COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 2.6.2021 COM(2021) 500 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Coordinación de las políticas económicas en 2021: superar la COVID-19, apoyar la recuperación y modernizar nuestra economía {SWD(2021) 401 final} - {SWD(2021) 402 final} - {SWD(2021) 403 final} - {SWD(2021) 404 final} - {SWD(2021) 405 final} - {SWD(2021) 406 final} - {SWD(2021) 407 final} - {SWD(2021) 408 final} - {SWD(2021) 409 final} - {SWD(2021) 410 final} - {SWD(2021) 411 final} - {SWD(2021) 412 final}



Coordinación de las políticas económicas en 2021:

superar la COVID-19, apoyar la recuperación y modernizar nuestra economía 1.Introducción La Unión Europea ha adoptado medidas sin precedentes para luchar contra la pandemia de COVID-19, amortiguar el impacto de la crisis y situar nuestra economía en una trayectoria de crecimiento sólido, sostenible e integrador. A lo largo del pasado año, la UE y los Estados miembros han mostrado su decisión y solidaridad con la adopción de una serie de medidas políticas para combatir la pandemia, limitar su impacto económico y social, mantener unas condiciones de financiación favorables, preservar la integridad del mercado único y preparar una rápida recuperación sostenible e integradora. Según las previsiones económicas de primavera de 2021 de la Comisión , la ralentización de la actividad económica ha sido menor de lo previsto, gracias a las medidas de ayuda de emergencia para proporcionar liquidez a las empresas y proteger la renta y el empleo de los ciudadanos de la UE. Los avances significativos en el desarrollo de vacunas y el despliegue de la vacunación masiva en Europa han mejorado las perspectivas desde el otoño. La vacunación en la UE está bien encaminada para alcanzar el objetivo de que el 70 % de los adultos esté vacunado antes de julio de este año . Según las previsiones económicas de primavera de 2021 de la Comisión, la economía de la UE alcanzaría su nivel de producción trimestral anterior a la crisis en el transcurso de 2021, con un repunte de la actividad económica en todos los Estados miembros. Tras una tendencia decreciente en los últimos años, la crisis de la COVID-19 puede dar lugar a mayores riesgos para la estabilidad macroeconómica. Una coordinación sólida y un despliegue eficaz de todos los instrumentos políticos de la UE serán cruciales para afrontar esos riesgos y evitar mayores divergencias. NextGenerationEU, con una dotación de 750 000 millones EUR, es un instrumento clave para que la UE fomente la inversión y la recuperación con el fin de salir más fuerte y resiliente de la crisis actual. El despliegue del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia («el Mecanismo») contribuirá a que nuestras economías y sociedades sean más sostenibles, integradoras y resilientes y estén mejor preparadas para las transiciones ecológica y digital. El Mecanismo, que es el elemento central de NextGenerationEU, proporcionará a los Estados miembros un apoyo financiero a gran escala de hasta 672 500 millones EUR en subvenciones y préstamos para financiar reformas e inversiones. El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales establece medidas concretas para reforzar la dimensión social en todas las políticas de la Unión y contribuirá a garantizar una recuperación integradora . En la Cumbre Social celebrada en Oporto los días 7 y 8 de mayo de 2021, los dirigentes de la UE reconocieron que el Pilar Europeo de Derechos Sociales es un elemento fundamental de la recuperación y destacaron en la Declaración de Oporto su determinación de seguir profundizando en su aplicación a escala nacional y de la UE. Esto reforzará el impulso de la Unión hacia una transición digital, ecológica y justa, y contribuirá a lograr una convergencia social y económica al alza, a hacer frente a los desafíos demográficos y a garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Los tres nuevos objetivos principales de la UE, y los objetivos secundarios complementarios, que deben alcanzarse de aquí a 2030 en los ámbitos del empleo, las capacidades y la inclusión social contribuirán a avanzar hacia una Europa social fuerte . Además, el cuadro de indicadores sociales revisado facilitará el seguimiento de los avances hacia la aplicación de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales como parte del marco de coordinación de políticas en el contexto del Semestre Europeo. Por otra parte, los dirigentes de la UE acogieron con satisfacción la propuesta conjunta de los interlocutores sociales europeos relativa a una serie alternativa de indicadores con los que medir los avances económicos, sociales y medioambientales, que complemente el PIB como medida de bienestar para un crecimiento inclusivo y sostenible. La sostenibilidad ambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica siguen siendo los principios rectores de la agenda económica de la UE. El concepto de sostenibilidad competitiva y sus cuatro ejes, identificados al inicio del mandato de este Colegio, siguen siendo las prioridades generales de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la UE en consonancia con el Pacto Verde Europeo y, por lo tanto, sustentan los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros. Además, la transformación digital de nuestras sociedades, empresas y economías es fundamental para aumentar la productividad y la competitividad de Europa en aras de una recuperación sólida, en consonancia con el Decenio Digital. Garantizar una coordinación eficaz de las políticas en el marco del Semestre Europeo sigue siendo esencial para encauzar a la economía de la UE en una trayectoria de crecimiento más sólida después de la crisis. Aunque el ciclo de este año se adaptó temporalmente para permitir la puesta en marcha del Mecanismo, el Semestre Europeo sigue apoyando los debates políticos entre los Estados miembros, el intercambio de mejores prácticas y los acuerdos sobre una vía de avance compartida. En sus planes de recuperación y resiliencia, los Estados miembros están obligados a afrontar de manera eficaz la totalidad o un subconjunto significativo de los retos señalados en las recomendaciones específicas pertinentes por país, incluidos los aspectos presupuestarios. Más allá del ámbito de aplicación del Mecanismo, las recomendaciones que no se aplican siguen siendo válidas y seguirán siendo objeto de seguimiento en el marco del Semestre Europeo. 