COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
C0M(91) 68 final - SYN 333 
Bruselas, 23 de abril de 1991 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
sobre vigilancia y control de las operaciones de gran 
riesgo de las entidades de crédito 
(presentada por la Comisión) 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A. Consideraciones generales 
La distribución del riesgo es una regla de oro de la actividad 
financiera en general y las autoridades de supervisión son las 
principales responsables de velar por que las entidades de crédito la 
respeten. En lo que respecta a los riesgos de crédito, una 
concentración excesiva de riesgos frente a una misma contraparte podría 
hacer peligrar la independencia de la gestión de la entidad de crédito 
y, en caso de incumplimiento por dicha contraparte, provocar pérdidas 
de magnitud suficiente para poner en peligro su estabilidad. 
Se trata, por tanto, de una regla esencial de la supervisión, que 
debería armonizarse en el plano comunitario y que, además, se 
mencionaba expresamente, a este respecto, en el Libro Blanco de la 
Comisión sobre la realización del mercado interior. Pero hay una 
segunda razón por la que se justifica la armonización, y es la voluntad 
de evitar distorsiones evidentes de la competencia. En efecto, dado 
que las normas sobre distribución del riesgo tienen fundamentalmente 
por objeto limitar los recursos que una entidad de crédito puede poner 
a disposición de un cliente determinado, otra entidad sujeta a normas 
menos restrictivas estaría en condiciones ventajosas desde el punto de 
vista de la competencia. 
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En consonancia con los objetivos fijados en el Libro Blanco, la 
Comisión adoptó, en 1986, una Recomendación sobre los grandes 
riesgos^1) con vistas a permitir una preparación gradual de las 
entidades de crédito ante la adopción de normas restrictivas. Un 
Considerando de dicha Recomendación anunciaba ya de forma explícita 
una futura propuesta de Directiva. La proximidad de la entrada en 
funcionamiento del mercado interior y los dictámenes coincidentes de 
las autoridades nacionales de supervisión en el Comité Consultivo 
Bancario inducen a considerar que es éste un momento oportuno para la 
adopción de una propuesta de Directiva. 
La adjunta propuesta de Directiva, que se somete a la aprobación de la 
Comisión, contiene normas más severas que las de la Recomendación. Por 
no citar sino las normas fundamentales, cabe decir que el límite 
absoluto de los riesgos asumidos frente a una única contraparte ha 
sido fijado ahora en el 25% de los fondos propios de la entidad de 
crédito acreedora (en la Recomendación este porcentaje era del 40%), 
en tanto que el umbral a partir del cual un riesgo adquiere la 
consideración de gran riesgo ha sido reducido al 10% de los fondos 
propios de la entidad acreedora (frente al 15% contemplado en la 
Recomendación). 
Este endurecimiento de las normas responde sobre todo a los deseos 
manifestados repetidamente por el Comité Consultivo Bancario, y se ve 
asimismo refrendado por un documento sobre "prácticas adecuadas" 
presentado por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria en la 
reciente Conferencia Mundial de Supervisores Bancarios celebrada en 
Frankfurt. La adopción de normas más severas no puede sino redundar en 
una mayor solidez y estabilidad del sistema bancario de la Comunidad. 
La limitación del riesgo al 25% de los fondos propios de la entidad 
acreedora no puede, además, considerarse en modo alguno excesivo, ya 
que, en caso de 
(1) Recomendación de la Comisión, de 22 de diciembre de 1986, sobre la 
vigilancia y control de las operaciones de gran riesgo de las 
entidades de crédito, D.O. no L 33 de 4.2.1987, pág. 10. 
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incumplimiento de la contraparte frente a la cual se haya asumido un 
riesgo de tal magnitud, la entidad de crédito podría perder una cuarta 
parte de sus fondos propios, lo que supone un importe considerable, que 
convendría incluso reducir aún más. Se trata, por lo demás, de un 
límite máximo, y las entidades de crédito deberían imponerse la 
disciplina no sólo de no alcanzarlo, sino de no aproximarse a él tan 
siquiera, salvo cuando la calificación de los riesgos sea excelente. 
Conviene hacerse cargo, no obstante, de que una reducción tan 
pronunciada del límite con respecto al previsto en la Recomendación 
puede plantear problemas de ajuste a determinadas entidades de crédito 
o, en un plano más propiamente estructural, a determinados sistemas 
bancarios o partes de algún sistema bancario. Por otra parte, las 
entidades de crédito no siempre pueden reducir, a corto plazo, los 
recursos concedidos cuyo importe supere el 25% de los fondos propios, 
ya que están obligados a respetar las disposiciones contractuales 
acordadas con los beneficiarios de dichos recursos. Por esta razón, la 
propuesta adjunta incluye una disposición que permite a las autoridades 
competentes conceder a las entidades de crédito un plazo máximo de 
cinco años para reducir los riesgos existentes de manera que queden 
dentro de los límites previstos; además, aquellos créditos cuyo 
vencimiento sea posterior y con respecto a los cuales la entidad de 
crédito prestamista esté obligada a respetar los términos contractuales 
podrán mantenerse hasta su vencimiento. 
B. Comentario de los artículos 
Artículo 1: Definiciones 
En este artículo se recogen, fundamentalmente, definiciones extraídas 
de otras Directivas o propuestas de Directiva comunitarias en materia 
bancaria, y su inclusión obedece a una voluntad de coherencia. 
Hay dos definiciones, sin embargo, que figuran por primera vez en la 
presente propuesta, por lo que merecen comentario aparte. 
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La primera de ellas es la de "riesgos" (letra h) de las definiciones). 
La Recomendación de la Comisión anteriormente mencionada definía los 
riesgos como "cualquier ventaja concedida, ya sea hecha efectiva o no, 
por una entidad de crédito a un cliente o grupo de clientes 
relacionados entre sí, quede o no registrada en el balance, que incluya 
los compromisos y otras eventualidades que las respectivas autoridades 
competentes consideren importantes para valorar los riesgos 
¡dent if¡cables de dicha entidad". En el Anexo a la Recomendación 
figuraba una lista indicativa de los riesgos. 
Entre tanto, ha sido aprobada la Directiva sobre el coeficiente de 
sol vencía^1), que incluye una nomenclatura detallada de los riesgos. 
Puede obtenerse una definición de los riesgos a la vez más precisa y 
más restringida remitiéndose a la referida nomenclatura. Conviene, no 
obstante, señalar que de la Directiva sobre el coeficiente de solvencia 
sólo se ha tomado prestada la nomenclatura de los riesgos y no las 
ponderaciones que en ella se les asignan en función de la contraparte o 
del nivel de riesgo de la operación. En la Directiva 89/647/CEE, estas 
ponderaciones y niveles de riesgo se han concebido, de hecho, no tanto 
para evaluar el riesgo frente a una contraparte individual, como para 
establecer un requisito de solvencia general, al objeto de cubrir el 
riesgo de crédito de las entidades de crédito. En adelante, habida 
cuenta del objetivo fundamental de las normas sobre distribución del 
riesgo (esto es, limitar el riesgo máximo de pérdida de una entidad 
frente a una contraparte determinada), en todo enfoque prudente los 
riesgos se tomarán por su valor nominal, sin aplicar ponderaciones ni 
atender a los niveles de riesgo. 
(1) Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre 
el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito, D.O. no L 
ooe H^ *jr> 15 1QRQ nÂn. 14. 
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Cabe asimismo señalar que en la definición de los riesgos se incluyen 
también los compromisos de suscripción de una emisión de valores 
mobiliarios. El importe que se contempla es el del compromiso neto de 
la entidad, una vez deducidas las partes cedidas a otras entidades de 
crédito, o a entidades financieras. 
La segunda definición que se introduce por vez primera en la propuesta 
objeto de comentario atañe al concepto de "grupo de clientes 
relacionados entre sí" (letra m) del artículo 1)). Esta definición se 
asemeja mucho a la contenida en la Recomendación de 1986. La primera 
parte de la definición hace referencia a un poder de control, tal como 
éste se define en el undécimo guión del artículo 1. La segunda parte se 
refiere, más bien, a una interdependencia de hecho resultante de 
determinados vínculos, de los que la propuesta presenta una enumeración 
indicativa a modo de ejemplo. Corresponderá a las autoridades 
competentes examinar las agregaciones de riesgos, realizadas por las 
entidades de crédito en aplicación de las disposiciones nacionales 
adoptadas en virtud de la citada definición, y comprobar si tales 
agregaciones de riesgos son efectivamente conformes al espíritu y a la 
letra de la definición comunitaria. Para que las autoridades 
competentes dispongan de la necesaria flexibilidad en un ámbito que 
depende más de valoraciones económicas que de criterios jurídicos, el 
texto precisa que las presunciones de agregación de los riesgos que se 
enuncian en la definición no son sino presunciones relativas, que 
admiten prueba en contrario. 
Artículo 2: Ámbito de aplicación 
La Directiva será aplicable a las entidades de crédito que hayan 
obtenido la autorización contemplada en el artículo 3 de la Directiva 
77/780/CEE, de 12 de diciembre de 1977 (Primera Directiva de 
coordinación bancar¡a)^1 ), esto es, a las entidades de crédito de la 
Comunidad en su conjunto. No obstante, los Estados miembros podrán no 
apiicar la Direct iva: 
(1) D.O. no L 322 de 17.12.1977, p. 30 
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a las entidades de crédito excluidas de manera permanente del 
ámbito de aplicación de la Primera Directiva de coordinación 
bancaria (se trata, fundamentalmente, de los bancos centrales, las 
cajas postales de ahorros y determinadas entidades especiales en 
cada uno de los Estados miembros); 
a las entidades de crédito asociadas, de manera permanente, a un 
organismo central que las controle y cuya sede se encuentre en ese 
mismo Estado miembro, y que cumplan las condiciones previstas en la 
letra a) del apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 77/780/CEE. 
En este caso, y sin perjuicio de la aplicación de la Directiva al 
organismo central, el conjunto constituido por el organismo central 
y las entidades a él asociadas habrá de estar sujeto a una 
supervisión global en lo que respecta a los grandes riesgos. 
Articulo 3: Notificación de grandes riesgos 
Resulta evidente que un control eficaz de los grandes riesgos requiere 
que éstos se notifiquen con regularidad a las autoridades competentes. 
Es ésta la finalidad que persigue el artículo 3. 
En su primer apartado, el artículo 3 establece la obligación de 
notificar los grandes riesgos a las autoridades competentes. Los 
Estados miembros establecerán la obligación de que dicha notificación 
se realice de acuerdo con una de las siguientes fórmulas, a su libre 
elección: 
notificación de todos los grandes riesgos al menos una vez al año y 
comunicación de las modificaciones de dicha notificación que se 
produzcan en el curso del año, cuando éstas tengan lugar; 
notificación de todos los grandes riesgos ai menos cuatro veces al 
año. 
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La primera de estas dos fórmulas, que no figuraba en la Recomendación, 
fue sugerida a la Comisión por el Comité Consultivo Bancario. 
En la segunda fórmula se ha aumentado a cuatro veces al año la 
frecuencia con que debe efectuarse la notificación, en lugar de una 
sola vez como contemplaba la Recomendación. Un seguimiento eficaz de 
los grandes riesgos supone, de hecho, que se transmita información a 
las autoridades de supervisión con la suficiente frecuencia. Por otra 
parte, en un Considerando de la Recomendación ya se sugería a las 
autoridades competentes la conveniencia de aumentar dicha frecuencia. 
Se concederá a los Estados miembros la posibilidad de incorporar a su 
legislación nacional, bien una de las citadas fórmulas únicamente, o 
bien las dos-, en este último caso, tendrán libertad para decidir si 
dejar la elección en manos de las autoridades competentes o si 
corresponde a la propia entidad de crédito optar por una u otra. 
En su segundo apartado, el articulo 3 dispone que un riesgo frente a un 
cliente o un grupo de clientes relacionados entre sí se considerará un 
gran riesgo cuando su valor alcance o rebase un 10% de los fondos 
propios de la entidad acreedora. En la Recomendación este porcentaje 
era del 15%. La reducción de este umbral se justifica por la voluntad 
de hacer más estricto el régimen de control de los grandes riesgos, con 
objeto de reforzar la estabilidad del sistema bancario de la Comunidad. 
Más concretamente, desde el momento en que se ha reducido el límite 
impuesto al riesgo individual (véase, a continuación, el apartado 1 
del artículo 4), es lógico que se reduzca también el umbral de 
notificación. Algunos países ya aplican un umbral del 10% y, a Juicio 
de la Comisión, su experiencia permite descartar que tal umbral lleve 
aparejadas obligaciones burocráticas. Dado que, por otra parte, el 
texto prevé una limitación del importe agregado de los riesgos de 
manera que éste no supere el 800% de los fondos propios (véase el 
apartado 3 del artículo 4 a continuación), el número máximo de riesgos 
a que, en teoría, puede referirse una notificación es de 80. La 
notificación puede, además, realizarse sin problemas por medios 
informât icos. 
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La reducción del umbral al 10% permite, asimismo, prescindir de otro 
tipo de obligaciones administrativas. La Comisión, de hecho, ha 
prescindido de los apartados 3 y 4 del correspondiente articulo de la 
Recomendación, que recogían el requisito de notificar los diez riesgos 
de mayor cuantía de la entidad de crédito, tanto si se trataba de 
grandes riesgos como si no. El Comité Consultivo Bancario coincidió con 
la Comisión al considerar que esta notificación dejaría, en gran 
medida, de tener sentido al ampliarse la noción de gran riesgo. El 
control de los riesgos de aquellas entidades que no toman riesgos por 
encima del 10% de sus fondos propios no se contempla, por definición, 
en una reglamentación que se ocupa de la distribución de los grandes 
riesgos. 
Art ícu I o 4 
Apartado 1 
Esta disposición, fundamental en el proyecto de Directiva, establece 
que una entidad de crédito no podrá asumir, frente a un mismo cliente o 
grupo de clientes determinados, riesgos cuyo importe total supere el 
25% de sus fondos propios. Se trata de una reducción apreciable con 
respecto a la Recomendación, que contemplaba un límite del 40%. Al 
margen de que -más de cuatro años después de haberse adoptado la 
Recomendación, que constituía tan sólo un primer paso- la adopción de 
normas más severas deba considerarse lógica, cabe recalcar que este 
endurecimiento de la normativa fue expresamente solicitado por una 
mayoría significativa de entre los miembros del Comité Consultivo 
Bancario, sin perjuicio del período transitorio que se fije para los 
riesgos ya aceptados (véase el artículo 6 más adelante). El límite del 
25% está asimismo refrendado por un documento presentado por el Comité 
de Bas i lea sobre Supervisión Bancaria en la Conferencia Mundial de 
Supervisores Bancarios, celebrada en Frankfurt en octubre de 1990. 
