ES Diario Oficial de la Unión Europea C 65/5

Anuncio de apertura de un procedimiento de investigación relativo a los obstáculos al comercio, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo, que representa la prohibición adoptada por Estados Unidos sobre los juegos y apuestas extranjeros presentes en internet y su aplicación

(2008/C 65/07)

El 20 de diciembre de 2007, la Comisión recibió una denuncia basada en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 3286/94 (1) (en lo sucesivo denominado «el Reglamento»). El período previsto en el artículo 5, apartado 4, del Reglamento se suspendió con el acuerdo del denunciante hasta el 15 de enero de 2008.

1. Denunciante

La denuncia fue presentada por la Remote Gambling Association (en lo sucesivo denominada «RGA»).

La RGA es una asociación mercantil con sede en Londres, y cuenta entre sus asociados con la mayoría de las principales empresas mundiales de juegos y apuestas en internet. Nueve de los diez mayores prestadores comunitarios pertenecen a la RGA, al igual que dieciséis de los veinte principales. Representa, por consiguiente, una proporción notable de la industria comunitaria de juegos y apuestas en internet.

La RGA es por tanto una asociación que actúa en nombre de una o más empresas comunitarias a tenor del artículo 4, apartado 1, y el artículo 2, apartado 6, del Reglamento.

2. Servicio afectado

La denuncia se refiere a la prestación de servicios comerciales de juegos y apuestas a través de comunicaciones a distancia, esencialmente en internet.

El servicio se clasifica dentro del subsector 96492 «Servicios de juegos de azar y apuestas», del sector 964 «Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento», de la «Lista de clasificación sectorial de los servicios» (la llamada «Lista W/120») utilizada en el contexto del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (en lo sucesivo denominado «AGCS»).

No existe una legislación comunitaria específica, si bien una serie de jurisdicciones de la UE autorizan las actividades de los operadores de juegos y apuestas en internet (Austria, Irlanda, Italia, Malta, el Reino Unido y Gibraltar) al amparo de la legislación o la reglamentación nacional.

3. Asunto

La denuncia se centra en: i) la legislación de Estados Unidos que prohíbe los juegos y apuestas en internet, ii) las medidas adoptadas por Estados Unidos para aplicar dicha legislación, y iii) el modo discriminatorio en que se aplica la legislación.

A este respecto, la denuncia identifica explícitamente las disposiciones pertinentes de la US Wire Act (Ley de comunicaciones por cable) y el «puerto seguro» supuestamente creado por la Interstate Horse Racing Act (Ley sobre apuestas hípicas interestatales) (IHA); la Travel Act (Ley de viajes); la Illegal Gambling Business Act (Ley sobre actividades ilícitas de juegos de azar) (IGBA); la Wagering Paraphernalia Act (Ley sobre equipos para apuestas) y la legislación federal antiblanqueo de capitales; las prohibiciones que figuran en la leyes de los Estados; la Unlawful internet Gambling Enforcement Act (Ley de Prohibición de la Financiación de los juegos de azar ilícitos en internet) (UIGEA); y el tratamiento diferencial y discriminatorio de los prestadores de la UE en comparación con el tratamiento de los prestadores de Estados Unidos al amparo de estas leyes.

4. Alegaciones en relación con los obstáculos al comercio

El denunciante considera que las medidas descritas en el punto 3 constituyen un obstáculo al comercio a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento.

El denunciante alega que las medidas descritas en el punto 3 son incompatibles con varias disposiciones del AGCS.

También añade que, al mantener la Wire Act, la Travel Act y la IGBA [que se demostró violaban el artículo XVI del AGCS en la diferencia sobre juegos de azar y apuestas en Estados Unidos (WT/DS285)] y adoptar medidas de ejecución contra prestadores de servicios extranjeros, Estados Unidos impide el acceso al mercado de manera incompatible con el artículo XVI. Además, el denunciante alega que la adopción de la UIGEA, en la que el Congreso de Estados Unidos reconoce que los juegos y apuestas en internet pueden regularse, y la aplicación selectiva de la ley, especialmente mediante posibles sanciones penales, contra prestadores de servicios extranjeros y no contra prestadores establecidos en Estados Unidos, hacen que la violación del artículo XVI sea aun más flagrante y compromete en gran medida la posición de Estados Unidos ante una posible defensa al amparo del artículo XIV del AGCS.

En segundo lugar, el denunciante alega que las medidas descritas en el punto 3 son incompatibles con el artículo XVII del AGCS. El denunciante indica que los operadores de apuestas hípicas en internet establecidos en Estados Unidos y los operadores de juegos y apuestas en internet no establecidos en Estados Unidos son prestadores de servicios o servicios similares, y que Estados Unidos viola el artículo XVII al aplicar un tratamiento menos favorable a los operadores de juegos y apuestas en internet no establecidos en ese país. El denunciante manifiesta que el hecho de que algunos operadores de la UE no ofrezcan apuestas sobre carreras hípicas se explica totalmente por las medidas reglamentarias aplicadas por Estados Unidos, que distorsionan la relación de competencia entre los operadores establecidos en Estados Unidos y los operadores no establecidos en ese país. Además, también se alega que la aplicación selectiva de la prohibición de prestar servicios de juegos y apuestas a distancia a los prestadores de servicios extranjeros y no a los establecidos en Estados Unidos, especialmente mediante posibles sanciones penales, constituye un ejemplo claro de discriminación incompatible con el artículo XVII.

El denunciante también se refiere a que se prevé que el marco jurídico pertinente del AGCS se modifique de manera notable durante los próximos meses debido a la intención de Estados Unidos de retirar compromisos del AGCS sobre los servicios de juegos de azar y apuestas. El denunciante señala que esta retirada no tendría efectos retroactivos, por lo que no afectaría a las obligaciones de Estados Unidos por lo que hace a cualquier acto o hecho que hubiera ocurrido durante la vigencia del compromiso. Dado que la única actividad comercial pertinente («acto o hecho») tratada en la denuncia son los juegos y apuestas a distancia que algunos operadores establecidos en la UE ofrecían a personas en Estados Unidos antes de su retirada del mercado de ese país, y por consiguiente, durante la vigencia de los compromisos de Estados Unidos, ese país, según el denunciante, tendría la obligación de no adoptar ni continuar aplicando cualquier medida que pudiera constituir una violación de sus obligaciones en relación con dicha actividad comercial pasada.

A la vista de los datos de que dispone y de las pruebas aportadas, la Comisión considera que la denuncia contiene elementos de prueba suficientes acerca de la existencia de obstáculos al comercio a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento.

5. Alegaciones de efectos comerciales adversos

El denunciante indica que los obstáculos al comercio identificados en la denuncia obligaron a su retirada total del mercado estadounidense y han acarreado efectos adversos adicionales significativos en sus actividades fuera de ese país. Indica, por consiguiente, que cabe considerar que los obstáculos al comercio causan o amenazan con causar efectos comerciales adversos.

La denuncia contiene información y elementos de prueba que muestran que el impacto de las medidas fue elevado tanto en el comercio de servicios entre la UE y Estados Unidos como en el sector de los juegos y apuestas en la Comunidad, pudiendo incidir significativamente en la economía comunitaria. Se añade que las amenazas existentes en forma de posibles sanciones penales pueden tener un fuerte impacto adicional en las empresas afectadas y en el sector de los juegos y apuestas. Los principales indicadores relevantes mencionados en la denuncia son una pérdida de ingresos para las tres principales empresas de la UE de 3 000 millones de USD durante un ejercicio anual en Estados Unidos; una pérdida de valor bursátil superior a los 11 000 millones de USD para esas mismas tres empresas tras la adopción de la UIGEA y su retirada del mercado estadounidense; el pago de multas cuantiosas negociadas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos; una referencia al impacto potencial de posibles sanciones sobre la capacidad de las empresas para desarrollar sus actividades en condiciones normales fuera de Estados Unidos; y las repercusiones en los sectores que suministran servicios al sector de juegos y apuestas, y en los bancos que han prestado servicios de pago.

La Comisión considera que la denuncia contiene elementos de prueba suficientes acerca de los efectos comerciales adversos de la medida para el denunciante y para un sector o sectores de actividad económica, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento.

6. Interés de la Comunidad

El denunciante indica que la UE es líder mundial en el negocio de juegos y apuestas en internet, con un avance considerable sobre Estados Unidos en este sector. Muchas de las mayores empresas mundiales tienen licencia y operan en el Reino Unido, Gibraltar, Malta, Irlanda y Austria. Existen centros operativos importantes que prestan servicios tecnológicos, de marketing y de asistencia al cliente en Suecia, Chipre, Bulgaria y Estonia. En la denuncia se señala la falta actual de estadísticas exactas sobre este sector del comercio electrónico en pleno crecimiento, pero se ofrecen algunos indicadores sobre la importancia económica del sector, incluida una estimación de que la industria del juego en internet emplea a 15 000 trabajadores en la UE, con una proporción de empleos de alto valor en términos de conocimiento superior a la de otras muchas industrias. También indica que el sector del juego en internet tiene un impacto económico indirecto significativo en otros sectores de la economía implicados en el suministro de infraestructuras necesarias para una actividad en internet (esencialmente servicios financieros, informática y servicios profesionales).

La Comunicación sobre una Europa global, de octubre de 2006, es un importante factor a tener en cuenta. Esta Comunicación afirma que el rechazo del proteccionismo en Europa debe ir acompañado de actuaciones en favor de la creación de mercados abiertos y condiciones justas para el comercio en otras partes del mundo. Su sección más importante es el Plan de Acción en favor de la Competitividad Externa de la UE, que incluye planes para una estrategia renovada de acceso al mercado, partiendo de la estrategia iniciada en 1996, con el objetivo de facilitar la aplicación de los acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales y abrir los mercados de terceros países. En este sentido, es importante garantizar que los otros Miembros de la OMC cumplan sus compromisos con dicha organización.

A la vista de lo expuesto, se considera que redunda en interés de la Comunidad abrir un procedimiento de investigación.

7. Procedimiento

Habiendo decidido, previa consulta al Comité Consultivo establecido por el Reglamento, que existen elementos de prueba suficientes para justificar la apertura de un procedimiento de investigación con el fin de examinar los elementos de hecho y de derecho y que éste es necesario en interés de la Comunidad, la Comisión ha iniciado una investigación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento.

Las partes interesadas podrán personarse en el procedimiento y comunicar por escrito su opinión sobre las cuestiones específicas planteadas en la denuncia, facilitando pruebas al respecto.

Por otra parte, la Comisión oirá a las partes que lo soliciten por escrito cuando se personen, siempre que se encuentren directamente afectadas por el resultado del procedimiento.

El presente anuncio se publica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento.

8. Plazo

Cualquier información relacionada con este asunto y las solicitudes de audiencias deberá obrar en poder de la Comisión, a más tardar, en los treinta días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio. Tanto la información como las solicitudes deberán remitirse a la siguiente dirección:

Comisión Europea Dirección General de Comercio Sr. D. Jean-François Brakeland, DG Trade F.2 CHAR 9/74 B-1049 Bruselas Fax (32-2) 299 32 64

Cabe también señalar que si las partes interesadas consideran que están encontrando dificultades para ejercer sus derechos de defensa, pueden solicitar la intervención del Consejero auditor de la Dirección General de Comercio. Éste actúa de intermediario entre las partes interesadas y los servicios de la Comisión y ofrece, cuando es necesario, mediación sobre cuestiones procedimentales que afecten a la protección de sus intereses en este procedimiento, en particular en relación con el acceso al expediente, la confidencialidad, la ampliación de los plazos y el tratamiento de los puntos de vista expresados oralmente o por escrito. Las partes interesadas pueden encontrar más información, así como los datos de contacto, en las páginas web del Consejero auditor, en el sitio web de la Dirección General de Comercio (http://ec.europa.eu/trade).

(1) Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (DO L 349 de 31.12.1994, p. 71); Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 125/2008 (DO L 40 de 14.2.2008, p. 1).