COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 01.07.1998 
COM(1998) 403 final 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el seguimiento de las recomendaciones del 
Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de las personas 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 01.07.1998 
COM(1998) 403 final 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el seguimiento de las recomendaciones del 
Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de las personas 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el seguimiento de las recomendaciones del 
Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de las personas 
El 24 de enero de 1996 la Comisión pidió al Grupo de alto nivel sobre la libre 
circulación de las personas, presidido por la Sra. Simone Veil, que determinara los 
problemas que todavía siguen planteándose en este terreno, los evaluara y propusiera 
soluciones al respecto. 
El 18 de marzo de 1997 el Grupo de alto nivel presentó su informe, que formula más 
de 80 recomendaciones en los siete ámbitos principales que interesan a los ciudadanos 
de la Unión deseosos de desplazarse en el espacio comunitario, a saber: 
- la entrada y la estancia 
- el acceso al empleo 
- el estatuto social y familiar 
- el estatuto fiscal y financiero 
- los derechos culturales 
- la situación particular de los nacionales de terceros países, 
- la protección de los derechos de los particulares. 
Para la Comisión, el informe del Grupo es una excelente evaluación de las múltiples 
dificultades a que deben hacer frente los ciudadanos que ejercen su derecho a la libre 
circulación de las personas. 
Así, una parte importante de las recomendaciones del Grupo fue recogida por la 
Comisión en su Plan de acción para el mercado único de junio de 19971 y en el plan 
de acción, más específico, para la libre circulación de los trabajadores de noviembre 
de 19972. Algunas otras recomendaciones ya son obsoletas o deben volver a evaluarse 
en razón del nuevo entorno jurídico que aportará el Tratado de Amsterdam en el 
momento de su entrada en vigor. La presente Comunicación pone de manifiesto 
particularmente dos aspectos de la libre circulación examinados por el Grupo de alto 
nivel: los derechos de entrada y de estancia por una parte y, por otra, la necesidad de 
mejorar la información de los ciudadanos sobre sus derechos. En anexo figura un 
informe que ofrece un balance detallado del seguimiento del conjunto de las 
recomendaciones del Grupo. 
CSE (97) 1 final. 
! COM (97) 586 final. 
A*~-
Los derechos de entrada y de estancia 
Como observa el informe del Grupo de alto nivel, en un primer momento los derechos 
de entrada y de estancia estaban vinculados al ejercicio de una actividad económica. 
Después, estos derechos se fueron ampliando paulatinamente, sobre todo por el efecto 
del Derecho derivado, para abarcar a la totalidad de los ciudadanos. No obstante, esta 
ampliación por etapas provocó una compartimentación de los beneficiarios que ya no 
se adapta a las formas modernas de movilidad ni a la institución de una ciudadanía de 
la Unión. 
Así, se constata que la legislación comunitaria actual fue creada sobre todo para los 
trabajadores y sus familias deseosos de establecerse en un Estado miembro de forma 
definitiva o por una duración muy larga. Estos textos, en cambio, no se adaptan a las 
personas que ejercen su derecho a la movilidad por una duración limitada o a tiempo 
compartido (estudiantes, personas en prácticas, jóvenes voluntarios, empleados 
desplazados temporalmente, autónomos móviles, trabajadores fronterizos, jubilados 
con varias residencias, etc.). Es difícil evaluar el número de personas que integran 
estos colectivos; no obstante, se prevé que crezcan de forma importante en razón de 
los efectos de la integración europea, de la evolución de los modos de vida y de 
trabajo, de la necesidad creciente de los jóvenes en formación inicial de pasar un 
período de estudios o de formación en otro país, de las innovaciones tecnológicas en 
las comunicaciones y de la densificación de los medios de transporte. 
Por otra parte, el Tratado de la Unión Europea, al introducir en el artículo 8 A el 
concepto de ciudadanía de la Unión, generalizó, en beneficio de todos los ciudadanos, 
los derechos de entrada, residencia y estancia en el territorio de otro Estado miembro. 
En esta perspectiva, estos derechos se convierten en parte integrante del patrimonio 
jurídico de todo ciudadano de la Unión Europea y deberían formalizarse en un 
fundamento común. 
Por consiguiente, la Comisión considera que es necesario aproximar el estatuto 
jurídico de todos los ciudadanos comunitarios en los Estados miembros, 
independientemente de si ejercen una actividad económica o no. A este efecto, los ejes 
principales de las propuestas de la Comisión serán los siguientes: 
- creación, en la medida de lo posible, de un régimen jurídico de libre circulación de 
conformidad con el artículo 8 A, para todos los ciudadanos de la Unión y los 
miembros de sus familias; 
- un nuevo planteamiento en el ejercicio del derecho de estancia, particularmente 
limitando la obligación de contar con un permiso de estancia a las situaciones en 
que dicha obligación esté justificada; 
- clarificar el estatuto de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión 
que sean nacionales de terceros países; 
- circunscribir mejor la posibilidad de poner fin al ejercicio del derecho de estancia 
de un ciudadano de la Unión. 
Tal revisión de los derechos de libre circulación y de estancia en el marco de las 
normas relativas a la ciudadanía es un trabajo cuya globalidad y amplitud no permiten 
esperar resultados a corto plazo para los ciudadanos de la Unión. Por este motivo, 
paralelamente a la presente Comunicación, la Comisión propone desde ahora mismo 
una revisión del Reglamento (CEE) n° 1612/68 y de la Directiva (CEE) 68/360 
relativos a la libre circulación y a los derechos de entrada y estancia de los 
trabajadores. Esta revisión específica tiene por objeto mejorar la situación actual de 
los trabajadores y de sus familiares que se desplazan, con arreglo al compromiso que 
la Comisión tomó en su Plan de acción de noviembre de 1997. A este respecto, el 
Consejo Europeo de 20 de noviembre de 1997 reconoció la importancia de la 
movilidad de los trabajadores para mejorar el funcionamiento de los mercados 
nacionales de empleo. 
De aquí a finales del presente año también deberá proponerse la reforma y la 
simplificación de las normas de coordinación de los regímenes de seguridad social. 
Mejorar la información de los ciudadanos 
Facilitar la libre circulación de las personas es un trabajo de múltiples facetas, como 
demuestra la gran diversidad de temas tratados en el informe del Grupo. 
