Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las entidades de crédito de la UE /* COM/2014/043 final - 2014/0020 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA Desde el inicio de la crisis financiera, la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Unión») y sus Estados miembros han emprendido una profunda revisión de la supervisión y regulación financieras. En el ámbito bancario, la Unión ha iniciado una serie de reformas dirigidas a crear un sistema financiero más seguro y sólido, más transparente y responsable, al servicio de la economía y la sociedad en su conjunto. Ahora bien, el sector bancario de la Unión sigue teniendo gran peso, en términos tanto absolutos (42,9 billones EUR) como relativos (casi el 350 % del PIB de la UE). El tamaño individual de los bancos más grandes de la Unión, en cuanto a activos, equivale grosso modo al PIB de su país de origen o está muy próximo al mismo. Son bancos que siguen siendo demasiado grandes para quebrar, demasiado grandes para ser rescatados y demasiado complejos para someterlos a resolución. En este contexto, en noviembre de 2011, el comisario Barnier anunció la creación de un grupo de expertos de alto nivel responsable de analizar si era necesario efectuar una reforma estructural del sector bancario de la Unión, y presidido por Erkki Liikanen, gobernador del Banco de Finlandia[1]. En octubre de 2012, el grupo presentó su informe, en el que señalaba que era necesario reestructurar el sector bancario, como complemento de las reformas ya efectuadas, y recomendaba la separación obligatoria de la negociación por cuenta propia y otras actividades de negociación de algo riesgo en un ente jurídico aparte dentro del mismo grupo. Esta separación sería obligatoria solo para aquellos bancos en los cuales las actividades que deban separarse representen una cuota importante del negocio del banco[2]. El 3 de julio de 2013, el Parlamento Europeo (PE), a iniciativa propia y por una amplia mayoría, adoptó una Resolución sobre la reforma estructural del sector bancario de la UE[3], en la que se congratulaba por la adopción a escala de la Unión de medidas de reforma estructural para hacer frente a los problemas que comportan los bancos considerados demasiado grandes para quebrar[4]. La presente propuesta es parte esencial de la respuesta de la Unión al problema que representa el ser «demasiado grande para quebrar». Su objetivo es evitar que se materialicen los riesgos residuales no controlados del sistema bancario de la Unión. Servirá para limitar la expansión artificial de los balances de los bancos, particularmente de las actividades de naturaleza puramente especulativa, lo que reducirá el riesgo de intervención de los contribuyentes para salvar los bancos en graves dificultades, así como el coste y la complejidad de la resolución, si fuera necesaria. Constituye también un complemento importante de la Directiva por la que se establece un marco para el rescate y resolución de entidades de crédito y empresas de inversión (DRRB)[5]. Hasta el momento, la reforma estructural no ha figurado en el programa de reforma internacional acordado por el G-20. Sin embargo, muchos países de todo el mundo han aprobado o propuesto medidas de respuesta a esta preocupación. En los últimos años, algunos Estados miembros han emprendido iniciativas de reforma (Alemania, Francia, Reino Unido y Bélgica). Los Estados Unidos han adoptado recientemente la «norma Volcker», que prohíbe a los bancos la negociación por cuenta propia. De igual modo, los organismos internacionales han reclamado un debate a escala mundial sobre las estructuras y los modelos de negocio de los bancos. Ante la proliferación de iniciativas de reforma en este contexto, y a efectos de evitar que medidas que se solapen o resulten incompatibles entre sí afecten a los bancos de ámbito internacional, los dirigentes del G-20, en la última cumbre, celebrada en San Petersburgo, pidieron al Consejo de Estabilidad Financiera que examinara la coherencia de las reformas bancarias estructurales entre los diversos países y las implicaciones de estas para la estabilidad financiera mundial. La presente propuesta toma buena nota de los incipientes esfuerzos de coordinación internacional y reconoce la necesidad de evitar la posibilidad de recurrir al arbitraje regulador. Va acompañada de otra propuesta con la que se halla directamente relacionada y que está destinada a abordar otra vía de contagio financiero concretamente, la conexión entre los participantes en el mercado, incluidos los bancos sistémicos, a través de vínculos operativos opacos en las operaciones de financiación de valores. El Libro Verde «El sistema bancario en la sombra», presentado por la Comisión el 19 de marzo de 2012[6], reconoce que todo refuerzo de la regulación bancaria puede llevar a que una parte importante de las actividades bancarias escape de los límites de la banca tradicional hacia la «banca en la sombra», definida como «sistema de intermediación crediticia conformado por entidades y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional»[7]. El 20 de noviembre de 2012, el PE adoptó una Resolución sobre el sistema bancario en la sombra[8], en la que destacaba la necesidad de garantizar una mayor transparencia de la estructura y las actividades de las entidades financieras, así como de que los supervisores tengan conocimiento del nivel de actividades bancarias en la sombra, tales como pactos de recompra y préstamos de valores. El 4 de septiembre de 2013, en su Comunicación sobre el sistema bancario en la sombra[9], la Comisión subrayó que incrementar la transparencia de las operaciones de financiación de valores, tales como los pactos de recompra y los préstamos de valores, otras operaciones equivalentes y la rehipotecación, será esencial para controlar los riesgos derivados de la interconexión, el exceso de apalancamiento y los comportamientos procíclicos. El resto de esta exposición de motivos se destina a explicar la presente propuesta en relación con la separación estructural de las entidades de crédito. 2. CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIONES DE IMPACTO Se ha consultado a los interesados en diversas ocasiones. El grupo de alto nivel se reunió con diversos interesados durante su mandato y celebró una consulta pública dirigida a los bancos, los clientes corporativos y los clientes minoristas y sus asociaciones[10]. Además, la Comisión celebró una consulta pública dirigida a los interesados en octubre de 2012[11]. La reforma estructural del sector bancario y la necesidad de actuar coordinadamente a escala de la Unión se ha debatido también con los Estados miembros. Durante la preparación de la evaluación de impacto, la Comisión celebró otra consulta pública con los interesados, en la primavera de 2013, en la que se pedía a los bancos que modelizaran los efectos de diferentes opciones de reforma estructural[12]. Las 500 respuestas a la consulta dejaron de manifiesto la división existente entre los bancos, de un lado, y los consumidores y los entes financieros no bancarios, de otro. Los primeros estaban por mayoría rotunda contra la separación estructural; los segundos eran mayoritariamente favorables. Las opiniones de otras categorías de interesados eran menos extremas. En marzo de 2013, se creó un Grupo Director Interservicios, integrado por representantes de las Direcciones Generales COMP, ECFIN, EMPL, ENTR, JUST, MARKT, SG, SJ y TAXUD, y el CCI. Este grupo se reunió en marzo, abril y septiembre de 2013 y prestó apoyo para la realización de la evaluación de impacto. El proyecto de evaluación de impacto se presentó al Comité de Evaluación de Impacto (CEI) de la Comisión el 19 de septiembre de 2013 y se debatió con este el 16 de octubre de 2013. El CEI emitió sus recomendaciones de mejora el 18 de octubre de 2013. Entre esas recomendaciones destacan las siguientes: i) mejorar la descripción del problema y el escenario de base; ii) describir y explicar mejor las opciones de reforma; iii) mejorar la evaluación de los efectos y la demostración de la eficacia de las opciones de reforma seleccionadas; iv) exponer mejor la opinión de los interesados; y v) añadir un glosario. Los servicios de la Comisión presentaron una evaluación de impacto revisada el 18 de diciembre de 2013, junto con un documento aparte en el que se explicaba al CEI como se habían incorporado sus recomendaciones. Posteriormente, el 15 de enero de 2014, el CEI emitió un dictamen favorable, al tiempo que recomendaba otras mejoras, en particular un análisis más riguroso de la justificación de las medidas propuestas, las opciones de reforma adicionales, el impacto y las opiniones de los interesados en relación con las medidas de transparencia que no se introdujeron hasta el momento de volver a presentar la evaluación de impacto final. Asimismo, el CEI recomendaba mejorar la presentación de las opciones de reforma estructural y la evaluación del impacto y la eficacia de las opciones de reforma seleccionadas. La versión final de la evaluación de impacto amplía notablemente el análisis de las medidas de reforma en materia de transparencia y ahonda en las otras dos recomendaciones del CEI. En relación con los costes y beneficios generales de la presente propuesta, la evaluación de impacto ha sido objeto de un análisis cuantitativo y una modelización cuantitativa. En la evaluación se llega a la conclusión de que las subvenciones implícitas son significativas, dependiendo del tamaño del banco y de su grado de interconexión. Sin perder de vista las ventajas que presenta la diversidad de modelos bancarios de Europa, la presente propuesta busca garantizar el delicado equilibrio entre la prevención de los riesgos sistémicos y la financiación de un crecimiento económico sostenible. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 3.1. Fundamento jurídico y subsidiariedad El presente Reglamento se basa en el artículo 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite adoptar medidas para la aproximación de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Aplicar normas uniformes a las estructuras de los bancos aumentará la estabilidad financiera en la Unión, permitirá una mejor integración de los mercados, facilitará el rescate y la resolución ordenadas de los grupos, potenciará la prestación de servicios transfronterizos y el establecimiento en otros Estados miembros, reducirá el falseamiento de la competencia e impedirá el arbitraje regulador. Algunos Estados miembros han propuesto o adoptado medidas de reforma estructural para sus sistemas bancarios nacionales. La existencia de legislaciones nacionales que no persigan los mismos fines estratégicos, de forma que resulten compatibles con los mecanismos previstos en el presente Reglamento y equivalentes a ellos, aumenta la posibilidad de falseamiento de los movimientos de capitales y las decisiones de inversión. Sin un planteamiento conjunto para toda la Unión, los bancos tendrán que adaptar sus estructuras y su funcionamiento a las normas nacionales, lo que redundará en una mayor complejidad y fragmentación. La existencia de legislaciones nacionales divergentes minaría también los esfuerzos por alcanzar un código normativo único, aplicable en todo el mercado interior, y la creación de una unión bancaria efectiva, pues limitaría la eficacia del mecanismo único de supervisión (MUS)[13] y un futuro mecanismo único de resolución (MUR)[14]. Por otro lado, una legislación incoherente dificulta y hace más gravosa la gestión de las entidades transfronterizas. La armonización a escala de la Unión que contempla el presente Reglamento puede garantizar que los grupos bancarios de la Unión, muchos de los cuales operan en varios Estados miembros, estén regulados por un marco común de requisitos estructurales, lo que garantizará, a su vez, condiciones de competencia equitativas, reducirá la complejidad de la legislación, evitará costes de cumplimiento injustificados en las actividades transfronterizas, favorecerá una mayor integración del mercado de la Unión y contribuirá a eliminar la posibilidad de recurrir al arbitraje regulador. En consonancia con el objetivo de contribuir al funcionamiento del mercado interior, un Estado miembro que, anteriormente, haya adoptado legislación que prohíba a las entidades de crédito que acepten depósitos de particulares y PYME desarrollar actividades de inversión como comitentes, y disponer de activos destinados a negociación, podrá solicitar a la Comisión que autorice que una entidad de crédito sujeta a legislación nacional compatible con lo establecido en el capítulo III («separación de determinadas actividades de inversión») pueda gozar de una excepción a lo dispuesto en ese capítulo. Esto permitiría que los Estados miembros que se estime que hayan adoptado ya medidas «super equivalentes» no tuvieran que efectuar una costosa adaptación a las nuevas disposiciones de disposiciones vigentes y eficaces. A fin de que la legislación nacional no suponga un obstáculo para los fines o el funcionamiento del mercado interior, los objetivos de esa legislación deben coincidir con los establecidos en la presente propuesta; y los mecanismos nacionales legales, de supervisión y control del cumplimento deben garantizar que la entidad de crédito cumpla disposiciones jurídicamente vinculantes compatibles con la presente propuesta. La presente propuesta tiene debidamente en cuenta la rápida evolución de los mercados financieros y la innovación financiera, así como la evolución de los marcos legales y de supervisión de la Unión. A efectos de garantizar una supervisión eficaz y coherente y el desarrollo del código normativo único del sector bancario, la presente propuesta contempla una función importante para la Autoridad Bancaria Europea (ABE). La ABE será consultada por las autoridades competentes a la hora de adoptar determinadas decisiones según establece la presente propuesta, preparará proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución y presentará informes a la Comisión. Esto es especialmente importante en las situaciones a que se refieren los artículos 9, 10, 13 y 21. 3.2. Proporcionalidad De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 del TUE, la actuación de la Unión, tanto en la forma como en el contenido, debe limitarse a lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. La presente propuesta de Reglamento prohíbe a las grandes entidades de crédito y grupos bancarios de la Unión la negociación por cuenta propia y determinadas actividades conexas. La separación de la propiedad puede ser la reforma estructural más eficaz para el logro de los objetivos específicos de facilitar la resolución y limitar el riesgo moral, los conflictos de intereses y una inadecuada asignación del capital y los recursos. Las ventajas potenciales de prohibir las actividades de negociación por cuenta propia se dejarían sentir especialmente en la reducción de los riesgos, la complejidad, la interconexión y los conflictos de intereses. Sin embargo, habida cuenta de las dificultades que plantea la distinción entre la negociación por cuenta propia y otras actividades de negociación similares, en particular la creación de mercado, una definición estricta de las actividades sujetas a la prohibición contribuye a la proporcionalidad de la medida. Excluir a los bancos más pequeños del ámbito de aplicación de la prohibición se justifica por los efectos tan desproporcionados que esa prohibición tendría para ellos, si se vieran obligados a desinvertir una parte de sus carteras. La propuesta de Reglamento exige también a la autoridad competente que revise sistemáticamente determinadas otras actividades: concretamente, la creación de mercado, la inversión en titulizaciones o su patrocinio, y la negociación de determinados derivados. Se considera que estas actividades son las que más riesgo entrañan de negociación por cuenta propia, vulnerando la prohibición, y podrían comportar riesgos para la estabilidad de la entidad de crédito básica y el sistema financiero de la Unión. Se otorga a la autoridad competente la facultad de exigir la separación. Esta facultad no supone una imposición generalizada: la autoridad competente puede ejercer su criterio utilizando una serie de parámetros armonizados. Solo en ciertas circunstancias, cuando los riesgos sobrepasen unos niveles dados, que se determinarán a través de parámetros armonizados, la autoridad competente deberá imponer la separación. Este planteamiento se considera proporcionado, pues exige la separación de la actividad de negociación solo en determinadas condiciones, y una vez analizado en profundidad el efecto de tales actividades en el perfil de riesgo y el comportamiento de la entidad de crédito básica. La propuesta de Reglamento se dirige a las grandes entidades de crédito y los grupos bancarios. Su objetivo principal es hacer frente a los riesgos sistémicos residuales del sistema financiero europeo, por lo que extender las medidas que establece a todas las entidades de crédito sería desproporcionado y podría generar costes injustificados, especialmente a las entidades de crédito más pequeñas. Las entidades de crédito que no alcancen los umbrales establecidos en la propuesta de Reglamento no estarán sujetas a las medidas estructurales previstas. Ello implica que los Estados miembros o las autoridades competentes son libres de imponer o no medidas similares también a las entidades de crédito más pequeñas. El Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y debe aplicarse de acuerdo con esos derechos y principios. 3.3. Explicación detallada de la propuesta En la presente sección se reseñan los principales componentes de la propuesta de Reglamento. 3.3.1. Objetivos y objeto de la separación estructural La propuesta de Reglamento persigue aumentar la estabilidad financiera en la Unión mediante la reforma estructural de los grandes bancos, como complemento de las reformas de la normativa financiera ya emprendidas a escala de la Unión. El artículo 1 describe los fines y los objetivos de la reforma. El artículo 2 enuncia el objeto de la reforma, a saber, establecer normas en relación con los cambios estructurales de los bancos considerados «demasiado grandes para quebrar», imponiendo la prohibición de la negociación por cuenta propia y, en su caso, la separación de determinadas actividades de negociación. 3.3.2. Ámbito de aplicación El artículo 3 establece que la propuesta de Reglamento se aplica a los bancos que respondan a determinados criterios y sobrepasen determinados umbrales. 1) Las disposiciones se aplican a los bancos europeos que se consideran de importancia sistémica mundial. 2) Las disposiciones se aplican a aquellos bancos que sobrepasen los siguientes umbrales durante tres años consecutivos: a) total de activos del banco superior a 30 000 millones EUR[15]; y b) total de pasivos y activos destinados a negociación del banco superior a 70 000 millones EUR o al 10 % del total de activos. Los artículos 22 y 23 especifican más en detalle cómo han de calcularse las «actividades de negociación» (a efectos del examen de la autoridad competente que podrá dar lugar a la separación de la entidad de crédito). La reforma estructural se centra en las actividades bancarias, por lo que el artículo 23, apartado 2, establece que, en los conglomerados financieros, las actividades de seguro y las empresas no financieras no deben entrar en el cálculo. La propuesta de Reglamento se aplicará a las entidades de crédito de la Unión, así como a sus matrices en la UE, sus filiales y sucursales, inclusive en terceros países. Se aplicará también a las sucursales y filiales en la Unión de bancos establecidos en terceros países. Este extenso ámbito territorial se justifica por la necesidad de garantizar condiciones equitativas de competencia y evitar el traslado de actividades fuera de la Unión para eludir estas disposiciones. No obstante, las filiales en el extranjero de bancos de la Unión y las sucursales en la UE de bancos extranjeros podrían quedar exentas si están sujetas a normas de separación equivalentes (artículos 4 y 27). El artículo 4, apartado 2, prevé otra posible exención: los supervisores podrán eximir de la separación a las filiales en el extranjero de los grupos que tengan una estructura autónoma geográficamente descentralizada y sigan una estrategia de resolución de «múltiples puntos de entrada». Al aplicar la obligación de separación al conjunto del grupo a escala mundial, con independencia de la radicación geográfica, se elimina la posibilidad de que los bancos eludan la separación situando determinadas actividades fuera de la Unión. Asimismo, al añadir a la amplia cobertura geográfica un régimen de equivalencia de terceros países, los posibles problemas de extraterritorialidad de terceros países se reducen. Al exigir a los bancos extranjeros que separen sus actividades en la Unión, se garantizan también condiciones equitativas en el mercado interior, y se minimiza así el riesgo de competencia desleal. 3.3.3. Prohibición de la negociación por cuenta propia (capítulo II) El artículo 6, apartado 1, de la propuesta de Reglamento dispone que las entidades de crédito y entidades pertenecientes al mismo grupo no deben ejercer la negociación por cuenta propia de instrumentos financieros y materias primas. Aunque apenas existen datos homogéneos a escala de la Unión sobre actividades bancarias específicas, de la información disponible se desprende que la negociación por cuenta propia representa una parte limitada del balance de los bancos[16]. Sin embargo, esa misma información pone de relieve que tal actividad de negociación era significativa antes de la crisis y, sin una acción reguladora, no existen garantías de que no se incremente nuevamente en el futuro. Resulta difícil definir en qué consiste la negociación por cuenta propia y diferenciarla de la creación de mercado. De acuerdo con la definición restrictiva de negociación por cuenta propia que figura en el artículo 5, apartado 4, quedarían prohibidas las actividades de las salas, unidades o divisiones de negociación u operadores individuales que estén específicamente orientadas a tomar posiciones para obtener un beneficio por cuenta propia, y no guarden relación con actividades de clientes o la cobertura de riesgo de la propia entidad. El artículo 6, apartado 2, aclara que las entidades de crédito comprendidas en el ámbito de aplicación de la propuesta de Reglamento, según lo definido en los artículos 3 y 4, que dispongan de estructuras específicas para la compraventa de instrumentos del mercado monetario a efectos de la gestión de efectivo, no entran en la citada prohibición. La negociación con bonos de deuda pública de Estados de la Unión está también exenta de la prohibición (artículo 6, apartado 2, letra a)), a fin de evitar posibles consecuencias negativas para esos mercados de crucial importancia. Esta exención es semejante a la prevista en relación con la negociación con deuda pública en el contexto de las actividades de evaluación (artículo 8, apartado 2). Aunque, en principio, la prohibición de la negociación por cuenta propia podría hacerse extensiva a todos los bancos, se propone aplicarla solo a los bancos a que se refiere el artículo 3. A fin de impedir que los bancos eludan la prohibición, por ejemplo, mediante la propiedad de fondos de inversión libre o la inversión en ellos, el artículo 6, apartado 1, letra b), establece que los bancos sujetos a la prohibición de negociación por cuenta propia tendrán también prohibido invertir, o poseer acciones o participaciones, en fondos de inversión libre (o certificados/derivados vinculados a ellos), o en entes que negocien por cuenta propia o patrocinen fondos de inversión libre. Los fondos no apalancados y cerrados, principalmente, fondos de capital inversión, de capital riesgo y de emprendimiento social, quedan exentos de esta prohibición, habida cuenta de su función de contribución a la financiación de la economía real (artículo 6, apartado 3). Las entidades de crédito a las que se apliquen estas prohibiciones podrán seguir ofreciendo servicios bancarios/de custodia a los fondos de inversión libre. 3.3.4. Separación potencial de determinadas actividades de negociación (capítulo III) Los bancos realizan otra serie de actividades bancarias de inversión y negociación, tales como la creación de mercado, la concesión de préstamos a los fondos de capital riesgo y de capital inversión, la inversión en titulizaciones arriesgadas y su patrocinio, la venta y negociación de derivados, etc. Los grupos bancarios podrán seguir realizando esas otras actividades, si así lo autoriza la autoridad competente, que estará obligada a verificar las actividades de negociación y podrá (y deberá, en algunas circunstancias) separar un subconjunto de actividades (creación de mercado, titulizaciones arriesgadas, derivados complejos) si se sobrepasan determinados parámetros. Se trata con ello de evitar el riesgo de que los bancos eludan la prohibición que establece el artículo 6 ejerciendo actividades de negociación por cuenta propia de forma oculta, y de que las actividades de negociación no prohibidas lleguen a ser demasiado importantes o estén muy apalancadas. El principio básico de la propuesta de Reglamento es que las entidades pertenecientes a grupos bancarios y que acepten depósitos solo puedan ejercer esas actividades si la autoridad competente no decide que deben realizarse a través de un ente de negociación distinto. 3.3.4.1. Gama de actividades sujetas a separación El artículo 8 define las actividades de negociación de forma amplia, estableciendo que son aquellas actividades distintas de, p. ej., la aceptación de depósitos que puedan beneficiarse de la garantía de depósitos, la concesión de préstamos, la prestación de servicios de pago minoristas y otra serie de actividades. Además, el artículo 8, apartado 2, exime a los bonos soberanos de la Unión de la obligación de verificar y la facultad de separar. Esta exención es coherente con la actual práctica de aplicar ponderaciones de riesgo cero que prevén el Reglamento y la Directiva sobre los requisitos de capital[17] (RRC/DRCIV). No obstante, el artículo 8, apartado 3, dispone que la Comisión, mediante actos delegados, podrá ampliar el ámbito de aplicación de la exención a bonos soberanos de países que no pertenezcan a la Unión, si reúnen determinadas condiciones. 3.3.4.2. Obligación de verificar las actividades El Reglamento obligará a los supervisores a verificar las actividades de negociación de los bancos que sobrepasen los umbrales, en particular tres actividades que, bien están particularmente próximas a la negociación por cuenta propia y, por tanto, pueden esconder negociación por cuenta propia (creación de mercado) o han desempeñado un papel crucial durante la crisis financiera (p.ej., la inversión en titulizaciones arriesgadas o su patrocinio, y la negociación con derivados distintos de los específicamente autorizados a efectos de una gestión de riesgo prudente). Las autoridades competentes evaluarán estas actividades a la luz de determinados parámetros que se ajustarán utilizando datos de supervisión. Son parámetros indicativos del tamaño relativo, el apalancamiento, la complejidad, la rentabilidad, el riesgo de mercado conexo, y la interconexión (artículo 9, apartado 2). A fin de garantizar que estos parámetros se midan y apliquen de forma coherente, el artículo 9, apartado 4, encomienda a la ABE que elabore una norma técnica de ejecución vinculante que deberá adoptar la Comisión. 3.3.4.3. Facultad de separar El artículo 10, apartado 1, establece que las autoridades competentes deben exigir la separación si las actividades de negociación de los bancos (creación de mercado, inversión en titulizaciones arriesgadas y su patrocinio, y negociación de determinados derivados) y sus correspondientes riesgos sobrepasan determinados umbrales y reúnen determinadas condiciones con arreglo a los parámetros. Si el banco demuestra satisfactoriamente a la autoridad competente que esas actividades no hacen peligrar la estabilidad financiera de la Unión, teniendo en cuenta los objetivos de la propuesta de Reglamento, dicha autoridad puede optar por no exigir la separación. El artículo 10, apartado 2, establece que una autoridad competente puede exigir la separación de una determinada actividad de negociación si considera que tal actividad pone en peligro la estabilidad financiera del banco o de la Unión, habida cuenta de cualquiera de los objetivos de la propuesta de Reglamento. La autoridad competente debe consultar a la ABE antes de adoptar las decisiones a que se refiere el artículo 10 y debe notificar a la ABE su decisión final. El artículo 10, apartado 5, faculta a la Comisión para adoptar un acto delegado en el que se especifique el nivel que no debe sobrepasarse de cada parámetro, y las condiciones, tales como el número de parámetros que deben sobrepasarse para que proceda efectuar la separación. Además, la Comisión podrá especificar qué tipo de titulizaciones se considera que no suponen una amenaza para la estabilidad financiera, de acuerdo con una lista de criterios, y que, por tanto, pueden ser realizadas por entidades de crédito básicas. 3.3.4.4. Gestión de los riesgos propios de los bancos («gestión de tesorería») Si llegara a producirse una separación, el artículo 11, apartado 1, clarifica que el banco que acepta depósitos está aún autorizado a gestionar su riesgo propio. Sin embargo, puesto que la gestión de tesorería puede dar lugar a negociación por cuenta propia, y dado que la gestión de la liquidez implica asumir determinadas posiciones especulativas, ello ha de vincularse a una serie de salvaguardias. 3.3.4.5. Prestación de servicios de gestión de riesgos a clientes El artículo 12 especifica que la entidad de crédito básica aún puede vender determinados productos de gestión de riesgos (p.ej., derivados) a clientes que no sean entidades financieras o bancarias. Ahora bien, la venta de derivados a clientes expone a los bancos a más riesgos, lo que, entre otras cosas, puede hacer que su resolución sea más compleja, por lo que se someterá a diversos grados de salvaguardia y control. A fin de hacer frente a estos riesgos, se establece que los derivados de crédito, sobre tipos de interés, sobre tipos de cambio, sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero y sobre materias primas que puedan ser compensados a través de una entidad de contrapartida central puedan ser vendidos por la entidad de crédito básica a sus clientes no financieros, empresas de seguros y organismos de previsión para la jubilación, pero solo con objeto de cubrir los riesgos de tipo de interés, de tipo de cambio y de crédito, el riesgo de materias primas y el riesgo de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y con sujeción a límites por lo que atañe al riesgo de posición resultante. El reconocimiento de determinados derivados alienta más a los bancos a estandarizar esos derivados y, en consecuencia, se ajusta a los objetivos perseguidos por el Reglamento relativo a la infraestructura del mercado europeo (EMIR)[18]. 3.3.4.6. Normas sobre la separación de las actividades de negociación Si las autoridades competentes exigen la separación de las actividades de negociación y estas se van a mantener dentro del grupo, tendrían que transferirse a un ente jurídico diferente (una «ente de negociación»). Con el fin de garantizar la separación efectiva, los vínculos jurídicos, económicos, operativos y de gobernanza de esa entidad con el resto del grupo deben limitarse. El artículo 13, apartado 3, establece que, si se produce una separación, el grupo debe organizarse en subgrupos funcionales homogéneos constituidos, de un lado, por las entidades de crédito básicas, y de otro, por los entes de negociación. El artículo 13, apartados 5 a 13, de la propuesta de Reglamento establece las condiciones que habrán de reunirse para garantizar una separación sólida en términos jurídicos, económicos, operativos y de gobernanza. Tras la separación, los requisitos prudenciales especificados en esos artículos deberían aplicarse en base individual o subconsolidada a los respectivos subgrupos. El artículo 13, apartado 11, prevé también excepciones al RRC por lo que se refiere a la dispensa de determinadas disposiciones, para garantizar que los requisitos prudenciales (fondos propios, liquidez, divulgación de información) se apliquen en base subconsolidada a los respectivos subgrupos. Los grupos que tienen la consideración de mutuas, cooperativas, entidades de ahorro o similares realizan actividades de negociación arriesgadas y, por tanto, están sujetos a lo dispuesto en la presente propuesta. No obstante, estas entidades tienen una estructura económica y de propiedad muy específica y desempeñan una función importante en la financiación de la economía local y regional. La imposición de determinadas normas en relación con la separación podría exigir profundos cambios en la organización estructural de esas entidades. Esto podría resultar desproporcionado frente a las posibles ventajas, pues estas entidades deberían cambiar por completo su identidad corporativa. Así pues, la autoridad competente puede decidir permitir que las entidades de crédito básicas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 49, apartado 3, letras a) o b), del Reglamento (UE) nº 575/2013 dispongan de instrumentos de capital o derechos de voto en un ente de negociación, si dicha autoridad considera que la tenencia de esos instrumentos de capital o derechos de voto es indispensable para el funcionamiento del grupo y que ha tomado suficientes medidas para reducir adecuadamente los riesgos pertinentes. Otro aspecto fundamental de la separación económica entre la entidad de crédito básica y el ente de negociación son las restricciones con respecto a las grandes exposiciones. Por ello, los artículos 14 a 17 establecen disposiciones al respecto. Estas disposiciones se refieren a los límites a las grandes exposiciones intra y extragrupo, individuales y agregadas. 3.3.4.7. Plan de separación Antes de la separación efectiva de las actividades de negociación, los bancos afectados deberán presentar a las autoridades competentes un «plan de separación». El artículo 18 prevé que el plan sea aprobado por la autoridad competente, que podrá requerir que se introduzcan cambios, en su caso, o elaborar su propio plan de separación, si el banco afectado no actuara por sí mismo. 3.3.4.8. Cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades de resolución La Directiva sobre rescate y resolución de las entidades de crédito (DRRB) prevé que las autoridades de resolución, en el contexto de sus planes de resolución, puedan exigir a los bancos cambios estructurales (p.ej., en su estructura organizativa y jurídica), si consideran que ello es necesario para evitar obstáculos que impidan una resolución eficaz. Aunque la propuesta de Reglamento persigue una serie de objetivos que no se limitan a la resolución, es necesario garantizar que las respectivas autoridades cooperen entre sí. Así, el articulo 19 dispone que, si una autoridad competente decide exigir la separación, debe notificarlo a las autoridades de resolución (artículo 19, apartado 1) y tener en cuenta toda evaluación de la pertinencia de la resolución que dichas autoridades ya hayan efectuado o estén efectuando, de acuerdo con los artículos 13 y 13 bis de la DRRB. Del mismo modo, cuando una autoridad competente notifique una decisión de separación a la autoridad de resolución, esta debe tenerla en cuenta al evaluar la pertinencia de la resolución. 3.3.4.9. Actividades prohibidas al ente de negociación El artículo 20 establece que el ente de negociación no podrá ejercer determinadas actividades. Concretamente, se trata de la aceptación de depósitos que puedan beneficiarse de sistemas de garantía de depósitos, y la prestación de servicios de pago minoristas, según lo definido en la Directiva sobre servicios de pago[19]. 3.3.4.10. Excepción Si bien la propuesta de Reglamento establece normas uniformes sobre los fines, objetivos e instrumentos de la reforma estructural de los bancos en el mercado interior, el artículo 21 autoriza una posible excepción a las disposiciones de separación de su capítulo III, en el caso de entidades de crédito sujetas a legislación nacional de efectos equivalentes a dichas disposiciones. Esta excepción la otorgará la Comisión a instancia del Estado miembro de que se trate, una vez que este haya obtenido la opinión favorable de la autoridad competente responsable de supervisar los bancos con respecto a los cuales se solicite la excepción. Para acogerse a esta excepción, la legislación primaria nacional debe estar en vigor antes del 29 de enero de 2014 y satisfacer los criterios establecidos en el artículo 21, apartado 1. Ello quiere decir que la finalidad de la legislación nacional, su ámbito de aplicación material y las disposiciones sobre separación jurídica, económica y de gobernanza de la entidad que ejerce la actividad de aceptación de depósitos deben ser similares a los de la propuesta de Reglamento. 3.3.5. Cumplimiento: entes y autoridades competentes (capítulo V) La mayoría de los bancos a que se refiere el artículo 3 operan en varios países a través de sucursales y filiales. Están supervisados por varias autoridades diferentes, tanto del país de origen (matriz, filiales en diferentes Estados miembros) como del país de acogida (sucursales). A fin de garantizar que la reforma estructural se aplique de forma efectiva y eficiente a nivel de grupo, el artículo 26 otorga la responsabilidad de las decisiones finales sobre la separación estructural al supervisor principal del grupo consolidado. Este es el enfoque adoptado por algunas de las propuestas nacionales de reforma. El supervisor principal, antes de adoptar decisiones, debe consultar al supervisor de origen de las filiales significativas del grupo. 3.3.6. Relaciones con terceros países (capítulo VI) El artículo 27 prevé la adopción de actos delegados para reconocer las reformas estructurales de terceros países como equivalentes, si reúnen una serie de condiciones. 3.3.7. Medidas y sanciones administrativas (capítulo VII) El capítulo VII refleja las actuales políticas horizontales en el sector de servicios financieros en lo que atañe a las medidas y sanciones. Define un planteamiento común para las principales infracciones del presente Reglamento y establece medidas y sanciones administrativas que las autoridades competentes deben estar facultadas para aplicar en el caso de las principales infracciones. 3.3.8. Informe y reexamen (capítulo VIII) La adopción de la presente propuesta conformaría la primera serie de normas de separación estructural aplicables a los bancos a escala de la Unión. Así pues, es importante determinar si las normas más arriba descritas han demostrado ser eficaces y eficientes de cara al logro de los fines y objetivos de la reforma estructural. A estos efectos, el capítulo final detalla una serie de aspectos con respecto a los cuales la Comisión efectuará un reexamen del marco, en términos tanto generales como específicos (artículo 34). Por ejemplo, el reexamen se centrará en la aplicación de umbrales, la aplicación y eficacia de la prohibición prevista en el artículo 6, la gama de actividades sujetas a reexamen, y la adecuación y aplicación de los parámetros. 3.3.9. Calendario A continuación se indican las principales fechas de adopción y aplicación de las disposiciones fundamentales de la presente propuesta, suponiendo que el texto final del Reglamento sea adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de junio de 2015: · la Comisión adopta los actos delegados necesarios para la aplicación de las disposiciones fundamentales antes de enero de 2016; · la lista de bancos sujetos y bancos acogidos a una excepción se publica el 1 de julio de 2016, y después con carácter anual; · la prohibición de la negociación por cuenta propia se hace efectiva el 1 de enero de 2017; · las disposiciones sobre separación de las actividades de negociación de las entidades de crédito se hace efectiva el 1 de julio de 2018. 4. Repercusiones presupuestarias Las consecuencias financieras y presupuestarias de la propuesta se indican en la ficha financiera legislativa adjunta. 2014/0020 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las entidades de crédito de la UE (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[20], Visto el dictamen del Banco Central Europeo[21], Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos[22], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) El sistema financiero de la Unión comprende más de 8 000 bancos que presentan diferentes tamaños, estructuras corporativas y modelos de negocio, y de los cuales un pequeño número forma grandes grupos bancarios que ejercen una gama completa de actividades. Estos grupos conforman una compleja red de entes jurídicos y relaciones intragrupo. Están muy conectados entre sí a través de la actividad crediticia interbancaria y los mercados de derivados. Las repercusiones de las posibles quiebras de estos grandes bancos pueden ser extremadamente amplias y significativas. (2) La crisis financiera ha demostrado la interconexión existente entre los bancos de la Unión y el consiguiente riesgo para el sistema financiero. Por esta razón, las operaciones de resolución han sido hasta ahora complejas, han afectado a grupos bancarios completos, en lugar de solo a las partes no viables, y se han basado de forma significativa en la ayuda pública. (3) Desde el inicio de la crisis financiera, la Unión y sus Estados miembros han venido llevando a cabo una revisión fundamental de la regulación y la supervisión bancarias, y han dado los primeros pasos hacia una unión bancaria. La profundidad de la crisis financiera y la necesidad de garantizar que todos los bancos puedan ser objeto de resolución hizo patente la necesidad de valorar si era preciso adoptar medidas adicionales para reducir más la probabilidad de quiebra de los bancos de mayores dimensiones y complejidad, y los efectos de la misma. Esta labor se encomendó a un grupo de expertos de alto nivel presidido por Erkki Liikanen. El citado grupo recomendó la separación obligatoria de las actividades de negociación por cuenta propia y otras actividades de negociación de alto riesgo en un ente jurídico independiente dentro del grupo bancario, en el caso de los bancos de mayores dimensiones y complejidad. (4) El programa de reforma de la normativa bancaria actualmente en curso incrementará notablemente la resiliencia de los bancos individuales y del conjunto del sector bancario. Sin embargo, de entre los grupos bancarios de la Unión de mayores dimensiones y complejidad, unos pocos se consideran aún demasiado grandes para quebrar, demasiado grandes para ser rescatados y demasiado complejos por lo que atañe a su gestión, supervisión y resolución. Por ello, la reforma estructural constituye un complemento importante de otras iniciativas y medidas reglamentarias, pues sería una forma de abordar más directamente la complejidad intragrupo, las subvenciones intragrupo y los incentivos que llevan a asumir un exceso de riesgos. Algunos Estados miembros han adoptado o prevén adoptar medidas para introducir una reforma estructural en sus respectivos sistemas bancarios. (5) El 3 de julio de 2013, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que desarrollara un planteamiento basado en principios de cara a la reforma estructural del sector bancario europeo. (6) El fundamento jurídico del presente Reglamento es el artículo 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que permite adoptar medidas para la aproximación de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el buen funcionamiento del mercado interior. (7) La existencia de legislaciones nacionales divergentes, que no persigan las mismas metas de forma compatible y coherente con los mecanismos previstos en el presente Reglamento, incrementa la probabilidad de que las decisiones sobre la circulación de capitales que tomen los participantes en el mercado se vean negativamente afectadas, ya que la existencia de normas y prácticas diversas y divergentes puede elevar considerablemente los costes operativos de las entidades de crédito que desarrollan actividad transfronteriza, y llevar, en consecuencia, a una asignación menos eficiente de los recursos y el capital, frente a una situación en la que la circulación de capitales está sujeta a normas similares y coherentes. Por iguales razones, la existencia de normas diferentes y divergentes afectará también negativamente a las decisiones de los participantes en el mercado sobre dónde y cómo prestar servicios financieros transfronterizos. Unas normas diferentes y divergentes pueden también alentar el arbitraje geográfico, aun cuando no sea ese su objetivo. La circulación de capitales y la prestación de servicios transfronterizos son elementos esenciales para el buen funcionamiento del mercado interior de la Unión. Sin un planteamiento conjunto para toda la UE, las entidades de crédito tendrán que adaptar su estructura y funcionamiento a las normas nacionales, lo que las hará aún más complejas y redundará en una mayor fragmentación del mercado interior. (8) La falta de coherencia entre las legislaciones nacionales socava también los esfuerzos por establecer un código normativo único aplicable en todo el mercado interior. Una evolución semejante tendría por efecto limitar la eficacia del mecanismo único de supervisión[23] (MUS), pues el Banco Central Europeo (BCE) tendría que aplicar toda una serie de legislaciones diferentes y divergentes a las entidades de crédito que estén bajo su supervisión, con el consiguiente aumento de los costes y la complejidad de la supervisión. Además, una legislación divergente hace la gestión de las entidades de crédito transfronterizas más difícil y costosa, particularmente a la hora de asegurar el cumplimiento de normas divergentes y, posiblemente, incompatibles. Del mismo modo, el mecanismo único de resolución[24] (MUR) tendría que abordar la resolución de entidades de crédito sujetas a disposiciones nacionales potencialmente diferentes en lo tocante a su estructura organizativa y operativa. (9) La armonización a escala de la Unión puede garantizar que los grupos bancarios de la Unión, muchos de los cuales operan en varios Estados miembros, se rijan por un marco común de disposiciones estructurales, lo que servirá para impedir el falseamiento de la competencia, reducir la complejidad normativa, evitar costes de cumplimiento injustificados de las actividades transfronterizas, favorecer una mayor integración del mercado de la Unión y contribuir a eliminar la posibilidad de recurrir al arbitraje regulador. (10) En consonancia con el objetivo de contribuir al funcionamiento del mercado interior, debe existir la posibilidad de otorgar a las entidades de crédito una excepción frente a las disposiciones sobre separación de determinadas actividades de negociación, cuando el Estado miembro afectado haya adoptado, antes del 29 de enero de 2014, legislación primaria (o legislación secundaria posterior) que prohíba a las entidades de crédito que acepten depósitos de particulares y de pequeñas y medianas empresas (PYME) ejercer actividades de inversión como comitentes y disponer de activos destinados a negociación. Por tanto, el Estado miembro debe estar facultado para solicitar a la Comisión que exima de la aplicación de las disposiciones sobre la separación de determinadas actividades a entidades de crédito que estén sujetas a legislación nacional compatible con esas disposiciones. Esto permitiría evitar que los Estados miembros que ya dispongan de legislación primaria, cuyos efectos sean equivalentes al presente Reglamento y coherentes con él, tengan que adaptar disposiciones ya vigentes y eficaces. A fin de que la legislación nacional y posteriores medidas de ejecución no tengan por efecto obstaculizar el funcionamiento del mercado interior, dicha legislación y sus disposiciones conexas de supervisión y control del cumplimiento deben poder garantizar que las entidades de crédito que acepten depósitos de particulares y PYME cumplan disposiciones vinculantes equivalentes a las del presente Reglamento, y compatibles con ellas. La autoridad competente que supervise la entidad de crédito sujeta a la legislación nacional considerada debe responsabilizarse de emitir un dictamen, que se debe adjuntar a la solicitud de excepción. (11) De acuerdo con el artículo 4, apartado 1, letra i), del Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo[25], el BCE está facultado para ejercer funciones de supervisión en relación con cambios estructurales que deban exigirse a las entidades de crédito a fin de evitar situaciones de tensiones financieras o de quiebra, siempre que tales funciones estén explícitamente estipuladas en el Derecho de la Unión para las autoridades competentes. (12) El presente Reglamento persigue reducir la asunción excesiva de riesgos y el rápido crecimiento del balance, las dificultades de resolución y de control, los conflictos de intereses, el falseamiento de la competencia y una inadecuada asignación del capital. Persigue, asimismo, proteger a las entidades que ejercen actividades a las que está justificado ofrecer una red de seguridad pública frente a las pérdidas en que incurran como consecuencia de otras actividades. Es necesario, por tanto, establecer normas que contribuyan a reorientar los bancos hacia su función relacional esencial de servir a la economía real, y a evitar que los bancos asignen demasiado capital a la actividad de negociación, en detrimento de la financiación de la economía no financiera. (13) El presente Reglamento debe aplicarse únicamente a las entidades de crédito y los grupos que ejerzan actividades de negociación que alcancen los umbrales fijados en el presente Reglamento. Esto resulta congruente con el objetivo explícito de centrarse en el limitado número de entidades de crédito y grupos, de entre los de mayor dimensión y complejidad, que, pese a otros actos legislativos, siguen siendo demasiado grandes para quebrar, demasiado grandes para ser rescatados y demasiado complejos en lo que atañe a su gestión, supervisión y resolución. Por tanto, las disposiciones del presente Reglamento deben aplicarse solo a las entidades de crédito y los grupos de la Unión que se consideren de importancia sistémica mundial o cuyas actividades de negociación o dimensiones en términos absolutos sobrepasen determinados umbrales relativos y absolutos basados en la contabilidad. Los Estados miembros o las autoridades competentes son libres de imponer medidas similares también a las entidades de crédito más pequeñas. (14) El ámbito de aplicación territorial del presente Reglamento debe ser extenso, a fin de garantizar que no se falsee la competencia y evitar una posible elusión. No obstante, deben quedar exentas las filiales de matrices de la UE establecidas en terceros países o las sucursales en la UE de entidades de crédito establecidas en terceros países que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento pero estén sujetas a medidas que, a juicio de la Comisión, tengan efectos equivalentes a los previstos en el presente Reglamento. Las autoridades competentes deben también poder eximir a las filiales en el extranjero de grupos con una matriz de la UE, si aquellas son autónomas y su quiebra afectara solo limitadamente al grupo en su conjunto. (15) Las entidades de crédito y entes pertenecientes al mismo grupo, deben tener prohibida la adquisición y venta por cuenta propia de instrumentos financieros y materias primas, pues esta actividad presenta escaso o nulo valor añadido para el interés público, y es intrínsecamente arriesgada. (16) Resulta difícil diferenciar entre la negociación por cuenta propia y la creación de mercado. A fin de superar esta dificultad, la prohibición de la negociación por cuenta propia debe limitarse a las salas, unidades, divisiones u operadores individuales específicamente dedicados a la negociación por cuenta propia. Los bancos no deben poder sortear la prohibición gestionando entes no bancarios que ejerzan actividades de negociación por cuenta propia o beneficiándose de inversiones en ellos. (17) A efectos de garantizar que los entes sujetos a la prohibición de negociación por cuenta propia puedan seguir contribuyendo a la financiación de la economía, deben estar autorizados a invertir en una lista cerrada de fondos. Esta lista exhaustiva debe comprender los fondos de inversión alternativos (FIA) cerrados y no apalancados, los fondos de capital riesgo europeos, los fondos de emprendimiento social europeos y los fondos de inversión a largo plazo europeos. En aras de garantizar que estos fondos no pongan en peligro la viabilidad y la solidez financiera de las entidades de crédito que invierten en ellos, es esencial que los FIA cerrados y no apalancados en los que las entidades de crédito puedan aún invertir estén gestionados por gestores de FIA autorizados y supervisados de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[26], y que dichos FIA estén establecidos en la Unión o, de no ser así, se comercialicen en la Unión de acuerdo con las disposiciones de esa Directiva. (18) Los entes sujetos a la prohibición de negociación por cuenta propia deben poder utilizar su capital propio para realizar inversiones en el marco de su gestión de efectivo. La gestión de efectivo debe ser una actividad cuya finalidad sea mantener el valor del capital propio, diseminando el riesgo de crédito entre múltiples contrapartes y maximizando la liquidez de dicho capital propio. Al gestionar su efectivo, los entes sujetos a la prohibición de negociación por cuenta propia no deben perseguir el objetivo de lograr rendimientos superiores a los tipos del mercado monetario, tomando como referencia el tipo de rendimiento de un bono de deuda pública de elevada calidad a tres meses. (19) Los activos equivalentes a efectivo son instrumentos que normalmente se negocian en el mercado monetario, por ejemplo, las letras del Tesoro y de la administración local, los certificados de depósito, los efectos comerciales, las aceptaciones bancarias, los pagarés a corto plazo o las participaciones o acciones de fondos del mercado monetario regulados. A fin de prohibir las ventas en corto, las entidades de crédito deben disponer de activos equivalentes a efectivo antes de poder vender esos activos. (20) Las políticas remunerativas que incitan a una excesiva asunción de riesgos pueden ir en detrimento de una gestión sana y eficaz de los riesgos de los bancos. Al complementar la legislación vigente de la Unión en este terreno, las disposiciones en materia de remuneración se estima que contribuirán a evitar que se eluda la prohibición de negociación por cuenta propia. Asimismo, se considera que reducirán toda posible actividad de negociación por cuenta propia residual u oculta que realicen las entidades de crédito básicas en el marco de una gestión prudente del riesgo. (21) El órgano de dirección de los entes sujetos a la prohibición de negociación por cuenta propia debe garantizar el cumplimiento de esta prohibición. (22) Junto a la actividad de negociación por cuenta propia, las grandes entidades de crédito ejercen numerosas otras actividades de negociación, como son la creación de mercado, la emisión, la inversión y el patrocinio conexos a titulizaciones arriesgadas o la estructuración, organización o ejecución de operaciones de derivados complejas. Aunque estas actividades de negociación están a menudo orientadas a los clientes, pueden suscitar inquietud. No obstante, dado que se trata de actividades potencialmente útiles, no deben estar sujetas a una prohibición directa. En lugar de ello, deben quedar sujetas a la evaluación ex post de la autoridad competente y, en su caso, al requisito de separación del resto de las actividades del grupo. (23) Si, al evaluar las actividades de negociación, la autoridad competente llega a la conclusión de que sobrepasan determinados parámetros, en cuanto a tamaño relativo, apalancamiento, complejidad, rentabilidad, riesgo de mercado conexo e interconexión, debe exigir su separación de la entidad de crédito básica, salvo si esta puede demostrar satisfactoriamente a dicha autoridad que esas actividades de negociación no representan una amenaza para su estabilidad financiera o la estabilidad del sistema financiero de la Unión en su conjunto, a la luz de los objetivos del presente Reglamento. (24) Especial preocupación plantea la actividad de creación de mercado. La posibilidad de someter a un banco a resolución puede verse obstaculizada por la existencia de posiciones de negociación e importantes carteras de instrumentos financieros dentro de grupos bancarios de grandes dimensiones, ya que las posiciones de negociación individuales se tratan de forma similar en un proceso de resolución, ya se deriven de operaciones de creación de mercado por cuenta de clientes o de operaciones especulativas. Por otra parte, los creadores de mercado están interconectados con otros grupos bancarios de grandes dimensiones. Además, pueden estar expuestos a un importante riesgo de contraparte y el funcionamiento concreto de la actividad de creación de mercado puede variar dependiendo de los instrumentos financieros y los modelos de mercado. Por tanto, la autoridad competente debe prestar especial atención a estas actividades cuando efectúe su evaluación. (25) Determinadas actividades que implican operaciones de titulización han llevado a las entidades de crédito a acumular riesgos rápidamente, concentrar los riesgos en el sector apalancado, incrementar notablemente el recurso a la deuda a corto plazo entre los intermediarios financieros y hacer que estos estén mucho más interconectados. A menos que la titulización cumpla determinados criterios mínimos para ser considerada de alta calidad, las entidades de crédito siguen expuestas a un riesgo importante de liquidez. Además, la inversión en productos titulizados de riesgo puede dar lugar a la interconexión de entidades financieras, lo que supone un obstáculo para una resolución ordenada y rápida. En consecuencia, la autoridad competente debe prestar especial atención a estas actividades cuando efectúe su evaluación. (26) A efectos de garantizar una separación efectiva en términos jurídicos, económicos, operativos y de gobernanza, las entidades de crédito básicas y los entes de negociación deben cumplir las normas en materia de capital, liquidez y grandes exposiciones sobre la base de subgrupos funcionales. Deben tener una gobernanza sólida e independiente y órganos de dirección separados. (27) Los grupos a los que se otorgue la consideración de mutuas, cooperativas, entidades de ahorro o similares tienen una estructura de propiedad y económico específica. La imposición de algunas de las normas relativas a la separación podría exigir profundos cambios en la organización estructural de esos entes, cuyos costes podrían resultar desproporcionados frente a las ventajas. En la medida en que esos grupos entren en el ámbito de aplicación del Reglamento, la autoridad competente puede decidir permitir que las entidades de crédito básicas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 49, apartado 3, letras a) o b), del Reglamento (UE) nº 575/2013 dispongan de instrumentos de capital o derechos de voto en un ente de negociación, si dicha autoridad considera que la tenencia de esos instrumentos de capital o derechos de voto es indispensable para el funcionamiento del grupo y que la entidad de crédito básica ha adoptado suficientes medidas para reducir adecuadamente los riesgos pertinentes. (28) Los límites a las grandes exposiciones persiguen proteger a la entidad de crédito frente al riesgo de incurrir en pérdidas por un exceso de concentración en un cliente o un grupo de clientes vinculados entre sí. La aplicación de estas restricciones entre las partes separadas dentro de la entidad de crédito o del grupo, así como entre la entidad de crédito básica y entes externos que ejerzan actividades de negociación, forma parte integrante del presente Reglamento. No obstante, con independencia de los límites de exposición individual, las grandes exposiciones agregadas pueden aún ser importantes. Por ello, los límites individuales deben complementarse con un límite de grandes exposiciones agregadas. Con el fin de restringir la aplicación de la red de seguridad pública a las actividades objeto de separación y distinguir claramente las actividades de los entes de negociación de las entidades de crédito básicas, los entes de negociación no deben estar autorizados a aceptar depósitos que puedan beneficiarse de una garantía de depósitos. Esta prohibición no debe impedir el intercambio de garantías reales estrictamente en conexión con sus actividades de negociación. No obstante, con objeto de no cerrar una fuente adicional de crédito, el ente de negociación debe poder otorgar créditos a todos los clientes. Asimismo, si bien el ente de negociación puede necesitar prestar servicios de pago mayoristas, y de compensación y liquidación, no debe prestar servicios de pago minoristas. (29) Al margen de la separación, la entidad de crédito básica debe aún poder gestionar su propio riesgo. Por ello, determinadas actividades de negociación deben autorizarse, siempre que su finalidad sea gestionar prudentemente el capital, la liquidez y la financiación de la entidad de crédito básica, y no pongan en peligro la estabilidad financiera de esta. Del mismo modo, las entidades de crédito básicas deben poder prestar a sus clientes una serie de servicios de gestión de riesgos necesarios. Sin embargo, esto debe hacerse sin exponer a dichas entidades a riesgos indebidos y de forma que su estabilidad financiera no esté en peligro. Las actividades de cobertura admisibles a efectos de una gestión prudente del riesgo propio y de la prestación de servicios de gestión de riesgos a los clientes pueden considerarse contabilidad de coberturas con arreglo a las Normas Internacionales de Información Financiera, sin que ello haya de ser así obligatoriamente. (30) A fin de aumentar la eficacia del procedimiento de toma de decisiones previsto en el presente Reglamento y garantizar, en toda la medida posible, la coherencia entre las medidas impuestas por el presente Reglamento, el Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva [DRRB] y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[27], las autoridades competentes y las autoridades de resolución pertinentes deben cooperar estrechamente en toda circunstancia haciendo uso de todos los poderes que les confiera el pertinente Derecho de la Unión. El deber de cooperación debe extenderse a todas las etapas del procedimiento con arreglo al cual la autoridad competente adopta una decisión final de imponer medidas estructurales. (31) La separación tiene repercusiones importantes en la estructura jurídica, organizativa y operativa de los grupos bancarios. Con el fin de que la separación resulte eficaz y eficiente, y a efectos de evitar que los grupos se separen siguiendo las fronteras geográficas, las decisiones de separación las debe adoptar el supervisor en base consolidada a nivel de grupo, previa consulta con las autoridades competentes de las filiales significativas del grupo, en su caso. (32) En aras de fomentar la transparencia y la seguridad jurídica en beneficio de todas las partes interesadas del mercado, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) debe publicar y mantener actualizada en su sitio web una lista de las entidades de crédito y los grupos sujetos a las disposiciones sobre la prohibición de negociación por cuenta propia y la separación de determinadas actividades de negociación. (33) Siempre que la divulgación de información a efectos de la supervisión prudencial y de la aplicación del presente Reglamento implique el tratamiento de datos personales, estos deben estar plenamente protegidos por el marco jurídico de la Unión. En particular, la autoridad competente conservará los datos personales solamente durante el periodo que resulte necesario de conformidad con las normas de protección de datos aplicables[28]. (34) La separación conlleva cambios en la estructura jurídica, organizativa y operativa de los grupos bancarios afectados, todo lo cual genera costes. Con el fin de limitar el riesgo de que los costes se repercutan a los clientes y conceder a la entidad de crédito el tiempo necesario para ejecutar una decisión de separación de forma ordenada, dicha separación no debe ser aplicable en el momento inmediato de entrada en vigor del presente Reglamento, sino a partir de [OP introdúzcase la fecha exacta: 18 meses después de la fecha de publicación del presente Reglamento]. (35) La prestación o el ejercicio a título profesional, de la totalidad o parte de los servicios o las actividades de inversión, como ocupación o negocio habitual, por diversos entes identificados en aplicación del presente Reglamento a raíz de cambios estructurales impuestos a entidades de crédito de grandes dimensiones, complejas e interconectadas, debe tener lugar de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[29]. Cuando el presente Reglamento imponga a estos entes restricciones a la prestación de servicios de inversión adicionales a las establecidas en la Directiva 2004/39/CE, las disposiciones del presente Reglamento deben prevalecer. La prestación o el ejercicio de estos servicios o actividades de inversión está sujeta a autorización previa, de conformidad con la Directiva 2004/39/CE, a excepción de las entidades de crédito autorizadas en virtud de la Directiva 2013/36/UE. (36) La Comisión debe cooperar con las autoridades de terceros países con objeto de buscar soluciones mutuamente satisfactorias que garanticen la coherencia entre las disposiciones del presente Reglamento y las de terceros países. A tal efecto, la Comisión debe poder determinar que el marco jurídico de un tercer país es equivalente al presente Reglamento, también por lo que atañe a sus mecanismos de supervisión y de control del cumplimiento. (37) De cara a garantizar que los entes sujetos al presente Reglamento cumplan las obligaciones que de este se derivan, y velar por que reciban un mismo trato en toda la Unión, deben preverse sanciones y medidas administrativas que resulten efectivas, proporcionadas y disuasorias. Así pues, las sanciones y medidas administrativas establecidas por el presente Reglamento deben satisfacer determinados requisitos esenciales en relación con los destinatarios, los criterios a tener en cuenta a la hora de aplicar una sanción o medida, la publicación de sanciones o medidas, las principales facultades sancionadoras y los niveles de las sanciones pecuniarias administrativas. (38) A fin de especificar los requisitos establecidos en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de acuerdo con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a los siguientes elementos no esenciales: ampliar el tipo de bonos de deuda pública que no deben entrar en la prohibición que establece el artículo 6 y que las autoridades competentes no deben someter ni a evaluación ni a separación; fijar los límites y condiciones pertinentes con arreglo a los cuales una autoridad competente deba considerar que determinadas actividades de negociación deben separarse; ampliar la lista de instrumentos que pueden ser utilizados por las entidades de crédito para gestionar su riesgos propios; ampliar la lista de instrumentos con que las entidades de crédito pueden efectuar operaciones dirigidas a gestionar los riesgos de sus clientes; calcular el límite por encima del cual los derivados no puedan ser vendidos, ni consignados en el balance de una entidad de crédito básica; las grandes exposiciones y el grado de reconocimiento de las técnicas de reducción del riesgo; modificar los elementos integrantes del concepto de «actividades de negociación» utilizado para establecer las condiciones de aplicación de los capítulos II y III del presente Reglamento; especificar los tipos de titulizaciones que no suponen una amenaza para la estabilidad financiera de las entidades de crédito básicas o del sistema financiero de la Unión; especificar los criterios para evaluar la equivalencia de los marcos jurídicos y de supervisión de terceros países. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. (39) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, en particular con respecto a lo dispuesto en los artículos 21 y 27, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. (40) Las normas técnicas de los servicios financieros deben garantizar una armonización sistemática y una protección adecuada de los depositantes, inversores y consumidores en toda la Unión. Como organismo con conocimientos altamente especializado, se considera eficaz y adecuado confiar a la ABE la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación y ejecución que no impliquen decisiones estratégicas. La ABE debe garantizar procedimientos administrativos y de información eficientes en la elaboración de las normas técnicas. (41) La Comisión, mediante actos delegados, con arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo[30], debe adoptar normas técnicas de regulación elaboradas por la ABE en relación con el método para la medición y aplicación uniformes de los parámetros de cálculo del umbral por encima del cual debe producirse una separación de actividades. La Comisión y la ABE deben velar por que todas las entidades afectadas puedan aplicar esas normas de manera proporcional a la naturaleza, la escala y la complejidad de dichas entidades y de sus actividades. (42) La Comisión debe estar facultada para adoptar, mediante actos de ejecución, con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, normas técnicas de ejecución elaboradas por la ABE con respecto al método de cálculo del importe de las actividades de negociación que realizan las entidades de crédito y los grupos, la plantilla uniforme de comunicación del importe total y los componentes de las actividades de negociación de las entidades de crédito y las sociedades matrices, así como el establecimiento de los procedimientos y formularios para el intercambio con la ABE de información sobre las sanciones. (43) De conformidad con el principio de proporcionalidad, a fin de alcanzar el objetivo de evitar el riesgo sistémico, las tensiones financieras o la quiebra de entidades de crédito de grandes dimensiones, complejas e interconectadas, resulta oportuno y necesario establecer normas sobre la prohibición de la negociación por cuenta propia y la separación de determinadas actividades de negociación.. El presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea. (44) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo «la Carta») reconoce, en su artículo 16, la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales. Todas las personas establecidas en la Unión tienen derecho a crear o mantener un negocio sin estar sujetas a discriminación o a restricciones innecesarias. Asimismo, la propiedad accionarial está protegida por el artículo 17 de la Carta. Los accionistas tienen derecho a poseer y usar su propiedad, y disponer de ella, así como a no ser privados de su propiedad contra su voluntad. La prohibición de la negociación por cuenta propia y la separación de determinadas actividades que prevé el presente Reglamento pueden afectar a la libertad de empresa y a los derechos de propiedad de los accionistas, que, en tal situación, no pueden disponer libremente de su propiedad. (45) En las limitaciones de la libertad de empresa y los derechos de los accionistas debe observarse lo establecido en el artículo 52 de la Carta. La injerencia en esos derechos no debe ser desproporcionada. Por consiguiente, la prohibición o separación de las actividades de negociación solo debe exigirse en aras del interés público de favorecer el buen funcionamiento del mercado bancario de la Unión y la estabilidad financiera. Los accionistas afectados no deben ser privados de sus restantes derechos legales, como el derecho a una tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. (46) El presente Reglamento observa los derechos fundamentales y los principios reconocidos en la Carta, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, a la protección de los datos de carácter personal, a la libertad de empresa, a la propiedad, a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, así como el derecho de defensa y el respeto del principio ne bis in idem. El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios. (47) Los entes afectados por la prohibición de negociación por cuenta propia necesitarán tiempo suficiente para aplicarla, por lo que el presente Reglamento prevé que la prohibición se aplique [OP introdúzcase la fecha exacta;18 meses después de la publicación del presente Reglamento]. Asimismo, los procedimientos que establece el presente Reglamento en relación con las disposiciones con arreglo a las cuales la autoridad competente decide que las actividades de negociación deben separarse de la entidad de crédito básica, así como los procedimientos que resultan aplicables a los grupos tras la adopción de esa decisión, son complejos y exigen tiempo no solo para su realización, sino también para que esas medidas se apliquen de forma responsable y sostenible. Resulta, por tanto, apropiado, que esas disposiciones se apliquen [OP introdúzcase la fecha exacta: 36 meses después de la publicación del presente Reglamento]. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Capítulo 1 Disposiciones generales Artículo 1 Objetivos El presente Reglamento persigue evitar el riesgo sistémico, las tensiones financieras o la quiebra de entes de grandes dimensiones, complejos e interconectados del sector financiero, en particular las entidades de crédito, así como alcanzar los siguientes objetivos: a) reducir la asunción excesiva de riesgos en las entidades de crédito; b) eliminar los conflictos de intereses significativos entre las distintas partes de la entidad de crédito; c) evitar una inadecuada asignación de recursos y estimular el crédito a la economía real; d) contribuir a crear condiciones de competencia no falseadas para todas las entidades de crédito en el mercado interior; e) reducir la interconexión dentro del sistema financiero, que genera riesgo sistémico; f) facilitar la gestión, el control y la supervisión eficientes de las entidades de crédito; g) facilitar la resolución ordenada y el rescate de los grupos. Artículo 2 Objeto El presente Reglamento establece normas sobre: a) la prohibición de la negociación por cuenta propia; b) la separación de determinadas actividades de negociación; Artículo 3 Ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento se aplicará a los siguientes entes: a) toda entidad de crédito o toda matriz de la UE, incluidas todas las sucursales y filiales, con independencia de dónde estén situadas, siempre que se determine que se trata de entidades de importancia sistémica mundial, en aplicación del artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE; b) cualquiera de los siguientes entes que durante un período de tres años consecutivos disponga de activos por un valor total de al menos 30 millones EUR y cuyas actividades de negociación representen al menos 70 millones EUR o el 10 por ciento del total de sus activos: i) toda entidad de crédito establecida en la Unión y que no sea ni una sociedad matriz ni una filial, incluidas todas sus sucursales con independencia de dónde estén situadas; ii) una matriz de la UE, incluidas todas las sucursales y filiales con independencia de dónde estén situadas, en caso de que uno de los entes del grupo sea una entidad de crédito establecida en la Unión; iii) las sucursales en la UE de entidades de crédito establecidas en terceros países. Artículo 4 Exclusiones del ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento no se aplicará a: a) las sucursales en la UE de entidades de crédito establecidas en terceros países, si están sujetas a un marco jurídico considerado equivalente, de acuerdo con el artículo 27, apartado 1; b) las filiales de matrices de la UE establecidas en terceros países, si están sujetas a un marco jurídico considerado equivalente de acuerdo con el artículo 27, apartado 1: c) los entes a que se refieren los puntos 2 a 23 del artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE. 2. Además de según lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, la autoridad competente podrá eximir de lo dispuesto en el capítulo III a las filiales de matrices de la UE establecidas en terceros países en los que no existan normas consideradas equivalentes a los artículos 10 a 16 y 20, si dicha autoridad competente tiene la seguridad de que: a) la autoridad de resolución a nivel de grupo de la Unión y la autoridad del tercer país de acogida han acordado una estrategia de resolución; b) la estrategia de resolución de la filial de una matriz de la UE establecida en un tercer país no tiene efectos adversos sobre la estabilidad financiera del Estado o Estados miembros en los que la citada sociedad matriz y otros entes del grupo estén establecidos. Artículo 5 Definiciones A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 1. «entidad de crédito»: una entidad de crédito según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo[31]; 2. «grupo»: una sociedad matriz y sus filiales; 3. «resolución»: lo definido en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva [DRRB]; 4. «negociación por cuenta propia»: el uso de capital propio o fondos prestados para asumir posiciones en cualquier tipo de operación de compra o venta, o de adquisición o enajenación por otra vía, de cualquier instrumento financiero o materia prima, con la exclusiva finalidad de obtener un beneficio por cuenta propia y sin conexión alguna con actividad presente o prevista relacionada con clientes, o la cobertura del riesgo que para el ente se derive de actividad presente o prevista relacionada con clientes, a través de salas, unidades, divisiones u operadores individuales específicamente dedicados a esa asunción de posiciones y esa generación de beneficios, incluido a través de plataformas en línea específicamente destinadas a la negociación por cuenta propia; 5. «matriz de la UE»: toda sociedad matriz de un Estado miembro que no sea filial de otra sociedad de cualquier otro Estado miembro; 6. «filial»: una empresa filial según la definición del artículo 2, punto 10, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[32]; 7. «autoridad competente»: una autoridad competente según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) nº 575/2013, incluido el BCE de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo; 8. «entidad»: una entidad según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 3, del Reglamento (UE) nº 575/2013; 9. «sociedad matriz»: una sociedad matriz según la definición del artículo 2, punto 9, de la Directiva 2013/34/UE, incluidas las entidades, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera y las sociedades mixtas de cartera; 10. «instrumentos financieros»: los instrumentos financieros según la definición del anexo I, sección C, de la Directiva 2004/39/CE; 11. «órgano de dirección»: un órgano de dirección según la definición del artículo 3, apartado 1, punto 7, de la Directiva 2013/36/UE o el órgano equivalente cuando el ente considerado no sea una entidad; 12. «creación de mercado»: el compromiso de una entidad financiera de proporcionar liquidez al mercado de forma regular y permanente, anunciando cotizaciones de compra y venta para un determinado instrumento financiero, o en el marco de su actividad habitual, ejecutando órdenes iniciadas por clientes o en respuesta a solicitudes de negociación de clientes, sin que en ninguno de estos casos esté expuesta a riesgo de mercado significativo; 13. «patrocinadora»: lo definido en el artículo 4, apartado 1, punto 14, del Reglamento (UE) nº 575/2013; 14. «titulización»: una titulización según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 61, del Reglamento (UE) nº 575/2013; 15. «negociación con derivados»: la compra o venta de derivados; 16. «entidad de crédito básica»: entidad de crédito que, como mínimo, acepta depósitos que pueden beneficiarse del sistema de garantía de depósitos, con arreglo a la Directiva 94/19/CE[33]; 17. «materia prima»: una materia prima según la definición del artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1287/2006[34]; 18. «entes del grupo»: un ente jurídico que forma parte de un grupo; 19. «ente financiero»: todo ente comprendido en una de las siguientes categorías: – entes del sector financiero, según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 27, del Reglamento (UE) nº 575/2013; – fondos de inversión alternativos (FIA) cerrados y no apalancados, según lo definido en la Directiva 2011/61/UE, siempre que estén establecidos en la Unión o, de no ser así, se comercialicen en la Unión conforme a los artículos 35 o 40 de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[35], fondos de capital riesgo admisibles según la definición del artículo 3, letra b), del Reglamento (UE) nº 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo[36], fondos de emprendimiento social admisibles según la definición del artículo 3, letra b), del Reglamento (UE) nº 346/2013[37] y FIA autorizados como fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE), de acuerdo con el Reglamento (UE) nº XXX/XXXX[38]]; – OICVM, según la definición del artículo 1, punto 2, de la Directiva 2009/65/CE[39]; – vehículos especializados en titulizaciones, según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 66, del Reglamento (UE) nº 575/2013; 20. «PYME»: toda empresa que emplee a menos de 250 personas, cuyo volumen de negocios anual no sobrepase los 50 millones EUR y/o cuyo balance anual total no sobrepase los 43 millones EUR; 21. «negociación de inversiones como principal»: la acción de comprar, vender, suscribir o asegurar valores o inversiones basadas en contratos en calidad de principal; 22. «supervisor en base consolidada»: la autoridad competente responsable de ejercer la supervisión de una matriz de la UE y sus filiales sobre una base consolidada, tal como se define esta en el artículo 4, apartado 1, punto 48, del Reglamento (UE) nº 575/2013. Capítulo II Actividades prohibidas Artículo 6 Prohibición de determinadas actividades de negociación 1. Los entes a que se refiere el artículo 3 no podrán: a) ejercer actividades de negociación por cuenta propia; b) con su capital propio o fondos prestados, y con la finalidad exclusiva de obtener un beneficio por cuenta propia: i) adquirir o conservar acciones o participaciones de FIA, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE; ii) invertir en derivados, certificados, índices u otros instrumentos financieros cuyo rendimiento esté vinculado a acciones o participaciones de FIA; iii) disponer de acciones o participaciones de entes que ejerzan actividades de negociación por cuenta propia o adquieran acciones o participaciones de FIA. 2. La prohibición a que se refiere el apartado 1, letra a), no se aplicará a: a) los instrumentos financieros emitidos por las administraciones centrales de los Estados miembros o por los entes especificados en el artículo 117. apartado 2, y el artículo 118 del Reglamento (UE) nº 575/2013; b) situaciones en las que los entes a que se refiere el artículo 3 reúnan las siguientes condiciones: i) que utilicen su capital propio en el marco de sus procesos de gestión de efectivo; ii) que se limiten a poseer, comprar, vender, o adquirir o enajenar por otra vía, efectivo o activos equivalentes a efectivo. Los activos equivalentes a efectivo deberán ser inversiones de elevada liquidez mantenidas en la moneda de base del capital propio, ser fácilmente convertibles a un importe conocido de efectivo, estar sujetos a un riesgo de cambio de valor insignificante, tener un vencimiento igual o inferior a 397 días y proporcionar un rendimiento igual o inferior al tipo de rendimiento de un bono de deuda pública de elevada calidad a tres meses. 3. Las restricciones establecidas en el apartado 1, letra b), no se aplicarán con respecto a FIA cerrados y no apalancados, según lo definido en la Directiva 2011/61/UE, siempre que estén establecidos en la Unión o, de no ser así, se comercialicen en la Unión conforme a los artículos 35 o 40 de la Directiva 2011/61/UE, fondos de capital riesgo admisibles según la definición del artículo 3, letra b), del Reglamento (UE) nº 345/2013, fondos de emprendimiento social admisibles según la definición del artículo 3, letra b), del Reglamento (UE) nº 346/2013, y FIA autorizados como fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE), de acuerdo con el Reglamento (UE) nº [XXX/XXXX]. 4. El órgano de dirección de cada uno de los entes a que se refiere el artículo 3 velará por el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1. 5. Lo dispuesto en los apartados 1 a 4 será de aplicación a partir del [OP introdúzcase la fecha exacta: 18 meses después de la publicación del Reglamento]. 6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 36 para excluir de la prohibición a que se refiere el apartado 1, letra a): a) los instrumentos financieros distintos de los contemplados en el apartado 2, letra a), emitidos por administraciones públicas de terceros países que apliquen regímenes reguladores y de supervisión al menos equivalentes a los aplicados en la Unión, cuando las exposiciones a esos instrumentos tengan asignada una ponderación de riesgo del cero por ciento, de acuerdo con el artículo 115 del Reglamento (UE) nº 575/2013; b) los instrumentos financieros emitidos por las administraciones regionales de los Estados miembros, cuando las exposiciones frente a esos instrumentos tengan asignada una ponderación de riesgo del cero por ciento, de acuerdo con el artículo 115 del Reglamento (UE) nº 575/2013. Artículo 7 Normas de remuneración Sin perjuicio de las normas de remuneración que establece la Directiva 2013/36/UE, la política remunerativa de los entes a que se refiere el artículo 3 se configurará y aplicará de modo que, ni directa ni indirectamente, aliente a cualquier miembro del personal a ejercer actividades prohibidas por el artículo 6, apartado 1, o le recompense por ello. Capítulo II Separación de determinadas actividades de negociación Artículo 8 Gama de actividades 1. A efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, las actividades de negociación incluirán aquellas que no consistan en: a) aceptación de depósitos que puedan beneficiarse del sistema de garantía de depósitos, de acuerdo con la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[40]; b) préstamos, incluidos el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting); c) arrendamiento financiero; d) servicios de pago, tal como se definen en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[41]; e) emisión y gestión de otros medios de pago (por ejemplo, cheques de viaje y cheques bancarios), cuando dicha actividad no esté recogida en la letra d); f) intermediación en los mercados interbancarios, custodia y administración de valores; g) informes comerciales; h) alquiler de cajas fuertes; i) emisión de dinero electrónico. 2. Las disposiciones del presente capítulo no se aplicarán en lo que atañe a la compra o venta de instrumentos financieros emitidos por administraciones centrales de los Estados miembros o por los entes especificados en el artículo 117, apartado 2, y el artículo118 del Reglamento (UE) nº 575/2013. 3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 35 con objeto de excluir los instrumentos financieros: a) distintos de los contemplados en el apartado 2, emitidos por administraciones públicas de terceros países que apliquen regímenes reguladores y de supervisión al menos equivalentes a los aplicados en la Unión, cuando las exposiciones a esos instrumentos tengan asignada una ponderación de riesgo del cero por ciento, de acuerdo con el artículo 115 del Reglamento (UE) nº 575/2013; b) emitidos por administraciones regionales de los Estados miembros, cuando las exposiciones frente a esos instrumentos tengan asignada una ponderación del cero por ciento, de acuerdo con el artículo 115 del Reglamento (UE) nº 575/2013. Artículo 9 Deber de verificación de las actividades 1. La autoridad competente evaluará las actividades de negociación de los entes que a continuación se indican, en particular la creación de mercado, la inversión en titulizaciones y su patrocinio, y la negociación con derivados que no sean los permitidos con arreglo a los artículos 11 y 12: a) toda entidad de crédito básica establecida en la Unión y que no sea ni una sociedad matriz ni una filial, incluidas todas sus sucursales, con independencia de dónde estén situadas; b) una matriz de la UE, incluidas todas las sucursales y filiales, con independencia de dónde estén situadas, cuando uno de los entes del grupo sea una entidad de crédito básica establecida en la Unión; c) las sucursales en la UE de entidades de crédito establecidas en terceros países. 2. En la evaluación a que se refiere el apartado1, la autoridad competente utilizará los siguientes parámetros: a) el volumen relativo de los activos destinados a negociación, calculado dividiendo dichos activos por el total de activos; b) el apalancamiento de los activos destinados a negociación, calculado dividiendo dichos activos por el capital básico de nivel 1; c) la importancia relativa del riesgo de contraparte, medida dividiendo el valor razonable de los derivados por el total de activos destinados a negociación; d) la complejidad relativa de los derivados destinados a negociación, medida dividiendo los derivados destinados a negociación de nivel 2 y de nivel 3 por los derivados destinados a negociación y por los activos destinados a negociación; e) la rentabilidad relativa de los ingresos procedentes de la actividad de negociación, medida dividiendo dichos ingresos por el total de ingresos netos; f) la importancia relativa del riesgo de mercado, medida hallando la diferencia en valor absoluto entre los activos y los pasivos destinados a negociación, y dividiendo el resultado por la media simple entre los activos y los pasivos destinados a negociación; g) la interconexión, medida con arreglo al método a que se refiere el artículo 131, apartado 18, de la Directiva 2013/36/UE; h) el riesgo de crédito y de liquidez derivado de compromisos y garantías otorgados por la entidad de crédito básica; 3. La autoridad competente deberá haber concluido su evaluación a más tardar el [OP – introdúzcase la fecha exacta: 18 meses a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento] y, a partir de esa fecha, efectuará evaluaciones periódicamente, con una frecuencia mínima anual. 4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar cómo se medirán los parámetros y, en su caso, especificar los pormenores de los parámetros a que se refiere el apartado 2 y su medición utilizando datos de supervisión. Los proyectos de normas técnicas de regulación preverán también un método que permita a la autoridad competente medir y aplicar los parámetros de forma sistemática. La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el [OP – introdúzcase la fecha exacta:18 meses después de la fecha de publicación del Reglamento]. Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. Artículo 10 Potestad de la autoridad competente de exigir a una entidad de crédito básica que no ejerza determinadas actividades 1. Cuando la autoridad competente, tras la evaluación a que se refiere el artículo 9, apartado 1, llegue a la conclusión de que se cumplen los límites y las condiciones conexos a los parámetros mencionados en el artículo 9, apartado 2, letras a) a h), y especificados en el acto delegado a que se refiere el apartado 5, y, por ello, considere que existe una amenaza para la estabilidad financiera de la entidad de crédito básica o el conjunto del sistema financiero de la Unión, a la luz de los objetivos contemplados en el artículo 1, iniciará el procedimiento de decisión a que se refiere el apartado 3, párrafo segundo, como máximo dos meses después de haber finalizado dicha evaluación. 2. Cuando los límites y condiciones a que se refiere el apartado 1 no se cumplan, la autoridad competente podrá,, no obstante, iniciar el procedimiento de decisión contemplado en el apartado 3, párrafo tercero, si tras la evaluación a que se refiere el artículo 9, apartado 1, considera que cualquier actividad de negociación, salvo la negociación con derivados distintos de los permitidos con arreglo al artículo 11 y 12, que ejerza la entidad de crédito básica, supone una amenaza para la estabilidad financiera de dicha entidad o del conjunto del sistema financiero de la Unión, habida cuenta de los objetivos mencionados en el artículo 1. 3. La autoridad competente notificará las conclusiones a que se refieren los apartados 1 o 2 a la entidad de crédito básica y le ofrecerá la posibilidad de presentar observaciones por escrito en el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación. Si la entidad de crédito básica no demuestra satisfactoriamente a la autoridad competente, en el plazo mencionado en el párrafo primero, que las razones en que se basan las conclusiones no están justificadas, dicha autoridad adoptará una decisión dirigida a esa entidad de crédito, exigiéndole que no ejerza las actividades de negociación que se especifiquen en tales conclusiones. La autoridad competente motivará su decisión y la hará pública. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, si la autoridad competente decide autorizar a la entidad de crédito básica a ejercer esas actividades de negociación, motivará su decisión y la hará pública. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, si la autoridad competente decide autorizar a la entidad de crédito básica a ejercer actividades de negociación, adoptará una decisión en ese sentido dirigida a dicha entidad. Antes de adoptar una decisión según lo previsto en el presente apartado, la autoridad competente consultará a la ABE sobre los motivos en que basa la decisión que prevé adoptar y los efectos potenciales de esta en la estabilidad financiera de la Unión y el funcionamiento del mercado interior. La autoridad competente notificará también a la ABE su decisión final. La autoridad competente adoptará su decisión final en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de las observaciones por escrito a que se refiere el párrafo primero. 4. Las decisiones a que se refiere el apartado 3, párrafo segundo, serán revisadas por la autoridad competente cada cinco años. 5. La Comisión, a más tardar el [OP introdúzcase la fecha exacta: 6 meses después de la publicación del presente Reglamento], adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 35, a fin de: a) especificar, con respecto a los parámetros: a) el límite pertinente de cada uno de los parámetros previstos en el artículo 9, apartado 1, letras a) a h), por encima del cual el nivel de riesgo de la actividad de negociación de que se trate se considerará individualmente significativo; b) las condiciones, y entre ellas cuántos parámetros deben sobrepasar el límite pertinente, y en qué combinación, a fin de que la autoridad competente inicie el procedimiento a que se refiere el artículo 10, apartado 1; c) la especificación de las condiciones a que se refiere el inciso ii) incluirá una indicación del nivel de riesgo significativo agregado de la actividad de negociación considerada que se derive del hecho de que varios parámetros sobrepasen los límites pertinentes a que se refiere el inciso i); b) especificar qué tipo de titulización no se considerará una amenaza para la estabilidad financiera de la entidad de crédito básica o el conjunto del sistema financiero de la Unión, atendiendo a lo siguiente: i) las características estructurales, tales como la transformación del vencimiento implícito y la simplicidad de la estructura; ii) la calidad de los activos subyacentes y las características de las garantías reales conexas; iii) las características de la titulización y sus activos subyacentes, por lo que atañe a la cotización y la transparencia; iv) la solidez y calidad de los procesos de aseguramiento. Artículo 11 Gestión prudente del riesgo propio 1. Una entidad de crédito básica sobre la que haya recaído una decisión conforme al artículo 10, apartado 3, podrá llevar a cabo actividades de negociación si estas tienen como finalidad exclusiva gestionar prudentemente su capital, su liquidez y su financiación. En el contexto de la gestión prudente de su capital, su liquidez y su financiación, las entidades de crédito básicas solo podrán cubrir el riesgo global de su balance con derivados sobre tipos de interés, derivados sobre tipos de cambio y derivados admisibles para compensación a través de entidades de contrapartida central. La entidad de crédito básica demostrará al supervisor competente que la actividad de cobertura tiene por objeto reducir -y manifiestamente reduce o mitiga notablemente-, riesgos constatables específicos de posiciones individuales o agregadas de esa entidad de crédito. 2. Sin perjuicio de las normas de remuneración establecidas en la Directiva 2013/36/UE, la política remunerativa aplicable al personal de la entidad de crédito básica que ejerza actividades de cobertura: a) tendrá por objeto evitar toda actividad de negociación por cuenta propia residual u oculta, ya se disfrace como de gestión de