ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
5.1.3

No obstante, el Comité considera que subsisten varios puntos problemáticos que deberían precisarse mejor en la propuesta de Reglamento: — la aplicación del principio de reconocimiento mutuo no puede desvincularse de la confianza mutua entre Estados miembros en la fiabilidad de los mecanismos de vigilancia del mercado, que desarrollan una función determinante para permitir el acceso de un producto al mercado interior europeo, la eficacia de los procedimiento de evaluación de la conformidad, la función desempeñada por los laboratorios de ensayo y las competencias de los certificadores y los organismos de normalización; — en la propuesta de Reglamento que se examina la función de la Comisión resulta más contenida que la prevista por la Decisión 3052/95/CE; — los mecanismos de cooperación administrativa se limitarían a la cooperación vertical entre las empresas y las autoridades nacionales, mientras que parece importante desarrollar una cooperación horizontal tanto entre las autoridades administrativas como entre los diferentes puntos de contacto de productos; — no se hace referencia a mecanismos de resolución de conflictos como SOLVIT (18), que permitiría a las empresas solicitar directamente un procedimiento rápido y que ya ha sido positivamente probado; — la inversión de la carga de la prueba, también para los productos extracomunitarios introducidos en el mercado comunitario por importadores europeos; — la introducción de una lista positiva de productos, que podría resultar especialmente dificultosa dado que el principio de reconocimiento mutuo se aplica a todos los productos no cubiertos por la legislación armonizada.
2.6

A pesar de estas limitaciones, la propuesta de la Comisión representa un esfuerzo hacia la armonización desde un punto de vista puramente fiscal y de igualdad de condiciones en la competencia. Desde esta perspectiva, la Comisión no hace más que cumplir un mandato coherente con la Estrategia de Lisboa. Como efecto colateral, el aumento de los impuestos especiales sobre el gasóleo contribuirá a la lucha contra el «turismo del lleno»; es decir, la costumbre de llenar el depósito, siempre que sea posible, en los países que tienen precios más bajos. Es un fenómeno bien conocido: el caso más citado es el de Luxemburgo, aunque es corriente en todas las zonas fronterizas con precios diferenciados. El caso de Luxemburgo es el más evidente: el consumo anual de gasóleo en 2004 era de 4 500 litros per cápita, frente a los 750 de la vecina Bélgica (5). El CESE está de acuerdo con el fondo de estas consideraciones, si bien señala que la comparación del consumo per cápita se apoya en una clara diferencia entre las cifras de habitantes: 10,5 millones en Bélgica y 460 000 en Luxemburgo.
2.5

La Comisión considera que es importante prever normas flexibles sobre el tiempo de trabajo, para aprovechar plenamente todo el potencial de la población activa; de ahí que estas posibilidades deban abrirse en las mismas condiciones a mujeres y hombres; para lo cual sería útil disponer de un marco jurídico. No obstante, el hecho de que las mujeres recurran claramente más a menudo que los hombres a las disposiciones en este ámbito da lugar a un desequilibrio entre los sexos que repercute negativamente en el estatus de las mujeres en el lugar de trabajo y en su independencia económica. Por consiguiente, debería animarse en mayor medida a los hombres a que asuman sus deberes familiares, en particular mediante el incentivo de los permisos y las vacaciones parentales para los hombres, a fin de que compartan equitativamente con las mujeres las cargas vinculadas a los quehaceres domésticos no remunerados y el cuidado de los hijos y otros familiares.
4.3.1

El Comité desearía una definición más clara de la naturaleza del delito de culpabilidad moral para las infracciones de falsificación e imitación de productos o servicios cubiertos por la propiedad intelectual. Una infracción penal incluye un elemento de intencionalidad por parte del responsable o sus cómplices: el ADPIC menciona el «acto deliberado de falsificar» y la Directiva habla de un acto intencionado, deliberado. La infracción incluye igualmente un elemento material, que es la comisión del delito o, al menos, la tentativa de cometerlo, que es asimilable a iniciar la comisión del delito. Estos dos elementos son acumulativos, pues la simple intención no basta para dar lugar a la infracción (salvo que se cree una policía del pensamiento). Sin embargo, en general no es posible probar la incitación a cometer un delito, puesto que el incitador no aporta instrumentos (generalmente ilegales) para los fines concretos de la comisión del delito en cuestión. Además, en opinión del Comité, el mero hecho de facilitar materiales o programas informáticos de uso corriente, o un acceso a Internet, no puede equivaler a la complicidad ni a un delito de «incitación» (que, en general, sólo existe en situaciones muy limitadas en el Derecho penal y es, por lo demás, difícil de probar) si los falsificadores utilizan tales medios. En la legislación comunitaria debería bastar con el concepto de complicidad, ya que el problema de los coautores se resuelve con detalle en las legislaciones nacionales. En caso contrario podrían producirse incriminaciones sin que existieran elementos de intencionalidad, lo cual provocaría gran incertidumbre jurídica entre muchos proveedores de materiales o servicios.
3.4

El suelo y sus funciones se relacionan con otros ámbitos que están regulados tanto por la normativa comunitaria como por las legislaciones nacionales: Directiva del agua, Directiva sobre nitratos, legislación en materia de sustancias químicas, etc. Algunos países disponen ya de distintos tipos de normas y formas de vigilancia y supervisión por lo que se refiere al suelo y su contaminación, por lo que la propuesta de la Comisión no solo no debe implicar un empeoramiento de la situación para estos países, sino que debe ofrecerles suficiente flexibilidad.
4.4

Los propios participantes deberían determinar el contenido del enfoque de abajo arriba del balance sobre las realidades sociales. El debate no puede ser objeto de restricción alguna. No obstante, en línea con la Comisión, el CESE recomienda que se aborden algunos temas transversales como la igualdad de oportunidades y la no discriminación, los derechos sociales y el acceso a los servicios de interés general, y los vínculos entre las dimensiones económicas y sociales (10).
4.6.1

Una de las conclusiones más importantes del informe sobre el transporte por vías navegables elaborado recientemente por el Grupo EFIN (European Framework for Inland Navigation — Marco europeo para la navegación interior) bajo el título «Un nuevo marco institucional para la navegación interior en Europa» y del informe PINE (Prospects of Inland Navigation within the enlarged Europe — Perspectivas de la navegación interior en la Europa ampliada), encargado por la Comisión Europea, es que este modo de transporte suscita al nivel político relativamente poca atención y no se desarrollan suficientes políticas estratégicas para el sector. Por ello, el CESE elaboró recientemente un dictamen de iniciativa titulado «Marco institucional para la navegación interior en Europa». Por razones de brevedad, no se incluyen en el presente documento referencias a dicho dictamen.
2.1.2

El Reglamento no 4056/86 determina las modalidades de aplicación de las normas de competencia (artículos 81 y 82 del Tratado) a los servicios de transporte marítimo de línea desde y hacia los puertos comunitarios. Sin embargo, los servicios de tramp quedaron excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento no 4056/86. Originalmente, el Reglamento tenía dos funciones. Contenía disposiciones de procedimiento para la aplicación de las normas comunitarias sobre competencia al sector del transporte marítimo. Esta función ha pasado a ser redundante después del 1 de mayo de 2004, cuando el transporte marítimo de línea quedó incluido en el ámbito de aplicación de las normas generales sobre competencia del Reglamento no 1/2003. No obstante, este Reglamento no se aplica a los servicios internacionales de tramp ni a los servicios de cabotaje. En segundo lugar, el Reglamento 4056/86 establecía ciertas disposiciones de competencia sustantivas específicas para el sector marítimo y, especialmente, una exención por categorías para las conferencias de transporte marítimo de línea que les permiten, en ciertas condiciones, fijar precios y regular la capacidad.
4.6.2

No obstante, tal enfoque no puede tener por resultado que el proveedor de servicios de pago no pueda presentar pruebas contrarias en casos de abuso grave. El artículo 48, apartado 2, impide precisamente que los proveedores de servicios de pago puedan demostrar la conducta negligente o, incluso, dolosa por parte del usuario. Sin embargo, el que no se pueda probar la conducta negligente o dolosa del usuario de los servicios de pago constituye una invitación a que se dejen de tomar todas las precauciones habituales en este tipo de operaciones o, incluso, a que se cometan abusos. Asimismo, dicha disposición tiene como resultado que la oferta de determinadas operaciones de pago electrónico se vea muy limitada.
2.2.1

Para el CESE, la causa de esta discrepancia entre lo que se afirma, por una parte, en la exposición de motivos introductoria y, por otra, en el cuarto considerando, radica esencialmente en una preocupación de carácter fiscal. En efecto, no tendría sentido referirse a «objetos voluminosos» (véase el punto anterior), ya que existen mercancías poco voluminosas pero de gran valor (cámaras fotográficas, ordenadores portátiles, relojes, joyas, etc.) cuya importación estaría permitida para los viajeros que utilizan el transporte aéreo pero no para los que viajan en automóvil, por ferrocarril o en cruceros. La otra afirmación según la cual «este modo de transporte se utilice probablemente menos que los transportes terrestres o los transbordadores» y requiere «(el) coste y (los) esfuerzos» parece referirse a casos particulares más que a la situación general: los viajes aéreos (en particular los de bajo coste) forman parte de la vida diaria de millones de operadores económicos y turistas que cada año viajan a terceros países.
3.4

Por consiguiente, admitiendo incluso que la consolidación de este sector no tenga repercusiones netas negativas sobre el empleo, el Comité hace especialmente hincapié en el hecho de que no se puede obviar el período de tiempo y el desnivel en términos de cualificaciones profesionales que se dan entre la pérdida del empleo existente y la creación de nuevos puestos. A partir del momento en que el énfasis ya no se pone en la protección del empleo sino más bien en la posibilidad de encontrar un trabajo, los Estados miembros deberían hacer hincapié prioritariamente no sólo en la necesidad de poder contar con amortiguadores sociales adecuados, sino también en el apoyo brindado a los planes de formación y de recualificación profesional.
2.5

Hace ya un año que el Comité señaló que este enfoque podía conducir a un menor compromiso en la aplicación nacional de las prioridades establecidas por la Unión Europea, puesto que las medidas en materia de política de empleo de los Estados miembros ya no se podían contrastar como antes con unos objetivos europeos concretos y cuantificados. Esta preocupación –sobre todo la tendencia a reducir los objetivos obligatorios– se confirma ampliamente un año más tarde, tal y como muestra una rápida ojeada al capítulo del empleo de los planes nacionales de reforma presentados por los Estados miembros. Como ya se sabe por distintas fuentes, muchos de los programas nacionales de reforma enviados a la Comisión no son particularmente ambiciosos en términos de política de empleo que respete los derechos y obligaciones de los trabajadores: — por un lado, se presentan con frecuencia –como ya ocurrió en los años precedentes– medidas generales que ya se están aplicando y que, en cualquier caso, ya formaban parte de la agenda gubernamental nacional; — por otro lado, en muchos programas nacionales de reforma no se recoge información concreta sobre cuándo y cómo serán realizados, con qué recursos y quién se encargará de su realización. A la luz de las distintas estructuras y problemas del mercado laboral existentes en los Estados miembros, es oportuno en líneas generales que la aplicación de las directrices vaya acompañada de un determinado grado de flexibilidad. Mientras sigan existiendo las condiciones mencionadas en el punto 2.4, se debería evitar por todos los medios que los objetivos de la Estrategia de Lisboa renovada se vean comprometidos por no estar suficientemente concretados.
3.1.1

Se puede aducir que el artículo 308 del Tratado CE y una decisión del Consejo en virtud título VI no son suficientes para garantizar que la Agencia será competente en los ámbitos cubiertos por el Derecho comunitario. El artículo 308 del Tratado CE faculta a la Comunidad (no a la Unión) a adoptar, por unanimidad, las disposiciones pertinentes para lograr uno de los objetivos de la Comunidad en caso de que el Tratado no haya previsto los poderes de acción necesarios. Es decir, es un objetivo general de la Comunidad garantizar que su propia acción respeta y protege plenamente los derechos humanos fundamentales, pero el Tratado no prevé ningún poder específico a tal fin.
4.5

Las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada constituyen un mercado sin explotar que la industria necesita aprovechar en mayor medida y comercializar sus mercancías para estos consumidores de un modo en que actualmente no se hace. Un estudio alemán ha revelado que el 48 % de las personas mayores de 50 años consideran que los servicios y productos de las TIC no están pensados para su grupo de edad (6). Y por otra parte, en un estudio reciente elaborado por Microsoft se señalaba que el 50 % de la población mayor de 59 años se beneficiaría considerablemente de las características de accesibilidad en las TIC. Las tecnologías accesibles y de diseño para todos han producido mucho empleo dentro del propio sector, en particular entre las PYME que han allanado el camino para las innovaciones en tecnologías accesibles y los avances en nuevos sectores y profesiones.
1.1

Cada vez con más frecuencia se están produciendo catástrofes en el territorio que comprende la UE y en general en todo el mundo; una parte se debe a fenómenos naturales: inundaciones, terremotos, incendios, sequías, huracanes, etc., y otra a acciones terroristas que expanden el terror entre la población inocente. Se puede decir que en cualquiera de ellas la actuación humana es la causante, en mayor o menor grado, aunque la intencionalidad no sea comparable. La UE se ha comprometido a realizar acciones preventivas frente al cambio climático y no solo mediante el compromiso asumido en el Protocolo de Kioto, sino a través de múltiples disposiciones que inciden en las medidas de preservación de la tierra, el agua y el aire. Este es un empeño con efectos preventivos, que puede servir para mantener y regenerar el estado de nuestro territorio, nuestros mares y nuestra atmósfera y, a la vez, contribuir a que se generalice en todo el planeta. Por otro lado, el esfuerzo frente a las acciones terroristas (1) ha originado múltiples instrumentos de coordinación, tanto a nivel policial como de justicia, que han permitido mejorar las relaciones de cooperación entre los Estados miembros.
2.2

El CESE, no obstante, observa que la propuesta de reforma supera claramente lo anunciado en la Comunicación del 14 de julio de 2004. Las reducciones de precio y de producción son mucho más drásticas y se suprimen rápidamente las exportaciones. La propuesta, por tanto, envía una señal negativa a nuestros competidores en las negociaciones de la OMC. Además, no defiende el objetivo de una producción azucarera europea capaz de garantizar el suministro del mercado, en particular en las regiones donde la reconversión es difícil.
5.6.1

Asimismo, pueden añadirse los siguientes: — Convenio no 183 (2000) sobre la protección de la maternidad, — Convenio no 102 (1952) sobre la seguridad social, — Convenio no 122 (1964) sobre la política de empleo, — Convenio no 142 (1975) sobre el desarrollo de los recursos humanos, — Convenios no 81 (sectores industriales) y no 129 (agricultura) sobre la inspección del trabajo, — Convenio no 97 sobre los trabajadores migrantes.
4.3.1

Para el CESE, la focalización sobre el diálogo intercultural intraeuropeo debería constituir el objetivo principal de este programa. El actual debate sobre el TCE demuestra que se ha subestimado el desconocimiento de las diferencias culturales intraeuropeas, la inercia considerable de los estereotipos, el carácter a veces antitético de las fuentes más importantes, sobre todo de derecho y constitucionales, que determinan el imaginario de cada Estado miembro. Asimismo, se subestiman las convergencias de las formas de vida, de valores, de representación del mundo, la seguridad de que un «homo europeus» se distingue claramente en términos de ciudadano europeo de los demás ciudadanos del planeta. Este «homo europeus» es el resultado de la aplicación concreta del patrimonio espiritual y moral de la Unión, basado en los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, así como en el principio de la democracia y del Estado de Derecho. Sitúa a la persona en el centro de su acción instituyendo la ciudadanía de la Unión y creando un espacio de libertad, seguridad y justicia. Los actos de gran visibilidad, las herramientas de información y difusión, los estudios en los que se tienen en cuenta no sólo las diferencias reales (y no las diferencias estereotipadas), sino también, y sobre todo, este «european way of life», deben, por tanto, efectivamente, promoverse con intensidad. La cultura europea no se funda solamente en los valores heredados, sino que también se deriva de la construcción de la Unión Europea, su mercado único, su moneda común y la reunificación de Europa con ella misma (ampliación a los países de Europa oriental). No obstante, a fin de que estos actos de gran visibilidad favorezcan el sentimiento de pertenencia y refuercen de manera efectiva la identidad europea, es fundamental que los ciudadanos y sus organizaciones participen muy estrechamente en su concepción y realización o, de preferencia, que se hallen en el origen, ya que son los mejor situados para definir los elementos esenciales y los símbolos de una identidad que ya viven de manera cotidiana.
4.4

Por el contrario, los proveedores independientes de piezas de recambio no están sujetos a ningún control técnico preventivo de las piezas que comercializan, en la medida en que no está previsto un procedimiento de homologación de los distintos componentes de un vehículo salvo para las denominadas «unidades técnicas independientes». Estas unidades son, para las piezas de carrocería, los cristales, los retrovisores, los faros delanteros y traseros. Para las demás piezas (capó, parachoques, etc.) no existe ninguna obligación de realizar pruebas técnicas antes de la comercialización y, por tanto, ninguna seguridad de que tengan las mismas características que las piezas originales. Los proveedores independientes se someten únicamente a las normas generales en materia de seguridad de los productos y responsabilidad por daños ocasionados por defectos del producto.
1.4

No obstante, la mayor modificación introducida en el ámbito de la coordinación de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros de la Unión Europea la ha producido el Reglamento no 883/2004 (3) del Parlamento Europeo y del Consejo, que después de seis años de tramitación en las instituciones de la Unión ha sido aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Dicho Reglamento, que sustituye al Reglamento no 1408/71, no ha entrado aún en vigor, a la espera de la aprobación de su Reglamento de aplicación, que sustituirá, a su vez, al actual Reglamento no 574/72. Sobre el Reglamento de coordinación de los sistemas de seguridad social, el CESE emitió su Dictamen (4) sobre la propuesta presentada, en su día, por la Comisión.
1.11

La Comisión no busca una armonización y confirma así que no ha deseado elaborar un Reglamento más detallado. Dado que el problema de la armonización fiscal no se planteó durante el debate celebrado por el Grupo de estudio del CESE, esta posición de la Comisión no responde a las preocupaciones de simplificación en materia de gestión.
3.2

En el presente dictamen el CESE no examina en profundidad la cuestión del nivel de los recursos comunitarios, puesto que dicha cuestión ya había sido abordada en el dictamen anterior, mencionado en el punto 2.1. No obstante, es importante destacar que Europa no podrá cumplir sus prioridades y satisfacer las necesidades y expectativas de sus ciudadanos si no dispone de suficientes recursos financieros. La financiación comunitaria puede tener un efecto multiplicador importante sobre los recursos totales asignados a ciertos objetivos, por lo que es preciso explotar plenamente dicho potencial. Actualmente, existe una cierta tensión entre, en primer término, los puntos de vista de los Estados miembros que son contribuyentes netos; en segundo término, los de los Estados miembros que actualmente son los principales beneficiarios; en tercer lugar, entre los compromisos políticos con los nuevos Estados miembros y sus ciudadanos, y, en cuarto lugar, por la necesidad de reasignar los recursos según las nuevas prioridades de la UE. El Comité insiste en que será preciso llevar a cabo una reestructuración del gasto según las prioridades de la Unión Europea, independientemente del nivel de recursos propios que finalmente sea adoptado.
3.2.2.1

Se proponen tres «tipos de permiso», para la conducción en los servicios de maniobra, el transporte de personas y el transporte de mercancías (artículo 4.2). La diferenciación entre transporte de personas y de mercancías no resulta práctica, y no está fundamentada. No existen diferencias ni en la formación ni en el ejercicio concreto de la profesión. El conocimiento de las locomotoras en cuestión se certifica por separado, y a menudo se utilizan las mismas locomotoras. Sería suficiente con dos categorías, en función de los requisitos de seguridad: circulación de locomotoras en itinerarios cerrados (estaciones de maniobras, obras) o en trayectos abiertos (conductores de línea).
3.1

El Comité desea felicitar a la Comisión por el monumental trabajo realizado, con diligencia y precisión, pero sobre todo con transparencia; si no se hubiera dado esta última circunstancia, no habría sido fácil darse cuenta de la cantidad de excepciones, exenciones y «distingos» que incluyen las normas, y ésta es una observación válida para todas. Es evidente que no todas las desviaciones de un principio son injustificadas; no obstante, parece necesario que los Estados miembros pongan manos a la obra para renegociar, y si es posible eliminar, las que no tienen ya razón para seguir vigentes.
3.4

El Comité respalda la propuesta de la Comisión como contribución de la UE a la protección efectiva de los refugiados con estatuto reconocido si se aplican las garantías jurídicas de procedimientos y de respeto de los derechos individuales de los solicitantes de asilo, en el sentido que recogen los convenios internacionales, en particular las Convenciones de Ginebra y Nueva York, y si los refugiados que no cumplan los criterios de selección para los programas de reasentamiento no ven recortados sus derechos de examen de su solicitud y de reconocimiento. El Comité, en cambio, no se pronunciaría favorablemente si el refuerzo de las capacidades de los primeros países de recepción o de tránsito en las regiones de origen se tradujera en un menor compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea con respecto al reconocimiento de la protección estatutaria y jurídica de refugiado o beneficiario del estatuto subsidiario de protección.