Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción para una mayor sensibilización de las profesiones jurídicas ante el Derecho comunitario (Acción Robert Schuman) (96/C 378/08) COM(96) 580 final - 96/0277(COD)

(Presentada por la Comisión el 19 de noviembre de 1996) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado,

(1) Considerando que en la Declaración n° 19 relativa a la aplicación del Derecho comunitario, aneja al acta final del Tratado de la Unión Europea y adoptada el 7 de febrero de 1992 por la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, se subraya que es necesario para el buen funcionamiento de la Comunidad que las medidas adoptadas en los distintos Estados miembros conduzcan a una aplicación del Derecho comunitario con la misma eficacia y rigor que en la aplicación de sus respectivos Derechos nacionales;

(2) Considerando que la realización del mercado interior ha requerido un considerable esfuerzo legislativo que conlleva, en particular, una aproximación de las legislaciones nacionales destinada a crear un espacio sin fronteras;

(3) Considerando que la aplicación efectiva y uniforme de las normas del Derecho comunitario en dicho ámbito constituye una nueva prioridad indispensable para el buen funcionamiento del mercado interior;

(4) Considerando que las normas comunitarias relativas a las libertades del mercado interior que surten efecto directo pueden ser invocadas, según los procedimientos establecidos en el Derecho nacional, ante cualquier jurisdicción nacional, y que los ciudadanos, consumidores y empresas deben poder confiar en la aplicación de estas normas y gozar, en todos los Estados miembros, de los derechos y garantías que confieren; que está en juego su seguridad jurídica, la credibilidad del mercado interior y, más aún, la confianza en todo el proceso de construcción europea;

(5) Considerando que los ciudadanos, consumidores y empresas únicamente podrán hacer valer todos los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico comunitario ante cualquier juridicción nacional de la Unión, si los profesionales del Derecho que participan de forma más directa en la aplicación de las normas del Derecho comunitario, a saber, jueces y abogados, están suficientemente informados y formados para hacerlo;

(6) Considerando que la Comunicación de la Comisión al Consejo, de 22 de diciembre de 1993, titulada «Aprovechar al máximo el mercado interior - programa estratégico» (1), insiste en la importancia, tanto para los justiciables como para el buen funcionamiento del mercado interior, de que los tribunales nacionales sean capaces de resolver un mayor número de casos referentes a la conformidad de normas o actuaciones con el Derecho comunitario y, en este sentido, hace hincapié en la mejora de los conocimientos de los medios jurídicos en lo que respecta a dicho Derecho;

(7) Considerando que en la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 1996, sobre el Duodécimo Informe Anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2) se pide a la Comisión que, con objeto de mejorar la aplicación eficaz y uniforme del Derecho comunitario por parte de las jurisdicciones nacionales, presente un programa de formación e información de las profesiones jurídicas en el ámbito del Derecho comunitario;

(8) Considerando que una mayor sensibilización de los jueces y abogados de los Estados miembros ante el Derecho comunitario puede mejorar la cooperación, inherente al ordenamiento jurídico comunitario, entre las jurisdicciones nacionales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;

(9) Considerando que no incumbe a la Comunidad Europea, conforme al principio de subsidiariedad y en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Tratado CE, asumir la responsabiliad de los Estados miembros en lo que se refiere a la organización y el contenido de la formación profesional de jueces y abogados;

(10) Considerando que es de su competencia proponer la creación de un dispositivo de apoyo destinado a ayudar a los Estados miembros a remediar las situaciones de déficit de formación e información que repercutan, allí donde se presenten, en la correcta aplicación del Derecho comunitario, necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior;

(11) Considerando que el objetivo de lograr una mayor sensibilización de jueces y abogados ante el Derecho comunitario ha de formar parte del dispositivo global que, desde el control de la correcta transposición de las normas del Derecho comunitario hasta las sanciones aplicables en caso de que sea infringido, se propone garantizar la aplicación efectiva y uniforme de las normas del mercado interior;

(12) Considerando que la realización de este objetivo implica la instauración de medios de acción específicos, adaptados a las exigencias y limitaciones de la práctica profesional; que la instauración de un instrumento específico cuyo objetivo es mejorar el conocimiento del Derecho comunitario por parte de los jueces y abogados de los Estados miembros completa, en beneficio de unos destinatarios muy concretos, los programas e iniciativas comunitarias ya existentes,

HAN ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Establecimiento de la Acción Robert Schuman

1. La presente Decisión establece el programa de estímulo denominado «Acción Robert Schuman» para el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1999.

2. Mediante este instrumento de apoyo financiero, la Comunidad se propone estimular y apoyar las iniciativas destinadas a lograr una mayor sensibilización ante el Derecho comunitario de los jueces y abogados de los Estados miembros de la Unión.

Artículo 2

Objetivos de la Acción Robert Schuman

1. La Acción Robert Schuman perseguirá los objetivos siguientes:

a) apoyar el lanzamiento en los Estados miembros de acciones de formación (inicial o permanente) de carácter práctico en Derecho comunitario por las instituciones encargadas de la formación de jueces y abogados o de futuros jueces y abogados;

b) apoyar el desarrollo en los Estados miembros de medios de información (clásicos o basados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información) sobre Derecho comunitario destinados a jueces y abogados;

c) apoyar las iniciativas que puedan facilitar la puesta en práctica de los dos tipos de apoyo mencionados, completarlos o aumentar sus efectos.

2. La Acción Robert Schuman apoya y complementa la actuación de los Estados miembros en materia de formación e información sobre Derecho comunitario, respetando plenamente su responsabilidad en lo que concierne a la definición del contenido y de la organización de la formación profesional.

Artículo 3

Instrumento de intervención comunitaria

1. La Acción Robert Schuman se concibe como un marco de apoyo financiero a las iniciativas emprendidas en los Estados miembros con el fin de realizar los objetivos citados en el artículo 2.

2. A cada uno de estos objetivos corresponde una vertiente específica de la Acción Robert Schuman: vertiente «formación», vertiente «información» y vertiente «acciones de acompañamiento».

Artículo 4

Condiciones para optar a las ayudas

1. Podrán optar al apoyo financiero de la Acción Robert Schuman las instituciones encargadas en los Estados miembros -a escala local, regional o nacional- o bien a nivel comunitario de:

- la formación profesional permanente de jueces o abogados,

o

- la formación profesional inicial de futuros jueces o abogados.

2. Las instituciones contempladas en el apartado 1 son:

a) los órganos jurisdiccionales;

b) los colegios de abogados y organizaciones profesionales asimiladas;

c) el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial o asimilados;

d) los centros de enseñanza autorizados encargados de la formación inicial o permanente de jueces o abogados;

e) las universidades encargadas de impartir la formación inicial o permanente de jueces o abogados.

Artículo 5

Criterios de selección de los proyectos

1. Las instituciones subvencionables solicitarán el apoyo financiero procedente de la Acción Robert Schuman presentando a los servicios competentes de la Comisión un proyecto de acción de formación, de información o de acompañamiento.

2. La selección de los proyectos y la concesión de las ayudas financieras se basarán en la aplicación de los criterios siguientes:

a) Carácter práctico

Las acciones previstas deberán permitir a sus destinatarios adquirir conocimientos adecuados y de utilidad inmediata para el ejercicio cotidiano de su actividad profesional.

b) Facilidad de acceso

Las acciones previstas deberán perseguir la sensibilización del mayor número posible de jueces y abogados y ser provechosas, en particular, para los que aún no hayan sido sensibilizados en lo que se refiere al Derecho comunitario.

c) Adaptación a las limitaciones que impone la práctica profesional

Las acciones previstas deberán desarrollarse conforme a modalidades adaptadas a las exigencias de la práctica profesional (especialmente en lo que a horario y proximidad geográfica se refiere).

d) Relación coste-eficacia

A la hora de evaluar los proyectos presentados en el marco de la Acción Robert Schuman, la Comisión tendrá en cuenta los principios establecidos en los Reglamentos financieros aplicables en la materia, especialmente los principios de buena gestión financiera, de economía y de relación coste-eficacia.

Las acciones previstas deberán implicar unos costes razonables con respecto a sus objetivos. Una mejora en la relación coste-eficacia de estas acciones podrá lograrse, en particular, mediante la asociación de varias instituciones subvencionables y la consiguiente utilización conjunta de sus recursos.

3. Criterios facultativos complementarios:

Asimismo, se valorarán los siguientes criterios de evaluación facultativos:

a) el carácter interprofesional de las acciones (la presencia de jueces y abogados tanto entre sus organizadores como entre sus destinatarios);

b) el carácter transfronterizo de las acciones (la presencia de ciudadanos de varios Estados miembros de la Unión tanto entre sus organizadores como entre sus destinatarios).

Artículo 6

Modalidades de apoyo

1. Las ayudas financieras de la Acción Robert Schuman, destinadas a incentivar, completar y apoyar la actuación de las instituciones citadas en el artículo 3 de la presente Decisión, constituyen un apoyo adicional a las fuentes de financiación locales o nacionales, y su objetivo es posibilitar la realización de un proyecto. En consecuencia, el apoyo financiero concedido no podrá dar lugar a la realización de un beneficio directo o indirecto.

2. Para garantizar la continuidad de las acciones subvencionadas, el beneficiario de una ayuda de la Acción Robert Schuman se comprometerá a proseguir su acción, al término del período durante el cual haya disfrutado de la ayuda, durante un lapso de tiempo equivalente a dicho período y sin apoyo por parte de la Comisión.

Los beneficiarios se comprometerán a reembolsar íntegramente los importes recibidos, en caso de incumplir tal compromiso.

3. El apoyo financiero de la Acción Robert Schuman se concederá por un período de uno o dos años.

4. El apoyo financiero previsto en virtud de la Acción Robert Schuman se concederá con arreglo a las normas aplicadas por la Comisión en materia de subvenciones. El control del respeto de estas normas estará garantizado por los servicios de la Comisión y por el Tribunal de Cuentas Europeo.

Artículo 7

Puesta en práctica

1. La Comisión establecerá las modalidades para la puesta en práctica y ejecución del presente programa.

2. Se publicará una convocatoria de manifestaciones de interés anual en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas para informar a los candidatos potenciales de los objetivos y las condiciones de acceso a una ayuda de la Acción Robert Schuman.

Artículo 8

Coherencia de la acción comunitaria

1. La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, velará por la coherencia entre el presente programa y las demás acciones comunitarias llevadas a cabo en materia de formación o de información.

2. La Acción Robert Schuman completa la acción desarrollada en el marco de otros programas, en particular, el programa Leonardo da Vinci para la aplicación de una política de formación profesional de la Comunidad, la Acción Jean Monnet para el desarrollo de la enseñanza sobre la integración europea en la universidad, o el programa Grotius -una acción conjunta fundada en el artículo K.3 del Tratado de la Unión- de fomento e intercambio destinado a los profesionales del Derecho.

Artículo 9

Seguimiento y evaluación

1. La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, garantizará el seguimiento y la evaluación periódica del presente programa con objeto de que, llegado el caso, sea reajustado en función de las necesidades surgidas en el curso de su ejecución.

2. La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, a más tardar el 31 de diciembre de 1999, un informe de evaluación sobre la aplicación del presente programa.

Artículo 10

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 1997.

(1) COM(93) 632.

(2) DO n° C 65 de 4. 3. 1996, p. 37.