No obstante, el informe insiste en varias ocasiones en la mejora de la información de 
los ciudadanos sobre sus derechos en razón de la legislación comunitaria y sobre una 
mejor formación e información de todas las partes que intervienen en el ejercicio de la 
libre circulación. 
Sobre estos puntos, hay que señalar las acciones ya emprendidas por la Comisión: 
- El lanzamiento, con ocasión del Consejo Europeo de Cardiff de 15 y 16 de junio 
de 1998, del "Diálogo con los ciudadanos y las empresas", que es la continuación 
y ampliación de la iniciativa "Ciudadanos de Europa" y que tiene por objeto, en 
particular, facilitar a las personas información concreta sobre sus derechos, 
contestar sus preguntas y orientarlas hacia las Administraciones pertinentes en 
caso de dificultad; 
- La publicación de una "Hoja de ruta para los demandantes de empleo en la UE", 
redactada en respuesta a las preguntas planteadas por los ciudadanos en el marco de 
la iniciativa "Ciudadanos de Europa"; 
- El desarrollo y la mejora de la red EURES, que proporciona información sobre las 
ofertas de empleo y sobre las condiciones de vida y de trabajo en los Estados 
miembros; 
- El desarrollo y la consolidación de la red Euro-jus, destinada a garantizar un 
servicio de asesoramiento y de asistencia jurídica desde las oficinas de 
representación de la Comisión en los Estados miembros; 
La continuación y el desarrollo de los programas "Karolus" para el intercambio y 
la formación de los funcionarios nacionales encargados de la legislación en 
materia de mercado interior; "Robert Schuman" para la sensibilización al Derecho 
comunitario de las profesiones jurídicas; "Jean Monnet" para el mundo 
universitario, y "Grotius" para los intercambios de profesionales de la Justicia; 
El apoyo al desarrollo de la red Eurodesk, que presta un servicio de información 
sobre las preguntas de los jóvenes y de las organizaciones que se ocupan de sus 
derechos. 
Conclusión 
La presente Comunicación tiene por objeto resumir la respuesta de la Comisión a las 
recomendaciones del Grupo de alto nivel en dos ámbitos importantes, uno que solicita 
propuestas legislativas y otro que contribuye a aproximar a Europa a sus ciudadanos. 
Por lo que respecta al primer ámbito, la Comisión ha formulado propuestas 
legislativas para impulsar la libre circulación de los trabajadores y, al mismo tiempo, 
ha emprendido un análisis en profundidad sobre el concepto de ciudadanía europea y 
sus consecuencias jurídicas en lo que respecta al derecho de entrada y de estancia de 
los ciudadanos en los Estados miembros. 
ANEXO 
Balance del Informe del Grupo de alto nivel sobre la libre 
circulación de las personas 
Introducción 
El Informe del Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de las personas, presidido 
por la Sra. Simone Veil (en adelante "Informe del Grupo"), presentado a la Comisión 
el 18 de marzo de 1997, suscitó un vivo interés por parte de un gran número de 
organismos e instituciones, y en particular del Parlamento Europeo. Su rigor 
metodológico y la calidad de sus análisis tuvieron una acogida muy favorable y 
permitieron alimentar la reflexión sobre las acciones concretas necesarias para lograr 
un auténtico espacio de libre circulación de las personas en la Unión Europea. 
En este contexto, el Presidente de la Comisión se comprometió a la realización de un 
balance hacia el final del año siguiente a la presentación del Informe. 
El presente informe tiene por objeto presentar este balance y recapitular el curso que 
la Comisión ha dado a las recomendaciones del Informe del Grupo. 
El mandato que la Comisión otorgó al Grupo consistía en averiguar los obstáculos 
actuales y potenciales con que se enfrentan los ciudadanos europeos en el ejercicio de 
su derecho a desplazarse libremente y a trabajar en el seno de la Unión. Por un lado, 
debía estudiar cómo se aplican los instrumentos jurídicos existentes, las formas de 
mejorarlos o de conseguir que su funcionamiento sea más eficaz y, por otro, formular 
recomendaciones sobre las nuevas medidas que podrían completar el arsenal 
legislativo actual mediante la supresión de algunos obstáculos o mediante la 
aportación de soluciones a problemas todavía no abordados por la Comunidad. 
El Informe del Grupo contiene, de este modo, más de 80 recomendaciones. 
Como continuación del Informe del Grupo, procede empezar por recordar, a título 
preliminar, los tres principales actos comunitarios adoptados desde su presentación y 
que influirán en la libre circulación de las personas. 
En primer lugar, el Tratado de Amsterdam fue adoptado el 19 de junio de 1997 y 
firmado el 2 de octubre del mismo año. Este Tratado inserta en el Tratado CE 
disposiciones para facilitar la realización del objetivo de la libre circulación de las 
personas, desde los puntos de vista tanto del paso sin control de las fronteras interiores 
como del derecho a circular y permanecer libremente en el territorio de los Estados 
miembros. 
En segundo lugar, el Consejo Europeo también aprobó en Amsterdam el Plan de 
acción para el mercado único, cuyo cuarto objetivo estratégico consiste en la 
creación de un mercado único que beneficie a todos los ciudadanos1. Las seis acciones 
en curso para llevar a la práctica este objetivo estratégico prevén la supresión de los 
controles fronterizos, la actualización de las normas sobre derecho de residencia, la 
protección de los derechos sociales, el fomento de la movilidad de los trabajadores 
dentro dé la Unión, la protección de los derechos de los consumidores, la salud 
pública y el medio ambiente, así como el desarrollo de un diálogo con los ciudadanos. 
El Cuadro de Indicadores del Mercado Único, de periodicidad semestral2, permite 
medir el estado de avance de cada medida prevista en el Plan de Acción. 
En tercer lugar, también hay que mencionar la publicación por la Comisión, el 12 de 
noviembre de 1997, del Plan de acción para la libre circulación de los 
trabajadores, que se presenta como una respuesta a algunas de las recomendaciones 
del Grupo3. 
En su programa de trabajo para 1998 la Comisión también indica que, basándose en 
las recomendaciones presentadas en el Informe del Grupo, se esforzará por la 
plasmación efectiva del principio de libre circulación de las personas. En su 
resolución para comentar este programa, el Parlamento Europeo pide al Consejo y a la 
Comisión que pongan en práctica todas las recomendaciones contenidas en el Informe 
del Grupo sobre la libre circulación de las personas. 
Por razones de sencillez y legibilidad, el presente balance va siguiendo las siete partes 
del Informe del Grupo. El seguimiento dado al informe especial sobre las pensiones 
complementarias4 figura en el apartado 3 sobre el estatuto social y familiar. 
1. Entrada y estancia 
El Informe del Grupo menciona los obstáculos subsistentes al derecho de circulación 
y de estancia libre en el territorio de los Estados miembros, que pueden agruparse en 
tres categorías: la subsistencia de los controles en las fronteras interiores, las prácticas 
administrativas inadecuadas y las lagunas legislativas. 
- Subsistencia de los controles en las fronteras interiores 
La Comisión comparte totalmente la constatación del Informe del Grupo de que el 
ciudadano no podrá percibir todos los efectos del mercado interior mientras subsistan 
los controles en las fronteras interiores. Los debates mantenidos en todas las 
instituciones comunitarias han puesto de manifiesto las divergencias de puntos de 
vista tanto en lo que respecta al objetivo perseguido como a los medios necesarios 
CSE (97) 1 final de 4.6.1997. 
N° 1 de noviembre de 1997, SEC 97/XXXI; n° 2 de mayo de 1998, SEC 98/XXX. 
COM (97) 586 final de 12.11.1997. 
Informe del Grupo de Alto nivel adoptado el 28 y 29 de noviembre de 1996 y anejo al 
informe sobre la libre circulación de las personas. 
para garantizar un nivel elevado de seguridad en un espacio con libertad de 
circulación. Las propuestas que la Comisión formuló en 1995 para completar el 
conjunto de los instrumentos legislativos no desembocaron en ningún resultado. El 
nuevo Tratado de Amsterdam, en cambio, ha asumido los avances realizados en el 
marco intergubernamental de Schengen al integrarlos en el marco de la Unión, con un 
plazo de cinco años para realizar el objetivo y con soluciones específicas para el 
Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, concretadas mediante varios Protocolos anejos al 
Tratado. Desde ahora mismo, empero, ya se observa que la libertad de viajar sin 
controles es una realidad entre nueve Estados miembros, y uno más que se prepara a 
unirse al primer grupo. 
- Prácticas administrativas inadecuadas 
El correo recibido en la Comisión, las numerosas denuncias de ciudadanos y las 
peticiones dirigidas al Parlamento Europeo no hacen sino confirmar la constatación 
del Grupo de alto nivel sobre cierto número de prácticas administrativas inadecuadas 
y lo bien fundado de las nuevas iniciativas que la Comisión anunció en el Plan de 
acción para el Mercado Único, y que ya ha empezado a poner en práctica, a saber, la 
decisión de acelerar los procedimientos administrativos internos en lo tocante a las 
denuncias y los procedimientos de infracción previstos en el artículo 169 del Tratado 
CE, y de hacer que dichos procedimientos resulten transparentes para los ciudadanos 
(véase el último informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre el control 
de la aplicación del Derecho comunitario). Por otra parte, la Comisión también 
presentará una comunicación interpretativa sobre la aplicación de la Directiva 
64/221/CEE relativa al orden público, la seguridad pública y la salud pública. 
- Lagunas legislativas 
La Comisión comparte el punto de vista del Grupo de alto nivel sobre la necesidad de 
presentar nuevas propuestas para modificar y simplificar el ejercicio del derecho a la 
libre circulación de las personas y, sobre todo, para sacar el máximo provecho de la 
institución de la ciudadanía de la Unión. El método más ambicioso ciertamente es el 
de proceder a una refundición del conjunto de los derechos y deberes relativos a la 
circulación y estancia de los ciudadanos de la Unión y de sus familiares. Este objetivo 
ya se había expresado por primera vez en el Consejo Europeo de Bruselas de 1993, 
pero no había podido realizarse debido, entre otras cosas, al problema de la variedad 
de los fundamentos jurídicos y de los procedimientos legislativos aplicables a la 
categoría a la que pertenece el ciudadano que ejerce su derecho de libre circulación5. 
La institución de la ciudadanía de la Unión y una nueva disposición introducida por el 
Tratado de Amsterdam en el artículo 8 A (apartado 2 del artículo 18 de la versión 
consolidada), que comprende el procedimiento de codecisión contemplado en el 
artículo 189 B (artículo 251 de la versión consolidada) habrán de facilitar la propuesta 
de una refundición capaz de aportar una respuesta coherente y completa a los 
obstáculos jurídicos y administrativos señalados por el Grupo de alto nivel. 
A este respecto, véase el Segundo Informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la Unión 
(COM(97) 230 final de 27.5.1997). 
En este sentido, la Comisión ha presentado nuevas propuestas en relación con los 
trabajadores por cuenta ajena, conjuntamente con el presente balance, para modificar 
el Reglamento n° 1612/68 y la Directiva 68/360/CEE, en la línea ya anunciada por el 
Plan de acción para la libre circulación de los trabajadores6, para responder a varias 
recomendaciones del Grupo de alto nivel. La Comisión también formulará otras 
propuestas que hagan al caso, de conformidad con el compromiso asumido en el Plan 
de acción para el Mercado Único. 
A este respecto, un informe sobre la aplicación de las tres directivas relativas a la 
estancia de los estudiantes, jubilados y personas no activas permitirá determinar mejor 
las lagunas legislativas por resolver. 
También hay que mencionar la sentencia de 12 de mayo de 1998 en el asunto "Sala"7, 
en la cual el Tribunal declaró que el Derecho comunitario se opone a que un Estado 
miembro exija de los nacionales de otros Estados miembros autorizados a residir en su 
territorio la presentación de una tarjeta de residencia con todos los requisitos, 
expedida por la Administración nacional, para beneficiarse de una asignación de 
educación cuando a los nacionales únicamente se les exija tener establecido su 
domicilio o lugar de residencia habitual en ese Estado miembro. Esta sentencia es 
importante porque establece un principio de no discriminación en los ámbitos que 
dependen del Derecho comunitario en favor de los ciudadanos de la Unión a través de 
la aplicación combinada de los artículos 6, 8 y 8 A del Tratado. 
2. Acceso al empleo 
En lo que se refiere al acceso a los empleos públicos, el Tribunal ha definido en su 
jurisprudencia los criterios que permiten precisar los sectores reservados a los 
ciudadanos nacionales con arreglo al apartado 2 del artículo 48 del Tratado CE. De 
conformidad con esta jurisprudencia, la Comisión velará por que los Estados 
miembros eliminen completamente todas las restricciones para el acceso a estos 
empleos en los sectores públicos. 
En lo que se atañe a los efectos del principio general de reconocimiento mutuo en la 
totalidad de los sectores públicos de los Estados miembros, se han realizado progresos 
y prosigue el debate con y entre los Estados miembros. Sobre la cuestión particular 
del reconocimiento de la experiencia profesional adquirida en otro Estado miembro 
cabe indicar que el Tribunal, en su sentencia en el asunto "Kalliope" de 15 de enero de 
19988, declaró contraria al artículo 48 del Tratado CE una cláusula de un convenio 
colectivo aplicable al servicio público de un Estado miembro que no tenía en cuenta 
los períodos de empleo, en un ámbito de actividad comparable, realizados 
anteriormente en el servicio público de otro Estado miembro. Esta jurisprudencia fue 
COM (97) 586 final de 12.11.1997. 
Asunto C-85/96. 
Asunto C-15/96. 
confirmada por la sentencia de 12 de marzo de 1998 "Comisión/Grecia"9. A este 
respecto, el principio de equivalencia de las situaciones a efectos profesionales fue 
integrado en la propuesta de revisión del Reglamento n° 1612/68; este principio 
debería desarrollar sus efectos principalmente en el ámbito de los empleos públicos 
(véase más adelante). 
A propósito del reconocimiento de las titulaciones, hay que recordar ante todo la 
adopción, el 16 de febrero de 1998, de la Directiva sobre el libre establecimiento de 
los abogados10. 
A continuación, en diciembre de 1997, en el marco de la iniciativa SLIM (Simplificar 
la Legislación relativa al Mercado Interior), la Comisión también presentó una 
propuesta de directiva destinada, en particular, a simplificar y modernizar las siete 
directivas sectoriales relativas a las profesiones reguladas (enfermeros, odontólogos, 
veterinarios, matronas, arquitectos, farmacéuticos y médicos)11. Esta propuesta 
también recoge algunas de las recomendaciones del Grupo (para el sistema general, 
obligación de tener en cuenta, en el examen de la petición de reconocimiento de una 
titulación, la experiencia adquirida tras la obtención de dicho título; para las directivas 
sectoriales, posibilidad de reconocer la formación adquirida por los nacionales 
comunitarios en terceros países). 
Por último, el Consejo acaba de llegar a un acuerdo político sobre la propuesta 
modificada de la directiva de febrero de 199612 por la que se consolidan las directivas 
relativas al acceso a las actividades artesanales e industriales y se instituye un 
mecanismo de reconocimiento de títulos para las actividades profesionales todavía no 
cubiertas por el sistema general. La propuesta consolida una treintena de directivas 
que regulan el acceso a actividades reglamentadas a partir de la experiencia 
profesional en el país de origen y las completa mediante la instauración de un 
procedimiento de reconocimiento de títulos para estas mismas actividades. 
Por lo que respecta a la evaluación y acreditación de las cualificaciones 
profesionales, se han lanzado varios proyectos piloto en el marco de los programas 
Sócrates y Leonardo da Vinci. 
A este respecto, tal como recuerda el Informe del Grupo, el Consejo había solicitado 
un estudio sobre la viabilidad de un "pasaporte profesional". No obstante, el informe 
final del proyecto "cartera individual" puso de relieve en 1995 la existencia de 
dificultades de orden técnico y cultural para que un documento de este tipo pueda 
desempeñar una función eficaz como herramienta de transparencia de las 
competencias y de la cualificación. 
Asunto C-187/96. 
Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16.2.1998, destinada a facilitar 
el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en 
que se haya obtenido el título, DO L 77, 14.3.1998. 
COM(97) 638 final de 2.12.1997. 
DOC264 de 30.8.1997. 
La propuesta de decisión de la Comisión sobre el establecimiento de un documento 
comunitario de información ("EUROPASS-Formación")13 para los jóvenes en 
formación profesional en alternancia, incluido el aprendizaje, que cumplan uno o 
varios períodos de formación en otro Estado miembro, y que actualmente se encuentra 
en la fase de posición común ante el Consejo, que debería estar finalizada a finales de 
1998, demuestra que es posible aumentar esa transparencia sin interferir con las 
competencias de los Estados miembros. Actualmente la Comisión está examinando la 
posibilidad de seguir una iniciativa similar a la del EUROPASS-Formación en el 
ámbito de la formación continua. En efecto, la cuestión fundamental es la 
transferibilidad de las competencias adquiridas a lo largo de la vida profesional ya se 
hayan obtenido en el marco de recorridos formales culminados con cualificaciones o 
ya sean el resultado de acciones de formación internas de las empresas acompañadas 
de nuevos métodos de validación y acreditación tal como sugiere el Libro Blanco de 
la Comisión "Enseñar y aprender: hacia la sociedad del conocimiento". 
Actualmente la Comisión prosigue sus esfuerzos en varias direcciones para superar 
estas dificultades y mejorar la información intercambiada. 
Por otra parte, en su propuesta de revisión del Reglamento n° 1612/68 la Comisión ha 
incluido el principio de equivalencia de las situaciones a efectos profesionales. Este 
principio tiene por objeto permitir que los hechos o acontecimientos que producen 
efectos jurídicos o profesionales en un Estado miembro sean tenidos en cuenta 
también cuando se hayan producido en otro Estado miembro. Este principio se 
aplicará, pues, a las cualificaciones profesionales obtenidas en otros Estados 
miembros para poder hacerlas valer en el Estado miembro de acogida. 
Por otra parte, tal como se anunció en el Plan de acción para la libre circulación de los 
trabajadores, la Comisión desea implicar a los interlocutores sociales en la realización 
de la libre circulación. La Comisión considera que esta implicación puede dar lugar a 
la instauración de sistemas que faciliten la transparencia y la comparabilidad de las 
cualificaciones profesionales entre Estados miembros. Del mismo modo, en el ámbito 
del reconocimiento de los títulos, los interlocutores sociales pudieron participar y 
expresarse en el marco de reuniones de expertos. 
Por otro lado, para reforzar la participación y la contribución de los interlocutores 
sociales, la Comisión presentó, en el contexto de la revisión del Reglamento 
n° 1612/68, una propuesta para fusionar los comités consultivos actuales de libre 
circulación de los trabajadores y de coordinación de los regímenes de seguridad 
social. Este nuevo comité, nacido de la fusión de los antiguos comités tripartitos 
(Estados miembros, empleadores y sindicatos) aspira a convertirse en un foro 
altamente cualificado de debate y de análisis de todas las cuestiones que afectan a la 
movilidad de los trabajadores en Europa: la política de empleo, la seguridad social, el 
reconocimiento de las cualificaciones, etc. 
Por último, la Comisión despliega esfuerzos importantes para mejorar la información 
práctica que requieren las personas en busca de empleo. Desde la presentación del 
Véase la nota 23. 
10 
Informe del Grupo, la red EURES, que proporciona información sobre las ofertas de 
empleo y las condiciones de vida y de trabajo, ha crecido hasta llegar a agrupar a 477 
Euroconsejeros a finales de 1997. El Plan de acción para el Mercado Único y el Plan 
de acción para la libre circulación de los trabajadores prevén mejorar este sistema, 
sobre todo en las regiones fronterizas. 
3. Estatuto social y familiar 
El Tratado de Amsterdam no modifica la norma de unanimidad prevista en el artículo 
51, tal como proponía el Informe del Grupo. 
Éste formula una serie de recomendaciones para simplificar las normas de 
coordinación de los regímenes de seguridad social. 
En el Plan de acción para la libre circulación de los trabajadores, la Comisión se 
comprometió a presentar antes de finales de 1998 una propuesta destinada a revisar y 
simplificar el Reglamento n° 1408/71 sobre la coordinación de los regímenes de 
seguridad social14. Por otra parte, esta normativa fue elegida para la tercera fase del 
ejercicio SLIM. 
Por lo que respecta a la extensión de la coordinación de los sistemas de seguridad 
social a los regímenes especiales para funcionarios, el 29 de junio de 199815 el 
Consejo adoptó una parte de la propuesta de la Comisión de 13 de diciembre de 
199116. No obstante, la parte relativa a los estudiantes y a las personas no activas de 
esta propuesta sigue siendo objeto de debate. 
La Comisión despliega todos sus esfuerzos para que las propuestas de ampliación del 
campo de aplicación material del Reglamento n° 1408/71 a las prestaciones de 
prejubilación y al mantenimiento de las prestaciones de desempleo, que siguen 
pendientes ante el Consejo, se adopten antes incluso de la entrada en vigor del Tratado 
de Amsterdam. Por otra parte, en el marco de la propuesta de simplificación y reforma 
de los Reglamentos n° 1408/71 y 574/72, la Comisión desea mantener las líneas 
directrices de estas dos propuestas si todavía no han sido adoptadas por el Consejo. 
El Informe del Grupo insistía también en la mejora de la información de los 
ciudadanos sobre sus derechos en materia de coordinación de los regímenes de 
seguridad social. A este respecto, los servicios de la Comisión persiguen una 
estrategia global de información de todos los ciudadanos y también de grupos más 
concretos como las profesiones jurídicas o los interlocutores sociales. Esta estrategia 
se articula sobre todo en torno a la publicación de varias guías que explican la 
normativa comunitaria de seguridad social, incluida la jurisprudencia del Tribunal. El 
Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de Ï4.6.1971, relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por 
cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, actualizado por el 
Reglamento (CE) n° 118/97 del Consejo de 2.12.1996 (DO L 28 de 30.1.1997). 
Reglamento (CE) n° del Consejo de 29.6.1998. 
DOC 46 de 20.2.1992. 
11 
año 1998 supondrá la culminación de este esfuerzo y se verá marcado por el 
lanzamiento de un boletín de información trimestral destinado a un público muy 
amplio en toda la Comunidad, y también por la organización de seminarios en todos 
los Estados miembros para reunir a todas las profesiones afectadas por la aplicación 
de las normas de coordinación, al objeto de suscitar un debate sobre las dificultades de 
aplicación, a nivel nacional, de la normativa de coordinación de los regímenes de 
seguridad social. Estos debates también permitirán alimentar la reflexión iniciada 
sobre la reforma y simplificación de las normas de coordinación, que constituirá un 
paso importante para lograr una mayor transparencia de las normas comunitarias de 
cara al ciudadano. 
Una de las recomendaciones del Grupo consistía en hacer que las tarjetas nacionales 
informatizadas de seguridad social resultaran legibles en todos los Estados miembros. 
La Comisión considera que, aunque la tecnología para su introducción por los 
organismos de seguridad social ya esté disponible, tal introducción a gran escala 
plantea numerosos problemas administrativos y organizativos como la normalización 
de la información y de los datos que deben almacenarse en la tarjeta; problemas 
lingüísticos; la complejidad de las disposiciones nacionales y comunitarias en materia 
de seguridad social, así como las grandes diferencias en la estructura de las 
instituciones competentes en cada Estado miembro. Además, la utilización eficaz de 
una tarjeta que sustituya a algunos formularios "E" presupone la disponibilidad de una 
infraestructura telemática entre las instituciones competentes parecida a la creada en el 
sector bancario antes de la introducción masiva de las tarjetas bancarias. Los 
proyectos de modernización del intercambio informático de datos sobre seguridad 
social han permitido instaurar algunos vínculos para el intercambio informatizado de 
datos sobre los formularios del sector de pensiones. No obstante, la implantación de 
los proyectos ha exigido una reorientación de los objetivos y de los medios utilizados 
para las instituciones competentes de los Estados miembros. La Comisión, aun 
reconociendo las dificultades y las complejidades de las situaciones nacionales, 
estudia la cuestión e intenta proponer soluciones a las autoridades nacionales. 
Por último, en su Plan para la libre circulación de los trabajadores, la Comisión indica 
que alentará la cooperación transfronteriza en lo que se refiere, más particularmente, 
al ámbito de la seguridad social. Cabe destacar que la propuesta de modificación del 
Reglamento (CEE) n° 1612/68 hace referencia a los trabajadores fronterizos a través 
de una disposición de carácter general17. 
Por otra parte, hay que señalar las dos sentencias dictadas el 28 de abril de 1998 en los 
asuntos "Decker" y "Kohll"18, en las cuales el Tribunal consideró que la condición de 
la autorización previa exigida por una legislación nacional para el reembolso de gafas 
compradas y de asistencia odontológica prestada en otro Estado miembro no era 
conforme al Derecho comunitario, y más concretamente al principio de la libre 
circulación de mercancías (artículos 30 y 36 del Tratado CE) y de la libre prestación 
El artículo 7 bis dispone que "Las ventajas sociales, fiscales y de otro tipo vinculadas a la 
residencia en un Estado miembro no podrán negarse al trabajador no residente que trabaje en 
dicho Estado miembro y que se encuentre en una situación objetivamente comparable a la de 
un trabajador residente". 
Asuntos C-120/95 y C-158/96. 
12 
de servicios (artículos 59 y 60 del Tratado), en la medida en que tal autorización 
previa no se requería para las compras o la asistencia médica en el interior del Estado 
miembro en cuestión y en ausencia de justificación apropiada y fundada en un 
objetivo de interés general. 
También en su Plan de acción para la libre circulación de los trabajadores, la 
Comisión recuerda que comparte el punto de vista del Grupo de alto nivel de 
mostrarse a favor del derecho a la reagrupación familiar para las personas 
siguientes: 
- los hijos mayores de 21 años que no están a cargo dé sus padres y los ascendientes 
que no están a cargo de sus hijos; 
- los compañeros no casados de los trabajadores comunitarios, cuando la legislación 
del Estado miembro en cuestión asimile al cónyuge el compañero no casado de un 
trabajador nacional. 
La Comisión ha formulado propuestas en este sentido a partir de 1989. La propuesta 
de la Comisión de modificar el Reglamento n° 1612/68 y la Directiva 630/68/CEE 
integra estas disposiciones y extiende el derecho de estancia a todos los demás 
miembros de la familia a cargo o que vivan bajo el techo del trabajador en el país de 
procedencia. 
Hay que añadir que esta propuesta contiene también disposiciones para reforzar el 
estatuto jurídico de los familiares del trabajador a fin de facilitar su integración en el 
Estado miembro de acogida, en particular en el caso de disolución del matrimonio. El 
informe del grupo recomendaba a este respecto el reconocimiento del derecho de 
estancia al cónyuge divorciado nacional de un tercer país. 
El apartado 7 del presente Informe expone los esfuerzos de información y de 
formación de cara al conjunto de las autoridades nacionales competentes. 
El 8 de octubre de 1997 la Comisión adoptó una propuesta de directiva del Consejo 
relativa a la protección de los derechos a pensión complementaria de los 
trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan 
dentro de la Unión Europea19. El Grupo de alto nivel había presentado un informe 
especial sobre esta importante cuestión, que adjuntó al informe principal. Esta 
propuesta se refiere a la preservación y transferibilidad de los derechos a pensión 
complementaria acumulados, así como la posibilidad para un trabajador en comisión 
de servicios en otro Estado miembro de seguir cotizando en un régimen de pensiones 
complementario en su Estado miembro de origen. El 4 de junio de 1998 el Consejo 
llegó a un acuerdo político respecto de esta propuesta. 
DOC 5 de9.1.1998. 
13 
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4. Estatuto fiscal y financiero 
La Comisión examina las recomendaciones del Grupo en el ámbito fiscal en 
colaboración con los representantes de las Administraciones fiscales nacionales; en 
cuanto sea posible propondrá iniciativas, tal como anunció en su programa de trabajo 
para 1998. 
A fin de facilitar la movilidad transfronteriza de la mano de obra, la Comisión prevé 
en su Plan de acción para la libre circulación de los trabajadores impulsar la 
cooperación transfronteriza entre las Administraciones competentes y los 
interlocutores sociales, sobre todo en el ámbito del Derecho fiscal20. 
Habida cuenta de las recomendaciones relativas a la penalization de las personas que 
se desplazan con su automóvil en razón de las dobles reivindicaciones fiscales del 
impuesto de matriculación, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de 
directiva21 por la que se establece el régimen fiscal de los vehículos automóviles de 
turismo trasladados con carácter permanente a otro Estado miembro a raíz de un 
cambio de residencia o utilizados temporalmente en un Estado miembro distinto de 
aquél en que estén matriculados. Esta propuesta fue debatida en sesión plenaria del 
Parlamento Europeo el 17 de junio de 1998. Este texto se fundamenta en el principio 
de exención del impuesto de matriculación cuando el vehículo desplazado ya ha sido 
objeto de un impuesto de este tipo en el país de procedencia. Está previsto un 
procedimiento particular de consulta en los casos de desacuerdo sobre la residencia 
entre las Administraciones nacionales competentes. La propuesta también prevé que 
los Estados miembros registren los vehículos de los nacionales comunitarios que no 
tienen establecidas en su territorio su residencia principal pero que posean en él una 
residencia secundaria. 
En lo que respecta a los sistemas de declaración de los movimientos financieros que 
rebasen determinado umbral, la Comisión sigue tratando las reclamaciones que recibe 
en el marco del procedimiento de infracción del artículo 169 del Tratado CE y busca 
soluciones apropiadas con los Estados miembros afectados cuando las exigencias 
relacionadas con la declaración o las sanciones que entrañan se manifiestan excesivas. 
5. Derechos culturales 
El Tratado de Amsterdam completó el apartado 4 del artículo 128 del Tratado CE 
(artículo 151 de la versión consolidada) precisando que las políticas comunitarias 
deben tener en cuenta los aspectos culturales para respetar y fomentar la diversidad de 
las culturas europeas. En cambio no se modificó el artículo 126 (artículo 149 de la 
versión consolidada) relativo a la educación y a la juventud (el Informe del Grupo 
sugería una modificación de este artículo a fin de permitir el establecimiento de un 
sistema comunitario para facilitar el reconocimiento académico de los títulos y de los 
períodos de estudios). 
20 Véase también la nota 17. 
21 DOC 108 de7.4.1998. 
14 
-m 
Los tres grandes programas de acción en materia de educación, formación y juventud, 
a saber, Sócrates, Leonardo da Vinci y Juventud para Europa, adoptados por un 
período de cinco años y que llegarán a su fin en 1999, han contribuido al desarrollo de 
un espacio educativo europeo. En este contexto, el 12 de noviembre de 1996 la 
Comisión adoptó una Comunicación titulada "Por una Europa del conocimiento"22 que 
hace especial hincapié en las acciones de promoción de las competencias lingüísticas 
y de comprensión de las diferentes culturas, así como en las acciones de movilidad 
física, incluida la extensión de las modalidades de reconocimiento mutuo al conjunto 
de los ámbitos afectados. De acuerdo con estas orientaciones, el 26 de mayo de 1998 
la Comisión adoptó propuestas para la puesta en práctica de la nueva generación del 
programa en el ámbito de la educación (Sócrates), la formación profesional (Leonardo 
da Vinci) y la juventud, que se aplicarán del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 
2004. Estos programas prevén un gran número de acciones de movilidad destinadas a 
diferentes grupos de personas en función de distintos objetivos. Esta nueva generación 
del programa debería permitir a 1,2 millones de estudiantes, 200 000 profesionales de 
la enseñanza, 400 000 jóvenes en período de formación y 660 000 personas en el 
marco de los programas de juventud (es decir, un total de 2,5 millones de europeos) 
beneficiarse de un programa en favor de la movilidad. Las modalidades de estos 
nuevos programas prevén también una mejor calidad y una mayor accesibilidad a 
través de objetivos más concretos, medidas más coherentes, una simplificación 
administrativa y la descentralización. 
En el sector de la formación profesional y del aprendizaje, el 12 de noviembre de 
1997 la Comisión formuló una propuesta de Decisión del Consejo relativa a la 
promoción de "itinerarios europeos" de formación en alternancia, incluido el 
aprendizaje23. Esta acción prevé la creación de un "Europass-Formación" a nivel 
comunitario para garantizar una mayor transparencia y una mayor claridad de los 
períodos de formación transnacionales. El presupuesto previsto para el período 1999-
2004 es de 7,3 millones de ecus. 
En el sector de la juventud, el 27 de diciembre de 1996 la Comisión transmitió al 
Consejo la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece el programa de acción comunitaria "Servicio Voluntario Europeo"24. Esta 
Decisión tiene por objeto organizar un programa comunitario centrado en la 
integración de los jóvenes en la vida activa a través de actividades transnacionales de 
utilidad colectiva. El procedimiento de adopción de la propuesta se encuentra muy 
avanzado, lo que permite prever que se adoptarán en breve. 
El Informe del Grupo indicaba la conveniencia de desarrollar una acción específica 
para tener más en cuenta la situación particular de los artistas y de los demás agentes 
del sector cultural. A este respecto, el primer programa marco de la Comunidad 
23 COM (97) 563 final de 12.11.1997. 
COM (97) 572 final de 12.11.1997. 
24 DOC 302 de 3.10.1997. 
15 
Europea en favor de la cultura (2000-2004)25 menciona específicamente esta cuestión 
y precisa que la Comisión "hará un inventario detallado de los obstáculos que se 
opongan a la libre circulación y a la movilidad transnacional de los artistas y demás 
agentes culturales". 
6. Situación particular de los nacionales de terceros países 
Las recomendaciones del Grupo destinadas a mejorar la situación de los nacionales de 
terceros países que sean familiares de un ciudadano de la Unión se tuvieron presentes 
en la propuesta de Acto del Consejo por el que se establece el Convenio relativo a las 
normas de admisión, presentada por la Comisión el 30 de julio de 199726. En efecto, el 
artículo 25 de la propuesta prevé que las mismas normas de reagrupación familiar 
establecidas por el derecho comunitario sean de aplicación a los familiares de un 
ciudadano de la Unión que no haga uso de su derecho a la libre circulación. Además, 
las personas contempladas en el Convenio de 1951 sobre los refugiados y apatridas se 
beneficiarían de los derechos derivados de la situación de nacionales de terceros 
países instalados de forma duradera, recogidos en el Capítulo VIII de esta propuesta 
de Convenio sobre la admisión. Procede también hacer referencia aquí al capítulo del 
Tratado de Amseterdam sobre la aplicación progresiva de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia, que introdujo en el Tratado CE un nuevo Título IV (versión 
consolidada) denominado "Visado, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas 
con la libre circulación de personas". 
Paralelamente al Plan de acción para la libre circulación de los trabajadores de 
noviembre de 1997, el 12 de noviembre de 1997 la Comisión presentó una propuesta 
de modificación del Reglamento n° 1408/71 con el fin de que pudieran beneficiarse 
del mismo los nacionales de terceros países residentes legalmente en un Estado 
miembro27. 
El Informe del Grupo también señala la necesidad de aclarar la situación de los 
nacionales de terceros países empleados por una empresa comunitaria y enviados en 
comisión de servicios, con carácter temporal, por esta empresa hacia otro Estado 
miembro en el marco de una prestación de servicios transfronteriza (artículo 59 del 
Tratado CE). En otoño de 1997 los servicios de la Comisión informaron y consultaron 
a los Estados miembros y a las organizaciones profesionales afectadas a nivel 
comunitario sobre la recomendación del Informe del Grupo de emprender una acción 
comunitaria destinada, en particular, a reducir los obstáculos a que deben hacer frente 
los empleadores, sobre todo por lo que respecta a los visados y a los documentos de 
estancia y de trabajo. Los servicios de la Comisión están examinando la información y 
las observaciones recibidas para tenerlas en cuenta en la preparación de una posible 
propuesta de directiva. 
COM (98), 266 final de 6.51998, véase también el documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión SEC (98) 837 de 14.5.1998 "Cultura, industrias culturales y empleo", apartado 
2.1.3. 
Propuesta de Acto del Consejo por el que se establece el convenio relativo a las normas de 
admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembros, DO C 337 de 7.11.1997. 
DOC 6 de 10.1.1998. 
16 
En cuanto a los efectos de los acuerdos externos firmados por la Comunidad sobre la 
situación de los nacionales de terceros países, cabe mencionar la sentencia del 
Tribunal de 15 de enero de 1998 en el asunto "Babahenini"28 que aplica el principio de 
no discriminación para la concesión de una asignación por minusvalía en beneficio de 
la esposa de un trabajador argelino al considerar que el artículo 39 del Acuerdo CEE-
Argelia tiene un efecto directo. 
7. Protección de los derechos de los particulares 
El Informe del Grupo insistía a la vez en el derecho de acceso a la información, la 
información jurídica, la sensibilización jurídica de los profesionales y la mejora de la 
defensa jurídica de las personas que deben hacer frente a dificultades de libre 
circulación. 
El Tratado de Amsterdam inscribió en el nuevo artículo 191 A del Tratado CE 
(artículo 255 de la versión consolidada) el derecho de acceso a la información de los 
ciudadanos de la Unión. Esta disposición sienta el principio del derecho de acceso a 
los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión según 
modalidades que todavía están por determinar tras la entrada en vigor del Tratado. 
Los esfuerzos ya emprendidos en favor de la información y el asesoramiento de las 
personas en el marco de la iniciativa "Ciudadanos de Europa" todavía serán objeto de 
un ulterior desarrollo mediante la instauración de un mecanismo de diálogo con los 
ciudadanos de Europa y las empresas, previsto en el Plan de acción para el Mercado 
Único, que fue presentado al Consejo Europeo de Cardiff de 15 y 16 de junio de 1998. 
La primera fase de la acción "Ciudadanos de Europa" se centraba en el derecho de 
residir, trabajar y estudiar. Afectó a 75 millones de personas en Europa, y 969 000 
personas consultaron directamente el centro de información telefónica y el sitio 
Internet. La segunda fase, lanzada en noviembre de 1997, trata de los derechos en 
materia de compra de bienes y servicios, de viaje y de igualdad de oportunidades. En 
este marco, también se facilita a los ciudadanos información sobre las vías de recurso 
judiciales y no judiciales que tienen a su disposición. 
En el ámbito de la sensibilización de los agentes de la libre circulación de las 
personas, el programa "Karolus" para los intercambios de funcionarios nacionales se 
prorrogó hasta finales de 199929. Este programa, que incluye acciones de formación y 
de información, es actualmente objeto de una reflexión a fin de ampliar de manera 
sustancial su alcance para el período ulterior (Karolus 2000). 
Asunto C-l 13-97. 
Decisión n° 889/98 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de abril de 1998 por la que se 
modifica la Decisión 92/481/CEE del Consejo relativa a la adopción de un plan de acción para 
el intercambio entre las administraciones de los Estados miembros de funcionarios nacionales 
encargados de la puesta en marcha de la legislación comunitaria necesaria para la realización 
del mercado interior, DO L 126 de 28.4.1998. 
17 
La Comisión lanzó recientemente la fase piloto de la Acción Robert Schuman, que 
persigue el desarrollo de un "reflejo comunitario" en la práctica profesional de los 
jueces, procuradores y abogados. A tal efecto, esta acción apoya las iniciativas de 
formación e información en Derecho comunitario para sensibilizar a estas profesiones 
jurídicas. Del mismo modo, la Acción Jean Monnet sigue desarrollándose para el 
medio universitario; en este contexto, un buen número de acciones se refiere a la 
inserción del estudio del Derecho comunitario en los dos primeros años de los 
estudios de Derecho (el Informe del Grupo había subrayado esta carencia). Por último, 
el programa "Grotius" para las acciones de formación y de intercambio de 
profesionales de la justicia ha progresado en buena medida y ha contribuido a una 
mejor cooperación judicial, lo que automáticamente tiene repercusiones en la mejora 
de la defensa jurídica de las personas que deben afrontar dificultades relacionadas con 
la libre circulación. 
En relación con la defensa jurídica de los ciudadanos, el Grupo de alto nivel se había 
declarado preocupado por el hecho de que la red "Euro-jus" siguiera estando poco 
desarrollada a pesar de su gran utilidad. Desde entonces se ha decidido reforzar esta 
red aumentando los créditos asignados y el número de horas prestadas por los agentes 
"Euro-jus". El presupuesto global de la red se eleva así a 552 000 de ecus para 1998, y 
está previsto que durante este año los agentes "Euro-jus" estén disponibles por 
término medio dos días por semana. La red "Euro-jus" es un sistema de asesoramiento 
y asistencia de carácter informal para las personas que tienen algún problema de 
interpretación o de aplicación del Derecho comunitario. 
La cuestión del marco jurídico para ejercer actividades asociativas a nivel comunitario 
sigue siendo objeto de examen en el Consejo en razón de sus vínculos con la cuestión 
de la participación de los trabajadores en la sociedad europea, relanzada a raíz del 
Informe Davignon y todavía sin resolver. 
Con ocasión de la próxima renovación del Colegio en 1999, los servicios de la 
Comisión volverán a plantear la recomendación consistente en agrupar bajo la 
dirección de un Comisario único todos los servicios que traten directamente de la libre 
circulación de las personas. 
Por lo que respecta a los recursos no judiciales a nivel comunitario, hay que indicar 
que las nuevas reglas internas de la Comisión imponen a sus servicios informar de 
forma periódica a los denunciantes sobre el curso dado a su reclamación depositada en 
la perspectiva de la incoación de un procedimiento fundado en el artículo 169 del 
Tratado CE, y que su archivo no debe efectuarse sin haber dado ocasión a los 
denunciantes a exponer su punto de vista. El Mediador Europeo ha tenido 
recientemente ocasión de intervenir varias veces sobre este punto. A nivel nacional, 
procede señalar que se ha instaurado una red de agentes de enlace entre mediadores 
nacionales y el mediador europeo30. 
30 Véase el punto 5 del informe anual del Mediador de la Unión Europea correspondiente a 
1996, DO C 272 de 8.9.1997. 
18 
ISSN 0257-9545 
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