COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 7.12.2022 COM(2022) 702 final 2022/0408(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la armonización de determinados aspectos de la legislación en materia de insolvencia (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2022) 434 final} - {SWD(2022) 395 final} - {SWD(2022) 396 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La presente iniciativa, anunciada en septiembre de 2020, se integra en la prioridad de la Comisión de avanzar en la unión de los mercados de capitales (UMC), un proyecto fundamental para una mayor integración financiera y económica en la Unión Europea. Hace mucho tiempo que se ha establecido que la carencia de regímenes de insolvencia armonizados es uno de los obstáculos fundamentales para la libre circulación de capitales en la UE y una mayor integración de los mercados de capitales de la UE. En 2015, el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) señalaron conjuntamente la legislación en materia de insolvencia como un ámbito clave para lograr una «verdadera» UMC. Esta ha sido también la visión coherente de las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y numerosos grupos de reflexión. En 2019, el FMI determinó que las prácticas de insolvencia eran uno de los «tres obstáculos fundamentales para una mayor integración de los mercados de capitales en Europa», junto con la transparencia y la calidad de la normativa. El BCE ha subrayado en repetidas ocasiones la necesidad de «abordar las principales deficiencias y divergencias entre los marcos de insolvencia [...] más allá del proyecto de Directiva sobre insolvencia, reestructuración y segunda oportunidad», ya que «unas legislaciones en materia de insolvencia más eficientes y armonizadas [junto con otras medidas] pueden mejorar la seguridad para los inversores, reducir los costes y facilitar las inversiones transfronterizas, al tiempo que hacen que el capital riesgo sea más atractivo y accesible para las empresas». Las normas en materia de insolvencia están fragmentadas a lo largo de las fronteras nacionales. Como consecuencia de ello, producen resultados diferentes en los distintos Estados miembros y, en particular, tienen diferentes grados de eficiencia en cuanto al tiempo necesario para liquidar una empresa y el valor que puede recuperarse. En algunos Estados miembros, esto da lugar a largos procedimientos de insolvencia y a un bajo valor medio de recuperación en los casos de liquidación. Las diferencias entre los regímenes nacionales también crean inseguridad jurídica en cuanto a los resultados de los procedimientos de insolvencia y dan lugar a mayores costes de información y aprendizaje para los acreedores transfronterizos en comparación con los que solo operan a escala nacional. Los resultados de los procedimientos de insolvencia difieren sustancialmente de un Estado miembro a otro, ya que el plazo medio de recuperación oscila entre 0,6 y 7 años y los costes judiciales entre el 0 y más del 10 %. El promedio de los valores de recuperación de los préstamos a empresas en la UE era del 40 % del saldo vivo en el momento del impago y del 34 % en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a partir de 2018. Los bajos valores de recuperación, los largos procedimientos de insolvencia y los elevados costes de los procedimientos no solo repercuten en la eficiencia de la liquidación de una empresa, también constituyen una consideración primordial para los inversores o acreedores a la hora de determinar el nivel de la prima de riesgo que esperan recuperar en una inversión. Cuanto menos eficiente sea el régimen de insolvencia, mayor será la prima que cobrarán los inversores, si todos los demás factores son constantes. Una prima de alto riesgo aumenta el coste de capital de la empresa y, si el riesgo es especialmente elevado, disuade a los inversores de conceder créditos. Esto, a su vez, limita la elección de la financiación disponible para la empresa y, de manera más general, su capacidad de obtener financiación asequible para ampliar sus operaciones. Entre el 10 y el 20 % de los 120 000-150 000 casos anuales de insolvencia en la UE habían obtenido una concesión transfronteriza de crédito. Los regímenes de insolvencia divergentes en la UE representan un problema particular para los inversores transfronterizos, que tienen que tener en cuenta, potencialmente, veintisiete regímenes de insolvencia diferentes a la hora de evaluar una oportunidad de inversión fuera de su Estado miembro de origen. Las condiciones de competencia no son equitativas, ya que inversiones similares en los Estados miembros con regímenes de insolvencia más eficientes se consideran más atractivas que en los Estados miembros con regímenes de insolvencia menos eficientes, lo que crea un obstáculo significativo al flujo transfronterizo de capitales y al funcionamiento del mercado único de capitales en la UE. También es probable que las empresas de los Estados miembros con marcos de insolvencia más eficientes accedan a una financiación más barata, lo que les confiere una ventaja competitiva en comparación con las empresas de otros Estados miembros. Además, los regímenes de insolvencia divergentes en los distintos Estados miembros disuaden a los inversores de considerar inversiones en Estados miembros con cuyos sistemas jurídicos están menos familiarizados. Este es el caso, en particular, de aquellos inversores que carecen de recursos para evaluar veintisiete regímenes de insolvencia diferentes. Esto reduce el potencial general de inversión transfronteriza en la UE, lo que limita la profundidad y amplitud de sus mercados de capitales y dificulta el éxito general del proyecto de la UMC. La actual crisis energética y el limitado margen de maniobra fiscal para las subvenciones públicas pueden dar lugar a un aumento de los cierres de empresas en el futuro. Más empresas pueden experimentar condiciones en las que su nivel de deuda resulte insostenible. Además, los últimos acontecimientos económicos muestran que la economía de la UE sigue siendo vulnerable a importantes perturbaciones y dificultades económicas. Si esto último ocurriera, unas normas de insolvencia más eficientes y mejor armonizadas en la UE aumentarían la capacidad de absorción de estas perturbaciones. También ayudarían a limitar las repercusiones negativas (y los costes para los inversores) de las operaciones de liquidación desordenada. En la hipótesis de referencia, los casos de insolvencia seguirán suponiendo un reto para la capacidad de los sistemas judiciales, pero no se introducirían soluciones para abordar los problemas de los procedimientos largos e ineficientes, los menores valores de recuperación y, en última instancia, la menor oferta de crédito y ajuste estructural en la economía. La ausencia de una mayor convergencia en los regímenes de insolvencia implicará que el nivel de inversión transfronteriza y las relaciones empresariales transfronterizas no alcanzarían su potencial. Es necesario actuar a escala de la UE para reducir sustancialmente la fragmentación de los regímenes de insolvencia. Esto promovería la convergencia de elementos específicos de las normas de insolvencia de los Estados miembros y crearía normas comunes en todos los Estados miembros, facilitando así la inversión transfronteriza. Las medidas a escala de la UE garantizarían unas condiciones de competencia equitativas y evitarían distorsiones de las decisiones de inversión transfronteriza causadas por la falta de información y las diferencias en la concepción de los regímenes de insolvencia. Esto ayudaría a facilitar las inversiones transfronterizas y la competencia, al tiempo que se protegería el correcto funcionamiento del mercado único. Dado que las divergencias en los regímenes de insolvencia son un obstáculo fundamental para la inversión transfronteriza, abordar este obstáculo es crucial para lograr un mercado único de capitales en la UE. •Coherencia con las disposiciones existentes en el mismo ámbito de actuación La presente propuesta es plenamente coherente con otros actos legislativos de la UE en el ámbito de actuación, en particular la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, ya que aborda problemas que el resto de la legislación vigente no afronta. Por lo tanto, esta acción de la UE aborda una auténtica laguna legislativa. La Directiva (UE) 2019/1023 es un instrumento de armonización específica que se centra en dos tipos específicos de procedimientos: los procedimientos previos a la insolvencia; y los procedimientos de exoneración de deudas para empresarios que han fracasado. Ambos procedimientos eran nuevos y no figuraban en los marcos nacionales de insolvencia de la mayoría de los Estados miembros. Los procedimientos de reestructuración preventiva [título II de la Directiva (UE) 2019/1023] son regímenes disponibles para los deudores en dificultades financieras antes de que se conviertan en insolventes, es decir, cuando la insolvencia sea inminente. Se basan en el hecho de que existe una posibilidad mucho mayor de salvar a las empresas en dificultades cuando estas pueden acceder a las herramientas para reestructurar sus deudas en un momento muy temprano, antes de convertirse definitivamente en insolventes. Las normas mínimas de armonización de la Directiva (UE) 2019/1023 sobre los marcos de reestructuración preventiva solo se aplican a las empresas que aún no son insolventes y persiguen precisamente el objetivo de evitar procedimientos de insolvencia para empresas que aún pueden restablecer su viabilidad. No abordan la situación en la que una empresa pasa a ser insolvente y tiene que someterse a un procedimiento de insolvencia. Del mismo modo, las normas mínimas sobre la segunda oportunidad para los empresarios que han fracasado [título III de la Directiva (UE) 2019/1023] no abordan la forma en que se llevan a cabo los procedimientos de insolvencia. Por el contrario, se refieren a la exoneración de las deudas de los empresarios insolventes como consecuencia de la insolvencia y podrían describirse como una regulación de los efectos posteriores a la insolvencia que, sin embargo, no armoniza la propia legislación en materia de insolvencia. El Reglamento (UE) 2015/848 se adoptó sobre la base jurídica de la cooperación judicial en materia civil y mercantil (artículo 81 del TFUE). El Reglamento introdujo normas uniformes sobre la competencia internacional y la ley aplicable que, en los casos de insolvencia transfronteriza, determinaron en qué Estado miembro debe abrirse el procedimiento de insolvencia y qué ley debe aplicarse. Paralelamente, existían normas uniformes que garantizaban que las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes en estos asuntos se reconocieran y, en caso necesario, se ejecutaran en el territorio de todos los Estados miembros. El Reglamento (UE) 2015/848 no afecta al contenido de las legislaciones nacionales en materia de insolvencia. Determina la ley aplicable, pero no prescribe ninguna característica o norma mínima para dicha ley. Por lo tanto, no aborda las divergencias entre las legislaciones de los Estados miembros en materia de insolvencia (ni los problemas y costes resultantes). •Coherencia con otras políticas de la Unión La presente propuesta es plenamente coherente con la prioridad de la Comisión de avanzar en la UMC y, en particular, con la acción 11 del Plan de Acción para la UMC y la posterior Comunicación de la Comisión sobre la UMC. El Plan de Acción para la UMC de 2020 anunció que la Comisión adoptaría una iniciativa legislativa o no legislativa con miras a una armonización mínima o una mayor convergencia en ámbitos específicos de la legislación en materia de insolvencia empresarial no bancaria para hacer más previsibles los resultados de los procedimientos de insolvencia. El 15 de septiembre de 2021, en su carta de intenciones dirigida al Parlamento y a la Presidencia del Consejo, la presidenta Von der Leyen anunció una iniciativa sobre la armonización de determinados aspectos del Derecho sustantivo en materia de procedimientos de insolvencia, que se ha incluido en el programa de trabajo de la Comisión para 2022. La Comunicación de la Comisión sobre la UMC, publicada en noviembre de 2021, anunció una próxima Directiva, posiblemente complementada por una Recomendación de la Comisión, en el ámbito de la insolvencia empresarial. La propuesta también es plenamente coherente con las recomendaciones específicas por país formuladas en el contexto del Semestre Europeo para mejorar la eficiencia y la rapidez de los regímenes nacionales de insolvencia, que han dado lugar a reformas en materia de insolvencia en algunos Estados miembros.

