A4-0143/97 (Ponente: González Álvarez)

Resolución sobre la comunicación de la Comisión relativa a un Código práctico sobre la aplicación de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un trabajo de igual valor (COM(96)0336 - C4-0460/96)

El Parlamento Europeo,

- Vistos el artículo 119 del Tratado CE y el artículo 6 del Acuerdo sobre la política social celebrado entre los Estados miembros de la Comunidad Europea a excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

- Vista la Directiva 75/117/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos ((DO L 45 de 19.2.1975, pág. 19)),

- Vista la comunicación de la Comisión relativa a un Código práctico sobre la aplicación de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un trabajo de igual valor (COM(96)0336 - C4-0460/96),

- Visto el Memorándum de la Comisión sobre igual retribución para un trabajo de igual valor (COM(94)0006),

- Vista su Resolución de 13 de febrero de 1996 sobre el Memorándum de la Comisión sobre igual retribución para un trabajo de igual valor ((DO C 65 de 4.3.1996, pág. 43)),

- Vistos el Informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer (A4-0143/97),

A. Considerando que, pese a la existencia desde 1975 de una directiva sobre igualdad salarial, el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor sigue sin ser plenamente respetado, como demuestra la persistencia de una brecha retributiva entre hombres y mujeres, brecha que se ha ensanchado durante la recesión;

B. Considerando que la persistencia de la desigualdad salarial muestra que la legislación, por sí sola, no siempre es por fuerza un instrumento suficiente para resolver problemas o sentar principios o normas mínimas,

C. Considerando que el citado Código práctico de la Comisión es una medida concreta y útil encaminada a colmar algunas insuficiencias en la legislación salarial, ayudando a quienes participan en el establecimiento de sistemas retributivos a respetar mejor el principio de la igualdad salarial,

D. Considerando que dicho Código podría contribuir a reducir las desigualdades de retribución entre hombres y mujeres, si lo tienen en cuenta Gobiernos, empresarios y representantes de los trabajadores;

E. Considerando que es poco probable que el Código elimine todas las desigualdades de retribución ya que éstas subsisten como resultado de la persistencia de una segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, en el mercado de trabajo, como pone de manifiesto la sobrerrepresentación de las mujeres en el sector peor retribuido; que son necesarias acciones más radicales para reestructurar el mercado de trabajo y eliminar dicha segregación;

F. Considerando que el hecho de que gran número de mujeres se encuentren atrapadas en contratos laborales «atípicos» no contribuye precisamente a colmar la brecha retributiva entre hombres y mujeres; que su posición se vería beneficiada si las actuales negociaciones entre los interlocutores sociales en torno al trabajo atípico desembocaran en un acuerdo o instrumento jurídico de alcance comunitario que mejorara de forma sustancial los derechos laborales de los trabajadores atípicos;

G. Considerando que, en la mayoría de los casos, el aumento de las negociaciones salariales descentralizadas ha exacerbado la desigualdad salarial, dado que las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de estar empleadas en empresas y sectores en que existan posibilidades de vincular las negociaciones salariales a la productividad,

1. Acoge con satisfacción la propuesta de un Código práctico, que sigue atentamente las recomendaciones formuladas por el Parlamento Europeo; está convencido de que dicho Código contribuirá en gran medida al establecimiento de un sistema de clasificación y evaluación de los puestos de trabajo sin connotaciones sexistas y podría utilizarse para suprimir elementos retributivos injustos tales como primas y beneficios no justificados por las exigencias del puesto de trabajo y las prestaciones laborales; se muestra, asimismo, satisfecho por el hecho de que el Código práctico se considere un instrumento útil para los interlocutores sociales y de que se les haya consultado a este respecto;

2. Hace hincapié en que el Código práctico debe aplicarse a todos los empleados (incluidos los aprendices y las personas que trabajan en sus domicilios) con independencia de que sus contratos sean a tiempo completo, a tiempo parcial, de carácter eventual o de carácter temporal y del período de tiempo que lleven prestando sus servicios;

3. Está convencido de que una campaña de sensibilización y de información, dirigida en particular a los interlocutores sociales y sus representantes, es indispensable para reducir las diferencias salariales que existen en la actualidad y que se deben en muchos casos a concepciones sexistas sobre el contenido de los puestos de trabajo y las prestaciones laborales; recuerda a la Comisión y, en particular, a los interlocutores sociales que, para ser eficaz, el Código se ha de difundir ampliamente entre todos los niveles que participan en las negociaciones salariales; destaca que se ha de realizar un esfuerzo especial para difundir la información entre las PYME, las categorías laborales predominantemente femeninas y los sectores en que predomina el trabajo a tiempo parcial o atípico en vez del trabajo a tiempo completo y de carácter permanente;

4. Pide a la Comisión que facilite información, formación y orientación destinada a los interlocutores sociales y sus representantes que intervienen en decisiones relativas a salarios y prestaciones sociales;

5. Concuerda con la Comisión en que los Gobiernos, al aplicar el Código en el sector público, pueden desempeñar un importante papel, dando ejemplo sobre cómo aplicar el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor; señala, no obstante, que los recortes en gasto público pueden tener una incidencia negativa en el valor otorgado a muchos empleos en los sectores de la sanidad, la educación y el cuidado de niños y ancianos, además de restringir la disponibilidad de los servicios asistenciales asequibles y de buena calidad de los que dependen muchos hombres y mujeres;

6. Hace hincapié en que la evaluación de puestos de trabajo es un requisito previo para poder llevar a la práctica el Código, si bien los sistemas de evaluación deben definirse cuidadosamente para garantizar que detectan las discriminaciones en vez de perpetuarlas; señala que, para evitar una evaluación de puestos de trabajo basada en criterios sexuales, deben utilizarse factores para comparar los empleos que reflejen los valores tanto del trabajo masculino como del trabajo femenino; insiste en la decisiva importancia de velar por la consulta y participación de los trabajadores, en particular, los de sexo femenino, en el diseño y ejecución de los sistemas de evaluación de puestos de trabajo;

7. Pide a la Comisión que realice estudios sobre sistemas de evaluación de puestos de trabajo que excluyan los factores sexuales y que prepare orientaciones tipo para la evaluación de puestos de trabajo que sirvan de punto de referencia a los interlocutores sociales;

8. Considera que se debería haber establecido una distinción más clara entre los elementos de la retribución que tienen su origen en factores societales y los que se derivan básicamente de los convenios salariales celebrados a nivel de empresa, en el que los prejuicios sexistas influyen más fácilmente en las remuneraciones;

9. Se muestra en cierta medida preocupado por el hecho de que el Código incluya descripciones demasiado generales de las exigencias y requisitos de los puestos de trabajo, lo que permite a los negociadores salariales desviarse de una descripción no sexista y, en consecuencia, fijar remuneraciones no transparentes; señala, a este respecto, que la transparencia y el acceso a la información sobre estos elementos siguen siendo los instrumentos más útiles para la negociación y la comparación;

10. Prevé que la aplicación de este Código práctico se tendrá en cuenta en las disputas relativas a la carga de la prueba en casos de discriminación por razones sexuales; pide a la Comisión y al Consejo que aprueben rápidamente la directiva sobre la carga de la prueba teniendo en cuenta el dictamen del Parlamento Europeo;

11. Insta a los interlocutores sociales, en la medida en que el proceso de negociación colectiva está destinado a ser la principal herramienta para establecer la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, a tomar todas las medidas para garantizar que los convenios salariales respetan los principios de no discriminación y a someter dichos procesos a detenidas evaluaciones periódicas para evitar que la discriminación salarial reaparezca en futuros sistemas retributivos;

12. Considera que la participación de las mujeres en el proceso de negociación colectiva es indispensable para eliminar la discriminación salarial; pide a los interlocutores sociales que detallen las medidas tomadas para incrementar la participación y representación de las mujeres en sus respectivas organizaciones y órganos negociadores;

13. Estima que la definición de los sistemas de evaluación de puestos de trabajo y la aplicación del principio de igual retribución por trabajos de igual valor por medio de la negociación colectiva exige que quienes participan en ella, incluidos los propios trabajadores, tengan una buena formación y un adecuado acceso a asesoramiento experto; pide a la Comisión que recopile una base de datos sobre expertos y organizaciones de todos los Estados miembros capaces de asesorar a los empresarios y a los trabajadores y sus representantes en materia de igualdad de retribución por trabajos de igual valor y que fomente y aliente este asesoramiento experto;

14. Estima que la transparencia tanto en la evaluación de puestos de trabajo como en la negociación colectiva es un requisito esencial de cualquier política encaminada a conseguir la realización del principio de igualdad retributiva para los trabajos de igual valor, y pide a los Estados miembros y a la Comisión que aumenten la disponibilidad de estadísticas claras y actualizadas sobre niveles salariales, especialmente a nivel sectorial e intersectorial;

15. Pide a la Comisión que, al controlar la aplicación del Código, recoja ejemplos de buenas prácticas o prácticas innovadoras y que facilite su intercambio y fomento de la forma más eficaz posible;

16. Pide a la Comisión que realice un seguimiento de la aplicación del Código práctico y que, en caso de que a los tres años la medida no haya producido la disminución deseada en las diferencias salariales, considere la posibilidad de convertirlo en un instrumento jurídicamente vinculante; considera que, durante el período de seguimiento, el Código ha de recomendar a los empresarios y negociadores medidas positivas en beneficio de las mujeres discriminadas;

17. Destaca la desigualdad persistente entre hombres y mujeres en la distribución de cometidos asistenciales, que influye directamente en las actividades profesionales de la mujer y que se ha de considerar como una de las causas de la discriminación en el mercado laboral y, por lo tanto, en la retribución;

18. Reitera su deseo que en el nuevo Tratado, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se amplíe el artículo 119 de modo que quede consagrado el derecho a la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor;

19. Recuerda las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que disponen que la igualdad de retribución por trabajos de igual valor se ha de realizar no sólo dentro de un sector empresarial determinado, sino también más allá de los límites de los diferentes sectores; pide a los interlocutores sociales y a las autoridades competentes que velen por que ello se lleve efectivamente a la práctica;

20. Insta a los Estados miembros a que creen una red de expertos que procedan al control del cumplimiento de la legislación en materia de retribuciones y a que prevean procedimientos judiciales y sanciones que garanticen su aplicación efectiva;

21. Considera sumamente importante que se mejore el acceso de la mujer a la formación pofesional, la formación complementaria y la formación permanente;

22. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social y a los interlocutores sociales europeos.