INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre los avances de Bulgaria en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación /* COM/2014/036 final */





1. Introducción En 2012, quinto año del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV), la Comisión decidió realizar una evaluación de más largo plazo a fin de ofrecer un panorama completo de los avances. Esta evaluación, que se publicó en julio de 2012[1], mostraba avances importantes en la adaptación del marco legislativo e institucional básico, pero también algunas deficiencias importantes aún no subsanadas, así como la necesidad una aplicación efectiva y sistemática de las reformas. Había aún considerables retos por resolver. En este contexto, se decidió dejar pasar un período más largo antes del siguiente informe (18 meses), para ver cómo se afianzaban las reformas ya aplicadas por Bulgaria y disponer de tiempo suficiente para evaluar el grado de sostenibilidad antes de la siguiente evaluación. El informe de 2012, su metodología y sus conclusiones fueron refrendados también por el Consejo de Ministros en sus conclusiones[2]. En el presente informe se evalúan los avances realizados por Bulgaria en los ámbitos fundamentales del MCV, que son la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Se trata de cuestiones centrales para la modernización de la sociedad búlgara: para que la reforma prospere, es necesario un planteamiento sistemático y coherente basado en un amplio consenso en la sociedad búlgara. El hecho de que el período cubierto por el presente informe estuviera caracterizado por la sucesión de tres gobiernos diferentes no ha ayudado a construir este consenso, si bien los acontecimientos han revelado también una aspiración pública generalizada de reforma. La Comisión cree que el proceso de seguimiento del MCV, las oportunidades que proporcionan los fondos de la UE y la participación constructiva de la Comisión y de muchos Estados miembros siguen siendo un valioso apoyo para la reforma en Bulgaria. El próximo informe oficial se publicará dentro de alrededor de un año. 2. Situación del proceso de reforma en Bulgaria 2.1 Reforma del sistema judicial Independencia, integridad y rendición de cuentas La confianza de la población en el sistema judicial búlgaro no es muy elevada[3]. En los informes del MCV se han señalado maneras de mejorar esta confianza, profesionalizando la administración del sistema a fin de aislar los nombramientos y las decisiones judiciales de la influencia política[4]. Se han tomado algunas medidas importantes desde julio de 2012. Los procedimientos para nombrar magistrados son ahora más públicos y se ha hecho un esfuerzo más constante para tratar de resolver algunos de los problemas de gestión que afronta el sistema judicial, como los desequilibrios de la carga de trabajo. Se ha reconocido que debían tomarse medidas para solucionar algunos problemas graves, como la necesidad de proteger de la manipulación el sistema de asignación de los asuntos. En la segunda mitad de 2013 no se produjeron ataques frontales del poder ejecutivo al judicial[5]. No obstante, como ya se destacó en informes anteriores, la independencia del poder judicial en Bulgaria sigue siendo motivo de preocupación. En julio de 2012, la Comisión expresó su firme esperanza de que la futura gestión del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) situara esta institución como clave para impulsar la reforma del sistema judicial. Pese a que las reformas de 2012 introdujeron más procedimientos de elección pública para acceder al CSPJ, la forma en que se realizó la elección de los miembros de ese órgano en otoño de 2012 no demostró de manera convincente que hubiera un concurso público presidido por los méritos profesionales y la integridad. Los procedimientos para elegir el contingente parlamentario, aunque más abiertos que en el pasado[6], sugerían una significativa influencia de los partidos políticos en el proceso. La elección del contingente judicial se vio afectada por la decisión de no permitir elecciones directas de los jueces[7]. Esto hizo que la cúpula judicial existente tuviera mucha influencia, lo que limitó las oportunidades de renovación. El CSPJ ha establecido sus prioridades más claramente que en el pasado. También ha hecho esfuerzos de apertura, con más medidas de acercamiento y con la creación de un Consejo Civil, compuesto por ONG clave y organizaciones profesionales, que deberá aportar al CSPJ asesoramiento de la sociedad civil. En el informe de 2012 se mencionó una sociedad civil vigorosa en este ámbito como un paso adelante importante para Bulgaria[8]. Sin embargo, su influencia real en la política sigue estando poco clara y un procedimiento más específico para consultar al Consejo Civil y dar explicaciones cuando no se sigan sus recomendaciones incrementaría su eficacia. En términos generales, el CSPJ debe tomar más medidas que favorezcan la transparencia. El CSPJ ha dado algunos pasos orientados hacia la reforma de la gestión. Por lo que respecta a la carga de trabajo y la redistribución de los recursos, parece estar imponiéndose un planteamiento práctico. En otros ámbitos, como los de la objetividad de las evaluaciones y los procedimientos de promoción o la introducción de más coherencia en los procedimientos disciplinarios, hasta ahora se han tomado pocas medidas concretas[9]. Aunque cabe esperar que el comité de ética actúe como defensor de la integridad, el CSPJ no ha tomado postura para hacer de ella una prioridad fundamental[10]. En consecuencia, le resulta difícil disipar las continuas dudas sobre la influencia política en su toma de decisiones. El resultado es que el CSPJ no goza actualmente de un amplio reconocimiento como órgano autónomo e independiente capaz de defender con eficacia la independencia del sistema judicial frente a los poderes ejecutivo y legislativo. La responsabilidad de defender esta independencia, o de examinar si los asuntos judiciales sensibles desde el punto de vista político se tratan objetivamente[11], a menudo parece recaer en la sociedad civil. El CSPJ debe hacer de esta cuestión una máxima prioridad y establecer procedimientos transparentes para dar una respuesta sistemática a las cuestiones que se planteen. Esto sugiere también la necesidad de adoptar una política más coherente en relación con los medios de comunicación. Uno de los aspectos que más influyen en la percepción pública de los órganos responsables de la ejecución de la ley y judiciales es el de los nombramientos, que han sido foco de atención política y de los medios de comunicación. La preocupación ante nombramientos para importantes cargos públicos decididos de forma poco transparente y con la implicación de fuertes grupos de interés económico y político se vio agravada más aún a raíz de varios nombramientos muy destacados en el transcurso del pasado año. Algunos ejemplos concretos fueron los nombramientos fallidos para el Tribunal Constitucional y la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (AESN)[12]. En ambos casos, los candidatos tuvieron finalmente que retirarse, pero ambos dejaron un legado de preocupación por el funcionamiento del sistema. Estos fueron tan solo los casos más emblemáticos. Hubo otros en que los resultados fueron menos cuestionados, pero el proceso siguió dejando la imagen de que una toma de decisiones poco transparente tenía más influencia que los procedimientos formales, pese a las mejoras de la transparencia[13]. Tales casos ilustran que, si bien la transparencia de los procedimientos es importante para el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas, las normas formales no son siempre suficientes. Para reforzar la confianza en sus instituciones, Bulgaria tiene que desarrollar un historial de decisiones relativas a los nombramientos, en concreto para los altos cargos, basadas en un concurso genuino entre los candidatos con arreglo a las normas claras de mérito e integridad subrayadas en anteriores informes sobre el MCV[14]. Una prueba importante será el próximo nombramiento y elección del Inspector Jefe de la Inspección Judicial. Los retrasos han hecho pensar que el factor clave es la incapacidad para llegar a un acuerdo previo sobre un candidato, mientras que este tipo de puesto debería cubrirse mediante un procedimiento abierto destinado a nombrar un profesional altamente cualificado capaz de mostrar y aplicar plena objetividad. La elección del Presidente del Tribunal Supremo de Casación será otro nombramiento importante en el transcurso de 2014. Un elemento importante para salvaguardar la rendición de cuentas y la integridad de la judicatura son los procedimientos disciplinarios aplicados a los jueces, que requieren de criterios sistemáticos que garanticen la coherencia de la acción disciplinaria[15]. Cuando no hay normas claras para la evaluación de los casos individuales, el proceso queda expuesto a decisiones arbitrarias. El hecho de que el Tribunal Supremo de lo Administrativo haya revocado con frecuencia las decisiones del CSPJ denota también incoherencia o falta de interpretación común de las normas. Un enfoque sistemático de la acción disciplinaria es un elemento clave de la independencia e integridad de la judicatura, ya que las decisiones arbitrarias en este ámbito tienden a abonar el terreno para una presión indebida –real o percibida– sobre los jueces. La nueva unidad creada para investigar los delitos cometidos por los jueces se encargará de un ámbito especialmente delicado. Si consigue establecer una trayectoria de objetividad y eficacia, podría contribuir de manera importante a los esfuerzos por promover la integridad. Sin embargo, los abusos detectados por los actuales altos cargos del Ministerio Fiscal en el anterior departamento de inspección de la Fiscalía ilustran también los riesgos que entrañan los órganos independientes dentro de esa institución[16]. Para contrarrestar este riesgo es esencial que se apliquen y se hagan cumplir procedimientos claros y transparentes de los que se pueda rendir cuentas. Marco jurídico Por lo que respecta a los debates que se mantienen desde hace tiempo sobre la reforma del Código Penal, se pretende llegar a una conclusión sobre un primer proyecto y se ha presentado una propuesta ante el Parlamento en enero. El nuevo Código debería traer importantes mejoras. No obstante, se ha de señalar que, aunque una reforma del Código Penal de 1968 —modificado periódicamente— será útil, debe formar parte de un planteamiento más general de la justicia penal y someterse a un riguroso debate con los profesionales y con la sociedad civil. En los ámbitos a los que se refiere el MCV, será importante señalar y explicar las disposiciones encaminadas a mejorar la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, pero será importante también encontrar la manera de combinar los cambios con un sistema mejor gestionado de administración de justicia y ejecución de la ley. Esto podría exigir modificaciones del Código de Procedimiento Penal. Al mismo tiempo, la necesidad de introducir cambios legislativos no debería retrasar medidas prácticas y organizativas útiles que pueden tomarse a corto plazo con independencia de la nueva legislación. Un elemento importante de este proceso deberían ser las conclusiones del análisis de los fallos en la tramitación de casos judiciales recomendado por la Comisión[17] y otros análisis de cuestiones como los retrasos de los procedimientos penales (véase más abajo). Marco estratégico para la reforma judicial Junto con el CSPJ, el otro agente clave para marcar una pauta de reforma del sistema judicial es el Ministerio de Justicia. Debido a los cambios en las altas instancias del Ministerio y a una aritmética parlamentaria que dificulta ahora los cambios legislativos, al Ministerio le ha resultado difícil proporcionar la perspectiva necesaria, aunque el fomento de ámbitos como el de la justicia electrónica puede dar frutos en el futuro. Si se acompañan de una verdadera asunción de responsabilidades, los esfuerzos que se están realizando para actualizar la estrategia de reforma judicial a más largo plazo podrían ser una base útil. El Ministerio de Justicia ha solicitado la colaboración de ONG destacadas para analizar la situación de la reforma del sistema judicial hasta la fecha. La idea es aprovechar la estrategia de 2010, que solo se ha aplicado parcialmente, y tratar diversas cuestiones, entre ellas el reequilibrio de los recursos y las necesidades, la integridad, la armonización de las prácticas de gestión de los juzgados y tribunales y el papel de los altos cargos de la administración. Este análisis debía estar terminado para el otoño de 2013, pero se ha retrasado. Está previsto que se adopte en 2014, previa consulta con las partes interesadas, y debería abarcar un período de siete años de aplicación de reformas, en parte para ajustar el período analizado al de programación de la ayuda con cargo a los Fondos Estructurales de la UE. Es importante que la estrategia se someta a una amplia consulta, en concreto con la sociedad civil y las organizaciones profesionales, pero deberá adoptarse después como hoja de ruta acordada por el Gobierno y el CSPJ para garantizar un máximo de responsabilización. Eficiencia del sistema judicial y de ejecución de la ley Se están dando los primeros pasos para tratar cuestiones difíciles relacionadas con la carga de trabajo y la redistribución de los recursos entre los tribunales y las fiscalías. Esta labor podría tropezar con cierta resistencia de algunas de las partes interesadas, pero, siempre que se pueda demostrar que se basa en criterios objetivos y transparentes, servirá también para demostrar que las altas instancias judiciales pueden tratar cuestiones delicadas. Junto con la puesta en marcha de concursos paralizados, debería conducir ya a algunas mejoras reales[18]. El trabajo realizado en el CSPJ con el fin de desarrollar directrices metodológicas para tratar los desequilibrios de la carga de trabajo debería constituir también una buena base para el futuro. Una distribución justa de la carga de trabajo no solo favorecerá un sistema más eficiente que servirá mejor al pueblo búlgaro, sino que tendrá repercusiones también sobre los procedimientos disciplinarios. Actualmente, la realidad de los retrasos generalizados se presta también a ser utilizada para los asuntos disciplinarios —a menudo de manera incoherente—, mientras que la responsabilidad del problema puede ser más bien de las altas instancias judiciales y administrativas. En cuanto a la asignación de los asuntos, el CSPJ tiene intención de instalar un sistema centralizado que permita mantener un seguimiento de la asignación aleatoria de los asuntos en todos los tribunales, para atajar las sospechas actuales de manipulación del sistema[19]. Es motivo de satisfacción el hecho de que se haya reconocido la existencia de un problema. Un sistema permanente, para que ayude a restablecer la confianza, debe beneficiarse de asesoramiento externo y de la participación de las partes interesadas y la sociedad civil. Es importante también disponer de normas comunes de aplicación, para que todas las partes sepan cómo se lleva a la práctica el sistema y puedan interpelar a las instancias pertinentes cuando parezcan no haberse respetado las normas. Otra parte importante de la gestión del sistema judicial es el departamento de inspección adscrito al Consejo Superior del Poder Judicial. Como se ha observado en anteriores informes sobre el MCV[20], la inspección podría ser una herramienta valiosa para impulsar un planteamiento de la gestión más riguroso y tratar las deficiencias detectadas, si se reorienta su trabajo de modo que sea una inspección más cualitativa que formal. Actualmente, el departamento de inspección analiza las estadísticas sobre el cumplimiento de los plazos o comprueba que se aplique la asignación aleatoria de los asuntos, pero rara vez examina la calidad de los expedientes ni tiene en cuenta de manera sistemática problemas relacionados con la carga de trabajo. En consecuencia, las conclusiones a las que llega la inspección en un ámbito como el de la asignación aleatoria no parecen tratar las cuestiones a fondo. Además, el departamento de inspección no se ocupa de cuestiones relacionadas con la integridad o el comportamiento ético de los jueces ya que no las considera incluidas en su ámbito de competencias. Estos factores limitan su contribución a la corrección de las deficiencias generales que afectan al sistema judicial de Bulgaria[21]. Un ámbito en el que la gestión ha adoptado un enfoque más sistemático es el de la Fiscalía[22]. La auditoría llevada a cabo por el Fiscal General y el subsiguiente plan de acción aportan un análisis claro y a menudo franco de las deficiencias y tratan de determinar soluciones específicas. Si se aplican correctamente, los resultados pueden ser significativos y, al mismo tiempo, demostrar que no siempre hacen falta recursos adicionales para impulsar un cambio. Aunque este proceso llevado a cabo en la Fiscalía no puede reproducirse automáticamente en la judicatura, dado que su gestión es menos jerárquica, ofrece un ejemplo de disposición a afrontar los problemas y tratar de encontrar soluciones específicas. En todo caso, sería útil dar más transparencia al proceso para garantizar una rendición de cuentas efectiva en su aplicación. La reforma de la Fiscalía debe seguir adelante también en el contexto de la estrategia más general de reforma del sistema judicial: problemas como los que plantea la utilización de los peritajes judiciales requieren de un planteamiento común desde la Fiscalía y el CSPJ. Otras cuestiones, como la evaluación de los resultados, podrían tratarse también de manera que se garantice un planteamiento coherente para jueces y fiscales. En términos más generales, se han realizado algunas reformas significativas en el Ministerio del Interior para dar prioridad a su misión principal de garantizar la ejecución de la ley y reasignar personal de las funciones administrativas a otras operativas. Según informes, la controvertida práctica de los donativos al Ministerio, que se había restringido a entidades y empresas públicas, ha cesado. Al mismo tiempo, el Ministerio tiene que hacer frente a problemas como el de responder adecuadamente a las manifestaciones y a la presión en las fronteras. 2.2 Corrupción La corrupción generalizada se percibe como un problema fundamental y plantea un reto significativo para las autoridades búlgaras[23]. Tiene claras consecuencias por lo que respecta a la disposición de las empresas a invertir en Bulgaria[24]. El anterior gobierno adoptó en 2010 una estrategia de lucha contra la corrupción que ahora se está actualizando; podría ser útil contar para esta tarea con la colaboración externa de expertos técnicos independientes. En conjunto, los resultados de iniciativas anteriores han sido muy limitados. La imagen general es la de una respuesta débil y descoordinada a un problema que es sistémico de toda la administración pública. Las deficiencias detectadas en anteriores informes sobre el MCV siguen existiendo[25]. Aunque se han hecho algunos cambios institucionales en los últimos años, la tendencia es que estas iniciativas tropiecen con problemas o simplemente no den resultados visibles. Por ejemplo, la Comisión de Conflictos de Interés, que podría haber desempeñado un papel crucial en la erradicación de prácticas irregulares en todos los niveles del sector público, se ha visto en cambio implicada en un serio escándalo de sospechas de fuerte influencia política. El proyecto de lucha contra la corrupción BORKOR, que se promovió como instrumento fundamental para detectar y atajar los riesgos de corrupción, sigue sin mostrar resultados concretos, pese a los recursos que se le han dedicado. En el ámbito de la contratación pública, un marco legislativo complejo y en constante transformación ha hecho que sea aún más difícil crear una cultura de objetividad y rigor. Algunos sectores del mundo empresarial expresan una pérdida de confianza en la posibilidad de frenar la corriente de manipulación de las licitaciones[26]. No obstante, hay también algunas novedades positivas. Desde 2007, se han reforzado las inspecciones internas de la administración del Estado bajo la orientación de la Inspección General dependiente de la Oficina del Primer Ministro. Estas inspecciones podrían desempeñar un papel importante en la detección y la prevención de irregularidades, así como en la presentación de propuestas para seguir mejorando el sistema de lucha contra la corrupción. La práctica de establecer equipos conjuntos entre los órganos de investigación y la Fiscalía debería propiciar también una respuesta más eficaz frente a los delitos de corrupción graves. Los esfuerzos de lucha contra la corrupción siguen siendo difusos y sigue sin haber una autoridad específica de lucha contra la corrupción dotada de la autoridad y la autonomía necesarias para impulsar cambios. La Inspección General podría constituir el eje central para esta tarea, pero su escala de actuación es aún demasiado pequeña para que su impacto sea grande. En todo caso, la experiencia sugiere que, para que la actuación contra la corrupción tenga credibilidad, es crucial que se persiga la corrupción de alto nivel y que se vea que las infracciones se llevan a juicio. La falta de un historial de éxito en la persecución de los casos de corrupción de alto nivel sigue siendo un obstáculo para convencer al pueblo búlgaro de que se está haciendo un esfuerzo serio por afrontar el problema. 2.3 Delincuencia organizada Asimismo, la falta de progreso general en casos emblemáticos de delincuencia organizada influye inevitablemente en la manera en que se percibe la lucha contra ella. Se han archivado algunos casos prominentes, mientras que para otros delitos graves, como asesinatos por encargo, no ha habido procesamientos después de varios años de investigación. El hecho de que figuras destacadas de la delincuencia organizada lograran eludir la justicia en vísperas de un veredicto final, en julio de 2012, causó una gran preocupación[27]: sin embargo, el hecho de que nadie estuviera dispuesto a asumir la responsabilidad por este suceso y de que no se tomaran medidas para garantizar que no vuelva a ocurrir es un reflejo aún más nítido de las dificultades del sistema para resolver los problemas[28]. La principal medida tomada por el nuevo gobierno ha sido el fortalecimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (AESN), que ya no se ocupará solo del espionaje y el contraespionaje, sino también de la delincuencia organizada y otros delitos considerados lo bastante graves para afectar a la seguridad del Estado. En concreto, se han transferido las unidades especiales de la policía dedicadas a la lucha contra la delincuencia organizada (GDBOP) a los servicios de seguridad (AESN). Esto ha causado algunos trastornos en el funcionamiento de los servicios reformados, efecto que será importante garantizar que sea solo transitorio. Cabe destacar además que el modo en que se tomó la decisión, sin consultas ni justificación previas, causó un daño significativo a la reputación de los servicios y del nuevo gobierno, que solo podrá repararse si los servicios demuestran que el cambio aporta una mejora de los resultados operativos. Como se ha explicado, en este caso la imagen general de una reforma aplicada prematuramente se vio agravada además por la controversia que suscitó el nombramiento del nuevo jefe de la agencia de seguridad. Una cuestión clave es también la división de tareas en el Ministerio del Interior. Por ejemplo, la AESN se ocupará de delitos como la producción y el tráfico internacional de drogas, mientras que la policía se ocupará de otros delitos relacionados con los estupefacientes. La AESN se ocupará de la corrupción de alto nivel y la policía, de todas las demás formas de corrupción. En el transcurso de la investigación puede plantearse la necesidad de reasignar algunos casos. La AESN y la Fiscalía han formado equipos especializados para combatir la corrupción, el tráfico y los delitos económicos[29]. Aunque esta reorganización podría aportar algunas mejoras, en concreto la adopción de un enfoque más integrado que tenga en cuenta los vínculos entre corrupción y delincuencia organizada, la nueva agencia tendrá que labrarse una reputación sólida si quiere disipar la impresión negativa creada por la controversia en torno a su creación. Debe prestarse especial atención a la cooperación con los servicios encargados de la ejecución de las leyes en otros Estados miembros[30]. En términos más generales, en los informes sobre el MCV se había recomendado un análisis amplio, que incluyese todas las autoridades gubernamentales y judiciales pertinentes, de los casos judiciales archivados o infructuosos en el pasado[31]. Los problemas percibidos, como el uso del peritaje judicial, la insuficiente protección de los testigos y los problemas relacionados con las pruebas deben examinarse desde la perspectiva de la investigación policial, la fiscalía y la fase de juicio para que algo mejore. Se ha avanzado poco en este análisis, y la existencia de iniciativas paralelas de la Fiscalía y el CSPJ hace pensar en una falta de coordinación y, en cierta medida, de asunción de responsabilidades[32]. Es necesario un debate abierto con las partes interesadas y la sociedad civil, seguido de un plan de acción claro, para dar impulso renovado a este proceso. El decomiso de activos es una herramienta clave para privar a los grupos de delincuencia organizada de sus ingresos ilegales. La nueva dirección de la comisión encargada del decomiso de activos (CEPACA) parece haber logrado un modesto incremento de los activos decomisados. No obstante, aunque la nueva legislación ha mejorado algunos aspectos, incorpora también algunas enmiendas parlamentarias que crean nuevos escollos, en concreto un umbral muy elevado de patrimonio no justificado para que este organismo (CEPACA) pueda intervenir de oficio. Por lo tanto, persisten algunos interrogantes con respecto al nuevo marco legal y su incidencia en la capacidad de la CEPACA para actuar con eficacia[33]. De igual modo, la fiscalía especializada y los tribunales aún tienen que demostrar su capacidad para resolver eficazmente casos importantes. Sigue preocupando que algunos defectos de diseño, como la falta de autoridad para priorizar que carga a las instituciones con asuntos menores, puedan dificultar su eficacia. La fiscalía especializada señala también a menudo la falta de conocimientos técnicos especializados como un problema operativo grave, que adquiere especial relevancia ante la importancia cada vez mayor de la investigación financiera en la delincuencia organizada. 3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES Desde el último informe de la Comisión, de julio de 2012, Bulgaria ha dado algunos pasos hacia adelante. Ha habido cierto grado de mejora en los procedimientos de nombramiento, algunas medidas de gestión útiles del Fiscal General y algunos avances concretos del Consejo Superior del Poder Judicial en relación con el problema de la carga de trabajo. Sin embargo, en términos generales, los avances han sido aún insuficientes y frágiles. La confianza pública está condicionada en gran medida por momentos clave en los que las decisiones o los sucesos son de suficiente importancia para justificar un mayor interés general. Durante los últimos 18 meses, período durante el cual Bulgaria ha tenido tres gobiernos diferentes, la mayoría de esos sucesos han sido una fuente de preocupación más que de tranquilidad, con la suspensión de nombramientos por cuestiones de integridad, líderes de bandas de delincuencia organizada condenados que han eludido la justicia y una sucesión de revelaciones sobre la influencia política en el sistema judicial. Quedan muy pocos casos de delitos de corrupción o delincuencia organizada que hayan sido juzgados en los tribunales. Hay voces a favor de la reforma en Bulgaria —frustradas por la lentitud de los cambios—, que merecen apoyo. Para avanzar más rápidamente hacia los indicadores del MCV, las autoridades búlgaras tienen que colaborar con ellas y ofrecer un liderazgo basado en una visión centrada en principios fundamentales, como el Estado de Derecho y la independencia de la judicatura. Esto implicaría un compromiso político con una estrategia de reforma a largo plazo, así como medidas prácticas y concretas a corto plazo para llevar adelante el proceso. La Comisión invita a Bulgaria a tomar medidas en los siguientes ámbitos: 1. Independencia, rendición de cuentas e integridad de la judicatura Las normas que regulan los nombramientos deben aplicarse con claridad y transparencia. Para restablecer la confianza pública hará falta una sucesión de casos en los que la profesionalidad y la integridad presidan claramente el proceso de nombramiento, especialmente cuando se trate de nombramientos para los cargos más altos. En este ámbito, Bulgaria debe: · Establecer un conjunto de normas objetivas para las evaluaciones y las promociones, centradas en el mérito, la integridad y la transparencia, e implantar un sistema para supervisar y evaluar la aplicación de esas normas en la práctica, teniendo en cuenta las características específicas de las respectivas funciones de los jueces, los fiscales y los investigadores. En ambas etapas, promover la participación de las asociaciones profesionales y otras partes interesadas. · Consolidar en el CSPJ la práctica sistemática de aplicar normas objetivas de mérito, integridad y transparencia a los nombramientos, en concreto los de altos cargos. · Ofrecer garantías de integridad y transparencia en la asignación de casos dentro del sistema judicial, mediante un sistema de asignación aleatoria controlado por expertos independientes para asegurar que las altas instancias de la administración rindan cuentas de todas las decisiones que se aparten del sistema. Son necesarias normas comunes para la aplicación del sistema, que deberían vincular a todos los tribunales. · Reorientar el trabajo del departamento de inspección del CSPJ para que actúe de manera proactiva con el fin de promover la integridad y la eficiencia judicial. · Establecer un procedimiento claro para que el CSPJ reaccione públicamente en los casos de injerencia política en la judicatura y la fiscalía. 2. Reforma del sistema judicial La estrategia actualizada de reforma judicial debe utilizarse para dar orientación e impulso a la reforma. En este ámbito, Bulgaria debe: · Aplicar el plan de acción para la fiscalía con arreglo al calendario propuesto. Integrar el plan de acción en la reforma más general del sistema judicial. Entretanto, en el CSPJ, tomar medidas concretas para resolver de manera objetiva el problema de la desigualdad de la carga de trabajo entre tribunales y jueces. · La estrategia debe incluir la elaboración por el CSPJ de un informe anual de situación sobre las medidas de reforma judicial adoptadas y los objetivos para el año siguiente, a fin de incrementar la transparencia del proceso. Establecer un objetivo para la finalización de los trabajos sobre el nuevo Código Penal, así como para su aplicación. Garantizar la participación abierta de todas las ONG y organizaciones profesionales significativas en la definición y supervisión de las estrategias de reforma. 3. Eficiencia del sistema judicial Deben seguir tratándose las cuestiones de los desequilibrios de la carga de trabajo y la distribución de los recursos, así como la necesidad de tener plenamente en cuenta la integridad en las evaluaciones y las promociones. Además, en este ámbito, Bulgaria debe: · Establecer procedimientos, normas y sanciones claros que garanticen la coherencia de las resoluciones disciplinarias. Deben servir como base para la adopción de un planteamiento coherente en las altas instancias de la administración. · Dar a conocer los resultados de la auditoría funcional de las fiscalías realizada por el Fiscal General, así como el plan de acción, y realizar una consulta pública sobre dicho plan de acción. Colmar las lagunas existentes en lo relativo a la ejecución efectiva de las resoluciones judiciales, como las fugas para eludir las penas de privación de libertad o la no ejecución de las sanciones financieras impuestas por los tribunales. · Hacer progresos concretos en el ámbito de la justicia electrónica como medio para mejorar la eficiencia, la transparencia y la coherencia del proceso judicial a corto y medio plazo, así como en un horizonte de más largo plazo. 4. Corrupción Tratar de resolver la corrupción exige un esfuerzo constante y sistemático de prevención, pero también de persecución de las infracciones y demostración de que los delitos son castigados. En este ámbito, Bulgaria debe: Encomendar la coordinación de la lucha contra la corrupción a una única institución, que deberá prestar asistencia y coordinar los esfuerzos desplegados en diferentes sectores. · Revisar y actualizar la estrategia nacional de lucha contra la corrupción en consulta con organizaciones de la sociedad civil, siguiendo un modelo de administración pública dotada de inspecciones internas que actúen con independencia, transparencia y rendición de cuentas. · Tomar medidas para reducir el riesgo de corrupción en los procedimientos de contratación pública haciéndolos más sencillos y transparentes. · Revisar los procedimientos aplicados a los casos de conflicto de intereses para garantizar su eficacia e imparcialidad así como la credibilidad del mecanismo de sanciones. 5. Delincuencia organizada La investigación y el castigo adecuados de la delincuencia organizada serán siempre el modo más eficaz de avanzar y, por lo tanto, los avances en los casos emblemáticos siguen siendo de crucial importancia. En este ámbito, Bulgaria debe: · Elaborar y aplicar un plan de acción, basándose en el demorado análisis independiente y global de los casos judiciales infructuosos, acompañado de un calendario para la adopción de medidas concretas encaminadas a tratar todos los aspectos y etapas del sistema judicial y de ejecución de la ley. · Tratar de resolver específicamente el problema de las fugas de personas inculpadas en procesos de gran relevancia antes de que haya una resolución judicial definitiva, y llevar a cabo una clara depuración de responsabilidades en los casos en que se produzcan fallos. · Desarrollar una política clara que regule la relación de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (AESN) con los organismos que se ocupan de la delincuencia organizada en otros Estados miembros, con procedimientos operativos específicos para mantener y mejorar la cooperación con ellos. · Disponer que el tribunal especializado para la delincuencia organizada y la fiscalía adscrita a él puedan centrarse en los casos más prominentes. · Garantizar la cooperación necesaria entre la Comisión para el Decomiso de Activos y las instituciones pertinentes encargadas de ejecutar las leyes. Realizar, antes de que finalice el verano de 2014, una evaluación independiente de la nueva ley sobre el decomiso de activos y su repercusión. [1] COM(2012) 411 final. [2] 24 de septiembre de 2012. [3] Véanse las últimas cifras proporcionadas por el Foro Económico Mundial Forum http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014/. [4] Por ejemplo, COM(2012) 411, pp. 6-8. [5] Por ejemplo, se puso fin a la práctica de dar a operaciones policiales el nombre de jueces que no habían impuesto medidas de detención a presuntos delincuentes. [6] Informe técnico p. 2. [7] COM(2012) 411 final, ref. [8] COM(2012) 411 final, p. 6. [9] Informe técnico, pp. 13-14. [10] Informe técnico, pp. 11-12. [11] En relación con esto, algunos asuntos pendientes de denuncias de escuchas telefónicas y fraude electoral constituirán una prueba. [12] Informe técnico pp. 4 y 25. [13] Informe técnico p. 5. [14] Existen normas reconocidas internacionalmente, como las de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial: http://encj.net/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_dublin_declaration_def_dclaration_de_dublin_recj_def.pdf . [15] Por lo que respecta a las evaluaciones y promociones, durante los ejercicios de promoción no siempre se tienen en cuenta los procedimientos disciplinarios. [16] Informe técnico p. 10. [17] COM(2012) 411 final, p. 21. [18] Informe técnico, p. 14. [19] Informe técnico, pp. 6-7. [20] COM(2012) 411 final, pp. 7 y 21. [21] Informe técnico, p. 11. [22] Informe técnico, p. 9. [23] Centro para el Estudio de la Democracia, la Corrupción y la Lucha contra la Corrupción en Bulgaria (2012-2013), Resumen político nº 43, noviembre de 2013. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2013, publicado por Transparencia Internacional, Bulgaria ocupa el segundo lugar, entre los Estados miembros de la UE, por lo que respecta al nivel percibido de corrupción (http://www.transparency.org/cpi2013). [24] En el Informe sobre la Competitividad Mundial de 2013 (http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf), p. 138, se cita la corrupción como el factor más problemático para hacer negocios en Bulgaria. [25] COM(2012) 411 final, p. 14. [26] Contactos directos entre la Comisión y las organizaciones empresariales. [27] Esta preocupación se ha visto agravada por el punto muerto en el que se encuentra un caso de decomiso de activos contra el mismo grupo. [28] De hecho, en diciembre de 2013 tuvo lugar un caso comparable de un acusado condenado por doble asesinato. [29] Además de la unidad ya mencionada que se ocupa de los delitos que afectan a la magistratura. [30] Un problema particular es el de la admisibilidad en algunas jurisdicciones de las pruebas recogidas por los servicios de seguridad. [31] COM(2012) 411 final, pp. 14 y 21. [32] Informe técnico p. 24. [33] Informe técnico pp. 25-26.