P9_TA(2021)0441

Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre las directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente (2021/2923(RSP))

(2022/C 184/13)

El Parlamento Europeo,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (8) (en lo sucesivo, «Reglamento Aarhus»),

Visto el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 (en lo sucesivo, «Legislación europea sobre el clima») (10) ,

C.

Considerando que los ambiciosos objetivos de la Unión en materia de energía y clima plantean retos sin precedentes y que requerirán niveles muy elevados de inversión pública y privada; que la inacción en este ámbito sería más costosa, pues no hacer o retrasar las inversiones para completar la transición ecológica podría costar a la Unión hasta el 5,6 % de su PIB en 2050;

Considerando que las normas sobre ayudas estatales, en especial, las relativas al clima, la energía y la protección del medio ambiente, deben facilitar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles de conformidad con la legislación europea sobre el clima, y no deben provocar efectos de dependencia de las emisiones de gases de efecto invernadero ni la creación de activos obsoletos, ni tampoco contribuir a los mismos;

Considerando que la revisión de las directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente debe contribuir a una transición justa y, por tanto, tomar en consideración los aspectos sociales en sus objetivos, también en las directrices sobre mecanismos de licitación, a fin de contrarrestar las consecuencias y desigualdades sociales desproporcionadas y no intencionales, teniendo en cuenta que 30 millones de personas (el 6,9 % de la población de la Unión) viven en condiciones de pobreza energética, con claras diferencias entre los Estados miembros;

Observa que las directrices sobre ayudas estatales tienen el objetivo de facilitar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles; subraya, no obstante, que todo apoyo excepcional brindado a proyectos basados en gas fósil debe contribuir a reducir significativamente las emisiones globales y evitar la dependencia de los combustibles fósiles a largo plazo gracias a un diseño preparado para el futuro, como en el caso de los proyectos basados en gas sujetos a un plazo vinculante en el que convertirse en activos específicos para el hidrógeno en consonancia con la legislación sobre infraestructuras energéticas; hace hincapié en la necesidad de establecer calendarios de inversiones proporcionales en energías renovables y exige el control y los criterios más estrictos;

Destaca que las ayudas estatales en el ámbito del clima, la protección del medio ambiente y la energía constituyen un instrumento clave a medio plazo para hacer frente a los picos en los precios de la energía, en particular apoyando medidas de eficiencia energética y fuentes de energía renovables sostenibles; considera que las políticas y medidas de eficiencia energética, especialmente para los edificios, son importantes para las personas vulnerables; expresa su preocupación por el hecho de que, en el proyecto de directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente, la categoría de ayuda destinada a la mejora del rendimiento energético y medioambiental de los edificios no sea lo suficientemente ambiciosa, pues prevé reformas menores únicamente; pide a la Comisión que eleve el requisito básico de reducir la demanda de energía primaria en los edificios al menos en un 40 %, el nivel mínimo necesario para alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050 para el sector de los edificios; pide a la Comisión que amplíe la posibilidad de flexibilizar las directrices sobre ayudas estatales en lo que respecta a medidas medioambientales para la vivienda social en toda la Unión;

Hace hincapié en que, dada la ambición del paquete «Objetivo 55», es posible que bastantes sectores requieran apoyo público a través de las ayudas estatales; pide a la Comisión que incluya más sectores como elegibles para ayudas estatales en las directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022; en particular, para la ayuda en forma de reducciones de los gravámenes sobre la electricidad para los grandes consumidores de energía;

Subraya que no fijar normas sólidas sobre ayudas estatales en consonancia con el paquete «Objetivo 55» y el Pacto Verde Europeo podría acarrear consecuencias negativas para la competitividad y la sostenibilidad de la industria de la Unión, poner en peligro la creación de empleo y la recuperación económica de la Unión y, en última instancia, socavar la eficacia de la agenda climática de la Unión;

Acoge con beneplácito el objetivo general de ampliar el ámbito de aplicación de las directrices sobre ayudas estatales en materia de clima y energía para abarcar nuevas esferas, como la movilidad limpia, lo que aumenta la flexibilidad y racionaliza las normas actuales; observa, no obstante, que es necesaria una mayor ambición en lo que respecta a las ayudas estatales destinadas al clima, la protección del medio ambiente, las energías renovables y la eficiencia energética, y que se requieren definiciones y metodologías de evaluación claras para los nuevos conceptos que han sido introducidos por las directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente;

se definen qué «costes adicionales» pueden optar a ayudas estatales para facilitar el cierre de actividades rentables, como se hizo con las ayudas estatales para facilitar el cierre de actividades no competitivas;

se exige la presentación de una evaluación de impacto integral y comparaciones con alternativas eficientes desde el punto de vista energético y, cuando estas sean insuficientes, con alternativas de energías renovables más sostenibles para las necesidades energéticas pendientes, a fin de demostrar que se conceden ayudas estatales a la solución basada en energías renovables más rentable, más eficiente desde el punto de vista energético y más sostenible a largo plazo, en consonancia con los conocimientos científicos más recientes y con los objetivos del Pacto Verde Europeo, en particular las metas en materia de eficiencia energética y energías renovables;

se introducen salvaguardias claras en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y las actividades conexas, teniendo en cuenta las subvenciones históricas directas e indirectas recibidas, las responsabilidades de las empresas de reconvertir las instalaciones tras el cierre y, en general, todas las responsabilidades con arreglo al principio de que quien contamina paga, que no deben pagarse con ayudas estatales; tales salvaguardias podrían conseguirse fijando fechas de cierre obligatorias, por ejemplo, una fecha de finalización del régimen de ayudas al cierre o una eliminación gradual de las ayudas;

17.

Insiste en que, a fin de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, es necesario implementar de forma inmediata y masiva medidas de eficiencia energética y tecnologías de energías renovables; destaca que la inversión pública en eficiencia energética y energías renovables no solo reducirá las emisiones a largo plazo sino que también empujará a la baja los precios de la energía y los estabilizará, lo que liberará una mayor renta disponible y, en último término, fortalecerá la prosperidad y la seguridad energética de la Unión; observa con preocupación que el proyecto de directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente suprime la categoría de ayuda dedicada al apoyo a las energías renovables y las hace competir por las ayudas estatales con otras soluciones hipocarbónicas, es decir, basadas en combustibles fósiles; pide, por tanto, que las directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente incluyan un capítulo específico sobre el apoyo a las energías renovables, y que este destaque que los sistemas de apoyo específicos por tecnología deben ser la norma y no la excepción, y prevea además la posibilidad de contar con niveles de ayuda diferenciados por regiones a fin de permitir la diversificación y la integración rentable de sistemas de energías renovables en el ámbito regional; pide que, en consonancia con la Directiva sobre fuentes de energía renovables, se introduzca un capítulo específico con disposiciones consagradas a apoyar a las comunidades de energías renovables de todos los tamaños y a los agentes más pequeños, por ejemplo eximiéndolos de la subasta obligatoria o aumentando sustancialmente los umbrales para que queden exentos de la subasta o, si ello no fuera posible, por lo menos manteniéndolos en los niveles de las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía;