Debido al carácter políticamente sensible y urgente de la propuesta, no se llevó a cabo ninguna evaluación de impacto específica.

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Comisión/Bélgica (C-543/17), los Estados miembros deben adjuntar a sus notificaciones sobre las medidas de transposición nacionales información suficientemente clara y precisa, indicando qué disposiciones del Derecho nacional transponen las distintas disposiciones de una directiva. Esta información debe suministrarse para cada obligación, no solo «a nivel de artículo». Si los Estados miembros cumplen esta obligación, en principio no tendrían que enviar a la Comisión documentos explicativos adicionales sobre la transposición.

(15)La designación de zonas propicias para las renovables debe permitir que las centrales de energía renovable, su conexión a la red y las instalaciones de almacenamiento de energía coubicadas situadas en estas zonas disfruten del beneficio de la previsibilidad y de procedimientos administrativos simplificados. En particular, los proyectos situados en zonas propicias para las renovables deben beneficiarse de procedimientos administrativos acelerados, incluido un acuerdo tácito en caso de falta de respuesta de la autoridad competente en el plazo establecido en referencia a una etapa administrativa, a menos que el proyecto específico deba someterse a una evaluación de impacto ambiental. Estos proyectos también deben beneficiarse de plazos claramente delimitados y de seguridad jurídica en cuanto al resultado previsto del procedimiento. Tras la presentación de solicitudes de proyectos situados en una zona propicia para las renovables, los Estados miembros deben llevar a cabo un control rápido de esas solicitudes con el objetivo de determinar si alguno de esos proyectos tiene una alta probabilidad de producir efectos adversos imprevistos significativos, a la vista de la sensibilidad medioambiental de la zona geográfica en que se sitúa, que no se hayan detectado durante la evaluación medioambiental del plan o los planes por los que se designan zonas propicias para las renovables, realizada de conformidad con la Directiva 2001/42/CE. Todos los proyectos situados en zonas propicias para las renovables deben considerarse aprobados al final de dicho proceso de control. Solo en el caso de que los Estados miembros dispongan de pruebas claras que permitan suponer que un proyecto específico tiene una alta probabilidad de producir tales efectos adversos imprevistos significativos, deben, tras motivar dicha decisión, someter dicho proyecto a una evaluación medioambiental de conformidad con la Directiva 2011/92/CE y, en su caso, la Directiva 92/43/CEE. Dada la necesidad de acelerar el despliegue de las fuentes de energía renovables, dicha evaluación debe llevarse a cabo en un plazo de seis meses.

(30)Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la dependencia energética y los precios de la energía, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(25)Existe una necesidad urgente de reducir la dependencia de los edificios a los combustibles fósiles y de acelerar los esfuerzos para descarbonizar y electrificar su consumo de energía. A fin de permitir la instalación rentable de tecnologías solares en una fase posterior, todos los edificios nuevos deben estar «preparados para la energía solar», es decir, diseñados para optimizar el potencial de generación solar en función de la irradiación solar del emplazamiento, permitiendo la instalación fructífera de tecnologías solares sin costosas intervenciones estructurales. Además, los Estados miembros deben garantizar el despliegue de instalaciones solares adecuadas en los edificios nuevos, tanto residenciales como no residenciales, y en los edificios existentes no residenciales. El despliegue a gran escala de energía solar en edificios contribuiría de forma significativa a proteger más eficazmente a los consumidores frente al aumento y la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, reduciría la exposición de los ciudadanos vulnerables a los elevados costes de la energía y generaría beneficios medioambientales, económicos y sociales de gran alcance. Con el fin de explotar eficazmente el potencial de las instalaciones solares en los edificios, los Estados miembros deben definir criterios para la ejecución y las posibles exenciones del despliegue de instalaciones solares en los edificios, en consonancia con el potencial técnico y económico evaluado de las instalaciones de energía solar y las características de los edificios incluidos en esta obligación.

(18)La construcción y la explotación de centrales de energía renovable pueden dar lugar a la muerte o la perturbación ocasionales de aves y otras especies protegidas con arreglo a las Directivas 92/43/CEE o 2009/147/CE. Sin embargo, esas muertes o perturbaciones no se considerarían deliberadas en el sentido de estas Directivas cuando un proyecto haya adoptado, durante su construcción y su explotación, medidas de mitigación adecuadas para evitar colisiones o perturbaciones, y si lleva a cabo un seguimiento adecuado para evaluar la eficacia de dichas medidas y, a la luz de la información recabada, adopta medidas adicionales según sea necesario para garantizar que no se produzcan efectos negativos significativos en la población de la especie afectada.

b)Establecerán normas adecuadas aplicables a las zonas designadas como propicias para las renovables, incluidas las medidas de mitigación que deben adoptarse en relación con la instalación de centrales de energía renovable, las instalaciones de almacenamiento de energía coubicadas, así como los activos necesarios para su conexión a la red, a fin de evitar o, si no es posible, reducir significativamente los impactos medioambientales negativos que puedan surgir. Cuando proceda, los Estados miembros velarán por que se apliquen las medidas de mitigación adecuadas para evitar las situaciones descritas en el artículo 6, apartado 2, y el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE, el artículo 5 de la Directiva 2009/147/CE y el artículo 4, apartado 1, letra a), incisos i) y ii), de la Directiva 2000/60/CE. Dichas normas se orientarán a las especificidades de cada zona propicia para las renovables definida, a la tecnología o las tecnologías de energía renovable que vayan a desplegarse en cada zona y a los impactos medioambientales detectados. El cumplimiento de tales normas y la ejecución de las medidas de mitigación adecuadas por parte de los proyectos individuales darán lugar a la presunción de que los proyectos no incumplen dichas disposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 bis, apartados 4 y 5. Cuando las medidas de mitigación novedosas destinadas a evitar en la medida de lo posible las muertes y perturbaciones causadas a especies protegidas con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo y la Directiva 2009/147/CE, o cualquier otro impacto medioambiental, no se hayan sometido a ensayos exhaustivos en cuanto a su eficacia, los Estados miembros podrán autorizar su uso en uno o varios proyectos piloto durante un período de tiempo limitado, siempre que se supervise estrechamente la eficacia de tales medidas y se tomen inmediatamente las acciones adecuadas si no resultan eficaces.

No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE, las centrales a que se refiere el párrafo primero no se deberán someter a una evaluación de sus repercusiones en los lugares Natura 2000.

3)Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, como excepción a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2011/92/UE, y el anexo II, punto 3, letras a), b), d), h) e i), y punto 6, letra c), de manera aislada o en relación con el punto 13, letra a), de dicha Directiva en la medida en que se refiera a proyectos de energía renovable, las nuevas solicitudes de centrales de energía renovable —a excepción de las centrales de combustión de biomasa—, incluida la repotenciación de centrales, situadas en zonas ya designadas como propicias para las renovables en relación con la tecnología correspondiente, las instalaciones de almacenamiento coubicadas, así como su conexión a la red, estarán exentas del requisito de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental específica con arreglo al artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2011/92/UE, siempre que dichos proyectos cumplan las normas y medidas establecidas de conformidad con el artículo 15 quater, apartado 1, letra b). La exención de la aplicación de la Directiva 2011/92/UE no se aplicará a proyectos que probablemente tengan efectos significativos sobre el medio ambiente en otro Estado miembro o cuando un Estado miembro que pueda verse afectado significativamente así lo solicite, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de dicha Directiva.

2)A más tardar catorce días después de la recepción de la solicitud en el caso de centrales situadas en zonas propicias, o a más tardar un mes después en el caso de centrales no situadas en esas zonas, la autoridad competente validará la solicitud o, si el promotor no ha enviado toda la información necesaria para tramitarla, le pedirá que presente una solicitud completa en un plazo de catorce días a partir de esta petición. Si el promotor no presenta una solicitud completa dentro de este plazo, la autoridad competente podrá rechazar la solicitud por escrito. En caso de rechazo, la autoridad competente justificará su decisión. El promotor podrá volver a presentar una nueva solicitud en cualquier momento tras el rechazo. La fecha de reconocimiento de la validez de la solicitud por parte de la autoridad competente se considerará el inicio del proceso de concesión de autorizaciones.

5)Tras el proceso de control, las solicitudes a que se refiere el apartado 3 se autorizarán desde el punto de vista medioambiental sin necesidad de una decisión expresa de la autoridad competente, a menos que la autoridad competente adopte una decisión administrativa, debidamente motivada y basada en pruebas claras, de que un proyecto específico tiene una alta probabilidad de producir efectos adversos imprevistos significativos, a la vista de la sensibilidad medioambiental de la zona geográfica en que se encuentra, que no pueden mitigarse con las medidas definidas en el plan o los planes por los que se designan zonas propicias o las medidas propuestas por el promotor para el proyecto. Dicha decisión se pondrá a disposición del público. Esos proyectos se someterán a una evaluación de conformidad con la Directiva 2011/92/CE y, en su caso, a una evaluación con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE, que se llevará a cabo en un plazo de seis meses a partir de la decisión derivada del control.

6)En el proceso de concesión de autorizaciones de las solicitudes a que se hace referencia en los apartados 1 y 2, la falta de respuesta de los órganos administrativos competentes dentro del plazo establecido dará lugar a que se consideren aprobadas esas etapas administrativas específicas, excepto en los casos en que el proyecto específico deba someterse a una evaluación de impacto ambiental de conformidad con el apartado 5. Todas las decisiones resultantes se pondrán a disposición del público.».

8)Se inserta el artículo 16 ter siguiente:

«Artículo 16 ter

Proceso de concesión de autorizaciones fuera de las zonas propicias para las renovables

1)Los Estados miembros garantizarán que el proceso de concesión de autorizaciones a que se refiere el artículo 16, apartado 1, no sea superior a dos años para el caso de proyectos situados fuera de las zonas propicias para las renovables. Cuando esté debidamente justificado por circunstancias extraordinarias, ese plazo de dos años podrá prorrogarse por tres meses como máximo. En tal caso, los Estados miembros informarán claramente al promotor de las circunstancias extraordinarias que motivaron la prórroga.

2)Cuando se requiera una evaluación medioambiental con arreglo a la Directiva 2011/92/UE o la Directiva 92/43/CEE, se llevará a cabo en un único procedimiento que combine todas las evaluaciones pertinentes en relación con un proyecto dado. Cuando sea necesaria dicha evaluación de impacto ambiental, la autoridad competente, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, emitirá un dictamen sobre el alcance y el nivel de detalle de la información que debe incluir el promotor en el informe de evaluación de impacto ambiental, cuyo alcance no se ampliará posteriormente. Cuando los proyectos específicos hayan adoptado medidas de mitigación adecuadas, no se considerará deliberada ninguna muerte o perturbación causadas a las especies protegidas con arreglo al artículo 12, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE y el artículo 5 de la Directiva 2009/147/CE. Cuando las medidas de mitigación novedosas destinadas a evitar en la medida de lo posible las muertes y perturbaciones causadas a especies protegidas con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo y la Directiva 2009/147/CE, o cualquier otro impacto medioambiental, no se hayan sometido a ensayos exhaustivos en cuanto a su eficacia, los Estados miembros podrán autorizar su uso en uno o varios proyectos piloto durante un período de tiempo limitado, siempre que se supervise estrechamente la eficacia de tales medidas y se tomen inmediatamente las acciones adecuadas si no resultan eficaces. El proceso de concesión de autorizaciones para la repotenciación de proyectos y para nuevas instalaciones con una capacidad eléctrica inferior a 150 kW, las instalaciones de almacenamiento coubicadas, así como su conexión a la red, situadas fuera de las zonas propicias para las renovables, incluidas las evaluaciones medioambientales cuando sean necesarias en virtud de la legislación correspondiente, no será superior a un año. Cuando esté debidamente justificado por circunstancias extraordinarias, ese plazo de un año podrá prorrogarse por tres meses como máximo. Los Estados miembros informarán claramente a los promotores de las circunstancias extraordinarias que motivaron la prórroga.

Los Estados miembros facilitarán la repotenciación de proyectos situados fuera de las zonas propicias garantizando que, si la legislación de la Unión en materia de medio ambiente exige una evaluación medioambiental de un proyecto, dicha evaluación se limite a los impactos potenciales derivados de la modificación o la ampliación en comparación con el proyecto original.».

9)Se inserta el artículo 16 quater siguiente:

«Artículo 16 quater

Procedimiento de concesión de autorizaciones para la instalación de equipos de energía solar en estructuras artificiales

1)Los Estados miembros garantizarán que el proceso de concesión de autorizaciones a que se refiere el artículo 16, apartado 1, para la instalación de equipos de energía solar, incluidas las instalaciones solares integradas en edificios, en estructuras artificiales existentes o futuras, con exclusión de las superficies de agua artificiales, no sea superior a tres meses, siempre que el objetivo principal de dichas estructuras no sea la producción de energía solar. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2011/92/UE y el anexo II, punto 3, letras a) y b), de manera aislada o en relación con el punto 13, letra a), de dicha Directiva, esa instalación de equipos solares estará exenta, cuando proceda, del requisito de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental específica con arreglo al artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2011/92/UE.».

10)Se inserta el artículo 16 quinquies siguiente:

«Artículo 16 quinquies

Interés público superior

A más tardar en [tres meses a partir de la entrada en vigor], hasta que se logre la neutralidad climática, los Estados miembros garantizarán que, en el proceso de concesión de autorizaciones, se presuma que la planificación, la construcción y la explotación de centrales para la producción de energía a partir de fuentes renovables, su conexión a la red y la propia red conexa y los activos de almacenamiento son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas a la hora de sopesar los intereses jurídicos en los casos individuales a efectos del artículo 6, apartado 4, y el artículo 16, apartado 1, letra c), de la Directiva 92/43/CEE, el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE y el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/147/CE.».

Artículo 2

Modificación de la Directiva 2010/31/UE

La Directiva 2010/31/UE se modifica como sigue:

1)Se inserta el artículo 9 bis siguiente:

«Artículo 9 bis

Energía solar en los edificios

Los Estados miembros velarán por que todos los edificios nuevos estén diseñados para optimizar su potencial de generación de energía solar sobre la base de la irradiación solar del emplazamiento, permitiendo la instalación rentable de tecnologías solares en una etapa posterior.

Los Estados miembros garantizarán el despliegue de instalaciones de energía solar adecuadas:

a)a más tardar el 31 de diciembre de 2026, en todos los edificios públicos y comerciales nuevos con una superficie útil superior a 250 metros cuadrados;