2.Situación económica y laboral y perspectivas Se prevé que la economía de la UE va a experimentar una fuerte recuperación. Desde el otoño pasado, las estrictas medidas de contención de la COVID-19 han hecho que la economía de la UE vuelva a entrar en recesión. A medida que se van relajando esas medidas de contención y que avanza la vacunación, se espera que la actividad en la UE aumente en todos los Estados miembros, con una aceleración a partir del segundo semestre de 2021, lo que refleja también el impulso al crecimiento que supone la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. La velocidad de la recuperación variará entre Estados miembros y regiones. Se prevé que todos los Estados miembros de la UE alcancen a finales de 2022 su nivel de producción trimestral anterior a la crisis. Un gran volumen de medidas presupuestarias y monetarias ha limitado los perjuicios económicos y está impulsando la recuperación. Gracias a la rápida activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del marco temporal sobre ayudas estatales , ha sido posible prestar un apoyo presupuestario a gran escala en todos los Estados miembros. En 2020, los Estados miembros proporcionaron un apoyo presupuestario total estimado en más del 6,5 % del PIB. Como consecuencia de ello, el déficit público agregado de la zona del euro y de la UE aumentó desde niveles históricamente bajos, de alrededor del 0,5 % del PIB en 2019, hasta alrededor del 7 % en 2020. Además, el BCE adoptó un amplio conjunto de medidas de política monetaria para mantener unas condiciones de financiación favorables para todos los sectores de la economía con el fin de apoyar la actividad económica y salvaguardar la estabilidad de precios a medio plazo. Los efectos de refuerzo mutuo de las políticas presupuestaria y monetaria, en combinación con medidas reglamentarias y normas prudenciales para el sector financiero, resultaron fundamentales para amortiguar el impacto de la crisis. Gracias a las medidas adoptadas a nivel nacional y de la UE, el impacto de la pandemia en los mercados laborales europeos ha sido limitado. Cuando estalló la pandemia, el mercado laboral europeo había finalizado su sexto año de expansión, con más de 209 millones de personas empleadas y una tasa de desempleo del 6,5 % en el cuarto trimestre de 2019. Un año después, el empleo se había reducido en 3 millones y la tasa de desempleo había aumentado hasta el 7,2 %. Si se tiene en cuenta de la magnitud de la conmoción, el número de puestos de trabajo perdidos ha sido limitado. Para amortiguar el impacto, los Estados miembros aplicaron una amplia gama de medidas de conservación del empleo, como regímenes de reducción del tiempo de trabajo y suspensiones temporales del contrato de trabajo, que sostuvieron hasta 32 millones de puestos de trabajo en Europa. La financiación de la UE, en particular a través del apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (el instrumento SURE) de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC), fue decisiva para lograr este resultado. Hasta la fecha, se han concedido más de 90 000 millones EUR en préstamos del instrumento SURE a 19 Estados miembros, en apoyo de entre 25 y 30 millones de personas y de entre 1,5 y 2,5 millones de empresas. El impacto de la crisis ha sido desigual según los grupos sociales, los sectores y las regiones; los más vulnerables han sido los más afectados. Los jóvenes, las mujeres, los trabajadores poco cualificados, los migrantes, las personas con discapacidad, las personas con contratos temporales o con otras formas de empleo atípico, además de los trabajadores por cuenta propia, se han visto afectados de una manera desproporcionada. Esto se ha visto agravado por el hecho de que las empresas que prestan servicios se han visto gravemente afectadas, en particular en ecosistemas industriales como el turismo y las actividades culturales y creativas. Aunque la ayuda a la renta y las redes de seguridad social han evitado una importante caída de los ingresos de los hogares, la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto deficiencias en el acceso a la protección social, lo que pone de relieve la importancia de fomentar una mayor resiliencia. A este respecto, la mayoría de los Estados miembros ha ampliado los regímenes existentes y la cobertura y ha flexibilizando sus condiciones de admisibilidad con carácter temporal, aunque todavía hay margen para reforzar la protección social para todos de una manera sostenible. Los riesgos para las previsiones de crecimiento están globalmente equilibrados. No obstante, la incertidumbre seguirá siendo elevada mientras la pandemia siga amenazando a la economía de la UE y de todo el mundo. A pesar de los progresos realizados con las campañas de vacunación, sigue habiendo riesgos considerables para las previsiones desde los puntos de vista epidemiológico y económico. La evolución de la pandemia y la eficiencia y eficacia de los programas de vacunación podrían resultar mejores o peores de lo previsto, lo que exigiría un nivel diferente de restricciones de actividad. El crecimiento económico también podría ser más débil de lo esperado si se retirase demasiado pronto el apoyo a las políticas. Al mismo tiempo, el hecho de prolongar demasiado ese apoyo podría aumentar los efectos colaterales injustificados y retrasaría la transición hacia una economía más sostenible y con perspectivas de futuro. Por el lado positivo, las previsiones podrían subestimar la propensión de los hogares a consumir, tras algunos trimestres de consumo reprimido y el aumento de su tasa de ahorro. La recuperación fuera de la UE también podría ser mayor de lo esperado. La política económica debe seguir siendo expansionista a lo largo de 2021 y 2022. De cara al futuro, cuando las condiciones económicas lo permitan, las políticas deberían reorientarse hacia la minimización de las consecuencias a medio plazo de esta crisis. La aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia contribuirá a reforzar el potencial de crecimiento y empleo y, por ende, a reducir los desequilibrios. En las primeras fases de la crisis y durante los confinamientos, las medidas de apoyo a las políticas se orientaron en medida considerable a evitar la pérdida de puestos de trabajo y las quiebras. Ello contribuyó a que las economías europeas no tuvieran que arrastrar unas cicatrices profundas y duraderas. De cara al futuro, las medidas de apoyo específicas deben ayudar a las empresas viables, pero aún vulnerables, a ajustar sus modelos de negocio. El énfasis de la ayuda debe desplazarse gradualmente hacia la creación de capacidades, en particular haciendo más hincapié en la formación, el desarrollo de competencias, la investigación y la innovación y el apoyo a la creación de empleo de calidad, así como en la transición profesional. Por consiguiente, el Mecanismo apoyará inversiones y reformas que refuercen el potencial de crecimiento y empleo de los Estados miembros. Como consecuencia de ello, la ratio inversión pública/PIB en 2021 y 2022 en la Unión será la más alta desde hace más de una década. La nueva Estrategia Industrial Europea actualizada establece el marco para acelerar la recuperación y la transición de Europa hacia un modelo económico e industrial más limpio, más digital y más resiliente y para construir un mercado único más sólido y resiliente. Las continuas reformas e inversiones de los Estados miembros en el sentido indicado en las orientaciones para las políticas de empleo serán cruciales para fomentar la recuperación, apoyar la creación de empleo de calidad y facilitar las transiciones en el mercado laboral, con la participación activa de los interlocutores sociales. En términos más generales, las orientaciones para las políticas de empleo proponen soluciones para modernizar las instituciones del mercado laboral, la educación y la formación, así como la protección social y los sistemas sanitarios, con vistas a hacerlos más inclusivos y justos. Integran orientaciones específicas destinadas a mitigar las repercusiones laborales y sociales de la crisis y a lograr una transición ecológica y digital que sea socialmente justa. Como siguen siendo pertinentes, la Comisión propone prorrogar las actuales orientaciones para las políticas de empleo hasta 2021, y destaca al mismo tiempo el papel de los nuevos objetivos principales de la UE y las orientaciones políticas derivadas de la Cumbre Social de Oporto. Además, la Recomendación de la Comisión sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE) ofrece orientaciones concretas para una transición gradual de las medidas de emergencia de mantenimiento del empleo a las políticas activas del mercado laboral necesarias para una recuperación generadora de empleo. 3.Despliegue del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

La rápida aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es fundamental para facilitar la recuperación y conseguir que nuestras economías y sociedades sean más sostenibles, integradoras y resilientes y estén mejor adaptadas a las transiciones ecológica y digital. A través del Mecanismo, que entró en vigor el 19 de febrero de 2021, durante los próximos 6 años estarán disponibles 312 500 millones EUR en subvenciones y hasta 360 000 millones EUR en préstamos para apoyar reformas e inversiones en todos los Estados miembros. Por consiguiente, el Mecanismo constituirá una oportunidad sin precedentes para que todos los Estados miembros afronten los principales retos estructurales y las necesidades de inversión más importantes y realicen, al mismo tiempo, las transiciones ecológica y digital. La Comisión mantiene con todos los Estados miembros una estrecha cooperación para ayudarles a diseñar planes ambiciosos de recuperación y resiliencia. Los planes deben proponer inversiones y reformas que reflejen los retos y circunstancias específicos de cada Estado miembro, sobre la base de un análisis exhaustivo y de los retos identificados en los últimos años en el marco del Semestre Europeo. Esos planes conformarán la agenda de reformas e inversiones de los Estados miembros durante los próximos años. La adhesión nacional y la participación de todas las partes interesadas pertinentes son esenciales para garantizar su aplicación efectiva y un impacto duradero. Por esa razón, a lo largo de todo el proceso, se ha animado encarecidamente a los Estados miembros a consultar a las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, las organizaciones juveniles y otras partes interesadas pertinentes conforme a su marco jurídico nacional. En cada plan nacional debe figurar un resumen de esa consulta, junto con indicaciones sobre cómo se refleja en el plan la contribución de esas partes interesadas. Hasta la fecha, veintitrés Estados miembros han presentado sus planes, y en los próximos días se espera que otros presenten los suyos . Cuando la Comisión haya finalizado la evaluación de esos planes, el Consejo dispondrá de un mes para aprobarlos, abriendo así la puerta a los primeros desembolsos como prefinanciación en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se espera que los planes de recuperación y resiliencia presentados o en preparación contribuyan sustancialmente a los seis pilares previstos en el Reglamento. Tal como exige el Reglamento, cada plan deberá aportar una respuesta integral y adecuadamente equilibrada a los ámbitos de actuación de importancia europea estructurados en seis pilares, a saber: transición ecológica; transformación digital; crecimiento inteligente, sostenible e integrador, productividad y competitividad; cohesión social y territorial; resiliencia sanitaria, económica, social e institucional, y políticas para la próxima generación, la infancia y la juventud. En general, la Comisión espera que una parte significativa del gasto en los planes corresponda a los ámbitos climático y digital, y que esos planes prevean medidas que contribuyan a la resiliencia y a la cohesión social y territorial. La Comisión también cuenta con que se realicen importantes reformas e inversiones en todos esos ámbitos políticos que contribuyan a garantizar que los seis pilares se aborden de forma integral, como medidas para aumentar las capacidades digitales y colmar las lagunas de conectividad con vistas a fomentar la transformación digital, apoyar la cohesión y beneficiar a las pymes. Mediante la combinación de los fondos del instrumento de recuperación NextGenerationEU y del nuevo marco financiero plurianual, la UE aportará 1,8 billones EUR en 2021-2027. NextGenerationEU aportará 750 000 millones EUR para impulsar la recuperación a través de programas específicos (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, REACT-UE, Fondo de Transición Justa, Desarrollo Rural, InvestEU, rescEU y Horizonte Europa). InvestEU, por ejemplo, reúne diversos instrumentos financieros para apoyar la inversión en la UE a través de una garantía del presupuesto de la UE de 26 200 millones EUR. Se espera que InvestEU movilice más de 370 000 millones EUR de inversión adicional en los próximos 7 años. Los fondos de NextGenerationEU se suman a la cifra de 1,074 billones de euros procedentes del presupuesto de la UE para el período 2021-2027. Dentro de ese presupuesto, la política de cohesión, dotada de 338 600 millones de euros, tiene por objeto apoyar, mediante inversiones, las estrategias de desarrollo a más largo plazo de los Estados miembros. 4.Coordinación de las políticas presupuestarias La coordinación de las políticas presupuestarias nacionales sigue siendo fundamental para apoyar la recuperación. La orientación presupuestaria global, teniendo en cuenta los presupuestos nacionales y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, debe seguir siendo expansionista en 2021 y 2022. La política presupuestaria debe seguir siendo ágil y adaptarse a la evolución de la situación, según proceda, y debe evitarse una retirada prematura del apoyo presupuestario. Una vez que disminuyan los riesgos sanitarios, las medidas presupuestarias deben ir avanzando gradualmente hacia medidas más específicas que promuevan una recuperación resiliente y sostenible. Por último, habida cuenta de las expectativas de normalización gradual de la actividad económica en el segundo semestre de 2021, las políticas presupuestarias de los Estados miembros deben adquirir un mayor grado de diferenciación en 2022, teniendo en cuenta el estado de la recuperación, la sostenibilidad presupuestaria y la necesidad de reducir las divergencias económicas, sociales y territoriales. A medida que se afiance la recuperación, la política presupuestaria debe dar prioridad a una mayor inversión pública y privada en apoyo de la transición hacia una economía ecológica y digital. La cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento seguirá aplicándose en 2022 y se espera que se desactive a partir de 2023. La cláusula general de salvaguardia ha hecho que los Estados miembros hayan podido adoptar medidas muy importantes en materia de gastos e ingresos para minimizar el impacto económico y social de la pandemia. También les ha permitido coordinar sus políticas presupuestarias de una manera más flexible. Tal como se anunció en la Comunicación de 3 de marzo de 2021, la decisión de desactivar la cláusula general de salvaguardia debe tomarse como una evaluación global del estado de la economía sobre la base de criterios cuantitativos, y el nivel de actividad económica en la UE en comparación con los niveles anteriores a la crisis debe ser el criterio cuantitativo clave de esa evaluación. Según las previsiones de primavera de 2021 de la Comisión, se prevé que la actividad económica anterior a la crisis (finales de 2019) se alcance en torno al cuarto trimestre de 2021 en la UE en su conjunto, y en el primer trimestre de 2022, en la zona del euro. Sobre la base de esas previsiones, se cumplen las condiciones para mantener en vigor la cláusula general de salvaguardia en 2022 y desactivarla en 2023. Tras la desactivación de la cláusula general de salvaguardia, se seguirán teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país. En 2022, la orientación presupuestaria, derivada de los presupuestos nacionales y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, debe seguir siendo expansionista. Los gastos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia proporcionarán un impulso presupuestario sustancial en 2022 y en los próximos años. Los gastos financiados con apoyo no reembolsable permitirán financiar proyectos de inversión de alta calidad y cubrir los costes de las reformas de fomento de la productividad sin dar lugar a un aumento del déficit y de la deuda. Los Estados miembros deben hacer uso de la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que contribuirá así a apoyar la recuperación económica, a fomentar un mayor potencial de crecimiento y a mejorar gradualmente su situación presupuestaria subyacente. En particular, los Estados miembros con una deuda baja deben seguir una orientación presupuestaria expansionista, teniendo en cuenta también el impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los Estados miembros con una deuda elevada deben utilizar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación, al tiempo que aplican una política presupuestaria prudente. Los Estados miembros deben preservar las inversiones financiadas a nivel nacional. Al mismo tiempo, el aumento de los gastos corrientes financiados a nivel nacional debe mantenerse bajo control y limitarse en el caso de los Estados miembros con una deuda elevada. Esto permitirá que las medidas presupuestarias maximicen el apoyo a la recuperación sin anticipar futuras trayectorias presupuestarias ni crear una carga permanente para las finanzas públicas. Para el período posterior a 2022, las políticas presupuestarias deben seguir teniendo en cuenta la fortaleza de la recuperación, el grado de incertidumbre económica y consideraciones de sostenibilidad presupuestaria. Cuando las condiciones económicas lo permitan, los Estados miembros deben aplicar una política presupuestaria destinada a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas también a medio plazo. Al mismo tiempo, deben fomentar la inversión para impulsar el potencial de crecimiento. En vista del grado de incertidumbre actual, aún excepcionalmente elevado, en particular en lo que se refiere al impacto en el potencial de crecimiento de la crisis y las reformas e inversiones realizadas con el apoyo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las orientaciones de este año siguen siendo de naturaleza predominantemente cualitativa. Se proporcionarán orientaciones cuantificadas más precisas en 2022 para los años siguientes, cuando haya disminuido suficientemente el grado de incertidumbre. La Comisión ha evaluado el cumplimiento de los criterios de déficit y deuda en 2020. Como la activación de la cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión Europea sigue aplicando el ciclo anual de supervisión presupuestaria. La Comisión ha publicado un informe [de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)] en el que se evalúa el cumplimiento de los criterios de déficit y deuda por parte de todos los Estados miembros, excepto Rumanía. En este contexto, la Comisión ha tenido en cuenta la elevada incertidumbre, la respuesta acordada en materia de política presupuestaria a la crisis de la COVID-19 y las recomendaciones del Consejo para 2021. El análisis, que tiene en cuenta todos los factores pertinentes, sugiere que tres Estados miembros cumplen el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997 y que veintitrés Estados miembros no lo cumplen. Trece Estados miembros no cumplen el criterio de deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997. El brote de COVID-19 ha tenido un impacto macroeconómico y presupuestario extraordinario, y ha generado una incertidumbre excepcional, en particular a la hora de diseñar una trayectoria creíble de política presupuestaria. Teniendo en cuenta la elevada incertidumbre, la respuesta acordada en materia de política presupuestaria a la crisis de la COVID-19 y las recomendaciones del Consejo de 20 de julio de 2020, la Comisión considera que, en la coyuntura actual, no debe adoptarse una decisión relativa a la aplicación del procedimiento de déficit excesivo a los Estados miembros. En el caso de Rumanía, país con respecto al cual se inició un procedimiento de déficit excesivo sobre la base de los datos de 2019, la Comisión recomienda actualizar la trayectoria de ajuste para corregir el déficit excesivo en 2024. La Comisión volverá a evaluar la situación presupuestaria de los Estados miembros sobre la base de las previsiones económicas de otoño de 2021 y de los proyectos de planes presupuestarios de 2022 que han de presentar los Estados miembros de la zona del euro el 15 de octubre de 2021 a más tardar. La calidad de las finanzas públicas es fundamental en el diseño de la política presupuestaria. A lo largo de 2020, todos los Estados miembros adoptaron con gran rapidez medidas de urgencia para combatir la pandemia y de ayuda a la renta de las empresas y los hogares. A medida que disminuyen los riesgos sanitarios, la política económica debe pasar de un régimen de urgencia a objetivos orientados a la recuperación. La calidad de las medidas presupuestarias debe garantizar una recuperación sostenible e integradora. Los Estados miembros deben dar prioridad a las inversiones favorables al crecimiento, especialmente las que promuevan la transición ecológica y digital. Es fundamental centrarse en las reformas presupuestarias estructurales, en aras, especialmente, de un gasto más eficiente y de una gestión de gran calidad de los recursos de las finanzas públicas. Por el lado de los ingresos, también son esenciales las reformas destinadas a desplazar la presión fiscal del factor trabajo hacia impuestos medioambientales que produzcan menos efectos falseadores y a evitar la competencia fiscal perniciosa y la planificación fiscal abusiva. Ello contribuirá a proporcionar financiación para las prioridades de las políticas públicas y a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, incluso mediante el refuerzo de la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas sanitarios y de protección social para todos. Tras la respuesta inmediata a la crisis en 2020, varios Estados miembros han retomado sus planes para mejorar los análisis de gastos. La mejora de los análisis de gastos, mediante la creación de capacidades y el refuerzo de la gobernanza y del vínculo con el ciclo presupuestario, constituye una reforma importante en algunos paquetes de recuperación. Una evaluación más sólida de las políticas y una mayor atención a las prioridades políticas desempeñan un papel más importante en la planificación presupuestaria. Algunos Estados miembros también están desarrollando prácticas de presupuestación ecológica para intensificar la acción por el clima y el medio ambiente. Esas prácticas les permitirán evaluar el contenido ecológico de sus políticas presupuestarias y garantizar la coherencia entre los gastos y los ingresos públicos y los objetivos medioambientales. La Comisión mantiene su diálogo y su apoyo al desarrollo y perfeccionamiento de procesos y prácticas que mejoren la calidad de las finanzas públicas. 5.Desequilibrios macroeconómicos en los Estados miembros La Comisión ha detectado vulnerabilidades macroeconómicas relacionadas con desequilibrios y con desequilibrios excesivos en doce Estados miembros. Esos Estados miembros han sido seleccionados para someterlos a un examen exhaustivo en el Informe sobre el Mecanismo de Alerta de 2021 . Tres Estados miembros siguen experimentando desequilibrios excesivos (Chipre, Grecia e Italia) y otros nueve, desequilibrios (Alemania, Croacia, España, Francia, Irlanda, los Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia) en el sentido del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. El despliegue del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia será clave para reducir los desequilibrios macroeconómicos existentes, ya que apoyará reformas e inversiones para afrontar los retos identificados en ciclos anteriores del Semestre. Las principales fuentes de desequilibrio son, en gran medida, las mismas que hace un año, pero han aumentado los riesgos. La crisis de la COVID-19, aunque no ha alterado sustancialmente la naturaleza de los desequilibrios de los Estados miembros, sí ha frenado la reducción de esos desequilibrios y puede aumentar los riesgos para la estabilidad macroeconómica. La deuda pública y privada ha aumentado visiblemente, debido en gran medida, además de a la recesión, a las políticas adoptadas para hacer frente a la pandemia y apoyar la economía y la recuperación. En algunos Estados miembros sigue habiendo grandes superávits por cuenta corriente. Varios Estados miembros con altos niveles de endeudamiento también tienen un bajo potencial de crecimiento. En esos casos, será esencial utilizar eficientemente el Mecanismo para fomentar la inversión y las reformas favorables al crecimiento. Las dificultades en el reembolso de la deuda pueden resultar en préstamos dudosos a medida que vayan suprimiéndose las medidas de apoyo. En cambio, algunas vulnerabilidades relacionadas con las presiones sobre la competitividad de costes se atenuaron durante la crisis de la COVID-19. En esta fase, no parece justificado revisar la clasificación de los desequilibrios. La crisis de la COVID-19 puede aumentar los riesgos para la estabilidad macroeconómica, aunque no de un modo que requiera revisar esa clasificación por el momento. La persistencia de una elevada incertidumbre exige un estrecho seguimiento de los desequilibrios y de los riesgos para la estabilidad macroeconómica con una perspectiva de futuro sólida. ·Chipre, Grecia e Italia siguen experimentando desequilibrios excesivos relacionados con la elevada deuda pública y la gran proporción de préstamos dudosos, a pesar de los fuertes avances que se están realizando de una manera constante en este ámbito. En Chipre y Grecia, además, la deuda exterior es alta, y, en el caso de Chipre, también lo es la deuda privada. Además, el potencial de crecimiento sigue siendo demasiado bajo como para poder realizar el desapalancamiento de la deuda. ·Los desequilibrios en Croacia, España, Irlanda y Portugal combinan una deuda privada, una deuda pública y una deuda exterior elevadas, mientras que en Francia los desequilibrios se deben a la deuda pública y la deuda privada, que siguen aumentando. En esos Estados miembros sigue siendo importante garantizar el aumento de la productividad y la competitividad. En Rumanía, las pérdidas de competitividad se están reduciendo, pero persiste el gran déficit por cuenta corriente, y las tendencias presupuestarias deben invertirse con firmeza tras años de deterioro. Alemania y los Países Bajos registran de forma persistente grandes superávits por cuenta corriente, asociados a un exceso de ahorro en comparación con las inversiones, lo que se ve agravado por la elevada deuda privada que se observa en los Países Bajos. En Suecia, no se están moderando los altos precios de la vivienda, y la elevada y creciente deuda de los hogares sigue siendo motivo de preocupación. En el apéndice 1 se ofrecen más detalles sobre los aspectos específicos del análisis de desequilibrios de cada país.

6.Adaptación del Semestre Europeo Habida cuenta de los grandes solapamientos existentes entre el Semestre Europeo y las primeras fases del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, fue necesario adaptar temporalmente el ciclo del Semestre Europeo de 2021 a la puesta en marcha del Mecanismo. Ello permitió a la Comisión y a los Estados miembros centrar el ciclo de este año en la preparación de los planes de recuperación y resiliencia como principal documento de referencia prospectivo de la agenda de reformas e inversión de los Estados miembros. Entretanto, se siguieron supervisando los desequilibrios macroeconómicos, centrándose en los riesgos emergentes debidos a la crisis de la COVID-19, que, en su caso, se abordaron en los debates con los Estados miembros sobre sus proyectos de planes. En la próxima Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2022 se esbozarán los elementos clave del próximo ciclo del Semestre Europeo. El primer año de aplicación de los planes de recuperación y resiliencia deberá ser objeto de seguimiento en el marco de coordinación anual del Semestre Europeo. A este respecto, el Reglamento por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia prevé la presentación por los Estados miembros de informes semestrales sobre los avances realizados en la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia en el contexto del Semestre Europeo. El seguimiento de los avances hacia el cumplimiento de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales deberá integrarse en el Semestre Europeo, como destacaron los dirigentes de la UE en la Cumbre Social de Oporto. La Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2022 establecerá las medidas concretas para estructurar en ese año el marco de gobernanza del Semestre Europeo. Sobre esa base, la Comisión entablará un diálogo con el Parlamento Europeo, el Consejo, los Estados miembros, los interlocutores sociales y todas las demás partes interesadas pertinentes. 7.Próximas etapas La Comisión acoge con satisfacción la aprobación de la Decisión sobre los recursos propios por todos los Estados miembros. Esa aprobación abre la puerta para que la Comisión empiece a contraer empréstitos en el marco de NextGenerationEU con el fin de desembolsar fondos, incluida la prefinanciación de subvenciones y préstamos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La Comisión adoptará sus propuestas relativas a las decisiones de ejecución del Consejo sobre los planes de recuperación y resiliencia a partir de la segunda mitad de junio. La Comisión aguarda con interés la rápida adopción de esas decisiones por el Consejo para que los planes puedan aplicarse oportunamente y pueda producirse una recuperación económica sostenible e integradora, en consonancia con las conclusiones de los dirigentes de la UE en la Cumbre de Oporto. La Comisión también está dispuesta a proporcionar a los Estados miembros que así lo soliciten asistencia técnica y a ayudar a las autoridades a utilizar de forma óptima los fondos de la UE. La Comisión acoge con satisfacción la intensa y constructiva cooperación entre todas las instituciones de la UE, en particular con la apertura del diálogo sobre recuperación y resiliencia. La firme implicación del Parlamento Europeo será crucial para lograr una mayor transparencia y responsabilidad en la ejecución del Mecanismo. La Comisión se ha comprometido plenamente a compartir toda la información pertinente con el Parlamento y el Consejo, y a tener debidamente en cuenta las opiniones expresadas por el Parlamento en el contexto del diálogo, en consonancia con los requisitos del Reglamento. La Comisión pide a los Estados miembros que velen por que los planes de recuperación y resiliencia se apliquen plenamente de manera oportuna y manteniendo un diálogo exhaustivo con los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas.



APÉNDICE 1. CONCLUSIONES DE LOS EXÁMENES EXHAUSTIVOS DE LOS DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS DE LOS PAÍSES DE LA UE Se ha confirmado la clasificación de los desequilibrios y de los desequilibrios excesivos en los doce Estados miembros que han sido objeto de un examen exhaustivo. El análisis del examen exhaustivo examina la gravedad de los desequilibrios, su evolución reciente y prevista y las correspondientes respuestas políticas. Asimismo, se tienen en cuenta los efectos colaterales pertinentes y las repercusiones transfronterizas sistémicas de los desequilibrios. El contexto de la evaluación de las vulnerabilidades de este año difiere del análisis realizado en los exámenes exhaustivos del año pasado. En 2020, los esfuerzos políticos se centraron, en general, en hacer frente y amortiguar el impacto de la pandemia y en apoyar una recuperación sostenible, que a su vez ayudará a corregir los desequilibrios, así como en controlar los riesgos para la estabilidad macroeconómica a medio plazo. Por lo tanto, la perspectiva de futuro es fundamental en la evaluación del riesgo. No obstante, la incertidumbre sigue siendo elevada y aún es difícil evaluar todas las consecuencias de la crisis. Esto requiere un seguimiento continuo y estrecho de los desequilibrios y de los riesgos para la estabilidad macroeconómica. Con una perspectiva de futuro, esos desequilibrios se debatieron con los Estados miembros en la fase de preparación de sus planes de recuperación y resiliencia, ya que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia brinda una oportunidad única para hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos y las necesidades de inversión y de reforma. Los análisis de las políticas realizados en los exámenes exhaustivos actuales se finalizaron antes de la presentación formal de los planes de recuperación y resiliencia y, por consiguiente, no se basan en la información incluida en esos planes. Aunque la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia realizada por la Comisión no había concluido aún en el momento de la publicación de la presente Comunicación y no se puede prejuzgar, la aplicación efectiva de los planes de recuperación y resiliencia brinda la oportunidad de hacer frente a los desequilibrios existentes. En general, los riesgos y vulnerabilidades macroeconómicos tienen el mismo origen que antes. La crisis de la COVID-19 ha frenado la reducción de los desequilibrios macroeconómicos observada en la última década, pero no de un modo que justifique la revisión de la clasificación de los desequilibrios por el momento. Las deudas privada, pública y exterior de varios Estados miembros ya eran elevadas antes de la pandemia. En otros, las preocupaciones relacionadas con la deuda han estado centradas en el sector público o en el sector privado. En 2020, todas esas ratios de deuda pública sobre PIB aumentaron como consecuencia de la caída de la actividad económica y del aumento significativo del endeudamiento, especialmente por parte de las empresas y las Administraciones Públicas, con el fin de amortiguar las consecuencias de la pandemia y evitar un deterioro aún más grave de la situación económica y de la estabilidad macroeconómica. Las moratorias temporales sobre el reembolso de la deuda por las empresas y los hogares han mantenido las deudas seguras y han reducido el riesgo de escasez de liquidez. La dinámica de la deuda pública y privada puede resultar más difícil en el futuro, pero se espera que mejore con la recuperación. Varios países afectados por una deuda elevada se caracterizan por un bajo potencial de crecimiento, que la crisis puede estar frenando aún más, especialmente cuando los sectores más afectados representan una mayor proporción de la actividad, lo que, en general, reducirá el ritmo de desapalancamiento. Esto pone de relieve la importancia de la aplicación efectiva del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para aumentar el potencial de crecimiento, apoyar una recuperación significativa y ayudar a corregir esos desequilibrios. El agravamiento de las dificultades de reembolso de la deuda puede traducirse en el futuro en más préstamos dudosos, especialmente en los sectores más afectados por la crisis y una vez que expiren las moratorias sobre los reembolsos de deudas y otras medidas de apoyo. Así pues, aunque la resiliencia de las entidades de crédito ha mejorado en los últimos años, esta podría verse resentida de forma retardada y prolongada, y la oferta de crédito a la economía podría verse afectada y afectar a su vez a la solidez de la recuperación. Las cuentas exteriores se han mantenido en su mayoría estables durante la crisis de la COVID-19. En general, los déficits por cuenta corriente han cambiado poco, ya que los cambios en el ahorro neto de las Administraciones Públicas y el del sector privado se han compensado mutuamente. Las excepciones se han producido en los países más expuestos a la caída del turismo extranjero, en los que la balanza por cuenta corriente empeoró de forma más patente en 2020 y puede que no se recupere completamente este año o el próximo. Al mismo tiempo, los grandes superávits por cuenta corriente se mantienen prácticamente sin cambios, al igual que el superávit por cuenta corriente de la zona del euro en su conjunto. Las posiciones de inversión internacional neta negativas empeoraron en 2020, pero no se espera que sigan deteriorándose este año o el próximo. Las condiciones de financiación externa han sido favorables, aparte de un breve episodio de mayor aversión al riesgo en los mercados financieros mundiales inmediatamente después del estallido de la crisis y especialmente en el caso de los países no pertenecientes a la zona del euro. La expansión continuada de los años anteriores a la crisis dio lugar a presiones de recalentamiento que se reflejaron en pérdidas de competitividad de los costes y en una fuerte subida de los precios de la vivienda: las primeras se han reducido durante la crisis de la COVID-19, pero la segunda, no tanto. Se espera que la evolución de la competitividad de los costes se estabilice a medida que el crecimiento de los salarios se modere en un mercado laboral que se ha visto claramente debilitado con la situación ocasionada por la COVID-19, y un aumento cíclico de la productividad está aliviando también la presión sobre los costes laborales unitarios este año y el siguiente. En cuanto a los precios de la vivienda, se ha seguido observando dinamismo en algunos países en los que los riesgos de sobrevaloración han sido más importantes. En algunos casos, sin embargo, no puede descartarse que la expiración de las moratorias sobre el reembolso de deudas y la retirada de otras medidas temporales de apoyo puedan ejercer presiones a la baja sobre los precios de la vivienda, especialmente en el caso de que los ingresos de los hogares se hayan visto más afectados. Países con desequilibrios excesivos ·Grecia presenta desequilibrios excesivos. Las vulnerabilidades guardan relación con la gran deuda pública, el incompleto reequilibrio exterior y los numerosos préstamos dudosos, en un contexto de alto desempleo y bajo potencial de crecimiento. La crisis de la COVID-19 ha interrumpido el proceso de ajuste iniciado en años anteriores. La deuda pública aumentó considerablemente en 2020 y no se espera que disminuya hasta 2022. La deuda pública está principalmente en manos de acreedores del sector oficial, lo que, junto con la considerable reserva de efectivo, protege a Grecia de fluctuaciones a corto plazo. El déficit por cuenta corriente ha aumentado recientemente y se prevé que siga siendo elevado, en gran parte debido al impacto de la crisis de la COVID-19 en el importante sector turístico. A pesar de una acusada reducción en los últimos años, los préstamos dudosos siguen siendo numerosos y corren el riesgo de aumentar a medida que vayan interrumpiéndose las medidas de apoyo temporales. Los esfuerzos para mejorar las perspectivas de crecimiento se enfrentan a dificultades derivadas del agotamiento del capital nacional, el envejecimiento de la población y la emigración de mano de obra cualificada. El bajo potencial de crecimiento afecta al desapalancamiento de la deuda.