ES Diario Oficial de la Unión Europea L 252/28

RESOLUCIÓN (UE, Euratom) 2017/1607 DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 27 de abril de 2017

que contiene las observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III — Comisión y agencias ejecutivas

EL PARLAMENTO EUROPEO,

— Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III — Comisión,

— Vistas sus Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución de los presupuestos de las agencias ejecutivas para el ejercicio 2015,

— Vistos los artículos 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Vistos el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 (1) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») y el Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (2) («Normas de desarrollo»),

— Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0150/2017),

A. Considerando que Europa se enfrenta a una crisis de confianza en sus instituciones y que cada una de las instituciones de la Unión debe aceptar su propia parte de responsabilidad por esta situación, la cual obliga al Parlamento a ser especialmente riguroso al examinar las cuentas de la Comisión;

B. Considerando que las instituciones y los Estados miembros de la Unión deben mejorar su política de comunicación en el sentido de informar adecuadamente a los ciudadanos sobre los resultados alcanzados mediante el presupuesto de la Unión y de su valor añadido;

C. Considerando que el Parlamento debe mostrarse firmemente comprometido con las preocupaciones de los ciudadanos de la Unión relativas a cómo se gasta el presupuesto de la Unión y a cómo protege la Unión sus intereses;

D. Considerando que las instituciones de la Unión deben trabajar para crear un sistema presupuestario de la Unión que sea sólido y resiliente, pero también flexible tanto en períodos de estabilidad como en períodos difíciles;

E. Considerando que la política de cohesión aporta un claro valor añadido, pues mejora la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión al ser una política fundamental de solidaridad y una fuente esencial de inversión pública;

F. Considerando que las instituciones de la Unión han de tener una visión clara y consensuada de qué prioridades políticas y bienes públicos de la Unión deben financiarse en primer lugar para responder a las preocupaciones de nuestros ciudadanos y colmar las lagunas de nuestras políticas;

G. Considerando que el gasto de la Unión, aunque no represente más que el 1 % de la RNB de la Unión, es un instrumento importante para la consecución de los objetivos de las políticas europeas, que se sirve del valor añadido europeo y representa, por término medio, el 1,9 % del gasto total de las administraciones públicas de los Estados miembros de la Unión;

H. Considerando que, a pesar de que los porcentajes del presupuesto de la Unión correspondientes a a) la parte del gasto total agregado de los Estados miembros y b) elementos no contabilizados/malgastados/desperdiciados de ese presupuesto son reducidos, las sumas efectivas en cuestión son considerables y, por lo tanto, justifican un control exhaustivo;

I. Considerando que, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión tiene la responsabilidad última en relación con la ejecución del presupuesto de la Unión, mientras que los Estados miembros están obligados a cooperar lealmente con la Comisión para garantizar que los créditos se utilizan de conformidad con el principio de buena gestión financiera;

J. Considerando que, cuando el Parlamento aprueba la gestión de la Comisión, comprueba si los fondos se han utilizado correctamente o no y si se han alcanzado o no los objetivos de las políticas;

Presupuesto, períodos de programación y prioridades políticas

1. Observa que la duración de siete años del marco financiero plurianual actual no está sincronizada con los mandatos de cinco años del Parlamento y de la Comisión, y que de hecho provoca desfases también entre el presupuesto para el ejercicio financiero y la aprobación de la gestión de este; señala, por otra parte, que ni el ciclo de planificación estratégica de diez años ni la Estrategia Europa 2020 se ajustan tampoco al ciclo de siete años previsto para la gestión del presupuesto de la Unión; considera que este desfase es una de las causas de una importante deficiencia de la gobernanza política de la Unión, dado que el Parlamento y la Comisión están vinculados por acuerdos previos sobre objetivos políticos y finanzas, lo que podría hacer pensar que las elecciones europeas son irrelevantes en este contexto;

2. Observa que en 2015 el presupuesto de la Unión debía apoyar la consecución de los objetivos de dos programas políticos a largo plazo, a saber: a) la Estrategia Europa 2020, por una parte, y b) las diez prioridades políticas establecidas por el presidente Juncker, por otra, pero también tuvo que responder a varias situaciones de crisis: los refugiados, la inseguridad en Europa y sus países vecinos, la inestabilidad financiera en Grecia y el impacto económico del veto ruso a las exportaciones, además del prolongado impacto de la crisis financiera con sus secuelas estructurales de paro, pobreza y desigualdad;

3. Observa que las políticas de la Unión pueden tener diferentes objetivos a corto, medio y largo plazo, cuya realización no puede por consiguiente ser determinada por un único marco financiero plurianual; considera que sería conveniente reflexionar acerca de un nuevo equilibrio entre la definición de la agenda política, la ejecución de las políticas y los marcos financieros;

4. Lamenta que el régimen presupuestario transitorio no ofrezca el sistema ideal para la transposición de las aspiraciones políticas y sociales en objetivos operativos útiles para los programas y planes de gasto;

5. Señala que en 2020 se presentará la oportunidad de adecuar la estrategia y la elaboración de políticas a largo plazo al ciclo presupuestario, y recomienda que se no se deje pasar dicha oportunidad;

6. Manifiesta su preocupación por que, según el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») (3), en 2015 el porcentaje del gasto del presupuesto de la Unión dedicado al clima fue solo del 17,3 %, y el promedio para el período 2014-2016 fue solo del 17,6 %, mientras que el objetivo a alcanzar era, al menos, el 20 % del gasto a lo largo de todo el período de financiación; resalta, por lo tanto, que según el Tribunal existe un grave riesgo de que no se alcance el objetivo del 20 % si no se realiza un esfuerzo mayor en la lucha contra el cambio climático;

7. Señala, además, que el objetivo del 20 % del gasto relacionado con el clima se decidió antes del Acuerdo de París; está convencido de que deben realizarse más esfuerzos para hacer que el presupuesto de la Unión se destine aún más a la lucha contra el cambio climático; destaca, por otra parte, que la revisión del marco financiero plurianual brinda una excelente oportunidad para garantizar que se alcance el objetivo del 20 % del gasto en medidas relacionadas con el cambio climático y para prever un posible aumento de este umbral en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por la Unión en el marco de la COP21;

8. Acoge favorablemente el concepto de la planificación presupuestaria basada en el rendimiento puesto en marcha por la Comisión; considera que el presupuesto de la Unión debería ser más eficiente y eficaz que nunca dada la escasez de recursos financieros; lamenta, sin embargo, que la Comisión se concentre más en las realizaciones que en los resultados;

Medidas que deben adoptarse

9. Apoya la sugerencia formulada por el Tribunal en su Documento informativo, de 28 de octubre de 2016, sobre la revisión intermedia del marco financiero plurianual (puntos 39 y 40), en el que afirma que ha llegado la hora de que la Comisión explore otras opciones, como por ejemplo: — un programa de presupuestación evolutiva con una planificación a cinco años vista, una o varias cláusulas de revisión por objetivos y políticas, y un programa de evaluación evolutivo; — determinación de la duración de los programas y planes en función de las necesidades políticas y no de la duración del período de programación financiera; establecimiento de la obligación de los Estados miembros y la Comisión de presentar a) las necesidades debidamente justificadas de financiación de la Unión y b) los resultados que se pretenden alcanzar, antes de que se decida el gasto;

10. Pide a la Comisión que incluya en el orden del día de la próxima reunión de expertos sobre un presupuesto centrado en los resultados las sugerencias formuladas por el Tribunal en los puntos 39 y 40 de su mencionado Documento informativo, de 28 de octubre de 2016, y en las recomendaciones del grupo de expertos de alto nivel sobre recursos propios con el fin de preparar la próxima conferencia de la iniciativa «Un presupuesto de la UE centrado en los resultados», en la que los ámbitos políticos en los que se debe utilizar el presupuesto de la Unión se debatirán antes de tomar decisiones sobre el marco financiero;

11. Suscribe todas las recomendaciones que el Tribunal formula en su Informe Especial n.o 31/2016, en especial la relativa a que la Comisión debe explorar todas las oportunidades potenciales, incluidas la revisión intermedia del marco financiero plurianual y la revisión de ciertas bases jurídicas, para garantizar una verdadera orientación a la acción por el clima; pide al Tribunal que emita un informe de seguimiento sobre el gasto del presupuesto de la Unión relacionado con el clima antes de finales de 2018;

12. Pide a la Comisión que aproveche más las oportunidades que presenta la reserva de eficacia dentro del marco jurídico existente, con el fin de crear un auténtico impulso financiero que mejore eficazmente la gestión financiera; solicita, además, un refuerzo de la reserva de eficacia como instrumento, mediante el aumento del componente vinculado a la eficacia en el próximo marco legislativo;

13. Pide a la Comisión que oriente sus prioridades hacia la consecución de la Estrategia Europa 2020 utilizando los instrumentos del Semestre Europeo;

14. Pide a la Comisión que esboce las prioridades políticas para el período financiero que da comienzo en 2021, y que presente el texto al Parlamento en una fase temprana;

15. Lamenta que la Comisión no realizase una revisión completa de la Estrategia Europa 2020 con el fin de garantizar su ejecución en el marco de la «Agenda estratégica para la Unión en tiempos de cambio» adoptada por el Consejo Europeo en junio de 2014, como prevé esta agenda;

16. Pide a la Comisión que tome en consideración el Acuerdo de París y que aumente inmediatamente el objetivo de gasto relacionado con el clima en el presupuesto de la Unión del 20 al 30 %;

17. Pide a la Comisión que elabore los próximos presupuestos de la Unión con vistas a hacerlos más eficientes y eficaces y ajustarlos mejor a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, los objetivos climáticos de la Unión y los compromisos internacionales de la Unión;

Presupuestos alternativos

18. Señala que muchos de los mecanismos financieros de apoyo a las políticas de la Unión no son financiados directamente por el presupuesto de la Unión ni se registran en su balance; observa que entre ellos se encuentran la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Mecanismo Único de Resolución y el Fondo Europeo de Inversiones vinculado al Banco Europeo de Inversiones;

19. Observa que otros mecanismos están parcialmente registrados en el balance de la Unión, como la financiación combinada y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas;

20. Señala el recurso cada vez mayor a instrumentos financieros compuestos principalmente por préstamos, instrumentos de capital, garantías e instrumentos de riesgo compartido en gestión indirecta durante el período 2014-2020, y observa además que el Grupo del Banco Europeo de Inversiones gestionó prácticamente todos los instrumentos financieros en régimen de gestión indirecta; considera insuficiente la información disponible para evaluar lo que se ha conseguido con dichos instrumentos, sobre todo en lo tocante a su impacto social y medioambiental; subraya que los instrumentos financieros pueden complementar las subvenciones pero no deben reemplazarlas;

21. Constata que, lamentablemente, el mayor recurso a esos instrumentos financieros, así como a los instrumentos financieros en gestión compartida (instrumentos de ingeniería financiera), presenta mayores riesgos no solo para que el presupuesto europeo siga siendo un instrumento creíble y suficiente tanto para los objetivos actuales como para los futuros, sino también para la rendición de cuentas y para la coordinación de las políticas y operaciones de la Unión; subraya que la potenciación del recurso a instrumentos financieros debe ir precedida de una evaluación general de sus resultados, logros y eficacia; remite a los Informes Especiales del Tribunal (4) en los que se afirmaba que los instrumentos financieros no funcionan como se esperaba, están sobredimensionados o no consiguen atraer capital privado;

22. Advierte a la Comisión de que los instrumentos financieros o dispositivos de financiación no están necesariamente vinculados a los objetivos y metas políticos de la Unión y pueden financiar proyectos que no se corresponden con los compromisos de la Unión;

23. Señala que el lanzamiento del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas ha repercutido en el retraso de la puesta en marcha del Mecanismo «Conectar Europa» y que incidirá también en la utilización de otros instrumentos financieros.

