aplicación del método abierto de coordinación que definió el Consejo Europeo de Lisboa, un plan nacional de acción para luchar contra la pobreza y la exclusión social que abarque un período de dos años, sobre la base de los objetivos adoptados en común. Dicho plan especificará los progresos previstos por las políticas nacionales, y mencionará los indicadores utilizados para evaluar los resultados de las acciones emprendidas. Avanzar, a partir de 2001, sobre la base de los indicadores seleccionados por cada Estado en su plan nacional de acción, para dar coherencia a dichos indicadores y definir unos indicadores acordados en común.

b) Utilizar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para reducir la exclusión social, fomentando el acceso de todos a la sociedad del conocimiento; y, a tal fin, aplicar el plan de acción de la Comisión "e-Europe 2002 - Una sociedad de la información para todos", aprobado por el Consejo Europeo de Feira.

c) Garantizar, al término de los primeros planes de acción nacionales, el seguimiento de la recomendación de 1992 relativa a las garantías mínimas de recursos que deberán ofrecer los sistemas de protección social y examinar las iniciativas posibles para acompañar los avances en la materia.

d) Respaldar, mediante el intercambio de experiencias, los esfuerzos de los Estados miembros en materia de política urbana para luchar contra los fenómenos de segregación social y espacial.

e) Evaluar la incidencia del FSE, incluida la iniciativa comunitaria EQUAL, en el fomento de la integración social.

f) Velar por la aplicación efectiva de la legislación comunitaria en lo que se refiere a la lucha contra toda forma de discriminación por motivos de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, minusvalía, edad u orientación sexual. Desarrollar intercambios de experiencias y buenas prácticas para reforzar dichas políticas.

g) Emprender, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, una política más enérgica en materia de integración de los nacionales de terceros países que residan de forma regular en el territorio de la Unión, que aspire a ofrecerles derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión Europea. Desarrollar intercambios de experiencias en relación con las políticas de integración que se lleven a cabo en el ámbito nacional.

h) Desarrollar, en particular con ocasión del Año Europeo de las Personas con Discapacidad (2003), todas las acciones tendentes a garantizar una mejor integración de las personas minusválidas en todos los ámbitos de la vida social.

i) Crear las condiciones para llevar a cabo una asociación eficaz con los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales, las administraciones territoriales y los organismos que gestionan los servicios sociales. Implicar a las empresas en dicha asociación para reforzar su responsabilidad social.

IV. MODERNIZAR LA PROTECCIÓN SOCIAL

Los sistemas de protección social, que constituyen un componente esencial del modelo social europeo aunque siguen estando bajo la responsabilidad de los respectivos Estados miembros, se ven enfrentados a problemas comunes. Para resolverlos de manera más eficaz, debe reforzarse la cooperación entre los Estados miembros, en particular a través del Comité de protección social. La modernización de los sistemas de protección social debe satisfacer las exigencias de solidaridad: este es el objetivo de las acciones que deberán emprenderse tanto en materia de pensiones y de sanidad como para alcanzar un Estado social activo que anime resueltamente a la participación en el mercado laboral.

a) Proseguir la cooperación y los intercambios entre los Estados sobre aquellas estrategias que permitan garantizar en el futuro unas pensiones seguras y viables: en marzo de 2001 se transmitirán las contribuciones nacionales con vistas al Consejo Europeo de Estocolmo, y en junio de 2001 el Consejo (Empleo y Política Social) deberá presentar un estudio al respecto al Consejo Europeo de Gotemburgo, el cual establecerá las etapas siguientes.

b) Analizar, teniendo en cuenta la política que lleve a cabo cada Estado miembro, los ajustes introducidos en los sistemas de protección social así como los progresos que deberán aún alcanzarse para hacer que el trabajo resulte más ventajoso y para fomentar ingresos seguros (2002) así como para favorecer la articulación entre la vida profesional y la vida familiar.

c) Reflexionar, de aquí a 2003, sobre la manera de garantizar, respetando las exigencias en materia de solidaridad, un nivel alto y duradero de protección de la salud, teniendo en cuenta las repercusiones del fenómeno del envejecimiento (atención prolongada): informe del Consejo (Empleo y Política Social) en conexión con el Consejo (Sanidad).

d) Examinar, sobre la base de estudios realizados para la Comisión, la evolución de la situación en materia de acceso transfronterizo a una atención y unos productos sanitarios de calidad.

e) Garantizar el seguimiento y la evaluación, durante el periodo de vigencia de la Agenda, de una cooperación más estrecha en materia de protección social; prever y desarrollar los indicadores apropiados en este ámbito.

V. FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER

El fomento de la igualdad entre ambos sexos deberá hacerse de manera transversal en la totalidad de la Agenda social y deberá completarse con una serie de medidas específicas relativas al acceso de la mujer a la toma de decisiones, al refuerzo de los derechos en materia de igualdad y a la articulación entre la vida profesional y la vida familiar.

a) Integrar el concepto de igualdad entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos pertinentes, en particular en los correspondientes a la Agenda social, en la concepción, el seguimiento y la evaluación de las políticas, estableciendo los mecanismos e instrumentos apropiados, como, en su caso, las evaluaciones de la repercusión según el sexo, así como los instrumentos de seguimiento y los criterios de evaluación de los rendimientos.

b) Ampliar el acceso de la mujer a la toma de decisiones, estableciendo cada Estado miembro objetivos adecuados u objetivos de progresión, con indicación de los plazos correspondientes, en el ámbito público y en el ámbito económico y social.

c) Llevar a la práctica la Comunicación de la Comisión titulada "Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-05)", examinar con miras a su adopción las modificaciones propuestas a la Directiva de 1976 sobre la igualdad de trato y reforzar los derechos en materia de igualdad, adoptando de aquí a 2003 una directiva basada en el artículo 13 del Tratado CE con vistas a fomentar la igualdad de trato entre el hombre y la mujer en ámbitos distintos del empleo y de la actividad profesional.

d) Desarrollar el conocimiento, la puesta en común de los recursos y el intercambio de experiencias, especialmente mediante la creación de un instituto europeo del género y de una red de expertos. En 2001 deberá realizarse un estudio de viabilidad al respecto.

e) Ampliar y reforzar las iniciativas y medidas tendentes a fomentar la igualdad profesional entre el hombre y la mujer, especialmente en materia de remuneración. Desarrollar la iniciativa existente para las mujeres empresarias.

f) Garantizar una mejor articulación entre la vida familiar y la vida profesional, en particular fomentando una atención de calidad para los niños y las personas dependientes.

VI. REFORZAR LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA AMPLIACIÓN Y DE LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA

La ampliación y las relaciones exteriores constituyen, por diversos motivos, un reto y una oportunidad para la acción comunitaria en el ámbito social. Es necesario desarrollar el intercambio de experiencias y de estrategias con los Estados candidatos, especialmente para hacer frente juntos con mayor eficacia a los desafíos del pleno empleo y de la lucha contra la exclusión, y fomentar una agenda económica y social integrada que se corresponda con el planteamiento europeo en los foros internacionales.

a) Preparar la ampliación con el objetivo de fomentar el progreso económico y social en la Unión ampliada:

- organizar de manera periódica, junto con los interlocutores sociales, intercambios de puntos de vista sobre todos los aspectos sociales relacionados con la ampliación,

- facilitar que los países candidatos adopten la estrategia europea para el empleo, la aplicación de los objetivos para luchar contra la pobreza y la exclusión social y la cooperación más estrecha en materia de protección social,

- respaldar el papel del diálogo social en este contexto,

- contribuir al desarrollo de las ONG correspondientes de los países candidatos.

b) Desarrollar un enfoque concertado sobre las cuestiones sociales internacionales en el seno de las instituciones multilaterales (Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Consejo de Europa, Organización Mundial del Trabajo, y, en su caso, la OMC y la OCDE).

c) Reforzar la dimensión social de la política de cooperación, especialmente la lucha contra la pobreza y el desarrollo de la sanidad y de la educación, teniendo en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres (en particular en el marco del proceso euromediterráneo).