[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 13.4.2011

COM(2011) 168 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

Por una fiscalidad más inteligente para la UE:propuesta de revisión de la Directiva sobre la imposición de los productos energéticos y de la electricidad

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

Por una fiscalidad más inteligente para la UE:propuesta de revisión d e la Directiva sobre la imposición de los productos energéticos y de la electricidad

NECESIDAD DE ACTUAR RESPECTO A LA FISCALIDAD RELACIONADA CON LA ENERGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE

La imposición energética como motor del avance hacia los objetivos de la Estrategia Europa 2020

La UE se ha fijado una serie de objetivos sobre clima y energía, exigentes y legalmente vinculantes, que deben alcanzarse para 2020. Estos objetivos se detallan en la Estrategia Europa 2020 en la que se definen los retos de tipo económico, social y medioambiental que afrontará Europa durante la próxima década y en la que se fija como prioridad un crecimiento sostenible que dé lugar a una economía más competitiva, más ecológica y más eficiente en el uso de los recursos[1] .

Entre estos compromisos se incluye el de ajustar más estrechamente la imposición energética a los objetivos de la UE sobre cambio climático y energía, tal como pedían las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2008[2] y como la Comisión destacaba como prioridad en su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[3].

La imposición energética, cuando incorpora los incentivos adecuados, desempeña un papel importante a la hora de alcanzar estos objetivos. De hecho, el consumo de energía da lugar a la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que representa el 79 % del total de estas emisiones. Dentro de la Estrategia Europa 2020, los Estados miembros se han comprometido a fijar objetivos nacionales de eficiencia energética que implican ahorros de energía sustanciales.

La crisis económica y financiera ha cambiado considerablemente el entorno en el que nos movemos, ejerciendo una enorme presión sobre las empresas y las colectividades en toda Europa, y generando tensión en las finanzas públicas. Sin embargo, la existencia de objetivos legalmente vinculantes sobre el cambio climático y la energía contribuye a lograr un futuro sostenible y traza una senda que permite esperar una recuperación de la crisis más fuerte y sostenible. El reto actualmente es cómo conseguirlos de la manera más eficaz en cuanto a costes, para los gobiernos, las empresas y los ciudadanos, y cómo obtener simultáneamente beneficios para la economía. Necesitamos respuestas políticas que se refuercen mutuamente, no solo mejorando el medio ambiente, sino también apoyando la economía y evitando dificultades sociales.

Cuestiones clave para reformar la imposición energética

Este es el contexto en el que la Comisión presenta su propuesta de revisión de la Directiva 2003/96/CE[4] (en lo sucesivo denominada «Directiva de la Imposición energética» o «DIE»). Se trata de que los Estados miembros hagan el mejor uso posible en el nuevo marco político de un instrumento ya existente. Una imposición energética más racional y mejor centrada contribuirá de manera neutral en cuanto a tecnologías a un consumo de energía más limpio y más eficiente, apoyando así un «crecimiento sostenible». En pocas palabras, la propuesta de revisión de la DIE

- reequilibra la imposición entre diferentes combustibles, incluidas las energías renovables, de manera objetiva (basándose en el contenido de energía y en las emisiones de CO2 );

- aporta un marco para la fiscalidad del CO2 en el mercado interior y, de esa manera, pone precio a las emisiones de CO2 que no están cubiertas por el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE).

La propuesta encaja también en la discusión actual sobre la reestructuración y modernización de los sistemas fiscales dentro de las estrategias nacionales para salir de la crisis financiera y económica. Además, muestra el camino hacia una manera cualitativamente mejor de generar ingresos de acuerdo con Europa 2020, así como la necesidad de alentar una recuperación económica y una creación de empleo adecuadas. La propuesta como tal no persigue generar ingresos adicionales sino, más bien, reequilibrar la imposición que pesa sobre las diferentes fuentes de energía y sobre los distintos consumidores de energía (dentro y fuera del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (en lo sucesivo «RCCDE)).

Sin embargo, si los Estados miembros decidieran aplicar una DIE revisada que genere, en efecto, ingresos adicionales, la Comisión los alentaría a utilizarlos de manera adecuada a su situación presupuestaria concreta, lo cual podría significar dedicarlos a cubrir sus necesidades de saneamiento presupuestario. Un cambio en la tributación favorable al crecimiento consistente en aprovechar, total o parcialmente, el aumento de ingresos para reducir la carga fiscal sobre el trabajo sería concordante con lo establecido en la Estrategia 2020. Otra posible alternativa estimuladora del crecimiento a la que los Estados miembros podrían recurrir sería aprovechar los ingresos adicionales para incentivar más la investigación y el desarrollo ecológicos, así como la inversión ecológica, especialmente por parte de las PYME. Los nuevos ingresos también podrían utilizarse para mitigar el impacto de las políticas que afectan a los ingresos de los hogares compensando a los sectores menos acomodados de la población. El mejor ejemplo serían las subvenciones destinadas específicamente a los hogares con bajos ingresos (cheques por una cantidad fija no relacionados con el consumo de energía).

En el gráfico siguiente se muestra la evolución del porcentaje de los ingresos que aportan los impuestos sobre la energía y los de tipo medioambiental respecto a los ingresos totales en la UE-25 de 1995 a 2008. Ambos porcentajes han disminuido en aproximadamente el 1 % durante este período, lo cual muestra que, por término medio, existe un margen para el aumento de la imposición energética y, más en general, de la fiscalidad medioambiental.

[pic]

Fuente: Tendencias de la fiscalidad en la Unión Europea, edición de 2010, Eurostat, Comisión Europea

Se requiere más coordinación sobre fiscalidad medioambiental.

Aunque la DIE es totalmente clave, puede y debe hacerse más en el campo más amplio de la fiscalidad medioambiental para promover la Estrategia Europa 2020. En particular, se necesita un debate más intenso sobre la aplicación de impuestos que fomenten la transición a una economía sostenible. También hay que tener en cuenta nuevas cuestiones (por ejemplo, la introducción por los Estados miembros de impuestos sobre los residuos, sobre las bolsas de plástico y sobre los billetes de avión). Según el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118/CEE, los Estados miembros son libres de imponer nuevos impuestos de este tipo, siempre y cuando no den lugar a trámites relacionados con el cruce de fronteras. Además, los Estados miembros deben asegurar también la no discriminación en la fiscalidad para evitar distorsiones del mercado interior (artículos 34-36 y 110 del TFUE). En este contexto, el adecuado funcionamiento del mercado interior requiere información mutua y coordinación respecto a los impuestos de los Estados miembros en este campo, a fin de combatir, por ejemplo, la discriminación entre productos en competencia directa sometidos a diferentes regímenes tributarios.

La Comisión se ha comprometido a impulsar este debate y a apoyar la necesaria coordinación en este campo, entre otras cosas iniciando las conversaciones necesarias con los Estados miembros (por ejemplo, en el Grupo de Política Fiscal y a nivel del Consejo) y con otros interesados. En relación con un contexto político más amplio, el resultado de la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático, celebrada en Cancún, México, entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre de 2010, constituye también un hito importante para las ambiciones que la UE tiene en este campo.

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

La actual Directiva sobre la imposición energética es insostenible y fija unos incentivos equivocados

La DIE establece unos tipos mínimos para la imposición de los productos energéticos utilizados como carburantes de automoción, para los utilizados como combustibles para calefacción y para la electricidad. Los tipos mínimos se aplican generalmente al volumen del producto energético consumido. Las siguientes gráficas muestran los tipos mínimos actuales de los productos energéticos más utilizados teniendo en cuenta las emisiones de CO2 (en euros por tonelada de CO2) y el contenido de energía (en euros por Gigajulio (GJ))[5].

Carburantes de automoción

[pic]

Combustibles para calefacción

[pic]

Fuente: Cálculos propios

Estas gráficas muestran claramente que los tipos mínimos actuales basados en el volumen de los productos energéticos consumidos no reflejan el contenido energético (véanse las figuras 2 y 4) ni las emisiones de CO2 (véanse las figuras 1 y 3) de los productos energéticos, lo cual lleva a un uso ineficiente de la energía y a un falseamiento del mercado interior. Estos tipos también crean incentivos contrarios a los objetivos de la UE sobre el cambio climático y la energía, por ejemplo: fomentan el uso del carbón como combustible para calefacción (tipo impositivo más bajo tanto cuando se consideran las emisiones de CO2 como el contenido energético expresado en GJ). En cuanto a los carburantes, los tipos mínimos más bajos aplicados al gasóleo de automoción refuerzan todavía la ventaja natural que el gasóleo tiene sobre la gasolina debido a su alto contenido energético. Los actuales tipos mínimos también discriminan las energías renovables que, en principio, se gravan aplicando el tipo del combustible convencional al que sustituyen aunque su contenido energético sea inferior (véase la figura 2, donde se muestra que el E85 está mucho más gravado que la gasolina, lo cual significa que no se tienen en cuenta su valor energético inferior ni su mejor comportamiento en lo que se refiere a emisiones de CO2). Además, los actuales tipos no crean condiciones de igualdad entre los consumidores empresariales porque, en la práctica, unos operadores económicos pueden estar en situación ventajosa respecto a otros según el tipo de energía que utilicen.

La revisión de la DIE es una necesidad imperiosa para que sea más coherente con otras políticas de la UE

Desde el punto de vista de la política energética, la DIE no aporta incentivos, ni siquiera señales de precios, para fomentar las energías alternativas y alentar a los consumidores a ahorrar energía. Con una fiscalidad basada en el volumen, el etanol es, de hecho, el producto energético más gravado hoy en día. Lo mismo ocurre con las fuentes de energía utilizadas para la calefacción, en las que el carbón es actualmente la fuente de energía menos gravada.

Desde el punto de vista del medio ambiente, los sectores fuera del ámbito de aplicación del RCCDE de la UE, como el transporte, las pequeñas instalaciones industriales, la agricultura y los hogares representan la mitad de las emisiones de CO2. En estos casos, una posible falta de coordinación entre la DIE y el RCCDE de la UE puede dar lugar a una doble carga o, a la inversa, a la posibilidad de evadir la responsabilidad de las emisiones. En el peor de los casos, estos sectores no contribuirían a alcanzar los objetivos sobre la energía y el cambio climático de la Estrategia Europa 2020. Además, el actual tratamiento de los biocarburantes no permite aprovechar al máximo su posible potencial medioambiental positivo.

Desde el punto de vista del mercado único, puede ocurrir que en la actualidad los Estados miembros no graven las emisiones de CO2 tanto como les gustaría porque ello podría poner en desventaja a sus empresas o inducir a los consumidores a comprar sus combustibles en Estados miembros con impuestos más bajos, provocando pérdidas de ingresos. Los Estados miembros están empezando a poner en práctica una serie de planteamientos diferentes en materia de fiscalidad medioambiental que pueden dar lugar a distorsiones y a una doble imposición dentro del mercado interior.

¿Por qué ahora?

Dado que muchos Estados miembros están definiendo ahora sus estrategias políticas para salir de la crisis económica y financiera y están estudiando reformas estructurales en sus políticas fiscales y sus sistemas tributarios, la revisión de la DIE llega en un momento especialmente oportuno ya que ofrece posibilidades de alcanzar objetivos económicos y medioambientales al mismo tiempo.

La fiscalidad, cuando está concebida adecuadamente, puede desempeñar un papel importante apoyando los objetivos comunitarios sobre cambio climático y energía, y fomentando el crecimiento sostenible, lo cual lleva a una economía de la UE más competitiva, más ecológica y más eficiente en el uso de los recursos. Este argumento sigue siendo válido en tiempos de aumento de los precios de la energía cuando resulta especialmente importante reestructurar la imposición energética a fin de aportar los incentivos adecuados para un menor consumo global de energía a partir de fuentes más respetuosas del medio ambiente.

Los Estados miembros están pensando y aplicando actualmente sus estrategias para alcanzar los objetivos sobre cambio climático y energía de la UE para 2013-2020. La presente propuesta daría una clara respuesta respecto al papel que los impuestos podrían desempeñar en ese contexto. La Directiva revisada de la Imposición Energética está concebida también para complementar la tercera fase del RCCDE de la UE (2013-2020) y, por tanto, es urgente presentar una propuesta ahora, con tiempo suficiente para que se llegue a un acuerdo en el Consejo.

Desde el punto de vista del mercado interior, también es importante establecer ahora un marco común para la imposición sobre el CO2. Los Estados miembros están empezando a introducir sus propios impuestos al respecto y sus enfoques pueden ser distintos. Un mosaico de políticas nacionales podría crear dificultades para las empresas que trabajan en diferentes Estados miembros y distorsiones de la competencia dentro de la UE. Es mejor establecer un planteamiento a escala de la UE ahora, cuando muchos Estados miembros todavía están estudiando su legislación nacional en este campo, que más adelante, cuando pueden necesitarse reajustes complejos de la legislación nacional.

Por todas estas razones se impone la revisión sin demora de la DIE, recogida en la propuesta de la Comisión.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA

La propuesta de revisión de la Directiva de la Imposición energética simplifica los actuales impuestos sobre la energía y establece unas normas marco para la fiscalidad relacionada con el CO 2 dentro del mercado único de manera que los impuestos sobre la emisión de este gas puedan complementar de manera efectiva el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE) de la EU.

La propuesta divide el tipo impositivo mínimo de los productos energéticos en dos partes :

- La imposición relacionada con el CO 2 , basada en las emisiones de CO 2 del producto energético , fijada en una cuantía de 20 euros por tonelada de CO 2 . La parte de la tributación relacionada con el CO 2 sería cero para todos los biocombustibles que cumplan los criterios de sostenibilidad establecidos en el artículo 17 de la Directiva 2009/28/CE. Este tipo de fiscalidad daría una ventaja, neutral respecto a la tecnología, a todas las fuentes de energía bajas en carbono. La implantación de un parte relacionada con el CO2 ajustará también mejor la DIE al RCCDE de la EU. Esta tributación se aplicará a todos los emisores no incluidos en el RCCDE de la UE, tanto los que ya están sujetos a estos impuestos como las pequeñas instalaciones excluidas del RCCDE de la UE, aunque usen la energía para fines distintos de la calefacción. Al mismo tiempo, los emisores incluidos en el RCCDE de la UE quedarán exentos de la parte correspondiente al CO2 sea cual sea el alcance real de este régimen.

- La imposición sobre el consumo energético general, basada en el contenido de energía medido en GJ. Independientemente del producto energético, este tipo de tributación, que aporta un incentivo para el ahorro de energía, reflejará la energía real que genera un producto, de manera que se recompensará automáticamente la eficiencia en el consumo de energía. Para los carburantes de automoción, el nivel mínimo de tributación se fija en 9,6 euros por Gigajulio, que corresponde al tipo mínimo actual aplicable a la gasolina una vez deducida la parte correspondiente al CO2 . Para todos los combustibles destinados a calefacción, se aplica el actual nivel mínimo para la electricidad de 0,15 euros por Gigajulio (correspondiente aproximadamente a 0,5 euros por MWh), teniendo en cuenta el contenido de energía del producto respectivo. El alcance de la imposición energética se mantiene inalterado y comprende el uso para la calefacción y el uso para los vehículos de motor, así como el consumo de electricidad en situaciones similares.

Para mantener el efecto incentivador, el valor real de los niveles mínimos de imposición debe mantenerse a lo largo del tiempo. Los tipos mínimos de la imposición sobre el consumo energético general han de ajustarse a intervalos regulares teniendo en cuenta la evolución de su valor real a fin de preservar el actual nivel de armonización de tipos. Dado que la imposición sobre el CO2 complementa la aplicación de la Directiva 2003/87/CE, el nivel impositivo mínimo aplicable al CO2 tiene que seguir el precio de mercado de los derechos de emisión de este gas. La Comisión considera que debe crearse un método para calcular automáticamente este ajuste. Sin embargo, esta preparación tendría que basarse en datos objetivos obtenidos a partir de observar el funcionamiento del mercado de derechos de emisión tras las nuevas medidas de la fase III del RCCDE de la UE. Así pues, no es posible abordar esta cuestión en el momento de presentación de la propuesta, por lo que se tratará en la en la revisión que la Comisión tiene previsto presentar por primera vez en 2015, con objeto de proponer un método para el ajuste automático que esté operativo lo antes posible después de esta fecha.

- Eliminación de subvenciones contraproducentes

La propuesta revisada suprime subvenciones e incoherencias que existen actualmente en la fiscalidad energética. Asimismo, reduce la carga fiscal sobre las energías renovables y reequilibra la imposición entre los diferentes combustibles fósiles de manera objetiva (al basarla en el contenido energético y las emisiones de CO2). En consecuencia, las fuentes de energía ricas en CO2 o con alto contenido energético se gravarán más en función de la unidad de volumen físico. De esta forma se fomentará el consumo de fuentes de energía con menores emisiones de CO2. y se recompensará la mayor eficiencia energética, adecuándose a las políticas sobre la energía y el clima de la UE, a las que apoyarán. Los productos energéticos con un alto contenido energético (como el gasóleo de automoción, el GLP y el gas natural comprimido) continuarán siendo atractivos pero, en última instancia, tendrán que competir más equitativamente, sin una subvención más derivada de la fiscalidad. Los cambios introducidos por la propuesta se ajustan plenamente a nuestras políticas de la Estrategia Europa 2020 y corresponden a los compromisos ya asumidos por los Estados miembros. Todo ello significa también que ya no continuará la diferenciación en los tipos impositivos entre el uso profesional y no profesional del transporte, asegurando de este modo que el sector del transporte - la fuente de emisiones que experimenta un crecimiento más rápido - no queda al margen del esfuerzo de reducción de emisiones.

- Consideración de un contexto más amplio

En relación con los competidores implantados fuera de la UE , a fin de evitar que los impuestos sobre la emisión de CO2 lleven a nuestras empresas a abandonar Europa al mismo tiempo que la emisiones mundiales se mantienen al mismo nivel o aumentan («fuga de carbono»), la propuesta introduce un planteamiento similar a la asignación gratuita de derechos de emisión del RCCDE de la UE. Este planteamiento se aplicaría a sectores que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono. A las pequeñas instalaciones industriales sujetas a impuestos relacionados con el CO2 se les concederá una desgravación consistente en una cantidad fija basada en un combustible de referencia. En ese sentido, se mantendrá el efecto medioambiental del impuesto mientras que las empresas recibirán una compensación. Otros sectores o subsectores de la economía pueden estar también expuestos a la fuga de carbono. En lo que se refiere a la agricultura, la Comisión está preparando actualmente un informe en el que se estudia la fuga de carbono en el sector. Tan pronto como esté disponible, tomará las medidas consiguientes a fin de que todos los sectores susceptibles de fuga de carbono estén sujetos al mismo tratamiento en la futura DIE, o bien asegurando que las conclusiones del informe se tengan en cuenta en el debate en curso en el Consejo sobre la propuesta de DIE revisada o bien, si el informe no estuviera disponible antes de la adopción de la propuesta, introduciendo una iniciativa legislativa aparte.

Teniendo en cuenta la estructura de los compromisos de reducción de emisiones de la Estrategia Europa 2020 y el principio de solidaridad entre Estados miembros, la Comisión propone conceder unos períodos de transición a fin de introducir gradualmente la fiscalidad relacionada con el CO2 para usos distintos de los carburantes de automoción en las situaciones en que se requiere un esfuerzo menor, teniendo en cuenta que algunos Estados miembros pueden cumplir estos compromisos con menos dificultad (Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia).

Continuación de un tratamiento adecuado de situaciones particulares

Al preparar la propuesta la Comisión ha prestado especial atención a que no dé lugar a cambios bruscos en los niveles de precios que pudieran crear dificultades inaceptables o penalidades sociales.

Reconociendo que las diferencias en la fiscalidad de la calefacción doméstica son menos importantes para el adecuado funcionamiento del mercado interior y que los costes de calefacción pueden afectar de manera importante a la situación social de algunos Estados miembros, la Comisión propone mantener la posibilidad de que los Estados miembros apliquen exenciones o reducciones fiscales a los productos energéticos o a la electricidad, y que amplíen esta posibilidad a todos los combustibles para calefacción.

Las fuentes de energía intensivas en CO 2 (como el carbón) estarán sujetas a una imposición superior en el sistema revisado. Este cambio asegurará que todos los consumidores de energía, no solo los incluidos en el sistema de comercio de emisiones de la UE, tengan un incentivo para pasar a fuentes de energía más limpias. Al mismo tiempo, la propuesta introduce la norma de que los costes externos de las emisiones de CO2 se traten solo una vez. En consecuencia, el impacto directo en el precio que pagarían los consumidores de carbón sería limitado ya que el carbón se usa sobre todo en las industrias pesadas y en la generación de electricidad, sectores ya incluidos en el RCCDE de la UE. Además, la propuesta deja al criterio de los Estados miembros la decisión de mitigar o evitar completamente el impacto en los hogares

El gasóleo de automoción se gravará con tipos por litro gradualmente más altos respecto a la gasolina a consecuencia simplemente de que este carburante tiene un contenido energético más elevado y de que genera más emisiones de CO2 por litro que la gasolina. Incluso bajo el nuevo sistema, el gasóleo de automoción mantendrá su ventaja si tenemos en cuenta la distancia, pero la supresión de la subvención a este combustible fomentará mejoras en la eficiencia energética del motor de gasolina y creará también un mercado para las fuentes de energía alternativas sin emisiones de CO2, que se prevé que sean más comunes en el mercado de los combustibles de la próxima década. Reequilibrar la fiscalidad de la gasolina y el gasóleo de automoción ayudará también a reequilibrar la oferta y la demanda en el mercado europeo de los combustibles, que se encuentra ante una creciente necesidad de importar gasóleo de automoción. Teniendo en cuenta que los fabricantes europeos de automóviles han invertido cuantiosamente en la tecnología diesel y que los vehículos que consumen combustibles alternativos o electricidad todavía no están disponibles en grandes cantidades, la equiparación de la fiscalidad de todos los carburantes se implantará gradualmente en tres fases a lo largo del período 2013-2023. La introducción gradual del nuevo tratamiento fiscal del gasóleo de automoción también incluirá un período de adaptación para el sector del transporte profesional.

Actualmente se aplican tipos mínimos inferiores a la agricultura, la acuicultura y la horticultura . Esta situación se mantendrá con la revisión de la DIE. Sin embargo la revisión afectará a la facultad actual que tienen los Estados miembros de eximir completamente de cualquier imposición a los carburantes, los combustibles de calefacción y la electricidad consumida en estos sectores. Con la DIE revisada, se les aplicará la parte del impuesto relacionada con el CO2, y además estarán sujetos a la parte relativa al consumo general. La exención completa de esta última parte seguirá permitiéndose a cambio de mejoras en la eficiencia energética, por tanto ya no se dará sin contrapartidas, como ocurre ahora. En consecuencia los Estados miembros todavía podrán dar un tratamiento más beneficioso a los sectores primarios, al tiempo que aseguran una mayor coherencia en la fiscalidad de un sector que actualmente es un mosaico de diferentes exenciones.

IMPACTOS DE LA PROPUESTA

Los servicios de la Comisión ha llevado a cabo una evaluación de impacto en la que han estudiado los efectos de la posibles opciones para la revisión de la Directiva de la Imposición Energética. De esta evaluación, que se publica junto con la presente Comunicación y la propuesta de revisión de la DIE, pueden extraerse una serie de conclusiones.

La revisión de la DIE puede conseguir un «doble dividendo» pero, en cualquier caso, resulta beneficiosa

La revisión de la DIE reequilibra la imposición entre fuentes de energía fósiles y no fósiles y, en cierta medida, también entre los sectores sujetos y no sujetos al RCCDE. Aunque son los Estados miembros los que deciden cómo utilizar los posibles ingresos adicionales, la modelización de la evaluación de impacto supone que cualquier cambio se dedicaría a reducir la carga fiscal sobre el trabajo. Este supuesto refleja las prácticas de muchos Estados miembros que han efectuado reformas fiscales medioambientales y se ajusta a la orientación general de la DIE misma[6], que promueve el principio de la neutralidad fiscal como medio de modernizar los sistemas fiscales nacionales fomentando tanto el respeto del medio ambiente como el empleo. Esta modelización confirmó que, mediante la revisión de la DIE, la imposición energética contribuiría, cualquiera que fuesen las circunstancias, a alcanzar nuestros objetivos de la Estrategia Europa 2020 y, al mismo tiempo, aportaría beneficios económicos tangibles. Incluso si los ingresos de los impuestos energéticos no se «reciclaran» en la economía mediante una imposición más baja sobre el factor trabajo, la contribución al saneamiento presupuestario seguiría ayudando a satisfacer las apremiantes necesidades presupuestarias generadas por la crisis.

La propuesta mejora las condiciones de igualdad entre las empresas europeas . Los nuevos mínimos constituirán una verdadera referencia en el mercado interior aportando un valor objetivo para cada fuente de energía y tratando a los consumidores de energía por igual cualquiera que sean los productos energéticos que consuman.

Opciones de los Estados miembros y efectos concretos

Los efectos concretos de la revisión de la DIE dependerán en gran medida de los tipos nacionales preexistentes y de las opciones que tomen los Estados miembros con arreglo al principio de subsidiariedad, especialmente del equilibrio entre el componente CO2 y el componente energético del impuesto, así como de los tipos aplicados. También dependerá del grado en que decidan acogerse a los períodos de transición y a las opciones de la propuesta en relación con el contexto y las situaciones específicas a las que se refiere la sección 3 anterior. En el caso de los combustibles de calefacción, por ejemplo, pueden señalarse dos supuestos para describir los posibles impactos:

- Un supuesto 1 maximalista basado en que los Estados miembros decidan imponer una fiscalidad relacionada con el CO2 igual al nivel mínimo propuesto de 20 euros por tonelada de CO2 , que vendría a sumarse a sus actuales tipos nacionales. Sus actuales tipos se convertirían entonces en los tipos impositivos correspondientes al consumo energético general.

- Un supuesto 2 consistente en que los Estados miembros revisen sus tipos impositivos solo si se necesita para respetar los mínimos de la UE y fijen su fiscalidad relacionada con el CO2 en un nivel de 20 euros por tonelada de CO2, lo cual significaría que escindirían sus tipos actuales entre una parte relacionada con el CO2 de 20 euros por tonelada y una parte referente a la fiscalidad sobre el consumo energético general.

En el cuadro a continuación se muestra el impacto agregado de estos supuestos para la UE 27 partiendo de que los ingresos se aprovechan para reducir las cargas sobre el trabajo, tal como se calcula en la evaluación de impacto de la propuesta.

Impacto de la revisión de la DIE derivado de los cambios en los combustibles para calefacción (UE 27)

Impacto presupuestario (Cambio en los ingresos fiscales anuales) | Impacto medioambiental (Reducción de emisiones de CO2 en los sectores no sujetos al SCDE para 2020) | Impacto social (Cambio porcentual en los ingresos netos de los hogares para 2020) |

Supuesto 1 | +39 600 millones de euros | -4% | +0,29% |

Supuesto 2 | +20 000 millones de euros | -0.84% | +0,08% |

Fuente: Evaluación de impacto. Documento que acompaña a la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/96/CE (capítulos 5.2. 5.3, y 5.4). (Supuesto 1); Modelización con E3ME por Cambridge Economics (supuesto 2)

Estas cifras tienen que evaluarse en relación con los objetivos generales de la Estrategia Europa 2020 indicados anteriormente.

El impacto en las emisiones de CO2 es considerable y podría llegar al 2 % del total de emisiones de la UE o en torno al 4 % de las emisiones fuera del RCCDE de la UE. En números absolutos, esta magnitud corresponde a 92 millones de toneladas de CO2 y representa más de un tercio (aproximadamente el 37 %) del esfuerzo de reducción de gases de invernadero necesario fuera del RCCDE de la UE . De manera semejante, el número de empleos adicionales derivados de reformar la DIE aumentaría con el tiempo y podría llegar, en números absolutos, al millón en 2030 si se toma la opción estratégica más ambiciosa[7]. En esta opción puede preverse un crecimiento económico adicional de 0,27 % del PIB. El impacto positivo en el empleo deriva del supuesto, asumido en el modelo, de que los ingresos adicionales de la imposición energética se utilizarían para reducir la cotizaciones a la seguridad social de las empresas.

Evaluación general ex-post completa al cabo de cinco años

Aunque la actual propuesta se basa en una evaluación de impacto global y unos análisis políticos amplios, las circunstancias económicas, así como el marco tecnológico y medioambiental, podrían ser objeto de cambios en el futuro. Por tanto, la Comisión considera apropiado revisar los efectos de la nueva DIE a los cinco años de su aprobación, a fin de tener una mejor comprensión del impacto de la nueva estructura fiscal en relación con los objetivos de la revisión propuesta. Por ello, la Comisión tiene intención de presentar un informe al Consejo, si procede, con propuestas de modificación de las normas correspondientes. En particular, se trata de 1) adaptar el nivel impositivo mínimo sobre el CO2 a la evolución del precio de mercado en la UE de las asignaciones de derechos de emisión de CO2 con miras a establecer un vínculo automático entre este precio y el nivel impositivo mínimo sobre el CO2 2) adaptar los sistemas nacionales en lo que se refiere a exenciones y reducciones fiscales a la imposición sobre los hogares, el combustible utilizado para la navegación marítima y aérea (a la luz de los resultados de las negociaciones internacionales), la electricidad producida en tierra y directamente suministrada a los buques atracados en un puerto (electricidad en puerto), los combustibles alternativos, y la captura y el almacenamiento de carbono (CAC); y 3) la fiscalidad de la electricidad utilizada para el transporte.

CONCLUSIÓN

La revisión de la DIE propuesta por la Comisión reestructurará el actual sistema de impuestos sobre la energía a fin de hacerlo más eficiente y coherente. Asimismo, mejorará el funcionamiento del mercado interior, creando condiciones de igualdad para las empresas, que recibirán un trato igual, tanto si consumen petróleo como gas natural, carbón o biomasa; y, lo que es más importante, tendrá efectos medioambientales orientativos considerablemente positivos, contribuyendo así a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020. A más largo plazo, este nuevo marco ayudará a los Estados miembros a aplicar políticas nacionales más ambiciosas a nivel nacional, debido tanto a la necesidad de cumplir objetivos medioambientales como a la de satisfacer sus necesidades presupuestarias, motivo por el cual la propuesta ofrece posibilidades de aportar mejoras en la eficiencia que van más allá de los impactos/mejoras en el momento de su aplicación. Por tanto, esta revisión permitirá a los Estados miembros cumplir los compromisos de la Estrategia Europa 2020 de manera eficaz en cuanto a costes y aportará seguridad jurídica a las reformas estructurales de las políticas presupuestarias y sistemas tributarios que están aplicando para salir de la crisis económica y financiera. Al mismo tiempo, el nuevo marco fomentará el crecimiento económico sostenible y apoyará la creación de empleo. En resumen, una imposición energética más inteligente ayudará tanto al medio ambiente como a la economía.

[1] Comunicación de la Comisión: EUROPA 2020 - Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM(2010) 2020 de 3 de marzo de 2010.

[2] Consejo Europeo de 13-14 de marzo de 2008, conclusiones de la Presidencia (7652/1/08 rev. 1, 20.5.2008).

[3] Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (COM(2011)11).

[4] Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad DO L 283 de 31.10.2003, p. 51).

[5] Fuente: Cálculos propios basados en la actual DIE (anexo I, cuadro A), la Directiva 2006/32/CE (contenido energético de los productos), y la Decisión 2007/589 (factores de emisión de CO2). El E85 es un producto energético compuesto en un 85 % de etanol y en un 15 % de gasolina).

[6] Véase el undécimo considerando de la Directiva 2003/96/CE.

[7] Para referencias y explicaciones más detalladas consúltese la evaluación de impacto de los servicios de la Comisión.