P6_TA(2005)0056

Seguridad, higiene y protección de la salud en el lugar de trabajo (2002)

Resolución del Parlamento Europeo sobre la promoción de la salud y de la seguridad en el trabajo (2004/2205(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vista la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación práctica de las disposiciones de las Directivas relativas a la salud y la seguridad en el trabajo 89/391/CEE (Directiva marco), 89/654/CEE (Lugares de trabajo), 89/655/CEE (Equipos de trabajo), 89/656/CEE (Equipos de protección individual), 90/269/CEE (Manipulación manual de cargas) y 90/270/CEE (Pantallas de visualización) (COM(2004) 0062),

- Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 91/383/CEE por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal (SEC(2004) 0635),

- Visto el informe de la Comisión sobre el "27o Informe anual del Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el trabajo — 2002" (COM(2004) 0539),

- Vista la Comunicación de la Comisión "Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)" (COM(2002) 0118),

- Vistos el apartado 2 del artículo 112 y el artículo 45 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0029/2005),

A. Considerando que en el apartado 1 del artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión [1] se señala que "todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad",

B. Considerando que en la letra a) del apartado 1 del artículo 137 del Tratado CE la Comunidad Europea se ha fijado como objetivo apoyar y completar la acción de los Estados miembros en relación con la mejora del entorno de trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores,

C. Considerando que el apartado 1 del artículo 152 del Tratado CE señala que "al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana",

D. Considerando que la salud y la seguridad en el trabajo, que deberían considerarse un objetivo fundamental en sí mismas, constituyen, hoy por hoy, uno de los ámbitos más importantes de la política de la UE; que un medio y una organización del trabajo seguros y sanos también son factores de rendimiento para la economía y la sociedad,

E. Considerando que el mercado laboral y la población de Europa han cambiado en numerosos aspectos (ampliación de la Unión Europea, mejores posibilidades para la libre circulación de las empresas y de los trabajadores, horarios de trabajo flexibles que incluyen el trabajo a tiempo parcial, fragmentación de los mercados de trabajo, subcontratación, empleo temporal y eventual, envejecimiento y descenso de la población) que deben tenerse en cuenta como grandes retos en relación con el cumplimiento del objetivo de alcanzar una economía que cree más y mejores puestos de trabajo,

F. Considerando la importancia que revisten los esfuerzos desplegados por la Comunidad en el ámbito del medio de trabajo con vistas al cumplimiento de los objetivos de la estrategia de Lisboa en relación con la creación de más y mejores puestos de trabajo; que un medio de trabajo mejor no sólo supone unas condiciones mejores para los trabajadores europeos sino que fomenta, también, la productividad y el crecimiento en Europa,

G. Considerando que las directivas comunitarias en el ámbito de la protección de la seguridad y de la salud no se aplican a los trabajadores domésticos, la mayoría de los cuales son mujeres,

H. Considerando que tres de los antiguos 15 Estados miembros no han presentado los informes nacionales sobre la aplicación de la Directiva 91/383/CEE [2], a pesar de que la Comisión se lo ha recordado en numerosas ocasiones,

1. Acoge con satisfacción el análisis de la Comisión sobre la aplicación de la legislación en materia de salud y seguridad y su evaluación sobre la utilización de las directivas en el lugar de trabajo y espera la evaluación de la Comisión sobre la aplicación de las demás directivas específicas; considera que el descenso del número de accidentes en el lugar de trabajo es un hecho positivo y que las medidas de protección de la salud y de la seguridad en el lugar de trabajo contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y fomentan la productividad, la competitividad y el empleo; lamenta, no obstante, la publicación tardía del informe de la Comisión, ya que los informes nacionales de aplicación en los Estados miembros deberían haberse presentado en 1997; pide que los informes de evaluación futuros evalúen con mayor profundidad el cumplimiento en la práctica por parte de los Estados miembros de la legislación en materia de salud y seguridad;

2. Acoge con satisfacción las conclusiones generales de la Comisión, pero considera que son necesarias orientaciones más específicas y sistemáticas para la futura estrategia de la Comunidad en materia de salud y seguridad; insta, en este contexto, a la Comisión y al Consejo a que examinen la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva marco de modo que también cubra a los grupos excluidos, como los trabajadores por cuenta propia; subraya, además, la necesidad de conceder una especial atención a la situación de una serie de sectores como la construcción, la pesca y la agricultura, así como al sector de la sanidad; insta, asimismo, a la Comisión a que realice en el plazo más breve posible una evaluación de la aplicación de la nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo 2002-2006;

3. Acoge con satisfacción el plan de la Comisión de realizar un estudio para analizar y evaluar la aplicación práctica de la Directiva 91/383/CEE; apoya la propuesta de la Comisión de presentar un único informe que cubra la aplicación práctica de todas las directivas en los 25 Estados miembros; pide a la Comisión que promueva la armonización y una comparación mayor entre los sistemas nacionales de recogida de datos, también con vistas a mejorar la recogida de datos para una evaluación y control adecuados de los riesgos y de las consecuencias de la contratación externa, la subcontratación y el empleo eventual;

4. Considera fundamental mejorar el sistema estadístico para registrar la siniestralidad laboral, ya que la ausencia de estadísticas fiables y compartidas dificulta la elaboración de políticas comunitarias así como su promoción de manera solvente, especialmente tras la incorporación de 10 nuevos Estados miembros;

5. Considera que el Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el trabajo debe participar plenamente en las negociaciones y en la preparación del informe único y de los informes que lo conformen, y que los informes nacionales deberían elaborarse sobre la base de consultas tripartitas, lo que no siempre es el caso en la actualidad;

6. Subraya el papel fundamental que desempeñan los interlocutores sociales, habilitados y obligados en virtud de la legislación nacional y europea a comprometerse al diálogo social; señala que también debe reforzarse la cultura de prevención mediante una mayor integración de las cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo en la educación básica, en los programas de aprendizaje y en la formación profesional; pide asimismo a la Comisión que fomente el diálogo social sobre salud y seguridad entre los interlocutores sociales y pide a los Estados miembros que fomenten en el lugar de trabajo el diálogo social en relación con el medio de trabajo;

7. Considera que la Directiva 89/391/CEE [3] ofrece mayores oportunidades para una participación paritaria de trabajadores y empleadores en la elaboración de la estrategia de prevención y continua mejora de las condiciones de salud y seguridad; destaca la necesidad de incrementar la representación de las mujeres en los órganos de dirección de los sindicatos y de los empleadores para así tener en cuenta las necesidades en materia de salud y seguridad de las mujeres de todas las categorías profesionales y prever las medidas políticas para satisfacerlas;

8. Señala que, de conformidad con investigaciones recientes, casi el 50 % de los trabajadores de la UE no tienen acceso a servicios de prevención, que la mayoría de los servicios existentes no son totalmente multidisciplinarios y que muchos no reflejan adecuadamente la jerarquía de las medidas de prevención fijadas en la Directiva marco; pide a la Comisión que examine con mayor detalle el estado de los sistemas de prevención de los Estados miembros y que presente propuestas, en colaboración con las autoridades nacionales competentes, para elaborar políticas nacionales de prevención coherentes basadas en una estrategia global de la UE y centradas en la información a los trabajadores;

9. Insta a los Estados miembros a que adopten medias concretas para aumentar el nivel de aplicación de las directivas correspondientes en las PYME y en el sector público; reafirma su Resolución de 23 de octubre de 2002 [4] en la que expresaba su apoyo al desarrollo de guías sobre el modo de aplicación de las directivas vigentes, que debería acompañarse de mejor material de formación y de una mayor información, en particular en el caso de las PYME, en relación con los sectores de alto riesgo y las situaciones que conllevan riesgos específicos, persistentes y recurrentes; considera que se debe fomentar que los Estados miembros incluyan áreas temáticas relacionadas con la prevención de riesgos dentro de los programas de formación de las PYME; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta el género, la edad y los factores culturales al aplicar la legislación de modo uniforme, eficaz y equivalente, y que presten atención a la discriminación por razones de género, raza u origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual;

10. Señala que la información facilitada a las PYME, en particular, en lo que se refiere a la Directiva 89/391/CEE, es insuficiente y debe mejorarse;

11. Considera que la financiación a cargo de la UE de los programas de mejora de la protección, la información y la participación, y la presencia en el diálogo social en materia de seguridad y salud en el lugar de trabajo, etc., de los trabajadores en general y, en particular, en lo que se refiere a las PYME, debería organizarse sobre la base de procedimientos más simples, y que debería ponerse a disposición a tiempo la financiación adecuada prevista en los planes presupuestarios para estos programas y proyectos;

12. Insta a los Estados miembros a que aumenten el número, la calidad y las competencias de las Inspecciones de Trabajo y a que amplíen y completen la formación y competencias de los inspectores de trabajo; pide a la Comisión que fomente las actividades del Comité de altos responsables de la inspección de trabajo; considera, sin embargo, que la prevención de los riesgos profesionales no debe basarse en la figura del inspector de trabajo sino en la colaboración de los agentes sociales, especialmente entre empresarios y trabajadores en su lugar de trabajo;

13. Señala que, a pesar de que los procedimientos de infracción frecuentemente tienen éxito, siguen registrándose deficiencias en una serie de Estados miembros (por ejemplo, en relación con la definición de las capacidades y aptitudes del personal de los servicios de prevención, la definición de las obligaciones del empresario en materia de seguridad y de los trabajadores, y la transposición de diversas directivas); pide a la Comisión que siga iniciando procedimientos de infracción en relación con estos incumplimientos por parte de los Estados miembros;

14. Subraya la importancia fundamental de la incorporación de la perspectiva de género en las actividades y análisis en el ámbito de la seguridad y de la protección de la salud en el lugar de trabajo y señala que la estrategia comunitaria de salud y seguridad favorece la integración de la perspectiva de género en la salud y la seguridad en el lugar de trabajo; pide a los Estados miembros que apliquen y promuevan esta perspectiva de manera sistemática y eficaz;

15. Subraya que las discriminaciones que sufren las mujeres en el mercado del empleo y en su entorno profesional afectan a su salud y su seguridad; pide a los Estados miembros que apliquen la Directiva 2002/73/CE [5] relativa a la supresión de las discriminaciones y, en particular, al acoso sexual y otras discriminaciones relacionadas con la maternidad; pide también a la Comisión que, tras la transposición de dicha Directiva a las legislaciones nacionales, proceda a una evaluación cualitativa y comparativa de las disposiciones legislativas introducidas, así como que fomente el intercambio y la divulgación de las buenas prácticas;

16. Pide a la Comisión que incluya en su programa de acción problemas específicos relacionados con el género que afectan a los hombres y a las mujeres, y que preste una atención especial a los siguientes aspectos:

(i) El cuidado y el control de problemas específicos en materia de salud y seguridad;

(ii) Los riesgos profesionales y las enfermedades psíquicas a largo plazo (como el síndrome del agotamiento y las depresiones) debidas a la doble carga a la que deben hacer frente los hombres y las mujeres que intentan conciliar sus tareas domésticas y profesionales o como consecuencia de la enorme presión en el mercado de trabajo;

(iii) El estrés, la violencia, el acoso psicológico y la intimidación en el lugar de trabajo;

(iv) Su menor grado de cobertura por servicios preventivos de calidad;

(v) Condiciones de trabajo no ergonómicas;

17. Señala la necesidad de profundizar más en la investigación y prevención de las enfermedades profesionales, dando a las de tipo psicosocial la importancia que tienen, pero sin limitarse de forma exclusiva a ellas;

18. Considera que las directivas comunitarias sobre salud y seguridad en el trabajo no incluyen el trabajo doméstico ni el trabajo de los cónyuges que colaboran en empresas familiares, en particular en los sectores del comercio, la artesanía y la agricultura; pide a la Comisión que adopte iniciativas para la protección de la salud y la seguridad de todos los trabajadores, en particular, proponiendo finalmente las modificaciones cuya introducción en la Directiva 86/613/CEE [6] solicitó el Parlamento Europeo en sus Resoluciones de 21 de febrero de 1997 [7] y de 3 de junio de 2003 [8];

19. Expresa su profunda preocupación por la tasa excesivamente elevada de accidentes entre los trabajadores temporales y a corto plazo que, en algunos Estados miembros, es, por lo menos, el doble que entre los trabajadores fijos; señala que la Directiva 91/383/CEE establece, como norma general, que los trabajadores temporales gozan de los mismos derechos en materia de salud laboral que los demás trabajadores, pero que en la Directiva no se recogen unos mecanismos específicos en relación con la aplicación práctica de este principio; pide a la Comisión que ponga solución a estas deficiencias; insta a los Gobiernos de los Estados miembros a que lleguen a un acuerdo en el plazo más breve posible sobre la propuesta de directiva de la Comisión relativa a los trabajadores con una relación laboral de duración determinada;

20. Considera que, según los últimos datos de que se dispone [9], se registra un aumento del número de accidentes, aunque ligero, en sectores en los que el empleo es principalmente femenino; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten nuevas medidas relacionadas con la problemática concreta a la que se enfrentan las mujeres en su lugar de trabajo; pide asimismo a los Estados miembros que incluyan los riesgos laborales a los que se exponen las mujeres en los indicadores aplicados en el marco del seguimiento de la salud y la seguridad en el trabajo (informes nacionales sobre accidentes, correspondientes encuestas y estudios);

21. Pide a la Comisión que vele por que los Estados miembros adopten las medidas preventivas específicas necesarias para proteger al personal sanitario de las heridas provocadas por las jeringuillas y otros instrumentos médicos punzantes teniendo en cuenta los riesgos de infección derivados de los agentes patógenos que se transmiten por la sangre potencialmente fatales (agentes biológicos del grupo 3); toma nota de que entre estas medidas debería figurar la aplicación adecuada de la formación, unas prácticas profesionales seguras y una tecnología médica que incluya mecanismos de protección contra los objetos punzantes, y que las pautas en la materia de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (FACTS 29, ISSN 1681-2123) deberían utilizarse para definir las normas mínimas de protección; considera, no obstante, que también debe revisarse la Directiva 2000/54/CE [10] para abordar concretamente los riesgos derivados de la manipulación de las jeringuillas y de otros instrumentos médicos punzantes;

22. Insta a la Comisión a que reduzca los peligros para la salud relacionados con los contratos de trabajo conocidos como "atípicos" mediante la adopción de medidas adecuadas;

23. Subraya la importancia y la dimensión de la ampliación y expresa su preocupación especial por el escaso nivel de aplicación de las directivas comunitarias registrado en algunos casos en los nuevos Estados miembros y señala que los nuevos Estados miembros no tuvieron mucho tiempo para transponer y aplicar en la práctica la legislación y que, al mismo tiempo, tuvieron que hacer frente a problemas de transformación económica y social; considera que los trabajadores deben disfrutar en toda la UE, como mínimo, del nivel de protección previsto en las Directivas;

24. Toma nota de que un elevado nivel de protección de los trabajadores supondrá una desventaja competitiva para los antiguos Estados miembros frente a los nuevos a menos que se garantice en éstos la plena transposición del acervo comunitario y la aplicación real de las directivas relativas a la protección de la salud;

25. Pide a la Comisión y al Consejo que insistan, en primer lugar, en el intercambio de las mejores prácticas y en una cooperación más intensa entre todos los 25 Estados miembros con respecto a la transposición plena del acervo comunitario y, en aquellos casos en que sea necesario, que se adopten las medidas que resulten necesarias para su aplicación concreta; y que apoyen concretamente a todos los Estados miembros que no cumplan las normas exigidas, en particular a los nuevos Estados miembros, previendo los recursos adecuados, los intercambios de buenas prácticas y experiencias, así como una cooperación más intensa; pide a la Comisión que, en este contexto, conjuntamente con el Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el trabajo, examine la posibilidad de introducir un método abierto e independiente de coordinación en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo;

26. Insta a la Comisión a que presente en el plazo más breve posible un plan de acción que defina las medidas que deberán adoptarse en el futuro para resolver, como mínimo, los problemas que recoge en su propio análisis, y a que desarrolle lo más rápidamente posible una estrategia de seguimiento a medio y a largo plazo; pide, asimismo, a la Comisión que examine con más detalle la posibilidad de adoptar un enfoque global en materia de bienestar en el lugar de trabajo que aborde todas las formas de riesgo, como estrés, acoso psicológico en el trabajo, intimidación o violencia; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión en relación con el acoso sexual y el estrés; pide a los interlocutores sociales en los Estados miembros que elaboren estrategias propias, tanto a nivel nacional como de la UE, en materia de lucha contra el acoso psicológico y la violencia en el lugar de trabajo, así como que intercambien experiencias en la materia sobre la base de las mejores prácticas;

27. Pide a la Comisión que facilite información sobre las acciones que está adoptando en relación con los Estados miembros que no facilitaron en su momento la información que se habían comprometido a dar;

28. Expresa su preocupación por las propuestas de directivas relativas al horario de trabajo y a los servicios en lo que se refiere, en particular, a la intensificación del trabajo y las posibilidades de control, el riesgo de una flexibilidad absoluta en materia de horarios de trabajo y el peligro de cláusulas de exclusión voluntaria; expresa su oposición a todo tipo de nueva regulación en el ámbito de la salud y la seguridad que no garantice un nivel adecuado de protección a todos los trabajadores en la UE;

29. Subraya los esfuerzos de la Comisión por presentar propuestas legislativas para simplificar y racionalizar las directivas vigentes en materia de protección de la salud con el fin de aumentar su eficacia y de reducir los costes que su aplicación conlleva para las empresas;

30. Considera que la responsabilidad social de las empresas recae tanto en la sociedad como en la propia empresa; pide a los empleadores y a los sindicatos de trabajadores que velen por la correcta aplicación de la legislación que protege a las trabajadoras y, en particular, que faciliten su compaginación de la vida familiar y la vida profesional; pide asimismo a los interlocutores sociales que creen condiciones y un entorno laboral favorables para las mujeres embarazadas o en período de lactancia;

31. Considera inaceptable que tres Estados no hayan cumplido sus compromisos en materia de información sobre la aplicación de las disposiciones relativas a las relaciones laborales de duración determinada;

32. Considera que sigue habiendo una gran necesidad en materia de mayor información e indicaciones específicas más amplias, así como en lo que se refiere al apoyo técnico a las empresas;

33. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

[1] DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

[2] Directiva 91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal (DO L 206 de 29.7.1991, p. 19).

[3] Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 1).

[4] DO C 300 E de 11.12.2003, p. 290.

[5] Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 269 de 5.10.2002, p. 15).

[6] Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, incluidas las actividades agrarias, así como sobre la protección de la maternidad (DO L 359 de 19.12.1986, p. 56).

[7] DO C 85 de 17.3.1997, p. 63.

[8] DO C 68 E de 18.3.2004, p. 90.

[9] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación práctica de las disposiciones de las Directivas de salud y seguridad en el trabajo (COM(2004) 0062). Los accidentes se producen en los sectores de la industria textil y de la confección, del comercio y la reparación, de la hostelería y la restauración, de las finanzas y de la administración.

[10] Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (DO L 262 de 17.10.2000, p. 21).

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