COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 20.7.2021 SWD(2021) 706 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2021













Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Alemania que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre el Estado de Derecho en 2021





Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea {COM(2021) 700 final} - {SWD(2021) 701 final} - {SWD(2021) 702 final} - {SWD(2021) 703 final} - {SWD(2021) 704 final} - {SWD(2021) 705 final} - {SWD(2021) 707 final} - {SWD(2021) 708 final} - {SWD(2021) 709 final} - {SWD(2021) 710 final} - {SWD(2021) 711 final} - {SWD(2021) 712 final} - {SWD(2021) 713 final} - {SWD(2021) 714 final} - {SWD(2021) 715 final} - {SWD(2021) 716 final} - {SWD(2021) 717 final} - {SWD(2021) 718 final} - {SWD(2021) 719 final} - {SWD(2021) 720 final} - {SWD(2021) 721 final} - {SWD(2021) 722 final} - {SWD(2021) 723 final} - {SWD(2021) 724 final} - {SWD(2021) 725 final} - {SWD(2021) 726 final} - {SWD(2021) 727 final}



Resumen El sistema judicial alemán, que se caracteriza por el importante papel de los Länder en la administración de justicia, sigue beneficiándose de un nivel de independencia judicial percibida muy elevado. A la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se está debatiendo una propuesta legislativa que limita la raramente utilizada facultad de los ministros de Justicia para dar instrucciones a los fiscales en asuntos concretos. A raíz de las críticas de los jueces sobre la eliminación propuesta de los requisitos de experiencia, se están llevando a cabo debates sobre los criterios de selección de algunos jueces presidentes de tribunales federales. La creación de las nuevas plazas para jueces y fiscales en virtud del Pacto por el Estado de Derecho de 2019 está avanzando. No obstante, como ya se señalaba en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, sigue habiendo desafíos a largo plazo con respecto a la contratación de personal en tribunales y fiscalías en vista de la inminente ola de jubilaciones. Prosiguen las iniciativas para mejorar la digitalización de la justicia. En varios Länder, se están creando tribunales de lo mercantil especializados que se centran en cuestiones internacionales y pueden trabajar en inglés. El sistema de justicia continúa funcionando de manera eficiente y muestra mejoras en los asuntos administrativos. Se han producido avances positivos en la respuesta estratégica para la prevención de la corrupción, que complementan el marco de lucha contra la corrupción ya establecido. Alemania está modernizando su marco estratégico para la prevención de la corrupción en la Administración federal. Una nueva ley prevé la introducción de un registro de grupos de presión para enero de 2022. Sin embargo, no contempla una «huella legislativa». Subsisten ciertas deficiencias en la regulación de las actividades complementarias de los parlamentarios y en las normas sobre la declaración de bienes, aunque se están llevando a cabo algunas mejoras. Las normas relativas a la financiación de los partidos políticos contienen algunos vacíos jurídicos, en particular en lo que respecta al patrocinio, y los límites máximos para las donaciones se consideran demasiado elevados. El perjuicio económico de la corrupción disminuyó significativamente y el soborno «clásico» en efectivo está en declive. Se están poniendo de manifiesto otras formas de soborno no monetario como las entradas gratuitas a eventos y la posible influencia indebida a través de cenas privadas para empresas y políticos. Alemania está a la cabeza a escala mundial en el enjuiciamiento de personas que cometen soborno en el extranjero, pero no existen disposiciones jurídicas sobre la responsabilidad penal de las empresas. Alemania cuenta con un marco regulador de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación que funciona adecuadamente. En el curso de la transposición de la Directiva revisada de servicios de comunicación audiovisual, se actualizó el marco jurídico para los medios de comunicación alemanes, en particular mediante el Acuerdo Estatal sobre televisión, que entró en vigor en noviembre de 2020. El grado de independencia de los medios de comunicación y las respectivas autoridades de reglamentación sigue siendo elevado. Las leyes alemanas garantizan un nivel adecuado de transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. A pesar de contar con un marco jurídico sólido, una de las principales preocupaciones sigue siendo la seguridad física de los periodistas, especialmente cuando cubren protestas. En este sentido, 2020 estuvo marcado por un número significativo de casos registrados de agresiones contra periodistas. El sistema de controles y equilibrios ha desempeñado un papel activo durante la pandemia de COVID-19. Las medidas restrictivas han sido adoptadas principalmente por los gobiernos de los Länder sobre la base de la Ley sobre la protección contra las infecciones, que se ha modificado en varias ocasiones, en particular, en noviembre de 2020, para aumentar la supervisión por parte del Parlamento Federal. Estas medidas han sido objeto de un amplio control judicial. Se han manifestado algunas preocupaciones con respecto a la tendencia más generalizada de reducir los períodos de consulta de las partes interesadas. El 9 de junio de 2021, la Comisión incoó un procedimiento de infracción contra Alemania por violación del principio de primacía del Derecho de la UE en relación con una sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 5 de mayo de 2020. La sociedad civil sigue beneficiándose de un marco sólido, pero se afronta incertidumbre con respecto al estatuto de exención fiscal de las organizaciones sin fines de lucro. Según las partes interesadas, las preocupaciones acerca de la pérdida de este estatuto pueden llevar a dichas organizaciones a abstenerse de tomar posiciones sobre temas que pueden ser sensibles. I.Sistema judicial El sistema judicial alemán posee una estructura federal. El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los tribunales federales y a los tribunales de los dieciséis estados federales (Länder). La mayor parte de la competencia y la carga de trabajo en relación con la administración de justicia recaen en los Länder. La estructura judicial se divide entre órganos jurisdiccionales ordinarios (civil y penal) y especializados (tribunales de lo contencioso-administrativo, de lo tributario, de lo laboral y de lo social). Los nombramientos de jueces y fiscales —salvo en lo que respecta a los órganos jurisdiccionales federales y el Fiscal General ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal— son competencia de los Länder. Aunque los procedimientos de designación de los Länder presentan algunas diferencias, todos ellos comparten elementos básicos comunes, en particular el principio de mérito y el control judicial del proceso y la decisión de designación. En los órganos jurisdiccionales federales, un comité de selección de jueces (Richterwahlausschuss) elige a los candidatos para su designación por el Ejecutivo previa consulta preceptiva con los consejos judiciales (Präsidialräte) de los órganos jurisdiccionales correspondientes. Actualmente hay 638 tribunales locales, 115 tribunales regionales y 24 tribunales superiores regionales. Además, entre los 16 Länder suman 51 tribunales de lo contencioso-administrativo y 15 tribunales superiores de lo contencioso-administrativo. Hay cinco tribunales federales: el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal Supremo de lo Tributario, el Tribunal Supremo de lo Laboral y el Tribunal Supremo de lo Social. El control de constitucionalidad corresponde al Tribunal Constitucional Federal y a los tribunales constitucionales de los Länder. En Alemania, el ministerio fiscal forma parte del poder ejecutivo. En el ámbito federal, el Fiscal General representa al Gobierno ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal. En el ámbito de los Länder, cada Land está representado por su propio ministerio fiscal. Alemania participa en la Fiscalía Europea. En Alemania hay veintisiete Colegios de Abogados regionales, que se agrupan en el Colegio de Abogados Federal. Independencia El nivel de independencia judicial percibida sigue siendo elevado. En total, en 2021, el 80 % de la población general y el 69 % de las empresas perciben el grado de independencia de tribunales y jueces como «bastante bueno» o «muy bueno». Este alto grado de percepción de la independencia judicial ha mostrado una tendencia estable en los últimos cinco años y, por lo que respecta al público general, ha ascendido ligeramente en comparación con 2020, mientras que para las empresas, era algo menor en relación con el nivel estable de los años anteriores. Se está considerando introducir cambios en la facultad de los ministros de Justicia para dictar instrucciones a los fiscales en asuntos concretos. En enero de 2021, se presentó con fines de consulta a los Länder y las partes interesadas el proyecto de propuesta para modificar el sistema de instrucciones a los fiscales en asuntos concretos, que se había estado debatiendo en los últimos años. La propuesta responde, entre otras cosas, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre la aplicación de la orden de detención europea. La propuesta codificaría la obligación de respetar el principio de legalidad e introduciría el requisito de que las instrucciones en asuntos concretos estén motivadas y se emitan por escrito. Las garantías previstas serían coherentes con las recomendaciones del Consejo de Europa. Además, suprimiría la posibilidad de dictar instrucciones en asuntos concretos en el marco de la cooperación judicial de la UE en materia penal, pero la mantendría en otros ámbitos. Si bien las garantías propuestas han sido recibidas con beneplácito por las partes interesadas, ha habido distintas reacciones a este último elemento de la propuesta. Algunos Länder y varias partes interesadas consideran que para respetar el principio de democracia constitucional y garantizar la rendición de cuentas del Ministerio Fiscal, debe mantenerse el sistema de instrucciones actual. Otras partes interesadas estiman que la facultad de dictar instrucciones en asuntos concretos debería suprimirse por completo y que la propuesta crearía una distinción artificial entre los asuntos nacionales y los relacionados con la cooperación judicial europea. El Gobierno está examinando las respuestas a la consulta para decidir si sigue adelante con el proyecto y la forma de hacerlo. Los criterios de selección de los jueces que presiden los tribunales federales están siendo objeto de debate a raíz de las críticas sobre la eliminación propuesta de determinados requisitos de experiencia. El Presidente Federal decide los ascensos a los puestos de presidente, vicepresidente y jueces presidentes de las salas de los órganos jurisdiccionales federales a propuesta del ministro responsable. La propuesta se basa en un procedimiento que incluye la participación obligatoria del consejo de jueces del órgano jurisdiccional en cuestión. El principio de mérito para la selección de candidatos se especifica en los requisitos previstos en la ley y, en particular, en el caso de los jueces presidentes, a través de los criterios de selección para el puesto, y las solicitudes se evalúan, en particular, sobre la base de la evaluación profesional efectuada por el presidente del tribunal. En septiembre de 2020, el Ministerio de Justicia revisó sus criterios de selección para los puestos de jueces presidentes de todos los tribunales federales bajo su responsabilidad, eliminando, en concreto, el requisito de contar, en general, con cinco años de experiencia en el respectivo tribunal federal para convertirse en juez presidente. Los presidentes de los tribunales federales y las partes interesadas han criticado esta medida, argumentando que dicha experiencia es necesaria para poder desempeñar las funciones de juez presidente y han lamentado su falta de participación en la elaboración de los cambios. El Ministerio fue también objeto de críticas por revisar los criterios de selección durante un procedimiento de contratación en curso. A raíz de estas críticas, el Ministerio de Justicia ha entablado un diálogo con los tribunales federales. A principios de 2021, el Ministerio propuso al Presidente Federal dos candidatos para las plazas vacantes de vicepresidente y presidente del Tribunal Supremo de lo Tributario, que fueron elegidos por el comité de selección de jueces federales, aunque no cumplen el requisito de cinco años de experiencia. Actualmente están pendientes recursos contra el procedimiento de ascenso al puesto de presidente y vicepresidente, que tienen efectos suspensivos sobre el nombramiento. Según el Consejo de Europa, los procedimientos para el nombramiento de los presidentes del Tribunal Supremo deberían debería definirse por ley, estar basados en el mérito y excluir formalmente toda posibilidad de influencia política. Calidad La aplicación del «Pacto por el Estado de Derecho» de 2019 está progresando, pero sigue habiendo retos a más largo plazo con respecto a las contrataciones en el poder judicial. La creación y ocupación de 2 000 nuevas plazas para jueces y fiscales en los Länder, que prevé el Pacto por el Estado de Derecho, está avanzando. En la mayoría de los estados federales, se han creado todas las plazas asignadas (en algunos casos, los estados van más allá de sus obligaciones), y en el resto, todas las plazas pendientes se crearán de aquí a diciembre de 2021. Además, se han creado las plazas previstas en la Administración federal. El 10 de junio de 2021 se presentó un informe conjunto del Gobierno Federal y los Länder sobre el estado de la aplicación del pacto, en el que se concluye que ha avanzado adecuadamente y se señala, en particular, la creación hasta entonces de más de 2 700 plazas para jueces y fiscales, 2 500 de ellas cubiertas. No obstante, las partes interesadas consideran que se necesita más inversión, especialmente teniendo en cuenta la cantidad cada vez mayor de nuevas funciones del poder judicial, por lo que han propuesto una ampliación del Pacto por el Estado de Derecho. En una decisión de la Conferencia de Ministros de Justicia del 16 de junio de 2021, los dieciséis Länder solicitaron conjuntamente la continuación y ampliación del Pacto por el Estado de Derecho más allá de 2021, en particular, para financiar la inversión en la digitalización del sistema judicial. Como ya se señalaba en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, sigue habiendo desafíos con respecto a la situación a largo plazo de la contratación de personal en tribunales y fiscalías en vista de la inminente ola de jubilaciones. En este contexto, las partes interesadas continúan señalando la cuestión de la falta de competitividad de los salarios iniciales de jueces y fiscales, así como las persistentes diferencias en los niveles salariales entre los diferentes Länder. Los Länder, en particular en la parte oriental de Alemania, están emprendiendo una serie de iniciativas para atraer a graduados a las profesiones judiciales en previsión de la jubilación, en los próximos años, de los jueces contratados tras la reunificación. Se han seguido realizando esfuerzos para mejorar la digitalización del sistema judicial, incluso en el contexto de la pandemia de COVID-19. En Alemania existen normas procesales amplias para el uso de herramientas digitales en los procedimientos civiles y administrativos. Sin embargo, están menos desarrolladas en las principales vistas de los procedimientos penales, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de realizar vistas orales mediante comunicación a distancia con el encausado. Las herramientas de comunicación electrónica de los órganos jurisdiccionales y las fiscalías están plenamente operativas. Si bien las soluciones digitales para incoar y seguir procedimientos en asuntos civiles y administrativos están bien desarrolladas, en la práctica, este no suele ser el caso en los asuntos penales. Los tres proyectos a nivel de Länder para introducir los archivos electrónicos están avanzando de cara al objetivo general de completar la transición a archivos electrónicos de aquí a 2026. El Gobierno Federal, en colaboración con los Länder y los tribunales federales, está desarrollando una serie de proyectos de digitalización, en particular, la creación de una plataforma de videoconferencia común para todos los tribunales y una aplicación informática que permita a los ciudadanos recibir asistencia cuando presenten reclamaciones ante los tribunales. El Gobierno y las partes interesadas señalan que en el contexto de la pandemia de COVID-19, la posibilidad de llevar a cabo audiencias digitales prevista en el Código de Procedimiento Civil facilitó la actividad continua de los tribunales. En varios Länder, se han creado tribunales de lo mercantil especializados que se centran en litigios internacionales. En noviembre de 2020, comenzó a funcionar un nuevo tribunal de lo mercantil con jurisdicción para asuntos mercantiles de alto valor, especialmente aquellos con una dimensión internacional, en Baden-Wurtemberg, con sede en Mannheim y Stuttgart. A petición de las partes, las actuaciones en el tribunal se pueden llevar a cabo exclusivamente en inglés. En los órganos jurisdiccionales de Hesse, Renania del Norte-Westfalia y Sarre ya se han creado salas especializadas similares que tratan litigios en materia mercantil, con la posibilidad de llevar a cabo actuaciones en inglés. El objetivo general de estas iniciativas es aumentar el atractivo de Alemania como lugar de litigación comercial internacional. En un documento de posición adoptado en noviembre de 2020 por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Länder, los Länder solicitan que se creen las condiciones jurídicas para la introducción opcional de tribunales de lo mercantil que traten exclusivamente asuntos mercantiles con una dimensión internacional por encima de un valor de 2 millones EUR y lleven a cabo sus actuaciones en inglés. En mayo de 2021, Renania del Norte-Westfalia y Hamburgo presentaron un proyecto de ley al Bundesrat en que se proponen modificaciones a la Ley sobre el Tribunal Constitucional para permitir la creación de dichos órganos jurisdiccionales. Eficiencia El sistema de justicia continúa funcionando de manera eficiente y muestra mejoras con respecto a la eficiencia en los asuntos administrativos. El tiempo de tramitación (de 435 días en 2018 a 397 días en 2019) y la tasa de resolución (del 97,1 % en 2018 al 109 % en 2019) mejoraron en 2019, en lo que respecta a los asuntos administrativos, revirtiendo la tendencia de años anteriores, en los que se había reducido la eficiencia en los asuntos administrativos. Este aumento de la eficiencia también ha dado lugar a una reducción en el número de asuntos administrativos pendientes, aunque sigue siendo relativamente alto, con 1,0 asuntos por cada 100 habitantes. En lo que respecta a los litigios civiles y mercantiles, los indicadores de desempeño se han mantenido estables (la resolución ha mejorado ligeramente del 97,2 % en 2018 al 98,8 % en 2019). Según las partes interesadas, hasta el momento no parece que la pandemia de COVID-19 haya tenido efectos significativos en la eficiencia del sistema judicial. El Ministerio de Justicia ha encargado un estudio para entender por qué la cifra de asuntos civiles presentados está disminuyendo de manera constante. II.Marco de lucha contra la corrupción Alemania cuenta con varias autoridades responsables en materia de prevención de la corrupción, entre ellas, el Ministerio Federal del Interior, Obras Públicas y Cohesión Territorial y la Entidad Fiscalizadora Superior. La Directiva de 2004 sobre prevención de la corrupción en la Administración federal, que prevé el marco jurídico estratégico en materia de prevención de la corrupción en la Administración pública federal, está actualmente siendo objeto de revisión. Actualmente se están revisando las normas detalladas complementarias en materia de obsequios y favores a los funcionarios públicos federales en el marco de la Directiva sobre la prevención de la corrupción, así como los códigos de conducta exhaustivos destinados a prevenir la corrupción en la Administración federal. En cuanto a la represión de la corrupción, Alemania tiene un enfoque descentralizado. Los dieciséis estados (Länder) son responsables de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción en toda Alemania. Algunos cuentan con oficinas de policía y fiscalías especializadas en delitos de corrupción. La Oficina Federal de la Policía Criminal desempeña un papel en el intercambio de información entre el nivel internacional y el nivel local, así como entre las oficinas de policía a nivel de los Länder.

Los expertos y los directivos de empresas perciben que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo bajo. En el Índice de percepción de la corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, Alemania obtiene una puntuación de 80/100 y ocupa el 4.º puesto en la Unión Europea y el 9.º a nivel mundial . Esta percepción se ha mantenido relativamente estable durante los últimos cinco años . Alemania ha iniciado una revisión de su marco estratégico general para la prevención de la corrupción a escala federal. En ese contexto, se prevén actualizaciones de la «Directiva del Gobierno Federal sobre prevención de la corrupción en la Administración federal» de 2004 , que es el principal marco normativo para la prevención de la corrupción, con respecto a, entre otros, el análisis de riesgos de corrupción . Actualmente se están revisando también las normas de 2004 sobre la prohibición de aceptar favores y obsequios, con el fin de evaluar si se requieren normas más actualizadas y armonizadas, y una mayor seguridad jurídica . Por primera vez, Alemania publicará, en 2021, un informe recopilatorio exhaustivo sobre la integridad en la Administración pública federal . Debido a su estructura federal, el marco institucional de lucha contra la corrupción de Alemania para la represión de estos delitos es descentralizado. Los dieciséis estados alemanes son responsables de la represión de la corrupción . Las competencias de los dieciséis Ministerios del Interior a nivel de Länder dependen del marco legislativo del Land respectivo y pueden incluir la coordinación de políticas y la prevención de la corrupción, así como, en algunos casos, funciones de investigación. La policía, incluidas las Oficinas Estatales de la Policía Criminal Landeskriminalämter) y la policía local, está sujeta a la ley de los dieciséis estados. Algunos estados han creado unidades policiales y fiscalías especializadas que se centran específicamente en las investigaciones y el enjuiciamiento de delitos económicos y casos de corrupción . En los órganos jurisdiccionales regionales especializados en delitos de cuello blanco, incluidos los delitos de corrupción, existen divisiones penales dedicadas a la resolución de casos de corrupción. La Oficina Federal de la Policía Criminal (Bundeskriminalamt) desempeña un papel fundamental en la cooperación y el intercambio de información entre los estados y con los socios internacionales en el marco de las investigaciones penales. El número de casos de corrupción notificados ha aumentado, pero el perjuicio económico general que la corrupción causa a la sociedad está disminuyendo. La información sobre los esfuerzos policiales de Alemania para reprimir la corrupción, que está ampliamente tipificada como delito , es pública. El último informe oficial de la policía federal en materia de corrupción recoge 5 428 casos de corrupción registrados en 2019 . En comparación con 2018, esto supone un aumento significativo del 42,7 %. El informe también indica un ligero aumento del 3,3 % en el número de sospechosos. El 67 % de quienes aceptaron un soborno eran funcionarios públicos. La contratación pública es el sector más afectado. El pago de sobornos «clásicos» en efectivo está disminuyendo y, por tanto, el perjuicio económico causado por la corrupción se ha reducido notablemente en un 61,2 % (47 millones EUR en 2019). En cambio, se están poniendo de manifiesto otras formas de soborno no monetario y posible influencia indebida, en particular, la provisión de entradas gratuitas a eventos que de otra manera no serían accesibles al público y la invitación a cenas privadas donde las empresas se reúnen con políticos. Las comisiones de investigación parlamentarias convocan y celebran reuniones con regularidad para abordar casos de corrupción de alto nivel que implican a miembros del Gobierno o ministerios federales. Existe cierta preocupación en cuanto a la capacidad para detectar e investigar denuncias de delitos financieros relacionados con la corrupción . Con el fin de responder a las preocupaciones sobre la acumulación de casos, la Unidad de Inteligencia Financiera de Alemania anunció que aumentaría su personal a 800 miembros durante los próximos tres años e introduciría un software específico para identificar ámbitos de riesgo . En los casos de soborno en el extranjero, la aplicación por parte de Alemania de la responsabilidad de las empresas sigue siendo críticamente baja, a pesar de su liderazgo en la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de personas que cometen soborno en el extranjero . En marzo de 2021, se adoptó una nueva ley federal que introduce un registro de grupos de presión para representantes de grupos de interés, que entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2022. El objetivo de la legislación es aumentar la transparencia en el proceso de toma de decisiones a nivel federal. Introduce normas relativas a las actividades de presión orientadas al Parlamento Federal alemán, el Gobierno y los ministerios. Las partes interesadas reconocen el amplio ámbito de aplicación personal previsto, que incluye también a los abogados y clientes de consultorías que llevan a cabo actividades de presión en su nombre . Sin embargo, agentes como los sindicatos, las asociaciones de empleadores, las iglesias y las comunidades religiosas, que son los grupos de presión más importantes en Alemania, están exentos del requisito de registro obligatorio. El suministro de información financiera sobre los importes invertidos en actividades de presión también sigue siendo voluntario. Además, el requisito de registro se refiere solamente a las reuniones con funcionarios gubernamentales de alto nivel. No se incluye el nivel técnico de los ministerios, donde se llevan a cabo periódicamente la mayor parte de las actividades de presión, por lo que no existiría un historial de estas reuniones. El incumplimiento puede ser sancionado con una multa de hasta 50 000 EUR. El registro electrónico de grupos de presión estará operativo el 1 de enero de 2022 y será gestionado por el Parlamento (Bundestag). La introducción de una «huella legislativa», que permitiría el seguimiento y rastreo de todos los representantes de intereses que tratan de influir y contribuir a textos legislativos específicos no recibió el apoyo de la mayoría política federal en el debate en torno al registro de grupos de presión. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) también recomendó mejorar la transparencia de las aportaciones externas a las propuestas legislativas. También sigue siendo fuente de inquietud la aplicación coherente de las normas de Alemania relativas a las «puertas giratorias», en particular, los diversos períodos de incompatibilidad y la amplia discrecionalidad de los superiores a la hora de decidir sobre los futuros empleos de los secretarios de Estado y directores generales. Alemania está reforzando las normas sobre posibles conflictos de intereses para los parlamentarios y los miembros de su organismo de supervisión financiera. Con objeto de restringir las actividades complementarias de los miembros del Parlamento Federal, en diciembre de 2020, se presentaron al Parlamento modificaciones a la Ley de diputados al Parlamento Federal y se adoptaron en junio de 2021. La reforma incluye la prohibición de que los parlamentarios participen en actividades de presión remuneradas como empleos complementarios, así como en conferencias remuneradas que estén relacionadas con su labor parlamentaria. Se deben hacer pública las actividades complementarias por las que se reciba una remuneración de más de 1 000 EUR al mes, o 3 000 EUR al año. Las modificaciones no implicarían la comunicación del tiempo real dedicado al empleo complementario. La Ley sobre la mejora de la integridad del mercado financiero, que entró en vigor el 1 de julio de 2021, prohíbe a los trabajadores de la Autoridad Federal Supervisora de los Servicios Financieros la negociación privada de instrumentos financieros . Las normas de Alemania sobre las declaraciones de bienes están siendo objeto de revisión. La modificación de la Ley de diputados al Parlamento Federal prevé una disposición que estipula que los miembros del Parlamento deben comunicar las participaciones financieras en empresas no constituidas en sociedades y sociedades de capital que excedan del 5 %, así como los ingresos de dichas participaciones. Los parlamentarios tendrán obligación de notificar los activos e intereses financieros que poseen, si el respectivo miembro del Parlamento es responsable de un asunto en una comisión parlamentaria y, al mismo tiempo, percibe una remuneración a través de una actividad complementaria. No obstante, persiste la preocupación con respecto la falta de regulación para garantizar que los miembros del Gobierno Federal comuniquen los activos y propiedades que poseen . Se están elaborando nuevas normas sobre la protección de los denunciantes. El objetivo del proyecto de ley sobre la protección de los denunciantes es proteger la divulgación de infracciones de la legislación nacional y de la UE y abarca tanto al sector público como al privado. En la práctica, existen varios puntos de contacto, en el ámbito federal y estatal, para presentar denuncias, por ejemplo, las personas designadas para prevenir la corrupción, los defensores del pueblo especializados, como el defensor de las Fuerzas Armadas en el ámbito federal y los defensores del ciudadano, así como los abogados de confianza en el ámbito estatal, que facilitan la denuncia e investigación de delitos de corrupción. Se ha criticado la fragmentación entre instituciones y ámbitos administrativos, ya que los posibles denunciantes y demandantes podrían tener dificultades para identificar los canales de denuncia adecuados . La financiación de los partidos políticos se regula en una ley específica que contempla sanciones razonablemente disuasorias. Los partidos políticos están obligados a presentar al Presidente del Parlamento Federal informes financieros anuales que incluyan información sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos de los partidos políticos, tanto en los períodos de campaña como fuera de ella . En caso de inexactitudes, el partido al que concierna puede ser sancionado con el pago del doble del importe de la información incorrecta correspondiente. Se han planteado inquietudes por el lapso de tiempo que transcurre desde que el partido recibe los ingresos hasta su notificación . Las donaciones superiores a 50 000 EUR deben notificarse sin demora y publicarse en el sitio web del Parlamento Federal. Las donaciones superiores a 10 000 EUR deben hacerse públicas en el informe anual. El límite máximo de las donaciones anónimas es 500 EUR y para las donaciones en efectivo de 1 000 EUR. Los revisores internacionales han reiterado la necesidad de establecer umbrales más bajos y de reforzar la contabilidad . El patrocinio sigue estando, en gran medida, sin regular a pesar de que puede utilizarse para comprar acceso a importantes funcionarios gubernamentales. La pandemia de COVID-19 afectó a la lucha contra la corrupción en Alemania y puso de manifiesto los riesgos de corrupción específicos de la pandemia. En el contexto de las medidas de apoyo para la COVID-19 que ha ofrecido el Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera ha recibido un mayor número de comunicaciones, también sobre corrupción y principalmente sobre fraude . Además, el presunto pago de sobornos a los parlamentarios que negociaron acuerdos de compra de máscaras faciales para el Gobierno ha dado lugar a debates públicos y al inicio de investigaciones por corrupción. A fin de mejorar la prevención de la corrupción, también durante y después de la pandemia de COVID-19, en el curso de 2021, Alemania introducirá un registro electrónico de competencia para apoyar los procesos de contratación pública . Una vez que el registro esté operativo, albergará y señalará a los poderes adjudicadores información pertinente para la exclusión de licitadores de la contratación pública, por ejemplo, condenas firmes, órdenes de sanción y multas por corrupción, soborno, blanqueo de capitales, evasión fiscal y otros delitos graves. III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación Alemania posee un marco consolidado en materia de libertad y pluralismo de los medios de comunicación, que en su mayor parte es competencia de los estados federales (Länder). Las catorce autoridades de los medios de comunicación son autoridades reguladoras independientes, que tienen legalmente garantizada su independencia política. La Constitución (Grundgesetz) y el Derecho derivado garantizan expresamente el derecho de los periodistas a proteger la confidencialidad de sus fuentes y el derecho de acceso a la información. Se han adoptado un nuevo Acuerdo estatal sobre televisión (Medienstaatsvertrag) y otros actos legislativos para trasponer las disposiciones de la Directiva revisada de servicios de comunicación audiovisual a la legislación alemana. El grado de independencia de las autoridades del que disfrutan los medios de comunicación y los consejos de radiodifusión sigue siendo alto. Con la entrada en vigor del Acuerdo estatal revisado sobre televisión, las autoridades de