Dictamen del Comité Económico y Social sobre el «Libro Verde sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP en los albores del siglo XXI - Desafíos y opciones para una nueva asociación»

(97/C 296/11)

El 26 de noviembre de 1996, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión consultó al Comité Económico y Social sobre el «Libro Verde sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP en los albores del siglo XXI - Desafíos y opciones para una nueva asociación».

La Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 18 de junio de 1997 (Ponente: Sr. Malosse).

En su 347° Pleno de los días 9 y 10 de julio de 1997 (sesión del 10 de julio de 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado por 123 votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones el presente Dictamen.

Recomendaciones

Convencido de la necesidad de reformar fundamentalmente el Convenio de Lomé a fin de adaptarlo a las realidades de este final de siglo y, sobre todo, ayudar mejor a los países ACP a enfrentarse a la mundialización de los intercambios.

Consciente de la importancia política y económica de que la Unión Europea mantenga relaciones privilegiadas con los 71 Estados signatarios del Convenio,

El Comité, en respuesta al «Libro Verde sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP en los albores del siglo XXI - Desafíos y opciones para una nueva asociación», presenta las siguientes recomendaciones:

- El Comité recomienda que se refuerce el espíritu de asociación y diálogo en igualdad de derechos, que ha constituido la originalidad y la fuerza del compromiso europeo en favor de la cooperación al desarrollo. Subraya, sin embargo, que para que esta asociación sea eficaz, ambas partes deben abrir sus puertas a nuevos actores, en particular, a las fuerzas económicas y sociales. A este respecto, el Comité recomienda, entre otras cosas, la creación de comités paritarios económicos y sociales encargados sobre todo de validar los programas de desarrollo en función de las necesidades y esperanzas de las fuerzas vivas de los países asociados;

- El Comité propone que en la renovación del Convenio se tengan más en cuenta las diferencias geográficas y el nivel de desarrollo. El Convenio se convertiría así en un instrumento político y económico de cooperación de la Unión, abierto a nuevas adhesiones, diferenciado en función de las zonas geográficas con las que existen intereses comunes específicos, y diferenciado, en sus modalidades, según el nivel de desarrollo de los Estados beneficiarios;

- El Comité reafirma, como objetivo prioritario de la cooperación, el desarrollo económico y social sostenible, la lucha contra la pobreza y la elevación general del nivel de vida que serán el resultado, conjunto y simultáneo, de que se impulse un sector privado dinámico y creador de riquezas y se logre un verdadero progreso social, factor de cohesión.

Este objetivo se logrará con mayor facilidad en el marco de un Estado de Derecho que garantice las libertades de todos y proporcione los servicios de interés general necesarios al progreso de la sociedad, en el que se desarrolle un tejido sindical y asociativo sólido que permita la participación de los agentes en la adopción de decisiones.

El Comité subraya al respecto el papel fundamental de las mujeres en materia de desarrollo e insiste en la necesidad de promover sus organizaciones garantizando su participación equitativa en los órganos de consulta y decisión.

- El Comité señala cuáles son, a su juicio, los ámbitos de cooperación prioritarios:

La educación y la formación constituyen, según el Comité, la prioridad esencial, ya que el factor humano es primordial en toda política de desarrollo. En ese ámbito, el Comité aboga por la organización de programas de intercambios y cooperación entre la Unión y los países ACP, prestando particular atención a las mujeres.

El apoyo al sector privado y al espíritu de empresa son, según el CES, el factor determinante para la creación de riqueza y la elevación del nivel de vida. Por ello, deben ser el centro de los objetivos del nuevo Convenio.

Por su historia y por su experiencia, la Unión Europea debe apoyar todos los esfuerzos de cooperación regional con vistas a establecer una paz duradera y una prosperidad compartida en torno a proyectos comunes, uso conjunto de determinados recursos, creación de mercados regionales integrados y de organizaciones regionales estructuradas y democráticas. Apoyándose en los países más prósperos, esta estrategia de cooperación regional debe seguir el principio de emulación en materia de bienestar y elevación del nivel de vida y favorecer las inversiones con el atractivo de un mercado suficientemente amplio.

Asimismo debe fomentarse la protección del medio ambiente, el desarrollo de una agricultura adaptada a las necesidades de la población, la planificación urbana, la investigación, la difusión de las nuevas tecnologías y la cultura, porque la inversión en estos sectores garantiza las condiciones de un desarrollo sostenible a largo plazo.

- A fin de garantizar una inserción progresiva de los países ACP en los flujos de intercambios internacionales y revitalizar los intercambios UE/ACP, el Comité propone que se mantenga la fórmula de la «reciprocidad diferenciada», que favorecerá en particular la emergencia de mercados regionales entre los propios países ACP.

- El Comité manifiesta el deseo de que se garantice y mantenga la coherencia entre la política comercial y la política de cooperación al desarrollo.

- El Comité hace propuestas precisas para mejorar el funcionamiento de los instrumentos de Lomé, en particular mediante un refuerzo de los dispositivos de programación y evaluación (Programas operativos nacionales y regionales, programas operativos de iniciativa comunitaria), la creación de mecanismos horizontales de intercambio, cooperación e inversión accesibles directamente a cualquier operador, el desarrollo de inversiones presupuestarias de utilización simple y rápida para apoyar los microproyectos, y en particular los propuestos por las organizaciones sindicales y patronales, asociaciones de la mujer, sector cooperativo y de las ONG, etc.

El Comité subraya el interés de los programas horizontales, que permiten el intercambio y la transferencia de experiencias -incluyen también el intercambio y la transferencia entre los países ACP y con operadores de regiones vecinas (cuenca mediterránea, África central, etc.), para favorecer la difusión de las mejores prácticas y una mayor apertura al mundo.

- El Comité insiste en que la política de ayuda al desarrollo de la Unión Europea debe integrarse en un marco coherente junto con las acciones individuales de los Estados miembros. A través de la necesaria financiación del Fondo Europeo de Desarrollo, el Comité hace propuestas para incrementar la complementariedad entre las acciones nacionales y la intervención comunitaria. En este sentido, el Comité aboga por una mayor coherencia de la Unión mediante su participación en las organizaciones internacionales de ayuda al desarrollo.

- El Comité Económico y Social, órgano de la Unión Europea representativo de la sociedad civil, considera que la condición para el éxito de una nueva política de cooperación reside tanto en una mejor eficacia y transparencia del funcionamiento de la gestión de esta política en la UE y los países ACP, como en una verdadera participación de las fuerzas económicas y sociales y de las empresas, cuya implicación debe garantizarse desde la etapa de concepción de las acciones.

1. Introducción: Las razones de un Libro Verde y el papel del Comité Económico y Social

1.1. El Cuarto Convenio de Lomé cubre el período comprendido entre marzo de 1990 y febrero del año 2000. Se realizó una revisión intermedia, según el acuerdo firmado el 4 de noviembre de 1995, en Isla Mauricio, de conformidad con las disposiciones previstas en el actual Convenio. En virtud de lo dispuesto en el Convenio, las dos Partes -UE y países ACP- deberán entablar negociaciones con vistas a su renovación, a más tardar dieciocho meses antes de que expire el Convenio actual, es decir, en septiembre de 1998. Hasta ese momento, la UE debe proceder a aclarar su posición.

1.2. El objetivo del Libro Verde es iniciar en la Unión Europea un amplio debate sobre los principales elementos y las perspectivas de esta negociación, antes de que la Comisión Europea proponga un mandato de negociación al Consejo de Ministros en el segundo semestre de 1997.

1.3. El Comité se congratula de la iniciativa de la Comisión Europea, que abre así, y por vez primera, un debate sobre el principal instrumento de su política de cooperación y ayuda al desarrollo. En respuesta a la consulta de la Comisión, el Comité Económico y Social -representativo, en virtud de los Tratados, de la sociedad civil de la Unión Europea- expresa su voluntad de participar activamente en este debate. En efecto, el Comité es ya un «actor» del Convenio de Lomé, puesto que asume la responsabilidad de organizar el diálogo de los medios económicos y sociales de la UE y de los países ACP por medio de reuniones anuales en las que se aprueban resoluciones comunes transmitidas a las instancias del Convenio.

1.4. Basándose en las conclusiones de estas reuniones, el Comité puede aportar una visión «sobre el terreno» de los objetivos y el funcionamiento del Convenio a partir de los análisis y experiencias de los agentes económicos y sociales. Gracias a estas reuniones, el Comité se encontraba ya en condiciones de formular un gran número de observaciones y sugerencias expuestas en el presente Libro Verde: efectos insuficientes de las disposiciones comerciales, muy baja participación de los medios económicos y sociales en la definición y aplicación de los objetivos del Convenio, insuficiente atención a las acciones que favorecen la cohesión social y la mejora de las condiciones de vida de la población.

1.5. El Comité acaba de aprobar un dictamen de iniciativa () que aporta un enfoque muy innovador sobre las disposiciones indispensables para mejorar la eficacia de los programas de ayuda al desarrollo, que hace hincapié, sobre todo, en una mejor gestión de las ayudas públicas, una mayor participación de los medios económicos y sociales a través de la cooperación descentralizada, la lucha contra la corrupción y la asistencia a las administraciones locales en sus esfuerzos por conseguir una mayor eficiencia.

2. Los nuevos factores en juego de la negociación que se prepara

2.1. Lomé, un modelo de cooperación discutible

2.1.1. El Convenio de Lomé organiza desde 1975 las relaciones comerciales y financieras entre la UE y los países ACP, cuyo número actual es de setenta y uno. El propio Convenio es, por una parte, heredero de una política de cooperación que vincula a la Comunidad con los países y territorios de ultramar y, por otra, continuación de los Convenios de Yaundé, centrados principalmente en el África francófona.

2.1.2. El Primer Convenio de Lomé, de 1975, estableció un modelo de cooperación y de ayuda al desarrollo que tuvo grandes repercusiones a escala internacional. Por primera vez, un conjunto de países desarrollados negociaba, sobre una base contractual y de asociación, un acuerdo de cooperación multilateral con un capítulo sobre el comercio favorable en principio a los países ACP y programas de asistencia ampliamente descentralizados, así como un mecanismo innovador de estabilización de los ingresos de las exportaciones de los países ACP.

2.1.3. Las primeras críticas contra el modelo «Lomé» no empezaron a manifestarse hasta finales de los años ochenta -debido en particular a la presión de acontecimientos y restricciones exteriores-, fecha a partir de la cual pasó a convertirse en objeto de debate, especialmente en el seno de la Unión Europea. Los resultados mediocres en materia de desarrollo en un gran número de países ACP, esencialmente africanos, alimentaron este debate. Se constata, sin embargo, un desarrollo diferenciado, ya que determinados Estados africanos han experimentado tasas de crecimiento muy prometedoras a lo largo de los últimos años. Se constata asimismo una diversidad entre estados vecinos, por ejemplo, la situación de Haití en comparación con los demás países de la región del Caribe.

2.1.4. Desde el punto de vista financiero, el Convenio de Lomé sigue siendo en la actualidad la partida presupuestaria exterior más importante de la Unión Europea: aún representa entre el 30 y el 35 % de las ayudas exteriores, es decir, unos 2 000 millones de ecus anuales. Esta ayuda, que se concede a través del Fondo Europeo de Desarrollo, no transita directamente por el presupuesto comunitario e interviene en función de criterios de reparto específicos entre Estados miembros que tienen en cuenta los intereses particulares de algunos de estos estados () (así pues, Francia es el primer contribuyente del FED con un 24,3 % del total de las contribuciones). Este mecanismo particular de financiación, que escapa al control y competencias del Parlamento Europeo es, pues, en resumidas cuentas un tanto arcaico. La «financiación» del FED es una cuestión de actualidad y debería ser objeto de proyecciones presupuestarias a fin de evaluar sus repercusiones en cada Estado miembro. Con el fin de permitir a determinados Estados miembros, más comprometidos en materia de cooperación, que aporten, como en la actualidad, una contribución más importante que la que resultaría de la financiación del FED, se les daría la posibilidad de completar su contribución aportando fondos bilaterales a la ayuda europea. De esta forma se lograría una mayor complementariedad entre ayuda comunitaria y ayuda nacional.

2.1.5. La aportación de Lomé representa, sin embargo, un esfuerzo común considerable. Si a ello sumamos las ayudas públicas acumuladas que los Estados miembros y sus distintas instituciones y organismos públicos (incluyendo las regiones y demás entes locales) conceden directamente a los países ACP, el gasto público anual acumulado de la Unión Europea en favor de estos países se situó, según la Comisión, entre los 5 y 8 mil millones de ecus en los diez últimos años. Los esfuerzos de rigor a los que se someten actualmente todos los Estados miembros y a los cuales tienen la voluntad de someter el presupuesto de la Unión condicionaran evidentemente el debate sobre el futuro de Lomé.

2.1.6. Las reuniones entre medios económicos y sociales de los países ACP y de la UE, organizadas por el Comité Económico y Social, han revelado en particular una cierta falta de eficacia de los programas de cooperación. Así, por ejemplo, la programación y la gestión de las intervenciones del Fondo Europeo de Desarrollo, confiadas en muy amplia medida a las autoridades políticas de los países beneficiarios, se perciben como frecuentemente alejadas de las necesidades y preocupaciones del sector privado y los agentes económicos y sociales en general. Desafortunadamente, las declaraciones comunes en ese sentido no han pasado de ser hasta ahora «letra muerta». Por ello, el Comité desea presentar propuestas concretas que permitan una verdadera descentralización de las acciones y una participación adecuada de los medios económicos y sociales.

2.2. La Unión Europea en movimiento

2.2.1. Paralelamente al incipiente debate en torno a la eficacia y la oportunidad de Lomé, la Unión Europea experimenta evoluciones internas considerables que influyen necesariamente en el planteamiento que hoy puede ser el suyo.

2.2.2. Las ampliaciones sucesivas han modificado singularmente el marco de las relaciones políticas y económicas entre la Unión y los países del Sur. Por una parte, la Unión Europea ha podido establecer, al margen del Convenio de Lomé, una estrecha asociación con Latinoamérica, región del mundo con la que también mantiene lazos históricos y culturales muy fuertes. La adhesión, en 1995, de Austria, Finlandia y Suecia -países muy volcados en la ayuda al desarrollo, pero sin pasado «colonial»- contribuye también a renovar sobre nuevas bases la estrategia de la Unión en materia de desarrollo.

2.2.3. El Acta Única Europea y el Tratado de la Unión Europea introdujeron notables cambios en la naturaleza misma de la Unión Europea. La realización del mercado interior y la perspectiva de la moneda única influyen igualmente en el tipo de relaciones económicas y comerciales que la Unión puede ofrecer a sus interlocutores. En efecto, el establecimiento de un mercado más integrado, con elevadas normas de calidad e higiene modifica las condiciones de acceso de los productos de los países ACP a los mercados de la Unión. Por otro lado, los esfuerzos de convergencia impuestos por la creación de la Unión Económica y Monetaria tendrán una incidencia directa en la capacidad de contribución de los Estados miembros a la ayuda al desarrollo. Independientemente de ello, la voluntad de la Unión Europea de adquirir a escala internacional un peso político acorde con su peso comercial crea un nuevo contexto para las negociaciones. El Convenio de Lomé puede convertirse, en efecto, en un campo de aplicación para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Los nuevos Tratados que resulten de la actual Conferencia Intergubernamental acelerarán probablemente más esta tendencia.

