ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.7

El CESE pide a la Comisión que utilice el IPA II para proporcionar mayor apoyo con vistas a reforzar las capacidades de las OSC –incluidos los interlocutores sociales– y que se centre en particular en aumentar el apoyo a las asociaciones, no solo entre las OSC sino también entre las OSC y las autoridades públicas. Los fondos disponibles en el Instrumento para la Sociedad Civil deben aumentarse y también deben financiar más proyectos desarrollados por los interlocutores sociales. El refuerzo de las capacidades de las OSC para participar de manera significativa en el proceso de integración de la UE debería seguir siendo prioritario mediante la promoción de procedimientos simplificados de selección y aplicación de proyectos, la utilización de subvenciones institucionales y la reasignación de subvenciones. No solo es deseable que haya apoyo financiero, sino también apoyo a mecanismos que mejoren el diálogo entre la sociedad civil y las autoridades públicas.
3.2

El director de Europol afirmo el año pasado estar «(…) enormemente preocupado por esta gran, y desmerecida, confianza en el carácter indestructible de Internet» (8). Con frecuencia oímos hablar de nuevos ciberataques a infraestructuras esenciales por parte de delincuentes, terroristas o gobiernos extranjeros. Los objetivos no notifican la mayor parte de estos ataques por temor a dañar su reputación; no obstante, en las últimas semanas hemos asistido a ataques en las infraestructuras de Internet (9) y en los sistemas bancarios (10) de Europa de tal gravedad que no ha sido posible ocultarlos. Un informe (11) cifra en 92 y 82 millones los ciberataques que sufrieron en 2011 los Países Bajos y Alemania respectivamente. El gobierno británico calcula que el Reino Unido sufrió ese mismo año 44 millones de ciberataques, que ocasionaron un coste económico que podría llegar hasta los 30 000 millones de euros (12).
2.5

No obstante, algunos Estados miembros no participaron en el programa PEAD, aduciendo que era innecesario o incompatible con sus políticas nacionales de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Algunas organizaciones de la sociedad civil de esos Estados han apuntado al estigma asociado a la ayuda material directa, y prefieren que el Estado preste la asistencia financiera suficiente para cubrir todas las necesidades básicas. No obstante, en estos Estados miembros también existen grupos y personas a los que, por diversos motivos, no llega la ayuda financiera prestada en el marco de los sistemas de asistencia públicos.
5.8

Todos los productores e importadores de gases fluorados de efecto invernadero deben atenerse a las cuotas. Estas obligaciones no incumben a los consumidores ni a los operadores de equipos. Para aliviar la carga administrativa, se aplica un umbral de una tonelada métrica o 1 000 toneladas equivalentes de CO2 de gases fluorados de efecto invernadero. Las cantidades exportadas no se contabilizan dentro de la cuota de comercialización. El reparto de las cuotas se basará en las emisiones anteriores. No se ha escogido la opción de la subasta por ser demasiado pocos los agentes presentes en este mercado (en realidad, no son suficientes para crear un mercado eficaz) y porque este procedimiento habría aumentado los costes administrativos. Se reservará a los «recién llegados» una cuota del 5 %. El reparto de las cuotas se establecerá en función de los datos facilitados para el periodo 2008-2011. Es fundamental que el cumplimiento de las obligaciones de inscripción en el registro y de notificación siga siendo factible para no imponer una carga administrativa excesiva a las empresas y, en particular, a las PYME. En general, conviene plantearse la cuestión de la rentabilidad del sistema de cuotas.
4.6

El sector de la pesca, vital para todos los países del Pacífico, pero también para la UE, habida cuenta del nivel importante de exportaciones hacia países de la Unión (especialmente de atún), debe recibir una atención particular en las intervenciones, dada la necesidad de mantener actualmente la sostenibilidad de la producción y del ecosistema, evitando una sobreexplotación que podría poner en peligro el futuro de la pesca. El Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la UE en la lucha contra la pesca ilegal, a través de la aplicación del Reglamento de la UE para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Sobre la base de este Reglamento, la Comisión notificó a dos países de la región (Fiyi y Vanuatu) la posibilidad de ser considerados como terceros países no cooperadores en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
4.9

El CESE recomienda vivamente que se establezca una fecha concreta, razonable e incluida directamente en el texto del articulado, en vez de dejarlo a la discreción de actos delegados sucesivos, que generan inseguridad sobre su aplicación al sector de productos financieros. Además, con arreglo al artículo 5, el documento debe ser redactado antes de la comercialización del producto y publicado previamente en Internet. No es razonable no establecer en esta fase un plazo límite perentorio, cuyo incumplimiento suponga infringir de manera efectiva los objetivos y obligaciones del Reglamento. Un plazo de una semana como mínimo antes de que se pueda concluir la operación, por ejemplo, parece razonable. Ello permite recabar toda la información necesaria y pedir consejo y explicaciones. De esta forma el inversor está suficientemente protegido y tiene tiempo de comparar propuestas de compra de la competencia. A este respecto, el CESE no apoya la adopción de actos delegados, que deberían ser muy limitados y respetar la forma y el contenido del artículo 290 del TFUE, esto es, destinarse a asuntos marginales para los que no pueden usarse otros instrumentos.
4.5

Los controles o la imposición del cumplimiento de la legislación laboral vigente en el país de trabajo no pueden ser definidos por la Unión Europea como «obstáculos» o «barreras» al funcionamiento del mercado único de los servicios mientras estas disposiciones no se utilicen para disuadir a la competencia. El control del cumplimiento de los convenios colectivos no favorece solo la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, que deben ser respetados, sino que interesa también a los empresarios de buena fe. Esta afirmación es válida no solo para las multinacionales, sino también para las pequeñas y medianas empresas. La obligación de registro y de comunicación es necesaria para garantizar el respeto de estos derechos fundamentales y se trata de un elemento básico de las obligaciones vinculadas a la prestación de servicios transfronterizos. La mejora de la cooperación entre los Estados miembros en este ámbito es ventajosa para todas las partes interesadas y también beneficia a la prestación transfronteriza de servicios.
1.10

La Presidencia húngara ha planteado concretamente el caso del comercio transfronterizo de proximidad o vecindad, sobre el que no existe ningún estudio que permita valorar sus consecuencias en los Estados miembros. Lo primero que el CESE recomienda a la Presidencia húngara es solicitar a la Comisión un análisis estadístico preciso de estas transacciones y más tarde encargar los estudios indispensables para determinar si este tipo de comercio tiene especificidades que justifiquen un enfoque jurídico de ámbito europeo. Finalmente, deberán evaluarse las necesidades de los consumidores en este tipo de comercio (información, idioma de los contratos, comparabilidad de precios si alguna de las monedas no es el euro, tipos de cambio, comisiones y cuotas bancarias, etc.) y sobre la forma más eficaz de satisfacer tales necesidades a escala local.
4.2.2

Registro de ONG: el procedimiento es sencillo y en cierta medida ha contribuido a que se registre un elevado número de ONG. Este registro correspondía al Ministerio de Justicia hasta 2006, fecha en que, en línea con el cambio de mandatos en el Gobierno, pasó al Ministerio de Interior y Administración Pública. La cifra aproximada de 4 500 ONG registradas que a menudo se menciona públicamente no es fiable, puesto que el registro no está bien llevado: se incorporan las organizaciones nuevas, pero no se descuentan del total las que ya no existen. El Gobierno ha anunciado que pronto presentará un sistema informático para resolver estas controvertidas cuestiones. Además, hay organizaciones profesionales –como las asociaciones de agricultores o pescadores– que también están registradas como ONG al no existir ninguna otra base o modalidad jurídica que cubra su actividad empresarial.
3.3.2

La flexiguridad es un instrumento importante para atenuar los efectos de la crisis financiera y de la economía real sobre el trabajo y el empleo. No obstante, no hay que abusar del mismo facilitando los despidos en los países que tienen una legislación laboral que garantiza un determinado nivel de seguridad frente a prácticas que se denominan en inglés «hire and fire» (contrata y despide). El Comité celebra que la Comisión Europea haya afirmado claramente que la flexiguridad no puede convertirse en ningún caso en un derecho al despido.
1.5

El CESE apoya la aclaración y codificación de las tareas y responsabilidades individuales y colectivas de los interesados: las autoridades competentes de los Estados miembros, la EMEA (y concretamente sus comités), la Comisión y los titulares de autorizaciones de comercialización de medicamentos y, en particular, sus responsables respectivos en materia de farmacovigilancia, así como los pacientes. El CESE considera, no obstante, que los nuevos elementos que introducen las propuestas no deben cuestionar ni debilitar las estructuras y los procedimientos existentes a nivel local, en particular los que prevén la participación del paciente y los profesionales de la salud, siempre que, mediante un procedimiento rápido y transparente, se fijen unos parámetros comunes para los datos comparables.
2.2

