ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2.2

Muchas empresas, en particular las pymes, que representan el 99 % del total de negocios de la UE, no aprovechan (o no lo hacen plenamente) las oportunidades que brinda la protección de la PI. Fomentar el uso de la protección de la PI entre las empresas de la UE —con especial énfasis en las pymes y las microempresas— debe ser el aspecto central del plan de acción sobre PI. Las medidas necesarias son muy diversas, desde la necesidad de reducir costes, simplificar los procedimientos y mejorar la concienciación y el conocimiento hasta el asesoramiento y apoyo personalizados y la modernización del sistema educativo en lo referente a los conocimientos especializados en materia de DPI.
5.5.

La Directiva SRI 2 prevé que los operadores críticos de los sectores considerados «esenciales» en la propuesta en examen estén sujetos también a obligaciones generales de refuerzo de la resiliencia, con especial atención a los riesgos no cibernéticos, tal como se contemplan en la propuesta de Directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas. No obstante, esta última indica expresamente que no se aplica a las materias abarcadas por la Directiva SRI 2. En efecto, la propuesta de Directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas prevé que, dado que la seguridad informática se aborda ya de forma suficiente en la Directiva SRI 2, las materias reguladas por esta última deben excluirse de su ámbito de aplicación, sin perjuicio del régimen especial para las entidades del sector de las infraestructuras digitales. La propuesta de Directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas prosigue destacando que las entidades pertenecientes al sector de las infraestructuras digitales se basan esencialmente en sistemas de red y de información y entran en el ámbito de aplicación de la Directiva SRI 2, que aborda también la seguridad física de dichos sistemas como parte de sus obligaciones de gestión del riesgo de seguridad informática y de notificación. Al mismo tiempo, la propuesta de Directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas indica que no se excluye que puedan aplicarse a estas entidades disposiciones específicas de la misma.
3.7.

El CESE recuerda la necesidad de alcanzar todos los objetivos de la política energética desplegada a través del Reglamento RTE-E. Las redes energéticas aseguran las interrelaciones entre productores y usuarios. Constituyen en cierto modo el «núcleo del reactor» del sistema energético. La propuesta de Reglamento sometida a examen resultaría beneficiada si se enmarcase en esta dinámica de integración –en particular el desarrollo de los prosumidores de las cooperativas– y no se limitase a hacer una tímida referencia en el considerando 13 (aunque se refiere a la «integración del sistema energético», el proyecto no consigue resituar el lugar que ocupan las infraestructuras energéticas transeuropeas en esta dinámica estratégica de planificación y funcionamiento coordinados) de cara a desarrollar su propósito esencial de favorecer el equilibrio, la resiliencia y el desarrollo del sistema energético. Con este objetivo en mente, es necesario aclarar el grado de desarrollo de la capacidad de interconexión entre cada Estado miembro, que debería centrarse más en eliminar los cuellos de botella que en las medias generales (10 % en 2020, 15 % en 2030). El CESE considera que la propuesta analizada carece particularmente de ambición y de recursos.
4.9

Dado que a menudo no está claro qué actos de la UE conllevarán medidas de ejecución, el CESE considera que se podrían evitar los retrasos y la inseguridad jurídica si la propuesta no permitiera únicamente a las organizaciones de la sociedad civil solicitar la revisión de dichos actos una vez que se hayan adoptado las medidas de ejecución. Al CESE le preocupa que su redacción pueda eximir de la revisión interna a muchos, si no a la mayoría, de los actos y omisiones de la UE. A este respecto, el CESE subraya que el acceso a los tribunales nacionales, junto con la posibilidad de formular una cuestión prejudicial, no puede sustituir el acceso al mecanismo de revisión interna.
3.1.2.

Cualquier restricción de los derechos fundamentales en el contexto de un estado de excepción provocado por una situación extraordinaria de crisis deberá estar justificada, revestir carácter temporal y proporcionado, y estar autorizada en circunstancias específicas por un parlamento elegido democráticamente. Si bien una justicia independiente brinda ciertamente protección frente a actos administrativos injustificados, la democracia no puede funcionar a largo plazo si los ciudadanos no gozan plenamente de sus derechos. Los legisladores, los gobiernos y los servicios públicos no solo deben actuar con arreglo a los derechos fundamentales, sino también ser garantes de los mismos.
1.3

No obstante, el CESE estima que la propuesta presentada no establece un mecanismo ágil de transposición de las normas adoptadas en la NAFO y no solventa la necesidad de actualizar anualmente las mismas.
7.1.

Con la reciente —y todavía en curso— pandemia de COVID-19, la sociedad está comprobando sobre el terreno el uso de la tecnología digital, lo que está planteando numerosos nuevos desafíos. La necesidad de comunicarse, estudiar y trabajar a distancia ha mostrado que hay muchas personas que no están suficientemente preparadas para hacer un uso eficaz de las tecnologías digitales más modernas, y que la infraestructura digital no es capaz de garantizar la igualdad de acceso ni la participación inclusiva a través de las tecnologías digitales. No se han reforzado las redes digitales para hacer frente al aumento de la carga, y deberán realizarse inversiones suficientes para facilitar una comunicación de alta velocidad y eficiente, no solo con fines comerciales sino también en el marco de la vida privada, incluso en las zonas remotas.
2.4.

Este Reglamento prorrogará, salvo algunas modificaciones marginales, los Reglamentos vigentes actualmente, en particular para prever las dotaciones presupuestarias correspondientes a las medidas prorrogadas. Modificará los Reglamentos siguientes: — Reglamento (UE) n.o 1303/2013 (1): disposiciones comunes relativas a los Fondos Europeos (artículos 1, 2 y 3); — Reglamento (UE) n.o 1305/2013 (2): ayuda al desarrollo rural (Feader) (artículos 6 y 8); — Reglamento (UE) n.o 1306/2013 (3): financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común (artículos 6, 7 y 9); — Reglamento (UE) n.o 1307/2013 (4): normas aplicables a los pagos directos (FEAGA) (artículo 10); — Reglamento (UE) n.o 1308/2013 (5): organización común de mercados (OCM) (artículos 6, 7 y 11); y — Reglamento (UE) n.o 228/2013 (6) [y Reglamento (UE) n.o 229/2013 (7)]: medidas específicas en favor de las regiones ultraperiféricas (POSEI) (y medidas específicas en favor de las islas menores del mar Egeo) (artículos 12 y 13).
2.6.

Pese a esta tendencia positiva, a los acuerdos sociales favorables y a los esfuerzos acometidos en materia de mejoras salariales y de habitabilidad a bordo, confort y telecomunicaciones, la pesca sigue sin ser atractiva para los más jóvenes. Unas veces porque la actividad se desarrolla en un medio natural hostil, otras por la falta de una adecuada conciliación familiar de los embarcados y otras porque no se ha sabido comunicar esas mejoras, lo cierto es que ni durante la crisis económica de los últimos años se ha conseguido acercar a los más jóvenes al sector. No son muchos los empresarios potenciales que optan por la profesión de pescador para crear su propia empresa; en algunos países, los propietarios de buques pequeños no tienen acceso a la jubilación anticipada, aunque trabajen bajo las mismas duras condiciones que sus empleados. Las cuestiones de índole social no se limitan a las condiciones de pesca a bordo. También es menester mejorar las condiciones de vida en tierra. Algunos estudios demuestran que las comunidades pesqueras y las localidades portuarias han de hacer frente con frecuencia a elevados niveles de pobreza, carecen de servicios públicos y presentan condiciones de vida deficientes. Igualmente, se infravalora el papel que desempeñan las mujeres, y en especial las cónyuges, en la prosperidad de este sector. Es necesario llevar a cabo una investigación más profunda sobre estos aspectos sociales.
1.1.

El CESE observa que el papel internacional del euro aún no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis financiera. Aunque el CESE acoge favorablemente y considera necesarias las medidas que propone la Comisión Europea en la Comunicación, puede que no vayan lo suficientemente lejos, dada la magnitud de los desafíos sociales y económicos que deben afrontarse en la zona del euro. La cohesión social, la convergencia económica al alza y el fomento de la competitividad y la innovación, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes), deberían ser la base sobre la que la economía de la zona del euro se recupera y logra que el euro desempeñe un papel más relevante a escala internacional.
3.7.

Las proyecciones de la UE demuestran que el consumo de energía primaria en 2030 no debe superar los 1 273 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) con un consumo de energía final por debajo de los 956 Mtep. Las proyecciones equivalentes para los veintisiete Estados miembros de la UE demostrarán que el consumo de energía primaria no debe ser superior a 1 128 Mtep, mientras que el consumo de energía final no debe superar los 846 Mtep.
2.6.

El CESE apoya el denuedo por simplificar la política de cohesión y acoge con agrado la reducción del número de objetivos de 11 a 5, dado que ello permitirá concentrar los recursos en cuestiones prioritarias, como la competitividad de las empresas y los derechos de las personas. No obstante, tener menos normas y que estas sean más claras y breves no debe suponer que los Reglamentos sean menos eficientes a la hora de lograr sus objetivos generales y específicos. En particular, una mayor simplificación no debe implicar que la propuesta de Reglamento abandone los principios transversales que son parte integrante del acervo europeo.
5.9.

El artículo 20 revisado introduce un motivo específico para la retirada del reconocimiento de un tercer país por no haber proporcionado gente de mar a la flota de la UE durante al menos cinco años. El CESE desea aclarar que la decisión final sobre la retirada o no del reconocimiento competerá a los Estados miembros con arreglo a los procedimientos habituales del COSS, y que este procedimiento permite un margen de apreciación para tener en cuenta la información pertinente facilitada por los Estados miembros. El CESE, aun cuando fundamentalmente apoya esta revisión, desea señalar que, en aras de un aprovechamiento apropiado de los recursos, sigue siendo válido el argumento de si un tercer país no proporciona ningún o un número considerable de capitanes y oficiales. En este contexto, y de forma totalmente conforme con los procedimientos, el CESE propone la posibilidad de retirar el reconocimiento de un tercer país si este no proporciona un número significativo de capitanes y oficiales durante al menos cinco años.
5.9.

El CESE reconoce el potencial de eventual pérdida de puestos de trabajo a gran escala (por ejemplo, para conductores de autobús y camión) si se introduce con éxito la plena automatización (nivel 5) en el futuro. El Comité pide a la Comisión que reconozca la preocupación generalizada de que la introducción de nuevas tecnologías/digitalización/automatización en un amplio abanico de sectores (transportes, industria manufacturera, servicios financieros, etc.) pueda conducir a una pérdida de puestos de trabajo a gran escala y a que se creen relativamente pocos empleos nuevos para sustituirlos. El CESE sostiene que los beneficios de las nuevas tecnologías/digitalización/automatización deben ser compartidos por la sociedad en su conjunto, y no utilizarse simplemente para beneficiar a empresas privadas en la reducción de sus costes laborales. No obstante, también es importante señalar que, incluso hoy en día, los conductores profesionales no se limitan a conducir un vehículo, y que en el futuro, cuando se reduzca la necesidad de conducción pura (con el nivel 5), las tareas de los profesionales del sector del transporte podrán ampliarse aún más, lo que podría compensar en gran medida la reducción de las tareas de mera conducción.
5.1.

De acuerdo con la exposición de motivos, se prevén exenciones de las normas de emisión de CO 2 para los vehículos profesionales. En el artículo 1, párrafo segundo (cálculo de las emisiones de referencia de CO 2 ), y en el artículo 4 (emisiones específicas medias de un fabricante) se establecen exenciones específicas. Por otro lado, no se mencionan en el artículo 2 (ámbito de aplicación) ni en el artículo 6 (objetivos de emisión específicos de los fabricantes). Por lo tanto, la situación de estos vehículos no parece del todo clara en la propuesta de Reglamento. No obstante, parece que los vehículos profesionales estén de hecho cubiertos por los objetivos de reducción de CO 2 establecidos en el artículo 1, letras a) y b), y que se tengan en cuenta a la hora de fijar los objetivos de emisiones específicas del fabricante, y con el fin de establecer las deudas de emisión según el artículo 7. A juicio del CESE, los efectos del status específico de los vehículos profesionales deberían explicarse mejor, a ser posible mediante una adición al considerando 17.
5.2.

Se sugiere introducir normas a nivel de las autoridades nacionales competentes para la notificación sistemática de las comunicaciones publicitarias, con el fin de habilitar controles ex ante de dicho material. Sin embargo, el Comité cree que la existencia de distintas normas para las autoridades nacionales competentes podría provocar la fragmentación del mercado de la UE, ya que no deberían existir diferencias dentro del mercado único. El CESE recomienda que no sea posible que las distintas autoridades nacionales competentes adopten enfoques diferentes a este respecto.
1.3.

El CESE estima, no obstante, que la Comisión no justifica debidamente su opción legislativa ni expone las razones que le han impedido presentar una propuesta de armonización legislativa más amplia, que crease un auténtico sistema único de documentos de identificación, lo que tendría innegables ventajas en materia de seguridad, simplicidad y rapidez de los controles y de uniformidad de los procedimientos, con indiscutibles beneficios para los ciudadanos. No se comprende por qué razón no se han establecido los elementos obligatorios previstos en el anexo del estudio de impacto, a semejanza de los que sucede con los documentos de residencia para los ciudadanos de la Unión, en particular, el título del documento, el nombre, el sexo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y el lugar de emisión, la firma y la fecha de caducidad del documento.
2.4.

La legislación de la UE, evidentemente, se aplica solo en las jurisdicciones de la UE y no en terceros países, pero estas modificaciones garantizarán que se aplique a todos los acuerdos jurídicos y contractuales celebrados entre un Estado miembro y un tercer país en el momento en que un gasoducto entre en la jurisdicción de la UE. No obstante, los Estados miembros que celebren tales acuerdos a título individual con terceros países proveedores podrían aplicar excepciones a muchos de los principios clave de la Directiva sobre el gas en el caso de los gasoductos existentes. Los gasoductos nuevos, previstos o en fase de construcción en el momento en que esta Directiva entre en vigor, quedarían sujetos a todos los requisitos del mercado interior del gas natural. En caso de que las autoridades nacionales y la Comisión consideren que una solicitud de excepción está justificada, podría concederse, no obstante, un marco reglamentario específico para el proyecto. En efecto, esto otorgaría a la Comisión Europea una función significativa, si no determinante, respecto de las condiciones reglamentarias y de acceso al mercado de cualquier acuerdo relativo a un nuevo gasoducto. Tales competencias pueden considerarse un mecanismo de conformidad esencial a la hora de configurar el mercado del suministro energético en general y de mantener el equilibrio entre asequibilidad, seguridad y sostenibilidad. El Comité reconoce que este enfoque es coherente con el marco de gobernanza de la Unión de la Energía y sus objetivos generales.
3.5.

Llevar a cabo las discusiones bajo los auspicios de la CNUDMI constituye un paso en la buena dirección, especialmente en términos de transparencia, ya que ello permite a las organizaciones no gubernamentales hacer un seguimiento de los debates e incluso participar en ellos. No obstante, el CESE constata que todavía no se ha brindado a todas las partes interesadas pertinentes acceso a los procedimientos y que, en el contexto del Grupo de Trabajo III, la CNUDMI debería invitar a más organizaciones, ya sean estas representantes de empresas, sindicatos u otras organizaciones de interés público. El proceso de toma de decisiones debe ser totalmente transparente y basarse en el consenso.
1.1.4.

De hecho, por lo que se refiere al primer y más importante de sus objetivos —mejorar la movilidad transfronteriza de los datos no personales en el mercado único—, el CESE, a diferencia de la Comisión, no considera suficiente, en una primera fase, limitarse a requerir a los Estados miembros que le notifiquen «cualquier proyecto de acto que introduzca un nuevo requisito de localización de datos o modifique uno existente» para, tan solo doce meses después de la entrada en vigor del Reglamento, lo que no está previsto que ocurra antes de finales de 2018 en el mejor de los casos, obligar a los Estados miembros a velar «por que se derogue cualquier requisito de localización de datos que no se ajuste a» la norma de no prohibición o restricción de la libre circulación de dichos datos, y siempre por motivos de seguridad pública.
1.4

El CESE apoya los principios FRAND ( Fair, raisonnable and non-discriminatory ), a saber, unas condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias en relación con las patentes esenciales para normas (PEN). El Comité considera que unos principios similares pueden transponerse y aplicarse también, mutatis mutandis , a los derechos de autor, los derechos afines, las patentes, las marcas, los dibujos y modelos, etc.
5.3.

En otros documentos del paquete de movilidad se ha reconocido el desafío que plantea este tipo de sociedades y se han propuesto medidas (5) para hacer frente a este problema. El CESE reconoce que la cuestión de las sociedades ficticias no está comprendida directamente en el ámbito de aplicación de la Directiva modificatoria examinada, pero le preocupa que esta pueda favorecer su proliferación y explotación. Por consiguiente, el Comité insta a que las medidas propuestas para reforzar el Reglamento (CE) n.o 1071/2009 y el Reglamento (CE) n.o 1072/2009 con objeto de eliminar las sociedades ficticias fraudulentas sean acordadas y aplicadas de manera eficaz por todos los Estados miembros. Recomienda, en este sentido, efectuar un cuidadoso seguimiento de los resultados obtenidos y que estos se incluyan en el informe sobre la eficacia de la Directiva modificatoria.
4.4.

La fatiga provocada por el cansancio del conductor (también cuando el conductor no descansa lo suficiente) es una de las principales causas de accidentes con vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera. Incluso pérdidas momentáneas de la concentración pueden tener consecuencias desastrosas. Los conductores de transporte por carretera son también propensos a sufrir problemas de salud relacionados con largos períodos de conducción con descansos insuficientes, en particular enfermedades cardiovasculares (generalmente ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares, etc.), enfermedades musculoesqueléticas (lesiones medulares en la espalda y el cuello), afecciones del sistema nervioso (estrés y ansiedad, depresión, etc.) y trastornos estomacales y digestivos. Los límites en los tiempos de conducción y trabajo y los períodos de descanso adecuados, aplicados rigurosamente, son esenciales para minimizar estos efectos ( OSH in figures: Occupational safety and health in the transport sector — An overview ).
6.5.1.

Con respecto a los casos concretos que puedan entrar en el punto ii), el CESE pide que se profundice más sobre la sujeción o no de las actividades de las plataformas de colaboración a la normativa del IVA. En efecto, no queda claro a día de hoy el marco jurídico en esta materia, sobre todo por lo que respecta a los servicios que, como se ha mencionado anteriormente, no requieren un pago en dinero, sino que utilizan con fines comerciales los datos del consumidor, así como sus preferencias y hábitos.
3.6.

Sin embargo, no debe olvidarse que la demanda transfronteriza concierne a regiones con idiomas similares. No obstante, incluso dentro de los mercados nacionales ni siquiera un tercio de los consumidores cambia de proveedor. Una de las razones principales es el mayor nivel de satisfacción, principalmente con la banca minorista tradicional de carácter regional o local (véase EBS 446). En este sentido, el CESE señala que la rentabilidad de la banca minorista regional, en particular, está sometida a fuertes presiones desde el inicio de la crisis financiera. Por ello, procede examinar en qué medida deben cubrirse los elevados costes que los bancos soportan por el porcentaje relativamente reducido de clientes de otros Estados miembros. El CESE insta a la Comisión a que preste atención a otros motivos que puedan explicar este bajo porcentaje de compras transfronterizas de productos financieros, por ejemplo, la diferencia de lengua o de legislación, comisiones más altas para los no residentes, la denegación a los no residentes del acceso a determinados servicios y productos financieros, las diferencias fiscales, el abuso de la legislación sobre blanqueo de capitales, los riesgos que entraña el cambio de divisas, etc.
3.13.

La parte introductoria de la Estrategia presta gran atención al desarrollo de la conducción automática, la de vehículos que no requieren la intervención de un conductor para su desplazamiento. No obstante, el CESE entiende que la Estrategia no llegue a la implantación de la comunicación entre vehículos y entre los vehículos y la infraestructura. Los servicios iniciales, que se desarrollarán en 2019, abordarán la determinación de ubicación peligrosa y las aplicaciones de señalización, mientras que la segunda lista de servicios abordará la planificación de carreteras, la información sobre estaciones de repostaje o recarga, la información sobre aparcamientos, etc. De ahí que, según el CESE, no aparezcan aquí cuestiones importantes de responsabilidad por errores o mal funcionamiento del sistema, o los importantes aspectos sociales que surgen con la sustitución de trabajadores por robots, ya que los servicios que aborda la Estrategia serán gestionados y supervisados por seres humanos. Aun así, en este contexto, el CESE desea subrayar que, al desarrollar STI cooperativos, incluidos vehículos totalmente automatizados, se debe prestar especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad.
3.4.

No obstante, cabe señalar que en muchos casos no solo las pymes, sino también los emprendedores sociales y las empresas emergentes, cuentan con dotaciones de capital demasiado escasas. Por este motivo, no tienen la posibilidad de cumplir los criterios de solvencia para obtener créditos bancarios, que son demasiado estrictos debido al paquete DRC IV/RRC. Esta situación insatisfactoria puede agravarse aún más con el Acuerdo de Basilea IV.
3.5.1.

El Tribunal de Cuentas Europeo publicó en 2014 un estudio sobre la eficacia del apoyo del anterior FEP a la acuicultura. En el mismo, el Tribunal concluyó que el FEP no había apoyado eficazmente el desarrollo sostenible de la acuicultura. Consideró que a nivel europeo las medidas de apoyo no habían sido debidamente concebidas, ni supervisadas, y que no proporcionaron un marco suficientemente claro para el desarrollo de la acuicultura. En el ámbito de los Estados miembros, las medidas de apoyo no se concibieron ni aplicaron debidamente, y los planes estratégicos nacionales y sus programas operativos no proporcionaron una base suficientemente clara para el fomento de la acuicultura.