·La introducción de la clasificación, la remuneración y la evaluación de resultados adaptadas se considera esencial para mejorar las perspectivas de que la ATI atraiga a personal muy cualificado y permitir su desarrollo y evolución. A principios de marzo de 2019 se adoptó una modificación legislativa de la legislación de habilitación de la ATI. Posteriormente, dicha modificación permitirá adoptar la legislación secundaria que introducirá un nuevo sistema de clasificación directamente vinculado con las descripciones de los puestos de trabajo. Esta reforma está estrechamente relacionada con la reforma de la Administración pública, y en particular el nombramiento de altos cargos del sector público.

Aunque todavía no se ha cumplido el compromiso específico de contar al final de 2018 con una plantilla de 12 000 empleados permanentes en la Autoridad Tributaria Independiente (ATI) (en ese momento era de 11 487 personas), las autoridades ya han adoptado un conjunto completo de medidas complementarias. Estas medidas apoyarán el cumplimiento del compromiso de dotación de personal, reforzarán la reforma más amplia de la recaudación de ingresos y mejorarán la capacidad operativa y la eficiencia de la ATI en una serie de aspectos. En el momento del informe de supervisión reforzada de 27 de febrero de 2019, las autoridades ya habían adoptado una serie de dichas medidas (adopción del plan de acción de reforma para 2019-2021; acuerdo con la Secretaría General de Servicios de Información sobre una dotación informática anual). Desde la adopción del informe de supervisión reforzada el 27 de febrero de 2019, las autoridades han adoptado las restantes medidas complementarias acordadas para reforzar la ATI:

Esta actualización evalúa la evolución de la aplicación de los compromisos específicos de reforma que debían materializarse hasta finales de 2018 desde la adopción del informe de supervisión reforzada el 27 de febrero de 2019. En particular, Grecia ha: i) adoptado legislación primaria y secundaria para reforzar la Autoridad Tributaria Independiente; ii) facilitado información actualizada sobre las medidas de apoyo a la resolución de préstamos no productivos y la estabilidad del sector bancario (subastas electrónicas, garantías estatales, plan de acción sobre insolvencia de los hogares); iii) adoptado la legislación primaria y se ha comprometido a adoptar en breve legislación derivada sobre un nuevo régimen de protección de la vivienda principal; iv) adoptado las medidas necesarias para cubrir las vacantes en el HFSF; v) relanzado la licitación para la cesión de parte de la capacidad de producción de PPC a base de lignito; vi) adoptado legislación para la reestructuración de DEPA; vii) adoptado medidas para eliminar los obstáculos a la transacción relativa a Egnatia; y viii) adoptado una serie de medidas para hacer avanzar la reforma de la Administración pública.

El informe de supervisión reforzada de 27 de febrero de 2019 también señaló que la evolución en algunos ámbitos plantea dudas sobre la orientación y la realización de las reformas a medio plazo. Estas preocupaciones merecen la máxima atención de las autoridades y se refieren a: a) el nivel de ambición a la hora de hacer frente a los retos presupuestarios estructurales pendientes y evitar la creación de nuevos riesgos tributarios que podrían surgir de sentencias del Tribunal, de contrataciones en el sector público y de posibles cambios en los sistemas de pago fraccionado de las deudas tributarias y con la seguridad social; b) el ritmo de avance y el grado de prioridad fijado en las medidas necesarias para restablecer la solidez y capacidad de adaptación del sector bancario, en particular en lo que se refiere a la calidad de los activos; y c) el compromiso de proteger la competitividad salarial a medio plazo y de crear un entorno favorable a las empresas y a la inversión.

No obstante, el informe de supervisión reforzada de 27 de febrero de 2019 también concluyó que una serie de compromisos específicos de reforma pendientes a finales de 2018 seguían abiertos y deberían completarse. Las cuestiones pendientes en ese momento estaban relacionadas con medidas en los ámbitos de la Administración tributaria, la estabilidad financiera, la energía, las privatizaciones y la Administración pública. En relación con algunos compromisos, debían completarse las medidas técnicas (reestructuración de la empresa de gas DEPA, autopista Egnatia, nombramientos en HFSF), mientras que, en otros, aún estaban en curso discusiones sustantivas (Administración tributaria y Administración pública, venta de centrales de lignito y sector financiero, incluida la protección de la residencia principal).

El informe de supervisión reforzada de 27 de febrero de 2019 concluyó que hasta finales de 2018 Grecia había logrado considerables progresos en la aplicación de sus compromisos específicos de reforma. Más concretamente, concluyó que a finales de 2018 podían considerarse cumplidos los siguientes compromisos específicos: i) adopción de un presupuesto para 2019 que debe alcanzar un objetivo de superávit primario del 3,5 % del PIB; ii) no acumulación de atrasos netos, si bien aún son necesarios esfuerzos adicionales para eliminar los atrasos acumulados y evitar la generación de otros nuevos; iii) apertura de una masa crítica de centros sanitarios de atención primaria (TOMY); iv) finalización de importantes medidas para garantizar una adquisición centralizada de material y equipos sanitarios; v) relajación de los controles de capitales, en consonancia con el plan acordado; vi) definición y adopción de la estrategia de venta del Fondo Griego de Estabilidad Financiera (HFSF), con la posible intervención de las autoridades en la fase final de la venta aún sujeta a examen; vii) adopción de legislación que permita la utilización de licencias de inversión; viii) revisión del salario mínimo formalmente en consonancia con el procedimiento adoptado, aunque la magnitud del incremento plantea riesgos para el empleo y la competitividad; ix) finalización de la fase I del proyecto de justicia en red; x) aplicación del plan estratégico de la Sociedad Helénica de Activos y Participaciones (SHAP). xi) reestructuración de la sociedad inmobiliaria ETAD e inicio de la implantación del mecanismo de coordinación para las empresas estatales incluidas en la SHAP a la vista de los retrasos en la transferencia del Centro Olímpico (OAKA); xii) actualización del plan para el desarrollo de activos de la agencia de privatización (TAIPED), la conclusión de las principales licitaciones de privatización, incluida la red de transmisión de gas (DESFA) y la prórroga de la concesión del Aeropuerto Internacional de Atenas, así como la finalización de importantes medidas relacionadas con el proyecto Hellinikon; y xiii) las autoridades han acordado con la Comisión las modalidades para realizar una evaluación independiente del proceso de designación de los secretarios administrativos y directores generales para mediados de 2019, y han adoptado legislación clave para mejorar la planificación de las contrataciones en el sector público y vincular el plan de contratación plurianual con la estrategia financiera a medio plazo.

·En cuanto a la legislación de compraventa y titulización de préstamos dudosos, se pidieron aclaraciones a la Asociación Bancaria Helénica, que las cargó en el sitio web del Ministerio de Hacienda. Su eficacia será evaluada en los próximos meses.

Préstamos dudosos: protección de la residencia principal

Grecia ha adoptado legislación para establecer un nuevo sistema de protección de determinadas residencias principales, que tiene por objeto apoyar los esfuerzos de reestructuración de los préstamos dudosos. Esto es consecuencia de la expiración de las disposiciones sobre la protección de las residencias principales en el marco de la legislación sobre insolvencia de los hogares (ley Katseli), que debía ser temporal y expiró a finales de febrero de 2019, tras una prórroga excepcional de dos meses. La legislación primaria del régimen se adoptó el 29 de marzo y los actos legislativos secundarios sobre las especificaciones de la plataforma electrónica designada, la subvención estatal y la forma de valoración de determinados activos incluidos en los criterios de riqueza se adoptarán con posterioridad y lo más rápidamente posible.

El nuevo régimen es único para Grecia. En resumen, los prestatarios que son personas físicas y cuyos préstamos están garantizados mediante una garantía real sobre su residencia principal y que se encontraban en situación de mora a 31 de diciembre de 2018 pueden solicitar, a través de una plataforma electrónica, beneficiarse del régimen. Siempre que cumplan determinados criterios de admisibilidad, podrían solicitar beneficiarse de una reestructuración y de la condonación de sus deudas hipotecarias (préstamos a la vivienda o a la empresa), bien tras un acuerdo sobre las propuestas de reestructuración normalizadas que deban ofrecer los acreedores a través de una plataforma en línea o, en ausencia de dicho acuerdo, recurriendo a los tribunales; los deudores también se beneficiarían de la protección de la exclusión de su residencia principal siempre que efectúen pagos fraccionados de las deudas reestructuradas. Para una parte de los plazos, los prestatarios recibirían una subvención estatal. Durante las últimas semanas, los debates sirvieron para aclarar cuestiones clave, con el fin de garantizar que el régimen sea realmente temporal, esté bien orientado y contenga salvaguardias adecuadas para evitar abusos por parte de los morosos estratégicos, y la acumulación de nuevos retrasos en los tribunales, así como para apoyar los incentivos para la disciplina de pago.

Los principales parámetros del nuevo régimen son los siguientes:

·El régimen cubre tanto los préstamos a hogares como a empresas garantizados por residencias principales. La ampliación a los préstamos a empresas suscita una especial preocupación, que se ha comunicado a las autoridades griegas. Implica la ampliación del ámbito de la protección de las residencias principales a una nueva categoría de prestatarios no cubiertos por la anterior ley Katseli (beneficiarios de préstamos empresariales) y sin evaluar la viabilidad de las empresas: por lo tanto, es menos evidente el número de solicitudes que habrá y por qué razón se hará frente a la capacidad del sistema (incluidos los órganos jurisdiccionales y el mecanismo de subvenciones estatales). También merece especial atención desde el punto de vista de la estabilidad financiera, ya que las evaluaciones de impacto disponibles indican que se necesitarán mayores condonaciones de deuda en comparación con los préstamos hipotecarios sobre viviendas, por lo que el impacto estimado en el capital de los bancos es comparativamente elevado. Por otra parte, si el régimen no funciona correctamente, existe el riesgo de que, en el futuro, los bancos estén menos dispuestos a conceder préstamos a pequeñas empresas en las que la residencia principal se utilice como garantía y que, por lo tanto, la actividad de préstamo garantizada pueda verse afectada. Por último, existe el riesgo de que la disponibilidad del nuevo régimen para préstamos a empresas reduzca los incentivos de los deudores elegibles para utilizar el marco extrajudicial que permite la reestructuración de los posibles atrasos también con respecto a los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social. El criterio más vinculante de elegibilidad es la cuantía de los préstamos pendientes, que se fija en 130 000 EUR por acreedor para préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales y en 100 000 EUR para préstamos a las empresas, mitigando así en cierta medida los riesgos asociados a esta categoría de préstamos. Según las estimaciones disponibles, el número de deudores elegibles con obligaciones con respecto a más de un acreedor sería limitado y la adopción de un umbral por acreedor simplificaría la tramitación automática de las solicitudes en el marco de la plataforma. Las instituciones han expresado su preocupación por permitir el umbral para múltiples acreedores y han solicitado información adicional a las autoridades sobre la cobertura y el impacto.

·El régimen establece criterios de elegibilidad para la renta y el patrimonio de los hogares distintos de la residencia principal, así como un umbral para el valor de la propiedad. El umbral de riqueza se fija en 15 000 EUR para los activos líquidos del prestatario, cónyuge y dependientes, y en 80 000 EUR para los bienes inmuebles y los vehículos de transporte en el momento de la solicitud. Las instituciones europeas han llamado la atención de las autoridades sobre las implicaciones de su decisión política sobre los incentivos para la disciplina de pago y sobre las consecuencias distributivas de la concesión de una subvención estatal durante 20 años a prestatarios que puedan tener un patrimonio razonable además de su residencia principal. El umbral de ingresos se basa en las condiciones establecidas en la ley Katseli, es decir, depende del tamaño del hogar, con un límite máximo de 36 000 EUR anuales. El umbral para el valor de la residencia protegida se fija en un importe uniforme de 250 000 EUR para los préstamos a los hogares, por lo que tiene un ámbito de aplicación más amplio que el de la ley Katseli (cuyo umbral es de 180 000 EUR más complementos según el tamaño de la familia). En el caso de los préstamos a empresas, el umbral se fija en un valor uniforme de 175 000 EUR.

·El régimen está abierto a deudores que, en calidad de empleados públicos, hayan contratado una hipoteca no en un banco, sino en un fondo público sujeto a condiciones preferentes. Las instituciones europeas han llamado la atención de las autoridades sobre el hecho de que esto no aborda el reto de los préstamos dudosos del país, que se refiere a los créditos bancarios, y puede tener repercusiones en los incentivos para mantener la disciplina de pago.

·El régimen está concebido para ser temporal. Las solicitudes podrán presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2019 para los préstamos vencidos desde hace 90 días o más a 31 de diciembre de 2018. Esto permitirá informar sobre la expiración del régimen en el contexto del seguimiento de los compromisos específicos de finales de 2019 en el marco de la supervisión reforzada.

·Sobre la base de las ofertas de reestructuración de los bancos, los plazos se financiarán mediante una subvención estatal de manera progresiva y dependiente de los ingresos (estimada en torno al 30 % de media). El régimen aplica una quita obligatoria al principal que exceda del ratio préstamo-valor del 120 %. Por otra parte, los plazos tendrán una duración normal de 20 años, con un límite máximo de 80 años para la edad del deudor. El enfoque puede ayudar a superar los retrasos en la reducción de los préstamos dudosos, ofreciendo una solución normalizada. Sin embargo, contrariamente a la práctica bancaria habitual, no tiene plenamente en cuenta la capacidad general de pago del deudor, ni la viabilidad de los prestatarios empresariales, ya que aplica horizontalmente la misma reestructuración y amortización. Esto se pensó así para facilitar un gran número de reestructuraciones en un corto período.

·La plataforma electrónica debería comenzar a funcionar al final de abril de 2019. Está previsto que funcione de forma totalmente automatizada para evaluar el cumplimiento de los criterios de admisibilidad y podrá acceder a información pertinente para los solicitantes que se encuentren en otras bases de datos del sector público o de la banca. La plataforma notificará a los acreedores las solicitudes pendientes y les facilitará los datos necesarios para poder formular su propuesta a los deudores. También está previsto que la plataforma se utilice para filtrar asuntos pendientes de la ley Katseli con referencia a sus elementos cuantitativos; si se aplica correctamente, este aspecto ayudará a los órganos jurisdiccionales a descubrir las solicitudes abusivas formuladas en virtud de la legislación sobre insolvencia de los hogares y permitirá una resolución más rápida de estos casos.

·En principio, un funcionamiento eficiente de la plataforma podría resultar en un número satisfactorio de reestructuraciones, con un riesgo limitado, pero no despreciable, de litigios posteriores que podrían aumentar los retrasos existentes. En caso de que el procedimiento a través de la plataforma no dé lugar a un acuerdo de reestructuración, el deudor tendrá derecho a presentar una solicitud de reestructuración ante el órgano jurisdiccional competente. La designación de la fecha de la vista oral y la sentencia judicial deben producirse respetando unos plazos estrictos (seis meses a partir de la presentación de la solicitud y tres desde la vista del caso, respectivamente). Pueden concederse suspensiones temporales de ejecución en condiciones específicas y exigir, en el caso de deudores que fueron considerados elegibles pero no consiguieron una reestructuración a través de la plataforma, el pago de las cuotas mensuales o de parte del importe pendiente, dependiendo de las circunstancias. La legislación establece algunas salvaguardias contra las notificaciones frívolas o de mala fe, ya que pueden ser sancionadas por el tribunal mediante la imposición de una sanción. Sin embargo, está justificado supervisar de cerca los posibles nuevos litigios generados en el marco del régimen y el impacto en la ejecución tanto a corto como a largo plazo, ya que ambos elementos son pertinentes para las futuras actividades de préstamo y el proceso de reducción de los préstamos dudosos.

·Las estimaciones disponibles confirman que el coste presupuestario de la subvención será de 150 millones EUR para 2019 y de 200 millones EUR anuales a partir de entonces. La calibración de la subvención debe establecerse en el Derecho derivado y requerirá un seguimiento cuidadoso, ya que las estimaciones están sujetas a incertidumbres visto que los datos disponibles son incompletos.

En general, el nuevo sistema legislativo podría apoyar la reestructuración de los préstamos dudosos, aunque sigue habiendo algunos riesgos ligados a la estabilidad financiera y la disciplina de pago. Se avanzó considerablemente durante la fase de redacción de la legislación para mitigar los riesgos de aplicación y de posibles litigios detectados en un dictamen del BCE sobre una redacción anterior de la ley; dichas preocupaciones estaban relacionadas con el posible impacto del régimen en la estabilidad financiera y la disciplina de pago, así como en los riesgos de abusos por parte de los beneficiarios morosos. Sin embargo, cabe destacar que en la legislación adoptada estos riesgos se han mitigado en cierta medida, aunque no han sido eliminados: el carácter único del régimen significa que existe incertidumbre sobre la forma en que funcionará en la práctica y, por tanto, en la escala y la posibilidad de cuantificar estos riesgos.

De cara al futuro, deben concretarse con rapidez otros detalles técnicos, especialmente en relación con el funcionamiento y la funcionalidad de la plataforma, y la ejecución técnica debe establecerse lo antes posible. La aplicación deberá ser objeto de un estrecho seguimiento en lo que se refiere a los aspectos operativos (funcionamiento de la plataforma, velocidad de resolución), las repercusiones sobre el capital de los bancos, el impacto en la ejecución y en los litigios, y el coste fiscal de la subvención. Las instituciones europeas facilitarán información actualizada sobre la aplicación del régimen y los posibles problemas en el contexto de la supervisión reforzada. Se invita a las autoridades griegas a que se comprometan a no ampliar aún más la duración o el ámbito de aplicación del nuevo régimen y a adoptar medidas correctoras, incluida legislación, si surgen problemas de aplicación o jurídicos con el régimen. Por último, debe recordarse que el nuevo régimen requerirá la aprobación de la ayuda estatal por parte de la Comisión.

En consonancia con el informe explicativo adjunto a la legislación sobre el nuevo régimen, las instituciones europeas acogen con satisfacción el compromiso de las autoridades griegas de tomar medidas para unificar el conjunto de leyes relativas a la insolvencia, los concursos de acreedores y la reestructuración de la deuda. Esto empezará con una reforma de la ley Katseli, que debería concluir a mediados de 2019, con vistas a garantizar la claridad y coherencia jurídicas, eliminando las lagunas que pueden aprovecharse para suspender o bloquear la aplicación añadiendo salvaguardias que se consideren suficientes para disuadir a posibles beneficiarios falsamente morosos en caso de incumplimiento, y reforzando la cultura de que los órganos jurisdiccionales propician las reestructuraciones bilaterales o multilaterales.

Fondo Griego de Estabilidad Financiera (HFSF)

Todos los compromisos relativos a la gobernanza del HFSF se han cumplido. En lo que respecta al funcionamiento del HFSF, el ministro de Hacienda presentó una carta al grupo de trabajo del Eurogrupo con los candidatos para los puestos vacantes del consejo ejecutivo y del consejo general del HFSF, y los candidatos fueron ratificados por el grupo de trabajo. El Ministerio de Hacienda también obtuvo y aprobó un dictamen del asesor jurídico del Estado sobre el estatuto del grupo de selección del HFSF y sobre su continuación durante la vigencia del HFSF.

Energía

La venta de partes de la capacidad de producción a base de lignito de la empresa de electricidad pública (PPC), compuesta por las centrales eléctricas de lignito de Meliti y Megalopoli 3 y 4, sigue siendo una piedra angular de las reformas energéticas de Grecia. Tras el fracaso de la primera licitación en febrero de 2019, las autoridades reafirmaron su intención de finalizar la venta y cumplir con el compromiso existente en el marco de la supervisión reforzada, las medidas antimonopolio y la correspondiente decisión de la Comisión. A tal efecto, organizaron una nueva licitación que estableció finales de junio como plazo para el cierre del acuerdo, con la aprobación por la asamblea general de PPC. La venta se incluyó también en una reciente modificación de la legislación griega en materia de energía, que amplió a los accionistas de la PPC la obligación de completar la venta. La PPC puede solicitar una nueva tasación de las centrales, esta vez teniendo en cuenta otras ventas de centrales de lignito en la UE, tal como se establece en las medidas de defensa de la competencia, así como las ofertas recibidas en la reciente licitación fallida. Además, la PPC nombrará a otro perito que emitirá un dictamen independiente sobre las ofertas recibidas. Por lo que respecta a la claridad de las condiciones de venta, se acordó no incluir un mecanismo de riesgo compartido en los acuerdos de compraventa, aunque durante el proceso podrían negociarse otras condiciones con los inversores. Todas estas medidas se adoptarán para completar con éxito el proceso de venta de conformidad con los compromisos contraídos en el asunto de defensa de la competencia y respetando el plazo fijado para la nueva licitación.