Dictamen sobre el Libro Verde sobre la Política Social Europea: Opciones para la Unión - Comunicación del Sr. Flynn (94/C 148/10)

El 18 de noviembre de 1993, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el Libro Verde sobre la Política Social Europea: Opciones para la Unión - Comunicación del Sr. Flynn.

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de la preparación de los trabajos del Comité en la materia, aprobó su dictamen el 4 de marzo de 1994 (Ponente: Sr. Vasco Cal).

El Comité Económico y Social, en el 314° Pleno celebrado los días 23 y 24 de marzo de 1994 (sesión del 24 de marzo de 1994), ha aprobado por mayoría, con 1 voto en contra y 10 abstenciones, el dictamen siguiente.

Introducción

El objetivo inmediato del « Libro Verde » es iniciar un amplio debate sobre la futura orientación de la política social cuyas conclusiones puedan servir de base para la elaboración de propuestas específicas a través de un « Libro Blanco ».

Para facilitar la organización de los debates, el « Libro Verde » plantea 65 cuestiones específicas que abarcan los diversos temas abordados.

La Sección considera que el dictamen sobre el Libro Verde debería intentar responder a todas y cada una de dichas cuestiones (formuladas de manera sintetizada al inicio de cada apartado, en letra negrilla), a fin de transmitir a la Comisión sus posiciones de manera más sistematizada, maximizando así sus efectos útiles.

La Sección observa también que muchas de las cuestiones abordadas en el Libro Verde ya han sido objeto de análisis por parte del Comité Económico y Social. Los correspondientes dictámenes del CES, citados en el texto, deben tenerse en cuenta también, como complemento del presente dictamen (véase Anexo).

1. Problemas prioritarios comunes a los Estados miembros (EM)

¿ Cuáles son los grandes objetivos que podrían ser objeto de un amplio consenso entre los EM y los interlocutores interesados ?

1.1. La gran diversidad de situaciones existentes en los Estados miembros (en lo que se refiere al grado de desarrollo económico y social, a los niveles de formación, escolar y profesional, a los sistemas de seguridad social, y a los métodos utilizados, legislativos o contractuales) debe tenerse en cuenta en la definición de la política social a nivel europeo. No obstante, se observa también que muchos de los problemas sociales existentes son similares, así como las medidas que se debaten tanto en los Estados miembros como a escala comunitaria (el desempleo creciente, el aumento de la exclusión social, la financiación de la seguridad social). La OCDE, en su proyecto de informe para la reunión ministerial que tendrá lugar en junio de 1994, llega incluso a caracterizar un « modelo CE ». La creación del mercado interior y las nuevas condiciones de competencia a nivel mundial, la libertad de circulación de las mercancías, servicios, capitales y personas y la interdependencia cada vez mayor de las economías nacionales, la institucionalización de la Unión Europea y el Protocolo Social anexo crean nuevas condiciones que deben tenerse en cuenta en la elaboración de las políticas sociales. Las posiciones que la Unión Europea adopte con relación a los asuntos sociales, que afectan a la vida y al trabajo de la inmensa mayoría de los ciudadanos residentes en la UE, serán determinantes para el respaldo al proceso de integración europea.

1.2. En lo que se refiere al mercado de trabajo, el Comité ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones señalando la necesidad de alcanzar un mayor crecimiento económico como condición necesaria, aunque no suficiente, para la creación de un mayor volumen de empleo (véanse los dictámenes sobre la situación económica en 1993 así como la Resolución dirigida a la Cumbre de Copenhague).

1.2.1. El Libro Blanco, presentado por la Comisión Europea y aprobado en la cumbre de Bruselas el pasado mes de diciembre, contiene las orientaciones fundamentales para alcanzar este objetivo decisivo y llevar a buen término el proceso de integración comunitaria. El CES respaldó el planteamiento desarrollado en el Libro Blanco y considera fundamental que el nuevo modelo de desarrollo económico y las orientaciones y medidas que propone se pongan en práctica rápidamente.

1.2.2. El « desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas », tal como está previsto en el artículo 2 del Tratado, no puede ser puesto en peligro por una nivelación a la baja de las normativas sociales. Tal como se reconoce en el Libro Blanco reconoce, la salida de la actual crisis y el futuro de la economía comunitaria dependen también del mantenimiento del modelo social europeo y de los niveles de ingresos y consumo que de él se derivan, así como del fortalecimiento de la confianza de los consumidores. Sólo así será posible crear las condiciones que requiere la reanudación de la inversión, pública y privada, que tendrá un papel esencial en la modificación de las estructuras productivas y en la adecuación a las nuevas condiciones de competencia a nivel mundial.

1.2.3. El Libro Verde señala asimismo que el progreso de Europa en la consecución de los objetivos sociales comunes de la Unión Europea dependerá principalmente de su capacidad de generar la necesaria riqueza. Así pues, Europa tiene que estar necesariamente a la vanguardia del progreso económico y tecnológico.

1.2.4. Como se reconoce en la introducción del Libro Verde sobre política social, la próxima etapa de desarrollo de la política social europea no puede basarse en la idea de un retroceso del progreso social en beneficio de una restauración de la competitividad económica (Introducción). La cumbre de Bruselas concluyó que los ajustes necesarios no deben ir en detrimento de nuestro modelo de sociedad, basado en el progreso económico y social, en un elevado nivel de protección social y en la mejora continua de la calidad de vida (parte A, iii, una economía solidaria, Conclusiones de la Presidencia). Las dificultades de financiación que actualmente atraviesan muchos de los sistemas de seguridad social deberían analizarse cuidadosamente para ver cómo se podría mejorar la gestión de los recursos existentes y controlar mejor la evolución de los costes, de qué manera se deberían adecuar las necesidades actuales y cómo se podrían financiar los sistemas de financiación.

1.3. Los objetivos en lo que se refiere a la protección social y la exclusión son asegurar la integración económica y social de todos los ciudadanos.

1.3.1. En la actual fase de lento crecimiento de la economía comunitaria, en la que se acentúa el agravamiento del desempleo de larga duración, la lucha contra la pobreza y la exclusión social constituyen una prioridad inmediata, tanto más cuanto que las dificultades presupuestarias podrían relegar a un segundo plano las acciones de reinserción.

1.3.2. Ayudar a las personas a integrarse en el trabajo y en la sociedad tendría que ser el principal objetivo que debe perseguirse.

1.3.3. El sistema de protección social constituye para muchos ciudadanos el único recurso en situaciones de desempleo, enfermedad, incapacidad permanente o temporal, vejez, y en todas las situaciones de vulnerabilidad social.

1.3.4. La eficacia del funcionamiento global de la economía comunitaria depende también de la capacidad que tenga para utilizar plenamente los recursos humanos disponibles. El resultado global del funcionamiento de un país o de un espacio económico no debe estar basado en un elevado nivel de desempleo.

1.3.5. No se puede hacer caso omiso de los costes sociales del desempleo. Gravan el resto de la economía y las finanzas públicas y terminan repartiéndose entre la población, las empresas y los consumidores: la disminución de ingresos provocada por la pérdida de empleo se añade al aumento de las necesidades para financiar los subsidios y el subempleo acentúa los efectos recesivos de la economía, repercutiendo negativamente en los gastos de consumo, como se demostraba recientemente en un informe sobre la situación del empleo en Europa, elaborado en el ámbito del Consejo Europeo (5a Conferencia de los ministros europeos de Trabajo, Malta, octubre de 1993). También deberían tenerse en cuenta los costes sociales indirectos, pues « el desempleo se encuentra en la raíz de la exclusión social y del agravamiento de los problemas relacionados con la exclusión » (dictamen sobre el « Empleo en Europa », Ponente: Sr. Vasco CAL, DO n° C 161 de 14. 6. 1993, p. 34).

1.4. La igualdad de oportunidades debe constituir un criterio orientador a todos los niveles de decisión en materia de política social y no sólo en los « dossiers » que se refieren directamente a asuntos de igualdad de oportunidades, ya se trate de mujeres y hombres, jóvenes, o grupos desfavorecidos.

1.4.1. El sistema de enseñanza, que contribuyó y contribuye de manera esencial a la igualdad de oportunidades, debe adaptarse a las nuevas necesidades. Al margen de su función de dispensar las correspondientes competencias profesionales, debe desarrollar las aptitudes de los jóvenes para adaptarse a un ambiente de innovación y cambio, que constituirán la base de la formación continua. La formación de las nuevas generaciones debe asegurarse también de forma más amplia, a fin de poder contribuir a elevar el nivel medio de cualificación, principalmente en las regiones más atrasadas, y contribuir así a una mayor cohesión económica y social.

1.4.2. Los lugares de trabajo, que deberían contribuir a la igualdad de oportunidades, también están experimentando profundas modificaciones. La introducción de nuevas tecnologías y de nuevos procesos de fabricación implican cambios en la organización de la producción y una mayor participación, en particular a través del trabajo en equipo.

1.4.3. Los jóvenes constituyen hoy el grupo social más afectado por la ausencia de perspectivas de empleo e inserción útil en la sociedad, por la precariedad de las relaciones de trabajo y por la agravación de la situación del sistema de seguridad social que acarrea la evolución demográfica.

1.5. En cuanto a la formación, el amplio consenso existente en cuanto a que la valorización de los recursos humanos debería constituir la prioridad de prioridades para conseguir conciliar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, no se ha traducido en medidas concretas de fondo, a nivel político o presupuestario.

1.5.1. Las cualificaciones profesionales existentes en el ámbito comunitario, caracterizadas por una concepción sectorial del trabajo y de la producción, son insuficientes para responder de manera adecuada a los cambios en curso y a los previsibles a medio plazo (véase el documento informativo sobre la formación profesional; Ponente: Sra. Cassina, doc. CES 587/92).

1.5.2. El acceso a la formación profesional de base y el fomento del acceso a la formación continua son indispensables, no sólo para garantizar la cualificación de los trabajadores, sino también para poder incorporarse mejor y más rápidamente a los avances de la ciencia y de la tecnología en el proceso productivo.

1.5.3. La formación es también una condición necesaria para alcanzar una mayor movilidad a nivel sectorial y regional.

2. Mejora de la situación del empleo (cómo desarrollar el marco comunitario del empleo para que el crecimiento genere más empleos, papel de los interlocutores sociales, papel de la acción comunitaria)

2.1. El elevado nivel del desempleo y el deterioro de la calidad del empleo existente, así como el índice de actividad relativamente más bajo observado en la economía comunitaria, obligan a analizar todas las medidas posibles para mejorar la situación, de forma que se facilite una mayor flexibilidad interna en las empresas, garantizando al mismo tiempo la necesaria protección de los trabajadores.

2.1.1. La propuesta que formula el Libro Verde de reducir las cargas no salariales y modificar los regímenes fiscales y parafiscales que inciden en los trabajadores menos cualificados se acoge favorablemente porque contribuirá a reducir los desincentivos a la creación de empleo, pero también debería analizarse en el contexto más amplio de la financiación de los sistemas de protección social, que atraviesa graves dificultades.

2.1.2. La explotación del potencial de crecimiento de empleo en nuevas actividades y áreas, así como el aprovechamiento del potencial de empleo a nivel local -que no han sido suficientemente estudiados-, deben seguir adelante e intensificarse. La concesión de incentivos y la disminución de las trabas administrativas para la creación de nuevas empresas y actividades pueden tener consecuencias positivas en este proceso, sin perjuicio de combatir y sancionar los casos de aprovechamiento abusivo de los incentivos existentes que den lugar a distorsiones de la competencia. Los servicios públicos son elementos fundamentales para garantizar la igualdad de trato a los ciudadanos, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, y tienen también efectos importantes en el empleo. En los últimos años, Europa no ha creado empleos en servicios de vecindad al mismo ritmo que los Estados Unidos, siendo ésta una de las diferencias que mejor explica la evolución de los respectivos índices de desempleo y de productividad total.

2.1.3. Las estructuras sociales y locales deben fortalecerse, y sus relaciones a nivel local y regional deben estrecharse, de manera que se aprovechen plenamente sus conocimientos sobre la economía local, su interés en resolver los problemas existentes y las sinergias que se deriven de actuaciones integradas a nivel local. Los estudios llevados a cabo para analizar las diferencias existentes entre regiones, en lo que se refiere a la creación de puestos de trabajo, muestran la importancia de los factores locales, en particular la cooperación entre las empresas, las autoridades locales, los sindicatos y las demás organizaciones sociales.

2.1.4. Los cambios en las políticas existentes deberían llevarse a cabo, como se reconoce en el « Marco Comunitario de Empleo » (COM(93) 238), de manera que no se explotara a los trabajadores que se encuentran en una posición débil en el mercado de trabajo o que no se inhibiera el desarrollo de empleos con elevado valor añadido y basados en los conocimientos, que serán la clave de la competitividad en el futuro (apartado 3.1, último párrafo). El proceso de « análisis y reflexión política estructurado, cooperativo y sistemático », propuesto en el documento citado, debería asociar a todas las partes interesadas, sin perjuicio del proceso de consulta existente a nivel comunitario y establecido en los Tratados.

2.2. La negociación entre los interlocutores sociales a diferentes niveles (sectorial, interprofesional, de empresa, etc.) es la vía adecuada para conseguir alcanzar los acuerdos necesarios, en particular en lo que se refiere a la introducción de nuevas tecnologías, al desarrollo de nuevas formas de organización del trabajo y de nuevas estructuras de distribución del tiempo de trabajo.

2.3. La reducción del tiempo de trabajo, el trabajo a tiempo parcial y las formas de trabajo atípicas son aspectos de la organización del tiempo de trabajo sobre los cuales el CES se ha pronunciado durante los últimos años. Cabe reconocer que la generalización del trabajo a tiempo parcial ha facilitado el empleo, en particular el empleo femenino. Pero se observa también que el número de empleos creados no alcanza para mantener el volumen global de trabajo, dado que, entretanto, han desaparecido muchos empleos a tiempo completo. La flexibilidad interna en las empresas para adaptar los horarios de trabajo y de funcionamiento de los equipos a la evolución de la demanda y a los intereses de los trabajadores deben negociarse con éstos y sus representantes al nivel adecuado. La mayor generalización de estas formas de trabajo depende también de las garantías mínimas que se ofrezcan.

2.4. La acción comunitaria se desarrollará en el marco de la aplicación del Libro Blanco, aprobado en la cumbre de Bruselas. Los diversos debates actualmente entablados en las instituciones comunitarias sobre asuntos que se repiten, y que a veces se superponen como sucede particularmente entre este Libro Verde y el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, deberían ser mejor coordinados, especialmente en lo que respecta a las propuestas concretas a que darán origen.

3. Avanzar hacia un sistema de producción basado en la calidad

3.1. Desarrollo de los recursos humanos (mejorar la conexión entre los programas de reconversión y las necesidades del mercado de trabajo, conjugar el derecho a la formación durante la vida activa con la evaluación constante de las competencias y cualificaciones, tratamiento separado a la educación y a la formación)

3.1.1. En muchas regiones, se observa la existencia simultánea de un elevado nivel de desempleo, de inadecuación de las cualificaciones a las necesidades de la economía, al tiempo de carencia de mano de obra especializada junto con la de necesidades no satisfechas en algunos de los sectores más afectados por el progreso técnico (véase dictamen sobre el « Empleo en Europa », apartado 3.1.2.6). Las modificaciones de la actividad económica registradas en muchas regiones también han hecho obsoletas muchas profesiones al tiempo que los sistemas de empleo y de formación profesional han sido incapaces, en muchos casos, de prever o responder a dichas mutaciones industriales.

3.1.1.1. Para que el sistema de educación y de formación se ajuste más a las realidades y necesidades de la economía y a las necesidades de desarrollo personal de los trabajadores, es necesario flexibilizar dichos sistemas y adaptar los contenidos formativos de manera que las competencias adquiridas correspondan a las exigencias del mercado del trabajo. Para ello es necesario garantizar una intervención más activa de los interlocutores sociales y de las organizaciones profesionales.

3.1.1.2. La formación en las empresas, cada vez más necesaria debido a la evolución de las formas de organización del trabajo, debe poder basarse y articularse en un sistema de enseñanza flexible, eficaz y capaz de garantizar la formación de base amplia indispensable para poder asimilar las propias acciones de formación.

3.1.2. « Todo trabajador de la Comunidad Europea debe poder tener acceso a la formación profesional y poder beneficiarse de la misma a lo largo de su vida activa. En las condiciones de acceso a dicha formación no podrá darse ninguna discriminación basada en la nacionalidad. » (punto 15 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores). A fin de garantizar el acceso a la formación durante la vida activa, además de la formación de base adecuada y de la formación profesional inicial que garantice a los jóvenes el acceso a un nivel de cualificación inicial reconocido oficialmente, al menos a nivel nacional, es necesario crear las condiciones para que las informaciones relativas a las ofertas de formación continua se difundan de manera que todos los trabajadores tengan acceso a la misma.

3.1.2.1. Esto implica que la formación continua no debe limitarse a las empresas, si bien es en éstas donde adquiere su mayor dimensión. Un sistema eficaz de organismos de formación públicos y privados, incluyendo los centros respaldados por las organizaciones socioprofesionales, es indispensable para completar las ofertas de formación en las empresas, que se caracterizan por limitarse a los propios trabajadores de la empresa y no otorgan muchas veces ningún diploma, por lo que son de difícil utilización en el mercado de trabajo, no abarcan a la mayoría de las PYME y no llegan a los grupos de riesgo, desempleados y mujeres que pretenden regresar a la vida activa después de un período consagrado a la familia (véase dictamen sobre el acceso a la formación continua; Ponente: Sr. Nierhaus, doc. CES 350/93).

3.1.3. De lo señalado anteriormente se deduce una concepción de política de enseñanza más ligada a las necesidades de la economía y del desarrollo tecnológico, y estrechamente ligada al sistema de formación, ya sea inicial o continua. La reducción de las deficiencias de formación que se derivan de etapas anteriores de formación, la preparación básica y la formación continua de los propios formadores, ya sean profesores o instructores de las empresas o formadores en general, sólo puede lograrse a través de una estrecha coordinación entre el sistema de enseñanza y el sistema de formación profesional, en estrecho contacto con la investigación y el desarrollo.

3.1.3.1. La formación de la inmensa mayoría de los trabajadores en activo debería ser objeto de una atención particular, debido a la necesidad de aumentar rápidamente el nivel de cualificaciones existente a fin de aumentar la productividad global de la economía. Ésta es una de las razones que justifica la necesidad de ampliar los programas de formación adelantándose a las mutaciones industriales.

3.2. Medidas de acompañamiento de un sistema de producción basado en la calidad (normas y condiciones de trabajo, adaptabilidad del mercado del trabajo y medidas de acompañamiento).

3.2.1. Los factores que han provocado los elevados niveles de desempleo estructural en la Comunidad van a mantenerse, en particular:

- el crecimiento demográfico ya no tiene el peso que ha tenido en el pasado. No obstante, el índice de actividad (relación entre la población en edad activa y la población activa) y el índice de desempleo permiten calcular un índice de « no empleo », que alcanza valores próximos al 25 % en el conjunto del espacio comunitario. Esto explica, además, por qué cerca del 40 % de los puestos de trabajo creados en el período 1985-1990 fueron ocupados por personas, en su mayoría mujeres, que no se encontraban integradas en el mercado del trabajo y que no estaban contabilizadas como desempleados. Los países de la UE tienen un índice de actividad de aproximadamente el 60 %, inferior al de aproximadamente 70 % que se registra en Estados Unidos, Japón y en los países de la AELC (EFTA).

- los factores económicos que se derivan de la nueva división internacional del trabajo tenderán a acentuarse, con sobrecapacidades de producción a nivel mundial en un número cada vez mayor de industrias tradicionales, con deslocalizaciones de empresas y con la subcontratación de servicios, utilizando para ello el potencial que ofrece la informática y las telecomunicaciones modernas.

- la búsqueda acelerada de ganancias de productividad ha dejado de tener una relación directa con la evolución del progreso técnico, que se registraba a niveles más o menos constantes a largo plazo, para pasar a basarse en desplazamientos de la producción, no sólo en los sectores tradicionales, sino también en sectores modernos, en el mayor recurso a las subcontrataciones, y en las transferencias y disminuciones del volumen de empleo a nivel microeconómico y sin tener en cuenta los costes externos que la agravación del desempleo implica (véase apartado 1.2 supra).

- la política macroeconómica, condicionada por los objetivos anunciados por la Unión Económico y Monetaria, y la prioridad dada a la lucha contra la inflación, ha impuesto políticas restrictivas, que no tiene en cuenta las diferentes condiciones de partida de los diferentes Estados miembros, en particular sus niveles de déficit público.

3.2.2. Los cambios que se están produciendo en los procesos de trabajo tienen características diferentes de las evoluciones tecnológicas en el pasado, cuando fundamentalmente tenían lugar a nivel sectorial. Los efectos de estas modificaciones, que afectan a todas las empresas incluida la PYME, pueden constituir una de las posibilidades que se debe aprovechar para el « salto » cualitativo de los procesos de trabajo. A tal fin, sería útil examinar la posibilidad de crear consorcios de formación, incluyendo grandes empresas, polos de « saber » y de « saber-hacer » específicos, de manera que los costes de esta formación disminuyan y se garantice la calidad que las condiciones de competitividad exigen.

3.2.2.1. La evolución de las estructuras de gestión, al basarse en una mayor descentralización, en ciclos de producción más cortos y más rápidos, en una utilización más intensiva de los equipos instalados, en la necesidad de adaptarse al entorno de la empresa, en constante transformación, implican una mayor responsabilización de los trabajadores y una mayor capacidad para conseguir movilizar sus conocimientos, su creatividad y sus capacidades, y deberían conducir al replanteamiento de las carreras profesionales.

3.2.2.2. El esfuerzo de actualización de conocimientos y de revalorización de las cualificaciones debe proseguir activamente, no sólo por los trabajadores sino también por los responsables de la gestión, lo que implica un esfuerzo conjunto por ambas partes. Pero no son sólo las cualificaciones y la competencia de los trabajadores los factores que deben reforzarse. Lo mismo debe aplicarse a los responsables de la gestión, habida cuenta de que la gestión de los recursos humanos, como se reconoce en el Libro Verde, exige una elevada calidad en lo que se refiere a la organización del trabajo, a la gestión del personal y a las carreras profesionales.

3.2.2.3. La negociación a nivel de empresa tenderá a revalorizarse y a ampliar sus ámbitos « clásicos » de intervención, en un proceso de modificación de prácticas y comportamientos que sería muy provechoso si fuese objeto de acuerdos marco a nivel apropiado (europeo, nacional o sectorial).

3.2.3. La OCDE (Perspectivas de Empleo, julio de 1993) ha desarrollado un análisis de las « medidas activas » y de las « medidas pasivas » de la política de empleo, debido a las dificultades crecientes para pagar los subsidios de desempleo y a la necesidad, cada vez más apremiante, de financiar medidas encaminadas a « facilitar el acceso al mercado de trabajo y al empleo así como a mejorar las cualificaciones profesionales y el funcionamiento del mercado de trabajo ».

3.2.3.1. Es un hecho que, en la mayoría de los casos, los gastos relativos a las medidas « pasivas » son superiores a los gastos de las medidas « activas ». La propuesta presentada de utilizar los recursos previstos para el pago de los subsidios de desempleo en la financiación de medidas « activas » no debe olvidar que los trabajadores despedidos o jubilados anticipadamente han contribuido religiosamente a ello durante años, a través de sus cotizaciones sociales, en el bien entendido de que ello les otorgaba el derecho de beneficiarse, en caso de necesidad, de las ayudas correspondientes. Diferente es la situación de los desempleados que no han contribuido y a los que se pretende condicionar la concesión de subsidios a la prestación de servicios de interés común y/o a la asistencia a cursos de formación profesional.

