ES Diario Oficial de la Unión Europea C 303/27

Informe final del Consejero Auditor en el Asunto COMP/C.38.620 — Peróxido de hidrógeno y perborato

(elaborado con arreglo a los artículos 15 y 16 de la Decisión 2001/462/CE, CECA, de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los Consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia — DO L 162 de 19 de junio de 2001, p. 21)

(2006/C 303/20)

El proyecto de Decisión del asunto mencionado suscita las siguientes observaciones:

La investigación de la Comisión relativa a un posible incumplimiento del artículo 81, apartado 1, del Tratado CE y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE en el sector del peróxido de hidrógeno et del perborato se inició tras una solicitud de dispensa del pago de multas presentada en aplicación de la Comunicación de la Comisión de 2002 relativa a la dispensa del pago de multas y la reducción de su importe en casos de cártel (la «Comunicación sobre clemencia»).

Procedimiento escrito

El 26 de enero de 2005 se adoptó un pliego de cargos que fue enviado a dieciocho partes que, tras un primer análisis, parecían haber participado en el acuerdo o asumir la responsabilidad de dicha participación, a saber:

Akzo Nobel N.V., y sus filiales Akzo Nobel Chemicals Holding AB y EKA Chemicals AB; Degussa AG; Edison SpA; FMC Corporation y su filial FMC Foret SA; Kemira OYJ; L'Air Liquide SA y su filial Chemoxal SA; Snia SpA y su filial Caffaro SpA; Solvay SA/NV y su filial Finnish Peroxides OY/AB; Solvay Solexis SpA (antes Ausimont SpA); Total SA y sus filiales Elf Aquitaine SA y Arkema SA.

Los destinatarios del pliego de cargos recibieron un CD-ROM para acceder al expediente. Solo se pudo consultar las declaraciones orales realizadas en el marco de la Comunicación sobre clemencia en los locales de la Comisión. Ninguna de las empresas destinatarias estaba autorizada a hacer copias de esos documentos, pero tenían la posibilidad de tomar notas y/o de efectuar una transcripción no oficial de los mismos. Las empresas destinatarias recibieron también autorización para leer las transcripciones efectuadas por la Comisión, pero no para hacer copias de las mismas.

Varias partes solicitaron una ampliación del plazo para transmitir su respuesta al pliego de cargos, ampliación que concedí, en algunos casos, por motivos legítimos. Todas las partes respondieron dentro de los plazos fijados.

Solicitud particular en materia de acceso al expediente:

Air Liquide/Chemoxal mostraron su desacuerdo con las modalides de acceso a las declaraciones orales, que solo podían consultarse en los locales de la Comisión, y solicitaron copias de las declaraciones grabadas y de sus transcripciones.

Consideré que esta petición no era procedente por los siguientes motivos: i) las transcripciones son documentos internos de la Comisión, que no está obligada, según la jurisprudencia, a transmitir a las partes y ii) las declaraciones orales grabadas son documentos accesibles, pero a los que la Comisión no está obligada a permitir el acceso según modalidades particulares. Al permitir el acceso a esos documentos en sus locales, la Comisión respeta plenamente los derechos de defensa de las partes, evitando a la vez que su programa de clemencia interfiera con los procedimientos aplicables en otros países, especialmente en Estados no comunitarios.

Varios destinatarios solicitaron un acceso complementario al expediente. Algunos documentos que figuran en el expediente de la Comisión se habían clasificado como documentos confidenciales, cuando su divulgación no era susceptible de perjudicar grave e irreparablemente a quienes los habían remitido. La Dirección General siguió mi consejo y les permitió el acceso. Todas las partes, excepto Solvay y Solexis, se mostraron de acuerdo con la solución.

Solexis y Solvay solicitaron el acceso a ciertos informes sectoriales mensuales elaborados por Degussa. Dichos informes se redactaron durante el periodo de la infracción y contienen observaciones de Degussa sobre la estructura y la evolución del mercado, las últimas variaciones de precios y las reacciones de los competidores, y exponen sus propias estrategias a corto plazo. A petición mía, todos los informes desde 1996 hasta 1999 (incluidos) ya habían sido transmitidos a Solvay y a Solexis, pero dichas empresas deseaban asimismo recibir todos los informes desde el 1 de enero de 2000 hasta junio de 2001. En una decisión tomada en virtud del artículo 8 de la Decisión relativa al mandato de los Consejeros auditores, consideré que se les debía remitir la versión publicada de dichos informes. Los informes eran confidenciales, por principio, ya que se referían a las normas de acceso al expediente, pero contenían datos que podían resultar útiles para su defensa. Los informes describían especialmente el comportamiento de las empresas en el mercado y mencionaban algunos casos en los que las empresas parecían no haber tenido en cuenta acuerdos supuestamente ilegales. Por lo tanto, podían ser considerados documentos de descargo, aunque parcialmente. Sin embargo, consideré que el contenido principal de los datos recogidos en la segunda serie de informes era de un interés muy limitado para los derechos de defensa de las partes que habían presentado la demanda y que, visto su carácter confidencial, no se debían divulgar.

Acceso a las respuestas al pliego de cargos

Solvay solicitó acceder a las respuestas al pliego de cargos de las otras partes. Consideré que esa petición no era procedente. Según jurisprudencia reiterada (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2000 en los asuntos acumulados T-25/95 y otros, Cimenteries, puntos 380 y siguientes), la Comisión no está obligada a comunicar a todas las partes las respuestas al pliego de cargos. Sin embargo, de esta misma jurisprudencia se desprende que si la Comisión encuentra imputaciones en la respuesta de una de las partes y que las utiliza contra otra parte, está obligada a comunicar los datos en cuestión y a dar a esta otra parte un plazo adecuado para poder presentar sus observaciones. Por tanto, esto es lo que se hizo, dado que las imputaciones contra FMC Corp. y FMC Foret que aparecían en las respuestas de Solvay y de Degussa habían sido comunicadas a las partes afectadas.

Procedimiento oral

Todas las partes estuvieron presentes en la audiencia, que tuvo lugar los días 28 y 29 de junio de 2005 y durante la cual las discusiones fueron bastante encendidas, especialmente entre las partes.

Correlación entre el proyecto de Decisión y la evaluación preliminar recogida en el pliego de condiciones

Dados el razonamiento expuesto por las partes a la Comisión y los elementos de hecho mencionados en sus respuestas escritas y en la audiencia, el ámbito de la infracción se redujo considerablemente.

Productos al amparo del acuerdo

El percarbonato de sodio («PCS») fue eliminado, por lo que el proyecto de Decisión se refiere únicamente al peróxido de hidrógeno y al perborato.

Infracciones cometidas y duración de las infracciones sobre la base de las pruebas aportadas

— Se consideró que Air Liquide y Chemoxal podían beneficiarse de la prescripción, en lo relativo a las multas impuestas, dado que su participación en el acuerdo se podía demostrar únicamente en el período que finalizó el día 31 de diciembre de 1997, y que, por lo tanto, no se les podía imponer ninguna multa si la infracción había cesado antes del día 25 de marzo de 1998.

— De manera general, no se aceptaron las imputaciones basadas en una única acusación, impugnadas por la empresa en cuestión y no corroboradas por otras pruebas, ya que la carga de la prueba incumbe a la Comisión. Por tanto, la duración de la infracción se redujo muy significativamente en el caso de FMC y de FMC Foret, y se acortó en el caso de Caffaro.

— No obstante, el proyecto de Decisión recoge algunos hechos que solo se basan en declaraciones únicas, pero que no fueron impugnados por las partes a las que hacen referencia, y que son admisibles en el contexto general en el que se utilizan. En esas condiciones, considero este enfoque aceptable con respecto a los derechos de defensa, a pesar de que algunos elementos se basan en una acusación única.

A mi juicio, el proyecto de Decisión final se basa solamente en los cargos respecto de los cuales las partes han tenido ocasión de dar a conocer su opinión, y se ha respetado el derecho a ser oído.