ES Diario Oficial de la Unión Europea C 164/4

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Construir nuestro futuro común — Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)»

(2005/C 164/02)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

VISTA la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Construir nuestro futuro común — Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)», COM(2004) 101 final;

VISTA la petición de la Comisión Europea de 18 de marzo de 2004 al Comité de las Regiones para que elaborase un dictamen sobre este tema, de conformidad con el apartado 1 del artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y con arreglo al protocolo de cooperación de septiembre de 2001 entre la Comisión Europea y el Comité de las Regiones, que insta al Comité de las Regiones a «la elaboración de documentos estratégicos cuyo objeto sea el examen de asuntos que la Comisión considere importantes»;

VISTA la decisión de su Presidente de 26 de mayo de 2004 de encomendar a la Comisión de Política de Cohesión Territorial la tarea de elaborar un dictamen, y la Decisión de la Mesa de 15 de junio de 2004 de crear un grupo de trabajo con objeto de asistir al ponente en su tarea;

VISTAS las conclusiones de la primera (7 de julio de 2004) y segunda (16 de noviembre de 2004) reuniones del Grupo de trabajo, celebradas en Bruselas, y las contribuciones de los representantes de sus comisiones internas;

VISTA la Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre «Perspectivas financieras 2007-2013», COM(2004) 487 final, destinada a elaborar un primer grupo de propuestas políticas detalladas;

VISTOS el informe de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión Europea COM(2004) 101, A5-0268/2004 (ponente: Sr. Terence Wynn) y el Dictamen adicional del Comité de las Regiones sobre política regional aprobado el 18 de marzo de 2004 (ponente: Samuli Pohjamo);

VISTO su informe de prospectiva sobre la «Gobernanza y simplificación de los Fondos Estructurales después de 2006» (CDR 389/2002 fin); (1)

VISTO el Dictamen del Comité de las Regiones de 12 de junio de 2004 sobre el Tercer informe sobre la cohesión económica y social (CDR 120/2004) (2);

VISTO su proyecto de dictamen (CDR 162/2004 rev. 3) aprobado el 26 de noviembre de 2004 por su Comisión de Política de Cohesión Territorial (Ponente: Sir Albert Bore, Consejero, Birmingham County Council; Reino Unido, PSE);

VISTA la Resolución del Parlamento Europeo sobre las Perspectivas financieras, aprobada el 2 de diciembre de 2004;

VISTA la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo Europeo de primavera «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo: un nuevo punto de partida para la Estrategia de Lisboa» de 2 de febrero de 2005;

CONSIDERANDO que el criterio fundamental de las valoraciones que hace el Comité de las Regiones siguen siendo los objetivo establecidos en los artículos 2 y 158 del Tratado CE (3), es decir, el refuerzo de la cohesión económica y social y la solidaridad para promover el desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad y reducir las diferencias en los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las áreas más desfavorecidas, lo que constituirá una importante contribución a la consolidación del papel de los entes regionales y locales en la Unión Europea y al cumplimiento de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo;

CONSIDERANDO que el artículo III-116 del proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa consolida el objetivo de la cohesión introduciendo su dimensión territorial: «a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial»;

en su 58o Pleno de los días 23 y 24 de febrero de 2005 (sesión del 23 de febrero), aprobó el siguiente Dictamen:

1. «Construir nuestro futuro común»: asuntos relevantes para los entes locales y regionales

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

acoge favorablemente la publicación por la Comisión Europea de una Comunicación sobre la perspectiva financiera para el periodo 2007-2013 «Construir nuestro futuro común — Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada» (4).

1.1 Prioridades y retos de la Unión ampliada

1.1.1 Apoya las propuestas de la Comisión que responden a las necesidades y los retos que afronta una Unión Europea ampliada hasta 27 miembros (incluidos Bulgaria y Rumanía), de conformidad con los objetivos complementarios de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo para el crecimiento sostenible y el desarrollo medioambiental sostenible acordados por los Gobiernos de los Estados miembros para responder a las exigencias presentes y futuras del mercado interior;

1.1.2 advierte que la Unión Europea se ha venido rezagando desde 1995 con respecto a sus principales competidores económicos (5);

1.1.3 señala que desde su ampliación del 1 de mayo de 2004 la UE se ha convertido en el mayor bloque económico y comercial del mundo, con muchas de las ciudades y regiones más productivas e innovadoras del mundo, pero al mismo tiempo es una zona económica con un índice de crecimiento relativamente inferior a la media global;

1.1.4 subraya que a menos que todos los componentes de la economía europea se adapten a los cambios estructurales impuestos por la globalización, la economía europea seguirá en declive durante el periodo 2007-2013, poniendo en peligro la prosperidad, la estabilidad y la seguridad de nuestras ciudades y regiones;

1.1.5 reconoce el reto que plantea defender y mantener el modelo social europeo de sociedad basado en el crecimiento, la competitividad y la solidaridad en el contexto de las dudas crecientes de los ciudadanos sobre su eficacia y de una situación de inestabilidad global, lo que hace necesaria una acción coordinada por parte de todas las esferas de gobernanza;

1.1.6 señala asimismo que la reunificación de Europa a través de la ampliación debe seguir produciendo una renovada solidaridad y una diversidad que se añade al potencial de la Unión Europea. Sin embargo, al mismo tiempo esta ampliación ha dado lugar a nuevas y mayores disparidades económicas y sociales en las ciudades y regiones. Si no se corrigen, estas disparidades supondrán una amenaza para la cohesión y el éxito del mercado interior y los objetivos del Tratado que compartimos. Afianzar y potenciar el espíritu de solidaridad europea es, por lo tanto, una condición previa necesaria para el éxito de la política de cohesión y para fomentar el modelo social europeo;

1.1.7 comparte la opinión de la Comisión de que es preciso un mayor esfuerzo financiero para corregir el impacto asimétrico que la ampliación tendrá en el presupuesto comunitario, colmando así el desfase entre los ambiciosos compromisos políticos y afrontando la incapacidad actual para cumplir los objetivos;

1.1.8 respalda las propuestas de la Comisión de una perspectiva financiera que esté en conformidad con una gobernanza moderna y se comprometa con los entes locales y regionales;

1.1.9 considera que para ello hay que reconocer la necesidad de una «apropiación» a diversos niveles, una acción conjunta y un sistema contable coordinados en todos los Estados miembros para conseguir la máxima eficacia, hacer patente el valor añadido que tiene la UE para sus ciudadanos y multiplicar el rendimiento potencial de cada euro de dinero público que se gasta.

1.2 Medios presupuestarios

1.2.1 Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de tener en cuenta los compromisos políticos asumidos y asignar los recursos financieros limitados de acuerdo con una evaluación realista de lo que se necesita y se puede hacer para cumplir las metas que se ha fijado la UE;

1.2.2 destaca que, con la ampliación, se ha registrado un incremento del 5 % en el PIB de la Unión frente a un incremento del 20 % de su población;

1.2.3 señala que el PIB medio per cápita de la UE-25 ha disminuido en un 12,5 %, lo que refleja el hecho de que las disparidades de renta se han duplicado con la ampliación y los niveles de penuria han empeorado significativamente;

1.2.4 toma nota de que aunque la Comisión propone aumentar los créditos de pago por término medio un 1,14 % de la RNB, los créditos de compromiso se situarían en un promedio de 1,22 % durante este período. El límite máximo de los recursos propios se mantiene en un 1,24 % de la RNB para las perspectivas financieras 2007-2013, es decir, al mismo nivel que en el periodo 2000-2006 (6);

1.2.5 señala asimismo que esto contrasta con el aumento del límite máximo de los recursos propios de la UE durante las dos primeras perspectivas financieras, que no se ha producido en la actual: 1988-1992 del 1,15% al 1,20% del PIB 1993-1999 del 1,24% al 1,27% del PIB 2000-2006 1,27% del PIB (ó) 1,24% de la RNB;

1.2.6 destaca que la ampliación ha exigido una reacción política por parte de la Comisión que se refleja (junto con otras influencias externas) en los créditos de compromiso. Se observa un aumento de los créditos de compromiso para cohesión y competitividad (crecimiento sostenible), una reducción de los créditos para las explotaciones agrícolas (agricultura sostenible) y un aumento de los créditos al margen de las explotaciones agrícolas (desarrollo rural);

1.2.7 señala, sin embargo, que de este modo habrá que afrontar los costes inevitables de la ampliación reduciendo el margen entre los créditos de pago y el límite máximo de los recursos propios, que en las anteriores perspectivas financieras se reservaba a gastos imprevistos;

1.2.8 advierte que el 1,14 % de la RNB en créditos de pago para la perspectiva financiera 2007-2013 incluye el Fondo Europeo de Desarrollo y el fondo de solidaridad. Por lo tanto, el 1,14 % de la RNB equivale aproximadamente al 1,10 % de la RNB en créditos de pago asignados para el periodo 2000-2006;

1.2.9 reconoce que se ha manifestado cierto desacuerdo con las propuestas de la Comisión y que algunos Estados que son contribuyentes netos han pedido un nivel más riguroso de gasto que no sobrepase unos créditos de compromiso por valor del 1 % de la RNB (incluidos los compromisos previamente cuantificados, como los relativos al gasto agrícola) (7);

1.2.10 muestra su preocupación por el hecho de que esta posición se traduciría en unos pagos equivalentes al 0,9 % de la RNB y que el promedio anual para el período 2007-2013 se situaría considerablemente por debajo del nivel acordado para los pagos en 2006, el 1,09 % de la RNB;

1.2.11 señala que esto representaría un marco presupuestario restrictivo que podría perjudicar a las políticas que tienen un tratamiento especial dentro del Tratado y a las que producen importantes efectos multiplicadores y efectos que también influirían en las expectativas de los nuevos Estados miembros;

1.2.12 considera que las propuestas de la Comisión son una respuesta lógica a estas preocupaciones presupuestarias de Estados miembros cuyos recursos propios se ven actualmente lastrados por los bajos índices de crecimiento en toda Europa; por consiguiente, el Comité adopta una perspectiva similar a la del Banco Europeo de Inversiones a la hora de apoyar un desplazamiento de los recursos hacia los retos del futuro;

1.2.13 señala que con un 1,24 % de la RNB, el presupuesto de la UE sólo representa aproximadamente el 2,5 % del gasto público total de la Unión;

1.2.14 está de acuerdo con la Comisión en que es poco realista esperar más Europa por menos dinero: los nuevos ámbitos políticos a nivel de la UE implican nuevas exigencias financieras;

1.2.15 advierte que, dado que no puede aprobarse ninguna perspectiva financiera sin un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo, y que el Tratado vigente no establece ninguna obligación sobre la perspectiva financiera y sólo contempla los presupuestos anuales, es necesario resolver rápidamente el desacuerdo entre los Estados miembros con respecto a las perspectivas financieras. Sería poco prudente que se repitieran los retrasos producidos con motivo de la aprobación de la Agenda 2000. La prolongación de las negociaciones provocaría trastornos en los futuros programas de los Fondos Estructurales;

1.2.16 considera que en el marco temporal de la perspectiva financiera 2007-2013 resulta lógica una fase de siete años, teniendo en cuenta los retos estructurales que se plantean. Además ofrece la oportunidad de establecer mecanismos e instrumentos viables para las fases futuras. Una financiación europea garantizada durante siete años, en comparación con los periodos de financiación a más corto plazo de los mandatos nacionales, a menudo de cuatro o cinco años, ofrece a las ciudades y las regiones la escala de tiempo necesaria para acometer planes estratégicos a largo plazo de desarrollo sostenible económico y social;

1.2.17 reconoce que las propuestas para futuras fases quinquenales podrían coincidir con los mandatos del Parlamento Europeo y de la Comisión, confiriendo así una mayor legitimidad democrática a las perspectivas financieras.

1.3 Enfoque del gasto

1.3.1 Considera adecuadas las tres prioridades principales expuestas por la Comisión en su Comunicación sobre la perspectiva financiera para el periodo 2007-2013, a saber: — desarrollo sostenible — dotar de pleno contenido a la ciudadanía europea — la UE como socio a escala mundial;

1.3.2 considera que la perspectiva financiera 2007-2013 debería reconocer la necesidad de ampliar el consenso a nivel europeo sobre los retos de las políticas comunes que señala, estableciendo claramente la dimensión europea de estos asuntos, destacando al mismo tiempo el valor añadido de la acción de la UE pero también, conforme al principio de subsidiariedad, las diferentes contribuciones realizadas por cada esfera de gobierno: local, regional y nacional;

1.3.3 acoge favorablemente la consideración de la Comisión sobre el valor añadido de la acción a nivel de la UE y la cuestión de una mejor gobernanza en la aplicación de la política comunitaria a través de cada rúbrica presupuestaria de su perspectiva financiera 2007-2013, tal como se expone en su reciente Comunicación;

1.3.4 está de acuerdo en este sentido con el objetivo de la Comisión de que en la perspectiva financiera 2007-2013 las transferencias de fondos al nivel de la UE no deberían considerarse como un fin en sí mismo;

1.3.5 respalda la opinión de la Comisión de que en las próximas perspectivas financieras el gasto asignado debería garantizar que la acción a nivel de la UE sea: — efectiva, cuando los resultados sólo puedan lograrse mediante la acción comunitaria; — eficiente, cuando la acción comunitaria permita una mayor rentabilización de los recursos; — complementaria, gracias a su influencia, generando así acciones a nivel nacional, regional o local;

1.3.6 considera que el modelo de la UE es un equilibrio entre el individuo y la sociedad, el Estado y la autoridad descentralizada, los beneficios del mercado, las normas y las regulaciones. Como tal, la priorización de las rúbricas relativas a las distintas políticas dentro de la perspectiva financiera abre la posibilidad de un futuro crecimiento sostenible del modelo que ha proporcionado estabilidad y crecimiento en Europa durante los últimos 50 años;

1.3.7 cree que la Comisión ha adoptado una estrategia equilibrada de política de cohesión a través de unas rúbricas presupuestarias que hacen especial hincapié en las necesidades de los nuevos Estados miembros mediante la búsqueda de un cuidadoso equilibrio entre las disparidades económicas, sociales y territoriales existentes en el conjunto de la UE;

1.3.8 considera que en estas rúbricas se dan ejemplos clave del valor añadido que proporciona el modelo de la UE. La inversión de la UE en investigación y desarrollo, intercambios transfronterizos y proyectos de infraestructuras complementa los objetivos de Lisboa y Gotemburgo con un enfoque asociativo que puede reforzar el crecimiento, la convergencia, la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo. Otro elemento del enfoque asociativo europeo de la investigación y el desarrollo es una infraestructura de educación e investigación ampliamente descentralizada que permita el pleno aprovechamiento del elevado nivel educativo y el potencial de crecimiento de la población europea. Las soluciones basadas en el mercado no propician por sí solas el fututo sostenible al que aspira Europa;

1.3.9 reconoce que los recursos disponibles y la disciplina presupuestaria son factores de motivación subyacentes al proceso de negociación, en el que coexisten dos enfoques metodológicos para la elaboración de una perspectiva financiera: — determinar las necesidades y asignar los recursos en función de ellas; y — determinar los recursos disponibles y asignar las prioridades en función de ellos;

1.3.10 reconoce que la Comisión ha adoptado el primer enfoque desde una perspectiva ascendente, basada en una evaluación de las necesidades de abajo arriba;

1.3.11 rechaza el argumento de que el segundo enfoque podría dar una respuesta sostenible a los retos económicos, sociales y democráticos que tiene planteada la UE.

1.4 Marco financiero

Acoge favorablemente las propuestas de las Comisión de construir un nuevo marco financiero en torno a un número limitado de objetivos políticos:

— 1a) La competitividad como factor de crecimiento y empleo; — 1b) Cohesión en favor del crecimiento y el empleo; — 2) Gestión sostenible y protección de los recursos naturales; — 3) Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia; — 4) La Unión Europea como socio a escala mundial.

Las principales observaciones del Comité se refieren a las rúbricas relacionadas con el desarrollo sostenible: 1a, 1b y 2.

1.4.1 Crecimiento sostenible

— Reconoce la coherencia económica y la lógica política de utilizar el desarrollo sostenible como vehículo presupuestario para las tres prioridades complementarias: convergencia, competitividad y empleo, y cooperación territorial;

— acoge favorablemente la propuesta de dotar a la política estructural y de cohesión de un presupuesto de 336 200 millones de euros para el periodo 2007-2013 en comparación con los 213 000 millones de euros asignados a los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión para el periodo 2000-2006, aunque destaca que el 78 % (262 300 millones de euros) se destina al objetivo de la convergencia de las regiones menos desarrolladas, el 18 % (68 500 millones de euros) a la competitividad regional y el empleo, y el 4 % (13 500 millones de euros) al objetivo de la cooperación territorial para el desarrollo transfronterizo e interregional (8);

— destaca que de la línea presupuestaria única de 262 300 millones de euros asignada al objetivo de convergencia para las regiones con una RNB per cápita inferior al 75 % de la media de la UE-25, 22 000 millones se destinan a los países de la UE-15 actualmente beneficiarios de las ayudas de cohesión, pero que dejarán de cumplir este criterio por motivos puramente estadísticos (regiones que se vean excluidas paulatinamente). Ello equivale al 66 % del importe que habrían recibido en el período 2007-2013 en calidad de regiones plenamente beneficiaras de las medidas de convergencia;

— destaca que la línea presupuestaria única de 336 200 millones de euros equivale al 0,41 % de la RNB (344 900 millones de euros, el 0,46 % de la RNB, incluidos los costes administrativos del Fondo de Solidaridad y otras acciones);

— hace hincapié en que para lograr una macroeconomía sana orientada hacia el crecimiento sostenible los programas que engloban estas prioridades deben ir explícitamente dirigidos a cumplir los objetivos de Lisboa y Gotemburgo;

— destaca que la estrategia de Lisboa fue concebida para fomentar un crecimiento económico sostenible y para fortalecer la cohesión social con los siguientes objetivos: — lograr que la tasa de empleo alcance al menos un 70 % antes de 2010; — procurar que el nivel de productividad europeo alcance los niveles de productividad de las empresas mundiales con mejores resultados; — determinar los retos de la sociedad la información y crear un espacio europeo de la investigación; — incrementar la inversión en investigación hasta que alcance un 3 % del PIB;

— señala que la Comunicación complementaria de la Comisión reconoce que estamos lejos de haber alcanzado los objetivos de crecimiento y reducción de las disparidades que fundamentan la estrategia de Lisboa y Gotemburgo. Esto se debe en parte a las presiones para responder a la competencia global, los problemas de productividad, el envejecimiento de la población y las crecientes expectativas de atención sanitaria, con las correspondientes presiones sobre el gasto público;

— considera que para controlar y cumplir los objetivos de Lisboa y Gotemburgo es preciso determinar y medir los factores clave del éxito, así como los medios para movilizar a la sociedad civil, los entes regionales y locales y los responsables de las empresas, todos ellos directamente interesados en el éxito de la estrategia Lisboa, con el fin de realizar una estrategia de Lisboa y Gotemburgo para todos;

— reconoce que si se reducen los niveles de gasto en las perspectivas financieras por debajo del 1,14 % de la RNB en créditos de pago propuesto por la Comisión, se perderían los programas que figuran en la subrúbrica relativa al fomento de la competitividad regional y el empleo fuera de las regiones menos desarrolladas en el epígrafe 1b) Cohesión en favor del crecimiento y el empleo. De este modo se agravaría el problema de las disparidades regionales. Por consiguiente, no sería posible que todas las regiones participaran en pie de igualdad en la mejora de la competitividad, el crecimiento y el empleo de la UE en su conjunto;

— ha apoyado sistemáticamente la aplicación de medidas a favor de la competitividad y el empleo para garantizar que todo el territorio regional de la UE se integre plenamente en la estrategia de Lisboa y Gotemburgo, pero se pregunta hasta qué punto consiguen realizar esta estrategia los programas relativos a estas prioridades cuando la falta de prosperidad regional es el único indicador para la financiación;

— entiende, como reconoce el Tercer informe sobre la cohesión, que como principal indicador el PIB presenta varios puntos flacos y que se ha demostrado reiteradamente que las disparidades dentro de las regiones, claramente visibles por ejemplo en las ciudades de gran y mediano tamaño (9), son más acusadas que las disparidades entre las regiones;

— por consiguiente lamenta que el problema dentro y entre las regiones se agrave con la reducida asignación presupuestaria prevista para este nuevo «objetivo 2», comparada con la de anteriores periodos de programación: una asignación del 18 % en 2007, frente al 23,8 % en 2000-2006 (10);

— acoge favorablemente que el potencial de las principales zonas urbanas se reconozca como motor de crecimiento económico, pero considera que las normativas propuestas para cada marco nacional deberían incluir una referencia explícita al desarrollo urbano sostenible para reflejar la función de los centros urbanos como motores económicos de la economía europea;

— lamenta que, aunque en la estrategia de Lisboa se reconoce debidamente el impacto del envejecimiento de la población en la reducción de las tasas de crecimiento y en la disminución del PIB y las medidas necesarias para contrarrestar esos efectos, no haya un reconocimiento similar del potencial que representan los jóvenes para alcanzar los objetivos de la competitividad y el crecimiento.

a) La competitividad como factor de crecimiento y empleo

— Promover la competitividad de las empresas en un mercado único plenamente integrado

— Reconoce la necesidad de impulsar la política industrial en Europa creando un entorno empresarial favorable;

— hace hincapié en la necesidad de aprovechar y fomentar el potencial de desarrollo del sector de las PYME como elemento constitutivo del crecimiento en el mercado único, habida cuenta de que las PYME constituyen quizá el mayor potencial oculto del mercado único;

— señala que aplicando las normas del mercado único a la política de cohesión para estimular a las pequeñas empresas se puede determinar un valor añadido concreto a través del aumento del comercio intracomunitario entre las regiones menos desarrolladas y el resto de la UE, dado que aproximadamente la cuarta parte del gasto de la política de cohesión orientada a la competitividad redunda en el resto de la Unión en forma de un aumento de las exportaciones;

— considera necesario, en la reforma de las normas relativas a las ayudas estatales, adoptar unas normativas de excepción horizontales para apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico y las PYME;

— considera que la introducción de evaluaciones de impacto para asignar mejor las ayudas estatales, que permitirán una mayor flexibilidad a las autoridades nacionales, regionales y locales a la hora de tomar medidas que tienen efectos limitados sobre la competencia y el comercio a nivel de la UE, pero que pueden afrontar verdaderas disfunciones del mercado, contribuirá a desarrollar las regiones con mayor retraso y a fomentar el espíritu empresarial.

— Consolidar los esfuerzos europeos en materia de investigación y desarrollo tecnológico

— Considera que si la UE quiere convertirse en una economía dinámica basada en el conocimiento se necesitan diversas medidas y disposiciones de apoyo financiero, especialmente la creación de polos de excelencia a partir de las numerosas infraestructuras europeas de investigación y de educación existentes que potencien las economías regionales, extiendan la excelencia y aumenten la competitividad en toda la UE;

— coincide con la Comisión en que la consolidación del esfuerzo de la UE en materia de investigación y desarrollo tecnológico constituye un objetivo principal de la UE ampliada, aunque se debe alcanzar un correcto equilibrio entre la financiación pública y privada (11);

— respalda, por ello, la decisión del Consejo Europeo de Barcelona de aumentar el gasto en investigación y desarrollo para alcanzar el 3 % del PIB de la UE antes de 2010.

— Conectar Europa a través de redes de la UE

— Aprueba la propuesta de la Comisión Europea de aumentar la escala de los recursos financieros asignados al desarrollo de las redes transeuropeas. Hay que dar especial prioridad a los proyectos transfronterizos que fomenten la intermodalidad y el uso de formas sostenibles de transporte, especialmente el concepto de «autopistas del mar», siempre que estos proyectos formen parte de una plan de transportes global y sostenible;

— resalta el papel que pueden desempeñar las RTE-T, en concreto las «autopistas del mar» en el caso específico de las islas, para superar las dificultades que las regiones con desventajas naturales y demográficas sufren para acceder al mercado interior en condiciones equitativas;

— reconoce la limitada capacidad de los Estados miembros para conseguir las sumas necesarias para inversiones en infraestructuras en un momento en el que tratan de recortar el gasto público para cumplir las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

— subraya que la financiación de las RTE-T por parte de los entes locales y regionales sólo podrá seguir siendo marginal, dados los onerosos compromisos que han contraído con otras inversiones en infraestructuras que a menudo resultan cruciales para el buen funcionamiento de las RTE-T así como de la economía y las infraestructuras sociales;

— señala que el fomento de la competitividad impulsa el reconocimiento de estrechas interdependencias entre las ciudades y las regiones, que a su vez pueden crear masas críticas capaces de potenciar un fuerte crecimiento en zonas donde una sola ciudad o región no podría provocarlo. Las redes urbanas estratégicas europeas como URBACT constituyen un buen ejemplo de esto y deberían impulsarse a nivel europeo para garantizar el intercambio de buenas prácticas y conocimientos técnicos entre distintas áreas territoriales y las inversiones necesarias con el fin de cumplir los objetivos de Lisboa y Gotemburgo.

— Mejorar la calidad de la educación y la formación

— Subraya que la educación y la formación de los recursos humanos locales y regionales tienen una importancia crucial para el desarrollo del mercado único europeo y la aplicación de la estrategia de Lisboa. Las acciones que se emprendan en toda la UE para impulsar la movilidad tendrán un impacto económico real. Tanto individualmente como en su conjunto, estas medidas representan una rentabilidad excelente por el dinero invertido. Su coste adicional para el presupuesto debe reconocerse como esencial para el buen funcionamiento y desarrollo de un mercado de trabajo integrado y un entorno común de aprendizaje en Europa.

— Ayudar a la sociedad europea a anticipar y gestionar el cambio

— Comparte la opinión de la Comisión de que se debe poner a punto un marco regulador apropiado que cree condiciones equitativas para las empresas y los trabajadores mediante el establecimiento de normas sociales adecuadas y la consagración de derechos fundamentales.

b) Cohesión en favor del crecimiento y el empleo

— Reconoce que el valor añadido de la Comunidad no se genera únicamente con la financiación sino también mediante el método comunitario que determina los programas que deben aceptarse y establece estrategias regionales. Sólo un marco institucional europeo puede garantizar una complementariedad de las políticas sectoriales y de los instrumentos financieros que realice los objetivos comunitarios de la cohesión económica, social y territorial;

— reconoce que el objetivo de la convergencia debe enfocarse prioritariamente a la ampliación como signo de solidaridad con los nuevos Estados miembros y las regiones más débiles de los «antiguos» Estados miembros, para garantizar que los fondos se destinen a las regiones y ciudades con mayor retraso de desarrollo.

— observa que la propuesta de la Comisión sobre la dotación financiera de los Fondos Estructurales de la UE en el próximo período de programación representa también un compromiso justo para las regiones de la actual UE–15, debiéndose destinar 109 800 millones de euros al nuevo objetivo 1 y 56 600 millones de euros al nuevo objetivo 2 en los «antiguos» Estados miembros (frente a los 154 000 millones de euros, o bien 46 600 millones de euros en el actual período de programación);

— previene contra la socavación de los principios de asociación y solidaridad con respecto a los Estados miembros que no cumplirán ya los requisitos para el Fondo de Cohesión como resultado del efecto estadístico de la ampliación;

— reconoce las razones que existen para la introducción de un límite máximo del 4 % del PIB nacional para todos los Estados miembros en la asignación de los recursos del FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión, incluyendo las transferencias de recursos como parte de la reestructuración del desarrollo rural y de la pesca (12). La reducción de las disparidades económicas y sociales debe seguir siendo una de las máximas prioridades de la Unión Europea y estos fondos son necesarios para ayudar a las regiones y los Estados miembros rezagados en su desarrollo económico y social;

— acepta que el principio de la fórmula de Berlín (cuanto menos desarrollada esté una región, mayor será la ayuda que deberá recibir) estaba bien fundado y debería seguir aplicándose en el futuro. Por consiguiente, deberán investigarse las anomalías que provoque la aplicación del límite máximo del 4 % del PIB nacional a nivel de un Estado miembro;

— sin embargo, advierte de que cualquier ajuste de los créditos de pago globales se realizará al margen de este 4 % y, por consiguiente, aunque el Fondo de Cohesión quedará garantizado para los nuevos Estados miembros, el impacto de tal ajuste socavará gravemente el principio de una agenda de Lisboa-Gotemburgo para todos;

— reconoce la importancia de mejorar la adquisición de capacidades en los entes territoriales de los Estados miembros y de los nuevos países vecinos. Se pueden conseguir considerables avances en cooperación transfronteriza e interregional mediante el intercambio de conocimientos y prácticas entre expertos de los entes locales y regionales.

1.4.2 Gestión sostenible y protección de los recursos naturales

Acoge favorablemente el reconocimiento expresado en las perspectivas financieras de la necesidad de diversificar las actividades en el medio rural (mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de las zonas rurales) como un equilibrio vital para alcanzar la cohesión territorial en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo;

manifiesta su preocupación por el hecho de que los indicadores de crecimiento y desarrollo, que abarcan el empleo, la industria y la diversidad, son sistemáticamente inferiores en las zonas rurales, lo que socava su calidad de vida;

acoge favorablemente el potencial de los programas urbanos para impulsar el desarrollo en las zonas rurales mediante iniciativas específicas de investigación y desarrollo y de cambio empresarial y social, aunque se reconoce que es improbable que los beneficios de estas iniciativas lleguen a las zonas rurales más aisladas;

sin embargo, hace hincapié en la necesidad de soluciones equilibradas para las diferentes situaciones de las zonas rurales, incluidas las que tienen desventajas naturales y constricciones medioambientales específicas;

hace hincapié asimismo en el imperativo de respetar la diversidad territorial, dentro de la cual el concepto de un paradigma subyacente urbano/rural de crecimiento y cohesión caracteriza el movimiento de rechazo de los modelos industriales y agrícolas que ya no responden a los retos de la globalización;

defiende que se reconozca la protección del medio ambiente en todos sus componentes –global, regional, urbano, rural y marino– como un aspecto horizontal de los programas. En este contexto, los entes regionales y locales responsables del mantenimiento de los sitios de la red NATURA 2000 deberían recibir una financiación adecuada de los instrumentos correspondientes.

1.4.3 Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia

Acoge con agrado que la Comisión desee desarrollar y sustanciar los problemas de la ciudadanía europea, y también abordar de una manera gestionada los difíciles asuntos de la migración y la integración, la libertad, la seguridad y la justicia, que afectan a las zonas urbanas y rurales en toda la Unión Europea, como se afirma en el preámbulo de la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea (13);

reconoce que los retos planteados por la inmigración y el asilo no pueden afrontarse ya de forma adecuada con medidas tomadas por los Estados miembros;

hace hincapié en que en la actualidad muchos entes locales y regionales ofrecen medidas y servicios de apoyo de primer orden;

subraya que tanto las ciudades importantes como las zonas rurales de Europa tienen una gran experiencia, cada vez mayor, de la mano de obra inmigrante y de los nuevos asentamientos. Por consiguiente, este conocimiento y experiencia sobre la integración de los inmigrantes debería reflejarse en las disposiciones reglamentarias que presenta la Comisión en la materia;

reconoce que los programas actuales relacionados con los consumidores, la seguridad alimentaria y la sanidad no satisfacen las expectativas de los ciudadanos europeos;

apoya, por consiguiente, la introducción de dos instrumentos: un programa de seguridad alimentaria y un programa de política de los consumidores y sanidad.

1.4.4 Política exterior

Está de acuerdo con el reconocimiento expresado en la perspectiva financiera 2007-2013 de que con la ampliación y los crecientes imperativos locales y regionales la Unión debería consolidar su capacidad para promover los derechos humanos y la democracia, así como su capacidad para centrarse en la lucha contra la pobreza, tanto entre sus vecinos como por medio de sus políticas multilaterales y bilaterales;

apoya la opinión de la Comisión de que las acciones exteriores deben ser coherentes y consistentes para conseguir más y mejores resultados con los medios disponibles;

acoge favorablemente la opinión de la Comisión de que la nueva política de vecindad debería basarse en los progresos transfronterizos registrados desde 1989, o incluso antes, cuyo desarrollo debería apoyarse con medidas encaminadas a lograr una integración económica progresiva, una cooperación política más estrecha y el desarrollo de infraestructuras comunes;

pone de relieve la importancia de mejorar el desarrollo de las capacidades de los entes territoriales en los nuevos Estados miembros y los nuevos países vecinos.

1.4.5 Mecanismo de corrección

Entiende que las negociaciones de la perspectiva financiera 2007-2013 requerirán a todas luces mecanismos para determinar la financiación global de la Unión y la cuantía de la contribución de cada Estado miembro. La Comisión ha presentado una propuesta por separado para suprimir el reembolso al Reino Unido e introducir un mecanismo de corrección generalizado que refleje la prosperidad relativa de cada Estado miembro;

considera que debe establecerse un sistema justo para satisfacer las necesidades presupuestarias de la Unión, y que este sistema debería suprimir las disposiciones de reembolso a algunos Estados miembros;

comparte la opinión de la Comisión Europea de que este planteamiento ofrece la oportunidad de suprimir los mecanismos de corrección introducidos en anteriores periodos financieros que actualmente ajustan los desequilibrios negativos netos excesivos que el presupuesto de la UE acarrea a algunos Estados miembros en relación con su contribución a los compromisos de pagos. Si esto se lleva a cabo se evitarían las excesivas cargas fiscales que padecen algunos Estados miembros y se mantendría la solidaridad a escala comunitaria.

1.4.6 Pacto de Estabilidad y Crecimiento

Reconoce que actualmente los términos y las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y su aplicación restrictiva, que no permite a un Estado miembro superar el límite del 3 % de su PIB en déficit presupuestario o el 60 % en deuda, responden sólo a preocupaciones sobre la estabilidad basadas en las condiciones de finales de la década de 1990, mientras que hoy día la necesidad apremiante es avanzar hacia y propiciar adecuadamente un marco político más orientado hacia el crecimiento. Sin centrarse en el crecimiento será imposible tener en cuenta los aspectos sociales y medioambientales de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo;

apoya las propuestas elaboradas por la Comisión Europea para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estas reformas ofrecen posibilidades flexibles para el ejercicio de una política económica que mitigue los efectos de las coyunturas económicas sin pasar por alto, no obstante, la importancia de una economía estable. De esta manera se logrará un mayor margen de actuación que contribuirá a prevenir las necesidades de crecimiento en materia de consumo público y los recortes fiscales que puedan ocasionar las futuras recesiones económicas;

sugiere como propuesta introducir un mecanismo para excluir de los procedimientos normales de contabilidad presupuestaria las inversiones de capital encuadradas en algunos ámbitos de competencia comunitaria reconocidos por la estrategia de Lisboa. Esto permitiría emprender las necesarias inversiones públicas de ayuda al crecimiento sin violar la disciplina financiera del Pacto;

sugiere que otro enfoque podría ser mejorar el mecanismo de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para tener en cuenta la situación económica real de cada Estado miembro, de forma que el objetivo intermedio de un presupuesto equilibrado fuera diferente para cada Estado miembro en función de su nivel de inversiones, dinámica de la deuda, sostenibilidad de la hacienda pública y crecimiento potencial.

1.5. Instrumentos de aplicación y gobernanza

1.5.1 Hoja de ruta

Advierte que los capítulos finales de la perspectiva financiera 2007-2013 se ocupan de la eficacia de los instrumentos de aplicación y de las adecuadas disposiciones de gobernanza, cuestiones de importancia para los entes locales y regionales;

señala que la Comunicación no entra en detalles sobre la pertinente contribución que cada esfera de gobierno local, regional, nacional y europeo podría hacer para resolver las actuales deficiencias;

destaca que la acción nacional, la coordinación y el gasto público a través de los presupuestos de la UE requieren una adecuada combinación de estas medidas en el momento oportuno. El método abierto de coordinación (MAC) subyacente a la estrategia de Lisboa y Gotemburgo fija objetivos, establece indicadores y criterios de referencia, instituye políticas nacionales y regionales a través de planes de acción nacionales e insta al seguimiento regular, la evaluación y el examen paritario, y en este sentido es capaz de aportar valor añadido a los objetivos mediante la transmisión de conocimientos y experiencias acumulados a nivel local y regional;

cree, sin embargo, que en su forma actual el proceso no ha demostrado ser suficientemente eficaz para la realización de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo. Ha sido escasa la coordinación de políticas entre los Estados miembros y no se ha presionado para conseguir los objetivos de Lisboa. Por otra parte, el método abierto de coordinación no ha logrado la presencia de los entes locales y regionales, cuyo papel es esencial para lograr en ciudades y regiones la competitividad capaz de producir esa necesaria presión;

considera, sin embargo, que el MAC sigue siendo una alternativa válida para una toma de decisiones supranacional y puede remodelarse para convertirlo en un proceso eficaz de aplicación si se simplifica la miríada de peticiones existentes al margen de los debates unilaterales entre los Estados miembros y la Comisión sobre temas políticos concretos;

cree que esto sugiere la necesidad de explorar métodos nuevos y flexibles, y de desarrollar un enfoque de modelo tripartito mediante métodos basados en actividades contractuales que permitan participar a los gobiernos locales y regionales en la realización de los objetivos políticos, con el fin de infundir fuerza y dinamismo a los mecanismos de aplicación. Esto no tiene por qué añadir complicaciones ni suponer ideas más que abstractas, sino que puede representar un diálogo real y sistemático con los entes locales y regionales;

recomienda encarecidamente que la hoja de ruta propuesta por la Comisión (un programa común que asocia las acciones y la financiación a nivel nacional y comunitario) cuente con la participación de los entes locales y regionales. El componente territorial de los programas marco es importante para la realización de los objetivos de cohesión entre los Estados miembros y dentro de ellos;

reitera que los pactos tripartitos son un medio para incluir a los entes locales y regionales en el sistema de gobernanza de la UE. La aplicación de los programas marco depende en buena medida de la participación de los agentes locales y regionales.

1.5.2. Políticas y programas

Toma nota de que la perspectiva financiera 2007-2013 y la Comunicación complementaria proponen que los instrumentos de que dispone la UE para realizar sus objetivos políticos se consoliden e integren en la medida de lo posible en un único instrumento por ámbito estratégico y en un único fondo por programa.

acoge favorablemente el hecho de que los programas de la política de cohesión serán financiados por fondos únicos (Fondo de Cohesión, FEDER y FSE), mientras que las actividades relativas a la agricultura y la pesca quedarán englobadas bajo el epígrafe Gestión sostenible y protección de los recursos naturales;

acoge con agrado que se haya integrado la dimensión urbana en los programas de la política de cohesión en beneficio de todas las zonas urbanas, recalcando así la importancia de las asociaciones entre ciudades y regiones;

reconoce que una nueva reglamentación establecerá una estructura de financiación de la PAC con un fondo único para cada pilar: el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEOGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER);

acoge favorablemente que todas las medidas de desarrollo rural se reagrupen en un único instrumento para aplicar un programa único, prestando especial atención a la coherencia entre las medidas de desarrollo rural y las de cohesión:

— aumentado la competitividad del sector agrícola mediante el apoyo a la reestructuración,

— protegiendo el medio ambiente y el campo mediante el apoyo a la gestión de las tierras,

— aumentando la calidad de vida en las zonas rurales,

— promoviendo la diversificación de las actividades económicas;

acoge con agrado los esfuerzos de simplificación de la Comisión mediante la creación de un instrumento para el medio ambiente (LIFE+), pero destaca la dificultad de determinar las oportunidades reales de financiar proyectos medioambientales a través de los diferentes instrumentos financieros que se aplicarán en el periodo 2007-2013. Es esencial coordinar los diversos tipos de financiación para atender a las diferentes prioridades y normas de intervención de la Comunidad;

manifiesta su preocupación por el hecho de que la Comisión desee transferir una parte muy importante del presupuesto de LIFE+ (del 75 al 80 % del instrumento) a los diferentes Estados miembros sin establecer las normas y condiciones de esta «transferencia» en el Reglamento propuesto;

advierte que se propone un nuevo instrumento de vecindad para la cooperación transfronteriza entre la UE y los países vecinos, que pone de relieve el valor añadido de la UE en el fomento de la estabilidad y la prosperidad más allá de sus fronteras exteriores mediante un desarrollo económico y social sostenible;

acoge favorablemente la aplicación del FEP como instrumento único para la reestructuración del sector pesquero, pues está estrechamente vinculado a los instrumentos de cohesión y aporta:

— desarrollo sostenible en las zonas costeras,

— adaptación de las flotas pesqueras; acuicultura e industrias de transformación del pescado;

considera que estas propuestas aportarán una mayor transparencia a la perspectiva financiera de cara a los ciudadanos.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones

2.1 Asociación

2.1.1 Pide que el principio de asociación que vincula los ámbitos local, regional, nacional y transnacional sea un hilo conductor presente en todas las propuestas de la Comisión. Este principio debe ser reconocido y aplicado con cierta urgencia tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Ministros, y asimismo debe difundirse sistemáticamente en los Estados miembros y los medios de comunicación para demostrar el valor añadido de la UE;

2.1.2 insta a la aplicación sistemática del principio de asociación en los reglamentos detallados presentados por la Comisión sobre todos los elementos políticos determinados en la perspectiva financiera 2007-2013;

2.1.3 propugna que el principio de asociación se incorpore plenamente en los nuevos reglamentos que tratan de los programas, especialmente en lo que se refiere a la cooperación transeuropea, y que en estos programas se reconozcan los conocimientos y las capacidades de los entes locales y regionales en cuestión.

2.2 Coherencia

2.2.1 Insiste en la importancia crucial de aumentar la coherencia entre la política de cohesión y las políticas europeas sectoriales específicas, especialmente las de agricultura, investigación, competencia, medio ambiente y transporte, de forma que sean posibles enfoques adecuados a cada ámbito. Además de la aplicación del principio de asociación, el nuevo programa debe demostrar el compromiso de la Comisión y del Consejo de Ministros en materia de coordinación administrativa en todas las esferas de gobernanza: local, regional, nacional y comunitaria.

2.3 Pactos y acuerdos tripartitos

2.3.1 Recomienda que la aplicación de los pactos y acuerdos tripartitos se amplíe para sustanciar la gobernanza en las perspectivas financieras 2007-2013 y represente un compromiso de los representantes elegidos en los entes locales y regionales con el proceso de la hoja de ruta propuesto, especialmente en lo que se refiere al componente territorial de los programas marco necesario para alcanzar los objetivos de cohesión tanto entre los Estados miembros como dentro de cada Estado;

2.3.2 sugiere que el compromiso local y regional con el proceso de la hoja de ruta, donde las estrategias regionales forman parte de la estrategia nacional, no sólo garantizará una mayor coherencia en la aplicación de la agenda de crecimiento sostenible, sino también una mayor visibilidad de la política europea de cohesión y la asignación prioritaria de los recursos a los ámbitos donde más se necesiten;

2.3.3 hace hincapié en que estas medidas podrían introducirse sin perjuicio de atender a la urgente necesidad de simplificar y agilizar la elaboración y aplicación de programas de competitividad y cohesión;

2.3.4 recomienda llevar a cabo una evaluación interinstitucional crítica de impacto para determinar lo que se ha hecho y los aspectos positivos de las diferentes políticas públicas en los Estados miembros. Un dispositivo de auditoría única contribuiría a averiguar si se cumplen los objetivos estratégicos, de conformidad con la estrategia de Lisboa y Gotemburgo, a la hora de asignar prioritariamente los recursos a los ámbitos donde más se necesiten.

2.4 Política de cohesión

2.4.1 Vuelve a hacer hincapié en el vínculo indisociable que existe entre una política regional eficaz a nivel europeo y la aplicación de la agenda de Lisboa y Gotemburgo. La continuación de la política regional de la UE, más que su renacionalización, favorecerá el crecimiento y la competitividad futuros de la UE en todas las zonas de Europa, lo que confirmará el impacto positivo que ha tenido hasta la fecha la política regional de la UE en el fortalecimiento de la cohesión social, económica y territorial comunitaria;

2.4.2 insiste en que todos los programas nacionales de acción para el crecimiento y el empleo elaborados por los Estados miembros y la Comisión reflejan las consultas y los compromisos con los entes locales y regionales. Los planes estratégicos urbanos y regionales deben ajustarse a los compromisos y objetivos establecidos por los programas nacionales de acción;

2.4.3 sugiere asimismo establecer un mecanismo que facilite la elaboración de programas, mediante el cual podrían participar dos o más regiones en actividades que contribuyan eficazmente a incrementar la competitividad local;

2.4.4 insiste en que el pilar de la perspectiva financiera 2007-2013 relativo a la competitividad como factor de crecimiento y empleo no puede servir de variable de ajuste en las negociaciones sobre los créditos de pago para él próximo periodo de referencia; aun aceptando que en los apartados relativos a la cohesión se debe dar prioridad al objetivo de la convergencia, el CDR considera que la UE debería respaldar el objetivo de la competitividad para anticipar y promover el cambio con el fin de cumplir los objetivos de la «nueva» estrategia de Lisboa;

2.4.5 insta a financiar la política de cohesión con un mínimo del 0,41 % de la RNB de la UE para garantizar que los objetivos de la política de cohesión se cumplan plenamente en la UE de los 25;

2.4.6 respalda la necesidad de coherencia entre la aplicación del límite máximo del 4 % del PIB nacional a nivel de Estados miembros y las implicaciones de la fórmula de Berlín para las regiones menos desarrolladas;

2.4.7 pide que los programas de desarrollo rural sostenible se integren directamente en los programas de la política de cohesión y no se conviertan en programas agrícolas de sustitución debido a la presión de los recursos propios;

2.4.8 insta a que los criterios de asignación de la financiación regional utilizados en el pilar de la competitividad y el empleo se basen en un conjunto de indicadores que reflejen las necesidades, la accesibilidad y las posibilidades regionales y locales, y sean capaces de evaluar las disparidades intraregionales;

2.4.9 pide que las posibilidades de desarrollo social y económico que ofrecen las ciudades a toda la UE se reconozcan y se tengan en cuenta en la planificación estratégica a nivel nacional;

2.4.10 insta a que se consulte activamente al CDR mediante su participación en el examen anual de las agendas en materia de competitividad y cohesión que realiza el Consejo Europeo de primavera. Ello brindaría a los entes locales y regionales la oportunidad de plantear cuestiones y buenas prácticas sobre lo que debe hacerse para mejorar el funcionamiento del método abierto de coordinación en aplicación de las agendas de Lisboa y Gotemburgo.

2.5 La estrategia de Lisboa y Gotemburgo

2.5.1 Insta a que se adopte un enfoque más coherente para la introducción de medidas macroeconómicas, el empleo, la acción social, las iniciativas medioambientales y de investigación con el fin de revitalizar la estrategia y orientar los programas nacionales de acción de los Estados miembros;

2.5.2 pide que se mejore radicalmente la gobernanza de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo para hacerla más eficaz y comprensible;

2.5.3 pide por tanto que en la revisión intermedia de la estrategia de Lisboa se incluya una valoración crítica de la aplicación de la gobernanza y un análisis de las repercusiones de la descentralización administrativa de cara a una eficaz aplicación de la estrategia de Lisboa;

2.5.4 resalta que aunque la aplicación de la estrategia de Lisboa plantee un panorama general sombrío y pesimista, algunos Estados miembros han logrado alcanzar los objetivos en numerosos ámbitos políticos, y considera que se deberían analizar con mayor detenimiento los factores que subyacen a estos resultados y tomarlos en consideración a la hora de aplicar el método abierto de coordinación;

2.5.5 pide concretamente que se determinen y midan a nivel local y regional los factores claves del éxito y que se incorporen a los catorce indicadores y objetivos cuya utilización se sugiere en el informe de Wim Kok (14) para identificar los buenos y malos resultados a nivel de los Estados miembros;

2.5.6 hace hincapié en que la competitividad económica es esencial para lograr la cohesión social y un medio ambiente sostenible;

2.5.7 insta a conceder una mayor importancia a los entes locales y regionales con el fin de divulgar el conocimiento e introducir la innovación y la iniciativa que se requieren para la realización de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo, aportando así a la estrategia una mayor apropiación política;

2.5.8 recomienda asimismo incluir en la revisión intermedia de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo un pacto europeo de la juventud que se centre en los problemas del desempleo y la integración social y profesional completando las acciones de la agenda de Lisboa y Gotemburgo para el envejecimiento de la población;

2.5.9 considera que los avances en la realización de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo deberían estar sujetos a informes anuales tanto a nivel nacional como de la UE y que estos informes deberían ser objeto de consulta al Comité de las Regiones y permitir al Consejo Europeo de primavera centrarse en los asuntos políticos clave para seguir el cumplimiento de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo;

2.5.10 considera que, tras la ampliación y el establecimiento de la moneda y el mercado únicos, el siguiente gran proyecto de la UE debería ser la optimización del crecimiento y el empleo mediante un planteamiento renovado de la agenda de Lisboa y Gotemburgo.

2.6 Investigación y desarrollo tecnológico

2.6.1 Solicita que en los reglamentos relativos a la investigación y el desarrollo tecnológico, ámbito en el que se prevé un aumento sustancial de la asignación de recursos financieros, haya un reconocimiento claro de los componentes territoriales del programa marco de investigación;

2.6.2 pide que se coordinen los programas y las políticas nacionales y regionales de investigación a fin de crear un verdadero espacio europeo de investigación que pueda respaldar los objetivos de competitividad y crecimiento;

2.6.3 insta a desarrollar plataformas de aprendizaje mutuo y polos de innovación que contribuyan a crear y sostener estrategias de investigación regionales y modelos regionales de desarrollo de conocimientos que faciliten la implicación de las universidades en sus economías locales. Estas plataformas y redes deberían diseñarse de forma que faciliten la aplicación rápida de nuevas ideas y productos, fomenten las derivaciones de la investigación fundamental y aplicada y acorten los plazos entre la innovación y la aplicación;

2.6.4 insta a los Estados miembros a que en sus programas nacionales de acción prevean las medidas por adoptar con miras a lograr el objetivo del 3 % del PIB dedicado a la investigación y el desarrollo tecnológico.

2.7 Movilidad

2.7.1 Acoge favorablemente las propuestas destinadas a triplicar el número de estudiantes de Erasmus y a aumentar el número de acciones de movilidad de los estudiantes y de colocaciones de formación profesional.

2.8. Gobernanza

2.8.1 Acoge favorablemente las propuestas encaminadas a reforzar los acuerdos de asociación y a introducir instrumentos simplificados de toma de decisiones en todos y entre todos los niveles de gobierno, del local, regional y nacional al comunitario, pero insiste en que estas medidas deben adoptarse con cierta urgencia;

2.8.2 recomienda que en la realización de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo la Comisión Europea evalúe anualmente los planes nacionales de acción y que los entes locales y regionales participen en la evaluación de los aspectos relativos a la ordenación del territorio;

2.8.3 también recomienda que la Comisión Europea realice una declaración anual sobre los avances en los retos políticos fijados en las perspectivas financieras 2007-2013 y sobre la contribución de cada esfera de gobierno –local, regional y nacional- al impulso, en caso necesario, de la reforma económica y de un mayor compromiso y responsabilidad por parte de todos los organismos y gobiernos locales, regionales y nacionales.

2.9 Ciudadanía europea

2.9.1 Subraya que aparte del aumento de recursos propuesto por la Comisión para acciones relacionadas con la ciudadanía, la libertad, la seguridad y la justicia, es preciso reconocer plenamente que los asuntos de justicia e interior no dependen simplemente de la negociación entre Bruselas y los Estados miembros con respecto a la subsidiariedad a nivel de gobierno local y regional. Hay que prestar especial atención al reconocimiento de los entes locales y regionales de los nuevos Estados miembros en este sentido;

2.9.2 pide que se refuerce en los entes locales y regionales la visibilidad de los mecanismos que determinan el valor añadido de los programas comunitarios, con el fin de sensibilizar al público y conseguir su respaldo para las políticas europeas que se aplican a nivel local.

2.10 Perspectiva financiera 2007-2013

2.10.1 Reitera su conformidad con el límite máximo presupuestario del 1,24 % para los recursos propios en la perspectiva financiera 2007-2013, dado que este límite refleja la necesidad de disciplina presupuestaria y valor añadido comunitario, y este volumen de recursos es el único medio para realizar la cohesión, la competitividad y el mercado único y cumplir las obligaciones comunes impuestas por el Tratado;

2.10.2 advierte de los peligros potenciales que pueden surgir de un presupuesto de compromiso;

2.10.3 apoya al Parlamento Europeo, en cuya opinión las actuales perspectivas financieras son parte de un acuerdo interinstitucional global que sólo podrá renovarse en un clima de confianza mutua entre las instituciones y sobre la base de un acuerdo común con las dos ramas de la autoridad presupuestaria;

2.10.4 señala que quienes pretenden introducir reducciones en los créditos de compromiso se centrarán probablemente en los programas de los Fondos Estructurales relativos a la competitividad regional y el empleo, dentro de la subrúbrica 1b, «Cohesión en favor del crecimiento y el empleo». Unas reducciones presupuestarias desproporcionadas en este ámbito renacionalizarían efectivamente la política regional en la mayor parte de la anterior UE de los 15;

2.10.5 afirma que toda presión sobre las subrúbricas relativas a los créditos de compromiso en el pilar «La competitividad como factor de crecimiento y empleo» debe resistirse explícitamente en relación con las iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico con el fin de respetar y mantener el compromiso de los Estados miembros con los objetivos de Barcelona e incrementar el gasto en investigación y desarrollo hasta alcanzar el 3 % del PIB en 2010;

2.10.6 advierte de que los retrasos al comienzo del nuevo periodo de programación debidos a la excesiva prolongación de las negociaciones provocarían trastornos financieros e inestabilidad en los entes locales y regionales de la UE;

2.10.7 pide que el resultado de las negociaciones garantice el mantenimiento del principio de solidaridad que ha guiado la política de la UE desde la creación de las políticas estructurales en 1973-1975, a saber: que la UE apoya a todas las regiones necesitadas de apoyo, tanto si están en países ricos como en países pobres;

2.10.8 insta a los Estados miembros a trabajar en colaboración con sus ciudades y regiones con el fin de encontrar una solución política para aquellos Estados miembros que no cumplirán ya los requisitos para el Fondo de Cohesión como resultado del efecto estadístico de la ampliación.

2.11 Enfoque del fondo único

2.11.1 Acoge favorablemente el establecimiento de fondos únicos en varios ámbitos de la política comunitaria, entre ellos la política de cohesión, el desarrollo rural, los programas medioambientales y la reestructuración del sector pesquero, porque este enfoque permitirá armonizar los requisitos administrativos relativos a estas medidas y simplificar su aplicación.

2.12 Ayudas estatales

2.12.1 Insta a la Comisión Europea a establecer un marco de apoyo para la diferenciación territorial en las normas y reglamentos relativos a las ayudas estatales, a fin de permitir asignar inversiones públicas específicas en los casos en que puedan corregir el fracaso real del mercado sin falsear las condiciones de competencia o puedan dar una mayor cabida al fomento de la investigación y la innovación, en especial en las pequeñas y medianas empresas, para cumplir el objetivo de cohesión territorial;

2.12.2 considera que se debería establecer una nueva normativa en materia de ayudas estatales que tenga en cuenta las nuevas disposiciones de la política de cohesión y de la política regional para permitir la asignación de ayudas estatales en zonas que ya no cumplan los criterios de elegibilidad para el Fondo de Cohesión, en función de la magnitud de los problemas que afrontan;

2.12.3 insta a la Comisión a aclarar el futuro de la ayuda regional conforme a la letra c del apartado 3 del artículo 87 en lo que se refiere a la distinción entre las regiones elegibles en función de la subrúbrica relativa al fomento de la competitividad regional y el empleo y las regiones menos desarrolladas de la subrúbrica relativa a la convergencia;

2.12.4 considera que la sostenibilidad es también una cuestión importante y que las inversiones públicas en forma de ayudas estatales deberían ajustarse en líneas generales a los principios de la sostenibilidad.

2.13 Mecanismo de corrección

2.13.1 Apoya la sugerencia de la Comisión de abrir un debate sobre las deficiencias del sistema de financiación actual de la UE;

2.13.2 apoya la propuesta de la Comisión de crear un nuevo mecanismo de corrección más justo.

2.14 Estabilidad y crecimiento

2.14.1 Señala que, dada la falta de coherencia y credibilidad que ha demostrado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es muy necesario que el Pacto tome en consideración la realidad económica actual de la UE mejorando la lógica económica de sus normas. Se debe reforzar la coherencia entre los procesos nacionales y de la UE, lograr una mayor participación de las instituciones nacionales en la supervisión multilateral de la política económica y mejorar la armonización de las políticas fiscal y monetaria;

2.14.2 indica que están surgiendo graves problemas en los presupuestos de los Estados miembros por la actual ralentización del crecimiento de las economías europeas, que provoca elevadas tasas de desempleo y dificultades sociales persistentes en numerosas regiones y localidades, y que la manera más viable en que la Comisión podría afrontar este problema sería revisar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para garantizar la sostenibilidad de la política económica. Al fin y al cabo, la UE no alcanzará los niveles necesarios de crecimiento, empleo y cohesión social a menos que el contexto macroeconómico europeo no se halle también en consonancia con la estrategia de Lisboa y se mejore la coordinación de los instrumentos comunitarios.

Bruselas, 23 de febrero de 2005. El Presidente del Comité de las Regiones Peter STRAUB

(1) DO C 256 de 24.10.2003, p. 1.

(2) DO C 318 de 22.12.2004, p. 1.

(3) «A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social. La Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales.»

(4) COM (2004) 101 final.

(5) «Desde 1995, la tasa media de crecimiento de la Europa de los 15 ha sido del 2,2 %, frente a un promedio de un 3,6 % a escala mundial y de un 3,2 % en los Estados Unidos» (COM(2004) 101 final, p. 3.)

(6) El porcentaje de los créditos de compromiso es más elevado que el de los de pago porque corresponde a recursos comprometidos para programas con una duración superior a un año y que, por lo tanto, pueden no haber sido utilizados durante el período presupuestado. Está previsto que el desembolso de los pagos se lleve a cabo durante el ejercicio presupuestario en el que se han asignado. Los pagos de los Estados miembros se calculan anualmente sobre la base de los créditos de pago incluidos en el presupuesto. El límite máximo de los recursos propios se fija mediante decisión del Consejo, por la que se establece una cantidad máxima de contribuciones por Estado miembro.

(7) REFERENCIA A LA CARTA DE SEIS JEFES DE ESTADO: «A nuestro juicio, el gasto medio durante la próxima perspectiva financiera debería estabilizarse en torno a los actuales niveles de gasto y no sobrepasar el 1 % de la RNB, incluido el gasto agrícola dentro del límite máximo establecido por el Consejo Europeo en octubre de 2002.»

(8) El objetivo de la convergencia afecta a las regiones con una RNB per cápita inferior al 75 % de la media de la UE-25. La ayuda transitoria se otorga a las regiones menos desarrolladas de la UE-15 con una RNB per cápita inferior al 90 % de la media de la UE-15. El Fondo de Cohesión para el periodo 2000-2006 asciende a 18 000 millones de euros y los cuatro Fondos Estructurales a 195 000 millones de euros (FEDER, FSE, Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca y la Sección de Orientación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola).

(9) De conformidad con la auditoría urbana realizada por la Comisión Europea en 2004.

(10) Un 11,5 % para el objetivo 2 y un 12,3 % para el objetivo 3.

(11) Actualmente, la UE dedica únicamente el 2 % del su PNB a la I+D, aproximadamente un tercio menos que los Estados Unidos. El 80 % de esta diferencia se debe a una inversión insuficiente en I+D del sector privado (punto 3.31 de la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo de Primavera, COM(2005) 24, «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo: un nuevo punto de partida para la Estrategia de Lisboa», de 2 de febrero de 2005).

(12) La transferencia de recursos financieros al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo de Pesca se calcula tras la aplicación del límite máximo para mantener una neutralidad presupuestaria.

(13) «La Unión contribuye al fomento de tales valores comunes mediante el respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos europeos, así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de su organización de los poderes públicos en el plano nacional, regional y local...».

(14) «Facing the challenge, the Lisbon strategy for growth and employment», informe del Grupo de expertos de alto nivel presidido por el Sr. Kok, noviembre de 2004.