Tal como se indica en la Comunicación de 6 de abril, la crisis migratoria y de refugiados ha revelado importantes carencias y deficiencias estructurales en la concepción y aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo, y especialmente de las normas de Dublín. El actual sistema de Dublín no fue concebido para garantizar un reparto sostenible de la responsabilidad con respecto a los solicitantes en toda la Unión. Esto ha dado lugar a situaciones en las que un número limitado de Estados miembros ha tenido que ocuparse de la gran mayoría de los solicitantes de asilo que llegan a la Unión, lo que ha generado una gran presión sobre las capacidades de sus sistemas de asilo y provocado una cierta inobservancia de la normativa de la UE. Además, la eficacia del sistema de Dublín se ve socavada tanto por una serie de normas complejas y discutibles sobre la asignación de responsabilidades como por la lentitud de los procedimientos. Este es el caso, en particular, de las normas actuales, que establecen una transferencia de la responsabilidad entre Estados miembros una vez transcurrido un tiempo determinado. Asimismo, debido a la falta de disposiciones claras sobre las obligaciones de los solicitantes y las consecuencias de su incumplimiento, el sistema actual se presta, a menudo, a abusos por parte de los solicitantes.

A continuación tendrá lugar la segunda fase de propuestas legislativas, destinadas a reformar las Directivas sobre procedimientos y requisitos de asilo y la Directiva sobre condiciones de acogida, con el fin de garantizar la reforma completa de todos los aspectos del sistema de asilo de la UE y, en particular, evitar la perturbación del mecanismo de Dublín a causa de los abusos y del «asilo a la carta» por parte de los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección internacional. En particular, con el fin de incrementar en la medida de lo posible la armonización entre los Estados miembros, los procedimientos de asilo deberán ser más rápidos y convergentes, se precisan normas más uniformes sobre los procedimientos y los derechos que han de ofrecerse a los beneficiarios de protección internacional, y deben adaptarse las condiciones de acogida.

Sin embargo, la experiencia reciente ha mostrado que las llegadas incontroladas y a gran escala ejercen una presión excesiva sobre los sistemas de asilo de los Estados miembros, lo cual ha dado lugar a una inobservancia cada vez mayor de las normas. En estos momentos se está empezando a abordar esta cuestión para recuperar el control de la situación actual mediante la aplicación de las normas vigentes en materia de gestión de fronteras Schengen y asilo, así como mediante una cooperación reforzada con terceros países clave, especialmente con Turquía. No obstante, la situación ha puesto de manifiesto varias deficiencias fundamentales en la concepción de nuestras normas de asilo que merman su eficacia y no garantizan un reparto sostenible de la responsabilidad, siendo necesario subsanar tales deficiencias ahora.

Según se establece en el Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción por el Consejo de las medidas propuestas en virtud del título V del TFUE (salvo en lo que respecta a «medidas que determinen los terceros países cuyos nacionales deban estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, o medidas relativas a un modelo uniforme de visado»). No obstante, dado que Dinamarca aplica el vigente Reglamento de Dublín en virtud de un acuerdo internacional que celebró con la CE en 2006, deberá notificar a la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de dicho acuerdo, su decisión de aplicar o no el contenido del Reglamento modificado.

La propuesta contempla también nuevas normas para la determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada por un menor no acompañado, a saber: en ausencia de familiares, el Estado miembro en que se presente la primera solicitud será el responsable, a menos que ello no redunde en el interés superior del niño. Esta disposición posibilitará una pronta determinación del Estado miembro responsable y, por tanto, permitirá a este grupo vulnerable de solicitantes acceder rápidamente al procedimiento, algo que también resulta conveniente en vista de la reducción de plazos propuesta. Dado que esta norma difiere de lo propuesto por la Comisión en junio de 2014, la Comisión tiene la intención de retirar esa propuesta, sobre la que hasta el momento ha sido imposible llegar a un acuerdo.

En lo que respecta a la introducción de un nuevo mecanismo de asignación correctora, el Reglamento (UE) n.º 604/2013 no prevé, en su forma actual, instrumentos que permitan dar una respuesta suficiente a las situaciones de presión desproporcionada sobre los sistemas de asilo de los Estados miembros. Las disposiciones sobre el mecanismo de asignación correctora que la propuesta introduce pretenden subsanar esta carencia. Estas disposiciones no van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de hacer frente a la situación de manera eficaz.

De conformidad con los tres acuerdos anteriormente mencionados, los países asociados aceptarán el acervo Dublín/Eurodac y su desarrollo sin excepciones. No participan en la adopción de actos que modifiquen o desarrollen el acervo de Dublín (incluida, por tanto, la presente propuesta), pero han de notificar a la Comisión, en un plazo determinado, si aceptan o no el contenido de dichos actos, una vez aprobados estos por el Parlamento Europeo y el Consejo. En caso de que Noruega, Islandia, Suiza o Liechtenstein no acepten un acto que modifique o desarrolle el acervo de Dublín/Eurodac, se pondrá fin a los acuerdos respectivos, a menos que el Comité mixto creado en virtud de los acuerdos decida lo contrario por unanimidad.

También ha quedado claro que el Reglamento de Dublín III no se concibió para hacer frente a situaciones de presión desproporcionada. No está concebido ni con el objetivo de garantizar un reparto equitativo de responsabilidades ni con el de abordar el problema de la distribución no proporcional de solicitantes entre los Estados miembros. Estos factores han quedado especialmente patentes en algunos Estados miembros que han experimentado dificultades en la aplicación del Reglamento en este contexto, ya que no siempre se han llevado a cabo los registros de los solicitantes de asilo, se han producido retrasos en los procedimientos, y las capacidades internas han resultado insuficientes para tratar los casos oportunamente.

El problema más significativo que se puso de relieve en la evaluación era la falta de aplicación coherente y correcta en todos los Estados miembros. Asimismo, se llegó a la conclusión de que la concepción del Reglamento de Dublín III presentaba una serie de deficiencias que dificultaban la consecución de sus principales objetivos. La jerarquía de criterios establecida en el Reglamento de Dublín III no tiene en cuenta la capacidad de los Estados miembros, y tampoco intenta lograr un equilibrio en cuanto a los esfuerzos realizados. El método de asignación de responsabilidad retrasa el acceso al procedimiento de asilo. Con el sistema actual, los aspirantes pueden esperar hasta diez meses (en el caso de las peticiones de readmisión de un solicitante de asilo) u once meses (en el caso de peticiones de toma a cargo) antes de que comience el procedimiento de examen de la solicitud de protección internacional. Esto va en detrimento del objetivo de Dublín de garantizar un acceso rápido al procedimiento de asilo.

El mecanismo de alerta rápida y capacidad de respuesta no se ha aplicado hasta la fecha. Mientras que algunos Estados miembros adujeron que las condiciones para activar el mecanismo nunca se han cumplido, otros alegaron que, al no existir criterios claros ni indicadores para medir la presión, es difícil llegar a un acuerdo político sobre la activación del mecanismo. Además, se considera que este procedimiento es demasiado largo y complicado. Ciertas medidas de apoyo alternativas también han ayudado a aliviar la presión y podrían haber hecho innecesaria la activación del mecanismo. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo ha sido puesta como ejemplo de apoyo que ha hecho innecesario activar el mecanismo, ayudando a prevenir o a gestionar las crisis en el ámbito de la protección internacional.

En 2014, el número total de peticiones de toma a cargo y de peticiones de readmisión fue de 84 586, lo que representa el 13 % del total de las solicitudes de asilo presentadas en la UE y supone una disminución con respecto a los años anteriores. El 33 % de todas las solicitudes fueron rechazadas por el Estado miembro receptor, lo cual podría ser indicativo de que la entrada en vigor del Reglamento de Dublín III en 2014 ha hecho más difícil para los Estados miembros alcanzar un consenso en materia de responsabilidad. En 2014, solo en torno a una cuarta parte del número total de peticiones de toma a cargo y de readmisión aceptadas dio realmente lugar a un traslado efectivo. Estas bajas cifras apuntan a la existencia de problemas en la aplicación práctica del Reglamento de Dublín III. No obstante, también podrían explicarse, en parte, por los retrasos en los traslados, de los cuales no queda constancia en los datos anuales utilizados en la evaluación. Otra razón importante para la reducida tasa de traslados, como confirman muchos Estados miembros, es el alto índice de fuga durante los procedimientos de Dublín, lo cual resulta en un traspaso de responsabilidad entre los Estados miembros.

Los puntos de vista sobre la conveniencia de tener en cuenta las preferencias de los solicitantes eran divergentes: mientras algunos señalaron que las preferencias no pueden ser ignoradas totalmente, dado que ello generaría casi inevitablemente flujos secundarios, otros argumentaron en contra enérgicamente, teniendo en cuenta que se precisan criterios claros y objetivos y que añadir el de las preferencias daría lugar a complicadas evaluaciones caso por caso. Asimismo, los Estados miembros recordaron que los solicitantes buscan protección internacional o huyen de persecuciones y que, por lo tanto, no deben disponer de un margen excesivo para elegir el último país de asilo, dado que la razón de ser última de Dublín no es la de un sistema de migración (económica).

La estimación del coste directo e indirecto de las acciones emprendidas en 2014 en el marco del Reglamento de Dublín asciende aproximadamente a 1 000 millones EUR. La ausencia de un mecanismo de este tipo daría lugar a costes aún mayores para la UE y los Estados del EEE; no obstante, la evaluación ha puesto de manifiesto que, de forma general, el Reglamento de Dublín III ha carecido de eficiencia. El plazo legalmente previsto para el traslado de solicitantes es largo, y la tasa de traslados efectivos reducida: ambas circunstancias tienen una incidencia financiera considerable sobre los costes indirectos y la eficiencia global del sistema. En algunos Estados miembro, los intentos de evitar las fugas generan costes de internamiento muy altos. Las fugas generan otros costes indirectos y reducen la eficiencia del sistema. En la práctica, la ausencia de traslados y el retorno de los solicitantes rechazados causan elevados costes sociales vinculados a la inmigración irregular. Se estima que, como máximo, el 42 % de los solicitantes de Dublín que no son trasladados de forma efectiva podrían permanecer en la UE como inmigrantes irregulares.

Las principales enmiendas presentadas pretenden, por una parte, mejorar la eficiencia del sistema, en particular haciendo que la estabilidad de la responsabilidad de un Estado miembro determinado para examinar una solicitud se mantenga estable una vez que haya sido establecida dicha responsabilidad. Por otra parte, las enmiendas sirven para limitar los movimientos secundarios, en particular mediante la supresión de las normas sobre transferencia de responsabilidad entre los Estados miembros.

La disposición relativa a las garantías para los menores no acompañados se adapta para que la determinación del interés superior del menor sea más operativa. Así, antes de trasladar a un menor a otro Estado miembro, el Estado miembro que efectúe el traslado se asegurará de que el Estado miembro receptor adopte sin demora las medidas necesarias con arreglo a las Directivas sobre procedimientos de asilo y condiciones de acogida. También se estipula que cualquier decisión relativa al traslado de un menor no acompañado debe ir precedida de una evaluación de su interés superior, que deberá llevarse a cabo con celeridad por personal cualificado.

En lo que respecta a los menores no acompañados, la propuesta aclara que el Estado miembro en que el menor haya presentado su primera solicitud de protección internacional será responsable, a menos que se demuestre que ello no redunda en el interés superior del menor. Esta disposición permitirá una pronta determinación del Estado miembro responsable, permitiendo así a este grupo de solicitantes vulnerable acceder con rapidez al procedimiento, también en vista de los plazos más breves previstos.

Un Estado miembro de asignación podrá decidir, de manera temporal, no participar en el mecanismo corrector durante un período de doce meses. En tal caso, el Estado miembro de que se trate deberá hacer constar esta información en el sistema automatizado y notificarla a los demás Estados miembros, la Comisión y la Agencia Europea de Asilo. A continuación, los solicitantes que habrían sido asignados a dicho Estado miembro serán asignados a los demás Estados miembros. El Estado miembro que, temporalmente, no participe en el reparto corrector, deberá efectuar una contribución de solidaridad de 250 000 EUR por solicitante a los Estados miembros designados como responsables del examen de las solicitudes. La Comisión debe adoptar un acto de ejecución en el que se precisen las modalidades prácticas para la aplicación del mecanismo de contribución de solidaridad. La Agencia de Asilo de la Unión Europea supervisará la aplicación del mecanismo financiero de solidaridad e informará a la Comisión al respecto anualmente.

(8)Los recursos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA), creada mediante el Reglamento (UE) nº 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo , deben estar disponibles para prestar el apoyo adecuado a los servicios correspondientes de los Estados miembros responsables de aplicar el presente Reglamento. En particular, la OEAA debe establecer medidas de solidaridad, como la Reserva de Intervención en materia de Asilo con equipos de apoyo al asilo para asistir a aquellos Estados miembros que tienen que hacer frente a una presión especial y en los que los solicitantes de protección internacional («los solicitantes») no pueden contar con condiciones adecuadas, en particular por lo que respecta a la acogida y a la protección.

(5)Dicho procedimiento debe estar basado en criterios objetivos y equitativos tanto para los Estados miembros como para las personas afectadas. Debe hacer posible, en particular, una determinación rápida del Estado miembro responsable con el fin de garantizar un acceso efectivo a los procedimientos de concesión de protección internacional y no comprometer el objetivo de celeridad en la tramitación de las solicitudes de protección internacional.

(3)El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación del SECA, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, completada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 («la Convención de Ginebra»), garantizando con ello que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufra persecución, lo que significa que se observe el principio de no devolución. A este respecto, y sin perjuicio de los criterios de responsabilidad establecidos en el presente Reglamento, todos los Estados miembros, dado que respetan el principio de no devolución, se consideran países seguros para los nacionales de terceros países.

(10)A la vista de los resultados de las evaluaciones realizadas sobre la aplicación del Ö Reglamento (UE) n.º 604/2013 Õ los instrumentos de la primera fase, en la fase actual procede confirmar los principios en que se sustenta el Reglamento (EC) No 343/2003 (EU) n.º 604/2013, e introducir, al mismo tiempo, las mejoras necesarias a la luz de la experiencia, en la eficacia del sistema de Dublín y la protección concedida a los solicitantes al amparo de dicho sistema. Dado que el buen funcionamiento del sistema de Dublín es esencial para el SECA, sus principios y funcionamiento deben revisarse a medida que se crean otros componentes del SECA e instrumentos de solidaridad de la Unión. Debe preverse un «control de aptitud» consistente en una revisión completa, basada en datos, que abarque los efectos jurídicos, económicos y sociales del sistema de Dublín, incluidos sus efectos en los derechos fundamentales. ðSe considera asimismo apropiado, sobre la base de esta evaluación y de las consultas mantenidas con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y otras partes interesadas, establecer en el Reglamento las medidas necesarias para que exista un reparto equitativo de la responsabilidad de las solicitudes de protección internacional entre los Estados miembros, en particular con el fin de garantizar que no recaiga una carga desproporcionada sobre algunos Estados miembros. ï

(20)Para garantizar el pleno respecto del principio de unidad familiar y del interés superior del niño, la existencia de una relación de dependencia entre un solicitante y su hijo, hermano, padre o madre por motivo de embarazo o maternidad, estado de salud o vejez del solicitante, debe ser un criterio de responsabilidad vinculante. Cuando el solicitante sea un menor no acompañado, la presencia en el territorio de otro Estado miembro de un miembro de la familia o pariente que pueda hacerse cargo del menor también debe ser un criterio de responsabilidad vinculante. ð Con el fin de desincentivar los movimientos secundarios de menores no acompañados, que no redundan en su interés superior, en ausencia de un miembro de la familia o de un pariente, el Estado miembro responsable debe ser aquel en el que el menor no acompañado haya presentado su primera solicitud de protección internacional, salvo que se demuestre que ello no redundaría en el interés superior del menor. Antes de trasladar a un menor no acompañado a otro Estado miembro, el Estado miembro que procede al traslado deberá asegurarse de que ese otro Estado miembro adopte todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar una adecuada protección del menor y, en particular, la pronta designación de un representante o representantes encargados de velar por el respeto de todos los derechos que asisten al menor. Toda decisión de traslado de un menor no acompañado deberá ir precedida de una evaluación de su interés superior llevada a cabo por personal que cuente con las cualificaciones y la pericia necesarias. ï

(15)De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el interés superior del niño debe constituir una consideración primordial de los Estados miembros en la aplicación del presente Reglamento. A la hora de evaluar el interés superior del niño, los Estados miembros deben, en particular, tener debidamente en cuenta el bienestar y el desarrollo social del menor, los aspectos de seguridad y el punto de vista del menor en función de su edad y madurez, incluidos su procedencia y su entorno. Además, se establecerán garantías de procedimiento específicas para los menores no acompañados habida cuenta de su especial vulnerabilidad.

(27)El internamiento de solicitantes debe efectuarse con arreglo al principio subyacente de que no se puede internar a una persona por el único motivo de haber solicitado protección internacional. El internamiento debe ser lo más breve posible y estar sujeto a los principios de necesidad y proporcionalidad. En particular, el internamiento de solicitantes debe regularse conforme al artículo 31 de la Convención de Ginebra. Los procedimientos establecidos en el presente Reglamento en relación con una persona internada deben tramitarse con prioridad en el menor plazo de tiempo posible. Por lo que respecta a las garantías generales que rigen el internamiento, así como a las condiciones de internamiento, cuando proceda, los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la Directiva 2013/33/UE también a las personas internadas sobre la base del presente Reglamento.

(24)Para garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas de que se trate, deben establecerse garantías jurídicas y el derecho a la tutela judicial efectiva con respecto a las decisiones sobre traslados al Estado miembro responsable, de conformidad en particular con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ð También se debe garantizar la tutela judicial efectiva en los casos en que no se haya tomado una decisión de traslado pero el solicitante afirme que otro Estado miembro es responsable por encontrarse en el mismo un miembro de su familia o, en el caso de menores no acompañados, un pariente. ï A fin de garantizar el respeto del Derecho internacional, una tutela judicial efectiva ha de comprender tanto el examen de la solicitud según el presente Reglamento como de la situación de hecho y de derecho en el Estado miembro al que se traslade al solicitante. ð El alcance de la tutela judicial efectiva debe limitarse a una valoración de si los derechos fundamentales del solicitante al respeto de la vida familiar, los derechos del menor o la prohibición de tratos inhumanos o degradantes corren el riesgo de ser infringidos. ï

(23)Debe organizarse una entrevista personal con el solicitante para facilitar la determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional, ð a no ser que el solicitante se haya dado a la fuga o que la información que este haya suministrado sea suficiente para determinar el Estado miembro responsable ï. Tan pronto como se presente la solicitud de protección internacional, debe informarse al solicitante, Ö en particular, Õ de la aplicación del presente Reglamento, ð de la inexistencia de posibilidades de elección en cuanto al Estado miembro que examinará su solicitud de asilo, de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Reglamento, y de las consecuencias del incumplimiento de dichas obligaciones ï y de la posibilidad, durante la entrevista, de proporcionar información sobre la presencia de miembros de la familia, parientes o cualesquiera otros familiares para facilitar el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable.

(21)ð La asunción por parte de un Estado miembro de la responsabilidad de examinar una solicitud que se le haya presentado en casos en que tal examen no sea responsabilidad suya con arreglo a los criterios establecidos en el presente Reglamento puede socavar la eficacia y la sostenibilidad del sistema, y debe ser excepcional. ï Todo Ö Por lo tanto, un Õ Estado miembro debe poder abstenerse de aplicar los criterios de responsabilidad, en particular ð únicamente ï por motivos humanitarios, y compasivos ð en particular por motivos familiares, antes de que se haya determinado el Estado miembro responsable ï con el fin de permitir la reunificación de miembros de la familia, parientes o cualesquiera otros familiares y examinar una solicitud de protección internacional presentada en cualquier Estado miembro aunque dicho examen no sea su responsabilidad según los criterios vinculantes establecidos en el presente Reglamento.

(35)Un Estado miembro de asignación puede decidir, durante un período de doce meses, no aceptar a los solicitantes que se le asignen, en cuyo caso debe hacer constar esta información en el sistema automatizado y notificarla a los demás Estados miembros, la Comisión y la Agencia de Asilo de la Unión Europea. A continuación, los solicitantes que debían haberse asignado a dicho Estado miembro deben ser asignados a otros Estados miembros. El Estado miembro que, temporalmente, no participe en la asignación correctora, debe efectuar una contribución solidaria de 250 000 EUR por solicitante no aceptado al Estado miembro designado como responsable del examen de las solicitudes. La Comisión debe adoptar un acto de ejecución en el que se precisen las modalidades prácticas para la aplicación del mecanismo de contribución de solidaridad. La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe supervisar la aplicación del mecanismo financiero de solidaridad e informar a la Comisión al respecto anualmente.

(33)Cuando proceda aplicar el mecanismo de asignación, los solicitantes que hayan presentado sus solicitudes en el Estado miembro beneficiario deben ser asignados a Estados miembros cuya cuota de solicitudes sea inferior a la indicada en la clave de referencia aplicable a dichos Estados miembros. Deben establecerse normas apropiadas para aquellos casos en que haya motivos fundados para considerar que un solicitante constituye un peligro para la seguridad nacional o el orden público, especialmente normas relativas al intercambio de información entre las autoridades competentes responsables en materia de asilo de los Estados miembros. Tras el traslado, el Estado miembro de asignación debe determinar el Estado responsable, y debe asumir la responsabilidad de examinar la solicitud, a no ser que los criterios primordiales de responsabilidad, relacionados, en particular, con la presencia de miembros de la familia, determinen que deba ser responsable otro Estado miembro.

(31)Debe establecerse un mecanismo de alerta rápida, capacidad de respuesta y gestión de crisis en materia de asilo que sirva para prevenir cualquier deficiencia o colapso de los sistemas de asilo, y en el que la OEAA desempeñe una función clave ejerciendo sus competencias con arreglo al Reglamento (UE) no 439/2010, para garantizar una sólida cooperación en el marco del presente Reglamento y para aumentar la confianza mutua entre los Estados miembros en materia de asilo. Dicho mecanismo debe garantizar que la Unión es alertada lo más rápidamente posible cuando exista una sospecha de que el funcionamiento adecuado del sistema establecido en el presente Reglamento está en riesgo debido a que los sistemas de asilo de uno o varios Estados miembros se ven sometidos a una presión especial o sufren alguna deficiencia. Dicho mecanismo debe permitir a la Unión promover medidas preventivas en una etapa temprana y dedicar a dichas situaciones la atención política adecuada. La solidaridad, que es un elemento central del SECA, está íntimamente unida a la confianza mutua. Reforzando dicha confianza, el mecanismo de alerta rápida, capacidad de respuesta y gestión de crisis en materia de asilo podría mejorar la orientación de medidas concretas de una solidaridad auténtica y práctica hacia los Estados miembros a fin de asistir a los Estados miembros afectados en general y a los solicitantes en particular. De conformidad con el artículo 80 TFEU del Tratado, cada vez que sea necesario, los actos de la Unión deben contener medidas apropiadas para la aplicación del principio de solidaridad., ð Debe establecerse un mecanismo corrector con el fin de garantizar un reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros y un rápido acceso de los solicitantes a los procedimientos de concesión de protección internacional en las situaciones en que un Estado miembro tenga que hacer frente a un número desproporcionado de solicitudes de protección internacional de las cuales sea responsable con arreglo a l presente Reglamento. ï y el mecanismo debe ir acompañado de dichas medidas. Las conclusiones sobre un marco común para la solidaridad auténtica y práctica con los Estados miembros que experimenten una presión especial sobre sus sistemas de asilo, entre otras cosas debido a flujos migratorios mixtos, adoptadas por el Consejo Europeo el 8 de marzo de 2012, constituyen una «caja de herramientas» de las medidas existentes y de las posibles medidas nuevas, que debería tenerse en cuenta en el contexto de un mecanismo de alerta rápida, capacidad de respuesta y gestión de crisis.

(38)El [Reglamento general de protección de datos (UE) .../2016] debe aplicarse al procesamiento de datos personales por los Estados miembros realizado en aplicación del presente Reglamento a partir de la fecha establecida en el mismo; hasta esa fecha, será de aplicación la Directiva 95/46/CE. Los Estados miembros deben poner en práctica las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que el procesamiento se lleva a cabo con arreglo a dicho Reglamento y a las disposiciones por las que se establecen sus requisitos en el presente Reglamento. En particular, tales medidas deben garantizar la seguridad de los datos personales procesados en aplicación del presente Reglamento y, especialmente, prevenir el acceso o la publicación ilegales o no autorizados, la alteración o la pérdida de los datos personales procesados. Las autoridades nacionales de control competentes en cada Estado miembro deben controlar la legalidad del procesamiento de datos por parte de las autoridades de que se trate, incluidas la transmisión de datos al sistema automatizado o desde el mismo, y la transmisión a las autoridades competentes para efectuar los controles de seguridad.

(47)Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de un prospecto común sobre Dublín/Eurodac, así como de un prospecto específico para los menores no acompañados; de un formulario normalizado para el intercambio de informaciones útiles para los menores no acompañados; de condiciones uniformes para la consulta e intercambio de información sobre menores y personas dependientes; de condiciones uniformes para la preparación y presentación de Ö peticiones Õ de toma a cargo y de peticiones ð notificaciones ï de readmisión; de dos listas que indiquen los elementos probatorios e indicios pertinentes y su revisión periódica; de un modelo de salvoconducto; de condiciones uniformes para la consulta e intercambio de información relativa a los traslados; de un formulario normalizado para el intercambio de datos antes de un traslado; de un certificado médico común; de condiciones uniformes y acuerdos prácticos para el intercambio de información sobre los datos sanitarios de una persona antes de un traslado y de los canales de transmisión electrónica seguros para la transmisión de peticiones.

(44)El funcionamiento del Sistema de Información de Visados, tal como ha sido establecido en el Reglamento (CE) n.o 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008, sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros, y en particular la aplicación de sus artículos 21 y 22, deben facilitar la aplicación del presente Reglamento.

(41)Debe garantizarse la continuidad entre el sistema de determinación del Estado miembro responsable establecido por el Reglamento (EC) No 343/2003 (UE) n.º 604/2013 y el sistema establecido por el presente Reglamento. Asimismo, conviene garantizar la coherencia entre el presente Reglamento y el Reglamento [Propuesta de Reglamento por el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo] de 26 de junio de 2013, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) no 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley .

(53)El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios establecidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, el presente Reglamento tiene por objeto asegurar el pleno respeto del derecho de asilo garantizado en el artículo 18 de la Carta, así como los derechos reconocidos en los artículos 1, 4, 7, 24 y 47 de esta. Por consiguiente, el presente Reglamento debe aplicarse en consecuencia.

(48)A fin de establecer normas suplementarias, conviene delegar a la Comisión el poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE respecto de la identificación de los miembros de la familia, hermanos o parientes de un menor no acompañado; los criterios para establecer la existencia de vínculos familiares probados; los criterios para evaluar la capacidad del pariente de hacerse cargo de un menor no acompañado, incluso cuando los miembros de la familia, hermanos o parientes del menor no acompañado residan en más de un Estado miembro; los elementos que permitan evaluar una relación de dependencia; los criterios para evaluar la capacidad de una persona de hacerse cargo de una persona dependiente y los elementos que deben tenerse en cuenta para evaluar la incapacidad de desplazarse durante un período de tiempo significativo. Al ejercer sus poderes de adoptar actos delegados, la Comisión no irá más allá del interés superior del niño como se dispone en el artículo 68(3) del presente Reglamento. Es de especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas durante su trabajo preparatorio, también a nivel de expertos, Ö y que tales consultas se mantengan con arreglo a los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016 Õ. Ö En particular, para garantizar una igual participación la preparación de actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo recibirán todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tendrán acceso, de forma sistemática, a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión relativas a la preparación de actos delegados. Õ Al preparar y elaborar los actos delegados, la Comisión debe transmitir simultánea, oportuna y adecuadamente los documentos correspondientes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(57)De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento, y no estará obligada ni sujeta a su aplicación.

(54) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Union Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeto a su aplicación]

(53)[De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Union Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculado por el mismo ni sujeto a su aplicación.

(56)[De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Union Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por el mismo ni sujetos a su aplicación.]

(54)Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la escala y a los efectos del presente Reglamento, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

c) «solicitante»: el nacional de un tercer país o el apátrida que ha formulado una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se ha adoptado una resolución definitiva;

a) «nacional de un tercer país»: cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del TFUE y que no sea nacional de un Estado que participe en el presente Reglamento en virtud de un acuerdo con la Unión Europea;

j) «menor no acompañado»: el menor que llega al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a los usos del Estado miembro de que se trate, y mientras no esté efectivamente al cuidado de tal adulto; este concepto incluye a los menores que quedan sin compañía después de su llegada al territorio de los Estados miembros;

a) examinar si la solicitud de protección internacional es inadmisible con arreglo a lo establecido en el artículo 33, apartado 2, letras b) y c), de la Directiva 2013/32/UE cuando un país que no sea Estado miembro sea considerado como primer país de asilo o como tercer país seguro para el solicitante; y

3. En el transcurso de los procedimientos previstos en el presente Reglamento, el solicitante no tendrá derecho a las condiciones de acogida establecidas en los artículos 14 a 19 de la Directiva 2013/33/UE, con excepción de la asistencia sanitaria de emergencia, en ningún Estado miembro que no sea aquel en el que tiene la obligación de estar presente.

ab) Ö de Õ los objetivos del presente Reglamento y las consecuencias de la presentación de otra solicitud en un Estado miembro diferente, así como de las consecuencias de desplazarse de un Estado miembro a otro ð abandonar el Estado miembro en el que tenga la obligación de estar presente ï durante el proceso de determinación del Estado miembro responsable con arreglo al presente Reglamento, y durante el examen de la solicitud de protección internacional ð y, en particular, de que el solicitante no tendrá derecho a las condiciones de acogida establecidas en los artículos 14 a 19 de la Directiva 2013/33/UE en ningún Estado miembro distinto de aquel en el que tiene la obligación de estar presente, con la excepción de la asistencia sanitaria de emergencia ï ;

3. La Comisión, mediante actos de ejecución, elaborará un prospecto común, así como un prospecto específico para los menores no acompañados, que contengan como mínimo la información a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. Este prospecto común también contendrá información sobre la aplicación del Reglamento (UE) [Propuesta de Reglamento por el que se refunde el Reglamento n.º 603/2013] y en particular los fines para los que puedan tratarse en Eurodac los datos relativos al solicitante. El prospecto común se establecerá de manera que permita a los Estados miembros completarlo con la información adicional específica del Estado miembro. Dichos actos delegados se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 44 56, apartado 2, del presente Reglamento.

45. A efectos de la aplicación del artículo 8 10, el Estado miembro en el que el menor no acompañado haya presentado la solicitud de protección internacional llevará a cabo, tan pronto como sea posible, las acciones necesarias para identificar a los miembros de la familia, hermanos o parientes del menor no acompañado que se encuentren en territorio de los Estados miembros, al mismo tiempo que protegen el interés superior del niño.

4. Antes de trasladar a un menor no acompañado al Estado miembro responsable o, cuando proceda, al Estado miembro de asignación, el Estado miembro que procede al traslado garantizará que el Estado miembro responsable o el Estado miembro de asignación adopte sin demora las medidas a las que se refieren los artículos 14 y 24 de la Directiva 2013/33/UE y el artículo 25 de la Directiva 2013/32/UE. Cualquier decisión de traslado de un menor no acompañado deberá ir precedida de una evaluación de su interés superior. Dicha evaluación se basará en los factores enumerados en el apartado 3. La evaluación se llevará a cabo con celeridad por personal que cuente con las cualificaciones y la pericia adecuada para garantizar que se toma en consideración el interés superior del menor.

2. Ö Todo Õ Estado miembros ð en el que un menor no acompañado tenga la obligación de estar presente ï garantizarán que un representante represente o preste asistencia Ö al Õ menor no acompañado en todos los procedimientos Ö pertinentes Õ previstos en el presente Reglamento. El representante tendrá las cualificaciones y los conocimientos adecuados para garantizar que se toma en consideración el interés superior del menor durante los procedimientos tramitados con arreglo al presente Reglamento. Dicho representante tendrá acceso al contenido de los documentos importantes del expediente del solicitante, incluido el prospecto específico para los menores no acompañados.

A este efecto, dicho Estado miembro podrá solicitar la asistencia de organizaciones internacionales o de otras organizaciones pertinentes, y podrá facilitar el acceso del menor a los servicios de localización de dichas organizaciones.

El personal de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 35 47 que se ocupan de las peticiones relativas a menores no acompañados habrá recibido y seguirá recibiendo una formación adecuada sobre las necesidades específicas de los menores.

56. Con vistas a facilitar las actuaciones necesarias para identificar al miembro de la familia, hermanos o pariente del menor no acompañado que vivan en el territorio de otro Estado miembro con arreglo al apartado 4 5 del presente artículo, la Comisión adoptará actos de ejecución, entre ellos un formulario normalizado para el intercambio de la información pertinente entre los Estados miembros. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 44 56, apartado 2.

CAPÍTULO III

CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DEL ESTADO MIEMBRO RESPONSABLE

Artículo 7 9

Jerarquía de criterios

1. Los criterios de determinación del Estado miembro responsable se aplicarán ð una sola vez, ï en el orden en que figuran en el presente capítulo.

2. La determinación del Estado miembro responsable en aplicación de los criterios establecidos en el presente capítulo se hará atendiendo a la situación existente en el momento en que el solicitante presentó su solicitud de protección internacional por primera vez ante un Estado miembro.

3. Con vistas a la aplicación de los criterios mencionados en los artículos 8, 10 y 16, los Estados miembros tomarán en consideración cualquier elemento de prueba disponible relativo a la presencia en el territorio de un Estado miembro de miembros de la familia, parientes o cualesquiera otros familiares del solicitante, siempre que dicha prueba se haya presentado antes de que otro Estado miembro acepte la petición de toma a cargo o de readmisión de la persona en cuestión, con arreglo a los artículos 22 y 25, respectivamente, y que las solicitudes anteriores de protección internacional del solicitante no hayan sido objeto de una primera decisión en cuanto al fondo.

Artículo 8 10

Menores

Ö 1. Si el solicitante es un menor no acompañado, solo serán de aplicación los criterios establecidos en el presente artículo, en el orden en que se establecen en los apartados 2 a 5. Õ

12. Si el solicitante es un menor no acompañado, eEl Estado miembro responsable será aquel en el que se encuentre legalmente un miembro de la familia o un hermano del menor no acompañado, siempre que ello redunde en el interés superior del menor. Cuando el solicitante sea un menor casado cuyo cónyuge no esté presente legalmente en el territorio de los Estados miembros, el Estado miembro responsable será aquel en el que estén presentes legalmente el padre, la madre u otro adulto responsable del menor, ya sea conforme a la ley o a la práctica de dicho Estado miembro, o un hermano.

23. Si el solicitante es un menor no acompañado que tiene un pariente que está legalmente presente en otro Estado miembro, y si se comprobare, sobre la base de un examen del caso concreto, que dicho pariente puede ocuparse de él, ese Estado miembro reunirá al menor con su pariente y será el Estado miembro responsable, siempre que ello redunde en el interés superior del menor.

34. Cuando los miembros de la familia, hermanos o parientes, a los que se refieren los apartados 1 2 y 2 3, se encuentren presentes en más de un Estado miembro, el Estado miembro responsable se determinará en función del interés superior del menor no acompañado.

45. A falta de un miembro de la familia, un hermano o un pariente, a los que se refieren los apartados 1 2 y 2 3, el Estado miembro responsable será aquel en el que el menor no acompañado haya presentado su ð primera ï solicitud de protección internacional, siempre que esto Ö a no ser que se demuestre que esto no redunda Õ en el interés superior del menor.

56. La Comisión estará Ö está Õ facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 45 57 sobre la identificación de los miembros de la familia, hermanos o parientes de un menor no acompañado, los criterios para establecer la existencia de vínculos familiares probados, los criterios para evaluar la capacidad de un pariente para hacerse cargo del menor no acompañado, incluso en los casos en que los miembros de la familia, hermanos o parientes del menor no acompañado se encuentren en más de un Estado miembro. Al ejercer sus facultades para adoptar actos delegados, la Comisión no deberá excederse del alcance del interés superior del niño, tal como se establece en el artículo 6 8, apartado 3.

67. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá condiciones uniformes para la consulta y el intercambio de información entre los Estados miembros. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 44 56, apartado 2.

Artículo 9 11