[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 12.1.2009

COM(2008) 907 final

2007/0196 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE relativa a la

posición común del Consejo sobre la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural

2007/0196 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE relativa a la

posición común del Consejo sobre la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural

1. ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo (documento COM(2007) 529- 2007/0196 (COD)): | 19.9.2007 |

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: | 22.4.08 |

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones: | 10.4.08 |

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: | 9.7.2008 |

Fecha de adopción de la posición común (por unanimidad): | [9.1.2008] |

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Esta propuesta forma parte del tercer paquete legislativo para un mercado interior del gas y de la electricidad de la UE (el «tercer paquete»), que incluye dos Directivas y tres Reglamentos.

El principal objetivo del paquete es establecer la normativa necesaria para llevar plenamente a la práctica la liberalización del mercado y crear un mercado único comunitario del gas y la electricidad en beneficio de los ciudadanos y de la industria de la Unión Europea. Estas medidas contribuirán a mantener los precios en el nivel más bajo posible y a mejorar las normas del servicio y la seguridad del abastecimiento.

Esto se conseguirá sobre todo gracias a lo siguiente:

- supervisión reglamentaria más eficaz por reguladores nacionales independientes;

- creación de una agencia encargada de velar por una cooperación efectiva entre los reguladores nacionales y de adoptar decisiones sobre todas las cuestiones transfronterizas pertinentes;

- cooperación obligatoria entre los gestores de las redes para armonizar todas las normas relativas al transporte de la energía a través de Europa y para coordinar la planificación de las inversiones;

- separación efectiva de la producción y el transporte de energía a fin de eliminar cualquier conflicto de intereses, promover la inversión en las redes y prevenir cualquier trato discriminatorio;

- mayor transparencia y mejor funcionamiento del mercado minorista;

- mayor solidaridad y cooperación regional entre los Estados miembros para garantizar una mayor seguridad del abastecimiento.

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Observaciones generales

Las posiciones comunes adoptadas por el Consejo sobre los cinco textos que constituyen el tercer paquete incluyen todos los elementos esenciales de la propuesta de la Comisión que resultan necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior del gas y de la electricidad y, más en general, para alcanzar los objetivos esenciales antes expuestos, por lo que la Comisión puede respaldarlas en general (véase el punto 3.2 más adelante).

La primera lectura se centró en conseguir un acuerdo en el seno del Consejo, por lo que las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo no se incorporaron formalmente a la posición común. Las negociaciones con este fin tendrán lugar durante la segunda lectura. No obstante, algunas enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo se tienen en cuenta en la posición común (véase el punto 3.3 más adelante). La Comisión considera que varias de las enmiendas que no se han considerado deben tenerse en cuenta en la segunda lectura (véase el punto 3.4 más adelante).

3.2. Observaciones específicas

Los cambios principales de la propuesta de la Comisión son los siguientes:

3.2.1 Separación efectiva

La posición común apoya tres posibilidades de separación efectiva en los sectores del gas y la electricidad.

Se adoptan la opción de la separación de la propiedad y la del gestor de red independiente (GRI). La Comisión sigue considerando que la separación de la propiedad es la mejor solución.

En su posición común, el Consejo ha incluido una tercera posibilidad, la del gestor independiente de transporte (GIT), que permite a los gestores de redes de transporte (GRT) seguir formando parte de empresas integradas, aunque se prevén disposiciones de aplicación relativas a la autonomía, a la independencia y a las inversiones, además de una cláusula específica de revisión que puede traducirse en propuestas legislativas. La Comisión considera que estas disposiciones de aplicación facilitan un grado aceptable de separación efectiva y que la opción GIT es aceptable, por lo tanto, dentro de un compromiso general siempre que la misma no quede suavizada respecto a la posición común y sea tan estricta como lo permita un compromiso político.

A diferencia de la propuesta de la Comisión, se autorizan las participaciones minoritarias en el régimen de separación de propiedad, pero sin derechos de voto, lo que evita cualquier interferencia.

En todas las opciones, la autoridad reguladora nacional tiene que certificar el GRT, aunque la posición común retira el papel vinculante de control de la Comisión en el procedimiento de certificación. En su lugar, las autoridades reguladoras nacionales estarán obligados a «dar la mayor importancia» a la posición de la Comisión.

La posición común también prevé un artículo que permite a los Estados miembros tomar medidas para garantizar unas condiciones de competencia equitativas, a condición de que estas medidas sean proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, y se ajusten al Tratado CE. Estas medidas solo podrán entrar en vigor previa aprobación por la Comisión. En opinión de la Comisión, esta disposición alcanza un equilibrio razonable entre reconocer que pueden existir varios modelos de separación en el mercado interior de la energía y dejar a los Estados miembros garantizar unas condiciones de competencia equitativas en cada uno de sus territorios en lo que respecta a esos distintos modelos, por lo que puede aceptarse.

En cuanto a la cláusula de terceros países, la propuesta de la Comisión establecía la necesidad de un acuerdo internacional para que inversores de terceros países pudieran hacerse con el control de redes de transporte de la UE. Los inversores de terceros países también tenían que cumplir las normas sobre la separación de la propiedad con sujeción al control vinculante de la Comisión. En la posición común, un acuerdo con un tercer país ya no es un requisito previo para permitir el control por parte de un inversor de dicho tercer país. En el marco del procedimiento de certificación, además de velar por el cumplimiento de cualquiera de las tres posibilidades de separación, el Estado miembro tiene que rechazar la certificación si se pone en peligro la seguridad del suministro energético del Estado miembro interesado o de la Comunidad. La autoridad nacional debe consultar a la Comisión y «tener sumamente en cuenta» su dictamen. La posición común mantiene los objetivos esenciales de la propuesta de la Comisión, por lo que se puede aceptar dentro de un compromiso global.

3.2.2 Autoridades reguladoras nacionales

En general, la propuesta de la Comisión se respalda con la creación de autoridades reguladoras nacionales independientes del Gobierno y dotadas de amplios poderes tanto sobre las redes como sobre los mercados de suministro.

La propuesta de la Comisión se ha suavizado al incluir poderes que no se refieren a las tareas básicas de regulación de la red, tales como las políticas en materia de energías renovables y de investigación y desarrollo, la seguridad del suministro y las obligaciones de servicio público. Se han fijado unos límites a la independencia que no afectan al principio básico, como la obligación de respetar el papel de otras autoridades competentes en materia, por ejemplo, de sostenibilidad ambiental o de obligaciones de servicio público, control legislativo sobre el presupuesto, control judicial y posible prórroga de la gestión del organismo regulador.

La posición común mantiene en general lo esencial de la propuesta de la Comisión y se puede aceptar. Según se indica a continuación, la posición común saldría ganando con la introducción de las enmiendas del Parlamento Europeo que aclaran y completan la función de las autoridades reguladoras nacionales.

3.2.3 Directrices adoptadas mediante el procedimiento de comitología

Las directrices dejan de ser obligatorias y se eliminan algunas (sobre las obligaciones de servicio público, los poderes y obligaciones de las autoridades reguladoras nacionales, los mercados minoristas y la separación efectiva de la gestión de la red en lo que respecta a la distribución). Las directrices restantes son absolutamente esenciales.

3.2.4 Excepciones

El Consejo ha introducido excepciones generales en el caso de las redes pequeñas o aisladas de Chipre, Luxemburgo y Malta, así como de Estonia, Finlandia y Letonia, hasta que cualquiera de estos países se conecte directamente a la red de otro Estado miembro que no sea Estonia, Finlandia, Letonia o Lituania.

3.3. Elementos de la posición común que corresponden a enmiendas del Parlamento Europeo

Varias enmiendas del Parlamento Europeo se recogen en la posición común, en cuanto a su fondo o con su misma redacción. Se trata de las siguientes: las enmiendas (78, 125 rev, 135 rev, 138 rev) del Parlamento Europeo que proponen la opción GRT son cercanas conceptualmente a la posición común, pero el Parlamento Europeo exige el nombramiento de un administrador para garantizar tanto la independencia del GRT como el valor de éste para la empresa integrada verticalmente.

