COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 12.9.2018 COM(2018) 646 final 2017/0230(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos; el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos; el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2015/760, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado; y la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (Texto pertinente a efectos del EEE)



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La propuesta de revisión de los Reglamentos de las Autoridades Europeas de Supervisión presentada por la Comisión en septiembre de 2017 (en lo sucesivo, «la propuesta de revisión de las AES») va encaminada a reforzar la capacidad de dichas Autoridades para llevar a cabo una supervisión financiera convergente y eficaz, pero no persigue específicamente el objetivo de ampliar su mandato en lo relativo a la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pese al marco legislativo más firme en este ámbito, varios casos recientes de blanqueo de capitales en bancos europeos han puesto de manifiesto que posiblemente aún conviene mejorar el marco de supervisión de la Unión, a fin de lograr una mayor confianza en la Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales. Esas mejoras deben introducirse con rapidez y determinación. La forma más eficiente de hacerlo consiste en modificar la propuesta de revisión de las AES y en reforzar de manera decisiva, en particular, la función de la Autoridad Bancaria Europea. La Comisión pide a los legisladores que adopten estas nuevas modificaciones, junto con la propuesta de revisión de las AES, lo antes posible. Los objetivos de la presente propuesta de modificación son los siguientes: 1) optimizar el uso de conocimientos y recursos especializados centralizando las funciones relacionadas con la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Autoridad Bancaria Europea; 2) aclarar el alcance y el contenido de las funciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales asignadas a la Autoridad Bancaria Europea; 3) reforzar los instrumentos para llevar a cabo las funciones de lucha contra el blanqueo de capitales; 4) consolidar la función de coordinación desempeñada por la Autoridad Bancaria Europea en relación con la lucha internacional contra el blanqueo de capitales. Con este fin, se propone conferir a la Autoridad Bancaria Europea un papel de liderazgo y coordinación con objeto de centralizar los recursos, actualmente dispersos entre las tres Autoridades Europeas de Supervisión, y dotarla de una estructura de apoyo más sólida, habida cuenta asimismo de que las probabilidades de que los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tengan un impacto sistémico son mayores en el sector bancario. Atendiendo a los instrumentos existentes y las competencias de las Autoridades modificadas por la propuesta de revisión de las AES pendiente, se propone conferir a la Autoridad Bancaria Europea un mandato más explícito y global para velar por que los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a que está expuesto el sistema financiero de la Unión se incorporen de manera efectiva y sistemática a las estrategias y prácticas de supervisión de todas las autoridades pertinentes. La Autoridad Bancaria Europea estará también facultada para solicitar a las autoridades competentes que investiguen posibles infracciones de las normas pertinentes y que supervisen los procedimientos nacionales en este ámbito. En circunstancias muy concretas, podrá dirigir directamente a los operadores del sector financiero sus decisiones en relación con asuntos relacionados con el blanqueo de capitales y participar en un proceso de mediación vinculante entre las autoridades nacionales competentes en la materia. • Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La presente propuesta de modificación es coherente con la labor en curso de la Comisión orientada a reforzar el marco de supervisión financiera de la Unión, a desarrollar la Unión de los Mercados de Capitales y a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La base jurídica de todas las modificaciones contenidas en la presente propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) Puesto que las Autoridades Europeas de Supervisión son organismos de la Unión, los Reglamentos por los que se rigen solo pueden ser modificados por el legislador de la Unión. Además, el objetivo de la presente propuesta es mejorar la eficacia de la supervisión, fomentar la cooperación entre las autoridades competentes y optimizar el uso de los conocimientos especializados y recursos a nivel de la Unión en asuntos relacionados con los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se garantizará así un funcionamiento más coherente y eficaz del mercado interior, un objetivo que no puede ser alcanzado por los Estados miembros de forma individual. •Proporcionalidad Las modificaciones contenidas en la presente propuesta constituyen cambios selectivos destinados a mejorar el marco de supervisión de la Unión, y que no exceden de lo necesario para alcanzar los objetivos que en la propuesta se establecen. Las modificaciones propuestas contribuirán a mejorar la integridad, estabilidad y eficacia del sistema financiero en toda la Unión.

•Elección del instrumento La presente propuesta modifica la propuesta de revisión de las AES pendiente. Modifica los Reglamentos por los que se rigen las tres Autoridades Europeas de Supervisión y la Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y adopta la forma de un reglamento. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Obtención y uso de asesoramiento especializado La presente propuesta tiene en cuenta la labor de reflexión realizada por el Grupo de Trabajo Conjunto compuesto por los Presidentes de las Autoridades Europeas de Supervisión, el presidente del Consejo de Supervisión del Mecanismo Único de Supervisión, el presidente del subcomité de lucha contra el blanqueo de capitales del Comité Mixto y la Comisión, así como los intercambios que han tenido lugar con las partes interesadas pertinentes. •Evaluación de impacto Dada la urgente necesidad de preservar el sistema bancario europeo y protegerlo frente a operaciones de blanqueo de capitales potencialmente perjudiciales, esta iniciativa se ha preparado prescindiendo de toda evaluación de impacto o consulta pública, pero utilizando la experiencia práctica y los conocimientos técnicos que sustentan el documento de reflexión mencionado anteriormente. •Adecuación regulatoria y simplificación Se trata de una modificación específica del marco de la Unión en materia de supervisión prudencial y antiblanqueo de las entidades financieras y los participantes en los mercados financieros, a fin de centralizar en la Autoridad Bancaria Europea las funciones de las Autoridades Europeas de Supervisión relacionadas con la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector financiero, así como de reforzar los instrumentos para llevar a cabo las tareas de lucha contra el blanqueo de dinero y coordinarlas. Cabe esperar que las modificaciones incrementen la eficacia y eficiencia de la supervisión a nivel de la Unión y mejoren la seguridad jurídica y económica, lo cual va en consonancia con el Programa de Mejora de la Legislación de la Comisión. •Derechos fundamentales La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en detalle en la ficha financiera legislativa complementaria que figura al final de la propuesta. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La aplicación del presente Reglamento se revisará con motivo de las revisiones periódicas del marco de las Autoridades que tienen lugar cada tres años. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta Reforzar el papel de la Autoridad Bancaria Europea Las modificaciones propuestas del artículo 1, apartado 2, amplían el ámbito de actuación de la Autoridad Bancaria Europea de forma selectiva, a fin de incorporar a su mandato las cuestiones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todo el sector financiero, complementando así su actual mandato en el sector bancario. Las modificaciones propuestas del artículo 4, apartado 2, garantizan una definición específica de los operadores del sector financiero, que incluyen a todas las entidades financieras pertinentes sujetas a la Directiva 2015/849, incluidas las que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

El artículo 8, apartado 1, letra l), de la propuesta hace hincapié en la particular importancia atribuida a la labor de la Autoridad Bancaria Europea en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El nuevo artículo 9 bis propuesto proporciona a la Autoridad Bancaria Europea herramientas reforzadas para promover medidas coherentes, sistemáticas y eficaces en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sistema financiero de la Unión. En particular, faculta a la Autoridad Bancaria Europea para recoger información sobre las deficiencias detectadas en los procesos y procedimientos, la gobernanza, el modelo de negocio y las actividades de las entidades financieras para impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como en las medidas adoptadas por las autoridades competentes, y para poner dicha información a disposición de las autoridades competentes pertinentes, cuando proceda. Asimismo, pone de relieve la importancia de llevar a cabo evaluaciones de las autoridades competentes, así como ejercicios de valoración de riesgos destinados a poner a prueba las estrategias y los recursos de las autoridades competentes en relación con los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El artículo propuesto atribuye también a la Autoridad Bancaria Europea el cometido de cooperar y servir de enlace con los supervisores pertinentes de terceros países en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, con vistas a mejorar la coordinación de la acción a nivel de la Unión en los casos importantes de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo que implican a terceros países. Por último, el artículo propuesto prevé que la labor de coordinación y cooperación en lo relativo a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se realice a través de un Comité de Lucha contra el Blanqueo de Capitales integrado en la Autoridad Bancaria Europea. El Comité estará compuesto por los máximos responsables de las autoridades y organismos de los Estados miembros competentes para velar por el cumplimiento de los requisitos de la Directiva 2015/849/UE por parte de las entidades financieras, y por observadores de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de la Comisión Europea y del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo. El artículo 9 ter propuesto tiene por objeto reforzar la capacidad de la Autoridad Bancaria Europea para garantizar la eficacia del Derecho de la Unión en el ámbito de la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cuando existan indicios de infracciones graves, faculta a la Autoridad para solicitar a las autoridades competentes que investiguen las posibles infracciones de las normas pertinentes y consideren la posibilidad de adoptar decisiones con respecto a los operadores del sector financiero e imponerles sanciones. Las modificaciones introducidas en el artículo 17, sobre el procedimiento en caso de infracción del Derecho de la Unión, y en el artículo 19, sobre el procedimiento de mediación vinculante, prevén que se faculte a la Autoridad Bancaria Europea, en el marco de sus funciones en la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para adoptar decisiones individuales dirigidas a operadores del sector financiero, aun cuando las normas sustantivas no sean directamente aplicables a dichos operadores. Estarán incluidas las normas sustantivas contenidas en la legislación nacional de transposición de las directivas, así como en las disposiciones nacionales en las que se ejerzan opciones otorgadas a los Estados miembros en reglamentos. Las modificaciones del artículo 54 propuestas aclaran que el Comité Mixto de las tres Autoridades Europeas de Supervisión servirá de foro de cooperación entre ellas en cuestiones relacionadas con la interacción entre los aspectos prudenciales y de lucha contra el blanqueo de capitales. Las modificaciones propuestas del Reglamento por el que se rige la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y del Reglamento por el que se rige la Autoridad Europea de Valores y Mercados suprimen del ámbito de actuación de ambas Autoridades la Directiva 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y aclaran que deberá recurrirse al Comité Mixto como foro de cooperación en las cuestiones relacionadas con la interacción entre los aspectos prudenciales y de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo, la propuesta incluye pequeñas modificaciones de la Directiva 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, a fin de sustituir las referencias a las Autoridades Europeas de Supervisión por una referencia a la Autoridad Bancaria Europea. Estas modificaciones de carácter técnico están destinadas a garantizar la coherencia con la nueva función propuesta para esta última Autoridad. 2017/0230 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos; el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos; el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2015/760, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado; y la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Banco Central Europeo, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)A raíz de la crisis financiera y de las recomendaciones de un grupo de expertos de alto nivel dirigido por Jacques de Larosière, la Unión ha logrado importantes avances en la creación de normas no solo más estrictas, sino también más armonizadas para los mercados financieros, en forma de código normativo único. La Unión también ha creado el Sistema Europeo de Supervisión Financiera (en lo sucesivo, «SESF»), basado en un sistema de dos pilares, que combina una supervisión microprudencial, coordinada por las Autoridades Europeas de Supervisión (en lo sucesivo, «AES»), y una supervisión macroprudencial, mediante la creación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (en lo sucesivo, «JERS»). Las tres AES, a saber, la Autoridad Bancaria Europea (en lo sucesivo, «ABE»), creada mediante el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (en lo sucesivo, «AESPJ»), creada mediante el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (en lo sucesivo, «AEVM»), creada mediante el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (denominados colectivamente «los Reglamentos constitutivos»), empezaron a funcionar en enero de 2011. El objetivo general de las AES es fortalecer de manera sostenible la estabilidad y la eficacia del sistema financiero en toda la Unión y mejorar la protección de los inversores y los consumidores. (2)Las AES han contribuido de manera decisiva a la armonización de las normas de los mercados financieros en la Unión, aportando a la Comisión información para sus propuestas de reglamentos y directivas adoptados por el Consejo y el Parlamento. También han suministrado a la Comisión proyectos de normas técnicas detalladas, que han sido adoptadas como actos delegados o de ejecución. (3)Asimismo, han contribuido a la convergencia de la supervisión financiera y las prácticas de supervisión en la Unión mediante directrices dirigidas a las autoridades competentes y la coordinación del examen de dichas prácticas de supervisión. No obstante, los procesos decisorios contemplados en sus Reglamentos constitutivos, sumados a la limitación de los recursos y a la naturaleza de los instrumentos que las AES tienen a su disposición, les han impedido alcanzar plenamente sus objetivos generales. (4)Tras siete años de funcionamiento y a raíz de las evaluaciones y consultas públicas realizadas por la Comisión, parece que la capacidad de las AES para cumplir sus objetivos de una mayor integración de los mercados y servicios financieros y una mejor protección de los consumidores, dentro del marco legislativo en vigor, tanto en la Unión como entre la Unión y terceros países, es cada vez más limitada. (5)Reforzar las facultades atribuidas a las AES, con objeto de que puedan cumplir esos objetivos, requeriría también una gobernanza adecuada y una financiación suficiente. Unas competencias reforzadas no bastarían por sí solas para alcanzar los objetivos de las AES si no disponen de financiación suficiente o si no están gestionadas de manera eficiente y eficaz. (6)En la Comunicación de la Comisión, «Revisión intermedia del Plan de acción de la Unión de Mercados de Capitales», de 8 de junio de 2017, se hizo hincapié en que una supervisión más eficaz y coherente de los mercados y servicios financieros era esencial para eliminar las posibilidades de arbitraje regulador entre Estados miembros, en el ejercicio de sus funciones de supervisión, para acelerar la integración de los mercados y para abrir oportunidades ligadas al mercado único para las entidades financieras y los inversores. (7)Por consiguiente, es especialmente urgente seguir avanzando en la integración de la supervisión a fin de completar la Unión de los Mercados de Capitales. Diez años después del inicio de la crisis financiera y el establecimiento del nuevo sistema de supervisión, los servicios financieros y la Unión de los Mercados de Capitales se beneficiarán del impulso creciente de dos novedades principales: la financiación sostenible y la innovación tecnológica. Ambas tienen el potencial de transformar los servicios financieros y nuestro sistema de supervisión financiera debe estar preparado. (8)Por lo tanto, es crucial que el sistema financiero desempeñe plenamente su papel en la respuesta a los retos cruciales que plantea la sostenibilidad. Ello requerirá una profunda reestructuración del sistema financiero a la que las AES deben contribuir activamente, comenzando por reformas destinadas a crear un marco reglamentario y de supervisión adecuado para movilizar y orientar los flujos de capital privado hacia inversiones sostenibles. (9)Las AES deben desempeñar un papel destacado en la detección y la notificación de los riesgos que los factores ambientales, sociales y de gobernanza suponen para la estabilidad financiera, y en la mejora de la coherencia de la actividad de los mercados financieros con los objetivos de sostenibilidad. Las AES deben ofrecer orientaciones sobre la forma de incorporar efectivamente las consideraciones de sostenibilidad en la legislación financiera pertinente de la UE, y fomentar la aplicación coherente de estas disposiciones tras su adopción (10)La innovación tecnológica ha tenido un impacto cada vez mayor en el sector financiero y las autoridades competentes han adoptado por este motivo varias iniciativas para afrontar esos avances tecnológicos. Con el fin de promover una mayor convergencia en la supervisión e intercambiar las mejores prácticas entre las autoridades pertinentes, por una parte, y entre las autoridades pertinentes y las entidades financieras o los participantes en los mercados financieros, por otra, debe reforzarse el papel de las AES con respecto a su función de vigilancia y coordinación de la supervisión. (11)Los avances tecnológicos en los mercados financieros pueden mejorar la inclusión financiera, facilitar el acceso a la financiación, mejorar la integridad y la eficiencia operativa de los mercados, y reducir también las barreras de entrada en dichos mercados. En la medida en que sea pertinente para las normas sustantivas aplicables, la formación de las autoridades competentes también debe incluir la innovación tecnológica. Ello contribuiría a evitar que los Estados miembros desarrollen enfoques divergentes en esta materia. (11 bis) Resulta cada vez más importante promover un seguimiento y una evaluación coherentes, sistemáticos y eficaces de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sistema financiero de la Unión. Dadas las consecuencias que pueden acarrear para la estabilidad financiera los abusos del sector financiero con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, y partiendo de la experiencia ya adquirida por la ABE en la protección del sector bancario frente a tales abusos, esta debe desempeñar un papel de liderazgo a escala de la Unión a la hora de proteger el sistema financiero frente a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por consiguiente, es necesario conferir a la ABE, además de sus competencias actuales, la facultad de actuar en el marco del mandato del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, en la medida en que dicha facultad se refiera a la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y se aplique a los operadores del sector financiero y a las autoridades competentes responsables de su supervisión, que están comprendidos en el ámbito de aplicación de dichos Reglamentos. Además, concentrar en la ABE este mandato para todo el sector financiero optimizaría el uso de sus conocimientos especializados y recursos, y no afectaría a las obligaciones sustantivas establecidas en la Directiva (UE) 2015/849. (11 ter) Para que la ABE pueda ejercer con eficacia su mandato, debe hacer pleno uso de todas las competencias y los instrumentos que le otorga el Reglamento. En consonancia con su nuevo cometido, es importante que la ABE recopile toda la información oportuna en relación con las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo descubiertas por las pertinentes autoridades de la Unión y nacionales, sin perjuicio de las funciones asignadas a las autoridades en virtud de la Directiva (UE) 2015/849. La ABE debe almacenar esa información en una base de datos centralizada y fomentar la cooperación entre autoridades mediante una difusión adecuada de la información pertinente. Asimismo, la ABE debe llevar a cabo evaluaciones de las autoridades competentes, así como ejercicios de valoración de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por otra parte, la ABE debe también desempeñar el cometido de cooperar y servir de enlace con las autoridades pertinentes de terceros países en estos asuntos, con vistas a mejorar la coordinación de la acción a nivel de la Unión en los casos importantes de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo con una dimensión transfronteriza y que implican a terceros países. (11 quater) En aras de un control más eficaz por las autoridades de supervisión del cumplimiento de las normas en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y a fin de garantizar una mayor coordinación de la acción coercitiva de las autoridades nacionales competentes frente a las infracciones del Derecho de la Unión directamente aplicable o de sus medidas nacionales de transposición, la ABE debe estar facultada, cuando existan indicios de infracciones graves, para solicitar a las autoridades competentes que investiguen toda posible infracción de las normas pertinentes, y consideren la posibilidad de adoptar decisiones e imponer sanciones dirigidas a entidades financieras, conminándolas a cumplir sus obligaciones jurídicas. La ABE solo debe hacer uso de esta facultad cuando tenga indicios de infracciones graves. (12)Una serie de autoridades nacionales no se definen como autoridades competentes con arreglo a los Reglamentos constitutivos, a pesar de que están facultadas para velar por la aplicación de la legislación de la Unión en el ámbito de los servicios y los mercados financieros. En aras de la coherencia, eficiencia y eficacia de las prácticas de supervisión en el SESF, es necesario definirlas como tales. Las AES podrán así, en particular, formular directrices y recomendaciones dirigidas a esas autoridades nacionales. (13)Con el fin de garantizar una protección adecuada de los intereses de las partes interesadas cuando las AES ejerzan su facultad de formular directrices o recomendaciones, los distintos Grupos de partes interesadas deben poder emitir un dictamen cuando dos tercios de sus miembros consideren que la AES de que se trate se ha extralimitado en su competencia. En ese caso, la Comisión debe estar facultada para exigir a la AES, tras una evaluación adecuada, que retire las directrices o recomendaciones, según proceda. (14)Además, a efectos del procedimiento previsto en el artículo 17 de los Reglamentos constitutivos y en aras de una correcta aplicación del Derecho de la Unión, procede facilitar y acelerar el acceso de las AES a la información. Deben, por lo tanto, poder solicitar información directamente, mediante una solicitud debidamente justificada y motivada, a todas las autoridades competentes afectadas, a todas las entidades financieras y a todos los participantes en los mercados financieros, incluso cuando dichas autoridades, entidades o participantes en los mercados no hayan infringido ninguna disposición del Derecho de la Unión. Las AES deben informar de tales solicitudes a la autoridad competente de que se trate, la cual debe ayudarlas a recoger la información solicitada. (15)Una supervisión armonizada del sector financiero requiere un planteamiento coherente entre las autoridades competentes. A tal fin, las actividades de las autoridades competentes deben ser objeto de evaluaciones periódicas e independientes por parte de las AES, que deben contar con el apoyo de un comité de evaluación establecido por cada una de ellas. Las AES deben asimismo elaborar un marco metodológico para las evaluaciones. Las evaluaciones independientes deben centrarse no solo en la convergencia de las prácticas de supervisión, sino también en la capacidad de las autoridades competentes de lograr resultados de supervisión de elevada calidad, así como en la independencia de estas. Los resultados de las evaluaciones deben publicarse para fomentar el cumplimiento y aumentar la transparencia, salvo que dicha publicación entrañe riesgos para la estabilidad financiera.

(15 bis) Dada la trascendencia de garantizar una aplicación efectiva del marco de supervisión de la Unión destinado a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las evaluaciones independientes que ofrezcan una perspectiva objetiva y transparente de las prácticas de supervisión son de vital importancia. Si tales evaluaciones ponen al descubierto problemas serios, que la autoridad competente no subsana, resulta oportuno que la ABE lo notifique al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. (15 ter) A la hora de ejercer sus funciones y competencias, la ABE debe poder adoptar decisiones individuales dirigidas a los operadores del sector financiero en el contexto del procedimiento por infracción del Derecho de la Unión y del procedimiento de mediación vinculante, aun cuando las normas sustantivas no sean directamente aplicables a los operadores del sector financiero, tras haber adoptado una decisión dirigida a la autoridad competente. Cuando las normas sustantivas se establezcan en directivas, la ABE debe aplicar la legislación nacional de transposición de dichas directivas. Cuando el Derecho de la Unión pertinente consista en reglamentos y estos, en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, concedan expresamente determinadas opciones a los Estados miembros, la ABE debe aplicar la legislación nacional en la que se ejerzan dichas opciones. (16)Una supervisión armonizada del sector financiero también exige que los desacuerdos entre las autoridades competentes de distintos Estados miembros en situaciones transfronterizas puedan resolverse de manera eficiente. Las normas vigentes para solucionar dichas diferencias no son plenamente satisfactorias. Por lo tanto, deben adaptarse de modo que puedan aplicarse más fácilmente. (17)La promoción de una cultura de supervisión de la Unión es parte integrante de la labor de las AES en relación con la convergencia de las prácticas de supervisión. No obstante, las AES no disponen de todas las herramientas necesarias para lograr este objetivo. Es preciso que las AES puedan establecer los objetivos y prioridades generales en materia de supervisión en un Plan estratégico plurianual de supervisión, con objeto de ayudar a las autoridades competentes a determinar los principales ámbitos de interés para la integridad de los mercados y la estabilidad financiera a escala de la UE y a centrarse en ellos, en particular en relación con la supervisión prudencial de las empresas que lleven a cabo actividades transfronterizas. El Plan estratégico de supervisión debe basarse en el riesgo y tener en cuenta las orientaciones económicas y normativas generales para las medidas de supervisión, así como las tendencias, los riesgos potenciales y los puntos vulnerables pertinentes a nivel microprudencial detectados por las AES en sus evaluaciones de las autoridades competentes y en las pruebas de solvencia a escala de la Unión. Las autoridades competentes deben elaborar a continuación programas de trabajo anuales para ejecutar el Plan estratégico de supervisión, que plasmen las prioridades y objetivos de la Unión en objetivos operativos para dichas autoridades. A fin de garantizar que puedan alcanzar su objetivo de armonizar las prácticas de supervisión, las AES deben estar facultadas para examinar la aplicación de los programas de trabajo anuales en el marco de la supervisión cotidiana, incluidas, por muestreo, las medidas de supervisión adoptadas en casos individuales. (18)Las actuales prácticas de supervisión en cuanto a externalización, delegación y transferencia del riesgo (operaciones back-to-back o de fachada) de una entidad autorizada a otra varían de un Estado miembro a otro. Esos enfoques reguladores divergentes conllevan un riesgo de arbitraje regulatorio en todos los Estados miembros («competición a la baja»). Una supervisión ineficiente de las actividades externalizadas, delegadas o transferidas expone a la Unión a riesgos para la estabilidad financiera. Esos riesgos son especialmente agudos en el caso de las entidades supervisadas que externalizan, delegan o transfieren el riesgo a terceros países, en los que es posible que las autoridades de supervisión carezcan de los instrumentos necesarios para supervisar de manera efectiva y adecuada actividades importantes y funciones clave. Las AES deben desempeñar un papel activo en la promoción de la convergencia en la supervisión, garantizando una interpretación común y prácticas de supervisión de la externalización, la transferencia del riesgo y la delegación de actividades importantes y funciones clave en terceros países, de conformidad con el Derecho de la Unión y habida cuenta de las orientaciones, recomendaciones y dictámenes que las AES puedan adoptar. Así pues, las AES deben disponer de las competencias necesarias para coordinar eficazmente las acciones de supervisión llevadas a cabo por las autoridades nacionales de supervisión, tanto en el momento de la autorización o el registro de una empresa, como en el marco de la evaluación permanente de las prácticas de supervisión. En el desempeño de esta función de coordinación, las AES deben centrarse particularmente en situaciones que pudieran desembocar en una elusión de las normas y hacer un seguimiento de las entidades financieras o los participantes en los mercados financieros que pretendan recurrir de forma generalizada a la externalización, la delegación y la transferencia del riesgo en terceros países con la intención de beneficiarse del pasaporte de la UE, aunque básicamente realicen actividades o funciones esenciales fuera de la Unión (19)El mantenimiento de la estabilidad financiera requiere que las decisiones de equivalencia que hayan sido adoptadas por la Comisión respecto de terceros países sean objeto de seguimiento continuo. Las AES deben, por tanto, comprobar si se siguen cumpliendo los criterios sobre la base de los cuales se han adoptado decisiones de equivalencia respecto de terceros países y las condiciones establecidas en ellas. Además, deben realizar un seguimiento tanto de la evolución de la regulación y la supervisión como de las prácticas de ejecución en esos terceros países. En ese contexto, las AES deben igualmente celebrar acuerdos administrativos con las autoridades competentes de terceros países para obtener información con fines de seguimiento y de coordinación de las actividades de supervisión. Este régimen de supervisión reforzado garantizará que el proceso de equivalencia de los terceros países sea más transparente, más previsible para los terceros países de que se trate y más coherente en todos los sectores. (20)La recogida y compilación de información exacta y completa por parte de las AES es esencial para la realización de sus tareas y funciones y para la consecución de sus objetivos. Con el fin de evitar la duplicación de las obligaciones de información de las entidades financieras y los participantes en los mercados financieros, dicha información debe ser facilitada por las autoridades competentes pertinentes o las autoridades nacionales de supervisión más cercanas a las entidades y mercados financieros. Sin embargo, las AES deben poder remitir una solicitud de información debidamente justificada y razonada directamente a las entidades financieras o los participantes en los mercados financieros siempre que una autoridad competente no proporcione o no pueda proporcionar en un plazo determinado tal información. Por otro lado, para garantizar la eficacia de su derecho a recabar información, es necesario que las AES tengan la posibilidad de imponer multas coercitivas o multas a las entidades financieras o los participantes en los mercados financieros que no atiendan de manera correcta, completa u oportuna a una solicitud o decisión de presentar información. Debe garantizarse explícitamente el derecho de la entidad financiera o del participante en los mercados financieros en cuestión a ser oído por las AES. (21)En los Reglamentos constitutivos de las AES se establecía que las autoridades competentes tendrían un papel clave dentro de su estructura de gobernanza. También se precisaba que, con el fin de evitar conflictos de intereses, los miembros de la Junta de Supervisores y del Consejo de Administración actuarían con independencia y únicamente en interés de la Unión. La estructura de gobernanza inicial de las AES no proporcionaba, sin embargo, suficientes salvaguardias para evitar por completo los conflictos de intereses que pudieran afectar a la capacidad de las AES de tomar todas las decisiones necesarias en el ámbito de la convergencia de la supervisión y para tener plenamente en cuenta en sus decisiones los intereses generales de la Unión. Por consiguiente, a fin de garantizar la eficacia y la eficiencia del proceso decisorio de las AES, conviene redefinir la atribución de las competencias decisorias en el seno de las AES. (22)Por otra parte, conviene reforzar la dimensión de la Unión en el proceso decisorio de la Junta de Supervisores incluyendo en su composición a personas independientes a tiempo completo que no estén afectadas por posibles conflictos de intereses. Las competencias decisorias sobre cuestiones de carácter reglamentario y sobre la supervisión directa deben seguir recayendo íntegramente en la Junta de Supervisores. El Consejo de Administración debe transformarse en un Consejo Ejecutivo, integrado por miembros a tiempo completo, que decida sobre determinadas cuestiones de carácter no reglamentario, entre ellas las evaluaciones independientes de las autoridades competentes, la solución de diferencias, la violación del Derecho de la Unión, el Plan estratégico de vigilancia, el seguimiento de la externalización, la delegación y la transferencia del riesgo a terceros países, las pruebas de solvencia y las solicitudes de información. Asimismo, el Consejo Ejecutivo debe examinar y preparar todas las decisiones que deba adoptar la Junta de Supervisores. Por otra parte, el estatus y la función del Presidente deben reforzarse, facultándolo para llevar a cabo tareas formales y dotándolo de un voto de calidad en el Consejo Ejecutivo. Por último, también debe reforzarse la dimensión de la Unión en la gobernanza de las AES mediante la modificación del procedimiento de selección del Presidente y de los miembros del Consejo Ejecutivo, para incluir la participación del Consejo y el Parlamento Europeo. El Consejo Ejecutivo debe tener una composición equilibrada. (23)A fin de ofrecer un nivel adecuado de conocimientos técnicos y rendición de cuentas, el Presidente y los miembros del Consejo Ejecutivo deben ser nombrados en atención a sus méritos, capacidades y conocimientos en materia de compensación, post-negociación y finanzas, así como a la experiencia pertinente en el ámbito de la supervisión financiera. Para garantizar la transparencia y el control democrático y para salvaguardar las prerrogativas de las instituciones de la Unión, el Presidente y los miembros del Consejo Ejecutivo deben ser elegidos sobre la base de un procedimiento de selección abierto. La Comisión debe elaborar una lista restringida y presentarla al Parlamento Europeo para su aprobación. Una vez aprobada, el Consejo debe adoptar una decisión relativa al nombramiento de los miembros del Consejo Ejecutivo. El Presidente y los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo deben rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y el Consejo sobre las decisiones adoptadas en virtud de los Reglamentos constitutivos. (24)A fin de garantizar una asignación más eficiente de las tareas operativas, por un lado, y la gestión de las actividades administrativas cotidianas, por otro, las actuales funciones del Director ejecutivo de cada una de las AES deben ser asumidas por uno de los miembros del Consejo Ejecutivo, que debe seleccionarse en función de esas tareas específicas. (24 bis)A fin de velar por que las decisiones relativas a las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo vengan sustentadas por un nivel adecuado de conocimientos especializados, es necesario crear un comité compuesto por los máximos responsables de las autoridades y los organismos que garantizan el cumplimiento de la legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que se encargue de examinar y preparar las decisiones que haya de adoptar la ABE. Para evitar duplicaciones, este nuevo comité sustituirá al actual subcomité de lucha contra el blanqueo de capitales creado en el seno del Comité Mixto de las AES. (25)Es conveniente que las entidades financieras y los participantes en los mercados financieros contribuyan a la financiación de las actividades de las AES, puesto que el objetivo general de dichas actividades es contribuir a la estabilidad financiera y al buen funcionamiento del mercado único, evitando el falseamiento de la competencia. Las actividades de las AES benefician a todas las entidades financieras y los participantes en los mercados financieros, tanto si operan a nivel transfronterizo como si no. Las AES les permiten desarrollar su actividad en un entorno estable y en condiciones de competencia equitativas. Las entidades financieras y los participantes en los mercados financieros no sujetos a la supervisión directa de las AES deben, por tanto, contribuir también a la financiación de las actividades de estas, de las que se benefician. Las AES deben, no obstante, recibir además las tasas abonadas por las entidades financieras y los participantes en los mercados financieros directamente supervisados por ellas. (26)Dentro de cada categoría de entidades financieras y participantes en los mercados financieros, el nivel de las contribuciones debe tener en cuenta en qué medida cada entidad financiera y cada participante en los mercados financieros se benefician de las actividades de las AES. En consecuencia, las contribuciones individuales de las entidades financieras y los participantes en los mercados financieros deben determinarse en función de su tamaño, a fin de reflejar su importancia en el mercado pertinente. La recaudación de contribuciones muy reducidas debe estar sujeta a un umbral de minimis, a fin de que resulte rentable, garantizando al mismo tiempo que las empresas de mayor tamaño no estén obligadas a contribuir de forma desproporcionada. (27)A fin de determinar el modo de calcular las contribuciones anuales de cada entidad financiera y participante en los mercados financieros, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado. Los actos delegados establecerán el método empleado para asignar el gasto estimado a las categorías de entidades financieras o participantes en los mercados financieros y los criterios para determinar el nivel de las contribuciones individuales en función del tamaño. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados. (28)Para preservar la confidencialidad de la labor de las AES, los requisitos de secreto profesional deben aplicarse también a cualquier persona que preste un servicio, directa o indirectamente, de forma permanente u ocasional, en relación con las funciones de la AES de que se trate. (29)Los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010, (UE) n.o1094/2010 y (UE) n.o1095/2010, así como la legislación sectorial sobre servicios financieros, imponen a las AES la obligación de celebrar acuerdos administrativos efectivos que impliquen un intercambio de información con las autoridades de supervisión de terceros países. La necesidad de una cooperación e intercambio de información efectivos será tanto más importante cuanto que, de conformidad con el presente Reglamento modificativo, algunas de las AES asumirán responsabilidades nuevas, más amplias, en relación con la supervisión de las entidades y actividades de terceros países. Cuando, en este contexto, las AES traten datos personales, en particular transfiriéndolos fuera de la Unión, estarán vinculadas por los requisitos del Reglamento (UE) 2018/XXX (Reglamento sobre protección de datos para las instituciones y los organismos de la UE). En ausencia de una decisión de adecuación o de garantías adecuadas, por ejemplo las previstas en acuerdos administrativos a tenor del artículo 49, apartado 3, del Reglamento sobre protección de datos para las instituciones y los organismos de la UE, las AES podrán intercambiar datos personales con las autoridades de terceros países de conformidad con la excepción de interés público y según sus condiciones, establecida en su artículo 51, apartado 1, letra d), que se aplica concretamente a los casos de intercambio internacional de datos entre las autoridades de supervisión financiera. (30)Resulta esencial que los procedimientos decisorios de la ABE proporcionen salvaguardias adecuadas a los Estados miembros que no participan en la Unión Bancaria, permitiendo, al mismo tiempo, a esta Autoridad seguir adoptando decisiones de manera efectiva cuando el número de Estados miembros no participantes se reduzca. Deben mantenerse las actuales normas de votación, que requieren una mayoría de Estados miembros participantes y una mayoría de Estados miembros no participantes para que la ABE tome una decisión. No obstante, son necesarias salvaguardias adicionales a fin de evitar situaciones en las que no se puedan tomar decisiones únicamente a causa de la ausencia de autoridades competentes de determinados Estados miembros y de garantizar que el mayor número posible de autoridades nacionales competentes estén presentes en la votación para que el voto tenga fuerza y legitimidad. (31)Los Reglamentos constitutivos de las AES establecen que estas, en cooperación con la JERS, deben poner en marcha y coordinar pruebas de solvencia a escala de la Unión, para evaluar la resiliencia de las entidades financieras o los participantes en los mercados financieros ante evoluciones adversas del mercado. Asimismo, deben velar por que se aplique a dichas pruebas la metodología más coherente que sea posible a nivel nacional. Para garantizar un equilibrio adecuado entre las responsabilidades de supervisión de las autoridades competentes y los intereses de la Unión, conviene transferir al Consejo Ejecutivo de las AES la facultad de decidir sobre la puesta en marcha y la coordinación de las pruebas de solvencia. También debe aclararse, respecto a todas las AES, que las obligaciones de secreto profesional de las autoridades competentes no les impedirán transmitir los resultados de las pruebas de solvencia a las AES para su publicación. (32)A fin de garantizar un elevado nivel de convergencia en el ámbito de la supervisión y la aprobación de modelos internos, la AESPJ debe estar facultada para emitir dictámenes que subsanen posibles incoherencias y para ayudar a las autoridades competentes a llegar a un acuerdo en relación con la aprobación de modelos internos. Las autoridades competentes deben tomar sus decisiones de conformidad con esos dictámenes, o bien explicar por qué no los han tenido en cuenta.

(33)Con la creciente dimensión transfronteriza de las actividades de negociación y, en particular, de las actividades de las empresas de servicios de inversión, que, por su carácter sistémico, pueden tener efectos transfronterizos que afecten a la estabilidad financiera, la AEVM debe tener una función de coordinación reforzada que le permita recomendar a las autoridades competentes iniciar las investigaciones correspondientes. Por otra parte, también debe poder facilitar el intercambio de información pertinente para las investigaciones cuando tenga razones fundadas para sospechar que se están realizando actividades con efectos transfronterizos significativos que suponen una amenaza para el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad financiera de la Unión. A tal fin, la AEVM debe disponer de una instalación de almacenamiento de datos para recabar de las autoridades competentes y difundir entre ellas toda la información pertinente. (34)Los principales objetivos del Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y del Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo son impulsar el empleo y el crecimiento, la financiación de las pymes, las inversiones sociales y a largo plazo, y fomentar una cultura de inversión de la UE. Sin embargo, pese a la armonización que han logrado, persisten las divergencias en la utilización de la discrecionalidad de que disponen las autoridades nacionales competentes y en sus prácticas administrativas, así como las diferencias en la cultura y el ejercicio de la supervisión. Esas divergencias entorpecen la necesaria igualdad de las condiciones de competencia entre los gestores de fondos de inversión a largo plazo, fondos de capital riesgo y fondos de emprendimiento social europeos admisibles en los distintos Estados miembros, aumentando, al mismo tiempo, los costes de transacción y operativos de dichos gestores. (35)Para reducir los costes de transacción y operativos, aumentar las posibilidades de elección de los inversores y mejorar la seguridad jurídica, resulta oportuno transferir de las autoridades competentes a la AEVM las competencias de supervisión, incluidas la concesión y revocación de los registros y las autorizaciones, con respecto a los gestores de fondos de capital riesgo admisibles y de los fondos a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 345/2013, a los gestores de fondos de emprendimiento social admisibles o de los fondos a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 346/2013 y los fondos de inversión a largo plazo europeos a que se refiere el Reglamento (UE) 2015/760. A tal efecto, la AEVM debe estar facultada para realizar investigaciones e inspecciones in situ y para imponer sanciones o multas coercitivas dirigidas a obligar a las personas a poner fin a una infracción, a facilitarle la información completa y correcta que les solicite o a someterse a una investigación o a una inspección in situ. (36)El Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos, establece requisitos uniformes que deben cumplir los fondos a largo plazo a fin de ser autorizados como «FILPE». Establece asimismo normas en relación con las inversiones admisibles, las empresas en cartera admisibles, las normas en materia de concentración y los inversores admisibles. Las normas también definen las competencias de supervisión, incluidos los requisitos aplicables a las autorizaciones y a la supervisión permanente. A la vez que mantiene las normas prudenciales del Reglamento (UE) 2015/760, el presente Reglamento confiere a la AEVM competencias de supervisión, en particular en materia de autorización, de supervisión permanente y de revocación de autorizaciones. El presente Reglamento encomienda a la AEVM la tarea de elaborar proyectos de normas técnicas de regulación que no impliquen decisiones políticas, para su presentación a la Comisión, a fin de que las obligaciones jurídicas y el alcance de la discrecionalidad de la AEVM en virtud del Reglamento (UE) 2015/760 queden suficientemente claras. Se han introducido modificaciones similares en los Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y (UE) n.º 346/2013 para otorgar competencias de supervisión a la AEVM. (37)A fin de ejercer con eficacia sus competencias de supervisión con respecto a los fondos de capital riesgo admisibles, los fondos de emprendimiento social admisibles y los fondos de inversión a largo plazo europeos y sus gestores, la AEVM debe estar facultada para llevar a cabo investigaciones e inspecciones in situ. En apoyo de sus capacidades de vigilancia, la AEVM debe estar facultada para imponer sanciones o multas coercitivas dirigidas a obligar a las personas a poner fin a una infracción, a facilitarle la información completa y correcta que les solicite o a someterse a una investigación o a una inspección in situ. Por consiguiente, el presente Reglamento debe definir claramente los límites de tales sanciones u otras medidas de carácter administrativo, que deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, y garantizar un enfoque común y un efecto disuasorio. Las actividades de investigación y control del cumplimiento de la AEVM deben contar con el respaldo de las autoridades nacionales cuando sea necesario y así se exija. La AEVM debe estar facultada para delegar algunas de estas funciones, que pueden volverse a delegar en las autoridades nacionales competentes. (38)El artículo 40 del Reglamento (UE) n.º 600/2014 ya concedió a la AEVM poderes de intervención temporal, que le permiten, en determinadas condiciones, prohibir o restringir temporalmente en la Unión la comercialización, distribución o venta de determinados instrumentos financieros o de instrumentos financieros que presenten determinadas características específicas, o un tipo de práctica o actividad financiera. Se menciona expresamente que estos poderes de intervención en materia de productos en virtud del Reglamento (UE) n.º 600/2014 se aplican a las empresas de servicios de inversión y a las entidades de crédito que participen en la comercialización, distribución o venta de instrumentos financieros, incluidas las participaciones en organismos de inversión colectiva. Puesto que las participaciones en organismos de inversión colectiva también pueden ser comercializadas, distribuidas o vendidas directamente por las sociedades de gestión de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios y las sociedades de inversión autorizadas de conformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) autorizados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, es necesario indicar de forma explícita, a fin de mejorar la seguridad jurídica, que los citados poderes de intervención en materia de productos con arreglo al Reglamento (UE) n.º 600/2014 también se aplicarán a las sociedades de gestión de OICVM y a las sociedades de inversión de OICVM, así como a los GFIA. (39)En casos estrictamente definidos y excepcionales, la AEVM puede hacer uso de sus poderes de intervención para restringir o prohibir la comercialización, venta o distribución de participaciones o acciones en OICVM o FIA también por sus gestores. Esta actuación sería adecuada cuando la intervención propuesta responda a una preocupación significativa respecto de la protección del inversor o a una amenaza para la integridad y el funcionamiento ordenado de los mercados financieros o para la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión; cuando los requisitos reglamentarios aplicables con arreglo al Derecho de la Unión al instrumento financiero o a la actividad financiera de que se trate no respondan a la amenaza; y cuando una o varias autoridades competentes no hayan tomado medidas para dar respuesta a la amenaza o las medidas adoptadas no constituyan una respuesta adecuada frente a la misma. (40)Las disparidades en cuanto a calidad, formato, fiabilidad y coste de los datos de negociación tienen un efecto perjudicial para la transparencia, la protección de los inversores y la eficiencia de los mercados. Con objeto de mejorar el seguimiento y la reconstrucción de los datos de negociación, así como la coherencia y la calidad de dichos datos y su disponibilidad y accesibilidad a un coste razonable en todo el territorio de la Unión para los centros de negociación pertinentes, la Directiva 2014/65/UE introdujo un nuevo régimen jurídico para los servicios de suministro de datos, que también afecta a la autorización y la supervisión de los proveedores de estos servicios. (41)La calidad de los datos de negociación y el tratamiento y el suministro de dichos datos, incluidos el tratamiento y el suministro de datos a escala transfronteriza, reviste importancia capital para lograr el principal objetivo del Reglamento (UE) n.º 600/2014, a saber, reforzar la transparencia de los mercados financieros. La prestación de servicios de suministro de datos básicos resulta por tanto esencial para que los usuarios puedan obtener la deseada visión de conjunto de la actividad negociadora en los mercados financieros de la Unión y para que las autoridades competentes reciban una información precisa y completa sobre las operaciones pertinentes. (42)Por otra parte, los datos de negociación son una herramienta cada vez más importante para la aplicación efectiva de los requisitos que se derivan del Reglamento (UE) n.º 600/2014. Teniendo en cuenta la dimensión transfronteriza del tratamiento de datos, la calidad de los datos y la necesidad de lograr economías de escala y evitar las repercusiones negativas de las posibles divergencias tanto en la calidad de los datos como en las funciones de los proveedores de servicios de suministro de datos, resulta beneficioso y justificado transferir de las autoridades competentes a la AEVM competencias de autorización y supervisión en relación con los proveedores de servicios de suministro de datos y especificar dichas competencias en el Reglamento (UE) n.º 600/2014, lo que permitirá, al mismo tiempo, consolidar los beneficios resultantes de la agrupación en el seno de la AEVM de las competencias relacionadas con los datos. (43)Los inversores minoristas deben ser debidamente informados acerca de los riesgos potenciales cuando decidan invertir en un instrumento financiero. El marco jurídico de la Unión pretende reducir el riesgo de ventas abusivas, cuando se venden a los inversores minoristas productos financieros que no se ajustan a sus necesidades o expectativas. A tal fin, la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 600/2014 refuerzan los requisitos organizativos y de conducta para garantizar que las empresas de servicios de inversión actúen en el mejor interés de sus clientes. Esos requisitos incluyen la mejora de la comunicación de información a los clientes y de la evaluación de la idoneidad de los productos recomendados, así como la obligación de distribuir los instrumentos financieros al mercado destinatario definido, atendiendo a factores tales como la solvencia de los emisores. La AEVM debe aprovechar plenamente sus poderes para garantizar la convergencia de la supervisión y ayudar a las autoridades nacionales a lograr un elevado nivel de protección de los inversores y una vigilancia efectiva de los riesgos asociados a los productos financieros. (44)Es importante garantizar que la presentación, la compilación, el análisis y la publicación de datos se realicen de forma eficaz y eficiente a efectos de los cálculos para determinar los requisitos aplicables a los regímenes de transparencia pre-negociación y post-negociación y de obligación de negociación, así como a efectos de los datos de referencia de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 600/2014 y con el Reglamento (UE) n.º 596/2014. Procede, por lo tanto, otorgar a la AEVM competencias para proceder a la recogida de datos directamente de los participantes en los mercados en relación con los requisitos de transparencia pre-negociación y post-negociación, así como a la autorización y la vigilancia de los proveedores de servicios de suministro de datos. (45)Otorgar a la AEVM tales competencias permitirá la gestión centralizada de la autorización y la vigilancia, evitando así la situación actual en la que múltiples centros de negociación, internalizadores sistemáticos, agentes de publicación autorizados (APA) y proveedores de información consolidada (PIC) están obligados a proporcionar a múltiples autoridades competentes datos que solo posteriormente se proporcionan a la AEVM. Un sistema de gestión centralizada de este tipo sería sumamente beneficioso para los participantes en los mercados en términos de una mayor transparencia de los datos, protección de los inversores y eficiencia del mercado. (46)La transferencia, de las autoridades competentes a la AEVM, de competencias de recogida de datos, autorización y vigilancia es también determinante para otras funciones que la AEVM ejerce en virtud del Reglamento (UE) n.º 600/2014, como el seguimiento del mercado, sus poderes de intervención temporal y en materia de gestión de posiciones y velar por el cumplimiento de los requisitos de transparencia pre-negociación y post-negociación. (47)Para poder ejercer eficazmente sus competencias de supervisión en el ámbito del tratamiento y el suministro de datos, la AEVM debe estar facultada para realizar investigaciones e inspecciones in situ. Debe poder imponer sanciones o multas coercitivas con objeto de obligar a los proveedores de servicios de suministro de datos a poner fin a una infracción, a facilitarle la información completa y correcta que les solicite o a someterse a una investigación o a una inspección in situ e imponer sanciones u otras medidas de carácter administrativo cuando considere que una persona ha cometido, con dolo o por negligencia, una infracción del Reglamento (UE) n.º 600/2014. (48)En todos los Estados miembros están disponibles productos financieros que utilizan índices de referencia cruciales. Esos índices revisten por tanto capital importancia para el funcionamiento de los mercados financieros y la estabilidad financiera de la Unión. Así pues, para la supervisión de un índice de referencia crucial debe disponerse de una visión global de las repercusiones potenciales, no solo en el Estado miembro en el que esté radicado el administrador y en los Estados miembros en que estén radicados sus contribuidores, sino en toda la Unión. Por consiguiente, resulta apropiado que los índices de referencia cruciales sean supervisados a escala de la Unión, por la AEVM. A fin de evitar la duplicación de tareas, los administradores de índices de referencia cruciales deben ser supervisados exclusivamente por la AEVM, incluidos los índices de referencia no cruciales que pudieran administrar. (49)Sin embargo, cuando un índice de referencia solo revista importancia crucial en un único Estado miembro, la mayor proximidad al mercado de la autoridad competente de dicho Estado miembro podría hacer aconsejable que la AEVM delegara, en su totalidad o en parte, la supervisión de dicho índice de referencia en la autoridad competente del Estado miembro en el que esté radicado el administrador, a condición de que la AEVM haya obtenido para ello el consentimiento previo de dicha autoridad competente. (50)Puesto que los administradores y los contribuidores de índices de referencia cruciales están sujetos a requisitos más estrictos que los administradores y contribuidores de otros índices de referencia, la designación de índices de referencia como índices de referencia cruciales debe corresponder a la Comisión o a la AEVM y debe ser codificada por la Comisión. Dado que las autoridades nacionales competentes pueden acceder más fácilmente a los datos y a la información sobre los índices de referencia que supervisan, deben notificar a la Comisión o a la AEVM los índices de referencia que, en su opinión, cumplen los criterios para ser considerados índices de referencia cruciales. (51)El objetivo previsto de los colegios de supervisores de índices de referencia cruciales era contribuir a la aplicación armonizada de las normas con arreglo al Reglamento (UE) 2016/1011 y a la convergencia de las prácticas de supervisión. Al estar la AEVM en contacto directo con todos los supervisores nacionales o contar entre sus miembros a dichos supervisores, esos colegios de supervisores ya no serán necesarios. (52)El procedimiento para determinar el Estado miembro de referencia de los administradores de índices de referencia establecidos en terceros países que solicitan el reconocimiento en la Unión es largo y engorroso tanto para ellos como para las autoridades nacionales competentes. Los solicitantes, al igual que otros administradores de índices de referencia establecidos en terceros países que solicitan acceso a la Unión a través del régimen de validación, pueden intentar influir en la determinación con la esperanza de beneficiarse de un arbitraje en materia de supervisión. Esos administradores de índices de referencia podrían elegir estratégicamente a su representante legal en un Estado miembro en el que consideren que la supervisión es menos rigurosa. Un enfoque armonizado, con la AEVM como autoridad competente para los índices de referencia de terceros países y sus administradores, evita estos riesgos y los costes ligados a la determinación del Estado miembro de referencia y a la supervisión ulterior. Por otra parte, este papel de autoridad competente para los índices de referencia de terceros países convierte a la AEVM en la contraparte en la Unión para los supervisores de los terceros países, con lo que la cooperación transfronteriza resulta más eficiente y eficaz.

(53)Muchos de los administradores de índices de referencia, si no la mayoría, son bancos o empresas de servicios financieros que manejan fondos de clientes. A fin de no socavar la lucha de la Unión contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, la celebración de un acuerdo de cooperación con una autoridad competente con arreglo a un régimen de equivalencia debería estar supeditada a la condición previa de que el país de la autoridad competente no figure en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que planteen amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión. (54)Casi todos los índices de referencia se emplean en productos financieros que están disponibles en varios Estados miembros, si no en la totalidad de la Unión. Para detectar los riesgos relacionados con el suministro de índices de referencia que quizá ya no sean fiables ni representativos del mercado o la realidad económica que pretenden medir, las autoridades competentes, incluida la AEVM, deben cooperar entre sí y asistirse mutuamente cuando sea necesario. (55)Debido a la naturaleza de los valores y emisores afectados, determinados tipos de folletos elaborados de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 implican una dimensión transfronteriza dentro de la Unión, un nivel de complejidad técnica y/o posibles riesgos de arbitraje regulatorio de tal naturaleza que su supervisión centralizada por la AEVM lograría resultados más eficaces y eficientes que su supervisión a nivel nacional. Centralizar a nivel de la AEVM la aprobación de dichos folletos, así como las actividades conexas de supervisión y control de la observancia, debería reducir los costes de cumplimiento y las barreras administrativas, mejorando al mismo tiempo la calidad, la coherencia y la eficiencia de la supervisión en la Unión. (56)Las colocaciones privadas de valores no participativos representan una fuente importante de capital para los emisores y son de naturaleza transfronteriza. Si bien una colocación privada entre inversores cualificados no requiere un folleto, la ulterior admisión a cotización de los valores en un mercado regulado está sujeta a la publicación de un folleto en virtud del Reglamento (UE) 2017/1129. El régimen del folleto ofrece a los emisores flexibilidad para elegir su Estado miembro de origen en los casos en que el valor nominal unitario de valores no participativos sea superior a 1 000 EUR. Dado que los valores no participativos objeto de colocación privada presentan normalmente un valor nominal unitario superior a 1 000 EUR, ello genera la posibilidad de búsqueda del foro más ventajoso. Encomendar a la AEVM la tarea de aprobar dichos folletos de mayorista para valores no participativos admitidos a cotización en un mercado regulado o su segmento específico al que solo puedan acceder inversores cualificados debe permitir alcanzar el doble objetivo de garantizar unas condiciones de competencia equitativas para los emisores y un mayor grado de eficiencia, al simplificar notablemente los procedimientos de aprobación. (57)La aprobación de los folletos relativos a bonos de titulización de activos y de los folletos elaborados por emisores especializados, como sociedades inmobiliarias, sociedades mineras, empresas basadas en la investigación científica o compañías navieras, obliga a las autoridades nacionales competentes a disponer de personal altamente especializado para tratar, en la mayoría de los casos, un volumen relativamente modesto de folletos. Además, algunas informaciones no financieras que deben revelar los emisores especializados no se establecen en los actos delegados a que se refiere el artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1129, sino que se dejan a la discreción de las autoridades nacionales competentes. Ello representa una fuente potencial de ineficiencia y arbitraje regulatorio. Encomendar a la AEVM la tarea de aprobar estos tipos de folletos debe, por una parte, garantizar unas condiciones de competencia equitativas en términos de divulgación de información y eliminar el riesgo de arbitraje regulatorio y, por otra, optimizar la asignación de recursos en materia de supervisión a escala de la Unión mediante el establecimiento de la AEVM como centro de conocimientos especializados, reforzando así la eficiencia de la supervisión de los folletos en cuestión. (58)Los emisores de terceros países que elaboren un folleto con arreglo al Derecho de la Unión gozan de cierta flexibilidad en cuanto a la elección de su Estado miembro de origen a efectos de la aprobación del folleto, lo que entraña el riesgo de búsqueda del foro más ventajoso en términos de supervisión entre todos los Estados miembros. Agrupar este tipo de aprobaciones a nivel de la AEVM garantizaría un enfoque plenamente armonizado con respecto a los emisores de terceros países y eliminaría las posibilidades de arbitraje regulatorio. Los emisores de terceros países tendrán así a la AEVM como punto de contacto único en la Unión, independientemente del Estado o Estados miembros en que ofrezcan sus valores o soliciten la admisión a cotización. De esta forma, se elimina la necesidad de determinar un Estado miembro de origen para dichos emisores de terceros países. (59)Procede modificar el régimen de equivalencia para los folletos elaborados conforme a la legislación nacional de un tercer país y disponer que la evaluación de la equivalencia y la ulterior adopción de una decisión por parte de la Comisión no se basen únicamente en los requisitos de información de la legislación nacional de ese tercer país, sino también en la existencia de un marco para el examen y la aprobación del folleto, incluidos sus suplementos, cuando proceda, por el supervisor del tercer país, y para la supervisión y el cumplimiento efectivos de las ofertas y admisiones a que se refiere dicho folleto. Para ser coherente con el planteamiento expuesto en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment» [SWD(2017) 102 final], conviene que la Comisión pueda someter su decisión de equivalencia a condiciones adicionales con el fin de proteger la integridad de los mercados dentro de la Unión y promover el mercado interior de los servicios financieros, así como valores comunes y objetivos reguladores compartidos a nivel internacional. Tales condiciones pueden consistir en la obligación de que el tercer país prevea un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de los folletos elaborados de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 o en la posibilidad de que la AEVM coopere con el supervisor del tercer país de que se trate a fin de realizar un seguimiento continuo de las normas del tercer país. (60)Cuando el régimen jurídico y de supervisión de un tercer país con respecto a los folletos elaborados de conformidad con su legislación nacional haya sido declarado equivalente por la Comisión y cuando se haya celebrado el oportuno acuerdo de cooperación entre la AEVM y la autoridad de supervisión de ese tercer país, todo folleto aprobado por la autoridad de supervisión de dicho tercer país que se utilice en la Unión para una oferta pública de valores o una admisión a cotización en un mercado regulado debe presentarse a la AEVM y las normas para la determinación del Estado miembro de origen no deben aplicarse. (61)Puesto que, conforme al régimen de equivalencia previsto en el Reglamento (UE) 2017/1129, las autoridades competentes y la AEVM confían en las autoridades de supervisión de terceros países en relación con las ofertas y las admisiones a cotización que tienen lugar en la Unión sobre la base de un folleto elaborado de conformidad con la normativa de un tercer país, esas autoridades competentes y la AEVM también han de tener la seguridad de que la prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo quede garantizada en el tercer país de que se trate. Con ese objetivo y a fin de no socavar la lucha de la Unión contra el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo, la celebración por la AEVM de un acuerdo de cooperación con el supervisor de un tercer país con arreglo al régimen de equivalencia previsto en el Reglamento (UE) 2017/1129 debería estar supeditada a la condición previa de que el tercer país no figure en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que planteen amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión. (62)La AEVM debe estar facultada para imponer sanciones administrativas o adoptar otras medidas de carácter administrativo por infracciones del Reglamento (UE) 2017/1129 en relación con los tipos específicos de folletos cuya aprobación se le encomiende. Por consiguiente, el presente Reglamento debe definir claramente los límites de esas sanciones u otras medidas de carácter administrativo, que deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. (63)También debe transferirse a la AEVM la función de supervisar la publicidad relativa a los folletos que sea responsable de aprobar. La AEVM debe tener la posibilidad de controlar el cumplimiento de dicha publicidad. Sin embargo, debe ejercer siempre esta función de control en relación con toda publicidad difundida en un Estado miembro cuya autoridad competente le haya solicitado formalmente que haga uso de su poder de control siempre que un folleto aprobado por la AEVM se utilice para una oferta o admisión a cotización en su territorio. Para llevar a cabo esta función, la AEVM debe disponer de recursos humanos adecuados, con conocimientos suficientes de las normas nacionales aplicables en materia de protección de los consumidores. (64)La AEVM debe examinar y aprobar todos los folletos de los tipos definidos por el presente Reglamento que se presenten para su aprobación a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento. Los folletos de los tipos definidos por el presente Reglamento que hayan sido aprobados por una autoridad competente antes de dicha fecha o que se hayan presentado a una autoridad competente para su aprobación pero aún no se hayan aprobado en esa fecha deben seguir siendo supervisados por dicha autoridad competente. Para evitar cualquier confusión, esta supervisión debe incluir, en particular, la finalización del procedimiento de examen y aprobación de los folletos aún no aprobados, así como todas las tareas de aprobación y notificación que sean aplicables, en su caso, a los correspondientes suplementos y condiciones finales. (65)Resulta oportuno prever un plazo de tiempo razonable con objeto de disponer lo necesario para la estructura de gobernanza prevista y los actos delegados y de ejecución, a fin de permitir a las AES y a las demás partes implicadas aplicar las normas introducidas por el presente Reglamento. (66)Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.° 1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, el Reglamento (UE) n.º 345/2013, el Reglamento (UE) n.º 346/2013, el Reglamento (UE) n.° 600/2014, el Reglamento (UE) 2015/760, el Reglamento (UE) 2016/1011 y el Reglamento (UE) 2017/1129 en consecuencia. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1

Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 El Reglamento (UE) n.º 1093/2010 se modifica como sigue: 1)El artículo 1 se modifica como sigue: a)el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. La Autoridad actuará con arreglo a los poderes otorgados por el presente Reglamento y dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2002/87/CE, la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo**, la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo***, el Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo****, la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo*****, y, en la medida en que dichos actos se apliquen a las entidades de crédito y las entidades financieras y a las autoridades competentes que las supervisan, de las partes correspondientes de la Directiva 2002/65/CE y la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo******, incluidas todas las directivas, los reglamentos y las decisiones basados en dichos actos, así como de cualquier otro acto jurídicamente vinculante de la Unión que confiera funciones a la Autoridad. La Autoridad también actuará con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo*******.

*Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66). **Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149). ***Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 257 de 28.8.2014, p. 214). ****Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1781/2006 (DO L 141 de 5.6.2015, p. 1). *****Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35). ******Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73). *******Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).». b)en el artículo 1, apartado 2, se añade el párrafo siguiente: «La Autoridad actuará también con arreglo a los poderes otorgados por el presente Reglamento y dentro del ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo*, en la medida en que dicha Directiva se aplique a los operadores del sector financiero y a las autoridades competentes que los supervisan. Exclusivamente a esos efectos, la Autoridad llevará a cabo las funciones atribuidas por cualquier acto de la Unión jurídicamente vinculante a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, creada por el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, o a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, creada por el Reglamento (UE) n.º 1095/2010. Al llevar a cabo tales funciones, la Autoridad mantendrá informadas a dichas Autoridades de sus actividades en relación con cualquier entidad que sea una «entidad financiera», según se define en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010, o un «participante en los mercados financieros», según se define en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. *Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).». 2)En el artículo 2, apartado 5, se inserta el párrafo siguiente: «Las referencias hechas en el presente Reglamento a la supervisión incluyen las actividades de todas las autoridades competentes que han de llevarse a cabo con arreglo a los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2.». 3)El artículo 4 se modifica como sigue: a)el punto 1 se sustituye por el texto siguiente: «1) “entidad financiera”: toda empresa regulada y supervisada con arreglo a los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2;»; a bis) se inserta el punto 1 bis siguiente: «1 bis) “operadores del sector financiero”: cualquier entidad sujeta a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/849 y que sea una “entidad financiera”, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento y en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010, o un “participante en los mercados financieros”, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.»; b)en el punto 2, el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: «i) las autoridades competentes según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, incluido el Banco Central Europeo por lo que se refiere a asuntos relativos a las funciones que le confiere el Reglamento (UE) n.º 1024/2013;»; c)en el punto 2, el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:

«ii) en relación con las Directivas 2002/65/CE y (UE) 2015/849, las autoridades y organismos competentes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de dichas Directivas por parte de las entidades de crédito y financieras; ii bis) en relación con la Directiva (UE) 2015/849, las autoridades y organismos que supervisan a las entidades financieras y son competentes para velar por que cumplan los requisitos de dicha Directiva;»; d)en el punto 2, el inciso iii) se sustituye por el texto siguiente: «iii) en el caso de los sistemas de garantía de depósitos, los organismos que administran dichos sistemas de conformidad con la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o, en caso de que el funcionamiento del sistema de garantía de depósitos sea administrado por una sociedad privada, la autoridad pública que supervise dichos sistemas en virtud de dicha Directiva, y las autoridades administrativas pertinentes contempladas en ella; y»; e)en el punto 2, se añaden los incisos v) y vi) siguientes: «v) las autoridades competentes a que se refieren la Directiva 2014/17/UE, el Reglamento 2015/751, la Directiva (UE) 2015/2366, la Directiva 2009/110/CE, el Reglamento (CE) n.º 924/2009 y el Reglamento (UE) n.º 260/2012; vi) los organismos y autoridades contemplados en el artículo 20 de la Directiva 2008/48/CE.». 4)El artículo 6 se modifica como sigue: a)el punto 2 se sustituye por el texto siguiente: «2) un Consejo Ejecutivo, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 47;»; b)se suprime el punto 4. 5)El artículo 8 se modifica como sigue: a)el apartado 1 se modifica como sigue: i)la letra a bis) se sustituye por el texto siguiente: «a bis) elaborar y mantener actualizado un manual de supervisión de la Unión relativo a la supervisión de las entidades financieras de la Unión;»; ii)se inserta la letra a ter) siguiente: «a ter) elaborar y mantener actualizado un manual de resolución de la Unión relativo a la resolución de las entidades financieras de la Unión, que establezca las mejores prácticas en materia de supervisión y métodos y procedimientos de alta calidad;»; iii) las letras e) y f) se sustituyen por el texto siguiente: «e) organizar y llevar a cabo evaluaciones de las autoridades competentes y, en ese contexto, formular directrices y recomendaciones y determinar las mejores prácticas, a fin de reforzar la coherencia de los resultados de la supervisión; f) seguir y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de competencia, incluida, cuando proceda, la evolución de las tendencias del crédito, en particular a hogares y pymes, y de los servicios financieros innovadores;»;

iv)la letra h) se sustituye por el texto siguiente: «h) promover la protección de los depositantes, consumidores e inversores;»; v)se añade la letra l) siguiente: «l) contribuir a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.»; b)en el apartado 1 bis, se inserta la letra c) siguiente: «c) atenderá a la innovación tecnológica, los modelos de negocio innovadores y sostenibles, y la integración de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza.»; c)el apartado 2 se modifica como sigue: i) se inserta la letra c bis) siguiente: «c bis) emitir recomendaciones, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 29 bis y 31 bis;»; ii) la letra h) se sustituye por el texto siguiente: «h) recopilar la información necesaria respecto de las entidades financieras como estipulan los artículos 35 y 35 ter;». 6)El artículo 9 se modifica como sigue: a)el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. La Autoridad hará un seguimiento de las actividades financieras nuevas y existentes, y podrá adoptar directrices y recomendaciones con vistas a promover la seguridad y la solidez de los mercados, así como la convergencia de las prácticas reguladoras y de supervisión.»; b)el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: «4. La Autoridad creará, como parte integrante de la Autoridad, un Comité sobre innovación financiera que reúna a todas las autoridades competentes y a las autoridades responsables de la protección de los consumidores que proceda, con vistas a alcanzar un enfoque coordinado del tratamiento en materia de regulación y de supervisión de las actividades financieras nuevas o innovadoras, y a prestar asesoramiento a la Autoridad para que lo presente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. La Autoridad podrá incluir también en el Comité a las autoridades nacionales de protección de datos.». 6 bis) Se insertan los artículos 9 bis y 9 ter siguientes: «Artículo 9 bis

Funciones específicas relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 1.La Autoridad asumirá un papel de liderazgo en la promoción de la integridad, la transparencia y la seguridad del sistema financiero a través de la adopción de medidas para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular mediante: a)la recopilación de información de las autoridades competentes en relación con las deficiencias detectadas en los procesos y procedimientos, los mecanismos de gobernanza, las evaluaciones de idoneidad, los modelos de negocio y las actividades de los operadores del sector financiero para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las medidas adoptadas por las autoridades competentes; las autoridades competentes facilitarán toda esa información a la Autoridad, además de cumplir cualesquiera obligaciones impuestas por el artículo 35; la Autoridad se coordinará estrechamente con las unidades de inteligencia financiera;

b)la elaboración de normas comunes para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector financiero y la promoción de una aplicación sistemática de las mismas; c)el seguimiento de la evolución del mercado y la evaluación de los puntos vulnerables al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo en el sector financiero. 2.La Autoridad creará y mantendrá actualizada una base de datos central con la información recopilada en virtud del apartado 1, letra a). La Autoridad velará por que la información se analice y se ponga a disposición de las autoridades competentes cuando necesiten tener conocimiento de ella y de manera confidencial. 3.La Autoridad promoverá la convergencia de los procesos de supervisión a que se refiere la Directiva (UE) 2015/849, en su caso mediante evaluaciones periódicas, de conformidad con el artículo 30. Cuando tales evaluaciones pongan de manifiesto graves deficiencias en la detección, la valoración o el tratamiento de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y la autoridad competente no adopte medidas en respuesta a las medidas de seguimiento previstas en el informe a que se refiere el artículo 30, apartado 3, la Autoridad informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. 4.La Autoridad someterá periódicamente a las autoridades competentes a evaluaciones de riesgos, centrándose principalmente en las autoridades competentes a las que se refiere el artículo 4, apartado 2, inciso ii bis), a fin de probar sus estrategias y recursos a la hora de afrontar y vigilar los riesgos más importantes que surjan en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Autoridad informará a la Comisión de los resultados de estas evaluaciones de riesgos, integrando, en su caso, el análisis de los resultados en el dictamen que debe emitir de conformidad con el artículo 6, apartado 5, de la Directiva (UE) 2015/849. 5.En los casos importantes de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo que afecten a cuestiones transfronterizas con terceros países, la Autoridad asumirá un papel de liderazgo a la hora de facilitar la cooperación entre las autoridades competentes de la Unión y las autoridades pertinentes de terceros países. 6.La Autoridad creará un comité interno permanente de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para coordinar las medidas destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y preparar los proyectos de decisiones que deba adoptar la Autoridad de conformidad con el artículo 44. 7.El comité estará presidido por el Presidente de la Junta de Supervisores y estará compuesto por los máximos responsables de las autoridades y organismos competentes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Directiva (UE) 2015/849 por parte de las entidades financieras. Además, la Comisión, la JERS, el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados podrán nombrar cada uno a un representante de alto nivel para que participe en calidad de observador en las reuniones del comité. Artículo 9 ter

Solicitud de investigación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 1.En asuntos relacionados con la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849, la Autoridad podrá, cuando disponga de indicios de infracciones graves, solicitar a una autoridad competente de las contempladas en el artículo 4, apartado 2, inciso ii bis), que investigue las posibles infracciones del Derecho de la Unión y, en el caso de que dicho Derecho de la Unión esté integrado por directivas o conceda expresamente opciones a los Estados miembros, las posibles infracciones de la legislación nacional de transposición de las directivas o de ejercicio de las opciones concedidas a los Estados miembros por el Derecho de la Unión, cometidas por un operador del sector financiero, y que considere la posibilidad de imponer sanciones a dicho operador en relación con tales infracciones. En caso necesario, también podrá solicitar a una autoridad competente de las contempladas en el artículo 4, apartado 2, inciso ii bis), que considere la posibilidad de adoptar una decisión individual dirigida a dicho operador del sector financiero en la que le exija tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión directamente aplicable, o de la legislación nacional de transposición de las directivas o de ejercicio de las opciones concedidas a los Estados miembros por el Derecho de la Unión, incluido el cese de cualquier conducta. 2.La autoridad competente deberá satisfacer toda solicitud que le sea presentada de conformidad con el apartado 1, e informará a la Autoridad en un plazo de diez días de las medidas que haya adoptado o se proponga adoptar para responder a dicha solicitud. 3.Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 del TFUE confiere a la Comisión, cuando una autoridad competente no cumpla lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, será de aplicación el artículo 17.». 7)El artículo 16 se modifica como sigue: a)en el apartado 1, se añade el párrafo siguiente: «Asimismo, la Autoridad podrá dirigir orientaciones y recomendaciones a las autoridades de los Estados miembros que no se definan como autoridades competentes con arreglo al presente Reglamento pero que estén facultadas para velar por la aplicación de los actos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2.»; b)el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. Salvo en circunstancias excepcionales, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre las directrices y recomendaciones que emita y analizará los costes y beneficios potenciales derivados de la formulación de dichas directrices y recomendaciones. Esas consultas y análisis serán proporcionados en relación con el alcance, el carácter y la repercusión de las directrices o recomendaciones. Salvo en circunstancias excepcionales, la Autoridad recabará asimismo el dictamen o el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector bancario a que se refiere el artículo 37.»; c)en el apartado 4, se añade la frase siguiente: «En el informe se explicará asimismo el modo en que la Autoridad ha justificado la formulación de sus directrices y recomendaciones y se resumirá la información obtenida en las consultas públicas sobre esas directrices y recomendaciones.»;

d)se añade el apartado 5 siguiente: «5. Cuando dos tercios de los miembros del Grupo de partes interesadas del sector bancario consideren que la Autoridad se ha extralimitado en su competencia al emitir determinadas directrices o recomendaciones, podrán enviar un dictamen motivado a la Comisión. La Comisión pedirá a la Autoridad una explicación que justifique la emisión de dichas directrices o recomendaciones. Una vez que haya recibido la explicación de la Autoridad, la Comisión evaluará el alcance de las directrices o recomendaciones teniendo en cuenta la competencia de la Autoridad. Cuando considere que la Autoridad se ha extralimitado en su competencia, y tras haberle ofrecido a esta la oportunidad de expresar su punto de vista, la Comisión podrá adoptar una decisión de ejecución en la que inste a la Autoridad a retirar las directrices o recomendaciones de que se trate. La decisión de la Comisión se hará pública.». 8)El artículo 17 se modifica como sigue: a)en el apartado 2, se añaden los párrafos siguientes: «Sin perjuicio de las competencias previstas en el artículo 35, la Autoridad podrá dirigir directamente una solicitud de información debidamente justificada y motivada a otras autoridades competentes o entidades financieras pertinentes cuando lo considere necesario a efectos de investigar una supuesta infracción u omisión de aplicación del Derecho de la Unión. Cuando vaya dirigida a entidades financieras, la solicitud motivada deberá explicar por qué es necesaria la información a efectos de investigar una supuesta infracción u omisión de aplicación del Derecho de la Unión. El destinatario de tal solicitud facilitará a la Autoridad información clara, exacta y completa, sin demoras injustificadas. Cuando se haya dirigido una solicitud de información a una entidad financiera, la Autoridad informará de la solicitud a las autoridades competentes pertinentes. Las autoridades competentes ayudarán a la Autoridad a obtener la información, cuando así lo solicite esta.»; b)los apartados 6 y 7 se sustituyen por el texto siguiente: «6. Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 del Tratado confiere a la Comisión, en caso de que una autoridad