[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 6.10.2006

COM(2006) 577 final

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

por la que se modifica la Decisión 2004/793/CE relativa a la conclusión del procedimiento de consulta con la República Togolesa en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Habida cuenta de la reiterada violación de los principios democráticos y derechos humanos en Togo, la Unión Europea consideró en 2004 que la situación política constituía una violación de los elementos esenciales recogidos en el artículo 9 del Acuerdo de Cotonú revisado[1] y realizó consultas con la República Togolesa en virtud del artículo 96 de dicho Acuerdo.

En el marco de estas consultas el Gobierno togolés asumió 22 compromisos, encaminados a restaurar la democracia y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que prevén en particular:

- La vuelta a la democracia mediante la reanudación del diálogo nacional con la oposición tradicional y la sociedad civil y, en ese contexto, la revisión del sistema electoral. Se organizarán elecciones locales y legislativas sobre la base de ese nuevo sistema electoral y está previsto promover una política de descentralización para intensificar el proceso de democratización.

- El refuerzo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Gobierno ha dado garantías de que no se practicarán la tortura ni otros actos inhumanos y degradantes y ha garantizado también el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho de reunión y manifestación, y la libre circulación. Asimismo, está prevista la revisión de los estatutos y mandatos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación, así como la liberación de los presos políticos y el tratamiento acelerado de los expedientes de las personas que se encuentran en detención preventiva.

- El refuerzo del Estado de Derecho y, sobre todo, del sistema judicial.

Al final de 2004 se habían realizado esfuerzos notables y se habían cumplido numerosos compromisos o estaban en vías de serlo.

La muerte del Presidente Eyadema el 5 de febrero de 2005 sumergió al país en una nueva crisis política, cuyo resultado fue un retroceso en muchos de aquellos compromisos y una agravación sin precedentes de la situación de los derechos humanos, en particular en el momento del golpe de Estado «constitucional» del 6 de febrero de 2005 y de la controvertida elección presidencial de abril de ese mismo año. Según las fuentes, hubo entre 150 y 500 muertos y los violentos enfrentamientos que conoció el país condujeron a 40 000 togoleses a refugiarse en Benín y Ghana. De esta situación dio constancia la primera misión de seguimiento de la Decisión del Consejo, efectuada en julio de 2005.

En junio de 2005 las Naciones Unidas llevaron a cabo una misión de determinación de los hechos, cuyo informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Togo antes, durante y después de las elecciones presidenciales de abril se publicó en septiembre de 2005. Este informe denunciaba, en particular, la impunidad de que gozan los autores de las extorsiones y el papel del ejército, puesto al servicio de un partido para su mantenimiento en el poder.

La oposición impugnó la legitimidad del nuevo Presidente electo, Faure Gnassingbé, y el 12 de mayo de 2005, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución en esa misma línea.

Ante la presión de la comunidad internacional, el nuevo Presidente inició una política de apertura. El 8 de junio de 2005, se nombró un Primer Ministro de la oposición moderada y, el 20 de ese mismo mes, se formó un Gobierno con la participación de varios ministros procedentes de esa misma oposición. Concretamente, la cartera de Justicia se confió a un opositor. El Presidente Gnassingbé y el Gobierno situaron la aplicación de los 22 compromisos asumidos ante la Unión Europea en el centro de su proyecto político.

Posteriormente, los avances en términos de respeto de los compromisos asumidos han sido regulares y significativos, sin ignorar los dos nuevos problemas planteados a raíz de los acontecimientos de 2005; a saber, el papel del ejército y los refugiados. Estas acciones se realizaron en un contexto difícil vinculado a la presencia de un ala conservadora en el poder y en las fuerzas armadas.

Las principales acciones llevadas a cabo, tal como se desprende de la segunda misión de seguimiento realizada en marzo de 2006 y de los últimos cambios políticos hasta agosto de 2006, pueden resumirse como sigue:

- En el ámbito de los medios de comunicación, se observa la aplicación del nuevo Código de la Prensa de agosto de 2004, considerado como uno de los más liberales de la subregión, una mejora de la situación en los medios de comunicación oficiales con la supresión del culto de la personalidad y un mejor acceso de los partidos, así como la recomposición de la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación.

- En el ámbito de la Justicia, el Presidente Faure pronunció en agosto de 2005 un discurso en el que denunciaba sin ambages una Justicia lenta y corrompida. Los prisioneros políticos detenidos durante los acontecimientos de 2005, un grupo de presos en detención preventiva anormalmente larga y 11 militares detenidos en secreto desde 2001 fueron liberados. Las condiciones de detención en las prisiones mejoraron y se ultimó con el PNUD un programa de reforma de la Justicia que está comenzando a aplicarse.

- De abril a agosto de 2006, se mantuvo un verdadero diálogo político intertogolés con la oposición tradicional surgida del Acuerdo marco de Lomé, con un orden del día abierto en el que se abordaron, a petición de la oposición, más allá de la cuestión del marco electoral, las cuestiones institucionales, la reforma del ejército, el problema de los refugiados y el contencioso fruto de las últimas elecciones presidenciales. Este diálogo desembocó en un Acuerdo Político Global firmado el 20 de agosto por el conjunto de los participantes, en el que se abordan todas estas cuestiones.

- Las autoridades togolesas han emprendido una serie de medidas destinadas a reformar las fuerzas armadas togolesas, separando las funciones de defensa exterior de la seguridad interior y limitando el papel del ejército en la vida civil; se está elaborando un nuevo estatuto de las fuerzas armadas; en mayo de 2006 los militares fueron sustituidos por civiles al frente de los controles financieros del Estado, en particular en la dirección de aduanas e impuestos; y, aunque las primeras actuaciones para reforzar el personal de la policía y la gendarmería adolecieron de cierta falta de transparencia, la situación debería mejorar.

- Por lo que se refiere a los refugiados, el principal problema consiste en restablecer un clima de confianza para que puedan volver; en ese sentido, el Gobierno adoptó un plan para impulsar su regreso y decidió suspender las actuaciones judiciales contra los culpables de delitos. En agosto de 2006, el clima de menor crispación política se reflejó en el comienzo de un movimiento importante de retorno de estos refugiados.

La cuestión del compromiso 2-6, que trata de la lucha contra la impunidad, sigue candente. No ha habido ninguna sanción visible contra los autores de las extorsiones. No obstante, la apertura en Lomé de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos constituye un hecho positivo esencial y alentador en ese ámbito.

En materia de restauración de la democracia se obtuvo un acuerdo político consensual en el marco del diálogo intertogolés. El texto firmado hace hincapié en la definición de un marco electoral que permita convocar elecciones legislativas. Trasciende los compromisos asumidos frente a la Unión Europea, abordando otras cuestiones de fondo que permiten avanzar hacia una reconciliación nacional duradera, como las relativas a las reformas constitucionales y al ejército.

Respecto a las elecciones legislativas, que son el punto central del proceso de reanudación de la cooperación con Togo, hay que señalar que, con motivo de las dos misiones de seguimiento, la mayoría de los interlocutores afirmó que era necesario tomarse el tiempo preciso para organizarlas bien, en particular con un censo electoral creíble. Ahora, bien, el vencimiento de la actual asamblea, en noviembre de 2007, constituye la fecha límite.

Las acciones emprendidas con determinación por las autoridades togolesas son positivas. La crisis política del primer semestre de 2005 no permitió respetar el calendario inicialmente previsto para los 22 compromisos, pero la dinámica iniciada actualmente permite prever el respeto de esos compromisos en un plazo de 12 a 24 meses.

A la luz de lo que precede y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú, la Comisión propone al Consejo prorrogar 24 meses el período de validez de la Decisión del Consejo de 15 de noviembre de 2004, ajustar de manera limitada las medidas convenientes, en lo tocante a los remanentes de los FED anteriores y, consecuentemente, adoptar la Decisión adjunta.

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

por la que se modifica la Decisión 2004/793/CE relativa a la conclusión del procedimiento de consulta con la República Togolesa en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000[2] y revisado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005[3] y, en particular, su artículo 96,

Visto el Acuerdo interno entre los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a las medidas y los procedimientos que deben adoptarse para la aplicación del Acuerdo de Asociación ACP-CE[4] y, en particular, su artículo 3,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1) La Decisión del Consejo 2004/793/CE, de 15 de noviembre de 2004, relativa a la conclusión del procedimiento de consulta con la República Togolesa en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú[5], prevé un período de validez de 24 meses a partir de su fecha de adopción para el seguimiento de las medidas pertinentes.

(2) La crisis política de 2005, a raíz de la muerte del Presidente Eyadema, constituyó un acontecimiento imprevisto que puso en entredicho el calendario inicial de aplicación de los compromisos asumidos por el Gobierno togolés y no permitió alcanzar los objetivos fijados en el plazo inicialmente exigido.

(3) Tras este período de seguimiento, muchos de los compromisos se han cumplido y los principales compromisos restantes se han plasmado en iniciativas concretas. Sin embargo, aún deben aplicarse varias medidas importantes respecto a los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú.

DECIDE:

Artículo 1

Queda prorrogada 24 meses, hasta el 15 de noviembre de 2008, la validez de la Decisión 2004/793/CE relativa a la conclusión del procedimiento de consulta con la República Togolesa en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. Se reexaminará periódicamente cada seis meses.

Artículo 2

Se mantienen sin cambios, las medidas adoptadas mediante la Decisión 2004/793/CE en concepto de las medidas pertinentes contempladas en el artículo 96, apartado 2, letra c), del Acuerdo de Cotonú, a reserva de los ajustes precisados en el proyecto de carta que figura en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción. Se publica rá en el Diario Oficial de la Unión Europea .

Hecho en Bruselas, el [...]

Por el Consejo

El Presidente

[… ]

ANEXO

A la atención del Primer Ministro, Jefe del Gobierno de la República Togolesa

Excmo. Sr. Primer Ministro:

La Unión Europea concede gran importancia a las disposiciones del artículo 9 del Acuerdo de Cotonú. El respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho, en los que se asienta la Asociación ACP-UE, son elementos esenciales de dicho Acuerdo y constituyen, por lo tanto, el fundamento de nuestras relaciones.

La Unión Europea consideró en 2004 que la situación política en Togo constituía una violación de esos elementos esenciales e inició en abril consultas en virtud del artículo 96 del Acuerdo, en el marco de las cuales el Gobierno asumió 22 compromisos. Estas consultas dieron lugar a conclusiones que se comunicaron al Jefe del Gobierno en una anterior correspondencia de 15 de noviembre de 2004.

Las medidas pertinentes prevén un período de seguimiento de 24 meses que finaliza el 14 de noviembre de 2006. Durante este período se ha podido mantener un diálogo político reforzado, que se concretó entre otros hechos en la realización de misiones de seguimiento conjuntas del Consejo y la Comisión en julio de 2005 y marzo de 2006.

El seguimiento de los compromisos asumidos evidencia una importante mejora de la situación a finales de 2004, seguida por una degradación de la situación con motivo de los acontecimientos de 2005 que siguieron a la muerte del Presidente Eyadema. A partir de junio de 2005 se puso en marcha una política de apertura, y el balance actual muestra una mejora considerable y regular de la situación, como por ejemplo el reciente Acuerdo Político Global, por el que deseamos felicitar a las autoridades y al conjunto de los protagonistas togoleses.

Entre las principales iniciativas que se han tomado, destacamos las siguientes:

- La constitución de un Gobierno de apertura en el que se integran los miembros de la oposición.

- La aplicación del nuevo Código de la Prensa, el esfuerzo realizado por los medios de comunicación oficiales con objeto de dar una cobertura más equilibrada de la actualidad y una primera recomposición de la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación.

- La aprobación de un programa de reforma de la Justicia, la liberación de los prisioneros políticos detenidos durante los acontecimientos de 2005 y la mejora de las condiciones de detención.

- El mantenimiento de un verdadero diálogo político intertogolés que ha permitido a todas las partes abordar sin excepción los puntos litigiosos en el marco de un orden del día abierto. Este diálogo dio lugar a la firma de un acuerdo político por el conjunto de los participantes el 20 de agosto pasado. El texto firmado aspira a sentar las bases de una reconciliación nacional duradera y va más allá de los compromisos asumidos ante la Unión Europea. Además de las cuestiones relativas al marco electoral y a la impunidad, aborda también las relativas a la prosecución de las reformas constitucionales y al ejército.

- La firma el 10 de julio de 2006 de un Protocolo de Acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos sobre la apertura de una oficina en Lomé, encargada de asistir al Gobierno y de seguir la cuestión de los derechos humanos en Togo.

Asimismo, tenemos también en cuenta acciones que, sin estar incluidas estrictamente en los 22 compromisos asumidos, tienen relación con ellos y han comenzado a aplicarse. Se trata de la reforma del ejército, que debe separar las misiones de defensa exterior y seguridad interior, y el tema de los refugiados, respecto a los cuales, el primer paso necesario es la restauración de la confianza.

No cabe duda de que las acciones emprendidas contribuirán a la restauración de la democracia y al respeto de los derechos humanos, y van en el sentido del cumplimiento de los compromisos asumidos.

En este contexto la Unión Europea desea comunicar cuáles son sus expectativas concretas, a saber:

- la consolidación de los avances realizados, que deberá confirmarse con motivo de las próximas citas electorales;

- la aplicación del marco electoral aceptado por todas las partes y definido en el Acuerdo Político Global, que permite avanzar hacia unas elecciones legislativas libres y transparentes;

- la definición de un marco jurídico que organice la financiación de los partidos políticos;

- la continuación del proceso de descentralización;

- el tratamiento de la cuestión de la lucha contra la impunidad, tal como se indicaba en el compromiso 2-6 anejo a nuestra anterior correspondencia del 15 de noviembre de 2004, y las garantías del respeto de los derechos humanos derivadas del compromiso 2-1;

- la revisión de los estatutos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su recomposición.

Consciente de la dinámica positiva que se ha puesto en marcha en Togo y del camino que queda por recorrer, la Unión Europea ha decidido prolongar el período de seguimiento de la decisión de 15 de noviembre de 2004 para elevarlo a 48 meses, de tal modo que permita a las autoridades togolesas cumplir la totalidad de los compromisos asumidos.

A este respecto, las medidas pertinentes que se les comunicaron en nuestra anterior correspondencia de 15 de noviembre de 2004 siguen siendo aplicables.

En este contexto los remanentes del 6º y 7º FED se aplicarán según los objetivos fijados en las medidas pertinentes para apoyar la realización de las elecciones legislativas, financiar un mecanismo de cooperación técnica, destinado entre otros fines a sostener el cumplimiento de los 22 compromisos, apoyar un programa de reforma de la Justicia y de sensibilización a los derechos humanos, así como para financiar un programa social de obras con alta intensidad de mano de obra.

Reciba el testimonio de nuestra mayor consideración,

Hecho en Bruselas, el [...]

Por la Comisión | Por el Consejo |

[1] DO L 287 de 28.10.2005, p. 4.

[2] DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

[3] DO L 287 de 28.10.2005, p. 4.

[4] DO L 317 de 15.12.2000, p. 376.

[5] DO L 349 de 25.11.2004, p. 17.