Bruselas, 14.7.2004

COM(2004) 492 final

2004/0163 (AVC)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión

(presentada por la Comisión){SEC(2004) 924}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. introducción: necesidad de revisar los reglamentos

El 10 de Febrero de 2004, la Comisión aprobó una propuesta de perspectivas financieras para una Unión Europea ampliada a 27 Estados miembros, válidas durante el período de 2007-2013 [COM(2004)101].

En este contexto, la Comisión opinaba que era preciso reforzar la intervención de la Unión en toda una serie de políticas fundamentales. En particular, la Comisión consideraba que en el conjunto de medidas financieras había que otorgar un papel destacado a una política de cohesión ambiciosa.

La decisión venía a plasmar el trabajo realizado desde la publicación del Segundo informe de cohesión, en 2001, que abrió el debate sobre el futuro de la política de cohesión en la Europa ampliada [COM(2001)24]. El 18 de febrero de 2004, la Comisión aprobó el Tercer informe de cohesión [COM(2004)107], que contenía una propuesta detallada sobre las prioridades y el sistema de ejecución de la nueva serie de programas vinculados a la política de cohesión y correspondientes al período de 2007-2013. La propuesta guarda coherencia con las orientaciones generales establecidas en la comunicación de la Comisión sobre las próximas perspectivas financieras.

Con arreglo al Tercer informe de cohesión, la ampliación de la Unión a 25 Estados miembros y, posteriormente, a 27 ó más, representa un desafío sin precedentes en lo que atañe a la competitividad y la cohesión interna de la Unión. La ampliación ha acentuado las disparidades de desarrollo económico, que ha desplazado geográficamente hacia el este, y ha agravado la situación de empleo:

- La diferencia entre el PIB del 10% de la población que habita en las regiones más prósperas y el 10% de la población que habita en las regiones menos prósperas es actualmente más de dos veces superior a la existente en UE-15.

- En UE-25, 123 millones de personas, que representan el 27% de la población total, habitan en regiones cuyo PIB per cápita es inferior al 75% de la media de la UE, frente a 72 millones de personas, esto es, un 19% sobre el total, en UE-15. De estas personas, cuatro de cada diez viven en regiones que pertenecen a los 15 «antiguos» Estados miembros, siendo las otras seis ciudadanos de los 10 «nuevos» Estados miembros.

- Para que el nivel medio de empleo de los 10 nuevos Estados miembros venga a coincidir con el del resto de la UE, han de crearse cuatro millones de puestos de trabajo. Además, en la UE ampliada, persisten importantes diferencias en el grado de ocupación laboral, que varía dependiendo de la edad y del sexo de las personas.

Por otra parte, toda la Unión se enfrenta al reto que supone la previsible aceleración de la reestructuración económica, debida a la mundialización, la liberalización del comercio, la revolución tecnológica, el desarrollo de la economía y de la sociedad basadas en el conocimiento, el envejecimiento de la población y el aumento de la inmigración.

Finalmente, cabe señalar que la UE registra una ralentización significativa del crecimiento desde 2001. Como resultado de ello, ha aumentado el desempleo en muchas partes de la Unión, con todas las consecuencias sociales que ello acarrea. La Unión debe aprovechar al máximo las oportunidades que la actual tendencia a la recuperación ofrece, como trampolín hacia el futuro.

Con vistas a mejorar los resultados de la economía de la UE, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, reunidos en Lisboa en marzo de 2000, trazaron una estrategia destinada a hacer de Europa la economía basada en el conocimiento de más éxito y más competitiva del mundo, y ello para el año 2010. El Consejo de Niza, celebrado en diciembre de 2000, plasmó los objetivos de Lisboa sobre reducción de la pobreza en una estrategia coordinada de la UE para la inclusión social. El Consejo de Gotemburgo, en junio de 2001, amplió la estrategia de Lisboa, haciendo más hincapié en la necesidad de proteger el medio ambiente y lograr pautas de desarrollo más sostenibles.

La política de cohesión es un factor importante de cara a la consecución de esos objetivos, ya que el crecimiento y la cohesión se refuerzan mutuamente. Reduciendo las disparidades, la Unión coadyuva a garantizar que todas las regiones y todos los grupos sociales puedan contribuir al desarrollo económico general de la Unión, y beneficiarse de ello. Los artículos 3 y 158 del Tratado reflejan este planteamiento, que el proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución enfatiza, al referirse más claramente a la dimensión territorial de la Unión.

La política de cohesión es también necesaria en una situación en la que otras políticas comunitarias arrojan importantes beneficios con costes limitados pero localizados. La política de cohesión sirve para distribuir los beneficios. Esta política, anticipándose al cambio y facilitando la adaptación, puede contribuir a limitar las repercusiones negativas.

Así pues, la política de cohesión, en todas sus dimensiones, debe considerarse parte integrante de la estrategia de Lisboa, aun cuando ya, según señalaba la Comisión en su propuesta sobre las próximas perspectivas financieras, el enfoque que subyace a dicha estrategia necesita ser perfilado y actualizado. Esto es, la política de cohesión debe incorporar los objetivos fijados en Lisboa y Gotemburgo, y convertirse en un instrumento básico para su realización, a través de los programas de desarrollo nacional y regional.

Incrementando la competitividad regional, mediante inversiones cuidadosamente seleccionadas en toda la Unión, y creando condiciones económicas que ayuden a las personas a desarrollar sus capacidades se aprovechará el potencial de crecimiento del conjunto de la economía de la UE, lo que redundará en beneficio de todos. La política regional, al propiciar una distribución equilibrada de la actividad económica a través de la Unión, contribuye a reducir la presión que suponen la sobreconcentración, la congestión y los atascos.

La reforma de la política de cohesión social debe también servir para lograr una mayor eficiencia, transparencia y responsabilidad política. Ello requiere, ante todo, definir una estrategia que fije los temas prioritarios de dicha política, garantice la coordinación con el sistema de gobernanza económico y social, y prevea el examen periódico y transparente de los progresos realizados. Es preciso también simplificar más los sistemas de gestión, introduciendo los conceptos de diferenciación y proporcionalidad en el contexto de una buena gestión financiera. Además, es preciso intensificar la descentralización de la responsabilidad en los interlocutores sobre el terreno, esto es, en las autoridades nacionales, locales y regionales de los Estados miembros.

El presente proyecto de reglamento constituye la propuesta de la Comisión para la próxima serie de programas de la política de cohesión. Representa la base con arreglo a la cual, según lo establecido en el artículo 55 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, el Consejo ha de revisar ese mismo reglamento, el 31 de diciembre de 2006, a más tardar. La Comisión subraya la necesidad de aprobar los reglamentos en el curso de 2005, de modo que 2006 pueda consagrarse a establecer la programación para el período de 2007-2013.

2. una nueva configuración de la política de cohesión a partir de 2006

La Comisión propone que la política de cohesión respalde actuaciones centradas en la inversión en un reducido número de prioridades de la Comunidad, que reflejen las estrategias de Lisboa y de Gotemburgo, y en las se prevea que la intervención comunitaria tendrá un efecto multiplicador y un notable valor añadido. De este modo, la Comisión propone para los programas operativos una lista básica de un número limitado de temas fundamentales, a saber: innovación y economía del conocimiento, medio ambiente y prevención de riesgos, acceso a las comunicaciones y servicios de interés económico general. Los programas en materia de empleo se centrarán en aplicar las reformas necesarias para alcanzar una situación de pleno empleo, mejorar los condiciones de trabajo y la productividad laboral e impulsar la inclusión y la cohesión social, conforme a las orientaciones y recomendaciones de la estrategia europea de empleo (EEE).

Concentración en tres objetivos comunitarios

La persecución de los objetivos fijados en relación con los temas prioritarios debe organizarse en torno a un marco simplificado y más transparente, agrupando la futura serie de programas en tres capítulos: convergencia, competitividad regional y empleo, y cooperación territorial.

2.1. Convergencia

El objetivo de «convergencia» se refiere a los Estados miembros y regiones menos desarrollados, que, según lo estipulado en el Tratado, constituyen la prioridad máxima de la política comunitaria de cohesión. El Tratado aboga por reducir las diferencias entre «los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales» (artículo 158). La ampliación traerá consigo un incremento de las disparidades sin precedentes dentro de la Unión, cuya reducción exigirá un esfuerzo permanente y a largo plazo.

Este objetivo se dirige, ante todo, a aquellas regiones cuyo PIB per cápita es inferior al 75% de la media comunitaria. El objetivo esencial de la política de cohesión, en este contexto, es el de promover factores y condiciones que favorezcan el crecimiento y lleven a alcanzar una convergencia real. Las estrategias deben perseguir el aumento de la competitividad y del empleo a largo plazo.

La Comisión propone también una ayuda temporal, dentro de este objetivo, dirigida a aquellas regiones cuyo PIB per cápita sería inferior al 75% de la media comunitaria en UE-15 («efecto estadístico» de la ampliación) Se trata de regiones cuyas circunstancias objetivas no han variado, si bien su PIB per cápita será más alto, en términos relativos, dentro de la Unión ampliada. En aras de un tratamiento equitativo y a fin de que estas regiones puedan completar el proceso de convergencia, la ayuda será más elevada que la decidida en Berlín, en 1999, para las regiones de «exclusión gradual» de la serie de programas en curso.

Estos programas recibirán ayudas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE) y al Fondo de Cohesión, con arreglo a los principios establecidos en el Tratado.

El Fondo de Cohesión otorgará ayudas a aquellos Estados miembros cuyo PNB sea inferior al 90% de la media comunitaria. Dicha ayuda quedará supeditada al cumplimiento de las condiciones de convergencia económica y a la necesidad de evitar que existan déficit públicos excesivos, según lo estipulado en el artículo 104 del Tratado.

En consonancia con las prioridades establecidas en las perspectivas financieras, el Fondo de Cohesión incrementará la contribución destinada al desarrollo sostenible. A este respecto, las prioridades esenciales seguirán siendo las redes transeuropeas de transporte, en particular los proyectos de interés europeo, y las infraestructuras de protección del medio ambiente. A fin de conseguir un equilibrio adecuado, que refleje las necesidades específicas de los nuevos Estados miembros, se prevé otorgar financiación también a proyectos de transporte por vías férreas y marítimas, vías navegables interiores y transporte intermodal al margen de la red transeuropea de transporte (RTE-T), así como a proyectos de transporte urbano sostenible e inversiones importantes para el medio ambiente en los terrenos fundamentales de la eficiencia energética o las energías renovables.

Asimismo, se hará hincapié en el fortalecimiento de la capacidad institucional y la eficiencia de la Administración pública, incluida la capacidad de gestión de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión.

2.2. Competitividad regional y empleo: anticiparse al cambio y favorecerlo

Aun cuando la intervención en los Estados miembros y regiones menos desarrollados mantiene su carácter prioritario dentro de la política de cohesión, se plantean desafíos importantes que afectan a todos los Estados miembros, como son la aceleración del cambio y de la reestructuración en el ámbito económico y social, la mundialización del comercio, la transición a una economía y una sociedad del conocimiento, el envejecimiento de la población, el incremento de la inmigración, la escasez de mano de obra en sectores clave y los problemas de la inclusión social.

En este contexto, la Unión debe desempeñar un papel destacado. La Comisión propone una doble vía en lo que atañe a la política de cohesión no dirigida a los Estados miembros y regiones menos desarrollados:

- En primer lugar, mediante programas regionales financiados por el FEDER, la política de cohesión propiciará que las regiones y las autoridades regionales se anticipen y favorezcan el cambio económico en las zonas industriales, urbanas y rurales, potenciando su competitividad y atractivo, atendiendo a las disparidades económicas, sociales y territoriales existentes.

- En segundo lugar, mediante programas financiados por el FSE, la política de cohesión propiciará que los ciudadanos se anticipen y adapten a los cambios económicos, conforme a las prioridades fijadas en la estrategia europea de empleo, respaldando medidas dirigidas a lograr el pleno empleo, aumentar la calidad y la productividad laboral, e impulsar la inclusión social.

En los nuevos programas regionales financiados por el FEDER, la Comisión propone una concentración más rigurosa de las intervenciones en los tres temas prioritarios, a saber: la innovación y la economía del conocimiento, la protección del medioambiente y la prevención de riesgos, el acceso a las comunicaciones y los servicios de interés general.

La única fuente de financiación de los nuevos programas será el FEDER. A la hora de distribuir los recursos, es necesario distinguir dos grupos de regiones:

- Las regiones actualmente subvencionables al amparo del objetivo nº 1 que no se ajusten a los criterios fijados en relación con el objetivo de convergencia, aun prescindiendo de los efectos estadísticos de la ampliación. Estas regiones recibirán ayudas con carácter transitorio (bajo el apartado «inclusión gradual») y de forma comparable a las ayudas destinadas a las regiones que ya no son subvencionables al amparo del objetivo nº 1 durante el período 2000-2006.

- Las restantes regiones de la Unión que no entren en el ámbito de aplicación de los programas de convergencia ni puedan acogerse a las ayudas de «inclusión gradual» antes descritas.

Por lo que atañe a los programas operativos financiados por el FSE, la Comisión propone apoyar la aplicación de las recomendaciones en materia de empleo y reforzar las medidas de inclusión social, en consonancia con los objetivos y orientaciones de la estrategia europea de empleo.

A estos efectos, la ayuda debe centrarse en cuatro temas prioritarios, esenciales para la aplicación de la estrategia europea de empleo y en los que la financiación comunitaria puede aportar valor añadido: aumento de la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas; facilitación del acceso al empleo e incremento de la participación en el mercado de trabajo; impulso de la inclusión social y lucha contra la discriminación, promoviendo reformas en materia de empleo y en lo que atañe a la inclusión.

2.3. Cooperación territorial europea

Partiendo de la experiencia de la actual iniciativa INTERREG, la Comisión propone un nuevo objetivo destinado a favorecer la integración armónica y equilibrada del territorio de la Unión, respaldando la cooperación entre los diferentes componentes del mismo en temas de importancia comunitaria, a escala transfronteriza, transnacional e interregional.

La intervención será financiada por el FEDER y se dirigirá a programas integrados gestionados por una autoridad única y centrados en las prioridades básicas establecidas en las agendas de Lisboa y de Gotemburgo.

Podrán recibir ayudas en concepto de cooperación transfronteriza todas las regiones terrestres interiores y determinadas regiones situadas en las fronteras terrestres exteriores, así como ciertas regiones vecinas situadas en las fronteras marítimas. El objetivo será favorecer que autoridades vecinas den soluciones conjuntas a problemas comunes, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo urbano, rural y costero, así como favorecer las relaciones económicas y la creación de redes de PYME.

En cuanto a las intervenciones más generales dirigidas a impulsar la cooperación transnacional, se invita a los Estados miembros y las regiones a analizar la utilidad y efectividad de las trece zonas transnacionales de cooperación existentes (definidas en el contexto de INTERREG IIIB) a la luz de la ampliación. Se trata de delimitar, junto con la Comisión, una serie de zonas para la cooperación transnacional, que sean suficientemente coherentes y presenten intereses y posibilidades comunes que puedan desarrollarse. Está previsto que esta cooperación se centre en prioridades estratégicas de carácter transnacional, tales como la I+D, el medio ambiente, la prevención de riesgos y la gestión integral del agua.

Por último, la Comisión propone que, en el futuro, las regiones incorporen a sus programas regionales actuaciones en el ámbito de la cooperación territorial. Con este objeto, los programas regionales habrán de destinar un cierto volumen de recursos a los intercambios, la cooperación y la creación de redes con regiones de otros Estados miembros.

3. una respuesta integrada frente a características territoriales específicas

La política de cohesión, si ha de ser eficaz, debe tomar en consideración las necesidades y características específicas de ciertos territorios, tales como las regiones ultraperiféricas de la Unión, islas, regiones montañosas, zonas escasamente pobladas del extremo más septentrional de la Unión y ciertas zonas fronterizas de la Unión.

Asimismo, ha de respaldar convenientemente la regeneración urbana y la recuperación de las zonas rurales y las zonas dependientes de la pesca, garantizando que exista complementariedad y coherencia con los instrumentos financieros específicamente destinados a la agricultura y la pesca.

Así, dentro del objetivo de convergencia, la Comisión tiene previsto establecer una dotación específica dirigida a compensar las limitaciones específicas de las regiones ultraperiféricas, con arreglo a lo especificado en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado y conforme a lo manifestado en el Consejo Europeo celebrado en Sevilla los días 21 y 22 de junio de 2002. Al mismo tiempo, en la nueva serie de programas de «cooperación territorial europea», se incluirá la iniciativa «gran vecindad», destinada a facilitar la cooperación con los países vecinos.

Las dificultades de acceso y la lejanía de los grandes mercados son problemas especialmente graves en muchas islas, zonas montañosas y regiones escasamente pobladas, en particular en el extremo más septentrional de la Unión, hecho que se tendrá en cuenta a la hora de asignar los recursos correspondientes al objetivo de competitividad regional y empleo, recurriendo para ello a criterios «territoriales», de modo que queden reflejadas las desventajas comparativas de las regiones que presentan obstáculos geográficos.

Los Estados miembros deben asegurarse de que al afectar los recursos correspondientes a los programas regionales se tengan presentes las particularidades de estas regiones. Con el propósito de favorecer una mayor intervención en estas zonas, que no siempre reciben la atención debida, y a fin de tener en cuenta el mayor coste de la inversión pública per cápita, se propone que, durante el próximo período, los territorios que adolecen de dificultades geográficas se beneficien de un incremento de la contribución comunitaria máxima.

Vistos los resultados positivos de la iniciativa URBAN, la Comisión pretende otorgar más espacio a los problemas urbanos, insertando plenamente las intervenciones en este ámbito en los programas regionales. Los programas regionales habrán de indicar cómo está previsto organizar las intervenciones en el ámbito urbano y la subdelegación de competencias al respecto en las autoridades urbanas.

4. mejora de la organización por lo que atañe a los instrumentos destinados a las zonas rurales y a la reestructuración del sector de la pesca

La Comisión propone simplificar y aclarar la función que corresponde desempeñar a los diferentes instrumentos de ayuda al desarrollo rural y al sector de la pesca. Los actuales instrumentos, encuadrados en la política de desarrollo rural, se agruparán en un instrumento único integrado en la política agrícola común y cuya finalidad será:

- aumentar la competitividad del sector agrario, apoyando la reestructuración;

- mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante apoyo a la gestión de las tierras, por ejemplo cofinanciando las actuaciones de desarrollo rural relacionadas con los espacios protegidos de Natura 2000;

- mejorar la calidad de vida de las zonas rurales y promover la diversificación de las actividades económicas a través de medidas dirigidas a las explotaciones agrarias y a otros agentes del medio rural.

La actual iniciativa comunitaria LEADER+ se integrará en la programación general.

Del mismo modo, también las intervenciones destinadas a la reestructuración del sector de la pesca se reagruparán en un instrumento único, que se orientará hacia actuaciones de apoyo a la reestructuración de dicho sector y a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de aquellas zonas en las que este sector, incluida la acuicultura, desempeña un papel destacado.

Un aspecto importante de estas propuestas es el hecho de que los recursos financieros desplazados desde la política de cohesión a estos nuevos instrumentos seguirán distribuyéndose de forma tal que el grado de concentración sea igual al que actualmente se produce en las ayudas a las regiones y los países menos desarrollados correspondientes a los programas de convergencia.

Junto a estas intervenciones, la política de cohesión respaldará la diversificación de la economía rural y de las zonas dependientes de la pesca hacia actividades que no sean las tradicionales.

5. simplificación y descentralización: reforma del sistema de aplicación

Aunque el mecanismo de aplicación de la política de cohesión ha demostrado su eficacia a la hora de poner en práctica sobre el terreno programas y proyectos de interés europeo de calidad, la gestión de los programas en curso ha planteado algunos problemas.

Por ello, la Comisión propone mantener los principios básicos de la política de cohesión, a saber, programación, cooperación, cofinanciación y evaluación. Ahora bien, propone también aumentar la eficiencia de dicha política mediante una serie de reformas orientadas a lo siguiente: en primer lugar, promover un enfoque más estratégico de la programación; en segundo lugar, introducir una mayor descentralización de las responsabilidades en interlocutores sobre el terreno pertenecientes a las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros; en tercer lugar, mejorar los resultados y la calidad de los programas cofinanciados, mediante una cooperación intensificada y más transparente, y mecanismos de control claros y más rigurosos; por último, simplificar el sistema de gestión dotándolo de mayor transparencia, diferenciación y proporcionalidad, pero garantizando una buena gestión financiera.

5.1. Una orientación más estratégica de las prioridades de la Unión

La Comisión propone que el Consejo adopte un documento general de estrategia de la política de cohesión, con dictamen del Parlamento, antes del nuevo período de programación y basándose en una propuesta de la Comisión, estableciendo en él prioridades claras para los Estados miembros y las regiones.

Esta estrategia guiará la aplicación de la política y la hará políticamente más transparente. Contribuirá a determinar con mayor precisión el grado de sinergia que se desea entre la política de cohesión y las agendas de Lisboa y de Gotemburgo, y acentuará la coherencia con las orientaciones generales de la política económica y la estrategia europea para el empleo.

Todos los años, las instituciones europeas examinarán los avances registrados con respecto a las prioridades estratégicas y los resultados alcanzados, basándose en un informe de la Comisión que resumirá los informes de situación de los Estados miembros.

Además, la Comisión propone simplificar más el sistema en toda una serie de aspectos esenciales.

5.2. Programación

El sistema de programación se simplificará del siguiente modo:

Desde la óptica política: a partir de las orientaciones estratégicas aprobadas por el Consejo, los Estados miembros prepararán un documento marco nacional sobre su estrategia de desarrollo, que se negociará con la Comisión y constituirá la base de elaboración de los programas temáticos y regionales, pero no tendrá valor de instrumento de gestión como el vigente marco comunitario de apoyo.

Desde la óptica operativa: a partir del documento que recoge la política aplicable, la Comisión aprobará programas nacionales y regionales para cada Estado miembro. Los programas se elaborarán de forma agregada o por prioridades únicamente, destacando las operaciones más importantes. Se prescindirá de toda información detallada adicional, actualmente contenida en el «complemento de programación», así como de la gestión por medida.

El número de fondos se limitará a tres (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión), frente a los seis actuales.

Frente a los actuales programas plurifondo, en las futuras intervenciones del FEDER y del FSE se tenderá a un solo fondo por programa. A este respecto, la intervención de cada fondo se hará más coherente, al permitir que el FEDER y el FSE financien, respectivamente, actividades residuales relacionadas con el capital físico y humano. La financiación de estas actividades será limitada y estará directamente relacionada con los principales ámbitos de intervención de cada Fondo. De este modo, la programación se simplificará y ganará en eficacia.

El Fondo de Cohesión y el FEDER seguirán un único sistema de programación en lo que atañe a las infraestructuras de transporte y de medio ambiente. La Comisión aprobará los grandes proyectos por separado, pero éstos se gestionarán en el contexto de los correspondientes programas.

5.3. Gestión y control financieros

En relación con el principio de gestión compartida, uno de los objetivos fundamentales del futuro conjunto de medidas legales aplicables durante el período de programación de 2007-2013 consiste en definir claramente, basándose en la experiencia proporcionada por el actual corpus legislativo, el marco en que se inscriban las responsabilidades de cuantos intervengan en la ejecución del presupuesto comunitario, así como la naturaleza y distribución de tales responsabilidades. Se trata de los Estados miembros y las autoridades de ejecución, por un lado, y la Comisión, por otro. A este respecto, la clarificación servirá para aumentar la eficiencia y eficacia, así como el equilibrio general del sistema.

Sistemas de gestión y control

El proyecto de Reglamento por el que se establecen las disposiciones generales aplicables al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión hace más coherente y transparente la configuración general de los sistemas de gestión y de control:

- la coherencia, al definir claramente tanto las condiciones mínimas aplicables a los sistemas de control y de auditoría en todos los niveles del proceso, como las respectivas tareas y obligaciones que incumben a los diferentes agentes;

- la transparencia, al hacer necesario que todos cuantos intervienen en los controles conozcan los resultados de los controles de cada una de las partes, a fin de aumentar la eficiencia, la eficacia y el equilibrio general del sistema.

El proyecto de Reglamento fija unos requisitos mínimos comunes que todo sistema de gestión y control interno de los Fondos debe cumplir, así como las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión de cara a garantizar que se cumpla el principio de una buena gestión financiera. A estos efectos, los Estados miembros aportarán garantías con respecto a los sistemas de gestión y de control:

- al inicio del periodo, mediante un dictamen sobre el sistema realizado por un organismo de auditoría independiente;

- anualmente, mediante el dictamen de la autoridad de auditoría, que se basará en un informe anual de control;

- al finalizar el período, mediante la declaración de validez sobre el estado final de gastos.

Una vez que la Comisión obtenga garantía de la existencia y buen funcionamiento de los sistemas de gestión y de control, basándose en sus propias auditorías y en auditorías nacionales, podrá basar su confianza en la legalidad y regularidad del gasto declarado en los resultados de los controles nacionales. En consecuencia, podrá limitar sus propias auditorías sobre el terreno exclusivamente a circunstancias excepcionales.

En este mismo orden de cosas, las disposiciones propuestas establecen que el grado de intervención de la Comunidad en la gestión, la evaluación y el control dependerá, entre otras cosas, de la importancia de su contribución. El proyecto de reglamento general autoriza a los Estados miembros a aplicar sus propias normas y utilizar sus estructuras de gestión y de control en los casos en que la aportación nacional prevalezca de forma significativa. Esto es válido sólo si la Comisión ha obtenido garantías sobre la fiabilidad de los sistemas de gestión y control nacionales.

El principio de adicionalidad, según el cual los recursos de la UE deben sumarse a los recursos nacionales, y no sustituirlos, seguirá siendo un principio básico de la política de cohesión. No obstante, conforme al principio de proporcionalidad, la Comisión comprobará la aplicación del principio de adicionalidad sólo en lo que atañe al «objetivo de convergencia». Corresponderá a los Estados miembros garantizar que se cumpla dicho principio en los programas correspondientes a los objetivos de «competitividad regional y empleo» y «cooperación territorial europea».

Gestión financiera

En la gestión financiera, se introducen dos elementos importantes para la simplificación del sistema. Los pagos estarán conectados con las prioridades y no con las medidas, como sucede actualmente. Además, la contribución de la Comunidad se calculará basándose sólo en el gasto público. Se mantienen el sistema de pago (pago a cuenta y reembolso) y el principio de liberación automática del compromiso.

El proyecto de reglamento propone que se establezca un procedimiento de interrupción, retención y suspensión de los pagos en caso de detección de problemas graves en el momento de presentación de la solicitud de pago intermedio.

De cara a simplificar la gestión financiera, la Comisión propone autorizar el cierre parcial de programas, esto es, en lo que atañe a las operaciones ya completadas. El calendario de este cierre lo decide el Estado miembro.

La subvencionalidad del gasto vendrá dada, en gran medida, por las disposiciones nacionales, excepto en un número limitado de ámbitos, por ejemplo, en lo que respecta al IVA, casos en los que seguirán aplicándose las normas comunitarias.

5.4. Concentración de recursos

Los recursos deben seguir concentrándose fundamentalmente en los Estados miembros y las regiones más desfavorecidos y, sobre todo, en los nuevos Estados miembros. En los programas individuales de desarrollo, los fondos se concentrarán en las prioridades establecidas en las agendas de Lisboa y de Gotemburgo, y en las regiones comprendidas en el objetivo de «convergencia» también en el refuerzo de la capacidad institucional.

En cuanto a los programas de competitividad regional, actualmente se pone el acento (dentro del objetivo nº 2) en la distribución de las zonas subvencionables en municipios y distritos, lo que ha llevado a entender la concentración de recursos casi exclusivamente en términos microgeográficos. La concentración geográfica de los recursos en las bolsas o zonas de población más desfavorecida debe seguir revistiendo una importancia primordial en el futuro, pero es preciso reconocer al mismo tiempo que las perspectivas de futuro de esas zonas están estrechamente ligadas al éxito de la región en su conjunto.

Como han reconocido muchas regiones, ello exige elaborar una estrategia coherente para toda la región que permita hacer frente a las necesidades de las zonas menos favorecidas. Así pues, se propone abandonar el actual sistema de distribución en microzonas y decidir el equilibrio entre la concentración geográfica y de otro tipo en el momento de elaborar los programas de competitividad regional, en concertación con la Comisión.

Ello no significa que los recursos financieros desplegados por la UE vayan a diluirse. Bajo el capítulo de «competitividad regional», cada programa operativo deberá justificar su concentración geográfica, temática y financiera.

En el marco de la cooperación, incumbe en primer lugar a las regiones la responsabilidad de concentrar los recursos financieros en aquello que resulte necesario para hacer frente a las disparidades regionales de índole económica, social y territorial. Al aprobar los programas, la Comisión verificará si existe coherencia.

Por último, cabe resaltar que el principio de liberación automática de los fondos no utilizados («norma N+2»), mecanismo propio de la política regional y de la política de cohesión, seguirá siendo un importante incentivo para que los programas se ejecuten rápida y eficientemente.

5.5. Más hincapié en los resultados y la calidad

En aras de la eficacia, es preciso prestar más atención al impacto y a los resultados, y definir mejor qué resultados se busca obtener. En términos generales, la política de cohesión ganaría en eficiencia si se estableciera un diálogo anual con las instituciones europeas, destinado a analizar, basándose en el informe anual de la Comisión, los avances y resultados registrados en los programas nacionales y regionales, de modo que aumente la transparencia y la responsabilidad frente a las instituciones y los ciudadanos.

En el esfuerzo global por mantener la calidad, seguirá siendo esencial la evaluación ex ante y ex post, así como durante la ejecución de los programas. Además, la Comisión propone establecer una reserva comunitaria de eficacia, cuyo objetivo principal será recompensar a aquellos Estados miembros y regiones que registren mayores progresos en la consecución de los objetivos establecidos.

Por último, la Comisión propone que el Estado miembro constituya una pequeña reserva, dentro de su dotación anual, que le permita hacer frente rápidamente a crisis sectoriales o locales imprevistas, consecuencia de la reestructuración industrial o de los efectos de los acuerdos comerciales. Esta reserva se destinará a ayuda suplementaria para los trabajadores afectados y a la diversificación de la economía en las zonas en crisis, sirviendo así de complemento de los programas nacionales y regionales, que deben constituir el principal instrumento de reestructuración, anticipándose al cambio económico.

Los cambios propuestos harán más transparente la aplicación de la política, pues facilitarán el acceso a la misma de los ciudadanos y las empresas, incrementando, en consecuencia, el número de proyectos presentados y contribuyendo a una mejor relación coste-eficacia gracias a una mayor competencia para la obtención de ayuda.

6. Recursos financieros

Los recursos financieros destinados a la política de cohesión son indicativos de la ambición que la Unión ampliada tiene de promover el crecimiento y la creación de empleo en las zonas menos favorecidas. Para el período de 2007-2013, la Comisión propone asignar 336 100 millones de euros (373 900 millones de euros antes de las transferencias a los instrumentos únicos propuestos para el desarrollo rural y la pesca) en apoyo de las tres prioridades establecidas en la política de cohesión reformada.

El desglose indicativo de este importe entre los tres objetivos de dicha política será el siguiente:

- En torno a un 78% para el objetivo de «convergencia» (regiones menos desarrolladas, Fondo de Cohesión y regiones que acusan el «efecto estadístico»), poniendo el énfasis en la ayuda a los doce nuevos Estados miembros. El límite de absorción (límite máximo) de las transferencias financieras a cualquier Estado miembro al amparo de la política de cohesión seguirá siendo, como actualmente, el 4% del PNB, incluidos los importes correspondientes a los instrumentos de desarrollo rural y de la pesca. Las regiones afectadas por el «efecto estadístico» se beneficiarán de una dotación específica y decreciente, dentro del objetivo de «convergencia», para facilitar su «exclusión gradual».

- En torno al 18% para el objetivo de «competitividad regional y empleo». Fuera de las regiones de «inclusión gradual», la distribución entre los programas regionales financiados por el FEDER y los programas nacionales financiados por el FSE será de 50%-50%.

- En torno a un 4% para el objetivo de «cooperación territorial europea».

En la distribución de los recursos financieros entre los Estados miembros, la Comisión propone aplicar el método basado en criterios objetivos utilizado en el Consejo de Berlín (1999) en relación con el objetivo de «convergencia», sin olvidar la necesaria equidad con respecto a las regiones afectadas por el efecto estadístico de la ampliación.

La Comisión distribuirá los recursos correspondientes al objetivo de «competitividad regional y empleo» entre los Estados miembros basándose en criterios económicos, sociales y territoriales comunitarios.

Por último, cabe señalar que, en lo que atañe al objetivo de «cooperación territorial europea», el criterio para la distribución de recursos será la población que habite en las regiones subvencionables y la población total del Estado miembro considerado.

2004/0163 (AVC)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 161,

Vista la propuesta de la Comisión[1],

Visto el dictamen conforme del Parlamento Europeo[2],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[3],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[4],

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,

Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 158 del Tratado establece que, a fin de reforzar su cohesión económica y social, la Comunidad se propondrá reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales. El artículo 159 estipula que esa actuación estará respaldada por los fondos con finalidad estructural, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los otros instrumentos financieros existentes.

(2) La política de cohesión debe contribuir a incrementar el crecimiento, la competitividad y el empleo, para lo cual ha de incorporar las prioridades comunitarias en materia de desarrollo sostenible, según lo especificado en los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo.

(3) Las diferencias económicas, sociales y territoriales, tanto regionales como nacionales, se han acentuado en la Comunidad ampliada. En consecuencia, es necesario incrementar la competitividad y el empleo en toda la Comunidad.

(4) El aumento de las fronteras terrestres y marítimas de la Unión y la ampliación de su territorio hacen que sea preciso potenciar el valor añadido de la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional en la Unión.

(5) La intervención del Fondo de Cohesión debe integrarse en la programación de la ayuda de finalidad estructural, en aras de una mayor coherencia entre los diversos fondos.

(6) Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento (CE) nº 1260/99 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales[5], el Consejo, a propuesta de la Comisión y a más tardar el 31 de diciembre de 2006, debe revisar dicho Reglamento. La aplicación de la reforma de los Fondos que propone el presente Reglamento exige la derogación del Reglamento (CE) nº 1260/99.

(7) Debe especificarse la misión de los diversos instrumentos de ayuda al desarrollo rural, esto es, el Reglamento (CE) nº …, y al sector pesquero, esto es, el Reglamento (CE) nº …[6], que deben integrarse en los instrumentos de la política agrícola común y de la política común de la pesca; estos instrumentos deben coordinarse con los instrumentos de la política de cohesión.

(8) Así, el número de Fondos que faciliten ayuda en el marco de la política de cohesión se limita al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión. Las disposiciones aplicables a cada uno de estos Fondos deben establecerse en reglamentos de aplicación adoptados en virtud de los artículos 148, 161 y 162 del Tratado.

(9) A fin de aumentar el valor añadido de la política de cohesión de la Comunidad, la intervención de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión debe concentrarse y simplificarse, por lo que deben redefinirse los objetivos establecidos en el Reglamento (CE) nº 1260/99. EsEs Estos objetivos deben definirse orientándose hacia la convergencia entre los Estados miembros y las regiones, la competitividad regional y el empleo, y la cooperación territorial europea.

(10) Estos tres objetivos han de atender debidamente a las condiciones económicas, sociales y territoriales.

(11) Las regiones ultraperiféricas deben beneficiarse de medidas específicas y financiación adicional para compensar las dificultades a que se enfrentan como consecuencia de los factores enunciados en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado.

(12) Las zonas septentrionales de la Unión, muy escasamente pobladas, exigen un tratamiento financiero adecuado que contrarreste los efectos de esta desventaja.

(13) Vista la importancia de la dimensión urbana y la contribución de las ciudades al desarrollo regional, en particular las ciudades de mediano tamaño, es preciso tenerlas más en cuenta, otorgándoles mayor relieve dentro de la programación, de cara a favorecer la regeneración urbana.

(14) Los Fondos deben efectuar intervenciones especiales y complementarias a las del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de la Pesca (FEP), con miras a favorecer la diversificación económica de las zonas rurales y de las zonas dependientes de la pesca. Por otra parte, la concentración financiera en las regiones menos desarrolladas debe ser igual a la registrada durante el período de 2000-2006, recibiendo aquéllas de estos últimos instrumentos ayuda que venga a reforzar la recibida de los Fondos.

(15) Es preciso intervenir más intensamente en relación con aquellas zonas que sufren desventajas naturales, esto es, ciertas islas, zonas montañosas y zonas escasamente pobladas, a fin de hacer frente a las dificultades especiales que plantea su desarrollo, así como en lo que atañe a ciertas zonas limítrofes de la Comunidad como consecuencia de la ampliación.

(16) Han de fijarse criterios objetivos que sirvan para determinar las regiones y zonas subvencionables. A este respecto, la identificación de las regiones y zonas prioritarias en el plano comunitario debe basarse en el sistema común de clasificación de las regiones establecido por el Reglamento (CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)[7].

(17) Procede establecer un objetivo de «convergencia» referido a los Estados miembros y regiones menos desarrollados; las regiones a las que se dirige este objetivo son aquellas cuyo producto interior bruto (PIB) per cápita, medido en paridades de poder de compra, sea inferior al 75% de la media comunitaria. Las regiones que acusan el efecto estadístico ocasionado por la reducción de la media comunitaria a raíz de la ampliación deben beneficiarse, por este motivo, de una importante ayuda transitoria, de modo que puedan completar su proceso de convergencia. Esta ayuda finalizará en 2013 y no tendrá continuidad en un nuevo periodo transitorio. Los Estados miembros incluidos en el objetivo de convergencia y cuyo producto nacional bruto (PNB) per cápita sea inferior al 90% de la media comunitaria deben beneficiarse del Fondo de Cohesión.

(18) Procede establecer un objetivo de «competitividad regional y empleo» referido al territorio de la Comunidad no incluido en el objetivo de «convergencia». Son subvencionables aquellas regiones del objetivo nº 1 correspondiente al periodo de programación de 2000-2006 que ya no cumplan los requisitos regionales de subvencionalidad del objetivo de «convergencia» y que, por tanto, se beneficien de una ayuda transitoria, así como todas las demás regiones de la Comunidad.

(19) Procede establecer un objetivo de «cooperación territorial europea» referido a las regiones con fronteras terrestres o marítimas, las zonas de cooperación transnacional definidas en el contexto de las intervenciones en pro de un desarrollo territorial integrado y de apoyo a las redes de cooperación interregional e intercambio de experiencias. La mejora y simplificación de la cooperación en las fronteras exteriores de la Comunidad comporta el recurso al instrumento europeo de vecindad y cooperación, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº ..., y del instrumento de preadhesión, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº ...

(20) Las intervenciones de los Fondos y las operaciones que contribuyen a financiar deben ser coherentes y compatibles con las demás políticas comunitarias, y ser conformes con la legislación comunitaria.

(21) La acción de la Comunidad debe ser complementaria de la desarrollada por los Estados miembros o contribuir a su realización. Debe potenciarse la cooperación mediante disposiciones que prevean la participación de diversos tipos de interlocutores, en particular las regiones, respetando plenamente la organización institucional de los Estados miembros.

(22) La programación plurianual ha de orientarse hacia la consecución de los objetivos de los Fondos, garantizando la disponibilidad de los recursos financieros necesarios, así como la coherencia y continuidad de la acción conjunta de la Comunidad y los Estados miembros.

(23) La Comunidad puede adoptar medidas, conforme al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado, destinadas a impulsar los objetivos de «convergencia», «competitividad regional y empleo» y «cooperación territorial europea». Estos objetivos no pueden ser alcanzados adecuadamente por los Estados miembros debido a la magnitud de las disparidades existentes y la limitación de los recursos financieros de los Estados miembros y de las regiones subvencionables al amparo del objetivo de «convergencia». Por ello, es más fácil su logro desde el plano comunitario, gracias a la garantía plurianual de financiación comunitaria, que permite concentrar la política de cohesión en las prioridades comunitarias. Con arreglo al principio de proporcionalidad establecido en el artículo antes mencionado, el presente Reglamento se limita a establecer lo estrictamente necesario para alcanzar dichos objetivos.

(24) Resulta oportuno intensificar la subsidiariedad y proporcionalidad de la intervención de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión.

(25) De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Tratado, en materia de cogestión deben especificarse las condiciones necesarias para que la Comisión pueda ejercer las responsabilidades que le incumben en relación con la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas, y deben clarificarse las obligaciones de cooperación que incumben a los Estados miembros. La aplicación de estas condiciones permitirá a la Comisión determinar si los Estados miembros están utilizando los Fondos de forma lícita y correcta, y según el principio de buena gestión financiera establecido en el Reglamento financiero.

(26) Al objeto de garantizar un verdadero impacto económico, las contribuciones de los Fondos Estructurales no podrán sustituir al gasto público de los Estados miembros al amparo del presente Reglamento. La comprobación del cumplimiento del principio de adicionalidad, a través de la cooperación, se centrará en las regiones incluidas en el objetivo de «convergencia», debido a la intensidad de los recursos financieros que se les destinan, y podrá dar lugar a una corrección financiera si se incumple dicho principio.

(27) Dentro de sus esfuerzos en pro de la cohesión económica y social, la Comunidad promueve el objetivo de eliminar las disparidades y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, conforme a lo recogido en los artículos 2 y 3 del Tratado.

(28) Es preciso acentuar la concentración financiera en el objetivo de «convergencia», ya que la Unión ampliada presenta mayores disparidades; además, debe mantenerse el esfuerzo en pro del objetivo de «competitividad regional y empleo» para contribuir al aumento de la competitividad y del empleo en el resto de la Unión; igualmente, deben aumentarse los recursos destinados al objetivo de «cooperación territorial europea», por su especial valor añadido.

(29) Han de establecerse disposiciones sobre la asignación de los recursos disponibles. Estos recursos se asignan anualmente y debe garantizarse que buena parte de ellos se destine a las regiones menos desarrolladas, incluidas aquellas que perciban ayuda transitoria como consecuencia del efecto estadístico.

(30) Los créditos anuales asignados a un Estado miembro con cargo a los Fondos deben estar sujetos a un límite máximo, fijado en función de la capacidad de absorción de dicho Estado.

(31) La Comisión debe establecer el desglose indicativo de los créditos de compromiso disponibles, aplicando un método objetivo y transparente. El 3% de los créditos correspondientes a los Fondos Estructurales asignados a los Estados miembros al amparo de los objetivos de «convergencia» y «competitividad regional y empleo» debe destinarse a la constitución de una reserva comunitaria dirigida a recompensar la calidad y la eficacia.

(32) Los créditos disponibles con cargo a los Fondos deben ser objeto de una indexación a tanto alzado a efectos de la programación.

(33) Con el propósito de dotar a la política de cohesión de un mayor contenido estratégico, incorporando a ella las prioridades comunitarias, en aras de una mayor transparencia, el Consejo debe adoptar orientaciones estratégicas a propuesta de la Comisión; el Consejo debe examinar la aplicación de las mismas por los Estados miembros, basándose en un informe de la Comisión.

(34) A partir de las orientaciones estratégicas adoptadas por el Consejo, cada Estado miembro ha de elaborar un documento nacional de referencia sobre su estrategia de desarrollo, negociado con la Comisión, que debe aprobarlo, y que constituirá el marco en el que se inscriban los programas operativos.

(35) La programación y gestión de los Fondos Estructurales debe simplificarse atendiendo a sus rasgos específicos, previendo que los programas operativos puedan ser financiados por el FEDER o por el FSE, pudiendo cada uno de estos Fondos financiar, con carácter complementario y de forma limitada, intervenciones que entren en el ámbito de actuación del otro Fondo.

(36) Con vistas a aumentar su complementariedad y simplificar su aplicación, las ayudas del Fondo de Cohesión y del FEDER deben programarse conjuntamente en los programas operativos referidos al transporte y al medio ambiente.

(37) La programación debe garantizar la coordinación de los Fondos entre sí y con los demás instrumentos financieros existentes, así como con el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones. Esta coordinación debe extenderse también a la elaboración de planes financieros complejos y a la cooperación entre el sector público y privado.

(38) El período de programación ha de tener una duración única de siete años, a fin de mantener la simplificación del sistema de gestión definido en el Reglamento (CE) nº 1260/1999.

(39) Los Estados miembros y las autoridades de gestión, en el contexto de los programas operativos cofinanciados por el FEDER, deben establecer las disposiciones necesarias para la cooperación interregional, atendiendo a las características especiales de las zonas que adolecen de desventajas naturales.

(40) De cara a satisfacer la necesidad de simplificar y descentralizar, tanto la programación como la gestión financiera han de ceñirse a las prioridades, quedando suprimido el marco de apoyo comunitario y el complemento de programación previstos en el Reglamento (CE) nº 1260/99.

(41) Los Estados miembros, las regiones y las autoridades de gestión deben prever, en el contexto de los programas operativos cofinanciados por el FEDER al amparo de los objetivos de «convergencia» y de «competitividad regional y empleo», la subdelegación de competencias en las autoridades responsables de las zonas urbanas por lo que respecta a las prioridades concernientes a la regeneración de las ciudades.

(42) La dotación adicional destinada a compensar los costes suplementarios que sufren las regiones ultraperiféricas debe integrarse en los programas operativos financiados por el FEDER en esas regiones.

(43) Es preciso adoptar disposiciones específicas en lo que atañe al objetivo de «cooperación territorial europea» financiado por el FEDER.

(44) La Comisión debe poder aprobar los grandes proyectos incluidos en los programas operativos, en su caso en asociación con el BEI, de modo que pueda examinar su finalidad, sus repercusiones y las medidas adoptadas para dar a los recursos comunitarios el uso previsto.

(45) En el capítulo de la asistencia técnica, los Fondos deben facilitar apoyo para la realización de evaluaciones, la mejora de la capacidad administrativa de gestión de los Fondos, estudios, proyectos piloto e intercambio de experiencias, con el propósito, en particular, de promover enfoques y prácticas innovadoras.

(46) La eficacia de la ayuda de los Fondos depende también de que en la programación y el seguimiento esté prevista una evaluación fiable; es preciso especificar las responsabilidades que competen a los Estados miembros y a la Comisión a este respecto.

(47) Los Estados miembros deben prever, dentro de su dotación nacional correspondiente a los objetivos de «convergencia» y «competitividad regional y empleo», una pequeña reserva que permita hacer frente rápidamente a situaciones imprevistas de crisis sectoriales o locales ocasionadas por reestructuraciones socioeconómicas o por los efectos de acuerdos comerciales.

(48) Es necesario establecer los factores de modulación de la participación de los Fondos en los programas operativos. A fin de multiplicar el efecto de los recursos comunitarios, es necesario atender a la naturaleza y gravedad de los problemas de las zonas consideradas, las prioridades de la Comunidad, incluida la protección y mejora del medio ambiente, y la movilización de recursos privados en los programas operativos a través de la cooperación entre el sector público y el sector privado. Para ello, es también necesario definir el concepto de proyecto generador de ingresos y determinar la base de cálculo de la participación de los Fondos en este tipo de proyectos.

(49) Con arreglo al principio de subsidiariedad y sujeto a las excepciones previstas en los Reglamentos (CE) nº …. Relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, nº … relativo al Fondo Social Europeo y nº … relativo al Fondo de Cohesión, deben establecerse disposiciones nacionales sobre la subvencionalidad del gasto.

(50) Al objeto de garantizar que la intervención de los Fondos tenga un verdadero impacto, equitativo y sostenible, deben establecerse disposiciones que garanticen la permanencia a largo plazo de las inversiones en empresas e impidan que los Fondos se utilicen para instaurar una competencia desleal. Es preciso velar por que las inversiones que reciban ayuda de los Fondos puedan amortizarse a lo largo de un periodo suficientemente prolongado.

(51) Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión y de control. A estos efectos, es preciso fijar los principios generales a que deben atenerse los sistemas de todos los programas operativos, y las funciones que deben obligatoriamente desempeñar, basándose en la normativa comunitaria en vigor para el periodo de programación 2000-2006.

(52) Por tanto, es necesario mantener la designación de una autoridad de gestión única para cada intervención y aclarar su responsabilidad, así como las funciones de la autoridad competente en materia de auditoría. Es también necesario garantizar normas de calidad uniformes en lo que atañe a la certificación del gasto y de las solicitudes de pago antes de su remisión a la Comisión, siendo preciso aclarar la naturaleza y calidad de la información en que deben basarse estas solicitudes, y establecer, a esos efectos, la función de la autoridad de certificación.

(53) Es preciso hacer el seguimiento de los programas operativos, a fin de garantizar la calidad de su ejecución. Con este propósito, han de fijarse las responsabilidades de los comités de seguimiento, así como la información que debe comunicarse a la Comisión y los criterios aplicables para el examen de dicha información.

(54) De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la responsabilidad principal de la ejecución y del control de las intervenciones corresponde a los Estados miembros.

(55) Deben especificarse las obligaciones de los Estados miembros en relación con los sistemas de gestión y de control, la certificación del gasto y la prevención, detección y corrección de irregularidades y de infracciones de la legislación comunitaria, de modo que pueda garantizarse la eficiente y correcta ejecución de los programas operativos. En particular, en lo que atañe a la gestión y al control, es preciso establecer las condiciones que permitan a los Estados miembros garantizar la implantación de los sistemas y su satisfactorio funcionamiento.

(56) Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en materia de control financiero, debe incrementarse la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en este ámbito, y fijarse criterios que permitan a la Comisión determinar, a efectos de su estrategia de control de los sistemas nacionales, qué grado de confianza ofrecen las autoridades nacionales de auditoría.

(57) El alcance y la intensidad de los controles de la Comunidad deben ser proporcionales a su contribución. Si un Estado miembro es claramente el principal proveedor de financiación de un programa, resulta oportuno que dicho Estado miembro pueda organizar ciertos aspectos del control conforme a sus disposiciones nacionales. En esas mismas circunstancias, es preciso establecer que la Comisión diferencie los medios que los Estados miembros deban utilizar para cumplir la función de certificación del gasto y de verificación de los sistemas de gestión y de control, y fijar las condiciones en las cuales la Comisión pueda limitar su propia auditoría y confiar en las garantías ofrecidas por los organismos nacionales.

(58) El pago a cuenta efectuado al inicio de los programas operativos garantiza el aporte periódico de efectivo, lo que facilita el pago a los beneficiarios durante la ejecución de dichos programas. Un pago a cuenta de un 7%, en el caso de los Fondos Estructurales, y un 10,5% en el caso del Fondo de Cohesión, contribuirá a acelerar la ejecución de los programas operativos.

(59) Además de la suspensión de los pagos siempre que se detecte alguna deficiencia en los sistemas de gestión y de control, deben establecerse medidas que permitan al ordenador delegado suspender los pagos cuando existan dudas sobre el buen funcionamiento de esos sistemas, o que permitan a la Comisión efectuar una deducción en los pagos si el Estado miembro no ha aplicado todas las medidas pendientes de un plan de acción corrector.

(60) La disposición sobre liberación automática de los compromisos servirá para acelerar la ejecución de los programas y facilitar una buena gestión financiera. A estos efectos, resulta oportuno establecer las condiciones de aplicación y qué partes del compromiso presupuestario pueden excluirse de ello, en particular en los casos en que los retrasos en la ejecución se deban a circunstancias ajenas al requirente, extraordinarias o imprevisibles, y cuyas consecuencias no puedan evitarse aun con la mayor diligencia.

(61) Deben simplificarse los procedimientos de liquidación, ofreciendo a los Estados miembros que lo deseen la posibilidad de liquidar parcialmente, conforme al calendario que decidan, aquellas operaciones de un programa operativo que hayan sido completadas; deben fijarse las condiciones adecuadas para ello.

(62) Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento se adoptarán de acuerdo con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión[8].

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS AYUDAS

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece las disposiciones generales aplicables al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE) (en lo sucesivo, los «Fondos Estructurales») y al Fondo de Cohesión, sin perjuicio de las disposiciones específicas establecidas en los Reglamentos sobre el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión.

El presente Reglamento define los objetivos a cuya consecución deben contribuir los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión (en lo sucesivo, los «Fondos»), los requisitos que deben cumplir los Estados miembros y las regiones para poder beneficiarse de esos Fondos, los recursos financieros disponibles y los criterios aplicables para decidir su asignación.

El presente Reglamento define el contexto de la política de cohesión, lo que incluye el método aplicable para fijar las orientaciones estratégicas de la Comunidad, el marco estratégico nacional de referencia y el examen anual en el plano comunitario.

El presente Reglamento establece los principios y normas aplicables en materia de cooperación, programación, evaluación, gestión -incluida la gestión financiera-, seguimiento y control, partiendo del principio de responsabilidad compartida entre los Estados miembros y la Comisión.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de lo estipulado en el presente Reglamento, los siguientes términos se definen según figura a continuación:

1) «programa operativo»: documento presentado por el Estado miembro y aprobado por la Comisión, como parte del marco estratégico de referencia, en el que se recoge una estrategia de desarrollo que contiene un conjunto coherente de prioridades para cuya realización se precisará ayuda de alguno de los Fondos o, cuando se trate del objetivo de «convergencia», del Fondo de Cohesión y del FEDER;

2) « prioridad»: cada una de las prioridades de la estrategia de un programa operativo que comprenda un grupo de operaciones relacionadas entre sí y cuyos objetivos sean cuantificables;

3) «operación»: todo proyecto o grupo de proyectos seleccionados por la autoridad de gestión de un programa operativo o bajo su responsabilidad, conforme a criterios establecidos por el Comité de seguimiento, ejecutados por uno o varios beneficiarios y que permitan alcanzar los objetivos de la prioridad a que se refieran;

4) «beneficiario»: todo operador, organismo o empresa, de carácter público o privado, responsable de iniciar y/o ejecutar las operaciones. En el ámbito de los regímenes de ayuda a que se refiere el artículo 87 del Tratado, se entenderá por beneficiario toda empresa pública o privada que lleve a cabo una acción individual y reciba ayuda pública;

5) «gasto público»: toda contribución pública a la financiación de operaciones que tenga su origen en el presupuesto del Estado, de las autoridades regionales y locales, de las Comunidades Europeas –en conexión con los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión-, así como los gastos de similar naturaleza. Se considerará contribución pública toda contribución a la financiación de operaciones que tenga su origen en el presupuesto de organismos de Derecho público o de asociaciones de una o varias autoridades regionales o locales u organismos de Derecho público según lo especificado en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicio[9];

6) «organismo intermediario»: todo organismo o servicio de carácter público o privado que actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión o de certificación o que desempeñe competencias en nombre de tal autoridad frente a los beneficiarios que ejecuten las operaciones.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS Y MISIONES

Artículo 3

Objetivos

1. La intervención de la Comunidad al amparo del artículo 158 del Tratado tendrá por objeto incrementar la cohesión económica y social de la Comunidad ampliada, con vistas a impulsar el desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de la Comunidad. Esta intervención se producirá con la ayuda de los Fondos, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros instrumentos financieros existentes. Su finalidad será hacer frente a los problemas derivados de las disparidades económicas, sociales y territoriales que se plantean particularmente en los países y las regiones menos desarrollados, la aceleración de la reestructuración económica y social, y el envejecimiento de la población.

La intervención con cargo a los Fondos incorporará, a escala nacional y regional, las prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible, potenciando el crecimiento, la competitividad y el empleo, la inclusión social y la protección y calidad del medio ambiente

2. A tales efectos, el FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y demás instrumentos financieros comunitarios existentes contribuirán cada uno, según corresponda, a la consecución de los siguientes tres objetivos:

a) El objetivo de «convergencia», que perseguirá acelerar la convergencia de los Estados miembros y regiones menos desarrollados, creando condiciones más favorables para el crecimiento y el empleo mediante el aumento de la inversión en capital físico y humano, y la mejora de su calidad, el desarrollo de la innovación y de la sociedad del conocimiento, la adaptabilidad a los cambios económicos y sociales, la protección y mejora del medio ambiente y la eficacia administrativa. Este objetivo constituirá la prioridad de los Fondos.

b) El objetivo de «competitividad regional y empleo», fuera de las regiones menos desarrolladas, perseguirá incrementar la competitividad, el atractivo y el empleo de las regiones mediante la previsión de los cambios económicos y sociales, tales como los ocasionados por la liberalización del comercio, la innovación, la difusión de la sociedad del conocimiento, el fomento del espíritu empresarial, la protección y mejora del medio ambiente, la facilitación del acceso a las comunicaciones, la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas, y el desarrollo de mercados laborales no discriminatorios.

c) El objetivo de «cooperación territorial europea», que perseguirá intensificar la cooperación transfronteriza a través de iniciativas locales conjuntas, y a escala transnacional por medio de actuaciones dirigidas a lograr un desarrollo territorial integrado y conexo a las prioridades de la Comunidad, así como mediante la creación de redes y el intercambio de experiencias al nivel territorial apropiado.

3. En relación con cualquiera de los tres objetivos, la ayuda de los Fondos atenderá, según su naturaleza, por un lado, a las circunstancias económicas y sociales, y, por otro, a los rasgos territoriales específicos. La ayuda respaldará, en forma oportuna, la regeneración urbana, en particular en el marco del desarrollo regional, y la recuperación de zonas rurales y zonas dependientes de la pesca a través de la diversificación económica. Asimismo, la ayuda se dirigirá a zonas que acusan desventajas geográficas o naturales que dificultan su desarrollo; en concreto, las regiones ultraperiféricas (Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, las Islas Azores, Madeira y las Islas Canarias) y las zonas septentrionales, cuya densidad de población es muy escasa, así como ciertas islas, Estados miembros insulares y zonas montañosas.

Artículo 4

Destino de los instrumentos

1. Los Fondos coadyuvarán, cada uno de ellos conforme a las disposiciones específicas que los regulan, a la consecución de los citados tres objetivos del siguiente modo:

a) objetivo de «convergencia»: FEDER, FSE y Fondo de Cohesión;

b) objetivo de «competitividad regional y empleo»: FEDER y FSE;

c) objetivo de «cooperación territorial europea»: FEDER.

2. Los Fondos participarán en la financiación de la asistencia técnica a iniciativa de los Estados miembros y de la Comisión.

CAPÍTULO III

CRITERIOS GEOGRÁFICOS DE SUBVENCIONALIDAD

Artículo 5

Convergencia

1. Podrán beneficiarse de ayuda de los Fondos Estructurales en virtud del objetivo de «convergencia» las regiones correspondientes al nivel II de la nomenclatura de unidades estadísticas territoriales (en lo sucesivo, «regiones de nivel NUTS II»), según lo definido en el Reglamento (CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, cuyo producto interior bruto (PIB) per cápita, medido en paridades de poder de compra y calculado conforme a las cifras de los tres últimos años de que disponga la Comunidad con fecha […], sea inferior al 75% de la media comunitaria.

2. Podrán beneficiarse de la financiación de los Fondos Estructurales, de forma transitoria y con carácter específico, las regiones de nivel NUTS II cuyo PIB per cápita, medido en paridades de poder de compra y calculado conforme a las cifras de los tres últimos años de que disponga la Comunidad con fecha […], sea de entre un 75% y un […] % de la media comunitaria.

3. Podrán beneficiarse de ayuda del Fondo de Cohesión aquellos Estados miembros cuyo PNB per cápita, medido en paridades de poder de compra y calculado conforme a las cifras de los tres últimos años de que disponga la Comunidad con fecha […], sea inferior al 90% de la media comunitaria, siempre que dispongan de un programa dirigido a alcanzar las condiciones de convergencia económica mencionadas en el artículo 104 del Tratado.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo y en el artículo 6, las regiones ultraperiféricas (Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, las Islas Azores, Madeira y las Islas Canarias) se beneficiarán de financiación específica del FEDER, al objeto de facilitar su integración en el mercado interior y compensar sus limitaciones específicas.

5. Tan pronto como entre en vigor el presente Reglamento, la Comisión establecerá, conforme al procedimiento que se especifica en el apartado 2 del artículo 104, la lista de las regiones que cumplan los criterios establecidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo, así como de los Estados miembros que cumplan los criterios establecidos en el apartado 3 de este mismo artículo. Esta lista estará vigente desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 6

Competitividad regional y empleo

1. Podrán beneficiarse de la financiación de los Fondos Estructurales al amparo del objetivo de «competitividad regional y empleo» aquellas zonas que no estén comprendidas en lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5.

Al presentar el marco estratégico nacional de referencia previsto en el artículo 25, los Estados miembros indicarán las regiones de nivel NUTS I ó II en relación con las cuales tengan previsto presentar un programa para solicitar financiación del FEDER.

2. Las regiones de nivel NUTS II que estén plenamente incluidas en el objetivo nº 1 en 2006 previsto en el Reglamento (CE) nº 1260/1999 y no estén comprendidas en lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5 podrán beneficiarse de financiación transitoria y específica de los Fondos Estructurales

3. Tan pronto como entre en vigor el presente Reglamento, la Comisión establecerá, conforme al procedimiento que se especifica en el apartado 2 del artículo 104, la lista de las regiones que cumplan los criterios establecidos en el apartado 2 del presente artículo. Esta lista estará vigente desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 7

Cooperación territorial europea

1. A efectos de la cooperación transfronteriza, podrán beneficiarse de financiación las regiones de nivel NUTS III de la Comunidad situadas a lo largo de las fronteras terrestres interiores y de ciertas fronteras exteriores, y determinadas regiones de nivel NUTS III de la Comunidad situadas a lo largo de las fronteras marítimas y separadas, en general, por una distancia máxima de 150 km, con sujeción a los posibles ajustes necesarios para garantizar la coherencia y continuidad de la cooperación.

Tan pronto como entre en vigor el presente Reglamento, la Comisión establecerá, conforme al procedimiento que se especifica en el apartado 2 del artículo 104, la lista de las regiones subvencionables. Esta lista estará vigente desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013.

2. A efectos de la cooperación transnacional, con arreglo a las orientaciones estratégicas de la Comunidad mencionadas en los artículos 23 y 24, la Comisión, conforme al procedimiento que se especifica en el apartado 2 del artículo 104, establecerá la lista de las regiones transnacionales subvencionables. Esta lista estará vigente desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013.

3. A efectos de las redes de cooperación y del intercambio de experiencias, será subvencionable el territorio de la Comunidad.

CAPÍTULO IV

PRINCIPIOS APLICABLES A LAS AYUDAS

Artículo 8

Complementariedad, coherencia y conformidad

1. Las intervenciones de los Fondos complementarán las medidas nacionales, regionales y locales, en las que se integrarán las prioridades de la Comunidad.

2. La Comisión y los Estados miembros velarán por que las intervenciones de los Fondos y de los Estados miembros sean coherentes con las actividades, políticas y prioridades de la Comunidad. Esta coherencia se reflejará, en particular, en las orientaciones estratégicas de la Comunidad, en el marco estratégico nacional de referencia y en los programas operativos.