Una política social determinada y sensible no sólo aporta una mayor productividad y competitividad, sino que también fomenta la cohesión social y, por ende, la paz social y la estabilidad política, sin las cuales no puede existir un desarrollo sostenible. Dicho de otra forma, la política social es un factor que influye en la productividad (4). La salud y la seguridad en el trabajo, pues, no son sólo fines en sí mismos; a largo plazo, el dinero que se gasta en estos ámbitos no sólo se amortiza, sino que también puede influir positivamente en los resultados económicos.
4.6

Extender los cultivos destinados a biocombustibles puede constituir una forma ventajosa de utilización del suelo, siempre y cuando no se desplace a otros usos que son buenos o mejores en lo que respecta a la reducción del efecto invernadero. Las prácticas agrícolas de la UE cumplen unos requisitos medioambientales elevados gracias al régimen de condicionalidad y, en principio, dicho régimen podría convertirse en una herramienta para garantizar que los cultivos destinados a biocombustibles se realizan de una manera óptima desde el punto de vista de la eficiencia en materia de emisiones de CO2. No obstante, resulta esencial comparar y contrastar los procesos de transporte y refinado necesarios para producir biocombustibles con los combustibles tradicionales. Es preciso evaluar muy cuidadosamente el impacto de los biocombustibles en cuanto al CO2, ya que tal vez no sea positivo en todos los casos.
4.7

Los Estados miembros registran abundantes ejemplos, a todos los niveles, del papel esencial de los interlocutores sociales en el incremento de la flexibilidad y la seguridad para empresarios y empleados. Los convenios colectivos en sí no sólo son un factor de seguridad para ambos, sino que también permiten la flexibilidad negociada. La incorporación de aspectos sobre una mayor flexibilidad interna, la carrera profesional y el derecho a la formación permanente es cada vez más normal en un entorno cuya competitividad no deja de aumentar. Sin embargo, en los Estados miembros en que el diálogo social no es adecuado debido a la existencia de sistemas débiles de relaciones laborales, ello también hace que los trabajadores estén demasiado expuestos a las fuerzas del mercado en el mercado laboral y suele ofrecer escasa protección. Por lo tanto, el refuerzo y la modernización de los sistemas de relaciones laborales en los Estados miembros deberían acompañar todo debate sobre la flexiguridad que se entable en dichos países.
3.6

Por todas estas razones, el CESE considera, pues, necesario introducir, al menos, tres correcciones, sin perjuicio del respeto del principio de una «verdadera» neutralidad presupuestaria: — no contabilizar la gestión de las crisis de mercado en el programa operativo de la organización de productores; — no aplicar el límite del 4,1 % cuando las medidas estén cofinanciadas en un 60 %, en particular, para permitir a las organizaciones de productores ya consolidadas continuar su esfuerzo por reequilibrar «el poder de compra de la gran distribución» (2); — incluir las acciones conjuntas de dos o más organizaciones de productores entre las que cuentan con cofinanciación comunitaria al 60 %, de manera que se fomente la colaboración entre organizaciones de productores y la concentración de la oferta.
4.5

El acuerdo Energy Star estipula que los socios supervisarán la posibilidad de que un producto sea objeto de registro. El Reglamento debería, por tanto, incluir los procedimientos que deberían seguir los Estados miembros con respecto a dicho control y las directrices básicas para ello. No existen documentos de la Comisión que aporten información sobre la comprobación o el control de los productos registrados en la base de datos. Si existieran tales datos, deberían ponerse a disposición en el sitio web del programa; si no, convendría que se efectuaran controles de equipos y se publicaran sus resultados. Si esto no se hace se podría menoscabar la fiabilidad del logotipo.
2.5

La entrada en vigor del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, que derogó y sustituyó al Reglamento (CE) no 1347/2000 del Consejo desde el 1 de marzo de 2005, no supuso la introducción de normas sobre la ley aplicable. El Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo permite a los cónyuges elegir entre varios criterios alternativos de competencia. Una vez que se incoa un proceso matrimonial ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, la ley aplicable se determina sobre la base de las normas de conflicto nacionales de ese Estado, las cuales se basan en criterios muy diversos. La mayoría de los Estados miembros determina la ley aplicable sobre la base de una escala de criterios de vinculación por la que se intenta garantizar que el proceso se regirá por el ordenamiento jurídico con el que haya mayor vinculación. Otros Estados miembros aplican sistemáticamente sus leyes nacionales («lex fori») a los procesos matrimoniales. Bélgica permite a las partes elegir entre la ley extranjera aplicable al matrimonio y la ley belga.
2.5

Un elevado número de obras literarias, filosóficas y de otra índole se edita una sola vez, en su lengua original, y esas obras no volverán a ser editadas en vida del autor, a veces ni siquiera en vida de sus herederos. Aunque en su momento no se convirtieran en «superventas», muchas de ellas no dejan de tener un cierto valor, aunque rápidamente se vuelven inaccesibles para todo posible lector. La prolongación indefinida de los derechos sólo beneficia a un número relativamente poco elevado de autores, mientras que el sistema de protección impide, durante su vigencia, que los lectores y estudiantes accedan a un número bastante más considerable de obras que no podrán encontrar una vez que se agote la primera edición.
2.3

Ahora bien, a la luz del Derecho comunitario en continua evolución (en particular se esperan propuestas de «medidas penales») y de las adaptaciones en las legislaciones nacionales realizadas de maneras muy diferentes, es necesario constatar que no se respeta el equilibrio entre los derechos de los titulares de derechos de autor, y sobre todo de derechos afines, y los derechos de los destinatarios de las obras (el público, la comunidad científica y universitaria, etc., es decir, los «consumidores de servicios culturales»), ya que los derechos de los destinatarios de las obras protegidas son cada vez más restringidos en diversos Estados miembros. En muchos casos, por ejemplo, se ha cuestionado el derecho a la copia privada por los dispositivos de protección material o informática llamados sistemas digitales de gestión de derechos (DRM) (digital rights management); también se cuestiona la descompilación de programas informáticos (ingeniería inversa) con fines de interoperabilidad de los programas informáticos.
4.5.3

No será fácil crear las condiciones para una «rápida» reinserción de trabajadores despedidos en el mercado laboral, si el contexto y las circunstancias no son favorables, como en el caso de las regiones en las que predomina una única actividad industrial, regiones atrasadas, o en las que faltan mecanismos que faciliten la formación y el reciclaje profesional sobre el terreno, etc. Se debería prestar una atención especial a la gestión de trabajadores de edad mediana y avanzada a fin de evitar la fuga de cerebros. En estos casos específicos probablemente se requiera una combinación de FEAG y Fondos Estructurales, así como la mejor utilización posible de la red EURES para fomentar las oportunidades de movilidad en Europa. La ausencia de una coordinación eficaz podría plantear problemas. A este respecto, el tercer apartado del artículo 5 requiere una atención especial.
1.2

No obstante lo anterior, y manteniendo una posición crítica, entendemos que la propuesta de Directiva es necesaria pero no suficiente: el estado de nuestros mares y océanos está tan degradado que se necesitaría de acciones más coercitivas, a fin de poner en práctica y controlar el cumplimiento de las acciones ya existentes. Además, la propuesta realiza una intervención parcial sobre el estado del medio ambiente marino; por este motivo, consideramos que una directiva marco cumpliría mejor su cometido, en cuanto a integrar y desarrollar posteriormente en extensión y profundidad los aspectos aquí no incluidos.
3.3.7

Además, el mercado único no debe aumentar los riesgos de los consumidores suprimiendo los actuales niveles nacionales de protección. Las normas y reglamentos nacionales en materia de protección de los consumidores han pasado a abordar cuestiones relacionadas con los mercados nacionales y, por lo tanto, no deben considerarse necesariamente obstáculos a un mercado interno. El CESE no está convencido de que las actuales disposiciones nacionales en el ámbito de la protección de los consumidores falseen por regla general la competencia y la innovación como tales, o que restrinjan el desarrollo de un mercado transfronterizo. No basta con pensar que la supresión de los obstáculos encontrados se traducirá indefectiblemente en un mercado de consumo transfronterizo funcional y efectivo. Sin embargo, los Estados miembros deberán evitar la adopción de nuevas medidas relativas a la protección de los consumidores que tengan como resultado algún tipo de protección de sus respectivos mercados locales frente a la competencia de los demás mercados europeos. El CESE estima que la plena armonización de los componentes fundamentales de la banca al por menor (como la información precontractual, los porcentajes anuales de cánones, etc.), esto es, «la plena armonización selectiva», es el medio más eficaz para crear un verdadero mercado interior europeo para los servicios bancarios al por menor que, al mismo tiempo, proporcione un nivel adecuado de protección de los consumidores.
3.8

No obstante, está claro que los intereses y prioridades de los consumidores de los 25 Estados miembros son muy variados y diversos. En los nuevos Estados miembros, en particular, el interés de los consumidores se centra, y con razón, en la calidad, la seguridad y el valor del producto. En muchos de estos países todavía no se han logrado garantías mínimas en estos aspectos. El Comité vuelve a hacer hincapié en el carácter no regulado de los sistemas de garantía del comercio ético, que permite que la adhesión a ellos se adapte a las prioridades de los consumidores.
3.16

El Comité considera que el practicaje no puede equipararse sin más a un servicio comercial: es una cuestión de aplicar competencias técnicas complejas, conocimientos locales a veces en evolución, una supervisión para garantizar la seguridad del transporte y de la población circundante y del medio ambiente, en función de los productos transportados. Es decir, que se trata de un servicio de interés general cuya naturaleza no es esencialmente comercial, aunque a menudo se otorgue a empresas privadas bajo control de la autoridad portuaria y, por ello, debería quedar excluido del campo de aplicación. Esto no impide a los puertos, como ya sucede, conceder autorizaciones de practicaje a los capitanes cuya experiencia y conocimientos locales les permitan conducir por sí mismos sin asistencia su barco hasta el muelle. No obstante, es preciso tener en cuenta que muchos buques transportan sustancias peligrosas para la seguridad de otras embarcaciones, las instalaciones, las personas que trabajan en el puerto y la población circundante.
4.5

Sin embargo, debe destacarse que la indicación del precio por unidad de medida no parece aplicarse en toda Europa y suele aparecer en pequeños caracteres en el etiquetado de los estantes. El tamaño de los caracteres para indicar dicho precio se establece a nivel nacional y, en muchos casos, sigue sin ser claro para los consumidores. Ello no solucionará los problemas que tienen las personas invidentes, con problemas de visión, analfabetas o no nativas, sobre todo si tienen la costumbre de comprar el mismo producto en tamaño estándar.
4.1

El CESE comparte totalmente la necesidad de intervenir con el fin de hacer accesibles los medicamentos esenciales a los países cuyos recursos económicos y productivos sean limitados, y considera que los instrumentos en vigor son insuficientes para luchar contra las enfermedades endémicas o para hacer frente a situaciones de emergencia sanitaria. La propuesta de Reglamento permite, en el respeto del régimen de patentes, el suministro de medicamentos patentados, en condiciones bien especificadas. No obstante, no aborda el problema de la falta de productos farmacéuticos no patentados en los países en desarrollo, en la medida en que este aspecto sobrepasa el marco de la decisión de la OMC.
2.1

El CESE estima que la UE puede desempeñar un papel fundamental para respaldar y fomentar la dimensión social de la globalización. En concreto, puede comprometerse de forma activa y aplicar una política que convenza a los gobiernos de la necesidad de un marco legal y judicial equitativo, respeto de los derechos de propiedad, mecanismos rentables de solución de litigios y de ejecución de los contratos, acceso a la educación y formación, entidades financieras debidamente reguladas y que sean accesibles, sistema impositivo equitativo y reconocimiento del papel básico del desarrollo humano. No obstante, la persecución de estos objetivos no debería llevar al crecimiento del comercio que no fomentara (o incluso dificultara) el desarrollo sostenible, a la liberalización de los mercados financieros sin acompañarla con una normativa fiscal y social equilibrada, a condiciones injustas que rijan los ajustes estructurales y que generen una reestructuración en materia de empleo, educación y sanidad, así como al crecimiento de las desigualdades en todos los países, incluidos los industrializados. No obstante, si la UE quiere desempeñar esta función de forma eficiente, tanto la Comisión como los Estados miembros deberán revisar atentamente la coherencia de sus propias políticas en los ámbitos relevantes.