Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 85/611/CEE, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), con vistas a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados"

(1999/C 116/01)

El 16 de octubre de 1998, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo , encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de febrero de 1999 (ponente: Sr. Levitt ).

En su 361o Pleno de los días 24 y 25 de febrero de 1999 (sesión del 24 de febrero) el Comité Económico y Social ha aprobado por 68 votos a favor y 5 votos en contra el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La Directiva 85/611/CEE(1) sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) estableció un sistema de concesión de una "única autorización" para los organismos de inversión colectiva (es decir, una autorización para la venta de productos en el mercado único una vez aprobada en un Estado miembro). Hoy día existen organismos de inversión colectiva en todos los Estados miembros, mientras que antes de la adopción de dicha Directiva en 1985 no estaban tan extendidos. Sin embargo, la repercusión de la Directiva se ha visto limitada por el hecho de que la autorización única se aplica solamente a las inversiones en valores mobiliarios (esencialmente acciones e instrumentos de renta fija) negociados en una bolsa o mercado regulado similar. Lo que se propone ahora es mantener los principios de base de la Directiva OICVM pero ampliar su ámbito de aplicación.

1.1.1. El marco legislativo propuesto garantizará un alto nivel de protección para los inversores individuales al fijar normas referidas tanto a los productos de inversión como a los gestores que realizan la inversión. Por lo que se refiere a los productos, las normas propuestas garantizarán que los fondos obtenidos del público se invierten en activos convenientemente cualificados y que se respetan los requisitos de reparto de riesgos. En cuanto a los gestores de carteras, las normas imponen un acceso al mercado y unas condiciones de funcionamiento y control muy estrictos.

1.1.2. La Comisión ha presentado dos propuestas de Directiva(2). El presente dictamen se centra en la propuesta referente a los intermediarios financieros que pueden gestionar OICVM (sociedades de gestión). Con dicha propuesta se introducen normas armonizadas sobre acceso al mercado, condiciones de ejercicio de la actividad y protección cautelar que deben cumplir las sociedades de gestión. Esta armonización debería dar lugar a un sistema de autorización única equivalente al que existe para otros servicios financieros, aumentar la protección de los inversores y permitir que las sociedades de gestión asuman la gestión de organismos de inversión y carteras colectivas en nombre tanto de inversores particulares como institucionales, incluidos los fondos de pensiones.

2. Resumen del documento de la Comisión

2.1. La propuesta de Directiva incluye aspectos referentes a:

- condiciones de acceso a la actividad;

- nacionalidad de los fondos;

- actividades de un gestor de fondos de inversión;

- delegación;

- derecho de establecimiento y libre prestación de servicios;

- información al inversor y normas sobre folletos simplificados.

2.2. En conjunto, la Comisión señala que la finalidad de la propuesta es permitir que las sociedades de gestión de OICVM obtengan un pasaporte europeo que les autorice a establecer sucursales en otros Estados miembros y a operar en la UE en régimen de libre prestación de servicios; por lo tanto, se corrigen las restricciones actuales que impiden a las sociedades de gestión dedicarse a actividades que no sean la gestión de los activos de fondos comunes de inversión y sociedades de inversión. En el futuro, dichas sociedades podrán prestar, además del servicio de gestión de carteras colectivas, servicios de gestión de carteras individuales a inversores particulares o instituciones, tales como fondos de pensiones, así como una serie de servicios accesorios concretos vinculados a su actividad principal. Asimismo, en la propuesta se definen las condiciones en las que tales funciones podrán delegarse en terceros. También se quieren modernizar los documentos informativos que deben facilitarse a los inversores, especialmente mediante la introducción de folletos simplificados. Por último, la Directiva OICVM vigente no contiene normas armonizadas de acceso al mercado, ni normas cautelares, ni disposiciones que regulen el establecimiento de sucursales y la libre prestación de servicios por parte de las sociedades de gestión.

2.3. De forma global, se considera positivo el objeto de la propuesta. Sin embargo, el texto actual adolece de falta de claridad en varios aspectos y en otros parece ser contrario al principio de reconocimiento mutuo del mercado único. Estos puntos se detallan a continuación.

3. Observaciones específicas

3.1. Condiciones de acceso a la actividad (modificaciones al apartado 2 del artículo 1 bis y al apartado 2 del artículo 5)

La definición de "sociedad de gestión" es confusa dado que se utilizan diversos significados en diferentes lugares como, por ejemplo, gestor de fondos comunes de inversión y gestor delegado de sociedades de inversiones. Por otra parte, no está claro si gestor de inversión equivale siempre a gestor de activos.

3.2. Nacionalidad

"Sociedad de gestión: toda sociedad cuya actividad habitual consista en la gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión; Estado miembro de origen de una sociedad de gestión: el Estado miembro en el que esté situada la sede social de la sociedad de gestión" (apartados 2 y 3 del artículo 1 bis). No obstante, un OICVM constituido en forma de fondo común de inversión adopta la nacionalidad del Estado miembro en que esté situada la sede social de la sociedad de gestión (artículos 1 bis y 5 bis), mientras que un OICVM constituido como sociedad de inversión adopta la nacionalidad del Estado miembro en que esté situada la sede social de la sociedad de inversión (artículos 1 bis y 5 ter). Esta distinción es confusa, dado que puede dar pie a derechos de acceso diferentes en la UE y dentro de los Estados miembros. Sin embargo, ni en la exposición de motivos ni en los artículos de la propia propuesta de Directiva se explica o justifica la distinción.

3.2.1. En los distintos Estados miembros existen estructuras de OICVM diferentes que operan en la práctica sin problemas, incluidos los mecanismos de supervisión. Estas estructuras y mecanismos de supervisión diferentes deberían beneficiarse del principio de reconocimiento mutuo, una piedra angular fundamental del mercado único de servicios financieros. No obstante:

- la propuesta de Directiva establece normas diferenciadas para estructuras diferentes de fondos y riesgos, creando una discriminación para ciertos tipos de fondos;

- asimismo, un fondo que esté estructurado en forma de sociedad debería poder gestionar fondos con carácter transfronterizo, pero, de acuerdo con la propuesta de Directiva, no podrá gozar de la libre prestación de servicios en otro Estado miembro si los fondos sólo pueden considerarse fondos comunes de inversión de conformidad con la legislación nacional.

En resumen, la propuesta, en vez reforzar el mercado único de servicios financieros, puede tener el efecto contrario en el caso específico de los OICVM.

3.3. Actividades del gestor de fondos

En el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 5 se hace referencia a una lista de "actividades" de los gestores de fondos que se incluye en la Directiva como nuevo anexo 2. El fin de esta lista es confuso. En cualquier caso, el Comité estima que tal lista no debe considerarse exhaustiva, ya que, de lo contrario, eliminará toda flexibilidad para reaccionar ante condiciones de mercado variables y puede impedir a los gestores ejercer otras actividades no incluidas en la lista que no sean incompatibles con su función de gestores de fondos de inversión. Asimismo, debería quedar claro que una sociedad de gestión no tiene que realizar todas las actividades recogidas en el anexo 2.

3.4. Delegación

En el artículo 5 octavo propuesto se prohibe que la sociedad de gestión delegue la gestión de activos en personas con una participación cualificada en el capital de la sociedad de gestión. Ello supone que un gestor de fondos comunes de inversión no podrá delegar en una empresa matriz.

3.4.1. La práctica en Europa al respecto varía de forma considerable. En algunos países la sociedad de gestión ejerce obligatoriamente la actividad de gestión de activos o contabilidad de los fondos, mientras que en otros se autoriza la delegación de dichas funciones en terceros, incluida la delegación en la empresa matriz de la sociedad de gestión del fondo.

3.4.2. Las diversas estructuras existentes funcionan correctamente y protegen de forma efectiva a los inversores. Todas las legislaciones nacionales disponen de normas para resolver potenciales conflictos de intereses y las autoridades nacionales de supervisión verifican su cumplimiento.

3.4.3. Por consiguiente, el Comité opina que no hay ninguna razón para que una directiva interfiera en unos mecanismos que han demostrado su validez. En cambio, si realmente es necesario legislar algo, debe ser mediante el establecimiento de principios generales. Por ejemplo, podría disponerse que, cuando un Estado miembro autorice a una sociedad de gestión a delegar en terceros con vistas a un desarrollo más eficiente de la actividad de la sociedad, la sociedad de gestión deberá notificarlo previamente a la autoridad competente, y que no se podrá delegar en ninguna persona cuyos intereses puedan entrar en conflicto con los de la sociedad de gestión.

3.5. Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios

En los artículos 6, 6 bis, 6 ter y 6 quater propuestos se establece el principio de que la sociedad de gestión, una vez haya sido autorizada por el Estado miembro de origen, podrá ejercer su actividad en la UE mediante el establecimiento de sucursales o en régimen de libre prestación de servicios sin que el Estado miembro de acogida pueda imponer otros requisitos de autorización. El objetivo general es positivo, pero mientras que en el artículo 6 bis se dispone que la sociedad de gestión comunicará la información a la autoridad del Estado miembro de origen antes de establecer una sucursal o prestar servicios en Estados miembros de acogida, en el artículo 46 se establece que una sociedad de inversión deberá facilitar la información al Estado miembro de acogida, lo que parece indebidamente oneroso.

3.6. Depositario

El depositario es un eslabón esencial en la gestión de los fondos de inversión, por lo que requiere una estructura y autorización adecuadas. En especial, deberá cumplir las siguientes condiciones:

- ser una entidad de crédito, una sociedad de inversión o un organismo habilitado por el Estado miembro a ejercer la actividad de teneduría de libros y custodia;

- disponer de fondos propios proporcionales a los activos de los OICVM que se le han entregado, para poder satisfacer los compromisos derivados del ejercicio de su función;

- por último, poder entregar a la sociedad de gestión, y a cualquier inversor que lo solicite, un documento expedido por su censor jurado en el que se certifique la conformidad de las condiciones de ejercicio de su actividad con la legislación del Estado miembro de establecimiento.

Todas estas condiciones también se aplicarán a las entidades en las que el depositario delegue la custodia de los instrumentos financieros extranjeros que formen parte del activo de los OICVM.

3.6.1. En la Directiva sobre OICVM vigente se dispone que el depositario deberá estar establecido en el mismo Estado miembro que el fondo. Ello supone que no cuenta con un pasaporte para ejercer en toda la UE. El Comité anima a la Comisión a que estudie fórmulas que permitan aplicar el principio del pasaporte a los depositarios y a que garantice normas de supervisión adecuadas para proteger a los inversores.

3.7. Protección del inversor y folleto simplificado (artículos 27 y 28)

La propuesta de introducir un folleto simplificado facilita de forma acertada la comercialización de fondos con carácter transfronterizo, algo que antes era imposible por la necesidad de satisfacer una infinidad de requisitos de información en cada Estado miembro. En todo caso, la elaboración de un folleto simplificado no debería ser obligatoria.

4. Conclusiones

4.1. En general, el Comité apoya el objetivo de ampliar el principio de la concesión de un pasaporte a los OICVM, con el fin de que puedan prestar servicios de gestión de carteras individuales y colectivas, ejercer otras actividades distintas de la gestión de carteras y publicar folletos simplificados.

4.2. Sin embargo, el texto de la propuesta no es nada claro la hora de justificar las diferencias de estatuto, nacionalidad y derechos de acceso al mercado entre los OICVM constituidos como fondos comunes de inversión y los OICVM constituidos como sociedades de inversión. La propuesta de Directiva establece normas diferenciadas para estructuras diferentes, lo que puede provocar la discriminación de determinados tipos de fondos, y restringe la libre prestación de servicios de ciertos tipos de fondos en otros Estados miembros. Por lo tanto, en vez de realizar plenamente el mercado único de servicios financieros, la propuesta puede tener el efecto contrario. En pocas palabras, existe el peligro de quebrantar el principio de reconocimiento mutuo, dado que las autoridades nacionales competentes consideran satisfactorias las diferentes estructuras existentes hoy día.

4.3. Asimismo, el Comité considera que las restricciones propuestas para la delegación de la gestión de activos son innecesarias. Las estructuras actuales funcionan de forma correcta, proporcionan un protección efectiva al inversor, disponen de normas para resolver potenciales conflictos de intereses y cuentan con el visto bueno de las autoridades nacionales de supervisión encargadas de verificar el cumplimiento de dichas normas. En su redacción actual, la propuesta es contraria al principio de reconocimiento mutuo.

Bruselas, el 24 de febrero de 1999.

La Presidenta

del Comité Económico y Social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

(1) DO L 375 de 31.12.1985.

(2) COM(1998) 449 final y COM(1998) 451 final.

ANEXO

al Dictamen del Comité Económico y Social

En el presente anexo se recogen las modificaciones que la propuesta de la Comisión introduce en la Directiva de 1985.

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