N° C 269/48 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 10. 91 
Página 5, punto 2.9 
Suprímase la última frase y sustituyase por el siguiente texto: 
«Se corre el peligro de asistir a un importante aumento de las primas de seguro a fin de hacer frente a un 
eventual incremento de las solicitudes de indemnización. Si bien dichos aumentos son aceptables para mejorar 
la protección de las víctimas de servicios defectuosos, la propuesta, al suscitar un alza de los precios, no 
facilita el tratamiento de los litigios por servicios defectuosos.» 
Exposición de motivos 
La referencia a la situación americana no tiene ningún sentido ya que las prácticas judiciales en Estados 
Unidos son considerablemente diferentes. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 44; votos en contra: 66; abstenciones: 16. 
Dictamen sobre la segunda modificación a la propuesta de Quinta Directiva del Consejo 
basada en el artículo 54 del Tratado CEE, referente a la estructura de las sociedades anónimas 
y a los poderes y obligaciones de sus órganos 
(91/C 269/15) 
El 13 de febrero de 1991, de conformidad con el artículo 54 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, aprobó su dictamen el 5 de junio de 1991 (ponente: Sr. Bell). 
En su 288° pleno (sesión del 3 de julio de 1991), el Comité Económico y Social ha aprobado 
por una gran mayoría, 5 votos en contra y 27 abstenciones el siguiente dictamen. 
1. Introducción 
La propuesta está estrechamente vinculada a otra pro­
puesta en trámite relacionada con la Segunda Directiva, 
sobre la cual el Comité ha preparado también un dicta­
men (*), y con la propuesta de modificación para una 
Decimotercera Directiva que actualmente está siendo 
examinada por el Consejo de Ministros y sobre la cual 
el Comité ha aprobado un dictamen el 28 de febrero 
de 1991 (2). 
2. Observaciones generales 
2.1. El Comité está de acuerdo con el impulso general 
que la Comisión quiere dar a la reducción de los obstá­
culos existentes en materia de ofertas públicas de adqui­
sición (OPA) con el fin de crear un «terreno de juego 
al mismo nivel» para las operaciones relacionadas con 
las OPA en todos los Estados miembros de la Comu­
nidad. 
i1) Dictamen adoptado el 3 de julio de 1991. 
(2) DO n° C 102 de 18. 4. 1991, p. 49. 2.2. Sin embargo, las OPA no necesariamente supo­
nen beneficios para las sociedades o los accionistas 
si se producen sin una causa justificada. Las OPA 
innecesarias pueden perjudicar la planificación a largo 
plazo y la investigación y el desarrollo, pueden tener 
efectos indeseables en las regiones, pueden poner en 
peligro los puestos de trabajo y pueden provocar inesta­
bilidad financiera. Los casos extremos de adquisiciones 
de sociedades, como los que se han dado en los Estados 
Unidos, no son beneficiosos y los cambios en el régimen 
legal de la Comunidad no deberían fomentar dicha 
actividad. 
2.3. El Comité manifiesta asimismo su preocupación 
por el hecho de que debe existir un equilibrio adecuado 
entre el régimen de OPA de la Comunidad y los de los 
países exteriores. Si bien debe fomentarse la inversión 
extranjera en la Comunidad, esto no debería ser de 
naturaleza unilateral. La Comunidad ha de contar con 
medios para impedir OPA hostiles procedentes de países 
14. 10. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 269/49 
que levantan importantes obstáculos a las OPA extran­
jeras, con vistas a acicatear la eliminación de dichos 
obstáculos. 
2.4. La nueva propuesta de la Comisión por la que 
se modifica la Quinta Directiva tiene como finalidad el 
fortalecimiento de los derechos de voto de los accionis­
tas. El Comité acepta este objetivo y lo aplaude, con la 
condición de que los accionistas puedan ejercer tal 
derecho de voto reforzado cuando y como deseen, 
incluso, llegado el caso, para renunciar a sus poderes. 
La propuesta es de aplicación general y tendrá efecto 
en muchas circunstancias distintas de las del transcurso 
de una oferta pública de adquisición. Aunque dicha 
oferta representa un momento particularmente impor­
tante en la vida de una sociedad, parece justo, sin 
embargo, que los derechos de voto accionistas estén 
sometidos al mínimo posible de restricciones, aparte de 
las que ellos mismos deseen. 
2.5. A la vista de la importancia primordial que tiene 
una OPA en la vida de una sociedad, y a la luz del uso 
corriente de disposiciones de delegación de voto en 
determinados Estados miembros, el Comité considera 
que la Quinta Directiva (o posiblemente la Decimoter­
cera) debería incluir una redacción en la que se esta­
blezca una exigencia formal a la sociedad para que ésta 
informe a sus accionistas de una oferta, cuando sean 
conocidos. Las exigencias de la Decimotercera Directiva 
en este sentido parecen no satisfacer la garantía de que 
se informa obligatoriamente a todos los accionistas en 
sus propios domicilios. Como alternativa o con carácter 
adicional, podría establecerse para las entidades deposi­
tarías y otros mandatarios, como las entidades de 
crédito, la exigencia de transmitir la información de la 
existencia o evolución de una OPA a la masa de los 
accionistas (de nuevo, en la medida en que sean conoci­
dos), como ya sucede en algunos Estados miembros. 
2.6. En este contexto, el Comité quisiera indicar a la 
Comisión, que el artículo 28 de la Quinta Directiva 
está incompleto. El artículo trata de los ofrecimientos 
públicos a los accionistas para que deleguen su derecho 
de voto. Entre otras cosas, el artículo limita la validez 
de dicha delegación a una sola reunión de accionistas, 
exige que se envíe a cada accionista toda la información 
y exige también que la delegación de voto se cumpla 
siguiendo las instrucciones del accionista. 
El Comité es partidario de que se apliquen normas 
similares a todos los organismos en que se depositen 
acciones, como las entidades de crédito. Se debería 
prohibir que dichos organismos ejerciesen derechos de 
delegación a menos que hubiesen recibido instrucciones 
concretas del accionista. En la actualidad, en determina­
dos Estados de la Comunidad, el derecho de voto puede 
ejercerse sin contar con la correspondiente autorización; 
cuando el accionista no responde a una comunicación 
antes de una fecha arbitrariamente fijada, se considera 
que ha hecho delegación de voto. El Comité deplora 
esta práctica, dado que significa que determinados orga­
nismos que son simples depositarios pueden alcanzar 
un poder considerable sobre la dirección de una empresa, sin la adecuada autorización por parte de los 
accionistas. 
2.6.1. El Comité vería con agrado una normativa 
en la que se estableciese que todos los empleados debe­
rían ser informados con la suficiente antelación de la 
existencia y la evolución de una OPA. La Decimotercera 
Directiva exige la comunicación de los documentos 
de la oferta, entre otros, a los representantes de los 
trabajadores. Cabría exigir a la dirección de la empresa 
que comunicase también a los propios empleados como 
mínimo los detalles básicos. 
2.7. La propuesta de la Comisión no incluye ningún 
cambio en las disposiciones transitorias de la Quinta 
Directiva, incluidas en el artículo 64. En su actual 
redacción, resaltan el artículo 2 (establecimiento de los 
órganos de una empresa) para un período transitorio 
de cuatro años y tal vez por extensión el plazo de cuatro 
años también se aplicaría a los artículos 4 y 21b, que 
tratan de los procedimientos de votación para la desig­
nación de los miembros de los órganos (y que son el 
objeto de parte de la propuesta actual). 
2.8. El Comité pediría a la Comisión que considere 
si realmente son necesarios cuatro años para adaptar 
los procedimientos de votación en muchas empresas 
comunitarias cuyas cláusulas relativas a los órganos 
de vigilancia y administración se conforman ya con 
bastante fidelidad en muchos aspectos a los modelos 
de la Quinta Directiva, y si los dieciocho meses que se 
conceden para otros cambios no sería un plazo más 
adecuado. 
2.9. Por lo que respecta a los cambios que se propo­
nen para el artículo 33, el Comité opina que para 
algunos de ellos sería conveniente un período transito­
rio bastante largo. La supresión de algunos derechos de 
voto establecidos de los accionistas, aunque sea desea­
ble, se considerará como una depreciación permanente 
y deberá dejarse un tiempo para que tenga lugar la 
adaptación. En relación con las limitaciones a la emi­
sión de acciones «privilegiadas», el Comité manifiesta 
su preocupación por las repercusiones sobre la estruc­
tura financiera de sociedades existentes en aquellos 
Estados miembros que no tienen actualmente este tipo 
de restricciones, y sugiere que se permita elegir a los 
Estados miembros establecer un período transitorio 
largo. 
2.10. El Comité observa que el artículo 63 c de la 
Quinta Directiva establece el requisito de que la Comi­
sión informe acerca de la aplicación de sus propuestas y 
pide que se incluya al Comité junto con las Instituciones 
comunitarias a las que ha de remitirse dicho informe. 
2.11. El Comité es consciente de que la adopción por 
parte del Consejo de la Quinta Directiva y de las 
N° C 269/50 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 10. 91 
modificaciones propuestas puede retrasarse, tal vez 
durante un largo período. El Comité lamenta que de 
este modo, por culpa de los aspectos más discutibles de 
la Directiva, las propuestas de la Comisión para refor­
zar los derechos de los accionistas en lo que respecta a 
las OPA puedan verse aplazadas. Por consiguiente, el 
Comité pide a la Comisión que se plantee la posibilidad 
de incorporar en la Decimotercera Directiva las partes 
relevantes de las propuestas o de presentar las mismas 
como un reglamento separado, que entraría en vigor 
con mayor prontitud y seguridad que la Quinta Direc­
tiva. 
3. Comentarios sobre los artículos 
3.1. Artículo 4 
El nuevo párrafo propuesto por la Comisión garanti­
zará que todo el conjunto de la junta general pueda 
proponer el nombramiento de al menos el 50 % de los 
miembros del órgano de vigilancia cuyo nombramiento 
competa a h misma. El Comité está de acuerdo con 
^>>cC refuerzo de los derechos de los accionistas y acoge 
favorablemente la propuesta. 
Los estatutos o la escritura de constitución podrán 
seguir imponiendo limitaciones a las propuestas de 
nombramiento de hasta el 50% de los miembros del 
órgano de vigilancia que hayan de ser nombrados por 
la junta general. Obviamente, la Quinta Directiva prevé 
que, en determinadas circunstancias, un máximo del 
50% de los miembros del órgano de supervisión sean 
designados por los empleados, y no por la junta general. 
Por lo tanto, sería posible que tan solo el 25% de 
los miembros de la junta de vigilancia pudieran ser 
nombrados libremente por la junta general. 
El Comité ha sido informado por la Comisión de que 
se está revisando la redacción de la Quinta Directiva 
que se ocupa de dichos puntos. El Comité acepta el 
razonamiento que presenta la Comisión en sus notas 
explicativas y confía en que será reflejado en la redac­
ción final tal como surja de los debates. 
El Comité acepta asimismo el hecho de que no está 
previsto que la presente propuesta por si sola altere el 
equilibrio conseguido por la Quinta Directiva entre los 
intereses de la junta general y los de los empleados. 
3.2. Artículo 21 b 
Idénticas observaciones a las formuladas para el artí­
culo 4 son aplicables al nuevo apartado propuesto para 
el artículo 21 b. 33. Artículo 33 
3.3.1. El Comité está de acuerdo con la Comisión 
en que el poder de voto de los accionistas debe ser 
proporcional a la importancia del paquete de acciones 
que posean ya que generalmente éste refleja la impor­
tancia de su inversión en la sociedad. 
3.3.2. Como se indica en el punto 2.9 supra la supre­
sión de las actuales restricciones en los derechos de voto 
de los accionistas mayores puede afectar negativamente 
a los intereses de otros accionistas, por lo que se debe 
conceder un plazo para que se produzca el ajuste. 
3.3.3. La propuesta de limitar la emisión de acciones 
privilegiadas sin derecho a voto al 50% del capital 
suscrito es aceptable en líneas generales. El Comité no 
tiene conocimiento de ningún razonamiento teórico 
apremiante en favor de dicha norma, ni tampoco en 
contra; sin embargo, es bien cierto que una serie de 
Estados miembros han establecido dicho límite en el 
50% y quizás sea más fácil ajustarse a esta situación 
que intentar establecer un nuevo límite, igualmente 
arbitrario, en cualquier otro nivel. Teniendo en cuenta 
las grandes diferencias existentes en las prácticas vigen­
tes en los Estados miembros, y la rapidez de los cambios 
en los mercados de capital, el Comité considera que el 
límite del 50% deberá revisarse dentro de unos cinco 
años. 
3.3.4. La rápida evolución de los instrumentos del 
mercado de capitales en los últimos años —que previsi-
blemente se acelerará con el mercado único financiero 
europeo— está dando lugar a una mayor complejidad 
en la estructura del capital de las sociedades. Esto puede 
provocar algunas dificultades de definición en el cálculo 
del valor de una emisión de acciones de una sociedad. 
En algunos Estados miembros ya existen técnicas por 
las que este cálculo se basa en el valor de mercado en 
vez de en el valor suscrito, el cual puede tener poca 
relación con el valor actual de las acciones de una 
sociedad. El Comité sugiere en consecuencia que la 
definición de «valor» se deje a la discreción de los 
países miembros. 
3.3.5. En los complejos mercados de capitales las 
sociedades tienen cada vez más posibilidades de reducir 
la clásica distinción entre acciones y deuda y las empre­
sas pueden perfectamente evitar el límite propuesto del 
50% en la emisión de acciones privilegiadas mediante 
la emisión de tipos equivalentes de instrumentos de 
préstamo. El límite pretende proteger los intereses de 
los accionistas ordinarios con derecho a voto, a quienes 
podría perjudicar la anulación del mismo. En algunos 
casos, los accionistas pueden preferir la emisión de 
más acciones preferenciales, antes que la creación de 
otros tipos de deuda, y, por ello, el Comité sugiere que 
se deje a los accionistas libertad para renunciar al límite 
en relación con una emisión de acciones privilegiadas 
propuesta, siempre que en una junta general se cuente 
con una mayoría, por ejemplo, del 75 % de los accionis­
tas con derecho a voto. 
3.3.6. Independientemente de las normas que se esta­
blezcan en relación con la emisión de acciones privile-
14. 10. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 269/51 
giadas, habrá emisiones de acciones ya lanzadas que 
infrinjan las normas tal como se indica en el punto 2.9 
supra. Los Estados miembros necesitan poder elegir 
períodos de transición adecuados para regularizar las 
estructuras accionariales que no se ajusten a las normas. 
En dichos períodos de transición, las empresas podrán 
necesitar captar capital adicional o reestructura el exis­
tente : toda nueva emisión o reestructuración de ese tipo 
deberá cumplir las futuras normas del artículo 33, o al 
menos deberá potenciar —y no reducir— el cumpli­
miento del artículo 33. 
3.3.7. El cambio final en el artículo 33 se refiere a la 
concesión de derechos de voto a las acciones privilegia­
das después de tres ejercicios de, por así llamarlo, no 
ejecución. El Comité preferiría que se distinguiese entre 
el trato dispensado a dichas acciones durante una OPA 
y en otras ocasiones y sugeriría que, en caso de realizarse 
una oferta para la empresa que incluya una oferta para 
las acciones privilegiadas, se debería conceder a éstas 
derechos de voto siempre que las obligaciones inheren­
tes a tales acciones no hayan sido ejecutadas durante 
un período de doce meses. 
Debe quedar claro, sean cuales fueren las circunstan­
cias, que las obligaciones que hubieran debido cum­
plirse son únicamente las que hubiesen surgido durante 
el plazo de los tres años (o de los doce meses, según el 
caso). De esta forma, una acción privilegiada emitida 
con un bono de franquicia de tres años no estaría 
vinculada a ninguna obligación respecto a la empresa 
Hecho en Bruselas, el 3 de julio de 1991. emisora durante los tres primeros años y no debería 
chocar con la disposición de concesión de derecho de 
voto. El Comité manifiesta sus dudas sobre si la redac­
ción que se propone logrará este resultado sin ambigüe­
dades. 
3.4. Artículo 36 
El Comité formula para el nuevo apartado las mismas 
observaciones que ha hecho en relación con los cambios 
propuestos en los artículos 4 y 21 b. Además, el Comité 
tiene ciertas reservas acerca de la repercusión del cam­
bio sobre la independencia de los miembros de los 
órganos de las empresas. Parece inadecuado que una 
mayoría simple de accionistas pueda destituir sin contar 
con un motivo válido, especialmente en el caso de 
directivos contratados. El Comité sugiere que la Comi­
sión introduzca salvaguardias en este artículo para evi­
tar la destitución arbitraria o injusta de miembros de 
los órganos de la empresa o bien permita una exención 
de esta nueva disposición para aquellos países cuya 
legislación no sea conforme con la misma. El Comité 
observa asimismo que el cambio propuesto puede no 
tener el efecto deseado mientras siga predominando en 
algunos Estados miembros el voto por poder. Sería 
particularmente ilógico que se destituyera (o bien, que 
no se destituyera) a un miembro del Consejo por 
mayoría simple cuando muchos de los votos de la masa 
de los accionistas podrían haberse emitido de modo 
diferente. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Fran?ois STAEDELIN 
N° C 269/52 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 10. 91 
ANEXO 
al dictamen del Comité Económico y Social 
Las siguientes enmiendas relativas al dictamen de la Sección, presentadas de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento Interno, fueron rechazadas durante el debate: 
Enmienda presentada por el Sr. Wagenmans 
Página 4, punto 2.11 
Suprímase. 
Exposición de motivos 
No es correcto regular la posición de los accionistas teniendo en cuenta únicamente las OPA. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 31; votos en contra: 62; abstenciones: 13. 
Enmienda presentada por el Sr. Wagenmans 
Página 5, punto 3.1 
Suprímanse el segundo y el tercer párrafo. 
Exposición de motivos 
Estos párrafos se refieren a información no disponible y, en consecuencia, que no puede verificarse. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 31; votos en contra: 72; abstenciones: 18. 
Enmienda presentada por los Sres. Petersen, Meycr-Horn y Pardon 
Página 6, punto 3.3.1 
Añádase lo siguiente después de la primera frase: 
«No obstante, debería permitirse que la junta general pueda imponer, siempre que se actúe por mayoría 
cualificada de un 70 % de los accionistas, restricciones, por un período máximo de un año, del poder de voto 
de cualquier accionista que se aplicarían a todos los accionistas que posean ese tipo de acciones.» 
Exposición de motivos 
Garantizar la coherencia entre los apartados 2.4 y 3.3 del dictamen. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 49; votos en contra: 66; abstenciones: 11.