Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el Año Europeo de los Ciudadanos (2013) /* COM/2011/0489 final - 2011/0217 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA · Contexto general La ciudadanía de la Unión, creada en virtud del artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se confiere automáticamente a los nacionales de todos los Estados miembros, quienes adquieren así un conjunto adicional de derechos, entre otros el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros de los que no son nacionales. El derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, consagrado en el artículo 21 del TFUE y en el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es uno de los derechos individuales más apreciados que otorga el Derecho de la UE. Libre circulación es prácticamente sinónimo de ciudadanía de la Unión[1] y constituye la manifestación más perceptible de las ventajas que se derivan de esta. Con carácter más general, el ejercicio del derecho a la libre circulación contribuye a aportar un significado concreto a la ciudadanía de la Unión en la vida cotidiana de los ciudadanos; aquellos ciudadanos que desarrollan aspectos de sus vidas más allá de las fronteras nacionales, viajando a otros Estados miembros o estableciéndose en ellos, deben informarse y aprovechar la amplia gama de derechos que les confiere el Derecho de la UE en situaciones transfronterizas: sus derechos como consumidores en otros Estados miembros, así como su derecho a acceder a la educación, obtener el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales, acceder a la asistencia sanitaria y adquirir o conservar derechos en materia de seguridad social. El derecho de los ciudadanos de la Unión a votar y el derecho a presentarse como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales de su Estado miembro de residencia son extremadamente importantes en este contexto, ya que les dotan de los medios para participar en la vida democrática de la Unión, al tiempo que les ayudan a integrarse en la sociedad del Estado miembro de residencia. Por otro lado, en un contexto más amplio, la ciudadanía de la Unión está estrechamente vinculada a los principios democráticos de la Unión Europea[2], que establecen el marco de la participación de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión. · Motivación y objetivos de la propuesta En 2009, se calcula que 11,9 millones de ciudadanos de la Unión vivían en un Estado miembro distinto del propio y un número mucho mayor hubiera podido ejercer ese derecho en algún momento de su vida: una encuesta del Eurobarómetro realizada ese año[3] puso de manifiesto que más de un tercio de los ciudadanos europeos (el 35 %) se plantearía trabajar en otro Estado miembro. Sin embargo, como quedaba patente en esa misma encuesta, cerca de uno de cada cinco europeos consideraba que existían demasiados obstáculos para trabajar en otro Estado miembro. Otro estudio de 2009[4] revelaba que la falta de información (junto con las dificultades del idioma) era la barrera más importante para el trabajo transfronterizo, que, junto con la migración transnacional constituye la principal forma de movilidad geográfica por motivos de trabajo en el seno de la UE. Estas conclusiones quedaron confirmadas en una encuesta de 2010, en la que se analizaban las experiencias de los ciudadanos europeos que efectivamente habían ejercido su derecho a la libre circulación[5]. En el debate sobre las posibles maneras de facilitar la movilidad en el interior de la UE, los encuestados hicieron hincapié en la necesidad de que los ciudadanos de la Unión dispongan de información práctica específica de cada país acerca de sus derechos cuando residen en un Estado miembro distinto del suyo. Esta encuesta también puso de manifiesto que la información que necesitan los ciudadanos para ejercer su derecho a la libre circulación no se limita estrictamente a las condiciones de ejercicio de este derecho como tal; entre las cuestiones administrativas que los ciudadanos habían consultado antes de trasladarse a otro Estado miembro, los dos temas mencionados con mayor frecuencia eran la seguridad social y el bienestar, y el reconocimiento de los títulos académicos. Está claro que los ciudadanos que desean estudiar, trabajar, jubilarse o vivir en otro Estado miembro tienen que estar informados como es debido de los diferentes derechos que pueden ejercer en situaciones transfronterizas y poder disfrutar de ellos de manera efectiva en la práctica. Si no disponen de esta información, los ciudadanos no pueden tomar decisiones con conocimiento de causa sobre el ejercicio de sus derechos en materia de libre circulación. De manera más amplia, el conocimiento por parte de los ciudadanos de su derecho a la libre circulación y, con carácter más general, de sus derechos como ciudadanos de la Unión es fundamental para permitir que las personas físicas, las empresas y la sociedad en su conjunto disfruten de toda la gama de oportunidades que les ofrece el mercado único. Las importantes lagunas de conocimiento que tienen los ciudadanos en cuanto a sus derechos quedaron patentes en una encuesta del Eurobarómetro de 2010[6] que ponía de manifiesto que, si bien los europeos son muy conscientes de su estatus como ciudadanos de la Unión (el 79 % afirma estar bastante familiarizado con el término «ciudadano de la Unión Europea»), no conocen de manera precisa el significado exacto de los derechos vinculados a ese estatus. Más concretamente, solo el 43 % sabe lo que significa el término «ciudadano de la Unión Europea» y prácticamente la mitad de los ciudadanos europeos (el 48 %) afirma que «no está bien informado» de sus derechos. En el Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2010: «La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE»[7], la Comisión determinó cuáles eran los principales obstáculos que siguen encontrándose los ciudadanos en su vida cotidiana cuando tratan de ejercer sus derechos como ciudadanos de la Unión, y presentó veinticinco acciones concretas para eliminar dichos obstáculos. En el marco de este ejercicio, la Comisión llegó a la conclusión de que los ciudadanos de la Unión no disfrutan de sus derechos porque les falta información al respecto y anunció su intención de mejorar la difusión de información entre los ciudadanos de la Unión sobre sus derechos en sí y, en particular, sobre sus derechos en materia de libre circulación. La declaración de 2013 como Año Europeo de los Ciudadanos, que conlleva la organización a lo largo de ese año de actos específicos sobre la ciudadanía de la UE y las políticas europeas relacionadas con los ciudadanos, figura en el Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2010 como una de las acciones destinadas a poner remedio a la falta de información. El objetivo general del Año Europeo de los Ciudadanos propuesto es garantizar que todos los ciudadanos de la Unión estén informados acerca de los derechos que pueden ejercer en un contexto transfronterizo en virtud de su estatus de ciudadanos de la Unión, a fin de permitirles tomar decisiones con conocimiento de causa sobre si hacer uso de su derecho a la libre circulación y facilitar el ejercicio efectivo de este derecho. De manera más específica, los objetivos del Año Europeo son: – sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos de la Unión sobre su derecho a circular y residir libremente en el interior de la Unión Europea y, con carácter más general, sobre los derechos que tienen garantizados los ciudadanos de la Unión en situaciones transfronterizas, como es el derecho a participar en la vida democrática de la Unión; – sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos de la Unión sobre el modo de beneficiarse de manera perceptible de los derechos y las políticas de la UE cuando viven en otro Estado miembro y fomentar su participación activa en foros de ciudadanos sobre políticas y problemas de la UE; – impulsar el debate sobre el impacto y el potencial del derecho a la libre circulación como aspecto indispensable de la ciudadanía de la Unión, en particular por lo que respecta al fortalecimiento de la cohesión social y el entendimiento mutuo entre los ciudadanos de la Unión, así como del nexo entre los ciudadanos y la Unión. · Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión El Año Europeo de los Ciudadanos propuesto aprovecha el fuerte vínculo y la asociación positiva que, en la mente de los ciudadanos, existe entre el derecho a la libre circulación y la ciudadanía de la Unión, para conferir a esta última un significado concreto. De este modo, cobra realidad el objetivo político de la Comisión de situar a los ciudadanos en el centro de la agenda política de la UE y contribuir a hacer de la ciudadanía de la Unión una realidad perceptible en sus vidas cotidianas. El Año Europeo propuesto responde al compromiso adoptado por José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, el 3 de septiembre de 2009 en sus directrices políticas para la nueva Comisión de reforzar la ciudadanía de la UE reactivando el vínculo entre los ciudadanos y la UE e imprimiendo eficacia real a sus derechos. Responde, asimismo, a una de las peticiones de la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2010, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2009): aplicación efectiva tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En dicha Resolución, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que declare 2013 «Año Europeo de la Ciudadanía» con el fin de impulsar el debate sobre la ciudadanía europea y de informar a los ciudadanos de la UE sobre sus derechos, en especial los nuevos derechos que se derivan de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Como consecuencia de ello, el 18 de enero de 2011 se presentó ante el Grupo Interinstitucional sobre Información el plan para el Año Europeo de los Ciudadanos 2013. En la misma línea, el Año Europeo propuesto también está en consonancia con el Programa de Estocolmo[8], que sitúa al ciudadano en el centro de las políticas europeas en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia, y centra sus acciones en crear una Europa de los ciudadanos, entre otras cosas garantizando el pleno ejercicio del derecho a la libre circulación de los ciudadanos. El objetivo del Año Europeo propuesto es, además, coherente con los objetivos de la estrategia Europa 2020, hasta el punto de que tanto en las iniciativas emblemáticas «Juventud en Movimiento» y «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos»[9] como en el «Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores» y en el consiguiente «Plan de Acción Europeo de Movilidad Laboral»[10] de 2006 se reconoce que la facilitación de la libre circulación y de la movilidad de los trabajadores es un medio para abordar las consecuencias del cambio demográfico en el mercado de trabajo y mejorar la empleabilidad de las personas y la competitividad de las economías europeas. Con carácter más general, la libre circulación, bien permite —como requisito previo necesario—, bien estimula el ejercicio transfronterizo por parte de los ciudadanos de una amplia gama de derechos de la UE, como son los derechos en materia de seguridad social, el derecho a buscar trabajo y a trabajar, los derechos como pasajeros o turistas o el derecho como consumidores de acceder a bienes y servicios en otros Estados miembros. Así pues, facilitar la libre circulación puede contribuir, entre otras cosas, a alcanzar los objetivos perseguidos por la reciente iniciativa de la Comisión destinada a reactivar el mercado único[11], ya que puede animar a los ciudadanos a beneficiarse plenamente de las oportunidades que les ofrece dicho mercado. Además, el Año Europeo también impulsaría directamente el conocimiento de tales oportunidades y derechos, ya que su objetivo sería proporcionar a los ciudadanos información sobre todos los derechos que pueden ejercer en situaciones transfronterizas en este ámbito. Por otro lado, el Año Europeo propuesto partiría del Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2010 y contribuiría significativamente a la realización de los objetivos perseguidos por dicho Informe, a saber, eliminar los obstáculos que persisten para que los ciudadanos de la Unión puedan disfrutar efectivamente de sus derechos. El informe mencionado, basado en datos sobre los principales problemas con los que se encuentran los ciudadanos cuando tratan de ejercer sus derechos como ciudadanos de la Unión, en particular en situaciones transfronterizas, no solo identificaba los obstáculos que persisten en relación con la libre circulación en sí, sino también una serie de cuestiones que interesaban directamente a los ciudadanos que pretenden ejercer su derecho a circular libremente y en relación con las cuales la UE tiene que incrementar sus esfuerzos por difundir la información y eliminar los obstáculos que persisten, dentro de los límites de su competencia. Tales cuestiones incluyen los derechos patrimoniales de las parejas internacionales, el reconocimiento transfronterizo de documentos del registro civil, la protección de sospechosos y acusados en procesos penales, los problemas fiscales en situaciones transfronterizas, la atención sanitaria transfronteriza y las cuestiones tecnológicas de los servicios de salud en línea, los derechos como pasajeros y turistas, los derechos de los consumidores, el reconocimiento de títulos académicos y cualificaciones profesionales, las cuestiones de seguridad social, el ejercicio de los derechos electorales y el conocimiento de lo que significa la ciudadanía de la Unión. Por tanto, el Año Europeo de los Ciudadanos puede inspirarse en gran medida en las conclusiones del Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2010 para centrar mejor sus objetivos y acciones en las cuestiones más pertinentes, con vistas a facilitar la libre circulación de los ciudadanos de la Unión. Al mismo tiempo, el Año Europeo puede contribuir al proceso iniciado por la Comisión para seguir identificando obstáculos y soluciones destinadas a eliminar dichos obstáculos, dentro de los límites de la competencia de la Unión Europea, y proporcionar el marco para la publicación en 2013 de un plan de acción destinado a completar la eliminación de los obstáculos que persisten e impiden a los ciudadanos disfrutar de sus derechos como ciudadanos de la Unión, como ya se anunció en el Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2010. Al contribuir a este ejercicio, destinado a garantizar que los ciudadanos de la Unión sean efectivamente capaces de hacer uso de sus derechos con arreglo al Derecho de la UE, el Año Europeo de los Ciudadanos puede ayudar a que se cumpla el objetivo del artículo 20, apartado 2, del TFUE, según el cual, los ciudadanos de la Unión «son titulares» de los derechos establecidos en los Tratados, lo que incluye el derecho a circular libremente. La declaración de 2013 como Año Europeo de los Ciudadanos también será una ocasión muy oportuna para que cobren visibilidad tanto la ciudadanía de la Unión como las ventajas concretas que esta ofrece a los ciudadanos, ya que en dicho año se cumple el vigésimo aniversario del establecimiento de la ciudadanía de la Unión por el Tratado de Maastricht. Además, al demostrar el impacto concreto que las políticas de la Unión tienen en la vida de los ciudadanos, el Año Europeo pondrá de relieve lo importante que es que los ciudadanos contribuyan a hacer de sus derechos una realidad perceptible y, con carácter más general, a configurar el proyecto europeo, lo que, combinado con una mayor sensibilización sobre los derechos electorales de los ciudadanos en su Estado miembro de residencia, será también fundamental de cara a las elecciones al Parlamento Europeo en 2014. El impacto de estas acciones de sensibilización se multiplicaría mediante la estrecha colaboración y las sinergias con acciones pertinentes realizadas por otras instituciones de la UE, en particular el Parlamento Europeo, y por los Estados miembros en la carrera hacia dichas elecciones. 2. RESULTADOS DE LA CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO · Consulta con las partes interesadas En el marco de la consulta pública «Derechos de los ciudadanos de la UE: cómo avanzar», celebrada por la Comisión, que concluyó el 15 de junio de 2010, y de la conferencia sobre el mismo tema que tuvo lugar los días 1 y 2 de julio de 2010, varias organizaciones de la sociedad civil respaldaron con firmeza la idea de centrar las políticas de la UE en el significado de la ciudadanía de la Unión y en los derechos a ella asociados, así como en los métodos para que la ciudadanía de la Unión cobre una importancia real en la vida de los ciudadanos. Algunas partes interesadas destacadas de la sociedad civil han manifestado, además, un fuerte apoyo a las acciones de sensibilización destinadas a salvar el desfase entre las disposiciones legales que garantizan la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y los obstáculos con los que estos se encuentran en la realidad. Por otro lado, el 15 de diciembre de 2010, la Comisión, en el marco de su diálogo periódico con la sociedad civil, presentó el plan para el Año Europeo de los Ciudadanos. En este contexto, recibió comentarios positivos, sobre todo con respecto a las acciones que se centraban en determinados aspectos del ejercicio de los derechos asociados a la ciudadanía de la Unión, como el fomento del compromiso de los ciudadanos con la sociedad o la implicación activa en hacer realidad la democracia participativa. · Obtención y utilización de asesoramiento técnico A través de una serie de encuestas y estudios recientes del Eurobarómetro mencionados anteriormente, en el apartado «Motivación y objetivos de la propuesta», se han recogido datos pertinentes. · Evaluación de impacto Se ha llevado a cabo una evaluación ex ante[12]. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA · Resumen de la acción propuesta El objetivo del Año Europeo es sensibilizar en mayor medida a los difusores de información y al público en general sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión, con vistas a facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación y residencia. Para ello, el Año Europeo informará mejor a los ciudadanos de la Unión sobre su derecho a la libre circulación y, de manera más general, sobre los derechos que tienen garantizados en situaciones transfronterizas, lo que incluye su derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Asimismo, dará a conocer en mayor medida entre los ciudadanos de la Unión de qué manera pueden beneficiarse de los derechos y las políticas de la UE cuando sus vidas transcurren más allá de las fronteras nacionales; por ejemplo, alentando su participación en foros de ciudadanos sobre políticas y problemas de la Unión. Además, el Año Europeo tratará de iniciar un debate sobre el impacto y el potencial del derecho a la libre circulación, como un aspecto indispensable de la ciudadanía de la Unión, en particular por lo que respecta al fortalecimiento de la cohesión social y el entendimiento mutuo entre los ciudadanos de la Unión, así como el nexo entre los ciudadanos y la Unión. · Base jurídica De conformidad con el artículo 20, apartado 2, del TFUE, los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y están sujetos a los deberes establecidos en los Tratados; tienen, entre otras cosas, el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. El derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente se consagra, además, en el artículo 21, apartado 1, del Tratado, que reza como sigue: «Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación». El objetivo principal de la propuesta de Decisión sobre el Año Europeo de los Ciudadanos es facilitar a los ciudadanos de la Unión el ejercicio de su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, mejorando el conocimiento que tienen de sus derechos como ciudadanos de la Unión. Este objetivo entra en el ámbito de aplicación del artículo 21, apartado 1, del Tratado. Al mismo tiempo, la propuesta puede ser importante para hacer realidad el objetivo del artículo 20, apartado 2, del TFUE, en el que se establece que los ciudadanos de la Unión «son titulares» de los derechos establecidos en los Tratados, lo que incluye el derecho a circular libremente. Por consiguiente, la presente propuesta tiene como base jurídica el artículo 21, apartado 2, del TFUE, en el que se establece que, cuando una acción de la Unión resulte necesaria para alcanzar este objetivo, y a menos que los Tratados hayan previsto los poderes de acción al respecto, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio de los derechos contemplados en el apartado 1. · Principio de subsidiariedad La principal cuestión que trata de abordar el Año Europeo es la falta de sensibilización adecuada y conocimiento concreto que tienen los ciudadanos de la Unión frente a su derecho a circular y residir libremente, así como frente a los demás derechos que les asisten en calidad de ciudadanos de la Unión, en particular en situaciones transfronterizas. La falta de visibilidad de la ciudadanía de la Unión y de las ventajas concretas que esta ofrece a los ciudadanos, que constituye el núcleo de la cuestión, tiene carácter transnacional. Si bien los Estados miembros son los primeros responsables de sensibilizar a sus ciudadanos sobre los derechos que les amparan como ciudadanos de la Unión, la adopción de medidas adecuadas para abordar el problema requiere una intervención multilateral, intercambios transnacionales de información y experiencia, así como la sensibilización y la difusión de buenas prácticas a escala de la Unión. Por tanto, los objetivos del Año Europeo propuesto pueden alcanzarse mejor a nivel de la Unión. · Principio de proporcionalidad Como se indica en la evaluación ex ante que acompaña a la presente propuesta[13], las medidas que se van a adoptar en el Año Europeo propuesto no exceden de lo necesario para alcanzar sus objetivos. Por tanto, la propuesta respeta el principio de proporcionalidad, establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. · Impacto sobre los derechos fundamentales El derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente se consagra en el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El Año Europeo propuesto, en la medida en que pretende facilitar el ejercicio de tal derecho, tendrá un impacto positivo significativo por cuanto se refiere a mejorar la aplicación efectiva de la Carta. 4. INCIDENCIA PRESUPUESTARIA El Año Europeo no precisa financiación adicional. La flexibilidad del establecimiento de prioridades anual a partir de las líneas presupuestarias y los programas de la Dirección General de Comunicación aporta suficiente margen financiero para gestionar el Año sobre una escala de un millón EUR. 2011/0217 (COD) Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el Año Europeo de los Ciudadanos (2013) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 21, apartado 2, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[14], Visto el dictamen del Comité de las Regiones[15], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) De conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Tratado, la ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional de cada Estado miembro y toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro es ciudadano de la Unión. En el artículo 20, apartado 2, se precisa que los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y están sujetos a los deberes establecidos en los Tratados, y tienen, entre otras cosas, el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. El derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente se consagra, además, en el artículo 21 del Tratado. (2) La entrada en vigor del Tratado de Lisboa reforzó el estatus de ciudadano de la Unión e introdujo nuevos derechos asociados a él, como el derecho de iniciativa de los ciudadanos, que permite a un millón de ciudadanos, procedentes de un número significativo de Estados miembros, pedir a la Comisión que presente una propuesta en cualquiera de los ámbitos de responsabilidad de la UE. (3) Los derechos inherentes a la ciudadanía de la Unión se han incorporado a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Según el preámbulo de dicha Carta, la Unión, «al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación». En el título V de la Carta, se establecen los derechos de la ciudadanía, que incluyen, en su artículo 45, el derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. (4) En consonancia, el Programa de Estocolmo[16] sitúa al ciudadano en el centro de las políticas europeas en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. Centra sus acciones en «construir la Europa de los ciudadanos», entre otras cosas garantizando el pleno ejercicio del derecho de los ciudadanos a la libre circulación. (5) El Parlamento Europeo, en su Resolución, de 15 de diciembre de 2010, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2009): aplicación efectiva tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa[17], pidió a la Comisión que declarara 2013 «Año Europeo de la Ciudadanía» con el fin de impulsar el debate sobre la ciudadanía de la Unión y de informar a los ciudadanos de la UE sobre sus derechos, en especial los nuevos derechos que se derivan de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. (6) El derecho a la libre circulación y residencia, desde su introducción en el Tratado de Roma de 1957 como una de las cuatro libertades fundamentales, ha demostrado su eficacia como uno de los pilares de la creación de un mercado único en beneficio tanto de las economías de los Estados miembros como de los ciudadanos. (7) En particular, la libre circulación y la movilidad de los trabajadores contribuyen a hacer frente a las consecuencias del cambio demográfico en el mercado de trabajo, al tiempo que mejoran la empleabilidad de las personas y la competitividad de las industrias europeas. A la vez, la libre circulación, bien permite —como condición esencial—, bien estimula el ejercicio por parte de los ciudadanos de una amplia gama de derechos que les confiere el Derecho de la Unión, como es el derecho que tienen como consumidores de acceder a bienes y servicios o los derechos como pasajeros y turistas. Por tanto, facilitar la libre circulación puede incrementar las posibilidades de los ciudadanos de beneficiarse plenamente del mercado único y, al mismo tiempo, convertirse en motores fundamentales del crecimiento. (8) Los ciudadanos de la Unión valoran sobremanera el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros como un derecho individual fundamental que se deriva de la ciudadanía de la Unión. Como tal, dicho derecho acredita y fomenta un mejor entendimiento del valor de la integración europea, así como de la participación de los ciudadanos en la configuración de la Unión Europea. Los ciudadanos, cuando desarrollan aspectos de sus vidas más allá de las fronteras nacionales, viajando a otros Estados miembros o estableciéndose en ellos, adquieren conciencia de la gran variedad de derechos que les confiere el Derecho de la UE en situaciones transfronterizas, y los aprovechan. De este modo, el ejercicio del derecho a la libre circulación y residencia contribuye a hacer de la ciudadanía de la Unión una realidad perceptible en la vida cotidiana de los ciudadanos. (9) Pese a que el derecho a la libre circulación y residencia está muy consolidado en el Derecho primario de la Unión y muy desarrollado en el Derecho derivado, sigue existiendo un desfase entre las disposiciones legales aplicables y la realidad con la que se encuentran los ciudadanos cuando tratan de ejercer sus derechos en la práctica. Los ciudadanos de la Unión, además de la incertidumbre que tienen en cuanto a las ventajas de poder circular libremente, perciben demasiados obstáculos prácticos a la hora de vivir y trabajar en otro Estado miembro de la Unión. (10) En el Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2010: «La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE»[18], la Comisión abordó los principales obstáculos que siguen encontrándose los ciudadanos en su vida cotidiana cuando tratan de ejercer sus derechos como ciudadanos de la Unión, en particular en situaciones transfronterizas, y presentó veinticinco acciones concretas para eliminar dichos obstáculos. Uno de los obstáculos identificados en este contexto fue la falta de información. En el Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2010, la Comisión llegó a la conclusión de que los ciudadanos de la Unión no disfrutan de sus derechos porque no los conocen y anunció su intención de mejorar la difusión de información entre los ciudadanos de la Unión sobre sus derechos, en particular sobre el derecho a la libre circulación. (11) Habida cuenta de que el derecho a la libre circulación mejora de manera significativa la vida de los ciudadanos, es esencial que la difusión de la información sobre la existencia de este derecho y las condiciones de su ejercicio sea lo más amplia posible. Dado que todos los ciudadanos de la Unión son beneficiarios potenciales de este derecho, en toda la UE deberían hacerse esfuerzos por ampliar la difusión de la información. (12) No obstante, a fin de que los ciudadanos de la Unión puedan decidir con conocimiento de causa si ejercen su derecho a la libre circulación, no basta con difundir la información acerca del derecho en sí; es fundamental que los ciudadanos de la Unión también estén adecuadamente informados sobre otros derechos que, con arreglo al Derecho de la Unión, también les asisten en un contexto transfronterizo. Esta información también les permitirá disfrutar plenamente de estos derechos si deciden hacer uso de su derecho a la libre circulación. (13) En particular, los ciudadanos de la Unión que se planteen si les conviene hacer uso de su derecho a la libre circulación deberían estar informados del derecho que les asiste a adquirir o conservar sus derechos en materia de seguridad social en virtud de la legislación de la Unión sobre coordinación de los sistemas de seguridad social; dicha legislación les garantiza que, si deciden desplazarse por Europa, no pierden sus derechos a la seguridad social. Deberían, además, estar informados de su derecho a obtener el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales y de las competencias sociales y cívicas que forman parte del marco europeo de «competencias clave para el aprendizaje permanente»[19] y que pueden prepararles para participar plenamente en la vida ciudadana y ayudarles en el ejercicio de sus derechos con arreglo al Derecho de la UE. (14) En este contexto, los ciudadanos también deberían estar mejor informados sobre sus derechos como pasajeros que viajan por la Unión Europea en cualquier medio de transporte y de sus derechos como consumidores más allá de las fronteras. Si tienen confianza en que sus derechos como consumidores están efectivamente protegidos, contribuirán en mayor medida al pleno desarrollo de un mercado europeo de bienes y servicios y aprovecharán mejor sus ventajas. En la misma línea, los ciudadanos deberían estar mejor informados acerca de las normas sobre seguridad general de los productos y vigilancia del mercado, de manera que sean conscientes del modo en que se protegen su salud y sus derechos en toda la UE, en particular cuando surgen amenazas o riesgos que no pueden afrontar como particulares. También sería importante que los ciudadanos estuvieran mejor informados sobre sus derechos a la asistencia sanitaria transfronteriza, de manera que pudieran beneficiarse plenamente de una asistencia sanitaria segura y de calidad al cruzar las fronteras europeas. (15) Es fundamental en este sentido que los ciudadanos de la Unión conozcan los derechos electorales que tienen garantizados. Los ciudadanos de la Unión deberían ser plenamente conscientes de su derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en su Estado miembro de residencia. Al mismo tiempo, la participación política puede contribuir a la integración de los ciudadanos de la Unión en la sociedad del Estado miembro de residencia elegido. (16) Informar mejor a los ciudadanos de las ventajas que ofrecen estos derechos a nivel individual y de la sociedad también puede contribuir a reforzar el sentido de pertenencia y adherencia a la Unión. (17) La declaración de 2013 como Año Europeo de los Ciudadanos será una ocasión muy oportuna para informar mejor al público en general de los derechos asociados a la ciudadanía de la Unión y, de este modo, contribuir al objetivo de facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación. (18) En 2013 se cumple el vigésimo aniversario del establecimiento de la ciudadanía de la Unión por el Tratado de Maastricht, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. El Año Europeo de los Ciudadanos vendrá marcado por el seguimiento del Informe sobre la Ciudadanía de la UE y por un plan de acción destinado a completar la eliminación de los obstáculos que persisten e impiden a los ciudadanos disfrutar de sus derechos como ciudadanos de la Unión. Este Año Europeo aportará visibilidad a la ciudadanía de la Unión y a las ventajas concretas que ofrece a los ciudadanos, entre otras cosas mediante la demostración del impacto perceptible que tienen la políticas de la Unión en la vida de los ciudadanos, en particular por lo que se refiere a la eliminación de los obstáculos al ejercicio de sus derechos. (19) También es importante informar mejor sobre los derechos de los ciudadanos, incluidos los derechos electorales en el Estado miembro de residencia, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo en 2014. El impacto de estas acciones de sensibilización debería multiplicarse mediante la estrecha colaboración y el aprovechamiento de las sinergias con acciones pertinentes realizadas por otras instituciones de la UE, en particular el Parlamento Europeo, y por los Estados miembros en la carrera hacia dichas elecciones. (20) A fin de optimizar la efectividad y la eficacia de las actividades previstas para el año de aplicación (2013), es importante llevar a cabo una serie de actividades preparatorias que respeten plenamente el artículo 49, apartado 6, del Reglamento financiero[20]. (21) Este Año Europeo debería aprovechar al máximo las herramientas de participación existentes y los derechos consagrados en los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea para impulsar la participación de los ciudadanos en el proceso de aplicación del plan de acción de 2013 destinado a eliminar los obstáculos al ejercicio de sus derechos y, con carácter más general, en la definición de las políticas de la Unión que dan un sentido concreto a tales derechos. Las organizaciones europeas de la sociedad civil desempeñarán un papel esencial en este sentido. (22) Los Estados miembros siguen siendo los primeros responsables de sensibilizar a sus ciudadanos sobre los derechos que les amparan como ciudadanos de la Unión; la acción a nivel de la UE complementa las acciones nacionales al respecto, como se puso de relieve en la declaración política «Comunicar sobre Europa en asociación», firmada el 22 de octubre de 2008 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión[21]. (23) Habida cuenta de la dimensión de la acción propuesta y, en particular, debido a la necesidad de intervención multilateral, de intercambios transnacionales de información y de sensibilización y difusión de buenas prácticas a escala de la UE, los objetivos del Año Europeo propuesto pueden alcanzarse mejor a nivel de la Unión. La Unión puede, por tanto, adoptar medidas pertinentes con arreglo al principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad, establecido en ese mismo artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos. (24) Deben adoptarse las medidas oportunas para la prevención del fraude y de las irregularidades, así como las medidas necesarias para la recuperación de los fondos perdidos, pagados indebidamente o mal empleados, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas[22], el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades[23], y el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)[24]. (25) Puede concederse financiación de la Unión para actividades distintas de las financiadas con cargo al presupuesto del Año Europeo a través de programas de la Unión vigentes o de los Fondos Estructurales, en particular los programas «Europa con los ciudadanos» y «Derechos fundamentales y ciudadanía». HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: Artículo 1 Objeto El año 2013 será declarado «Año Europeo de los Ciudadanos» (en lo sucesivo, «el Año Europeo»). Artículo 2 Objetivos El objetivo general del Año Europeo será mejorar la difusión de la información sobre los derechos asociados a la ciudadanía de la Unión, para ayudar a los ciudadanos a ejercer plenamente su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. En este contexto, el Año Europeo se centrará, entre otras cosas, en las oportunidades de participación ciudadana y acceso a los derechos que tienen los ciudadanos de la Unión que residen en un Estado miembro distinto del suyo, los estudiantes, los trabajadores, los consumidores y los proveedores de bienes y servicios de toda la Unión. Sobre esta base, los objetivos específicos del Año Europeo serán: – sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos de la Unión sobre su derecho a circular y residir libremente en el interior de la Unión Europea y, con carácter más general, sobre los derechos que tienen garantizados los ciudadanos de la Unión en situaciones transfronterizas, como es el derecho a participar en la vida democrática de la Unión; – sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos de la Unión sobre el modo de beneficiarse de manera perceptible de los derechos y las políticas de la UE cuando viven en otro Estado miembro y fomentar su participación activa en foros de ciudadanos sobre políticas y problemas de la UE; – impulsar el debate sobre el impacto y el potencial del derecho a la libre circulación, como aspecto indispensable de la ciudadanía de la Unión, en particular por lo que respecta al fortalecimiento de la cohesión social y el entendimiento mutuo entre los ciudadanos de la Unión, así como el nexo entre los ciudadanos y la Unión. Artículo 3 Iniciativas 1. Las medidas que deben tomarse para lograr los objetivos enumerados en el artículo 2 podrán comprender las siguientes iniciativas, organizadas tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional, regional o local, relacionadas con los objetivos del Año Europeo: – campañas de información, educación y sensibilización destinadas al público en general y a públicos más específicos; – intercambio de información y puesta en común de experiencia y buenas prácticas de administraciones nacionales, regionales y locales, así como de otras organizaciones; – conferencias y actos para promover el debate y difundir en mayor medida la importancia y las ventajas del derecho a circular y residir libremente y, con carácter más general, los derechos de los ciudadanos como ciudadanos de la Unión; – recurso a las herramientas multilingües de participación existentes para animar a los ciudadanos a que contribuyan a hacer de sus derechos una realidad perceptible y, con carácter más general, a lograr los objetivos del Año Europeo; – refuerzo del papel y la visibilidad de los portales multilingües de internet «Europe Direct» y «Tu Europa» como elementos clave del sistema de información de «ventanilla única» sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión; – refuerzo del papel y la visibilidad de las herramientas de resolución de problemas, como SOLVIT, para permitir a los ciudadanos de la Unión hacer un mejor uso de sus derechos y defenderlos mejor. 2. En el anexo se ofrece información sobre las iniciativas mencionadas en el apartado 1. 3. La Comisión y los Estados miembros podrán identificar otras actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos del Año Europeo y permitir que el nombre de este último se utilice en la promoción de dichas actividades, siempre y cuando ayuden a alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 2. Artículo 4 Coordinación a nivel de la Unión y aplicación La Comisión colaborará estrechamente con los Estados miembros y con organismos y asociaciones que representen los intereses locales y regionales, en particular el Comité de las Regiones. La Comisión también colaborará estrechamente con el Comité Económico y Social Europeo. La Comisión convocará reuniones de representantes de organizaciones u organismos europeos activos en el ámbito de la defensa de los derechos de los ciudadanos y otras partes interesadas para que le ayuden en la aplicación del Año Europeo a nivel de la Unión. La Comisión aplicará la presente Decisión a nivel de la Unión. Artículo 5 Disposiciones financieras 1. Las medidas que, por naturaleza, tienen alcance europeo, establecidas en la parte A del anexo, serán objeto de un procedimiento de contratación pública o de la concesión de subvenciones con cargo al presupuesto general de la UE. 2. Las medidas que, por naturaleza, tienen alcance europeo y se establecen en la parte B del anexo podrán ser subvencionadas con cargo al presupuesto general de la UE. Artículo 6 Cooperación internacional A los fines del Año Europeo, la Comisión podrá cooperar con las organizaciones internacionales pertinentes. Artículo 7 Protección de los intereses financieros de la Unión 1. La Comisión velará por que, en la realización de las acciones financiadas en el marco de la presente Decisión, los intereses financieros de la Unión estén protegidos por la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, la realización de controles efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente y, en caso de que se detecten irregularidades, mediante la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. La Comisión está autorizada a llevar a cabo controles y verificaciones in situ en el marco de la presente Decisión, de conformidad con el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades. Las investigaciones se llevarán a cabo, en su caso, por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y se regirán por el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)[25]. 2. Por lo que respecta a las acciones de la Unión financiadas en el marco de la presente Decisión, la noción de irregularidad contemplada en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 incluirá toda vulneración de una disposición del Derecho de la Unión o todo incumplimiento de una obligación contractual derivada de una acción u omisión de un agente económico que perjudique o pudiera perjudicar al presupuesto general de la Unión con un gasto indebido. 3. La Comisión reducirá, suspenderá o recuperará el importe de la ayuda financiera concedida a una acción si descubre irregularidades, como la inobservancia de las disposiciones de la presente Decisión, de la decisión individual o del contrato por el que se concede la ayuda financiera en cuestión, o si tiene constancia de que, sin pedir la aprobación de la Comisión, se ha introducido en la acción alguna modificación importante incompatible con la naturaleza o con las condiciones de ejecución de la acción. 4. En caso de incumplimiento de los plazos o cuando el estado de realización de una acción solo permita justificar una parte de la ayuda concedida, la Comisión pedirá al beneficiario que le presente sus observaciones en un plazo determinado. Si el beneficiario no aporta una justificación válida, la Comisión podrá suprimir el resto de la ayuda financiera y exigir el reembolso de las sumas ya abonadas. 5. Todo importe indebidamente abonado deberá ser reembolsado a la Comisión. Se cobrarán intereses de demora con arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento financiero[26] por las sumas no reembolsadas a su debido tiempo. Artículo 8 Control y evaluación A más tardar el 31 de diciembre de 2014, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la ejecución, los resultados y la evaluación general de las iniciativas establecidas en la presente Decisión. Artículo 9 Entrada en vigor La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Hecho en Por el Parlamento Europeo Por el Consejo El Presidente El Presidente ANEXO MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 3 Como principio rector, la aplicación del Año Europeo se basará en una amplia campaña de información a escala de la Unión que podrá complementarse con acciones de los Estados miembros. En las acciones tanto de la Unión como de los Estados miembros podrán participar la sociedad civil y otras partes interesadas, de manera que todos los actores clave se sientan representados. La aplicación se llevará a cabo a través de las siguientes medidas: A. INICIATIVAS DIRECTAS DE LA UNIÓN La financiación adoptará generalmente la forma de compra directa de bienes y servicios conforme a los contratos marco vigentes. Parte de la financiación podrá destinarse a la prestación de servicios lingüísticos (traducción, interpretación e información multilingüe). Campañas de información y promoción que incluyan: · producción y distribución de material audiovisual e impreso que recoja los mensajes establecidos en el artículo 2; · actos y foros de gran visibilidad para el intercambio de experiencia y buenas prácticas; · medidas para hacer públicos los resultados y mejorar la imagen de los programas, proyectos e iniciativas de la Unión que contribuyen al logro de los objetivos del Año Europeo; · creación de un sitio web de información sobre Europa (http://europa.eu/index_en.htm) dedicado a las acciones llevadas a cabo en el contexto del Año Europeo. B. INICIATIVAS DE COFINANCIACIÓN DE LA UNIÓN No están previstas iniciativas de cofinanciación. C. INICIATIVAS QUE NO RECIBEN AYUDA FINANCIERA DE LA UNIÓN La Unión prestará ayuda que no tendrá carácter financiero, como la autorización escrita para utilizar la etiqueta, cuando haya sido diseñada, y otro material asociado al Año Europeo, a iniciativas de organizaciones públicas o privadas, siempre y cuando estas puedan garantizar a la Comisión que las iniciativas en cuestión se llevan o llevarán a cabo en 2013 y pueden contribuir de manera significativa a alcanzar los objetivos del Año Europeo. _______________ [1] Encuesta cualitativa del Eurobarómetro «European Citizenship – Cross-border mobility» (Ciudadanía europea: movilidad transfronteriza), agosto de 2010. [2] Título II del Tratado de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 9, 10 y 11. [3] Encuesta Flash del Eurobarómetro 263, «The Internal Market: Awareness – Perceptions – Impacts» (El Mercado Interior: conocimiento, percepción e impacto), abril de 2009. [4] «Scientific Report on the Mobility of Cross-Border Workers within the EU-27/EEA/EFTA Countries» (Informe científico sobre la movilidad de los trabajadores transfronterizos en el seno de los países de la Europa de los Veintisiete, el EEE y la AELC), encargado por la Comisión Europea, enero de 2009. [5] Encuesta cualitativa del Eurobarómetro «European Citizenship – Cross-border mobility» (Ciudadanía europea: movilidad transfronteriza), agosto de 2010. [6] Encuesta Flash del Eurobarómetro 294, «EU citizenship» (La ciudadanía de la UE), marzo de 2010. [7] COM(2010) 603 final, de 27.10.2010. [8] DO (2010/C 115/01), Información procedente de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea; Consejo Europeo. Programa de Estocolmo: Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano. [9] COM(2010) 477 final, de 15.9.2010, y COM(2010) 682 final, de 23.11.2010. [10] COM(2007) 773 final, de 6.12.2007. [11] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, «Hacia un Acta del Mercado Único. Por una economía social de mercado altamente competitiva: Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos», COM(2010) 608 final, de 27.10.2010. [12] SEC(2011) xxx. [13] SEC(2011) xxx. [14] DO C […] de […], p. […]. [15] DO C […] de […], p. […]. [16] COM(2009) 262 final, de 10.6.2009. [17] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0483+0+DOC+XML+V0//ES. [18] COM(2010) 603 final. [19] Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, DO L 394 de 30.12.2006, p. 10. [20] Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (el Reglamento financiero), DO L 248 de 16.9.2002, p. 1; Reglamento modificado por el Reglamento (CE, Euratom) nº 1995/2006, de 13 de diciembre de 2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1). [21] DO C 13 de 20.1.2009, p. 3. [22] DO L 312 de 23.12.1995, p. 1. [23] DO L 292 de 15.11.1996, p. 2. [24] DO L 136 de 31.5.1999, p. 1. [25] DO L 136 de 31.5.1999, p. 1. [26] Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (el Reglamento financiero), DO L 248 de 16.9.2002, p. 1; Reglamento modificado por el Reglamento (CE, Euratom) nº 1995/2006, de 13 de diciembre de 2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).