COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 12.10.2016 COM(2016) 590 final 2016/0288(COD) NOTE

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Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 303 final/2}

{SWD(2016) 304 final}

{SWD(2016) 305 final}

{SWD(2016) 313 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta Desde la última revisión del marco regulador de las comunicaciones electrónicas de 2009, el sector ha evolucionado significativamente y se ha incrementado su papel como fenómeno facilitador de la economía en línea. Las estructuras de mercado han evolucionado, debilitándose cada vez más el poder de mercado monopolístico, al tiempo que la conectividad se ha convertido en un elemento ampliamente presente en la vida económica. Los consumidores y las empresas recurren cada vez más a los servicios de datos y acceso a Internet en lugar de a la telefonía y otros servicios de comunicación tradicionales. Esta evolución ha supuesto la irrupción de tipos de agentes del mercado anteriormente desconocidos que compiten con los operadores tradicionales de telecomunicaciones [p. ej. los denominados operadores de transmisión libre (OTT): proveedores de servicios que ofrecen una gran variedad de aplicaciones y servicios, incluidos los servicios de comunicaciones, a través de Internet]. Al mismo tiempo, se ha incrementado asimismo la demanda de conectividad fija e inalámbrica de alta calidad, con el aumento del número y la popularidad de los servicios de contenidos en línea, tales como la computación en la nube, la Internet de las cosas (IoT), la comunicación de máquina a máquina (M2M), etc. Las redes de comunicaciones electrónicas también han evolucionado. Entre los cambios principales cabe citar los siguientes: i) la transición en curso hacia un entorno exclusivamente IP, ii) las posibilidades que brindan las nuevas y mejoradas infraestructuras de red subyacentes, que sustentan la capacidad de transmisión, prácticamente ilimitada, de las redes de fibra óptica, iii) la convergencia de las redes fijas y móviles hacia ofertas de servicios sin fisuras para los usuarios finales, con independencia de la ubicación o del dispositivo utilizado y iv) el desarrollo de enfoques técnicos innovadores de gestión de las redes, en particular las redes definidas por software y la virtualización de las funciones de la red (NFV). Estos cambios operativos y de uso exponen las normas vigentes a nuevos retos cuya importancia se incrementará probablemente a medio y largo plazo, y, por tanto, deben tenerse en cuenta a efectos de la revisión del marco regulador de las comunicaciones electrónicas. Esta revisión debe abordarse a la luz de la Estrategia para el Mercado Único Digital (MUD) de Europa. La Estrategia para el Mercado Único Digital reconocía la importancia de los cambios de paradigma que está experimentando el sector digital y afirmaba que los particulares y las empresas deben poder acceder sin fisuras a actividades en línea y realizarlas en condiciones de competencia leal. Además, anunciaba que «La Comisión presentará propuestas en 2016 para una revisión ambiciosa del marco reglamentario centrándose en i) un enfoque de mercado único coherente sobre la política y gestión del espectro, ii) proporcionar las condiciones para un verdadero mercado único, abordando la fragmentación normativa para permitir economías de escala en los operadores de redes y proveedores de servicios eficientes y una protección eficaz de los consumidores, iii) garantizar la igualdad de condiciones para todos los operadores del mercado y la coherencia en la aplicación de las normas, iv) incentivar la inversión en las redes de banda ancha de alta velocidad (incluida una revisión de la Directiva de servicio universal) y v) un marco regulatorio institucional más efectivo». En función de este compromiso, y de acuerdo con los requisitos de «Legislar mejor», la Comisión llevó a cabo una evaluación ex post. Se examinaron la eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE del marco regulador de la Unión, y se pusieron de relieve ámbitos en los que existe un potencial de simplificación, sin detrimento de los objetivos de dicho marco. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial Como los servicios de conectividad prestados a través de las redes de comunicaciones electrónicas constituyen la espina dorsal de los servicios y productos digitales, la presente propuesta encierra un alto grado de sinergia con otras iniciativas incluidas en la estrategia del mercado único digital. La propuesta complementa asimismo la reglamentación sectorial existente. En particular, la propuesta es plenamente coherente con la Directiva 2014/61/UE (Directiva de reducción de costes de la banda ancha), estableciéndose así a través de ambas un conjunto global de normas que facilitan el despliegue de infraestructuras de banda ancha. Junto con el recientemente adoptado Reglamento (UE) 2015/2120, que garantiza una Internet abierta y suprime los recargos por itinerancia, la presente propuesta proporciona un elevado nivel de protección de los usuarios finales en otros ámbitos que requieren normas sectoriales. Las normas propuestas en materia de gestión del espectro se basan en instrumentos actualmente existentes en este ámbito, especialmente la Decisión 676/2002/CE sobre el espectro radioeléctrico, la Decisión 2002/622/CE por la que se crea un Grupo de política del espectro radioeléctrico y la Decisión 243/2012/UE por la que se establece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico (PPER). Por último, también allana el camino para la revisión de la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, anunciada como parte de la estrategia del mercado único digital. •Coherencia con otras políticas de la Unión Aunque la propuesta aborda cuestiones de reglamentación que obedecen a las características específicas del sector de las comunicaciones electrónicas en cuanto industria de red, se basa en la actual legislación de la UE en varios ámbitos y la complementa. En el ámbito de la regulación del mercado, las propuestas se basan en los principios de la legislación de la UE en materia de competencia, al igual que el marco regulador existente. Establece medidas adicionales, como la cartografía de los despliegues de red, que también proporcionan información útil a efectos de las ayudas estatales y, por lo tanto, mejora la coherencia de ambas políticas. En lo concerniente a la protección del usuario final, las normas propuestas complementan la legislación horizontal de protección de los consumidores, atendiendo a las especificidades del sector, por un lado, y racionalizando, por otro, las actuales normas específicas del sector en ámbitos en los que la anterior legislación ha experimentado una evolución desde la última revisión realizada en 2009. De esta manera, la propuesta evita solapamientos en ámbitos en los que las normas horizontales bastan por sí solas para garantizar un nivel adecuado de protección de los usuarios finales. La política de cohesión y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) constituyen una herramienta importante para colmar las lagunas de conectividad en zonas donde el mercado presenta deficiencias y deben asignarse de forma que puedan aprovecharse al máximo los recursos disponibles. La propuesta contribuye al logro de este objetivo proporcionando unas condiciones adecuadas para las inversiones privadas, de modo que los fondos públicos puedan canalizarse hacia donde son más necesarios. La propuesta conserva la actual complementariedad entre las comunicaciones electrónicas y la política de servicios de comunicación audiovisual, pues continúa garantizando el mantenimiento del marco sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel de la Unión o a nivel nacional, de conformidad con el Derecho de la UE, destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular, los relacionados con la regulación de los contenidos y la política audiovisual. La distinción entre la regulación de la transmisión de la señal de radiodifusión y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en cuenta los vínculos que existen entre ambas, con el fin de garantizar, en particular, el pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los consumidores. •Coherencia con las obligaciones derivadas del Derecho internacional La propuesta es coherente con las obligaciones del Derecho internacional existentes, incluido el AGCS y su anexo sobre telecomunicaciones y el documento de referencia del AGCS. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que su objetivo es establecer el mercado interior de las comunicaciones electrónicas y garantizar su funcionamiento.

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) Dado que la propuesta es una revisión del marco actual, el análisis de subsidiariedad que figura a continuación se centra en lo siguiente: el nuevo objetivo de conectividad ubicua y sin condicionamientos, la armonización de las competencias de las autoridades nacionales de reglamentación (ANR), la armonización de las cuestiones relacionadas con el espectro y la revisión de las normas sobre servicios. Conectividad ubicua y sin condicionamientos Sin conectividad ubicua de muy alta capacidad, el mercado único no puede aprovechar una parte significativa de su capital humano. Ello va en detrimento tanto de la cohesión territorial como de la capacidad de las empresas para producir de manera eficiente y ofrecer servicios innovadores y competitivos. La conectividad puede desempeñar un papel socioeconómico esencial para prevenir el aislamiento y la despoblación y servir de nexo entre las regiones periféricas y las regiones centrales de la UE. La situación de los Estados miembros en lo que concierne a la conectividad presenta notables divergencias. Existen discrepancias muy importantes, que no pueden explicarse exclusivamente por las diferencias en cuanto a paisaje, población, PIB o poder adquisitivo, sino que son el reflejo de las distintas opciones políticas elegidas tanto en la actualidad como en el pasado. La falta de intervención de la UE encaminada a la meta de lograr una conectividad ubicua y sin condicionamientos como objetivo específico del marco daría lugar a que se perpetuase este mosaico, con efectos negativos sobre el mercado único y los intereses de los consumidores. Armonización de las competencias de las ANR La configuración institucional otorga un alto grado de flexibilidad a las autoridades nacionales de reglamentación y los Estados miembros, lo que permite adaptar la reglamentación a las circunstancias nacionales o locales concretas. Sin embargo, este sistema comporta importantes deficiencias en ámbitos en los que la coherencia es esencial o contribuiría en mayor medida al interés común europeo. La reglamentación de algunos ámbitos requiere un enfoque más armonizado o coordinado a nivel de la UE. Ello puede lograrse, en particular, a través de la armonización de las tareas de las ANR, que posteriormente participan en el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE), en tanto en cuanto pilares de la configuración institucional. La armonización de las tareas de las ANR no debe traducirse en una reducción de su independencia política, sino, por el contrario, en la ampliación a todos los nuevos ámbitos de competencia del principio de no recibir instrucciones. Armonización de las cuestiones relacionadas con el espectro El espectro, al igual que otros recursos como los números y, en cierta medida, el territorio, es un recurso escaso que pertenece a los Estados miembros y en cuya gestión y asignación se deben tener en cuenta las especificidades y necesidades nacionales. Al mismo tiempo, es necesario disponer de una normativa más convergente y coherente a nivel de la UE en lo relativo a la entrada en el mercado, con objeto de eliminar los obstáculos a que dan lugar las divergencias indebidas de las condiciones para la asignación de derechos individuales de utilización del espectro, los números o el territorio. Se necesita una normativa coherente a nivel de la UE a fin de i) permitir a los proveedores extender sus servicios a otros Estados miembros; ii) crear un efecto de escala de mercado suficiente que pueda ser aprovechado por los Estados miembros que se encuentran en la vanguardia; iii) proporcionar a los ciudadanos y empresas de la UE un acceso oportuno a las capacidades y servicios inalámbricos más avanzados, de modo que puedan beneficiarse del entorno digital y de aplicaciones y servicios innovadores y desarrollar comercialmente y consolidar las ventajas de la economía digital, que evoluciona sin cesar hacia una economía «móvil» en la que la política del espectro juega un papel importante; iv) permitir a los países que van a la zaga ponerse a la altura y participar en el mercado único digital, lo que redundará además en que los Estados miembros más avanzados puedan intensificar los intercambios comerciales y de ciudadanos dentro de sus fronteras; y v) tratar de manera coherente a todos los usuarios del espectro en toda la Unión. Por último, para que la UE pueda situarse a la cabeza del mundo en lo que se refiere a nuevos y mejores servicios, como la 5G, los fabricantes de equipos y los proveedores de servicios de comunicaciones necesitan una escala suficiente. Ello implica no solo la armonización técnica, sino, lo que es más importante, un mercado interior cuyo desarrollo discurra en buena medida por los mismos cauces, de modo que los servicios y los dispositivos puedan beneficiarse de la existencia de unas normas estables y armonizadas. Servicios En lo concerniente a los servicios, la competencia entre los proveedores locales de servicios de comunicaciones electrónicas que agrupan el acceso a la red con los servicios y los proveedores globales de servicios de transmisión libre por las redes refuerza el derecho de la UE a intervenir para asegurar unas condiciones de competencia equitativas. También es necesario actuar a nivel de la UE para reducir la fragmentación de las normas de protección de los usuarios finales, que genera costes administrativos para los proveedores de servicios transfronterizos y obstaculiza el desarrollo de servicios innovadores, desembocando en un nivel de protección desigual e insuficiente de los consumidores en el conjunto de la Unión. •Proporcionalidad La propuesta cumple el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, ya que no excede de lo estrictamente necesario para la consecución de los objetivos. Realiza ajustes específicos del marco actual con el fin de responder a los cambios tecnológicos y de mercado y, en particular, a la necesidad de abordar a nivel de la Unión la disponibilidad y la implantación generalizada de redes de muy alta capacidad que constituyan el fundamento de un mercado único digital que funcione plenamente. En cuanto a la regulación del acceso, las autoridades nacionales de reglamentación siguen siendo competentes a la hora de garantizar que las deficiencias del mercado se aborden mediante soluciones adecuadas y que la regulación contribuya a la consecución de los objetivos políticos comunes. Las normas propuestas proporcionan a los reguladores instrumentos adicionales para hacer frente al actual reto de la conectividad, pero la forma en que vaya a hacerse uso de ellas dependerá de circunstancias nacionales que corresponde sopesar a los reguladores nacionales. El refuerzo selectivo de la supervisión reglamentaria, principalmente dando mayor relieve a la función del ORECE, se justifica por la falta de coherencia constatada en la aplicación de la normativa, elemento fundamental para impulsar el mercado interior. La gestión del espectro es asimismo una competencia que comparten la Comisión y los Estados miembros. Las normas propuestas proporcionan un marco global para la gestión coherente del espectro en la UE, disponiendo los Estados miembros de la discrecionalidad necesaria para ejecutar y aplicar las normas en función de las circunstancias nacionales. Debido a que la gestión del espectro tiene importantes implicaciones transfronterizas y ejerce un amplio impacto sobre la conectividad en el mercado interior, son necesarios determinados procedimientos de coordinación a nivel de la Unión. Aunque las normas de protección del usuario final introducen una armonización completa, con algunas excepciones específicas (por ejemplo, en materia de duración máxima del contrato), la armonización se limita a los ámbitos abarcados por la propuesta. Además, la elección del instrumento jurídico de la Directiva dará lugar a que los Estados miembros dispongan de cierta discrecionalidad para adaptar la aplicación a su legislación nacional. •Elección del instrumento La propuesta de Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas consiste en una refundición horizontal de las cuatro Directivas existentes (marco, autorización, acceso y servicio universal), que las agrupa en una sola Directiva. Cada una de las Directivas contiene medidas aplicables a las redes de comunicaciones electrónicas y a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. La revisión brinda la oportunidad de simplificar la estructura actual, con objeto de reforzar su coherencia y accesibilidad, en consonancia con el objetivo de la adecuación de la normativa. También ofrece la posibilidad de adaptar su estructura a la nueva realidad del mercado, en que la prestación de servicios de comunicaciones ya no lleva necesariamente aparejado el suministro de una red. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post/control de calidad de la legislación existente

En general, el documento de trabajo que acompaña a la propuesta y evalúa la idoneidad, desde el punto de vista reglamentario, de la normativa actual llega a la conclusión de que el marco regulador de las comunicaciones electrónicas ha alcanzado globalmente su objetivo general de garantizar un sector competitivo que brinda importantes beneficios al usuario final. No obstante, si bien los principales objetivos específicos del marco regulador —fomentar la competencia, desarrollar el mercado interior y promover los intereses de los usuarios finales— siguen siendo pertinentes, es necesaria su revisión a fin de hacer frente a la creciente necesidad de una mayor conectividad en el mercado único digital y de racionalizar las disposiciones a la luz de la evolución del mercado y los avances tecnológicos. Más concretamente, por lo que se refiere a los criterios específicos de evaluación, las constataciones pueden resumirse como sigue: Pertinencia - En términos generales, la evaluación ha puesto de manifiesto que los objetivos específicos del marco —fomentar la competencia, realizar el mercado único y proteger los intereses de los consumidores— siguen siendo tan válidos como siempre, habiendo adquirido mayor pertinencia el objetivo del mercado único. Una competencia eficaz y sostenible impulsa la inversión eficiente y es un acicate para el desarrollo del mercado interior. En última instancia, redunda en beneficio de los usuarios finales, ya que estimula la innovación y proporciona el máximo beneficio en cuanto a posibilidades de elección, precio y calidad. Al mismo tiempo, la conectividad ha emergido como la fuerza motriz que subyace a la sociedad y la economía digitales, respaldada por los cambios tecnológicos y la evolución de las demandas del mercado y de los consumidores: la realización del mercado único digital resulta clave para el compromiso político de la Comisión Juncker. Es preciso, por lo tanto, proceder a un ajuste de los actuales objetivos políticos e instrumentos de regulación para contribuir en mayor grado al despliegue de infraestructuras y la adopción generalizada de los servicios de conectividad correspondientes, en consonancia con las necesidades futuras. La mayoría de los ámbitos de regulación mantienen, o incluso ven aumentada, la relevancia que tenían en 2009, en particular la gestión del espectro, al tratarse de un insumo esencial, aunque escaso, para el despliegue de la actual y de la próxima generación de redes inalámbricas móviles y fijas, así como la regulación del acceso como medio para abordar las persistentes barreras de entrada en las redes. Por ejemplo, mientras los cambios experimentados por el mercado están poniendo en tela de juicio la pertinencia de determinados componentes específicos de las normas sobre servicio universal, el concepto de una «red de seguridad» garante de que todos los ciudadanos queden incluidos en una sociedad digital plenamente desarrollada está adquiriendo incluso mayor importancia en el mercado único digital. Del mismo modo, si bien algunas disposiciones específicas enmarcadas en el objetivo de protección de los usuarios finales podrían tener que ajustarse como consecuencia de los cambios tecnológicos, legislativos o del mercado, las necesidades fundamentales de protección del usuario final a las que obedecen esas disposiciones siguen siendo pertinentes y sus fines específicos continúan siendo esenciales. Eficacia - Se coincide generalmente en reconocer la eficacia del marco regulador para lograr un sector globalmente competitivo. Ello, a su vez, ha generado importantes beneficios para los usuarios finales, tales como la amplia disponibilidad de la banda ancha (básica), un descenso significativo de los precios y mayores posibilidades de elección. La regulación del acceso y el espectro, en particular, pero también las disposiciones de entrada en el mercado, han contribuido a la intensificación de la competencia. Sin embargo, la regulación del acceso ha contribuido a la competencia a nivel de servicios más que a nivel de la red, y, si bien han avanzado las inversiones en redes de muy alta capacidad, estas no se han producido en todos los Estados miembros al ritmo contemplado en las agendas políticas públicas dadas las necesidades futuras previstas. Es importante señalar que, aunque la liberación de una cantidad significativa de espectro para la banda ancha inalámbrica es un logro considerable, los avances en la gestión del espectro no han cumplido las expectativas de la última revisión, de modo que el despliegue y la adopción de la 4G se han producido con retraso y de forma fragmentada. Los esfuerzos para lograr el objetivo del mercado único se han traducido en unos resultados bastante modestos. La coherencia en la regulación únicamente se ha alcanzado en una medida limitada, lo que afecta a las actividades de los proveedores transfronterizos y reduce la previsibilidad en el caso de todos los operadores y sus inversores. El actual marco armoniza muy pocas de las competencias asignadas a las autoridades nacionales de reglamentación responsables de la regulación ex ante del mercado y permite a los Estados miembros asignar tareas dentro del marco a otras autoridades que no cumplen los mismos requisitos de independencia. El resultado es un mosaico, ya que, salvo en lo que concierne a la regulación ex ante del mercado, no hay ninguna otra competencia que tenga también atribuida la totalidad de las veintiocho autoridades nacionales de reglamentación que son miembros del ORECE. Lo que es más importante, los instrumentos de cooperación y coherencia disponibles han conducido a una situación en que no siempre se ha optado por las mejores soluciones reguladoras, lo cual ha tenido consecuencias para los usuarios finales. Los controles de coherencia a escala de la UE, a través de la actual estructura de gobernanza, contribuyen a la previsibilidad de la regulación del acceso en toda la Unión, si bien su influencia se ve considerablemente limitada en lo que respecta a los proyectos de soluciones de regulación. Del mismo modo, la falta de coherencia en la gestión del espectro, así como la ausencia de una configuración institucional para coordinar las asignaciones de este, han tenido consecuencias negativas para los usuarios finales, como el retraso en el despliegue de la 4G en la mayor parte de la UE. Aunque son significativos los logros del marco en lo que atañe a la protección de los usuarios finales y la garantía de una red de seguridad (servicio universal), la satisfacción de los consumidores ha crecido de forma relativamente lenta. Asimismo, es evidente que no todas las disposiciones sectoriales de protección de los usuarios finales siguen siendo adecuadas para la finalidad que perseguían, dados los cambios acaecidos a nivel de la tecnología, del mercado y de la legislación en general. Eficacia - Aunque no ha sido posible efectuar un cálculo preciso de los costes, la evaluación ha puesto de manifiesto que los beneficios del marco -para la mayoría de los operadores, los usuarios finales y la sociedad en su conjunto- superan con creces el coste de su aplicación. No obstante, si bien una intervención bien calibrada (por ejemplo, una regulación adecuada del acceso) podría requerir cierto nivel de complejidad, se han determinado una serie de ámbitos donde resultaría factible reducir la carga administrativa sin comprometer la eficacia de las disposiciones, e incluso mejorándola en algunos casos: por ejemplo, ciclos más largos en la regulación ex ante del mercado, procedimientos simplificados para la imposición de soluciones en los mercados de terminación, racionalización de algunas disposiciones de protección de los consumidores que se solapan. Valor añadido de la UE - El marco regulador ha resultado clave para hacer realidad la competencia en el mercado único, lo que, en cierta medida, no habría sido factible ni probable a escala nacional. Ha contribuido a la mejora de las prácticas reguladoras nacionales del sector, promoviendo -con éxito variable en ámbitos de regulación concretos- modelos de «el mejor de su clase» en toda la Unión Europea. La actuación de la UE también ha contribuido a proporcionar a los usuarios finales una protección más amplia, aunque no homogénea, que la que se habría conseguido de otro modo. Coherencia - En general, los distintos instrumentos que integran el marco regulador de las comunicaciones electrónicas se han reforzado mutuamente en la consecución de sus objetivos. No obstante, dos cuestiones merecen especial atención en el proceso de revisión: la coherencia entre i) la reglamentación encaminada a incentivar el despliegue de una red competitiva y ii) las normas sobre financiación de la UE y ayudas estatales en este sector, así como los posibles solapamientos entre determinadas disposiciones sectoriales y la legislación horizontal de defensa de los intereses de los consumidores. •Consultas con las partes interesadas El 11 de septiembre de 2015 se puso en marcha una consulta pública abierta específica, de doce semanas de duración, que permitió recoger aportaciones para el proceso de evaluación con el fin de examinar las disposiciones en vigor y recabar puntos de vista sobre posibles adaptaciones del marco, a la luz de la evolución del mercado y la tecnología. Abarcó una evaluación general del marco actual, así como una evaluación y revisión más detalladas de sus elementos específicos, es decir, i) la regulación del acceso a la red, ii) la gestión del espectro y la conectividad inalámbrica, iii) la regulación sectorial para los servicios de comunicaciones electrónicas, iv) las normas sobre el servicio universal y v) el marco institucional y la gobernanza. La consulta fue a la vez amplia y detallada, y concitó una gran abundancia de aportaciones de consumidores, proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, asociaciones de operadores nacionales y de la UE, organizaciones de la sociedad civil, organismos de radiodifusión, proveedores de tecnología, proveedores de Internet y de servicios en línea, empresas dependientes de la conectividad y agentes de la economía digital en sentido amplio, autoridades nacionales de todos los niveles, reguladores nacionales y otras partes interesadas. Entre las aportaciones recibidas figuran las de las partes interesadas afectadas por la política, que tienen que aplicarla o que tienen un interés declarado en dicha política. La consulta recibió un total de 244 respuestas en línea de partes interesadas de todos los Estados miembros, así como de fuera de la Unión. Se complementó con una audiencia pública celebrada el 11 de noviembre de 2015, en el ecuador de la consulta pública. Además de esta consulta, el ORECE contribuyó a la evaluación y el proceso de revisión y publicó su dictamen en diciembre de 2015. Además, el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSGP) también ha dado a conocer su dictamen sobre el mercado único digital y la revisión del marco. En el proceso de consulta se han puesto de manifiesto las siguientes tendencias: • La conectividad goza de amplio reconocimiento como fuerza motriz subyacente a la sociedad y la economía digitales, bajo el influjo de los cambios tecnológicos y las demandas cambiantes del mercado y de los consumidores. • Una buena conectividad se considera una condición necesaria para la realización del mercado único digital. Muchos de los participantes señalaron que se precisan medidas políticas, y posiblemente ajustes de la política actual y de los instrumentos reguladores, para favorecer el despliegue de infraestructuras en consonancia con las necesidades futuras.

• En algunas aportaciones se afirmaba que el actual marco regulador no impulsa suficientemente el mercado interior. Existe una percepción general de que es necesario que dicho marco se adapte a la dinámica actual del mercado. Sin embargo, muchos de los participantes han reconocido los logros propiciados por la liberalización de los mercados de las telecomunicaciones, especialmente en lo que se refiere a la competencia y los beneficios para los usuarios finales en la mayoría de los mercados nacionales. • En relación con el espectro, se reconoce la importancia de la conectividad inalámbrica y de la banda ancha inalámbrica. En general, el sector está a favor de un enfoque más coordinado y reclama una mayor certidumbre para las inversiones y las posibilidades de desarrollar en toda la UE nuevas comunicaciones inalámbricas y móviles, incluida la 5G. Se ha destacado la creciente importancia de una mayor flexibilidad en el acceso al espectro y en su utilización. • Las autoridades de los Estados miembros subrayan en general los logros conseguidos en el ámbito de la armonización técnica y la necesidad de que toda coordinación adicional se produzca en sentido ascendente y tenga carácter voluntario; algunas de ellas instan a alcanzar un mejor equilibrio entre armonización y flexibilidad. Hay unanimidad en reconocer la importancia de una mayor flexibilidad en el acceso al espectro y en su utilización en el futuro. • Las Administraciones de varios Estados miembros señalan que es preciso actualizar la normativa sobre telecomunicaciones, por razones que varían desde la necesidad de promover la inversión en infraestructuras de próxima generación a la necesidad de responder a los cambios tecnológicos y del mercado. También se pide mayor flexibilidad de las normas y su simplificación. • Mientras que, en opinión de las empresas de telecomunicaciones tradicionales, se han primado los intereses económicos en lugar de la inversión y la innovación a largo plazo, los operadores alternativos, el ORECE y las organizaciones de consumidores consideran que el marco ha cumplido en gran medida sus objetivos actuales. • Por lo general, los usuarios de las telecomunicaciones están a favor de la vigente regulación del acceso, si bien algunos estiman que se debería hacer hincapié en la competencia en los servicios en lugar de en la infraestructura subyacente, y que debe ponerse el acento en el uso compartido de las infraestructuras. • La inmensa mayoría de los participantes considera que debería aprovecharse la revisión para reconsiderar en su integridad el régimen de servicio universal. Las Administraciones de los Estados miembros estiman necesario mantener un servicio universal, con flexibilidad a nivel de cada Estado miembro en cuanto a la financiación y la aplicación a la banda ancha. El ORECE apoya el mantenimiento de la actual gama de instrumentos para la obligación del servicio universal. • Mientras que, para las Administraciones de diversos Estados miembros, los entes reguladores y las organizaciones de consumidores, sigue siendo necesaria una protección sectorial de los usuarios finales basada en una armonización mínima a alto nivel, el sector de las telecomunicaciones reclama una mayor preeminencia de la legislación horizontal y la plena armonización, en particular en materia de servicios. El sector de las telecomunicaciones en general, pero también algunas Administraciones, alegan que deberían aplicarse las mismas normas a servicios similares, mientras que otras Administraciones, así como los denominados operadores de transmisión libre (OTT), los proveedores de equipos y programas informáticos, los operadores de cable y algunos entes de radiodifusión son de la opinión de que el concepto de servicio de comunicaciones electrónicas, según se define actualmente, ha demostrado su solidez. • Si bien se celebra en general la función que han venido desempeñando las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades de gestión del espectro, un gran número de participantes subraya que debe revisarse la configuración institucional a escala de la UE para mejorar la seguridad jurídica y la rendición de cuentas. Como parte del proceso de evaluación, la Comisión también ha contratado la realización de una serie de estudios. La ejecución de estos estudios incluyó la organización de seminarios públicos donde las partes interesadas pudieron presentar sus observaciones y dar a conocer sus reacciones a la labor de evaluación en curso: el 6 de abril de 2016, se celebró un seminario público para validar los resultados provisionales del estudio SMART 2015/002, llevado a cabo por WIK, IDATE y Deloitte, sobre «Regulatory, in particular access, regimes for network investments models in Europe» (Regímenes de regulación, en particular del acceso, para los modelos de inversiones en redes en Europa), y el 2 de mayo de 2016, se celebró un seminario público para validar los resultados provisionales del estudio SMART 2015/003, llevado a cabo por WIK, CRIDS y Cullen, sobre «Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general end-user issues» (Cuestiones de fondo que deben revisarse en los ámbitos de entrada en el mercado, gestión de recursos escasos y cuestiones generales relativas a los usuarios finales). •Obtención y uso de asesoramiento especializado La Comisión se basó en el siguiente asesoramiento externo: Recomendaciones políticas de otras instituciones de la UE, en particular el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Tres estudios de evaluación específicos: «Support for the preparation of the impact assessment accompanying the review of the regulatory framework for e-communications» (Contribución a la preparación de la evaluación de impacto que acompaña a la revisión del marco regulador de las comunicaciones electrónicas) (SMART 2015/0005), «Regulatory, in particular access, regimes for network investment models in Europe» (Regímenes de regulación, en particular del acceso, para los modelos de inversiones en redes en Europa) (SMART 2015/0002), «Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general consumer issues» (Cuestiones de fondo que deben revisarse en los ámbitos de entrada en el mercado, gestión de recursos escasos y cuestiones generales relativas a los usuarios finales) (SMART 2015/0003). Además, han contribuido al proceso de revisión algunos otros estudios, que se enumeran en la sección 6.1.4 de la evaluación de impacto.

Panel de expertos de alto nivel en el marco del estudio SMART 2015/0005. •Evaluación de impacto El resumen de la evaluación de impacto y el dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario pueden consultarse en el sitio web de la Comisión: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm . Tal como se indica en la evaluación de impacto, se han examinado una serie de opciones y se han seleccionado las siguientes: Regulación del acceso Acceso de próxima generación y regulación centrada en la conectividad de alta calidad Esta opción considera que, si bien los principios esenciales del marco siguen siendo válidos, es necesario introducir ajustes importantes que proporcionen los incentivos necesarios para que tanto los operadores históricos como los competidores realicen inversiones o inversiones conjuntas viables en redes futuras que, en principio, sean capaces de ofrecer conectividad de muy alta capacidad a todos los ciudadanos y empresas de Europa. Espectro Normas vinculantes y que puedan hacerse cumplir para mejorar la coordinación de la gestión del espectro en la UE, haciendo mayor hincapié en la adaptación de las normas del espectro a los futuros retos de la 5G El objetivo que se persigue es adaptar el marco a la evolución de los acontecimientos en lo que se refiere a la conectividad ubicua y el despliegue de la 5G, así como garantizar una mayor coherencia en lo que respecta a las medidas de los Estados miembros, en particular las que afectan a unas condiciones de mercado competitivas y la regulación económica. Se pretende hacerlo mediante la introducción de mayores adaptaciones del marco, de instrumentos jurídicamente vinculantes y de un mecanismo de revisión por pares, lo que permitirá al ORECE, a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación examinar aquellos elementos de los procedimientos nacionales de asignación previstos en cada uno de los Estados miembros que inciden en mayor medida en la evolución del mercado y las empresas. Además, esta opción hará más hincapié en el entorno de inversión en redes de 5G densas. Servicio universal Adaptación gradual a las tendencias, con especial atención a la asequibilidad de las comunicaciones vocales y la banda ancha Esta opción centra la obligación de servicio universal en la UE en el aspecto de la asequibilidad, incluyendo en su ámbito de aplicación el suministro en la UE de comunicaciones vocales y banda ancha básica en condiciones asequibles, así como el derecho de los consumidores que se benefician de tarifas universales especiales a suscribir contratos. A nivel de la UE, la banda ancha se definiría por referencia a una conexión funcional de acceso a Internet establecida sobre la base de una lista mínima de servicios en línea, y que los Estados miembros pueden determinar con más detalle a nivel nacional, gracias a los cuales los usuarios finales podrán participar en la sociedad civil. Debe garantizarse la asequibilidad de estos servicios prestados en una ubicación fija, en particular a través de una ayuda directa, si bien los Estados miembros tendrán la posibilidad de incluir medidas de asequibilidad de los servicios móviles en el caso de los usuarios finales más vulnerables cuando esté acreditada esa falta de asequibilidad. La disponibilidad de estos servicios se impulsará principalmente mediante otros instrumentos políticos (incentivos a la inversión privada, ayudas estatales, obligaciones de cobertura relacionadas con el espectro, etc.) y solo podrán incluirse excepcionalmente a nivel nacional si su necesidad se acredita debidamente. Teniendo en cuenta que la banda ancha universal tiene una gama más amplia de beneficiarios (y no solo en el sector de las telecomunicaciones), esta opción recurre a la financiación con cargo a los presupuestos generales, por ser la forma más equitativa y menos distorsionadora de destinar fondos a la prestación del servicio universal. Servicios Servicios de acceso a Internet (SAI) y obligaciones reglamentarias para los servicios de comunicaciones electrónicas vinculados principalmente al uso de recursos de numeración Esta opción se basa en otras opciones. Propone, además de la regulación de los SAI, aplicar un conjunto limitado de normas sectoriales a los servicios de comunicaciones interpersonales, prestados tanto tradicionalmente (telefonía vocal o SMS) como a través de los SAI. En particular, la opción determina los ámbitos que aún requieren una protección sectorial en razón de sus características y propone aplicar por igual las normas correspondientes a todos los proveedores de servicios que sean funcionalmente equivalentes. En muchos casos, se tratará de los SAI más los servicios de comunicaciones interpersonales que utilizan números (se entiende por «utilización» el suministro de números a los propios abonados del servicio, o el suministro de un servicio que permite la comunicación con los abonados de otros proveedores a través de tales números). En ámbitos clave como la seguridad y la facultad de imponer la interoperabilidad, las normas pertinentes deben aplicarse a todos los servicios de comunicaciones interpersonales. Se propone que las normas para el usuario final estén plenamente armonizadas en la medida de lo posible, en lugar del actual enfoque de armonización mínima, a fin de aliviar la carga del cumplimiento y de evitar distorsiones en las condiciones de mercado entre los Estados miembros. A fin de reducir la carga reguladora, se propone suspender las obligaciones reglamentarias que ya no sean necesarias o se encuentren adecuadamente cubiertas por la legislación general de protección del consumidor. Un ejemplo destacado de ello es la supresión de la facultad de las ANR de imponer directamente la regulación de los precios al por menor. Por lo que se refiere a las obligaciones reglamentarias aplicables a los servicios de comunicaciones interpersonales, la mayor parte se vincularían a la utilización de recursos de numeración públicos, lo que confirma un enfoque definido por los reguladores al menos desde la última revisión del marco, pero que es muy cuestionado por los proveedores de servicios pertinentes y no está muy difundido en la práctica. Se redefine el alcance del acceso a los servicios de emergencia utilizando el concepto de servicios de comunicaciones interpersonales basados en números, si bien teniendo en cuenta la incapacidad de algunos servicios en línea para garantizar la calidad del servicio de este tipo de llamadas. Las normas para los servicios de comunicaciones interpersonales basados en números abarcarían, entre otras cosas, la duración de los contratos, la transparencia, la información sobre la calidad del servicio, la conservación del número, dirigida por el proveedor receptor, las herramientas de seguimiento del consumo, las herramientas de comparación de precios y calidad del servicio o las normas de cambio de proveedor en el caso de las ofertas conjuntas, a fin de evitar efectos de cautividad. Además, en determinados ámbitos, ciertos asuntos de interés público, como la seguridad, exigirán la aplicación de obligaciones reglamentarias a todos los servicios de comunicaciones interpersonales, es decir, incluso a los que se prestan a través de los SAI pero no utilizan recursos de numeración. Obligación de transmisión y guías electrónicas de programas (EPG)

Mantenimiento de la posibilidad para los Estados miembros de imponer obligaciones de transmisión y de EPG Esta opción permitiría mantener las actuales obligaciones de transmisión y de EPG. Se aclara, no obstante, que las obligaciones de transmisión pueden incluir datos que complementen los canales de radio y de televisión que soportan los EPG y servicios de televisión conectados. Numeración Adaptación del marco de la UE sobre numeración para abordar cuestiones de competencia en el mercado Con arreglo a esta opción, el marco se adaptaría para permitir a los Estados miembros asignar números a empresas que no sean proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas o redes. También permitiría el uso extraterritorial de determinados recursos de numeración dentro de la UE, sujeto a las salvaguardias adecuadas para proteger a los usuarios finales en todos los Estados miembros en los que se utilicen los números. Gobernanza Función consultiva del ORECE/RSPG, atribuyendo determinadas facultades normativas al ORECE, y mejora del proceso de revisión del mercado y asignación de espectro Esta opción prevé, en particular, un conjunto mínimo de competencias armonizadas para las ANR y la alineación de las tareas de las ANR y el ORECE, así como un alineamiento sustancial de la estructura de gobernanza del ORECE con el enfoque común sobre las agencias descentralizadas. Además, se atribuirán al ORECE tareas adicionales, como la facultad de adoptar decisiones vinculantes relativas a la identificación de los mercados transnacionales y en relación con una plantilla resumida de contrato; unas competencias casi vinculantes en relación con los procedimientos del mercado interior para los proyectos de medidas nacionales de regulación del mercado (el «sistema de doble llave» — véase más abajo) y la fijación de una única tarifa máxima de terminación para la UE; y el establecimiento de directrices en una serie de ámbitos: estudios geográficos, planteamientos comunes para responder a la demanda transnacional, criterios mínimos para las ofertas de referencia, criterios comunes de gestión de los recursos de numeración, parámetros de calidad del servicio, métodos de medición aplicables y características técnicas del modelo de costes que deben aplicar las ANR cuando fijen las tarifas de terminación simétricas máximas. También estará facultado para solicitar información directamente a los operadores. El ORECE se encargará asimismo de la creación de un registro para el uso extraterritorial de números y los acuerdos transfronterizos, así como otro registro de la UE de proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Además, se pedirá a este organismo que asista a la Comisión y las ANR en el ámbito de la normalización, ayudándoles a identificar la falta de interoperabilidad o la existencia de una amenaza para la conectividad de extremo a extremo o para el acceso efectivo a los servicios de emergencia. Por lo que se refiere a las medidas reguladoras, se propone un «sistema de doble llave» que, en aquellos casos en que el ORECE y la Comisión compartan una misma posición en relación con el proyecto de medidas propuesto por una ANR, la Comisión pueda exigir a dicha ANR que modifique o retire el proyecto de medida y, en caso necesario, vuelva a notificar el análisis de mercado. Se atribuirán al ORECE determinadas tareas adicionales relacionadas con la normativa y el asesoramiento. En lo que concierne al espectro, las ANR solo adquirirán competencias en la toma de decisiones relativas a las condiciones de regulación y configuración del mercado de la asignación de espectro para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Además, se introduce en el ORECE un sistema de «revisión por pares» como nuevo mecanismo de coordinación. En virtud de este mecanismo, las ANR deberán notificar sus proyectos de medidas sobre estos aspectos de la asignación del espectro al ORECE, que las examinará y emitirá un dictamen no vinculante. Por otra parte, se atribuirán a la Comisión facultades normativas generales adicionales en lo tocante al establecimiento de criterios para definir determinados elementos de la asignación del espectro, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el asesoramiento del RSPG y sobre la base de su adopción mediante comitología (Cocom) – a fin de orientar a las distintas ANR, así como la «revisión por pares» dentro del ORECE. El RSPG seguirá siendo un órgano consultivo y proporcionará dictámenes a la Comisión antes de adoptar las medidas de ejecución mediante el procedimiento de comitología. •Adecuación regulatoria y simplificación Las medidas políticas propuestas dentro del grupo de opciones preferidas se ajustan al programa REFIT y abordan el objetivo de simplificación y reducción de la carga administrativa, en consonancia con los resultados del ejercicio de evaluación sobre el potencial REFIT de la revisión. Varios de los cambios que se proponen en materia de acceso, espectro, servicio universal, servicios/usuarios finales, numeración y gobernanza persiguen el fin de aclarar las normas, permitir que las partes comprendan fácilmente sus derechos y obligaciones y evitar el exceso de reglamentación y las cargas administrativas. Los cambios propuestos incluyen, en concreto: la racionalización y la individualización geográfica de la regulación del acceso; la utilización (siempre que sea posible) de la autorización general, que se preferirá a las licencias individuales para el espectro; el fomento de los mercados secundarios de espectro; la supresión de obligaciones de servicio universal redundantes, tales como el requisito de garantizar el suministro de teléfonos de pago y guías de teléfonos físicas; la limitación del ámbito de las obligaciones de disponibilidad del servicio universal y la supresión del mecanismo de reparto sectorial; la clarificación del alcance del marco regulador y la eliminación de las obligaciones de protección de los consumidores redundantes cuando estén ya cubiertas por la legislación horizontal o por el mercado; la armonización y clarificación de las normas y la gobernanza de la numeración en el contexto de la M2M, así como la adaptación al ORECE de las competencias de las ANR. Las medidas de simplificación de las opciones preferidas tienen asimismo una dimensión que favorece la coherencia del mercado, ya que garantizarán que ésta sea mayor en las soluciones de acceso y en los procedimientos de asignación del espectro, que, por el momento, suelen conllevar complejidad para los operadores que desean utilizar el espectro en varios Estados miembros y también pueden (en caso de calendarios divergentes) provocar interferencias en las zonas fronterizas. Asimismo, la introducción de soluciones al por mayor estandarizadas, por ejemplo en relación con el acceso de las empresas, facilita que estas puedan operar en más de un Estado miembro, y la prolongación de las licencias de espectro propicia la creación de un mercado secundario de espectro paneuropeo, así como un entorno más favorable a la inversión para los titulares de tales licencias. •Derechos fundamentales La propuesta también tiene plenamente en cuenta los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, las medidas propuestas pretenden lograr un mayor nivel de conectividad con la modernización del conjunto de normas de protección de los usuarios finales. Ello, a su vez, garantizará el acceso no discriminatorio a todos los contenidos y servicios, incluidos los servicios públicos, contribuirá a promover la libertad de expresión y de empresa y permitirá a los Estados miembros cumplir con la Carta a un coste mucho menor en el futuro. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la UE. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información El seguimiento de la aplicación seguirá corriendo a cargo de la Comisión, sobre las siguientes bases: Informe sobre los avances digitales en Europa El Informe sobre los avances digitales en Europa abarca los veintiocho Estados miembros y aporta análisis y datos exhaustivos sobre la evolución de los mercados, los consumidores y las disposiciones reguladoras en la economía digital, e incluye: El Cuadro de indicadores digitales, que mide los progresos de la economía digital europea. Se nutre de los datos transmitidos por las autoridades nacionales de reglamentación, Eurostat y otras fuentes relevantes e incluye información sobre la situación general de todas las dimensiones del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales en los Estados miembros de la UE. Los indicadores incluidos en el informe permiten comparar los avances entre los países europeos, así como a lo largo del tiempo. Los Informes de telecomunicaciones sobre la regulación y los mercados europeos de las comunicaciones electrónicas, que aportan análisis y datos exhaustivos sobre la evolución del sector en lo que concierne a los mercados, los consumidores y las disposiciones reguladoras. Encuesta anual de los hogares del Eurobarómetro La actual encuesta del Eurobarómetro proporciona información sobre el modo en que ha funcionado el mercado de las comunicaciones electrónicas para los usuarios finales y sobre las actitudes de los consumidores en relación con la adopción de las plataformas de servicios y la utilización de tales servicios, así como sobre una serie de cuestiones en torno a la protección de los consumidores. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta La propuesta modifica el marco actual, con los siguientes cambios sustanciales: Modificaciones de los objetivos políticos: El artículo 3 racionaliza la presentación de los objetivos actuales y les añade un nuevo objetivo de generalización del acceso y de la implantación de la conectividad de muy alta capacidad en toda la UE, que se suma a los actuales objetivos de promoción de la competencia, del mercado interior y de los intereses de los usuarios finales. Modificaciones relacionadas con la regulación del acceso: Los objetivos de las modificaciones relacionadas con la regulación del acceso son reforzar y mejorar el régimen de acceso de los operadores con peso significativo en el mercado (PSM) actualmente en vigor, a fin de seguir fomentando la competencia en las infraestructuras y el despliegue de redes por parte de todos los operadores, y apoyar el despliegue de redes de muy alta capacidad en todo el territorio de la Unión. En la primera y en la segunda categoría (el refuerzo del régimen PSM y el fomento de la competencia en las infraestructuras y el despliegue de redes por parte de todos los operadores), son destacables las siguientes disposiciones y modificaciones: Los artículos 61 y 65 modifican los procedimientos de análisis del mercado, codificando las mejores prácticas actuales y yendo en pos de una regulación del acceso más afinada y segura desde el punto de vista jurídico, así como más restringida en cuanto a su alcance geográfico, a fin de garantizar que solo se imponen obligaciones de acceso en el momento y en el lugar en que resultan necesarias para hacer frente a las deficiencias del mercado minorista y garantizar resultados para los usuarios finales. Las normas también obligan a los reguladores a tener en cuenta en sus análisis de mercado los acuerdos de acceso comercial, así como cualesquiera otras obligaciones reglamentarias ya impuestas, por ejemplo, las obligaciones simétricas. Además, el artículo amplía el actual período máximo de análisis del mercado de tres años a cinco, lo que permitirá a los operadores realizar una planificación a más largo plazo y proporcionará una mayor flexibilidad a las autoridades nacionales de reglamentación en lo que respecta al momento de realización de esos análisis. El artículo 66 refleja esos objetivos mediante la actualización y modificación de las correspondientes normas de imposición y revisión de las obligaciones reglamentarias, por ejemplo, cuando cambian las condiciones del mercado. El artículo 70 favorece una mayor competencia en infraestructuras, garantizando el acceso a la infraestructura de obra civil, como los conductos, mástiles, etc., si están en manos de operadores con PSM. También con vistas a apoyar la competencia en infraestructuras, el artículo 59 aclara las condiciones en que es posible imponer obligaciones a todos los operadores (obligaciones simétricas) para garantizar el acceso a los activos de red no reproducibles, tal como el cableado interior. Para proteger los incentivos a la inversión, dicho acceso queda limitado al primer punto de concentración desde el usuario final, pero puede ampliarse más allá de este en circunstancias limitadas, para facilitar el despliegue de redes alternativas en las zonas más difíciles y con menor densidad de población.

Los artículos 63 y 64 facultan al ORECE para identificar mercados transnacionales, así como demanda transnacional incluso cuando los mercados siguen siendo nacionales o subnacionales. El ORECE puede establecer directrices para que los reguladores nacionales adopten enfoques comunes cuando impongan soluciones que puedan ayudar a satisfacer esa demanda transnacional. El artículo 64 faculta asimismo a la Comisión, con la ayuda del ORECE, para establecer especificaciones técnicas armonizadas en relación con determinados productos de acceso al por mayor, a efectos de satisfacer la demanda de comunicaciones transfronterizas, en particular de usuarios empresariales, en aquellos casos en que la ausencia de tales productos armonizados constituye un obstáculo para el mercado interior. El artículo 73 introduce un procedimiento a escala de la UE a fin de determinar una metodología vinculante para fijar las tarifas de terminación de voz, un mercado estable que está regulado de manera similar en la mayoría de los Estados miembros. Además, crea un mecanismo para establecer unas tarifas de terminación máximas a escala de la UE, con miras a reducir la carga administrativa de los reguladores nacionales y permitirles concentrar sus esfuerzos en el análisis de los mercados de banda ancha más complejos. Por último, para respaldar el despliegue de redes de muy alta capacidad en todo el territorio de la Unión, se proponen las siguientes modificaciones: El artículo 22 obliga a los reguladores nacionales a supervisar la situación de las redes de banda ancha y los planes de inversión en todo el territorio nacional, a fin de permitirles tener en cuenta más adecuadamente las particularidades geográficas en los análisis de mercado. Los reguladores nacionales deben identificar asimismo las llamadas «zonas de exclusión digital», donde ningún operador ni autoridad pública ha desplegado o tiene previsto desplegar una red de muy alta capacidad o ha mejorado o ampliado la red heredada hasta un rendimiento de al menos 100 Mbps de velocidad de descarga, ni tiene previsto hacerlo. Pueden publicar las zonas de exclusión digital designadas y organizar allí una convocatoria de manifestaciones de interés a fin de promover el despliegue de redes de muy alta capacidad en esas zonas difíciles. El artículo 72 aclara las circunstancias en las que puede concederse flexibilidad tarifaria a los operadores con PSM, sin poner en peligro la competencia. La flexibilidad tarifaria puede ser beneficiosa para los inversores en nuevas redes, siempre que no obstaculice la competencia descendente. El artículo 74, junto con el anexo IV, introduce disposiciones para facilitar la coinversión comercial en nuevas infraestructuras y extraer las consecuencias necesarias para la regulación. El hecho de que un propietario de red con PSM comparta con solicitantes de acceso nuevos elementos de red supone un mayor grado de reparto del riesgo en comparación con los productos tradicionales de acceso y puede además constituir una base más duradera para una competencia sostenible si el diseño de la coinversión reúne las condiciones adecuadas. Ello debería permitir adaptar el acceso regulado, de modo que todos los coinversores se beneficiarían de las ventajas del pionero en relación con otras empresas. Puede seguir siendo apropiado que los productos de acceso regulado continúen estando a disposición de las empresas no participantes, hasta la capacidad disponible antes de la inversión. El artículo 77 ofrece un modelo de regulación simplificado para las redes exclusivamente al por mayor con un peso significativo en el mercado, limitado a unas normas de acceso justas, razonables y no discriminatorias y sujeto a la resolución de conflictos cuando sea necesario. Las disposiciones imponen condiciones estrictas para que una red se conceptúe como «exclusivamente al por mayor» y pueden ser especialmente apropiadas para redes locales de muy alta capacidad, que, no obstante, podría considerarse en el futuro que tienen un peso significativo en el mercado. El artículo 76 contiene aclaraciones sobre el proceso de separación voluntaria, aportando seguridad jurídica gracias a los compromisos que contrae el operador inmerso en un proceso de separación. Por último, el artículo 78 aclara el papel de los reguladores nacionales en el acompañamiento de los operadores con PSM que migran de las redes heredadas a las nuevas redes (p. ej., desconexión de las redes de cobre heredadas), a fin de favorecer aún más la transición a las nuevas redes. Modificaciones relacionadas con la gestión del espectro: El artículo 45 aclara los principios y objetivos generales a fin de orientar a los Estados miembros en relación con la gestión del espectro a nivel nacional. Se abordan la cuestión de la coherencia y la proporcionalidad en los procedimientos de autorización, la importancia de garantizar una cobertura apropiada, las consideraciones de calendario al poner a disposición el espectro, la prevención de interferencias transfronterizas o perjudiciales, el establecimiento del principio de «se usan o se pierden» y el fomento del uso compartido del espectro, así como de su comercio y arrendamiento. El artículo también establece un mecanismo para permitir la utilización alternativa temporal del espectro armonizado con arreglo a unas condiciones claramente definidas. El artículo 46 da más prominencia a las autorizaciones generales frente a las licencias individuales, así como a un uso compartido del espectro en consonancia con el Derecho de la Unión, con el fin de garantizar que las autoridades nacionales desarrollen de forma prospectiva modelos de autorización más adecuados a la 5G. También otorga competencias a la Comisión para adoptar medidas vinculantes con las que lograr la coherencia entre los diferentes tipos de regímenes de autorización. El artículo 47 define las condiciones de autorización aplicables a una autorización general de radiofrecuencias y de sus derechos de uso y prevé medidas de ejecución de la Comisión a fin de lograr la coherencia en lo que se refiere a determinadas condiciones, tales como los criterios para definir y medir las obligaciones de cobertura, cuya importancia se refuerza como parte de la eficiencia del espectro. También hace hincapié en determinadas obligaciones, tales como la puesta en común de las infraestructuras, a fin de mejorar la conectividad de los usuarios finales, en particular en zonas de menor densidad. Los artículos 48-54 abordan aspectos esenciales de la autorización del espectro con objeto de que exista mayor coherencia entre las prácticas de los Estados miembros, tales como i) duración mínima de las licencias (veinticinco años), ii) un procedimiento más claro y sencillo para el comercio y arrendamiento del espectro, iii) criterios objetivos para una aplicación coherente (basada en los principios de la normativa sobre competencia) de las medidas de fomento de la competencia, como límites de espectro, reserva de espectro para nuevos operadores y obligaciones de acceso al por mayor; iv) procedimientos para mejorar la coherencia y previsibilidad cuando se concedan y renueven derechos individuales de uso del espectro; v) condiciones más claras para restringir derechos existentes o para suprimirlos, incluso mediante la aplicación del principio de «se usan o se pierden», y refuerzo de la función ejecutoria de las autoridades nacionales. Estos artículos también otorgan competencias a la Comisión para adoptar medidas en relación con el establecimiento de plazos máximos comunes para la autorización del uso de espectro armonizado en todos los Estados miembros y para la coordinación de los principales elementos de los procedimientos de selección y la fijación de los criterios aplicables a su diseño. Los artículos 55 y 56 simplifican las condiciones de acceso a las redes wifi, para satisfacer la demanda exponencial de conectividad, así como de despliegue y suministro de acceso inalámbrico de banda ancha y baja potencia (celdas pequeñas), a fin de reducir los costes del despliegue de las redes muy densas. El artículo 28 establece una obligación de coordinación entre los Estados miembros para abordar los problemas de interferencia transfronteriza, con la participación del RSPG, acompañada de la atribución a la Comisión de competencias de ejecución para adoptar medidas vinculantes que permitan resolver los litigios transfronterizos, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del RSPG. La propuesta otorga a los reguladores nacionales competencias en relación con los aspectos reglamentarios, económicos y de mercado de la asignación del espectro para los servicios de comunicaciones electrónicas. También se les atribuyen competencias para decidir la imposición de medidas excepcionales en relación con el uso compartido de la red y del espectro y la itinerancia nacional con vistas a cubrir puntos con lagunas de conectividad. Los reguladores nacionales deben fundamentar sus actuaciones en este ámbito en un sólido análisis económico y de la competencia en los mercados. Con vistas a garantizar una aplicación coherente en toda la Unión de las condiciones de asignación que tienen un impacto en las condiciones económicas, del mercado y de la competencia y, por consiguiente, en el funcionamiento del mercado, el artículo 35 establece en el caso del ORECE un mecanismo de revisión por pares para examinar los aspectos reglamentarios, económicos y de mercado de los proyectos nacionales de asignación del espectro y emitir dictámenes no vinculantes. El artículo 37 introduce un marco para los Estados miembros con vistas a facilitar los procedimientos voluntarios de asignación paneuropeos o plurinacionales. Modificaciones del régimen de servicio universal: La propuesta tiene por objeto modernizar el régimen de servicio universal, eliminando de él la inclusión obligatoria a nivel de la UE de servicios heredados (teléfonos públicos de pago, guías telefónicas completas y servicios de información sobre números de abonados) y centrándose en la banda ancha del servicio universal básico, que se definiría por referencia a una lista básica y dinámica de servicios en línea utilizables mediante una conexión de banda ancha. La intervención de los Estados miembros debería centrarse en la asequibilidad de la conectividad disponible, en lugar de hacerlo en el despliegue de redes, para lo cual existen instrumentos más apropiados. La asequibilidad del servicio universal deberá garantizarse al menos desde una ubicación fija, si bien los Estados miembros tendrán flexibilidad para ampliar las medidas de asequibilidad también a los servicios móviles en el caso de los usuarios más vulnerables.

El artículo 79 establece la obligación de los Estados miembros de garantizar el acceso asequible de todos los usuarios finales a los servicios de acceso funcional a Internet de banda ancha y a los servicios de comunicaciones vocales, como mínimo desde una ubicación fija. Con el fin de garantizar la asequibilidad, el artículo 80 faculta a los Estados miembros para exigir a las empresas que dispongan de opciones tarifarias especiales para los usuarios finales con rentas bajas o con necesidades sociales especiales y/o para prestar apoyo directo a esos usuarios finales, y establece un derecho de contrato para los consumidores que se benefician de tarifas universales especiales. Si bien la intervención de los Estados miembros debería centrarse en la asequibilidad de la conectividad disponible, en lugar de hacerlo en el despliegue de redes, el artículo 81 autoriza a un Estado miembro a incluir en el ámbito de aplicación el suministro de una conexión desde una ubicación fija (disponibilidad) si se demuestra que tal conexión no puede garantizarse en condiciones normales de explotación comercial o a través de otros instrumentos públicos a su disposición. Habida cuenta de la necesaria flexibilidad para abordar las diferentes circunstancias nacionales, el artículo 82 permite a los Estados miembros seguir exigiendo a nivel nacional servicios que forman parte actualmente de la obligación de servicio universal de la UE, como los teléfonos públicos de pago, las guías telefónicas y los servicios de información sobre números de abonados, si la necesidad en cuestión está debidamente demostrada, a condición de que adapten también el régimen de financiación. El artículo 85 establece que el servicio universal debe financiarse con cargo al presupuesto general y no mediante una financiación sectorial como hasta ahora. Modificaciones de los servicios y las normas de protección de los usuarios finales: A fin de reflejar la evolución experimentada por el mercado y la normativa en el transcurso de los últimos años y la necesidad continua de normas sectoriales, el artículo 2, apartado 4, redefine el concepto de «servicio de comunicaciones electrónicas». Distingue tres tipos de categorías de servicios: i) servicio de acceso a Internet, ii) servicio de comunicaciones interpersonales, que incluye dos subcategorías de servicios: a saber, uno que se basa en números y otro que es independiente de los números, y iii) servicios que consisten total o principalmente en el transporte de señales, tales como los servicios de transmisión utilizados para las comunicaciones M2M y la radiodifusión. Muchas de las disposiciones relativas a los usuarios finales se aplicarán solamente a los servicios de acceso a Internet y a los servicios de comunicaciones interpersonales basados en números. Los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números solo estarán sujetos a obligaciones si determinados asuntos de interés público exigen la aplicación de obligaciones reglamentarias específicas a todos los tipos de servicios de comunicaciones interpersonales, independientemente de si utilizan números o no. Ello afecta, en particular, a las disposiciones en materia de seguridad (artículo 40). Además, en caso de que exista una amenaza real para la conectividad de extremo a extremo o el acceso efectivo a los servicios de emergencia, la Comisión podrá determinar la necesidad de adoptar medidas para garantizar la interoperabilidad, por ejemplo a través de la puesta en marcha de un proceso de normalización. Las correspondientes normas podrían ser impuestas por las ANR en caso necesario (artículo 59). La propuesta reduce la carga normativa, pues suprime las obligaciones reglamentarias que ya no son necesarias o se encuentran adecuadamente cubiertas por la legislación general de protección del consumidor. Un ejemplo destacado de ello es la supresión de la facultad de los reguladores nacionales de imponer directamente la regulación de los precios al público a los operadores con PSM (derogación del artículo 17 de la Directiva de servicio universal). También se han racionalizado y suprimido parcialmente determinadas disposiciones relativas a los contratos, la transparencia, la equivalencia de acceso de los usuarios discapacitados, los servicios de guía telefónica y la interoperabilidad de los equipos de televisión digital de los consumidores, porque se solapan con las normas horizontales o resultan redundantes por otros motivos (artículos 95 a 98 y 103 a 105). Entre las nuevas disposiciones, un número limitado de ellas tiene por objeto hacer frente a nuevos retos, por ejemplo, una mejor legibilidad de los contratos mediante un impreso que resuma la información esencial del contrato, el suministro de herramientas de control del consumo para informar a los usuarios finales de cómo utilizan las comunicaciones en cada momento, unas disposiciones mejoradas sobre herramientas de comparación de la calidad y de los precios, unas normas de cambio de proveedor para los paquetes, cuyo número está experimentando un rápido aumento, a fin de evitar los efectos de cautividad (disposiciones sectoriales esenciales, como la duración máxima del contrato y el derecho de rescisión de contrato, que se aplicarían a la totalidad del paquete) y una disposición que prohibiría la discriminación basada en la nacionalidad o en el país de residencia (artículos 92, 95, 96, 98 y 100). Si bien la duración máxima general de un contrato de servicio es de dos años, están autorizados los acuerdos más prolongados a nivel individual con los usuarios finales como medio para facilitar el reembolso de las aportaciones para el despliegue de una conexión física y respaldar el despliegue de las redes a través de aportaciones a plazos a los costes de capital de la red (planteamiento de «agregación de la demanda») (artículo 98). Modificaciones de las disposiciones sobre numeración: Con el fin de abordar los problemas de competencia en el mercado M2M (fundamentalmente, la cautividad respecto de un proveedor determinado), la propuesta permite a los reguladores nacionales asignar números a empresas distintas de los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, aunque sin obligarlos a ello (artículo 88). El mismo artículo también exige a los reguladores nacionales determinar ciertos recursos de numeración para el uso extraterritorial de números nacionales dentro de la UE, a fin de responder a la creciente demanda de este uso extraterritorial de recursos de numeración, en particular para las aplicaciones M2M. En lo que respecta a las normas sobre los números armonizados para los servicios de valor social, el interés sigue centrado en la aplicación efectiva de la línea directa para casos de niños desaparecidos (artículo 90), mientras que el marco general para los números 116 sigue basándose en la Decisión 2007/116/CE de la Comisión. Debido a la falta de demanda a lo largo de los últimos años del Espacio Europeo de Numeración Telefónica, se ha suprimido la disposición correspondiente (artículo 27 de la Directiva de servicio universal). Modificaciones de las disposiciones sobre las comunicaciones de emergencia: Se aporta claridad jurídica en relación con el acceso a los servicios de emergencia por parte de todos los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en números. Las disposiciones propuestas sustituyen el actual mandato de la Comisión de imponer medidas técnicas de ejecución por la facultad de adoptar actos delegados a fin de garantizar, de manera coherente en toda la UE, el acceso efectivo al número único europeo de llamada de emergencia 112 en lo que respecta a la ubicación de quien efectúa la llamada, el encaminamiento de llamadas a los «puntos de respuesta de seguridad pública» y el acceso de los usuarios finales con discapacidad. Este enfoque garantiza un despliegue transfronterizo y el funcionamiento de soluciones técnicas para las comunicaciones de emergencia (artículo 102). Modificaciones de la gobernanza: Los artículos 5, 6 y 8 refuerzan la función de los reguladores nacionales independientes, con el establecimiento de un conjunto mínimo de competencias para los reguladores en toda la UE, y refuerzan los requisitos de independencia, fijando requisitos de designación y obligaciones de información.

El artículo 12 introduce algunos cambios en lo que se refiere al procedimiento de autorización general. Los proveedores tienen que presentar notificaciones al ORECE, que debe actuar como punto de contacto único y transmitir las notificaciones a las respectivas autoridades nacionales de reglamentación. El ORECE debe establecer un registro a nivel de la UE. El artículo 27 establece un procedimiento de resolución de litigios transfronterizos entre empresas y refuerza la función del ORECE obligando a autoridades nacionales de reglamentación a consultar a este organismo. El artículo 33 establece un «sistema de doble llave», en aquellos casos en que el ORECE y la Comisión están de acuerdo sobre su posición en relación con un proyecto de medidas, propuesto por un regulador nacional y notificado a la Comisión y al ORECE de conformidad con el artículo 32. En tales casos, la Comisión podrá exigir al regulador que modifique o retire el proyecto de medidas y, si es necesario, que vuelva a notificar su análisis del mercado. ê 2002/19/CE (adaptado) 2016/0288 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) Ö por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas Õ (Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea Ö de Funcionamiento de la Unión Europea Õ, y en particular su artículo 95 Ö 114 Õ, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente: ê (1)La Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo se han modificado considerablemente. Dado que hay que modificarlas de nuevo, conviene efectuar una refundición por motivos de claridad. ê 2002/21/CE considerando 1 (adaptado) El actual marco regulador de las telecomunicaciones ha conseguido crear las condiciones necesarias para una competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones durante la transición del régimen de monopolio al de plena competencia. ê 2002/21/CE considerando 2 (adaptado) El 10 de noviembre de 1999, la Comisión presentó una Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada «Hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados. Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones». En esta Comunicación la Comisión pasaba revista al actual marco regulador de las telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones , y se presentaba para consulta pública una serie de propuestas políticas relativas a un nuevo marco regulador de la infraestructura de las comunicaciones electrónicas y los servicios asociados. ê 2002/21/CE considerando 3 (adaptado) El 26 de abril de 2000, la Comisión presentó una Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los resultados de la consulta pública sobre la Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones y las orientaciones para el nuevo marco regulador. En esta Comunicación se resumía la consulta pública y se establecían algunas orientaciones clave para la preparación de un nuevo marco en materia de infraestructura de comunicaciones electrónicas y servicios asociados. ê 2002/21/CE considerando 4 (adaptado) El Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000 subrayó las perspectivas de crecimiento, competitividad y creación de puestos de trabajo que ofrece el paso a una economía digital y basada en el conocimiento. En particular, insistió en la importancia de que las empresas y los ciudadanos de Europa puedan acceder a una infraestructura de comunicaciones de primera línea y poco costosa, así como a una amplia gama de servicios. ê 2009/136/CE considerando 1 (adaptado) ð nuevo (2)El funcionamiento de las cinco Directivas que constituyen Ö forman parte Õ del marco regulador en vigor para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, a saber, la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva sobre acceso) , la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva sobre autorización) , la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) , la Directiva 2002/22/CE (Directiva sobre servicio universal) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), denominadas conjuntamente en lo sucesivo «la Directiva marco y las Directivas específicas», está sujeto a revisiones periódicas por parte de la Comisión, con objeto, en particular, de determinar si es necesario introducir alguna modificación, habida cuenta de la evolución de la tecnología y del mercado ð ï.

ò nuevo (3)En la Estrategia para el Mercado Único Digital, la Comisión señaló que la revisión del marco de las telecomunicaciones se centrará en medidas que estén encaminadas a incentivar la inversión en las redes de banda ancha de alta velocidad, aporten un enfoque de mercado único más coherente sobre la política y gestión del espectro, proporcionen las condiciones para un verdadero mercado único, abordando la fragmentación normativa, garanticen la igualdad de condiciones para todos los agentes del mercado y la coherencia en la aplicación de las normas, y ofrezcan un marco regulador institucional más efectivo. (4)La presente Directiva forma parte de un ejercicio de «adecuación de la normativa» cuyo ámbito de aplicación comprende cuatro de las Directivas (Directiva marco, Directiva sobre autorización, Directiva sobre acceso y Directiva sobre servicio universal) y un Reglamento (Reglamento ORECE). Cada una de las Directivas comprende en la actualidad medidas aplicables a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de modo coherente con el pasado regulador del sector en el que las empresas estaban integradas de modo vertical, es decir, participaban en la provisión tanto de redes como de servicios. La revisión brinda la oportunidad de refundir las cuatro Directivas y simplificar así la estructura actual, con vistas a mejorar su coherencia y accesibilidad, en consonancia con el objetivo de REFIT. Asimismo, brinda la posibilidad de adaptar la estructura a la nueva realidad del mercado, en el que la prestación de servicios de comunicaciones ya no está necesariamente unida a la provisión de una red. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, la refundición consiste en la adopción de un nuevo acto jurídico que integra, en un único texto, a la vez las modificaciones de fondo que introduce en un acto anterior y las disposiciones de este último que permanecen inalteradas. La propuesta de refundición se ocupa de las modificaciones de fondo que introduce en un acto anterior y, de manera subsidiaria, incluye la codificación de las disposiciones no modificadas del acto anterior con las citadas modificaciones de fondo. ê 2002/20/CE considerando 3 (adaptado) (5)El objeto de lLa presente Directiva es Ö debe Õ crear un marco jurídico que garantice la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas, sujeto únicamente a las condiciones establecidas en la presente Directiva y a toda limitación con arreglo al apartado 1 del artículo 46 Ö 52 Õ, apartado 1, del Tratado, en particular medidas en materia de orden público y seguridad y salud públicas. ê 2002/21/CE considerando 7 (adaptado) ð nuevo (6)Tanto lLo dispuesto en la presente Directiva como en las directivas específicas se entiende sin perjuicio de que cada Estado miembro pueda tomar las medidas necesarias, ð basándose en lo dispuesto en los artículos 87 y 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ï para asegurar la protección de sus intereses esenciales de seguridad, para salvaguardar la seguridad ð, la moralidad ï y el orden públicos y para permitir la investigación, la detección y el procesamiento de delitos. ê 2002/21/CE considerando 5 (adaptado) ð nuevo (7)La convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información supone que todos los servicios y las redes de transmisión ð de comunicaciones electrónicas ï deben estar sometidos Ö en la medida de lo posible Õ a un único Ö Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas establecido mediante una Directiva única, salvo los asuntos que se gestionen mejor con normas aplicables directamente establecidas mediante reglamentos Õ marco regulador. Dicho marco regulador se compone de la presente Directiva y de cuatro Directivas específicas: Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) , Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) , Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) , Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (en lo sucesivo denominadas las directivas específicas). Es necesario separar la regulación de la transmisión ð los servicios y las redes de comunicaciones electrónicas ï de la regulación de los contenidos. Por consiguiente, este marco Ö Código Õ no cubre el contenido de los servicios prestados a través de las redes de comunicaciones electrónicas utilizando servicios de comunicaciones electrónicas, tales como los contenidos de radiodifusión, los servicios financieros y determinados servicios de la sociedad de la información y, por tanto, se entiende sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel comunitario Ö de la Unión Õ o nacional en relación con dichos servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho comunitario Ö de la Unión Õ, con el fin de promover la diversidad cultural y lingüística y garantizar la defensa del pluralismo de los medios de comunicación. Los contenidos de los programas de televisión están cubiertos por la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo . ð La regulación de la política audiovisual y de los contenidos tiene como finalidad alcanzar objetivos de interés general, como la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, la imparcialidad, la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social, la protección de los consumidores y la protección de los menores. ï La separación entre la regulación de la transmisión ð las comunicaciones electrónicas ï y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular, con el fin de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los consumidores. ê 2002/21/CE considerando 8 ð nuevo (8)La presente Directiva no se aplica a los equipos que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad ð afecta a la aplicación a los equipos radioeléctricos de la Directiva 2014/53/UE ï, pero sí se aplica a los equipos de consumo utilizados para la televisión digital.

ê 2009/140/CE considerando 11 (adaptado) ð nuevo (9)Para que las autoridades nacionales de reglamentación puedan alcanzar los objetivos establecidos en la Ö presente Õ Directiva marco y las Directivas específicas, en especial los referentes a la interoperabilidad de extremo a extremo, debe ampliarse el ámbito de aplicación de la Directiva marco para debe incluir determinados aspectos de los equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, según lo definido en la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad Ö Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del ConsejoÕ, así como a de los equipos de consumo utilizados para la televisión digital, para facilitar el acceso a los usuarios con discapacidad. ð Es importante que los organismos reguladores animen a los operadores de redes y los fabricantes de equipos a que colaboren para facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de comunicaciones electrónicas. La utilización no exclusiva del espectro para el uso personal de equipos terminales de radiocomunicación, aunque no esté vinculada a una actividad económica, también debe estar sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva, a fin de garantizar un enfoque coordinado en cuanto a su régimen de autorización. ï ê 2002/21/CE considerando 6 (adaptado) La política audiovisual y la normativa sobre contenidos tienen por objeto el logro de objetivos de interés general tales como la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, la imparcialidad, la diversidad cultural y lingüística, la integración social, la protección de los consumidores y la protección de los menores. La Comunicación de la Comisión «Principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital» y las conclusiones del Consejo del 6 de junio de 2000 en las que expresa su satisfacción por esta Comunicación, exponen las medidas básicas que deberá emprender la Comunidad para aplicar su política audiovisual. ê 2002/22/CE considerando 50 (adaptado) Las disposiciones contenidas en la presente Directiva no impiden a un Estado miembro tomar medidas justificadas por las razones enunciadas en los artículos 30 y 46 del Tratado, y en particular por razones de orden público y de moralidad y seguridad públicas. ê 2002/21/CE considerando 9 (adaptado) Los servicios de la sociedad de la información entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) . ê 2002/21/CE considerando 10 (adaptado) ð nuevo (10)La definición de «servicio de la sociedad de la información» que figura en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información , abarca una amplia gama de actividades económicas que tienen lugar en línea; la mayoría de estas actividades no están cubiertas por la presente Directiva por no tratarse total o principalmente del transporte de señales en redes de comunicaciones electrónicas. ð Determinados servicios de comunicaciones electrónicas regulados por la presente Directiva podrían ajustarse también a la definición de «servicio de la sociedad de la información» que figura en el artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información. Las disposiciones que regulan los servicios de la sociedad de la información se aplican a esos servicios de comunicaciones electrónicas en la medida en que no haya más disposiciones específicas aplicables a los servicios de comunicaciones electrónicas en la presente Directiva o en otros actos de la Unión. ï Ö No obstante, los servicios de comunicaciones electrónicas como Õ Lala telefonía vocal, ð la mensajería ï y los servicios de correo electrónico están cubiertos por la presente Directiva. Una misma empresa, por ejemplo un proveedor de servicios de Internet, puede ofrecer tanto un servicio de comunicaciones electrónicas, tal como el acceso a Internet, como servicios no cubiertos por la presente Directiva, tales como el suministro de contenidos en forma de páginas de Internet ð y contenidos no relacionados con la comunicación ï. ê 2002/20/CE considerando 20 (11)Una misma empresa, por ejemplo un operador de cable, puede ofrecer un servicio de comunicaciones electrónicas, como el transporte de señales televisivas, y servicios no contemplados en la presente Directiva, como la comercialización de una oferta de sonido o servicios de contenidos de emisión televisiva, por lo que se podrán imponer a dicha empresa obligaciones adicionales en relación con su actividad como proveedor o distribuidor de contenidos, con arreglo a disposiciones distintas a las de la presente Directiva, sin perjuicio de la lista de condiciones establecida en el anexo I de la presente Directiva.

ò nuevo (12)El marco regulador debe cubrir el uso del espectro radioeléctrico por parte de todas las redes de comunicaciones electrónicas, incluido el incipiente uso personal del espectro radioeléctrico por los nuevos tipos de redes constituidas exclusivamente de sistemas autónomos de equipos radioeléctricos móviles que están conectados a través de enlaces inalámbricos sin gestión central o un operador de red centralizado, y no necesariamente en el ejercicio de cualquier actividad económica específica. En el entorno naciente de las comunicaciones móviles de quinta generación, es probable que estas redes se desarrollen en particular fuera de los edificios y en las carreteras, para el transporte, la energía, I+D, la sanidad en línea, la protección pública y el socorro en caso de catástrofes, la Internet de las Cosas, la comunicación máquina a máquina y los vehículos conectados. En consecuencia, la aplicación por parte de los Estados miembros, de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2014/53/UE, de requisitos nacionales adicionales relativos a la puesta en servicio o la utilización, o ambas, de tales equipos radioeléctricos en relación con el uso eficaz y eficiente del espectro y la evitación de interferencias perjudiciales, debe reflejar los principios del mercado interior. (13)Los requisitos relativos a las capacidades de las redes de comunicaciones electrónicas están en constante aumento. Mientras que antes la atención se centraba principalmente en el aumento de ancho de banda disponible en general y para cada usuario individual, otros parámetros, como la latencia, la disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez más importantes. La respuesta actual a esta demanda está acercando más y más la fibra óptica al usuario y las futuras «redes de muy alta capacidad» exigirán parámetros de rendimiento que sean equivalentes a los que puede ofrecer una red basada en elementos de fibra óptica, al menos hasta el punto de distribución en la ubicación de servicio. Esto corresponde, en el caso de la conexión a una línea fija, a un rendimiento de red equivalente al que se puede lograr mediante una instalación de fibra óptica hasta un edificio de viviendas, considerado como la ubicación de servicio, y en el caso de una conexión móvil, a un rendimiento de red similar al que puede lograrse con una instalación de fibra óptica hasta la estación de base, considerada como la ubicación de servicio. Las variaciones en la experiencia de los usuarios finales que obedezcan a características diferentes del medio a través del cual se conecta en última instancia la red con el punto de terminación de esta, no deben tenerse en cuenta a efectos de determinar si puede considerarse, o no, que una red inalámbrica ofrece un rendimiento de red similar. De conformidad con el principio de neutralidad con respecto a la tecnología, no hay que excluir otras tecnologías y medios de transmisión cuando sus capacidades sean comparables a las de esta hipótesis de base. El desarrollo de estas «redes de muy alta capacidad» aumentará aún más las capacidades de las redes y preparará el camino para el despliegue de futuras generaciones de redes móviles, basándose en interfaces aéreas mejoradas y en una arquitectura de red más compacta. ê 2009/136/CE considerando 13 (adaptado) ð nuevo (14)Es necesario adaptar las definiciones con el fin de ajustarse al principio de neutralidad con respecto a la tecnología y seguir el ritmo de la evolución tecnológica. ð La evolución tecnológica y de los mercados ha hecho que las redes se dirijan a la tecnología del protocolo de Internet, y ha posibilitado que los usuarios finales escojan entre una serie de proveedores de servicios vocales competidores. Por consiguiente, el término «servicio telefónico disponible al público», utilizado exclusivamente en la Directiva 2002/22/CE y que mayoritariamente se entiende que hace referencia a los servicios telefónicos analógicos tradicionales, debe sustituirse por el término «comunicaciones vocales», más frecuente y tecnológicamente neutro. ï Concretamente, cConviene separar las condiciones de prestación de un servicio de los elementos que definen un servicio telefónico disponible al público Ö de comunicaciones vocales Õ, es decir, un servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica, para efectuar y recibir llamadas nacionales o nacionales e internacionales, directa o indirectamente, ya se base este servicio en una tecnología de conmutación de circuitos o de conmutación de paquetes. La bidireccionalidad es inherente a un servicio de esta índole, lo que permite la comunicación entre ambas partes. Un servicio que no cumple todas estas condiciones, como por ejemplo una aplicación de hacer «clic» sobre un enlace contenido en un sitio web de servicios de atención al cliente en línea, no es un servicio telefónico disponible al público Ö de este tipo Õ. Los servicios telefónicos disponibles al público Ö de comunicaciones vocales Õ incluyen también medios de comunicación específicamente destinados a usuarios con discapacidad que utilicen servicios de conversión a texto o de conversación total en modo texto. ò nuevo (15)Los servicios utilizados en las comunicaciones y los medios técnicos empleados para ello han evolucionado considerablemente. Los usuarios finales sustituyen cada vez más la telefonía vocal tradicional, los mensajes de texto (SMS) y los servicios de correo electrónico por servicios en línea de función equivalente, como voz sobre IP, servicios de mensajería y servicios de correo electrónico basados en la red. Para garantizar que los usuarios finales estén eficaz y equitativamente protegidos cuando utilicen servicios de función equivalen