Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión sobre las prioridades de la política de los consumidores (1996-1998)»

(96/C 295/14)

El 6 de febrero de 1996, de conformidad con el artículo 129 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión sobre las prioridades de la política de los consumidores (1996-1998)».

La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de mayo de 1996 (Ponente: Sr. Koopman).

En su 337° Pleno (sesión del 11 de julio de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 111 votos a favor, 3 votos en contra y 5 abstenciones el presente dictamen.

El Comité apoya plenamente las nuevas directrices que se recogen en la Comunicación de la Comisión sobre las prioridades de la política de los consumidores (1996-1998), así como las consideraciones que sustentan dichas opciones.

El Comité ha presentado una serie de observaciones sobre estas prioridades y espera que la Comisión las tenga en cuenta. Las prioridades para la acción son las siguientes:

1. Un gran esfuerzo para mejorar la educación y la información de los consumidores.

2. Completar, revisar y mantener actualizado el marco que garantice que los intereses de los consumidores se tengan plenamente en cuenta en el mercado interior.

3. Los servicios financieros desde el punto de vista de los consumidores.

4. La protección de los intereses de los consumidores en la prestación de servicios esenciales de utilidad pública.

5. Medidas que permitan a los consumidores aprovechar las oportunidades que ofrece la sociedad de la información.

6. Medidas para mejorar la confianza del consumidor en los productos alimenticios.

7. Fomentar un sistema práctico para conseguir un consumo sostenible.

8. Refuerzo y aumento de la representación de los consumidores.

9. Ayuda a los países de Europa central y oriental para el desarrollo de sus políticas de consumo.

10. Consideraciones en materia de política de los consumidores en los países en vías de desarrollo.

1. Observaciones generales

1.1. Este es el sexto plan de actuación en el campo de la política comunitaria de los consumidores. El primer programa de acción (quinquenal) se puso en marcha en 1975. Sus logros fueron escasos, y en el momento de expirar el plan apenas se había adoptado ninguna de las medidas propuestas. Desde entonces se ha progresado mucho y se ha conseguido una importante mejora de la protección de los intereses de los consumidores, lo que demuestra asimismo que la política de los consumidores ha consolidado su posición entre las políticas comunitarias ().

1.2. Esta opción positiva no debe, sin embargo, malinterpretarse. No hay razón para adoptar una actitud de complacencia, pues aún queda mucho camino por recorrer. En este sentido, es de lamentar que en la presente Comunicación la Comisión no haya analizado ni examinado retrospectivamente, los éxitos y fallos cosechados en el desarrollo de las actividades incluidas en su último plan trienal de actuación que expiró a finales de 1995 (). En efecto, un análisis o una reflexión de este tipo puede ofrecer información valiosa acerca de si los instrumentos y las competencias disponibles son suficientes para conseguir los objetivos enunciados. Además puede ayudar a explicar las razones por las que determinadas propuestas no se llevaron a cabo y contribuir a mejorar las políticas aplicadas.

1.3. Sería útil saber, por ejemplo, cuál es la opinión de la Comisión sobre el funcionamiento del artículo 129 A. También sería importante conocer el grado de aplicación y cumplimiento de la legislación establecida en el primer y segundo planes trienales de actuación. Finalmente, sería interesante saber lo que la Comisión tiene intención de hacer con los «restos» del segundo plan trienal de actuación, por ejemplo la cuestión de las reclamaciones en el caso de los productos alimenticios.

1.4. El Comité coincide con la Comisión en que ha llegado el momento de «hacer frente a otras cuestiones y problemas que afectan a los consumidores» en lugar de centrarse exclusivamente en los temas relacionados con la realización del mercado interior. El Comité respalda también plenamente las nuevas directrices que se recogen en la Comunicación, así como las consideraciones que sustentan dichas opciones. Sin embargo, señala que el mercado único está lejos de ser realidad y que queda aún mucho por hacer para generar y fomentar la confianza de los consumidores en el mercado único, como así lo reconoce la propia Comisión en varios informes (). Una defensa consciente de los derechos de los consumidores es condición sine qua non para ganarse su confianza.

1.5. En este sentido, el Comité manifiesta su sorpresa por el hecho de que la Comisión no haga ninguna referencia a la importancia de la política de competencia para la consecución de los objetivos de la política de los consumidores. La política de competencia persigue fundamentalmente abrir los mercados e impedir que las empresas obtengan beneficios de forma irregular por medio de prácticas comerciales restrictivas a expensas de los consumidores y de las empresas que observan las normas de competencia. Para el consumidor las ventajas de la competencia se materializan en una oferta más amplia, en bienes y servicios más acordes con sus necesidades y en precios más bajos.

1.6. Al CES le hubiese gustado también que la Comisión hubiera señalado la importancia de su elección de prioridades desde la perspectiva de la subsidiariedad ¿En qué casos propone la Comisión soluciones armonizadas y en qué otros tiene la intención de dejar a los Estados miembros un marco u otros instrumentos para ayudarles a encontrar ellos mismos las soluciones de los problemas? La Comisión debería tener en cuenta que el Comisario encargado de la política de los consumidores no ocupará «el asiento del conductor» en muchos de estos temas; el Comité querría saber si la Comisión considera necesario o no la adopción de nuevas medidas que faciliten la integración de los intereses de los consumidores en las demás políticas.

1.7. Desde un punto de vista analítico, el mensaje contenido en esta Comunicación habría sido más convincente si se hubiese aplicado un método estricto: (1) definición del problema, (2) objetivos para la política de los consumidores y (3) estrategia.

1.8. Las nuevas directrices de la Comisión ponen de relieve al mismo tiempo un importante rasgo de la política de los consumidores: por su carácter horizontal, sigue siempre los fenómenos económicos y otros fenómenos societales. Por así decirlo, sigue la corriente, y en ese sentido nunca está terminada.

