4.

El artículo 5 se modifica como sigue: -a) Se añade el apartado siguiente: «1 bis. Cualquier autoridad competente, con independencia de que se trate de una autoridad individual o de un grupo de autoridades, incluso cuando pertenezcan a más de un Estado miembro, podrá adjudicar contratos de servicio público de conformidad con las normas establecidas en el presente Reglamento.». [Enm. 44] a bis) Se añaden los siguientes apartados: «3 bis. Hasta el final del período de transición a que se refiere el artículo 8, apartado 2, los Estados miembros y, si lo permite la legislación nacional, las autoridades competentes podrán excluir de los procedimientos de licitación organizados por las autoridades competentes en su territorio con arreglo al apartado 3 del presente artículo, a cualquier empresa u operador ferroviario o a cualquier filial controlada directa o indirectamente por empresas ferroviarias o sus sociedades de cartera si la empresa ferroviaria que tiene el control, la sociedad de cartera que tiene el control o sus filiales: a) disponen de licencia y explotan servicios ferroviarios nacionales en un Estado miembro en el que las autoridades competentes no están autorizadas a adjudicar contratos de servicio público mediante procedimientos de licitación, y b) se han beneficiado de contratos de servicio público ferroviario de adjudicación directa que suponen en términos de valor más del 50 % del valor total de los contratos de servicio público ferroviario adjudicados a tal empresas de ferrocarriles o sociedad de cartera o a sus filiales. A efectos del presente apartado, se entenderá por “control” los derechos, contratos u otros medios que, ya sea por separado o combinados entre sí, y tomando en consideración todos los elementos de hecho o de Derecho pertinentes, permitan ejercer una influencia decisiva sobre una empresa, en particular mediante: a) la propiedad de todos o parte de los activos de una empresa o el derecho a utilizarlos; b) derechos o contratos que confieran el derecho a ejercer una influencia decisiva sobre la composición, las votaciones o las decisiones de los órganos sociales de dicha empresa. 3 ter. Los Estados miembros y, si la legislación nacional lo permite, las autoridades competentes podrán excluir de los procedimientos de licitación a cualquier operador o empresa que estén controladas directa o indirectamente por una o varias personas físicas o jurídicas registradas en un tercer país o en varios terceros países, a no ser que dicho país o dichos países hayan adoptado medidas que permitan la adjudicación de contratos de servicio público mediante procedimientos de licitación a empresas ferroviarias con licencia en un Estado miembro.». [Enm. 68] a) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: «4. Salvo que lo prohíba el Derecho nacional, las autoridades competentes podrán optar por la adjudicación directa de los contratos de servicio público a) cuando su valor anual medio se haya estimado en menos de 1 000 000 EUR o menos de 5 000 000 EUR, en el caso de un contrato de servicio público incluido el transporte público por ferrocarril o b) cuando tenga por objeto la prestación anual de menos de 300 000kilómetros vehículos-km de servicios públicos de transporte de viajeros o menos de 150 000 kilómetros 500 000 vehículos-km en el caso de un contrato de servicio público, incluido el transporte público por ferrocarril. [Enm. 47] b bis) cuando las especificaciones técnicas de sistemas ferroviarios aislados en el ámbito del servicio público de transporte de viajeros por ferrocarril difieran sensiblemente de las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) de la red ferroviaria principal del Estado miembro correspondiente a la que no están conectados. [Enm. 75] Cuando un contrato de servicio público sea adjudicado directamente a una pequeña o mediana empresa que no utilice más de 23 vehículos de carretera, estos umbrales podrán aumentarse a un valor medio anual estimado inferior a 2 000 000 EUR, o a una prestación anual de servicios públicos de transporte de viajeros inferior a 600 000kilómetros vehículos-km .». [Enm. 48] a bis) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: «5. En caso de interrupción de los servicios o de riesgo inminente de tal situación, la autoridad competente podrá adoptar una medida de emergencia. La situación de emergencia podrá consistir en la incapacidad de la autoridad competente de poner en marcha a su debido tiempo un procedimiento de licitación para un contrato de servicio público o de adjudicar a su debido tiempo dicho contrato a un operador. Esta medida de emergencia adoptará la forma de adjudicación directa o de acuerdo formal de prórroga de un contrato de servicio público, o de exigencia de prestar determinadas obligaciones de servicio público. El operador de servicio público tendrá derecho a recurrir la decisión de imponer la prestación de determinadas obligaciones de servicio público. La adjudicación o prórroga de un contrato de servicio público como medida de emergencia, o la imposición de dicho contrato, no excederá de dos años.». [Enm. 63] b) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: «6. Con el fin de aumentar la competencia entre empresas ferroviarias, De conformidad con la Directiva 2012/34/UE, y siempre que no esté prohibido por la legislación nacional, las autoridades competentes que tengan encomendada la elaboración de los planes de transporte público a que se refiere el artículo 2 bis podrán decidir adjudicar a diferentes empresas ferroviarias contratos de transporte público de viajeros por ferrocarril que cubran partes de la misma red o un paquete de rutas. A tal efecto, las autoridades competentes podrán decidir antes de poner en marcha el procedimiento de licitación limitar el número de contratos que debe adjudicarse a la misma empresa ferroviaria.». la adjudicación directa de contratos de servicio público relativos a servicios de transporte público de viajeros por ferrocarril si se cumplen las siguientes condiciones: a) el plan de transporte público contiene requisitos aplicables a toda la vigencia del contrato relativos a los siguientes aspectos: — evolución de los volúmenes de viajeros; — puntualidad de los servicios; — relación coste-eficacia en lo relativo a la productividad del capital; — frecuencia de los servicios ferroviarios; — satisfacción de los usuarios; — calidad del material rodante; b) la autoridad competente publicará, al menos 18 meses antes del inicio del contrato, la forma en que deben cumplirse los requisitos contemplados en la letra a) del presente apartado mediante la adjudicación directa de un contrato de servicio público y evaluará periódicamente el cumplimiento de dichos requisitos en el informe anual a que se refiere el artículo 7, apartado 1. Si una empresa u operador ferroviario interesado presenta una queja relativa a la adjudicación directa del contrato, el organismo regulador evaluará la motivación expuesta por la autoridad competente y adoptará una decisión en un plazo máximo de dos meses desde la presentación de la queja. El organismo regulador también podrá actuar de oficio; c) el organismo regulador evaluará al menos 4 meses antes de la expiración del contrato vigente si se han cumplido los requisitos contemplados en la letra a) del presente apartado, y valorados de conformidad con el artículo 7, apartado 1. La autoridad competente aportará al organismo regulador todos los datos necesarios para la evaluación. Cuando un organismo regulador llegue a la conclusión que no se han cumplido los requisitos contemplados en la letra a) del presente apartado, ordenará sin dilación a la autoridad competente que adjudique cualquier nuevo contrato de servicio público con arreglo al apartado 3 del presente artículo. El dictamen de la autoridad reguladora nacional independiente será vinculante e inmediatamente aplicable. No obstante dispuesto en el artículo 4, apartado 3, la duración de dichos contratos no será superior a nueve años. La Comisión adoptará actos delegados en los que se precisen los requisitos contemplados en la letra a) del presente apartado.». [Enm. 50]