Medidas que deben adoptarse

24. Insta a la Comisión a que proponga medidas para que los dispositivos de financiación de la Unión para la ejecución del presupuesto de la UE —que incluyen en la actualidad diferentes herramientas y combinaciones entre ellas, como por ejemplo programas, Fondos Estructurales y de inversión, fondos fiduciarios, fondos de inversiones estratégicas, fondos de garantía, facilidades, instrumentos financieros, instrumentos de ayuda macrofinanciera, etc.— sean más claros, simples y coherentes y estén mejor equipados para garantizar un grado suficiente de transparencia, rendición de cuentas, eficacia y comprensión por parte de la ciudadanía de las modalidades de financiación de las políticas de la Unión y qué ventajas aportan; lamenta que la propuesta de un nuevo Reglamento Financiero a partir de septiembre de 2016 no aborde estos problemas como debiera;

25. Pide a la Comisión que revise la evaluación ex ante para el instrumento de deuda del Mecanismo «Conectar Europa» a la luz de la creación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y que presente además al Parlamento una evaluación del impacto de este Fondo en otros programas e instrumentos financieros de la Unión;

26. Solicita al Tribunal que evalúe la contribución de los instrumentos financieros y dispositivos de financiación (enumerados en el apartado 24) a la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión que adopte todas las medidas pertinentes para garantizar que los instrumentos financieros y cualquier dispositivo de financiación son compatibles con la estrategia, los objetivos y los compromisos adoptados por la Unión;

27. Celebra la intención del comisario Oettinger de reintegrar, a largo plazo, los diversos presupuestos alternativos en el marco del presupuesto de la Unión; considera que ello daría un importante espaldarazo a la rendición de cuentas democrática; está firmemente convencido de que este problema debe resolverse lo antes posible, pero a más tardar antes de que finalice el próximo período de programación financiera; pide a la Comisión que prepare una comunicación al respecto antes de noviembre de 2017;

Gestión presupuestaria y financiera

28. Lamenta los importantes retrasos registrados en la utilización de los Fondos Estructurales en el período 2007-2013; observa que, a finales de 2015, seguía pendiente de pago el 10 % del total de los 446 200 millones EUR asignados a todos los programas operativos aprobados;

29. Subraya que esta situación puede suponer de hecho un problema importante y mermar la eficacia de los Fondos Estructurales y de inversión europeos, ya que el importe que representa la contribución de la Unión no solicitada, junto con la cofinanciación exigida, sobrepasa en algunos Estados miembros el 15 % del gasto total de las administraciones públicas, considerando los dos últimos períodos financieros 2007-2013 y 2014-2020;

30. Observa con preocupación que, a finales de 2015, en cinco Estados miembros (República Checa, Italia, España, Polonia y Rumanía) y principales beneficiarios se acumulaban más de la mitad de los créditos de compromiso no utilizados de los Fondos Estructurales que no dieron lugar a pagos en el período de programación 2007-2013, siendo atribuible el retraso a distintos motivos (falta de capacidad y asistencia administrativa, falta de recursos nacionales para cofinanciar operaciones europeas, retraso en la presentación de los programas regionales para el marco financiero plurianual 2014-2020 etc.);

31. Señala que una novedad de este marco financiero plurianual es que los importes no utilizados situados por debajo del límite máximo de pagos y de compromisos aumentan automáticamente la flexibilidad de los ejercicios siguientes;

32. Destaca que el nivel de compromisos en 2015 fue más elevado que el de los ejercicios anteriores y se ajustaba al límite global (el 97,7 % del importe disponible);

33. Señala que, en 2015, las tres cuartas partes del gasto operativo se destinaron a regímenes que operan con arreglo a las normas del anterior MFP, a saber, subvenciones a los agricultores en 2014, proyectos de cohesión y proyectos de investigación del Séptimo Programa Marco, iniciado en 2007;

34. Considera inaceptable que, a finales de 2015, los Estados miembros hubieran designado a menos del 20 % de las autoridades nacionales responsables de los Fondos Estructurales y de inversión europeos, con excepción del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, cuando dicha designación es un paso necesario para que las autoridades de los Estados miembros puedan presentar declaraciones de gastos a la Comisión; opina que las importantes novedades introducidas para el período 2014-2020 generan problemas administrativos a pesar de los esfuerzos de simplificación;

35. Señala que las dificultades al completar los procedimientos de evaluación del cumplimiento en relación con el nuevo sistema de gestión y control, que generalmente se verifican al inicio del período de programación, son una causa importante de los retrasos en la absorción;

36. Observa que la recesión económica mundial, que tiene un impacto directo en forma de medidas de restricción presupuestaria que se aplican a los presupuestos públicos y dificultades para obtener financiación interna, es también una causa principal de los retrasos en la absorción;

37. Lamenta profundamente que, en consecuencia, exista el riesgo de que los retrasos en la ejecución presupuestaria para el período de programación 2014-2020 sean superiores a los del período 2007-2013; teme que el próximo marco financiero plurianual pueda iniciarse con un nivel sin precedentes de compromisos pendientes de liquidación, lo cual podría poner en peligro la gestión del presupuesto de la Unión durante los primeros años; espera que la Comisión haya sacado conclusiones al respecto para evitar que se produzcan retrasos similares en el futuro;

38. Observa que, en marzo de 2015, la Comisión aprobó un plan de pagos en el que presentaba medidas a corto plazo para reducir el nivel de facturas pendientes de pago, pero señala que, si bien esas medidas tienen por objeto mejorar la gestión del flujo de tesorería a corto plazo, el elevado nivel de compromisos pendientes requiere una perspectiva a más largo plazo así como una evaluación en profundidad de las causas en origen (dificultades administrativas y operativas, restricciones macroeconómicas, etc.) con el fin de establecer una estrategia eficaz para evitarlas en el futuro;

39. Subraya que la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea podría crear problemas respecto al modo en que se gestiona el presupuesto de la Unión, especialmente en relación con los pagos; señala la necesidad de tratar este elemento crucial en cualquier acuerdo de transición o definitivo con cualquier Estado miembro que se retire de la Unión;

Medidas que deben adoptarse

40. Pide a la Comisión que adopte medidas para cumplir estrictamente las normas y los plazos en relación con los compromisos pendientes, entre las que figuren: i) el cierre y la liberación de créditos de los programas del período 2007-2013; ii) una utilización adecuada de la corrección neta del gasto en el ámbito de cohesión; iii) una reducción del efectivo en cuentas fiduciarias, y iv) la elaboración de planes y previsiones de pagos en los ámbitos en los que los compromisos pendientes sean significativos;

41. Reitera que la Comisión debe fijar anualmente una previsión actualizada de flujo de tesorería a largo plazo que abarque un período de siete a diez años y que cubra los límites máximos presupuestarios, las necesidades en materia de pagos, las limitaciones de la capacidad y posibles liberaciones de créditos con el fin de ajustar mejor los fondos disponibles a las necesidades de pago;

42. Pide a la Comisión que, en su gestión presupuestaria y financiera, tenga presentes las limitaciones de la capacidad y las condiciones socioeconómicas específicas en varios Estados miembros, dada la situación crítica en la que se encuentran algunos de ellos; le pide asimismo que utilice todos los instrumentos disponibles de asistencia técnica y el nuevo Programa de Apoyo a la Reforma Estructural para apoyar a estos Estados miembros, con el fin de evitar la infrautilización de los fondos y de aumentar las tasas de absorción, especialmente en el ámbito de los Fondos Estructurales y de inversión europeos;

43. Reitera la necesidad de unas normas y procedimientos simplificados y claros, tanto a nivel nacional como de la Unión, con el fin de facilitar el acceso de los beneficiarios a los fondos de la Unión y garantizar una buena gestión de dichos fondos por parte de los servicios administrativos; cree que esta simplificación contribuirá a acelerar la asignación de fondos, aumentar el índice de absorción, incrementar la eficacia y la transparencia, disminuir los errores de aplicación y acortar los plazos de pago; considera que es preciso conseguir un equilibrio entre la simplificación y la estabilidad de las normas y los procedimientos; observa que, en cualquier caso, proporcionar información y directrices suficientes a los posibles solicitantes y beneficiarios es una condición necesaria para el éxito de la ejecución;

44. Pide a la Comisión que se abstenga de realizar nuevos recortes a la asistencia técnica de la que dispone y que proponga un plan de acción para una absorción eficaz y puntual, con especial hincapié en aquellos Estados miembros y regiones que se están quedando atrás y tienen bajas tasas de absorción;

Instrumentos de ingeniería financiera

45. Lamenta que, en el marco de la gestión compartida, hasta finales de 2015 solo se hubiera pagado el 75 % (5) de las contribuciones a los instrumentos de ingeniería financiera para el período de programación 2007-2013 a los beneficiarios finales (un 57 % a finales de 2014 y un 37 % a finales de 2012) y que la tesorería depositada en instrumentos de gestión indirecta siguiera siendo elevada (1 300 millones EUR en 2015, 1 300 millones EUR en 2014, 1 400 millones EUR en 2013);

46. Observa con preocupación que los importes no utilizados de los instrumentos financieros siguen siendo relativamente elevados, concentrándose el 80 % de ellos en cinco Estados miembros a finales de 2014 (de los cuales Italia constituía el 45 % del total); considera conveniente que la Comisión lleve a cabo una evaluación global de dichos instrumentos antes de finales de 2018, a fin de sopesar si deben prorrogarse al próximo período de programación financiera;

47. Solicita que la Comisión recupere los saldos de efectivo no utilizados en los instrumentos financieros de gestión compartida y los fondos no utilizados en los instrumentos financieros de gestión indirecta de anteriores marcos financieros plurianuales cuyos períodos de subvencionabilidad hayan expirado.

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal

48. Celebra que el Tribunal haya emitido una opinión favorable sobre la fiabilidad de las cuentas de 2015, tal como ha venido haciendo desde 2007, y que haya concluido que los ingresos estaban exentos de errores significativos en 2015; observa con satisfacción que los compromisos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2015 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos;

49. Lamenta profundamente que, por vigesimosegundo año consecutivo, los pagos estuvieran significativamente afectados por errores atribuibles a la eficacia solo parcial de los sistemas de supervisión y control;

50. Lamenta que, a pesar de la mejora, el porcentaje de error más probable de los pagos sea del 3,8 %; recuerda que el porcentaje de error más probable para los pagos se estimó en un 4,4 % en el ejercicio 2014, en un 4,7 % en el ejercicio 2013, en un 4,8 % en el ejercicio 2012 y en un 3,9 % en el ejercicio 2011;

51. Destaca que, si bien la situación ha mejorado en los últimos años, el porcentaje de error más probable se sigue situando muy por encima del límite de importancia relativa del 2 %; subraya que si la Comisión, las autoridades de los Estados miembros o los auditores independientes hubiesen utilizado toda la información de la que disponían, habrían podido evitar, o detectar y corregir, una proporción significativa de errores antes de que se efectuaran los pagos correspondientes; considera inaceptable que no se utilice la información de que se dispone para cometer menos errores; está firmemente convencido de que los Estados miembros desempeñan un papel crucial a este respecto; insta a los Estados miembros a que utilicen toda la información de la que disponen para prevenir, detectar y corregir cualquier error y actuar en consecuencia;

52. Lamenta que, a raíz de un cambio en el marco jurídico de la política agrícola común en 2015, el Tribunal ya no incluya la condicionalidad en su verificación de las operaciones, lo cual dificulta la comparación con el ejercicio financiero anterior; señala que, en 2014, esos errores contribuyeron con 0,6 puntos porcentuales al nivel global de error estimado para la rúbrica 2 del marco financiero plurianual «Recursos naturales», mientras que entre 2011 y 2014 su contribución anual al nivel global de error estimado fue de 0,1 a 0,2 puntos porcentuales;

53. Constata con preocupación que, si no se hubieran aplicado a los pagos auditados por el Tribunal las medidas correctoras adoptadas por los Estados miembros y la Comisión, el nivel global de error estimado habría sido del 4,3 % en vez del 3,8 %;

54. Observa que el tipo de gestión tiene un impacto limitado en el nivel de error, ya que el Tribunal detecta prácticamente el mismo nivel de error estimado en los gastos en gestión compartida con los Estados miembros (un 4,0 %) que en los gastos gestionados directamente por la Comisión (3,9 %);

55. Señala que el Tribunal detectó los niveles de error estimados más elevados en los gastos en las rúbricas «Cohesión económica, social y territorial» (con el 5,2 %) y «Competitividad para el crecimiento y el empleo» (con el 4,4 %), mientras que los gastos en «Administración» presentaban el nivel de error estimado más bajo (con el 0,6 %); subraya que, en general, los errores no constituyen fraude; recomienda que el Tribunal comience a elaborar un informe especial en el que examine y compare estos ámbitos con vistas a producir un documento conciso sobre «mejores prácticas»;

56. Observa que los diferentes perfiles de riesgo de los regímenes de reembolso y de los regímenes de derechos tuvieron una gran influencia en el nivel de error en los distintos ámbitos de gasto; constata que el nivel de error es del 5,2 % cuando la Unión reembolsa los costes admisibles de actividades subvencionables sobre la base de las declaraciones de gastos presentadas por los beneficiarios, mientras que es del 1,9 % cuando, en lugar de reembolsarse los costes, los pagos se realizan si se cumplen determinadas condiciones; recomienda que el Tribunal examine y compare estos ámbitos con vistas a elaborar un informe especial sobre las mejores prácticas.

Informe de gestión anual y rendimiento: balance de la gestión e instrumentos de gobernanza interna de la Comisión

57. Observa que, en comparación con la situación en 2014, el importe de los pagos en situación de riesgo, determinado por la Comisión en su informe de gestión anual y rendimiento del presupuesto de la UE para 2015 [COM(2016) 446], disminuyó alrededor de un 10 % debido principalmente a la reducción del importe en riesgo notificado en el ámbito de la agricultura;

58. Destaca que la Comisión reconoce que el gasto está afectado por un nivel significativo de error, ya que, según su informe de gestión anual y rendimiento para 2015, el importe en situación de riesgo se sitúa entre 3 300 y 4 500 millones EUR, lo que representa entre el 2,3 % y el 3,1 % de los pagos; observa que la Comisión calcula que, en años venideros, detectará y corregirá errores por un importe situado entre 2 100 y 2 700 millones EUR;

59. Conviene con el Tribunal en que la metodología de la Comisión para estimar el importe con riesgo de error ha mejorado a lo largo de los años, pero que las estimaciones de las distintas direcciones generales respecto del nivel de gasto irregular no se basan en una metodología coherente (véase el apartado 1.38 del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2015); recomienda que se regularice y normalice esta práctica tan pronto como sea posible;

60. Observa que, pese a las mejoras introducidas, la Comisión no ha eliminado el riesgo de que se sobrevalore el impacto de las medidas correctoras;

61. Señala, en particular, que, durante más de tres trimestres de 2015, las direcciones generales de la Comisión basaron su estimación del importe en riesgo en datos facilitados por las autoridades nacionales, cuando, según los informes anuales de actividad de las direcciones generales de la Comisión correspondientes, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) y la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), la fiabilidad de los informes de control de los Estados miembros sigue siendo problemática, pese a que ha mejorado la comunicación de información por parte de los Estados miembros; considera inaceptable que los Estados miembros no cooperen de manera leal con la Comisión en lo que respecta a los informes de control y su fiabilidad;

62. Subraya que la carga que supone el control para los usuarios finales disminuiría si se adoptase un enfoque de «auditoría única», según el cual una auditoría europea no se llevaría a cabo de manera separada, sino que se basaría en auditorías nacionales. Sin embargo, dicha línea de rendición de cuentas solo sería posible si las auditorías nacionales fuesen adecuadas y si la Comisión y los Estados miembros acordasen los principios y las interpretaciones; pide a la Comisión que se muestre proactiva a este respecto mediante la publicación de directrices;

63. Considera que la aprobación de la gestión debería depender de la realización de las mejoras necesarias en gestión financiera a nivel de Estado miembro; señala que, en este contexto, el instrumento de las declaraciones nacionales podría ayudar a conseguir una mayor responsabilidad y apropiación a nivel nacional;

64. Señala que debido a la especificidad de la programación plurianual y a la complejidad y acumulación de las reglas regionales, nacionales y de la Unión que se aplican al procedimiento presupuestario, y puesto que se pueden corregir los errores más de diez años después de que se hayan producido, resulta artificial basar el impacto estimado de las correcciones futuras en las correcciones registradas durante los seis últimos años;

65. Subraya, en este contexto, que, si la Comisión confiara en la eficacia de su capacidad correctora, los directores generales no formularían ninguna reserva financiera en sus informes anuales de actividad;

66. Señala que, según la Comisión (6), las correcciones financieras y recuperaciones aplicadas ascendieron a un total de 3 900 millones EUR; observa que el Tribunal las clasificó en tres categorías: 1 200 millones EUR en correcciones y recuperaciones en la fuente que se aplicaron antes de que la Comisión aceptara el gasto (en agricultura, cohesión y gestión directa/indirecta); 1 100 millones EUR en deducciones aplicadas por los Estados miembros una vez aceptados los gastos, sustituyendo importes no subvencionables por nuevos proyectos de cohesión; 1 600 millones EUR en correcciones netas (en agricultura y gestión directa/indirecta);

67. Hace hincapié en que, cuando existe un riesgo elevado de irregularidad, la mejor práctica consiste en examinar el riesgo y cuantificar el nivel y el posible impacto; lamenta que en el informe de la Comisión a este respecto se preste una gran atención a la «capacidad correctora» en lugar de a la cuantificación y el análisis de la naturaleza de los errores que detecta, y a la adopción de medidas preventivas pertinentes para evitar tales errores; señala, en particular, que las comunicaciones de la Comisión sobre la protección del presupuesto de la Unión no ofrecen una estimación del nivel de irregularidad presente en las solicitudes de reembolso iniciales o aprobadas;

68. Comparte la opinión expresada por el Tribunal en su Informe Especial n.o 27/2016 en el sentido de que la distinción introducida por la reforma Kinnock-Prodi entre «la responsabilidad política de los comisarios» y la responsabilidad operativa de sus directores generales significa que no siempre ha quedado claro si la «responsabilidad política» incluye la asunción de responsabilidades por la ejecución del presupuesto de las direcciones generales, o si es algo diferente (véase el punto 5 del resumen del Informe Especial n.o 27/2016 del Tribunal);

69. Señala que el Colegio de Comisarios no asume responsabilidades por las cuentas anuales elaborando un prólogo o un informe del presidente o del comisario responsable del presupuesto, y que la Comisión no elabora una declaración anual sobre gobernanza ni sobre control interno, en consonancia con las mejores prácticas y las prácticas habituales en los Estados miembros;

Medidas que deben adoptarse

70. Pide una vez más a la Comisión y a los Estados miembros que adopten procedimientos eficaces para confirmar el calendario, el origen y el importe de las medidas correctoras, y que presenten información que concilie en la medida de lo posible el ejercicio en que se efectúa el pago en cuestión, el ejercicio en que se detecta el error correspondiente y el ejercicio de presentación de las recuperaciones o de las correcciones financieras resultantes en las notas que acompañan a las cuentas;

71. Pide de nuevo a la Comisión que presente cada año una verdadera «declaración de fiabilidad» única, basada en los informes anuales de actividad de los directores generales y que elabore sus propias estimaciones estadísticas del nivel de error; pide a la Comisión que evalúe por separado el importe de los fondos de la Unión que prevé recuperar como recuperaciones o correcciones financieras vinculadas al ejercicio 2015;

72. Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis pormenorizado de los denominados «proyectos retrospectivos», es decir, la práctica de desplazar al programa operativo regional proyectos ya iniciados por las autoridades con otros recursos con vistas a completar o sustituir medidas o proyectos que presentan dificultades operativas o han resultado irregulares, y que dicho análisis incluya las evaluaciones ex ante, para comprobar que los proyectos de sustitución responden a los objetivos previstos;

73. Pide a la Comisión que añada a sus estados financieros una declaración anual sobre gobernanza y control interno que incluya, en particular: — una descripción de los instrumentos de gobernanza interna de la Comisión; — una evaluación de las actividades con riesgo operativo y estratégico llevadas a cabo durante el ejercicio; y — una declaración sobre la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo; y que en su comunicación sobre la protección del presupuesto de la Unión ofrezca una estimación del nivel de irregularidad presente en las solicitudes de reembolso iniciales o aprobadas;

74. Pide a los Estados miembros que proporcionen datos fiables a la Comisión, especialmente en lo relativo a los informes de control;

Reservas políticas

75. Respalda las reservas formuladas en sus informes anuales de actividad por los directores generales de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME), la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI); considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;

76. No ve motivo para que, al igual que en años anteriores, el director general de la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) haya vuelto a formular una reserva general respecto de todos los pagos y solicitudes de reembolso de costes en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación; pide a la Comisión que adopte por fin un enfoque más pertinente y basado en los riesgos y que recurra a reservas específicas cuando sea necesario.

