1Introducción

El Reglamento (UE) n.º 1025/2012 (en lo sucesivo, «el Reglamento») establece el marco jurídico que permite a la Comisión encargar a las organizaciones europeas de normalización (OEN) la elaboración de normas y documentos de normalización para bienes y servicios en apoyo de las políticas y la legislación de la UE, para que la UE pueda respaldar el funcionamiento del sistema europeo de normalización, y establece criterios clave para el funcionamiento del sistema europeo de normalización.

De conformidad con el artículo 24, apartado 3, del Reglamento, la Comisión debe informar sobre su aplicación cada cinco años. En 2016, se publicó un primer informe que abarcó el período 2013-2015. El presente informe abarca principalmente el período 2016-2020, con la limitación de que algunos datos solo estaban disponibles hasta 2019, pero, en la medida de lo posible, incluye también datos y cifras actualizados hasta 2021. El artículo 24, apartados 1 y 2, del Reglamento exige que las OEN y otras organizaciones que reciben financiación de la UE presenten informes anuales sobre sus actividades. Estos informes se han tenido en cuenta en la elaboración del presente informe. Además de la recogida de datos, se encargó un estudio independiente.

2 Aplicación del Reglamento

La Comisión puso en marcha una serie de iniciativas y medidas para apoyar la aplicación del Reglamento. En apoyo de la Estrategia para el Mercado Único de 2015 y como parte del paquete sobre normalización de 2016, la Comisión puso en marcha una iniciativa conjunta sobre normalización. En un enfoque multilateral y de asociación, esta iniciativa tenía por objeto modernizar el sistema europeo de normalización para mantener su atractivo, eficacia y eficiencia. La iniciativa se dividió en quince submedidas diferentes, y los documentos están a disposición del público. En enero de 2018, se presentó un estado de la situación. Teniendo en cuenta también estas iniciativas y acciones, la aplicación actual del Reglamento puede resumirse como sigue a continuación.

2.1Transparencia entre los organismos de normalización (artículo 4)

El artículo 4 del Reglamento establece una serie de requisitos relativos a la transparencia de las normas entre las OEN y los organismos nacionales de normalización, y entre estas entidades y la Comisión.

Las herramientas en línea han facilitado el acceso a los proyectos de normas y la transparencia de las normas a las demás organizaciones europeas de normalización, los organismos nacionales de normalización y la Comisión, de conformidad con el artículo 4. Las herramientas en línea que las OEN comenzaron a utilizar en 2015 han facilitado el acceso a los proyectos de normas y la transparencia de las normas, como exige el artículo 4 del Reglamento, a nivel europeo, gracias a la introducción de un mecanismo que permite a los miembros de las OEN / las partes interesadas participantes, a la Comisión y a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) acceder directamente en línea a los proyectos de normas europeas y a los documentos de normalización. Por lo que se refiere a los organismos nacionales de normalización, en 2019, aproximadamente el 70 % contaba con herramientas en línea que facilitaban a las partes interesadas pertinentes el acceso a los proyectos de normas nacionales. No obstante, según la información facilitada por las organizaciones de la sociedad civil y las pequeñas y medianas empresas (pymes), el acceso a las actividades de los organismos nacionales de normalización sigue siendo un reto.

2.1.1Orientaciones

En 2015, como tarea adicional para promover la transparencia, la Comisión, en cooperación con las OEN, preparó un vademécum que proporciona orientación a los representantes de las OEN, los funcionarios de la Comisión, los Estados miembros de la UE y las partes interesadas sobre el papel de las peticiones de normalización de la Comisión, la manera de preparar y adoptar las peticiones de normalización y la manera de ejecutarlas. En 2016, la Comisión también publicó una lista de control general para que las OEN llevaran a cabo una autoevaluación a la hora de elaborar y presentar normas europeas armonizadas en apoyo de la legislación de la UE, a fin de promover la calidad de las normas y los documentos de normalización y su correcta publicación en el DOUE. En algunos casos, para determinados ámbitos políticos, la lista de control se adaptó a las especificidades de los actos legislativos y otros requisitos sectoriales.

Como parte de las orientaciones exhaustivas de la Comisión sobre la aplicación de la normativa europea relativa a los productos, la «Guía Azul» incluye una sección específica sobre normas (sección 4.1.2 y anexo VI).

2.2Inclusividad y participación de las partes interesadas, incluidos los organismos de investigación (artículos 5 y 9)

El artículo 5 del Reglamento exige que las OEN promuevan y faciliten una representación adecuada y una participación efectiva de todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las pymes, las organizaciones de consumidores y las partes interesadas de los ámbitos social y medioambiental, en sus actividades de normalización. Las organizaciones de partes interesadas identificadas que reciben financiación de la UE actualmente (también denominadas «organizaciones del anexo III») son: Small Business Standards (SBS), la Asociación Europea para la Coordinación de la Representación de los Consumidores en la Normalización (ANEC), la Organización Medioambiental de Ciudadanos en favor de la Normalización Europea (ECOS) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que representan, respectivamente, los intereses de las pymes, los consumidores, el medio ambiente y los trabajadores.

A escala europea (artículo 5, apartado 1, del Reglamento), las organizaciones del anexo III pueden optar a la participación a nivel político en los órganos rectores de todas las OEN y a nivel técnico, en los órganos técnicos del CEN/Cenelec y en los comités técnicos del ETSI. Desde el último informe, se han emprendido nuevas iniciativas encaminadas a seguir mejorando su inclusión y participación efectiva.

En 2017, el CEN y el Cenelec introdujeron un cambio por el cual las organizaciones del anexo III no industriales (ANEC, CES y ECOS) pueden emitir opiniones formales sobre los proyectos de normas (el denominado «derecho de opinión»). En caso de opinión desfavorable, el comité técnico responsable de la elaboración de la norma de que se trate debe considerar la justificación que acompañe a la opinión y transmitir sus reacciones. También puede dar lugar a revisiones del proyecto de norma. En general, del total de opiniones formales emitidas por los agentes sociales, el 76 % fueron favorables.

En 2017, el ETSI puso en marcha el programa «3SI» para colaborar con las organizaciones del anexo III. Este programa incluye mesas redondas con responsables de la gobernanza del ETSI y un representante de las partes interesadas del ETSI (el «defensor del 3SI») para debatir cuestiones de inclusividad. El ETSI no ha introducido mecanismos similares a los del CEN y el Cenelec para conferir a las organizaciones del anexo III no industriales un papel más estructural en el proceso de elaboración de normas, como el derecho de opinión formal. SBS expresó su insatisfacción con la inclusividad del ETSI en el verano de 2021 en la consulta pública sobre la hoja de ruta para una futura estrategia sobre normalización de la Comisión, señalando que, «hasta la fecha, el ETSI no ha dedicado suficientes recursos y presupuestos para aumentar su inclusividad», como manifestó también otra asociación de pymes. Otras organizaciones financiadas en virtud del Reglamento han transmitido opiniones similares en los informes pertinentes con arreglo al artículo 24. Por ejemplo, el informe de la ANEC para 2019 cita lo siguiente: «El ETSI se muestra reacio a ampliar sus disposiciones en materia de inclusividad, ya que considera que ya se ajusta al Reglamento. Sin embargo, las organizaciones del anexo III consideran que este no es el caso». Del mismo modo, la ECOS afirma lo siguiente: «La participación de las organizaciones del anexo III en el ETSI sigue siendo más compleja que en las otras dos OEN». Uno de sus argumentos es que no puede disociarse la inclusividad del proceso de los derechos de voto, ya que en el ETSI los derechos de voto de las partes interesadas del sector industrial suman más derechos de voto que todas las demás categorías de partes interesadas o autoridades. El porcentaje de derechos de voto del ETSI correspondiente a los organismos nacionales de normalización procedentes de los Estados miembros de la UE es de alrededor del 2 %. El derecho de voto de otras partes interesadas no industriales (sociedad civil, mundo académico, investigación) apenas cuenta en caso de voto.

Algunas categorías de partes interesadas se han hecho eco de estas preocupaciones, en particular por lo que se refiere a la accesibilidad, ya que algunos representantes de personas con discapacidad tuvieron dificultades para percibir el proceso como inclusivo y dependieron de contactos con asociaciones de consumidores. Si bien, en sentido estricto, este enlace a través de asociaciones de consumidores no es contrario al Reglamento, las preocupaciones de las distintas categorías de partes interesadas cuestionan si se está prestando suficiente atención a la inclusividad.

2.2.1Organismos de investigación

Por lo que se refiere a la aplicación del artículo 5, apartado 2, y el artículo 9 del Reglamento, los informes de las OEN destacan que hubo diferentes actividades de cooperación con organismos de investigación. Sin embargo, los informes no son totalmente claros en lo relativo a la eficacia de las actividades, por ejemplo, sobre sus efectos en la adopción de normas específicas o en una mayor participación.