N° C 71/2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89 
Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) n° 797/85 en lo que se refiere a la extensificación de la producción 
(89/C 71/02) 
El 27 de diciembre de 1988, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la 
propuesta mencionada arriba. 
El Comité Económico y Social decidió nombrar al Sr. Luchetti ponente general para la 
preparación de los trabajos del Comité en la materia. 
El 25 de enero de 1989 (262a sesión plenaria), el Comité Económico y Social ha aprobado 
sin ningún voto en contra y con 1 abstención el siguiente dictamen. 
El Comité da su aprobación a la propuesta de la Comisión que prevé la prórroga hasta el 
31 de diciembre de 1989 de la fecha de finalización de la aplicación obligatoria del régimen 
de extensificación de la producción agrícola. Con ello se pretende que los Estados miembros 
puedan adoptar, en base a la experiencia adquirida en el transcurso de 1989 a través de 
acciones piloto realizadas a nivel regional o local, los procedimientos técnicos y administrati­
vos necesarios para la ejecución de las medidas previstas por los reglamentos relativos a la 
mejora de la eficacia de las estructuras agrarias y a la retirada de tierras de la producción. 
Hecho en Bruselas, el 25 de enero de 1989. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre el derecho de sufragio de los 
nacionales de los Estados miembros en las elecciones municipales en el Estado miembro de 
residencia (!) 
(89/C 71/03) 
El 8 de julio de 1988, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de asuntos sociales, familia, educación y cultura, encargada de preparar los 
trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 12 de enero de 1989 (ponente: Sr. Vercellino). 
En su 262a sesión plenaria (sesión del 25 de enero de 1989), el Comité Económico y Social 
ha aprobado por 126 votos a favor, 4 votos en contra y 9 abstenciones el siguiente dictamen. 
El Comité aprueba la propuesta de Directiva de la 
Comisión, con la salvedad de las siguientes observacio­
nes y propuestas, formuladas con el único fin de facilitar 
la aprobación y la aplicación de la Directiva basándose 
en las experiencias habidas en este campo en algunos 
países, así como en las condiciones y dificultades de 
aplicación con que podrían encontrarse determinados 
Estados miembros. Sobre las condiciones en los diversos 
países se adjunta al dictamen un cuadro sintético de la 
(!) DO n° C 246 de 20. 9. 1988, p. 3. «Situación del derecho de sufragio en las elecciones 
municipales en los Estados miembros». 
1. Evaluación y observaciones generales 
1.1. Actualidad e importancia del problema 
La Directiva, que ha sido propuesta por la Comisión 
tras un largo período de estudios y trabajos preparato­
rios, va encaminada a garantizar la participación en las 
elecciones municipales de los ciudadanos de los Estados 
miembros residentes en un Estado distinto del de origen. 
20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 71/3 
Esta idea figuraba ya en el programa de acción de la 
CEE en favor de los trabajadores migrantes y de sus 
familias, que se remonta a 1976 (DO n° C 34 de 
14.2.1976). Se inspiraba en la aseveración hecha por el 
Consejo de ministros con ocasión de la adopción del 
Reglamento (CEE) n° 1612/68 del 15 de octubre de 
1968 (DO n° L 257 de 19.10.1968), según la cual estaba 
comprobado que «la libre circulación exige, para que 
pueda ejercerse en condiciones objetivas, que se garan­
tice de hecho y de derecho la igualdad de trato con 
objeto de favorecer una mejor integración en el país de 
acogida». 
Por consiguiente, la Directiva que estamos examinando 
no es solamente una medida que se ha hecho necesaria 
para permitir a millones de ciudadanos instalados en 
otro Estado miembro ejercer este derecho, sino que 
representa asimismo la concreción de un compromiso 
adquirido hace tiempo y una contribución importante: 
— a la superación de los obstáculos que traban aún la 
libre circulación de los ciudadanos y a la instaura­
ción de un espacio europeo sin fronteras internas, 
— a la plena realización del gran mercado único de 
aquí a 1992 y a la construcción de la «Europa de 
los ciudadanos», 
— al respeto y al pleno ejercicio de los derechos demo­
cráticos que la Acta Única se ha comprometido a 
promover, 
— y, en un sentido más general, a la ampliación de la 
participación activa de los ciudadanos y las pobla­
ciones en un desarrollo y un progreso económico, 
social, democrático y cultural más rápidos y equili­
brados de la CEE y de sus Estados miembros. 
1.2. Valor y base jurídica de la Directiva 
El Comité, que ya se pronunció hace años a favor 
del reconocimiento y la garantía del ejercicio de este 
derecho, acoge favorablemente la diligencia que ha 
mostrado la Comisión a la hora de abordar y resolver 
este problema complejo y delicado; confirma la compe­
tencia de la Comisión en la materia y hace suyas las 
líneas directrices, los principales objetivos y la base 
jurídica (artículo 235, 3c) 8 A del Tratado) de la pro­
puesta de Directiva presentada, así como la afirmación 
de la conveniencia y urgencia de aprobarla rápidamente 
y de aplicarla de aquí a 1992. 
1.3. Debates, estudios y experiencias en Europa - Con­
tribuciones del CES y del Parlamento Europeo 
El Comité felicita vivamente a la Comisión por el hecho 
de que el instrumento propuesto tiene en cuenta y se 
inspira en los debates mantenidos en Europa y en las 
experiencias concretas realizadas ya en determinados 
países, así como en las peticiones formuladas durante 
los años 70 y 80 por las más diversas fuerzas, categorías 
y organizaciones sociales y políticas, y principalmente por el Parlamento Europeo (junio de 1983, mayo y 
noviembre de 1985, diciembre de 1987) y por el propio 
Comité Económico y Social. 
En tales ocasiones el Comité se había pronunciado ya 
a favor de una residencia mínima de cinco años para 
poder votar en las elecciones municipales de otro Estado 
miembro (dictámenes CES 984/84 del 25 de octubre de 
1984 y CES 470/85 del 29 de mayo de 1985), y había 
subrayado que «la racionalidad económica de la libre 
circulación de bienes y de capitales sólo podrá ser 
acompañada por una racionalidad jurídica y sociopolí-
tica equitativa para los ciudadanos» (dictamen CES 
213/88 del 25 de febrero de 1988). 
1.4. Balance y enseñanzas de las primeras experiencias 
A este respecto han sido particularmente significativas 
y valiosas las contribuciones y experiencias de algunos 
países (Países Bajos, Dinamarca, Irlanda) que han reco­
nocido ya el derecho de sufragio municipal a los residen­
tes de otros Estados miembros, ampliándolo incluso a 
los de terceros países con resultados positivos y alenta­
dores. 
Un primer balance, además de poner de relieve las 
dificultades y los problemas existentes y demostrar la 
utilidad y viabilidad de esta medida, confirma entre 
otras cosas que: 
— la participación de los inmigrantes en las elecciones 
municipales ha contribuido hasta ahora no sólo a 
su mejor inserción en las realidades locales, sino 
también a aumentar el interés de las instancias, 
fuerzas y agrupaciones electorales por los problemas 
y las dificultades a que se enfrentan, 
— para obtener tales resultados, además de preparar 
cuidadosamente la aplicación de la Directiva y las 
disposiciones de aplicación nacionales, es necesario 
prestar la máxima atención a las peculiaridades y 
eventuales dificultades locales y nacionales, adop­
tando las pertinentes medidas informativas, organi­
zativas y administrativas, 
— es necesario y sumamente útil promover iniciativas 
de acompañamiento y de información al público 
con el fin de crear las condiciones adecuadas para 
favorecer una colaboración, una solidaridad y una 
participación más activas de las diversas nacionali­
dades, etnias y culturas en la vida municipal, social 
y democrática de la CEE y de sus Estados miembros. 
2. Observaciones particulares 
2.1. Libre elección, pero no obligación ni doble voto 
El Comité comparte enteramente el punto de vista 
expresado en la parte central de la Directiva, que, en 
N° C 71/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89 
el plano jurídico y sociopolítico, considera el derecho 
de sufragio en las elecciones municipales en el Estado 
y lugar de residencia como un derecho inalienable y 
una libre elección del ciudadano, y no como una obliga­
ción (con pleno respeto de las obligaciones derivadas 
de las leyes nacionales y locales del país de residencia), y 
que estipula que el derecho de sufragio en las elecciones 
municipales no puede ejercerse simultáneamente en dos 
municipios y Estados diferentes. 
2.2. Prioridad absoluta a la rápida aplicación de la 
Directiva 
El Comité subraya con fuerza que atribuye la máxima 
importancia y prioridad a la rápida aprobación y aplica­
ción de la Directiva sobre el derecho de sufragio munici­
pal antes de 1992. Sin subestimar la importancia de los 
problemas que dan origen a determinadas disposiciones 
de la propuesta, y señalando que éstas sólo prevén por 
lo general facultades concedidas a los Estados miembros 
(y no obligaciones), el Comité expresa no obstante 
cierta perplejidad con respecto a algunos aspectos, con­
diciones, plazos y excepciones facultativas previstos en 
algunos artículos y en las disposiciones transitorias y 
finales. 
El Comité recomienda por consiguiente prestar la 
máxima atención a las siguientes observaciones y reco­
mendaciones con el fin de modificar parcialmente la 
Directiva —sin retrasar por ello su aplicación— en 
aquellos aspectos en los que se puede alcanzar un rápido 
consenso de los Estados miembros y del Consejo. Las 
otras modificaciones podrían ser introducidas más ade­
lante o tomadas en consideración por los Estados miem­
bros, posiblemente antes de la entrada en vigor defini­
tiva de la Directiva o en la fase inicial de su aplicación. 
2.3. Adaptación de las legislaciones nacionales 
Una de las medidas que es urgente adoptar para garanti­
zar la libre elección del derecho de sufragio municipal 
es la adaptación a las orientaciones y al contenido de 
la Directiva de una parte de las leyes y disposiciones 
electorales vigentes en algunos países, entre ellas las 
que prohiben a sus ciudadanos ejercer el derecho de 
voto en otro Estado miembro. 
En cuanto a la necesidad de modificar los artículos de 
las constituciones inconciliables con la Directiva, los 
plazos para su entrada en vigor dejan a los Estados 
miembros tiempo suficiente para revisarlos. Sin 
embargo, si estos plazos resultasen demasiado breves, 
el principio de la primacía del derecho comunitario 
sobre el derecho nacional, incluidos los textos constitu­
cionales, principio por otra parte reafirmado por el 
Tribunal de justicia, podría justificar una adaptación 
provisional. Esta solución, que conciliaria los intereses 
comunitarios y nacionales, permitiría dejar sin aplica­
ción los textos constitucionales no modificados y apli­car la Directiva en los plazos previstos de conformidad 
con la sentencia Internationale Handelsgesellschaft, que 
precisa que «la invocación de perjuicios causados, ..., 
a los principios de una estructura constitucional, no 
podría afectar a la validez de un acto comunitario o a 
su efecto sobre el territorio de dicho Estado »(1), y 
también con la sentencia Costa/Enel(2), confirmada en 
1978 en la sentencia de principios «Simmenthal» (3). 
2.4. Duración de la residencia 
El Comité aprueba la noción de un período mínimo de 
residencia —que no debe superar un mandato electo­
ral— para poder ejercer el derecho de sufragio. Sin 
embargo, para evitar interpretaciones divergentes y 
malentendidos en el cálculo de la duración de residencia 
requerida para la inscripción en el censo electoral, el 
Comité considera oportuno precisar, en el segundo 
párrafo del artículo 4, que le carácter ininterrumpido 
de la residencia puede ser certificado mediante cualquier 
procedimiento de atestación habitual o reconocido 
como tal en el Estado de residencia; que hay que tener 
en cuenta también el período de residencia anterior a 
la entrada en vigor de la Directiva; y que la duración 
total de la residencia no puede ponerse en cuestión 
por ausencias temporales o más prolongadas que no 
supongan un cambio de residencia. 
2.5. Elegibilidad 
La Directiva prevé para la elegibilidad (artículo 8) un 
período de residencia de doble duración que el reque­
rido para adquirir el derecho de sufragio en las eleccio­
nes municipales. A la luz de las experiencias y de 
los estudios realizados en diversos países, el Comité 
considera que esta duplicación complica inútilmente el 
procedimiento y que el período de residencia podría 
reducirse a la duración de un mandato, al igual que la 
duración requerida para el ejercicio del derecho de 
sufragio. Esto permitiría entre otras cosas no penalizar 
excesivamente los cambios de residencia de un Estado 
a otro y no obstaculizar la libre circulación de personas. 
Por lo demás, la duración de un mandato parece más 
que suficiente para integrarse en un municipio y para 
conocer sus problemas principales, tanto más cuanto 
que la «facultad de ser elegido» se supone por lo 
(1) Sentencia del 17 de diciembre de 1978; Asunto 11/70. Reperto­
rio p. 1125. 
(2) Sentencia del 15 de julio de 1964; Asunto 6/64. Repertorio 
p. 1141. 
(3) Sentencia del 9 de marzo de 1978; Asunto 106/77. Repertorio 
p. 629. Dicha sentencia precisa que: « El juez nacional encar­
gado de aplicar, dentro de su competencia, las disposiciones 
del derecho comunitario, tiene la obligación de garantizar el 
pleno afecto de dichas normas, dejando, si fuera necesario sin 
aplicar, por su propia autoridad, toda disposición contraria de 
la legislación nacional incluso posterior sin que tenga que 
preguntarse o esperar la eliminación previa de ésta por vía 
legislativa o por cualquier otro procedimiento constitu­
cional. » 
20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 71/5 
general derivada de la « facultad de ejercer el derecho de 
sufragio». Por otra parte, se corre el riesgo de que la 
duración igual a dos mandatos exigida para la simple 
elegibilidad complique la tarea de suyo ardua de la 
administración encargada de poner al día el censo elec­
toral. 
2.6. Funciones municipales y elecciones indirectas 
Independientemente de las propuestas incluidas en la 
Directiva y de las leyes nacionales vigentes, sería aconse­
jable examinar atentamente la posibilidad y las condi­
ciones de que los ciudadanos de otros Estados que sean 
elegidos concejales en su Estado de residencia puedan 
acceder a funciones municipales o de otro tipo de 
segundo grado, especialmente en los países donde están 
ya o pueden verse privados de este derecho. Para ello 
se podría recurrir a la experiencia de los Estados donde 
no existen tales restricciones. 
2.7. Facultad de aplazar la aplicación de la Directiva 
El Comité considera que la facultad de aplazar la aplica­
ción de la Directiva, así como las limitaciones previstas 
en los artículos 11 y 12, deberían utilizarse por los 
Estados miembros con mucha prudencia y parsimonia, 
dado que en otro caso la aplicación de la Directiva 
podría retrasarse muchos años. 
En lo que se refiere al aplazamiento facultativo de la 
aplicación de la Directiva en función de la incidencia 
numérica de los ciudadanos de otros Estados miembros 
con respecto a la población total (artículo 11), se consi­
dera preferible tener en cuenta también el número de 
ciudadanos de otros Estados miembros que tienen el 
derecho de sufragio (de conformidad con la duración 
de residencia requerida) y que han elegido ejercerlo en 
su Estado y municipio de residencia, en relación con el 
número de ciudadanos del Estado de residencia inscritos 
en el censo electoral. Por otra parte, la redacción de 
este artículo debería revisarse porque en su forma actual 
es demasiado vaga, no fija nungún límite de tiempo 
para la derogación propuesta y puede constituir una 
fuente de discriminación entre Estados y entre ciudada­
nos comunitarios. 
2.8. Limitación del número de concejales 
En cuanto a la limitación del número de concejales 
originarios de otros Estados miembros (artículo 12), se 
recomienda tomar en consideración el hecho de que 
esta medida penalizaría también a los nacionales que 
deseasen votar por candidatos originarios de otros Esta­
dos miembros, lo que constituiría un quebrantamiento 
de disposiciones ya existentes. Asimismo hay que tener 
en cuenta que en los países donde la elección de conceja­
les comporta la elección indirecta de Parlamentarios, el recurso al artículo 12 puede llevar a quebrantar el 
artículo 3 del protocolo anexo a la Convención europea 
sobre derechos humanos. 
Finalmente es necesario señalar que el recurso acumula­
tivo a los artículos 11 y 12 puede provocar un retraso 
excesivo en la aplicación de la Directiva, retraso que, 
sumado a los tres años previstos para la entrada en 
vigor de la Directiva, podría incluso llegar a superar 
los 25 años. 
2.9. Informe sobre la aplicación de las disposiciones 
de la Directiva 
La Sección estima que el informe mencionado en el 
artículo 13 de la propuesta debería transmitirse igual­
mente al Comité Económico y Social. 
