Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

El 28.08.2000, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (COM(2000)386) para su adopción por el procedimiento de codecisión de conformidad con el artículo 251 del Tratado.

El Comité Económico y Social emitió dictamen el 24 de enero de 2001.

El Comité de las Regiones informó al Consejo y al Parlamento Europeo, mediante carta de 16.02.2001, de que no emitiría dictamen sobre el asunto.

El 1 de marzo de 2001, el Parlamento Europeo adoptó en primera lectura una resolución legislativa que contenía 23 enmiendas a la propuesta de la Comisión. En aquel momento, la Comisión manifestó su posición con respecto a cada enmienda, señalando cuáles podría aceptar plenamente, cuáles en parte o en cuanto al fondo y cuáles no podría incluir.

A la luz de todo ello, la Comisión ha elaborado la presente propuesta modificada.

2. Enmiendas del Parlamento Europeo que la Comisión no puede respaldar

La Comisión no ha aceptado algunas de las enmiendas del Parlamento Europeo por los motivos siguientes:

- Enmiendas que reiteran disposiciones de la Directiva marco o no entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva

La enmienda 4 añade un considerando que sugiere que se podrían imponer a los prestadores de servicios de transmisión condiciones relacionadas con los contenidos además de las condiciones enumeradas en la Directiva. Sin embargo, los requisitos relacionados con los contenidos, que quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva, deben imponerse a los proveedores de servicios de contenidos, y no a los proveedores de servicios de transmisión. Las únicas condiciones relativas a los contenidos que pueden imponerse a los prestadores de servicios de transmisión son las enumeradas en los puntos 6 y 9 de la parte A del anexo y en el punto 1 de la parte B del anexo.

La enmienda 14 repite el artículo 4 de la propuesta de Directiva relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Además, existe ya un derecho de recurso con respecto a todas las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación, y no solamente para la relacionadas con los números y las radiofrecuencias.

La enmienda 15 subraya la necesidad de conseguir un mejor equilibrio entre las frecuencias utilizadas por los prestadores de servicios públicos y por los comerciales. Aunque, en tanto que objetivo político, se pueda estar de acuerdo con este planteamiento, no conviene insertar este objetivo en una Directiva que trata de la asignación de las radiofrecuencias luego de haber sido atribuidas a fines concretos en el plan nacional de frecuencias. Esta cuestión debería tratarse en la propuesta de Decisión sobre un marco regulador de la política de espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea.

La exigencia de secreto profesional propuesta en la enmienda 19 se contempla ya en el artículo 5 de la propuesta de Directiva relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

- Enmiendas que suprimen o añaden requisitos sin mantener la coherencia con el enfoque básico de la propuesta de Directiva

Las enmiendas 7 y 27 suprimen el criterio de reparto en función del volumen de negocios propuesto por la Comisión. La intención de dicho criterio es garantizar que las tasas administrativas (que son sustanciales en algunos Estados miembros) no se repartan por igual entre los operadores implicados, ya que esto supondría una discriminación en beneficio de los operadores históricos. También es importante garantizar que los Estados miembros no sustituyan el método de tasación actual, a saber, el cálculo de costes por licencia individual, por otro método más complicado y costoso. Tampoco deben mantenerse sistemas de tasas administrativas basadas en categorías de servicios o en cobertura territorial, ya que estos criterios no son coherentes con el enfoque de la autorización general. El reparto en función del volumen de negocios da respuesta a todas estas necesidades y, por consiguiente, conviene mantenerlo.

La primera frase de la enmienda 8 y la primera parte de la enmienda 21 obligarían a los Estados miembros a dar preferencia a mecanismos distintos de los cánones para garantizar un uso óptimo, cosa que podría resultar adecuada en determinados casos, pero que no puede convertirse en una norma general, ya que unos cánones de la cuantía adecuada pueden muy a menudo constituir el instrumento más sencillo y transparente para garantizar dicho uso óptimo.

- Enmiendas que resultan confusas o plantean problemas jurídicos

La enmienda 9 parece sugerir que las autoridades nacionales de reglamentación tienen que resumir la información sobre las condiciones y procedimientos relativos a los derechos de paso, lo cual constituiría una carga adicional considerable. Lo que se exige es que hagan accesible toda la información a través de una vía fácil de utilizar, por ejemplo, creando un sitio web con hiperenlaces a la información pertinente mantenida por otros niveles de la administración.

La enmienda 11 suprime la referencia a la salud pública, lo que resulta inadecuado por formar parte del artículo 46 del Tratado. No se precisa autorización específica para negociar la interconexión, como se sugiere en la primera parte de la enmienda 16. Tampoco necesita la Comisión un nuevo fundamento jurídico para publicar estudios, según se propone en la última parte de la enmienda 21.

3. Explicación de la propuesta modificada sobre la base de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo

3.1. Aclaración del texto

Las enmiendas 1, 2, 3, 5, segunda parte de la 11, 12, 13, primera y segunda parte de la 14, segunda parte de la 27, 23, 24, 25 y 26 del Parlamento Europeo contribuyen a aclarar y reforzar el texto de la propuesta original de la Comisión, y por lo tanto han sido incorporadas, en algunos casos con pequeñas modificaciones en su redacción.

3.2. Refuerzo de las disposiciones relativas a derechos de paso

El Parlamento Europeo ha expresado particular inquietud en relación con las dificultades que se les plantean a los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas, especialmente a los que no cuentan todavía con una red de alcance nacional, para obtener los derechos de paso necesarios para desplegar su infraestructura. Como el fomento de la competencia en las infraestructuras constituye un aspecto importante del fomento de la competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas en general, la Comisión comparte dicha inquietud. Es muy importante que los Estados miembros traten de dar facilidades a las solicitudes de derechos de paso y asistan lo mejor que puedan a los suministradores de redes en este proceso, a menudo engorroso. Por este motivo, la propuesta original de la Comisión incluía ya la exigencia de que las autoridades nacionales de reglamentación expidieran declaraciones que ayudaran a los operadores a obtener derechos de paso, así como la exigencia de mantener un registro que contuviera toda la información pertinente relacionada con tales derechos. Sobre la base de las enmiendas 8 y 28 del Parlamento Europeo, se han reforzado el considerando 16 y el artículo 15 y se ha añadido un nuevo apartado al artículo 14 para garantizar que los derechos de paso no se vean gravemente restringidos o suprimidos salvo cuando resulte necesario por razones de seguridad pública u orden público, y que en estos casos las empresas afectadas reciban una compensación. Por último, la idea básica de la segunda parte de la enmienda 16, a saber, que las empresas disfruten de un derecho de recurso contra las decisiones en materia de derechos de paso y contra las demoras injustificadas en la adopción de tales decisiones, ha sido incluida en el artículo 10 de la Directiva relativa a un marco regulador común de la redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. En la presente Directiva se ha añadido un nuevo considerando 12 bis para aclarar este punto.

3.3. Sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones

La Comisión reconoce la necesidad de aclarar el artículo 10, sobre cumplimiento de las condiciones, en relación con los casos de incumplimiento reiterado, según sugiere el Parlamento Europeo en su enmienda 18. A tal efecto, se ha añadido una disposición nueva en el apartado 2 del artículo 10 en virtud de la cual se permite que las autoridades nacionales de reglamentación acorten, en caso de incumplimiento reiterado de una condición, el plazo normal de un mes de que disfrutan las empresas para manifestar su parecer o subsanar el incumplimiento. En cualquier caso, la autoridad nacional de reglamentación es libre de imponer sanciones más duras por incumplimientos reiterados. No obstante, la Comisión ha considerado útil añadir un nuevo apartado en el artículo 10 en el que se estipula que, en caso de incumplimiento grave y reiterado, y cuando otras medidas no hayan dado resultado, las autoridades nacionales de reglamentación podrán impedir que una empresa continúe prestando servicios de comunicaciones electrónicas o podrán retirar o suspender los derechos de uso.

3.4. Un enfoque más armonizado en materia de cánones por uso

El Parlamento Europeo ha expresado su inquietud por las divergencias que presentan los sistemas nacionales utilizados actualmente para aplicar cánones por uso, pues teme que este hecho pueda significar un obstáculo para el mercado interior. Con el propósito de establecer unos criterios mínimos que sustenten un enfoque más armonizado al respecto, el Parlamento Europeo propuso reforzar el artículo 13, relativo a cánones por derechos de uso y derechos de paso, garantizando que los sistemas de cánones por uso no se opongan a los objetivos de la política general relativa al sector de las comunicaciones electrónicas establecidos en el artículo 7 de la Directiva marco. Además, en su enmienda 21, el Parlamento Europeo propuso someter los sistemas de cánones por uso al procedimiento de transparencia previsto en el artículo 6 de la propuesta de Directiva relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. La Comisión ha incorporado estos elementos de la enmienda 21 en el artículo 13 de su propuesta modificada.

La Comisión ha abordado asimismo el problema de las dificultades que podrían experimentar las empresas para financiar los elevadísimos importes iniciales resultantes de la subasta de radiofrecuencias. Es evidente que el propósito de los cánones por uso debe ser garantizar una utilización óptima de los recursos. La existencia de unos cánones iniciales muy elevados podría, en la práctica, conducir a una selección basada en criterios no relacionados con esa utilización óptima del recurso. Por ello, la Comisión ha introducido un nuevo apartado 2 en el artículo 13 que, aun siendo menos prescriptivo que la disposición propuesta por el Parlamento Europeo, garantiza que no se pierda de vista el objetivo principal de cualquier sistema de cánones por uso.

2000/0188 (COD)

Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión [1],

[1] DO C 365 de 19.12.2000, p. 230.

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [2],

[2] DO C 123 de 25.4.2001, p. 55.

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [3],

[3] DO C (El Comité de las Regiones señaló, mediante carta de 16.02.2001, que no emitiría dictamen sobre la presente Directiva).

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [4],

[4] DO C

Considerando lo siguiente:

(1) El resultado de la consulta pública sobre la revisión de 1999 del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, según se refleja en la Comunicación de la Comisión de 26 de abril de 2000 [5], y las constataciones de la Comisión recogidas en sus comunicaciones sobre los informes quinto y sexto sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones han confirmado la necesidad de que la regulación del acceso al mercado de redes y servicios de comunicaciones electrónicas esté más armonizada y resulte menos gravosa en toda la Comunidad.

[5] COM(2000) 239.

(2) La convergencia entre diferentes redes y servicios de comunicaciones electrónicas y sus tecnologías exige el establecimiento de un régimen de autorización en el que todos los servicios comparables reciban un trato similar, con independencia de las tecnologías utilizadas.

(3) Debe aplicarse el régimen menos gravoso posible al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas para estimular el desarrollo de nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y redes y servicios paneuropeos de comunicaciones y hacer posible que prestadores de servicios y consumidores puedan beneficiarse de las economías de escala del mercado único.

(4) La mejor manera de alcanzar estos objetivos es la autorización general de todas las redes y todos los servicios de comunicaciones electrónicas sin exigir una decisión o un acto administrativo explícitos de la autoridad nacional de reglamentación y limitando los requisitos de procedimiento a la mera notificación.

(5) Es necesario incluir expresamente en tales autorizaciones los derechos de las empresas al amparo de las mismas para garantizar la igualdad de condiciones en toda Comunidad y facilitar la negociación transfronteriza de la interconexión entre redes públicas de comunicaciones.

(6) Puede seguir siendo necesario el otorgamiento de derechos específicos para el uso de radiofrecuencias y números, incluidos códigos abreviados, del plan nacional de numeración. Los derechos a los números pueden también atribuirse a partir de un plan europeo de numeración, incluyendo por ejemplo el indicativo de país virtual "3883" que se ha atribuido a los países miembros de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT). Estos derechos de uso no deben restringirse salvo cuando resulte inevitable dada la escasez de frecuencias radioeléctricas y la necesidad de garantizar el uso eficiente de éstas.

(7) Las condiciones que pueden asociarse a la autorización general y a los derechos de uso específicos deben limitarse a lo estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales y las obligaciones impuestas por la legislación comunitaria.

(8) Las obligaciones específicas que puedan imponerse, de conformidad con la legislación comunitaria, a los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en razón de su peso significativo en el mercado según se define en la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas] [6] deben imponerse separadamente de los derechos y obligaciones generales que deriven de la autorización general.

[6] DO L

(9) La autorización general debe contener solamente condiciones que sean específicas para el sector de las comunicaciones electrónicas. No debe someterse a condiciones que sean ya aplicables en virtud de otra legislación nacional en vigor que no sea específica de dicho sector. No obstante, las autoridades nacionales de reglamentación podrán informar a los operadores de redes y a los prestadores de servicios de cualquier otra legislación relativa a sus negocios, por ejemplo, mediante referencias en sus sitios de Internet.

(10) Cuando la demanda de radiofrecuencias en determinado intervalo exceda de su disponibilidad, deben aplicarse procedimientos apropiados y transparentes para la asignación de tales frecuencias, a fin de evitar cualquier discriminación y optimizar el uso de estos recursos escasos.

(11) Cuando se haya acordado a nivel europeo la asignación armonizada de radiofrecuencias a empresas particulares, los Estados miembros deben aplicar estrictamente tales acuerdos a la hora de asignar derechos de uso de radiofrecuencias con arreglo al plan nacional de uso de frecuencias.

(12) Los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas pueden necesitar una confirmación de sus derechos con arreglo a la autorización general en materia de interconexión y derechos de paso, en particular para facilitar las negociaciones con otros niveles regionales o locales de la administración o con los prestadores de servicios de otros Estados miembros. A tal efecto, las autoridades nacionales de reglamentación deben facilitar declaraciones a las empresas que lo soliciten, o automáticamente en respuesta a una notificación al amparo de la autorización general.

(12bis) Cuando las empresas consideren que su solicitud de derechos de paso no ha sido tramitada de conformidad con los principios establecidos en la Directiva relativa a un marco regulador común de la redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, o cuando se demoren innecesariamente tales decisiones, deben contar con un derecho de recurso contra las decisiones, o la demora en adoptarlas, de conformidad con dicha Directiva.

(13) Las sanciones por incumplimiento de las condiciones de la autorización general deben guardar proporción con la infracción. Salvo en circunstancias excepcionales, no sería proporcionado retirar el derecho a prestar servicios de comunicaciones electrónicas o el derecho a utilizar radiofrecuencias o números a una empresa que no cumpla una o más de las condiciones de la autorización general. Esto debe entenderse sin perjuicio de las medidas urgentes que los Estados miembros puedan verse obligados a adoptar en caso de amenaza grave para la seguridad o la salud públicas o para los intereses económicos y operativos de otras empresas. La Directiva debe entenderse asimismo sin perjuicio de cualquier demanda de indemnización por daños y perjuicios entre empresas al amparo de la legislación nacional.

(14) Someter a los prestadores de servicios a obligaciones de notificación e información puede resultar engorroso tanto para las empresas como para la autoridad nacional de reglamentación afectada. Por tanto, tales obligaciones deben ser proporcionadas, justificarse objetivamente y limitarse a lo estrictamente necesario. No es necesario exigir de manera sistemática y regular una prueba del cumplimiento de todas las condiciones asociadas a la autorización general o los derechos de uso. Las empresas tienen derecho a conocer para qué fines se utilizará la información que deben facilitar. La aportación de información no debe ser condición para el acceso al mercado. La Directiva debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros de facilitar la información necesaria para la defensa de los intereses comunitarios en el contexto de los acuerdos internacionales.

(15) Pueden imponerse tasas administrativas a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para financiar las actividades de la autoridad nacional de reglamentación en la gestión del sistema de autorización y el otorgamiento de derechos de uso. Tales tasas deben limitarse a cubrir los gastos administrativos reales de estas actividades. A tal efecto, los ingresos y gastos de las autoridades nacionales de reglamentación deben hacerse transparentes mediante la comunicación anual del importe total de las tasas recaudadas y los gastos administrativos soportados. De esta manera, las empresas podrán comprobar que los gastos administrativos y las tasas se equilibran. Las tasas administrativas no deben constituir un obstáculo a la entrada en el mercado. Por consiguiente, deben distribuirse en proporción al volumen de negocios de la empresa afectada en los servicios correspondientes calculado sobre el ejercicio contable que precede al año de la tasa administrativa. No debe exigirse el pago de tasas administrativas a las pequeñas y medianas empresas.

(16) Además de las tasas administrativas, se pueden imponer cánones por el uso de radiofrecuencias y números como instrumento que garantice la utilización óptima de tales recursos. Estos cánones no deben obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia en el mercado. Si los derechos de paso se han concedido hasta el momento sin exigir tasas ni imponer otros requisitos de efecto equivalente, se mantendrá esta práctica.

(17) A los Estados miembros puede serles necesario modificar los derechos, condiciones, procedimientos, tasas y cánones relacionados con las autorizaciones generales y derechos de uso cuando esté objetivamente justificado. Tales modificaciones deben notificarse debida y oportunamente a todas las partes interesadas, dándoles adecuada oportunidad de expresar su opinión sobre las mismas.

(18) El objetivo de transparencia exige que los prestadores de servicios, consumidores y otras partes interesadas puedan acceder fácilmente a toda la información relativa a derechos, condiciones, procedimientos, tasas, cánones y decisiones en materia de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, derechos de uso de radiofrecuencias y números, planes nacionales de uso de frecuencias y planes nacionales de numeración. Las autoridades nacionales de reglamentación tienen la importante misión de facilitar tal información, mantenerla actualizada y centralizar toda la información pertinente relativa a los derechos de paso cuando tales derechos los administren otros niveles de la administración.

(19) Debe efectuarse un seguimiento del adecuado funcionamiento del mercado único sobre la base de los regímenes nacionales de autorización con arreglo a la presente Directiva. Sobre la base de los resultados de dicho seguimiento, pueden revelarse necesarias nuevas medidas de armonización cuando persistan los obstáculos al mercado único. La Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas] prevé el marco procedimental para tales medidas.

(20) La sustitución de las autorizaciones existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva por la autorización general y los derechos de uso individuales de conformidad con la presente Directiva no debe suponer un incremento de las obligaciones de los prestadores de servicios que operan con arreglo a una autorización existente ni una reducción de sus derechos, salvo que ello tuviera efectos negativos sobre los derechos y obligaciones de otras empresas.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Ámbito de aplicación y objetivo

1. La presente Directiva tiene por objeto la realización de un mercado interior de servicios de comunicaciones electrónicas mediante la armonización y simplificación de las normas y condiciones de autorización para facilitar el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en toda la Comunidad.

2. La presente Directiva se aplicará a todas las autorizaciones relativas al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las definiciones contenidas en la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

Artículo 3

Autorizaciones generales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas

1. Los Estados miembros no impedirán a una empresa el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas salvo cuando resulte necesario para proteger la seguridad o la salud públicas.

2. El suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas sólo podrá someterse a una autorización general que será válida para todo el territorio del Estado de que se trate. Se podrá exigir a la empresa afectada que presente una notificación, pero no exigir la obtención una decisión explícita u otro acto administrativo de la autoridad nacional de reglamentación antes de ejercer los derechos derivados de la autorización. Tras la notificación, la empresa podrá iniciar su actividad comercial, en su caso con sujeción a las disposiciones sobre derechos de uso contenidas en los artículos 5, 6 y 7.

3. El procedimiento de notificación a que se refiere el apartado 2 comportará solamente la declaración por parte de una persona física o jurídica a la autoridad nacional de reglamentación de su intención de iniciar el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y la entrega de la información mínima necesaria para que la autoridad nacional de reglamentación pueda mantener un registro de suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Esta información deberá limitarse a lo necesario para la identificación del suministrador y de sus personas de contacto, su domicilio y una breve descripción del servicio que prestará.

Artículo 4

Lista mínima de derechos derivados de la autorización general

La autorización general habilitará a las empresas para:

(a) Suministrar servicios y redes de comunicaciones electrónicas. .

(b) Negociar la interconexión con otros suministradores de redes de comunicaciones disponibles al público habilitados por una autorización general en cualquier lugar de la Comunidad, de conformidad con la Directiva [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión] [7].

[7] DO L

(c) Establecer redes de comunicaciones electrónicas y hacer que se tomen en consideración sus solicitudes para los derechos de paso necesarios, de conformidad con el artículo 10 de la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

(d) Tener oportunidad de ser designadas para suministrar elementos de una obligación de servicio universal en parte del territorio nacional o en su totalidad, de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas] [8].

[8] DO L

Artículo 5

Derechos de uso de radiofrecuencias y números

1. Cuando resulte posible, en particular cuando el riesgo de interferencia perjudicial sea insignificante, los Estados miembros no someterán el uso de las radiofrecuencias al otorgamiento de derechos individuales de uso, sino que incluirán las condiciones de uso de tales radiofrecuencias en la autorización general.

2. Cuando resulte necesario otorgar derechos de uso de radiofrecuencias y números, los Estados miembros otorgarán tales derechos a cualquier empresa que preste servicios al amparo de la autorización general y así lo solicite, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 y a las normas que garanticen el uso eficiente de estos recursos de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

Tales derechos de uso se otorgarán mediante procedimientos abiertos, no discriminatorios y transparentes. Cuando otorguen derechos de uso, los Estados miembros especificarán si se pueden ceder estos derechos a iniciativa de su titular y en qué condiciones, de conformidad con el artículo 8 de la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas]. Cuando los Estados miembros otorguen derechos de uso por un plazo limitado, su duración será adecuada al servicio de que se trate.

3. Las decisiones relativas a los derechos de uso se adoptarán, comunicarán y publicarán lo antes posible y en cualquier caso dentro de las dos semanas siguientes a la recepción de la solicitud completa por la autoridad competente en el caso de los números, y dentro de las seis semanas siguientes en el caso de las radiofrecuencias.

4. Los Estados miembros no limitarán el número de derechos de uso que hayan de otorgarse salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de las radiofrecuencias y de conformidad con el artículo 7. Los Estados miembros otorgarán derechos de uso de frecuencias siempre que estén disponibles.

Artículo 6

Condiciones asociadas a la autorización general y a los derechos de uso de radiofrecuencias y a los derechos de uso de números

1. La autorización general para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y los derechos de uso de radiofrecuencias y derechos de uso de números sólo estará sometida a las condiciones enumeradas respectivamente en las partes A, B y C del anexo. Dichas condiciones deberán justificarse objetivamente en relación con el servicio de que se trate y deberán ser no discriminatorias, proporcionadas y transparentes.

2. Las obligaciones específicas que puedan imponerse a los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas con peso significativo en el mercado con arreglo al artículo 8 de la Directiva [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión] o a los designados para la prestación de un servicio universal con arreglo a la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas], serán jurídicamente independientes de los derechos y obligaciones generales derivados de la autorización general. Para garantizar la transparencia a las empresas, deberán mencionarse en la autorización general los criterios y procedimientos de imposición de tales obligaciones específicas a las empresas.

3. La autorización general contendrá solamente condiciones que sean específicas para el sector de que se trate, según se establece en la Parte A del anexo, y no repetirá condiciones que ya sean aplicables a las empresas en virtud de otra legislación nacional.

4. Los Estados miembros no repetirán las condiciones de la autorización general cuando otorguen el derecho a usar radiofrecuencias o números.

Artículo 7

Procedimiento de otorgamiento limitado de derechos de uso de radiofrecuencias

1. Cuando un Estado miembro estudie la posibilidad de limitar el otorgamiento de derechos de uso de radiofrecuencias, deberá:

(a) tener debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los máximos beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia,

(b) dar a todas las partes interesadas, incluidos los usuarios y los consumidores, suficiente oportunidad y un plazo de al menos 30 días para que puedan manifestar su punto de vista sobre cualquier limitación,

(c) publicar su decisión de limitar el otorgamiento de derechos de uso, exponiendo los motivos de la misma,

(d) reconsiderar la limitación a intervalos razonables o a petición de las empresas, y

(e) invitar a presentar solicitudes de derechos de uso.

2. Cuando un Estado miembro compruebe que pueden otorgarse nuevos derechos de uso de radiofrecuencias, hará pública dicha circunstancia e invitará a presentar nuevas solicitudes de derechos.

3. Cuando deba limitarse el otorgamiento de derechos de uso de radiofrecuencias, los Estados miembros otorgarán tales derechos sobre la base de unos criterios de selección que deberán ser objetivos, no discriminatorios, detallados, transparentes y proporcionados. Toda selección deberá tener debidamente en cuenta la necesidad de facilitar el desarrollo de la competencia y los servicios innovadores y de conseguir los máximos beneficios para los usuarios.

4. Cuando vayan a utilizarse procedimientos de licitación comparativa, los Estados miembros podrán prolongar el plazo máximo de seis semanas a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 el tiempo necesario para garantizar que tales procedimientos sean equitativos, razonables, abiertos y transparentes para todas las partes interesadas, pero sin que exceda de seis meses.

Estos plazos máximos se entenderán sin perjuicio de los acuerdos internacionales aplicables relativos al uso de las radiofrecuencias y las posiciones orbitales.

Artículo 8

Asignación armonizada de radiofrecuencias

Cuando se haya armonizado el uso de las radiofrecuencias y se hayan acordado condiciones y procedimientos de acceso, de conformidad con la Decisión [relativa a un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad] [9] y otras normas comunitarias, los Estados miembros otorgarán el derecho de usar las radiofrecuencias de conformidad con ello. No impondrán condiciones, criterios adicionales ni procedimientos que limiten, alteren o demoren la correcta aplicación de la asignación armonizada de radiofrecuencias.

[9] DO L

Artículo 9

Declaraciones para facilitar el ejercicio de derechos de paso y derechos de interconexión

A petición de una empresa, los Estados miembros emitirán, en el plazo de una semana, una declaración que confirme que la empresa está autorizada a solicitar derechos de paso y/o a negociar la interconexión en virtud de la autorización general, para así facilitar el ejercicio de estos derechos a otros niveles de la administración o en relación con otras empresas. Cuando proceda, estas declaraciones se podrán también emitir de forma automática tras la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo 3.

Artículo 10

Cumplimiento de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso

1. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán solicitar a las empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas habilitadas por la autorización general o que disfrutan de derechos de uso de radiofrecuencias o números que faciliten la información necesaria para comprobar el cumplimiento de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso, de conformidad con el artículo 11.

2. Cuando una autoridad nacional de reglamentación compruebe que una empresa no cumple una o más de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso, notificará a la empresa esta circunstancia y concederá a la misma una oportunidad razonable de manifestar su opinión o subsanar los posibles incumplimientos en el plazo de un mes a partir de la mencionada notificación o en cualquier otro plazo que se acuerde entre la empresa afectada y la autoridad nacional de reglamentación. En caso de incumplimiento reiterado de una condición, la autoridad nacional de reglamentación podrá acortar dicho plazo.

3. Si la empresa interesada no subsana los incumplimientos en el plazo a que se refiere el apartado 2, la autoridad nacional de reglamentación adoptará medidas adecuadas y proporcionadas con el fin de garantizar el cumplimiento. Estas medidas, junto con las razones en que se basan, se comunicarán a la empresa afectada en el plazo de una semana a partir de su adopción y al menos una semana antes de que surtan efecto.

4. En caso de incumplimiento grave y reiterado de las condiciones de la autorización general, los derechos de uso u obligaciones específicas, y cuando las medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento a que se refiere el apartado 3 hayan fracasado, las autoridades nacionales de reglamentación podrán impedir a una empresa que siga suministrando servicios o redes de comunicaciones electrónicas o suspender o retirar derechos de uso.

5 Cuando el incumplimiento de las condiciones de la autorización general o de los derechos de uso represente una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública o la salud pública, o cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros suministradores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, los Estados miembros podrán adoptar medidas provisionales de urgencia para remediar la situación. Deberá ofrecerse posteriormente a la empresa interesada una oportunidad razonable de exponer su punto de vista y proponer posibles soluciones.

6 Las empresas tendrán derecho a recurrir las medidas adoptadas por los Estados miembros en virtud del presente artículo de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 4 de la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

Artículo 11

Información exigida en virtud de la autorización general y los derechos de uso

1. Sin perjuicio de las obligaciones de información y notificación contenidas en la legislación nacional aplicable, distintas de la autorización general, los Estados miembros no exigirán a las empresas que faciliten en virtud de la autorización general más información de la que resulte proporcionada y pueda justificarse objetivamente para:

(a) la comprobación sistemática del cumplimiento de las condiciones 1 y 2 de la Parte A, 6 de la Parte B y 5 de la Parte C del Anexo y del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 6;

(b) la comprobación caso por caso del cumplimiento de las condiciones establecidas en el anexo cuando se haya recibido una reclamación o cuando la autoridad nacional de reglamentación tenga motivos para creer que determinada condición no se está cumpliendo;

(c) los procedimientos de licitación comparativa de radiofrecuencias;

(d) la publicación de panorámicas comparativas de la calidad y el precio de los servicios, en beneficio de los consumidores;

(e) fines estadísticos claramente definidos;

(f) análisis del mercado para los fines de la Directiva [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas e instalaciones asociadas y a su interconexión] o de la Directiva [sobre servicio universal y derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

No podrá exigirse la información a que se refieren las letras a), b), d), e) y f) del párrafo primero antes del acceso al mercado ni como condición para el mismo.

2. Cuando los Estados miembros soliciten a las empresas que faciliten la información a que se refiere el apartado 1, les informarán asimismo de los fines concretos para los que va a utilizarse dicha información.

Artículo 12

Tasas administrativas

1. Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio al amparo de la autorización general:

(a) cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general aplicable y del otorgamiento de derechos de uso y

(b) se distribuirán entre las empresas en proporción al volumen de negocios de cada empresa en el último ejercicio contable, en relación con los servicios cubiertos por la autorización general o para los cuales se han otorgado los derechos de uso y prestados en el mercado nacional del Estado miembro que impone la tasa.

2. Las empresas cuyo volumen de negocios anual para los servicios correspondientes a que se refiere la letra b) del apartado 1 sea inferior a 10 millones de euros quedarán exentas del pago de tasas administrativas.

3. Cuando los Estados miembros impongan tasas administrativas, publicarán un resumen anual de sus gastos administrativos suficientemente desglosados y del importe total de las tasas recaudadas. Con respecto a la diferencia entre el importe total de las tasas y los gastos administrativos, deberán introducirse los reajustes adecuados en el ejercicio siguiente.

Artículo 13

Cánones por derechos de uso y derechos de paso

1. Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad asignadora imponer cánones por los derechos de uso de radiofrecuencias, números o derechos de paso que reflejen la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos. Estos cánones no serán discriminatorios, serán transparentes, estarán justificados objetivamente, guardarán proporción con el fin previsto y no serán contrarios a la necesidad de:

- garantizar que los usuarios obtengan el máximo beneficio en términos de gama ofrecida, precio, calidad y rentabilidad de la inversión;

- garantizar que no se producen distorsiones ni restricciones de la competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas;

- estimular las inversiones eficientes en infraestructura e innovación;

- evitar obstáculos en el mercado interior y crear igualdad de condiciones de competencia en toda la Unión Europea.

2. Cuando, en el caso de los procedimientos de selección comparativa, los cánones por derechos de uso de radiofrecuencias consistan, entera o parcialmente, en un importe a tanto alzado, se ofrecerán mecanismos de pago adecuados para garantizar que tales cánones no induzcan en la práctica una selección sobre la base de criterios no relacionados con el objetivo de garantizar un uso óptimo de las radiofrecuencias.

3. Cuando una autoridad nacional de reglamentación pretenda tomar medidas en virtud del presente artículo, notificará las medidas que pretende tomar con arreglo a los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 y de la Directiva .../../CE [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

Artículo 14

Modificación de derechos y obligaciones

1. Los Estados miembros podrán modificar los derechos, condiciones, procedimientos, tasas y cánones relativos a las autorizaciones generales y los derechos de uso o derechos de paso en casos objetivamente justificados y de manera proporcionada. Los Estados miembros deberán notificar adecuadamente su intención de efectuar tales modificaciones y dar a las partes interesadas, incluidos los usuarios y los consumidores, un plazo suficiente proporcionado con el alcance económico u operacional de las modificaciones previstas, no inferior a cuatro semanas para que puedan manifestar sus puntos de vista sobre las modificaciones propuestas de conformidad con el procedimiento que establece el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

2. Los Estados miembros no restringirán gravemente ni retirarán los derechos de paso antes de la expiración del plazo por el que fueron concedidos, a no ser que ello sea necesario por razones de seguridad pública u orden público. En tal caso, los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas tendrán derecho a una compensación adecuada.

Artículo 15

Publicación de información

1. Los Estados miembros velarán por que se publique y mantenga actualizada de manera adecuada toda la información pertinente sobre derechos, condiciones, procedimientos, tasas, cánones y decisiones en materia de autorizaciones generales y derechos de uso, para que todas las partes interesadas puedan acceder fácilmente a dicha información.

2. Cuando los cánones, tasas, procedimientos y condiciones en materia de derechos de paso se determinen a distintos niveles de la administración, los Estados miembros publicarán y mantendrán actualizado un registro de todos estos cánones, tasas, procedimientos y condiciones así como datos detallados sobre las autoridades competentes respectivas de manera adecuada para que todas las partes interesadas puedan acceder fácilmente a dicha información.

Artículo 16

Funcionamiento del mercado interior

Cuando las divergencias entre los cánones, tasas, procedimientos o condiciones nacionales aplicables a una autorización general o al otorgamiento de derechos de uso creen obstáculos al mercado interior, la Comisión podrá adoptar medidas para armonizar tales tasas, cánones, procedimientos o condiciones de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 19 de la Directiva [relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

Para detectar tales obstáculos al mercado único, la Comisión examinará periódicamente el funcionamiento de los sistemas nacionales de autorización y el desarrollo de la prestación de servicios transfronterizos en la Comunidad y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 17

Autorizaciones existentes

1. Los Estados miembros adaptarán las autorizaciones ya existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva a lo dispuesto en ella a más tardar el 31 de diciembre de 2001.

2. Cuando la aplicación del apartado 1 implique una reducción de los derechos o una ampliación de las obligaciones que se deriven de autorizaciones ya existentes, los Estados miembros podrán prorrogar la validez de las condiciones precedentes hasta el 30 de junio de 2002 a más tardar, siempre que no se vean por ello afectados los derechos de otras empresas con arreglo a la legislación comunitaria. Los Estados miembros notificarán a la Comisión tales prórrogas, señalando las razones que las justifican.

3. Si antes de la transposición de la presente Directiva se hubieran percibido tasas administrativas correspondientes a un período posterior a la aplicación de la Directiva, se efectuará la deducción correspondiente de las tasas pagaderas a partir de la fecha de aplicación de la Directiva.

Artículo 18

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2001. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva, así como cualquier modificación ulterior de las mismas.

Artículo 19

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 20

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

ANEXO

El presente anexo contiene la lista máxima de condiciones que pueden imponerse a las autorizaciones generales (Parte A), los derechos de uso de radiofrecuencias (Parte B) y los derechos de uso de números (Parte C) a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 6 y la letra a) del apartado 1 del artículo 11.

A. Condiciones que se pueden imponer por una autorización general

1. Aportaciones financieras a la financiación del servicio universal de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

2. Tasas administrativas de conformidad con el artículo 12 de la presente Directiva.

3. Interoperabilidad de los servicios e interconexión de las redes de conformidad con la Directiva [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas e instalaciones asociadas y a su interconexión].

4. Accesibilidad de los números del plan nacional de numeración a los usuarios finales de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

5. Requisitos en materia de medio ambiente y de ordenación urbana y del territorio, incluidas las condiciones referentes a la concesión de acceso a terrenos públicos o privados y las condiciones relacionadas con la coubicación y el uso compartido de instalaciones de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

6. Transmisión obligatoria de radiodifusiones sonoras y televisivas especificadas de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

7. Protección de los datos personales y la intimidad específica del sector de las comunicaciones electrónicas de conformidad con la Directiva [relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas].

8. Normas de protección del consumidor específicas del sector de las comunicaciones electrónicas, incluidas las condiciones de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

9. Obligaciones en relación con los contenidos radiodifundidos, en particular las relativas a la protección de los menores de conformidad con la letra a) del artículo 2bis de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

10. Información que debe facilitarse con arreglo a un procedimiento de notificación de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 de la presente Directiva y para otros fines con arreglo al artículo 11 de la presente Directiva.

11. Permiso de interceptación legal por las autoridades nacionales competentes de conformidad con la Directiva [relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas] y la Directiva 95/46/CE.

12. Condiciones de uso con motivo de catástrofes importantes para garantizar las comunicaciones entre los servicios de urgencia y las autoridades y las emisiones radiodifundidas a la población en general.

13. Medidas relativas a la limitación de la exposición del público en general a los campos electromagnéticos causados por las redes de comunicaciones electrónicas de conformidad con el Derecho comunitario.

B. Condiciones que pueden asociarse a los derechos de uso de radiofrecuencias

1. Designación del servicio para el que se utilizará la frecuencia, incluyendo, cuando proceda, el uso exclusivo de una frecuencia para la transmisión de un contenido determinado.

2. Uso eficiente de las frecuencias de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

3. Evitación de interferencias perjudiciales.

4. Duración máxima de conformidad con el artículo 5 de la presente Directiva.

5. Cesión de derechos a iniciativa de su titular y condiciones e ella asociadas de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

6. Cánones por utilización de conformidad con el artículo 13 de la presente Directiva.

7. Cualquier compromiso contraído por la empresa que ha obtenido el derecho de uso en el curso de un procedimiento de licitación comparativa.

C. Condiciones que pueden asociarse a los derechos de uso de números

1. Designación del servicio para el que se utilizará el número.

2. Uso eficiente de los números de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

3. Exigencias en materia de conservación del número de conformidad con la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

4. Duración máxima de conformidad con el artículo 5 de la presente Directiva.

5. Cesión de derechos y condiciones a ella asociadas de conformidad con la Directiva [relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas].

6. Cánones por utilización de conformidad con el artículo 13 de la presente Directiva.