Propuesta de DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. introducción

1. Esta propuesta de Decisión marco del Consejo aplica el principio de reconocimiento mutuo a un acto judicial europeo con el fin de recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal. En lo sucesivo el acto judicial europeo se denominará Exhorto europeo de obtención de pruebas. Tendrá como consecuencia una cooperación judicial más rápida y efectiva en materia penal, y sustituirá al actual régimen de ayuda mutua conforme a las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. También se introducen las salvaguardias mínimas para dicha cooperación.

2. La propuesta se centra en objetos, documentos o datos obtenidos mediante resoluciones judiciales tales como requerimientos de presentación de documentos y órdenes de registro e incautación. Incluye solicitudes de copias de antecedentes penales. No prevé el tomar declaración (de cualquier tipo) a sospechosos, demandados, testigos o víctimas. Ni tampoco las medidas de instrucción procesal que impliquen la obtención de pruebas en tiempo real, tal como intervención de comunicaciones y control de cuentas bancarias. Aunque esta propuesta no cubre la obtención de estos otros tipos de pruebas, la Comisión considera que es el primer paso para sustituir el actual régimen de asistencia judicial de la Unión Europea por un único cuerpo legal basado en el reconocimiento mutuo y sujeto a salvaguardias mínimas.

3. A continuación se explica el contexto de esta propuesta.

1.1. Modalidades nacionales de obtención de elementos de prueba

4. Los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros contemplan una amplia variedad de medidas procesales para obtener elementos de prueba en las causas penales. Como:

1.1.1. Poderes de conservación.

5. En el ámbito internacional, el Convenio sobre la ciberdelincuencia [1] de 2001 del Consejo de Europa ha introducido una distinción entre las resoluciones de "conservación" y las de "incautación". Las resoluciones de conservación se aplican sólo a terceros, y requieren que preserven los elementos de prueba sin entregarlas a las autoridades de investigación competentes. Se requiere otra orden para la presentación o producción de los elementos de prueba.

[1] Consejo de Europa, serie Tratados europeos 185 (véase http:// conventions.coe.int).

1.1.2. Poderes de incautación.

6. La incautación va más allá de la simple conservación de los elementos de prueba pues implica (en caso necesario) su posesión temporal por las autoridades de investigación competentes. Se aplica a los elementos de prueba bajo el control de sospechosos así como de terceros.

7. La incautación es una noción comúnmente aceptada en el derecho penal nacional e internacional, aunque su alcance y modalidades puedan variar. Todos los Estados miembros han otorgado a sus fuerzas de orden público y autoridades judiciales facultades para incautar pruebas. La facultad de incautación puede ser ejercitada por las autoridades judiciales y, en ciertas circunstancias, por las de orden público de conformidad con sus propias competencias.

1.1.3. Poderes de requerir la exhibición/ presentación de pruebas.

8. En algunos Estados miembros, las autoridades judiciales tienen facultades generales de requerir a terceros que exhiban pruebas. Estos poderes se basan en la cooperación del tercero. Cuando no se dé tal cooperación, el órgano jurisdiccional puede utilizar una orden de registro para incautar los elementos de prueba.

9. Otros Estados miembros tienen una facultad específica conocida como "requerimiento de presentación" utilizado para obtener pruebas (en documentos específicos) de un tercero. Estos poderes pueden limitarse a delitos graves y a categorías específicas de pruebas (tales como documentos confidenciales), o pueden tener un alcance más general. Los "requerimientos de exhibición documental" son coercitivos puesto que obligan al tercero a entregar los elementos de prueba. Se utilizan las sanciones - incluidas sanciones penales - para asegurar la cooperación. Sin embargo, los requerimientos de presentación son menos rigurosos que las resoluciones de registro e incautación.

10. Los requerimientos de exhibición documental pueden ser útiles cuando un tercero está dispuesto a cooperar pero que, por razones legales tales como problemas de responsabilidad asociados a la violación de la confidencialidad profesional, prefiere ser forzado a exhibir las pruebas antes que cooperar voluntariamente con la autoridad de investigación competente. En otras circunstancias, sin embargo, puede ser necesario registrar los locales de un tercero para obtener los elementos de prueba concretamente cuando existe el riesgo real de que éste las destruya.

11. Todos estas facultades de presentación se aplican sólo al material ya existente. Para la presentación de información "en tiempo real", existen otros decisiones tales como resoluciones de interceptación de comunicaciones o control de transacciones de cuentas bancarias.

1.1.4. Resoluciones de registro e incautación

12. La legislación de los Estados miembros sobre la entrada y registro de locales es muy variada. En algunos Estados miembros, la medida se limita únicamente a los delitos graves. Otros Estados miembros otorgan un poder mucho más amplio que alcanza a la investigación de todo tipo de delitos.

13. El Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) constituye la garantía mínima para el registro y la incautación. Sin embargo, en este marco, hay diferencias significativas en cuanto a salvaguardias. Como por ejemplo: el nivel de certeza de que los elementos de prueba están en los locales que deben registrarse; la hora en que deben ejecutarse las resoluciones de registro; la notificación a la persona cuyos locales han sido registrados; las normas aplicables cuando el inquilino está ausente; y la necesidad de que terceros independientes estén presentes en el registro.

1.2. Actuales Mecanismos internacionales de cooperación para obtener pruebas

14. El Convenio de 1959 del Consejo de Europa de asistencia judicial en materia penal [2] proporciona el marco básico para la cooperación en la obtención de pruebas. En él se estipula que la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial se ajuste a la legislación del Estado requerido, y proporciona varios argumentos para denegarla. El Convenio de 1959 ha sido complementado mediante sus protocolos adicionales de 1978 [3] y 2001 [4] para mejorar la cooperación. En la UE, el Convenio de 1959 ha sido sustituido por Convenio de Schengen [5] de 1990, el Convenio de la UE de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal [6] y su Protocolo de 2001 [7]. Estos dos últimos todavía no han entrado en vigor.

[2] Consejo de Europa, serie Tratados europeos número 30

[3] Consejo de Europa, serie Tratados europeos número 99.

[4] Consejo de Europa, serie Tratados europeos número 182.

[5] Convenio de aplicación 19 de junio de 1990 relativo a la implementación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, DO L 239, 22.9.2000, p. 19.

[6] Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 197, 12.7.2000, p. 1.

[7] Acto del Consejo, de 16 de octubre de 2001, por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO n° C 326 de 21/11/2001 p.1

15. A pesar de las mejoras introducidas por estos instrumentos, la cooperación en la obtención de pruebas se sigue realizando mediante procedimientos tradicionales de cooperación judicial, que puede ser lenta e ineficaz. Por otra parte, las diferencias entre las diversas leyes nacionales (descritas en la sección 1.1) se traducen en obstáculos para la cooperación.

16. Las diferencias entre leyes nacionales sobre el registro y la incautación se reflejan en el grado en que los Estados miembros pueden proporcionar ayuda mutua. De conformidad con el artículo 5 del Convenio de 1959, toda Parte Contratante podrá reservarse la facultad de someter la ejecución de exhortos europeos que tengan como fin un registro o un embargo de bienes a una varias de las condiciones siguientes: doble incriminación; la infracción da dar lugar a la extradición en la parte requerida; o la ejecución sea compatible con la ley de la parte requerida.

17. El artículo 51 del Convenio de Schengen de 1990, sin embargo, limita la posibilidad de que los Estados miembros hagan uso de tales reservas del Convenio de 1959: Los Estados miembros sólo podrán subordinar, según dicho artículo, la concesión de exhortos europeos a efectos de registro y de embargo a las siguientes condiciones. Primera, que el hecho que haya dado lugar al exhorto sea sancionable según el Derecho de ambas Partes contratantes a una pena privativa de libertad o a una medida de seguridad que restrinja la libertad durante un período máximo de, al menos, seis meses, o sea sancionable con arreglo al Derecho de una de las dos Partes contratantes con una sanción equivalente y, según el Derecho de la otra Parte contratante, constituya una infracción de reglamentos perseguida por autoridades administrativas cuya decisión pueda dar lugar a un recurso ante un órgano jurisdiccional competente, en particular en materia penal. La segunda condición es que la ejecución sea de otra forma compatible con el Derecho del Estado miembro requerido.

18. Conforme a esta propuesta, los actuales procedimientos de asistencia judicial serían substituidos por un Exhorto de obtención de pruebas basado en el principio de reconocimiento mutuo. Esto supone las siguientes ventajas.

- Una solicitud hecha por decisión judicial de otro Estado miembro se reconocerá directamente sin que para su ejecución haya que convertirla en una decisión nacional (mediante el procedimiento del exequátur).

- Las solicitudes tendrán un único formato normalizado.

- Se fijarán plazos para ejecutar las solicitudes.

- Se introducirán salvaguardias mínimas tanto para la publicación de una solicitud como para su ejecución.

- Se limitarán los argumentos para negarse a ejecutar las solicitudes. En particular, desaparece la doble incriminación como argumento de denegación excepto durante un período transitorio para aquellos Estados miembros que hayan subordinado la ejecución de una solicitud de registro e incautación a dicha condición.

1.3. El principio de reconocimiento mutuo

19. En el Consejo Europeo en octubre 1999 en Tampere, se acordó convertir el principio de reconocimiento mutuo en la piedra angular de la cooperación judicial tanto en asuntos civiles como penales, incluidas las resoluciones prejudiciales en investigaciones penales.

20. El Consejo Europeo también pidió al Consejo y a la Comisión que adoptaran, antes de diciembre de 2000, un programa de medidas para poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal [8]. El primer instrumento que debe adoptarse en el reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal es la Decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros [9].

[8] DO C 12, de 15.01.2001, p. 10.

[9] DO L 190, de 18.07.2002, p.1.

21. El programa de medidas considera como absolutamente prioritaria (prioridad 1) la siguiente acción:

"2.1.1. Resoluciones destinadas a la obtención de pruebas

Objetivo:Permitir la admisibilidad de los elementos de prueba, evitar su desaparición y facilitar la ejecución de las resoluciones de registro y de incautación con el objeto de garantizar que se obtengan rápidamente elementos probatorios en el marco de una causa penal (punto 36 de las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere). Convendrá tener presentes el artículo 26 del Convenio europeo sobre transmisión de procedimientos en materia penal, de 15 de mayo de 1972, y el artículo 8 del Convenio de Roma de 6 de noviembre de 1990 sobre transmisión de los procedimientos en materia penal.

Medida n° 5 Estudiar los progresos que puedan realizarse:

- - para que entre los Estados miembros no puedan oponerse las reservas y declaraciones previstas en el artículo 5 del Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal de 1959, completado con los artículos 51 y 52 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen en lo que respecta a las medidas coercitivas, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de los productos de infracciones y la delincuencia financiera,

- - para que entre los Estados miembros no puedan oponerse los motivos de denegación de asistencia previstos en el artículo 2 del Convenio de 1959, completado con el artículo 50 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

Medida n° 6 Elaboración de un instrumento sobre reconocimiento de las resoluciones de embargo de pruebas, a fin de impedir la pérdida de pruebas que se encuentren en el territorio de otro Estado miembro."

1.4. Decisión marco sobre la ejecución en la UE de las decisiones de embargo preventivo y aseguramiento de pruebas

22. La Decisión marco sobre la ejecución en la UE de las decisiones de embargo preventivo y aseguramiento de pruebas ejecuta la medida 6 del programa de medidas [10]. Esto requiere el reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas para asegurar pruebas con vistas a su transferencia final al Estado requirente, o con el fin de embargar bienes con vistas a su decomiso. La Decisión marco se aplica a las resoluciones dictadas por un órgano jurisdiccional, según lo establecido con arreglo a su Ordenamiento jurídico, respecto a cualquier delito.

[10] DO L 196, 2.8.2003, p 45

1.5. La necesidad de nuevas medidas relativas al reconocimiento mutuo de resoluciones destinadas a obtener pruebas

23. La Decisión marco sobre las resoluciones de embargo preventivo trata sólo una parte del conjunto de la cooperación en cuanto a pruebas. Es evidente que el propósito de la Decisión marco se limita explícitamente a las medidas "para impedir provisionalmente la destrucción, transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación de ... elementos de prueba". En algunos casos, no será necesaria tal acción provisional antes de transferir los elementos de prueba a otro Estado miembro .

24. Hay también que resolver significativos problemas pendientes en cuanto a cooperación en lo que concierne a los elementos de prueba comprendidos en el ámbito de aplicación de la Decisión marco sobre las resoluciones de embargo preventivo. Por ejemplo, la Decisión marco estipula de forma explícita que las medidas coercitivas complementarias que pueda requerir la resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas se adoptarán según las normas procesales aplicables en el Estado requerido [11]. Esto implica la posibilidad de que la cooperación sea ineficaz cuando, en el contexto de un caso particular, las normas procesales nacionales no permitan una investigación necesaria para obtener pruebas.

[11] Apartado 2 del artículo 5

25. Por otra parte, la Decisión marco requiere que la resolución de aseguramiento de pruebas vaya acompañada de una solicitud de transferencia de los elementos de prueba al Estado requirente (o de una declaración de que se enviará en breve). Las normas habituales de asistencia judicial se aplican a esta transferencia. Esto significa que, a excepción de la doble incriminación, continuarán aplicándose los demás de motivos de denegación de la asistencia judicial . Como consecuencia, habrá una diferencia sustancial - por lo menos en teoría - entre las normas aplicables al aseguramiento de elementos de la prueba (principios mutuos de reconocimiento) y las normas aplicables a su transferencia subsiguiente (principios de asistencia judicial).

26. El informe final sobre el primer ejercicio de evaluación de la asistencia judicial en materia penal [12] consideró que la fase adicional en la transmisión de bienes relacionados con la ejecución de las solicitudes era "un requisito inútil, en el cual difícilmente podría verse una garantía adicional, y, por lo tanto, no es más que una causa de retraso". La recomendación 8 del Informe final instaba a los Estados miembros a "simplificar el procedimiento de transmisión de bienes incautados al Estado miembro requirente mediante la supresión de múltiples controles".

[12] DO C 216, de 1.8.2001, p. 14.

27. Durante las negociaciones relativas a la Decisión marco sobre las resoluciones de embargo preventivo, se reconoció que se necesitaban dos iniciativas más como consecuencia de dicha Decisión:

(i) una iniciativa sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de incautación. La Presidencia danesa presentó una iniciativa para un proyecto de una Decisión marco del Consejo relativa a la ejecución de resoluciones de decomiso en la Unión Europea [13]. Esta complementa la Decisión marco sobre las resoluciones de embargo preventivo al prever el reconocimiento mutuo completo de las resoluciones de incautación de bienes.

[13] DO C 184, de 2.8.2002, p. 8.

(ii) una iniciativa sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones destinadas a la obtención de pruebas. La Comisión anunció durante negociaciones de la Decisión marco sobre las resoluciones de embargo preventivo que presentaría una propuesta sobre este tema. Esta propuesta se incluyó, por lo tanto, en el Programa de trabajo de la Comisión para 2003 [14].

[14] 4 Disponible de http://europa.eu.int/comm/off/ work_programme/index_es.htm

1.6. Objetivos y ámbito de aplicación de la Decisión marco propuesta

28. Esta propuesta complementa la Decisión marco sobre las resoluciones de embargo preventivo al aplicar el principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones cuyo objetivo específico sea obtener objetos, documentos y datos para su uso en procedimientos penales. El exhorto europeo de obtención de pruebas establece un único mecanismo, rápido y efectivo, para obtener pruebas y para transferirlas al Estado requirente. No será necesaria una previa resolución de embargo preventivo.

29. La propuesta de Decisión marco se aplica a los objetos, documentos o datos obtenidos mediante diversas resoluciones procesales, incluidas los de incautación, exhibición o búsqueda. Sin embargo, el exhorto europeo de obtención de pruebas no debe en principio utilizarse para interrogar a los sospechosos, tomar declaraciones, u oír a testigos y víctimas. Éstos actos requieren una consideración especial. En especial, la Comisión adoptó en febrero 2003 un Libro Verde sobre las Garantías procesales para sospechosos e inculpados en procedimientos penales en la Unión Europea [15], y continuará trabajando durante 2003 en otros aspectos de la toma de declaración a sospechosos, demandados, víctimas y testigos.La obtención de pruebas del cuerpo de una persona, en especial muestras del ADN, queda también fuera del alcance del exhorto europeo de obtención de pruebas.

[15] COM(2003) 75 final de 19.2.2003

30. El exhorto europeo de obtención de pruebas no debe tampoco en principio utilizarse para realizar medidas investigadores procesales que impliquen la obtención de pruebas en tiempo real tales como intervención de comunicaciones y control de cuentas bancarias. Estas formas específicas de cooperación han sido recientemente objeto de un amplio debate en el Consejo. El Convenio UE de 2000 [16] estableció un régimen específico para la cooperación en la intervención de comunicaciones, y el artículo 3 del Protocolo al Convenio 2001 [17] estableció un régimen para la cooperación respecto al control de las cuentas bancarias . El convenio y su protocolo todavía no han entrado en vigor. Sin embargo, por lo que se refiere a la asistencia relativa a las cuentas bancarias, se propone que se utilice para solicitudes de información sobre las operaciones que se hayan realizado durante un período determinado en una cuenta bancaria concreta. Tal asistencia está prevista por el Convenio de 1959 y ha sido precisada por el artículo 2 del Protocolo 2001.

[16] Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 197, 12.7.2000, p. 1.

[17] Acto del Consejo, de 16 de octubre de 2001, por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea DO C 326, de 21.11.2001, p. 1.

31. El exhorto europeo de obtención de pruebas no pretende tampoco servir para obtener pruebas que sólo puedan resultar de una investigación o análisis. No puede por lo tanto utilizarse para requerir un informe de expertos. Ni, por ejemplo, para solicitar a una autoridad que haga una comparación automatizada de información (verificación asistida por ordenador) para identificar a una persona. Por contra, el exhorto europeo de obtención de pruebas debe utilizarse cuando en el Estado requerido haya pruebas directamente disponibles por ejemplo extrayéndolas de un registro (como puede ser un registro de condenas penales). El exhorto europeo de obtención de pruebas debe también utilizarse para solicitar datos sobre la existencia de cuentas bancarias (según lo también previsto por el artículo 1 del Protocolo de 2001) cuando tales datos estén disponibles en el Estado requerido.

32. Sin embargo, el exhorto europeo de obtención de pruebas puede utilizarse con el fin de obtener objetos, documentos o datos que pertenezcan a las categorías excluidas a condición de que ya se hubieran obtenido antes de la expedición del exhorto. En tales casos, será posible obtener los informes existentes de las comunicaciones interceptadas, vigilancia, interrogatorios a sospechosos, declaraciones de testigos y resultados de pruebas del ADN.

33. Dado que la propuesta de Decisión marco tiene como finalidad sustituir el régimen existente de asistencia judicial, su ámbito de aplicación deberá ser lo mismo que el del Convenio UE 2000. Esto significa que el exhorto europeo de obtención de pruebas se podrá utilizar:

(a) respecto a cualquier delito; y

(b) respecto a los actos penados en el Ordenamiento jurídico del Estado miembro requirente por ser infracciones de la normativa legal, y cuando la decisión pueda dar lugar a un procedimiento ante un órgano jurisdiccional competente, en particular, en materia penal.

1.7. Formas de aplicación del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones de obtención pruebas

34. La propuesta de la Comisión relativa a un exhorto europeo de obtención de pruebas adopta el mismo enfoque respecto al reconocimiento mutuo que la Decisión marco sobre la Orden de detención europea [18]. Esto supone varias ventajas sobre el planteamiento adoptado en la Decisión marco sobre las resoluciones de embargo preventivo.

[18] DO L 190, de 18.7.2002, p.1.

35. Primero, es más práctico. Un exhorto europeo de obtención de pruebas debe implicar una cooperación más rápida y más efectiva que un sistema de reconocimiento mutuo basado en la combinación de una resolución nacional y de un certificado europeo. El exhorto europeo de obtención de pruebas es un documento único traducido por el órgano requirente en una lengua oficial del Estado requerido. Ninguna otra traducción es necesaria. En cambio, la Decisión marco sobre las resoluciones de embargo preventivo se basa en el reconocimiento mutuo de resoluciones nacionales complementadas mediante un certificado europeo estándar anexo a la Decisión. Aunque se requiere que el Estado requirente traduzca únicamente el certificado en una lengua oficial del Estado requerido, en la práctica es probable que muchos de estos Estados miembros consideren necesario que también se traduzca la resolución original nacional. Es probable que esta traducción adicional suponga una cooperación más lenta.

36. En segundo lugar, como se explica en la sección 1.1, una "resolución para obtener pruebas" tiene muchos diversos significados en las leyes procesales de los Estados miembros. Abarca desde la petición de un fiscal de presentar pruebas a medidas más coercitivas tales como una resolución judicial dictada con el fin del allanamiento y registro de locales privados. El reconocimiento mutuo de los tipos específicos de resoluciones nacionales de obtención de pruebas puede por lo tanto suponer que se requiera al Estado requerido que lleve a cabo un registro e incautación en circunstancias en las que utilizaría normalmente mecanismos menos conminatorios tales como los poderes generales de un fiscal o de una resolución de presentación de pruebas.

37. Por esta razón, la propuesta de un exhorto europeo de solicitud de pruebas permite al Estado requirente especificar sólo el objetivo deseado (es decir, obtener pruebas específicas), y deja al Estado requerido que las obtenga de conformidad con su legislación procesal nacional. Aunque sea obligatorio conforme al exhorto europeo de obtención de pruebas obtenerlas, se deja que el Estado requerido determine, habida cuenta de la información suministrada por el Estado requirente, la manera más apropiada de hacerlo de conformidad con su legislación procesal nacional.

1.8. Sustitución de la asistencia judicial por el reconocimiento mutuo

38. A pesar de sus ventajas, el exhorto europeo de obtención de pruebas no cambia el hecho de que los profesionales de la justicia necesitan recurrir a una gran variedad de instrumentos de cooperación para obtener pruebas de otros Estados miembros. Es evidente que el exhorto europeo de obtención de pruebas supone el inconveniente de que el profesional tenga que acudir a diferentes tipos de instrumentos para diversos aspectos del mismo caso (por ejemplo, un exhorto europeo de obtención de pruebas para objetos y documentos, pero una solicitud de asistencia judicial para tomar declaraciones un testigo).

39. Es, por tanto, necesario dejar en claro que la Comisión considera el exhorto europeo de obtención de pruebas como el primer paso hacia un único instrumento de reconocimiento mutuo que en su momento sustituirá al actual régimen de asistencia judicial. Los pasos hacia un único instrumento podrían ser los siguientes.

- El primer paso sería el exhorto europeo de obtención de pruebas, que prevé la obtención de los elementos de prueba que existen ya y que están directamente disponibles.

- La próxima etapa sería prever el reconocimiento mutuo de resoluciones para la obtención de otros tipos de pruebas. Éstas pueden dividirse en dos categorías.

- Primero, aquellas que no existen todavía pero que están directamente disponibles. Esto incluye la obtención de pruebas mediante declaraciones de sospechosos, testigos o expertos, y a través de la intervención de llamadas telefónicas o control de transacciones bancarias.

- En segundo lugar, hay los elementos de prueba que, aunque existan, no están directamente disponibles sin una investigación o análisis. Esto incluye el tomar de pruebas del cuerpo de una persona (tales como muestras del ADN). Esta categoría también incluye situaciones que requieren otras investigaciones, en especial mediante la obtención o análisis de objetos, documentos o de datos existentes. Un ejemplo es encargar un informe a expertos.

- En una etapa final estos actos separados podrán reunirse en un solo instrumento consolidado que incluirá una parte general con disposiciones aplicables a toda cooperación.

40. Este instrumento consolidado en la UE sustituirá a la asistencia judicial mutua de la misma manera que hará la orden de detención europea con la extradición. El mosaico existente de convenios internacionales y de la UE que rigen la obtención transfronteriza de pruebas en la UE será reemplazado de esta manera por las disposiciones de un cuerpo legal UE. Lograr este objetivo final ahora mediante un solo instrumento sería, sin embargo, demasiado complejo. Esta propuesta se limita por lo tanto a un primer paso.

1.9. Salvaguardias mínimas

41. El Artículo 6 del Tratado de la Unión Europea estipula que Unión respetará los derechos fundamentales , tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) y tal y como resultan del las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Por otra parte, en diciembre de 2000, la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento firmaron conjuntamente y proclamaron solemnemente la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. La Carta cubre toda la gama de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos, sintetizando las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros. Afirma que el respeto a los derechos fundamentales constituirá la base de toda legislación europea.

42. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido la importancia de la confianza mutua, que es la base de la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, sosteniendo que el principio de ne bis in idem consagrado en el artículo 54 del Convenio de Schengen de 1990 implica que "existe una confianza mutua de los Estados miembros en sus respectivos sistemas de justicia penal y que cada uno de ellos acepte la aplicación del Derecho penal vigente en los demás Estados miembros, aun cuando la aplicación de su propio Ordenamiento jurídico conduzca a una solución diferente." [19] El principio ne bis in idem es una salvaguardia y el artículo 54 no condiciona su aplicación a la aproximación de las legislaciones penales de los Estados miembros. Sin embargo, en el diverso campo de la cooperación judicial, en especial cuando estén previstas medidas coercitivas, la Comisión considera que la construcción de la confianza mutua debe ser fomentada por una acción específica en el ámbito de la Unión para lograr un nivel mínimo común de salvaguardias.

[19] Asuntos acumulados C -187/01 y C -385/01, Gözütok y Brügge, sentencia de 11 de febrero de 2003, en el apartado 33.

43. La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 26 Julio 2000 sobre el Reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en materia penal [20] expresó que "debe, por lo tanto, garantizarse que no solamente el trato de sospechosos y los derechos de defensa no se resientan de la aplicación del principio [de reconocimiento mutuo], sino que las salvaguardias incluso mejorarán a lo largo del proceso".

[20] COM (2000) 495 final, 26.7.2000

44. Esto se aprobó en el Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal [21], adoptado por el Consejo y la Comisión, que declara que "el alcance del reconocimiento mutuo depende estrechamente de la existencia y del contenido de determinados parámetros que condicionan la eficacia del ejercicio", uno de los cuales es la "definición de las normas mínimas comunes necesarias para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo".

[21] DO C 12, de 15.1.2001, p. 10.

45. Para impulsar estos compromisos, la Comisión adoptó en febrero de 2003 un Libro Verde sobre Garantías procesales para sospechosos e inculpados en procedimientos penales [22]. El Libro Verde subrayó el hecho de que los Estados miembros de la UE son todos signatarios del tratado principal sobre estas normas, el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), al igual que todos los Estados en fase de adhesión y los candidatos, por lo que ya existe el mecanismo para lograr la confianza mutua. Sin embargo, el Libro Verde manifestaba que las divergentes prácticas implicaban el riesgo de perturbar la confianza mutua, lo cual justifica que la UE que adopte medidas relativas a las normas procesales de conformidad con el artículo 31 TUE.

[22] COM (2003) 75 final, 19.2.2003

46. El Libro Verde no aborda el problema de las garantías procesales para obtener pruebas mediante los poderes coercitivos contemplados por la presente Decisión marco. Sin embargo, en la línea del planteamiento general del Libro Verde, esta propuesta contiene garantías específicas para que los Estados requirentes y requeridos aumenten la eficacia, consistencia y transparencia de algunas de las normas pertinentes para obtener pruebas en la UE.

47. En el Estado requirente, la autoridad judicial se limita a magistrados, jueces de instrucción o fiscales. Es también necesario asegurar la equivalencia con el ordenamiento procesal penal del Estado requirente cuando se trate de pruebas obtenidas en otro Estado miembro. Por esta razón, el órgano jurisdiccional que expide un exhorto europeo de obtención de pruebas deberá estar segura de que podría obtener los objetos, documentos o datos en circunstancias similares si estuvieran en el territorio de su propio Estado miembro. Esto evita que el exhorto europeo de obtención de pruebas se utilice para eludir garantías nacionales en la obtención de pruebas. Como ejemplo, esto impide la utilización del exhorto europeo de obtención de pruebas para acceder a objetos, documentos o datos del Estado requerido que serían imposible obtener en el Estado requirente al estar protegidos por el secreto profesional en el caso de abogados, médicos o periodistas.

48. En el Estado requerido, hay que garantizar la protección del derecho fundamental de no autoincriminación, así como la existencia de garantías adicionales en cuanto al registro e incautación. Cuando se utilicen medidas coercitivas para obtener los elementos de prueba, es esencial que existan recursos efectivos tanto en el Estado requirente como en el requerido. Otras garantías son los motivos de denegación de ejecutar el exhorto europeo de obtención de pruebas.

1.10. Obtención de antecedentes penales

49. En su Comunicación sobre el reconocimiento mutuo [23], la Comisión indicó la necesidad de conocer las resoluciones dictadas en otros Estados miembros. Como primera fase, la Comisión propuso la "preparación de formularios multilingües europeos comunes que podrían utilizarse para pedir información sobre los antecedentes penales existentes. Utilizando tales formularios, los profesionales podrían enviar una solicitud de información a las autoridades competentes (deseablemente centrales) de los demás Estados miembros de la UE para saber si la persona con quien tratan tiene allí antecedentes penales."

[23] COM (2000) 495 final, 26.7.2000

50. Esto se reflejó posteriormente en la Medida 3 del Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal [24]:

[24] DO C 12, de 15.1.2001, p. 10.

"Medida 3: Para facilitar la información mutua, elaborar un modelo de solicitud de antecedentes judiciales traducido a las lenguas de la Unión [...] sobre la base del modelo elaborado en el marco de las instancias de Schengen".

51. El Convenio de 1959 [25] proporciona el marco básico para el intercambio de antecedentes penales entre las autoridades judiciales. Prevé dos tipos de intercambio: información que debe proporcionarse previa solicitud (artículo 13); y la comunicación automática de las condenas judiciales de ciudadanos de otras partes contratantes (artículo 22). El artículo 4 del Protocolo Adicional de 1978 [26] al Convenio de 1959 añadió un segundo párrafo al artículo 22 que contempla la información que debe proporcionarse, de nuevo previa petición, para completar la comunicación automática conforme al primer párrafo del artículo 22.

[25] Consejo de Europa, serie Tratados europeos número 30 .

[26] Consejo de Europa, serie Tratados europeos número 99 .

52. El apartado del 1 del artículo 13 del Convenio de 1959 estipula que "Toda Parte requerida comunicará, en la medida en que sus propias autoridades judiciales puedan obtenerlos en casos semejantes, los extractos o información relativa a antecedentes penales que soliciten las autoridades judiciales de una Parte Contratante y sean necesarios en una causa penal". El término "antecedentes penales" se refiere a sentencias condenatorias penales.

53. Habiendo considerado la posibilidad de un formulario estándar para solicitudes de antecedentes penales, la Comisión ha decidido que es mejor combinarlo con el de la presente Decisión marco destinado a obtener objetos, documentos y otros datos. Por lo tanto se propone que la presente Decisión marco se utilice para implementar la medida 3 del Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal.

54. Esto significa que el actual régimen de asistencia judicial sobre antecedentes penales será sustituido por un sistema que obliga al Estado de requerido a presentar tales documentos. El procedimiento para obtener tales documentos será el mismo que para documentación más general conforme el exhorto europeo de obtención de pruebas. Esta propuesta por lo tanto requiere que los antecedentes penales en un Estado miembro deban estar disponibles para un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro en cuanto a cualquier persona relacionada con el procedimiento y en cualquier etapa del mismo (cuestiones prejudiciales, sentencia y su ejecución).

55. Se propone que los Estados miembros estén obligados a establecer un "organismo central de antecedentes penales" para tramitar los exhortos europeos que los solicitan. Cuando la información solicitada se refiera únicamente a antecedentes penales, el órgano requirente enviará el formulario anejo a la presente Decisión marco directamente a dicho organismo central. Sin embargo, cuando el órgano requirente requiera una gama amplia de objetos, documentos o datos incluidos los antecedentes penales, puede ser más práctico que un órgano jurisdiccional del Estado requerido coordine la recopilación de esta información y se encargue de obtener los antecedentes penales del organismo central. Se requiere por lo tanto flexibilidad para permitir que las autoridades requirentes y requeridas determinen la manera más apropiada de cooperar en tales situaciones.

1.11. Admisibilidad mutua de los elementos de prueba

56. El Consejo Europeo en Tampere de 1999 concluyó que "las pruebas obtenidas legalmente por las autoridades de un Estado miembro deberán ser admisibles ante los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros, teniendo en cuenta la normativa que se aplique en ellos".

57. Libro Verde de la Comisión sobre la creación de un fiscal europeo [27] abordó el problema de la admisibilidad mutua de los elementos de prueba. En resumen, el Libro Verde concluyó que "La condición previa para la admisibilidad mutua de las pruebas es que éstas se hayan obtenido legalmente en el Estado miembro donde se encuentran. El Derecho que debe respetarse so pena de exclusión de los elementos de prueba será principalmente el Derecho nacional del lugar donde se encuentren los elementos de prueba". Se presentaron varios comentarios en respuesta a la cuestión del Libro Verde sobre la admisibilidad mutua de los elementos de prueba [28]. Este aspecto también se discutió en la audiencia pública sobre el fiscal europeo del 16-17 de septiembre de 2002 y en los seminarios subsiguientes.

[27] COM (2001) 715 final, 11.12.2001

[28] Informe de seguimiento del Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad y la creación de un fiscal europeo, COM (2003) 128 final, 19.3.2003, en la página 18.

58. La presente propuesta de Decisión marco no aborda directamente el problema de la admisibilidad mutua de los elementos de prueba. Esto se debe a que los expertos consultados han considerado que se necesitaba más trabajo preparatorio ulterior. Sin embargo, la propuesta se dirige a facilitar la admisibilidad de los elementos de prueba obtenidos en el territorio de otro Estado miembro.

59. Primero, la admisibilidad de los elementos de prueba se facilitará mediante algunas salvaguardias procesales para proteger los derechos fundamentales.

60. Segundo, la admisibilidad deberá facilitarse manteniendo y aclarando el enfoque del artículo 4 del Convenio UE 2000 [29]. Este establece un nuevo principio conforme al cual el Estado requerido deberá proporcionar asistencia de conformidad con los trámites y procedimientos indicados expresamente por el Estado miembro requirente. El Estado requerido podrá negarse a cumplir con estos requisitos sólo cuando sean contrarios a sus principios jurídicos fundamentales o el propio convenio declare expresamente que la ejecución de solicitudes se rige por la ley del Estado requerido. Esto es también coherente con el planteamiento del Reglamento del Consejo sobre la obtención de pruebas en materia civil o mercantil [30]. Por lo que se refiere a las cuatro formalidades específicas (letras (a) - (d) del artículo 13) cuyo cumplimiento puede ser exigido por el órgano requirente, la presente Decisión marco va más allá que el Convenio 2000 al suprimir la posibilidad de negarse a cumplir con las mismas.

[29] Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 197, 12.7.2000, p. 1.

[30] Reglamento (CE) del Consejo nº 1206/2001 de 28 de mayo de 2001 relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, DO . L 174 de 27.6.2001, p. 1.

61. Tercero, según se ha dicho anteriormente, se propone que el exhorto europeo de obtención de pruebas se expida sólo cuando al órgano requirente le conste que podría obtener los objetos, documentos o datos en circunstancias similares si estuvieran en el territorio de su propio Estado miembro. Esto deberá también facilitar la admisibilidad subsiguiente de los objetos, documentos o datos como pruebas en los procedimientos en el Estado requirente.

62. Cuarto, el órgano requerido deberá informar inmediatamente al requirente cuando considere que el exhorto es contrario a su Ordenamiento jurídico. Esta obligación deberá proporcionar un garantía más de que los elementos de prueba se obtuvieron legalmente, y facilitará por lo tanto su admisibilidad en los órganos jurisdiccionales del Estado requirente.

1.12. Problemas de jurisdicción asociados con datos informáticos

63. El exhorto europeo de obtención de pruebas podrá utilizarse respecto a documentos y datos almacenados en soporte informático. De hecho, es razonable anticipar que una proporción significativa de los casos en que se utilice el exhorto se referirá a datos informáticos.

64. En principio, no debe haber ninguna diferencia entre un documento en soporte informático y un documento en soporte físico.in embargo, hay una diferencia en cuanto a la competencia. Por ejemplo, algunas empresas multinacionales almacenan los datos informatizados sobre sus clientes de un Estado miembro en un servidor situado en otro Estado miembro. Es probable que el Estado requirente envíe el exhorto europeo de obtención de pruebas al Estado miembro en que reside el cliente en vez de al Estado miembro donde se encuentra el servidor.En estos casos, es importante que haya claridad legal para asegurarse de que los elementos de prueba pueden obtenerse sin necesidad de solicitar el acuerdo del Estado miembro donde esté situado el servidor.Esto aumentará la eficacia de las investigaciones transfronterizas y proporcionará claridad legal a las empresas.

65. Estas cuestione se debatieron (y, hasta cierto punto, se encontraron soluciones) en el contexto del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa de 2001 [31]. En especial, su artículo 18 proporciona una orden de presentación para requerir a una persona que comunique determinados datos informáticos que "posea o que se encuentren bajo su control" , o de requerir que un proveedor de servicios que ofrezca sus prestaciones en el territorio de una parte comunique los datos que "posea o que se encuentren bajo su control" relativos a los abonados en conexión con dichos servicios. En el informe explicativo al Convenio, se indica que su objetivo es cubrir aquellas situaciones en que los datos que deben presentarse estén fuera de la posesión física de la persona pero que puede no obstante libremente controlar su presentación en el territorio del Estado.

[31] Consejo de Europa, serie Tratados europeos número 185.

66. La presente Decisión marco aspira a ir más allá del Convenio sobre la Ciberdelincuencia 2001 resolviendo parte de las cuestiones jurisdiccionales que surgen en cuanto a la obtención de datos informáticos contenidos en servidores en la Unión Europea. Aclara que es legal que el Estado requerido obtenga los datos informáticos que son legalmente accesibles en su territorio y se refieren a servicios proporcionados a su territorio, aunque se almacenen en el territorio de otro Estado miembro. La Decisión marco no afecta a otros problemas jurisdiccionales relacionados con los datos informáticos, en especial cuando intervienen terceros países.

2. Base jurídica

67. La base jurídica de esta propuesta se encuentra en el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea (TUE), tal como fue modificado por el Tratado de Niza, que trata de la acción común sobre cooperación judicial en materia penal. Aspira a la "facilitación y aceleración de la cooperación entre los ministerios y las autoridades judiciales o equivalentes competentes de los Estados miembros, también, cuando así convenga, mediante Eurojust, en relación con las causas y la ejecución de resoluciones" (letra a) del apartado 1 del artículo 31). También prevé "la consecución de la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros, en la medida necesaria para mejorar dicha cooperación" (letra c) apartado 1 del artículo 31), en especial por el prever una cierta aproximación de normas procesales mínimas en los Estados miembros para incrementar la confianza mutua. La Decisión marco también intenta fomentar la cooperación con Eurojust y la Red Judicial Europea conforme al apartado 2 del artículo 31 TUE.

68. La Comisión considera que esta propuesta constituye un desarrollo del acervo de Schengen [32]. Completa el artículo 51 del Convenio de Schengen [33] mejorando la cooperación en cuanto a registro y embargo. También contiene disposiciones que se basan en los artículos 3, 6 y 23 del Convenio UE 2000 [34], que el Consejo ha decidido que representan un desarrollo del acervo Schengen.

[32] Con la consecuencia que es necesario asociar Islandia y a Noruega: Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, DO L 176, 10.7.1999, p. 36; Decisión del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del acervo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del Acuerdo de Schengen, DO L 176, 10.7.1999, p. 31.

[33] Convenio de aplicación 19 de junio de 1990 relativo a la implementación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, DO L 239, 22.9.2000, p. 19.

[34] Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 197, 12.7.2000, p. 1.

3. Ficha financiera

69. La implementación de la Decisión marco propuesta no supondrá ningún gasto operativo adicional a cargo de los presupuestos de los Estados miembros o de la Comunidad Europea.

4. Explicación de los artículos:

Título I - El exhorto europeo de obtención de pruebas

Artículo 1 - Definición del exhorto europeo de obtención de pruebas y obligación de ejecutarlo

70. Este artículo adopta el mismo planteamiento que el artículo 1 de la Decisión marco relativa a la orden de detención europea [35]. Establece el exhorto europeo de obtención de pruebas como acto judicial expedido por un Estado miembro con objeto de obtener objetos, documentos y datos de otro Estado miembro para los procedimientos mencionados en el artículo 4. Contiene la obligación de los Estados miembros de ejecutar el exhorto europeo de obtención de pruebas sobre la base del principio de reconocimiento mutuo.

[35] DO L 190, de 18.7.2002, p.1.

Artículo 2 - Definiciones

71. Este artículo establece las definiciones de Estado requirente, Estado requerido, órgano requirente, y órgano requerido. Es importante observar que el órgano requirente debe ser un magistrado, un juez de instrucción o un fiscal. No se permite que otras autoridades competentes (incluidas las policiales, aduaneras y administrativas) expidan un exhorto europeo de obtención de pruebas. Tales autoridades deben obtener una decisión de un magistrado, un juez de instrucción o un fiscal para hacer expedir el exhorto europeo de obtención de pruebas.

72. Para ayudar a la interpretación del título IV relativo a la competencia para obtener datos en las redes de comunicaciones electrónicas, este artículo contiene las definiciones de "sistema de información" y de "datos informáticos" que se toman del proyecto de Decisión marco relativa a los ataques de los que son objeto los sistemas de información [36]. También contiene una definición de los servicios de comunicaciones electrónicas que coincide con la adoptada por la Directiva CE 2002 relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas [37].

[36] El consenso - incluidas las definiciones - se alcanzó en este proyecto de Decisión marco en el Consejo de Justicia e Interior del 27 y 28 de febrero de 2003.

[37] Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco)

73. Finalmente, este artículo define "delito" como una acción punible conforme al Derecho del Estado requirente por estar tipificada en sus leyes, a condición de que la decisión pueda dar lugar a un procedimiento ante un órgano jurisdiccional competente en especial en materia penal. Esto significa que tales infracciones, cubiertas por el actual régimen de doble incriminación del artículo 51 del Convenio de Schengen de 1990 [38], también lo están por el régimen de doble incriminación de esta propuesta (artículos 16 y 24).

[38] Convenio de aplicación 19 de junio de 1990 relativo a la implementación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, DO L 239, 22.9.2000, p. 19.

Artículo 3 - Tipos de objetos, documentos o datos cubiertos

74. Este artículo define los tipos de objetos, documentos o datos para los cuales puede expedirse el exhorto europeo de obtención de pruebas. Cubre cualquier objeto, documento o dato que pueda utilizarse en los procedimientos recogidos en el artículo 4. Se basa en la definición de elemento de prueba contenida en la Decisión marco sobre resoluciones de embargo preventivo.

75. Sin embargo, no se permite que se utilice el exhorto europeo de obtención de pruebas para emprender la siguiente acción:

(a) obtener pruebas mediante declaraciones u otros tipos de interrogatorios (incluidas las conferencias y las videoconferencias telefónicas) con sospechosos, testigos, expertos o a cualquier otra parte;

(b) obtener pruebas del cuerpo de una persona, en especial muestras de ADN (del pelo, de la boca o sangre de la persona);

(c) pruebas en tiempo real tales como las obtenidas mediante la intervención de comunicaciones, la vigilancia discreta o el control de cuentas bancarias; y

(d) pruebas que requieran otras investigaciones, en especial la recopilación o análisis de objetos, documentos o datos existentes.

76. La cooperación respecto a estros tipos de pruebas está regulada por los acuerdos de asistencia judicial , en especial el Convenio UE de 2000 [39] y su Protocolo de 2001 [40]. A su debido tiempo, habrá que sustituir estas formas de cooperación por un sistema basado en el principio de reconocimiento mutuo. Pero éste no es el propósito de la presente Decisión marco.

[39] Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 197, 12.7.2000, p. 1.

[40] Acto del Consejo, de 16 de octubre de 2001, por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO n° C 326 de 21/11/2001 p.1

77. Sin embargo, este artículo permite que se utilice el exhorto europeo para obtener elementos de prueba que formando parte de estas categorías se hayan recopilado antes de la expedición del exhorto. Por ejemplo, obtener una declaración dada previamente por un sospechoso a una autoridad de investigación en el Estado requerido respecto a una instrucción anterior realizada por ese Estado. También cubre documentos históricos de intervención de comunicaciones, vigilancia o control de cuentas bancarias.

Artículo 4 - Tipo de procedimientos para los que puede usarse el exhorto europeo de obtención de pruebas

78. Este artículo establece el tipo de procedimientos para los que puede expedirse la garantía europea de los elementos de prueba. Se puede utilizar para procedimientos penales, así como para los contencioso-administrativos en infracciones con derecho recurso de apelación ante un órgano jurisdiccional penal. En su campo de aplicación entran también aquellos procedimientos que se refieran a los delitos o infracciones por las cuales una persona jurídica puede ser responsable en el Estado requirente.

79. Así se garantiza que la propuesta tenga el mismo alcance que los actuales instrumentos relativos a la asistencia judicial en materia penal en la Unión Europea, en especial como resultado del Convenio UE 2000 [41].

[41] Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 197, 12.7.2000, p. 1.

Artículo 5 - Contenido y forma del Exhorto europeo de obtención de pruebas

80. Este artículo establece que el exhorto europeo de obtención de pruebas se expida de conformidad con el formulario estándar A del anexo a la Decisión marco. Debe estar firmado, y su contenido certificado como exacto, por el órgano requirente (es decir, por un magistrado, un juez de instrucción, o un fiscal).

81. El exhorto europeo de obtención de pruebas debe ser traducido por el Estado requirente a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado requerido. El Estado requerido puede aceptar traducciones en otras lenguas oficiales de la UE presentando una declaración a la Secretaría General del Consejo. Éste es el mismo planteamiento que el de otros instrumentos de reconocimiento mutuo, incluida la orden de detención europea.

Título II - Procedimientos y salvaguardias para el Estado requirente

Artículo 6 - Condiciones expedir el exhorto europeo de obtención de pruebas

82. Este artículo establece algunas salvaguardias mínimas importantes para contribuir a proteger derechos fundamentales.

83. Garantiza que el exhorto europeo de obtención de pruebas se expedirá sólo si al órgano requirente le consta que se han cumplido las siguientes condiciones:

(a) los objetos, documentos o datos requeridos son necesarios y proporcionados con el fin del procedimiento para el cual se expide el exhorto. Se trata con ello evitar intrusiones innecesarias en la intimidad así como situaciones en que, por ejemplo, se requiera una cantidad desproporcionada de documentos para la instrucción de una simple infracción. El formulario A anejo a la Decisión prevé que el órgano requirente debe incluir una descripción del delito(s) investigado(s), los motivos pertinentes para expedir el exhorto y un resumen de los hechos que conoce.

(b) Los objetos, documentos o datos deberían poderse obtener conforme a la ley del Estado requirente en circunstancias similares si estuvieran disponibles en su territorio. Esto evita que el exhorto europeo de obtención de pruebas se utilice para soslayar las protecciones que el Ordenamiento jurídico del Estado requirente impone para obtener ciertos tipos de objetos, documentos y datos, por ejemplo material sujeto al secreto profesional. Por esta razón, el formulario A contiene una sección específica sobre si los objetos, documentos y datos son reservados o sujetos al secreto profesional. Sin embargo, este apartado no significa que las mismas medidas procesales deban valer para tanto el Estado requirente como el requerido. Así, en el Estado requirente puede ser necesario obtener una orden específica para registrar los locales de un tercero al objeto de obtener pruebas, mientras que el Estado requerido puede tener un procedimiento que permita requerir a un tercero que exhiba los elementos de prueba sin recurrir a un registro.

(c) los objetos, documentos y datos deben ser admisibles en los procedimientos para los que se requieren. Esto evita que el exhorto europeo de obtención de pruebas se utilice para soslayar las protecciones del Ordenamiento jurídico del Estado requirente en cuanto a admisibilidad de pruebas, particularmente si en el futuro se adoptan nuevas medidas sobre la admisibilidad mutua de los elementos de prueba obtenidas de conformidad con el exhorto europeo de obtención de pruebas .

84. El formulario A del anexo también requiere que el órgano requirente especifique, si lo sabe, la identidad de la persona natural o jurídica de la que se requieren los objetos, documentos o datos así como la(s) persona (s) que se cree que los poseen.

Artículo 7 - Transmisión del exhorto europeo de obtención de pruebas

85. Este artículo prevé la transmisión directa del exhorto europeo de obtención de pruebas entre los órganos jurisdiccionales competentes. Este principio fue establecido por el artículo 6 del Convenio UE 2000 [42]

[42] {0>Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union, OJ C 197, 12.7.2000, p. 1.<}100{>Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 197, 12.7.2000, p. 1.<0}

86. Cuando no se conozca el órgano requerido competente, se establece que se utilice la Red Judicial Europea. Si la autoridad que recibe el exhorto europeo de obtención de pruebas no es competente para conocerlo y ejecutarlo, debe trasladarlo al órgano jurisdiccional competente para su ejecución e informar al organismo requirente.

Artículo 8 - Organismo central de antecedentes penales

87. Este artículo estipula que cada Estado miembro deberá establecer un organismo central con el fin de obtener una copia de cualquier documento oficial de una condena penal, y medidas subsiguientes, de personas naturales o jurídicas. El propósito es asegurarse de que un exhorto europeo de obtención de pruebas limitada a la obtención de una copia de antecedentes penales pueda enviarse directamente a una autoridad que controla, o al menos tiene acceso, los documentos oficiales de sentencias condenatorias penales.

Artículo 9 - Exhorto para pruebas complementarias

88. Este artículo aborda la necesidad de tratar las peticiones múltiples de objetos, documentos o datos en cuanto a la misma investigación. Una disposición similar se encuentra en el artículo 6 del 2001 Protocolo [43] del Convenio UE 2000 .

[43] Acto del Consejo, de 16 de octubre de 2001, por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO n° C 326 de 21/11/2001 p.1

89. Para evitar la duplicación de esfuerzos, el órgano requirente podrá utilizar el impreso B del anexo para obtener los objetos, documentos o datos complementarios a un anterior exhorto europeo de obtención de pruebas expedido para el mismo procedimiento. No se requiere un nuevo exhorto europeo de obtención de pruebas, a condición de que el contenido del exhorto original (en especial los hechos conocidos al órgano requirente y a la identidad de la persona (s) respecto a la que se requieren los objetos, documentos o datos) no haya variado.

90. Se requiere que el Estado requerido tramite con tal exhorto de pruebas complementarias de la misma manera que el original.

91. Si el órgano requirente competente participa en la ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas en el Estado requerido, puede enviar un exhorto de pruebas complementarias directamente al órgano requerido siempre que esté presente en ese Estado.

Artículo 10 - Condiciones del uso de datos personales

92. Este artículo se basa el artículo 23 del Convenio UE 2000 [44] . Complementa la protección ofrecida por el Convenio Consejo de Europa 1981 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal [45]. El convenio de 1981, ratificado por todos los Estados miembros, establece que los datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento automatizado pueden entre otras cosas sólo registrarse y utilizarse para finalidades determinadas y legítimas excepto cuando constituya una medida necesaria en una sociedad democrática para proteger la seguridad del Estado, de la seguridad pública o para la represión de infracciones. La Directiva CE de 1995 relativa a la protección de datos no se aplica a la cooperación judicial en materia penal [46].

[44] Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 197, 12.7.2000, p. 1.

[45] Consejo de Europa, serie Tratados europeos número 108 .

[46] Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, 25.11.95, p.31)

93. La limitación propuesta en este artículo sigue el enfoque del apartado 1 del artículo 23 del Convenio UE 2000.

94. En el contexto de un caso particular, el Estado requerido puede también pedir al Estado miembro al cual se han trasladado los datos personales que proporcione información sobre el uso que se les haya dado. Esta petición de apaortar información sobre el uso dado a los datos está en la línea del apartado 3 del artículo 23 del Convenio UE 2000.

95. El apartado 4, en la línea de apartado 6 del artículo 23 del Convenio UE 2000, excluye del ámbito del artículo 10 los datos personales obtenidos por un Estado miembro conforme la Decisión marco que provengan de ese Estado miembro.

Título III - Procedimientos y salvaguardias para el Estado requerido

Artículo 11 - Reconocimiento y ejecución

96. Este artículo requiere que las autoridades competentes del Estado requerido reconozcan un Exhorto europeo de obtención de pruebas sin exigir otro tipo de formalidades y adopten inmediatamente las medidas necesarias para su ejecución. La ejecución del exhorto debería llevarse a cabo igual que si los objetos, documentos o datos fueran obtenidos por una autoridad del Estado requerido.

Artículo 12 - Salvaguardias para la ejecución

97. Este artículo garantiza que el exhorto europeo de obtención de pruebas se ejecute de conformidad con las siguientes condiciones mínimas:

(a) los medios necesarios para obtener los objetos, documentos o datos deberán ser lo menos incisivos posible;

(b) no se deberá exigir a una persona física que aporte objetos, documentos o datos que puedan suponer una autoincriminación; y

(c) el órgano requirente deberá ser informado inmediatamente cuando el órgano requerido descubra que el exhorto se hubiere ejecutado de manera contraria a la legislación del Estado requerido.

98. Las siguientes salvaguardias adicionales se proporcionan en cuanto al registro y la incautación:

(a) un registro de locales privados no deberá empezar de noche, a menos que sea excepcionalmente necesario debido a las circunstancias particulares del caso;

(b) una persona cuyos locales hayan sido registrados deberá recibir notificación escrita de ello. Esta deberá constar, como mínimo, de la razón del registro, de los objetos, documentos o datos incautados y de los recursos legales existentes; y

(c) en ausencia de la persona cuyos locales se estén registrando, la notificación se le deberá proporcionar dejándola en los locales o por otros medios apropiados.

Artículo 13 - Formalidades que deben seguirse en el Estado requerido

99. Este artículo permite al órgano requirente solicitar al órgano requerido que observe ciertas formalidades para la ejecución del exhorto. Contiene cuatro formalidades específicas:

(a) Cuando el órgano requirente considere que hay un riesgo serio de que los objetos, documentos o datos buscados puedan alterarse, trasladarse o destruirse, el órgano requirente podrá requerir que el órgano requerido utilice medidas coercitivas para ejecutar el exhorto. Esto se hace para garantizar que el órgano requerido obtenga los objetos, documentos y datos sin que se alteren o se destruyan evitando, por ejemplo, depender de la cooperación voluntaria de la parte que los posee. Un requisito de este tipo debe justificarse en el formulario A del anexo.

(b) La realización de una investigación, y su contenido, se mantendrán en secreto excepto en el grado necesario para la ejecución del exhorto. Similares obligaciones de confidencialidad pueden encontrarse en el artículo 4 del Protocolo [47] 2001 del Convenio UE 2000 por lo que se refiere al control e información de transacciones bancarias, y en el artículo 33 del 1990 Convenio europeo relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito [48].

[47] Acto del Consejo, de 16 de octubre de 2001, por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO n° C 326 de 21/11/2001 p.1

[48] Consejo de Europa, serie Tratados europeos número 141 .

(c) El Estado requerido deberá permitir que una autoridad competente del Estado requirente, o una parte interesada nombrada por el órgano requirente esté presente durante la ejecución del exhorto. Esto basa en el artículo 4 del Convenio 1959 [49]. Sin embargo, a diferencia del Convenio de 1959 se propone que el Estado requerido no pueda negarse a aceptar la presencia de tales partes. Por otra parte, el Estado requerido deberá permitir que la autoridad del Estado requirente presente tenga el mismo acceso que el órgano requerido a cualquier objeto, documento o dato obtenido a consecuencia de la ejecución del exhorto . La razón de esto es procurar que la presencia del órgano requirente tenga cierto valor práctico especialmente con objeto de expedir un exhorto de pruebas complementarias de conformidad con el apartado 3 del artículo 9.

[49] Consejo de Europa, serie Tratados europeos número 30 .

(d) El órgano requirente debería poder exigir que el órgano requerido documente quién ha tenido acceso a los elementos de prueba desde la ejecución del exhorto a su transferencia al Estado requirente. De esta forma se podrá demostrar la integridad de la "cadena de pruebas".

100. La letra e) sigue el enfoque del artículo 4 del Convenio UE 2000 [50]. Permite al órgano requirente que requiera que el órgano requerido cumpla con otros trámites y procedimientos especificados expresamente indicados por él, a menos sean contrarios a los principios fundamentales del Derecho del Estado requerido. Por ejemplo, un órgano requirente que pretenda la incautación y el traslado de datos informáticos deberá indicar las formalidades y de los procedimientos que garanticen su seguridad e integridad.

[50] Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 197, 12.7.2000, p. 1.

Artículo 14 - Obligación de información

101. Este artículo se basa el artículo 5 del Protocolo [51] 2001 del Convenio UE 2000. Requiere que el órgano requerido, en el curso de la ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas , informe sin demora al órgano requirente si considera que puede ser necesario realizar investigaciones no previstas inicialmente.

[51] Acto del Consejo, de 16 de octubre de 2001, por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO n° C 326 de 21/11/2001 p.1

Artículo 15 - Motivos para rechazar el reconocimiento o la ejecución

102. Este artículo aborda las razones para negarse a reconocer y a ejecutar el exhorto europeo de obtención de pruebas. Los únicos argumentos de denegación son los de este artículo así como, durante un período transitorio, la doble incriminación prevista en los artículos 16 y 24. La decisión de no reconocer o no ejecutar está explícitamente reservada únicamente a un magistrado, un juez de instrucción o un fiscal del Estado requerido. Esto evita que un servicio de policía o una autoridad administrativa tenga el poder de revocar una resolución judicial. En caso de que un servicio de policía o una autoridad administrativa sea responsable de la ejecución del exhorto, esa autoridad debe sin embargo obtener la resolución de un magistrado, un juez o un fiscal que rechace reconocer y ejecutar el exhorto .

103. En cuanto al principio ne bis in idem, se distingue entre las situaciones en que se da en otro Estado miembro, y aquellas en que puede surgir a consecuencia de procedimientos en un tercer Estado. El principio de ne bis in idem respecto a otro Estado miembro se regirá por el resultado de las negociaciones a iniciativa de la República Helénica relativas una Decisión marco del Consejo referente a la aplicación de este principio [52]. En tales circunstancias, deberá ser obligatorio negarse a reconocer y ejecutar el exhorto europeo de obtención de pruebas . En cuanto al principio ne bis in idem resultante de los procedimientos en un tercer Estado, hay un espacio optativo sobre la denegación de reconocer y de ejecutar. Esta distinción es coherente con el planteamiento adoptado en Decisión marco relativa a la orden de detención europea [53].

[52] DO C 100, de 26.4.2003, p. 24.

[53] DO L 190, de 18.7.2002, p.1.

104. La denegación también se permite cuando una inmunidad o un privilegio conforme a la legislación del Estado requerido haga imposible ejecutar el exhorto europeo de obtención de pruebas . Éste es el planteamiento adoptado en la decisión marco sobre resoluciones de embargo preventivo.

Artículo 16 - Doble incriminación

105. Negarse a ejecutar el exhorto europeo de obtención de pruebas debido a que el acto en que se basa no constituye un delito conforme al Ordenamiento jurídico nacional del Estado requerido (doble incriminación) es contrario al principio de reconocimiento mutuo de una resolución judicial. No deberá por lo tanto ser posible rechazar la ejecución por tal motivo. Sin embargo, para facilitar el paso de las actuales normas al nuevo régimen de reconocimiento mutuo del exhorto europeo de obtención de pruebas, se propone un enfoque en dos etapas. Primero, este artículo reduce las condiciones en que puede hacerse depender la ejecución de la doble incriminación. En segundo lugar, el artículo 24 estipula que la doble incriminación, en su acepción limitada del artículo 16, podrá invocarse sólo durante un período transitorio.

106. De conformidad con el Convenio 1959 [54], la doble incriminación sólo puede imponerse como condición de cooperación para obtener pruebas mediante el registro e incautación. Esto se restringió aún más por el artículo 51 del Convenio de 1990 de Schengen [55], que abordó el problema de los procedimientos administrativos en materia penal. La doble incriminación no puede imponerse como condición de ejecución cuando los objetos, documentos o datos estén ya bajo control del órgano requerido.

[54] Consejo de Europa, serie Tratados europeos número 30 .

[55] Convenio de aplicación 19 de junio de 1990 relativo a la implementación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, DO L 239, 22.9.2000, p. 19.

107. Este artículo sigue la posición de los instrumentos existentes que excluyen la doble incriminación excepto cuando el Estado requerido la considere necesaria para una incautación o un registro de locales. Da incluso un paso más al suprimir la posibilidad de rechazar la cooperación por razones de doble incriminación cuando:

(a) no sea necesario hacer un registro de locales privados para ejecutar el exhorto, lo que refleja el carácter sensible de este tipo de acción; o

(b) el delito está en la lista de los enumerados en este artículo.

108. La lista de delitos este artículo se copia de la del artículo 2 del proyecto de Decisión marco relativa a la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias. Se basa en la lista de delitos del artículo 2 del Decisión marco relativa a la orden de detención europea [56], que también se incorpora al artículo 3 de la Decisión marco sobre las resoluciones de embargo preventivo.

[56] DO L 190, de 18.7.2002, p.1.

109. Conforme al planteamiento adoptado en el proyecto de Decisión marco relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias, la lista no menciona ningún tipo de duración mínima de privación de libertad u otra pena en el Estado requirente.

110. El apartado 3 establece que incluso si es necesario hacer un registro de locales privados y el delito no está recogido en la lista, la doble incriminación sólo podrá invocarse como causa de denegación en las condiciones previstas en las disposiciones transitorias del artículo 24.

Artículo 17 - Plazos y procedimientos para el reconocimiento, la ejecución y el traslado

111. Este artículo establece plazos para el reconocimiento y la ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas. Los plazos son necesarios para asegurar una cooperación rápida, efectiva y consistente en la obtención de objetos, documentos o datos para uso en procedimientos penales en la Unión Europea.

112. El órgano requirente puede indicar en el impreso A del anexo que, por razones procesales u otras circunstancias particularmente urgentes, se solicita un plazo más corto que el fijado en este artículo. En estos casos, el órgano requerido deberá tener en cuenta en lo posible este menor plazo. Éste es el planteamiento adoptado ya en el artículo 4 del Convenio UE 2000 [57].

[57] Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 197, 12.7.2000, p. 1.

113. Esta propuesta va más allá requiriendo que toda decisión denegatoria del reconocimiento o la ejecución deberá adoptarse y notificarse cuanto antes y, siempre que sea posible, dentro de los 10 días a partir del recibo del exhorto europeo de obtención de pruebas. Éste plazo es el mismo que el del apartado 2 del artículo 17 de la Decisión marco relativa a la orden de detención europea por lo que se refiere a las personas que hayan consentido su entrega.

114. La ejecución del exhorto puede posponerse por alguna de las razones establecidas en el artículo 18. En otro caso deberá ejecutarse sin demora cuando los objetos, documentos o datos requeridos por el órgano requirente estén ya bajo el control del órgano requerido, o cuando se requiera de un organismo central de antecedentes penales una copia de un documento oficial de una sentencia condenatoria. En otras circunstancias, tales como cuando se soliciten medidas coercitivas, el exhorto deberá ejecutarse, si fuera factible, en un plazo máximo de 60 días a partir de su recibo.

115. El traslado de los objetos, documentos o datos obtenidos de conformidad con el exhorto europeo de obtención de pruebas al Estado requirente deberá hacerse sin demora cuando ya estén bajo control del órgano requerido, o cuando se requiera de un organismo central de antecedentes penales una copia de un documento oficial de una sentencia condenatoria. En otros casos, el traslado se hará sin dilaciones y, siempre que sea factible, dentro de los 30 días siguientes a la ejecución de exhorto. La única excepción a esta norma es cuando se haya interpuesto un recurso en el Estado requerido, en cuyo caso se aplicarán los procedimientos y plazos del artículo 19.

116. De conformidad con el apartado 2 del artículo 6 del Convenio de 1959 [58], el órgano requerido podrá solicitar que se devuelvan los objetos, documentos o datos al Estado de requerido en cuanto deje de necesitarlos el Estado requirente. No podrá ponerse al Estado requirente ninguna otra condición en cuanto al traslado de los objetos, documentos o datos.

[58] Consejo de Europa, serie Tratados europeos número 30 .

117. Deberá razonarse todo rechazo o imposibilidad de ejecutar un exhorto europeo de obtención de pruebas. Cuando, en circunstancias excepcionales, un Estado miembro no pueda observar los plazos previstos en este artículo, deberá informar a Eurojust de las razones del retraso. Esta información deberá en principio ayudar a Eurojust en su trabajo de mejora de la cooperación judicial en materia penal. Este artículo adopta el mismo planteamiento que el artículo 17 de la Decisión marco relativa a la orden de detención europea [59].

[59] DO L 190, de 18.7.2002, p.1.

Artículo 18 - Razones para retrasar la ejecución

118. Este artículo establece las causas justificadas de aplazamiento de la ejecución.

119. El aplazamiento de la ejecución podrá ocurrir cuando el formulario esté incompleto; su ejecución pudiera perjudicar una investigación criminal en curso; o los respectivos objetos, documentos o datos estén siendo utilizados en otros procedimientos comprendidos en el ámbito de esta Decisión marco. La autoridad competente pertinente en el Estado requirente deberá ser informada de las razones del aplazamiento y de su duración probable.

120. Tan pronto como dejen de existir las razones del aplazamiento, el órgano requerido deberá adoptar las medidas necesarias para la ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas e informar sin demora a la autoridad competente concernida en el Estado requirente.

Artículo 19 - Recurso legales para las medidas coercitivas

121. Los Estados miembros deberán proporcionar a las partes interesadas, incluidos los terceros de buena fe, recursos legales para preservar sus intereses legítimos cuando la ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas requiera medidas coercitivas. No es por lo tanto obligatorio que los Estados miembros introduzcan recursos legales cuando, por ejemplo, los objetos, documentos y datos estén ya bajo el control de un órgano judicial en el Estado requerido y simplemente se estén dando traslado al órgano requirente. En tales casos, se deja que los Estados miembros protejan los derechos de las personas afectadas mediante procedimientos acordes con su Ordenamiento jurídico y de conformidad con el CEDH.

122. Éste es el planteamiento adoptado en la Decisión marco sobre resoluciones de embargo preventivo. Sin embargo, en la presente propuesta, los recursos legales pueden tener efecto suspensivo en el traslado de los objetos, documentos y datos al Estado de publicación, sujetos el plazo indicado más abajo.

123. Generalmente el recurso deberá interponerse ante un órgano jurisdiccional en el Estado requirente o en el Estado requerido de conformidad con su respectivo Ordenamiento jurídico . Sin embargo, el Estado requerido no podrá recusar las razones de fondo del exhorto europeo de obtención de pruebas. Por tanto, los motivos para dictar el exhorto pueden recusarse sólo mediante una acción interpuesta ante un órgano jurisdiccional en el Estado requirente.

124. Se exige al Estado requirente que garantice la aplicación de los plazos para interponer una acción de forma que las partes interesadas tengan la posibilidad de un recurso legal efectivo. Ambos Estados, requirente y requerido, deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar el ejercicio del derecho a interponer una acción judicial, en especial proporcionando a las partes interesadas información pertinente y adecuada.

125. Según lo mencionado anteriormente, el Estado requerido podrá suspender el traslado de los objetos, documentos o datos hasta que se haya decidido el recurso. Sin embargo, aunque se haya interpuesto un recurso en el Estado requerido, el órgano requirente puede pedir que dicho Estado traslade los objetos, documentos o datos dentro de los 60 días siguientes a la ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas. Con esto se pretende proporcionar un equilibrio apropiado entre la necesidad de evitar la parálisis en la cooperación judicial a consecuencia de recusaciones legales al traslado de los objetos, documentos o datos, y la necesidad de proporcionar recursos legales adecuados a las partes interesadas en el Estado requerido antes del traslado. En estos casos, sin embargo, si, como resultado del recurso no se hubiera permitido el traslado, los objetos, documentos y los datos se devolverán inmediatamente al Estado requerido.

Artículo 20 - Reembolso

126. Este artículo trata el reembolso por el Estado remitente al Estado remitido de cualquier suma pagada por daños derivados de la responsabilidad del Estado remitente excepto si el perjuicio o una parte del mismo se debiera exclusivamente a la conducta del Estado remitido. Éste es el planteamiento adoptado en la decisión marco sobre resoluciones de embargo preventivo.

Título IV - Competencia en materia de las redes de comunicaciones electrónicas

Artículo 21 - Competencia en materia de datos informáticos almacenados en un sistema de información en el territorio de otro Estado miembro

127. Como se explica en la sección 1.12, este artículo precisa que es legal que el Estado requerido obtenga pruebas en formato electrónico que son legalmente accesibles en su territorio mediante una red de comunicaciones electrónica, a condición de que se refieran a servicios proporcionados a su territorio, aunque se almacenen en el territorio de otro Estado miembro. También se requiere que cada Estado miembro verifique que, en cuanto a los datos en su territorio, su legislación nacional no prohiba a otro Estado miembro acceder a ellos.

Título V - Disposiciones finales

Artículo 22 - Seguimiento de la eficacia de la Decisión marco

128. Es importante que la Comisión pueda supervisar la eficacia de esta Decisión marco, en especial para ayudar al futuro desarrollo de la política en el ámbito de la UE sobre cómo mejorar la cooperación judicial en materia penal. Con este propósito, se establece que se informe a la Comisión si se producen problemas repetidos en la ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas. Este requisito se basa en el artículo 17 de la Decisión marco relativa a la orden de detención europea [60], con la salvedad de que es la Comisión en vez del Consejo la que debe ser informada de cualquier problema repetido a fin de ayudarle en la preparación del informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Decisión marco .

[60] DO L 190, de 18.7.2002, p.1.

129. Este artículo también requiere que cada Estado miembro proporcione, a más tardar el 31 de marzo de cada año, la siguiente información por lo que se refiere al año civil anterior:

(a) el número de Exhortos europeos de obtención de pruebas expedidos por sus propias autoridades a cada Estado miembro;

(b) la media de días necesarios para recibir de cada Estado miembro los objetos, documentos o datos especificados en el exhorto; y

(c) el número de exhortos europeos expedidos por sus propias autoridades a cada Estado miembro a las que se denegó el reconocimiento o no fue posible ejecutar, y un resumen de los motivos aducidos.

130. La información se centralizará por el Estado requirente. Es razonable asumir que el Estado requirente tendrá interés en que sus investigaciones sean facilitadas efectiva y rápidamente por los otros Estados miembros. No se trata , por supuesto, de impedir que cada Estado miembro centralice la información sobre la eficacia de sus propias autoridades judiciales en la ejecución de los exhortos europeos de obtención de pruebas emitidas por otros Estados miembros.

131. Además, se requiere que información similar sea producida cada año por los organismos centrales de antecedentes penales en cuanto a la ejecución de los exhortos europeos que reciben para la expedición de documentos oficiales de sentencias condenatorias penales.

Artículo 23 Relación con otros instrumentos jurídicos

132. Este artículo se estipula que la presente Decisión marco sustituye a las disposiciones existentes de ayuda mutua de los Convenios pertinentes del Consejo de Europa y de la Unión Europea siempre que éstos traten de objetos, documentos o datos comprendidos en el ámbito de aplicación de este instrumento. Un enfoque similar se adoptó en la Orden de detención europea, que sustituirá a los instrumentos existentes de extradición a partir del 1 de enero de 2004.

133. Este artículo también estipula la derogación del artículo 51 del Convenio de aplicación de Schengen y del artículo 2 del Protocolo 2001 del Convenio UE 2000 .

134. La Decisión marco no afecta a los acuerdos de cooperación entre Estados miembros en cuanto a la obtención de objetos, documentos o datos siempre que tales acuerdos o convenios logren una cooperación más efectiva y eficiente en materia penal. Tales acuerdos podrán incluir la cooperación entre las autoridades policiales en cuanto a objetos, documentos y datos en su poder, así como respecto a documentos públicos que estén fácilmente disponibles y no impliquen el ejercicio de medidas coercitivas. La intención de la presente Decisión marco no es añadir nuevos obstáculos a tal cooperación. Sin embargo, se propone que cualquier nuevo acuerdo se notifique a la Comisión y al Consejo.

Artículo 24 - Disposiciones transitorias

135. El apartado 1 de este artículo explica que las solicitudes de asistencia judicial recibidas antes del 1 de enero de 2005 se seguirán rigiendo por los instrumentos existentes relativos a la asistencia judicial en materia penal. A partir de esa fecha, la presente Decisión marco regirá la cooperación judicial en materia penal en cuanto a objetos, documentos o datos comprendidos en su ámbito de aplicación.

136. Los apartados 2 y 3 de este artículo establecen un período transitorio de cinco años durante el cual la doble incriminación, hasta el punto en que no esté abolida por el artículo 16, podrá continuar invocándose como motivo de la denegación por los Estados miembros que, conforme a la normativa existente, hagan depender la ejecución una solicitud de registro e incautación a la condición de doble incriminación. Durante ese período transitorio esos Estados miembros podrán permitir a un órgano jurisdiccional rechazar el reconocimiento o la ejecución por razón de la doble incriminación de conformidad con el artículo 16. La decisión de no reconocer o no ejecutar esta explícitamente reservada únicamente a un magistrado, un juez de instrucción o un fiscal del Estado requerido. La doble incriminación sólo podrá invocarse como motivo de no reconocimiento o no ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas en los casos previstos en este artículo.

Artículo 25 - Implementación

137. Este artículo estipula que los Estados miembros deberán implementar la Decisión marco a más tardar el 1 de enero de 2005 y, al mismo tiempo enviar el texto de las disposiciones que transpongan la presente Decisión marco al Ordenamiento jurídico. A los seis meses de su implementación, la Comisión deberá presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, en el que se evalúe la adopción por parte de los Estados miembros de las medidas necesarias para cumplir con la presente Decisión marco, acompañado, si fuera necesario, de propuestas legislativas.

Artículo 26 - Entrada en vigor

138. Este artículo establece que la presente Decisión marco entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Anexo

Formulario A - El exhorto europeo de obtención de pruebas

139. Éste es el formulario del exhorto europeo de obtención de pruebas. Se ha hecho específicamente a efectos de la presente Decisión marco, aunque, se basa en el enfoque adoptado en el anexo de la Decisión marco sobre la Orden de detención europea [61], y el anexo de la Decisión marco sobre el embargo preventivo.

[61] DO L 190, de 18.7.2002, p.1.

140. El formulario A contiene las siguientes secciones: (a) el órgano jurisdiccional que expide el exhorto ; (b) razones para dictar el exhorto ; (c) información sobre la persona cuyos objetos, documentos o datos se recaban; (d) objetos, documentos o datos requeridos; (e) formalidades que deberán ser cumplimentadas para su ejecución; (f) recursos contra el exhorto existentes en el Estado requirente; y (g) disposiciones finales y firma.

Formulario B - El exhorto para pruebas complementarias

141. Es el formulario destinado a obtener objetos, documentos o datos complementarios recabados por el órgano requirente respecto a un anterior exhorto europeo de obtención de pruebas. Debe ir acompañada del exhorto europeo de obtención de pruebas original.

142. El formulario B contiene las siguientes secciones: (a) detalles del exhorto europeo de obtención original; (d) objetos, documentos o datos requeridos por el exhorto complementario; (e) formalidades que deben ser cumplimentadas para la ejecución del exhorto complementario ; y (g) disposiciones finales y firma.

2003/0270 (CNS)

Propuesta de DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y en particular su artículo 31 y la letra b) del apartado 2 de su artículo 34,

Vista la propuesta de la Comisión [62],

[62] DO C...

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [63],

[63] DO C...

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y de desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. De conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, en especial su punto 33, el principio de reconocimiento mutuo debe convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y penal en la Unión.

(2) El 29 de noviembre de 2000 el Consejo, de conformidad con las conclusiones de Tampere, adoptó un Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal [64]. La presente Decisión marco es necesaria para completar las medidas 5 y 6 del Programa de medidas, que tratan del reconocimiento mutuo de resoluciones destinadas a obtener pruebas, y la 3, que sugiere que se introduzca un modelo de solicitud, sobre la base del modelo elaborado en el marco de las instancias de Schengen, traducido a todas las lenguas oficiales, con el fin de obtener antecedentes penales.

[64] DO C 12, de 15.1.2001, p. 10.

(3) La Decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la Orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros [65] fue la primera medida concreta en materia de Derecho penal que implementa el principio de reconocimiento mutuo.

[65] DO L 190, de 18.7.2002, p.1.

(4) La Decisión marco del Consejo de 22 de julio de 2003 relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas [66] aborda la necesidad del reconocimiento mutuo inmediato de resoluciones para prevenir la destrucción, transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación de pruebas. Sin embargo, cubre sólo la parte de la cooperación judicial en materia penal en cuanto a pruebas, y el traslado subsiguiente de las mismas se deja a los procedimientos de asistencia judicial.

[66] DO L 196, 2.8.2003, p 45

(5) Es por tanto necesario mejorar más la cooperación judicial aplicando el principio de reconocimiento mutuo a una resolución judicial, bajo la forma de un exhorto europeo, con el fin de obtener objetos, documentos y datos para su uso en procedimientos penales. Este exhorto europeo de obtención de pruebas deberá sustituir los acuerdos tradicionales de ayuda mutua encuadrados en el Convenio del Consejo de Europa 1959 de Asistencia judicial en materia penal, y los instrumentos relacionados, siempre que estos acuerdos correspondan al ámbito de aplicación de este instrumento. Deberá transmitirse directamente a la autoridad competente para su ejecución.

(6) El exhorto europeo de obtención de pruebas deberá utilizarse para obtener cualquier objeto, documento o dato para su uso en los procedimientos en materia penal para los que puede emitirse. Estos son: objetos, documentos o datos de un tercero; los procedentes de un registro de los locales del sospechoso, incluido su domicilio; datos históricos sobre el uso de redes de comunicaciones electrónicas; datos históricos sobre el uso de cualquier servicio incluidas transacciones financieras; pruebas forenses excepto cuando esto suponga tomarlas del cuerpo de una persona; documentos históricos de declaraciones, entrevistas e interrogatorios; y otros documentos de la policía o ficheros judiciales, incluidos documentos oficiales de antecedentes penales y los resultados de técnicas de investigación especiales.

(7) El exhorto europeo de obtención de pruebas no deberá utilizarse para conseguir pruebas mediante indagatorias, declaraciones u otros tipos de interrogatorios de sospechosos, testigos o a cualquier otra persona; para obtener pruebas, incluidas muestras de ADN, del cuerpo de sospechosos, testigos o cualquier otra persona; en tiempo real mediante la intervención de comunicaciones, la vigilancia discreta o el control de cuentas bancarias; iniciar otras investigaciones, en especial la recopilación o análisis de objetos, documentos o datos existentes.

(8) El principio de reconocimiento mutuo se basa en un alto nivel de confianza entre los Estados miembros. Para fomentar esta confianza, la presente Decisión marco debe contener salvaguardias importantes para proteger derechos fundamentales. Deberá por lo tanto ser emitida únicamente por magistrados, jueces de instrucción y fiscales, y sólo cuando se hayan satisfecho ciertas condiciones mínimas. Entre las que se incluyen la prueba de su necesidad y proporcionalidad. Hay que evitar también que el Estado requirente eluda su Ordenamiento jurídico obteniendo objetos, documentos o datos que no podría obtener en circunstancias similares si estuvieran disponibles en su propio territorio.

(9) La ejecución del exhorto europeo de obtención de pruebas deberá también estar sujeta a salvaguardias, entre ellas el derecho contra la autoincriminación y la garantías relativas al registro de locales, así como aquéllas que existan en el Ordenamiento jurídico del Estado requerido.

(10) Para asegurar la eficacia de la cooperación judicial en materia penal, deben limitarse la posibilidad de negarse a reconocer o a ejecutar el exhorto europeo de obtención de pruebas, así como los motivos para posponer su ejecución. La denegación de ejecutar el exhorto europeo de obtención de pruebas debido a que el acto en que se basa no constituye un delito conforme al Derecho del Estado requerido (doble incriminación) es contraria al principio de reconocimiento mutuo de una resolución judicial y por consiguiente no podrá aducirse para rechazar la ejecución. Sin embargo, para facilitar el paso al exhorto europeo de obtención de pruebas, debe hacerse una excepción durante un período transitorio para aquellos Estados miembros que, de conformidad con sus legislaciones, hayan subordinado a dicha condición la ejecución de una solicitud de registro e incautación.

(11) También se necesita establecer plazos para sea rápida, efectiva y consistente la cooperación en la obtención de objetos, documentos o datos para uso en procedimientos penales en la Unión Europea.

(12) Cualquier parte interesada, incluidos terceros de buena fe, deberá disponer de la posibilidad de recurrir un exhorto europeo de obtención de pruebas ejecutado utilizando medidas coercitivas. Tales recursos podrán tener efecto suspensivo respecto al traslado de los elementos de prueba, por lo menos hasta que finalice el plazo máximo establecido en la presente Decisión marco .

(13) Conviene precisar que es legal que el Estado requerido obtenga datos informáticos que son legalmente accesibles en su territorio y se refieren a servicios proporcionados a su territorio, aunque sin embargo se almacenen en el territorio de otro Estado miembro. Esto sin perjuicio de situaciones en que resulten afectados terceros países.

(14) Es necesario establecer un mecanismo para evaluar la eficacia de la presente Decisión marco. Los Estados miembros deberán por lo tanto centralizar la recopilación y registro de una cantidad mínima de información con el fin de supervisar la cooperación que recibe de otros Estados miembros de conformidad con la presente Decisión marco. Una información similar deberá ser recopilada y registrada por las autoridades centrales de antecedentes penales de los Estados miembros.

(15) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, la presente Decisión marco significa un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen correspondientes al ámbito cubierto por el artículo 1 de la Decisión del Consejo 1999/437/CE de 17 de mayo de 1999 relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen [67]. Se han seguido los procedimientos establecidos en dicho Acuerdo por lo que se refiere a la presente Decisión marco.

[67] DO L 176, de 10.7.1999, p.31.

(16) Un exhorto europeo de obtención de pruebas no deberá ejecutarse si supone infringir el principio ne bis in idem de conformidad con la Decisión marco 2003/.../JAI relativa a la aplicación del principio ne bis in idem [68].

[68] DO L ...

(17) Puesto que el objetivo de sustituir el sistema de asistencia judicial en materia penal para obtener objetos, documentos o datos no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos y, por consiguiente, pueden lograrse mejor debido a su dimensión y efectos, a nivel comunitario, el Consejo puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad de conformidad con los estipulado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad, según lo establecido en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.

(18) Los datos personales tratados de forma automatizada en el contexto de la implementación de la presente Decisión marco se protegerán de conformidad con los principios del Convenio del Consejo de Europa de 28 de