3. Las operaciones financiadas por los Fondos deberán guardar conformidad con lo dispuesto en los Tratados y en los actos aprobados en virtud de los mismos.

Artículo 9

Programación

Los objetivos de los Fondos se enmarcan en un sistema de programación plurianual que incorpora las prioridades establecidas y un proceso de gestión, de toma de decisiones y financiación organizado en varias etapas.

Artículo 10

Cooperación

1. Las intervenciones de los Fondos serán decididas por la Comisión en estrecha concertación (en lo sucesivo, «cooperación») con el Estado miembro. El Estado miembro establecerá, de conformidad con las normas y las prácticas nacionales en vigor, una cooperación con las autoridades y organismos por él designados, a saber:

a) las autoridades regionales, locales, urbanas y otras autoridades públicas competentes;

b) los interlocutores económicos y sociales;

c) cualquier otro organismo pertinente que represente a la sociedad civil, los interlocutores en el ámbito del medio ambiente, las organizaciones no gubernamentales y los organismos responsables de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

Cada Estado miembro designará a los agentes más representativos a escala nacional, regional y local, y en los ámbitos económico, social o de otro tipo (en lo sucesivo, «agentes»). Los Estados miembros velarán por la participación amplia y eficaz de todos los organismos pertinentes, de conformidad con las normas y prácticas nacionales, atendiendo a la necesidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres, así como el desarrollo sostenible a través de la integración de los requisitos de protección y mejora del medio ambiente.

2. La cooperación se llevará a cabo con plena observancia de las respectivas competencias institucionales, jurídicas y financieras de cada categoría de interlocutor.

La cooperación abarcará la preparación y el seguimiento del marco estratégico nacional de referencia, así como la elaboración, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los programas operativos. Los Estados miembros asociarán a cada uno de los pertinentes interlocutores y, en particular, las regiones, a las diversas fases de programación, dentro de los plazos establecidos para cada fase.

3. La Comisión consultará cada año a las organizaciones representativas de los interlocutores sociales en el ámbito europeo sobre la ayuda de los Fondos.

Artículo 11

Subsidiariedad y proporcionalidad

1. La ejecución de los programas operativos a que se refiere el artículo 23 será competencia de los Estados miembros al nivel territorial apropiado, de acuerdo con el sistema institucional específico de cada Estado miembro. Esta responsabilidad se ejercerá conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Los medios empleados por la Comisión y los Estados miembros variarán en función de la importancia de la contribución comunitaria en relación con las disposiciones en materia de control. La diferenciación se aplicará también en lo que atañe a las disposiciones sobre la evaluación y la participación de la Comisión en los comités de seguimiento previstos en el artículo 62, e igualmente en lo que atañe a los informes anuales sobre los programas operativos.

Artículo 12

Gestión compartida

1. El presupuesto comunitario atribuido a los Fondos se ejecutará en el marco de la gestión compartida entre los Estados miembros y la Comisión, según lo estipulado en la letra b) del apartado 1 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo[10], a excepción de la asistencia técnica a que se refiere el artículo 43.

Los Estados miembros y la Comisión deberán garantizar la observancia del principio de una buena gestión financiera.

2. La Comisión ejercerá sus competencias en materia de ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas del siguiente modo:

a) La Comisión comprobará la existencia y el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros, conforme a los procedimientos que se especifican en los artículos 69 a 70.

b) La Comisión interrumpirá, retendrá o suspenderá la totalidad o parte de los pagos de conformidad con los artículos 89, 90 y 91, en caso de deficiencia en los sistemas de gestión y control nacionales, y aplicará cualquier otra corrección financiera necesaria, de conformidad con los procedimientos descritos en los artículos 101 y 102.

c) La Comisión comprobará el reembolso del pago a cuenta y procederá a la liberación automática de los compromisos presupuestarios de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 81 y en los artículos 93 y 96.

Artículo 13

Adicionalidad

1. La contribución de los Fondos Estructurales no sustituirá a los gastos estructurales de naturaleza pública o asimilable de los Estados miembros.

2. En relación con las regiones comprendidas en el objetivo de «convergencia», la Comisión y el Estado miembro fijarán el nivel del gasto estructural público o asimilable que el Estado miembro deba sostener en todas las regiones afectadas durante el período de programación.

La Comisión y el Estado miembro acordarán este gasto en el contexto del marco estratégico nacional de referencia previsto en el artículo 25.

3. El nivel del gasto citado en el apartado 2 será como mínimo igual al importe del gasto medio anual, en términos reales, realizado durante el anterior período de programación.

El nivel del gasto se fijará atendiendo a las condiciones macroeconómicas generales en que tenga lugar la financiación y teniendo en cuenta determinadas circunstancias económicas específicas, más concretamente, privatizaciones y la realización por el Estado miembro de un nivel excepcional de gasto estructural público o asimilable durante el anterior período de programación.

4. La Comisión, en cooperación con el Estado miembro, efectuará una verificación intermedia de la adicionalidad en 2011 y, con carácter ex post, el 30 de junio de 2016, por lo que atañe al objetivo de «convergencia».

Si, a 30 de junio de 2016, el Estado miembro no pudiera demostrar que se ha cumplido la adicionalidad acordada en el contexto del marco estratégico nacional de referencia la Comisión efectuará una corrección financiera conforme al procedimiento establecido en el artículo 101.

Artículo 14

Igualdad entre hombres y mujeres

Los Estados miembros y la Comisión velarán por promover la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de las cuestiones de género en las diferentes etapas de la ejecución de los Fondos.

CAPÍTULO V

MARCO FINANCIERO

Artículo 15

Recursos totales

1. Los recursos para compromisos asignados al Fondo para el período 2007-2013 se elevarán a 336 100 millones de euros a precios de 2004, de conformidad con el desglose anual indicado en el anexo I.

A efectos de su programación y posterior inclusión en el presupuesto general de las Comunidades Europeas, los importes a que se refiere el apartado 1 serán objeto de una indexación del 2% anual.

El desglose de los recursos presupuestarios entre los objetivos que se especifican en el apartado 2 del artículo 3 se hará de modo que una parte significativa de dichos recursos se concentre en las regiones comprendidas en el objetivo de «convergencia».

2. La Comisión efectuará desgloses anuales indicativos por Estado miembro, con arreglo a los criterios establecidos en los artículo 16, 17 y 18, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 20 y 21.

Artículo 16

Recursos destinados al objetivo de «convergencia»

1. Los recursos totales destinados al objetivo de «convergencia» serán igual al 78,54% de los recursos mencionados en el artículo 15 (esto es, un total de 264 000 millones de euros), y se distribuirán entre los diferentes capítulos del siguiente modo:

a) un 67,34% destinado a la financiación a que se refiere el apartado 1 del artículo 5, utilizando los criterios de población subvencionable, prosperidad regional, prosperidad nacional y desempleo para calcular los desgloses indicativos por Estado miembro;

b) un 8,38% destinado a la financiación a que se refiere el apartado 2 del artículo 5, utilizando los criterios de población subvencionable, prosperidad regional, prosperidad nacional y desempleo para calcular los desgloses indicativos por Estado miembro;

c) un 23,86% destinado a la financiación a que se refiere el apartado 3 del artículo 5, utilizando los criterios de población; PNB per cápita, atendiendo al aumento de la prosperidad nacional registrado en el período anterior; y superficie para calcular los desgloses indicativos por Estado miembro; y

d) un 0,42% destinado a la financiación a que se refiere el apartado 4 del artículo 5, utilizando el criterio de población subvencionable para calcular los desgloses indicativos por Estado miembro.

2. El importe del desglose anual de los créditos a que se refiere la letra b) del apartado 1 será decreciente a partir del 1 de enero de 2007. Los créditos de 2007 serán inferiores a los de 2006, excepto cuando se trate de regiones que, a 1 de enero de 2000, no estén plenamente incluidas en el objetivo nº 1, según lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1260/1999, en relación con las cuales los créditos de 2007 serán objetivos y equitativos.

Artículo 17

Recursos destinados al objetivo de «competitividad regional y empleo»

1. Los recursos totales destinados al objetivo de «competitividad regional y empleo» serán igual al 17,22% de los recursos mencionados en el artículo 15 (esto es, un total de 57 900 millones de euros), y se distribuirán entre los diferentes capítulos del siguiente modo:

a) un 83,44% destinado a la financiación a que se refiere el apartado 1 del artículo 6, utilizando los criterios de población subvencionable, prosperidad regional, desempleo, tasa de empleo y densidad de población para calcular los desgloses indicativos por Estado miembro; y

b) un 16,56% destinado a la financiación de la ayuda transitoria y específica a que se refiere el apartado 2 del artículo 6, utilizando los criterios de población subvencionable, prosperidad regional, prosperidad nacional y desempleo para calcular los desgloses indicativos por Estado miembro;

2. Los créditos a que se refiere la letra a) del apartado 1 se distribuirán a partes iguales entre los programas financiados por el FEDER y los programas financiados por el FSE.

3. Los programas operativos financiados por el FSE se beneficiarán de hasta un 50% de los créditos disponibles con arreglo a lo especificado en la letra b) del apartado 1. A estos efectos, los programas operativos financiados por el FSE fijarán una prioridad específica.

4. El importe de los desgloses anuales de los créditos a que se refiere la letra b) del apartado 1 será decreciente a partir del 1 de enero de 2007. Los créditos de 2007 serán inferiores a los de 2006, excepto cuando se trate de regiones incluidas en el objetivo nº 1 a partir de 2004, según lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1260/1999, en relación con las cuales los créditos de 2007 serán objetivos y equitativos.

Artículo 18

Recursos destinados al objetivo de «cooperación territorial europea»

Los recursos totales destinados al objetivo de «cooperación territorial europea» serán igual al 3,94% de los recursos mencionados en el apartado 1 del artículo 15 (esto es, un total de 13 200 millones de EUR), y se distribuirán entre los diferentes capítulos del siguiente modo:

a) un 35,61% destinado a financiar la cooperación transfronteriza a que se refiere el apartado 1 del artículo 7, utilizando el criterio de población subvencionable para calcular los desgloses indicativos por Estado miembro;

un 12,12% destinado a financiar la contribución del FEDER a la vertiente transfronteriza del instrumento europeo de vecindad y cooperación, en virtud del Reglamento (CE) nº […], y del instrumento de preadhesión, en virtud del Reglamento (CE) nº […]; los citados Reglamentos estipulan que la contribución de esos dos instrumentos a la cooperación transfronteriza con los Estados miembros será equivalente a la del FEDER.

b) un 47,73% destinado a financiar la cooperación transfronteriza a que se refiere el apartado 2 del artículo 7, utilizando el criterio de población subvencionable para calcular los desgloses indicativos por Estado miembro.

c) un 4,54% para financiar las redes de cooperación y el intercambio de experiencias, según lo especificado en el apartado 3 del artículo 7.

