COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COMÍ93) 385 final 
Bruselas, 28 de julio de 1993 
CONTROL COMUNITARIO DE LAS 
OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 
NFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO 
RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO SOBRE EL CONTROL DE LAS 
OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 
ÍNDICE DE MATERIAS 
I. INTRODUCCIÓN 
II. EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
A. RESUMEN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS 
Decisiones conforme al apartado 1 del articulo 6 y el articulo 8 
Reenvió conforme al apartado 2 del articulo 9 y solicitudes con 
arreglo al apartado 3 del articulo 22 
Características de los casos notificados 
B. EFICACIA DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
Repercusión sobre las condiciones de competencia 
Efectos concretos en los mercados nacionales 
Posición dominante compartida 
Relación entre los sistemas de control nacionales y comunitario 
de las operaciones de concentración 
Utilización de los procedimientos de reenvió 
III. ALCANCE DE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO 
A. UMBRALES DE VOLUMEN DE NEGOCIOS 
Umbrales actuales 
Principio de autoridad única y régimen de igualdad: una 
necesidad 
Casos en los que no se han alcanzado los umbrales actuales 
Resultados de la encuesta 
Número previsto de casos adicionales 
La regla de los dos tercios 
Posición de las instituciones comunitarias 
Posición de los órganos de las administraciones nacionales y de 
defensa de la competencia 
Observaciones de las asociaciones industriales nacionales y de 
empresas a título individual 
Repercusiones sobre la carga adicional de trabajo que supondría 
para la Comisión 
Valoración global 
Utilización de otros criterios para repartir las competencias 
B. REENVÍO CONFORME AL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 9 Y SOCILITUDES CON 
ARREGLO AL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 22 
C. OTRAS MEJORAS QUE EXIGEN LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
Compromisos en la primera fase 
Mayor transparencia de los compromisos en la segunda fase 
Modificaciones con respecto a entidades bancarias y de crédito 
Criterios de evaluación 
D. EMPRESAS EN PARTICIPACIÓN 
IV. CONCLUSIONES GENERALES 
A. UMBRALES 
B. REENVÍO 
C. OTRAS MEJORAS QUE EXIGEN LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
D. MEJORAS QUE NO EXIGEN LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
E. PROPUESTA 
1* 
LISTA DE ANEXOS 
ANEXO 1: Análisis del volumen total de operaciones 
ANEXO 2: Cuestionario realizado a las asociaciones sectoriales y 
empresas 
ANEXO 3: Análisis cualitativo de los asuntos notificados previamente 
y de asuntos conocidos por otros medios por debajo de los 
umbrales vigentes 
ANEXO 4: Gráficos y tablas 
Ai 
I. INTRODUCCIÓN 
EL 21 de diciembre de 1989, el Consejo aprobó el Reglamento sobre el 
control de las operaciones de concentración, texto que representa el 
primer instrumento jurídico comunitario adecuado para controlar las 
operaciones de concentración que pueden afectar al comercio entre 
Estados miembros. Este nuevo marco de control, que, conforme a la 
opinión general, ha resultado eficaz, ofrece a las empresas que 
están extendiendo sus operaciones más allá de las fronteras de los 
Estados miembros un sistema rápido y eficaz de control basado en el 
principio de autoridad única y de igualdad y formado por normas de 
aplicación en toda la Comunidad. 
En el Reglamento se establece que la Comisión es competente con 
carácter exclusivo para evaluar las operaciones de concentración 
que tienen una dimensión comunitaria. Por lo general, se trata de 
fusiones, adquisiciones de empresas o formas estructuradas de 
empresa en participación en las que el volumen de negocios anual de 
las empresas participantes supera determinados umbrales. Por debajo 
de estos umbrales, las operaciones de concentración se rigen por las 
normas de control nacionales, en su caso. 
Tras casi tres años de aplicación ( *) del Reglamento, ha llegado el 
momento de que la Comisión informe al Consejo y al Parlamento sobre 
aspectos concretos de su funcionamiento y eficacia. 
En primer lugar, existe la obligación jurídica de llevar a cabo una 
revisión de dos aspectos importantes del Reglamento^): se trata de 
los umbrales de volumen de negocios conforme al apartado 3 del 
artículo 1 y el reenvío de asuntos a las autoridades nacionales 
competentes con arreglo al apartado 10 del artículo 9. El primer 
aspecto resulta de importancia vital, puesto que delimita el ámbito 
de competencia exclusiva de la Comisión; igualmente importante es el 
segundo, pues determina en qué circunstancias podrían remitirse a 
las autoridades nacionales asuntos notificados a la Comisión. 
Cuando se aprobó el Reglamento, se realizaron diversas declaraciones 
concretas relativas a las futuras modificaciones del mismo. 
La Comisión declaró que: 
- el principal umbral de volumen de negocios (es decir, el mundial) 
debe reducirse de 5.000 a 2.000 millones de ecus al final de la 
primera fase de aplicación, y el umbral comunitario de 250 
millones de ecus se revisará con arreglo a la experiencia y a la 
tendencia del primer umbral. Si se lleva a cabo una reducción 
proporcional a la del umbral principal, el segundo umbral pasaría 
de 250 millones de ecus a 100 millones de ecus; 
(1) El Reglamento entró en vigor el 21 de septiembre de 1990. 
(2) Se establece también de forma tácita la necesidad de revisar la 
comunicación de operaciones de concentración de dimensiones no 
comunitarias por parte de los Estados miembros a la Comisión 
conforme al apartado 6 del artículo 22. A C 
- 2 -
~ están dispuestos a tomar en consideración otros factores, además 
del volumen de negocios, cuando se revisaran los umbrales; 
- la revisión de los umbrales debe ir acompañada de un examen 
especial del método de cálculo del volumen de negocios de las 
empresas asociadas a los efectos del apartado 5 del artículo 5; 
- ha de precisarse el concepto de ingresos de entidades de crédito, 
ya sea con posterioridad a la entrada en vigor de las 
disposiciones aplicables de la Directiva 86/635 o cuando se lleve 
a cabo la revisión del umbral; 
- deben revisarse las disposiciones relativas a la publicación de 
dictámenes del Comité Consultivo. 
Las dos primeras declaraciones hacen referencia al artículo 1 del 
Reglamento, mientras que la tercera afecta al apartado 5 del 
artículo 5. Las dos últimas se refieren, respectivamente, a la letra 
a) del apartado 3 del artículo 5 y al apartado 7 del artículo 19. 
Dentro del ámbito delimitado por todo lo expuesto, en este 
documento: 
- se incluye un resume sobre la aplicación del Reglamento hasta la 
fecha, 
- se lleva a cabo una revisión de disposiciones específicas del 
Reglamento (que incluye la revisión de los umbrales del volumen de 
negocios y del reenvío del artículo 9, ambas de carácter 
obligatorio), se examinan posibles mejoras, tanto modificando el 
Reglamento como sin modificarlo, y se analiza la posibilidad de 
resolver los problemas en el marco del Reglamento vigente. 
- Se propone que la Comisión aplace cualquier propuesta formal de 
revisar el regalmento hasta finales de 1996, como máximo. 
II. EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
A. RESUMEN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS 
Decisiones conforme al apartado 1 del artículo 6 y al artículo 8 
1. A 30 de junio de 1993, se habían notificado formalmente 165 
operaciones conforme al Reglamento sobre operaciones de 
concentración, y se habían adoptado 159 decisiones con arreglo al 
apartado 1 del artículo 6: 
- 3 -
Número 
de asuntos Porcentaje del 
total de asuntos 
notificados Porcentaje de los 
asuntos comprendidos 
en el ámbito del 
Reglamento 
Artículo 6(1)a 17 
(fuera del ámbito 
del Reglamento) 
Artículo 6(l)b 131 
(compatible con el 
mercado común) 
Artículo 6(l)c 11 
(incoación del 
procedimiento) 11 
82 92 
159 100% 100% 
Como puede observarse, de los asuntos comprendidos en el ámbito de 
aplicación del Reglamento, el 9% se resolvió en la primera fase, 
mientras que en el 8% de asuntos restante se inició un procedimiento 
de la segunda fase. No obstante, 8 asuntos se autorizaron mediante 
decisión conforme a la letra b) del apartado 1 del artículo 6 porque 
las partes ofrecieron determinados compromisos. 
El examen de la segunda fase debe finalizar en un plazo máximo de 4 
meses mediante una decisión conforme al artículo 8, que puede ser de 
dos tipos: 
- la operación de concentración se declara compatible con el mercado 
común, pero pueden imponerse condiciones y obligaciones, (apartado 
2 del artículo 8); o 
- la operación de concentración se declara incompatible con el 
mercado común, y queda prohibida (apartado 3 del artículo 8). 
Hasta la fecha, tan sólo se ha adoptado una decisión de prohibición, 
pero en otros siete asuntos la decisión definitiva contenía 
condiciones y obligaciones, mientras que en los otros dos no se 
impuso condición alguna. 
Reenvío conforme al apartado 2 del artículo 9 y solicitudes con 
arreglo al apartado 3 del artículo 22 
Cuando una operación de concentración notificada puede crear o 
reforzar una posición dominante en un mercado determinado dentro del 
territorio de un Estado miembro, éste podrá solicitar el reenvío del 
asunto con arreglo al apartado 2 del artículo 9. Hasta la fecha, se 
han recibido cinco solicitudes. La Comisión inició en tres casos el 
procedimiento de la segunda fase, autorizó otra de las operaciones 
en la primera fase y adoptó en otro asunto una decisión de reenvío 
parcial y aprobación parcial. 
Conforme al apartado 3 del artículo 22, un Estado miembro puede 
solicitar que se aplique el Reglamento a operaciones de 
concentración que no tienen dimensión comunitaria. Hasta la fecha, 
únicamente el Gobierno belga solicitó a la Comisión que investigara 
los efectos en el mercado belga de la adquisición de los servicios 
regulares de Dan Air por parte de British Airwaiys. 
- 4 -
Características de los asuntos notificados 
4. Del total de asuntos notificados, la mayoría hacía referencia a 
actividades de fabricación industrial, sobre todo en el sector de la 
alimentación y las bebidas, los productos químicos y los vehículos 
de motor. Sin embargo, casi la mitad de las notificaciones se 
referían a actividades relacionadas con el sector de los servicios, 
entre las que destacan el comercio minorista, seguros, actividades 
informáticas, banca y comercio mayorista. Estos resultados ofrecen 
una visión global de las fusiones en las que intervinieron las cerca 
de mil empresas más grandes que operan en la Comunidad. 
La mayor parte de las operaciones notificadas han consistido en la 
adquisición de una participación mayoritaria o en la creación de 
empresas en participación, en porcentajes similares. 
5. La gran mayoría de las notificaciones se referían a empresas de 
Francia, Alemania y Reino Unido, entre las que destacan las 
francesas (que participaron en más de la mitad de las operaciones 
nortlficadas). Así ocurrió con las adquisiciones, por lo general 
durante el mismo período. 
En cuanto a las empresas no comunitarias, las más activas han sido 
las estadounidenses, a las que se referían una cuarta parte de las 
notificaciones. A continuación figuran las empresas procedentes de 
Suecia, Suiza y Japón. 
En línea con los objetivos del Reglamento, casi tres cuartas partes 
de las operaciones notificadas afectaron a empresas de distintos 
Estados miembros o de un Estado miembro y un tercer Estado. El resto 
hacía referencia a empresas de la misma nacionalidad o únicamente a 
empresas no comunitarias. 
6. Del mismo modo, del análisis de las decisiones adoptadas en cada 
asunto se desprende que el 64* de las adoptadas durante los dos 
primeros años afectó a mercados comunitarios y el 11% a mercados de 
más de un Estado miembro. 
B. EFICACIA DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
Repercusión sobre las condiciones de competencia 
7. Durante los tres últimos años, la Comisión ha intentado aplicar el 
Reglamento conforme a sus objetivos fundamentales: se han autorizado 
las operaciones de concentración que tenían por objeto la necesaria 
reorganización de las empresas comunitarias como consecuencia de la 
transformación de los mercados nacionales en mercados comunitarios o 
mundiales, y se han prohibido o modificado las operaciones que 
podían suponer un perjuicio prolongado para la competencia efectiva 
en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. 
La primera de estas categorías es positiva, puesto que estimula una 
competencia dinámica en el mercado común, contribuye a abrir los 
mercados nacionales y aumenta la competitividad de las empresas 
europeas gracias a una mejor estructura de costes y al estímulo de 
la innovación en un entorno competitivo más amplio. La segunda 
categoría de operaciones de concentración resulta perjudicial para 
el desarrollo del mercado interior, pues impide la presión 
competitiva necesaria para que el proceso de reorganización dé sus 
- 5 -
frutos. El mantenimiento y desarrollo de una competencia efectiva 
desempeñan un papel clave en el funcionamiento del mercado interior 
en aspectos como los flujos comerciales y la distribución óptima de 
los recursos económicos. 
La existencia de una legislación comunitaria de control de las 
operaciones de concentración, junto con la orientación informal que 
la Comisión proporciona frecuentemente a las empresas, surte en 
principio un efecto preventivo de las prácticas anticompetitivas en 
la Comunidad. El porcentaje de los asuntos notificados formalmente 
en los que la Comisión planteó dudas importantes que condujeron a 
una modificación del plan inicial en la primera fase o a la apertura 
del procedimiento de la segunda fase fue de alrededor del 15% (20 
asuntos de 142 a 30.6.93). Se trata de una proporción similar a la 
de otros organismos de control de las operaciones de concentración. 
La Comisión prohibió una operación porque no había ninguna 
posibilidad de evitar la posición dominante que se habría derivado 
de la misma (Alenia-Aérospatiale/de Havilland). En los demás casos, 
cuando las dudas resultaron confirmadas por el resultado de la 
investigación, las partes modificaron el plan inicial para suprimir 
el problema competitivo. En esos casos, se mantuvo y desarrolló la 
competencia efectiva mediante tres soluciones fundamentales: 
- supresión de los obstáculos de acceso al mercado, mediante la 
anulación de acuerdos de distribución en exclusiva, apertura de 
los mercados de suministro o ventas que se encontraban cerrados, o 
supresión de vínculos verticales entre las empresas interesadas en 
la operación de concentración y los consumidores finales (véase 
Flat/Ford, TNT/Canada Post et al., Grand Metropolitan/Cinzano, Elf 
Aquitaine/Minol, Air France/Sabena, British Airways/TAT y 
Alcatel/Telettra); 
- supresión de vínculos personales, contractuales o de capital entre 
competidores en mercados oligopolisticos (véanse Courtaulds/SNIA, 
Varta/Bosch, Nestlé/Perrier); 
- enajenación de activos o capital para reducir la cuota de mercado 
de las empresas interesadas y facilitar el acceso al mismo de 
nuevos competidores (véanse Magneti Marelli/CEAc, Accor/Wagon-
Llts, Nestlé/Perrirer, Du Pont/ICI, KNP/BT/VRG). 
Efectos concretos en los mercados nacionales 
8. Con arreglo a las legislaciones nacionales sobre control de las 
operaciones de concentración, se examinan las operaciones, incluidas 
las que tienen una repercusión transfronteriza, desde un punto de 
vista nacional (efectos en el mercado nacional). En el Reglamento 
comunitario se encomienda a la Comisión la tarea de examinar sus 
efectos en la estructura de la competencia a escala comunitaria, es 
decir: 
- la separación de mercados que puede derivarse de posiciones 
dominantes en los mercados nacionales (riesgo de crear empresas 
líderes en los mercados nacionales), y 
- el efecto anticompetitivo de las operaciones de concentración que 
crean posiciones dominantes a escala comunitaria a partir de la 
primacía de una única empresa o de un oligopolio como consecuencia 
de estructuras de suministro demasiado restringidas. 
- 6 -
Mediante la aplicación del Reglamento, la Comisión ha impedido en 
varias ocasiones la creación de posiciones dominantes que podrían 
haber cerrado los mercados nacionales (por ejemplo, Fiat/Ford, 
Alcatel/Telettra, Magnet i Marelll/CEAc, Varta/Boach, Accor/Wagons 
Lits, Nest lé/Perr1er) . La Comisión ha examinado también asuntos en 
los que se observaba una estructura limitada de suministro en la 
Comunidad (por ejemplo, Du Pont/ICI, Tetrapak/Alfa-Laval, Thorn 
EMI/Virgin, Rhône-Poulenc/SNIA). 
Relación entre los sistemas de control nacionales y comunitario de 
las operaciones de concentración 
9. Con la progresiva integración de los mercados comunitarios, cada vez 
son menos los mercados de dimensiones puramente nacionales. Esta 
tendencia a la integración de los mercados nacionales favorece la 
competencia, factor que ha de tenerse en cuenta en la aplicación del 
Reglamento, y que se ha reflejado ya en el elevado número de 
decisiones de autorización. No obstante, la Comisión ha de adoptar 
un enfoque realista y definir los mercados geográficos con arreglo a 
la zona en la que efectivamente se produce la competencia (mercados 
nacionales, comunitarios, o incluso mundiales). 
Desde que se adoptó el Reglamento, la mayoría de los Estados 
miembros cuentan ya con legislaciones de control de las operaciones 
de concentración por debajo de los umbrales establecidos en el 
Reglamento. Se trata de una evolución muy positiva, en opinión de la 
Comisión, puesto que garantiza un sistema completo de protección de 
la competencia efectiva tanto en el plano nacional como en el 
comunitario. 
La principal finalidad de las legislaciones nacionales es evitar que 
se creen posiciones dominantes en el territorio de cada país. 
Sin embargo, este control puede dar lugar a: 
- autorizaciones de operaciones de concentración sin tener en cuenta 
sus efectos negativos a escala comunitaria, 
- autorizaciones de operaciones de concentración en varios Estados 
miembros sin tener en cuenta su efecto acumulativo. 
La única forma de mitigar estas consecuencias es reducir los 
umbrales o atribuir a la Comisión la competencia para examinar las 
operaciones de concentración que deban notificarse con arreglo a la 
legislación de varios Estados miembros. 
Si las empresas comunitarias pueden extender sus actividades en toda 
la Comunidad con sujeción a normas comunes, es imprescindible que 
los objetivos y métodos y los procedimientos de control nacionales y 
comunitario converjan en la medida de lo posible. De otro modo, se 
correría el riesgo de que las empresas intentaran diseñar 
operaciones de concentración a la medida de una u otra jurisdicción 
(búsqueda del foro más favorable), tanto entre jurisdicciones 
nacionales como entre una nacional y la comunitaria. 
Utilización de los procedimientos de reenvío 
10. El Reglamento contiene un mecanismo para los casos en que se puede 
intervenir mejor en el plano nacional, aunque se cumplan los 
umbrales del Reglamento comunitario. Se trata del artículo 9, en el 
- 7 -
que se contempla el reenvío de asuntos por parte de la Comisión a 
las autoridades nacionales de conformidad con el principio de 
subsidiariedad. 
Cuatro de las 5 solicitudes de reenvío mencionadas procedían del 
Bundeskartellamt y una de las autoridades competentes del Reino 
Unido. En tres asuntos (Varta/Bosch, Mannesmannn/Hoesch y Siemens/ 
Philips) la Comisión admitió que existía amenaza para la competencia 
y decidió examinar el asunto incoando el procedimiento de la segunda 
fase. Por lo general, la razón que llevó a la Comisión a intervenir 
ella misma, a pesar de la amenaza concreta para la competencia 
efectiva en un Estado miembro, fue que en esos asuntos no se podía 
determinar el alcance del mercado geográfico de referencia en la 
fecha de la decisión, sobre todo por tratarse de mercados que 
avanzan hacia una integración progresiva. 
En uno de los dos asuntos restantes (Alcatel/AEG Kabel), la Comisión 
concluyó que no existía amenaza para un mercado nacional o regional 
definido, por lo que autorizó la operación, tras haber dirigido una 
decisión al respecto a las autoridades nacionales competentes. 
En el otro asunto (Steetley Tarmac), la Comisión determinó que 
existía amenaza para un mercado geográfico local con respecto a 
algunos de los mercados de producto afectados (por ejemplo, 
ladrillos). Además, y dadas las especiales características de los 
demás mercados de producto afectados, no se producían efectos 
laterales importantes en mercados de otros Estados miembros, por lo 
que la Comisión remitió la evaluación de estos mercados de producto 
a las autoridades nacionales competentes. 
III. ALCANCE DE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO 
A. UMBRALES DE VOLUMEN DE NEGOCIOS 
Umbrales actuales 
1. Lo s umbrales de volumen de negocios fijados en 1989 se basaban en 
previsiones muy inciertas en cuanto a las fronteras exactas que 
separarían los casos que, por su volumen y su naturaleza, deberían 
ser notificados a escala comunitaria de aquellos que permanecerían 
sujetos a la jurisdicción nacional. El Consejo reconoció esta 
incertidumbre, comprometiéndose a revisar los umbrales dentro del 
plazo de cuatro años tras la adopción del Reglamento y declarándose 
dispuesto a considerar otros factores además del volumen de negocios 
en el momento de proceder a dicha revisión. 
Las propuestas y declaraciones originarias de la Comisión se basaban 
en la idea de que un umbral principal de 2.000 millones de ecus y un 
umbral de volumen de negocios mínimo de 100 millones de ecus 
cubrirían en circunstancias normales la mayor parte de las 
operaciones de concentración con repercusiones significativas para 
el comercio comunitario. Esto no significa que no pueda haber 
operaciones de concentración importantes por debajo de estos 
umbrales, sino que, por debajo de estas cifras, sus repercusiones 
- 8 -
son fundamentalmente nacionales; por lo tanto, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad, estas operaciones pueden ser analizadas 
de forma más eficaz a escala nacional. 
Principio de autoridad única y régimen de igualdad: una necesidad 
2. En el momento de la adopción del Reglamento sobre el control de las 
operaciones de concentración, se estimó que las principales ventajas 
que se derivarían de una competencia exclusiva de la Comunidad eran 
la institución de una autoridad única que sirviera de base para un 
régimen de igualdad de condiciones en lo que respecta al control de 
las fusiones, y de un sistema de adopción rápida de decisiones. 
Actualmente, la necesidad de una autoridad única y de un régimen de 
igualdad es aún mayor. 
Una de las consecuencias de la creación de sistemas de control de 
las operaciones de concentración en los Estados miembros (por 
ejemplo, en Bélgica, Italia y Portugal) será que habrá más 
"instancias" responsables de dar su visto bueno a determinadas 
concentraciones, especialmente en lo que atañe a las operaciones 
cuyos efectos sobre la competencia se extiendan a varios Estados 
miembros pero que, por no alcanzar los umbrales actuales, no se 
someterán al control de la autoridad única instaurada de conformidad 
con el Reglamento sobre operaciones de concentración. 
Al mismo tiempo, la necesidad de establecer un régimen de igualdad 
no se limita a las mayores empresas y a los sectores más importan­
tes. Con la progresiva integración del mercado único, se impulsará 
el comercio transfronterizo cada vez en más sectores, y participarán 
en él empresas de menor tamaño. La Comunidad se irá consolidando 
progresivamente como un mercado geográfico en su conjunto-*). Cabe 
pensar que los cambios provocados por el programa del mercado único 
han originado un proceso de fusiones transfronterizas sin prece­
dentes. El análisis de las fusiones4) que figura en el Anexo 1 así 
lo demuestra. Tras el lanzamiento del programa del mercado interior 
en 1985, y con el impulso de un clima económico favorable, las 
fusiones aumentaron significativamente y alcanzaron su nivel máximo 
en 1989/90. Ahora, debido al debilitamiento general de la economía, 
se observa un cierto descenso, aunque las cifras de operaciones de 
concentración aún se sitúan un 25% por encima de las registradas en 
el período 1986/87. 
No obstante, lo más significativo es que esta situación se debe 
fundamentalmente al considerable aumento de las operaciones comuni­
tarias frente a las operaciones nacionales. El análisis del primer 
gráfico del Anexo 1 muestra que las operaciones nacionales sólo se 
situaron un 30% por encima de las cifras alcanzadas en 1986/87, y 
que actualmente igualan dichas cifras. En cambio, las operaciones de 
alcance comunitario se situaron un 250% por encima del nivel 
alcanzado en 1986/87, y ahora siguen duplicando dicho nivel. Además, 
aparentemente, numerosas fusiones de dimensión comunitaria siguen 
quedando fuera del ámbito de aplicación del Reglamento. En la actua­
lidad, sólo entre 50 y 60 fusiones entran cada año dentro del ámbito 
de aplicación del Reglamento. Esta cifra debe compararse con las 282 
fusiones comunitarias contabilizadas en el último informe de la 
Comisión sobre la política de competencia correspondiente al período 
91/92. 
3) Siempre quedarán excepciones; por ejemplo, servicios no 
comercializables como el comercio local al por menor o la 
construcción. 
4) Véanse los informes de competencia de los años correspondientes. 
- 9 -
Caaos en los que no se han alcanzado los umbrales actuales 
3. Además del progresivo incremento de las actividades transfronterizas 
en la Comunidad, hay otro factor que demuestra que aún hay 
operaciones por debajo de los umbrales actuales que, por su volumen 
y su naturaleza, pueden afectar a las condiciones de competencia de 
la Comunidad en su conjunto y, por lo tanto, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad, serían analizadas de forma más satis­
factoria si se sometieran a una única jurisdicción comunitaria. 
Con frecuencia, a lo largo del período de aplicación del Reglamento, 
la Comisión ha examinado operaciones, normalmente durante la 
presentación de casos en reuniones previas a la fase de notifica­
ción, que, a pesar de que podían tener repercusiones significativas 
sobre las condiciones de competencia en toda la Comunidad, no 
entraban dentro del ámbito de aplicación del Reglamento al no 
alcanzar los umbrales de 5.000 y de 250 millones ni cumplían la 
regla de los dos tercios. En el Anexo 3 se exponen algunos ejemplos 
concretos al respecto. 
La lista que figura en el Anexo 3 cubre una amplia gama de sectores. 
Se pueden producir casos especialmente significativos en las 
operaciones relacionadas con determinados productos químicos o 
productos de alta tecnología; en estos ámbitos, o bien el volumen de 
negocios total en todo el mercado del producto suele ser relativa­
mente pequeño comparado con los umbrales actuales, o bien el volumen 
de negocios del sector suele ser pequeño (textiles, alfombras y 
productos derivados del papel). En este tipo de casos, incluso si 
una empresa muy grande con un volumen de negocios anual superior a 
2.000 millones de ecus adquiere una empresa más pequeña con una gran 
cuota de mercado comunitario, el hecho de que esta última tenga un 
volumen de negocios comunitario inferior al umbral de 250 millones 
de ecus significa que la operación queda completamente fuera del 
ámbito de aplicación del Reglamento. Por consiguiente, la mera 
reducción del umbral del volumen de negocios total a escala mundial 
no es suficiente. De hecho, hay una necesidad aún mayor de reducir 
el umbral comunitario. 
Tradicionalmente, los análisis se han centrado en el sector indus­
trial; sin embargo, también debe prestarse una atención adecuada al 
sector de servicios, de creciente importancia. Aunque una gran parte 
del sector se basa en servicios no comercializables, algunas activi­
dades fundamentales, como la edición, la publicidad o los servicios 
informáticos, van estructurándose progresivamente a través de las 
fronteras pero, con los umbrales actuales, permanecen fuera del 
ámbito de competencia comunitaria. 
Resultados de la encuesta 
4. Con el fin de analizar las repercusiones prácticas de la reducción 
de los umbrales, la Comisión ha realizado una encuesta especial 
entre casi 300 de las empresas más grandes de la Comunidad, y entre 
una serie de asociaciones que representan los intereses de la 
comunidad empresarial. Se consideró necesario realizar esta encuesta 
porque las bases de datos disponibles sobre fusiones y adquisiciones 
no estaban adaptadas al tipo de análisis requerido, sobre todo por 
la falta de datos comunitarios y nacionales, elemento fundamental 
- 10 -
para la aplicación de la regla de los dos tercios. Otra dificultad 
consistía en obtener datos sobre operaciones de empresas en 
participación. 
El objetivo de la encuesta era establecer qué operaciones habrían 
entrado dentro del ámbito del Reglamento en 1991 y 1992 si se 
hubieran adoptado las siguientes medidas: 
- reducción del volumen de negocios mundial de 5.000 a 2.000 
millones de ecus, 
- reducción del volumen de negocios comunitario de 250 a 100 
millones de ecus, 
- supresión de la regla de los dos tercios. 
Habida cuenta de las dificultades que entraña la aplicación de las 
normas sobre los umbrales en el sector financiero, los bancos y las 
compañías de seguros quedaron expresamente excluidos de la muestra. 
También fueron excluidas las empresas no comunitarias. A pesar de 
que la muestra analizada no es completa, se considera que, al margen 
de las citadas excepciones, representa a la gran mayoría de las 
empresas de la Comunidad con un volumen de negocios anual superior a 
2.000 millones de ecus. 
Francia, Alemania y el Reino Unido - los tres países en los que se 
concentra la mayor parte de las fusiones- representan más del 80% de 
las 276 empresas contactadas. La participación en la encuesta era 
voluntaria y, hasta la fecha, han respondido al cuestionario 174 
empresas, lo que representa un índice de respuesta del 63%. 
Número previsto de casos adicionales 
5. Extrapolando los resultados de la encuesta, se puede hacer una 
previsión del número de casos adicionales que entrarían dentro del 
ámbito del Reglamento si el umbral del volumen de negocios mundial 
se redujera de 5.000 a 2.000 millones de ecus, de conformidad con la 
declaración de la Comisión en el momento de la adopción del 
Reglamento, y si se redujera el umbral del volumen de negocios 
comunitario de 250 a 100 millones de ecus. Las previsiones arrojan 
un resultado de 50 nuevos casos si se mantiene la regla de los dos 
tercios. 
Teniendo en cuenta que las operaciones de concentración son 
enormemente fluctuantes, es imposible predecir con exactitud el 
número de casos nuevos que se producirían en este supuesto. No 
obstante, las cifras mencionadas son comparables a las previsiones 
de las autoridades británicas y alemanas responsables del control de 
-Il­
las operaciones de concentración, que estimaban que si se reducían 
los umbrales se duplicarían aproximadamente los 50-60 casos que la 
Comisión examina actualmente cada año. 
La regla de los dos tercios 
6. En la encuesta, la actual regla de los dos tercios no influyó en 33 
operaciones, de las cuales 24 tuvieron repercusiones 
transfronterizas. 
En 20 operaciones entró en juego la regla de los dos tercios. Nueve 
caaos afectaban a sectores como el comercio al por menor o la 
construcción y los productos relacionados con esta actividad, 
sectores con un mercado geográfico de referencia normalmente local o 
regional y cuya evaluación desde el punto de vista de la competencia 
se efectuaría en principio mejor a escala nacional que a escala 
comunitaria. Por otro lado, en lo que respecta a los once casos 
restantes, el mercado geográfico de referencia afectado por la 
operación era en general mucho más amplio que el Estado miembro en 
el que se aplicaba la regla de los dos tercios. Se trataba, por 
ejemplo, de los sectores siderúrgico, textil, de componentes de 
automóvil, de máquina herramienta y de equipamiento eléctrico para 
ferrocarriles. 
Si se sustituyera la regla de los dos tercios por una regla de tres 
cuartos, los nueve casos en los que el mercado geográfico era 
nacional seguirían quedando excluidos, mientras que, de los otros 
once casos, siete pasarían a entrar dentro del ámbito de aplicación 
del Reglamento. Más concretamente, ninguno de los casos específi­
camente mencionados anteriormente que afectaran a un sector con un 
mercado geográfico de referencia normalmente más amplio que el 
nacional quedaría excluido. 
Por lo tanto, la sustitución del umbral de los dos tercios por un 
umbral de tres cuartos podría constituir un criterio más adecuado 
para separar los casos de dimensión estrictamente nacional, que se 
tratarían mejor a escala nacional, de los casos con una dimensión 
comunitaria más amplia. Otra posibilidad sería suprimir la regla de 
los dos tercios cuando las empresas protagonistas de la fusión 
tuvieran un significativo volumen de negocios comunitario fuera del 
Estado miembro en el que se cumplieran los requisitos de aplicación 
de la regla de los dos tercios. Esto significaría que la regla de 
los dos tercios no se aplicaría cuando el volumen de negocios en 
otros Estados miembros superara un determinado umbral. En concreto, 
esta propuesta resolvería el problema que plantea la situación 
actual: grandes grupos empresariales como Siemens o Daimler Benz 
entran a menudo dentro del ámbito de aplicación de la regla de los 
dos tercios, como consecuencia de sus poderosos mercados nacionales 
y de su gran volumen de exportaciones a países no comunitarios, 
aunque las fusiones en las que participan tienen a menudo repercu­
siones significativas en toda la Comunidad. 
Posición de las instituciones comunitarias 
7. El Parlamento Europeo ya ha declarado formalmente que es partidario 
de reducir los umbrales. Más concretamente, en su Resolución rela­
tiva al Decimonoveno Informe sobre la política de competencia5), 
5) véase el punto 25 de la Resolución, así como el punto 25 del 
informe precedente DESMOND (documento A3-0374/90). 
- 12 -
aprobada el 24 de enero de 1991, afirmó que el umbral del volumen de 
negocios global a escala mundial, de 5.000 millones de ecus, era 
demasiado elevado -resultando poco realista- y que, teniendo en 
cuenta que el artículo 89 del Tratado CEE no constituye una base 
adecuada para evaluar las operaciones de concentración que se sitúan 
por debajo de los umbrales, apoyaría toda propuesta encaminada a 
reducir los umbrales fijados en el artículo 1 del Reglamento. 
En términos similares, el Comité Económico y Social ha cuestionado 
que el umbral a partir del cual se pone en marcha el procedimiento 
de control de las operaciones de concentración sea aceptable. En su 
Dictamen6) relativo al Vigesimosegundo Informe sobre la política de 
competencia, declaró que el umbral principal de 5.000 millones era 
demasiado elevado y planteaba muchas dudas. Además, consideró que 
este umbral no estaba justificado desde ningún punto de vista, ni 
económico ni de la política de competencia. 
Posición de los órganos de las administraciones nacionales y de 
defensa de la competencia 
8. La Comisión ha llevado a cabo un amplio proceso de consultas con 
expertos de los Estados miembros y representantes de los organismos 
nacionales de defensa de la competencia en torno a los resultados de 
su encuesta y de la conveniencia de reducir los umbrales, entre las 
que destaca una reunión multilateral celebrada el 21 de junio de 
1993. 
En su mayoría, las autoridades nacionales se mostraron satisfechas 
con el Reglamento pero contrarias a revisar los umbrales, alegando 
la falta de experiencia suficiente en la aplicación del texto. 
Aunque admitieron las ventajas de instaurar una autoridad única y un 
régimen de igualdad de condiciones, no reconocieron que se hubieran 
planteado problemas en un número significativo de casos por debajo 
de los umbrales actuales, ni en cuanto a operaciones cubiertas por 
varias jurisdicciones nacionales ni porque hubiera operaciones que, 
por su naturaleza, pusieran en peligro el juego de la competencia y 
no pudieran ser examinadas adecuadamente por las autoridades 
nacionales. En este contexto, recordaron el reciente reforzamiento 
de las políticas de control de las operaciones de concentración en 
Bélgica, Italia, Portugal y España. 
Algunas autoridades nacionales sugirieron, además, que la inflación 
mermaría gradualmente el valor real de los umbrales y que la suma 
del volumen de negocios de los nuevos Estados miembros después de la 
ampliación en 1995 supondría que algunas operaciones que ahora no 
alcanzan el umbral lo harían entonces. La Comisión admite estos 
argumentos, pero estima que sus posibles repercusiones sobre la 
cuestión de la jurisdicción serán limitadas. 
Dos autoridades vinculan la reducción de los umbrales al 
establecimiento de un procedimiento de investigación independiente 
que incluya, a largo plazo, la creación de una oficina europea de 
defensa de la competencia. 
Algunas autoridades consideran que toda ampliación de los poderes de 
la Comisión en materia de fusiones debería ser examinada en el 
contexto más amplio de una revisión general de la distribución de 
tareas entre la Comisión y los Estados miembros para la aplicación 
de las disposiciones sobre competencia del Tratado. 
6) Véase el punto 1.3.2. del Dictamen relativo al Vigesimosegundo 
Informe sobre la política de competencia aprobado por el Comité 
Económico y Social el 25 de noviembre de 1992. 
- 13 -
Observaciones de las asociaciones industriales nacionales y de 
empresas a titulo individual 
9. La UNICE y la Cámara de Comercio Internacional se muestran 
favorables a reducir exclusivamente el umbral principal de 5.000 a 
2.000 millones de ecus, pero sin otros cambios por el momento. 
Las asociaciones BDI, CBI y VNO/NCW-Países Bajos están firmemente a 
favor de la reducción del umbral del volumen de negocios mundial y 
de la supresión o flexibilización de la regla de los dos tercios. A 
excepción de la BDI, no desean que se reduzca el umbral del volumen 
de negocios comunitario de 250 millones de ecus. CNPF, AGREF y 
Confindustria están mayoritariamente en contra de la reducción de 
los umbrales, aunque Confindustria podría mostrarse favorable a un 
aumento gradual de las competencias de la Comunidad. Las 
asociaciones industriales danesa y griega se muestran aparentemente 
contrarias a la reducción de los umbrales. 
Todas las asociaciones industriales se oponen a una ampliación del 
actual ámbito de aplicación del artículo 9, en gran parte porque 
iría en menoscabo del principio de la autoridad única. 
La parte B del Anexo 2 contiene un resumen de las distintas 
posiciones. Las observaciones formuladas por las grandes empresas a 
título individual, recogidas en la parte C del Anexo 2, reflejan en 
general la misma posición que en el caso de las asociaciones. 
Repercusiones sobre la carga adicional de trabajo que supondría para 
la Comisión 
10. Representantes del sector, de asesorías jurídicas y de autoridades 
nacionales han expresado su preocupación en torno a la capacidad de 
la Comisión para mantener la eficacia de los procedimientos de 
control en caso de que tuviera que asumir la carga adicional de 
trabajo que originaría la reducción de los umbrales. 
Basándose en una serie de elementos, la Comisión estima que el 
incremento de personal necesario para hacer frente al mayor número 
de expedientes que generaría la reducción de los umbrales sería 
significativamente menor que el aumento proporcional del número de 
casos (entre 60 y 110 al año, aproximadamente). No obstante, resulta 
evidente que el Consejo y la Comisión deberían tomar en 
consideración este factor en su decisión definitiva. 
Valoración global 
11. Si, de conformidad con la declaración de la Comisión, se redujeran 
los umbrales relativos al volumen de negocios, 50') nuevos casos 
entrarían dentro del ámbito de aplicación del Reglamento sobre el 
control de las operaciones de concentración entre empresas. Sin 
embargo, si no se modificara el umbral de volumen de negocios 
comunitario, lo que parece preferir en general la comunidad 
empresarial, el aumento de casos regulados por el Reglamento sería 
probablemente mucho menor (inferior a 20). 
12. Desde el punto de vista económico, hay sólidos argumentos que 
aconsejan la reducción de los umbrales fijados en el apartado 2 del 
artículo 1. La progresiva integración de los mercados comunitarios y 
7) o 60, si se sustituye la regla de los dos tercios por una regla de 
tres cuartos. 
- 14 -
el consiguiente aumento del volumen de transacciones trans-
fronterizas exigen ampliar el ámbito de aplicación de las normas 
comunitarias sobre operaciones de concentración con objeto de que 
puedan ser analizadas de forma equitativa, con arreglo a un conjunto 
homogéneo de normas y bajo una -más que varias- autoridad de defensa 
de la competencia en toda la Comunidad. 
A pesar de ello, las autoridades competentes y los organismos 
nacionales de defensa de la competencia albergan serias dudas con 
respecto a la necesidad de proceder a una inmediata reducción de los 
umbrales cuando aún no se cuenta con experiencia suficiente en la 
aplicación del Reglamento en su redacción actual. 
Esta primera valoración se expone con más detalle en las 
conclusiones generales del presente documento, que se recogen en el 
punto IV. 
Utilización de otros criterios para repartir las competencias 
13. La aplicación de umbrales cuantitativos fijos es, inevitablemente, 
un método aproximativo y, en cierta medida, imperfecto para repartir 
las competencias entre la Comunidad y los Estados miembros. Lo ideal 
sería poder tomar en consideración tanto el criterio sectorial como 
el cualitativo. La dificultad radica en que estos criterios provocan 
auténticos problemas, especialmente para las instancias comuni­
tarias, cuya actividad se centra en el control a priori de las 
operaciones de concentración y exige rapidez en la adopción de 
decisiones. 
Otros criterios, como la cuota de mercado, pueden ser útiles, pero a 
menudo no se dispone de cifras o éstas son imprecisas. Normalmente, 
sólo pueden calcularse con exactitud tras un análisis exhaustivo, y 
en casos delicados suelen ser fuente de controversia. 
De forma similar, se podría considerar también la introducción de 
umbrales diferenciados sobre una base sectorial. Esto también provo­
caría considerables problemas. En primer lugar, plantearía dificul­
tades a la hora de establecer umbrales variables por sector para 
obtener una medida "equivalente" para el control de las fusiones. 
Además, la aplicación de los umbrales actuales se convertiría en una 
labor mucho más compleja, especialmente en los casos relacionados 
con empresas que ejerzan actividades en varios sectores. 
En lo que respecta a las empresas desde un punto de vista 
individual, la cifra del volumen de negocios, en general, está 
siempre disponible y es objetiva. El enfoque actual tiene la gran 
ventaja de ofrecer seguridad jurídica en lo que respecta a la 
distribución de competencias. 
Por lo tanto, las supuestas ventajas que se derivarían de la 
introducción de otros criterios como los datos sectoriales o 
cualitativos se verían compensadas en gran medida por las 
dificultades que plantearían en la práctica. 
B. REENVÍO CONFORME AL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 9 Y SOLICITUDES CON 
ARREGLO AL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 22 
14. El volumen de negocios de las empresas y la dimensión de los 
distintos mercados de productos varían considerablemente de un 
sector económico a otro. Una empresa petroquímica tiene como media 
- 15 -
un volumen de negocios mucho mayor que una empresa textil. Un único 
umbral tendrá necesariamente repercusiones distintas desde un punto 
de vista sectorial. Por lo tanto, la única forma de que aquellos 
sectores que tengan un volumen de negocios por debajo de la media 
obtengan las mismas ventajas que se derivarían de la existencia de 
una única jurisdicción, consiste en reducir los umbrales. Por otro 
lado, en aquellos sectores con un volumen de negocios relativamente 
elevado, la reducción de los umbrales puede traer como consecuencia 
una más frecuente notificación de operaciones de orientación más 
bien nacional. El reenvío de estos casos a los Estados miembros por 
parte de la Comisión permite afinar bastante en la asignación de los 
casos. Por consiguiente, cabe plantearse si no sería conveniente 
adoptar un enfoque más flexible con respecto a las posibilidades de 
reenvío que regula el artículo 9, en beneficio de una distribución 
de casos entre la Comisión y los Estados miembros más equilibrada. 
Hay una amplia gama de cambios técnicos que se podrían introducir en 
el artículo 9 para lograr este objetivo. Se podrían disponer, por 
ejemplo, los siguientes: 
- cuando una operación afecte sólo a mercados que representen una 
parte poco significativa de la Comunidad (por ejemplo, locales o 
regionales) dentro de un Estado miembro, podría suprimirse la 
exigencia de amenaza. En la práctica, esto significaría que la 
Comisión, previa solicitud, reenviaría al Estado miembro corres­
pondiente todos los casos de operaciones que no tuvieran reper­
cusiones para una parte sustancial de la Comunidad; 
- la exigencia de amenaza podría suprimirse en todos aquellos casos 
en los que el Estado miembro demostrara que una operación sólo 
afecta a un mercado definido dentro de dicho Estado miembro, se 
trate o no de una parte sustancial del mercado común. 
No obstante, teniendo en cuenta que, como norma general, la 
Comisión, cuando se le presenta una solicitud de reenvío 
justificada, reenvía el caso o inicia los procedimientos de la 
segunda fase, puede considerarse que, en su configuración actual, el 
artículo 9 constituye en términos generales un instrumento adecuado 
en caso de que se mantengan los umbrales actuales. 
15. Por último, algunas operaciones de concentración que estuvieran 
incluso por debajo del nuevo umbral podrían tener, no obstante, 
repercusiones significativas en el juego de la competencia a través 
de las fronteras. Por consiguiente, sería lógico mantener abierta la 
posibilidad de que los Estados miembros reenvíen casos a la Comisión 
de conformidad con el artículo 22. 
Conclusión 
Habida cuenta de la experiencia adquirida y de la evolución de la 
práctica de la Comisión con respecto a la aplicación del artículo 9, 
no resulta procedente, por el momento, modificar los procedimientos 
de reenvío fijados en el Reglamento. No obstante, en la revisión del 
Reglamento a la que se ha previsto proceder en el futuro se podría 
volver a examinar esta cuestión realizando algunos ajustes. 
C. OTRAS MEJORAS QUE EXIGEN LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
16. En el contexto de la revisión del Reglamento sobre el control de las 
operaciones de concentración, la Comisión también ha estudiado la 
- 16 -
posibilidad de introducir otras mejoras, relacionadas fundamental­
mente con cuestiones de procedimiento. A este respecto, se debe 
distinguir entre los cambios procesales que exigen la modificación 
del Reglamento y aquellos que pueden ser efectuados por la Comisión 
sobre la base de sus competencias. 
i) Compromisos en la primera fase 
17. Como ya se ha indicado anteriormente, en los primeros años de 
control de las fusiones, la Comisión consideró justificado aceptar 
compromisos de las empresas en la primera fase del examen. Se 
trataba de casos en los que el problema que se planteaba con 
respecto a la competencia estaba bien definido, tenía fácil solución 
y un seguimiento adecuado. Se pueden citar como ejemplos los asuntos 
Flat/Ford New Holland, Elf/Minol, Courtaulds/Snia y British 
Alrways/TAT. Esta fórmula proporcionaba a las partes notificantes la 
posibilidad de modificar su proyecto de concentración de modo que se 
eliminaran los problemas que presentaba el proyecto original sin 
sufrir innecesariamente la pérdida de tiempo que supone entrar en la 
segunda fase del procedimiento. 
Este enfoque ofrece una respuesta normativa proporcional a la 
magnitud del problema de competencia y una solución fácilmente ase­
quible. Además, el considerando n& 8 del Reglamento de aplicación8) 
establece la posibilidad de que los servicios de la Comisión exa­
minen con las empresas interesadas las dificultades encontradas en 
cualquier fase del procedimiento. 
No obstante, plantea algunos problemas con respecto al procedimiento 
y, especialmente, a la transparencia y la capacidad de la Comisión 
para vigilar el cumplimiento de compromisos que sólo pueden 
cumplirse una vez adoptada la decisión favorable. De acuerdo con 
otras jurisdicciones en materia de competencia, los compromisos 
propuestos deben hacerse públicos antes de ser aceptados mediante 
una decisión definitiva. La publicación de los compromisos 
propuestos antes de la decisión definitiva de la Comisión daría a 
los competidores y a las demás partes interesadas la posibilidad de 
formular observaciones. 
Por lo tanto, cabe considerar las siguientes modificaciones de la 
letra b) del apartado 1 del artículo 6: 
- Se podría establecer expresamente que la Comisión estuviera 
facultada para mantener las condiciones y obligaciones contenidas 
en su decisión; 
- Sin perjuicio del respeto de su carácter confidencial, los 
compromisos propuestos por las partes podrían comunicarse a los 
terceros interesados y, en caso necesario, publicarse en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas; 
- Además, cuando le fuera presentada una propuesta de solución en 
una fase tardía, la Comisión quedaría habilitada para prolongar el 
plazo normal de un mes previsto para la primera fase por un 
período adicional máximo de un mes; 
- Como corolario, sería necesario prever las mismas sanciones que 
las establecidas en el apartado 2 del artículo 8 con respecto a 
los casos de incumplimiento de los compromisos. 
8) Reglamento de la Comisión (CEE) ns 2367/90 de 25 de julio de 1990. 
- 17 -
Este nuevo procedimiento no sólo permitiría a la Comisión tener un 
conocimiento más detallado de las implicaciones prácticas de las 
condiciones fijadas, sino que además permitiría a los Estados 
miembros estar plenamente informados de cualquier compromiso 
propuesto y, en caso necesario, exponer sus observaciones a su 
debido tiempo. 
ü) Mayor transparencia de los compromisos en la segunda fase 
18. por las mismas razones que las aducidas en el punto 17, la Comisión 
podría, sin perjuicio del secreto comercial, dar a conocer a los 
terceros interesados la solución propuesta y, en su caso, publicar 
los compromisos propuestos en la segunda fase en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas. Esta fórmula dotaría de más transpa­
rencia al procedimiento de la Comisión y daría a los terceros 
interesados una más plena oportunidad de formular observaciones al 
respecto. 
No obstante, la experiencia muestra que, con frecuencia, las partes 
interesadas proponen compromisos cuando la segunda fase está 
relativamente avanzada. Cuando se propone un compromiso inmedia­
tamente antes o después de la reunión del Comité consultivo, normal­
mente, dadas las exigencias del procedimiento de la segunda fase, no 
sería posible publicar el compromiso, conceder a los terceros 
interesados el plazo necesario para formular sus observaciones y 
consultar a los Estados miembros antes de adoptar la decisión 
definitiva dentro del plazo original. Teniendo en cuenta el 
requisito de transparencia y los derechos de los terceros intere­
sados, por un lado, y las exigencias relativas al procedimiento, por 
otro, una solución adecuada y equilibrada podría ser la siguiente: 
- se habilitaría a la Comisión para prolongar el plazo normal de 
cuatro meses relativo a la segunda fase por un período adicional 
máximo de un año, cuando los compromisos no se presentaran con la 
suficiente antelación a la reunión del Comité consultivo con 
arreglo al apartado 1 del artículo 18; 
- la Comisión podría comunicar a los terceros interesados los 
compromisos propuestos y, en su caso, publicarlos en el Diario 
Oficial antes de adoptar una decisión favorable. 
iii) Modificaciones con respecto a entidades bancarias y de crédito 
19. En lo que respecta a la aplicación de las normas sobre el volumen de 
negocios a las entidades bancarias (es decir, entidades de crédito y 
otras entidades financieras), los balances, préstamos y anticipos 
sirven como instrumento para determinar el volumen de negocios 
nacional. Así está regulado en la letra a) del apartado 3 del 
articulo 5 del Reglamento. No obstante, la experiencia de la 
Comisión hasta la fecha en asuntos relacionados con entidades 
bancarias ha mostrado puntos débiles en la utilidad de este enfoque 
para resolver problemas como: 
- la distribución del volumen de negocios por áreas geográficas; y 
- el cálculo del volumen de negocios de entidades cuyas actividades 
no incluyen el préstamo o el adelanto de dinero o están enor­
memente diversificadas. 
El Consejo y la Comisión anticiparon parcialmente este problema. En 
su declaración conjunta, manifestaron que los criterios definidos 
- 18 -
como proporción de los balances deberían ser sustituidos por un 
concepto de ingresos bancarios similar al definido en la Directiva 
86/635. Actualmente, esta Directiva está incorporada a las 
legislaciones de todos los Estados miembros. 
La utilización del criterio de los ingresos bancarios, que incluye 
básicamente los derivados de los intereses, de los valores y de las 
comisiones por cobrar, así como el beneficio neto derivado de 
operaciones financieras, presenta varias ventajas. Permite a las 
entidades de crédito y financieras recibir un mismo tratamiento, así 
como tomar en consideración los ingresos no procedentes de 
actividades de préstamo, y refleja mejor la realidad económica que 
subyace a las actividades de estas entidades financieras. El 
criterio de los ingresos bancarios resulta, por lo tanto, más 
coherente y congruente. 
iv) Criterios de evaluación 
20. En su Resolución de 10 de octubre de 1991 (DO na C 280/140 de 
28.10.91), el Parlamento Europeo instó a la Comisión para que 
presentara al Consejo una propuesta de modificación del Reglamento 
sobre el control de las operaciones de concentración con objeto de 
introducir, en lo que respecta a la evaluación de las fusiones, 
criterios que reflejen consideraciones de carácter social, local, 
regional y de política ambiental. 
Debe señalarse aquí que dicho Reglamento contribuye al importante 
objetivo, consagrado en los artículos 3A y 130 del Tratado de 
Maastricht, de garantizar la libre competencia en una economía de 
mercado abierta. En opinión de la Comisión, es esencial mantener 
estos esfuerzos a través del Reglamento, ante la capital importancia 
que reviste la existencia de una competencia efectiva para el 
correcto funcionamiento del mercado interior. No obstante, el 
Reglamento también exige que la evaluación de las fusiones se ajuste 
a las normas generales sobre cumplimiento de los objetivos básicos 
contenidos en el Tratado (véanse su considerando n& 13 y el apartado 
1 de su artículo 2). En el Tratado, dichos objetivos abarcan los 
ámbitos social, regional y ambiental. El Tratado de Maastricht añade 
explícitamente a estos objetivos el de fortalecer la competitividad 
de la industria europea. 
Por lo tanto, sujeta al objetivo de garantizar la competencia 
efectiva, la Comisión puede evaluar las condiciones de la compe­
tencia y, en particular, analizar las posiciones dominantes con 
flexibilidad y considerando, en la medida de lo posible, otros 
objetivos comunitarios. 
Pero la Comisión sostiene que no sería correcto permitir que se 
creen posiciones dominantes en el mercado comunitario. Una política 
de este tipo podría, en primer término, perjudicar a los consumi­
dores y, en último término, iría en detrimento de las propias empre­
sas europeas. Minadas por falta de presión competitiva, éstas se 
volverían menos rentables y menos innovadoras que sus competidores 
extranjeros. Con todo, la Comisión, a la hora de evaluar las reper­
cusiones de las fusiones en la Comunidad, deberá tener en cuenta, 
naturalmente, la fuerza de las empresas extranjeras tanto en la 
Comunidad como en el mercado mundial. Al mismo tiempo, el fortale­
cimiento de las empresas europeas, encaminado a mejorar su competi­
tividad tanto en la Comunidad como fuera de ella, puede y debe ser 
- 19 -
tomado en consideración, siempre y cuando, como consecuencia de 
ello, no pasen a ocupar una posición dominante que pueda 
obstaculizar la competencia efectiva. 
En estas circunstancias, la Comisión estima que no hay suficientes 
razones que justifiquen la presentación al Consejo de una propuesta 
de modificación de los criterios de evaluación establecidos en el 
artículo 2 del Reglamento. Sin embargo, es plenamente consciente de 
la necesidad de que sus decisiones. En primer lugar, estén 
sólidamente razonadas en cuanto a los objetivos y criterios 
establecidos en el Reglamento y, en segundo lugar, se argumenten con 
la máxima transparencia posible, sin perjuicio de la protección de 
los legítimos secretos profesionales. 
D. EMPRESAS EN PARTICIPACIÓN 
Distinción entre empresas en participación (EP) que constituyen una 
concentración y empresas en participación (EP) de carácter 
cooperativo 
21. La distinción entre EP que constituyen una concentración y EP de 
carácter cooperativo ha demostrado, en la práctica, ser uno de los 
problemas más difíciles en la aplicación del Reglamento sobre 
operaciones de concentración. Desde un punto de vista estructural, 
las EP que desempeñan todas las funciones propias de una entidad 
económica independiente entran dentro del ámbito del Reglamento 
siempre que no impliquen coordinación del comportamiento competitivo 
de las empresas matrices entre sí ni entre éstas y la EP (párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo 3). Si se demuestra que existe 
coordinación, la EP se considera de carácter cooperativo y se regula 
por el Reglamento ni 17 y por el artículo 85 del Tratado. 
Partiendo de las cerca de 70 decisiones sobre EP adoptadas hasta la 
fecha con arreglo al Reglamento, se han podido establecer ciertas 
directrices y definir una frontera más clara y realista entre ambos 
tipos de EP. Esta evolución se ajusta a lo dispuesto en la 
Comunicación de la Comisión sobre operaciones de EP que constituyen 
una concentración y EP de carácter cooperativo, según la cual los 
principios establecidos en este texto deberán ser respetados y 
desarrollados por la práctica de la Comisión en casos individuales. 
La práctica desarrollada hasta la fecha ha permitido sentar los 
siguientes principios: 
- cuando una de las empresas matrices sigue presente en el mercado 
de la EP, mientras que la otra permanece inactiva o se retira con 
carácter duradero del mercado, la EP se considera normalmente 
constitutiva de concentración, 
- los elementos cooperativos de una EP no impiden que ésta sea 
considerada una concentración cuando dichos elementos revisten una 
importancia económica menor (regla "de minimis"), 
- cuando la coordinación del comportamiento competitivo entre las 
empresas matrices sólo se produce en mercados geográficos fuera de 
la Comunidad y no tiene repercusiones apreciables en la 
competencia intracomunitaria, se considera que la EP constituye 
una concentración a pesar de existir coordinación. 
- 20 -
En consecuencia, la Comunicación de la Comisión sobre operaciones de 
concentración y de cooperación debería modificarse, para garantizar 
la seguridad jurídica, en consonancia con la práctica desarrollada 
hasta la fecha. 
Tratamiento de las EP de carácter cooperativo 
22. Se ha reconocido que, frente a las EP que constituyen concentración, 
el tratamiento de las EP de carácter cooperativo que ejercen todas 
las funciones de una entidad económica ha sido menos favorable desde 
el punto de vista de la agilidad de los procedimientos y de la 
seguridad jurídica. Teniendo en cuenta que algunas EP de este tipo 
representan importantes cambios para las estructuras de las empresas 
participantes, la Comisión decidió, en diciembre de 1992, la 
adopción de una serie de medidas destinadas a facilitar la creación 
de EP de tipo cooperativo. Entre estas medidas se cuentan: 
- ampliación de las exenciones colectivas, 
- publicación de líneas directrices sobre evaluación de las EP de 
carácter cooperativo, 
- agilización de los procedimientos del Reglamento ns 17 en casos de 
"EP cooperativas que desempeñan las funciones propias de una 
entidad económica independiente". 
Estas nuevas medidas refuerzan el paralelismo en el tratamiento que 
da la Comisión a las empresas en participación reguladas por el 
Reglamento sobre operaciones de concentración, por un lado, y 
aquellas reguladas por el Reglamento n& 17. Se debe adquirir cierta 
experiencia en su respectiva aplicación antes de valorar la 
necesidad de introducir nuevas mejoras. 
EP "de minimis" 
23. Algunas EP notificadas revestían poca importancia económica o 
ejercían actividades fuera de la Comunidad sin repercusiones o con 
repercusiones mínimas dentro de ella. 
La dificultad reside en que, en algunos casos, una EP con un volumen 
de negocios mínimo puede, no obstante, ser importante. Esta 
situación puede tener su origen en el mercado del producto concreto; 
por ejemplo, en el caso Péchlney/Vlag, la EP tenía un volumen de 
negocios de sólo 20 millones de ecus, pero una cuota de mercado en 
la Comunidad del 33%. En otros casos, la causa radica en la 
importancia de sus empresas matrices. Por lo tanto, no parece 
aconsejable retirar estos asuntos completamente del ámbito de 
aplicación del Reglamento; más bien, conviene buscar una vía eficaz 
para su tramitación. 
Una posibilidad sería reducir las exigencias de notificación de las 
EP cuyo volumen de negocios anual esté por debajo de un umbral 
determinado. Sobre la base de la experiencia, parece conveniente 
situar este umbral entre 20 y 50 millones de ecus. En términos 
similares, se podría prever también la introducción de un umbral 
basado en las cuotas de mercado de las EP. Las partes interesadas 
sólo deberían rellenar las secciones 1 y 2 del formulario CO y 
proporcionar además determinada información básica sobre el mercado, 
de forma que se pudiera evaluar adecuadamente la importancia 
económica de la EP. 
- 21 -
Además, el problema de las EP que sólo ejercen sus actividades fuera 
de la Comunidad debe examinarse con arreglo a procedimientos 
simplificados. De acuerdo con la teoría de los efectos, uno de los 
principios del Derecho internacional, una autoridad de defensa de la 
competencia tiene competencia sobre aquellas operaciones que se 
realicen fuera de su territorio pero tengan efectos directos o 
indirectos y razonablemente previsibles en su territorio. A la luz 
de esta doctrina, se ha argumentado que, cuando una EP no tiene 
obviamente ninguna repercusión en los mercados del interior de la 
Comunidad, no debería haber notificación incluso si las empresas 
matrices cumplen los requisitos referentes al volumen de negocios 
del artículo 1. 
Pero, incluso en este caso, es necesario proceder a una somera 
evaluación de los efectos directos e indirectos de una operación 
realizada en los mercados comunitarios. Más aún, si no se notifica, 
permanece la duda sobre si la operación podría ser competencia de 
los Estados miembros. En estas condiciones, es preferible adoptar un 
enfoque pragmático que se caracterice por la flexibilidad de los 
requisitos de notificación y, en caso necesario, por un rápido 
procedimiento para la adopción de decisiones al amparo de lo 
dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 6. 
Cálculo del volumen de negocios de las empresas en participación 
24. En su declaración conjunta, el Consejo y la Comisión consideraron 
que debería revisarse el método de imputación a sus empresas 
matrices del volumen de negocios de una EP. De conformidad con lo 
dispuesto actualmente en el apartado 5 del artículo 5, el volumen de 
negocios de una EP controlada conjuntamente se imputará por partes 
iguales a sus empresas matrices, independientemente de la 
participación financiera y de los derechos de voto de cada una de 
ellas. 
Hasta la fecha, esta norma únicamente se ha aplicado en unos cuantos 
casos, sin haberse planteado dificultades; la norma sigue siendo 
válida desde el punto de vista del control compartido y, por lo 
tanto, no debería sufrir ningún cambio. 
IV. CONCLUSIONES GENERALES 
A. UMBRALES 
1. La Comisión se ha esforzado por explicar en el presente memorándum, 
que hay sólidos argumentos económicos que aconsejan la reducción de 
los umbrales. Las fusiones que puedan tener repercusiones 
significativas en todo el territorio del mercado interior incumben a 
la Comunidad y, lógicamente, con la progresiva integración de los 
mercados comunitarios, a ella corresponde su supervisión y control 
con arreglo a un conjunto homogéneo de reglas aplicables en todos 
los Estados miembros. El principio de autoridad única es razonable 
desde el punto de vista administrativo y positivo para el sector 
empresarial. A pesar de ello, la Comisión advierte de la necesidad 
de ser prudentes. El Reglamento, tal y como quedó configurado en 
1989, ha obtenido un éxito considerable, a pesar de haber sido 
recibido inicialmente con cierto escepticismo. De hecho, las normas 
que presiden el control de las operaciones de concentración por 
parte de la Comisión cuentan con una amplia aceptación no sólo entre 
los medios empresariales y jurídicos, sino también entre las 
autoridades nacionales. 
- 22 -
Asimismo, hay un alto grado de compromiso, tanto de los Estados 
miembros como de la Comunidad, para garantizar la aplicación eficaz 
del Reglamento. 
Por lo tanto, toda propuesta de cambio debe aportar ventajas 
significativas y no poner en entredicho los progresos alcanzados 
hasta el momento. A este respecto, la principal cuestión es la de la 
reducción de los umbrales; se trata de saber si las fusiones que no 
alcanzan los umbrales actuales serán lo suficientemente importantes 
-en cuanto a sus repercusiones sobre el comercio intracomunitario-
como para justificar una ampliación de las competencias de la 
Comunidad. Si sus repercusiones transfronterizas son importantes, 
entones es imprescindible reducir los umbrales. Si esto no se hace, 
la economía padecerá la falta de una única autoridad para todos los 
Estados miembros, y la Comunidad en su conjunto, especialmente los 
consumidores, sufrirá las consecuencias de la ausencia de un control 
eficaz de las operaciones de concentración de dimensión 
auténticamente comunitaria. 
Por el contrario, si sus repercusiones transfronterizas resultan ser 
menos significativas, una reducción de los umbrales podría producir 
las siguientes consecuencias: más solicitudes de reenvío a las 
autoridades de los Estados miembros, una menor seguridad jurídica 
para las empresas y un deterioro general de las relaciones 
constructivas que la Comisión ha ido tejiendo con las autoridades 
nacionales y con la comunidad empresarial. Los riesgos deben 
sopesarse con cautela. En opinión de la Comisión, los resultados de 
su encuesta tienden a sugerir que se perdería más si no se reducen 
los umbrales que si se mantienen tal y como están. 
Al mismo tiempo, del amplio proceso de consultas que ha llevado a 
cabo**), la Comisión deduce que la mayoría de las administraciones 
nacionales y los organismos responsables de la defensa de la 
competencia estima que no hay suficientes garantías de que la 
reducción de los umbrales vaya a suponer ventajas importantes que 
justifiquen la presentación de una propuesta en este sentido. 
Además, hacen hincapié en que una propuesta de modificación del 
Reglamento en este momento podría poner en peligro el consenso y el 
compromiso que han presidido la aplicación de dicho texto. Destacan 
el hecho de que no se hayan producido casos en los que la Comisión 
habría adoptado una decisión distinta que la de las autoridades 
nacionales, así como el reforzamiento, desde 1989, de las políticas 
de control de las operaciones de concentración de algunos Estados 
miembros. 
Se llama también la atención sobre los efectos que tendrá la 
inflación sobre el valor real de los umbrales (menos 15-20%) y sobre 
el hecho de que, si se amplia la Comunidad, habrá un incremento 
automático del volumen de negocios comunitario. La Comisión no cree 
que la inflación y la ampliación revistan especial importancia en lo 
que respecta a la jurisdicción. No obstante, estos factores no se 
pueden pasar por alto. La Comisión también es consciente de que, 
mientras la comunidad empresarial apoya de forma casi unánime la 
reducción del volumen de negocios mundial de 5.000 millones de ecus, 
sólo una pequeña minoría de las asociaciones sectoriales es 
partidaria por el momento de reducir el umbral comunitario de 250 
millones de ecus. 
En estas circunstancias, la Comisión cree que sería prudente 
adquirir más experiencia en la aplicación del Reglamento en sus 
9) Entre las que destacan las reuniones multilaterales celebradas los 
días 21 de junio y 14 de julio de 1993. 
- 23 -
términos actuales y vigilar los resultados de las políticas 
nacionales en la materia antes de elaborar una propuesta de 
revisión. 
El control de las fusiones de dimensión comunitaria es, no obstante, 
un elemento imprescindible para el funcionamiento del mercado 
interior, que se encuentra inmerso en un rápido proceso de 
integración. En su opinión, sería un error aplazar la revisión de 
los umbrales indefinidamente. Por consiguiente, su intención es 
plantearse de nuevo la posibilidad de presentar una propuesta al 
Consejo para reducir los umbrales como máximo a finales de 1996. 
B. REENVÍO 
2. Con respecto a los procedimientos de reenvío regulados por el 
artículo 9, la Comisión, a la luz del presente análisis, considera 
que por el momento no procede introducir ningún cambio específico en 
dicho artículo, aunque esta cuestión podría ser estudiada cuando se 
proceda a la revisión de los umbrales. 
De conformidad con el apartado 6 del artículo 22, la revisión de los 
apartados 3-5 del artículo 22 está vinculada a la de los umbrales; 
por lo tanto, se propone mantener las normas relativas al reenvío 
hasta que se hayan revisado aquéllos. 
C. OTRAS MEJORAS QUE EXIGEN LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
3. Dado que no se propone introducir ningún cambio por el momento con 
respecto a las principales cuestiones analizadas en el presente 
documento (umbrales y procedimientos relativos al reenvío), la 
Comisión sugiere que todas las posibles mejoras del procedimiento 
actual que requieran la modificación del Reglamento sobre el control 
de las operaciones de concentración, incluida la introducción del 
criterio de los ingresos bancarios para el cálculo de los umbrales, 
deberían aplazarse hasta que la Comisión presente una propuesta de 
modificación, especialmente en lo que respecta a los umbrales, de 
aquí a finales de 1996. 
D. MEJORAS QUE NO EXIGEN LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
4. Entretanto, la Comisión está estudiando una serie de mejoras del 
procedimiento que podrían materializarse a través de medidas 
adoptadas sobre la base de sus competencias. A este respecto, un 
objetivo esencial es aumentar el grado de transparencia en la 
aplicación del Reglamento. 
La transparencia resulta especialmente importante en lo referente a 
los compromisos aceptados por la Comisión en la primera fase del 
procedimiento. Podría plantearse supeditar la aceptación de tales 
compromisos a que las partes los ofrezcan con la suficiente 
antelación, de forma que los terceros interesados puedan formular 
sus observaciones con respecto a las soluciones propuestas a su 
debido tiempo. En caso de que las partes ofrecieran un compromiso 
demasiado tarde, cabrían dos soluciones: o bien podrían retirar su 
notificación inicial y volver a notificar un proyecto modificado de 
fusión, o bien la Comisión iniciaría los procedimientos 
correspondientes a la segunda fase. 
No obstante, si estas propuestas prosperaran, el número de casos que 
llegarían a la segunda fase se incrementaría. Por este motivo, sería 
conveniente que la Comisión, junto con el Comité consultivo sobre 
- 24 -
operaciones de concentración, considerara la posibilidad de 
establecer un procedimiento acelerado en la segunda fase para los 
casos bien definidos, cuando las partes propusieran una solución 
adecuada. Una posibilidad consistiría en distribuir la declaración 
regulada en el artículo 18, que contiene los compromisos, en un 
número limitado de lenguas, y en que el Comité consultivo aceptara 
emitir algunos dictámenes por procedimiento acelerado y escrito. En 
la mejor hipótesis, se podría adoptar la decisión definitiva con 
arreglo al artículo 8 en los casos en que, en el plazo de dos meses 
tras el inicio del procedimiento de la segunda fase, no hubiera 
conflicto. 
En cuanto a los compromisos ofrecidos por las partes transcurridos 
más de dos meses desde el inicio de la segunda fase, la Comisión 
podría optar por no aceptar tales compromisos, al haberse ofrecido 
cuando ya no resulta posible consultar a los terceros interesados. 
La Comisión podría introducir otras mejoras relativas a la 
transparencia y la seguridad jurídica elaborando recomendaciones 
sobre la aplicación del Reglamento en lo que respecta, por ejemplo, 
a cuestiones técnicas o jurídicas relacionadas con la competencia, 
el cálculo del volumen de negocios o el concepto de operación de 
concentración. En este contexto, la Comunicación de la Comisión 
sobre operaciones que constituyen una concentración y operaciones 
cooperativas debería modificarse en consonancia con la práctica 
desarrollada hasta la fecha. 
Con respecto a las empresas en participación de importancia 
económica menor, se podría llegar a una solución más eficaz 
aceptando la flexibilización de los requisitos de notificación para 
las empresas en participación cuyo volumen de negocios o cuota de 
mercado anual no supere un umbral determinado por la Comisión. 
Por último, el procedimiento decisorio sería mas transparente si el 
dictamen del Comité consultivo sobre los proyectos de decisión al 
amparo del artículo 8 fueran publicados al mismo tiempo de 
anunciarse por primera vez la decisión definitiva de la Comisión. En 
términos similares, la Comisión explicaría en su decisión los 
motivos por los que, en su caso, se hubiera apartado del dictamen 
emitido por el Comité consultivo. 
E. PROPUESTA 
En conclusión, la Comisión solicita al Consejo que proceda a la 
revisión prevista en el apartado 3 del artículo 1 y en el artículo 9 
del Reglamento 4064/89 a más tardar antes de finales de 1996. 
Asimismo, comunica que, a título informativo, remitirá el presente 
informe al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social. 
ANEXO i 
ANÁLISIS DEL VOLUMEN TOTAL DE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 
86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 
350 
300 f-Total operaciones 
Operaciones nacionales 
TotaL operaciones 
Operaciones nacionales 
TotaL operaciones 
Operaciones nacionales 
86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 
1) En estos pictogramas se observa la evolución del número de operaciones de 
concentración nacionales, comunitarias e internacionales, expresado 
mediante un índice a partir del año de referencia 1986/87 (=100). 
2) Este análisis se basa en los datos incluidos en el Informe anual sobre 
Competencia para cada periodo. 
3) Las operaciones analizadas son las adquisiciones de una participación 
mayoritaria o minoritaria, las fusiones y las empresas en participación 
industriales y comerciales. 
4) Las operaciones nacionales son aquellas en las que participan empresas de 
un mismo Estado miembro. Las operaciones comunitarias son aquéllas en las 
que participan empresas de diversos Estados miembros. Las operaciones 
internacionales son aquéllas en las que participan empresas de Estados 
miembros y de terceros países y que surten efectos en el mercado 
comunitario. 
tr 
REVISIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 
RESUMEN ESQUEMÁTICO DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS HASTA LA FECHA DENTRO DEL PROCESO DE COWSÜLTAS 
ENTIDAD POSTURA UMBRALES ¿S'ÍC-'.C 9 OTROS/GENERALIDADES 
GENERAL 5 COG mi I tones 250 millones 2/3 
> 
<r> 
X 
O 
ro 
suprimido en razan a la confidencialidad 
ANEXO 3 
Análisis cualitativo de los asuntos notificados previamente que 
fueron autorizados y de asuntos conocidos por otros medios 
por debajo de los umbrales vigentes 
En este anexo se enumeran diversas operaciones de concentración por debajo de 
los umbrales de volumen de negocios vigentes en la Comunidad y en el mundo, 
que fueron examinadas en el curso de reuniones sobre notificación previa 
celebradas entre las partes y la Task Force de operaciones de concentración 
durante los don primeros años y medio de la fase inicial de aplicación del 
Reglamento 4064/89. 
La lista no pretende ser exhaustiva, sino simplemente mencionar a modo de 
ejemplo una serie de casos de concentración con claros efectos 
transfronterizos que repercutían en los mercados de varios Estados miembros. 
Esta lista viene a completar los resultados de la encuesta llevada a cabo, en 
la que se han incluido adema» algunos de los asuntos que se exponen a 
continuación: 
* Suprimido en razón a la confidencialidad 
DEFINICIÓN DE MERCADO GEOGRÁFICO 
(CON ARREGLO A LAS DECISIONES ADOPTADAS) 
04 80 
60 
O 
20 
O 
comunitario mas de un 
Estado subnacional A 
no 
comunitario sin 
clasifi car cr. 
cr 
m x o 
ASUNTOS TRASFRONTERIZOS 
ANEXO 4 
UMBRALES DE NOTIK I CAC 1 ON 
EN LÀ'COMUNIDAD" UMBRALES 
OI'HRACIONES DE 5 000 MECU 
CONCENTRACIÓN CE >250 MECU 
REGLA 2/3 
FRANCIA VOLUMEN DE NEGOCIOS GLOBAL = 1000 MECU (7 000 MILLONES FF) 
DE MINIMIS = 2 000 MILLONES FF 
(CUOTA DE MERCADO 25%) 
ALEMANIA VOLUMEN DE NEGOCIOS GLOBAL = 250 MECU (500 MILLONES DM) 
DE MINIMIS = 50 MILLONES DM 
(4 MILLONES DM SI COMPRADOR > 1 000 MILLONES DM) 
REINO UNIDO ACTIVOS ADQUIRIDOS = 40 MECU (30 MILLONES UKL) 
(CUOTA DE MERCADO 2 5%) 
ITALIA 250 MECU (500 000 VOLUMEN DE NEGOCIOS GLOBAL 
MILLONES LIT) 
O EMPRESA OBJETIVO = 25 MECU (50 000 MILLONES LIT) 
PORTUGAL 
IRLANDA VOLUMEN DE NEGOCIOS GLOBAL = 2 5 MECU (5 000 MILLONES ESC) 
2 EMPRESAS, CADA UNA POR LO MENOS = ACTIVOS 4 MECU 
(5 MILLONES IRL) 
O VOLUMEN DE NEGOCIOS 10 MILLONES IRL 
BÉLGICA VOLUMEN DE NEGOCIOS GLOBAL = 
Y CUOTA DE MERCADO 2 0'í. 25 MECU (1 000 MILLONES FB) 
GRECIA VOLUMEN DE NEGOCIOS GLOBAL =75 MECU 
ESTADO:; UNIDOS i a PARTE : VOLUMEN DE NEGOCIOS O ACTIVOS = 
(100 MILLONES USD) 
2* PARTE : 10 MILLONES USD 7 5 MECU 
3/3 
So 
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COM(93) 385 final 
DOCUMENTOS 
ES 08 
N° de catálogo : CB-CO-93-439-ES-C 
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