COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 18.11.2020 COM(2020) 744 final PROPUESTA DE INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO

DE LA COMISIÓN Y DEL CONSEJO





ÍNDICE PREFACIO PRINCIPALES MENSAJES 1. PANORAMA DE LAS TENDENCIAS Y LOS RETOS SOCIALES Y DEL MERCADO LABORAL EN LA UNIÓN EUROPEA 1.1. Tendencias del mercado laboral 1.2. Tendencias sociales 2. INSTANTÁNEAS DEL CUADRO DE INDICADORES SOCIALES 2.1 Explicación del cuadro de indicadores 2.2 Datos del cuadro de indicadores sociales 3. REFORMAS EN MATERIA SOCIAL Y DE EMPLEO: RESULTADOS Y ACTUACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS 3.1. Orientación n.º 5: Impulsar la demanda de mano de obra 3.1.1. Indicadores clave 3.1.2. Medidas adoptadas por los Estados miembros 3.2. Orientación n.º 6: Aumentar la oferta de trabajo y mejorar el acceso al empleo, las capacidades y las competencias 3.2.1. Indicadores clave 3.2.2. Medidas adoptadas por los Estados miembros 3.3. Orientación n.º 7: Mejorar el funcionamiento de los mercados laborales y la eficacia del diálogo social 3.3.1. Indicadores clave 3.3.2. Medidas adoptadas por los Estados miembros

3.4. Orientación n.º 8: Promover la igualdad de oportunidades para todos, fomentar la integración social y combatir la pobreza 3.4.1. Indicadores clave 3.4.2. Medidas adoptadas por los Estados miembros



PREFACIO El artículo 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Comisión Europea y el Consejo deben elaborar el Informe Conjunto sobre el Empleo. La propuesta de dicho informe realizada por la Comisión Europea forma parte del «paquete de otoño». El Informe Conjunto sobre el Empleo ofrece un resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo en la Unión Europea, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. El Informe respeta la estructura de las orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), aumentar la oferta de trabajo y mejorar el acceso al empleo, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6), mejorar el buen funcionamiento de los mercados laborales y la eficacia del diálogo social (orientación n.º 7), y promover la igualdad de oportunidades para todos, fomentar la integración social y combatir la pobreza (orientación n.º 8). Además, el Informe Conjunto sobre el Empleo supervisa los resultados de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales, establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales. El pilar fue proclamado de forma conjunta por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, e identifica principios y derechos en tres ámbitos: i) igualdad de oportunidades y de acceso al mercado laboral, ii) condiciones de trabajo justas y iii) protección e inclusión social. La vigilancia de la evolución en estas áreas está respaldada por un análisis detallado del cuadro de indicadores sociales que acompaña al pilar. El Informe Conjunto sobre el Empleo se estructura de la siguiente forma: un capítulo introductorio (capítulo 1) describe las principales tendencias sociales y del mercado laboral en la Unión Europea para definir el contexto; en el capítulo 2 se presentan los principales resultados del análisis del cuadro de indicadores sociales asociado al pilar europeo de derechos sociales; y en el capítulo 3 se ofrece una descripción detallada por país de los indicadores clave (incluidos los del cuadro de indicadores sociales), atendiendo a los resultados obtenidos por los Estados miembros y las dificultades a las que se enfrentan, así como a las políticas que aplican para seguir las orientaciones para las políticas de empleo.

PRINCIPALES MENSAJES Antes de ser golpeada por la crisis de la COVID-19, la UE estaba experimentando un crecimiento continuo del empleo, aunque en desaceleración. Siguiendo la tendencia de resultados positivos en los mercados laborales iniciada en 2013, el empleo siguió creciendo en 2019 y alcanzó un nivel sin precedentes a final de año. Los esfuerzos de reforma realizados por los Estados miembros tras la crisis financiera contribuyeron a este crecimiento generador de empleo, a pesar de que algunos Estados miembros y regiones siguieron teniendo dificultades, especialmente en lo relativo a la integración en el mercado laboral de los grupos vulnerables. La pandemia de COVID-19 invirtió esta tendencia y cambió repentinamente nuestra manera de trabajar y de vivir. Asimismo, ha pasado una gran factura en términos de vidas humanas y ha provocado una perturbación económica sin precedentes. La respuesta de las autoridades europeas y nacionales ha sido rápida. Salvaguardar la salud y los puestos de trabajo de los ciudadanos se ha convertido en la máxima prioridad estratégica. Los Estados miembros han prestado especial ayuda a los grupos y sectores más afectados. La aplicación de estas medidas ha evitado, hasta este momento, una crisis masiva en términos sociales y laborales en la UE. No obstante, siguen existiendo grandes incertidumbres, sobre todo en relación con cuánto durará la pandemia, cuándo se materializará la recuperación económica sostenible y cuáles serán las consecuencias para los más vulnerables. La situación varía de un país a otro, en parte debido a la herencia del pasado. Los Estados miembros que ya afrontaban serios desafíos socioeconómicos antes de la pandemia están ahora todavía más expuestos a las vulnerabilidades. Aplicar el pilar europeo de derechos sociales es clave para garantizar que la recuperación sea justa e inclusiva. Los principios del pilar, establecidos en torno a las tres dimensiones de igualdad de oportunidades y de acceso al mercado laboral, condiciones de trabajo justas y protección, sanidad e inclusión social, deben guiar el diseño de las medidas estratégicas en apoyo de los trabajadores y los hogares. La lucha contra el impacto de la pandemia y la preparación de la recuperación requieren fomentar la resiliencia social y la convergencia al alza, convirtiendo a las personas en los protagonistas. Las orientaciones de las políticas de empleo recién adoptadas integran las directrices específicas destinadas a mitigar las repercusiones laborales y sociales de la COVID-19 y proporcionan a los Estados miembros orientaciones concretas sobre la manera de modernizar las instituciones del mercado laboral, la educación y la formación, así como los sistemas sanitarios y de protección social, a fin de que sean más inclusivos y justos. También incorporan nuevos elementos que reflejan las prioridades de la Unión, en particular en lo relativo a unas transiciones ecológica y digital socialmente justas. Un objetivo clave del Pacto Verde Europeo es convertir los desafíos climáticos y medioambientales en oportunidades y lograr que la transición sea justa e inclusiva para todos. La reacción de la UE ante la crisis ha sido rápida y contundente. Los Estados miembros han ofrecido un apoyo financiero sin precedentes a fin de mitigar las repercusiones económicas, sociales y sanitarias de la crisis y de fomentar la recuperación, en particular mediante el nuevo instrumento SURE, el Instrumento de Asistencia Urgente y la mayor flexibilidad en el uso de los fondos de la política de cohesión contemplada en la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus. Además, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (un elemento clave de Next Generation EU) facilitará apoyo financiero a gran escala para impulsar las reformas e inversiones destinadas a respaldar la creación de empleo y logrará que las economías, las sociedades y los sistemas sanitarios de la UE sean más resilientes y estén mejor preparados para la doble transición. Se trata de una oportunidad única de impulsar la inversión en las personas y acelerar la recuperación económica. Esta respuesta rápida se enmarca en una estrategia a largo plazo y contribuye a la capacidad de la Unión de alcanzar sus objetivos a largo plazo. El Informe Conjunto sobre el Empleo tiene por objeto ayudar a los Estados miembros a detectar ámbitos prioritarios para las reformas y la inversión. De conformidad con el artículo 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Informe Conjunto sobre el Empleo ofrece un resumen de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo en Europa, así como de la aplicación de las orientaciones para las políticas de empleo. Desde su inicio, ha sido una parte integral del Semestre Europeo, pues destaca los principales desafíos sociales y en materia de empleo que deben abordarse en el ciclo anual, como parte del «paquete de otoño». En el excepcional Semestre Europeo de 2021, el Informe Conjunto sobre el Empleo ayudará también a los Estados miembros a detectar aquellos ámbitos prioritarios para las reformas y la inversión que deberán incluirse en sus planes de recuperación y resiliencia, con las orientaciones para las políticas de empleo como telón de fondo. El Informe Conjunto sobre el Empleo presenta los resultados del cuadro de indicadores sociales adjunto al pilar europeo de derechos sociales, que pueden contribuir al desarrollo de los planes nacionales. Además, también con el Informe Conjunto sobre el Empleo como telón de fondo, la Comisión evaluará el contenido de los planes en documentos analíticos y los adjuntará a las propuestas de actos de ejecución del Consejo. En cooperación con el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social, la Comisión seguirá también supervisando de cerca todas las evoluciones en materia social y laboral mediante la actualización regular del indicador de resultados en materia de empleo y el indicador de rendimiento de la protección social correspondientes. ********* La crisis de la COVID-19 ha afectado gravemente a los resultados del mercado laboral en la UE. Aunque en el segundo semestre de 2019 los signos de ralentización en las cifras del empleo eran ya evidentes, la mayoría de los indicadores del mercado laboral vieron interrumpida su tendencia positiva al inicio de la pandemia. El empleo total (que había aumentado en 15 millones de personas desde mediados de 2013) se redujo en 6,1 millones de personas entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, lo que supone la mayor disminución jamás registrada entre dos trimestres consecutivos. Tras 6 años de avances hacia la consecución del objetivo de Europa 2020 en materia de empleo, la tasa de empleo se desvió de esa tendencia en 2020. En septiembre de 2020, la rápida adopción de regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas de retención en el mercado laboral, junto con el descenso de las tasas de actividad, había dado como resultado un aumento, de momento moderado (de 1 punto porcentual), de la tasa de desempleo. No obstante, el desempleo juvenil (de 15 a 24 años) aumentó de manera más pronunciada que el desempleo de otros grupos de edad, y el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) creció de manera exponencial. Los trabajadores nacidos fuera de la UE también se han visto muy afectados. Estos resultados varían considerablemente entre países, regiones y sectores y, si se desea que las repercusiones a corto plazo no sean todavía peores, se debe llevar a cabo una supervisión estrecha y realizar esfuerzos estratégicos. El uso masivo de los regímenes de reducción del tiempo de trabajo contribuyó a mitigar las consecuencias de la perturbación en el mercado laboral. Las horas trabajadas por trabajador cayeron en picado: fueron un 11,3 % menos en el segundo trimestre de 2020 que en el último trimestre de 2019; al mismo tiempo, las ausencias del trabajo aumentaron del 9,7 % en el cuarto trimestre de 2019 al 21,8 % en el segundo trimestre de 2020 (aproximadamente la mitad de este aumento se debió a los expedientes de regulación de empleo temporales). Desde el inicio de la crisis, los Estados miembros han ampliado (o introducido, cuando no existían previamente) los regímenes de reducción del tiempo de trabajo u otros regímenes de mantenimiento del empleo, con el objetivo de limitar la pérdida de puestos de trabajo, impedir la dispersión del capital humano y mantener la demanda agregada. La Unión Europea está respaldando estos esfuerzos con el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE). El recurso extraordinario y sincronizado a regímenes de reducción del tiempo de trabajo contribuyó a abordar las consecuencias inmediatas de la crisis y evitó un incremento súbito del desempleo. Sin embargo, cuanto más dure la crisis, mayor será el riesgo de subvencionar puestos de trabajo en empresas que ya no sean rentables. Por tanto, al considerar la eliminación progresiva de los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, es importante sopesar cuidadosamente, por un lado, la necesidad de proteger a las empresas y los empleados mientras así lo requieran las condiciones económicas y, por otro lado, la introducción de iniciativas para promover el cambio estructural y la reasignación de trabajadores (por ejemplo, a través de incentivos a la contratación bien diseñados y medidas de reciclaje profesional). La crisis de la COVID-19 ha acabado con una tendencia positiva de 6 años en el mercado laboral 6,1 millones

menos de personas empleadas en el T2-2020 que en el T4-2019 72 %

de tasa de empleo en el T2-2020 (1,1 p. p. menos que un año antes) 7,5 %

de tasa de desempleo en septiembre de 2020 (1 p. p. más que en marzo) – 11,3 %

de horas trabajadas por trabajador en el T2-2020 en comparación con el T4-2019 Tasas de actividad, desempleo y ninis en la EU-27, en % Horas trabajadas por trabajador y ausencias del trabajo en la EU-27 Fuente: Eurostat, EPA. Datos desestacionalizados, sin ajuste de calendario.

La perturbación económica se ha dejado sentir de manera diferente en los distintos sectores y categorías de trabajadores. Todas las actividades económicas, excepto la construcción, redujeron sus cifras en materia de empleo en el segundo trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019, pero los descensos más acusados se observaron en el sector de la hostelería, el sector de la cultura y del entretenimiento y en las actividades profesionales. La caída del empleo ha afectado en mayor medida a los trabajadores con formas de empleo atípicas, aunque existen grandes diferencias entre países. Los empleados temporales se han visto gravemente afectados, con una disminución interanual del 16,7 % en el segundo trimestre de 2020, mientras que el empleo fijo se ha mantenido estable, gracias también a la respuesta estratégica. Esto se ha traducido en una disminución significativa de la proporción de empleados temporales con respecto al total de empleados, aunque aquí existen también grandes diferencias entre países. La pandemia ha afectado de manera diferente a los distintos puestos de trabajo y sectores 4,2 millones menos de trabajadores con contratos temporales en el T2-2020 respecto del T2-2019 Crecimiento del empleo en la construcción, la Administración Pública y las actividades de las TIC Los mayores descensos en términos relativos tuvieron lugar en el comercio, las actividades artísticas y espectáculos y la agricultura y la ganadería Empleo (15-64 años) por tipo de contrato: variación porcentual entre el T2-2019 y el T2-2020 Fuente: Eurostat, EPA. Nota: * Actividades de la NACE Rev. 2. Con motivo de la COVID-19, existe el riesgo de que los Estados miembros experimenten un fuerte aumento del desempleo juvenil, por lo que será necesario emprender reformas y reforzar las medidas para controlarlo. Tras un descenso continuado en 2019, el desempleo juvenil a escala de la UE pasó de un mínimo del 14,9 % en marzo de 2020 al 17,1 % en septiembre, aumentando a un ritmo más rápido que el desempleo general. La crisis también dio lugar al mayor aumento entre dos trimestres consecutivos de las tasas correspondientes a los jóvenes de 15 a 24 años que ni estudian ni trabajan registrado desde el inicio de las series de Eurostat en 2006 (del 10,4 % al 11,6 % entre el primer y el segundo trimestre de 2020). En 2019, 1 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años abandonó la educación o formación con una cualificación inferior al segundo ciclo de enseñanza secundaria, y más de una cuarta parte de las personas de entre 30 y 34 años no tenían una cualificación que diera acceso directo al mercado laboral (formación profesional de ciclo superior o estudios de educación superior). Las propuestas de Recomendación sobre la EFP y el Espacio Europeo de Educación realizadas por la Comisión establecen objetivos para mejorar los niveles educativos alcanzados, tanto en la EFP como en la educación superior. Dado que el aumento de las tasas de ninis se debe en gran medida a la caída de la demanda de mano de obra, será esencial contar con reformas destinadas a fomentar la creación de empleo, la educación y las capacidades. También será crucial el éxito del refuerzo de la Garantía Juvenil, que se basa en el buen funcionamiento de los servicios públicos de empleo y de los sistemas de educación y formación. En el caso de las jóvenes ninis, entre las cuales la inactividad desempeña un papel más importante que en el caso de los hombres, las reformas deben incluir también medidas para eliminar los desincentivos fiscales al trabajo y para ayudar a conciliar el trabajo y las responsabilidades asistenciales (véase también más adelante). La crisis de la COVID-19 dio lugar a un aumento sustancial de las tasas de ninis 11,6 %

de jóvenes ninis (15-24 años) en el T2-2020 (1,2 p. p. más que en el trimestre anterior) – 12 %

de jóvenes poco cualificados con empleo entre finales de 2019 y el segundo trimestre de 2020 El 26 %

de los jóvenes (30-34 años) tienen cualificaciones que no dan acceso directo al mercado laboral (EFP de ciclo superior o educación superior) Jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan (ninis) (T2-2020)

Fuente: Eurostat, EPA. En los últimos 5 años, la brecha de género en el empleo se mantuvo estable y la brecha salarial de género disminuyó, pero la crisis ha planteado nuevos riesgos y ha subrayado la necesidad de realizar reformas e inversiones. A pesar del aumento de las tasas de empleo femenino y del mayor nivel educativo medio de las mujeres, la brecha salarial de género desde 2013 solo ha experimentado una ligera mejora. La presencia excesiva de las mujeres en los sectores y ocupaciones peor remunerados hace que sean especialmente vulnerables en aquellos mercados laborales afectados por la crisis de la COVID-19. Las brechas de género son mayores en el caso de las mujeres con niños pequeños: en 2019, se enfrentaron a una brecha negativa en materia de empleo de 14,3 puntos porcentuales en comparación con las mujeres sin hijos, mientras que los hombres en la misma situación registraron una brecha positiva de 9,6 puntos porcentuales. Los resultados en materia de empleo son peores especialmente para las mujeres de mayor edad, las nacidas fuera de la UE, las poco cualificadas y las mujeres con discapacidad. La participación de las mujeres en el mercado laboral podría reforzarse mediante reformas e inversiones en la educación infantil y atención a la infancia, así como en servicios de cuidados de larga duración, y mediante políticas de conciliación de la vida familiar y la vida profesional, como lo serían unos permisos parentales y para la prestación de cuidados equilibrados desde el punto de vista del género. Otras reformas e inversiones podrían incluir medidas que garanticen la igualdad de progresión de la carrera profesional, medidas de transparencia salarial y ajustes en el sistema fiscal y de prestaciones, como una imposición fiscal individual, en lugar de familiar, o unas deducciones basadas en la familia, por cónyuge dependiente y transferibles. Las brechas de género en materia de empleo y remuneración siguen siendo considerables en varios Estados miembros 11,4 p. p.

de brecha de género en el empleo en el T2-2020, casi sin cambios desde 2013



14,3 p. p.

de impacto de la parentalidad en el empleo (tasas de empleo más bajas para las mujeres con hijos pequeños que para las que no tienen hijos) Brecha salarial de género, sin ajustar, en 2014 y 2018

(puntos porcentuales) Fuente: Eurostat. Es probable que la crisis tenga un impacto desproporcionado en los migrantes nacidos fuera de la UE, por lo que serán necesarios esfuerzos adicionales para garantizar su integración en el mercado laboral. La tasa media de empleo de los migrantes nacidos fuera de la UE mejoró entre 2017 y 2019 (del 61,5 % al 64,2 %). Sin embargo, desde que comenzó la crisis, esa tasa disminuyó significativamente (hasta el 60,8 % en el segundo trimestre de 2020), debido a la presencia excesiva de esos migrantes entre los trabajadores temporales y en sectores muy afectados por la crisis, a pesar de que desempeñaron un papel crucial en ocupaciones de primera línea fundamentales durante la pandemia. Además, la primera generación de trabajadores migrantes tiene más probabilidades de ocupar puestos que exijan menor cualificación, aunque tengan estudios superiores. Las respuestas estratégicas de los Estados miembros en materia de impartición de cursos de idiomas, acceso a la educación y la formación, orientación sobre mercado laboral y reconocimiento de capacidades y cualificaciones han contribuido a la mejora de la integración de esos migrantes en el mercado laboral. El mantenimiento y el refuerzo de estas políticas contribuiría a que la recuperación fuera más inclusiva y a aprovechar las capacidades y el potencial de los migrantes, especialmente de los refugiados. A fin de mejorar la resiliencia social, es fundamental abordar las causas de la segmentación del mercado laboral, en particular adaptando la legislación y garantizando que se establezcan los incentivos adecuados para contratar mediante fórmulas estables. La incidencia del empleo temporal difiere significativamente de un país a otro, y los jóvenes y las mujeres tienen una mayor presencia relativa en esta categoría. Los Estados miembros con una proporción considerable de trabajadores con contrato de duración determinada son los que han experimentado las mayores fluctuaciones del empleo durante la crisis. Desde esta perspectiva, garantizar que los contratos de duración determinada fomenten la entrada en el mercado laboral y sirvan al mismo tiempo de «trampolín» hacia el empleo regular es fundamental para aumentar la resiliencia social y apoyar una recuperación justa e inclusiva. En este contexto, son importantes las reformas destinadas a modernizar la legislación en materia de protección del empleo, entre otros mediante el establecimiento de condiciones claras para la utilización de los contratos temporales, la prohibición de relaciones laborales que den lugar a condiciones de trabajo precarias, y la concesión de los incentivos adecuados para la contratación mediante contratos indefinidos. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben garantizar que los demandantes de empleo con una vida laboral marcada por la precariedad tengan un acceso adecuado a la protección social y, en particular, a las prestaciones por desempleo, estableciendo para ello unos requisitos adaptables para recibir las prestaciones, y garantizar asimismo que aprovechen las oportunidades de formación y reciclaje profesional. Muchos trabajadores siguen sin estar protegidos por un salario mínimo adecuado. Con frecuencia, a pesar del reciente aumento registrado en varios Estados miembros, los salarios mínimos legales son bajos en comparación con otros salarios de la economía. Por lo general, el salario mínimo no es suficiente para proteger a los trabajadores del riesgo de pobreza. Además, las diferencias en la cobertura se producen tanto en los países con un salario mínimo legal (debido a excepciones para categorías específicas) como en los países donde los salarios se fijan exclusivamente a través de la negociación colectiva (para los trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos). Tras consultar a los interlocutores sociales, la Comisión propuso una Directiva para garantizar que los trabajadores de la Unión dispongan de la protección de unos salarios mínimos adecuados. La propuesta tiene por objeto promover la negociación colectiva en materia de salarios en todos los Estados miembros. A tal fin, los países con salarios mínimos legales deben establecer las condiciones para que se fijen unos salarios mínimos de una cuantía adecuada, en particular unos criterios claros y estables para la fijación del salario mínimo, unos valores de referencia indicativos para orientar la evaluación de la adecuación, y una actualización periódica y oportuna. También se pide a estos países que garanticen que las variaciones y las deducciones que efectúen sobre los salarios mínimos legales sean proporcionadas y estén justificadas, y que los interlocutores sociales participen de manera efectiva en la fijación y actualización del salario mínimo legal. Por último, la propuesta prevé una aplicación y un control reforzados de la protección del salario mínimo establecida en cada país. La adaptación de las condiciones de trabajo ha sido fundamental durante la pandemia y seguirá siéndolo después, lo que requerirá inversiones en el lugar de trabajo y reformas para aumentar la disponibilidad de fórmulas de trabajo flexible. Muchos Estados miembros han adaptado sus condiciones de trabajo, en particular ampliando el uso del teletrabajo y prestando especial atención a la protección de los trabajadores vulnerables. Durante la emergencia sanitaria, el teletrabajo ha demostrado ser muy importante para garantizar la continuidad de la actividad y ofrecer, además, un abanico de opciones más amplio a fin de conciliar las necesidades asistenciales adicionales. Sin embargo, también puede entrañar riesgos, como los relacionados con el bienestar laboral, físico y mental de los teletrabajadores. En este sentido, la pandemia permitirá reconsiderar la organización de los lugares de trabajo y la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Existen diferencias en el contenido y la cobertura de las normativas nacionales relacionadas con el teletrabajo, especialmente en lo que se refiere a la promoción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) para tal fin. Sobre la base de las prácticas nacionales existentes en materia de negociación colectiva, los Estados miembros deben velar por que los entornos laborales sean seguros y estén bien adaptados, y por que las fórmulas de trabajo flexible estén ampliamente disponibles, a fin de permitir la conciliación de la vida laboral, familiar y privada. También es necesario prestar más atención a la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores en situaciones vulnerables y a la canalización hacia el empleo formal de aquellos que llevan a cabo trabajos no declarados. La pandemia también ha puesto de relieve la escasez existente en ciertas profesiones sanitarias y la necesidad de adaptar o mejorar sus condiciones de trabajo y sus capacidades. La incidencia del teletrabajo durante la crisis varía considerablemente entre los distintos perfiles y sectores 60 p. p. de brecha en materia de acceso al teletrabajo entre trabajadores altamente cualificados y poco cualificados 61 % de las personas que viven en ciudades grandes pudieron acceder al teletrabajo, frente al 41 % de quienes vivían en ciudades pequeñas Los trabajadores del sector de la educación y los servicios administrativos utilizaron el teletrabajo en mayor medida Teletrabajo durante la COVID-19, principales características de los trabajadores participantes (EU-27, en %). Fuente: encuesta electrónica de Eurofound «Vida, trabajo y COVID-19», de 2020. Las políticas activas del mercado de trabajo son fundamentales para respaldar los ajustes del mercado laboral a raíz de la perturbación provocada por la COVID-19. Cuando comenzó la crisis del empleo, los Estados miembros presentaban distintas tasas de cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo (PAMT). Si se desea lograr un crecimiento inclusivo, es fundamental apoyar unas transiciones fluidas del mercado laboral y evitar, al mismo tiempo, los riesgos de una mayor polarización de las capacidades. Esto es especialmente importante para los Estados miembros con tasas de desempleo de larga duración todavía elevadas, pues es probable que estas empeoren como consecuencia de la perturbación causada por la COVID-19. Los Estados miembros han modificado los marcos existentes o introducido nuevos sistemas de PAMT para responder mejor a las condiciones del mercado laboral y promover el empleo, la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, a menudo con el apoyo del Fondo Social Europeo. Ahora podrían tener la posibilidad de combinar los fondos de la política de cohesión con la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a fin de seguir promoviendo PAMT específicas, en particular medidas de mejora de las capacidades y reciclaje profesional. El acceso a regímenes de prestaciones por desempleo, con unos niveles de prestaciones y una duración adecuados, es fundamental para mitigar el impacto negativo de la crisis y apoyar la transición de los desempleados hacia nuevos puestos de trabajo. Unas prestaciones por desempleo adecuadas y de una duración razonable, accesibles para todos los trabajadores, incluidos aquellos con contratos atípicos, son clave para ayudar a los demandantes de empleo durante los períodos de transición. Las personas con una vida laboral breve o discontinua requieren una atención especial, ya que suelen estar menos cubiertas por esos regímenes. En respuesta a la pandemia, varios Estados miembros han reforzado sus regímenes de protección frente al desempleo. Es posible que estos regímenes deban revisarse de nuevo a raíz de los cambios en las condiciones económicas, con el fin de mantener unos ingresos adecuados y apoyar la activación efectiva en el mercado laboral de las personas afectadas. Los servicios públicos de empleo tendrán que ir más allá de las formas tradicionales de trabajo para hacer frente al súbito incremento del número de demandantes de empleo y apoyar su reasignación en distintas profesiones o sectores. La proporción de desempleados que utilizan los servicios públicos de empleo (SPE) para encontrar un trabajo ha seguido una tendencia a la baja en los últimos años, aunque existen grandes diferencias entre los Estados miembros. Los jóvenes, las personas poco cualificadas y los demandantes de empleo de mayor edad siguen teniendo una presencia excesiva entre quienes recurren a los SPE. En el contexto actual, para garantizar que se responde de manera adecuada y eficaz a las necesidades de los demandantes de empleo y de los empleadores, puede que sea necesario reforzar los sistemas de elaboración de perfiles y ampliar las capacidades de orientación y tutoría destinadas a los demandantes de empleo. Invertir en la actualización de las soluciones de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) y en el reciclaje profesional del personal de los servicios públicos de empleo será importante para reforzar la capacidad de estos servicios. Un mayor apoyo basado en planes de acción individuales podría ayudar a que los más afectados por la crisis consigan empleos en el contexto de la futura recuperación. Los servicios públicos de empleo pueden desempeñar un papel crucial a la hora de facilitar unas transiciones fluidas y promover una recuperación rápida 45 p. p. de diferencia entre los niveles más alto y más bajo de uso de los servicios públicos de empleo para la búsqueda de empleo en 2019 Los demandantes de empleo poco cualificados y de mayor edad son una gran parte de quienes recurren a los SPE Las elevadas tasas de desempleo de larga duración previas a la pandemia pueden plantear obstáculos a la recuperación general Porcentaje de desempleados que utilizan un determinado método de búsqueda de empleo (2019) Fuente: Eurostat, EPA. El diálogo social y la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas son fundamentales para impulsar una recuperación justa y sostenible y respaldar un crecimiento inclusivo. En varios Estados miembros, los convenios colectivos y el diálogo social has sido cruciales para contribuir a diseñar y aplicar una respuesta socioeconómica inmediata a la crisis de la COVID-19, en particular las medidas para adaptar rápidamente los modelos de trabajo, como el fomento del teletrabajo, y para proteger la salud, los ingresos y el empleo de los trabajadores de primera línea y esenciales. La consulta a los interlocutores sociales sobre la respuesta a la crisis fue de nuevo importante en aquellos Estados miembros que ya tenían estructuras de diálogo social bien desarrolladas. En otros Estados miembros, la crisis ha agravado el problema de la participación de los interlocutores sociales, que ya era limitada antes de la emergencia sanitaria. Para garantizar un diseño y una aplicación eficaces y fluidos de sus programas de reforma e inversión en el marco del nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia durante el período 2021-2023, es fundamental que los Estados miembros colaboren con los interlocutores sociales en la preparación de sus planes nacionales de recuperación y resiliencia. Las desigualdades en la educación suponen un riesgo para la cohesión social y el crecimiento inclusivo, por lo que es necesario reformar los sistemas educativos a fin de que sean más inclusivos y proporcionen mejores resultados, prestar ayuda a los más vulnerables e invertir en infraestructuras educativas, en particular en la educación digital. Los niños de los grupos socioeconómicos más desfavorecidos tienen a menudo dificultades significativas para lograr buenos niveles educativos. Su presencia en la educación infantil y atención a la infancia es considerablemente menor y es más frecuente que no logren adquirir las capacidades básicas de lectura en la enseñanza secundaria. Su presencia es menor también en la educación superior, al igual que ocurre con los estudiantes de las zonas rurales, los que presentan una discapacidad y los migrantes nacidos fuera de la UE. El aprendizaje a distancia introducido durante los confinamientos puso de relieve estas desventajas: por lo general, los alumnos de entornos socioeconómicos más desfavorecidos comenzaron teniendo menos capacidades digitales y, con mayor frecuencia que los demás, carecían de acceso a un ordenador y a una conexión a internet. Está surgiendo una brecha de género en relación con las capacidades básicas y el nivel de educación superior, ámbitos en los que los chicos muestran peores resultados que las chicas. Dada también la importante brecha existente en materia de empleo entre los trabajadores poco cualificados y los altamente cualificados (29,1 puntos porcentuales en 2019), existe el riesgo de que la combinación de esos factores se traduzca en desventajas a lo largo de la vida laboral. Existe un fuerte vínculo entre los resultados educativos, el éxito en el mercado laboral y la participación en la sociedad, lo que subraya la importancia de una educación inclusiva para garantizar una recuperación justa y reforzar la resiliencia social. Las reformas podrían abarcar, entre otras cosas, la prevención de un encauzamiento educativo temprano, la introducción de servicios de apoyo y de sistemas y servicios financieros específicos para escuelas, familias y jóvenes desfavorecidos, el fomento de un mejor acceso a la educación para los niños necesitados, incluida la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en los sistemas generales, y la inversión en infraestructuras y equipos. Las desventajas socioeconómicas siguen teniendo una fuerte repercusión en la participación y en los resultados educativos El 36,4 % de los alumnos con un menor nivel económico, social y cultural no alcanzan las capacidades básicas de lectura 11,3 p. p. de diferencia en la participación de los niños en riesgo de pobreza o exclusión social en la educación infantil y atención a la infancia en 2016



22,5 % de los jóvenes nacidos fuera de la UE abandonan prematuramente la educación y la formación (frente al 10,2 % a nivel de la UE) Tasa de bajo rendimiento en materia de capacidades de lectura en función del estatus económico, social y cultural (en puntos porcentuales, jóvenes de 15 años, 2018) Nota: ISEC significa «índice de estatus económico, social y cultural». Fuente: PISA 2018, OCDE.

