COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
BruseJas, 10.04.1996 
COM(96) 126 final 
XXV INFORME 
SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 
(1995) 
(presentado por la Comisión) 

ÍNDICE 
Introducción 
I - Normas de competencia aplicables a las empresas: artículos 
85 y 86 13 
A - Garantía de los efectos benéficos del mercado interior 13 
1. Distribución de vehículos automóviles 13 
2. Restricciones al comercio paralelo 14 
3. Restricciones al acceso al mercado por parte de 
nuevos operadores 16 
4. Libro Verde sobre restricciones verticales 19 
5. Transferencias transíronterizas de créditos 19 
6. Concesión de trato favorable 21 
7. Acceso al expediente 21 
B - Cooperación y competencia en un entorno económico globalizador 
y en rápida evolución 22 
1. Aplicación de los artículos 85 y 86 en el sector de 
las telecomunicaciones 22 
1.1. Alianzas estratégicas 22 
1.2. Acuerdos de acceso e interconexión 25 
2. Mercados mundiales 25 
3. Transferencia de tecnología 26 
C - Transporte 2 6 
1. Transporte marítimo 26 
1.1. Consorcios de líneas marítimas 27 
1.2. Fijación de las tarifas de los tramos terrestres por 
parte de las conferencias marítimas 28 
2. Transporte aéreo 29 
2.1. Consultas sobre tarifas en la IATA 29 
2.2. Cooperación entre líneas aéreas 29 
D - Redes transeuropeas y política de competencia 30 
E - Competencia y medio ambiente 31 
F - Mercados de productos secundarios 32 
G - Profesiones liberales , 33 
H - Subsidiariedad y descentralización 34 
1. Acuerdos de minimis 34 
2. Descentralización 35 
I - Resumen estadístico 37 
II - Monopolios estatales y derechos monopolísticos: 
artículos 37 y 90 40 
A - Introducción 40 
1. Los servicios de interés económico general, una pieza 
central de la política de liberalización de la Comisión 40 
2. Las directivas derivadas del apartado 3 del artículo 90 
del Tratado CE 41 
3. Otros instrumentos a disposición de la Comisión 42 
B - Telecomunicaciones 42 
1. Medidas generales 42 
2. Directiva sobre liberalización de la televisión por cable 43 
3. Directiva de liberalización de la telefonía móvil 43 
4. Directiva de liberalización total 44 
5. Procedimientos de infracción con arreglo al apartado 3 
del artículo 90 45 
C - Energía " 47 
D - Servicios Postales 48 
E - Transporte 49 
1. Aeropuertos . 49 
1.1. Canon de aterrizaje 49 
1.2. Asistencia en escala 49 
2. Puertos 50 
F - Otros monopolios estatales de carácter comercial 51 
1. Monopolios sueco y finlandés de alcoholes 51 
2. Monopolio austríaco de alcoholes 51 
3. Monopolio austríaco de la sal 52 
4. Monopolio austríaco de tabacos manufacturados 52 
III - Control de las operaciones de concentración 53 
A - Introducción 53 
B - Investigaciones en profundidad 53 
1. Casos relativos a medios de comunicación 54 
2. Otras investigaciones en profundidad 55 
C - Otros casos importantes 58 
D - Intereses legítimos de los Estados miembros 59 
E - Operaciones de concentración en los sectores del carbón y el 
acero " 60 
F - Perrier 60 
G - Resumen estadístico 61 
IV - Ayudas estatales 63 
A - Política general 63 
Nuevas medidas destinadas a dar cumplimiento a la obligación 
de notificación 64 
1. Recuperación de las ayudas abonadas en infracción del 
Tratado 64 
2. Cooperación entre la Comisión y los órganos 
jurisdiccionales nacionales 65 
B - Concepto de ayuda 66 
C - Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común 69 
1. Ayudas sectoriales 69 
1.1. Sectores a los que se aplican normas específicas 69 
1.1.1. Ayuda a la construcción naval 69 
1.1.2. Acero 69 
1.1.3. Carbón 70 
1.1.4. Sector de los vehículos automóviles 71 
1.1.5. Sector de las fibras sintéticas 73 
1.1.6. Transportes 73 
1.1.7. Agricultura 76 
1.1.8. Pesca 78 
1.2. Sectores no sujetos a directrices comunitarias 
específicas sobre ayudas estatales 78 
1.2.1. Sector bancario 78 
1.2.2. Correos 79 
1.2.3. Sector audiovisual 80 
2. Ayudas horizontales 80 
2.1. Investigación y desarrollo 80 
2.2. Ayudas al empleo y medidas sociales de carácter 
general 82 
2.3. Ayudas a la protección del medio ambiente 83 
2.4. Ayudas a pequeñas y medianas empresas (PYME) 84 
2.5. Ayudas a la exportación 85 
2.6. Ayudas de salvamento y de reestructuración 85 
2.7. Treuhandanstalt 87 
3. Ayudas regionales 87 
D - Procedimientos (derechos de los denunciantes) 87 
E - Estadísticas 89 
V - Dimensión internacional 91 
A - Espacio Económico Europeo 91 
B - Países de Europa central y oriental, Estados Bálticos, 
nuevos Estados independientes y países mediterráneos 91 
1. Países de Europa central y oriental 91 
2. Estados Bálticos, Eslovenia y nuevos Estados 
independientes 92 
3. Países mediterráneos y Mercosur 93 
C - América del Norte 93 
D - Japón 94 
E - Australia y Nueva Zelanda 95 
F - Organizaciones multilaterales y otras cuestiones 
internacionales 95 
1. OCDE 95 
2. OMC 95 
3. UNCTAD 96 
4. Cooperación internacional 96 
VI - Política de información 97 
Anexo : Asuntos mencionados en el Informe 98 
Introducción 
1. La existencia de un entorno competitivo como requisito previo para la 
competitividad 
1. Por lo general, se admite que la política de competencia 
desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar que la industria 
de la UE continua siendo competitiva. 
La política de competencia sirve para lograr una asignación óptima de 
recursos, avances técnicos y la flexibilidad necesaria para adaptarse 
a un entorno en evolución. En este sentido, la competencia y la 
competitividad son indisociables. La experiencia demuestra que 
únicamente aquellas empresas acostumbradas a una fuerte competencia y 
que obtienen buenos resultados en los mercados abiertos y dinámicos 
podrán hacer otro tanto a una escala aún mayor, ya sea en otras zonas 
geográficas o en una economía más internacionalizada. 
La política de competencia y la de competitividad no son, por ] o tanto, 
contradictorias, sino que persiguen el mismo objetivo de crear las 
condiciones fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de una 
industria comunitaria eficaz y competitiva, ofreciendo a los ciudadanos 
europeos unos productos y servicios de más calidad y contribuyendo a 
la estabilidad del entorno económico. 
2. Mercado interior y política de competencia 
2 . La complementariedad existente entre estas dos políticas también 
se refleja claramente en el objetivo comunitario de crear un mercado 
interior. Por una parte, éste es condición esencial para el desarrollo 
de una industria eficaz y competitiva. Por otra, la política de 
competencia es un importante instrumento para construir y mantener el 
mercado interior, especialmente mediante la aplicación de normas que 
garanticen que los obstáculos normativos al comercio que ya han sido 
suprimidos no se ven sustituidos por restricciones públicas o privadas 
que a la postre producen el mismo efecto. 
2.1. Factores que inciden sobre la competencia en el mercado interior 
3 . Aunque casi todas las etapas legislativas definidas en el Libro 
Blanco hecho público por la Comisión en 1985 sobre el mercado interior 
ya han sido recogidas a escala nacional, existen indicios que sugieren 
que algunos mercados de productos y servicios1 aún continúan 
fragmentados. 
Se espera que la integración del mercado interior, junto con la 
progresiva internacionalización, amplíe los mercados geográficos (no 
necesariamente a escala comunitaria ya que los mercados de referencia 
pueden constar de un grupo diferente de mercados regionales o 
nacionales) . De esta forma, dicha integración puede llegar a redéfinir 
los parámetros estructurales del mercado en el que se deben considerar 
las repercusiones sobre la competencia de las actuaciones de operadores 
públicos o privados. En esta fase inicial no se puede juzgar si ya se 
ha manifestado la repercusión del mercado interior beneficiosa para la 
competencia. Existen datos provisionales que demuestran que, en algunos 
mercados, la competencia se produce cada vez más a un nivel 
supranacional. En cambio, existen motivos que hacen suponer que otros 
mercados continúan segmentados conforme a una estructura nacional. Esto 
En 1996 la Comisión pretende dar a conocer los resultados de un análisis global del 
impacto y eficacia del programa del mercado interior, con arreglo a la resolución del 
Consejo 92/1218, de 7 de diciembre de 1992. 
último se puede explicar haciendo referencia a determinados factores 
que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar las consecuencias de 
la integración del mercado interior en términos de la expansión 
geográfica de los "mercados de referencia". 
4. El primer factor se refiere a la eficacia de las medidas 
legislativas (y de determinadas medidas complementarias tales como la 
normalización europea) a la hora de suprimir las barreras legales y 
administrativas existentes para las transacciones transíronterizas . En 
aquellos casos en los que el marco legislativo está incompleto o es 
inadecuado, la Comisión pretende presionar para que se subsanen estas 
deficiencias. También pueden darse situaciones en las que no existan 
barreras de entrada pero donde subsistan discrepancias entre las 
distintas soluciones nacionales que dan lugar a distintas condiciones 
económicas propicias al falseamiento del comercio y la competencia (por 
ejemplo, precios de productos farmacéuticos, fiscalidad, fluctuaciones 
monetarias). Cuando estos factores dan lugar a diferencias en las 
condiciones económicas entre los mercados nacionales haciendo que los 
operadores diferencien entre estos mercados, es posible que haya que 
tener este hecho en cuenta a la hora de definir el mercado de 
referencia a efectos de la competencia. Las "barreras naturales" tales 
como el idioma, el gusto y las costumbres, o las características 
estructurales que limitan la comerciabilidad de productos o servicios, 
podrán también dar pie a considerar los mercados nacionales como 
entidades separadas. Estos aspectos se han suscitado durante la 
investigación de la Comisión sobre las fusiones en el sector de la 
radiodifusión televisiva y de los medios de comunicación, en los que 
los factores culturales y lingüísticos hacen que el mercado comunitario 
haya de desglosarse en una serie de mercados nacionales distintos. Esta 
diversidad cultural contribuye a la riqueza de nuestra herencia europea 
común y la Comisión debe tenerla en cuenta a la hora de analizar los 
asuntos, aun cuando esto dé lugar a detectar con mayor frecuencia casos 
de posición dominante (Nordic Satellite; RTL/Veronica/Endemol). 
2.2. Función de la política de competencia 
5. Al tiempo que la integración del mercado interior configura el 
contexto económico en el que debe aplicarse la política comunitaria de 
competencia, la aplicación de la misma contribuirá también a consolidar 
el funcionamiento del mercado único. Existen tres principales áreas de 
actividad: acuerdos y prácticas contrarios a la competencia, sectores 
regulados o monopolísticos y ayudas estatales. Es fundamental que la 
Comisión disponga de una panoplia de instrumentos de política de 
competencia interdependientes. Las normas sobre competencia, el control 
de. las operaciones de concentración y de las ayudas estatales y las 
normas sobre liberalización persiguen el mismo objetivo de garantizar 
que no se falsee la competencia en el mercado interior. 
6. La Comisión desempeña una función de vigilancia al aplicar las 
normas comunitarias de competencia a aquellas empresas que pretenden 
suprimir los efectos beneficiosos para la competencia derivados de la 
integración del mercado interior mediante actuaciones anticompetitivas 
destinadas a mantener la fragmentación del mismo. Como ejemplos de 
actos que suponen un peligro cabe citar las restricciones al comercio 
paralelo, algunos tipos de acuerdos verticales o de sistemas de 
distribución y la negativa injustificada a facilitar acceso 
(indiscriminado) a ciertas infraestructuras necesarias para que los 
demás puedan competir. 
7. La liberalización de los mercados tradicionalmente 
monopolísticos, tales como los servicios públicos, constituye un paso 
fundamental para el establecimiento de un mercado interior. Goza de 
gran predicamento la opinión de que sin una base sólida y competitiva 
en los sectores de la energía, el transporte público y las 
telecomunicaciones, la economía europea, incluyendo los consumidores 
y las medianas empresas, se encontrarán en situación desfavorecida2. 
El Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 llegó a la conclusión 
de que es fundamental introducir una mayor competencia en distintos 
sectores con objeto de mejorar la competitividad y crear nuevos 
empleos. Por consiguiente, la Comisión ha continuado sus esfuerzos por 
abrir estos mercados a la competencia y al comercio intracomunitario, 
garantizando al mismo tiempo la compatibilidad de las medidas 
propuestas o adoptadas con el desempeño, por parte de los servicios 
públicos, de funciones de interés económico general, tales como la 
prestación de un servicio universal a todos los ciudadanos a precios 
asequibles. 
8. Las telecomunicaciones son un sector estratégico que presenta un 
importante interés para la Unión Europea3. El proceso de liberalización 
de este sector ha obligado a los operadores a ofrecer nuevos servicios 
y recortar los precios. Tanto la industria como los consumidores se 
benefician de la apertura de los mercados de las telecomunicaciones. 
La introducción de la competencia en este sector es también fundamental 
para facilitar la transacción a la sociedad de la información y por 
ende para nuestra capacidad de sobrevivir en un mercado cada vez más 
competitivo y mundial. En este sentido, la diversidad cultural y la 
igualdad de acceso a los nuevos servicios son objetivos fundamentales 
que no deben descuidarse. 
Gran parte de la legislación a escala comunitaria ya ha sido elaborada 
o está muy avanzada con vistas a una completa liberalización en 1998. 
Lógicamente, esta legislación debe incorporarse a la normativa nacional 
y aplicarse con objeto de garantizar el juego efectivo de la 
competencia. La función de la Comisión no disminuirá una vez que estén 
promulgadas las normas. Al contrario, la Comisión debe garantizar que, 
una vez desaparezcan las barreras legales, éstas no se vean sustituidas 
por acuerdos o prácticas de carácter similar, tales como 
concentraciones contrarias a la competencia, acuerdos de reparto de los 
mercados, conductas abusivas perjudiciales para los nuevos actores en 
el mercado - por ejemplo, denegando el acceso indiscriminado a 
infraestructuras fundamentales - o mediante ayudas estatales ilegales. 
Cuando se conserven derechos exclusivos en algunos sectores reservados, 
habría que evitar la filtración de subvenciones hacia sectores no 
reservados al operador en cuestión. 
Entretanto, este sector se prepara de cara a la aparición de nuevos 
mercados. La Comisión ha tenido que estudiar nuevas alianzas de alcance 
global. La valoración que la Comisión ha efectuado de estos asuntos 
demuestra que las normas de competencia vigentes, si se aplican de 
forma realista, son igualmente válidas en una dinámica de innovación 
e internacionalización. Sin embargo, los nuevos mercados emergentes no 
son un salvoconducto de cara a la autorización. A pesar de que las 
alianzas deben ser autorizadas, o incluso fomentadas si son 
beneficiosas para la competencia, no pueden aceptarse cuando 
obstaculizan o impiden el proceso de desmonopolización. Cuando los 
grandes operadores unen sus fuerzas, la Comisión debe procurar evitar 
la compartimentación de los mercados. 
9. El sector del transporte aéreo, en el que se alcanzará la plena 
Grupo consultivo sobre competitividad. Mejorar la competitividad europea, Segundo Informe 
al Presidente de la Comisión y a los Presidentes de üobierno y Jefes de Estado, diciembre 
de 1995 ("Informe Ciampi") . En este contexto, se afirma que "lo más importante no es que 
la propiedad - y la gestión - de los servicios públicos se desplace del Estado al sector 
privado, sino que se introduzca y se amplié la competencia siempre que sea posible". 
Libro Verde sobre la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes 
de televisión por cable: primera parte (COM(94) 440, 25.10.1994) y segunda parte 
(COM(94) 682, 25.01.1995). 
liberalización a finales de 1997, demuestra, en mayor medida que el de 
las telecomunicaciones, que la legislación es necesaria pero no 
suficiente para alcanzar un entorno plenamente competitivo. En este 
sector, en el que las líneas aéreas pugnan por alcanzar o mantener una 
cuota suficiente en un mercado competititvo y de reducido crecimiento, 
existe el riesgo permanente de que los actuales operadores utilicen 
métodos desleales con objeto de proteger sus intereses. Es 
absolutamente necesario aplicar estrictamente las normas de 
competencia, principalmente en los ámbitos de las ayudas estatales y 
del control de las prácticas abusivas. Concretamente, se considera que 
las ayudas estatales son una medida contraproducente que tiende a 
proteger la ineficacia en detrimento de la eficacia, limitándose a 
aplazar las necesarias reestructuraciones. Las ayudas estatales pueden 
incluso utilizarse para hacer frente a nuevos competidores mediante 
precios predatorios y otras medidas. Aunque la reestructuración sea 
necesaria para incrementar la eficacia y la competitividad en un 
mercado en expansión, la Comisión tiene que velar por que un alto grado 
de concentración no dé lugar a un bloqueo de las rutas y franjas 
horarias que supondría la reaparición de los obstáculos que han sido 
suprimidos desde el punto de vista legal. 
10. El sector energético es otro factor clave para la industria y 
como tal se mencionaba en el Informe Ciampi. Sin embargo, durante este 
año no se han registrado verdaderos avances en su liberalización. 
11. Según el cuarto informe sobre ayudas estatales en la Unión 
Europea, publicado en 1995, el importe total de ayudas nacionales 
concedidas durante el período 1990 a 1992 ha disminuido, pero continúa 
siendo, con cerca de 94 000 millones de ecus anuales por término medio 
en toda la Comunidad, excesivamente elevado para poder alcanzar los 
objetivos de la Comisión, especialmente por lo que se refiere a los 
Estados miembros más ricos. La competitividad no se logra mediante 
grandes cantidades de ayudas públicas, ya que éstas aplazan las 
reeestructuraciones necesarias, falsean la competencia entre empresas 
y regiones y suponen una carga para el erario público. 
No obstante, sería ilusorio sugerir la eliminación pura y simple de 
todas las ayudas estatales y, de hecho, ni los autores del Tratado ni 
la Comisión se han planteado nunca esta posibilidad. Las fuerzas del 
mercado por sí solas, en un mercado que no es perfecto, no permiten 
alcanzar determinados objetivos fundamentales de los Estados miembros 
y de la Unión Europea, tales como la cohesión económica y social, un 
grado suficiente de investigación y desarrollo, la protección del medio 
ambiente, el desarrollo de las PYME y la necesidad de disponer de 
tiempo para efectuar los ajustes estructurales, especialmente por 
motivos sociales. La Comisión considera que es esencial garantizar que, 
cuando se autoricen las ayudas estatales con carácter excepcional, los 
efectos negativos sobre la competencia y el comercio entre los Estados 
miembros se limiten a lo estrictamente necesario y que dichos efectos 
se compensen con la realización de objetivos de interés comunitario 
general. 
3. Cooperación internacional 
12. La internacionalización cada vez mayor de la economía mundial y 
la evolución del modelo de comercio moderno hacen que la cooperación 
internacional entre las autoridades de competencia sea inevitable. 
En primer lugar, las empresas que operan a escala mundial deben conocer 
y observar las distintas prácticas y normas de competencia de los 
distintos ordenamientos jurídicos, lo que supone inevitablemente un 
coste para dichas empresas. Además, cuando las transacciones están 
sometidas a la jurisdicción de varias autoridades de competencia, 
existe un mayor peligro de que se impongan medidas contradictorias. Por 
su parte, las autoridades de competencia pueden experimentar 
dificultades a la hora de acceder a los datos probatorios de las 
infracciones de las normas de competencia cuando estas infracciones no 
son de su jurisdicción. Por otra parte, las normas tendentes a mantener 
la competencia efectiva en el mercado nacional pueden ser menos 
eficaces si se aplican a las prácticas contrarias a la competencia a 
escala global. Por último, se suele admitir que para que la aplicación 
a mayor escala de estas normas sea efectiva, ésta debe ir acompañada 
de una liberalización del comercio, es decir los obstáculos de índole 
privada no deben sustituir a los de carácter público que hayan sido 
suprimidos. 
Por todos estos motivos, tanto los sectores industriales como los 
consumidores se beneficiarán de la mayor cooperación a escala 
internacional. 
13. A escala bilateral, el acuerdo con Estados Unidos (ratificado en 
abril de 1995 por el Consejo) ya ofrece ámbitos de cooperación y sus 
disposiciones sobre coordinación de las actividades de aplicación 
permiten a las partes trabajar conjuntamente en cierta medida con 
objeto de hacer frente a las situaciones contrarias a la competencia 
que repercutan en los mercados de la UE y de los EEUU. 
En un informe sobre política de competencia en el nuevo orden 
comercial, elaborado por un grupo independiente de expertos a petición 
del Sr. VanMiert, se recomienda con "carácter prioritario" profundizar 
en el actual acuerdo UE/EEUU. Este informe formula también 
recomendaciones referentes a la cooperación plurilateral, ya que el 
grupo de expertos considera que los acuerdos bilaterales no pueden, por 
sí solos, hacer frente a todos los problemas que podrían plantearse a 
nivel internacional. 
4. Función de la Comisión al aplicar las normas de competencia 
14. Cabe afirmar sin temor a equivocarse que la fase de desarrollo 
de la política comunitaria de competencia ha concluido. La política y 
la normativa están ya suficientemente asentadas a través de la práctica 
administrativa de la Comisión y de los principios desarrollados por los 
tribunales europeos. Por otra parte, la Comisión dispone de recursos 
limitados para hacer frente a un número de asuntos cada vez mayor. En 
1995, concretamente, el número de asuntos, especialmente los referentes 
a ayudas estatales y a los artículos 85 y 86 del Tratado, se incrementó 
considerablemente como consecuencia de la adhesión de tres nuevos 
Estados miembros. 
15. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión se ha planteado la 
posibilidad de centrarse en aquellos acuerdos que producen un efecto 
considerable sobre la competencia y que pueden afectar de forma 
importante al comercio entre Estados miembros. En este sentido, ya se 
han concebido varios instrumentos y conceptos y se están efectuando 
tareas preparatorias con objeto de ampliarlos y perfeccionarlos. A este 
respecto, es especialmente importante la aplicación del principio de 
minimis (tanto en el ámbito de la competencia como en el de las ayudas 
estatales), las exenciones por categorías (que permiten a las empresas 
concluir acuerdos sin necesidad de notificarlos a la Comisión para 
gozar de seguridad jurídica) y la noción del interés comunitario 
exigible a las denuncias. 
16. Dado que la Comisión debe tratar prioritariamente los asuntos que 
producen efectos considerables sobre la competencia intracomunitaria, 
el papel de las autoridades y tribunales nacionales en los asuntos de 
competencia adquiere mayor relevancia. La aplicación descentralizada 
de las normas de competencia constituye a menudo una forma más rápida 
y eficaz de poner fin a las infracciones. La aplicación más frecuente 
por parte de los tribunales y autoridades nacionales contribuye a que 
los ciudadanos comunitarios recuerden que estas normas son parte del 
"derecho vivo" de cada Estado miembro y tienen por objeto proteger sus 
derechos. 
17. Por consiguiente, la Comisión continuó fomentando la aplicación 
descentralizada de las normas comunitarias de competencia, 
especialmente por lo que se refiere a los asuntos relacionados con los 
artículos 85 y 86. La Comisión pretende llegar a una cooperación eficaz 
entre los tribunales nacionales y las autoridades de competencia y la 
propia Comisión. En este sentido, están ya muy avanzadas las tareas 
preparatorias de una nueva comunicación sobre cooperación entre la 
Comisión y las autoridades nacionales de competencia, que vendrá a 
completar la ya vigente sobre cooperación con los tribunales 
nacionales. 
Esta política de descentralización debe, no obstante, aplicarse gradual 
y cuidadosamente. El proceso de descentralización va unido al 
permanente esfuerzo de la Comisión por clarificar y simplificar las 
normas sustantivas con objeto de que los Estados miembros utilicen los 
mismos conceptos a la hora de aplicar la legislación comunitaria de 
competencia. 
18. El principio de subsidiariedad exige que sea la autoridad más 
adecuada la que intervenga. Así pues, algunos asuntos que son 
competencia de varias autoridades nacionales deberían ser tramitados 
por la Comisión. De esta forma, cuando se trata de fusiones, es 
preferible que sea únicamente la Comisión quien examine las propuestas 
de las empresas en lugar de que éstas tengan que presentarlas a varias 
autoridades nacionales. La Comisión comenzó en 1995 una nueva revisión 
del Reglamento sobre operaciones de concentración, con objeto, entre 
otras cosas, de estudiar si el criterio basado en el volumen de 
negocios, aplicable a la hora de determinar los asuntos que deben ser 
notificados a la Comisión y aquellos que son de competencia exclusiva 
de los Estados miembros, continúa siendo adecuado. 
19. En el ámbito de las ayudas estatales, el principio de 
subsidiariedad exige que la Comunidad tenga competencia exclusiva, ya 
que no se puede pedir a los Estados miembros que controlen sus propios 
gastos en concepto de ayudas de forma ecuánime. No obstante, sí existe 
una faceta que puede resolverse a nivel nacional : los tribunales 
nacionales pueden actuar en virtud de denuncias presentadas por los 
competidores de la empresa beneficiaría de la ayuda estatal y, 
concretamente, pueden controlar si el Estado miembro ha observado los 
correspondientes procedimientos de notificación y autorización. La 
Comisión ha publicado una nueva comunicación al respecto cuyo objetivo 
tiene tres vertientes: reforzar y descentralizar la aplicación de las 
normas sobre ayudas estatales, clarificar la situación jurídica en 
beneficio de todos los interesados y prestar asistencia a los órganos 
jurisdiccionales. 
5. Transparencia 
20. Las normas de competencia son a menudo complejas dado el 
complicado contexto económico, legal y político en el que se aplican, 
en permanente evolución. Esto no quiere decir que no se pueda 
incrementar su transparencia y hacerlas más sencillas. De hecho, la 
Comisión ha descubierto varias maneras de informar mejor sobre su 
política y simplificar el marco jurídico. Entre estas maneras cabe 
citar: el nuevo reglamento de exención por categorías para los acuerdos 
de transferencia de tecnología, que acaba de sustituir a los dos 
10 
reglamentos referentes a los conocimientos técnicos y a las licencias 
de patentes; la utilización de anuncios y comunicaciones que contengan 
directrices sobre la aplicación de las normas de competencia en 
determinados ámbitos (transferencias transfronterizas de créditos, 
servicios postales); la utilización de libros verdes destinados a 
consulta pública (por ejemplo, los libros verdes cuya publicación está 
prevista en 1996 referentes a restricciones verticales y a la revisión 
del Reglamento sobre operaciones de concentración); y la publicación 
de folletos explicativos (nuevo Reglamento sobre distribución de 
vehículos automóviles). En el ámbito de las ayudas estatales la 
obligación de notificarlas, tal y como se establece en el Tratado, es 
fundamental con vistas a garantizar la transparencia. La Comisión ha 
señalado en una comunicación que pretende hacer uso de todas las 
competencias que le confiere el Tratado con objeto de que los Estados 
miembros respeten dicha obligación. La Comisión ha iniciado también la 
revisión y refundición de las directrices sobre ayudas regionales y ha 
aprobado unas nuevas directrices sobre ayudas a la investigación y 
desarrollo. Finalmente, la Comisión ha continuado informando 
activamente al público sobre los asuntos de política de competencia 
mediante comunicados y conferencias de prensa, a través del servicio 
de información de la DG IV, mediante publicaciones como el boletín 
denominado "Competition Policy Newsletter" y, en último lugar pero no 
por ello menos importante, con el Informe anual sobre la política de 
competencia. Todos estos medios persiguen el mismo objetivo: 
incrementar la transparencia, la seguridad jurídica y la certidumbre. 
6. Responsabilidad democrática 
21. La política de competencia no puede limitarse a ser una labor 
meramente tecnocrática o administrativa, sino que debe aspirar a 
alcanzar un amplio consenso democrático. Por consiguiente, la Comisión 
concede gran importancia a mantener un diálogo fructífero con las otras 
instituciones de la Unión Europea en todo lo referente a su política 
de competencia. 
22. El Informe anual sobre la política de competencia sirve como 
instrumento básico de comunicación e información a las demás 
instituciones de la Unión Europea y, especialmente, al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social. Los intercambios 
de opiniones y los debates en torno al anterior Informe permitieron a 
la Comisión desempeñar sus tareas y contribuyeron a una mejor 
información y difusión de la política europea de competencia. Además, 
en los casos en los que resulta apropiado, la Comisión toma la 
iniciativa de consultar a las otras instituciones en relación con las 
nuevas propuestas normativas o con otros documentos sobre política de 
competencia. Concretamente, en el contexto de la adopción de las 
directivas de liberalización a tenor del artículo 90, la Comisión ha 
estudiado con detenimiento las observaciones presentadas por el 
Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social y el 
Comité de las Regiones. 
23. La Comisión también ha colaborado estrechamente con el Consejo 
en distintos aspectos de su política, especialmente en los referentes 
a la relación entre la política de competencia y la competitividad. 
24. Los Estados miembros participaron ampliamente en el proceso de 
toma de decisiones de la Comisión a través del Comité Consultivo sobre 
Prácticas Restrictivas y Posiciones Dominantes, el Comité Consultivo 
sobre Operaciones de Concentración y en la Conferencia de expertos 
nacionales gubernamentales. Además, los funcionarios de la Comisión 
mantienen contactos periódicos y consultivos de carácter informal con 
sus colegas a nivel nacional. 
íi 
25. Los días 3 y 4 de abril de 1995, la Comisión organizó el primer 
Foro Europeo sobre Competencia en Bruselas, centrado en el aspecto de 
las restricciones verticales4, al que asistieron más de 260 
participantes pertenecientes a autoridades de competencia y órganos 
jurisdiccionales de 35 países europeos. Este foro pretende fomentar el 
intercambio de experiencias y los debates entre funcionarios de los 
Estados miembros y de la Comunidad responsables de la aplicación del 
derecho de competencia, así como incentivar la aplicación 
descentralizada de dicha normativa. En 1996 está prevista la 
celebración de un segundo Foro. 
26. La presentación del XXV Informe anual de la Comisión sobre la 
política de competencia (1995) es distinta de la de anteriores informes 
anuales. 
27. En los últimos años, el número de páginas del Informe de 
competencia de la Comisión se ha ido incrementando hasta llegar a más 
de 600 páginas en 1994. Por otra parte, la publicación "La política de 
competencia de la Comunidad Europea-1994 ", que resume la política y las 
decisiones de la Comisión en un formato más asequible, ha sido bien 
acogida. Se ha pedido a la Comisión, especialmente por parte del Comité 
Económico y Social, que presentase un documento más sucinto y de más 
fácil lectura. 
Así pues, la Comisión decidió presentar un informe más sucinto que los 
anteriores, centrándose en los principales acontecimientos políticos 
en el ámbito de la competencia, que se ilustran, cuando ello ha sido 
posible, con las principales decisiones y nuevas disposiciones de la 
Comisión. 
Además del presente Informe anual, la Dirección General de Competencia 
(DG IV) de la Comisión Europea ha elaborado un "Informe sobre la 
aplicación de las normas de competencia en la Unión Europea-1995" . Este 
documento de los servicios de la Comisión describe los principales 
casos individuales resueltos por la Comisión. Contiene también listas 
de referencia de las nuevas disposiciones y comunicaciones, de las 
decisiones y comunicados de prensa de la Comisión y de las resoluciones 
del Tribunal de Justicia y del de Primera Instancia. Además, describe 
la aplicación de las normas de competencia en los Estados miembros. 
7. Estadísticas 
28. El número global de nuevos casos registrados se incrementó 
considerablemente y ascendió de 1 081 en 1994 a 1 472 en 1995 
(incluidos los asuntos de competencia, operaciones de concentración y 
ayudas estatales), es decir un aumento del 36%. Los nuevos asuntos 
referentes a los artículos 85 y 86 se incrementaron en más del 42%, las 
notificaciones de operaciones de concentración aumentaron casi un 16%, 
mientras que el número de nuevos asuntos referentes a ayudas estatales 
se incrementó en un 35%. Una parte importante de este incremento, 
especialmente en el ámbito de ayudas estatales y prácticas contrarias 
a la competencia se debe a la adhesión a la Unión Europea el 1 de enero 
de 1995 de tres nuevos Estados miembros. 
29. El número total de asuntos archivados en 1995 se mantuvo 
prácticamente al mismo nivel que en el año anterior: 1 210 en 1995 en 
comparación con 1 200 en 1994. 
Competition Policy Newsletter, No 5, volumen 1, verano de 1995, p. 7. 
12 
I - Normas de competencia aplicables a las empresas: artículos 85 y 86 
A - Garantía de los efectos benéficos del mercado interior 
30. Garantizar que la plena realización del mercado interior confiera 
a los consumidores y a la economía europea en su conjunto todos los 
efectos benéficos derivados de un mercado de alcance comunitario 
constituye un objetivo esencial de la política europea de competencia. 
La política de competencia debe facilitar el marco adecuado que permita 
a las empresas adaptarse a las nuevas posibilidades derivadas de la 
supresión de las barreras nacionales. No obstante, cuando las empresas 
intentan ralentizar el proceso de integración del mercado o incluso 
obstruir el comercio transfronterizo mediante prácticas contrarias a 
la competencia, es necesario adoptar una actitud vigilante que incluya 
la imposición de sanciones severas en caso de infracciones graves de 
las normas de competencia. 
Los acuerdos verticales entre proveedores y distribuidores son uno de 
los elementos fundamentales de la política de competencia europea en 
este sector. Alguno de estos acuerdos pueden ser necesarios para 
introducirse en nuevos mercados, lanzar nuevos productos o contribuir 
a construir redes de distribución eficaces, beneficiando así a los 
consumidores. Sin embargo pueden surgir problemas cuando no existe 
suficiente competencia entre los fabricantes o entre distribuidores en 
un mismo mercado o cuando los acuerdos se utilizan con fines contrarios 
a la competencia, es decir para repartirse el mercado o restringir el 
acceso al mismo a los nuevos operadores. 
1. Distribución de vehículos automóviles 
31. Dado que los vehículos automóviles son bienes de consumo 
duraderos que necesitan un mantenimiento y reparación especializados, 
los fabricantes cooperan con distribuidores y talleres seleccionados 
con objeto de ofrecer una distribución y un servicio especializados. 
Estos acuerdos de cooperación pueden incrementar la eficacia de la 
distribución de los productos por lo que el carácter exclusivo o 
selectivo del sistema de distribución se puede considerar indispensable 
para lograr una racionalización y eficacia del sector de los vehículos 
de motor. 
Ésta fue y continúa siendo la justificación básica por la que se 
autorizan los acuerdos restrictivos de distribución y reparación en el 
sector de los vehículos automóviles. Sin embargo, la nueva exención por 
categorías referente a la distribución y servicio de postventa de 
vehículos automóviles5 adoptada por la Comisión el 28 de junio de 1995 
con objeto de sustituir al entonces vigente Reglamento n°123/856, 
contiene varias modificaciones destinadas a intensificar la competencia 
en los mercados de los vehículos automóviles y las piezas de recambio 
y mejorar la situación de los consumidores garantizándoles el pleno 
aprovechamiento de los beneficios del mercado interior. 
32. Concretamente, el nuevo Reglamento concede mayor independencia 
a los distribuidores frente a los fabricantes de vehículos automóviles 
y, lo que es aún más importante, permite que los distribuidores de 
automóviles puedan vender automóviles de otros fabricantes siempre que 
Reglamento de la Comisión (CE) n° 1475/95, de 28 de junio de 1995, relativa a la 
aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de 
acuerdos de distribución y servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles, 
DO L 145, 29.6.1995, p. 25. 
Reglamento de la Comisión (CEE) n' 123/85, de 12 de diciembre de 1984, DO L 15 de 
18.1.1985. 
13 
lo hagan en zonas de ventas separadas, bajo gestión independiente, con 
una personalidad jurídica distinta y de manera tal que se evite la 
confusión entre marcas. Con objeto de garantizar la competencia 
efectiva en los mercados de mantenimiento y de servicio de venta y de 
postventa, los fabricantes o distribuidores de automóviles no pueden 
impedir el acceso a los mercados a los fabricantes y distribuidores 
independientes de piezas de recambio ni restringir el derecho de los 
distribuidores a vender piezas de calidad equivalente fabricadas por 
empresas de su elección no pertenecientes a la red. Además, los 
fabricantes de automóviles deben suministrar a los talleres de 
reparación no pertenecientes a su red la información técnica necesaria 
para reparar y mantener sus coches, siempre que dicha información no 
esté protegida por un derecho de propiedad intelectual. 
33. Tanto las redes de distribución múltiple como la apertura del 
mercado de las piezas de recambio y el incremento de la competencia en 
el sector de las reparaciones contribuyen a incrementar las 
posibilidades de elección de los consumidores en consonancia con los 
principios del mercado único. Este mismo objetivo exige que los 
consumidores puedan adquirir un automóvil y proceder a su reparación 
o mantenimiento en cualquier lugar de la Unión Europea cuyos precios 
o condiciones sean más favorables. 
Esto es aún más importante en el sector de los vehículos automóviles, 
en el que las diferencias de precios entre Estados miembros son 
considerables. En su último informe semestral sobre precios de 
automóviles, publicado en el mes de julio, la Comisión señalaba que las 
diferencias de precios se habían incrementado considerablemente desde 
el mes de noviembre de 19947. Desde principios de 1995 la Comisión ha 
recibido un número cada vez mayor de denuncias procedentes de 
ciudadanos de la Unión Europea, principalmente de Austria, Alemania y 
Francia, que no han podido adquirir un vehículo en Italia o España, 
países en los que, tras la devaluación de la moneda, los precios eran 
relativamente bajos8. 
El nuevo Reglamento prohibe expresamente las prácticas destinadas a 
impedir el comercio paralelo9. Los distribuidores deben poder responder 
a la demanda externa a sus zonas de venta y podrán, en el futuro, 
utilizar ciertos medios publicitarios fuera de su territorio. 
34. El 26 de septiembre de 1995, los servicios de la Comisión 
publicaron un folleto en todos los idiomas comunitarios que explica el 
nuevo marco reglamentario aplicable a los fabricantes, distribuidores, 
fabricantes de piezas de repuesto y talleres de reparación 
independientes. Este folleto informa también a los consumidores sobre 
su libertad para adquirir un vehículo en cualquier lugar del a 
Comunidad10. 
2. Restricciones al comercio paralelo 
35. Según uno de los principios mejor asentados del derecho 
comunitario de competencia, se prohibe a los fabricantes dividir el 
mercado interior mediante acuerdos privados y mantener diferencias de 
precios estableciendo una protección territorial absoluta contraria a 
Comunicados de prensa de la Comisión IP/95/50, de 19.1.1995, e IP/95/768, de 24.7.1995. 
"El impacto de las fluctuaciones monetarias en el mercado interior", comunicación de la 
Comisión al Consejo Europeo, 31.10.95, punto 25. 
Véase también la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1995 en los 
asuntos C-70/93 Bayerische Motorenwerke AG y ALD Auto-Leasing D GmbH y C-266/93 
Bundeskartellamt y Volkswagen AG, VAG Leasing GmbH (pendiente de publicación). 
"Distribución de vehículos automóviles", Guía orientativa, Comisión Europea, DG IV, 
IV/9509/95. Ya se han distribuido más de 7 000 ejemplares de este folleto. 
14 
la competencia. Sin embargo, estas prácticas continúan produciéndose 
y, cuando se descubren, es lógico que la Comisión actúe con firmeza. 
BASF/Accinauto 
36. Mediante decisión de 12 de julio de 199511, la Comisión impuso una 
multa de 2,7 millones de ecus al fabricante alemán de productos para 
repintado de coches BASF Lacke + Farben, filial del grupo BASF, y una 
multa de 10 000 ecus a su distribuidor exclusivo para Bélgica y 
Luxemburgo, Accinauto S.A.. El procedimiento se inició a raíz de una 
denuncia presentada por dos importadores paralelos británicos de 
productos para repintado de coches de la marca Glasurit, quienes 
alegaron que Accinauto, que les proveía de productos Glasurit, había 
puesto fin a sus suministros durante el verano de 1990, de acuerdo con 
las instrucciones de BASF. La Comisión efectuó una inspección en los 
locales de BASF y Accinauto y descubrió que esta última estaba 
vinculada mediante obligación contractual a transferir a BASF todos los 
pedidos de clientes establecidos fuera de su territorio exclusivo. La 
Comisión llegó a la conclusión de que esta obligación constituía una 
restricción inaceptable de la competencia, ya que impedía a Accinauto 
exportar los productos de referencia desde Bélgica al Reino Unido. De 
hecho, como consecuencia de esta obligación, no era el distribuidor 
exclusivo sino la propia BASF quien decidía y controlaba el suministro 
a importadores paralelos de otros Estados miembros. 
Productos farmacéuticos: Organon 
37. Los precios de los productos farmacéuticos varían 
considerablemente según los Estados miembros. Esto se debe, por lo 
general, a las diferencias existentes entre los sistemas nacionales de 
control de precios y de asistencia sanitaria. En varias ocasiones, el 
Tribunal de Justicia ha manifestado que no deben bloquearse las 
importaciones paralelas, independientemente de los factores que 
determinen las diferencias de precios. Así pues, en el sector 
farmacéutico, la Comisión ha aplicado reiteradamente las normas de 
competencia a los acuerdos o prácticas que reducen el comercio paralelo 
de productos farmacéuticos. Se considera que la actuación ilimitada de 
las fuerzas del mercado en este sentido puede actuar como catalizador 
de la convergencia gradual no sólo de los precios, sino también de los 
mecanismos de control de los mismos. Los precios en los países más 
caros deberían descender mientras que los de los países más baratos 
deberían, si las empresas farmacéuticas no consiguen un rendimiento 
razonable de sus inversiones, acabar por incrementarse ante el peligro 
de que los productos sean retirados. Algunos Estados miembros en los 
que los productos farmacéuticos tienen precios elevados llegan incluso 
a estimular las importaciones paralelas con objeto de reducir los 
gastos globales por estos productos. 
38. Organon es una filial británica de Akzo (Países Bajos) 
especializada en la fabricación y comercialización de pildoras 
contraceptivas. 
El 4 de mayo de 1994, Organon modificó el régimen de precios aplicable 
a sus pildoras contraceptivas Mercilon y Marvelon, marca esta que 
absorbe considerables cuotas de mercado en toda la Comunidad. Antes de 
dicha fecha, Organon aplicaba un descuento del 12,5% a todos los 
productos suministrados a sus clientes, independientemente de su 
destino final. El nuevo régimen de precios establecía diferencias entre 
las pildoras que se venderían en el RU y las destinadas a la 
exportación. Sólo a las primeras se les aplicaba el descuento del 
12,5%. 
DO L 272 de 15.11.1995, p. 16. 
15 
A raíz de varias denuncias y de la notificación de Organon de su nuevo 
sistema de precios, la Comisión incoó un procedimiento contra aquella 
y le envió un pliego de cargos con objeto de suspender la inmunidad 
frente a las multas que suponía la notificación. Según la Comisión, el 
nuevo régimen de precios, que forma parte de las relaciones comerciales 
continuas entre Organon y sus vendedores al por mayor, y que por lo 
tanto constituye un acuerdo en el sentido del apartado 1 del artículo 
85X2, constituía una importante infracción de las normas de competencia 
en el sentido de que creaba una discriminación en los precios de los 
productos según su destino geográfico. Por consiguiente, los 
consumidores ya no podían disfrutar de las ventajas del comercio 
paralelo, especialmente, en los Países Bajos, en donde el sistema de 
seguridad social no cubre los gastos en concepto de pildoras de la 
denominación Marvelon procedentes de Holanda, mientras que el precio 
de la pildora de origen británico hace que ésta pueda ser ofrecida a 
un precio equivalente al precio de reembolso de la seguridad social 
neerlandesa. Así los consumidores perdieron la ventaja que suponía 
elegir el Marvelon del RU, no teniendo que pagar la diferencia con el 
precio de reembolso. 
Sin embargo, Organon decidió suprimir el nuevo régimen de precios al 
que se había opuesto la Comisión y volvió a aplicar las antiguas 
condiciones. Al haberse vuelto a la situación anterior, la Comisión 
suspendió el procedimiento reservándose el derecho a examinar el 
próximo sistema de precios que Organon está preparando. 
3. Restricciones al acceso al mercado por parte de nuevos operadores 
39. En un mercado interior verdaderamente competitivo, las empresas 
no deben encontrar restricciones a la hora de competir con los 
operadores ya implantados en él. Por consiguiente, la Comisión hace 
especial hincapié en la apertura de los mercados y, de hecho, ha 
intervenido cuando las empresas, ya sea mediante acuerdos restrictivos 
o mediante prácticas unilaterales, han impedido a los nuevos operadores 
el acceso al mercado. 
40. Los nuevos operadores pueden ver restringido su acceso al mercado 
mediante acuerdos verticales entre operadores ya implantados y 
distribuidores. Esto suele suceder cuando un gran número de los 
minoristas presentes en el mercado están vinculados mediante una 
obligación de vender únicamente los productos de un fabricante con el 
que han firmado un contrato o acuerdo que produce un efecto excluyente 
similar sobre terceros operadores. Los asuntos relacionados con el 
mercado de los helados de impulso (Unilever/Mars) son buenos ejemplos 
de este tipo de acuerdos. 
En otros casos, el medio para impedir que terceros operadores accedan 
al mercado consiste en un acuerdo horizontal o práctica concertada 
entre competidores de hecho o en potencia. Así ocurrió en el mercado 
neerlandés de alquiler de grúas (Van Marwijk/FNK-SCK). 
El acceso al mercado puede también bloquearse mediante el abuso de una 
situación monopolística o de una posición dominante por parte de un 
prestador de infraestructuras fundamentales o de servicios. La 
importancia de este problema está en aumento en distintos sectores. 
Cuando una empresa dominante posee o controla el acceso a unas 
instalaciones esenciales para que sus competidores puedan desarrollar 
En su sentencia de 24 de octubre de 1995 en el asunto C-70/93 y C-266/93 (véase supra 
nota 9) , el Tribunal ratificó su jurisprudencia anterior en el sentido de que una 
circular enviada por una empresa a sus distribuidores no constituye un acto unilateral 
que no entra en el ámbito del apartado 1 del artículo 85, sino que es un acuerdo en el 
sentido de dicha disposición, siempre que forme parte de un conjunto de relaciones 
comerciales permanentes regidas por un acuerdo general elaborado previamente. 
16 
su actividad, no puede negarles el acceso y debe concedérselo de forma 
indiscriminada. Ya sea en el sector del transporte, especialmente del 
transporte aéreo, en el bancario o en el de las telecomunicaciones, la 
Comisión aplica este principio general del derecho comunitario de 
competencia13, para permitir el desarrollo de la misma. El asunto 
relacionado con el acceso al puerto de Roscoff, Francia, (ICG/CCI 
Morlaix) se refiere también a esta cuestión. 
Unilever/Mars 
41. Unilever es el líder de mercado en la mayor parte de los Estados 
miembros de la UE en el mercado de los helados "de impulso" (es decir, 
helados industriales envasados en porciones individuales, vendidos para 
su consumo inmediato en lugares como quioscos de prensa, gasolineras, 
etc.). 
En la República de Irlanda es, con gran diferencia, el principal 
fabricante de helados. Unilever suministraba congeladores a los 
minoristas imponiendo la condición de exclusiva, por la que sólo se 
podían almacenar en los congeladores los productos Unilever ("exclusiva 
de congelador") . Además, el coste del suministro del congelador estaba 
incluido en el precio de los helados cobrado a todos los minoristas, 
independientemente de si contaban o no con un congelador Unilever. 
A raíz de una denuncia presentada por Mars, la Comisión examinó los 
acuerdos de distribución suscritos por Unilever en Irlanda, llegando 
a la conclusión de que cuando un minorista sólo tiene en su punto de 
venta uno o varios congeladores Unilever, el establecimiento queda en 
la práctica vinculado exclusivamente a la venta de helados Unilever. 
La mayor parte de todos los puntos de venta que disponían de helados 
de impulso en Irlanda entraban en esta categoría. Esta exclusiva ya 
había sido condenada por la Comisión en 1992 por lo que se refiere al 
mercado alemán de los mismos helados14. Los acuerdos Unilever producían 
el efecto acumulativo de restringir considerablemente la competencia 
al impedir el acceso al mercado de terceros competidores. También se 
consideró que los acuerdos constituían un abuso de la posición 
dominante de Unilever en el mercado. 
Sin embargo, la empresa aceptó modificar su actuación con objeto de 
liberalizar el mercado, ampliando las posibilidades de elección de los 
minoristas. Por consiguiente, la Comisión anunció que la modificación 
de los acuerdos parecía reunir las condiciones necesarias para la 
concesión de una exención15. 
Este principio general se ha visto corroborado en la sentencia del Tribunal de Justicia 
del 6 de abril de 1995 en los asuntos C-241/91 P y C-242/91 P, Radio Telefis Eireann 
(RTE) e Indépendant Television Publications Ltd / Comisión (Magill), Rec. 1995, p. 1-743. 
En 1992, la Comisión adoptó una decisión negativa contra Langnese (Unilever) y Schôller 
que cuentan con una posición duopolística en el mercado alemán de los helados de impulso. 
En este caso, la Comisión actuó contra los acuerdos de "exclusiva de puntos de venta" en 
virtud de los cuales los detallistas se comprometían a vender únicamente los productos 
del fabricante con el que había firmado un contrato. La Comisión decidió que el efecto 
acumulativo de estos acuerdos equivalía a una restricción considerable de la competencia 
por parte de Langnese y Schôller. Las partes recurrieron esta decisión que fue ratificada 
por el Tribunal de Primera Instancia en sus sentencias de 8 de junio de 1995 en los 
asuntos T-7/93 Langnese-Iglo GmbH / Comisión, Rec. 1995, p. 11-1533 y T-9/93 Schôller 
Lebensmittel GmbH & Co. KG / Comisión, Rec. 1995, p. 11-1611. 
DO C 211 de 15.08.1995, p.4. 
17 
Van Marwijk/FNK-SCK 
42. En su decisión de 29 de noviembre de 199516, la Comisión impuso 
multas17 a FNK y SCK por las infracciones del apartado 1 del artículo 
85 producidas en el mercado neerlandés de alquiler de grúas. 
FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) es una asociación 
de empresas neerlandesas arrendadoras de grúas móviles. SCK (Stichting 
Certificatie Kraanverhuurbedrijf) fue creada a iniciativa de FNK con 
objeto de garantizar, mediante un sistema de certificación, la calidad 
de las grúas y de los equipos utilizados en el sector. La mayor parte 
de las empresas que participan en SCK son también miembros de FNK y 
representan entre el 50% y el 80% del mercado neerlandés. Los propios 
arrendadores de grúas son arredantarios a gran escala de grúas de otras 
empresas de arrendamiento. 
Además de los precios recomendados por FNK en concepto de alquiler de 
grúas y las prácticas concertadas aplicadas entre los miembros de FNK, 
la Comisión impugnó la prohibición de que las firmas titulares de un 
certificado de SCK alquilasen grúas a empresas no afiliadas a esta 
última. La Comisión consideró que la prohibición de alquiler de SCK 
entra dentro de las prohibiciones del apartado 1 del artículo 85, ya 
que el sistema de certificación de SCK no reunía las condiciones de 
apertura y aceptación de otros sistemas equivalentes de garantía de 
calidad. La Comisión llegó a la conclusión de que esta prohibición no 
sólo restringía la libertad de actuación de las empresas afiliadas, 
sino que también impedía considerablemente a los terceros el acceso al 
mercado neerlandés. 
En su decisión, la Comisión señalaba que aunque su política sobre 
certificación admite aquellos sistemas de derecho privado destinados 
a instaurar un control suplementario de la observancia de disposiciones 
estatutarias, dichos sistemas deben ajustarse a las normas de 
competencia. 
ICG/CCI Morlaix 
43. Irish Continental Group (ICG) solicitó a la Cámara de Comercio 
e Industria de Morlaix (CCI Morlaix) acceso al puerto de Roscoff 
(Bretaña) con objeto de iniciar un servicio de transbordador entre 
Irlanda y Bretaña en verano de 1995. En aquella época, Brittany Ferries 
era la única empresa de transbordadores que operaba entre dichos 
destinos. Inicialmente, se llegó a un acuerdo de principio entre las 
partes, tras lo cual ICG comenzó la comercialización y la admisión de 
reservas en su nuevo servicio de transbordador. Sin embargo, en enero 
de 1995 se suspendieron las negociaciones y no se pudo llegar a un 
acuerdo definitivo entre CCI Morlaix e ICG tras la denuncia presentada 
por este último ante la Comisión y la celebración de nuevas 
negociaciones. 
La Comisión consideró que CCI Morlaix, al ser el operador del puerto 
de Roscoff, que era el único que ofrecía las instalaciones portuarias 
adecuadas en Francia para los servicios de transbordador entre Bretaña 
e Irlanda, disponía, aparentemente, de una posición dominante. Además, 
la Comisión estimó que, al denegar injustificadamente a ICG el acceso 
a las instalaciones portuarias de Roscoff, CCI Morlaix había abusado, 
aparentemente, de su posición dominante. Por consiguiente, el 16 de 
mayo de 1995, la Comisión adoptó medidas provisionales por las que se 
DO L 312 de 23.12.1995, p.79. 
La inmunidad frente a las multas derivada de las notificaciones efectuadas en 1992 por 
FNK y SCK fue suprimida con arreglo al apartado 6 del artículo 15 del Reglamento No 17 
mediante Decisión de la Comisión de 13 de abril de 1994, DO L 117 de 7.5.1994. 
18 
obligaba a CCI Morlaix a hacer lo necesario para permitir el acceso de 
ICG al puerto de Roscoff hasta el final de la temporada de verano. 
Tras la intervención de la Comisión, las partes firmaron un contrato 
por una duración de cinco años referente a la utilización por parte de 
ICG de las instalaciones portuarias de Roscoff, no sólo en beneficio 
de ambos, sino, lo que es más importante, en beneficio de los viajeros 
que disponen así de una mayor posibilidad de elección de servicios de 
transporte y actividades en la zona de Roscoff. 
4. Libro Verde sobre restricciones verticales 
44. El derecho comunitario siempre ha prestado especial atención a 
los acuerdos verticales entre proveedores y distribuidores en los 
distintos Estados miembros con el telón de fondo de la integración del 
mercado. Mantener canales abiertos para el comercio paralelo frente a 
las restricciones de las empresas privadas siempre ha sido un elemento 
fundamental de la política comunitaria. Aunque la política de 
competencia respecto de las restricciones verticales ha sido correcta 
hasta la fecha, se considera necesario efectuar una revisión con objeto 
de comprobar que continua siendo adecuada, teniendo en cuenta las 
necesidades de la distribución y de los consumidores en el futuro. 
Por ejemplo, la aplicación de la tecnología de la información y de los 
métodos de producción denominados "justo a tiempo" está modificando no 
sólo los métodos de producción, sino también la forma y sistemas de 
distribución. Las consecuencias de esto deben reflejarse plenamente en 
las políticas aplicadas con objeto de no poner obstáculos a las 
técnicas de distribución, muy innovadoras y en rápida evolución. 
Además, las principales exenciones por categorías concedidas en el 
ámbito de la restricciones verticales deben ser revisadas dentro de 
poco: las ventas y compras en exclusiva en 1997 y las franquicias en 
1999. Es necesario preparar estas renovaciones. 
La revisión se plasmará en un Libro Verde que fijará las distintas 
alternativas previstas. Este libro, con sus distintas opciones, será 
sometido a una consulta pública amplia y pormenorizada entre todos los 
interlocutores políticos y socioeconómicos interesados - Parlamento 
Europeo, Estados miembros, fabricantes, distribuidores y consumidores -
que se celebrará previsiblemente el próximo año. 
5. Transferencias trasfronterizas de créditos 
45. El sector bancario todavía no se caracteriza por su correcto 
funcionamiento en el mercado interior. Los gastos en concepto de 
transacciones financieras constituyen un importante factor de coste 
para las empresas y pueden actuar como obstáculo importante para un 
funcionamiento satisfactorio del mercado interior. 
46. En el mes de septiembre, la Comisión adoptó una 'comunicación 
sobre aplicación de las normas comunitarias de competencia a las 
transferencias crediticias transfronterizas18. 
Esta comunicación forma parte de un paquete de medidas adoptadas por 
la Comisión en las que se incluye una propuesta de directiva cuyo 
objetivo consiste en mejorar los servicios de transferencias 
DO C 251 de 27.09.1995, p. 3. 
19 
transfronterizas prestados por la banca19. Estos sistemas son los que 
usan los bancos para transferir dinero en nombre de los clientes entre 
distintos países de la Unión. 
47. La comunicación actualiza y sustituye los principios de 
competencia publicados en 1992. Afirma que el enfoque general de la 
Comisión consistirá en considerar de forma favorable los acuerdos de 
cooperación entre bancos que, concretamente, les faculten para cumplir 
los requisitos contenidos en la directiva. Esta cooperación, sin 
embargo, no deberá suponer la supresión de la competencia entre bancos. 
Por consiguiente, la comunicación ofrece a los bancos unas directrices 
en cuanto a la forma de elaborar los acuerdos de cooperación destinados 
a tramitar con mayor eficacia las transferencias transfronterizas, sin 
por ello infringir las normas de competencia. Así, se podrá contribuir 
al desarrollo de sistemas de pago que sean más ventajosos para los 
ciudadanos europeos. 
48. La comunicación contempla dos aspectos de especial importancia: 
acceso al mercado y competencia de precios. 
Por lo que se refiere al primer aspecto, la Comisión quiere garantizar 
que los bancos más pequeños no se vean excluidos de forma desleal del 
acceso a sistemas a los que deben pertenecer si quieren ofrecer en la 
práctica transferencias transfronterizas a sus clientes. Las 
condiciones para el acceso a estos sistemas deben estar objetivamente 
justificadas y aplicarse de forma indiscriminada. En cambio, la 
exclusión de los nuevos competidores de un sistema que no constituye 
un mecanismo esencial, por ejemplo un pequeño sistema desarrollado por 
grupos de bancos, no supone ningún problema desde el punto de vista de 
la competencia. 
Por lo que se refiere a la competencia de precios, la comunicación 
distingue entre los acuerdos de precios entre bancos y clientes y los 
acuerdos de comisiones interbancarias. 
Los bancos no deben celebrar acuerdos entre sí por los que se 
establezca el nivel de las tarifas cobradas a los clientes o la forma 
en que deben cobrarse. 
El aspecto fundamental de los acuerdos interbancarios sobre precios 
estriba en la valoración de las comisiones interbancarias acordados 
multilateralmente, es decir, los gastos correspondientes a 
transacciones acordados colectivamente y abonados por un banco (en este 
caso, suele ser el banco de quien efectúa la transferencia o su banco 
corresponsal) a otro banco (el banco del beneficiario). La Comisión 
considera que una comisión interbancaria acordada multilateralmente 
constituye una restricción de la competencia que entra dentro de la 
prohibición de los acuerdos sobre precios recogida en el apartado 1 del 
artículo 85. Sin embargo, se le puede conceder una exención con arreglo 
al apartado 3 del mismo artículo siempre que se reúnan las condiciones 
necesarias. En el caso de las transferencias transfronterizas OUR (es 
decir, cuando el expedidor ha solicitado correr con los costes), el 
banco de un beneficiario no puede cobrar a éste una suma adicional en 
concepto de tramitación de una transferencia transfronteriza de 
crédito. En este caso, los bancos pueden acordar que el banco del 
beneficiario aplique una comisión interbancaria establecida 
multilateralmente, siempre que dicha comisión cubra los gastos que 
derivan real y necesariamente de la realización de una transferencia 
transfronteriza. La comisión acordada no debe sobrepasar el gasto real 
medio en que hayan incurrido los bancos del beneficiario al realizar 
Comunicación de la Comisión "Transferencias de fondos en la UE: Transparencia, resultados 
y estabilidad", COM(94)436, 19 de octubre de 1994; Bol. UE 9-1995, punto 1.3.12. 
20 
transferencias transfronterizas. Además, debe consignarse como gasto 
por defecto, permitiendo la existencia de acuerdos bilaterales sobre 
los importes superiores o inferiores a dicho valor. 
6. Concesión de trato favorable 
49. La Comisión continuó persiguiendo de forma activa los carteles 
secretos para la fijación de precios o el reparto del mercado, que 
parecen continuar existiendo en algunos de los principales sectores. 
La actividad investigadora consume una parte cada vez mayor de los 
recursos administrativos de la Comisión destinados a la aplicación del 
derecho de competencia. En 1995, la Comisión efectuó cerca de 91 
inspecciones in situ, de las que 87 lo fueron sin previo aviso. 
50. Por lo general los carteles funcionan de forma secreta y los 
participantes en los mismos dedican considerables esfuerzos, incluido 
el uso de las tecnologías de la información, a evitar que las 
autoridades los descubran. 
En algunos casos, el beneficio que para los consumidores se puede 
derivar del descubrimiento y prohibición de los carteles secretos 
supera el interés que puede tener la Comunidad en multar a las empresas 
que cooperan con la Comisión, permitiéndole descubrir y prohibir los 
carteles o colaborando con ella. Por estos motivos, la Comisión está 
considerando la posibilidad de conceder un trato favorable a las 
empresas que cooperen en la investigación previa o en el procedimiento 
relacionado con una infracción20. La Comisión publicó un proyecto de 
comunicación que especifica las condiciones en virtud de las cuales 
aquellas empresas que cooperen con la Comisión pueden quedar exentas 
de las multas, o lograr una reducción muy significativa del importe de 
la multa que, de no haber cooperado, se les hubiese impuesto. Antes de 
aprobar esta comunicación, la Comisión invitó a todos los interesados 
a presentar sus observaciones al respecto21. 
7. Acceso al expediente 
51. Los procedimientos de aplicación del derecho comunitario de 
competencia no deben ser arbitrarios o injustos. La Comisión debe 
respetar distintas salvaguardias procedimentales con objeto de proteger 
los intereses de las empresas afectadas por sus decisiones. En este 
sentido, cabe mencionar el respeto a los derechos de defensa, 
especialmente el derecho a ser oído. Los destinatarios de las 
decisiones formales y los terceros interesados disponen también, en 
último término, del recurso ante los tribunales europeos. 
52. El Tribunal de Primera Instancia anuló una serie de decisiones 
de la Comisión, de 19 de diciembre de 199022, por las que se 
sancionaban las infracciones de las normas de competencia en el mercado 
de la sosa. Una de estas decisiones se refería a una práctica 
concertada en virtud de la cual Solvay e ICI se repartían entre ambas 
el mercado europeo. Además, la Comisión consideró que, tanto Solvay 
como ICI, habían abusado respectivamente en el Reino Unido e Irlanda, 
El 10 de agosto de 1993, la División de Competencia del Ministerio de Justicia de los 
EEUU lanzó su política de trato favorable a las empresas y, el 10 de agosto de 1994, hizo 
lo propio con la política de trato favorable a personas físicas. 
DO C 341 de 19.12.1995, p. 13 
DO L 152 de 15.6.1991. 
21 
de las posiciones dominantes que tenían en Europa occidental23. 
La decisión basada en el artículo 85 fue anulada al considerarse que 
la Comisión no había respetado el derecho a la defensa de las partes. 
El Tribunal consideró que la Comisión debería haber concedido a Solvay, 
con arreglo al procedimiento del artículo 85, el acceso a determinados 
documentos que se encontraban en el expediente correspondiente al 
asunto incoado contra ICI a tenor del artículo 8624. Por este mismo 
motivo y con el razonamiento inverso, el Tribunal falló en favor de 
ICI25. 
La Comisión está estudiando la repercusión exacta de estas decisiones 
sobre su práctica habitual, teniendo también en cuenta el nuevo mandato 
del Consejero Auditor que establece que cuando una empresa considere 
que la Comisión no le ha facilitado todos los documentos necesarios 
para su defensa, aquél deberá estudiar esta alegación y pronunciarse 
sobre el fondo de la misma26. 
B - Cooperación y competencia en un entorno económico globalizador y en 
rápida evolución 
53. El actual entorno económico se caracteriza por un elevado 
incremento de la presión competitiva. Para llegar a esta situación han 
tenido que concurrir varios factores: la permanente reducción de los 
ciclos de vida de los productos; el crecimiento de la 
internacionalización de las industrias y de los mercados y la 
finalización del programa legislativo para la plena realización del 
mercado interior. Estos factores económicos deben tenerse en cuenta a 
la hora de aplicar las normas de competencia. A resultas de ello, el 
análisis económico del mercado adquiere cada vez más importancia en los 
asuntos de competencia. La Comisión ha de tener en cuenta las 
características económicas específicas de un mercado concreto a la hora 
de situar el asunto de turno en su auténtico contexto. 
En un entorno económico que se caracteriza por unos mercados dinámicos, 
la innovación y la internacionalización, a menudo es fundamental la 
cooperación entre empresas con objeto de que éstas puedan seguir siendo 
competitivas mediante la mejora de su investigación y desarrollo, la 
reducción de costes y la concepción de nuevos productos. Sin embargo, 
esta cooperación no debe llevar a situaciones contrarias a la 
competencia e incompatibles con las normas del Tratado. 
1. Aplicación de los artículos 85 y 86 en el sector de las telecomunicaciones 
1.1. Alianzas estratégicas 
54. La actual liberalización del sector de las telecomunicaciones, 
junto con la cada vez mayor convergencia de las telecomunicaciones, las 
tecnologías de la información y los medios de comunicación, están 
incrementando considerablemente la actividad comercial en los sectores 
fundamentales del mercado de la información. Los operadores presentes 
XX Informe sobre la política de comeptencia (1990), puntos 92 y 113. 
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 29 de junio de 1995, Asunto T-30/91 
Solvay/Commission, Rec. 1995, p. 11-1775. 
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, Asunto TI-36/91 
Imperial Chemical Industries pic/ Commission, Rec. 1995, p. 11-1847. 
Decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 1994 sobre el mandato de los consejeros 
auditores en los procedimientos de competencia celebrados ante la Comisión, DO L 330 de 
21.12.1994, p.67. 
22 
en el mismo están tomando posiciones con objeto de aprovechar las 
nuevas oportunidades. Esto ha dado lugar a una ola de nuevas alianzas 
y colaboraciones, anunciadas o llevadas ya a la práctica27. 
Las alianzas estratégicas entre los actuales operadores de 
telecomunicaciones (OT) que se introducen en mercados mundiales son 
ejemplo de estas nuevas alianzas (BT/MCI; Atlas-Phoenix). Otras 
alianzas (las de conglomerados de empresas) se crean o bien entre 
empresas que anteriormente no estaban presentes en el mercado de las 
telecomunicaciones pero aprovechan las sinergias resultantes de la 
penetración en el mercado - tales como empresas eléctricas o bancos que 
disponen de importantes redes internas y de medios económicos y 
conocimientos técnicos -o entre éstas y OT (Cable & Wireless and Veba; 
BT-Viag; BT-BNL, Albacom) . También se están formando grandes consorcios 
con objeto de ofrecer servicios de telecomunicaciones móviles vía 
satélite a escala mundial (Inmarsat-P, Iridium, Globalstar y Odyssey) . 
55. La aplicación de las normas básicas de competencia a estas 
alianzas ha llegado a ser unos de los principales retos para la 
política comunitaria de competencia durante los últimos años. La 
Comisión debe velar por que el actual proceso de reestructuración dé 
lugar a unas estructuras de mercado competitivas y propicias al 
crecimiento. La política comunitaria de liberalizar las 
telecomunicaciones da lugar al surgimiento de nuevos servicios y 
productos a precios competitivos para los consumidores, costes más 
bajos para la industria y nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, estos 
esfuerzos serían estériles si se permitiese la aparición de acuerdos 
restrictivos, de prácticas o de estructuras de mercado que eviten la 
competencia en los mercados liberalizados o si se permite que los OT 
actúen de forma abusiva para mantener su posición. Se puede ver así que 
existe una estrecha relación entre los distintos ámbitos de la política 
comunitaria y que es necesario aplicar todos los instrumentos de 
competencia de forma conjunta y coherente. 
56. La empresa en participación Concert, creada entre British 
Telecommunications y MCI Corporation (EEUU), fue la primera alianza 
estratégica importante en el sector de las telecomunicaciones de la que 
se hubo de ocupar la Comisión, concediéndole finalmente una exención 
con arreglo al apartado 3 del artículo 8528. 
Las alianzas destinadas a ofrecer nuevos servicios globales dotados de 
características que ya experimentan una demanda, especialmente por 
parte de las grandes empresas (por ejemplo, servicios sin 
discontinuidad, de extremo a extremo, ventanilla única de contratación 
y facturación, etc ...) mejorarán por lo general la calidad y 
disponibilidad de los servicios avanzados de telecomunicación, 
contribuyendo también a la creación de redes transeuropeas, lo que 
constituye uno de los objetivos del Tratado CE (artículo 129B). Los 
consumidores, las grandes empresas multinacionales y también las 
pequeñas y medianas empresas innovadoras podrán beneficiarse de los 
servicios globales más avanzados y de los incrementos de eficacia que 
mejorarán su situación competitiva tanto en el mundo como dentro de la 
Unión Europea. 
No obstante, en la medida en que las alianzas ofrecen servicios 
nacionales e internacionales, la indispensabilidad exigida en el 
apartado 3 del artículo 85 y la posible eliminación de la competencia 
a escala nacional son elementos importantes para el análisis de la 
Para mayor información sobre las decisiones y publicaciones referentes a este ámbito, 
cabe remitirse a Community Competition Policy in the Telecommunications Sector, Comisión 
Europea, Documentos Oficiales, actualizado a julio de 1995 (IV/18571/95). 
Decisión del 27 de julio de 1994, DO L 223 de 27.08.1994, p. 36; XXIV Informe sobre la 
política de competencia (1994), puntos 156-160. 
23 
Comisión. También fueron importantes para la actitud positiva de la 
Comisión ante la creación de Concert la naturaleza auténticamente 
global de los servicios afectados y el hecho de que los mercados de las 
dos empresas matrices están abiertos a la competencia. 
Atlas-Phoenix 
57. El acuerdo Atlas, investigado por la Comisión durante 1995, se 
diferencia de la alianza BT-MCI en dos aspectos importantes. En primer 
lugar, el elemento nacional de los servicios ofrecidos es mucho mayor 
que los elementos globales previstos y, en segundo lugar, los mercados 
nacionales de las partes (Francia y Alemania) están menos liberalizados 
que los de BT y MCI (Reino Unido y Estados Unidos). 
La operación Atlas supone la creación de esta empresa en participación 
entre los operadores públicos de telecomunicaciones de Francia y 
Alemania, France Telecom (FT) y Deutsche Telekom (DT) . Atlas es también 
el instrumento de participación de DT y FT en la segunda operación, 
denominada Phoenix, con la empresa estadounidense Sprint Corporation. 
Atlas se dirige a dos mercados de productos de los servicios de 
telecomunicación de valor añadido, a saber, el de los servicios 
avanzados de telecomunicaciones para empresas y el de los servicios 
normalizados sencillos de conmutación de datos por paquetes. La alianza 
Phoenix, de mayor alcance, abarcará los mismos mercados de servicios 
de redes de telecomunicación de valor añadido así como el mercado de 
los servicios para viajeros y el denominado de servicios de portador 
a portador. 
Los acuerdos Atlas y Phoenix planteaban varios problemas desde el punto 
de vista de la competencia, especialmente por lo que se refiere a los 
mercados nacionales de las empresas de la UE participantes en las 
transacciones. FT y DT ocupan posiciones dominantes tanto de hecho como 
de derecho por lo que se refiere a ciertos servicios de 
telecomunicación y al suministro de infraestructura. Por consiguiente 
se consideró que la competencia podía quedar eliminada y que los 
efectos positivos de la futura plena liberalización estaban en peligro. 
En su respuesta, las partes de las alianzas, así como los Gobiernos 
francés y alemán, han efectuado ciertas modificaciones y han adquirido 
determinados compromisos con vista a resolver estos problemas. Las 
soluciones propuestas consisten en no integrar en Atlas las redes 
nacionales públicas francesa y alemana de conmutación de datos, 
conceder acceso indiscriminado a estas redes y evitar las subvenciones 
cruzadas. Sin embargo, el principal compromiso adquirido por los 
Gobiernos consistía en que el uso de las infraestructuras alternativas 
de telecomunicaciones para la prestación de servicios liberalizados de 
telecomunicación (es decir, distintos de la telefonía vocal básica) 
quedará liberalizado a partir del 1 de julio de 1996. Sin esta 
liberalización, la competencia en el ámbito de la comunicación de datos 
quedaría también en peligro e incluso desaparecería en otros Estados 
miembros por mor de la alianza entre las dos mayores organizaciones de 
telecomunicación de la Unión. La plena liberalización, es decir 
incluidas la telefonía vocal básica y las infraestructuras, se 
producirá el 1 de enero de 1998. 
Con arreglo a todo lo anterior, la Comisión manifestó que está 
dispuesta, a reserva de las observaciones procedentes de terceros, a 
adoptar una posición favorable respecto a los acuerdos Atlas-Phoenix29. 
58. Otras alianzas estratégicas similares que están siendo 
Comunicaciones en virtud del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento No 17, DO C 337 
de 15.12.1995, p. 2 y 13. 
24 
investigadas por la Comisión son Unisource y su alianza Uniworld con 
AT&T. 
Sistemas móviles globales vía satélite 
59. La Comisión ha iniciado un examen exhaustivo y pormenorizado de 
las alianzas estratégicas de reciente aparición que se forman con 
objeto de ofrecer servicios móviles de telecomunicación vía satélite 
a escala mundial. 
En este mercado, que sólo cuenta con unos pocos operadores mundiales, 
es fundamental proteger la competencia en los mercados posteriores, a 
saber la prestación de servicios locales, la distribución y el 
suministro de equipos. 
Uno de los sistemas examinados, Inmarsat-P, ya ha recibido una 
comunicación favorable de la Comisión30. 
1.2. Acuerdos de acceso e interconexión 
60. Un importante problema para la aplicación de las normas de 
competencia comunitarias en el sector, y en general para el marco 
jurídico del futuro mercado de las telecomunicaciones, es el de los 
acuerdos de acceso e interconexión31. De hecho, el futuro entorno 
multimedia desmonopolizado se caracterizará probablemente por 
situaciones en las que las empresas controlarán - conjunta o 
individualmente- instalaciones tales como redes, sistemas de acceso 
condicional o interfaces para soportes lógicos críticos, que pueden 
constituir una ruta fundamental para los usuarios. 
Los acuerdos de acceso e interconexión pueden considerarse, en 
principio, beneficioso para la competencia, ya que su objeto es ampliar 
los servicios ofrecidos a los consumidores. Sin embargo, estos acuerdos 
también pueden dar lugar a importantes prácticas colusorias y a la 
compartimentación de los mercados, así como al abuso de posiciones 
dominantes32. El acceso indiscriminado a instalaciones fundamentales en 
condiciones razonables constituye un elemento fundamental en este 
contexto. Por consiguiente, la Comisión pretende presentar en 1996 un 
proyecto de comunicación sobre la aplicación de las normas de 
competencia en este sector. 
2. Mercados mundiales 
ATR/BAe 
61. El mercado de los aviones regionales constituye un ejemplo de 
sector de dimensión mundial. Los principales fabricantes están 
presentes en todos los continentes. 
62. El 18 de agosto la Comisión autorizó, mediante carta 
administrativa, la empresa en participación, del sector de los aviones 
para transporte regional, creada entre Aérospatiale y Alenia, ya 
integrada en ATR, y British Aerospace. El objetivo de la empresa 
consiste en fusionar las actividades relacionadas con los aviones 
regionales de las partes. La primera etapa de la cooperación afecta 
principalmente a los servicios prestados directamente a los usuarios 
Comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento No 17, DO C 304 de 
15.11.1995, p. 6. 
Conclusiones del G7 y Libro Verde sobre infraestructuras de telecomunicación. 
Coudert Bros, Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications 
sector, Informe a la Comisión Europea, junio de 1995. 
25 
y a la realización conjunta de estudios de viabilidad de nuevos aviones 
para este sector. 
La autorización de la Comisión es de duración limitada, ya que finaliza 
el 6 de junio del año 2000, por lo que existe la posibilidad de volver 
a examinar la situación si, a raíz de los estudios de viabilidad, las 
partes deciden no desarrollar, fabricar o lanzar nuevos aviones, 
manteniendo su cooperación en los ámbitos de las ventas y del servicio 
postventa. 
3. Transferencia de tecnología 
63. Una de las tareas prioritarias que la Comisión se ha atribuido 
con vistas al desarrollo del gran mercado interior consiste en fomentar 
el dinamismo de la industria europea a la hora de innovar y difundir 
las nuevas tecnologías. El papel fundamental que desempeñan las 
transferencias de tecnologías en el desarrollo de la innovación 
tecnológica para la economía de la Unión Europea y su contribución al 
incremento de la competitividad de las empresas que actúan en este 
espacio quedaban subrayados en el Libro Blanco de la Comisión sobre 
crecimiento, competitividad y empleo. 
64. El nuevo Reglamento de exención por categorías para los acuerdos 
de transferencia de tecnología33, según se propuso en 1994 y quedó 
modificado a grandes rasgos en 1995 tras oír a los terceros interesados 
y después de la segunda reunión del Comité Consultivo sobre acuerdos 
y posiciones dominantes, debe contribuir al crecimiento económico y al 
incremento de la competitividad unificando y simplificando el contenido 
de los dos reglamentos sobre acuerdos de licencia vigentes34 en un 
solo texto. 
65. Así, el nuevo Reglamento reduce las disparidades existentes entre 
el Reglamento sobre licencias de patentes y el Reglamento sobre 
licencias de conocimientos técnicos y elimina o traslada al 
procedimiento de oposición varias cláusulas que, en estos Reglamentos, 
impedían la exención por categorías. Además recoge nuevas cláusulas 
lícitas con objeto de respetar aún más la libertad contractual de las 
partes. Esta flexibilización, que beneficiará a la mayor parte de los 
operadores de la Comunidad, incluye, no obstante, una advertencia clara 
para aquellas empresas que gozan de una posición fuerte en el mercado. 
Según el Reglamento, se suprimirá el beneficio de la exención cuando 
las empresas consigan, gracias a la obtención de licencias exclusivas, 
monopolizar el mercado de un producto e impedir el acceso de terceros 
a las nuevas tecnologías. Al valorar esta situación, la Comisión 
prestará especial atención a las situaciones en las que la cuota del 
mercado del licenciatario supere un umbral del 40%, 
C - Transporte 
1. Transporte marítimo 
66. La Unión Europea es la principal zona comercial del mundo. La 
gran mayoría de su comercio con el resto del mundo (y una parte 
importante del comercio efectuado dentro de la Unión) se realiza a 
través del transporte marítimo. El transporte marítimo de línea, es 
decir los servicios organizados de transporte marítimo, tienen especial 
relevancia en este sentido. 
Reglamento adoptado por la Comisión el 31 de enero de 1996. 
Reglamento (CEE) N" 2349/84 de 23 de julio de 1984 y N' 556/89 de 30 noviembre 1988. 
26 
Por consiguiente, es esencial que la Unión Europea disponga del mejor 
servicio posible de transporte marítimo al coste más bajo posible. La 
política de competencia constituye un instrumento adecuado para 
alcanzar este objetivo. 
67. También conviene mencionar que, en los Estados Unidos, la Cámara 
de Representantes ha aprobado recientemente un proyecto de ley 
destinado a liberalizar el transporte marítimo de línea y a someter 
este sector a un régimen legal más competitivo. Este proyecto de ley, 
que está siendo examinado en el Senado, es el denominado "Ocean 
Shipping Reform Act" de 1995. Si se aprueba finalmente esta norma, el 
régimen legal americano se aproximará al europeo. 
1.1. Consorcios de líneas marítimas 
68. El nuevo Reglamento por el que se concede una exención por 
categorías a los consorcios de líneas marítimas35 es un importante 
instrumento en este sentido, ya que alentará a los propietarios de 
buques a mejorar y racionalizar sus operaciones, reduciendo así sus 
costes y gastos de flete al tiempo que les permite ofrecer un servicio 
de mejor calidad con mayor frecuencia. Esta es la segunda exención por 
categorías aprobada en el sector de las líneas marítimas. El Reglamento 
4056/86, que establece normas para la aplicación de los artículos 85 
y 86 al transporte marítimo, ya contenía una exención por categorías 
para las conferencias marítimas36. 
69. La nueva exención por categorías entró en vigor el 22 de abril 
de 1995 por un período de 5 años. Los consorcios de líneas marítimas 
son acuerdos entre dos o más compañías marítimas para explotar 
conjuntamente servicios de transporte de línea mediante la cooperación 
en los ámbitos técnico, operativo y/o comercial, excluida la fijación 
de precios. La exención por categorías abarca únicamente los servicios 
internacionales de línea marítima desde o hacia uno o más puertos 
comunitarios y exclusivamente para el transporte de mercancías, 
fundamentalmente en contenedor. Además, abarca tanto los consorcios que 
operan dentro de una conferencia marítima como los que no lo están, 
pero excluye la fijación conjunta de costes de flete. Los miembros del 
consorcio que deseen determinar conjuntamente las tarifas y no cumplan 
las condiciones del Reglamento No 4056/86 deberán solicitar una 
exención individual. 
La exención por categorías abarca las siguientes actividades: 
coordinación o fijación conjunta de horarios y determinación de los 
puertos de escala; cesión, venta o arrendamiento recíproco de espacio 
o compartimentos en los buques; utilización conjunta ("pooling") de 
buques e instalaciones portuarias; utilización de una o varias oficinas 
de explotación conjunta; puesta a disposición de contenedores, chasis 
y otros equipos y contratos de alquiler, arrendamiento financiero o 
compra de esos equipos; utilización de un sistema de transmisión de 
datos informatizados o un sistema de documentación común; ajustes 
temporales de capacidad37; explotación o utilización conjunta de 
terminales portuarias y servicios conexos; participación en uno o 
Reglamento de la Comisión (CE) No 870/95 de 20 de abril de 1995, sobre la aplicación del 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones 
y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo de línea regular 
(consorcios) en virtud del Reglamento (CEE) No 479/92 del Consejo, DO L 89 de 21.4.1995, 
p. 7. 
Reglamento 4056/86 de 22 de diciembre 1986, DO L 378 de 31.12.1986, p. 4. 
No se incluyen los acuerdos sobre la no utilización de la capacidad existente en virtud 
de los cuales las líneas marítimas miembros del consorcio se abstienen de utilizar 
determinado porcentaje de la capacidad de los buques que operan en el marco del 
consorcio; véase artículo 4 del Reglamento n" 870/95 y Decisión de la Comisión de 19 de 
octubre de 1994 referente al Acuerdo Trans-Atlantic en la que la Comisión prohibía un 
acuerdo de no utilización de la capacidad, DO L 376 de 31.12.1994, p.l. 
27 
varios de los siguientes "pools": "pool" de tonelaje, de ingresos o de 
resultados; ejercicio conjunto de los derechos de voto en conferencias 
marítimas; utilización de una estructura conjunta de comercialización 
y expedición de un conocimiento de embarque conjunto; cualquier otra 
actividad accesoria a las mencionadas anteriormente que sea necesaria 
para su realización. 
70. La Comisión considera que, por lo general, los consorcios 
contribuyen a mejorar la productividad y la calidad de los servicios 
marítimos gracias a la racionalización que introducen en las 
actividades de sus empresas integrantes y mediante las economías de 
escala que permiten obtener en la operación de buques y utilización de 
instalaciones portuarias. Por lo general, los usuarios del transporte 
obtienen una participación equitativa en el beneficio resultante de los 
consorcios cuando existe suficiente competencia en los mercados en los 
que éstos operan. 
Con objeto de acogerse a la exención por categorías, los consorcios 
deben tener, por lo que a la gama de puertos que cubren se refiere, una 
cuota de comercio directo inferior al 3 0% cuando operen dentro de una 
conferencia e inferior al 35% cuando lo hagan fuera de una conferencia. 
Existe un procedimiento de oposición simplificado aplicable a aquellos 
consorcios cuya cuota de comercio supere el límite antes citado sin 
exceder el 50% del comercio directo. 
1.2. Fijación de las tarifas de los tramos terrestres por parte de las 
conferencias marítimas 
71. El 8 de junio de 1994, la Comisión aprobó un informe38 sobre sus 
planes para la aplicación de las normas de competencia a los 
transportes marítimos de línea que fue presentado al Consejo de 
Ministros de Transportes. Este informe se centraba en el análisis de 
la situación jurídica que planteaban los acuerdos de fijación de 
precios celebrados por los armadores miembros de las conferencias 
marítimas para los segmentos terrestres de los servicios de transporte 
multimodal prestados en la Comunidad. El informe afirma que esta 
práctica de las conferencias es contraria a las normas comunitarias de 
competencia y que, en las condiciones actuales, no puede ser objeto de 
exención alguna. Por lo tanto, en sus orientaciones propone la adopción 
de un nuevo enfoque que sea compatible con la política de competencia 
y permita una organización del transporte terrestre de contenedores más 
eficaz y más favorable para los usuarios. 
72. En el debate del Consejo de noviembre de 1994 sobre dicho 
informe, el Comisario Van Miert aceptó informar al Consejo sobre la 
aplicación de estas orientaciones a partir del trabajo de un "Comité 
de Sabios". Este Comité, denominado Grupo Multimodal, fue constituido 
en julio de 1995 y a comienzos de 1996 presentará un informe 
provisional que será remitido al Consejo durante el primer semestre del 
mismo año. 
73. En 1994 la Comisión tomó dos decisiones de prohibición de 
acuerdos de fijación de tarifas en tramos terrestres: la decisión sobre 
el TAA39 (Acuerdo Transatlántico) y la del FEFC (Far Eastern Freight 
Conference)40. El 10 de marzo de 1995, el Tribunal de Primera Instancia 
ordenó la suspensión de la decisión sobre el TAA que prohibía la 
fijación conjunta de los precios de los segmentos terrestres en los 
SEC(94)933. 
Decisión de 19 de octubre de 1994, DO L 376 de 31.12.1994, p. 1. 
Decisión de 21 de diciembre de 1994, DO L 378 de 31.12.1994, p. 17. 
28 
servicios comunitarios de transporte intermodal41. La orden fue 
recurrida ante el Tribunal de Justicia, que la corroboró el 19 de julio 
de 199542. 
Mientras tanto, la Comisión recibió la notificación de una versión 
modificada del TAA, el Trans-Atlantic Conference Agreement (Acuerdo de 
la Conferencia Transatlántica, TACA). La Comisión envió a las partes 
firmantes del Acuerdo TACA un pliego de cargos en el que exponía las 
razones por las que, de forma provisional, había considerado 
conveniente retirar la dispensa de multas a las prácticas de fijación 
de precios de segmentos terrestres en que hubiera podido incurrir el 
nuevo acuerdo TACA43. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la 
solicitud de medidas que anularan esta decisión provisional de la 
Comisión44. 
2. Transporte aéreo 
2.1. Consultas sobre tarifas en la IATA 
74. El Reglamento (CEE) n° 1617/93 de 25 de junio de 199345 dispone 
que el apartado 3 del artículo 85 puede ser aplicado, entre otras 
cosas, a la celebración de consultas sobre precios del transporte de 
pasajeros y mercancías en servicios regulares entre aeropuertos de la 
Comunidad. La concesión de toda excepción debe ajustarse a las 
condiciones recogidas en el artículo 4 del dicho Reglamento. Por 
ejemplo, la excepción sólo se concederá si las consultas permiten la 
posibilidad de "interlining". 
75. De acuerdo con los primeros datos recogidos por la Comisión en 
1995, parece ser que, en general, los acuerdos de "interlining" en el 
ámbito del transporte de mercancías son escasos, prácticamente 
inexistentes. Por otro lado, suele admitirse que los precios fijados 
de forma concertada por las líneas aéreas son bastante superiores a los 
habituales del mercado, es decir, se produce un aumento de tarifas al 
margen del juego normal de la competencia. 
Por todo ello, la Comisión opina que sería conveniente modificar el 
citado Reglamento con el fin de excluir de su ámbito de aplicación las 
concertaciones sobre tarifas en el transporte de mercancías. A tal fin, 
la Comisión ha publicado una comunicación46 con el fin de dar la 
posibilidad a las compañías aéreas y a terceros interesados de hacer 
conocer su opinión. En 1996 la Comisión decidirá el curso que debe 
darse a este asunto. 
2.2. Cooperación entre líneas aéreas 
76. La cooperación entre líneas aéreas puede facilitar la 
reestructuración del transporte aéreo en Europa y contribuir a la 
mejora de la calidad de los servicios en beneficio de los consumidores, 
así como a un mayor control de los costes. La Comisión no tiene la 
intención de entorpecer estas operaciones de reestructuración del 
transporte aéreo europeo, pero cree necesario garantizar que no se 
permitan restricciones de la competencia no imprescindibles y no se 
Asunto T-395/94 R Atlantic Container Line y otros/Comisión, Rec. 1995, p. 11-595. 
Asunto C-149/95 P (R) Comisión/Atlantic Container Line y otros, Rec. 1995, p. 1-2165. 
Nota de prensa de la Comisión IP/95/646, 21.06.1995. 
Sentencia del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 22 de noviembre de 1995, 
asunto T-395/94 R II Atlantic Container Line y otros/Comisión (aún sin publicar). 
DO L 155 de 26.6.1993, p. 18. 
DO C 322 de 2.12.1995, p. 15. 
29 
excluya la posibilidad de acceso al mercado de nuevos competidores en 
las rutas principales. 
Las condiciones propuestas por Swissair-Sabena para la operación de 
concentración entre las dos líneas aéreas y aprobadas por la Comisión, 
así como las condiciones impuestas a Lufthansa y SAS antes de conceder-
una exención a su acuerdo de cooperación, persiguen este objetivo. 
Lufthansa/SAS 
77. El acuerdo general de cooperación entre Lufthansa y SAS instituye 
un sistema integrado de transporte aéreo entre las dos compañías basado 
en unas relaciones comerciales y operativas duraderas, y supone, entre 
otras cosas, la integración de sus redes mundiales. La cooperación 
comercial será especialmente intensa en las rutas comprendidas entre 
Escandinavia y Alemania, zona en la que las partes van a crear una 
empresa en participación. 
78. La Comisión indicó47 que, aunque el acuerdo restringe de manera 
sensible la competencia en los mercados afectados, y en especial en las 
rutas comprendidas entre Escandinavia y Alemania, podía concedérsele 
una exención siempre que se observaran una serie de condiciones 
destinadas a mantener una competencia real y potencial suficiente. 
Las condiciones son esencialmente las siguientes: congelación del 
número de vuelos de ambas compañías; apertura de sus programas de 
fidelidad a otras compañías que no los posean; obligación de LH/SAS de 
celebrar, en determinadas condiciones, acuerdos de "interlining" con 
nuevos competidores; renuncia a algunos acuerdos de cooperación con 
otras líneas aéreas; renuncia a algunas franjas horarias en 
determinados aeropuertos congestionados con el fin de permitir el 
acceso al mercado a nuevos competidores. 
El 16 de enero de 1996 la Comisión adoptó una decisión de exención. 
D - Redes transeuropeas y política de competencia 
79. A lo largo de todo el año 1995, la Comisión ha reflexionado sobre 
la compatibilidad de la financiación privada de las redes transeuropeas 
con las normas de competencia. Estas reflexiones han sido incorporadas 
al informe general sobre redes transeuropeas, que fue muy bien recibido 
en el Consejo Europeo de Madrid de los días 15 y 16 de diciembre de 
1995. En este informe, la Comisión desarrolló una serie de líneas 
directrices para el tratamiento de los asuntos de competencia y anunció 
la creación de un "punto de información"(fax: 32/2/295.65.04) para 
suministrar a los responsables de proyectos informaciones 
complementarias referentes a estas directrices. 
80. La Comisión se propone aplicar los siguientes criterios generales 
en el análisis de los expedientes: i) cuando el operador de la 
infraestructura quiera dar a empresas de transporte la posibilidad de 
reservar capacidad desde el momento del lanzamiento de un proyecto, 
dicha posibilidad debe estar abierta a todas las empresas comunitarias 
interesadas; ii) las capacidades reservadas a una empresa deben ser 
proporcionales al compromiso financiero directo o indirecto suscrito 
por ella y corresponder a unas necesidades operativas planificadas en 
un período razonable; iii) una infraestructura recién creada no suele 
estar congestionada desde su puesta en servicio. Por lo tanto, una 
empresa o agrupación de empresas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Directiva 91/440/CEE no debería acaparar la totalidad 
de la capacidad disponible. Una parte de esta siempre debe reservarse 
DO C 201 de 5.8.1995, p. 2. 
30 
con el fin de permitir la prestación de servicios por parte de otras 
empresas competidoras; iv) las empresas titulares de los derechos de 
utilización no pueden oponerse a la pérdida de estos derechos si no los 
ejercen; v) la duración de los acuerdos de reserva de capacidad no 
deben superar un período razonable, que será fijado en cada caso de 
forma individual. 
Esta lista de criterios no es exhaustiva y no prejuzga la decisión que 
adopte finalmente la Comisión con arreglo a las características de cada 
proyecto. 
81. La Comisión hará lo posible para tratar rápidamente las 
notificaciones de acuerdos vinculados a la financiación de las redes 
transeuropeas. Su intención es que la decisión final sea adoptada en 
un plazo máximo de seis meses, siempre que las partes hayan tomado 
contacto con los servicios de la Comisión antes de la conclusión de ios 
acuerdos. 
Interconexión de gas 
82. En su Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, 
la Comisión puso de relieve la importancia de las nuevas redes de 
infraestructuras europeas porque pueden contribuir a superar la 
fragmentación de algunos mercados. 
El 17 de mayo de 1995 la Comisión envió una carta administrativa por 
la que se aprobaba el acuerdo de constitución de una empresa de 
participación entre nueve importantes empresas europeas de gas para la 
construcción y explotación de una interconexión marítima de gas entre 
el Reino Unido y Bélgica; ésta consistiría, en particular, en un 
gasoducto de alta presión que constituiría el primer enlace entre los 
mercados de gas del Reino Unido y del continente. 
Debido a que los terceros interesados tienen derecho a acceder, de 
acuerdo con unas condiciones libremente negociadas, a una parte de la 
capacidad de transporte de la citada conexión, y debido al hecho de que 
este proyecto fomentará la competencia entre mercados que hasta el 
momento han estado aislados, la Comisión consideró que los factores que 
fomentan la competencia superan a los que la restringen. En la carta 
administrativa la Comisión hizo hincapié en que, en la práctica, los 
acuerdos permitirían invertir el sentido del flujo de capacidad según 
lo exija la demanda. 
E - Competencia y medio ambiente 
83. En 1995, los servicios de la Comisión tuvieron la oportunidad de 
recordar la política de competencia que va a aplicarse en el ámbito 
del medio ambiente, en particular a través de acuerdos voluntarios48. 
84. La política de la Comunidad en materia de medio ambiente se basa 
en el principio de "quien contamina paga", cuya eficacia depende, sobre 
todo, del funcionamiento del mecanismo de precios que transforma en 
costes los efectos negativos de una actividad económica sobre el medio 
ambiente. Para que dicho mecanismo de precios desempeñe su papel de 
indicador de forma correcta, es necesario que las empresas hagan suyos 
los costes ligados a la protección del medio ambiente. Ahora bien, el 
principio de "quien contamina paga" no excluye la posibilidad de que, 
en determinadas circunstancias, sean aceptables ayudas estatales para 
Véase el documento "Competencia y medio ambiente", presentado por la DG IV en la Mesa 
Redonda sobre el medio ambiente y la competencia, organizada por el Comité del derecho 
y de la política de competencia de la OCDE - París, mayo de 1995. 
31 
la protección del medio ambiente (véase más adelante). 
Los métodos para fomentar una mejor asignación de recursos desde el 
punto de vista del medio ambiente son la reglamentación pública 
directa, la imposición de gravámenes, los acuerdos denominados 
"acuerdos voluntarios" y la autoreglamentación. Los voluntarios son 
contratos celebrados entre la industria y la administración encaminados 
a un cierto número de objetivos de medio ambiente que debe perseguir 
el sector de que se trate según un calendario preciso. Su contenido 
puede consistir tanto en los propios objetivos como en los medios para 
lograrlos. 
La utilización de acuerdos voluntarios se está intensificando en la 
mayor parte de los países de la OCDE, de forma paralela a una tendencia 
a la desreglamentación y a una menor intervención del Estado. 
Se considera que los acuerdos voluntarios, del mismo modo que la 
autoreglamentación, son una solución menos burocrática y más flexible 
que los enfoques tradicionales. Sin embargo, los acuerdos voluntarios 
o la autoreglamentación pueden conllevar restricciones a la competencia 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del 
Tratado. La Comisión está tramitando diversas denuncias a este 
respecto. 
85. Al analizar cada asunto, la Comisión hace un balance entre la 
restricción de la competencia que conlleva un determinado acuerdo y los 
objetivos medioambientales que permite alcanzar, aplicando para ello 
el principio de proporcionalidad con arreglo al apartado 3 del artículo 
85. Se considera que la protección del medio ambiente es un elemento 
que contribuye a la mejora de la producción o de la distribución y a 
la promoción del progreso económico y técnico. 
La Comisión tiene la intención de seguir una política muy estricta en 
lo relativo al principio de apertura de los mercados nacionales a los 
operadores extranjeros. Por otro lado, seguirá muy de cerca los 
problemas de acceso de terceros a un determinado sistema y vigilará los 
acuerdos que supongan la retirada de un producto de un mercado. 
La Comisión tiene una actitud negativa respecto a la fijación 
multilateral de tarifas o precios a raíz de la puesta en práctica de 
un acuerdo de medio ambiente; los asuntos se analizarán individualmente 
con el fin de determinar si el acuerdo es imprescindible. En sí mismo, 
un objetivo de protección del medio ambiente no justifica la 
celebración de un acuerdo de precios. 
F - Mercados de productos secundarios 
86. Algunas de las denuncias recibidas por la Comisión daban parte 
de un supuesto abuso de posición dominante en mercados de productos 
secundarios tales como piezas de recambio, productos consumibles y 
servicios de mantenimiento. Se trata de productos que se utilizan 
conjuntamente con otro producto primario y que tienen que ser 
técnicamente compatibles con él (por ejemplo, programas o accesorios 
para ordenador). Puede suceder que, aparte de las piezas o servicios 
suministrados por el proveedor primario, existan pocas alternativas, 
o no existan en absoluto. Esto plantea la cuestión de si un fabricante 
de productos primarios que se encuentra en una posición no dominante 
puede convertirse en dominante en un mercado secundario más reducido 
(éste puede ser el caso de productos secundarios compatibles con el 
producto primario suministrado por un proveedor). 
La cuestión es bastante compleja. Los fabricantes de productos 
primarios alegan que no pueden ser dominantes en mercados secundarios 
32 
si no lo son en primarios, ya que los posibles compradores se 
abstendrían de comprar los productos primarios si ven que los precios 
de las piezas o servicios aumentan. Pero esto presupone que en el 
mercado primario los consumidores han calculado desde el principio los 
costes totales del producto primario durante toda su vida útil, 
incluidos los de las piezas de recambio, productos consumibles, 
posibles mejoras del equipo, servicios, etc. También presupone que no 
es posible discriminar en cuanto a los precios entre los posibles 
nuevos clientes y los antiguos, que ya son clientes seguros, y 
presupone que estos últimos pueden cambiar de proveedor a un precio 
razonable. Frente a esto, los denunciantes, que son productores de 
productos consumibles o prestadores de servicios de mantenimiento, 
aseguran que existe un predominio en los mercados secundarios desde el 
momento en que las cuotas de mercado son elevadas; es decir, se centran 
únicamente en los mercados secundarios sin analizar las posibles 
consecuencias derivadas del mercado primario. 
A juicio de la Comisión, ninguna de estas posturas refleja totalmente 
la realidad. El predominio en el mercado debe ser definido como la 
capacidad de actuar en gran parte de forma independiente de los 
competidores y los consumidores. Por lo tanto, se necesita en cada caso 
un examen de la situación y un análisis de las circunstancias 
concretas. Cuando tenga que evaluar la existencia de posiciones 
dominantes, la Comisión tendrá en cuenta todos los factores 
importantes, tales como los precios y la duración del producto 
primario, la transparencia de precios de los productos secundarios, el 
precio de estos últimos con relación al valor del producto primario, 
los costes de información y otros factores mencionados más arriba. Este 
fue también el planteamiento adoptado por el Tribunal Supremo 
estadounidense en su sentencia de 1992 en el asunto Kodak. 
Pelikan/Kyocera 
87. Ésta fue también la actitud adoptada por la Comisión cuando en 
1995 desestimó la denuncia de Pelikan, fabricante alemán de cartuchos 
de toner para impresora, en contra de Kyocera, un fabricante de 
impresoras para ordenador y de cartuchos para dichas impresoras. De 
acuerdo con la denuncia de Pelikan, Kyocera había intentado deshancarle 
del mercado del toner y le acusaba, entre otras cosas, de abusar de la 
posición dominante que ocupaba en el mercado secundario (aunque era 
evidente que no la ocupaba en el primario). Sin embargo, aparte del 
hecho de que no existían indicios de actuación contraria a la 
competencia, la Comisión no consideró que Kyocera ocupara una posición 
dominante en el mercado de los productos consumibles. Esto se debe a 
las características especiales que imperaban en los mercados primario 
y secundario. Los compradores parecían bien informados de los precios 
de los productos consumibles y parecían haberlos tenido en cuenta a la 
hora de adquirir la impresora. Uno de los criterios más utilizados por 
los consumidores a la hora de elegir una impresora era el "coste total 
por página". Esto se debe a que los costes de los productos consumibles 
(fundamentalmente, de los cartuchos de toner) suponen una gran parte 
del valor de una impresora durante su vida útil. Por lo tanto, si 
aumentaran los precios de los productos consumibles de una determinada 
marca, los consumidores tenderían a comprar otra. Por otro lado, no 
parecía haber posibilidad de discriminación en cuanto a los precios 
entre antiguos y nuevos clientes. 
G - Profesiones liberales 
88. La libre circulación de profesionales liberales en la Comunidad 
propicia la aparición de prácticas restrictivas en este ámbito que 
pueden afectar al comercie entre Estados miembros. Es probable que 
33 
aumente el número de denuncias en este ámbito. En repetidas ocasiones, 
el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión una aplicación más 
estricta de las normas de competencia a las profesiones liberales49. 
Coapi 
89. El 30 de enero la Comisión tomó una decisión con arreglo al 
artículo 85 que constituía un caso de aplicación de las normas de 
competencia en este ámbito. 
El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) es la 
asociación profesional española del sector. Está compuesto por todos 
los agentes que operan en España. Su función es asesorar al público en 
general y asistir o representar a clientes en procedimientos de 
derechos de propiedad industrial. 
La Comisión decidió que la fijación en la junta general de COAPI de 
unas tarifas mínimas obligatorias para los servicios transfronterizos 
prestados por sus miembros constituía una infracción del apartado 1 del 
artículo 85. 
Con arreglo a la normativa comunitaria vigente, la Comisión confirmó 
que la normativa nacional de acuerdo con la cual las profesiones 
liberales celebran acuerdos o toman decisiones de este tipo no es 
relevante desde el punto de vista del artículo 85. Aunque las propias 
autoridades públicas fomenten esta práctica o deleguen en una 
asociación de empresas la función de fijar los precios que vayan a 
aplicar sus miembros, las actividades de la asociación a la hora de 
cumplir dicha función no pueden sustraerse a la aplicación del 
artículo 85 del Tratado. 
H - Subsidiariedad y descentralización 
90. En su discurso al Parlamento Europeo con ocasión del debate de 
investidura de la nueva Comisión, el Presidente de la Comisión Europea 
hizo hincapié en la necesidad de centrar los esfuerzos en los aspectos 
esenciales: "Hacer menos, pero mejor". 
En lo que se refiere a los asuntos que entran en el ámbito de 
aplicación de los artículos 85 y 86, la Comisión llevó a la práctica 
este principio limitando su aplicación a los acuerdos que 
verdaderamente afectan a la competencia y pueden falsear el comercio 
entre Estados miembros de manera apreciable. Por otro lado la Comisión, 
consciente de las responsabilidades que le incumben, ya que es la única 
que puede autorizar acuerdos restrictivos, estimula la 
descentralización, en especial en aquellos casos que pueden dar lugar 
a una decisión de prohibición. 
1. Acuerdos de minimis 
91. Los acuerdos cuyos efectos sobre el comercio entre Estados 
miembros o sobre la competencia en general sean inapreciables, no están 
incursos en la prohibición de acuerdos restrictivos del apartado 1 del 
artículo 85. Sólo están prohibidos los acuerdos que influyan de forma 
apreciable apreciable en las condiciones de mercado. Por esta razón, 
es muy importante que la Comisión haga un análisis adecuado del mercado 
en el que operan dichos acuerdos. 
Resolución sobre el XIX Informe sobre la política de competencia, punto 9 (iii) y 
Resolución sobre el XX Informe sobre la política de competencia, punto 38; respuesta de 
la Comisión en el XXI Informe sobre la política de competencia, p. 233-234. 
34 
La Comunicación de la Comisión sobre acuerdos de menor importancia 
establece unos criterios cuantitativos que sirven de orientación acerca 
del significado concreto del concepto de "efectos apreciables". A pesar 
del reciente incremento de los umbrales50, parece ser que convendría 
llevar a cabo una nueva revisión de la normas de minimis. Por ello, la 
Comisión ha comenzado una reflexión a nivel interno sobre este tema con 
el fin de presentar nuevas propuestas para mantener consultas a lo 
largo de 1996. 
2. Descentralización 
92. En su intento de tratar prioritariamente asuntos de una clara 
dimensión comunitaria, la Comisión está fomentando la aplicación de la 
normativa comunitaria de competencia a nivel nacional. La Comisión 
considera que cuando el denunciante puede lograr una protección 
adecuada de sus derechos recurriendo a los tribunales nacionales, el 
asunto no tiene, en la mayoría de los casos, un interés comunitario 
suficiente51. En sus sentencias SACEM de 24 de enero de 1995, el 
Tribunal de Primera Instancia especificó en qué casos puede la Comisión 
desestimar una denuncia por falta de interés comunitario suficiente52. 
En 1995 se archivaron varios asuntos gracias a esta forma de proceder. 
93. Un importante avance en el terrero de la descentralización fue 
la Comunicación de la Comisión sobre cooperación entre los tribunales 
nacionales y la Comisión en la aplicación de los artículos 85 y 8653. 
En 1995, varios tribunales nacionales de España, Francia, Alemania y 
Bélgica han recurrido al mecanismo de cooperación descrito en esta 
Comunicación con el fin de obtener información de la Comisión sobre 
temas de competencia. 
En su resolución preliminar de 12 diciembre de 199554, el Tribunal de 
Justicia llegó a la conclusión de que, en el ámbito de la agricultura, 
deben aplicarse también los principios de cooperación entre la Comisión 
y los Tribunales nacionales y que el Reglamento n° 26 determina la 
medida en que deben aplicarse las normas comunitarias de competencia. 
Hay que destacar que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal, el 
tribunal nacional puede, en su análisis del asunto, tomar en 
consideración los criterios establecidos por la jurisprudencia del 
Tribunal y la práctica de la Comisión, y ello no sólo a partir de las 
decisiones adoptadas, sino también a partir de los informes y 
comunicaciones sobre política de competencia. 
94. No sólo los tribunales, sino también las autoridades nacionales 
de competencia tienen un importante papel que desempeñar en la 
aplicación de la normativa comunitaria de competencia y, en general, 
en el logro de unas condiciones de competencia justas y transparentes 
en la Unión. Tratándose de casos en los que los efectos económicos se 
Comunicación de la Comisión sobre la actualización de la Comunicación de 1986 sobre 
acuerdos de menor importancia, DO C 368 de 23.12.1994. 
El Tribunal de Primera Instancia corroboró esta práctica por primera vez en su sentencia 
de 17 de septiembre de 1992, asunto T-24/90 Automec/Commission, Rec. 1992, p. 11-2223, 
apartados 91-94. 
Asunto T-114/92 BENIM/Commission, Rec. 1995, p. 11-147 y asunto T-5/93 
Tremblay/Commission, Rec. 1995, p. 11-185. Refiriéndose a la sentencia Automec II, el 
Tribunal de Primera Instancia indicó que, para evaluar el interés comunitario, la 
Comisión tiene que sopesar la importancia de la supuesta infracción desde el punto de 
vista del funcionamiento del mercado común, la probabilidad de existencia de infracción 
y la medida en que se requiere una labor de investigación para garantizar el cumplimiento 
de las normas de competencia. También puede tener en cuenta la Comisión el hecho de que 
un tribunal o autoridad nacionales del ámbito de la competencia estén ya tratando de la 
compatibilidad con los artículos 85 u 86 de un determinado acuerdo o práctica. 
DO C 39 de 13.2.1993, p. 6. 
Asuntos acumulados C-319/93, C-40/94 and C-224/94, Dijkstra/Frico Domo, van 
Roessel/Campiña Melkunie, de Bie/Campina Melkunie (aún sin publicar). 
35 
hacen sentir principalmente en un único Estado miembro, las autoridades 
nacionales se encuentran más cerca del mercado y, por lo tanto, en una 
mejor posición para tratar el asunto. 
La Comisión ha continuado la preparación de una Comunicación sobre la 
cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales de defensa 
de la competencia55. La Comunicación propugna el intercambio de 
información y la celebración de consultas entre la Comisión y las 
autoridades nacionales al aplicar estas últimas el apartado 1 del 
artículo 85, el artículo 86 o la normativa nacional de competencia en 
asuntos de dimensión comunitaria. Los Estados miembros han recibido ya 
un proyecto para su estudio. Posteriormente se consultará también a los 
terceros interesados a través de una propuesta de comunicación que la 
Comisión piensa publicar en 1996. 
95. Ahora bien, la aplicación descentralizada no debe desembocar en 
divergencias en la aplicación de la política de competencia dentro de 
la Unión Europea. Por ello, la Comisión considera necesario promover 
también la uniformidad en el fondo y en la aplicación de las normas 
nacionales de competencia. Esto no se logra mediante actos formales de 
armonización, sino fomentando la comunicación y la cooperación entre 
la Comunidad y las autoridades nacionales. 
En la actualidad, nueve Estados miembros cuentan ya con normas de 
competencia en el ámbito de los acuerdos restrictivos y abusos de 
posición dominante similares a los de la Comunidad. Los demás tienen 
la intención, en su mayoría, de modificar sus legislaciones nacionales 
para adaptarlas al Derecho comunitario. Este proceso de "armonización 
suave" es una consecuencia natural del proceso de integración, que hace 
necesaria la existencia de unas normas que garanticen la igualdad en 
toda la Comunidad. 
El texto de la Comisión se basó en las conclusiones de un grupo ad hoc compuesto por 
representantes de las autoridades nacionales y de la Comisión; dichas condiciones habían 
sido aprobadas en 1994 por los directores generales de competencia. Véase el XXIV Informe 
sobre la política de competencia (1994) puntos 40-42. 
36 
I - Resumen estadístico 
Gráfico 1: asuntos nuevos 
600 
500 
400 
300 + 
200 + 
100 + 
(H • 
282 ••• 
246 266 236 368 n Asuntos incoados a 
iniciativa de la Comisión 
• Denuncias 
n Notificaciones 
1991 1992 1993 1994 1995 
96. Durante el año la Comisión registró 559 asuntos nuevos, entre 
ellos 368 notificaciones, 145 denuncias y 46 procedimientos iniciados 
de oficio. Esto supone un incremento de más del 42% en comparación con 
1994 y supera en más del 32% el promedio de casos registrados en los 
últimos ocho años. 
Casi la mitad de este aumento (78 asuntos) se debe a la transferencia 
de asuntos pendientes por parte del Órgano de Vigilancia de la AELC 
tras la adhesión de Suecia, Finlandia y Francia a la Unión. 
37 
Gráfico 2 : asuntos tramitados 
1200 
1000 + 
800 + 
600 + 
400 
200 •Decisiones formales 
• Procedimiento informal 
1991 1992 1993 1994 1995 
97. Durante el año, la Comisión dio por concluidos 433 asuntos, 419 
de ellos mediante procedimiento informal (carta administrativa de 
compatibilidad o incompatibilidad, desestimación de la denuncia o 
sobreseimiento administrativo del expediente56) y 14 mediante 
decisiones formales. En 1995, el número de asuntos concluidos disminuyó 
en un 23,4% en comparación con 1994. 
Asuntos concluidos por no estar vigentes ya los acuerdos, por ser su impacto demasiado 
débil para merecer una investigación, por ser discutibles las denuncias o haber sido 
éstas retiradas al no revelar las investigaciones ninguna práctica contraria a la 
competencia. 
38 
Gráfico 3 : Evolución de los asuntos pendientes 
2500 
2000 + 
1500 + 
1000 + 
500 + 1178 
388 399 I 404 I 558 559 
1991 1992 1993 
'Asuntos nuevos ISÍSÍSI Asuntos resueltos 1994 
'Asuntos pendientes 1995 
Si se hace un balance neto de los asuntos iniciados y concluidos 
1995 puede comprobarse que el número de casos pendientes a final de 98 
en 1995 puede comprobarse que el número de casos pendientes 
año ha aumentado por primera vez desde 1988. Este aumento es, sin 
embargo, bastante modesto, de un 12%, e inferior al 5% si no se tienen 
en cuenta los expedientes que se han añadido a raíz de la adhesión de 
los nuevos Estados miembros. El actual contingente de asuntos sigue 
siendo muy inferior al de finales de la década de los ochenta (más de 
3 000 asuntos pendientes) y corresponde más o menos con el número de 
asuntos efectivamente tramitados. 
Con todo, la Comisión pretende reducir aún más este contingente, por 
ejemplo mejorando la eficacia de sus procedimientos y fomentando la 
aplicación descentralizada de las normas de competencia cuando sea 
posible. 
39 
II - Monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 37 y 90 
A - Introducción 
1. Los servicios de interés económico general, una pieza central de la política de 
liberalización de la Comisión 
99. La Comisión ha continuado su política de liberalización y 
apertura a la competencia de algunos sectores tradicionalmente 
monopolísticos, tales como las telecomunicaciones, la energía, los 
servicios postales y los transportes. Al ser éstos fundamentales para 
los consumidores individuales y para la competitividad, crecimiento y 
creación de empleo de la economía europea en su conjunto, toda mejora 
de las condiciones de la competencia repercutirá positivamente en la 
sociedad europea globalmente considerada. Por otro lado, no se puede 
hablar de un verdadero mercado interior mientras estos sectores 
fundamentales sigan organizándose a partir de una lógica puramente 
nacional y de estructuras monopolísticas. 
La importancia de estos sectores para la sociedad, así como sus 
características específicas, como su organización en redes, han solido 
llevar a las autoridades públicas de los Estados miembros a reconocer 
unos derechos especiales o exclusivos o a permitir restricciones a la 
competencia en beneficio de operadores públicos o privados como 
contrapartida de la realización de determinados servicios de interés 
económico general, tales como la prestación de un servicio universal 
a todos los ciudadanos en unas condiciones determinadas y a precios 
asequibles. 
La Comisión ha reconocido siempre la legitimidad de estos objetivos de 
interés económico general, pero considera que los medios que 
tradicionalmente se han utilizado para lograrlos no siempre se 
justifican hoy en día, debido, sobre todo, a la evolución tecnológica, 
a las nuevas necesidades de los usuarios y también al mismo hecho de 
la integración de las economías europeas. Esto es especialmente cierto 
en el caso de la sociedad de la información, fuente de crecimiento y 
de creación de nuevos servicios y de empleo en los próximos años. 
Por lo tanto, a la luz de esta nueva realidad, se hace necesario hacer 
una revisión de cuáles serían los instrumentos más apropiados para 
garantizar unos servicios públicos de calidad para todos los 
ciudadanos. La Comisión considera que, en muchos casos, la apertura a 
la competencia puede mejorar la calidad de los servicios, fomentar la 
innovación y la creación de empleo y hacer que disminuyan los precios 
en beneficio de los consumidores. La eliminación de los obstáculos a 
la libre competencia sólo es, sin embargo, un aspecto de la política 
de liberalización de la Comisión. Por un lado, será necesaria la 
adopción de un nuevo marco normativo para lograr unos servicios 
universales en un entorno competitivo. Por otro, en los casos en que 
se alegue la necesidad de restringir la competencia para garantizar el 
mantenimiento de un servicio universal, la Comisión evaluará su 
legitimidad con arreglo al derecho comunitario (incluidas las ayudas 
estatales). 
Por lo tanto, la Comisión considera que el desarrollo de la política 
de competencia es perfectamente compatible con el servicio público. Por 
otro lado, no está de más insistir en la idea de que la liberalización 
de un sector no tiene nada que ver con la privatización de las empresas 
públicas que operan en el mismo. Si bien es verdad que a veces las 
normas comunitarias pueden llevar a una apertura a la competencia, son 
neutras en cuanto al carácter público o privado de las empresas. 
40 
2. Las directivas derivadas del apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE 
100. Para llevar a la práctica estos objetivos de apertura a la 
competencia, el apartado 3 del artículo 90 del Tratado confiere a la 
Comisión la facultad de adoptar decisiones o directivas de cumplimiento 
obligatorio para los Estados miembros. Esta última posibilidad suscita 
a veces la oposición de algunas partes. 
En realidad, aunque el apartado 3 del artículo 90 da a la Comisión la 
posibilidad de adoptar directivas, el Tribunal de Justicia ha precisado 
que dicha disposición sólo la habilita para establecer unas normas 
generales que determinen las obligaciones a las que ya están sujetos 
los Estados miembros en virtud del Tratado respecto a sus empresas 
públicas y a las empresas titulares de derechos especiales o 
exclusivos, o para tomar medidas preventivas necesarias para desempeñar 
su función de vigilancia. 
La competencia limitada que confiere a la Comisión el apartado 3 del 
artículo 90 es, por lo tanto, diferente y más específica que las 
facultades que se reconocen al Parlamento Europeo y al Consejo, o sólo 
a éste, a la hora de adoptar directivas. La Comisión no puede imponer 
obligaciones nuevas a los Estados miembros, sino sólo determinar, de 
una forma aplicable a todos ellos, las obligaciones concretas a que 
están sujetos en virtud del Tratado. La amplitud de las facultades y 
obligaciones de la Comisión depende, por lo tanto, del alcance de las 
normas cuya observancia sea necesario garantizar. 
La Comisión siempre ha utilizado este instrumento con prudencia. Sólo 
se ha recurrido a directivas basadas en el apartado 3 del artículo 90 
cuando la presencia de numerosas infracciones a normas fundamentales 
del Tratado CEE las hacía necesarias para evitar una multiplicación de 
los procedimientos de infracción y para garantizar un mínimo de 
seguridad jurídica a los operadores57. Normalmente estas iniciativas 
han correspondido a inquietudes expresadas por el Consejo o el 
Parlamento. 
La Comisión siempre ha concedido la mayor importancia a la necesidad 
de utilizar este instrumento a través de un procedimiento transparente 
y basado en un diálogo lo más amplio posible con las demás 
instituciones de la Unión, los Estados miembros y las partes 
interesadas. 
Esta forma de proceder se refleja en las primeras fases de la etapa de 
reflexión, ya que la Comisión suele siempre publicar libros verdes o 
documentos de debate destinados a lanzar el examen de la situación 
dentro de un proceso de consulta pública. A partir de los resultados 
de estas consultas, de estudios realizados por especialistas y de 
información recogida por la Comisión, ésta suele adoptar, en primera 
lectura, un proyecto de directiva que se remite al Parlamento para que 
éste haga sus observaciones, al Comité Económico y Social, al Comité 
Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia 
de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (DO L 
195 de 29.07.1980, p. 35), modificada por la Directiva 85/413/CEE de la Comisión, de 24 
de julio de 1985 (DO L 229 de 28.08.1985, p. 20) y por la Directiva 93/84/CEE de la 
Comisión de 30 de septiembre de 1993 (DO L 254 de 12.10.1993, p. 16); Directiva 
88/301/CEE de la Comisión, de 16 de mayo de 1988, relativa a la competencia en los 
mercados de terminales de telecomunicaciones (DO L 131 de 27.05.1988, p. 73); Directiva 
90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los 
mercados de servicios de telecomunicaciones (DO L 192 de 24.07.1990, p. 10), modificada 
por la Directive 94/46/CE de la Comisión de 13 de octubre de 1994 sobre las 
comunicaciones vía satélite (DO L 268 de 19.10.1994, p. 15) y por la Directiva 95/51/CE 
de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, relativa a la supresión de las restricciones 
a la utilización de las redes de televisión por cable para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones ya liberalizados (DO L 256 de 26.10.1995, p. 49). 
41 
de las Regiones y a los Estados miembros. El proyecto se publica 
también en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas con el fin de 
que los interesados emitan su parecer. 
En cualquier caso, la adopción final por parte de la Comisión de una 
directiva con arreglo al apartado 3 del artículo 90 nunca se lleva a 
cabo sin considerar primero todas las opiniones, y especialmente las 
eventuales observaciones del Parlamento Europeo, los Estados miembros, 
el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. 
Los debates que durante el año 1995 han tenido lugar en torno a las 
directivas sobre redes de televisión por cable, comunicaciones móviles 
y liberalización total de las telecomunicaciones son buena prueba de 
esta forma de proceder. 
3. Otros instrumentos a disposición de la Comisión 
101. El apartado 3 del artículo 90 permite también que la Comisión 
adopte decisiones individuales, es decir, actos específicos de 
aplicación del derecho comunitario a casos concretos, iguales en todo 
punto a los que la Comisión lleva a cabo en otros ámbitos (ayudas) . El 
Tribunal de Justicia controla dichos actos. 
En algunos casos, la Comisión considera conveniente explicar, con el 
fin de aumentar la seguridad jurídica y la transparencia, los criterios 
que piensa seguir en el ejercicio de sus funciones de control de la 
observancia del derecho comunitario por parte de los Estados miembros 
y de los operadores de un sector concreto. El proyecto de comunicación 
sobre la aplicación de las normas del Tratado al sector postal, 
publicado en 1995, constituye un ejemplo de este tipo de iniciativas. 
B - Telecomunicaciones 
1. Medidas generales 
102. La Comisión ha continuado, con el apoyo del Consejo y del 
Parlamento Europeo, su política de liberalización del ámbito de las 
telecomunicaciones. 
El 25 de enero de 1995, la Comisión dio a conocer la segunda parte del 
Libro Verde sobre liberalización de las insfraestructuras de 
telecomunicaciones. El Libro Verde examina los criterios que deberían 
informar la normativa de apertura de la competencia del sector de las 
telecomunicaciones dentro del calendario acordado por el Consejo58. 
Tras amplias consultas sobre el Libro Verde, la Comisión adoptó una 
Comunicación59 en la que se hace un resumen de la misma y se propone 
una lista de las medidas que, según ella, serían necesarias para 
completar la liberalización y establecer un marco normativo claro. Ello 
comportaría los siguientes elementos: 
fijación de la fecha del 1 de enero de 1998 para la supresión de 
todos los derechos especiales y exclusivos aún vigentes en los 
ámbitos de la telefonía vocal pública y utilización de las redes 
a través de directivas adoptadas en virtud del artículo 90 y con 
arreglo a las normas comunitarias de competencia; 
Resolución del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a los principios y al 
calendario de la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones, 
94/C379/03, DO C 379 de 31.12.1994, p. 4. 
COM(95)158. 
42 
garantía de la financiación del servicio universal y 
clarificación de las condiciones de acceso e interconexión, 
mediante el desarrollo de unas normas que hagan efectiva la 
Oferta de Red Abierta (ONP); 
desarrollo del marco normativo a nivel nacional y europeo; debate 
sobre las relaciones de las normas nacionales y comunitarias en 
este sector. 
A lo largo del año se han debatido o aprobado tres propuestas de 
directiva de la Comisión elaboradas con arreglo al apartado 3 del 
artículo 90. 
2. Directiva sobre liberalización de la televisión por cable 
103. El 18 de octubre la Comisión adoptó una Directiva que posibilita 
la utilización de las infraestructuras de televisión por cable para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados60. El 
texto había sido hecho público para consultas el 21 de diciembre de 
199461. Aunque ninguna disposición específica del Tratado le obligaba 
a hacerlo, la Comisión prefiere utilizar un procedimiento transparente 
y abierto para la adopción de las directivas del apartado 3 del 
artículo 90. Los más de 40 comentarios escritos que se recibieron 
expresaban, en su inmensa mayoría, un apoyo al texto de la Comisión. 
La Directiva dispone la supresión de las restricciones sobre la 
utilización de la capacidad de transmisión de las redes de televisión 
por cable para todos los servicios de telecomunicaciones a partir del 
1 de enero de 1996, con la excepción de la telefonía vocal pública; 
también dispone que las redes de televisión por cable puedan i) 
interconectarse con las redes de telecomunicaciones públicas nacionales 
y ii) conectarse directamente entre sí. La Directiva exige, por otro 
lado, transparencia desde el punto de vista contable y separación de 
la contabilidad financiera de ambas actividades desde el momento en que 
el volumen de negocios en el ámbito del mercado de las 
telecomunicaciones alcance 50 millones de ecus. 
Esta Directiva no es sino una primera etapa hacia el objetivo de 
liberalización de las infraestructuras que deberá lograrse con la 
directiva de liberalización total. Esta primera etapa permitirá también 
la prestación efectiva de servicios ya liberalizados a partir del 1 de 
enero de 1996. 
3. Directiva de liberalización de la telefonía móvil 
104. La segunda Directiva es la que afecta a la liberalización de las 
comunicaciones móviles y personales. El 1 de agosto de 1995 la Comisión 
publicó un proyecto para difusión y debate62 con un período de 
recepción de observaciones de dos meses. También fue remitido al 
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones. Los comentarios que se expresaron refrendaban 
en su mayoría la redacción del texto. 
Directiva 95/51/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, por la que se modifica la 
Directiva 90/388/CEE relativa a la supresión de las restricciones a la utilización de las 
redes de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya 
liberalizados, DO L 256 de 26.10.1995, p. 49. 
XXIV Informe sobre la política de competencia (1994), punto 220. 
Propuesta de directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE de 
la Comisión en relación con las comunicaciones móviles y personales, DO C 197 de 
1.8.1995, p. 5. 
43 
En su reunión del día 20 de diciembre de 1995, la Comisión dio su 
acuerdo de principio a esta Directiva, basada en el apartado 3 del 
artículo 90. La adopción formal de la misma tuvo lugar el 16 de enero 
de 199663. El objetivo de la Comisión es garantizar un nivel de 
competencia adecuado tanto en lo que se refiere a la concesión de 
licencias a los operadores como a la gestión de las redes de telefonía 
móvil en la Unión Europea. Para lograr dicho objetivo debe facilitarse 
la entrada de nuevos competidores al mercado y la interconexión de las 
redes nacionales. 
La Directiva pretende conseguir este resultado exigiendo que los 
Estados miembros supriman todos los derechos preferentes o exclusivos 
en el ámbito de las comunicaciones móviles y establezcan, si todavía 
no lo han hecho, unos procedimientos de autorización para la concesión 
de licencias. Por otro lado, la Directiva exige a los Estados miembros 
que permitan la entrada de nuevos competidores al mercado de los 
servicios de telecomunicaciones móviles con el fin de prestar servicios 
a través de las estructuras existentes o de las denominadas 
infraestructuras alternativas. Esto es imprescindible para fomentar la 
competencia ya que, como señaló la Comisión en s,u Comunicación de 1992 
sobre la revisión del sector de las telecomunicaciones64, lo elevado de 
las tarifas y la insuficiente accesibilidad a las infraestructuras 
básicas a través de las cuales se operan u ofrecen servicios 
liberalizados a terceros han hecho que el desarrollo generalizado de 
los mismos se haga esperar. 
Sin embargo, los Estados miembros con unas redes menos desarrolladas 
(España, Grecia, Irlanda y Portugal) pueden retrasar cinco años, si lo 
desean, la aplicación de esta disposición. Luxemburgo, debido al 
pequeño tamaño de su red, puede hacerlo durante dos años. 
El argumento jurídico que, con arreglo a la directiva, justifica la 
supresión de los derechos especiales o exclusivos es que constituyen 
una restricción a la libertad de prestación de servicios con arreglo 
al artículo 59. Por otro lado, la Directiva se fundamenta en el 
artículo 86. Así su décimo considerando afirma lo siguiente: 
"En general, los derechos exclusivos vigentes en el ámbito de las 
comunicaciones móviles se han concedido a organismos que ya 
disfrutaban de una posición dominante para la creación de redes 
terrenales, o a una de sus filiales. En tal situación, el efecto 
de estos derechos es ampliar y, por ende, reforzar la posición 
dominante de que disfrutan estas organizaciones, lo que, de 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
constituye un abuso de posición dominante incompatible con el 
artículo 90." 
4. Directiva de liberalización total 
105. En su Resolución de 22 de diciembre de 1994, el Consejo de 
Ministros reafirmó que la fecha de liberalización de las 
infraestructuras de telecomunicaciones y de los servicios de telefonía 
vocal pública debería ser el día 1 de enero de 1998, con períodos 
transitorios para algunos Estados miembros (Grecia, España, Portugal 
e Irlanda, hasta cinco años; Luxemburgo, hasta dos años). Esta 
confirmación llevó a la Comisión a proponer dos medidas: una Directiva 
de la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 90 encaminada a 
Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero de 1996, por la que se modifica la 
Directiva 90/388/CEE en relación con las comunicaciones móviles y personales, DO L 20 de 
26.1.1996, p. 59. 
Comunicación de 21 de octubre de 1992 sobre la revisión de la situación en el sector de 
las comunicaciones, SEC (92) 1048. 
la liberación total de los mercados de telecomunicaciones y una 
propuesta de directiva del Consejo y el Parlamento con arreglo al 
artículo 100A del Tratado CE con el fin de armonizar las normas de 
interconexión. Estas dos medidas reflejan la necesidad de que la 
política de competencia se desarrolle en cooperación estrecha con otros 
aspectos más generales de la política comunitaria de 
telecomunicaciones. 
106. La Directiva con arreglo al apartado 3 del artículo 90, relativa 
a la liberalización de todos los servicios de telecomunicaciones, 
incluida la telefonía vocal, a partir del 1 de enero de 1998, con 
períodos transitorios para algunos Estados miembros, fue publicada el 
10 de octubre de 1995 con el fin de lanzar el debate. Las restricciones 
sobre utilización de estructuras alternativas deben suprimirse en 1996 
(excepto tratándose de la telefonía vocal pública, cuya liberalización 
se llevará a cabo en 199"8) , y en 1997 deben establecerse unas 
condiciones y normas que regulen las autorizaciones de interconexión. 
La Directiva establece también los principios fundamentales que deben 
informar la concesión de autorizaciones a nuevos competidores en los 
mercados de la telefonía vocal y de las infraestructuras de 
telecomunicaciones. Estos principios garantizan la apertura de estos 
sectores a la competencia y recogen las medidas necesarias para 
garantizar un servicio universal en los Estados miembros. La Directiva 
dispone también que los Estados miembros deben publicar las condiciones 
y procedimientos de autorización, así como las condiciones de 
interconexión. 
Una vez más, en esta Directiva los Estados miembros que dispongan de 
unas redes poco desarrolladas o demasiado pequeñas pueden acogerse a 
unos plazos superiores de cinco y dos años, respectivamente. 
107. De forma paralela al establecimiento del citado marco normativo, 
la Comisión ha continuado promoviendo la puesta en práctica de las 
directivas vigentes del ámbito de las telecomunicaciones, especialmente 
la Directiva de servicios65. El 4 de abril, la Comisión hizo pública 
una Comunicación66 sobre el estado y aplicación de la Directiva; esta 
Comunicación reflejaba la intención de la Comisión de solventar los 
problemas y lagunas de aplicación por ella descubiertos. 
5. Procedimientos de infracción con arreglo al apartado 3 del artículo 90 
108. Aparte de las directivas de aplicación general con arreglo al 
apartado 3 del artículo 90, la Comisión está autorizada a adoptar, en 
casos concretos, decisiones en contra de los Estados miembros. La 
Comisión señaló su intención de hacer uso de esta facultad en caso de 
que en algunos Estados miembros se adviertan supuestas discriminaciones 
a operadores alternativos de telefonía móvil. Los operadores estatales 
disponen ya de grandes ventajas frente a los nuevos competidores (la 
red de telefonía universal, la posición dominante en el mercado y una 
base de usuarios de teléfonos móviles; a menudo las autorizaciones de 
prestación de servicios de telefonía móvil se han concedido sin 
exigencia alguna en el proceso de selección). Por todo ello, la 
Comisión ha procurado que los nuevos operadores reciban un trato 
Directiva 90/388/CEE de la Comisión relativa a la competencia en los mercados de 
servicios de telecomunicaciones, DO L 192 de 24.7.1990, p. 10. La directiva de servicios 
ordenaba la supresión de los derechos especiales y exclusivos concedidos por los Estados 
miembros para la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones distintos de la 
telefonía vocal; fue reconocida como una pieza fundamental de la normativa de la Unión 
para la liberalización del mercado europeo de las telecomunicaciones. 
Comunicación de la Comisión de 4 de abril de 1995 al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre el estado y aplicación de la Directiva 90/388/CEE relativa a la competencia en los 
mercados de servicios de telecomunicaciones, DO C 275 de 20.10.1995, p. 2. 
45 
equitativo en los Estados miembros. Por ejemplo, la Comisión analizó 
muy de cerca el procedimiento de concurso que algunos Estados miembros 
habían incluido en la selección del segundo operador. Estos concursos, 
que fueron analizados de forma crítica en el Libro Verde sobre 
comunicaciones móviles y personales de 199467, suponen que la concesión 
de segundas licencias se lleva a cabo, no sólo sobre la base de una 
comparación de los elementos cualitativos intrínsecos, sino de una 
oferta financiera por encima de un mínimo determinado. 
Omnitel Pronto Italia 
109. El 4 de octubre, la Comisión adoptó una Decisión formal con 
arreglo al apartado 3 del artículo 9068 dirigida a Italia por 
discriminación en contra de Omnitel Pronto Italia y a favor de Telecom 
Italia Mobile (el operador estatal) . La discriminación, que fortalecía 
la posición dominante de Telecom Italia Mobile, consistió en exigir a 
Omnitel Pronto Italia el pago de una suma por la licencia GSM, sin 
exigir lo mismo a Telecom Italia o compensar a Omnitel mediante una 
adaptación de la normativa. La Decisión exigía al Gobierno italiano 
que, bien reclamara a Telecom Italia Mobile el pago de una suma 
idéntica, bien adoptará, previo acuerdo de la Comisión, unas medidas 
correctivas equivalentes en términos económicos. Además, en cualquiera 
de los casos, las medidas adoptadas no podrían perjudicar la 
competencia ya lograda mediante la autorización del segundo operador 
de telefonía GSM. 
Servicios de Radiotelefonía GSM en otros Estados miembros 
110. La Comisión ha tenido que actuar también frente a otros Estados 
miembros (como Bélgica, España e Irlanda) con el fin de situar en pie 
de igualdad a los dos operadores GSM. Por ejemplo, sólo tras la 
intervención de la Comisión se logró que Bélgica se comprometiera a 
cobrar a Belgacom (el operador estatal) un canon por su licencia GSM, 
que ya poseía, igual a la que se reclamaba al segundo operador, 
Mobistar. La Comisión sigue estudiando de cerca las condiciones de 
funcionamiento de los segundos operadores en los Estados miembros. 
Vebacom 
111. La Comisión ha actuado también al amparo del artículo 90 en otras 
áreas de las telecomunicaciones. En abril de 1995, la Comisión recibió 
una denuncia al amparo del artículo 90 de Vebacom, la filial de 
telecomunicaciones de VEBA AG, un holding alemán de servicios públicos. 
Vebacom había solicitado repetidas veces una licencia para una red de 
telecomunicaciones de banda ancha basada en la tecnología SDH 
(jerarquía digital síncrona), que permitiría el envío de datos entre 
3 6 diferentes unidades de la cadena pública alemana de televisión ARD. 
La Comisión consideró que la denuncia estaba justificada, entre otras 
cosas por que Vebacom pretendía ofrecer una servicio basado en una 
nueva tecnología (SDH) con la que el titular del monopolio alemán de 
las infraestructuras, Deutsche Telekom AG, no contaba. Tras unas 
negociaciones informales con la Comisión, el Ministerio de Correos y 
Telecomunicaciones de Alemania convino en conceder una licencia para 
el establecimiento y operación de una red alternativa de 
telecomunicaciones. 
Hacia un entorno para las comunicaciones personales - Libro Verde sobre un enfoque común 
en el ámbito de las comunicaciones móviles y personales en la Comunidad Europea, 
COM(94)145. 
DO L 280 de 23.11.1995, p. 49-57. 
46 
C - Energía 
112. Los proyectos modificados de directivas en el ámbito de las 
normas comunes que deben regular el mercado interior de la electricidad 
y el gas, presentadas por la Comisión el 7 de diciembre de 1993, han 
seguido siendo objeto de análisis en profundidad en el Consejo. 
113. Sin embargo, en 1995 tampoco se ha avanzado de forma apreciable 
en la liberalización de los mercados comunitarios de la electricidad 
y el gas natural, que, con algunas excepciones, siguen estando 
dominados por monopolios o titulares de derechos exclusivos. En su 
reunión del 2 0 de diciembre, el Consejo de Ministros no pudo alcanzar 
una posición común en relación con la propuesta de directiva para el 
establecimiento de unas normas comunes en el mercado interior de la 
electricidad, pero la presidencia española llegó a la conclusión de que 
las negociaciones habían alcanzado la fase final y que a comienzos de 
1996 sería posible tomar una decisión al respecto. 
114. A comienzos de 1995 y por iniciativa del Consejo, la Comisión 
examinó la posibilidad de coexistencia del método de acceso negociado 
propugnado por la Comisión (en el que los consumidores y productores 
negocian con su operador el acceso a la red) con el sistema denominado 
de comprador único (en el que una sola entidad se encarga de las 
compras, ventas y servicios públicos de todo el sistema). En su 
documento de trabajo sobre la organización del mercado interior de la 
electricidad69, la Comisión llegó a la conclusión de que el modelo de 
comprador único era, en su estado original, incompatible con el Tratado 
y no lograría unos resultados económicos equivalentes ni una 
reciprocidad entre los dos sistemas. La Comisión sugirió reelaborar el 
modelo de comprador único para lograr una coexistencia entre los dos 
sistemas. Estas modificaciones del sistema de comprador único 
determinaban el grado de elección de todos los "consumidores idóneos", 
las posibilidades de importación y exportación con arreglo a 
condiciones objetivas, las medidas para garantizar la transparencia y 
evitar el falseamiento de la competencia, las garantías de competencia 
leal en el ámbito de la generación y, finalmente, la apertura del 
mercado a productores independientes y la posibilidad de instalar 
líneas directas. En su reunión de junio, el Consejo aceptó en principio 
la posición de la Comisión, ya que admitió que sólo sería posible una 
coexistencia de los dos sistemas si se modificaba el modelo de 
comprador único. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo respecto a 
las modificaciones propuestas por la Comisión. 
115. En julio la presidencia española presentó un texto de compromiso 
en el que se incorporaban todos los acuerdos políticos anteriormente 
alcanzados en reuniones del Consejo y las conclusiones del documento 
de trabajo de la Comisión del mes de marzo; el texto pretendía 
solucionar algunos problemas todavía pendientes. En él se aceptaba la 
coexistencia de los sistemas de acceso negociado y comprador único, 
aunque modificando el segundo a la vista de una serie de exigencias. 
Este texto de compromiso fue ampliamente debatido en el segundo 
semestre de 1995. 
116. Los dos principales temas que todavía están pendientes de 
solución son el grado de apertura de mercado en función de la 
definición de los consumidores idóneos y sobre todo la cuestión de si 
los distribuidores se encuentran entre los consumidores idóneos que 
tendrían libertad de contratación con los productores considerados más 
eficaces. Por otro lado, algunos Estados miembros temen que la solución 
propuesta en relación con las obligaciones de servicio público se 
utilice de forma abusiva y resulte en una restricción indebida de la 
competencia. 
SEC(95)464 de 22.3.1995. 
47 
117. La Comisión lamenta que todavía no se haya llegado a un acuerdo 
en torno a la propuesta de directiva, sobre todo teniendo en cuenta la 
importancia de la cuestión. Como ya se señaló en el informe Ciampi70, 
la ausencia de liberalización en el sector de la energía está teniendo 
ya un influjo muy negativo sobre la competitividad de la economía 
europea. 
D - Servicios Postales 
118. El 26 de julio la Comisión adoptó una serie de medidas entre las 
que se encontraban un proyecto de directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo respecto a las normas comunes que deben regular el 
desarrollo de los servicios postales y un proyecto de comunicación de 
la Comisión sobre aplicación de las normas de competencia al sector 
postal. Estas medidas pretenden garantizar la prestación de un servicio 
universal y, de forma simultánea, la apertura del mercado postal a una 
mayor competencia. 
La propuesta de directiva71, basada en el artículo 100A del Tratado CE, 
consagra la existencia de un servicio universal obligatorio para todos 
los habitantes de la Comunidad, que tendría unos precios asequibles, 
un alto nivel de calidad y que llegaría a todos los puntos del 
territorio, con un especial hincapié en zonas alejadas o periféricas 
de la Comunidad. Con el fin de garantizar la viabilidad financiera del 
servicio universal, la propuesta define unos criterios armonizados para 
los servicios que puedan quedar reservados a los prestadores de dicho 
servicio. De este modo, el correo interior de los Estados miembros con 
un peso inferior a 3 50 gramos y un precio hasta 5 veces superior al de 
una carta normal (normalmente, de 20 gramos), del mismo modo que el 
reparto postal de publicidad y el "correo transíronterizo entrante" 
podrán seguir formando parte del sector reservado hasta el 31 de 
diciembre del año 2000 (con un nuevo examen del sector del reparto 
postal de publicidad antes del 30 de junio de 1999) . La propuesta 
establece también que los Estados miembros determinarán las tarifas del 
servicio universal procurando que los precios sean asequibles y se 
fijen en relación con los costes, y definirán unas normas de calidad 
de los servicios nacionales que deberán ser coherentes con las medidas 
comunitarias. 
El proyecto de comunicación72, que será lanzado al debate público, 
completa el proyecto de directiva. En él la Comisión presenta los 
principios que van a seguirse en la aplicación de las normas de 
competencia del Tratado al sector postal con el fin de facilitar la 
liberación progresiva y controlada de este mercado. Se describen 
también las características de la futura política de análisis de las 
medidas estatales que limiten la libre prestación de servicios o la 
libre competencia en los mercados postales, con arreglo a lo 
establecido en el Tratado. Ante todo, la Comisión aborda las cuestiones 
relativas a la no discriminación en materia de acceso a la red postal, 
la detección de subvenciones cruzadas, la determinación de medidas de 
protección de la competencia y a la aplicación de las normas sobre 
ayudas en el sector. 
Véase la anterior nota 2. 
Propuesta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las reglas comunes 
para el desarrollo de los servicios postales comunitarios y la mejora de la calidad del 
servicio, DO C 322 de 2.12.1995, p. 22. 
Proyecto de comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la normas de competencia 
al servicio postal y en particular sobre la evaluación de determinadas medidas estatales 
relativas a los servicios postales, DO C 322 de 2.12.1995, p. 3. 
48 
E - Transporte 
1. Aeropuertos 
119. La Comisión sigue esforzándose por garantizar que las prácticas 
contrarias a la competencia en el ámbito aeroportuario no pongan en 
peligro la liberización del transporte aéreo en la Unión Europea. Por 
ello ha proseguido la instrucción de varias denuncias y la adopción de 
decisiones destinadas a lograr una competencia más eficaz en 
determinados aeropuertos importantes de la Unión Europea. 
1.1. Canon de aterrizaje 
Aeropuerto de Bruxelles National 
120. La Comisión aprobó una Decisión con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 9073 con respecto al sistema de descuentos 
sobre las tasas de aterrizaje, establecido en el aeropuerto de 
Bruxelles-National mediante el Real Decreto de 22 de diciembre de 1989. 
British Midland, la compañía aérea que había interpuesto la denuncia, 
consideró que este sistema permitía a la compañía aérea Sabena, su 
principal competidor en la línea Bruselas-Londres, beneficiarse de un 
descuento del 18% de sus gastos de aterrizaje, mientras que ninguna 
otra compañía aérea podía hacerlo. 
Una vez instruida la denuncia, la Comisión consideró que este sistema 
era constitutivo de medida estatal con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 90, conjuntamente con el artículo 86, puesto 
que aplicaba a las compañías aéreas condiciones desiguales a 
prestaciones equivalentes relacionadas con el aterrizaje y el despegue, 
con lo que se falseaba la competencia. La Comisión estimó que la única 
justificación posible del sistema en cuestión serían las economías de 
escala equivalentes que pudiera realizar el gestor del aeropuerto. Al 
no ser este el caso, la Comisión instó a las autoridades belgas a poner 
fin a dicho sistema. 
1.2. Asistencia en escala 
121. La Comisión siguió interesándose también por las prácticas 
destinadas a impedir la competencia en el sector de la asistencia en 
escala (en pista, en las terminales y/o en materia de manipulación de 
carga) . En 1995 se experimentaron avances positivos, dado que las 
gestiones emprendidas por la Comisión ante las autoridades de los 
Estados miembros se tradujeron en una apertura progresiva del mercado 
(como es el caso de la República de Irlanda, en la que el mercado de 
la asistencia en escala se abrió desde el 1 de enero de 1995 a un 
segundo operador), o en compromisos concretos en este sentido (como en 
el caso de Grecia y España, en el que las autoridades de estos países 
presentaron a la Comisión las medidas que tenían la intención de 
adoptar para mejorar la eficacia del sector, entre las que se incluía 
un calendario de liberalización). 
Por otra parte, la Comisión prosiguió la instrucción de las denuncias 
interpuestas en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado 
contra dos empresas aeroportuarias privadas, responsables de la gestión 
de dos aeropuertos que se encuentran entre los más importantes de la 
Unión: Francfurt y Milán. 
122. A este respecto, se ha de señalar un nuevo elemento, que no es 
otro que el acuerdo de principio alcanzado el 8 de diciembre de 1995 
DO L 216 de 12.9.1995, p. 8. 
49 
en el Consejo de transportes a propósito de la Directiva relativa a la 
liberalización de los servicios de asistencia en escala en los 
aeropuertos de la Comunidad. Basada en el artículo 84 del Tratado, esta 
propuesta había sido presentada por la Comisión en diciembre de 1994 
y nacía de la Resolución del Consejo de 24 de octubre de 199474 sobre 
la situación de la aviación civil europea y de la Comunicación de la 
Comisión titulada "La aviación civil europea hacia mejores horizontes" . 
La asistencia en escala es una actividad ligada al transporte aéreo, 
indispensable para que los transportistas puedan desarrollar su tarea. 
Su liberalización se inscribe en el marco de las medidas 
complementarias a la realización del mercado único en el transporte 
aéreo y, entre otras cosas, es consecuencia de la aprobación de la 
normativa comunitaria en materia de asignación de períodos horarios y 
de funcionamiento de los sistemas informatizados de reserva. Además, 
se pretende que las compañías aéreas europeas puedan ajustar mejor sus 
costes de explotación y adaptar con precisión sus servicios a las 
necesidades de su clientela. 
El texto establece un período transitorio para la adaptación del 
mercado. Se prevé la existencia de varios plazos de entrada en vigor 
en función de determinados umbrales de referencia. La liberalización 
completa debe llevarse a cabo entre 1998 y el 2003, dependiendo del 
sector y de los casos específicos. 
2. Puertos 
123. A raíz de la sentencia del Tribunal en el asunto "Puerto de 
Genova"75, Italia se lanzó a un proceso de reforma portuaria que 
condujo en 1994 a la aprobación de la Ley n" 84. 
En ella se establece el principio de apertura a la competencia del 
mercado de las operaciones portuarias (carga y descarga) . No obstante, 
este objetivo no se ha hecho realidad debido a que, en un determinado 
número de puertos italianos, las autoridades locales se negaron 
sistemáticamente a expedir las autorizaciones que los competidores 
potenciales de las antiguas compañías de estibadores necesitan para 
ejercer sus actividades. Ante esta situación de hecho que pone en tela 
de juicio su política de competencia en el ámbito portuario, la 
Comisión consideró necesario tomar determinadas medidas que se 
centraron en el puerto de Genova, debido a la importancia que este 
último reviste para el conjunto de la Unión, por tratarse del primer 
puerto italiano. 
El 21 de junio de 1995, la Comisión emplazó al Gobierno italiano para 
que expidiese en el plazo de diez días una autorización de explotación 
a una empresa a la que la autoridad portuaria local le denegaba este 
derecho de forma arbitraria. 
El 11 de julio de 1995, las autoridades italianas comunicaron a la 
Comisión que se había concedido la autorización en cuestión dentro del 
plazo fijado. Gracias a la misma se abre el sector de las operaciones 
portuarias en el Puerto de Genova a otros prestadores de servicios. La 
medida beneficiará a los usuarios del puerto, a numerosas empresas 
locales, especialmente pequeñas y medianas, y, en definitiva, 
potenciará el dinamismo del puerto frente a la competencia 
internacional. 
DO C 309 de 5.11.1994, p. 2. 
Sentencia de 10 diciembre de 1991 en el asunto C-179/90 Porto di Genova/Siderúrgica 
Gabrielli, Rec. 1991, p. 1-5889. 
50 
124. Por otra parte, la Comisión mantiene abiertos sus diferentes 
procedimientos de infracción en relación con Italia por lo que se 
refiere a los aspectos de la organización portuaria, que sigue 
planteando problemas a efectos del Derecho Comunitario. 
F - Otros monopolios estatales de carácter con eroial 
125. La cuestión de la adecuación de los monopolios nacionales de 
carácter comercial en los nuevos Estados miembros dio lugar a numerosos 
contactos entre la Comisión y los Gobiernos de estos países. El 
objetivo de estos contactos era adaptar las normas que regulan estos 
monopolios al acervo comunitario y especialmente al artículo 37 del 
Tratado. 
1. Monopolios sueco y finlandés de alcoholes 
126. La adecuación de los monopolios de los alcoholes en Suecia y 
Finlandia fue debatida entre la Comisión y estos nuevos Estados 
miembros con objeto de proceder a la adaptación de los regímenes que 
regulan estos monopolios a la normativa comunitaria. A la luz de estos 
objetivos, estos dos Estados miembros aceptaron suprimir los derechos 
exclusivos de importación, exportación, producción y comercialización 
al por mayor, incluida la función de venta al por mayor a cafés y 
restaurantes. La Comisión comprobó cómo las nuevas normas en materia 
de alcoholes aprobadas por Suecia y Finlandia a finales de 199576 
eliminaron definitivamente tales derechos exclusivos, que tendrían que 
haber sido suprimidos a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre 
el EEE. 
Por lo que se refiere a los derechos exclusivos de venta al por menor 
de alcoholes, la Comisión estima que, sin perjuicio de la posible 
evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tales derechos 
pueden estar justificados en el marco de la legislación comunitaria 
actual, especialmente en el marco de la legítima preocupación nacional 
en relación con la lucha contra el alcoholismo, siempre que quede 
excluida cualquier discriminación entre productos nacionales y 
productos importados de los demás Estados miembros. Para cerciorarse 
de que las prácticas de los monopolios de venta al por menor se ajustan 
a estos requisitos, la Comisión consideró necesario iniciar un 
seguimiento detallado y periódico de su funcionamiento. 
2. Monopolio austríaco de alcoholes 
127. Por lo que respecta al alcohol puro y a determinadas bebidas 
alcohólicas, Austria ejerce un monopolio nacional de carácter comercial 
caracterizado por la existencia de derechos exclusivos de importación 
y comercialización al por mayor que, a diferencia de lo que sucede con 
los derechos exclusivos de venta al por menor, se consideran claramente 
incompatibles con el artículo 37 del Tratado CE, entre otras 
disposiciones, sin que puedan alegarse las justificaciones antes 
mencionadas. Por consiguiente, tales derechos exclusivos tenían que 
haber sido suprimidos antes del 1 de enero de 1995. Habida cuenta de 
que, hasta el momento, no ha sido así, la Comisión se vio obligada a 
incoar a Austria el procedimiento de infracción previsto en el 
artículo 169 del Tratado CE. 
Por lo que respecta a Suecia, véase la Ley sobre alcoholes (1994:1738) promulgada el 
16.12.1994 y en vigor desde el 01.01.1995. En el caso de Finlandia, véase la nueva Ley 
sobre alcoholes (1143/34) aprobada el 08.12.1994 y en vigor desde el 01.01.1995. 
51 
3. Monopolio austríaco de la sal 
128. Por lo que se refiere al monopolio nacional de carácter comercial 
en el sector de la sal, a raíz de la intervención de la Comisión, 
Austria aceptó finalmente derogar los derechos exclusivos de 
importación y comercialización al por mayor de los productos 
procedentes de los demás Estados miembros, que tendrían que haber sido 
eliminados desde comienzos de 199577. 
4. Monopolio austríaco de tabacos manufacturados 
129. Caracterizado también por la existencia de derechos exclusivos 
en materia de importación y comercialización, el monopolio austríaco 
de tabacos manufacturados se rige por lo establecido en los apartados 
1 a 3 del artículo 71 del Acta de adhesión de Austria78. 
En virtud de lo dispuesto en este artículo, Austria está obligada a 
adecuar progresivamente su monopolio de tabacos manufacturados para la 
progresiva apertura, a partir de la fecha de adhesión, de contingentes 
de importación de productos procedentes de los Estados miembros, de tal 
forma que, a más tardar el 31 diciembre de 1997, desaparezca toda 
discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto 
de las condiciones de abastecimiento y comercialización. La observancia 
de esta obligación implica la supresión del derecho exclusivo de 
importación y del derecho exclusivo de comercialización al por mayor. 
Por lo que se refiere a la venta al por menor de los productos 
importados dentro de contingentes, su venta a los consumidores deberá 
realizarse de forma no discriminatoria. 
Habiendo constatado que Austria no había adoptado las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a dichas disposiciones, especialmente 
al no proceder a la apertura de los contingentes en las condiciones 
establecidas, la Comisión se vio obligada a incoar el procedimiento de 
infracción previsto en el artículo 169 del Tratado CE. 
Por lo que se refiere a la venta al por menor de los productos 
importados dentro de contingentes, la Comisión vela también por que la 
venta de estos productos a los consumidores se lleve a cabo de forma 
no discriminatoria. Así por ejemplo, la Comisión ha de garantizar que 
los contratos de licencia y distribución entre el operador Austria 
Tabakwerke y otros operadores europeos no vayan a dañar los aspectos 
positivos de la adecuación del monopolio austríaco de tabacos 
manufacturados y que sean compatibles con las normas de competencia del 
Tratado. 
BGBL n' 518/1995, de 4.8.1995. 
DO C 241 de 29.08.1994, p. 35. 
52 
Ill - Control de las operaciones de concentración 
A - Introducción 
13 0. En 1995, las fusiones a las que se aplicó el Reglamento sobre 
control de las operaciones de concentración fueron incluso más 
numerosas que en 1994. La Comisión recibió 114 notificaciones (100 en 
1994) y adoptó 109 decisiones definitivas (90 en 1994). La actividad 
registrada en 1995 fue un 24% superior a la del año anterior, que ya 
de por sí supuso un incremento del 50% en relación con la actividad 
registrada en los tres años anteriores, de 1991 a 1993. A lo largo de 
1995, se iniciaron 7 investigaciones de segunda fase, por 6 en el año 
anterior, y se prohibieron dos operaciones, por una en 1994. 
1995 supuso el quinto aniversario de la entrada en vigor del Reglamento 
sobre el control de las operaciones de concentración79. Durante esos 
cinco años, la Comisión adoptó 3 82 decisiones definitivas, lo que 
supone una media aproximada de una decisión cada tres días laborables 
y medio o más de 70 decisiones al año. La distribución de casos por 
sectores indica la existencia de un número cada vez más importante de 
notificaciones en telecomunicaciones, servicios financieros, medios de 
comunicación y productos farmacéuticos. 
El Reglamento de aplicación revisado80 entró en vigor el 1 de marzo de 
1995. Además, se aprobaron cuatro comunicaciones interpretativas, 
publicadas a finales de 1994, sobre diversas cuestiones: distinción 
entre empresas en participación de carácter concentrativo y de carácter 
cooperativo, concepto de concentración, concepto de empresas afectadas 
y cálculo del volumen de negocios. Estas comunicaciones se aplicaron 
por primera vez en 199581. 
Estas modificaciones del régimen de control de las operaciones de 
concentración fueron introducidas por la Comisión a raíz de la revisión 
iniciada en 1993. En 1995 se volvió a abordar la cuestión de la 
revisión. La Comisión llevó a cabo una amplia ronda de consultas sobre 
la reducción de los umbrales que figuran en el Reglamento y sobre otros 
aspectos del mismo cuya reforma pudiera ser necesaria. Entre los 
consultados figuran los Estados miembros, otras instituciones 
comunitarias, determinadas empresas, asociaciones empresariales y 
asesores legales. A principios de 1996 se publicó el Libro Verde82 
sobre el funcionamiento del Reglamento sobre el control de las 
operaciones de concentración con objeto de poner en marcha un proceso 
de consultas a todos los niveles sobre estas cuestiones. Es probable 
que este año se presenten propuestas legislativas. 
B - Investigaciones en profundidad 
131. Se ha dado punto final a siete investigaciones en profundidad 
(segunda fase) en el marco del Reglamento sobre el control de las 
operaciones de concentración. Se prohibieron dos operaciones, ambas en 
el sector de los medios de comunicación, la empresa en participación 
Nordic Satellite Distribution (NSD) en los países nórdicos y la 
transacción RTL/Veronica/Endemol (Holland Media Groep - HMG) en los 
Reglamento (CEE) No 4064/89 del Consejo, de 21 diciembre de 1989, sobre el control de 
las operaciones de concentración entre empresas, DO L 3 95 de 3 0.12.1989, p. 1. 
Reglamento (CE) No 3384/94 de la Comisión, de 21 d*> diciembre de 1994, relativo a las 
notificaciones, plazos y audiencias contemplados en el Reglamento (CEE) No 4064/89 del 
Consejo sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, DO L 377 de 
31.12.1994. XXIV Informe sobre la política de competencia (1994), puntos 234-235. 
XXIV Informe sobre la política de competencia (1994), puntos 237-260. 
COM(96)19. 
53 
Países Bajos. Las cinco operaciones restantes fueron autorizadas, dos 
incondicionalmente y tres con condiciones que eliminaron los problemas 
de competencia detectados por la Comisión durante su investigación. 
1. Casos relativos a medios de comunicación 
132. La Comisión recibió un número creciente de notificaciones en el 
sector de los medios de comunicación que reflejan unas estructuras de 
titularidad en evolución y la convergencia de tecnologías que 
anteriormente seguían destinos separados, como era el caso de las 
telecomunicaciones y los medios de comunicación. La mayor parte de 
estas operaciones no presentaron problemas de competencia, por lo que 
se autorizaron tras una investigación de primera fase. 
Las decisiones adoptadas en las operaciones NSD y HMG indican la 
importancia que la Comisión concede.a los casos que se presentan en 
este sector. Estas transacciones tuvieron consecuencias significativas 
a nivel horizontal y vertical, al crearse nuevas compañías que en el 
futuro restringirían el acceso a cadenas de televisión (terrestres, por 
satélite o cable). En 1994, la Comisión había prohibido la empresa en 
participación MSG Media Service propuesta por Bertelsmann, Kirch y 
Deutsche Telekom para prestar servicios de televisión de pago en 
Alemania. En su prohibición de la operación NSD, la Comisión invitó a 
las partes a presentar nuevas propuestas que pudiesen ser consideradas 
compatibles con el mercado común. Este hecho demuestra claramente la 
voluntad de la Comisión de que se establezcan nuevas empresas en este 
sector, aunque tendrán que evitar aquellos ámbitos en los que creen o 
refuercen una posición dominante. 
Nordic Satellite Distribution 
133. El objetivo de NSD consistía en transmitir programas de 
televisión vía satélite a los operadores de televisión por cable y a 
los hogares que reciban televisión vía satélite en su propia antena 
parabólica. No obstante, la Comisión concluyó que la creación de NSD 
en la forma propuesta habría hecho que la concentración de las 
actividades de sus empresas matrices crease una entidad integrada 
verticalmente que habría abarcado desde la producción de programas de 
televisión hasta los servicios de distribución al por menor para los 
canales de televisión de pago. 
Las empresas matrices de NSD son medios de comunicación de gran 
influencia en la zona nórdica. Norsk Telekom A/S es el mayor operador 
de cable de Noruega, ejerce actividades de distribución de televisión 
de pago en este país y también controla la capacidad de satélite 
adecuada para los telespectadores nórdicos. TeleDanmark A/S (TD) es el 
principal operador de televisión por cable de Dinamarca. Además, junto 
con Kinnevik, TD controla la mayor parte del resto de la capacidad de 
satélite que se adecúa a los telespectadores nórdicos. Kinnevik, un 
conglomerado sueco de empresas, es el proveedor más importante de 
programas de televisión de Nordic Satellite, uno de los principales 
distribuidores de televisión de pago en los países nórdicos y posee una 
participación importante en la televisión por cable y en la televisión 
financiada mediante publicidad en Suecia. 
La Comisión llegó a la conclusión de que NSD habría supuesto la 
creación o el reforzamiento de una posición dominante en tres mercados: 
el suministro de capacidad de transpondedor de televisión vía 
satélite a los países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Suecia y 
Finlandia); 
el mercado danés de explotación de redes de televisión por cable; 
y 
54 
el mercado de distribución de televisión de pago vía satélite y 
otros canales de televisión codificados para distribución 
domiciliaria directa. 
La integración vertical de la entidad habría significado que las partes 
hubieran podido impedir la entrada de competidores en el mercado 
nórdico de televisión vía satélite y controlar el acceso al mercado 
nórdico de difusión televisiva vía satélite. Dado que los mercados 
afectados se encuentran actualmente en una fase de transición, la 
Comisión adoptó una serie de medidas para garantizar que no quedasen 
cerrados para el futuro. 
RTUVeronica/Endemol 
134. A raíz de una solicitud presentada por el Gobierno neerlandés en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento sobre control 
de las operaciones de concentración, la Comisión inició el examen del 
caso RTL/Veronica/Endemol. El artículo 22 faculta a los Estados 
miembros a remitir casos a la Comisión aunque no tengan dimensión 
comunitaria, siempre que afecten al comercio entre Estados miembros. 
A pesar de que la Comisión estimó que el mercado geográfico de 
referencia era los Países Bajos, llegó a la conclusión de que la 
operación de concentración afectaba a los intercambios entre los 
Estados miembros puesto que influiría en las condiciones de entrada de 
nuevos competidores en el mercado neerlandés de emisiones de 
televisión, repercutiría en la adquisición de programas en lenguas 
extranjeras y, además, porque la propia empresa en participación tiene 
su sede en Luxemburgo, donde dos de sus canales gozan de "licencia" 
concedida por el Gran Ducado de Luxemburgo. El análisis siguió el 
procedimiento normal, salvo por lo que se refiere a las disposiciones 
habituales de suspensión, que no se aplicaron. Por consiguiente, en 
este caso las partes pudieron completar la operación a pesar de la 
decisión de la Comisión de que la empresa en participación crearía una 
posición dominante de las partes. 