los medios de comunicación han adquirido nuevas competencias, en particular en lo que respecta a los intermediarios de los medios de comunicación. No obstante, las autoridades de los medios de comunicación solo empezarán gradualmente la aplicación plena de las nuevas normas a medida que vayan adoptando progresivamente los estatutos conjuntos que exige el Acuerdo estatal sobre televisión y que detallan algunas de sus disposiciones (por ejemplo, sobre la capacidad de encontrar contenido que se considera pertinente para la formación de la opinión pública). La autorregulación de la prensa sigue funcionando de forma adecuada, si bien se han señalado algunas cuestiones con respecto a la publicación de amonestaciones. El Consejo de la Prensa alemán está integrado por asociaciones de periodistas y de editores. Su informe anual de 2020 destaca el fuerte aumento de las quejas relacionadas con un número reducido de artículos de prensa controvertidos (4 085 quejas recibidas en 2020, en comparación con 2 175 en 2019). Al mismo tiempo, el informe concluye que los editores en cuestión publicaron solo 34 de un total de 53 amonestaciones públicas emitidas por el Consejo de la Prensa en 2020. Dado que el Código de la Prensa obliga a los editores a publicar dichas amonestaciones públicas, esto podría indicar posibles problemas con respecto a la efectividad de este aspecto del Código autorregulador. Las leyes alemanas continúan garantizando un nivel adecuado de transparencia de la información acerca de la propiedad de los medios de comunicación. Ello se debe a las disposiciones que exigen que las emisoras comerciales informen sobre la propiedad y los planes que afecten a la estructura del accionariado. Además, los medios digitales deben garantizar la transparencia de la información acerca de su propiedad publicándola en sus sitios web. Para la prensa, estas obligaciones de transparencia y de publicación dependen de la legislación que regule su actividad en el estado de que se trate. La Comisión de Concentración en los Medios de Comunicación (KEK, por sus siglas en alemán) de las autoridades estatales de medios supervisa la concentración en el sector de la radiodifusión privada y mantiene una base de datos pública de información sobre su propiedad, que cubre la televisión, la radio, la prensa y los medios en línea. El Media Pluralism Monitor de 2021 califica el riesgo para la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación como bajo y el riesgo de concentración como medio. La concentración de los medios de comunicación se regula en el Acuerdo Estatal sobre televisión y está sujeta a la supervisión reguladora de la Comisión de Concentración en los Medios de Comunicación. Las organizaciones de medios de comunicación se han beneficiado de los programas de ayuda relacionados con el COVID-19. El nivel general de pluralismo de los medios de comunicación en Alemania sigue siendo alto. Al mismo tiempo, las partes interesadas señalan las dificultades económicas crecientes de muchos medios de prensa regionales y locales, lo que pone en peligro la diversidad de opiniones a escala regional. Los agentes de los medios de comunicación tuvieron la posibilidad de solicitar apoyo de los programas generales de rescate del Gobierno alemán destinados a responder al impacto económico de la pandemia de COVID-19 en las empresas y los trabajadores por cuenta propia. Además, se dirigió un programa de apoyo específico al sector de la radiodifusión. Si bien los programas de apoyo público pudieron aliviar el impacto de la pandemia de COVID-19, el Media Pluralism Monitor señala que existen preocupaciones con respecto a la sostenibilidad a largo plazo del sector, incluso si los agentes de los medios de comunicación son capaces de generar lentamente más ingresos a través de ofertas digitales. Se han establecido garantías para impedir el control de los medios de comunicación por los partidos políticos. El indicador del Media Pluralism Monitor de 2021 sobre la independencia política de los medios de comunicación muestra un riesgo bajo. La publicidad política no está permitida ni en la radiodifusión televisiva ni en la radio ni los servicios de telecomunicaciones similares a la radiodifusión, salvo en un breve período previo a las elecciones que está estrictamente regulado en lo que respecta al reparto del tiempo de transmisión entre los partidos políticos. Con respecto al contenido de los medios que no está cubierto por estas normas para los servicios de telecomunicaciones similares a la radiodifusión, el Acuerdo Estatal revisado sobre televisión ha ampliado las disposiciones en materia de transparencia relativas a la publicidad política en línea, que exigen que dicha publicidad esté identificada adecuadamente. Existe un marco que garantiza el acceso de los periodistas a la información, pero se han criticado ciertas deficiencias. La Constitución, la Ley de libertad de información y las leyes de prensa vigentes en la mayoría de los estados federales garantizan el acceso de los periodistas a la información. No obstante, a nivel mundial, Reporteros sin Fronteras considera que este marco es relativamente débil. El GRECO ha recomendado que se evalúe de forma independiente la Ley de libertad de información y se consideren posibles mejoras sobre esta base, en particular en lo que respecta a las excepciones que permiten rechazar solicitudes en virtud de la Ley. Ha aumentado la preocupación por la seguridad física de los periodistas, especialmente cuando cubren protestas. A pesar del marco de protección de los periodistas existente, las partes interesadas informan de un aumento de las agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios comunicación cuando cubren protestas. En particular, las protestas relacionadas con la pandemia de COVID-19 estuvieron marcadas por informes recurrentes de violencia contra periodistas. En diciembre de 2020, las estadísticas policiales habían contabilizado 252 incidentes contra representantes de los medios de comunicación en ese año (en comparación con 104 casos en 2019 y 93 casos en 2018). Los 252 incidentes incluyeron 29 casos de amenazas y 30 delitos violentos, 22 de los cuales se calificaron como lesiones personales. Desde octubre de 2020, la plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas ha publicado un aviso sobre Alemania en relación con actuaciones agresivas contra periodistas durante una manifestación. Las asociaciones y sindicatos de periodistas señalan la falta de protección y apoyo que la policía ofrece a los periodistas durante las protestas. El Consejo de la Prensa alemán ha hecho un llamamiento a reforzar la protección de la libertad de prensa y ha propuesto actualizar los principios de conducta vigentes de los medios de comunicación y la policía. Actualmente, los Länder están evaluando la actualización de dichos principios de conducta. Además, algunos Länder han adoptado medidas orientadas a mejorar la relación entre los periodistas y la policía. En abril de 2021, las asociaciones de periodistas publicaron un código de conducta de las empresas de medios de comunicación en el que pedían a los editores que se comprometieran a llevar a cabo una serie de medidas destinadas a proteger a los periodistas de la violencia y las amenazas. Si bien el indicador de Media Pluralism Monitor de 2021 sobre la profesión y las normas periodísticas, y la protección de los periodistas muestra un riesgo bajo, el indicador sobre la seguridad física de los periodistas muestra un riesgo alto. Existen algunas inquietudes con respecto a la privacidad de los periodistas en el contexto de acciones legales. Las asociaciones de periodistas señalan que existe preocupación porque los datos privados de los periodistas y, en particular, su dirección privada, se hagan públicos si se emprenden acciones legales por acoso, tanto físico como en línea. Las ONG y las asociaciones de periodistas consideran que existen riesgos potenciales de que los periodistas sean objeto de medidas de vigilancia electrónica por parte de los servicios de inteligencia, en particular cuando interactúan con posibles informantes, y solicitan mayores garantías en las leyes respectivas, en particular, la Ley revisada sobre el Servicio Federal de Inteligencia. En general, los mecanismos precontenciosos permiten que los posibles casos de demandas estratégicas contra la participación pública sean desestimados antes de llegar a los tribunales. No obstante, aunque puede que no haya muchos casos destacados, las partes interesadas y los estudios señalan que el problema de las acciones legales preventivas o las amenazas contra periodistas también está presente en Alemania.

IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios Alemania es una república democrática federal en la que el poder está distribuido entre el Gobierno federal y los dieciséis gobiernos estatales. La separación de poderes está consagrada en la Ley fundamental y las constituciones de los Länder. En el ámbito federal, el poder legislativo corresponde al Parlamento Federal (Bundestag) y al órgano representativo de los Länder (Bundesrat). El Gobierno, el Bundesrat o los diputados al Bundestag pueden presentar propuestas legislativas. El Instituto Alemán de Derechos Humanos y la Autoridad Federal de Lucha contra la Discriminación contribuyen a la defensa de los derechos fundamentales. Se ha manifestado preocupación sobre la transparencia del proceso legislativo y la tendencia a reducir los períodos de consulta. En general, existe un marco sólido para la consulta de las partes interesadas en el proceso legislativo. Además, en septiembre de 2020, el Gobierno Federal creó una plataforma que agrupa los sitios web de diferentes Ministerios y donde se aloja información sobre las posibilidades de participación (temprana) de las partes interesadas. No obstante, en un documento de posición de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Länder, de noviembre de 2020, se destacaba la necesidad de disponer de tiempo suficiente para llevar a cabo las consultas de los Länder sobre proyectos de ley y se solicitaba que el Bundestag considere las propuestas legislativas del Bundesrat sin demoras indebidas. Asimismo, las partes interesadas han manifestado preocupación por la regularidad con que se acortan los períodos de consulta para examinar propuestas largas y complejas, y han mostrado inquietud por la falta general de transparencia de las aportaciones que influyen en el proceso legislativo antes del procedimiento de consulta formal. En diciembre de 2020, el GRECO también recomendó que se identifiquen y divulguen las aportaciones externas sustantivas a las propuestas legislativas que se reciben antes del inicio formal de las consultas. Si bien en el contexto de la pandemia de COVID-19 también se han llevado a cabo períodos de consulta más cortos, las partes interesadas consideran que esta es una tendencia general. El marco para la adopción de medidas relacionadas con la pandemia de COVID-19 se ha modificado varias veces y las medidas han sido objeto de un control judicial exhaustivo. Las medidas relacionadas con la pandemia se adoptan sobre la base de la Ley sobre la protección contra las infecciones, que permite a los Gobiernos de los Länder (que tiene competencia para promulgar medidas en virtud de dicha Ley) introducir restricciones mediante ordenanza. Además, en marzo de 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19, se ampliaron las facultades del Gobierno Federal para tomar medidas en el marco de esta Ley. La mayoría de estas competencias sólo pueden ejercerse si el Bundestag ha declarado el «estado de epidemia», que puede revocarse en cualquier momento y debe volver a confirmarse cada tres meses. A raíz de los debates sobre la falta de funciones del Parlamento Federal, en noviembre de 2020, se aprobaron modificaciones orientadas a aumentar el control parlamentario, principalmente mediante la introducción de una lista estándar de las medidas que pueden adoptarse mediante ordenanza, que anteriormente no estaban especificadas por ley. Otras modificaciones adoptadas en abril de 2021 han introducido el llamado «freno de emergencia», que prevé la introducción automática de determinadas medidas restrictivas por ley federal si en una ciudad o distrito el número de casos de COVID-19 alcanza un umbral específico durante un período de tres días. Estas modificaciones han sido objeto de un importante debate sobre la constitucionalidad y proporcionalidad de tales disposiciones. Para adaptarse a las condiciones de la pandemia, el Parlamento Federal ha modificado su reglamento interno, permitiendo el voto electrónico en las comisiones y reduciendo el quórum necesario para llevar a cabo una votación en el Pleno. Las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia han sido objeto de un control judicial exhaustivo, principalmente por los tribunales superiores de lo contencioso-administrativo y los tribunales constitucionales de los Länder, y a finales de 2020 se habían registrado más de 6 000 asuntos. Hasta la fecha, muchos de estos asuntos solo se han tramitado en procedimientos de emergencia, y la resolución principal todavía está pendiente. Hasta marzo, el Tribunal Constitucional había recibido 321 recursos de inconstitucionalidad relacionados con las medidas para la COVID-19 y había archivado 273 de ellos. La Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra Alemania en relación con el incumplimiento de los principios fundamentales del Derecho de la UE a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal, de 5 de mayo de 2020. El 9 de junio de 2021, la Comisión Europea decidió enviar una carta de emplazamiento a Alemania por haber violado los principios de autonomía, primacía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión, así como el respeto de las competencias del Tribunal de Justicia consagrado en el artículo 267 del TFUE . Con su sentencia de 5 de mayo de 2020 , el Tribunal Constitucional Federal ha privado a una sentencia del Tribunal de Justicia de su efecto jurídico en Alemania . El auto del Tribunal Constitucional Federal de 29 de abril de 2021 que declaró inadmisible una solicitud de ejecución de una sentencia no revierte la situación jurídica creada por la sentencia del Tribunal Constitucional Federal, en particular en relación con el principio de primacía del Derecho de la UE. El puesto de director del Organismo Federal de Lucha contra la Discriminación sigue vacante. De acuerdo con la legislación alemana, el director del Organismo Federal de Lucha contra la Discriminación es designado por el Gobierno Federal a propuesta del Ministerio de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud y es independiente en el ejercicio de sus funciones. Desde abril de 2018, la función se ejerce de forma interina, ya que el resultado del procedimiento de selección del nuevo director ha sido anulado en los tribunales por incumplimiento del principio constitucional de mérito. Según el Ministerio responsable, hubo varias decisiones judiciales divergentes sobre el procedimiento de selección que generaron incertidumbre sobre los criterios de selección. La incertidumbre con respecto al estatuto de exención fiscal de las organizaciones de la sociedad civil sigue siendo un reto a pesar de haberse realizado algunas ligeras mejoras en el marco. En general, el espacio cívico se sigue considerando «abierto» y continúa existiendo un marco sólido para la sociedad civil. Una reforma del Código Fiscal de diciembre de 2020 introdujo más categorías de actores de la sociedad civil a las actividades cubiertas por el estatuto de exención fiscal de las organizaciones sin fines de lucro de utilidad pública. Sin embargo, esta reforma no ha abordado la incertidumbre creada por una sentencia del Tribunal Federal de lo Tributario de 2019, que fue confirmada por otra sentencia de diciembre de 2020, con respecto al ámbito de aplicación del estatuto de exención fiscal. Según la jurisprudencia, las organizaciones de la sociedad civil no deben intervenir en asuntos políticos en líneas generales, solo se les permite hacerlo si es estrictamente necesario para llevar a cabo las actividades contempladas en el Código Fiscal. Si bien pueden facilitar información al público de manera neutral, en la práctica, la interpretación de estas condiciones crea una incertidumbre significativa para las organizaciones de la sociedad civil, especialmente para aquellas activas en la defensa de los derechos humanos y la democracia. Según las partes interesadas, las preocupaciones sobre la pérdida del estatuto de exención fiscal pueden llevar a las organizaciones civiles a abstenerse de tomar posiciones sobre temas que pueden ser sensibles y señalan que la amenaza de acciones legales relacionadas con el estatuto fiscal también puede utilizarse como táctica política. Por otra parte, la recién creada Fundación Federal Alemana para el Compromiso Cívico y el Voluntariado, que inició sus operaciones en julio de 2020 y se basa en una iniciativa conjunta de varios Ministerios Federales, ha puesto en marcha un programa de apoyo, que contaba con un presupuesto de 20 millones EUR en 2020, para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19. Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético* * La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es . Participación en el Ámbito Federal (Beteiligung auf Bundesebene) ( https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzgebungsverfahren-beteiligung ). 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(Personalverstärkungen nachhaltig fortsetzen und Digitalisierung der Justiz vorantreiben – Pakt für den Rechtsstaat 2.0) ( https://www.justiz.nrw.de/JM/jumiko/beschluesse/2021/Fruehjahrskonferenz_2021/TOP-I_-1-u-I_-20---Pakt-fuer-den-Rechtsstaat.pdf ). Consejo Consultivo de Jueces Europeos (2016), Informe n.º 19 sobre el papel de los presidentes de los tribunales. Consejo de Europa: Comité de Ministros (2000), Recomendación Rec(2000)19 del Comité de Ministros sobre la función del Ministerio Fiscal en el sistema de justicia penal. Consejo de Europa, Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists – Germany ( https://www.coe.int/en/web/media-freedom/germany ). Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2020), comunicado de prensa n.º 58/20.

Auto Constitucional Federal, decisión de 29 de abril de 2021,

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Anexo II: Visita a Alemania Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en marzo de 2021 con: ·Comité Europeo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Estados Federados ·Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo ·Colegio Federal de Abogados ·Oficina Federal de la Policía Criminal ·Tribunal Supremo Federal ·Unidad de Información Financiera ·Asociación Alemana de Jueces y Fiscales ·Colegio de Abogados de Alemania ·Instituto de Derechos Humanos de Alemania ·Gesellschaft für Freiheitsrechte ·Oficina de Gestión Conjunta de las Autoridades de los Medios de Comunicación ·Lobbycontrol DE ·Ministerio de Estado de Cultura y Medios de Comunicación ·Ministerio de Sanidad ·Ministerio de Justicia ·Ministerio del Interior ·Consejo de la Prensa ·Fiscalía especializada en delitos de corrupción y económicos de Múnich

·Transparencia Internacional Alemania * Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones: ·Amnistía Internacional ·Centro de Derechos Reproductivos ·CIVICUS ·Unión por las Libertades Civiles en Europa ·Sociedad Civil Europa ·Conferencia de Iglesias Europeas ·EuroCommerce ·European Center for Not-for-Profit Law ·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación ·Foro Cívico Europeo ·Federación Europea de Periodistas ·European Partnership for Democracy ·Foro Europeo de la Juventud ·Front Line Defenders ·Human Rights House Foundation ·Human Rights Watch ·ILGA-Europe