1.9. El CES insta a la Comisión a que presente cuanto antes propuestas concretas que concreten las ideas, a menudo vagas, que se contienen en la Comunicación. Nadie espera de la Comisión que en la actual fase indique las medidas precisas que son necesarias para conseguir los objetivos en estos nuevos ámbitos; pero los primeros pasos en ese sentido hay que darlos sin demora. El objetivo del presente dictamen es contribuir al debate público que es necesario para conseguir una mayor claridad, y el CES espera que las demás partes hagan lo propio.

1.10. El CES se remite aquí a su reciente dictamen sobre el «Mercado único y protección de los consumidores: oportunidades y obstáculos en el gran mercado »() en el que se formulan una serie de opiniones y recomendaciones importantes sobre las que no volveremos en el presente documento.

2. Prioridades

2.1. Información y educación 2.1.1. La información y la educación han sido siempre las piedras angulares de la política de los consumidores. Su importancia capital está reconocida desde hace tiempo como lo demuestra el hecho de que la Cumbre Europea las declarase ya en 1972 como uno de los cinco derechos fundamentales de los consumidores. La elección del consumidor es uno de los aspectos centrales de toda economía de mercado, y no es posible elegir con conocimiento de causa sin un mercado transparente.

2.1.2. El Comité suscribe plenamente la prioridad dada a la información y la educación, y hace hincapié en la necesidad de que la información sea visible, legible y comprensible. El consumidor debe estar informado sobre sus derechos y obligaciones con el fin de poder ejercerlos adecuadamente. Para que la información tenga sentido, el lenguaje ha de ser claro.

2.1.3. Los proveedores de bienes y servicios que mantienen una concertación con las organizaciones de consumidores podrían mejorar la calidad del etiquetado específico de cada sector. Las recientes iniciativas comunitarias encaminadas a elaborar, suscribir e introducir códigos de información sobre los productos deberían tener continuidad. La elaboración de información normalizada sobre los productos () es una contribución clave a la transparencia del mercado. Si se quiere integrar estos aspectos en una buena estrategia de comercialización, en colaboración con las organizaciones más familiarizadas con la demanda del mercado y con los «centros de excelencia» (de los que se habla en la Comunicación), es preciso aprovechar mejor la propia información del fabricante sobre las propiedades y funcionamiento de sus productos.

2.1.4. Aunque es obligación de los proveedores informar correctamente al consumidor sobre los productos y servicios disponibles, el CES subraya que las organizaciones de consumidores también existen para facilitar consejo e información independientes al consumidor.

2.1.5. El Comité hace hincapié en que los Estados miembros juegan un papel clave en el fomento de la educación del consumidor, ya que sin ella mucha información caería en oídos sordos. Para poder evaluar la información es preciso que el consumidor tenga un conocimiento básico de sus derechos y obligaciones y del funcionamiento del mercado. La educación del consumidor debería iniciarse en la escuela primaria.

2.1.6. El CES sugiere a la Comisión que, en aras de una mejor información europea a los consumidores, se establezca un esquema de referencia para la política de educación del consumidor, que vaya desde la educación básica a los estudios universitarios, con objeto de que los Estados miembros puedan comparar medidas positivas en este aspecto.

2.1.7. Asimismo debería ofrecerse a los educadores formación continua en cuestiones de consumo en distintos niveles.

2.1.8. El Comité solicita a la Comisión que aclare qué medidas tiene previsto tomar como respuesta a la Resolución del Consejo de noviembre de 1995, en la que se le exhorta a que estudie para fines de 1996 si resultaba necesario o no emprender una iniciativa comunitaria para mejorar el intercambio de información y la cooperación entre los Estados miembros en el campo de la educación de los consumidores.

2.1.9. Aunque apoya esta prioridad, el CES es de la opinión de que no deberían fomentarse dichos esfuerzos a expensas de otros intereses vitales del consumidor.

2.2. El marco jurídico y el mercado único 2.2.1. El CES acoge favorablemente la propuesta de Directiva relativa a las acciones inhibitorias en materia de protección de los intereses de los consumidores y la Comunicación de la Comisión relativa a un «Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios en materia de consumo en el mercado único» (). Opina que ambas iniciativas, sobre las que está elaborando un dictamen, contribuirán a la realización del mercado único.

2.2.2. El Comité considera que desde el punto de vista del consumidor, la realización del mercado único requiere otras medidas. En particular, hace referencia a sus comentarios sobre las deficiencias del artículo 129A () y expresa su deseo de que se revise dicho artículo en el transcurso de la CIG, tal y como lo han sugerido asimismo algunos miembros del Grupo de Reflexión. Por otro lado, el Comité se alegra de que la Comisión haya presentado por fin propuestas concretas como continuación del Libro Verde sobre garantías y servicios posventa (), sobre las cuales emitirá próximamente un dictamen. El Comité insta a la Comisión a que presente una propuesta de modificación de la Directiva sobre responsabilidad de los productos con miras a extender su ámbito de aplicación a los productos agrarios no transformados (). Por último, el CES desea que la Comisión presente nuevas iniciativas en el ámbito de la responsabilidad de los servicios, y le insta a que estudie la necesidad de una legislación comunitaria para proteger a los consumidores ante la creciente diversidad de prácticas comerciales utilizadas en la venta de servicios.

2.2.3.1. El CES acoge favorablemente la afirmación de la Comisión en el sentido de que velará por la correcta aplicación de la legislación sobre el mercado único. Asimismo, destaca la labor que está llevando a cabo en la aplicación de la legislación, en la valoración de sus efectos sobre el consumidor y la formulación de sugerencias sobre los ajustes necesarios. Al CES le interesa en especial un análisis de la legislación en materia de responsabilidad y seguridad de los productos.

2.2.3.2. El CES recuerda en este contexto que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo expresaron la intención de trabajar estrechamente con el CES, que «combina el conocimiento técnico con la sensibilidad política necesaria »() para efectuar una evaluación constante de la eficacia de la reglamentación comunitaria. El Comité vuelve a confirmar su buena disposición para trabajar estrechamente y de un modo permanente con las instituciones comunitarias y las organizaciones profesionales pertinentes en este asunto y prestar todo su apoyo a la revisión actual de la eficacia del mercado único, valorando en particular sus efectos sobre el consumidor y las sugerencias sobre los ajustes apropiados.

2.2.3.3. En esta perspectiva, el Comité insta a la Comisión a que presente propuestas para mejorar las estructuras de intercambio de información a nivel comunitario, al objeto de garantizar, por una parte, el carácter sistemático y la coherencia del control, análisis e información sobre los peligros y los riesgos a que se enfrentan los consumidores en Europa y, por otra parte, la aplicación eficaz de la legislación y de las acciones comunitarias existentes.

2.2.4. El consumidor, en general, se beneficiará de una mayor competencia y una mayor liberalización de los mercados (siempre que queden salvaguardados los intereses vitales de la sociedad). Con el fin de fomentar la confianza del consumidor en el mercado único debería realizarse un esfuerzo serio por abrir los mercados que gozan aún de un alto nivel de protección. La revisión de la política agrícola común desde el punto de vista de los consumidores es una necesidad urgente. Pero también son importantes los esfuerzos de la Comisión por liberalizar el mercado de la energía. Por último, es preciso tomar medidas para evitar las prácticas de concertación en la fijación de tarifas aéreas para pasajeros ().

2.3. Servicios financieros 2.3.1. El Comité acoge favorablemente la enumeración de los temas mencionados, pero echa en falta un calendario para las actuaciones previstas por la Comisión.

2.3.2. El CES agradece la propuesta de la Comisión en la que examina a fondo el mercado del crédito al consumo () en la que resuelve el problema de la exclusión de los servicios financieros de la Directiva sobre televenta. En concreto, el CES solicita a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre los requisitos mínimos para la protección del consumidor en la venta a distancia de servicios financieros. Asimismo, acoge favorablemente el compromiso de la banca de formular propuestas para colmar este vacío jurídico.

2.3.3. El Comité lamenta que la Recomendación relativa a los sistemas de pago () haya sido seguida de modo muy desigual e incluso ignorada por los emisores (en general) de tarjetas de pago (bancarias y no bancarias), tal como se desprende de una encuesta de la OEUC y de un estudio de Mitchell y Thomas de 1994. Dado que estas medidas (no obligatorias) no dan una protección suficiente a los intereses económicos de los titulares de tarjetas, el CES insta a la Comisión a que presente propuestas que ofrezcan al consumidor europeo una protección suficiente y justa. El rápido aumento de tarjetas no bancarias requiere una acción urgente. El Comité insta a la Comisión a que integre en sus propuestas los resultados del estudio que mandó realizar en 1995 sobre el particular, y que tenga en cuenta asimismo el nuevo código de conducta propuesto el año pasado por el sector bancario.

2.3.4. En particular los servicios financieros, se puede observar en toda la UE la aparición de servicios personalizados y complejos que contienen elementos de ahorro, seguro e inversión inmobiliaria e implican obligaciones contractuales a largo plazo. Cada vez resulta más difícil elegir el «paquete» que mejor se adapta a las necesidades del consumidor y comparar la rentabilidad de las diferentes ofertas. Es necesario concienciar a los consumidores y hacerles ver que el mercado financiero conlleva siempre riesgos y que no se puede dar ninguna garantía sobre la rentabilidad de un capital al margen de los métodos clásicos -y de sobra conocidos- de inversión. El factor «riesgo» hace por tanto difícil evaluar el rendimiento de las distintas ofertas. Ahora bien, el hecho de que el futuro sea, por definición, incierto, no significa que esta incertidumbre no pueda reducirse, tal como se ve también en otros contextos. Apoyándose, por ejemplo, en (i) la publicación normalizada de las hipótesis en las que las instituciones fundamentan sus previsiones relativas al rendimiento esperado, (ii) la normalización de las hipótesis relativas a variables sobre las que no se puede influir, y (iii) los resultados obtenidos en períodos anteriores, es posible ofrecer información que permita comparar las diferentes ofertas presentadas por las empresas. Por lo tanto, es perfectamente posible, y por otra parte sumamente deseable, desarrollar instrumentos de información que permitan al consumidor elegir con conocimiento de causa y que abran así la vía a una verdadera competencia.

2.3.5. El Comité también considera importante que se examine con atención la manera en que los consumidores se benefician o podrían beneficiarse de las posibilidades del mercado único en el campo de los seguros y, si procede, que presente propuestas para paliar los problemas encontrados. En su calidad de Observatorio del mercado único está listo para prestar ayuda a las instituciones comunitarias en este asunto. Dada la gran influencia de los factores multinacionales sobre el mercado europeo de los seguros, estará especialmente preocupado en asegurar la aplicación estricta de las normas comunitarias antimonopolistas.

2.3.6. El CES quisiera reiterar que la salvaguardia de los intereses de los consumidores es un factor de vital importancia para la adopción sin traumas de la moneda única (). Estas medidas son absolutamente necesarias para generar la confianza de los consumidores en el mercado único.

2.3.7. El Comité acoge favorablemente el anuncio que el Comisario encargado del mercado interior y de servicios financieros realizó en el III Foro Europeo de los Consumidores, en el sentido de que la DG XV y la DG XXIV constituirían un comité de trabajo. El Comité desea que dicho órgano contribuya a la cooperación entre ambas Direcciones Generales, a agilizar la introducción de las propuestas antes mencionadas y a su pronta aprobación.

2.4. Servicios públicos 2.4.1. El Comité acoge favorablemente el interés de la Comisión por los servicios públicos. Sin embargo, observa que la Comisión no ha definido el término «servicios esenciales de utilidad pública». El Comité entiende por servicios de utilidad pública () los servicios prestados por el Estado (administración central o local, u otros organismos públicos) y los que pueda prestar el sector privado pero con arreglo a normas establecidas por las autoridades, debido al interés público por la calidad o la fiscalidad de acceso a los mismos (sanidad, educación, transportes públicos, museos, etc.).

2.4.2. Desde el punto de vista de los consumidores, un aspecto que reviste la máxima importancia es el de los servicios públicos, porque todos ellos tienen en común que el consumidor, a diferencia de lo que sucede en el mercado (competitivo) de bienes o servicios, no puede elegir al proveedor o sólo puede elegirlo con limitaciones. Además, la gama, cantidad, calidad y precio de estos servicios no vienen determinados por el juego de la oferta y la demanda del mercado libre, sino por decisiones políticas u organismos de reglamentación.

2.4.3. Así pues, estos mercados no siempre presentan un funcionamiento eficiente. Sería beneficioso, tanto para los consumidores como para las administraciones (locales), mejorar aspectos como la asunción de responsabilidades, la eficiencia y la eficacia de la prestación de los servicios públicos. Ello supondrá una mayor satisfacción para los consumidores y un ahorro en el gasto público.

2.4.4. El Comité admite que en algunos casos la liberalización de estos servicios, como puede ocurrir con (parte de) los servicios de transporte público (), podría llevar a una mayor competencia. Pero, habida cuenta del carácter (cuasi) monopolístico de algunos servicios (por ejemplo los monopolios naturales de los municipios y de algunos servicios públicos), no siempre es posible la competencia. Además, el Estado tiene que garantizar al consumidor la calidad y el acceso a los servicios esenciales. Asimismo, tiene que cuidar de que los consumidores con menores recursos no queden excluidos.

2.4.5. Para los distintos tipos de servicios pueden elaborarse indicadores (). El establecimiento de normas en determinados servicios públicos que no pueden o no deberían ser liberalizados (completamente) también puede ser útil para mejorar la calidad y lograr una reducción de los precios. Tal vez la experiencia de «The Citizen's Charter» () en el Reino Unido y posiblemente otros experimentos () podrían dar información útil a ese respecto. Los aspectos horizontales se refieren a la relación contractual entre el consumidor y el empresario, a los modelos para la representación del consumidor, la tramitación de las reclamaciones, etc. ().

2.4.6. Debe lograrse que los consumidores intervengan de una manera participativa mediante el establecimiento de paneles de consumidores sectoriales en los Estados miembros, especialmente allí donde existen organismos reguladores que controlan las obligaciones y los precios de los servicios. Estos paneles de consumidores, con representación de diversas actividades socioeconómicas, incluido el ciudadano individual, deberían tener competencias para informar al usuario, recibir e investigar quejas y remitir en caso necesario el asunto al organismo regulador para la imposición de sanciones. Deberían ser creados por el organismo regulador o directamente por el proveedor del servicio público.

2.4.7. El Comité insta a la Comisión a que publique un Libro verde para estudiar el modo de fortalecer la voz de los consumidores en la prestación de estos servicios y en relación a su calidad y los efectos en los precios y tarifas, y reconoce que el principio de subsidiariedad hará recaer principalmente en los Estados miembros la responsabilidad de arbitrar estas medidas.

2.5. La sociedad de la información 2.5.1. En un futuro próximo casi todos los ciudadanos y consumidores experimentarán los efectos de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Éstas tendrán un efecto innovador en el sector de los consumidores puesto que revolucionarán el proceso de producción y de comercialización de bienes y servicios. Los efectos se extenderán a todo el mercado y a ámbitos como la sanidad, el transporte y la educación. Por este motivo, el Comité está convencido de que la participación activa de las organizaciones de consumidores en la construcción de una sociedad de la información es condición para su eventual éxito.

2.5.2. La Comisión ya ha presentado varias propuestas directamente relacionadas con el desarrollo de la sociedad de la información, sobre las cuales el Comité ha emitido varios dictámenes (). Aunque la Comisión, y, desde luego, el Comité, se han ocupado ya de aspectos relacionados con los consumidores, se requiere una vigilancia constante para estar al corriente de los nuevos conocimientos y desarrollos. El CES insta a la Comisión a que trabaje estrechamente con él y con el Foro de la Sociedad de la Información en el desarrollo de análisis continuos y a que siga analizando la importancia de estos cambios para el consumidor y las medidas que deberían aplicar los distintos agentes para fomentar la participación total y satisfactoria del consumidor en esta nueva Sociedad de la Información.

2.5.3. El Comité coincide con la orientación marcada por la Comisión en este apartado. En la concepción del sistema debe cuidarse de no excluir a numerosos consumidores (los menos privilegiados). Es preciso desarrollar una tecnología de fácil uso que pueda ser utilizada por el ciudadano común que realiza tareas corrientes.

2.5.4. El CES quiere señalar también otras cuestiones importantes, no mencionadas por la Comisión en su Comunicación. Reconoce, por ejemplo, los potenciales beneficios del desarrollo de expedientes médicos electrónicos para el tratamiento de pacientes/consumidores. Ahora bien, antes de poder ponerlo en práctica deben encontrarse soluciones para la protección de aquellos datos que pertenezcan a la vida privada de las personas (). Deben preverse sanciones para aquellas personas físicas y jurídicas, o aquellas administraciones, que utilicen estos datos sin autorización previa. La responsabilidad de garantizar la observancia de estas obligaciones incumbe a los Estados.

2.5.5. Otras cuestiones que deben tratarse en la Comunicación son las normas de calidad, el desarrollo del concepto de «servicio universal», las relaciones y condiciones contractuales y la seguridad de las transacciones.

2.5.6. La Comisión debería examinar las condiciones establecidas por diversos operadores en los acuerdos contractuales obligatorios firmados por los consumidores, con el fin de garantizar la fijación de períodos de reflexión, la posibilidad de que el contrato expire después del plazo sin penalización alguna y la inclusión de una cláusula según la cual los productos o servicios defectuosos anulan el contrato. Esto se aplica específicamente al sector de las telecomunicaciones.

2.6. Productos alimenticios 2.6.1. La referencia de la Comisión a los estudios de las asociaciones de consumidores sobre el sistema de control de seguridad o de pureza de los alimentos ha adquirido una dimensión espectacular tras las recientes medidas comunitarias contra los efectos de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en el Reino Unido. Ello demuestra la necesidad de fortalecer la autoridad de los sistemas de control con el fin de garantizar al consumidor que los aspectos sanitarios priman sobre los intereses económicos con la pérdida total de su confianza como castigo al fracaso. El Comité se muestra más interesado por el análisis y las propuestas prometidos por la Comisión.

2.6.2. El Comité adoptaría una actitud crítica si las observaciones de la Comisión sobre el etiquetado de los productos alimenticios implicaran la supresión de los actuales requisitos en la materia. La información ofrecida de conformidad con la legislación comunitaria de etiquetado resulta muy importante para los consumidores. Además de facilitar información esencial sobre la fecha de caducidad de los alimentos, las instrucciones para su uso, etc., esta información incluye asimismo una lista de ingredientes que es particularmente importante para los consumidores con alergias, consumidores que deseen evitar ciertas sustancias por motivos religiosos o de salud o por otros motivos. Además, la importancia de suministrar a los consumidores una mejor y más clara información sobre los alimentos es una forma nada desdeñable de conseguir que el consumidor siga teniendo confianza en los alimentos.

2.6.3. El Comité respalda la afirmación de la Comisión de que algunas de las necesidades clave de información de los consumidores no están en modo alguno satisfechas. Recomienda que la Comisión presente propuestas legislativas por las que se exija el etiquetado de las bebidas alcohólicas y la indicación de la composición nutritiva en las etiquetas, y que considere la modificación de las actuales normas de etiquetado para exigir que se indique en las etiquetas los ingredientes de un producto, a partir de una determinada cantidad.

2.6.4. Este punto de vista viene respaldado por estudios recientes realizados en seis Estados miembros (). Dichos estudios muestran que de todas las indicaciones obligatorias de las etiquetas de productos alimentarios, el consumidor está particularmente interesado en la fecha de caducidad, la lista de ingredientes y las instrucciones de almacenamiento.

2.6.5. La aplicación de la norma de que toda la información figure en la lengua nacional plantea serios problemas de espacio y de legibilidad en las etiquetas multilinguees. Un buen ejemplo es el etiquetado con información sobre el valor nutritivo. La utilización de este tipo de etiquetado está muy extendida en el Reino Unido, donde, a diferencia de otros países, las etiquetas suelen ser monolinguees, mientras que en otros países es menos usual por requerir demasiado espacio el etiquetado multilinguee.

2.6.6. Por lo tanto, la Comisión debería estudiar la posibilidad de crear símbolos adecuados para describir los diferentes valores nutritivos. La utilización de símbolos ha tenido éxito en las instrucciones de lavado de prendas de vestir y en la composición del calzado ().

2.6.7. El estudio mostraba asimismo que los consumidores no tienen tanto interés en la indicación de los valores nutritivos. Ello tal vez obedezca a que los consumidores no están aún acostumbrados a que en las etiquetas figuren los valores nutritivos y por ello a veces no les resulte fácil su comprensión. Será necesario lanzar grandes campañas de información y educación para que la indicación de los componentes nutritivos en las etiquetas resulte más eficaz. En el estudio se menciona como conclusión final un segundo factor (p. 28): «Desgraciadamente, tal y como se presenta en la actualidad, esta información es sólo comprensible para una minoría.» Por tanto, se trata de presentar esta información en términos claros. Lo mismo cabe decir de la lista de ingredientes. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para modificar el etiquetado de los productos alimenticios con el fin de simplificarlo y adaptarlo mejor a las verdaderas necesidades de información de las diversas categorías de consumidores, teniendo en cuenta, sin embargo, la observación formulada en la primera frase del punto 2.6.2.

2.6.8. El Comité solicita a la Comisión que en el próximo Libro Verde sobre temas de alimentación aborde el tema de las reclamaciones relacionadas con productos alimenticios. Las reclamaciones relacionadas con productos alimenticios son importantes para el consumidor, cada vez más consciente de la importancia de una dieta sana. Por ello deberían establecerse normas estrictas para estas reclamaciones en general, y de modo más específico para las reclamaciones sobre contenidos nutritivos.

2.6.9. El Comité es partidario de un reglamento general para alimentos e ingredientes alimentarios nuevos y reconoce sus posibles beneficios para los consumidores y para el medio ambiente. En algunos Estados miembros se utilizan ya ingredientes fabricados genéticamente. Urge que la UE legisle en este campo para garantizar la seguridad de estos alimentos a nivel europeo ().

2.6.10. Aún queda mucho para que los consumidores acepten y confíen en alimentos que contengan organismos modificados genéticamente (autorizados). Los ejemplos siguientes pueden servir de modelo para un planteamiento común y responsable del comercio, la industria y las organizaciones de consumidores.

En los Países Bajos se creó en 1991 un grupo de asesoramiento sobre biotecnología, de carácter no oficial y compuesto por representantes de las empresas del sector alimentario y organizaciones ecologistas y de consumidores, con el fin de examinar las condiciones para la comercialización responsable de productos alimentarios modificados genéticamente. El grupo publicó sus resultados en la primavera de 1995, puesto que las autoridades comunitarias seguían sin tomar ninguna decisión al respecto. El acuerdo sobre el etiquetado fue muy similar a la segunda lectura del Parlamento Europeo.

2.6.11. Este grupo neerlandés clasifica los productos e ingredientes en dos categorías: los que requieren etiquetado y los que no. En principio, el requisito de etiquetado es aplicable a los productos e ingredientes que son o contengan organismos modificados genéticamente. Se está exento de esta obligación únicamente en el caso de que el etiquetado deje de tener sentido por motivos prácticos. Las partes no están del todo de acuerdo en los requisitos de etiquetado para procedimientos en los que estos organismos no están -o no están ya- presentes en un producto. Estos asuntos figuran en una lista y constituirán el tema de nuevos debates del grupo. Los acuerdos alcanzados en el grupo constituyen un elemento importante del proceso legislativo para autorizar nuevos productos en el mercado neerlandés. Por otra parte, en el Reino Unido existe también una forma similar de consulta respecto a la autorización de productos alimenticios modificados genéticamente.

2.7. Consumo sostenible 2.7.1. No cabe ninguna duda de que el consumo sostenible, esto es, un patrón de consumo que no ponga en peligro ni disminuya las posibilidades de satisfacer las necesidades de nuestros hijos y nietos, constituye una obligación. Ahora bien, el significado de «consumo sostenible» sigue siendo vago. En general, el objetivo del consumo sostenible consiste en limitar los efectos del consumo de bienes y servicios sobre el medio ambiente. Los consumidores pueden ejercer su influencia a ese respecto a través de su elección de productos o servicios, pero lo que no está tan claro es su grado de influencia sobre la oferta de bienes y servicios.

2.7.2. Es el productor quien dispone del «know-how» necesario para desarrollar nuevos productos y envases menos nocivos para el medio ambiente, mientras que el Estado, en función del desarrollo tecnológico, puede imponer normas medioambientales más estrictas para los productos y los procesos de producción. El gobierno puede estimular por medio de medidas fiscales la comercialización de productos que tengan un impacto medioambiental reducido.

2.7.3. El consumidor es cada vez más consciente de la degradación del medio natural y se muestra dispuesto a desempeñar un papel más activo a la hora de contribuir a un medio ambiente más sano. Así lo demuestra, por ejemplo, el éxito de los distintos proyectos de recogida selectiva de residuos urbanos. Tanto los planes nacionales de etiquetado ecológico, como el de la Unión Europea, están dirigidos a estos consumidores. Los objetivos que persiguen son comercializar productos que perjudiquen menos el medio ambiente y brindar al consumidor información sobre los mismos ().

Los estudios han demostrado que los consumidores están dispuestos a adquirir este tipo de productos (), aun cuando el precio sea ligeramente más elevado, siempre y cuando los resultados alcancen un nivel adecuado. El CES coincide con la Comisión en que los consumidores únicamente pueden hacer esa elección si se da información que cubra los aspectos pertinentes relacionados con el medio ambiente y los resultados.

2.7.4. Es lamentable que muy pocos productores estén preparados para competir en el mercado con productos menos perjudiciales para el medio ambiente, según muestran los resultados de los diferentes planes nacionales de medio ambiente y el programa de la UE sobre etiquetado ecológico.

2.7.5. Habida cuenta de los efectos restrictivos que tienen los planes nacionales para el comercio, el futuro del etiquetado ecológico pasa por fortalecer el plan de etiquetado de la UE, reservando las etiquetas nacionales para los productos típicamente genuinos del mercado nacional. La primera etapa de este proceso debería ser una colaboración y armonización más estrechas de las instancias nacionales en lo referente al establecimiento de los criterios relativos a la concesión de la etiqueta ecológica.

2.7.6. A la hora de reformar el Reglamento del Consejo n° 880/92 debería procurarse simplificar los procedimientos de adopción de criterios ecológicos y reducir así la carga que supone para el fabricante su cumplimiento. Asimismo, debería estudiarse la manera de reducir los costes de este sistema. Cabe también reforzar el papel de los organismos encargados de fijar los criterios. El papel del Foro consultivo reviste una gran importancia, puesto que favorece el predominio de un mayor interés en la sociedad a nivel europeo.

2.7.7. La Sección de Medio Ambiente de la Secretaría del CES actúa como punto de contacto del Foro y como organismo de enlace con la Comisión. Asiste en la elaboración de los dictámenes y desempeña además otras funciones de secretaría. Esta medida provisional debería consagrarse en el artículo 6 del Reglamento, que constituye el marco ideal para las actividades del Foro.

2.8. Representación de los consumidores 2.8.1. El CES comparte el deseo de la Comisión de que su nuevo marco de consulta a los consumidores permita obtener rápidamente su opinión. Aunque el Comité reconoce que el nuevo Comité de los Consumidores se ha concebido de acuerdo con el modelo general para estos comités, manifiesta su asombro de que sea la Comisión la que determine su composición y la fecha y lugar de las reuniones. El derecho a la representación implica claramente que las organizaciones de consumidores puedan elegir sus representantes y el momento adecuado de asesorar a la Comisión. Además, este derecho no debe ceñirse a propuestas en el ámbito de la política de los consumidores propiamente dicha, sino que debería hacerse extensivo a otras cuestiones (de cierta importancia) relacionadas directamente con la política de los consumidores.

2.8.2. Es importante que la Comisión preste apoyo financiero a las organizaciones de consumidores del Sur de Europa. Sin embargo, hay que reconocer que, en principio, y de acuerdo con el principio de subsidiariedad, esta tarea incumbe a las autoridades nacionales.

2.8.3. El Comité reconoce la importancia de la representación de los consumidores en el ámbito de la normalización. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de apoyar esta representación a través de la ANEC (Asociación europea de coordinación de las organizaciones de consumidores en el ámbito de la normalización), dado que ésta constituye una plataforma excelente para la normalización a nivel europeo.

2.9. Desarrollo de una política de los consumidores en Europa central y oriental 2.9.1. Aunque la principal razón de ser de la política de los consumidores es la justa salvaguardia de sus intereses, el desarrollo de una política de los consumidores en Europa central y oriental puede ser de importancia fundamental para la transición de una economía dirigida a una economía de mercado.

2.9.2. Los problemas con que se enfrentan estos países, especialmente los que formaban parte de la antigua Unión Soviética, son enormes y están entrelazados. La caída de la producción nacional arroja cifras asombrosas. El mercado está invadido por productos extranjeros, a menudo de baja calidad, y por falsificaciones (). Aún así, tienen a veces mayor aceptación que los bienes de consumo nacionales, debido a la mala fama que éstos adquirieron en los tiempos de la economía dirigida. Sería aconsejable que la UE y otros países exportadores impidieran a sus exportadores exportar mercancías de calidad inferior aprovechando la ausencia de controles adecuados en dichos países, ya que la comercialización no controlada de estas mercancías de calidad ínfima no sólo puede retrasar la reconstrucción, sino también ocasionar una falta de confianza en la economía de mercado entre las clases menos favorecidas.

2.9.3. La realización de estudios comparativos, una buena información al consumidor y la protección económica del consumidor pueden desempeñar un papel fundamental de estímulo para que los productores nacionales desarrollen mejor su labor y se acelere así la reconstrucción de sus recursos nacionales.

2.9.4. Debe apoyarse firmemente la creación de organizaciones de consumidores independientes en estos países. El desarrollo de una sociedad civil () es de la máxima importancia y elemento indispensable de la economía de mercado, porque aquélla representa los valores éticos y culturales de la sociedad. Dichos valores constituyen el elemento normativo de las leyes y normas que rigen la economía de mercado.

2.9.5. Al amparo del programa TACIS, la DG XXIV puede «adoptar» a un país en fase de transición, por ejemplo Belarús.

2.9.6. Asimismo, el Comité opina que la DG XXIV debería desempeñar un papel activo a la hora de concebir y ejecutar los proyectos de política de los consumidores previstos en los programas PHARE y TACIS, puesto que esta contribución reviste una importancia crucial para su eficacia.

2.10. Países en vías de desarrollo 2.10.1. En la política de desarrollo de la UE no se ha reconocido hasta ahora la importancia de algunos aspectos de la política de los consumidores para sus propios programas. Ahora bien, en varios Estados miembros las organizaciones de consumidores han contribuido significativamente a las políticas de ayuda al desarrollo de sus respectivos países. La Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores (IOCU), predecesora de Consumers International, puede hacer gala del impresionante apoyo prestado a las (incipientes) organizaciones de consumidores del Tercer Mundo.

2.10.2. Como ya se ha señalado (en el punto 1.8), la política del consumidor constituye un elemento (esencial) de la política de desarrollo económico. Esto vale también para el desarrollo en países del Tercer Mundo: a ese respecto cabe recordar la importancia de las Orientaciones para la protección de los Consumidores () de las Naciones Unidas como parte de su estrategia de desarrollo. Para los consumidores del Tercer Mundo reviste especial importancia la Sección G (medidas relativas a zonas específicas) y el capítulo IV, Cooperación internacional.

Las organizaciones de consumidores del Tercer Mundo se muestran especialmente activas en la defensa del derecho a la seguridad y la salud. Realizan un seguimiento del mercado y empujan a gobiernos y organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Codex Alimentarius para que aprueben normas y códigos de conducta acordes con este objetivo. Al igual que en el caso de los países de Europa central y oriental, las organizaciones de consumidores desempeñan una importante labor en la construcción institucional de estos países y son un importante factor de desarrollo económico.

2.10.3. El Comité observa y aprueba el papel que la política de los consumidores desempeñará en la política de ayuda al desarrollo de la UE en beneficio de los consumidores de los países del Tercer Mundo.

3. Recomendación del CES

Los consumidores constituyen un ingrediente esencial del desarrollo de una economía sana en los Estados miembros. Este hecho debería ser reconocido, tanto a nivel europeo como nacional, mediante su participación, preferiblemente con carácter sectorial, con el fin de facilitar una participación efectiva.

En tanto que plan de acción a nivel comunitario, el CES solicita al Consejo, el Parlamento y la Comisión, con el apoyo de los parlamentos nacionales de los Estados miembros, que designen el año 1999 o 2000 como «Año del Consumidor» y que modelen consecuentemente su plan de acción y sus políticas.

Bruselas, el 11 de julio de 1996.

El Presidente del Comité Económico y Social Carlos FERRER

() Véase por ejemplo el «Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - El mercado único en 1994» (COM(95)238 final, punto 319, en el que se describe el (importante) papel del consumidor en el mercado único.

() COM(93) 378 final de 28. 7.1993.

() Véase por ejemplo «El mercado único en 1995» (COM(96) 51 final, punto 17).

() DO n° C 39 de 12. 2. 1996.

() Véase asimismo el «Proyecto de introducción de una información normalizada sobre los productos (1993-1995)» en los Países Bajos. A resultas de su aplicación, se elabora información normalizada en los casos siguientes: muebles, bicicletas, edredones y colas de uso doméstico. En el informe se observa que un fuerte apoyo de las organizaciones de consumidores a la introducción de información comparativa y su integración en otras iniciativas de comercialización y de calidad de los productos propiciará una mayor disposición de la industria a participar en estas iniciativas. .

() COM(95) 712 final de 24. 1. 1996 y COM(96) 13 final de 14. 2. 1996 respectivamente.

() DO n° C 39 de 12. 2. 1996, p. 55.

() COM(93) 509 final de 15. 11. 1993.

() A fines de 1995 la Comisión informó (en el documento COM (95) 617 final de 13 de diciembre de 1995) de la aplicación de la Directiva 85/374/CEE y concluyó que no era necesario actualizar la legislación vigente en aquel momento.

() Documento de trabajo de la Comisión sobre el Programa estratégico del mercado interior, COM(93) 256 final, 2. 6. 1993 (p. 24).

() Reglamento (CEE) n° 1617/93 de la Comisión sobre la exención global.

() COM(95) 117 final y COM(96) 79 final: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo.

() 88/590/CEE de 17. 11. 1988.

() DO n° C 18 de 22. 1. 1996, en particular su parte C, puntos 14 y 15. Véase asimismo la Resolución del Parlamento Europeo sobre la UEM, de 30. 11. 1995, punto 15 (DO n° C 339 de 18. 12. 1995).

() Los servicios públicos también se pueden subdividir en bienes individuales y colectivos. Los bienes colectivos son aquellos bienes (o servicios) que no pueden dividirse en partes para su distribución a los particulares o para su venta en el mercado (por ejemplo; defensa, administraciones públicas, diques, etc.). Las ventajas de estos servicios redundan pues en beneficio de todos los ciudadanos. El consumidor particular entra en juego cuando se prestan servicios (públicos) a particulares.

() Para más información, véase el dictamen sobre «La red de ciudadanos» (DO n° C 212 de 22. 7. 1996).

() Véase, por ejemplo, el informe del «Centre for Communications and Information Studies» de Londres a la Comisión sobre los servicios telefónicos para particulares (referencia 88/160) de octubre de 1989. En este informe se enumeraban 8 dimensiones principales (cuantificables) del servicio (prestación del servicio, frecuencia de las averías, reparación de las averías, conexión de la llamada, calidad de transmisión de la voz, facturación, teléfonos públicos y servicios de operador).

() Véase asimismo la «Charter Checklist», una lista donde se recogen una serie de aspectos a tener en cuenta por el consumidor, confeccionada por el Consejo Nacional de Consumidores del Reino Unido para su uso en los documentos de la «Citizen's Charter». En esta publicación se presentan ideas sobre la estructura y contenidos de las «cartas», ideas que entretanto sirven de instrumento práctico para su evaluación y mejora.

() Por ejemplo: indicadores de calidad para los planes locales de actuación medioambiental, el desarrollo de un instrumento para cuantificar la rentabilidad por la asociación holandesa Konsumenten Kontakt (1993). En este documento se presentan indicadores para la recogida de residuos, limpieza urbana, molestias ocasionadas por los perros, etc.

() Véase asimismo el dictamen del Centro Europeo de la Empresa pública (CEEP 95/dictamen 16) sobre el concepto del servicio universal aplicable a los servicios de telecomunicaciones (COM(95) 682 final de 25. 1. 1995, capítulo V). El mismo identifica los siguientes elementos comunes: accesibilidad geográfica, precios asequibles y un acceso no discriminatorio. Véase asimismo el dictamen relativo al entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones (DO n° C 204 de 15. 7. 1996) para comprobar la falta de una definición de servicio «público» y «universal» (punto 2.2).

() Por ejemplo, el dictamen sobre la Comunicación «Hacia la sociedad de la información», DO n° C 39 de 12. 2. 1996 y el dictamen anterior sobre el correspondiente plan de actuación, DO n° C 110 de 2. 5. 1995.

() Véase la Directiva 95/46/CE, DO n° L 281 de 23. 11. 1995, p. 31, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

() «Consumo familiar y etiquetado de productos alimentarios en Europa», COFACE, abril de 1994, 35 páginas (la muestra es de 5 000 familias).

() Véanse el DO n° C 287 de 4. 11. 1992 y el DO n° L 100 de 19. 4. 1994.

() Véase asimismo el dictamen sobre este tema aprobado por unanimidad (DO n° C 108 de 19. 4. 1994). En el momento de redactar el presente dictamen, el Consejo y el Parlamento Europeo aún no han resuelto los últimos temas pendientes (relacionados con el etiquetado). Para conocer la postura del CES sobre los requisitos que debe cumplir el etiquetado, véanse los puntos 3.4.8 y 3.5. Además, el CES seguirá de cerca el asunto, ya que se modificarán las Directivas 90/219/CEE y 90/220/CEE que regulan cuestiones como la consulta y la información al público, así como algunos aspectos éticos.

() Por ejemplo, el Reglamento (CEE) n° 880/92 sobre etiquetado ecológico de 23. 3. 1992 (art.1), DO n° L 99 de 11. 4. 1992.

() Véase, por ejemplo, el sondeo «Los europeos y el medio ambiente», Eurobarómetro 43, 1 bis, un informe realizado para la Comisión Europea por INRA (Europa)- ECO, noviembre de 1995, así como el estudio de Coface antes mencionado.

() Obviamente la posición comercial total de los países de Europa central y oriental es mucho más compleja que la descripción que aquí se ofrece. Para una panorámica más detallada, véase, por ejemplo, el documento que próximamente ultimará la Sección de Agricultura sobre las implicaciones para la PAC de la adhesión de los PECO.

() Véase también el dictamen sobre «La ayuda al desarrollo, la buena gestión de los asuntos públicos y el papel de las organizaciones económicas y sociales».

() Resolución de la Asamblea General 39/248, Anexo de 9 de abril de 1995.