ES Diario Oficial de la Unión Europea C 191/97

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia una política de Derecho penal de la UE: garantizar la aplicación efectiva de las políticas de la UE mediante el Derecho penal»

[COM(2011) 573 final]

2012/C 191/17

Ponente: Edouard DE LAMAZE

El 20 de septiembre de 2011, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Hacia una política de Derecho penal de la UE: garantizar la aplicación efectiva de las políticas de la UE mediante el Derecho penal»

COM(2011) 573 final.

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 22 de marzo de 2012.

En su 480o Pleno de los días 25 y 26 de abril de 2012 (sesión del 25 de abril de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 131 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones el presente dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 El CESE respalda el objetivo de la Comunicación consistente en regular el ejercicio de la competencia de la UE en materia penal reconocida por el artículo 83, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, TFUE) en una serie de nuevos sectores armonizados. Así, la UE podría disponer de un instrumento eficaz para mejorar y reforzar la aplicación de sus políticas, todo ello en la línea de los avances jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la UE en 2005 y de las dos Directivas de 2008 y 2009 encaminadas a instaurar un Derecho penal medioambiental.

1.2 La Comunicación de la Comisión es un progreso indudable en la medida en que, por primera vez, la UE propone definir una política que oriente su actuación en materia penal. El CESE considera que ésta deberá contar con un fuerte impulso político.

1.3 En cuanto a los referidos avances jurídicos, el CESE quiere recordar, con carácter preliminar, que la intención de velar por la aplicación de las políticas de la Unión no constituye de por sí una justificación suficiente para recurrir al Derecho penal, en la medida en que la ampliación del ámbito de aplicación del Derecho penal europeo está supeditada al respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

1.4 Por razón del carácter aflictivo e infamante de la sanción penal, la incriminación de una conducta determinada debe ser el último recurso (la «ultima ratio») que la Unión imponga a los Estados miembros. Las dificultades con que se encuentran los Estados miembros a la hora de aplicar una política de la UE, y que ponen en entredicho su eficacia, no pueden justificar por si solas el recurso al Derecho penal. Es necesario que las conductas en cuestión lesionen gravemente un interés considerado fundamental.

1.5 El CESE estima que el proyecto de la Comisión requiere previamente delimitar mejor el contenido del concepto de interés general definido a nivel europeo, concepto que hasta ahora no existe en el ámbito jurídico, pero que es sin embargo necesario para poder justificar la imposición a los ciudadanos europeos de sanciones penales establecidas a escala de la UE. En efecto, el mero interés de los consumidores no basta para justificar tales medidas.

1.6 Con carácter más general, el CESE anima a analizar la manera de proteger, en el futuro, los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales, mediante sanciones penales establecidas a escala de la UE. Respecto de los segundos, ello requeriría reflexionar sobre la manera de lograr su aproximación en los distintos Estados miembros. Tras constatar que las definiciones de incriminación y sanción pueden diferir en función de los Estados miembros hasta el punto de vulnerar derechos fundamentales al violar los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, el CESE considera, asimismo, que en tales supuestos sería necesaria una armonización en materia penal.

1.7 La decisión de adoptar nuevas medidas penales en el ámbito europeo ha de justificarse previamente mediante una evaluación de impacto realizada en cooperación con expertos de los distintos Estados miembros que incluya, en particular, un estudio de Derecho comparado sobre los sistemas encargados de aplicar la referida normativa en la esfera de los Estados Miembros y una evaluación de la necesidad de mejorar el Estado de Derecho que ponga de relieve la necesidad de que esta nueva disposición sea adoptada a nivel europeo.

1.8 En otras palabras, la evaluación pendiente debe poner de relieve la necesidad de una norma europea en materia penal a la luz de los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad (exigencia de «ultima ratio») de la sanción penal respecto del incumplimiento de que se trate. El CESE se congratula de que la Comisión enfoque de este modo la ampliación de la intervención de la UE en materia penal.

1.9 La eficacia y el impacto sobre los derechos fundamentales del instrumento penal definido a nivel europeo deberán someterse, según el CESE, a una evaluación científica e independiente como complemento indispensable de la evaluación de impacto previa.

1.10 El CESE considera indispensable precisar el contenido de una política de armonización en materia penal dado, en particular, que tiene por finalidad la aproximación de las definiciones de las sanciones y las infracciones.

1.11 El CESE considera que las normas mínimas adoptadas a escala de la UE no deberían interferir con la definición de las categorías de infracción por parte de las instancias nacionales, que está vinculada, por cierto, con su sistema judicial. Considera también que se les debe dejar la libertad de diseñar su propia estrategia en materia penal en estricta conformidad con el principio de subsidiariedad.

1.12 El CESE insiste en que, cualquier caso, la aproximación progresiva de las normas de Derecho penal sustantivo solo podrá realizarse de manera orgánica, partiendo de una estrecha cooperación tanto entre los órganos de acusación pública (ministerios de justicia y fiscales) como entre los órganos judiciales. Semejante cooperación debería asegurarse mediante un presupuesto específico. No obstante, esta aproximación no basta para eliminar la heterogeneidad de las normas de procedimiento penal nacionales, especialmente en lo que respecta a la garantía concreta del ejercicio de los derechos de defensa (como, por ejemplo, el ejercicio de las vías de recurso). Nótese que la Comunicación no incluye la regulación de las normas procesales. Por consiguiente, los procedimientos penales y las prácticas de los distintos sistemas penales engendran divergencias que escapan a las previsiones del legislador europeo. Así las cosas, el CESE otorga especial importancia a que se encomiende al futuro fiscal europeo el seguimiento, dentro del ámbito de sus atribuciones, del acercamiento progresivo de las legislaciones penales nacionales que servirán de base a sus futuras diligencias judiciales.

1.13 Por otra parte, el CESE considera conveniente llevar a cabo una reflexión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que actualmente no está reconocida por todos los Estados miembros. Pues bien, esta desigualdad ante la ley exige una reflexión prioritaria, dado que gran parte de las infracciones en materia económica, social y medioambiental son imputables a empresas industriales y comerciales.

1.14 La ampliación del ámbito penal europeo requiere reflexionar, con carácter preliminar, sobre cuestiones como:

— la preferencia del Derecho penal frente a cualquier otro sistema de prevención y resarcimiento, como los regímenes de sanciones administrativas, o incluso fiscales, y la vía abierta por las acciones colectivas («class action»), así como respecto de la mediación;

— la determinación del nivel de sanción pertinente que deba definirse a escala europea, pues de lo contrario el nuevo Derecho penal resultaría menos disuasorio que muchas de las legislaciones que está llamado a reemplazar;

— el papel de Eurojust y del futuro fiscal europeo.

1.15 Por último, el CESE considera que la reflexión sobre el principio de expansión del Derecho penal europeo implica otra correlativa sobre el respeto de los derechos de defensa, que gozan de menor protección fuera del marco judicial del proceso penal. Pues bien, la ampliación del espacio penal europeo, precisamente por la efectividad que debe caracterizar esta iniciativa, requiere reforzar los derechos de defensa, en particular en el marco de Eurojust y Europol. Éstos deberán garantizase efectivamente en la práctica y para cada ciudadano de la UE. Solo así podrá el Derecho penal europeo satisfacer la exigencia del respeto de los derechos fundamentales impuesta por los Tratados (artículo 67, apartado 1, y artículo 83, apartado 3, del TFUE).

2. Contenido de la Comunicación

2.1 La Comisión Europea afirma que, tanto en el sector financiero como en materia de protección de los intereses financieros de la UE, de la protección del euro y de lucha contra la falsificación, la intervención de la UE en materia penal se reconoce generalmente como necesaria para reforzar la aplicación efectiva de las políticas de la UE.

2.2 Insta a analizar la conveniencia de ampliarla a los ámbitos siguientes: transporte por carretera, protección de datos, normas aduaneras, protección medioambiental, política pesquera y políticas de mercado interior (falsificación, corrupción o contratación pública). La lista no es exhaustiva.

2.3 La intervención de la UE encuentra su base jurídica en el artículo 83, apartado 2, del TFUE, que dispone que «cuando la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en materia penal resulte imprescindible para garantizar la ejecución eficaz de una política de la Unión en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización» se podrán establecer «normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones».

2.4 Aunque el Tratado de Lisboa proporciona una base jurídica que permite adoptar directivas en materia de Derecho penal, éstas han de respetar estrictamente no solo los derechos fundamentales garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sino también los principios generales de subsidiariedad y de proporcionalidad. Como se precisa en la Comunicación, acudir al Derecho penal debe ser el último recurso («ultima ratio»).

2.5 Con arreglo al principio de subsidiariedad, como se explica en la Comunicación, la UE solo podrá intervenir si los Estados miembros no logran hacer que se respete el Derecho de la Unión o si se constata la existencia, en este ámbito, de divergencias significativas entre los Estados miembros que den lugar a incoherencias en su aplicación.

2.6 En cumplimiento de la exigencia de «ultima ratio», la Comisión anuncia que la decisión de optar por las sanciones penales o las administrativas se basará en una evaluación de impacto exhaustiva. Para esta tarea contará con la asistencia de un grupo de expertos al que se encomendará, asimismo, la interpretación de determinados conceptos fundamentales de Derecho penal («sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias», «casos de menor gravedad», «complicidad e incitación», etc.).

2.7 La Comisión evalúa el valor añadido de la intervención de la UE en materia penal a la luz de cuatro objetivos:

— fomentar la libre circulación de las personas y el comercio transfronterizo (mediante normas mínimas relativas a los derechos procesales);

— impedir la existencia de «refugios seguros»;

— reforzar la confianza mutua entre las autoridades judiciales y la cooperación entre los servicios represivos;

— impedir y sancionar los delitos graves contra la legislación de la UE (medio ambiente, lucha contra el empleo ilegal, etc.).

2.8 La Comunicación no se refiere a las medidas que, con arreglo al artículo 83, apartado 1, del TFUE, puedan adoptarse para luchar contra las infracciones enumeradas de manera limitativa –los denominados «delitos europeos»– dada su particular gravedad y su carácter transfronterizo (1).

3. Consideraciones generales

3.1 El objeto de esta Comunicación es especialmente sensible dado que la política en materia penal incumbe desde el origen de los Estados al poder soberano y que, por naturaleza, las normas penales afectan directamente a las libertades individuales y a los derechos de cada ciudadano.

3.2 Aunque en determinados ámbitos, en particular la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, regulados por el artículo 83, apartado 1, del TFUE, se constata indudablemente una demanda de que la Unión intervenga en materia penal, el CESE no está convencido de que exista semejante demanda respecto de las cuestiones reguladas por el artículo 83, apartado 2, del TFUE.

3.3 Justificación de una legislación europea en materia penal

3.3.1 Necesidad de un interés legítimo suficiente

3.3.1.1 Las innovaciones introducidas por el Tratado de Lisboa constituyen un acervo por el cual el CESE se congratula. Ello facilita la adopción de directivas en materia penal y garantiza mejor la protección de los derechos fundamentales.

3.3.1.2 No obstante, el CESE quiere disipar de entrada una posible confusión: el artículo 83, apartado 2, del TFUE no permite pensar que la voluntad de garantizar la consecución de las políticas de la Unión podría bastar, por si misma, para legitimar el recurso al Derecho penal.

3.3.1.3 La «recuperación económica», a la que se refiere la Comisión como posible justificación de la ampliación del ámbito de intervención de la UE en materia penal (página 10), objetivo ciertamente esencial y cuyo carácter prioritario debemos reconocer todos, no puede considerarse por sí mismo un interés legítimo suficiente para justificar el recurso al Derecho penal. Por otra parte, este objetivo depende de muchos otros elementos además de la lucha contra «la economía ilegal y la delincuencia financiera», a la cual tampoco cabe circunscribir, según la Comisión, la intervención de la UE en materia penal.

3.3.1.4 El CESE considera que el proyecto de la Comisión requiere previamente delimitar mejor el contenido del concepto de interés general definido a nivel europeo, concepto que todavía no existe en el ámbito jurídico, pero que es sin embargo necesario para poder justificar la imposición a los ciudadanos europeos de sanciones penales establecidas a escala de la UE. En efecto, el mero interés de los consumidores no basta para justificar tales medidas.

3.3.1.5 Con carácter más general, el CESE anima a analizar la manera de proteger, en el futuro, los derechos fundamentales y los derechos sociales mediante sanciones penales establecidas a escala de la UE. Respecto de los segundos, ello requeriría reflexionar sobre la manera de lograr su aproximación en los distintos Estados miembros. Tras constatar que las definiciones de incriminación y sanción pueden diferir en función de los Estados miembros hasta el punto de vulnerar derechos fundamentales al violar los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, el CESE considera, asimismo, que en tales supuestos sería necesaria una armonización en materia penal.

3.3.2 El «metaprincipio» de subsidiariedad y la exigencia de una «ultima ratio»

3.3.2.1 En el marco de una legislación europea en materia penal, el CESE otorga particular importancia al respeto del principio de subsidiariedad, el cual reviste especial importancia dado que los valores sociales protegidos por el Derecho penal están estrechamente vinculados con la estructura social y la propia identidad de las sociedades de los Estados miembros. El TFUE consagra esta identidad al poner de relieve que los Estados miembros no deben dudar en ejercitar sus prerrogativas y accionar el denominado «freno de emergencia», en caso de que consideren que la legislación propuesta afecta a aspectos fundamentales de su sistema de justicia penal (artículo 83, apartado 3).

3.3.2.2 El CESE considera que las normas mínimas de Derecho penal adoptadas a nivel europeo no deberían interferir con la definición de las categorías de infracción por parte de las instancias nacionales, que está vinculada, por cierto, con su sistema judicial. Considera también que se les debe dejar la libertad de diseñar su propia estrategia en materia penal en estricta conformidad con el principio de subsidiariedad

3.3.2.3 El CESE pone de relieve que la Comunicación precisa que, en virtud del principio de subsidiariedad, la intervención de la UE en materia penal se justifica únicamente si la totalidad o una parte importante de Estados miembros no logra hacer que se respete el Derecho de la Unión mediante el ejercicio de sus prerrogativas normativas propias. La cuestión de la intervención de la UE merece plantearse si uno solo o un número reducido de Estados miembros no logra dicho objetivo.

3.3.2.4 Dado que puede afectar a los derechos de la persona, cualquier legislación penal europea ha de ajustarse, asimismo, al principio de proporcionalidad y, en particular, a la exigencia de una «ultima ratio», que supone justificar previamente que no existe otra manera menos coercitiva de alcanzar el objetivo perseguido.

3.3.2.5 En la Comunicación se hace hincapié en la importancia de aplicar dichos principios, lo que presupone realizar evaluaciones que tengan en cuenta todas las medidas alternativas posibles.

3.3.2.6 El CESE aprecia la intención mostrada por la Comisión de proceder a realizar tales estudios. La Comisión ha anunciado que «desarrollará planes para recoger nuevos datos estadísticos y pruebas a fin de abordar los ámbitos cubiertos por los artículos 325, apartado 4, y 83, apartado 2» (véase el punto 2.2.2).

3.3.2.7 En cumplimiento de la exigencia de una «ultima ratio», anuncia que el legislador deberá basarse en evaluaciones de impacto que incluyan «una evaluación de si los regímenes sancionadores de los Estados miembros logran el resultado deseado y las dificultades a que se enfrentan las autoridades nacionales que aplican la legislación de la UE sobre el terreno» (véase el punto 2.2.1).

3.3.2.8 Es preciso reconocer que actualmente existen muy pocas evaluaciones sobre la transposición y aplicación de la legislación europea por parte de los Estados miembros, o estudios comparativos realizados en los distintos sistemas jurídicos. La primera tarea consistiría en desarrollarlos. Solo a la luz de los resultados que arrojen cabrá establecer realmente, según el CESE, el carácter «indispensable» de semejante iniciativa de armonización.

3.3.2.9 El CESE insiste en la necesidad de caracterizar a la vez las carencias del ordenamiento jurídico de los Estados miembros y la naturaleza de las dificultades que supongan para la Unión las divergencias conceptuales en materia de incriminación, sanción y efectividad de la represión.

3.3.2.10 El CESE considera que el instrumento penal europeo deberá someterse, asimismo, a una evaluación científica e independiente que aprecie su eficacia e impacto respecto de los derechos fundamentales. Solo una evaluación de este tipo permitirá reforzar las medidas realmente eficaces y descartar las demás. Ello implica que los Estados miembros se doten de un instrumento financiero especifico que permita dedicar, con cargo a su presupuesto, los recursos económicos necesarios. Ello supone, asimismo, definir, a escala europea, una metodología común que establezca los principales indicadores e instrumentos de medida.

3.3.2.11 El CESE es consciente de que la reflexión sobre el principio de subsidiariedad en materia de Derecho penal está sólo en sus comienzos, y que la jurisprudencia todavía es incipiente. Hace hincapié, al respecto, en el interés de desarrollar la reflexión para definir mejor este concepto. Con carácter más general, anima a profundizar la reflexión sobre los principios que sustentan toda la legislación europea en materia penal.

3.3.2.12 El CESE considera que los argumentos esgrimidos en la Comunicación para poner de relieve el valor añadido de la intervención de la Unión en materia penal (página 4) merecen un análisis pormenorizado.

3.3.2.12.1 En particular, aunque el argumento de las divergencias existentes en la UE en cuanto a las sanciones plantea sobre todo la cuestión, según el CESE, de las discriminaciones entre ciudadanos europeos respecto de los derechos fundamentales, no obstante ello debe relativizarse: primero, en razón de la facultad discrecional otorgada a los jueces en muchos Estados miembros y, además, porque el efecto disuasorio se deriva principalmente de la eficacia de los órganos de acusación.

3.3.2.12.2 El CESE insiste en que, en cualquier caso, la aproximación progresiva de las normas de Derecho penal sustantivo sólo podrá realizarse de manera orgánica, basándose en la cooperación de las autoridades jurisdiccionales nacionales, que deberá garantizarse mediante un presupuesto específico. Destaca que la armonización deseada no logrará salvar enteramente todas las divergencias entre las normas procesales penales ni, en particular, respecto de la concepción del principio de procedimiento contradictorio y de los derechos de defensa.

3.3.2.12.3 Así, en caso de que se considere necesario intervenir en materia de Derecho penal, el CESE llama la atención sobre la necesidad de alcanzar una armonización en materia probatoria.

3.3.2.13 Por último, el CESE insiste en recordar que, en cumplimiento de la exigencia de una «ultima ratio», se debe explorar la vía de los medios preventivos, en particular mediante iniciativas en el ámbito social, la cual puede combinarse eficazmente con sanciones penales.

3.3.3 Otros principios

3.3.3.1 El CESE recuerda que, en virtud de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos, sobre el legislador pesa la obligación de mostrar claridad y precisión al enunciar las incriminaciones, que no es más que un reflejo de la obligación general de garantizar la seguridad jurídica. Según el CESE, esta obligación debería ampliarse a las conductas accesorias como la instigación y la complicidad, cuya definición difiere según los Estados miembros.

3.3.3.2 Como recuerda la Comisión, el proyecto de armonizar las legislaciones no puede llevar a elevar los niveles de sanción aplicables en los Estados miembros. Con arreglo al principio de coherencia (vertical), el CESE recuerda que las penas mínimas previstas por la UE no deben suponer un agravamiento de las penas máximas aplicables en un Estado miembro, lo cual sería contrario al sistema jurídico de dicho Estado (artículo 67, apartado 1, del TFUE). Anima a distinguir los conceptos de severidad y eficacia con vistas a evaluar una sanción.

3.3.3.3 En cuanto a las sanciones propuestas por la UE, el CESE recuerda que conviene tener en cuenta, asimismo, en aras de la coherencia horizontal, los niveles de sanción ya establecidos mediante actos legislativos europeos.

3.4 Conceptos jurídicos pendientes de aclaración

3.4.1 La Comisión se ha propuesto, manifiestamente, entablar un debate antes de establecer la definición de determinados conceptos esenciales, razón por la cual su Comunicación adolece de cierta falta de claridad. Aunque el CESE es consciente del alcance político del documento, lamenta que no se pueda entablar el debate partiendo de bases estables, como hubiera deseado. Subraya, en particular, la complejidad de la distinción, ciertamente necesaria, entre los conceptos de sanción penal y sanción administrativa. Se cuestiona, asimismo, sobre lo que debe entenderse por «infracción grave» a efectos del Derecho de la Unión.

3.4.2 Los trabajos del grupo de expertos deberían ayudar a salvar algunas ambigüedades. El CESE velará por que los expertos que se designen sean efectivamente, con arreglo a lo previsto, juristas, abogados, magistrados, criminólogos, etc.

3.5 ¿A qué ámbitos debe ampliarse la intervención de la UE en materia penal?

3.5.1 La Comunicación evoca acertadamente las alternativas al Derecho penal pero, según el CESE, no llega a inferir todas las consecuencias: la reacción de la UE ante las conductas anómalas en materia financiera, social y económica debe, según él, integrar la propia opción económica, es decir, las sanciones administrativas y civiles (como, por ejemplo, la prohibición de ejercer una profesión).

3.5.2 La ausencia de estrategia global en materia de política penal a escala de la UE priva de justificación rigurosa a la lista de sectores en los que la Comisión podría considerar tomar iniciativas.

3.5.3 La intervención de la UE debería basarse, según el CESE, en tres criterios: el nivel de gravedad (pendiente de determinación) y la dimensión transnacional de las infracciones, pero también el criterio común de su «carácter atentatorio», en función de la importancia del interés afectado.

3.6 Determinación del nivel de armonización

3.6.1 El CESE toma nota del objetivo de la Comunicación consistente en fijar normas mínimas. El Tratado no permite ir más allá y excluye cualquier armonización total. No obstante, las normas mínimas pueden plasmar una voluntad de armonización más o menos ambiciosa. El CESE considera importante determinar con precisión el nivel de armonización deseado, todo ello en función de los sectores considerados. Aunque el Parlamento Europeo pueda imprimir el impulso político necesario garantizando al mismo tiempo la legitimidad democrática, es esencial que los parlamentos nacionales aborden esta cuestión y se pronuncien al respecto, conforme a sus nuevas atribuciones, con el fin de reforzar la confianza en el Derecho penal europeo.

3.6.2 Tanto más cuanto que la empresa colosal y recurrente que supone armonizar las definiciones de las infracciones y las sanciones –y ello aunque se adopte un enfoque minimalista— afectará necesariamente, según el CESE, a la identidad de cada ordenamiento jurídico nacional.

3.7 Derechos de defensa

3.7.1 El CESE hace hincapié en que aunque, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sanción, ya sea de naturaleza administrativa o penal, otorga idénticas garantías para el justiciable (en aplicación del artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales), en realidad pueden surgir divergencias en materia de protección de los derechos de defensa en función del tipo de sanción escogida. Esta situación de hecho demuestra, en opinión del CESE, la necesidad de definir claramente y a priori el alcance de los conceptos de sanción administrativa y de sanción penal.

3.7.2 Para proteger mejor los derechos de defensa en caso de sanción administrativa, el CESE se inclina por instaurar principios encaminados a otorgarles un carácter jurisdiccional.

3.7.3 El CESE insiste en que la cuestión de los derechos de defensa se plantea igualmente en el marco de la cooperación de los órganos judiciales y represivos (en particular, Eurojust y Europol).

3.8 Cuestiones subsidiarias

3.8.1 La cuestión del régimen de responsabilidad (penal o civil) que deba ser aplicado a las personas jurídicas

3.8.1.1 El hecho de que algunos Estados miembros no admitan todavía la responsabilidad penal de las personas jurídicas crea un muro entre la eficacia de los posibles modos de represión y el recurso a los órganos jurisdiccionales competentes (penales o civiles en aplicación de las normas de Derecho internacional privado, generando un riesgo de). Por ejemplo, es evidente que en caso de episodios graves de contaminación transfronteriza, la respuesta penal es más eficaz si se dirige contra los responsables, por lo general empresas, que si se limita únicamente a los responsables sociales o, incluso, a los simples empleados. Esta cuestión merece analizarse detenidamente, en particular, en lo referente a la facultad de delegación de responsabilidades dentro de las empresas, sin lo cual no cabe establecer equivalencias en materia penal y, por consiguiente, en cuanto al nivel de intimidación del arsenal preventivo.

3.8.1.2 En la medida en que la armonización del Derecho penal de las sociedades suscita dificultades conceptuales entre Estados miembros, la represión de la violación de las reglas fundamentales que garantizan la construcción de las normas europeas sigue siendo de naturaleza exclusivamente administrativa, ya sea por iniciativa de la Comisión, de los Estados miembros o de sus autoridades independientes. Es importante que cuando comparezcan ante las instancias que tienen facultades para imponer sanciones, se garanticen los derechos de defensa de las personas jurídicas, al igual que si conociera del caso un juez penal.

3.8.2 En la Comunicación se abordan también otras cuestiones.

3.8.2.1 ¿Es necesario definir en la legislación de la Unión el concepto de negligencia grave?

3.8.2.2 Fiel al principio «nulla poena sine culpa», el CESE considera que aunque la legislación de la UE en materia penal defina la conducta deliberada, incumbe a los Estados miembros la competencia exclusiva para instaurar sanciones que repriman las negligencias graves (pendiente de debate).

3.8.3 ¿Es preciso introducir en la legislación de la Unión medidas de confiscación?

3.8.3.1 Aunque la introducción en la legislación europea de la pena de confiscación (distíngase del embargo de bienes) no parece contravenir principio alguno, especialmente en materia de tráfico de estupefacientes, la cuestión merece un debate pormenorizado cuando se trate de una medida de confiscación general del patrimonio, que en muchos ordenamientos jurídicos no existe y que puede suscitar cuestiones en cuanto a la proporcionalidad e incertidumbre de la pena.

Bruselas, 25 de abril de 2012. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Staffan NILSSON

(1) El terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada.