A4-0378/97

Resolución sobre la coordinación de la política económica en la tercera fase de la UEM: aspectos comunes y vías hacia adelante (II/523/97 - C4-0574/97)

El Parlamento Europeo,

- Visto el documento de la Comisión, de 22 de septiembre de 1997, «Coordinación de la política económica en la tercera fase de la UEM: aspectos comunes y vías hacia adelante (Nota a la atención de la Comisión de Asuntos Monetarios)" (II/523/97 - C4-0574/97),

- Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la vigilancia de las posiciones presupuestarias así como de la vigilancia y coordinación de las políticas económicas ((DO L 209 de 2.8.1997, pág. 1.)),

- Visto el Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, con vistas a acelerar y clarificar la aplicación del procedimiento relativo a los procedimientos de déficit excesivos ((DO L 209 de 2.8.1997, pág. 6.)),

- Vista la Resolución del Consejo Europeo relativa al pacto de estabilidad y de crecimiento, adoptada en Amsterdam el 17 de junio de 1997 ((DO C 236 de 2.8.1997, pág. 1.)),

- Vista la Resolución del Consejo Europeo sobre el crecimiento y el empleo, adoptada en Amsterdam el 16 de junio de 1997 ((DO C 236 de 2.8.1997, pág. 3.)),

- Vista su Resolución sobre la recomendación de la Comisión relativa a las grandes orientaciones de la política económica de los Estados miembros y de la Comunidad para 1997, de 29 de mayo de 1997 ((DO C 182 de 16.6.1997, pág. 27.)),

- Vista su Resolución sobre la coordinación de las políticas presupuestarias y fiscales en la Unión Europea, de 10 de junio de 1997 ((DO C 200 de 30.6.1997, pág. 38.)),

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A4-0378/97),

A. Considerando que en la primavera de 1998 se adoptará, de conformidad con el artículo 109 J del Tratado CE, la decisión sobre la lista de los Estados miembros que reúnen las condiciones necesarias para la adopción de una moneda única y que la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria entrará en vigor el 1 de enero de 1999,

B. Recordando que el artículo 3 A del Tratado CE prevé la instauración de una política económica basada en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, en el mercado interior y en la definición de objetivos comunes y que, en virtud del apartado 1 del artículo 103del Tratado CE, los Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las coordinarán en el seno del Consejo,

C. Considerando que, en su Resolución sobre el crecimiento y el empleo, el Consejo Europeo se manifestó a favor de la consolidación de los vínculos entre una Unión Económica y Monetaria eficaz y duradera, un mercado interior que funcione de forma satisfactoria y el empleo,

D. Considerando que la tasa de creación de empleo puede beneficiarse de la coordinación de las políticas económica, presupuestaria y fiscal de los Estados miembros, dirigidas a reforzar el potencial de crecimiento endógeno en la Unión Europea,

E. Considerando que la Unión Monetaria constituirá un elemento determinante para la aceleración del proceso de integración de las economía europeas y su mutación en un verdadero mercado doméstico europeo, lo que constituirá una entidad económica en todas sus dimensiones y todos sus atributos,

F. Considerando que el grado de interdependencia alcanzado por las economías de los Estados miembros, que se acentuará durante la Unión Monetaria, refuerza las consecuencias económicas que las medidas nacionales adoptadas por los Estados miembros tienen para sus socios,

G. Considerando que la introducción del euro a partir del 1 de enero de 1999 ya no permite mantener, como se ha hecho hasta ahora, la separación artificial entre las políticas comunitarias correspondientes al mercado interior y las vinculadas a la realización de la Unión Económica y Monetaria,

H. Considerando que, a pesar de los progresos logrados en la convergencia económica y social durante los últimos años y los esfuerzos de los Estados miembros para alcanzar los criterios de convergencia por lo que concierne a la inflación, el déficit presupuestario y la deuda pública, subsisten disparidades de desarrollo en el interior de la Comunidad,

I. Considerando que, en la situación actual, la coordinación de las políticas económicas y la vigilancia multilateral, incluso reforzadas por los antes mencionados Reglamentos del Consejo adoptados el 7 de julio de 1997 y la Resolución del Consejo Europeo relativa al pacto de estabilidad y de crecimiento adoptada en Amsterdam el 17 de junio de 1997, son insuficientes para garantizar el desarrollo de una política económica europea coherente, dinámica y por ello más favorable al crecimiento y al empleo,

J. Considerando que la consulta regular entre los interlocutores sociales a escala europea es especialmente necesaria para analizar y tener en cuenta la interacción entre progresión salarial, política monetaria y evolución de la productividad,

Los principios generales

1. Estima que la cohesión y la estabilidad de la Unión Europea hace indispensable una convergencia creciente en términos reales de las economías de sus Estados miembros, que se refuerza, entre otros modos, por la coordinación de sus políticas económicas;

2. Propone que este refuerzo de la coordinación de las políticas económicas se efectúe sobre tres ejes principales:

- permitir el establecimiento de una política económica coherente y eficaz en la Unión,

- garantizar un debate público y democrático sobre las opciones económicas europeas,

- mejorar el proceso de toma de decisiones, su eficacia y su transparencia;

3. Recuerda que el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea ha de participar en este refuerzo de la coordinación de las políticas económicas y de la vigilancia multilateral, de acuerdo con las disposiciones del Tratado y del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo antes mencionado;

Los instrumentos de las políticas económicas

4. Destaca que, durante la segunda fase de la UEM, el informe económico anual y las grandes orientaciones de política económica han servido para reforzar el proceso de convergencia y han repetido ampliamente lo que ya se encontraba en los programas de convergencia de los Estados miembros individuales; pide con insistencia que se amplíe su enfoque durante la tercera fase de la UEM para que aporten un verdadero valor añadido más allá de los programas de estabilidad y convergencia elaborados por los Estados miembros individuales;

5. Propone que la Recomendación sobre las grandes orientaciones de políticas económicas generales:

- garantice que el pilar de política monetaria de la UEM quede equilibrado con un pilar de política económica,

- determine objetivos orientativos («orientative targets») sobre variables económicas determinantes (gasto público de inversión, crecimiento del producto interior bruto en términos reales, empleo, inflación y evolución de los salarios) para constituir un «conjunto de políticas» favorable al crecimiento y al empleo,

- integre progresivamente las políticas económicas comunitarias vinculadas al mercado interior (política de competencia, mercado interior, política industrial, investigación y desarrollo, política comercial),

- tenga plenamente en cuenta las orientaciones definidas durante la elaboración de las líneas directrices para el empleo;

6. Pide que se sincronicen los procedimientos contemplados en el Tratado de Amsterdam para el establecimiento de orientaciones económicas y para el empleo, con el fin de garantizar una mejor coordinación entre las medidas macroeconómicas y estructurales; pide que entre los instrumentos para la coordinación se incluyan explícitamente las orientaciones para el empleo (artículo 128 del Tratado de Amsterdam) con vistas a garantizar que esa política conducirá a la estabilidad de los precios, al desarrollo sostenible y a la creación de empleo; por ello, solicita la celebración de reuniones mixtas de los Consejos de Asuntos Sociales y ECOFIN, al menos una vez por semestre, para supervisar el cumplimiento de las orientaciones económicas y para el empleo;

7. Toma nota de la posible creación de un Consejo «Euro», pero considera necesario que, aun cuando su estructura sea informal, la Comisión participe en él con todas sus competencias; manifiesta también su preocupación por el carácter intergubernamental de esta propuesta;

8. Pide a la Comisión que, en el marco del proceso de supervisión multilateral, vigile más especialmente las consecuencias de las medidas inapropiadas de política económica, incluida la presupuestaria, adoptadas por los Estados miembros, susceptibles de tener consecuencias perjudiciales para otros Estados miembros o para la estabilidad de la Unión monetaria, y utilice en caso necesario, el derecho de proponer recomendaciones que le confiere el apartado 4 del artículo 103 del Tratado CE;

9. Pide con insistencia a la Comisión que presente un estudio al Parlamento y al Consejo en el que se examinen diferentes mecanismos para hacer frente a los choques asimétricos de escala excepcional y que pudieran perjudicar el funcionamiento de la Unión Monetaria;

El refuerzo del control democrático y el diálogo social

10. Está convencido de que el debate público sobre la política económica y su dimensión democrática requieren en particular:

- la participación activa y formal del Parlamento Europeo en el proceso de control de la gestión de la Unión Económica y Monetaria, en particular, para la coordinación de las políticas económicas y la supervisión multilateral,

- el establecimiento de un verdadero diálogo entre los interlocutores sociales a escala europea; a este fin, pide a la Comisión que examine la conveniencia de celebrar, en el marco del procedimiento del artículo 118 B y si los interlocutores sociales lo consideran deseable, una conferencia anual de los interlocutores sociales destinada, por una parte, a aportar sus reflexiones sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y la evolución de los salarios destinadas al informe económico anual de la Comisión y, por otra parte, a pronunciarse sobre el proyecto de recomendación de las orientaciones económicas;

11. Considera, por otra parte, que el papel institucional y la responsabilidad democrática del Parlamento Europeo, como representante de los ciudadanos de la Unión Europea, le habilita para mantener un diálogo permanente con el BCE a fin de buscar la mejor complementariedad entre la política monetaria y su principal objetivo, el mantenimiento de la estabilidad de los precios, y una política económica activa en favor de la competitividad y del empleo, en el pleno respeto de la independencia del Banco Central; se compromete, para ser plenamente capaz de asumir estas nuevas responsabilidades, a crear en sus servicios una unidad de análisis y de previsión económica comparable al STOA;

12. Considera que el Parlamento Europeo, tal como lo pide su antes mencionada Resolución de 10 de junio de 1997, ha de poder recurrir a un comité de consejeros económicos del Parlamento Europeo compuesto por expertos reconocidos y encargados de presentar una o dos veces al año un informe sobre la situación económica y unas recomendaciones basadas en los objetivos políticos que el Parlamento Europeo les haya asignado;

13. Recomienda asimismo a los Estados miembros que establezcan a escala nacional las mejores condiciones para la participación de los parlamentos nacionales en las deliberaciones relativas a la definición de las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad;

La mejora y la transparencia de los procedimientos

14. Pide a la Comisión que, de conformidad con el Tratado CE, asuma plenamente su papel y su responsabilidad en el proceso de supervisión multilateral y de coordinación de las políticas económicas y desea que para ello haga uso activo de su derecho de iniciativa y de propuesta;

15. Estima que la estructura actual del informe económico anual de la Comisión, que representa la primera etapa del procedimiento sobre las grandes orientaciones, se ha de revisar para facilitar a los diferentes agentes del mundo económico europeo un análisis económico lo suficientemente profundo de las condiciones económicas futuras y para hacer el balance de las acciones llevadas a cabo en el año anterior;

16. Considera que convendría reforzar la función del Parlamento Europeo en los procedimientos previstos en los artículos 103 y 104 C del Tratado CE; pide concretamente que el dictamen del Parlamento sobre las grandes orientaciones de política económica se publique al mismo tiempo y de la misma manera que la recomendación adoptada por el Consejo;

17. Considera que, a fin de que el Comité Económico y Financiero previsto en el artículo 109 C sea plenamente capaz de cumplir las misiones que le han sido encargadas, los Estados miembros deben velar por designar en su seno a unos representantes cuyas competencias cubran, por una parte, la política presupuestaria y, por otra, la política económica;

18. Estima indispensable, para garantizar la transparencia necesaria del proceso de toma de decisiones orientadas a la coordinación de las políticas económicas, que el Comité Económico y Financiero a que se refiere el artículo 109 C pueda ser oído con regularidad y/o a petición de su comisión competente;

Aplicación de las disposiciones propuestas

19. Pide que las propuestas formuladas sean objeto de actos legislativos secundarios que se habrán de adoptar de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 103 del Tratado CE, que podrían ir acompañados de una resolución del Consejo Europeo para subrayar el compromiso en favor de una verdadera transparencia del debate económico europeo;

20. Considera que los aspectos que no puedan ser objeto de disposiciones legislativas se habrán de reglamentar mediante un acuerdo interinstitucional y para ello reitera la solicitud que ha formulado en repetidas ocasiones desde la adopción del Tratado de Maastricht;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.