2007/0229 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea acerca de la

Posición del Consejo sobre la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos de los trabajadores de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro

1. Contexto

Fecha de envío al Parlamento Europeo y al Consejo (COM (2007) 638 final - 2007/0229 (COD) | 26 de octubre de 2007 |

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: | 9 de julio de 2008 |

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones | 18 de junio de 2008 |

Fecha de la posición del Parlamento Europeo, primera lectura: | 24 de marzo de 2011 |

Fecha prevista de adopción de la posición del Consejo: | 24 de noviembre de 2011 |

2. Objeto de la propuesta de la Comisión

La presente propuesta de la Comisión tiene dos objetivos: por una parte, establecer un procedimiento único de solicitud para los nacionales de terceros países que deseen residir en un Estado miembro con fines de trabajo, junto con un permiso único (de residencia y de trabajo) a fin de reducir la burocracia y, por otra, establecer un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro. Dicho conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países está garantizado por el establecimiento de una lista de ámbitos[1] en los que se les concederá igualdad de trato con los nacionales.

3. Comentarios sobre la posición del Consejo

La posición del Consejo es el resultado de un largo proceso de negociación. Tras la primera lectura del Parlamento Europeo el 24 de marzo de 2011, se logró finalmente un acuerdo entre los colegisladores sobre las cuestiones pendientes en un diálogo a tres el 22 de junio de 2011. La única cuestión pendiente era la de las tablas de correspondencia, respecto a la cual se ha encontrado entretanto una solución horizontal[2].

El COREPER confirmó el acuerdo sobre el texto el 29 de junio de 2011. El 15 de julio de 2011, el Presidente de la Comisión LIBE envió una carta a la Presidencia del Consejo en la que confirmaba el acuerdo de los ponentes (LIBE, EMPL y los ponentes alternativos) sobre el texto aprobado por el COREPER y sobre la declaración interinstitucional anexa al mismo, y en la que declaraba que, si dichos textos se remitían oficialmente al Parlamento Europeo como posición del Consejo, recomendaría que los miembros de la Comisión LIBE y, posteriormente, la sesión plenaria los aceptaran sin enmiendas. El 20 de julio de 2011, el COREPER alcanzó un acuerdo político sobre esta base.

A continuación se exponen las principales diferencias entre la posición común y la propuesta original de la Comisión.

- Precisión y algunas limitaciones al ámbito de aplicación (artículo 3)

La posición común especifica, por una parte, y, por otra, limita aún más el ámbito de aplicación de la propuesta.

En primer lugar, aporta una precisión al ámbito de aplicación de la igualdad de trato (artículo 3, apartado 1, letra b) y b) bis nueva) remitiéndose a las dos categorías de posibles beneficiarios: los nacionales de terceros países que han sido admitidos a trabajar y aquellos que han sido admitidos a otros efectos pero a quienes se permite trabajar. Este cambio confirma la intención de la Comisión de establecer un amplio ámbito de aplicación que incluya también a las personas que pueden trabajar pero que llegaron con un objetivo inicial de admisión diferente. No obstante, esas enmiendas precisan que esta última categoría debe contar con un permiso de residencia[3].

En segundo lugar, se excluye del ámbito de aplicación a los marineros y a los nacionales de terceros países que disfrutan de protección internacional, protección temporal o protección en virtud de la legislación nacional, recordando que sus derechos están regulados en otros instrumentos.

En tercer lugar, se excluye del ámbito de aplicación a los trabajadores autónomos. No obstante, esa exclusión solo tiene carácter de declaración, ya que la definición de trabajadores de terceros países de la propuesta (artículo 2, letra b)) deja claro que sólo afecta a los trabajadores por cuenta ajena.

Por último, existe una posible excepción —pero solo en lo que se refiere a las normas sobre el procedimiento único/permiso único— en favor de los estudiantes y de quienes estén autorizados a trabajar por periodos inferiores a seis meses. Estas dos últimas categorías siguen sujetas a las disposiciones de igualdad de trato establecidas en el artículo 12.

- Existencia paralela de un régimen de visados nacionales de larga duración (artículo 2, letra c), y artículo 3, apartado 4)

Al sustituir la referencia a «toda autorización» por «un permiso de residencia» en el artículo 2, letra c), la posición común permite a los Estados miembros mantener su sistema de visado de larga duración. El objetivo de la Comisión era que el permiso único constituyera la única autorización de trabajo, pero dada la evolución en este campo (el artículo 1, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento 265/2010 limita a un año el período de validez de los visados de larga duración y reconoce estos documentos a efectos de viaje dentro del espacio de Schengen en la UE), la Comisión puede aceptar que se permita a los Estados miembros expedir visados de larga duración en paralelo a los permisos únicos, a condición de que la existencia de visados de larga duración no dé lugar a una diferencia de derechos de los trabajadores migrantes que dispongan de dicho documento.

Precisiones al procedimiento de solicitud (artículos 4, 5, 8 y 10)

En la posición común se especifican con más detalle las normas de procedimiento. A petición del Parlamento Europeo se hace referencia a los posibles solicitantes (el nacional del tercer país, su futuro empleador o a cualquiera de los dos). Por lo que respecta a las normas sobre las tasas, se mantiene el principio de proporcionalidad, pero se añaden disposiciones sobre el posible cálculo sobre la base del servicio efectivo. Finalmente, como parte del acuerdo final, a petición del Consejo, el plazo previsto para el procedimiento se ha ampliado a cuatro meses frente a los tres meses inicialmente propuestos por la Comisión.

- Autorización para almacenar la información adicional en un medio electrónico o en papel (artículos 6 y 7)

Como parte del acuerdo global, a petición del Consejo, se ofrece a los Estados miembros la posibilidad de almacenar la información —que no se adapte al formato armonizado— en un medio electrónico o en un documento en papel adicional[4]. Dicha posibilidad puede servir para mejorar el control de la inmigración, si bien interesa también al trabajador migrante conservar toda la información relativa a su empleo que pueda impedir que se le explote (por ejemplo, en lo que se refiere a las horas de trabajo). No obstante, debe garantizarse que esos documentos no conduzcan a la reintroducción de un permiso de trabajo.

- Derecho a la igualdad de trato (artículo 12)

La posición común ha adoptado un enfoque más limitativo en materia de acceso a los bienes y servicios, al permitir que los Estados miembros apliquen las disposiciones en materia de igualdad de trato solo a aquellos que ocupen efectivamente un empleo (artículo 12, apartado 2, letra d). En lo que respecta al acceso a la educación, la igualdad de trato está también garantizada a los trabajadores migrantes parados registrados. No obstante otras limitaciones son posibles en lo que respecta a las tasas y otros requisitos previos, pero debe establecerse una garantía mínima de igualdad de trato en el ámbito de la formación profesional vinculada a la actividad laboral concreta (artículo 12, apartado 2, letra a).

Al mismo tiempo, atendiendo a la petición del Parlamento Europeo, se adoptaron disposiciones relativas a la igualdad de trato más ambiciosas que en la propuesta de la Comisión en lo que se refiere a la seguridad social, incluyendo no sólo a los que ocupan actualmente un empleo, sino también a los que lo han ocupado durante un mínimo de 6 meses y están registrados en el paro. Además, los colegisladores acordaron ampliar los derechos de igualdad de trato a las condiciones de trabajo y a la libertad de asociación (artículo 12, apartado 1), letras a) y b)) también a quienes actualmente no están empleados. El derecho a exportar derechos de pensión adquiridos en las mismas condiciones y con los mismos tipos fue mantenido por los colegisladores con alguna legítima precisión técnica (artículo 12, apartado 4).

Existe una limitación específica en el ámbito de la seguridad social; no tienen que concederse prestaciones familiares a quienes trabajan en virtud de un visado o han sido autorizados a trabajar durante seis meses o menos, o han sido admitidos como estudiantes (artículo 12, apartado 2, letra e)). La Comisión subraya su preferencia por la aplicación del principio de igualdad de trato independientemente del tipo de documento (visado o permiso único) que posean los trabajadores migrantes. No obstante, teniendo en cuenta que los trabajadores que poseen un visado de larga duración se beneficiarán de la igualdad de trato en lo que se refiere a todos los derechos excepto a este beneficio específico y que se beneficiarán de plena igualdad de trato en lo que respecta a las prestaciones familiares en una situación transfronteriza[5], la Comisión no se opone a esta nueva disposición.

- Transposición (considerando 32 y artículo 16)

Según lo indicado anteriormente, la única cuestión pendiente tras el último diálogo a tres entre los colegisladores era la cuestión de las tablas de correspondencia, respecto a la cual se ha encontrado entretanto una solución horizontal. Por lo tanto —previa petición justificada de la Comisión— el considerando 32 de la posición común establece que los Estados miembros se comprometerán a acompañar la notificación de sus medidas de transposición de uno o más documentos explicando la relación entre los elementos de la Directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición.

4. CONCLUSIÓN

La posición común cumple el objetivo original de la Comisión de simplificar los procedimientos y tener un único permiso y de proteger a los trabajadores migrantes, de proporcionarles una serie de derechos socio-económicos relacionados con el trabajo sobre la base, en la medida de lo posible, de la igualdad de trato con los trabajadores de la UE, creando así un marco jurídico armónico en toda la UE. La sustancia de la posición del Consejo se ajusta, pues, en líneas generales a la propuesta de la Comisión y, por lo tanto, puede apoyarse.

[1] Condiciones de trabajo; libertad de asociación, educación y formación profesional, reconocimiento de diplomas; seguridad social, exportación de derechos a pensión adquiridos; ventajas fiscales, acceso a bienes y servicios, incluidos el acceso a la vivienda y a los servicios de asesoría de las oficinas de empleo.

[2] En una declaración política conjunta del Parlamento, el Consejo y la Comisión se encuentra resumida una solución horizontal.

[3] En virtud del Reglamento 1030/2002, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uniforme de permisos de residencia para nacionales de terceros países.

[4] Reglamento 1030/2002, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uniforme de permisos de residencia para nacionales de terceros países

[5] Reglamento (UE) nº 1231/10, de 24 de noviembre de 2010, por el que se amplía la aplicación del Reglamento (CE) n° 883/2004 y el Reglamento (CE) n° 987/2009 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos.