1.

Considera que, al aplicar los artículos 290 y 291 del TFUE, el Parlamento debe atenerse a los siguientes criterios no vinculantes; esta lista de criterios no debe considerarse exhaustiva: — El carácter vinculante o no vinculante de una medida debe decidirse en función de su naturaleza y contenido; tan solo pueden delegarse los poderes para adoptar medidas jurídicamente vinculantes con arreglo al artículo 290 del TFUE. — La Comisión solo puede modificar actos legislativos por medio de actos delegados. Ello incluye la modificación de anexos, ya que estos son parte integrante del acto legislativo. No se pueden añadir o suprimir anexos con el fin de provocar o evitar el uso de actos delegados; si el legislador considera que un texto debe ser parte integrante del acto de base, puede decidir incluir dicho texto en un anexo. Esto sucede en particular respecto de las listas o registros de productos o sustancias autorizados de la Unión que, en aras de la seguridad jurídica, deben seguir siendo una parte integrante del acto de base, si procede, en forma de anexo. Las medidas previstas para definir con mayor precisión el contenido exacto de las obligaciones especificadas en el acto legislativo están concebidas para complementar el acto de base añadiendo elementos no esenciales. — Las medidas que conllevan una elección de prioridades, objetivos o resultados esperados deben adoptarse mediante actos delegados, si el legislador decide no incluirlas en el propio acto legislativo. — Las medidas concebidas para establecer (más) condiciones, criterios o requisitos —cuyo cumplimiento debe estar garantizado por los Estados miembros u otras personas o entidades directamente afectadas por la legislación— alterarán, por definición, el contenido de la legislación e incorporarán nuevas normas de aplicación general. En consecuencia, dichas normas o criterios adicionales solo pueden cumplirse por medio de actos delegados. Por el contrario, la ejecución de las normas o criterios ya establecidos en el acto de base (o en un futuro acto delegado), sin modificar la esencia de los derechos u obligaciones derivados de los mismos y sin implicar más opciones políticas, puede llevarse a cabo mediante actos de ejecución. — En determinadas circunstancias, la Comisión está facultada para adoptar normas vinculantes adicionales de alcance general que afecten a la esencia de los derechos u obligaciones establecidos en el acto de base. Por definición, dichas medidas complementarán aquellas establecidas en el acto de base, perfilando con mayor precisión la política de la Unión. Solo puede alcanzarse ese objetivo mediante un acto delegado. — En función de la estructura del programa financiero de que se trate, los elementos no esenciales que modifiquen o complementen el acto de base, como los que se refieren a cuestiones técnicas específicas, intereses estratégicos, objetivos, resultados esperados, etc., se podrían adoptar mediante actos delegados en la medida en que no estén incluidos en el acto de base. Solo en el caso de los elementos que no reflejen ninguna orientación u opciones políticas adicionales, el legislador puede prever su adopción mediante actos de ejecución. — Una medida que determina el tipo de información que debe facilitarse en virtud del acto de base (a saber, el contenido exacto de la información) suele complementar la obligación de proporcionar información y debe aplicarse por medio de un acto delegado. — Una medida que determina las modalidades para la presentación de información (a saber, el formato) no suele complementar la obligación de facilitar información. En cambio, este tipo de medida permite una ejecución uniforme. Por tanto, debe aplicarse, por norma general, a través de un acto de ejecución. — Las medidas que establecen un procedimiento (a saber, una manera de realizar o aplicar algo) se pueden fijar en un acto delegado o en un acto de ejecución (o incluso pueden ser un elemento esencial del acto de base), en función de su contenido, su contexto y la naturaleza de las disposiciones establecidas en el acto de base. Las medidas que establecen elementos de procedimientos que implican otras decisiones políticas no esenciales a fin de suplementar el marco legislativo establecido en el acto de base deben establecerse, en general, en actos delegados. Las medidas que establecen detalles de procedimientos para garantizar unas condiciones uniformes de ejecución de una obligación contemplada en el acto de base deben ser, en general, medidas de ejecución. — Como en el caso de los procedimientos, la concesión de la competencia para determinar métodos (a saber, maneras de hacer algo concreto de forma regular y sistemática) o metodologías (a saber, normas para determinar los métodos) puede prever la adopción de actos delegados o de ejecución en función del contenido y del contexto. — Por lo general, los actos delegados deben utilizarse cuando el acto de base otorgue a la Comisión un margen discrecional considerable para complementar el marco legislativo establecido en el acto de base. — Las autorizaciones pueden ser medidas de aplicación general. Es el caso, por ejemplo, de aquellas decisiones que están relacionadas con la autorización o la prohibición de la inclusión de una sustancia específica en alimentos, cosméticos, etc. Estas decisiones son de carácter general porque afectan a cualquier operador que desee utilizar dicha sustancia. En estos casos, si la decisión de la Comisión se basa plenamente en criterios contemplados en el acto de base, podría emplearse un acto de ejecución; cuando, no obstante, los criterios sigan permitiendo a la Comisión elegir otras orientaciones u opciones políticas no esenciales/secundarias, la correspondiente autorización constituirá un acto delegado porque complementaría el acto de base. — Mediante un acto legislativo solo se puede delegar en la Comisión el poder para adoptar actos no legislativos de aplicación general. Por consiguiente, las medidas de aplicación individual no pueden adoptarse a través de actos delegados. Un acto es de aplicación general si se aplica a situaciones determinadas objetivamente y produce efectos jurídicos con respecto a personas consideradas de manera general y abstracta. — Los actos de ejecución no deben añadir ninguna orientación política adicional y las competencias conferidas a la Comisión no deben otorgar ningún margen discrecional significativo.