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la prosecución de los esfuerzos en materia de ahorros 
energéticos y desarrollo de energías renovables; 
la prosecución de los programas de desarrollo de los 
recursos energéticos comunitarios competitivos, velando 
así por la protección del medio ambiente; el desarrollo de la importación de combustibles, princi­
palmente sólidos, procedentes de los países en vías de 
desarrollo, y sobre todo de los países asociados, cuyos 
recursos competitivos podrían desarrollarse provechosa­
mente con la ayuda de la Comunidad (como hemos 
mencionado más arriba, al final de capítulo 3.2.2) 
Hecho en Bruselas, el 2 de julio de 1987. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
Dictamen sobre la evolución social en la Comunidad en 1986 
(87/C 232/22) 
Procedimiento 
El 26 de junio de 1987, la Comisión, de conformidad con las disposiciones del artículo 198 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, decidió consultar al Comité Económico 
y Social sobre el dictamen mencionado arriba. 
La Sección de Asuntos Sociales, Familiares, de Educación y Cultura, encargada de preparar los 
trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 21 de mayo de 1987, basándose en el informe del Sr. 
Mourgues. 
El Comité Económico y Social, durante su 247a Sesión Plenaria, sesión del 2 de julio de 1987, adoptó 
el siguiente dictamen: 
1. Principales características de la situación económica y 
social en la Comunidad en 1986 
1.1. Durante el año 1986, el índice de crecimiento 
económico de la Comunidad considerada en su conjunto ha 
sido de 2,5 % (2,4 % en 1985), la inflación ha continuado su 
regresión y el nivel de gastos de las administraciones 
públicas, expresado en porcentaje del PIB, ha proseguido 
también su baja. 
La productividad ha seguido aumentado, la baja de los 
índices de costes salariales unitarios reales ha proseguido 
( - 1,2 %) y los índices de rentabilidad y de competitividad 
han continuado su progresión. 
1.2. Estas evoluciones han venido acompañadas por un 
crecimiento global del empleo del orden del 0,7 % (0,4 % en 
1985), pero no han impedido un aumento de aproximada­
mente 250 000 parados con relación al año anterior, con lo 
que el nivel medio de desempleo en 1986 ha quedado fijado 
en 16,1 millones, es decir, el 12 % de la población activa. 
La parte correspondiente al paro de larga duración ha 
continuado su progresión, de forma que aproximadamente el 40 % de los parados llevan más de un año sin trabajo. En 
cuanto a la proporción media de parados de menos de 25 
años, ha pasado del 38,5 % en 1985 al 37,2 % en 1986. El 
procentaje de mujeres entre los parados ha sido en 1986 el 
43,6 %, en lugar del 42,3 % de 1985. 
1.3. El Comité es consciente del hecho de que las 
tendencias generales que acabamos de referir engloban 
situaciones y evoluciones nacionales y regionales que son a 
veces muy diferentes, lo que constituye un motivo de 
preocupación para la cohesión económica y social de la 
Comunidad. 
También es verdad que debido a las diferencias que subsisten 
en los métodos y las definiciones estadísticas de los Estados 
miembros, el alcance y la comparabilidad de los datos 
pueden resultar polémicos. Se debe hacer un esfuerzo sin 
tardanza para poner a disposición de los medios interesados 
los datos más fiables y comparables. 
El Comité considera además que la definición y la aplicación 
de políticas eficaces y capaces de abarcar los diversos 
aspectos del paro exigen un análisis más profundo y 
31. 8. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 232/79 
detallado del fenómeno, así como un mejor conocimiento de 
su estructura, pues las cifras globales no ofrecen más que una 
visión imperfecta de la realidad y de la diversidad de las 
situaciones. Convendría particularmente intentar diferenciar 
en mayor medida las siguientes categorías: personas en busca 
de un primer empleo, aquéllas que han perdido su empleo, 
parados de larga duración y los que han dejado de recibir el 
subsidio de paro, titulados sin empleo, personas insuficien­
temente cualificadas, y mujeres que se reintegran al circuito 
de trabajo. 
Estas situaciones específicas, cuyas causas y naturaleza son 
muy diferentes, deben identificarse y analizarse para que las 
políticas destinadas a luchar contra el paro puedan tener en 
cuenta las necesidades características de las diferentes regio­
nes y sectores de la población. 
1.4. El Comité observa que pese a la mejora de los 
resultados económicos y los esfuerzos de todo tipo realizados 
en la mayoría de los Estados miembros, particularmente en 
pro del empleo (planes para el empleo de los jóvenes, lucha 
contra el paro de larga duración), la situación social de la 
Comunidad sigue siendo preocupante y exige una acción de 
envergadura por parte de la Comunidad y de los Estados 
miembros en estrecha colaboración con los interlocutores 
sociales. 
2. Balance y evaluación de las acciones comunitarias rela­
tivas al ámbito social 
2.1. Pese a la adopción de algunas disposiciones impor­
tantes (directiva sobre la igualdad de remuneración entre 
hombres y mujeres que ejerzan una actividad independiente, 
directiva relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales 
de seguridad social), los dos Consejos «Trabajo y Asuntos 
Sociales» que se celebraron durante el año 1986 (5 de julio y 
11 de diciembre) no condujeron a decisiones concretas 
referente a propuestas importantes sobre las cuales se ha 
pronunciado ya varias veces el Comité desde hace tiempo. 
2.2. Por ello, es necesario advertir y lamentar una vez más 
la extrema lentitud del proceso comunitario de toma de 
decisiones en el ámbito social. Además, cuando se adoptan, a 
menudo tras muchas peripecias y largos retrasos, numerosos 
textos (como por ejemplo la directiva sobre la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en los regímenes de seguridad 
social), quedan con frecuencia demasiado edulcorados, tanto 
en lo que se refiere a su alcance como a los medios, sobre todo 
financieros, puestos a disposición de la Comunidad para 
llevar a cabo las acciones que se le ha encargado emprender. 
Por último hay que añadir que la aplicación efectiva de las 
disposiciones comunitarias que ya han sido adoptadas no se 
realiza siempre en las condiciones y en los plazos desea­
bles. 
2.3. Las conclusiones del Consejo de 22 de junio de 
1984 (*) relativas a un programa de acción social a medio plazo, aunque sólo correspondían de forma imperfecta a las 
orientaciones dadas por el Comité en su dictamen sobre la 
evolución social en 1983 (2), incluían algunas orientaciones 
prometedoras Sin embargo, hay que señalar que a falta de 
compromisos y de los calendarios precisos que habían 
caracterizado al primer programa de acción social de la 
Comunidad en 1974, estas conclusiones no han llevado 
siempre a la Comisión a emprender las acciones e iniciativas 
que exige la gravedad de la situación social. 
2.4. El Comité lamenta de forma general la insuficiente 
coherencia entre las políticas de los Estados miembros, así 
como las reticencias de algunos de ellos a dar curso a las 
propuestas de la Comisión y a respetar íntegramente, y en los 
plazos previstos, los compromisos contraídos en el seno del 
Consejo. Las críticas formuladas respecto a las dificultades 
de aplicación de la estrategia de cooperación para el 
crecimiento y el empleo confirman esta situación. 
2.5. En lo que se refiere al futuro, el Comité toma nota de 
la Resolución adoptada por el Consejo el 11 de diciembre de 
1986 relativa a un programa de acción para el crecimiento del 
empleo (3). El Comité prestará especial atención a la reali­
zación del programa, dentro de los plazos razonables y con 
los instrumentos apropiados. Asimismo, es necesario aportar 
los medios financieros indispensables para la realización de 
las acciones que debe emprender la Comisión. El Comité 
advierte con interés que en dicha Resolución el Consejo 
menciona la consulta al Comité sobre las propuestas que se 
presentarán en aplicación del programa, y que se invita a la 
Comisión a presentar cada seis meses al Parlamento y al 
Comité Económico y Social un informe escrito resumido 
sobre los progresos realizados en la ejecución del programa y 
sobre los trabajos futuros. 
3. Diálogo social, objetivos y resultados 
3.1. La Comisión considera con mucha razón que el 
diálogo social constituye un elemento esencial de la «estra­
tegia de cooperación para el crecimiento y el empleo». Por su 
parte, el Comité ha prestado siempre su apoyo al desarrollo 
de un diálogo social comunitario que, en el período actual, es 
tanto más indispensable cuanto que debe favorecer y orientar 
la reactivación del crecimiento y velar porque esta reactiva­
ción contribuya a una mejora significativa de la situación del 
empleo. 
3.2. Por esta razón, el Comité se congratula de la apertura 
y la prosecución de lo que se ha dado en llamar «diálogo de 
Val Duchesse». En los casos en que se han expresado 
dictámenes comunes [dictámenes comunes relativos a la 
estrategia de cooperación para el crecimiento y el empleo 
(noviembre de 1986) y a las nuevas tecnologías y el diálogo 
social (marzo de 1987)], es necesario concretar sin demora 
(>) DO n° C 175 de 4. 7. 1984. (2) DO n° C 307 de 19. 11. 1984. 
(3) DO n° C 340 de 31. 12. 1986. 
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los acuerdos alcanzados. Pero también resulta conveniente 
proseguir y llevar a buen término, obteniendo resultados 
concretos, las discusiones que versan sobre los demás 
aspectos importantes, sobre todo los relativos al empleo y a 
las condiciones de trabajo. El Comité considera que las 
cuestiones debatidas en Val Duchesse forman un todo 
respecto al cual es preciso alcanzar un equilibrio global. 
3.3. El Comité recuerda que el diálogo social, que debe 
desarrollarse a todos los niveles e incluir a todas las partes 
interesadas, no puede constituir, a cualquier nivel en que se 
sitúe, un fin en sí mismo. La multiplicidad de marcos para el 
diálogo a nivel comunitario (Comité Económico y Social, 
Comité permanente de empleo, Val Duchesse, etc.) y el 
interés de los debates que en ellos se desarrollan no pueden en 
ningún caso servir de coartada para disimular la escasez de 
medidas indispensables para producir una mejora significa­
tiva y duradera de la situación del empleo. 
3.4. El Comité considera por su parte que el diálogo 
social debe contribuir a crear un clima favorable y conducir a 
resultados tangibles, que puedan prolongarse por medio de 
medidas concretas de naturaleza contractual, según las 
prácticas existentes en los direrentes Estados miembros, o 
incluso provocar una reforma de la legislación, particular­
mente en los campos prioritarios del nivel y de la calidad del 
empleo, de las condiciones de trabajo y de la situación 
profesional de los asalariados. 
En esta materia es necesario distinguir, por una parte, lo que 
compete a la legislación nacional o comunitaria, como la 
protección de la salud y de la seguridad en los centros de 
trabajo, y por otra parte lo que compete a las negociaciones 
colectivas. Desde esta perspectiva, la Comisión y el Consejo 
deben extraer conclusiones del diálogo social. A este respec­
to, los acuerdos de orientación concertados a nivel europeo 
deberían tener repercusiones en cada uno de los Estados 
miembros, permitiendo así la apertura de negociaciones a 
nivel de sectores de actividad y después de empresas. 
Huelga decir que el diálogo social que debe proseguirse y 
desarrollarse a nivel europeo no debe sustituir al diálogo 
social existente en el plano nacional, sino por el contrario 
estimular las negociaciones colectivas que se desarrollan, a 
niveles apropiados, en el seno de los Estados miembros. 
3.5. Paralela y complementariamente a este diálogo, 
corresponde a la Comisión y al Consejo ejercer las respon­
sabilidades que les confiere el Tratado para proponer, 
adoptar y aplicar los instrumentos comunitarios necesarios 
para la realización de los objetivos declarados, utilizando 
para ello todos los recursos que ofrecen las disposiciones del 
Acta Única. Ello implica naturalmente una voluntad política 
más clara por parte de los Estados miembros. 
3.6. Además, la estrecha interdependencia entre política 
económica y política social exige que un crecimiento econó­mico sostenido vaya acompañado de una evolución social 
paralela, pero, a la inversa, la cohesión y la solidaridad social 
son indispensables para el crecimiento económico. Esta es la 
perspectiva desde la que debe concebirse y aplicarse la 
«estrategia de cooperación para el crecimiento y el empleo». 
Los resultados económicos y sociales de algunos países 
miembros que practican este diálogo demuestran, mediante 
la práctica de la negociación colectiva, su utilidad y su 
eficacia. 
4. Perspectivas ofrecidas por las disposiciones del Acta 
Única con vistas a mejorar los mecanismos de decisión 
comunitaria en el ámbito social (a) 
4.1. La observación que hemos hecho más arriba sobre el 
mecanismo comunitario de toma de decisiones nos lleva a 
invitar a la Comisión a utilizar con discernimiento pero con 
firmeza las nuevas posibilidades que ofrece el Acta Única en 
lo que se refiere a la mejora de las condiciones de trabajo para 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores (artículo 
118 A), al desarrollo del diálogo entre interlocutores sociales 
a nivel europeo (artículo 118 B) y al reforzamiento de la 
cohesión económica y social (artículo 130 A). 
4.2. La suerte reservada a algunas propuestas pendientes 
depende en gran medida de la interpretación y la aplicación 
de las disposiciones del Acta Única. El Comité espera, en 
particular, que la Comisión tome sin demora las iniciativas 
capaces de desbloquear por fin estas propuestas, que afectan 
de forma muy directa a la mejora de las condiciones de 
trabajo y a la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
4.3. El Comité considera asimismo que más allá de las 
perspectivas ofrecidas por la aplicación del Acta Única para 
mejorar en profundidad los mecanismos de decisión, el 
advenimiento de una política social comunitaria digna de este 
nombre exige una renovación de la voluntad política de la 
Comisión, del Consejo, de los Estados miembros y de todas 
las partes interesadas en comprometerse a seguir el camino de 
una auténtica Comunidad económica y social. 
5. Temas de acción prioritarios de la política social comu­
nitaria 
Empleo 
5.1. El Comité recuerda la prioridad de la lucha contra el 
paro, tal como se expone en «la estrategia comunitaria de 
cooperación para el crecimiento y el empleo». Llama la 
atención sobre la amenaza que representa para el equilibrio 
social y las instituciones democráticas la existencia de un 
i1) Ver a este respecto el dictamen sobre el documento «Llevar a 
buen término el Acta Única: una nueva frontera para Europa» 
(DO n° C 180 de 8. 7. 1987). 
31. 8. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 232/81 
número creciente de parados, la prolongación de la duración 
del paro y la persistencia de situaciones de pobreza. 
5.2. El Comité estima que las posibilidades de inversión 
generadas por el crecimiento deberían orientarse en mayor 
medida hacia la creación de empleo. Además, se admite por 
regla general que incluso ante la perspectiva de una mejora de 
la relación crecimiento-empleo, los índices de crecimiento 
previstos no alcanzarán, al menos de forma inmediata, un 
nivel suficiente para provocar una reducción sustancial del 
paro. El Comité señala a este respecto que los índices de 
crecimiento previstos para 1986 no se han alcanzado plena­
mente, y que las perspectivas para 1986 son poco optimistas. 
Por tanto, la persistencia de un elevado nivel de paro puede 
aumentar las dificultades de la plena realización, en condi­
ciones económicas y sociales satisfactorias, del gran mercado 
interior previsto para 1992. 
5.3. Dado que las fuerzas del mercado no han podido ni 
podrán generar por sí solas un nivel de crecimiento suficiente 
para mejorar de forma significativa y duradera la situación 
del empleo, es necesario aplicar otros tipos de medidas que 
actúen sobre el mercado de trabajo y combatan el paro. Se 
debe hacer un esfuerzo muy especial en pro de la inserción 
profesional de los jóvenes y de la lucha contra el paro de larga 
duración, que afecta ya de modo particular a la población 
entre los 25 y los 40 años. 
5.4. El Comité estima que la mejora de la situación del 
empleo exige asimismo una reactivación selectiva y coordi­
nada de la economía de los Estados miembros. Con este fin, 
una aceleración de las inversiones privadas, sobre todo por 
medio de incentivos apropiados que creen un clima favora­
ble, reforzaría la competitividad de la economía europea y 
permitiría crear nuevos empleos. Por otra parte, las inver­
siones públicas en equipos e infraestructura, incluso a escala 
europea, provocarían también la creación de nuevos em­
pleos. El Comité recuerda además los efectos multiplicadores 
que tendría en estos diversos sectores una acción mejor 
concertada a nivel europeo, tanto en el plano económico 
como en el industrial. 
5.5. En el sector de las inversiones, el Comité recomienda 
un enfoque más equilibrado que combine los diversos tipos 
de inversiones (a corto y a largo plazo, privadas o públicas, 
de racionalización o creadoras de empleos). Asimismo 
conviene dar mayor importancia a los aspectos cualitativos 
del crecimiento y, por ejemplo, al potencial de creación de 
empleo inducido por una sana política de medio ambiente, 
por el desarrollo de la vida cultural, etc. Por último, el 
Comité recomienda que se definan las políticas apropiadas 
para que los medios financieros disponibles se orienten 
preferentemente hacia inversiones creadoras de empleo y no 
hacia inversiones puramente especulativas. 5.6. La política de la «oferta» debe ir a la par de la política 
de la «demanda», pues esta última implica una recuperación 
del nivel de vida de la población, que debe permitir reactivar 
el consumo interior y reorientarlo hacia aspectos más 
cualitativos (condiciones de vida y de trabajo, bienes de 
equipo colectivos, vivienda, etc.). 
5.7. Esta política dinámica de crecimiento económico 
que da prioridad a la lucha contra el paro debe ir acompa­
ñada de una concertación entre los interlocutores sociales y 
los gobiernos de los Estados miembros que permita adquirir 
compromisos y concluir convenios colectivos, que constitu­
yen uno de los medios principales para garantizar el equili­
brio social indispensable. El Comité subraya igualmente el 
interés que ofrece, no sólo en el ámbito social sino también en 
el de los resultados económicos, un buen funcionamiento de 
los procedimientos de negociación y la creación, a niveles 
apropiados, de mecanismos de información y consulta de los 
representantes de los trabajadores, sobre todo en la intro­
ducción de nuevas tecnologías que afectan a la organización 
del trabajo y al empleo. 
Nuevas formas de empleo 
5.8. Existe una tendencia manifiesta a desarrollar nuevas 
formas de empleo basadas en una mayor adaptabilidad en la 
organización del trabajo y en la utilización del aparato 
productivo, como confirman recientes estudios de la OCDE 
(La flexibilidad del mercado de trabajo — París 1986) y del 
BIT (Conditions of work digest: flexibility in working time 
volume 5 — 2/1986). Se trata principalmente del trabajo 
temporal, del trabajo a domicilio y sobre todo del trabajo con 
horario reducido. La Comunidad debería realizar un análisis 
detallado de los aspectos positivos y negativos de estas 
nuevas formas de empleo. 
5.9. Aunque el recurso a estas formas de empleo puede 
constituir en algunos casos una solución a problemas 
específicos, relacionados con modificaciones que se produ­
cen en la organización del trabajo en determinados sectores, 
y aunque puede asimismo responder a las aspiraciones de 
algunas categorías de asalariados, el Comité advierte no 
obstante que estas formas de empleo, sobre todo el trabajo 
con horario reducido, no son siempre el resultado de una 
verdadera elección y no están justificadas en todos los casos 
por razones objetivas de organización del trabajo. El Comité 
considera, en particular, como señala un informe de la 
OCDE (La flexibilidad del mercado de trabajo — París 
1986), que si el trabajo con horario reducido no es volunta­
rio, sólo es otra forma de subempleo. 
5.10. Además, por su propia naturaleza y por las condi­
ciones en que se desarrollan, estas formas de empleo 
presentan con demasiada frecuencia aspectos negativos, por 
ejemplo en el terreno de la protección social, de las condi­
ciones de trabajo, de la formación profesional y de las 
perspectivas de evolución profesional. Asimismo, deberían 
ser objeto de disposiciones y garantías convencionales apro­
piadas y recibir, en el terreno de la legislación laboral, una 
protección idéntica a la que reciben los contratos de trabajo 
de jornada completa; hasta el momento esta protección ha 
sido insuficiente. 
N° C 232/82 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 8. 87 
5.11. En dictámenes anteriores sobre el trabajo con 
horario reducido, el Comité ha subrayado siempre (*) que 
esta forma de empleo no puede considerarse como una 
alternativa a una política de fomento del empleo, ni aislarse 
de las medidas que intentan mejorar en profundidad la 
situación del empleo y las condiciones de trabajo. 
5.12. A riesgo de perturbar el mercado de trabajo, el 
incremento de estas formas de empleo, que deben seguir 
basándose en la elección voluntaria, no debe dar lugar a 
abusos. El Comité subraya a este respecto la necesidad de que 
el Consejo de las Comunidades adopte sin demora las 
propuestas de directivas relativas al trabajo con horario 
reducido elegido y al trabajo temporal, sobre las cuales se 
pronunció el Comité en 1982 y 1983 (2). 
5.13. Asimismo es preciso reforzar los medios indispen­
sables para luchar contra el aumento del trabajo «sumergi­
do», que supone una competencia desleal entre las empresas, 
no concede a los trabajadores ninguna protección social y 
pone en peligro el equilibrio de los regímenes de protección 
social. 
5.14. El Comité subraya además que en el marco de la 
lucha contra el paro es necesario fomentar la reducción y la 
reordenación del horario laboral, también por medio de la 
negociación colectiva. El Comité solicita en particular que 
una parte de los beneficios de la productividad se utilicen 
para sufragar una reducción negociada del horario laboral, 
teniendo en cuenta las características de los diversos sectores 
de actividad. 
Educación y formación 
5.15. En el campo de la educación, las nuevas exigencias 
de una sociedad que se transforma rápidamente, tanto en el 
plano tecnológico como sociológico (importancia creciente 
de la calidad de la vida), deben incitar a la aplicación de 
soluciones que permitan preparar mejor a los jóvenes para la 
vida adulta y profesional, y para los diversos aspectos de una 
sociedad en la que la importancia y la propia concepción del 
trabajo, del ocio, de las actividades culturales, etc., habrán 
evolucionado con toda probabilidad de forma considera­
ble. 
5.16. Se debe hacer hincapié en la necesidad de disponer 
de sistemas educativos mejor adaptados a las necesidades y a 
la evolución del individuo, de la sociedad y de la economía. 
Conviene, en particular, desarrollar la formación polivalente 
y de carácter amplio, ampliar el acceso a la enseñanza 
superior y luchar contra el analfabetismo. Es preciso replan­
tear la educación para desarrollar la conciencia crítica, el 
-espíritu de iniciativa y las facultades de adaptación a los 
cambios rápidos y frecuentes que caracterizarán la vida 
profesional. Desde esta perspectiva, el Comité subraya de 
(>') DO n° C269 de 13. 11. 1978 y DO n° C 178 de 15. 7. 
1982. 
(2) DO p° C 178 de 15. 7. 1982 y n° C 176 de 4. 7. 1983. nuevo la necesidad de una mayor coherencia entre sistemas 
de educación y sistemas de formación. Asimismo, un de­
sarrollo de las relaciones entre estos sistemas y el mundo del 
trabajo debería facilitar también una transición más armo­
niosa entre la educación-formación y la vida activa. Por 
último, hay que avanzar en el camino del reconocimiento 
mutuo de los títulos y de las cualificaciones, lo que, asociado 
al fomento de la enseñanza de idiomas, tendría un efecto 
positivo sobre la movilidad. A este respecto, se debería 
incitar al Consejo a adoptar lo antes posible el programa YES 
e invitar a la Comisión a aplicar rápidamente el programa 
ERASMUS. Asimismo se debería prestar mayor ayuda al 
CEDEFOP en sus esfuerzos por resolver los problemas 
planteados en materia de formación y de empleo a los jóvenes 
que no tienen una formación superior. 
5.17. El Comité insta también a la Comisión a proseguir 
sus esfuerzos por mejorar la formación en el conjunto de la 
Comunidad, conseguir una mayor coherencia entre los 
sistemas nacionales y reforzar la correspondencia de las 
cualificaciones de formación profesional entre los Estados 
miembros. Estos esfuerzos deben conducir a una mejora de 
las cualificaciones profesionales y a una mayor adecuación de 
éstas a las necesidades del mercado del trabajo. Ello supone 
asimismo la existencia de sistemas de formación profesional 
para los jóvenes (formación alternativa, oontratos de apren­
dizaje) y la promoción sistemática de las posibilidades de 
educación y de formación permanente de los adultos (3). 
5.18. Ya sea a nivel del mercado de trabajo considerado 
en su conjunto o a nivel de empresas, una gestión preventiva 
de las necesidades en materia de cualificaciones y una 
evaluación mas sistemática y regular de los resultados de las 
acciones de formación contribuirían también a garantizar 
una mejor adecuación entre la formación y las necesidades de 
la economía y de la sociedad en el ámbito del empleo. 
5.19. La formación, que constituye una inversión de 
futuro, adquiere una importancia particular con el cambio 
tecnológico, que va acompañado, para casi todas las cate­
gorías de trabajadores, de modificaciones considerables de 
los métodos y el contenido del trabajo y de las exigencias en 
materia de cualificaciones, especialmente en determinados 
sectores de actividad (riesgo de inadecuación entre las 
titulaciones y los empleos propuestos, escasez de determina­
dos titulados). 
5.20. En el marco del establecimiento de estos sistemas de 
formación, sería necesario consultar y lograr la participación 
(3) Véanse a este respecto los dictámenes del CES sobre los 
documentos de la Comisión relativos a la formación permanente 
délos asalariados en empresas (DO n° C 180 de 8. 7. 1987) y el 
programa de acción para la formación y la preparación de los 
jóvenes para la vida adulta y profesional (DO n° C 180 de 8. 7. 
1987). 
31. 8. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 232/83 
de interlocutores sociales en mayor medida que actualmen­
te (*). En efecto, tal como señala el informe económico anual 
1986—1987 el diálogo social a todos los niveles debe 
permitir también controlar mejor las consecuencia sociales y 
sobre el empleo de las mutaciones estructurales y tecnológi­
cas. 
Protección de la salud y de la seguridad en el centro de 
trabajo 
5.21. En lo que se refiere a las condiciones de trabajo, el 
Comité lamenta que a pesar de los esfuerzos loables realiza­
dos por la Comisión en el terreno de la protección de la salud 
y de la seguridad en el centro de trabajo, las solicitudes 
precisas y razonadas presentadas por el Comité en dos 
dictámenes de iniciativa sobre la elaboración de directivas 
relativas a la medicina laboral y al cáncer profesional no 
hayan conducido todavía a la adopción de propuestas por 
parte de la Comisión. El Comité resalta a este respecto las 
perspectivas ofrecidas por el Acta Única y solicita a las 
instancias comunitarias que las aproveche sin tardanza. 
Salvaguardia de la protección social 
5.22. Los datos disponibles señalan una evolución hacia 
una reducción del porcentaje de los gastos de protección 
social en relación con el PIB. El Comité se muestra muy 
preocupado por la tendencia a la regresión de la contribución 
de los Estados a la financiación de la protección social 
colectiva. En su dictamen sobre la situación social en 
1985 (2), el Comité había deplorado esta situación, así como 
la tendencia observada en la mayoría de los Estados 
miembros a recurrir, para resolver los problemas de finan­
ciación de los sistemas de seguridad social, bien a la 
reducción de las medidas de protección social, bien al 
aumento de las contribuciones de las empresas y los traba­
jadores. Es importante mantener el principio de la solidari­
dad efectiva entre los diversos sectores de la población y 
poner fin al deterioro de la protección social. 
5.23. Aunque es cierto que la financiación de la protec­
ción social constituye una carga para la hacienda pública, no 
hay que perder de vista que la salvaguardia de sistemas de 
protección social eficaces contribuye al mantenimiento del 
equilibrio social y a la salvaguardia de las instituciones 
democráticas, y ofrece además múltiples ventajas incluso en 
el plano económico. Como ya ha señalado el Comité en 
varias ocasiones (3), las sumas recaudadas para la seguridad 
social no desaparecen del circuito económico; vuelven a 
introducirse en él en forma de prestaciones y empleos 
diversos que contribuyen al mantenimiento de la actividad 
económica y de la demanda interior. 
5.24. El Comité recuerda que el debate sobre la protec­
ción social debe tener en cuenta también parámetros tales 
como las perspectivas de evolución demográfica (Informe del 
(!) Véase a este respecto el dictamen sobre los aspectos sociales de 
las nuevas tecnologías — DO n° C 307 del 19. 11. 1984 y el 
informe sobre el mismo tema. 
(2) DO n° C 328 del 22. 12. 1986. 
(3) DO n° C 343 del 24. 12. 1984 y DO n° C 328 del 22. 12. 
1986. CE S de 19 de j unió de 198 5), el peso de Ja fiscalidad sobre los 
diversos sectores de la población activa y las.desigualdades en 
la contribución a la financiación de los diferentes regímes. 
5.25. La reducción de los medios con relación al aumento 
de las necesidades implica, en efecto, un aumento del número 
de personas no cubiertas o insuficientemente cubiertas por 
los sistemas de protección social. Ello provoca asimismo 
desigualdades, una «marginalización» de los sectores parti­
cularmente vulnerables (personas de edad avanzada, parados 
que ya no reciben subsidio, minusválidos) y un aumento del 
número de personas que alcanzan el umbral de pobreza. El 
Comité subraya que a menudo las categorías de personas que 
están ya más duramente afectadas por los problemas del 
empleo son las que se ven de nuevo perjudicadas cuando el 
nivel de prestaciones sociales no es suficiente o cuando están 
pura y simplemente fuera de cualquier sistema de protección 
social. Esta evolución conduce a situaciones dramáticas de 
acumulación de desventajas (pérdida del empleo, reducción o 
desaparición de la protección social, falta de vivienda 
decente, problemas de educación de los hijos, etc.). 
5.26. La persistencia de estas situaciones es inadmisible, y 
para mejorar la suerte de estos sectores más desfavorecidos 
de la población es necesario emprender una acción enérgica y 
en profundidad. La relegación de una parte cada vez mayor 
de la población a condiciones de vida por debajo del mínimo 
social de existencia pone en evidencia de manera especial­
mente dramática los graves peligros que suponen los atenta­
dos contra el principio de la seguridad social preventiva. Este 
aspecto preventivo del funcionamiento de los sistemas de 
protección social debe mantenerse, pues no sólo garantiza 
unas medidas socialmente más justas, sino que además 
presenta, según explican las observaciones incluidas en el 
punto 5.23, aspectos positivos en el terreno económico. 
5.27. En suma, sin ignorar las dificultades que existen en 
la materia, el Comité insta a la Comisión a no renunciar a los 
esfuerzos encaminados a una aproximación progresiva de los 
sistemas de protección social. 
6. Conclusiones 
6.1. El Comité desea recordar su adhesión a la realización 
de los objetivos de la política social tal como están enuncia­
dos en el artículo 2 del Tratado de Roma: la promoción de un 
desarrollo armonioso que facilite una elevación del nivel de 
vida a todos los ciudadanos de la Comunidad. 
6.2. Con este espíritu, el Comité recomienda a la Comi­
sión promover una política de reactivación económica 
selectiva y coordinada, lo que implica una mayor determi­
nación política de los Estados miembros para luchar contra el 
paro y mantener el nivel de la protección social. 
N° C 232/84 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 8. 87 
6.3. El Comité recomienda asimismo a la Comisión, en el 
marco de la reforma de los fondos estructurales, reorientar 
algunos instrumentos de la política comunitaria para promo­
ver la cohesión económica y social en la Comunidad. 
En este sentido, se debería revisar el funcionamiento del 
Fondo Social Europeo inspirándose para ello sobre todo en 
las disposiciones que figuran en el artículo 56 del Tratado 
CECA. Se debería dotar al Fondo Social Europeo de medios 
financieros más importantes (sólo representa el 7 % del 
presupuesto comunitario) que le permitan convertirse en un 
instrumento más amplio y eficaz para contribuir a desarrollar 
la formación profesional y la formación permanente, permi­
tiendo así a los trabajadores europeos responder mejor a los 
desafíos del cambio tecnológico. 
Esta reforma debería en suma permitir reforzar a todos los 
niveles la participación de los interlocutores sociales en los 
proyectos del FSE (desarrollar los procedimientos de consul­
ta, de información, etc.). Para reducir las disparidades regionales dentro de la Comu­
nidad, sería asimismo necesario aumentar los recursos 
asignados al FEDER y hacer un esfuerzo particular en 
relación con las regiones afectadas por la fuerte regresión de 
una monoindustria, incluidas las regiones fronterizas (*). A 
este respecto, y desde la perspectiva de la reforma de los 
Fondos estructurales, el Comité subraya la necesidad de una 
coordinación más efectiva entre las intervenciones del Fondo 
Social y las del FEDER. 
6.4. El Comité desea que la Comisión responda a las 
orientaciones incluidas en el Acta Única Europea para 
conseguir la plena realización de un mercado interior 
comunitario en 1992 y una evolución paralela en el campo de 
la política social europea (2). Pero la aplicación efectiva de 
estas orientaciones no podrá llevarse a cabo sin una voluntad 
política más clara por parte de los Estados miembros. 
(a) Véase a este respecto el dictamen en curso de elaboración. 
(2) Véase a este respecto el informe en preparación sobre los 
aspeaos sociales del mercado interior. 
Hecho en Bruselas, el 2 de julio de 1987. 
Enmienda propuesta 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
ANEXO 
Las siguientes enmiendas, que obtuvieron un número de votos favorables equivalente a la cuarta parte de los 
sufragios emitidos, fueron rechazadas en el curso de los debates: 
Punto 3.2 
Suprimir la segunda frase y sustituirla por: 
«En los casos en los que se han expresado dictámenes comunes, se debería proseguir el diálogo y alcanzar acuerdos 
a nivel nacional en los Estados miembros» 
Exposición de motivos 
El diálogo social a nivel comunitario debería reflejarse en desarrollos paralelos a nivel nacional y respetar la 
autonomía de las instituciones sociales de los Estados miembros. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 34, votos en contra: 69, abstenciones: 6. 
Punto 3.3, primera frase 
Suprimir «que debe desarrollarse ...» hasta «... a todos los elementos concernidos» 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 36, votos en contra: 68, abstenciones: 12. 
31. 8. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 232/85 
Punto 3.4, primer párrafo 
Texto enmendado: 
Primer párrafo, desde «... que pueden prolongarse . . . hasta el final». 
Enmienda propuesta 
Supresión del texto entrecomillado. 
Exposición de motivos 
El diálogo social se inscribe en el ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes interesadas, y sólo a ellas les 
corresponde establecer la naturaleza, el carácter, el contenido y el alcance de sus actos. Hacer una mezcolanza de 
conceptos como diálogo social, negociación colectiva y reforma legislativa no conduciría más que a una confusión 
notable. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 38, votos en contra: 73, abstenciones: 8. 
Punto 3.4, primer párrafo 
Suprimir «o incluso provocar una reforma de la legislación». 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 32, votos en contra: 64, abstenciones: 16. 
Dictamen sobre límites para la contaminación radiactiva de los productos agrícolas y del agua 
potable 0) 
(87/C 232/23) 
Con arreglo a lo dispuesto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, y especialmente en el artículo 31, el 25 de mayo de 1987 la Comisión de las Comunidades 
Europeas decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el dictamen mencionado arriba. 
El Comité Económico y Social decidió encargar al Sr. Sai'u, como ponente general, la preparación de 
los trabajos en la materia. 
En su 247a Sesión Plenaria, (reunión del 2 de julio de 1987) el Comité Económico y Social adoptó por 
45 votos a favor, 22 en contra y 9 abstenciones el siguiente dictamen: 
El Comité Económico y Social aprueba las propuestas de la Comisión relativas a los límites para la 
contaminación radiactiva de los productos agrarios y agua potable. 
No obstante, el Comité considera que su aprobación debe quedar sujeta a las observaciones generales 
y específicas siguientes: 
1. Observaciones generales 
1.1. El Comité recuerda que las propuestas de la Comi­
sión no deben ser valoradas aisladamente. Dichas propuestas 
(•) DO n° C 174 de 2. 7. 1987, p. 6. se inscriben en el marco de un sistema permanente destinado 
a fijar límites para la contaminación radiactiva del agua 
potable y de los productos agrícolas en caso de accidente 
nuclear, para cuyo establecimiento la Comisión presentó en 
el mes de enero de 1987 un proyecto de propuesta de 
reglamento del Consejo, sobre el cual fue consultado el 
Comité.