COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo referente al senamiento y liquidación de empresas de seguros

1986/0080 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo referente al senamiento y liquidación de empresas de seguros

1. ANTECEDENTES

- El 23 de diciembre de 1986 la Comisión adoptó una propuesta de Directiva relativa a la coordinación de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas referentes a la liquidación obligatoria de las empresas de seguros directos [1]. La propuesta fue presentada al Consejo el 23 de enero de 1987 y al Parlamento Europeo el 6 de febrero de 1987.

[1] COM (86) 768 final/2, DO C 71, 19.3.1987.

- En su 248ª sesión plenaria de 23 de septiembre de 1987 [2] el Comité Económico y Social emitió un dictamen favorable sobre la propuesta.

[2] DO C 319, 30.11.1987, p.10.

- El Parlamento Europeo adoptó una resolución legislativa [3] en la que presentaba su dictamen sobre la propuesta de la Comisión en su sesión plenaria del 14 de marzo de 1989.

[3] PE 124.469/fin. Ponente P. Price.

- El 12 de septiembre de 1989 la Comisión adoptó una propuesta modificada [4] habida cuenta de su consulta del Parlamento y del Comité Económico y Social.

[4] COM (89) 394 final, DO C 253, 6.10.1989, p. 3.

- Después de muchos años de negociaciones en el Consejo, interrumpidas y reanudadas en diversas ocasiones, el 10 de octubre de 2000 el Consejo adoptó la posición común [5] que es objeto de esta comunicación.

[5] DO...........

2. OBJETO DE LA PROPUESTA

El principal objeto de esta propuesta es garantizar que

- la única autoridad competente para incoar un procedimiento de liquidación a una compañía de seguros que tenga su domicilio social en la Comunidad sea la autoridad del Estado miembro de origen, que debe aplicar su propia legislación nacional (principio de unidad),

- el procedimiento de liquidación incluya a todas las sucursales comunitarias de la compañía de seguros independientemente del Estado miembro en que estén situadas (principio de universalidad) [6], y

[6] La propuesta se inspira en el principio doble de la unidad del procedimiento y de la universalidad de sus efectos. COM (86) 768 final/2, exposición de motivos.

- la protección de los derechos de los asegurados, cuyas primas alimentan los fondos de la compañía de seguros, y el interés legítimo de otros acreedores se reconcilie de manera apropiada [7].

[7] Con la propuesta se pretende reconciliar la necesidad de garantizar los derechos de los asegurados, cuyas primas alimentan los fondos de las compañías de seguros, con el interés legítimo de otros acreedores, en especial de los empleados. COM (86) 768 final/2 exposición de motivos.

3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Consideraciones generales

3.1.1. La posición común adoptada por el Consejo mantiene la esencia de la propuesta inicial de la Comisión (en lo sucesivo "la propuesta"). Al igual que la propuesta, la posición común se basa en los principios de unidad, universalidad y protección de los acreedores de seguros. La Comisión está de acuerdo con los cambios introducidos por el Consejo y considera que contribuirán a mejorar la calidad del texto legislativo.

3.1.2. La posición común tiene muy en cuenta el espíritu de las enmiendas adoptadas por el Parlamento en su primera lectura. Además, dado que ha transcurrido mucho tiempo desde que se adoptó la propuesta, el Consejo ha realizado la necesaria reelaboración, respetando totalmente los principios del texto original. Esta reelaboración era necesaria para adaptar la redacción de la propuesta al marco jurídico introducido por la "tercera generación" de Directivas de seguros (las terceras Directivas de vida y de no vida [8]) y para garantizar la coherencia con otros instrumentos jurídicos comunitarios relacionados con la insolvencia, como el Reglamento del Consejo sobre procedimientos de insolvencia (en lo sucesivo el "Reglamento sobre insolvencia") [9] y la propuesta paralela sobre liquidación de entidades de crédito [10]. Hay que señalar que, aunque la posición común y el Reglamento sobre insolvencia están basados en principios diferentes, muchos aspectos técnicos de ambos instrumentos son idénticos y deben tratarse de forma coherente.

[8] Directivas 92/96/EEC (DO L 360, 9.12.1992, p.1) y 92/49/CEE (DO L 228, 11.8.1992, p. 1).

[9] Reglamento (CE) n°1346/2000 del Consejo de 29 de mayo de 2000 sobre procedimientos de insolvencia (DO L 160 de 30 de junio de 2000).

[10] Propuesta modificada de Directiva del Consejo referente al senamiento y liquidación de entidades de crédito y sistemas de garantía de depósito [COM (88) 4 final; DO C 36 de 8.2.1988]. Una posición común respecto a esta Directiva fue adoptada por el Consejo el 17.7.2000.

3.1.3. Asimismo, la posición común ha aumentado el ámbito de la propuesta aplicando sus principios de unidad y universalidad no sólo a la liquidación obligatoria sino a cualquier clase de procedimiento de liquidación, ya sea obligatorio o voluntario y tenga o no como base la insolvencia. Por otra parte, se ha ampliado el ámbito de la Directiva de manera que incluya las medidas de senamiento adoptadas por las autoridades competentes con el fin de preservar o devolver la solidez financiera de la compañía de seguros a condición de que estas medidas afecten a derechos preexistentes de las partes distintas a la compañía de seguros. La posición común proporciona por lo tanto una cobertura completa de los casos en que una compañía de seguros esté en situación de crisis o decida abandonar la actividad empresarial. De esta manera, se ha mejorado la protección de acreedores y acreedores de seguros.

3.1.4. Más adelante se comentan detalladamente las principales enmiendas introducidas en la posición común con respecto a la propuesta de la Comisión.

3.2. Enmiendas del Parlamento que figuran en la posición común

Las enmiendas adoptadas por el Parlamento y aceptadas por la Comisión durante la primera lectura de la propuesta pretendían reforzar la publicidad de los procedimientos de liquidación para proteger a los acreedores (enmienda n° 1) y asegurarse de que estos procedimientos produzcan sus efectos en todo el territorio comunitario siguiendo el principio de unidad de la liquidación (enmiendas n° 2 y n° 3). El espíritu de las peticiones del Parlamento se ha incorporado totalmente a la posición común.

3.2.1. Siguiendo el espíritu de las enmiendas del Parlamento, la posición común contiene varias disposiciones (artículos 14, 15, 17 y 18) para garantizar el principio de publicidad de los procedimientos de liquidación. Similares disposiciones son aplicables a las medidas de senamiento cubiertas por la Directiva.

Como establece el artículo 14, la decisión de iniciar un procedimiento de liquidación debe publicarse: 1) siguiendo los procedimientos legislativos del Estado miembro de origen, 2) en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y 3) por otros medios decididos por las autoridades supervisoras de los Estados miembros en sus territorios respectivos. Este artículo también estipula que la publicación especificará la autoridad del Estado miembro de origen competente para la incoación del procedimiento de liquidación, la legislación aplicable y el liquidador designado.

Además de la publicación anteriomente mencionada, el artículo 15 establece la notificación individual de la decisión a todos los acreedores conocidos que residan en la Comunidad. Esta disposición también estipula el contenido de la información que debe proporcionarse. El artículo 17 especifica las lenguas y la forma que debe utilizarse para esta notificación.

Asimismo, el artículo 18 obliga a los liquidadores a mantener a los acreedores regularmente informados de los avances de los procedimientos de liquidación.

3.2.2. Como recomendaba el Parlamento, se ha aclarado y completado el principio de que los procedimientos de liquidación abiertos por la autoridad competente del Estado miembro de origen produzcan sus efectos en todo el territorio comunitario (principios de unidad y de universalidad). Está cubierto en especial por los artículos 8 y 9 de la posición común. Se han incluido similares disposiciones con respecto a las medidas de senamiento (artículo 4).

Como establece el artículo 8, sólo las autoridades competentes del Estado miembro de origen tendrán derecho a adoptar la decisión de iniciar procedimientos de liquidación. Se señala que esta decisión "se reconocerá sin más trámites en el territorio de todos los demás Estados miembros y surtirá efecto en ellos en cuanto lo haga en el Estado miembro de incoación del procedimiento". El artículo 9 establece que la decisión de iniciar un procedimiento de liquidación, el propio procedimiento de liquidación y sus efectos se regirán por la legislación del Estado miembro de origen.

3.3. Otros cambios introducidos por el Consejo en la posición común

Además de la reelaboración global de la propuesta como se explica en el apartado 3.1, la posición común ha introducido otros cambios, en especial:

3.3.1. Definición de procedimientos de liquidación [letra d del artículo 2]

La definición de procedimiento de liquidación de la posición común incluye a cualquier procedimiento colectivo que implique la realización y distribución de los activos de la compañía de seguros intervenida por una autoridad administrativa o judicial. La posición común, por lo tanto, no se limita a la liquidación "obligatoria" como figuraba en la propuesta original. Presenta una definición amplia que incluye cualquier procedimiento de liquidación de una compañía de seguros esté o no fundamentado en la insolvencia y sea voluntario u obligatorio.

Una definición amplia de liquidación asegura una cobertura completa por la Directiva. De esta manera, cualquier liquidación de una compañía de seguros comunitaria se llevará a cabo de manera organizada y siguiendo las normas acordadas a nivel europeo. En esta situación, los acreedores contarán con las oportunas garantías legales de información, publicidad y no discriminación. Esta cobertura completa de la Directiva es positiva para el mercado interior en general y para la protección de los acreedores en particular.

3.3.2. Inclusión de medidas de senamiento [apartado 1 del artículo 1, letra c del artículo 2 y artículo 3]

En contraste con la propuesta inicial y con la modificada, la posición común no se aplica sólo a los procedimientos de liquidación, sino también a las medidas de senamiento.

Las "medidas de senamiento" que figuran en la posición común deben cumplir las siguientes condiciones: en primer lugar, su objetivo debe ser el de preservar o restaurar la situación financiera de la compañía de seguros; en segundo lugar, deben afectar a derechos preexistentes distintos de la propia compañía de seguros (terceros). La primera condición es necesaria para distinguir las medidas de senamiento de los procedimientos cuyo objetivo sea conseguir y distribuir los activos de la compañía de seguros (los "procedimientos de liquidación"); la segunda condición excluye del ámbito de la Directiva otras posibles medidas que, dado que afectan exclusivamente a la propia compañía de seguros y que no tienen repercusiones en los derechos de terceros, no requieren salvaguardias especiales.

Las Directivas de seguros ya contienen disposiciones que armonizan determinadas medidas de senamiento [11]. La posición común no armoniza todas las posibles medidas de senamiento existentes en la legislación nacional, sino que establece las normas para que estas medidas puedan aplicarse de manera coordinada en la Comunidad. Esta coordinación es beneficiosa para los asegurados y otros acreedores, puesto que pueden evitarse los procedimientos de liquidación.

[11] Artículos 20 de la Directiva 73/239/CEE (DO L 228, 16.8.1973, p.12) y 24 de la Directiva 79/267/CEE (DO L 63, 13.3.1979, p. 12).

No es deseable que todas las medidas de senamiento estén sometidas a las mismas normas en lo referente a la publicidad. Por esta razón, la posición común excluye de la obligación general de publicación determinadas medidas de senamiento que afectan exclusivamente a los derechos de accionistas o miembros o empleados de una compañía de seguros. Es decir, cuando los acreedores de la compañía de seguros no se ven afectados por las medidas de senamiento, la posición común no conlleva ninguna obligación de publicación, a menos que la legislación aplicable a dichas medidas de senamiento (legislación del país de origen) estipule lo contrario.

3.3.3. Equilibrio apropiado entre los derechos de los acreedores de seguros y los de otros acreedores: tratamiento de los créditos (artículos 10 y 12 y anexo)

La propuesta presentada de un método único ("privilegio especial") para el tratamiento de créditos en la liquidación de una compañía de seguros: la afectación exclusiva de los activos que representan las provisiones técnicas a los acreedores de seguros.

Sin embargo, una gran mayoría de los Estados miembros no estaba en condiciones de aceptar una armonización que afecta al delicado equilibrio político existente en su legislación nacional entre las diversas categorías de acreedores en una liquidación (por ejemplo: los acreedores ordinarios, los acreedores de seguros, los empleados, la seguridad social, las autoridades fiscales, los derechos reales [12], etc.). Este problema era la razón principal por la que la discusión sobre esta Directiva se vio bloqueada durante muchos años en el Consejo.

[12] Ésta es una expresión legal que abarca a los tipos de situaciones en que un acreedor puede tener un derecho previo y específico sobre un activo particular. Un ejemplo es una hipoteca sobre una propiedad. Esta última puede formar parte de la cartera general de activos de una compañía de seguros, pero en caso de impago de la hipoteca, el acreedor tendría derecho absoluto al activo, es decir, a la propiedad.

Para evitar este obstáculo, la posición común ha completado la propuesta de la Comisión añadiendo un segundo método ("privilegio general"), optativo para los Estados miembros, para la protección de los acreedores de seguros. La Comisión cree que puede considerarse que ambos métodos, que reflejan los sistemas existentes en la mayoría de los Estados miembros, pueden proporcionar una protección equivalente a los acreedores de seguros.

El artículo 10 de la posición común establece que los Estados miembros pueden elegir entre dos métodos optativos: la concesión a los créditos de seguros de prioridad absoluta sobre cualquier otra demanda con respecto a los activos que representan las provisiones técnicas de la compañía de seguros ("privilegio especial") o la concesión a los créditos de seguros de un rango especial sobre todos los activos de la compañía de seguros (sólo tienen prioridad sobre ellos las demandas sobre sueldos, seguridad social, impuestos y derechos reales) ("privilegio general").

Ciertamente los dos métodos optativos, que proporcionan a los acreedores de seguros un nivel de protección equivalente, no son idénticos. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. El "privilegio especial" confiere a los acreedores de seguros una posición superior a la del "privilegio general", pues los créditos deben prevalecer sobre cualquier otra demanda. Sin embargo, el "privilegio especial" sólo se refiere a los activos que representan las provisiones técnicas, mientras que el "privilegio general" hace referencia a todos los activos de la compañía de seguros. Los dos métodos garantizan un nivel apropiado de protección de los acreedores de seguros y un equilibrio adecuado con otros acreedores de la compañía de seguros.

Además, en el artículo 12 de la posición común se ha establecido una garantía adicional para los acreedores de seguros para el sistema de "privilegio general". Los Estados miembros que apliquen este método necesitarán que cada compañía de seguros cubra las demandas que puedan ser preferentes sobre los créditos (demandas por sueldos, seguridad social, impuestos y derechos reales registrados en las cuentas de las compañía de seguros) mediante activos libres de toda obligación que cumplan las mismas condiciones que los activos que representan las provisiones técnicas. Esta cobertura por activos debe existir en todo momento e independientemente de una posible liquidación. Esa garantía adicional pretende garantizar que las "demandas superprivilegiadas" estén cubiertas con activos suficientes y no comprometan el pago de obligaciones relacionadas con el seguro.

También habría que tener en cuenta que la definición amplia de "créditos" de la posición común [letra k del artículo 2] debe tener un efecto positivo en la protección de los acreedores de seguros puesto que esta definición determina el alcance de la aplicación de los dos métodos optativos. En la posición común se ha realizado un esfuerzo importante para especificar los créditos que deben cubrirse. Todas las cantidades debidas por la compañía de seguros procedentes de una operación de seguros se han incluido en la definición. Además de las demandas realizadas por las personas aseguradas, los tenedores de una póliza de seguros y los beneficiarios, se han considerado como créditos las demandas realizadas por las personas aseguradas con derecho directo de acción contra la compañía de seguros. Por otra parte, la definición incluye la prima debida por la compañía de seguros como resultado de la no conclusión o de la cancelación de una operación de seguro.

En cualquier caso, el sistema dual optativo para el tratamiento de créditos es un progreso importante para la protección de los asegurados en comparación con la situación actual. En este momento, los asegurados de algunos Estados miembros no se benefician de ningún privilegio en caso de liquidación. Por otra parte, la posibilidad de procedimientos de liquidación territoriales y el coste de los litigios legales reducirían considerablemente el reembolso de sus demandas.

3.3.4. Retirada de la autorización (artículo 13)

La posición común adopta en este asunto una solución equilibrada que tiene en cuenta la práctica en los diferentes Estados miembros y guarda el paralelismo con la propuesta sobre la liquidación de entidades de crédito y el Reglamento sobre insolvencia. Establece que la incoación de procedimientos de liquidación supone la retirada de la autorización concedida por los supervisores del país de origen, a menos que ya se hubiera retirado antes. Sin embargo, la retirada de la autorización no impide a la compañía de seguros llevar a cabo actividades que puedan ser necesarias a efectos de la liquidación.

3.3.5. Legislación aplicable (artículos 4, 9 y 19 a 26)

Como consecuencia lógica del principio de unidad, el artículo 9 de la posición común establece que los procedimientos de liquidación y sus efectos están sujetos a la legislación del Estado miembro de origen (lex concursus). La misma regla se aplica a las medidas de senamiento establecidas en el artículo 4. Para aclarar la aplicación práctica de este principio, el apartado 2 del artículo 9 proporciona una lista no exhaustiva de asuntos que se rigen por la "lex concursus", con arreglo al Reglamento sobre insolvencia.

La Directiva, sin embargo, no puede ignorar la existencia de diversos ordenamientos jurídicos en los Estados miembros. Como no puede armonizar aspectos fundamentales de la legislación civil, que quedarían claramente fuera de su alcance, tiene que proteger las expectativas legítimas y reconocer determinadas transacciones preexistentes creadas fuera del Estado miembro de origen. Por lo tanto, la posición común establece normas especiales sobre la legislación aplicable en el caso de derechos particularmente significativos y de relaciones legales. De esta forma, se intenta proteger la certeza y seguridad de las transacciones así como la confianza en los mercados.

En este complejo asunto la posición común tiene muy en cuenta las disposiciones pertinentes del Reglamento sobre insolvencia establecidas en el Consejo por los expertos en legislación civil de los Estados miembros. La incoherencia entre la Directiva y el Reglamento sobre insolvencia en este asunto no estaría justificada y crearía considerables dificultades a los Estados miembros para la aplicación de ambos instrumentos jurídicos en su legislación nacional.

A este respecto, la posición común establece las siguientes normas especiales sobre la legislación aplicable:

(1) Efectos sobre determinados contratos y derechos (artículo 19)

Los efectos de las medidas de senamiento y de los procedimientos de liquidación sobre los contratos laborales, contratos que confieren el derecho a hacer uso o a adquirir bienes inmuebles y los derechos sobre bienes inmuebles, buques o aviones se regirán por la legislación aplicable a estos contratos y derechos. Esto significa, por ejemplo, que el efecto de la liquidación en un contrato laboral o un contrato inmobiliario firmado por la compañía de seguros antes de la incoación de los procedimientos de liquidación (por ejemplo, continuación o terminación del contrato, compensación que debe pagarse, etc.) se regirá por la legislación aplicable al contrato en cuestión. Esto es necesario para proteger las expectativas legítimas de la otra parte contratante (por ejemplo, los empleados) contra la aplicación de una ley extranjera ("lex concursus").

Sin embargo, según se indica en el considerando n° 25 de la posición común, otros problemas como el alojamiento, la verificación, la admisión y la clasificación de las demandas relacionadas con estos contratos y derechos deberá regirse por la "lex concursus". Esto significa, por ejemplo, que, mientras que la situación legal de un contrato laboral y de los derechos y obligaciones de las partes como consecuencia de la incoación de los procedimientos de liquidación se regirán por la legislación del Estado miembro de la legislación aplicable al contrato, la ejecución de cualquier demanda referente a este contrato sobre la compañía de seguros se llevará a cabo con arreglo a la "lex concursus" en el marco de los procedimientos de liquidación.

(2) Derechos reales de terceros (artículo 20) y reserva de dominio (artículo 21)

"Derechos reales" es una expresión legal que cubre las situaciones en que un acreedor puede tener un derecho previo y específico sobre un activo concreto. Un ejemplo es una hipoteca o una propiedad.

Cuando un activo que pertenece a la compañía de seguros, situada fuera del Estado miembro de origen en que se abre la liquidación, está sujeto a un derecho real en favor de un tercero, la posición común establece que este "derecho real" creado en otro Estado miembro no afectará a la incoación del procedimiento de liquidación. Dado que la posición de los "derechos reales" en la legislación sobre quiebra de los Estados miembros no está armonizada, la posición común, con arreglo al Reglamento sobre insolvencia, prefiere que estos "derechos reales" sobre los activos situados fuera del Estado miembro de origen no se vean afectados por los procedimientos de liquidación. La intención es evitar que las expectativas legítimas de un acreedor protegido por un derecho real relacionado con una operación realizada conforme a la legislación de un Estado miembro puedan estar subordinadas a la incoación de los procedimientos de liquidación de otro Estado miembro. Hay que señalar que los "derechos reales" son de gran importancia para la concesión de créditos.

En el caso de una reserva de dominio en favor de un tercero en lo referente a un activo de la compañía de seguros situada fuera del Estado miembro de origen (que es una situación legal muy similar a la de los "derechos reales") la posición común da la misma solución que para los derechos reales por las razones anteriormente explicadas.

(3) Compensación (artículo 22)

En los casos en que las normas sobre conflicto entre legislaciones, el derecho a invocar la compensación surja de una ley nacional distinta de la "lex concursus", la posición común, con arreglo al Reglamento sobre insolvencia, permite al acreedor de la compañía de seguros conservar esta posibilidad como derecho adquirido contra los procedimientos de insolvencia. En este caso, el derecho de compensación no se ve afectado por la incoación del procedimiento.

La razón de esta disposición es la protección de las expectativas legítimas del acreedor. La posibilidad de compensación se convierte en una clase de garantía regida por una legislación en la que puede basarse el acreedor afectado en el momento de la contratación o de incurrir en la demanda. Esta disposición se aplica a la compensación con respecto a las demandas anteriores a la incoación de los procedimientos de liquidación. El reconocimiento de la compensación entre demandas posteriores a la incoación de los procedimientos de liquidación será determinado por la "lex concursus".

(4) Mercados regulados (artículo 23)

Por lo que se refiere al efecto de la Directiva sobre operaciones realizadas en mercados financieros regulados, la posición común mantiene la coherencia con los otros instrumentos jurídicos comunitarios en el ámbito de la insolvencia (la propuesta paralela sobre la liquidación de entidades de crédito y el Reglamento sobre insolvencia).

Los efectos de una medida de senamiento o la incoación de procedimientos de liquidación sobre los derechos y obligaciones de las partes en un mercado regulado se regirán por la legislación aplicable a ese mercado. De esta forma la posición común pretende evitar conflictos potenciales entre la "lex concursus" y la legislación del Estado miembro del mercado para proteger la confianza general en los mercados regulados.

(5) Actos jurídicos perjudiciales (artículo 24)

Esta disposición debe leerse junto con el artículo 9 2 (1) de la posición común que establece, como norma general, que la validez de los actos jurídicos perjudiciales a los acreedores se regirá por la "lex concursus". Esta norma general es aplicable en su totalidad, incluso en los casos anteriormente mencionados en que una ley distinta de la "lex concursus" rige un acto jurídico específico: si este acto es perjudicial para los acreedores, la legislación aplicable para evaluar su validez será la "lex concursus".

El artículo 24 de la posición común contiene sin embargo una excepción a esta regla general. Se refiere a los actos jurídicos llevados a cabo por la compañía de seguros antes de la incoación de los procedimientos de liquidación que cumplen tres condiciones: (i) son perjudiciales para los acreedores en general, (ii) están sujetos a una legislación distinta de la legislación del Estado miembro de origen y (iii) no pueden ser impugnados en el caso pertinente con arreglo a esta legislación. Cuando la persona que se ha beneficiado del acto impugnado presenta pruebas de las tres condiciones antes mencionadas, la validez de estos actos está sujeta a la legislación aplicable al acto y no a la lex concursus.

El objetivo de esta disposición es el de salvaguardar las expectativas legítimas de terceros que hayan realizado operaciones con la compañía de seguros cuando estas operaciones puedan ser impugnadas por la aplicación retroactiva del procedimiento de liquidación o por acciones del liquidador. Hay que señalar que existen diferencias importantes entre la legislación de los Estados miembros por lo que respecta al período y a las condiciones con arreglo a las cuales la validez de un acto jurídico puede verse afectada por los efectos retroactivos de la liquidación. En esta situación, la posición común sigue lo dispuesto en el Reglamento sobre insolvencia. Opta por la aplicación de la legislación que rige el acto jurídico en cuestión para salvaguardar la certeza de las operaciones legales en lugar de dejar la validez del acto a la decisión de una legislación extranjera (lex concursus).

Obviamente, esta disposición no pretende proteger los actos fraudulentos ("consilium fraudis"). Una condición para su aplicación es que la legislación aplicable al acto no permita la impugnación del mismo por ningún medio. Esta condición no puede cumplirse en caso de fraude, puesto que la legislación de todos los Estados miembros contiene acciones legales específicas para declarar nulos de pleno derecho los actos fraudulentos, independientemente de las sanciones penales que implique.

(6) Protección de terceros compradores (artículo 25)

Esta disposición se refiere exclusivamente a determinados actos celebrados tras la adopción de las medidas de senamiento o de la incoación del procedimiento de liquidación. Cuando una compañía de seguros sujeta a una medida de senamiento o a un procedimiento de liquidación celebra un acto para la consideración de un activo inmueble, un buque o un avión, o valores registrados, la validez de ese acto se rige por la legislación de los Estados miembros donde está situada la propiedad.

El objetivo de esta disposición es el de proteger las expectativas legítimas de terceros compradores y facilitar la liquidación de activos por parte del administrador o del liquidador. Si la validez de la compra dependiera de una legislación extranjera (legislación del país de origen) los compradores serían reacios a realizar transacciones con la compañía de seguros sujeta a medidas de senamiento o a la incoación del procedimiento de liquidación.

(7) Causas pendientes (artículo 26)

Los efectos de una medida de senamiento o la incoación del procedimiento de liquidación sobre un pleito pendiente contra la compañía de seguros se regirán por la legislación del Estado miembro en que esté pendiente el pleito.

Es lógico que el efecto de la liquidación sobre un pleito que se haya iniciado antes de la misma siga estando sujeto a la misma legislación hasta que se acabe el pleito y se emita el fallo. Sin embargo, como se indica en el considerando n° 26, los efectos de estas medidas y los procedimientos sobre las acciones ejecutivas individuales que surjan de estos pleitos se regirán por la legislación del Estado miembro de origen.

4. CONCLUSIONES

La Comisión considera que la posición común contiene los elementos más importantes de la propuesta de la Comisión, así como las enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión e incorporadas en su propuesta modificada. La Comisión puede recomendar esta posición común al Parlamento Europeo.

Hecho en Bruselas, [...]

Por la Comisión

El Presidente