La reforma constitucional de larga data para reforzar las competencias del Consejo Superior de la Magistratura no ha avanzado. En particular, la reforma constitucional haría que el dictamen del Consejo Superior de la Magistratura sobre el nombramiento de los candidatos a fiscales fuera vinculante para el poder ejecutivo, convertiría al Consejo Superior en el órgano competente para decidir sobre las medidas disciplinarias relativas a los fiscales, pondría fin al derecho de los expresidentes de la República de pasar a ser miembros del Consejo Constitucional tras salir del cargo y suprimiría el Tribunal de Justicia de la República. Un informe sobre los obstáculos a la independencia judicial presentado por una comisión parlamentaria de investigación el 2 de septiembre de 2020 destacó la importancia de llevar a cabo esta reforma constitucional. El informe propone reforzar aún más el papel del Consejo Superior, sobre todo armonizando plenamente las normas disciplinarias y de nombramiento de los fiscales con aquellas aplicables a los jueces y otorgando al Consejo Superior la facultad de actuar por propia iniciativa con respecto a cualquier cuestión relacionada con la independencia del poder judicial. Para que el proyecto de ley constitucional avance hacia la adopción, el presidente deberá reunir a ambas cámaras del Parlamento en el Congreso para someterlo a votación, lo que requerirá una mayoría cualificada de tres quintas partes de los votos emitidos. La necesidad de reforzar las facultades disciplinarias del Consejo Superior se destacó aún más en el marco de las investigaciones administrativas ordenadas contra tres fiscales de la Fiscalía Financiera Nacional por el ministro de Justicia, las cuales actualmente están pendientes y podrían dar lugar a procedimientos disciplinarios. Tres sindicatos de magistrados presentaron una denuncia contra el ministro de Justicia alegando conflictos de intereses relacionados con su actividad previa como abogado. El Tribunal de Justicia de la República declaró admisible la denuncia y abrió una investigación judicial el 13 de enero de 2021. El 23 de febrero de 2021, el presidente de la República presentó al Consejo Superior de la Magistratura una solicitud de dictamen sobre la responsabilidad y la protección de los magistrados. Uno de los objetivos es hacer que el sistema de denuncias de los litigantes sea más eficaz para abordar mejor los casos de deficiencias profesionales de los magistrados.

Francia ha seguido reforzando su marco institucional para prevenir y combatir la corrupción en los sectores público y privado. Las instituciones especializadas de lucha contra la corrupción, como la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública y la Agencia Anticorrupción francesa, continúan desempeñando sus funciones. Existen normas para los conflictos de intereses y la protección de los denunciantes de irregularidades. Aunque la legislación en vigor sobre la actividad de los grupos de presión no abarca a las personas que entablan contacto con altos funcionarios, el Gobierno aún no ha presentado ninguna propuesta al respecto. Las declaraciones de patrimonio se divulgan y se verifican periódicamente. La Fiscalía Financiera Nacional se reorganizó y sigue teniendo un sólido historial de imposición de condenas, también a través de convenios judiciales de interés público, incluso para funcionarios de alto rango y asuntos de gran valor. Los recursos humanos de la Comisión Nacional sobre Cuentas de Campaña y Financiación Política parecen ser insuficientes en comparación con su carga de trabajo. Se introdujeron medidas específicas de contratación pública en respuesta a la pandemia de COVID-19.

El organismo regulador nacional de los medios de comunicación, el Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), experimentará cambios institucionales. Recientemente, el Gobierno ha presentado una propuesta que permite la fusión del Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) con la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADOPI), la autoridad de protección de la propiedad intelectual, con el fin de crear un único organismo responsable de la comunicación audiovisual y digital (ARCOM). Esto conllevaría la atribución a la ARCOM de un conjunto de competencias relacionadas con la protección de los menores en línea, la desinformación, la incitación al odio y la piratería en línea. El CSA acogió con satisfacción la propuesta del Gobierno, en la que se exponen, no obstante, algunas preocupaciones relacionadas con el presupuesto y la composición del nuevo organismo. La propuesta prevé que la ARCOM esté sujeta a las mismas garantías de independencia que el CSA y la HADOPI. Al igual que en 2020, el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación de 2021 (Media Pluralism Monitor, MPM) calificó los riesgos para la independencia y la eficacia del organismo regulador francés de los medios de comunicación como bajos, destacando que la autoridad dispone de un presupuesto autónomo y que su funcionamiento, incluido el nombramiento de sus miembros, es transparente.

La HATVP ha propuesto modificar la legislación sobre la actividad de los grupos de presiónde gestionar el registro de los grupos de presión. En noviembre de 2020, la tasa de declaraciones recibidas fue del 90 % de los grupos de presión registrados. En 2020, la HATVP sugirió que se modificara la legislación sobre la actividad de los grupos de presión, según lo recomendado por el GRECO, a fin de incluir a las personas que realizan actividades de presión (y no solo a las organizaciones) y que entablan contacto con altos funcionarios. Hasta la fecha, el Gobierno no ha presentado ninguna propuesta. En 2020, se amplió el mandato de la HATVP para supervisar la aplicación de las normas sobre incompatibilidades y puertas giratorias. Por término medio, el 10 % de los casos controlados revela una incompatibilidad. En 2020, la HATVP emitió una decisión de incompatibilidad de un antiguo asesor de un gabinete ministerial.

Los expertos y los directivos de empresas perciben que el nivel de corrupción en el sector público se mantiene relativamente bajo. En el Índice de percepción de la corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, Francia obtiene una puntuación de 69/100 y ocupa el puesto n.o 8 en la Unión Europea y el n.o 23 del mundo. Esta percepción se ha mantenido relativamente estable durante los cinco últimos años.

Se solicitó a los tribunales superiores que revisaran las medidas que afectaban a los derechos fundamentales. El Consejo Constitucional revisó la validez de la ley por la que se autoriza la prórroga del estado de emergencia sanitaria hasta el 16 de febrero de 2021 y se introducen medidas para hacer frente a la crisis sanitaria, y anuló la prórroga automática de la duración de la prisión preventiva. Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, el Consejo de Estado se pronunció en procedimientos urgentes sobre 647 solicitudes que impugnaban la gestión de la pandemia por parte del Gobierno y ordenó medidas o suspendió actos de las autoridades públicas en cincuenta y un casos. En particular, el Consejo de Estado suspendió el uso obligatorio de videoconferencias durante las audiencias en procesos penales, reguló el uso de drones por parte de la policía para vigilar las manifestaciones y dictaminó que los clientes deben poder consultar a su abogado incluso después del toque de queda. En cincuenta y un casos en los que se rechazó formalmente la solicitud, los intercambios durante las audiencias llevaron al Gobierno a adoptar medidas correctoras, y el Consejo de Estado recordó al Estado sus funciones o especificó sus obligaciones en alrededor de 130 casos. El Consejo de Estado ha dictado otras sentencias importantes en relación con los derechos fundamentales, incluida una sentencia sobre la conservación de datos que suscita preocupación en cuanto a su interacción con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. En esta última sentencia, haciendo referencia al carácter vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia, el Consejo de Estado rechazó, no obstante, la solicitud del Gobierno de examinar si una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría ser contraria al principio de atribución y la división de competencias entre la Unión y sus Estados miembros.

Las evaluaciones de impacto y las consultas con las partes interesadas son frecuentes en el proceso legislativo, aunque no son obligatorias en todos los casos. El número de evaluaciones de impacto publicadas que acompañan a los proyectos de ley procedentes del Gobierno aumentó a veinticinco de los sesenta y un proyectos de ley en 2020, frente a una media anual de nueve. La participación de las partes interesadas y del público no es obligatoria para el desarrollo de nuevas leyes; según el Consejo de Estado, son frecuentes las consultas informales, incluidas las reuniones con las partes interesadas, y las consultas a través de comités consultivos. Tras nueve meses de deliberaciones, la Convención Ciudadana sobre el Clima presentó sus propuestas al Gobierno, que publicó su proyecto de ley sobre el clima el 10 de febrero de 2021. Además, a raíz de una propuesta de la Convención, el presidente se comprometió a celebrar un referéndum para introducir una cláusula sobre el clima en la Constitución.

L’Assemblée citoyenne des originaires de turque y otros (2021), Carta conjunta a los senadores de 7 de abril de 2021 ( https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/04/Lettre-aux-senatrices-et-senateurs-avec-les-derniers-signataires.pdf ).

Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2021), Media Pluralism Monitor 2021.

Conseil supérieur de l’audiovisuel (2021), Dictamen sobre el proyecto de ley relativo a la protección del acceso público a las obras culturales en la era digital y el proyecto de ley sobre la protección del acceso público a las obras culturales, 22 de marzo de 2021 ( https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Avis-du-CSA-au-gouvernement/Avis-du-22-mars-2021-sur-le-projet-de-loi-organique-relatif-a-la-protection-de-l-acces-du-public-aux-oeuvres-culturelles-a-l-ere-numerique-et-le-projet-de-loi-relatif-a-la-protection-de-l-acces-de-l-acces-du-public-aux-oeuvres-culturelles ).

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities».

Consejo de Europa, Consejo de Expertos en Derecho de las ONG de la Conferencia de OING (2021), Dictamen de 31 de marzo de 2021 sobre la compatibilidad con las normas europeas del proyecto de ley para garantizar el respeto de los principios de la República por parte de todos ( https://rm.coe.int/opinion-on-the-bill-to-ensure-respect-for-the-principles-of-the-republ/1680a1f40e ).

Consejo de Europa, Sitio web ( https://www.coe.int/en/web/media-freedom/france ).

Consejo de Europa (2020), Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, alerta de 16 de diciembre de 2020, Two Media Workers Injured in Knife Attack (https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=7&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertPK=78942550).

Defensor de los Derechos (2021), Informe anual de actividad 2020 ( https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-annuel-2020_25-03-2021.pdf ).

Defensor de los Derechos (2020), Dictamen 20-03, de 27 de abril de 2020, relativo a la aplicación del estado de emergencia sanitaria para hacer frente a la pandemia de COVID-19, así como las órdenes y los decretos adoptados para su aplicación ( https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19735 ).

Defensor de los Derechos (2020), Dictamen 20-06, de 17 de noviembre de 2020, sobre el texto adoptado por la Comisión de Derecho respecto del proyecto de ley de seguridad global ( https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=35092&opac_view=-1&lang_sel=es_ES ).

Defensor de los Derechos (2020), Dictamen 20-10, de 3 de diciembre de 2020, sobre el régimen jurídico del estado de emergencia sanitaria ( https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20282 ).

Defensor de los Derechos (2020), Dictamen 20-12, de 16 de diciembre de 2020, sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20315).

Defensor de los Derechos (2021), Dictamen 21-01, de 12 de enero de 2021, sobre el proyecto de ley para reforzar el respeto de los principios de la República ( https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20384 ).

Délégation des Barreaux (2021), Aportación de la Délégation des Barreaux de France al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Dirección General de Comunicación (2019), Encuesta «Flash» del Eurobarómetro 482: Actitudes de las empresas respecto a la corrupción en la UE.

Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro Especial n.o 502: Corrupción.

Foro Cívico Europeo (2021), Aportación del Foro Cívico Europeo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Comisión Europea (2020), Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Francia.

Comisión Europea (2021), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.

Comisión Europea (2018), Estudio sobre la aplicación de las nuevas disposiciones de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada ( https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-implementation-new-provisions-revised-audiovisual-media-services-directive-avmsd ).