Obtención de resultados a partir del presupuesto de la Unión

Informe de gestión anual y rendimiento: evaluación del rendimiento

77. Señala que el informe de gestión anual y rendimiento para 2015 combina dos informes anteriores: el informe de evaluación elaborado de conformidad con el artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el informe de síntesis requerido por el artículo 66, apartado 9, del Reglamento Financiero;

78. Celebra que el informe proporcione, para cada una de las líneas presupuestarias, información sobre los avances en la ejecución de los programas del marco financiero plurianual 2014-2020 y datos sobre los resultados de los programas del marco financiero plurianual 2007-2013, al tiempo que presenta los vínculos con la Estrategia Europa 2020;

79. Lamenta que en el llamado «informe de evaluación» se confundan, por una parte, las descripciones de actividades con los resultados y, por otra parte, se pretenda evaluar el impacto de las políticas y hacer promesas para el futuro;

80. Recuerda que los Estados miembros no están obligados a incluir indicadores comunes en sus programas, con excepción de la Iniciativa de Empleo Juvenil y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y que las evaluaciones basadas en resultados no forman parte de la fase de control inicial en los Estados miembros;

81. Lamenta que, en lugar de simplificar sus instrumentos de gobernanza interna, la Comisión haya añadido un nuevo plan estratégico plurianual para cada servicio de la Comisión sobre la base de objetivos generales comunes que abarcan las diez prioridades políticas de la Comisión Juncker y que apoyan los objetivos de Europa 2020 y las obligaciones derivadas del Tratado;

82. Reitera su petición de una concentración temática, como se recoge en su informe de aprobación de la gestión del presupuesto del año 2014; pide a la Comisión que estudie en qué medida la concentración temática podría contribuir a la simplificación y a una disminución de la carga normativa y de la carga que representan los controles;

83. Pide a la Comisión que apruebe su informe de gestión anual y rendimiento a su debido tiempo, de manera que el Tribunal pueda tenerlo presente en su informe anual; insiste en que la información que se facilite en este informe ha de ser lo más objetiva posible y contener una evaluación global de los resultados alcanzados por la Comisión con sus políticas en el ejercicio precedente; pide a la Comisión que reflexione sobre la necesidad de definir un período de programación política a largo plazo, como la Estrategia Europa 2020, de diez años de duración;

84. Llama la atención sobre la necesidad de que el proceso de establecer indicadores de rendimiento sea transparente y democrático e implique a todas las instituciones, socios e interesados de la Unión afectados, para que los indicadores sean adecuados para medir la ejecución del presupuesto de la Unión, así como para responder a las expectativas de los ciudadanos de la Unión;

Medidas que deben adoptarse

85. Pide a la Comisión que en sus próximos informes de rendimiento evalúe mejor las realizaciones y resultados de cada política; pide a la Comisión que presente de manera clara y sintética la contribución de las políticas europeas a la consecución de los objetivos de la Unión y que evalúe sus contribuciones respectivas a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

Horizonte 2020

86. Recuerda que Horizonte 2020 es un programa vasto y ambicioso cuyo objetivo general descansa sobre tres prioridades: la excelencia científica, el liderazgo industrial y los retos sociales;

87. Observa que la Comisión Juncker aprobó diez prioridades políticas para el período 2014-2019, que no equivalen exactamente a las prioridades de la Estrategia Europa 2020; señala que ello da lugar a que el marco jurídico y la dotación presupuestaria de Horizonte 2020 sean reflejo de la estrategia Europa 2020, mientras que, a la hora de ejecutar Horizonte 2020, la Comisión ha reorientado desde 2014 sus mecanismos de planificación estratégica y gestión en función de las diez prioridades políticas;

88. Lamenta que, hasta la fecha, la Comisión no haya definido la relación entre las dos series de prioridades, y pide a la Comisión que aclare estos vínculos;

89. Subraya que un factor esencial para el éxito de Horizonte 2020 es que se produzcan sinergias y complementariedades eficaces entre los programas de investigación e innovación nacionales y europeos; observa que la Comisión tiene la intención de analizar el impacto y las sinergias entre Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales y de inversión europeos en el contexto de la evaluación intermedia de Horizonte 2020;

90. Toma nota de los dos ejemplos de complementariedades entre programas de investigación nacionales y de la Unión recogidos en el Informe Anual del Tribunal de 2015 y de que las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Bulgaria y Portugal consideraron que, aunque hay aspectos en que los programas de investigación europeos y nacionales son complementarios en sus países, también existen algunos problemas a escala nacional en lo tocante a los indicadores relacionados con Horizonte 2020 en el marco de planes de acción y estrategias nacionales y algunos problemas de coordinación e interacción entre todos los intervinientes de Horizonte 2020 a escala nacional (7); toma nota, además, de que Bulgaria fue el primer Estado miembro que utilizó de manera voluntaria el mecanismo de apoyo a las políticas de Horizonte 2020 y anima a la Comisión a seguir apoyando a los Estados miembros que necesitan modernizar sus sectores de investigación e innovación;

91. Recuerda que el marco jurídico de Horizonte 2020 introduce varios elementos importantes para la gestión del rendimiento, como objetivos e indicadores clave de rendimiento; destaca que, globalmente, los objetivos e indicadores acordados representan una mejora real con respecto a programas marco anteriores;

92. Señala la persistencia de algunas deficiencias en los indicadores de rendimiento utilizados en Horizonte 2020, como i) el equilibrio de los indicadores, que miden tan solo recursos o realizaciones en lugar de resultados e impactos (8), ii) la inexistencia de valores de referencia, y iii) la falta de ambición de los objetivos;

93. Lamenta que el Tribunal constate que la Comisión no está utilizando los programas de trabajo de Horizonte 2020 y las convocatorias de propuestas relacionadas con ellos para reforzar la necesaria atención al rendimiento (9);

94. Constata con satisfacción que, por lo que respecta a las propuestas y los acuerdos de subvención examinados por el Tribunal, se prestó suficiente atención al rendimiento en los objetivos, cuando así lo exigió la Comisión, al igual que ocurrió con el proceso de evaluación de esas propuestas;

95. Lamenta que, en los distintos programas de trabajo que impulsan Horizonte 2020 y en las convocatorias de propuestas relacionadas, el recurso al concepto más amplio de «impacto esperado» en vez de «resultado previsto» agrave el riesgo de que la información facilitada para esta sección sea demasiado amplia y la evaluación del rendimiento de Horizonte 2020 sea difícil de agregar (10);

96. Manifiesta su preocupación por que la Comisión no use siempre del mismo modo conceptos esenciales del rendimiento (como «realización», «efectos», «resultados» e «impacto»);

97. Lamenta que el Tribunal haya constatado que la configuración actual no permite a la Comisión supervisar y notificar por separado el gasto y los resultados de investigación y desarrollo (I + D) y de innovación en el marco de Horizonte 2020; lamenta, además, que, aunque la contribución financiera de Horizonte 2020 en el marco de Europa 2020 está bien establecida en el proceso presupuestario a través de las fichas de programas publicadas, la Comisión aún no haya presentado un informe adecuado sobre la ejecución de Horizonte 2020 y su contribución a Europa 2020; pide a la Comisión que informe adecuadamente sobre la ejecución de Horizonte 2020 y su contribución a Europa 2020 a medida que disponga de los resultados del programa;

98. Sugiere que debería otorgarse más importancia al papel de los puntos de contacto nacionales para poder proporcionar asistencia técnica de calidad in situ; considera que las evaluaciones anuales de resultados, las formaciones y el estímulo de los puntos de contacto nacionales eficaces aumentarán la tasa de éxito del programa Horizonte 2020;

Medidas que deben adoptarse

99. Pide a la Comisión que presente, en sus futuros informes de rendimiento, la contribución de Horizonte 2020 a Europa 2020 de una manera clara y exhaustiva;

Planes de gestión e informes anuales de actividad de cuatro direcciones generales responsables del gasto en «Recursos naturales»

100. Lamenta las observaciones del Tribunal según las cuales muchos de los objetivos utilizados en los planes de gestión y los informes anuales de actividad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI), la Dirección General de Acción por el Clima (DG CLIMA), la Dirección General de Medio Ambiente (DG ENVI) y la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) se tomaron directamente de textos estratégicos o legislativos y no eran lo suficientemente detallados para ser utilizados con fines de gestión y seguimiento.

Medidas que deben adoptarse

101. Pide a la Comisión que: — evalúe los resultados de los programas de trabajo plasmando los objetivos de alto nivel fijados en la legislación relativa a Horizonte 2020 en objetivos operativos en los programas de trabajo; — aclare en mayor medida los vínculos entre la Estrategia Europa 2020 (2010-2020), el marco financiero plurianual (2014-2020) y las prioridades de la Comisión (2015-2019); — vele por que en todas sus actividades se usen del mismo modo los términos «recursos», «realización», «resultado» e «impacto», en consonancia con sus directrices para la mejora de la legislación; — tome medidas para garantizar el mismo salario a investigadores que realizan el mismo trabajo dentro del mismo proyecto; — proporcione una lista, por nacionalidad, de todas las empresas con cotización en bolsa o de aquellas que tengan beneficios en su balance anual y que reciban fondos de Horizonte 2020.

Ingresos

102. Celebra que los datos generales de la auditoría del Tribunal indiquen que los ingresos no están afectados por un nivel significativo de error y, en particular, que los sistemas examinados se consideren eficaces en los recursos propios basados en la RNB y el IVA, que los sistemas examinados se consideren en general eficaces en el caso de los recursos propios tradicionales, pese a que los controles internos clave de los Estados miembros visitados por el Tribunal se consideraron parcialmente eficaces, y que la verificación de las operaciones por el Tribunal no haya puesto de manifiesto errores;

103. Recuerda que una reserva constituye un dispositivo que ofrece la posibilidad de mantener sujeto a corrección algún punto dudoso de los datos RNB presentados por un Estado miembro, y celebra que el Tribunal no detectara problemas graves en las reservas suprimidas analizadas en 2015;

104. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, pese a los avances realizados para mejorar la fiabilidad de los datos RNB de Grecia, aún no se hayan suprimido las reservas; observa que se trata de la única reserva general que seguía pendiente a finales de 2015 y que se refería a los ejercicios 2008 y 2009;

105. Observa que, por lo que respecta a los derechos de aduana, el Tribunal constata que la metodología utilizada para los controles efectuados para comprobar que los importadores respetan la reglamentación en materia de aranceles e importaciones (que incluyen auditorías de las inspecciones posteriores al despacho aduanero), la calidad y los resultados obtenidos difieren entre los distintos Estados miembros; señala que el Tribunal destacó la interrupción del período de caducidad de tres años en Francia para las notificaciones de deuda, práctica que difiere de las de otros Estados miembros y da lugar a un trato diferente de los operadores económicos en la Unión (11);

106. Observa que, por lo que respecta a los recursos propios, a finales de 2015 la Comisión también tenía una lista de 325 puntos pendientes relacionados con el incumplimiento de las normas aduaneras de la Unión que se detectaron en el curso de las inspecciones en los Estados miembros;

107. Señala que, por lo que respecta a las declaraciones de los derechos de aduana y las cotizaciones sobre el azúcar, el Tribunal detectó deficiencias en la gestión de los títulos de crédito (conocidos como «contabilidad B») en los Estados miembros, y que la Comisión detectó deficiencias similares en diecisiete de los veintidós Estados miembros visitados;

108. Subraya que el Tribunal detectó riesgos en relación con el cobro de la deuda aduanera de empresas registradas fuera de la Unión o de ciudadanos de terceros países y que, en algunos casos, varios Estados miembros fueron incapaces de cobrar deudas de ciudadanos o empresas con sede en Bielorrusia, las Islas Vírgenes Británicas, Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania;

109. Destaca que el impacto de las importantes revisiones de los saldos RNB podría haber sido menor si hubiera existido una política de revisión común en la Unión que armonizase el calendario de las revisiones más importantes;

110. Lamenta la persistencia de los aspectos estructurales y jurídicos responsables del incidente político que se produjo a finales de octubre de 2014 en relación con las contribuciones de algunos Estados miembros;

Medidas que deben adoptarse

111. Pide a la Comisión que: — adopte las medidas necesarias para armonizar entre los Estados miembros los plazos para la notificación de una deuda a los operadores económicos tras una auditoría de las inspecciones posteriores al despacho aduanero; — garantice que los Estados miembros declaran correctamente los importes recaudados de los derechos de aduana en las declaraciones trimestrales y facilite directrices sobre qué asientos deben anotarse; — facilite, en la medida de lo posible, el cobro de deudas aduaneras por los Estados miembros cuando los deudores no pertenecen a un Estado miembro de la Unión; — mejore los controles de los cálculos de las contribuciones del Espacio Económico Europeo y de la Asociación Europea de Libre Comercio y el cálculo de los mecanismos de corrección; y — cree los mecanismos necesarios para reducir el impacto de las revisiones de los métodos y de las fuentes presentados por los Estados miembros para la elaboración de su RNB;

Seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria de la Comisión para el ejercicio 2014 (12)

112. Señala que la Comisión aceptó emprender nuevas acciones sobre 88 peticiones formuladas por el Parlamento en su Resolución adjunta a la Decisión sobre la aprobación de la gestión presupuestaria de la Comisión para el ejercicio 2014;

113. Observa que, según la Comisión, en el caso de 227 peticiones del Parlamento ya se habían tomado o estaban en curso las medidas solicitadas, y que, por razones relacionadas con el marco jurídico y presupuestario actual o con su papel institucional o sus prerrogativas, la Comisión no podía aceptar 35 peticiones del Parlamento Europeo;

114. Lamenta que las respuestas de la Comisión sigan siendo vagas y ambiguas en algunos casos;

115. Celebra la gestión de la Comisión para dar seguimiento a cinco de los seis compromisos principales;

116. Insiste, no obstante, en que la Comisión debe impartir instrucciones a todas sus direcciones generales para que publiquen en sus informes anuales de actividad respectivos todas las recomendaciones específicas por país que hayan emitido en el contexto del Semestre Europeo (sexto compromiso);

117. Pide a la Comisión que reconsidere su posición, en particular por lo que respecta a la fiabilidad de los datos transmitidos por los Estados miembros, la transparencia en lo tocante a los beneficiarios finales de los fondos de la Unión, la transparencia de las actividades del Comité de Ética, la lucha contra la corrupción y la reforma de las estructuras administrativas de las Escuelas Europeas;

118. Condena firmemente que la Comisión no sienta la necesidad de seguir publicando el informe sobre la lucha contra la corrupción de la Unión; está convencido de que, independientemente de las intenciones de la Comisión en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, esta cancelación de última hora envía el mensaje equivocado no solo a los Estados miembros sino también a los ciudadanos; reitera su opinión de que la corrupción sigue siendo un problema para la Unión y los Estados miembros, y de que, sin unas medidas contra la corrupción efectivas, merma el rendimiento económico, el Estado de Derecho y la credibilidad de las instituciones democráticas dentro de la Unión; pide a la Comisión que termine y publique el informe sobre la lucha contra la corrupción de 2016, que actúe de manera rápida y rigurosa para eliminar la corrupción en los Estados miembros y las instituciones de la Unión y que ordene una evaluación independiente de las normas contra la corrupción en las propias instituciones de la Unión;

119. Reitera firmemente su petición a la Comisión de que desarrolle un sistema de indicadores rigurosos y criterios uniformes fácilmente aplicables tomando como base los requisitos establecidos en el Programa de Estocolmo para medir el nivel de corrupción en los Estados miembros y evaluar las políticas de lucha contra la corrupción de los Estados miembros; invita a la Comisión a desarrollar un índice de corrupción con el fin de clasificar a los Estados miembros; opina que este índice de corrupción podría proporcionar a la Comisión una base sólida sobre la cual establecer sus mecanismos de control específicos para cada país para controlar el gasto de los recursos de la Unión;

Competitividad para el crecimiento y el empleo

Estrategia Europa 2020

120. Toma nota de que, a pesar de la reiterada tasa de error, así como los retrasos en su ejecución y cierre, en la evaluación ex post del Séptimo Programa Marco, realizada por un grupo de expertos de alto nivel (13), se considera que este programa ha sido un éxito; observa que el grupo de alto nivel subrayó, en particular, que el Séptimo Programa Marco: — ha fomentado la excelencia científica a nivel individual e institucional; — ha promovido una investigación pionera a través del nuevo programa «Ideas» (Consejo Europeo de Investigación); — ha involucrado a la industria y a las pymes de forma estratégica; — ha reforzado un nuevo modo de colaboración y un marco para la innovación abierta; — ha fortalecido el Espacio Europeo de Investigación al promover una cultura de cooperación y construir redes globales adecuadas para afrontar desafíos temáticos; — ha abordado determinados retos sociales a través de la investigación, la tecnología y la innovación con el programa «Cooperación»; — ha fomentado la armonización de los sistemas y las políticas nacionales de investigación e innovación; — ha estimulado la movilidad de los investigadores por Europa: el programa «Personas» ha creado las condiciones necesarias para un mercado laboral abierto para los investigadores; — ha fomentado la inversión en infraestructuras de investigación europeas; — ha alcanzado una masa crítica de investigación en el panorama europeo y en todo el mundo;

121. Lamenta que durante la consulta pública de las partes interesadas, celebrada en el marco de la evaluación del Séptimo Programa Marco entre febrero y mayo de 2015, se señalaran las siguientes deficiencias: — las elevadas cargas administrativas y las engorrosas normas jurídicas y financieras; — el número excesivo de solicitudes; — la atención insuficiente a las repercusiones sociales; — el ámbito demasiado limitado de los temas y las convocatorias; — la atención insuficiente a la participación de la industria; — los altos umbrales para los nuevos participantes; la baja tasa media de éxito para propuestas y solicitantes, del 19 % y el 22 % respectivamente; — la insuficiente comunicación;

122. Lamenta profundamente que, con toda probabilidad, no se vaya a alcanzar el objetivo de invertir de aquí a 2020 el 3 % del producto interior bruto (PIB) de los Estados miembros en investigación; considera, por lo tanto, que deberían detenerse los recortes recurrentes en el presupuesto de la Unión en relación con los programas de investigación; pide a todos los Estados miembros que hagan frente a este desafío; pide asimismo a la Comisión que saque las conclusiones necesarias para una revisión intermedia del marco financiero plurianual y para el próximo marco financiero plurianual;

123. Acoge con satisfacción los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos de la Unión por la Innovación: a mediados de 2014 se habían respetado o estaban en curso todos los compromisos;

124. Celebra asimismo que la cuota de fondos de Horizonte 2020 asignados a las pequeñas y medianas empresas aumentara del 19,4 % en 2014 al 23,4 % en 2015, y recomienda que se impulse activamente esta tendencia;

125. Considera inaceptable que la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) no haya respetado la petición del Parlamento de que las direcciones generales de la Comisión publiquen en sus informes anuales de actividad todas sus recomendaciones específicas por país; toma nota con preocupación de la limitada representatividad territorial de los 20 proyectos más importantes de Horizonte 2020.

Cuestiones generales

126. Señala que en el capítulo 5 del Informe anual del Tribunal se examinan los pagos en los siguientes ámbitos: investigación (10 400 millones EUR), educación, formación, juventud y deporte (1 800 millones EUR), espacio (1 400 millones EUR), transporte (1 300 millones EUR), otros programas y acciones (1 100 millones EUR), energía (500 millones EUR) y competitividad de las empresas y pequeñas y medianas empresas (COSME) (300 millones EUR); observa, por tanto, que el 62 % del gasto se destina a la investigación;

127. Toma nota de que la responsabilidad en lo relativo a la aplicación de los programas marco de investigación es compartida entre varias direcciones generales de la Comisión, agencias ejecutivas, empresas comunes y los llamados «organismos del artículo 185» (asociaciones con los Estados miembros), lo cual exige una estrecha coordinación;

128. Aclara que la auditoría del Tribunal se centró casi exclusivamente en los pagos correspondientes al Séptimo Programa Marco;

129. Manifiesta su preocupación por el hecho de que en el informe anual de actividad de la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) se indique que a finales de 2015 aún no se habían finalizado 1 915 proyectos del Séptimo Programa Marco por valor de 1 630 millones EUR; observa que esta situación podría retrasar la aplicación de Horizonte 2020;

Sistemas de gestión y control

130. Destaca que el Tribunal considera que los sistemas de control y supervisión para la investigación y otras políticas internas son «parcialmente eficaces»;

131. Muestra su preocupación por el hecho de que, en 2015, 72 (el 48 %) de las 150 operaciones auditadas por el Tribunal estuvieran afectadas por errores; observa que, sobre la base de los 38 errores que cuantificó el Tribunal, este estima que el porcentaje de error es del 4,4 %; observa, además, que en 16 casos de errores cuantificables, la Comisión, las autoridades nacionales o los auditores independientes disponían de suficiente información para evitar o bien detectar y corregir los errores antes de aceptar los gastos; señala que, si se hubiera utilizado toda esta información para corregir los errores, el nivel estimado de error para este capítulo habría sido un 0,6 % más bajo;

132. Lamenta que, en 10 de las 38 operaciones sujetas a errores cuantificados, el Tribunal comunicara errores superiores al 20 % de los elementos examinados; observa que estos diez casos (nueve del Séptimo Programa Marco de Investigación y uno del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 2007-2013) representan el 77 % del nivel estimado de error global para «Competitividad para el crecimiento y el empleo» en 2015;

133. Lamenta que la mayoría de los errores cuantificados detectados por el Tribunal (33 de 38) consistieran en el reembolso de gastos indirectos y de personal no subvencionables declarados por los beneficiarios, y observa que casi todos los errores que el Tribunal detectó en las declaraciones de gastos se debían a la interpretación errónea de las complejas normas de subvencionabilidad por parte de los beneficiarios o al cálculo incorrecto de los gastos subvencionables, lo que lleva a la conclusión evidente de que es necesario simplificar estas normas;

134. Celebra que, según el Tribunal, el cumplimiento de las normas de contratación pública mejorara significativamente;

135. Se pregunta por qué, al igual que en años anteriores, el director general de la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) ha vuelto a emitir una reserva general respecto de todas las solicitudes de reembolso de costes en el marco del Séptimo Programa Marco (1 470 millones EUR); opina que, globalmente, las reservas generales no pueden considerarse un instrumento de buena gestión financiera; reconoce, sin embargo, que ciertas partes del gasto efectuado en el marco del Séptimo Programa Marco no estaban cubiertas por una reserva si se consideraba probado que los riesgos (y por tanto las tasas de error residuales) eran significativamente más bajos que para el conjunto de los gastos; señala que en investigación y desarrollo tecnológico, esto se aplica a los gastos de algunas empresas comunes; señala que fuera de la Dirección General de Investigación e Innovación, esto se aplica también al gasto de la Agencia Ejecutiva de Investigación en el marco del programa Marie Curie y al conjunto del gasto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación;

136. Manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología no participara en 2015 en el Centro Común de Apoyo para investigación e innovación;

137. Muestra su preocupación por el hecho de que, tal como ha afirmado el comisario competente, el Séptimo Programa Marco no se habrá ejecutado y evaluado plenamente antes de 2020, lo que podría provocar retrasos en los futuros programas de seguimiento; insta a la Comisión a publicar el informe de evaluación tan pronto como sea posible y, a más tardar, antes de que presente el programa de investigación para después de Horizonte 2020.

Horizonte 2020

138. Observa que, en el marco de Horizonte 2020, hasta finales de 2015 tan solo se efectuaron pagos de anticipos; advierte a la Comisión de que un inicio tardío de los proyectos de Horizonte 2020 podría retrasar la ejecución del programa; advierte de que no deben producirse retrasos financieros al final del programa;

139. Manifiesta su preocupación por las conclusiones del Tribunal según las cuales, a pesar del desarrollo paralelo de programas plurianuales que establecen objetivos políticos, como Europa 2020 u Horizonte 2020, no existe un verdadero vínculo entre ellos (14);

140. Lamenta, por otra parte, que el primer informe de seguimiento Horizonte 2020 contenga solo información muy limitada sobre los efectos de las sinergias entre el programa y los Fondos Estructurales (15); pide a la Comisión que informe sobre los efectos de las sinergias a medida que disponga de los resultados del programa;

141. Muestra una profunda preocupación por el hecho de que, según el Tribunal (16), Horizonte 2020 no esté suficientemente orientado al rendimiento;

Medidas que deben adoptarse

142. Reitera su petición, que ya hizo en la Resolución sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en el ejercicio 2014 (17), de que la Comisión imparta instrucciones a todas las direcciones generales para que publiquen en sus respectivos informes anuales de actividad todas las recomendaciones específicas por país que hayan emitido en el contexto del Semestre Europeo;

143. Pide a los Estados miembros que hagan un esfuerzo adicional con el fin de alcanzar el objetivo de invertir en investigación el 3 % del PIB; considera que ello impulsaría la excelencia y la innovación; en este sentido, pide a la Comisión que estudie la posibilidad de proponer un pacto por la ciencia a nivel local, regional y nacional, siguiendo la dinámica ya existente del «Pacto de los Alcaldes»; pide a los Estados miembros y al Parlamento que realicen un esfuerzo también a través del presupuesto de la Unión;

144. Pide a la Comisión que revise el indicador de rendimiento clave «Resultados de la innovación en la Unión», dado que, como ha indicado la propia Comisión, la naturaleza compuesta del indicador no es adecuada para establecer objetivos (18).

145. Insta a la Comisión a que siga especialmente los dieciséis casos de errores cuantificables en los que la Comisión, las autoridades nacionales o los auditores independientes disponían de suficiente información para evitar o bien detectar y corregir los errores antes de aceptar los gastos; pide asimismo a la Comisión que informe a su comisión competente de las medidas correctoras adoptadas antes de finales de octubre de 2017;

146. Pide a la Comisión que informe detalladamente a su comisión competente de las diez transacciones que representaban el 77 % de los errores y de las medidas correctoras adoptadas;

147. Pide a la Comisión que modernice su sistema de gestión y de control para que resulten superfluas las reservas generales; pide a la Comisión que informe a su comisión competente de las medidas adoptadas antes de noviembre de 2017;

148. Pide a la Comisión que, junto con el Tribunal, aclare en mayor medida los vínculos entre la Estrategia Europa 2020 (2010-2020), el marco financiero plurianual (2014-2020) y las prioridades de la Comisión (2015-2019), por ejemplo a través del proceso de planificación y comunicación estratégicas (2016-2020); considera que ello contribuiría a reforzar los mecanismos de seguimiento e información y permitiría a la Comisión informar eficazmente sobre la contribución del presupuesto de la Unión a los objetivos de Europa 2020;

Varios

149. Toma nota de la asignación exclusiva de subvenciones de funcionamiento con cargo a la línea presupuestaria 04 03 01 05 «Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones de trabajadores» a dos institutos sindicales específicos, el Instituto Sindical Europeo y el Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores; recuerda a la Comisión que las subvenciones de funcionamiento y las colaboraciones marco deben tratarse esencialmente como subvenciones y, por lo tanto, ser objeto de procedimientos de licitación abiertos y públicos; expresa su preocupación general respecto a la justificación de tales prácticas de asignación sobre la base de la competencia técnica y el alto grado de especialización o las competencias administrativas de monopolios de facto u organismos (artículo 190, apartado 1, letras c) y f) de las normas de desarrollo); por estas razones, considera que en particular la asignación exclusiva y persistente de subvenciones de funcionamiento a estos organismos pueden conducir efectivamente a tales monopolios de hecho, a elevadas competencias, especializaciones y poderes, justificando ulteriormente la asignación exclusiva de subvenciones de funcionamiento sobre la base del artículo 190 de las normas de desarrollo;

150. Recuerda a la Comisión, a este respecto, que las excepciones a las normas de transparencia y publicación, según se establece en los artículo 125 y siguientes del Reglamento Financiero, deben interpretarse y aplicarse de manera restrictiva; invita al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a esforzarse por definir claramente tanto los plazos como el ámbito de aplicación de las excepciones a los principios de transparencia y publicación, con el objetivo explícito de restringir aún más su uso;

Medidas que deben adoptarse

151. Solicita a la Comisión que aplique e interprete de manera restrictiva las excepciones a las normas de transparencia y publicación, según se establece en los artículos 125 y siguientes del Reglamento Financiero; solicita a la Comisión que defina tanto el plazo como el ámbito de aplicación para excepciones a los principios de transparencia y publicación, con el objetivo explícito de restringir aún más su uso.

Cohesión económica, social y territorial

Estrategia Europa 2020

152. Toma nota de que, según la evaluación ex post del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)/Fondo de Cohesión (FC) 2007-2013 (19), 1 EUR de inversión de la política de cohesión habrá generado 2,74 EUR de producto interior bruto (PIB) de aquí a 2023; celebra que los Fondos Estructurales y de cohesión se hayan invertido principalmente en innovación de pequeñas y medianas empresas (32 300 millones EUR), apoyo genérico a las empresas (21 400 millones EUR), investigación y desarrollo tecnológico (IDT), infraestructuras (17 500 millones EUR), transporte (82 200 millones EUR), energía (11 800 millones EUR), medio ambiente (41 900 millones EUR), cultura y turismo (12 200 millones EUR) y planificación urbana e infraestructuras sociales (28 800 millones EUR);

153. Celebra que el FEDER y el FC pudieran contrarrestar en cierta medida los efectos de las crisis financieras de 2007-2008, e indica que sin la intervención de los Fondos Estructurales, la divergencia económica y social entre las regiones europeas habría sido aún mayor;

154. Celebra los logros de la política de cohesión en relación con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, recogidos en la evaluación ex post del período de programación 2007-2013: — por el FEDER y el FC: objetivos 1 «Empleo» y 2 «I+D+i» — Se crearon 41 600 puestos de investigación y se apoyaron 400 000 pymes; objetivo 3 «Cambio climático y energía» — Se creó una capacidad productiva adicional de 3 900 MW de energía renovable; — por el Fondo Social Europeo (FSE): objetivo 1 «Empleo» — al menos 9,4 millones de personas consiguieron empleo (de las cuales, más de 300 000 personas se convirtieron en autónomos); objetivo 4 «Educación» — al menos 8,7 millones de personas obtuvieron una cualificación/certificado;

155. Observa, no obstante, que muy pocos programas atendieron a los resultados o el impacto mensurable, por lo que se sabe poco o nada de la sostenibilidad de las inversiones;

156. Subraya, no obstante, que en 2015 muy pocos programas atendieron a los resultados o el impacto mensurable, por lo que insta a la Comisión a fijar y acordar a nivel interinstitucional la serie de indicadores necesarios para ejecutar el presupuesto basado en resultados; observa, no obstante, que en esta fase que se sabe poco o nada de la sostenibilidad y el valor añadido europeo de las inversiones;

157. Lamenta no haber sido informado de las medidas que la Comisión solicitó a los Estados miembros que tomaran en el contexto del Semestre Europeo; pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo sobre las medidas tomadas por los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo;

158. Expresa su profunda inquietud al observar que el Tribunal señalaba retrasos en el inicio del período de programación 2014-2020 ya en su Informe Anual sobre 2014, y que, aun así, a finales de 2015 se había nombrado a menos del 20 % de las autoridades nacionales responsables de los Fondos Estructurales y de investigación europeos;

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de Cohesión y Fondo Social Europeo: cuestiones generales

159. Celebra que el Tribunal haya adaptado los capítulos de su Informe Anual a la rúbrica del marco financiero plurianual; opina, no obstante, que los fondos de esta rúbrica son de tal importancia financiera —FEDER 28 300 millones EUR, FC 12 100 millones EUR, FSE 10 300 millones EUR— que la estrategia de auditoría debe mantener identificables el FEDER y el FC por un lado, y el FSE por el otro lado;

160. Expresa su inquietud al observar que, especialmente hacia el final del período de programación, los Estados miembros se centraron en la absorción de los fondos disponibles en las dotaciones nacionales más que en la consecución de objetivos políticos; pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros con peores resultados mediante asistencia técnica, especialmente al final del período financiero;

161. Espera con impaciencia que los dieciséis Estados miembros que aún no han transpuesto la Directiva relativa a la contratación pública (20), los diecinueve Estados miembros que aún no han transpuesto la Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión (21) y los diecisiete Estados miembros que aún no han transpuesto la Directiva relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (22) lo hagan con la mayor celeridad posible, pues estas directivas persiguen una mayor simplificación; pide a la Comisión que verifique los progresos en estos ámbitos;

162. Destaca la importancia de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ): a finales de noviembre de 2015, cerca de 320 000 jóvenes habían participado en acciones apoyadas por la IEJ y 18 de 22 Estados miembros habían lanzado acciones en el marco de la IEJ; se había comprometido el 28 % de la financiación IEJ disponible, el 20 % se había confiado mediante contrato a beneficiarios y el 5 % se había pagado a beneficiarios; observa que tres Estados miembros aún no habían comprometido financiación a finales de noviembre de 2015 (España, Irlanda y el Reino Unido);

163. Toma nota de los resultados preliminares de la aplicación del FSE y la IEJ en el período 2014-2015 y de que 2,7 millones de personas participaron en las actividades del FSE y la IEJ, entre ellas 1,6 millones de desempleados y 700 000 personas inactivas;

164. Lamenta, al mismo tiempo, que un primer estudio (23) también parezca apuntar a la falta de eficacia de los servicios prestados y a deficiencias de la recogida de datos de ciertos Estados miembros.

Sistemas de gestión y control

165. Señala que, en 2015, más del 80 % de los pagos estaba constituido por pagos intermedios a programas operativos del período de programación 2007-2013, cuyo período de subvencionabilidad finalizó el 31 de diciembre de 2015; indica que los pagos de anticipos del período de programación 2014-2020 ascendieron aproximadamente a 7 800 millones EUR;

166. Manifiesta su preocupación por que en Italia se hayan registrado retrasos inaceptables en los pagos a los jóvenes en prácticas cubiertos por la Garantía Juvenil; pide a la Comisión que supervise la situación y elabore un plan de acción específico para los Estados miembros en los que se constata este problema;

167. Constata que el Tribunal ha examinado 223 operaciones (120 operaciones afectaban al FEDER; 52, al FC, y 44, al FSE);

168. Manifiesta su preocupación por que el Tribunal cuantificase el nivel estimado de error en el 5,2 % (2014: 5,7 %); expresa su alarma al observar que el Tribunal, como en ejercicios anteriores, ha tenido que concluir que «[e]n dieciocho casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios, las autoridades nacionales disponían de suficiente información para prevenir o detectar y corregir los errores antes de declarar los gastos a la Comisión»; insta a los Estados miembros a que utilicen toda la información para prevenir, detectar y corregir los errores; insta a la Comisión a comprobar si los Estados miembros utilizan toda la información para prevenir, detectar o corregir los errores; recuerda que, según el Tribunal, «si toda esta información se hubiese utilizado, el nivel de error estimado para este capítulo habría sido 2,4 puntos porcentuales más bajo». (24)

169. Toma nota de que, en el ámbito del gasto del FEDER/FC, el Tribunal ha identificado como riesgos principales para la regularidad que, por un lado, los beneficiarios declaren costes que no son subvencionables en virtud de las normas nacionales de subvencionabilidad o de las disposiciones sobre subvencionabilidad de los reglamentos de la Unión sobre Fondos Estructurales, menos numerosas y, por otro lado, el incumplimiento de las normas de contratación pública nacionales y europeas en la adjudicación de contratos; indica que la Comisión estima el riesgo de error en este ámbito político entre el 3 % y el 5,6 %;

170. Toma nota de que, en el ámbito del gasto del FSE, el Tribunal ha identificado como riesgo principal para la regularidad el carácter intangible de las inversiones en capital humano y la participación de múltiples socios, a menudo a pequeña escala, en la ejecución de los proyectos; indica que la Comisión estima el riesgo de error en este ámbito político entre el 3 % y el 3,6 %;

171. Observa con pesar que una de las principales fuentes de error en el gasto para el conjunto de la rúbrica «Cohesión económica, social y territorial» sigue siendo la infracción de las normas sobre contratación pública; señala que entre las graves infracciones de las normas sobre contratación pública figuran la adjudicación directa injustificada de contratos, o de trabajos o servicios adicionales, la exclusión ilegal de licitadores, los casos de conflictos de intereses y los criterios de selección discriminatorios; considera fundamental una política de absoluta transparencia en cuanto a la información relativa a los contratistas y subcontratistas con vistas a abordar errores y abusos de las normas;

172. Destaca que la simplificación, incluida la opción de costes simplificados, reduce el riesgo de error; señala, no obstante, que las autoridades de gestión se muestran reticentes ante la carga de trabajo adicional, las incertidumbres jurídicas y el riesgo de que las irregularidades puedan ser consideradas como errores sistémicos;

173. Se congratula de que los informes de control anuales de los Estados miembros vayan siendo más fiables con el tiempo: indica que en solo 14 casos (FEDER/FC) ajustó al alza en más de un 2 % la tasa de error indicada por los Estados miembros;

174. Lamenta que la Dirección General de Política Regional (DG REGIO) haya considerado necesario emitir 67 reservas (en el ejercicio anterior, 77) debido a la falta de fiabilidad de los sistemas de gestión y de control en trece Estados miembros, y una reserva relativa al programa transfronterizo Grecia-antigua República Yugoslava de Macedonia del Instrumento de Preadhesión; indica que, de los 67 programas objeto de reservas, 22 corresponden a España; 10, a Hungría, y 7, a Grecia; señala que, entretanto, el impacto financiero estimado de estas reservas ha disminuido de 234 millones EUR en 2014 a 231 millones EUR en 2015 por lo que se refiere a FEDER/FC;

175. Lamenta asimismo que la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL) haya emitido 23 reservas (en el ejercicio anterior, 36) debido a la falta de fiabilidad de los sistemas de gestión y de control en once Estados miembros; toma nota de que el impacto financiero estimado de estas reservas ha disminuido de 169,4 millones EUR en 2014 a 50,3 millones EUR en 2015 por lo que se refiere al FSE;

176. Apoya los planes de la Comisión en el sentido de que mejorar las evaluaciones de impacto de los programas de la política de cohesión debería considerarse prioritario (25); pregunta a la Comisión de qué modo se incorporarán, en su caso, los resultados a actos legislativos en el próximo período de programación;

Instrumentos de ingeniería financiera

177. Toma nota de que las autoridades de gestión de los Estados miembros notificaron un total de 1 052 instrumentos de ingeniería financiera (77 fondos de cartera y 975 fondos específicos) operativos a finales de 2015: un 89 % correspondiente a instrumentos de ingeniería financiera para empresas, un 7 % para proyectos de desarrollo urbano y un 4 % para fondos destinados a la eficiencia energética y fuentes de energías renovables.

178. Es consciente de que estos instrumentos de ingeniería financiera se constituyeron en 25 Estados miembros (todos excepto Irlanda, Luxemburgo y Croacia) y recibieron ayuda financiera de 188 programas operativos, incluido un programa operativo de cooperación transfronteriza;

179. Constata que el importe total de las contribuciones de los programas operativos pagado a los instrumentos de ingeniería financiera ascendió a 16 900 millones EUR, incluidos 11 700 millones EUR de los Fondos Estructurales (FEDER y FSE); constata asimismo que los pagos a beneficiarios finales ascendieron a 12 700 millones EUR a finales de 2015, de los que 8 600 millones EUR provenían de los Fondos Estructurales, de manera que la tasa de absorción de los importes de los programas operativos pagados a los instrumentos de ingeniería financiera ascendió a casi el 75 %;

180. Señala que los receptores de Polonia, Hungría, Italia y Francia son los principales beneficiarios de los instrumentos de ingeniería financiera;

181. Comparte el parecer del Tribunal de que la Comisión debe garantizar que todos los gastos relacionados con los instrumentos financieros del FEDER y del FSE para el período de programación 2007-2013 se incluyan con la suficiente antelación en las declaraciones de cierre a fin de facilitar los controles de las autoridades de auditoría; considera, considera, además, que la Comisión debería animar a todos los Estados miembros que emplean instrumentos de ingeniería financiera a llevar a cabo auditorías específicas de la aplicación de estos instrumentos con miras al cierre;

182. Expresa su profunda inquietud al constatar que la complejidad financiera originada por más de 1 000 instrumentos de ingeniería financiera constituye una buena parte de las «galaxias presupuestarias» que hacen imposible la rendición de cuentas democrática;

Banco Europeo de Inversiones

183. Muestra una gran preocupación por los costes y las tasas generalmente más altos de los fondos gestionados por el Banco Europeo de Inversiones/Fondo Europeo de Inversiones que aplican instrumentos financieros de gestión compartida que han sido revelados por los hallazgos del Tribunal en su Informe Especial n.o 19/2016 sobre «Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013», y anima al Tribunal a realizar una auditoría similar para el período actual;

184. Solicita a la Comisión que presente cada año, como muy tarde en junio, a partir de 2018, un informe sobre la ejecución desde el principio del actual marco financiero plurianual y la situación actual, incluidos los resultados conseguidos, de todos los instrumentos financieros gestionados y aplicados por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones, que maneja recursos del presupuesto de la Unión, a fin de utilizarlos en el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria;

Casos específicos

185. Señala que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha iniciado una serie de investigaciones por presuntas irregularidades, como en Alemania, en relación con el Grupo Volkswagen sobre la base del escándalo de las emisiones, en Francia, en relación con el Frente Nacional y su presidenta, y sobre un proyecto en la República Checa conocido como «Nido de Cigüeña»; pide a la Comisión que informe a su comisión competente de inmediato una vez concluyan las investigaciones;

186. Expresa su profunda inquietud al observar que, en Hungría, el Tribunal y la Dirección General de Política Regional (DG REGIO) han descubierto irregularidades graves en relación con la construcción de la línea 4 del metro de Budapest; indica que, sobre la base de una investigación administrativa de la OLAF iniciada en 2012 y que no ha podido concluir hasta hace poco debido a la complejidad del asunto, la Comisión podría tener que recuperar 228 millones EUR y el Banco Europeo de Inversiones podría tener que recuperar 55 millones EUR; señala que la mala gestión se descubrió en la fase de proyecto; indica que el informe de la OLAF recomienda también que se siga la vía judicial en Hungría y en el Reino Unido; pide a la Comisión que mantenga a su comisión competente regularmente informada de los progresos realizados y las medidas que se tomen;

187. Deplora la adopción por el gobierno rumano de un decreto que puede haber impedido que se combata eficazmente la corrupción y que, además, puede haber permitido que se indulte a políticos implicados en actos ilegales; indica que estos nuevos actos legislativos podrían repercutir muy negativamente en el empeño de la Comisión de proteger los intereses financieros de la Unión, al ser Rumanía un importante receptor de Fondos Estructurales; pide a la Comisión que informe a su comisión competente de las medidas que tome para hacer frente a la situación;

Medidas que deben adoptarse

188. Reitera su petición, formulada ya en la Resolución sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en el ejercicio 2014 (26), de que la Comisión imparta instrucciones a todas las direcciones generales para que publiquen en sus respectivos informes anuales de actividad todas las recomendaciones específicas por país que hayan emitido en el contexto del Semestre Europeo;

189. Pide al Tribunal que mantenga identificables por separado el FEDER y el FC, por un lado, y el FSE, por el otro lado en su estrategia de auditoría, dada su importancia financiera;

190. Pide a la Comisión que: — se asegure de que se refuerzan los sistemas de gestión y control en los 15 Estados miembros (27) que mostraron deficiencias y que informe por escrito al respecto a su comisión competente antes de octubre de 2017; — aclare la distinción entre impuesto sobre el valor añadido recuperable y no recuperable; — informe sobre el importe de las liberaciones de créditos (por países, fondos e importes) a la conclusión del período de financiación 2007-2013; — proponga, en consonancia con la recomendación del Tribunal, actualizaciones necesarias de la concepción y el mecanismo de ejecución de los Fondos Estructurales y de inversión europeos, cuando presente su propuesta legislativa para el próximo período de programación, teniendo asimismo en cuenta las sugerencias del grupo de alto nivel sobre simplificación para reforzar la contribución de la política de cohesión al tratamiento de las desigualdades entre las regiones y los Estados miembros de la UE; pide a la Comisión que prepare una comunicación al respecto en una fase temprana; — prevea para el próximo período de programación unos indicadores de rendimiento que sean más fáciles de gestionar y se puedan medir, pues el Parlamento atribuye la misma importancia a los controles de legalidad y regularidad, por un lado, y a los resultados, por otro lado; — prevea plena transparencia y acceso a la documentación para las obras de infraestructura financiadas por la Unión, prestando especial atención a los datos relativos a los contratistas y subcontratistas;

191. Apoya plenamente las declaraciones del comisario Oettinger en el sentido de que los instrumentos financieros y los «presupuestos alternativos» deben volver a la larga al ámbito del presupuesto de la Unión, pues esto significaría que la Comisión debe rendir cuentas al Parlamento Europeo; pide a la Comisión que prepare una comunicación al respecto antes de noviembre de 2017;

Política agrícola común

192. Recuerda que los regímenes de ayudas directas introducidos en la reforma de la PAC de 2013 no entraron en vigor hasta el año de solicitud 2015 y que el presente informe se refiere al gasto del ejercicio 2015, que corresponde a las solicitudes de ayudas directas presentadas en 2014, último año de los antiguos regímenes de la PAC;

Cuestiones de cumplimiento

193. Señala que el nivel de error estimado por el Tribunal se sitúa en el 2,9 % por lo que se refiere a la rúbrica 2 «Recursos naturales» del marco financiero plurianual en el ejercicio 2015; señala que este nivel es similar al de 2014 si se toma en consideración el cambio de enfoque del Tribunal en relación con los errores de condicionalidad, que ya no se incluyen en la tasa de error;

194. Pide a la Comisión, en este sentido y con el fin de mejorar la responsabilidad y la rendición de cuentas por lo que respecta a los altos cargos, que estudie una aplicación más ágil y eficiente de la regla de movilidad interna de los directivos en los casos en que coincidan circunstancias de larga permanencia en el puesto, continuo alto nivel de error reseñado por el Tribunal y mantenimiento sostenido de una reserva sobre los resultados de la gestión de los servicios correspondientes;

195. Señala que en el caso de «Medidas de mercado y ayudas directas», el porcentaje de error estimado por el Tribunal es del 2,2 %, ligeramente superior al umbral de materialidad del 2 % (el mismo nivel que en 2014), mientras que en «Desarrollo rural y otras políticas» el nivel de error estimado sigue siendo elevado, situándose en el 5,3 %, aunque es inferior al 6 % estimado en el pasado ejercicio;

196. Destaca que los errores en el ámbito de las ayudas directas se deben prácticamente todos a la sobreestimación del número de hectáreas, a pesar de que la fiabilidad de los datos del sistema de identificación de parcelas agrícolas ha mejorado constantemente estos últimos años, e indica que en el ámbito del desarrollo rural, la mitad de los errores se debieron a la no subvencionabilidad del beneficiario o del proyecto, el 28 %, a cuestiones de contratación, y el 8 %, a violaciones de compromisos medioambientales;

197. Lamenta profundamente que en estos dos ámbitos, las ayudas directas y el desarrollo rural, las autoridades nacionales habrían podido reducir el nivel de error a un nivel cercano o inferior a la materialidad (28), pues o bien disponían de información suficiente para detectar el error o bien lo cometieron ellas mismas; insta a los Estados miembros a que utilicen toda la información de la que disponen para prevenir, detectar y corregir cualquier error y actuar en consecuencia;

198. Celebra que la Comisión haya reducido significativamente el número de procedimientos de conformidad abiertos: de 192 en 2014, a 34 en 2015, y que a raíz de cambios en la legislación dirigidos a simplificar el procedimiento, la Comisión supervise ahora el ciclo de auditoría más de cerca a fin de cumplir los plazos internos y externos;

Autoridades de gestión

199. Lamenta que el Tribunal hallara deficiencias en algunas de las funciones clave de los organismos pagadores de los Estados miembros, y que afectaran a: a) en el caso del Fondo Europeo Agrícola de Garantía: — El Sistema de Identificación de Parcelas, los controles administrativos; — La calidad de las inspecciones sobre el terreno; — La falta de coherencia en la definición de los parámetros para el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM); y — Los procedimientos de recuperación de pagos indebidos; b) en el caso del desarrollo rural: — Deficiencias en los controles administrativos relativos a las condiciones de subvencionabilidad, en particular las de contratación pública; c) en cuanto a la condicionalidad, a la fiabilidad de las estadísticas de control y el muestreo;

Fiabilidad de los datos comunicados por los Estados miembros

200. Observa que, en 2015, se pidió por primera vez a los organismos de certificación que comprobaran la legalidad y regularidad del gasto; lamenta que la Comisión pudiese servirse del trabajo de estos organismos de certificación solo de manera muy limitada debido a insuficiencias significativas en la metodología y la aplicación, como: — Estrategias de auditoría inadecuadas; — Obtención de muestras excesivamente reducidas; — Conocimientos técnicos y jurídicos insuficientes de los auditores de los organismos de certificación;

201. Lamenta profundamente que siga habiendo un problema en cuanto a la fiabilidad de los datos comunicados por los Estados miembros: a) en Ayudas directas: — La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural tuvo que hacer ajustes (financiaciones complementarias) en el caso de 12 de 69 organismos pagadores, con un porcentaje de error superior al 2 % (pero en ningún caso superior al 5 %), mientras que solo un organismo pagador había expresado reservas en su declaración; — La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural ha emitido reservas respecto de 10 organismos pagadores: tres respecto de España, una para Bulgaria, Chipre, Francia, Italia (Calabria) y Rumanía, y una para España y Francia respecto del POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad destinado a las regiones ultraperiféricas); b) en el ámbito rural: — La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural tuvo que hacer ajustes (financiaciones complementarias) en el caso de 36 de 72 organismos pagadores, y en 14 casos el porcentaje de error ajustado fue superior al 5 %; — La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural ha emitido reservas respecto de 24 organismos pagadores de 18 Estados miembros: Austria, Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia (4 organismos pagadores), Letonia, los Países Bajos, Portugal, Rumanía, Suecia, España (3 organismos pagadores) y el Reino Unido (2 organismos pagadores); — Además, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural ha emitido reservas respecto de la contratación pública de 2 Estados miembros: Alemania y España;

202. Destaca que respecto del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, los porcentajes de error establecidos por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural y el Tribunal divergen (29), mientras que respecto del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el porcentaje de error ajustado del 4,99 % es bastante acorde con la tasa de error estimada por el Tribunal;

Cuestiones de rendimiento

203. Señala que en 2014 el Tribunal examinó cuestiones relativas al rendimiento de una serie de operaciones de desarrollo rural, y expresa su inquietud ante la falta de pruebas de que los costes fueran moderados en el 44 % de los proyectos y ante las deficiencias halladas en la orientación de las medidas y en la selección de proyectos, además de falta de conexión con los objetivos de Europa 2020; pide a la Comisión que tome todas las medidas pertinentes para poner remedio a esta preocupante situación;

Indicadores clave de rendimiento

204. Expresa su inquietud acerca de la fiabilidad de los datos utilizados por la Comisión para medir el indicador clave de rendimiento n.o 1 definido por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural respecto de la renta de los factores agrícolas; opina que la tendencia actual a la agricultura como actividad secundaria debido a los precios reducidos de las materias primas no se ha tenido debidamente en cuenta, y señala en particular que: a) la Comisión no puede facilitar datos precisos sobre los agricultores que abandonaron su actividad en 2015 debido a la crisis de la leche y la crisis de la carne de porcino porque no dispone de datos de fácil acceso sobre nuevos entrantes o sobre el número de agricultores que han abandonado el sector (preguntas escritas 1 y 3 — audiencia del comisario Hogan de 29 de noviembre de 2016); b) 2013 es el último año respecto del que se dispone de datos sobre el número de explotaciones: 10 841 000 explotaciones agrícolas gestionadas en cada caso por un agricultor; c) el número de beneficiarios del primer pilar de la PAC en 2015 es de 7 246 694 agricultores de la Unión y 127 268 beneficiarios de ayuda en el marco de medidas de mercado; d) la renta de los factores agrícolas se calcula por «unidad de trabajo anual», que equivale al trabajo realizado por una persona activa en una explotación agrícola a tiempo completo, siendo el total de la fuerza de trabajo agrícola de en los 28 Estados miembros equivale a 9,5 millones de unidades de trabajo anual en 2013, de las que 8,7 millones (el 92 %) eran trabajadores regulares (30) (31); e) en su Informe Especial n.o 1/2016, el Tribunal concluye que el sistema de la Comisión para medir los resultados de la PAC en relación con la renta de los agricultores no está suficientemente bien diseñado y que la cantidad y la calidad de los datos estadísticos utilizados para analizar los ingresos de los agricultores presentan limitaciones importantes;

205. Teme que la Comisión no esté bien equipada para facilitar datos exhaustivos cada año en lo referente al indicador clave de rendimiento n.o 1 ni, por consiguiente, para supervisar con precisión y plenamente la evolución de la renta de los agricultores;

206. Considera que el indicador clave de rendimiento n.o 4 relativo a la tasa de empleo en desarrollo rural no es pertinente, ya que la tasa de empleo en desarrollo rural no solamente depende de las medidas de la PAC y porque el objetivo de mantener y crear puestos de trabajo en el mundo rural es común con muchos otros instrumentos, en particular con otros Fondos Estructurales y de inversión europeos;

Una PAC justa

207. Pone de relieve las grandes diferencias entre Estados miembros en