30. 11. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 319/55 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
71/305/CEE sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras 
(87/C 319/17) 
El 26 de enero de 1987, el Consejo, con arreglo al artículo 100 del Tratado CEE, decidió 
solicitar el dictamen del Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de la preparación de los 
trabajos del Comité en la materia, adoptó su dictamen el 2 de septiembre de 1987. El ponente 
fue el Sr. Speirs. 
En su 248a Sesión Plenaria (reunión del 24 de septiembre de 1987), el Comité adoptó el 
siguiente dictamen por mayoría de votos, con 7 en contra y 2 abstenciones: 
1. Introducción 
1.1. Los contratos adjudicados en los doce Estados 
miembros de la Comunidad por los gobiernos o las 
empresas del sector público en virtud de concesiones 
otorgadas a las mismas, ascienden a un importe de 400 
billones de ECU al año aproximadamente. Sin embargo, 
este vasto mercado (que abarca tanto las obras públicas 
como los suministros públicos) no ha sido abierto prác­
ticamente a la competencia a nivel comunitario; por 
ejemplo, sólo el 2 % de los contratos públicos de sumi­
nistros ha sido adjudicado a empresas de otros Estados 
miembros. La Comisión ha estimado que esta falta 
de competencia abierta cuesta aproximadamente 40 
billones de ECU al añoí1). 
Al hacer hincapié en todo lo anterior, el Comité pre­
tende clarificar el contexto en el que debería situarse la 
actual propuesta de la Comisión: la plena realización 
de un mercado interior de los suministros públicos aún 
tiene mucho camino por delante. Los jefes de Estado y 
de gobierno han concedido una prioridad formal a este 
objetivo, porque reviste una vital importancia en el 
desarrollo de un verdadero mercado interior en 1992. 
El Comité apoya resueltamente este planteamiento. El 
Comité ha examinado el documento de la Comisión 
precisamente en la perspectiva de que la presente pro­
puesta pueda contribuir a la realización de ese objetivo 
en menos de 60 meses. 
1.2. La directiva actualmente en vigor, adoptada el 
26 de julio de 1971, no ha dado los resultados esperados. 
Aproximadamente el 2% de los contratos de obras 
públicas es adjudicado a empresas de otros países de la 
CEE, y la mayor parte de ellas son empresas transfronte-
rizas, es decir, empresas básicamente «locales». No se 
ha conseguido una apertura del mercado. 
1.3. La Comisión, en su Comunicación sobre la 
contratación pública en la Comunidad (doc. COM(86) 
375 final) hace una relación sincera de las razones que 
han conducido al fracaso de la directiva de base: 
(*) Para conocer la opinión del Comité sobre éste y otros proble­
mas relativos al sector de la construcción, véase su dictamen 
de 3 de julio de 1981 (DO n° C 230 de 10. 9. 1981). — Por lo general, no se ha respetado ni la letra ni el 
espíritu de las directivas. 
— Interpretación demasiado amplia de los sectores 
excluidos. 
— Deliberado fraccionamiento de los proyectos. 
— Abuso grave de los procedimientos de las directivas, 
es decir, se ha utilizado frecuentemente el procedi­
miento restrictivo de ambas directivas para excluir 
la participación de los proveedores extranjeros. 
— Los contratos adjudicados sin competencia con 
arreglo a la Directiva « Obras » suponen una media 
del 25 % de todos los contratos, un nivel considera­
blemente superior a lo que podría esperarse de un 
procedimiento excepcional. 
— Las directivas resultan inadecuadas para garantizar 
la consecución de sus objetivos. Por otro lado, 
garantizan la transparencia suficiente para dar las 
mismas oportunidades a todos los licitadores poten­
ciales. 
— Los plazos de licitación permitidos por las directivas 
son demasiado cortos para permitir la participación 
extranjera. 
— Falta de mecanismos de control. 
— Aquellos sectores donde los contratos públicos 
revisten gran importancia desde el punto de vista 
industrial han sido excluidos del ámbito de aplica­
ción de las directivas. 
A fin de remediar esta situación, la Comisión propone 
ahora: 
— extender el ámbito de aplicación de la directiva a 
importantes sectores hasta ahora excluidos, como 
el transporte por tierra, aire y agua, así como la 
producción, el transporte y la distribución de agua 
y energía. De esta manera, se elimina el obstáculo 
que supone la diferencia de estatuto jurídico (sector 
público o privado) de las entidades titulares de los 
servicios de transporte, energía y agua, obstáculo 
que había sido considerado como motivo suficiente 
para excluir dichos servicios de las Directivas sobre 
contratos públicos de obras, 
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— establecer normas más rigurosas contra la interpre­
tación demasiado benévola de las excepciones, prin­
cipalmente en lo que concierne a los contratos de 
obras «convencionales» y «no convencionales», 
— aumentar el límite para la publicación de contratos 
de obras de 1 a 7 millones de ECU, a fin de garanti­
zar que la directiva cubra todos los mercados com­
plejos que requieren obras muy especializadas y 
excluya los mercados sencillos de carácter local. Sin 
embargo, si estos últimos tienen un valor superior 
a los 700 000 ECU, quedarán sujetos a las demás 
disposiciones de la directiva, 
— exigir la publicación previa de los futuros contratos 
de obras, 
— racionalizar los procedimientos de publicación y la 
ampliación de los plazos, 
— limitar el uso de los procedimientos restringidos y 
de común acuerdo, 
— modificar la Directiva a fin de abarcar las nuevas 
formas contractuales de adjudicación de contratos 
(contratos de promoción, de gestión, etc.), 
— imponer la aplicación obligatoria de las normas 
técnicas europeas existentes. 
2. Observaciones generales 
2.1. Debe felicitarse a la Comisión por su haber 
adoptado un enfoque funcional al ampliar la definición 
de la Directiva referente a los poderes adjudicadores, a 
fin de incluir no sólo las autoridades estatales, regiona­
les y locales y las personas jurídicas de derecho público, 
sino también las empresas públicas o privadas beneficia­
rías de concesiones de servicio público, o aquéllas a las 
que el Estado o los entes regionales o locales hayan 
concedido derechos especiales o exclusivos, ampliando 
así de hecho el ámbito regulado por la directiva y 
dificultando las infracciones. Asimismo, el Comité 
acoge favorablemente el intento de la Comisión de 
incluir sectores hasta ahora excluidos, al considerar que 
las obras públicas efectuadas en las áreas exentas son 
«convencionales», por lo que no deberán ser adjudica­
das a contratistas especializados a menos que el poder 
adjudicador disponga expresamente lo contrario. 
2.2. El Comité toma nota de que las medidas relati­
vas a los contratos especializados no convencionales de 
los sectores excluidos, distribución y transporte de agua 
y energía, serán presentadas posteriormente en el curso 
del año, pero entiende que la mencionada ampliación 
del ámbito de aplicación de la directiva, que surtirá efecto inmediato una vez adoptada, podría conducir a 
la inclusión de hasta el 80-85% de los sectores hasta 
ahora excluidos, si se aplica adecuadamente. 
2.3. El Comité aprueba el principal objetivo de la 
Comisión, consistente en una competencia transparente 
y abierta. Sin embargo, considera que la propuesta de 
la Comisión encaminada a la consecución de tal obje­
tivo se basa en dos hipótesis erróneas. La primera es, 
que los grandes contratistas sólo están interesados en 
contratos por valor superior a 7 millones de ECU, 
justificando de esta manera el establecimiento de un 
límite de publicación a este nivel; la segunda es, que el 
límite inferior de aplicación, fijado en 700 000 ECU, 
protegerá a las pequeñas y medianas empesas (PYME) 
situadas cerca de las fronteras. 
2.4. El Comité no está convencido de que la elevación 
del límite de publicación suponga por sí misma un 
sustancial incremento de las oportunidades de aumentar 
la competencia en los contratos públicos de obras. 
El Comité apoya incondicionalmente propuestas tales 
como las expuestas en el artículo 8 contra el fracciona­
miento de proyectos, los artículos 7 y 9 por los que se 
restringe el recurso a la licitación sin competencia, el 
artículo 12 sobre la publicación previa y los artículos 
14 a 16 por los que se amplían los plazos. Pero dado el 
propio reconocimiento por parte de la Comisión de 
que, en líneas generales, no se ha respetado ni la letra 
ni el espíritu de la Directiva, el Comité duda que, sólo 
porque los poderes adjudicadores ya no tengan que 
anunciar los contratos de valor inferior a 7 millones de 
ECU, las empresas consideren interesante licitar en otro 
país de la CEE, cuando los principales obstáculos aún 
persisten, como la falta de garantías reales de una 
transacción justa. 
A decir verdad, el Comité estima que el establecimiento 
de un límite de publicación demasiado alto tendrá efec­
tos negativos sobre la capacidad general de la industria 
para conseguir contratos en otros países de la CEE, por 
ignorar la posibilidad de acceso a tales contratos. Este 
punto reviste una importancia aún mayor, ya que la 
directiva pretende incluir importantes sectores previa­
mente excluidos; constituye así el punto de partida del 
argumento del Comité en favor de un límite más bajo. 
2.4.1. El Comité se muestra favorable a toda medida 
encaminada a estimular una mayor participación de las 
PYME en los contratos públicos (1). Sin embargo, no 
puede aprobar la propuesta de la Comisión de un doble 
límite con un nivel inferior de 700 000 ECU en favor 
de ciertos contratos de las PYME. El establecimiento 
de un doble límite para proteger no todas las empresas 
sino sólo aquéllas situadas cerca de las fronteras, es 
contrario al objetivo básico de la propuesta, consistente 
en permitir que las empresas (incluidas las PYME), 
(}) Véase su dictamen sobre el programa de acción para las 
PYME de 1 de julio de 1987 (DO n° C 232 de 31. 8. 1987, 
p. 58). 
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dondequiera que se encuentren, liciten en igualdad de 
condiciones por contratos públicos de obras en toda la 
Comunidad. 
2.4.2. Por consiguiente, con arreglo a la recomenda­
ción de la Oficina de información y de previsiones 
2.5. Por otra parte, el Comité hace hincapié en la 
declaración efectuada por la Comisión en su Comunica­
ción de 1986 sobre los contratos públicos, en el sentido 
de que «la aplicación abusiva de procedimientos de 
excepción sigue practicándose casi como en el pasado, 
especialmente debido a que las directrices actuales no 
ofrecen ningún medio de sanción de tales abusos ». Esta 
declaración es aún válida. En opinión del Comité, la 
lógica conclusión a que conduce el análisis efectuado 
por la Comisión sobre la situación es que ahora deberán 
establecerse medios para controlar el abuso. La cues­
tión, pues, en la actualidad, es «¿cómo?». 
2.5.1. El Comité estima que la clave para conseguir 
una apertura del mercado público de obras consiste en 
poner a disposición de la Comisión recursos suficientes 
para aplicar y hacer respetar la legislación comunitaria 
en la materia. Por consiguiente, el Comité reitera la 
sugerencia efectuada en su anterior dictamen (x) sobre 
los suministros públicos, relativa a la creación de forma 
paralela, en el seno de la Comisión, de una unidad de 
contratos públicos de suministro y de una unidad de 
contratos públicos de obras (como la Task Forcé para 
las PYME), compuestas por personal de la Comisión, 
con atribuciones claramente definidas y recursos finan­
cieros adecuados. La unidad de contratos públicos de 
obras sería responsable de los siguientes cometidos: 
(J) DO n° C 68 de 16. 3. 1987, p. 7. económicas (BIPE), el Comité propone el estableci­
miento de un límite único de 3,5 millones de ECU. 
Ello significa la cobertura de dos tercios del valor 
del mercado. Asimismo, un único límite evitaría las 
confusiones y posibles interpretaciones erróneas del 
límite de aplicación de las directivas. 
— Servir de punto de contacto entre las empresas y los 
poderes adjudicadores para facilitarles la informa­
ción necesaria. 
— Controlar con carácter permanente las ofertas de 
contratos publicadas, a fin de detectar posibles casos 
de incumplimiento de las directivas. 
— Intervenir para impedir o sancionar los casos de 
incumplimiento de la disciplina comunitaria. 
— Establecer un sistema rápido de compensaciones, 
que permita incluso la intervención durante el pro­
cedimiento de adjudicación. 
2.5.1.1. En opinión del Comité, un importante co­
rolario del establecimiento de esta unidad de contratos 
públicos de obras es la necesidad de conceder a la 
misma el poder de garantizar el cumplimiento de la 
legislación de la Comunidad al respecto. En este 
contexto, el Comité remite a un dictamen en curso de 
elaboración sobre la aplicación de las normas comunita­
rias relativas a los procedimientos destinados a la adju­
dicación de contratos públicos de suministros y obras 
públicas. 
2.5.1.2. Por otra parte, esta unidad debe contar con 
los medios necesarios para comunicar a todas las partes 
interesadas, a nivel central, local y regional, tanto el 
espíritu y la letra de las directivas como las mutuas 
ventajas que a largo plazo reporta la aplicación de las 
mismas. Según el Comité, el coste de todo ello resultaría 
más que compensado por el posible ahorro que repre­
sentaría la existencia de un mercado común de contra­
tos públicos de obras. El establecimiento de un limite de 3,5 millones de ECU tendría las siguientes consecuencias: 
Licitaciones inferiores a 3,5 millones de ECU 
% de licitaciones 
% del valor total 
Valor medio en millones de ECU 
Licitaciones superiores a 3,5 millones de ECU 
% de licitaciones 
% del valor total 
Valor medio en millones de ECU 
Total 
Valor medio en millones de ECU Italia 
80 % 
35 % 
1,5 
20 % 
65 % 
13,1 
3,6 Francia 
73,5% 
31 % 
1,5 
26,5% 
69 % 
9,0 
3,5 Reino Unido 
70,5% 
33 % 
1,9 
29,5% 
67 % 
9,4 
4,1 Total 
77,5% 
33,5% 
1,6 
22,5% 
66,5% 
11,0 
3,7 
Fuente: BIPE (Oficina de información y de previsiones económicas — Bureau d'information et de prévisions économiques). 
N° C 319/58 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 11. 87 
2.5.2. Sin embargo, para lograr ese objetivo es de 
vital importancia no limitar uno de los instrumentos 
potencialmente más importantes con que cuenta la 
Comisión para controlar la aplicación de las directivas. 
Si se eleva el límite de publicación a 7 millones de ECU, 
ya no será necesario publicar a nivel comunitario un 
sustancial porcentaje del valor de los contratos de obras, 
privando así a la Comisión de la posibilidad de utilizar 
un sistema para cotejar las publicaciones aparecidas 
en los periódicos nacionales con las publicaciones del 
Diario Oficial, e identificar así las infracciones. 
2.6. Los artículos 23 y 24 de la Directiva básica 
deberían ser redactados de nuevo de tal forma que 
garantizasen el cumplimiento de la legislación social y 
de los convenios colectivos sobre salarios, haciendo 
caso omiso de las ofertas no conformes con este requi­
sito básico. 
3. Observaciones particulares 
3.1. Artículo 2 (a) 
El Comité solicita a la Comisión que examine de nuevo 
la lista de actividades profesionales del Anexo I, a la 
que se refiere este artículo, a fin de evitar pretextos o 
dudas sobre qué actividades de la construcción y de la 
ingeniería civil pertenecen al ámbito de la directiva. 
3.2. Artículo 2 (b) 
3.2.1. El Comité acepta la clara definición de «pode­
res adjudicadores» contenida en este artículo, que 
parece suponer un paso adelante para evitar el incumpli­
miento de la directiva. Asimismo, apoya el enfoque 
general de la Comisión, consistente en tomar como 
criterio principal la situación competitiva del poder 
adjudicador público o privado de que se trate (conce­
sión) y definir en consecuencia como poderes adjudica­
dores a aquellas empresas, ya sean públicas o privadas, 
que no están sujetas a una competencia abierta, en 
virtud del otorgamiento a las mismas, por parte de los 
poderes públicos, de concesiones de servicio público o 
derechos especiales en el sentido del artículo 90 del 
Tratado CEE. Si bien el Comité acepta plenamente este 
enfoque funcional, solicita a la Comisión que estudie 
los medios apropiados para comunicar a los poderes 
adjudicadores de los Estados miembros, que hasta 
ahora se han considerado excluidos del ámbito de apli­
cación de la directiva, una interpretación jurídica de la 
directiva modificada en el sentido del artículo 90, tal 
como aparece en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la CEE. 
3.2.2. Asimismo, el Comité observa que la directiva 
propuesta no prevé la obligación de declarar o registrar 
las concesiones ni los derechos especiales o exclusivos. 
A falta de tal disposición, será difícil identificar a las empresas que gozan de tales privilegios y aquéllas que 
no se benefician de los mismos. Debería imponerse a 
los Estados miembros la obligación de declarar, a la 
Comisión tales concesiones o derechos especiales o 
exclusivos, así como los beneficiarios de los mismos. 
3.2.3. Es importante garantizar que el ámbito de 
aplicación de la directiva no se interprete de manera 
dispar (en particular según el carácter público o privado 
del poder adjudicador). En el caso de la energía eléc­
trica, por ejemplo, la exclusividad concierne en general 
a la distribución o transporte, lo que confiere una gran 
preponderancia, pero no un monopolio jurídico, con 
respecto a la producción. En tal caso, convendrá deter­
minar, independientemente del estatuto público o pri­
vado de la empresa de que se trate, si las normas de 
adjudicación de los contratos públicos se aplican o no 
a la producción. 
3.2.4. Por otra parte, el Comité entiende que en 
algunos Estados miembros, determinadas compañías 
privadas o públicas cuya actividad consiste en la distri­
bución de agua y energía, pero que no son beneficiarias 
de concesiones ni de derechos especiales o exclusivos, 
no están sometidas a las disposiciones de la directiva. 
3.2.4.1. Esta exención parece totalmente discrimina­
toria, por lo que convendría adoptar las medidas opor­
tunas para su eliminación haciendo, por ejemplo, refe­
rencia a la noción de monopolio de hecho, y añadiendo 
al final del artículo 2 b) de la directiva, después de 
« exclusivos », los siguientes términos: « o que disfruten, 
habida cuenta de las circunstancias, de un monopolio 
o de un cuasimonopolio de hecho». 
3.3. Artículo 3 
El objeto de este artículo es ampliar el ámbito de 
aplicación de la directiva a los contratos de obras 
adjudicados por entidades distintas de las definidas en 
el artículo 1 (b); a tal fin, el Comité sugiere una redac­
ción más precisa y menos equívoca de este artículo, 
para evitar interpretaciones divergentes de términos 
tales como financiado «en parte», «directamente» o 
«indirectamente ». Asimismo, debería precisarse en tér­
minos más específicos, para evitar toda duda, que a 
efectos de este artículo las ventajas fiscales serán consi­
deradas equivalentes a una financiación por fondos 
públicos. 
3.4. Artículo 4 
El Comité acoge favorablemente las principales disposi­
ciones de este artículo: 
a) que la presente directiva se aplicará de forma inme­
diata a todas las áreas de contratos públicos de 
naturaleza convencional, incluyendo sectores hasta 
ahora excluidos, como el transporte por aire, tierra 
y agua, y los sectores de agua y energía; 
30. 11. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 319/59 
b) que todos los contratos deben considerse en princi­
pio como convencionales, correspondiendo a los 
poderes adjudicadores la demostración de que las 
obras requieren una especialización particular. Los 
problemas de interpretación deberán ser sometidos 
al Comité consultivo de la Comisión; 
c) que la fijación del 31 de diciembre de 1992 como 
fecha límite para que las disposiciones de la directiva 
se apliquen también a los sectores hasta ahora 
excluidos, constituye una especie de red de seguri­
dad únicamente válida si, mientras tanto, el Consejo 
no adopta medidas específicas para las obras públi­
cas que requieran contratistas especializados, medi­
das que la Comisión propondrá en un futuro pró­
ximo. 
Sin embargo, el Comité encuentra difícil comprender, 
especialmente si se tiene en cuenta que los sectores hasta 
ahora excluidos revisten una considerable importancia 
en términos industriales, por qué no se ha prestado más 
atención al principal problema de este artículo, es decir, 
cómo evitar el incumplimiento de la directiva por una 
deliberada interpretación errónea respecto a qué obras 
son « especializadas » y, por consiguiente, están exentas 
de las normas CEE. En consecuencia, el Comité sugiere 
que los Estados miembros, de acuerdo con los criterios 
y definiciones establecidos por la Comisión en coopera­
ción con su Comité consultivo y con el nuevo Comité, 
sobre la apertura de los suministros públicos establecido 
por la Decisión de la Comisión de 26 de mayo de 1987, 
transmitan a la Comisión listas descriptivas de lo que 
se entiende en ese país por obras especializadas, a fin 
de que, sometidas a la armonización y aprobación de 
la Comisión, los poderes adjudicadores conozcan las 
exenciones permitidas. El Comité no puede aprobar la 
actual redacción, que parece dejar esta interpretación 
en manos de los propios poderes adjudicadores sobre 
la base de criterios más bien vagos. 
3.5. Artículo 5 (c) 
La disposición según la cual la directiva no se aplicará 
a los contratos públicos adjudicados «en virtud del 
procedimiento específico de una organización interna­
cional » es tan general que hace inútil la aplicación de 
la directiva a las organizaciones internacionales. El 
Comité considera que la única exclusión permitida 
debería aplicarse a empresas de conformidad con un 
acuerdo internacional relativo al estacionamiento de 
tropas. 
3.6. Artículo 8, 4 
Se deberían intensificar las precauciones contra el frac­
cionamiento de grandes contratos en porciones más 
pequeñas para evitar la aplicación de la directiva, 
mediante la exigencia de que todos los contratos adjudi­
cados por separado, pero pertenecientes a la misma 
área de proyectos, se unan para cumplir la directiva en 
un período bianual. 3.7. Artículo 9, 1 (b) 
A fin de evitar la utilización de este apartado como un 
pretexto, debería ser redactado de nuevo para aclarar 
que todas las obras que se realicen « a título de investiga­
ción, ensayo, etc.» pertenecen al campo de la construc­
ción. 
3.8. Artículo 9, 2 (a) 
Este apartado debería ser redactado de forma más 
rigurosa, especialmente la referencia a los derechos 
exclusivos, a fin de evitar, por ejemplo, la exclusión de 
contratistas y productos satisfactorios, debida sólo a la 
falta de una determinada patente. 
3.9. Artículo 9, 3 
Este apartado, según las declaraciones del representante 
de la Comisión, debería ser redactado de nuevo a fin 
de aclarar que el artículo se refiere al caso en que la 
decisión de un poder adjudicador sea declarada nula y 
sin valor si el procedimiento negociado ha sido aplicado 
indebidamente por ese poder. Por otra parte, el apar­
tado debería ser modificado para permitir que los sub-
contratistas sean pagados por los trabajos realizados 
con anterioridad a la anulación de la decisión del poder 
adjudicador. 
3.10. Artículo 10 
Este artículo exige que el poder adjudicador defina 
las especificaciones técnicas por referencia a normas 
europeas o, en su caso, documentos de armonización 
europeos. Esta referencia es obligatoria. En ausencia de 
tales normas, la Comisión solicita, pero no obliga, a 
los poderes adjudicadores a referirse a otras normas en 
un determinado orden de preferencia. 
Ya que las normas europeas o documentos de armoniza­
ción europeos son adoptados por el Comité europeo de 
normalización (CEN), donde están representados todos 
los países de la CEE, y de acuerdo con un procedimiento 
que obliga a los Estados miembros a retirar las normas 
nacionales que podrían entrar en conflicto con las nor­
mas europeas correspondientes, el Comité acoge favora­
blemente este importante paso en la eliminación de 
las trabas al comercio relacionadas con las normas 
nacionales. Asimismo, insta una vez más a la Comisión 
a acelerar el proceso de reconocimiento mutuo de las 
estaciones de pruebas, sin las cuales el mencionado paso 
adelante tendrá tan sólo carácter simbólico. 
3.11. Artículo 15, 5 y 16,4 
El Comité invita a la Comisión a redactar estos aparta­
dos de tal forma que el retraso no inferior a 40 días 
de los puntos 5 y 4, respectivamente, sea igualmente 
N° C 319/60 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 11. 87 
aplicable a las solicitudes por teléfono confirmadas 
posteriormente por escrito. 
3.12. Artículo 22 
El Comité aprueba el objetivo de este artículo, consis­
tente en la consecución de una mayor transparencia 
de la proporción de subcontratos de las PYME; ello 
concuerda plenamente con una anterior sugerencia del 
Comité en su dictamen sobre contratos de suministros 
públicos, en el sentido de que «la empresa a la que se 
adjudique el contrato principal debería ser obligada 
a publicar la información relativa a los subcontratos 
superiores a una cantidad determinada», lo que supon-
Hecho en Bruselas, el 24 de septiembre de 1987. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT dría « un importante paso hacia la creación de un centro 
europeo de datos sobre contratos públicos» i1). 
Sin embargo, no cree que el simple hecho de solicitar 
al licitador «que comunique en su oferta la parte del 
contrato que tenga la intención de subcontratar even-
tualmente a terceros» sea realmente necesario para 
conseguir el objetivo, por lo que propone la modifica­
ción de la frase en los siguientes términos: «... parte 
del contrato que será subcontratada a terceros». 
(*) 16 de diciembre de 1986 (DO n° C 68 de 16. 3. 1987, p. 7).