El Programa apoya actividades que contribuyen a la aplicación efectiva y coherente del acervo de la UE en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal, en particular reforzando o mejorando la recogida de datos y las estadísticas sobre la aplicación de dicho acervo. Las actividades financiadas también contribuyen a la aplicación de los instrumentos de la UE y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en particular las derivadas de litigios transfronterizos. Asimismo, el Programa financia proyectos destinados a mejorar el intercambio de información entre profesionales para impulsar la cooperación operativa y la confianza mutua en la UE.

2.4.Principales logros del Programa

La introducción de un sistema de indicadores para el actual programa «Justicia» ha demostrado ser adecuada para medir sus logros.

El indicador relativo a la «formación judicial» se mide a través del número y porcentaje de jueces y personal al servicio de la Administración de Justicia que participaron en actividades de formación, intercambios de personal, visitas de estudio, talleres y seminarios financiados por el Programa. Los indicadores relativos a la «cooperación judicial en materia civil y penal» se centran en la agilidad con que se aplican los instrumentos de ámbito europeo de Derecho penal (tiempo medio del procedimiento de entrega de la orden de detención europea) y el uso de sistemas informáticos (número de intercambios de información en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales). Igualmente, los indicadores relativos al «acceso a la justicia» se centran en los sistemas informáticos (número de visitas en el Portal Europeo de e-Justicia), así como en los derechos de las víctimas (número de organizaciones de apoyo a las víctimas por Estado miembro). Por último, los indicadores referentes a la «política en materia de drogas» se centran en el número de nuevas sustancias psicoactivas que se han investigado y el número de consumidores de opioides en tratamiento por drogas.

Por lo que respecta a la consecución del objetivo general del Programa (a saber, «contribuir a seguir desarrollando un Espacio Europeo de Justicia, basado en el reconocimiento y la confianza mutuos, en particular mediante el fomento de la cooperación judicial en materia civil y penal»), el principal indicador (es decir, el porcentaje de profesionales del Derecho formados, no solo a través de este Programa, en Derecho de la UE o Derecho de otros Estados miembros, en particular en justicia civil, justicia penal y derechos fundamentales) no ha dejado de mostrar un avance significativo hacia la consecución de su meta (a saber, 700 000 profesionales del Derecho formados para 2020). De hecho, el número de profesionales de la justicia formados fue incrementando de manera constante entre 2013 y 2016 y la meta para 2020 ya se había alcanzado prácticamente en 2017.

Por otro lado, el indicador principal utilizado para medir la consecución del objetivo específico sobre formación judicial (a saber, el número y porcentaje de jueces y personal al servicio de la Administración de Justicia que participaron en actividades de formación, intercambios de personal, visitas de estudio, talleres y seminarios financiados por el Programa) ha mostrado asimismo un avance considerable; el objetivo de formar a 20 000 profesionales (para toda la Comisión) para 2020 ya se alcanzó en 2015. En este sentido, el programa «Justicia» ha aportado la mayor contribución a la consecución de las metas de formación fijadas para 2020. La cantidad de personal al servicio de la Administración de Justicia formado anualmente en el programa «Justicia» asciende a aproximadamente 14 000 personas a fecha de 2016 (los datos correspondientes a 2017 aún no estaban disponibles).

Todos estos logros reflejan la prioridad concedida por el Programa a la formación judicial.

Por lo que respecta a los objetivos específicos del Programa, en términos generales, los indicadores reflejan adecuadamente las prioridades de cada objetivo específico y son mensurables en relación con su valor de referencia. Por otro lado, la evaluación realizada ha mostrado avances considerables en diversos frentes, ya que casi se han logrado varias metas.

Más concretamente, pueden observarse avances importantes en relación con el objetivo específico «cooperación judicial en materia civil y penal», respecto del que es probable que se alcance la meta para 2020 (es decir, el número de intercambios de información en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales). Asimismo, en el caso del objetivo específico «acceso a la justicia», ya se han superado los valores de la meta para 2020 (a saber, el número de visitas al Portal Europeo de e-Justicia y el número de organizaciones de apoyo a las víctimas con cobertura nacional).

No obstante, en ocasiones resulta difícil medir los indicadores seleccionados porque, por ejemplo, se ven influidos por factores exógenos (como las diferencias en el grado de transposición de las directivas de la UE en el ámbito nacional, las distintas emergencias y prioridades políticas nacionales, las condiciones macroeconómicas, etc.) y, por tanto, no es fácil estimar la contribución exacta del Programa.

Aún hay margen para introducir mejoras, también por la ausencia de herramientas adecuadas (p. ej., no existe ninguna encuesta de satisfacción que ayude a estimar la percepción de los participantes que formaron parte de actividades de formación). Por otro lado, algunos indicadores, por ejemplo, los relativos a la cobertura geográfica del Programa, no reflejan determinadas dinámicas subyacentes, como el hecho de que hasta la fecha el Programa ha estado dominado por beneficiarios de un número reducido de Estados miembros.

2.5.Participantes y asociaciones

Los datos recopilados en la evaluación intermedia sugieren que el Programa ha conseguido atraer más asociaciones transnacionales y que ello es uno de los vectores clave que sustenta el Espacio de Justicia en Europa.

Según los beneficiarios, las asociaciones desarrolladas gracias a las subvenciones de funcionamiento y para acciones en el marco del programa «Justicia» han repercutido positivamente en las capacidades de sus respectivas organizaciones, especialmente en su capacidad para garantizar la sostenibilidad de los resultados y para ejecutar los proyectos. A través de las subvenciones de funcionamiento, el Programa financia principalmente redes europeas que facilitan y apoyan la cooperación judicial en materia civil o penal y el acceso a la justicia y que han celebrado acuerdos marco de asociación con la Comisión.

Varias organizaciones participantes en el programa «Justicia» también lo son en el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía». De ello se desprende que el programa «Justicia» ha propiciado el desarrollo de redes europeas duraderas en materia de justicia y que también existen redes estructuradas de colaboración en relación con otros programas de financiación de la UE.

Sin embargo, se constató que los Estados miembros no participaron de manera homogénea en el programa «Justicia». Efectivamente, cerca del 25 % de todos los beneficiarios proceden de Italia o de Bélgica y aproximadamente la mitad de las organizaciones socias proceden de cinco países. El 50 % restante son organizaciones procedentes de los otros veintiún Estados miembros. Esto implica una distribución desigual de los recursos del Programa, especialmente por lo que respecta a las organizaciones de los Estados miembros de Europa Central y Oriental.