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Bruselas, 20.12.2007

COM(2007) 827 final

INFORME DE LA COMISIÓN

sobre la aplicación de la Decisión del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información (2000/642/ JAI)

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente informe es determinar si los Estados miembros han creado el marco de cooperación necesario para apoyar el trabajo de las unidades de información financiera (UIF) creadas por la Decisión 2000/642/JAI del Consejo (en lo sucesivo la Decisión). Las UIF son esenciales para contribuir al esfuerzo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y es fundamental fomentar la cooperación estrecha entre ellas.

Basada en una iniciativa finlandesa, la Decisión se propone mejorar la cooperación entre las UIF de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales[1]. La Decisión pretende abordar las dificultades de comunicación e intercambio de información entre las UIF derivadas de sus diferentes regímenes jurídicos (administrativo, judicial o policial), facilitando la comunicación directa entre las unidades. La Decisión se atiene a las normas y principios establecidos por el Grupo Egmont[2], así como a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)[3].

En Europa, la importancia de la cooperación entre las UIF ha sido reconocida por la Estrategia de la UE contra la financiación del terrorismo de diciembre de 2004[4]. Además, el presente informe es oportuno porque la tercera Directiva[5] contra el blanqueo de capitales ha vuelto a confirmar muchos aspectos de las funciones de las UIF y de la cooperación establecidos en la Decisión, y será incorporada por los Estados miembros a sus ordenamientos nacionales el 15 de diciembre de 2007, a más tardar. Como complemento de la Directiva, el Reglamento[6] sobre controles de dinero efectivo se aplica a partir del 15 de junio de 2007 y, de acuerdo con sus disposiciones, las autoridades competentes de los Estados miembros pondrán a disposición de sus UIF nacionales la información obtenida en virtud del Reglamento. Por último, el Convenio nº 198 del Consejo de Europa[7] de 2005 coincide con las disposiciones de la Decisión.

Cada vez es más necesaria una cooperación europea reforzada, ya que en los últimos años ha aumentado el volumen de información tratado por las UIF. Muchos Estados miembros informan de un aumento de los casos de cooperación europea e internacional, como ha reflejado la UIF alemana en su informe de actividad anual 2005[8]. «En 2005, las UIF se comunicaron con UIF extranjeras en relación con 657 casos. Esto supone un aumento del 8,4% con respecto al periodo precedente. De 2003 a 2004, el incremento fue del 25%.»

OBJETIVO DEL INFORME Y MÉTODO DE EVALUACIÓN

Con arreglo al artículo 34, apartado 2, letra c), del Tratado de la Unión Europea (TEU), las Decisiones del Consejo relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal, no aproximan las legislaciones de los Estados miembros, pero persiguen otros fines coherentes con los objetivos del Título VI del TUE. El Tratado establece claramente que esas Decisiones del Consejo son jurídicamente vinculantes y que, si fuera necesario, los Estados miembros deberán modificar sus legislaciones nacionales para cumplirlas.

Los Estados miembros deberán cumplir la Decisión el 17 de octubre de 2003, a más tardar, tal como prevé el artículo 9, apartado 2. Esta disposición establece que «Los Estados miembros garantizarán que están en condiciones de cooperar plenamente de conformidad con lo dispuesto en la presente Decisión …»

El presente informe, aunque no requerido por la Decisión, ofrece una primera evaluación de los hechos para determinar si los Estados miembros disponen de un marco legislativo y operativo que permita a sus UIF cooperar de la forma prevista en la Decisión del Consejo.

Por carta del 24 de mayo de 2006 y carta recordatorio fechada el 23 de octubre de 2006, la Comisión pidió a los entonces 25 Estados miembros que comunicaran sus medidas de aplicación. Lo mismo se pidió a Bulgaria y Rumanía por carta del 24 de enero de 2007. En junio de 2007 habían respondido 26 Estados miembros a la petición, e Irlanda envió una respuesta provisional que se mantiene hasta la fecha. El informe se ha elaborado tomando como base estas respuestas. Algunas de ellas eran parciales y no explicaban los detalles de la aplicación. Algunos Estados miembros no han enviado a la Comisión todos los textos importantes de sus disposiciones de aplicación. Por tanto, la evaluación de los hechos y las conclusiones extraídas en consecuencia se basan a veces en datos incompletos.

El informe se centra en los aspectos legales de la cooperación entre las UIF, pero también aborda en la medida de lo posible cuestiones operativas a partir de las respuestas recibidas. Este doble análisis es fundamental dado que la cooperación entre UIF está determinada por aspectos operativos que van más allá de las disposiciones legales. Según esto, puede suceder que a pesar de que la legislación de un Estado miembro sea conforme con los requisitos de la Decisión del Consejo, sigan existiendo auténticos problemas operativos ocultos. Esta dualidad legal y operativa de la aplicación hace que la evaluación sea compleja y difícil, sobre todo porque la mayoría de las respuestas de los Estados miembros se centran en los aspectos legales. Además, la redacción de la Decisión deja muchos aspectos sujetos a interpretaciones.

VISIÓN GENERAL DE LAS RESPUESTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Esta parte del informe analiza la situación en relación con disposiciones específicas [9] de la Decisión, a saber, los artículos 1 a 7 y el artículo 9, que se tratan desde un punto de vista temático. Destacan los siguientes asuntos clave:

- definición de UIF

- base para el intercambio de información

- modalidades de intercambio de información

- protección de datos

Ya desde esta fase, hay que señalar la diversidad de situaciones en que se encuentran las UIF en la Unión Europea: 12 UIF son de carácter administrativo (FR, SI, BE, CZ, IT, ES, LV, PL, MT, RO, EL, BG), mientras que 11 dependen de los servicios policiales (DE, HU, UK, SE, SK, EE, AT, FI, LT, PT, IE) y una es un órgano judicial (LU). Tres UIF pueden ser consideradas de carácter híbrido (DK, CY, NL).

DEFINICIÓN DE UIF

El artículo 2, apartado 1, contiene la definición de UIF[10] del Grupo Egmont y establece que los Estados miembros velarán por que las UIF se ajusten a la siguiente definición: «Una unidad nacional central que, para combatir el blanqueo de capitales, es responsable de recibir (y, si está autorizada para ello, solicitar), analizar y poner en conocimiento de las autoridades competentes la revelación de información financiera …» Esta definición también está en consonancia con el artículo 21 de la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales. Una mayoría de 18 Estados miembros comunicó el texto legal por el que se crean las UIF.

1. Una unidad nacional central; responsable de poner en conocimiento de … información – artículo 2

Se trata de un aspecto importante desde el punto de vista de la cooperación entre las UIF. Las UIF deben ser entidades diferenciadas, tanto si son autónomas como si pertenecen a una organización, a fin de poder cooperar directamente e intercambiar información entre ellas. La mayoría de los Estados miembros cumple este requisito y algunos Estados (MT, RO, LV) han comunicado que han reconocido a sus UIF personalidad jurídica propia. Hay que señalar que la legislación griega se refiere a una «autoridad nacional para luchar contra el blanqueo de capitales» y al hecho de que «el lugar de sus reuniones será fijado por decisión del Ministro». En algunos casos la situación no está clara (por ejemplo, CZ, HU) porque la legislación regula las funciones y responsabilidades de la organización más amplia a la que pertenece la UIF y no se refiere específicamente a esta unidad. No se ha recibido información clara a este respecto de UK, DK, EE, FI, BG, IE, IT, AT, ES, LU, SK y CY.

A los fines de la cooperación entre UIF, es importante confiar a las IUF facultades claras de «difusión» de información[11]. La función de difusión se refiere sobre todo al contexto nacional, en el que las UIF difunden información a las autoridades competentes, pero las UIF también deben difundir información a nivel internacional. Algunas legislaciones (EL, NL, SE, CZ, HU, CY, PL, RO) prevén la cooperación con socios extranjeros, pero sin mencionar expresamente el término «difusión» al enumerar las funciones clave de las UIF. Algunos Estados miembros como UK, DK, SK, EE, AT, ES, FI, BG, IE, LU, IT no han suministrado información clara sobre este aspecto.

2. Información pertinente recogida a nivel nacional – artículo 1, apartado 1, y artículo 2, apartado 2

La Decisión se mantiene relativamente ambigua sobre el alcance de la información a la que podrán acceder las UIF y sólo dispone en su artículo 4, apartado 2, desde una perspectiva multidisciplinaria, que se intercambiará toda la información pertinente de carácter administrativo, policial y financiero. En consecuencia, el siguiente análisis pretende conocer mejor – a partir únicamente de las respuestas recibidas – qué tipo de «información pertinente» recogen las UIF, con arreglo al artículo 1, apartado 1, sin evaluar directamente el nivel de aplicación por los Estados miembros. Un elemento importante a este respecto son las obligaciones derivadas de las Directivas contra el blanqueo de capitales. Asimismo, para garantizar una cooperación eficaz, sería fundamental que cada UIF de la UE tuviera conocimiento de la información recogida por sus unidades homólogas en la UE.

Las disposiciones de los Estados miembros difieren en gran medida sobre el acceso de las UIF a determinadas bases de datos y sobre la posibilidad de que éstas soliciten información a diferentes autoridades. Algunos Estados miembros han comunicado disposiciones que permiten acceder a la información policial, mientras que en otros las autoridades fiscales o aduaneras (SE, DE), e incluso diversos organismos (BE, EL, LT, LV, PL, ES, MT, RO, CZ, FI, IT) también suministran información. En algunos casos, esta amplia cobertura implica una falta de claridad sobre los organismos concretos que deben suministrar información, a los que se denomina «autoridades estatales» (LV) u «órganos ejecutivos adecuados» (ES). HU, UK, LU, DK, SK, EE, AT, FR, NL, PT, IE, BG no han suministrado ninguna información concreta a este respecto.

3. Información pertinente – obligación de las autoridades policiales de suministrar información a las UIF – en relación con el artículo 4, apartado 2

Algunos Estados miembros informaron a la Comisión de los requisitos legales que obligan a las autoridades policiales a facilitar información a las UIF. DE, BE, MT, LT, PL, SE, CZ, IT, CY han mencionado expresamente esta obligación.

4. Información pertinente – posibilidad de que las UIF soliciten información financiera complementaria a los organismos nacionales que deben informar - en relación con el artículo 4, apartado 2

Dado que las UIF intercambian información financiera confidencial, es importante saber si las UIF tienen derecho a solicitar información adicional sobre informes de transacciones sospechosas a las entidades financieras u a otros órganos que tienen la obligación de informar. Muchos Estados miembros (HU, FR, SI, SE, BE, EL, FI, EE, LT, NL, MT, RO, PL, LV, IT, DE) han comunicado las normas vigentes que permiten a las UIF solicitar datos adicionales a las entidades financieras y demás órganos que tienen la obligación de informar. No se ha recibido información clara a este respecto de UK, DK, SK, PT, BG, IE, IT, AT, ES, LU, CZ y CY.

5. Notificación de la Secretaría General del Consejo [artículo 2, apartado 3].

Los Estados miembros tienen la obligación de comunicar por escrito a la Secretaría General del Consejo cuál es la unidad que actúa como UIF con arreglo a este artículo. Sólo 4 Estados miembros (DE, LU, IT, MT) han declarado en sus respuestas que habían efectuado dicha notificación o que ésta estaba en curso.

BASE DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

El intercambio de información sirve para que las UIF puedan analizar adecuadamente las comunicaciones de transacciones sospechosas[12]. 17 Estados miembros han comunicado disposiciones legales que confirman el derecho y la necesidad de cooperar con las UIF extranjeras. Sólo España establece una diferencia en su legislación entre el nivel europeo y el nivel internacional de la cooperación y el intercambio de información entre las UIF. Se ha comprobado que 18 Estados miembros han introducido disposiciones específicas sobre el intercambio de información en sus legislaciones. En 3 Estados miembros (LT, NL, PT), la legislación parece prever expresamente la cooperación entre UIF, pero no el intercambio de información. La legislación griega parece contener una limitación al abarcar la cooperación internacional en general pero sólo referirse al caso de que la UIF reciba información. No se ha recibido ninguna información concreta sobre este aspecto de DK, BG, IE, AT.

6. « que las UIF intercambien, por propia iniciativa o previa petición, …, toda la información disponible que pueda ser pertinente …» - artículo 1, apartado 2

4 Estados miembros (HU, SI, LV, MT) comunicaron sus disposiciones legales, mientras que otros 4 Estados miembros (FR, SE, CZ, CY) declararon expresamente que intercambiaban información tanto de forma espontánea como previa petición, pero sin comunicar las disposiciones legales.

7. Las autoridades policiales designadas como UIF podrán facilitar información – artículo 1, apartado 3

Esta disposición prevé un régimen menos estricto para las UIF de carácter policial. Los Estados miembros no han transmitido ninguna información específica que indique que han aplicado a las UIF policiales unas disposiciones legales distintas de las aplicadas a otros tipos de UIF.

8. El desempeño de las funciones de las UIF no resultará afectado por la índole del estatuto interno de éstas – artículo 3

Corresponde a los Estados miembros elegir el estatuto más idóneo para sus UIF, pero éstas deben estar en condiciones de desempeñar sus funciones adecuadamente. 23 Estados miembros han presentado declaraciones o disposiciones legales que ponen de manifiesto la cooperación existente con las UIF extranjeras independientemente del estatuto de éstas. No obstante, en ciertos casos en que la cooperación se basa en la ley de policía (por ejemplo, AT y SK) la situación no está del todo clara y es difícil saber si las disposiciones se refieren a todos los tipos de UIF, ya que los textos no lo indican claramente. NL es el único Estado miembro cuya legislación se refiere expresamente a «autoridades policiales y no policiales designadas por un gobierno extranjero que desempeñan tareas similares» No se ha recibido ninguna información concreta sobre este aspecto de UK, DK, BG, IE .

MODALIDADES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Varias disposiciones (artículos 4, 6, 7 y 9, apartado 1) establecen modalidades de intercambio de información para las diferentes fases del ciclo de intercambio de información. 11 Estados miembros (FR, UK, SI, CY, EE, AT, EL, LV, PL, PT, RO) han hecho una declaración general en la que subrayan que aplican los principios del Grupo Egmont[13] al intercambio de información y que, por tanto, cumplen los requisitos exigidos por la Decisión. Dos Estados miembros mencionaban expresamente que presentaban una declaración breve de los hechos relevantes (CZ y NL) (artículo 4, apartado 1).

9. Respuesta a una solicitud – artículo 4, apartado 2

Al responder a una solicitud, la UIF debe facilitar toda la información pertinente, incluida la información financiera disponible y los datos policiales solicitados. Esta es una de las disposiciones clave de la Decisión.

9 Estados miembros (HU, FR, SE, ES, NL, BE, CZ, EE, UK) han facilitado declaraciones y disposiciones legales que indican en cierta medida el alcance del intercambio de información, pero que no siempre precisan si se intercambian datos financieros o policiales. Mientras que algunos Estados (HU, FR, BE, CZ, EE) han subrayado el hecho de que también transmiten datos financieros y policiales, es de suponer que otros tienen dificultades para hacerlo. Las diferencias en cuanto a la información que pueden transmitir las UIF parecen considerables. No obstante, al no definir la Decisión la expresión "toda la información pertinente", es difícil evaluar el cumplimiento de este extremo crucial por los Estados miembros.

Con arreglo a la Decisión, el principio de reciprocidad no es una condición previa del intercambio de información, pero figura en numerosas normas y prácticas de muchos Estados miembros (FR, SI, BE, RO, CZ, PL). Por su parte, EE ha declarado que ha abandonado este principio.

10. Casos de denegación – artículo 4, apartado 3

El artículo 4, apartado 3, define de forma bastante amplia en qué casos pueden las UIF negarse a facilitar información a los solicitantes extranjeros. 5 Estados miembros (HU, FR, ES, MT, NL) han comunicado disposiciones legales de diferente tipo. Generalmente, estas disposiciones se refieren a principios fundamentales como la soberanía, la seguridad nacional y la posibilidad de afectar a la investigación penal. 22 Estados miembros no han comunicado nada concreto sobre este aspecto.

11. Intercambio espontáneo de información – artículo 6

En general, no parece haber ninguna diferencia entre la información que se transmite "como respuesta a una solicitud" y la que se transmite espontáneamente.

12. Canales de comunicación adecuados – artículo 7

Habida cuenta de la necesidad de garantizar la seguridad del intercambio de la información, la Decisión obliga a los Estados miembros a mantener unos canales de comunicación protegidos. Los canales principales mencionados son los siguientes: Egmont Secure Web (instrumento cifrado protegido de intercambio de información en Internet), FIU.NET (sistema de intercambio de datos informatizado de las UIF de la UE), Europol e Interpol para las UIF de carácter policial.

11 Estados miembros (DE, FR, BE, CZ, SK, ES, EL, FI, LV, NL, PT) han confirmado su participación en el proyecto FIU.NET, mientras que SE y CY desean convertirse en miembros y AT no participa. En cuanto a Egmont Secure Web, 15 Estados miembros (DE, UK, FR, SE, BE, CZ, SK, CY, AT, ES, EL, FI, LV, NL, PT) han confirmado que utilizan este canal.

13. Memorando de acuerdo – artículo 7

En ciertos casos, los memorandos de acuerdo son fundamentales para regular el intercambio de información entre las UIF. Estos acuerdos pueden ser un medio para aplicar las disposiciones de la Decisión sin necesidad de un acto legislativo.

16 Estados miembros (DE, FR, SE, BE, EE, ES, EL, FI, LV, NL, PT, RO, PL, IT, MT, CZ) han declarado que mantienen memorandos de acuerdo con otros países. Algunos Estados (DE, FR, SE, CZ, IT, MT, EE) han declarado que no necesitan recurrir a tales acuerdos. La legislación polaca parece contener una limitación al establecer que el intercambio de información extranjera se hará «recíprocamente en la forma que establezcan los acuerdos bilaterales». HU, UK, SI, LU, DK, SK, CY, AT, LT, BG, IE no han suministrado ninguna información concreta a este respecto.

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Muchos Estados miembros han confirmado que prestan especial atención a la confidencialidad y que cumplen una normativa nacional estricta sobre protección de datos, lo que significa que la normativa general de protección de datos es aplicable a las UIF. Algunos Estados miembros también se han referido a la Directiva comunitaria sobre protección de datos[14].

14. Utilización de la información obtenida – artículo 5, apartados 1-3

Algunos Estados miembros (LU, MT, PL, CZ, HU, FR, ES, SI, FI, RO, LV) comunicaron una disposición general en virtud de la cual la información recibida tanto del extranjero como del interior del país, se utilizará en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un número reducido de Estados miembros (DE, SE, NL) declaró que la información sólo podía utilizarse para fines convenidos de común acuerdo, dentro del respeto de las restricciones fijadas por la otra parte. 13 Estados miembros no suministraron ningún dato concreto sobre estos aspectos.

Para que la información obtenida pueda ser realmente útil en las investigaciones y causas penales en materia de blanqueo de capitales, el artículo 5, apartado 3, dispone que en estos casos el Estado miembro transmisor no podrá denegar su consentimiento para esa utilización a menos que así se lo permitan determinadas restricciones o condiciones de su legislación nacional o las condiciones a que se hace mención en el apartado 3 del artículo 4. Sólo un número reducido de Estados miembros (por ejemplo, NL y DK) se ha ocupado de este aspecto y ha indicado que la transmisión de información necesita la autorización de determinadas autoridades.

15. Denegación de acceso a otras autoridades, organismos o departamentos – artículo 5, apartado 4

LT, RO, CZ, BE, DE, NL, AT, LV, CY, EL han presentado declaraciones o disposiciones legales que prohíben el acceso de terceros a los datos de las UIF. Los términos «otras autoridades, organismos o departamentos», tal como se utilizan en la Directiva, parecen adolecer de cierta falta de claridad. No está del todo claro cómo esta disposición puede ser coherente con las declaraciones de algunos Estados miembros (como SE y FI) de que sus UIF están autorizadas a enviar información a otras autoridades policiales o de que la policía puede disponer (parcialmente) de los datos que poseen las UIF. Además, en ciertos casos (HU, UK), las normas de protección de datos parecen aplicables a la organización a la que pertenece la UIF, pero no hay ninguna disposición específica sobre la propia UIF. No se ha recibido ninguna información concreta sobre este aspecto de LU, EE, IT, SK, PL, PT, BG, IE . En estas circunstancias, es difícil determinar si se ha respetado el artículo 5, apartado 4.

16. Convenio del Consejo de Europa, aplicación de las mismas normas de secreto y protección de datos - artículo 5, apartado 5

Los Estados miembros no han aportado ningún análisis detallado de las disposiciones de aplicación del Convenio del Consejo de Europa de 1981[15] ni de la Recomendación[16] nº R(87)15, tal como prevé el artículo 5, apartado 5.

El artículo 5, apartado 5, establece que «la información remitida estará protegida … como mínimo por las mismas normas de secreto y protección de datos personales aplicables con arreglo a la legislación nacional aplicable a la UIF requirente». Por tanto, se prevé el reconocimiento de la legislación del otro Estado.

Algunos Estados miembros han comunicado disposiciones legales en virtud de las cuales la información sólo se puede transmitir a las UIF extranjeras si éstas mantienen el mismo nivel de confidencialidad (BE, MT RO) o de secreto profesional (FR, ES) que el previsto por la legislación nacional del Estado transmisor, o si la UIF solicitante tiene un sistema regulado de protección de datos (SI). Estas disposiciones pueden resultar válidas en la cooperación internacional, pero no parecen cumplir plenamente los requisitos previstos en el artículo 5, apartado 5, para la UE. Además, hay que tener en cuenta que el «secreto profesional» no es más que un aspecto de la «confidencialidad».

CONCLUSIONES

La cooperación entre las UIF de la Unión Europea debe inscribirse en un marco legislativo y reglamentario que fomente la confianza mutua. El presente informe ofrece una primera visión general de la aplicación de la Decisión sobre la cooperación entre las UIF por los Estados miembros. El informe confirma la gran diversidad de formas de organización de las UIF, así como de tipo de información a la que pueden acceder y la posibilidad de intercambiarla.

A partir de la información disponible, el informe se centra principalmente en la legislación y en menor medida en los aspectos operativos de la cooperación. No obstante, estos últimos aspectos son de crucial importancia. La legislación puede cumplir las disposiciones de la Decisión, pero la práctica puede mostrar un panorama diferente. En general, los Estados miembros no distinguen en sus legislaciones entre el ámbito de la UE y la cooperación internacional.

Se puede considerar que, en gran medida, los Estados miembros cumplen desde el punto de vista legal, la mayoría de los requisitos fundamentales de la Decisión: las disposiciones que regulan las funciones de las UIF y permiten la cooperación con UIF sujetas a un régimen jurídico diferente. No obstante, no parece estar claro cuál es el marco legal aplicable a las cuestiones de protección de datos en el ámbito de las UIF. La adopción formal de la propuesta de Decisión marco sobre la protección de datos para fines policiales [17] y la asunción de las tareas de aplicación por parte de los Estados miembros, arrojarán más luz sobre la cuestión de la protección de datos. En este contexto, se evaluará la necesidad de medidas complementarias. También puede ser necesario mejorar el conocimiento común de las disposiciones relevantes sobre protección de datos aplicables a las UIF, y se podría debatir sobre la posibilidad de elaborar unas directrices.

La práctica resultante de la aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Decisión, plantea algunas cuestiones: muchas UIF administrativas no pueden intercambiar información policial o sólo pueden suministrarla transcurrido un largo plazo. Es posible que algunas UIF policiales no puedan suministrar a los órganos administrativos datos de crucial importancia que figuran en sus bases de datos. Muchas de las dificultades que surgen se deben a la falta de entendimiento mutuo sobre cuál es la información accesible a las UIF y cuál es la "información relevante" que debe intercambiarse. Esta falta de claridad puede falsear la comunicación y provocar malentendidos.

A partir de esta situación, se propone, como primera medida, que las UIF de la UE reúnan las buenas prácticas en materia de información accesible a las UIF en el ámbito nacional. También hay que hacer hincapié en que el acceso a la información financiera adicional y la capacidad de intercambiar esta información es fundamental para que la actividad de las UIF sea eficaz.

Las modalidades de intercambio de información parecen aplicarse principalmente en un nivel más operativo, por lo que es difícil estimar el nivel exacto de aplicación a partir de las respuestas recibidas. Se podría considerar la posibilidad de promover un modelo de memorando de entendimiento entre las UIF de la UE que facilite el intercambio de información en la UE y fomente la cooperación multilateral.

Es fundamental intensificar la cooperación operativa entre las UIF de la UE. Este objetivo podría lograrse con ayuda de los trabajos realizados en el marco de la plataforma UIF EU[18] y a través de un proyecto FIU.NET bien definido que fomente una cooperación operativa eficaz. Los trabajos realizados en la plataforma EU FIU pueden considerarse como un valioso punto de partida.

También podría considerarse la necesidad de actualizar las disposiciones de la Decisión para abarcar la financiación de la lucha contra el terrorismo y prever el mismo nivel de exigencia para todas las UIF, con independencia de su régimen jurídico.

[1] El alcance de la Decisión se limita a la cooperación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, pero en la práctica la cooperación entre UIF también abarca la lucha contra la financiación del terrorismo. 12 Estados miembros han informado de que sus UIF tienen un mandato para luchar contra la financiación del terrorismo.

[2] El Grupo Egmont es el órgano de coordinación del grupo internacional de UIF creado en 1995 para promover y reforzar la cooperación internacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y, más recientemente, en materia de financiación del terrorismo. Todas las UIF de la UE son miembros del Grupo Egmont.

[3] El GAFI es un órgano clave de normalización internacional en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que ha establecido los requisitos fundamentales para las UIF a través de las Recomendaciones 26, 30, 32 y 40.

[4] «La lucha contra la financiación del terrorismo» 16089/04 de 14 de diciembre de 2004 (Documento del Consejo).

[5] La Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

[6] Reglamento (CE) No 1889/2005 relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad.

[7] Convenio del Consejo de Europa (nº 198) relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y la financiación del terrorismo.

[8] www.bka.de/profil/zentralstellen/geldwaesche/pdf/fiu_germany_annual_report_2005.pdf

[9] En lo que respecta al artículo 8, se recibieron comunicaciones de 5 Estados miembros. El Reino Unido informó de la aplicación del artículo 10.

[10] Definición adoptada en la reunión plenaria del Grupo Egmont de 1996 y modificada en junio de 2004.

[11] El presente informe se limita a tratar la función básica de difusión en el contexto de la cooperación entre UIF y no analiza el aspecto de la difusión a los órganos policiales y otras autoridades competentes como los organismos de vigilancia.

[12] Es importante señalar que la información que intercambian las UIF siempre se refiere a sospechas, de modo que no hay duplicación con otras formas o canales de cooperación europea (por ejemplo, Europol).

[13] Principios de intercambio de información entre las UIF contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, La Haya, 13 de junio de 2001.

[14] Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos, DO L 281, de 23.11.1995.

[15] Convenio nº 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (de 1981).

[16] Recomendación nº R(87)15 de 15 de septiembre de 1987 por la que se regula la utilización de datos de carácter personal en el sector policial.

[17] El acuerdo político sobre la propuesta se alcanzó en el Consejo JAI de 8 y 9 de noviembre de 2007.

[18] Plataforma informal de las UIF de la UE creada por la Comisión en 2006 para debatir la aplicación de los diversos aspectos de la Tercera Directiva contra el blanqueo de capitales, que afectan a las UIF.