ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 2

GÉNESIS DEL PROGRAMA JUSTICIA CIVIL 2

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3

DISTINTOS MEDIOS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA 5

GESTIÓN DEL PROGRAMA 6

INICIATIVAS DE LA COMISIÓN 11

PROYECTOS ESPECÍFICOS 12

PROYECTOS ESPECÍFICOS EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE COMPETENCIA 17

SUBVENCIONES DE FUNCIONAMIENTO 19

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20

INTRODUCCIÓN

La Decisión[1] del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de septiembre de 2007, por la que se establece para el período 2007-2013 el programa específico Justicia civil, dispone que la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 de marzo de 2011, un informe intermedio de evaluación sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del Programa.

El presente informe responde a dicha obligación. En él se describen los progresos del Programa desde su adopción en septiembre de 2007 y se presenta un resumen de las principales realizaciones.

Las primeras actividades financiadas por el Programa no se iniciaron hasta hace algo menos de tres años. Sólo algunas de dichas actividades se han finalizado ya. Por lo tanto, se insistirá esencialmente en la estructura y gestión del Programa.

El informe trata también de algunas de las cuestiones en las que se centrará la preparación del próximo ejercicio de programación financiera.

La evaluación propuesta se basa, en particular, en:

- los datos estadísticos y presupuestarios de que dispone la Comisión, así como en la experiencia adquirida por ésta desde el anterior programa de financiación;

- los datos estadísticos y presupuestarios, así como en las impresiones relativas a la eficacia del Programa para apoyar las actividades políticas de la Comisión;

- el análisis del funcionamiento del Programa;

- el intercambio de ideas llevado a cabo con ocasión de una reunión informal con la mayoría de los representantes de los Estados miembros en el Comité del Programa, dedicada en su totalidad a dicha evaluación; la reunión se celebró el 11 de enero de 2011 en Bruselas.

La Comisión presentará también, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, un informe de evaluación final del Programa que determinará, mediante indicadores de resultados, si este ha alcanzado sus objetivos.

GÉNESIS DEL PROGRAMA JUSTICIA CIVIL

El Programa se inscribe en el marco de la prolongación de los antiguos programas Grotius (1996 – 2000), Grotius civil (2001), Schuman (1999 – 2001) y, para el período 2002-2006, del marco general comunitario de actividades establecido con vistas a facilitar la cooperación judicial en materia civil.

El objetivo del Programa Grotius era facilitar la cooperación judicial entre los Estados miembros estimulando el conocimiento mutuo de los ordenamientos jurídicos y judiciales. Estaba dirigido a los profesionales de la justicia y se utilizó para financiar formaciones, intercambios y prácticas, así como para organizar encuentros, estudios e investigaciones, y para la circulación de información.

La Acción Robert Schuman se ejecutó entre 1999 y 2001 con el fin de estimular y aprobar iniciativas destinadas a sensibilizar a los profesionales de la justicia de los Estados miembros al Derecho comunitario. El objetivo general consistía en mejorar progresivamente la aplicación del Derecho comunitario en el conjunto de la Unión.

La Comisión propuso, a continuación, que se crease un nuevo programa marco sobre cooperación judicial en materia civil para el período 2002-2006. El Consejo adoptó ese nuevo Programa en la primavera de 2002. Con ello, se hizo hincapié, en particular, en las acciones seguidas de resultados más concretos y en la necesidad de una relación más estrecha con los objetivos del Programa y las prioridades seleccionadas en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. La posibilidad de financiar las actividades de ONG y acciones emprendidas por iniciativa de la Comisión constituyó la principal novedad del Programa.

El 6 de abril de 2005, la Comisión publicó una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo con miras al establecimiento de un programa marco «Derechos Fundamentales y Justicia» para el período 2007- 2013. Éste consistía en cuatro propuestas de Decisión, entre las que figuraban una propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece el Programa específico «Justicia penal» y una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Programa «Justicia civil».

El objetivo de estos dos programas es organizar un espacio europeo de justicia, basado en el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, la cooperación entre las autoridades judiciales, tanto en el ámbito civil como en penal, y la instauración de un clima de confianza. Pretenden también facilitar el acceso a la justicia y, por consiguiente, facilitarles la vida a los europeos, así como asociar a las «partes implicadas» y a la sociedad civil a la reflexión en materia de justicia.

Los programas «Justicia penal» y «Justicia civil» se distinguen entre sí, en particular porque se fundan en bases jurídicas diferentes (artículo 31 TUE en un caso y artículo 61 TCE en el otro), pero sus métodos de gestión son similares, lo que permite mantener cierta coherencia en el conjunto.

El Programa «Justicia civil» se adoptó de forma tardía en codecisión, a finales de septiembre de 2007, lo que fue causa de retrasos en la publicación de las convocatorias de propuestas y en la selección de los proyectos, retrasos que en la actualidad se han solventado por completo.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Los principales objetivos del Programa consisten en financiar acciones destinadas a promover la cooperación judicial con el fin de contribuir en la creación de un verdadero espacio judicial europeo en el ámbito civil. Más concretamente, se proponen:

- fomentar la cooperación judicial para contribuir a la creación de un auténtico espacio judicial europeo en el ámbito civil;

- promover la eliminación de los obstáculos al buen desarrollo de los procedimientos civiles transfronterizos en los Estados miembros;

- mejorar la vida diaria de los particulares y empresas, permitiéndoles hacer valer sus derechos en toda la Unión Europea y facilitando, en particular, su acceso a la justicia;

- mejorar los contactos, el intercambio de información y el trabajo en redes entre las autoridades judiciales y administrativas y los profesionales del Derecho, en particular a través del apoyo a la formación judicial, con vistas a una mejor comprensión mutua entre dichas autoridades y profesionales.

Cada año se publica un nuevo programa de trabajo y nuevas convocatorias de propuestas. El programa de trabajo y las convocatorias de propuestas exponen de forma detallada las prioridades del año en lo referente a las convocatorias de propuestas, así como todas las fases del procedimiento de selección:

- no obstante, en 2007 no se definió ninguna prioridad específica;

- en 2008 y 2009, la prioridad general del Programa para las subvenciones por acción fue la justicia en red (e-justice);

- en 2010, la prioridad general fue de nuevo el proyecto e-justice, así como la formación de los profesionales del Derecho;

- en 2011, se han seleccionado múltiples prioridades.

Definir prioridades precisas no puede sino aumentar la eficacia del Programa. No obstante, las prioridades solo se consideran indicativas: los programas anuales de trabajo establecen que los proyectos innovadores que no se inserten en los ámbitos definidos como prioritarios no se verán penalizados. En otras palabras, las prioridades son bastante teóricas.

En los programas anuales de trabajo se determinan también los índices de cofinanciación comunitaria, así como los umbrales mínimos y máximos entre los que dicha financiación podrá concederse cada año.

El índice de cofinanciación se definió en el 80 % de los costes subvencionables, cuando para el programa anterior solo había alcanzado el 60 %. En cambio, a partir de 2009, los umbrales de 50 000 y 200 000 EUR se ampliaron a 75 000 y 500 000 EUR.

El Programa va dirigido, en particular, a los profesionales del Derecho, a las autoridades nacionales y a los ciudadanos de la Unión en general.

Está abierto a la participación de instituciones y organizaciones públicas o privadas, incluidas las organizaciones profesionales, las universidades, los centros de investigación y los centros de formación en cuestiones jurídicas y judiciales para profesionales del Derecho, así como a las organizaciones internacionales y no gubernamentales de los Estados miembros.

Tienen acceso al Programa todos los Estados miembros, excepto Dinamarca. Los países adherentes y candidatos, y los países de los Balcanes Occidentales que participan en el Proceso de Estabilización y Asociación, pueden participar en el Programa bajo ciertas condiciones.

DISTINTOS MEDIOS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa establece distintos medios de acción, entre los que figuran:

- Acciones por iniciativa de la Comisión

Se trata de acciones específicas iniciadas por la Comisión y, en particular, estudios y trabajos de investigación, encuestas y sondeos de opinión, definición de indicadores y metodologías comunes, recogida, elaboración y difusión de datos y estadísticas, seminarios, conferencias y reuniones de expertos, organización de campañas y actos públicos, creación y actualización de sitios web, elaboración y difusión de material informativo, apoyo y gestión de redes de expertos nacionales, y actividades de análisis, seguimiento y evaluación.

La Comisión actúa mediante contratación pública.

- Proyectos específicos

Se trata de proyectos transnacionales específicos de interés comunitario presentados por una autoridad o cualquier otro órgano de un Estado miembro, una organización internacional o no gubernamental y que, en cualquier caso, suponga la participación de al menos dos Estados miembros, o de al menos un Estado miembro y otro Estado, que puede ser un país en vías de adhesión o un país candidato.

Podrán participar en las acciones del Programa los siguientes países: países en vías de adhesión, países candidatos y países de los Balcanes Occidentales que participen en el Proceso de Estabilización y Asociación, en las condiciones previstas en los acuerdos de asociación o sus protocolos adicionales relativos a la participación en programas europeos ya celebrados o por celebrar con estos países. En el momento en que se presentó este informe, ningún tercer país cumplía los requisitos necesarios para participar en el Programa.

NB: Cada año se reserva una cantidad de 800 000 EUR para financiar proyectos específicos vinculados a la formación de los profesionales del Derecho en el ámbito del Derecho de la UE sobre competencia. Dicha actividad es objeto de convocatorias de propuestas separadas.

- Subvenciones de funcionamiento

El Programa puede financiar las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades que persigan objetivos de interés general europeo relacionados con sus objetivos generales, en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

Posteriormente se verá que la formulación un tanto sibilina de esa disposición ha dado lugar a ciertas dificultades.

- Los organismos mencionados en la base jurídica

El Programa prevé subvenciones de funcionamiento destinadas a cofinanciar gastos vinculados a los programas de trabajo permanentes de la red europea de Consejos del Poder Judicial y de la red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea, en la medida en que estén motivados por un objetivo de interés general europeo.

- La Red Judicial Europea

El Programa está también destinado facilitar el funcionamiento de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada en virtud de la Decisión 2001/470/CE del Consejo.

GESTIÓN DEL PROGRAMA

- Recursos financieros

La programación financiera, expresada en millones EUR, es la siguiente:

|2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |Total | |Justicia civil |14,4 |14,7 |15,3 |15,8 |16,0 |16,5 |17,1 |109,3 | |La línea presupuestaria correspondiente es la 18 06 07.

El Programa sobre Justicia civil dispone de una dotación financiera muy superior a la del programa anterior. El cuadro siguiente muestra la diferencia de dotación entre el programa de cooperación judicial civil (5 años) y el programa actual (5 primeros años). No obstante, no hay que olvidar que este último incluye los gastos vinculados al funcionamiento de la Red Judicial Europea y a acciones específicas en el ámbito de la competencia (800 000 EUR anuales) que administra la Dirección General de Competencia.

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Verde: Justicia civil 2007/2011

Rojo: Cooperación judicial civil 2002/2006

El gráfico de la página siguiente ilustra la distribución del presupuesto disponible entre las distintas actividades previstas en el Programa, desglosadas por años.

Obsérvese el lugar relativamente modesto de los créditos reservados para las subvenciones por acción (proyectos específicos transnacionales) que constituyen el núcleo del Programa.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE POR TIPOS DE ACTIVIDAD

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Azul: Acciones por iniciativa de la Comisión

Rojo: Subvenciones por acción

Verde: Subvenciones por acción: competencia

Violeta: Subvenciones de funcionamiento

Azul claro: Subvenciones de funcionamiento mencionadas en la base jurídica

Naranja: Red

- Ciclo de vida de un proyecto

Como en el caso de muchos programas europeos, el programa sobre Justicia civil se desarrolla siguiendo un ciclo determinado, por lo menos para la parte «proyectos específicos», que cubre varios años. El primer año, el ciclo se inicia con un programa de trabajo anual.

La Comisión, asistida por el Comité del Programa, lo adopta con arreglo al procedimiento de gestión. En la reunión informal que se celebró el 11 de enero de 2011, todos los representantes de los Estados miembros manifestaron su deseo de estar mejor asociados a la toma de decisiones sobre el programa de trabajo, equivalente a una decisión de financiación, así como a la selección de los proyectos, aunque en este último caso el Comité solo se pronuncia de acuerdo con el procedimiento consultivo.

Tras el programa de trabajo, se procede a las convocatorias de propuestas, la selección de los proyectos más pertinentes, la firma de los contratos y los primeros desembolsos. El segundo año se ejecutan los proyectos. Al término de su período de actividad (dos años como máximo), los promotores de los proyectos disponen de tres meses más para la presentación del informe final y las cuentas. En una palabra, para una convocatoria publicada el año n, los pagos finales se realizan el año n+2 o incluso n+3.

El contenido de la convocatoria se adapta anualmente para tener en cuenta, por una parte, las nuevas prioridades incluidas en el programa de trabajo anual (relacionadas con el progreso de los trabajos de la UE en el ámbito de la justicia civil) y, por otra, la experiencia adquirida en los años anteriores.

Las distintas fases del procedimiento de selección, que puede parecer muy largo ya que dura casi ocho meses desde la publicación de la convocatoria hasta la firma de los contratos de subvención, son las siguientes:

El plazo de admisión de las candidaturas concluye, a más tardar, en la fecha indicada en la convocatoria de propuestas. Desde 2008, los candidatos tienen que rellenar el impreso y adjuntar todos los documentos necesarios mediante un sistema electrónico llamado PRIAMOS.

El uso de dicho sistema permite evitar, en particular, la manipulación de expedientes en soporte papel (varios evaluadores pueden trabajar al mismo tiempo, por ejemplo), impedir que se pierdan y evitar conflictos en cuanto a la fecha de recepción.

Un comité de selección interno, formado por funcionarios de la Comisión, examina las propuestas y comprueba sucesivamente:

- los criterios de exclusión y admisibilidad

- los criterios de selección

- los criterios de adjudicación (la evaluación propiamente dicha)

Esos distintos criterios se detallan en las convocatorias de propuestas, de las que figura un ejemplo en el anexo nº 2 (programa de trabajo y convocatoria de propuestas de 2010).

Si las propuestas cumplen los requisitos de subvencionalidad y selección, el Comité las evalúa y califica en función de los distintos criterios de adjudicación.

El Comité clasifica las propuestas elegibles en función de las calificaciones obtenidas y, dentro de los límites del presupuesto disponible, indica aquellas cuya selección recomienda.

El Comité consultivo previsto por la Decisión de base se reúne para discutir la propuesta recomendada. Hasta la fecha, en las convocatorias de propuestas de 2007, 2008, 2009 y 2010, el Comité ha emitido un dictamen favorable por consenso sobre las propuestas que se le habían presentado.

Puede ocurrir que las reuniones se sustituyan por un procedimiento escrito.

La Comisión adopta la lista de las propuestas seleccionadas para ser cofinanciadas. («Award decision»). Dicha lista va acompañada con los importes máximos correspondientes a cada subvención. Esos importes pueden ser revisados si los presupuestos presentados por los candidatos no son íntegramente elegibles o no se han presentado correctamente.

En cuanto un presupuesto totalmente elegible se transmite a la Comisión, se comprometen los créditos necesarios y se presenta al posible beneficiario un convenio de subvención. Tras la firma de este por las dos partes, la acción puede empezar y se abona un primer tramo de financiación, que actualmente es del 70 %.

En general, las acciones se realizan en un plazo de entre 12 y 24 meses a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de la firma del convenio de subvención por la última de las dos partes o a partir de otra fecha elegida, en su caso, por el beneficiario.

A lo largo de todo el período de actividad, un funcionario de la Comisión se encarga del seguimiento y se ocupa de todas las cuestiones planteadas por el beneficiario.

La mayoría de las cuestiones planteadas por los beneficiarios durante la ejecución del proyecto están relacionadas con el presupuesto (aumento de algunos costes o reparto de estos entre las distintas partidas).

Es frecuente que los beneficiarios deseen prorrogar el plazo de ejecución del proyecto, ya sea porque no han conseguido ejecutar todas las acciones previstas, ya sea porque han tenido dificultades para organizar las conferencias o los seminarios, o para reunir a todos los participantes o especialistas en una fecha concreta.

A veces, uno de los participantes vinculados al proyecto decide retirarse de este y, en tal caso, pone en peligro la ejecución del proyecto.

El cambio de personal (por enfermedad, baja por maternidad, etc.) es otro de los problemas a que con frecuencia deben enfrentarse los jefes de proyecto.

A continuación, el beneficiario debe transmitir el informe final (sobre los aspectos técnicos y financieros) a la Comisión en un plazo de tres meses tras el término de la acción, junto con la solicitud del pago final.

El pago del saldo se efectúa en un plazo de 45 días a partir de la aprobación de dichos documentos por la Comisión.

El control de los proyectos debe llevarse a cabo en varias fases:

Durante el proceso de selección: los servicios financieros de la Comisión comprueban si los presupuestos son elegibles y se han presentado correctamente. Si no es el caso, se ponen en contacto con los solicitantes para subsanar dichos errores, y el convenio de subvención solo se propone si se alcanza un acuerdo sobre los aspectos presupuestarios.

Durante la fase de ejecución de los proyectos, es posible que un funcionario de la Comisión participe en actividades como conferencias y seminarios. En cambio, no se ha previsto un informe provisional.

Al término de los proyectos, el pago del saldo al beneficiario está condicionado a la aprobación del informe final por la Comisión, tanto si se trata de aspectos de fondo como de aspectos financieros.

En particular, los justificantes (facturas, etc.) que acompañan el informe serán analizados por los servicios financieros mediante la técnica de «muestreo».

INICIATIVAS DE LA COMISIÓN

Durante el período examinado, las acciones emprendidas por iniciativa de la Comisión fueron las siguientes:

- Mantenimiento de sitios web y de bases de datos ya creados gracias al programa anterior:

El Atlas Judicial Europeo es una herramienta informática, en forma de base de datos, accesible por internet y disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Su objetivo es proporcionar un acceso fácil a la información relativa a la cooperación judicial en materia civil.

El Atlas permite a los profesionales y a los ciudadanos determinar con facilidad a qué autoridades competentes deben dirigirse en un caso concreto y, en particular, para:

- búsqueda de jurisdicciones territorialmente competentes;

- notificación y traslado de documentos;

- obtención de pruebas;

- ejecución de resoluciones judiciales;

- otras cuestiones.

Además, los procedimientos correspondientes se facilitarán en la medida de lo posible dando acceso al usuario a una herramienta informática basada en los distintos impresos que deberán completarse en el marco de la aplicación de los distintos instrumentos jurídicos.

JURE es una base de datos desarrollada por la Comisión Europea en la que figura información relativa a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y a las jurisdicciones de los Estados miembros, a la interpretación del Reglamento nº 44/2001 del Consejo (CE), de 22 de diciembre de 2000, así como a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y sobre la interpretación del Convenio de Bruselas de 1968 y el Convenio Lugano de 1988.

Se trata de una potente herramienta de búsqueda prevista, principalmente, para facilitar el acceso a una información completa y periódicamente actualizada. Esa información es gratuita y de libre acceso para todo el mundo, incluidos los profesionales del Derecho de la totalidad de la Unión.

Los resúmenes de las resoluciones recogidas en dicha base de datos están disponibles en alemán, inglés y francés, así como en la lengua original de la resolución.

JURE se actualiza constantemente a partir de las contribuciones de los profesionales del Derecho revisadas por la Comisión Europea.

- Estudios

La Comisión financió una serie de estudios a través del Programa sobre Justicia civil, entre las cuales figuran:

Un estudio, encargado al Instituto de Derecho Comparado de Suiza, sobre la aplicación de leyes extranjeras por los tribunales y autoridades extrajudiciales. Dicho estudio debería constituir una ayuda para determinar si un enfoque común sobre este tema es deseable a nivel europeo y, en caso afirmativo, qué acciones podrían emprenderse.

Un estudio sobre la adopción recoge las normas legislativas, procedimientos y prácticas en este ámbito en los 27 Estados miembros, así como las dificultades que deben afrontar, en su caso, los ciudadanos europeos deseosos de realizar una adopción internacional. Dicho estudio contemplará la posibilidad de crear un procedimiento europeo aplicable a estos últimos casos.

Los autores de un estudio sobre la justicia gratuita estudiarán la aplicación de la Directiva de 2003 sobre este tema, así como el Convenio de La Haya de1980.

Otro estudio, actualmente en curso, debiera servir para preparar el informe de la Comisión establecido por las disposiciones del Reglamento «Roma I» sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.

Por último, la Comisión ha recibido recientemente un estudio sobre el cobro de deudas transfronterizas, destinado a preparar la propuesta de la Comisión sobre la creación de una «resolución europea de embargo preventivo».

- Actividades de promoción y de información

El «Día Europeo de la Justicia civil», organizado cada año el 25 de octubre en colaboración con el Consejo de Europa, permite que el público se familiarice con el funcionamiento de la justicia civil y, gracias a ello, facilitarle el acceso a los tribunales. Desde 2007 esta iniciativa se acompaña con la entrega del premio «Balanza de Cristal».

- Conferencias

En enero de 2009, por ejemplo, la Comisión y la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado organizaron una conferencia común sobre el Derecho de familia.

PROYECTOS ESPECÍFICOS

Entre 2007 y 2010 se recibieron 158 propuestas de proyectos específicos transnacionales, 86 de los cuales fueron seleccionados y 72 rechazados.

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Azul: Propuestas seleccionadas

Rojo: Propuestas rechazadas

Dichos proyectos abarcan una amplia gama de temas diferentes, que permitieron abordar prácticamente todos los aspectos de la justicia civil. Los temas más frecuentemente abordados fueron la mediación seguida por la justicia en red.

- Distribución por tipos de beneficiarios:

El cuadro siguiente muestra la distribución de los proyectos seleccionados por tipos de beneficiarios

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Azul: Administración

Rojo: Universidades

Verde: Asociaciones

- Distribución geográfica

Organizaciones de 19 Estados miembros, de los 26 que participan en el programa (Dinamarca no participa), presentaron propuestas de proyectos concretos y por lo menos uno de los proyectos de cada una de ellas fue seleccionado.

Todos los Estados miembros, excepto Dinamarca y Chipre, se implicaron por lo menos una vez en un proyecto, ya sea como «proyecto líder» o como asociado.

No obstante, este equilibrio geográfico requiere matices: Las organizaciones de cinco países (Alemania, Italia, España, Bélgica y Francia) presentaron algo más de dos tercios del total de las propuestas recibidas desde 2007, así como de los proyectos seleccionados. Las organizaciones de dichos países son también las que con mayor frecuencia se asocian a proyectos liderados por otras.

Desde que se inició el Programa, las organizaciones alemanas son las mejor representadas en todos los niveles de participación. En el Programa anterior, las organizaciones italianas fueron con mucha diferencia las mejor representadas.

Cabe observar, asimismo, que las organizaciones de algunos países como Austria, Estonia, los Países-Bajos, Portugal o Rumanía participan a menudo como asociadas.

El promedio es que un proyecto reúna escasamente a más de tres organizaciones asociadas de países distintos, «proyecto líder» incluido.

PROPUESTAS JEFE DE ROYECTO SOCIO PARTICIPACIÓN

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Los cuadros que figuran a continuación ilustran la distribución geográfica de los proyectos seleccionados:

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Título: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Naranja: otros EUR 15 (10 EM)

Azul: NEM (12 EM)

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Azul: Propuestas

Rojo: Jefe de proyecto

Columnas (Estados miembros) : BE BG CZ DA DE EE IE GR ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

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Azul: Jefe de proyecto

Rojo: Socio

Verde: Participación

Columnas (Estados miembros): BE BG CZ DA DE EE IE GR ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

- Distribución por presupuestos

El cuadro siguiente ilustra la distribución de los proyectos seleccionados en función del valor de la cofinanciación concedida. La sobrerrepresentación de los proyectos cuya cofinanciación europea se sitúa entre 101 000 y 200 000 EUR se explica por el hecho de que los programas de trabajo de los dos primeros años establecían un límite máximo de 200 000 EUR.

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Título: FINANCIACIÓN COMUNITARIA

Azul: Propuestas seleccionadas

Columnas: menos de 100 000 €, de 101 a 200 000 €, de 201 a 300 000 €, de 301 a 400 000 €, de 401 a 500 000 €

PROYECTOS ESPECÍFICOS EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE COMPETENCIA

Los programas anuales de trabajo establecen que, cada año se reserve un presupuesto de 800 000 EUR para cofinanciar proyectos concretos en el ámbito de la aplicación del Derecho europeo de competencia.

Los proyectos seleccionados se refieren a la cooperación judicial entre jueces nacionales, así como a la formación de estos, en los distintos aspectos del Derecho europeo de competencia y, en particular, las normas aplicables a las empresas y a las ayudas estatales.

La mayoría de los proyectos se refiere a las actividades de formación, tanto si se trata de conferencias y coloquios como de cursos de formación propiamente dichos.

El cuadro siguiente recoge la lista de los beneficiarios de subvenciones durante los tres años indicados:

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Título: BENEFICIARIOS 2007 – 2009

Azul: 2007 Academia de Derecho Europeo ERA Alemania, CEP Alemania, DECO Portugal, Instituto Europeo de Chipre, FIEP BulgariaIECL de la Universidad de Oxford Reino Unido, IPP PF Eslovenia, TRENTO Italia, Universidad del Oeste de Inglaterra Reino Unido, ASMOZ España, JEMOLO Italia

Rojo: 2008 Academia de Derecho Europeo ERA Alemania, IECL Universidad de Oxford Reino Unido, MEU SAC Malta, Universidad de Lisboa Portugal, HCA Hungría, CODACONS Italia, FLJTC Letonia, CSS Lituania

Amarillo: 2009 Academia de Derecho Europeo ERA Alemania, FIEP Bulgaria, HCA Hungría, Universidad de Pádua Italia, Universidad de Atenas Grecia, Universidad Católica Peter Pazmany Hungría, Universidad de Roma Italia, UCL de Londres Reino Unido, Universidad de Utrecht Los Países Bajos, EUI Italia

La Academia de Tréveris (E.R.A.) se encargó de prácticamente la mitad de las actividades de formación cofinanciadas (13 de 29).

Jueces de todas las nacionalidades de la Unión siguieron las formaciones impartidas.

Desde 2007, año en que el capítulo relativo al Derecho de competencia se incluyó en el Programa sobre justicia civil, un número creciente de jueces (así como de fiscales y otros profesionales del Derecho) pudieron beneficiarse de cursos de formación: 499 en 2007, 678 en 2008 y 747 en 2009.

SUBVENCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Subvenciones concedidas a raíz de una convocatoria de propuestas

Durante los primeros tres años, la posibilidad de cofinanciar el programa de trabajo de algunas ONG suscitó escasas candidaturas (19), de las cuales solo unas pocas fueron seleccionadas (los tres primeros años, se seleccionaron seis organizaciones diferentes, de las cuales una fue seleccionada tres veces y otra dos veces).

Los créditos reservados para este tipo de actividades no se comprometieron satisfactoriamente (alrededor del 30 %, el 50 % y el 60 % de los créditos disponibles durante los tres primeros años del Programa), lo que llevó a la Comisión a reducir en gran medida esta dotación indicativa a partir de 2011 (150 000 EUR en lugar de 500 000 EUR).

En la conclusión del informe se tratará de los motivos de ese desinterés y de las conclusiones que de ello se derivan.

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Verde: Propuestas

Rojo: Seleccionadas

- Subvenciones concedidas a organismos mencionados en la Decisión de base

El artículo 4, letra d), de la Decisión de 25 de septiembre de 2007 establece la posibilidad de conceder una subvención de funcionamiento a dos redes europeas explícitamente indicadas: la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea y la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. Esta disposición solo significa que dichas organizaciones no están sujetas a la competencia en el marco de una convocatoria de propuestas. Deben, en cambio, presentar un programa de trabajo al principio del año y un informe final, que la Comisión analizará antes de abonar la prefinanciación y el pago final.

Los Presidentes de Tribunales Supremos de los Estados miembros de la Unión Europea expresaron su deseo de agruparse en una asociación, cuya asamblea constituyente se celebró el 10 de marzo de 2004 en el Tribunal de Apelación francés con el apoyo financiero de la Comisión Europea [Programa marco sobre cooperación policial y judicial en materia penal (AGIS)].

La Red de Presidentes proporciona a las instancias europeas la facultad de consultar a los Tribunales Supremos, y a estos últimos, las condiciones favorables para un acercamiento que propicie la reflexión y el debate. Sus miembros se reúnen en los coloquios para debatir sobre temas de interés común. En el marco del Programa de intercambios de las autoridades judiciales europeas se organizan, en colaboración con la Red Europea de Formación Judicial, períodos de prácticas para los miembros de los Tribunales Supremos.

Desde 2006, la Red está elaborando, con apoyo financiero de la Comisión Europea, un proyecto de Portal Común de Jurisprudencia que debiera permitir a sus miembros consultar todas las bases de datos de jurisprudencia nacional.

Las actividades de dicha red tienen especial importancia en el ámbito cubierto por el Programa sobre Justicia civil y, en particular, en lo referente al Portal de Jurisprudencia.

La subvención europea permitió que en 2008 se creara e iniciara sus actividades la Red de Consejos del Poder Judicial.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Conclusiones

El Programa inició su andadura hace poco más de tres años y, entre las que se beneficiaron de financiación, son pocas las actividades que ya han finalizado. Por consiguiente, todavía es demasiado pronto para evaluar el impacto y los resultados del Programa.

En cambio, ya es posible constatar que las actividades financiadas, tanto si se trata de las emprendidas por iniciativa de la Comisión como de proyectos específicos, se insertan bien en la ampliación de los objetivos del Programa y, de un modo más general, en los deseos de la Comisión de favorecer el conocimiento y la correcta aplicación del Derecho europeo en el ámbito del Derecho civil.

Las principales iniciativas de la Comisión que ya se están realizando (Atlas Judicial, base de datos, actividades de información, conferencias y estudios) pretenden, por medios distintos y complementarios, informar a los profesionales del Derecho, o incluso al público en general, de las recientes evoluciones del Derecho de la UE en cuestiones civiles. Se ha insistido especialmente en que la información sea práctica y directamente utilizable, en particular recurriendo a las nuevas tecnologías de comunicación.

Con una parte más limitada del presupuesto, la posibilidad de cofinanciar el programa de trabajo de algunas ONG suscitó, durante los tres primeros años, muy pocas candidaturas, de las que solo unas pocas se seleccionaron (solamente seis organizaciones distintas durante los tres primeros años)

Por consiguiente, la pertinencia de los objetivos del Programa sobre Justicia civil, que se sitúan en la continuación de la actividad legislativa de la Comisión o, en ocasiones, preliminarmente a esta, es indudable. El Programa sobre Justicia civil, que es una continuación de los programas anteriores, representa un papel importante en términos de apoyo a la política europea en el ámbito de la justicia. Las actividades financiadas, por un importe bastante reducido, permiten implicar con eficacia a la sociedad civil organizada, así como a los Estados miembros, en la creación y aplicación armoniosa del Derecho europeo.

Por otra parte, la gestión del programa, incluso con unos recursos humanos limitados, es eficaz y los socios de la Comisión se muestran, en general, de acuerdo.

- Recomendaciones

No obstante, pueden formularse distintas recomendaciones con vistas a que el Programa sea más eficaz.

- ¿Cómo hacer que el Programa sea más atractivo?

Si la calidad de las actividades financiadas no parece dar lugar a dudas, cabe constatar que el número de propuestas recibidas no es demasiado elevado y que tampoco hay una gran diversidad de orígenes geográficos (véanse los gráficos anteriores). Así pues, la Comisión solo recibió algo más de 150 propuestas en cuatro años, cuando esperaba recibir entre 100 y 150 desde el primer año (dicha cifra, indicada en los programas de trabajo en la rúbrica «expected results», se corrigió a la baja después de los tres primeros años).

Hay varias explicaciones a esta situación, en primer lugar de las cuales figuran:

- El aspecto particularmente técnico de los temas abordados en el Programa (mucho más que en el caso de Daphne III, Derechos Fundamentales y Ciudadanía o, incluso, Justicia penal) que conduce a reservar la presentación de propuestas a candidatos iniciados.

- La dificultad para pequeñas organizaciones para encontrar socios y fuentes de financiación personal.

- La falta de conocimiento del Programa fuera de su primer círculo de «clientes».

- El temor de los posibles candidatos ante la complejidad de los procedimientos.

Si la primera de dichas dificultades es inherente a la propia naturaleza del Programa, respecto de las tres otras es posible actuar de dos maneras:

- por una parte, mejorando la publicidad del Programa, en particular mediante presentaciones en los Estados miembros que permitan informar a las organizaciones más locales, explicarles cómo presentar una candidatura, cómo concebir un buen proyecto y cómo encontrar socios; la Comisión actúa en colaboración con las autoridades del país de que se trate, quienes se encargan de reunir a las asociaciones interesadas; desde 2008, las visitas de ese tipo en varios Estados miembros permitieron aumentar su participación;

- por otra parte, simplificando los procedimientos; la simplificación, que todos los agentes interesados reclaman sin cesar, es un ejercicio que hay que compaginar con los requisitos de transparencia, buena gestión financiera e igualdad de trato entre todos los socios interesados; los procedimientos actuales conducen a unos plazos excesivos entre la publicación de las convocatorias de propuestas y el inicio de las actividades, plazos que se explican por una multiplicidad de fases que parece desproporcionada en relación con los importes de que se trata (plazo de presentación de las candidaturas, procedimientos internos de la Comisión, discusión de los presupuestos con los beneficiarios y procedimientos de comité).

- Prioridades mejor definidas y más acordes con las prioridades políticas de la Comisión.

La definición de las prioridades debería centrarse más y mejor en las actividades políticas y favorecer los proyectos que coinciden con dichas prioridades.

Además, debería concederse más atención a la divulgación de los resultados de los proyectos, para garantizar una mejor visibilidad de estos y del conjunto del Programa.

- Más valor añadido europeo.

Los esfuerzos financieros deberían concentrarse en proyectos con una verdadera dimensión europea y cuyo valor añadido europeo sea considerable. Para alcanzar este objetivo habrá que financiar proyectos de mayor envergadura. Para ello, los programas de trabajo anuales, así como la próxima decisión de base, deberían incluir la provisión financiera necesaria.

La propuesta de Decisión de base de la Comisión para el programa actual ya establecía que, como mínimo, debían participar tres Estados miembros, mientras que en el texto final solo se habla de dos (en el Programa sobre Justicia penal incluso pueden aceptarse proyectos «nacionales»).

- Subvenciones de funcionamiento

Como ya se ha dicho, el aspecto sobre «subvenciones de funcionamiento» del Programa no ha arrojado, hasta la fecha, mas que escasos resultados, lo que puede explicarse por cierta falta de entusiasmo por ese tipo de subvención, aunque también porque la mayoría de las propuestas presentadas son con frecuencia más parecidas a proyectos de acción específica que a un programa de trabajo anual. Además, resulta muy difícil elucidar cuál es la dimensión europea de este tipo de actividad (fuera de las verdaderas redes europeas que eran el núcleo central de la propuesta de la Comisión).

Teniendo en cuenta la carga de trabajo que representa la publicación anual de una convocatoria de propuestas dedicada a las subvenciones de funcionamiento y los resultados obtenidos, la Comisión debería plantearse no repetir la experiencia en 2014.

- Relaciones entre los programas: ¿hacia una fusión?

Con miras al próximo período de programación financiera que empezará en 2014, pueden plantearse distintas posibilidades de reforma del Programa, entre las cuales figura la fusión con el programa «gemelo» sobre Justicia penal. Estos dos programas se diferenciaron en 2007 con motivo de su diferente base jurídica, lo que implicaba un procedimiento de adopción también diferente, pero este problema ha dejado de plantearse desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

Por consiguiente, la Comisión podría considerar la posibilidad de proponer un programa sobre «Justicia» en el que se agrupen los actuales programas sobre Justicia civil y Justicia penal.

[1] Nº 1149/2007/CE, DO L 257 de 3.10.2007, p. 16.