Las tres ramas del poder judicial disfrutan de un elevado nivel de autonomía administrativa. Existen tres consejos superiores de la magistratura, uno por cada una de las ramas principales del poder judicial . El poder ejecutivo y el poder legislativo no están representados en la composición de estos organismos . Los consejos toman decisiones sobre nombramientos, ascensos, traslados y comisiones de servicio de jueces en las respectivas ramas del poder judicial y las fiscalías, por lo que respecta al Consejo de la Magistratura de Justicia Civil y Penal. En cuanto a los puestos de más alta responsabilidad de jueces y fiscales en Grecia, como el presidente y el vicepresidente del Consejo de Estado o el Tribunal Supremo, la Constitución griega estipula que los nombramientos se efectúan por decreto presidencial, tras una propuesta del Consejo de Ministros. Esto ha sido objeto de algunas críticas por parte del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, pero hasta ahora Grecia no ha modificado el marco pertinente . Un cambio en el método de selección también exigiría una revisión constitucional, dado que la Constitución establece la forma de nombramiento para los órganos jurisdiccionales en cuestión .

El sistema judicial de Grecia se basa en la separación entre los órganos jurisdiccionales civiles y penales ordinarios y los contencioso-administrativos. No existen tribunales mercantiles, laborales, financieros o relativos a la seguridad social propiamente dichos. Todos esos asuntos recaen en las competencias tradicionales de los órganos jurisdiccionales civiles o de lo contencioso-administrativo. Los órganos jurisdiccionales civiles están organizados en 154 juzgados de paz, sesenta y tres tribunales de primera instancia, diecinueve tribunales de apelación y el Tribunal Supremo, que es un tribunal de casación. Los órganos jurisdiccionales penales están organizados en cuarenta y un juzgados de delitos leves, sesenta y tres tribunales de primera instancia, diecinueve tribunales de apelación y el Tribunal Supremo. Los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos están organizados en treinta tribunales de primera instancia de lo contencioso-administrativo, nueve tribunales de apelación de lo contencioso-administrativo y el Consejo de Estado. Asimismo, la Constitución griega prevé un determinado número de órganos jurisdiccionales especiales . Se han creado departamentos especiales en algunos órganos jurisdiccionales para asuntos específicos, por ejemplo, sobre litigios marítimos y sobre litigios relativos a las marcas y la propiedad intelectual. El Tribunal de Cuentas tiene un carácter dual, ya que actúa como órgano jurisdiccional y, parcialmente, como autoridad administrativa encargada de auditar las cuentas públicas . No existe un Tribunal Constitucional oficial, y todos los órganos jurisdiccionales griegos tienen competencia para revisar la constitucionalidad de las leyes. Los jueces y los fiscales forman un organismo consolidado de «magistrados» sujeto a un sistema de contratación, carrera profesional, derechos y obligaciones, que es en gran medida homogéneo para todos. El sistema griego está compuesto exclusivamente por jueces y fiscales de carrera. Son nombrados para jurisdicciones civiles o penales y para órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo. En cuanto al ministerio fiscal, está organizado en sesenta y tres fiscalías en los tribunales de primera instancia, diecinueve fiscalías en los tribunales de apelación y el Fiscal General del Tribunal Supremo. Además, existe un fiscal para los delitos económicos y financieros y un fiscal para los delitos de corrupción. Existen sesenta y tres colegios de abogados en Grecia, uno en la sede de cada tribunal de primera instancia.

El sistema de controles y equilibrios institucionales en Grecia ha afrontado varios desafíos en la práctica. En particular, el proceso de promulgación de leyes ha estado sometido a una considerable presión durante los últimos años, sobre todo debido a las consecuencias de la crisis económica y financiera. No se respetaron plenamente los principios relativos a la mejora de la legislación, pero la reciente y exhaustiva legislación en este ámbito pretende abordar estos desafíos y se está aplicando de forma gradual. Los derechos fundamentales y constitucionales están protegidos por los órganos jurisdiccionales y las autoridades independientes. Aun así, no existe un marco facilitador específico para la sociedad civil de Grecia, y las organizaciones de la sociedad civil que actúan en el ámbito de la migración han expresado su preocupación acerca del espacio cívico cada vez más reducido para actuar sobre el terreno.

La Constitución reconoce la libertad de expresión. Unas recientes modificaciones del Código Penal han abolido el delito de blasfemia. La difamación se castiga, entre otras sanciones, con penas de prisión. El derecho a la información está consagrado en la Constitución. Asimismo, esta prevé el derecho de acceso a documentos en poder de los organismos públicos. Las limitaciones se definen de conformidad con las normas internacionales y hay en vigor vías de recurso. El marco regulador para la protección de los denunciantes, que suelen ser fuentes importantes para los periodistas, sigue incompleto. Según el MPM 2020, las principales inquietudes incluyen la insuficiencia de mecanismos para garantizar el respeto de las normas profesionales en la práctica del periodismo. Las partes interesadas informaron de que los organismos éticos de los sindicatos de periodistas no son muy activos y no pueden supervisar de forma eficaz el periodismo ético u otras cuestiones, pero, al mismo tiempo, señalaron que existe un panorama relativamente saludable en los medios de comunicación en línea en Grecia, en particular a escala local .

La transparencia de la propiedad de los medios está garantizada solo parcialmente, en particular para los servicios de comunicación audiovisual. Mientras que los medios audiovisuales tienen la obligación de informar acerca de sus estructuras de propiedad al Consejo nacional de radiotelevisión , los medios impresos no están obligados a indicar su propietario en sus copias. No obstante, cabe destacar que, con el fin de inscribirse en el Registro de Prensa Regional y Local, los operadores de los medios de comunicación deben facilitar a las autoridades nacionales información sobre su propiedad . Solo se divulga parcialmente la propiedad de los medios de comunicación al público, especialmente en cuanto a los beneficiarios reales . El MPM 2020 ha considerado que la transparencia de la propiedad de los medios presenta un nivel medio de riesgo, indicando que «la legislación nacional no se caracteriza por ofrecer unas disposiciones claras sobre la divulgación de la propiedad de los medios de comunicación». En cuanto a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación en línea, las autoridades griegas informan de que la Secretaría General de Medios y Comunicación creó un registro de medios de comunicación en línea llamado «e-media» . Este registro está destinado a todos los propietarios de medios con presencia en internet (sitio web), instándoles a registrar sus actividades en línea.

Está garantizada la independencia del organismo regulador de los servicios de comunicación audiovisual, pero este carece de recursos. El Consejo nacional de radiotelevisión supervisa y regula los mercados de la radio y la televisión. Su independencia está consagrada en la Constitución y su marco jurídico está establecido en la Ley de Medios de Comunicación . El Consejo nacional de radiotelevisión es un organismo compuesto por nueve miembros y consta de un presidente, un vicepresidente y otros siete miembros, que son designados por el Pleno de los Presidentes, un organismo especial del Parlamento a cargo de las designaciones para las autoridades independientes en el que están representados todos los partidos políticos . El instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor, MPM 2020) de 2020 ha considerado que su independencia y eficacia presentan un bajo nivel de riesgo. Sin embargo, el MPM 2020 también indica que no existen garantías específicas para evitar la toma de decisiones arbitraria en nombre del Estado en relación con los recursos presupuestarios de la autoridad. Asimismo, indica que, aunque existen normas en materia de incompatibilidad, los procedimientos de nombramiento no son suficientemente transparentes, y las cualificaciones exigidas vienen indicadas en términos generales, lo cual no impide la selección de miembros por motivos políticos . Durante la visita al país se planteó que el Consejo nacional de radiotelevisión carece de los recursos financieros y de personal adecuados para desempeñar todas sus tareas, en particular cuando se trata de supervisar los servicios de comunicación audiovisual procedentes de regiones e islas ubicados más lejos de Atenas y que no pueden verse desde la capital. Las autoridades han iniciado el proceso de transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada . Esta Directiva refuerza la independencia de los organismos reguladores de la comunicación audiovisual garantizando que se diferencien jurídicamente de su gobierno y que sean operativamente independientes de este y de otros organismos públicos o privados.

La actividad de los grupos de presión en Grecia sigue estando muy poco regulada y el marco de protección de los denunciantes está incompleto. En este momento, no existe ninguna obligación específica de registro de los grupos de presión o de declaración de contactos entre los funcionarios y los miembros de los grupos. No obstante, se está elaborando un proyecto de ley. No existe un marco jurídico general para la protección de los denunciantes. Existen algunas disposiciones en el marco relativo a los «testigos de interés público» , que introducen una protección limitada frente al ejercicio de acciones penales contra personas que revelan determinados delitos, incluida la corrupción. Se han adoptado algunas medidas para introducir directrices para la protección de denunciantes en el sector privado , y el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Corrupción 2018-2021 incluye una iniciativa legislativa para la creación de un mecanismo eficaz de protección de los denunciantes, pero sigue siendo necesario elaborar un marco general.

Grecia ha llevado a cabo varias reformas para mejorar y reforzar el marco jurídico del sistema de declaraciones del patrimonio. Desde 2016, las declaraciones de patrimonio para todas las categorías incluidas se presentan en línea y el sistema ya está plenamente operativo. No obstante, la Ley pertinente sobre la presentación de declaraciones de patrimonio e intereses financieros por parte de las personas sujetas a ello se modificó una vez más en 2018, estipulando que todas las personas incluidas deberían presentar de nuevo sus declaraciones de patrimonio correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017 . Existen cuatro autoridades principales a cargo de recibir y auditar las declaraciones de patrimonio: i) el Comité del Parlamento para la Investigación de las Declaraciones de Patrimonio, el llamado Comité 3-A, que consta de once miembros y es responsable de la supervisión y las sanciones en materia de financiación de entidades políticas (como partidos y personas), y en materia de declaraciones de patrimonio. Recibe el apoyo de un servicio especial compuesto por veinte empleados y dirigido por un especialista cedido por la Secretaría Especial del Organismo de Investigación Financiera; ii) la Unidad de Investigación del Origen de los Fondos de la FIU (autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales), que es responsable de auditar las declaraciones de patrimonio de varias categorías de funcionarios públicos, así como de personas que desempeñan tareas de gestión en entidades jurídicas privadas concretas; iii) la Unidad de Asuntos Internos de la policía, que es responsable de auditar las declaraciones de patrimonio de los funcionarios de policía; y iv) el director de la Autoridad Nacional de Transparencia, que es responsable de recibir y comprobar las declaraciones de patrimonio de las autoridades de control administrativo (inspectores, auditores, investigadores). Las cuatro autoridades son independientes entre sí y no existe ningún mecanismo de cooperación oficial para coordinar sus actividades. Además, otros organismos de control pueden verificar ad hoc una declaración de patrimonio, en caso de que reciban una queja .

Actualmente se están aplicando varias reformas importantes de lucha contra la corrupción finalizadas en el pasado. Tras una serie de reformas legislativas, hay en vigor una legislación moderna en materia de financiación de los partidos . Sin embargo, parece que su plena aplicación es motivo de preocupación, dado que los mecanismos de control aún no son totalmente eficaces y, hasta la fecha, no se han impuesto sanciones por parte del comité de auditoría pertinente del Parlamento a ningún partido político .

Se han adoptado medidas importantes para abordar los obstáculos al enjuiciamiento de la corrupción de alto nivel a través de reformas constitucionales. Las disposiciones constitucionales relativas al régimen de inmunidades para diputados y actuales o antiguos ministros se modificaron en 2019. En virtud del anterior régimen jurídico, la posibilidad de enjuiciar a actuales o antiguos miembros del Gobierno estaba muy restringida por un procedimiento complejo y limitado en el tiempo para la aprobación parlamentaria en varias etapas del procedimiento penal. También se han abolido las prescripciones especiales, eliminando de ese modo algunos obstáculos jurídicos significativos para el enjuiciamiento de la corrupción de alto nivel, en particular en cuanto a la eliminación del plazo para que el Parlamento adopte una petición de enjuiciamiento contra actuales o antiguos ministros . Las disposiciones pertinentes entraron en vigor el 28 de noviembre de 2019 y no se aplicarán de forma retroactiva a los asuntos pendientes.

Consejo de Europa, Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists – Greece. https://www.coe.int/en/web/media-freedom/greece .

Consejo de Europa: Committee of Ministers (2016), Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors.

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Centre for Media Pluralism and Media Freedom (2020), Media Pluralism Monitor de 2020. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 .

La libertad de asociación está consagrada en la Constitución, aunque no existe ningún marco facilitador específico para la sociedad civil. Las autoridades griegas informaron de que el actual marco jurídico no prevé disposiciones específicas sobre la creación y funcionamiento de ONG . Sin embargo, en 2018, se creó un «registro de ONG griegas y extranjeras» mediante una Decisión Interministerial , que fue posteriormente regulado en 2020 . Esta última ley introdujo y amplió gradualmente las normas sobre el registro y certificación de las ONG griegas y extranjeras que actúan en el ámbito del asilo, la migración y la inclusión social, prevé los términos y condiciones para el registro de organizaciones y otorga facultades al Ministerio de Migración y Asilo para establecer requisitos adicionales para el registro de ONG. Esto es objeto de las críticas de varias partes interesadas, que consideran que las normas sobre el funcionamiento de las ONG incluyen requisitos demasiado estrictos y desproporcionados para el registro y la certificación . Asimismo, se ha notificado un aumento de los ataques a ONG que trabajan con refugiados y migrantes en Grecia , y se han expresado preocupaciones acerca de la reducción del «espacio cívico» para que la sociedad civil trabaje en Grecia desde 2019 .

El respeto de los derechos fundamentales y constitucionales se garantiza de diversas formas, entre ellas, las autoridades independientes. Dado que no existe un Tribunal Constitucional oficial en Grecia, la Constitución griega permite a todos los jueces determinar si los derechos constitucionales de una persona han sido violados por una ley que contraviene la Constitución . Debido a la existencia de este difuso sistema de control de la constitucionalidad, todos los órganos jurisdiccionales tienen competencias para revisar la constitucionalidad de las leyes . No obstante, de conformidad con la Constitución de 1975, se creó un órgano jurisdiccional especial ad hoc, el Tribunal Supremo Especial . Su limitada jurisdicción incluye el control ex post de la constitucionalidad de la legislación en caso de desacuerdo entre los Tribunales Supremos. Sus sentencias sobre la constitucionalidad de las disposiciones legales que le corresponda examinar son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales. El Defensor del Pueblo griego, que es una autoridad administrativa independiente creada en 1997, tiene la labor de mediar entre los ciudadanos y los servicios públicos, las autoridades locales, los organismos regidos por el Derecho público y los servicios de utilidad pública, para proteger los derechos civiles, luchar contra la mala administración y garantizar el cumplimiento de las garantías procesales . Grecia estableció además una comisión nacional de derechos humanos como institución nacional griega de derechos humanos en 1998, la cual actúa como organismo consultivo independiente del Estado sobre temas relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos. Esta recibió de nuevo la calificación «A» de conformidad con los principios generales de las Naciones Unidas en marzo de 2017.

Se pretende reforzar la calidad de la legislación mediante una reforma integral de los procedimientos legislativos. Hasta hace poco, llevar a cabo evaluaciones de impacto y consultar a las partes interesadas no eran prácticas consolidadas para la promulgación de la legislación. La Ley sobre el Ejecutivo estatal de 2019 pretende llevar a cabo una reforma integral de los procedimientos legislativos, basada en los principios y las técnicas de mejora de la legislación, haciendo hincapié en el fortalecimiento del papel de las evaluaciones de impacto. La Ley también creaba un organismo independiente de evaluación científica con la participación de abogados y economistas, y reforzaba la configuración institucional de la codificación y la reforma legislativas. La Ley sobre el Ejecutivo estatal está comenzando a aplicarse. Recientemente, las autoridades han adoptado un manual detallado de metodología legislativa y una plantilla para la evaluación de impacto exhaustiva . Algunas partes interesadas, como la institución nacional griega de derechos humanos o el Defensor del Pueblo griego , señalaron que no recibían los proyectos de ley de antemano y, por tanto, carecían de tiempo suficiente para realizar comentarios detallados sobre las disposiciones. Además, el tiempo disponible para realizar consultas públicas suele ser muy limitado. El nuevo proceso legislativo pretende abordar estas carencias. Además, las autoridades han informado de que se están realizando esfuerzos con el fin de limitar el recurso a los procedimientos acelerados y los decretos de emergencia en los procesos legislativos.

Consejo de Europa, Conference of INGOs, Expert Council on NGO Law, Opinion on the compatibility with European standards of recent and planned amendments to the Greek legislation on NGO registration, 2 July 2020. https://www.coe.int/en/web/ingo/-/greek-legislation-on-ngo-registation

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