Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la mediación en los seguros

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Aspectos generales

El Plan de acción en materia de servicios financieros [1], acogido favorablemente por el Consejo Europeo de Colonia en junio de 1999, destaca la urgente necesidad de establecer un mercado al por menor realmente integrado en el cual se protejan adecuadamente los intereses de los consumidores y los proveedores de servicios. El de los mediadores de seguros se considera un ámbito en que es necesaria una acción prioritaria. Es indispensable un planteamiento claro y común de la normativa en materia de los mediadores a fin de garantizar la libre prestación transfronteriza de servicios de seguros y de mantener un alto nivel de protección de los tomadores de seguros.

[1] COM(1999) 23, de 11.5.1999.

Por ello, el Plan de Acción prevé la modernización de las normas comunitarias vinculantes en materia de mediadores de seguros, que no se han actualizado desde su adopción en 1976. El Plan anuncia la aprobación por la Comisión de una propuesta de Directiva a mediados de 2000. Su aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo se prevé en el 2002.

El Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000 recordó con insistencia la necesidad de integrar los servicios y mercados financieros en la Unión. Un mercado financiero único constituirá un factor determinante para la competitividad de la economía europea, el desarrollo de la nueva economía y la cohesión social. Ésta es la razón por la que los Jefes de Estado y Gobierno abogaron por la aplicación del Plan de Acción en materia de servicios financieros hasta el 2005.

En su Comunicación de 3 de mayo de 2000 [2], la Comisión se comprometió a adoptar las medidas adecuadas para dar curso a las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa. La plena aplicación del Plan de Acción hasta el 2005 es una prioridad fundamental de cara a unos mercados financieros más eficaces y unas empresas del sector financiero más competitivas.

[2] COM(2000) 257, final, de 3.5.2000.

1.1. Necesidad de un marco jurídico comunitario para los mediadores de seguros

Los mediadores de seguros constituyen un eslabón fundamental en la venta de productos de seguros en la Comunidad. Como puede observarse en el cuadro que figura a continuación, la cuota de mercado de los mediadores en la distribución de seguros supera en numerosos Estados miembros el 50%.

Cuotas de mercado de los distintos circuitos de distribución de seguros en determinados países de la Unión Europea (en %)

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuente: BIPAR

Los mediadores de seguros también desempeñan un papel importante en la protección de los intereses de los tomadores de seguros, no sólo en la distribución de productos de seguros comercializados por distintas empresas de seguros de la Comunidad, sino sobre todo al asesorar y asistir a los tomadores de seguros en el análisis de sus necesidades específicas. Es de esperar que esta importancia aumente debido, por una parte, al aumento de la competencia ocasionado por la creación del mercado interior y, por otra, a la mayor complejidad de las pólizas de seguro comercializadas en el mercado interior. Habida cuenta del papel central desempeñado por los mediadores en la distribución de productos financieros a menudo complejos, es imprescindible prevenir al máximo las negligencias o errores profesionales que pudieran afectar a los consumidores.El mercado interior de los seguros está en gran medida establecido por lo que respecta a las empresas de seguros. Desde julio de 1994, en virtud del régimen establecido por las Terceras Directivas [3], toda empresa de seguros se encuentra sometida a un régimen de autorización administrativa y supervisión prudencial únicas por parte del Estado miembro en el que tenga su domicilio social. Este "pasaporte europeo" le permite ejercer sus actividades en toda la Comunidad, ya sea en régimen de establecimiento o de libre prestación de servicios. Este régimen ha dado lugar a un aumento de las actividades comerciales y, en particular, de las operaciones relativas a grandes riesgos industriales y comerciales. En cambio, la apertura ha tenido menos repercusiones en materia de riesgos de los particulares. Esto obedece en parte a la ausencia de un marco jurídico europeo para los mediadores de seguros que les permita obtener el máximo beneficio de las libertades fundamentales que constituyen el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios en el mercado interior. Por ello, los mediadores se hallan a menudo ante la imposibilidad de acceder a las solicitudes de clientes que desean asegurar un riesgo en otro Estado miembro.

[3] Directiva 92/49/CEE (Tercera Directiva sobre el seguro no de vida), DO L 228, 11.8.1992, p. 1. Directiva 92/96/CEE (Tercera Directiva sobre el seguro de vida), DO L 360, 9.12.1992, p. 1.

Las disposiciones comunitarias adoptadas en materia de mediadores (Directiva 77/92/CEE [4] y Recomendación 92/48/CEE [5]) han contribuido sin duda a aproximar las reglamentaciones nacionales. Sin embargo, los mediadores de seguros siguen sujetos a requisitos jurídicos nacionales divergentes, que dividen los mercados nacionales y obstaculizan el ejercicio transfronterizo de sus actividades.

[4] DO L 26, de 31.1.1977, p. 14.

[5] DO L 19, de 28.1.1992, p. 32.

Según la Asociación profesional de mediadores de seguros (BIPAR), existe una serie de obstáculos que impiden a los mediadores responder a las solicitudes de clientes que residen en otro Estado miembro, sobre todo en el caso de los particulares. La BIPAR señala, en particular:

- la incertidumbre sobre la legislación europea aplicable a los mediadores de seguros;

- la necesidad de cumplir simultáneamente los requisitos de varias legislaciones nacionales cuando las operaciones tienen dimensión transfronteriza (lo que puede, en particular, hacer preciso necesidad de registrarse en el país de acogida y, a tal fin, cumplir una serie de requisitos nacionales [6] sobre cobertura por un seguro de responsabilidad profesional, capacidad financiera, etc.);

[6] En algunos casos, el incumplimiento de estos requisitos puede ser objeto de sanción penal.

- la ausencia de definición clara de las obligaciones de los mediadores cuando actúan en otro Estado miembro (pueden plantearse problemas sobre todo en caso de que los mediadores deban cumplir una serie de requisitos de interés general que no estén claramente determinados o a la hora de determinar cuál es el punto exacto a partir del cual un mediador está sometido a la legislación del país de acogida).

Así, el número de actividades transfronterizas realizadas por los mediadores de seguros sigue siendo muy limitado, en particular por lo que respecta a las operaciones con tomadores de seguros individuales. Estas divergencias afectan a las empresas de seguros, que sufren dificultades para acceder a los distintos mercados nacionales en virtud de la libre prestación de servicios y para dotarse de canales de distribución adecuados en los distintos Estados miembros. La compartimentación de los mercados priva a los tomadores de seguros - empresas y consumidores-de acceso a una gama más amplia de productos de seguros, que les permitiría obtener una cobertura más adaptada a sus necesidades. Por último, priva a los consumidores de las ventajas derivadas de una mayor competencia entre los mediadores.

Así, el objetivo de establecer un verdadero mercado interior en este sector se ve seriamente comprometido.

1.2. Los objetivos de la propuesta de Directiva

La propuesta de Directiva establece un marco normativo que garantiza un alto nivel de profesionalismo y competencia de los mediadores de seguros. El sistema único de registro de mediadores facilitará el ejercicio transfronterizo de sus actividades en virtud de las libertades de establecimiento y prestación de servicios. La propuesta garantiza asimismo un alto grado de protección de los intereses de los tomadores de seguros.

La propuesta se concentra en los objetivos que deben alcanzarse a fin de conciliar la intermediación de seguros y el mercado interior, protegiendo al mismo tiempo adecuadamente a los tomadores de seguros. En cambio, se ha preferido no armonizar en exceso los medios que deben aplicar las autoridades competentes para garantizar que se alcancen los objetivos. Los mediadores ofrecen productos de compañías que ya son objeto de rigurosa vigilancia en toda la Unión. Además, corresponde a estas compañías utilizar exclusivamente los servicios de mediadores que cumplan lo dispuesto en la Directiva. La Comisión considera por ello que es deseable basarse, en la medida de lo posible, en el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, y no pretender armonizar en detalle las modalidades de control que en la práctica se empleen.

El establecimiento de un marco normativo europeo para los mediadores de seguros ha sido desde hace varios años objeto de urgentes requerimientos por parte de las empresas de seguros, los propios mediadores, los consumidores y varios Estados miembros [7]. El Parlamento Europeo, en su resolución sobre el Plan de acción en materia de servicios financieros, ha estimado que la refundición de la normativa comunitaria era una actuación de suma importancia [8].

[7] Véase a este respecto " Comunicación sobre los servicios financieros: Cómo aumentar la confianza del consumidor" (COM(97) 309 final, de 26.6.1997)

[8] Resolución A5-0059/2000, punto 11.

Hoy por hoy, tan sólo la Directiva 77/92/CEE [9] contiene disposiciones vinculantes sobre los mediadores de seguros. No obstante, su alcance es limitado: no armoniza las condiciones de cualificación profesional requeridas para acceder a las actividades de inspector, agente y subagente a las que se aplica. Se limita a establecer una serie de medidas transitorias destinadas a facilitar la libre circulación de estos profesionales en la Comunidad. Estas medidas serán superfluas una vez que se hayan adoptado requisitos comunitarios más detallados.

[9] DO L 26, de 31.1.1977, p. 14.

La Directiva no excluye la posibilidad de que los Estados miembros establezcan disposiciones específicas sobre el acceso y ejercicio de estas actividades o de no establecer disposición alguna. Y así ha ocurrido: los Estados miembros han adoptado disposiciones sumamente divergentes. Estas divergencias compartimentan los mercados nacionales, lo que impide el ejercicio de estas actividades al amparo de las libertades de establecimiento y prestación de servicios. Por otro lado, plantean problemas de transparencia en cuanto al estatuto y a las cualificaciones profesionales de los mediadores de seguros, lo que no contribuye a garantizar un alto grado de protección de los tomadores de seguros.

La Recomendación 92/48/CEE de la Comisión de 18 de diciembre de 1991 [10] supuso un primer paso hacia la solución de estos problemas y la aproximación de las reglamentaciones nacionales. En aquel momento se consideraba que una recomendación podría contribuir a garantizar la equivalencia de las disposiciones nacionales sobre la actividad de intermediación de seguros sin necesidad de medidas de coordinación vinculantes. En la Recomendación, la Comisión invita a los Estados miembros a procurar que los mediadores de seguros establecidos en su territorio cumplan una serie de requisitos profesionales y estén registrados. Fundamentalmente, la recomendación invita a los Estados miembros a adoptar normativas nacionales que exijan a los mediadores de seguros poseer conocimientos y aptitudes generales, comerciales y profesionales; disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional o garantía equivalente; ser personas honorables, no haberse declarado en quiebra con anterioridad y, en los casos de los agentes de seguros, la obligación de disponer de capacidad financiera suficiente. Por último, la recomendación prevé el registro de los mediadores de seguros en su Estado miembro y la aprobación de medidas o sanciones convenientes contra toda persona que ejerza la actividad de mediador de seguros sin registrarse. Sólo las personas registradas deben estar autorizadas a ejercer la actividad de mediador de seguros y, para garantizar que se cumpla esta obligación, deben existir sanciones y medidas adecuadas.

[10] DO L 19, de 28.1.1992, p. 32.

Las medidas propuestas en la Recomendación tienen por objeto mejorar la protección de los tomadores de seguros siempre que adquieran a un mediador productos y servicios de seguros. La existencia de un seguro de responsabilidad profesional significa que todo consumidor que sea víctima de negligencia por parte de un mediador tendrá posibilidad de obtener una indemnización. Del mismo modo, si los agentes deben disponer de una determinada capacidad financiera, el consumidor gozará de una protección suplementaria frente a una posible quiebra del agente. En caso contrario, las primas pagadas a los agentes pero aún no transferidas al asegurador podrían perderse. Es también claro que la existencia de un sistema de registro, sanciones eficaces y un programa de formación profesional adecuado aumentará la confianza de los consumidores en la competencia y la integridad del mediador.

La gran mayoría de los Estados miembros ha adoptado medidas inspiradas en la Recomendación. Sin embargo, las reglamentaciones nacionales, cuando existen [11], siguen siendo divergentes. Estas disparidades crean obstáculos injustificados a la entrada en el mercado, en particular para la venta en libre prestación de servicios, y suponen una fragmentación del mercado único. Además, si se desea que el mercado único de los seguros ofrezca a los consumidores mayores garantías de protección, dichos consumidores deben gozar en toda compra de un grado mínimo de protección con independencia del mediador y del Estado miembro en que se encuentre. La Comisión considera que sólo las medidas comunitarias permitirán eliminar las divergencias existentes y establecer un mercado interior para los mediadores de seguros.

[11] Actualmente, sólo Alemania no ha adoptado disposiciones específicas sobre las actividades de mediación de seguros.

Al adoptar su Recomendación, la Comisión señaló por otra parte que se reservaba el derecho a proponer en el futuro una Directiva vinculante si fueran necesarias medidas de coordinación a fin de eliminar los posibles obstáculos que aún existan o de introducir nuevas garantías para proteger a los consumidores.

1.3. Contenido de la propuesta de Directiva

El objetivo de la presente propuesta de Directiva puede resumirse del siguiente modo: garantizar que todas las personas (físicas y jurídicas) que emprendan o realicen una actividad de mediación de seguros o de reaseguros haya sido inscrita en un registro de acuerdo con una serie de requisitos profesionales. Los mediadores inscritos en un determinados Estado miembro podrán ejercer su actividad en otros Estados miembros en régimen de libre prestación de servicios mediante el establecimiento de una sucursal. Los Estados miembros podrán reforzar los requisitos profesionales de esta Directiva o añadir otros, únicamente para los mediadores que deseen inscribirse en su registro. Además, el proyecto contiene disposiciones mínimas en lo relativo a las modalidades y el contenido de la información que los mediadores de seguros deberán facilitar a sus clientes (esto no afecta a los mediadores de reaseguros y de seguros del sector de riesgos comerciales e industriales).

La propuesta de Directiva se basa en el planteamiento ya propuesto por la Comisión en su Recomendación 92/48/CEE. Parte de los principios ya expuestos en la misma. La Comisión considera que este planteamiento permite alcanzar los objetivos perseguidos gracias a medidas adecuadas para estos objetivos.

La presente propuesta de Directiva se basa en los siguientes principios:

(i) Todo mediador de seguros que ejercerá en la Comunidad deben estar registrados por una autoridad competente (artículo 3). La inscripción de un mediador de seguros en el registro se supeditará al cumplimiento de los requisitos profesionales siguientes:

(a) los mediadores de seguros estarán en posesión de la experiencia y de los conocimientos generales, mercantiles y profesionales;

(b) los mediadores de seguros dispondrán de una cobertura de responsabilidad civil por daños derivados del ejercicio de la profesión o cualquier garantía equivalente, contra las responsabilidades derivadas de faltas profesionales;

(c) los mediadores de seguros que administren fondos pertenecientes a sus clientes deberán poseer la capacidad financiera suficiente;

(d) deberán gozar de buena reputación y no haber sido declarados en quiebra.

(ii) los mediadores inscritos en el registro podrán ejercer sus actividades en toda la Comunidad en régimen de establecimiento o libre prestación de servicios bajo la vigilancia y el control de las autoridades de su Estado miembro de origen;

(iii) los mediadores de seguros deberán cumplir los requisitos de información al cliente contemplados en la propuesta.

1.4. Consulta con los interesados

La presente propuesta ha sido objeto de consultas detalladas con los expertos de los Estados miembros y de las organizaciones representativas de los ámbitos interesados: aseguradores (Comité Europeo de Seguros - CEA y Asociación Europea de Cooperativas y Mutuas de Seguros - ACME), mediadores (Asociación Internacional de Mediadores de Seguros y Reaseguros - BIPAR) y la Organización Europea de Consumidores (BEUC). Estas organizaciones acogen favorablemente la idea de una propuesta de Directiva que regule a nivel europeo a los mediadores de seguros, así como las orientaciones generales de la propuesta.

2. Comentarios sobre los artículos

Artículo 1 - Ámbito de Aplicación

La propuesta contempla a todos los mediadores de seguros establecidos en la Comunidad, ya sean personas físicas o jurídicas.

Todos los mediadores de seguros o reaseguros de la Comunidad se encuentran sujetos a las disposiciones de la propuesta de Directiva por lo que se refiere a las normas de inscripción en el registro y a los requisitos profesionales (artículos 3 y 4). Así, estos operadores podrán gozar de las libertades de establecimiento y prestación de servicio.

Las disposiciones sobre la información que los mediadores deben facilitar a los tomadores de seguros (Capítulo III) se aplican únicamente a los mediadores de seguros que trabajan para tomadores de seguros que no necesiten cobertura de grandes riesgos industriales y comerciales [12]. También se excluyen de estos requisitos a los mediadores de reaseguros, que sólo ejercen su actividad de mediación con profesionales (empresas de seguros y reaseguro). Parece necesaria menos protección en las operaciones entre empresas.

[12] El concepto de "grandes riesgos" se estableció en la Segunda Directiva del Consejo 88/357/CEE sobre el seguro no de vida. Contempla:

La propuesta, no obstante, permite a los Estados miembros no aplicar las disposiciones relativas a los requisitos profesionales (Capítulo II) así como las normas relativas a la información que debe facilitarse (Capítulo III) a las personas que ofrezcan productos de seguros que no exijan conocimientos generales o específicos en materia de seguros y que cubran riesgos relativos a productos o servicios que vendan o presten dentro de su actividad comercial principal, siempre y cuando no se trate de contratos de seguros de vida o de responsabilidad civil, el importe de la prima no supere 1 000 euros y la actividad principal de estas personas no la de intermediación de seguros. Se trata sobre todo de contratos de seguros que cubran riesgos de pérdidas o daños a determinados bienes tales como lentes o determinados aparatos electrodomésticos, así como los contratos de asistencia turística comercializados por agencias de viajes;

Durante los trabajos preparatorios fue preciso limitar el ámbito de la presente Directiva a los mediadores de seguros con un determinado nivel de actividad (por ejemplo, en función del volumen anual de primas recogidas). Esta posibilidad no gozó de consenso entre los interesados. Para proteger los intereses de los tomadores de seguros, se consideró preferible que las disposiciones de la presente Directiva se aplicasen a todos los mediadores de seguros. La BIPAR y la BEUC se oponen firmemente a la exclusión del ámbito de aplicación de los mediadores que no alcancen un determinado nivel de actividad y señalan que con mucha frecuencia son precisamente los "pequeños" mediadores quienes pueden plantear problemas para la protección de los tomadores de seguros.

Se estudió otra posibilidad: limitar el ámbito de aplicación a los mediadores que deseen ejercer su actividad en el mercado interior. Este planteamiento fue también rechazado por la mayoría de los Estados miembros y por las organizaciones profesionales, que consideran que la protección ofrecida a los tomadores de seguros, sobre todo en lo que respecta a los requisitos de competencia profesional, capacidad financiera y cobertura de la responsabilidad civil profesional, serían en función de que su mediador esté establecido con carácter principal en su Estado miembro o ejerza su actividad en régimen de establecimiento o prestación de servicios. Además, una disposición de este tipo sería difícilmente compatible con la idea de un auténtico mercado único, pues permite el mantenimiento de las fronteras nacionales desde el punto de vista económico y legislativo.

Artículo 2 - Definiciones

Las definiciones de "empresa de seguros", "empresa de reaseguros", "grandes riesgos", "autoridades competentes" y "empresa matriz" corresponden a definiciones ya empleadas en otras directivas sobre seguros y, en particular, las Terceras Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE, así como la Directiva 98/78/CE.

"Mediación de seguros", "mediación de reaseguros", "mediador de seguros", mediador de reaseguros": se propone una definición funcional de estos conceptos. Esto permite abarcar las distintas categorías de mediadores (corredor, agente, subagente) englobando al mismo tiempo otros canales de distribución como el bancaseguro o los grandes distribuidores.

No es posible trazar en todos los Estados miembros una distinción clara entre agentes y corredores. A menudo los mediadores actúan como agentes para algunos tipos de riesgos y como corredores para otros. Esta es la razón por la cual la distinción no se recoge en esta propuesta. Lo fundamental para el tomador de seguros es saber, en cada riesgo, si se trata de un mediador que trabaja para un número limitado de empresas o que pueda asesorarle a partir de un análisis amplio e imparcial del mercado. El artículo 10 tiene por objeto procurar que el cliente pueda hacerse una idea exacta a este respecto.

Las actividades a las que se aplica la Directiva son las actividades ejercidas a cambio de una remuneración, es decir, de manera profesional.

Las actividades de asesoramiento de seguros contempladas en la presente propuesta son las ejercidas como parte de la actividad de intermediación de seguros, y no dentro de otra actividad profesional, con carácter accesorio a una actividad principal diferente de la intermediación de seguros (por ejemplo, contable o asesor fiscal). Debe ser un asesoramiento a fin de asistir al cliente en la firma de un contrato de seguros o para la gestión o ejecución del contrato de seguros.

Artículo 3 - Inscripción en el registro

Esta disposición establece la obligación de inscripción en el registro de los mediadores de seguros y reaseguros contemplados en la presente Directiva.

Se ha optado por el sistema de inscripción en el registro en lugar del sistema de autorización administrativa de cada mediador debido a las dificultades de carácter práctico a que este último daría lugar. En algunos Estados Miembros existen decenas de millares de mediadores de seguros. Sería muy costoso para estos Estados crear un régimen de autorización, pues requeriría recursos financieros considerables y seguramente desproporcionados con respecto a los objetivos. Por otro lado, existen formas de autorregulación, en particular de las relaciones entre empresas de seguros y mediadores, que también contribuyen a mantener un elevado nivel de seguridad, competencia y honorabilidad en la profesión.

El mediador debe estar inscrito en el registro designado por las autoridades competentes de su Estado miembro de origen. En caso de tratarse de una persona jurídica, el mediador deberá estar registrado en el Estado miembro donde tenga su domicilio social, y, en el de una persona física, en el Estado miembro donde tenga su administración central. Por otra parte, si se trata de una persona jurídica, el domicilio social deberá encontrarse en el mismo Estado miembro que su Administración central. Esta exigencia, común a toda la legislación comunitaria en materia de servicios financieros, tiene por objeto evitar que los mediadores de seguros opten por el sistema jurídico de un Estado miembro a fin de sustraerse a las normas más estrictas vigentes en el Estado miembro donde estén realmente establecidos. Además, acerca a las autoridades competentes a los mediadores de seguros y les permite velar adecuadamente por el cumplimiento de las normas profesionales.

El registro se supedita al cumplimiento de los requisitos profesionales contemplados en el artículo 4. En caso de que un mediador ya no cumpla estas condiciones, será eliminado del registro y, por tanto, no podrá ejercer en adelante su actividad.

Sólo los mediadores que estén registrados podrán ejercer esta actividad, y las empresas de seguros sólo podrán recurrir a los servicios de los mediadores de seguros inscritos en un registro y de las personas contempladas en el apartado 2 del artículo 1 (apartado 5 del artículo 3). El artículo 7 obliga a los Estados miembros a establecer las sanciones adecuadas a toda persona que ejerza la actividad de mediación de seguros o de reaseguros sin estar inscrita como tal en un Estado miembro. Estas sanciones se aplicarán asimismo a las empresas de seguros que recurran a los servicios de mediación de seguros o reaseguros prestados por personas no registradas para ello en un Estado miembro.

La presente propuesta no obliga a los Estados miembros a establecer un registro único. Tan sólo prevé que los registros se encuentren bajo el control de las autoridades públicas, de organismos reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional o de organismos reconocidos por autoridades públicas expresamente facultadas para ello por la legislación nacional (véase el artículo 6). La propuesta se atiene a lo propugnado en la Recomendación 92/48/CEE (artículo 5), en la que tampoco se prevé la instauración por los Estados miembros de un registro único centralizado, pero se admite la posibilidad de establecer registros diferentes para mediadores de seguros dependientes o independientes, o de que dichos registros sean administrados por autoridades públicas u otros órganos competentes (por ejemplo, organizaciones profesionales) reconocidos por un Estado miembro.