Es asimismo coherente con la Directiva 2001/23/CE del Consejo, ya que no interfiere con el principio de que los trabajadores no conservan sus derechos cuando el traspaso se realiza en el marco de un procedimiento de insolvencia. El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE establece, en particular, que, salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros, los artículos 3 y 4, relativos al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de la propiedad de una empresa, no serán aplicables cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente y estos estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente. La propuesta es plenamente coherente con esta disposición al regular los «procedimientos de pre-pack». En consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Heiploeg, la presente propuesta aclara, en particular, que la fase de liquidación de los procedimientos de pre-pack debe considerarse un procedimiento de quiebra o insolvencia abierto con vistas a la liquidación de los activos del cedente bajo la supervisión de una autoridad pública competente a efectos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE. La propuesta también es coherente con la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que tiene por objeto limitar la acumulación de responsabilidades medioambientales y garantizar el cumplimiento del principio de que quien contamina paga. La Directiva 2004/35/CE obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para fomentar el desarrollo, por parte de los operadores económicos y financieros correspondientes, de mercados e instrumentos de garantía financiera, incluyendo mecanismos financieros en caso de insolvencia, con el fin de que los operadores puedan recurrir a garantías financieras para hacer frente a sus responsabilidades en virtud de dicha Directiva. Estos mecanismos tienen por objeto garantizar que los créditos se satisfagan incluso en caso de insolvencia del deudor. La propuesta no interfiere con estas medidas en virtud de la Directiva 2004/35/CE. Por el contrario, un marco de insolvencia más eficiente contribuiría a una recuperación global más rápida y eficaz del valor de los activos y, por lo tanto, facilitaría la indemnización por créditos de naturaleza medioambiental contra una empresa insolvente incluso sin recurrir a instrumentos de garantía financiera, en plena coherencia con los objetivos de la Directiva 2004/35/CE. Por último, la presente propuesta ayudará a que más empresarios se beneficien de la exoneración de deudas, ya que los procedimientos de insolvencia contra microempresas se iniciarán más fácilmente y se llevarán a cabo de manera más eficiente. Esto está en consonancia con el objetivo del paquete de ayuda a las pymes anunciado por la presidenta Von der Leyen en septiembre de 2022 en su discurso sobre el estado de la Unión. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite la adopción de medidas para la aproximación de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Las legislaciones en materia de insolvencia garantizan la liquidación ordenada de empresas en dificultades financieras y económicas. Se consideran uno de los factores fundamentales para determinar el coste de las inversiones financieras, ya que permiten determinar el valor de recuperación final de la inversión en empresas insolventes. Las grandes diferencias en la eficiencia de los procedimientos nacionales de insolvencia crean obstáculos para la libre circulación de capitales y el buen funcionamiento del mercado interior, al reducir el atractivo de las inversiones transfronterizas debido a la escasa previsibilidad del resultado de los procedimientos de insolvencia empresarial en los distintos Estados miembros y, por consiguiente, a un mayor coste del descubrimiento de información para los inversores transfronterizos. Además, estas diferencias dan lugar a grandes divergencias en el valor de recuperación de las inversiones en empresas insolventes en toda la UE. Por lo tanto, las condiciones de competencia no son equitativas en la Unión, ya que inversiones similares en los Estados miembros con una legislación en materia de insolvencia más eficiente se consideran más atractivas que en los Estados miembros con una legislación de este tipo menos eficiente. Las empresas de los Estados miembros con una legislación en materia de insolvencia más eficiente pueden beneficiarse de un menor coste de capital que las empresas de otros Estados miembros y, por lo tanto, pueden beneficiarse, en general, de un acceso más fácil a este. El objetivo de la propuesta es reducir las diferencias entre las legislaciones nacionales en materia de insolvencia y, por tanto, abordar la cuestión de una legislación en materia de insolvencia más ineficiente en algunos Estados miembros, aumentando la previsibilidad de los procedimientos de insolvencia en general y reduciendo los obstáculos a la libre circulación de capitales. Al armonizar aspectos específicos de las legislaciones en materia de insolvencia, la propuesta pretende, en particular, reducir los costes de información y aprendizaje para los inversores transfronterizos. Así pues, una legislación en materia de insolvencia más uniforme debe ampliar las opciones de financiación de que disponen las empresas en toda la Unión. La presente propuesta no se basa en el artículo 81 del TFUE, ya que no se ocupa exclusivamente de situaciones con repercusión transfronteriza. Si bien el objetivo principal de la propuesta es eliminar, en particular, los obstáculos a la inversión transfronteriza, la propuesta pretende aproximar las disposiciones nacionales que se aplicarían invariablemente tanto a las empresas como a los empresarios que operan en uno o varios Estados miembros. Por lo tanto, la propuesta también abordaría situaciones sin dimensión transfronteriza y el uso del artículo 81 como base jurídica no estaría justificado. •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) Los obstáculos derivados de unos regímenes nacionales de insolvencia muy diferentes dificultan la realización de un mercado único en la UE en general y la creación de la UMC en particular, por lo que justifican un marco regulador de la UE en materia de insolvencia más unificado. Sin embargo, los diferentes puntos de partida, tradiciones jurídicas y preferencias políticas de los Estados miembros hacen poco probable que las reformas a escala nacional en este ámbito conduzcan a una convergencia total de los sistemas de insolvencia y mejoren así su eficiencia global. La armonización de las legislaciones nacionales en materia de insolvencia puede conducir a un funcionamiento más homogéneo de los mercados de capitales de la UE, al reducir la fragmentación del mercado y garantizar un mejor acceso a la financiación de las empresas. La actuación a escala de la UE está mejor situada para reducir sustancialmente la fragmentación de los regímenes nacionales de insolvencia y garantizar la convergencia de elementos específicos de las normas de insolvencia de los Estados miembros en una medida que facilite la inversión transfronteriza en todos los Estados miembros. La actuación a escala de la UE también garantizaría unas condiciones de competencia equitativas y reduciría el riesgo de distorsiones en las decisiones de inversión transfronterizas causadas por las diferencias reales en los regímenes de insolvencia y la falta de información sobre estas diferencias. •Proporcionalidad El objetivo de la presente propuesta es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior y eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales, tales como la libertad de circulación de capitales y la libertad de establecimiento, resultantes de las diferencias entre las normativas y los procedimientos nacionales en materia de insolvencia empresarial. Para alcanzar este objetivo, la presente propuesta solo establece requisitos mínimos de armonización y únicamente en ámbitos específicos de la legislación sustantiva en materia de insolvencia que puedan tener una repercusión más significativa en la eficiencia y la duración de dichos procedimientos. La presente propuesta ofrece a los Estados miembros flexibilidad suficiente para adoptar medidas en las áreas que quedan fuera de su ámbito de aplicación, así como para establecer medidas adicionales dentro de los ámbitos armonizados, siempre que estas medidas estén en consonancia con el objetivo de la presente propuesta. Por tanto, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, la presente propuesta no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos. •Elección del instrumento El artículo 114 del TFUE prevé la adopción de actos en forma de Reglamento o Directiva. La mejor manera de lograr la integración del mercado interior de la UE en el ámbito de la legislación en materia de insolvencia es la aproximación de las legislaciones a través su armonización mediante una Directiva, ya que una Directiva respeta las diferentes culturas y ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en el ámbito de la legislación en materia de insolvencia y ofrece suficiente flexibilidad en el proceso de transposición para aplicar normas mínimas comunes de manera compatible con esos distintos ordenamientos. Una recomendación no sería capaz de lograr la aproximación deseada en este ámbito de actuación, en el que se detectaron grandes diferencias consagradas en la legislación vinculante de los Estados miembros. Al mismo tiempo, la aproximación mediante un reglamento no dejaría suficiente flexibilidad a los Estados miembros para adaptarse a las condiciones nacionales y mantener la coherencia de las normas procesales en materia de insolvencia con el ordenamiento jurídico nacional en sentido más amplio. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluaciones ex post / controles de adecuación de la legislación existente No procede. •Consultas con las partes interesadas La Comisión ha consultado a las partes interesadas a lo largo del proceso de elaboración de la presente propuesta. Entre otras iniciativas, la Comisión, en particular: i) llevó a cabo una consulta pública abierta específica (del 18 de diciembre de 2020 al 16 de abril de 2021); ii) sometió a consulta pública una evaluación inicial de impacto (del 11 de noviembre de 2020 al 9 de diciembre de 2020); iii) celebró reuniones específicas con expertos de los Estados miembros el 22 de marzo de 2022 y el [25] de octubre de 2022; iv) celebró una reunión específica con las partes interesadas el 8 de marzo de 2022. En respuesta a la consulta pública en línea, se recibieron 129 contribuciones de diecisiete Estados miembros y del Reino Unido. Un tercio de las respuestas se realizaron en nombre de profesionales interesados en el ámbito de la insolvencia (esta categoría incluye tanto a los administradores concursales como a los abogados). Aproximadamente el 20 % de las respuestas fueron presentadas por partes interesadas del sector financiero, alrededor del 12 % por partes interesadas del sector empresarial y comercial, un 7 % por parte de organizaciones de interés económico y social y un 5,5 % por parte de miembros del poder judicial (jueces). Además, se recibieron diez respuestas (7,75 %) de las autoridades públicas de ocho Estados miembros, de las cuales siete procedían de la administración central. Las partes interesadas indicaron que los problemas creados para el mercado interior por las diferencias en los marcos de insolvencia de los Estados miembros son graves, y que las diferencias entre los marcos nacionales de insolvencia desincentivan las inversiones y los préstamos transfronterizos. Según las partes interesadas, estas diferencias afectan al funcionamiento del mercado interior, en particular en lo que se refiere a: 1) las acciones revocatorias; 2) el rastreo y la recuperación de los activos pertenecientes a la masa del concurso; 3) las obligaciones y la responsabilidad de los administradores ante la inminencia de una insolvencia; y 4) cómo se desencadenan los procedimientos de insolvencia. Por consiguiente, la inmensa mayoría de las partes interesadas se mostró a favor de la actuación de la UE para mejorar la convergencia en este ámbito de actuación, ya sea en forma de legislación específica (37,21 %), como recomendación (23,26 %) o como una combinación de ambas (27,13 %). La Comisión también organizó una reunión específica con un grupo de partes interesadas seleccionadas. Entre los invitados figuraban representantes del sector financiero y del sector empresarial y comercial, representantes de los trabajadores, consumidores, profesionales que trabajan en procedimientos de insolvencia, así como representantes del mundo académico y miembros de grupos de reflexión. En la reunión, las partes interesadas contribuyeron de forma proactiva informando sobre las dificultades prácticas derivadas de la fragmentación de los marcos nacionales de insolvencia y sus diferentes niveles de eficacia. También expresaron su apoyo a una mayor convergencia en el panorama jurídico de los procedimientos de insolvencia en la UE. La preparación de la iniciativa contó con el apoyo del grupo de expertos en reestructuración e insolvencia. Este grupo de expertos fue creado originalmente por la Comisión para preparar la propuesta que dio lugar a la Directiva (UE) 2019/1023. Posteriormente, se amplió el grupo, con diez expertos individuales designados como representantes de un interés común en un ámbito de actuación concreto (los grupos de interés representados eran los acreedores financieros, los acreedores comerciales, los prestamistas de créditos al consumo, los prestamistas de créditos a empleados y los deudores insolventes o sobreendeudados). En el marco de su trabajo de preparación de la propuesta, la Comisión solicitó dos estudios externos sobre ámbitos específicos de la insolvencia. Ambos estudios se encargaron a un consorcio formado por Tipik y Spark Legal Network. El primer estudio, en el que se evalúan las prácticas de búsqueda de un foro de conveniencia abusivo en los procedimientos de insolvencia tras las modificaciones de 2015 del Reglamento (UE) 2015/848, también examina en qué medida las diferencias entre los marcos nacionales de insolvencia actúan como un incentivo para la búsqueda de un foro de conveniencia abusivo por las partes interesadas. El segundo estudio analiza el tema del rastreo y la recuperación de activos en los procedimientos de insolvencia. Ambos estudios incluyen análisis empíricos, para los que la recogida de datos por parte del contratista incluyó tanto encuestas públicas en línea como entrevistas estructuradas con una serie de partes interesadas de todos los Estados miembros. Además, la Comisión llevó a cabo un estudio específico, encargado a Deloitte/Grimaldi, sobre el impacto de las medidas específicas de insolvencia empresarial en la recuperación del valor y la eficacia de los procedimientos de insolvencia. Los tres estudios pueden consultarse en el sitio web de la Comisión. La Comisión también consultó a los Estados miembros de forma reiterada a lo largo de la preparación de la propuesta. La iniciativa ha sido debatida en varias ocasiones por los ministros de Hacienda de los Estados miembros, que le han manifestado su apoyo. Las Conclusiones del Consejo (ECOFIN) de 3 de diciembre de 2020 sobre el Plan de Acción para la UMC alentaron a la Comisión a presentar esta iniciativa. Estas conclusiones fueron confirmadas en la declaración de la Cumbre del Euro de 11 de diciembre de 2020. En abril de 2021, los ministros del Eurogrupo concluyeron que las reformas nacionales de los regímenes de insolvencia debían avanzar en consonancia con las líneas de trabajo paralelas marcadas por las instituciones de la UE, que se emprendieron en el Plan de Acción para la UMC. La declaración de la Cumbre del Euro de 25 de junio de 2021 confirmó que «[e]s necesario determinar y abordar los obstáculos estructurales a la integración y el desarrollo de los mercados de capitales, especialmente en los ámbitos específicos de la legislación en materia de insolvencia de las empresas». Del mismo modo, el Parlamento Europeo también mostró su apoyo a unos regímenes de insolvencia más eficientes y armonizados, y pidió a la Comisión que se comprometiera en mayor medida a realizar progresos reales en este ámbito, que, según el Parlamento, sigue siendo un obstáculo importante para la verdadera integración de los mercados de capitales de la UE. Al mismo tiempo, dado el estrecho vínculo existente entre la legislación en materia de insolvencia y otros ámbitos del Derecho nacional (como el Derecho de propiedad y el Derecho laboral), así como las diferencias entre los principales objetivos políticos de la legislación en materia de insolvencia, algunos Estados miembros han expresado reservas respecto a la legislación vinculante que armoniza la legislación en materia de insolvencia, en particular en una carta enviada a la Comisión el 1 de abril de 2021. El 22 de marzo de 2022, la Comisión organizó un taller específico con expertos gubernamentales de los Estados miembros. Dichos Estados hicieron hincapié en la necesidad de un análisis profundo y detallado de los problemas, así como en la importancia de disponer de un diagnóstico claro de la magnitud de estos, de las partes interesadas afectadas por ellos y de su impacto real en el mercado interior. Del mismo modo, por lo que respecta a la naturaleza de cualquier acción futura a escala de la UE, algunos Estados miembros expresaron la opinión de que es necesario un enfoque prudente y propusieron que las medidas se centraran en mejorar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia. El 25 de octubre de 2022, la Comisión organizó un segundo taller con expertos gubernamentales de los Estados miembros para informarles de las opciones de actuación incluidas en la evaluación de impacto y del estado de los trabajos de preparación de la propuesta. •Obtención y uso de asesoramiento especializado La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta se basa en los datos disponibles de investigaciones documentales y, en particular, de los siguientes estudios e informes de asesoramiento: · Deloitte/Grimaldi (2022), Study to support the preparation of an impact assessment on a potential EU initiative increase convergence of national solvency legislation [«Estudio para apoyar la preparación de una evaluación de impacto sobre una posible iniciativa de la UE que aumente la convergencia de las legislaciones nacionales en materia de insolvencia», documento en inglés], Proyecto de informe final, DG JUST, marzo de 2022.

· Spark, Tipik, Study on the issue of abuse forum shopping in solvency proceedings [«Estudio sobre la cuestión de la búsqueda de un foro de conveniencia abusivo en los procedimientos de insolvencia», documento en inglés), DG JUST, febrero de 2022 (contrato específico n.º JUST/2020/JCOO/FW/CIVI/0160). · Spark, Tipik, Study on tracing and recovery of debtor’s assets by insolvency practitioners [«Estudio sobre el rastreo y la recuperación de los activos del deudor por los administradores concursales», documento en inglés], DG JUST, marzo de 2022 (contrato específico n.º JUST/2020/JCOO/FW/CIVI/0172). En general, el material recopilado y utilizado para la evaluación de impacto era fáctico o procedía de fuentes prestigiosas y reconocidas que actúan como puntos de referencia para el tema. Las aportaciones recibidas de las partes interesadas durante las actividades de consulta se trataron generalmente como opiniones, salvo que fueran de carácter fáctico. •Evaluación de impacto La evaluación de impacto analizó tres dimensiones fundamentales de la legislación en materia de insolvencia: i) la recuperación de los activos de la masa del concurso liquidada; ii) la eficiencia de los procedimientos; y iii) la distribución previsible y equitativa del valor recuperado entre los acreedores. Estas tres dimensiones abarcan, en particular, cuestiones relacionadas con las acciones revocatorias, el rastreo de activos, las obligaciones y la responsabilidad de los administradores, la venta de una empresa como empresa en funcionamiento a través de procedimientos de pre-pack, el desencadenante de la insolvencia, un régimen especial de insolvencia para las microempresas y las pequeñas empresas, el orden de prelación de los créditos y los comités de acreedores. Las opciones se determinaron sobre la base de las aportaciones de un grupo de expertos en reestructuración e insolvencia, un estudio específico y los intercambios con las partes interesadas. Se analizaron en relación con tres objetivos, a saber, si: i) permiten un mayor valor de recuperación; ii) dan lugar a una menor duración de los procedimientos de insolvencia; y iii) reducen la inseguridad jurídica y los costes de información, en particular para los inversores transfronterizos. La propuesta y la evaluación de impacto revisada abordan las observaciones recibidas del Comité de Control Reglamentario, que, en su primer dictamen de 24 de junio de 2022, concluyó que eran necesarios ajustes en la evaluación de impacto antes de continuar con esta iniciativa. Se recopilaron más pruebas sobre el modo en que los procedimientos de insolvencia en curso afectan negativamente a la inversión transfronteriza en el mercado único y sobre la manera en que esto se compara con otros factores. En el texto principal y en el anexo 5 se añadió más información sobre las diferencias entre países en materia de normas de insolvencia. Las diferencias entre la Directiva (UE) 2019/1023, el Reglamento (UE) 2015/848 y la presente propuesta se explicaron más ampliamente. Se llevó a cabo un análisis adicional sobre el impacto de las diferentes medidas en la capacidad judicial y sobre la manera en que las partes interesadas consideraron esas medidas. Las compensaciones entre las opciones de actuación se articularon de manera más clara, y se informó con más detalle de las opiniones de las partes interesadas. El Comité de Control Reglamentario examinó la evaluación de impacto revisada y emitió un segundo dictamen favorable el 10 de octubre de 2022 sin reservas. El Comité observó que la evaluación de impacto había mejorado significativamente y formuló pocas sugerencias para nuevas mejoras. La presente propuesta tiene un impacto ligeramente positivo en la digitalización, debido, en particular, a un mayor grado de automatización de los procesos en los procedimientos de liquidación simplificados para las microempresas y al uso del portal digital (Portal de e-Justicia) para proporcionar información fácilmente accesible a los usuarios sobre las características fundamentales de los regímenes de insolvencia y el orden de prelación de los créditos. •Adecuación regulatoria y simplificación Aumentar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia contribuirá a acortar su duración y a aumentar el valor de recuperación en los casos de insolvencia, lo que se traduciría en una reducción de los costes de liquidación de las empresas y unos índices de recuperación más elevados para los acreedores y los inversores. La presente propuesta también tiene por objeto mejorar el entorno empresarial de las pymes. Mediante el aumento de las tasas de recuperación previstas para los acreedores e inversores expuestos a las pymes y a otras empresas, la propuesta pretende reducir el riesgo percibido de invertir en pymes, lo que se espera que se refleje en unos costes de financiación más bajos para las pymes, al mantenerse todas las demás condiciones igual. Al mismo tiempo, la propuesta no impone obligaciones ni costes de cumplimiento a las pymes económicamente activas y simplifica los procedimientos para las que se enfrentan a la insolvencia. La presente propuesta también introduce un procedimiento especial para facilitar y acelerar la liquidación de las microempresas, que permite un proceso de insolvencia más eficiente para estas en términos de costes. Estas disposiciones también promueven la liquidación ordenada de las microempresas «sin activos», abordando la cuestión de que algunos Estados miembros rechazan el acceso a un procedimiento de insolvencia si el valor de recuperación previsto es inferior a las costas judiciales. Al ofrecer a todas las microempresas la posibilidad de iniciar procedimientos para hacer frente a sus dificultades financieras, la presente propuesta garantiza que los empresarios fundadores puedan beneficiarse de la exoneración de deudas y empezar de nuevo, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva (UE) 2019/1023. •Derechos fundamentales La propuesta respeta los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y debe aplicarse en consecuencia. En particular, la presente propuesta respeta los derechos y libertades consagrados en el artículo 7 (respeto de la vida privada y familiar), el artículo 8 (protección de datos de carácter personal), el artículo 15 (libertad profesional y derecho a trabajar), el artículo 16 (libertad de empresa), el