La enmienda 63 sobre la aplicación de la separación a los organismos públicos también se contempla.

Las enmiendas siguientes también se recogen parcialmente en la posición común: enmiendas 55 y 104 sobre una mayor cooperación regional, enmienda 91 sobre la independencia de las autoridades reguladoras nacionales, enmienda 93 sobre los deberes de las autoridades reguladoras nacionales, y enmiendas 95 y 96 sobre la metodología de aprobación de las tarifas.

3.4. Enmiendas de Parlamento Europeo aprobadas por la Comisión, pero no por el Consejo

La Comisión puede aceptar (en algunos casos modificando la formulación o precisando la redacción actual) en su totalidad, o al menos en parte, la mayoría de las enmiendas del Parlamento Europeo. Esto se refiere a las cuestiones fundamentales que figuran a continuación.

3.4.1 Papel de las autoridades reguladoras

La Comisión apoya en general las enmiendas del Parlamento que refuerzan el papel y la independencia de los autoridades reguladoras nacionales (por ejemplo, aprobación y aplicación de los planes de inversión anuales de los GRT, aplicación de medidas de protección de los consumidores, control de prácticas contractuales restrictivas, normas rigurosas e intervenciones para restaurar la competencia en los mercados de suministro, financiación autónoma de las autoridades reguladoras, etc.).

Los contratos a largo plazo se pueden aceptar siempre que cumplan las normas sobre competencia, pero no se fomentarán por poder tener efectos excluyentes en el mercado. Mientras que los límites de precios pueden ser útiles en casos excepcionales y en condiciones claramente definidas, es preferible no incluir una disposición legal específica en el contexto actual de precios regulados que impediría la liberalización del mercado en muchos Estados miembros.

Los principios subyacentes a las enmiendas relativas al fomento de la eficiencia energética pueden apoyarse en general, pero no la enmienda concreta que contempla una obligación pura de introducir fórmulas de fijación de precios, los cuales aumentarían en caso de mayor consumo. Teniendo en cuenta la complejidad y las consecuencias económicas de esa obligación y puesto que existen procedimientos alternativos preferibles para conseguir el mismo resultado, el mercado debe tener la libertad de establecer sus propias fórmulas de fijación de precios.

3.4.2 Derechos de los consumidores

La Comisión apoya en general las enmiendas del Parlamento Europeo que refuerzan los derechos de los consumidores, lo que se refiere especialmente a la ampliación del anexo A, a la obligación de los proveedores de fijar facturas adecuadas de pago anticipado, al reconocimiento mutuo de los permisos de suministro entre los Estados miembros, a la designación de una ventanilla única a escala nacional para facilitar a los consumidores toda la información necesaria sobre sus derechos y al nombramiento de un defensor del pueblo nacional. La propuesta de introducir contadores inteligentes en el plazo de diez años puede también apoyarse en principio, aunque habrá que revisar cuidadosamente su redacción y su alcance exactos.

En lo que respecta a la Carta de los consumidores de energía, la Comisión reconoce que la información a los consumidores es crucial para el funcionamiento del mercado de suministro. La Comisión ha creado una herramienta informativa en forma de lista europea de los consumidores de energía, cuyo objeto es informar a los consumidores de sus derechos. El Foro de los Ciudadanos y la Energía impulsa la creación de mercados minoristas competitivos y la protección de los consumidores comunitarios de energía. El Foro está elaborando esa lista. La Carta de los consumidores se basaría en el anexo A de las Directivas y en las directivas generales de protección de los consumidores y no tiene por lo tanto ningún valor jurídico añadido. Además, por razones legales, la Carta no puede incorporarse a las directivas por duplicar derechos existentes, por lo que la Comisión no puede apoyar las enmiendas dirigidas a incorporar a la Directiva una Carta de los consumidores de energía. En cambio, la Comisión podría aceptar una cláusula de revisión que contemple un informe de la Comisión sobre la ejecución de las medidas del anexo A a los tres años de aplicación de la Directiva.

La Comisión también respalda el objetivo de las enmiendas relativas al papel de los gestores de redes de distribución, pero hay que estudiar las propuestas con mayor detalle para cerciorarse de que son prácticas y factibles.

3.4.3 Lucha contra la pobreza energética [mismas correcciones que en el 80330]

El Parlamento Europeo reclama que los Estados miembros estén obligados a tomar medidas para atajar la pobreza energética en sus planes de acción nacionales en materia de energía, los cuales deberían garantizar la disminución del número de personas que sufre pobreza energética, que no se pueda cortar el suministro a los pensionistas y las personas discapacitadas en invierno y la definición de pobreza energética a escala nacional, conforme a una definición de la CE basada en la capacidad de calentar las casas hasta las normas de la Organización Mundial de la Salud.

La Comisión no había propuesto cambiar el marco jurídico actual, que ya contempla la obligación de los Estados miembros de proteger a los clientes vulnerables.

La pobreza energética no es un concepto utilizado en todos los Estados miembros y las medidas para abordar la pobreza exigen que se tengan en cuenta todos los aspectos de la política energética y social. La Comisión cree que la utilización de la política energética como única herramienta distorsionaría el funcionamiento del mercado energético. Los Estados miembros tienen la libertad de definir los consumidores vulnerables respecto a los que sufren pobreza energética. Por lo tanto, la Comisión podría respaldar la obligación de los Estados miembros de definir la pobreza energética en los límites de una definición de los consumidores vulnerables a escala nacional, pero no apoya una definición de la pobreza energética a escala comunitaria.

Además, la Comisión cree inadecuada la obligación comunitaria de garantizar la disminución del número de personas que sufren pobreza energética, porque no se reconoce la amplia respuesta política necesaria para abordar este problema, aunque la Comisión podría apoyar un objetivo general de reducción del número de personas que sufren pobreza energética.

La Comisión podría respaldar también la obligación de los Estados miembros de asegurar la protección específica de los pensionistas y las personas discapacitadas en invierno y de informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas al respecto. La Comisión también apoya en general a los Estados miembros que han cumplido su obligación de definir los consumidores vulnerables, si procede, a efectos de evitar la desconexión, pero cree que una prohibición absoluta sería excesiva.

3.4.4 Acceso a las instalaciones de almacenamiento y GNL

Las enmiendas del Parlamento que sostienen el régimen de acceso al almacenamiento en el artículo 19 pueden apoyarse, pero no la supresión de la separación jurídica y funcional.

La propuesta del Parlamento para permitir el acceso negociado de terceros a las instalaciones de GNL no puede aceptarse en su forma actual.

3.4.4 Otros asuntos

La Comisión puede aceptar en general las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo que hacen hincapié en las obligaciones de los GRT en materia de gestión de la congestión, inversión en nueva capacidad y transparencia. La Comisión también puede apoyar el requisito de mayor cooperación entre los GRT en cuanto al funcionamiento de sus redes, pero hay que aclarar la redacción de esas disposiciones.

El Parlamento quiere autorizar a los Estados miembros a conceder excepciones a las normas sobre el acceso de terceros a los polígonos industriales. La Comisión apoya en principio la excepción en el caso de los polígonos industriales, que también se aplicaría a los aeropuertos y los ferrocarriles, pero la enmienda propuesta por el PE resulta excesiva al eximir a los polígonos industriales de casi todas las obligaciones aplicables a los GRT y los GRD. Una solución aceptable podría ser una excepción limitada a las obligaciones administrativas más onerosas, esto es, la aprobación previa de las tarifas por las autoridades reguladoras.

4. CONCLUSIONES

La Comisión considera que la posición común mantiene los elementos fundamentales de la propuesta de la Comisión y que, en los temas importantes, consigue un equilibrio razonable y un compromiso viable, lo que permitirá el funcionamiento correcto del mercado interior del gas y de la electricidad. Sin embargo, la Comisión considera que varias enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura solo deberían incorporarse en segunda lectura.