COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Evaluación de las medidas adoptadas por España y Portugal



en respuesta a las Decisiones del Consejo de 8 de agosto de 2016

por las que se formulaban sendas advertencias por las que se instaba a

la adopción de medidas encaminadas a la reducción del déficit considerada necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo

1.Introducción

El 8 de agosto de 2016, el Consejo adoptó dos Decisiones de conformidad con el artículo 126, apartado 9, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por las que formulaba sendas advertencias a Portugal y a España instando a estos Estados miembros a adoptar medidas encaminadas a la reducción del déficit considerada necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo.

Se instó a Portugal a poner fin a la situación de déficit excesivo en 2016 a más tardar, reduciendo el déficit de las administraciones públicas al 2,5 % del PIB en este año. Este objetivo excluía los efectos directos del posible apoyo al sistema bancario. Sobre la base de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2016, que respaldaban la decisión del Consejo, ello se consideró compatible con el mantenimiento inalterado del saldo estructural con respecto a 2015. El Consejo también decidió que Portugal debía emplear los ingresos no previstos para acelerar la reducción del déficit y de la deuda. Por otra parte, se exigió a Portugal que adoptase y aplicase plenamente en 2016 medidas de saneamiento de un importe equivalente al 0,25 % del PIB, además de los ahorros ya incluidos en las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión. Esto implicaba en particular aplicar completamente las medidas de saneamiento incluidas en el presupuesto para 2016, tales como el control adicional de los gastos de la contratación de bienes y servicios puesto de relieve en el Programa de Estabilidad, y completar estos ahorros con nuevas medidas de carácter estructural encaminadas a lograr el esfuerzo presupuestario requerido. Por último, con objeto de garantizar una mejora duradera de la hacienda pública, el Consejo exigió a Portugal aplicar estrictamente la Ley marco presupuestaria y la Ley sobre el control de los compromisos, y seguir mejorando la recaudación de ingresos y el control de los gastos. Se pidió a Portugal la presentación de un calendario claro y la aplicación de medidas con el fin de liquidar completamente los atrasos y mejorar la eficiencia de los sistemas de asistencia sanitaria, reducir la dependencia del sistema de pensiones respecto de las transferencias presupuestarias, y realizar ahorros presupuestarios en la reestructuración de las empresas de propiedad estatal.

A España se le dirigió una advertencia para que pusiese fin a su situación de déficit excesivo en 2018 a más tardar, reduciendo el déficit de las administraciones públicas al 4,6 del PIB en 2016, el 3,1 % del PIB en 2017 y el 2,2 % del PIB en 2018. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión, en que se basaba la Decisión del Consejo, estas cifras se consideraban compatibles con un deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB en 2016 y sendas mejoras del 0,5 % del PIB en 2017 y 2018. El Consejo también decidió que España debía emplear los ingresos no previstos para acelerar la reducción del déficit y de la deuda, y debía adoptar y aplicar plenamente medidas de saneamiento de un importe equivalente al 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018, además de los ahorros incluidos en las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión actualizadas. Por último, el Consejo instó a España a adoptar medidas encaminadas a reforzar su marco presupuestario, en particular con vistas a incrementar la automaticidad de los mecanismos para prevenir y corregir las desviaciones respecto de los objetivos presupuestarios y reforzar la contribución a la sostenibilidad de las finanzas públicas que proporciona la norma relativa a los gastos prevista por la Ley de Estabilidad. El Consejo también exigió al Gobierno español el establecimiento de un marco coherente para garantizar la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública entre todas las entidades y órganos de contratación, con inclusión de mecanismos de control ex ante y ex post encaminados a garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la legislación.

De conformidad con el artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, este fijó el plazo del 15 de octubre de 2016 para que Portugal y España informasen de forma pormenorizada sobre las medidas adoptadas en respuesta a la Decisión del Consejo. El 15 de octubre de 2016 España presentó al Consejo y a la Comisión un informe en el que figuraban las medidas presupuestarias adoptadas para alcanzar los objetivos fijados por el Consejo, y Portugal presentó un informe similar el 17 de octubre del mismo año.

Sobre la base de la información incluida en los respectivos informes sobre las medidas adoptadas, la Comisión ha examinado las estrategias presupuestarias de Portugal y España con el fin de evaluar si ambos Estados miembros han cumplido la Decisión que les dirigió el Consejo a cada uno de ellos el 8 de agosto de 2016.

Recuadro 1: Metodología para evaluar la eficacia de las medidas De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1467/97 y con el Código de Conducta, se considera que un Estado miembro ha adoptado medidas eficaces si ha actuado en cumplimiento de la Recomendación formulada en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE, o de la Decisión del Consejo por la que se le formula una advertencia de conformidad con el artículo 126, apartado 9. El Código de Conducta establece que la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas debe considerar especialmente si el Estado miembro de que se trate ha alcanzado los objetivos presupuestarios anuales y ha logrado la correspondiente mejora de su saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, según lo recomendado por el Consejo. La metodología para evaluar la eficacia de las medidas requiere, en primer lugar, que se verifique si el Estado miembro cumple con el objetivo de déficit global y con la mejora subyacente del saldo estructural, tal como se exige en la Recomendación del Consejo o en la Decisión por la que se formula una advertencia. Si este es el caso, el procedimiento queda en suspenso. Si el Estado miembro no alcanza o corre el riesgo de no alcanzar su objetivo de déficit global, o no consigue la mejora necesaria de su saldo estructural, se realiza un análisis pormenorizado de las razones de esas circunstancias. El análisis pormenorizado encaminado a evaluar si el Estado miembro ha actuado ateniéndose a la Recomendación del Consejo por la que se formula una advertencia se basa en dos medidas complementarias de esfuerzo presupuestario: i) el método «descendente», que mide la variación del saldo estructural corregida en función de la revisión del crecimiento de la producción potencial, de variaciones imprevistas, al alza o a la baja, de los ingresos, y de los imprevistos en comparación con el escenario de referencia en que se basa la Recomendación del Consejo o la Decisión por la que se formula una advertencia; y ii) el método «ascendente», que estima, respecto del escenario de referencia en que se basa la Recomendación del Consejo o la Decisión por la que se formula una advertencia, el impacto presupuestario de las distintas medidas presupuestarias discrecionales aplicadas y la evolución del gasto bajo el control del Gobierno. El análisis pormenorizado también se complementa con otras consideraciones cualitativas pertinentes que permiten a la Comisión emitir un juicio cualificado sobre si el Estado miembro considerado ha tomado suficientes medidas para cumplir con la Recomendación del Consejo o la Decisión por la que se formula una advertencia. Si el análisis pormenorizado indica que el Estado miembro considerado ha cumplido sus compromisos, la evaluación llegará a la conclusión de que se han tomado medidas eficaces. Si el análisis pormenorizado demuestra que los compromisos no se han cumplido y se espera el incumplimiento de los objetivos de déficit, la evaluación concluirá que no se han tomado medidas eficaces. Sin embargo, si se espera el cumplimiento de los objetivos de déficit global el procedimiento deberá dejarse en suspenso.

2.Evaluación de las medidas adoptadas por Portugal

2.1.Medidas incluidas en el informe sobre las medidas adoptadas y previsiones presupuestarias actualizadas

Como se explica en el informe sobre las medidas adoptadas presentado por Portugal el 17 de octubre de 2016, este país aplicó una congelación del consumo intermedio en 445 millones EUR (0,25 % del PIB), en respuesta a la Decisión de 8 de agosto de 2016 en virtud de la cual el Consejo le dirigió una advertencia. Se espera que esta medida compense en parte los factores de aumento del déficit presentados en el documento. El informe prevé un déficit de las administraciones públicas equivalente al 2,4 % del PIB en 2016, cifra superior en 0,2 puntos porcentuales del PIB al objetivo del Programa de Estabilidad de 2016. La diferencia se deriva principalmente del deterioro de las perspectivas macroeconómicas en comparación con el Programa de Estabilidad de 2016, lo que contribuye a una revisión a la baja de los ingresos tributarios previstos. Por el lado de los gastos, hay dos factores puntuales que también se espera aumenten el déficit de las administraciones públicas (uno relacionado con Oitante —instrumento de gestión de archivos creado en el marco de la resolución de Banif—, y el otro relacionado con la supresión de dos concesiones).

2.2.Evaluación de las medidas adoptadas