1. 7. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 172/9 
2. La realización de este objetivo exige, en especial, 
que se favorezca una toma de conciencia ante los si­
guientes elementos: 
— el medio ambiente como patrimonio común de la hu­
manidad; 
— el equilibrio ecológico y la importancia de la conser­
vación del mismo; 
— el derecho a disfrutar de un medio ambiente no con­
taminado; 
— la necesidad de garantizar una utilización racional de 
los recursos naturales; 
— los efectos de las actividades humanas en el medio 
ambiente local, nacional y general; 
— la forma en la que cada uno puede contribuir, con su 
actitud, en especial como consumidor, a la protección 
del medio ambiente. 
Artículo 2 
1. Las autoridades competentes de los Estados miem­
bros garantizarán la inclusión de los elementos definidos 
en el apartado 2 del artículo 1 en todos los niveles de la 
educación general y de la formación profesional (in­
cluida la destinada a los adultos), en colaboración con 
las entidades locales y, si fuera el caso, con los padres de 
los alumnos. 
Para ello, las autoridades competentes de los Estados 
miembros: 
— tendrán en cuenta dichos elementos en la elaboración 
de los programas de enseñanza y de las disciplinas 
correspondientes y en la organización de los cursos 
interdisciplinarios; 
— preveerán actividades paraescolares para poner a 
prueba prácticamente los conocimientos teóricos ad­
quiridos en materia de medio ambiente; 
— adoptarán las medidas adecuadas para desarrollar los 
conocimientos del personal docente, tanto en su for­
mación inicial como en la formación continuada, y 
favorecer su perfeccionamiento mediante experiencias 
piloto y proyectos de investigación; 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, su artículo 235, — emprenderán las acciones necesarias para poner a 
disposición del personal docente y de los alumnos el 
material pedagógico adecuado; 
2. Los Estados miembros favorecerán también la for­
mación de especialistas en las diferentes disciplinas rela­
cionadas con el medio ambiente, incluyendo temas de 
ecología en los programas de perfeccionamiento. Se tra­
tará también de incluir estos temas en la formación pro­
fesional, incluida la enseñanza universitaria, a fin de 
orientar el comportamiento de los futuros profesionales 
hacia una actitud más favorable a la salvaguarda del me­
dio ambiente y de los recursos naturales. 
3. Con el fin de asegurar una mejor integración de las 
acciones definidas en los dos apartados anteriores en las 
estructuras y orientaciones pedagógicas de los respecti­
vos sistemas de enseñanza y de formación profesional, 
las autoridades competentes de cada uno de los Estados 
miembros elaborarán un programa en el que se definirán 
las características de la realización del objetivo definido 
en el apartado 1 del artículo 1. 
4. Esta programación deberá tener en cuenta en espe­
cial el hecho de que la educación y la formación profe­
sional en materia de medio ambiente es un principio de 
enseñanza interdisciplinar que forma parte tanto de las 
ciencias de la naturaleza como de las ciencias sociales. 
Artículo 3 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para atenerse a la presente decisión a más tardar el 1 de 
abril de 1990 y las comunicarán sin demora a la Comi­
sión. 
Artículo 4 
La Comisión presentará al Consejo y al Parlamento Eu­
ropeo antes del 1 de julio de 1992 un informe sobre la 
aplicación de la presente Decisión. 
Artículo 5 
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Esta­
dos miembros. 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, Propuesta de recomendación del Consejo a los Estados miembros sobre el fomento de la colabo­
ración entre empresas públicas de suministro de electricidad y productores privados 
COM(88) 225 final 
(Presentada por la Comisión el 19 de mayo de 1988) 
(88/C 172/10) 
N°C 172/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 1.7. 88 
Considerando que, en su Resolución de 16 de septiembre 
de 1986 relativa a los nuevos objetivos de política ener­
gética comunitaria para 1995 ('), el Consejo hacía refe­
rencia a la utilización más eficaz de la energía en todos 
los sectores, así como a una mayor participación de 
fuentes de energía nuevas y renovables como objetivos 
sectoriales; 
Considerando que, con arreglo a la Resolución del Con­
sejo, de 26 de noviembre de 1986, relativa a una orienta­
ción comunitaria de desarrollo de la fuentes nuevas y re­
novables de energía (2), la Comisión ya ha propuesto al 
Consejo una recomendación para los Estados miembros 
sobre la mayor utilización de fuentes renovables de ener­
gía en la Comunidad (3); 
Considerando que también la cogeneración de calor y 
electricidad y las energías residuales (incineración de ba­
suras y aprovechamiento del calor residual industrial) 
pueden contribuir de forma significativa al logro de los 
objetivos de la política energética comunitaria para 1995 
mediante su potencial de ahorro de fuentes de energía 
no renovables o de sustitución de derivados del petróleo; 
Considerando que la producción de electricidad consti­
tuye un campo de aplicación común de las fuentes reno­
vables de energía, de las energías residuales y de la coge­
neración de calor y electricidad (denominadas conjunta­
mente en lo sucesivo RRC) y que, por tanto, reviste una 
importancia fundamental para el desarrollo de estas posi­
bilidades de producción de energía; 
Considerando que estos procedimientos de generación 
de electricidad en principio son adecuados por sus méto­
dos para la producción privada de energía, aparte de los 
sistemas públicos de suministro; 
Considerando que la rentabilidad de la producción pri­
vada a partir de RRC depende también de las condicio­
nes de colaboración con las empresas públicas de sumi­
nistro de electricidad, es decir, de las condiciones relati­
vas a la introducción de corriente excedentaria, la adqui­
sición de corriente adicional y el mantenimiento de una 
reserva; 
Considerando que ciertas disposiciones legales y admi­
nistrativas actualmente vigentes pueden representar un 
obstáculo ante el desarrollo de la producción privada a 
partir de RRC; 
Considerando que el precio de la introducción del pro­
ductor privado en la red pública debería regirse en la 
medida de lo posible por los costes que pueden evitarse 
en el suministro público, con el fin de garantizar al pro­
ductor privado unos ingresos convenientes; 
Considerando que la colaboración para el ahorro de 
energía entre productores privados y empresas públicas 
de suministro de electricidad debería estar regulada sobre 
bases comunes por un conjunto de medidas adecuadas y 
que así se conseguirían mejores condiciones para seguir 
desarrollando la producción privada de electricidad a 
partir de RRC en la Comunidad, 
(') DO n° C 241 de 25. 9. 1986. 
O DO n° C 316 de 9. 12. 1986. 
(5) COM(87) 432 final de 28. 9. 1987. RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS: 
1. Elaborar un marco jurídico para fomentar la produc­
ción privada de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables de energía, de energías residuales o me­
diante la cogeneración de calor y electricidad, con el 
fin de favorecer la colaboración entre empresas públi­
cas de suministro de electricidad y todos los produc­
tores privados que trabajen a partir de RRC, marco 
en que se regulen las condiciones de abastecimiento 
mutuo en lo relativo a cantidades y precios mediante 
acuerdos comunes; 
2. Favorecer la creación de dicho marco por la introduc­
ción de criterios contractuales unitarios, en concreto: 
— mediante el acuerdo voluntario entre los interesa­
dos, 
— o bien, en caso necesario, mediante la publicación 
de disposiciones legales o administrativas especia­
les, 
así como adaptar de forma conveniente las vigentes 
disposiciones legales o administrativas que se opongan 
a tales criterios. También habría que considerar si es 
necesario establecer procedimientos especiales para la 
resolución de conflictos sobre las condiciones contrac­
tuales; 
3. Garantizar, en el contexto de dichos acuerdos o dis­
posiciones, 
3.1. que, con respecto a las cantidades, 
— la producción privada de energía eléctrica a 
partir de RRC sea posible en principio y no 
se vea impedida por disposiciones legales y 
administrativas ni por condiciones de las em­
presas públicas de suministro de electricidad, 
siempre que dicha producción no sea perjudi­
cial para los intereses públicos; 
— las empresas públicas de suministro de electri­
cidad queden obligadas a ofrecer la compra 
de las cantidades de corriente obtenidas por 
los productores privados a partir de RRC, 
siempre que esto no perjudique a la explota­
ción económica de alguna instalación ya exis­
tente de generación de las empresas públicas 
de suministro de electricidad; 
3.2. que, con respecto a los precios, 
— para la energía eléctrica generada en las ins­
talaciones privadas a partir de RRC e intro­
ducida en la red de suministro público, las ta­
sas de alimentación 
— se fijen independientemente de la energía 
inicial empleada en esta producción pri­
vada, 
1. 7. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 172/11 
se fijen básicamente según los costes que 
puedan evitarse en el abastecimiento pú­
blico de la zona correspondiente con arre­
glo a una media a largo plazo, 
correspondan al menos a los costes varia­
bles evitables en el suministro público, es 
decir, fundamentalmente los costes del 
empleo de combustible que pueda evi­
tarse, 
garantizar al alimentador en principio una 
compensación adicional en la medida en 
que ayude a evitar costes al suministro pú­
blico en la generación o adquisición de 
energía eléctrica. El importe de esta com­
pensación debería depender de la regula­ridad con que se pudiera disponer de la 
producción de la central eléctrica del pro­
ductor privado, especialmente en los mo­
mentos de mayor carga, 
— las tasas para la adquisición de corriente a 
partir de la red de suministro público se fijen 
de forma que los productores privados reci­
ban la misma consideración que otros com­
pradores similares sin producción privada, 
— las normas sobre estas tasas adopten la forma 
más transparente posible; 
4. Informar a la Comisión tras el plazo de tres años so­
bre la evolución de la colaboración entre empresas 
públicas de suministro eléctrico y productores priva­
dos.