[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 15.9.2010

COM(2010) 484 final

2010/0250 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a los derivados OTC, las contrapartes centrales y los registros de operaciones

{SEC(2010) 1058}{SEC(2010) 1059}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

La crisis financiera ha puesto los derivados negociados en mercados no regulados (OTC) en el punto de mira de las autoridades reguladoras. La situación límite de Bear Sterns en marzo de 2008, la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 y el rescate de AIG al día siguiente pusieron de relieve las deficiencias de funcionamiento de este mercado. En él, las autoridades reguladoras prestaron especial atención al papel desempeñado por las permutas de cobertura por impago ( credit default swaps , CDS) durante la crisis.

La Comisión respondió con celeridad. En su extensa Comunicación de 4 de marzo de 2009, titulada «Gestionar la recuperación europea»[1], la Comisión se comprometió a presentar, partiendo de un informe sobre los derivados y otros productos estructurados complejos, iniciativas apropiadas con vistas a aumentar la transparencia y a hacer frente a los problemas de estabilidad financiera. El 3 de julio de 2009, la Comisión adoptó una primera Comunicación[2] en la que examinaba específicamente el papel desempeñado por los derivados en la crisis financiera, así como los beneficios y los riesgos que comportan los mercados de derivados. La citada Comunicación examinaba posibles maneras de reducir los riesgos detectados[3].

En septiembre de 2009, los dirigentes del G-20 convinieron en Pittsburgh en que:

Todos los contratos de derivados OTC normalizados deberían negociarse en bolsa o, en su caso, en plataformas de contratación electrónica, y compensarse a través de contrapartes centrales a finales de 2012, a más tardar. Los contratos de derivados OTC deberían notificarse a los registros de operaciones. Los contratos que se compensen de forma no centralizada deberían estar sujetos a mayores requisitos de capital.

En junio de 2010, los dirigentes del G-20, reunidos en Toronto, reiteraron su propósito y se comprometieron asimismo a acelerar la implementación de medidas firmes con vistas a mejorar la transparencia y la supervisión reglamentaria de los derivados OTC de manera coherente y no discriminatoria a escala internacional.

El 20 de octubre de 2009, la Comisión adoptó una segunda Comunicación[4] en la que se exponían las futuras actuaciones que la Comisión tenía previsto proponer con vistas a aumentar la transparencia del mercado de derivados, reducir el riesgo de contraparte y el riesgo operativo en la negociación, y reforzar la integridad y la supervisión del mismo. En dicha Comunicación se anunciaba asimismo la intención de la Comisión de presentar propuestas legislativas en 2010, con vistas a garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el G-20 en lo que respecta a la compensación de los derivados normalizados[5], la observancia de normas prudenciales rigurosas por las contrapartes centrales y una adecuada regulación de los registros de operaciones. Con la presente propuesta de Reglamento, la Comisión cumple su compromiso de actuar con rapidez y determinación. También tiene en cuenta el firme apoyo expresado en la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2010, titulada «Mercados de derivados: actuaciones futuras» (Informe Langen), y muchas de las medidas propuestas en ella.

Como se ha indicado anteriormente, la presente iniciativa se inscribe en un esfuerzo internacional más amplio por aportar mayor estabilidad al sistema financiero en general, y al mercado de derivados OTC en particular. Dada la dimensión mundial de este mercado, es fundamental que se adopte un planteamiento coordinado a escala internacional. Así, es imprescindible que la presente propuesta atienda a lo que otros países se proponen hacer o han puesto ya en práctica en materia de regulación de los derivados OTC, a fin de evitar el riesgo de arbitraje regulador.

En este contexto, la propuesta guarda coherencia con la normativa recientemente adoptada al respecto en los EE.UU., a saber, la denominada Ley Frank-Dodd ( Frank-Dodd Act ). El ámbito de aplicación de dicha Ley es sustancialmente idéntico. Contiene disposiciones análogas que imponen la obligación de informar sobre los contratos de derivados OTC y de compensar los contratos que reúnan las condiciones. Por lo demás, establece requisitos rigurosos en materia de capital y de garantías para los derivados OTC cuya compensación se siga realizando de manera bilateral. Por último, establece un marco regulador respecto de los registros de operaciones y perfecciona el marco regulador vigente respecto de las contrapartes centrales. Al igual que la propuesta de la Comisión, la citada Ley prevé la futura elaboración de una serie de normas técnicas.

2. RESULTADOS DE LA CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

Desde octubre de 2008, los servicios de la Comisión han venido manteniendo, de manera prácticamente ininterrumpida, amplias consultas con los interesados, con objeto de determinar las pautas de actuación adecuadas. Esta interacción se ha plasmado en numerosas reuniones bilaterales y multilaterales, así como en dos consultas públicas y una conferencia.

Inicialmente, los servicios de la Comisión centraron su atención exclusivamente en el mercado de permutas de cobertura por impago (CDS), que estaba en el punto de mira tras el colapso de Bear Sterns y Lehman Brothers. Para facilitar un seguimiento de los compromisos asumidos por los principales operadores en este ámbito, la Comisión creó el Grupo de Trabajo sobre Derivados, en el que estaban representadas las entidades financieras que se han comprometido a compensar las permutas de cobertura por impago referenciadas a índices o sociedades europeas antes de julio de 2009[6], las contrapartes centrales, los registros de operaciones y otros participantes en el mercado pertinentes, así como las oportunas autoridades europeas (BCE, CERV, CSBE y CESSPJ)[7] y nacionales (AMF, BaFin y FSA)[8]. Además de las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Derivados, la Comisión celebró reuniones independientes específicas bilaterales y multilaterales con un gran número de interesados en el mercado CDS.

Ante el cumplimiento de los compromisos antes mencionados por parte del sector y con vistas a la elaboración de medidas legislativas, la Comisión constituyó un grupo de trabajo de expertos de los Estados miembros sobre derivados e infraestructuras de mercado, y examinó posibles enfoques normativos con expertos que representaban a los Estados miembros, el BCE, el CERV y el CSBE. El grupo de trabajo celebró una serie de reuniones entre enero y julio de 2010.

La Comisión ha obtenido asimismo valiosa información a través de su participación en diversos foros internacionales, en particular el grupo de autoridades de reglamentación de los derivados OTC ( OTC Derivatives Regulators Group ) y el grupo sobre gestión y modelización de riesgos ( Risk Management and Modelling Group ) del Comité de Basilea. La Comisión ha adquirido asimismo la condición de observador en el comité director del grupo de trabajo conjunto del Comité sobre los sistemas de pago y de liquidación (CSPL) y la OICV [9], que está revisando actualmente las recomendaciones relativas a las contrapartes centrales y elaborando recomendaciones respecto de los registros de operaciones. Por otra parte, la Comisión mantiene un asiduo diálogo con las autoridades de terceros países, en particular, de los EE.UU. (CFTC, SEC[10], Federal Reserve Bank of New York y Federal Reserve Board , así como el Congreso de los EE.UU.) y copreside una de las líneas de actividad del Consejo de Estabilidad Financiera ( Financial Stability Board , FSB), centrada en la resolución de los problemas que plantea el cumplimiento de las obligaciones en materia de información, compensación y negociación acordadas en el G-20.

En paralelo a la publicación de la primera Comunicación, la DG MARKT puso en marcha una consulta pública[11], que se desarrolló del 3 de julio al 31 de agosto de 2009. De las 111 respuestas recibidas por los servicios de la Comisión, se autorizó la publicación de 100, que ahora figuran en la página web dedicada a la consulta[12]. En la página web de la DG MARKT se ofrece asimismo un resumen de las respuestas junto con un análisis introductorio de la consulta pública[13]. Seguidamente, el 25 de septiembre de 2009, se celebró en Bruselas una importante conferencia[14]. Tres paneles, integrados por representantes del mundo académico, del propio sector y de las autoridades de reglamentación, procedentes tanto de la UE como de los EE.UU., expusieron sus opiniones sobre la necesidad, o no, de reformar el mercado de derivados OTC ante una audiencia de más de 400 personas y respondieron a sus preguntas. La conferencia vino a corroborar, en líneas generales, la información y las opiniones recabadas en el curso de la consulta pública.

Entre el 14 de junio y el 10 de julio de 2010, se organizó una segunda consulta pública dirigida a conocer la opinión de los interesados sobre la configuración de las medidas legislativas. Los servicios de la Comisión recibieron 210 respuestas, favorables, en su mayor parte, a las reformas propuestas[15].

3. EVALUACIÓN DE IMPACTO

El Reglamento va acompañado de una evaluación de impacto[16] en la que se analizan las opciones encaminadas a reducir el riesgo sistémico, aumentando la seguridad y eficiencia del mercado de derivados OTC. A la luz de dicho análisis, en la evaluación de impacto se llega a la conclusión de que se obtendrán mayores beneficios netos a través de las siguientes medidas:

- establecimiento de la obligación de utilizar una contraparte central para la compensación de los derivados OTC que se consideren aptos;

- fijación de objetivos específicos para la normalización jurídica y procedimental;

- fijación de objetivos específicos para la compensación bilateral de las operaciones con derivados OTC;

- establecimiento de la obligación de que los participantes en el mercado comuniquen toda la información necesaria sobre sus carteras de derivados OTC a un registro de operaciones o, si ello no fuera posible, directamente a las autoridades reguladoras; y

- establecimiento de la obligación de publicar información sobre las posiciones agregadas.

4. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

4.1. Base jurídica

La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE, que constituye la base jurídica más apropiada para un Reglamento en este ámbito. Se ha considerado que un Reglamento constituye el instrumento jurídico más idóneo para establecer una obligación, que incumbe a todos los operadores, en virtud de la cual la compensación de los derivados OTC normalizados debe realizarse a través de contrapartes centrales, y garantizar que dichas contrapartes centrales, que asumirán y concentrarán en consecuencia riesgos considerables, estén sujetas a normas prudenciales uniformes en la UE. Un Reglamento constituye el instrumento jurídico adecuado para conferir nuevos poderes a la AEVM como única autoridad responsable de la inscripción y supervisión de los registros de operaciones en la UE.

4.2. Subsidiariedad y proporcionalidad

Es preciso que exista en la UE un procedimiento uniforme para determinar qué derivados OTC han de estar sujetos a la obligación de compensación a través de contraparte central. La decisión no puede dejarse a la discreción de los Estados miembros, pues ello daría lugar a una aplicación dispar e incoherente de la obligación de compensación entre los distintos Estados miembros. Debe, por tanto, asignarse un papel central a la Comisión Europea y a la AEVM en la determinación de las categorías de derivados que han de estar sujetas a la obligación de compensación centralizada. Por lo demás, al adquirir carácter obligatorio el recurso a contrapartes centrales con arreglo a la normativa de la UE, es necesario que dichas contrapartes estén sujetas a estrictos requisitos organizativos, prudenciales y de ejercicio de la actividad.

Por lo que respecta a la autorización y supervisión de las contrapartes centrales, el Reglamento busca un equilibrio entre la necesidad de atribuir un importante papel central a la AEVM, las competencias de las autoridades nacionales y los intereses de las demás autoridades competentes. Se tienen en cuenta asimismo la responsabilidad presupuestaria potencial de los Estados miembros y la naturaleza transfronteriza de la actividad que desarrollan las contrapartes centrales.

Corresponderá a la AEVM desempeñar un papel central en el colegio de autoridades competentes en lo tocante a la autorización de las contrapartes centrales y la revocación o modificación de la autorización. A fin de establecer un procedimiento único y evitar discrepancias entre los Estados miembros, competerá también a la AEVM el reconocimiento de las contrapartes centrales de terceros países que se propongan prestar servicios de compensación a entidades establecidas en la Unión Europea, a condición de que se cumplan determinadas condiciones.

Por lo que se refiere a la obligación de notificación, cabe señalar que, dado que la información notificada a un registro de operaciones reviste interés para todas las autoridades competentes de la Unión Europea y habida cuenta de la necesidad de garantizar que todas las autoridades competentes tengan acceso sin restricciones, en la misma medida y en las mismas condiciones, a dicha información, se impone una regulación a escala de la UE. Se faculta, pues, a la AEVM para la inscripción y supervisión de los registros de operaciones.

Por los motivos expuestos, las disposiciones se ajustan a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del Tratado, dado que los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por lo tanto, pueden lograrse mejor a escala de la Unión Europea.

4.3. Explicación detallada de la propuesta

4.3.1. Título I: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

El Reglamento tiene un amplio ámbito de aplicación, estableciendo requisitos uniformes respecto de las contrapartes financieras, las contrapartes no financieras (que superen determinados umbrales) y todas las categorías de contratos de derivados OTC. Sus disposiciones prudenciales son aplicables a las contrapartes centrales, por efecto de la obligación de compensación, y a los registros de operaciones, como consecuencia de la obligación de notificación. Es importante señalar, no obstante, que las obligaciones de las contrapartes centrales en materia de autorización y supervisión son aplicables con independencia del instrumento financiero objeto de la compensación: derivados OTC u otros, tal como establece el artículo 1, apartado 3. Se prevé expresamente la exención de los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales, los organismos públicos que se encarguen de la gestión de la deuda pública o intervengan en ella, y los bancos multilaterales de desarrollo, a fin de evitar limitar su capacidad de intervención para estabilizar el mercado, en caso necesario.

4.3.2. Título II: Compensación, notificación y reducción del riesgo de los derivados OTC

Esta parte del Reglamento reviste una importancia fundamental desde la óptica de la obligación de compensación de todos «los derivados OTC normalizados», acordada en el G-20. A fin de plasmar ese compromiso en disposiciones legales vinculantes, por contratos «normalizados» se entenderán aquellos que reúnan las condiciones para su compensación a través de una contraparte central. A efectos de la aplicación de lo anterior, el Reglamento instaura un procedimiento que atiende a los factores de riesgo vinculados a la obligación de compensación. Dicho procedimiento está concebido de manera que se garantice que la obligación de compensación de los contratos de derivados OTC permita en la práctica alcanzar el objetivo último, esto es, reducir el riesgo en el sistema financiero, en lugar de incrementarlo, pues obligar a una contraparte central a compensar contratos OTC cuyo riesgo sea incapaz de gestionar puede tener repercusiones perjudiciales para la estabilidad del sistema.

No obstante, a fin de que dicho procedimiento permita compensar el mayor número de contratos OTC posible, el Reglamento prevé dos enfoques para determinar qué contratos deben ser objeto de compensación:

1. Un enfoque « ascendente », conforme al cual una contraparte central decide compensar determinados contratos y obtiene la oportuna autorización de su autoridad competente, la cual debe seguidamente informar a la AEVM de la autorización concedida. La AEVM estará entonces facultada para decidir si la obligación de compensación debe hacerse extensiva a todos los contratos de ese tipo en la UE. La decisión de la AEVM habrá de basarse en criterios objetivos.

2. Un enfoque « descendente », con arreglo al cual la AEVM, en concertación con la Junta Europea de Riesgo Sistémico, determinará qué contratos deberían potencialmente estar sujetos a la obligación de compensación. Este procedimiento reviste importancia con vistas a delimitar y tomar en consideración aquellos contratos en el mercado que aún no son objeto de compensación a través de una contraparte central.

Ambos enfoques son necesarios, ya que, por una parte, el cumplimiento del compromiso del G-20 en materia de compensación no puede dejarse enteramente en manos del sector, y por otra, antes de que la obligación de compensación entre en vigor, es preciso comprobar, a nivel europeo, la adecuación de determinados mecanismos desde el punto de vista normativo.

Cabe subrayar que las contrapartes a las que se imponga la obligación de compensación no podrán eludir tal obligación decidiendo simplemente no participar en una contraparte central. En caso de que dichas contrapartes no reúnan los requisitos para participar o de que no estén interesadas en ser miembros compensadores, deberán suscribir los oportunos acuerdos con los miembros compensadores a fin de tener acceso a la contraparte central en calidad de clientes.

Por otra parte, y a fin de evitar la creación de obstáculos y de preservar la dimensión mundial de los derivados OTC, no debería permitirse que las contrapartes centrales acepten únicamente aquellas operaciones realizadas en plataformas de ejecución con las que mantengan una relación privilegiada o que formen parte del mismo grupo. Por ello, toda contraparte central que haya sido autorizada a compensar contratos de derivados OTC a los que sea aplicable la obligación de compensación tendrá el deber de compensarlos de forma no discriminatoria, con independencia de la plataforma de ejecución.

Las entidades (contrapartes) no financieras no estarán, en principio, sujetas a lo dispuesto en el presente Reglamento, a menos que sus posiciones en derivados OTC alcancen un umbral determinado y pasen a considerarse de importancia sistémica. Sus posiciones en derivados quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento, ya que se parte del supuesto de que las operaciones con derivados de dichas contrapartes no tienen carácter especulativo, sino que están directamente vinculadas a sus actividades comerciales.

Esto significa, en concreto, que la obligación de compensación solo será aplicable respecto de aquellos contratos OTC suscritos por contrapartes no financieras particularmente activas en el mercado de derivados OTC, y siempre que ello no sea consecuencia directa de su actividad comercial. Puede ser éste el caso, por ejemplo, de los proveedores de energía que venden su producción futura, las explotaciones agrícolas que fijan el precio al cual van a vender sus cosechas, las compañías aéreas que fijan el precio de sus futuras compras de combustible, o cualquier otra sociedad comercial que deba cubrir legítimamente los riesgos vinculados a la actividad específica que desarrolla.

Hay, con todo, motivos para no eximir por completo a las contrapartes no financieras de lo dispuesto en el presente Reglamento.

En primer lugar, las contrapartes no financieras son participantes activos en el mercado de derivados OTC y con frecuencia realizan operaciones con contrapartes financieras. Su exclusión total reduciría, por tanto, la eficacia de la obligación de compensación. En segundo lugar, existe la posibilidad de que algunas contrapartes centrales asuman posiciones de importancia sistémica en derivados OTC. Resultaría inaceptable excluir del ámbito de aplicación de la normativa a contrapartes no financieras de importancia sistémica cuya quiebra podría tener considerables repercusiones negativas en el mercado. En tercer lugar, la total exclusión de las contrapartes no financieras podría favorecer el arbitraje regulador. Una contraparte financiera podría eludir fácilmente las obligaciones que se derivan del Reglamento creando una nueva entidad no financiera y canalizando sus operaciones con derivados OTC a través de la misma. Por último, su inclusión en el ámbito de aplicación del Reglamento atiende también a la necesidad de lograr una convergencia con los terceros países a escala mundial. La legislación estadounidense no prevé la exención total de las contrapartes no financieras de las obligaciones de notificación y compensación.

Atendiendo a cuanto se ha expuesto, el Reglamento instaura un procedimiento que permite determinar las entidades no financieras que mantienen posiciones de importancia sistémica en derivados OTC y las somete a ciertas obligaciones especificadas en el mismo. El citado procedimiento se basa en la definición de dos umbrales:

a) un umbral de información ;

b) un umbral de compensación .

La Comisión Europea fijará dichos umbrales sobre la base de normas técnicas reglamentarias propuestas por la AEVM, en concertación con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y otras autoridades pertinentes. A título de ejemplo, en el caso de los mercados energéticos, la AEVM debería consultar a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía creada en virtud del Reglamento (CE) nº 713/2009, con objeto de garantizar que se tomasen plenamente en consideración las particularidades del sector energético.

El umbral de información permitirá a las autoridades financieras identificar a las contrapartes no financieras que hayan acumulado posiciones significativas en derivados OTC. lo cual resulta necesario porque dichas contrapartes no suelen estar sujetas a la supervisión de las citadas autoridades. En la práctica, el Reglamento prevé que cuando las posiciones de una contraparte no financiera superen el umbral de información, esa contraparte deberá notificarlo a la autoridad competente definida en el mismo. Además, la mencionada contraparte quedará automáticamente sujeta a la obligación de información y habrá de justificar dichas posiciones.

El umbral de compensación, por su parte, servirá para determinar si una contraparte no financiera va a pasar a estar sujeta a la obligación de compensación. A efectos prácticos, si las posiciones de la contraparte considerada superan ese umbral, esa contraparte quedará sujeta a la obligación de compensación con respecto a todos los contratos que haya suscrito. En el supuesto de que algunos de esos contratos no sean aptos para compensación a través de contraparte central, la contraparte no financiera deberá cumplir los requisitos en materia de capital o de garantías establecidos en el Reglamento (véase más adelante).

Ambos umbrales se definirán teniendo en cuenta la importancia sistémica de la suma de las posiciones netas y las exposiciones de cada contraparte por categoría de derivados. No obstante, cabe subrayar que, tal como se ha señalado y confirmado anteriormente, al calcular las posiciones a efectos del umbral de compensación, no deberán tenerse en cuenta los contratos de derivados suscritos para cubrir los riesgos derivados de una actividad comercial objetivamente mensurable.

Dado que no todos los derivados OTC se considerarán aptos para compensación a través de contraparte central, subsiste la necesidad de mejorar los mecanismos y la seguridad de los contratros que sigan gestionándose de manera «bilateral». El Reglamento impone, por tanto, la utilización de medios electrónicos y la instauración de procedimientos de gestión del riesgo que comporten un intercambio de garantías oportuno, preciso y con una segregación adecuada, así como la posesión de un capital apropiado y proporcionado.

Por último, las contrapartes financieras y las contrapartes no financieras que superen el umbral de compensación estarán obligadas a notificar a un registro de operaciones los datos de cualquier contrato de derivados que hayan suscrito así como toda modificación del mismo (incluida su novación y resolución). Tanto desde el punto de vista de los reguladores como de las instancias decisorias y del propio mercado, es imprescindible una mayor transparencia del mercado de derivados OTC. El Reglamento exige que, en el supuesto excepcional de que un registro de operaciones no pueda consignar los datos de un determinado contrato de derivados OTC, la correspondiente información deberá comunicarse directamente a la pertinente autoridad competente. La Comisión deberá estar facultada para determinar los datos, el tipo, el formato y la frecuencia de los informes en relación con las diferentes categorías de derivados, con arreglo al proyecto de normas técnicas que debe elaborar la AEVM.

4.3.3. Título III: Autorización y supervisión de las contrapartes centrales

A fin de garantizar la seguridad de las contrapartes centrales establecidas en la Unión Europea, su autorización se supeditará a la condición de que tengan acceso a una liquidez adecuada. La liquidez podría derivarse del acceso a la liquidez de un banco central o de un banco comercial solvente y fiable, o una combinación de ambos.

Debe seguir correspondiendo a las autoridades nacionales competentes la responsabilidad de la autorización (o revocación de la autorización) y la supervisión de las contrapartes centrales, pues son las citadas autoridades las mejor situadas para examinar el funcionamiento cotidiano de dichas contrapartes centrales, efectuar evaluaciones periódicas y adoptar, en su caso, las medidas que se impongan. Habida cuenta de la importancia sistémica de las contrapartes centrales y del carácter transfronterizo de su actividad, es importante que la AEVM desempeñe un papel central en su proceso de autorización. Las medidas previstas a tal fin son las siguientes:

- la adopción del presente acto legislativo en forma específica de Reglamento atribuirá a la AEVM un papel central y la responsabilidad de garantizar una aplicación uniforme y objetiva, tal como prevé con claridad el Reglamento constitutivo de la AEVM;

- con vistas a la correcta aplicación del Reglamento, la AEVM deberá elaborar una serie de proyectos de normas técnicas relativas a aspectos esenciales;

- la AEVM facilitará la adopción de dictámenes por parte del colegio.

Al considerarse que las contrapartes centrales constituyen entidades de importancia sistémica, las autoridades competentes pertinentes en el seno del colegio deben ser las encargadas de definir planes que permitan hacer frente a las situaciones de emergencia.Por lo demás, en su futura iniciativa sobre gestión y resolución de las crisis, la Comisión deberá definir la estrategia y las medidas concretas para hacer frente a las situaciones de crisis en entidades de importancia sistémica.

La AEVM será asimismo directamente responsable en lo que respecta al reconocimiento de contrapartes centrales de terceros países, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Concretamente, tal reconocimiento se supeditará a que la Comisión se haya cerciorado de la equivalencia del marco jurídico y de supervisión del tercer país considerado con el de la UE, a que dicha contraparte central esté autorizada y sometida a una supervisión efectiva en el citado tercer país, y a que la AEVM haya establecido acuerdos de cooperación con las autoridades competentes del mismo. Las contrapartes centrales de terceros países no estarán autorizadas a realizar actividades ni a prestar servicios en la Unión si no se cumplen las anteriores condiciones.

4.3.4. Título IV: Requisitos aplicables a las contrapartes centrales

Requisitos de organización

Dado que el Reglamento establece la obligación de compensación respecto de los derivados OTC, debe prestarse la máxima atención a la solidez y la regulación de las contrapartes centrales. Es indispensable, de entrada, que la contraparte central se dote de de mecanismos de gobernanza sólidos, que permitan solventar todo posible conflicto de intereses entre los propietarios, la dirección, los miembros compensadores y los participantes indirectos. El papel de los miembros independientes del consejo reviste particular importancia. El Reglamento define asimismo con claridad las funciones y responsabilidades del comité de riesgos: la función de gestión de riesgos deberá rendir cuentas directamente al consejo y estará libre de cualquier influencia de otras líneas de actividad.El Reglamento exige asimismo que los mecanismos de gobernanza se hagan públicos. Por lo demás, las contrapartes centrales deberán disponer de sistemas internos y de procedimientos operativos y administrativos adecuados, y deberán someterse a auditorías independientes.

Todas estas medidas se consideran más eficaces, de cara a la solución de todo posible conflicto de intereses que pueda limitar la capacidad de compensación de las contrapartes centrales, que cualquier otra forma de regulación, que podría tener consecuencias no deseadas para las estructuras del mercado (p.ej., una limitación de la participación en la propiedad, que debería hacerse extensiva a las denominadas estructuras verticales, con arreglo a las cuales hay contrapartes centrales que son propiedad de una bolsa de valores).

Requisitos prudenciales

Dado que la contraparte central actúa como contraparte de cada posición, soporta el riesgo que se deriva de la posibilidad de que alguna de las contrapartes incumpla . Del mismo modo, también toda contraparte de una contraparte central soporta el riesgo que se deriva de la posibilidad de que ésta incumpla. El Reglamento dispone, por tanto, que las contrapartes centrales deberán reducir su exposición al riesgo de crédito de contraparte mediante una serie de mecanismos de refuerzo, entre los que se incluyen requisitos de participación estrictos, aunque no discriminatorios, recursos financieros, y otras garantías.

Debido al papel central que desempeñan, las contrapartes centrales constituyen un componente esencial del mercado en el que operan. En consecuencia, la quiebra de una contraparte central tendría casi con certeza efectos sistémicos potenciales en el sistema financiero. Dada la importancia sistémica del papel que desempeñan y habida cuenta de la obligación legal propuesta, conforme a la cual todos los derivados OTC «normalizados» deben compensarse a través de contrapartes centrales, huelga subrayar la necesidad de que éstas estén sometidas a normas prudenciales rigurosas a nivel de la UE. Las disposiciones nacionales que regulan las contrapartes centrales difieren de un Estado miembro a otro, por lo que, al no existir igualdad de condiciones de competencia, la prestación transfronteriza de sus servicios resulta también más costosa y, potencialmente, menos segura de lo que sería de desear, y representa un obstáculo para la integración del mercado financiero europeo.

La externalización de funciones por una contraparte central únicamente se permitirá si ello no afecta al correcto funcionamiento de ésta o a su capacidad de gestionar los riesgos, incluidos los que se deriven de las funciones externalizadas. En consecuencia, las contrapartes centrales deberán supervisar en todo momento las funciones externalizadas y ejercer pleno control al respecto y deberán gestionar de manera constante los riesgos a los que se exponen. En la práctica, no se permitirá la externalización de ninguna función de gestión de riesgos.

El ejercicio de la actividad de contraparte central debe supeditarse a la obligación de disponer de un capital mínimo.Los fondos propios de una contraparte central constituyen la última línea de defensa en caso de incumplimiento de uno o varios de sus miembros, una vez agotados los márgenes exigidos al miembro o miembros que incumplan, el fondo de garantía frente a incumplimientos y cualesquiera otros recursos financieros. En el supuesto de que una contraparte central decida utilizar parte de su capital como recurso financiero suplementario al que pueda recurrirse con fines de gestión de riesgos, esa parte deberá ser adicional al capital de que debe disponer para prestar sus servicios o ejercer su actividad de manera continua.

El Reglamento impone a las contrapartes centrales la obligación de constituir un fondo común de garantía al que los miembros de dichas contrapartes habrán de aportar sus contribuciones. Un fondo de garantía permite la mutualización de pérdidas, por lo que representa una línea suplementaria de defensa de la que la contraparte central puede servirse en caso de insolvencia de uno o varios de sus miembros.

El Reglamento establece asimismo disposiciones importantes en materia de segregación y portabilidad de las posiciones y de las correspondientes garantías. Tales disposiciones son fundamentales para reducir eficazmente el riesgo de crédito de contraparte mediante el recurso a contrapartes centrales, crear igualdad de condiciones de competencia entre las contrapartes centrales europeas y proteger los legítimos intereses de los clientes de miembros compensadores. Responden, además, a la petición de una mayor armonización y protección en este ámbito, formulada por los miembros compensadores y sus clientes, así como a los problemas puestos de relieve por la quiebra de Lehman Brothers.

4.3.5. Título V: Interoperabilidad

La interoperabilidad constituye una herramienta fundamental de cara al logro de una verdadera integración del mercado para las actividades de postnegociación en Europa. Sin embargo, puede exponer a las contrapartes centrales a riesgos suplementarios. En consecuencia, antes de suscribir un acuerdo de interoperabilidad será preciso contar con el consentimiento de las autoridades competentes. Las contrapartes centrales deberán evaluar atentamente y gestionar los riesgos adicionales que comporta la interoperabilidad y demostrar, a satisfacción de las autoridades competentes, la solidez de los sistemas y procedimientos adoptados. Habida cuenta de la complejidad de los mercados de derivados y de la fase embrionaria de desarrollo de la compensación de derivados OTC a través de contraparte central, no se ha considerado apropiado hacer extensivas, por el momento, las disposiciones en materia de interoperabilidad a instrumentos distintos de los valores de contado. No obstante, esa exclusión no debería limitar la posibilidad de que las contrapartes centrales suscriban tales contratos de manera segura, con sujeción a las condiciones previstas en el Reglamento.

4.3.6. Título VI: Inscripción y supervisión de los registros de operaciones

Tal como se ha mencionado anteriormente (sección 4.3.2), el Reglamento establece un requisito de notificación de las operaciones con derivados OTC cuyo objeto es aumentar la transparencia de ese mercado. La información deber notificarse a los registros de operaciones, los cuales tendrán, por tanto, en su poder información reglamentaria pertinente para diversas autoridades reguladoras. En razón del papel central que desempeñan los registros de operaciones en la recopilación de la información reglamentaria, el Reglamento faculta a la AEVM para su, la revocación de su inscripción, y su supervisión. La atribución de competencias en materia de supervisión a las autoridades del Estado miembro de establecimiento de un registro de operaciones crearía desequilibrios entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros. Por otra parte, puesto que la supervisión de los registros de operaciones no comporta responsabilidad presupuestaria alguna, no es necesario un enfoque de la supervisión a escala nacional. La AEVM garantizará el acceso sin restricciones a todas las autoridades europeas pertinentes y será el interlocutor único, en representación de Europa, de las autoridades competentes de supervisión de los registros de operaciones de terceros países.

4.3.7. Título VII: Requisitos aplicables a los registros de operaciones

El Reglamento contiene también disposiciones orientadas a garantizar el cumplimiento de una serie de normas por parte de los registros de operaciones. Se persigue el objetivo de que la información que los registros de operaciones conserven con fines reglamentarios sea fiable, y segura y esté protegida. En particular, los registros de operaciones estarán sujetos a requisitos organizativos y operativos y deberán garantizar una adecuada salvaguardia y transparencia de los datos.

Para poderse inscribir, los registros de operaciones han de estar radicados en la UE. Sin embargo, un registro de operaciones establecido en un tercer país podrá obtener el reconocimiento de la AEVM si cumple una serie de requisitos destinados a acreditar que está sujeto, en ese tercer país, a normas equivalentes y a una adecuada supervisión. A fin de garantizar la ausencia de todo obstáculo legal que pueda impedir un intercambio de información eficaz y un acceso sin restricciones a los datos conservados en los registros de operaciones radicados en terceros países, el Reglamento prevé la necesidad de celebrar acuerdos internacionales al efecto. El Reglamento dispone que, en ausencia de tales acuerdos, los registros de operaciones establecidos en terceros países no obtendrán el reconocimiento de la AEVM.

5. DISPOSICIONES FINALES

Procede que la Comisión esté facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con los datos que deben incluirse en la notificación a la AEVM y en el registro y los criterios de decisión de esta última sobre la aplicabilidad de la obligación de compensación; los umbrales de información y de compensación; el plazo máximo entre la celebración y la confirmación de un contrato; la liquidez; el contenido mínimo de las normas de gobernanza; las modalidades de conservación de información; el contenido mínimo del plan de continuidad de la actividad y los servicios garantizados; los porcentajes y plazos aplicables en materia de márgenes; las condiciones extremas de mercado; las garantías de elevada liquidez y los recortes de valor; los instrumentos financieros de elevada liquidez y los límites de concentración; las modalidades de realización de pruebas; el procedimiento de solicitud de inscripción de los registros de operaciones ante la AEVM; las multas; y los pormenores relativos a la información que los registros de operaciones deben tener disponible, conforme a lo previsto en el presente Reglamento. La AEVM deberá elaborar proyectos de normas técnicas reglamentarias en relación con estos actos delegados y realizar las oportunas evaluaciones de impacto.

La Comisión deberá estar facultada para determinar el formato de los informes, de la conservación de información y de la solicitud de inscripción de los registros de operaciones. De conformidad con el artículo 291 del TFUE, las normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión se establecerán previamente mediante un Reglamento adoptado con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. A la espera de la adopción de ese nuevo reglamento seguirá aplicándose la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, a excepción del procedimiento de reglamentación con control, que no es aplicable.

6. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión.

2010/0250 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a los derivados OTC, las contrapartes centrales y los registros de operaciones

Texto pertinente a efectos del EEE

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[17],

Visto el dictamen del Banco Central Europeo,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

3. El informe que, a instancia de la Comisión, fue publicado el 25 de febrero de 2009 por un grupo de expertos de alto nivel presidido por J. de Larosière concluía que el marco de supervisión debía ser reforzado para reducir el riesgo y la severidad de futuras crisis financieras, y recomendaba una serie de ambiciosas reformas de la estructura de supervisión del sector financiero europeo, entre ellas la creación de un Sistema Europeo de Supervisores Financieros integrado por tres Autoridades Europeas de Supervisión –una para el sector de valores, otra para el sector de seguros y pensiones de jubilación y otra para el sector bancario–, así como la instauración de una Junta Europea de Riesgo Sistémico.

4. La Comunicación de la Comisión de 4 de marzo de 2009 titulada «Gestionar la recuperación europea»[18] proponía reforzar el marco regulador de los servicios financieros de la Unión. En su Comunicación de 3 de julio de 2009[19], la Comisión evaluaba el papel que habían desempeñado los derivados en la crisis financiera, y en su Comunicación de 20 de octubre de 2009[20], esbozaba las medidas que se proponía adoptar para reducir los riesgos conexos a los derivados.

5. El 23 de septiembre de 2009, la Comisión adoptó tres propuestas de Reglamentos por los que se crea el Sistema Europeo de Supervisores Financieros, que consta de tres Autoridades Europeas de Supervisión, a fin de contribuir a una aplicación coherente de la legislación de la Unión y al establecimiento de reglas y prácticas comunes de excelencia en materia de regulación y supervisión. Se trata de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), establecida por el Reglamento (UE) …/… de …, la Autoridad Europea de Mercados y Valores (AEMV), establecida por el Reglamento (UE) …/… de …, y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), establecida por el Reglamento (UE) …/… de ….

6. Al tratarse de contratos de carácter privado, los instrumentos derivados no negociados en mercados regulados (derivados OTC) carecen de transparencia y, por lo general, solo las partes contratantes tienen acceso a la correspondiente información. Estos instrumentos crean una compleja red de interdependencias que puede dificultar la determinación de la naturaleza y el nivel de los riesgos en juego. Como ha demostrado la crisis financiera, esas características incrementan la incertidumbre en momentos de tensión en los mercados y, en consecuencia, comprometen la estabilidad financiera. El presente Reglamento establece condiciones con vistas a atenuar esos riesgos y a mejorar la transparencia de los contratos de derivados.

7. En la cumbre de Pittsburgh, celebrada el 26 de septiembre de 2009, los dirigentes del G-20 convinieron en que, a finales de 2012 a más tardar, todos los contratos de derivados OTC normalizados deberían compensarse a través de contrapartes centrales y que los contratos de derivados OTC deberían notificarse a registros de operaciones. En junio de 2010, los dirigentes del G-20, reunidos en Toronto, reiteraron su propósito y se comprometieron asimismo a acelerar la implementación de medidas firmes con vistas a mejorar la transparencia y la supervisión reglamentaria de los derivados OTC de manera coherente y no discriminatoria a escala internacional. La Comisión pondrá su empeño en garantizar que nuestros socios internacionales atiendan a esos compromisos de manera análoga.

8. En sus Conclusiones de 2 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo convino en la necesidad de reforzar sustancialmente la reducción del riesgo de crédito de contraparte y en la importancia de mejorar la transparencia, la eficiencia y la integridad de las operaciones con instrumentos derivados. La Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2010, titulada «Mercados de derivados: actuaciones futuras» abogaba por la compensación y notificación obligatorias de los derivados OTC.

9. Al salvaguardar la estabilidad de los mercados financieros en situaciones de emergencia, garantizar la aplicación coherente de la normativa de la Unión por parte de las autoridades nacionales de supervisión y resolver las diferencias entre éstas, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) actúa en el ámbito regulado por el presente Reglamento. Tiene asimismo el cometido de elaborar normas técnicas reglamentarias jurídicamente vinculantes y desempeña un papel esencial en la autorización y la supervisión de las contrapartes centrales y los registros de operaciones.

10. Es preciso dotarse de normas uniformes en relación con los contratos de derivados contemplados en el anexo I, sección C, puntos 4) a 10), de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo[21] que se negocian en mercados no regulados.

11. Los incentivos para promover el recurso a contrapartes centrales no se han revelado suficientes para garantizar la compensación efectiva de los derivados OTC normalizados. Resulta, por tanto, necesario establecer la obligación de compensación a través de una contraparte central respecto de aquellos derivados OTC que puedan compensarse.

12. Es probable que los Estados miembros adopten disposiciones nacionales divergentes que podrían obstaculizar el correcto funcionamiento del mercado interior, en detrimento de los participantes en el mercado y de la estabilidad financiera. La aplicación uniforme de la obligación de compensación en la Unión es asimismo necesaria para garantizar un elevado nivel de protección de los inversores y de crear condiciones de competencia equitativas entre los participantes en el mercado.

13. A fin de garantizar que la obligación de compensación reduzca el riesgo sistémico, es preciso establecer un procedimiento de identificación de las categorías de derivados aptas para quedar sujetas a tal obligación. Ese procedimiento debe atender al hecho de que no todos los derivados OTC compensados a través de contraparte central pueden considerarse aptos para quedar sujetos a una obligación en ese sentido.

14. El presente Reglamento establece los criterios de aplicabilidad de la obligación de compensación. Dado el papel central que desempeña, debe corresponder a la AEVM decidir si una categoría de derivados satisface los criterios de aplicabilidad y a partir de qué momento debe surtir efecto la obligación de compensación.

15. La compensación de un contrato de derivados OTC requiere el consentimiento de las dos partes que intervienen en el mismo. Por tanto, conviene delimitar estrictamente las exenciones de la obligación de compensación, so pena de reducir su eficacia y las ventajas de la compensación a través de contraparte central y de favorecer el arbitraje regulador entre grupos de participantes en el mercado.

16. Los derivados OTC que no se consideran aptos para la compensación a través de contraparte central siguen comportando riesgo de crédito de contraparte, por lo que procede dictar normas con vistas a la gestión de tal riesgo. Las citadas normas deben ser aplicables exclusivamente a los participantes en el mercado que estén sujetos a la obligación de compensación.

17. Resulta oportuno que las normas sobre las obligaciones en materia de compensación e información y las normas sobre técnicas de reducción del riesgo en relación con contratos de derivados OTC no compensados a través de contraparte central se apliquen a las contrapartes financieras, esto es, las empresas de inversión según se definen en la Directiva 2004/39/CE, las entidades de crédito según se definen en la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición)[22], las empresas de seguros según se definen en la Directiva 73/239/CEE(que quedará derogada por la Directiva Solvencia II en 2012), las empresas de seguros de vida según se definen en la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida[23], las empresas de reaseguros según se definen en la Directiva 2005/68/CE, los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) según se definen en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)[24], los fondos de pensiones de empleo según se definen en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo[25], y los gestores de fondos de inversión alternativos según se definen en la Directiva 2010/.../UE.

18. En su caso, las normas aplicables a las contrapartes financieras deben aplicarse asimismo a las contrapartes no financieras. Es sabido que las contrapartes no financieras recurren a los contratos OTC con fines de cobertura frente a riesgos directamente vinculados a sus actividades comerciales. En consecuencia, al determinar si una contraparte no financiera debe estar sujeta a la obligación de compensación, ha de tomarse en consideración la finalidad con la que dicha contraparte no financiera utiliza los derivados OTC y la magnitud de las exposiciones que tiene en esos instrumentos. Resulta oportuno que, a la hora de fijar un umbral respecto de la obligación de compensación, la AEVM consulte a todas las autoridades pertinentes –entre ellas, por ejemplo, a las autoridades reguladoras responsables de los mercados de materias primas–, a fin de cerciorarse de que las particularidades de esos sectores se tengan debidamente en cuenta. Por otra parte, antes del 31 de diciembre de 2013, la Comisión llevará a cabo una evaluación de la importancia sistémica de las operaciones con derivados OTC realizadas por empresas no financieras de distintos sectores, entre ellos el sector de la energía.

19. Cabe considerar incluido en el ámbito de aplicación del presente Reglamento todo contrato celebrado por un fondo, ya esté éste gestionado o no por un gestor de fondos.

20. Procede que, a fin de evitar limitar su capacidad de intervención para estabilizar el mercado, en caso necesario, queden excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento los bancos centrales y demás organismos nacionales con funciones similares, así como otros organismos públicos encargados de la gestión de la deuda pública o que intervengan en dicha gestión, y los bancos multilaterales de desarrollo enumerados en el anexo VI, parte 1, sección 4.2, de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio[26].

21. Dado que no todos los participantes en el mercado sujetos a la obligación de compensación pueden adquirir la condición de miembros de la contraparte central, conviene que se les brinde la posibilidad de acceso a la misma en calidad de clientes.

22. La introducción de una obligación de compensación junto con un procedimiento destinado a determinar qué contrapartes centrales pueden utilizarse a tal efecto puede dar lugar a un falseamiento involuntario de la competencia en el mercado de derivados OTC. Así, por ejemplo, una contraparte central podría negarse a compensar operaciones ejecutadas en determinadas plataformas de negociación por el hecho de pertenecer a una plataforma de la competencia. A fin de evitar tales prácticas discriminatorias, es preciso que las contrapartes centrales acepten compensar operaciones ejecutadas en distintas plataformas, siempre que estas últimas cumplan los requisitos técnicos y operativos establecidos por la contraparte central. De manera general, la Comisión debe continuar vigilando estrechamente la evolución del mercado de derivados OTC y, en su caso, intervenir para impedir que se produzcan distorsiones de la competencia en el mercado interior.

23. Para determinar las categorías de derivados OTC que deben quedar sujetas a la obligación de compensación, así como los umbrales y las contrapartes no financieras de importancia sistémica, es preciso disponer de datos fiables. Resulta por tanto esencial, con fines reglamentarios, que se establezca a nivel de la Unión una obligación uniforme de comunicación de datos relativos a los derivados OTC.

24. Es indispensable que los participantes en el mercado notifiquen a los registros de operaciones todos los detalles relativos a los contratos de derivados OTC que hayan celebrado. De este modo, la información sobre los riesgos inherentes a los mercados de derivados OTC estará almacenada de manera centralizada y será fácilmente accesible a la AEVM, las oportunas autoridades competentes y los bancos centrales del SEBC afectados.

25. A fin de poder obtener una visión completa y global del mercado, conviene que se notifiquen a los registros de operaciones tanto los contratos compensados como los no compensados.

26. La obligación de notificar toda modificación o resolución de un contrato debe incumbir a las contrapartes iniciales en el mismo y a cualesquiera otras entidades que comuniquen información por cuenta de aquéllas. Las contrapartes, o los empleados de las mismas, que notifiquen a un registro de operaciones, por cuenta de otra contraparte, todos los datos relativos a un contrato, conforme a lo previsto en el presente Reglamento, no deben vulnerar ninguna restricción en materia de divulgación de información.

27. Deben preverse sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en relación con las obligaciones de compensación e información. Los Estados miembros deben aplicar esas sanciones de manera que no sufra merma la eficacia de las normas.

28. Resulta oportuno que la autorización de una contraparte central se supedite a la posesión de un importe mínimo de capital inicial. El capital, junto con las ganancias acumuladas y las reservas de una contraparte central deben guardar proporción en todo momento con las dimensiones y la actividad de la misma, al objeto de garantizar que esté adecuadamente capitalizada para hacer frente a los riesgos operativos o residuales y que pueda proceder a una reestructuración o a una liquidación ordenada de sus actividades en caso necesario.

29. Dado que el presente Reglamento instaura, con fines reglamentarios, la obligación legal de efectuar la compensación a través de contrapartes centrales específicas, es indispensable asegurarse de que dichas contrapartes centrales sean sólidas y seguras y se atengan en todo momento a los estrictos requisitos organizativos, prudenciales y de ejercicio de la actividad que establece el presente Reglamento . A fin de garantizar una aplicación uniforme, dichos requisitos han de aplicarse a la compensación de todos los instrumentos financieros manejados por esas contrapartes centrales.

30. Resulta, por tanto, necesario, a efectos de reglamentación y de armonización, garantizar que las contrapartes financieras únicamente recurran a contrapartes centrales que se ajusten a los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

31. Un corolario fundamental de la obligación de compensar los derivados OTC es la necesidad de regular directamente la autorización y supervisión de las contrapartes centrales. Resulta oportuno que siga correspondiendo a las autoridades nacionales competentes la responsabilidad en todo cuanto se refiere a la autorización y la supervisión de las contrapartes centrales, incluida la verificación de que la contraparte central solicitante se atenga a lo dispuesto en el presente Reglamento y en la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores[27], pues son las autoridades nacionales competentes las mejor situadas para examinar el funcionamiento cotidiano de dichas contrapartes centrales, efectuar evaluaciones periódicas y adoptar, en su caso, las medidas que se impongan.

32. Cuando una contraparte central se halle en riesgo de insolvencia, la responsabilidad presupuestaria puede recaer fundamentalmente sobre el Estado miembro en el que esté radicada. De ahí que deba ser la oportuna autoridad competente de ese Estado miembro la encargada de la autorización y supervisión de la citada contraparte central. Sin embargo, puesto que los miembros compensadores de una contraparte central pueden estar establecidos en distintos Estados miembros y serán ellos quienes primero se vean afectados por el incumplimiento de la contraparte central, es indispensable que todas las autoridades competentes afectadas intervengan en el proceso de autorización y supervisión y que se instauren los oportunos mecanismos de cooperación, en particular a través de órganos colegiados. Se evitará así la adopción de medidas o de prácticas nacionales divergentes y la creación de obstáculos al mercado interior. En aras de una aplicación coherente y correcta del presente Reglamento, resulta oportuno que la AEVM participe en todos los órganos colegiados.

33. Es preciso reforzar las disposiciones sobre el intercambio de información entre las autoridades competentes y consolidar el deber de asistencia y de cooperación mutua. Habida cuenta del aumento de la actividad transfronteriza, procede que las autoridades competentes se faciliten mutuamente la información pertinente para el ejercicio de sus funciones, de modo que se garantice el cumplimiento efectivo del presente Reglamento, incluso en aquellos casos en que las infracciones o presuntas infracciones puedan afectar a las autoridades de varios Estados miembros. El citado intercambio de información debe basarse en la estricta observancia del secreto profesional. A la vista de las amplias repercusiones que tienen los contratos de derivados OTC, es imprescindible que otras autoridades afectadas, como las autoridades tributarias o las autoridades de regulación de la energía, tengan acceso a la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.

34. Dada la dimensión mundial de los mercados financieros, conviene que la AEVM tenga responsabilidad directa en lo que atañe al reconocimiento de las contrapartes centrales radicadas en terceros países, permitiéndoles así prestar servicios de compensación dentro de la Unión, a condición de que la Comisión haya reconocido la equivalencia del marco jurídico y de supervisión del tercer país considerado con el de la Unión y que se cumplan otra serie de condiciones. En este contexto, revestirán particular importancia los acuerdos con los principales socios internacionales de la Unión a la hora de crear condiciones de competencia equitativas a escala mundial y garantizar la estabilidad financiera.

35. Con independencia de su estructura de propiedad, las contrapartes centrales han de disponer de mecanismos de gobernanza sólidos, y contar con una alta dirección que reúna las condiciones necesarias de honorabilidad y con miembros independientes en su consejo. No obstante, la disposición o capacidad de una contraparte central de compensar determinados productos puede verse influida por los distintos mecanismos de gobernanza o estructuras de propiedad. Conviene, por tanto, que sean los miembros independientes del consejo, y el comité de riesgo que la contraparte central debe establecer, los encargados de resolver cualquier posible conflicto de intereses que surja en su seno. Conviene asimismo que los miembros compensadores y los clientes estén adecuadamente representados, habida cuenta de las repercusiones que las decisiones adoptadas por la contraparte central pueden tener sobre ellos.

36. Las contrapartes centrales deben poder externalizar funciones, salvedad hecha de las de gestión de riesgos, si bien únicamente en el caso de que tal externalización no incida en su correcto funcionamiento ni en su capacidad de gestionar los riesgos.

37. Los requisitos de participación en una contraparte central deben, por tanto, ser transparentes, proporcionados y no discriminatorios, y deben permitir el acceso a distancia, siempre y cuando ello no exponga a dicha contraparte a riesgos suplementarios.

38. Conviene que los clientes de miembros compensadores que compensan sus derivados OTC a través de contrapartes centrales disfruten de un elevado nivel de protección. El nivel de protección efectiva dependerá del nivel de segregación que elijan los clientes. Los intermediarios deben segregar sus activos de los de sus clientes. Por ello, es preciso que las contrapartes centrales conserven la información actualizada y fácilmente identificable.

39. Con vistas a la gestión de los riesgos de crédito, de liquidez, operativos o de otro tipo, incluidos aquellos que soportan o que representan para otras entidades por efecto de las interdependencias existentes, las contrapartes centrales deben disponer de un sólido marco de gestión de riesgos. Procede que las contrapartes centrales se doten de procedimientos y mecanismos adecuados para hacer frente al incumplimiento de un miembro compensador. A fin de reducir al mínimo el riesgo de contagio de tal incumplimiento, la contraparte central ha de establecer requisitos de participación muy estrictos, exigir márgenes iniciales adecuados y mantener un fondo de garantía frente a incumplimientos y otros recursos financieros para la cobertura de las pérdidas potenciales.

40. La exigencia de márgenes y los recortes de valor ( haircuts ) aplicados a las garantías pueden tener efectos procíclicos. De ahí la necesidad de que las contrapartes centrales y las autoridades competentes tomen medidas orientadas a impedir y controlar los posibles efectos procíclicos de las prácticas de gestión de riesgos adoptadas por las contrapartes centrales, siempre que ello no vaya en detrimento de su solidez y seguridad financiera.

41. La gestión de las exposiciones constituye parte esencial del proceso de compensación. Para la prestación de servicios de compensación en general, es indispensable que se permita el acceso a las fuentes de valoración pertinentes y su utilización. Resulta oportuno que las citadas fuentes de valoración incluyan, entre otras, las vinculadas a índices a los que estén referenciados derivados u otros instrumentos financieros.

42. Los márgenes constituyen la primera línea de defensa de una contraparte central. Si bien las contrapartes centrales han de invertir los márgenes recibidos de manera segura y prudente, deben poner particular empeño en garantizar una protección adecuada de los mismos, a fin de cerciorarse de que se restituyan oportunamente a los miembros compensadores que no hayan incumplido o a una contraparte central interoperable en caso de incumplimiento de la contraparte central que haya percibido los márgenes.

43. El «Código Europeo de Conducta en materia de Compensación y Liquidación», de 7 de noviembre de 2006[28], instauró un marco voluntario para la creación de conexiones entre las contrapartes centrales y los registros de operaciones. Con todo, el sector de postnegociación sigue estando fragmentado por las fronteras nacionales, encareciendo las operaciones transfronterizas y dificultando la armonización. Resulta, por tanto, necesario establecer las condiciones para la celebración de acuerdos de interoperabilidad entre contrapartes centrales, partiendo de la premisa de que dichos acuerdos no deben exponer a las contrapartes centrales consideradas a riesgos que no estén adecuadamente gestionados.

44. Los acuerdos de interoperabilidad constituyen herramientas importantes con vistas a una mayor integración del mercado en lo que atañe a las actividades de postnegociación en la Unión, por lo que han de estar regulados. Sin embargo, pueden exponer a las contrapartes centrales a riesgos suplementarios. Dada la complejidad añadida que comportan los acuerdos de interoperabilidad entre contrapartes centrales que compensen contratos de derivados OTC, resulta oportuno restringir por el momento el ámbito de aplicación de tales acuerdos a los valores de contado. No obstante, para el 30 de septiembre de 2014, la AEVM debe, en principio, presentar a la Comisión un informe sobre la conveniencia de hacer extensivo el ámbito de aplicación a otros instrumentos financieros.

45. Los registros de operaciones recopilan, a efectos reglamentarios, datos que son pertinentes para las autoridades de todos los Estados miembros. Dado que la supervisión de los registros de operaciones carece de repercusiones presupuestarias y que numerosas autoridades de distintos Estados miembros deberán poder acceder a los datos conservados en los mismos, resulta oportuno que la AEVM asuma la responsabilidad de su inscripción, así como de su supervisión.

46. Dado que las autoridades reguladoras, las contrapartes centrales y otros participantes en el mercado se apoyan en los datos conservados por los registros de operaciones, procede velar por que dichos registros estén sujetos a requisitos estrictos en materia de conservación y gestión de datos.

47. A fin de permitir a los participantes en el mercado tomar decisiones informadas es indispensable la transparencia de los precios y las comisiones correspondientes a los servicios prestados por las contrapartes centrales y los registros de operaciones.

48. La AEVM ha de poder proponer a la Comisión la imposición de multas coercitivas. Estas multas coercitivas deben ir encaminadas a lograr que se ponga fin a una infracción constatada por la AEVM, que se facilite información completa y correcta en respuesta a lo solicitado por dicha Autoridad y que los registros de operaciones y otras personas se sometan a una investigación. Por otra parte, con fines de disuasión y para obligar a los registros de operaciones a cumplir con el Reglamento, la Comisión ha de tener, asimismo, la posibilidad de imponer multas, a instancia de la AEVM, cuando, intencionadamente o por negligencia, se hayan infringido disposiciones específicas del Reglamento. La multa habrá de ser disuasoria y proporcionada a la naturaleza y gravedad de la infracción, a la duración de ésta y a la capacidad económica del registro de operaciones.

49. En aras de una eficaz vigilancia de los registros de operaciones, la AEVM debe tener derecho a llevar a cabo investigaciones e inspecciones in situ .

50. Es fundamental que los Estados miembros y la AEVM protejan el derecho a la intimidad de las personas físicas con relación al tratamiento de datos personales, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[29].

51. Es importante garantizar la convergencia, a escala internacional, de los requisitos que han de satisfacer las contrapartes centrales y los registros de operaciones. El presente Reglamento sigue las recomendaciones formuladas por el Comité de sistemas de pago y liquidación (CSPL) y la OICV[30] y el SEBC-CERV[31] y crea un marco en la Unión en el que las contrapartes centrales puedan operar en condiciones de seguridad. Conviene que la AEVM tenga presentes estas circunstancias a la hora de elaborar las normas técnicas reglamentarias y las directrices y recomendaciones previstas en el presente Reglamento.

52. Procede que la Comisión esté facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, en relación con los datos que deben incluirse en la notificación a la AEVM y en el registro y los criterios de decisión de esta última sobre la aplicabilidad de la obligación de compensación; los umbrales de información y de compensación; el plazo máximo entre la celebración y la confirmación de un contrato; la liquidez; el contenido mínimo de las normas de gobernanza; las modalidades de conservación de información; el contenido mínimo del plan de continuidad de la actividad y los servicios garantizados; los porcentajes y plazos aplicables en materia de márgenes; las condiciones extremas de mercado; las garantías de elevada liquidez y los recortes de valor; los instrumentos financieros de elevada liquidez y los límites de concentración; las modalidades de realización de pruebas; el procedimiento para la solicitud de inscripción de los registros de operaciones ante la AEVM; las multas; y los pormenores relativos a la información que los registros de operaciones deben tener disponible, conforme a lo previsto en el presente Reglamento. A la hora de definir los actos delegados, conviene que la Comisión recurra al asesoramiento de las correspondientes Autoridades Europeas de Supervisión (AEVM, ABE y AESPJ). Habida cuenta de sus conocimientos especializados en materia de valores y de mercados de valores, resulta oportuno que la AEVM desempeñe un papel central de asesoramiento a la Comisión en la elaboración de los actos delegados. No obstante, conviene que, cuando proceda, la AEVM se coordine con las otras dos Autoridades Europeas de Supervisión.

53. De conformidad con el artículo 291 del TFUE, las normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión se establecerán previamente mediante un Reglamento adoptado con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. A la espera de la adopción de ese nuevo reglamento seguirá aplicándose la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, a excepción del procedimiento de reglamentación con control, que no es aplicable.

54. Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de requisitos uniformes aplicables a los contratos de derivados no negociados en mercados regulados (OTC) y, asimismo, de requisitos uniformes respecto de las actividades desarrolladas por las contrapartes centrales y los registros de operaciones, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la envergadura de la acción, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, ésta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

55. Habida cuenta de las normas relativas a los sistemas interoperables, se ha considerado oportuno modificar la Directiva 98/26/CE, a fin de proteger los derechos de aquellos operadores de sistemas que constituyan garantías a favor de otro operador de sistemas, en caso de incoación de un procedimiento de insolvencia contra el operador de sistemas que las haya recibido.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Título I Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece requisitos uniformes para los contratos de derivados contemplados en el anexo I, sección C, puntos 4 a 10, de la Directiva 2004/39/CE que se negocian en mercados no organizados, así como requisitos uniformes para el desempeño de las actividades de las contrapartes centrales y los registros de operaciones.

2. El presente Reglamento se aplicará a las contrapartes centrales, a las contrapartes financieras y a los registros de operaciones. Será aplicable a las contrapartes no financieras cuando así se prevea.

3. El título V se aplicará únicamente a los valores mobiliarios y a los instrumentos del mercado monetario, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 18, letras a) y b), y punto 19, respectivamente, de la Directiva 2004/39/CE.

4. El presente Reglamento no se aplicará:

a) a los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), a otros organismos nacionales con funciones similares, ni a otros organismos públicos que se encarguen de la gestión de la deuda pública o intervengan en ella;

b) a los bancos multilaterales de desarrollo que se detallan en el anexo VI, parte 1, sección 4.2, de la Directiva 2006/48/CE.

Artículo 2 Definiciones

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

(1) «contraparte central»: una entidad legalmente autorizada para intermediar entre las contrapartes de los contratos negociados en uno o varios mercados financieros, que actúa como compradora frente a todo vendedor y como vendedora frente a todo comprador y que es responsable del funcionamiento de un sistema de compensación;

(2) «registro de operaciones»: una entidad que recopila y conserva de forma centralizada las inscripciones de derivados OTC;

(3) «compensación»: proceso consistente en el establecimiento de las posiciones de liquidación, incluido el cálculo de las posiciones netas, y en la verificación de que se dispone de instrumentos financieros, efectivo, o ambos, para cubrir las exposiciones derivadas de una operación;

(4) «categoría de derivados»: una serie de contratos de derivados OTC que comparten características esenciales;

(5) «derivados negociados en mercados no organizados (OTC)»: contratos de derivados cuya ejecución no tiene lugar en un mercado regulado, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE;

(6) «contraparte financiera»: empresas de inversión, según lo establecido en la Directiva 2004/39/CE, entidades de crédito, tal como se definen en la Directiva 2006/48/CE, empresas de seguros, tal como se definen en la Directiva 73/239/CEE, empresas de seguros, tal como se definen en la Directiva 2002/83/CE, empresas de reaseguros, tal como se definen en la Directiva 2005/68/CE, organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), tal como se definen en la Directiva 2009/65/CE, fondos de pensiones de empleo, tal como se definen en la Directiva 2003/41/CE y gestores de fondos de inversión alternativos, tal como se definen en la Directiva 2010/… /UE;

(7) «contraparte no financiera»: empresa establecida en la Unión distinta de las entidades mencionadas en el punto 6;

(8) «riesgo de crédito de contraparte»: riesgo de que la contraparte en una operación pueda incurrir en incumplimiento antes de la liquidación definitiva de los flujos de caja de esa operación;

(9) «acuerdo de interoperabilidad»: acuerdo entre dos o más contrapartes centrales que implica la ejecución de operaciones entre sistemas;

(10) «autoridad competente»: autoridad designada por cada Estado miembro de conformidad con el artículo 18;

(11) «miembro compensador»: empresa que participa en una contraparte central y que es responsable del cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de dicha participación;

(12) «cliente»: empresa que mantiene una relación contractual con un miembro compensador que le permite compensar sus operaciones con la contraparte central;

(13) «participación cualificada»: participación, directa o indirecta, en una contraparte central o un registro de operaciones que representa al menos el 10 % del capital o de los derechos de voto, conforme a los artículos 9 y 10 de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado[32], teniendo en cuenta las condiciones relativas a su agregación establecidas en el artículo 12, apartados 4 y 5, de dicha Directiva, o que permite ejercer una influencia significativa en la gestión de la contraparte central o el registro de operaciones en que se posea la participación.

(14) «empresa matriz»: lo definido como empresa matriz en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo[33];

(15) «filial»: lo definido como empresa filial en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE, incluida cualquier filial de una empresa filial de la empresa matriz última;

(16) «control»: lo definido como control en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE;.

(17) «vínculos estrechos»: situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están vinculadas por:

a) participación, es decir, la propiedad, directa o por control, del 20 % como mínimo de los derechos de voto o del capital de una empresa;

b) control, es decir, la relación entre una empresa matriz y una filial en todos los supuestos mencionados en el artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 83/349/CEE, o una relación similar entre toda persona física o jurídica y una empresa, entendiéndose que toda empresa filial de una filial se considerará también filial de la empresa matriz que esté al frente de dichas empresas.La situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están permanentemente vinculadas a una misma persona por una relación de control también se considerará que constituye un vínculo estrecho entre tales personas.

(18) «capital»: lo definido como capital en el artículo 22 de la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras[34] –más la correspondiente cuenta de primas de emisión–, en la medida en que se haya desembolsado, sirva plenamente para absorber pérdidas en situaciones normales y, en caso de quiebra o liquidación, tenga menor prelación que todos los demás créditos;

(19) «reservas»: lo definido como reservas en el artículo 9 de la Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad[35] y los resultados transferidos mediante asignación del resultado final;

(20) «el consejo»: el consejo de administración o de supervisión, o ambos, de conformidad con el Derecho de sociedades nacional;

(21) «miembro independiente del consejo»: miembro del consejo que no tiene una relación empresarial, familiar o de otro tipo con la contraparte central, su accionista o accionistas mayoritarios o la dirección o sus miembros compensadores o la dirección, que plantee un conflicto de intereses;

(22) «alta dirección»: la persona o personas que efectivamente dirigen las actividades de la contraparte central y el miembro o miembros ejecutivos del consejo.

Título IICompensación, notificación y reducción del riesgo de los derivados OTC

Artículo 3 Obligación de compensación

1. Las contrapartes financieras deberán compensar todos los contratos de derivados OTC que se consideren aptos con arreglo al artículo 4 y que se celebren con otras contrapartes financieras en las contrapartes centrales pertinentes enumeradas en el registro mencionado en el artículo 4, apartado 4.

Esa obligación de compensación será también aplicable a las contrapartes financieras y a las contrapartes no financieras a que se refiere el artículo 7, apartado 2, que suscriban con entidades de terceros países contratos de derivados OTC a los que sea aplicable esta obligación.

2. A efectos de cumplimiento de la obligación de compensación prevista en el apartado 1, las contrapartes financieras y las contrapartes no financieras a que se refiere el artículo 7, apartado 2, se convertirán bien en miembros compensadores, bien en clientes.

Artículo 4 Aplicabilidad de la obligación de compensación

1. Cuando una autoridad competente haya autorizado a una contraparte central a compensar una categoría de derivados con arreglo al artículo 10 o al artículo 11, deberá notificar inmediatamente a la AEVM dicha autorización y solicitar una decisión sobre la aplicabilidad de la obligación de compensación a que se refiere el artículo 3.

2. Tras recibir la notificación y la solicitud mencionadas en el apartado 1, la AEVM dirigirá, en el plazo de seis meses, una decisión a la autoridad competente solicitante indicando lo siguiente:

a) si a la categoría de derivados en cuestión le es aplicable la obligación de compensación con arreglo al artículo 3;

b) la fecha a partir de la cual surte efecto la obligación de compensación.

3. La AEVM basará su decisión en los siguientes criterios:

a) reducción del riesgo sistémico en el sistema financiero;

b) liquidez de los contratos;

c) disponibilidad de información sobre precios;

d) capacidad de la contraparte central de gestionar el volumen de contratos;

e) nivel de protección del cliente que ofrece la contraparte central.

Antes de adoptar su decisión, la AEVM procederá a una consulta pública y, en su caso, consultará a las autoridades competentes de terceros países.

4. La AEVM publicará sin demora la decisión que adopte con arreglo al apartado 2 en un registro. Dicho registro contendrá las categorías de derivados sujetos a la obligación de compensación y las contrapartes centrales autorizadas a compensarlos. La AEVM actualizará dicho registro regularmente.

La AEVM revisará sus decisiones periódicamente y las modificará en caso necesario.

5. Por propia iniciativa y tras consultar a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), la AEVM determinará y notificará a la Comisión las categorías de contratos de derivados que deban consignarse en su registro público pero para las cuales ninguna contraparte central haya recibido todavía autorización.

6. Se delegan en la Comisión poderes para adoptar normas técnicas reglamentarias en las que se especifique lo siguiente:

a) los datos que se incluirán en la notificación mencionada en el apartado 1;

b) los criterios contemplados en el apartado 3;

c) los datos que se incluirán en el registro mencionado en el apartado 4.

Los datos del apartado 4 identificarán como mínimo de manera correcta y unívoca la categoría de derivados sujetos a la obligación de compensación.

Las normas técnicas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero se adoptarán de conformidad con los artículos [7 a 7 quinquies ] del Reglamento …/… [Reglamento AEVM].

La AEVM presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas reglamentarias a más tardar el 30 de junio de 2012.

Artículo 5 Acceso a las contrapartes centrales

Las contrapartes centrales que hayan sido autorizadas a compensar contratos de derivados OTC a los que sea aplicable la obligación de compensación aceptarán compensarlos de forma no discriminatoria, con independencia de la plataforma de ejecución.

Artículo 6 Obligación de información

1. Las contrapartes financieras notificarán al registro de operaciones inscrito de conformidad con el artículo 51 los datos de todo contrato de derivados OTC que hayan suscrito, así como toda modificación o resolución de un contrato. Estos datos se notificarán a más tardar el día hábil siguiente al de ejecución, compensación o modificación del contrato.

Otras entidades podrán comunicar toda modificación o resolución a que se refiere el apartado 1, en nombre de las contrapartes originales, en la medida en que se comuniquen todos los datos del contrato sin duplicaciones.

2. En caso de que un registro de operaciones no pueda consignar los datos de un contrato de derivados OTC, las contrapartes financieras deberán comunicar los datos de sus posiciones en dichos contratos a la autoridad competente designada de conformidad con el artículo 48 de la Directiva 2004/39/CE.

Los datos que deberán comunicarse a la autoridad competente serán como mínimo los que se transmitirían al registro de operaciones.

3. La contraparte que esté sujeta a la obligación de información podrá delegar en la otra contraparte la notificación de los datos del contrato de derivados OTC.

El hecho de que una contraparte comunique todos los datos de un contrato al registro de operaciones en nombre de otra contraparte no se considerará violación de las restricciones sobre divulgación de información que imponga dicho contrato o cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa.

La divulgación de dicha información no implicará ningún tipo de responsabilidad para la entidad notificante o para sus directores o empleados.

4. Se delegan en la Comisión poderes para determinar los datos y el tipo de informes a que se refieren los apartados 1 y 2 en relación con las diferentes categorías de derivados:

Estos informes deberán indicar como mínimo:

a) las partes en el contrato y, si fuera diferente, el beneficiario de los derechos y obligaciones que emanan del contrato;

b) las principales características del contrato, incluido el tipo, el subyacente, el plazo de vencimiento y el valor nocional.

Los proyectos de normas técnicas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero se adoptarán de conformidad con los artículos [7 a 7 quinquies ] del Reglamento …/… [Reglamento AEVM].

La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas reglamentarias que presentará a la Comisión a más tardar el 30 de junio de 2012.

5. A fin de velar por la aplicación uniforme de los apartados 1 y 2, se confieren poderes a la Comisión para determinar el formato y la frecuencia de los informes a que se refieren los apartados 1 y 2 sobre las diferentes categorías de derivados. Los proyectos de normas de aplicación a que se refiere el párrafo primero se adoptarán de conformidad con los artículos [7 sexies ] del Reglamento …/… [Reglamento AEVM].

La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas reglamentarias que presentará a la Comisión a más tardar el 30 de junio de 2012.

Artículo 7 Contrapartes no financieras

1. Cuando una contraparte no financiera tome posiciones en contratos de derivados OTC que superen el umbral de información que se determine con arreglo al apartado 3, letra a), lo notificará a la autoridad competente designada de conformidad con el artículo 48 de la Directiva 2004/39/CE, justificando la toma de dichas posiciones.

Dicha contraparte no financiera estará sujeta a la obligación de información prevista en el artículo 6, apartado 1.

2. Cuando una contraparte no financiera tome posiciones en contratos de derivados OTC que superen el umbral de compensación que se determine con arreglo al apartado 3, letra b), estará sujeta a la obligación de compensación prevista en el artículo 3 con respecto a todos sus contratos de derivados OTC a los que sea aplicable esta obligación.

La autoridad competente designada de conformidad con el artículo 48 de la Directiva 2004/39/CE velará por el cumplimiento de la obligación contemplada en el párrafo primero.

3. Se delegan en la Comisión poderes para adoptar normas técnicas reglamentarias en las que se especifique lo siguiente:

a) el umbral de información;

b) el umbral de compensación.

Dichos umbrales se determinarán teniendo en cuenta la importancia sistémica de la suma de las posiciones netas y las exposiciones de cada contraparte por categoría de derivados.

Las normas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero se adoptarán de conformidad con los artículos [7 a 7 quinquies ] del Reglamento …/… [Reglamento AEVM].

La AEVM, tras consultar a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y a otras autoridades pertinentes, presentará a la Comisión proyectos de normas reglamentarias a más tardar el 30 de junio de 2012.

4. Al calcular las posiciones a que se refiere el apartado 2, no se tendrán en cuenta los contratos de derivados OTC suscritos por una contraparte no financiera directamente vinculados a su actividad comercial de una manera objetivamente mensurable.

5. La Comisión, tras consultar a la AEVM, a la JERS y a otras autoridades pertinentes, revisará periódicamente los umbrales establecidos en el apartado 3 y los modificará en caso necesario.

Artículo 8 Técnicas de reducción del riesgo aplicables a los contratos de derivados OTC no compensados por una contraparte central

1. Las contrapartes financieras o las contrapartes no financieras a que se refiere el artículo 7, apartado 2, que suscriban un contrato de derivados OTC no compensado por una contraparte central, velarán por la instauración de procedimientos y mecanismos adecuados para medir, controlar y reducir el riesgo de crédito y operativo, entre ellos, como mínimo, los siguientes:

a) si es posible, medios electrónicos que permitan confirmar rápidamente los términos del contrato de derivados OTC;

b) procesos sólidos, resistentes y controlables que permitan conciliar carteras, gestionar el riesgo asociado e identificar rápidamente litigios entre partes y resolverlos, y realizar el seguimiento del valor de los contratos pendientes.

A efectos de la letra b), el valor de los contratos pendientes se evaluará diariamente a precios de mercado y los procedimientos de gestión del riesgo requerirán un intercambio de garantías oportuno, exacto y con una segregación adecuada o la posesión de un capital adecuado y proporcionado.

2. Se delegan en la Comisión poderes para adoptar normas técnicas reglamentarias en las que se especifique el plazo máximo que podrá transcurrir entre la celebración de un contrato de derivados OTC y la confirmación a que se refiere el apartado 1, letra a).

Las normas técnicas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero se adoptarán de conformidad con los artículos [7 a 7 quinquies ] del Reglamento …/… [Reglamento AEVM].

La AEVM presentará a la Comisión un proyecto de normas técnicas reglamentarias a más tardar el 30 de junio de 2012.

3. Se delegan en la Comisión poderes para adoptar normas técnicas reglamentarias en las que se especifiquen los mecanismos y niveles de garantía y de capital requeridos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1, letra b), y en el párrafo segundo de ese mismo apartado.

En función de la naturaleza jurídica de la contraparte, las normas técnicas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero se adoptarán de conformidad con los artículos [7 a 7 quinquies ] del Reglamento UE…/… [ABE], con los artículos [7 a 7 quinquies ] del Reglamento UE …/… [AEVM] o con los artículos [7 a 7 quinquies ] del Reglamento UE…/… [AESPJ] .

La AEB, la AEVM y la AESPJ presentarán conjuntamente a la Comisión un proyecto común de normas técnicas reglamentarias a más tardar el 30 de junio de 2012.

Artículo 9 Sanciones

1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable en caso de infracción de las disposiciones del presente título y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Las sanciones consistirán como mínimo en multas administrativas. Las sanciones previstas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes responsables de la supervisión de las contrapartes financieras y, en su caso, no financieras, hagan públicas todas las sanciones que se hayan impuesto por incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 a 8, a menos que dicha divulgación pueda poner en grave riesgo los mercados financieros o causar un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas.

A más tardar el 30 de junio de 2012, los Estados miembros notificarán a la Comisión el régimen de sanciones a que se refiere el apartado 1. Comunicarán sin demora a la Comisión cualquier modificación ulterior del mismo.

3. La Comisión, asistida por la AEVM, verificará que las sanciones administrativas mencionadas en el apartado 1 y los umbrales mencionados en el artículo 7, apartados 1 y 2, se aplican de manera efectiva y coherente.

Título IIIAutorización y supervisión de las contrapartes centrales

Capítulo 1Condiciones y procedimientos de autorización de las contrapartes centrales

Artículo 10 Autorización de las contrapartes centrales

1. Cuando una contraparte central que sea una persona jurídica establecida en la Unión y tenga acceso a una liquidez adecuada se proponga prestar servicios y realizar actividades, solicitará autorización a la autoridad competente del Estado miembro en que esté establecida.

La liquidez podría derivarse del acceso a la liquidez de un banco central o a la liquidez de bancos comerciales solventes y fiables, o una combinación de ambos. El acceso a la liquidez podría resultar de una autorización otorgada de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2006/48/CE u otros mecanismos adecuados.

2. La autorización será válida para todo el territorio de la Unión.

3. La autorización especificará los servicios o actividades que la contraparte central podrá prestar o realizar, incluidas las categorías de instrumentos financieros cubiertas por la autorización.

4. Las contrapartes centrales deberán cumplir en todo momento las condiciones necesarias para la autorización inicial.

Las contrapartes centrales notificarán sin dilaciones injustificadas a la autoridad competente todo cambio importante respecto de las condiciones de la autorización inicial.

5. Se delegan en la Comisión poderes para adoptar normas técnicas reglamentarias en las que se especifiquen los criterios para determinar la liquidez adecuada a que se refiere el apartado 1.

Las normas técnicas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero se adoptarán de conformidad con los artículos [7 a 7 quinquies ] del Reglamento …/… [Reglamento AEVM].

La ABE, tras consultar a la AEVM, presentará a la Comisión un proyecto de normas técnicas reglamentarias a más tardar el 30 de junio de 2012.

Artículo 11 Ampliación de las actividades y servicios

1. La contraparte central que desee ampliar su actividad a servicios o actividades adicionales no cubiertos por la autorización inicial, presentará una solicitud en este sentido. La oferta de servicios de compensación en una moneda diferente o mediante instrumentos financieros cuyas características de riesgo difieran considerablemente de aquellas para las que la contraparte central obtuvo la autorización se considerará una ampliación de dicha autorización.

Para la ampliación de una autorización se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 13.

2. En caso de que la contraparte central desee ampliar su actividad a un Estado miembro distinto de su Estado miembro de establecimiento, la autoridad competente de su Estado miembro de establecimiento lo notificará inmediatamente a la autoridad competente de ese otro Estado miembro.

Artículo 12 Requisitos de capital

1. Para ser autorizadas conforme al artículo 10, las contrapartes centrales deberán poseer un capital inicial permanente, disponible y separado de al menos 5 millones de euros.

2. El capital, junto con las ganancias acumuladas y las reservas de las contrapartes centrales, deberán ser en todo momento suficientes para garantizar que puedan proceder a una reestructuración o a la liquidación ordenada de sus actividades en un plazo adecuado y que estén debidamente protegidas para hacer frente a los riesgos operativos y residuales.

3. Se delegan en la Comisión poderes para adoptar normas técnicas reglamentarias en las que se especifique el capital, las ganancias acumuladas y las reservas de las contrapartes centrales a que se refiere el apartado 2.

Las normas técnicas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero se adoptarán de conformidad con los artículos [7 a 7 quinquies ] del Reglamento …/… [Reglamento AEVM].

La AEVM, tras consultar a la ABE, presentará a la Comisión un proyecto de normas técnicas reglamentarias a más tardar el 30 de junio de 2012.

Artículo 13 Procedimiento de concesión y denegación de la autorización

1. La autoridad competente concederá la autorización únicamente si la contraparte central solicitante demuestra a total satisfacción de dicha autoridad que cumple todos los requisitos previstos en el presente Reglamento y los requisitos adoptados con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 98/26/CE, y una vez obtenido el dictamen conjunto favorable del colegio a que se refiere el artículo 15 y el dictamen de la AEVM.

2. La contraparte central solicitante deberá facilitar toda la información necesaria para que la autoridad competente pueda comprobar que aquella ha adoptado, en el momento de la autorización inicial, todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le impone el presente Reglamento.

3. Dentro de los seis meses siguientes a la presentación de una solicitud completa, la autoridad competente notificará por escrito a la contraparte central solicitante si se ha concedido la autorización.

Artículo 14 Colegios

1. La autoridad competente del Estado miembro de establecimiento de la contraparte central creará y presidirá un colegio a fin de facilitar el desempeño de las tareas mencionadas en los artículos 10, 11, 46 y 48.

Serán miembros del colegio:

a) la AEVM;

b) la autoridad competente del Estado miembro de establecimiento de la contraparte central;

c) las autoridades competentes responsables de la supervisión de los miembros compensadores de la contraparte central establecidos en los tres Estados miembros que aporten globalmente la mayor contribución al fondo de garantía frente a incumplimientos de la contraparte central a que se refiere el artículo 40;

d) las autoridades competentes responsables de la supervisión de los mercados regulados, o de los sistemas de negociación multilateral, a los que preste servicios la contraparte central, o ambos;

e) las autoridades competentes que supervisen contrapartes centrales con las que se hayan suscrito acuerdos de interoperabilidad;

f) la autoridad responsable de la supervisión de la contraparte central y los bancos centrales que emitan las monedas más pertinentes con respecto a los instrumentos financieros compensados.

2. Sin perjuicio de las responsabilidades de las autoridades competentes contempladas en el presente Reglamento, el colegio se ocupará de:

a) preparar el dictamen conjunto a que hace referencia el artículo 15;

b) garantizar el intercambio de información, incluidas las solicitudes de información en virtud del artículo 21;

c) acordar la atribución de tareas entre sus miembros con carácter voluntario;

d) establecer programas de examen prudencial basados en una evaluación de riesgos de la contraparte central;

e) aumentar la eficiencia de la supervisión, eliminando toda duplicación innecesaria de los requisitos de supervisión;

f) aplicar de manera coherente las prácticas de supervisión;

g) determinar los procedimientos y planes de emergencia para hacer frente a las situaciones a que se refiere el artículo 22.

3. El establecimiento y el funcionamiento del colegio se basarán en un acuerdo por escrito entre todos sus miembros.

Dicho acuerdo determinará las modalidades prácticas de funcionamiento del colegio y podrá definir las tareas que se confiarán a la autoridad competente del Estado miembro de establecimiento de la contraparte central o a otro miembro del colegio.

Artículo 15 Dictamen conjunto

1. La autoridad competente del Estado miembro en que esté establecida la contraparte central llevará a cabo una evaluación de riesgos de la contraparte central y presentará un informe al colegio.

El colegio emitirá un dictamen con