Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema "Orientaciones generales de política económica 2003"

(2003/C 133/14)

El 10 de diciembre de 2002, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema mencionado.

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Vever).

En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 96 votos a favor y 8 abstenciones el presente Dictamen.

1. Resumen

1.1. El Comité Económico y Social Europeo aprueba la inclusión, a partir de 2003, de las orientaciones generales de política económica (OGPE, informe de aplicación) en un nuevo "paquete de aplicación" que la Comisión presentó en enero y que se refiere a las demás políticas de la Unión (empleo, mercado único, reformas de Lisboa), al igual que el "paquete de orientaciones" en abril, situándose en un horizonte de tres años. Ahora bien, el Comité insiste en la necesidad de no aumentar ni diluir estas prioridades, sino, por el contrario, precisarlas mejor.

1.2. El Comité subraya la complejidad de los envites de los tres próximos años, que requieren una política económica mejor integrada con el euro, un apoyo realmente eficaz a la adhesión de los nuevos Estados miembros y una aplicación más efectiva de las reformas acordadas en Lisboa.

1.3. El Comité constata que estos objetivos son cada vez más difíciles de alcanzar debido a la degradación tan preocupante que ha experimentado la situación económica en los dos últimos años, a pesar de los progresos alcanzados en el mercado único, el euro y los procesos políticos de convergencia económica entre los Estados miembros.

1.4. El Comité subraya que la prioridad debe consistir en emprender una nueva dinámica europea de crecimiento de la que dependerá la reactivación del empleo, basándose en unos objetivos más precisos, una aplicación más eficaz y una definición más coherente de las OGPE.

1.5. La mayor precisión de los objetivos de las OGPE debería conducir a hacer mayor hincapié en el crecimiento del Pacto de Estabilidad, en una gobernanza económica mejor coordinada junto con el euro y en apoyar en mayor medida la adaptación competitiva y tecnológica del sitio Europa, todo ello sin romper con las orientaciones definidas en 2002.

1.6. Debería procederse a una aplicación más eficaz de las OGPE mediante la afirmación del Eurogrupo en un diálogo eficaz con el Banco Central Europeo, una asociación más estrecha y la participación desde el inicio de los representantes socioprofesionales y de los interlocutores sociales, y el desarrollo de los indicadores sobre el punto en que se encuentra la ejecución de las orientaciones económicas y las reformas, sobre todo las relativas al progreso de la economía del conocimiento.

1.7. La definición más coherente de las OGPE debería acelerar la realización del mercado único en los ámbitos prioritarios, asegurando una mayor confianza y crecimiento, así como una reactivación de las reformas de Lisboa, con la simplificación normativa y un refuerzo de las disposiciones de gobernanza económica común en el futuro tratado que prepara la Convención.

2. Propuestas de la Comisión

2.1. La Comisión Europea propuso en septiembre de 2002(1) inaugurar, a partir de 2003, un nuevo ciclo anual integrado de presentación y aplicación de las orientaciones generales de política económica (OGPE), las directrices y recomendaciones sobre el empleo y las orientaciones estratégicas para el mercado único, con el objetivo de alcanzar una mejor articulación y coordinación de estas distintas políticas.

2.2. La cumbre europea de primavera, en marzo, tendrá una importancia clave dentro de este nuevo ciclo:

2.2.1. Dicha cumbre irá precedida de varios informes de la Comisión, que se publicarán a partir de mediados de enero, sobre el estado de aplicación de las orientaciones generales, la estrategia de empleo, la estrategia del mercado único y las reformas estructurales acordadas en Lisboa. Estos informes de la Comisión destinados a la citada cumbre de primavera incluirán también evaluaciones sobre el proceso de Cardiff, la situación de las ayudas estatales, la innovación y la política de empresa.

2.2.2. Las conclusiones de la cumbre europea de primavera tal como las interprete la Presidencia permitirán luego, a partir de abril, presentar nuevas propuestas de la Comisión sobre las OGPE (para el conjunto de la UE y por países), las directrices y las recomendaciones sobre el empleo y la estrategia para el mercado único. A partir de 2003, estas propuestas se presentarán en una perspectiva a medio plazo, revisable cada tres años (véase el período 2003-2006). Entretanto, en este caso durante los años 2004 y 2005, únicamente se introducirán ajustes limitados, cuando la evolución de la situación lo justifique.

2.3. Corresponderá a la cumbre europea de junio sancionar las orientaciones, basándose en las propuestas de la Comisión, tras un primer examen por parte de las formaciones especializadas del Consejo (en particular, Asuntos Económicos y Financieros, Empleo-Asuntos Sociales y Competitividad). A continuación estas orientaciones serán adoptadas formalmente por dichas formaciones especializadas del Consejo.

2.4. En los últimos meses del año, la Comisión reunirá los informes de los Estados miembros sobre el estado de aplicación y las acciones consideradas, y los examinará con el fin de comenzar de nuevo el ciclo en enero.

2.5. La Comisión propone también que se incluya en dicho ciclo el método abierto de coordinación sobre las cuestiones de protección social.

2.6. Sobre esta base, la Comisión presentó, el 14 de enero de 2003, su primer "paquete de aplicación", que incluye:

2.6.1. un informe de evaluación sobre la aplicación de las OGPE de 2002(2): al margen de la diversidad de las situaciones nacionales, el balance de conjunto presentado es más bien decepcionante, sobre todo debido al escaso crecimiento y el deterioro de la situación presupuestaria en varios Estados miembros, cuando se constata la persistencia de retrasos en la apertura de los mercados -infraestructuras, energía-, en las reformas estructurales del funcionamiento de los mercados de trabajo y en las encaminadas a restablecer el equilibrio financiero de los diferentes regímenes de protección social;

2.6.2. un informe sobre una nueva estrategia para el empleo(3): el objetivo del pleno empleo se complica a causa del envejecimiento demográfico, mientras que tienen que reforzarse la calidad y la productividad del trabajo y eliminarse, al mismo tiempo, todas las disparidades que siguen existiendo a la hora de acceder al mercado de trabajo;

2.6.3. un informe sobre los avances realizados en la consecución del mercado interior europeo(4), cuya evaluación queda mitigada por el hecho de que los progresos realizados, en realidad sólo son parciales (por ejemplo, en los servicios financieros, la apertura de los mercados de la energía, los procedimientos de licitación pública) y coinciden con retrasos persistentes (fondos de pensiones, armonización fiscal, patente comunitaria);

2.6.4. un informe sobre las reformas previstas por la estrategia de Lisboa(5) (el informe de primavera), que confirma el balance contrastado de los otros informes antes citados y subraya la necesidad de intensificar los esfuerzos de reforma económica y social ante los objetivos de competitividad acordados por los Quince.

3. Observaciones del Comité

3.1. En lo que se refiere a la revisión del procedimiento, el Comité aprueba:

3.1.1. la mejor coherencia entre las orientaciones generales de política económica, las directrices para el empleo, las medidas para completar el mercado único y las reformas de la estrategia de Lisboa, que deberían constituir un auténtico progreso debido a la estrecha relación que une a estos retos;

3.1.2. la vinculación establecida, de esta forma, entre los distintos "procesos" de Luxemburgo, Cardiff y Colonia con la estrategia de Lisboa, actualizada a su vez en Gotemburgo y, posteriormente, en Barcelona;

3.1.3. el afán por conseguir una mayor constancia de las orientaciones políticas en torno a una perspectiva más amplia, con un horizonte previsto de tres años;

3.1.4. la simplificación del ciclo, con un esfuerzo de síntesis de los informes y orientaciones y de los "procesos": en efecto, en estos últimos años, su multiplicación comenzaba a generar procedimientos pesados, paralelos y, a veces, contradictorios, afectados por una falta de visión de conjunto.

3.2. No obstante, el Comité subraya:

3.2.1. la necesidad de no sobrecargar excesivamente los informes de síntesis de la Comisión y el ciclo anual de orientaciones económicas sobre el empleo añadiendo los análisis y disposiciones, en vez de sintetizarlos;

3.2.2. la necesidad, sobre todo, de definir auténticas prioridades de gobernanza económica a escala europea, que sean objeto de un análisis macroeconómico bien fundado y de un impulso y seguimiento político, y no sólo técnico, por el que se comprometa a las instituciones comunitarias y nacionales sobre la base de orientaciones suficientemente convergentes y constantes, pero teniendo siempre en cuenta la diversidad de las situaciones nacionales y regionales.

3.3. En lo que se refiere al contenido del informe de síntesis y, sobre todo, la evaluación de la aplicación de las OGPE, el Comité señala que el análisis de la Comisión y las propuestas que lo acompañan se producen en un momento en que la situación económica y social de la Unión Europea suscita una grandísima preocupación, debido a:

3.3.1. un fuerte deterioro de la confianza de los diferentes actores de la economía (inversores, empresarios, consumidores, ahorradores y asalariados) desde el 11 de septiembre de 2001, debido, entre otras cosas, al recrudecimiento de las amenazas de guerra en Oriente Próximo y a las tensiones internacionales que dichas amenazas provocan en el ámbito político, económico, financiero y petrolero, con un fuerte descenso en 2001, y de nuevo en 2002, de los mercados financieros y bursátiles, lo que ha provocado un ciclo a la baja.

3.3.2. Un crecimiento débil, que no ha superado, como media, el 1 % en la Unión en 2001 y 2002 y que seguirá claramente por debajo del 2 % en 2003, debido a los efectos conjuntos de la falta de vigor de la demanda interna y las mayores dificultades que encuentra la exportación como consecuencia del aumento de la cotización del euro. Estos resultados son muy inferiores al objetivo del 3 % de crecimiento anual que se fijó en la estrategia de Lisboa. A diferencia de otras zonas del mundo, la Unión Europea no dispone de una política macroeconómica suficientemente afirmada para estimular su potencial de crecimiento, lo que le daría una mayor capacidad para hacer frente al debilitamiento coyuntural, reanimar la confianza y sostener la demanda interna.

3.3.3. Tras un período en 2002 en el que ha parecido seguir resistiendo a la ralentización económica, el empleo de nuevo se degrada considerablemente y, esta vez, brutalmente en estos primeros meses de 2003, afectando a la situación en el mercado de trabajo tanto de los más jóvenes como de los más mayores.

3.3.4. Los déficit públicos son especialmente elevados en cuatro Estados miembros de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y Portugal), a los que se les han hecho advertencias, de conformidad con el límite del 3 % que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, si bien esta tendencia al aumento de los déficit también afecta actualmente a otros Estados.

3.3.5. La inflación sigue siendo, en su conjunto, moderada -entre muchos observadores la preocupación por las presiones deflacionistas de los precios es superior a la preocupación por un regreso de la inflación-, aunque el paso material al euro en billetes y monedas a comienzos de 2002 ha sido percibido por muchos consumidores como un factor de aumento de los precios de determinados productos de la vida diaria, pese a las revelaciones generalmente diferentes de los institutos económicos y los indicadores estadísticos.

3.3.6. Aparte de estos datos generales, ante la falta de una gobernanza económica más coordinada e integrada que lo que actualmente permiten las OGPE, las divergencias entre las economías nacionales siguen siendo considerables, tanto dentro de la UE como -lo que puede parecer más paradójico- en el mismo seno de la zona euro.

3.3.7. Estas divergencias aumentarán tras la ampliación de 15 a 25 países, oficialmente prevista para mayo de 2004; si bien los nuevos Estados miembros conocen tasas de crecimiento que, en la mayoría de los casos, suponen el doble de las tasas de crecimiento de los Quince, su nivel de desarrollo sigue siendo inferior en casi un 50 %, y aún deberá consolidarse su adaptación a la economía de mercado y al acervo comunitario.

3.3.8. Aparte de los fallos coyunturales más visibles, hay que subrayar también los indicadores negativos relativos a datos estructurales de fondo, como las perspectivas demográficas muy desfavorables, la fragmentación de los regímenes fiscales en el mercado interior, el peso excesivo de la fiscalidad y de los gravámenes obligatorios sobre el trabajo en Europa respecto a sus principales competidores, debido principalmente al deterioro de la estructura de la fiscalidad europea (véase el informe Monti), los esfuerzos que deben realizarse en los mercados de trabajo y la necesidad de que la economía europea genere mucho más crecimiento para crear empleo que el que necesita, por ejemplo, la economía americana. En general, se cuestiona la insuficiencia de potencial autónomo de crecimiento de Europa, así como su falta de atractivo y competitividad, lo que puede cuestionar la propia viabilidad del ambicioso objetivo de 2010 fijado en Lisboa en el año 2000, en un clima económico que, en aquellos momentos, era -la verdad sea dicha- mucho más alentador.

3.4. Esta mediocre situación económica y social y el peligro que se cierne sobre la estrategia de Lisboa son tanto más preocupantes cuanto que surgen tras el logro de progresos reales de armonización jurídica, unificación monetaria y puesta a punto de numerosas herramientas políticas de acompañamiento. Así, por ejemplo:

3.4.1. los progresos en la armonización jurídica han seguido adelante con la realización del mercado único (por ejemplo, con la supresión de los controles entre Estados miembros, numerosas directivas nuevas, normalización, etc.), aunque siguen subsistiendo retrasos, diez años después de 1992;

3.4.2. la unificación monetaria es una realidad desde hace cuatro años y en la actualidad abarca a doce Estados miembros, que han puesto en circulación billetes y monedas en euros desde enero de 2002;

3.4.3. se han aplicado diversas herramientas de orientación común siguiendo las OGPE, al tiempo que el objeto del "paquete de aplicación" presentado en enero por la Comisión consistía en analizar las interacciones entre estos diferentes procesos. Así pues, el Tratado de Amsterdam, de junio de 1997, establece la elaboración anual por parte del Consejo Europeo de unas directrices que serán tenidas en cuenta por los Estados miembros en sus políticas de empleo. Asimismo, el proceso de Luxemburgo, establecido en noviembre de 1997, precisó el contenido de las citadas directrices para el empleo. Otro proceso, iniciado en Cardiff en junio de 1998, prevé realizar un balance anual de las reformas estructurales de los mercados de bienes, servicios y capitales, a fin de mejorar el funcionamiento del mercado único. En junio de 1999, se decidió un nuevo proceso en Colonia, que formula las recomendaciones para un pacto europeo en favor del empleo. Por último, en la cumbre europea de Lisboa, en marzo de 2000, los Quince convinieron en iniciar una ambiciosa estrategia plurianual de reactivación del mercado único europeo y de reformas económicas, sociales y administrativas, tanto a nivel europeo como nacional, destinada a hacer que Europa se haya convertido en 2010 en "la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo".

3.5. La pregunta que cabe plantearse es, pues, la siguiente: ¿por qué los progresos del mercado único, la instauración del euro, la aplicación de las OGPE y los numerosos procesos de convergencia y reformas que las acompañan no han permitido hasta ahora relanzar el crecimiento, la competitividad y el empleo en Europa? Hay tres respuestas posibles:

3.5.1. Por un lado, se puede considerar que las orientaciones económicas, pese a los méritos que ofrecen, siguen resultando aproximadas y poco precisas; concretamente, cabe constatar que los países de la zona del euro han recibido de la Comisión Europea unas calificaciones, en general, peores (en finanzas públicas, mercado de trabajo, mercados de productos) que los tres países de la Unión que siguen estando fuera de la zona del euro. Evidentemente, no se trata de cuestionar aquí las ventajas ofrecidas por el euro, que el Comité ha puesto siempre de relieve, sino de constatar que el euro sigue sin ir acompañado de una política económica suficientemente coherente, coordinada y adaptada a la moneda única. En estas condiciones, la aplicación de una política monetaria y de unos tipos de interés únicos en unas economías y políticas que siguen siendo muy distintas crea dificultades. Cuatro años después de la introducción de la moneda única, aún queda por inventar y aplicar la buena "policy mix" que debería acompañar al euro. Actualmente ya se manifiestan voces en favor de flexibilizar el Pacto de Estabilidad, que señalan que los países que tienen problemas para respetar dicho pacto -entre los que destacan Alemania y Francia- constituyen una parte importante del PIB europeo y que consideran que el rigor del pacto supone un obstáculo para su potencial de crecimiento. Pero también se subrayará que los Estados que se encuentran en esta situación apenas habían multiplicado sus esfuerzos para evitarla durante los años de mejor crecimiento.

3.5.2. Por otro lado, se puede considerar que los Estados aplican incorrectamente las orientaciones económicas generales. Cabe subrayar que los progresos han coincidido con los retrasos tanto a la hora de completar el mercado único como de aplicar las reformas nacionales. En lo que se refiere al mercado único, cabe constatar que, diez años después de 1992, siguen sin suprimirse todos los casos de doble imposición intracomunitaria, sin aplicarse un régimen definitivo simple del IVA, sin obtener la apertura e interconexión libre de las redes de energía o sin progresar de forma realmente decisiva en la liberalización de los servicios. Además, sigue habiendo demasiados retrasos en las transposiciones nacionales de las directivas. Por otro lado, numerosos países están retrasados en la aplicación de las reformas esenciales previstas en Lisboa para potenciar la investigación y la formación, la modernización negociada del mercado de trabajo o el equilibrio y sostenibilidad de los regímenes de protección social. Estas carencias explican en buena parte los escasos rendimientos de la economía europea.

3.5.3. Por último, cabe considerar también que las orientaciones generales de política económica siguen siendo insuficientes. Es cierto que en 2003 se aplicó un primer remedio con la reforma que consistía en presentar en un solo paquete los informes y, posteriormente, las orientaciones relativas a las OGPE, las directrices sobre el empleo, las medidas para el mercado único y la evolución de las reformas estructurales de Lisboa. Sin embargo, esta agrupación es, sin duda, insuficiente si no va acompañada de opciones prioritarias mejor fundadas. Por ejemplo, rara vez se han adoptado medidas enérgicas para reducir la fragmentación de los regímenes fiscales y mejorar la estructura de la fiscalidad europea. Sigue sin plantearse realmente la cuestión de cuán atractivo es el sitio Europa para las inversiones internacionales directas frente a la globalización económica, pese a que dicha cuestión está directamente relacionada con la falta de dinamismo de la economía europea.

4. Prioridades del Comité

4.1. La Comisión ha anunciado que presentará, a comienzos del mes de abril de 2003, un paquete de orientaciones relativas a las OGPE aparte de las directrices para el empleo.

4.1.1. Ante esta perspectiva, el Comité insiste en una exigencia para 2003: garantizar las condiciones para una reactivación significativa y sostenible del crecimiento económico, del que dependen las demás prioridades, incluidos los ámbitos social y medioambiental.

4.1.2. Habida cuenta de la perspectiva trienal en que se inscriben las OGPE, esta exigencia deberá velar por la afirmación de una política económica común vinculada al euro y por las nuevas necesidades de apoyo y de cohesión que impondrá la adhesión en 2004 de diez nuevos Estados miembros. Ello implica una política macroeconómica basada en las interdependencias de los circuitos económicos, y que sea voluntaria, activa y capaz de afianzar la confianza de los inversores y de los diferentes agentes económicos y, por consiguiente, de estimular el crecimiento.

4.1.3. Para ello, el Comité presenta tres propuestas: fijar mejor los objetivos de las orientaciones económicas generales, aplicarlos mejor y definirlos mejor.

4.2. Fijar mejor los objetivos de las OGPE

4.2.1. En 2002, las prioridades de las OGPE eran:

- garantizar unas políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad;

- mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas;

- vigorizar los mercados laborales;

- reavivar la reforma estructural de los mercados de productos;

- promover la eficacia y la integración del mercado de los servicios financieros de la UE;

- fomentar el espíritu de empresa;

- estimular la economía del conocimiento;

- incrementar la sostenibilidad medioambiental.

4.2.2. El Comité considera que estos objetivos de 2002 no sólo siguen siendo válidos para 2003, sino también para el próximo trienio 2003-2006. Por el contrario, el Comité subraya que debería insistirse actualmente en determinadas exigencias que tienen una repercusión directa en la reactivación del crecimiento en cuanto a la aplicación del Pacto de Estabilidad, la armonización fiscal y el fomento de la innovación.

4.2.3. El Comité constata que las modalidades de aplicación del Pacto de Estabilidad han ocupado el centro de atención de los debates económicos de la Unión en estos últimos meses, sobre todo a causa del plazo límite de 2004 fijado por la cumbre de Barcelona, celebrada en marzo de 2002, para la recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, aplazado posteriormente hasta 2006 por iniciativa de la Comisión, ante el deterioro económico que ha incrementado los déficit. En las condiciones actuales, el Comité se pronuncia a favor de una lectura realista del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sin alterar su espíritu -un desarrollo sostenible impone la necesidad de reducir los déficit- y disminuyendo los riesgos de un impacto económico negativo a corto plazo. Así pues, el Comité recomienda:

4.2.3.1. que la Comisión presente informes periódicos sobre la evolución de las finanzas públicas en cada uno de los Estados miembros y publique sin demora todas las recomendaciones de la Comisión o del Consejo relativas a una fuerte deriva de las finanzas públicas de un Estado;

4.2.3.2. que se tenga más en cuenta el factor "crecimiento" del Pacto de Estabilidad, sobre todo integrando criterios complementarios a los del déficit público y la deuda pública y que puedan afectar a la inflación, el empleo, el desarrollo sostenible (jubilación, sanidad, inversiones), la fiscalidad y los gravámenes obligatorios;

4.2.3.3. y por último, si lo justificara el deterioro de las circunstancias internacionales como consecuencia de un conflicto militar en Oriente Próximo, podría conceder con carácter excepcional y temporal derogaciones a la estricta aplicación del Pacto, a fin de evitar que, a corto plazo, aún se agraven más los problemas económicos.

4.2.4. Asimismo, el Comité subraya la necesidad de emprender una gobernanza económica mejor coordinada y acorde con el euro. Dada la preponderancia del peso económico de los países de la zona euro en el interior de la Unión Europea, que persistirá incluso después de la ampliación, el establecimiento de una política económica realmente coordinada entre estos Estados tendría efectos muy positivos para el conjunto de la Unión Europea. Entre sus objetivos prioritarios, debería incluir una mejor armonización fiscal. Dicha armonización podría centrarse en un acercamiento de las bases imponibles y preservar la libre elección de los impuestos, paliando una competencia excesiva mediante disposiciones mínimas, habida cuenta de la necesidad de asegurar en la Unión Europea un equilibrio fiscal propicio a las inversiones, así como la necesidad de aligerar una carga fiscal sobre el trabajo que, en general, es hoy demasiado elevada.

4.2.5. El Comité subraya, asimismo, la necesidad de fomentar mejor el tejido industrial y tecnológico de las empresas en Europa -que no se podría disociar arbitrariamente del desarrollo igualmente necesario y paralelo de los servicios- y apoyar, en este contexto, el proceso de innovación. Como señaló la cumbre de Lisboa en marzo de 2000, ésta debe convertirse en un motor esencial del crecimiento económico europeo. Evidentemente, hay que crear mejores sinergias entre el programa marco europeo de investigación y los programas nacionales. Pero también hay que fomentar la formación, la investigación y la innovación en las empresas, incluso con medidas fiscales más atractivas. Una prioridad del crecimiento económico europeo es la de evitar que los jóvenes mejor formados abandonen definitivamente Europa para irse a otros destinos.

4.3. Aplicar mejor las OGPE

4.3.1. Adoptar orientaciones económicas con objetivos bien definidos no es suficiente; también es necesario aplicarlas bien, lo que exige estructurar mejor el Eurogrupo y el Consejo de Economía y Finanzas, hacer participar más activamente a los representantes económicos y los interlocutores sociales y completar los indicadores que permitan evaluar su ejecución.

4.3.2. Una mejor aplicación de las OGPE implica, en primer lugar, estructurar mejor el Eurogrupo y la cohesión económica dentro de la zona del euro, que afecta a doce de los quince Estados miembros. El Eurogrupo tiene que convertirse en un auténtico gobierno económico de la zona del euro, con el apoyo de la Comisión, y ser capaz de entablar un diálogo permanente eficaz con el Banco Central Europeo, como sucede en los Estados Unidos entre el ejecutivo y la Reserva Federal. Los ajustes sin demora de los tipos de interés también contribuirían a la recuperación de la actividad económica. El año 2003 es el oportuno para garantizar esta evolución del Eurogrupo: si bien la entrada en la UE, en 2004, de diez nuevos Estados miembros apenas modificará el peso económico de la zona euro en esta UE ampliada, ya que su PIB no supone el 10 % de la UE, alterará, sin embargo, la proporción numérica predominante con que cuentan los miembros de la zona del euro, proporción que pasará de 12 sobre 15 a 12 sobre 25.

4.3.3. Es también necesario asociar mejor a los representantes económicos y los interlocutores sociales a la puesta en marcha del nuevo ciclo anual de orientaciones económicas y sociales de la UE. Un progreso importante ha sido la organización, tras la cumbre de Barcelona de marzo de 2002, de cumbres tripartitas entre los interlocutores sociales y los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión antes de la cumbre de primavera. Estas ocasiones han de ser las idóneas para una concertación más permanente de dichos interlocutores de la vida económica y social con la Comisión, el Consejo de Economía y Finanzas, el Eurogrupo y el Consejo Social. Además, dicha concertación tiene que desarrollarse también a nivel nacional ante la perspectiva de la cumbre de primavera. Concretamente, las organizaciones patronales y sindicales deberán presentar cada año sus propias observaciones a las autoridades públicas de su país sobre los avances realizados en la aplicación de las reformas económicas y sociales, insistiendo también en sus iniciativas, negociaciones y acuerdos contractuales.

4.3.4. Estos informes nacionales de las asociaciones socioprofesionales deberán contribuir de forma útil al desarrollo de mejores indicadores sobre el estado de aplicación de las orientaciones económicas y las reformas. La evaluación comparativa ("benchmarking") deberá sistematizarse e incluir indicadores que permitan medir mejor la difusión de la economía del conocimiento y su contribución a la recuperación del crecimiento. Por último, deberá examinar tanto las buenas prácticas como las menos buenas o las malas, dado que una evaluación sincera de las iniciativas y de sus resultados es indispensable para progresar en la aplicación de una mejor gobernanza económica.

4.4. Definir mejor las OGPE

4.4.1. La presentación de un informe de síntesis que ubique más claramente las orientaciones económicas y sociales entre las restantes políticas comunitarias debe ser la ocasión para poner mejor estas distintas políticas comunitarias al servicio de una política de crecimiento. Hay tres factores prioritarios para definir mejor las OGPE: la culminación del mercado único, una mejor aplicación de las reformas de Lisboa y una reforma acertada de los procedimientos de gobernanza económica que imponga la Convención.

4.4.2. En lo que se refiere a la culminación del mercado único, el Comité subraya que, además de su mantenimiento permanente y su perfeccionamiento último, cinco o seis medidas capitales, hoy inexistentes y a menudo bloqueadas, permitirían garantizar a corto plazo -si se afirmara la voluntad política al respecto- un verdadero paso adelante, con el consiguiente aumento del crecimiento económico y del empleo: si bien celebra el reciente compromiso contraído en el Consejo que permitirá finalmente desbloquear la adopción de la patente comunitaria, el Comité recuerda la necesidad de colmar otras lagunas como la supresión mediante reglamento comunitario de todas las dobles imposiciones transnacionales (con lo que se podría poner fin a la maraña inextricable de convenciones bilaterales y dispersas), un régimen definitivo del IVA a escala europea que sea sencillo para todos los usuarios y un estatuto europeo de sociedad abierto a las empresas de todos los tamaños.

4.4.3. En cuanto a los retrasos de las reformas acordadas en Lisboa, el Comité comparte las preocupaciones de la Comisión. Todos saben qué reformas tienen que emprender o continuar, pero su aplicación no sigue el ritmo requerido para alcanzar los objetivos de competitividad establecidos en Lisboa. Por tanto, el Comité insiste en la necesidad de acelerar el ritmo de dichas reformas, cosa que no será posible sin la participación de los medios socioprofesionales y los interlocutores sociales, tal como reitera el Comité en el presente dictamen.

4.4.4. En el marco de estas reformas, el Comité hace especial hincapié en la necesidad de simplificar y mejorar la calidad de la reglamentación, tanto a nivel europeo como nacional, tal como no ha dejado de subrayar estos últimos años con propuestas concretas al efecto. Al liberar las energías y el espíritu de empresa, la simplificación de la reglamentación permitiría también aumentar sensiblemente el potencial de crecimiento de la economía europea y, sobre todo, permitiría fomentar el desarrollo de las empresas de todos los tamaños. El Comité seguirá velando con constancia a este respecto, mediante las diferentes consultas de que es objeto y tal como él mismo se ha comprometido con su propio código de conducta en pro de la simplificación.

4.4.5. Por último, el Comité subraya la necesidad de estructurar mejor la gobernanza económica de la Unión reforzando los procedimientos del tratado a que dé lugar la Convención. En particular, sería conveniente incluir en el nuevo tratado las disposiciones siguientes:

4.4.5.1. Debería potenciarse el papel de la Comisión Europea en las orientaciones generales de política económica, para las cuestiones que sean más propias de la competencia comunitaria que del método abierto de coordinación, de manera que formulara propuestas en lugar de recomendaciones, lo que requeriría la unanimidad del Consejo para modificarlas.

4.4.5.2. Y lo mismo cabría decir de la intervención de la Comisión en razón del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: las recomendaciones de la Comisión, incluidas las relativas a las sanciones, deberían ser propuestas que requieren la unanimidad del Consejo para modificarlas.

4.4.5.3. Las decisiones relativas a la política económica en la zona euro y a los problemas vinculados al euro deberían ser tomadas por los ministros de finanzas de la zona euro reunidos en el Consejo de Economía y Finanzas, no obstante la intensificación de su diálogo económico interno y con el Banco Central Europeo en el marco del Eurogrupo.

4.4.5.4. La representación exterior del euro debería unificarse, principalmente a través de la Comisión.

4.4.5.5. Habría que facilitar una armonización fiscal mediante la renuncia a la exigencia de unanimidad en el Consejo para las decisiones relativas a las cuestiones fiscales directamente vinculadas al funcionamiento del mercado interior, dejando a los Estados libres de los niveles de imposición.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) COM(2002) 487 final.

(2) COM(2003) 4 final.

(3) COM(2003) 6 final.

(4) SEC(2003) 43.

(5) COM(2003) 5 final.