2.2.4. El Tratado de la Unión Europea estableció como objetivo de una política de cooperación (artículo 130 U), el desarrollo económico y social sostenible, la inserción armoniosa y progresiva en la economía mundial y la lucha contra la pobreza.

2.2.5. En los años ochenta, en el contexto de la mundialización de los intercambios y de la caída de la URSS y de su aparición en la escena política internacional, la Unión Europea desarrolló nuevas relaciones contractuales con otras regiones del mundo como la cuenca mediterránea, Europa oriental o Asia. En algunos casos, estas relaciones adoptaron formas nuevas en términos de ventajas comerciales y de modalidades de cooperación. Se trata, entre otras cosas, de dispositivos directamente accesibles a los operadores, empresas, universidades, organismos de formación y entes locales. En general, estas políticas dedican mayor atención al fomento y desarrollo del sector privado. Estos logros y experiencias deberán tenerse en cuenta ahora, en la reflexión sobre la renovación de la política de Lomé.

2.3. El mundo en movimiento

2.3.1. La caída de la URSS modificó el contexto de las rivalidades ideológicas y luchas de influencia que tienen lugar en los países de la UE y los Estados ACP. Aún es demasiado pronto para apreciar todos sus efectos. El modelo de desarrollo por medio de una gestión económica autoritaria y planificada de tipo soviético ya no tiene vigencia. No obstante, todo parece indicar que pueden aparecer nuevas concepciones encontradas, tanto desde el punto de vista político y cultural (respeto de los derechos humanos, libertades religiosas, modelo democrático), como en el aspecto económico y social. De hecho, sería un error considerar que es posible un único tipo de desarrollo. La Unión Europea debe aún poder proponer su propia visión del desarrollo.

2.3.2. La conclusión de la Ronda Uruguay, en 1995, y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dan también lugar a un nuevo contexto que condicionará la negociación -al margen del simple respeto de nuevas reglas multilaterales- para la definición de las relaciones comerciales entre la UE y los países ACP. El Convenio de Lomé es objeto de una excepción temporal a las reglas de la OMC hasta su fecha de expiración en el año 2000, aunque después de esa fecha las disposiciones comerciales deberán adaptarse al nuevo marco multilateral o negociarse. Sin embargo, para el Comité Económico y Social debe constituir un tema de reflexión la reducción constante en los últimos veinte años de la parte -globalmente considerada- correspondiente a los países ACP en la producción y las exportaciones mundiales. Según un estudio reciente llevado a cabo por el Harvard Institute for International Development, una parte del retraso del África subsahariana en materia de desarrollo con respecto a Asia o América Latina se debe a su escasa capacidad para participar en los flujos de intercambios internacionales. Desde el punto de vista comercial, por tanto, se impone una renovación de los términos actuales del Convenio de Lomé, no sólo para adaptar éste al nuevo marco internacional, sino también para que los propios países ACP resuelvan los problemas resultantes de los efectos de la mundialización y ayudarlos a que se integren progresivamente en los flujos de intercambios internacionales.

2.3.3. Pese a la realidad de la mundialización de los intercambios comerciales, las grandes potencias mundiales -Estados Unidos, Japón y la Unión Europea- elaboran o han elaborado estrategias regionales de asociación. Los acuerdos de Lomé no pueden quedar al margen de esta realidad y es preciso decidir de qué modo debe y puede incluir en ellos un nuevo Convenio: en dirección a África, en relación con el diálogo euromediterráneo; al Caribe, incluyendo la asociación con Latinoamérica; en la región del Pacífico, necesariamente condicionada por sus vínculos con Asia. Se constata con preocupación un descenso global de las inversiones europeas en los países ACP en estos últimos años, mientras que, en cambio, las inversiones japonesas o norteamericanas han aumentado.

2.3.4. En este contexto, las relaciones con los países ACP constituyen un tema clave para la Unión Europea. Entre el peligro de una «trivialización» de esta asociación, que perdería su carácter privilegiado y reduciría al mismo tiempo la influencia política y económica de Europa, y el malestar actual creado por un Convenio que, de hecho, ya no parece responder a los desafíos y necesidades de este final de siglo, el Comité aboga por una renovación fundamental del Convenio.

3. Las prioridades del Comité Económico y Social

3.1. El Comité felicita a la Comisión por la claridad y pertinencia de las opciones presentadas en el Libro Verde. El Comité considera que, esta vez, la Comisión Europea ha hecho un excelente uso de la práctica de los Libros Verdes, ofreciendo opciones realistas a fin de entablar un debate de fondo con todos los actores interesados por el tema, tanto fuera como dentro de la Unión Europea. La Comisión evita privilegiar una u otra opción, presentando las ventajas e inconvenientes, y de este modo aporta realmente una contribución esencial al incipiente debate.

3.2. El Comité desea abordar principalmente la cuestión de fondo relativa a la vigencia del marco actual de Lomé, incluyendo su capítulo comercial, proponer una concepción renovada de la política europea de ayuda al desarrollo y hacer propuestas concretas a fin de mejorar el funcionamiento de los instrumentos actuales.

3.3. Desde el punto de vista de los principios, y como órgano de la Unión Europea representativo de la sociedad civil, el Comité considera que la prioridad de una política de cooperación y ayuda al desarrollo debe ser contribuir a un desarrollo económico y social sostenible y autónomo a fin de mejorar las condiciones de vida y empleo de todas las capas de la población, sobre todo las más desfavorecidas, prestando particular atención a las mujeres. Para ello, el Comité considera que hay que dar prioridad:

3.3.1. al refuerzo de las estructuras asociativas sindicales, agrupaciones profesionales y organizaciones femeninas que garantizan, sobre todo desde el punto de vista de la educación, la participación en las decisiones y la vida democrática, una mayor cohesión del tejido social y contribuyen de este modo a un desarrollo sostenible;

3.3.2. a la creación de un clima que favorezca verdaderamente el desarrollo del sector privado local y el espíritu de empresa, motores del desarrollo económico y la creación de empleo;

3.3.3. a valorar mejor las capacidades y potencialidades de las mujeres y de los hombres de los recursos humanos por medio de la educación, los intercambios, la formación profesional y la cultura;

3.3.4. a garantizar una representación justa y equitativa de las mujeres en la educación y en el proceso de decisión;

3.3.5. a una revalorización de la acción pública, democrática y basada en iniciativas voluntarias, para favorecer el desarrollo y la seguridad de la persona y velar por condiciones favorables para la creación de la riqueza y su justo reparto;

3.3.6. a garantizar que se tengan más en cuenta las cuestiones relativas a la protección del medio ambiente y el entorno, las cuales necesitan inversiones a largo plazo;

3.3.7. a velar por una mejor utilización de los recursos públicos gracias a una gestión más eficiente y una lucha eficaz contra la corrupción. Los esfuerzos deben tener en cuenta tanto el modo de gestión y los circuitos administrativos de los países en desarrollo, como las prácticas y modos de proceder de las autoridades y operadores de los países donantes.

3.3.8. a apoyar la cooperación regional en todas sus formas, en particular la creación de mercados integrados y regionales. La Unión Europea tiene en la materia una responsabilidad heredada de su experiencia e historia.

4. Vigencia del marco actual del Convenio de Lomé

4.1. La necesidad de un nuevo Convenio, o dicho de otro modo: ¿debe mantenerse, fragmentarse o ampliarse el marco único que estructura actualmente las relaciones con los setenta Estados ACP? Vale la pena estudiar este asunto, tanto por razones de eficacia como desde la perspectiva de una visión amplia y estratégica de las relaciones exteriores de la Unión que englobe las nuevas realidades del mundo actual: mundialización y estrategias regionales. Cualquiera que sea la opción que se elija, las relaciones preferenciales e históricas entre diversos Estados miembros y los países ACP se seguirán manteniendo. Cabe preguntarse, por tanto, si sería razonable desmontar por completo el marco actual, cosa que haría perder a la Unión Europea el beneficio de estas relaciones. No obstante, las opciones consistentes en introducir diferencias en función de zonas geográficas (África subsahariana, región del Caribe y Pacífico) son dignas de consideración y debate con los medios económicos y sociales de la UE.

4.2. Teniendo en cuenta las especificidades geográficas de las distintas zonas y el interés de la Unión Europea por mantener relaciones políticas privilegiadas con los países ACP, el Comité considera que la Unión Europea debería disponer en todo caso de un marco de cooperación reforzado que incluya el diálogo político y la aplicación de los dos nuevos pilares de la Unión Europea (la PESC y la Cooperación en los asuntos de Justicia e Interior para tratar los problemas de inmigración) con los países ACP. La elección entre el mantenimiento de un marco único o un convenio de referencia que contenga instrumentos distintos según las zonas geográficas debería ser objeto de detenido debate entre la Unión Europea y los países ACP.

Con independencia de la opción elegida, el Comité se pronuncia a favor de un planteamiento que permita una diferenciación real, a fin de que los problemas económicos y políticos propios de cada una de las grandes zonas geográficas sean abordados y examinados en un marco adecuado:

4.2.1. Un marco de cooperación con el África subsahariana, que implique un diálogo político desarrollado con los Estados y las agrupaciones de Estados, en particular la Organización para la Unidad Africana (OUA). En este marco de cooperación se podrán abordar las cuestiones de interés mutuo, el desarrollo de la cooperación, así como los temas relacionados con los otros dos pilares de la Unión Europea (la política exterior y de seguridad común, los asuntos de Justicia e Interior). El respeto de los derechos humanos fundamentales y las cuestiones relativas a las medidas de confianza destinadas a garantizar la paz y la estabilidad en el continente africano deberían figurar entre los principales temas de cooperación política.

4.2.2. Marcos de cooperación con las cuencas del Caribe y del Pacífico que impliquen, tanto desde el punto de vista político como operativo, una relación fuerte y permanente en lo que se refiere a los acuerdos y programas de la Unión Europea existentes con las zonas vecinas (América Central y del Sur para la región del Caribe, Asia para el Pacífico).

4.2.3. El Comité considera que también se podría establecer un marco específico para la zona del Océano Índico (Seychelles, Isla Mauricio, Madagascar, Comores);

4.2.4. En cuanto a la zona del Pacífico, Asia y Océano Índico, es necesario asimismo velar por la coherencia y complementariedad de las acciones a favor de los países ACP y de las que se desarrollan tanto para las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea como los PTU vecinos (Países y Territorios de Ultramar).

4.3. En cualquier caso, el Comité aboga por un refuerzo del principio contractual y asociativo que constituye la originalidad del enfoque europeo. En ese marco, de acuerdo con el principio fundamental de igualdad entre Estados soberanos, se debe plantear el futuro de la configuración de un nuevo convenio. Se trata de enriquecer este marco, hacerlo más coherente con la estrategia global de relaciones exteriores de la Unión y la PESC. Reforzado y diferenciado, según las zonas geográficas, el marco global de Lomé podría, pues, ampliarse a otros países o zonas geográficas.

No obstante, en el marco de cualquier nuevo acuerdo de cooperación deberá establecerse un equilibrio entre el concepto de igualdad inherente entre Estados y la necesidad de llevar a cabo cualquier futura asociación de forma flexible para que, llegado el caso, la UE pueda administrar la concesión de la ayuda con eficacia.

4.4. El Comité pide una mayor coherencia entre la política de Lomé y las demás políticas de la Unión Europea, sobre todo en materia de política exterior, relaciones comerciales exteriores, trabajo y empleo, seguridad y justicia, así como con las acciones bilaterales de los Estados miembros. A tal efecto, el Comité apoya el planteamiento del Libro Verde de la Comisión y propone un enfoque verdaderamente global de la ayuda al desarrollo. Para ello, el Comité propone mecanismos permanentes de concertación, tales como: reuniones periódicas de los Directores políticos en el marco de la PESC, inclusión de los asuntos de política de inmigración en el orden del día de las reuniones de los Ministros de Justicia y de Interior, renovación del marco de cooperación para incluirlo dentro de una estrategia global y geográfica de las relaciones exteriores de la Unión, concertación obligatoria en materia de programación de la ayuda mediante una planificación plurianual concertada en cuyo seno se busquen las cofinanciaciones UE/Estados miembros.

4.5. En el marco comunitario, la «financiación» del FED debe tener en cuenta una mayor sinergia entre acciones nacionales y comunitarias. En caso contrario, la «comunitarización» de las ayudas de Lomé tropezará con la realidad de grandes divergencias de apreciación y de compromiso entre los diferentes Estados miembros y su capacidad de contribución financiera a esta política. El Comité aboga, pues, por una «comunitarización del FED» en favor de las acciones horizontales, los programas de ayuda a la cooperación regional y los programas operativos para los países más desfavorecidos, mientras que los Estados miembros se encargarían de aportar las contribuciones nacionales específicas a los programas y países que considerasen prioritarios. De este modo, la «financiación» de Lomé iría acompañada de un esfuerzo real de coherencia entre acciones comunitarias y políticas nacionales. El Comité considera que este esfuerzo de coherencia debería constituir una de las grandes prioridades de la reforma del Convenio actual.

4.6. El Comité insiste en que la acción comunitaria debe coordinarse mejor con las acciones y programas realizados por las instituciones internacionales, en particular aquellas en que los Estados miembros participan de manera importante y a veces preponderante (OIT, PNUD, FAO, ONUDI, UNESCO, y Banco Mundial). A este respecto, el Comité propone la firma de contratos de objetivos entre la Unión y estas instituciones, que permitan la financiación por la Unión Europea de acciones llevadas a cabo por dichas instituciones. La colaboración con estos organismos debe llevarse a cabo tanto in situ, en el marco de una programación concertada de las acciones de cooperación, como a nivel central, garantizando sobre todo una mejor coherencia de la participación y la estrategia de los Estados miembros y la propia Unión con respecto a estas organizaciones.

4.7. Por último, el Comité se pronuncia a favor de que se amplíe la asociación, sobre todo a agentes locales, sector privado, sindicatos y medios asociativos, porque lo considera una condición para lograr una mayor eficacia en materia de cooperación dentro de la perspectiva de un objetivo de desarrollo económico y social sostenible. Esta participación de los medios económicos y sociales debe abarcar desde la concepción hasta la aplicación de las acciones de cooperación.