3. Consideraciones finales 
Paralelamente a la publicación y a la aplicación de la 
Directiva, el Comité insta a la Comisión, al Consejo y 
a los Estados miembros a tomar medidas para resolver, 
en la medida de lo posible, algunos otros problemas 
afines, generales y particulares, que quedan pendientes, 
relacionados con la problemática y las perspectivas 
futuras del derecho de sufragio en la CEE, con las 
elecciones europeas y con la construcción de la Europa 
de los ciudadanos. 
3.1. La Europa de los ciudadanos 
Con este fin se propone emprender un estudio encami­
nado a acelerar la solución de determinados problemas 
importantes, como la participación de los ciudadanos 
de la CEE en las elecciones intermedias (circunscripcio­
nes, provincias, regiones, etc.), la creación de una ciuda­
danía europea bien definida e independiente de la nacio­
nalidad, y la traducción jurídica del artículo 138 del 
Tratado, que prevé un procedimiento uniforme para 
las elecciones al Parlamento Europeo basado en la 
concesión del derecho de sufragio activo y pasivo en el 
país de residencia para las elecciones europeas. 
3.2. Familiares, refugiados y apatridas 
Otros problemas que se plantean y deben afrontarse en 
este campo son los relativos a la ampliación del derecho 
de sufragio en las elecciones municipales a los miembros 
de la familia, descendientes y ascendientes a cargo [de 
conformidad con las definiciones formuladas en el artí­
culo 10 del Reglamento (CEE) n° 1612/68], y también 
a los refugiados y apatridas residentes en los Estados 
miembros. 
3.3. Ciudadanos de países terceros 
La precaria situación civil y jurídica de numerosos 
ciudadanos e inmigrantes procedentes de países terceros 
N° C 71/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89 
es, y lo será aún más en la Europa de los ciudadanos, 
un tema de plena actualidad. Teniendo en cuenta las 
observaciones formuladas en el apartado 1.4 del pre­
sente dictamen, se considera oportuno, por razones 
de coherencia y para no aumentar las marginaciones, 
divisiones y tensiones entre ciudadanos y trabajadores 
pertenecientes a distintas nacionalidades, recomendar a 
la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que 
tomen en consideración la posibilidad de llegar en un 
momento dado, y a la luz de la situación existente en algunos países, a una ampliación del derecho de sufra­
gio en las elecciones municipales a los ciudadanos de 
países terceros (*), en aquellos países en los que aún no 
está reconocido. 
(!) El Parlamento Europeo ha adoptado ya una posición similar, 
solicitando la concesión del derecho de sufragio en las eleccio­
nes municipales a estos ciudadanos (DO n° C 13 de 
18. 1. 1988). 
Hecho en Bruselas, el 25 de enero de 1989. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
ANEXO 1 
Situación del derecho de sufragio en las elecciones municipales en los Estados miembros 
I. Países donde el derecho de sufragio se concede a todos los extranjeros : 
1. DINAMARCA 
A: Los daneses residentes en el extranjero pierden su derecho de sufragio en las elecciones municipales 
danesas. 
B: Todos los extranjeros residentes en Dinamarca tienen derecho de sufragio en las elecciones municipales 
danesas desde 1981. 
2. IRLANDA 
A: Los irlandeses residentes en el extranjero pierden su derecho de sufragio en las elecciones municipales 
irlandesas. 
B: Todos los extranjeros residentes en Irlanda tienen derecho de sufragio en las elecciones municipales 
irlandesas. 
3. PAÍSES BAJOS 
A: Los neerlandeses residentes en el extranjero pierden su derecho de sufragio en las elecciones municipales 
neerlandesas. 
B: Todos los extranjeros residentes en los Países Bajos tienen derecho de sufragio en las elecciones 
municipales neerlandesas desde 1983. 
II. Países donde el derecho de sufragio se concede a determinadas categorías de extranjeros: 
1. REINO UNIDO 
A: Los británicos residentes en el extranjero pierden su derecho de sufragio en las elecciones municipales 
del Reino Unido. 
B: Sólo los irlandeses y los naturales de la Commonwealth tienen derecho de sufragio en las elecciones 
municipales en el Reino Unido. 
2. PORTUGAL 
A: Los portugueses residentes en el extranjero pierden su derecho de sufragio en las elecciones municipales 
portuguesas. 
B: Los extranjeros residentes en Portugal no tienen derecho de sufragio en las elecciones municipales, que 
la Constitución reserva únicamente a los nacionales (caso particular de los nacionales de países de lengua 
portuguesa, a condición de que exista reciprocidad). 
20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 71/7 
III. Países donde el derecho de sufragio no se concede a los extranjeros: 
1. BÉLGICA 
A: Los belgas residentes en el extranjero pierden su derecho de sufragio en las elecciones municipales 
belgas. 
B: Los extranjeros residentes en Bélgica no tienen derecho de sufragio en las elecciones municipales belgas, 
reservado por la Constitución únicamente a los nacionales. 
2. ALEMANIA 
A: Los alemanes residentes en el extranjero pierden su derecho de sufragio en las elecciones municipales 
alemanas. 
B: Los extranjeros residentes en Alemania no tienen derecho de sufragio en las elecciones municipales 
alemanas, reservado por la ley fundamental al «Pueblo», interpretado como el pueblo alemán. 
3. GRECIA 
A: Los griegos residentes en el extranjero conservan su derecho de sufragio en las elecciones municipales si 
acuden a votar in situ. 
B: Los extranjeros residentes en Grecia no tienen derecho de sufragio en las elecciones municipales griegas, 
reservado por la Constitución únicamente a los nacionales. 
4. ESPAÑA 
A: Los españoles residentes en el extranjero conservan su derecho de sufragio en las elecciones municipales 
españolas y pueden además votar por correspondencia o por delegación. 
B: Los extranjeros residentes en España no tienen derecho de sufragio en las elecciones municipales 
españolas, aunque la Constitución establece que este derecho se les puede conceder en condiciones de 
reciprocidad. 
5. FRANCIA 
A: Los franceses residentes en el extranjero conservan su derecho de sufragio en las elecciones municipales 
y pueden además votar por delegación. 
B: Los extranjeros residentes en Francia no tienen derecho de sufragio en las elecciones municipales 
reservado por la Constitución únicamente a los nacionales. 
6. ITALIA 
A: Los italianos residentes en el extranjero conservan el derecho de sufragio en las elecciones municipales 
italianas si acuden a votar m situ. 
B: Los extranjeros residentes en Italia no tienen derecho de sufragio en las elecciones municipales italianas, 
reservado por la Constitución únicamente a los nacionales. 
7. LUXEMBURGO 
A: Los luxemburgueses residentes en el extranjero pierden su derecho de sufragio en las elecciones 
municipales luxemburguesas. 
B: Los extranjeros residentes en Luxemburgo no tienen derecho de sufragio en las elecciones municipales 
luxemburguesas, reservado por la Constitución únicamente a los nacionales. 
Normativas vigentes en los países donde el derecho de sufragio se concede a todos los extranjeros: 
1. DINAMARCA 
Condiciones (derecho de sufragio y elegibilidad): 
— tener 18 años, 
— estar domiciliado en el municipio, 
— haber estado domiciliado en Dinamarca durante los tres últimos años anteriores a las elecciones. 
N° C 71/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89 
2. IRLANDA 
Condiciones (derecho de sufragio y elegibilidad): 
— tener 18 años, 
— estar domiciliado en el municipio, 
— haber residido en Irlanda durante 6 meses antes de las elecciones. 
3. PAÍSES BAJOS 
Condiciones (derecho de sufragio y elegibilidad): 
— tener 18 años, 
— estar domiciliado en el municipio, 
— estar jurídicamente establecido en los Países Bajos desde al menos 5 años antes de las elecciones. 
ANEXO 2 
Enmienda rechazada 
La enmienda siguiente, que obtuvo un número de votos a favor equivalente a la cuarta parte de los votos 
expresados, fue rechazada durante los debates. 
Añadir un nuevo apartado 2.3: 
«Se plantea no obstante un problema específico de aplicación en los Estados miembros en los que la 
proporción de residentes extranjeros, subditos comunitarios, es particularmente elevada, de modo que el 
derecho de elegibilidad podría situar a subditos extranjeros encabezando la dirección de los asuntos de una 
colectividad local. El caso de Luxemburgo, con más de 27% de residentes extranjeros y donde este índice 
supera incluso el 50 % en determinados municipios, ilustra sobradamente este problema. 
Cabe también prever en tales casos la posibilidad de una adaptación gradual de la ley electoral, que podría 
por ejemplo pasar por un colegio electoral diferente de representantes de extranjeros a nivel local. » 
Exposición de motivos 
La enmienda se explica por sí misma. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 34, votos en contra: 75, abstenciones: 20.