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Un limite del 25% no debe considerarse demasiado bajo si se tiene en 
cuenta que, aun respetándolo, una entidad de crédito podría, en el peor 
de los casos, perder una cuarta parte de sus fondos propios. Se trata 
de un importe considerable, que convendría reducir aún más. Ha de 
considerarse como un límite máximo para riesgos cuya calificación sea 
excelente y las entidades de crédito deberían imponerse la disciplina 
de no alcanzarlo, ni aproximarse a él, salvo cuando los riesgos que 
asuman tengan tal calificación. 
Apartado 2 
Los supervisores bancarios saben por experiencia que, a menudo, el 
riesgo asumido es mayor cuando los créditos se conceden a empresas 
vinculadas a la entidad de crédito. En su día, el Comité Consultivo 
Bancario solicitó expresamente a la Comisión que fijara un límite más 
bajo para los riesgos asumidos frente a aquellas empresas con las que 
existen vínculos (empresa matriz de la entidad de crédito y otras 
filiales de dicha empresa matriz). Inicialmente, además, se había 
previsto introducir una disposición en tal sentido en la propuesta de 
Directiva sobre supervisión consolidada de las entidades de 
crédito^1), pero, como señala el cuarto Considerando de dicha 
propuesta, se juzgó preferible regular este extremo de manera más 
global en el marco de la futura Directiva sobre grandes riesgos. 
La Comisión situó este limite reducido en el 20% (compárese con el 
límite "de derecho común" del 25% que se contempla en el apartado uno). 
En los apartados 6 y 7 se establecen excepciones a estas normas (véase 
a continuación). 
(1) C0M(90) 451, D.O. no C 315 de 14.12.1990, p. 15 
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Apartado 3 
La Comisión ha mantenido el límite impuesto al total agregado de los 
grandes riesgos, ya previsto en la Recomendación y que se fija en el 
800% de los fondos propios. Sin embargo, al haberse ampliado el 
concepto de gran riesgo (véase el apartado 2 del artículo 3 
precedente), este límite pasa a ser, indirectamente, más restrictivo. 
La idea de límite agregado puede considerarse un complemento muy 
valioso de la limitación de los riesgos individuales a la hora de 
regular los grandes riesgos. Efectivamente, si bien la limitación de 
los riesgos individuales permite garantizar que ningún riesgo rebase el 
límite establecido, no determina cómo dichos riesgos hayan de 
distribuirse en el conjunto de la cartera. En cambio, la fijación de un 
límite agregado del 800% tendrá como consecuencia que una entidad podrá 
únicamente aceptar, a lo sumo, 80 grandes riesgos, o bien un máximo de 
32 riesgos que alcancen, individualmente, el límite del 25% de los 
fondos propios. 
Apartado 4 
Este apartado establece que los Estados miembros podrán imponer límites 
más estrictos que los previstos en los apartados 1, 2 y 3. 
Apartado 5 
Este apartado impone la obligación de respetar, en todo momento, los 
límites previstos en los tres primeros apartados. Caso de resultar 
necesario que tales límites se rebasen -lo cual podría ocurrir de 
manera accidental-, el texto dispone que ello sólo ocurra en 
circunstancias excepcionales y transitorias y, en tal caso, las 
autoridades competentes habrán de fijar el plazo de que dispondrá la 
entidad de crédito para regularizar su situación. 
Apartado 6 
Este apartado permite a los Estados miembros eximir, total o 
parcialmente, de la observancia del límite especial del 20%, 
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contemplado en el apartado 2, los riesgos asumidos por la entidad de 
crédito frente a la sociedad financiera de cartera que sea su empresa 
matriz y frente a las demás filiales de dicha sociedad financiera de 
cartera que sean, bien entidades de crédito, bien entidades 
financieras, o bien empresas de servicios bancarios auxiliares. 
En efecto, la presunción de aumento del riesgo -en que se fundamenta el 
límite especial del 20%, aplicable a los riesgos asumidos frente a 
empresas relacionadas entre sí- no es necesariamente pertinente cuando 
se trata de riesgos frente a entidades bancarias y financieras del 
grupo. En este caso, sin embargo, el grupo deberá estar estructurado de 
manera que las distintas entidades puedan estar sujetas a supervisión 
consolidada conforme a lo dispuesto en la correspondiente Directiva 
(véanse las anteriores referencias a la propuesta de Directiva 
presentada por la Comisión). 
Apartado 7 
Este apartado permite a los Estados miembros eximir, total o 
parcialmente, del conjunto de límites previstos en los apartados 1, 2 y 
3 (aunque no de las obligaciones de notificación contempladas en el 
artículo 3) los riesgos asumidos por la entidad de crédito frente a: 
su empresa matriz, siempre que ésta sea a su vez una entidad de 
crédito. No parece, de hecho, justificarse que se limite el flujo 
de financiación que una filial puede aportar a su entidad de 
crédito matriz. También en este caso, queda claro que esta entidad 
de crédito habrá de estar sujeta a supervisión consolidada ejercida 
conforme a lo dispuesto en la correspondiente Directiva 
comunitaria, o a una supervisión equivalente si está situada en un 
tercer país; 
sus filiales, siempre que dichas filiales sean entidades de 
crédito, entidades financieras, o empresas de servicios bancarios 
auxiliares. Habida cuenta de que las actividades desarrolladas por 
estas filiales podría ejercerlas directamente la propia entidad de 
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crédito, no parece haber razones para que se limite la financiación 
que ésta pueda conceder a sus filiales. Una vez más, la exención 
está subordinada a la condición de que las citadas filiales estén 
incluidas en la supervisión consolidada de la empresa matriz. 
Apartado 8 
Este apartado permite a los Estados miembros eximir, total o 
parcialmente, de la aplicación de los limites fijados en los apartados 
1, 2 y 3, una serie de riesgos específicos. 
Las letras a) a f) se refieren a los riesgos asumidos, directa o 
indirectamente, frente a las Administraciones Centrales y los bancos 
centrales de la zona A, así como frente a las Comunidades Europeas. 
Ningún Estado miembro impone, ni parece dispuesto a imponer límites a 
los riesgos que las entidades de crédito en él establecidas asumen 
frente a él. En virtud del principio de no discriminación dentro de la 
Comunidad, esta ausencia de limitación debería hacerse extensiva, en 
todo caso, a los riesgos tomados frente a los demás Estados miembros. 
Sin embargo, por razones análogas a las esgrimidas en el caso de la 
Directiva 89/647/CEE, anteriormente mencionada, o en la propuesta de 
Directiva sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión 
y entidades de crédito^1), parece oportuno remitirse a una zona 
geográfica más amplia, a saber, la zona A tal como se define en la 
Directiva 89/647/CEE. 
Las letras g) y h) se refieren a casos en que el riesgo puede 
considerarse reducido, o incluso nulo, al estar cubierto por una 
garantía constituida en la entidad acreedora, ya sea como depósito en 
efectivo, ya sea en forma de títulos representativos de depósitos. 
La letra i) contempla los derechos, con vencimiento igual o inferior a 
un año, frente a otras entidades de crédito. Con ello se pretende 
abarcar las operaciones realizadas en el mercado interbancario. Se 
trata de un mercado en el que intervienen profesionales que se conocen 
entre si y que requiere cierta flexibilidad para funcionar de manera 
(1) C0MC90) 141. D.O. no C 152 de 21.06.1990. o. 6 
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armoniosa, por lo que la Comisión no juzga oportuno,en esa fase, fijar 
un limite único, armonizado a nivel comunitario, a los riesgos que en 
él se asuman. 
La letra j), que se refiere a efectos de comercio y pagarés que cumplan 
determinados requisitos, responde a los mismos criterios que la 
anterior, al igual que ocurre con la letra k), que se refiere a las 
obligaciones que se contemplan en el apartado 4 del artículo 22 de la 
Directiva 85/611/CEE sobre OICVM<1) 
La letra I) concierne a aquellas cooperativas de crédito o cajas de 
ahorros que constituyan una red y la gestión de cuyos activos líquidos 
esté organizada de manera centralizada. 
Apartado 9 
El apartado 9 se ocupa de los riesgos tomados, directa o 
indirectamente, frente a las Administraciones regionales y locales de 
los Estados miembros. Dado que, en estos casos, el nivel de riesgo es, 
en principio, menor, la propuesta permite atribuirles una ponderación 
del 20%, porcentaje que puede quedar reducido al 0% en las condiciones 
previstas en el artículo 7 de la Directiva 89/647/CEE. Habida cuenta 
de las grandes diferencias que pueden darse en la situación de las 
Administraciones regionales y locales fuera de la Comunidad, la 
Comisión no Juzga oportuno hacer extensivo este régimen a la zona A en 
su conjunto. 
Apartado 10 
Este apartado enuncia, como principio general, que cuando un riesgo 
asumido frente a un cliente esté garantizado, con la conformidad de las 
autoridades competentes, por un tercero, éstas podrán considerar que el 
riesgo ha sido asumido frente al tercero y no frente al cliente. Así, 
por ejemplo, si una entidad de crédito asume un riesgo de 50 con 
(1) DO no L 375, de 31.12.1985, p.3. 
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respecto a un cliente A y uno de 20 con respecto a un cliente B, pero 
el cliente B garantiza 10 de la deuda que A ha contraído frente a la 
entidad de crédito, el riesgo de ésta frente a A y B podrá computarse 
de la siguiente manera: 
-A: 40 
-B: 30 
Artículo 5: Supervisión consolidada y no consolidada 
En este articulo, se recogen una serie de disposiciones ya adoptadas en 
la Directiva 89/647/CEE sobre el coeficiente de solvencia y, más 
concretamente, los apartados 2 a 6 del artículo 3 de dicha Directiva. 
El apartado 1 se refiere a aquellas entidades de crédito que no sean ni 
empresa matriz ni filial. 
El apartado 2 establece el principio según el cual la aplicación de las 
normas contempladas en los artículos 3 y 4 habrá de realizarse sobre 
bases consolidadas. 
El apartado 3 regula el régimen de supervisión no consolidada de la 
entidad de crédito y de aquéllas de sus filiales que estén situadas en 
el mismo Estado miembro. 
El apartado 4 se refiere al régimen de supervisión no consolidada de 
las filiales situadas en otros Estados miembros. 
En el apartado 5 se contempla la posibilidad de que se celebren 
acuerdos bilaterales en virtud de los cuales las autoridades 
competentes del Estado miembro donde esté situada una filial podrán 
delegar su responsabilidad, en lo que atañe a la supervisión, en las 
autoridades competentes del Estado miembro donde esté situada la 
empresa matr iz. 
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Articulo 6: Disposiciones transitorias sobre los riesgos superiores a 
los I imites 
El articulo 6 se ocupa de aquellos casos en que los riesgos aceptados 
por una entidad de crédito excedan, en el momento de publicación de la 
Directiva en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de los 
limites fijados por la Directiva. Cabe señalar la conveniencia de 
Incluir disposiciones transitorias en relación con tales riesgos, a fin 
de que las entidades de crédito dispongan del tiempo necesario para 
hallar una solución que permita que sus relaciones comerciales con los 
clientes no se vean perturbadas. Puede ocurrir, de cualquier modo, que 
las entidades de crédito estén obligadas frente a beneficiarios de 
créditos por cláusulas contractuales que no siempre permiten una 
reducción a corto plazo de dichos riesgos. 
En el apartado 1 se fija la fecha hasta la cual los riegos ya 
existentes podrán beneficiarse de las disposiciones transitorias, a 
saber, la fecha de publicación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. Se ha optado por esta fecha por considerar que, a partir del 
momento en que la Directiva se publique, las entidades de crédito no 
deberán poder asumir riesgos superiores a los límites que, 
posteriormente, serán de aplicación. 
En este mismo apartado se insta, igualmente, a las autoridades 
competentes a que exijan a la entidad de crédito considerada la 
adopción de las medidas necesarias para que el riesgo o los riesgos que 
excedan de los límites sean reducidos hasta el nivel fijado por las 
disposiciones de la Directiva. 
El apartado 2 dispone que el procedimiento para la reducción de los 
riesgos que superen ios límites se iniciará y llevará a término en el 
plazo que las autoridades competentes juzguen conforme al principio de 
una gestión saneada y de una competencia leal. Las autoridades 
competentes habrán de comunicar a la Comisión y al Comité Consultivo 
Bancario el calendario del procedimiento general adoptado. 
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No obstante, y en virtud de lo dispuesto en el apartado 4, el plazo 
considerado no podrá exceder de cinco años, a contar desde la fecha 
fijada en el apartado 1 del articulo 8, esto es, el 1 de enero de 1993, 
en el bien entendido de que los créditos cuyo vencimiento sea posterior 
y con respecto a los cuales la entidad de crédito prestamista esté 
obligada a respetar los términos contractuales podrán mantenerse hasta 
dicho vencimiento. 
El apartado 3 estipula que la entidad de crédito sólo podrá acogerse 
al plazo fijado en el apartado 2 cuando no haya tomado medida alguna 
-el acento se pone, pues, en la intencionalidad- que tenga por efecto 
aumentar los riesgos respecto al importe que representaban en la fecha 
de pub I i cae ion de la Directiva en el Diario Oficial. 
Por último, el apartado 5 contiene una disposición especial, que los 
Estados miembros podrán aplicar a las categorías especiales de 
entidades de crédito contempladas en el apartado 2 del artículo 4 de la 
Directiva 89/646/CEE. Esta disposición se Justifica porque, dado que 
los fondos propios de esas entidades son limitados, la aplicación 
inmediata de la norma del 25% reduciría demasiado bruscamente su 
actividad de crédito. El régimen previsto en el apartado 5 puede 
resumirse del siguiente modo: 
a partir del 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 1997, 
las entidades mencionadas podrán estar sujetas a un límite del 40%, 
en vez del 25% previsto en el apartado 1 del artículo 4; en este 
supuesto, todo nuevo riesgo que estas entidades asuman estará 
sujeto al límite del 40%; 
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aquellos riesgos que ya existan en la fecha de publicación de la 
Directiva en el Diario Oficial podrán mantenerse, sea cual sea el 
nivel que alcancen, hasta el 31 de diciembre de 1997, a condición 
de que no sufran aumento alguno respecto del nivel en que se sitúen 
en dicha fecha de publicación; 
a partir del 1 de enero de 1998, entrará en vigor el limite del 
25%, que se aplicará a todo nuevo riesgo; 
ahora bien, los riesgos existentes al concluir el período máximo de 
cinco años (es decir, en principio, el 31 de diciembre de 1997), 
que se sitúen entre el 25% y el 40% de los fondos propios, podrán 
mantenerse durante un periodo máximo de 3 años, que concluirá, por 
consiguiente, el 31 de diciembre del año 2000, sujetos, asimismo, 
a la condición de no sufrir aumento alguno; 
por tanto, a partir del 1 de enero de 1998, no podrá mantenerse 
riesgo alguno superior al 40% de los fondos propios, y, a partir 
del 1 de enero del 2001, ninguno superior al 25% de los fondos 
propios; 
no obstante, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4, los 
créditos cuyo vencimiento sea posterior a las fechas acabadas de 
mencionar y con respecto a los cuales la entidad de crédito 
prestamista esté obligada a respetar los términos contractuales, 
podrán mantenerse, en cualquier caso, hasta su vencimiento. 
