A4-0058/98

Resolución sobre la cooperación judicial en materia penal dentro de la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

- Visto el artículo K.1 del Tratado de la Unión Europea que define la cooperación judicial en los sectores civil y penal, como materia de interés común de los Estados miembros,

- Visto el artículo B del Tratado de la Unión Europea que incluye entre los objetivos de la Unión el de «desarrollar una cooperación estrecha en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior»,

- Vista la Resolución del Consejo de 14 de octubre de 1996 sobre el establecimiento de las prioridades de la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior para el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y el 30 de junio de 1998 ((DO C 319 de 26.10.1996, pág. 1.)),

- Visto el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la delincuencia organizada, y el correspondiente plan de acción adoptado por el Consejo de «Justicia y Asuntos Interiores» el 28 de abril de 1997 y aprobado por el Consejo Europeo el 17 de junio de 1997 en Amsterdam, y en particular la letra d) del punto 5 del capítulo II, donde se afirma que la cooperación en el ámbito judicial debe alcanzar un nivel análogo al de la cooperación entre fuerzas policiales ((DO C 251 de 15.08.1997, pág. 1.)),

- Vistas las propuestas de acción común sometidas recientemente al dictamen del Parlamento Europeo en materia de lucha contra la delincuencia organizada, y en particular las propuestas relativas a la creación de una red judicial europea y a la punibilidad de la participación en una organización criminal en los Estados miembros de la Unión,

- Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y sus anejos,

- Vista su Resolución de 26 de junio de 1997 ((DO C 222 de 21.07.1997, pág. 17.)), sobre la reunión del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio de 1997 en Amsterdam inmediatamente después de la conclusión del Consejo Europeo de Amsterdam, así como su Resolución de 19 de noviembre de 1997 ((Véase el acta de esa fecha, parte II, punto 20.)) sobre el Tratado de Amsterdam (CONF 4007/97 - C4-0538/97),

- Vistas sus anteriores Resoluciones: de 22 de octubre de 1997 ((Véase el acta de esa fecha, parte II, punto 14.)) sobre el Informe anual 1996 de la Comisión (COM(97)0200 - C4-0230/97) y su programa de trabajo 1997/1998 para la protección de los intereses financieros de la Comunidad y la lucha contra el fraude (COM(97)0199 - C4-0231/97), de 19 de septiembre de 1996 ((DO C 320 de 28.10.1996, pág. 212.)), sobre el curso que debe darse a la Conferencia interparlamentaria sobre la lucha contra el fraude en detrimento del presupuesto comunitario (23 y 24 de abril de 1996): por una acción concertada de la Unión y de los Estados miembros, de 19 de septiembre de 1996 ((DO C 320 de 28.10.1996, pág. 215.)), sobre el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades, de 21 de junio de 1996 ((DO C 198 de 8.7.1996, pág. 245.)) sobre el primer informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 91/308/CEE relativa al blanqueo de capitales (COM(95)0054 - C4-0137/95), de 13 de marzo de 1996 ((DO C 096 de 1.4.1996, pág. 77.)), que contiene (i) el dictamen del Parlamento sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental y (ii) la evaluación de los trabajos del Grupo de Reflexión y la definición de las prioridades políticas del Parlamento Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental, de 15 de diciembre de 1995 ((DO C 017 de 22.1.1996, pág. 443.)) sobre la lucha contra la corrupción en Europa, de 30 de noviembre de 1995 ((DO C 339 de 18.12.1995, pág. 61.)) sobre una orientación común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades, de 17 de mayo de 1995 ((DO C 151 de 19.6.1995, pág. 56.)) sobre el funcionamiento del Tratado de la Unión Europea en la perspectiva de la Conferencia Intergubernamental de 1996 - Realización y desarrollo de la Unión, de 16 de diciembre de 1993 ((DO C 020 de 24.1.1994, pág.185.)) sobre la lucha contra el fraude internacional, de 17 de abril de 1991 ((DO C 129 de 20.5.1991, pág. 90.)) respecto a la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva relativa a la prevención del uso del sistema financiero en operaciones de blanqueo de capitales, de 22 de noviembre de 1990 ((DO C 324 de 24.12.1990, pág. 257.)) sobre la prevención del uso del sistema financiero en operaciones de blanqueo de capitales;

- Vistos los instrumentos, tanto convencionales como en forma de otros actos relativos a la cooperación judicial europea y a la mutua asistencia judicial en materia penal, y en particular el Convenio del Consejo de Europa de 20 de abril de 1959 sobre la asistencia judicial recíproca en materia penal,

- Visto el texto del llamamiento de Ginebra suscrito el 1 de octubre de 1996 por diversos magistrados europeos que ha logrado un amplio consenso en el ámbito de numerosas entidades e instituciones tanto comunitarias como nacionales y el de la declaración de Bruselas de 12 de diciembre de 1997,

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores así como las opiniones de la Comisión de Asuntos Institucionales y de la Comisión de Control Presupuestario (A4-0058/98),

A. Considerando la importancia fundamental que reviste una cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea, capaz de enfrentarse eficazmente a la delincuencia internacional y organizada, como expresión concreta de la cultura jurídica europea, en particular en lo que se refiere a los delitos y sobre todo a los procedimientos relativos a la delincuencia organizada,

B. Considerando la necesidad de adaptar cada vez mejor los instrumentos de que disponen las autoridades judiciales a la complejidad de los fenómenos criminales hodiernos y de los procedimientos penales que deben seguir a éstos, adaptación que debería concretarse sobre todo en términos de eficiencia y rapidez, sirviéndose también de las tecnologías más avanzadas,

C. Considerando que la cultura, las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros (y, por supuesto, de las partes constitutivas de algunos Estados miembros) difieren inevitablemente, sin que esto constituya por sí mismo un obstáculo insuperable para el éxito de actos de cooperación,

D. Considerando que la Unión reconoce, a pesar de la existencia de estas tradiciones y ordenamientos diferentes, valores comunes y principios fundamentales, como el del Estado de Derecho, el principio de legalidad y los derechos de la defensa,

E. Considerando que el funcionamiento actual de la cooperación judicial no puede considerarse satisfactorio en términos de oportunidad y continuidad de la acción debido al carácter inadecuado de los instrumentos jurídicos y materiales disponibles, así como de la hasta ahora no siempre adecuada formación de los agentes de la justicia,

F. Considerando que el ámbito de la cooperación judicial es uno de los más delicados para los Estados miembros y que el camino hacia la armonización de los sistemas penales o hacia la consecución de un sistema judicial suficientemente homogéneo será aún largo y difícil,

G. Considerando que, para acelerar este proceso, la cooperación judicial europea debe en cualquier caso y desde ahora avanzar, aumentando la confianza recíproca de los Estados miembros en los ordenamientos jurídicos de sus socios y en el funcionamiento de los mismos,

H. Considerando que, además de los convenios como instrumento tradicional de la cooperación, se podría hacer un mayor y mejor uso de instrumentos europeos tales como las acciones comunes y, en el futuro, las decisiones marco previstas en el Tratado de Amsterdam (artículo K.6),

I. Considerando que los convenios y otros actos en materia de cooperación judicial penal resultan de difícil aplicación debido en parte a que se solapan y a que incluyen un elevado número de excepciones, declaraciones separadas y reservas,

J. Considerando que una parte importante concluidos hasta ahora entre los Estados miembros sigue sin aplicarse debido a los largos plazos necesarios para las ratificaciones nacionales,

K. Considerando que el principio de doble imputabilidad o doble incriminación ha dejado de exigirse hoy día entre varios Estados miembros, y que la denominada doble imputabilidad puede considerarse hoy razonablemente como un obstáculo a la eficacia de la acción penal,

L. Considerando los ejemplos positivos de cooperación «reforzada» existente entre algunos Estados de la Unión en los que se prevé, entre otras cosas, la comunicación directa entre las autoridades judiciales como vehículo ordinario de dicha cooperación,

M. Considerando que las innovaciones tecnológicas y las técnicas modernas de investigación imponen la introducción de nuevos instrumentos jurídicos apropiados (interceptación vía satélite, audiciones e interrogatorios a distancia, ...)

N. Considerando las soluciones adoptadas en el ámbito de la Unión Europea, a escala normativa y operativa, para la protección penal de los intereses financieros, soluciones que, una vez demostrada su eficacia, podrían inspirar soluciones análogas en la lucha contra otras manifestaciones importantes de la delincuencia organizada,

O. Considerando con preocupación las dificultades existentes en la cooperación judicial en materia de blanqueo de dinero, dificultades que se derivan sobre todo de las disposiciones no uniformes de las legislaciones nacionales en relación con los delitos que el blanqueo presupone,

P. Considerando la importancia estratégica, para la eficacia de la cooperación judicial en Europa, de un buen nivel de asistencia recíproca, incluida la formación del personal incluso con terceros países, y en particular con los países candidatos a la adhesión, así como, en la medida de lo posible, también con países extraeuropeos,

Q. Considerando que, en la situación actual de desarrollo de la Unión, es necesario reflexionar de nuevo sobre el concepto mismo de asistencia judicial como instrumento tradicional de la cooperación intergubernamental,

R. Considerando el estudio del «Corpus Juris», encargado por voluntad del Parlamento Europeo a través de la Comisión a un grupo de expertos, y, en particular, los principios y las disposiciones de procedimiento penal contenidos en el mismo, como por ejemplo el nuevo principio de territorialidad europea,

S. Considerando que el refuerzo de la cooperación judicial en materia penal dentro de la Unión puede tener consecuencias sobre el respeto de los derechos de la defensa,

I. Principios generales y aspectos institucionales

1. Afirma la necesidad de desarrollar la cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea, en particular en el ámbito penal con objeto de luchar más eficazmente contra la delincuencia transnacional;

2. Subraya que el objetivo de la Unión de instaurar un espacio de libertad, seguridad y justicia, así como la plena realización del mercado interior y de la libertad de circulación de las personas está indisolublemente unido a la creación de un espacio jurídico y judicial europeo común; acoge con satisfacción, en este contexto, las precisiones aportadas por el artículo K.3 del Tratado de Amsterdam en relación con las medidas que deberán adoptarse a escala europea en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal;

3. Constata que la adopción de normas mínimas comunes, tal como se prevé en el Tratado de Amsterdam, sobre elementos constitutivos de los delitos y de las sanciones en los ámbitos de la delincuencia organizada, del terrorismo y del tráfico de drogas constituye un paso importante hacia una cooperación más eficaz;

4. Acoge con satisfacción las facilidades previstas en el Tratado de Amsterdam en relación con la ratificación y entrada en vigor de convenios celebrados de conformidad con el artículo K.6 del Tratado, lo que sin duda contribuye a mejorar la eficacia de los mismos; señala, sin embargo, que en relación con la armonización de las disposiciones jurídicas y administrativas debería darse prioridad al instrumento de las decisiones marco, ya que este instrumento, por su procedimiento y su carácter, responde en amplia medida al método y al sistema comunitario;

5. Hace referencia a las disposiciones del artículo K.12 del Tratado de Amsterdam en relación con la posibilidad de cooperación reforzada en el ámbito penal y pide a los Estados miembros y a la Comisión que examinen la viabilidad y posibilidad de aplicar estas disposiciones para resolver los importantes problemas que se plantean al respecto, problemas sobre los que sólo un pequeño número de Estados miembros impide una cooperación más intensa y, con ello, la consecución de progresos;

6. Subraya, sin embargo, que tampoco en el sector de la cooperación judicial penal se ha resuelto de manera satisfactoria la cuestión de la participación efectiva del Parlamento Europeo en el proceso legislativo ni la del reconocimiento del papel del Tribunal de Justicia;

7. Expresa su convencimiento de que una cooperación más estrecha a nivel europeo en este ámbito deberá ir acompañada de garantías con respecto al control democrático: en este contexto, el hecho de limitar el papel del Parlamento a una función consultiva que, además, puede verse dificultada por decisiones del Consejo que establezcan plazos, representa una deficiencia que habrá de eliminarse en la próxima revisión del Tratado;

8. Considera, en términos generales, que el proceso de construcción del espacio jurídico y judicial europeo debe ir acompañado de la definición de reglas democráticas fundamentales (control parlamentario y jurisdiccional);

9. Insiste en la necesidad de que las actividades de cooperación judicial se desarrollen en el ámbito y dentro del respeto de los principios constitucionales de los Estados miembros y de las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos; expresa su preocupación por el hecho de que el Tratado de Amsterdam, en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, no prescriba con carácter vinculante la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia, sino que la excluya automáticamente hasta que un Estado miembro reconozca expresamente para sí y determine las modalidades al respecto; teme que esta laguna no ponga en tela de juicio los progresos aportados por el Tratado de Amsterdam en relación con la protección judicial de los derechos humanos;

10. Pide que el refuerzo de la cooperación judicial en materia penal vaya acompañado de una evaluación sobre las consecuencias de esta cooperación en materia de derechos de la defensa y de recomendaciones destinadas a garantizar tales derechos;

II. Instrumentos convencionales

11. Pide a los Gobiernos y a los Parlamentos nacionales que pongan el máximo empeño para que se aceleren los procedimientos de ratificación de los convenios relativos a la cooperación judicial en el seno de la Unión Europea;

12. Deplora que, en estos casos, los convenios ofrezcan la posibilidad de que los Estados prevean reservas, excepciones y declaraciones que hacen que los convenios no sean aplicables de manera uniforme en toda la Unión;

13. Pide, por tanto, a los Estados miembros que creen todos los medios procesales necesarios para poner remedio a la lentitud del sistema judicial y garanticen el derecho a un juicio que se desarrolle en un plazo razonable, tal como prevé el artículo 6 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos;

14. Recomienda a los Gobiernos de los Estados miembros que renuncien a las reservas, excepciones o declaraciones anejas a los instrumentos convencionales;

15. Pide, en particular, que se abandone o revise el principio de doble incriminación entre los países miembros de la Unión Europea;

16. Comparte las solicitudes y propuestas contenidas en el documento denominado «llamamiento de Ginebra» (documento elaborado por algunos magistrados europeos) y desarrolladas en el reciente convenio internacional de Bruselas, en particular las relativas a la elaboración de acuerdos entre los Estados de Europa para la comunicación directa entre los magistrados que dirigen las investigaciones (como ya está previsto en el acuerdo de Schengen) y la determinación de plazos concretos y breves para la tramitación de las comisiones rogatorias, así como de aquellas relativas a la circulación de las pruebas en los procedimientos penales de los Estados miembros;

17. Sostiene la necesidad de preven que, en el caso de cooperación judicial entre los Ministerios de Justicia, deje de ser obligatorio recurrir a la vía diplomática, y de que, en el caso de la cooperación judicial llevada a cabo por vía directa entre las autoridades judiciales competentes, éstas puedan disponer de estructuras eficaces de asistencia técnica y operativa con el fin de garantizar una cooperación lo más rápida posible en los dos casos citados;

18. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros y a la Presidencia del Consejo de la Unión que den un nuevo impulso a los trabajos de elaboración del nuevo convenio sobre asistencia judicial en materia penal, trabajos que ya se están realizando desde el primer semestre de 1996, e insiste en su solicitud de que dicho convenio se someta previamente al dictamen del Parlamento Europeo en plazos útiles para el pleno desarrollo del procedimiento parlamentario de consulta; en particular, pide que el nuevo convenio incluya disposiciones precisas sobre los plazos de la asistencia judicial y regule de manera eficaz la introducción de las nuevas técnicas de investigación;

19. Observa con inquietud que se han realizado escasos progresos reales en varios de los ocho ámbitos de actuación establecidos por la Resolución del Consejo de 14 de octubre de 1996 citada; y, sin perjuicio de insistir en la necesidad de actuar en todos ellos, destaca la oportunidad de explorar al máximo las competencias atribuidas a la Comunidad para la protección de los intereses financieros de la Comunidad, creando así un precedente para actuaciones de derecho sustantivo y procesal en las demás áreas referidas;

III. Aproximación de las legislaciones y protección de los intereses financieros de la unión

20. Insiste en la importancia del proceso de aproximación de las legislaciones en materia penal, sustantiva y procesal, incluso bajo el punto de vista de lo que se ha previsto en el reciente plan de acción sobre la delincuencia organizada aprobado por el Consejo; en particular solicita iniciativas dirigidas a prever formas de incriminación común para algunos de los más graves (tal como está previsto ya en la acción común relativa a la participación en una organización criminal); en este ámbito la noción de blanqueo debe referirse a los beneficios derivados de cualquier delito; la noción de corrupción debe incluir todo acto de abuso cometido por personas que ejercen un servicio público, cualquiera que fuere su nacionalidad; todas las infracciones fiscales graves deben constituir un delito, siempre y cuando se haya armonizado la noción de «infracción»;

21. Expresa su deseo de que se adopten iniciativas dirigidas a homogeneizar los sistemas de sanción y de prueba y a adoptar normas armonizadas en lo que se refiere a las medidas de embargo y confiscación, sin que, para lograr este fin, ningún Estado se vea obligado a renunciar a los principios fundamentales de su sistema jurídico interno;

22. Reafirma la necesidad de aplicar de manera más completa la Directiva 91/308/CEE del Consejo de 10 de junio de 1991 ((DO L 166 de 28.6.1991, pág. 77.)) relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, en particular con el fin de que no pueda invocar el secreto bancario en caso de procedimiento penal; insta a la Comisión a que vele por que se aplique dicha directiva, recurriendo incluso al artículo 169 del Tratado CE, y a que presente propuestas de modificación de la misma, tanto en lo que se refiere a la definición del delito como en lo que concierne a su ámbito de aplicación;

23. Considera que, teniendo en cuenta los vínculos existentes con frecuencia entre le fraude comunitario y la delincuencia organizada, la cooperación judicial en favor de las finanzas comunitarias debe reforzarse y coordinarse inmediatamente mediante las formas existentes de asistencia administrativa mutua, también con el fin de comprobar la posibilidad de extender sus módulos operativos a la cooperación judicial en otros sectores, como los delitos cometidos a través de Internet y, en general, los nuevos delitos surgidos con la sociedad de la información;

24. Apoya el que se confíe a la UCLAF la función comunitaria de coordinación y asistencia técnica y operativa frente a las autoridades judiciales nacionales en los procedimientos penales que tienen como objeto proteger los recursos financieros comunitarios; considera que, con el fin de llevar a cabo eficazmente este papel, la UCLAF debe disponer de todos los recursos materiales y profesionales necesarios;

25. Apoya la perspectiva de unificación de un núcleo esencial de normas penales, tanto sustantivas como de procedimiento, en materia de fraude comunitario, incluido el establecimiento, en una forma u otra, de un fiscal europeo, tal como prevé el Corpus Juris propuesto por la Comisión, a petición del Parlamento, y basado en el trabajo de un grupo de expertos;

IV. Terceros países

26. Considera fundamental que se establezca una relación operativa de cooperación judicial con terceros países y, en particular, con los países candidatos a la adhesión y con aquellos que se encuentran en el territorio del continente europeo, sin la cual podrían quedar sumamente debilitadas las posibilidades de éxito de las acciones emprendidas en un Estado miembro en relación con actos de delincuencia transnacional y, especialmente, los cometidos a través de Internet;

27. Pide a la Comisión que explore todas las posibilidades de ampliación de los programas GROTIUS y PHARE o de otros programas que se están ejecutando en favor de los países candidatos a la adhesión, así como que se destinen fondos a largo plazo al programa FALCONE para permitir que éste pueda englobar en el futuro a países que no pertenecen a la Unión y son limítrofes de los países candidatos (por ejemplo, Rusia, Belarús y Ucrania);

28. Valora positivamente la inserción del artículo K.10 en el Tratado de Amsterdam y pide al Consejo que haga uso del mismo para negociar acuerdos con terceros países, en particular en función de la adopción de una política común frente a países off-shore y los denominados paraísos fiscales, tal como prevé la recomendación n° 30 del plan de acción sobre la delincuencia organizada;

V. Observaciones finales

29. Pide a la Comisión y al Consejo que organicen durante este año una conferencia conjunta con los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, sobre la cooperación judicial y sobre las estrategias para lograr una mayor eficacia jurídica y judicial;

30. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.