La mejora de las capacidades y el reciclaje profesional son una prioridad absoluta a fin de fomentar una recuperación inclusiva y respaldar las transiciones digital y ecológica. Antes de la crisis, las empresas de la UE apuntaron a la escasez de personal cualificado como el primer obstáculo para la inversión. Veinte Estados miembros no alcanzaron el objetivo establecido para 2020 de lograr un 15 % de aprendizaje de adultos a nivel de la UE. Los adultos poco cualificados participan significativamente menos en el aprendizaje, a pesar de ser quienes más lo necesitan. Una cuarta parte de los adultos jóvenes carecen de cualificaciones que les permitan acceder directamente al mercado laboral. Algunos sectores, como el de las TIC, señalan la existencia de una gran brecha entre los puestos vacantes y los titulados. En muchos Estados miembros sigue siendo demasiado difícil continuar educándose y formándose una vez abandonada la educación formal, y la validación de las capacidades sigue estando poco desarrollada. Junto con los nuevos retos en materia de capacidades que surgen con motivo de las transiciones digital y ecológica, esto apunta a la necesidad de apoyar la transformación de la formación profesional y la educación superior. La Agenda de Capacidades Europea y el Espacio Europeo de Educación establecen medidas estratégicas para el aprendizaje permanente, la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, incluidos el Pacto por las Capacidades y la ejecución de las estrategias, la previsión, la orientación y la validación en materia de capacidades. En el marco de la iniciativa emblemática «Reciclaje y Perfeccionamiento Profesional», se anima encarecidamente a los Estados miembros a proponer reformas e inversiones en materia de capacidades, sobre todo capacidades digitales, para obtener financiación con cargo al nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; dicha financiación se añadiría a la que facilita tradicionalmente el Fondo Social Europeo y le serviría como complemento. Existe margen para reforzar la participación en el aprendizaje de adultos como clave para apoyar el desarrollo profesional y unas transiciones laborales satisfactorias 28,3 p. p. de diferencia en las tasas de empleo entre los trabajadores poco cualificados y los altamente cualificados

6,5 p. p. de diferencia en la participación de los trabajadores poco cualificados en el aprendizaje de adultos En 20 Estados miembros, los adultos que participaron en el aprendizaje fueron menos del 15 % La mitad de los adultos debería participar durante un año en el aprendizaje de adultos de aquí a 2025, de acuerdo con la Agenda de Capacidades Europea (frente al 38 % en 2016) Tasas de empleo por nivel de estudios terminados (% de personas de entre 25 y 64 años en 2019) Porcentaje de adultos y adultos poco cualificados que participan en el aprendizaje (% de personas de entre 20 y 64 años en 2019) Fuente: Eurostat. La crisis de la COVID-19 ha puesto aún más de relieve la importancia de reforzar las capacidades digitales. Durante la pandemia, las capacidades digitales han resultado ser esenciales para la continuidad de las actividades empresariales, educativas y de formación, así como para garantizar el acceso a los servicios, incluida la asistencia sanitaria, a un gran porcentaje de ciudadanos de la UE. Las capacidades digitales serán cada vez más importantes para la plena participación en el mercado laboral y en las sociedades del futuro, así como para apoyar las transiciones ecológica y digital. Sin embargo, los avances en materia de capacidades digitales básicas han sido lentos: a pesar de una moderada mejora, en 2019 más de 4 personas de cada 10 carecían de las capacidades digitales básicas en la UE, especialmente las personas de mayor edad y las poco cualificadas. Además, existe una escasez sistemática de expertos digitales y de personas con capacidades digitales avanzadas, un desafío condicionado en gran medida por la escasa presencia de las mujeres entre los titulados en educación superior en los ámbitos de las CTIM y en los puestos de trabajo del sector de las TIC. Aunque ellas presentan mejores capacidades digitales a una edad temprana, el porcentaje de chicas que elige estudios o itinerarios profesionales relacionados con tales capacidades es menor que el de los chicos. Las reformas para reforzar las capacidades digitales incluyen las actualizaciones de los planes de estudios, la introducción de cursos de TIC en la educación primaria, la enseñanza de las TIC como asignatura en la educación secundaria, el apoyo a los profesores y los formadores (enseñándoles también cómo respaldar los intereses y aspiraciones de las chicas), las oportunidades de aprendizaje de adultos en materia de capacidades digitales, las medidas destinadas a aumentar el atractivo de los estudios en los ámbitos de las CTIM y las TIC (sobre todo para las chicas) y una mayor cooperación entre las empresas, los centros de investigación y el mundo académico, así como las inversiones en infraestructuras y equipos digitales. La brecha en materia de capacidades digitales sigue siendo significativa El 46 % de las personas de entre 16 y 74 años no tenía capacidades digitales básicas en 2019

13,5 millones

de puestos vacantes requerían capacidades relacionadas con las TIC en 2018 y 2019

El 57 %

de las empresas señaló que tuvo dificultades para contratar a especialistas en TIC en 2019 El 50,9 %

de los profesores no recibió formación en TIC durante su educación formal Personas con capacidades digitales generales básicas o superiores (2019, puntos porcentuales, personas de entre 16 y 74 años)

Fuente: Eurostat. La desigualdad general de ingresos disminuyó ligeramente en los años previos a la pandemia de COVID-19, pero aumentó en el extremo inferior de la distribución de la renta durante la última década, lo que ha suscitado preocupación acerca del carácter inclusivo del crecimiento económico. De media, en toda la UE, el 20 % de los hogares más ricos tiene una renta 5 veces superior, aproximadamente, a la renta del 20 % de los hogares más pobres. En los últimos años, la desigualdad de ingresos aumentó más en la parte inferior de la distribución de la renta (S50/S20) que en la parte superior (S80/S50). Según estimaciones preliminares, los estabilizadores automáticos y las medidas estratégicas adoptadas para hacer frente a la emergencia han logrado contrarrestar, hasta la fecha, el efecto de la COVID-19 en la desigualdad. La lucha contra las desigualdades de renta requiere que los Estados miembros adopten reformas en distintos ámbitos estratégicos, en particular en el diseño de sus sistemas fiscales y de prestaciones, los mecanismos de fijación de salarios, la inclusión y la igualdad de oportunidades en la educación y la formación (a partir de una edad temprana), y el acceso a servicios asequibles y de calidad para todos. Debe garantizarse la evaluación del impacto distributivo de las políticas, especialmente de las que buscan respaldar la doble transición ecológica y digital. Aunque últimamente se ha reducido, la desigualdad ha aumentado en la parte inferior de la distribución de la renta 5 veces

era la ratio entre el porcentaje de renta del 20 % superior y el 20 % inferior en 2019

El 21,4 %

es el porcentaje de la renta total obtenido por el 40 % más pobre de la población, en aumento desde 2015 Ratio de distribución de la renta por quintiles (S80/S20) y desglose por la parte superior e inferior de la distribución

Fuente: cálculo propios sobre datos de Eurostat. Antes de la crisis de la COVID-19, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social estaba disminuyendo por séptimo año consecutivo, aunque los lentos avances en los países con las tasas de pobreza más elevadas apuntaban a las dificultades existentes en los sistemas de protección social. En 2019, cerca de 92,4 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, esto es, 2,3 millones menos que en el año anterior. Desde el nivel máximo alcanzado en 2012, la privación material grave ha sido el componente que ha experimentado la mayor mejora, seguido del porcentaje de personas que viven en hogares con intensidad laboral muy baja, debido a los sólidos resultados del mercado laboral previos a la crisis, mientras que la disminución de la tasa de riesgo de pobreza ha sido menos acusada. No obstante, estos avances positivos fueron registrando cierta desaceleración en bastantes Estados miembros. Así, la pobreza de los ocupados y el nivel de la pobreza fueron disminuyendo lentamente, incluso en el caso de las personas que vivían en hogares con una intensidad laboral muy baja. La crisis de la COVID-19, y el aumento del desempleo y de la inactividad asociados a ella, ha hecho que sea muy poco probable alcanzar el objetivo de Europa 2020 de reducir en 20 millones el número de personas en situación de pobreza o exclusión social (en comparación con 2008). La situación actual plantea retos para los sistemas de protección social, en particular a la hora de garantizar unos ingresos adecuados de forma sostenible y prestar unos servicios de calidad especialmente a quienes más los necesitan. La pobreza siguió siendo elevada para la mayoría de los grupos vulnerables, en particular para las familias con niños, las personas con discapacidad y los nacidos fuera de la UE, pues todos ellos se vieron afectados de manera desproporcionada por la crisis de la COVID-19. Los sistemas sanitarios, educativos y de protección social, en particular los servicios sociales, se han visto sometidos a una presión sin precedentes, lo que ha agravado aún más los retos a los que se enfrentan las personas que sufren las situaciones más vulnerables. Aunque disminuyó en los últimos años, el riesgo de pobreza o exclusión social de los niños (menores de 18 años) siguió siendo 1 punto porcentual superior al de la población en edad laboral, y fue muy elevado en varios Estados miembros. Además de unos niveles de renta adecuados, el acceso a los servicios, entre ellos la educación, la atención sanitaria y la vivienda, desempeña un papel clave en el apoyo a las familias con niños y garantiza la igualdad de oportunidades en la vida. La Comisión propondrá en 2021 una Garantía Infantil Europea a fin de proporcionar un marco de actuación a escala de la UE. Las personas con discapacidad y las nacidas fuera de la UE, ambas expuestas a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, también requieren más apoyo. La nueva estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad, que la Comisión pondrá en marcha en 2021, tendrá por objeto promover la inclusión económica y social de las personas con discapacidad. Se espera que se centre en una amplia gama de ámbitos, en particular en la educación, el empleo, una protección social adecuada, la accesibilidad y la no discriminación. El pilar europeo de derechos sociales incide en el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios de calidad. La mejora del acceso a los servicios, en particular los servicios sociales y los servicios comunitarios y a domicilio que fomentan la vida autónoma y la inclusión en la comunidad, se plasmará en una serie de iniciativas y líneas de trabajo que la Comisión presentará próximamente, como las estrategias mencionadas y el nuevo Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión para personas de origen migrante. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social estaba disminuyendo antes de la la crisis de la COVID-19, aunque a un ritmo lento 92,4 millones

de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la EU-27 en 2019, 2,3 millones menos que en 2018 El 22,5 % de los niños están en riesgo de pobreza o exclusión social El 9 % de los trabajadores

están en riesgo de pobreza Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social y sus subcomponentes en la UE

Fuente: Eurostat. Aunque los costes de la vivienda siguen siendo muy elevados para una gran parte de los hogares, la crisis requiere medidas para proteger a los más vulnerables. Los costes de la vivienda suponen una carga excesiva para 1 de cada 10 europeos. Los hogares con menores ingresos y las personas que viven en ciudades son los más afectados. El número de personas sin techo, la forma más extrema de exclusión en materia de vivienda, aumentó en la última década en la mayoría de los Estados miembros. La crisis sanitaria ha puesto aún más de manifiesto estas dificultades en materia de vivienda. Muchos Estados miembros adoptaron medidas de emergencia para proteger a los más vulnerables, en particular proporcionando alojamientos improvisados a las personas sin hogar. Las reformas de los Estados miembros deben centrarse especialmente en invertir en la renovación de viviendas residenciales y sociales y en aumentar el acceso a estas últimas. La crisis de la COVID-19 es un potente recordatorio de la importancia de los sistemas de protección social y de su papel a la hora de mitigar los efectos económicos y sociales derivados de la reducción de la actividad económica. Es probable que la crisis de la COVID-19 aumente el número de personas que se benefician de prestaciones por desempleo y otros complementos a la renta, lo que pondrá a prueba la capacidad de nuestros sistemas de protección social. Los países han prorrogado y ampliado los regímenes existentes y han flexibilizado temporalmente las condiciones para recibir las prestaciones. Para mantener y reforzar la protección social de todos de manera sostenible, será necesario seguir trabajando durante la fase de recuperación. Aprovechando la respuesta a la crisis, debe mejorarse aún más la protección de los trabajadores autónomos y los atípicos sobre una base estructural, en consonancia con la Recomendación relativa al acceso a la protección social. Las reformas deben abordar, entre otras cosas, la cobertura, la adecuación y la transferibilidad de los derechos de protección social y el apoyo a la integración en el mercado laboral de quienes pueden trabajar. En la mayoría de los Estados miembros, el nivel de renta mínima se sitúa por debajo del umbral de pobreza De media, las transferencias sociales (excluidas las pensiones) reducen la pobreza en un 32,7 %

El 63,9 % de la población de la UE en riesgo de pobreza recibió algún tipo de prestación en 2018 Renta neta de los perceptores de la renta mínima (ejercicio 2018) Fuente: cálculos propios sobre datos de la OCDE y Eurostat. La COVID-19 ha sometido a los sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración de los Estados miembros a una presión sin precedentes. La capacidad de nuestros sistemas sanitarios de responder a las crisis se ha visto sometida a examen frecuentemente, y se han agravado los retos estructurales existentes en relación con la eficacia, accesibilidad y resiliencia de la asistencia sanitaria. Entre ellos figuran la escasez de financiación para las inversiones en salud (incluida la preparación y la respuesta ante las crisis), una coordinación e integración limitadas de la asistencia, una atención primaria deficiente, obstáculos persistentes al acceso a la asistencia sanitaria y necesidades de asistencia médica no satisfechas. Esas dificultades afectaron gravemente a las personas más vulnerables. Tal como se ha mencionado antes, la pandemia también puso de relieve la escasez existente en ciertas profesiones sanitarias y la importancia de adaptar o mejorar sus condiciones de trabajo y sus capacidades. Las reformas deben cubrir, en particular, el refuerzo de las capacidades de asistencia sanitaria en los Estados miembros (en particular, la capacidad de intervención rápida y de gestión de crisis), una mejor coordinación entre la asistencia hospitalaria, ambulatoria y primaria, la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores sanitarios y la mejora de sus condiciones de trabajo, la salud digital y la reducción de los pagos directos. Los sistemas de cuidados de larga duración también se han visto gravemente afectados por la pandemia, debido a la elevada vulnerabilidad de sus usuarios y su personal ante la COVID-19. Los desafíos a los que se enfrentan los sistemas de cuidados de larga duración han salido a la luz: las difíciles situaciones que viven los trabajadores y los cuidadores no profesionales, la discontinuidad de los servicios y los problemas de capacidad, entre otros. Las reformas deben abarcar, entre otros aspectos, medidas preventivas, como el envejecimiento activo y saludable, y medidas reactivas, como el establecimiento de unos servicios de atención sanitaria y social debidamente integrados, la ampliación del acceso y la cobertura, en particular a servicios de asistencia a domicilio y servicios comunitarios, la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional del personal, y el apoyo a los servicios de asistencia integrada y a la vida independiente. En varios Estados miembros, los niveles de renta afectan al acceso a la asistencia sanitaria El 1,8 % de la población de la UE notificó necesidades médicas no satisfechas en 2019, antes de la crisis de la COVID-19 En 11 Estados miembros los pagos directos representan más del 20 % del gasto sanitario Necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas según el nivel de renta, 2019 Fuente: cálculo propios sobre datos de Eurostat. El cambio demográfico sigue planteando retos a largo plazo para los sistemas de pensiones. En términos generales, la adecuación de las pensiones se mantuvo estable en 2019. Las pensiones de jubilación se deterioraron ligeramente en relación con las rentas del trabajo, pero la proporción de personas mayores en situación de privación material grave siguió disminuyendo. A pesar de que ha ido reduciéndose gradualmente en los últimos diez años, la brecha de género en las pensiones sigue siendo considerable. El impacto de la crisis en el empleo y las rentas del trabajo, en particular para los trabajadores atípicos y los autónomos, aumenta el riesgo que ya existe en la adecuación de las pensiones a largo plazo. Las reformas deben tener como objetivo la creación de sistemas de pensiones inclusivos y sostenibles, que proporcionen un acceso adecuado y oportunidades de ahorro tanto para hombres como para mujeres y para las personas con diferentes tipos de contratos y actividades económicas, y garanticen, al mismo tiempo, una renta mínima adecuada en la vejez. Los Estados miembros deben tomar medidas para abordar los desafíos en materia de empleo, capacidades y políticas sociales detectados en el presente Informe Conjunto sobre el Empleo. El análisis incluido en el presente Informe destaca ciertos ámbitos prioritarios para las reformas y las inversiones. Estas deben aspirar a impulsar la creación de puestos de trabajo, facilitar la transición del desempleo al empleo y las transiciones entre sectores, mejorar la resiliencia económica y social y mitigar el impacto de la crisis en el empleo y en materia social. La financiación de la UE, también a través del Fondo Social Europeo Plus (con los recursos adicionales facilitados por REACT-UE) y el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, presta su apoyo a los Estados miembros para acelerar la aplicación de las medidas estratégicas en estos ámbitos. En consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo, se invita a los Estados miembros a: -mantener los regímenes de reducción del tiempo de trabajo mientras sean necesarios y combinarlos con programas de mejora de las capacidades o de reciclaje profesional; tan pronto como las condiciones lo permitan, introducir medidas de apoyo destinadas a reasignar la mano de obra (por ejemplo, mediante incentivos a la contratación bien diseñados), en particular hacia la economía ecológica y digital, protegiendo al mismo tiempo a los trabajadores durante esa transición; -garantizar que los entornos laborales sean seguros y estén bien adaptados a los nuevos requisitos de distanciamiento social, y que las fórmulas de trabajo flexible estén ampliamente disponibles;

-incrementar el apoyo al mercado laboral y las oportunidades de mejora de las capacidades para hacer frente al aumento del desempleo juvenil, en particular mediante el apoyo a la formación de aprendices (sobre todo en las pymes), las subvenciones a la contratación, las infraestructuras de aprendizaje, la tecnología y los equipos; -invertir en los servicios públicos de empleo, en particular para aumentar su capacidad, modernizar su infraestructura de TIC, reforzar los sistemas de elaboración de perfiles y dotar al personal de las capacidades adecuadas; -promover la negociación colectiva y el diálogo social; en caso de que existan salarios mínimos legales, garantizar las condiciones para que se fijen en niveles adecuados, mediante criterios claros y estables, se realicen las actualizaciones periódicas oportunas y exista una participación efectiva de los interlocutores sociales; -reformar la regulación del mercado laboral, así como los sistemas fiscales y de prestaciones sociales, a fin de garantizar que se reduzca la segmentación del mercado laboral y que la recuperación impulse la creación de puestos de trabajo de calidad; asegurarse de que los trabajadores con formas de trabajo atípicas y los trabajadores autónomos tengan acceso a la protección social; -invertir en el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades, en particular en capacidades digitales, reforzando los sistemas de EFP, apoyando las asociaciones público-privadas a gran escala entre múltiples partes interesadas en el marco del Pacto por las Capacidades, ofreciendo mayores incentivos a las empresas y los trabajadores para que participen en la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, invirtiendo en infraestructuras y equipos, especialmente los digitales, y apoyando a profesores y formadores; así como garantizar la igualdad de acceso a la educación y la formación; -invertir en una protección social sostenible para todos, fomentando reformas destinadas a mantener y reforzar los niveles de protección y mejorando la protección de las personas que no están cubiertas; garantizar unas prestaciones adecuadas, la transferibilidad de los derechos, el acceso a los servicios y el apoyo a la integración en el mercado laboral de quienes puedan trabajar; invertir en la calidad y la accesibilidad de la educación infantil y atención a la infancia y de los servicios de cuidados de larga duración; así como evaluar el impacto distributivo de las políticas; -invertir en la renovación de viviendas residenciales y sociales y facilitar el acceso a viviendas sociales asequibles, cuando proceda; -invertir en la capacidad de los sistemas sanitarios, en particular en la capacidad de intervención rápida, la atención primaria, la coordinación de la asistencia, el personal sanitario y la sanidad electrónica; reducir los pagos directos, mejorar la cobertura sanitaria y promover la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores sanitarios.

1.PANORAMA DE LAS TENDENCIAS Y LOS RETOS SOCIALES Y DEL MERCADO LABORAL EN LA UNIÓN EUROPEA En este apartado se presenta un resumen de las tendencias y los retos sociales y del mercado laboral en la Unión Europea a nivel agregado. 1.1. Tendencias del mercado laboral El crecimiento económico siguió respaldando la creación de empleo en 2019, aunque a un ritmo más lento que en años anteriores. En el cuarto trimestre de 2019, 209,3 millones de personas tenían empleo en la Europa de los Veintisiete (1,9 millones más que en el cuarto trimestre de 2018), el nivel más alto jamás alcanzado. Los trabajadores de mayor edad y los altamente cualificados siguieron siendo los principales motores del crecimiento del empleo en este período, lo que contribuyó al aumento de la tasa de empleo global de las personas de entre 20 y 64 años hasta el 73 % en 2019. El desempleo alcanzó un mínimo histórico del 6,5 % en el cuarto trimestre de 2019. El desempleo juvenil y el de larga duración también fueron disminuyendo, aunque seguían siendo elevados en algunos Estados miembros. La crisis de la COVID-19 ha invertido la tendencia positiva del empleo de los últimos 6 años en la Europa de los Veintisiete. La recesión económica provocada por la pandemia ha tenido una gran repercusión en el mercado laboral. El empleo total disminuyó a un ritmo acelerado durante los 2 primeros trimestres de 2020 y se situó en los 203,1 millones de personas en el segundo trimestre de 2020. Con alrededor de 6,1 millones de personas empleadas menos (un 2,9 %), fue el descenso más acusado que se ha observado en 2 trimestres sucesivos desde 1995. En términos anuales, tras aumentar un 1 % en 2019, se prevé que el empleo total disminuya un 4,5 % en 2020 y a continuación vuelva a aumentar un 1,8 % en 2021, aunque existen riesgos de evolución a la baja en función de cómo evolucione la pandemia. La tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 años disminuyó a pesar de la rápida respuesta estratégica y de las medidas adoptadas para contener la pérdida de puestos de trabajo. En 2019, la tasa de empleo en la Europa de los Veintisiete siguió aumentando y alcanzó una media del 73,1 % (72,7 % en la zona del euro), 0,7 puntos porcentuales más que en 2018 (tanto para la UE como para la zona del euro; gráfico 1). No obstante, tras un máximo del 73,3 % en el segundo trimestre de 2019, empezó a disminuir lentamente en el segundo semestre del año. Cuando estalló la crisis de la COVID-19, la tasa de empleo cayó al 72 % en el segundo trimestre de 2020, lo que supone un descenso de 1,1 puntos porcentuales respecto del cuarto trimestre de 2019 y de 1,3 puntos porcentuales respecto del nivel observado en el segundo trimestre de 2019. En la zona del euro, la disminución fue más pronunciada, con una tasa de empleo del 71,4 % en el segundo trimestre de 2020, esto es, 1,2 y 1,5 puntos porcentuales menos que en el cuarto y el segundo trimestre de 2019, respectivamente. La tasa de empleo de las mujeres disminuyó de forma menos acusada (0,9 puntos porcentuales en la Europa de los Veintisiete y 1 punto porcentual en la zona del euro) que la de los hombres (1,1 y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente), aunque la brecha se mantiene por lo general en los niveles previos a la pandemia (era de 11,7 puntos porcentuales en 2019 y se mantenía cercana a 11,4 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2020). Tras seis años de avances hacia la consecución del objetivo del 75 % de Europa 2020, la tasa de empleo empezó a desviarse de él, y sigue existiendo una gran incertidumbre en cuanto a cómo evolucionará la actividad económica y a cuáles serán las repercusiones en el empleo. Gráfico 1: La pandemia ha provocado una gran perturbación en el mercado laboral e interrumpido 6 años de resultados positivos Tasas de empleo y de desempleo en la UE y en la zona del euro * media del T1-2020 y el T2-2020, desestacionalizada.

Fuente: Eurostat, EPA. La crisis ha tenido un impacto moderado en las tasas de desempleo en toda Europa en comparación con la magnitud de la perturbación sobre el PIB. La tasa de desempleo siguió disminuyendo durante 2019, tanto en la UE como en la zona del euro (gráfico 1). En el segundo trimestre de 2020, el 6,7 % de la población activa estaba desempleada, es decir, 0,2 puntos porcentuales menos que en el cuarto trimestre de 2019 (el nivel más bajo jamás registrado en la Europa de los Veintisiete) y el mismo nivel que en el segundo trimestre de 2019. En la zona del euro, la tasa de desempleo fue más elevada, del 7,3 % en el segundo trimestre de 2020, igual que en el cuarto trimestre de 2019, pero 0,2 puntos porcentuales menos que el segundo trimestre de 2019. No obstante, si se analiza el desglose por grupos de edad, las diferencias son acusadas. Tras disminuir en 2019 en comparación con el año anterior, la tasa de desempleo ha aumentado especialmente en el caso de los jóvenes (de 15 a 24 años). Entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, aumentó 1,2 puntos porcentuales en la Europa de los Veintisiete y 1,1 puntos porcentuales en la zona del euro. Por el contrario, el desempleo disminuyó en el caso de las personas de entre 55 y 74 años (– 0,4 y – 0,5 puntos porcentuales, respectivamente). Si se consideran los datos mensuales, la tasa de desempleo general ha experimentado un aumento constante desde el inicio de la pandemia, hasta alcanzar el 7,5 % en la Europa de los Veintisiete (8,3 % en la zona del euro) el pasado septiembre. Así, en ese momento, 16 millones de personas estaban desempleadas en la Europa de los Veintisiete, aproximadamente 1,8 millones más que en el mismo mes de 2019 (13,6 millones y 1,4 millones más, respectivamente, en la zona del euro). Existen dos razones principales que podrían explicar esta lenta respuesta del desempleo. En primer lugar, la reducción significativa de las horas trabajadas por persona empleada (gracias sobre todo a la rápida adopción de medidas de reducción del tiempo de trabajo) y las restricciones al despido impuestas en varios Estados miembros contribuyeron a contener la destrucción de mano de obra. En segundo lugar, la gravedad de la perturbación económica empujó a muchos desempleados a la inactividad (efecto del «trabajador desanimado»). Sin embargo, existe una heterogeneidad significativa entre los distintos Estados miembros (véanse el gráfico 2 y el apartado 3.1.1). El desempleo de larga duración alcanzó en el segundo trimestre de 2020 el nivel más bajo de la historia en la Europa de los Veintisiete: el 2 % de la población activa (en la zona del euro fue del 2,4 %). El impacto potencial de la crisis en este indicador solo será visible posteriormente. El número total de horas trabajadas ha experimentado un acusado descenso relacionado, en gran medida, con las medidas de contención adoptadas para combatir la pandemia. La COVID-19 acabó con la tendencia positiva iniciada en 2013 con la recuperación. El número total de horas trabajadas en la economía aumentó hasta alcanzar un máximo cercano a los 85 000 millones en el cuarto trimestre de 2019. A continuación, cayó bruscamente (valores intertrimestrales): un 3,1 % en el primer trimestre de 2020 y un 10,7 % en el segundo trimestre de 2020. El número de horas trabajadas por persona empleada en la Europa de los Veintisiete, que ya mostraba una tendencia a la baja (gráfico 2), cayó un 2,7 % en el primer trimestre de 2020 y un 10,1 % en el segundo trimestre de 2020 (variaciones intertrimestrales). Este acusado descenso se debe en gran medida al uso generalizado de regímenes de reducción del tiempo de trabajo o de despido temporal, así como a las restricciones al despido impuestas por varios Estados miembros con vistas a conservar el empleo. Sin embargo, la perturbación del empleo provocada por la pandemia también puede tener un impacto sostenido en las horas trabajadas. Esta situación podría verse agravada por ciertas tendencias a largo plazo, como el elevado nivel de trabajo a tiempo parcial, el trabajo según demanda en plataformas digitales, y un cambio más estructural del empleo hacia sectores con una menor intensidad de mano de obra. Gráfico 2: Las tendencias en el empleo y en las horas trabajadas se han visto gravemente afectadas por la pandemia Crecimiento del empleo (15-64 años) y horas trabajadas por empleado en la Europa de los Veintisiete y en la zona del euro (variación acumulada, datos trimestrales, índice T4-2008 = 100) Fuente: Eurostat, cuentas nacionales, datos desestacionalizados y con ajuste de calendario (cálculos de la DG EMPL). La participación en el mercado laboral disminuyó drásticamente durante la pandemia. Tras aumentar hasta un máximo del 78,4 % en la Europa de los Veintisiete y del 78,8 % en la zona del euro en el segundo trimestre de 2019, la tasa de actividad del grupo de edad de 20 a 64 años cayó hasta el 77 % y el 76,9 %, respectivamente, en el segundo trimestre de 2020, con diferencias significativas entre los países. Las tasas de actividad han disminuido, al igual que las tasas de empleo, en la mayoría de los Estados miembros (véanse el gráfico 3 y el apartado 3.1). Esta disminución no ha experimentado diferencias sustanciales según el género (– 1,4 puntos porcentuales en la Europa de los Veintisiete y – 1,9 puntos porcentuales en la zona del euro en el caso de los hombres, frente a – 1,5 y – 1,8 puntos porcentuales, respectivamente, en el caso de las mujeres). No obstante, sí que ha afectado en mayor medida a los jóvenes (de 15 a 24 años) en comparación con los trabajadores de mayor edad (de 55 a 64 años). Gráfico 3: El impacto de la pandemia se sintió de manera diferente en los distintos Estados miembros Tasas de empleo, desempleo y actividad en la EU-27: variación acumulada (en p. p.) entre el T4-2019 y el T2-2020 Fuente: Eurostat, EPA. Datos desestacionalizados, sin ajuste de calendario. La tasa de vacantes de empleo se redujo significativamente, pero ya había comenzado a hacerlo antes de la crisis de la COVID-19. La curva de Beveridge (gráfico 4) muestra una fuerte disminución del número de vacantes, junto con un ligero aumento del desempleo (de 15 a 74 años). En la Europa de los Veintisiete, la tasa de vacantes de empleo fue del 1,6 % en el segundo trimestre de 2020, lo que supone una reducción frente al 1,9 % del primer trimestre de 2020 y al 2,3 % del segundo trimestre de 2019. Estas últimas evoluciones rompen el aumento moderado, aunque constante, de la tasa de vacantes observado entre 2014 y principios de 2019 (del 1,3 % en el primer trimestre de 2014 al 2,3 % en el primer trimestre de 2019), antes de la crisis. En este nuevo contexto, se espera que una mejor adecuación entre los trabajadores y los puestos de trabajo desempeñe un papel clave en la creación de mercados laborales resilientes y competitivos (véase el apartado 3.3). Aunque, en términos de demanda de mano de obra, la situación difiere sustancialmente de un Estado miembro a otro, la capacidad de detectar los cambios de las necesidades en materia de capacidades y de adaptarse a ellos determinará la evolución de la tasa de vacantes en el período posterior a la crisis. Gráfico 4: Las vacantes de empleo disminuyen y el desempleo aumenta de forma moderada Curva de Beveridge para la Unión, 2008-2020, datos trimestrales Fuente: Eurostat, EPA y estadísticas sobre vacantes de empleo. Nota: datos desestacionalizados (excepto la tasa de vacantes de empleo para 2008 y 2009). La perturbación económica ha afectado al empleo en todos los sectores, aunque existen importantes diferencias entre las distintas actividades económicas. Todas las actividades económicas, excepto la construcción (clasificación de la NACE), han reducido sus cifras en materia de empleo entre el segundo trimestre de 2019 y de 2020. En términos absolutos, el comercio al por mayor y al por menor, la hostelería y el transporte han sido las actividades más afectadas en la Europa de los Veintisiete (2,8 millones de empleados menos en comparación con el segundo trimestre de 2019, esto es, una reducción del 5,5 %), seguidas por las actividades profesionales, científicas y técnicas (es decir, servicios administrativos y auxiliares), que cuentan con 1 millón de personas empleadas menos en comparación con el segundo trimestre de 2019 (una reducción del 3,6 %). En términos relativos, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y las actividades de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca han experimentado las mayores reducciones (un 5 % y un 4,3 %, respectivamente). En el caso de la agricultura y la ganadería, es posible que el impacto de la pandemia en el empleo haya acelerado la tendencia a la baja a largo plazo que ya experimentaba el sector. No obstante, el número de personas empleadas en la construcción registró un ligero aumento en comparación con el segundo trimestre de 2019 (un 0,4 %). Los jóvenes son uno de los grupos más afectados por el deterioro del mercado laboral, aunque existen grandes diferencias entre los Estados miembros. En 2019, la tasa de empleo juvenil (de 15 a 24 años) aumentó hasta el 33,5 % en la Europa de los Veintisiete, esto es, 0,6 puntos porcentuales más que en 2018 (34 % y 0,6 puntos porcentuales en la zona del euro). Cuando comenzó la crisis de la COVID-19, esa tasa disminuyó 1,6 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019, hasta situarse en el 31,2 % (– 1,5 puntos porcentuales, o el 31,8 %, en la zona del euro en el segundo trimestre de 2020). La tasa de desempleo juvenil (de 15 a 24 años), que había alcanzado su mínimo en 2019, aumentó 1,4 puntos porcentuales en la Europa de los Veintisiete (1,2 puntos porcentuales en la zona del euro) entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. En total, 2,8 millones de jóvenes estaban desempleados en la UE en el segundo trimestre de 2020, cifra que aumenta a 5,4 millones si se tiene también en cuenta a quienes ni estudiaban ni trabajaban (ninis). En el segundo trimestre de 2020, la tasa trimestral de ninis aumentó hasta situarse en el 11,6 % en la UE y el 12 % en la zona del euro (desde un mínimo del 9,8 % y del 9,9 %, respectivamente, en el segundo trimestre de 2019).

En términos de resultados del mercado laboral, los trabajadores de mayor edad han resistido mejor el impacto de la pandemia. La tasa de actividad de los trabajadores de mayor edad (de 55 a 64 años) siguió aumentando a lo largo de 2019. En el segundo trimestre de 2020, se situó en el 62,2 %, lo que supone solo una ligera reducción (0,2 puntos porcentuales) en comparación con el segundo trimestre de 2019, pero 9,3 puntos porcentuales más que en el segundo trimestre de 2013, cuando empezó la recuperación anterior. La tasa de desempleo (de 55 a 74 años) se ha mantenido en niveles bajos y con una tendencia constante a la baja (4,4 % en el segundo trimestre de 2020 frente al 4,8 % un año antes), lo que posiblemente indica un efecto disuasorio entre los demandantes de empleo de mayor edad. Por el contrario, la tasa de empleo (de 55 a 64 años), que era del 59,2 % en el segundo trimestre de 2020 (tras un aumento constante, de 10,6 puntos porcentuales, desde el segundo trimestre de 2013), se ha mantenido relativamente mejor que en otros grupos de edad, sin sufrir cambios, por ejemplo, en comparación con el segundo trimestre de 2019 (mientras que el número de jóvenes de entre 15 y 24 años con empleo disminuyó 2,5 puntos porcentuales en ese mismo período). La tasa de empleo de los adultos en edad de máximo rendimiento (de 25 a 54 años) disminuyó 1,1 puntos porcentuales, lo que resultó en una tasa de empleo del 79,4 % en el segundo trimestre de 2020. La tasa de empleo femenino se ha visto levemente menos afectada por la COVID-19 que la del empleo masculino, pero las diferencias de género siguen existiendo y requieren una supervisión continua. En 2019, la tasa de empleo femenino aumentó hasta situarse en el 67,3 %, esto es, 0,8 puntos porcentuales más que en el año anterior. En el segundo trimestre de 2020, la tasa de empleo femenino mostró un descenso más moderado (– 1 punto porcentual en comparación con el primer trimestre de 2020 y – 1,2 puntos porcentuales en comparación con el segundo trimestre de 2019) que en el caso de los hombres (– 1,3 y – 1,5 puntos porcentuales, respectivamente). Sin embargo, esta evolución reciente no redujo significativamente la brecha de género en el empleo, que se situó en 11,4 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2020 (ligeramente por debajo de los 11,7 puntos porcentuales registrados en el segundo trimestre de 2019). El impacto de la crisis en los resultados del empleo por género requiere un estrecho seguimiento, ya que la reducción de esta brecha puede deberse a que la pandemia haya tenido un impacto más significativo, y temporal, en el empleo masculino, y no a una mayor vinculación de las mujeres con el mercado laboral. En el segundo trimestre de 2020, la brecha en materia de empleo se redujo a 11,5 puntos porcentuales en el caso de las mujeres de entre 25 y 49 años y se mantuvo en 13 puntos porcentuales en el caso de las mujeres de entre 55 y 64 años. La brecha fue de 22,1 puntos porcentuales para las mujeres poco cualificadas en 2019, una diferencia significativamente superior a la de las mujeres con cualificaciones medias (12,1 puntos porcentuales) y a la de las altamente cualificadas (6,4 puntos porcentuales). La tasa de empleo de las personas nacidas fuera de la UE se ha visto gravemente afectada por la pandemia. Antes de la crisis, este indicador (en el grupo de edad de 20 a 64 años) aumentó de manera constante hasta 2019. A continuación, descendió al 60,8 % en el segundo trimestre de 2020 (3,6 puntos porcentuales menos que en el segundo trimestre de 2019), lo que corresponde a una disminución de 1,4 millones de personas en términos absolutos (de 16,2 millones en el segundo trimestre de 2019 a 14,8 millones en el segundo trimestre de 2020) y de casi un 9 % en términos relativos. Aunque está disminuyendo, el número de trabajadores con empleos atípicos sigue siendo considerable, lo que conlleva una vulnerabilidad individual y social a los ajustes del mercado laboral. Del número total de empleados (de 15 a 64 años) en la Europa de los Veintisiete en 2019 (167 millones), casi el 85 % estaban empleados con un contrato fijo (+ 1,3 % en comparación con 2018), mientras que los 25,2 millones restantes tenían un contrato de duración determinada (– 1,3 % en comparación con 2018). La pandemia ha acentuado la caída del número de trabajadores temporales. En el segundo trimestre de 2020, unos 21,2 millones de trabajadores (de 15 a 64 años, datos desestacionalizados) tenían contratos temporales en la Europa de los Veintisiete, lo que supone una disminución de 4,1 millones en comparación con el año anterior. A consecuencia de esta reducción, la proporción de contratos temporales en relación con el empleo total se redujo al 11,1 % en el segundo trimestre de 2020 (una disminución de 2,9 puntos porcentuales en comparación con el año anterior). Esta proporción sigue siendo ligeramente superior en la zona del euro, pues se sitúa en el 11,7 %. La proporción de trabajadores a tiempo parcial (de 15 a 64 años) en el empleo total disminuyó 1,4 puntos porcentuales (era del 17 % en el segundo trimestre de 2020), y lo hizo más significativamente en la zona del euro (1,8 puntos porcentuales). De este modo, el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial involuntarios disminuyó 1,5 puntos porcentuales entre 2018 y 2019, y actualmente es 6,2 puntos porcentuales inferior al máximo de 2014 (32,7 %), aunque la cifra es ligeramente superior en la zona del euro (era del 26,9 % en 2019). El número de personas empleadas que tienen un segundo empleo siguió aumentando constantemente en 2019 (8,2 millones de personas en 2019, frente a 7,8 millones en 2014). Gráfico 5: Diferencias en el impacto de la crisis por género y edad Tasas de empleo (concepto interior) en todos los grupos de edad y género en la UE, datos desestacionalizados Fuente: Eurostat, EPA. El nivel educativo sigue siendo clave para mejorar la empleabilidad y los resultados del mercado laboral. Antes de la pandemia, el número de personas con estudios superiores empleadas (de 25 a 64 años) siguió creciendo de forma constante (0,5 puntos porcentuales entre 2018 y 2019), lo que se tradujo en una tasa de empleo del 86,2 % para ese grupo. En 2019, la tasa de empleo de los trabajadores con cualificaciones medias (es decir, los que han completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria) fue del 76,5 %. Esto supone un aumento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior y de 4,7 puntos porcentuales en comparación con 2014. Estos cambios reflejan que la demanda de mano de obra se ha desplazado progresivamente hacia personas con niveles más altos de capacidades, en particular hacia quienes presentan capacidades digitales. Esta tendencia ha coincidido frecuentemente con el mayor nivel medio de capacidades de los nuevos grupos de edad que acceden al mercado laboral. El porcentaje de trabajadores poco cualificados (es decir, aquellos con educación secundaria de primer ciclo o inferior) aumentó 0,7 puntos porcentuales durante el último año (y 1 punto porcentual entre 2017 y 2018). En 2019, la tasa de empleo de este grupo se situó en el 56,3 %. La brecha de empleo entre las personas poco cualificadas y las altamente cualificadas se situó en 30 puntos porcentuales en 2019, lo que pone de relieve la necesidad de fomentar la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional.



1.2. Tendencias sociales Antes del inicio de la crisis de la COVID-19, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social seguía disminuyendo en la Europa de los Veintisiete , .Esta tendencia a la baja continuó durante siete años consecutivos hasta 2019 (gráfico 6), cuando el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se redujo a 92,4 millones (21,1 % de la población total), aproximadamente 2,3 millones menos que en 2018 (3,8 puntos porcentuales menos que el valor máximo de 2012). La disminución fue la tendencia general en los tres subindicadores: la tasa de privación material grave (– 0,5 puntos porcentuales), la tasa de intensidad laboral muy baja (– 0,3 puntos porcentuales) y también la tasa de riesgo de pobreza (– 0,3 puntos porcentuales). Esta evolución está en línea con los aumentos del empleo y de la renta disponible experimentados en 2019 (véase el apartado 3.4). Sin embargo, todos estos indicadores no reflejan los efectos de la crisis de la COVID-19. Dadas la importancia de la renta del trabajo para la subsistencia de los hogares y la caída de las tasas de empleo y de las horas trabajadas, es probable que la situación de los ingresos y la intensidad laboral de los hogares empeoren en 2020. Como consecuencia de ello, puede romperse la tendencia positiva de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, y es posible que sea más difícil alcanzar el objetivo de Europa 2020 de reducir en 20 millones el número de personas que se encuentran en esa situación. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza después de las transferencias sociales disminuyó en 2019, pero seguía siendo elevado; resulta difícil calcular el impacto de la crisis. El indicador de riesgo de pobreza se mantuvo prácticamente estable, disminuyendo marginalmente, hasta el 16,5 %, en 2019 (desde el 16,8 % de 2018, sobre la base de los ingresos obtenidos desde un año antes). El número de personas que vivían en hogares con una renta disponible equivalente inferior al 60 % de la mediana nacional superó ligeramente los 84,5 millones, 1,5 millones menos que en el año anterior. Los indicadores adelantados de Eurostat para el ejercicio 2019 apuntan a un escenario bastante estable. En el momento de la elaboración del presente documento, todavía no se dispone de los indicadores adelantados relativos a los ingresos de 2020 (que reflejarían el impacto de la crisis). Los cambios en 2020 son bastante difíciles de prever, también porque es probable que la crisis afecte a las rentas medias. Los resultados de las simulaciones muestran que, gracias a las medidas estratégicas adoptadas en respuesta a la crisis, es posible que la tasa de riesgo de pobreza aumente solo 0,1 puntos porcentuales por término medio en la UE. No obstante, la tasa de riesgo de pobreza estimada (es decir, la tasa calculada sobre la base de un umbral de pobreza fijado en un año de referencia) aumentaría 1,7 puntos porcentuales, lo que reflejaría la importante caída prevista de los niveles de renta frente a un umbral de pobreza fijo. La fuerte caída del número de personas que padecían privación material grave antes de la pandemia contribuyó al aumento de la convergencia social. Más de 2 millones de personas abandonaron la situación de privación material grave en 2019, lo que redujo el número total a 24,4 millones, es decir, el 5,6 % de la población de la UE. Este descenso supuso una mejora significativa por séptimo año consecutivo y se vio impulsado por los buenos resultados de los Estados miembros que presentaban la privación material grave más elevada (véase el apartado 3.4), lo que contribuyó a mantener la convergencia social al alza (aunque el ritmo de 2019 fue más lento que el de años anteriores). Gráfico 6: El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social estaba disminuyendo antes de la COVID-19, pero el porcentaje de personas en riesgo de pobreza se mantuvo estable, en términos generales. Porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social y sus subindicadores (2010-2019) Fuente: Eurostat, indicadores t2020_50, t2020_51, t2020_52 y t2020_53. Los datos se refieren a los Estados miembros de la Europa de los Veintisiete a partir de febrero de 2020. Al mismo tiempo, los buenos resultados del mercado laboral previos a la pandemia han contribuido a reducir aún más el número de personas que viven en hogares con (casi) todos sus miembros desempleados. En 2019, el número de personas que vivían en hogares con intensidad laboral muy baja disminuyó en más de 1 millón, esto es, el 8,5 % de la población total, de modo que continuó el descenso respecto del máximo de 2014. Dado que la perturbación provocada por la COVID-19 ha afectado más, relativamente, a los trabajadores con empleos menos estables (véase el apartado 3.3), este indicador podría empeorar considerablemente en 2020. Aunque el riesgo de pobreza o exclusión social disminuyó considerablemente en 2019, siguió siendo elevado en el caso de los niños. Entre 2018 y 2019, el número de niños (menores de 18 años) en riesgo de pobreza o exclusión social en la Europa de los Veintisiete se redujo en 674 000, es decir, un 3,6 %. Como consecuencia de ello, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social correspondiente fue del 22,5 % en el caso de los niños, frente al 23,4 % de 2018. Esta tasa sigue siendo elevada si se compara con la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de la población en edad de trabajar (de 18 a 64 años), situada en el 21,5 %, y la de las personas de mayor edad (65 años o más), del 18,6 %.

El riesgo de pobreza de los ocupados disminuyó ligeramente en 2019, pero se mantuvo en un nivel alto, y el nivel de pobreza fue elevado para las personas que vivían en hogares con una intensidad de trabajo muy baja. En 2019, el porcentaje de los ocupados en riesgo de pobreza disminuyó 0,3 puntos porcentuales, hasta el 9 %, muy por debajo del máximo del 9,8 % alcanzado en 2016, pero todavía 0,5 puntos porcentuales por encima del mínimo alcanzado en 2010. Las personas que trabajan a tiempo parcial y aquellas que tienen contratos temporales siguen estando más expuestas a este riesgo, con unas tasas de pobreza de los ocupados del 15,1 % y el 16,2 %, respectivamente (véanse también los apartados 3.1.1 y 3.4.1). Al mismo tiempo, la brecha en el diferencial relativo mediano de pobreza de ingresos, que mide a qué distancia del umbral de pobreza se encuentran las personas en riesgo de pobreza (es decir, la gravedad de la situación), fue del 24,4 % en 2019, cifras que apenas varían respecto de 2018. Los Estados miembros muestran dinámicas diferentes (véase el apartado 3.4.1 para más detalles). A nivel agregado, la brecha de la pobreza de la población en edad de trabajar (de 18 a 64 años) que vivía en hogares con (casi) todos sus miembros desempleados se mantuvo estable, en el 36,2 %, en 2019, lo que podría significar que las prestaciones son escasas e inadecuadas. En 2019, la desigualdad de ingresos siguió siendo elevada y la convergencia se desaceleró. Por término medio, los niveles de renta del 20 % de los hogares más ricos de los Estados miembros eran 5 veces superiores a los del 20 % de los hogares más pobres. Los datos sugieren que, en la última década, el aumento general de la desigualdad de ingresos se ha visto impulsado por un aumento de las desigualdades en el extremo inferior de la distribución (véase el apartado 3.4). El carácter limitado de las mejoras, especialmente en los países con los niveles más elevados de desigualdad, apunta a una ralentización del ritmo de convergencia. La proporción de la renta de los hogares situados en el 40 % inferior de la distribución de la renta fue aumentando hasta 2019, en consonancia con las mejoras moderadas experimentadas por otros indicadores de la desigualdad de ingresos. La media de la Europa de los Veintisiete alcanzó el 21,4 % en 2019, frente al 21,2 % de 2018 y 2017 (y el mínimo del 20,9 % de 2014 y 2015). Habida cuenta de la naturaleza a largo plazo de estas cuestiones, es importante desarrollar una comprensión profunda de las posibles maneras de avanzar mediante análisis de prospectiva sistémica, así como reforzar la resiliencia de la UE.



2.INSTANTÁNEAS DEL CUADRO DE INDICADORES SOCIALES El pilar europeo de derechos sociales fue proclamado de forma conjunta por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, y establece veinte principios y derechos para apoyar la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, unas condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social. Fue diseñado para ser una brújula en el proceso de convergencia entre los Estados miembros hacia unas mejores condiciones socioeconómicas. La aplicación del pilar europeo de derechos sociales es una prioridad, especialmente en la actual situación de crisis. La Comisión presentará un ambicioso plan de acción en el primer trimestre de 2021 para garantizar su plena aplicación. El plan de acción será el instrumento clave de esta Comisión para contribuir a la recuperación socioeconómica y la resiliencia a medio y largo plazo, con vistas a aumentar la justicia social de las transiciones digital y ecológica. El pilar europeo de derechos sociales se acompaña de un cuadro de indicadores sociales que sirve para realizar un seguimiento de los resultados y registrar las tendencias en todos los Estados miembros. El cuadro ofrece varios indicadores (principales y secundarios) con los que examinar los resultados sociales y en materia de empleo de los Estados miembros en tres grandes dimensiones, establecidas en el contexto del pilar: i) igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral, ii) mercados laborales dinámicos y condiciones de trabajo justas y iii) asistencia pública / protección social e inclusión social. Desde la edición de 2018, el Informe Conjunto sobre el Empleo incluye el cuadro de indicadores sociales, cuyos resultados relativos a los indicadores principales se resumen en el presente capítulo. Este análisis se sitúa en el amplio contexto de reforma que se presenta en el capítulo 3. 2.1 Explicación del cuadro de indicadores El cuadro de indicadores sociales es una herramienta fundamental para realizar el seguimiento de los ámbitos social y del empleo, y la convergencia hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo. En particular, contribuye a la supervisión de la situación de los Estados miembros en las dimensiones mensurables del pilar, complementando las herramientas de seguimiento existentes, en particular el indicador de resultados en materia de empleo y el indicador de rendimiento de la protección social. El cuadro de indicadores sociales incluye catorce indicadores principales que evalúan las tendencias sociales y en materia de empleo de forma general: -Igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral: §Porcentaje de abandono prematuro de la educación y la formación, 18-24 años §Brecha de género en el empleo, 20-64 años §Desigualdad de ingresos medida como ratio de distribución de la renta por quintiles, S80/S20 §Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) §Jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (tasa de ninis), 15-24 años -Mercados de trabajo dinámicos y condiciones de trabajo justas: §Tasa de empleo, 20-64 años §Tasa de desempleo, 15-74 años §Tasa de desempleo de larga duración, 15-74 años §Renta bruta disponible de los hogares en términos reales, per cápita §Ingresos netos de un trabajador a tiempo completo soltero y sin hijos con un salario medio

-Asistencia pública / protección social e inclusión social: §Impacto de las transferencias sociales (distintas de las pensiones) en la reducción de la pobreza §Niños menores de 3 años de edad en guarderías oficiales §Necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas §Porcentaje de la población con competencias digitales generales básicas o por encima de las básicas. Los indicadores principales se analizan utilizando una metodología común que ha sido acordada por el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social (véanse los detalles en el anexo 3). Dicha metodología evalúa la situación y los progresos de los Estados miembros analizando los niveles y las variaciones anuales de cada uno de los indicadores principales incluidos en el cuadro de indicadores sociales. Los niveles y las variaciones se clasifican según su distancia a las correspondientes medias (no ponderadas) de la UE. Los resultados de los Estados miembros con respecto a los niveles y las variaciones se combinan a continuación (utilizando una matriz predefinida) de forma que cada Estado miembro se asigna a una de las siete categorías («países con los mejores resultados», «mejores que la media», «buenos, pero requieren vigilancia», «en la media / neutro», «débiles pero en mejoría», «en observación» y «situaciones críticas»). Partiendo de esta base, en el cuadro 1 se ofrece un resumen de los valores del cuadro de indicadores según las últimas cifras disponibles para cada indicador. En el capítulo 3 se presenta un análisis detallado de los catorce indicadores, incluidas las tendencias a largo plazo y los indicadores adicionales, cuando proceda. Los resultados del cuadro de indicadores sociales ayudan a detectar los desafíos sociales y en materia de empleo en los Estados miembros. En el contexto del Semestre Europeo, los datos del cuadro de indicadores sociales se han utilizado periódicamente en los informes por país como base para el análisis de los retos específicos de cada país. A nivel de los Estados miembros, esos datos también fueron útiles para la preparación de los programas nacionales de reformas y los programas de estabilidad y convergencia. Junto con otros análisis incluidos en el indicador de resultados en materia de empleo y el indicador de rendimiento de la protección social, estos datos han constituido una base analítica para las subsiguientes propuestas de recomendaciones específicas por país elaboradas por la Comisión, cuando así procedió. Durante este proceso, se realiza una lectura cuidadosa y no mecánica de la tabla, y se tienen en cuenta otros elementos, de índole tanto cualitativa como cuantitativa. El cuadro de indicadores sociales respaldará la preparación de los planes nacionales de reformas y los planes de recuperación y resiliencia, principales documentos de referencia en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Tal como se indica en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia acarreará cambios en el ciclo del Semestre Europeo de 2021. Habida cuenta de las complementariedades con el Semestre Europeo, se insta a los Estados miembros a presentar su programa nacional de reformas y su plan de recuperación y resiliencia en un único documento integrado. Además, tal como se destaca en las orientaciones sobre los planes de recuperación y resiliencia destinadas a los Estados miembros, se invita a estos a que expliquen a grandes rasgos cómo garantizan la coherencia de los planes con el pilar europeo de derechos sociales y cómo estos contribuyen de forma efectiva a su aplicación. Por otro lado, se les insta a que presenten un resumen del impacto económico y social global del plan (junto con una evaluación de las perspectivas macroeconómicas), utilizando los indicadores pertinentes, incluidos los del cuadro de indicadores sociales. Para los Estados miembros que presenten sus planes en 2021, la Comisión adjuntará a las propuestas de actos de ejecución del Consejo documentos analíticos que evalúen el contenido de dichos planes. El Informe Conjunto sobre el Empleo de 2021 incorpora una dimensión regional al cuadro de indicadores sociales. La evolución de los indicadores a nivel nacional puede ocultar diferencias importantes a nivel regional (no obstante, en muchos Estados miembros, ciertas decisiones sobre medidas estratégicas y financiación se toman a este nivel). En este sentido, el Informe Conjunto sobre el Empleo presenta, por segundo año, datos relativos a la situación regional, sobre la base del cuadro de indicadores sociales. En particular, en el anexo 4 se presenta una serie de mapas que muestran los desgloses regionales por Estado miembro en relación con algunos de los indicadores principales del cuadro de indicadores sociales. Además, el análisis del capítulo 3 expone, cuando procede, los resultados a nivel regional de los Estados miembros en los que existen grandes disparidades entre regiones NUTS 2. Los datos y los resultados permiten comprender mejor los resultados de las diferentes regiones de un país en lo que respecta a algunas dimensiones clave del pilar, y contribuyen a supervisar la convergencia dentro de los países, a evaluar el impacto de las políticas regionales y a determinar la elaboración de políticas regionales. 2.2 Datos del cuadro de indicadores sociales El cuadro de indicadores sociales refleja las condiciones de empleo tras la crisis de la COVID-19, pero las condiciones sociales y de capacidades corresponden a la situación previa a la pandemia, por motivos de disponibilidad de los datos. Desde que se presentó el cuadro de indicadores, la evaluación de la situación de los Estados miembros en cuanto a sus indicadores principales (mediante la metodología descrita en el apartado anterior) se ha basado en los últimos datos anuales disponibles, tanto en lo que respecta a los niveles como a las variaciones. En la coyuntura actual, este enfoque implicaría examinar los datos de 2019 (y los cambios con respecto a 2018) para la mayoría de los indicadores. Sin embargo, el uso de datos anuales no permitiría observar la evolución más reciente del mercado laboral en el contexto de crisis, ni su inversión respecto de las tendencias pasadas (anteriores a la pandemia). En este contexto, el grupo sobre indicadores del Comité de Empleo acordó renunciar temporalmente al uso de las cifras anuales para evaluar el cuadro de indicadores sociales y, en su lugar, utilizar las últimas cifras trimestrales en relación con los siguientes cinco indicadores principales del mercado laboral, indicadores para los que estas cifras sí están disponibles (sobre la base de la encuesta de población activa): ·Tasa de empleo, 20-64 años ·Brecha de género en el empleo, 20-64 años ·Tasa de desempleo, 15-74 años ·Tasa de desempleo de larga duración, 15-74 años ·Jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (tasa de ninis), 15-24 años Los indicadores principales apuntan a un cierto deterioro de las condiciones del mercado laboral en el primer semestre de 2020. En la Europa de los Veintisiete, de los cinco indicadores del mercado laboral mencionados anteriormente, las tasas de empleo y de ninis empeoraron en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo trimestre de 2019, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable; por el contrario, la brecha de género en el empleo y la tasa de desempleo de larga duración mostraron cierta mejora (más detalles sobre las tendencias recientes en el capítulo 1). Los indicadores sociales y de ca