Artículo 19

Intransferibilidad de los recursos

No podrán efectuarse transferencias entre ninguno de los créditos asignados por el Estado miembro a cada uno de los objetivos de los Fondos y sus diversos apartados. No obstante lo anterior, la asignación financiera del Estado miembro al objetivo de «cooperación territorial europea» podrá tener un margen de flexibilidad del 10% de los importes asignados, que podrá distribuirse entre la vertiente transfronteriza y la vertiente transnacional.

Artículo 20

Recursos destinados a la reserva de eficacia y calidad

El 3% de los recursos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 16 y el apartado 1 del artículo 17 se asignará con arreglo a lo establecido en el artículo 48.

Artículo 21

Recursos destinados a la asistencia técnica

El 0,30% de los recursos a que se refiere el apartado 1 del artículo 15 se destinarán a asistencia técnica de la Comisión, según lo especificado en el artículo 43.

Artículo 22

Límite máximo de los recursos

La Comisión velará por que el conjunto de las dotaciones anuales de los Fondos para cualquier Estado miembro en virtud del presente Reglamento, incluida la contribución del FEDER a la financiación de la vertiente transfronteriza del instrumento europeo de vecindad y cooperación, en virtud del Reglamento (CE) nº […], y del instrumento de preadhesión, en virtud del Reglamento (CE) nº […], y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en virtud del Reglamento (CE) nº […], que tiene su origen en la Sección de Orientación del FEOGA, y del Fondo Europeo para la Pesca (FEP), en virtud del Reglamento (CE) nº […], destinadas al objetivo de «convergencia», no sea superior al 4% del PIB de ese Estado miembro, estimado en el momento de adopción del acuerdo interinstitucional..

Los Reglamentos de los instrumentos financieros mencionados en el anterior apartado y distintos de los Fondos contienen una disposición similar.

TÍTULO II

ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA COHESIÓN

CAPÍTULO I

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE COHESIÓN

Artículo 23

Contenido

El Consejo establecerá orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión económica, social y territorial, en las que se encuadrará la intervención de los Fondos.

Estas orientaciones fijarán las prioridades de la Comunidad, para cada uno de los objetivos de los Fondos, con vistas a favorecer un desarrollo equilibrado, armónico y sostenible.

Las orientaciones se elaborarán atendiendo a la estrategia a medio plazo de la política económica, según figure en las orientaciones generales de la política económica (OGPE).

En materia de empleo y recursos humanos, las prioridades serán las establecidas en la estrategia europea de empleo, atendiendo a las especificidades regionales y locales.

Artículo 24

Aprobación y revisión

A más tardar transcurridos tres meses desde la aprobación del presente Reglamento, la Comunidad adoptará las orientaciones estratégicas a que se refiere el artículo 23, conforme al procedimiento establecido en el artículo 161 del Tratado. La decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas .

Si fuera necesario, las orientaciones estratégicas comunitarias serán objeto de una revisión intermedia, conforme al procedimiento establecido en el artículo 161 del Tratado, a fin de tomar en consideración, en particular, los cambios registrados en las prioridades de la Comunidad.

CAPÍTULO II

MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL DE REFERENCIA

Artículo 25

Contenido

1. El Estado miembro presentará un marco estratégico nacional de referencia que garantice la coherencia de la ayuda estructural de la Comunidad con las orientaciones estratégicas comunitarias, y establezca la conexión entre las prioridades comunitarias, por un lado, y las prioridades nacionales y regionales dirigidas a impulsar un desarrollo sostenible, y el plan nacional de acción para el empleo, por otro.

El citado marco servirá de referencia en la preparación de la programación de los Fondos.

2. Cada marco estratégico nacional de referencia contendrá una descripción sucinta de la estrategia del Estado miembro y de su ejecución práctica.

3. En la sección estratégica del marco estratégico nacional de referencia se especificará la estrategia elegida frente al objetivo de «convergencia» y al objetivo de «competitividad regional y empleo», y se motivará la coherencia de las elecciones hechas con las orientaciones estratégicas comunitarias, basándose en un análisis de las disparidades de desarrollo, las carencias y el potencial existente, en particular en relación con las expectativas de cambio en las economías europea y mundial. En concreto, especificará lo siguiente:

a) las prioridades temáticas y territoriales, incluido en lo que se refiere a la regeneración urbana y la diversificación de las economías rurales y las zonas dependientes de la pesca;

b) únicamente en lo que atañe al objetivo de «convergencia», las medidas previstas para incrementar la eficacia administrativa de los Estados miembros, incluido en lo referente a la gestión de los Fondos, así como el plan de evaluación previsto en el apartado 1 del artículo 46, y

c) únicamente en lo que atañe al objetivo de «competitividad regional y empleo», la lista de las regiones seleccionadas en relación con la competitividad regional a que hace referencia el apartado 1 del artículo 6.

A fin de poder realizar el seguimiento, se cuantificarán los principales objetivos de las prioridades mencionadas en la letra a), y se fijará un número limitado de indicadores de eficacia y de impacto.

4. La sección operativa recogerá, en lo que respecta al objetivo de «convergencia» y al objetivo de «competitividad regional y empleo», lo siguiente:

a) la lista de los programas operativos y la asignación indicativa anual de cada Fondo por programa, debiendo quedar garantizado un apropiado equilibrio entre la intervención regional y la intervención temática; esta lista incluirá el importe de la reserva nacional de imprevistos a que se refiere el artículo 49;

b) los mecanismos que garanticen la coordinación entre los programas operativos y los Fondos;

c) la contribución de otros instrumentos financieros, en particular del BEI, y su coordinación con los Fondos.

5. En lo que respecta al objetivo de «convergencia», la sección operativa recogerá también lo siguiente:

a) el importe del total de los créditos anuales asignados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo de la Pesca;

b) la información necesaria para la verificación ex ante del cumplimiento del principio de adicionalidad a que hace referencia el artículo 13.

6. La información recogida en el marco estratégico nacional de referencia tendrá en cuenta los sistemas institucionales específicos de cada Estado miembro.

Artículo 26

Elaboración y aprobación

1. El Estado miembro elaborará el marco estratégico nacional de referencia con arreglo a su sistema institucional y en estrecha cooperación con los interlocutores mencionados en el artículo 10. Dicho marco abarcará el período de 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2013.

2. Cada Estado miembro remitirá a la Comisión una propuesta de marco estratégico nacional de referencia a la mayor brevedad posible tras la aprobación de las orientaciones estratégicas comunitarias. Los Estados miembros podrán presentar al mismo tiempo los programas operativos a que se refiere el artículo 31. La Comisión negociará esta propuesta en el contexto de la cooperación.

3. Antes de la aprobación de los programas operativos a que se refiere el artículo 36, la Comisión, previa consulta al comité que se menciona en el artículo 105 y con arreglo al procedimiento que se especifica en el apartado 2 del artículo 104, adoptará una decisión en relación con los siguientes aspectos:

a) la estrategia y los temas prioritarios seleccionados para la ayuda de los Fondos, y las formas de seguimiento;

b) la lista de los programas indicativos y la distribución indicativa de los recursos, por programa y para cada uno de los objetivos de los Fondos, incluido el importe de la reserva nacional de imprevistos a que se refiere el artículo 49;

c) y, únicamente por lo que se refiere al objetivo de «convergencia», el nivel de gasto que garantizará el cumplimiento del principio de adicionalidad mencionado en el artículo 13, y las medidas previstas para aumentar la eficacia administrativa y una buena gestión.

Esta decisión se adoptará sin perjuicio de los posibles cambios introducidos en los programas operativos conforme a lo previsto en el artículo 32.

CAPÍTULO III

SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO Y DEBATE ANUAL

Artículo 27

Informe anual de los Estados miembros

1. Por primera vez en 2008 y, a más tardar, el 1 de octubre de cada año, cada Estado miembro presentará a la Comisión un informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación de la estrategia y el logro de los objetivos, atendiendo, en particular, a los indicadores establecidos y su contribución a la aplicación de las orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión, así como a las evaluaciones disponibles.

El informe hará referencia al plan nacional de acción para el empleo.

2. El plan nacional de acción para el empleo recogerá cada año el modo en que cada Estado miembro aplique las orientaciones de la estrategia europea de empleo.

Artículo 28

Informe anual de la Comisión

1. Por primera vez en 2009, y al inicio de cada año, la Comisión aprobará un informe anual en el que se resumirán los principales hechos, pautas y problemas relacionados con la aplicación de las orientaciones estratégicas comunitarias y los marcos de referencia estratégicos nacionales.

2. El informe se basará en el examen y la evaluación que la Comisión hará de los informes anuales previstos en el artículo 27, así como en toda otra información disponible. El informe contendrá las medidas ulteriores que deban adoptar los Estados miembros y la Comisión a la luz de las conclusiones del mismo

Artículo 29

Examen anual

1. El informe anual de la Comisión mencionado en el artículo 28 se remitirá al Consejo, acompañado del informe de aplicación de las OGPE, el informe conjunto sobre empleo y el informe sobre la aplicación de la estrategia del mercado interior, con vistas al Consejo Europeo que se celebra en primavera.

El informe se someterá al dictamen del Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones.

2. Cada primavera, el Consejo examinará el informe anual de la Comisión, así como el informe de aplicación de las OGPE, el informe conjunto sobre empleo y el informe sobre la aplicación de la estrategia del mercado interior.

3. Basándose en el informe anual de la Comisión mencionado en el artículo 28 y a propuesta de ésta, el Consejo adoptará conclusiones sobre la aplicación de las orientaciones estratégicas comunitarias. La Comisión velará por la adopción de medidas derivadas de las conclusiones.

Artículo 30

Informe de cohesión

El informe de la Comisión a que se refiere el apartado 2 del artículo 159 del Tratado contendrá, en particular:

a) una descripción de los progresos realizados en materia económica y social, incluido en lo referente a la situación socioeconómica y al desarrollo de las regiones, así como la integración de las prioridades comunitarias;

b) una descripción de la función de los Fondos, del BEI y de los demás instrumentos financieros, así como de la contribución de otras políticas comunitarias y nacionales a los progresos realizados.

El informe contendrá, en su caso, las posibles propuestas de medidas y políticas comunitarias que deban adoptarse para fortalecer la cohesión económica y social. Asimismo, en su caso, recogerá propuestas para el ajuste de las orientaciones estratégicas en materia de cohesión como consecuencia de nuevas iniciativas de política comunitaria.

En el año de presentación del informe, éste sustituirá al informe anual de la Comisión mencionado en el artículo 28. El informe será objeto de un debate anual, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 29.

TÍTULO III