Dictamen sobre el proyecto de Directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la apertura de los mercados de servicios de telecomunicaciones a la competencia plena

(96/C 39/11)

El 28 de septiembre de 1995, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el proyecto de Directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la apertura de los mercados de servicios de telecomunicaciones a la competencia plena.

La Sección de Transportes y Comunicaciones, encargada de preparar los trabajos en este asunto, decidió crear un Grupo de estudio (Ponente : Sr. Mobbs).

En su 330° Pleno (sesión del 22 de noviembre de 1995), el Comité Económico y Social ha designado Ponente general al Sr. Mobbs y ha aprobado por unanimidad el presente dictamen.

1. Introducción

1.1. La Directiva 90/388/CEE de la Comisión (Directiva sobre los servicios), de 28 de junio de 1990, ha sido señalada como un instrumento crucial para la liberalización del mercado europeo de servicios de telecomunicaciones.

1.2. La Directiva 90/387/CEE de la Comisión (Directiva marco relativa a la Oferta de Red Abierta) hizo hincapié en la importancia de la utilización y acceso abierto y eficaz a las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones.

1.3. La Resolución 93/C 213/01 del Consejo, de 22 de julio de 1993, se pronunció a favor de la intención de la Comisión de preparar, antes del 1 de enero de 1996, las enmiendas necesarias para modificar el marco normativo de la Comunidad con objeto de alcanzar la liberalización del conjunto de los servicios de telefonía vocal para el público antes del 1 de enero de 1998.

1.4. Durante los prolegómenos de la plena liberalización, deberían haberse alcanzado varios objetivos principales (algunos, aunque no todos, a través de la primera Directiva sobre servicios y sus posteriores modificaciones, y otros por medio de distintas medidas legislativas) que figuran a continuación.

1.4.1. La apertura de los servicios de telecomunicaciones distintos de la telefonía vocal a la competencia (diciembre de 1990).

1.4.2. La creación de un órgano independiente para la concesión de licencias y la vigilancia de las condiciones de uso (julio de 1991).

1.4.3. La apertura de la simple reventa de capacidad a la competencia (diciembre de 1992).

1.4.4. La aplicación de la oferta de red abierta a la telefonía vocal (doc. COM(94) 689). Se ha aprobado una posición común ().

1.4.5. La utilización de infraestructuras alternativas para la televisión por cable. La Directiva 95/51/CE, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, fue aprobada el 18 de octubre de 1995 y entrará en vigor el 1 de enero de 1996.

1.4.6. La propuesta de la Comisión (doc. SEC(95) 1382) por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en relación con las comunicaciones móviles y personales. De esta forma, quedarán suprimidos todos los derechos especiales y exclusivos a partir del 1 de enero de 1996. Se espera que esta propuesta sea aprobada antes de finales de este año. En estos momentos, el Comité está elaborando un dictamen al respecto, con vistas a su aprobación.

1.4.7. Las comunicaciones por satélite (Directiva 94/46/CE de la Comisión por la que se modifican las disposiciones anteriores). El equipo de estaciones terrenas de comunicaciones por satélite será incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los equipos terminales (Directiva 88/301/CEE), y los servicios de comunicaciones por satélite estarán cubiertos por la Directiva sobre los servicios.

1.4.8. El reajuste de las tarifas con objeto de crear un entorno económico favorable para todos los operadores y prestadores de servicios, garantizando, al mismo tiempo, el desarrollo del servicio universal.

1.4.9. La interconexión. En este contexto, la Comisión ha presentado una propuesta específica (doc. COM(95) 379). La interconexión, incluyendo la interoperabilidad, es fundamental para el desarrollo de la competencia plena y se requiere una normativa clara para garantizar que las nuevas empresas puedan interconectar sus instalaciones con las de los operadores de telecomunicaciones existentes. El Comité está elaborando un dictamen al respecto con vistas a su aprobación a principios del año próximo.

2. Los puntos principales de la propuesta de la Comisión

2.1. La supresión de todas las restricciones al suministro de los servicios de telefonía vocal, permitiendo la utilización de las redes de operadores de telecomunicaciones existentes que estarán sujetas al requisito de condiciones claras y transparentes y deberán respetar el derecho a la confidencialidad de los prestadores de servicios. Además, los prestadores de servicios de telefonía vocal podrán utilizar sus propias infraestructuras o cualquier infraestructura alternativa existente. Se admitirán excepciones en el caso de algunos Estados miembros.

2.2. La autorización, a partir del 1 de enero de 1996, de la utilización de infraestructuras alternativas por parte de los servicios de telecomunicaciones (por ejemplo, la red ferroviaria, la electricidad y el agua), a excepción de la telefonía vocal.

2.3. La necesidad de garantizar que las nuevas empresas que accedan al mercado no estén sujetas a condiciones más onerosas que las que se imponen o aplican a los actuales operadores y prestadores de servicios.

2.4. El acceso a un servicio de telecomunicaciones definido y mínimo (de una calidad especificada) para todos los usuarios y a un precio asequible.

2.5. El establecimiento de salvaguardias para garantizar la interconexión e interoperabilidad de las redes y servicios a fin de que los usuarios de toda la Unión Europea puedan beneficiarse de un mercado de servicios de telecomunicaciones plenamente competitivo dentro de un marco normativo previsible y estable.

2.6. El derecho de todo operador a prestar servicios bajo licencia.

2.7. La necesidad de que los Estados miembros supriman todos los derechos especiales y exclusivos concedidos actualmente a determinados operadores de telecomunicaciones.

2.8. La necesidad de que los Estados miembros notifiquen a la Comisión, antes del 1 de enero de 1997, cualquier procedimiento de concesión de licencia o de declaración con anterioridad a su aplicación.

2.9. La necesidad de que los Estados miembros garanticen, antes del 1 de julio de 1997, la disponibilidad de suficientes números para todos los servicios de telecomunicaciones.

2.10. La necesidad de que los Estados miembros velen por la supresión de todos los derechos exclusivos relacionados con la creación de servicios de guía telefónica vigentes en su territorio.

3. Observaciones generales

3.1. Según el Libro blanco de la Comisión « Crecimiento, competitividad, empleo », las redes de telecomunicaciones son el sustento de la competitividad. El Comité está de acuerdo con este parecer y acoge con agrado la propuesta de la Comisión en favor de la plena liberalización.

3.2. El objetivo de la Comisión de alcanzar la plena liberalización en el ámbito de las telecomunicaciones ha sido pormenorizado durante muchos años y tiene su origen en el Libro Verde de 1987 (doc. COM(88) 48 final). La Comisión aspira a poner en práctica una política equilibrada de liberalización y armonización basada en la Directiva 90/388/CEE de la Comisión sobre los servicios y en la Directiva 90/387/CEE del Consejo relativa a la Oferta de Red Abierta.

3.3. Tal como se desprende claramente de la Comunicación de la Comisión (doc. COM(95) 158) sobre la aplicación de la Directiva 90/388/CEE relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones, el grado de liberalización en todos los Estados miembros difiere considerablemente de un Estado a otro y de un servicio a otro.

3.3.1. Por consiguiente, las propuestas de la Comisión no deberían plantear grandes problemas en los Estados miembros que hayan llevado a cabo una amplia liberalización. En estos casos será necesario asegurarse de que la propuesta de la Comisión ni desbarate las satisfactorias prácticas actuales ni imponga requisitos innecesarios. En cambio, algunos Estados miembros invocarán dificultades a la hora de poner en práctica las propuestas de la Comisión. Estas dificultades podrán ser objeto de excepciones, si son auténticas.

3.3.2. Por lo que se refiere a los derechos exclusivos y especiales, el Comité recuerda su dictamen de 31 de mayo de 1995 sobre la telefonía vocal y, en particular, el punto 2.2 ().

3.4. Las propuestas de la Comisión deberán respetar el principio de subsidiariedad, sobre todo en lo que respecta a la aplicación. Reviste gran importancia la necesidad de evitar la imposición de requisitos onerosos de carácter obligatorio a los Estados miembros en los que se registre un nivel suficiente de competencia que garantice que no se producirán prácticas de competencia desleal.

3.5. Dado que, con vistas a la preparación de la plena liberalización de las telecomunicaciones, se están llevando a cabo muchas iniciativas similares de la Comisión con arreglo a la Directiva del artículo 90 existente, es inevitable que la actual propuesta de la Comisión siga el mismo camino. El calendario global de la Comisión, establecido por el Consejo, prácticamente no deja a la Comisión otra alternativa si ha de respetarse el plazo del 1 de enero de 1998.

3.5.1. El recurso al artículo 90 se engloba dentro de las prerrogativas de la Comisión para garantizar un correcto equilibrio entre las medidas de liberalización y armonización en el ámbito de la política de reglamentación de las telecomunicaciones (acuerdo político de 1989).

3.5.2. Dado que la Comisión no tiene que consultar cuando recurre al artículo 90, el Comité acoge con gran satisfacción que se le haya consultado oficialmente. Sin embargo, la brevedad del plazo acordado no permite examinar a fondo esta importante cuestión.

3.6. Otro motivo de preocupación es la necesidad de permitir a los operadores de conexiones fijas adecuar sus actividades para reajustar sus tarifas con objeto de evitar que los nuevos operadores acaparen la mejor parte, esto es, que se hagan con los clientes más rentables sin tener que cumplir otras obligaciones de servicio impuestas a los operadores de conexiones fijas.

3.7. A pesar de los períodos de notificación aplicados por la Comisión con el paso de los años, el Comité expresa su interés por que la competencia en el mercado de servicios de telecomunicaciones se desarrolle de forma ordenada y teniendo presentes las consecuencias sociales.

3.8. Conforme al artículo 7 de la Directiva sobre los servicios, la separación de la reglamentación del sector de las telecomunicaciones de las actividades de las organizaciones nacionales de telecomunicaciones por medio de la creación de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) constituye un objetivo clave (que aún no ha sido alcanzado plenamente).

3.8.1. A no ser que las ANR existan y funcionen con arreglo a una serie de directrices comunes de la Comisión y se establezca un procedimiento de recurso, difícilmente podrán aplicarse normas, reglamentos y prácticas comunes en el territorio de la UE. En la actualidad, las ANR ni existen ni operan en cinco Estados miembros (según fuentes de la Comisión). Si no se pone remedio a esta situación antes del 1 de enero de 1998, prevalecerán la desigualdad, la injusticia y posibles prácticas de competencia desleal. Esto sería inadmisible.

3.9. En algunos Estados miembros, se espera que la competencia provenga de las nuevas empresas del mercado. Muchas de ellas deberán establecer sus organizaciones y afianzarse en el mercado. Por ello, en un futuro inmediato, es muy posible que los nuevos prestadores de servicios se conviertan en los nuevos clientes principales de los actuales operadores de servicios de telecomunicaciones. En consecuencia, se generarán nuevos ingresos adicionales.

3.10. El desarrollo de la tecnología con el paso del tiempo ha hecho que desaparezcan o que estén desapareciendo las antiguas comunicaciones electromecánicas con muchas necesidades en materia de mantenimiento. Éstas están siendo reemplazadas por nuevas tecnologías que requieren mucho menos servicio de mantenimiento. No deben pasarse por alto las consecuencias sociales de la revolución tecnológica. Se sabe que la Comisión está examinando esta cuestión y está elaborando un informe sobre las consecuencias de la liberalización del sector de las telecomunicaciones para el empleo. Se espera la publicación de este informe con interés.

4. Observaciones específicas sobre el artículo 1 de la propuesta

4.1. Con su propuesta la Comisión está respondiendo a la necesidad de modificar la Directiva 90/388/CEE que ya ha sido objeto de varias modificaciones en el pasado. A fin de evitar cualquier confusión, así como el riesgo de que el texto modificado sea objeto de diferentes interpretaciones, el Comité recomienda que la Comisión elabore urgentemente un texto consolidado.

4.2. Artículo 1 (Definiciones)

La definición de las redes de telecomunicaciones es muy amplia. Aunque algunos Estados miembros no estén conformes con la amplitud de la definición, el Comité opina que esto forma parte inevitable de la plena introducción de la competencia.

4.3. Artículo 3 (Licencias de telefonía vocal y de redes públicas de telecomunicaciones)

4.3.1. La publicación de proyectos relativos a la aplicación o de procedimientos de autorización sólo surtirá efecto cuando todos los Estados miembros cuenten con un marco jurídico apropiado. Puede que esto sea difícil de aplicar, ya que aún no se han fijado las condiciones y circunstancias particulares de la « obligación » (u oportunidad) de servicio universal.

4.3.2. En cuanto a la limitación del número de licencias, deberá evitarse la imposición de cualquier limitación « a priori ». En realidad, deberían concederse nuevas licencias a todos los que las soliciten, como consecuencia de un procedimiento abierto y transparente.

4.4. Artículo 4 C (Servicio universal)

4.4.1. Desde el punto de vista de las consecuencias sociales de la liberalización, cabe señalar que el artículo 4 C propone asignar la « cuota » del servicio universal « con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios y de conformidad con el principio de proporcionalidad ». Sin embargo, el término « servicio universal » no ha sido definido. Por lo tanto, el servicio universal deberá ser definido antes de que se publiquen las normas en la materia. Se sabe que la Comisión está examinando esta cuestión y que se publicará una comunicación con sus correspondientes propuestas a finales de este año.

4.4.2. A este respecto, el Comité se remite a su dictamen sobre la Comunicación de la Comisión « Europa en marcha hacia la sociedad de la información. Plan de actuación » ().

4.5. Artículo 4 D (Servidumbres de paso)

4.5.1. Existe cierta preocupación por la concesión de servidumbres de paso obligatorias para un mismo terreno público a un gran número de operadores. El Comité propone que la Comisión introduzca un régimen obligatorio de acceso ilimitado a fin de garantizar una competencia leal en condiciones transparentes.

4.6. Artículo 3 (Supresión de las restricciones)

4.6.1. Este artículo se refiere a la supresión de las restricciones al uso de redes alternativas (exceptuando la telefonía vocal pública) para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Si bien puede que algunos Estados miembros alberguen cierta inquietud por el plazo del 1 de enero de 1996, el Comité toma nota de que según el apartado 2 del artículo 3, los Estados miembros que dispongan de redes menos desarrolladas podrán solicitar un período adicional para su aplicación de hasta cinco años.

4.7. Artículo 6 (Entrada en vigor)

4.7.1. La entrada en vigor de esta Directiva el 1 de enero de 1996 podría plantear problemas de viabilidad dado el poco tiempo que queda. No obstante, para que se pueda cumplir el plazo del 1 de enero de 1998, es preciso que la Directiva entre en vigor con bastante antelación a esa fecha.

Hecho en Bruselas, el 22 de noviembre de 1995.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° C 281 de 25. 10. 1995, p. 19.

() DO n° C 236 de 11. 9. 1995, p. 38.

() DO n° C 110 de 2. 5. 1995, p. 37.