Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

En su programa de acción social a medio plazo (1995-1997), la Comisión anunció la presentación de un informe sobre la transposición de la Directiva 80/987/CEE en los quince Estados miembros y previó decidir, basándose en dicho informe [1] y en los estudios que se realizaran más adelante, si era necesario --y en qué medida-- revisar la citada Directiva.

[1] COM(95) 164 final y COM(96) 696 final.

Concretamente, la cuestión de reexaminar la Directiva fue tratada y debatida por los Directores Generales encargados de las relaciones laborales, en 1997. A raíz de este debate, se constituyó un grupo ad hoc de expertos gubernamentales de los quince Estados miembros encargado de examinar, en colaboración con los servicios de la Comisión, las principales dificultades constatadas en la aplicación práctica de la Directiva 80/987/CEE [2].

[2] Directiva del Consejo de 20 de octubre de 1980 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. DO L 283, de 28.10.1980, p. 23.

Este grupo de expertos se reunió entre julio de 1997 y abril de 1999. Conforme avanzaban sus trabajos, quedó de manifiesto que era necesario revisar la Directiva.

La Comisión confirmó su compromiso en su Comunicación sobre la estrategia para el mercado interior, de 24 de noviembre de 1999 [3], en la que anunció, como primera acción específica para alcanzar el objetivo operativo 1 (Ciudadanos 1), una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para modificar la Directiva 80/987/CEE.

[3] COM(1999) 624 final.

Más recientemente, en su Comunicación relativa a la agenda de política social, de 28 de junio de 2000, la Comisión [4] reafirmó su intención de revisar aquella Directiva con vistas a adaptarla y a mejorarla, teniendo en cuenta la jurisprudencia comunitaria y los cambios del mundo del trabajo.

[4] COM(2000) 379 final.

Los resultados de los trabajos del grupo de expertos gubernamentales han servido en muy gran medida de guía para la orientación y la concepción de la presente propuesta de la Comisión en lo que se refiere a las modificaciones que deben realizarse en la Directiva de 1980.

2. ¿POR QUÉ ES PRECISO MODIFICAR LA DIRECTIVA-

Veinte años después de la adopción de la Directiva 80/987/CEE por el Consejo, la Comisión considera que ha llegado el momento de extraer las conclusiones de los debates y las reflexiones en torno a las dificultades por las que ha atravesado la aplicación práctica de determinadas disposiciones de aquella, así como de proponer al Consejo su modificación.

La Comisión considera que debe mantenerse la estructura básica de la Directiva, ya que no pueden ponerse en tela de juicio su objetivo de protección, el mecanismo establecido ni los resultados obtenidos. No obstante, conforme pasan los años, las nuevas realidades del mercado de trabajo y las reestructuraciones y reconfiguraciones realizadas dentro de las empresas imponen una revisión de la Directiva en una serie de puntos concretos en los que no está al día.

Los principales acontecimientos que han puesto de relieve sus lagunas o sus insuficiencias están relacionados con la evolución del Derecho de insolvencia en los Estados miembros, el dinamismo del mercado interior, la preocupación por mantener la coherencia con otras directivas comunitarias en materia de Derecho del trabajo adoptadas más adelante y la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia.

Las modificaciones propuestas son las siguientes:

* Precisión del campo de aplicación en los artículos 1 y 2 de la Directiva y supresión del anexo actual;

* Nueva noción de insolvencia en el artículo 2: definición basada en la que figura en el Reglamento del Consejo relativo a los procedimientos de insolvencia;

* Simplificación de los artículos 3 y 4;

* Nueva disposición del artículo 8 bis por la que se establece la institución de garantía competente en situaciones transnacionales;

* Nueva disposición del artículo 8 ter por la que se establece la cooperación administrativa entre los Estados miembros para facilitar la aplicación del artículo 8 bis.

3. CONTENIDO ESENCIAL DE LA DIRECTIVA 80/987/CEE

La Directiva 80/987/CEE tiene como objetivo garantizar a los trabajadores asalariados un mínimo comunitario de protección en caso de insolvencia de su empresario. A tal fin, obliga a los Estados miembros a crear un organismo que garantice a los trabajadores asalariados cuyo empresario sea insolvente el pago de los créditos impagados y correspondientes a la remuneración de determinado período. La Directiva autoriza a los Estados miembros a limitar la obligación de pago de las instituciones de garantía y para ello prevé, en los artículos 3 y 4, una serie de fechas y de períodos de referencia para proceder a una limitación temporal de la garantía. Los Estados miembros deben, no obstante, respetar un mínimo comunitario garantizado en el artículo 4.

El estado de insolvencia del empresario está definido en el artículo 2 de la Directiva por medio de una referencia a los procedimientos existentes en los Estados miembros que se refieren al patrimonio del empresario y tienen por objetivo reembolsar colectivamente a sus acreedores.

Los Estados miembros establecen la manera en que han de organizarse, financiarse y funcionar las instituciones de garantía, que deben respetar, no obstante, tres principios:

* El patrimonio de las instituciones debe ser independiente del capital de explotación de los empresarios;

* Los empresarios deben contribuir a su financiación, a menos que los poderes públicos se hagan cargo de la misma en su totalidad;

* La obligación de pago existe independientemente de la ejecución de las obligaciones de contribuir a la financiación.

La Directiva contiene, además, disposiciones que permiten a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias con vistas a evitar abusos y a rechazar o reducir las obligaciones de la Directiva en caso de que no esté justificada la ejecución de la obligación.

La Directiva 80/987/CEE ha sido modificada dos veces; el objeto de estas modificaciones era la adaptación de su anexo a raíz de la adhesión de España y de Portugal [5], una primera vez, y más tarde a raíz de la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia. [6]

[5] Directiva 87/164/CEE del Consejo de 2 de marzo de 1987, DO L 66, de 11.3.1987, p. 11.

[6] Acta relativa a las condiciones de adhesión, anexo I - Lista prevista en el artículo 29 del Acta de adhesión - IV. Política Social - D. Legislación del trabajo, DO C 241, de 29.8.1994, p. 115.

4. EXAMEN DE LOS PROBLEMAS Y LAS SOLUCIONES PROPUESTAS

4.1. Campo de aplicación y definiciones: necesidad de adaptarlos a la evolución producida.

4.1.1. Noción de insolvencia: es preciso ampliar esta noción y, al mismo tiempo, velar por que exista coherencia con otras Directivas comunitarias.

Ampliación de la noción

La Directiva 80/987/CEE se aplica a los créditos en favor de los trabajadores asalariados frente a empresarios que se encuentran en estado de insolvencia, tal como lo define la Directiva.

El artículo 2 de la Directiva actualmente vigente define el estado de insolvencia mencionando los procedimientos previstos por las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas del Estado miembro afectado que se refieren al patrimonio del empresario y tienen como fin reembolsar colectivamente a sus acreedores.

En su sentencia de 9 de noviembre de 1995 en el asunto C-479/93 [7], el Tribunal de Justicia dio una interpretación literal a esta noción en el sentido de que se aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena cuyos empresarios pueden, según su Derecho nacional, ser objeto de un procedimiento concursal.

[7] Sentencia del asunto C- 479/93, Rec. 1995 p. I-3843.

La Comisión considera que esta estricta interpretación exige una adaptación legislativa de la noción comunitaria de insolvencia que tenga en cuenta la finalidad social de la Directiva así como las nuevas tendencias del Derecho de insolvencia en los Estados miembros, y que sirva, al mismo tiempo, para mejorar la coherencia con otras Directivas comunitarias.

El principal objetivo social de la Directiva es proteger los créditos salariales impagados a los trabajadores en caso de insolvencia del empresario. Este objetivo podría, en efecto, verse en entredicho si estuviera permitido eliminar del campo de aplicación de la protección los créditos impagados de los trabajadores cuyos empresarios insolventes no pueden ser sometidos a procedimientos colectivos de reembolso (procedimientos de liquidación) o que son sometidos a procedimientos de insolvencia distintos a los de liquidación y que son cada vez más diversos (convenios entre quebrados y acreedores, saneamiento judicial, suspensión de pagos o procedimientos análogos, destinados a garantizar el funcionamiento de la empresa en una fase ulterior).

Aunque las legislaciones nacionales de transposición recogen, en el caso de la puesta en marcha de la garantía salarial, una noción de insolvencia más amplia que la que contiene la Directiva 80/987/CEE, debería consolidarse a nivel comunitario una definición más adaptada a la finalidad social de la Directiva y a la evolución del Derecho de insolvencia.

Conformidad con otras directivas

La cuestión de la evolución del Derecho de insolvencia y su repercusión en el Derecho del trabajo ya se abordó en el marco de la revisión de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad [8] (denominada en lo sucesivo, «Directiva sobre traspasos»).

[8] DO L 61, de 5.3.1977, p. 26.

Por medio de la Directiva 98/50/CE [9], el legislador comunitario introdujo en la Directiva sobre traspasos algunos elementos de flexibilidad en favor de las empresas que tuvieran que hacer frente a dificultades económicas. La Directiva modificada mantiene explícitamente la libertad de los Estados miembros de no aplicar sus artículos 3 y 4 (mantenimiento de los derechos de los trabajadores) a los traspasos de empresas en el marco del procedimiento de liquidación. Al mismo tiempo, introduce un nuevo elemento de flexibilidad en favor de las empresas en el marco de todo procedimiento de insolvencia (se trate o no de liquidación): los Estados miembros tienen, en particular, la facultad de disponer que no se transfieran al cesionario las obligaciones del cedente derivadas de un contrato de trabajo que puedan existir antes de la fecha del traspaso, siempre y cuando el procedimiento de insolvencia dé lugar, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, a una protección como mínimo equivalente a la que se establece para las situaciones cubiertas por la Directiva 80/987/CEE. En un afán de coherencia, sería deseable adaptar la definición comunitaria del estado de insolvencia a esta nueva situación. En efecto, es preciso que la flexibilidad establecida en favor de las empresas cuya entidad ha sido transferida vaya acompañada de un mínimo de protección garantizado por la Directiva comunitaria 80/987/CEE a los trabajadores afectados.

[9] Directiva del Consejo, de 29 de junio de 1998, por la que se modifica la Directiva 77/187/CEE, DO L 201, de 17.7.1998, p. 88.

Por lo que se refiere a la nueva noción del estado de insolvencia, la Comisión propone recoger la definición del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 1346/2000, de 29 de mayo de 2000, relativo a los procedimientos de insolvencia [10]. Esta definición cubre los procedimientos de quiebra (liquidación) y los demás procedimientos colectivos de insolvencia distintos de la liquidación.

[10] DO L 160, de 30.6.2000, p. 1.

Con vistas a lograr una mejor transparencia y seguridad jurídicas, los Estados miembros estarán obligados a notificar a la Comisión todos los procedimientos de insolvencia que entren en el campo de aplicación de la Directiva --así como toda modificación que les afecte-- que den lugar a la intervención de la institución de garantía. La Comisión procederá a la publicación de dichas comunicaciones en el Diario Oficial.

4.1.2. Los trabajadores asalariados cubiertos: una noción que debe evolucionar

Necesidad de adecuación a otras directivas

El artículo 2 de la Directiva 80/987/CEE remite, por lo que se refiere a la definición de «trabajador asalariado» al Derecho nacional de los Estados miembros. El hecho de basarse en una noción nacional en vez de comunitaria puede restringir el campo de aplicación de la protección acordada por la Directiva. Dicha situación no parece deseable y, en el caso de determinadas categorías de trabajadores, difícilmente puede conciliarse con los objetivos de la política social comunitaria tendentes a encontrar un equilibrio entre la flexibilidad del mercado de trabajo y la seguridad de los trabajadores.

La Comisión propone, por tanto, confirmar el enfoque ya adoptado en la Directiva 98/50/CE anteriormente citada e introducir en el artículo 2 (campo de aplicación) de la Directiva una disposición por la que se prevea que los Estados miembros no pueden excluir del campo de aplicación a los trabajadores a tiempo parcial, tal como los define la Directiva 97/81/CEE [11], ni a los trabajadores con un contrato de duración determinada según lo dispuesto en la Directiva 99/70/CE [12], ni a los trabajadores con una relación laboral de trabajo temporal, tal como los define la Directiva 91/383/CEE [13].

[11] Directiva del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, DO L 14, de 20.1.1998, p. 9.

[12] Directiva del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, DO L 175, de 10.7.1999, p. 43.

[13] Directiva 91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal, DO L 206, de 29.7.1991, p. 19.

Esta precisión relativa al campo de aplicación de la Directiva resulta necesaria para mejorar la coherencia entre la Directiva sobre la insolvencia y las demás directivas antedichas.

Necesidad de reexaminar completamente el anexo

Este afán de coherencia lleva, asimismo, a reexaminar el anexo de la Directiva 80/987/CEE, que prevé la posibilidad de que los Estados miembros excluyan del campo de aplicación a determinadas categorías de trabajadores asalariados.

Según el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 80/987/CEE, los Estados miembros pueden, a título excepcional, excluir del campo de aplicación de la Directiva los créditos de determinadas categorías de trabajadores asalariados:

- debido al tipo específico del contrato de trabajo o de la relación de trabajo de los trabajadores asalariados o

- debido a la existencia de otras formas de garantía que aseguren a los trabajadores asalariados una protección equivalente a la que se desprende de la Directiva.

La lista de las categorías de trabajadores asalariados afectados figura en el anexo de la Directiva.

La primera parte del anexo contiene posibilidades de exclusión que no están ni siquiera sometidas a condiciones de garantía equivalentes a las previstas por la Directiva y se refiere, para determinados países, por ejemplo, a trabajadores que trabajan en su propio domicilio y a trabajadores a tiempo parcial. Por las razones anteriormente expuestas, la Comisión considera que estas posibilidades de exclusión no son conciliables con los objetivos de la política social comunitaria y que concretamente los trabajadores a tiempo parcial así como los trabajadores que trabajan en su propio domicilio no deberían ser excluidos de la protección prevista por la futura Directiva.

Por lo que se refiere a la posibilidad de excluir a los parientes cercanos/cónyuges de los empresarios o de los propietarios de una parte esencial de la empresa, la Comisión considera que esta facultad de exclusión no debería depender de un anexo sino del artículo 10 de la Directiva. Si, en efecto, esta exclusión constituyera un medio para luchar contra los fraudes o contra los contratos de trabajo ficticios, el artículo 10 de la Directiva actual prevé, en su letra b), la facultad de que los Estados miembros rechacen o reduzcan la obligación de pago si resulta que el cumplimiento de la obligación no se justifica debido a la existencia de vínculos particulares entre el trabajador asalariado y el empresario y de intereses comunes concretados mediante una colusión entre ellos.

En la segunda parte del anexo, las posibilidades de exclusión dependen de otras formas de garantía equivalente. En la medida en que estas posibilidades de exclusión responden a los criterios establecidos en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva (otra forma de garantía equivalente) no parece indispensable una enumeración en el anexo, dado que su justificación deriva del apartado 2 del artículo 1 antedicho.

La Comisión propone, por tanto, suprimir el anexo de la Directiva 80/987/CEE y determinar el campo de aplicación de la futura Directiva sobre insolvencia mediante una redacción más precisa del artículo 1.

4.2. La limitación temporal de la garantía: necesidad de la simplificación

La facultad concedida a los Estados miembros de limitar en el tiempo el crédito salarial garantizado deberá mantenerse. No obstante, el método que consiste en proponer a los Estados miembros tres fechas alternativas para determinar a continuación un período de referencia dentro del cual debe situarse el período mínimo de remuneración garantizado se considera un método inútilmente complicado. Desde el momento en que se trata de permitir que se limiten a un período mínimo dado los créditos asumidos por la institución de garantía, con una redacción más sencilla se puede alcanzar el mismo resultado de protección de los trabajadores. Una simplificación apreciable consiste en determinar el mínimo comunitario garantizado y dejar libertad a los Estados miembros para establecer una fecha así como un período de referencia.

Este tipo de simplificación de la Directiva no es solamente más respetuoso del principio de subsidiariedad sino que, al mismo tiempo, puede solucionar un problema que no se aborda en la actualidad en la Directiva. La Directiva actual se refiere únicamente a los salarios adeudados antes de una fecha de referencia. La práctica en los Estados miembros ha demostrado, no obstante, que en determinadas situaciones, debería poder aplicase la garantía a los créditos transcurrida dicha fecha. En efecto, el propio procedimiento de insolvencia una vez abierto atraviesa por diversas fases: la explotación de la empresa puede proseguir durante cierto tiempo, y los salarios correspondientes a este período de explotación siguen adeudándose.

4.3. Las situaciones transnacionales: necesidad de reforzar la protección de los trabajadores asalariados

La realización del mercado interior va acompañada de una tendencia a la reorganización de las empresas que desean aprovechar plenamente las ventajas y las posibilidades ofrecidas por la integración de los mercados. Las operaciones de reorganización y, por tanto, las actividades de las empresas tienen un carácter cada vez más transnacional.

La integración de los mercados hace que sea indispensable adaptar las actuales reglas en función de los cambios o para paliar las lagunas en su funcionamiento. En su Comunicación sobre la estrategia para el mercado interior europeo, la Comisión subrayó la necesidad de aumentar la competitividad de la economía europea y de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Según esta estrategia, el desarrollo continuo del mercado interior debe ocupar una posición central dentro de los esfuerzos realizados para acercar la Unión Europea a los ciudadanos, habida cuenta de su impacto en la vida cotidiana, en su calidad de asalariados, empresarios, consumidores, pensionistas, estudiantes, prestatarios, ahorradores, inversores y contribuyentes. Como asalariados, los ciudadanos deben estar convencidos de que el crecimiento de la competencia va acompañado de niveles adecuados de protección social.

Las situaciones de las empresas con centros o presencia comercial en varios Estados miembros --situaciones que el desarrollo del mercado interior propicia en gran medida-- no dejan de tener consecuencias para los trabajadores asalariados de estas empresas, aunque estos asalariados no se desplacen a otro Estado miembro para efectuar su trabajo. Las consecuencias pueden ser especialmente lamentables cuando el empresario se encuentra en estado de insolvencia con arreglo a la Directiva 80/987/CEE, debido a un procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro (en el que está situada, por ejemplo, la sede de la empresa), y la institución de garantía del país en el que el trabajador realiza habitualmente su trabajo rechaza el pago de los créditos salariales, aunque dicha institución haya percibido las correspondientes cotizaciones.

La falta de una disposición explícita en la Directiva 80/987/CEE, que determina la institución competente para el pago de los créditos salariales en los casos de insolvencia de empresas que disponen de centros en diferentes Estados miembros, se ha percibido como una fuente de inseguridad jurídica y ha conducido a litigios ante los tribunales nacionales. El número de esos casos de dimensión comunitaria no dejará de aumentar con el desarrollo continuo del mercado interior y de la transnacionalización de las actividades de las empresas.

El Tribunal de Justicia, que ya ha conocido de casos de insolvencia con elementos de extranjería, ha adoptado una serie de criterios útiles para resolver los problemas mencionados. Recientemente, ha decidido, por fin, sobre la cuestión de qué institución de garantía debe abonar los créditos salariales en las situaciones descritas anteriormente.

En primer lugar, en la sentencia del asunto C-117/96, Mosbaek [14], el Tribunal estableció dos criterios útiles sobre la institución competente con arreglo a la Directiva 80/987/CEE: el criterio relativo a la financiación del régimen de garantía por las cotizaciones del empresario, por una parte, y el criterio relativo a la apertura del procedimiento de quiebra por otra. El Tribunal consideró que, en la práctica, la apertura de este procedimiento se solicita lo más a menudo en el país en que está establecido el empresario y, por regla general, se trata asimismo del país en el que el empresario contribuye a la financiación de la garantía salarial en el sentido de la Directiva. Dado que, en el asunto Mosbaek, se reunían estos dos criterios pertinentes en un único país miembro, no ha podido aclararse el problema de saber cuál es la institución de garantía competente para el pago de los créditos cuando se trata de una empresa insolvente con centros de actividad o una presencia comercial en varios Estados miembros.

[14] Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Rec. p. I-5017.

En la sentencia de 16 de diciembre de 1999 en el asunto C-198/98 [15], el Tribunal se pronunció sobre un primer caso de dimensión transnacional, es decir: la situación de una empresa insolvente con centros en los diferentes Estados miembros.

[15] Sentencia del asunto G. Everson, T.J. Barras/Bell Lines Ltd., pendiente de publicación.

El Tribunal recordó en su sentencia que, cuando el empresario está establecido en un único Estado miembro, la Directiva prescribe que la institución de garantía competente para el pago de los créditos adeudados a los trabajadores asalariados debe ser la del Estado miembro del lugar de establecimiento. Cuando, como ocurre en el asunto C-198/98, el empresario dispone de diversos centros en diferentes Estados miembros, es preciso, a fin de establecer cuál es la institución de garantía competente, tener en cuenta, a título de criterio adicional y habida cuenta de la finalidad social de la Directiva, el lugar de actividad de los trabajadores. El Tribunal añade que éste corresponde en la mayor parte de los casos al entorno social y lingüístico que les resulta familiar.

La institución de garantía del país en el que el trabajador realiza habitualmente su trabajo es, por lo general, la que percibe o debería percibir las cotizaciones previstas para contribuir a la financiación del régimen de garantía salarial. Por otra parte, es, como ha subrayado el Tribunal, la más cercana al trabajador; éste podrá hacer valer sus derechos en el país en que trabaja habitualmente sin tener que afrontar problemas lingüísticos o de distancia; tampoco estará obligado a hacer gestiones ante un organismo situado en otro Estado miembro con el que no tiene ningún vínculo y donde no conoce los procedimientos vigentes. Esta solución permitirá, asimismo, respetar el principio de igualdad de trato, es decir, que todos aquellos que trabajan en el mismo país disfruten de una protección equivalente.

Con vistas a garantizar la seguridad jurídica necesaria y consolidar los derechos de los trabajadores asalariados con arreglo a las indicaciones del Tribunal en su sentencia de 16 de diciembre de 1999 antedicha, la Comisión propone introducir una nueva disposición en la futura Directiva que determine explícitamente la institución de garantía competente para el abono de los créditos salariales adeudados en situaciones transnacionales de insolvencia en las que se reúnen las siguientes condiciones:

* La empresa/el empresario ejerce su actividad en el territorio de varios Estados miembros;

* Existe una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia en un Estado miembro;

* La insolvencia de esta empresa tiene como consecuencia directa que los trabajadores asalariados que trabajan habitualmente en el territorio de otro Estado miembro en el que su empresario tiene una presencia comercial permanente en suficiente medida (remuneración de los trabajadores asalariados en este país, vínculos con la administración del Estado, contribuciones sociales) tienen créditos salariales impagados en el sentido de la Directiva.

El respeto de esta nueva disposición, que implica automáticamente el reconocimiento de la apertura de procedimientos de insolvencia en otro Estado miembro, se verá facilitado por la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1346/2000 relativo a los procedimientos de insolvencia. Aunque el principio de reconocimiento de las decisiones adoptadas en el marco de los procedimientos de insolvencia abiertos en otro Estado miembro se desprende ya de la sentencia del Tribunal en el asunto C-198/98, este Reglamento podrá aportar precisiones útiles.

En efecto, el Reglamento, que tiene por objetivo mejorar y acelerar los procedimientos de insolvencia que tienen efectos transfronterizos, establece las normas de la competencia internacional (artículo 3), fija la legislación aplicable al procedimiento de insolvencia, a su desarrollo y a sus efectos materiales (artículo 4) y prevé el principio del reconocimiento inmediato de las resoluciones relativas a la apertura (artículo 16). Este último principio significa que dicha resolución produce, sin ningún otro trámite en cualquier otro Estado miembro, los efectos que le atribuye la ley del Estado de apertura.

5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

5.1. Principio de subsidiariedad

La modificación de la Directiva 80/987/CEE es la única manera de establecer una nueva noción comunitaria del estado de insolvencia, que es necesaria para hallar un mejor equilibrio entre el Derecho de insolvencia y el Derecho del trabajo así como para garantizar la coherencia con la Directiva 98/50/CE del Consejo.

La adopción de una norma explícita para determinar la institución competente para el pago de los créditos salariales en situaciones transnacionales de insolvencia es necesaria por razones de claridad y de seguridad jurídica y puede, en el futuro, evitar situaciones que podrían conducir a conflictos sobre la Ley aplicable. Esta norma debe encontrarse a nivel comunitario y tiene su sitio en una futura Directiva relativa a la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario. Esta adaptación debe hacerse por medio de una Directiva del Consejo por la que se modifique la Directiva 80/987/CEE.

Las demás aclaraciones y simplificaciones de la redacción son propuestas por la Comisión en un afán de transparencia y de coherencia con otros instrumentos comunitarios.

Todas estas adaptaciones deben hacerse por medio de una Directiva del Consejo por la que se modifique la Directiva 80/987/CEE.

5.2. Principio de proporcionalidad

El contenido del instrumento propuesto es también conforme al principio de proporcionalidad, dado que establece un mínimo comunitario de protección al tiempo que confía a los Estados miembros la tarea de establecer las modalidades así como las fechas y los períodos que han de tenerse en cuenta.

La legislación comunitaria no impone obligaciones administrativas, financieras o jurídicas que pudieran ser contrarias a la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

6. FUNDAMENTO JURÍDICO

En el momento de la adopción de la Directiva 80/987/CEE, el legislador comunitario se vio obligado --por el vínculo que establecía el antiguo artículo 117 del Tratado entre el compromiso de los Estados miembros de «promover la mejora de las condiciones de vida y de trabajo» y la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para alcanzar dicho objetivo-- a basar la Directiva sobre el antiguo artículo 100 del Tratado. A falta de un fundamento jurídico específico sobre las medidas relativas a la mejora de las condiciones de trabajo, era necesario recurrir al fundamento jurídico general previsto para la aproximación de las legislaciones.

Ahora bien, tras la entrada en vigor del Tratado CE, modificado por el Tratado de Amsterdam, el Título XI «Política social, de educación, de formación profesional y de juventud» contiene un nuevo capítulo, «Disposiciones sociales», que introduce nuevos fundamentos jurídicos específicos para adoptar medidas en el ámbito social.

El nuevo artículo 136 del Tratado mantiene el compromiso de los Estados miembros de fomentar la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, y el artículo 137 establece que, para conseguir los objetivos del artículo 136, la Comunidad apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos mencionados en el primer apartado, entre los que figuran las condiciones de trabajo. El apartado 2 prevé, a continuación, que el Consejo adoptará, mediante directivas, las disposiciones mínimas y que decidirá con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251.

La Comisión considera, por lo tanto, que el apartado 2 del artículo 137 del Tratado constituye en lo sucesivo la base específica y apropiada para los instrumentos por los que se pretende mejorar las condiciones de trabajo y que la Directiva por la que se modifica la Directiva 80/987/CEE debe, por tanto, basarse en este artículo.

7. CONSULTA DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES A NIVEL COMUNITARIO

De conformidad con el apartado 2 del artículo 138 del Tratado CE, la Comisión, antes de presentar propuestas en el ámbito de la política social, debe consultar a los interlocutores sociales sobre la orientación posible de una acción comunitaria. De ese modo, el 10 de febrero de 2000, decidió iniciar la primera fase de consultas de los interlocutores sociales y solicitar su opinión sobre la necesidad de una modificación de la Directiva 80/987/CEE así como sobre el enfoque previsto.

La mayoría de los interlocutores sociales que respondieron a esta primera consulta consideran que podría resultar útil una iniciativa comunitaria para revisar la Directiva 80/987/CEE del Consejo, a fin de adaptarla mejor a las realidades actuales.

Tras haber examinado las reacciones de los interlocutores sociales, la Comisión prosiguió sus reflexiones internas e inició, el 7 de junio de 2000, la segunda fase de consultas de los interlocutores sociales sobre el contenido de una propuesta para modificar la Directiva en cuestión. En el punto 6 del anexo se resumen las posiciones de los interlocutores sociales.

8. EXPLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR ARTÍCULO

Artículo 1

El artículo 1 contiene todas las propuestas de modificación de la Directiva 80/987/CEE.

1. El título: se propone un nuevo título a fin de tener en cuenta el nuevo fundamento jurídico

2. Los artículos 1 a 4: Campo de aplicación y definiciones

Al final del apartado 2 del artículo 1, el texto precisa que los Estados miembros que deseen excluir a categorías de trabajadores debido a la existencia de otras formas de garantía están obligados a establecer que garantizan a los trabajadores contemplados una protección equivalente a la prevista por la Directiva.

El segundo párrafo del antiguo apartado 2, que remite a la lista que figura en el anexo, se suprime. Por consiguiente, se suprime el anexo de la Directiva 80/987/CEE.

Se suprime el antiguo apartado 3, relativo a Groenlandia.

En un nuevo apartado 3 se prevén posibilidades de exclusión correspondientes al punto I del antiguo anexo (categorías de trabajadores con un contrato de trabajo o una relación de trabajo de índole particular).

El campo de aplicación de la Directiva será por tanto determinado en el cuerpo de la Directiva, lo que permite suprimir el anexo. Esta redacción se propone con un afán de transparencia y de simplificación de la Directiva.

En el artículo 2, se propone sustituir la definición limitada a los procedimientos de liquidación contenidos en la Directiva de 1980 (reembolso colectivo de los acreedores y toma en consideración de los créditos correspondientes) por una nueva que remite a la definición que figura en el artículo 1 del Reglamento relativo a los procedimientos de insolvencia.

En el apartado 2, se mantendrán las remisiones al Derecho nacional; no obstante, por lo que se refiere al término «trabajador asalariado», se propone añadir una precisión relativa a los trabajadores a tiempo parcial, a los trabajadores con un contrato de duración determinada y a los trabajadores temporales que no podrán ser excluidos del campo de aplicación de la Directiva.

Se añade un nuevo apartado 3 para definir el sentido del término «centro de actividad» tal como se utiliza en el artículo 8 bis. Esta definición se basa en la que figura en la letra h) del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1346/2000 relativo a los procedimientos de insolvencia.

El apartado 1 del artículo 3 establece la obligación general de garantizar el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados relativos a la remuneración correspondiente a un período determinado.

En el párrafo segundo, en lugar de prever tres fechas alternativas, se propone confiar a los Estados miembros la tarea de determinar la fecha que permite calcular el período de remuneración a cargo de las instituciones de garantía.

El artículo 4 mantiene la facultad de que los Estados miembros limiten en el tiempo los créditos salariales a cargo de las instituciones de garantía. No obstante, se propone simplificar el régimen de limitaciones temporales basado en fechas y períodos alternativos y establecer solamente un mínimo comunitario de tres meses de remuneración.

Si los Estados miembros incluyen este período de tres meses en un período de referencia, se propone establecer un período mínimo de seis meses.

3. Se añade una nueva sección III bis:

El nuevo artículo 8 bis establece la institución de garantía competente para el abono de las cantidades adeudadas a los trabajadores.

En cuanto a las situaciones transnacionales, el nuevo artículo 8 ter prevé la cooperación administrativa entre los Estados miembros con vistas a facilitar el desarrollo de los procedimientos de pago.

4. Se añade un nuevo artículo 10 bis:

El nuevo artículo 10 bis prevé que los Estados miembros establezcan y notifiquen los procedimientos de insolvencia que entran en el campo de aplicación de la Directiva, así como todas las modificaciones que les afectan, a la Comisión y a los demás Estados miembros.

Los artículos 2, 3 y 4 contienen las disposiciones habituales relativas a los destinatarios así como a las fechas de aplicación y entrada en vigor.

2001/0008 (COD)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y particularmente el apartado 2 de su artículo 137,

Vista la propuesta de la Comisión [16],

[16] DO C ...

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [17],

[17] DO C ...

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [18],

[18] DO C ...

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [19],

[19] DO C ...

Considerando lo siguiente:

(1) La Carta comunitaria de los derechos fundamentales de los trabajadores, adoptada el 9 de diciembre de 1989, dispone en su apartado 7 que «la realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europea. Esta mejora deberá igualmente desarrollar, cuando sea necesario, ciertos aspectos de la reglamentación laboral, como los procedimientos de despido colectivo o los referentes a las quiebras».

(2) La Directiva 80/987/CEE del Consejo [20], tiene por objetivo garantizar a los trabajadores asalariados un mínimo de protección en caso de insolvencia de su empresario. A tal efecto, obliga a los Estados miembros a crear un organismo que garantice a los trabajadores afectados el pago de los créditos salariales impagados.

[20] DO L 283, de 28.10.1980, p. 23. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia.

(3) La evolución del Derecho de insolvencia en los Estados miembros así como el desarrollo del mercado interior exigen una adaptación de determinadas disposiciones de dicha Directiva.

(4) La seguridad y la transparencia jurídica requieren, por otra parte, precisiones por lo que se refiere al ámbito de aplicación y a determinadas definiciones de la Directiva 80/987/CEE. Concretamente, es necesario precisar, en el ámbito de aplicación de la Directiva, las posibilidades de exclusión concedidas, a título excepcional, a los Estados miembros, así como suprimir el Anexo de la misma.

(5) Con vistas a garantizar una protección equitativa de los trabajadores afectados, es oportuno adaptar la definición del estado de insolvencia a las nuevas tendencias legislativas en la materia en los Estados miembros y abarcar igualmente, por medio de esta noción, los procedimientos de insolvencia distintos de la liquidación. Esta modificación resulta asimismo necesaria a fin de garantizar la coherencia con la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad [21].

[21] DO L 61, de 5.3.1977, p. 26, Directiva modificada por la Directiva 98/50/CE (DO L 201, de 17.7.1998, p. 88).

(6) Es preciso garantizar que los trabajadores contemplados en las Directivas del Consejo 97/81/CE, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES [22], 1999/70/CE de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada [23], y 91/383/CEE, de 25 de junio de 1991, por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal [24] no sean excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

[22] DO L 14, de 20.1.1998, p. 9, Directiva modificada por la Directiva 98/23/CE (DO L 131, de 5.5.1998, p. 10).

[23] DO L 175, de 10.7.1999 p. 43.

[24] DO L 206, de 29.7.1991, p. 19.

(7) A fin de preservar la seguridad jurídica de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia de las empresas que ejerzan sus actividades en varios Estados miembros y de consolidar los derechos de los trabajadores en el sentido de lo dispuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, es preciso introducir una disposición que determine explícitamente la institución competente para el pago de los créditos salariales en esos casos y garantizar una buena aplicación de las disposiciones en la materia, previendo, a tal fin, la colaboración entre las administraciones competentes de los Estados miembros.

(8) Con objeto de facilitar la identificación de los procedimientos de insolvencia, sobre todo en las situaciones transnacionales, conviene prever que los Estados miembros notifiquen a la Comisión y a los demás Estados miembros los procedimientos de insolvencia que den lugar a la intervención de la institución de garantía.

(9) Procede, pues, modificar la Directiva 80/987/CEE en consecuencia.

(10) Con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio de proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del Tratado, los objetivos de la acción prevista, es decir, la adaptación de determinadas disposiciones de la Directiva 80/987/CEE para tener en cuenta la evolución del mercado del trabajo, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario. La presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario a tal fin.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 80/987/CEE quedará modificada como sigue:

1) El título se sustituirá por el texto siguiente:

«Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario»

2) Las Secciones I y II se sustituirán por el texto siguiente:

«SECCIÓN I

Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1

1. La presente Directiva se aplicará a los créditos en favor de los trabajadores asalariados, derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales, frente a empresarios que se encuentren en estado de insolvencia, a efectos del apartado 1 del artículo 2.

2. Los Estados miembros podrán excepcionalmente excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los créditos de determinadas categorías de trabajadores asalariados, en razón de la existencia de otras formas de garantía que ofrezcan a los trabajadores asalariados una protección equivalente a la que resulta de la presente Directiva.

3. Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva:

a) al personal doméstico empleado por una persona física,

b) a los pescadores remunerados a la parte.

Artículo 2

1. Con arreglo a la presente Directiva, un empresario será considerado insolvente cuando se haya solicitado la apertura de un procedimiento colectivo previsto por las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de un Estado miembro, basado en la insolvencia del empresario y que implique el desapoderamiento parcial o total de éste y el nombramiento de un síndico, y cuando la autoridad competente, en virtud de dichas disposiciones:

a) haya decidido la apertura del procedimiento, o

b) haya comprobado el cierre definitivo de la empresa o del centro de actividad del empresario, así como la insuficiencia del activo disponible para justificar la apertura del procedimiento.

2. La presente Directiva no afectará al Derecho nacional en lo que se refiere a la definición de los términos «trabajador asalariado», «empresario», «remuneración», «derecho adquirido» y «derecho en vías de adquisición».

No obstante, los Estados miembros no podrán excluir del campo de aplicación de la presente Directiva:

a) a los trabajadores a tiempo parcial a efectos de la Directiva 97/81/CE,

b) a los trabajadores con un contrato de duración determinada a efectos de la Directiva 1999/70/CE,

c) a los trabajadores con una relación de trabajo temporal a efectos del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 91/383/CEE.

3. A efectos de la presente Directiva, el término «establecimiento» será todo lugar de operaciones en el que el empresario ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes.

SECCIÓN II

Disposiciones relativas a las instituciones de garantía

Artículo 3

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4, el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales.

Los créditos tenidos en cuenta por la institución de garantía serán las remuneraciones impagadas correspondientes a un período situado antes o, en su caso, después de una fecha determinada por los Estados miembros, o antes y después de la misma.

Artículo 4

1. Los Estados miembros tendrán la facultad de limitar la obligación de pago de las instituciones de garantía prevista en el artículo 3.

2. Cuando los Estados miembros hagan uso de la facultad contemplada en el apartado 1, establecerán la duración del período que dé lugar al pago de los créditos impagados por la institución de garantía. Esta duración no podrá, no obstante, ser inferior a un período correspondiente a los tres últimos meses de remuneración impagada.

Los Estados miembros podrán incluir este período mínimo de tres meses en un período de referencia cuya duración no podrá ser inferior a seis meses.

3. Los Estados miembros podrán establecer un límite para los pagos efectuados por la institución de garantía.

Cuando los Estados miembros hagan uso de esta facultad, comunicarán a la Comisión los métodos utilizados para establecer dicho límite.».

3) Se insertará una nueva Sección III bis:

«SECCIÓN III bis

Disposiciones relativas a las situaciones transnacionales

Artículo 8 bis

1. Cuando una empresa con establecimientos en el territorio de al menos dos Estados miembros se encuentre en estado de insolvencia a efectos del apartado 1 del artículo 2, y cuando la apertura del procedimiento de insolvencia haya sido solicitada en un Estado miembro distinto de aquel en cuyo territorio realice habitualmente su trabajo el trabajador, la institución de garantía competente será la de este último Estado miembro.

2. La extensión de los derechos de los trabajadores asalariados será determinada por el Derecho por el que se rija la institución de garantía competente.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de garantizar que, en los casos previstos en el apartado 1 del presente artículo, las decisiones adoptadas en el marco de un procedimiento de insolvencia, previsto en el apartado 1 del artículo 2, cuya apertura se haya solicitado en otro Estado miembro, se tengan en cuenta para determinar el estado de insolvencia del empresario con arreglo a lo establecido en la presente Directiva.

Artículo 8 ter

A efectos de la aplicación del artículo 8 bis, los Estados miembros preverán la cooperación entre las administraciones públicas competentes.»

4) Se insertará el artículo 10 bis siguiente:

«Artículo 10 bis

Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros los procedimientos nacionales de insolvencia que entren dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, así como todas las modificaciones relativas a los mismos.

La Comisión procederá a la publicación de estas notificaciones en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

5) Se suprimirá el Anexo.

Artículo 2

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2003. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Aplicarán las disposiciones contempladas en el párrafo primero a todo estado de insolvencia de un empresario producido después de la entrada en vigor de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia..

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

FICHA DE IMPACTO

IMPACTO DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS, ESPECIALMENTE SOBRE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

Título de la propuesta:

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 80/987/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario

Número de referencia del documento:

Propuesta

1. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, expóngase la necesidad de una normativa comunitaria en este campo, y cuáles son sus principales objetivos

La adaptación de la Directiva 80/987/CEE a la evolución legislativa y a las realidades del mercado interior debe quedar garantizada por un instrumento legislativo. Este instrumento aspira, al mismo tiempo, a aportar una mayor seguridad jurídica a los trabajadores asalariados por medio de una consolidación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La modificación de la Directiva 80/987/CEE es, por otra parte, la única manera de garantizar una aplicación efectiva de las disposiciones de la Directiva en situaciones transnacionales de insolvencia.

El contenido del instrumento propuesto es también conforme al principio de proporcionalidad, dado que determina un mínimo comunitario de protección al tiempo que confía a los Estados miembros la tarea de fijar las modalidades, las fechas y los períodos que han de tenerse en cuenta.

La legislación comunitaria no impone obligaciones administrativas, financieras o jurídicas que puedan contrariar la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

Su impacto sobre las empresas

2. Precísese qué empresas resultarán afectadas por la propuesta:

El presente texto afectará a los trabajadores asalariados que tienen créditos salariales impagados frente a empresarios que se encuentran en estado de insolvencia, tal como lo define la Directiva, a los que afecta el presente texto.

La presente modificación de la Directiva tiene por objetivo consolidar los derechos de estos trabajadores en situaciones de insolvencia transnacionales en el sentido que ya plantea la jurisprudencia del Tribunal.

3. Especifíquese qué medidas deberán adoptar las empresas para conformarse a la propuesta

Ninguna.

4. Efectos económicos probables de la propuesta

La presente propuesta tiene por objetivo reforzar la confianza de los trabajadores asalariados y su convicción de que el desarrollo del mercado interior y el crecimiento de la competitividad de las empresas va acompañado de una protección adecuada de los trabajadores. Por tanto, puede tener efectos favorables sobre la política del mercado interior y sobre la cohesión económica y social.

a) Efectos

- Sobre el empleo:

La propuesta contribuirá a mejorar la calidad y a reforzar la estabilidad del empleo al tiempo que garantiza un mínimo de protección a los trabajadores víctimas de la insolvencia de su empresario, sobre todo cuando se trata de una empresa con centros de actividad en al menos dos Estados miembros.

- Sobre la inversión y la creación de empresas:

La presente propuesta se enmarca dentro de las acciones legislativas destinadas a velar por que el mercado interior contribuya a un desarrollo duradero y equilibrado que tenga en cuenta la competitividad de las empresas y las preocupaciones en materia de empleo. La propuesta facilitará por tanto la inversión y la creación de nuevas empresas en el mercado interior.

- Sobre la competitividad de las empresas:

Tratándose de una acción de seguimiento y de acompañamiento del dinamismo del mercado interior, los efectos sobre la posición competitiva de las empresas que actúan en al menos dos Estados miembros serán favorables.

b) Indíquese si será necesario adoptar nuevos procedimientos administrativos:

No. Gracias a la transposición de la Directiva 80/987/CEE, ya se han instaurado todas las estructuras y procedimientos.

c) Costes y ventajas en términos cuantitativos:

Según establece el artículo 5 de la Directiva 80/987/CEE, las modalidades de financiación de la institución de garantía vienen determinadas por los Estados miembros, que deben, no obstante, observar tres principios. Uno de esos principios (que figura en la letra b) prevé que los «empresarios deberán contribuir a la financiación, a menos que ésta esté garantizada íntegramente por los poderes públicos».

Este principio no resulta modificado por la presente propuesta.

Las ventajas para las empresas en dificultades económicas que se derivan de la creación de una institución de garantía pública son significativas.

d) Indíquese qué costes entrañará la Directiva:

La modificación propuesta no debería afectar a las modalidades de financiación, ni al importe de las contribuciones de las empresas que existen en los Estados miembros. La propuesta de Directiva sigue la evolución de la jurisprudencia.

e) Qué deberán hacer las empresas en términos de control y de evaluación:

La Directiva no prevé ninguna medida de control o de evaluación por parte de las empresas.

5. Señálese si la propuesta contiene medidas especialmente diseñadas para las pequeñas y medianas empresas (obligaciones menores o diferentes, etc.).

La Directiva de 1980 no hace ninguna distinción en función del tamaño de las empresas. Prevé la intervención de una institución pública en casos de insolvencia de las empresas. No obstante, la propuesta de modificación se refiere sobre todo a las empresas que tienen centros en dos Estados como mínimo.

6. Consultas

De conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 138 del Tratado, la Comisión consultó a los interlocutores sociales a nivel comunitario. Las respuestas recibidas por la Comisión figuran a continuación.

La Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME) reafirma su opinión favorable a la determinación explícita de la institución de garantía competente en situaciones transnacionales y considera que sería la del país en el que el trabajador ejerce habitualmente su actividad asalariada y en el que el empresario debería abonar sus cotizaciones.

Por lo que se refiere a la noción de insolvencia, la UEAPME considera que sería útil establecer un marco general con una lista de referencia que reuniera los procedimientos nacionales existentes.

Por lo que se refiere a la coherencia con las demás directivas, la UEAPME subraya sobre todo la especificidad de la relación entre el trabajador temporal, la agencia de trabajo y la empresa usuaria. Por tanto, el trabajador puede disfrutar de la protección prevista por la Directiva solamente en caso de la insolvencia como empresario de la agencia de trabajo temporal.

Por último, la UEAPME es favorable a una simplificación del régimen de limitación temporal y al establecimiento de un mínimo comunitario obligatorio, a condición, no obstante, de que ese mínimo no aumente en esta ocasión.

La confederación Europea de Sindicatos (CES) es favorable a la revisión de la Directiva 80/987/CEE y puede estar de acuerdo sobre el contenido de ésta tal como ha sido expuesto en el documento de consulta.

Más en particular, la CES apoya la propuesta de introducir una nueva disposición en la Directiva que determine explícitamente la institución de garantía competente en situaciones transnacionales.

La revisión también debería referirse a la definición de la noción de insolvencia, incluso si en determinados casos de «reconstrucción» cabe imaginar un «desvío» del mecanismo de la Directiva. La revisión también debería procurar mantener la coherencia con la Directiva «traslados de empresas» y asegurar que los trabajadores a tiempo parcial y por duración determinada y los trabajadores temporales no quedan excluidos de su campo de aplicación.

La CES apoya el enfoque de que la futura Directiva establezca un mínimo garantizado de protección al tiempo que deja a los Estados miembros la libertad de establecer fechas y períodos de referencia.

Por lo que se refiere al anexo y al campo de aplicación, la CES subraya el número en aumento de trabajadores que no son considerados asalariados del empresario sino que tienen un contrato de prestación de servicios. Pide que se haga lo necesario para que estas personas, que pueden quedar excluidas por los Estados miembros en aplicación de la Directiva existente, queden todas cubiertas por la Directiva modificada.

La Confederación Europea de Cuadros (CEC) es favorable a la solución propuesta por la Comisión para establecer la institución de garantía en situaciones transnacionales.

La solución propuesta para definir la noción de insolvencia parece ser adecuada y flexible. La lista de los procedimientos nacionales debería ser flexible para permitir que se incluya automáticamente todo cambio de las normativas nacionales.

La CEC apoya las soluciones propuestas con vistas a garantizar una mejor coherencia con otras Directivas comunitarias. Considera que la propuesta debería incluir el concepto de «trabajador económicamente dependiente», que podría escapar a la definición clásica de «trabajador asalariado».

Por lo que se refiere a la simplificación del régimen de limitaciones temporales, la CEC señala que la Comisión debería garantizar que el período de referencia no conduce a una disminución del mínimo garantizado.

La Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE) está poco convencida de la necesidad de modificar la Directiva.

Por lo que se refiere, en particular, a la dimensión transnacional, considera que la cuestión planteada por la Comisión tiene ya solución en la jurisprudencia y que no sería necesario codificarla. No obstante, la UNICE considera que si la Comisión tiene intención de presentar una propuesta de revisión en ese sentido, debería asimismo garantizar que la institución de garantía que efectúa los pagos como anticipo en el caso de un procedimiento iniciado en otro Estado miembro, pueda cobrar las sumas comprometidas. Según la UNICE, el problema del cobro no está solucionado de manera satisfactoria en el nuevo Reglamento del Consejo relativo a los procedimientos de insolvencia.

La UNICE considera que la coherencia con la Directiva «traslado de empresas» queda garantizada por la referencia hecha a la Directiva 80/987/CEE en la Directiva 98/50/CE.

Por lo que se refiere al campo de aplicación, la UNICE considera que tanto los trabajadores asalariados a tiempo parcial como los asalariados de duración determinada están cubiertos por la Directiva 80/987/CEE. Los trabajadores temporales quedarían cubiertos en el caso de insolvencia del empresario (agencia de trabajo).

El Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP) considera, por lo que se refiere a la dimensión transnacional, que es preciso actualizar la Directiva a fin de garantizar la seguridad jurídica necesaria y consolidar los derechos de los trabajadores asalariados en el sentido de lo dispuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Apoya la propuesta de introducir una nueva disposición en la Directiva a fin de determinar explícitamente la institución de garantía competente cuando una empresa con centros en varios Estados miembros se encuentra en un Estado miembro distinto a aquel en que el trabajador realiza habitualmente su trabajo.

El CEEP también es favorable a la revisión de la definición de la noción de insolvencia, que, en la actualidad, parece demasiado restrictiva y que debería, al mismo tiempo, garantizar la coherencia con la Directiva 98/50/CE. El CEEP podría sumarse a la sugerencia de referirse a los procedimientos colectivos que provocan el desapoderamiento parcial o total del deudor así como la designación de un síndico.

La Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) apoya el punto de vista expuesto por la UNICE. En el caso de una revisión de la Directiva, la ECSA desea que se mantenga el anexo por lo que se refiere a las tripulaciones de los buques de navegación marítima.