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Bruselas, 15.9.2008

COM(2008) 552 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses {SEC(2008) 2420}

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses

Introducción

El artículo 18 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (en lo sucesivo, «la Directiva») dispone que «l a Comisión presentará cada tres años al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. Basándose en dichos informes, la Comisión propondrá al Consejo, en su caso, las modificaciones de la Directiva que resulten necesarias para garantizar una imposición efectiva más satisfactoria de los rendimientos del ahorro, así como la eliminación de toda distorsión indeseable de la competencia. »

Para la elaboración de este primer informe, se han tenido en cuenta las consultas mantenidas con las Administraciones tributarias de los Estados miembros de la UE, los datos por ellas comunicados durante los dos primeros ejercicios fiscales de aplicación de la Directiva, así como las conclusiones de un grupo de expertos creado en 2007 por la Comisión con el fin de recabar la opinión de los sectores empresariales potencial o efectivamente afectados por dicha Directiva. En la siguiente dirección, puede obtenerse información adicional:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_en.htm

El informe abarca la incorporación y aplicación de la Directiva y en él se sintetiza la evaluación económica (que puede consultarse por extenso en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2008)2420) así como las sugerencias de la Comisión respecto de la necesidad de introducir modificaciones.

1. TRANSPOSICIÓN Y APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA

Todos los Estados miembros han incorporado la Directiva y han empezado a aplicar las correspondientes normas en las fechas previstas a tal fin (es decir, el 1 de julio de 2005 y, en el caso de Bulgaria y Rumanía, el 1 de enero de 2007). Hasta ahora, la Comisión ha incoado dos procedimientos de infracción en relación con la aplicación de la Directiva. Se ha enviado a los dos Estados miembros afectados sendas cartas de emplazamiento invitándoles a remitir sus observaciones. Una de las infracciones está relacionada con la incompleta transposición del artículo 4, apartado 3, por el que se autoriza a los agentes pagadores previstos en el artículo 4, apartado 2, a optar por ser tratados como OICVM[1] a efectos de aplicación de la Directiva. La otra atañe a la inaplicación de la Directiva cuando el beneficiario efectivo tiene la consideración de no residente. El Estado miembro afectado considera que la Directiva no es de aplicación si el beneficiario efectivo se halla exento en su Estado miembro de residencia, pero la Comisión no comparte esta opinión.

La Comisión ha procedido al seguimiento de los intercambios de información realizados utilizando un formato común basado en el formato magnético normalizado de la OCDE y el canal de comunicación CCN-Mail 2. Todos los intercambios de información que se llevaron a cabo durante los años 2006 y 2007 se desarrollaron en los plazos previstos y no registraron incidencias técnicas particulares. No obstante, especialmente durante el primer año, los Estados miembros señalaron haber tenido cierta dificultad para identificar a los contribuyentes, por no disponer de su número de identificación fiscal (NIF) o de información sobre su fecha y lugar de nacimiento. La Comisión agilizó la comunicación de algunos datos estadísticos y convocó reuniones a fin de permitir a las Administraciones tributarias intercambiar sus experiencias.

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Se dispone de datos de los Estados miembros correspondientes al segundo semestre de 2005 y al año 2006. Disponer de series temporales más largas, incluido el período previo a la introducción de la Directiva, hubiera permitido evaluar de forma más satisfactoria los efectos de esta última.

2.1 Dat os de los países participantes

Para muchos países, la recopilación y comunicación de este tipo de datos constituye una novedad, lo que puede explicar el hecho de que existan lagunas en la comunicación de algunas cifras, en particular, en lo relativo al intercambio de información. Por otro lado, aún no se ha llegado a un acuerdo respecto de la definición de tratamiento de datos. Estos factores han limitado las posibilidades de análisis de la Comisión.

Como cabía esperar, entre los países que efectúan un intercambio de información en virtud de los artículos 8 y 9, son las economías de mayores dimensiones las que presentan cifras más elevadas. Por ejemplo, el Reino Unido comunicó un importe de 9.100 millones de EUR en concepto de pagos realizados entre el 1 de julio de 2005 y el 5 de abril de 2006 (final del ejercicio fiscal).

La mayor parte de los ingresos procedentes de la retención a cuenta en 2005 y 2006 se obtuvieron en Suiza y Luxemburgo, a los que correspondió, respectivamente, más del 45% y del 22% de los ingresos totales. Durante los ejercicios fiscales 2005 y 2006, los mayores beneficiarios de los ingresos derivados de la retención a cuenta fueron Alemania (192,7 millones de EUR) e Italia (112,9 millones de EUR). Bélgica obtuvo más de 71 millones de EUR, procedentes principalmente de Luxemburgo (el 74% del total).

2.2 Datos procedentes de otras fuentes

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) recopila datos sobre las posiciones externas de los bancos en los cerca de 40 países que suministran información. El BPI ha comunicado datos no disponibles al público en relación con los préstamos y depósitos transfronterizos bilaterales de los países que le remiten datos (únicamente Singapur y Macao se han negado a revelar sus datos bilaterales) para el periodo 2000-2007. Los países se han clasificados en tres categorías: los que aplican la retención a cuenta en virtud de la Directiva y los acuerdos conexos, los que realizan el intercambio de información en virtud de dichas disposiciones legislativas, y terceros países. Dejando al margen las rupturas estructurales observadas en los datos, el porcentaje del total de depósitos de los países que aplican la retención a cuenta pasó del 35,0% al 29,3% entre mediados de 2003 y mediados de 2005, si bien se estabilizó tras la introducción de la Directiva. En los países que intercambian información, la ratio entre los depósitos bancarios y no bancarios[2] fue más elevada, y su porcentaje de los depósitos no bancarios disminuyó ligeramente, si bien es preciso observar que todo ello se produjo antes de que la Directiva entrase en vigor.

Los datos de EUROSTAT analizados se refieren a la renta agregada procedente del pago de intereses correspondiente a 20 Estados miembros de la UE durante los ejercicios 2000 a 2006, desglosada por beneficiarios. De nuevo en este caso, el análisis no muestra ningún cambio importante tras la aplicación de la Directiva. La proporción de los intereses percibidos por los hogares en el total de intereses percibidos por los particulares y las empresas disminuyó, si bien ello se debió principalmente a un aumento de los ingresos de las entidades financieras. Asimismo, la proporción de intereses en las rentas del patrimonio percibidas por los hogares disminuyó en favor de los dividendos, aunque este fenómeno se había iniciado ya en 2000.

Por último, los datos disponibles correspondientes a los OICVM y no OICVM[3] entre 2002 y 2007 facilitados por la Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos muestran que el porcentaje de este tipo de organismos se ha mantenido constante, en un 78% y un 22% respectivamente. El único cambio reseñable es la disminución gradual de los OICVM que invierten en bonos, que pasaron de un 29% a un 19,5% del total, en beneficio fundamentalmente de los que invierten en renta variable. También en este caso, el fenómeno fue anterior a la introducción de la Directiva.

3. EVENTUALES MEJORAS

La Directiva ha demostrado su eficacia dentro de los límites de su ámbito de aplicación. Ha tenido asimismo efectos positivos indirectos, no mensurables, sobre el cumplimiento, por parte de los contribuyentes, con sus obligaciones en materia de declaración de los rendimientos derivados del pago de intereses. Sin embargo, el proceso de revisión ha puesto de manifiesto que el actual ámbito de aplicación de la Directiva no cubre las expectativas unánimemente expresadas en las conclusiones del Consejo de 26 y 27 de noviembre de 2000.

Así pues, la Comisión aboga por la introducción de algunas modificaciones en relación con los siguientes puntos:

el beneficiario efectivo;

la definición de agente pagador;

el tratamiento de los instrumentos financieros equivalentes a los ya cubiertos explícitamente;

los aspectos de procedimiento.

El análisis de las sugerencias que figuran a continuación se completa con el documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC (2008)559 «Refining the present coverage of Council Directive on taxation of income from savings» («CSWD 559») (perfeccionar el ámbito de aplicación actual de la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro), así como con el resto de documentos disponibles en la página de Internet mencionada en la introducción.

3.1 Beneficiario efectivo y pagos a las entidades jurídicas e instrumentos jurídicos establecidos dentro y fuera de la UE

En consonancia con la finalidad última de la Directiva, los artículos 1 y 2 sólo se aplican a los pagos de intereses en beneficio inmediato de las personas físicas y no a los pagos a entidades o instrumentos jurídicos. Este ámbito de aplicación tan restringido puede brindar a las personas físicas residentes en la UE la oportunidad de eludir la Directiva recurriendo a una entidad o instrumento jurídico interpuestos.

Tal como se explica en el apartado 2.1 del CSWD 559, no parece que la ampliación indiscriminada de la cobertura de la Directiva a fin de que pueda abarcar todos los pagos efectuados a entidades o instrumentos jurídicos establecidos en otros Estados miembro sea la solución adecuada. El logro del objetivo último de la Directiva exige conocer tanto la identidad de la persona física que es el beneficiario efectivo como su Estado miembro de residencia. Además, esta ampliación tampoco sería eficaz si la persona física residente en la UE invierte a través de una entidad o instrumento jurídico intermedio establecido en un territorio no comunitario (probablemente exento o sujeto a un impuesto sobre el rendimiento de los intereses muy exiguo).

Una solución más eficaz y que se hallaría en consonancia con el actual ámbito de aplicación de la Directiva y con su objetivo último consistiría en pedir a los agentes pagadores que, siempre y cuando ello no lleve aparejadas cargas administrativas demasiado elevadas, utilicen la información a su disposición en relación con el beneficiario o beneficiarios efectivos de los pagos efectuados a una persona jurídica o un instrumento jurídico (enfoque denominado «de transparencia»). Esta medida es similar a la ya exigida en aplicación del artículo 2, apartado 2, en relación con los pagos a personas físicas que de acuerdo con la información de que se disponga no sean el beneficiario efectivo. Las medidas de «diligencia debida con respecto al cliente» que las entidades financieras y los profesionales de la UE están obligados a aplicar en la lucha contra el blanqueo de dinero[4] pueden constituir indicadores útiles a este respecto. Tales medidas ofrecen criterios prácticos que dichas entidades y profesionales pueden aplicar a fin de identificar a la persona física beneficiaria por cuenta de la cual opere una empresa u otra entidad o instrumento jurídico.

Ahora bien, es preciso señalar que dichos criterios no siempre resultan pertinentes de cara a la identificación del beneficiario efectivo a los fines de la Directiva. Cuando los operadores económicos establecidos en la UE proceden al pago de intereses a otros operadores económicos (entidades o instrumentos jurídicos) que se hallan asimismo establecidos en la UE y que, por tanto, responden a la definición de «agente pagador», la aclaración de la definición de agente pagador y de las obligaciones del mismo parece una solución más segura y proporcionada que la mera aplicación de un enfoque «de transparencia» basado en las medidas de «diligencia debida con respecto al cliente». No obstante, podría contemplarse una aplicación selectiva del mencionado enfoque en relación con los pagos realizados a categorías específicas de entidades e instrumentos jurídicos establecidos en territorios concretos no pertenecientes a la UE y de los que los beneficiarios efectivos residentes en la UE puedan servirse a fin de evadir impuestos. A tal fin, habría que incluir en anexo a la Directiva la lista de esos territorios y de sus correspondientes entidades e instrumentos jurídicos. Sería preciso prever los oportunos procedimientos a fin de adaptar el anexo en función de las necesidades que fueran surgiendo.

Paralelamente a la aplicación selectiva del enfoque de transparencia, merecería la pena aclarar cuál es la responsabilidad de los operadores económicos de la UE cuando tienen conocimiento de que el pago de intereses a un operador establecido fuera del ámbito territorial de la Directiva (y de los acuerdos conexos) beneficia en realidad a una persona física que, según su información, reside en otro Estado miembro de la UE y puede considerarse su cliente. Ello contribuiría asimismo a evitar una posible utilización indebida de la red internacional de entidades financieras (sucursales, filiales, sociedades asociadas o holdings) con el fin de eludir la aplicación de la Directiva (y de los acuerdos).

3.2 De finición de agente pagador

La experiencia adquirida hasta el momento lleva a plantearse la idoneidad de la definición de agente pagador prevista en el artículo 4. En tanto que el concepto general que figura en el apartado 1 de « operador económico que pague intereses al beneficiario efectivo, o le atribuya el pago de intereses para su disfrute inmediato » ha sido comprendido con relativa facilidad y no parece exigir la introducción de cambios importantes, salvo la aclaración de la responsabilidad de dichos agentes cuando efectúan pagos a partes establecidas fuera de la UE (véase el último párrafo del apartado 3.1.), el concepto complementario de «agente pagador en el momento de la percepción» desarrollado en los apartados 2 a 5 de dicho artículo parece haber generado mayor incertidumbre. Además de acarrear costes para los operadores económicos de la UE, no ha tenido los resultados esperados por los Estados miembros. Así pues, algunos de estos operadores económicos, en particular, los bancos, han reclamado su abandono.

Si no se establecen mecanismos alternativos que cubran los pagos efectuados a las estructuras intermedias dentro de la UE (como la ampliación del enfoque «de transparencia», véase el tercer párrafo del apartado 3.1.), el abandono de este concepto podría alentar a los beneficiarios efectivos que sean personas físicas a servirse ampliamente de dichas estructuras para eludir las disposiciones de la Directiva. Tal como demuestran recientes casos de evasión fiscal, en los que se han visto implicados países no comunitarios que ya cooperaban con la UE en el ámbito de la fiscalidad del ahorro, la falta de coherencia en la aplicación del concepto de «agente pagador en el momento de la percepción» permite la aparición del fraude y del falseamiento de la competencia. Los fondos de inversión regulados a escala comunitaria, cuyos rendimientos se tienen en cuenta a efectos de la Directiva (artículo 6), podrían verse expuestos a la competencia desleal de otras estructuras intermedias de inversión, que se hallan excluidas de facto de la definición principal de agente pagador, contenida en el artículo 4, apartado 1, puesto que los pagos por ellas efectuados, incluso en el caso de que hayan sido generados por una inversión en créditos, no se consideran pagos de intereses desde el punto de vista jurídico.

En vez de abandonar el concepto de «agente pagador en el momento de la percepción», la Comisión propone más bien su aclaración, a fin de que pueda aplicarse de forma coherente. Una posible forma de llevar a cabo dicha aclaración sería dejar de aplicar el actual planteamiento, centrado fundamentalmente en el operador económico inicial que paga intereses a las entidades en cuestión, e introducir otro basado en una definición «positiva» de las estructuras intermedias a las que se atribuirá la obligación de actuar como «agentes pagadores en el momento de la percepción».

Con tal planteamiento, quedaría claro que esas estructuras intermedias están obligadas a aplicar las disposiciones de la Directiva en la medida en que alguno de sus beneficiarios efectivos sea una persona física residente en otro Estado miembro de la UE. Esta obligación nacería en el momento de la percepción por parte de dichas estructuras de cualquier pago de intereses , según la definición del artículo 6, efectuado por cualquier operador económico situado en un eslabón anterior de la cadena , no sólo los establecidos en otro Estado miembro (artículo 4, apartado 2, último párrafo) o en el mismo Estado miembro (artículo 4, apartado 4), sino también los establecidos fuera de la UE. Tal medida contribuiría a mejorar la eficacia de la Directiva y a asegurar una competencia leal entre los operadores económicos de la UE y del exterior.

A fin de evitar el falseamiento de la competencia en el mercado, la definición «positiva» de las estructuras que actúan en calidad de «agentes pagadores en el momento de la percepción» debería basarse más bien en aspectos sustantivos y no tanto en la forma jurídica. Así pues, los criterios fundamentales no deberían consistir en si la estructura en cuestión es una entidad o un instrumento jurídico o si tiene o no personalidad jurídica. Habida cuenta de los objetivos de la Directiva, la Comisión se inclina por una definición que abarque todas las entidades e instrumentos cuyos rendimientos, incluidos los rendimientos mencionados en el artículo 6, no estén sujetos a tributación en virtud de las normas generales en materia de fiscalidad directa aplicables en el Estado miembro en el que la entidad o el instrumento jurídico tenga su centro administrativo principal y del que pueda considerarse residente. Sólo deberían quedar excluidas las siguientes entidades e instrumentos:

los fondos de inversión cubiertos por el artículo 6;

los fondos de pensiones y los activos relacionados con contratos de seguro de vida;

las entidades e instrumentos creados exclusivamente con fines benéficos.

La opción a ser considerado organismo de inversión prevista en el artículo 4, apartado 3, sólo se mantendría en relación con aquellas entidades e instrumentos cuyos activos o rendimientos no fueran legalmente atribuibles a un beneficiario efectivo en el momento de la percepción del pago. En caso de no acogerse a esta opción, podría obligárseles a actuar como «agentes pagadores en el momento de la percepción» y a considerar beneficiarios efectivos a aquellas personas físicas que contribuyeran a sus activos.

Se introduciría en anexo a la Directiva una lista «positiva» que incluiría, en relación con cada Estado miembro, las categorías de entidades e instrumentos considerados «agentes pagadores en el momento de la percepción», y se establecerían los procedimientos oportunos a fin de ir adaptando dicho anexo en función de las necesidades que fuesen surgiendo. Las obligaciones a las que están sujetos en la actualidad los operadores económicos del eslabón anterior en virtud de la última frase del artículo 4, apartado 2, (y del artículo 11, apartado 5) se mantendrían exclusivamente en relación con los pagos de intereses efectuados a aquellas entidades e instrumentos de otros Estados miembros que, habida cuenta de su Estado miembro de residencia, estuvieran incluidos en la lista «positiva». Ahora bien, dicha lista tendría exclusivamente un valor indicativo para los Estados miembros de residencia de las entidades e instrumentos correspondientes a la definición de agentes pagadores en el momento de la percepción: dichos Estados miembros tendrían que adoptar las medidas necesarias para garantizar que todas esas entidades e instrumentos cumplen con sus obligaciones, independientemente de que estén incluidas en la lista positiva y de la información recibida de los operadores económicos extranjeros del eslabón anterior.

3.3 Rendimientos incluidos en el ámbito de aplicación

Conforme al título y los considerandos de la Directiva, el objeto fundamental de ésta es garantizar la imposición de los rendimientos del ahorro en forma de intereses , los cuales se gravan con arreglo a criterios bastante homogéneos en todos los Estados miembros. Con la adopción de las conclusiones del Consejo de 26 y 27 de noviembre de 2000 relativas al contenido básico de la Directiva, se admitía, de facto , que atenerse a una definición formal de pago de intereses no resultaba eficaz y podía provocar un falseamiento de la competencia no deseado entre inversiones directas e indirectas en créditos. Así pues, se decidió que la definición no sólo debía abarcar los intereses correspondientes a rendimientos procedentes de créditos, de conformidad con el artículo 11 del Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE sobre la renta y sobre el patrimonio, en el sentido del artículo 6, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva, sino hacerse extensiva a los rendimientos en forma de intereses obtenidos por intermediación de ciertos instrumentos de inversión en el sentido del artículo 6, apartado 1, letras c) y d)).

Cuando la Directiva empezó a aplicarse en 2005, quedó patente la conveniencia de introducir algunas mejoras a fin de tener en cuenta la evolución de los productos de ahorro y el comportamiento de los inversores. Con el tiempo, los regímenes fiscales nacionales han ido evolucionado también con vistas a equiparar el trato concedido a los rendimientos procedentes de ciertos tipos de productos financieros innovadores con el de los intereses sobre créditos.

La decisión inicial de excluir del ámbito de aplicación de la Directiva todos los productos financieros innovadores (conclusiones de los Consejos ECOFIN de mayo de 1999 y de noviembre de 2000) iba acompañada de una declaración en la que se indicaba de forma expresa que la cuestión volvería a examinarse con ocasión de la primera revisión de la Directiva. Es preciso determinar cuáles son los instrumentos financieros que podrían incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva y buscar soluciones sencillas y coherentes. El objetivo es lograr una definición que cubra todos los valores equivalentes a créditos a fin de garantizar la eficacia de la Directiva en un entorno cambiante y evitar un falseamiento de la competencia en el mercado.

Incorporar en anexo a la Directiva una lista de los tipos de instrumentos en cuestión no parece factible. En cambio, convendría incluir en el artículo 6, apartado 1, criterios que permitieran a los agentes pagadores determinar qué instrumentos se inscriben en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. Dado que muy a menudo los agentes pagadores no conocen las características técnicas de los instrumentos, como su composición o la relación existente entre su rendimiento y la renta procedente de los créditos, convendría que los criterios prácticos aplicados a la hora de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a los valores equivalentes a créditos se centraran más bien en la forma en que los inversores evalúan dichos valores. Así, parece razonable suponer que un inversor particular considerará equivalentes a los créditos aquellos valores cuyo riesgo conozca, gracias al prospecto o a cualquier otra información que el agente pagador esté obligado a facilitar al inversor, y no sea superior al de los créditos. Con esta forma de proceder, quedaría incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva toda renta procedente de valores cuyo capital esté práctica o totalmente protegido y cuyo rendimiento se haya determinado previamente, teniendo en cuenta, no obstante, que si bien dichos valores son equiparables en principio a créditos desde la óptica de los inversores, no tienen que estar compuestos necesariamente por créditos sino que pueden consistir, por ejemplo, en ganancias derivadas de acciones.

Paralelamente al nuevo examen del tratamiento aplicable a los productos financieros innovadores, podrían estudiarse otras adaptaciones de la actual definición de pago de intereses en relación con los fondos de inversión, definidos técnicamente como organismos de inversión colectiva (artículo 6, apartado 1, letras c) y d), de la Directiva).

Por lo que respecta a los organismos de inversión colectiva establecidos en la UE, el artículo 6 de la Directiva, en su actual redacción, sólo cubre expresamente los rendimientos obtenidos a través de fondos OICVM (véase la nota 1). La Directiva no abarca en su totalidad otros sistemas de inversión colectiva autorizados en virtud de regímenes nacionales de los Estados miembros y conocidos en la UE como «no OICVM». Su tratamiento varía según se trate de no OICVM con personalidad jurídica (fondos constituidos en sociedad) o de no OICVM desprovistos de personalidad jurídica (fondos no constituidos en sociedad o «contractuales» y fondos fiduciarios ( trusts ), etc.). Los primeros no están sujetos a las obligaciones establecidas en la Directiva, en tanto que los no OICVM no constituidos en sociedad están sujetos a la misma en calidad de «agentes pagadores en el momento de la percepción» (artículo 4, apartado 2), lo que se traduce en una asimetría entre el tratamiento de los OICVM y de los no OICVM no constituidos en sociedad, de un lado, y los no OICVM constituidos en sociedad, de otro. Esta disparidad en el tratamiento fiscal de distintas categorías de fondos de inversión en la UE, además de no favorecer los intereses del mercado interior, no estaba prevista en las conclusiones del Consejo ECOFIN de noviembre de 2000, en las que se definía el contenido esencial de la Directiva. Ello podría justificar una modificación del artículo 6, apartado 1, letras c) y d), de la Directiva, a fin de sustituir la referencia a la Directiva 85/611/CEE por una referencia al registro del organismo de inversión en cualquiera de los Estados miembros. No obstante, es preciso determinar y definir minuciosa e íntegramente el conjunto de organismos de inversión colectiva que podría resultar conveniente incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva, y estudiar las consecuencias de esa ampliación en la práctica.

Por lo que atañe a los fondos establecidos fuera de la UE, subsiste actualmente la incertidumbre en cuanto a los términos «organismos de inversión colectiva establecidos fuera del territorio», pues no está claro si engloban todos los fondos de inversión, con independencia de la reglamentación aplicable y de las modalidades de colocación entre los inversores. Una solución apropiada podría consistir en adaptar la definición conforme a criterios que podrían compartirse con terceros países y destinados a garantizar que los rendimientos procedentes de intereses canalizados por esos vehículos se tomen debidamente en consideración, con independencia de su localización geográfica. La definición vigente de la OCDE de «fondo o sistema de inversión colectiva» puede considerarse un base adecuada para una posible modificación del artículo 6, pues incluye cualquier vehículo de inversión conjunta, cualquiera que sea su forma jurídica, y es lo bastante amplio y sencillo como para reducir al mínimo el riesgo de elusión.

Si bien algunos Estados miembros han propugnado una ampliación más radical del ámbito de aplicación de la Directiva, de modo que incluya cualquier tipo de rendimiento de inversiones, es ésta una postura que muchos no comparten. Por las razones expuestas en el documento CSWD 559, la Directiva considerada puede no ser el marco más adecuado para mejorar la cooperación entre las autoridades fiscales por lo que respecta a los pagos de dividendos o a las plusvalías que se deriven de instrumentos financieros de carácter especulativo que no ofrezcan una protección sustancial del principal. Las soluciones basadas exclusivamente en el intercambio de información parecen también más adecuadas con vistas a garantizar la ausencia de doble imposición y de evasión fiscal en relación con los contratos de seguro de vida y las pensiones. Ahora bien, hasta tanto las soluciones basadas únicamente en el intercambio de información no sean plenamente operativas en todos los Estados miembros, podría resultar de interés la posibilidad de adoptar disposiciones transitorias que hagan extensivo el ámbito de aplicación de la Directiva, como mínimo, a las rentas procedentes de los contratos de seguro de vida sin cobertura significativa del riesgo biométrico, cuya rentabilidad está estrictamente vinculado a los rendimientos procedentes de créditos o rendimientos equivalentes previstos en el artículo 6 y que poseen características (en particular, liquidez) que permiten su comercialización como productos alternativos a participaciones en organismos de inversión colectiva.

3.4. Otras adaptaciones

Hay asimismo otros aspectos de carácter más procedimental que, por motivos de eficacia y sobre la base de la experiencia adquirida, convendría perfeccionar en la Directiva. Se trata de los siguientes:

- la identificación de los beneficiarios efectivos (artículo 3);- ciertos aspectos procedimentales de la definición de pago de intereses (artículo 6);- los datos facilitados por el agente pagador (artículo 8);- las excepciones al régimen de retención a cuenta (artículo 13), y- algunas adiciones al artículo 18 (revisión) referentes a la presentación de estadísticas por los Estados miembros.

En relación con el artículo 3, cabe proponer tres adaptaciones. La primera consistiría en garantizar la actualización periódica de la información referente a la dirección permanente del beneficiario efectivo, a fin de establecer su residencia a efectos de la Directiva, solicitando a los agentes pagadores que se remitan a la «mejor información de que dispongan en una fecha de pago dada». Tal información incluiría los datos necesarios a los fines de la lucha contra el blanqueo de capitales, u otras pruebas que acuerden los Estados miembros mediante procedimientos de consulta. En segundo lugar, podría imponerse al agente pagador la obligación de sustituir el requisito mínimo que representa la «dirección permanente» por una prueba oficial de residencia fiscal en un país determinado, cuando el beneficiario efectivo haya facilitado tal prueba al agente pagador de manera voluntaria, ya sea a efectos de la Directiva o a otros efectos. Una tercera adaptación podría consistir en especificar los supuestos en los que los agentes pagadores solicitan a los beneficiarios efectivos el número de identificación fiscal (NIF), adjuntando en anexo a la Directiva una relación de los Estados miembros que asignan a las personas físicas residentes en su territorio un número de identificación fiscal y los documentos oficiales en los que se menciona dicho número (así como el formato del citado NIF, con objeto de evitar errores).

Un aspecto procedimental del artículo 6 que merece estudiarse es el referente a la creación de las condiciones que permitan aplicar la norma del país de origen de manera fiable. Es éste un elemento necesario para que los agentes pagadores puedan aplicar la Directiva a los rendimientos procedentes de los organismos de inversión colectiva establecidos en otros países. Todas las opciones adoptadas por un Estado miembro con respecto a sus organismos de inversión colectiva deberían ser vinculantes para los demás Estados miembros. En aras de una mayor coherencia, cabría pactar una serie de criterios aceptables a efectos de ponderación de los activos de los organismos. En anexo a la Directiva podría adjuntarse una lista consensuada de proveedores de datos fiables, y preverse un procedimiento para su actualización. Los citados proveedores de datos deberían estar en condiciones de garantizar la fiabilidad de los datos correspondientes a organismos establecidos fuera de la UE.

Por lo que respecta al artículo 8, se consideran oportunas dos adaptaciones. En primer lugar, a fin de subsanar la actual incertidumbre en relación con el tratamiento de las cuentas conjuntas y la propiedad usufructuaria compartida, podría imponerse a los agentes pagadores la obligación de facilitar alguna información adicional acerca de las características del pago (indicar, por ejemplo, si el importe comunicado representa el importe íntegro, la parte que corresponde realmente adeudada al beneficiario efectivo o una parte igual). En segundo lugar, parece conveniente eliminar [??] las actuales limitaciones previstas en el artículo 8, apartado 2, que no obligan a los Estados miembros a hacer distinción entre los importes correspondientes al componente de interés de un pago y los correspondientes al producto íntegro de la cesión, el rescate o el reembolso de créditos o participaciones en OICVM. Esta falta de datos pormenorizados menoscaba el valor de la información intercambiada y aumenta de forma desproporcionada la carga administrativa que recae sobre el Estado de residencia del beneficiario efectivo frente a la que representa para el agente pagador y el Estado en que éste está establecido el suministro de tales datos. También dificulta en mayor medida toda evaluación de la eficacia de la Directiva.

En lo que atañe al artículo 13, la Comisión sugiere al Consejo que examine la posibilidad de suprimir el procedimiento de excepción al régimen de retención a cuenta basado en la presentación de un certificado por parte del beneficiario efectivo. En efecto, este procedimiento proporciona información menos pormenorizada al Estado de residencia del beneficiario efectivo y resulta menos práctico para este último que el procedimiento alternativo de suministro e intercambio voluntario de información. La carga suplementaria que la aplicación obligatoria de este segundo procedimiento comportaría para la administración fiscal del Estado del agente pagador parece justificada. Por otra parte, la aplicación del procedimiento del certificado puede suscitar dudas en cuanto a su compatibilidad con la libre circulación de capitales, ya que, entre otras cosas, dificulta que los ciudadanos comunitarios que tengan su residencia fiscal fuera de la UE puedan evitar la aplicación de retenciones a cuenta por las que no pueden obtener deducción o reembolso alguno.

Por último, cabría completar el artículo 18 añadiendo la obligación de que los Estados miembros intercambien oportunamente, entre sí y con la Comisión, algunas estadísticas fundamentales que permitan una evaluación completa de la eficacia de la Directiva. A tal fin, podrían preverse algunas exigencias suplementarias, aunque proporcionadas, en cuanto a la información que los agentes pagadores deben facilitar a las administraciones fiscales (p.ej., el número de beneficiarios efectivos sujetos a retenciones a cuenta en virtud de la Directiva).

[1] Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios autorizados de conformidad con la Directiva 85/611/CEE.

[2] En este contexto, bancarios hace referencia a los depósitos de los bancos y no bancarios a los depósitos de otras categorías como los particulares y empresas.

[3] Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios no autorizados de conformidad con la Directiva 85/611/CEE.

[4] Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo