[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 27.9.2006

COM(2006) 566 final

2003/0168 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»)

2003/0168 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»)

1. ANTECEDENTES

Fecha de la transmisión de la propuesta al PE y al Consejo (documento COM(2003) 427 final - 2003/0168 (COD) | 22.07.2003 |

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: | 02.06.2004 |

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura: | 06.07.2005 |

Fecha de la transmisión de la propuesta modificada: | 21.02.2006 |

Fecha de adopción de la Posición Común (votación por mayoría cualificada): | 25.09.2006 |

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La competencia internacional, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones dictadas en otro Estado miembro son objeto del Reglamento nº 44/2001, que se aplica en asuntos civiles y mercantiles tanto a las obligaciones contractuales como extracontractuales. Por lo que se refiere a la ley aplicable, las normas sobre contratos fueron armonizadas entre los Estados miembros por el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales . Sin embargo, no hay normas armonizadas generales en la Comunidad para determinar la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. La propuesta de la Comisión tiene como finalidad colmar esta laguna.

Así, la propuesta de la Comisión aspira a armonizar las normas legales aplicables a las obligaciones extracontractuales de naturaleza civil y mercantil (accidentes de tráfico, responsabilidad por productos defectuosos, competencia desleal, etc.) y adoptar una norma común en toda la UE para determinar la ley aplicable a tales obligaciones.

Los objetivos de la armonización de estas normas son ofrecer un mayor nivel de seguridad jurídica a los individuos y a los operadores económicos que hasta ahora y evitar el «forum shopping», que puede dar lugar a resultados sustancialmente diversos para las partes en función del órgano jurisdiccional que conozca del asunto.

3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Comentario general

La Posición Común del Consejo retiene la esencia de la propuesta inicial de la Comisión como fue modificada por la propuesta modificada que recogió varias enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en su primera lectura.

Las considerables diferencias entre la Posición Común y la propuesta modificada de la Comisión y la enmienda del Parlamento se comentan pormenorizadamente infra .

3.2. Diferencias sustanciales en relación con la propuesta modificada de la Comisión

El artículo 1, apartado 2, letra g) refleja la propuesta modificada de la Comisión (artículo 1, apartado 2, letra h)) donde la Comisión sugirió la exclusión de los atentados contra la vida privada o los derechos de la personalidad cometidos por los medios de comunicación . La Posición Común va, sin embargo, más allá. No limita esta exclusión solamente a las obligaciones extracontractuales asumidas por los medios de comunicación, sino que la extiende a todas las obligaciones extracontractuales de este tipo. La razón principal de este planteamiento fue en último término la incapacidad de convenir el alcance (definición) de medios de comunicación en este contexto.

Esta exclusión está mitigada por el tenor de la cláusula de revisión (artículo 30) que centra la atención en este ámbito específico de las obligaciones extracontractuales como objeto específico del informe sobre la aplicación del futuro Reglamento.

El artículo 5 sobre la responsabilidad por productos defectuosos se aleja considerablemente en su redacción de la propuesta de la Comisión (artículo 6 de la propuesta modificada), aunque no de su intención. La Posición Común refleja la necesidad de una norma específica sobre responsabilidad por productos defectuosos que logre un justo equilibrio entre los intereses de la víctima y la persona responsable.

La Comisión continúa lamentando el planteamiento que prevé en la posición común un sistema de cascada de factores conexos bastante complejo. Sigue persuadida de que su solución original ofrecía una solución igualmente equilibrada para los intereses en juego, pero expresada en una redacción mucho más sencilla.

El artículo 6 extiende la aplicación de la regla sobre competencia desleal también a los actos que restrinjan la libre competencia, mientras que el artículo 7 de la propuesta modificada de la Comisión se aplica solo a las prácticas comerciales desleales. De la Exposición de Motivos de la propuesta modificada (apartado 3.4, enmienda 29) se sigue que la falta de norma específica para los casos de competencia en la propuesta modificada se debió a la entonces pendiente consulta pública sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a la «Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia». De hecho, la Comisión no quería anticipar esa consulta incluyendo ya en su propuesta modificada una norma jurídica aplicable a las obligaciones extracontractuales derivadas de un incumplimiento de las normas de competencia. Sin embargo, la Comisión estipuló en la Exposición de Motivos que en el curso del procedimiento de codecisión podría apoyar una solución diferente para los casos de competencia. La Comisión se reserva el derecho de hacerlo concretamente con el fin de preservar la eficacia del derecho de las personas físicas y jurídicas de buscar compensación por la pérdida causada por una infracción de las normas de competencia. Vista la Posición Común del Consejo, la Comisión mantiene su postura según la cual podría apoyar una solución diferente para los casos de competencia en el curso del procedimiento de codecisión.

El artículo 9 introduce una norma específica sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales derivadas de la acción colectiva. Esta disposición formaba parte de las enmiendas del Parlamento que la Comisión no aceptó y, por tanto, no se incluyeron en su propuesta modificada.

El texto de la disposición en la Posición Común es una reformulación que intenta responder a las principales objeciones formuladas por la Comisión durante los debates en el Consejo. Su alcance se define ahora más precisamente y se limita, en particular, al problema de la responsabilidad de empleadores, trabajadores y/o sindicatos en el contexto de una acción colectiva. Sin embargo, la Comisión lamenta su ambigüedad, ya que no precisa que no debe extenderse a las relaciones con terceros.

El artículo 16 se aleja del artículo 13 de la propuesta modificada de la Comisión que contenía un párrafo adicional que trataba de la posibilidad de que un órgano jurisdiccional aplicara normas obligatorias de otro país cuya ley sea aplicable en virtud de lo dispuesto en el nuevo reglamento. Esta disposición en la propuesta de la Comisión no reflejaba ningún interés comunitario particular; ya que su objetivo era la coherencia al estar inspirada en una disposición similar del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales . La Comisión ha aceptado esta supresión.

El artículo 26 sobre el orden público no refleja el tenor del artículo 23 de la propuesta modificada de la Comisión, que a su vez era el resultado de anteriores debates en el Consejo, donde se rechazó la propuesta original de la Comisión de un artículo específico sobre los daños y perjuicios no compensatorios. A raíz de las discusiones sobre la propuesta modificada, la idea contenida en la enmienda se trasladó a un considerando y, a la postre, se abandonó completamente al no poder alcanzarse un acuerdo sobre su contenido, aunque nadie discute que la cláusula de orden público ofrece garantías y protección suficientes contra los posibles efectos negativos de la concesión de excesivos daños y perjuicios no compensatorios.

El artículo 27 se aparta del artículo 23 de la propuesta inicial de la Comisión (artículo 3 de la propuesta modificada) que contenía una disposición mucho más detallada que explicaba la relación entre las diversas fuentes de Derecho comunitario (en particular, por lo que se refiere a la relación con instrumentos específicos que promueven el funcionamiento apropiado del mercado interior). Teniendo en cuenta los recientes progresos en el Parlamento Europeo y el Consejo en el marco de negociaciones de otras propuestas ya no parece necesaria una disposición tan específica en este instrumento.

El artículo 28 sobre la relación con otros convenios internacionales difiere de la propuesta modificada de la Comisión en la medida en que:

a) no limita la aplicación del apartado 1 a los convenios multilaterales solamente y a los celebrados sobre «materias específicas»,

b) contiene una norma específica en el apartado 2 sobre la primacía del Reglamento sobre convenios celebrados exclusivamente entre los Estados miembros,

c) como consecuencia de lo anterior, la disposición da siempre primacía al Convenio de La Haya de 1971 sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera y al Convenio de la Haya sobre la ley aplicable a la responsabilidad por productos de 1973, aun cuando todos los elementos pertinentes de la situación se sitúen en la Comunidad.

Mientras que las dos primeras diferencias mencionadas del texto modificado de la propuesta, en principio, no generan dificultades para la Comisión, ésta continúa lamentando el planteamiento adoptado en la Posición Común, que da una primacía general a los convenios multilaterales aunque todos los elementos pertinentes de la situación se sitúen solamente en la Comunidad. En tales circunstancias, el Parlamento Europeo quiso dar primacía al nuevo reglamento sobre el Convenio de La Haya sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera. El planteamiento de la Posición Común socava los esfuerzos por lograr soluciones armonizadas en la Comunidad.

Aunque este aspecto está un tanto atenuado por la referencia específica a los accidentes de tráfico en la cláusula de revisión (artículo 30 de la Posición Común), que prevé conceder una atención especial a la cuestión de los accidentes de tráfico en el informe sobre la aplicación del Reglamento con el fin de evaluar los efectos de la ausencia de normas plenamente armonizadas sobre la ley aplicable en la materia en la Comunidad, la Comisión, sin embargo, habría preferido el texto formulado en su propuesta modificada (artículo 24, apartado 2).

La Comisión lamenta que la declaración que hizo durante la etapa final de las negociaciones en el Consejo[1] no se refleje exactamente en el considerando 33 de la Posición Común.

3.3. Enmiendas del Parlamento

En conjunto, la Posición Común incorpora, plenamente o en espíritu, la mayoría de las enmiendas del Parlamento Europeo relativas a las disposiciones sustantivas, aceptadas por la Comisión y reflejadas en su propuesta modificada.

Hay, sin embargo, algunas divergencias importantes entre la propuesta modificada y la Posición Común por lo que se refiere a las enmiendas del Parlamento ya mencionadas en el punto 3.2 supra , como por ejemplo:

El artículo 9 de la Posición Común recoge la enmienda 31 del Parlamento Europeo que la Comisión rechazó y que no formaba parte de su propuesta modificada.

El artículo 27 de la Posición Común no incorpora en su totalidad el artículo 3 de la propuesta modificada que recogía la enmienda 24 del Parlamento.

El artículo 28 de la Posición Común se basa en una perspectiva diferente con respecto al artículo 24 de la propuesta modificada (enmienda 53 del Parlamento) por lo que se refiere, en particular, a la relación con el Convenio de La Haya sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación.

3.4. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo:

El artículo 2 es una disposición de tipo técnico que se propone definir ciertos conceptos utilizados en el Reglamento con el fin de simplificar la redacción de sus distintas disposiciones.

El artículo 12 introduce una propuesta específica para las obligaciones extracontractuales que preceden a la celebración de un contrato. Tal disposición específica no se incluyó en la propuesta de la Comisión, aunque la intención ha sido siempre que este instrumento cubriera este tipo de obligaciones. Esto reflejó la línea seguida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el marco del Convenio de Bruselas de 1968 (reemplazado por el Reglamento 44/2001), según el cual, las obligaciones de ese tipo deben considerarse extracontractuales[2]. La Comisión había optado inicialmente por una solución más flexible en el artículo 5, apartado 3, de su propuesta modificada, mientras que el Consejo parece preferir una disposición más detallada en la materia. El contenido de la disposición propuesta produce, en principio, el mismo resultado que el previsto por la Comisión, es decir, la aplicación de la ley del país que presenta los vínculos más estrechos con la obligación extracontractual.

4. CONCLUSIÓN

La Comisión acepta la Posición Común habida cuenta de que incluye los elementos clave de su propuesta inicial, así como las enmiendas adoptadas por el Parlamento, tal como han sido integradas en su propuesta modificada.

[1] En la reunión del consejo JLS en Luxemburgo (27 y 28 de abril de 2006) la Comisión declaró: “La Comisión está dispuesta, en su caso, a examinar la posibilidad de presentar una propuesta al Consejo para que autorice a los Estados miembros a celebrar acuerdos internacionales sobre determinadas materias sectoriales que contengan disposiciones sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Ello sin perjuicio de la posibilidad de la Comunidad de negociar y celebrar tales acuerdos internacionales de conformidad con lo previsto en el artículo 300 CE.”

[2] Siguiendo el mismo razonamiento, este tipo de obligaciones se excluyó del ámbito de la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (“Roma I”) adoptada el 15 de diciembre de 2005 - COM(2005) 650 final, 2005/0261 (COD).