ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4.4.3.1

Merece especial atención la ampliación del diálogo social sectorial. El Comité comparte la opinión de la Comisión de que los interlocutores sociales pueden cumplir una función especial de alerta por sus conocimientos sectoriales específicos. Convendría, no obstante, utilizar este instrumento no sólo en situaciones de crisis, sino abarcar todas las situaciones en las que los interlocutores sociales estimen que es necesario intervenir, y no sólo cuando observen una «evolución preocupante». Esto se cohonestaría mejor con las exhortaciones a anticipar y acompañar los procesos de reestructuración.
2.6.2.3

Esto se refiere a múltiples sectores, pero en particular a la educación, la formación profesional inicial y permanente, la salud, los transportes y las telecomunicaciones. La paridad con las otras zonas de la Unión no podría definirse de manera puramente estadística sino que debe apreciarse en términos cualitativos. En los casos de infraestructuras o servicios sofisticados, cuanto más escasa sea la población de una región, más desproporcionados serán su tamaño y coste con relación al número de habitantes. No existe una respuesta uniforme a esta problemática que no sea la aplicación de un principio: contemplar prestaciones de calidad óptima para permitir como mínimo el mantenimiento de la población.
1.6

La experiencia adquirida, no obstante, enseña que en el sector de las tecnologías medioambientales –al igual que en otros muchos sectores económicos– no se dispone de suficientes recursos financieros para realizar todos los proyectos seleccionados y considerados necesarios dentro del período de tiempo que se haya elegido. Por ello, muchas medidas necesarias en política de medio ambiente no pueden realizarse.
4.5.6

decies ), es decir, las que sean más eficaces para cumplir los objetivos declarados de prevención de la contaminación, al tiempo que sean proporcionadas para los operadores. Se establece una diferencia en cuanto a si los animales se crían solo de forma estacional en instalaciones interiores o no y qué tipo de medidas deben adoptarse para la gestión del estiércol. El CESE recomienda que se ofrezcan más incentivos a las explotaciones de producción que demuestren las mejores prácticas medioambientales, en particular la agricultura ecológica y otras prácticas agrícolas que respeten el bienestar de los animales y sean explotaciones al aire libre, preferentemente de razas adaptadas, locales y raras. El nuevo marco debería promover prácticas sostenibles y no incentivar una optimización de los métodos de producción intensiva de ganado, por ejemplo, con más medidas de control del aire al final de la cadena. El documento del sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de 2018 sobre el documento de referencia sectorial acerca de las mejores prácticas de gestión medioambiental para el sector agrícola El CESE considera que es necesario aclarar el contenido de las normas de explotación (artículo 70), es decir, las que sean más eficaces para cumplir los objetivos declarados de prevención de la contaminación, al tiempo que sean proporcionadas para los operadores. Se establece una diferencia en cuanto a si los animales se crían solo de forma estacional en instalaciones interiores o no y qué tipo de medidas deben adoptarse para la gestión del estiércol. El CESE recomienda que se ofrezcan más incentivos a las explotaciones de producción que demuestren las mejores prácticas medioambientales, en particular la agricultura ecológica y otras prácticas agrícolas que respeten el bienestar de los animales y sean explotaciones al aire libre, preferentemente de razas adaptadas, locales y raras. El nuevo marco debería promover prácticas sostenibles y no incentivar una optimización de los métodos de producción intensiva de ganado, por ejemplo, con más medidas de control del aire al final de la cadena. El documento del sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de 2018 sobre el documento de referencia sectorial acerca de las mejores prácticas de gestión medioambiental para el sector agrícola ( 10 ) proporciona una inspiración útil para los puntos de referencia de excelencia que podrían servir de base útil para definir esas normas.
3.13.

Tal y como se señala en la Comunicación, abordar la incitación al odio y los delitos de odio no es solo una cuestión sustantiva sino también de carácter procesal. Por lo tanto, debe prestarse la debida atención a las cuestiones relacionadas con el acceso a la información, la justicia y las medidas coercitivas. Aunque los delitos de odio y la incitación al odio están reconocidos y regulados a nivel nacional, existen muchas lagunas en la aplicación, la denuncia o la investigación. Si no se denuncian e investigan adecuadamente como delitos motivados por prejuicios, los datos sobre la prevalencia de estos delitos en los Estados miembros a escala de la UE no serán fiables.
1.8.

En referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Tercas, el CESE señala que los sistemas de garantía para bancos de financiación privada no sujetos a la influencia dominante del Estado deben considerarse exentos de las normas de la UE sobre ayudas estatales, ya que no constituyen una intervención del Estado en la economía, sino más bien la manifestación de un sistema privado de solidaridad mutua entre entidades de crédito que implica fondos privados y no recursos estatales.
El CESE apoya y acoge favorablemente el inicio de consultas públicas encaminadas a la gestión (gobernanza) de las finanzas públicas. En este contexto, la orientación se centra en: a) el calendario del proceso de saneamiento presupuestario b) la definición de normas para medidas a largo plazo vinculadas a la superación de las consecuencias de la epidemia, pero en particular las inversiones asociadas a la economía verde y digital; y c) la simplificación de las normas presupuestarias. El CESE se remite a sus diversos dictámenes sobre la gobernanza económica y, en particular, sobre las normas presupuestarias. En nuestro último Dictamen ( 11 ) , a este respecto, el CESE aboga por la introducción de una regla de oro para las inversiones públicas junto con una regla de gasto, y señala que tanto a los Parlamentos nacionales como al Parlamento Europeo se les debe asignar un papel destacado en el futuro marco de gobernanza económica de la UE. Por otra parte, el CESE pide una mayor participación de la sociedad civil en el Semestre Europeo, tanto a escala nacional como de la Unión, así como directrices para un período de transición, durante el cual no debería activarse el procedimiento de déficit excesivo.
1.6.

El CESE insta al Gobierno bielorruso a que vele por que las personas presentes en su territorio no sean maltratadas, puedan presentar una solicitud de asilo y no sean devueltas a sus países de origen si su vida y su seguridad están allí en peligro, respetando plenamente el principio de no devolución.
3.8.

El CESE considera que la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores es un factor fundamental. Los fabricantes y diseñadores de máquinas son responsables de la seguridad básica de una máquina. Si no se puede garantizar la seguridad, no se podrá poner en funcionamiento. Las personas que utilizan máquinas a diario no deben verse expuestas a riesgos evitables. Esto significa concretamente que las máquinas deben ser seguras en el momento de su comercialización y durante toda su vida útil. Debe comprobarse periódicamente el cumplimiento de la normativa de seguridad. Las máquinas deberán poder manejarse de manera segura, y todos los dispositivos de seguridad y protección deberán diseñarse de manera que no puedan desconectarse o manipularse con facilidad. Además, todos los riesgos residuales que no puedan eliminarse en la fase de fabricación deberán ser claramente identificables por los usuarios u operarios por medio de marcado y la documentación técnica, en particular, el manual de instrucciones. El CESE recomienda a la Comisión que incluya en la propuesta de Reglamento una recomendación acerca de la necesidad de consultar a los representantes de los trabajadores y a los responsables de la seguridad laboral. Además, deben definirse claramente las responsabilidades de las personas físicas o jurídicas en caso de accidente, en particular en lo que respecta a la utilización de la inteligencia artificial.
3.5.1.

La Ley de Mercados Digitales impone al guardián de acceso la obligación de abstenerse de dar un trato más favorable incluso con respecto a «terceros pertenecientes a la misma empresa». Sin embargo, esta especificación adicional no se repite en otras disposiciones, aunque un guardián de acceso podría evitar la restricción establecida en estas disposiciones proporcionando datos pertinentes a un tercero. Como ejemplo, cabe citar el artículo 5, letra a), o al artículo 6, apartado 1, letra a), donde no se prohíbe la transferencia de datos a un tercero (pertenezca o no a la misma empresa). Aunque el artículo 11 ofrece una posible solución, no consideramos que sea suficiente.
4.7.2.

La digitalización y el auge del comercio electrónico facilitan a los consumidores la compra en línea desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, no todos los productos se atienen a las estrictas normas europeas en materia de seguridad de los productos y protección de los consumidores. Este tipo de situaciones sorprende a menudo a los consumidores. El CESE acoge con satisfacción el objetivo de reforzar el proceso de gestión de riesgos con el fin de proteger mejor el mercado único y, en particular, a sus ciudadanos frente a productos no conformes e inseguros.
1.5.

En su evaluación de los planes nacionales de energía y clima, la Comisión considera que en los planes nacionales de los Estados miembros no se presta suficiente atención al desarrollo de la energía participativa. Esto es preocupante. Pero el hecho de que la Comisión solo reaccione a ello con un llamamiento sumamente genérico a los Estados miembros resulta decepcionante. El que unos objetivos ambiciosos como los establecidos en el paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos» y en la Estrategia Marco de la Unión de la Energía no sean objeto de un seguimiento serio no solo perjudica a la Unión de la Energía sino que también pone en jaque la credibilidad de la política europea en su conjunto.
2.2

En su propuesta relativa a un VIII PMA, la Comisión señala que los programas de acción en materia de medio ambiente «han guiado el desarrollo de la política medioambiental de la UE». No obstante, la Comisión también debe admitir de forma indirecta que estos programas no tuvieron finalmente el impacto que prometían. Así pues, la Comisión concluye que «los avances relacionados con la protección de la naturaleza, la salud y la integración de las políticas eran insuficientes». La Comisión hace referencia, además, al informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente publicado el 4 de diciembre de 2019, titulado «The European Environment — state and outlook 2020» (El medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 2020) (SOER 2020), según el cual «los desafíos climáticos, medioambientales y para la sostenibilidad actuales son de una magnitud y una urgencia sin precedentes, y requieren medidas inmediatas y concertadas, y soluciones sistémicas». Y es que «con el modelo de crecimiento actual, cabe esperar que las presiones medioambientales sigan aumentando, lo que provoca efectos nocivos directos e indirectos en la salud y el bienestar de las personas. Este es el caso, en particular, de los sectores con el mayor impacto medioambiental: alimentación, movilidad, energías, infraestructuras y construcciones».
1.4.

La estabilidad de las finanzas públicas genera resiliencia económica y confianza y redunda en el interés propio de cada Estado miembro. Ahora bien, esto depende de muchos parámetros y en muchos casos no se puede gestionar a nivel nacional. Es probable que los esfuerzos por reducir el gasto público, en particular si están mal diseñados, tengan efectos adversos a medio plazo en otros objetivos políticos clave, además de repercutir, de forma potencialmente negativa, en otros Estados miembros. Las normas presupuestarias actuales y las recomendaciones específicas por país han dado lugar a restricciones de los gastos y de la inversión pública, especialmente en los sistemas sanitarios, lo que, a su vez, se ha traducido en una prolongación de la crisis económica y en enormes dificultades para muchos ciudadanos. Hacer cumplir las normas de esta forma ha resultado ser hasta cierto punto procíclico. En épocas de recesión, han deprimido aún más las economías y han vuelto a presionar sobre las finanzas públicas. Una gobernanza económica solidaria debería llevarse a cabo de tal modo que no debería castigar a los Estados miembros no sean castigados, sino ayudarles a que les permita mejorar su resiliencia a las crisis y a lograr la sostenibilidad y la inclusión del crecimiento y las finanzas públicas.
Cada año acaecen más de 3,2 millones de accidentes no mortales en la Unión Europea y aproximadamente 4 000 personas mueren en accidentes. Según una estimación moderada, 100 000 personas mueren como consecuencia de algún tipo de cáncer relacionado con el trabajo. Muchos accidentes no se declaran y es probable que las cifras reales sean muy superiores. En esta cifra, por ejemplo, no se incluyen los datos sobre los trabajadores fallecidos de camino al trabajo, ni tampoco el número de suicidios relacionados con el trabajo. Asimismo, algunos trabajadores no declaran los accidentes laborales no mortales ( 2 )
1.8.

Si bien el CESE reconoce que las autoridades públicas podrían necesitar contratar agencias especializadas para efectuar las comprobaciones necesarias, insiste en que, no obstante, dichas autoridades deben seguir ostentando la responsabilidad principal de admitir o denegar las solicitudes. Asimismo, las autoridades deben adoptar un conjunto de medidas para evitar conflictos de intereses o riesgos de cohecho. En particular, las agencias especializadas han de seleccionarse con arreglo a unos principios de contratación sólidos que otorguen prioridad al servicio de alta calidad por encima del coste de las prestaciones, así como tener prohibido comercializar los regímenes o prestar servicios adicionales a los solicitantes, y además deberán percibir una remuneración que no dependa del resultado de las solicitudes.
3.3.

El Comité toma nota de que la consulta pública no ha alcanzado una efectiva unanimidad en todos los países miembros (propuesta rechazada en Grecia y Chipre) y, sobre todo, la gran mayoría de los participantes procede de un solo país (Alemania). Esto demuestra que este tema despierta un interés real en algunos países, pero no en toda la UE. Concretamente, el Comité considera que ninguna consulta pública en línea puede sustituir los procesos de concertación democrática a todos los niveles y en cada fase del proceso legislativo ( ex ante , in itinere y ex post ).
2.1.17.

Las organizaciones de la sociedad civil deben englobar una amplia gama de agentes con cometidos y mandatos diferentes lo cual incluye todas las no estatales, sin ánimo de lucro, no partidistas y no violentas, a través de las cuales los ciudadanos se organizan para alcanzar objetivos e ideales comunes, ya sean políticos, culturales, sociales o económicos. Las organizaciones de la sociedad civil operan desde la esfera local hasta la nacional, regional e internacional, e incluyen organizaciones tanto urbanas como rurales, formales e informales.
2.11.

El CESE también está de acuerdo con el principio de que no debería haber más inversión financiera de la UE para emprendedores si no existe un diálogo con la Unión. Este «lema», anunciado recientemente por el comisario Moedas en una sesión pública, refleja la ambiciosa idea de una interacción más directa con los empresarios y candidatos, aunque también una actitud muy arriesgada, pues aún no está claro qué tipo de recursos van a asignarse a las entrevistas con candidatos y sigue siendo necesario que todo el proceso sea eficiente. No obstante, el CESE está completamente preparado para respaldar este nuevo enfoque e incluso ofrece su ayuda para colaborar en el proceso brindando la experiencia que atesoran sus miembros y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que los respaldan.
3.7.

La evaluación de impacto ampliada ha desvelado que la confianza en los sistemas de etiquetado era una cuestión sensible e importante, lo que atribuye una fuerte responsabilidad a la regulación, dado que se debe seleccionar y comunicar un pequeño número de parámetros de información precisos y fiables . Por otra parte, se trata de una tarea costosa para los órganos nacionales competentes de vigilancia del mercado, dado que no solo deben proteger a los consumidores , sino también a los fabricantes honestos, a fin de que estos últimos no se encuentren en una situación de desventaja competitiva respecto a empresas que son menos fiables, o que no lo son en absoluto, y en consecuencia se sufraguen costes más bajos y apliquen precios inferiores.
3.6.

Las empresas tecnológicas en cuestión tienen una parte de la responsabilidad, ya que desempeñan una función global en el proceso. No se identifican como editoriales sino como «meras» plataformas en línea, que distribuyen información y otros contenidos creados por los medios tradicionales, pero sin tener que sufragar los costes de mantener un equipo editorial que se encargue de la creación de contenido. Se distribuye contenido de otras fuentes sin verificar, evaluar, analizar o interpretar el material que publican. «Google no es “solo” una plataforma. Condiciona, transforma y distorsiona la manera en que vemos el mundo», fue una de las conclusiones de un artículo titulado «The great Brexit robbery: how our democracy was hijacked» (La gran estafa del Brexit : cómo se secuestró nuestra democracia), publicado en The Guardian, y en el que se analizaba cómo una «operación mundial encubierta […] llevada a cabo por las diversas fuerzas de la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea influyó sobre el resultado del referéndum de la UE». Dado que la desinformación y las noticias fiables se presentan sin distinción, a los usuarios les resulta difícil distinguir una de la otra. Por tanto, las empresas tecnológicas deben dar prioridad a la transparencia sobre las normas y los datos. Especial importancia reviste el grado de transparencia de la relación entre las políticas de ingresos publicitarios de las plataformas y la difusión de desinformación. (A este respecto, deben seguirse de cerca las negociaciones en marcha sobre el código de buenas prácticas sobre la desinformación que debería haberse publicado a finales de julio de 2018).
1.5.

La medida provisional propuesta por la Comisión para gravar determinados servicios digitales no grava los beneficios empresariales, sino el volumen de negocios. El CESE subraya que este enfoque es diferente al sistema mundial de imposición de las sociedades, que se basa en gravar los beneficios, aunque reconoce que, en el caso de las empresas digitales que no tienen presencia física, el país de venta no recaudará impuestos por los beneficios de las sociedades.
3.2

El CESE señala asimismo que la consulta pública llevada a cabo entre octubre de 2016 y enero de 2017 para documentar la evaluación intermedia del Programa Euratom 2014-2018 y la propuesta de Programa Euratom 2019-2020 ha puesto de manifiesto valoraciones globalmente positivas: el 80 % de los participantes consideraron el programa pertinente (de acuerdo o muy de acuerdo). Por otra parte, los participantes valoraron en particular los resultados obtenidos en lo que respecta a la educación y la formación, la investigación sobre la gestión de los residuos, la seguridad de los reactores existentes y la investigación sobre la fusión. No obstante, no parece que el programa haya tenido un efecto de palanca en las inversiones privadas.
6.6.

El CESE expresa su preocupación por el hecho de que demasiados estudios y encuestas de la Comisión se subcontraten a consultores privados, que no conocen en profundidad las políticas de las pymes y sus efectos, ya que no están en contacto diario con ellas y no las representan. Se necesitan urgentemente organismos científicos independientes y asociaciones público-privadas que cooperen con las organizaciones de pymes para aportar un valor añadido real a las pymes a nivel de la UE.
3.14

Nuevas desigualdades y riesgos sociales en la era digital podrían derivarse también del fenómeno de la exclusión digital, es decir, de la posesión o no por algunos grupos de población de las competencias informáticas necesarias y la alfabetización digital esencial para el acceso a información y servicios, en ocasiones esenciales. El CESE considera que la sostenibilidad social se basa también en contar con oportunidades justas y efectivas para la formación a lo largo de toda la vida desde la infancia. Se trata de una condición indispensable, en particular para las personas con discapacidad, especialmente en las nuevas profesiones digitales. Dicha formación debería tener en cuenta la potencial exclusión de amplios grupos de población (en particular, personas de edad avanzada, ciudadanos que viven en zonas periféricas, migrantes, personas poco cualificadas, etc.) como consecuencia de la exclusión digital. En la era digital, es esencial garantizar el acceso a internet, proporcionar formación en alfabetización digital a personas en riesgo de desempleo y brindarles la oportunidad de ejercer sus derechos y tener acceso a los servicios sociales, especialmente a los fundamentales. El Comité insta a los interlocutores sociales y a las instituciones a que, en colaboración con la sociedad civil organizada, actúen con prontitud para introducir medidas a tal fin.
1.3.

El problema crucial para garantizar el éxito de la política de biodiversidad es que, para los propietarios y los usuarios de las tierras, las medidas de promoción o de conservación de la biodiversidad en su mayor parte no son una fuente de ingresos, sino más bien un factor de costes. Sin embargo, las medidas de protección de la biodiversidad —ya sea dentro o fuera de Natura 2000— deben ser económicamente viables para aquellos que las llevan a cabo. No pueden ni deben realizarse a su costa. Todos los programas puestos en marcha hasta la fecha por la UE y los Estados miembros no han sido capaces de resolver este dilema básico, y el plan de acción, en el que se habla a menudo de situaciones que resulten beneficiosas para todos, lamentablemente no ofrece ningún planteamiento eficaz para ello.
3.11.

El CESE reconoce que los PEPP tienen más probabilidades de atraer a un número limitado de grupos, en particular, a profesionales móviles que trabajan en distintos Estados miembros a lo largo de su vida laboral, a trabajadores por cuenta propia y a aquellos que viven en países en los que los mercados de productos de pensiones individuales no están desarrollados. No obstante, el CESE entiende que la Comisión considere las pensiones de empleo igual de importantes, tal y como subrayaba la revisión de la Directiva relativa a los fondos de pensiones de empleo (FPE), que establece los requisitos de gobernanza básicos para los fondos de pensiones de empleo. Al igual que en el caso de la revisión de la Directiva FPE, el objetivo de la presente propuesta de Reglamento también es mejorar la gobernanza y la transparencia, promover la actividad transfronteriza y desarrollar más promotores de PEPP como inversores a largo plazo.
iv)

Las prestaciones sociales para las personas que no ejercen una actividad económica: en este caso, la propuesta tiene como objetivo codificar la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conforme a la cual los ciudadanos que no ejercen una actividad económica y se trasladan de un Estado miembro a otro solo pueden acceder a prestaciones sociales si cumplen la condición de residencia legal, tal como se define en la Directiva sobre la libertad de circulación. Sin embargo, la residencia legal de las personas que no ejercen una actividad económica exige que demuestren que tienen medios de subsistencia suficientes y un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos. Esta condición no se aplica a los solicitante de empleo activos: el artículo 45 del TFUE les confiere directamente su derecho de residencia en otro Estado miembro.