ES ECB-PUBLIC  
 
DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO 
 de 26 de mayo de 2017  
sobre la Comisión de seguimiento del procedimie nto alternativo de solución de controversias y 
sobre el fondo de reserva de las fundaciones bancarias 
(CON/2017/19) 
 
Introducción y fundamento jurídico 
El 25 de abril de 2017 el Banco Central Europeo (BCE) recibió del Banco de España, en nombre del 
Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa de España, una solicitud de dictamen sobre el Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión de seguimiento, control y evaluación del 
procedimiento extrajudicial establecido por el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas 
urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo
1 (en lo sucesivo, el “proyecto de 
real decreto”). 
La competencia consultiva del BCE se basa en el artículo 127, apartado 4, y el artículo 282, apartado 5, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en los guiones tercero y sexto del artículo 
2, apartado 1, de la Decisión 98/415/CE del Consejo2, pues el proyecto de real decreto se refiere al 
Banco de España, a normas aplicables a las entidades  financieras que influyen significativamente en la 
estabilidad de las entidades y los mercados financieros, y a las tareas encomendadas al BCE conforme 
al artículo 127, apartado 6, del Tratado, respecto de la supervisión prudencial de las entidades de crédito. De conformidad con la primera frase del ar tículo 17.5 del Reglamento interno del Banco Central 
Europeo, el presente dictamen ha sido adoptado por el Consejo de Gobierno. 
 
1. Objeto del proyecto de real decreto 
1.1. Comisión de seguimiento, control y evaluación del cumplimiento por las entidades de crédito del 
Real Decreto-ley 1/2017 (cláusulas suelo) 
1.1.1. El real decreto ley crea la Comisión de se guimiento, control y evaluación del cumplimiento por las 
entidades de crédito de lo dispuesto en el Real Decreto-ley, el cual estableció un cauce 
extrajudicial para resolver las reclamaciones de los consumidores y facilitar la devolución de las 
cantidades indebidamente satisfechas por estos a las entidades de crédito en aplicación de 
determinadas cláusulas suelo contenidas en los préstamos hipotecarios. Las cláusulas suelo no 
transparentes fueron declaradas nulas con carácter retroactivo según el fallo del Tribunal Supremo 
                                                 
1  Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de 
cláusulas suelo, BOE nº 18, 21.01.2017, p. 5379. 
2  Decisión 98/415/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la consulta de la s autoridades nacionales al 
Banco Central Europeo acerca de los proyectos de disposiciones legales (DO L 189 de 3.7.1998, p. 42). 
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2 de España en su sentencia nº STS 1916/2013 de 9 de mayo de 2013, y el fallo del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 21 de diciembre de 2016 en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15
3. 
1.1.2. La Comisión dependerá formalmente del Ministerio de Economía, por lo que participará de la 
personalidad jurídica del Estado español. La Co misión la integrarán ocho miembros, a saber, el 
subgobernador del Banco de España, que la presidirá, más otros siete miembros en 
representación de ciertos ministerios (Economía, Justicia y Sanidad) e intereses sociales (incluidos 
los de consumidores, abogados y jueces).  
1.1.3. El Banco de España se encargará además de nombrar al secretario de la Comisión y a los 
técnicos que fueran necesarios, y, en general, de preparar los documentos de la Comisión y dirigir 
su funcionamiento  
1.1.4. La Comisión comprobará si las entidades de crédito cumplen debidamente lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 1/2017. Las entidades de crédito deben informar a sus clientes de la existencia del 
procedimiento extrajudicial para solicitar la devolución de las cantidades que hayan pagado indebidamente con relación a las cláusulas suelo de sus hipotecas. Con esa finalidad, las 
entidades de crédito informarán mensualmente a la Comisión del número de solicitudes recibidas de clientes, de cuántas han terminado con acuerdo y por qué importe, y de qué otras medidas 
compensatorias han acordado. Además, el Ministerio de Justicia facilitará estadísticas del número 
de procedimientos judiciales relativos a las cláusulas suelo. 
1.1.5. La Comisión no conllevará incremento alguno del gasto público. Por tanto, serán las entidades en 
ella representadas las que atenderán los gastos de personal y materiales de su representación con cargo a sus presupuestos ordinarios.     
1.2. Modificación del fondo de reserva de las fundaciones bancarias  
Conforme a la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, las 
fundaciones bancarias con participaciones en entidades de crédito que alcancen un 30 % están 
sujetas a obligaciones importantes que incluyen, entre otras, elaborar un protocolo de gestión de sus participaciones financieras, así como un plan financiero anual, que deben presentar al Banco 
de España. Además, mantener participaciones en entidades de crédito que alcancen un 50 % o permitan su control resulta gravoso por las obligaciones de incluir en el plan financiero un plan de 
diversificación de inversiones y gestión de riesgos y dotar un fondo de reserva para hacer frente a 
posibles necesidades de recursos propios de las entidades participadas. 
El proyecto de real decreto reduce del 50 % al 30 % el porcentaje mínimo de los importes 
recibidos de las entidades de crédito participadas en concepto de reparto de dividendos en efectivo que las fundaciones bancarias deben destinar al fondo de reserva, y amplía además de 
cinco a ocho años el plazo del que disponen las fundaciones bancarias para alcanzar el volumen objetivo de sus fondos de reserva. Además, el proyecto de real decreto da las fundaciones 
bancarias un plazo de tres meses para actualizar sus planes financieros.   
                                                 
3  Gutiérrez Naranjo , asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, ECLI:EU:C:2016:980. 
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3  
2. Atribución de nuevas funciones al Banco de España 2.1 El proyecto de real decreto atribuye al Banco de España la nueva función de dotar a la Comisión 
de un secretario, y de técnicos si fueran necesarios, que apoyen el funcionamiento de la Comisión y el desempeño de las funciones que se le atribuyen. Además, el subgobernador del Banco de 
España preside la Comisión, y el Banco de España ha de atender con cargo a su presupuesto 
ordinario los gastos de los recursos personales y materiales que destine a la Comisión.    
En caso de atribución de nuevas funciones a un banco central nacional (BCN) del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales (SEBC), es preciso exam inar si esa atribución es compatible con lo 
establecido en el artículo 123 del Tratado. A efectos de la prohibición de la financiación monetaria,  
el artículo 1, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento (CE) nº 3603/93 del Consejo
4, 
considera que “toda financiación de obligaciones del sector público con respecto a terceros” es un 
mecanismo de crédito de los BCN del Eurosistema a favor del Estado, y, por consiguiente, 
prohibido por el artículo 123 del Tratado. 
2.2 Uno de los objetivos de la prohibición de la financiación monetaria, que no puede eludirse, es velar 
por que los Estados miembros mantengan una política presupuestaria sólida. Por lo tanto, la función de financiar procedimientos extrajudiciales, que corresponde normalmente a los Estados 
miembros y debe sufragarse con sus recursos presupuestarios y no con los de los BCN, no debe 
atribuirse por ley a estos últimos. Para determinar qué constituye una forma de financiación de 
obligaciones del sector público respecto de terceros, hay que examinar caso por caso si la función 
atribuida a un BCN es una función de banca central o es una función estatal. Dicho de otro modo, 
debe haber garantías suficientes de que no se eluden los objetivos de la prohibición de la 
financiación monetaria.   
2.3 En el marco de la discreción de que goza en el ejercicio de sus funciones en virtud del artículo 
271, letra d), del Tratado, y del artículo 35.6 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales y del Banco Central Europeo (en lo suce sivo, los “Estatutos del SEBC”), y para velar por 
que los BCN cumplan sus obligaciones conforme a los Tratados, el Consejo de Gobierno ha 
aprobado una serie de garantías con ese fin, en forma de criterios por los que se determina qué constituye una obligación del sector público en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra b), inciso 
ii), del Reglamento (CE) nº 3603/93 del Consejo, o, en otras palabras, qué es una obligación 
estatal, a saber:  
Primero : Son funciones de banca central en particular las relacionadas con las funciones 
atribuidas al BCE y a los BCN por el Tratado y los Estatutos del SEBC. Estas funciones se establecen principalmente en el artículo 127, apartados 2, 5 y 6, y en el artículo 128, apartado 1, 
del Tratado, así como en los artículos 22 y 25.1 de los Estatutos del SEBC.  
Segundo : Puesto que el artículo 14.4 de los Estatutos del SEBC autoriza a los BCN a ejercer 
“funciones distintas de las especificadas en el presente Estatuto”, no se excluye sin más el 
                                                 
4  Reglamento (CE) nº 3603/93 del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, por el que se establecen definiciones para la 
aplicación de las prohibiciones a que se refieren el artículo 104 y el artículo 104 B, apartado 1, del Tratado (DO L 
332 de 31.12.1993, p. 1). 
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4 ejercicio de funciones nuevas, esto es, no relacionadas con funciones atribuidas al BCE y los 
BCN. Sin embargo, las funciones nuevas desempeñadas por los BCN que no son sus funciones normales y que claramente se ejercen en nombre y en interés exclusivo del Estado o entidades del 
sector público, deben considerarse funciones estatales.     
Tercero : Un criterio importante para calificar una nueva función de un BCN como atípica, o como 
ejercida claramente en nombre y en interés exclusivo del Estado o entidades del sector público, es 
su repercusión en la independencia institucional, financiera y personal de ese BCN. 
Concretamente, deben tenerse en cuenta las cuestiones siguientes:  
(a) Si el desempeño de la nueva función no complementa otras funciones existentes de banca 
central o incluso provoca con estas conflictos de intereses no resueltos adecuadamente. En 
caso de conflicto de intereses entre las nuevas funciones y las existentes, debe haber mecanismos suficientes que lo atenúen. La complementariedad entre una nueva función y 
las funciones existentes de banca central debe interpretarse restrictivamente para que no 
provoque una cadena infinita de funciones accesorias. Dicha complementariedad debe examinarse además respecto de la financiación de las funciones. 
(b) Si, en ausencia de nuevos recursos económicos, el desempeño de la nueva función es 
desproporcionado con relación a la capacidad financiera u organizativa del BCN y puede 
perjudicar a la capacidad de este para desempeñar debidamente las funciones existentes 
de banca central. 
(c) Si el desempeño de la nueva función encaja en la estructura institucional del BCN desde el 
punto de vista de la independencia del banco central y de la contabilidad. 
(d) Si el desempeño de la nueva función conlleva riesgos financieros significativos. 
(e) Si el desempeño de la nueva función expone a los miembros de los órganos rectores del 
BCN a riesgos políticos desproporcionados que pueden también afectar a su independencia 
personal y, en particular, a la garantía de su  inamovilidad conforme al artículo 14.2 de los 
Estatutos del SEBC. 
2.4 En los apartados que siguen se examina conforme a los criterios expuestos si las funciones 
nuevas que se atribuyen al Banco de España respetan la prohibición de la financiación monetaria. 
2.4.1 Nuevas funciones relacionadas con las atribuidas al BCE y a los BCN por el Tratado y los 
Estatutos del SEBC  
La vigilancia del cumplimiento por las entidades de crédito de procedimientos extrajudiciales no se 
cuenta entre las funciones de banca central enumeradas en el artículo 127, apartados 2 o 5, del 
Tratado, o atribuidas a los BCN por los Estatutos del SEBC. Además, esta nueva función carece de dimensión supervisora, pues no se refiere al análisis de cómo afecte el procedimiento 
extrajudicial a la solvencia de las entidades de crédito. En este sentido, la nueva función atribuida al  Banco de España por el proyecto de real decreto no es una función de las atribuidas al BCE y 
los BCN por el Tratado y los Estatutos del SEBC. Por lo tanto, la atribución de esta función al 
Banco de España debe examinarse con cautela para determinar si es una función estatal y si su financiación plantea cuestiones de financiación monetaria. 
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5 2.4.2 Funciones distintas de las normales de los BCN  
Conforme al derecho bancario español5, el Banco de España tiene el mandato de proteger a los 
clientes de las entidades de crédito, especialm ente por lo que respecta al funcionamiento del 
mercado y su transparencia, y tiene además la función, como autoridad competente, de atender las reclamaciones de esos clientes por supuestas infracciones de las normas de transparencia y 
publicidad o de las buenas prácticas bancarias. Sin embargo, la nueva función atribuida al  Banco 
de España respecto de las labores de la Comisión conforme al proyecto de real decreto tiene 
distinta naturaleza. El Real Decreto-ley 1/2017 ha establecido un procedimiento extrajudicial 
especial destinado a aplicarse antes del procedimiento judicial y, caso de fructificar, a sustituirlo. La finalidad de este procedimiento es resolver las reclamaciones de los clientes y evitar que se 
acumulen las causas en los tribunales por el elevado número de demandas interpuestas contra las entidades de crédito, dado el gran número de personas potencialmente afectadas por la nulidad 
retroactiva de las cláusulas suelo de las hipotecas. En este contexto, es preciso analizar si la 
nueva función que se propone atribuir al Banco de España, consistente en vigilar el cumplimiento por las entidades de crédito de un procedimient o extrajudicial relacionado con la utilización de 
cláusulas injustas o abusivas en contratos de consumo, es una función normal en otros BCN del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). A unque no parece que a la mayoría de los BCN 
del SEBC se hayan atribuido nunca funciones de es ta naturaleza, el BCE observa que, en varios 
Estados miembros, los BCN han participado o participan en mecanismos alternativos de 
resolución de controversias a disposición de los clientes de las entidades de crédito. Ciertos Estados miembros atribuyen a los BCN la función de gestionar directamente esos mecanismos 
alternativos de resolución de controversias a disposición de los consumidores
6. Es más relevante 
aún para las funciones específicas cuya atribución al Banco de España se propone, el dato de que son varios los BCN a los que se han atribuido diversas funciones en organismos externos 
encargados de gestionar esos mecanismos alternativos de resolución de controversias. Entre estas funciones se encuentran las de designar a miembros del órgano rector del organismo de 
                                                 
5  Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, BOE nº 156, 
27.6.2017, p. 49412. Véase en particular el artículo 5. 
6  Pueden citarse los ejemplos siguientes. En Italia, el artículo 128 bis de la versión revisada del Decreto legislativo nº 
385 de 1 de septiembre de 1993 creó el Arbitro bancario financiario  (ABF u ómbudsman bancario y financiero) para 
conocer de las controversias surgidas con relación a servicios y operaciones bancarias y, en general, de la equidad en las relaciones entre clientes e intermediarios, inclusive por lo que respecta al crédito al consumo y los servicios 
de pago. La Banca d’Italia alberga la secretaría técnicia del ABF y la dota de personal. En Chipre, las leyes de 
servicios de pago 2009-2010 (que ya no están en vigor) encomendaron al Central Bank of Cyprus la función de 
gestionar un procedimiento extrajudicial de liquidación respecto  de los servicios de pago. En Lituania, el artículo  
22(1)(2) de la Ley de protección del consumidor, atribuye al  Lietuvos bankas la función de resolver las controversias 
entre los consumidores y las instituciones financieras, incluidas las entidades de crédito. En Hungría, el artículo 
4(10) de la Ley del Magyar Nemzeti Bank (NMB) encarga a este la función de procurar, por medio de una junta de 
arbitraje financiero, organismo independiente gestionado por el  NMB, la resolución extrajudicial de las controversias 
que surjan entre los consumidores y las entidades supervisadas respecto de los servicios bancarios o los contratos 
de préstamo. 
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6 resolución de controversias, prestar a este organismo servicios de secretaría y personal, y 
gestionar el propio organismo7.  
Los procedimientos extrajudiciales en los que parti cipan los BCN se refieren a sistemas de pago, 
reclamaciones de consumidores acerca de la prestación de servicios financieros, transparencia en documentos contractuales y precontractuales, contratos de préstamo al consumo, y 
reestructuración de deudas de familias en dificultades.     
Sin embargo, en ninguno de estos ejemplos se atribuyen a los BCN funciones en procedimientos 
alternativos de resolución de controversias específicamente referidas a la utilización de cláusulas 
contractuales injustas o abusivas conforme a la Directiva 93/13/CEE del Consejo
8. El BCE 
entiende que, en vista de sus responsabilidades de secretaría de la Comisión, el Banco de España 
puede tener que examinar las decisiones de las entidades de crédito a fin de determinar en qué medida cumplen el Real Decreto-ley 1/2017. Puede aducirse sobre este punto que la función 
especial atribuida al Banco de España no es una función normal de un banco central. 
2.4.3 Funciones ejercidas claramente en nombre y en interés exclusivo del Estado  
El proyecto de real decreto atribuye la función de vigilar el procedimiento extrajudicial a la 
Comisión, la cual se adscribe al Ministerio de Economía y, por lo tanto, participa de la personalidad jurídica del Estado español. Además, el preámbulo del Real Decreto-ley 1/2017 dice 
expresamente que uno de los objetivos de la norma es evitar el aumento de los litigios en la 
jurisdicción civil y los elevados costes consiguientes para la administración de justicia. El BCE 
entiende en este sentido que el procedimiento extrajudicial y la creación de la Comisión pretenden 
aliviar la carga de trabajo de la administración de justicia, lo cual es función del Estado. Por lo tanto, las nuevas funciones atribuidas al Banc o de España, que facilitan el desempeño de las 
funciones de la Comisión, se ejercen en interés exclusivo del Estado.     
 
2.4.4 Repercusión de las funciones en la independencia del Banco de España 
Debe tenerse en cuenta asimismo la posible repercusión de las nuevas funciones que el proyecto 
de real decreto atribuye al Banco de España en la independencia institucional y financiera de este 
y en la independencia personal de los miembros de sus órganos rectores. 
 
                                                 
7  En Bulgaria, la Comisión de conciliación sectorial para servicios financieros (SRCFS) es un organismo de resolución 
alternativa de controversias que se encarga de las surgidas a nivel nacional y transfronterizo entre consumidores y 
operadores en materia de servicios financieros. El Българска  народна  банка  (Banco Nacional de Bulgaria) tiene 
atribuida, en virtud de los artículos 183 bis y 183 ter de la Ley de protección del consumidor, la función de designar 
al presidente y vicepresidente de la SRCFS. En Portugal, conforme a la Ley 58/2012, de 9 de noviembre, de 
régimen extraordinario, el Banco de Portugal está repr esentado en el Comité de seguimiento del procedimiento 
extrajudicial para familias con graves  dificultades financieras en situación de mora en sus préstamos para vivienda, 
y presta servicios de secretaría a dicho comité. En Rumanía, la Banca Na ţională a României designa a uno de los 
cinco miembros del comité que coordina la actividad gener al del Centro alternativo de resolución de controversias 
bancarias, persona jurídica que facilita la resolución extrajudicial de las reclamaciones de los consumidores de 
banca.  
8  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29). 
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7 2.4.4.1 Conflictos de intereses entre el ejercicio de las nuevas funciones y el de las funciones existentes 
de banca central  
Puesto que la responsabilidad del seguimiento del procedimiento extrajudicial corresponde a la 
Comisión, los objetivos básicos del mandato de esta no tiene que perseguirlos el Banco de España como tal. Por ello, es improbable que el ejercicio de las nuevas funciones que el 
proyecto de real decreto atribuye al Banco de España dé lugar a conflictos de intereses con las 
funciones de banca central que este desempeña.  
2.4.4.2 Proporción entre el ejercicio de las nuevas funciones y la capacidad financiera u organizativa del 
Banco de España 
El principio de independencia financiera exige que los Estados miembros eviten poner a sus 
BCN en situación de no disponer de los recursos financieros suficientes para llevar a cabo no solo sus funciones relacionadas con el SEBC sino también sus funciones nacionales, tanto 
desde el punto de vista operativo como financiero. Además, cuando se atribuyan nuevas 
funciones específicas a los BCN, estos deben disponer de recursos financieros complementarios de modo que puedan desempeñarlas sin que resulte afectada su capacidad operativa o 
financiera, incluidos recursos humanos suficientes, para ejercer sus funciones relacionadas con el SEBC. En esta fase previa, es difícil predecir qué recursos adicionales habrá de asignar el 
Banco de España a la Comisión. No obstante, por ahora el proyecto de real decreto solo 
establece los requisitos mínimos para el funcionamiento de la Comisión, lo que significa que los 
trabajos preparatorios necesarios para establecerla incumbirán a su secretario designado por el 
Banco de España. Además, es probable que el Banco de España deba destinar recursos humanos, técnicos y financieros complementarios para recopilar, procesar y analizar los datos 
pertinentes que permitan a la Comisión vigilar el cumplimiento por las entidades de crédito interesadas de los requisitos del procedimiento extrajudicial. El procesamiento de la información 
presentada por las entidades de crédito conforme al  proyecto de real decreto puede, por tanto, 
suponer una carga adicional a las actuales funciones de banca central que desempeña el Banco 
de España. En todo caso, cabe esperar que el ejercicio de las nuevas funciones suponga un 
volumen de trabajo sustancial para el Banco de España. Sobre este particular, el proyecto de 
real decreto no dispone que se reembolsen al Banco de España los gastos que efectúe al 
desempeñar este trabajo adicional, e incluso dispone expresamente que la creación de la Comisión no suponga un incremento del gasto público. Por consiguiente, el Banco de España 
tendrá que financiar con cargo a su presupuesto ordinario el personal y los recursos materiales que destine a la Comisión.  
2.4.4.3 Encaje del desempeño de las nuevas funciones en la estructura institucional del Banco de 
España desde el punto de vista de la independencia del banco central y de la contabilidad  
 Aunque el Banco de España designa al secretario de la Comisión y dirige su funcionamiento, la 
Comisión es parte del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Si los técnicos nombrados para la Comisión han de asignarse a esta para trabajar a tiempo completo y ejercer 
funciones estatales, el BCE considera que el Banco de España debería estar exento de 
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8 responsabilidad por las acciones y omisiones de ese personal en el desempeño de sus 
funciones9.  
2.4.4.4  Riesgos financieros significativos aparejados al desempeño de las nuevas funciones  
 No parece que el Banco de España se exponga a riesgos financieros significativos en el 
desempeño de las nuevas funciones que se le atribuyen, pues se entiende que es la Comisión la 
que responde de sus actos y, por tanto, en última instancia, el Estado español, pero no el Banco 
de España.  
2.4.4.5 Exposición de los miembros de los órganos rectores del Banco de España a riesgos políticos 
desproporcionados que pueden afectar a su independencia personal  
 Debe atenderse debidamente a la protección de la independencia personal de los miembros de 
los órganos rectores del Banco de España10. Esta cuestión es importante tanto porque participan 
en un órgano colegiado como la Comisión, que es parte del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, como, en mayor medida incluso, porque la presidencia de la Comisión se destina 
al subgobernador del Banco de España.  
2.4.5 Conclusión acerca de la compatibilidad del proyecto de real decreto con la prohibición de la 
financiación monetaria  
 Como la Comisión desempeña una función estatal, al proveer los recursos necesarios que 
permitan a esta funcionar, el Banco de España asume una función estatal. Según opinión 
constante del BCE, son incompatibles con la prohibición de la financiación monetaria las normas 
nacionales que obliguen al BCN a financiar órganos independientes de él que funcionen como una 
extensión del Estado. En este sentido, plantea dudas el papel destacado atribuido al Banco de España en la Comisión. Para garantizar el cumplimiento de la prohibición de la financiación 
monetaria, toda nueva función que se encomienda al BCN ha de estar adecuadamente remunerada si está relacionada con una función del Estado y se desempeña en aras del interés 
del Estado
11. Por lo tanto, el BCE recomienda encarecidamente que se reconsidere la función 
atribuida al Banco de España en la Comisión y que, en todo caso, se reembolsen íntegramente al Banco de España todos los gastos que efectúe en el desempeño de sus nuevas funciones 
relacionadas con la Comisión, a fin de garantizar el cumplimiento de la prohibición de la financiación monetaria.  
 
3. Modificación del fondo de reserva de las fundaciones bancarias 
3.1. El BCE considera que reducir del 50 % al 30 % el porcentaje mínimo de dividendos que las 
fundaciones bancarias deben destinar al fondo de reserva, y ampliar de cinco a ocho años el plazo del que estas disponen para alcanzar el volumen objetivo de dicho fondo, cambia la estructura de 
                                                 
9  Véae al respecto el apartado 3.2 del Dictamen CON/2009/70. 
10  Véanse el apartado 5 del Dictamen CON/2012/106 y el apartado 3.5 del Dictamen CON/2010/94. Todos los 
dictámenes del BCE se publican en la dirección del BCE en internet, www.ecb.europa.eu. 
11  Véase al respecto el Informe de Convergencia del BCE de 2016, p. 46. 
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9 incentivos establecida en la Ley 26/2013 de cajas de ahorros y fundaciones bancarias12 y 
contradice el espíritu de la reforma original de las cajas de ahorros. El fundamento de la reforma original del sector de las cajas de ahorros era incentivar la reducción de las participaciones de 
control de las fundaciones bancarias en los bancos, imponiendo costes adicionales a las primeras.    Modificar esas disposiciones reduce notablemente los incentivos de las fundaciones bancarias 
para reducir sus participaciones de control en entidades de crédito. La reforma de las entidades 
del sector de las cajas de ahorros es uno de los pilares esenciales del programa de asistencia al 
sector financiero español, y estos cambios parecen reducir su alcance indebidamente. El BCE 
considera que la base económica de las medidas no se explica suficientemente en el proyecto de real decreto, que alude simplemente a “la situación actual de los mercados financieros” sin más 
aclaración de los motivos sustanciales de la modificación o de la manera en que esta será de utilidad, en la situación actual de los mercados, para las fundaciones bancarias o las entidades de 
crédito participadas. Actualmente España experim enta un crecimiento económico muy fuerte y 
generalizado, del cual se beneficia el sector financiero. No es obvio, por tanto, qué significa la 
referencia a “la situación actual de los mercados financieros” y cómo, a partir de ella, se propone 
ampliar el plazo para dotar el fondo de reserva y reducir el porcentaje que debe destinarse a él. 
3.2. El BCE considera además que la reducción podría afectar a la igualdad de condiciones, pues 
pondría en situación de desventaja a las fundaciones bancarias que ya hayan optado por reducir 
sus participaciones de control en entidades de crédito. Por ello, el BCE recomienda que se 
reconsidere la modificación propuesta del fondo de reserva de las fundaciones bancarias. 
  
El presente dictamen se publicará en la dirección del BCE en internet.   
 
Hecho en Fráncfort del Meno el 26 de mayo de 2017.  
[firmado]  
El presidente del BCE 
Mario DRAGHI 
                                                 
12  Ley 26/2013 de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, BOE nº 311, 28.12.2013, p. 105878.