(1)El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Este Mecanismo proporciona ayuda financiera para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un impulso fiscal financiado por la Unión. Contribuye a la recuperación económica y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular para promover las transiciones ecológica y digital, al mismo tiempo que fortalece la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [fue] actualizada el [XX] de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y en particular su artículo 6, apartado 1,

Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y en particular su artículo 5, apartado 2,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

(21)De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), y con el anexo V, criterio 2.2, del Reglamento (UE) 2021/241, el plan de recuperación y resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse para 2026. Estas contribuyen a hacer frente a la totalidad o a una parte significativa de los retos económicos y sociales señalados en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Chipre por el Consejo en el marco del Semestre Europeo en 2019 y 2020, además de en las recomendaciones específicas por país formuladas hasta la fecha de adopción de un plan. En particular, están relacionadas con las finanzas públicas y la asistencia sanitaria, el mercado laboral y la política social, la educación y las capacidades, la inversión pública y privada y la transición ecológica y digital, las reformas estructurales para mejorar el funcionamiento del sector público, luchar contra la corrupción y facilitar la reducción de los préstamos dudosos en el sector bancario.

(20)De acuerdo con el Programa de Estabilidad de 2022, el déficit público disminuiría gradualmente hasta alcanzar el 1,5 % del PIB en 2024 y el 1,7 % en 2025. Por consiguiente, se prevé que el déficit público se mantenga por debajo del 3 % del PIB durante el período cubierto por el programa. Estas previsiones suponen una disminución de determinados gastos públicos, en particular las subvenciones, y una limitación del crecimiento de otros, incluidos el consumo intermedio y las transferencias sociales en especie. Asimismo, se prevé una disminución de las inversiones públicas en porcentaje del PIB tras el máximo alcanzado en 2022. De acuerdo con el Programa, se espera que la ratio de deuda pública sobre PIB disminuya de aquí a 2025, concretamente con una disminución hasta el 81 % en 2024 y el 76,7 % en 2025. Según el análisis de la Comisión, los riesgos para la sostenibilidad de la deuda parecen medios a medio plazo.

(18)En 2022, sobre la base de las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión y teniendo en cuenta la información incorporada en el Programa de Convergencia de 2022 de Hungría, se prevé que la orientación fiscal sea prácticamente neutra con un +0,1 % del PIB, mientras que el Consejo recomendó una orientación fiscal expansiva. Chipre tiene previsto seguir prestando apoyo a la recuperación haciendo uso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversiones adicionales, tal como recomienda el Consejo. Se calcula que el efecto positivo en la actividad económica del gasto financiado a través de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE se incrementará en un 0,7 % del PIB en comparación con 2021. Se espera que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto contractivo en la orientación fiscal de 0,6 puntos porcentuales en 2022. Por consiguiente, Chipre no tiene previsto mantener las inversiones financiadas a nivel nacional. Al mismo tiempo, se prevé que en 2022 el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las nuevas medidas relativas a los ingresos) tenga un efecto prácticamente neutro de 0,2 puntos porcentuales en la orientación fiscal general. Esto incluye el impacto adicional de las medidas para hacer frente al impacto económico y social del aumento de los precios de la energía (0,1 % del PIB), así como los costes de la protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania (0,1 % del PIB).

(17)El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó que Chipre mantuviera en 2022 una orientación fiscal expansiva, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que preservara la inversión financiada a nivel nacional. Asimismo, recomendó al país que, cuando las condiciones económicas lo permitiesen, aplicara una política fiscal encaminada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo y que, al mismo tiempo, fomentara la inversión para impulsar el potencial de crecimiento.

(16)En 2022, el Gobierno ha suprimido gradualmente la mayoría de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19, de modo que se prevé que las medidas temporales de apoyo de emergencia disminuyan del 3,9 % del PIB en 2021 al 0,1 % del PIB en 2022. El déficit público se ve afectado por las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía, que, según las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, se situarán en el 0,2 % del PIB en 2022 y se espera que se eliminen gradualmente en 2023. Estas medidas consisten principalmente en transferencias sociales a los hogares más pobres, recortes en los impuestos indirectos sobre el consumo de energía y la fijación de límites a los precios al por menor y al por mayor. Estas medidas se han presentado como temporales. Sin embargo, si los precios de la energía siguen siendo elevados en 2023, algunas de ellas podrían mantenerse. Algunas de estas medidas no son específicas, en particular la reducción del tipo impositivo para las facturas de electricidad de los hogares, la reducción de los precios de las tarifas de consumo o la reducción de los impuestos especiales sobre el petróleo. El déficit público también se ve afectado por los costes de la protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania, que, según las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, se situarán en el 0,1 % del PIB en 2022 y el 0,2 % en 2023.

Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2022 de la Comisión, el crecimiento potencial de la producción a medio plazo (media de diez años) se estima actualmente en el 2,6 %. Sin embargo, esta estimación no incluye el impacto de las reformas que forman parte del plan de recuperación y resiliencia y que pueden impulsar el crecimiento potencial de Chipre.

(13)El 2 de mayo de 2022, Chipre presentó su Programa de Estabilidad de 2022. El Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2022 de Chipre y su dictamen se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(12)La Comisión llevó a cabo un examen exhaustivo sobre Chipre con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 cuyos resultados se publicaron el 23 de mayo de 2022. La Comisión llegó a la conclusión de que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, el gran déficit por cuenta corriente se deterioró significativamente durante la crisis de la COVID-19, lo que supuso una carga adicional para la ya elevada deuda externa, pública y privada, mientras que los préstamos dudosos en el sector financiero siguen siendo elevados, a pesar de su significativa reducción.

(11)La Comisión publicó el informe específico de 2022 sobre Chipre el 23 de mayo de 2022. En él se evalúan los avances realizados por Chipre para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo en 2019, 2020 y 2021, y se hace balance de la ejecución por parte de Chipre del plan de recuperación y resiliencia, basándose en el cuadro de indicadores de la recuperación y la resiliencia. Sobre la base de este análisis, el informe por país señala las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el plan de recuperación y resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes, incluidos los derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Asimismo, evalúa los avances de Chipre en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la UE en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(9)El 17 de mayo de 2021, Chipre presentó su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación del anexo V de dicho Reglamento. El 20 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Chipre. El desembolso de los tramos está supeditado a una decisión de la Comisión, adoptada de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Chipre ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(8)En lo que respecta a las orientaciones de la política fiscal publicadas el 2 de marzo de 2022, las recomendaciones para 2023 tienen en cuenta las perspectivas económicas deterioradas, el aumento de la incertidumbre y los nuevos riesgos a la baja, así como el aumento de la inflación respecto de las previsiones de invierno. En vista de estas consideraciones, la respuesta fiscal debe ampliar la inversión pública en la transición ecológica y digital y la seguridad energética, así como mantener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables a fin de amortiguar el impacto de la subida de los precios de la energía y contribuir a limitar las presiones inflacionistas provocadas por los efectos indirectos a través de medidas específicas y temporales; la política fiscal debe seguir siendo ágil para adaptarse a la rápida evolución de las circunstancias y diferenciarse de un país a otro en función de su situación fiscal y económica, en particular en lo que se refiere a la exposición a la crisis y a la afluencia de personas desplazadas procedentes de Ucrania.

(6)De acuerdo con el enfoque expuesto en el dictamen del Consejo de 18 de junio de 2021 sobre el Programa de Estabilidad de 2021, en la actualidad, la mejor manera de medir la orientación de la política fiscal es por la variación del gasto primario (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos), excluidas las medidas de emergencia temporales relacionadas con la crisis de la COVID-19, pero incluidos los gastos financiados mediante ayudas no reembolsables (subvenciones) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE, en relación con el crecimiento potencial a medio plazo. Más allá de la orientación fiscal general, para determinar si la política fiscal nacional es prudente y si su composición favorece una recuperación sostenible y compatible con las transiciones ecológica y digital, también se presta atención al crecimiento de las inversiones y los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos y las medidas de emergencia temporales relacionadas con la crisis de la COVID-19).

(24)Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupa el plan de recuperación y resiliencia, Chipre afronta un reto adicional relacionado con la gobernanza de las entidades públicas. El sistema de gobernanza muestra lagunas con respecto a las normas internacionales (por ejemplo, las directrices sobre el gobierno corporativo de las entidades públicas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y las herramientas del Banco Mundial para el gobierno corporativo de las entidades públicas), que afectan a la productividad y el entorno empresarial de Chipre. En particular, una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas en relación con el rendimiento financiero y los objetivos públicos aumentarían la eficiencia y la eficacia de las entidades públicas. También lo haría la aplicación de mejores prácticas, como un proceso transparente y basado en el mérito para la designación de los organismos de gestión de las entidades públicas, y el cambio de la función de propiedad de las empresas públicas de los ministerios competentes en materia de políticas a un organismo central específico. La apertura de mercados comercialmente viables en los que las entidades públicas ocupan actualmente una posición dominante (por ejemplo, las energías renovables) haría que estos mercados fueran más eficientes, aceleraría la transición ecológica y digital y contribuiría a diversificar la economía. La adopción de medidas en relación con las entidades públicas haría que la gobernanza en Chipre fuera más eficaz y el mercado para las empresas locales y extranjeras sería más justo y transparente. Esto está en consonancia con los objetivos de la estrategia a largo plazo para Chipre y el plan de acción que la sustenta (en el marco de la iniciativa «Modernización de las empresas públicas y creación de los incentivos adecuados para la innovación y la eficiencia»). Las políticas destinadas a mejorar la gobernanza de las entidades públicas pueden contribuir a reducir la deuda pública, ya que una mejor gobernanza de estas entidades aumentaría la eficiencia del sector público. También pueden contribuir a mejorar el entorno empresarial y aumentar el crecimiento potencial.

(25)En respuesta al mandato de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE expuesto en la Declaración de Versalles, el plan REPowerEU tiene por objeto eliminar gradualmente, lo antes posible, la dependencia de la Unión Europea respecto de las importaciones de combustibles fósiles rusos. A tal fin, se están determinando, en diálogo con los Estados miembros, los proyectos, inversiones y reformas más adecuados a nivel nacional, regional y de la UE. Estas medidas tienen por objeto reducir la dependencia de los combustibles fósiles en general y desviar de Rusia las importaciones de estos combustibles.

(26)El pleno potencial de las fuentes de energía renovables en Chipre podría liberarse y acelerarse aún más, en particular simplificando los procedimientos de concesión de permisos e invirtiendo en instalaciones solares en mayor medida. Chipre no utiliza actualmente gas, aunque el petróleo representa el 85,6 % de la combinación energética. Dada la gran fluctuación de los precios de la energía en los mercados mundiales, es fundamental para la sostenibilidad de la economía chipriota reducir su fuerte dependencia del petróleo. El suministro de petróleo depende totalmente de las importaciones, aunque siendo solo del 1 %, las importaciones de petróleo procedentes de Rusia se sitúan muy por debajo de la media de la UE (23 %). Para diversificar el suministro de energía y reducir la dependencia de las importaciones, Chipre se beneficiaría de acelerar el desarrollo de infraestructuras de importación de gas compatibles con el hidrógeno y de interconexiones eléctricas adicionales para facilitar la expansión de las fuentes de energía renovables. Se recomienda que las nuevas inversiones en infraestructuras y redes relacionadas con el gas estén preparadas para el futuro, en la medida de lo posible, con el fin de facilitar su sostenibilidad a largo plazo mediante su readaptación futura a los combustibles sostenibles. Además, las políticas de eficiencia energética podrían ampliarse y acelerarse, también en el sector del transporte, para frenar el crecimiento del consumo de energía, que es significativamente superior a la media de la UE. Se espera que las medidas de eficiencia energética también ayuden a abordar la pobreza energética que sufre una elevada proporción de la población (20,9 %), en particular utilizando los fondos de la política de cohesión según proceda. Será necesario aumentar aún más la ambición de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar las energías renovables y la eficiencia energética para que Chipre se ajuste a los objetivos del paquete «Objetivo 55».

(27)Aunque la aceleración de la transición hacia la neutralidad climática y el abandono de los combustibles fósiles generará importantes costes de reestructuración en varios sectores, Chipre puede recurrir al Mecanismo para una Transición Justa en el contexto de la política de cohesión a fin de mitigar el impacto socioeconómico de la transición en las regiones más afectadas. Además, Chipre puede utilizar el Fondo Social Europeo Plus para mejorar las oportunidades de empleo y reforzar la cohesión social.

(28)A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2022 y su dictamen se refleja en la recomendación 1 que figura a continuación.

(29)Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas, también a través de sus planes de recuperación y resiliencia, para aplicar la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro. En el caso de Chipre, esto se refleja en particular en las recomendaciones 1 y 2 que figuran a continuación.

(30)En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2022 y el Programa de Estabilidad de 2022. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 que figuran a continuación. Las recomendaciones 1 y 2 también contribuyen a la aplicación de la Recomendación para la zona del euro, en particular la primera y la cuarta de las recomendaciones para la zona del euro. Las políticas fiscales a las que se hace referencia en la recomendación 1 contribuyen, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios relacionados con una deuda pública elevada. Las políticas mencionadas en la recomendación 2 contribuyen, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios vinculados a la elevada deuda privada, limitando el exceso de endeudamiento del sector privado. También abordan los desequilibrios relacionados con la elevada deuda pública y el déficit por cuenta corriente, diversificando la economía, así como los desequilibrios relacionados con el elevado volumen de préstamos dudosos. Las políticas a que se refiere la recomendación 3 contribuyen, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios vinculados a la elevada deuda pública, aumentando la eficiencia de las administraciones y el crecimiento a largo plazo, así como los desequilibrios vinculados a la deuda privada y externa, aumentando el crecimiento a largo plazo. Las políticas a que se refiere la recomendación 4 contribuyen, entre otras cosas, a abordar las vulnerabilidades asociadas a la elevada deuda exterior a largo plazo.

RECOMIENDA a Chipre que tome medidas en 2022 y 2023 con el fin de:

1.En 2023, garantizar que el aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional esté en consonancia con una orientación general neutra de la política fiscal, teniendo en cuenta la continuación de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que huyen de Ucrania. Estar preparada para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación. Ampliar la inversión pública para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, en particular mediante la utilización del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el plan REPowerEU y otros fondos de la UE. Para el período posterior a 2023, aplicar una política fiscal encaminada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo.

2.Proceder a la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia, de acuerdo con los hitos y objetivos incluidos en la Decisión de Ejecución del Consejo de 28 de julio de 2021. Finalizar sin dilación las negociaciones con la Comisión relativas a los documentos de programación de la política de cohesión para 2021-2027, con vistas a iniciar su aplicación.

3.Adoptar medidas para mejorar la gobernanza de las entidades públicas en consonancia con las normas internacionales.

4.Reducir la dependencia global de los combustibles fósiles y diversificar aún más el suministro de energía acelerando el despliegue de las energías renovables, en particular mediante una mayor simplificación de los procedimientos de concesión de permisos y la expansión de la energía fotovoltaica. Desarrollar interconexiones energéticas con los países vecinos, ampliando y acelerando al mismo tiempo las medidas de eficiencia energética, también en el sector del transporte.

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