ES    ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 9.2.2004 
COM(2004) 83 final 
  
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
Informe sobre la competencia en  los servicios profesionales 
 
 2    COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
Informe sobre la competencia en  los servicios profesionales 
Índice 
Sumario ....................................................................................................................... ............... 3 
1. Introducción y ámbito de aplicación............................................................................ 5 2. Antecedentes ................................................................................................................ 6 
2.1. Contexto general .......................................................................................................... 6 
2.2. La importancia de los servicios profes ionales para la economía de la UE .................. 7 
3. Acción de la Comisión en el ámbito de la competencia en los servicios  
profesionales ................................................................................................................ 8 
4. Regulación restrictiva de la s profesiones liberales .................................................... 10 
4.1. Fijación de precios ..................................................................................................... 11  
4.2. Precios recomendados................................................................................................ 13 4.3. Restricciones publicitarias ......................................................................................... 14 4.4. Restricciones al acceso al ejerci cio y actividades reservadas .................................... 16 
4.5. Regulación de la estructura empresarial .................................................................... 17 5. Posible aplicación de las normas co munitarias de competencia................................ 18 
5.1. Responsabilidad de los miem bros de las profesiones ................................................ 19 
5.2. Responsabilidad de los Estados miembros ................................................................ 23 6. Próximas etapas hacia la modernización.................................................................... 24 6.1. Revisión de las normas vige ntes por los reguladores................................................. 25 
6.2. Aplicación en la Red europea de competencia .......................................................... 26 6.3. Observaciones finales................................................................................................. 26 
 
 3    SUMARIO  
Las profesiones liberales son ocupaciones que requieren una formación especial en artes o 
ciencias liberales. El presente informe se centra en las profesiones que la Comisión ha 
analizado hasta la fecha con cierto detalle, especialmente las de a bogado, notario, contable, 
arquitecto, ingeniero y farmacéutico. El sector se  caracteriza en general por un alto nivel de 
regulación, ya sea en forma de normativas  estatales o de autorregulación de las 
organizaciones profesionales. El principal ob jetivo del presente informe consiste en exponer 
la opinión de la Comisión, desd e el punto de vista de la competencia, sobre el las 
posibilidades de reforma o de modernización de las normas profesi onales específicas.  
El Consejo Europeo de Lisboa  de marzo de 2000 adoptó un programa de reforma económica 
con el objetivo de hacer que en  2010 la UE se convirtiera en la economía basada en el 
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Los servicios profesionales juegan un 
papel importante en la mejora de la competitividad de la economía europea ya que constituyen aportaciones para la  economía y la actividad empr esarial, de tal modo que su 
calidad y competitividad producen importantes efectos colaterales. Los servicios profesionales también son importantes debido a su  importancia directa para los consumidores.  
Existen cinco categorías princi pales de regulaciones potencial mente restrictivas de las 
profesiones de la UE: (i) fijaci ón de precios, (ii) precios reco mendados, (iii) regulación de la 
publicidad, (iv) requisitos de en trada y derechos reservados, y (v) normativas que rigen la 
estructura empresarial y las prácticas multidisciplinares.  
Por una parte, un significativo número de in vestigaciones empíricas muestra los efectos 
negativos que las regulaciones restrictivas excesivas o anticuadas pueden tener para los consumidores. Tales regulaciones pueden eliminar  o limitar la competencia entre prestadores 
de servicios y reducir, por lo tanto, los incentiv os para que los profesionales trabajen con una 
buena relación coste-eficacia y a precios menores  y para que mejoren su calidad u ofrezcan 
servicios innovadores.  
Por otra parte, tres son esencialmente las razo nes por las que puede ser necesaria una cierta 
regulación de los servicios profesionales: la asimetría de la información entre clientes y 
prestadores de servicios, ya que  una característica típica de los servicios profesionales es que 
los profesionales deben poseer un elevado ni vel de conocimientos técnicos que los 
consumidores pueden no tener; las externalidad es, ya que estos servic ios pueden repercutir 
sobre terceros; y el hecho de que se consider e que ciertos servicios profesionales producen 
“bienes públicos” que son valiosos para la sociedad en general.  Así pues, quienes abogan por 
las regulaciones restrictivas sostienen que tale s regulaciones pretenden ma ntener la calidad de 
los servicios profesionales y proteger a los cons umidores contra la negl igencia profesional.  
Si bien la Comisión reconoce que una cierta regulación en este se ctor está justificada, cree 
que en algunos casos se podrían y se deberían utilizar instrumentos más favorables a la competencia en lugar de ciertas no rmas tradicionales restrictivas.  
Desde el punto de vista del Derech o comunitario de competencia, es necesario distinguir entre 
la posible responsabilidad de las organizaciones profesionales y la de los Estados miembros.  
Las regulaciones adoptadas por las organi zaciones profesionales son decisiones de 
asociaciones de empresas que pueden infringir la  prohibición contenida en el artículo 81 CE. 
Sin embargo, quedan fuera de esta prohibici ón las regulaciones que son objetivamente 
 
 4    necesarias para garantizar la práctica adecuada de la profesión, según esté organizada en el 
Estado miembro correspondiente.  
Una regulación estatal que impone o propicia un a conducta anticompetitiva o que refuerza sus 
efectos, infringe la letra g) del apartado 1 del artículo 3 CE, el aparta do 2 del artículo 10 CE y 
el artículo 81 CE. Cuando la administración de lega su poder de de cisión política en una 
asociación profesional sin las salvaguardias sufici entes, es decir, sin indicar claramente los 
objetivos de interés público que se deben resp etar, sin poder pronunciarse en última instancia 
y sin mantener el control sobre la aplicac ión, el Estado miembro también puede ser 
responsable de cualquier infracción resultante.  
En definitiva, en opinión de la Comisión, siempre que se exam ine una regulación profesional 
debería aplicarse un criteri o de proporcionalidad. Las normas deben ser objetivamente 
necesarias para lograr un objetivo de interés público claramente articulado y legítimo y deben ser el mecanismo menos restrictivo de la comp etencia para lograr ese objetivo. Tales normas 
redundan por igual en aras de los intereses de  los usuarios y de los profesionales.  
La Comisión invita a todos los interesados a r ealizar un esfuerzo conjunto para reformar o 
eliminar aquellas normas que carez can de justificación. Se invita a las autoridades reguladoras 
de los Estados miembros y a las organizaciones profesionales a revisar las normas existentes 
teniendo en cuenta si dichas normas son necesarias para el interés público, si son proporcionales y si están justif icadas. La Comisión también sugi ere examinar junto con todos 
los interesados la necesidad de establece r unos mecanismos complementarios que redunden 
en beneficio de la competencia y mejoren la tr ansparencia con objeto de reforzar los derechos 
y el poder de los consumidores.  
A partir de mayo de 2004, desde el punto de vi sta de la aplicación de la normativa, las 
autoridades nacionales de competencia y lo s tribunales nacionales tendrán un papel más 
prominente en la evaluación de la legalidad de  las normas y regulaciones  de las profesiones. 
En la medida en que las restricciones de co mpetencia tengan su centro de gravedad en un 
Estado miembro, la aplicación administrativa de las normas comunitarias de competencia a 
las profesiones liberales corr esponderá principalmente a las autoridades nacionales de 
competencia. No obstante, la Comisión tamb ién seguirá analizando los asuntos cuando lo 
considere conveniente. Se garantizará la ap licación coherente de los artículos 81 y 82 
mediante la coordinación en la  Red Europea de Competencia.  
La Comisión informará en 2005 sobre los avances registrados en la elim inación de las normas 
restrictivas e injustificadas.  
 
 5     
1. INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
1. Las profesiones liberales son ocupaciones que requieren una formación especial en 
artes o ciencias liberales, por ejemplo los abogados, notarios, i ngenieros, arquitectos, 
contables y farmacéuticos. El sector se caracteriza en general por un alto nivel de regulación, ya sea en forma de normativas estatales o de autorregulación de las 
organizaciones profesionales. Esta regulaci ón puede referirse, entre otras cosas, al 
número de profesionales ej ercientes de la profesión;  a los honorarios que pueden 
cobrar los profesionales y a las tarifas permitidas (por ejemplo los pactos de cuota litis); a la estructura organizativa de las empresas de servicios profesionales; a su capacidad para hacer publicidad; y a las activ idades reservadas a los miembros de la 
profesión.  
2. Por lo que se refiere a la autorregulación  por las organizacione s profesionales, el 
apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE prohíbe ‘todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de  empresas y las prácticas concertadas que 
puedan afectar al comercio entre los Es tados miembros y que tengan por objeto o 
efecto impedir, restringir o falsear el jue go de la competencia dentro del mercado 
común’.  
3. Por lo que se refiere a la regulación estata l, el apartado 2 del artículo 10 del Tratado 
CE prohíbe las medidas de los Estados miembros que puedan poner en peligro la realización de los fines de l Tratado. Leídas conjuntamen te con la letra g) del 
apartado 1 del artículo 3 CE (que hace re ferencia al objetivo de un régimen de 
competencia sin falseamiento en el merca do interior) y con el artículo 81 CE, estas 
disposiciones exigen que los Estados mi embros no promulguen ni mantengan en 
vigor medidas, aunque sean de carácter legislativo o regulador, que priven de 
eficacia a las normas de competen cia aplicables a las empresas.  
4. Por este motivo, existe una posible tensión entre, por una parte, la necesidad de un 
cierto nivel de regulación de  estas profesiones y, por otra , las normas de competencia 
del Tratado.  
5. El objetivo de este informe es determinar las razones de la necesidad de actuación en 
el ámbito de las profesiones desde el punt o de vista de la co mpetencia (sección 2), 
informar sobre las acciones que la Comisi ón ha realizado hasta el momento (sección 
3), presentar las conclusione s intermedias de la Comisión en lo que respecta a las 
restricciones más importantes y a sus presun tas justificaciones en aras del interés 
público (sección 4) y en lo que  respecta al marco jurídico  comunitario aplicable al 
análisis de esas restricciones (sección 5)  y, finalmente, proponer una futura línea de 
acción para propiciar la eliminación de las re stricciones injustificadas (sección 6).  
6. Este informe se centra solamente en las pr ofesiones analizadas hasta la fecha con 
cierto detalle, especialmente las de aboga do, notario, contable, arquitecto, ingeniero 
y farmacéutico. Se podría llegar a conclu siones similares con respecto a las 
profesiones afines existentes (por ejemplo, asesores fiscales, agentes de la propiedad 
 
 6    inmobiliaria). El presente informe no abarca las profesiones médicas1. Por otra parte, 
la Comisión ha limitado hasta ahora su es tudio a los actuales 15 Estados miembros 
de la UE.  
7. Dado que la Comisión considera que se pue den lograr avances importantes utilizando 
otros mecanismos, no examina en esta fase  el posible uso del artículo 86 CE. La 
Comisión tampoco considera necesario ocup arse en este informe de la posible 
aplicación del artículo 82 CE o del Reglamento sobre concentraciones2.  
2. ANTECEDENTES  
2.1. Contexto general  
8. El Consejo Europeo de Lisboa de ma rzo de 2000 adoptó un programa de reforma 
económica con el objetivo de hacer que en 2010 la UE se convirtiera en la economía basada en el conocimiento más competi tiva y dinámica del mundo. A este respecto, 
el Consejo Europeo resaltó el papel fundament al de los servicios en la economía y su 
capacidad de contribuir al crecimiento y al empleo.  
9. Los servicios son el principal motor del cr ecimiento en la UE y representan un 54% 
del PIB
3 y un 67% de los puestos de trabajo. Un a parte clave del programa de Lisboa 
es, por lo tanto, la "Estrategia para el me rcado interior de servicios" que aspira a 
crear un mercado interior plenamente ope rativo para todos los prestadores de 
servicios4. En ese contexto, la Comisión acaba de adoptar una propuesta de Directiva 
sobre los servicios en el mercado interior5, que incluye los servicios profesionales, 
basada en una combinación de r econocimiento recíproco, cooperación 
administrativa, armonización cuando sea estrictamente necesario y fomento de la autorregulación. Por lo que se refiere a la s profesiones reguladas, esta propuesta 
constituye un complemento de la propuesta de Directiva relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales
6 adoptada por la Comisión en marzo de 2002, cuya 
primera lectura aún no ha finalizado. Esta propuesta consolida y mejora el vigente 
régimen de reconocimiento mutuo de cualif icaciones profesionales y abarca una serie 
de aspectos paralelos, incl uida la simplificación de la prestación de servicios 
transfronterizos. El Parlamento Europeo ta mbién ha reconocido la importancia de los 
servicios profesionales7.  
10. La reciente Comunicación de la Comisión sobre la competitividad de los servicios 
relacionados con la empresa y su contribu ción a la buena marcha de las empresas 
                                                 
1 La OCDE se está ocupando actualmente de la comp etencia en los servicios profesionales, incluidas 
algunas profesiones no cubiertas por el presente documento.  
2 Reglamento (CEE) 4064/89 del Consejo, sustituido desde el 1 de mayo de 2004 por el Reglamento (CE) 
n° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004 , sobre el control de las concentraciones entre 
empresas, DO L 024 de 29/01/2004.  
3 Fuente: EUROSTAT (2002): Empresas europeas, hechos y cifras. Los se rvicios incluyen la 
construcción pero no los servicios soci ales ni la admini stración pública.  
4  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlam ento Europeo, Una estrategia para el mercado 
interior de servicios, COM (2000) 888 final, 29.12.2000.  
5 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado 
interior COM (2004) 002 de 13.1.2004. 
6 Propuesta de Directiva del Parlamento Europe o y del Consejo relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales,  COM (2002) 119 final de 7.3.2002 . 
7 Resolución del Parlamento Europeo sobre las dispos iciones en materia de mercado y competencia para 
las profesiones liberales, 16.12.2003. 
 
 7    europeas8 resalta la contribución de los serv icios relacionados con la actividad 
empresarial y, en especial, de los servicios relacionados con la em presa intensivos en 
conocimiento, a los objetivos de Lisboa  de crecimiento del empleo y la 
competitividad de la economía europea. La s medidas propuestas en la Comunicación 
incluyen el fomento de la form ación continua y la actualizac ión de la capacitación, la 
integración de las TIC en los procesos empresariales con objeto de mejorar la 
productividad y el fomento de la calidad del servicio y de la aplicación de standards 
voluntarios para la prestación tr ansfronteriza de servicios. 
2.2. La importancia de los servicios profesionales para la economía de la UE  
11. Los servicios profesionales desempeñan un papel importante en la mejora de la 
competitividad de la economía europea. No se dispone de datos exactos sobre el sector, pero probablemente se podría consid erar que un tercio de l empleo en ‘otros 
servicios a las empresas’ corresponde a servicios profesionales
9. En 2002, el número 
de puestos de trabajo en otras actividades económicas fue superior  a diez millones de 
personas en la UE, lo que representa hast a un 6,4% de la mano de obra; sin embargo, 
el número de trabajadores cualificados era desproporcionadamente mayor, ya que 
suponía un 10% del total de empleos cualificados10. El volumen de negocios del 
sector fue de aproximadamente de 980.000 millones de € y creó cerca de 500.000 millones del valor añadido total en la UE de 15 Estados miembros en 2001. Además es un sector en crecimiento: el volumen de negocios de la rúbrica ‘otros servicios a 
las empresas’ creció hasta alcanzar la cifr a record del 5% en la primera mitad de 
2003, mientras que el empleo creció en un 0,7%
11.  
12. Además, los servicios profesionales cont ribuyen considerablemente a la economía y 
a la actividad empresarial,  de tal modo que su calidad  y competitividad producen 
efectos colaterales que abar can a todos los sectores económicos. La autoridad de 
defensa de la competencia italiana ha calcula do que en Italia una media del 6% de los 
costes de las empresas exportadoras corres ponde a los servicios profesionales. Por lo 
tanto, una mayor variedad de  precios y de calidades, as í como una mayor innovación 
en los servicios profesiona les, podrían contribuir en gran medida a mejorar la 
competitividad de las empresas europeas y a impulsar el crecimien to del PIB en la 
UE.  
13. Los servicios profesionales también son im portantes debido a su importancia directa 
para los consumidores. Cabe prever que a corto plazo la competencia en el sector de los servicios profesionales seguirá sie ndo principalmente de caracter local. Una 
mayor variedad de servicios disponibles y de los precios de los mismos hace posible 
que los usuarios elijan por sí mismos la  combinación de precio y calidad que se 
ajusta mejor a sus necesidades.  
                                                
 
8 La competitividad de los servicios relacionados con la empresa y su contribución a la buena marcha de 
las empresas europeas COM (2003) 747 final, de 4.12.2003.  
9 Categoría 74 de la clasificación NACE 'Otros serv icios a las empresas’ que incluye servicios jurídicos, 
de contabilidad y auditoría; consultoría; estudios de mercado; consultoría comercial y administrativa; administración de valores en cart era; servicios de consultoría técn ica en arquitectura, ingeniería y 
sectores afines; servicios de ensayo  técnico y análisis; servicios de publicidad; servicios de selección y 
colocación de personal; servicios de investigación y de seguridad; servicios de limpieza industrial.  
10 Fuente: EUROSTAT Encuesta de pobl ación activa de la Unión Europea.  
11 Fuente: EUROSTAT, Developments for services duri ng the second quarter of 2003, Statistics in focus 
36/2003.  
 
 8    14. Los datos de un estudio reciente sobre el impacto económico de la regulación en el 
ámbito de las profesiones liberales en lo s diversos Estados mi embros encargado por 
la DG Competencia12, parecen indicar que un bajo nivel de regulación no es un 
obstáculo sino más bien un acicate para la creación global de ri queza. En los países 
con bajos niveles de regulación, el número de profesionales ejercientes que generan 
un volumen de negocios global relativamente más alto es proporcionalmente mayor.  
3. ACCIÓN DE LA COMISIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES  
15. Con objeto de entender mejor la regulación de  las profesiones liberales y sus efectos, 
la Comisión realizó en 2002 y 2003 un im portante ejercicio de inventario.  
16. En primer lugar, con objeto de obtener información estructurada sobre diversos 
regímenes reguladores y sobre sus efectos  económicos, la Dirección General de 
Competencia encargó en 2002 el estudio i ndependiente antes ci tado que se publicó 
en Internet en marzo de 2003. Dicho estu dio reveló unos nive les de regulación 
considerablemente distintos según los Estados miembros y también según las 
diversas profesiones (cuadro 1). También llegó a la conc lusión de que nada indicaba 
que los mercados de los países relativame nte menos regulados funcionasen de forma 
incorrecta. Al contrario, la  conclusión del estudio era qu e una mayor libertad en las 
profesiones facilitaría una mayor creación de riqueza en general.  
17. En segundo lugar y como continuación del estudio, los servicios de la Comisión 
efectuaron, el 27 de marzo, una invitaci ón a presentar obser vaciones sobre la 
"Regulación de las profesi ones liberales y sus efectos ". Se publicó en Internet13 una 
descripción de las casi 250 respuestas recibidas, así como de las normas y 
regulaciones existentes en los 15 Estados miembros. El ejercicio de inventario 
concluyó con una conferencia sobre la Re gulación de los servicios profesionales 
celebrada el 28 de octubre en Bruselas, en la que participaron 260 representantes de 
los profesionales, sus client es, las organizaciones de c onsumidores, las autoridades 
de competencia, los responsables políticos así como del mundo académico.  
                                                 
12 “Economic impact of regulation in the field of liber al professions in different EU member States”, Ian 
Paterson, Marcel Fink, Anthony Ogus, Instituto de estudios avanzados, Viena, enero de 2003. 
13  Estos y otros documentos pertinentes están disponibles en: 
http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/ conference/libprofconference.htm#comp_policy_of_cec . 
 