3.2.3.2. Entre las medidas « activas » cabe destacar los programas de formación, los subsidios al empleo, la creación directa de empleo con fines sociales, las medidas en favor de jóvenes desfavorecidos o desempleados, así como las acciones desarrolladas por los servicios públicos de empleo.

3.2.3.3. La Comunidad está en condiciones de influir positivamente en las prioridades que deben financiarse, en particular en los Estados miembros en que las contribuciones del FSE alcanzan una mayor proporción de los gastos con este tipo de medidas « activas ».

3.2.3.4. También en lo que se refiere a los programas comunitarios (COMETT, EUROTECNET, FORCE, PETRA, entre otros) y otras acciones piloto en el ámbito de la formación profesional, se debería aprovechar ahora la experiencia pasada para insertar mejor las buenas prácticas desarrolladas en el contexto de estas iniciativas comunitarias en las prioridades de las políticas de formación, y para que los Estados miembros se beneficien de esas experiencias innovadoras y del efecto multiplicador en el ámbito de la programación de sus políticas de formación profesional.

3.2.3.5. El CES ha emitido un dictamen sobre la propuesta de programa de acción para poner en práctica una política de formación profesional en la Comunidad Europea (véase dictamen sobre la « Política de formación profesional - (LEONARDO) », Ponente: Sr. Nierhaus, CES 380/94).

4. Estimular la solidaridad y la integración

4.1. Convergencia de las políticas sociales (conjugación de las políticas de mantenimiento de los ingresos con las políticas activas del mercado de trabajo, definición de objetivos específicos de convergencia, medidas fiscales y de seguridad social para el fortalecimiento de la participación económica y social de la mujer)

4.1.1. El CES emitió, en noviembre de 1991, un dictamen sobre la « Convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social » (Ponente: Sr. Pasquali, DO n° C 40 de 17. 2. 1992, p. 91). En este dictamen, el CES respaldaba la estrategia de convergencia progresiva propuesta por la Comisión, incluyendo la fijación de objetivos comunes y la adopción de medidas en los siguientes ámbitos: enfermedad o accidente, maternidad, desempleo, incapacidad de trabajo, vejez y familia.

4.1.2. Si bien reconoce la gran diversidad que caracteriza al conjunto de los sistemas de protección social, el dictamen hace referencia también a la analogía entre los problemas que afectan a la protección social en los Estados miembros y llama la atención sobre la necesidad de tener en cuenta las implicaciones que lleva consigo la realización de la unión económica y monetaria.

4.1.3. Las políticas de protección social han desempeñado y desempeñan un papel insustituible en el éxito del modelo social europeo. Deben tener como objetivo principal contribuir a la integración económica y social de todos los individuos y « garantizar un nivel de vida suficiente a todos los residentes legales, garantizando una ayuda a las personas desprovistas de recursos, para evitar su marginación social, y las atenciones sanitarias básicas » (apartado 2.7 del dictamen mencionado, DO n° C 40 de 17. 2. 1992, p. 91).

4.1.4. Los sistemas contributivos deberían estimular la plena participación económica y social de la mujer, no deberían crear incentivos negativos a la participación de la mujer en el mercado del trabajo y deberían garantizar la igualdad de trato.

4.1.5. Los problemas financieros por los que atraviesa la seguridad social están provocando medidas destinadas a mejorar su gestión, controlar mejor los costes, luchar contra el fraude y los impagos. No obstante, la modificación de la relación entre contribuyentes y beneficiarios, la concesión de exenciones por los más diversos pretextos, la disminución de la base tributaria y el aumento de los gastos y precios en algunos servicios, como los servicios de salud, están creando situaciones estructuralmente deficitarias y plantea el problema de las formas de financiación, que es preciso tratar con urgencia. El CES está preparando actualmente un dictamen de iniciativa al respecto.

4.2. Lucha contra la pobreza y la marginación: prevención y reinserción (medidas que deben tomarse, legislación apropiada y acciones que deben desarrollarse)

4.2.1. El CES ya se ha pronunciado en diferentes dictámenes sobre los problemas relacionados con la pobreza (Ponente: Sr. Burnel, DO n° C 221 de 28. 8. 1989, p. 10) y sobre la marginación social (Ponente: Srta. Maddocks). En esos trabajos, el CES analizó las causas del aumento de la marginación social en los últimos años, en particular el desempleo prolongado, la modificación de los valores en la sociedad y el debilitamiento de la solidaridad, la fragmentación social y el debilitamiento de las estructuras familiares, la ausencia de formación adecuada y de alojamientos adaptados a las necesidades, los cortes presupuestarios en los programas sociales, la propia imposibilidad de participar y de comunicar, lo que conduce a que las personas afectadas sean incapaces de hacer valer sus derechos. Por ello, el CES recomendó en su dictamen de diciembre de 1993 sobre el Programa de Acción contra la exclusión 1994-1999 (Ponente: Srta. Maddocks) que el « acompañamiento » de las personas afectadas por la exclusión, al objeto de que vuelvan a recuperar la confianza en sí mismas (apartados 5.4 y 5.5 del dictamen CES, DO n° C 352 de 30. 12. 1993, p. 48), debería ser considerado como una de las acciones que deben financiarse.

4.2.2. En la Recomendación del Consejo de 27 de julio de 1992, relativa a la convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social, se establece una relación entre la convergencia de las políticas de protección social y la convergencia de las políticas económicas, que, al favorecer la prosperidad a través de Europa, tendrá consecuencias positivas en la lucha contra la pobreza y la marginación. El CES insistió en varios dictámenes, durante el año 1993, en la necesidad de favorecer el crecimiento y la creación de empleo, habida cuenta de que el desempleo, en particular de los jóvenes y el de larga duración, es una de las primeras causas del aumento de la marginación.

4.2.3. En el dictamen sobre la marginación social, el CES se pronunció unánimemente a favor de una Carta que, mediante el reconocimiento de los derechos fundamentales y su garantía a todos los ciudadanos de la Unión Europea, pueda contribuir a que se preste más atención y se dé prioridad a las medidas para prevenir la marginación en sus diferentes ámbitos, dado que los problemas son estructurales y las medidas no deben limitarse a intentar aliviar las consecuencias de la situación marginadora. Aunque los poderes públicos tengan una responsabilidad particular, el CES consideró también que se debería « instaurar un diálogo estructurado entre las diferentes partes implicadas, en su esfuerzo para combatir la exclusión social. Estas partes son: la Comisión, los Estados miembros, las autoridades regionales, municipales y locales, los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales y las propias personas excluidas » (véase apartado 5.4 del dictamen mencionado, DO n° C 352 de 30. 12. 1993, p. 48), sin que ello menoscabe las formas de consulta ya existentes a nivel comunitario.

4.2.4. El Comité manifestó también su preocupación por la reducción de los gastos de protección social, realizada por los Estados miembros debido a sus limitaciones presupuestarias. El CES respaldó el aumento de los recursos comunitarios para el programa de lucha contra la pobreza, así como la inclusión de la lucha contra la exclusión entre los objetivos definidos por la reforma de los Fondos Estructurales.

4.2.5. La posibilidad de hacer que evolucionen los sistemas de subsidio de desempleo, de manera que se fomenten la inserción en el mercado de trabajo, la creación de empleo y el trabajo independiente, debería analizarse con atención. La misma atención debería prestarse en lo que se refiere a las jubilaciones anticipadas, tanto más cuanto que la evolución de la esperanza de vida y la relación entre el número de contribuyentes y el número de beneficiaros de los sistemas de protección social aconsejaría lo contrario. Deberían estudiarse las experiencias ya existentes de estas medidas que el Libro Verde propone ahora generalizar.

4.3. Posibilidades y riesgos para la juventud (transición de la escuela al trabajo, segregación de las jóvenes, necesidad de « garantizar » un empleo, actividad o formación útil, salarios iniciales inferiores para los jóvenes)

4.3.1. El CES emitió en 1992 un dictamen sobre la propuesta de Directiva relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo (DO n° C 313 de 30. 12. 1992, Ponente: Sr. van Dijk), en el que aprobaba globalmente la propuesta de la Comisión.

4.3.2. Las insuficiencias de algunos sistemas de enseñanza y la difícil situación que el mercado de trabajo atraviesa desde hace varios años, hacen necesaria la creación de formas adecuadas que permitan la transición de la escuela a la vida activa. El sistema alemán ha dado resultados positivos en esta transición, conjugando la formación escolar con el aprendizaje en las empresas. En otros países sin esa cultura de empresa y de valor del trabajo, ello exigiría un esfuerzo previo para revalorizar el trabajo en las empresas y para crear mejores perspectivas de carrera profesional, acabando con las diferencias de estatus no justificadas. La revalorización de una enseñanza más técnica que confiera una verdadera profesión es también fundamental. Además, habría que cambiar profundamente la filosofía de la enseñanza y de la formación profesional, de manera que se prepare a los jóvenes para las nuevas formas de organización del trabajo y de funcionamiento de la economía. Es esencial la formación adecuada de profesores e inspectores de formación, en particular en lo referente a la comprensión de las nuevas necesidades de formación.

4.3.3. En diferentes Estados miembros, la exención o reducción de las contribuciones sociales concedidas a las empresas que den trabajo a jóvenes en busca del primer empleo ha sido una de las formas utilizadas. Si bien se puede aceptar la reducción de las cargas sociales a fin de facilitar el primer empleo, la consolidación de la discriminación salarial, bajo el argumento de « facilitar » la entrada en la vida activa, es inadmisible. Los abusos eventualmente cometidos para sacar provecho de esta situación deberían sancionarse severamente. Entretanto, se podrían examinar las posibilidades de que el Estado cofinancie, durante períodos limitados, una parte del salario a título de subsidio de formación, siempre que ésta se lleve a cabo realmente.

4.3.4. Las acciones de formación financiadas por el FSE, en particular en los países objeto de la cohesión en que las contribuciones comunitarias representan un factor decisivo para la realización de las acciones, han constituido la forma de « transición » más significativa. No obstante, no se ha conseguido analizar cualitativamente los programas de formación profesional y los proyectos piloto, lo que ha limitado el efecto útil de difusión de las experiencias positivas existentes y de mejora de la calidad de las intervenciones. El Tratado de la Unión Europea, en su artículo 127, crea un nuevo fundamento jurídico en el ámbito de la formación profesional que urge aprovechar plenamente.

4.3.5. El acceso a la formación y la garantía de un empleo, materializados a través de la legislación o de decisiones tomadas a nivel comunitario, podría contribuir a aumentar la sensibilidad hacia estas cuestiones de gran importancia para el futuro de la sociedad europea.

4.3.6. El CES está preparando actualmente un dictamen sobre la tercera fase del programa Juventud para Europa.

4.4. El papel económico y social de las personas de edad avanzada (explotar los resultados del Año Europeo, debates sobre la evolución demográfica y sus consecuencias a nivel del empleo y de la seguridad social)

4.4.1. En noviembre de 1993, el CES aprobó un dictamen sobre las personas de edad avanzada en la sociedad (Ponente: Sr. Roseingrave, Coponente: Sr. Laur). En este dictamen, el CES señalaba que las personas de edad avanzada « deberían considerarse como un recurso para la sociedad y no como una carga social » (apartado 1.8.2 del dictamen, DO n° C 34 de 2. 2. 1994, p. 61), que la valorización de este potencial debería reconocerse, en particular a través de actividades útiles para la colectividad que las propias personas de edad avanzada, reunidas voluntariamente en asociaciones públicamente reconocidas, puedan llevar a cabo actividades en los ámbitos siguientes: solidaridad, obras sociales de carácter voluntario, redes de apoyo, actividades sociales en ciudades, barrios y zonas rurales, actividades culturales para los ancianos, viajes, actividades sanitarias preventivas para la protección de la salud, estructuras de asistencia mutualista (apartado 2.1.4), que no conduzcan a privar a los desempleados de puestos de trabajo. Además, está demostrado que las actividades físicas e intelectuales desarrolladas por personas de edad avanzada retrasan el momento de pasar de un estado de independencia a una situación de dependencia (apartado 2.1.5).

4.4.2. El reconocimiento de los problemas, de las necesidades y del potencial de las personas de edad avanzada, cuyo porcentaje en la sociedad es cada vez mayor, estimándose en torno a 70 millones el número de personas con más de 60 años en la Unión Europea, debería ser objeto de un compromiso político, como continuación de las conclusiones del Año Europeo de las Personas de Edad Avanzada y de los artículos correspondientes de la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales. En este sentido, el CES sugirió que se elaborase una Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de las Personas de Edad Avanzada y que éstas no pudiesen ser objeto de discriminaciones a causa de la edad.

4.4.3. Al margen de los aspectos comunes a las personas de edad avanzada, el CES consideró que se deberían analizar los aspectos específicos de los diferentes grupos y procurar hallar soluciones adecuadas para cada uno de ellos sin detrimento de la seguridad social (gran dependencia, jubilados anticipadamente, en proceso de jubilación gradual, personas que viven en el medio rural, personas que viven solas o en instituciones de carácter social, etc.).

4.5. La igualdad de oportunidades para los emigrantes de terceros países (cómo fomentar políticas de integración, código de conducta que debe negociarse en el ámbito del diálogo social, derecho de residencia permanente)

4.5.1. En 1991, el CES emitió dos dictámenes sobre el estatuto de los trabajadores migrantes procedentes de terceros países (Ponente: Sr. Amato). Dichos dictámenes se pronunciaban en favor de la integración económica y social de los inmigrantes, por la igualdad de oportunidades, por la realización de un programa comunitario de acciones positivas enumeradas en los mismos y también formulaban consideraciones sobre los fundamentos jurídicos para llevar a cabo una acción comunitaria en los diversos ámbitos (visados de entrada, políticas de emigración, derecho de residencia, etc.). En particular, el CES preconizó que los emigrantes que residan legalmente en un Estado miembro deberían poder desplazarse en el interior de la Comunidad en las mismas condiciones que los ciudadanos comunitarios (apartado 2.6.3 del dictamen, DO n° C 159 de 17. 6. 1991, p. 12), reconociendo que ese derecho no significaba poder acceder libremente al mercado de trabajo de cualquier Estado miembro (apartado 3.3 del dictamen, DO n° C 159 de 17. 6. 1991, p. 12). Estas precisiones se refieren a los inmigrantes que residan legalmente en un Estado miembro, pero seguirá sin resolverse la situación de los que no se encuentran en esas condiciones y están dispuestos a aceptar todas las tareas, con bajas remuneraciones y sin derecho alguno, lo que agrava los problemas del mercado laboral en el interior de la Unión Europea.

4.5.2. El Tratado de la Unión Europea crea un nuevo fundamento jurídico para la cooperación en el ámbito de la justicia y establece los procedimientos correspondientes. La política de emigración, las condiciones de residencia, las reglas aplicables para cruzar las fronteras exteriores y la lucha contra la emigración, residencia y trabajo irregulares se abordan, entre otros aspectos pertinentes, en varios artículos del capítulo correspondiente del Tratado. También el Tratado del Espacio Económico Europeo incluye disposiciones en el sentido de otorgar a los nacionales de los países AELC (EFTA) beneficiarios de dicho acuerdo derechos idénticos a los de los nacionales de los Estados miembros en materia de entrada y de residencia.

4.5.3. La Comisión ya ha presentado una propuesta de Decisión del Consejo y una propuesta de Reglamento sobre el paso de las fronteras exteriores de los Estados miembros y sobre la concesión de visados [COM(93) 684]. Según esta propuesta, no se exigirán visas de entrada a los nacionales de terceros países que residan en un Estado miembro para una permanencia de corta duración, coincidiendo así con la posición del CES.

4.5.4. El debate de estos asuntos fue también objeto de una audiencia organizada conjuntamente por la Sección de Asuntos Sociales del CES y por la Comisión de Asuntos Sociales del PE en 1991, en Luxemburgo, y que permitió también a las organizaciones representativas de los emigrantes exponer sus propias posiciones. En las conclusiones presentadas al final de los trabajos, se señalaba la necesidad de coordinar la política de concesión de visados, el derecho de asilo, el derecho de residencia (definitiva o temporal), los criterios de reagrupación familiar y la convergencia de las políticas de seguridad social. También se defendió la integración de los emigrantes y de sus familiares en las estructuras sociales, tales como sindicatos y asociaciones, y en los sistemas existentes de educación, formación profesional, alojamiento y salud como la mejor manera de luchar contra las discriminaciones y evitar la creación de « ghettos ». Se destacó la importancia de resolver los problemas específicos de la integración de las mujeres emigrantes, que no deberían depender de sus lazos familiares.

4.6. La integración de los minusválidos (cómo progresar en la integración, papel de la legislación comunitaria, de los interlocutores sociales y de las ONG)

4.6.1. En mayo de 1991, el CES emitió un dictamen (Ponente: Sra. Cassina, DO n° C 191 de 22. 7. 1991, p. 2) sobre los trabajadores con movilidad reducida, y en 1992 se aprobó el dictamen sobre el programa HELIOS II (Ponente: Dame Jocelyn Barrow, DO n° C 79 de 30. 3. 1992), adoptado por el Consejo en febrero de 1993.

4.6.2. La existencia de aproximadamente 30 millones de ciudadanos minusválidos física, sensorial o mentalmente en los doce Estados miembros impone una mayor atención a su plena integración en la sociedad y en el trabajo, tal y como el CES lo preconizaba en los dictámenes mencionados.

4.7. La lucha contra el racismo y la xenofobia (cómo mejorar las medidas en los diversos ámbitos de la educación, información y legislación)

4.7.1. En las posiciones del CES referentes a la integración de los emigrantes, siempre ha estado presente la preocupación de la lucha contra el racismo y la xenofobia. El CES aprobó en 1993 una Resolución contra el racismo y la xenofobia (doc. 1387/92). En dicha Resolución expresó su solidaridad con los grupos afectados, condenó a todos los agresores e instó a los Estados miembros a tomar medidas urgentes. El CES consideró en 1988 (dictamen sobre la propuesta de Resolución del Consejo relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia, Ponente: Sr. Flather) que era necesario « fomentar, reforzar y aplicar enérgicamente las leyes dirigidas a prevenir y a castigar severamente los actos discriminatorios o inspirados por el racismo y la xenofobia » (apartado 1.4 del dictamen, DO n° C 23 de 30. 1. 1989, p. 33). Además, el CES destacó la importancia de la educación a todos los niveles y consideró que la Comunidad está en una posición privilegiada para « crear una sociedad rica en su diversidad cultural y unida por su compromiso hacia los valores democráticos y el consenso social ».

4.8. Políticas sociales y desarrollo rural (qué otras acciones deben emprenderse para impedir el declive social del campo)

4.8.1. En los dictámenes sobre la reforma de la política agrícola común y sobre el desarrollo de las zonas rurales, el CES considera que los sistemas de ayuda a los ingresos que no estén basados en los precios constituyen un factor positivo y favorable al desarrollo rural, en particular en las regiones más desfavorecidas.

4.8.2. El mantenimiento de los servicios públicos y su accesibilidad deben estar salvaguardados también en las zonas rurales, contribuyendo a la igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del lugar de residencia y, asimismo, se deben crear condiciones favorables a la instauración y mantenimiento de diversos servicios para las comunidades rurales.

5. Principales objetivos políticos a nivel europeo (cuáles son los mejores sectores para convenios colectivos, cuáles los sectores más susceptibles de actos legislativos, qué leyes marco para las normas mínimas o para la igualdad de oportunidades)

5.1. El CES desempeñó un papel decisivo en el proceso que condujo a la elaboración de la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales y del programa de acción anexo (véase en particular el dictamen de febrero de 1989, Ponente: Sr. Staedelin, DO n° C 216 de 23. 5. 1989).

5.1.1. En dicho dictamen, el CES señaló que se debían integrar en los textos jurídicos comunitarios las garantías sociales fundamentales, que deberían ser objeto de iniciativas específicas los aspectos que se derivan de las nuevas condiciones creadas por la instauración del mercado interior y que el diálogo social debería desarrollarse, en particular, sobre una base sectorial implicando de manera apropiada a todos los componentes del tejido social.

5.1.2. La iniciativa de reanudar el debate sobre la política social europea a través del « Libro Verde » no debería servir de pretexto para que se « olviden » ahora las medidas ya propuestas y todavía no aprobadas por el Consejo de Ministros.

5.2. La determinación de los sectores que con más probabilidad serían objeto de negociaciones y acuerdos entre empresarios y sindicatos a nivel europeo deberá dejarse en manos de las partes interesadas.

5.3. El planteamiento que ha ido imponiéndose prácticamente en el ámbito social europeo no es el de la armonización en el progreso al que se refiere el Tratado, sino más bien el del establecimiento de las condiciones mínimas necesarias que deben respetar los Estados miembros. Además, las diferentes prácticas nacionales (por la vía legislativa o contractual) constituyen un factor que ha limitado, en muchos casos, el contenido de las iniciativas legislativas previstas en la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales y en su programa anexo.

6. El mercado único y la libre circulación de las personas (qué acciones son necesarias a nivel comunitario para superar los obstáculos jurídicos todavía existentes, desarrollo del sistema EURES, igualdad de trato para todos los ciudadanos comunitarios que residan en otro EM, protección social de los trabajadores que se desplazan, coordinación de los regímenes de seguridad social, mejora de la información jurídica)

6.1. La única de las cuatro libertades proclamadas a través del programa para la realización del mercado interior que todavía no se encuentra en vigor en toda su dimensión es la libertad de circulación de las personas y, en particular, la libertad de circulación de los trabajadores. Esto implica medidas no sólo relativas a los controles fronterizos, sino también medidas para la supresión de los obstáculos jurídicos existentes, la coordinación de los sistemas jurídicos de seguridad social y la revisión de los reglamentos vigentes relativos a la aplicación de los sistemas de seguridad social a los trabajadores asalariados y no asalariados y a sus familias que se desplacen en el interior de la Comunidad, el reconocimiento mutuo y la equivalencia de las cualificaciones, y la igualdad de trato para los trabajadores que se desplacen en el interior de la Comunidad y que residan en un Estado miembro, en particular en lo que se refiere a las ventajas sociales y fiscales y al acceso a la formación profesional.

6.2. Para casi todos estos ámbitos la Unión Europea tiene competencias y existe un fundamento jurídico para tomar las decisiones correspondientes. No obstante, se observa que incluso sobre aspectos para los que la Comisión presentó propuestas y el CES y el PE emitieron dictámenes en apoyo de las propuestas de la Comisión, el Consejo sigue sin pronunciarse (la modificación del Reglamento 1408/71, DO n° C 332 de 16. 12. 1992, p. 1, con dictámenes emitidos a comienzos de 1992 (Ponente: Sr. Pearson), sigue sometida a examen por el Consejo). La voluntad política del Consejo, en lo que se refiere a la libre circulación de los trabajadores, no puede ser diferente de la dinámica alcanzada en los ámbitos de la libertad de circulación de mercancías, servicios o capitales.

6.3. La información a las entidades y personas que abordan los asuntos de la libre circulación de personas, en particular los magistrados y abogados, debería constituir una prioridad para la que hay que facilitar recursos. El conocimiento de los Tratados, de los Reglamentos y Directivas y de la jurisprudencia por sus primeros usuarios potenciales debe fomentarse también porque muchas personas ni siquiera saben cómo su trabajo puede verse afectado, en particular en el contexto de la Unión Europea. Esta información a las entidades es fundamental en lo que respecta a toda la política social y no sólo al ámbito de la libre circulación de las personas (véase, por ejemplo, el caso de la higiene y seguridad en el trabajo).

7. Promoción de la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer en una sociedad europea en mutación

7.1. En 1991, el CES aprobó un dictamen sobre el proyecto de Recomendación de la Comisión relativa a la protección de la dignidad del hombre y la mujer en el trabajo (DO n° C 14 de 20. 1. 1992, p. 4, Ponente: Srta. Maddocks). Además de criticar el instrumento jurídico utilizado, el CES consideró también insuficiente el conjunto de propuestas relativas a las « responsabilidades, políticas de formación, soluciones informales, asesoramiento, procedimientos formales de queja, investigaciones y medidas disciplinarias adecuadas a las dimensiones y estructura de las empresas », pues se trata de un problema de sociedad que exige una educación de base y campañas públicas de sensibilización.

7.2. En 1990, en el dictamen sobre la iniciativa comunitaria NOW (Ponente: Srta. Maddocks), que tenía por objetivo la promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo y de la formación profesional, el CES respaldó « las medidas propuestas de orientación, asesoramiento, formación previa, formación y acceso al empleo, así como las medidas complementarias relativas a la acogida de los niños » (apartado 2.2.3, DO n° C 41 de 18. 2. 1991, p. 32). En el dictamen sobre la revisión de los Reglamentos de los Fondos Estructurales, el CES apoyó la inclusión del fomento de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado de trabajo, entre los objetivos del Fondo Social Europeo (punto 2.5.3, DO n° C 201 de 26. 7. 1993, p. 52, Ponente: Sr. Vasco Cal). Por ello las medidas de promoción del empleo de las mujeres tienen un importante papel que desempeñar y deberían ser dotadas de un presupuesto específico apropiado.

8. La transición social hacia la Unión Económica y Europea (formulación de recomendaciones a fin de alcanzar los objetivos definidos en el artículo 2; fomento de la convergencia de las políticas sociales, paralelamente al de las políticas económicas)

8.1. En diferentes dictámenes sobre la Unión Económica y Monetaria (Ponente: Sr. Meyer-Horn), el CES consideró que la construcción de la UEM debería respetar los principios de la cohesión económica y social, que los asuntos sociales no podrían abordarse por separado de las decisiones a nivel de la política económica y que « en la actual fase de recesión, algunos de los criterios de convergencia sólo pueden tener una prioridad a medio plazo » (apartado 2.1.1, DO n° C 34 de 2. 2. 1994, p. 25).

8.2. También en lo que se refiere al ejercicio de la vigilancia multilateral, previsto en el proceso de convergencia económica, deben tomarse en consideración los factores sociales. Los programas de convergencia deben revisarse y transformarse en programas de « convergencia y recuperación económica ». También se señaló la necesidad de incluir los criterios de desempleo de larga duración y de paro juvenil entre los criterios que deben considerarse para analizar el progreso hacia la convergencia, no sólo nominal sino también real (véase el apartado 2.1.4 del dictamen mencionado).

8.3. La participación de los interlocutores económicos y sociales en estos procedimientos es beneficiosa no sólo para que los organismos con poder de decisión puedan tener en cuenta análisis cuantitativos de la situación que sus servicios normalmente no pueden llevar a cabo, sino también porque la comprensión del proceso de integración europea, en sus múltiples componentes, podrá ser explicado mejor por los representantes de los intereses socioeconómicos a sus asociados, que constituyen la gran mayoría de la población.

8.4. Durante 1993, el CES manifestó en varias ocasiones que consideraba que las posiciones del Consejo de Ministros ECOFIN distaban mucho de ser suficientes para garantizar la recuperación económica y el crecimiento del empleo, y se distanciaban incluso de las decisiones tomadas en las cumbres europeas. La realización de reuniones conjuntas con los ministros responsables de los asuntos sociales y del trabajo podrá ser un factor positivo, aunque insuficiente.

8.5. Es muy importante que la Unión Europea confirme, en las decisiones que toma día a día en el área económica y la social, el compromiso alcanzado en el debate sobre el Libro Blanco « Crecimiento, competitividad y empleo ».

9. El problema de las normas sociales (Normativa de base en materia social, prevención del « dumping » social)

9.1. La necesidad de normas sociales básicas en todos los Estados miembros ha sido respaldada por el CES en sus diferentes dictámenes.

9.2. La higiene y seguridad en el trabajo representa el único ámbito en que ha sido posible aprobar a su debido tiempo las directivas propuestas previstas en el programa de acción en anexo a la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales.

9.3. La información, consulta y participación de los trabajadores, en lo que se refiere a la creación del Comité de Empresa Europeo en las empresas que tienen dimensión comunitaria, constituirá la primera experiencia de aplicación del acuerdo sobre política social en anexo al Tratado de la Unión Europea. Los puntos de vista divergentes expresados en respuesta a la propuesta de la Comisión, que data de finales de 1990 y es continuación de una propuesta de directiva de los años 70, tendrán oportunidad ahora de confrontarse directamente en el intento de llegar a un acuerdo. El CES ya emitió su dictamen en 1991 (DO n° C 120 de 6. 5. 1991, Ponente: Sr. Schmitz).

9.4. La necesidad de eliminar determinadas distorsiones de competencia condujo a la presentación de diversas propuestas relativas a relaciones laborales atípicas, sobre las que el CES emitió el correspondiente dictamen (DO n° C 332 de 31. 12. 1990, p. 167, Ponente: Sr. Liverani), pero todavía no han sido aprobadas por el Consejo.

9.5. La propuesta sobre la remuneración equitativa fue revisada después del correspondiente dictamen del CES y posteriormente fue aprobada por la Comisión.

9.6. La necesidad de establecer normas básicas adecuadas a las condiciones creadas por el mercado interior ha sido ampliamente reconocida. No obstante, la determinación de sus límites y del mejor modo de definirlas y ponerlas en práctica ha constituido un importante obstáculo que ha generado incertidumbre entre los agentes económicos y sociales y que es preciso superar. La Unión Europea, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el Tratado, debería acelerar los trabajos encaminados a la definición de dichas normas sociales. Según el Libro Verde, es necesario considerar si la adopción de actos legislativos más ligeros y flexibles no se adaptará mejor a la diversidad de los Estados miembros, ya que permitirán alcanzar los resultados efectivamente perseguidos (último párrafo de la parte C de la introducción).

9.7. La acometida seguida en 1989, con la adopción de una Carta de los Derechos Sociales por los Jefes de Estado o de Gobierno de once Estados miembros, a la que se adjuntó como Anexo un Programa de Acción, está llegando a su fin (véase punto 5.3 supra). Con arreglo al Tratado de la Unión Europea, deberán crearse las condiciones necesarias para potenciar la negociación entre los interlocutores sociales, tanto a nivel de los Estados miembros, como a nivel comunitario.

10. El fortalecimiento del diálogo social (prioridades, hacer hincapié en el empleo, enseñanza y formación, participación de los interlocutores sociales en los asuntos del mercado interior y de la libre circulación, fortalecimiento de la intervención en la resolución de los problemas de exclusión, igualdad de oportunidades, trabajadores de edad avanzada, integración de emigrantes, qué medidas son necesarias para fortalecer el diálogo social)

10.1. El término « diálogo entre los interlocutores sociales a nivel europeo », tal y como está definido en el artículo 118 B del Tratado, fue introducido por el Acta Unica y se utiliza para referirse a las reuniones promovidas por la Comisión Europea y encaminadas a la concertación, negociación y consenso entre la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de Confederaciones de la Industria y Empresarios de Europa (UNICE) y la Confederación Europea de Empresas Públicas (CEEP).

10.2. Hasta ahora, este « diálogo social », como ha dado en llamarse, ha permitido ya la aprobación de un cierto número de dictámenes comunes sobre diversos temas, en particular en lo que se refiere a las políticas de formación y de mercado de trabajo, así como la elaboración de un acuerdo marco entre las tres organizaciones.

10.3. El acuerdo sobre política social, aprobado por once de los doce Estados miembros y en Anexo al Tratado de la Unión Europea, introdujo un nuevo procedimiento para la adopción de las medidas de ámbito social, obligando a la Comisión a consultar a los interlocutores sociales a nivel europeo antes de presentar propuestas en el ámbito de la política social y dando una posibilidad a éstos, en caso de que lo deseen, de entablar negociaciones que podrían dar lugar a acuerdos contractuales entre las partes.

10.4. Al tiempo que se mantiene el fundamento jurídico normal del Tratado, la Comisión tiene que elegir, para cada iniciativa legislativa, el fundamento jurídico correspondiente: el del Tratado, que seguirá el procedimiento de consulta normal, con los correspondientes dictámenes del Comité Económico y Social y del Parlamento Europeo, o el del Anexo, que da la posibilidad a los interlocutores sociales de llegar a acuerdos contractuales que podrán ponerse en práctica a través de una Decisión del Consejo, basada en una propuesta de la Comisión.

10.5. La Comisión aprobó en el mes de diciembre de 1993 una Comunicación sobre la aplicación del Protocolo sobre política social, COM(93) 600, que será objeto de un dictamen del Comité Económico y Social.

10.6. En el presente dictamen no se pretende adelantar o condicionar la posición del CES sobre dicha Comunicación de la Comisión. No obstante, se considera necesario aclarar algunos conceptos.

10.6.1. En virtud de las disposiciones del Tratado, el Comité Económico y Social es un foro apropiado para el debate entre los diferentes representantes de las fuerzas económicas y sociales representativas, para la búsqueda incesante del máximo consenso entre los miembros del Comité en la formulación de dictámenes sobre las propuestas e iniciativas comunitarias antes de la toma de decisiones o en la formulación de dictámenes de iniciativa sobre asuntos de interés para el proceso de construcción comunitaria.

10.6.2. Un ejemplo del « diálogo entre los interlocutores sociales » (en virtud del artículo 4 del Acuerdo Social) es la manera de obrar de la CES, UNICE y CEEP, establecida en el Acta Unica, y que tiene como objetivo final estimular la celebración de relaciones contractuales, incluidos los acuerdos, tal como se estipula en el Protocolo Social. Se trata, por consiguiente, de un proceso de negociación entre organizaciones representativas de los trabajadores y de los empresarios, con poderes para suscribir acuerdos entre sí vinculantes para los intereses que representan (a todos los niveles, tanto interprofesional como sectorial).

11. Cohesión económica y social: el papel del Fondo Social Europeo (mecanismos para integrar los resultados de los programas innovadores en la política de los Estados miembros, para que los que deciden las inversiones tengan en cuenta el desarrollo de los recursos humanos, para superar los factores que obstaculizan el acceso a la formación profesional y para anticipar los cambios industriales, para fortalecer y garantizar la participación de los interlocutores, necesaria para llevar a buen término los programas de formación y financiar oportunidades para los aprendices)

11.1. La ampliación del ámbito de los objetivos del FSE ya fue abordada en el dictamen del CES sobre la reforma de los Fondos Estructurales. En dicho dictamen, el CES expresó su acuerdo con el nuevo objetivo 4 propuesto, consistente en adelantarse a los cambios industriales, así como con la ampliación del objetivo 3 para incluir a las personas afectadas por la exclusión del mercado del trabajo.

11.2. Si bien se debe reconocer que el papel del FSE tiene un carácter supletorio, con relación a los recursos dedicados por los Estados miembros a los mismos objetivos, las acciones financiadas por el FSE no han podido aprovechar plenamente la experiencia y resultados obtenidos tanto en los demás Estados miembros como en otros programas innovadores, que se pretendían ejemplares, financiados con el presupuesto comunitario.

11.3. Una importante contribución sería conseguir que los responsables de las acciones de formación profesional en los diferentes Estados miembros pudiesen disponer de evaluaciones de los proyectos realizados, evaluaciones cualitativas de los resultados y de los problemas con que se haya tropezado, en particular en la integración en el mercado del trabajo de las personas que hayan seguido la formación. La experiencia existente demuestra que se consiguen resultados más significativos ayudando a mejorar el funcionamiento de los sistemas de formación existentes que haciendo proliferar iniciativas aisladas, por muy válida que sea su justificación.

11.4. La mejor coordinación entre los servicios de la Comisión que se ocupan de los asuntos planteados en este capítulo representaría ya una buena contribución a la racionalización de los medios existentes y el paso a una mejor coordinación de dichos asuntos entre los Estados miembros.

11.5. La participación activa de los interlocutores sociales no puede limitarse a los aspectos formales a los que se ciñe actualmente. Las organizaciones patronales y sindicales han ido dedicando recursos cada vez mayores a las acciones de formación profesional y deberían contar con apoyos más estructurados por parte de los servicios de la Comisión, lo que también contribuiría a mejorar su participación en la gestión de los recursos de la formación profesional, tanto a nivel comunitario como a nivel de los Estados miembros.

12. Los aspectos internacionales (prioridades de la política social en el ámbito de las relaciones exteriores de la UE, adopción de las normas internacionales de trabajo)

12.1. Al no haber sido introducida en el Tratado del GATT, la cláusula social podría constituir una prioridad en el inicio de los trabajos de la nueva Organización Mundial del Comercio, tal como se puso de manifiesto en el reciente dictamen sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina (punto 7.6 del doc. CES 102/94). El CES está preparando actualmente un dictamen sobre el Acuerdo en el que se abordará este aspecto.

12.2. En lo que se refiere a las relaciones entre la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo, también está en curso de preparación un dictamen de iniciativa del CES.

13. Democratizar el proceso de mutación social y la construcción de una Europa de los ciudadanos (creación de un foro para debatir los problemas estratégicos, adopción de una Carta de los ciudadanos, acciones de información y sensibilización)

13.1. Los días 27 y 28 de septiembre de 1993, el CES organizó una Conferencia sobre la Europa de los Ciudadanos en la que se debatieron los asuntos tratados en este capítulo (véanse las Conclusiones de la Presidencia, doc. DI 91/93).

13.2. Los trabajos se desarrollaron divididos en tres temas: Tema 1) Los ciudadanos y la Europa sin fronteras: ¿ proyecto o realidad ?; Tema 2): Los ciudadanos y las condiciones de vida en Europa: ¿ exclusión o solidaridad ?; Tema 3): Los ciudadanos y las Instituciones comunitarias: ¿ divorcio o acercamiento ?.

13.2.1. Por lo que respecta a los ciudadanos y a la Europa sin fronteras, la Conferencia concluyó, entre otras cosas, que los Estados miembros deberán tomar rápidamente todas las disposiciones nacionales de aplicación indispensables para hacer realidad el gran mercado interior, e invitó a la Comunidad a que siga en la vía de armonización de los sistemas fiscales nacionales. Asimismo, consideró que la Comunidad debe estar más atenta a los deseos de los consumidores y usuarios. Los servicios prestados a las empresas, especialmente en los ámbitos financieros, deben tener más en cuenta las expectativas de los consumidores y ser más transparentes.

13.2.2. En cuanto a los ciudadanos y las condiciones de vida en Europa, la Conferencia consideró, entre otras cosas, que la lucha contra la exclusión requiere políticas llevadas a efecto a todos los niveles, pero coordinadas por la Comunidad, con miras a la integración en el trabajo y en las otras actividades sociales, junto con medidas en materia de información de todos sobre sus derechos, la formación inicial y continua, y el consejo y apoyo, pero sobre todo, acciones destinadas a desarrollar convenientemente el potencial de recursos humanos existente en la CE; así como mecanismos de consulta, participación y concertación sobre todas las políticas comunitarias, a fin de desarrollar a todos los niveles la contribución de la sociedad a la construcción europea, garantizando al mismo tiempo una red de solidaridades concretas entre los diferentes grupos de nuestras sociedades.

13.2.3. Por último, en lo que respecta a los ciudadanos y a las instituciones comunitarias, la Conferencia consideró que estas últimas deben redoblar sus esfuerzos en los siguientes aspectos: la protección de los derechos fundamentales, principalmente los reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; la necesidad de llevar a cabo políticas contra todas las formas de discriminación, dotándose también de los instrumentos jurídicos necesarios; y la necesidad de permitir, de acuerdo con el Tratado, una aplicación uniforme y no discriminatoria a todos los ciudadanos de la Carta Social y del Protocolo Social adoptado en Maastricht.

Hecho en Bruselas, el 24 de marzo de 1994.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN