Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria y relativa a los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia

(presentada por la Comisión)

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes

2. La patente comunitaria

3. Jurisdicción en materia de patentes comunitarias

4. El Tribunal de la Patente Comunitaria

5. El recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.

6. Periodo transitorio

7. Necesidad de la intervención comunitaria

8. Disposiciones propuestas

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria y relativa a los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia

Capítulo I. El Tribunal de la Patente Comunitaria

Artículo 1 - Creación del Tribunal de la Patente Comunitaria

Artículo 2 - Aplicación de las disposiciones del Tratado CE

Artículo 3 - Disposiciones del Estatuto aplicables a las salas jurisdiccionales

Artículo 4 - Anexo al Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia

Capítulo II. Procedimientos de recurso de casación ante el Tribunal de Primera Instancia

Artículo 5 - Número de Jueces del Tribunal de Primera Instancia

Artículo 6 - Procedimiento de recurso de casación en materia de patentes comunitarias

Capítulo III. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 7 - Disposiciones transitorias

Artículo 8 - Entrada en vigor

FICHA DE FINANCIACIÓN LEGISLATIVA

Denominación de la medida: Propuesta de Decisión del Consejo por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria y relativa a los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia

1. LINEAS PRESUPUESTARIAS + DENOMINACIÓN

2. DATOS GLOBALES EN CIFRAS

2.1. Dotación total de la medida (parte B): millones de euros comprometidos

2.2. Periodo de aplicación

2.3. Estimación global plurianual de los gastos

2.4. Compatibilidad con la programación financiera y las perspectivas financieras

2.5. Incidencia financiera en los ingresos

3. CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTARIAS

4. FUNDAMENTO JURÍDICO

5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

5.1. Necesidad de una intervención comunitaria

5.1.1. Objetivos perseguidos

5.1.2. Disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación ex ante

5.2. Acciones previstas y modalidades de intervención presupuestaria

5.3. Modalidades de ejecución

6. INCIDENCIA FINANCIERA

6.1. Incidencia financiera total en la parte B (para todo el periodo de programación)

6.2. Cálculo de los costes por medida prevista en la parte B (para todo el periodo de programación)

7. INCIDENCIA EN LOS EFECTIVOS Y EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.1 Año anterior al de la entrada en funcionamiento del órgano jurisdiccional de la patente comunitaria (2009)

7.1.1. Incidencia en los recursos humanos

7.1.2. Incidencia financiera global de los recursos humanos

7.1.3. Otros gastos de funcionamiento que se derivan de la acción en 2009

7.2. Los dos primeros años de funcionamiento del órgano jurisdiccional de la patente comunitaria (2010-2011)

7.2.1. Incidencia en los recursos humanos

7.2.2. Incidencia financiera global de los recursos humanos

7.2.2.1. Incidencia financiera global de los recursos humanos en 2010

7.2.2.2. Incidencia financiera global de los recursos humanos en 2011

7.2.3. Otros gastos de funcionamiento que se derivan de la acción

7.2.3.1. Otros gastos de funcionamiento que se derivan de la acción en 2010

7.2.3.2. Otros gastos de funcionamiento que se derivan de la acción en 2011

7.3. Tercer y cuarto año de funcionamiento del órgano jurisdiccional de la patente comunitaria (2012- 2013)

7.3.1. Incidencia en los recursos humanos

7.3.2. Incidencia financiera global sobre los recursos humanos

7.3.2.1. Incidencia financiera global sobre los recursos humanos en 2012

7.3.2.2. Incidencia financiera global sobre los recursos humanos en 2013

7.3.3. Otros gastos de funcionamiento que se derivan de la acción en 2012 y 2013

7.4. Fin de la fase inicial (2014)

7.4.1. Incidencia en los recursos humanos

7.4.2. Incidencia financiera global de los recursos humanos

7.4.3. Otros gastos de funcionamiento que se derivan de la acción

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1. Sistema de seguimiento

8.2. Modalidades y periodicidad de la evaluación prevista

9. MEDIDAS ANTIFRAUDE

FICHA DE IMPACTO - IMPACTO DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS Y, EN PARTICULAR, SOBRE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

Título de la propuesta

Número de referencia del documento

Propuesta

Su impacto sobre las empresas

Consultas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

Pese a que en la Comunidad existen desde hace tiempo dos sistemas de protección mediante patente, ninguno de ellos está fundamentado en un acto jurídico comunitario. Las Oficinas nacionales de patentes conceden patentes nacionales con arreglo a la legislación de cada Estado miembro. La protección que confieren se limita al territorio del Estado miembro y, en caso de litigio, el derecho a la patente debe defenderse ante los tribunales nacionales competentes. Las patentes europeas son concedidas por la Oficina Europea de Patentes, instituida por el Convenio sobre concesión de patentes europeas (Convenio sobre patentes europeas), de 5 de octubre de 1973, que establece el Derecho material de patentes y un procedimiento único de concesión. Una vez concedida, la patente europea confiere protección en el territorio de los Estados contratantes designados por el titular. Dado que la legislación armonizada sobre patentes del Convenio sobre la Patente Europea se limita esencialmente a la fase que conduce a la concesión de la patente europea, sus efectos se determinan con arreglo a la legislación nacional sobre patentes de cada uno de los Estados contratantes designados. En caso de controversia, el litigio debe resolverse también ante los tribunales nacionales competentes. Esta situación, en la que el derecho de patente sólo se concede o produce efectos aisladamente para determinados Estados miembros de la Unión Europea, expone al titular al riesgo de tener que hacer frente a procedimientos diferentes en varios Estados miembros en relación al mismo asunto, con la posibilidad de llegar a resultados divergentes y, por tanto, se considera, desde hace tiempo, insatisfactoria e inadecuada para las necesidades de las empresas europeas que operan en el mercado común. En el pasado, los Estados miembros han realizado esfuerzos considerables para corregir dicha situación en un contexto comunitario. El Convenio sobre la Patente Comunitaria, firmado el 15 de diciembre de 1975 en Luxemburgo, tenía como objetivo establecer una única patente comunitaria, y el posterior Acuerdo de 15 de diciembre de 1989 sobre patentes comunitarias contenía un Protocolo sobre resolución de litigios en materia de violación y validez de patentes comunitarias. Sin embargo, dichos acuerdos no han entrado en vigor.

2. LA PATENTE COMUNITARIA

El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 puso en marcha un programa general para aumentar la competitividad de la economía de la Unión y abordó de nuevo la cuestión de las patentes. Una de las medidas concretas de mejora exigidas por el Consejo fue la creación de un sistema de patente comunitaria que paliara las deficiencias existentes en materia de protección jurídica de las invenciones, con el fin de incentivar la inversión en investigación y desarrollo y contribuir a la competitividad del conjunto de la economía. Tras el Consejo Europeo de Lisboa, la Comisión presentó el 1 de agosto de 2000 una propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria [COM(2000) 412 final], que contiene las normas pertinentes aplicables a la patente comunitaria y, en particular, las normas para crear un título unitario de patente comunitaria, los derechos por él conferidos, las posibles acciones para hacer respetar dichos derechos, las causas de nulidad y los mecanismos para administrar las patentes comunitarias concedidas, como la renovación anual. Se prevé que la Oficina Europea de Patentes conceda las patentes comunitarias. Para ello, la Comunidad debe adherirse al Convenio sobre la Patente Europea, a fin de confiar a la Oficina Europea de Patentes el cometido de conceder patentes comunitarias. Por tanto, la Oficina Europea de Patentes concederá patentes europeas y comunitarias con arreglo a las normas del Convenio sobre la Patente Europea, que garantizan la uniformidad y la seguridad jurídica de la legislación sobre patentes en Europa. Al mismo tiempo, los conocimientos de la Oficina Europea de Patentes, en tanto que organismo examinador de patentes, pueden utilizarse en favor de la patente comunitaria.

3. JURISDICCIÓN EN MATERIA DE PATENTES COMUNITARIAS

La creación de una jurisdicción para la patente comunitaria es un elemento clave del sistema de patente comunitaria. El título de patente comunitaria, que abarca el territorio de todos los Estados miembros, no sólo estará regulado por las normas uniformes de la legislación comunitaria establecidas en el Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria. Además, a más tardar en 2010, tras un periodo transitorio durante el cual los tribunales nacionales mantendrán la jurisdicción en la materia, podrá hacerse valer ante una jurisdicción comunitaria cuyas decisiones surtirán efecto en toda la Comunidad.

El fundamento jurídico para crear la jurisdicción de la patente comunitaria se introdujo en el Tratado CE mediante el artículo 2 (apartado 26 y siguientes) del Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión Europa, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003 e introdujo los artículos 229 A y 225 A en el Tratado CE. Se propone que la jurisdicción de la patente comunitaria se establezca en virtud de dos Decisiones del Consejo sobre la base de dichos artículos.

Para que el Tribunal de Justicia pueda asumir sus responsabilidades jurisdiccionales en materia de patentes comunitarias, debe otorgársele jurisdicción en la materia. El artículo 229 A del Tratado CE permite al Consejo adoptar disposiciones destinadas a atribuir al Tribunal de Justicia, en la medida que el Consejo determine, competencia para resolver litigios relativos a la aplicación de los actos adoptados sobre la base del Tratado por los que se crean títulos comunitarios de propiedad industrial. Para ello, la Comisión ha presentado al Consejo otra propuesta de Decisión sobre atribución de competencia jurisdiccional en materia de patentes comunitarias. Conviene que el Tribunal de Justicia tenga competencia sobre los litigios relativos a la violación o la validez de la patente comunitaria y al certificado complementario de protección comunitaria, a la utilización de una invención tras la publicación de la solicitud de patente comunitaria, al derecho basado en la utilización previa de una invención, a las medidas provisionales y de protección de pruebas relativas al asunto atribuido y a las solicitudes de daños y perjuicios en la situación antes citada, y para imponer multas coercitivas en caso de incumplimiento de una sentencia u orden que constituya una obligación de actuar o de abstenerse de actuar.

En la presente propuesta de Decisión del Consejo presentada por la Comisión, basada en los artículos 225 A y 245 del Tratado CE, se propone crear una sala jurisdiccional denominada «Tribunal de la Patente Comunitaria», agregada al Tribunal de Justicia, que tendría jurisdicción en primera instancia sobre los litigios relacionados con la patente comunitaria. Asimismo, la presente Decisión contiene las disposiciones necesarias para conferir al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo al apartado 2 del artículo 225 del Tratado CE, la nueva función de instancia de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria.

4. EL TRIBUNAL DE LA PATENTE COMUNITARIA

En el artículo 225 A del Tratado CE, se prevé la posibilidad de crear salas jurisdiccionales encargadas de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas. Se propone crear el Tribunal de la Patente Comunitaria en calidad de sala jurisdiccional en el sentido previsto en el artículo 225 A del Tratado CE. Tendría competencia en primera instancia en todos los litigios relacionados con la patente comunitaria para los que se atribuya competencia al Tribunal de Justicia en virtud de la Decisión del Consejo basada en el artículo 229 A del Tratado CE.

El Tratado CE ya contiene diversas disposiciones relativas a las salas jurisdiccionales. Con arreglo al segundo párrafo del artículo 220 del Tratado CE, podrán agregarse salas jurisdiccionales al Tribunal de Primera Instancia. En el cuarto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE se establece la cualificación de los miembros de las salas jurisdiccionales y el procedimiento para su designación. Los miembros serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales. A diferencia de los Jueces del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, los miembros de las salas jurisdiccionales se nombrarán por decisión unánime del Consejo. En el quinto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE, se establece que las salas jurisdiccionales establecerán su Reglamento de Procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia y que dicho Reglamento requerirá la aprobación del Consejo por mayoría cualificada. Con arreglo al sexto párrafo del artículo 225 A, salvo disposición en contrario de la Decisión por la que se cree la sala jurisdiccional, las disposiciones del Tratado CE relativas al Tribunal de Justicia y las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia serán aplicables a las salas jurisdiccionales. Con arreglo al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 225 y al tercer párrafo del artículo 225 A del Tratado CE, el Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria. Dichos recursos están limitados a las cuestiones de Derecho salvo disposición en contrario de la Decisión relativa a la creación de la sala.

En cuanto a la estructura del Tribunal de la Patente Comunitaria, la propuesta contempla crear un órgano jurisdiccional centralizado y especializado que garantice mejor la seguridad jurídica de la patente comunitaria unitaria. El título de patente comunitaria, que abarca el territorio de todos los Estados miembros, no sólo debe concederse con arreglo a las normas uniformes del Convenio sobre la patente europea y, tras su concesión, estar regulado por las normas uniformes de la legislación comunitaria establecidas en el Reglamento sobre la patente comunitaria, sino que también debe ser efectivamente defendible ante un órgano jurisdiccional comunitario que garantice una resolución de gran calidad en un proceso rápido, barato y uniforme. El Tribunal de la Patente Comunitaria, compuesto por Jueces con diferente formación jurídica dentro de la Comunidad, establecerá una jurisprudencia comunitaria en materia de patentes que garantizará seguridad jurídica en toda la Comunidad. Tras un largo y amplio debate, estos argumentos a favor de un órgano jurisdiccional comunitario completamente centralizado cuentan con el apoyo unánime del Consejo, como refleja el planteamiento político común de 3 de marzo de 2003. Al tratarse de un órgano jurisdiccional comunitario especializado, los Jueces del Tribunal de la Patente Comunitaria deberán tener una experiencia suficiente en el ámbito de las patentes, como ha reconocido expresamente el Consejo, que, en su planteamiento político común, acordó que los candidatos deben poseer una elevada cualificación jurídica en materia de Derecho de patentes y que los Jueces deben designarse en función de sus conocimientos.

Se propone que el Tribunal de la Patente comunitaria esté compuesto por siete Jueces, incluido el Presidente. Dado que una sala se compone normalmente de tres Jueces, con seis Jueces el Tribunal de la Patente Comunitaria podría formar dos salas. Se precisa un séptimo magistrado para reemplazar a sus colegas en caso necesario, p. ej. en caso de enfermedad o, en la sala presidida por el Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria, para permitir al Presidente asumir su cometido de administración y representación del Tribunal. En circunstancias especiales previstas en el Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de la Patente Comunitaria podría actuar en composición ampliada (por ejemplo, en cuestiones fundamentales de Derecho de patentes) o en composición reducida (que podría ser adecuada para medidas provisionales o asuntos sencillos de un procedimiento principal).

Tal como acordó el Consejo en su planteamiento político común de 3 de marzo de 2003, los Jueces deben contar, durante el tratamiento de los asuntos, con el apoyo de expertos técnicos. Puede recurrirse para ello a «Ponentes adjuntos», como se prevé en el artículo 13 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia. Conviene que dichos Ponentes adjuntos, especializados en diversos ámbitos técnicos, participen activamente en la instrucción, las audiencias y las deliberaciones de los asuntos. Sin embargo, no deben tener derecho a voto en la decisión final. Su contribución será importante para ayudar a los Jueces a centrarse, desde el inicio de los procedimientos, en las cuestiones técnicas esenciales que se planteen. Su cometido no consistirá en hacer totalmente superflua la consulta de expertos, sino permitir que el conjunto del Tribunal comprenda con rapidez y precisión los aspectos técnicos de un asunto, lo que es importante con miras a su tratamiento eficaz y a lograr una resolución jurídicamente correcta.

Aunque está agregado al Tribunal de Primera Instancia, conviene que el Tribunal de la Patente Comunitaria tenga su propio Secretario. Dado que la naturaleza de los litigios y el número de asuntos que deberá tratar el Tribunal de la Patente Comunitaria son completamente distintos, es necesario un Secretario diferente para garantizar la eficacia y rapidez de las vistas.

En lo relativo a los procedimientos en primera instancia ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, en el artículo 4 de la Decisión se crea el anexo II al Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia, incluidas diversas disposiciones que adaptan el Estatuto del Tribunal de Justicia aplicables a las salas jurisdiccionales con arreglo al sexto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE. Dada la naturaleza particular de los litigios ante el Tribunal de la Patente Comunitaria (litigios entre particulares en materia de patentes), no son aplicables determinadas normas del Estatuto del Tribunal de Justicia (p. ej. las relativas a la revisión de la legalidad de los actos comunitarios), otras necesitan modificaciones (p. ej. las relativas al procedimiento, la presentación de pruebas o la revisión de una sentencia) y, por último, deben añadirse otras normas (p. ej. las relativas a la ejecución forzosa de las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria o a las tasas de procedimiento).

En función de las circunstancias, cualquier lengua oficial de la UE puede escogerse como lengua de procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria. La elección de la lengua de procedimiento para un asunto determinado dependerá del lugar del domicilio del demandado dentro de la Comunidad. El Tribunal de la Patente Comunitaria celebrará las vistas en la lengua oficial del Estado miembro en el que esté domiciliado el demandado o, si en un Estado miembro existen dos o más lenguas oficiales, en la que elija el demandado. Sin embargo, a solicitud de las partes y con el consentimiento del Tribunal de la Patente Comunitaria, cualquier lengua oficial de la UE podrá escogerse como lengua de procedimiento. Si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, la lengua de procedimiento será la lengua oficial de la UE en la cual se concedió la patente comunitaria.

La propuesta establece que los litigios ante el Tribunal de la Patente Comunitaria no serán gratuitos. El Tribunal de la Patente Comunitaria tratará los litigios en los que los demandantes deseen hacer valer sus derechos particulares frente a sus competidores. Por tanto, éstos deberán contribuir de forma adecuada a los costes procesales. En consecuencia, no se aplicará a los litigios en materia de patentes comunitarias el principio de gratuidad de los litigios establecido en el artículo 72 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y en el artículo 90 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Patente Comunitaria deberán establecerse normas relativas al beneficio de justicia gratuita cuando las partes no puedan asumir los gastos del proceso, tal como se prevé en el artículo 76 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y en los artículos 94 y siguientes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia

5. EL RECURSO ANTE EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA.

Como consecuencia de la creación del Tribunal de la Patente Comunitaria en calidad de Sala jurisdiccional en el sentido del artículo 225 A del Tratado CE, agregada al Tribunal de Primera Instancia con arreglo al segundo párrafo del artículo 220 del Tratado CE, el Tribunal de Primera Instancia tendrá competencia, en virtud del apartado 2 del artículo 225 del Tratado CE, para conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria.

A tal fin se propone crear, en el seno del Tribunal de Primera Instancia, una sala especial para recursos en materia de patentes compuesta por tres Jueces con elevada cualificación jurídica en Derecho de patentes y experiencia jurídica en el ámbito específico de los litigios en materia de patentes. Esta especialización no sólo es necesaria en primera instancia en el Tribunal de la Patente Comunitaria, sino también en los recursos de casación, a fin de garantizar la eficacia y rapidez de las vistas y resoluciones de gran calidad dignas de la confianza de los usuarios del sistema desde su creación. Los Jueces que traten el recurso también contarán, durante el tratamiento de los asuntos, con el apoyo de expertos técnicos. Dichos «Ponentes adjuntos» deberán participar activamente en la instrucción, las audiencias y las deliberaciones de los asuntos.

Dado que cada uno intervendrá durante una de las dos fases de un procedimiento uniforme, el Tribunal de la Patente Comunitaria, en primera instancia, y la sala de recursos sobre patentes del Tribunal de Primera Instancia, en recurso de casación, deben aplicar las mismas normas de procedimiento. Por consiguiente, también deben aplicarse a los procedimientos de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia las disposiciones particulares del Estatuto que sean necesarias habida cuenta de la naturaleza específica de los litigios sobre patentes y que difieran de las del Estatuto del Tribunal de Justicia que deberían aplicarse al Tribunal de la Patente Comunitaria con arreglo al sexto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE.

En principio, el Tribunal de Primera Instancia conocerá de los litigios relativos a la patente comunitaria en segunda y última instancia. No está prevista la posibilidad de recurrir los asuntos ante el Tribunal de Justicia. Sin embargo, las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia a solicitud del primer Abogado General, conforme al apartado 2 del artículo 225 del Tratado CE en relación con el artículo 62 del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario. Se prevé que el Tribunal de Justicia presente una solicitud de modificación de su Estatuto que detalle dicho procedimiento de revisión, como establece la declaración nº 13 adoptada por la conferencia de Niza.

En cuanto al apartado 3 del artículo 225 del Tratado CE, según el cual el Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer de las cuestiones prejudiciales planteadas en virtud del artículo 234 del Tratado CE en materias específicas determinadas por el Estatuto, en la presente propuesta no se prevé dicha competencia en materia de patentes comunitarias. Aunque se han analizado esta cuestión y las sinergias potenciales de un mecanismo de este tipo, mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia se pronunciaría sobre cuestiones de fondo a la vez en tanto que instancia de casación de los litigios en materia de patentes comunitarias o a petición de los tribunales nacionales en cuestiones prejudiciales, se ha considerado que, de momento, el Tribunal de Justicia debe mantener dicha competencia. Dado que la creación de un Tribunal de la Patente Comunitaria, que tratará un nuevo tipo de litigios a escala comunitaria, constituye en sí misma una innovación considerable en el ordenamiento jurídico comunitario, parece preferible adquirir suficiente experiencia práctica en el funcionamiento del nuevo sistema jurisdiccional antes de adoptar nuevas medidas.

6. PERIODO TRANSITORIO

Tal como acordó el Consejo en su planteamiento político común de 3 de marzo de 2003, el Tribunal de la Patente Comunitaria deberá crearse a más tardar el año 2010. Hasta entonces, serán competentes los tribunales nacionales de los Estados miembros. Esta norma se aplicará a las patentes comunitarias que entren en vigor antes de que se cree la jurisdicción en materia de patentes comunitarias. El Reglamento sobre la patente comunitaria incluirá disposiciones específicas para dicho periodo transitorio. Según la citada normativa, cada Estado miembro designará a tal efecto un número limitado de tribunales nacionales que ejercerán las competencias que, al final del periodo transitorio, se atribuirán al Tribunal de Justicia. En cuanto a los recursos contra las resoluciones de los tribunales nacionales en primera instancia, se aplicarán las vías de recurso vigentes en cada Estado miembro. Los tribunales nacionales tendrán competencia en todo el territorio comunitario, salvo cuando la competencia del tribunal nacional dependa del lugar donde se ha cometido la infracción, en cuyo caso sólo serán competentes para los hechos perpetrados en el Estado miembro en cuestión. Ante los tribunales nacionales, la patente comunitaria tendrá una amplia presunción de validez, salvo en el caso de peticiones simples de nulidad como defensa en acciones de violación. Con arreglo al artículo 2 de la propuesta de Decisión del Consejo por la que se atribuye competencia en materia de patentes comunitarias al Tribunal de Justicia, los tribunales nacionales competentes se pronunciarán acerca de las acciones judiciales presentadas a dichos tribunales en el momento de la entrada en vigor de la atribución de dicha competencia al Tribunal de Justicia.

7. NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA

La presente Decisión sobre aspectos jurisdiccionales del sistema de patente comunitaria pretende paliar las deficiencias existentes en la Unión en materia de protección mediante patente. El objetivo es establecer en toda la Comunidad una protección mediante patente que pueda hacerse valer ante un único tribunal con normas uniformes. Este objetivo sólo puede alcanzarse a escala comunitaria.

8. DISPOSICIONES PROPUESTAS

La presente Decisión se estructura en tres capítulos: el capítulo I trata del Tribunal de la Patente Comunitaria, el capítulo II establece los procedimientos de recurso de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria ante el Tribunal de Primera Instancia y el capítulo III incluye algunas disposiciones finales.

Capítulo I - El Tribunal de la Patente Comunitaria

El capítulo I relativo al Tribunal de la Patente Comunitaria comprende dos partes principales. Los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión incluyen disposiciones por las que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria, se determinan las disposiciones del Tratado CE que se aplicarán al Tribunal de la Patente Comunitaria y se establece el fundamento jurídico de un anexo al Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia que contiene las disposiciones del Estatuto aplicables al Tribunal de la Patente Comunitaria. El artículo 4 contiene las disposiciones específicas relativas al Tribunal de la Patente Comunitaria que deben añadirse al Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia (en adelante, denominado «el Estatuto»).

Artículo 1 - Creación del Tribunal de la Patente Comunitaria

En el artículo 1 se crea una sala jurisdiccional, denominada «Tribunal de la Patente Comunitaria», que tendrá competencia en primera instancia en materia de litigios sobre patentes comunitarias. La creación del Tribunal de la Patente Comunitaria se basa en el artículo 225 A del Tratado CE, en el que se prevé la posibilidad de crear salas jurisdiccionales encargadas de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas. Con arreglo al segundo párrafo del artículo 220 del Tratado CE, el Tribunal de la Patente Comunitaria estará agregado al Tribunal de Primera Instancia. La estructura del Tribunal de la Patente Comunitaria ha sido objeto de intensos debates en el seno del Consejo en relación con el grado de centralización adecuado. El Consejo, en su planteamiento político común adoptado el 3 de marzo de 2003, optó por unanimidad por una jurisdicción de primera instancia totalmente centralizada. La propuesta de crear un Tribunal de la Patente Comunitaria se basa en dicho planteamiento. Por tanto, el Tribunal de la Patente Comunitaria debe tener su sede en el Tribunal de Primera Instancia, sin que se materialice ninguna de las posibilidades analizadas por el Consejo consistentes en crear divisiones regionales permanentes del Tribunal de la Patente Comunitaria en los Estados miembros.

Artículo 2 - Aplicación de las disposiciones del Tratado CE

Con arreglo al sexto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE, las disposiciones del Tratado CE relativas al Tribunal de Justicia y las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia serán aplicables al Tribunal de la Patente Comunitaria, salvo disposición en contrario de la Decisión por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria. En el artículo 2 se enumeran los artículos del Tratado CE relativos al Tribunal de Justicia que se aplicarán al Tribunal de la Patente Comunitaria con arreglo a las restantes disposiciones del capítulo I de la presente Decisión. El enfoque es similar al adoptado en el artículo 4 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

Las disposiciones del Tratado CE relativas al Tribunal de Justicia no parecen totalmente adecuadas para los litigios específicos que tratará el Tribunal de la Patente Comunitaria. Por supuesto, no será aplicable lo dispuesto para el propio Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia o los procedimientos específicos que les son propios. Además, entre las disposiciones de naturaleza más general, diversos artículos referentes a actos comunitarios y, en particular, a su anulación, como los artículos 231, 233 y 242 del Tratado CE, no se aplicarán al Tribunal de la Patente Comunitaria, dado que trata litigios entre particulares en materia de patentes, que no conllevan la anulación de actos comunitarios.

Se aplicarán al Tribunal de la Patente Comunitaria los artículos 241, 243, 244 y 256 del Tratado CE. En virtud del artículo 241 del Tratado CE, se permite a los particulares alegar la inaplicabilidad de un reglamento por los motivos previstos en el segundo párrafo del artículo 230 del Tratado CE. Al permitir alegar dicha inaplicabilidad, el Tratado CE ofrece protección contra la aplicación de normas ilegales, garantía que debe aplicarse en materia de patentes. Es necesario permitir a las partes cuestionar indirectamente la validez de las disposiciones pertinentes en materia de patentes. En el artículo 243 del Tratado CE se establece el principio de que el Tribunal podrá ordenar las medidas provisionales necesarias, disposición que también es válida para los litigios entre particulares y debe, pues, aplicarse al Tribunal de la Patente Comunitaria Los artículos 244 y 256 del Tratado CE tratan de la ejecución de sentencias dictadas según la legislación del Estado miembro en cuyo territorio se lleve a cabo. Esta disposición también debe aplicarse a las sentencias del Tribunal de la Patente Comunitaria.

En cuanto a las medidas provisionales (artículo 14 del anexo II del Estatuto) y la ejecución de las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria (artículo 22 del anexo II del Estatuto), la Decisión tiene en cuenta la naturaleza especial de los litigios relativos a la patente comunitaria. La posibilidad de ordenar medidas provisionales, prevista en el artículo 243 del Tratado CE, no estará supeditada a que ya se hayan iniciado ante el Tribunal de la Patente Comunitaria las correspondientes acciones principales. Asimismo, si se comprueba que determinadas medidas provisionales son injustificadas, podrán dar lugar a una indemnización adecuada para reparar los perjuicios causados por éstas. Además, el mecanismo de ejecución previsto en el artículo 256 del Tratado CE no parece totalmente adecuado para ejecutar las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria y, en particular, para las medidas provisionales, en la medida que requiere que la autoridad nacional designada al respecto por el Estado miembro donde deba ejecutarse consigne la orden de ejecución en la resolución. Aunque la autoridad nacional sólo comprobaría la autenticidad de la resolución que debe ejecutarse, este sistema implicaría retrasos injustificados. Por consiguiente, la orden de ejecución debe consignarse directamente en la resolución del Tribunal de la Patente Comunitaria. Por último, las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria deben tener fuerza ejecutiva contra los Estados miembros, dado que éstos deben ser tratados en un plano de igualdad con las otras partes si son titulares de una patente comunitaria o cometen una infracción. Por último, el Tribunal de la Patente Comunitaria debe tener autoridad para garantizar la ejecución forzosa de determinadas resoluciones mediante multas coercitivas.

Artículo 3 - Disposiciones del Estatuto aplicables a las salas jurisdiccionales

Este artículo incluye una disposición por la que se añade un nuevo título VI titulado «Salas jurisdiccionales» al Estatuto del Tribunal de Justicia, que contiene un nuevo artículo 65 por el que se establece un fundamento jurídico para añadir al Estatuto del Tribunal de Justicia disposiciones relativas a las salas jurisdiccionales creadas con arreglo al artículo 225 A del Tratado CE. Esta disposición es de carácter general y es aplicable también a cualquier sala jurisdiccional que pueda crearse en el futuro. En el sexto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE se establece que las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia serán aplicables a las salas jurisdiccionales, salvo disposición en contrario de la decisión por la que se cree la sala jurisdiccional. Aunque la mayoría de las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia pueden aplicarse también a las salas jurisdiccionales, es necesario incluir determinadas disposiciones específicas para tener en cuenta las circunstancias particulares de la sala jurisdiccional en cuestión, p. ej. las relativas a la organización y composición de la sala y a elementos de procedimiento específicos. Por consiguiente, para cada sala jurisdiccional que se cree en el futuro se establecerá el anexo correspondiente relativo a las disposiciones del Estatuto que deberán aplicarse a la sala jurisdiccional en cuestión. En consecuencia, en el nuevo artículo 65 del Estatuto del Tribunal de Justicia se establece que las disposiciones relativas a la jurisdicción, composición y organización de las salas jurisdiccionales y al procedimiento ante las mismas deben establecerse en un anexo del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Artículo 4 - Anexo al Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia

Con arreglo al nuevo artículo 65 del Estatuto del Tribunal de Justicia (que, como se explicó anteriormente, se creará en virtud del artículo 3 de la presente Decisión), en el artículo 4 se establece un anexo II al Estatuto del Tribunal de Justicia titulado «Tribunal de la Patente Comunitaria», que consta de los elementos siguientes:

En el artículo 1 del anexo II se delimita la jurisdicción del Tribunal de la Patente Comunitaria. Los artículos 2 y 3 del anexo II tratan del nombramiento de los Jueces, y el artículo 4, de la elección del Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria.

En el artículo 5 del anexo II se indican las disposiciones de los títulos I y II del Estatuto aplicables al Tribunal de la Patente Comunitaria. A continuación, figuran disposiciones específicas sobre la organización del Tribunal (artículos 6 a 9 del anexo II). En el artículo 10 del anexo II se establece que los procedimientos que se presenten al Tribunal de la Patente Comunitaria se regirán por el título III del Estatuto. A continuación, se incluyen disposiciones especiales que resultan necesarias habida cuenta de los requisitos concretos del tipo especial de litigios de los que conocerá (artículos 11 a 25 del anexo II). La estructura es similar a la que sigue el Estatuto del Tribunal de Justicia en los artículos 47 y siguientes y 53 y siguientes de su título IV, en relación con el Tribunal de Primera Instancia.

Por último, el anexo II incluye disposiciones especiales sobre el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia (artículos 26, 27 y 28) y un fundamento jurídico por el que se establecen en el Reglamento de Procedimiento las disposiciones necesarias para aplicarlo y, si procede, para completarlo.

Artículo 1 del anexo II del Estatuto - Jurisdicción

Con arreglo al artículo 229 A del Tratado CE, otra Decisión diferente del Consejo atribuye al Tribunal de Justicia competencia exclusiva en materia de patentes comunitarias, a fin de que el Tribunal de Justicia pueda asumir responsabilidades jurisdiccionales en dicho ámbito.

En este artículo se atribuye al Tribunal de Justicia competencia exclusiva sobre los litigios en materia de aplicación del Reglamento (CE) nº .../... del Consejo, de ..., relativo a la patente comunitaria y del Reglamento (CE) nº .../... del Consejo, de ..., relativo al certificado complementario de protección comunitaria, que será ejercida en primera instancia por el Tribunal de la Patente Comunitaria. La jurisdicción del Tribunal de la Patente Comunitaria se basa en la Decisión del Consejo que atribuye al Tribunal de Justicia competencia en materia de patentes comunitarias, para lo cual la Comisión ha presentado una propuesta separada de Decisión del Consejo. Por tanto, el Tribunal de la Patente Comunitaria tendría competencia en el ámbito establecido en el artículo 1 de la propuesta de Decisión del Consejo, presentada por la Comisión, sobre litigios relativos a la violación o validez de la patente comunitaria y del certificado complementario de protección comunitaria, la utilización de una invención tras la publicación de la solicitud de patente comunitaria, el derecho basado en la utilización previa de una invención, las medidas provisionales y de protección de pruebas relativas al asunto atribuido, las solicitudes de indemnización por daños y perjuicios en las situaciones antes citadas y la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento de una sentencia u orden que constituya una obligación de actuar o de abstenerse de actuar.

Durante el periodo transitorio previo a la entrada en vigor de la atribución de dicha competencia al Tribunal de Justicia, los tribunales nacionales se pronunciarán sobre los litigios con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento sobre la patente comunitaria. Tal como establece el artículo 2 de la propuesta de Decisión del Consejo por la que se atribuye competencia al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la patente comunitaria, el Tribunal de la Patente Comunitaria no tendrá competencia sobre los litigios presentados a los tribunales nacionales durante dicho periodo transitorio, ya que la atribución de competencia no se aplica a tales litigios.

Artículo 2 del anexo II del Estatuto - Número, designación y duración del mandato de los Jueces del Tribunal de la Patente Comunitaria

El artículo 2 incluye disposiciones sobre los Jueces del Tribunal de la Patente Comunitaria.

En el primer párrafo se establece el número de miembros del Tribunal de la Patente Comunitaria y la duración de su mandato. Se propone que el Tribunal de la Patente comunitaria esté compuesto por siete Jueces, incluido el Presidente. Con arreglo al artículo 8 del anexo II del Estatuto del Tribunal de Justicia, las salas del Tribunal de la Patente Comunitaria constarán normalmente de tres Jueces. Con seis Jueces se formarían dos salas. Se considera necesario un séptimo magistrado para reforzar la sala presidida por el Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria, que deberá asumir también otros cometidos relacionados, por ejemplo, con la administración y representación del Tribunal de la Patente Comunitaria. Además, dado que en el primer párrafo del artículo 17 del Estatuto del Tribunal de Justicia se establece que el Tribunal sólo podrá deliberar válidamente en número impar, con siete Jueces el Tribunal de la Patente Comunitaria podría deliberar en Pleno. Este número garantizaría también un funcionamiento fluido en caso de ausencia o enfermedad de los Jueces y, en general, parece el número adecuado habida cuenta de los cometidos y la carga de trabajo esperada en la etapa inicial del Tribunal de la Patente Comunitaria. Con arreglo al quinto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE, los Jueces deberán establecer el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Patente Comunitaria. Asimismo, será necesario desarrollar un uso conforme al Reglamento adoptado y efectuar las adaptaciones necesarias habida cuenta de la experiencia adquirida. En los tres primeros años, se calcula que se presentarán respectivamente unos 50, 100 y 150 asuntos nuevos, es decir 25, 50 y 75 asuntos nuevos por sala. Dicha estimación se basa en un número previsto de 100 000 patentes anuales concedidas por la Oficina Europea de Patentes, de las cuales unas 50 000 designarán la Comunidad, así como en una tasa de litigios de uno por cada mil patentes en vigor. Para evaluar el número de asuntos que pueden tratarse de forma razonable, debe tenerse en cuenta que el Tribunal de la Patente Comunitaria tendrá que establecer una jurisprudencia común para lo cual será necesario adoptar, especialmente en la etapa inicial, un determinado número de resoluciones fundamentales que comportarán profundos debates.

En cuanto a la duración del mandato, un periodo renovable de seis años, como el establecido en el primer y cuarto párrafo del artículo 223 del Tratado CE para el Tribunal de Justicia y en el segundo párrafo del artículo 224 del Tratado CE para el Tribunal de Primera Instancia, parece también adecuado para el Tribunal de la Patente Comunitaria. Será necesaria una renovación parcial de los miembros cada tres años, tal como establece el segundo párrafo del artículo 224 del Tratado CE para el Tribunal de Primera Instancia. Dicha renovación parcial de los miembros garantizará que la experiencia acumulada por el Tribunal pueda transmitirse de los Jueces que la poseen a los recientemente nombrados, lo que contribuirá a estabilizar la jurisprudencia y a procurar seguridad jurídica. Para establecer este ciclo en el que el Tribunal de la Patente Comunitaria sólo se renovará parcialmente cada vez, algunos miembros tendrán un mandato inicial más reducido. A tal efecto, el apartado 2 del artículo 7 de la presente Decisión contiene una disposición transitoria en la que se establece que el Presidente del Consejo procederá a elegir por sorteo a los Jueces cuyo mandato deba expirar al final del primer periodo de tres años.

En el segundo párrafo se establece que los Jueces se designarán entre los candidatos presentados por los Estados miembros y se detalla la cualificación específica de los miembros del Tribunal de la Patente Comunitaria. En el cuarto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE se establece que los miembros de las salas jurisdiccionales serán elegidos entre «personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales». En el segundo párrafo se especifica esta norma general, dirigida a todos los tipos de salas posibles, y se establecen los requisitos específicos del perfil profesional de los posibles candidatos a Juez del Tribunal de la Patente Comunitaria. Tal como acordó el Consejo en su planteamiento político común de 3 de marzo de 2003, los miembros deberán elegirse, en función de sus conocimientos, entre candidatos que posean una elevada cualificación jurídica en materia de Derecho de patentes. Esto es particularmente importante porque la naturaleza especial del Derecho de patentes requiere gran experiencia. La experiencia de los Jueces en este ámbito resultará esencial para que los usuarios acepten el sistema, al garantizar la eficacia de las vistas y resoluciones de gran calidad. Los Jueces se designarán tras consultar a un comité que se establecerá con arreglo al artículo 3.

Artículo 3 del anexo II del Estatuto - Comité consultivo

En el primer párrafo se prevé que los Jueces se designen previa consulta a un comité consultivo establecido a tal efecto, que formulará un dictamen sobre la idoneidad del perfil de los candidatos a formar parte del Tribunal de la Patente Comunitaria. En el marco del proceso de designación, el dictamen del comité ayudará al Consejo a identificar a los candidatos más adecuados para el Tribunal de la Patente Comunitaria. Habida cuenta de los requisitos específicos que deben observarse, el comité consultivo podrá facilitar también una relación de los candidatos que poseen el nivel de elevada experiencia jurídica más adecuado. En tal caso, el número de candidatos de la relación será el doble del de Jueces que deben designarse, para evitar cualquier riesgo de que la decisión del Consejo se vea predeterminada por el dictamen del comité.

En el segundo párrafo se establece que el comité consultivo estará compuesto de siete miembros escogidos entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de la Patente Comunitaria o juristas eminentes. El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta del Presidente del Tribunal de Justicia, designará a los miembros del comité y establecerá sus normas de funcionamiento.

Artículo 4 del anexo II del Estatuto - Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria.

Este artículo trata del Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria, que los Jueces designarán de entre ellos por un periodo de tres años renovable (los mismos principios que se establecen en el tercer párrafo del artículo 224 del Tratado CE para el Tribunal de Primera Instancia). No obstante, en la disposición transitoria incluida en el primer párrafo del artículo 7 de la presente Decisión se establece que el primer Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria se designará excepcionalmente de la misma manera que sus miembros, salvo que el Consejo decida que los Jueces designen también al primer Presidente. El enfoque es similar al adoptado para el Tribunal de Primera Instancia en el primer párrafo del artículo 11 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

Artículo 5 del anexo II del Estatuto - Aplicabilidad de las disposiciones de los títulos I y II del Estatuto al Tribunal de la Patente Comunitaria y a sus Jueces

En la primera frase de este artículo se enumeran las disposiciones de los títulos I y II del Estatuto que se aplican también al Tribunal de la Patente Comunitaria. Se trata de una disposición similar a la relativa al Tribunal de Primera Instancia que figura en el primer párrafo del artículo 47 del Estatuto.

Del título I del Estatuto, se declaran aplicables al Tribunal de la Patente Comunitaria los artículos 2 (juramento), 3 (inmunidad), 4 (otra actividad), 5 (dimisión), 6 (relevo de funciones) y 7 (mandato en caso de sustitución). En este artículo no se hace referencia al artículo 8 del Estatuto, relativo al Abogado General, dado que no está prevista la participación del Abogado General en los procedimientos presentados al Tribunal de la Patente Comunitaria.

Del título II, se declaran aplicables los artículos 13 (Ponentes adjuntos), 14 (requisito de residencia), 15 (vacaciones judiciales), el primer, segundo y quinto párrafos del artículo 17 (composición y quórum) y el artículo 18 (participación anterior en el asunto). En el presente artículo no se hace referencia a los artículos 9 (número de Jueces que se renovarán), 12 (personal adscrito al Tribunal de Justicia), 16 (salas del Tribunal de Justicia), ni al tercer y cuarto párrafos del artículo 17 (quórum de la Gran Sala y del Pleno). Dichas disposiciones son específicas del Tribunal de Justicia y no deben aplicarse al Tribunal de la Patente Comunitaria.

La segunda frase de este artículo especifica que, en el caso del Tribunal de la Patente Comunitaria, los Jueces prestarán juramento ante el Tribunal de Justicia, al que se le atribuye también competencia para decidir sobre la inmunidad y las otras actividades de los Jueces, así como sobre su relevo de funciones.

Artículo 6 del anexo II del Estatuto - Secretario

En la primera frase se prevé designar un Secretario del Tribunal de la Patente Comunitaria. Aunque dicho Tribunal está agregado al Tribunal de Primera Instancia, parece adecuado que disponga de su propio Secretario, dado que el Tribunal de la Patente Comunitaria tratará un tipo totalmente diferente de litigios y el número esperado de casos también justifica dicha medida. Parece necesario disponer en el Estatuto de un fundamento jurídico para designar al Secretario y las normas que rigen su servicio. A diferencia del Tribunal de Justicia (quinto párrafo del artículo 223 del Tratado CE) y del Tribunal de Primera Instancia (cuarto párrafo del artículo 224 del Tratado CE), no se incluye una medida de este tipo en el Tratado CE para las salas creadas con arreglo al artículo 225 A.

En la segunda frase se estipula que lo dispuesto en el Estatuto en relación con el Secretario del Tribunal de Justicia se aplicará al Secretario del Tribunal de la Patente Comunitaria, como ocurre con el Secretario del Tribunal de Primera Instancia en el segundo párrafo del artículo 47 del Estatuto. Las disposiciones en cuestión son el cuarto párrafo del artículo 3 (inmunidades) y los artículos 10 (juramento y funciones del Secretario), 11 (sustitución del Secretario) y 14 (requisito de residencia).

Artículo 7 del anexo II del Estatuto - Ponentes adjuntos

En este artículo se determina cómo se integrarán los expertos técnicos en el Tribunal de la Patente Comunitaria. Para garantizar la eficacia y calidad de los procedimientos ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, parece especialmente importante contar con expertos técnicos. Los Jueces del Tribunal de la Patente Comunitaria conocerán de asuntos relacionados con tecnologías extremadamente complejas de una amplia gama de ámbitos técnicos. En este contexto, es esencial contar con expertos técnicos que ayuden a los Jueces a centrarse, desde el inicio de los procedimientos, en las cuestiones técnicas esenciales que se planteen. El objetivo no es hacer totalmente superflua la consulta de expertos, sino más bien permitir que el conjunto del Tribunal comprenda con rapidez y precisión los aspectos técnicos de un asunto, lo que es importante con miras a su tratamiento eficaz y a lograr una resolución jurídicamente equitativa. La cuestión ha sido objeto de un largo y amplio debate en el Consejo, que acordó en su planteamiento político común de 3 de marzo de 2003 que los Jueces deben contar, durante el tratamiento de los asuntos, con el apoyo de expertos técnicos. Este artículo se basa en esta premisa.

En el primer párrafo se establece que el Tribunal de la Patente Comunitaria contará con expertos técnicos y se especifica el marco en el que asumirán sus funciones. Los expertos técnicos apoyarán a los Jueces durante el tratamiento de los asuntos en calidad de Ponentes adjuntos. El artículo 13 del Estatuto se aplica a los Ponentes adjuntos del Tribunal de la Patente Comunitaria. Por tanto, serán nombrados por unanimidad por el Consejo, a propuesta del Tribunal de Justicia. Serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la necesaria cualificación jurídica. En este contexto, parece necesario que los Ponentes adjuntos posean una amplia experiencia en Derecho de patentes, dado que deberán comprender claramente los aspectos técnicos pertinentes para que el Tribunal de la Patente Comunitaria pueda llegar a una resolución jurídicamente equitativa. Los Ponentes adjuntos deberán prestar ante el Tribunal de Justicia el juramento de ejercer sus funciones de forma imparcial y concienzuda, así como de respetar el secreto de las deliberaciones.

En el segundo párrafo se completan dichos elementos al precisar que los Ponentes adjuntos deberán poseer amplios conocimientos de los ámbitos técnicos en cuestión. La propuesta no contempla un número fijo de Ponentes adjuntos, dado que prefiere que esta decisión se tome teniendo en cuenta la experiencia adquirida. Para alcanzar el citado objetivo de dotar a la sala de cualificación técnica de carácter general, parece apropiado disponer de un número limitado de Ponentes adjuntos que abarquen los sectores tecnológicos fundamentales, por ejemplo, uno para cada uno de los siete ámbitos siguientes: química inorgánica y de materiales, química orgánica y polímeros, bioquímica y biotecnología, física general, ingeniería mecánica, tecnología de la información y de las comunicaciones, e ingeniería eléctrica. Al igual que los Jueces, los Ponentes adjuntos serán designados por un periodo de seis años, renovable.

En el tercer párrafo se especifican las funciones de los Ponentes adjuntos del Tribunal de la Patente Comunitaria. Dado que deben asistir a los Jueces durante el tratamiento de los asuntos, se prevé que participen en la instrucción, las audiencias y las deliberaciones de los asuntos. El Reglamento de Procedimiento concretará los detalles relativos a su participación. A fin de clarificar las cuestiones técnicas pertinentes, los Ponentes adjuntos podrán formular preguntas a las partes. Participarán en las deliberaciones de los Jueces, pero no tendrán derecho a voto.

Artículo 8 del anexo II del Estatuto - Composición de las salas y atribución de los asuntos

En el primer párrafo se establece que las salas del Tribunal de la Patente Comunitaria constarán normalmente de tres Jueces. Esta cifra, que figura también en el planteamiento político común del Consejo de 3 de marzo de 2003, parece la más apropiada para el tipo de litigios que deberán tratarse, ya que proporciona el equilibrio adecuado entre exhaustividad y eficacia para tratar asuntos ordinarios.

En el segundo párrafo se describen las situaciones en las que puede ser necesario apartarse de la composición normal de una sala de tres Jueces. Una composición ampliada sería adecuada, por ejemplo, en asuntos relativos a cuestiones de Derecho fundamentales o cuando dos salas tengan puntos de vista divergentes sobre una cuestión jurídica. La composición reducida podría ser adecuada para medidas provisionales o asuntos sencillos. Para garantizar la flexibilidad necesaria, las condiciones que deberán cumplirse para adoptar dichas composiciones especiales, incluidas las disposiciones sobre el quórum, se definirán en el Reglamento de Procedimiento, dado que las disposiciones normales del tercer párrafo (Gran Sala) y el cuarto párrafo (Pleno) del artículo 17 del Estatuto no se aplican al Tribunal de la Patente Comunitaria.

En el tercer párrafo se establece que el Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria siempre presidirá de oficio una de las salas del Tribunal. Asimismo, presidirá las sesiones en las que el Tribunal de la Patente Comunitaria, con arreglo a su Reglamento de Procedimiento, actúe en composición ampliada. Los Jueces designarán de entre ellos, por un periodo de tres años renovable, a los Presidentes de las restantes salas.

En el cuarto párrafo se especifica que la composición de las salas y la atribución de asuntos a las mismas se regulará por el Reglamento de Procedimiento. Sin embargo, aunque en el Reglamento de Procedimiento se determinará la composición de las salas y la atribución de asuntos a las mismas, también se prevé un nivel de flexibilidad apropiado para adaptar dichas normas a fin de garantizar un tratamiento eficaz de los asuntos. Por ejemplo, se abre la posibilidad de atribuir los asuntos a las salas en gran medida en función del ámbito tecnológico en cuestión, lo que permitirá incrementar la cualificación de las salas mediante la experiencia adquirida en esos ámbitos concretos.

Artículo 9 del anexo II del Estatuto - Acuerdo sobre los servicios de los funcionarios y demás agentes adscritos

En el artículo 12 del Estatuto se establece que se adscribirán al Tribunal de Justicia funcionarios y otros agentes. Dependerán del Secretario del Tribunal de Justicia, bajo la autoridad del Presidente del mismo. En el artículo 52 del Estatuto se establece que el Presidente del Tribunal de Justicia y el Presidente del Tribunal de Primera Instancia fijarán de común acuerdo las condiciones en las que dichos funcionarios y demás agentes prestarán sus servicios en el Tribunal de Primera Instancia.

En el presente artículo se establece el marco en el que los funcionarios y demás agentes adscritos al Tribunal de Justicia prestarán sus servicios al Tribunal de la Patente Comunitaria para que éste pueda desempeñar su cometido. Este marco se fijará de común acuerdo por el Presidente del Tribunal de Justicia (o, cuando proceda, por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia) y el Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria. Como regla general, el acuerdo será entre el Presidente del Tribunal de Justicia y el Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria. Sin embargo, podrían presentarse situaciones en las que el común acuerdo del Presidente del Tribunal de Justicia y el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ya haya tenido en cuenta las necesidades del Tribunal de la Patente Comunitaria; en ese caso, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia y el Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria pueden llegar a un acuerdo apropiado para este último Tribunal. Por último, determinados funcionarios y otros agentes que trabajen directamente para el Presidente, los Jueces o el Secretario, tales como los Secretarios judiciales o los funcionarios de Secretaría, dependerán del Secretario del Tribunal de la Patente Comunitaria, bajo la autoridad del Presidente del mismo. Esta disposición es similar a la relativa al Tribunal de Primera Instancia que figura en el artículo 52 del Estatuto.

Artículo 10 del anexo II del Estatuto - Aplicabilidad de las disposiciones del título III del Estatuto al procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria

En el primer párrafo de este artículo se establece que el título III del Estatuto será aplicable al procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, como sucede con el artículo 47 del Estatuto para el Tribunal de Primera Instancia. La mayoría de las disposiciones incluidas en el título III del Estatuto relativas a los principios básicos de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia pueden aplicarse también al Tribunal de la Patente Comunitaria. Tales disposiciones pueden considerarse un conjunto de principios comunes que regulan los procedimientos de los tribunales comunitarios. No obstante, habida cuenta de la naturaleza especial de los litigios presentados ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, conviene realizar modificaciones cuando proceda. El Tribunal de la Patente Comunitaria conocerá de litigios entre particulares relativos a la patente comunitaria. Su cometido no será pronunciarse sobre la legalidad de los actos comunitarios, sino resolver litigios entre particulares. Por tanto, no todas las disposiciones del título III del Estatuto son aplicables en su redacción actual. En consecuencia, no serán aplicables determinadas disposiciones del título III del Estatuto que no son pertinentes para el procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria (el segundo párrafo del artículo 21, los artículos 22 y 23, el primer y tercer párrafos del artículo 40 y los artículos 42 y 43 del Estatuto). En los artículos 11 a 25 del anexo II del Estatuto se establecen las modificaciones de las disposiciones existentes del título III del Estatuto, necesarias en virtud de la naturaleza especial de los litigios presentados al Tribunal de la Patente Comunitaria.

Las disposiciones del título III del Estatuto se aplicarán al Tribunal de la Patente Comunitaria de la manera siguiente:

El artículo 19 del Estatuto, relativo a la representación jurídica, se aplicará al Tribunal de la Patente Comunitaria con las modificaciones sobre el cometido de los Abogados especialistas en patentes europeas que se proponen en el artículo 11 del anexo II del Estatuto, que confiere a dichos Abogados el derecho a comparecer ante el Tribunal de la Patente Comunitaria.

El artículo 20 del Estatuto, en el que se establece la estructura principal del procedimiento (compuesto de dos fases, una escrita y otra oral), así como las disposiciones sobre las notificaciones a las partes y el contenido del procedimiento oral, se aplicará al Tribunal de la Patente Comunitaria con las modificaciones incluidas en el artículo 12 del anexo II del Estatuto, en el que se prevé, por ejemplo, que en ocasiones excepcionales podrá prescindirse del procedimiento oral y se podrán llevar a cabo los procedimientos de forma electrónica.

En el primer párrafo del artículo 21 del Estatuto se enumeran los elementos necesarios en las demandas escritas. El segundo párrafo del artículo 21 del Estatuto trata de la anulación de las medidas dictadas por las instituciones comunitarias. Sin embargo, el Tribunal de la Patente Comunitaria no deberá pronunciarse sobre la legalidad de los actos comunitarios y, por tanto, no es necesario que se le aplique este artículo.

En los artículos 22 y 23 del Estatuto se hace referencia a los recursos contra las decisiones de arbitraje de la CEEA y las normas prejudiciales. Dado que no puede presentarse ninguna de estas situaciones ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, los citados artículos no deben aplicarse a dicho Tribunal.

El primer párrafo del artículo 24 del Estatuto incluye la obligación de las partes de presentar los documentos y facilitar la información que el Tribunal considere necesaria. Esta obligación parece excesiva para los litigios entre particulares y, por tanto, debería aplicarse en un sentido más restringido al Tribunal de la Patente Comunitaria, tal como propone el artículo 13 del anexo II del Estatuto. El segundo párrafo del artículo 24 del Estatuto establece la obligación general de los Estados miembros y las instituciones de suministrar la información necesaria.

Los artículos 25 a 30 del Estatuto, relativos a la obtención de pruebas a partir de testigos y peritos, deben aplicarse al Tribunal de la Patente Comunitaria. Se trata de los artículos 25 (elección del perito por parte del Tribunal), 26 (declaración de los testigos), 27 (poderes en relación a testigos que no comparezcan), 28 (juramento de los testigos y peritos), 29 (declaración de los testigos y peritos ante la autoridad judicial de su domicilio) y 30 (violación del juramento).

Los elementos de procedimiento incluidos en los artículos 31 a 38 del Estatuto también pueden aplicarse al Tribunal de la Patente Comunitaria. Se trata de los artículos 31 (principio de vista pública), 32 (interrogatorio de los peritos, los testigos y las partes), 33 (acta de las vistas), 34 (turno de las vistas), 35 (secreto de las deliberaciones), 36 (contenido de las sentencias), 37 (firma de las sentencias y lectura de las mismas en sesión pública) y 38 (decisión sobre las costas).

El artículo 39 del Estatuto trata de la adopción de medidas provisionales mediante un procedimiento abreviado especial. Dicho artículo debe aplicarse al Tribunal de la Patente Comunitaria con las modificaciones incluidas en el artículo 15 del anexo II del Estatuto, que propone, por una parte, ampliar el ámbito de aplicación del artículo 39 a las medidas de protección de pruebas y, por otra, que se determine en el Reglamento de Procedimiento quién será competente para dictar las órdenes.

El artículo 40 del Estatuto trata de la intervención de terceras partes en los litigios con el fin de apoyar las pretensiones de una de las partes. Tal intervención también debe resultar posible ante el Tribunal de la Patente Comunitaria. Sin embargo, en el primer y tercer párrafos del artículo 40 del Estatuto se establece el derecho especial de intervención de las Comunidades, los Estados Miembros o los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, distintos de los Estados miembros, y el Órgano de Vigilancia de la AELC, de intervenir en los litigios sin necesidad de demostrar un interés en la solución del litigio, como exige el segundo párrafo del artículo 40 del Estatuto. Este derecho incondicional de intervención resulta demasiado amplio en el caso de los litigios ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, que conoce de litigios relativos a los derechos de los particulares.

El artículo 41 del Estatuto sobre la sentencia en rebeldía debe aplicarse al Tribunal de la Patente Comunitaria con las especificaciones previstas en el artículo 16 del anexo II del Estatuto.

En el artículo 42 del Estatuto se prevé la posibilidad de que terceras partes puedan impugnar una sentencia que lesione sus derechos cuando no hayan sido citadas a comparecer. Dicha disposición resulta incompatible con el principio de seguridad jurídica en el marco de los litigios entre particulares y, por tanto, no debe aplicarse al Tribunal de la Patente Comunitaria. Cuando la sentencia del Tribunal de la Patente Comunitaria es firme y ya no se puede apelar, no debe existir la posibilidad de reabrir el asunto, salvo en la situación concreta de la revisión con arreglo al artículo 44 del Estatuto y el artículo 17 de su anexo II, en caso de defecto fundamental de procedimiento o infracción penal. En todos los demás casos, las partes deben poder confiar en lo dispuesto en sentencia firme. Además, la situación prevista en el artículo 42 apenas se produce en el marco de los litigios entre particulares, ya que la sentencia sólo produce efectos sobre las partes que intervienen en el asunto, para las que la sentencia resulta vinculante. Sólo se presentan situaciones en las que terceras partes puedan verse afectadas indirectamente cuando existen derechos vinculados a una patente que ha sido anulada. Para tales casos, en el Reglamento de Procedimiento deben establecerse disposiciones apropiadas que garanticen, cuando proceda, que los intereses de terceros se tengan en cuenta en el procedimiento previo a la sentencia. Por ejemplo, dichas disposiciones podrían establecer que, en el caso de una licencia exclusiva, se demande conjuntamente al titular del derecho y al licenciatario, mientras que, en el caso de una simple licencia contractual, las consecuencias de una anulación declarada en el procedimiento contra el titular del derecho podrían limitarse a la relación jurídica entre el titular del derecho y el licenciatario.

En el artículo 43 del Estatuto se establece un procedimiento especial para interpretar una sentencia en caso de duda sobre el sentido y el alcance de la misma, que no parece apropiado para los litigios entre particulares y, por tanto, no debe aplicarse al Tribunal de la Patente Comunitaria. Las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria deben ser claras y tener carácter ejecutorio sin necesidad de una interpretación posterior por parte de dicho Tribunal. Además, una disposición tal podría conducir a la interpretación incorrecta de que sólo el Tribunal de la Patente Comunitaria puede interpretar las sentencias. Sin embargo, en la fase de ejecución forzosa, que con arreglo a los artículos 244 y 256 del Tratado CE se rige por la legislación nacional, la autoridad competente deberá aplicar la sentencia y decidir, por ejemplo, si una forma particular de invención precisa de un mandamiento judicial para no infringir una patente. Por último, aplicar esta disposición al Tribunal de la Patente Comunitaria presentaría el riesgo, en caso de que los demandados la invocaran sistemáticamente en caso de ejecución forzosa, de paralizar el sistema de litigios de la patente comunitaria.

El artículo 44 del Estatuto, que prevé la revisión de una sentencia con motivo del descubrimiento de hechos que, antes de pronunciarse la sentencia, eran desconocidos, parece incompatible con el principio de seguridad jurídica en el marco de los litigios entre particulares. Por tanto, en el artículo 17 del anexo II del Estatuto se propone adaptar dicha norma y limitar dicha revisión a los casos de defecto fundamental de procedimiento o de infracción penal cometida en el procedimiento que condujo a la sentencia.

Por último, se aplicarán al Tribunal de la Patente Comunitaria el artículo 45 del Estatuto, relativo a los plazos, y el artículo 46 del Estatuto, sobre la prescripción de las acciones contra las Comunidades en materia de responsabilidad extracontractual.

En la primera frase del segundo párrafo del presente artículo se establece que se incluirán disposiciones más detalladas sobre el procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria en el Reglamento de Procedimiento, que, con arreglo al quinto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE, establecerá el Tribunal de la Patente Comunitaria de acuerdo con el Tribunal de Justicia y requerirá la aprobación del Consejo. En la segunda frase se autoriza a establecer en el Reglamento de Procedimiento excepciones al artículo 40 del Estatuto sobre la intervención, a fin de tener en cuenta las características especiales de los litigios entre particulares relativos a la patente comunitaria. Esta disposición es similar a la relativa al Tribunal de Primera Instancia que figura en el segundo párrafo del artículo 53 del Estatuto.

Artículo 11 del anexo II del Estatuto - Abogado especialista en patentes europeas

En este artículo se modifica el artículo 19 del Estatuto, relativo a la representación jurídica ante el Tribunal en los procedimientos ente el Tribunal de la Patente Comunitaria. En los litigios sobre patentes, los aspectos tecnológicos son importantes para llegar a una resolución jurídicamente correcta. No sólo el Tribunal de la Patente Comunitaria necesita los conocimientos técnicos aportados por los Ponentes adjuntos; también los necesitan las partes.

En el primer y el segundo párrafos se reconoce la importancia de los conocimientos técnicos para las partes y se concede a los Abogados especialistas en patentes europeas el derecho de comparecer ante el Tribunal de la Patente Comunitaria. La mención a la lista que mantiene la Oficina Europea de Patentes a fines de representación jurídica ante la citada Oficina garantizará que se apliquen normas apropiadas y uniformes en lo referente a las personas cualificadas, normas que es preciso respetar en interés de la eficacia del procedimiento.

En el tercer párrafo se declaran aplicables a los Abogados especialistas en patentes europeas el quinto y sexto párrafos del artículo 19 del Estatuto. Para comparecer ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, el Abogado especialista en patentes europeas disfrutará de los derechos y las inmunidades necesarias, y el Tribunal de la Patente Comunitaria gozará de los poderes reconocidos habitualmente a los tribunales en las condiciones previstas en el Reglamento de Procedimiento.

Artículo 12 del anexo II del Estatuto - Fases oral y escrita del procedimiento

En este artículo se modifica el artículo 20 del Estatuto, relativo a las fases oral y escrita del procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria.

Se propone reformular el cuarto párrafo del artículo 20, relativo a la realización de la vista oral. La obligación de «lectura del informe» por parte del Juez Ponente, demasiado rígida para litigios cotidianos, deberá expresarse de forma más flexible que haga referencia a la «presentación de las principales características del asunto». Dado que la redacción del cuarto párrafo del artículo 20 del Estatuto no permite que un Abogado especialista en patentes europeas comparezca ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, como se prevé en la propuesta de artículo 11 del anexo II del Estatuto, debe sustituirse por la siguiente fórmula, más genérica: «audiencia de las partes». No debe especificarse quién debe dirigirse al Tribunal, como sucede actualmente en el cuarto párrafo del artículo 20 del Estatuto, sino que se tratará de una cuestión de adecuada representación jurídica. Por último, el examen de testigos y peritos se sustituye por la siguiente fórmula, más genérica: «estudio de las pruebas».

El quinto párrafo del artículo 20 del Estatuto, relativo al Abogado General, no debe aplicarse al Tribunal de la Patente Comunitaria, ya que el Abogado General no participará en el procedimiento. En su lugar, se propone incluir una disposición que permita, cuando proceda, pasar a un procedimiento escrito. En el primer párrafo del artículo 20 del Estatuto se establece un principio importante, según el cual sólo es posible pronunciarse sobre un asunto después de la vista oral. Sin embargo, en determinados asuntos podría no resultar apropiada una vista oral, por ejemplo en asuntos sencillos en los que los hechos son indiscutibles o en los que el demandado acepta las reclamaciones del demandante. En asuntos de este tipo, debería ser posible prescindir de la obligación de celebrar una vista oral y, de forma excepcional, pronunciarse sobre un asunto después de un procedimiento escrito. Por tanto, el Tribunal de la Patente Comunitaria debe tener la posibilidad de suprimir la fase oral, tras haber oído a las partes y con arreglo al Reglamento de Procedimiento.

Por último, conviene introducir una cláusula de habilitación que permita recurrir a medios técnicos en el marco de los procedimientos escrito y oral ante el Tribunal de la Patente Comunitaria. Esta disposición podría aplicarse, por ejemplo, a la presentación de documentos en la fase escrita o a videoconferencias en la fase oral. El Reglamento de Procedimiento debería detallar qué partes del procedimiento pueden tratarse por medios electrónicos y en qué condiciones. En la práctica se verá hasta qué punto y en qué condiciones deberán utilizarse los medios electrónicos. Además, la tecnología avanza constantemente y el Reglamento de Procedimiento es más adecuado para seguir las crecientes posibilidades tecnológicas e introducir en el procedimiento las modificaciones necesarias.

Artículo 13 del anexo II del Estatuto - Presentación de pruebas

El primer párrafo del artículo 24 del Estatuto incluye la obligación de las partes de presentar los documentos y facilitar la información que el Tribunal considere necesaria. Esta obligación parece excesiva para los litigios entre particulares y, por tanto, debería aplicarse al Tribunal de la Patente Comunitaria en un sentido más restringido. En principio, en los litigios entre particulares las partes tienen la obligación de presentar las pruebas necesarias para demostrar sus afirmaciones. Sin embargo, en circunstancias especiales parece justificado obligar a una de las partes a presentar pruebas a favor de la parte contraria. Una disposición de este tipo debería permitir encontrar un equilibrio razonable entre los intereses de las partes, como reconoce el apartado 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (en adelante denominado «Acuerdo ADPIC»), de 15 de abril de 1994, en los casos en que una parte haya presentado pruebas razonablemente accesibles para respaldar sus alegaciones y haya precisado qué otras pruebas se encuentran en poder de la parte contraria. En tal caso, el Tribunal de la Patente Comunitaria puede ordenar que la parte contraria presente las pruebas, sin perjuicio de que se garantice la protección de los datos confidenciales.

Artículo 14 del anexo II del Estatuto - Medidas provisionales y de protección de pruebas

Este artículo incluye disposiciones especiales relativas a las medidas provisionales y de protección de pruebas.

El primer párrafo trata de la concesión de medidas provisionales. En el artículo 243 del Tratado CE se establece que el Tribunal podrá ordenar las medidas provisionales necesarias en los asuntos de que esté conociendo. Esta disposición, que también se aplica al Tribunal de la Patente Comunitaria en virtud del artículo 2 de la presente Decisión, no contempla la posibilidad de ordenar medidas provisionales antes de que se hayan iniciado las acciones principales. Sin embargo, conviene disponer de dicha posibilidad en los litigios sobre patentes en caso de que, por ejemplo, sea necesario un mandamiento judicial para poner término a una infracción antes incluso de que se hayan iniciado las acciones principales. Asimismo, en el apartado 6 del artículo 50 del Acuerdo ADPIC se establece la posibilidad de ordenar medidas provisionales si no se han iniciado las acciones principales. Por tanto, en el presente artículo se aplica la posibilidad, prevista en el sexto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE, de establecer excepciones a las disposiciones de dicho Tratado relativas al Tribunal de Justicia para las salas jurisdiccionales. Se propone que las medidas provisionales no estén supeditadas a que ya se hayan iniciado ante el Tribunal de la Patente Comunitaria las correspondientes acciones principales.

En el segundo párrafo se prevén medidas de protección de pruebas que permiten, en caso de infracción real o inminente, una orden que autorice una descripción pormenorizada o la incautación efectiva de las mercancías litigiosas y de los documentos relacionados con las mismas. Tal medida, también conocida en Derecho de patentes como «saisie-contrefaçon» (incautación en caso de usurpación de marca), complementa la obligación de las partes de presentar pruebas establecida en el artículo 13 del anexo II del Estatuto, y ha resultado ser un valioso instrumento para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual; por tanto, se ha incluido en el artículo 8 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la Comisión, relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, de 30 de enero de 2003 [COM(2003) 46 final].

En el tercer párrafo se establece la posibilidad de reclamar una indemnización adecuada en los casos en que las medidas provisionales o de protección de pruebas hayan sido derogadas. Las medidas provisionales y de protección de pruebas pueden tener una incidencia económica significativa sobre la parte a la que se le imponen. Asimismo, conviene recordar que dichas medidas se conceden mediante un procedimiento abreviado, con arreglo a los artículos 39 del Estatuto y el artículo 15 de su anexo II, cuando el Juez todavía no dispone de todos los elementos necesarios en términos de hechos y de pruebas para dictar una sentencia definitiva. Por tanto, para garantizar un equilibrio apropiado entre los intereses legítimos de las partes, es necesario que el solicitante que obtenga una medida provisional o de protección de pruebas tenga la obligación de indemnizar a la parte contraria para reparar todos los perjuicios causados si dichas medidas no se confirman. Tal posibilidad de indemnización también está prevista en el apartado 7 del artículo 50 del Acuerdo ADPIC (en lo referente a las medidas provisionales) y en el apartado 3 del artículo 8 y el apartado 5 del artículo 10 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la Comisión, relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, de 30 de enero de 2003 (para los dos tipos de medidas en cuestión).

Artículo 15 del anexo II del Estatuto - Órdenes especiales

Este artículo incluye modificaciones del artículo 39 del Estatuto, relativo a las medidas provisionales y a la suspensión de la ejecución de las sentencias. En el artículo 39 del Estatuto se establece el fundamento que permite prever en el Reglamento de Procedimiento, para tales casos, un procedimiento abreviado que puede suponer una excepción a lo dispuesto en el Estatuto. Esta disposición tiene en cuenta el carácter especial y urgente de las medidas en cuestión, que justifica, si procede, apartarse de las normas que regulan los procedimientos principales. A efectos de los procedimientos ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, las medidas de protección de pruebas previstas en el artículo 14 del anexo II del Estatuto, deberían considerarse, habida cuenta de su naturaleza y, en particular, de su carácter urgente, medidas especiales que pueden ordenarse en el marco de un procedimiento abreviado.

Se establece para los procedimientos ante el Tribunal de la Patente Comunitaria una segunda modificación que hace referencia a la persona habilitada para dictar las órdenes en cuestión. En el artículo 39 del Estatuto se atribuye dicha competencia al Presidente del Tribunal. Sin embargo, este enfoque no parece permitir el grado de flexibilidad apropiado para los litigios ante el Tribunal de la Patente Comunitaria. La posibilidad de suspender la ejecución de una sentencia depende estrechamente de cada caso particular y, por tanto, puede ser tratada de manera más eficiente por la sala que ha dictado la sentencia o por uno de sus Jueces. Además, las medidas provisionales y de protección de pruebas serán un procedimiento habitual en los litigios sobre patentes y, por tanto, pueden ser tratadas de manera más eficiente por la sala competente para el procedimiento principal o por uno de sus Jueces. El enfoque consistente en confiar al Reglamento de Procedimiento la decisión de determinar quién es competente para dictar órdenes en los procedimientos abreviados permite la flexibilidad necesaria para que pueda encontrarse la solución más adecuada.

Artículo 16 del anexo II del Estatuto - Sentencia en rebeldía

En este artículo se modifica el artículo 41 del Estatuto, relativo a las sentencias en rebeldía.

En el artículo 41 del Estatuto se prevé la posibilidad de dictar una sentencia en rebeldía cuando la parte demandada, debidamente emplazada, se abstenga de contestar por escrito. En los litigios entre particulares, ésta no debería ser la única situación en la que el Tribunal de la Patente Comunitaria pueda resolver el litigio mediante una sentencia en rebeldía. Debería ser también posible cuando el demandado, pese a haber presentado la documentación en la fase escrita del procedimiento, no se presenta posteriormente a defenderse en la vista oral tras haber sido debidamente emplazado. En tal situación, el Tribunal de la Patente Comunitaria debe poder dictar una sentencia en rebeldía que ponga fin al asunto, a no ser que el demandado impugne la sentencia en el plazo de un mes a partir de la fecha de su notificación con arreglo a la segunda frase del artículo 41 del Estatuto. Por último, podrá dictarse una sentencia en rebeldía contra el demandado que, debidamente emplazado, no se presente a la vista oral.

Artículo 17 del anexo II del Estatuto - Revisión de las sentencias

Lo dispuesto sobre revisión de las sentencias en el primer párrafo del artículo 44 no es apropiado para los litigios entre particulares ante el Tribunal de la Patente Comunitaria. Con arreglo al artículo 44, podrá revisarse la sentencia con motivo del descubrimiento de un hecho que pueda tener una influencia decisiva y que, antes de pronunciarse la sentencia, era desconocido. Con miras a la seguridad jurídica, dichos motivos son insuficientes para reabrir un asunto en un litigio entre particulares. Incluso en asuntos en los que, antes de pronunciarse la sentencia, se desconozca un hecho que pueda tener una influencia decisiva, las partes deben poder confiar en lo dispuesto en las sentencias del Tribunal de la Patente Comunitaria cuando éstas ya no puedan apelarse. La reapertura de un asunto debe seguir siendo un caso muy excepcional y limitarse a situaciones en que se descubra un hecho que pueda tener una influencia decisiva desconocido por la parte que solicite la revisión y sólo con motivo de un defecto fundamental de procedimiento o de un acto que los tribunales hayan considerado, mediante una resolución firme, que constituye una infracción penal. La revisión de una sentencia firme únicamente estará justificada en estos casos excepcionales.

Artículo 18 del anexo II del Estatuto - Acuerdo entre las partes

Un litigio entre las partes no sólo debe poder resolverse mediante sentencia firme del Tribunal de la Patente Comunitaria, sino también mediante acuerdo entre las partes ante dicho Tribunal. En el presente artículo se establece el fundamento jurídico para que las partes puedan llegar a un acuerdo judicial en cualquier momento del procedimiento. Dicho acuerdo, confirmado por el Tribunal de la Patente Comunitaria, tendrá dos efectos importantes: pondrá fin al procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria y tendrá valor de título ejecutivo con arreglo a los artículos 244 y 256 del Tratado CE en caso de que una parte no respete las cláusulas del acuerdo. La segunda frase especifica que los acuerdos no afectan a la validez de las patentes comunitarias, que se rigen exclusivamente por Derecho y no por la voluntad de las partes. Es evidente que las partes pueden siempre llegar a un acuerdo, incluso sobre la renuncia a una patente o a su limitación voluntaria.

Artículo 19 del anexo II del Estatuto - Presentaciones erróneas a un Tribunal comunitario

En el primer párrafo del artículo 54 del Estatuto se hace referencia a la obligación de las Secretarías del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de transmitir los documentos dirigidos a uno de ellos pero presentados por error ante el otro. En el segundo párrafo del artículo 54 del Estatuto se regula el caso en el que se sometan al Tribunal de Justicia o al Tribunal de Primera Instancia asuntos en los que el otro Tribunal es el competente. En tal situación, el Tribunal solicitado podrá remitir la acción al otro con efecto obligatorio. Ambas disposiciones también se aplicarán, mutatis mutandis, al Tribunal de la Patente Comunitaria.

El tercer párrafo del artículo 54 del Estatuto, en el que se prevé la posibilidad de suspender las actuaciones hasta que el Tribunal de Justicia dicte sentencia, necesita algunas modificaciones y se tratará aparte en el siguiente artículo 20 del anexo II del Estatuto.

Artículo 20 del anexo II del Estatuto - Suspensión de actuaciones

Este artículo incluye normas sobre la suspensión de actuaciones.

En el primer párrafo se describen, como en el tercer párrafo del artículo 54 del Estatuto en relación con el Tribunal de Primera Instancia, las situaciones en las que el Tribunal de la Patente Comunitaria podrá, previa audiencia de las partes, suspender sus actuaciones hasta que otro Tribunal comunitario dicte sentencia. El Tribunal de Primera Instancia debe poder suspender sus actuaciones si existe suficiente relación entre las cuestiones que se le han presentado y las planteadas en otro asunto ante el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Primera Instancia. Puede considerarse la suspensión de una actuación si se presenta al Tribunal de Primera Instancia un asunto que plantee la misma cuestión de interpretación, sea en el marco de una cuestión prejudicial o de una revisión con arreglo al segundo párrafo del artículo 225 del Tratado CE. También podría considerarse la suspensión de actuaciones cuando el Tribunal de Primera Instancia deba resolver sobre la validez de la misma patente comunitaria que es objeto de procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria. En tales circunstancias, conviene considerar la suspensión de las actuaciones para garantizar la uniformidad de la jurisprudencia y un tratamiento eficaz de los asuntos.

En el segundo párrafo se establece que el Tribunal de la Patente Comunitaria podrá suspender las actuaciones cuando se le someta una acción de nulidad y esté pendiente un procedimiento de oposición ante la Oficina Europea de Patentes. No se prevé una suspensión automática de las actuaciones. Se deja la decisión a la apreciación del Tribunal de la Patente Comunitaria, en función de las circunstancias de cada caso. El Tribunal de la Patente Comunitaria podrá, previa audiencia de las partes, suspender sus actuaciones hasta que se dicte una resolución firme sobre el procedimiento de oposición. Dicha decisión firme, es decir, que ya no es objeto de recurso jurídico ante la Oficina Europea de Patentes, podrá ser dictada por la División de Oposición o, si se ha presentado un recurso, por la Sala de Recursos de la Oficina Europea de Patentes.

Artículo 21 del anexo II del Estatuto - Notificación de las resoluciones

Por el presente artículo se aplica el artículo 55 del Estatuto, en el que se establece qué resoluciones serán notificadas, así como los destinatarios, con ligeras modificaciones necesarias para el Tribunal de la Patente Comunitaria. El Secretario notificará a todas las partes las resoluciones firmes, que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o que pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad. Los Estados miembros y las instituciones de las Comunidades que no hayan intervenido ni hayan sido parte en el litigio sólo recibirán de forma oficiosa la resolución final del Tribunal de la Patente Comunitaria a efectos informativos. No parece adecuado notificar formalmente el conjunto de las resoluciones.

Artículo 22 del anexo II del Estatuto - Ejecución forzosa de las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria

Este artículo trata de la ejecución forzosa de las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria.

En el primer párrafo se establecen dos principios que regulan el carácter ejecutorio de las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria. Las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria deberían tener siempre carácter ejecutorio cuando ya no sean susceptibles de recurso. La ejecución forzosa se inicia cuando la resolución del Tribunal de la Patente Comunitaria ha adquirido fuerza de cosa juzgada. Por consiguiente, un recurso de casación contra una resolución del Tribunal de la Patente Comunitaria que impida que ésta adquiera fuerza de cosa juzgada debería tener un efecto suspensivo sobre el carácter ejecutorio de la resolución. Sin embargo, la parte que haya obtenido un fallo favorable en primera instancia puede tener un interés legítimo en iniciar la ejecución de la resolución aunque la parte contraria haya presentado un recurso. Aplazar cualquier tipo de ejecución hasta conocer la resolución sobre el recurso de casación reduciría considerablemente el valor de los litigios ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, dado que las medidas efectivas podrían llegar en un momento en el que la citada parte ya no pudiera obtener los beneficios económicos que debería reportarle el litigio. Además, cabe recordar que el Tribunal de la Patente Comunitaria habrá adoptado una resolución tras un examen minucioso del asunto. Por otra parte, si se autoriza la ejecución forzosa antes de que la resolución haya adquirido fuerza de cosa juzgada, deben existir garantías que protejan adecuadamente de todo perjuicio a la parte contra la que se dirige la ejecución en caso de que la resolución no se confirme en el recurso de casación. En el presente artículo se establece un equilibrio entre los intereses de las partes implicadas, al permitir al Tribunal de la Patente Comunitaria dar a sus resoluciones carácter ejecutorio acompañándolas, si procede, de garantías. Si el Tribunal de la Patente Comunitaria condiciona la ejecución forzosa a la constitución de garantías, el demandado que recurra con éxito una resolución en primera instancia ejecutada en su contra podrá, por ejemplo, recuperar si procede los importes abonados de la garantía, aunque, mientras tanto, el demandante se haya declarado en quiebra. El Tribunal de la Patente Comunitaria deberá especificar los tipos de situaciones en las que no será necesario constituir una garantía; por ejemplo, en las sentencias en rebeldía en las que la parte contra la que se dirige la resolución, aunque debidamente emplazada, no se ha presentado o cuando una de las partes acepta una demanda.

En el segundo párrafo se simplifica el mecanismo de ejecución forzosa de las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria. Con arreglo al sexto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE, la ejecución forzosa de las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria está regulada por los artículos 244 y 256 del Tratado CE, salvo disposición en contrario de la Decisión por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria. Con arreglo al artículo 256 del Tratado CE, la ejecución forzosa está regulada por las normas de enjuiciamiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo. Para poder iniciar un procedimiento de ejecución forzosa, la autoridad nacional designada al efecto por el Estado miembro debe consignar la orden de ejecución en la resolución. Para ello, la autoridad nacional sólo está autorizada a comprobar la autenticidad de la resolución. Aunque en este contexto el papel de la autoridad nacional se limita a una comprobación formal de la autenticidad de la resolución que deberá ejecutarse, esta formalidad no parece necesaria ni oportuna para la ejecución de las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria, ya que éste puede certificar mejor la autenticidad de la resolución que deberá ejecutarse. Establecer un procedimiento especial destinado a obtener una orden de ejecución de una autoridad nacional prolongaría indebidamente la ejecución y, en particular, presentaría problemas en el caso de una ejecución de medidas provisionales, que, dada su naturaleza, requieren una acción rápida, a veces en cuestión de horas. Por consiguiente, se propone sea el propio Tribunal de la Patente Comunitaria el que consigne en sus resoluciones la orden de ejecución, que la parte en cuestión podrá hacer ejecutar directamente con arreglo a las normas nacionales de procedimiento civil vigentes. Asimismo, el segundo párrafo autoriza la ejecución forzosa de las resoluciones contra los Estados miembros. Como cualquier otra persona física o jurídica, los Estados miembros pueden litigar ante el Tribunal de la Patente Comunitaria. Pueden obtener patentes comunitarias y ser objeto de procesos por violación interpuestos por otros titulares de derechos. Por tanto, las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria pueden tener carácter ejecutorio contra ellos.

En el tercer párrafo se establecen otras especificaciones relativas a la ejecución forzosa de las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria. Las resoluciones que obliguen al demandado a actuar de una manera determinada o a abstenerse de determinadas actuaciones podrán ser ejecutadas mediante la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento de una sentencia. El propio Tribunal de la Patente Comunitaria debe poder imponer dichas multas coercitivas por incumplimiento de sus sentencias u órdenes. Por ejemplo, si el Tribunal de la Patente Comunitaria ordena a un demandado que ponga término a una infracción, debe poder al mismo tiempo ordenar que el incumplimiento se sancione mediante la obligación de pagar un determinado importe. Si dicha orden necesitara una solicitud aparte a los tribunales de los Estados miembros, podría perderse un tiempo valioso para garantizar el respeto a la decisión del Tribunal de la Patente Comunitaria. El Tribunal de la Patente Comunitaria puede imponer el pago de una cantidad única en caso de incumplimiento de la resolución del Tribunal. También puede imponer el pago de una multa recurrente, si las multas dependen de circunstancias que especificará el Tribunal, p. ej. por cada caso de incumplimiento de la resolución del Tribunal o por incumplimiento en un determinado periodo de tiempo. La multa individual debe ser proporcional a la importancia de la orden que debe respetarse, y no podrá superar en ningún caso los 50 000 euros.

Artículo 23 del anexo II del Estatuto - Tasas de procedimiento

En este artículo se introducen tasas de procedimiento para los procedimientos ante el Tribunal de la Patente Comunitaria.

En el primer párrafo se establece que, en los litigios ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, se cobrarán tasas de procedimiento apropiadas. Aunque los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia son gratuitos, en los litigios sobre patentes comunitarias parece apropiado que las partes contribuyan de forma adecuada a los costes de procedimiento del Tribunal de la Patente Comunitaria. Ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, las partes presentarán litigios relativos a sus derechos particulares subjetivos. Los costes de dichos litigios entre particulares no deberán correr íntegramente a cargo del contribuyente

El segundo párrafo trata de la adopción de una lista de tasas, en la que constarán los diferentes tipos de tasas y la cantidad que deberá abonarse. El Consejo adoptará la lista de tasas por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia, o bien a solicitud del Tribunal de Justicia y previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión. Conviene que el importe de las tasas respete un equilibrio entre el principio de acceso justo a la justicia y la contribución adecuada de las partes a la jurisdicción de la patente comunitaria por los servicios prestados por el Tribunal de la Patente Comunitaria. Esto significa, por una parte, que las tasas no deben tener un efecto disuasorio que haga indebidamente onerosa la ejecución de las patentes comunitarias. Asimismo, para los demandados, especialmente para las PYME, el riesgo de un litigio ante el Tribunal de la Patente Comunitaria no debe suponer una amenaza financiera que les incite a renunciar a litigar. Por otra parte, las partes deben contribuir de forma justa a los costes de su litigio. Además de una lista de tasas equilibrada, en el Reglamento de Procedimiento deberán establecerse normas relativas al beneficio de justicia gratuita cuando las partes no puedan asumir los gastos del proceso, tal como se prevé en el artículo 76 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, así como en los artículos 94 y siguientes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

En el tercer párrafo se especifica que las tasas se abonarán por adelantado y que se podrá excluir del procedimiento a las partes que no abonen las tasas prescritas. Las partes deberán abonar el importe previst