EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

La propuesta de la Comisión de Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2014-2020 (la propuesta de MFP)[1] delimita el marco presupuestario y las principales orientaciones para la Política Agrícola Común (PAC). Sobre esta base, la Comisión presenta un conjunto de Reglamentos que establecen el marco legislativo para la PAC en el periodo de 2014-2020, junto con una evaluación de impacto de hipótesis alternativas para la evolución de esta política.

Las actuales propuestas de reforma se basan en la Comunicación sobre la PAC en el horizonte de 2020[2], que esboza las opciones políticas generales para responder a los futuros desafíos de la agricultura y las zonas rurales y cumplir los objetivos fijados por la PAC, a saber: 1) la producción viable de alimentos; 2) la gestión sostenible de los recursos naturales y medidas en favor del clima; y 3) el desarrollo territorial equilibrado. Las orientaciones de la reforma incluidas en la Comunicación fueron ampliamente respaldadas tanto en el debate interinstitucional[3] como en la consulta de las partes interesadas que tuvo lugar en el contexto de la evaluación de impacto.

Un tema común que surgió durante este proceso fue la necesidad de promover la eficiencia de los recursos con miras a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la agricultura y las zonas rurales de la UE de acuerdo con la estrategia Europa 2020, manteniendo la estructura de la PAC en torno a dos pilares que utilizan instrumentos complementarios para la consecución de los mismos objetivos. El primer pilar abarca los pagos directos y las medidas de mercado, proporcionando a los agricultores de la UE una ayuda básica a la renta anual y apoyo en caso de perturbaciones específicas del mercado, mientras que el segundo pilar abarca el desarrollo rural en el que los Estados miembros elaboran y cofinancian programas plurianuales en virtud de un marco común[4].

A través de reformas sucesivas, la PAC aumentó la orientación de la agricultura hacia el mercado, proporcionando al mismo tiempo apoyo a las rentas de los productores, mejoró la integración de los requisitos medioambientales y reforzó el apoyo al desarrollo rural como una política integrada para el desarrollo de las zonas rurales de la UE. Sin embargo, el mismo proceso de reforma suscitó demandas de una mejor distribución de la ayuda entre los Estados miembros y dentro de éstos, así como llamamientos para una mejor orientación de las medidas destinadas a hacer frente a los desafíos medioambientales y a afrontar mejor la volatilidad cada vez mayor de los mercados.

En el pasado, las reformas respondieron principalmente a desafíos endógenos, desde los grandes excedentes a las crisis de seguridad alimentaria y fueron muy útiles para la UE, tanto en el frente nacional como en el internacional. Sin embargo, la mayor parte de los desafíos actuales vienen determinados por factores exógenos a la agricultura y, por tanto, requieren una respuesta política más amplia.

Se prevé que la presión sobre la renta agrícola se mantenga, ya que los agricultores afrontan mayores riesgos, una ralentización de la productividad y una disminución de los márgenes debido al aumento de precios de los factores de producción. Por lo tanto, es necesario mantener el apoyo a la renta y reforzar los instrumentos destinados a gestionar mejor los riesgos y responder ante situaciones de crisis. Una agricultura fuerte es vital para la industria alimentaria de la Unión Europea y para la seguridad alimentaria mundial.

Al mismo tiempo, la agricultura y las zonas rurales están llamadas a intensificar sus esfuerzos para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos y energéticos y la estrategia en favor de la biodiversidad que forman parte de la Agenda Europa 2020. Los agricultores, que junto con los silvicultores son los principales gestores de tierras, deberán recibir apoyo para que adopten y mantengan sistemas y prácticas agrícolas especialmente favorables a los objetivos medioambientales y climáticos, ya que los precios de mercado no reflejan el suministro de dichos bienes públicos. También será esencial aprovechar mejor las múltiples posibilidades de las zonas rurales y contribuir, de este modo, a un crecimiento integrador y a la cohesión.

La futura PAC no será, por tanto, una política orientada únicamente a una pequeña parte, aunque esencial, de la economía de la UE, sino también una política de importancia estratégica para la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el equilibrio territorial. Ahí reside el valor añadido europeo de una verdadera política común, que hace un uso más eficiente de los recursos presupuestarios limitados para mantener una agricultura sostenible en toda la UE, abordando importantes problemas de carácter transfronterizo, como el cambio climático, y reforzando la solidaridad entre los Estados miembros, permitiendo al mismo tiempo una aplicación flexible para satisfacer las necesidades locales.

El contexto definido en la propuesta de MFP prevé que la PAC mantenga su estructura de dos pilares con un presupuesto para cada pilar, mantenido en términos nominales en su nivel de 2013, y con un énfasis claro en la obtención de resultados en las prioridades clave de la Unión Europea. Los pagos directos deben promover la producción sostenible mediante la asignación del 30 % de su dotación presupuestaria a medidas obligatorias beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Los niveles de pago deben converger progresivamente y los pagos a los grandes beneficiarios deben someterse a una limitación progresiva. El desarrollo rural debe integrarse en un marco estratégico común con otros fondos de la UE de gestión compartida, con un enfoque reforzado orientado hacia los resultados y sujeto a condiciones previas más claras y mejoradas. Por último, en el caso de las medidas de mercado, la financiación de la PAC debe reforzarse con dos instrumentos ajenos al MFP: 1) una reserva de emergencia para reaccionar ante situaciones de crisis; y 2) la ampliación del ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

Sobre esta base, los principales elementos del marco legislativo de la PAC durante el periodo de 2014-2020 están establecidos en los siguientes Reglamentos:

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común (Reglamento de los pagos directos).

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrícolas (Reglamento de la OCM única).

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (Reglamento del desarrollo rural).

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común (Reglamento horizontal).

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de mercados de los productos agrícolas.

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo en lo que atañe a la aplicación de los pagos directos a los agricultores en 2013.

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que atañe al régimen de pago único y apoyo a los viticultores.

El Reglamento de desarrollo rural se basa en la propuesta presentada por la Comisión el 6 de octubre de 2011, que establece normas comunes para todos los fondos que funcionan en un Marco Estratégico Común[5]. Seguirá un Reglamento sobre el régimen para las personas más necesitadas, cuya financiación figura ahora en otra partida del MFP.

Además, se están preparando nuevas normas, que tienen en cuenta las objeciones expresadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la publicación de información relativa a los beneficiarios con el fin de encontrar la manera más adecuada de conciliar el derecho de los beneficiarios a la protección de los datos de carácter personal con el principio de transparencia.

2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Basándose en el examen del actual marco político y en un análisis de los desafíos y necesidades futuros, la evaluación de impacto evalúa y compara las repercusiones de tres hipótesis alternativas. Este es el resultado de un largo proceso iniciado en abril de 2010 y dirigido por un grupo interservicios, que aglutinó un extenso análisis cuantitativo y cualitativo, incluida la constitución de una base de referencia en forma de proyecciones a medio plazo de los mercados y de las rentas agrícolas hasta 2020, y la modelización de la repercusión de las diferentes hipótesis políticas en la economía del sector.

Las tres hipótesis elaboradas en la evaluación de impacto son las siguientes: 1) una hipótesis de ajuste, que mantiene el actual marco político, aunque remediando sus deficiencias más importantes, como la distribución de los pagos directos; 2) una hipótesis de integración, que implica importantes cambios en forma de una mejora de la orientación, la ecologización de los pagos directos y una orientación estratégica reforzada de la política de desarrollo rural, con una mejor coordinación con otras políticas de la UE, así como la ampliación de la base jurídica con objeto de extender el ámbito de la cooperación entre productores; y 3) una hipótesis de reenfoque, que reoriente la política exclusivamente hacia el medio ambiente, con una supresión progresiva de los pagos directos, asumiendo que la capacidad productiva pueda mantenerse sin ayuda y que las necesidades socioeconómicas de las zonas rurales puedan ser satisfechas por otras políticas.

En el contexto de la crisis económica y de la presión sobre las finanzas públicas, al que la UE respondió con la estrategia Europa 2020 y la propuesta de MFP, las tres hipótesis conceden un peso diferente a cada uno de los tres objetivos políticos de la futura PAC, que persigue una agricultura más competitiva y sostenible en zonas rurales dinámicas. Con vistas a una mejor armonización con la estrategia Europa 2020, sobre todo en términos de eficiencia de los recursos, cada vez será más esencial mejorar la productividad agrícola a través de la investigación, la transferencia de conocimientos y el fomento de la cooperación y la innovación (principalmente a través de la asociación europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas). Habida cuenta de que la política agrícola de la UE ya no funciona en un entorno político de distorsión de los intercambios comerciales, se prevé que la mayor liberalización, en particular en el marco del Programa de Doha para el desarrollo o del Acuerdo de libre comercio con Mercosur, ejercerá una presión suplementaria sobre el sector.

Las tres hipótesis se elaboraron teniendo en cuenta las preferencias manifestadas en la consulta efectuada en el contexto de la evaluación de impacto. Las partes interesadas fueron invitadas a presentar sus contribuciones entre el 23 de noviembre de 2010 y el 25 de enero de 2011 y se organizó un Comité consultivo el 12 de enero de 2011. Los puntos principales se resumen a continuación[6]:

- Existe un amplio consenso entre las partes interesadas sobre la necesidad de una PAC fuerte, basada en una estructura de dos pilares, para hacer frente a los desafíos que suponen la seguridad alimentaria, la gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo territorial.

- La mayoría de los consultados considera que la PAC debe desempeñar una función en la estabilización de los mercados y los precios.

- Las partes interesadas tienen opiniones distintas sobre la focalización de la ayuda (especialmente la redistribución de la ayuda directa y la fijación de un límite para los pagos).

- Hay consenso en que ambos pilares pueden desempeñar un papel importante en el refuerzo de la acción por el clima y el aumento del comportamiento medioambiental en beneficio de la sociedad de la UE. Mientras que muchos agricultores creen que este enfoque ya ha sido puesto en marcha, el público en general entiende que los pagos del primer pilar pueden utilizarse más eficientemente.

- Los encuestados desean que todas las partes de la UE, incluidas las zonas menos favorecidas, participen en el crecimiento y desarrollo futuros.

- La integración de la PAC con otras políticas, como las de medio ambiente, sanidad, comercio y desarrollo, fue resaltada por muchos encuestados.

- La innovación, el desarrollo de empresas competitivas y la aportación de bienes colectivos a los ciudadanos de la Unión Europea se consideran medios de alinear la PAC con la estrategia Europa 2020.

Así pues, la evaluación de impacto comparó las tres alternativas:

La hipótesis de reenfoque aceleraría el ajuste estructural en el sector agrícola, desplazando la producción a las zonas más eficientes y a los sectores más rentables. Aunque aumentaría significativamente la financiación para el medio ambiente, también expondría al sector a mayores riesgos, debido al limitado alcance de la intervención en el mercado. Además, los costes sociales y medioambientales serían importantes ya que las zonas menos competitivas tendrían que hacer frente a una pérdida de renta y a una degradación del medio ambiente considerables, ya que la política perdería el efecto palanca de los pagos directos asociados con los requisitos de condicionalidad.

En el otro extremo del espectro, la hipótesis de ajuste sería la que mejor permitiría la continuidad política, con mejoras limitadas pero tangibles, tanto en términos de competitividad agrícola como de comportamiento medioambiental. Sin embargo, existen serias dudas sobre si esta hipótesis permitiría abordar adecuadamente los importantes desafíos climáticos y medioambientales del futuro, que también sustentan la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura.

La hipótesis de integración supone un paso adelante con una definición mejorada y la ecologización de los pagos directos. El análisis demuestra que la ecologización es posible a un coste razonable para los agricultores, aunque algunas cargas administrativas son inevitables. Del mismo modo, un nuevo impulso en el desarrollo rural es posible, siempre que los Estados miembros y las regiones utilicen eficazmente las nuevas posibilidades y que el marco estratégico común con otros fondos de la UE no elimine las sinergias con el primer pilar o debilite los puntos fuertes distintivos del desarrollo rural. Si se alcanza el equilibrio adecuado, esta hipótesis remediaría mejor la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura y las zonas rurales.

Sobre esta base, la evaluación de impacto llega a la conclusión de que la hipótesis de integración es la más equilibrada para alinear progresivamente la PAC con los objetivos estratégicos de la UE y que este equilibrio también se encuentra en la ejecución de los distintos elementos de las propuestas legislativas. También será esencial desarrollar un marco de evaluación para medir el rendimiento de la PAC con un conjunto común de indicadores vinculados a los objetivos políticos.

La simplificación fue un factor importante en todo el proceso y debe reforzarse de diferentes formas, por ejemplo mediante la racionalización de la condicionalidad y de los instrumentos de mercado, o la concepción del régimen de pequeños agricultores. Además, la ecologización de los pagos directos debería estar concebida de tal modo que se reduzca al mínimo la carga administrativa, incluidos los costes de los controles.

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

Se propone mantener la estructura actual de la PAC con dos pilares, con medidas anuales obligatorias de aplicación general en el primer pilar, complementadas por medidas voluntarias mejor adaptadas a las especificidades nacionales y regionales, en el marco de un enfoque de programación plurianual en el segundo pilar. Sin embargo, el nuevo diseño de los pagos directos pretende aprovechar mejor las sinergias con el segundo pilar, que a su vez se integra en un marco estratégico común para coordinarse mejor con otros fondos de la UE de gestión compartida.

Sobre esta base, también se mantiene la estructura actual de cuatro instrumentos jurídicos básicos, aunque el ámbito de aplicación del Reglamento sobre la financiación se amplía para reunir disposiciones comunes en lo que ahora se denomina el Reglamento horizontal.

Las propuestas respetan el principio de subsidiariedad. La PAC es una política verdaderamente común: es un ámbito de competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros que se gestiona a nivel de la UE con objeto de mantener una agricultura sostenible y variada en toda la UE, que aborda problemas importantes de carácter transfronterizo, como el cambio climático, y refuerza la solidaridad entre los Estados miembros. Atendiendo a la importancia de los desafíos futuros para la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el equilibrio territorial, la PAC sigue siendo una política de importancia estratégica para garantizar la respuesta más eficaz a los desafíos políticos y la utilización más eficiente de los recursos presupuestarios. Además, se propone mantener la estructura actual de los instrumentos en dos pilares gracias a los cuales los Estados miembros disponen de mayor margen de maniobra para encontrar soluciones adecuadas a sus especificidades locales y, también, para cofinanciar el segundo pilar. La nueva Asociación Europea de Innovación y el conjunto de herramientas de gestión del riesgo también se integran en el segundo pilar. Al mismo tiempo, la política se ajustará mejor a la estrategia Europa 2020 (incluyendo un marco común con otros fondos de la UE) y se introducen una serie de mejoras y de elementos de simplificación. Por último, del análisis realizado en el marco de la evaluación de impacto se desprende claramente el coste de la inacción en términos de negativas consecuencias económicas, medioambientales y sociales.

El Reglamento de la OCM única establece disposiciones aplicables a la organización común de mercados agrícolas; por su parte, el régimen de ayuda a las personas más desfavorecidas constituirá un instrumento aparte.

La crisis del sector lácteo que se produjo en 2008-2009 puso de manifiesto la necesidad de mantener un mecanismo eficaz que funcione como red de seguridad y de racionalizar los instrumentos disponibles. Los debates que se celebraron a raíz de la crisis en el Grupo de expertos de alto nivel sobre la leche pusieron asimismo de relieve la necesidad de mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Así, el Reglamento está encaminado a racionalizar, ampliar y simplificar las disposiciones basándose en la experiencia adquirida hasta la fecha en materia de intervención pública, almacenamiento privado, medidas excepcionales y de urgencia y ayuda a sectores específicos, así como a facilitar la cooperación por mediación de las organizaciones de productores e interprofesionales.

Se suprimen determinadas ayudas sectoriales (leche desnatada, lúpulo y gusanos de seda). Está previsto que el régimen de cuotas lácteas y la prohibición de plantar nuevas vides expiren conforme a la normativa vigente, que, por lo tanto, no se modifica al respecto. Por su parte, las cuotas de azúcar dejarán de existir el 30 de septiembre 2015. El Reglamento establece una disposición única que tiene por objeto las enfermedades animales y la pérdida de confianza de los consumidores, y una cláusula general relativa a las perturbaciones de los mercados; esta última abarca todos los sectores de la OCM única vigente.

En la OCM única vigente, la cobertura de productos para el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones y de las organizaciones interprofesionales por parte de los Estados miembros se hace extensiva a todos los sectores. Por su parte, las ayudas para la creación de agrupaciones de productores en el sector de las frutas y hortalizas se traslada al desarrollo rural.

El Reglamento refleja la propuesta ya presentada para el sector de la leche, según la cual se establecen condiciones básicas en caso de que los Estados miembros celebren contratos escritos obligatorios con vistas a potenciar la capacidad de negociación de los productores de leche en la cadena alimentaria. El Reglamento refleja también la propuesta ya presentada sobre normas de comercialización en el contexto del paquete de medidas sobre la calidad.

Desde el punto de vista de la simplificación, la eliminación de determinadas ayudas sectoriales, la disociación del régimen de ayudas en el sector de los gusanos de seda, la finalización del sistema de cuotas de azúcar y la supresión de los requisitos para el registro de los contratos de suministro y para la certificación de equivalencia en el sector del lúpulo tendrán un efecto positivo en la carga administrativa de los Estados miembros y en los trámites burocráticos de los agentes económicos. Ya no será necesario mantener la capacidad para aplicar los regímenes de ayuda sectoriales y asignar recursos para controlarlos.

4. IMPLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La propuesta de MFP prevé que una parte importante del presupuesto de la Unión Europea se siga destinando a la agricultura, al tratarse de una política común de importancia estratégica. Así, en precios corrientes, se propone que la PAC se centre en sus actividades principales, con 317 200 millones EUR asignados al primer pilar y 101 200 millones EUR al segundo pilar durante el periodo de 2014-2020.

La financiación del primer pilar y del segundo pilar se complementa con una financiación adicional de 17 100 millones EUR, desglosada en 5 100 millones EUR para investigación e innovación, 2 500 millones para seguridad alimentaria y 2 800 millones para ayuda alimentaria a las personas más necesitadas en otras rúbricas del MFP, así como 3 900 millones EUR en una nueva reserva para crisis en el sector agrícola, y hasta 2 800 millones EUR en el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, al margen del MFP, lo que supone, por tanto, un presupuesto total de 435 600 millones EUR en el periodo de 2014-2020.

En lo que respecta a la distribución de la ayuda entre los Estados miembros, se propone que todos los Estados miembros con pagos directos por debajo del 90 % de la media de la UE vean satisfecho un tercio de esta diferencia. Los límites máximos nacionales en el Reglamento relativo a los pagos directos se calculan sobre esta base.

La distribución de la ayuda al desarrollo rural se basa en criterios objetivos vinculados a los objetivos políticos, teniendo en cuenta la distribución actual. Como ya ocurre actualmente, las regiones menos desarrolladas deben seguir beneficiándose de porcentajes de cofinanciación superiores, aspecto que también se aplicará a determinadas medidas tales como la transferencia de conocimientos, las agrupaciones de productores, la cooperación y la iniciativa LEADER.

Se introduce una cierta flexibilidad (hasta el 5 % de los pagos directos) para las transferencias entre los dos pilares: del primer pilar al segundo, para que los Estados miembros puedan reforzar su política de desarrollo rural, y del segundo pilar al primero para los Estados miembros en los que el nivel de pagos directos se sitúe por debajo del 90 % de la media de la UE.

En la ficha financiera que acompaña a las propuestas de reforma de la PAC se ofrecen detalles sobre la repercusión financiera de estas propuestas.

2011/0281 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrícolas (Reglamento de la OCM única)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 42, párrafo primero, y su artículo 43, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea[7],

Previa transmisión de la propuesta a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[8],

Tras haber consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos[9],

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario[10],

Considerando lo siguiente:

1. La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones que lleva por título «La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario»[11] expone los posibles problemas, los objetivos y las orientaciones de la Política Agrícola Común (PAC) después de 2013. Teniendo presente el debate a que dio origen esa Comunicación, procede reformar la PAC con efecto desde el 1 de enero de 2014. Esa reforma debe abarcar todos los instrumentos principales de la PAC, incluido el Reglamento (UE) nº [COM(2010)799] de […] por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento de la OCM única)[12]. Habida cuenta de la amplitud de la reforma, es conveniente derogar el Reglamento (UE) nº [COM(2010)799] y sustituirlo por un nuevo Reglamento de la OCM única. En la medida de lo posible, la reforma también debe armonizar, racionalizar y simplificar las disposiciones, en especial las que regulan más de un sector agrícola, garantizando incluso que la Comisión pueda adoptar elementos no esenciales de las medidas mediante actos delegados.

2. Es especialmente importante que la Comisión celebre las consultas apropiadas durante sus trabajos de preparación, también con expertos. A la hora de preparar y elaborar los actos delegados, la Comisión debe velar por una transmisión simultánea, puntual y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

3. De conformidad con el artículo 43, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (el Tratado), el Consejo debe adoptar medidas relativas a la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas. En aras de la claridad, conviene que, cuando se aplique el artículo 43, apartado 3, del Tratado, el presente Reglamento mencione explícitamente que el Consejo adoptará las medidas basándose en dicho artículo.

4. El presente Reglamento debe poseer todos los elementos básicos de la OCM única. La fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas está, en algunos casos, inextricablemente vinculada a esos elementos básicos.

5. El presente Reglamento debe aplicarse a todos los productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado para garantizar la existencia de la organización común del mercado de todos esos productos, tal como dispone el artículo 40, apartado 1, del Tratado.

6. Conviene aclarar que el Reglamento (UE) nº […] [Reglamento horizontal de la PAC][13] y las disposiciones adoptadas con arreglo a él deben aplicarse a las medidas que se recogen en el presente Reglamento. En concreto, el [Reglamento horizontal de la PAC] establece disposiciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conllevan las disposiciones de la PAC, como la realización de controles, la aplicación de medidas y sanciones administrativas en caso de incumplimiento de la normativa o la aplicación de normas sobre la constitución y devolución de garantías o la recuperación de los pagos indebidos.

7. El presente Reglamento y otros actos adoptados en virtud del artículo 43 del Tratado hacen alusión a la descripción de productos y a las referencias a las partidas y subpartidas de la nomenclatura combinada. Es posible que, con motivo de las modificaciones de la nomenclatura del arancel aduanero común, tales Reglamentos requieran adaptaciones técnicas. La Comisión debe poder adoptar medidas de ejecución para llevar a cabo tales adaptaciones. En aras de la claridad y de la sencillez, conviene que el Reglamento (CEE) nº 234/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1979, relativo al procedimiento de adaptación de la nomenclatura del arancel aduanero común utilizado para los productos agrícolas[14], que establece en la actualidad esa competencia, sea derogado y que dicha competencia se incorpore al presente Reglamento.

8. Habida cuenta de las características específicas del sector del arroz, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos relativos a la actualización de las definiciones de ese sector que figuran en la parte I del anexo II del presente Reglamento.

9. Para garantizar que la producción se oriente hacia determinadas variedades de arroz con cáscara, la Comisión debe estar en condiciones de adoptar medidas de ejecución para la fijación de aumentos y reducciones del precio de intervención pública.

10. Conviene establecer campañas de comercialización para los cereales, el arroz, el azúcar, los forrajes desecados, las semillas, el aceite de oliva y las aceitunas de mesa, el lino y el cáñamo, las frutas y hortalizas, los plátanos, la leche y los productos lácteos y los gusanos de seda, y adaptarlas en la medida de lo posible a los ciclos biológicos de producción de cada uno de esos productos.

11. Habida cuenta de las características específicas de los sectores de las frutas y hortalizas y las frutas y hortalizas transformadas, procede delegar en la Comisión la facultad de adoptar determinados actos, conforme al artículo 290 del Tratado, para la fijación de las campañas de comercialización de esos productos.

12. Con el fin de estabilizar los mercados y garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, se ha creado un sistema diferenciado de sostenimiento de los precios para los distintos sectores y se han implantado regímenes de ayuda directa, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de estos sectores, por un lado, y la interdependencia de los diferentes sectores, por otro. Estas medidas revisten la forma de una intervención pública o, en su caso, del pago de ayudas para el almacenamiento privado. Sigue siendo necesario mantener las medidas de sostenimiento de los precios, pero racionalizadas y simplificadas.

13. Por claridad y transparencia, las disposiciones deben supeditarse a una estructura común, al tiempo que se mantiene la política perseguida en cada sector. Con ese fin, conviene establecer una diferencia entre los precios de referencia y los precios de intervención y definir estos últimos, aclarando, en concreto, que solo los precios de intervención aplicados en la intervención pública corresponden a los precios administrados aplicados a que se hace referencia en la primera frase del apartado 8 del anexo 3 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (es decir, la ayuda a la diferencia de precios). En este contexto debe entenderse que la intervención en el mercado puede adoptar tanto la forma de intervención pública como otras formas de intervención que no utilizan indicaciones de precios establecidas de antemano.

14. Según convenga a cada sector en función de la práctica y la experiencia de OCM anteriores, el sistema de intervención debe estar disponible durante determinados periodos del año y abrirse en ellos, bien con carácter permanente o dependiendo de los precios de mercado.

15. Conviene que el precio al que se efectúen las compras en régimen de intervención pública, es decir, la ayuda a la diferencia de precios, corresponda en unos casos a un precio fijo cuando se trate de determinadas cantidades de algunos productos y dependa, en otros casos, del resultado de una licitación, de modo que se reflejen la práctica y la experiencia de OCM anteriores.

16. El presente Reglamento debe prever la posibilidad de dar salida al mercado a los productos comprados en régimen de intervención pública. Con este fin, las medidas deben adoptarse de tal modo que se eviten las perturbaciones en el mercado y se garanticen la igualdad de acceso a las mercancías y de trato de los compradores.

17. Para garantizar la transparencia en el mercado, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos relativos al establecimiento de las condiciones en las que podrá decidir la concesión de ayuda al almacenamiento privado para lograr el objetivo de equilibrar el mercado y estabilizar los precios de mercado, teniendo en cuenta la situación del mercado.

18. Habida cuenta de las características específicas de los diferentes sectores, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos relativos al establecimiento de los requisitos y condiciones que deben cumplir los productos para ser comprados en régimen de intervención pública y almacenados según el régimen de ayuda al almacenamiento privado, además de los requisitos establecidos en el presente Reglamento; relativos a la adopción de los aumentos y reducciones de precios aplicables a efectos de la calidad en lo tocante a las compras de intervención y las ventas, y relativos al establecimiento de las disposiciones sobre la obligación de que los organismos pagadores hagan deshuesar toda la carne de vacuno tras su recepción y antes de su almacenamiento.

19. Con el fin de tener en cuenta la diversidad de situaciones que plantea el almacenamiento de existencias de intervención en la Unión y para garantizar a los agentes económicos un acceso adecuado a la intervención pública, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre los requisitos que han de cumplir los lugares de almacenamiento de los productos comprados en virtud del régimen de intervención; las disposiciones para la venta de pequeñas cantidades que permanezcan almacenadas en los Estados miembros; las normas aplicables a la venta directa de cantidades que ya no se puedan volver a envasar o que estén deterioradas, y determinadas normas de almacenamiento de productos dentro y fuera de los Estados miembros responsables de ellos y de su tratamiento en cuanto a los derechos de aduana y cualesquiera otros importes que deban concederse o cobrarse de conformidad con la PAC.

20. Para garantizar que el almacenamiento privado ejerce en el mercado el efecto deseado, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre las medidas para reducir el importe de la ayuda que habrá de abonarse cuando la cantidad almacenada sea inferior a la cantidad contratada, y sobre las condiciones para la concesión de anticipos.

21. Con el fin de salvaguardar los derechos y obligaciones de los agentes económicos que participen en medidas de intervención pública o de almacenamiento privado, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos relativos a las disposiciones sobre la utilización de licitaciones, la admisibilidad de los agentes económicos y la obligación de constituir garantías.

22. Con el fin de normalizar la presentación de los diferentes productos con vistas a la mejora de la transparencia del mercado, el registro de los precios y la aplicación de los mecanismos de intervención en el mercado, en forma de intervención pública y almacenamiento privado, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos relativos a los modelos de la Unión de clasificación de las canales en los sectores de la carne de vacuno, la carne de porcino y la carne de ovino y caprino.

23. Con objeto de velar por la exactitud y fiabilidad de la clasificación de las canales, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre la revisión por un comité de la Unión de la aplicación de la clasificación de las canales en los Estados miembros.

24. Conviene que el actual programa de distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión, que se adoptó al amparo de la Política Agrícola Común, sea el objeto de un reglamento aparte que refleje sus objetivos de cohesión social. No obstante, el presente Reglamento debe permitir recurrir a los productos que se hallen en poder de la intervención pública para poder utilizarlos en ese programa.

25. Hay que fomentar en los niños el consumo de fruta, hortalizas y productos lácteos, aumentando de forma permanente en sus dietas la parte correspondiente a esos productos durante la etapa de formación de sus hábitos alimentarios. Conviene promover, por tanto, una ayuda de la Unión para financiar o cofinanciar la distribución de esos productos a los niños de centros de enseñanza.

26. Con el fin de garantizar una buena gestión presupuestaria de los programas, conviene establecer disposiciones apropiadas para cada uno de ellos. La ayuda de la Unión no debe utilizarse para sustituir fondos destinados a programas nacionales existentes de consumo de fruta en las escuelas. No obstante, habida cuenta de las restricciones presupuestarias, los Estados miembros deben estar en condiciones de sustituir su contribución financiera a los programas por contribuciones del sector privado. Para que su programa de consumo de fruta en las escuelas sea eficaz, procede que los Estados miembros establezcan medidas complementarias gracias a las cuales se les autorice a conceder ayudas nacionales.

27. Con el fin de fomentar hábitos alimentarios saludables en los niños, garantizar una utilización eficaz y selectiva de los Fondos europeos y dar a conocer el programa, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre el programa de consumo de fruta en las escuelas, en relación con los productos que no pueden acogerse al programa; con el grupo destinatario del programa; con las estrategias nacionales o regionales que los Estados miembros deben elaborar para poder optar a la ayuda, incluidas las medidas de acompañamiento; con la autorización y selección de las solicitudes de ayuda; con los criterios objetivos para la distribución de ayuda entre los Estados miembros, la distribución indicativa de ayuda entre estos y el método de redistribución de ayuda entre los Estados miembros basado en las solicitudes recibidas; con los costes que dan derecho a recibir ayuda, incluida la posibilidad de fijar el límite global de estos; y con la posibilidad de exigir a los Estados miembros participantes que divulguen la función subvencionadora del programa.

28. A fin de tener en cuenta la evolución de las pautas de consumo de productos lácteos y las innovaciones y los cambios en el mercado de estos productos, de garantizar que los beneficiarios y solicitantes apropiados cumplen los requisitos necesarios para optar a la ayuda y de fomentar el conocimiento del régimen de ayuda, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre el programa de consumo de leche en las escuelas, en relación con los productos que pueden acogerse al programa; con las estrategias nacionales o regionales que los Estados miembros deben elaborar para poder optar a la ayuda y con el grupo destinatario del programa; con las condiciones de concesión de la ayuda; con la constitución de una garantía que asegure la ejecución cuando se pague un anticipo de la ayuda; con el seguimiento y la evaluación; y con la posibilidad de exigir a los centros de enseñanza que divulguen la función subvencionadora del programa.

29. El programa de ayuda a las organizaciones de productores de lúpulo solo se utiliza en un Estado miembro. Para crear una cierta flexibilidad y armonizar el enfoque empleado en este sector con el utilizado en los demás sectores, conviene suspender el programa de ayuda y posibilitar la asistencia a las organizaciones de productores valiéndose de medidas de desarrollo rural.

30. Con el fin de incentivar a las organizaciones profesionales reconocidas para que elaboren programas de trabajo encaminados a mejorar la calidad de la producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa, se requiere una financiación de la Unión. En ese contexto, procede establecer en el presente Reglamento una ayuda de la Unión que se asignará según las prioridades de las actividades emprendidas en virtud de los programas de trabajo respectivos. No obstante, conviene limitar las actividades, admitiendo únicamente las que sean más útiles, y recurrir a la cofinanciación para mejorar la calidad de esos programas.

31. Con el fin de garantizar, por un lado, que la ayuda destinada a las organizaciones profesionales del sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa responde a su objetivo de mejorar la calidad de producción de esos productos y, por otro, que estas organizaciones profesionales cumplen sus obligaciones, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre las condiciones para la autorización de las organizaciones profesionales a los efectos del programa de ayuda y para la suspensión o la revocación de esa autorización; sobre las medidas que pueden optar a financiación de la Unión; sobre la asignación de financiación de la Unión a medidas concretas; sobre las actividades y costes que no pueden optar a financiación de la Unión; sobre la selección y autorización de programas de trabajo; y sobre la exigencia de constituir una garantía.

32. El presente Reglamento establece la diferencia entre las frutas y hortalizas, que abarcan las frutas y hortalizas destinadas a la comercialización y las destinadas a la transformación, por un lado, y las frutas y hortalizas transformadas, por otro. Las normas sobre las organizaciones de productores, los programas operativos y la ayuda financiera de la Unión se aplican solo a las frutas y hortalizas y las frutas y hortalizas destinadas exclusivamente a la trasformación.

33. La producción de frutas y hortalizas es imprevisible y los productos son perecederos. Incluso unos excedentes limitados pueden perturbar considerablemente el mercado. Procede, pues, establecer medidas para la gestión de crisis, que deben seguir integradas en los programas operativos.

34. La producción y comercialización de las frutas y hortalizas debe tener plenamente en cuenta las cuestiones medioambientales, tanto en lo que se refiere a los sistemas de cultivo como a la gestión de los materiales usados y a la eliminación de los productos retirados del mercado, especialmente en lo que respecta a la protección de la calidad de las aguas, el mantenimiento de la biodiversidad y la conservación del entorno rural.

35. Conviene destinar ayuda para la creación de agrupaciones de productores en todos los sectores de todos los Estados miembros al amparo de la política de desarrollo rural, por lo que debe suspenderse la ayuda específica del sector de las frutas y hortalizas.

36. Con el fin de hacer asumir una mayor responsabilidad a las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas en lo que se refiere a sus decisiones financieras y de orientar hacia futuras exigencias los recursos públicos que se les concedan, conviene establecer las condiciones en las que se podrán utilizar esos recursos. La cofinanciación de fondos operativos establecidos por las organizaciones de productores parece una solución apropiada. Además, en casos particulares conviene ampliar el ámbito de aplicación de la financiación. Los fondos operativos deben utilizarse únicamente para financiar los programas operativos del sector de las frutas y hortalizas. Para controlar los gastos de la Unión, la ayuda concedida a las organizaciones de productores que constituyan fondos operativos debe contar con un límite máximo.

37. En las regiones con poca organización de la producción en el sector de las frutas y hortalizas, conviene permitir la concesión de contribuciones financieras complementarias de carácter nacional. En el caso de los Estados miembros que presenten desventajas importantes de tipo estructural, conviene que la Unión se haga cargo del reintegro de esas contribuciones.

38. Con objeto de garantizar una ayuda eficaz, selectiva y sostenible a las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre los fondos operativos y los programas operativos, la estructura y contenido de las directrices nacionales y la estrategia nacional, la ayuda financiera de la Unión, las medidas de gestión y prevención de crisis, y la ayuda financiera nacional.

39. Es fundamental establecer medidas de apoyo en el sector vitivinícola que refuercen las estructuras competitivas. Esas medidas las debe determinar y financiar la Unión, dejando que sean los Estados miembros quienes seleccionen el conjunto de medidas que se adecuen a las necesidades de sus organismos regionales, habida cuenta, en caso necesario, de sus especificidades, y las integren en programas nacionales de apoyo. La aplicación de los programas debe incumbir a los Estados miembros.

40. Una medida fundamental que pueda acogerse a los programas nacionales de apoyo debe ser la promoción y comercialización de los vinos de la Unión en terceros países. Se deben mantener las actividades de reestructuración y reconversión, vistos sus positivos efectos estructurales en el sector vitivinícola. Deben apoyarse asimismo las inversiones en el sector vitivinícola encaminadas a mejorar el rendimiento económico de las propias empresas y los Estados miembros también deben poder apoyar la destilación de los subproductos cuando dichos Estados quieran servirse de este instrumento para garantizar la calidad del vino al tiempo que preservan el medio ambiente.

41. Conviene que instrumentos preventivos como los seguros de las cosechas, las mutualidades y fondos de inversión y las cosechas en verde puedan acogerse a los programas de apoyo al sector vitivinícola con el fin de fomentar un planteamiento responsable para las situaciones de crisis.

42. Las disposiciones sobre la ayuda a los viticultores mediante la asignación de derechos de pago decidida por los Estados miembros tienen carácter definitivo. Por consiguiente, la única ayuda que puede proporcionarse es la decidida por los Estados miembros con anterioridad al 1 de diciembre de 2013 conforme al artículo 137 del Reglamento (UE) nº [COM(2010)799] y en las condiciones establecidas en esa disposición.

43. Con el fin de garantizar que los programas de apoyo al sector vitivinícola cumplen sus objetivos y que los Fondos europeos se utilizan de modo selectivo, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a las normas sobre la responsabilidad de los gastos entre la fecha de recepción de los programas de apoyo y las modificaciones de estos y su fecha de aplicabilidad; sobre los criterios de admisibilidad de las medidas de apoyo, el tipo de gasto y de operaciones que pueden recibir apoyo, las medidas que no pueden optar al apoyo y el nivel máximo de apoyo por medida; sobre las modificaciones de los programas de apoyo una vez que son aplicables; sobre los requisitos para la concesión de anticipos y los umbrales de estos, incluidos los requisitos relativos a la constitución de garantías en el caso de efectuarse anticipos; con respecto a las normas que establecen disposiciones generales y definiciones a efectos de los programas de apoyo; a las normas para evitar la utilización indebida de las medidas de apoyo y la doble financiación de los proyectos; a las normas conforme a las cuales los productores deberán retirar los subproductos de la vinificación, excepciones a esta obligación con el fin de evitar una carga administrativa suplementaria y disposiciones para la certificación voluntaria de los destiladores; a las normas que establezcan los requisitos que deben cumplir los Estados miembros para la aplicación de las medidas de apoyo y restricciones para garantizar la coherencia con el ámbito de aplicación de las medidas de apoyo; y con respecto a los pagos a los beneficiarios, incluidos los pagos efectuados por mediadores de seguros.

44. La apicultura se caracteriza por la diversidad de condiciones de producción y rendimientos, así como por la dispersión y heterogeneidad de los agentes económicos, tanto en lo que respecta a la producción como a la comercialización. Además, habida cuenta de la propagación de la varroasis durante los últimos años en varios Estados miembros y de los problemas que esta enfermedad ocasiona para la producción de miel, sigue siendo necesario que la Unión adopte medidas por ser esta una enfermedad que no puede erradicarse completamente y que requiere un tratamiento con productos autorizados. En estas circunstancias y con el fin de mejorar la producción y la comercialización de los productos de la apicultura en la Unión, procede elaborar programas nacionales trienales para el sector con el fin de mejorar las condiciones generales para la producción y comercialización de los productos de este sector. Conviene, pues, que la Unión cofinancie los programas nacionales.

45. Para cerciorarse de que los fondos de la Unión destinados a la apicultura se utilizan de manera selectiva, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a las medidas que pueden incluirse en los programas de apicultura, a las normas sobre las obligaciones relativas al contenido de los programas nacionales, su elaboración y los estudios afines, y a las condiciones para la distribución de la contribución financiera de la Unión a cada Estado miembro participante.

46. La ayuda de la Unión para la cría de gusanos de seda debe disociarse en el sistema de pagos directos de acuerdo con el planteamiento adoptado para las ayudas en los demás sectores.

47. La ayuda para la leche desnatada y la leche desnatada en polvo producida en la Unión y destinada a la alimentación animal y a la transformación en caseína y caseinatos no ha demostrado ser eficaz para apoyar el mercado y, por lo tanto, debe suspenderse tanto esa ayuda como las normas relativas a la utilización de caseína y caseinatos en la fabricación de quesos.

48. La aplicación de normas para la comercialización de los productos agrícolas puede contribuir a mejorar las condiciones económicas de producción y comercialización de esos productos, así como su calidad. La aplicación de tales normas redunda, pues, en beneficio de los productores, comerciantes y consumidores.

49. Tras la Comunicación de la Comisión sobre la política de calidad de los productos agrícolas[15] y los debates que se han sucedido, parece conveniente mantener unas normas de comercialización por sectores o productos con el fin de tener en cuenta las expectativas de los consumidores y contribuir a mejorar tanto las condiciones económicas de producción y comercialización de los productos agrícolas como la calidad de estos.

50. Para garantizar que todos los productos son de calidad sana, cabal y comercial, y sin perjuicio del Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria[16], parece apropiado disponer de una norma básica de comercialización de alcance general, como la prevista en la Comunicación de la Comisión antes mencionada, para los productos a los que no se apliquen normas de comercialización por sectores o productos. Cuando tales productos se ajusten a una norma internacional aplicable, en su caso, debe considerarse que son conformes a la norma general de comercialización.

51. Para algunos sectores y/o productos, las definiciones, designaciones y/o denominaciones de venta son elementos importantes para la determinación de las condiciones de competencia. Así pues, procede establecer definiciones, designaciones y denominaciones de venta para esos sectores y/o productos, que deben utilizarse únicamente en la Unión para la comercialización de productos que cumplan los requisitos correspondientes.

52. Deben establecerse disposiciones horizontales para las normas de comercialización.

53. Para poder suministrar al mercado productos de calidad satisfactoria y normalizada es imprescindible aplicar normas de comercialización que tengan por objeto, en particular, las definiciones, la clasificación por categorías, la presentación y el etiquetado, el envasado, el método de producción, la conservación, el transporte, la información sobre los productores, el contenido de determinadas sustancias, los documentos administrativos, el almacenamiento, la certificación y los plazos.

54. Habida cuenta de la conveniencia de que los consumidores reciban una información adecuada y transparente sobre los productos, se ha de poder determinar el lugar de producción, mediante un planteamiento caso por caso al nivel geográfico apropiado, teniendo en cuenta las especificidades de algunos sectores, especialmente los de productos agrícolas transformados.

55. Las normas de comercialización deben aplicarse a todos los productos comercializados en la Unión.

56. Conviene establecer normas especiales aplicables a los productos importados de terceros países cuando las disposiciones nacionales de los terceros países justifiquen la inaplicación de las normas de comercialización, siempre que se garantice que tales disposiciones son equivalentes a la normativa de la Unión.

57. Conviene que los Estados miembros puedan mantener o establecer determinadas normas nacionales sobre niveles de calidad con respecto a las grasas para untar.

58. Con el fin de hacer frente a las variaciones que se produzcan en los mercados, y habida cuenta de la especificidad de cada sector, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos a fin de aprobar, modificar y establecer excepciones a los requisitos relativos a la norma general de comercialización, y disposiciones sobre la conformidad con esta.

59. Con el fin de tener en cuenta las expectativas de los consumidores y contribuir a la mejora de las condiciones económicas de producción y comercialización de los productos agrícolas, así como a su calidad, y para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y a las nuevas demandas de los consumidores, así como para tener en cuenta la evolución de las normas internacionales pertinentes y los avances técnicos y evitar crear obstáculos a la innovación de productos, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos a fin de aprobar normas de comercialización por sectores o productos, en todas las fases de la comercialización, y de establecer excepciones y supuestos de inaplicación de tales normas, y con respecto a la necesaria modificación, excepción o supuesto de inaplicación de las definiciones y denominaciones de venta.

60. Para garantizar una aplicación correcta y transparente de las normas nacionales a determinados productos y/o sectores en lo referente a las normas de comercialización, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto al establecimiento de las condiciones de aplicación de tales normas de comercialización, así como las condiciones aplicables a la posesión, circulación y utilización de los productos obtenidos de las prácticas experimentales.

61. Con el fin de tener en cuenta la especificidad de los intercambios comerciales entre la Unión y determinados terceros países, el carácter especial de algunos productos agrícolas y la especificidad de cada sector, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a la tolerancia de cada norma de comercialización, rebasada la cual debe considerarse que un lote de productos en su conjunto no cumple la norma, y con respecto a las normas que definen las condiciones en que se considera que los productos importados ofrecen un nivel equivalente de cumplimiento de los requisitos de la Unión sobre normas de comercialización y que permiten la adopción de medidas de inaplicación de las disposiciones según las cuales los productos solo pueden comercializarse en la Unión con arreglo a tales normas y determinan las disposiciones sobre la aplicación de las normas de comercialización a los productos exportados desde la Unión.

62. El concepto de vino de calidad de la Unión se basa, entre otras cosas, en las características específicas atribuibles al origen geográfico del vino. Para que los consumidores puedan reconocer ese tipo de vino se recurre a las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas. Con el fin de dar cabida a un marco transparente y más elaborado que favorezca el reconocimiento de los productos de calidad, conviene establecer un régimen según el cual las solicitudes de denominación de origen o de indicación geográfica se examinen conforme al planteamiento que, de acuerdo con la política horizontal de la Unión aplicable en materia de calidad a los productos alimenticios distintos del vino y las bebidas espirituosas, se utiliza en el Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios[17].

63. Con el fin de preservar las características especiales de calidad de los vinos con denominación de origen o indicación geográfica, se debe permitir a los Estados miembros la aplicación de normas más estrictas.

64. Para poder disfrutar de protección en la Unión, es preciso que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de los vinos se reconozcan y registren en la Unión de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Comisión.

65. La protección debe estar abierta a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de terceros países que estén protegidas en los países de origen.

66. El procedimiento de registro debe posibilitar a toda persona física o jurídica con intereses legítimos en un Estado miembro o un tercer país ejercer sus derechos mediante la notificación de sus objeciones.

67. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas deben protegerse de los usos que supongan un aprovechamiento indebido de la fama que merecen los productos conformes. Con el fin de fomentar la competencia leal y no inducir a error a los consumidores, es preciso que esta protección englobe asimismo a productos y servicios que no se regulan mediante el presente Reglamento, ni se recogen en el anexo I del Tratado.

68. Con el fin de tener en cuenta las prácticas de etiquetado existentes, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto al permiso para utilizar el nombre de una variedad de uva de vinificación aunque contenga o consista en una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida.

69. Con objeto de tener en cuenta las características específicas de la producción en la zona geográfica delimitada, de cerciorarse de la calidad y trazabilidad de los productos y de garantizar los derechos o los intereses legítimos de los productores o los agentes económicos, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre los principios para la delimitación de la zona geográfica, y las definiciones, restricciones y excepciones relativas a la producción en la zona geográfica delimitada; sobre las condiciones en que el pliego de condiciones del producto puede incluir requisitos adicionales; y sobre los elementos del pliego de condiciones del producto; el tipo de solicitante que puede solicitar la protección de una denominación de origen o una indicación geográfica; los procedimientos que deben seguirse para solicitar la protección de una denominación de origen o una indicación geográfica, incluidos los procedimientos nacionales preliminares, la supervisión por la Comisión, los procedimientos de oposición, y el procedimiento de modificación, cancelación y conversión de las denominaciones de origen protegidas o las indicaciones de origen protegidas; los procedimientos nacionales aplicables a las solicitudes transfronterizas; los procedimientos de solicitud relativos a las zonas geográficas en un tercer país; la fecha del inicio de la protección; los procedimientos de modificación del pliego de condiciones del producto, y la fecha de entrada en vigor de una modificación.

70. Con el fin de garantizar una protección adecuada y que los agentes económicos y las autoridades competentes no resultan perjudicados por la aplicación del presente Reglamento a las denominaciones de vinos a las que se haya concedido protección antes del 1 de agosto de 2009, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a la adopción de restricciones de la denominación protegida y a la aprobación de disposiciones transitorias sobre las denominaciones de vinos reconocidas por los Estados miembros como denominaciones de origen o indicaciones geográficas a más tardar el 1 de agosto de 2009, sobre el procedimiento nacional preliminar, sobre los vinos comercializados o etiquetados antes de una fecha determinada y sobre las modificaciones del pliego de condiciones del producto.

71. Hay una serie de términos que se utilizan tradicionalmente en la Unión y que transmiten a los consumidores una información sobre las peculiaridades y la calidad de los vinos complementaria de la que ofrecen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. A fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior y la competencia leal y para evitar que los consumidores sean inducidos a error, esos términos tradicionales deben poder gozar de protección en la Unión.

72. Para garantizar una protección adecuada y los derechos legítimos de los productores o los agentes económicos y tener en cuenta las características específicas del comercio entre la Unión y determinados terceros países, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a las disposiciones sobre la lengua y la ortografía del término tradicional que deba protegerse; sobre la definición del tipo de solicitantes que puede solicitar la protección de un término tradicional; las condiciones de validez de una solicitud de reconocimiento de un término tradicional; los motivos para oponerse a una propuesta de reconocimiento de un término tradicional; el ámbito de aplicación de la protección, incluida la relación con las marcas registradas, los términos tradicionales protegidos, las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas, los homónimos o determinados nombres de uvas de vinificación; los motivos para cancelar un término tradicional; la fecha de presentación de una solicitud o una petición; los procedimientos de solicitud de protección de un término tradicional, incluida la supervisión por parte de la Comisión, los procedimientos de oposición y los procedimientos de cancelación y modificación, y con respecto a las condiciones en que los términos tradicionales pueden utilizarse con productos procedentes de terceros países, así como las excepciones correspondientes.

73. La descripción, designación y presentación de los productos del sector vitivinícola regulados por el presente Reglamento puede influir considerablemente en sus perspectivas de comercialización. Las diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado de los productos de este sector pueden dificultar el buen funcionamiento del mercado interior. Es conveniente, pues, establecer normas que tengan en cuenta los intereses legítimos de los consumidores y los productores. Por tal motivo, conviene establecer normas de la Unión en materia de etiquetado.

74. Para cerciorarse del cumplimiento de las prácticas de etiquetado vigentes y de las normas horizontales de etiquetado y presentación, y habida cuenta de las características específicas del sector vitivinícola; para garantizar la eficacia de los procedimientos de certificación, aprobación y control, y para garantizar los intereses legítimos de los agentes económicos y que estos no resulten perjudicados, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a las circunstancias excepcionales que justifican la omisión de la referencia a los términos «denominación de origen protegida» o «indicación de origen protegida»; a la presentación y utilización de indicaciones de etiquetado distintas de las previstas en el presente Reglamento, determinadas indicaciones obligatorias, indicaciones facultativas y la presentación; a las medidas necesarias sobre el etiquetado y la presentación de los vinos con denominación de origen o indicación geográfica, cuya denominación de origen o indicación geográfica reúna los requisitos necesarios; al vino comercializado y etiquetado antes del 1 de agosto de 2009, y a las excepciones sobre etiquetado y presentación.

75. Las disposiciones relativas al vino deben aplicarse en función de los acuerdos celebrados en virtud el artículo 218 del Tratado.

76. Procede establecer normas de clasificación de las variedades de uva de vinificación conforme a las cuales los Estados miembros con una producción superior a 50 000 hectolitros anuales se seguirán ocupando de clasificar las variedades de uva de vinificación con las que se puede elaborar vino en sus territorios. Es conveniente excluir algunas de esas variedades.

77. Es conveniente señalar determinadas prácticas enológicas y restricciones asociadas a la producción de vino, como la mezcla o la utilización de algunos tipos de mosto de uva, zumo de uva y uvas frescas originarias de terceros países. Con el fin de cumplir las normas internacionales, en lo que se refiere a nuevas prácticas enológicas, conviene que la Comisión se base, como norma general, en las prácticas enológicas recomendadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

78. En el sector vitivinícola, los Estados miembros deben poder limitar o excluir la utilización de determinadas prácticas enológicas y mantener restricciones más estrictas respecto a los vinos producidos en su territorio, así como permitir la utilización experimental de prácticas enológicas no autorizadas en condiciones que habrán de establecerse.

79. Con el fin de establecer un nivel satisfactorio de trazabilidad de los productos en cuestión, y en particular para proteger a los consumidores, debe disponerse que todos los productos del sector vitivinícola regulados por el presente Reglamento lleven un documento de acompañamiento cuando circulen por la Unión.

80. Para lograr una mejor gestión del potencial vitícola, conviene que los Estados miembros faciliten a la Comisión un inventario de su potencial productivo basado en el registro vitícola. Para animar a los Estados miembros a notificar dicho inventario, las ayudas para reestructuración y reconversión se limitan a los que hayan cumplido este requisito.

81. Para facilitar el seguimiento y la verificación del potencial productivo por parte de los Estados miembros, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre el alcance y contenido del registro vitícola y sobre las excepciones pertinentes.

82. Para facilitar el transporte de los productos del sector vitivinícola y su comprobación por los Estados miembros, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a las disposiciones sobre el documento de acompañamiento, su utilización y las dispensas de la obligación de utilizarlo; a las condiciones en que un documento de acompañamiento tendrá la consideración de certificado de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas; a la obligación de llevar un registro; a quién debe llevar un registro y las dispensas de la obligación de llevarlo; a las operaciones que deban consignarse en el registro; y a las disposiciones sobre el uso de los documentos de acompañamiento y los registros.

83. Una vez que concluya el régimen de cuotas se seguirán necesitando instrumentos específicos para garantizar un equilibrio justo de derechos y obligaciones entre las empresas azucareras y los productores de remolacha azucarera, por lo que conviene establecer las disposiciones marco que regulen los acuerdos entre ellos.

84. Con objeto de tener en cuenta las características específicas del sector del azúcar y los intereses de todas las partes, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a tales acuerdos, en particular en lo que se refiere a la compra, entrega, aceptación y pago de la remolacha.

85. Las organizaciones de productores y sus asociaciones pueden desempeñar una función muy útil en la concentración de la oferta y la promoción de las mejores prácticas. Las organizaciones interprofesionales pueden jugar un papel importante permitiendo el diálogo entre los agentes de la cadena de suministro y fomentando las mejores prácticas y la transparencia en el mercado. Es necesario, pues, armonizar, racionalizar y ampliar las normas vigentes sobre la definición y el reconocimiento de tales organizaciones y sus asociaciones en determinados sectores, con el fin de prever el reconocimiento previa petición en virtud de normas recogidas en el Derecho de la UE en todos los sectores.

86. Algunas disposiciones vigentes en varios sectores que potencian el efecto de las organizaciones de productores, sus asociaciones y las organizaciones interprofesionales permitiendo a los Estados miembros, en determinadas condiciones, hacer extensivas determinadas normas de esas organizaciones a los agentes económicos no afiliados han demostrado su eficacia, por lo que conviene armonizarlas, racionalizarlas y ampliarlas a todos los sectores.

87. Con respecto a las plantas vivas, la carne de vacuno, la carne de porcino, la carne de ovino y caprino, los huevos y las aves de corral, debe preverse la posibilidad de adoptar determinadas medidas para facilitar el ajuste de la oferta a las necesidades del mercado, lo que puede contribuir a estabilizar los mercados y garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores de que se trate.

88. Para estimular las iniciativas de las organizaciones de productores, de sus asociaciones y de las organizaciones interprofesionales que faciliten la adaptación de la oferta a las necesidades del mercado, salvo las de retirada de productos del mercado, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a medidas sobre los sectores de las plantas vivas, la carne de vacuno, la carne de porcino, la carne de ovino y caprino, los huevos y las aves de corral para mejorar la calidad, promover una mejor organización de la producción, la transformación y la comercialización, facilitar el seguimiento de la evolución de los precios del mercado y permitir la elaboración de previsiones a corto y a largo plazo basándose en el conocimiento de los medios de producción utilizados.

89. Con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado de los vinos, los Estados miembros deben poder aplicar las decisiones adoptadas por las organizaciones interprofesionales. No obstante, las prácticas que puedan falsear la competencia deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de esas decisiones.

90. A falta de normativa de la Unión sobre contratos escritos formalizados, los Estados miembros, dentro de sus propios regímenes de Derecho contractual, pueden hacer obligatorio el uso de tales contratos a condición de que al hacerlo se cumpla la legislación de la Unión y, en particular, se respete el correcto funcionamiento del mercado interior y de la organización común de mercado. Habida cuenta de la variedad de situaciones existentes en la Unión, en aras de la subsidiariedad, tal decisión debe ser competencia de los Estados miembros. Sin embargo, en el sector de la leche y los productos lácteos, para garantizar unas normas mínimas adecuadas para tales contratos y el buen funcionamiento del mercado interior y de la organización común de mercado, deben fijarse al nivel de la Unión algunas condiciones básicas para el uso de tales contratos. Puesto que algunas cooperativas lecheras pueden tener normas con un efecto similar en sus estatutos, en aras de la simplicidad, deben quedar exentas de la exigencia de contratos. Para garantizar la eficacia de un sistema de esas características, es preciso aplicarlo también cuando son los intermediarios quienes recogen la leche de los ganaderos para entregarla a los transformadores.

91. Con el fin de garantizar el desarrollo racional de la producción y consolidar así un nivel de vida equitativo a los productores de leche, conviene fortalecer su poder de negociación con respecto a los transformadores y conseguir así una distribución más equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro. Por lo tanto, para conseguir estos objetivos de la Política Agrícola Común, debe adoptarse una disposición de conformidad con el artículo 42 y el artículo 43, apartado 2, del Tratado para permitir que las organizaciones de productores constituidas por productores de leche o sus asociaciones negocien los términos del contrato, incluido el precio, para una parte o la totalidad de la producción de sus miembros con una central lechera. Para mantener la competencia efectiva en el mercado lácteo, esta posibilidad debe estar sujeta a límites cuantitativos apropiados.

92. El registro de todos los contratos de suministro de lúpulo producido en la Unión es una medida onerosa y conviene por tanto suspenderla.

93. Para cerciorarse de que los objetivos y competencias de las organizaciones de productores, las asociaciones de organizaciones de productores, las organizaciones interprofesionales y las organizaciones profesionales se definen con claridad para contribuir a la eficacia de sus actuaciones, para tener en cuenta el carácter específico de cada sector y para garantizar el respeto de la competencia y el buen funcionamiento de la organización común de mercados, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a las normas sobre: los objetivos específicos que podrán, deberán o no deberán perseguir esas organizaciones y asociaciones, incluidas las excepciones a los objetivos enumerados en el presente Reglamento; los estatutos, el reconocimiento, la estructura, la personalidad jurídica, la afiliación, las dimensiones, la responsabilidad y las actividades de tales organizaciones y asociaciones, los efectos derivados del reconocimiento, la retirada del reconocimiento y las fusiones; las organizaciones y asociaciones transnacionales; la subcontratación de actividades y el suministro de medios técnicos por parte de las organizaciones o de las asociaciones; el volumen o el valor mínimos de la producción comercializable de las organizaciones o las asociaciones; la ampliación de determinadas normas de las organizaciones a los no afiliados y el pago obligatorio de cuotas por estos, incluida una lista de normas de producción más estrictas que puede ampliarse, nuevos requisitos sobre representatividad, los ámbitos económicos afectados, incluida la vigilancia por la Comisión de su definición, los periodos mínimos en los que las normas deben estar vigentes antes de su ampliación, las personas o las organizaciones a las que pueden aplicarse las normas o las contribuciones, y las circunstancias en las que la Comisión puede exigir que la ampliación de las normas o las cuotas obligatorias se deniegue o se retire.

94. Un mercado único supone un régimen de intercambios comerciales en las fronteras exteriores de la Unión. Ese régimen debe constar de derechos de importación y de restituciones por exportación y, en principio, debe servir para estabilizar el mercado de la Unión. Asimismo, debe basarse en los compromisos contraídos en las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay y en los acuerdos bilaterales.

95. El seguimiento de los flujos comerciales es ante todo una cuestión de gestión que conviene abordar de manera flexible. Es conveniente que la decisión sobre el establecimiento de los requisitos que deben cumplir los certificados se tome teniendo presente la necesidad de contar con certificados para la gestión de los mercados considerados y, en particular, para el seguimiento de las importaciones de los productos en cuestión.

96. En función de la evolución de los intercambios comerciales y el mercado y de las necesidades de los mercados, y cuando sea necesario para el seguimiento de las importaciones o las exportaciones, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre la lista de productos de los sectores sujetos a la presentación de un certificado de importación o exportación, y los casos y situaciones en los que no será preciso presentar un certificado de importación o exportación.

97. Para fijar los principales elementos del régimen de certificados, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos para establecer los derechos y obligaciones del titular del certificado, los efectos legales de este, incluida la posibilidad de tolerancia frente a la obligación de efectuar la importación o la exportación, y la indicación del origen y la procedencia cuando ello sea obligatorio; para disponer que la expedición de un certificado de importación o el despacho a libre práctica estén sujetos a la presentación de un documento expedido por un tercer país o un organismo que certifique, entre otros extremos, el origen, la autenticidad y las características de calidad de los productos; para adoptar las normas aplicables a la transmisión de certificados o, en caso necesario, las restricciones aplicables a esa transmisión; para establecer las normas necesarias en aras de la fiabilidad y eficacia del régimen de certificados y las situaciones en las que los Estados miembros deban prestarse una asistencia administrativa específica para prevenir o atajar los casos de fraude y las irregularidades; y para determinar los casos y situaciones en los que no será preciso depositar una garantía para asegurar que los productos se importan o exportan dentro del periodo de validez.

98. Los elementos fundamentales de los derechos de aduana aplicables a los productos agrícolas que reflejan los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos bilaterales se establecen en el arancel aduanero común. Conviene facultar a la Comisión a fin de que adopte medidas para el cálculo detallado de los derechos de importación con arreglo a esos elementos fundamentales.

99. Para evitar o contrarrestar los efectos perjudiciales que puedan tener en el mercado de la Unión las importaciones de determinados productos agrícolas, la importación de tales productos debe estar sujeta al pago de un derecho adicional, si se cumplen determinadas condiciones.

100. Con objeto de garantizar la eficacia del régimen de precios de entrada, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a la posibilidad de establecer una comparación del valor de aduana con otro valor distinto del precio unitario.

101. Procede, en determinadas condiciones, abrir y gestionar los contingentes arancelarios de importación resultantes de acuerdos internacionales celebrados en virtud del Tratado o de otros actos.

102. Para permitir un acceso equitativo a las cantidades disponibles, asegurar el cumplimiento de los acuerdos, compromisos y derechos de la Unión, y garantizar la igualdad de trato de los agentes económicos frente al contingente arancelario de importación, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con objeto de establecer las condiciones y los requisitos que habrán de cumplir los agentes económicos para presentar una solicitud con cargo al contingente arancelario de importación; de adoptar disposiciones acerca de la transmisión de derechos entre los agentes económicos y, en caso necesario, las restricciones aplicables a esa transmisión en el contexto de la gestión del contingente arancelario de importación; de supeditar la participación en el contingente arancelario de importación a la constitución de una garantía, y de establecer todas las disposiciones necesarias con respecto a las especificidades, requisitos o restricciones particulares aplicables al contingente arancelario previsto en el acuerdo internacional u otro acto en cuestión.

103. En determinados casos, los productos agrícolas pueden recibir un trato especial al ser importados en terceros países si se ajustan a determinadas especificaciones o condiciones de precio, o ambas. Para garantizar la correcta aplicación de ese sistema, es necesario que exista una cooperación administrativa entre las autoridades del tercer país importador y las de la Unión. Con ese fin, es oportuno que los productos vayan acompañados de un certificado expedido en la Unión.

104. Con objeto de garantizar que los productos que se exportan pueden disfrutar de un régimen especial de importación en un tercer país si se cumplen determinadas condiciones, en virtud de los acuerdos celebrados por la Unión de conformidad con el artículo 218 del Tratado, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos mediante los cuales se exija a las autoridades competentes de los Estados miembros, previas solicitud y realización de los controles apropiados, la expedición de un documento por el que se certifique que se cumplen esas condiciones.

105. El régimen de derechos de aduana permite renunciar a todas las demás medidas de protección en las fronteras exteriores de la Unión. Es posible que, en circunstancias excepcionales, el mecanismo del mercado interior y de los derechos de aduana resulte insuficiente. Para que el mercado de la Unión no se quede sin defensa frente a las perturbaciones que pueden producirse en esos casos, es preciso que la Unión pueda adoptar sin dilación cuantas medidas sean necesarias, las cuales habrán de respetar las obligaciones internacionales contraídas por ella.

106. Debe contemplarse la posibilidad de prohibir el recurso al régimen de perfeccionamiento activo o pasivo. Procede, por consiguiente, posibilitar la suspensión del recurso a los regímenes de perfeccionamiento activo y pasivo en situaciones de este tipo.

107. Las disposiciones para la concesión de restituciones por exportación a terceros países en función de la diferencia existente entre los precios de la Unión y del mercado mundial, dentro de los límites establecidos en los compromisos asumidos en el contexto de la OMC, han de servir para proteger la participación de la Unión en el comercio internacional de determinados productos que entran dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Conviene empero que las exportaciones subvencionadas estén sujetas a límites, tanto en valor como en cantidad.

108. Es preciso que, al fijar las restituciones por exportación, se garantice la observancia de los límites de valor mediante el control de los pagos efectuados en virtud de la normativa relativa al Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Para facilitar ese control, es oportuno disponer que las restituciones por exportación se fijen obligatoriamente por anticipado, y que, en el caso de las restituciones diferenciadas, sea posible cambiar el destino previamente fijado dentro de una zona geográfica en la que se aplique un solo tipo de restitución. En el supuesto de cambio de destino, debe pagarse la restitución por exportación aplicable al destino real, estableciéndose como límite máximo el importe aplicable al destino previamente fijado.

109. Para la observancia de los límites cuantitativos es necesario implantar un sistema de seguimiento fidedigno y eficaz. Con tal fin, es preciso supeditar la concesión de las restituciones por exportación a la presentación de un certificado de exportación. Las restituciones por exportación deben concederse dentro de los límites disponibles, en función de la situación específica de cada producto. Únicamente pueden admitirse excepciones a esta norma en el caso de los productos transformados no enumerados en el anexo I del Tratado, a los que no se aplican límites de volumen. Conviene introducir la posibilidad de establecer excepciones a las normas de gestión cuando las exportaciones con restitución no vayan a sobrepasar los límites cuantitativos establecidos.

110. En el caso de las exportaciones de ganado vacuno vivo, resulta conveniente disponer que las restituciones por exportación se concedan y abonen únicamente si se cumplen las normas de la Unión sobre bienestar animal y, en particular, las relativas a la protección de los animales durante el transporte.

111. Con objeto de garantizar la igualdad de acceso a las restituciones por exportación a los exportadores de los productos agrícolas regulados por el presente Reglamento, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre la aplicación de ciertas normas para los productos agrícolas a los productos exportados en forma de bienes transformados.

112. Para animar a los exportadores a respetar las condiciones de bienestar animal y permitir a las autoridades competentes cerciorarse del gasto correcto de las restituciones por exportación cuando su concesión esté condicionada a la observancia de normas de bienestar animal, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre la observancia de las normas de bienestar animal fuera del territorio aduanero de la Unión, incluidos terceros independientes.

113. Para asegurarse de que los agentes económicos cumplan sus obligaciones cuando participen en licitaciones, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre la fijación de la exigencia principal para la liberación de las garantías asociadas a los certificados de las restituciones por exportación licitadas.

114. Para reducir la carga administrativa de los agentes económicos y las autoridades públicas, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre la fijación de umbrales por debajo de los cuales no será obligatorio expedir o presentar un certificado de exportación, sobre el establecimiento de destinos u operaciones que pueden justificar una exención de la obligación de presentar tal certificado y sobre el permiso para la concesión a posteriori de los certificados de exportación en situaciones justificadas.

115. Para hacer frente a situaciones concretas que dan derecho, total o parcialmente, a restituciones por exportación y ayudar a los agentes económicos a pasar el periodo comprendido entre la fecha de solicitud de la restitución por exportación y el pago final, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a medidas sobre otra fecha de restitución; sobre las consecuencias que tenga para el pago de la restitución por exportación el hecho de que el código de producto o el destino indicado en el certificado no corresponda al producto o al destino real; sobre el pago por adelantado de las restituciones por exportación, especificando las condiciones de constitución y liberación de una garantía; sobre la realización de controles y la presentación de justificantes cuando existan dudas sobre el destino real de los productos, incluida la oportunidad de reimportarlos en el territorio aduanero de la Unión, y sobre los destinos asimilados a exportaciones desde la Unión y los destinos situados en el territorio aduanero de la Unión que pueden causar derecho a las restituciones por exportación.

116. Para tener la seguridad de que los productos por los que se conceden restituciones por exportación se exportan fuera del territorio aduanero de la Unión, evitar su vuelta a ese territorio y reducir la carga de trabajo administrativo que puede suponer para los agentes económicos la obtención y presentación de justificantes que acrediten que los productos han llegado a un país de destino que da derecho a la percepción de restituciones diferenciadas, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos con respecto a medidas sobre el plazo en el que deba producirse la salida del territorio aduanero de la Unión, incluido el plazo para la reintroducción temporal; sobre la transformación a la que puedan ser sometidos durante ese plazo los productos por los que se conceden las restituciones por exportación; sobre los justificantes que acrediten la llegada al destino de los productos, en el caso de las restituciones diferenciadas; sobre los valores umbral de las restituciones y las condiciones en las que se pueda eximir a los exportadores de esos justificantes; y sobre las condiciones de aprobación de los justificantes de llegada al destino emitidos por terceros independientes, en el caso de los restituciones diferenciadas.

117. Habida cuenta de las peculiaridades de cada sector, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre las disposiciones y condiciones específicas para los agentes económicos y los productos con derecho a restituciones por exportación, incluidas, en particular, la definición y las características de los productos, y el establecimiento de coeficientes para el cálculo de las restituciones por exportación.

118. Para que los cultivos ilícitos de cáñamo no perturben el mercado del cáñamo destinado a la producción de fibras, procede que el presente Reglamento disponga la realización de controles de las importaciones de cáñamo y de semillas de cáñamo con el fin de cerciorarse de que dichos productos ofrecen garantías en cuanto al contenido de tetrahidrocannabinol. Además, la importación de semillas de cáñamo no destinadas a la siembra debe seguir supeditada a un régimen de control que regule la autorización de los importadores.

119. Los precios mínimos de exportación de los bulbos de flores ya no son útiles y conviene eliminarlos.

120. De conformidad con el artículo 42 del Tratado, las disposiciones del Tratado relativas a la competencia serán aplicables a la producción y al comercio de productos agrícolas solo en la medida determinada por la normativa de la Unión, en el marco del artículo 43, apartados 2 y 3, del Tratado y de acuerdo con el procedimiento previsto en él.

121. Las normas de competencia relativas a los acuerdos, decisiones y prácticas mencionados en el artículo 101 del Tratado, así como las relativas a la explotación abusiva de posiciones dominantes, deben ser aplicadas a la producción y al comercio de productos agrícolas, en la medida en que su aplicación no ponga en peligro la consecución de los objetivos de la PAC.

122. Conviene permitir un planteamiento especial en el caso de las organizaciones de agricultores o productores o de sus asociaciones que tengan por objeto la producción o el comercio en común de productos agrícolas o la utilización de instalaciones comunes, a menos que dicha acción común excluya la competencia o ponga en peligro la consecución de los objetivos del artículo 39 del Tratado.

123. Conviene permitir un planteamiento especial con respecto a determinadas actividades de las organizaciones interprofesionales, a condición de que no entrañen la compartimentación de los mercados, afecten al buen funcionamiento de la organización común de mercados, falseen o eliminen la competencia, supongan la fijación de precios o creen discriminación.

124. La concesión de ayudas nacionales puede entorpecer el funcionamiento del mercado único. Por este motivo, es necesario que, como norma general, las disposiciones del Tratado que regulan esas ayudas se apliquen a los productos agrícolas. En determinadas circunstancias será preciso autorizar excepciones. Es conveniente que, cuando estas se apliquen, la Comisión pueda elaborar una lista de las ayudas nacionales existentes, nuevas o propuestas para formular a los Estados miembros las observaciones que procedan y proponer medidas adecuadas.

125. Debido a la situación económica especial de la producción y comercialización de renos y productos derivados, conviene que Finlandia y Suecia sigan concediendo pagos nacionales a este sector.

126. Con el fin de abordar los casos justificados de crisis incluso después de finalizar, en 2012, el periodo transitorio de la medida de apoyo a la destilación de crisis prevista con arreglo a los programas de apoyo, un Estado miembro debe poder efectuar pagos nacionales para la destilación de crisis dentro del límite presupuestario global del 15 % del respectivo valor del presupuesto anual correspondiente del Estado miembro destinado a su programa nacional de ayuda. Este tipo de pagos nacionales deben notificarse a la Comisión y ser aprobados, de acuerdo con el presente Reglamento, antes de concederlos.

127. Las disposiciones sobre las primas por arranque y determinadas medidas de los programas de apoyo al sector vitivinícola no deben ser obstáculo en sí para los pagos nacionales con el mismo objetivo.

128. El cultivo de remolacha azucarera en Finlandia se realiza en unas condiciones geográficas y climáticas particulares que, sumadas a los efectos generales de la reforma del azúcar, incidirán negativamente en esta producción. Procede, pues, autorizar de manera permanente a ese Estado miembro para efectuar pagos nacionales a sus productores de remolacha azucarera.

129. Procede autorizar a los Estados miembros a seguir efectuando pagos nacionales por los frutos de cáscara tal como dispone actualmente el artículo 120 del Reglamento (CE) nº 73/2009 con el fin de amortiguar los efectos de la disociación del antiguo régimen de ayudas de la Unión para este tipo de frutos. Por motivos de claridad, dado que ese Reglamento tiene que derogarse, conviene que los pagos nacionales se contemplen en el presente Reglamento.

130. Las restricciones a la libre circulación derivadas de la aplicación de medidas destinadas a combatir la propagación de enfermedades animales pueden originar dificultades en el mercado de uno o varios Estados miembros. La experiencia demuestra que las perturbaciones graves del mercado, como un descenso acusado del consumo o de los precios, pueden atribuirse a la pérdida de confianza de los consumidores debido a la existencia de riesgos para la salud pública o la sanidad animal. Habida cuenta de la experiencia, las medidas atribuibles a la pérdida de confianza de los consumidores deben hacerse extensibles a los productos vegetales.

131. Conviene que las medidas excepcionales de sostenimiento de los mercados en los sectores de la carne de vacuno, la leche y los productos lácteos, la carne de porcino, la carne de ovino y caprino, los huevos y las aves de corral estén relacionadas directamente con las medidas sanitarias y veterinarias que se hayan tomado para combatir la propagación de enfermedades. Las medidas deben tomarse a petición de los Estados miembros para evitar perturbaciones graves en los mercados.

132. Para responder con eficiencia y eficacia a las amenazas de perturbaciones de los mercados hay que establecer medidas especiales de intervención, cuyo ámbito de aplicación habrá que definir.

133. Para responder con eficiencia y eficacia a las amenazas de perturbaciones de los mercados causadas por aumentos o caídas significativas de los precios en los mercados interiores o exteriores o por cualesquiera otros factores que afecten al mercado, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre las medidas necesarias para el sector de que se trate, entre ellas, cuando sea preciso, la posibilidad de ampliar o modificar el ámbito de aplicación, la duración u otros aspectos de otras medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento, o de suspender total o parcialmente los derechos de importación respecto de determinadas cantidades o periodos.

134. Debe autorizarse a la Comisión a adoptar las medidas necesarias para resolver problemas específicos en situaciones de emergencia.

135. Es posible que se exija a las empresas, a los Estados miembros y/o a los terceros países la presentación de comunicaciones a efectos de la aplicación del presente Reglamento, del seguimiento, análisis y gestión del mercado de los productos agrícolas y de garantizar la transparencia del mercado, el correcto funcionamiento de las medidas de la PAC, la supervisión, el control, el seguimiento, la evaluación y la auditoría de las medidas de la PAC, así como la aplicación de los acuerdos internacionales, incluidas las obligaciones de notificación establecidas en tales acuerdos. Para asegurar un planteamiento armonizado, racionalizado y simplificado, conviene facultar a la Comisión para adoptar las medidas necesarias con respecto a las comunicaciones. Al hacerlo, debe tener en cuenta los datos necesarios y las sinergias entre las posibles fuentes de datos.

136. Para que las comunicaciones sean rápidas, eficaces, precisas y rentables, procede delegar en la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las competencias para adoptar determinados actos sobre la naturaleza y el tipo de información que deba comunicarse, los métodos de comunicación, las normas en materia de derecho de acceso a la información o a los sistemas de información habilitados, y las condiciones y los medios de publicación de la información.

137. Es aplicable la normativa de la Unión