La matriculación de un mediador en un registro le permite acceder a la actividad de mediador de seguros y a ejercerla en toda la Comunidad, en régimen de libre establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios. Todos los demás Estados miembros de la Comunidad reconocerán estos requisitos del Estado miembro de origen. De esta manera, el mediador deberá ya cumplir los requisitos profesionales establecidos por los Estados miembros de acogida. El artículo 5 establece el procedimiento que debe seguirse para abrir sucursales o ejercer en libre prestación de servicios.

Artículo 4 - Requisitos profesionales

Este artículo establece las condiciones que debe cumplir todo mediador de seguros o reaseguros para poder estar registrados:

1. Posesión de la experiencia y de los conocimientos generales, mercantiles y profesionales adecuados.

Al igual que la Recomendación 92/48/CEE, la propuesta de Directiva exige que los mediadores de seguros y reaseguro posean la experiencia y de los conocimientos generales, mercantiles y profesionales adecuados. Se trata de conocimientos que deben adecuarse a las funciones y actividades ejercidas por el mediador, así como a los mercados en los cuales trabaje. Estos conocimientos profesionales deben también actualizarse periódicamente. Los Estados miembros deben definir y precisar el nivel y el contenido de estos conocimientos, que en cualquier caso deben ser suficientes para garantizar un grado adecuado de competencia profesional.

En caso de que el mediador sea una persona jurídica, la dirección de la empresa deberá contar con un número adecuado de personas que cumplan este requisito.

Este requisito no se aplica a todas las personas o empleados de una empresa de mediación de seguros o reaseguros. Tan sólo deberán estar en posesión de estos conocimientos quienes participen directamente en las actividades de mediación.

Los Estados miembros podrán no exigir a las personas físicas que actúen como mediadores de seguros con carácter ocasional la posesión de los conocimientos y aptitudes generales, comerciales y profesionales necesarios (párrafo primero), siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- la actividad de mediación de seguros no debe constituir su actividad profesional principal ni la fuente principal de sus ingresos profesionales,

- un mediador de seguros que cumpla los requisitos contenidos en la presente Directiva o una empresa de seguros deberán ser garantes de las actividades de estos mediadores y asumir responsabilidad plena de sus actos. Asimismo, deberán facilitarles una formación básica adecuada.

Esta disposición se refiere a las actividades de intermediación que en algunos Estados miembros ejercen con carácter totalmente ocasional y auxiliar determinadas personas. La aplicación de todas las disposiciones de la Directiva a estas personas supondría el fin de sus actividades. Esto sería desproporcionado dados los objetivos de la propuesta. No obstante, ésta prevé que dichas personas reciban una formación básica adecuada por parte de la empresa que recurra a sus servicios. Además, su actividad estará estrictamente sometida al control de la empresa de seguros o del mediador por cuenta de los cuales operan, bajo la entera responsabilidad de dicha empresa de seguros o mediador.

2. Requisitos de honorabilidad

Los mediadores deben tener conocimiento de datos personales y confidenciales sobre la vida privada de su clientela. Por ello, las relaciones de confianza mutua entre agentes y consumidores son fundamentales. En particular, en cuanto a seguros de vida, ayudan a los tomadores de seguros a la hora de tomar decisiones financieras importantes. Por estos motivos, los mediadores de seguros deben ser personas honorables y no haber sido declarados en quiebra con anterioridad.

3. Seguro de responsabilidad profesional u otra garantía comparable

Este requisito tiene por objeto garantizar que toda persona afectada por la incompetencia profesional o negligencia de un mediador de seguros tenga la posibilidad de obtener una indemnización. La propuesta establece un nivel mínimo de cobertura de este seguro o garantía de 1 000 000 euros por siniestro a fin de garantizar condiciones comparables para todos los mediadores de la Comunidad.

El mediador estará eximido de suscribir este seguro de responsabilidad civil cuando cubra la garantía la empresa o en la cual esté empleado el mediador de seguros o el mediador de reaseguros, o por la cual el mediador de seguros o el mediador de reaseguros esté facultado para actuar.

4. Capacidad financiera

Los mediadores deben en muchos casos manipular fondos, ya sea por cuenta del tomador de seguros o por cuenta de la empresa de seguros. A fin de garantizar la protección de los intereses financieros de los tomadores de seguros, todo mediador que manipule fondos que pertenezcan a sus clientes deberá disponer de capacidad financiera suficiente. La propuesta de Directiva prevé cuatro modalidades que tienen en cuenta los sistemas existentes en los Estados miembros:

(i) disposiciones según las cuales los importes abonados por el cliente al mediador se considerarán como si se hubieran abonado a la empresa y los importes abonados por la empresa al mediador sólo se considerarán abonados al cliente cuando éste efectivamente lo haya recibido;

(ii) posesión por el intermediario de seguros o reaseguros de una capacidad financiera que deberá en todo momento elevarse al 8% de sus ingresos anuales netos, sin que pueda ser inferior a 15 000 euros;

(iii) transferencias de los fondos del cliente a través de cuentas de clientes completamente separadas e imposibilidad de utilizar dichas cuentas para reembolsar a otros acreedores en caso de quiebra;

(iv) creación de un fondo de garantía.

Tal como establecen otros textos ya aprobados en el ámbito de los seguros y, en particular, las Terceras Directivas sobre seguros no de vida (Directiva 92/49/CEE) y sobre seguros de vida (Directiva 92/96/CEE), los Estados miembros podrán adoptar disposiciones más estrictas con respecto a sus propios mediadores de seguros.

Artículo 5 - Establecimiento de sucursales y ejercicio en libre prestación de servicios por parte de mediadores de seguros y reaseguros

Esta disposición establece el procedimiento que debe seguir un mediador inscrito en el registro que desee abrir una sucursal o ejercer en libre prestación de servicios en el territorio de un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen. Se trata de un procedimiento, previo al inicio de estas actividades, de notificación a la autoridad competente del Estado miembro de acogida. Se inspira en los procedimientos establecidos en las Terceras Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE para las empresas de seguros.

Podría estudiarse una modernización de este procedimiento. El contenido de los registros y normas de protección del interés general podría publicarse en el sitio Web de cada autoridad competente. Todo mediador que desee operar en un Estado miembro distinto del suyo se dirigiría por escrito a la autoridad competente de este Estado y sería informado de las normas de protección del interés general en el sitio Web de esta autoridad. La autoridad del Estado de acogida comprobaría en el sitio de su homólogo del Estado de origen si el mediador está efectivamente registrado. Salvo objeción por escrito del Estado de acogida, el mediador podría iniciar sus actividades un mes después del envío de su notificación escrita.

Este procedimiento deberá ser objeto de examen detallado por parte de la Comisión y los Estados miembros.

Artículo 6 - Autoridades competentes

Los Estados miembros deberán designar a las autoridades competentes encargadas de velar por la aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros podrán designar a autoridades públicas, a organismos reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional o por autoridades públicas expresamente facultadas para ello por la legislación nacional.

Esta disposición se basa en gran medida en la Directiva 93/22/CEE relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables [13] (artículo 22). En cualquier caso, las autoridades competentes que se designen deberán disponer de todas las facultades necesarias para cumplir sus cometidos.

[13] DO L 141, de 11.6.1993, p. 27.

Artículo 7 - Sanciones

Los Estados miembros deben poder adoptar medidas o sanciones adecuadas con respecto a los mediadores de seguros o reaseguros, así como las empresas de seguros o reaseguros que no cumplan lo dispuesto en la presente propuesta. Este sistema de sanciones es fundamental para garantizar la aplicación del régimen establecido por esta propuesta.

Las autoridades competentes deben colaborar e intercambiar informaciones entre sí. Estas autoridades están sometidas a la obligación de confidencialidad y secreto profesional con arreglo a lo ya establecidos en las Terceras Directivas sobre seguros 92/49/CEE (artículo 16) y 92/96/CEE (artículo 15).

Artículo 8 - Quejas

Este artículo prevé el establecimiento por parte de los Estados miembros de un mecanismo para las quejas de los clientes en el ámbito de la mediación de seguros.

Artículo 9 - Resolución extrajudicial de litigios

El Plan de Acción en materia de Servicios Financieros prevé la aprobación de mecanismos eficaces, judiciales y extrajudiciales, para la resolución de litigios entre los consumidores y las entidades financieras. La creación de estos mecanismos es fundamental a fin de establecer un clima de confianza en las actividades transfronterizas y facilitar el desarrollo y profundización del mercado interior.

Esta disposición tiene por objeto que los consumidores puedan recurrir a mecanismos extrajudiciales para resolver contenciosos con los mediadores de seguros. Conforme al Plan de Acción, la propuesta prevé que los Estados miembros fomentarán la utilización de estos mecanismos para resolver litigios transfronterizos, lo que implica una mayor colaboración entre estos organismos.

Artículos 10 y 11 - Información facilitada por los mediadores de seguros

Las disposiciones de este Capítulo tienen por objetivo establecer requisitos de información que permitan garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores que recurran a servicios de seguros.

El artículo 10 establece el tipo de información que todo mediador de seguros debe facilitar al consumidor con el cual entre en contacto y previamente a la celebración de un contrato. Se trata de la identidad y la dirección del mediador, sus vínculos, directos o indirectos, con empresas de seguros o reaseguros, toda obligación contractual en virtud de la cual sólo trabaje con una o varias empresas de seguros, así como los nombres de dichas empresas. El mediador deberá exponer asimismo quién es responsable en caso de negligencia, incompetencia profesional o asesoramiento inadecuado por su parte, si asesora a la clientela sobre las garantías que ofrece un amplio número de empresas de seguros o si, por el contrario, se limita a un determinado número de empresas de seguros.

Igualmente, el mediador de seguros, cuando declare asesorar a su clientela sobre las garantías ofrecidas por un amplio número de empresas de seguros, estará obligado a basar su asesoramiento en un análisis imparcial y suficientemente amplio de los contratos ofrecidos en el mercado, de modo que pueda recomendar un producto de seguros idóneo para las necesidades del cliente. En el supuesto de que posteriormente se compruebe que el análisis no cumple estas condiciones, el cliente podrá emprender acciones contra el mediador. Este mecanismo puede justificar un nivel de protección de responsabilidad profesional relativamente elevado (véase el artículo 4).

Por último, el mediador deberá, como mínimo, consignar por escrito las exigencias y las necesidades del cliente, así como una explicación de las razones en las que se basa el asesoramiento facilitado.

El artículo 11 precisa las modalidades de presentación de esta información. En general, deberán facilitarse por escrito o en cualquier otro soporte duradero y accesible al consumidor. Deberán ser claras y precisas y facilitarse en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en que se realice el contrato, o en cualquier otra lengua que acuerden las partes contratantes. La mayoría de estos datos podrán facilitarse por medio de un formulario, lo que limitará los costes correspondientes a estos requisitos. Por último, cuando el tomador de seguros solicite una cobertura inmediata, la información podrá facilitarse oralmente.

Artículos 12-15

El artículo 12 deroga la Directiva 77/92/CEE. Por lo tanto, una vez adoptada esta Directiva habrá un único instrumento comunitario aplicable a los mediadores de seguros y reaseguros. La normativa comunitaria ganará claridad y coherencia en beneficio tanto de los operadores como de los tomadores de seguros.

Los artículos 13, 14 y 15 recogen disposiciones relativas a los destinatarios, las fechas de transposición y aplicación por los Estados miembros y la entrada en vigor.

2000/0213(COD)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la mediación en los seguros

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 47 y su artículo 55,

Vista la propuesta de la Comisión [14],

[14] DO C

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [15],

[15] DO C

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [16],

[16] DO C

Considerando lo siguiente:

(1) Los mediadores de seguros y reaseguros desempeñan un papel fundamental en la distribución de productos de seguros y reaseguros en la Comunidad.

(2) La Directiva 77/92/CEE del Consejo [17], supuso un primer paso en el objetivo de facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para los agentes y corredores de seguros.

[17] DO L 26, de 31.1.1977, p. 14. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia.

(3) La Directiva 77/92/CEE debía seguir siendo aplicable hasta la entrada en vigor de disposiciones que coordinasen las normas nacionales sobre el acceso y ejercicio de las actividades de agente y de corredor de seguros.

(4) La Recomendación 92/48/CEE de la Comisión, de 18 de diciembre de 1991, sobre los mediadores de seguros [18] fue seguida en gran parte por los Estados miembros y contribuyó a aproximar las normativas nacionales sobre los requisitos profesionales y el registro de los mediadores de seguros.

[18] DO L 19, de 28.1.1992, p. 32.

(5) Sin embargo, existen aún entre las normativas nacionales diferencias de importancia, las cuales constituyen obstáculos al acceso y ejercicio de las actividades de los mediadores de seguros y reaseguros en el mercado interior. Conviene por consiguiente sustituir la Directiva 77/92/CEE y la Recomendación 92/48/CEE por una nueva Directiva.

(6) Los mediadores de seguros y reaseguros deben poder gozar de los derechos de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios que establece el Tratado.

(7) La imposibilidad para los mediadores de seguros de ejercer libremente en toda la Comunidad constituye un obstáculo al adecuado funcionamiento del mercado único de los seguros.

(8) La coordinación de las normativas nacionales sobre los requisitos profesionales y el registro de las personas que acceden a la actividad de mediación de seguros y ejercen dicha actividad pueden por tanto contribuir tanto a la realización del mercado único de los servicios financieros como a una mayor protección del consumidor en este ámbito.

(9) Pueden distribuir los productos de seguros diversas personas o instituciones: agentes, corredores, operadores de bancaseguro, etc. La igualdad de trato entre los operadores y la protección del consumidor requieren que todas estas personas o instituciones se contemplen en la presente Directiva.

(10) La presente Directiva debe aplicarse a las personas cuya actividad normal consista en la prestación a terceros de servicios de mediación de seguros con carácter profesional. Por tanto, no debe aplicarse a ninguna persona que ejerza una actividad profesional diferente (por ejemplo, experto fiscal o contable) y que, con carácter ocasional y en el ejercicio de dicha actividad profesional, ofrezca asesoramiento sobre cobertura de seguro.

(11) Los Estados miembros deben tener la posibilidad de no aplicar la presente Directiva a las personas que ejerzan la mediación de seguros como actividad auxiliar. Sin embargo, en aras de la protección del consumidor, dicha posibilidad debe ser estrictamente limitada.

(12) Los mediadores de seguros y reaseguros deben ser registrados por la autoridad competente del Estado miembro en el que tengan su domicilio social, siempre y cuando cumplan requisitos profesionales estrictos en relación con su competencia, honorabilidad, seguro de responsabilidad profesional y capacidad financiera.

(13) Dicho registro debe permitir a los mediadores de seguros y reaseguros ejercer sus actividades en otros Estados miembros en virtud de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios siempre y cuando se haya seguido un procedimiento de notificación adecuado entre las autoridades competentes.

(14) Conviene imponer sanciones adecuadas a las personas que ejerzan la actividad de mediación de seguros o reaseguros sin estar registradas, las empresas de seguros o reaseguros que empleen los servicios de intermediarios no registrados y los intermediarios que no cumplan las normativas nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva.

(15) La cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes es fundamental para proteger a los consumidores y garantizar la solidez del sector de los seguros y reaseguros en el mercado único.

(16) Para el consumidor es esencial saber si trata con un intermediario que le asesora sobre los productos de un amplio número de empresas de seguros o bien sobre los productos ofrecidos por un número específico de empresas de seguros.

(17) Si el intermediario afirma facilitar asesoramiento sobre los productos de un amplio número de empresas de seguros, debe efectuar un análisis justo y suficientemente amplio de los productos disponibles en el mercado. Debe además explicar las razones en que se basa su asesoramiento.

(18) Es menos necesario requerir que facilite esta información cuando el consumidor es una empresa que desea contratar un seguro o reaseguro de riesgos comerciales e industriales.

(19) Son precisos procedimientos adecuados y eficaces de reclamación y recurso en los Estados miembros a fin de resolver los conflictos entre los mediadores de seguros y los consumidores, utilizando, en su caso, los procedimientos existentes.

(20) Sin perjuicio del derecho de los consumidores de emprender acciones judiciales ante los tribunales de justicia, los Estados miembros deben fomentar la creación de organismos públicos o privados a fin de resolver los conflictos al margen de los tribunales y cooperar en la resolución de los conflictos transfronterizos. En particular, esta cooperación podría permitir a los consumidores ponerse en contacto con órganos extrajudiciales del Estado miembro de su propio país de residencia en relación con las denuncias sobre mediadores de seguros establecidos en otros Estados miembros.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ambito de aplicación

1. La presente Directiva establece normas sobre el acceso y ejercicio de las actividades de mediación de seguros y reaseguros.

2. Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar las disposiciones de la presente Directiva a las personas proveedoras de contratos de seguros cuando se den las siguientes circunstancias en su totalidad:

a) los contratos no exijan conocimientos generales o específicos en materia de seguros;

b) los contratos no sean contratos de seguros de vida;

c) dicho seguro no cubra ningún riesgo de responsabilidad;

d) la actividad profesional principal de dicha persona sea distinta a la de mediación de seguros;

e) el seguro sea una actividad auxiliar al bien o al servicio prestado, en particular, cuando dicho seguro cubra el riesgo de rotura, pérdida o daño de las mercancías suministradas por dicha persona o una indemnización por las mercancías en relación con el traslado contratado con dicha persona;

f) el importe de la prima sea inferior a 1 000 euros y la duración del contrato de seguro sea de menos de un año.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1) "empresa de seguros", toda empresa que haya recibido autorización oficial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE del Consejo [19] o en el artículo 6 de la Directiva 79/267/CEE del Consejo [20];

[19] DO L 228, de 16.8.1973, p. 3.

[20] DO L 63, de 13.3.1979, p. 1.

2) "empresa de reaseguros", toda empresa de reaseguros a efectos de la letra c) del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [21];

[21] DO L 330, de 5.12.1998, p. 1.

3) "mediación de seguros", toda actividad de presentación, información, propuesta o realización del trabajo previo o inherente a la conclusión de contratos de seguros o de administración y realización de dichos contratos, en particular, en caso de siniestro;

4) "mediación de reaseguros", toda actividad de presentación, información, propuesta o realización del trabajo previo o inherente a la conclusión de contratos de reaseguros o de administración y realización de dichos contratos, en particular, en caso de siniestro;

5) "mediador de seguros", toda persona que, a cambio de remuneración, emprenda o realice una actividad de mediación de seguros o servicios auxiliares de asesoramiento, a excepción de una empresa de seguros o un empleado de una empresa de seguros cuando dicho empleado actúe bajo la responsabilidad de dicha empresa de seguros;

6) "mediador de reaseguros", toda persona que, a cambio de remuneración o compensación, emprenda o realice una actividad de mediación de reaseguros o servicios auxiliares de asesoramiento, a excepción de una empresa de reaseguros o un empleado de una empresa de reaseguros cuando dicho empleado actúe bajo la responsabilidad de dicha empresa de reaseguros;

7) "grandes riesgos", los riesgos a efectos de la letra d) del artículo 5 de la Directiva 73/239/EEC;

8) "Estado miembro de origen",

a) cuando el intermediario sea una persona física, el Estado miembro en el que tenga su oficina principal y realice sus actividades;

b) cuando el intermediario sea una persona jurídica, el Estado miembro en el que tenga su domicilio social o, si conforme a su derecho nacional no tiene domicilio social, el Estado miembro en que su tenga su oficina principal;

9) "autoridades competentes", las autoridades que cada Estado miembro designe en virtud del artículo 6;

10) "soporte duradero", cualquier instrumento que permita al cliente almacenar la información que se le ha enviado personalmente de forma accesible para una futura consulta durante un período de tiempo adecuado a efectos de información y que permita la reproducción exacta de la información almacenada.

CAPÍTULO II: CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

Artículo 3

Registro

1. Los mediadores de seguros y de reaseguros deberán ser inscritos en un registro por una autoridad competente en los términos definidos en el apartado 2 del artículo 6.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 4, los Estados miembros velarán por que la inscripción en el registro de los mediadores de seguros y de reaseguros esté sujeta al cumplimiento de los requisitos profesionales contenidos en el artículo 4.

3. Los mediadores de seguros y de reaseguros inscritos en el registro podrán emprender y ejercer la actividad de mediación de seguros y de reaseguros en la Comunidad en virtud, tanto del derecho de libre establecimiento como del de libre prestación de servicios.

4. Los Estados miembros garantizarán un acceso público sencillo al registro o registros a los que se refiere el apartado 1.

5. Las empresas de seguros sólo podrán recurrir a los servicios de mediación de seguros y de mediación de reaseguros proporcionados por los mediadores de seguros y los mediadores de reaseguros inscritos en un registro y por las personas contempladas en el apartado 2 del artículo 1.

Artículo 4

Competencia profesional

1. Los mediadores de seguros y de reaseguros estarán en posesión de la experiencia y de los conocimientos generales, mercantiles y profesionales adecuados.

Los Estados miembros no estarán obligados a exigir el requisito contemplado en el párrafo primero a todas las personas que trabajen en una empresa o para una persona física que ejerza la actividad de mediador de seguros o de reaseguros. Los Estados miembros velarán por que la dirección de tales empresas o personas físicas, así como todo el personal que participe directamente en la mediación de seguros o reaseguros, posean dichos conocimientos y experiencia.

Los Estados miembros no estarán obligados a exigir el requisito contemplado en el párrafo primero a las personas físicas que emprendan y ejerzan la actividad de mediación de seguros, cuya actividad profesional principal sea diferente a la de mediación de seguros y cuyos ingresos no dependan fundamentalmente de esta actividad. Tales personas sólo estarán autorizadas a ejercer una actividad de mediación en el caso de que un mediador de seguros que cumpla las disposiciones del presente artículo o una empresa de seguros haya asumido la responsabilidad plena por las actividades de dichas personas, para lo cual les facilitará la formación básica correspondiente.

2. Los mediadores de seguros y los mediadores de reaseguros deberán gozar de buena reputación. En particular, no tendrán antecedentes penales o su equivalente nacional en relación con la actividad de seguros y reaseguros ni deberán haber sido declarados en quiebra con anterioridad salvo que, de conformidad con lo previsto en su legislación nacional, hayan sido rehabilitados.

Los Estados miembros no estarán obligados a exigir el requisito contemplado en el párrafo primero a todas las personas que trabajen en una empresa o para una persona física que ejerza la actividad de mediador de seguros o de reaseguros. Velarán por que la dirección de tales empresas o personas físicas cumplan dicho requisito. Velarán asimismo por que los empleados que participen de forma directa en la mediación de seguros o reaseguros cumplan dicho requisito.

3. Los mediadores de seguros y los mediadores de reaseguros deberán disponer de un seguro de responsabilidad profesional o de cualquier otra garantía comparable para las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, de al menos 1 000 000 euros por siniestro, a menos que tal seguro o garantía comparable ya estén cubiertos por un seguro de la empresa, un reaseguro de la empresa o de otra empresa en cuyo nombre actúe el mediador de seguros o el mediador de reaseguros, o por la cual el mediador de seguros o el mediador de reaseguros esté facultado para actuar.

4. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para proteger a los clientes frente a la imposibilidad del mediador de seguros o del mediador de reaseguros para transferir la prima a la empresa de seguros o a la empresa de reaseguros o para transferir la cantidad reclamada al asegurado.

Dichas medidas podrán adoptar una de las formas siguientes:

(a) disposiciones establecidas por ley y con arreglo a las cuales los importes abonados por el cliente al mediador se considerarán abonados a la empresa, mientras que los importes abonados por la empresa al mediador no se considerarán abonados al cliente hasta que éste los reciba efectivamente;

(b) el requisito de que los mediadores de seguros y los mediadores de reaseguros dispongan de una capacidad financiera que deberá en todo momento elevarse al 8% de los ingresos netos retenidos anuales de los intermediarios, sin que pueda ser inferior a 15 000 euros;

(c) el requisito de que los fondos pertenecientes a clientes sean transferidos a través de cuentas de clientes completamente separadas y de que dichas cuentas no se utilicen para reembolsar a otros acreedores en caso de quiebra;

(d) el requisito de establecer un fondo de garantía.

5. El ejercicio de las actividades de mediación de seguros y de reaseguros exigirá el cumplimiento de forma permanente de los requisitos profesionales establecidos en el presente artículo.

6. Los Estados miembros velarán en particular por el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 3 y 4.

7. Los Estados miembros podrán reforzar los requisitos anteriores o añadir otros requisitos a los mediadores de seguros o mediadores de reaseguros inscritos en su jurisdicción.

Artículo 5

Notificación de establecimiento y prestación de servicios en otros Estados miembros

1. Todo mediador de seguros o mediador de reaseguros que se proponga efectuar por vez primera, en uno o más Estados miembros, actividades en régimen de libre prestación de servicios o de establecimiento, informará previamente de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. En el plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación, las autoridades competentes del Estado miembro de origen comunicarán a las del Estado o Estados miembros en cuyo territorio se proponga el mediador de seguros o mediador de reaseguros desarrollar sus actividades en régimen de libre prestación de servicio o de libre establecimiento, las intenciones del mediador de seguros o mediador de reaseguros, así como la correspondiente inscripción del mediador de seguros o mediador de reaseguros.

2. El mediador de seguros o mediador de reaseguros podrá iniciar su actividad un mes después de la fecha en la que se le haya comunicado, por parte de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, la información a la que se refiere el apartado 1.

3. Las autoridades del Estado miembro en el que el mediador desee realizar su actividad en virtud de la libre prestación de servicios y de establecimiento informarán, llegado el caso, a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la información a la que se refiere el apartado 1, de las condiciones específicas en las que, en aras del interés general, deberá desarrollarse dicha actividad en su territorio.

Artículo 6

Autoridades competentes

1. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para desempeñar las funciones previstas en la presente Directiva. Informarán de ello a la Comisión, indicando si existe reparto de competencias.

2. Las autoridades a que se refiere el apartado 1 deberán ser autoridades públicas, organismos reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional, u organismos reconocidos por autoridades públicas expresamente facultadas para ello por la legislación nacional.

3. Se dotará a dichas autoridades de las facultades necesarias para el desempeño de sus funciones.

Artículo 7

Sanciones

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1, los Estados miembros establecerán las sanciones adecuadas destinadas a toda persona que ejerza la actividad de mediación de seguros o de reaseguros sin estar inscrita como tal en un Estado miembro.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1, los Estados miembros establecerán las sanciones adecuadas destinadas a toda empresa de seguros que recurra a los servicios de mediación de seguros o de reaseguros proporcionados por personas que no estén inscritas en el registro de un Estado miembro.

3. Los Estados miembros establecerán las sanciones adecuadas destinadas al mediador de seguros o de reaseguros que no cumpla las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva.

4. Las autoridades competentes deberán cooperar e intercambiar información sobre:

a) los mediadores de seguros o de reaseguros que hayan sido objeto de una sanción contemplada en el apartado 3;

b) cualquier caso de negligencia, incompetencia profesional o asesoramiento inadecuado de los que los mediadores de seguros o reaseguros hayan sido considerados responsables;

c) cualquier acción que haya sido emprendida contra los mediadores de seguros o reaseguros.

5. Todas las personas que deban recibir o divulgar información en relación con los apartados 1 a 4 del presente artículo estarán vinculadas por el secreto profesional tal como se establece en el artículo 16 de la Directiva 92/49/CEE del Consejo [22] y en el artículo 15 de la Directiva 92/96/CEE del Consejo [23].

[22] DO L 228, de 11.8.1992, p. 1.

[23] DO L 360, de 9.12.1992, p. 1.

Artículo 8

Quejas

Los Estados miembros garantizarán el establecimiento de un mecanismo que permita a los consumidores y otras partes interesadas registrar quejas sobre mediadores de seguros y reaseguros.

Artículo 9

Resolución extrajudicial de litigios

1. Los Estados miembros fomentarán el establecimiento de procedimientos adecuados y efectivos de presentación de denuncias y de recursos para la resolución extrajudicial de litigios entre los mediadores de seguros y los clientes, utilizando, si procede, organismos ya existentes.

2. Los Estados miembros fomentarán la cooperación de estos organismos para la resolución de litigios transfronterizos.

CAPÍTULO III: OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS MEDIADORES

Artículo 10

Informaciones que deberá facilitar el mediador de seguros

1. Como trabajo previo a la mediación de seguros, un mediador deberá, como mínimo, informar al cliente:

(a) de su identidad y su dirección

(b) de si asesora al cliente sobre la cobertura de seguros procedentes de una amplia gama de empresas de seguros o no; en este último caso, el mediador de seguros informará asimismo al cliente del número y de la identidad de las empresas de seguros con las que pueda trabajar o trabaje para cada tipo de riesgo;

(c) de cualquier tenencia superior al 10%, de forma directa o indirecta, de los derechos de voto y del capital, por parte del mediador de seguros, en una empresa de seguros o en una empresa de reaseguros, así como de cualquier tenencia superior al 10%, de forma directa o indirecta, de los derechos de voto y del capital, por parte de una empresa de seguros, una empresa de reaseguros o una empresa matriz de una empresa de seguros o de una empresa de reaseguros, en el mediador de seguros.

(d) de toda obligación contractual en virtud de la cual su actividad profesional se realice con una o varias empresas de seguros, así como los nombres de dichas empresas.

(e) de quién debe ser considerado responsable en caso de negligencia, incompetencia profesional o asesoramiento inadecuado por parte del mediador en relación con la mediación de seguros;

(f) del mecanismo mencionado en el artículo 8, que permita a los consumidores y otras partes interesadas plantear quejas sobre los mediadores de seguros y reaseguros y, en su caso, sobre los procedimientos de resolución extrajudicial, contemplados en el artículo 9.

(g) del registro en el que esté inscrito y de los medios para comprobar esa inscripción.

2. En el caso de que el mediador de seguros declare proporcionar asesoramiento sobre seguros procedentes de una amplia gama de empresas de seguros, contemplada en la letra b) del apartado 1, deberá, como mínimo, facilitar asesoramiento basado en el análisis objetivo de los contratos de seguro disponibles en el mercado, suficiente para poder recomendar un contrato de seguro adecuado que satisfaga las necesidades del cliente.

3. Antes de la celebración de un contrato determinado, todo mediador de seguros deberá, como mínimo, especificar las exigencias y las necesidades del cliente y clarificar las razones en las que se basa el asesoramiento facilitado.

4. La información contemplada en los apartados 1, 2 y 3 no deberá facilitarse cuando el mediador de seguros se dedique a la mediación en seguros de grandes riegos, ni por parte de los mediadores de reaseguros.

Artículo 11

Modalidades de transmisión de la información

1. Toda información proporcionada a los clientes en virtud del artículo 10, deberá comunicarse:

(a) en soporte papel o en otro soporte duradero disponible y accesible para el consumidor,

(b) de forma clara y precisa y que al cliente le resulte comprensible,

(c) en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en que se celebre el contrato, o en cualquier otra lengua que acuerden las partes contratantes.

2. No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 1, la información a que se refiere el artículo 10 sólo podrá facilitarse oralmente cuando el cliente precise o solicite una cobertura inmediata.

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 12

Derogación

Por la presente queda derogada la Directiva 77/92/CEE.

Artículo 13

Transposición

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2003. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 14

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 15

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

FICHA DE FINANCIACIÓN

Sin efecto, ya que la Comisión no proporciona ayuda financiera

10. Gastos administrativos (Parte A de la Sección III del Presupuesto)

10.1 Repercusión sobre el número de puestos:

No se requieren puestos adicionales.

