COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 12.7.2018 COM(2018) 540 final INFORME DE LA COMISIÓN Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea

Informe Anual de 2017 {SWD(2018) 377 final}

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Prólogo La aplicación es fundamental para la correcta ejecución de las políticas de la UE 1. Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión 2. Un mercado único digital conectado 3. Una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva 4. Un mercado interior más justo y más profundo, con una base industrial reforzada 5. Una Unión Económica y Monetaria más profunda y más justa 6. Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua 7. Hacia una nueva política de migración Prólogo Uno de mis grandes antecesores, Walter Hallstein, dijo que la Unión Europea era en lo más profundo una Comunidad de Derecho. Esas palabras me llevaron a empezar la carrera de Derecho y, luego, conformaron mi carrera política. En mi opinión, esas palabras siguen siendo tan verdaderas hoy como lo eran entonces. El Derecho sigue siendo nuestro mejor instrumento para luchar en pos de la justicia, defender nuestras libertades y obtener resultados para nuestros ciudadanos. Por esa razón, cuando tomé posesión de mi cargo en noviembre de 2014, prometí adoptar desde el principio un enfoque más centrado en la política y la producción legislativa. Ahora nos esforzamos por garantizar que nuestras propuestas se basen en elementos constatados y consultas públicas. Esta forma de trabajar, que constituye el núcleo de la iniciativa «Legislar mejor», tiene por objeto garantizar que todas las medidas del código normativo de la UE se adecúen a su propósito y sean tan fáciles de ejecutar y aplicar como sea posible. Sin embargo, toda norma, independientemente del cuidado con que se haya redactado y elaborado, solo es efectiva en la medida en que se aplique. Por ello es por lo que la Comisión pone tanto empeño en garantizar que las normas se apliquen adecuadamente como lo pone en su elaboración. La clave para conseguir una aplicación efectiva de la legislación de la UE es la cooperación y comunicación entre la Comisión y los Estados miembros. Ese es el motivo por el que siempre he dado prioridad al diálogo al abordar cuestiones de aplicación. Y ese es el motivo también por el que seguiremos apoyando a los Estados miembros en la aplicación del Derecho de la UE. Al mismo tiempo, debemos responder con contundencia a las infracciones graves del Derecho de la UE. Teniendo esto presente, en 2016 fijamos unas prioridades claras respecto de nuestra labor relativa a los casos y denuncias de infracciones. Desde entonces, nuestros esfuerzos de aplicación se centran en las infracciones más graves del Derecho la UE, en las que una actuación a nivel europeo puede aportar un valor añadido real. Nuestro papel es, por un lado, ayudar a los Estados miembros a aplicar el Derecho de la UE y, por otro, perseguir firmemente las infracciones graves cuando se produzcan. Ambas funciones van de la mano.

El presente informe sobre la aplicación del Derecho de la UE en 2017 abarca el primer año de este nuevo enfoque, más focalizado. Los primeros resultados muestran que dicho nuevo enfoque está dando frutos. La libre circulación de trabajadores es uno de los mayores logros de la UE, pero los europeos no siempre consideran que se produce de modo justo. Por esta razón, establecimos normas en 2014, que entraron en vigor en 2016, sobre el cumplimiento de la directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, que ofrece a las autoridades nacionales herramientas adicionales que les ayudan a luchar contra los abusos, el fraude y el trabajo no declarado. En 2017, la Comisión ejerció sus competencias de ejecución para garantizar que los Estados miembros apliquen esas normas de manera adecuada y efectiva. Asimismo utilizamos nuestros instrumentos contra las infracciones en el ámbito de la protección de los consumidores, lo que supone una diferencia tangible para la vida de las personas, por ejemplo asegurando que los turistas que hayan adquirido un paquete de viaje consigan que se les devuelva su dinero si quiebra el operador turístico que les vendió el paquete de viaje. Los esfuerzos para hacer cumplir la ley están consiguiendo también cambios en el mundo en línea. Un número cada vez mayor de ciudadanos está preocupado por la protección de sus datos personales. Por ello hemos establecido nuevas normas que han fijado un nuevo estándar mundial de protección de la privacidad de los ciudadanos. A lo largo de 2017, trabajamos estrechamente con los Estados miembros para preparar el terreno para la aplicación de estas normas a partir de mayo de 2018. Ello pone de manifiesto el valor que otorgamos al apoyo a los Estados miembros en el cumplimiento del Derecho de la UE lo antes posible. Adoptamos el mismo enfoque en el caso de las normas que nos dan una mayor seguridad y protegen el dinero de los contribuyentes. Esta Comisión ha potenciado la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, de modo que los Estados miembros trabajen mejor juntos contra la delincuencia transfronteriza de este tipo. Apoyamos este enfoque durante 2017 actuando firmemente para que la nueva legislación de la UE destinada a luchar contra el blanqueo de dinero se transponga adecuadamente en la legislación nacional. Estos ejemplos muestran en qué medida las normas pueden marcar la diferencia y cómo unos esfuerzos apropiados para hacer cumplir la ley pueden garantizar que esa diferencia se aprecie en la vida diaria de los europeos. Esto es lo que significa vivir en una Comunidad de Derecho. Presidente de la Comisión Europea Jean–Claude Juncker

La aplicación es fundamental para la correcta ejecución de las políticas de la UE La Unión Europea solo puede cumplir con sus políticas si los Estados miembros aplican y ejecutan el Derecho de la UE correctamente y sin retrasos indebidos. La Comisión recurre a una gran variedad de herramientas, incluidos los procedimientos de infracción, para garantizar que los objetivos de las políticas de la UE se alcanzan sobre el terreno. Un enfoque más estratégico de la aplicación de las normas de la UE En su Comunicación Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación , la Comisión anunció un nuevo enfoque de su política de infracciones. Como cuestión prioritaria, la Comisión se centrará en los problemas en los que sus medidas para garantizar el cumplimiento puedan marcar realmente la diferencia y aporten auténtico valor añadido a particulares y empresas. Por ejemplo, el mercado único de la UE ofrece enormes oportunidades para las empresas europeas, así como una mayor posibilidad de elección y precios más bajos a los consumidores. También permite a las personas viajar, vivir, trabajar y estudiar en el lugar que deseen. Sin embargo, estos beneficios no se materializan si los Estados miembros no aplican o ejecutan las normas del mercado único, o si estas se ven menoscabadas por otros obstáculos. En el reparto de responsabilidades entre las instituciones europeas, la Comisión Europea es responsable en términos generales de iniciar el proceso legislativo. El Consejo y el Parlamento Europeo adoptan sus decisiones a partir de las propuestas de la Comisión. Los Estados miembros son responsables de que la legislación de la UE se aplique, ejecute y cumpla de manera oportuna y correcta dentro de su ordenamiento jurídico nacional. La Comisión se encarga de cerrar este círculo: una vez que las propuestas se adoptan como actos de la UE, controla que los Estados miembros los apliquen correctamente y emprende medidas en caso de que no lo hagan. Mediante el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación , las tres instituciones se han comprometido a ofrecer a los ciudadanos de la UE una legislación de la Unión abierta, clara, accesible y que se pueda aplicar eficazmente. La Comisión trabaja en colaboración con los Estados miembros para garantizar que esto sea así. Para ello, elabora planes de aplicación para ayudar a los Estados miembros con la ejecución del Derecho de la UE. En el momento de elaborar las propuestas de directiva, la Comisión debate con los Estados miembros si son necesarios «documentos explicativos» —documentos en los que se explica cómo han transpuesto una directiva específica en su ordenamiento jurídico—. Este diálogo continúa a lo largo de los procedimientos legislativos y las posteriores fases de transposición, ejecución y aplicación del Derecho de la UE. En consonancia con los compromisos asumidos en las Comunicaciones sobre la estrategia para el mercado único y Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación, en 2017 la Comisión organizó reuniones para entablar un diálogo sobre cumplimiento con tres Estados miembros: En consonancia con los compromisos asumidos en las Comunicaciones sobre la estrategia para el mercado único y Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación , en 2017 la Comisión organizó reuniones para entablar un diálogo sobre cumplimiento con tres Estados miembros: Bélgica, Irlanda e Italia. Las conversaciones se centraron en los déficits de cumplimiento y transposición identificados en el cuadro de indicadores del Mercado Único, los procedimientos de infracción en curso y los nuevos avances en el marco de la estrategia para el mercado único. Los diálogos demostraron ser útiles para reunir conocimientos de cada país y evaluar la situación de la legislación relativa al mercado único en estos Estados miembros. Una vez acordada, los Estados miembros deben implantar y aplicar la legislación de la UE eficazmente y a tiempo para que el público obtenga los beneficios previstos. La consecución de los objetivos de las políticas de la UE se sustenta en la nueva política de ejecución de la Comisión. En consecuencia, esta debe actuar con firmeza y rapidez cuando las infracciones obstruyan la consecución de los objetivos de las políticas de la UE. En 2017, la Comisión actuó con rapidez e incoó procedimientos de infracción contra dieciséis Estados miembros que no habían adoptado medidas para reducir el uso de bolsas de plástico ligeras, tal como exige la Directiva sobre bolsas de plástico . Según la normativa de la UE, los Estados miembros deben alcanzar este objetivo introduciendo el pago por las bolsas de plástico ligeras o velando por que cada persone utilice anualmente un número reducido de estas bolsas. La Comisión ha marcado una serie de prioridades claras que guiarán sus actuaciones en la persecución de presuntas infracciones del Derecho de la UE. En consonancia con estas prioridades y su compromiso político de adoptar un enfoque más estratégico de la ejecución del Derecho de la UE, la Comisión archivó casos cuando, desde el punto de vista político, parecía lo más oportuno.

En 2017, la Comisión Europea cerró los procedimientos de infracción y las denuncias contra varios Estados miembros en el ámbito de los juegos de azar. La Comisión no considera prioritario utilizar sus competencias en materia de infracciones para fomentar un mercado único de la Unión en el sector de los servicios de juego en línea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido reiteradamente que los Estados miembros tienen el derecho de restringir los servicios de juegos de azar para salvaguardar objetivos de interés público como la protección de menores y la lucha contra la ludopatía, y el fraude y las irregularidades. La Comisión reconoce la legitimidad política más amplia de los objetivos de interés público que los Estados miembros persiguen al regular los servicios de juegos de azar. La Comisión seguirá apoyando a cada Estado miembro en sus esfuerzos por modernizar su marco jurídico nacional de los juegos de azar en línea y facilitando la cooperación entre los órganos nacionales reguladores del juego. Al mismo tiempo, y a la luz de las múltiples sentencias del Tribunal de Justicia de la UE relativas a las legislaciones nacionales en materia de juegos de azar, la Comisión considera que las denuncias en el sector de los juegos de azar pueden tramitarse más eficazmente por los órganos jurisdiccionales nacionales que por la Comisión. Para garantizar un cumplimiento más rápido donde es más necesario, la Comisión ha ajustado su política sobre el uso del mecanismo EU Pilot. Al amparo de este mecanismo, la Comisión plantea de manera informal sus inquietudes en cuanto a posibles infracciones a los Estados miembros antes de incoar un procedimiento formal. EU Pilot ha dejado de ser el mecanismo por defecto para entablar un diálogo con los Estados miembros sobre presuntas infracciones de la legislación de la UE. En su lugar, por lo general la Comisión incoa los procedimientos de infracción sin recurrir a EU Pilot. Esto explica el notable descenso en el número de nuevos procedimientos EU Pilot que la Comisión puso en marcha en 2017. Puesto que la Comisión concede gran prioridad a la investigación de los casos en que los Estados miembros no han comunicado sus medidas nacionales de transposición de las directivas, reforzó su régimen de sanciones para este tipo de situaciones. Cuando estos casos de infracción se planteen ante el Tribunal de Justicia, la Comisión solicitará sistemáticamente al Tribunal que imponga una suma a tanto alzado además de una sanción pecuniaria periódica. La Comisión aplicará esta política en el caso de los procedimientos de infracción incoados tras la publicación de la Comunicación Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación el 19 de enero de 2017. Dado el poco tiempo transcurrido desde entonces, en 2017 la Comisión no remitió ningún asunto al Tribunal de acuerdo con el nuevo régimen de sanciones. La Comisión sigue valorando enormemente la ayuda que recibe de los ciudadanos, las empresas y otras partes interesadas para detectar infracciones del Derecho de la UE. Al mismo tiempo, es igualmente importante que el público comprenda la naturaleza del proceso de infracción y se marque unas expectativas en consecuencia. La finalidad primordial del procedimiento de infracción es garantizar que el Estado miembro cumple la legislación de la UE, y no ofrecer una reparación o compensación individuales. A menudo, determinadas categorías de casos pueden solucionarse satisfactoriamente recurriendo a otros mecanismos más apropiados de ámbito nacional o europeo, como SOLVIT, los órganos jurisdiccionales nacionales o el Defensor del Pueblo nacional. En la Comunicación Derecho de la UE: Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación ha sentado las bases mediante el compromiso de reforzar la cooperación con la Red europea de defensores del pueblo para fomentar la buena administración en la aplicación del Derecho de la UE a nivel nacional. En 2017, la Comisión actuó sobre la base de este compromiso. Junto con el Defensor del Pueblo Europeo y la Red europea de Defensores del Pueblo, organizó un taller para incrementar los intercambios de información sobre las investigaciones en curso relativas a infracciones del Derecho de la UE y los mecanismos de reparación a disposición del público. Los parlamentos nacionales desempeñan un papel fundamental en la aplicación de la legislación de la UE en el ordenamiento jurídico nacional. Por consiguiente, la Comisión no puede sino acoger con satisfacción el mayor interés mostrado por cuestiones relativas a la ejecución, la aplicación y el cumplimiento efectivo del Derecho de la UE. Además de estos intercambios periódicos con los parlamentos nacionales sobre propuestas legislativas, la Comisión reforzó este diálogo incluyendo cuestiones específicas en materia de aplicación. En 2017, la Comisión aprovechó esta oportunidad para aclarar su nueva política de ejecución en sus intercambios con los parlamentos nacionales de Alemania y Chequia.



1.Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión La primera prioridad de la Comisión Juncker es estimular la inversión que crea puestos de trabajo y reforzar la competitividad de Europa. Sin embargo, los esfuerzos realizados para establecer un entorno regulador propicio a la actividad empresarial y la creación de empleo se ven amenazados si los Estados miembros no ejecutan las normas de la UE correctamente y a su debido tiempo. Garantizar unas condiciones de trabajo justas en toda la UE La libre circulación de trabajadores en el mercado único lleva pareja la garantía de un nivel de protección en el trabajo similar en toda la UE. La Directiva sobre el tiempo de trabajo establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo. Las largas jornadas de trabajo y no descansar lo suficiente (especialmente en períodos prolongados) puede tener efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores (p. ej., mayores índices de accidentes y errores, mayor estrés y cansancio y riesgos para la salud a corto y largo plazo). En abril de 2017 la Comisión presentó una « Comunicación interpretativa » relativa a la Directiva sobre el tiempo de trabajo y un informe sobre cómo se estaba aplicando. La finalidad de estos instrumentos es aclarar la legislación aplicable. Con ello, la Comunicación pretende, ante todo, ayudar a las autoridades nacionales, a los profesionales del Derecho y a los interlocutores sociales a interpretar la Directiva. La aplicación desigual de la Directiva sobre el tiempo de trabajo en los distintos Estados miembros ha privado a ciertas categorías de trabajadores de la protección que esta ofrece. En el sector público, las fuerzas armadas, la policía y los servicios de protección civil, como el personal penitenciario y el cuerpo de bomberos, no siempre se han beneficiado de los beneficios de la Directiva. Por lo que respecta al sector privado, en algunos Estados miembros los trabajadores nacionales tampoco se han podido beneficiar siempre de los derechos que les otorga la Directiva. El derecho a vacaciones anuales retribuidas —uno de los elementos centrales de la Directiva— no siempre se ha integrado correctamente en el Derecho nacional. Después de que la Comisión incoase procedimientos de infracción, Francia y España modificaron su legislación en 2017 para extender los beneficios de la Directiva sobre el tiempo de trabajo a determinadas categorías de miembros de sus cuerpos de seguridad. A lo largo de los últimos veinte años, las medidas de la Comisión para garantizar el cumplimiento han abordado tales deficiencias. Además, más de cincuenta sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la UE han interpretado las disposiciones de la Directiva sobre el tiempo de trabajo. El impacto de estas interpretaciones es considerable: son utilizadas por los órganos jurisdiccionales nacionales para interpretar el Derecho nacional y, por ende, impuestas a los empleadores. La legislación de la UE en materia de seguridad y salud en el lugar de trabajo establece estrictas normas de protección de los trabajadores frente a los riesgos de salud y seguridad en el trabajo. Contribuye a prevenir las enfermedades y accidentes laborales, lo que contribuye a mejorar la vida de las personas. En 2017, las medidas de la Comisión para garantizar el cumplimiento en este ámbito hicieron que los Estados miembros adoptaran legislación nacional para garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE, en concreto de la Directiva sobre la exposición profesional a campos electromagnéticos . Aplicación de las normas en materia de medio ambiente Durante 2017, la Comisión tomó medidas legales para abordar la aplicación inadecuada de la legislación medioambiental.

La Comisión llevó a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incremento de la explotación forestal en el bosque de Białowieża , uno de los últimos bosques vírgenes que quedan en Europa y un espacio protegido de la red Natura 2000. Este espacio protege especies y hábitats que dependen de los bosques antiguos y de la disponibilidad de madera muerta. Para algunas de estas especies, el bosque de Białowieża es el espacio más importante de Polonia y el único que queda. Puesto que las operaciones de explotación forestal comenzaron a adquirir una envergadura considerable, la Comisión también pidió al Tribunal que impusiese medidas provisionales para obligar a Polonia a suspender los trabajos inmediatamente. El Tribunal atendió a la demanda de la Comisión y ordenó a Polonia cesar inmediatamente sus actividades de gestión forestal en el bosque de Białowieża, salvo en casos excepcionales en que fueran estrictamente necesarias por motivos de seguridad pública. Asimismo, el Tribunal confirmó por primera vez que Polonia podría enfrentarse a sanciones financieras si no acataba la decisión del Tribunal. Mejorar la calidad del aire sigue siendo un reto importante. A pesar de la obligación de los Estados miembros de garantizar una buena calidad del aire a los ciudadanos, la calidad del aire ha sido un problema en muchos lugares durante varios años. Cada año, la mala calidad del aire provoca más muertes que los accidentes de tráfico. En 2017, había en curso un total de treinta procedimientos de infracción por niveles excesivos de partículas (PM10), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2). Estos contaminantes, derivados en su mayoría de actividades humanas como el transporte, la industria y la calefacción doméstica, pueden causar problemas respiratorios, cáncer de pulmón y muerte prematura. En una sentencia contra Bulgaria por la superación de los límites de contaminación por partículas , que sienta jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ratificó las medidas para garantizar el cumplimiento de la Comisión. La Comisión proseguirá con los procedimientos de infracción en curso por la calidad del aire contra el resto de Estados miembros. Asimismo, los Estados miembros deben contar con sistemas adecuados de recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas, pues el agua sin tratar supone un riesgo para la salud humana, las aguas interiores y el medio ambiente marino. En 2017, el Tribunal de Justicia corroboró las alegaciones de la Comisión en las causas contra el Reino Unido y Grecia por la insuficiencia del tratamiento de las aguas residuales urbanas. En 2017, la Comisión emprendió activamente acciones de infracción contra los Estados miembros que no habían aplicado la Directiva revisada sobre la evaluación del impacto ambiental en su legislación nacional. Dicha Directiva simplifica las normas de evaluación de los posibles efectos de un proyecto sobre el medio ambiente. Al mismo tiempo, la Comisión trabajó estrechamente con las autoridades nacionales y otras partes interesadas para apoyar el cumplimiento y resolver los problemas en una fase temprana. En febrero de 2017 se publicaron una serie de informes nacionales sobre la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental en los que, por primera vez, se ofrecía una perspectiva global de la aplicación sobre el terreno de las políticas y la normativa medioambientales de la UE por parte de los Estados miembros. Partiendo de estos informes, la Comisión inició diálogos con los Estados miembros. Por otro lado, la Comisión estableció un instrumento entre homólogos para propiciar el intercambio de conocimientos especializados entre las autoridades públicas nacionales, regionales y locales encargadas de la aplicación de la política y la legislación medioambientales de la UE. Aplicación de las normas en materia de agricultura La política agrícola común y la aplicación de las correspondientes normas de la UE prestan apoyo a las rentas agrícolas y contribuyen a que la agricultura se vuelva más respetuosa con el medio ambiente. Asimismo, estas acciones ayudan a aumentar la competitividad y la eficiencia en el uso de los recursos del sector y, en términos más generales, a apoyar la vida en las zonas rurales. En 2017, las medidas de la Comisión para ejecutar las normas en el ámbito de la agricultura se centraron en el seguimiento de la aplicación de la reforma de los pagos directos por parte de los Estados miembros. La Comisión entabló diálogos bilaterales con los Estados miembros que estaban utilizando incorrectamente la ayuda financiera en el marco del régimen de ayuda asociada voluntaria para prestar apoyo a tipos de agricultura o sectores que se enfrentaban a dificultades distintas del riesgo de abandono o de descenso de la producción. Las dificultades surgidas en la práctica pusieron de relieve la necesidad de aclarar las normas aplicables. Por ello, la Comisión adoptó en diciembre de 2017 un reglamento que ajustaba las condiciones en las que los Estados miembros pueden conceder ayuda financiera a los agricultores a través del régimen de ayuda asociada voluntaria. A través del diálogo, la Comisión convenció a las autoridades nacionales de un Estado miembro de que modificasen una disposición discriminatoria que impedía que las personas con discapacidad solicitasen ayuda financiera para modernizar sus explotaciones agrícolas. Las caseínas, una sustancia presente en la leche, tienen muchos usos distintos en el sector. Muchas industrias utilizan las caseínas como aglutinante; estas son uno de los principales ingredientes del queso y también se utilizan como aditivo alimentario. Las normas de la UE sobre etiquetado de las caseínas y los caseinatos facilitan a los operadores de empresas alimentarias la libre circulación de estos productos. La Comisión realizó un seguimiento activo de los procedimientos de infracción contra Chipre, Italia y el Reino Unido , ya que no introdujeron a tiempo en su legislación nacional las normas de comercialización aplicables a las caseínas y los caseinatos.



Aplicación de las normas en el ámbito de los asuntos marítimos y la pesca Para ayudar a que Europa haga la transición a una economía más «circular» que utiliza los recursos naturales de forma más sostenible, los recursos pesqueros deben gestionarse de manera sostenible. Esto también es necesario para garantizar el crecimiento y el empleo en el sector pesquero a largo plazo. Por consiguiente, la estrategia de ejecución de la Comisión en 2017 se concentró en los ámbitos de la conservación y el control de la pesca, fundamentales para construir una economía circular.

Si los Estados miembros no adoptan medidas inmediatas y eficaces para evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, dificultan que la UE combata este tipo de prácticas en todo el mundo. La Comisión incoó procedimientos de infracción contra Portugal por la participación reiterada y durante mucho tiempo de buques de pesca que enarbolaban pabellón portugués y faenaban en aguas responsabilidad de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste en actividades de pesca que violaban las medidas de conservación de esta organización. Los sistemas nacionales de seguimiento de la pesca deben prever sanciones disuasorias para las infracciones graves de las normas de la política pesquera común de la UE. La Comisión adoptó medidas para subsanar las deficiencias sistémicas que dificultan la detección de las actividades de pesca ilegales, perjudiciales para la sostenibilidad. Al amparo de la política pesquera común, los buques de pesca de la UE gozan de igualdad de acceso a las aguas y a los recursos en todas las aguas de la UE. Los Estados miembros deben velar por que los buques que enarbolen el pabellón de otros países de la UE puedan acceder libremente a las aguas bajo su jurisdicción para pescar. La Comisión siguió adelante con sus medidas mediante el procedimiento de infracción contra Rumanía por la negativa del país a conceder a los buques de pesca de otros Estados miembros igualdad de acceso a sus aguas. La competencia por espacio en nuestras aguas —para equipos de energías renovables, acuicultura y otros usos— ha hecho necesario gestionar nuestros mares con más coherencia. La ordenación del espacio marítimo se lleva a cabo de forma transfronteriza e intersectorial para garantizar que todas las actividades humanas en el mar se realicen de manera eficiente, segura y sostenible. La Comisión tomó medidas en 2017 para garantizar que el marco común de la UE para la ordenación del espacio marítimo se incorpora a tiempo a la legislación nacional de los Estados miembros.



Aplicación de las normas sobre política regional Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos respaldan inversiones en ámbitos de actuación clave generadores de crecimiento en toda la UE. Para garantizar que los Fondos se utilizan con la mayor eficacia posible, los Estados miembros deben cumplir determinadas condiciones previas . La Comisión se encarga de verificar el cumplimiento de las mismas. Las inversiones en los Estados miembros deben regirse por las mismas normas y disposiciones legales de la UE que se aplican a toda una serie de sectores, como los sectores del medio ambiente, el trabajo o la investigación. En 2017, la actuación de la Comisión se centró en hacer cumplir las condiciones previas en los ámbitos de la contratación pública, las ayudas estatales, los planes integrales para las inversiones en transporte, así como en el sector del agua y de los residuos.



Lucha contra el fraude al presupuesto de la UE En 2017, la Comisión siguió realizando un seguimiento de los casos que provocaron una pérdida de ingresos para el presupuesto de la UE. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) publicó un informe sobre un caso grave de fraude aduanero en 2017. En él participaban grupos internacionales de delincuencia organizada que localizaban los puertos de la UE con los controles más débiles para poder declarar valores inferiores a los reales de productos textiles y calzado importados desde China sin ser detectados. Puesto que tanto los derechos de aduana como el impuesto sobre el valor añadido se calculan en función del valor de las mercancías importadas, los defraudadores pueden, así, beneficiarse ilegalmente de la falta de controles apropiados pagando mucho menos de lo que les corresponde legalmente. La investigación de la OLAF descubrió que el nodo más importante en el que se producía este tráfico fraudulento se ubicaba en el Reino Unido. Puesto que el destino principal de las mercancías eran los mercados de otros Estados miembros, incluidos Francia, España, Alemania e Italia, los ingresos por el impuesto sobre el valor añadido que debían percibir dichos Estados miembros se vieron considerablemente afectados. En 2017, las inspecciones de la Comisión confirmaron las conclusiones de la investigación de la OLAF y el fraude continuado en el Reino Unido entre 2011 y 2017. La Comisión volvió a pedir a las autoridades del Reino Unido que adoptaran de una vez medidas correctivas eficaces para evitar la importación de productos textiles y calzado seriamente infravalorados de China. Otros Estados miembros ya habían implantado estas medidas a raíz de las recomendaciones de la Comisión a todos los Estados miembros, incluido el Reino Unido. La Comisión dio los pasos oportunos para proteger los intereses financieros de la Unión y solicitó al Reino Unido que tomase las medidas necesarias para poner a disposición todos los importes adeudados al presupuesto de la UE. La Comisión llevó a los Países Bajos y al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia por el impago de un total de 20 millones EUR en concepto de derechos de aduana perdidos por el presupuesto de la UE (menos costes de recaudación). En el caso de ambos Estados miembros, la pérdida de recursos propios tradicionales para el presupuesto de la UE se debe a que sus países y territorios de ultramar expidieron certificados indebidamente. En el caso del Reino Unido, se importó aluminio originario de terceros países a un territorio de ultramar (Anguila) y posteriormente se reexportó a la UE. La importación se benefició indebidamente de una exención de derechos de aduana de la UE, ya que Anguila no debería haber expedido certificados «EXP». Por lo que respecta a los Países Bajos, las importaciones de leche en polvo y arroz de Curazao entre 1997 y 2000 y de grañones y sémola de Aruba entre 2002 y 2003 se beneficiaron indebidamente de una exención de derechos de aduana de la UE cuando se importaron a Europa, puesto que estos territorios no deberían haber expedido certificados «EUR. 1». Curazao y Aruba son países de ultramar de los Países Bajos. Si un Estado miembro no abona íntegramente su contribución al presupuesto de la UE, los demás Estados miembros tienen que compensar el déficit. .

2.Un mercado único digital conectado La Estrategia para el Mercado Único Digital pretende eliminar las barreras en línea que privan a los ciudadanos de la UE de determinados bienes y servicios. Aplicación del principio de «itinerancia como en casa» Aplicación del principio de «itinerancia como en casa» Desde el 15 de junio de 2017, las normas de la « itinerancia como en casa » se aplican a todos los viajeros de la UE. Esto implica que pagan lo mismo por las llamadas móviles, los mensajes de texto y los datos cuando visitan otro Estado miembro que cuando se encuentran en su Estado miembro de residencia.

En 2017, la Comisión supervisó de cerca que los Estados miembros estuviesen aplicando correctamente el Reglamento relativo a la itinerancia de la UE . El ejercicio de supervisión ha puesto de relieve una aplicación satisfactoria en términos generales de las nuevas normas de itinerancia y un incremento considerable del tráfico en itinerancia de los viajeros desde el 15 de junio de 2017. Garantizar la confianza en las transacciones en línea La firma electrónica, que permite firmar documentos en el mundo virtual de la misma manera que uno firma un documento con un bolígrafo en el mundo físico, ya es una realidad en la UE. Sin embargo, son necesarios servicios de confianza distintos de la firma electrónica para hacer que las transacciones electrónicas en escenarios transfronterizos (al igual que a escala nacional) sean seguras y legalmente válidas. En 2017, la Comisión adoptó medidas para garantizar que el Reglamento de la UE sobre servicios de confianza se aplica correctamente en toda la UE. También actuó para garantizar que las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempos, los servicios de entrega electrónica y la autenticación de sitios web funcionan entre fronteras y gozan de la misma situación jurídica en toda la UE que los procesos físicos tradicionales. Garantizar una conectividad a internet mejor La Directiva sobre la reducción del coste de la banda ancha ayuda a reducir el coste del despliegue de internet de alta velocidad en hasta un 30 %, lo que supone que más personas pueden acceder a ella dentro de la UE. Que la Directiva se aplique adecuadamente resulta fundamental para completar el mercado único digital de la UE y aumentar la conectividad. Después de que la Comisión hubiese incoado procedimientos de infracción, la mayoría de los Estados miembros habían incorporado la Directiva sobre la reducción del coste de la banda ancha a la legislación nacional. Al final de 2017, las causas contra Bélgica y Eslovaquia seguían abiertas ante el Tribunal de Justicia. Garantizar la protección de los derechos de autor y los derechos afines La Directiva sobre la gestión colectiva de derechos mejora la gobernanza y la transparencia de las entidades de gestión colectiva. Estas entidades se encargan de gestionar los derechos de autor y los derechos afines en nombre de los respectivos titulares, a saber, autores, compositores o artistas intérpretes o ejecutantes, en toda Europa. Facilitan la concesión de licencias de derechos, la recaudación de los derechos y el reparto de los mismos y promueven la diversidad de la expresión cultural. Asimismo, la Directiva contribuye a ampliar la disponibilidad y la oferta de música en línea en Europa, también a través de las fronteras nacionales.

Puesto que veintiún Estados miembros no aplicaron a tiempo la Directiva relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra todos ellos.



4.Un mercado interior más justo y más profundo, con una base industrial reforzada El mercado único de la UE sigue siendo el activo europeo más valioso, tanto para las personas como para las empresas. Ofrece enormes oportunidades para las empresas europeas, así como una mayor posibilidad de elección y precios más bajos para los consumidores. También permite a las personas viajar, vivir, trabajar y estudiar en el lugar que deseen. No obstante, estas ventajas no se materializan cuando las normas del mercado único no se aplican o ejecutan, o si no pueden producir todos sus efectos debido a otros obstáculos. Velar por una competencia no falseada Todo el mundo tiene derecho a ser plenamente indemnizado por los perjuicios sufridos por una infracción de las normas de defensa de la competencia de la UE, como la existencia de un cártel o el abuso de posición dominante en el mercado. En la práctica, sin embargo, la mayoría de las víctimas, especialmente los consumidores y las pequeñas y medianas empresas, raramente obtiene una indemnización por parte de los infractores. La indemnización plena es un derecho de la UE, pero su ejercicio se rige por normas nacionales. A menudo estas hacen que emprender acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia resulte caro y difícil. La Directiva relativa a los daños por infracciones del Derecho de la competencia adoptada en 2014 ayuda a particulares y empresas a reclamar daños y perjuicios, por ejemplo facilitándoles el acceso a las pruebas para demostrar los daños sufridos y concediéndoles más tiempo para presentar su reclamación ante los órganos jurisdiccionales nacionales. En 2017, la Comisión supervisó la incorporación de la Directiva a la legislación nacional. En enero de 2017 la Comisión incoó procedimientos de infracción contra veintiún Estados miembros a causa de la Directiva relativa a los daños por infracciones del Derecho de la competencia. Desde entonces, la mayoría de ellos han adoptado medidas para transponer la Directiva a su legislación nacional. Al final de 2017, solo Bulgaria, Grecia y Portugal no habían adoptado todavía las medidas necesarias. Por lo que respecta a la ejecución pública de las normas de defensa de la competencia, en diciembre de 2017 Grecia propuso a la Comisión un conjunto de soluciones que concedían a terceros acceso a la generación de electricidad a lignito. Con ello se pretendía abordar los problemas en materia de competencia identificados por la Comisión en una decisión de 2008. Por otro lado, en 2017 la Comisión prosiguió con las conversaciones con las autoridades francesas para encontrar medidas adecuadas que abordaran los problemas en materia de competencia planteados por primera vez en 2015. Estos problemas tienen que ver con que, al adjudicar la mayoría de las concesiones de energía hidroeléctrica a una empresa, Francia había mantenido o reforzado la posición dominante de dicha empresa en el mercado francés de electricidad, violando las normas de competencia de la UE. Por lo que respecta a las ayudas estatales, para sostener la credibilidad del sistema de control de la Comisión de las ayudas estatales resulta fundamental ejecutar sus decisiones contra dichas ayudas de manera coherente. La Comisión emprendió acciones legales contra Grecia por no ejecutar una decisión de la Comisión de 2008 en la que se le exigía que recuperase una ayuda estatal concedida ilegalmente a Hellenic Shipyards.



Garantizar la libre circulación de los trabajadores Los ciudadanos de la UE tienen derecho a trabajar en cualquier Estado miembro que deseen. Al mismo tiempo, deben protegerse los derechos de los trabajadores que optan por trabajar en el extranjero. Con arreglo a la Directiva sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores, los Estados miembros deben garantizar que los trabajadores móviles de la UE tienen acceso a protección judicial efectiva cuando se vulneren sus derechos. Asimismo, los Estados miembros deben designar uno o más organismos para fomentar la igualdad de trato, prestar ayuda y asistencia a los trabajadores móviles de la UE y promover un diálogo activo entre los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales y las autoridades públicas. En 2017, la Comisión prosiguió las acciones de infracción contra ocho Estados miembros (Chequia, Estonia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Austria, Portugal y Rumanía) que no incorporaron a tiempo en su legislación nacional las obligaciones derivadas de la Directiva sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores . Como resultado de esta actuación, antes de que terminase el año todos los Estados miembros habían adoptado las medidas necesarias para aplicar la Directiva. La libre circulación es una de las mayores ventajas del mercado único, pero debe producirse de manera justa. Para evitar el dumping social en la prestación de servicios, la Directiva relativa a la garantía de cumplimiento sobre el desplazamiento de trabajadores dota a las autoridades nacionales de herramientas para luchar contra los abusos y el fraude y para mejorar su cooperación administrativa y el intercambio de información. En 2017, la Comisión hizo uso de sus competencias de ejecución para velar por que los Estados miembros estuviesen aplicando sin demora en su legislación nacional la Directiva relativa a la garantía de cumplimiento sobre el desplazamiento de trabajadores. Adoptó medidas adicionales en los procedimientos de infracción incoados contra diez Estados miembros (Chequia, Chipre, España, Croacia, Hungría, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia). Como resultado de esta actuación, antes de que terminase el año todos los Estados miembros habían adoptado las medidas necesarias para aplicar la Directiva.

Garantizar la libre circulación de mercancías Conforme al Derecho de la UE, las autoridades nacionales son responsables de comprobar que un tipo de automóvil cumple todas las normas de la UE antes de que los automóviles en sí se puedan vender en el mercado único. Cuando un fabricante de automóviles incumple los requisitos legales, las autoridades nacionales deben tomar medidas correctoras (como por ejemplo ordenar la llamada a revisión) y aplicar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en el marco de su legislación nacional. En 2017, la Comisión siguió realizando un seguimiento de la aplicación de estas normas por parte de los Estados miembros. En el sector del automóvil, a raíz de las revelaciones de septiembre de 2015 de que el Grupo Volkswagen utilizaba software para eludir las normas sobre emisiones de determinados contaminantes atmosféricos, la Comisión concluyó que varios Estados miembros no habían establecido o aplicado sistemas sancionadores para disuadir a los fabricantes de automóviles de infringir la legislación sobre emisiones de automóviles. En 2017, la Comisión adoptó medidas adicionales contra Alemania, Grecia, España, Luxemburgo y el Reino Unido por incumplir sus obligaciones en virtud de la legislación de la UE en materia de homologación de tipo de vehículos. Asimismo, la Comisión incoó un procedimiento de infracción contra Italia por incumplir sus obligaciones en virtud de la legislación de la UE en materia de homologación de tipo de vehículos en relación con los automóviles Fiat Chrysler. Garantizar la libertad de establecimiento La Comisión siguió de cerca los cambios introducidos por Hungría en la Ley de enseñanza superior. Estos cambios añadían nuevos requisitos en cuanto: ·a la necesidad de celebrar un acuerdo bilateral entre Hungría y las instituciones de enseñanza superior de los países que no forman parte del Espacio Económico Europeo; y ·a la necesidad de prestar servicios de enseñanza superior también en el país de origen. La Comisión incoó un procedimiento de infracción contra Hungría, ya que estas modificaciones restringían en funcionamiento de las universidades de la UE y de terceros países. En virtud de la Directiva sobre las cualificaciones profesionales, los ciudadanos de la UE tienen derecho a obtener el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en otro Estado miembro. La intervención de la Comisión hizo que las autoridades de Irlanda y Austria reconociesen las cualificaciones profesionales de las enfermeras croatas. A raíz de la labor de la Comisión para garantizar el cumplimiento, Polonia retiró las tarifas mínimas entre los agentes de patentes y sus clientes. La Comisión llevó a Alemania ante el Tribunal de Justicia por imponer tarifas fijas a los arquitectos e ingenieros, que únicamente son de aplicación a los arquitectos e ingenieros en Alemania. Mejora de la información y la asistencia prestada a los ciudadanos y las empresas En mayo de 2017, la Comisión adoptó un paquete de herramientas para mejorar el funcionamiento práctico del mercado único de la UE para particulares y empresas. El Plan de Acción SOLVIT refuerza el papel de SOLVIT como vía práctica e informal de recurso cuando las autoridades públicas hayan vulnerado los derechos de la UE de ciudadanos y empresas en una situación transfronteriza. Según este plan, las denuncias presentadas a la Comisión pueden transferirse a SOLVIT.

Al mismo tiempo, la Comisión adoptó una ambiciosa propuesta de portal digital único que responde a la exigencia de empresas, miembros del público y otras partes interesadas de mejorar el acceso al mercado único. El portal digital único permitirá que los usuarios accedan fácilmente en línea a información sobre las normas nacionales y de la UE, a los procedimientos para cumplir dichas normas, así como a ayuda y asistencia a escala nacional y de la UE. Los usuarios transfronterizos deberían poder acceder y utilizar estos servicios en línea de la misma forma que los usuarios nacionales. El portal apoyará la aplicación del principio de «solo una vez» ofreciendo un mecanismo para el intercambio automático de pruebas a través de las fronteras. El principio de «solo una vez» pretende garantizar que a los miembros del público y las empresas solo se les pide facilitar la misma información una sola vez a una administración pública. El portal digital único responde a las necesidades de los usuarios en un mundo digital. Podría ayudar a las empresas a ahorrar más de 11 000 millones EUR al año, y a los ciudadanos de la UE hasta 855 000 horas de su tiempo anualmente. La iniciativa también anima a los Estados miembros a adoptar estrategias de Administración electrónica y a ofrecer un servicio público moderno y eficiente. En 2017, en estrecha cooperación con los Estados miembros, la Comisión puso en marcha la interconexión de los registros mercantiles que facilitará el acceso a información empresarial en la UE, tanto en el país de residencia como de forma transfronteriza. A través del Portal Europeo de e-Justicia único, la interconexión de los registros mercantiles permite acceder por vía electrónica en toda la UE a información sobre las empresas inscritas en todos los registros mercantiles de los Estados miembros. Este sistema permitirá a partir de ahora que las empresas, los consumidores, los inversores y las autoridades obtengan más información acerca de las empresas con las que ya tienen relación o con las que desean hacer negocios. La finalidad última es incrementar la confianza en el mercado único a través de la transparencia y de información actualizada sobre las empresas de la UE.



Aplicación de la Unión de los Mercados de Capitales, las normas en materia de servicios financieros y la libre circulación de capitales En 2017, las medidas de la Comisión para garantizar el cumplimiento se centraron en garantizar que los Estados miembros aplicasen las directivas que se adoptaron a raíz de la crisis financiera. La finalidad de estas es seguir abriendo los mercados de servicios financieros de la UE, reforzar la resiliencia y la estabilidad del sector financiero y mejorar la protección del inversor. Entre estas Directivas se incluyen las Directivas sobre contabilidad y auditoría , la Directiva sobre créditos hipotecarios , la Directiva sobre cuentas de pago y la Directiva sobre divulgación de información no financiera por parte de determinadas grandes empresas que modifica la Directiva sobre contabilidad. Antes de que terminase 2017 casi todos los Estados miembros habían adoptado medidas para incorporar estas Directivas a su legislación nacional. En muchos casos, estas medidas se adoptaron después de que la Comisión incoase procedimientos de infracción. La Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros es una de las piedras angulares de las reformas que la UE emprendió para mejorar la protección de los inversores tras la crisis financiera. Las nuevas normas fortalecerán el mercado único, permitiendo que los instrumentos financieros se negocien en mercados transparentes, convenientemente supervisados, competitivos y estables en el conjunto del Espacio Económico Europeo. La Comisión incoó procedimientos de infracción contra diecinueve Estados miembros por la transposición tardía de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros a su legislación nacional. Aplicar adecuadamente la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros, así como otras directivas pertinentes (por ejemplo, la Directiva sobre transparencia), resulta necesario para la consecución de la Unión de los Mercados de Capitales. La finalidad de esta Unión es mejorar el acceso a la financiación, en particular para empresas innovadoras, empresas emergentes, y pequeñas y medianas empresas. Asimismo, persigue hacer más atractivos a los mercados de capitales para los inversores minoristas e institucionales, y facilitar las inversiones transfronterizas. La Comisión realizó un seguimiento del cumplimiento del principio de la libre circulación de capitales por parte de los Estados miembros. Llevó a Hungría ante el Tribunal de Justicia por incumplir las normas de la UE sobre derechos de los inversores transfronterizos en terrenos agrícolas. Hungría había adoptado una ley que suprimía determinados «derechos de usufructo» —contratos que conceden el derecho a utilizar un bien inmueble y a beneficiarse de él — que ostentaban los inversores en Hungría. Esta ley privaba a los inversores extranjeros y nacionales de sus derechos adquiridos y del valor de sus inversiones sin que recibiesen una indemnización.



Aplicación de las normas en materia de fiscalidad y aduanas La estrategia de ejecución de la Comisión en el ámbito de aduanas se centró en garantizar que los Estados miembros aplicasen correctamente y de manera uniforme el Código Aduanero de la Unión , y en detectar cargos con un efecto equivalente al de los derechos de aduana, incluso dentro de la UE. Después de que la Comisión incoase un procedimiento de infracción, las autoridades italianas modificaron su normativa para eliminar una restricción de la representación aduanera directa que era contraria al Código Aduanero de la Unión. La Comisión llevó a cabo una investigación para verificar la compatibilidad de las normas nacionales sobre control de efectivo con la legislación de la UE. Como resultado de la intervención de la Comisión, Dinamarca modificó el documento único administrativo utilizado en los procedimientos aduaneros, que no cumplía los requisitos de la legislación aduanera de la UE. En el ámbito de la fiscalidad indirecta, la Comisión concedió prioridad en sus esfuerzos por hacer cumplir la legislación a la persecución de las infracciones que restringían las libertadas consagradas en el Tratado y con un fuerte impacto en el funcionamiento del mercado interior.

En el marco del sistema electrónico de control del comercio y el transporte, Hungría pedía a las empresas que notificasen a la Administración tributaria las operaciones de transporte de mercancías intracomunitarias (y determinadas operaciones nacionales) a través de carreteras públicas. Este sistema infringe la Directiva sobre el IVA, ya que afecta principalmente a las transacciones transfronterizas de la UE e impone una carga excesiva a las empresas al atravesar fronteras. La Comisión incoó un procedimiento de infracción contra Hungría. La Comisión emprendió medidas contra Italia, que excluye a los ciudadanos no italianos que no pretenden asentarse en Italia de beneficiarse del tipo reducido aplicable a la adquisición de la primera vivienda que no sea de lujo. Uno de los beneficios del mercado interior es que los particulares y las empresas tienen libertad para desplazarse, operar e invertir traspasando las fronteras nacionales. No obstante, puesto que los impuestos directos no están armonizados en toda la UE, esta libertad puede implicar que algunos contribuyentes consigan eludir o evadir impuestos en su país de residencia. Por ello, las autoridades tributarias dentro de la UE han acordado cooperar más estrechamente para garantizar el pago de los impuestos y luchar contra el fraude y la evasión fiscales. Esta cooperación se ha consagrado en la Directiva sobre cooperación administrativa . La Directiva permite que los Estados miembros, en un entorno cada vez más globalizado, garanticen que todos sus contribuyentes pagan los impuestos que les corresponden. Es la principal herramienta de transparencia para combatir las prácticas de evasión fiscal sacadas a la luz por el caso LuxLeaks y los papeles de Panamá y del paraíso. En 2017, las medidas de la Comisión para garantizar el cumplimiento se centraron en garantizar que los Estados miembros aplicaban modificaciones importantes introducidas en dicha Directiva. Estas modificaciones se refieren al intercambio de información sobre acuerdos tributarios y a la información por países . A finales de 2017, casi todos los Estados miembros habían adoptado las medidas necesarias. En una sentencia de la Gran Sala que sienta jurisprudencia, el Tribunal de Justicia sostuvo que los jueces de un Estado miembro pueden ejercer el control de la legalidad de la solicitud de información tributaria remitida por otro Estado miembro en el marco de la Directiva sobre cooperación administrativa. No obstante, este control se limita a una verificación de que la información solicitada no carece manifiestamente de toda pertinencia previsible para la investigación tributaria en cuestión. En 2017, la Comisión cerró los procedimientos de infracción contra Alemania (sobre las normas del impuesto de sucesiones aplicables a las pensiones alimenticias especiales) y Grecia (sobre el tratamiento de los legados a organizaciones sin ánimo de lucro y las primeras residencias en el impuesto de sucesiones) después de que introdujesen modificaciones. Garantizar un nivel de protección elevado a los consumidores En mayo de 2017, la Comisión finalizó la evaluación de actos clave del Derecho de la UE en materia de protección de los consumidores y comercialización. En términos generales, concluyó que las normas en vigor siguen adecuándose a la finalidad que persiguen cuando se aplican y ejecutan adecuadamente. No obstante, la Comisión identificó varias lagunas. Por ello, y en respuesta a los casos que han provocado perjuicios colectivos, como el escándalo de las emisiones de los automóviles de 2015 o las cancelaciones masivas de vuelos por parte de una aerolínea en 2017, que afectan a cientos de miles de consumidores de toda la UE, la Comisión presentará en 2018 el nuevo acuerdo para los consumidores. Esto permitirá que los derechos de los consumidores sean defendidos colectivamente a través de organizaciones representativas. Esta iniciativa ofrecerá medios más económicos y eficaces para detener y solucionar las infracciones que perjudiquen a múltiples consumidores de la UE a la vez. Asimismo, mejorará la ejecución de las normas por parte de las autoridades públicas a través de sanciones más efectivas, proporcionadas y disuasorias por el incumplimiento del Derecho de la UE en materia de protección de los consumidores. La Comisión cerró un procedimiento de infracción contra Italia por los viajes combinados, ya que el país adaptó su normativa para que fuese conforme a la Directiva relativa a los viajes combinados de 1990. La legislación de la UE exige que los organizadores de viajes combinados estén protegidos contra la insolvencia para garantizar que, en caso de quiebra del organizador del viaje, se reembolse a los consumidores y se los lleve de vuelta a casa. Tras la quiebra en 2009 del organizador turístico Todomondo, el Fondo Nacional de Garantía italiano ha recibido más de 4 000 solicitudes de reembolso, por un total cercano a los 7 millones EUR. Sin embargo, el Fondo carecía de dinero suficiente para sufragar esos reembolsos. Después de que la Comisión incoase el procedimiento de infracción, Italia sustituyó el infrafinanciado Fondo Nacional de Garantía por la obligación de que los operadores turísticos y las agencias de viajes suscriban una póliza de seguro o aporten una garantía bancaria para todos los pagos que reciban de los viajeros. Asimismo, Italia ha adoptado las disposiciones pertinentes para el reembolso de todos los viajeros que habían perdido dinero en el pasado a consecuencia de insolvencias. En 2015 se adoptó una nueva Directiva relativa a los viajes combinados que amplía la protección más allá de los viajes combinados tradicionales, al tiempo que mantiene un nivel elevado de protección de los viajeros frente a una insolvencia. Los Estados miembros deben implantar la nueva Directiva en enero de 2018 a más tardar, y será aplicable a partir de julio de 2018. La Comisión comprobará que las legislaciones nacionales cumplan con la nueva Directiva. A pesar de la existencia de normas de seguridad de gran alcance, se siguen comercializando demasiados productos inseguros e ilícitos que pueden entrañar grandes riesgos para los consumidores. En 2017, la Comisión adoptó el paquete sobre mercancías, que ayudará a mejorar la aplicación de las normas armonizadas de la UE sobre seguridad de los productos.



Garantizar un nivel de protección elevado de la salud pública En el ámbito de la salud pública, la Comisión supervisó que los Estados miembros introdujesen efectivamente las disposiciones de la Directiva sobre los productos del tabaco en su legislación nacional. La finalidad de dicha Directiva es reducir el consumo de tabaco, en particular desincentivando que los jóvenes empiecen a fumar y garantizando que todos los miembros del público son plenamente conscientes de los efectos nocivos del tabaco. Los beneficios del descenso del número de fumadores son claros: las personas están más sanas, las tasas de enfermedades crónicas y muertes prematuras relacionadas con el tabaco están disminuyendo considerablemente y se están produciendo ahorros económicos. Una reducción en el consumo de tabaco de tan solo el 2 % se traduce en un ahorro anual para la atención sanitaria de aproximadamente 506 millones EUR en toda la UE. En 2017, la Comisión cerró los procedimientos de infracción contra Bélgica, Dinamarca, Grecia, Chipre, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovenia, ya que estos Estados miembros adoptaron medidas para aplicar a su debido tiempo en su legislación nacional la Directiva sobre los productos del tabaco. El derecho de los pacientes a acceder a una asistencia sanitaria segura y de calidad en otros países de la UE sigue siendo una prioridad para la Comisión. En 2017, la Comisión siguió de cerca la aplicación de la Directiva relativa a la asistencia sanitaria transfronteriza .



Aplicación de las normas en materia de movilidad y transporte En 2017, la Comisión trabajó para garantizar un equilibrio justo entre los intereses de la protección social de los trabajadores del sector del transporte por carretera, una competencia leal y la libertad para prestar servicios de transporte de ámbito transfronterizo. La Comisión propuso una aclaración de la manera en que las condiciones de desplazamiento se aplican al transporte por carretera, así como de las medidas de ejecución efectivas.

En 2017, la Comisión solicitó a Grecia que aplicase plenamente las normas de la UE sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar . La legislación nacional griega impedía a los pasajeros beneficiarse plenamente de los derechos garantizados por la legislación de la Unión Europea en caso de que el servicio de pasaje marítimo contratado sea cancelado o retrasado. A consecuencia de la actuación de la Comisión, las autoridades griegas consagraron totalmente en el Derecho nacional los derechos de los pasajeros a asistencia, a un transporte alternativo o al reembolso en caso de cancelación o retraso en la salida. El transporte por carretera es el medio de desplazamiento más utilizado en la UE y una de las principales causas de accidente. Los defectos técnicos provocan numerosos accidentes: todos los días fallecen en las carreteras europeas más de cinco personas en accidentes asociados a un fallo técnico. Por ello, la inspección técnica de los vehículos es fundamental para la seguridad vial. En 2014, la UE adoptó nuevas normas para endurecer el régimen de inspecciones y ampliar su alcance. La finalidad del paquete sobre la inspección técnica de vehículos es evitar todos los años más de 36 000 accidentes vinculados a un fallo técnico ·mejorando la calidad de las inspecciones de los vehículos (a través de normas comunes mínimas para los equipos, formación de los inspectores y evaluación de las deficiencias); ·ampliando los controles a la sujeción de la carga durante las inspecciones en carretera de los vehículos de mercancías; ·sometiendo los componentes de seguridad electrónicos (p. ej., ABS, control electrónico de la estabilidad y airbags) a una inspección obligatoria; ·frenando el fraude en el kilometraje a través del registro de las lecturas del kilometraje. Puesto que veinticuatro Estados miembros no aplicaron a tiempo el paquete sobre la inspección técnica de vehículos, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra ellos. En el sector ferroviario, el Tribunal de Justicia confirmó que los Estados miembros deben velar por que las cuentas de las empresas ferroviarias se lleven de tal manera que se pueda controlar la prohibición de transferir fondos públicos asignados a la gestión de la infraestructura a los servicios de transporte. Los Estados miembros no están obligados a tener cuentas separadas por cada contrato de servicios públicos. La Comisión seguirá activamente el curso dado a la aplicación de la sentencia. En una sentencia importante , el Tribunal de Justicia aclaró que el servicio de intermediación prestado por la plataforma electrónica Uber, cuya finalidad es conectar mediante una aplicación para teléfonos inteligentes y a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean realizar desplazamientos urbanos, debe calificarse de «servicio en el ámbito de los transportes». En consecuencia, corresponde a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de servicios de intermediación como los de Uber, siempre que se respeten las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 5.Una Unión Económica y Monetaria más profunda y más justa Una «Unión Económica y Monetaria más profunda y más justa» es un componente fundamental de la respuesta de la Comisión a la crisis económica y financiera. Esta política persigue reforzar la economía de la UE de forma que se creen más puestos de trabajo y se mejoren las condiciones de vida de las personas. Aplicación de las normas de la Unión Económica y Monetaria La Unión Económica y Monetaria ocupa un lugar central en el proceso de integración de la UE. Alcanzar una Unión Económica y Monetaria no es un fin en sí mismo, sino un medio para ofrecer estabilidad y un crecimiento más sólido, sostenible e integrador en toda la zona del euro y en la UE en su conjunto para mejorar la vida de todas las personas. En respuesta a la crisis financiera y económica de 2008, se adoptaron una serie de actos jurídicos ( el paquete legislativo de gobernanza económica de 2011 y el paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria de 2013 ) a fin de reforzar el marco de la gobernanza económica de la UE. En 2017, la Comisión prestó especial atención a la transposición de la Directiva sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros . Por otro lado, el euro solo puede ser una divisa fuerte y de confianza a ojos del público y las empresas si está convenientemente protegido frente a la falsificación. En 2017, la Comisión verificó cómo estaban aplicando los Estados miembros la Directiva relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación . La Comisión incoó procedimientos de infracción contra Bulgaria, Croacia, Luxemburgo y Eslovenia por no aplicar a tiempo la Directiva relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación en su legislación nacional.



Aplicación de las normas de la unión bancaria

Por lo que respecta a la unión bancaria, la Comisión siguió comprobando la aplicación de la cuarta Directiva sobre Requisitos de Capital , la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos y la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias . Estos instrumentos de la UE tienen por objeto garantizar que los bancos son más sólidos y están mejor supervisados, y que es posible resolver cualquier problema con mayor facilidad sin utilizar el dinero de los contribuyentes. Asimismo, la fortaleza de la Unión Económica y Monetaria y de la unión bancaria depende de que los Estados miembros se muestren vigilantes en el mantenimiento y el respeto del funcionamiento independiente y autónomo de los bancos centrales. Esta independencia les permite llevar a cabo las numerosas tareas que les confiere el Derecho de la UE en el ámbito de la política monetaria y la supervisión bancaria y contribuir a las mismas. Por consiguiente, la Comisión sigue prestando atención a esta cuestión. En las fases previas de una investigación penal, las autoridades eslovenas incautaron información, incluida documentación del BCE, del Banco de Eslovenia. En 2017, la Comisión incoó un procedimiento de infracción contra Eslovenia por el incidente, fundamentado en la supuesta vulneración por parte de las autoridades públicas del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea. La importancia del caso radica en el posible impacto de las incautaciones en bancos centrales para su independencia y autonomía en política monetaria y supervisión bancaria. Debe alcanzarse un equilibrio entre esto y el deber de cooperación leal entre los bancos centrales y las autoridades públicas en investigaciones penales.



6.Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua En el ámbito de la justicia, la Comisión garantiza el respeto del Estado de Derecho y la Carta de los Derechos Fundamentales. Asimismo, vela por que se respeten derechos específicos, como el derecho a la libre circulación, la protección de datos, la igualdad de género, la no discriminación, los derechos de las víctimas y el derecho a un juicio justo en los procesos penales. Estos temas ocupan un lugar destacado en la agenda de la Comisión, ya que tienen consecuencias en la vida de las personas. En el marco del ejercicio del Semestre Europeo , la Comisión siguió animando a los Estados miembros a mejorar la eficacia de sus capacidades de ejecución, en particular por lo que respecta a la independencia, la calidad y la eficiencia de sus sistemas nacionales de justicia. Defensa del Estado de Derecho y los derechos fundamentales En 2017, la Comisión prosiguió sus esfuerzos para promover y defender el respeto del Estado de Derecho en toda la UE. En particular, la Comisión continuó su diálogo con las autoridades polacas en el marco del Estado de Derecho. La Comisión actuó con decisión cuando los acontecimientos políticos y legislativos en ciertos Estados miembros amenazaban los cimientos comunes de la UE. La Comisión incoó un procedimiento de infracción contra Polonia por infringir la legislación de la UE con su Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios. La principal preocupación jurídica que esta Ley plantea a la Comisión es la relacionada con la discriminación por género, dada la introducción de edades de jubilación diferentes para las juezas (60 años) y para los jueces (65 años). Esto es contrario al artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y a la Directiva sobre la igualdad de género en el empleo. Asimismo, la Comisión mostró su preocupación en cuanto a que la independencia de los tribunales polacos se verá menoscabada por el hecho de que se concede al ministro de Justicia la facultad discrecional de prorrogar el mandato de los jueces que hayan alcanzado la edad de jubilación. La Comisión incoó un procedimiento de infracción contra Hungría por las leyes nacionales que imponen nuevas obligaciones de registro, notificación y transparencia a las organizaciones de la sociedad civil de financiación extranjera. El procedimiento atañe a la compatibilidad de las leyes con las disposiciones del Tratado de la UE sobre la libre circulación de capitales, así como con el derecho de libertad de asociación y los derechos a la protección de la vida privada y los datos personales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Mejora de la protección de datos A lo largo de 2017, la Comisión apoyó a los Estados miembros a prepararse para la aplicación del Reglamento general de protección de datos a partir de mayo de 2018. El Reglamento introducirá un conjunto único de normas de la UE sobre protección de datos, reforzará la confianza y la seguridad de las personas y establecerá normas uniformes para las empresas. La aplicación coherente de estas normas es fundamental. Asimismo, la Comisión ayudó a los Estados miembros a prepararse para la transposición de la Directiva para las autoridades policiales y responsables de la justicia penal en lo que respecta al tratamiento de datos personales para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos . Esta Directiva garantizará que los datos de las víctimas, los testigos y los sospechosos de delitos se protegen debidamente en el contexto de una investigación penal o una medida de aplicación de la legislación. Al mismo tiempo, una normativa más armonizada también facilitará la cooperación transfronteriza de la policía o los fiscales en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

En enero de 2017 la Comisión adoptó una Comunicación sobre los flujos de datos internacionales . En ella se establece la política de la Comisión para facilitar el número cada vez mayor de transferencias internacionales de datos en los ámbitos del comercio y la aplicación de la legislación, al tiempo que se garantiza un nivel elevado de protección de los datos.



Lucha contra la discriminación La Comisión siguió de cerca la aplicación de la Directiva sobre igualdad racial , en particular por lo que respecta al acceso de la comunidad gitana a la educación y la vivienda. Esta Directiva es un acto clave de la legislación de la UE para luchar contra la discriminación por razones de origen étnico o racial y poner en práctica el principio de igualdad de trato. En 2017, el Tribunal de Justicia de la UE dio un paso más en aclarar las normas de la UE aplicables a la no discriminación en el trabajo. En dos asuntos relativos a mujeres que fueron despedidas por sus empleadores por llevar pañuelos islámicos en el trabajo ( Achbita y Bougnaoui ), el Tribunal estableció un delicado equilibrio entre la libertad de religión, la libertad de empresa y el principio de no discriminación. El Tribunal falló que las empresas pueden prohibir a los empleados llevar en el trabajo símbolos visibles de naturaleza religiosa como parte de una política general de la empresa de prohibir todos los símbolos religiosos y políticos. Una política de neutralidad política, filosófica y religiosa puede constituir un objetivo legítimo que justifique una diferencia de trato, siempre que los medios para alcanzar dicho objetivo sean apropiados y necesarios. El Tribunal aclaró asimismo que no es posible que los clientes simplemente exijan que las trabajadoras se quiten el pañuelo si la empresa no tiene una política que prohíba los símbolos religiosos. Aplicación de las normas en el ámbito de la seguridad En 2017, prosiguieron los trabajos para hacer cumplir la legislación en el contexto de la Agenda Europea de Seguridad y el desarrollo de la Unión de la Seguridad. La aplicación de las normas de la UE en este ámbito es fundamental para garantizar un nivel de seguridad elevado en toda la UE. Los informes de situación periódicos sobre la Unión de la Seguridad mencionan los esfuerzos que se están realizando para garantizar que las normas se aplican plena y correctamente. En 2017, la Comisión dio seguimiento a los procedimientos de infracción incoados en 2016 sobre los instrumentos de cooperación policial pertenecientes al anterior «tercer pilar». Dio prioridad a la ejecución del marco Prüm (una herramienta de intercambio de información que puede permitir la comparación automática de perfiles de ADN, datos sobre impresiones dactilares y datos sobre matriculación de vehículos) y la «Iniciativa Sueca» (que permite a los servicios de seguridad compartir información e inteligencia de manera eficaz cuando realizan investigaciones penales u operaciones de inteligencia penal). Para ello, la Comisión tomó medidas adicionales en los procedimientos de infracción incoados contra Grecia , Irlanda, Croacia, Italia y Luxemburgo . La Comisión informa periódicamente al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo de la UE sobre los progresos realizados hacia la creación de una Unión de la Seguridad efectiva y auténtica. Este informe evalúa, entre otras cosas, la forma en que sus esfuerzos para hacer cumplir la legislación se utilizan para contribuir a la consolidación de la Unión de la Seguridad. La Directiva relativa a la orden europea de investigación en materia penal y la cuarta Directiva antiblanqueo son herramientas fundamentales para que la cooperación en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo transfronterizos sea eficaz. Ambas Directivas contribuyen a las metas de la Agenda de Seguridad. La cuarta Directiva antiblanqueo refuerza las normas vigentes y hace que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sea más eficaz y transparente. En 2017, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra dieciocho Estados miembros por no haber transpuesto a tiempo la cuarta Directiva antiblanqueo a su legislación nacional. En diciembre de 2017, la Comisión emprendió medidas adicionales en los procedimientos de infracción contra Bulgaria, Grecia, Chipre, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia y Rumanía, ya que no habían notificado ninguna medida de transposición y sus proyectos legislativos aún seguían su curso dentro del procedimiento legislativo nacional. La orden europea de investigación simplifica el trabajo de las autoridades judiciales cuando solicitan pruebas ubicadas en otro país de la UE. Por ejemplo, si las autoridades judiciales francesas están intentando localizar a presuntos terroristas que se ocultan en Alemania, pueden pedir a las autoridades alemanas que interroguen a testigos o realicen el registro de viviendas en su nombre. Esta nueva herramienta simplificará y acelerará las investigaciones y enjuiciamientos penales con dimensión transfronteriza.