- 19 -
Art i cu I o 7: Posteriores modificaciones 
El apartado 1 precisa los ámbitos de aplicación del procedimiento a 
seguir para la introducción de modificaciones técnicas en la Directiva. 
Los tres primeros guiones se refieren a la adaptación de las 
definiciones o de la terminología. El cuarto guión hace referencia a 
la frecuencia con que deben notificarse los grandes riesgos (apartado 1 
del articulo 3). En el quinto guión se contempla la clarificación o 
ampliación de las exenciones previstas en los apartados 5 a 9 del 
articulo 4. El sexto guión, por último, atañe al plazo máximo para la 
reducción de aquellos riesgos que rebasen los límites fijados en el 
momento de publicación de la Directiva en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. Dicho plazo máximo, mencionado en el apartado 4 
del artículo 6, es de cinco años. 
El procedimiento previsto en el apartado 2 es la variante a) del 
procedimiento III de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio 
de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. 
Artículo 8: Disposiciones finales 
En el párrafo primero del apartado 1 se insta a los Estados miembros a 
poner en vigor las disposiciones necesarias para cumplir la Directiva 
el 1 de enero de 1993. 
El párrafo segundo se refiere a la obligación de que los Estados 
miembros hagan referencia a la presente Directiva en las oportunas 
disposiciones de derecho interno que adopten, o las acompañen de tal 
referencia cuando procedan a su publicación oficial. 
En el apartado 2 se señala la obligación de comunicar a la Comisión las 
disposiciones fundamentales de derecho interno que adopten los Estados 
miembros. 
Art i cu i o 9 
Este artículo contiene la fórmula habitual según la cual los Estados 
miembros son los destinatarios de la presente Directiva. 
- 20 -
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
sobre vigilancia y control de las operaciones de gran 
riesgo de las entidades de crédito 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en 
particular, la primera y tercera oración del apartado 2 de su artículo 
57, 
Vista la propuesta de la Comisión^), 
En cooperación con el Parlamento Europeo^2), 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3^, 
Considerando que la presente Directiva se inscribe dentro de los 
objetivos fijados en el Libro Blanco de la Comisión sobre la 
"Realización del mercado inter¡or"(4); 
Considerando, que procede armonizar las normas esenciales de 
supervisión; que, por consiguiente, conviene que la facultad para 
adoptar disposiciones más estrictas que las previstas en la presente 
Directiva corresponda a los Estados miembros; 
Considerando que la presente Directiva ha sido objeto de consultas al 
Comité Consultivo Bancario, que, en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 77/780/CEE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1977, sobre la coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarías y administrativas referentes al acceso a la 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) doc. C0M(85) 310 
- 21 -
actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio^1), cuya última 
modificación la constituye la Directiva 89/646/CEE^2) es competente 
para hacer sugerencias a la Comisión para la coordinación de los 
coeficientes aplicables en los Estados miembros; 
Considerando que la vigilancia y el control de los riesgos de las 
entidades de crédito son parte integrante de la supervisión de éstas-, 
que una concentración excesiva de riesgos en un único cliente o grupo 
de clientes relacionados entre sí puede implicar la posibilidad de 
pérdidas inaceptables; que puede estimarse que tal situación perjudica 
a la solvencia de la entidad de crédito; 
Considerando que las orientaciones comunes sobre la vigilancia y 
control de los riesgos de las entidades de crédito fueron iniciaImente 
introducidas por medio de la Recomendación 87/62/CEE de la 
Comisión^3); que tal instrumento se eligió porque permitía adaptar de 
forma gradual los sistemas existentes y establecer nuevos sistemas sin 
causar, por ello, perturbaciones en el sistema bancario de la 
Comunidad; que, habiendo concluido esta primera fase, conviene ahora 
adoptar un acto vinculante aplicable a todas las entidades de crédito 
de la Comunidad; 
Considerando que, en un mercado bancario unificado, al competir 
directamente entre sí las entidades de crédito, las obligaciones 
aplicables en toda la Comunidad en materia de supervisión deben ser 
equivalentes; que, a tal fin, los criterios aplicados para determinar 
la concentración de riesgos deben ser objeto de normas jurídicamente 
vinculantes en el plano comunitario y no pueden dejarse a la total 
apreciación de los Estados miembros; que la adopción de normas comunes 
constituye, por tanto, el mejor modo de favorecer los intereses de la 
Comunidad, al evitar diferencias en las condiciones de competencia y 
reforzar, al mismo tiempo, el sistema bancario de la Comunidad; 
(1) DO no L 322 de 17.12.1977, p. 30 
(2) DO no L 386 de 30.12.1989, p. 1 
(3) DO no L 33 de 4.2.1987, p. 10 
- 22 -
Considerando que, en lo que se refiere al método contable preciso que 
debe utilizarse para la evaluación de los riesgos, se remite a las 
disposiciones de la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre 
de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de 
los bancos y otras entidades financieras^1); 
Considerando que la Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de 
diciembre de 1989, sobre el coeficiente de solvencia de las entidades 
de crédito^2), contiene una nomenclatura de los riesgos de crédito a 
que están sujetas las entidades de crédito; que resulta, por tanto, 
oportuno referirse a dicha nomenclatura para la definición de los 
riesgos a los efectos de la presente Directiva; que, sin embargo, no 
resulta oportuno referirse ni a las ponderaciones ni a los niveles de 
riesgo establecidos por la Directiva 89/647/CEE; que tales 
ponderaciones y grados de riesgo han sido concebidos para establecer un 
requisito de solvencia general al objeto de cubrir el riesgo de crédito 
de las entidades de crédito; que, en el marco de una normativa sobre 
grandes riesgos, el objetivo perseguido consiste en limitar el riesgo 
máximo de pérdidas en que puede incurrir una entidad de crédito frente 
a un cliente o grupo de clientes relacionados entre sí; que, por 
consiguiente, procede adoptar un enfoque prudente que permita tomar los 
riesgos, en general, por su valor nominal, sin aplicar ponderaciones o 
grados de r iesgo; 
Considerando que cuando una entidad de crédito asume riesgos frente a 
su propia empresa matriz, o frente a las demás filiales de dicha 
empresa matriz, se impone una especial prudencia; que la gestión de los 
riesgos asumidos por las entidades de crédito debe realizarse con 
absoluta autonomía, dentro del respeto de los principios de una sana 
gestión bancaria, fuera de toda consideración ajena a dichos 
principios; que las disposiciones de la Segunda Directiva 89/646/CEE, 
de 15 de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se 
(1) DO no L 372 de 31.12.1986, p. 1 
(2) DO no L 386, de 30.12.1989, p.1 
- 23 -
modifica la Directiva 77/780/CEE, prevén que cuando la influencia 
ejercida por las personas que posean, directa o indirectamente, una 
participación cualificada en una entidad de crédito pueda ir en 
detrimento de una gestión sana y prudente de la entidad, las 
autoridades competentes podrán adoptar las medidas oportunas para poner 
fin a dicha situación; que, en lo que se refiere a los grandes riesgos, 
procede, asimismo, establecer normas especificas para los riesgos 
asumidos por una entidad de crédito frente a las empresas de su propio 
grupo, y, en este caso, normas restrictivas más severas para estos 
riesgos que para los demás tipos de riesgos; que estas normas 
restrictivas más severas no deben aplicarse, no obstante, cuando la 
empresa matriz sea una sociedad financiera o una entidad de crédito y 
las demás filiales sean entidades de crédito, entidades financieras o 
empresas de servicios bancarios auxiliares, siempre que todas estas 
empresas estén comprendidas en la supervisión consolidada de la entidad 
de crédito; que, en este caso, la supervisión consolidada del conjunto 
asi formado hace posible una supervisión suficientemente eficaz, por lo 
que no resulta indispensable establecer normas más severas para la 
limitación de los riesgos; que, de este modo, además, se alentará a los 
grupos bancarios a organizar sus estructuras de manera que permitan una 
supervisión consolidada, lo que resulta conveniente, puesto que ello 
posibilita una supervisión más completa-, 
Considerando que conviene prever, para las categorías especíales de 
entidades de crédito contempladas en el apartado 2 del artículo 4 de la 
Directiva 89/646/CEE, la aplicación en dos etapas del limite del 25% de 
los fondos propios; que, en efecto, al ser limitados los fondos propios 
de dichas entidades, la aplicación de la norma del 25 % en una sola 
etapa reducirla demasiado bruscamente su actividad de crédito; 
Considerando que en la Directiva 89/646/CEE se atribuyen a la Comisión 
competencias de ejecución de la misma naturaleza que las que el Consejo 
se ha reservado en la Directiva 89/299/CEE del Consejo, de 17 de abril 
de I989, relativa a los fondos propios de las entidades de crédito(1); 
m DO no L 124. de 5.5.1989. P.16. 
- 24 -
Considerando que, dadas las particularidades del sector considerado, 
procede encomendar al Comité previsto en el articulo 22 de la Directiva 
89/646/CEE la misión de asistir a la Comisión en el ejercicio de las 
competencias a ella atribuidas con arreglo a la variante a) del 
procedimiento III de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio 
de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión*1) 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA 
(1) DO np_ L 197, de 18.7.1987, p.33. 
- 25 -
ARTICULO 1 
Definiciones 
A efectos de la presente Direct iva, se entenderá por: 
a) "entidad de crédito": una entidad de crédito tal como se define en 
el primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE, 
incluidas sus sucursales en terceros países, asi como todas las 
empresas, privadas o públicas, incluidas sus sucursales, que 
respondan a la definición que figura en el primer guión del 
artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE y que hayan sido autorizadas 
en un tercer país; 
b) "autoridades competentes": las autoridades competentes tal como se 
definen en el noveno guión del articulo 1 de la Directiva... 
[supervisión consolidada]; 
c) empresa matriz": una empresa matriz tal como se define en los 
artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo*1)-, 
d) filial": una empresa filial tal como se define en los artículos 1 y 
2 de la Directiva 83/349/CEE; toda empresa filial de una empresa 
filial se considerará como filial de la empresa matriz que esté al 
frente de tales empresas; 
e) sociedad financiera de cartera": una empresa tal como se define en 
el tercer guión del artículo 1 de la Directiva ... [supervisión 
consol i dada]; 
(1) DO no. L 193 de 18.7.1983, p.1 
- 26 -
f) entidad financiera": una empresa tal como se define en el sexto 
guión del articulo 1 de la Directiva 89/646/CEE. 
g) "empresa de servicios bancarios auxiliares": una empresa tal como 
se define en el quinto guión del articulo 1 de la Directiva ... 
[supervisión consolidada]; 
h) "riesgos": los activos y partidas de las cuentas de orden 
enumerados en el artículo 6 y en los Anexos I y 111 de la Directiva 
89/647/CEE, sin aplicación de las ponderaciones y grados de riesgo 
previstos en las citadas disposiciones; las partidas de las cuentas 
de orden contempladas en el Anexo I I I se calcularán con arreglo al 
método descrito en el Anexo II de la misma Directiva, sin 
aplicación de las ponderaciones previstas en función de la 
contraparte; se incluirán los compromisos de suscripción de una 
emisión de valores mobiliarios, una vez deducidas las partes 
cedidas a otras entidades de crédito o a entidades financieras-, 
i) "zona A": la zona definida en el segundo guión del articulo 2 de la 
Directiva 89/647/CEE-, 
j) "zona B": la zona definida en el tercer guión del artículo 2 de ia 
Directiva 89/647/CEE-, 
k) "fondos propios": los fondos propios de una entidad de crédito, tal 
como se definen en la Directiva 89/229/CEE. 
- 27 -
I) "poder de control": el vinculo que existe entre una empresa matriz 
y una filial, tal como se define en los artículos 1 y 2 de la 
Directiva 83/349/CEE, o una relación de la misma naturaleza entre 
cualquier persona física o jurídica y una empresa; 
m) "grupo de clientes relacionados entre si": dos o roas personas, 
físicas o jurídicas, que constituyan, mientras no se demuestre lo 
contrario, un conjunto, en lo que respecta al riesgo, por el hecho 
de que: 
i) una de ellas posea, directa o indirectamente, sobre la otra o 
las otras, un poder de control; o 
i i) exista entre ellas una relación tal que es probable que, si una 
de ellas tuviera problemas financieros, la otra o las otras 
experimentaran dificultades de reembolso. Se considerarán, en 
particular, como vínculos que deben tenerse en cuenta la 
existencia de: 
accionistas o socios comunes, 
administradores comunes, 
garantías cruzadas, 
y 
una interdependencia comercial directa que no pueda 
sustituirse a corto plazo. 
- 28 -
ARTICULO 2 
Ámbito de aplicación 
La presente Directiva se aplicará a las entidades de crédito que hayan 
obtenido la autorización a que se refiere el articulo 3 de la Directiva 
77/780/CEE. 
Sin embargo, los Estados miembros podrán no aplicar la presente 
Direct iva a: 
a) las entidades de crédito enumeradas en el apartado 2 del articulo 2 
de la Directiva 77/780/CEE. 
b) las entidades definidas en letra a) del apartado 4 del articulo 2 
de la Directiva 77/780/CEE, que, en un mismo Estado miembro, estén 
afiliadas a un organismo central establecido en dicho Estado 
miembro. En este caso y sin perjuicio de la aplicación de ia 
presente Directiva ai organismo central, el conjunto constituido 
por el organismo central y las entidades a él afiliadas deberá ser 
objeto de una supervisión global en lo que respecta a los grandes 
r iesgos. 
26 
- 29 -
ARTlçgLQ 3 
Notificación de los grandes riesgos 
1. La entidad de crédito cursará a las autoridades competentes una 
notificación de todos los grandes riesgos definidos en el apartado 
2. Los Estados miembros dispondrán que dicha notificación se 
realice con arreglo a una de las siguientes fórmulas, a su libre 
elección: 
notificación de todos los grandes riesgos al menos una vez al 
año, y comunicación de las modificaciones de dicha notificación 
que se produzcan en el curso del año. 
notificación de todos los grandes riesgos al menos cuatro veces 
al año. 
2. Se considerará que un riesgo asumido por una entidad de crédito 
frente a un cliente o un grupo de clientes relacionados entre sí 
constituye un gran riesgo cuando su valor alcance o supere el 10% 
de los fondos propios. 
- 30 -
ARTICULO 4 
Limites aplicables a los grandes riesgos 
1. Una entidad de crédito no podrá asumir, frente a un mismo cliente o 
grupo de clientes relacionados entre sí, riesgos cuyo Importe total 
supere el 25% de sus fondos propios. 
2. Cuando dicho cliente o grupo de clientes relacionados entre si sea 
la empresa matriz de la entidad de crédito, y/o una o varias de las 
filiales de esta empresa matriz, el porcentaje fijado en el 
apartado 1 quedará reducido al 20%. 
3. Una entidad de crédito no podrá asumir grandes riesgos cuyo importe 
acumulado supere el 800% de sus fondos propios. 
4. Los Estados miembros podrán establecer limites más estrictos que 
los previstos en los apartados 1, 2 y 3. 
5. Los límites fijados en los apartados 1, 2 y 3 deberán ser 
respetados en todo momento por la entidad de crédito. Sólo podrán 
rebasarse en circunstancias excepcionales y con carácter temporal 
y, en tal caso, las autoridades competentes fijarán el plazo de que 
dispondrá la entidad de crédito para regularizar su situación. 
6. Los Estados miembros podrán eximir, total o parcialmente, de la 
aplicación del apartado 2 los riesgos asumidos por la entidad de 
crédito frente a la sociedad financiera de cartera que sea su 
empresa matriz y frente a las demás filiales de dicha sociedad 
financiera de cartera, siempre que: 
a) la sociedad financiera de cartera quede incluida en la 
supervisión consolidada de la entidad de crédito, ejercida de 
conformidad con la Direct iva...[supervisión consolidada]. 
- 31 -
b) Las demás filiales sean entidades de crédito, entidades 
financieras o empresas de servicios bancarios auxiliares y 
estén incluidas en la supervisión consolidada de la entidad de 
crédito, ejercida de conformidad con la Directiva 
[supervisión consolidada]. 
7. Los Estados miembros podrán eximir, total o parcialmente, de la 
aplicación de los apartados 1, 2 y 3 los riesgos asumidos por la 
entidad de crédito frente a: 
a) su empresa matriz, siempre que dicha empresa matriz sea una 
entidad de crédito sujeta a una supervisión consolidada 
ejercida de conformidad con la Directiva ....[supervisión 
consolidada], o a normas equivalentes vigentes en un tercer 
pais; 
b) sus filiales, siempre que dichas filiales sean entidades de 
crédito, entidades financieras o empresas de servicios 
bancarios auxiliares y estén incluidas en la supervisión 
consolidada de la entidad de crédito, ejercida de conformidad 
con la Directiva ....[supervisión consolidada]. 
8. Los Estados miembros podrán eximir, total o parcialmente, de la 
aplicación de los apartados 1, 2 y 3 los riesgos siguientes: 
a) activos que constituyan derechos frente a las administraciones 
centrales y a los bancos centrales de la zona A; 
b) activos que constituyan derechos frente a las Comunidades 
Europeas; 
c) activos que constituyan derechos garantizados expresamente por 
las administraciones centrales y los bancos centrales de la 
zona A, así como por las Comunidades Europeas; 
- 32 -
d) otros riesgos asumidos frente a las administraciones centrales 
y los bancos centrales de la zona A, o garantizados por ellos, 
asi como frente a las Comunidades Europeas, o garantizados por 
éstas; 
e) activos que constituyan derechos frente a las administraciones 
centrales y a los bancos centrales de la zona B, denominados y 
financiados en la divisa del prestatario; 
f) activos garantizados, a satisfacción de las autoridades 
competentes, mediante una garantía prendaria consistente en 
títulos emitidos por las administraciones centrales o los 
bancos centrales de la zona A, o por las Comunidades Europeas; 
g) activos garantizados, a satisfacción de las autoridades 
competentes, mediante una garantía prendaría consistente en un 
depósito en efectivo constituido en la entidad acreedora o en 
una entidad de crédito que sea la empresa matriz de la entidad 
acreedora; 
h) activos garantizados, a satisfacción de las autoridades 
competentes, mediante una garantía prendaria consistente en 
títulos representativos de depósitos emitidos por la entidad 
acreedora y depositados en ella; 
i) activos que constituyan derechos y otros riesgos frente a 
entidades de crédito, con vencimiento igual o inferior a un 
año, y que no constituyan fondos propios de dichas entidades 
tal como éstos se definen en la Directiva 89/299/CEE; 
j) efectos de comercio y pagarés, con vencimiento igual o inferior 
a un año, que lleven la firma de otra entidad de crédito y 
hayan sido admitidos para su refinanciación en un banco 
central ; 
k) las obligaciones definidas en el apartado 4 del artículo 22 de 
la Directiva 85/611/CEE del Consejo*1). 
(1) DO no L 375. de 31.12.1985. P.3. 
- 33 -
I) activos que constituyan derechos frente a entidades de crédito 
regionales o centrales a las que, en virtud de disposiciones 
legales o estatutarias, la entidad de crédito acreedora esté 
asociada dentro de una red y a las que, en aplicación de dichas 
disposiciones, corresponda efectuar la compensación de los 
activos líquidos dentro de dicha red. 
9. A efectos de aplicación de los apartados 1, 2 y 3, los Estados 
miembros podrán aplicar una ponderación del 20% a aquellos activos 
que constituyan derechos frente a las administraciones regionales y 
locales de los Estados miembros, así como a cualesquiera otros 
riesgos asumidos frente a dichas administraciones, o garantizados 
por ellas; los Estados miembros podrán, no obstante, reducir la 
ponderación al 0% en las condiciones contempladas en el articulo 7 
de la Directiva 89/647/CEE. 
10. Cuando un riesgo asumido frente a un cliente sea garantizado, a 
satisfacción de las autoridades competentes, por un tercero, los 
Estados miembros podrán considerar que el riesgo ha sido asumido 
frente al citado tercero y no frente al cliente. 
- 34 -
ARTICULO 5 
Supervisión consolidada y no consolidada 
1. Cuando la entidad de crédito no sea ni una empresa matriz ni una 
filial, la observancia de las obligaciones establecidas en los 
artículos 3 y 4 habrá de supervisarse sobre una base no 
consol i dada. 
2. Cuando la entidad de crédito sea una empresa matriz, la observancia 
de las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4 habrá de 
supervisarse sobre una base consolidada, de conformidad con lo 
dispuesto en la Directiva... [supervisión consolidada]. 
3. Las autoridades competentes responsables de la autorización y 
supervisión de la entidad de crédito que sea una empresa matriz 
podrán, asimismo, exigir a esta entidad el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4, sobre una base 
subconsoli dada o no consolidada, asi como a cualquier filial de 
aquélla que esté igualmente sujeta a su autorización y supervisión. 
Cuando no se lleve a cabo el control de la distribución adecuada de 
los riesgos dentro del grupo bancario, será necesaria la adopción 
de otras medidas encaminadas a lograr tal objetivo. 
4. Cuando una filial de una empresa matriz que sea una entidad de 
crédito haya sido autorizada en otro Estado miembro, las 
autoridades competentes que hayan concedido dicha autorización 
deberán exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
los artículos 3 y 4, sobre una base consolidada o, en su caso, 
subconsol¡dada. 
- 35 -
5. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, las autoridades 
competentes responsables de la autorización de la filial de una 
empresa matriz establecida en otro Estado miembro podrán, en virtud 
de un acuerdo bilateral, delegar la función de supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 
4, en las autoridades competentes que hayan autorizado y supervisen 
a la empresa matriz. Tanto la Comisión como el Comité Consultivo 
Bancario deberán ser informados del contenido de tales acuerdos. 
- 36 -
ARTICULO 6 
Disposiciones transitorias sobra los 
riesgos superiores a los limites aplicables 
1. Si, en la fecha de publicación de la presente Directiva en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, una entidad de crédito 
hubiere aceptado ya un riesgo o unos riesgos que superen los 
limites aplicables a los grandes riesgos o el límite aplicable a la 
acumulación de grandes riesgos, previstos en el articulo 4, las 
autoridades competentes exigirán a la entidad de crédito que adopte 
las medidas necesarias para reducir el riesgo o los riesgos 
considerados al nivel previsto por las disposiciones de la presente 
Direct iva. 
2. El procedimiento destinado a reducir el riesgo o los riesgos al 
nivel autorizado será definido, adoptado, aplicado y llevado a cabo 
en el plazo que las autoridades competentes consideren conforme al 
principio de una gestión sana y de una competencia leal. Las 
autoridades competentes informarán a la Comisión y al Comité 
Consultivo Bancario sobre el calendario del procedimiento general 
adoptado. 
3. La entidad de crédito sólo podrá beneficiarse del plazo contemplado 
en el apartado 2 cuando no haya adoptado medida alguna que tenga 
por efecto aumentar los riesgos con respecto al importe que 
representaban en la fecha de publicación de la presente Directiva 
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
4. El plazo para la aplicación del apartado 2 no podrá ser superior a 
un período de cinco años a partir del 1 de enero de 1993. No 
obstante, aquellos créditos con un plazo de vencimiento más largo y 
con respecto a los cuales la entidad de crédito prestamista esté 
obligada a respetar los términos contractuales podrán mantenerse 
hasta dicho vencimiento. 
- 37 
5. Durante un periodo no superior a cinco años, a partir del 1 de 
enero de 1993, los Estados miembros podrán elevar el limite 
previsto en el apartado 1 del articulo 4 al 40%, cuando se trate de 
entidades de crédito comprendidas dentro de las categorías 
especiales contempladas en el apartado 2 del articulo 4 de la 
Directiva 89/646/CEE. En este supuesto, el plazo contemplado en el 
apartado 4 se reducirá a un período de tres años y comenzará a 
contar al concluir el periodo contemplado en el presente apartado. 
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y al Comité 
Consultivo Bancario las razones por las cuales hayan hecho uso de 
tal facultad, asi como las medidas adoptadas para reducir los 
riesgos que excedan de los limites aplicables a los límites 
previstos. 
- 38 -
ARTICULO 7 
MpdIf ipaciones posteriores 
1. Las modificaciones técnicas relativas a los siguientes puntos 
se adoptarán con arreglo ai procedimiento establecido en el 
apartado 2: 
la adaptación de las definiciones a fin de tener en cuenta la 
evolución de los mercados financieros; 
la clarificación de las definiciones para garantizar una 
aplicación uniforme de la presente Directiva; 
la adaptación de la terminología y del texto de las 
definiciones a los de los actos posteriores relativos a las 
entidades de crédito y materias conexas; 
la frecuencia contemplada en el apartado 1 del articulo 3; 
la clarificación o la ampliación de las exenciones contempladas 
en los apartados 5 a 9 del articulo 4; 
el plazo a que se refiere el apartado 4 del articulo 6. 
- 39 -
La Comisión estará asistida por el Comité previsto en el párrafo 
primero del apartado 2 del articulo 22 de la Directiva 89/646/CEE. 
El representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto de las 
medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho 
proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la 
urgencia del asunto. El dictamen se emiritá según la mayor i a prevista 
en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de 
aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la 
Comisión. En el momento de la votación en el seno del Comité, los votos 
de los representantes de los Estados miembros se ponderarán en la forma 
prevista en el citado articulo. El presidente no tomará parte en la 
votación. 
La Comisión adoptará las medidas previstas cuando se ajusten al 
dictamen del Comité. 
Cuando las medidas previstas no se ajusten al dictamen del Comité o en 
ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora .al Consejo una 
propuesta relativa a las medidas que deban adoptarse. El Consejo se 
pronunciará por mayor i a cualificada. 
Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que se 
haya recurrido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión 
adoptará las medidas propuestas. 
- 40 -
ARTIÇULQ 8 
Disposiciones finales 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva el 1 de enero de 1993. Informarán inmediatamente 
de ello a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas 
harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de 
dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las 
disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito 
regulado por la presente Directiva. 
- 41 -
ARTICULO 9 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros 
Hecho en Bruselas, e 
Por el Consejo, 
El Presidente 
- 42 -
FICHA DE FINANCIACIÓN 
La propuesta no supondrá gasto alguno con cargo al presupuesto de las 
Comunidades Europeas 
- 43 -
FICHA DE IMPACTO SOBRE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO 
I. Principal Justificación de I a med i da 
La medida obedece, sobre todo, a la voluntad de mejorar y reforzar la 
supervisión de las entidades de crédito de la Comunidad en i o que 
respecta a la concentración de riesgos. 
II. Carácteristicas de las empresas consideradas 
Las empresas que se contemplan son las entidades de crédito, que 
constituyen una categoría determinada de empresas. 
Habida cuenta de los importes de capital inicial y de fondos propios 
mínimos previstos por los artículos 9 y 10 de la Directiva 89/646/CEE, 
es dudoso que, entre las entidades de crédito consideradas, se cuenten 
numerosas PYME. 
No cabe señalar, por otra parte, concentraciones a nivel regional. 
III. Obligaciones impuestas directamente a las empresas 
La propuesta impone a las empresas consideradas, esto es, a las 
entidades de crédito, la obligación de notificar sus operaciones de 
gran riesgo a las autoridades competentes, así como la de limitarlas a 
una determinada proporción de sus fondos propios (el 25% sí se trata de 
riesgos individuales y el 800% para el total agregado de los grandes 
r iesgos). 
IV. Obligaciones que pueden imponerse a las empresas, de manera 
indirecta, a través de las Administraciones locales 
No hay obligación alguna que las Administraciones locales puedan 
imponer a las empresas consideradas. 
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V. Medidas especiales, en su caso, para las PYME 
La propuesta está orientada a mejorar la supervisión de una categoría 
determinada de empresas (las entidades de crédito), por lo que no 
afecta en modo alguno a las PYME. Por lo demás, cabe señalar que, dado 
que la propuesta tiene por objeto limitar los grandes riesgos de las 
entidades de crédito, es poco probable que tenga como consecuencia una 
limitación de los riesgos asumidos por las entidades de crédito frente 
a las PYME. 
VI. Efecto previsible 
a) sobre la competitividad de las empresas 
b) sobre el empleo 
a) Dado que la propuesta está encaminada a implantar una supervisión 
más exhaustiva de las actividades de las entidades de crédito, ei 
riesgo de incumplimiento por parte de éstas debería verse reducido, 
lo que no puede sino redundar en beneficio de sus resultados, así 
como de la estabilidad de la actividad económica y financiera en 
general. 
b) No cabe esperar repercusión alguna sobre el empleo. 
Vil. Consultas a los interlocutores sociales y opiniones 
manifestadas por ellos. 
Los representantes de los trabajadores han sido informados de la 
intención de la Comisión de proceder a la elaboración de la presente 
Directiva, que no tendrá ninguna incidencia en su situación. 
En lo que respecta a las empresas, se han celebrado consultas 
informales con la Federación Bancaria Europea, la Agrupación Europea de 
Cajas de Ahorros y la Agrupación de Cooperativas de Crédito y la 
Federación Hipotecaria Europea. 
En conjunto, las referidas asociaciones profesionales aceptan el 
principio de que se regulen los grandes riesgos. 


ISSN 0257-9545 
COM(91) 68 final 
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