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO IMPACTO DE LA PROPUESTA EN EL SECTOR CON ESPECIAL REFERENCIA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME)

Título de la propuesta

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la mediación en los seguros

Número de referencia del documento

Propuesta

1. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ¿por qué es necesaria en este ámbito la legislación comunitaria y cuáles son sus objetivos principales-

Es necesario establecer legislación comunitaria para permitir que todas las personas que emprendan o realicen una actividad de mediación de seguros o de reaseguros se beneficien plenamente de los derechos instituidos por el Tratado de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. Actualmente, estas personas deben cumplir diversos requisitos profesionales si desean operar en varios Estados miembros. El objeto de la presente propuesta es garantizar que los mediadores cumplan los requisitos profesionales del Estado miembro en que esté inscrito y, sobre esta base, puedan desarrollar sus actividades en régimen de libre prestación de servicio o de libre establecimiento, sin tener que cumplir los requisitos profesionales del Estado o Estados miembros de acogida. Se deduce de lo anterior que en necesario contar con un cierto grado de armonización de los requisitos profesionales para facilitar el funcionamiento adecuado del mercado único.

En interés de la subsidiariedad:

- los artículos 9 y 10, sobre la información que deben facilitar los mediadores, no se aplican a los mediadores de reaseguros y a los mediadores de seguros que se ocupan de la mediación en seguros de grandes riesgos.

- Los Estados miembros pueden optar por la no aplicación de la propuesta a personas que ofrecen productos de seguros con carácter auxiliar de su principal actividad profesional. Esta excepción está sujeta a varias condiciones (véase el apartado 2 del artículo 2);

- Los Estados miembros pueden optar por no aplicar el requisito de contar con un nivel adecuado de competencia profesional a las personas físicas que emprendan y ejerzan la mediación de seguros, cuya actividad profesional principal sea diferente a la de mediación de seguros y cuyos ingresos no dependan fundamentalmente de esta actividad. Esta excepción está también sujeta a varias condiciones (véase el apartado 3 del artículo 2);

Impacto en la actividad empresarial

2. ¿Quién resultará afectado por la propuesta-

- sectores: todos los mediadores de seguros y reaseguros, excepto los contemplados por las excepciones antes mencionadas.

- tamaño de las empresas (concentración de pequeñas y medianas empresas): la inmensa mayoría de los mediadores pueden considerarse PYME (menos de 250 empleados, ingresos por debajo de los 40 M EUR o balance inferior a 27 M EUR, participaciones de no-PYME inferiores al 25% de los derechos de voto de los accionistas).

- ¿se desarrolla esta actividad empresarial en determinadas zonas geográficas de la Comunidad-: No.

3. ¿Qué tendrán que hacer las empresas para cumplir la propuesta-

- Estar registradas por las autoridades competentes.

- Cumplir los criterios de idoneidad y honorabilidad.

- Cobertura de responsabilidad profesional o garantía similar contra negligencia, incompetencia derivada de las actividades del mediador, salvo que ésta esté proporcionada por otra empresa, como suele ser frecuente en este sector.

- Un cierto nivel de capacidad financiera para proteger a los consumidores contra el riesgo de quiebra del mediador. Este requisito no se aplicará en dos circunstancias: la utilización de cuentas separadas y las disposiciones establecidas por ley y con arreglo a las cuales los importes abonados por el cliente al mediador se considerarán abonados a la empresa, mientras que los importes abonados por la empresa al mediador no se considerarán abonados al cliente hasta que éste los reciba efectivamente. En tales casos, los mediadores no resultarán afectados por ningún coste. Por otra parte, una manera de cumplir el requisito de capacidad financiera es mantener un importe proporcional a los ingresos del mediador. Ello evita una presión indebida sobre las pequeñas empresas.

Estos requisitos no son nuevos para los mediadores. Son ya 14 los Estados miembros que han incorporado a su ordenamiento jurídico la legislación sobre los requisitos profesionales aplicables a los mediadores. Esta legislación se basa en general en la Recomendación 92/48/CEE de la Comisión, en la que se basa la presente propuesta. Sin embargo, los Estados miembros han incorporado la Recomendación de varias maneras y en distinto grado. Es preciso realizar un esfuerzo de armonización para facilitar la libertad de establecimiento y las actividades transfronterizas.

Las conversaciones mantenidas con la Federación Internacional de Mediadores de Seguros (BIPAR, el lobby de los intermediarios) tienden a indicar que estos requisitos profesionales podrían cumplirlos sin dificultades importantes la mayoría de mediadores, incluidos los que deberían considerarse PYME.

- Información sobre la naturaleza y los motivos subyacentes al asesoramiento de mediadores.

Es indispensable para establecer un nivel adecuado de protección al consumidor. Gran parte de esta información puede facilitarse de manera normalizada, no suponiendo por tanto una carga excesiva para las empresas. No obstante, cabe esperar un pequeño incremento de los gastos administrativos, sobre todo debido al apartado 3 del artículo 10.

4. ¿Qué repercusiones económicas puede tener la propuesta-

- en el empleo: totalmente neutras

- en la inversión y la creación de nuevos negocios: totalmente neutras

- en la competitividad de las empresas: pueden esperarse resultados positivos. La propuesta garantizará una mayor integración de los mercados financieros al por menor y un mejor funcionamiento del mercado único de los seguros. Deberá incrementarse la competencia entre los mediadores y los proveedores, lo que incidirá positivamente en la calidad de los productos y en el nivel de los precios.

5. ¿Contiene la propuesta medidas que tengan en cuenta la situación específica de las pequeñas y medianas empresas (requisitos reducidos o diferentes, etc.)-

Puede calcularse que cerca del 50% de los mediadores de los Estados miembros no tendrán que pagar un seguro de responsabilidad profesional, ya que éste suele proporcionarlo la empresa o una de las empresas en nombre de las cuales están facultados para actuar.

Se ha estudiado con todas las partes interesadas la posibilidad de excluir del ámbito de la Directiva a los mediadores que operan por debajo de un determinado umbral de ingresos. Una mayoría de Estados miembros, los representantes de los consumidores y del sector manifestaron que era preferible no introducir esa disposición "de minimis" con el fin de garantizar un nivel mínimo de protección al consumidor en toda la Unión. Por otra parte, la ausencia de tal disposición "de minimis" asegura una mayor igualdad de trato entre los agentes del mercado.

Consultas

6. Enumerar las organizaciones que se han consultado acerca de la propuesta y resumir sus principales opiniones.

La Federación Internacional de Mediadores de Seguros (BIPAR), lobby de intermediarios de la UE, apoya firmemente la propuesta tal como está.

El Comité europeo de seguros (CES) apoya el texto tal como está en líneas generales. El CES quiere expresamente asegurarse de que los empleados de las empresas de seguros no resultan afectados por la propuesta. El presente texto deja bien claro este extremo.

La Asociación Europea de Cooperativas y Mutuas de Seguros (ACME) no presenta objeciones significativas al texto. Considera que permite un grado suficiente de protección al consumidor en toda la UE.

La Oficina europea de organizaciones de consumidores (BEUC) valora positivamente la propuesta y considera que acrecentará la protección y la confianza de los consumidores. Sin embargo, la BEUC quiere aplicar el texto a los empleados de las empresas de seguros. Propone también fortalecer los requisitos profesionales que deben exigirse a los mediadores (obligación de dar el "mejor asesoramiento", revelación de comisiones). Estas propuestas son de difícil aplicación: no siempre puede esperarse que todos los mediadores presten en todo momento el mejor asesoramiento posible. Además, este requisito probablemente conduciría a una serie interminable de litigios judiciales y no judiciales. En cuanto a la protección del consumidor, no parece añadir nada al contenido del artículo 10 de la propuesta. La revelación de comisiones es algo que rechazan la inmensa mayoría de Estados miembros y el sector. No constituye una práctica común el desglose exacto del precio final, independientemente del tipo de actividad comercial. Además, el importe de la comisión refleja las tareas específicas realizadas por el mediador para la empresa de seguros (en particular en cuanto a la liquidación de siniestros). Al revelar el importe de la comisión se revelaría también al cliente casi toda la información relativa a las relaciones entre el mediador y la empresa de seguros. Toda esta información tendería a sobrecargar al tenedor del seguro y no aumentaría su grado de protección.