artículo 17 (derecho a la propiedad), el artículo 27 (derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa) y el artículo 47, párrafo segundo (derecho a un juez imparcial). La propuesta proporcionará a los órganos jurisdiccionales designados acceso a los registros nacionales de cuentas bancarias y a los sistemas electrónicos de consulta de datos, así como al sistema interconectado de registros centralizados de cuentas bancarias, el punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias. La propuesta también proporcionará a los administradores concursales acceso al registro de titularidad real establecido en el Estado miembro en el que se haya abierto el procedimiento, así como al sistema de interconexión de los registros de titularidad real, el BORIS. Los registros nacionales de cuentas bancarias y los sistemas electrónicos de consulta de datos, así como los registros de titularidad real, centralizan los datos personales. La ampliación del acceso a estos registros y sistemas y a los puntos de acceso únicos repercutirá, por tanto, en los derechos fundamentales de los interesados, en particular en el derecho a la intimidad y en el derecho a la protección de los datos personales. Toda limitación resultante del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta deberá cumplir los requisitos establecidos en esta, en particular en su artículo 52, apartado 1. La limitación está prevista por la ley y está justificada por la necesidad de reforzar eficazmente la trazabilidad de los activos en el contexto de los procedimientos de insolvencia en curso, incluso en un contexto transfronterizo, con el fin de maximizar para los acreedores la recuperación del valor de la empresa insolvente. Además, se respeta la esencia de los derechos y libertades en cuestión y las limitaciones guardan proporción con el objetivo perseguido. El impacto será relativamente limitado, ya que los datos accesibles y consultables solo consisten en un conjunto de datos, determinados en la presente propuesta así como en los instrumentos de la UE por los que se establecen dichos sistemas, que son estrictamente necesarios para rastrear los activos pertenecientes a la masa del concurso. La presente propuesta garantiza que el tratamiento de dichos datos respete las normas de protección de datos de la UE aplicables. El Reglamento (UE) 2018/1725 es aplicable al tratamiento de datos personales por parte de las instituciones y órganos de la Unión a efectos de la presente propuesta. En particular, la propuesta especifica los fines del tratamiento de datos personales y exige a los Estados miembros que designen a los órganos jurisdiccionales competentes en materia concursal facultados para solicitar información directamente a los registros nacionales de cuentas bancarias y a los sistemas electrónicos de consulta de datos. La propuesta también obliga a los Estados miembros a garantizar que el personal de los órganos jurisdiccionales designados mantenga unos estrictas estándares profesionales en materia de protección de datos, que se adopten medidas técnicas y organizativas para proteger la seguridad de los datos con arreglo a unas estrictas normas tecnológicas a efectos del ejercicio, por parte de los órganos jurisdiccionales designados, de la competencia para acceder a la información sobre cuentas bancarias y consultarla, y que las autoridades que gestionan los registros centralizados de cuentas bancarias lleven una relación de las veces que un órgano jurisdiccional designado accede a información sobre cuentas bancarias y la consulta. Asimismo, la propuesta determina claramente el alcance de la información contenida en los registros de titularidad real a la que pueden acceder los administradores concursales. Por último, la propuesta especifica que la Comisión no almacenará datos personales con respecto a la interconexión de los sistemas nacionales de subasta electrónica y contiene disposiciones sobre la responsabilidad del tratamiento de los datos por parte de la Comisión.

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La presente propuesta tiene implicaciones para la Comisión en términos de costes y carga administrativa. Estos costes y carga se derivan de la obligación establecida en el artículo 51 de la presente propuesta de crear un sistema que interconecte los sistemas nacionales de subasta electrónica a través del Portal Europeo de e-Justicia. Sobre la base de la experiencia adquirida con otros proyectos de interconexión del Portal Europeo de e-Justicia, se calcula que los costes de ejecución para la Comisión ascienden a 1,75 millones EUR con cargo al actual presupuesto a largo plazo (marco financiero plurianual). Los costes adicionales se cubrirán mediante una redistribución dentro del programa «Justicia». La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en detalle en la ficha de financiación legislativa adjunta. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información Se prevé una evaluación cinco años después de la aplicación de las medidas y de conformidad con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación. El objetivo de la evaluación abarcará el examen de la eficacia y la eficiencia de la Directiva en la consecución de los objetivos estratégicos y la decisión relativa a la necesidad de nuevas medidas o modificaciones. Los Estados miembros deben proporcionar a la Comisión toda la información necesaria para la elaboración de dicha evaluación. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta La presente propuesta se centra en las tres dimensiones fundamentales de la legislación en materia de insolvencia: i) la recuperación de los activos de la masa del concurso liquidada; ii) la eficiencia de los procedimientos; y iii) la distribución previsible y equitativa del valor recuperado entre los acreedores. Sus elementos constitutivos se han seleccionado cuidadosamente sobre la base de la experiencia adquirida en la negociación de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, las deliberaciones y recomendaciones finales del grupo de expertos, los resultados de la consulta pública, un estudio realizado por un consultor externo y una amplia interacción con las partes interesadas. La presente propuesta tiene por objeto maximizar la recuperación del valor de la empresa insolvente para los acreedores. A tal fin, las disposiciones sobre acciones revocatorias y rastreo de activos se refuerzan mutuamente. Para ello, introducen un conjunto mínimo de condiciones armonizadas para ejercer acciones revocatorias y refuerzan la trazabilidad de los activos mediante la mejora del acceso de los administradores concursales a la información sobre cuentas bancarias, la información relativa a la titularidad real y determinados registros nacionales de activos, incluidos los de otros Estados miembros. Estas disposiciones se combinan con la posibilidad de maximizar el valor de recuperación de la empresa en un momento temprano a través de procedimientos de pre-pack y con la obligación de los administradores de presentar rápidamente una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia para evitar posibles pérdidas de valor de los activos para los acreedores. La presente propuesta también tiene por objeto reforzar la eficiencia de los procedimientos, en particular en lo que se refiere a la liquidación de microempresas insolventes. Es importante garantizar que las nuevas normas también funcionen bien para las microempresas de la UE. El coste de los procedimientos ordinarios de insolvencia para estas empresas es prohibitivamente elevado y la posibilidad de beneficiarse de una exoneración de deudas les permitiría desbloquear el capital de emprendimiento necesario para nuevos proyectos. Esto se complementa con una mayor transparencia para los acreedores sobre las características fundamentales de la legislación nacional en materia de procedimientos de insolvencia, y también sobre el desencadenante de la insolvencia. Por último, para garantizar una distribución justa y previsible de los valores recuperados entre los acreedores, la propuesta introduce requisitos para mejorar la representación de los intereses de los acreedores en los procedimientos a través de los comités de acreedores. Esto se complementa con una mayor transparencia para los acreedores en relación con las normas que rigen el orden de prelación de los créditos. La propuesta de Directiva se divide en nueve títulos. El título I contiene disposiciones generales sobre el ámbito de aplicación y las definiciones. El título II, sobre acciones revocatorias, establece normas mínimas de armonización destinadas a proteger la masa del concurso frente a la retirada ilegítima de activos realizada antes de la apertura de un procedimiento de insolvencia. El objetivo es garantizar que la legislación de los Estados miembros en materia de procedimientos de insolvencia establezca un nivel mínimo de protección en materia de nulidad, anulabilidad o inexigibilidad de los actos jurídicos perjudiciales para la generalidad de los acreedores. Al mismo tiempo, los Estados miembros pueden introducir o mantener normas que garanticen un mayor nivel de protección de los acreedores, por ejemplo, previendo más motivos de revocación. Las disposiciones contenidas en este título establecen los requisitos previos generales para la nulidad de un acto jurídico, los motivos de revocación y las consecuencias jurídicas de las acciones revocatorias. El artículo 4 establece los requisitos previos generales para las acciones revocatorias, estableciendo que todos los actos jurídicos, incluidas las omisiones, pueden ser objeto de acciones revocatorias, siempre que hayan sido perjudiciales para la generalidad de los acreedores y que se cumpla cualquiera de los motivos de revocación determinados en los artículos siguientes. El artículo 5 aclara que las disposiciones relativas a las acciones revocatorias son normas mínimas de armonización y que, por lo tanto, los Estados miembros pueden mantener o adoptar disposiciones que ofrezcan un mayor nivel de protección de los acreedores. El artículo 6 establece el primer motivo específico de revocación («preferencias»). Se trata de actos jurídicos que hayan beneficiado a un acreedor (o a un grupo de acreedores) y se hayan llevado a cabo en un plazo de tres meses antes de la declaración del procedimiento de insolvencia o después de esta («período sospechoso»). Dado que este motivo de revocación se desencadena por el mero perfeccionamiento del acto jurídico, el período sospechoso es el más corto en comparación con los períodos sospechosos de los demás motivos de revocación. Además, en el caso de las «coberturas congruentes» (es decir, prestaciones totalmente conformes con el crédito del acreedor, como la satisfacción de un crédito exigible con los medios de pago habituales), los actos jurídicos solo pueden declararse nulos por este motivo si el acreedor sabía o debería haber sabido que el deudor no estaba en condiciones de pagar sus deudas o que se había presentado una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia. Por último, en la disposición se citan determinados tipos de actos jurídicos que no pueden declararse nulos por este motivo. El artículo 7 establece el segundo motivo específico de revocación: actos jurídicos a un precio infravalorado. Este motivo abarca no solo los regalos u otras donaciones, sino también los actos jurídicos a cambio de una contraprestación inusualmente baja. Desempeña un papel significativo en la legislación sobre acciones revocatorias, ya que es (entre otras cosas) una solución eficaz contra los posibles esfuerzos del deudor por poner los activos fuera del alcance de los acreedores transfiriéndolos a terceros, como miembros de la familia o entidades tenedoras de activos, al tiempo que sigue teniendo la posibilidad de utilizarlos. El artículo 8 establece el tercer y último motivo de revocación, las acciones fraudulentas intencionadas, es decir, los actos jurídicos que defraudan a los acreedores. El artículo 9 determina las consecuencias generales de las acciones revocatorias. Se trata de la inexigibilidad de los créditos derivados de un acto jurídico declarado nulo, así como la obligación de la parte beneficiaria de dicho acto de indemnizar plenamente a la masa del concurso por el perjuicio causado. El artículo aclara que la obligación de indemnizar a la masa del concurso no puede compensarse con los créditos de la otra parte del acto jurídico declarado nulo.

El artículo 10 establece disposiciones relativas a los derechos de la otra parte del acto jurídico declarado nulo. En particular, los créditos satisfechos con el acto jurídico declarado nulo se reactivan en la medida en que la parte compensa a la masa del concurso. El artículo 11 trata de la responsabilidad de terceros: todo heredero o sucesor universal de la otra parte del acto jurídico declarado nulo hereda la posición de dicha parte, también en lo que se refiere a las consecuencias jurídicas de las acciones revocatorias. Los sucesores individuales solo son responsables si adquirieron el activo a un precio infravalorado o si conocían o deberían haber conocido las circunstancias en las que se basan las acciones revocatorias. El artículo 12 confirma el privilegio de reestructuración introducido por los artículos 17 y 18 de la Directiva (UE) 2019/1023. Establece que las normas sobre acciones revocatorias de este título no afectan a la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Directiva (UE) 2019/1023. El título III, sobre el rastreo de los activos pertenecientes a la masa del concurso, es una intervención específica, que debe situarse en el contexto del Reglamento (UE) 2015/848, el cual establece que, en principio, los administradores concursales también pueden ejercer en otros Estados miembros las facultades que les hayan sido conferidas por la ley del Estado miembro en el que se haya abierto el procedimiento principal de insolvencia y hayan sido nombrados. Las normas específicas de dicho título se centran en el acceso de los administradores concursales a diversos registros que contienen información pertinente sobre los activos que pertenecen o deben pertenecer a la masa del concurso. Algunos registros electrónicos nacionales son públicos o incluso accesibles a través de plataformas de interconexión únicas creadas por la UE, como el sistema de interconexión de los registros de insolvencia (IRI). Las disposiciones de la propuesta de Directiva amplían el rango de los registros accesibles para los administradores concursales a algunos registros que no están a disposición del público, como los establecidos originalmente en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales de la UE (registros nacionales centrales de cuentas bancarias o información sobre fideicomisos en los registros de titularidad real de los Estados miembros). El título III también obliga a los Estados miembros a proporcionar a los administradores concursales no nacionales un acceso directo y rápido a los registros citados en el anexo (siempre que ya estén disponibles en el Estado miembro). El artículo 13 exige a los Estados miembros que designen a los órganos jurisdiccionales competentes en materia concursal de su territorio que tendrán acceso directo a los mecanismos centralizados automatizados nacionales, como los registros centrales de cuentas bancarias o los sistemas centrales electrónicos de consulta de datos, establecidos en virtud del artículo 32 bis de la Directiva (UE) 2015/849. La Directiva (UE) 2015/849 obligaba a los Estados miembros a establecer mecanismos centralizados automatizados que permitan identificar a cualquier persona física o jurídica que posea o controle cuentas de pago y cuentas bancarias identificadas con un número IBAN y cajas de seguridad en una entidad de crédito. La Directiva antiblanqueo también proporciona a las unidades de información financiera de los Estados miembros acceso inmediato y sin filtrar a estos registros. La Directiva 2019/1153 concede acceso directo e inmediato a los registros nacionales de cuentas bancarias a los servicios de seguridad designados a tal efecto por los Estados miembros, cuando dicho acceso sea necesario para el desempeño de sus funciones en la lucha contra los delitos graves. En virtud de la Directiva 2019/1153, también debe concederse acceso directo a los organismos de recuperación de activos. El artículo 12 garantizará que solo los órganos jurisdiccionales competentes en materia concursal debidamente designados y notificados a la Comisión tengan acceso directo a los registros de cuentas bancarias o a los sistemas electrónicos de consulta de datos. Los artículos 14 y 15 aclaran las condiciones específicas para el acceso de los órganos jurisdiccionales designados a los registros de cuentas bancarias. Los órganos jurisdiccionales designados tendrán acceso a los registros nacionales centrales de cuentas bancarias de su Estado miembro y de otros Estados miembros, a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias, cuando se establezca y esté operativo el sistema de interconexión de los registros centrales de los Estados miembros. El artículo 16 se refiere al registro de las consultas en los registros de cuentas bancarias. El artículo 17 establece disposiciones sobre el acceso de los administradores concursales a los registros de información relativa a la titularidad real. Esto incluye tanto el acceso al registro o registros nacionales de titularidad real establecidos en el Estado miembro en el que se haya abierto el procedimiento como al sistema de interconexión de los registros de titularidad real. La base jurídica de estos registros se establece en el artículo 30, apartado 3, y en el artículo 31, apartado 3 bis, de la Directiva (UE) 2015/849. La base jurídica para la interconexión de estos registros se establece en el artículo 30, apartado 10, y en el artículo 31, apartado 9, de la Directiva (UE) 2015/849. Un conjunto mínimo de información de los registros de titularidad real es de acceso público para las sociedades y otras entidades jurídicas. En el caso de los fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos, el acceso a este conjunto mínimo de información no es público, sino que está supeditado a la demostración de un interés legítimo. El artículo 17 aclara que existe un interés legítimo siempre que un administrador concursal solicite información sobre fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos para identificar y rastrear los activos a efectos del procedimiento de insolvencia en el que haya sido designado y el acceso se limite a un ámbito de información predeterminado. El artículo 18 establece normas sobre el acceso directo y rápido de los administradores concursales a los registros nacionales que contengan información sobre activos. En este contexto, los registros de activos deben incluir los registros citados en el anexo de la propuesta de Directiva, siempre que se disponga de dichos registros en el Estado miembro de que se trate. La disposición también exige que los administradores concursales nombrados en otros Estados miembros tengan las mismas condiciones de acceso que los administradores concursales nombrados en los Estados miembros en los que esté situado el registro de activos. El título IV, sobre los procedimientos de pre-pack, tiene por objeto garantizar que estos procedimientos, considerados generalmente eficaces para la recuperación del valor para los acreedores, estén disponibles de manera estructurada en los regímenes de insolvencia de todos los Estados miembros. En un procedimiento de pre-pack, la venta de la empresa del deudor (o de parte de ella) se prepara y negocia antes de la apertura formal del procedimiento de insolvencia. Esto permite ejecutar la venta y obtener los ingresos de esta poco después de la apertura del procedimiento formal de insolvencia destinado a liquidar una empresa. La presente propuesta contiene una serie de salvaguardias para garantizar que se llegue a los compradores potenciales y que se logre el mejor valor de mercado posible como resultado de un proceso de venta competitivo. Estas salvaguardias se configuran de tal manera que los Estados miembros pueden elegir entre garantizar la competitividad, la transparencia y la equidad del proceso de venta llevado a cabo en la «fase de preparación» (normalmente confidencial) y organizar una subasta pública rápida tras la apertura del procedimiento formal en la «fase de liquidación». El artículo 19 obliga a los Estados miembros a incluir en su régimen de insolvencia un procedimiento de pre-pack compuesto por dos fases consecutivas (la «fase de preparación» y la «fase de liquidación»). El artículo 20 trata de la relación entre la propuesta de Directiva y otros instrumentos de la Unión. Establece que la fase de liquidación se considerará un procedimiento de insolvencia tal como se define en el artículo 2, punto 4, del Reglamento (UE) 2015/848. También deja a los Estados miembros la opción de considerar a los supervisores como administradores concursales, tal como se definen en el artículo 2, punto 5, del Reglamento (UE) 2015/848. El último párrafo de la disposición aclara la relación entre la propuesta de Directiva y la Directiva 2001/23/CE del Consejo en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Heiploeg. La disposición establece que, a efectos de la aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE, la fase de liquidación del procedimiento de pre-pack se considerará un procedimiento de insolvencia abierto con vistas a la liquidación de los activos del cedente bajo la supervisión de una autoridad competente. El artículo 21 establece normas de competencia judicial en relación con los procedimientos de pre-pack. Este artículo aclara que el órgano jurisdiccional al que corresponda la competencia internacional para conocer del procedimiento principal de insolvencia del deudor también es competente para conocer del procedimiento de pre-pack. El artículo 22 establece normas sobre el «supervisor», que es el principal actor en la «fase de preparación» del procedimiento de pre-pack. En el artículo se enumeran las funciones que el supervisor debe llevar a cabo para dirigir el proceso de venta y encontrar compradores potenciales. Como «administrador concursal prospectivo», el supervisor debe cumplir todos los criterios de admisibilidad que la legislación en materia de insolvencia del Estado miembro en el que se abre el procedimiento de pre-pack exija para el nombramiento de un administrador concursal, garantizando así que la misma persona desempeñe las dos funciones en las dos fases consecutivas del procedimiento de pre-pack. El artículo 23 amplía (con las modificaciones necesarias) la aplicación de las normas sobre la suspensión de las ejecuciones singulares contra el deudor, establecidas en los artículos 6 y 7 de la Directiva (UE) 2019/1023, a la fase de preparación del procedimiento de pre-pack, siempre que se cumpla la condición de insolvencia inminente o de declaración de insolvencia del deudor. El artículo 24 trata de los principios aplicables al proceso de venta empresarial del deudor. El supervisor debe garantizar que el proceso de venta se desarrolla en la fase de preparación, normalmente de manera confidencial, es competitivo, transparente y equitativo, y cumple las normas del mercado. Estos principios solo pueden ignorarse si un Estado miembro opta por imponer al órgano jurisdiccional la obligación de organizar una subasta pública rápida tras la apertura de la fase de liquidación. El artículo 25 garantiza que el supervisor sea nombrado administrador concursal cuando se inicie la fase de liquidación del procedimiento de pre-pack. El artículo 26 trata del proceso de autorización para la venta de la empresa del deudor por el órgano jurisdiccional competente en materia concursal en la fase de liquidación. Con arreglo al apartado 1, el órgano jurisdiccional debe evaluar si el proceso de venta que se desarrolla en la fase de preparación cumple los principios y las condiciones aplicables. Si el órgano jurisdiccional no confirma la venta de la empresa al adquirente propuesto por el supervisor, el procedimiento de insolvencia abierto al inicio de la fase de liquidación continuará sin concluir la venta pre-pack. El apartado 2 ordena a los Estados miembros que decidan encargar que se lleve a cabo una subasta pública al inicio de la fase de liquidación que utilicen la mejor oferta recibida en la fase de preparación como una oferta «pantalla», es decir, como una oferta inicial que actúe como precio mínimo de compra, de modo que otros licitadores no puedan pujar por debajo del precio de compra. Asimismo, exige que las protecciones que se ofrecen al licitador «pantalla» sean proporcionadas y se apliquen en la medida en que no obstaculicen la competencia real. El artículo 27 establece disposiciones sobre la cesión de contratos vigentes, es decir, contratos entre el deudor y una contraparte en virtud de los cuales las partes siguen teniendo obligaciones que cumplir en el momento de la apertura del procedimiento de insolvencia. Por regla general, tales contratos deben cederse al adquirente de la empresa, incluso sin el consentimiento de la contraparte. El artículo 28 establece que, a través de la venta pre-pack, la empresa o parte de la misma se adquiere libre de deudas y pasivos.

El artículo 29 garantiza que los recursos contra las ventas pre-pack autorizadas no retrasen la ejecución del acuerdo de venta y, por tanto, la realización de los activos. Según la disposición, tales recursos solo pueden tener un efecto suspensivo sobre la realización de la venta si la parte recurrente proporciona una garantía suficiente que cubra los posibles daños sufridos como consecuencia de dicha suspensión. Al mismo tiempo, el artículo 29 otorga al órgano jurisdiccional que conoce del recurso la facultad discrecional de eximir a una persona física recurrente, total o parcialmente, de la constitución de una garantía si considera que dicha exención es adecuada a la luz de las circunstancias del caso concreto. El artículo 30 aclara que los criterios para seleccionar la mejor oferta deben corresponderse con los criterios utilizados para seleccionar entre ofertas competidoras en los procedimientos de insolvencia estándar. El artículo 31 establece que el supervisor y el administrador concursal del procedimiento de pre-pack son personalmente responsables de los daños causados por el incumplimiento de sus obligaciones. El artículo 32 establece salvaguardias adicionales para los casos en que el posible comprador sea una parte estrechamente vinculada al deudor. Las salvaguardias adicionales incluyen la obligación de que el administrador concursal evalúe, en situaciones en las que la única oferta proceda de una parte estrechamente vinculada, si la oferta supera la prueba del interés superior de los acreedores. Si la evaluación arroja una conclusión negativa, el administrador concursal debe rechazar la oferta. El artículo 33 contiene varias disposiciones destinadas a maximizar el valor de la empresa vendida. Esto garantiza que la financiación provisional se busque al menor coste posible y que los proveedores de dicha financiación se beneficien de determinadas salvaguardias. Este artículo también prohíbe conceder derechos preferentes a los licitadores, ya que la posibilidad de ejercer tales derechos sería perjudicial para la competencia en el contexto del proceso de venta. Otra disposición limita la posibilidad del acreedor de pujar con su crédito en relación con una parte del importe del crédito garantizado frente al deudor. El artículo 34 protege los intereses de los acreedores durante el procedimiento de pre-pack. Esto incluye el derecho a ser oído durante el procedimiento y la armonización, por regla general, de los requisitos de liberación de las garantías con los que se aplicarían en los procedimientos de insolvencia con arreglo a la legislación nacional. El artículo 35 se refiere a las situaciones en las que la adquisición de la empresa a través del procedimiento de pre-pack está sujeta a una decisión de una autoridad de competencia. El título V, relativo a las funciones de los administradores, forma parte de las medidas destinadas a maximizar el valor de la masa del concurso. Si bien la propuesta de Directiva no ofrece una definición armonizada de administrador, al transponer las disposiciones contenidas en dicho título, los Estados miembros deben tener en cuenta que el término administrador debe entenderse en sentido amplio. Esto está en consonancia con la sugerencia de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), según la cual, «[c]omo criterio general [...], puede considerarse que una persona es un director si ha recibido el encargo de adoptar, o de hecho adopta o debería adoptar, decisiones fundamentales con respecto a la gestión de la empresa». Los administradores suelen estar entre los primeros en saber si una empresa se acerca al límite de la insolvencia o lo ha superado. Por lo tanto, deben estar obligados a solicitar a su debido tiempo la apertura de un procedimiento de insolvencia. La propuesta de Directiva establece un plazo para cumplir esta obligación, a la que va aparejada responsabilidad civil. Las disposiciones de este título son normas mínimas de armonización, por lo que los Estados miembros podrán mantener o introducir obligaciones más estrictas para los administradores de empresas próximas a la insolvencia. El título VI contiene normas sobre procedimientos de liquidación simplificados para las microempresas. Los marcos nacionales de insolvencia no siempre son adecuados para tratar a las microempresas insolventes de forma adecuada y proporcionada. Las microempresas rara vez solicitan iniciar un procedimiento de insolvencia estándar y, cuando lo hacen, a menudo es demasiado tarde para preservar su valor. En muchos Estados miembros no se lleva a cabo una liquidación ordenada de dichas empresas, ya que los procedimientos de insolvencia estándar no son accesibles o se rechaza su apertura. Esto ocurre si no hay activos en la masa del concurso o si el valor de los activos no cubre los costes administrativos del procedimiento. El objetivo de la propuesta de Directiva es, por lo tanto, garantizar que las microempresas, incluso aquellas sin activos, se liquiden de manera ordenada por medio de un procedimiento rápido y eficiente en términos de costes. El objetivo principal de las disposiciones del título VI es simplificar el procedimiento y reducir los costes administrativos asociados. Por ejemplo, por regla general, no debe nombrarse un administrador concursal para el procedimiento, ya que la intervención de este es el principal factor de coste en los procedimientos de insolvencia y la actividad de estas empresas no suele ser tan compleja como para requerir de un administrador concursal. Del mismo modo, la propuesta de Directiva establece que, por regla general, el deudor debe conservar el control de los activos y negocios de la empresa durante todo el procedimiento. Otro factor de reducción de costes es la posibilidad de que el órgano jurisdiccional proceda a la realización de los activos a través de un sistema de subasta electrónica, que cada Estado miembro debe establecer como parte de sus procedimientos simplificados para las microempresas. El artículo 38 obliga a los Estados miembros a incluir en sus legislaciones nacionales en materia de procedimientos de insolvencia normas que permitan la liquidación de microempresas mediante un procedimiento simplificado que cumpla las normas establecidas en el título VI. Esta disposición también aborda el requisito de insolvencia a efectos de la apertura de procedimientos de liquidación simplificados y del tratamiento de los casos «sin activos». El artículo 39 aclara que el nombramiento de un administrador concursal en los procedimientos de liquidación simplificados debe ser la excepción. El artículo 40 exige a los Estados miembros que permitan el uso de medios electrónicos para todas las comunicaciones entre la autoridad competente y, en su caso, el administrador concursal, y las partes en el procedimiento. El artículo 41 establece que los procedimientos de liquidación simplificados podrán iniciarse a petición de la microempresa o de un acreedor. Para simplificar el procedimiento de solicitud, se creará un formulario normalizado en virtud de un acto de ejecución de la Comisión. El artículo 42 trata de la decisión sobre la apertura de procedimientos de liquidación simplificados, incluidos los motivos por los que la autoridad competente puede denegar la apertura. El artículo 43 establece que, por regla general, el deudor debe conservar el control de sus activos y negocios durante todo el procedimiento. El artículo 44 establece que el deudor debe tener acceso a la suspensión de las ejecuciones singulares. No obstante, la autoridad competente puede eximir determinados créditos, caso por caso, en circunstancias predefinidas. El artículo 45 garantiza la publicidad de la apertura de procedimientos de liquidación simplificados. El artículo 46 se refiere a la presentación y el reconocimiento de créditos por parte de los acreedores en un procedimiento de liquidación simplificado. La disposición supone que la mayoría de los créditos se presentan sobre la base de una declaración escrita presentado por el deudor. Además de los créditos incluidos en dicha declaración, los acreedores pueden presentar otros créditos. Para simplificar el procedimiento de reconocimiento, los créditos citados en la declaración del deudor se considerarán reconocidos, a menos que el acreedor se oponga específicamente a ellos. El artículo 47 contiene disposiciones específicas sobre el inicio y el desarrollo de las acciones revocatorias en el marco de los procedimientos de liquidación simplificados para microempresas. El artículo 48 aborda el establecimiento de la masa del concurso determinando qué activos están incluidos y garantizando que las autoridades competentes identifiquen claramente qué activos están excluidos de la masa del concurso y pueden, por tanto, ser retenidos por el deudor cuando este es un empresario.

El artículo 49 indica que, tras el establecimiento de la masa del concurso, la autoridad competente decidirá si a) procede a la realización de los activos, o b) cierra inmediatamente el procedimiento de liquidación simplificado porque el valor de los activos hace que la realización sea poco razonable. La disposición también establece que los activos del deudor deben realizarse mediante subasta pública electrónica, a menos que la autoridad competente considere más adecuado el uso de otros medios para vender los activos atendiendo a la naturaleza de estos o a las circunstancias del procedimiento. El artículo 50 obliga a los Estados miembros a establecer y gestionar una o varias plataformas de subastas electrónicas para la realización de los activos de la masa del concurso en los procedimientos de insolvencia. La disposición también permite a los Estados miembros establecer que los usuarios de dichas plataformas también puedan presentar ofertas para la adquisición de la empresa del deudor como empresa en funcionamiento. La plataforma o plataformas deben estar disponibles en los procedimientos de liquidación simplificados, si bien los Estados miembros pueden decidir ampliar el uso a otros procedimientos de insolvencia. Esta disposición obliga a los Estados miembros a hacer que la plataforma o plataformas sean accesibles para todos los residentes o aquellos que tengan su domicilio social en el territorio de la UE. El artículo 51, siguiendo el ejemplo de otros proyectos de la UE que interconectan registros electrónicos descentralizados [por ejemplo, el sistema de interconexión de los registros empresariales (BRIS) o el sistema de interconexión de los registros de insolvencia (IRI)], exige a la Comisión que establezca un sistema que interconecte los sistemas nacionales de subasta electrónica a través del Portal Europeo de e-Justicia, que debe servir de punto central de acceso electrónico. El valor añadido de un sistema de interconexión de este tipo es la accesibilidad de todas las subastas a través de una plataforma única disponible en todas las lenguas oficiales de la UE. Las especificaciones técnicas de dicho sistema de interconexión se determinarán mediante uno o varios actos de ejecución. Las opciones de desarrollo informático y de contratación pública estarán sujetas a la aprobación previa del Consejo de Tecnologías de la Información y Ciberseguridad de la Comisión Europea. El artículo 52 se refiere a los costes de establecimiento e interconexión de los sistemas de subastas electrónicas, mientras que el artículo 53 establece las responsabilidades de la Comisión en relación con el tratamiento de datos personales en el sistema de interconexión de las plataformas de subastas electrónicas. El artículo 54 establece las normas relativas a la venta de activos de la masa del concurso mediante subasta electrónica en el marco de un procedimiento de liquidación simplificado. El artículo 55 regula la decisión sobre la conclusión de los procedimientos de liquidación simplificados y establece que dicha decisión debe especificar el plazo que conduce a la exoneración de deudas. El artículo 56 establece el principio de que no solo los empresarios deudores, sino también los fundadores, propietarios o miembros de una microempresa de responsabilidad ilimitada, que son personalmente responsables de las deudas del deudor, deben tener acceso efectivo a la plena exoneración de deudas como consecuencia de la conclusión de un procedimiento de liquidación simplificado. Las condiciones, los motivos, el plazo y otras circunstancias del procedimiento que conduce a la exoneración de deudas deben establecerse de conformidad con las normas del título III de la Directiva (UE) 2019/1023. El artículo 57 aclara que los procedimientos relativos a las garantías personales proporcionadas para las necesidades empresariales de las microempresas deben coordinarse o combinarse con los correspondientes procedimientos de liquidación simplificados de la misma microempresa. El título VII contiene disposiciones relativas al comité de acreedores. El comité de acreedores es un instrumento fundamental para garantizar que los procedimientos de insolvencia se lleven a cabo de manera que se protejan los intereses de los acreedores y se garantice la participación de acreedores individuales que, de otro modo, podrían no participar en los procedimientos debido a la escasez de recursos o a la lejanía geográfica. El objetivo de las disposiciones de dicho título es, por tanto, reforzar la posición de los acreedores en el procedimiento. Esto se hace garantizando la constitución de un comité de acreedores si la junta general de acreedores está de acuerdo y estableciendo normas mínimas de armonización en relación con aspectos fundamentales, como el nombramiento de los miembros y la composición del comité, los métodos de trabajo, la función del comité y la responsabilidad personal de sus miembros. El artículo 58 trata de los requisitos para la constitución del comité de acreedores, estableciendo el principio de que la decisión sobre dicha constitución debe adoptarse en la junta general de acreedores. Este artículo también posibilita a los Estados miembros permitir a los acreedores crear un comité de acreedores a partir de la solicitud de insolvencia (y antes de la apertura del procedimiento), garantizando al mismo tiempo que la primera junta general de acreedores se pronuncie sobre su continuación y su composición. Además, se permite a los Estados miembros la facultad discrecional, en su legislación nacional, de excluir la posibilidad de constituir un comité de acreedores en los procedimientos de insolvencia cuando los costes de creación y funcionamiento de dicho comité no guarden proporción con el valor que genera. El artículo 59 establece el procedimiento de nombramiento de los miembros del comité de acreedores y los requisitos para una representación equitativa de los acreedores en el comité. El artículo 60 establece el principio de que el comité de acreedores representa únicamente los intereses de la generalidad de acreedores y actúa con independencia del administrador concursal. Este artículo también permite a los Estados miembros mantener disposiciones nacionales que faciliten la creación de más de un comité de acreedores que representen a diferentes grupos de acreedores. Los artículos 61 y 62 establecen el número de miembros y los requisitos para la destitución y sustitución de un miembro del comité de acreedores. El artículo 63 determina las modalidades de trabajo mínimas del comité de acreedores, incluidos los procedimientos de votación. El artículo 64 establece la función, así como los derechos, las obligaciones y las competencias mínimos del comité de acreedores, como el derecho a ser oído en los procedimientos de insolvencia, la obligación de supervisar al administrador concursal y la competencia para solicitar asesoramiento externo sobre determinados asuntos. El artículo 65 define los requisitos aplicables a los gastos en que incurra el comité de acreedores en el ejercicio de sus derechos y funciones, así como la remuneración de los miembros. Los miembros del comité de acreedores también están sujetos a disposiciones específicas en materia de responsabilidad con arreglo al artículo 66. Por último, el artículo 67 concede un derecho de recurso contra las decisiones del comité de acreedores, cuando la legislación nacional confiera a este la competencia para aprobar decisiones. El título VIII trata de las medidas que refuerzan la transparencia de las legislaciones nacionales en materia de procedimientos de insolvencia. Obliga a los Estados miembros a elaborar y actualizar periódicamente para los inversores una ficha informativa normalizada y claramente definida con información práctica sobre las principales características de su legislación nacional en materia de procedimientos de insolvencia. Esta ficha informativa debe estar disponible en el Portal Europeo de e-Justicia. Como parte del contenido proporcionado por la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, ya se dispone de cierta información sobre los regímenes nacionales de insolvencia de los Estados miembros en el Portal Europeo de e-Justicia. Sin embargo, el contenido de estas páginas nacionales existentes no está armonizado de manera que los inversores puedan comparar fácilmente los diferentes regímenes. El artículo 68 establece requisitos para el contenido y la publicación de una ficha de información fundamental, que debe incluir las características esenciales de la legislación nacional en materia de procedimientos de insolvencia. El título IX establece las disposiciones finales de la propuesta de Directiva. El artículo 69 introduce requisitos para la función del comité de reestructuración e insolvencia, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Directiva (UE) 2019/1023. El artículo 70 introduce una cláusula de revisión y el artículo 71 establece las condiciones de transposición de la propuesta de Directiva. El artículo 72 establece la fecha de entrada en vigor de la propuesta de Directiva y el artículo 73 indica quién es su destinatario.

2022/0408 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la armonización de determinados aspectos de la legislación en materia de insolvencia (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)El objetivo de la presente Directiva es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior y eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales, tales como la libertad de circulación de capitales y la libertad de establecimiento, resultantes de las diferencias entre las normativas y los procedimientos nacionales en materia de insolvencia. (2)Las amplias diferencias entre las legislaciones sustantivas en materia de insolvencia reconocidas por el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo crean obstáculos al mercado interior al reducir el atractivo de las inversiones transfronterizas, lo que repercute en la circulación transfronteriza de capitales dentro de la Unión, así como desde y hacia terceros países. (3)Los procedimientos de insolvencia garantizan la liquidación o reestructuración ordenadas de empresas o empresarios en dificultades financieras y económicas. Estos procedimientos son fundamentales en las inversiones financieras, ya que determinan el valor de recuperación final de dichas inversiones. Las normas divergentes entre los Estados miembros han contribuido a aumentar la inseguridad jurídica y la imprevisibilidad en cuanto al resultado de los procedimientos de insolvencia, lo que ha supuesto un aumento de los obstáculos, especialmente para las inversiones transfronterizas en el mercado interior. Las grandes divergencias en el valor de recuperación y el tiempo necesario para completar los procedimientos de insolvencia en toda la Unión tienen repercusiones negativas en la previsibilidad de los costes para los acreedores e inversores en situaciones transfronterizas del mercado interior. (4)La integración del mercado interior en el ámbito de la legislación en materia de insolvencia que persigue la presente Directiva es un instrumento fundamental para un funcionamiento más eficiente de los mercados de capitales en la Unión Europea, incluido un mayor acceso a la financiación de las empresas. Por lo tanto, es necesario establecer requisitos mínimos en ámbitos específicos de los procedimientos nacionales de insolvencia que tengan un impacto significativo en la eficiencia y la duración de dichos procedimientos, especialmente en los procedimientos de insolvencia transfronterizos. (5)Con el fin de proteger el valor de la masa del concurso para los acreedores, las legislaciones nacionales en materia de insolvencia deben incluir normas eficaces que permitan la anulación de actos jurídicos que sean perjudiciales para los acreedores y que hayan sido perfeccionados antes de la apertura del procedimiento de insolvencia (acciones revocatorias). Habida cuenta de que las acciones revocatorias tienen por objeto revertir los efectos perjudiciales para la masa del acto jurídico, procede referirse a la finalización de la causa de este perjuicio como el momento pertinente, a saber, el perfeccionamiento del acto jurídico en lugar de la ejecución de la prestación. Por ejemplo, en el caso de las transferencias de dinero electrónico, el momento pertinente no debe ser cuando el deudor ordene a la entidad financiera que transfiera el dinero a un acreedor (ejecución del acto jurídico), sino cuando se efectúe el abono en la cuenta de este (perfeccionamiento del acto jurídico). Las normas relativas a las acciones revocatorias también deben permitir la indemnización de la masa del concurso por el perjuicio causado a los acreedores por tales actos jurídicos. (6)El ámbito de aplicación de los actos jurídicos que podrían ser impugnados con arreglo a las normas sobre acciones revocatorias debe establecerse de manera amplia, con el fin de abarcar cualquier comportamiento humano con efectos jurídicos. El principio de igualdad de trato de los acreedores implica que los actos jurídicos también deben incluir las omisiones, ya que no supone ninguna diferencia significativa que los acreedores sufran un perjuicio como consecuencia de una acción o de la pasividad de la parte afectada. Por ejemplo, es indiferente que un deudor renuncie activamente a un crédito frente a su deudor o que permanezca pasivo y acepte la prescripción de dicho crédito. Otros ejemplos de omisiones que pueden ser objeto de acciones revocatorias son la omisión de impugnar una sentencia desfavorable u otras resoluciones de órganos jurisdiccionales o autoridades públicas, o la omisión de registrar un derecho de propiedad intelectual e industrial. Por la misma razón, las normas de revocación no deben limitarse a los actos jurídicos realizados por el deudor, sino que también deben incluir los actos jurídicos realizados por la contraparte o por un tercero. Por otra parte, solo los actos jurídicos deben estar sujetos a normas de revocación que sean perjudiciales para la generalidad de los acreedores. (7)Para proteger las expectativas legítimas de la contraparte del deudor, cualquier interferencia con la validez o la exigibilidad de un acto jurídico debe ser proporcional a las circunstancias en las que dicho acto se perfecciona. Tales circunstancias deben incluir la intención del deudor, el conocimiento de la contraparte o el lapso de tiempo transcurrido entre el perfeccionamiento del acto jurídico y el inicio del procedimiento de insolvencia. Por lo tanto, es necesario distinguir entre una serie de motivos de revocación específicos que se basan en hechos comunes y típicos y que deben complementar los requisitos previos generales para las acciones revocatorias. Cualquier interferencia también debe respetar los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(8)En el contexto de las acciones revocatorias, debe distinguirse entre los actos jurídicos en los que el crédito de la contraparte haya vencido, fuera exigible y se haya satisfecho de la forma debida (coberturas congruentes) y aquellos en los que la ejecución no haya sido totalmente acorde con el crédito del acreedor (cobertura incongruente). Las coberturas incongruentes abarcan, en particular, los pagos prematuros, la satisfacción con medios de pago inusuales, la constitución de garantías a posteriori de un crédito previamente no garantizado que no se hubiera acordado ya en el contrato original por el que se constituyese la deuda, la concesión de un derecho extraordinario de resolución u otras modificaciones no previstas en el contrato subyacente, la renuncia a argumentos u objeciones jurídicas o el reconocimiento de deudas impugnables. En el caso de las coberturas congruentes, el motivo de revocación solo puede invocarse si el acreedor del acto jurídico que puede declararse nulo sabía, o debería haber sabido, en el momento de la transacción que el deudor era insolvente. (9)Algunas coberturas congruentes, a saber, los actos jurídicos que se ejecutan directamente a cambio de una contraprestación justa en beneficio de la masa del concurso, deben quedar exentas del ámbito de aplicación de los actos jurídicos que pueden declararse nulos. Estos actos jurídicos tienen por objeto apoyar la actividad diaria ordinaria de la empresa del deudor. Los actos jurídicos a los que se aplique esta excepción deben tener una base contractual y exigir el intercambio directo de las prestaciones mutuas, pero no necesariamente un intercambio simultáneo de prestaciones, ya que, en algunos casos, pueden producirse retrasos inevitables debido a circunstancias prácticas. Sin embargo, esta exención no debe aplicarse a la concesión de créditos. Además, la prestación y la contraprestación en dichos actos jurídicos deben tener un valor equivalente. Al mismo tiempo, la contraprestación debe beneficiar a la masa y no a un tercero. Esta excepción debe aplicarse, en particular, al pronto pago de materias primas, salarios u honorarios por servicios prestados, en particular a los asesores jurídicos o económicos; al pago en efectivo o con tarjeta de bienes necesarios para la actividad diaria del deudor; a la entrega de bienes, productos o servicios a cambio de una remuneración; a la creación de un derecho de garantía contra el desembolso del préstamo; al pronto pago de tasas públicas a cambio de una contraprestación (por ejemplo, acceso a emplazamientos o instituciones públicos). (10)La financiación nueva o provisional proporcionada durante un intento de reestructuración, incluida la proporcionada en el transcurso de un procedimiento de insolvencia preventivo con arreglo al título II de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, debe protegerse en procedimientos de insolvencia posteriores. Por consiguiente, no deben permitirse las acciones revocatorias basadas en preferencias contra los pagos a los proveedores de dicha financiación nueva o provisional, o la constitución de garantías en favor de estos, si dichos pagos o constitución de garantías se realizan de conformidad con los créditos de los proveedores. Tales pagos o constitución de garantías deben considerarse, por tanto, actos jurídicos realizados directamente a cambio de una contraprestación justa en beneficio de la masa del concurso. (11)La principal consecuencia de la declaración de nulidad de un acto jurídico en un procedimiento revocatorio es la obligación de la parte beneficiaria del acto declarado nulo de indemnizar a la masa del concurso por el perjuicio causado por dicho acto jurídico. La indemnización debe incluir los emolumentos, cuando proceda, y los intereses, de conformidad con el Derecho civil general aplicable. La indemnización implica el pago de una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida si esta no puede restituirse in natura a la masa del concurso. (12)Las partes estrechamente vinculadas al deudor, como los familiares en caso de que el deudor sea una persona física o los agentes que desempeñen funciones decisorias en relación con un deudor que sea una entidad jurídica, suelen disfrutar de una ventaja en materia de información con respecto a la situación financiera del deudor. Con el fin de evitar comportamientos abusivos, deben establecerse salvaguardias adicionales. Por consiguiente, en el contexto de las acciones revocatorias, deben introducirse presunciones jurídicas sobre el conocimiento de las circunstancias en las que se basaron las condiciones para la revocación cuando la otra parte implicada en el acto jurídico que pueda declararse nulo sea una parte estrechamente vinculada al deudor. Estas presunciones deben ser refutables y tener por objeto invertir la carga de la prueba en beneficio de la masa del concurso. (13)La mejora de las posibilidades de los administradores concursales de identificar y rastrear los activos pertenecientes a la masa del concurso es esencial para maximizar el valor de dicha masa. En el ejercicio de sus funciones, los administradores concursales pueden, ya actualmente, acceder a la información contenida en registros públicos de datos, creados en parte por el Derecho de la Unión e interconectados a escala europea, como el sistema de interconexión de los registros empresariales (BRIS), el sistema de interconexión de los registros de insolvencia (IRI) o el sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS). Sin embargo, el acceso a la información contenida en bases de datos públicas no suele bastar para identificar y rastrear activos importantes que se encuentran o deben encontrarse en el perímetro de la masa del concurso. En particular, los administradores concursales se enfrentan a dificultades prácticas cuando intentan acceder a registros de activos situados en el extranjero. (14)Por consiguiente, es necesario establecer disposiciones que garanticen que los administradores concursales, en el ejercicio de sus funciones en el marco de procedimientos de insolvencia, puedan acceder, directa o indirectamente, a la información contenida en bases de datos que no sean de acceso público. (15)El acceso directo rápido a los registros centralizados de cuentas bancarias o a los sistemas de consulta de datos es a menudo indispensable para maximizar el valor de la masa del concurso. Por consiguiente, deben establecerse normas que concedan acceso directo a la información conservada en los registros centralizados de cuentas bancarias o en los sistemas de consulta de datos a los órganos jurisdiccionales designados de los Estados miembros competentes en los procedimientos de insolvencia. Cuando un Estado miembro proporcione acceso a información sobre cuentas bancarias a través de un sistema central electrónico de consulta de datos, dicho Estado miembro debe garantizar que la autoridad que gestiona los sistemas de consulta informe de los resultados de la búsqueda de forma inmediata y sin aplicar filtros a los órganos jurisdiccionales designados. (16)A fin de respetar el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad, solo debe concederse acceso directo e inmediato a los registros de cuentas bancarias a los órganos jurisdiccionales competentes en los procedimientos de insolvencia designados a tal efecto por los Estados miembros. Por lo tanto, los administradores concursales solo deben poder acceder a la información contenida en los registros de cuentas bancarias de forma indirecta, solicitando a los órganos jurisdiccionales designados de su Estado miembro que accedan a ellos y los consulten. (17)La Directiva (UE) AAAA/XX del Parlamento Europeo y del Consejo [OP: Directiva que sustituye a la Directiva 2015/849] establece que los mecanismos centralizados automatizados están interconectados a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias, que será desarrollado y gestionado por la Comisión. Teniendo en cuenta la creciente importancia de los casos de insolvencia con implicaciones transfronterizas y la importancia de la información financiera pertinente a efectos de maximizar el valor de la masa del concurso en los procedimientos de insolvencia, los órganos jurisdiccionales nacionales designados que sean competentes en materia de insolvencia deben poder acceder directamente a los registros centralizados de cuentas bancarias de otros Estados miembros y consultarlos a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias establecido en virtud de la Directiva (UE) AAAA/XX [OP: Directiva que sustituye a la Directiva 2015/849]. (18)Los datos personales obtenidos en virtud de la presente Directiva solo deben ser tratados, de conformidad con las normas aplicables en materia de protección de datos, por los órganos jurisdiccionales designados y los administradores concursales cuando sea necesario y proporcionado a efectos de identificar y rastrear los activos pertenecientes a la masa del concurso del deudor en los procedimientos de insolvencia en curso. (19)La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo garantiza que se conceda a las personas que puedan demostrar un interés legítimo el acceso a la información relativa a la titularidad real de los fideicomisos y otros tipos de instrumentos jurídicos, de conformidad con las normas en materia de protección de datos. Se concederá a dichas personas el acceso a la información sobre el nombre, el mes y el año de nacimiento, el país de residencia y la nacionalidad del titular real, así como sobre la naturaleza y el alcance de la participación real. Es esencial que los administradores concursales puedan acceder rápida y fácilmente a ese conjunto de información para llevar a cabo sus tareas de rastreo de activos en el contexto de procedimientos de insolvencia en curso. Por lo tanto, es necesario aclarar que, en tal caso, el acceso de los administradores concursales constituye un interés legítimo. Al mismo tiempo, el alcance de los datos directamente accesibles para los administradores concursales no debe ser más amplio que el de los datos accesibles para otras partes que tengan un interés legítimo. (20)Para garantizar la trazabilidad eficiente de los activos en el contexto de los procedimientos de insolvencia transfronterizos, debe concederse a los administradores concursales nombrados en un Estado miembro un acceso rápido a los registros de activos, incluso cuando estos registros estén situados en otro Estado miembro. Por lo tanto, las condiciones de acceso aplicables a los administradores concursales extranjeros no deben ser más gravosas que las que se aplican a los administradores concursales nacionales. (21)En el contexto de la liquidación por insolvencia, la legislación nacional en materia de insolvencia debe permitir que la realización de los activos de la empresa se lleve a cabo mediante la venta de la empresa o de parte de ella como empresa en funcionamiento. La venta como empresa en funcionamiento debe significar, en este contexto, la transmisión de la empresa, en su totalidad o en parte, a un adquirente de manera tal que la empresa (o parte de la misma) pueda seguir operando como una unidad económicamente productiva. La venta como empresa en funcionamiento debe entenderse en contraposición a una venta de los activos de la empresa por separado (liquidación fragmentaria). (22)Por lo general, se supone que se puede recuperar más valor en caso de liquidación vendiendo la empresa (o parte de ella) como empresa en funcionamiento y no mediante una liquidación fragmentaria. Con el fin de promover las ventas como empresa en funcionamiento en caso de liquidación, los regímenes nacionales de insolvencia deben incluir un procedimiento de pre-pack, en el que el deudor en dificultades financieras, con la ayuda de un «supervisor», busque posibles adquirentes interesados y prepare la