Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre remodelar el marco presupuestario de la UE para una recuperación sostenible y una transición justa

(Dictamen de iniciativa)

(2022/C 105/03)

Ponente: Dominika BIEGON

Decisión del Pleno 25.3.2021 Fundamento jurídico Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno Dictamen de iniciativa Sección competente Unión económica y monetaria y cohesión económica y social Aprobado en la sección .5.10.2021 Aprobado en el pleno 20.10.2021 Pleno n.o 564 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 168/3/5

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1. Las normas presupuestarias europeas necesitan una revisión: las deficiencias ya resultaban evidentes tras la crisis financiera de 2008/2009 y la pandemia de COVID-19 plantea retos aún más serios al actual marco presupuestario. En anteriores Dictámenes, el CESE ha acogido favorablemente la revisión de la gobernanza económica de la Comisión Europea. En el presente Dictamen, el CESE reitera su postura acerca de la necesidad de emprender reformas y solicita a la Comisión que prosiga rápidamente con la revisión del marco de gobernanza económica de la UE, que actualmente se encuentra interrumpida. Antes de que el marco revisado entre en vigor, la Comisión debería presentar directrices para un período de transición, durante el cual no debería activarse el procedimiento de déficit excesivo, y con la posibilidad de utilizar la «cláusula de acontecimiento inhabitual» según las circunstancias de cada país.

1.2. Cualquier marco presupuestario futuro tiene que: a) reforzar las inversiones públicas, b) conceder un mayor margen de maniobra cíclico, y c) permitir una mayor flexibilidad y diferenciación por países en lo que respecta a las sendas de ajuste de la deuda, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad presupuestaria. La revisión del marco presupuestario de la UE no solo es necesaria de cara al objetivo de estabilizar la economía a corto y medio plazo. También es de vital importancia para financiar la transformación socioecológica de nuestra economía, garantizando el pleno empleo, puestos de trabajo de calidad y transiciones justas.

1.3. Más concretamente, la principal propuesta del CESE con respecto a la revisión del marco presupuestario consiste en introducir una regla de oro para las inversiones públicas, que el CESE ya ha planteado en Dictámenes anteriores, junto con una regla de gasto. Además, el CESE acoge favorablemente la propuesta del Consejo Fiscal Europeo (CFE) relativa a la diferenciación por países de las sendas de ajuste presupuestario.

1.4. Por último, el CESE señala que la política presupuestaria es el ámbito por excelencia de la política parlamentaria y sus decisiones afectan a toda la estructura de gastos e ingresos de los Estados. Así pues, tanto a los Parlamentos nacionales como al Parlamento Europeo se les debe asignar un papel destacado en el futuro marco de gobernanza económica de la UE.

1.5. De forma similar, es necesario involucrar a la sociedad civil para que participe de forma más activa en el Semestre Europeo, tanto en el ámbito nacional como a escala de la UE. De este modo, se puede establecer una política económica equilibrada, en la que todos los intereses estén representados. Un ejemplo de ello sería la gobernanza del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, donde la participación de la sociedad civil no ha sido satisfactoria ( 1 ) . El principio de asociación, que durante mucho tiempo ha sido una tradición en la gobernanza de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, debería servir como referencia para un mecanismo eficaz de participación de la sociedad civil.

2. En contexto: nuevos retos tras la pandemia de COVID-19

2.1. Las normas presupuestarias europeas necesitan una revisión. Antes de la crisis, la evaluación del marco presupuestario de la UE a cargo del Consejo Fiscal Europeo (2019) ( 2 ) señalaba acertadamente dos problemas principales. En primer lugar, las normas presupuestarias tienden a ser procíclicas: así, tras la crisis financiera de 2008 y 2009, la consolidación presupuestaria se produjo demasiado pronto debido a las abrumadoras dudas surgidas en relación con la sostenibilidad, lo que condujo a la economía europea a una doble recesión. En segundo lugar, los recortes de gasto en la UE han tenido como primer objetivo la inversión pública. Si se compara la tasa media de inversión pública en el período 2015-2019 con la media anterior a la crisis (2005-2009), veinte de los veintisiete Estados miembros experimentaron una disminución de sus tasas, en algunos casos de hasta el 50 %, hasta el punto de que el valor de la masa de capital público, caracterizado por cifras negativas de inversión pública neta, se deterioró entre 2013 y 2017 en la zona del euro.

2.2. La pandemia de COVID-19 plantea retos aún más serios al marco presupuestario de la UE: el desplome económico, junto con las medidas políticas para mitigar el impacto social y económico de la pandemia, han provocado aumentos masivos del déficit público y de los niveles de deuda con respecto al PIB en muchos Estados miembros ( 3 ) . Las estimaciones del Consejo Fiscal Europeo (2020) ( 4 ) muestran que, si las normas presupuestarias de la UE se activasen sin introducir ningún cambio tras levantar la cláusula general de salvaguardia, la senda prevista de reducción de la ratio de deuda sobrecargaría a algunos Estados miembros, lo que acarrearía importantes consecuencias económicas, sociales y políticas negativas que pondrían en peligro la recuperación económica de la UE.

2.3. La reforma de las normas presupuestarias de la UE no solo es necesaria de cara al objetivo de estabilizar la economía a corto y medio plazo. También es de vital importancia para financiar la transformación socioecológica de nuestra economía, garantizando el pleno empleo, puestos de trabajo de calidad y transiciones justas. Para alcanzar los objetivos climáticos de la UE, se necesita una profunda modernización de la masa de capital. Una economía sostenible requiere una ingente expansión de las inversiones públicas; de lo contrario las economías europeas se enfrentarán a riesgos presupuestarios relacionados con el clima ( 5 ) . Al mismo tiempo, es preciso garantizar la sostenibilidad presupuestaria. En Dictámenes anteriores, el CESE ya ha subrayado la necesidad de introducir una regla de oro para la inversión pública en el marco presupuestario de la UE ( 6 ) . Estas exigencias siguen siendo válidas: para que Europa cumpla sus objetivos climáticos y medioambientales de 2030, la Comisión Europea ha calculado recientemente que el déficit global de financiación asciende a unos 470 000 millones EUR al año hasta 2030 ( 7 ) . Como se ha destacado acertadamente, «movilizar la escala de financiación necesaria será un reto político importante», y es obvio que la inversión pública jugará un papel fundamental, en particular de cara a activar también la inversión privada. La reforma del marco presupuestario de la UE debe tener en cuenta estas cuestiones.

2.4. El CESE subraya que, una vez que la recuperación económica se consolide, los Estados miembros deben afrontar el reto de reducir las ratios de deuda con respecto al PIB a fin de mantener un margen presupuestario suficiente para contrarrestar posibles crisis económicas en el futuro. La regla de gasto propuesta en el presente Dictamen (véanse los puntos 3.3.2 y 3.3.3) garantizaría efectivamente que los Estados miembros consolidasen sus finanzas públicas en tiempos de bonanza.

2.5. El CESE subraya que la revisión del marco presupuestario de la UE ha de tener en cuenta el contexto macroeconómico actual. Tanto el FMI ( 8 ) como la Comisión Europea ( 9 ) afirman que las ratios de deuda con respecto al PIB deberían estabilizarse a corto y medio plazo gracias a los bajos tipos de interés y al aumento de las tasas de crecimiento. La sostenibilidad de la deuda soberana depende de la tasa de crecimiento del PIB (real), del saldo primario anual y de los tipos de interés (reales) aplicados a la deuda soberana en circulación. El CESE insta a la Comisión Europea a tener en cuenta estos factores a la hora de evaluar la sostenibilidad de la deuda de los Estados miembros.

2.6. Por otra parte, el CESE hace hincapié en que la sostenibilidad de las finanzas públicas depende en gran medida de unos ingresos públicos fiables y de una fiscalidad justa, lo que incluye, por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal y la planificación fiscal agresiva. Además, los nuevos recursos propios anunciados deben contribuir a fomentar una fiscalidad justa, así como la justicia social y climática. Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas también requiere transparencia en los ingresos y gastos, una contratación abierta y una participación permanente de la sociedad civil en la supervisión de la gestión de las finanzas públicas.

2.7. En anteriores Dictámenes, el CESE ha acogido favorablemente la revisión de la gobernanza económica de la Comisión Europea y ha destacado la necesidad de llevar a cabo una revisión ( 10 ) . Asimismo, el CESE ha propuesto que en la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa se debata una posible reforma de la gobernanza económica de la UE. Adaptar las disposiciones de gobernanza económica del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a la realidad económica actual de la UE no debería ser un tema tabú. El CESE reitera este llamamiento, especialmente a la luz de la crisis de la COVID-19. Para evitar un retorno a las antiguas normas presupuestarias y gestionar un cambio hacia una gobernanza económica centrada en la prosperidad, el CESE insta a que se reanude el proceso de revisión lo antes posible ( 11 )

3. Observaciones específicas

3.1. Un nuevo equilibrio para la gobernanza socioeconómica de la UE

3.1.1. La política presupuestaria debería formar parte de un marco de gobernanza a varios niveles y equilibrado más amplio. El CESE aboga por una gobernanza económica orientada a la prosperidad, en la que se dé prioridad al bienestar social y económico de las personas para que nadie se quede atrás, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad de la deuda pública. Por tanto, el Comité reclama una política económica equilibrada que destaque la importancia de una serie de objetivos políticos fundamentales y les otorgue la misma relevancia, entre ellos el crecimiento sostenible e inclusivo, el pleno empleo, el trabajo digno y las transiciones justas, un reparto equitativo de las rentas y la riqueza, la salud pública y la calidad de vida, la sostenibilidad medioambiental, la estabilidad del mercado financiero, la estabilidad de los precios, unas relaciones comerciales equilibradas, una economía social de mercado competitiva y unas finanzas públicas sostenibles. Estos objetivos son coherentes tanto con los objetivos establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea como con los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ( 12 )

3.1.2. Para apoyar a los Estados miembros en su camino hacia una economía sostenible e inclusiva no solo es necesario conceder un mayor margen de maniobra presupuestario en determinadas condiciones. Además de esto, se deben promover los incentivos para las reformas. El actual marco de gobernanza económica de la UE consta de tres pilares: a) vigilancia presupuestaria, b) vigilancia macroeconómica y c) coordinación de las políticas sociales y de empleo. Por lo tanto, ya presenta una fuerte inclinación hacia las reformas. Diversos estudios empíricos destacan que, a pesar de las reformas, el grueso de las recomendaciones específicas para cada país formuladas con anterioridad se ha centrado en impulsar la competitividad y en consolidar los presupuestos públicos ( 13 ) . El CESE insta a las instituciones de la UE a que sean más equilibradas en las recomendaciones que realicen para cada país concreto en el futuro: los patrones de referencia presupuestarios, así como los objetivos climáticos de la UE y el pilar europeo de derechos sociales deberían servir igualmente como puntos de referencia importantes para las recomendaciones específicas por país. Se debe prestar especial atención a las reformas que favorecen la transición hacia una economía verde y digital (como las políticas activas dirigidas al mercado laboral y los planes de aprendizaje continuo, incluidos los programas para la adquisición de nuevas competencias laborales y de apoyo para el reciclaje profesional), y a las reformas que garantizan un aprovechamiento eficaz de los fondos de la UE (como el desarrollo de capacidades técnicas de las administraciones públicas para gestionar los proyectos de inversión, unos sistemas eficaces y abiertos de contratación pública y reformas dirigidas a eliminar otros obstáculos no monetarios a una política de inversión eficaz).

3.2. Reforzar la inversión pública

3.2.1. El CESE subraya que el marco presupuestario de la UE debe reformarse de manera que proteja mejor las inversiones públicas ( 14 ) . El efecto multiplicador de la inversión pública es muy elevado, por lo que los recortes en la inversión pública tienen un impacto especialmente negativo en el crecimiento económico y el empleo. Los recortes en la inversión pública en particular, y en el gasto público en general, resultan especialmente perjudiciales en épocas de depresiones económicas y recesiones ( 15 ) . Por otra parte, son numerosos los estudios en los que se señala también a la inversión pública como un factor de impulso del crecimiento a largo plazo ( 16 ) . Un aumento a largo plazo de las inversiones públicas también proporciona una base más segura para la planificación del sector privado ( 17 )

3.2.2. Estos hechos justifican un planteamiento que conceda un trato preferente a las inversiones públicas en lo que respecta a la evaluación del cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE por parte de los Estados miembros. El CESE aboga por una «regla de oro» para las inversiones públicas ( 18 ) con el fin de preservar la productividad y la base social y ecológica para el bienestar de las generaciones futuras, al mismo tiempo que se garantiza la sostenibilidad presupuestaria. En general, el CESE propone que se implante el concepto tradicional de finanzas públicas de la regla de oro dentro del marco presupuestario revisado ( 19 ) . Esto significa que las inversiones públicas netas deben excluirse del cálculo de los déficits globales. Si se implanta una regla de gasto como solicita el CESE (véanse los puntos 3.3.2 y 3.3.3), las inversiones públicas netas también deberían excluirse del techo de gasto público, mientras que los costes de inversión se distribuirían a lo largo de toda la vida útil y no en un período de cuatro años, como ocurre en la actualidad. La inversión pública neta aumenta la masa de capital público o social y aporta beneficios a las generaciones futuras ( 20 ) . Las generaciones futuras heredan el servicio de la deuda pública, pero a cambio reciben una masa de capital público correspondiente e incrementada.

3.2.3. El CESE subraya que la regla de oro hace que las inversiones públicas gocen de trato preferente en el marco presupuestario de la UE. Sin embargo, no exime a los gobiernos de la obligación de justificar los correspondientes proyectos de inversión y obtener mayorías para respaldarlos. En cualquier caso, deben mantenerse la transparencia y la rendición de cuentas ante sus respectivos Parlamentos, también para garantizar que solo se realicen aquellas inversiones públicas que redunden en el bien común.

3.2.4. Como primer paso, el CESE recomienda que se lleve a cabo una revisión fundamental de la «cláusula de inversión». En primer lugar, el CESE propone que la «cláusula de inversión» del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se interprete de una manera más flexible. Hasta ahora, se ha invocado en contadas ocasiones, debido principalmente a sus restrictivos criterios de admisibilidad ( 21 ) . Estos criterios de admisibilidad deberían suavizarse: en principio, las inversiones públicas deberían justificar una desviación temporal con respecto a las sendas de ajuste, independientemente de la posición en la que se encuentre el Estado miembro dentro del ciclo económico e incluso si dichas inversiones producen un exceso por encima del valor de referencia del déficit del 3 % del PIB.

3.2.5. En la actualidad, las desviaciones con respecto al objetivo presupuestario a medio plazo o a la senda de ajuste hacia este solo se permiten si están ligadas al gasto nacional en proyectos cofinanciados por la UE ( 22 ) . El CESE propone que las inversiones sean objeto de una definición más amplia. Al mismo tiempo, la definición de las inversiones debe ser clara y viable para evitar la «contabilidad creativa». Las orientaciones que ofrece la Comisión Europea a los Estados miembros en el contexto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la definición de las inversiones en el mismo constituyen un buen punto de partida ( 23 ) , puesto que incluyen las inversiones en activos tangibles, pero también las inversiones en salud, protección social, educación y formación, así como las inversiones destinadas a la transición verde y digital.

3.2.6. El CESE acoge con satisfacción la taxonomía de las actividades sostenibles, que establece de forma clara lo que puede considerarse una «actividad económica medioambientalmente sostenible» y permite así definir las «inversiones medioambientalmente sostenibles» ( 24 ) . El CESE recomienda por ello utilizar un recurso bien desarrollado como es la taxonomía de la UE para las actividades sostenibles como base para realizar una evaluación de la sostenibilidad de las inversiones públicas, en combinación con una regla de oro. Además, el CESE aguarda con interés las propuestas de la Comisión sobre la elaboración de presupuestos ecológicos.

3.3. Más margen de maniobra cíclico para la política presupuestaria

Reformar los métodos de ajuste cíclicos o introducir una regla de gasto

3.3.1. El CESE subraya que el método que aplica la Comisión Europea para el ajuste cíclico resulta opaco y es una fuente de prociclicidad. El método de la Comisión Europea para determinar el equilibrio estructural ha demostrado ser problemático porque la producción potencial calculada está enormemente condicionada por la situación económica actual. En las fases de desaceleración económica, por ejemplo, la producción potencial se revisa a la baja de una forma rápida y brusca, aunque esto no refleje necesariamente las condiciones reales ( 25 ) . La revisión a la baja de la producción potencial tiene graves consecuencias para el déficit estructural calculado y las acciones de consolidación establecidas en consonancia. Hacer que el cálculo de la producción potencial sea menos sensible a las fluctuaciones cíclicas puede abrir a los Estados miembros un espacio presupuestario considerable para políticas económicas anticíclicas. Esta propuesta de reforma podría implantarse con facilidad y debería tenerse en cuenta simplemente como un requisito mínimo para que las normas presupuestarias de la UE estén más preparadas para hacer frente a las fluctuaciones cíclicas. Sin embargo, aunque se reforme, el déficit estructural seguirá siendo un concepto extremadamente complejo y el cálculo del mismo resulta casi imposible de explicar a la ciudadanía y a las partes interesadas. Debido a los problemas técnicos y a la opacidad de este concepto, se deberían buscar opciones alternativas.

3.3.2. Una opción de reforma alternativa consiste en abandonar por completo el controvertido concepto de déficit estructural y, en su lugar, implantar una regla de gasto público en un marco presupuestario revisado ( 26 ) . A diferencia del déficit ajustado en función del ciclo, el gasto público es observable en tiempo real y lo controla directamente el Gobierno. Se debe favorecer la inversión pública separando los presupuestos ordinarios y de inversión y sometiendo únicamente el presupuesto ordinario a límites de crecimiento del gasto nominal. De este modo, el planteamiento de la regla de oro podría combinarse con una regla de gasto ( 27 )

3.3.3. El gasto público nominal se calcularía excluyendo los pagos de intereses y el gasto público cíclico. Los límites podrían estar determinados por la tasa de crecimiento a medio plazo de la producción potencial real más la tasa de inflación objetivo del Banco Central Europeo (BCE) fijada en el 2 %. Si los factores cíclicos provocan una disminución de los ingresos fiscales (en una recesión) o un aumento de los mismos (en un período de auge), la regla favorece la estabilidad al garantizar que el gasto público solo aumente dentro de los límites estipulados. El gasto que supere el límite establecido solo se debería permitir si tiene un efecto neutro en el presupuesto, es decir, si el gasto se recorta en la misma proporción que otras partidas o si aumentan los ingresos fiscales. En el caso de los recortes fiscales generales, las tasas de crecimiento del gasto tendrían que incorporar estas disminuciones de recursos. La combinación propuesta de una regla de gasto y una regla de oro para la inversión pública podría constituir una herramienta eficaz de cara a limitar el gasto público a niveles sostenibles, permitiendo al mismo tiempo el funcionamiento de los factores de estabilización automáticos y posibilitando la adopción de medidas discrecionales por parte de los gobiernos.

Sendas de ajuste de la deuda flexibles y específicas para cada país

3.3.4. El CESE respalda la propuesta formulada por el Consejo Fiscal Europeo (2020) ( 28 ) de introducir elementos específicos para cada país en un marco presupuestario simplificado. En concreto, el CESE acoge favorablemente la sugerencia relativa a la diferenciación del ajuste presupuestario en los Estados miembros, al tiempo que se mantiene la sostenibilidad de la deuda. La diferenciación por países en cuanto a las estrategias de reducción de la deuda con respecto al PIB debe basarse en un análisis económico exhaustivo en el que se tengan en cuenta factores como el nivel inicial de la deuda y la composición de la misma, los diferenciales entre los tipos de interés y las tasas de crecimiento como elemento de sostenibilidad, las perspectivas de inflación, los costes previstos de los retos asociados al envejecimiento de la población y al medio ambiente, los niveles de desempleo y pobreza, la distribución de la renta y la riqueza, los desequilibrios internos y externos y, principalmente, si el ajuste presupuestario (por ejemplo, el superávit presupuestario primario requerido) es realista ( 29 )

3.3.5. El CESE recuerda que los valores de referencia presupuestarios no se definen en el artículo 126 del TFUE, sino en el Protocolo n. o 12 que figura como anexo al Tratado. Por consiguiente, pueden modificarse mediante voto unánime en el Consejo sin necesidad de incoar un procedimiento formal de modificación del Tratado. El CESE anima a las instituciones de la UE a que consideren la posibilidad de aumentar el límite máximo de deuda del 60 % teniendo en cuenta al mismo tiempo el contexto macroeconómico actual y garantizando la sostenibilidad presupuestaria.

3.3.6. Por último, vale la pena añadir en este contexto que depender únicamente de los factores de estabilización automáticos de cada país en las recesiones no es algo que esté totalmente en consonancia con la idea de una política anticíclica. Los déficits presupuestarios provocados por la menor producción y la caída del empleo no compensan íntegramente las pérdidas cíclicas y no son suficientes para contrarrestar en su totalidad una desaceleración cíclica. Son tan solo respuestas anticíclicas pasivas y parciales, y se tienen que complementar con respuestas discrecionales activas y temporales a los descensos cíclicos, que deben revertirse durante las fases de alza. Con anterioridad, una serie de Estados miembros han decidido seguir disminuyendo las ratios entre deuda y PIB con consecuencias económicas negativas, mientras que unos estímulos presupuestarios habrían sido más adecuados. En un futuro marco presupuestario, siempre que se mantenga un entorno de tipos de interés favorable, deberían permitirse mayores déficits primarios, manteniendo las ratios entre deuda y PIB constantes o a la baja y garantizando la sostenibilidad de la deuda. Por esta razón, las cláusulas excepcionales deben seguir siendo una piedra angular de cualquier futuro marco presupuestario de la UE y deben adaptarse en consonancia.

Desactivación de la cláusula de salvaguardia

3.3.7. El CESE acoge favorablemente la activación de la cláusula general de salvaguardia del marco presupuestario y advierte del peligro que supone «volver a la normalidad» demasiado rápido, ya que esto podría originar una contracción que llevaría a los Estados miembros a recortar el gasto para alcanzar los objetivos a medio plazo, como ocurrió después de 2010, provocando una doble recesión. Esto contrarrestaría a su vez el objetivo del programa Next Generation EU y podría desencadenar una nueva recesión.

3.3.8. El CESE apoya la decisión de la Comisión Europea de seguir aplicando la cláusula general de salvaguardia en 2022 y desactivarla en 2023, siempre y cuando el nivel de actividad económica alcance el nivel previo a la crisis ( 30 ) . Además, el CESE respalda la afirmación de la Comisión Europea de que «tras la desactivación de la cláusula general de salvaguardia, se seguirán teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país» ( 31 ) . Por último, la Comisión debería presentar directrices para un período de transición hasta que se establezca el nuevo marco presupuestario, durante el cual no debería activarse ningún procedimiento de déficit excesivo, y con la posibilidad de utilizar la «cláusula de acontecimiento inhabitual» según las circunstancias de cada país. Además, el CESE solicita a la Comisión que prosiga rápidamente con la revisión del marco de gobernanza económica de la UE, que se encuentra interrumpida. En lugar de una «vuelta» a la situación anterior, el CESE recomienda un «giro» hacia un marco de gobernanza económica revisado ( 32 )

3.4. El papel internacional del euro

3.4.1. Nuestra moneda común —el euro— goza de una sólida reputación internacional y ha sido reconocida por su importancia mundial como moneda de reserva y de comercio. La reputación del euro como moneda estable y de confianza depende de unas normas presupuestarias claras, comprensibles y ejecutables que refuercen las inversiones públicas para hacer posible la modernización de la masa de capital y generar un mayor margen de maniobra cíclico en las desaceleraciones económicas, al tiempo que garanticen la sostenibilidad de la deuda. Por lo tanto, el CESE está convencido de que una revisión de las normas presupuestarias no debe socavar en modo alguno la estabilidad del euro como principal moneda «ancla» de la Unión. Durante el debate sobre la revisión de las normas presupuestarias se debería hacer especial hincapié en la percepción por parte del mercado financiero de las perspectivas a largo plazo del euro como moneda importante en el mundo. En general, la reputación del euro depende de la estabilidad económica, social y política.

3.5. Reforzar el papel de los Parlamentos y de la sociedad civil en la gobernanza económica de la UE

3.5.1. El CESE señala que la política presupuestaria es el ámbito por excelencia de la política parlamentaria y sus decisiones afectan a toda la estructura de gastos e ingresos de los Estados. Así pues, tanto a los Parlamentos nacionales como al Parlamento Europeo se les debe asignar un papel destacado en el futuro marco de gobernanza económica de la UE. Se debe reforzar el papel del Parlamento Europeo en el marco del Semestre Europeo por medio de un acuerdo interinstitucional. Al mismo tiempo, es necesario respetar el principio de subsidiariedad y el reparto de competencias que establecen los Tratados. Los Parlamentos nacionales deben pedir cuentas a los gobiernos por las políticas fiscales que aplican. Por lo tanto, deben participar de manera efectiva en el Semestre Europeo y en la ejecución de los planes nacionales de recuperación.

3.5.2. De forma similar, es necesario involucrar a la sociedad civil para que participe de forma más activa en el Semestre Europeo, tanto en el ámbito nacional como a escala de la UE. De este modo, se puede establecer una política económica equilibrada, en la que todos los intereses estén representados. Un ejemplo de ello sería la gobernanza del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, donde la participación de la sociedad civil no ha sido satisfactoria ( 33 ) . El principio de asociación, que durante mucho tiempo ha sido una tradición en la gobernanza de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, debería servir como referencia para un mecanismo eficaz de participación de la sociedad civil.

3.5.3. En el caso de que se produzcan desviaciones significativas con respecto a los indicadores que representan los objetivos de las políticas económicas, se deberán llevar a cabo negociaciones entre las instituciones de la UE y los Estados miembros. Las dos partes deberían desarrollar soluciones de forma conjunta y en igualdad de condiciones. En lugar de amenazar a los Estados miembros afectados con sanciones económicas, la introducción de incentivos positivos podría suavizar el problema. La promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible debe ser el criterio fundamental de las recomendaciones ( 34 )

3.5.4. El CESE critica las denominadas «condicionalidades macroeconómicas» en el Reglamento sobre disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en el Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en el Tratado Intergubernamental sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad que, en términos generales, permiten detener el desembolso de fondos de la UE si los Estados miembros incumplen las normas presupuestarias de la UE o contribuyen a propiciar desequilibrios macroeconómicos. Tras la desactivación de la cláusula de salvaguardia, estas condicionalidades macroeconómicas podrían ocasionar una contracción que llevaría a los Estados miembros a recortar el gasto para alcanzar los objetivos presupuestarios. Esto contrarrestaría a su vez el objetivo político de la cohesión territorial y los objetivos más amplios del programa Next Generation EU.

3.5.5. Para que la recuperación sea sostenible, sigue siendo vital una política monetaria adaptable. El Parlamento Europeo podría utilizar sus Resoluciones anuales sobre el BCE y sus audiencias trimestrales de «diálogo monetario» con el BCE para votar sobre objetivos secundarios y desarrollar un proceso que resulte democrático, con directrices referidas a la política macroeconómica e industrial. Esto permitiría una mayor participación de los interlocutores sociales y la ciudadanía, junto con los Parlamentos nacionales. De este modo, el BCE recibiría una legitimidad renovada para encarar un conjunto de objetivos más amplio. Podría trabajar de manera más eficiente, desplegando todas las herramientas para trabajar en pos de un conjunto de objetivos políticos claros y definidos por políticas, guiados por instituciones democráticas. El BCE es una institución pública y se puede recurrir a ella para que ayude a los Estados miembros a financiarse en momentos de subida de los tipos de interés, ya sea desde el punto de vista de la estabilidad de los precios o del empleo, estableciendo tipos de interés y diferenciales y a través de herramientas de política monetaria específicas.

Bruselas, 20 de octubre de 2021. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Christa SCHWENG

(1) Resolución del CESE sobre el tema «Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia — ¿Qué funciona y qué no funciona?» (2021) (DO C 155 de 30.4.2021, p. 1).

(2) Consejo Fiscal Europeo (2019): «Evaluación de las normas presupuestarias de la UE centrada en la legislación de los paquetes de seis y de dos medidas».

(3) Comisión Europea, Previsiones económicas europeas, primavera de 2021.

(4) Consejo Fiscal Europeo (2020): Informe anual de 2020.

(5) Finance Watch (2021), «Fiscal Mythology Unmasked. Debunking eight tales about European public debt and fiscal rules».

(6) DO C 353 de 18.10.2019, p. 32; DO C 123 de 9.4.2021, p. 12, y DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(7) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (2020), «Identifying Europe’s recovery needs», SWD(2020) 98 final.

(8) Informe Monitor Fiscal del FMI, abril de 2021.

(9) Debt Sustainability Monitor, Comisión Europea, febrero de 2021.

(10) DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(11) DO C 123 de 9.4.2021, p. 12.

(12) DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(13) Crespy, Amandine y Vanheuverzwijn, Pierre (2019), «What Brussels means by structural reforms: empty signifier or constructive ambiguity?», en: Comparative European Politics, Vol. 17, Iss. 1, pp. 92-111; Hacker, Björn (2019): «A European Social Semester? The European Pillar of Social Rights in Practice». Bruselas, ETUI.

(14) Véase también Consejo Fiscal Europeo (2019).

(15) Comisión Europea (2016), «Informe sobre las finanzas públicas en la UEM 2016», documento institucional n.o 045; J-M Fournier (2016), «The positive effect of public investment on potential growth», Departamento de Economía de la OCDE, documento de trabajo n.o 1347.

(16) Monitor Fiscal del FMI (2020), «Policies for the Recovery».

(17) H. Bardt, S. Dullien, M. Hüther y K. Rietzler (2020), «For a sound fiscal policy:. Enabling public investments», documento de política de IW n.o 6/2020, Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Colonia.

(18) DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(19) A. Truger (2020), «Reforming EU Fiscal Rules: More Leeway, Investment Orientation and Democratic Coordination», Intereconomics, 55(5).

(20) Véase también P. Bom y J. Ligthart (2014), «What have we learned from three decades of research on the productivity of public capital?», Journal of Economic Surveys, 28(5), 889-916.

(21) J. Valero (2019), «New investment clause fails to win EU member state support», Euractiv. Véase Comisión Europea (2015), «Utilizar la flexibilidad de la mejor forma posible dentro de las normas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», COM(2015) 012 final.

(22) Comisión Europea (2015).

(23) Comisión Europea (2021), «Guidance to Member States. Recovery and resilience plans», SWD(2021) 12 final, part 2/2.

(24) DO C 62 de 15.2.2019, p. 103.

(25) A. Truger (2015), «Austerity, cyclical adjustment and the remaining leeway for expansionary fiscal policies within the current EU fiscal framework», Journal for a Progressive Economy, 6, 32-37.

(26) DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(27) DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(28) Consejo Fiscal Europeo (2020).

(29) Consejo Fiscal Europeo (2020).

(30) Comisión Europea (2021): «Coordinación de las políticas económicas en 2021: dejar atrás la COVID-19, favorecer la recuperación y modernizar nuestra economía». COM(2021) 500 final.

(31) Comisión Europea (2021): «Un año después de la pandemia de COVID-19: respuesta en materia de política presupuestaria», COM(2021) 105 final.

(32) DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(33) Resolución del CESE sobre el tema «Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia — ¿Qué funciona y qué no funciona?» (2021), DO C 155 de 30.4.2021, p. 1.

(34) DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.