4.7.1. Así, por su experiencia en lo que se refiere a reuniones de los medios económicos y sociales UE/ACP, el Comité propone que se refuerce la estructura consultiva actual, mediante la inclusión de un mecanismo de concertación económica y social gestionado por el CES que adopte la forma de comités paritarios organizados preferentemente sobre una base geográfica y regional y que garanticen una representación justa de la sociedad civil, sin discriminación de sexo o de etnias. Dichos comités deberían evaluar, junto a la Asamblea paritaria parlamentaria, los planes de desarrollo económicos y sociales presentados por los países y sometidos a la aprobación y financiación de la Unión. Los dictámenes negativos podrían obligar los Estados beneficiarios a revisar su proyecto.

4.7.2. El CES reivindica asimismo su participación directa en las futuras negociaciones sobre la renovación de Lomé.

5. Renovación del marco comercial

5.1. Se impone una renovación del marco comercial, tanto más cuando la situación global de los países ACP no ha cesado de deteriorarse en lo que se refiere a la evolución de los términos de intercambios, tanto desde el punto de vista de sus relaciones con la UE, donde sus cuotas de mercado pasaron del 7 % en 1975 al 2,8 % en 1995, como en el comercio mundial (de los 30 productos de exportación más significativos la cuota de mercado de los países ACP a nivel mundial pasó del 9,7 % en 1975 al 2,8 % en 1995). Esta preocupante evolución justifica por sí misma una revisión del marco comercial a fin de aumentar su eficacia. Dicha revisión debería tener en cuenta asimismo la adaptación del Convenio a las nuevas normas de comercio internacional y la erosión real de las preferencias de Lomé en favor de los países menos avanzados con respecto al sistema multilateral de preferencias generalizadas. La existencia de «success stories» en materia de inserción en los flujos de intercambios internacionales (Isla Mauricio, Zimbabue, Costa de Marfil, Fiji, Jamaica, etc.), así como los resultados globalmente más esperanzadores obtenidos en 1996 son muy instructivos, en este sentido, para imaginar las mejoras necesarias.

5.2. En lo que al comercio se refiere, el Libro Verde propone cuatro grandes variantes: la integración del comercio en el sistema de preferencias generalizadas, con el fin de evitar todo tipo de excepción a los principios de la OMC, el mantenimiento mejorado del sistema actual, un sistema de reciprocidad uniforme y, por último, un sistema de reciprocidad diferenciada. El Libro Verde presenta las ventajas y los inconvenientes de cada una de las opciones así como dos variantes subsidiarias que combinan distintas opciones. El Comité tiene intención de valorarlas en función de los criterios siguientes:

5.2.1. las opciones anteriores en términos de cobertura geográfica, en particular el interés por la cooperación regional entre países de una misma zona, a fin de favorecer la creación de mercados regionales;

5.2.2. el interés por garantizar a los países ACP un acceso más fácil y progresivo a los mercados mundiales;

5.2.3. la búsqueda de una mayor eficacia a la vista de los mediocres resultados obtenidos por los mecanismos actuales de fomento del comercio y los intercambios;

5.2.4. tener en cuenta el diferente nivel de desarrollo económico de los distintos países;

5.2.5. la voluntad de que la Unión Europea conserve su capacidad para proponer una oferta sustancial y global en materia comercial, que no elimine las ventajas ofrecidas hasta ahora por el Convenio, sobre todo en términos de no reciprocidad de los intercambios;

5.2.6. el deseo de coherencia entre la política de desarrollo y la política comercial de la Unión Europea, con el fin de no provocar falseamientos de competencia que penalizarían el florecimiento de las producciones locales;

5.2.7. el desarrollo, cuando las condiciones naturales lo permiten, de una agricultura orientada prioritariamente hacia las necesidades de las poblaciones.

5.3. Teniendo en cuenta estos criterios, el Comité considera prioritario:

5.3.1. Tener más en cuenta las diferencias de desarrollo económico y la capacidad para integrarse en los flujos de intercambios mundiales (véase la situación contrastada entre la Isla Mauricio y Madagascar). Por ello, el Comité no está a favor del mantenimiento de un marco único, ni siquiera mediante la opción de una reciprocidad uniforme.

5.3.2. La búsqueda de una mayor eficacia en el marco de una responsabilidad particular de la Unión con sus interlocutores, sobre todo en África; a este respecto, la simple aplicación de los principios de la OMC y de los sistemas de preferencias generalizadas no ofrecerá garantías suficientes, y hará que los Estados más avanzados pierdan el beneficio principal de Lomé. Sin embargo, es necesario ser consciente de la necesidad de hacer compatible a largo plazo el dispositivo actual con las normas del comercio internacional y favorecer la integración de dichos países en el contexto de la globalización de los intercambios. Por tanto, la UE y los países ACP deben procurar que la OMC acepte el mantenimiento temporal de determinadas preferencias no recíprocas para los países ACP menos desarrollados.

5.4. La «reciprocidad diferenciada», aplicada íntegramente, es la única opción que permite a la vez un trato diferenciado y el mantenimiento de una asociación contractual. Además, respeta las normas de la OMC. De hecho, se trataría de negociar con zonas geográficas o grupos de países, o bien Estados individuales, programas progresivos destinados a garantizar la apertura de los mercados. La progresividad permitiría a los países ACP menos desarrollados mantener, por una duración limitada, protecciones destinadas a apoyar el desarrollo de determinados sectores de actividad.

5.5. Por último, la opción de la «reciprocidad diferenciada» comporta dos grandes ventajas, según el Comité Económico y Social. La primera es que favorece la cooperación regional entre los países ACP en la medida en que estos programas de apertura incluirían prioritariamente un capítulo «interno» para la zona en cuestión, que establecería una aceleración del proceso de liberalización de los intercambios y una mayor cooperación entre países, que en la mayoría de los casos disponen de mercados demasiado exiguos para afirmar su competitividad a escala internacional. La acumulación de las normas de origen, que concedería en principio la Unión, permitiría reforzar las bazas comerciales de estos mercados regionales y favorecer así las inversiones. La segunda es que otorga una mayor credibilidad a estos países de cara a los inversores extranjeros, ya que aporta la confianza y la estabilidad de un proceso que puede considerarse irreversible.

5.6. En el marco de esta opción, se debe prestar una atención especial a las relaciones comerciales entre los propios países ACP, así como con los PTU y las regiones comunitarias ultraperiféricas vecinas, con el fin de aplicar más rápidamente los principios de reciprocidad y apertura de los intercambios y favorecer, de este modo, la emergencia de verdaderos mercados regionales. Estos programas se centrarán asimismo en la eliminación de los obstáculos técnicos que impiden los intercambios entre países ACP, sobre todo en materia de normalización. La experiencia de la Comunidad podría resultar muy instructiva a este respecto.

5.7. La aplicación de esta política de «reciprocidad diferenciada» deberá ir acompañada de planes de actuación destinados a permitir verdaderamente que estos países desarrollen producciones que les permitan encontrar salidas en los mercados mundiales. Estos planes se referirán sobre todo a la calidad y la fiabilidad de los circuitos de producción, y su objetivo será estimular la participación de los productores en las filiales de exportación y distribución. Con el fin de acompañar la aplicación de estos planes, la Unión Europea podría crear un centro de asistencia técnica y cooperación comercial, encargado de divulgar las mejores prácticas a partir de las «success stories» y de informar a los exportadores sobre los mecanismos de acceso a los mercados de la Unión Europea (normas de calidad, de higiene, etc.). En los países ACP, esta actividad se llevaría a cabo en relación con la CNUCYD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y en la Unión Europea podría confiarse al CDI (Consejo de Desarrollo Industrial), dentro del marco de ampliación de sus funciones, en la medida en que la complementariedad entre industria y comercio no necesita demostración.

5.8. La ventaja de dotar esta opción con un marco único que comprenda temporalmente las distintas opciones es que permitiría conservar un apartado comercial bien identificado y al mismo tiempo responder a situaciones particulares, con el mantenimiento provisional de preferencias no recíprocas para los países menos avanzados y ciertos protocolos para los productos, sobre todo azúcar, plátanos o carne bovina.

5.9. Con el fin de dar mayor claridad a esta oferta, el Comité recomienda una perspectiva única (la «reciprocidad diferenciada») compatible con las normas de la OMC y que se considera la más favorable para la integración de los países ACP en el comercio mundial. No obstante, para garantizar la progresividad del mecanismo y mantener un marco comercial común, esta perspectiva podría ir acompañada de un calendario de aplicación que comporte, en el contexto de un marco único, el mantenimiento de dispositivos transitorios y temporales.

5.10. Los intercambios agrícolas entre la Unión Europea y los países ACP están sometidos a normas particulares que dependen de la Política Agrícola Común. Sin embargo, sus efectos se ven limitados por el hecho de la diferenciación, en general, entre las producciones de los países ACP, de tipo tropical o subtropical, y los de la Unión Europea. La Unión Europea debe procurar apoyar determinadas producciones de los países ACP frente a la competencia internacional, evitar posibles efectos negativos en la Política Agrícola Común y analizar los problemas que puedan plantearse a raíz de ello. En este sentido, la existencia de protocolos particulares (azúcar, plátanos, carne bovina) es un instrumento importante, en particular para determinados países, como la Isla Mauricio, en la que esta disposición ha tenido efectos muy positivos y ha favorecido su desarrollo. Para otros países, también en el marco de acceso libre al mercado comunitario de productos ACP no cubiertos por la PAC (productos tropicales sobre todo), la calidad insuficiente de los productos y las dificultades de comercialización son las verdaderas causas del escaso desarrollo de los intercambios agrícolas entre la Unión y los países ACP. La creación progresiva de zonas de libre comercio no debería plantear problemas reales a la Unión Europea en ese sector, con la condición de que se mantengan, al menos temporalmente, determinados protocolos para los productos, destinados a apoyar las exportaciones de los países ACP en espera de los beneficios de productividad y calidad que les permitan ser competitivos en los mercados mundiales. Una diferenciación en la aplicación de estos protocolos, que resulte realmente beneficiosa para los países más desfavorecidos, logrará hacerlos más aceptables a escala internacional en el momento de su renegociación obligatoria después del año 2000 y permitirá que sus beneficiarios los consideren verdaderamente como medidas excepcionales.

6. Una concepción renovada de la política de ayuda al desarrollo

6.1. Hoy en día se cuestiona en sí el concepto de ayuda al desarrollo. El Comité constata que en la actualidad el debate se centra en las concepciones minimalistas y humanitarias (ayudar a los pueblos que viven por debajo del umbral de pobreza) y en la visión ultraliberal según la cual el comercio y el librecambio serían las únicas claves para el desarrollo.

6.2. En cambio, el Comité aboga por un enfoque original, fiel a las tradiciones europeas, que se base en los valores universales que inspiraron la firma del primer convenio de Lomé: humanismo, solidaridad, asociación. No obstante, esta visión debe adaptarse a las nuevas realidades de una Europa en movimiento y de un mundo en evolución. Por ello, el Comité propone que se adopten nuevos principios de funcionamiento y nuevas prioridades, sin renunciar a los principios básicos del planteamiento europeo de ayuda al desarrollo.

6.3. En primer lugar, el Comité propone una renovación de la asociación. Teniendo en cuenta la nueva dimensión política de la Unión, la asociación debe comportar un diálogo sobre los valores esenciales: derechos humanos, democracia, respeto de las libertades religiosas, derechos sociales y sindicales, igualdad entre hombres y mujeres, defensa de la propiedad privada y seguridad de las inversiones nacionales y extranjeras, lucha contra todo tipo de delincuencia y prevención de la corrupción. El Comité considera que el diálogo debe implicar una verdadera asociación que no sea sólo unidireccional. Para prevenir la corrupción, por ejemplo, los países europeos también tienen que realizar esfuerzos, sobre todo no favoreciéndola en el terreno fiscal, como aún es el caso lamentablemente en determinados Estados miembros.

Tanto en la Unión Europea como en los países ACP, este diálogo debe implicar no sólo a los gobiernos sino que, en el marco de una asociación verdadera, debe contar obligatoriamente con las instituciones parlamentarias y las fuerzas económicas y sociales. Esta ampliación de la asociación dará un nuevo impulso al Convenio y constituirá una prueba de eficacia y transparencia.

6.4. Sólo en el marco de esta asociación reforzada y de un verdadero diálogo sobre los valores comunes se puede considerar, de manera contractual, la aplicación de programas entre la UE y los países ACP o agrupaciones de Estados que incluyan un capítulo de apertura comercial y programas de cooperación técnica y financiera. El Comité desea que estos programas favorezcan verdaderamente el impulso económico y social de los países beneficiarios y que el importe de la ayuda, en vez de calcularse aritméticamente, se establezca en función de la calidad de los programas presentados y de la voluntad común de alcanzar los objetivos fijados. La Comisión Europea deberá fijar de antemano sus prioridades en materia de cooperación.

6.5. En cuanto a las prioridades, el Comité Económico y Social considera que se deben abrir nuevos ámbitos de cooperación. Los programas de cooperación han de aspirar a un desarrollo sostenible que debe favorecer al conjunto de la sociedad del país elegible y garantizar un progreso paralelo y armonioso desde el punto de vista económico y social, es decir, favorecer el impulso del sector privado, condición esencial para la creación de empleo, y establecer las condiciones para un verdadero progreso social basándose en las normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo.

6.5.1. Con el fin de favorecer la comprensión mutua, los intercambios entre personas deben situarse en el centro de los programas de cooperación. El Comité está convencido de que la confrontación de las diversidades culturales puede proporcionar un enriquecimiento mutuo considerable. Este nuevo enfoque tendrá consecuencias prácticas muy concretas: sustituir los programas por proyectos, organizar la transferencia de conocimientos entre agentes locales, desarrollar considerablemente los programas de intercambio, favorecer las acciones horizontales destinadas a las regiones.

6.5.2. El Comité considera asimismo fundamental el desarrollo de estructuras intermedias, indispensables para el buen funcionamiento de una sociedad dinámica: asociaciones de empresarios, sector cooperativo, asociaciones de consumidores, sindicatos, cámaras de comercio (artesanía, agricultura, comercio e industria). El mejor modo de llevar a cabo esta prioridad sería desarrollar los lazos de cooperación entre agentes de la UE y de los países ACP.

6.5.3. La buena salud de un sector privado dinámico, sobre todo en la industria y los servicios es un factor fundamental para garantizar el empleo, el crecimiento y la elevación del nivel de vida. A tal objeto se debe programar un determinado número de proyectos globales con el fin de favorecer el espíritu de empresa, canalizar el ahorro local hacia las empresas y apoyar el desarrollo de las PYME. Es fundamental que estos programas se realicen en estrecha concertación con los empresarios y que las ayudas concedidas les atañan directamente. Al mismo tiempo, se debe incitar a los Estados a que creen las condiciones de confianza que garanticen la inversión y favorezcan la iniciativa privada: fiscalidad incitativa y transparente, eficacia de los servicios de interés general, funcionamiento correcto de la justicia, lucha contra la corrupción, etc.

6.5.4. Entre los nuevos ámbitos por desarrollar, la cooperación cultural merece ocupar un puesto prioritario. En tanto que factor de emancipación de la población, la cultura es un instrumento de primer orden para el florecimiento económico y social de los países en vías de desarrollo. El Comité propone la creación de mecanismos destinados a favorecer los intercambios y la realización de proyectos conjuntos entre Estados europeos y países ACP, basándose en el modelo del programa MEDIA: ayuda a la creación y difusión de obras, apoyo a las coproducciones cinematográficas o teatrales, conocimiento recíproco de las tradiciones culturales, etc.

6.5.5. La educación y la formación, especialmente la técnica y profesional, deben ser el centro de toda política de desarrollo, y todo programa o proyecto respaldado por Europa debería incluir ya una parte sustancial reservada a estas cuestiones. Al ser consciente de la gran importancia que tiene este tema a la hora de garantizar un desarrollo sostenible, el Comité podría examinar este tema, insuficientemente abordado en el Libro Verde, y proponer, mediante un dictamen de iniciativa, una intensificación de la asociación entre la UE y los países ACP en este ámbito organizando intercambios y becas de formación. En este ámbito se debería prestar una atención particular a la cooperación con las empresas y el desarrollo de las técnicas de enseñanza a distancia.

6.5.6. El buen funcionamiento de un Estado, garante de las libertades individuales y capaz de movilizar la sociedad en torno a un proyecto colectivo y garantizar un nivel suficiente de servicios de interés general, es condición fundamental para favorecer la actividad económica endógena y atraer las inversiones extranjeras. La Unión Europea podría proponer a los países ACP que lo necesiten programas de modernización de la administración, que se podrían aplicar con la ayuda de los Estados miembros. Dichos programas deben incluir un capítulo de aproximación jurídica, destinado sobre todo a precisar y armonizar los procedimientos comerciales, facilitar la protección de las inversiones, agilizar los procedimientos aduaneros y fiscales, modernizar la justicia y garantizar el progreso social mediante la introducción de las normas de la Organización Internacional del Trabajo. La Unión Europea podría encargarse sobre todo de proporcionar su asistencia técnica a los proyectos de integración regional en vista de su experiencia y de su historia.

6.5.7. Entre otros temas prioritarios, el Comité desea mencionar el desarrollo rural y la planificación urbana, estrechamente vinculados. La desertización del campo y la extrema densidad de la población en las ciudades constituyen en un gran número de países ACP factores de riesgo de agravamiento de las tensiones e inducen efectos negativos en el medio ambiente. Son ámbitos en los que se podrían utilizar con provecho los conocimientos especializados y la experiencia de la Unión Europea. Así pues, el desarrollo de una agricultura eficaz, adaptada a las necesidades de las poblaciones locales o colindantes, combinado con el desarrollo de la pluriactividad (turismo-artesanía) y de reformas agrarias debe constituir igualmente una cuestión prioritaria, así como las acciones en favor de las ciudades con el fin de mejorar su entorno habitable, etc.

6.5.8. El Comité desea asimismo que se profundice en el tema de la cooperación industrial y de las inversiones, ampliamente infrautilizadas e infraexplotadas en el marco del Convenio actual. En primer lugar, el tema de la seguridad de las inversiones debe ser estudiado a fondo, ya que en la actualidad las empresas europeas, particularmente las PYME, abandonan un gran número de países ACP por falta de confianza. Se deberían proponer dispositivos especiales de confianza y garantías, como por ejemplo los mecanismos aseguradores o de arbitraje.

6.5.9. Entre los demás temas horizontales, el Comité desea que los futuros convenios establezcan programas que fomenten la investigación y el desarrollo (participación de empresas de los países ACP en determinados programas europeos, acciones de divulgación y valorización, programas de demostración en materia de ahorro energético), las redes modernas de información y la protección del medio ambiente.

6.5.10. El Libro Verde hace referencia a ayudas directas a los presupuestos de los Estados con el fin de contribuir a reducir la deuda. Según el Comité, la concesión de dichas ayudas sólo puede concebirse en el marco de un plan de reestructuración de la deuda, que incluya la posibilidad de anular la deuda, y proyectos destinados a mantener un nivel de inversión que favorezca un desarrollo económico y social sostenible (educación y formación, sanidad, servicios de interés general, infraestructuras básicas), así como medidas estructurales que contribuyan a impulsar el sector privado y una correcta administración.

7. Mejorar los instrumentos de cooperación

7.1. Los problemas de eficacia de los instrumentos de cooperación se reflejan actualmente en el retraso cada vez mayor a la hora de asignar los créditos del Fondo Europeo de Desarrollo. Así, los fondos del VIII° FED, establecidos, tras un compromiso laborioso, en el Consejo Europeo de Cannes, celebrado en junio de 1995, y cuyo importe se eleva a 13 300 millones de ecus para el período de 1996 al año 2000, corren el peligro de no ser asignados antes del año 2000, es decir, después de la expiración del presente Convenio. Aunque dicho retraso tiene su origen en causas diversas, algunas de ellas relacionadas con las dificultades políticas que atraviesan determinados países ACP, no por ello deja de plantear un verdadero problema de fondo en cuanto a la eficacia de los instrumentos actuales. Por consiguiente, el Comité propone algunas ideas para una renovación de los métodos e instrumentos de cooperación.

7.2. Sustituir la lógica de los programas por la de los proyectos. Hoy en día, a pesar de la existencia de programas indicativos nacionales, el ejercicio de programación es demasiado modesto en comparación con la instrucción mediante proyectos. El Comité propone que se dé prioridad a los programas, lo cual permite coordinar mejor la ayuda con los objetivos definidos en el marco de la asociación. Por programa entiende el Comité un proyecto de envergadura que propone objetivos precisos de desarrollo económico y social, presenta las medidas destinadas a lograr esos objetivos y establece dispositivos de consulta con los medios económicos y sociales, de seguimiento y evaluación, etc. Estos programas, que podrían denominarse «Programas operativos nacionales» (PON) o «Programas operativos regionales» (POR) y se aplicarían a conjuntos de Estados, se negociarían de manera contractual, y serían sometidos a consulta ante la Asamblea paritaria y los comités paritarios de concertación económica y social paritaria que el Comité convoca por decisión propia. Un dictamen negativo por parte de las mismas implicaría una reformulación de los programas. Estos programas nacionales o regionales determinarían los compromisos económicos de la Unión Europea, de los países beneficiarios en su caso, de los Estados miembros y de otras organizaciones nacionales e internacionales. Como en el marco de los Fondos estructurales europeos, la Comisión Europea podría lanzar de forma paralela «Programas operativos de iniciativa comunitaria» (POIC) sobre temas concretos: apoyo al sector privado, protección del medio ambiente, acciones de investigación y desarrollo, formación profesional y educación, desarrollo rural y planificación urbana, etc.

7.3. Crear instrumentos horizontales de cooperación, gestionados por la Unión Europea con agentes europeos locales. Las experiencias positivas de la Unión Europea, a través de sus instrumentos en favor de las PYME (Centros europeos de información empresarial, encuentros en el marco de la cooperación transnacional entre las PYME, apoyo a las empresas conjuntas con ayuda del programa JOPP), programas en favor de la educación y la formación (LEONARDO, SÓCRATES), programas de cooperación en el ámbito de la planificación urbana (MED URBS), programas culturales (MEDIA, RAPHAEL, etc.), programas de desarrollo rural (LEADER), podrían transferirse útilmente al nuevo Convenio de Lomé. Dichos instrumentos serían directamente accesibles a los operadores de los países ACP y la Unión Europea, y serían evaluados únicamente en función de su calidad. Creando sinergias entre estos instrumentos y los programas existentes en la Unión Europea, así como con los países de la cuenca mediterránea, América central u otras regiones del mundo, se favorecerá una difusión de las mejores prácticas y una mayor apertura al mundo.

7.4. Fomentar instrumentos de crédito e inversión en favor de empresas locales, particularmente PYME, diseñados con la asistencia del Banco Europeo de Inversiones y los bancos que operan en los países beneficiarios. Se trata principalmente de préstamos globales que utilizan la experiencia en materia de ingeniería financiera de los instrumentos comunitarios (garantías, capital riesgo, etc.), así como la creación de instrumentos destinados a fomentar las inversiones europeas en los países ACP: reuniones empresariales en el marco de la cooperación transnacional entre las PYME, facilidades para las empresas europeas del tipo JOPP o ECIP.

7.5. Ampliar las funciones del Centro para el Desarrollo Industrial (CDI) que, con una mayor dotación de medios, debería desempeñar un papel más importante en materia de asistencia técnica directa a los operadores europeos y ACP, en relación sobre todo con los instrumentos destinados a fomentar las inversiones. Se podría ampliar sus funciones, para los operadores de los países ACP, a la asistencia al desarrollo de los intercambios y el comercio: respeto de las normas de calidad e higiene, organización de los circuitos de distribución, asociación, etc. En efecto, el desafío de los industriales de los países ACP será cada vez más estar en medida de elaborar productos competitivos en los mercados mundiales. Con sus nuevas competencias, el CDI podría ser rebautizado como «Centro para el Desarrollo de Empresas» (CDE). Con el fin de reforzar su acción habrá de apoyarse, aún más que antes, en las redes locales de empresas de la Unión Europea, sobre todo para incrementar su eficacia en ciertos Estados miembros. En aras de la mencionada eficacia, el Centro debería reforzar su cooperación con las organizaciones internacionales especializadas como la ONUDI (industria) o la CNUCYD (comercio) situadas en los países ACP, y llevar a cabo operaciones conjuntas o complementarias en el marco de proyectos comunes.

7.6. Modernizar los instrumentos STABEX y SYSMIN. A pesar de sus resultados muy positivos en la estabilización de los ingresos procedentes de la exportación de los productos básicos, no han permitido a los países ACP desarrollar estrategias exportadoras alternativas. La posición de la mayoría de los países ACP en los mercados mundiales se ha deteriorado y el carácter automático de las ayudas no ha sido un factor de emulación o dinamismo. Para el STABEX, la solución podría consistir en supeditar la concesión de las ayudas a programas de desarrollo de las exportaciones en sectores alternativos con un valor añadido importante (industria, servicios, productos agrícolas y productos básicos transformados, etc.) Debido al gran potencial del sector minero, el Comité propone más bien una flexibilización de los procedimientos y una orientación más sistemática del programa que favorezca un desarrollo del sector privado local o europeo, particularmente mediante la financiación de estudios de viabilidad y aportaciones de capital riesgo.

7.7. Descentralizar la realización de las operaciones. Numerosos programas exigen una aportación de asesoramiento y transferencias de conocimientos. El Comité considera que tanto los agentes económicos y sociales como los distintos operadores de la Unión Europea tienen esa capacidad. La experiencia de los programas para Europa del Este, PHARE y TACIS, ha demostrado los límites de la utilización abusiva y costosa de expertos que ni están integrados en la vida económica del país ni se encargan de la formación de los responsables locales. El Comité aboga, pues, por el método de la cooperación descentralizada como medio prioritario de aplicación de las operaciones de asistencia técnica y cooperación. Esta técnica presenta la ventaja de establecer un contacto directo, sin intervención del Estado, ahorrar medios, reducir los plazos y favorecer la asociación. La estructura permanente de concertación económica y social, que se reúne a petición del Comité, podría encargarse en este contexto de favorecer el establecimiento de redes de cooperación entre agentes de los países ACP y de la UE.

7.8. Se ha de establecer un dispositivo presupuestario adecuado para apoyar las iniciativas directas adoptadas por los actores de la sociedad civil. Ha de ser especialmente concebido para responder a los modos de acción específicos de dichos actores y, por ejemplo, incluir líneas distintas para las ONG, por una parte, y, por otra, para las organizaciones representantes de los trabajadores o empresarios. El modo de acceso a este dispositivo debe adaptarse a las características de los solicitantes y sus plazos de respuesta deben ser breves. Este dispositivo debe ser directamente accesible a las organizaciones de los países ACP, y no estar reservado -como es actualmente el caso- a las organizaciones de la Unión Europea.

7.9. Hacer más eficaz la gestión de las operaciones. Para los instrumentos horizontales y los programas operativos de iniciativa comunitaria relacionados principalmente con las inversiones, la educación y la formación, el medio ambiente, la cultura o la planificación urbana, el Comité propone la creación en Bruselas de equipos de especialistas con conexiones en los países ACP, cuya tarea consistiría más en orientar y asesorar a los que presentan proyectos que ejercer un simple control administrativo. En cuanto a los programas operativos, el Comité no cree que una centralización de la gestión de los programas en Bruselas resuelva las dificultades actuales. Considera, en cambio, que se garantizará una mayor eficacia de los programas si se recurre sistemáticamente a la cooperación descentralizada y se exige la inclusión en todos los programas de un capítulo de asistencia técnica. Dicha asistencia técnica, pues, podría correr a cargo de expertos, personas enviadas especialmente en el marco de la cooperación descentralizada o agentes de los Estados miembros experimentados. En el caso de los países que cuentan con una administración eficaz y adaptada, debe descentralizarse al máximo la gestión a ese nivel, mientras que en los demás países se deberían incrementar las competencias de las Delegaciones de la Comisión Europea para la gestión in situ.

7.10. Desarrollar la evaluación y el seguimiento. A fin de garantizar un mejor seguimiento de los programas, el Comité propone que se refuercen las Delegaciones de la Comisión Europea mediante la aportación de personal externo cualificado y experimentado procedente del sector privado, el sector asociativo o las administraciones de los Estados miembros. Al mismo tiempo, el Comité desea que se cree un instrumento de evaluación permanente independiente a cargo de profesionales. Cada programa nacional o regional debería ser objeto de revisiones intermedias que se transmitirían a las organizaciones políticas y consultivas.

7.11. Organizar la coherencia de los programas de desarrollo. El Comité Económico y Social quiere garantizar que las acciones comunitarias sean verdaderamente coherentes y complementarias con las acciones bilaterales de los Estados miembros, así como con las de las instituciones internacionales, sobre todo el Banco Mundial, el FMI, la OIT y las agencias especializadas de las Naciones Unidas, como la ONUDI, la UNCTAD, la UNESCO o la FAO. Solicita, pues, que el instrumento de programación sea utilizado a este fin. Cada programa debería incluir indicaciones precisas sobre las acciones nacionales e internacionales complementarias. Se firmarían contratos de objetivos con los interlocutores, incluidos los Estados miembros. Dichos contratos harían referencia tanto a las contribuciones financieras adicionales, principalmente de determinados Estados miembros o grupos de Estados miembros, como a la eventualidad de que la Unión Europea cediese a los interlocutores la gestión de determinados programas operativos.

Bruselas, el 10 de julio de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() Dictamen sobre «Ayuda al desarrollo, buen gobierno y papel de los grupos de interés socioeconómicos» (Ponente: Sr. Strauss, Coponente: Sr. Masucci).

() Contribuciones actuales de los diversos Estados miembros al presupuesto del 8° FED.

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