ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 45/74

Perspectivas en materia de consolidación de la paz y construcción nacional después de un conflicto

P6_TA(2008)0639

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2008, sobre las perspectivas en materia de consolidación de la paz y construcción nacional después de un conflicto (2008/2097(INI))

(2010/C 45 E/14)

El Parlamento Europeo,

— Vistos los Reglamentos de La Haya de 1907, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales I y II de 1977,

— Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

— Vistas todas las convenciones de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y los protocolos facultativos a las mismas,

— Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y los dos protocolos facultativos al mismo,

— Vista la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y, en especial, los artículos 1 y 25 y, en el capítulo VII, los artículos 39 y 41,

— Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos de 1950 y los cinco protocolos al mismo,

— Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, que establece los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios fijados de forma colectiva por la comunidad internacional para la erradicación de la pobreza,

— Vista la Resolución 60/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de octubre de 2005, titulada «Documento Final de la Cumbre Mundial 2005» y, en particular, los apartados 138-140 de dicha Resolución sobre la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad,

— Vistas las intervenciones de consolidación de la paz / de pacificación de las Naciones Unidas en el Congo (1962), Namibia (1988), El Salvador (1992), Camboya (1992), Somalia (1992), Yugoslavia-Serbia, Croacia y Bosnia y Herzegovina (1992-2002), Haití (1994), Eslavonia Oriental (1995-1998), Kosovo (1999), Sierra Leona (1999), Timor Oriental (1999), así como la misión dirigida por el Reino Unido y los EE. UU. en Iraq (2003) y las misiones dirigidas por la ISAF/OTAN en Afganistán (2001),

— Visto el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (1), cuya última modificación la constituye la Decisión no 1/2006 del Consejo de Ministros ACP-CE (2) («el Acuerdo de Cotonú»),

— Vista la Declaración conjunta del Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea: «El consenso europeo sobre desarrollo», de 20 de diciembre de 2005 (3), especialmente las cuestiones transversales enumeradas en la parte II, sección 3.3: la democracia, la buena gobernanza, los derechos humanos, los derechos de los niños y los pueblos indígenas, la sostenibilidad medioambiental, la igualdad de género y combatir el VIH/SIDA,

— Vista la Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea «Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria» (4),

— Visto el Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (5) (Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD)),

— Vista la Asociación estratégica UE-África: Una Estrategia conjunta UE-África aprobada en la Cumbre UE-África en diciembre de 2007,

— Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) sobre los Balcanes Occidentales, de 19 de noviembre de 2007,

— Vistas las conclusiones del CAGRE sobre Directrices de la Unión Europea sobre los niños y los conflictos armados, de 16 de junio de 2008,

— Vistas las Conclusiones del CAGRE sobre el fomento de la igualdad entre los sexos y de la integración de la igualdad entre los sexos en la gestión de crisis, de 13 de noviembre de 2006,

— Vistas las conclusiones del CAGRE sobre la Estrategia de la UE para África, de 21 y 22 de noviembre de 2005,

— Visto el Marco político para la reconstrucción y el desarrollo posconflicto de la Unión Africana (UA), respaldado por Estados miembros de la UA en la Cumbre celebrada en Banjul del 25 de junio al 2 de julio de 2006,

— Vistos los Diez Principios para el compromiso del buen donante en Estados y situaciones frágiles, del Grupo de Estados Frágiles del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), aprobados en la reunión de alto nivel del CAD celebrada los días 3 y 4 de abril de 2007 en París,

— Vistas las Directrices del CAD de la OCDE relativas a la reforma y la gobernanza del sector de la seguridad,

— Vista la Estrategia Europea de Seguridad adoptada en Bruselas por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003,

— Vista la definición de justicia de transición recogida en el Informe de 2004 del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos (6),

— Visto el mecanismo de financiación de 12 millones de euros establecido por la Comisión en el marco del Instrumento Europeo de Estabilidad para prestar asistencia a los tribunales ad hoc y a las iniciativas de justicia de transición en todo el mundo,

— Vista la Comunicación de la Comisión de 25 de octubre de 2007 titulada «Hacia una respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad — Intervención en entornos difíciles para lograr el desarrollo sostenible, la estabilidad y la paz» (COM(2007) 0643),

— Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2007, sobre la respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad en los países en desarrollo (7),

— Vistos la Comunicación de la Comisión relativa a la prevención de conflictos (COM(2001) 0211) y el Programa de la Unión Europea para la prevención de conflictos violentos adoptado en el Consejo Europeo de Gotemburgo de 15 y 16 de junio de 2001,

— Vista la Declaración de la Presidencia de la UE a las Naciones Unidas sobre «El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos», de 6 de octubre de 2004,

— Visto el concepto de la Unión Europea de apoyo al desarme, a la desmovilización y a la reinserción (DDR) aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 11 de diciembre de 2006,

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de abril de 2001, titulada «Evaluación de la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo» (COM(2001) 0153),

— Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2007, sobre la situación actual de las relaciones UE-África (8),

— Vistos la Resolución 3937/07 de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y el informe de julio de 2007 de su Comité Político sobre buena gobernanza, transparencia y responsabilidad en la explotación de los recursos naturales en los países ACP (9),

— Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad (RCSNU 1325) y sobre la violencia sexual contra los civiles en situaciones de conflicto armado (RCSNU 1820),

— Visto el «proyecto de Estrategia conjunta UE-África» tal como se aprobó en la octava reunión de la troika ministerial UE-África el 15 de mayo de 2007 en Bruselas,

— Vistos los artículos 177 a 181 del Tratado CE,

— Visto el artículo 45 de su Reglamento,

— Visto el informe de la Comisión de Desarrollo y la opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0445/2008),

A. Considerando que la mitad de todos los países que salen de un conflicto vuelven a una situación de conflicto en un período de cinco años y que se estima que, de las personas que sufren pobreza extrema en el mundo, 340 millones viven en Estados frágiles, ya que la ausencia de hostilidades no conduce automáticamente a una estabilidad profunda y duradera ni al desarrollo sostenible,

B. Considerando que los ODM establecen objetivos coherentes y con plazos concretos de erradicación de la pobreza a largo plazo; que para el año 2010, la mitad de las personas más pobres del mundo podrían estar viviendo en Estados que sufren o corren riesgo de sufrir conflictos violentos (10),

C. Considerando que la construcción de unos Estados estables y duraderos exige la creación de una administración pública basada en el mérito, sujeta a la rendición de cuentas y libre de la injerencia política y la corrupción,

D. Considerando que un sistema transparente, responsable y profesional del sector de la seguridad es fundamental para crear las condiciones que impulsen la paz y el desarrollo,

E. Considerando que la reforma del sector de la seguridad debe centrarse en proporcionar una administración pública eficaz y legítima que sea transparente, rinda cuentas a la autoridad civil y responda a las necesidades de la población,

F. Considerando que la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre alimenta los conflictos y la delincuencia; que en 2006 los civiles representaron las tres cuartas partes de las víctimas registradas a causa de las minas terrestres (11),

G. Considerando que los conflictos violentos, aparte de tener un impacto trágico en el desarrollo y los derechos humanos, también disuaden a los inversores extranjeros, reduciendo sustancialmente el crecimiento, frenando las inversiones en la economía y los servicios básicos (de acuerdo con un informe reciente (12), se ha demostrado que los conflictos armados provocan una contracción del 15 % de la economía de una nación africana); y que un sector privado sano puede proporcionar eventualmente las bases para unos ingresos sostenibles de un gobierno legítimo,

H. Considerando que la estabilidad a largo plazo sólo puede lograrse a través de una participación incluyente en la pacificación, la reconciliación nacional y la consolidación de las instituciones del Estado de todas las partes interesadas, incluidas las mujeres y las minorías,

I. Considerando que las comisiones de verdad y reconciliación pueden contribuir a ayudar a las sociedades a hacer frente a legados de abusos en masa, ayudar a entablar el diálogo entre las comunidades y las partes antes enfrentadas en un conflicto, y contribuir a la justicia, la reparación y a medidas de reforma que minimicen la probabilidad de un futuro conflicto,

J. Considerando que el marco institucional para permitir que la sociedad civil se desarrolle proviene de la libertad de asociación y de expresión y del desarrollo de medios de comunicación libres protegidos por la ley,

K. Considerando que un Estado sostenible que funcione correctamente también requiere una sociedad civil fuerte para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder, y una prensa libre que proteste contra las acciones de un ejecutivo demasiado poderoso,

L. Considerando que se debe alentar a los Estados en situaciones de fragilidad a permitir que las organizaciones no gubernamentales (ONG) puedan funcionar libres de leyes y procesos de registro excesivamente burocráticos, que dificultan el desarrollo de una sociedad civil verdaderamente eficaz,

M. Considerando que la media de los países en desarrollo recibe 260 visitas de donantes al año y que, en 2006, en todos los países en desarrollo, los donantes dirigieron 70 000 operaciones de ayuda y el promedio de los proyectos ascendió a sólo 1,7 millones de dólares,

N. Considerando que la evaluación interpares del CAD de la OCDE 2007 de la política de Cooperación para el Desarrollo de la CE establece que la UE debe hacer un uso más sistemático de análisis de conflictos como parte de los programas y proyectos a nivel nacional para mejorar su eficacia y garantizar que no tienen un impacto negativo,

O. Considerando que la Comisión, como seguimiento de la Comunicación sobre la respuesta de la UE a situaciones de fragilidad y las consiguientes conclusiones del Consejo y Resolución del Parlamento, debe preparar en 2009 un plan de ejecución que tenga en cuenta la experiencia y la información adquirida a través de los «casos piloto» y como medio de evaluar la eficiencia de los diferentes instrumentos de la UE con vistas a su optimización en el ámbito de la seguridad y el desarrollo,

P. Considerando que, al margen de la designación de seis países piloto (Burundi, Guinea Bissau, Haití, Sierra Leona, Timor Oriental y Yemen), las negociaciones entre la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo y la sociedad civil en el marco del seguimiento de la Comunicación antes citada de la Comisión sobre la respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad aún no han permitido aplicar medidas concretas sobre el terreno,

Q. Considerando que empresas europeas están presentes y tienen intereses en las regiones en conflicto,

1. Respalda la «responsabilidad de proteger» defendida por las Naciones Unidas para reforzar y no socavar la soberanía estatal, y subraya que la UE y sus Estados miembros deberían considerarse obligados por ella; subraya que la «responsabilidad de proteger» debe ser considerada un medio de promover la seguridad humana; al hacer hincapié en que la responsabilidad primordial de la prevención del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad contra una población reside en el propio Estado, se refuerza la responsabilidad de cada gobierno de cara a la protección de sus propios ciudadanos; considera, no obstante, que allá donde los gobiernos sean incapaces o no estén dispuestos a brindar dicha protección, la responsabilidad de adoptar las acciones adecuadas corresponderá a la comunidad internacional; observa además que dichas acciones deberían ser no solo de respuesta sino también preventivas, e implicar el uso de la fuerza militar coercitiva únicamente como último recurso; reconoce este aspecto como una nueva e importante aplicación del principio de seguridad humana;

2. Exige la aplicación de la declaración del ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, contenida en su informe de 2000 a la Asamblea General: «la soberanía de un Estado conlleva responsabilidades e incumbe al propio Estado la responsabilidad principal de proteger a su población; cuando la población esté sufriendo graves daños como resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión ejercida por el Estado o el colapso de sus estructuras, y ese Estado no quiera o no pueda atajar o evitar dichos sufrimientos, la responsabilidad internacional de proteger tendrá prioridad sobre el principio de no intervención»;

3. Considera que existen dos fases de consolidación de la paz y construcción del Estado: la fase de estabilización, en la que se hace hincapié en la seguridad, la ley y el orden y la prestación de los servicios básicos, y la segunda fase de construcción del Estado, que se centra en la gobernanza y las instituciones que la harán posible, con la salvedad de que:

a) la segunda fase no debe tener lugar hasta que el país esté estabilizado, ya que las instituciones creadas antes de la estabilización serán el reflejo del carácter del conflicto y no lo que el país necesita para una paz estable y duradera,

b) en la fase de construcción del Estado, es importante comprometerse a conformarse a las normas y expectativas de los ciudadanos de la nación de que se trate y no a los ideales de las partes que intervengan,

c) a medida que avanza la fase de construcción del Estado, las partes que intervengan tendrán que entregar las distintas instituciones a las autoridades nacionales; en ese momento pueden producirse posibles reveses, que deben ser aceptados, siempre que no sean fundamentales para el progreso que esté realizando el país;

4. Destaca la importancia de abordar las causas profundas de los conflictos en los diálogos políticos de la UE con terceros países y en el desarrollo de programas de cooperación a fin de establecer mecanismos que proporcionen señales de alerta temprana de los Estados fallidos en busca de posibles indicadores o anunciadores de la violencia civil, tales como divisiones históricas, agravios étnicos y tribales, conflictos religiosos, desigualdad y pobreza; en este contexto, subraya, en particular, la necesidad de que se asignen nuevos fondos para la adaptación y la protección del medio ambiente, como medio de prevenir el aumento de los conflictos relacionados con el clima y el medio ambiente;

5. Pide a la Comisión que designe la prevención de conflictos como un tema transversal en la cooperación al desarrollo y que integre la sensibilidad respecto a los conflictos y el análisis de los conflictos en las políticas nuevas y existentes, en los documentos de estrategia por países y por regiones y en los diferentes instrumentos financieros para la cooperación exterior;

6. Recuerda que la paz no es sólo la ausencia de guerra, que no hay paz sin justicia y que, además, el fin de las hostilidades no implica necesariamente la seguridad para los hombres y las mujeres; recuerda también el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y resolución de conflictos y en la consolidación de la paz, y subraya la importancia de su participación y plena implicación en pié de igualdad en todos los esfuerzos de mantenimiento y fomento de la paz y la seguridad;

7. Está firmemente convencido de que debe hacerse todo lo posible para garantizar unos niveles mínimos de servicios básicos para las poblaciones afectadas por un conflicto, en particular en relación con el acceso a alimentos, agua potable y saneamiento, medicamentos, atención sanitaria (incluida la salud reproductiva) y seguridad personal; en lo inmediato, las inquietudes en materia de sostenibilidad deben subordinarse a las prestaciones y los servicios básicos;

8. Considera que en las situaciones posconflicto debe existir una coordinación entre las actividades de consolidación de la paz, ayuda humanitaria y desarrollo, de conformidad con el marco estratégico «Vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo», para garantizar la coherencia entre la seguridad y el desarrollo;

9. Considera necesario tener en cuenta la dimensión de género al abordar los problemas de los refugiados y de las personas desplazadas en el interior de un territorio, incluso en la concepción de campos de refugiados;

10. Subraya la necesidad de mejorar la coordinación civil y militar; opina que, en las situaciones posconflicto, la transición de la seguridad militar a la civil debe hacerse tan pronto como sea posible y que las fuerzas internacionales deben ser gradualmente complementadas y sustituidas por una fuerza de policía civil nacional y regional, entrenada profesionalmente, que garantice que se dé prioridad a una aplicación ecuánime del Estado de Derecho y los procedimientos administrativos a todos los grupos involucrados en el conflicto;

11. Destaca la necesidad de lograr un equilibrio entre los componentes civil y militar de la ayuda al desarrollo, a fin de garantizar el funcionamiento de los servicios de gobierno y las infraestructuras básicas sin menoscabo de los requisitos en materia de reconstrucción, rehabilitación y relanzamiento de los procesos democráticos y económicos;

12. Aboga por la promoción de los derechos humanos mediante el apoyo a la formación en derechos humanos para el ejército y la policía (incluidas campañas de derechos humanos y civiles para los segmentos afectados de la población), la asistencia profesional al personal de centros de formación en materia de normas internacionales para el mantenimiento del orden y la policía militar, la creación de un código de conducta para el personal de seguridad, la delimitación de áreas de responsabilidad entre la policía y el ejército, la creación de oficinas de defensores de los derechos humanos y comisiones de derechos humanos, así como formación en derechos humanos para las autoridades de distrito y los funcionarios públicos;

13. Destaca la necesidad esencial de seguir desarrollando la capacidad militar de la Política Europea de Seguridad y de Defensa (PESD) para que la UE y sus Estados miembros puedan contribuir mejor a la estabilización y al desarrollo de las sociedades en situaciones de posconflicto;

14. 14 Considera de crucial importancia que las causas de la inestabilidad y los problemas de las sociedades en situaciones de posconflicto se aborden mediante una combinación de medidas civiles y militares; señala que, por lo general, sin la garantía de seguridad que ofrecen las fuerzas de paz sobre el terreno no puede cumplirse la condición previa fundamental para la estabilidad en las sociedades en conflicto, esto es, la seguridad de las personas y sus propiedades;

15. Destaca la importancia de la reforma del sector de la seguridad y de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración como factores clave para garantizar la paz duradera y el desarrollo sostenible; insta al Consejo y a la Comisión a acelerar la aplicación sobre el terreno del marco político de la UE para la reforma del sector de la seguridad y del concepto comunitario de apoyo al desarme, la desmovilización y la reintegración, con vistas a aumentar la pertinencia, la coherencia y la eficiencia de las actividades de la UE en estos ámbitos; aboga por el aumento de la financiación comunitaria para la reforma del sector de la seguridad y de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, con especial énfasis en aquellos países en los que la UE ya ha desplegado misiones de la PESD; pide que todas las actividades financiadas por la Comunidad en materia de reforma del sector de la seguridad y de desarme, desmovilización y reintegración diseñadas para apoyar las operaciones de la PESD en un escenario de conflicto o posconflicto se tengan en cuenta tan pronto como sea posible en la fase de planificación de las operaciones, es decir, en la fase de investigación o durante el desarrollo de los conceptos de gestión de crisis/concepto de las operaciones (Conops);

16. Subraya que la reforma del sector de la seguridad puede constituir una herramienta eficaz para reforzar la diplomacia y la defensa, reduciendo al mismo tiempo las amenazas a la seguridad a largo plazo al ayudar a construir unas sociedades estables, prósperas y pacíficas; y que la reforma del sector de la seguridad debe implicar el restablecimiento o la reforma de las instituciones y los principales cargos ministeriales que mantengan y supervisen la protección y la seguridad de la nación anfitriona y de su pueblo;

17. Pide a la UE que, al apoyar procesos de reforma del sector de la seguridad tras el fin de los conflictos, introduzca una perspectiva de género proporcionando formación y asesoramiento en materia de género en los ámbitos de la constitución, las elecciones, la policía y el poder judicial;

18. Opina que los antiguos dirigentes de los combatientes deben renunciar completamente a la violencia antes de integrarse en las estructuras institucionales formales que fomentan el reparto del poder, garantizando al mismo tiempo que el público y todas las partes interesadas se mantengan activamente informados y asociados a todos los debates relativos a las modalidades de reparto de poder;

19. Subraya la importancia de adoptar una perspectiva de género en la negociación y en la ejecución de los acuerdos de paz, a fin de promover la protección constitucional de los derechos de la mujer;

20. Pide a la Comisión y al Consejo —ante el hecho de que la mayoría de las muertes en situaciones de conflicto son el resultado de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC)— que acaten con carácter urgente la Decisión de 20 de mayo de 2008 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la competencia de la Comunidad en la lucha contra la proliferación de ALPC (13), acelerando la aplicación de la estrategia comunitaria de lucha contra el acopio y el tráfico ilegales de ALPC y sus municiones, e intensificando la planificación para la financiación comunitaria, en especial del Fondo Europeo de Desarrollo y del Instrumento de Estabilidad, que habrá de emplearse en programas relacionados con las ALPC sobre el terreno; pide que las instituciones financieras multilaterales y regionales tomen medidas, si procede, para establecer programas de ALPC en el marco de los esfuerzos de reconstrucción y rehabilitación en las zonas que hayan sufrido un conflicto y de los esfuerzos para consolidar las cuestiones de gobernanza, reforzar la legislación y mejorar la capacidad operativa de las fuerzas del orden con respecto a las ALPC; pide al Consejo y a la Comisión que sigan promoviendo la creación de un Tratado internacional sobre el Comercio de Armas jurídicamente vinculante en todas las instancias bilaterales y multilaterales;

21. Considera que debe concederse una gran prioridad al retorno voluntario de refugiados y desplazados internos, garantizándoles la seguridad de un medio de vida viable, en particular ofreciéndoles servicios de salud y educación (incluidas campañas de alfabetización para mujeres) y oportunidades de empleo funcionales, y considera que debe llevarse a cabo mediante un diálogo entre los grupos, la educación para la paz, el acompañamiento internacional, la reducción de los prejuicios y la formación para la diversidad, la participación en la comunidad de los antiguos combatientes, los procedimientos para tratar las reivindicaciones de tierras y la superación de traumas; siempre que el perfil étnico o religioso sea compatible, considera que los desplazados internos deben ser repartidos por todo el país y reasentados en sus aldeas o ciudades de origen y no concentrados en grandes grupos que puedan provocar conflictos y violencia;

22. Insiste en la necesidad de que las mujeres completen y retomen su educación y su formación una vez finalizado el conflicto; considera, en este sentido, que conviene promover activamente la reanudación de la enseñanza en el proceso de reconstrucción del país;

23. Hace especial hincapié en la necesidad de consultar y apoyar a las organizaciones locales y las redes internacionales de mujeres para la paz y recomienda que se les preste apoyo político y financiero, ayuda a la formación y a la creación de capacidad y asistencia técnica, incluido en las negociaciones de paz y de resolución no violenta de conflictos;

24. Considera que los Estados miembros tienen la obligación moral de acoger a los refugiados procedentes de las regiones en conflicto; entiende que esta obligación únicamente puede cumplirse sobre la base del reparto de cargas entre los Estados miembros; considera asimismo que los Estados miembros deben asistir activamente a los refugiados que deseen regresar a su país de origen una vez finalizado el conflicto violento;

25. Confirma la vital importancia de políticas migratorias equitativas respecto de los países en desarrollo; constata que la migración se puede transformar en una fuerza positiva en el proceso de desarrollo, en especial gracias a las remesas enviadas por los migrantes residentes en la UE, y limitando la fuga de cerebros, facilitando los retornos y previniendo el tráfico de personas;

26. Subraya que deben tomarse medidas para promover la reunificación familiar y la reinserción de los niños afectados por conflictos armados y para garantizar el acceso a programas de educación, formación profesional y apoyo psicológico, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las jóvenes;

27. Aboga por la aplicación efectiva de la propuesta de la Comisión para el desarme, la desmovilización y la reintegración de antiguos combatientes, incluida la reintegración de los combatientes en la sociedad civil mediante el suministro de alimentos, tiendas de campaña, mantas, apoyo médico y ropas de paisano, el transporte de los antiguos soldados a su comunidad de origen o de destino de elección, el apoyo a programas de jubilación para los políticos o militares, el realojamiento de los antiguos soldados y regímenes de apoyo salarial, clases de educación cívica para los antiguos soldados y programas de regeneración psicológica para excombatientes con una dotación específica de recursos adicionales para programas de empleo y de creación de puestos de trabajo;

28. Señala que los programas de desarme, desmovilización y reintegración deberían incluir disposiciones específicas para las mujeres excombatientes;

29. Subraya que la lucha contra el fenómeno de los niños soldado y de las jóvenes reclutadas en el seno de las fuerzas armadas y sometidas a abusos sexuales se yuxtapone a la lucha para mejorar el día a día de las mujeres que viven en regiones en fase de consolidación de la paz y de reconstrucción del país en situación posbélica;

30. Opina que el desarme, la desmovilización y la reintegración deben tener también por objeto avances sociales y económicos y ofrecer programas de asistencia financiera destinados a satisfacer las necesidades inmediatas;

31. Considera que la responsabilización local del proceso de consolidación de la paz es esencial para garantizar la estabilidad a largo plazo;

32. Considera que los donantes internacionales deberían tomar en consideración las circunstancias regionales y locales a la hora de desarrollar una política de reconstrucción en favor de la estabilidad y la democracia, partiendo de la experiencia adquirida en la promoción del desarrollo económico en las sociedades posconflicto;

33. Señala que una adecuada estrategia de reconciliación debe tener en cuenta el rol que desempeña la mujer en los procesos de consolidación de la paz, y destaca que en los programas de reconciliación se deben incorporar las especificidades de los niños y niñas afectados por un conflicto armado;

34. Considera que la legitimidad del Estado sólo puede construirse a través de una buena y eficaz gobernanza; subraya que las instituciones, los procesos electorales, la inscripción de votantes y las listas electorales, la identificación de los votantes y los mecanismos de lucha contra la corrupción deben ser lo más transparentes y responsables posibles, ya que son un requisito previo para defender el Estado de Derecho, los derechos humanos, las instituciones democráticas, y la dignidad de la población, así como para el desarrollo económico, la inversión y el comercio;

35. Considera que factores como el Estado de Derecho, una moneda sólida, un mercado libre, una administración pública eficiente y competente, un poder judicial independiente y unos poderes legislativo y ejecutivo libres de corrupción componen el instrumento mediante el cual los individuos y las comunidades, gracias a su labor e iniciativa, pueden aumentar realmente la riqueza de sus naciones;

36. Aboga por la creación de una ventanilla única de inversión para fomentar los sectores prioritarios en los que puede atraerse inversión extranjera directa, creando de ese modo puestos de trabajo fuera de los sectores agrícolas tradicionales mediante el apoyo al desarrollo de códigos de inversión liberales y de zonas industriales libres de impuestos;

37. Pide a la Comisión que cree una unidad de desregulación que pueda asesorar a los países que salgan de un conflicto sobre cómo estructurar su infraestructura económica para eliminar los controles burocráticos que frenan o retrasan la creación de pequeñas empresas, la apertura de cuentas bancarias y el registro de tierras y empresas, aplicándose siempre que sea posible la desaceleración de los capitales de riesgo y debiéndose aplicar incentivos fiscales para la formación de empresas, en particular a través de programas de apoyo presupuestario;

38. Considera esencial que las mujeres participen en las actividades económicas en las sociedades que salen de un conflicto, a fin de fortalecer su situación socioeconómica y su capacidad de iniciativa, y destaca el papel positivo desempeñado por el microcrédito;

39. Está firmemente convencido de que la responsabilización local de la cooperación al desarrollo de la UE puede reforzarse mediante la participación de los Parlamentos nacionales, incluida la interacción y el fortalecimiento mutuo de la capacidad entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos de los países socios, incluidos sistemas de apoyo a las tecnologías de la información y la comunicación, capacidades tecnológicas para crear censos electorales modernos y el suministro de tarjetas de identificación en aquellos casos en que los registros de nacimiento y otros documentos que den fe de la ciudadanía no estén disponibles;

40. Subraya la necesidad de ayudar a las autoridades locales, facilitando una formación adecuada y compartiendo experiencias; recuerda en este sentido el compromiso del Parlamento Europeo con los principios y prácticas de la democracia parlamentaria;

41. Subraya que, siempre que se celebren elecciones en un país que haya salido de un conflicto, se debe apoyar la participación de la mujer mediante programas específicos y la introducción de cuotas a todos los niveles;

42. Destaca la importancia de una supervisión independiente de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos, que pueden desempeñar un papel importante en la situación posconflicto si se reinvierten en la consolidación del Estado; subraya asimismo la importancia de la lucha contra todas las formas de despilfarro, fraude y corrupción mediante los mecanismos adecuados contra la corrupción, con el apoyo alerta de la sociedad civil;

43. Hace hincapié en la necesidad de avanzar en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a fin de impedir que las fuentes de financiación ilícita alimenten los conflictos y pongan en peligro la estabilización de las situaciones posconflicto, ya que la corrupción vuelve a las instituciones ineficaces, amplifica la marginación social, distorsiona la toma de decisiones y altera la prestación de servicios básicos;

44. Subraya que el apoyo a las comunidades locales, las familias, las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, las organizaciones de microcrédito y las redes locales es una condición previa para el éxito de cualquier política de desarrollo; pide por tanto a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen política y financieramente a los agentes locales de paz y de derechos humanos, incluso durante las épocas de crisis, sobre todo a través del Instrumento de Estabilidad de la UE y su componente de Respuesta a las Crisis;

45. Subraya que, en situaciones posconflicto, el registro de los títulos de propiedad de las tierras y la regularización de la propiedad de la tierra deben hacerse de conformidad con el Derecho internacional sobre derechos humanos, a fin de evitar que los gobiernos, las empresas privadas o las élites gobernantes se apropien de tierras de forma ilegal, a menudo a expensas de los más pobres y vulnerables, incluidos los repatriados y los desplazados internos; subraya, además, que hay que emplear recursos para fortalecer a los tribunales de modo que puedan hacer cumplir las leyes en materia de propiedad y el derecho mercantil, especialmente en países donde las mujeres tienen un estatuto jurídico inferior o se les niegan derechos de propiedad básicos;

46. Reitera su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y los niños en las situaciones de posconflicto, con el objetivo último de adoptar cuantas medidas sean necesarias para la capacitación de las mujeres, lo que constituye un requisito indispensable para la consecución de una estabilidad y una paz duraderas;

47. Considera que muchos países en desarrollo poseen los recursos naturales básicos para dirigir su propio desarrollo, pero la mala gestión y las prácticas corruptas relacionadas con los recursos naturales como el petróleo, el agua, la madera y los diamantes pueden llevarlos de nuevo al ciclo del conflicto; deplora la implicación de distintos agentes (locales, regionales, internacionales y transnacionales) en la apropiación y la explotación indebidas de estos recursos; insta a los Estados miembros a promover y apoyar la buena gobernanza de todos los recursos naturales, así como a adoptar medidas contra la explotación y la trata de personas, especialmente en aquellos casos en que contribuyan al estallido, la escalada o la continuación de los conflictos armados;

48. Reconoce los logros del Proceso de Kimberley, la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas y la Iniciativa para la aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales, y pide que se refuercen y se apliquen de modo más eficaz;

49. Reitera las conclusiones del documento sobre Cambio Climático y Seguridad Internacional presentado el 14 de marzo de 2008 al Consejo Europeo por el Alto Representante de la UE y la Comisión Europea (14), en el que se advierte que el cambio climático amenaza con abrumar a Estados y regiones del mundo ya frágiles y propensas a conflictos, creándose con ello nuevos flujos migratorios e intensificándose los riesgos para la seguridad de la UE; insta a la Comisión a que tenga en cuenta las consideraciones sobre cambio climático en sus esfuerzos de consolidación de la paz;

50. Considera que la justicia es esencial para las víctimas de los conflictos y que los tribunales nacionales, siempre que el sistema judicial sea operativo, independiente e imparcial, pueden estar en mejores condiciones que los tribunales internacionales de crímenes de guerra para garantizar la responsabilización nacional en los procesos judiciales y el castigo de los culpables; propone, en este marco, que, en contextos de posconflicto, se explore la posibilidad de realizar una cartografía de las violaciones pasadas de los derechos humanos perpetradas durante el conflicto;

51. Defiende el refuerzo de los sistemas judiciales mediante la formación de jueces y fiscales generales, la celebración de conferencias sobre la reforma judicial, unos sistemas independientes para los nombramientos judiciales, la remuneración adecuada del personal judicial, el suministro de equipamientos para los tribunales, la mejora de la administración de los tribunales, el mantenimiento de registros, la gestión del presupuesto y el personal y la adquisición de tecnología moderna, incluidos ordenadores, para el seguimiento de los casos;

52. Aboga por una asistencia jurídica para los grupos vulnerables, las minorías étnicas, los campesinos sin tierra y otros grupos marginados, y por la prestación por ONG con experiencia de capacitación paralegal para aumentar el acceso al sistema judicial;

53. Considera crucial que se ponga fin a la impunidad de los delitos de violencia de género y que se excluyan tales delitos, siempre que sea posible, de las medidas de amnistía, y que se garantice que todas las víctimas de la violencia de género, especialmente las mujeres y las jóvenes, pueden acogerse a una misma protección en virtud de la ley y a la igualdad de acceso a la justicia; dada la situación de desventaja que experimentan las mujeres y los niños en muchas sociedades para acceder a la justicia, debe establecerse un régimen especial siempre que sea necesario;

54. Subraya la necesidad de garantizar que las mujeres víctimas de violencia sexual tengan pleno acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual y a programas de sensibilización que les ayuden a enfrentarse a los estigmas que sufren;

55. Acoge con satisfacción la aprobación de la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular, el reconocimiento expresado en la misma de que la violencia sexual constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales;

56. Subraya la importancia de tomar en consideración las necesidades especiales de los niños, y en particular de las niñas, en las situaciones posconflicto, especialmente por lo que respecta a la educación;

57. Elogia la interacción entre la UE y la Corte Penal Internacional (CPI); destaca que el apoyo de la UE es esencial para la ejecución del mandato de la CPI; considera que es fundamental que todos los Estados firmen y ratifiquen el Estatuto de Roma de la CPI, de modo que el sistema de la CPI sea más operativo, coherente y sistemático; insta a los Estados miembros de la UE y de la UA a abordar el cumplimiento de todas las órdenes de detención emitidas por la CPI en una forma coherente y de inmediato en todas las situaciones de conflicto;

58. Insta a los Estados miembros a continuar la lucha contra la impunidad como el medio más eficaz de prevenir futuros abusos contra los derechos humanos mediante el apoyo al funcionamiento de los tribunales establecidos internacionalmente;

59. 59 Subraya que la paz sostenible depende en muchos aspectos de la participación y responsabilización de la comunidad en el proceso de paz — un proceso que sólo puede ser legítimo y tener éxito si las mujeres están igualmente involucradas en su importante función social y su decisivo papel en la producción de alimentos y el bienestar de la familia, en particular en los países en desarrollo; pide, teniendo en cuenta que las mujeres y los niños suponen el 80 % de los refugiados, que se ofrezca un especial apoyo a las mujeres y que se reconozca que las mujeres desempeñan un papel capital en el fomento de la paz y la estabilidad, y subraya que es crucial para el proceso de paz el papel de la comunidad internacional en el apoyo a redes de la sociedad civil que vinculan las iniciativas locales, nacionales e internacionales;

60. Aboga por el establecimiento de comisiones de paz permanentes que incluyan a miembros influyentes de todas las partes enfrentadas a fin de anticiparse a las erupciones de violencia a gran escala;

61. Considera que las organizaciones de la sociedad civil específicas pueden ser utilizadas como facilitadores del diálogo entre los grupos en conflicto cuando vayan parejas con una formación en resolución no violenta de conflictos y una educación para la paz; apoya la creación de oportunidades para el diálogo a través de la organización de conferencias nacionales, mesas redondas entre las partes enfrentadas, pequeñas reuniones de grupos de contacto a nivel de base, así como formación en materia de mediación para las ONG locales, los ancianos de la comunidad y los líderes de las instituciones tradicionales;

62. Pide a los Estados miembros que, en la ejecución de los proyectos de desarrollo, designen en primer lugar a un socio principal de entre ellos mismos para agilizar los mecanismos de presentación de informes (incluso cuando los fondos para el proyecto provengan de un Estado miembro diferente) con objeto de lograr la coordinación de los donantes y la coherencia, incluido el establecimiento de normas de contabilidad en relación con los requisitos de información de cara a los Parlamentos nacionales, las autoridades locales y las organizaciones internacionales;

63. Considera necesario fomentar una mayor participación y una mayor presencia de las mujeres en los medios de comunicación y en plataformas de opinión pública a través de los cuales las mujeres puedan expresar su opinión;

64. Recuerda que el registro de los nacimientos es un derecho humano y ciudadano fundamental; subraya que el registro de los nacimientos es de una importancia crucial en particular durante y después de los conflictos armados, ya que ayuda a proteger a los niños contra la violación de sus derechos; debe ser considerado como una cuestión central para el desarrollo;

65. Destaca la necesidad de un enfoque que tenga en cuenta la dimensión del conflicto a lo largo del ciclo de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo, con el fin de maximizar los efectos positivos y de minimizar los efectos negativos del mismo en la dinámica de un conflicto; hace hincapié en la importancia de que se lleven a cabo análisis sistemáticos de conflictos y de que se comprendan los principales motores de los mismos; considera que la introducción de puntos de referencia es una herramienta útil en la evaluación del impacto de acciones de cooperación al desarrollo;

66. Invita a los Estados vecinos de la zona de conflicto a participar activamente en la planificación del desarrollo y la reconstrucción posconflicto, junto con la comunidad internacional;

67. Pide al Consejo y a la Comisión que adopten un enfoque regional al afrontar la situación de países concretos;

68. Tiene la intención de seguir participando activamente en los trabajos organizados por la Comisión en el marco del seguimiento de la comunicación antes citada sobre la respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad; señala a la atención del Consejo y de la Comisión la urgencia de que estos trabajos, demasiado lentos hasta ahora, puedan desembocar rápidamente en la adopción de medidas concretas para aplicar sobre el terreno en ámbitos tan cruciales como la salud y la educación, y pide a la Comisión que mantenga debidamente informado al Parlamento Europeo de la nuevas medidas tomadas con respecto a las conclusiones de los países objeto de estudio de casos, y especialmente en lo que respecta al uso de estos datos para la identificación y el diseño de las medidas futuras;

69. Considera necesario que todas las delegaciones de la Comunidad Europea en terceros países incluyan un servicio específico de género con el mandato, las competencias y los recursos adecuados;

70. Subraya la urgente necesidad de que las poblaciones de los países fragilizados constaten una evolución positiva de su situación y de la situación de su país y pide al Consejo y a la Comisión que no descuiden la visibilidad de las acciones llevadas a cabo sobre el terreno;

71. Apoya el programa de la UE para la prevención de conflictos violentos así como las medidas de desarrollo previstas en el Plan de Acción de la UE para 2009, e insta a la Comisión a que otorgue una gran prioridad a la aplicación de las medidas relacionadas con la consolidación de la paz;

72. Destaca la importancia del fomento de la capacidad del personal de la CE para aplicar una programación que tenga en cuenta la dimensión del conflicto a través de orientación especializada, en particular mediante la creación, para el personal pertinente, de una guía sucinta y hecha a la medida sobre la sensibilidad al conflicto que se base en los sistemas de evaluación de los efectos de intervenciones sobre la paz y los conflictos y en el paquete de recursos sobre sensibilidad al conflicto;

73. Considera que, para poder abordar eficazmente el reto de la transición posconflicto, las intervenciones deben ser oportunas, flexibles y previsibles;

74. Destaca que todas las misiones de la UE (incluidos los equipos de mediación y de negociación, las fuerzas policiales y de mantenimiento de la paz) deben incluir asesores en materia de género, formación en la integración de la perspectiva de género y como mínimo un 40 % de mujeres en todos los niveles, incluidos los de mayor responsabilidad;

75. Pide a la Comisión que investigue sobre la integración de la perspectiva de género en las misiones exteriores de la UE;

76. Señala la necesidad de incorporar una perspectiva de género en la investigación en materia de paz, la prevención y la resolución de conflictos, las operaciones de mantenimiento de la paz, la rehabilitación y la reconstrucción después de los conflictos, los instrumentos financieros, los documentos de estrategia nacional o regional y la planificación de todas las intervenciones exteriores;

77. Apoya el uso de representantes especiales de la UE como primera herramienta de mediación de la UE para la conclusión de acuerdos políticos y la promoción de una estabilidad política duradera en las sociedades posconflicto;

78. Anima a la UE a que desarrolle la mejores prácticas sobre cuestiones que requieren una amplia colaboración entre los actores políticos, militares, humanitarios y de desarrollo, en materia de prevención de conflictos, mediación, mantenimiento de la paz, respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, asistencia humanitaria, reconstrucción y desarrollo a largo plazo;

79. Aboga por la elaboración de un plan de acción de la UE para la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y pide a la Comisión que inste a los países socios y a los Estados miembros de la UE a desarrollar planes nacionales de acción; sugiere una revisión de las Directrices de la UE en materia de defensa de los derechos humanos y misiones de la PESD, con objeto de garantizar el pleno cumplimiento de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

80. Subraya que la Comisión tiene la obligación de apoyar los esfuerzos de los países socios para desarrollar sus propias capacidades de responsabilidad democrática (control parlamentario y capacidades de auditoría) cuando la ayuda comunitaria se presta a través del presupuesto; insta a la Comisión a cumplir con esta obligación de una manera más determinada y coherente; subraya que unas entidades de control parlamentario y unas instituciones de auditoría capacitadas constituyen un factor importante para lograr un impacto sostenible del apoyo presupuestario de la UE; pide que se desarrollen mecanismos de control de la sociedad civil, de modo que tengan la posibilidad de controlar la utilización y el impacto de la ayuda proveniente del presupuesto de la UE;

81. Pide a los bancos de inversión, incluido el Banco Europeo de Inversiones, que garanticen que sus préstamos e inversiones en países que hayan salido de un conflicto, especialmente los países ricos en recursos, cumplan las normas en materia de derechos humanos y medio ambiente y no alimenten las tensiones;

82. Elogia los trabajos de la recién creada Comisión de las Naciones Unidas para la Construcción de la Paz; señala la necesidad de cooperar con los interlocutores internacionales, en especial con las Naciones Unidas, en todo lo relativo a la ayuda; insta a los Estados miembros a garantizar que el sistema de las Naciones Unidas cuente con los recursos adecuados y sea responsable del apoyo que proporciona a procesos en países en los que intervengan la Comisión de Consolidación de la Paz y otros organismos de las Naciones Unidas;

83. Subraya que la asistencia para el desarrollo es un elemento sumamente importante en la consolidación de la paz y la prevención de conflictos en Estados frágiles, pero que la asistencia para el desarrollo y la asistencia para la resolución de conflictos no debe incluir recursos o componentes militares;

84. Recomienda la aplicación del código de conducta del personal de las Naciones Unidas que opera en zonas posconflicto y pide «tolerancia cero» para los actos de violencia sexual cometidos por las fuerzas de mantenimiento de la paz o el personal de las ONG;

85. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, a la Comisión de la Unión Africana, al Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

(1) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

(2) DO L 247 de 9.9.2006, p. 22.

(3) DO C 46 de 24.2.2006, p. 1.

(4) DO C 25 de 30.1.2008, p. 1.

(5) DO L 378 de 27.12.2006, p. 41.

(6) (S/2004/616).

(7) DO C 282 E de 6.11.2008, p. 460.

(8) DO C 263 E de 16.10.2008, p. 633.

(9) DO C 254 de 26.10.2007, p. 17.

(10) Proyecciones del Departamento de Desarrollo Internacional basadas en las estimaciones de Banco Mundial aparecidas en Global Economic Prospects 2006: Economic Implications of Remittances and Migration, Banco Mundial, Washington, 14 de noviembre de 2005.

(11) Informe Monitor de Minas Terrestres — Hacia un mundo libre de minas.

(12) Safer World, Oxfam, informe de la RAIAP de octubre de 2007 — «Africa's Missing Billions».

(13) Asunto C-91/05, Comisión/Consejo.

(14) S113/08.