[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 16.9.2005

COM(2005)432 final

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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre la puesta en práctica y la evaluación de las actividades comunitarias a favor de los consumidores en 2002 y 2003 con arreglo al marco general establecido en la Decisión 283/1999/CE

ÍNDICE

1. Introducción 3

2. Protección de la salud y la seguridad de los consumidores 3

3. Protección de los intereses económicos de los consumidores 6

4. Educación e información 8

5. Organizaciones europeas de consumidores 10

6. Proyectos específicos 10

7. Conclusión 11

ANEXO…. 12

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre la puesta en práctica y la evaluación de las actividades comunitarias a favor de los consumidores en 2002 y 2003 con arreglo al marco general establecido en la Decisión 283/1999/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)

INTRODUCCIÓN

La Decisión 283/1999/CE, de 25 de enero de 1999, establece un «marco general de actividades destinadas a promover los intereses de los consumidores y a proporcionarles un alto nivel de protección» en el período 1999-2003»[1]. El presente informe presenta un resumen de su aplicación en el período 2002/2003, debido a que, por motivos de eficacia administrativa, debe redactarse un informe sobre esta decisión cada dos años. El presente informe incorpora los resultados de las evaluaciones sobre una serie de acciones realizadas en 2004, con el fin de aportar nuevos datos sobre la efectividad y eficacia de las acciones efectuadas[2]. Los créditos de compromiso totales (incluida la contribución de la AELC) se elevaron a aproximadamente 22,5 millones de euros para 2002, y a 23 millones de euros para 2003. En 2002, se utilizaron más del 95 % de los créditos[3], y en 2003 más del 99 % (véase el anexo).

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES

Los gastos en materia de asesoramiento científico tienen por objeto las dietas abonadas a los Comités científicos[4] y los estudios científicos preparatorios. En 2002 y 2003 se celebraron un total de 540 reuniones (grupos de trabajo y reuniones plenarias), que desembocaron en la adopción de 381 informes y dictámenes científicos[5], con un coste de aproximadamente 1,7 millones de euros.

La Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) efectúa controles in situ de los sistemas nacionales de control en los sectores alimentario, veterinario y fitosanitario en los Estados miembros y terceros países que exportan a la UE. Los gastos comprometidos para la participación de expertos nacionales en inspecciones de la OAV se elevaron a 475 000 euros. El desarrollo y el mantenimiento de un sistema informático para la programación, planificación, gestión y seguimiento de las inspecciones de la OAV costaron 112 880 euros[6].

Los datos sobre la exposición a productos químicos a través de los productos de consumo son necesarios para evaluar los riesgos potenciales de éstos. El «Sistema europeo de información sobre los riesgos de los productos químicos liberados por productos o artículos de consumo» y los proyectos «CHEMTest» elaboran métodos e instrumentos para efectuar estas evaluaciones, teniendo en cuenta el tipo de producto, su uso concreto, el subgrupo de consumidores, el período de tiempo de utilización, el tipo de contacto, etc.[7] Los gastos se elevan a aproximadamente tres millones de euros, incluida la investigación sobre las percepciones que tienen los consumidores sobre los riesgos asociados con los productos químicos.

Se han reservado 200 000 euros para apoyo técnico de la evaluación de riesgos en el seguimiento de las notificaciones de productos peligrosos a través del sistema RAPEX, que se ha utilizado para evaluar la exposición de los consumidores a los compuestos organoestánnicos, para analizar las normas de seguridad de las escaleras de mano y para efectuar una evaluación técnica de un bolígrafo que se comunicó que estaba relacionado con un accidente mortal.

El Centro Común de Investigación (CCI) de la Comunidad ha evaluado y validado métodos de ensayo para detectar la EEB y las EET (400 000 euros). Se ha destinado aproximadamente un millón de euros al seguimiento posterior a la comercialización de alimentos y piensos MG, a la elaboración de métodos de detección y muestreo, a proporcionar apoyo científico a las negociaciones internacionales y a una conferencia sobre OMG y percepción del riesgo celebrada por el CCI. El desarrollo de métodos de detección de semicarbazida en los alimentos y de indicadores apropiados para el uso ilegal de nitrofurazona en productos de origen animal ha tenido un coste de 774 225 euros. Se ha efectuado un ensayo interlaboratorios y una validación de métodos a fin de determinar la presencia de micotoxinas en alimentos y piensos con el fin de garantizar que puedan verificarse adecuadamente los futuros límites legislativos (450 000 euros).

Se han destinado 416 000 euros al trabajo preparatorio de un laboratorio comunitario de referencia sobre métodos analíticos para la autorización de aditivos en los piensos[8]. Una evaluación de la competencia de los laboratorios de la UE para la clasificación y la detección de muestras de piensos que contienen proteínas animales transformadas ha costado 53 000 euros. Los resultados[9] se han utilizado para redactar la Directiva 2003/126/CE de la Comisión. El CCI ha iniciado además una investigación sobre un posible vínculo entre la utilización permanente de tintes de cabello y el cáncer vesical (920 000 euros).

El sistema de intercambio rápido de información (RAPEX) asegura una transmisión rápida de información entre autoridades nacionales sobre productos que podrían plantear un riesgo inmediato para la salud de los consumidores. En 2002 y 2003 finalizaron los trabajos para crear un nuevo sistema de este tipo de intercambios, para productos alimentarios y no alimentarios[10]. El coste del sistema existente y del nuevo se elevó a aproximadamente 700 000 euros, incluidos cursos de formación para funcionarios de los Estados miembros.

Se han elaborado directrices que explican los criterios de notificación, así como un formulario y un procedimiento normalizado, con el fin de ayudar a los productores y los distribuidores a notificar productos peligrosos en el marco de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos. Se ha realizado una prueba para garantizar su uso coherente en toda la UE (60 000 euros). Se han emprendido amplios estudios (1,5 millones de euros) sobre la manera en que los consumidores utilizan y comprenden la información sobre seguridad, las instrucciones y los símbolos de advertencia proporcionados por los fabricantes de los productos más habitualmente implicados en accidentes que afectan a consumidores. Con ello se pretende contribuir al establecimiento de prioridades para mejorar los requisitos del etiquetado de seguridad.

Se ha emprendido un estudio (194 060 euros) para identificar el enfoque más rentable para un sistema de recogida de datos a escala de la UE sobre accidentes y riesgos relacionados con los servicios. Se ha efectuado una evaluación de la efectividad de las medidas destinadas a prevenir accidentes en ferias y parques de atracciones (96 500 euros). Se ha utilizado asimismo experiencia técnica para recoger datos sobre los riesgos que presentan las actividades de ocio y los deportes potencialmente peligrosos. Sus resultados (44 460 euros) han confirmado la falta de conocimientos sobre las lesiones relacionadas con los servicios y la necesidad de acción comunitaria[11]. Una evaluación de las directrices técnicas de la Recomendación 86/666/CEE sobre la seguridad contra incendios en los hoteles ha desembocado en propuestas para directrices revisadas. Se ha adquirido asistencia técnica para actualizar el inventario de las normas nacionales que rigen la seguridad contra incendios en los hoteles[12]. El coste total se ha elevado a 120 000 euros.

La Directiva 96/23/CE[13] relativa a los residuos en animales vivos y sus productos establece la redacción de un informe anual de seguimiento. Se ha creado una base de datos para la presentación de datos nacionales sobre muestreo y ensayos de residuos (99 884 euros) a fin de mejorar la recepción de información para dicho informe. Se han gastado 10 000 euros en un informe destinado a la revisión del Reglamento 258/97/CE[14] sobre nuevos alimentos. Asimismo, se ha elaborado una base de datos sobre aditivos alimentarios con un coste de 39 730 euros[15].

Protección de los intereses económicos de los consumidores

A fin de facilitar el acceso a la jurisprudencia sobre los derechos de los consumidores[16], se ha publicado una base de datos sobre cláusulas abusivas en los contratos[17]. La recogida y el análisis de datos así como el recurso a las tecnologías de la información han costado 902 689 euros. Se ha efectuado una evaluación, con un coste de 150 000 euros, de la aplicación en los Estados miembros de la Directiva 98/6/CE sobre indicación de los precios, para un informe dirigido al Consejo y al Parlamento Europeo[18]. Los gastos destinados a un instrumento electrónico de intercambio rápido de información sobre prácticas comerciales engañosas en el marco de la Red internacional para la aplicación de la protección de los consumidores (International Consumer Protection Enforcement Network) se han elevado a 79 515 euros.

Un estudio de las comisiones para los pagos transfronterizos en la banca minorista en toda la UE a fin de verificar el cumplimiento de la Directiva 97/5/CE[19] ha demostrado que los gastos y comisiones de transferencia están disminuyendo, pero también que muchos bancos no cumplen las obligaciones de información de los consumidores (550 000 euros). Un estudio sobre la aceptación, por los proveedores de créditos hipotecarios, del Código de conducta voluntario sobre información precontractual para créditos vivienda, así como de su efectividad, ha mostrado unos bajos niveles de cumplimiento del código mencionado[20] (370 172 euros).

En 2003 se realizó una encuesta sobre las actitudes de los consumidores en relación con el acceso a la justicia (441 772 euros). Los resultados muestran que la mayor parte de los consumidores nunca han tenido ningún problema con los productos y los servicios que adquieren. Existen grandes variaciones entre los países por lo que se refiere a la sensibilización sobre el recurso a una solución extrajudicial de los litigios[21]. Un taller debatió los criterios de notificación y la aplicación de las Recomendaciones 98/275/CE y 2001/310/CE de la Comisión sobre mecanismos alternativos de solución de litigios (25 950 euros).

La Red Extrajudicial Europea (Red EJE) facilita el acceso transfronterizo a los organismos alternativos de solución de litigios. Se han creado cámaras de compensación nacionales en 15 Estados miembros, Noruega e Islandia, con un coste de casi dos millones de euros. Una evaluación de la red (159 500 euros) concluyó que existe una sólida justificación para proseguir el apoyo financiero, pero que deberían definirse más claramente los objetivos. En junio de 2003 se decidió por consenso fusionar la Red EJE con la Red de centros europeos de los consumidores. Una evaluación de las repercusiones presupuestarias de una fusión determinó que una única red beneficiaría a los consumidores y permitiría economías de escala, mientras que la asignación de recursos debería basarse en las necesidades y las actividades. En diciembre de 2003 se iniciaron los trabajos de creación de un sistema común de tratamiento de casos accesible a través de internet (103 000 euros).

El gasto en encuestas sobre las actitudes de los consumidores respecto de los servicios financieros se ha elevado a 1 168 068 euros. Los resultados[22] muestran que los consumidores se sienten relativamente impotentes y que les preocupa el respeto de sus derechos. Una investigación cualitativa ha confirmado que la demanda y la oferta transnacional de servicios financieros sigue siendo muy escasa. Una encuesta sobre el euro (500 000 euros) ha confirmado que los consumidores no tienen problemas para utilizarlo, pero que existe la percepción generalizada de que ha producido inflación[23]. Un inventario/análisis de productos simplificados o normalizados de servicios financieros ha costado 418 920 euros[24]. Un inventario (150 000 euros) de medidas nacionales para hacer frente a los problemas de endeudamiento excesivo de los consumidores ha mostrado que existe un margen limitado para una actuación de la UE, y que existen pocos casos de endeudamiento transfronterizo excesivo.

Se ha gastado aproximadamente un millón de euros para preparar propuestas legislativas sobre prácticas comerciales desleales y cooperación administrativa y en materia de aplicación de la legislación en el ámbito de la protección de los consumidores. Entre ellas se incluye un análisis comparativo de las legislaciones nacionales sobre prácticas comerciales leales, una evaluación ex-ante del impacto de las opciones para su armonización y encuestas sobre las actitudes de los consumidores y las empresas respecto de las compras transfronterizas. Se ha celebrado una reunión de expertos nacionales y de partes interesadas para debatir los aspectos clave de las propuestas[25]. Se han apoyado las acciones efectuadas por la Presidencia Griega sobre experiencias nacionales de aplicación transfronteriza de las normas de protección de los consumidores. Una encuesta de opinión (464 482 euros) sondeó la confianza de los consumidores en las compras transfronterizas[26]. Se han gastado 379 400 euros para elaborar índices de satisfacción de los consumidores con las políticas comunitarias de protección de los consumidores, a fin de poder efectuar comparaciones significativas de la satisfacción de los consumidores con productos y servicios entre sectores, Estados miembros y períodos de tiempo. Se han destinado 173 835 euros a un estudio de los precios de los productos de consumo en el mercado interior[27]. Una evaluación del impacto del Plan de acción 1999-2001 en materia de política de los consumidores (115 000 euros) se ha utilizado como material para la elaboración de políticas.

En 2003, una encuesta sondeó la confianza de los consumidores en el comercio electrónico y en las marcas de confianza en el marco de las compras electrónicas (381 416 euros)[28]. Además, se han destinado 145 400 euros a analizar la utilización de marcas de confianza en el comercio electrónico y sus criterios de éxito. Se han aportado contribuciones a la conferencia de la Presidencia Irlandesa sobre la confianza de los consumidores en línea y a una conferencia de la Presidencia Italiana sobre las perspectivas de la política de protección de los consumidores.

Una serie de encuestas sobre las opiniones de los consumidores acerca de los servicios de interés general en 2002 y 2003 midieron la satisfacción con el acceso, el precio, la calidad, la información, las condiciones de los contratos, el servicio al cliente y la tramitación de quejas para diferentes servicios, incluida la telefonía móvil y fija, la electricidad, el suministro de gas y agua, los servicios de correos, el transporte urbano y los ferrocarriles. El coste total fue de 444 084 euros. En 2003, un estudio cualitativo, con un coste de 690 567 euros, proporcionó información más detallada[29].

Los gastos para apoyar actividades sobre derecho contractual (estudios y talleres) se han elevado a 266 000 euros[30].

Se han encargado informes sobre la integración de los intereses de los consumidores en la revisión de la normativa sobre control de las concentraciones y las directrices relativas a las concentraciones horizontales, así como sobre la reforma de la Política Agrícola Común y los intereses de los consumidores[31].

EDUCACIÓN E INFORMACIÓN

En 2002 y 2003 se revisó el sitio web de Sanidad y Protección de los Consumidores[32]. Las visitas a este sitio web alcanzaron un máximo de 2 774 321 en octubre de 2003. Una encuesta entre los visitantes mostró un elevado nivel de satisfacción con el sitio. Los suscriptores del servicio de correo electrónico diario «What’s New» se incrementaron el 50 % durante estos dos años. El boletín «Consumer Voice»[33] se envió regularmente a más de 10 000 suscriptores. El gasto total para apoyo técnico del sitio web, el servicio de correo electrónico y el boletín se eleva a aproximadamente un millón de euros. Además, se han gastado 72 500 euros en publicaciones impresas.

Las campañas nacionales de educación sobre seguridad alimentaria se completaron a finales de 2002. Una evaluación (200 000 euros) mostró que la mayoría de las campañas fueron relevantes para las necesidades nacionales y eficaces en materia de resultados, pero ineficaces a la hora de incrementar la sensibilización sobre seguridad alimentaria y de estimular el debate público. Esto se debió principalmente a los bajos presupuestos y a la falta de objetivos cuantificados. Los materiales de formación «Euro-fácil» para consumidores vulnerables recibieron una evaluación positiva en términos de estrategia, diseño y distribución[34].

Se llevó a cabo una evaluación de la legislación de la UE sobre etiquetado de los alimentos, así como de las necesidades y exigencias de los consumidores con respecto al etiquetado y la información sobre productos alimentarios, a fin de determinar si se necesitan ajustes legislativos o de otro tipo (140 000 euros)[35].

El Concurso Europeo del Joven Consumidor de 2002 (574 500 euros) se sustituyó en 2003 por la producción y la distribución en los centros de enseñanza secundaria de 560 000 ejemplares de un Diario europeo del consumidor, una agenda escolar que informa sobre los derechos de los consumidores. Su coste se ha elevado a aproximadamente 1 250 000 euros. La elaboración de herramientas educativas interactivas (825 000 euros) tiene por objeto proporcionar material didáctico sobre derechos de los consumidores para los cursos de educación de adultos.

La Red de centros europeos de los consumidores está formada por 15 centros en 13 Estados miembros[36], que informan y asisten a los consumidores en relación con la presentación de quejas transfronterizas. La contribución de la UE a la red se ha elevado a casi cinco millones de euros en el período 2002/2003. Una evaluación de la red efectuada en 2003 (184 405 euros) descubrió que menos de la mitad de las quejas poseían una naturaleza auténticamente transfronteriza, y recomendó unos objetivos más claros, así como que la red se centre exclusivamente en asuntos transfronterizos con una clara dimensión de la UE. La financiación debería orientarse en mayor medida hacia los resultados y la demanda. Una fusión con la Red EJE permitirá la prestación de un servicio más eficaz y un mejor aprovechamiento de la financiación.

Los talleres de expertos de asociaciones de consumidores sobre los aspectos relativos a la protección del consumidor de la legislación de la UE en materia de productos químicos[37] han costado 85 915 euros. Con el fin de mejorar las capacidades de organización, se ha impartido formación al personal de asociaciones de consumidores en gestión, relaciones públicas y actividades de grupos de presión (lobbying) y legislación de la UE en materia de protección de los consumidores (280 223 euros). Se han gastado aproximadamente 160 000 euros en una base de datos que facilita la comunicación con las organizaciones de consumidores y entre ellas, así como en contribuciones a seminarios organizados por la Presidencia Española sobre asuntos relacionados con la representación de los consumidores.

Organizaciones europeas de consumidores

En 2003 y 2004 se concedieron subvenciones para gastos de funcionamiento[38] a la Asociación Europea para la Coordinación de la Representación de los Consumidores en la Normalización (ANEC) y la Organización Europea de Consumidores (BEUC). La Asociación Europea de Consumidores (AEC) recibió ayudas en 2002, pero no consiguió convertirse en un representante viable de los intereses de los consumidores a nivel europeo.

Proyectos específicos

En 2002 y 2003, se cofinanciaron un total de 44 proyectos específicos[39]. Los principales beneficiarios fueron las organizaciones nacionales de consumidores y otras ONG. Se ha estabilizado el número de solicitudes, el número de proyectos aprobados y el importe total comprometido. El tamaño medio de los proyectos ha disminuido y se ha incrementado el coste administrativo (lo que incluye aproximadamente 50 000 euros para expertos externos). Una evaluación de 97 proyectos específicos financiados en el período 1999-2001 muestra que los proyectos pueden haber alcanzado una serie de objetivos y multiplicadores, pero, en especial, todos ellos han incrementado los conocimientos prácticos de los organizadores, el reconocimiento público y la capacidad de creación de redes. No pudieron medirse o fueron escasas las posibles repercusiones en los consumidores o en el nivel de protección de los consumidores. Las recomendaciones consisten en centrarse en mayor medida en los objetivos de las políticas de la UE, incrementar la transparencia y divulgar mejor los resultados de los proyectos.

CONCLUSIÓN

En 2002 y 2003, los gastos se basaron en mayor medida en las políticas que en el período 1999-2001. Esto se debe principalmente a los objetivos claros y al enfoque más coherente de la Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006. Las acciones destinadas a crear una base de conocimientos para la elaboración de políticas han adquirido una mayor importancia. Los esfuerzos a fin de mejorar la eficacia de los Centros europeos de los consumidores y las redes extrajudiciales han desembocado en la decisión de fusionarlos en una única estructura y centrar mejor sus actividades en los problemas de los consumidores que posean un aspecto transfronterizo. Las evaluaciones y valoraciones críticas han desembocado en una importante reorientación de las acciones de información y educación, que se evaluarán para medir si mejora su repercusión. Los proyectos específicos parecen ser más eficaces como medio de apoyo de las organizaciones nacionales de consumidores y otras ONG que como instrumento de las políticas. Debe darse una mayor prioridad a nuevos instrumentos de apoyo a las asociaciones de consumidores, como las acciones de capacitación.

ANEXO

Cuadro 1: Importes totales de los compromisos efectuados en el período 2002/2003 en el marco de la Decisión 283/1999/CE en euros

2002 | 2003 |

Acciones de la Comisión (art. 2a)* | 16 240 612 | 17 88 792 |

Organizaciones europeas (art. 2b) | 1 995 394 | 2 265 290 |

Proyectos específicos (art. 2c) | 2 748 841 | 2 794 705 |

TOTAL comprometido | 20 984 847 | 22 943 787 |

(* incluidas las subvenciones para celebraciones de la Presidencia del Consejo y créditos administrativos).

[1] DO L 34 de 9.2.1999, p. 1.

[2] Véase asimismo COM(2003) 42 sobre la puesta en práctica y la evaluación de estas actividades enel período 1999-2001.

[3] Se transfirió aproximadamente 1 000 000 de euros a otras actividades comunitarias con la aprobación de la autoridad presupuestaria en noviembre de 2002 (línea presupuestaria B 5304).

[4] Los comités científicos creados por la Decisión 97/404/CE de la Comisión y la Decisión 97/579/CE de la Comisión. En mayo de 2003, las responsabilidades por los asuntos relacionados con los alimentos se transfirieron a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

[5] Véase http://europa.eu.int/comm/food/committees/scientific/index_en.htm

[6] Véase http://europa.eu.int/comm/food/fvo/index_es.htm

[7] Veáse http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/chem_risks/index_en.htm

[8] Tal como se requiere en el Reglamento (CE) nº 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación animal, DO L 268 de 18.10.2003, p. 29-43.

[9] Pueden consultarse los resultados en: http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/bse/bse50_en.pdf

[10] Véanse resúmenes semanales de notificaciones en: http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/index_en.htm y http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/rapex_en.htm

[11] Véase http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/serv_safe/reports/index_en.htm

[12] Véase http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/serv_safe/fire_safe/index_en.htm

[13] Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos,DO L 125 de 23.5.1996, p. 10 - 32.

[14] DO L 43 de 14.2.1997, p. 1- 6.

[15] Se publicará en http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/additives/index_en.htm

[16] Directiva 93/13/CEE, DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.

[17] Véase http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/unf_cont_terms/index_en.htm

[18] Se pubicará en: http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/price_ind/index_en.htm

[19] DO L 43 de 14.2.1997, p. 25.

[20] Véase http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/fina_serv/loans/index_en.htm

[21] Los resultados pueden consultarse en http://europe.eu.int:comm:consumers:redress:reports_studies:index_en.htm

[22] Pueden consultarse los resultados en: http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/fina_serv/cons_experiences/index_en.htm

[23] Pueden consultarse los resultados en http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/fina_serv/euro/index_en.htm

[24] Se espera disponer de los resultados en 2005.

[25] Pueden consultarse los resultados en: http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus/green_papcomm/studies/index_en. htm y http://europa.eu.int/comm/consumers/topics/facts_en.htm

[26] Pueden consultarse los resultados en http://europa.eu.int/comm/consumers/topics/facts_en.htm

[27] Véase http://europa.eu.int/comm/internal_market/score/docs/score13/score13-printed_en.pdf y http://europa.eu.int/comm/internal_market/score/docs/score13/prices-paper_en.pdf

[28] Pueden consultarse los resultados en http://europa.eu.int/comm/consumers/topics/facts_en.htm

[29] Pueden consultarse los resultados en http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/index_en.htm

[30] Véase http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm

[31] Veáse http://europa.eu.int/comm/consumers/reports/reports_en.htm

[32] Véase http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index.htm

[33] Véase http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/pub/index_en.html

[34] Evaluación del programa de información para el ciudadano europeo «El euro, una moneda para Europa».

[35] Véase http://europa.eu.int/comm/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/comm_legisl_en.htm

[36] Véase http://europa.eu.int/comm/consumers/redress/compl/euroguichet/index_en.htm

[37] Véase http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/chem_risks/index_en.htm

[38] Las subvenciones para gastos de funcionamiento comprometidas en el período 2002-2003 incluyeron 939 065 euros y 1 172 790 euros para BEUC, 940 887 euros y 1 092 500 euros para ANEC y 75 442 euros para AEC.

[39] En 2002, se presentaron 54 solicitudes, se aprobaron 22 proyectos específicos y se cofinanciaron 20 por un total de 2 748 841 euros; en 2003, se presentaron 65 solicitudes y se cofinanciaron 22 por un total de 2 794 705 euros.