A4-0095/98

Resolución sobre los derechos sindicales transnacionales en la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Asuntos Institucionales (A4-0095/98),

A. Considerando que, desde la firma del Tratado de Amsterdam, los 15 Estados miembros de la UE han firmado la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, en cuyo apartado 11 se garantiza el derecho de libre asociación para trabajadores y empresarios,

B. Considerando que existe una contradicción entre las disposiciones de la Carta de 1989, que solicitaba el reconocimiento a nivel europeo del derecho de asociación, y el apartado 6 del artículo 2 del Acuerdo sobre política social, que excluye el derecho de asociación de las competencias de la UE,

C. Considerando que la UE está instando a todos los Estados miembros a que respeten los derechos sociales y humanos, entre ellos el derecho de libre asociación y de negociación colectiva,

D. Considerando que, sobre la base de las decisiones en torno a la Agenda 2000, la Unión Europea va a ser ampliada en el próximo siglo con nuevos Estados miembros,

E. Esperando que también los nuevos Estados miembros de la Unión Europea cumplan todas las condiciones mencionadas en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en la Carta Social Europea del Consejo de Europa y en la Carta comunitaria de 1989,

F. Considerando que, si bien los derechos sindicales y el derecho de reunión no están garantizados expresamente en los Tratados constitutivos, forman parte, no obstante, del acervo de derechos fundamentales de la Unión por estar consagrados en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros,

G. Considerando que el derecho a negociar a nivel europeo se reconoce ya implícitamente en la Directiva sobre la constitución del comité de empresa europeo y la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la UE,

H. Considerando que el Tratado de Amsterdam establece las posibilidades de concertación y negociaciones colectivas a nivel europeo,

I. Considerando que el Consejo, de conformidad con el artículo 2 de Acuerdo sobre la política social, previa propuesta de la Comisión y consulta al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, puede tomar decisiones por unanimidad por lo que se refiere a la representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la participación, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6,

J. Considerando que el objetivo de la Comunidad es «consagrar los progresos realizados en el ámbito social, por la acción de los Estados miembros, de los interlocutores sociales y de la Comunidad» ((Considerando 12 de la Carta comunitaria de los Derechos sociales fundamentales de los trabajadores.)) y que la Comunidad ha de fijar derechos sindicales transnacionales fundamentales con el fin de realizar plenamente el mercado interior,

K. Considerando que, en virtud del principio de subsidiariedad vertical y horizontal, «las iniciativas que haya que tomar para la aplicación de estos derechos sociales corresponden a los Estados miembros y a las entidades que los constituyen y, en el marco de sus competencias, son responsabilidad de la Comunidad Europea; que esta aplicación puede revestir la forma de leyes, de convenios colectivos o de prácticas existentes en los distintos niveles adecuados y que requiere, en numerosos ámbitos, la participación activa de los interlocutores sociales» a nivel nacional y empleo ((Considerando 15 de la misma Carta.)),

L. Considerando que la garantía «de los derechos sociales fundamentales en la Comunidad Europea no puede justificar, en el momento de su aplicación, ninguna regresión con respecto a la situación actualmente existente en cada Estado miembro» ((Considerando 16 de la misma Carta.

)),

M. Considerando que un Estado miembro puede encargar a los interlocutores sociales, a petición común de éstos, la ejecución de directivas referentes a la representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la participación, a cuyo respecto el Estado miembro ha de poder garantizar en todo momento los resultados prescritos en las directivas en cuestión,

1. Opina que la ejecución coordinada de la política en materia de empleo y de la Unión Económica y Monetaria fomentará el proceso europeo de concertación colectiva;

2. Opina que los Convenios de la OIT 87 y 98 elaborados en los años 40 y la Carta Social Europea del Consejo de Europa en los que se estableció la libertad de reunión y el derecho a la concertación colectiva a nivel nacional se han de desarrollar para elevarlos al nivel comunitario, y pide a la Comisión que examine la mejor forma en que cabría aplicar esto;

3. Opina que la solución de conflictos de intereses a través de la concertación y el consenso social pueden contribuir al reforzamiento de las empresas y de la economía en su conjunto, así como a la creación de puestos de trabajo, y que tal consenso constituye una condición esencial para un desarrollo socioeconómico sostenible;

4. Confirma su solicitud de que se consagren en particular los derechos sindicales transnacionales fundamentales (derecho de reunión, incluido el derecho a la concertación colectiva y a la actividad sindical) en el Tratado de la Unión Europea;

5. Considera que las organizaciones sindicales tienen que participar en la definición de los derechos sindicales a escala europea;

6. Hace un llamamiento a los interlocutores sociales para que por sí mismos o en el marco del diálogo social elaboren propuestas con miras a una negociación sobre los derechos y normas;

7. Pide a la Comisión que dedique la suficiente cantidad de tiempo, recursos y personal al mantenimiento del diálogo social;

8. Pide a la Comisión que desempeñe su función facilitadora e intermediaria y que mande realizar una investigación sobre cuya base los interlocutores sociales puedan alcanzar relaciones y, en su caso, acuerdos contractuales sobre la base del artículo 139 del Tratado de Amsterdam;

9. Pide a la Comisión que realice las investigaciones y los estudios correspondientes antes de finales de 1998;

10. Opina que los derechos sindicales a escala europea han de incluir:

- la suficiente protección de los empleados en el caso de que se afilien a un sindicato o desempeñen un papel activo en él de manera que no se derive de ello ninguna desventaja personal o profesional para el empleado,

- la libre participación de las organizaciones sindicales en las empresas;

11. Opina que los interlocutores sociales deberían entrar en un diálogo sobre la creación de un conjunto adecuado de instrumentos para evitar conflictos laborales colectivos;

12. Considera fundamental que para facilitar la solución de conflictos transnacionales se han de realizar esfuerzos para el establecimiento y el recurso, a los niveles adecuados, a procedimientos de reconciliación, mediación y arbitraje voluntario;

13. Opina que, si se consagran en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea los derechos sindicales básicos, las disposiciones del apartado 6 del artículo 137 han de suprimirse, en particular en lo que respecta al derecho de asociación y al derecho de huelga, y opina que, con motivo de la próxima revisión del Tratado, las materias contempladas en el apartado 3 del artículo 137 deberían pasar al ámbito de las decisiones por mayoría/codecisiones;

14. Opina que el Consejo ha de utilizar las posibilidades ofrecidas por los apartados 1, 2 y 3 del artículo 137 y por el apartado 2 del artículo 139 del Tratado de Amsterdam para ayudar a los interlocutores sociales a elaborar una línea de acción para la celebración de acuerdos entre los interlocutores sociales europeos;

15. Opina que la Comisión, en su informe anual sobre la realización de los objetivos del artículo 136 del Tratado de Amsterdam, ha de prestar expresamente atención a la reglamentación de los derechos sindicales a nivel europeo;

16. Se compromete a dedicar cada año, con motivo del examen de la carta social, un capítulo al desarrollo de los derechos sindicales a nivel comunitario;

17. Encarga a su Presidente que transmita esta resolución a la Comisión, al Consejo y a los interlocutores sociales.