 9    Fuente: Estudio IHS.  
Nota: No se incluyen Grecia y Portugal ya que se carece de datos sobre ciertas profesiones.  
18. Durante y después del ejercicio de invent ario, la Comisión cooperó estrechamente 
con otras autoridades de competencia. Po r ejemplo, la regulación de los servicios 
profesionales fue objeto de deba te en la reunión entre los directores generales de las 
autoridades nacionales de competencia ce lebrada los días 18 de junio y 19 de 
noviembre de 2003. En noviembre de 2003 se celebró una reunión con expertos de 
las autoridades nacionales de competencia pa ra discutir un enf oque común en este 
ámbito.  
19. El ejercicio de inventario permitió a la Comisión evaluar las diversas deficiencias 
que existían en estos sectores y las distinta s respuestas que se da ba a las mismas en 
los diferentes regímenes reguladores. Las distintas partes afectadas también aportaron nuevos elementos al debate, tale s como las variopintas sensibilidades 
culturales y la necesidad de potenciar  el papel de los consumidores.  
20. La Comisión continuó simultáneamente su c onsabido examen de los casos que se le 
presentaban. Diez años después de su pr imera decisión en la que condenaba las 
tarifas fijas en concepto de servicios prof esionales – en ese caso se trataba de los 
prestados por los agente s de aduanas italianos
14 – la Comisión comprueba con 
decepción que todavía subsisten los niveles de  precios mínimos. Por este motivo, el 3 
de noviembre de 2003 envió al Colegio belg a de arquitectos un pliego de cargos 
informándole de que su baremo de honorarios mínimos recomendados podía constituir una infracción de las normas de competencia de la UE y de que se le 
podría imponer una multa.  
21. La Comisión no es la única que examina con detalle las restricciones existentes en el 
ámbito de los servicios profesionales si no que desde junio de 2002 ha coordinado su 
trabajo con las autoridades nacionales de competencia. Por lo que respecta a casos 
concretos, casi todas las autoridades n acionales de la competencia han tramitado 
notificaciones solicitando una autorización o una exención con arreglo al derecho 
nacional de competencia o denuncias co ntra la conducta de organizaciones 
profesionales. Los asuntos más habituales han sido contra la f ijación de precios por 
las asociaciones profesionale s, aunque también se han tomado medidas contra las 
                                                
 
14 93/438/CEE: Decisión de la Comisi ón de 30 de junio de 1993 relativ a a un procedimiento de aplicación 
del artículo 85 del Tratado CEE (IV/33.407 - CNSD) DO L 203, de 13.08.1993, p. 27.  05101520253035
Irlanda
Reino Unido
Dinamarca
Países BajosFinlandia
Suecia
Bélgica
Francia
España
Luxemburgo
Alemania Austria
ItaliaNiveles de regulaciónIngenieros
Arquitectos
Contables
Abogados
FarmacéuticosGráfico 1:Índice de niveles de regulación en los Estados 
 
 10    condiciones discriminatorias de acceso a la profesión, el boicoteo y las restricciones 
de publicidad. Cinco autoridades nacionale s de competencia (las de Dinamarca, 
Irlanda, Países Bajos, Finlandia y Reino Un ido) han implantado o van a implantar un 
programa general de acción pa ra reformar este sector, en especial para prohibir 
acuerdos de fijación de precios  o tarifas recomendadas.  
4. REGULACIÓN RESTRICTIVA DE LAS PROFESIONES LIBERALES  
22. Las regulaciones restrictivas de las profes iones liberales incluyen restricciones al 
ejercicio de la profesión tales como requi sitos de entrada y actividades reservadas, 
así como normas que rigen la conducta, tales como regulación de precios, restricciones de publicidad y regulación de la estructura empresarial. Estas 
restricciones pueden eliminar o limitar la competencia entre prestadores de servicios 
reduciendo así los incentivos para que los profesionales trabajen con una buena 
relación coste-eficacia, a pr ecios menores, mejoren su ca lidad u ofrez can servicios 
innovadores. La regulación de precios, las re stricciones de publicid ad y las barreras 
de entrada pueden, por ejemplo, hacer que los precios se mantengan por encima de 
los niveles competitivos. Las regulaciones de la estructura empresarial pueden inhibir el desarrollo de servicios innovadores y de modelos empresariales rentables.  
23. Un significativo número de investigaciones empíricas
15 muestra los efectos negativos 
que una regulación excesiva puede tener para los consumidores. Estas investigaciones sugieren que una regulac ión excesiva de la publicidad y de las 
licencias necesarias para el ejercicio de la profesión ha dado lugar, en ciertos casos, a 
una menor calidad y a mayores precios en los mercados de los servicios 
profesionales. En cambio, la suavizaci ón de las restricciones contrarias a la 
competencia ha tenido efect os positivos sobre los precios y la calidad.  
24. Por otra parte, tres son esencialmente las razones por las que puede ser necesaria una 
cierta regulación de los servicios profesionales.  
25. La primera se basa en el concepto de "asimetría de la información" entre clientes y 
prestadores de servicios. Una característica típica de los servicios profesionales es que los profesionales deben poseer un eleva do nivel de conocimientos técnicos. Los 
consumidores pueden carecer de estos conocimientos y por lo tanto les resulta difícil juzgar la calidad de los servicios que compran. Los servicios profesionales son "bienes de confianza" cuya calidad no puede ser juzgada fácilmente ya sea a simple 
vista o, en algunos mercados, por el consumo o el uso.  
26. El segundo argumento se basa en el con cepto de "externalidades". En ciertos 
mercados, la prestación de un servicio pue de tener repercusione s sobre terceros así 
como sobre el comprador del servicio. Una auditoría inexacta puede inducir a error a 
los acreedores o inversores. Un edificio mal construido puede poner en peligro la 
seguridad pública. Existe el peligro de que los prestadores y compradores de estos 
servicios no tengan debidamente en cuenta estos efectos externos.  
27. El tercer argumento se basa en el concep to de "bienes públicos". Se considera que 
ciertos servicios profesiona les producen bienes públicos  que son valiosos para la 
                                                
 
15 Véase OCDE Journal of Competition Law and Policy Nº 4, febrero de 2002 , "Competition in 
Professional Services", p.56 a 57, y la publicación en Internet de l informe completo de la OCDE 
http://www.oecd.org/dataoecd/35/4/1920231.pdf . Véanse también las referencias en las notas 18 y 19.  
 
 11    sociedad en general. Entre éstos se podría  incluir la buena ad ministración de la 
justicia o el desarrollo de un medio ambiente  urbano de alta calida d. Existe el peligro 
de que si no existiera regul ación alguna, ciertos mercados de servicios profesionales 
pudieran suministrar los bienes públicos de forma insuficiente o inadecuada.  
28. En determinadas circunstancias, estos pr oblemas pueden generar deficiencias de 
mercado tales como exceso o escasez de suministro o prestación de servicios de poca calidad. Por lo tanto, se ha justificado la regulación restrictiv a como medio para 
mantener la calidad de los servicios profesionales y pr oteger a los consumidores 
contra la negligencia profesional. Por ej emplo, las restricciones al ejercicio de la 
profesión pueden impedir que profesiona les incompetentes o poco cualificados 
ofrezcan sus servicios, mientras que los procedimientos disciplinarios pueden utilizarse para sancionar a los prestadores de  servicios de calidad inferior a la mínima 
exigida. Las restricciones de la publicid ad pueden servir pa ra proteger a los 
consumidores contra la publicidad engañosa.  
29. En su Resolución sobre las disposiciones en  materia de mercado y competencia para 
las profesiones liberales, el Parlamento Europeo concluyó que “desde un punto de 
vista general, se necesitan normas en el c ontexto específico de cada profesión, en 
particular en materia de orga nización, cualificaciones, é tica profesional, supervisión, 
responsabilidad, imparcialidad y competencia de los miembros de la profesión, o con 
el fin de prevenir conflictos de interese s y publicidad engañosa, siempre que den al 
usuario final la seguridad de que se dispone  de las garantías necesarias en materia de 
integridad y de experiencia, y no constituyan restricciones de la competencia”
16.  
30. Las siguientes subsecciones examinan por separado las cinco principales categorías 
de restricciones existentes en  las profesiones en la UE: (i ) fijación de precios, (ii) 
precios recomendados, (iii) re gulación de la publicidad, (i v) condiciones de acceso y 
derechos reservados, y (v) regulaciones que rigen la estructura empresarial y las 
prácticas multidisciplinares. Cada sección presenta brevemente los argumentos a 
favor y en contra de la categoría corr espondiente y da indi caciones sobre las 
posibilidades de suavizar las normas existentes.  
4.1. Fijación de precios  
31. En la mayor parte de los Estados miem bros, los honorarios facturados por los 
servicios profesionales se negocian librement e entre los profesionales y sus clientes. 
Sin embargo, siguen existiendo precios fijo s y precios máximos y mínimos en un 
pequeño número de casos (que se recogen en el cuadro 1, que refleja los datos de los 
que la Comisión dispone en la actualidad). Los precios fijos y los precios mínimos son los instrumentos reguladores que puede n producir los efectos más perjudiciales 
sobre la competencia, suprimiendo o reduc iendo considerablemente los beneficios 
que los consumidores obtienen en los mercados competitivos.  
32. Según algunas asociaciones profesionales,  los precios fijo s constituyen un 
mecanismo que garantiza unos precios bajos. Sin embargo, según la teoría económica, en un mercado que por lo demás sea competitivo, es poco probable que la regulación de precios produzca unos preci os inferiores a los niveles competitivos.  
                                                
 
16 Resolución del Parlamento Europeo sobre las dispos iciones en materia de mercado y competencia para 
las profesiones liberales, 16.12.2003.  
 
 12    33. Las organizaciones profesionales tambié n han sostenido que los precios fijos 
protegen la calidad de los servicios. Si n embargo, los precios fijos no pueden impedir 
que los profesionales sin escrúpulos ofr ezcan servicios de po ca calidad. Tampoco 
suprimen los incentivos financieros para que los profesionales reduzcan la calidad y 
los costes. Por otra parte, existe una di versidad de mecanismos menos restrictivos 
que al mismo tiempo permiten mantener la calidad y proteger a los consumidores. 
Por ejemplo, las medidas destinadas a mejorar la disponibilidad y calidad de la información sobre los servicios profes ionales podrían contribuir a que los 
consumidores estuviesen mejor prepar ados para tomar decisiones con más 
información.  
Cuadro 1: Países y profesiones c on precios fijos, mínimos o máximos 
Profesión  Precios fijos  Precios mínimos  Precios máximos  
Contables/ 
Auditores  Grecia y Portugal 
(para las auditorías legales)  Italia (para los 
peritos contables)  Italia (para los peritos 
contables)  
Asesores fiscales  Alemania    
Arquitectos   Italia, Alemania  Alemania  
Ingenieros   Italia, Alemania, 
Luxemburgo  Alemania  
Abogados   Italia, Austria, 
Alemania.  Italia  
Notarios   Bélgica, Francia, 
Alemania, España, Grecia  Austria, Bélgica, 
Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países 
Bajos, España  
Fuente: Estudio mencionado en la nota 12 y informaci ón proporcionada por las orga nizaciones profesionales y/o 
las autoridades nacionales de competen cia. No se incluye a los farmacéuticos. 
34. Durante las últimas dos décadas, varios Estados miembros han abolido los precios 
fijos en las profesiones liberales. Por ejem plo, en las décadas de los años 70 y 80 se 
suprimieron los precios fijos para los servic ios relacionados con la transmisión de la 
propiedad inmobiliaria y los de los arquit ectos en el Reino Unido. Asimismo, en 
Francia se han eliminado los precios fijos pa ra los servicios jurídicos. A partir de 
ahora se pueden ejercer las profesiones jurídi ca, contable así como las de ingeniero o 
arquitecto de manera eficaz y sin precios fijos en la mayor parte de los Estados 
miembros. . Esto parece indicar que los c ontroles de precios no son un instrumento 
regulador esencial para estas profesione s y que se podrían mantener eficazmente 
normas estrictas mediante otros mecanismos menos restrictivos.  
35. Es posible que los precios máximos puedan proteger a los consumidores frente a 
unos costes excesivos en mercados con im portantes obstáculos a la entrada y sin 
competencia efectiva. Sin embargo, esto no parece ser el caso de la mayor parte de 
las profesiones liberales de la UE.  
 
 13    36. Una posible excepción podría ser el Notariad o latino, en la medida en la que la 
regulación de las tarifas va unida a otras formas de regulación, como por ejemplo las 
restricciones cuantitativas a la entrada y prohibiciones de publicidad que restringen 
seriamente la competencia. En este mercado, quizás habría que adoptar un 
planteamiento de la reforma más global. Es  posible que la supresión de la regulación 
de precios tuviese, por ejemplo, que ir aco mpañada de otras reformas encaminadas a 
reforzar la competencia, tales como la su avización de las restri cciones cuantitativas a 
la entrada y la prohibición de hacer publicidad.  
4.2. Precios recomendados  
37. En una minoría de Estados miembros se publican los precios recomendados de 
ciertos servicios jurídicos, contables, de arquitectura y de ingeniería (Cuadro 2). Los 
precios recomendados, al i gual que los fijos,  pueden tener un importante efecto 
negativo sobre la competencia. En primer  lugar, los precios recomendados pueden 
facilitar la coordinación de precios entre prestadores de servicios. En segundo lugar, 
pueden inducir a error a los consumidores en cuanto a los niveles de precios razonables.  
38. Las organizaciones profesionales han sugeri do que los precios recomendados ofrecen 
a los consumidores información útil sobre los costes medios de los servicios. También han sugerido que los precios reco mendados reducen los costes que supone 
la determinación o negociación de honorarios de forma individual y sirven de guía 
para los profesionales que carecen de experiencia a la hora de determinar los 
honorarios. Asimismo, podrían reducir los co stes de transacción derivados de la 
negociación de precios para servicios complejos.  
39. En los mercados en los que los costes de búsqueda son altos, puede efectivamente ser 
ventajoso para los consumidores tener acceso a información precisa sobre precios 
habituales. Sin embargo, hay métodos a lternativos para proporcionar información 
sobre los precios. Por ejemplo, la public ación por parte de terceras partes 
independientes (una organización de cons umidores, por ejemplo) de información 
sobre los precios habituales o información basada en una encuesta pueden constituir una referencia más que fiable para los consumidores siendo al mismo tiempo menos 
restrictivas de la competencia. .  
Cuadro 2: Países y profesi ones con precios recomendados 
Profesión  Precios recomendados 
Contables/auditores  Austria, Portugal, Grecia  
Arquitecto  Austria, Bélgica, Dinamarca,  Irlanda, Alemania, España  
Ingeniero  Austria, Luxemburgo  
Abogado  Austria, Portugal, España  
Notario  Austria, Bélgica  
Fuente: Estudio mencionado en la nota 12 y informaci ón proporcionada por las orga nizaciones profesionales y/o 
las autoridades nacionales de competen cia. No se incluye a los farmacéuticos. 
 
 14    40. Por otra parte, parece poco probable que los profesionale s necesiten basarse en unos 
precios recomendados para fijar sus honorar ios. Generalmente, los profesionales 
liberales, al igual que otros prestadores de servicios, su elen adquirir la experiencia 
necesaria para determinar sus honorarios . Existe una serie de mecanismos menos 
restrictivos para reducir los costes de tran sacción tales como los precios históricos o 
basados en encuestas.  
41. Varios países han suprimido los preci os recomendados para los servicios 
profesionales en las últimas dos décadas. Por ejemplo, a finales de los años 80, la 
autoridad finlandesa de competencia inst ó a los profesionales del derecho, a los 
arquitectos y a otras profesiones a suprim ir los precios recome ndados. A finales de 
los años 90, se abolieron lo s precios recomendados para los juristas en los Países 
Bajos y para los arquitectos en Francia. En los dos últimos años, también se han suprimido los precios recomendados para  los arquitectos y las empresas de 
construcción en el Reino Unido.  
4.3. Restricciones publicitarias  
42. Un gran número de profesiones de la UE está sujeto a una regulación sectorial de 
publicidad (cuadro 3). En algunos casos se  prohíbe totalmente la publicidad. En 
otros, se prohíben determinados medios o métodos de publicidad tales como la 
publicidad en radio o en televisión, las llama das telefónicas sin previo aviso o ciertos 
tipos de contenidos publicitar ios. En algunos casos, existe una falta de claridad sobre 
las regulaciones vigentes sobre publicidad, lo  cual puede disuadir a los profesionales 
de utilizar determinados sistemas publicitarios. 
43. Según la teoría económica, la publicidad puede  fomentar la competencia al informar 
a los consumidores sobre los distintos productos y permitirles tomar decisiones de compra con mayor conocimiento. Por lo tant o, las restriccione s de la publicidad 
pueden reducir la competencia ya que aument an los costes derivados de la obtención 
de información sobre diversos productos, lo cual a su vez hace más difícil que los consumidores se informen sobre la combinación de calidad-precio que se adapta mejor a sus necesidades. Asimismo, se suele considerar que  la publicidad, y 
especialmente la comparativa, puede constituir un instrumento competitivo 
fundamental para las nuevas empresas que se introducen en el mercado y para las 
empresas ya existentes que desean lanzar nuevos productos
17. 
44. Quienes defienden las restricciones de public idad ponen de relieve la asimetría de la 
información entre los profesionales y los consumidores de servicios profesionales. Según este argumento, para los consumidores  es difícil evaluar la información sobre 
servicios profesionales y, por lo tanto, necesitan una prot ección especial contra las 
afirmaciones engañosas o falaces.  
45. Sin embargo, cada vez hay más datos empíri cos que revelan los potenciales efectos 
negativos de algunas restri cciones de la publicidad
18. Estos datos sugieren que las 
                                                 
17 Véase la Directiva 97/55/CE de 6 de octubre de 1997 por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE 
sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa, DO L 290, de 23.10.1997, p 18. 
18 La investigación sobre las restricciones de la publicidad en la profesión jurídica, por ejemplo, ha sido 
resumida por Stephen, F.H. y J.H. Love, ‘Regulation of the Legal Profession’, en B. Bouckaert y de G. 
 
 15    restricciones de la publicidad pueden, en ciertas circunstancias, incrementar los 
honorarios de los servicios profesionales sin tener un efecto positivo sobre la calidad de dichos servicios. Estas constataciones podrían llevar a pensar que las restricciones 
en materia de publicidad no proporcionan necesariamente una respuesta apropiada a la asimetría de la información entre los c onsumidores y los profesionales liberales. 
Al contrario, una publicidad honesta y obje tiva puede ayudar a los consumidores a 
superar la asimetría de la información y a tomar decisiones de compra con mayor 
conocimiento de causa.  
46. Durante las últimas dos décadas, varios Estados miembros han suavizado sus 
restricciones a la publicidad de las profesi ones liberales. En los años 70, por ejemplo, 
se suprimieron las restricciones a la publ icidad para las prof esiones jurídicas y 
contables en el Reino Unido. En los años 90, se abolieron en Dinamarca las normas 
restrictivas de la publicidad para las prof esiones de jurista, abogado y arquitecto. En 
los últimos años, también se han suaviza do en Alemania las es trictas prohibiciones 
sobre la publicidad de las profesiones en Alemania.  
Cuadro 3
: Países y profesiones con restricc iones de publicidad importantes  
Profesión  Prohibición de hacer 
publicidad  Restricción significativa de hacer 
publicidad  
Contables  Francia  Bélgica, Alemania, Italia, 
Luxemburgo, Portugal,  
Auditores  Francia, Luxemburgo, 
Portugal, España. Bélgica, Alemania, Grecia, Italia  
Arquitectos  Italia, Luxemburgo Irlanda, Alemania, Países Bajos, 
Áustria, Grecia  
Ingenieros   Luxemburgo  Itália, Grecia, Irlanda 
Abogados 
 Grecia, Portugal, 
Irlanda (para abogados) Austria, Bélgica, Francia, Irlanda (para 
los asesores jurídicos), Italia, Luxemburgo, España  
Notarios  Francia, Italia, España, 
Grecia  Austria, , Alemania  
Farmacéuticos  Irlanda, Portugal, 
Grecia  Austria, Francia, Luxemburgo  
Fuente: Estudio mencionado en la nota 12 y informaci ón proporcionada por las orga nizaciones profesionales y/o 
las autoridades nacionales de competencia.  
47. A partir de ahora, en una gran cantidad  de Estados miembros se puede ofrecer 
eficazmente servicios contables y técnicos  sin restricciones public itarias. Esto parece 
indicar que las restriccione s específicas de la publicidad sectorial en estas 
                                                                                                                                                         
De Geest (eds) Encyclopedia of Law and Econom ics, volumen III: The Regulation of Contracts, 
Cheltenham, 2000, p.987-1017.  
 
 16    profesiones no son esenciales para proteger a los consum idores contra afirmaciones 
engañosas. En este sentido, los juristas, not arios y farmacéuticos pueden realizar la 
mayor parte te de las formas o tipos de publicidad en varios Estados miembros. Es 
obvio que los profesionales están sujetos a la legislación general que prohíbe la 
publicidad falsa o engañosa.  
4.4. Restricciones al acceso al eje rcicio y actividades reservadas  
48. En la mayoría de los Estados miembros, los profesionales liberales encuentran 
restricciones cualitativas al acceso al ejer cicio profesional (instalación). Éstas pueden 
consistir en períodos mínimos de enseñanza, en exámenes para comenzar el ejercicio 
de la profesión y períodos mínimos de expe riencia profesional. En muchos casos, las 
restricciones del ejercicio llevan emparejados los derechos reservados a prestar 
ciertos servicios. En algunos Estados miem bros, el ejercicio de  las profesiones de 
farmacéutico y notario está incluso sujeto a restricciones cuantitativas basadas en 
criterios demográficos o geográficos.  
49. Las restricciones cualitativas del ejercicio, combinadas c on los derechos reservados, 
implican que solamente los profesionales qu e tienen las cualificaciones apropiadas y 
la competencia necesaria puedan desempeñar ciertas tareas. De este modo, pueden contribuir de forma considerable  a asegurar la calidad de lo s servicios profesionales.  
50. Sin embargo, es probable que una regula ción excesiva del acceso al ejercicio 
profesional reduzca el núme ro de prestadores de serv icios, con consecuencias 
negativas para la competencia y calidad de l servicio. Una inves tigación empírica ha 
mostrado que, en algunos casos, estas rest ricciones han dado lugar a unos mayores 
precios sin asegurar una mayor calidad. Por ejemplo, en un informe de 1990, la “Comisión Federal de Comercio” de EE.UU. analizó una serie de estudios sobre las 
restricciones a la concesión de licencias para  el ejercicio de la profesión y concluyó 
que, si bien algunos estudios indicaban que las re stricciones del ejercicio empresarial 
podían desembocar en una mayor calidad, una mayoría de estudios llegaba a la 
conclusión de que la calidad no se veía afectada por las restricciones sobre las licencias o prácticas asociadas a la autorización del ej ercicio. En algunas 
circunstancias, las restricci ones del ejercicio tenían in cluso un efecto negativo sobre 
la calidad. 
19 
51. Por el contrario, en algunos países, la suavización de las restricciones ha 
desembocado en unos precios más bajos sin ningún detrimento aparente de la 
calidad. En Australia, por ejemplo, la supr esión de los derechos reservados a los 
abogados para la prestación de servicios relacionados con la transmisión de la 
propiedad inmobiliaria y del monopolio de  los abogados para actuar ante los 
tribunales contribuyó a que los costes globale s de los servicios jurídicos descendieran 
un 12%. En el Reino Unido, la suavización de los derechos reservados para la 
redacción de actas de transferencia de la propiedad en los años 80 provocó una 
bajada de precios. En los Países Bajos, la abolición de las restri cciones de acceso al 
ejercicio profesional para lo s agentes de la propiedad inmobiliaria a finales de los 
años 90 supuso un aumento del número de  nuevos profesionales, una reducción de 
                                                 
19 Cox C. y S. Foster, “The Costs and Benefits of Occupational Regulation”  informe de elaboración 
propia del Bureau of Economics de la Comision Federal de Comercio, 1990, p. 26-27.  
 
 17    los precios de las transacciones inmobilia rias y una prestación de servicios más 
flexible.  
52. Estas experiencias hacen pensar que, en ciertos casos, la regulación del acceso al 
ejercicio de la profesión pudiera ser demasiado restric tiva y que los consumidores 
podrían resultar beneficiados si se suavizasen las normas existentes.  
53. En primer lugar, quizás fuera posible reducir  los requisitos exigidos para el acceso al 
ejercicio cuando parezcan desproporcionados  en relación a la complejidad de las 
actividades de la profesión.  
54. En segundo lugar, quizás fuera posible reducir las tareas reservadas a las diferentes 
profesiones. En ciertas circ unstancias, las prof esiones altamente cualificadas poseen, 
además de sus actividades principales, una  serie de derechos reservados que les 
permiten ofrecer otros servic ios menos complejos. En algunos Estados miembros, 
por ejemplo, los abogados o los notarios tienen un derech o exclusivo para redactar 
actas de transferencia de la propiedad inmobiliaria y de autenticación de documentos así como un derecho exclusivo a prestar se rvicios de asesoría jurídica. En estos 
casos, un grupo más amplio de prestadores de  servicios podría estar habilitado para 
desempeñar las tareas menos complejas.  
55. En tercer lugar, quizás fuera posible supr imir los derechos reservados cuando haya 
mecanismos menos restrictivos para garant izar la calidad. En algunos mercados, por 
ejemplo, también sería posible garantizar  la calidad mediante una acreditación 
independiente o mediante cont roles de calidad. En estos mercados, los consumidores 
podrían elegir libremente si desean recu rrir o no a un prestador de servicios 
cualificado o acreditado.  
56. Las restricciones cuantitativas al acceso al  ejercicio de la profesión reducen el 
número de prestadores de servicios y, consecu entemente, la oferta y las posibilidades 
de elección del consumidor. Por otra part e, en ciertos casos las restricciones 
cuantitativas pueden crear monopolios locales.  
57. Se ha afirmado que las restri cciones cuantitativas basadas en criterios demográficos 
son necesarias para salvaguardar el acceso a servicios importantes. En primer lugar, 
se ha sugerido que las restricciones cuantita tivas aumentan la rent abilidad y protegen 
la viabilidad de estos se rvicios en áreas poco pobladas . En segundo lugar, se ha 
afirmado que las restricciones cuantitativas impiden la prestación de estos servicios 
fuera de zonas poco pobladas (por ejemplo, farmacéuticos y notarios).  
58. Teniendo en cuenta que las restricciones cuantitativas pueden producir importantes 
efectos perjudiciales, se debe examinar si  existen unos medios menos restrictivos y 
más transparentes (por ejemplo las co mpensaciones por servicio público) que 
garanticen la prestación de tales serv icios en zonas escasamente pobladas. En 
cualquier caso, estas restricciones cuan titativas al ejercicio no parecen estar 
justificadas en las zonas que no están escasamente pobladas y en las que la oferta podría ser insuficiente.  
4.5. Regulación de la estructura empresarial  
59. Varias profesiones están sujetas a regulaciones sectoriales relativas a la estructura 
empresarial. Estas regulaciones pueden restring ir la estructura de propiedad de las 
 
 18    empresas de servicios profesionales, el ám bito de colaboración con otras profesiones 
y, en algunos casos, la apertura de sucursales, franquicias o cadenas.  
60. Las regulaciones de la estructura empr esarial pueden tener un impacto económico 
negativo si inhiben a los prestadores a la  hora de desarrolla r nuevos servicios o 
modelos empresariales eficientes en lo que  a costes se refiere. Por ejemplo, estas 
regulaciones podrían inhibir a los abogados y contables de ofrecer asesoramiento 
legal y contable integrado referente a cues tiones fiscales o impedir el desarrollo de 
establecimientos de prestación de servicio s profesionales de ventanilla única en 
zonas rurales. Ciertas regulaciones de la  propiedad, tales como la prohibición de 
constituir sociedades, también pueden reducir  el acceso al capital en los mercados de 
servicios profesionales, obstaculizando las nuevas entr adas y la expansión.  
61. Por otra parte, se afirma que las regulacion es de la estructura empresarial y de la 
propiedad pueden ser necesarias para asegurar la responsabilidad personal de los profesionales frente a sus clientes y para ev itar conflictos de interés. También se ha 
sugerido que estas regulaciones podrían se r necesarias para garantizar la 
independencia de los profes ionales. Si las empresas de servicios profesionales 
estuvieran controladas o influenciadas por personas ajenas a la profesión, se podría 
poner en entredicho el juicio o el respeto de  los valores profesiona les por parte de los 
profesionales.  
62. En opinión de la Comisión, las regulaciones de la estructu ra empresarial parecen ser 
menos justificables cuando restringen el ma rgen de colaboración entre miembros de 
la misma profesión. La colaboración entre miembros de la misma profesión tendría 
menos probabilidades de recortar la i ndependencia de la profesión o sus normas 
deontológicas.  
63. Las regulaciones de la estructura empresarial también se justifican menos en aquellas 
profesiones en las que no existe una necesidad imperiosa de proteger la 
independencia de los profesionales. Los profesionales de la  arquitectura y la 
ingeniería, por ejemplo, funcionan eficazmen te sin estas regulaciones en la mayor 
parte de los Estados miembros. Por lo tanto, parece poc o probable que las 
regulaciones de la estructura empresarial sean  esenciales para prot eger a los usuarios 
de estos servicios.  
64. Las regulaciones de la estruc tura empresarial pa recen poder justificar se mejor en los 
mercados en los que resulta muy necesar io proteger la independencia o la 
responsabilidad personal de los prestadores de los servicios. Sin embargo, es posible 
que existan mecanismos alternativos para pr oteger la independencia y los estándares 
deontológicos de los profesi onales y que sean menos restrictivos de la competencia. 
Así pues, en algunos mercados, las restricc iones rigurosas del ré gimen de propiedad 
podrían sustituirse total o parcialmen te por normas menos restrictivas.  
5. P
OSIBLE APLICACIÓN DE LAS NORMAS COMUNITARIAS DE COMPETENCIA  
65. En las profesiones liberales, existen normas y regulaciones contrarias a la 
competencia tanto en las medidas adoptad as por las organizaciones profesionales 
como en los instrumentos legislativos o reglamentarios adoptados por los poderes 
públicos. Por lo tanto, hay que distinguir entr e (i) la responsabilidad de los miembros 
de las profesiones y de sus asociaciones de  conformidad con el artículo 81 y (ii) la 
 
 19    responsabilidad de los Estados miembros de  conformidad con la letra g) del apartado 
1 del artículo 3 y con los artículos 10 y 81.  
5.1. Responsabilidad de los miembros de las profesiones  
5.1.1.  Miembros de las profesiones en calidad de empresas  
66. El artículo 81 se aplica a las empresas. Según una jurisprudencia consolidada, el 
concepto de empresa abarca cualquier entidad que ejerza  una actividad económica, 
independientemente de su personalidad jurídica y de su forma de financiación20. 
Cualquier actividad consistente en ofrecer  mercancías o servicios en un mercado 
concreto es una actividad económica21.  
67. Tres son las situaciones que quedan fuera de l ámbito de aplicación del artículo 81:  
(1) en principio, no existe actividad económica cuando el Estado efectúa unas 
actividades que el mercado no podría proporcionar22; 
(2) el ejercicio del poder público tam poco es una actividad económica23; sin 
embargo, el concepto de empresa es re lativo: una determin ada entidad podría 
ejercer parcialmente una actividad económica y parcialmente una función 
pública24; siempre que se dedique a una actividad económica está sujeto a las 
normas de competencia.  
(3) no se puede considerar que los empleados constituyan empresas25.  
68. De todo ello se desprende que los miembr os de las profesione s liberales, en la 
medida en que no son empleados, ejercen una actividad económica porque prestan 
servicios en el mercado a cambio de una remuneración26. Esta conclusión no se ve 
alterada ni por el hecho de  que la actividad sea intelectual, ni de que requiera 
autorización, ni de que pueda realizarse sin que se dé la conjunción de elementos 
materiales, inmateriales y humanos27, ni por la complejidad y el carácter técnico de 
                                                 
20 Asunto C-41/90, Höfner y Elser , Rec. [1991] I-1979, apartado 21, y C-309/99, Wouters, Rec. [2002] I-
1577, apartado 46.  
21 Asunto C-35/96, Comisión / Italia (CNSD ), Rec. [1998] I-3851, apartado 36.  
22 Asuntos C-160/91, Poucet Rec. [1993] I-637 (un sistema de afiliación obligatoria al régimen de 
seguridad social basado en el principio de solidaridad no es una empresa) y C-218/00, CISAL di 
Battistello, Rec. [2002] I-691. Véanse, por otra parte, los asuntos C-67/96, Albany Rec. [1999] I-5863 
(un sistema basado en el principio de capitalización es  una empresa) y C-180/98, Pavlov,  Rec. [2000] I-
6451.  
23 Asuntos C-364/92, Eurocontrol , Rec. [1994] I-43, apartado 30, y C-343/95, Calì e Figli , Rec. [1997] I-
1547, apartados 22-23.  
24 Así ocurría en el caso de la oficin a de empleo pública en el asunto Höfner (citado en la nota 20),  el del 
organismo aeroportuario en Aéroports de París, Rec. [2002] I-3929, y el de la ciudad de Tréveris en 
Ambulanz Glöckner, Rec. [2001] I-8089 .  
25 Conclusiones del Abogado General Jacobs en C-180/98 y C-184/98 Pavlov (citado en la nota 22) , y 
sentencia en el asunto C-22/98, Becu, Rec. [1999] I-4449 .  
26 Efectivamente, en el asunto Wouters (citado en la nota 20),  el Tribunal confirmó , apartado 48, que los 
abogados ofrecen, a cambio de una retribución, se rvicios de asistencia jurídica así como de 
representación ante los órganos juri sdiccionales. Un razonamiento sim ilar se aplica a otras profesiones, 
tales como los agentes de aduanas en los dos asuntos CNSD (T - 513/93 y C-35/96) y en el de los 
médicos especialistas en Pavlov , citado en la nota 22.  
27 CNSD , citado en la nota 21, apartado 38.  
 
 20    los servicios prestados ni por  el hecho de que el ejerci cio de la profesión esté 
regulado28.  
5.1.2.  La autorregulación como decisión de una asociación de empresas  
69. Un organismo profesional actúa como asoc iación de empresas a efectos del artículo 
81 cuando regula la conducta económica de los miembros de la profesión29, incluso 
cuando se admite como miembros a prof esionales que tienen la condición de 
trabajadores por cuenta ajena, ya que las organizaciones profesionales suelen 
representar principalmente a pr ofesionales independientes.  
70. Carece de importancia el hecho de que al gunas organizaciones profesionales tengan 
un estatuto de derecho público30 o tengan encomendadas ciertas actividades de 
interés público31 o que aleguen que actúan en aras del interés público32. 
71. No obstante, un organismo que regula la c onducta profesional no es una asociación 
de empresas si está integra do por una mayoría de represen tantes de la administración 
pública y está obligado a respetar unos cr iterios predefinidos de interés público33. Las 
normas adoptadas por un organismo profesi onal sólo pueden considerarse medidas 
estatales si el Estado define unos criterios de interés público y los principios esenciales que las normas deben respetar y si el Estado conserva su facultad de 
adoptar decisiones en última instancia
34. 
5.1.3.  La autorregulación como restricción de la competencia  
72. La sección 4 del presente informe enumera las restricciones de la competencia más 
frecuentes en el ámbito de los servicios profesionales. La Comisión ya ha examinado y condenado las tarifas fijas de los agentes de aduanas italianos
35 y de los agentes 
españoles de la propiedad industrial36. Recientemente, la Co misión ha enviado un 
pliego de cargos contra el baremo de honorarios recomendados establecido por el 
Colegio belga de arquitectos. La Comisi ón también ha examinado el código de 
conducta del Instituto de Agentes Autoriza dos ante la Oficina Europea de Patentes37 
y ha considerado que varias restricciones eran no rmas puramente deontológicas que, 
como tales, no entraban en el ámbito de aplicación del artículo 81; sin embargo, la 
restricción de la publicidad comparativa só lo podía mantenerse temporalmente tras 
beneficiarse de una exención de confor midad con el apartado 3 del artículo 81.  
                                                 
28 Wouters , citado en la nota 20, apartado 49.  
29 Wouters , citado en la nota 20, apartado 64.  
30 Wouters , citado en la nota 20, apartados 65 y 66.  
31 Conclusiones del Abogado General Léger en el asunto C-35/99 Arduino , Rec. [2002] I -01529, párrafo 
56.  
32 Conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto en Albany.  
33 Wouters , apartados 61-64 y C-35/99, Arduino , apartados 37-39.  
34 Wouters , apartado 68.  
35 Decisión de la Comisión 93/438/CEE de 30.6.1993 - CNSD, (DO L 203,de 13.08.1993).  
36 Decisión de la Comisión 95/188/CE de 30.1.1995 (DO L 12 de 02.06.1995, p.37), relativa un 
procedimiento de conformidad con el artículo 85 del Tratado CE (IV/33.686 - Coapi),.  
37 Decisión de la Comisión 1999/267/CE de 7.4.1999 (DO L 106 de 23.04.1999, p. 14) relativa un 
procedimiento de conformidad con el artículo 85 del Tratado CE (IV/36147 - Código de conducta del 
IAA (EPI). Véase también la sentencia del Tribun al de Primera Instancia en el asunto T-144/99 
Comisión/Países Bajos Rec. [2001] I- 3541.  
 
 21    5.1.4.  Efecto sobre el comercio entre Estados miembros  
73. Las regulaciones profesionales pueden producir  un efecto apreciable en el comercio 
entre los Estados miembros al menos cuando la regulación profes ional abarca todo 
un país38. 
5.1.5.  La "excepción Wouters ” 
74. Según la sentencia Wouters del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 
no todos los acuerdos entre empresas o toda s las decisiones de una asociación de 
empresas que restringen la competencia infringen necesariamente el apartado 1 del artículo 81 del Tratado. En este asunt o el Tribunal consideró que no existía 
infracción alguna del apartado 1 del artículo  81 del Tratado ya que la regulación 
profesional objeto de litigio, a pesar de los efectos restric tivos de la competencia que 
eran inherentes a la misma, era necesaria pa ra el buen ejercicio de  la profesión tal y 
como está organizada en el Es tado miembro de que se trata
39. 
75. Para llegar a esta conclusión, el Trib unal aplicó el siguiente razonamiento40: 
– En primer lugar, hay que tener en cuenta el contexto global en el que la decisión 
de la asociación de empresas fue tomada o en el que produce sus efectos. Más concretamente, debe tenerse en cuenta que sus objetivos, que guardan relación con 
la necesidad de establecer normas de  organización, cualificación, deontología, 
control y responsabilidad deben ser capaces  de proporcionar suficientes garantías 
de integridad y de experiencia a los usuari os finales de los servicios jurídicos y a 
la buena administración de justicia.  
– A continuación deberá examinarse si los c onsiguientes efectos re strictivos de la 
competencia son inherentes a la consecución  de dichos objetivos  y si son por lo 
tanto necesarios para garantizar el buen ejercicio de la profesión tal y como está 
organizada en el Estado mi embro de que se trata.  
– los efectos restrictivos de la competencia no deben ir más allá de lo necesario para 
garantizar el buen ejercicio de la pr ofesión (criterio de proporcionalidad).  
5.1.6.  Excepción de obligación impuesta por el Estado  
76. Las empresas no incurren en responsabilid ad de conformidad con el artículo 81 
cuando el Estado les obliga, en virtud de medidas del poder público, a realizar una 
conducta contraria a la competencia
41. En esta situación, las empresas no pueden 
considerarse responsables de ha ber infringido el artículo 81 CE42.  
77. Esta excepción de obligación impuesta por el Estado sólo se aplica cuando el Estado 
impone un determinado comportamiento43. Por lo tanto, si el derecho nacional 
simplemente permite, fomenta o facilita que las empresas incurran en una conducta 
                                                 
38 Wouters , citado en la nota 20, apartado 95 y Arduino , citado en la nota 31,  apartado 33.  
39 Wouters , citado en la nota 20, apartado 110.  
40 Wouters  , citado en la nota 20, apartados 97-110.  
41 Asunto 13/77, GB-Inno-BM, Rec. [1997] I-2115. .  
42 Case C-198/01, Consorzio  Industrie Fiammiferi  (CIF) Rec. [2003] I- OOOO apartado. 51 
43 C-359/95 P y C-379/95 P, Ladbroke , Rec. [1997] I-6265, apartados 33 y 34.  
 
 22    autónoma contraria a la competencia, no se puede aplicar la exce pción de obligación 
impuesta por el Estado44. 
78. Por otra parte, incluso cuando el Estado ob liga a las empresas a realizar una conducta 
contraria a la competencia, si las empr esas conservan una capacidad, al menos 
parcial, de restringir la competencia de forma autónoma - por ejemplo, cuando 
disfrutan de un margen discrecional para la aplicación de la legislación nacional45 -, 
tanto las empresas como el Estado pueden ser responsables. Efectivamente, la propia 
legislación del Estado que obliga a los opera dores económicos a realizar la conducta 
anticompetitiva puede infringir el Tratado CE, más concretamente la letra g) del 
apartado 1 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 10 y los artículos 81/82 (véase 
más adelante).  
79. En su reciente sentencia Consorzio Indus trie Fiammiferi (CIF ), el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas decidió que ante comportamientos de 
empresas contrarios al apartado 1 del artí culo 81 CE que vienen impuestos o se ven 
favorecidos por una normativa nacional que a su vez infringe la letra g) del apartado 
1 del artículo 3, el apartado 2 del artícu lo 10 y los artículos 81/82, una autoridad 
nacional de competencia está obligada a excluir la aplicación de dicha normativa 
nacional y a aplicar el artícu lo 81. Como consecuencia de esta sentencia, cuando la 
decisión de una autoridad nacional de comp etencia de excluir la aplicación de una 
normativa nacional se convierte en defin itiva, la excepción de obligación impuesta 
por el Estado ya no es aplicable46. Por lo que se refiere al  período anterior a la 
decisión de excluir la aplicación de la  normativa, la excep ción de obligación 
impuesta por el Estado es válida y las empr esas disfrutan de inmunidad frente a las 
multas y también de inmunida d frente a reclamaciones de daños y perjuicios (véase 
también la sección 5.1.8)47. 
5.1.7.  Apartado 3 del artículo 81  
80. Algunas normas que entran en el ámbito de aplicación del apartado  1 del artículo 81 
y que no pueden acogerse a la "excepción Wouters" podrían, sin embargo, 
beneficiarse de una exención de conformi dad con el apartado 3 del artículo 81 si 
cumplen las condiciones fijadas en éste.  
5.1.8.  Posible acción de aplicación  
81. Cuando una regulación adoptada por una or ganización profesional infringe el 
artículo 81, la Comisión puede obligar a dicha organización a poner fin a la 
infracción y/o imponerle multas. Las autoridades nacionales de competencia tienen poderes administrativos similares.  
82. Cuando las empresas incurran en conductas contrarias al apartado 1 del artículo 81 y 
cuando dichas conductas vengan impuestas po r medidas del Estado que a su vez sean 
contrarias a la letra g) del apartado 1 del artículo 3, al  apartado 2 del artículo 10 y a 
los artículos 81/82 CE, de la reciente sent encia CIF se desprende que una autoridad 
                                                
 
44 Asuntos acumulados T-191/98 T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line/Comisión Rec. [2003] 
0000.  
45 Asunto T-513/93, CNSD , Rec. [2001] II- 1807, apartados 71-72.  
46 CIF, citado en la nota 46 , apartado 55.  
47 CIF, citado en la nota 46, apartado 54.  
 
 23    nacional de competencia tiene el deber de  excluir la aplicación de la normativa 
nacional y de aplicar el artí culo 81. En tal caso, por lo que se refiere a la conducta 
anterior, las empresas afectadas no puede n ser objeto de sanci ón alguna (penal o 
administrativa), por razones de seguridad jurí dica. Por lo que se refiere a la conducta 
futura, la autoridad nacional de competenci a podría, sin embargo, solicitar a dichas 
empresas que pongan fin y cesen la conduc ta en cuestión e imponer multas por la 
conducta posterior a la decisión de deja r sin efecto la legi slación nacional.  
83. Una infracción del artículo 81, que tiene  efecto directo, también puede tener 
consecuencias en los procedimientos ante lo s tribunales nacionales.  En primer lugar, 
los perjudicados por normas profesionales co ntrarias al artículo  81 pueden solicitar 
que se dicten medidas provisi onales y/o realizar reclamaci ones de daños y perjuicios. 
Cuando la conducta contraria al artícu lo 81 venga impuesta por una normativa 
nacional, que a su vez sea co ntraria a la letra g) del ap artado 1 del artículo 3, al 
apartado 2 del artículo 10 y a los artículo s 81/82, la conducta en cuestión no puede, 
por razones de seguridad jurídica, dar lugar a la indemnización de los daños 
producidos durante el período an terior al momento en el que se excluyó la aplicación 
de la normativa nacional. En segundo luga r, según el apartado 2 del artículo 81 del 
Tratado, es nulo cualquier acuerdo o decisión de empresas prohibido con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 81. Por lo tanto, se puede invocar  la nulidad de las normas 
profesionales contrarias al  artículo 81 como excepción en los procedimientos 
referentes a la aplicación de esas normas.  
5.2. Responsabilidad de los Estados miembros  
84. El artículo 81 del Tratado solo abarca el comportamiento de las empresas y en 
ningún caso las medidas legislativas o reglam entarias de los Estados miembros. Ello 
no obstante, una lectura conjun ta del artículo 81 con el apartado 2 del artículo 10 y 
con la letra g) del aparta do 1 del artículo 3 del Trat ado, "obliga a los Estados 
miembros a no adoptar ni mantener en vigor  medidas, ni siquiera legislativas o 
reglamentarias, que puedan anular el efect o útil de las normas sobre la competencia 
aplicables a las empresas”48.  
85. Partiendo de esta esa base, el Tribunal ha  declarado en varias ocasiones que cuando 
un Estado miembro impone o favorece la  adopción de acue rdos, decisiones o 
prácticas colusorias contrarias al artíc ulo 81, cuando refuerza sus efectos o bien 
cuando retira el carácter de legislación em anada de la autorida d pública a su propia 
normativa, delegando en operadores privados  la responsabilidad de tomar decisiones 
en materia económica, dicho Estado puede se r considerado responsable con arreglo a 
la letra g) del apartado 1 de l artículo 3, al apartado 2 del artículo 10 y al artículo 8149.  
86. La sentencia Arduino sugiere que las medi das estatales por la s que se delegan 
poderes reguladores en operadores privados  podrían impugnarse de conformidad con 
la letra g) del apartado 1 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 10 y el artículo 81 a 
no ser que los poderes públicos tengan la úl tima palabra y ejerzan  el control efectivo 
de la aplicación. En el caso Arduino, la pa rticipación de la orga nización profesional 
en la determinación de honorarios se limita ba a proponer un proyecto de tarifa que 
podía ser modificada por el ministro, compet ente, por lo que no había en realidad 
                                                 
48 Arduino, citado en la nota 35, apartado 34.  
49 Arduino, citado en la nota 35,  apartados 34-35.  
 
 24    ninguna delegación en operadores privados que fuese susceptible  de recurso. La 
Comisión considera impugnables en base a los artículos anteriormente citados las 
medidas estatales por las que se delegan pode res regulatorios sin definir claramente 
los objetivos de interés público perse guidos por la regulación y/o las medidas 
mediante las cuales el Estado deja de tener la última palabra en la toma de decisiones 
o el control.  
87. Con arreglo a los principios anteriorment e mencionados, la Comisión considera que 
los siguientes supuestos pueden impugnarse co n arreglo a la letra g) del apartado 1 
del artículo 3, al apartado 2 del artíc ulo 10 y a los artículos 81 y 82 CE:  
– autorizaciones automáticas, incluidas la s convalidaciones simples y autorizaciones 
tácitas concedidas por los Estados miembr os a los acuerdos o decisiones cuando 
los procedimientos legales vigentes no c ontemplan la existencia de controles y 
equilibrios o la realización de consultas por la autoridad;  
– prácticas en base a las cuales las auto ridades de un Estado miembro sólo pueden 
rechazar o ratificar las pr opuestas de los colegios pr ofesionales sin tener la 
posibilidad de modificar su contenido o de sustituir estas propuestas por sus 
propias decisiones;  
88. Un test de proporcionalidad permitiría comprobar hasta qué punto una regulación 
profesional anticompetitiva contribuye verdader amente al interés general. Para lograr 
este objetivo sería útil que cada norma c ontuviera un objetivo exp lícito así como una 
explicación de cómo la medida de regulaci ón elegida constituye el mecanismo menos 
restrictivo para la consecución efectiva del objetivo establecido.  
89. Cuando un Estado adopta o mantiene en vigor me didas contrarias a lo dispuesto en la 
letra g) del apartado 1 del ar tículo 3, en el artículo 10 y en  el artículo 81, la Comisión 
y los Estados miembros pueden incoar un pr ocedimiento de infracción en virtud de 
los artículos 226 y 227. Por ot ra parte, en virtud de  la primacía del Derecho 
comunitario, los tribunales nacionales y lo s organismos admini strativos nacionales 
están obligados a interpretar las regulac iones del Estado a la luz de dichas 
disposiciones comunitarias y, en caso de necesidad, tienen el deber de dejar sin efecto la normativa nacional que esté en c onflicto con el Tratado. Según la sentencia 
CIF antes citada, esta última obligación se aplica también cuando las autoridades nacionales de competencia investigan la conducta de aquellas empresas que estén obligadas, en virtud de una normativa estata l, a realizar la conducta investigada. 
Finalmente, los perjudicados por las medidas estatales consideradas pueden 
interponer una reclamación de daños y perj uicios contra el Estado miembro por 
infracción del Derecho comunitario.  
6. P
RÓXIMAS ETAPAS HACIA LA MODERNIZACIÓN  
90. En el presente informe la Comisión ha identificado los grupos  de restricciones 
contenidas en regulaciones de las profes iones que presentan los mayores peligros 
potenciales para la competencia sin estar justificadas objetivamente. En 
consecuencia, la Comisión desea que se proc eda a una revisión de estas restricciones 
y que, cuando no estén justificadas objetivamente, sean retiradas o sustituidas por normas menos restrictivas.  
 
 25    91. La revisión y, en caso necesario, la reforma de las normas y regulaciones existentes 
que puedan ser restrictivas re querirán los esfuerzos concer tados de todos los actores 
implicados, cada uno en su ámbito de competencia. Esta sección examina de qué forma pueden contribuir a esos esfuerzos conj untos los diversos act ores (autoridades 
de competencia, autoridades regulador as, organizaciones profesionales).  
6.1. Revisión de las normas vigentes por los reguladores  
92. La Comisión cree que la mejor manera de lograr un cambio general consistiría en 
una acción voluntaria por parte de los que ostentan la responsabilidad del establecimiento de las restricciones existentes. Estos deberían llevar a cabo un análisis completo de la necesidad de re forma en las profesiones correspondientes y 
de la compatibilidad de las normas existentes con los principios del derecho de competencia. Según se ha destacado an teriormente, son el Estado o las 
organizaciones profesionales quienes adoptan  y mantienen en vigor directamente las 
regulaciones restrictivas.  
93. Consecuentemente, la Comisión invita, en pr imer lugar, a las autoridades reguladoras 
de los Estados miembros a revisar la nor mativa o las regulaciones que sean de su 
competencia. Deberían considerar especialme nte si las restricciones existentes tienen 
un objetivo de interés general definido claram ente y legítimo, si son necesarias para 
lograr dicho objetivo y si éste no se puede alcanzar por medios menos restrictivos.  
94. La Comisión invita también a todas las organizaciones profesionales a iniciar un 
examen similar de sus normas y regulaciones . Deberían aplicar el mismo criterio de 
proporcionalidad que las autoridades regulador as de los Estados miembros y, en caso 
necesario, cambiar las normas existentes o proponer cambios.  
95. La Comisión propone debatir durante 2004 co n las asociaciones europeas de las 
organizaciones profesionales lo que ellas entien den por interés general en su ámbito 
de competencia y cómo podría lograrse con unos mecanismos más procompetitivos. 
También se consultará a las organizacione s de consumidores. La Comisión invita a 
las autoridades nacionales de competencia a que hagan lo propio a nivel nacional si 
todavía no han empezado a hacerlo.  
96. La Comisión seguirá atenta a las opiniones de los consumidores sobre las ventajas y 
desventajas de este tipo de regulación.  La Comisión preten de también seguir 
investigando la relación entre los ni veles de regulación y sus consecuencias 
económicas (precio y calidad), así como  la satisfacción de los consumidores. 
97. Las experiencias pasadas de esfuerzos de modernización en el ámbito de los 
servicios profesionales en algunos Estados  miembros muestran que quizás no baste 
con una mera eliminación de los mecanismos anticompetitivos para lograr incrementar la competencia en este s ector. Así pues, tanto las autoridades 
reguladoras como las organizaciones profesi onales deberían estudiar la necesidad de 
utilizar mecanismos complementarios procompetitivos que incrementen la transparencia y aumenten el poder de lo s consumidores. Estos mecanismos podrían 
incluir, por ejemplo, un seguimiento act ivo por parte de las asociaciones de 
consumidores, la obtención y publicación de datos históricos basados en encuestas o 
anuncios públicos de la supres ión de las tarifas. La Comi sión se propone investigar el 
impacto de las diferentes alternativas en lo s casos en los que éstas ya se han aplicado 
 
 26    y, como primera medida, estudiará con la s organizaciones de consumidores de 
ámbito europeo la forma de definir las mejores prácticas.  
98. En 2004, la Comisión ampliará su estudio a los diez Estados  miembros adherentes.  
6.2. Aplicación en la Red europea de competencia  
99. A partir del mes mayo de 2004, tras la entrada en vigor del Reglamento 1/200350, las 
autoridades nacionales de competencia y los tribunales nacionales tendrán un papel 
más importante en la evaluación de la legalidad de las normas y regulaciones 
profesionales. Dichas autoridades y tribunale s pueden decidir sobre la compatibilidad 
de un acuerdo, una decisión o una práctica con el apartado 1 del artículo 81 y también aplicar el apartado 3 del artículo 81, lo cual constituirá una exención de la 
prohibición general de los acuerdos contrarios a la competencia.  
100. En la medida en que las restricciones de competencia tengan su centro de gravedad 
en un Estado miembro, la aplicación admini strativa de las norma s comunitarias de 
competencia a las profesiones liberales debe incumbir principalmente a la autoridad nacional de competencia. La Comisión con tinuará tramitando los asuntos cuando sea 
pertinente.  
101. La Comisión se propone supervisar los logros  y garantizar la c oherente aplicación de 
los artículos 81 y 82 a través de la coordi nación en la Red Europea de Competencia. 
Concretamente, la supervisión del mercado se organizará y se llevará a cabo junto 
con expertos nacionales de competencia, as í como con expertos de las autoridades 
reguladoras nacionales y de  otras autoridades.  
102. La Comisión también propone debatir con la s autoridades reguladoras nacionales la 
necesidad, la proporcionalidad y la justificación de las regulaciones existentes. En una fase posterior, y si llega a ser necesari o, la Comisión no excluye la posibilidad de 
incoar procedimientos de infracción.  
6.3. Observaciones finales  
103. La Comisión informará en 2005 sobre los avan ces realizados en la  eliminación de las 
restricciones anteriormente mencionada s o sobre aquellos casos en que las 
justificaciones de estas normas han queda do demostradas. Con esta finalidad, a 
finales de año, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades reguladoras 
para pedirles que informen sobre cualqui er medida que hayan adoptado y que esté 
incluida en el ámbito de este informe. Cu alquier justificación explícita de las normas 
restrictivas que dichas autoridades des een mantener deberá comunicarse en ese 
momento a la Comisión.  
                                                
 
50 Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de  diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las 
normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).  
 
 27    104. La Comisión concluye reiterando que es n ecesario que todas las partes interesadas 
contribuyan a mejorar el marco regulador en  el que los prestadores de servicios 
profesionales operan en Europa. Un marco en  el que la calidad y el comportamiento 
ético estén garantizados mediante mecan ismos más procompetitivos permitirá a las 
profesiones liberales innovar e incrementar la calidad y la gama de sus servicios. Unos servicios profesionales más eficaces y competitivos beneficiarán directamente 
a los consumidores y, al ser contribucione s fundamentales para otras actividades 
empresariales, también introducirán una ma yor productividad en el conjunto de la 
economía, contribuyendo así al objetivo fija do en Lisboa de h acer que Europa se 
convierta en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo.