ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2.6

El compromiso de una serie de organizaciones a nivel internacional se ha puesto de manifiesto, en particular, en las siguientes iniciativas: — base de datos de la OCDE sobre la investigación en el ámbito de la salud humana y la seguridad medioambiental (Database on Human Health and Environmental Safety Research), que dio lugar a la creación de una base de datos sobre la investigación en materia de seguridad de los nanomateriales fabricados (Database of Research into the Safety of Manufactured Nanomaterials); — programa conjunto FAO/OMS sobre las normas alimentarias (Joint FAO/WHO Food Standards Program), con el objetivo de crear un foro internacional neutral para los problemas de seguridad alimentaria planteados por las nanotecnologías y elaborar acuerdos de colaboración sobre estos aspectos, — proyecto de la OCDE sobre la evaluación de la seguridad de una muestra representativa de nanomateriales fabricados (Safety Testing of a Representative Set of Manufactured Nanomaterials); y proyecto de la OCDE relativo a los nanomateriales fabricados y las orientaciones relativas a las pruebas de evaluación (Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines); — proyecto de la OCDE sobre la medición y limitación de la exposición (Exposure Measurement and Exposure Mitigation); — proyecto de la OCDE sobre el papel de los métodos alternativos en nanotoxicología (The role of Alternative Methods in Nanotoxicology); — proyecto de la OCDE sobre las repercusiones y el entorno empresarial (Impacts and the Business Environment); — proyecto de la OCDE sobre la comunicación y la participación del público (Communication and public engagement); — proyecto de la OCDE sobre los desafíos globales: agua y nanotecnologías (Global Challenges: Nano and Water); — proyecto de la OCDE sobre la cooperación en materia de evaluación de riesgos (Co-operation on Risk Assessment); — centros especializados que colaboran con la OMS en el estudio de los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo derivados de la producción y utilización de las nanotecnologías; — proyecto OMS/UE sobre el refuerzo del asesoramiento político en el ámbito del medio ambiente y la salud en Europa – Nanotecnologías (Enhanced Policy Advice on Environment and Health in Europe - Nanotechnologies); — acciones globales para la buena gestión de los productos químicos a escala mundial, promovidas por la Sección de productos químicos de la Unidad de Tecnología, Industria y Economía del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); — acciones inmediatas promovidas por la Sección de tecnología avanzada y nuevos materiales del Centro Internacional de Ciencia y Tecnología Avanzada de Trieste (para la evaluación de las nanotecnologías y de los riesgos potenciales vinculados a su desarrollo y utilización); — normas ISO TC229 en materia de nanotecnologías, y — reuniones de expertos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI – diciembre de 2007): recomendaciones y plan de acción específico; evaluación de las nanotecnologías y de los riesgos asociados. Actividades de investigación relativas a las repercusiones éticas, jurídicas y sociales de las N+N.
3.1.1

Cabe señalar que cada institución europea, y es algo legítimo, dedica recursos, servicios, comunicación, numerosos funcionarios cualificados, sitios Internet, publicaciones, vídeos, etc., para explicar lo que hace. Un ciudadano que visita las instituciones se vuelve cargado de documentos muy bonitos, aunque no exista garantía de que haya comprendido cómo funciona todo y en qué medida afecta a su vida cotidiana. Este cúmulo de documentos produce más bien una sensación de complejidad, e incluso de cacofonía. No es necesario comunicar más, sino mejor. No son los medios lo que falta: hay que reorganizarlos. Los instrumentos de comunicación no son de mala calidad, sino que carecen de coherencia y no se utilizan con constancia. Están mal orientados, tanto en lo que se refiere a su contenido como a las personas e instituciones destinatarias. Hay demasiados folletos.
1.3

Por lo tanto, en opinión del Comité Económico y Social Europeo, no es necesaria la formación de más grupos de expertos o de alto nivel que en definitiva van a redundar, probablemente, en cuestiones ya abordadas con anterioridad. En opinión del Comité, sí es necesaria la formación de un grupo de trabajo de las diferentes Direcciones Generales de la Comisión con competencias en materia de movilidad que realicen un análisis de la situación y que aborden de una manera metódica los siguientes aspectos: — Determinar los obstáculos ya identificados y descritos en ocasiones anteriores. — Constatar las medidas efectivas que se han aprobado a nivel de la Unión Europea para resolverlos (Reglamentos, Directivas, Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones, etc.). — Identificar los problemas descritos con anterioridad y que aún no han sido resueltos, pero que están en vías de solución por la tramitación de algún acto jurídico. — Identificar los problemas ya descritos sin que conste ninguna iniciativa que trate de resolverlos. — Identificar las medidas propuestas que no hayan sido tenidas en cuenta o que no se hayan aplicado por los Estados miembros.
2.4

La transposición de decisiones marco también puede ocasionar problemas. No obstante, a diferencia del procedimiento de incumplimiento previsto en los artículos 226 y 228 del TCE, el TUE no prevé un mecanismo similar para que la Comisión controle la falta de transposición o la transposición incorrecta. Es obvio que esto no quiere decir que los Estados miembros no tengan la obligación de transponer las decisiones marco.
1.5

No se dispone de pruebas suficientes que justifiquen la modificación de la Directiva 1999/44/CE de manera aislada, independientemente de la introducción de la RDP. El Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo (2) abrió una consulta pública sobre ésta y otras cuestiones, que la Comisión Europea sacó a relucir durante la revisión de la legislación comunitaria en materia de protección de los consumidores (es decir, las ocho directivas en la materia (3)). Por este motivo, el CESE recomienda que la Comisión examine si procede introducir la responsabilidad directa del productor en un posible desarrollo legislativo del Libro Verde (por ejemplo, una directiva «horizontal»), una opción respaldada por asociaciones como UGAL (4) Y BEUC. No obstante, el CESE subraya que, como ha pedido Eurocommerce, los resultados de esta iniciativa no deberían suponer ninguna carga indebida para las empresas.
1.3

El CESE también señala que la legislación tiene un papel fundamental en la protección de los consumidores. Por otra parte, la legislación vigente no es flexible y la existencia de un mercado justo podría ser vital para los consumidores y los proveedores. Cuando el mercado no funciona correctamente, legislar es inevitable. El CESE pide a la Comisión que garantice que cuando la legislación sea necesaria se aplique y se cumpla realmente. Asimismo, pide que no menoscabe de ninguna forma la protección de los consumidores existente en los Estados miembros. Uno de los instrumentos mencionados al respecto es un mejor seguimiento del mercado y, con tal fin, el CESE pide a la Comisión que garantice la realización de estudios de mercado a nivel macro y microeconómico. La legislación debe ir acompañada de un control de su aplicación y de una evaluación permanentes. Además, es esencial que la legislación sea simple e inteligible, dado que la mayor parte de los operadores del mercado interior son PYME.
Otro aspecto que no puede subestimarse se refiere al medio a través del cual el consumidor percibe el producto. En el caso de los bienes materiales, el producto se percibe mediante el aparato sensorial que, evidentemente, no está sujeto a obstáculos lingüísticos o culturales. En cambio, los servicios financieros no pueden verse ni tocarse, sino que se perciben por medio de la descripción que se hace en los prospectos informativos y en las condiciones generales de los contratos: por lo tanto, no puede subestimarse el problema lingüístico y cultural. En efecto, los consumidores pueden adquirir servicios en el extranjero si conocen bien la lengua y los principales usos financieros del país del intermediario. Para superar este obstáculo, se podría pensar en imponer una especie de multilingüismo en los documentos informativos y contractuales. A este respecto, el CESE considera que no sería ni realista ni adecuado obligar a los intermediarios a redactar los prospectos informativos y las condiciones contractuales en todas las lenguas de la Unión. No existe ninguna posibilidad de que los costes de iniciativas de este tipo, complicadas debido a la continua evolución de los productos, se vieran compensados con el aumento del volumen. En efecto, el propio Libro Verde considera que no cabe esperar a medio plazo una elevada movilidad transfronteriza de los clientes en el sector de los servicios financieros. Por lo tanto, el problema de los obstáculos lingüísticos no tiene visos de solucionarse a medio plazo y seguirá constituyendo una limitación importante para el acceso transfronterizo a los servicios financieros al por menor.
1.6

El Comité subraya la necesidad de evaluar detalladamente no sólo las repercusiones sociales, medioambientales y económicas, sino también los problemas técnicos relacionados con el desarrollo de los biocarburantes. En particular, se plantea la cuestión del rendimiento productivo de las materias primas destinadas a biocombustibles: una tonelada de remolacha permite obtener aproximadamente 400 litros de bioetanol (en torno a 1 500 Mcal). No parece una proporción conveniente ni eficaz si tenemos en cuenta la energía requerida para convertir la biomasa en biocarburantes. Resultaría mucho más funcional utilizar la biomasa directamente para la producción de energía eléctrica, calefacción o transporte marítimo y transporte público urbano.
4.9

Así, es fundamental tener presente la valiosa contribución que la energía nuclear aporta para evitar los gases de efecto invernadero. En la actualidad, la utilización de la energía nuclear en la UE evita alrededor de 600 millones de toneladas de CO2 anuales, teniendo en cuenta la actual combinación energética. En el mundo entero se evitan aproximadamente 2 000 millones de toneladas de CO2, lo que equivale al total de las actuales emisiones de Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Si la eliminación progresiva prevista se mantiene en algunos Estados miembros, otras fuentes de energía no emisoras tendrán que tomar el relevo de muchas de las actuales centrales nucleares europeas. Si, además, las centrales nucleares existentes no se sustituyen por otras nuevas al final de su vida útil, a medio plazo otro tipo de energía no contaminante tendrá que reemplazar la totalidad de la energía nuclear.
2.10

El enfoque característico adoptado por la UE en materia de integración regional le permite tomar la palabra en la OMC en nombre de los Estados miembros. Aunque en la escena internacional existen otros ejemplos de integración regional, no han alcanzado un estadio equivalente al de la UE. Así, salvo Caricom, que agrupa a los países del Caribe, las referidas entidades regionales no se expresan de manera solidaria en el marco de la OMC. No obstante, evolucionar en ese sentido facilitaría enormemente la instauración de una gobernanza mundial más estructurada y eficaz.
8.6

Las OSP son necesarias y aconsejables para fomentar la prestación de servicios a las zonas aisladas. No obstante, las normas y los reglamentos aplicables a las compañías aéreas sujetas a las OSP no son muy estrictos. A pesar de que las OSP establecen el número de vuelos y el número de asientos de las aeronaves, no penalizan los incumplimientos de los horarios ni los retrasos de los vuelos.
3.2.3

Documento de reflexión sobre la aplicación del artículo 82 del Tratado CE (abuso de posición dominante): el objetivo de la DG COMP era generar un debate entre especialistas sobre la conducta contraria a la competencia y excluyente de las empresas con un poder en el mercado suficiente para influir en la conducta de sus competidores y conseguir sobre ellos ventajas unilaterales. Se aportaron más de cien contribuciones al documento de reflexión (que sirve de base para futuras directrices). En la mayoría de dichas contribuciones se subraya la necesidad de un análisis económico del mercado en cuestión y de sus agentes. No es posible negar la verdad de estas observaciones, aunque muchas contribuciones destacan la importancia de reconocer el principio de no obstaculizar a las empresas eficientes cuando aplican sus estrategias de mercado. Por tanto, esta teoría ahora de moda, en lugar de condenar estrictamente la conducta no equitativa, defiende una mayor indulgencia («regla del sentido común») hacia las estrategias empresariales eficaces, aunque belicosas. Sin embargo, según la jurisprudencia europea (6), estas ideas no concuerdan con la intolerancia hacia la conducta de mercado no equitativa que pretende eliminar a los competidores no deseados, intolerancia que es la postura predominante en Europa (7). No cabe duda de que marcar la línea divisoria que no deben traspasar los agentes decisivos del mercado es un problema fundamental para las políticas de competencia. Dado su papel en la defensa de los intereses de la sociedad civil (PYME (8), trabajadores, consumidores, etc.), el CESE espera con inquietud el resultado del debate.
1.2

Pero los objetivos globales de la política de transporte se han mantenido: una movilidad competitiva y sostenible de personas y mercancías, segura, dotada de protección para los usuarios, respetuosa con el medio ambiente y dotada de mayor calidad en el empleo. Estos objetivos están plenamente en consonancia con la Agenda de Lisboa revisada para el crecimiento y el empleo, aunque todavía no se han engranado del todo con los objetivos a más largo plazo de la Estrategia revisada para el desarrollo sostenible Y el desafío del cambio climático. En particular, la revisión no presenta aun una estrategia coherente a más largo plazo para conseguir el primer objetivo del transporte sostenible que se recoge en la Estrategia revisada para el desarrollo sostenible: disociar el crecimiento económico y la demanda de transporte.
2.3

La mayor modificación introducida en el ámbito de la coordinación de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros de la Unión Europea, la ha producido el Reglamento no 883/2004 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo. Dicho Reglamento sustituye al Reglamento no 1408/71, pero aún no es de aplicación, ya que está a la espera de la aprobación del Reglamento, que sustituirá al Reglamento no 574/72. La propuesta de Reglamento sobre las normas de aplicación del Reglamento no 883/2004 (2) ya ha iniciado su trámite legislativo y el Comité aprobó recientemente un dictamen sobre la referida Propuesta (3).
3.2

El Comité quiere dejar claro que el Reglamento (CEE) no 4060/89 y la propuesta de codificación se refieren a la eliminación de controles practicados sistemáticamente en las fronteras de los Estados miembros. Ello no impide, como establece el artículo 3 de la propuesta de Reglamento, seguir efectuando controles en el marco de los controles normales aplicados de forma no discriminatoria en el conjunto del territorio de un Estado miembro.
2.1

La Comisión destaca que los objetivos de la informatización basada en sistemas aduaneros interoperativos también habrían podido alcanzarse a través de un sistema aduanero centralizado; precisa, no obstante, que esta solución no es posible, por distintas razones, entre los cuales la dificultad de transferir las responsabilidades operativas de los Estados miembros a la propia Comisión sin incumplir los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. Probablemente, el verdadero motivo de esta imposibilidad reside no obstante en la reticencia de los Estados miembros a abandonar sus prerrogativas, aún a sabiendas de que una parte de los ingresos aduaneros es competencia directa del presupuesto comunitario. Ahora bien, el CESE considera que la gestión comunitaria de las aduanas debería figurar entre los objetivos a largo plazo de la Unión: este tipo de gestión presenta ventajas desde el punto de vista de la simplicidad, de la fiabilidad y de los costes, así como de las posibilidades de interconexión con otros sistemas de la UE y de terceros países. Con los posibles retrasos en la aplicación de los sistemas básicos creados por cada uno de los 25 Estados miembros, conviene estudiar si no sería preferible aplicar sistemas totalmente automatizados, como los sistemas automatizados de importación y de exportación conectados entre sí por un punto de acceso europeo único.
1.6

No obstante, esta propuesta de Reglamento presenta determinados aspectos que pueden plantear dificultades de aplicación debido a la definición establecida respecto de la propuesta de Directiva sobre los productos sanitarios, por lo que es necesario garantizar que en el texto definitivo se aclaran varios interrogantes y eventuales dudas: — cabe preguntarse cuál es el interés de esta nueva reglamentación, dado que la cuestión de los medicamentos de terapia avanzada, genoterapia y terapia celular ya se ha resuelto mediante directivas específicas relativas a los productos farmacéuticos; — en particular, las definiciones contenidas en el artículo 2b) parecen complicadas y tienen más bien una función accesoria; — es evidente, por otra parte, que una legislación farmacéutica nacional puede impedir la aplicación de una legislación europea; — en este caso, hubiera sido preferible adoptar un planteamiento más flexible y proceder mediante reconocimientos recíprocos; — en cuanto a los productos autólogos (procedentes del propio paciente) y de origen no industrial en el sector hospitalario, también plantean la cuestión de los productos límite («borderline») de origen diferente y de aplicación europea.
6.6

El artículo 10 trata de la homologación de los componentes de recambio no originales. En concreto, se prohíbe la venta y la instalación de convertidores catalíticos de recambio si no son de un tipo homologado con arreglo al Reglamento analizado. No queda claro si la Comisión quiere restringir la utilización de estos convertidores catalíticos a los vehículos matriculados antes de 1992 (en consecuencia, a los vehículos pre-DAB) y excluir a los vehículos más recientes. Además, la necesidad de homologación debería aplicarse a otros posibles componentes no originales del sistema de control de las emisiones, como los filtros de partículas.
3.5

En las conclusiones por sector se indican los casos de «los desafíos políticos que, entre los muchos desafíos, se considera que revisten la máxima prioridad para cada sector», en términos de la Comunicación. A pesar de este criterio, las conclusiones no son lo suficientemente transparentes. En biotecnología, por ejemplo, se ha pedido más investigación, pero no más cualificaciones profesionales. Para los productos textiles, se ha registrado la solicitud conjunta de investigación y competencias, juntamente con el acceso a los mercados, pero no la necesidad de contrarrestar las distorsiones del comercio.
4.1

Uno de los tres objetivos globales es reforzar la gobernanza, la transparencia y la participación de las partes interesadas en la elaboración, aplicación y supervisión de la política. La participación de los interlocutores sociales y otros agentes clave de la sociedad civil organizada es todavía demasiado reducida. La aplicación del MAC en diferentes sectores no ha dado los resultados esperados ya que los Estados miembros no han demostrado ningún compromiso real con respecto a las acciones y a los objetivos acordados. Efectivamente, los planes nacionales de acción de varios países presentan carencias, especialmente en cuanto a que no fijan objetivos o estrategias nacionales claros ni contemplan la participación activa de todas las partes interesadas. Por el contrario, los planes nacionales de empleo, inclusión social y demás asuntos se han convertido parcialmente en informes de actividad burocráticos.
2.1.1.8

Algunas ONG también optan por no registrarse. Aunque el no registro las hace ilegales, el Gobierno no interviene en muchas de estas organizaciones, principalmente porque estima que sus actividades son inocuas. No obstante, su estatuto ilegal implica que estas ONG son particularmente vulnerables a los esfuerzos periódicos del Gobierno por «limpiar y corregir» el sector de las ONG. Existen pruebas de peso de que las autoridades chinas han intervenido más activamente en dirigir y controlar la actividad de dichas ONG en el pasado año, en la creencia de que las organizaciones no gubernamentales no autorizadas son, de hecho o potencialmente, organizaciones antigubernamentales y podrían constituir una fuerza desestabilizadora.
2.4.13

De seguir el criterio de la Comisión, se podría llegar a cuestionar lo siguiente: — ¿acaso los proveedores de estos servicios no se benefician de la seguridad y estabilidad social que garantizan los Estados? — ¿acaso dichos proveedores no se benefician de la seguridad jurídica del Estado de Derecho?, o — ¿acaso, los proveedores no se benefician del acceso al mercado único donde encuentran su legítimo negocio empresarial gracias a la diligencia de los poderes públicos nacionales, y no solo a la acción de la Comisión?
1.2

La normativa sobre las ayudas estatales se basa en los textos fundacionales de la Comunidad, esto es, en las disposiciones de los Tratados CECA y CEE. No obstante, a diferencia del Tratado CECA que ya ha expirado, el Tratado CE no establece una prohibición absoluta de las ayudas estatales: en efecto, junto al enunciado de la prohibición se prevén excepciones (1) y determinadas exenciones (2) que confieren a la Comisión, y en contadas ocasiones al Consejo, amplias competencias discrecionales para autorizar ayudas que no se atengan a la norma general.
2.2.10

En Japón, la Agencia para las pequeñas y medianas empresas concede varios tipos de ayudas públicas a la innovación, por ejemplo: — programa Start Up, que asume parte de los costes de aplicación práctica de la I+D, evaluación tecnológica y obtención de patentes (reducción del 50 % de los gastos de registro y renovación por tres años), — programa de I+D de tecnología creativa, — programa de I+D de revitalización local, — programa de fomento de la colaboración entre la industria, el mundo académico, las autoridades públicas y el gobierno, — Small Business Innovation Research System, esto es, el SBIR japonés, destinado a activar el desarrollo de las capacidades tecnológicas de las PYME, conceder ayudas públicas a sus actividades creativas y financiar la comercialización de los resultados de la investigación, — un programa que apoya, con fondos públicos, la implantación y el desarrollo de las tecnologías de la información en las empresas, — el programa Subsidies for SMEs Business Innovation, — el programa Subsidies for Strengthening SMEs Business Resource, — el programa de exención de garantías de crédito, — medidas de reducción de los tipos de interés de los créditos a cargo de la Japan Finance Corporation for Small and Medium Enterprise (JASME), la National Life Finance Corporation (NLFC) y el Shoko Chukin Bank, — plan sobre ventajas fiscales para las PYME, — plan de inversiones de hasta 300 000 yenes por parte de las Small and Medium Business Investment and Consultation Companies, — plan de incentivos previsto en la Ley sobre promoción de una mejor gestión del empleo en las pequeñas y medianas empresas con el fin de garantizar la mano de obra y crear empleos de calidad.