Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema "La competencia fiscal y sus efectos en la competitividad de las empresas"

(2002/C 149/16)

El 28 de febrero de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema "La competencia fiscal y sus efectos en la competitividad de las empresas".

La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 25 de febrero de 2002, por amplia mayoría y 4 abstenciones (ponente: Sr. Morgan).

En su 390o Pleno de los días 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 25 de abril), el Comité Económico y Social ha aprobado por 90 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. El CESE ha optado por elaborar un dictamen de iniciativa sobre la competencia fiscal y la competitividad de las empresas. La elaboración de este dictamen está muy justificada toda vez que existe evidencia de abusos generalizados. No obstante, y como consecuencia de las iniciativas que se han emprendido recientemente en el ámbito comunitario y a escala internacional, se está procediendo en la actualidad a revisar la totalidad de estas cuestiones. Así pues, el dictamen nos brinda la oportunidad de definir estos asuntos y presentar un informe de seguimiento de las acciones que se acometan.

1.2. Por "competitividad de las empresas" se entiende la capacidad de una empresa para sobrevivir y prosperar frente a unas fuerzas del mercado en continua transformación sin dejar, al mismo tiempo, de cumplir sus responsabilidades con los accionistas, empleados, clientes y proveedores.

1.3. Entre todas las fuerzas del mercado que brindan oportunidades o constituyen amenazas para las empresas cabe mencionar aspectos como:

- un cambio en las preferencias de los consumidores;

- el avance de la competencia;

- los ciclos económicos;

- la repercusión del mercado único, y

- el impacto de la globalización.

1.4. Asimismo, todas las actividades, políticas y acciones que desarrollan los Gobiernos en un gran número de ámbitos generan factores que pueden afectar a la competitividad de las empresas. Entre estos factores, los más típicos son los costes y sistemas sociales relacionados con el empleo, la fiscalidad y la reglamentación medioambientales, la reglamentación en materia de consumidores, las infraestructuras de transporte, las aptitudes laborales, la educación, la sanidad y el modelo que ofrecen los acuerdos internacionales. No obstante, no cabe ninguna duda de que el factor que afecta de manera más directa lo constituyen la base impositiva y el grado de fiscalidad de las empresas.

1.5. El adjetivo "fiscal" se refiere a los fiscos nacionales de los Estados miembros de la UE y terceros países. O, expresado en otros términos, hace referencia a los modelos de ingresos fiscales y de gasto público. La "competitividad fiscal" puede surgir de dos maneras: en primer lugar, la posición fiscal general que adopta un país frente a los demás puede hacerlo más atractivo a las empresas. A este respecto, la base impositiva y el grado de fiscalidad de las empresas constituyen a menudo el factor más determinante. En segundo lugar, independientemente de sus políticas fiscales de base, los Estados pueden aplicar excepciones, derogaciones, etc., con el propósito específico de atraer y mantener la presencia empresarial en el país. Esto es lo que se define como competencia fiscal perniciosa. Además, estos incentivos pueden adoptar la forma de ayudas estatales.

1.6. Las decisiones de las empresas para emplazar sus instalaciones con vistas a obtener el máximo grado de competitividad no tienen por qué estar necesariamente motivadas por aspectos fiscales y, desde luego, éste no es el único factor. Existen otros factores cuya mayor o menor importancia dependerá de la empresa o sector de que se trate.

1.7. A la hora de revisar las actuales iniciativas comunitarias e internacionales, hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- las prioridades fiscales de la UE;

- el estudio de la Comisión Europea sobre el impuesto de sociedades;

- un código de conducta comunitario para acabar con la competencia fiscal perniciosa;

- las medidas de la UE para suprimir las ayudas estatales perjudiciales;

- las medidas de la OCDE.

2. Revisión de las iniciativas

2.1. Prioridades fiscales de la UE

2.1.1. La Comisión publicó el 23 de mayo de 2001 una Comunicación titulada "Política fiscal en la Unión Europea - Prioridades para los próximos años", que ha sido posteriormente objeto de un dictamen(1). En dicho documento se exponen diversos puntos de vista sobre la competencia fiscal. Esta comunicación se aborda también en el punto 4.1.

2.1.1.1. En el punto 3.2.1. se hace una referencia al marco internacional: "(...) El objetivo general de las economías principales del mundo, incluidas las de los Estados miembros de la UE, ha sido tratar de establecer un entorno fiscal que promueva una competencia libre y equitativa y que facilite la actividad comercial transfronteriza y, al mismo tiempo, garantizar que las bases impositivas nacionales no se erosionen. Atendiendo a este objetivo, durante los últimos años se ha dado un lugar destacado a la tarea de eliminar la competencia fiscal perniciosa, tanto en la OCDE como en la UE, mediante el paquete fiscal."

2.1.1.2. En el punto 1 se menciona la competencia fiscal perniciosa: "Los esfuerzos para contener la competencia fiscal perjudicial a través del Código de Conducta sobre la tributación de las empresas y las propuestas sobre la imposición de los rendimientos procedentes del ahorro permitirán a los Estados miembros consolidar su capacidad de recaudación de ingresos fiscales, ofreciendo con ello un margen para reducir la elevada presión fiscal media sobre el trabajo. Por lo tanto, es importante que la Comunidad ponga en práctica los diversos elementos del paquete fiscal."

2.1.1.3. Asimismo, las opciones de estrategias fiscales nacionales se abordan en el punto 2.1: "El diálogo político de la UE ha fomentado un enfoque integrado con una mayor conciencia de las opciones y obstáculos políticos en el ámbito de la imposición. Las reducciones de impuestos se deberán efectuar en sectores en los que tengan efectos colaterales ventajosos para la oferta y deberán ir acompañadas de reformas en los regímenes de beneficios con objeto de incrementar el potencial de crecimiento y el empleo. Se ha hecho hincapié en la necesidad de reducir la presión fiscal sobre los costes laborales y los costes no salariales de la mano de obra, en particular para la mano de obra relativamente no cualificada y con baja remuneración."

Y el punto 2.4 recoge aún otra referencia a esta misma cuestión: "(...) El nivel de gasto público es igualmente una cuestión de preferencias nacionales mientras se ajuste adecuadamente a los ingresos de manera que las partidas presupuestarias permanezcan próximas al equilibrio o sean excedentarias (...)."

2.2. El estudio sobre el impuesto de sociedades en la UE

2.2.1. El estudio de la Comisión sobre el impuesto de sociedades se publicó el 23 de octubre de 2001 en forma de comunicación (COM(2001) 582) y de documento de trabajo para los servicios de la Comisión (SEC(2001) 1681). El CESE examinará estos documentos en un dictamen aparte, mientras que el estudio se abordará con mayor profundidad en el punto 4.2.

2.2.2. La Comisión señala(2) que, de acuerdo con los resultados del análisis cuantitativo de 1999, "(...) hay una variación amplia en la presión fiscal efectiva con que se enfrentan los inversores residentes en los diversos países miembros de la UE, así como en la manera en que cada país trata las inversiones realizadas en o procedentes de otros países (...). Las diferencias en los tipos impositivos aplicados efectivamente a las sociedades en cada país se sitúan entre los 37 puntos porcentuales aproximadamente en el caso de una inversión marginal (entre - 4,1 % y 33,2 %) y los 30 puntos porcentuales aproximadamente en el caso de una inversión más rentable (entre 10,5 % y 39,7 %) (...). En toda la gama de indicadores nacionales y transfronterizos hallamos una coherencia notable en cuanto a la posición relativa de los Estados miembros, especialmente en los situados en las posiciones superiores y en las más bajas de la clasificación."

2.2.3. "Estos elevados diferenciales pueden tener influencia en la competitividad internacional de las empresas de la UE establecidas en diversos Estados miembros y representar incentivos para que las empresas elijan para sus inversiones la ubicación más favorecida por los regímenes fiscales, que pueden no ser las más rentables si se hace abstracción de los impuestos. Si éste fuera el caso, las diferencias en los niveles efectivos de imposición de las sociedades pueden implicar una distribución ineficaz de recursos y, por ende, costes sociales. Hay que precisar que el presente estudio no ha intentado valorar cuantitativamente las pérdidas de rendimiento ni los costes sociales que podrían ir asociados a las diferencias existentes entre los tipos efectivos de los impuestos sobre sociedades en la Unión Europea. Sin embargo, la amplitud de los diferenciales y las dispersiones fiscales requiere prestar atención, considerando que algunas externalidades, así como los diversos objetivos legítimos de la política fiscal, pueden justificar una cierta desviación respecto del objetivo de la neutralidad fiscal."

2.2.4. Para superar los obstáculos fiscales existentes en la UE, la Comisión(3) tiene presentes distintas soluciones de carácter específico. "Sin embargo, aunque se aplicaran en su totalidad, no solucionarían el problema subyacente de la coexistencia de 15 sistemas fiscales distintos. Solamente una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades para las actividades de las empresas multinacionales a escala comunitaria, mediante un sistema común de imposición sobre sociedades, podrá abordar sistemáticamente la mayoría de los obstáculos fiscales para las actividades económicas transfronterizas en el mercado único. Debería permitirse en el futuro a las empresas de la UE con actividades transfronterizas e internacionales calcular los beneficios de todo el grupo basándose en un mismo conjunto de normas y establecer cuentas consolidadas a efectos fiscales (eliminando de esta manera los posibles efectos fiscales de las transacciones puramente internas dentro del mismo grupo)."

2.2.5. "Es importante señalar que este planteamiento no atenta contra la soberanía de los Estados miembros a la hora de fijar los tipos del impuesto sobre sociedades(...)."

2.2.6. "La Comisión cree, por lo tanto, que la única opción lógica es dirigir su política de imposición de las empresas hacia la consecución de una solución global de los obstáculos fiscales transfronterizos existentes en el mercado interior (...). La Comisión cree que es necesario dotar a las empresas de una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades para sus actividades a escala comunitaria, establecer un sistema de reparto apropiado que puedan aceptar todos los participantes y dejar a los Estados miembros la responsabilidad de fijar los tipos nacionales del impuesto sobre sociedades"(4). En el estudio de los servicios de la Comisión se examinan diversos planteamientos y posibilidades técnicas.

2.3. Código de conducta

2.3.1. El código de conducta sobre el impuesto de sociedades y el informe del Grupo Primarolo se publicaron el 29 de noviembre de 1999. En su sesión del 28 de febrero de 2000, el Consejo no se pronunció a este respecto.

2.3.2. En el punto 3 de dicho informe se definen las acciones perniciosas en los siguientes términos:

"A. Sin perjuicio de la aplicación de los respectivos ámbitos de competencia de los Estados miembros y de la Comunidad, este código de conducta sobre el impuesto de sociedades se refiere a aquellas medidas sobre fiscalidad de las empresas que influyan o puedan influir de manera significativa en la radicación de la actividad empresarial dentro de la Comunidad. A este respecto, el concepto de actividad empresarial incluye todas las actividades desarrolladas dentro de un grupo de empresas.

Las medidas fiscales a que se refiere son tanto leyes y reglamentos como prácticas administrativas.

B. Dentro del ámbito de aplicación especificado en el apartado A, se deben considerar potencialmente perniciosas y, por lo tanto, objeto de este código de conducta todas aquellas medidas fiscales que impliquen un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, a los niveles generales aplicados en el Estado miembro en cuestión.

Estos niveles fiscales pueden actuar a través de los tipos impositivos nominales, las bases fiscales o cualquier otro factor relevante.

A la hora de evaluar si estas medidas resultan perniciosas, se deberá tener presente, entre otros aspectos:

1. si se otorgan ventajas sólo a no residentes en el Estado miembro o con respecto a las operaciones realizadas con no residentes, o

2. si se otorgan ventajas que quedan aisladas de la economía nacional del Estado miembro, de manera que no afecten a la base fiscal nacional, o

3. si se otorgan ventajas incluso sin que exista una actividad económica real o una destacada presencia económica dentro del Estados miembro que ofrece estas ventajas fiscales, o

4. si las normas para determinar los beneficios de los grupos de empresas multinacionales no se ajustan a las normas internacionalmente reconocidas y, más en concreto, las acordadas por la OCDE, o

5. si las medidas fiscales carecen de transparencia, por ejemplo, en los casos en que las ventajas se otorgan a través de una flexibilización de las disposiciones legales, efectuada desde el plano administrativo y sin transparencia."

2.3.3. En el punto 4 del informe se pretende acabar con los abusos que se puedan producir en el futuro: "Los Estados miembros se comprometen a no adoptar nuevas medidas fiscales que puedan resultar lesivas con arreglo a lo contemplado en este Código. En consecuencia, en la determinación de su política, respetarán los principios que informan el Código."

2.3.4. El punto 5 aborda la cuestión específica de las islas y los territorios dependientes:

"En los casos en que tales medidas se utilicen para impulsar el desarrollo económico de determinadas regiones se deberá analizar si estas medidas son proporcionadas y están bien encaminadas para alcanzar los objetivos que se persiguen. A la hora de evaluar esta circunstancia se deberá prestar especial atención a las características y limitaciones específicas de las regiones más remotas y las islas pequeñas sin menoscabar la integridad y la coherencia del ordenamiento jurídico comunitario, en el que se incluyen el mercado interior y las políticas comunes.

Los Estados miembros con territorios dependientes o asociados, o que asuman responsabilidades especiales o tengan prerrogativas fiscales respecto a otros territorios, se comprometen, de conformidad con las correspondientes disposiciones constitucionales, a garantizar la aplicación de estos principios en dichos territorios."

2.3.5. El informe agrupa las medidas perniciosas del siguiente modo:

a) servicios financieros, financiación colectiva y pago de derechos de patente;

b) seguro, reaseguro y seguro de capitales;

c) servicios intragrupo;

d) holdings;

e) sociedades exentas y empresas registradas en paraísos fiscales (offshore);

f) diversos.

En total, se han determinado y clasificado casi 300 medidas como aceptables o como perniciosas y, por lo tanto, inaceptables. Existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de suprimir 66 medidas perniciosas antes de 2003, y el pasado 4 de diciembre se presentó un informe al Consejo Ecofin, aunque no se extrajeron conclusiones claras a este respecto. El Consejo solicitó al grupo de trabajo que prosiguiera sus trabajos de acuerdo con el calendario establecido para el paquete fiscal.

2.4. Actuación de la UE en lo relativo a las ayudas estatales

2.4.1. Mario Monti, miembro de la Comisión Europea responsable de la competencia, declaró recientemente(5): Se están haciendo progresos, pero todavía se pueden reducir más las ayudas. Por ello, la Comisión presta todo su apoyo a los Estados miembros que se esfuerzan por limitar el volumen total de sus ayudas, en consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo de Estocolmo de primavera de 2001. Los Estados miembros deberían esforzarse por replantearse cuidadosamente su gasto en ayudas. Está claro que cada vez que se recortan las ayudas disminuyen los falseamientos de la competencia en el mercado interior y aumentan los beneficios de la Unión Económica y Monetaria. Por parte de la Comisión, mi prioridad consistirá en mantener un control estricto de las ayudas estatales.

2.4.2. Aunque los 28000 millones de EUR gastados en este sector son una cantidad inferior a los 36000 millones de EUR del período precedente 1995-1997, la disminución no ha sido uniforme en toda la UE y todavía sigue dependiendo principalmente de dos países, Italia y Alemania. En ambos Estados miembros las ayudas disminuyeron sustancialmente. En Bélgica, Grecia, España, Luxemburgo, los Países Bajos y en el Reino Unido, también disminuyeron, pero esta reducción se vio compensada por los incrementos registrados en otros Estados miembros.

2.4.3. Sigue habiendo diferencias sustanciales entre los Estados miembros. Si se toma como parámetro de referencia el valor añadido, los niveles de ayuda más altos se registran en Grecia y los más bajos en el Reino Unido y Portugal. Expresada en porcentaje del valor añadido, en Grecia la ayuda es siete veces mayor que en el Reino Unido. Suecia, los Países Bajos, el Reino Unido y Portugal han mantenido sus bajos niveles de ayuda e Italia, Alemania y España están reduciendo los suyos rápidamente.

2.4.4. La Comisión anunció en julio de 2001 que tiene previsto adoptar nuevas medidas con arreglo a las siguientes directrices:

a) incrementar la transparencia a través de un registro y un marcador de ayudas estatales;

b) hacer un seguimiento de las normas para el control de las ayudas estatales;

c) llevar a cabo un control efectivo de las ayudas estatales en los países candidatos;

d) agilizar la recuperación de ayudas ilegales. Se prestará especial importancia a la recuperación más rápida de aquellas ayudas que la Comisión haya declarado incompatibles con las normas de la CE en esta materia.

2.4.5. El 11 de julio de 2001 el Comisario Monti inició una investigación a gran escala sobre las ayudas estatales en los regímenes fiscales para las empresas. Esta investigación afecta a once de estos regímenes fiscales en ocho Estados miembros, así como a ventajas fiscales existentes en otros cuatro Estados miembros que ya no están justificadas como consecuencia de los cambios económicos que se han producido en el mercado único de la UE (véase el comunicado de prensa IP/01/982).

2.5. OCDE

2.5.1. En el contexto mundial, la OCDE está trabajando en el ámbito de la competencia fiscal perniciosa, con especial hincapié en los denominados paraísos fiscales. Estas actividades han culminado con la elaboración de una lista de 35 paraísos fiscales; hasta ahora 28 de ellos han aceptado una serie de compromisos, por lo que la OCDE ha decidido excluirlos de dicha lista. Los Estados Unidos han expresado su preocupación por el valor ético de una imposición de los puntos de vista de la OCDE a Estados soberanos. No obstante, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 ha aumentado el apoyo político a la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero, y los denominados paraísos fiscales se están viendo sometidos a un mayor escrutinio.

2.5.2. El plazo impuesto a los paraísos fiscales para cooperar con la OCDE expira el 28 de febrero de 2002. Es probable que se impongan sanciones a aquellos paraísos fiscales que no actúen en este sentido.

3. Características de los sistemas fiscales nacionales

3.1. Las características de los sistemas fiscales nacionales tienen su origen en las opciones históricas y culturales por que se han decantado los gobiernos y ciudadanos de cada país.

3.2. Esta circunstancia refleja el papel que se atribuye a los gobiernos en los distintos países. Los Estados eligen sus políticas económicas y sociales conscientes de que éstas tendrán una especial repercusión en los regímenes fiscales que deben imponer.

3.3. Por ejemplo, la desventaja fiscal que registran los países con un elevado nivel impositivo puede compensarse con una mayor infraestructura pública o un mayor grado de preparación. Tanto los países de acogida como las empresas radicadas en dichos países son plenamente conscientes de la relación transaccional que existe entre el nivel impositivo y el consiguiente gasto público.

3.4. Según las conclusiones del estudio sobre la fiscalidad de las empresas, el impuesto de sociedades constituye una cuestión digna de consideración para los gobiernos de los Estados miembros.

4. Competitividad de las empresas y fiscalidad

4.1. Las siguientes cuestiones en materia de competitividad empresarial se abordan en el correspondiente Dictamen del CES sobre la política fiscal en la Unión Europea(6).

4.1.1. Los costes laborales y los costes no salariales de la mano de obra son tan elevados en algunos Estados miembros que pueden llegar a desalentar la inversión externa en esos países.

4.1.2. El coste de las materias primas puede constituir una proporción considerable del coste total. Por lo que respecta a las industrias de elevado consumo energético, un tipo efectivo de imposición fiscal sobre la energía puede ser también un factor relevante.

4.1.3. La UE dispone de un sistema común del IVA, pese a lo cual los tipos aplicables fluctúan dentro de unos límites concretos y son objeto de algunas excepciones en determinados Estados miembros. El régimen del IVA en cualquier Estado miembro puede ser un factor de atracción o rechazo para las nuevas empresas, algo que puede constatarse -por ejemplo- en el actual debate sobre IVA y comercio electrónico, que suscita el temor de que las empresas no comunitarias a las que se exija registrarse dentro de la Unión elijan un país donde se aplique un tipo de IVA reducido.

4.1.4. Los impuestos y exacciones sobre el trabajo varían entre los distintos Estados miembros y pueden repercutir en la capacidad de las empresas para contratar a los trabajadores que éstas necesiten.

4.1.5. Las dificultades para transferir las pensiones de un Estado miembro a otro representa un obstáculo para la movilidad de los trabajadores, especialmente en lo referente a cargos directivos y profesionales.

4.2. A continuación figuran algunas de las cuestiones que se abordan en el estudio sobre la fiscalidad de las empresas presentado por la Comisión en octubre de 2001.

4.2.1. Los precios de transferencia se refieren a los precios aplicados por cada una de las partes de una entidad económica por las transacciones mutuas de bienes y servicios, por ejemplo, en el seno de una corporación multinacional. Dentro de la UE, el convenio de arbitraje constituye un medio para resolver las discrepancias relacionadas con los precios de transferencia.

4.2.2. Los pagos de intereses y derechos de patente entre empresas están sujetos a la retención fiscal por parte de las autoridades tributarias de los Estados miembros, lo cual puede dar lugar a doble imposición. En estos casos, las empresas deben afrontar interminables procedimientos y pueden incurrir en costes financieros entre el pago y el reembolso de estos impuestos.

4.2.3. La indemnización transfronteriza es la posibilidad con que cuentan las empresas para compensar las pérdidas que se producen más allá de sus propias fronteras o, lo que es lo mismo, cuando una empresa registra pérdidas en un mercado, puede compensarlas con los beneficios obtenidos en otro. El mercado único no contempla ningún mecanismo a este respecto. Esta circunstancia supone un elevado coste para las empresas, y puede disuadir a una compañía de invertir en mercados nuevos o aún por abrir.

4.2.4. La integración empresarial transfronteriza puede resultar cara incluso en el mercado único y tener como resultado que las empresas no se reestructuren de la mejor manera posible. Entre los problemas que se han planteado cabe mencionar los impuestos por transferencia como consecuencia de transferencias fiscales a estructuras filiales, las pérdidas previas a la conversión que no pueden transferirse a una nueva estructura filial y la transferencia obligatoria de cuentas de previsiones que, hasta ese momento, reducían los beneficios imponibles. La Directiva de 1990 sobre fusiones logró una cierta mejora de la situación, pero los obstáculos existentes colocan a las empresas de la UE en desventaja frente a otras compañías no comunitarias a la hora de emprender una operación "greenfield" (de nueva creación) en la UE.

4.2.5. Asimismo, la fiscalidad de las empresas varía ampliamente entre los Estados miembros, tanto por lo que respecta a la base imponible como al tipo impositivo de las empresas. Los gobiernos deciden cómo gravar a las sociedades dentro de su jurisdicción y están en condiciones de utilizar estas decisiones, por ejemplo, como un instrumento para incentivar las compañías de nueva creación (start-ups) o para atraer inversión extranjera. En algunos casos, las empresas pueden compensar su inversión a la hora de tributar mediante desgravación sobre los bienes de capital.

4.2.6. Además de las dificultades con que se enfrentan las operaciones internacionales anteriormente descritas, aquellas compañías con actividades en otros Estados miembros y sin presencia empresarial han de hacer frente, a menudo, a dificultades de índole administrativa como consecuencia de disposiciones fiscales y sociales que no se aplican a las empresas nacionales. Estos problemas se traducen en una distorsión de la competitividad.

4.3. Dentro de la UE, las empresas deberían poder operar con eficacia en el plano transfronterizo y extraer así provecho de la creación del mercado único. La diferencia en términos de eficacia entre una empresa basada en diversos países y la que opera en uno solo es una buena medida de los obstáculos que menoscaban la competitividad de la actuación empresarial dentro del mercado único.

4.4. La supresión de las distorsiones fiscales entre los Estados miembros puede tener un carácter formal o informal. El estudio sobre el impuesto de sociedades tiene por objeto alcanzar un grado considerable de convergencia formal entre los sistemas fiscales de las empresas. No obstante, la convergencia de los tipos impositivos sólo será posible en un plano informal si los Estados miembros reaccionan en consecuencia.

5. Conclusiones y futuras medidas

5.1. Los tipos del impuesto de sociedades continuarán sujetos a la autonomía de los Estados miembros. Consiguientemente, y dadas las diferencias de los sistemas, resulta natural que estos tipos impositivos continúen siendo una fuente latente de competencia. Aun reconociendo que esta situación persistirá, en el estudio de la Comisión sobre el impuesto de sociedades se contempla también la desaparición de numerosas incoherencias. En términos generales, las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa invitaban a todos los Estados miembros a mejorar la competitividad de sus regímenes fiscales.

5.2. Entre tanto, es necesario actuar contra las medidas perniciosas relacionadas con la ubicación de las empresas. El CESE solicita al Consejo que se comprometa a realizar un seguimiento político de los problemas recogidos en el informe Primarolo, toda vez que las cuestiones que éste aborda son fundamentales con vistas a la competencia fiscal, y sin perder de vista el Acuerdo de Verona de diciembre de 1997(7) sobre un conjunto de medidas fiscales (el "paquete fiscal") y el hecho de que se haya fijado(8) un calendario paralelo para la aplicación de los temas clave de dicho paquete. Si la preparación del informe representó un gran paso hacia adelante, el fracaso en su aplicación equivaldría a dos pasos hacia atrás.

5.3. El CESE se siente alentado por los recientes trabajos de la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales. En su Comunicación sobre las prioridades fiscales, la Comisión señala que, por lo que respecta a la fiscalidad, tiene previsto recurrir al TJCE para perseguir de manera generalizada a aquellos Estados miembros que incumplan la normativa. El CES solicita a la Comisión que utilice también este recurso para suprimir las ayudas estatales ilegales.

5.4. El CESE alienta a la Comisión y a los Estados miembros para que garanticen que el estudio de la OCDE concluya de una manera justa y honrosa, una vez cumplido el plazo del 28 de febrero de 2002.

5.5. Por lo que respecta a las empresas, la primera prioridad ha de consistir en llevar a cabo el programa esbozado en la Comunicación sobre las prioridades fiscales. El IVA, las pensiones personales y los precios de transferencia son solamente algunas de las cuestiones relevantes en este ámbito.

5.6. Lo más importante para la competitividad de las empresas que operen en la UE es el resultado del estudio sobre el impuesto de sociedades que se publicó en octubre de 2001, aunque también cabe señalar que la responsabilidad en lo relativo a los tipos impositivos sobre las empresas seguirá recayendo en los Estados miembros. La estrategia de doble vía de la Comisión contempla una acción inmediata a través de medidas concretas y entablar un debate más amplio sobre medidas globales con el objetivo de dotar a las empresas comunitarias de una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades para sus actividades a escala comunitaria.

5.7. A pesar del gran número de cuestiones, se ha de otorgar prioridad a la dimensión fiscal del estatuto de Derecho europeo. Solamente podremos beneficiarnos plenamente de las ventajas que brinda la creación de una Sociedad Europea (SE) si las empresas existentes pueden establecerse en una entidad de estas características sin necesidad de incurrir en costes adicionales de carácter impositivo y evitando algunos de los actuales obstáculos fiscales que plantea el operar en más de un Estado miembro. Hoy por hoy, ninguna de estas condiciones se cumple, por lo que el éxito de este proyecto puede verse comprometido. Al mismo tiempo, la aplicación del estatuto de Sociedad Europea no ha de constituir una nueva distorsión fiscal para las empresas registradas en los Estados miembros.

5.8. A pesar de que las disposiciones y la competencia fiscales son factores importantes para la competitividad de las empresas, las cuestiones fundamentales no han de tener, en condiciones normales, un carácter fiscal si estas disposiciones son razonables y no perniciosas. Las disposiciones fiscales son disposiciones políticas y reflejan una opción pública. Es cierto que muchas de las fuerzas del mercado que afectan a la competitividad empresarial son incontrolables, y las empresas se vuelven hacia los políticos para que muestren sensatez y lógica a la hora de controlar las disposiciones fiscales y para que preserven la estabilidad con el transcurso del tiempo.

Bruselas, 25 de abril de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) DO C 36 de 6.2.2002.

(2) COM(2001) 582 final, p. 7.

(3) COM(2001) 582 final, p. 15.

(4) COM(2001) 582 final, p. 16.

(5) Comunicado de prensa de la Comisión sobre el tema "Ayuda estatal: por buen camino", 19.7.2001 (IP/01/1033).

(6) COM(2001) 260 final.

(7) Conclusiones del Consejo ECOFIN, DO C 2 de 6.1.1998.

(8) Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Santa Maria da Feira. Comunicado de prensa (19.6.2000) n° 200/1/00.