El caso suponía la creación de una empresa en participación, Holland 
Media Groep (HMG), entre RTL, Veronica y Endemol. RTL transfirió sus 
actividades de radiodifusión en los Países Bajos a HMG y, 
especialmente, las dos cadenas comerciales RTL4 y RTL5. Mediante 
Veronica, se introdujo un tercer canal comercial, que permitió que el 
sistema público de radiodifusión de los Países Bajos participase en la 
empresa en participación. La otra empresa matriz de mayor importancia, 
Endemol, es el mayor productor independiente de programas de televisión 
de los Países Bajos. 
Como resultado de su investigación, la Comisión llegó a la conclusión 
de que la nueva empresa controlaría al menos el 40% del mercado de 
radiodifusión televisiva de libre acceso en los Países Bajos y más del 
60% del mercado de publicidad en televisión. Además, la participación 
de Endemol en HMG reforzaría su situación como principal productor 
independiente de televisión. La Comisión aprobó una decisión de 
prohibición e invitó a las partes a proponer medidas destinadas a 
restaurar en el plazo de tres meses la competencia efectiva en los 
mercados neerlandeses de publicidad en televisión y producción de 
programas. La decisión de la Comisión ha sido impugnada ante el 
Tribunal de Primera Instancia. 
2. Otras investigaciones en profundidad 
135. Todas las demás operaciones sobre las que se llevaron a cabo 
investigaciones en profundidad fueron declaradas, en último término, 
compatible con el mercado común. Se autorizaron sin condiciones las 
operaciones Siemens/Ital tel, empresa en participación establecida en 
55 
Italia en el sector de los equipos de telecomunicaciones, y Mercedes 
Benz/Kâssbohrer, adquisición por parte de Mercedes de otro fabricante 
alemán de autobuses y autocares. En ambos casos, las partes presentaron 
determinadas alegaciones que se incluyeron en la decisión en relación 
con su futura actuación comercial. Tales observaciones no eran parte 
integrante del análisis de competencia de la Comisión, sino que habrían 
sido ofrecidas por las partes. Por ejemplo, STET, empresa matriz de 
Italtel, se comprometió a no influir en la política de adquisiciones 
de Telecom Italia en favor de la empresa en participación, y Mercedes 
manifestó su intención de suministrar motores a precios competitivos 
a terceros fabricantes que no dispusiesen de capacidad de producción 
propia. 
13 6. En la operación Siemens/'Italtel, Siemens y STET, la sociedad 
holding para los operadores italianos de telecomunicaciones, en la que 
está incluida Italtel, tenían la intención de mancomunar en una empresa 
en participación sus filiales respectivas de fabricación de equipos de 
telecomunicaciones. La operación planteaba cuestiones de carácter 
horizontal y vertical. Desde el punto de vista horizontal, la mayor 
cuota de mercado de la empresa en participación tenía lugar en el 
sector de los equipos de conmutación, en el que la penetración de ambas 
partes alcanzaba conjuntamente un 50% ó un 60% del mercado italiano, 
y un 3 0% de las ventas totales en la UE (tratándose de los equipos de 
transmisión, las cifras eran inferiores) . Desde el punto de vista 
vertical, la empresa en participación sería propiedad en parte de su 
principal cliente. 
A la hora de determinar que la empresa en participación propuesta era 
compatible con el mercado común, la Comisión tuvo en cuenta: 
las posibles consecuencias de las nuevas tecnologías, que es 
probable provoquen cambios significativos en los mercados de 
telecomunicaciones ; 
la repercusión que las directivas de normalización y contratación 
pública tienen en la apertura de los mercados nacionales; y 
la mayor liberalización de los servicios de telecomunicaciones 
y, especialmente, la mayor liberalización de la infraestructura 
de telecomunicaciones que tendrá como consecuencia la 
internacionalización de los mercados de equipos de 
telecomunicaciones. 
137. En el caso Mercedes Benz/Kàssbohrer aunque fuese el mercado de 
autobuses de toda Europa el que se viera afectado, la Comisión estimó 
que el mercado alemán requería específicamente una investigación en 
profundidad. Se determinaron tres mercados diferenciados: los autobuses 
urbanos, los autocares turísticos y los autobuses interurbanos. En 
ellos, la cuota de mercado conjunta de las partes era del 44%, 54% y 
74%, respectivamente. La cuota de mercado total en Alemania era del 
57%. No obstante, la Comisión consideró que existían límites adecuados 
a la libertad de acción de Mercedes en el mercado alemán como 
consecuencia de la existencia de dos competidores alemanes y de la 
posibilidad de que apareciesen otros nuevos de distintos países de 
Europa. Según los clientes, era previsible que estos nuevos 
competidores dieran un nuevo impulso a los fabricantes alemanes de 
autobuses. Por último, la Comisión comprobó que las directivas de 
contratación pública, que obligan a la realización de procedimientos 
de licitación en toda la Comunidad para la mayor parte del mercado de 
autobuses urbanos e interurbanos, están contribuyendo al desarrollo de 
un mercado europeo más amplio. 
138. En los demás casos, la autorización de la Comisión de las 
operaciones respectivas se supeditó al cumplimiento de los compromisos 
contraídos por las partes en el transcurso de los procedimientos. 
56 
139. En el caso ABB/Daimler Benz, la Comisión estimó que el mercado 
de trenes de cercanías había seguido siendo nacional en Alemania, 
aunque en otros Estados miembros la inexistencia a nivel nacional de 
un sector importante de transporte por ferrocarril ya había conducido 
a la aparición de mercados geográficos de mayor amplitud. La operación 
propuesta habría conducido a la creación de un duopolio dominante en 
el mercado alemán de trenes de cercanías. Por otra parte, la operación 
de concentración también habría impedido la entrada en el mercado de 
proveedores extranjeros mediante la eliminación de suministradores 
alemanes independientes de componentes eléctricos. No se detectaron 
problemas de competencia en relación con otros mercados de productos 
afectados. 
Con objeto de eliminar las reticencias de la Comisión, las partes 
acordaron proceder a la venta de Kiepe Elektrik GmbH (filial de 
Daimler-Benz). Kiepe Elektrik GmbH es una empresa especializada en 
suministros eléctricos para trenes de cercanías. Como consecuencia de 
esta venta, un productor competente de componentes eléctricos, sin 
relación con las partes, permanecería en el mercado alemán y estaría 
en condiciones de suministrar o cooperar con proveedores de los 
componentes mecánicos de los trenes de cercanías. Kiepe es un 
fabricante consolidado y eficaz que desempeñó una función importante 
en la apertura del mercado alemán merced a su cooperación con la 
empresa canadiense Bombardier. 
La transacción fue objeto de una solicitud de reenvío presentada por 
las autoridades alemanas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 
del Reglamento sobre control de las operaciones de concentración. 
Aunque los problemas de competencia se centraban en dos mercados de 
productos en Alemania, la operación propuesta, por la que se creaba el 
mayor proveedor mundial de equipos ferroviarios, tenía consecuencias 
significativas en toda Europa, por lo que se denegó la solicitud de 
reenvío. 
140. En el caso Orkla/Volvo, se autorizó una adquisición a condición 
de que se procediera a la enajenación de la cervecera Hansa, propiedad 
de Orkla. Si no se hubiera procedido a la venta, las partes habrían 
dispuesto de una cuota del 75% del mercado noruego de la cerveza; 
además, se consideraba que ni el sector minorista, ni los sectores 
hotelero y de restauración disponían de un poder adquisitivo que 
pudiese servir de contrapeso. 
141. En el caso Crown Cork and Seal/Carnaud MetalBox, tras una 
detallada investigación de segunda fase tanto de las cuestiones 
horizontales como verticales que se planteaban, la Comisión llegó a la 
conclusión de que el único mercado en el que la operación de 
concentración propuesta podía crear una posición dominante era el de 
envases de hojalata para aerosoles. Ambas partes fabrican y venden en 
el Espacio Económico Europeo (EEE) envases de hojalata para aerosoles 
y alimentos, además de determinados cierres para envases y latas de 
bebidas, entre los que se incluyen extremos de latas de bebidas, 
coronas metálicas y tapones de plástico y de aluminio. En consecuencia, 
la Comisión llegó a la conclusión de que el compromiso de Crown de 
vender un grupo específico que fabrica envases de hojalata para 
aerosoles sería suficiente para eliminar sus reticiencias en el ámbito 
de la competencia. 
Las partes acordaron desprenderse de una parte sustancial de sus 
actividades de fabricación de envases de hojalata para aerosoles en 
cinco Estados miembros, que suponen casi el 22% del mercado de envases 
de hojalata para aerosoles del EEE. De no procederse a esta 
enajenación, la cuota conjunta de mercado en Europa de las dos partes 
sería superior al 60%, mientras que el siguiente competidor tendría una 
cuota de entre el 15% y el 20%, dándose además la circunstancia de que 
57 
la mayor parte del exceso de capacidad en este mercado se encuentra en 
manos de las partes. 
C - Otros casos importantes 
142. Algunas de las operaciones de mayor importancia se autorizaron 
en el plazo de un mes desde su notificación, sin llevar a cabo 
investigaciones en profundidad. Varios de estos casos se inscriben en 
el sector farmacéutico, por ejemplo Glaxo/Wellcome, 
Behringwerke/'Armour Pharmaceutical, Hoechst/Marion Merrell Dow, Rhône 
Poulenc Rohrer/Fisons y Upjohn/Pharmacia. Con el fin de desterrar 
cualquier posible duda en cuanto a la compatibilidad, Glaxo accedió a 
conceder una licencia exclusiva a un tercero para uno de los compuestos 
antimigraña que están siendo desarrollados actualmente por Glaxo o 
Wellcome. Se constata que las fusiones que últimamente se están 
produciendo en el sector farmacéutico pretenden incrementar la gama de 
productos que ofrecen las empresas y, de esa forma, que éstas sean más 
competitivas a la hora de suministrar dichos productos a mayoristas, 
hospitales y oficinas de farmacia. Como resultado de ello, hasta el 
momento las operaciones han sido en gran parte complementarias y no han 
dado lugar a problemas de competencia. 
143 . En el caso Swissair/Sabena, la Comisión recibió garantías de que 
se resolverían los problemas de competencia planteados por la operación 
por la que Swissair adquirió el 49,5% de las acciones de Sabena. Esta 
transacción habría creado un monopolio en el transporte aéreo entre 
Suiza y Bélgica. Además, Swissair participaba en la Alianza Europea 
para la Calidad junto con SAS y Austrian Airlines, mientras que SAS 
había propuesto la celebración de un acuerdo de cooperación con 
Lufthansa. Unida a estos acuerdos, la operación habría permitido a las 
compañías aéreas que en ella participan crear una amplia red de rutas 
que transportaría aproximadamente el 3 5% del tráfico de pasajeros en 
Europa, es decir, el doble del siguiente competidor en el ranking. Con 
el fin de autorizar la operación, la Comisión aceptó compromisos de las 
dos compañías aéreas y de los Gobiernos belga y suizo para facilitar 
los derechos de tráfico y las franjas horarias necesarias para que las 
compañías competidoras pudiesen explotar vuelos entre Bélgica y Suiza. 
Por otra parte se exigía a Swissair y Sabena que facilitasen a sus 
competidores acuerdos de interlínea y la oportunidad de participar en 
programas de fidelidad de la clientela. Por último, Swissair se vio 
obligada a romper los vínculos que mantenía con SAS a través de la 
Alianza Europea para la Calidad. Esta transacción se notificó en dos 
ocasiones, la segunda de ellas a raíz de las modificaciones 
introducidas en ella. En ese momento se había procedido a su plena 
evaluación (incluida la consulta a los Estados miembros) sin necesidad 
de iniciar la segunda fase del procedimiento. 
144. La Comisión autorizó una operación por la que las empresas 
finlandesas Repola Corporation y Kymmene Corporation fusionaron 
plenamente sus actividades. Repola y Kymmene son grandes empresas 
internacionales que desarrollan su actividad en los ámbitos del papel 
de imprenta y los materiales de embalaje. Los mercados afectados por 
la operación eran, entre otros, los de papel prensa, papel para 
revista, bolsas de papel, etc. 
Por lo que se refiere a las bolsas de papel, la investigación de la 
Comisión llegó a la conclusión de que existe un mercado finlandés 
específico de este producto y que la operación de concentración 
llevaría a la creación de una posición dominante en él. La nueva 
empresa sería prácticamente el único proveedor de bolsas de papel para 
los clientes finlandeses. Las partes se comprometieron a vender una 
parte de su capacidad de fabricación de bolsas de papel en el mercado 
finlandés. 
58 
Europa occidental es, como mínimo, el ámbito geográfico de los mercados 
de papel prensa y papel para revistas, por lo que Repola/Kymmene, al 
igual que todos los principales fabricantes europeos de papel, 
transportan y comercializan sus productos en casi todos los Estados 
miembros. Como consecuencia de la operación la nueva empresa pasará a 
ser el primer fabricante europeo de papel prensa y papel de revista. 
No obstante, sus cuotas conjuntas de mercado no superarán una cifra 
próxima al 20% en cualquiera de los dos mercados de productos y, 
además, se ha de señalar la presencia de varios competidores bien 
situados. 
Junto con otros cinco fabricantes finlandeses de papel, Repola forma 
parte de la asociación de marketing Finnpap. Es ésta una organización 
conjunta de ventas que comercializa los productos de papel de sus 
miembros a nivel mundial; Kymmene no pertenece a ella y posee su propia 
red de ventas. Las partes se comprometieron a no vender productos de 
papel a través de la organización conjunta de ventas de Finnpap. 
D - Intereses legítimos de los Estados miembros 
145. El 6 de marzo, las autoridades del Reino Unido presentaron, ante 
la adquisición propuesta de Northumbrian Water por parte de Lyonnaise 
des Eaux, la primera solicitud con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 21 del Reglamento sobre control de las 
operaciones de concentración con objeto de que se reconociera un 
interés legítimo. La solicitud se refería a la normativa que regula el 
suministro de agua en el Reino Unido. Esta normativa consta de 
disposiciones específicas sobre operaciones de concentración concebidas 
para hacer posible que el sistema normativo logre su objetivo de 
salvaguardar la prestación de un servicio vital y proteger al 
consumidor. En consecuencia, siempre que se lleve a cabo una operación 
de concentración o se espere su realización, se remitirá el caso a la 
Comisión de Monopolios y Fusiones (MMC) para que analice la posibilidad 
de que sea contraria al interés público. Uno de los criterios que se 
utilizan para determinar si las fusiones realizadas entre compañías de 
suministro de agua vulneran el interés público es el del número de 
compañías bajo control independiente entre las que la autoridad 
reguladora podría efectuar comparaciones a efectos de calcular la 
fórmula de regulación de precios. La solicitud del Reino Unido abarcaba 
estas disposiciones, dado que la remisión a la MMC es automática, es 
decir, no tiene carácter discrecional. 
Con el reconocimiento del interés legítimo del Reino Unido, la Comisión 
establece límites específicos a las investigaciones de la MMC en estas 
circunstancias. La decisión de la Comisión de 29 de marzo de 1995 
reconoció la facultad de la MMC para evaluar el interés público de las 
posibles operaciones de concentración, aunque señaló que en esos casos 
se circunscribía a aquellas cuestiones que estuviesen directamente 
relacionadas con el funcionamiento de la normativa de regulación del 
agua. Se exigió a las autoridades del Reino Unido que informasen a la 
Comisión de cualquier medida adoptada con arreglo a la decisión para 
que pudiese valorar la oportunidad de la misma. 
Poco después de la decisión de la Comisión, las autoridades del Reino 
Unido remitieron la oferta pública de adquisición propuesta a la MMC. 
A raíz del informe de esta Comisión, en el que se dictaminó que la 
operación de concentración vulneraba el interés público, a menos que 
se aplicasen reducciones considerables de precios a los consumidores, 
OFWAT consultó a Lyonnaise y Northumbrian y propuso una medida que 
implicaba una fórmula de reducción de precios, que posteriormente 
recibió la aprobación formal de Lyonnaise. Como exige la decisión, se 
informó a la Comisión de la medida propuesta por el Gobierno del Reino 
Unido, sin que aquélla presentase observaciones al respecto. 
59 
E - Operaciones de concentración en los sectores del carbón y el acero 
146. A lo largo de 1995, la Comisión adoptó siete decisiones con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 66 del Tratado CECA. Tres de 
estos casos se referían a la venta al sector privado de empresas 
siderúrgicas que previamente habían pertenecido al sector público: nos 
referimos a la adquisición de la línea de productos planos de RIVA, una 
empresa en participación entre Usinor Sacilor y Hoogovens para hacerse 
con el control de la sociedad portuguesa de productos planos SN-Planos 
y otra empresa en participación entre RIVA y FREIRÉ que se hizo con el 
control de SN-Longos. 
F - Perrier 
147. El 27 de abril, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) se 
pronunció sobre dos asuntos, el primero interpuesto por los empleados 
de Perrier y el otro por los de Vittel y Pierval, contra la Decisión 
del 22 de julio de 1992 de la Comisión en el asunto Nestlé/Perrier. La 
Comisión había aprobado la operación de concentración siempre que se 
cumpliesen determinadas condiciones y obligaciones. Los puntos más 
importantes de la sentencia fueron los siguientes: 
a pesar de reconocer que el Reglamento sobre control de las 
operaciones de concentración se ocupa fundamentalmente de las 
cuestiones de competencia, el TPI sostuvo que ello no excluye la 
posibilidad de que la Comisión tenga en cuenta las consecuencias 
sociales de una operación de concentración si éstas afectan al 
nivel o a las condiciones de empleo en la Comunidad Europea o en 
una parte sustancial de la misma; 
el hecho de que un tercero no haya intervenido directamente en 
el procedimiento administrativo no siempre implica que dicho 
tercero pierda la facultad de oponerse a la Decisión; 
los representantes de los trabajadores de una empresa no están 
afectados directamente, en principio, por un procedimiento de 
fusión y, por consiguiente, no están facultados para solicitar 
la anulación de una decisión, salvo de que se trate de proteger 
sus derechos procesales; 
los terceros no tienen derecho a recibir un trato idéntico al que 
se concede a las partes que participan en la operación de 
concentración en el procedimiento administrativo. 
60 
G - Resumen estadístico 
Gráfico 1 : Cifra anual de decisiones definitivas adoptadas desde 1990 
Decisiones finales con arreglo al Reglamento sobre operaciones de 
concentración 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 60 60 56 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Gráfico 2 : Desglose de los tipos de operación en 1995 
Tipo de operación (total 1990-95) 
Otros 
OPA amistosa 7% 
5% 
Adquisició de 
participación 
majoritaria 
39% Empresa en 
participación / control 
conjunto 
49% 
61 
Gráfico 3 : Países de origen de las empresas protagonistas de las transacciones de 1995 
Desglose de empresas por país de origen 
49 (en 1995; asuntos en los que ha recaído decisión final) 
50 
45 t 
40 + 
35 + 
D UK USA F I NL CH S B E Otros 
62 
IV - Ayudas estatales 
A - Política general 
148. En julio, la Comisión publicó su Cuarto Informe sobre las ayudas 
estatales en la Comunidad83, que abarca a los años 1991 y 1992. Este 
Informe constituye un instrumento cuantitativo esencial para la 
definición de la política de ayudas. La tendencia a la baja, lenta pero 
estable, del volumen global de las ayudas que ya se observó en el 
período 1981-1990 ha podidio confirmarse a pesar de los elevados costes 
de la unificación alemana, la recesión económica y la intensificación 
de la competencia internacional. A pesar de todo, el volumen global de 
ayudas sigue siendo elevado, ya que, por término medio, alcanza los 
94 000 millones de ecus anuales para el conjunto de la Comunidad, es 
decir, el 1,9% de su PIB o 704 ecus por trabajador. El Consejo de 
Ministros de industria, que se reunió en noviembre, aprobó el análisis 
de la Comisión según el cual, al tiempo que se tienen en cuenta otros 
objetivos comunitarios, es necesario seguir reduciendo el volumen de 
ayudas, reforzando los mecanismos de control y mejorando su 
transparencia. 
149. La obligación de notificar las ayudas impuesta por el Tratado es 
un elemento fundamental para garantizar su transparencia. En una 
comunicación aprobada en mayo, la Comisión recordó que tiene la 
intención de hacer uso de todas las facultades que le confiere el 
Tratado para hacer que los Estados miembros respeten esta obligación. 
Con la publicación de una comunicación sobre cooperación entre la 
Comisión y los tribunales nacionales, esta institución mostró su 
voluntad de colaborar con los órganos jurisdiccionales nacionales para 
que éstos puedan proteger los derechos de las empresas afectadas por 
las ayudas concedidas ilegalmente a sus competidores. 
150. La publicación de directrices y comunicaciones que definen los 
criterios utilizados por la Comisión a la hora de analizar la 
compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común es otro 
elemento importante de la política de transparencia y simplificación 
de la Comisión. Todos los textos vigentes a 31 de diciembre de 1994, 
entre los que se incluye un manual de procedimientos y un repertorio 
de las sentencias del Tribunal de Justicia, se reúnen en la 
actualización de la recopilación "Derecho de la competencia en la Unión 
Europea. Volumen II: normas aplicables a las ayudas estatales". Dado 
que a lo largo de los años se han ido acumulando numerosas normas, es 
conveniente que se consoliden determinados textos y se revisen todos 
ellos. Por ello, se está procediendo a sistematizar los textos en 
materia de ayudas regionales y la Comisión aprobó unas nuevas 
directrices para las ayudas destinadas a investigación y desarrollo, 
cuyo proyecto fue examinado por sus servicios, con la colaboración de 
expertos de los Estados miembros, en una reunión multilateral que se 
celebró en abril. En esta misma reunión también se desarrolló un debate 
sobre los criterios de distinción entre ayudas estatales y las 
denominadas "medidas generales", que quedan al margen del apartado 1 
del artículo 92, y en relación con los problemas que plantean las 
ayudas concedidas en el marco de ventas de terrenos del sector público 
y a las otorgadas en forma de garantía de préstamo. Se envió a todos 
los Estados miembros un cuestionario detallado sobre las garantías 
públicas. 
151. En 1995 se celebraron otras dos reuniones multilaterales. En 
julio, los expertos de los Estados miembros se ocuparon de la revisión 
Cuarto Informe de la Comisión sobre las ayudas estatales en el sector de los productos 
manufacturados y otros sectores de la Unión Europea, COM(95) 365 final. 
63 
de la norma de minimis, de las directrices sobre las ayudas a la 
pequeña y mediana empresa y de un proyecto de directrices para las 
ayudas estatales en favor de las artes y la cultura, referido más 
expecíficamente al sector audiovisual. En diciembre, estos expertos 
debatieron sobre el futuro control de las ayudas en el sector de las 
fibras sintéticas, un primer proyecto de directrices horizontales de 
ayudas regionales destinadas a los grandes proyectos de inversión y los 
problemas relacionados con la definición y recogida de los tipos de 
referencia y actualización cuya función es determinante a la hora de 
calcular las ayudas. 
152. En 1995, la Comisión adoptó un número récord de decisiones en 
materia de ayudas estatales, debido en parte a la adhesión de los tres 
nuevos Estados miembros. Muchas de las ayudas que ha debido examinar 
están destinadas a amortiguar las consecuencias sociales de las 
reestructuraciones en determinados sectores. Por otra parte, la 
Comisión pretende controlar mejor las ayudas en aquellos sectores que 
se han mantenido durante mucho tiempo al margen de la competencia 
internacional y las concedidas mediante formas poco transparentes, que, 
a menudo, han escapado a todo tipo de control. El hecho de que las 
empresas sean más sensibles a las ayudas que reciben sus competidores 
y de que conozcan mejor las posibilidades que les ofrecen las normas 
comunitarias en la materia para garantizar una competencia justa les 
lleva a interponer un número cada vez mayor de denuncias a la Comisión, 
aunque también a presentar con mayor frecuencia recursos ante el 
Tribunal de Primera Instancia contra decisiones de la Comisión de 
aprobar ayudas destinadas a sus competidores. 
Nuevas medidas destinadas a dar cumplimiento a la obligación de notificación 
153. La Comisión siguió empeñada en potenciar la observancia de la 
obligación contraída por los Estados miembros de notificarle todos los 
proyectos de ayudas estatales. En efecto, la experiencia ha demostrado 
que esta obligación, cuyo fundamento jurídico se encuentra en el 
Tratado CE (apartado 3 del artículo 93) ha de ir acompañada, si quiere 
ser de utilidad, de una serie de medidas de incitación o, incluso, de 
sanción. 
1. Recuperación de la ayudas abonadas en infracción del Tratado 
154. La Comisión dio muestras una vez más de la importancia que 
concede al sistema de control a priori de las ayudas estatales y a su 
manifestación concreta, es decir, a la norma de la obligación de 
notificación previa. Por ello, en mayo aprobó una comunicación84, en la 
que se detallan los principios que pretende aplicar a la hora de 
ejecutar su política de recuperación de las ayudas abonadas en 
infracción de esta obligación. 
Esta comunicación se inscribe en un contexto más amplio destinado, por 
una parte, a lograr un mayor cumplimiento por parte de los Estados 
miembros de lo dipuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado 
CE y, por otra, a incitar a los operadores económicos a que presten 
mayor atención a la legalidad de las ayudas que se les concedan. Sin 
embargo, esta problemática no es nueva, dado que la Comisión ya se 
había ocupado de ella al solicitar la devolución de las ayudas 
incompatibles e ilegales85, posición que había sido confirmada e 
DO C 156 de 27.6.1995, p. 5. 
Comunicación de la Comisión sobre las ayudas abonadas en infracción del Tratado, DO C 318 
de 24.11.1983. 
64 
incluso reforzada por el Tribunal de Justicia86. Recientemente, el 
Tribunal de Primera Instancia ha corroborado una vez más su apoyo a la 
política de la Comisión en este ámbito. En su sentencia de 13 de 
septiembre en los asuntos acumulados T-244/93 y T-486/93, Textilwerke 
Deggendorf GmbH/Comisión, el TPI respaldó la decisión de la Comisión 
de supeditar su autorización a la concesión de un nuevo paquete de 
ayudas a la devolución de una ayuda anterior concedida a la misma 
compañía que había sido declarada incompatible, puesto que de la 
decisión de la Comisión se deducía claramente que la acumulación de la 
ayuda incompatible y el nuevo paquete de ayudas haría que la totalidad 
de ellas fuese incompatible. 
No obstante, la eficacia de la única medida cautelar provisional de 
suspensión utilizada en este caso era escasa en la medida en que sólo 
tenía consecuencias en el futuro, es decir, que no producía efecto 
inmediato alguno sobre la parte (o la totalidad) de la ayuda ya 
abonada. Por consiguiente, estos medios no bastaban para afrontar y 
resolver el problema del posible falseamiento de la competencia cuyas 
consecuencias podrían mantenerse hasta la decisión definitiva de la 
Comisión. De esta forma, aunque en último término tuvieran que devolver 
el importe percibido, las empresas que hubieran recibido una ayuda 
ilegal gozaban de ventajas en relación con sus competidores, tanto en 
términos financieros como de prórroga de su período de solvencia, en 
el caso de las empresas en crisis. 
Es en este contexto en el que se encuadra la nueva comunicación de la 
Comisión. En ella se dispone que, en determinados casos, la Comisión 
se reserva el derecho, mediante una decisión provisional de medidas 
cautelares y tras haber emplazado al Estado miembro en cuestión a que 
exprese su punto de vista y se plantee como alternativa la concesión 
de una ayuda de salvamento, de ordenar al Estado miembro la 
recuperación de la ayuda o la parte de la misma que ya haya sido 
abonada en infracción del Tratado. La recuperación ha de llevarse a 
cabo de conformidad con lo dispuesto en el Derecho nacional y al 
importe que se haya de recuperar se deberán sumar los intereses de 
demora, devengados a partir de la fecha de concesión de la ayuda 
ilegal. A este respecto, se ha de señalar la introducción de otra 
novedad, que consiste en que los intereses no se deberán calcular sobre 
la base del tipo legal, sino a partir del tipo de mercado, es decir, 
el tipo de referencia utilizado por la Comisión en el marco de las 
ayudas regionales87. En el caso de que el Estado miembro no dé 
cumplimiento a esta decisión de medidas cautelares, la Comisión podrá 
acudir directamente al Tribunal de Justicia siguiendo un procedimiento 
similar al establecido en el segundo párrafo del apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado CE, pudiendo recurrir al procedimiento de 
urgencia. 
2. Cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales 
nacionales 
155. Con la misma voluntad de reforzar el respeto de la legalidad en 
la Comunidad, la Comisión adoptó en octubre una comunicación relativa 
a la cooperación entre la Comisión y los tribunales nacionales en el 
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de marzo de 1990, en el asunto C 142/87 Reino 
de Bélgica/Comisión (Tubemeuse), Rec. 1990, p. 1-959 y sentencia del Tribunal de Justicia 
de 14 de febrero de 1990 en el asunto C 301/87 República franciesa/Comisión <Boussac), 
Rec. 1990, p. 1-307. 
Véase la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros, carta SG(95) D/1971 de 
22.2.1995. El Tribunal de Primera Instancia ha confirmado muy recientemente la 
posibilidad de que la Comisión solicite el pago de intereses sobre los importes 
recuperados: sentencia de 0 de junio de 1995 en el asunto T 459/93 Siemens SA, Rec. 1995, 
p. 11-1675. 
65 
ámbito de las ayudas estatales88. Este texto no tiene carácter 
imperativo o limitativo alguno, sino que más bien aspira a dar un nuevo 
impulso a las relaciones entre el ejecutivo comunitario y las 
jurisdicciones nacionales y a llamar la atención de estas últimas sobre 
la importante función que pueden desempeñar en la salvaguardia rápida 
de los derechos de terceros y en el respeto de determinadas 
obligaciones procesales por parte de los Estados miembros. Por lo 
tanto, esta comunicación también se inscribe en la tendencia general 
desarrollada en el punto anterior. 
Este documento recuerda que, aunque la Comisión es el órgano 
comunitario encargado de la aplicación y el desarrollo de la política 
de ayudas en interés comunitario, son los tribunales nacionales los que 
están obligados a tutelar, hasta la decisión definitiva de la Comisión, 
los derechos de los demandantes frente al posible desconocimiento, por 
parte de las autoridades estatales, de la prohibición contemplada en 
la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE89. A tal 
fin, se insta a los tribunales nacionales a que hagan uso de todos los 
medios oportunos y apliquen todas las disposiciones pertinentes de 
Derecho nacional y, especialmente, adopten medidas provisionales por 
las que se ordene el bloqueo o la devolución de las ayudas abonadas 
ilegalmente o concedan indemnizaciones por daños y perjuicios a las 
partes cuyos intereses se hayan lesionado. 
Para lograr estos objetivos, la Comisión se propone colaborar con los 
tribunales nacionales, especialmente de la siguiente forma: 
aplicando y mejorando la política de transparencia mediante la 
publicación de información en materia de ayudas estatales, 
facilitando información de carácter procesal sobre los asuntos 
pendientes, 
facilitando datos factuales, estadísticos y analíticos. 
B - Concepto de ayuda 
156. La interpretación del concepto de ayuda que se define en los 
Tratados es a menudo la parte más difícil del análisis de las medidas 
examinadas por la Comisión. Los criterios que determinan la presencia 
de ayudas en las medidas adoptadas por los Estados miembros en relación 
con sus empresas revisten especial importancia, no sólo para las 
autoridades administrativas de estos últimos, que están encargadas de 
su notificación, sino también para los tribunales nacionales, que 
pueden verse en la circunstancia de tener que determinar si ha de ser 
notificada una medida que haya sido impugnada delante de los mismos. 
Varias decisiones adoptadas por la Comisión en 1995 permiten deslindar 
mejor el concepto de ayuda contemplado por las normas de competencia. 
157. a) Para que sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 92 la medida ha de proporcionar a una empresa un beneficio 
económico que no habría obtenido en el curso de operaciones comerciales 
normales. La Comisión estima que se cumple esta condición si una 
empresa adquiere un solar o un terreno industrial de propiedad pública 
a un precio inferior al de mercado. Por consiguiente, la Comisión 
decidió incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del 
artículo 93 en relación con la adquisición por parte de la empresa 
Siemens Nixdorf AG/Mainz de un solar público a un precio que se calculó 
entre 5,5 y 21,5 millones de DM por debajo de su precio de mercado. El 
mismo razonamiento se sigue si el Estado adquiere un solar a una 
DO C 312 de 23.11.1995, p. 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 21.11.1991 en el asunto C 354/90, Fédération 
nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des 
négociants et transformateurs de saumon/Estado francés, Rec. 1991, p. 1-5527, punto 14. 
66 
empresa por un precio superior al de mercado. Habida cuenta de que la 
Comisión no estaba segura de si el precio pagado por un terreno vendido 
por la compañía siderúrgica española Tubacex a las autoridades públicas 
correspondía al valor de mercado, esta institución decidió incoar el 
procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93. 
158. La financiación pública de los costes aparejados a la preparación 
de un solar de construcción o industrial o precisos para establecer 
conexiones a diversos servicios públicos no se inscribe en el ámbito 
de aplicación del apartado 1 del artículo 92, si la empresa paga por 
el uso de la infraestructura mediante gravámenes directos o indirectos. 
Habida cuenta de que la preparación de los terrenos de Villey, Meurthe-
et-Moselle, para el establecimiento de una nueva fábrica de la empresa 
papelera Kimberly-Clark sólo benefició a esta empresa, especialmente 
por ser propietaria y única usuaria de las instalaciones creadas, la 
financiación pública parcial de dicha preparación fue constitutiva de 
ayuda a la empresa mencionada. En este contexto, la Comisión también 
tuvo en cuenta que un inversor en una economía de mercado no habría 
llevado a cabo esta obra, dado que el precio de venta del terreno ni 
siquiera habría cubierto la financiación parcial de la misma. 
159. Son constitutivos de ayuda estatal los fondos públicos que se' 
faciliten a una empresa (pública) en condiciones más favorables que las 
que un inversor privado que operase en condiciones normales de mercado 
ofrecería a una empresa privada en un contexto financiero y competitivo 
comparable. En aquellos casos en los que la adquisición por parte del 
Estado de una participación en una empresa pueda ir acompañada de otros 
tipos de intervención pública que hayan de ser notificados a la 
Comisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93, 
se presume la existencia de ayuda estatal. De acuerdo con su 
Comunicación sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado 
CE a las participaciones de las autoridades públicas90, la Comisión 
pidió al Gobierno español que le informase por adelantado de cualquier 
adquisición realizada por el Instituto de Fomento de Andalucía. 
Habida cuenta de que la inyección de capital prevista por el estado de 
Baviera para cubrir las pérdidas acumuladas de las empresas 
siderúrgicas Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH y Lech-Stahlwerke GmbH 
coincidiría con la venta de sus acciones en esta empresas, con lo que 
eliminaría, incluso a largo plazo, toda perspectiva de rentabilidad a 
la concesión de estos fondos, la Comisión decidió que estas inyecciones 
de capital eran constitutivas de ayuda estatal. Por motivos similares, 
la Comisión decidió que las inyecciones de capital efectuadas por el 
Estado italiano a través de su sociedad holding industrial ENI en la 
empresa de fertilizantes Enichem Agricultura S.p.A. en el período 
1991-1994 constituían ayuda estatal, dado que se llevaron a efecto 
antes de que se estableciera un plan de reestructuración exclusivamente 
para evitar la quiebra de la empresa y, por consiguiente, sin 
perspectivas de obtener una rentabilidad razonable. Por otra parte, la 
Comisión estimó que, en estas circunstancias, el período de cinco años 
durante el cual la empresa había sufrido elevadas pérdidas era 
demasiado prolongado para un inversor privado en una economía de 
mercado, que habría liquidado o reestructurado totalmente la empresa 
mucho antes. Por consiguiente, las inyecciones de capital que se han 
de llevar a cabo en el marco de un plan de reestructuración elaborado 
posteriormente también serán constitutivas de ayuda estatal y, además, 
la Comisión consideró que los resultados positivos que se esperaba 
obtener de la aplicación del plan eran demasiado escasos si se les 
comparaba con la inyección total de capital. 
Sin embargo, si la inyección de capital efectuada por el Estado en una 
Véase la Comunicación de la Comisión de 1983, Boletín CE 9-1984, puntos 3.4 y 4.4. 
67 
empresa va acompañada de otra efectuada por un inversor privado en 
igualdad de condiciones, y la participación de este inversor privado 
en la empresa es económicamente significativa, la Comisión estima que 
la intervención pública no constituye ayuda estatal. Por consiguiente, 
la Comisión decidió que la inyección de capital y los préstamos 
facilitados por las autoridades de Valonia (Bélgica) a la empresa 
textil EM-Filature se basaban en consideraciones comerciales normales 
y no consituían ayuda estatal, dado que esta intervención se realizó 
conjuntamente con una inyección de capital efectuada por inversores 
privados gracias a la cual se convirtieron en accionistas mayoritarios 
de la empresa y que determinados accionistas privados ofrecieron 
préstamos en condiciones similares. Por razones similares, la Comisión 
consideró que la aportación de capital efectuada por el Estado 
portugués en la empresa de reparación naval Lisnave en relación con una 
reestructuración de la empresa no era constitutiva de ayuda estatal 
según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92. 
160. b) De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 92, la ayuda se ha de conceder a determinadas empresas (o a 
la producción de determinados productos) para que sea constitutiva de 
ayuda estatal. Las medidas generales de política económica, fiscal o 
social no se encuadran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del 
artículo 92 y, en caso necesario, se habrá de aplicar el procedimiento 
oportuno establecido en los artículos 101 y 102 a las ventajas 
competitivas que las empresas de un Estado miembro obtengan como 
consecuencia de las diferencias existentes en tales medidas generales. 
Por consiguiente, el apartado 1 del artículo 92 no se aplica a las 
medidas generales aplicables a todas las empresas de un Estado miembro 
que cumplan unos requisitos objetivos y no discriminatorios. A la luz 
de estas consideraciones, la Comisión estimó que la ayuda concedida por 
el Gobierno alemán a los trabajadores de la empresa Maschinenfabrik 
Sangerhausen GmbH para cubrir la deuda en concepto de seguridad social 
en relación con la liquidación de la empresa no constituían ayuda 
estatal, puesto que este tipo de ayudas se concede automáticamente a 
cualquier empresa que sea objeto de liquidación en Alemania. De modo 
similar, la Comisión consideró que la suspensión del reembolso de la 
deuda concedida a la empresa siderúrgica española Tubacex no 
constituía, en sí misma, una ayuda estatal, sino una medida general 
adoptada en el marco de la legislación española sobre insolvencia, que 
se aplica como norma general a todas las empresas. Sin embargo, de los 
criterios anteriores también se deduce que, si los requisitos objetivos 
que se exigen en el marco de un régimen abierto a todas las empresas 
tienen como consecuencia que sólo algunas de ellas puedan beneficiarse 
de la medida, la Comisión estima que nos encontramos ante un caso de 
ayuda estatal. 
Si la medida es aplicable a todas las empresas, pero confiere a las 
autoridades que la gestionan facultades discrecionales, también puede 
existir ayuda estatal. Por consiguiente, la Comisión estimó que el 
régimen finlandés de ayuda al empleo al que pueden acogerse todas las 
empresas de cualquier sector industrial y todas las regiones del país 
era constitutivo de ayuda estatal, puesto que las autoridades del 
mercado laboral podían decidir discrecionalmente el nivel de ayuda y 
la duración del período subvencionado para cada desempleado contratado 
por una empresa. 
161. c) Para que sean constitutivas de ayuda estatal con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 92, las ventajas financieras 
de que gocen determinadas empresas habrán de ser concedidas por un 
Estado miembro o a través de recursos estatales. El apartado 1 del 
artículo 92 se aplica a las ayudas concedidas por cualquier autoridad 
central, regional o local y cualquier organismo público o privado 
68 
establecido o designado por el Estado para gestionar la ayuda91. Aun en 
el caso de que la ayuda no se conceda a través de un organismo 
establecido o designado por el Estado, podrá existir ayuda estatal si 
la contribución financiera otorgada a la empresa o empresas 
beneficiarías es impuesta por el Estado. 
162. d) Para que exista ayuda ha de resultar afectado el comercio 
entre Estados miembros de forma apreciable. La Comisión consideró que, 
a pesar de que la empresa alemana Leuna-Werke GmbH no exporta 
mercancías a otros Estados miembros, esta condición se cumplía en 
relación con la ayuda que se le había concedido, dado que cabe la 
posibilidad de que le permita incrementar su producción para el mercado 
interior, con lo que se reducirían las posibilidades de vender 
productos importados de otros Estados miembros. 
C - Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común 
1. Ayudas sectoriales 
1.1. Sectores a los que se aplican normas específicas 
1.1.1. Ayuda a la construcción naval 
163. El 21 de diciembre, el Consejo aprobó el Reglamento CE/3094/9592, 
por el que se aplica un Acuerdo de la OCDE con relación a las 
condiciones normales de competitividad en el sector comercial de la 
construcción y reparación de buques, incluida la eliminación de las 
subvenciones a la producción. El nuevo Reglamento será aplicable a 
partir de la entrada en vigor del Acuerdo de la OCDE, que debía haberse 
producido el 1 de enero de 1996, pero, desgraciadamente, a pesar de que 
la Unión Europea lo ratificó en diciembre, se postergó su entrada en 
vigor como consecuencia de los retrasos producidos en el proceso de 
ratificación de otras partes signatarias. Por consiguiente, el Consejo 
decidió que debían seguir aplicándose provisionalmente y, como fecha 
límite, hasta el 1 de octubre de 1996, las normas de la Séptima 
Directiva sobre ayudas a la construcción naval93. En caso de que el 
Acuerdo de la OCDE no haya entrado en vigor antes del 1 de junio de 
1996, la Comisión presentará las oportunas propuestas al Consejo para 
que éste pueda determinar la línea a seguir antes del 1 de octubre de 
1996. En estas circunstancias, la Comisión decidió mantener el límite 
máximo común de ayudas a la producción a partir del 1 de enero de 1996 
en el 9% para los grandes buques y en el 4,5%, para aquellos con un 
coste inferior a 10 millones de ecus y para las actividades de 
transformación. 
1.1.2. Acero 
164. A lo largo de 1995 la Comisión continuó su vigilancia sobre la 
aplicación de las normas comunitarias relativas a las ayudas a la 
siderurgia94. Esta aplicación estricta de las normas aplicables tuvo 
como consecuencia la adopción de una serie de decisiones negativas, 
entre las que se incluye la obligación de recuperar ayudas concedidas 
ilegalmente. 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 78/76, Steinike und Weinlig/Bundesamt für 
Ernâhrung und Forstwirtschaft, Rec. 1977, p. 575. 
DO L 332 de 30.12.1995. 
Directiva 90/684/CEE del Consejo, cuya modificación más reciente la constituye la 
Directiva 94/73/CE. 
Decisión 3855/91/CECA ds la Comisión. 
69 
El Consejo dio su aprobación unánime a la concesión de excepciones 
especiales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95 del Tratado 
CECA en relación, respectivamente, a las ayudas a la producción y al 
cierre en el sector de la minería del hierro en Austria, en noviembre, 
y, en diciembre, a la privatización de la empresa siderúrgica pública 
de Irlanda. 
Mediante la presentación al Consejo de informes semestrales se llevó 
a cabo un seguimiento pormenorizado de seis casos anteriores de 
aplicación del artículo 95 del Tratado CECA. Se trata de los asuntos 
Uva en Italia, CSI y Sidenor en España, EKO Stahl y SEW Freital en 
Alemania y de Siderurgia Nacional en Portugal. 
En marzo, la Comisión propuso la conveniencia de modificar las 
disposiciones de las normas comunitarias sobre ayudas a la siderurgia 
relativas a las ayudas para proteger el medio ambiente, de modo que se 
ajusten a las directrices comunitarias revisadas sobre ayudas estatales 
destinadas a la protección ambiental en el marco del Tratado CE con el 
fin de garantizar que la industria siderúrgica reciba el mismo trato 
que los demás sectores industriales. Se está a la espera de recibir la 
autorización del Consejo. 
1.1.3. Carbón 
165. La Decisión N° 3632/93/CECA95, de 28 de diciembre de 1993, 
establece las normas comunitarias sobre las ayudas estatales para la 
industria del carbón en el período que media entre 1994 y el 2002. 
El 4 de abril, la Comisión autorizó96 una ayuda financiera por un total 
de 3.384,2 millones de ecus, concedida por Alemania para 1995 en 
concepto de compensación a los generadores de electricidad en el marco 
de la tercera Ley de producción de electricidad a partir de carbón 
comunitario, una ayuda para el mantenimiento de la mano de obra que 
ejerce su actividad en el interior de las minas ("Bergmannsprámie"), 
y otra ayuda para cubrir los costes excepcionales de una serie de 
empresas carboneras producidos por deudas heredadas. 
El 19 de julio, la Comisión emitió un dictamen favorable sobre el plan 
de reestructuración presentado por las autoridades francesas y autorizó 
una ayuda97, por un total de 912,8 millones de ecus, destinada a cubrir 
las pérdidas de funcionamiento para 1994, una ayuda para cubrir las 
deudas heredadas como consecuencia de la modernización, la 
racionalización y la reestructuración de la industria del carbón y otra 
destinada a investigación y desarrollo. En esa misma reunión, la 
Comisión autorizó una nueva ayuda alemana, por un total de 196,9 
millones de ecus, para el suministro de carbón de coque y coque al 
sector siderúrgico comunitario98. 
El 26 de julio, la Comisión autorizó99 a Francia la concesión de una 
ayuda, por un total de 668,1 millones de ecus, destinada a cubrir las 
pérdidas de funcionamiento registradas en 1995, una ayuda para cubrir 
las deudas heredadas como consecuencia de la modernización, la 
racionalización y la reestructuración de la industria del carbón y otra 
destinada a investigación y desarrollo. 
DO L 329 de 30.12.1993, p. 12. 
Decisión 95/464/CECA, DO L 267 de 9.11.1995, p. 42. 
Decisión 95/465/CECA, DO L 267 de 9.11.1995, p.46. 
Decisión 95/499/CECA, DO L 287 de 30.11.1995, p.53. 
Decisión 95/519/CECA, DO L 299 de 12.12.1995, p. 18. 
70 
Mediante la Decisión de la Comisión de 3 de noviembre de 1994100, la 
Comisión autorizó al Reino Unido la concesión de una ayuda total de 
2 594,4 millones de ecus destinada a cubrir las deudas heredadas en 
1995. 
Se recibieron notificaciones de ayudas para el año 1995 remitidas por 
las autoridades portuguesas y españolas y otra notificación de las 
autoridades alemanas. Todas ellas están siendo analizadas por los 
servicios de la Comisión para determinar su compatibilidad o no con la 
Decisión 3632/93/CECA. 
1.1.4. Sector de loa vehículos automóviles 
166. Mediante su sentencia de 29 de junio de 1995101, el Tribunal de 
Justicia mantuvo, contra lo dispuesto en la Decisión de la Comisión por 
la que se prorrogan las Directrices de la CE relativas a las ayudas 
estatales al sector de los vehículos automóviles por un período 
ilimitado, que dichas directrices habían dejado de estar en vigor desde 
el 1 de enero de 1995. Con objeto de evitar el vacío legal que podía 
crear la sentencia, la Comisión se vio obligada a actuar de modo 
extraordinario decidiendo el 5 de julio de 1995 prorrogar 
retroactivamente desde el 1 de enero de 1995 estas Directrices 
comunitarias y, al mismo tiempo, proponiendo a los Estados miembros su 
reintroducción por un período de dos años, que, a más tardar, 
comenzaría el 1 de enero de 1996. 
Posteriormente, el Gobierno español recurrió ante el Tribunal la 
primera decisión de la Comisión y, al contrario que los demás Estados 
miembros, también se opuso a la propuesta de reintroducción de las 
mismas por un período de dos años. Como consecuencia de esta oposición, 
la Comisión se vio obligada a incoar el procedimiento establecido en 
el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con el fin de analizar la 
compatibilidad de todos los regímenes de ayuda a que se podrían acoger 
las empresas automovilísticas en España. El 20 de diciembre, la 
Comisión aprobó una decisión definitiva por la que se obliga a España 
a dar cumplimiento, al igual que ya habían hecho los demás Estados 
miembros, a lo dispuesto en las Directrices que acababan de ser 
reintroducidas. 
Basándose en su decisión de 5 de julio, la Comisión siguió aplicando 
a lo largo de todo 1995 las Directrices sobre ayudas estatales a la 
industria del automóvil. Esta institución recibió nueve notificaciones 
sobre la base de regímenes autorizados y dos notificaciones basadas en 
regímenes ad hoc. La Comisión aprobó una decisión por la que se 
autorizan seis ayudas notificadas. Asimismo, la Comisión adoptó una 
decisión provisional por la que se ordenaba al Gobierno alemán que 
facilitase, en un plazo determinado, toda la información necesaria para 
que se pudiera valorar la ayuda concedida a los nuevos proyectos de VW 
Sachsen, que quedaron al margen de una decisión anterior de 1994102. 
167. A la hora de evaluar concesiones concretas basadas en regímenes 
de ayuda regional (por ejemplo FORD Genk) , la Comisión siguió fiel a 
sus criterios según los cuales las ayudas regionales que se concedan 
en este sector deben guardar proporción con la dificultad real que se 
plantea a los inversores a nivel regional. No obstante, debe indicarse 
que, en general, la Comisión ha permitido intensidades de ayuda más 
elevadas para fabricantes de automóviles para contribuir a proyectos 
de inversión situados en las regiones más desfavorecidas de la UE. 
100 
101 
102 Decisión 95/995/CECA, DO L 379 de 31.12.1995, p. 6. 
Asunto C-135/93 España/Comí s ion, Rec. 1995, p. 1-1651. 
XXIV Informe sobre la política de competencia, punto 367 y Anexo II.E., p. 2.6. 
71 
168. Por lo que se refiere a los casos de ayuda de salvamento y 
reestructuración, la Comisión aprobó decisiones definitivas sobre los 
casos de ayuda relativos a DAF Bélgica, DAF Países Bajos y SEAT-
Volkswagen. Con arreglo a lo dispuesto en las normas vigentes, estas 
decisiones implicaron una recuperación de parte de la ayuda, en el caso 
de la quiebra de DAF, y una reducción significativa de la capacidad de 
producción en el caso de SEAT. Por otra parte, la Comisión decidió 
incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93 
del Tratado CE en relación con la ayuda concedida por las autoridades 
españolas a Santana Motor, S.A. 
169. A la hora de evaluar casos de ayudas destinadas a investigación 
y desarrollo, la Comisión, al tiempo que reconoce las consecuencias 
positivas que las actividades de I+D podrían tener en el desarrollo 
económico, tiene en cuenta el riesgo de que se falsee la competencia 
y garantiza que tales ayudas sólo se concedan a aquellos proyectos 
genuinamente innovadores a nivel europeo. Asimismo, comprueba que se 
cumplen las intensidades máximas establecidas en las Directrices 
comunitarias sobre ayudas destinadas a I+D. Como estas condiciones se 
cumplían en los casos Opel Austria y Ford Valencia, la Comisión 
autorizó las ayudas propuestas para tales proyectos. 
170. En ambos casos también se incluían ayudas destinadas a proyectos 
de inversión cuyo objetivo consistía en reducir la contaminación 
ambiental. En consonancia con las Directrices relativas a los vehículos 
automóviles y las relativas a las ayudas estatales destinadas a la 
protección ambiental, este tipo de ayuda se puede autorizar si se 
destina exclusivamente a cubrir costes extraordinarios de inversión que 
se necesiten para reducir o eliminar la contaminación o adaptar los 
métodos de producción para proteger el medio ambiente y si no se 
superan los límites de intensidad de ayuda establecidos en estas 
últimas directrices, es decir, un 15% para aquellos proyectos cuyo 
objetivo es ajustarse a las nuevas normas y un 30% para aquellos otros 
que las superen claramente o para las medidas voluntarias. Tanto en los 
casos Opel Austria y Ford Valencia, como en el anteriormente mencionado 
de Ford Genk, la Comisión autorizó las ayudas propuestas al cumplirse 
todas estas condiciones. 
171. En varios casos, la Comisión había exigido a las autoridades 
nacionales que supervisasen la realización de la inversión que podría 
acogerse a las ayudas, solicitando a los Estados miembros que enviasen 
informes anuales sobre el resultado de las inversiones y los abonos de 
las ayudas. La experiencia ya ha desmostrado la importancia de seguir 
de cerca estos proyectos, si tenemos en cuenta que la ejecución de 
grandes programas plurianuales de inversión provoca un sinfín de 
cambios que podrían exigir modificaciones de los pagos de ayuda. A lo 
largo de 1995, este control a posteriori se llevó a cabo en los casos 
Ford/VW Setubal y Fiat Mezzogiorno y en los de Chrysler y SNF en 
Austria, en los que la Unión Europea había logrado con este país 
acuerdos sobre reducciones de ayudas. En su decisión sobre el caso 
NedCar, la Comisión había exigido a las autoridades neerlandesas que 
notificasen las normas sobre asignación de costes entre modelos 
antiguos y nuevos, para que pudiese garantizar que no se concede ningún 
tipo de ayuda a Volvo y Mitsubishi mediante normas inadecuadas103. El 
análisis de las normas de asignación de costes para 1994 y 1995 puso 
de relieve que no incluían elementos de ayuda estatal. Por último, en 
el caso Rover de ayuda a la reestructuración, que data de un período 
anterior al establecimiento de las Directrices, y en el caso Opel 
Eisenach de ayuda regional, se dio por terminado el proceso de 
evaluación a posteriori, una vez que se cumplieron todas las 
condiciones de las decisiones. 
103 XXIV Informe sobre la política de competencia, puntos 367 y Anexo II.E, punto 2.6. 
72 
1.1.5. Sector de las fibras sintéticas 
172. Desde 1977, la ayuda a este sector ha sido objeto de un control 
complementario mediante las Directrices relativas a las ayudas 
destinadas al sector de las fibras sintéticas. En abril, la Comisión 
pidió a un consultor independiente que evaluase los efectos de dichas 
Directrices y, si se seguía considerando necesaria la introducción de 
un nuevo control, qué forma debía adoptar. Los consultores presentaron 
su informe en octubre y la Comisión decidirá su postura a principios 
de 1996. Por otra parte, la Comisión prorrogó en abril el período de 
vigencia de las Directrices104 actuales por un nuevo período de nueve 
meses hasta el 31 de marzo de 1996105. 
1.1.6. Transportes 
173. En 1995 aumentó significativamente (de 29 a 52) el número de 
expedientes de ayudas al sector de transportes. A este aumento hay que 
añadir la creciente complejidad de los asuntos y la ampliación del 
ámbito de vigilancia de la aplicación de los artículos 92 y 93. A 
medida que avanza la liberalización de los mercados de transporte, se 
acentúa la presión comercial sobre los operadores en toda la Comunidad. 
La próxima culminación del proceso de liberalización de la aviación 
civil incluirá la concesión de derechos de cabotaje a las empresas 
europeas de transporte a partir de marzo de 1997. Las directivas 
recientemente aprobadas sobre tarifas de utilización de 
infraestructuras y acceso a las redes ferroviarias en este sector 
suponen un paso adelante en el camino iniciado con la Directiva 91/440. 
La aplicación de estas nuevas disposiciones está siendo ampliada a las 
líneas nacionales del transporte marítimo. Se trata simplemente de unos 
pocos ejemplos de la evolución hacia un mercado único de los servicios 
de transporte. 
174. Como las operaciones comerciales avanzan hacia nuevas aéreas, 
debe intensificarse el control del apoyo financiero público para 
garantizar el mantenimiento de la igualdad de condiciones para todas 
las empresas, tanto públicas como privadas. En el caso de los 
transportes, no se debería autorizar ninguna ventaja que provoque una 
reducción de la estructura normal de costes de una empresa y proceda 
de una iniciativa estatal, salvo que responda a las necesidades de 
coordinación del transporte o se trate de compensar por la dispensa de 
las obligaciones de servicio público. Además, el desarrollo del 
transporte como una actividad económica o como un proyecto concreto de 
interés común europeo podría acogerse a una exención. 
175. A lo largo del año pasado, los servicios de la Comisión fueron 
consultados sobre varios asuntos (Ferrovie dello Stato, enlace fijo de 
Óresund) por parte de los Estados miembros con objeto de aclarar si las 
inversiones públicas en infraestructura habían de considerarse ayudas 
estatales. Los gobiernos han utilizado siempre las intervenciones 
financieras como un instrumento esencial de su política de desarrollo 
de las infraestructuras. En principio, siempre y cuando el acceso y el 
uso sean públicos y generales, estas intervenciones no constituirán 
ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 92 sino que, 
normalmente, serán consideradas de interés público. Para que haya 
falseamiento de la competencia, lo que calificaría la intervención de 
ayuda estatal, las ventajas derivadas de la infraestructura han de 
tener carácter selectivo en cuanto a los destinatarios, que serán 
empresas específicas: por ejemplo, instalaciones especiales para el uso 
exclusivo de una empresa o restricciones discriminatorias al acceso a 
dichas infraestructuras. 
DO C 346 de 30.12.1992 
DO C 142 de 8.6.1995. 
73 
En términos económicos, las autoridades públicas proporcionan en 
general estos bienes y servicios debido a la incapacidad del sistema 
de precios para hacerlo con eficacia. Bienes como las infraestructuras 
tienden a ser indivisibles y consumibles colectivamente por todos los 
ciudadanos independientemente de que paguen o no por su utilización. 
La realización de estas tareas públicas por parte del Gobierno 
beneficia a la sociedad en general y no a una empresa o industria 
específica (principio de no exclusión). Por lo tanto, el apoyo público 
a las infraestructuras no será, en general, constitutivo de ayuda, sino 
que más bien se tratará de una medida de carácter general derivada de 
la soberanía del Estado sobre la política económica, la ordenación 
territorial y el desarrollo. 
176. Durante 1995 se presentaron varias denuncias en relación con el 
apoyo público prestado a los puertos. Se plantea la cuestión de si el 
apoyo financiero a las actividades portuarias puede ser examinado en 
el contexto del artículo 92. 
177. En 1995, la Comisión basó sus decisiones sobre ayudas estatales 
en el sector de la aviación civil en los principios desarrollados en 
las nuevas Directrices adoptadas en noviembre de 1994106. En las 
Directrices se parte del creciente carácter competitivo del mercado de 
los servicios de transporte aéreo tras la entrada en vigor del tercer 
paquete de liberalización en 1993. En 1994, la Comisión autorizó la 
concesión de sendas ayudas de reestructuración pagaderas a plazos en 
favor de TAP y Air France. En ambos casos la autorización de la 
Comisión estaba condicionada al cumplimiento de una serie de 
compromisos y planes de reestructuración. En 1995, la Comisión verificó 
dicho cumplimiento con ayuda de expertos independientes. Dado que tanto 
TAP107 como Air France108cumplían satisfactoriamente ambos requisitos, 
no se planteó ninguna objeción al pago del segundo tramo de la ayuda. 
178. También en 1994, la Comisión decidió que la suscripción, por 
parte de la entidad pública francesa CDC-P, de bonos emitidos por Air 
France constituía ayuda ilegal, incompatible con el mercado común, por 
lo que solicitó su reembolso. En octubre de dicho año, Francia y Air 
France recurrieron contra la Decisión de la Comisión ante el Tribunal 
de Primera Instancia. El 4 de abril de 1995109, la Comisión decidió 
modificar su decisión inicial y pedir a Francia que garantizase que la 
ayuda y los intereses devengados quedarían depositados en una cuenta 
bancaria bloqueada hasta que el Tribunal resolviera el asunto. La razón 
económica de este mecanismo estriba en privar a Air France del uso del 
importe de la ayuda hasta el término del procedimiento ante el 
Tribunal. 
179. El cuatro de mayo de 1995110, la Comisión estudió las 
transaccciones económicas incluidas en el acuerdo entre Swissair y 
Sabena para la adquisición por parte de la primera de una participación 
estratégica (49,5%) en Sabena. Con arreglo a la operación, Sabena había 
de emitir nuevas acciones por un importe de 9 500 millones de BEF, de 
los que 6 000 millones serían suscritos por Swissair y el resto por 
Bélgica y por un grupo de inversores de este país. La Comisión señaló 
que cuando es necesario incrementar la participación pública en una 
empresa, la aportación de capital no constituye ayuda siempre que la 
inversión pública vaya acompañada por una inyección considerable de 
capital de un accionista privado. La suscripción de las nuevas acciones 
XXIV Informe sobre la política de competencia, punto 375, 
DO C 154, de 21.6.95. 
DO C 295, de 10.11.95. 
DO L 219, de 15.9.95. 
DO L 239, de 7.10.95, p. 19. 
74 
por parte de Swissair, al mismo precio y en las mismas condiciones que 
Bélgica y los inversores belgas, fue admitida como prueba de que la 
operación constituía una transacción económica normal y no ayuda 
estatal. 
180. El 10 de mayo de 1995, La Comisión decidió no plantear objeciones 
al plan del gobierno alemán de contribuir a los fondos de pensiones en 
beneficio de los trabajadores de Lufthansa como parte del programa de 
privatización de la empresa iniciado en 1992. Dicho plan estaba 
relacionado con las cargas impuestas a Lufthansa a raíz de su retirada 
obligatoria de un fondo complementario de pensiones gestionado por la 
entidad pública VBL a la que, en su calidad de empresa pública, había 
estado obligada a pertenecer. La Comisión estimó que un inversor 
privado que se hallase en la misma situación que el Estado alemán, 
obligado a desprenderse del control de Lufthansa, hubiera actuado de 
la misma manera con objeto de rentabilizar al máximo el valor final de 
su participación. 
181. El 19 de julio de 1995, la Comisión estudió una inyección de 
capital por un importe de 3 00 millones de FF a la empresa AOM, por 
parte de su matriz, la empresa de propiedad estatal Crédit Lyonnais. 
Tras analizar el plan de reestructuración de la línea aérea, la 
Comisión llegó a la conclusión de que era probable que AOM volviese a 
ser rentable a corto plazo y que el valor neto actual del flujo de 
efectivos en el futuro era superior al de la inversión. Se consideró 
que la operación equivalía a una transacción económica normal y que no 
constituía ayuda estatal ya que un inversor privado en una economía de 
mercado hubiera efectuado la inversión en AOM de hallarse en las mismas 
circunstancias. 
182. El 29 de noviembre de 1995, la Comisión adoptó una decisión 
definitiva negativa respecto del mecanismo excepcional de depreciación 
de las aeronaves registradas en Alemania y utilizadas para actividades 
comerciales internacionales. En determinados casos el mecanismo 
permitía una depreciación excepcional de hasta el 3 0% del coste total 
de adquisición. La Comisión estimó que el sistema equivalía a una ayuda 
y que no entraba en el ámbito de aplicación de los apartados 2 y 3 del 
artículo 92. 
183. Asimismo, la Comisión ha adoptado varias decisiones referentes 
a ayudas en el sector marítimo. Las orientaciones de la Comisión de 
1989 para el examen de las ayudas de Estado en favor de las compañías 
navieras de la Comunidad están siendo examinadas en el contexto de la 
revisión global de la política comunitaria sobre el transporte 
marítimo. La Comisión presentó los resultados en un documento 
estratégico que las Instituciones Europeas, los Estados miembros y 
otros interesados serán invitados a debatir y comentar. 
184. Concretamente, la Comisión decidió que un acuerdo entre 
autoridades regionales y locales del País Vasco y la empresa Ferries 
del Golfo de Vizcaya no contenía elementos de ayuda estatal. La 
decisión final, tras la apertura del procedimiento con arreglo al 
apartado 2 del artículo 93, se adoptó el 6 de junio de 1995. 
185. Se plantearon serias dudas en cuanto a la compatibilidad con el 
Tratado de la ayuda concedida a la empresa naviera, propiedad del 
Estado francés, Compagnie Générale Maritime (CGM). El 31 de octubre de 
1995 la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del 
artículo 93, ampliándolo posteriormente el 20 de diciembre de dicho 
año. La ayuda asciende aproximadamente a 330 millones de ecus. 
186. La Comisión ha examinado varios expedientes de ayudas estatales 
al sector del transporte terrestre teniendo especialmente en cuenta el 
proceso de liberalización del cabotaje que se desarrolla gradualmente 
75 
desde el 1 de enero de 1995111 y que supone la apertura de los mercados 
locales a la competencia comunitaria. 
187. El 18 de agosto de 1995, la Comisión presentó un recurso ante el 
Tribunal de Justicia contra la República italiana por no haber adoptado 
las medidas necesarias para ajustarse a la decisión de la Comisión, de 
9 de junio de 1993, por la que se declaraba que un crédito fiscal 
concedido a los transportistas profesionales por carretera de Italia 
era incompatible con el mercado común y se instaba a las autoridades 
italianas a recuperar los importes abonados. 
Además, este régimen que había sido considerado simple ayuda de 
funcionamiento y que estaba inicialmente previsto para el año fiscal 
1992, fue prorrogado por las autoridades italianas para 1993 y 1994, 
con un presupuesto de 558 millones de ecus. El 4 de octubre de 1995, 
la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado contra dichas prórrogas y solicitó la 
suspensión inmediata de la ayuda. 
188. • En el sector de la navegación interior, sigue su curso la labor 
de saneamiento estructural para reducir el exceso de capacidad derivado 
del desguace de buques iniciada en 1990 con arreglo al Reglamento (CE) 
n' 1101/89 del Consejo, de 27 abril de 1989. Dado el gran excedente de 
varaderos, la Comisión presentó al Consejo el 23 de mayo de 1995 una 
propuesta por la que se modifica el Reglamento citado y se recomienda 
una iniciativa de desguace a gran escala entre los años 1996-1998, 
cofinanciada por la Comunidad, los Estados miembros afectados y 
representantes del sector. Esta iniciativa constituye una medida 
complementaria importante del proceso de liberalización progresiva del 
mercado fluvial, al que también aludía una propuesta de la Comisión del 
23 de mayo de 1995. 
189. Durante 1995, la Comisión examinó a tenor de los artículos 92 y 
93 varias operaciones efectuadas por empresas ferroviarias. Por lo que 
se refiere a la venta en el Reino Unido de las empresas de equipos 
móviles de ferrocarril (ROSCOs) , la Comisión decidió el 2 9 de noviembre 
que las garantías concedidas a los compradores rentabilizaban al máximo 
la venta y, por consiguiente, no constituían ayuda estatal. 
Asimismo, el 18 de octubre del mismo año, la Comisión decidió que no 
constituía ayuda estatal una garantía en favor de Ferrovie dello Stato 
S. p. A. concedida por el gobierno italiano para cubrir un préstamo por 
un importe de 3 72 millones de ecus para efectuar inversiones en 
infraestructuras en el enlace ferroviario de alta velocidad entre 
Brenner y Verona. 
1.1.7. Agricultura 
190. En cierto modo, la adhesión de los tres nuevos Estados miembros 
(Austria, Suecia y Finlandia) ha modificado los datos sobre ayudas 
estatales en el sector agrícola. El Acta de adhesión ha previsto un 
procedimiento específico para cada Estado miembro en cuanto a las 
ayudas existentes en el momento de la adhesión y durante un determinado 
período transitorio. Tal y como establece el Acta de adhesión, los 
nuevos Estados miembros comunicaron a la Comisión antes del 3 0 de abril 
de 1995 sus regímenes de ayudas, conforme a lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 93 del Tratado CE, en el sector agrícola. Además, el 13 
de febrero de 1995 la Comisión adoptó dos decisiones por las que se 
aprueban los programas austríaco y finlandés de aplicación de los 
artículos 138 a 140 del Acta de adhesión, que prevén la concesión de 
ayudas nacionales transitorias y decrecientes para productos agrícolas. 
111 Reglamento 3118/93 del Consejo, DO L 279 de 12.11.1993 
76 
Estas decisiones fueron modificadas posteriormente a la vista de nuevos 
elementos. 
191. En términos generales, corresponde a la Comisión oponerse a 
aquellas ayudas nacionales otorgadas por cualquier Estado miembro que 
contengan medidas de apoyo que puedan perturbar los mecanismos del 
mercado comunitario y, al tratarse de ayudas de funcionamiento, no 
tengan efectos duraderos sobre el desarrollo del sector del que se 
trate. 
192. En lo que respecta a las ayudas a la inversión en el sector de 
la producción primaria y, en particular, a la aplicación del apartado 
1 del artículo 12 del Reglamento (CEE)n' 2328/91 del Consejo, relativo 
a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias112, la evaluación 
de las ayudas comunitarias y nacionales debería ir acompañada, en la 
medida de lo posible, de un examen paralelo de los expedientes en los 
plazos fijados para las ayudas estatales; este procedimiento permitiría 
remitir al Estado miembro de que se trate una única carta en virtud de 
los artículos 92 y 93 del Tratado y del Reglamento n" 2328/91. 
193. En cuanto a las ayudas a la inversión destinadas a mejorar las 
condiciones de transformación y comercialización de productos 
agrícolas, la política comunitaria se rige por el Reglamento (CEE) N" 
866/90 del Consejo113, que autoriza también a los Estados miembros a 
conceder ayudas, bajo determinadas condiciones, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 92 y 93 del Tratado. No obstante, esta facultad está 
limitada por los criterios de selección previstos en el citado texto, 
aplicados por la Comisión por analogía en la evaluación de las ayudas 
estatales. 
Hasta 1994, los criterios de selección para estas inversiones, 
denominados "límites sectoriales", estaban fijados en la Decisión 
90/342/CEE de la Comisión de 7 de junio de 1990114 pero, la Decisión 
94/173/CEE de la Comisión, de 22 de marzo de 1994115, los ha 
modificado. En 1994, la Comisión informó a los Estados miembros de que 
seguía aplicando, en lo que respecta a las ayudas estatales, los 
límites sectoriales previstos en el punto 2 del Anexo de la Decisión 
de 1990116. En 1995, la Comisión ha matizado su posición para aplicar 
los límites previstos en la Decisión de 1994, siempre que fueran menos 
severos117. Una vez finalizados los trabajos preparatorios con los 
Estados miembros, la Comisión adoptó el principio de aplicar a las 
ayudas estatales, a partir del 1 de enero de 1996, los criterios 
contenidos en la Decisión de 22 de marzo de 1994, en vez de los fijados 
en su Decisión de 7 de junio de 1990118. 
194. Asimismo, la Comisión decidió en principio revisar su política 
sobre créditos de gestión subvencionados en el sector agrícola119. 
DO L 218 de 6.8.1991, p. 1, 
DO L 91 de 26.4.1990, p. 1. 
DO L 163 de 29.6.1990, p. 71. 
DO L 79 de 23.3.1994, p. 29. 
DO C 189 de 12.7.1994, p. 5. 
DO C 71 de 23.3.1995, p. 6. 
DO C 29 de 2.2.1996, p. 4. 
DO C 44 de 16.2.1996, p. 2. 
77 
1.1.8. Pesca 
195. En 1995, la Comisión registró 37 nuevos expedientes de ayuda 
notificados y otros 20 de ayudas no notificadas o notificadas demasiado 
tarde, así como tres nuevos casos de ayudas existentes en este sector. 
Decidió no formular objeciones a la concesión de ayudas en el caso de 
22 expedientes, uno de los cuales se remontaba a 1994. Por otro lado, 
decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado CE con respecto a dos ayudas, una concedida por 
Italia y la otra por Alemania. En el mismo período, la Comisión decidió 
archivar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 
incoado con respecto a una ayuda concedida en Italia, notificada en 
1993. 
1.2. Sectores no sujetos a directrices comunitarias específicas sobre 
ayudas estatales 
196. Desde hace algunos años, se registra en Europa un gran movimiento 
de liberalización, privatización y reordenación de sectores nacionales 
en situación monopolística. Este movimiento, asociado al proceso de 
armonización de las directrices comunitarias, ha inducido a la Comisión 
a estudiar la forma de aplicar la normativa comunitaria en materia de 
ayudas estatales a determinados sectores específicos como bancos o 
correos. Estos sectores, aunque teóricamente deben estar sujetos al 
mismo tratamiento que los demás (sobre todo, en lo que respecta al 
principio del "inversor privado en una economía de mercado"), no por 
ello dejan de presentar una serie de características específicas que 
justifican su consideración, por parte de la Comisión, a la hora de 
aplicar la normativa sobre ayudas estatales. 
1.2.1. Sector bancario 
197. Este sector presenta una serie de características específicas 
debido, en particular, a consideraciones de orden social y jurídico 
(protección del ahorro), macroeconómico y financiero (necesaria 
estabilidad del sector, buen funcionamiento del sistema de pagos), 
político e internacional (posibles repercusiones como, por ejemplo, 
manifestaciones de "pánico" en otras entidades del mismo país o en 
otros países por mor de la enorme interdependencia que registran 
sectores como el bancario, sobre todo en casos de quiebra de una 
entidad de gran tamaño). Por este motivo, hay autoridades específicas 
encargadas de la supervisión de este sector en los distintos Estados 
miembros. 
Tras el caso Banesto en 1994, el asunto Crédit Lyonnais constituye un 
buen ejemplo de la forma en la que han de aplicarse las normas sobre 
ayudas estatales teniendo en cuenta al mismo tiempo la especial 
sensibilidad del sector. Este asunto, desde el punto de vista 
cuantitativo, es el más importante de todos los asuntos tratados por 
la Comisión hasta el momento: el volumen global de la ayuda asciende 
a 45 000 millones de FF (7 500 millones de ecus). Además, el Crédit 
Lyonnais estaba situado a finales de 1993 a la cabecera de los bancos 
europeos en cuanto a balance total, lo que constituye un ejemplo de 
quiebra de un banco de gran tamaño, con todas las consecuencias que 
ello hubiera podido tener sobre el conjunto del sistema financiero y 
bancario francés e incluso europeo. 
El principio mantenido por la Comisión, tras consultar a un grupo de 
expertos de alto nivel, fue aplicar al sector bancario las normas de 
fondo y de procedimiento en materia de ayudas estatales teniendo en 
cuenta la especificidad del sector. Además, el respeto a las normas 
tiene como efecto evitar que determinadas entidades de crédito, 
sirviéndose del apoyo implícito o explícito del Estado, en la medida 
en que se trata de entidades públicas o demasiado importantes para ser 
78 
dejadas a merced de una quiebra, se comporten imprudentemente. En 
efecto, esta actitud puede implicar la necesidad de recurrir al apoyo 
estatal y, por lo tanto, un falseamiento de la competencia que hubiera 
podido ser evitado. Aunque la intervención del Estado se considerara 
necesaria para evitar consecuencias indeseables para las demás 
entidades y los mercados financieros, la Comisión consideró que era 
imprescindible asegurar que la solución definitiva falseara la 
competencia lo menos posible. Por último, le entidad en quiebra debe 
ofrecer contrapartidas suficientes para compensar los efectos negativos 
de la intervención estatal sobre los demás operadores del mercado. Por 
este motivo, la decisión adoptada finalmente por la Comisión condiciona 
la aprobación de la ayuda al Crédit Lyonnais, a la venta de una parte 
importante de su red internacional, a su contribución a los costes del 
mecanismo de separación de activos mediante, una cláusula de retorno a 
la prosperidad, a una separación neta entre Crédit Lyonnais y la 
estructura de disociación y la probable privatización del banco en el 
plazo de cinco años. 
1.2.2. Correos 
198. La Comisión considera que se trata de un sector esencial que 
representa un instrumento ineludible para el desarrollo de las 
actividades sociales y económicas de un país. No obstante, al mismo 
tiempo ha de tener en cuenta el hecho de que el Tribunal de Justicia 
ha reconocido la aplicación de las normas de competencia a este 
sector120, sin perjuicio del principio contenido en el apartado 2 del 
artículo 90 del Tratado CE. 
Los servicios de correos, sobre todo los públicos, semipúblicos o 
aquellos que disfrutan de derechos especiales y exclusivos, mantienen 
todavía relaciones privilegiadas con el Estado. De esta situación se 
deriva un apoyo financiero directo (subvenciones) o indirecto 
(deducciones fiscales) a menudo poco transparente. Por un lado, la 
Directiva de la Comisión sobre transparencia de las relaciones 
financieras entre el Estado y las empresas públicas es de aplicación 
en este sector121, lo que implica obligaciones contables y financieras 
especiales. Por otro lado, estas intervenciones financieras directas 
o indirectas constituyen ayudas estatales que la Comisión tiene el 
deber de supervisar, tanto en lo que respecta a la obligación de 
notificación previa de los proyectos de ayuda que incumbe a los Estados 
miembros como en cuanto a la revisión permanente de los regímenes 
vigentes que la Comisión debe llevar a cabo con objeto de salvaguardar 
el desarrollo progresivo y el funcionamiento del mercado común. 
A este respecto, el asunto de las Actividades del servicio de correos 
francés en materia de competencia resulta interesante desde dos puntos 
de vista, en la medida en que hace referencia tanto a la aplicación de 
las normas sobre ayudas estatales (artículos 92-93) como a las 
disposiciones aplicables a las empresas responsables de la gestión de 
servicios de interés económico general (apartado 2 del artículo 90). 
Este asunto representa la primera aplicación conjunta, por parte de la 
Comisión, de estas dos disposiciones. La Comisión consideró que las 
ventajas fiscales de que disfruta el servicio de correos no superan los 
costes adicionales ocasionados por la presión a la que está sometido 
para cumplir correctamente su misión de servicio público y no beneficia 
a sus actividades en el marco de la competencia (es decir, las 
actividades no reservadas al servicio de correos en aplicación de la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 febrero de 1992 en los asuntos acumulados C-
48/90 y C-66/90 Nederland en PTT Nederland and PTT Post/Comisión, Rec. 1992, p. 1-565; 
sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-320/91 Paul Corbeau, Rec. 1993, 
p. 1-2563. 
Directiva de la Comisión 80/723/CEE de 25.6.1980 mollificada por la Directiva 84/413/CEE, 
DO L 229 de 28.8.1985, p. 20. 
79 
legislación francesa). Por lo tanto, la Comisión decidió que estas 
ventajas fiscales no eran constitutivas de ayudas estatales conforme 
a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE. 
1.2.3. Sector audiovisual 
199. La Comisión reconoce que las industrias cinematográfica y de 
producción televisiva en Europa son un componente esencial de la 
diversidad cultural europea. Así, ha aceptado la promoción de la 
diversidad cultural como justificación para la concesión de ayudas 
estatales a la industria cinematográfica y a la producción de programas 
de televisión. No obstante, a la hora de evaluar las ayudas estatales 
en este sector, la Comisión garantizará que no falseen indebidamente 
la competencia y que no se produzca discriminación por razones de 
nacionalidad o cualesquiera otros obstáculos a la libre circulación de 
bienes, servicios, personas e ideas en todo el territorio de la Unión 
Europea. La Comisión aspira a lograr un equilibrio entre las exigencias 
de promoción cultural y del patrimonio común y la apertura del comercio 
y la competencia en el mercado único. 
Para aclarar su política en este ámbito, la Comisión está trabajando 
en unas directrices sobre ayudas estatales a la cultura, las artes y 
el sector audiovisual, que fueron debatidas con los Estados miembros 
en una reunión multilateral que se celebró en el mes de junio. En 
general, los Estados miembros mostraron su apoyo a las directrices. 
200. A la luz de las denuncias presentadas por cadenas de televisión 
privadas, que alegan que los organismos públicos de radiodifusión 
reciben ayudas estatales que falsean la competencia en el mercado 
europeo de la televisión, en 1993 la Comisión encomendó a una empresa 
de consultoria un estudio de la situación con especial atención a las 
obligaciones de servicio público impuestas a los organismos públicos 
de radiodifusión, a los costes y a las ayudas que reciben dichos 
organismos. La Comisión recibió el informe definitivo en octubre de 
1995 y lo ha enviado a los Estados miembros para que presenten sus 
observaciones. En lo que respecta a los nuevos Estados miembros y a los 
Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE, la Comisión 
ha convocado una licitación para realizar un estudio similar. Una vez 
que reciba los comentarios de los Estados miembros sobre el primer y 
se complete el segundo, la Comisión examinará los casos pendientes e 
impulsará un debate sobre las perspectivas de futuro. 
2. Ayudas horizontales 
2.1. Investigación y desarrollo 
201. El 20 de diciembre de 1.995, la Comisión aprobó las nuevas 
"Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de investigación y 
desarrollo". 
La revisión de las Directrices vigentes desde 1986 se inscribe en el 
nuevo contexto de competencia tanto comunitaria como internacional. En 
la versión revisada se han tenido en cuenta las recomendaciones del 
Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, así como las 
consecuencias de los acuerdos derivados de las negociaciones 
multilaterales de la Ronda Uruguay. Además, el texto aclara 
determinadas prácticas no explícitas que la Comisión ha desarrollado 
desde la entrada en vigor de las Directrices de 1986. 
En efecto, aunque, como norma general, el nivel de ayuda admisible se 
mantiene en el 25% para los proyectos de desarrollo precompetitivo, más 
próximas al mercado, y en el 50% para los proyectos de investigación 
fundamental, se establece un sistema de bonificaciones para los 
proyectos de PYME (+10 puntos), las regiones subvencionadas (+5 o 10 
puntos) y los proyectos correspondientes a las prioridades del programa 
marco comunitario de I+D (+15 puntos). 
80 
Por otro lado, la intensidad admisible también será bonificada (10 
puntos) para proyectos que cumplan al menos unos de los siguientes 
criterios: cooperación transfronteriza entre empresas independientes, 
amplia difusión de los resultados de la investigación y cooperación 
entre las universidades y la industria. Se admitirá un incremento de 
25 puntos para los proyectos incluidos entre las prioridades del 
programa marco comunitario de I+D que establezcan también una 
colaboración transfronteriza entre empresas o entre empresas y 
organismos públicos de investigación así como una amplia difusión de 
los resultados. 
Este sistema de bonificaciones permitirá ajustar el importe admisible 
de la ayuda sobre la base del interés común, y deberá respetar en 
cualquier circunstancia los índices máximos del Código de Subvenciones 
de la OMC. 
Con objeto de tomar en consideración la competencia extracomunitaria 
y las nuevas posibilidades previstas por el Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias de la OMC, las nuevas directrices establecen 
que las empresas europeas podrán acogerse al importe máximo de las 
ayudas aceptado por la OMC (50% para las actividades de investigación 
precompetitiva y 75% para las actividades de investigación industrial 
fundamental) en los siguientes casos: acumulación entre ayuda estatal 
y subvención comunitaria, proyecto importante de interés común europeo 
(excepción prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo 92), 
proyectos o programas que incluyan actividades similares a otras 
desarrolladas por empresas situadas fuera de la Unión Europea que hayan 
recibido durante los últimos tres años o vayan a recibir una ayuda de 
intensidad admitida por la OMC para estos dos tipos de investigación. 
Con las nuevas Directrices, a fin de reducir la carga burocrática para 
los Estados miembros y la Comisión, teniendo en cuenta la experiencia 
adquirida, no será necesario notificar el aumento del presupuesto anual 
(inferior al 100% del importe inicial) o la prolongación de un régimen 
autorizado, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. 
En principio, no se deberá notificar la concesión de una ayuda a un 
proyecto individual integrado en un régimen de ayudas de investigación 
y desarrollo que haya sido autorizado por la Comisión. Las Directrices 
de 1995 introducen un criterio diferente de notificación de los 
"grandes casos individuales" relativo al importe de la ayuda abonada 
(5 millones de ecus) y al coste del proyecto (25 millones de ecus). 
Las nuevas Directrices también hacen referencia a las diferentes 
situaciones en las que la financiación pública de las actividades de 
investigación y desarrollo realizadas por centros de enseñanza superior 
o de investigación públicos sin fines lucrativos, en solitario o por 
cuenta de empresas o en colaboración con éstas, no entra dentro del 
ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE. 
Por otro lado, el texto precisa los factores que la Comisión tomará en 
consideración a la hora de evaluar si las ayudas de investigación y 
desarrollo propuestas por un Estado miembro impulsan a las empresas a 
llevar a cabo actividades suplementarias en este ámbito, además de las 
que desarrollan normalmente en el marco de sus actividades cotidianas 
(efecto de estímulo de las ayudas de I+D). 
En lo que respecta a las PYME, se presumirán la necesidad de la ayuda 
y su efecto de estímulo, mientras que, en lo que respecta a las grandes 
empresas que emprendan una investigación próxima al mercado, la 
Comisión deberá verificar estos factores con especial cuidado. 
81 
2.2. Ayudas al empleo y medidas sociales de carácter general 
202. La persistencia de las elevadas tasas de desempleo en la 
Comunidad fue el problema económico y social más importante que la 
Comisión se vio obligada a afrontar en 1995. En un esfuerzo por paliar 
esta grave situación, los Estados miembros intensif ican sus iniciativas 
para fomentar el empleo y, en su Libro Blanco sobre crecimiento, 
competitividad y empleo, la Comisión determina varias vías para 
impulsar el empleo en armonía con la política comunitaria sobre 
competencia. 
La mayor parte de las medidas adoptadas por los Estados miembros para 
poner en práctica sus políticas de empleo son, por naturaleza, de 
carácter general y no contienen.elementos constitutivos de ayudas, bien 
porque no favorecen a determinadas empresas o bien porque no afectan 
a los intercambios entre Estados miembros conforme a lo dispuesto en 
el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE. Por ejemplo, la nueva 
legislación danesa sobre energía, que introduce nuevos impuestos, o 
sube los existentes, sobre las emisiones de C02 y S02 aplicables a la 
industria prevé que una parte de los ingresos derivados de estos 
impuestos sea reembolsada a la industria en forma de una reducción 
general de sus contribuciones sociales. Como todas las empresas se 
benefician de esta reducción de forma automática y sobre la base de 
criterios objetivos, la Comisión no consideró que constituía ayuda 
estatal a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92. 
Sólo las iniciativas que, de forma selectiva, reducen los costes 
laborales de determinadas empresas o sectores para fomentar la creación 
de puestos de trabajo, mantener el nivel de empleo o contratar a 
determinadas categorías de desempleados falsean o pueden falsear la 
competencia porque favorecen a los destinatarios frente a sus 
competidores. Así, la Comisión concluyó que un régimen sueco de ayudas 
al empleo, disponible únicamente para empresas de hasta 500 empleados, 
constituía ayuda estatal en beneficio de estas empresas y en perjuicio 
de los competidores con más de 500 trabajadores. 
203. Debido al considerable aumento del número de ayudas al empleo, 
la Comisión consideró conveniente precisar su política en este ámbito, 
plasmada en las correspondientes Directrices sobre ayudas122. Por lo que 
se refiere a las medidas de apoyo a la formación, este aspecto se 
tratará indirectamente en las Directrices más genéricas que distinguen 
entre ayudas estatales y medidas generales, ya que las medidas de apoyo 
a la formación pueden definirse, en muchos casos, como medidas 
generales. El principal objetivo sobre ayudas estatales de las 
Directrices es informar a los Estados miembros e interesados sobre los 
principios que aplicará la Comisión para determinar la existencia y la 
compatibilidad de las ayudas al empleo con el mercado común y para 
garantizar la coherencia entre las normas de competencia y las 
recomendaciones sobre la política de empleo formuladas en el Libro 
Blanco sobre Crecimiento, Compatetividad y Empleo. Las Directrices 
confirman el enfoque positivo que normalmente adopta la Comisión con 
respecto a las ayudas estatales para la creación de empleo, en 
particular cuando la ayuda se concede a PYME o a empresas situadas en 
regiones que pueden acogerse a ayudas regionales, siempre y cuando la 
medida lleve a un aumento neto del número de puestos de trabajo en la 
empresa afectada. De forma similar, la Comisión adoptará en principio 
una posición favorable cuando la ayuda se conceda a empresas que 
contraten a personas con especiales dificultades para encontrar un 
puesto de trabajo permanente, como desempleados de larga duración o 
jóvenes. En su evaluación, la Comisión también tendrá en cuenta las 
posibles contrapartidas que ofrezcan las empresas cuando reciban ayudas 
DO C 334 de 12.12.1995, p. 4. 
82 
distintas a las citadas, por ejemplo de formación. Además, en 
consonancia con los principios generales que rigen su política sobre 
ayudas estatales, la Comisión examinará siempre si la ayuda es 
necesaria para contratar a un desempleado y reviste carácter temporal. 
No obstante, no todas las ayudas al empleo gozarán de una actitud 
favorable por parte de la Comisión. En opinión de ésta, algunas ayudas 
al empleo, por su efecto perjudicial, real o potencial, sobre la 
competencia en el mercado común son contrarias al interés común y solo 
podrán ser aprobadas, si acaso, en un número limitado de casos. Así, 
las Directrices confirman la actitud negativa de la Comisión con 
respecto a las ayudas para mantener puestos de trabajo en una empresa. 
De hecho, las ayudas para mantener puestos de trabajo constituyen 
ayudas de funcionamiento y, en general, frustran o retrasan los 
necesarios cambios estructurales para restablecer la viabilidad 
económica de una empresa o sector, manteniendo artificialmente en 
funcionamiento actividades que no son rentables. A juicio de la 
Comisión, los efectos negativos de estas ayudas pesan más que las 
posibles ventajas a corto plazo que pueda suponer el mantenimiento de 
un determinado nivel de empleo. Además, la Comisión adoptará 
generalmente una actitud desfavorable con respecto a las ayudas para 
la creación de empleo destinadas exclusivamente a uno o más sectores 
especialmente sensibles que registren exceso de capacidad o atraviesen 
una crisis. Los efectos negativos que estas medidas pueden tener sobre 
las empresas competidoras del mismo sector en otros Estados miembros 
y el riesgo de que la ayuda se limite a trasladar un problema de 
desempleo a otros Estados miembros prevalecen sobre la reducción de las 
tasas de desempleo en el Estado miembro que conceda la ayuda. Por lo 
tanto, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 93 con respecto a una ayuda de empleo concedida 
al sector del calzado en Italia dentro de un régimen general de ayudas 
a sectores en crisis. 
No obstante, las ayudas para mantener puestos de trabajo podrán ser 
aprobadas si se conceden a empresas situadas en regiones que, debido 
a sus graves problemas socioeconómicos, pueden acogerse a ayudas 
regionales conforme a la letra a) del apartado 3 del artículo 92 o si 
se conceden en el contexto de un plan de salvamento o de 
reestructuración123. Además, podrán autorizarse ayudas sectoriales en 
regiones con elevadas tasas de desempleo o subsectores en crecimiento 
económico y que generen empleo. 
204. Con objeto de reflejar la necesidad urgente de abordar la crisis 
de empleo en la Unión Europea y de apoyar el fomento de políticas 
estructurales de empleo, en particular mediante la intervención activa 
en los mercados laborales, la Comisión está examinando la posibilidad 
de adoptar un procedimiento acelerado para la notificación de regímenes 
de ayudas al empleo y a la formación. Conforme a este procedimiento, 
la Comisión decidirá sobre las ayudas notificadas en el plazo de 20 
días laborables. 
2.3. Ayudas a la protección del medio ambiente 
205. La política de la Comunidad en este ámbito se basa en el 
principio de que la empresa contaminante debe pagar por el perjuicio 
que causa al medio ambiente. En principio, las ayudas a las empresas 
para la protección del medio ambiente son incompatibles con el 
principio de quien contamina paga. No obstante, ha de reconocerse que, 
en determinados casos, estas ayudas pueden ser necesarias como 
incentivo para que las empresas adopten medidas de protección del 
Directrices comunitariaa sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de 
empresas en crisis, DO C 36« de 23.12.1994. 
83 
entorno que excedan de las obligatorias por ley o para mantener la 
competitividad de la industria cuando se impongan nuevas exigencias al 
respecto. Así, puede justificarse la concesión de ayudas para la 
protección del medio ambiente en determinadas circunstancias. No 
obstante, es evidente que estas ayudas pueden falsear la competencia 
entre empresas en el mercado común y que sólo se justifican cuando los 
efectos beneficiosos sobre el medio ambiente compensen los efectos 
negativos sobre la competencia. 
206. Las Directrices comunitarias124 sobre ayudas estatales en favor 
del medio ambiente tienen como objetivo buscar un equilibrio entre la 
citada política de competencia y las consideraciones de política 
medioambiental. Así, las Directrices confirman el principio de quien 
contamina paga pero, al mismo tiempo establecen que en determinadas 
condiciones estas ayudas podrán ser autorizadas. 
En consonancia con estos principios, las Directrices establecen que, 
aunque las ayudas de funcionamiento son consideradas normalmente 
incompatibles con el mercado común, la Comisión podrá autorizarlas en 
casos excepcionales en forma de deducción de los impuestos sobre el 
medio ambiente y otras medidas compensatorias, siempre y cuando la 
ayuda sea necesaria para lograr los objetivos ambientales perseguidos. 
Por lo tanto, la Comisión concluyó que la deducción de los nuevos 
impuestos sobre las emisiones de C02 y S02 en favor de empresas con un 
alto consumo de energía en Dinamarca y los Países Bajos, así como la 
deducción del impuesto sobre aguas subterráneas y residuos en favor de 
determinadas empresas en los Países Bajos podían ser autorizadas porque 
constituían el precio inevitable de encontrarse entre los primeros 
países que han introducido un impuesto que será beneficioso para el 
medio ambiente. Sin algunas deducciones, estos impuestos dañarían 
seriamente la competitividad de las empresas con elevado consumo de 
energía en los países que han introducido el impuesto, en este caso 
Dinamarca y los Países Bajos, de forma que sería impracticable. No 
obstante, para garantizar que estas deducciones fiscales no falseen 
indebidamente la competencia y para ofrecer un incentivo para que los 
destinatarios de estas ayudas introduzcan medidas para reducir la 
contaminación, la Comisión exigirá en todos los casos que la deducción 
fiscal sea temporal y, en principio, decreciente. 
2.4. Ayudas a pequeñas y medianas empresas (PYME) 
207. En 1995, la Comisión siguió aplicando al análisis de las ayudas 
en favor de las PYME los criterios de las Directrices comunitarias 
sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas, adoptadas 
por la Comisión el 20 de mayo de 1992125. Estas Directrices establecían 
que la Comisión revisaría su aplicación en el plazo de tres años a 
partir de su publicación. Por lo tanto, los servicios de la Comisión 
presentaron a los expertos de los Estados miembros, en una reunión 
multilateral celebrada en julio, las conclusiones de esta revisión y 
propusieron los cambios que consideran necesarios a la luz de dicha 
revisión. El objetivo de la Comisión sigue siendo el de autorizar las 
ayudas que tengan carácter estimulante y que respondan a las 
desventajas específicas de las PYME limitando en la medida de lo 
posible el falseamiento de la competencia. En el debate se abordó 
principalmente la necesidad de precisar y simplificar las normas, la 
actualización de la regla de minimis y la posibilidad de tomar en 
consideración los gastos de las inversiones ligadas a la transferencia 
de tecnología. 
124 DO C 72 de 10.3.1994. 
125 DO C 213 de 19.8.1992, p. 2. 
84 
2.5. Ayudas a la exportación 
208. Las ayudas a la exportación, ligadas a la cantidad126 de 
mercancías vendidas en otros Estados miembros de la CE o del EEE o 
estrechamente vinculadas a la comercialización y venta de mercancías 
en estos países, como las destinadas al establecimiento o 
funcionamiento de redes de distribución o de agencias de venta de 
bienes y servicios en la Comunidad y el EEE, son claramente 
incompatibles con el objetivo de construir un mercado interior. Estas 
ayudas no fomentan ningún objetivo comunitario que pueda justificar los 
efectos directamente nocivos para la competencia que provocan. Por 
consiguiente, la Comisión no autorizará ayudas a la exportación. No 
obstante, en consonancia con su enfoque favorable con respecto a las 
ayudas financieras a las PYME, habida cuenta sobre todo de sus 
limitaciones en cuanto a los conocimientos técnicos y de sus 
dificultades a la hora de obtener financiación externa, la Comisión 
podrá autorizar ayudas blandas en favor de PYME que se refieren al 
desarrollo de los mercados de exportación, por ejemplo, las ayudas para 
servicios de consultoría y estudios de mercado, siempre y cuando se 
trate de una operación no recurrente limitada al acceso a nuevos 
mercados. En las mismas circunstancias, la Comisión podrá autorizar 
ayudas a PYME para su participación en ferias comerciales. 
209. Las empresas europeas no sólo compiten dentro de la CE y del EEE, 
sino que también lo hacen para las inversiones en mercados extranjeros 
como Europa oriental, Rusia y sureste asiático. En opinión de la 
Comisión, las ayudas para inversiones en mercados extranjeros pueden 
falsear la competencia y afectar a los intercambios dentro de la 
Comunidad y, por lo tanto, entran dentro del ámbito de aplicación de 
las normas sobre ayudas estatales del Tratado CE. A la Comisión le 
preocupa que estas ayudas puedan conducir a deslocalizaciones y que se 
concedan sobre todo en las regiones centrales y más desarrolladas de 
la Comunidad, en contra de los esfuerzos de la política de cohesión 
para reducir las diferencias entre las regiones más y menos prósperas 
de la Comunidad. Por otro lado, estas ayudas pueden ayudar a los países 
de Europa oriental, los Estados Bálticos y Rusia en sus procesos de 
conversión a una economía de mercado y, por lo tanto, pueden estar 
justificadas en determinados casos. Para establecer una política clara 
en este ámbito, la Comisión decidió, en una serie de regímenes de 
internacionalización, incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 93 e instar a los Estados miembros y terceros interesados 
para que presentaran sus observaciones. 
210. La Comisión ha proseguido sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo 
con los Estados miembros en torno a una Comunicación sobre el seguro 
de crédito a la exportación a corto plazo que exigirá que los Estados 
miembros retiren el apoyo público a las compañías de seguro de crédito 
a la exportación en lo que respecta a los riesgos comerciales a corto 
plazo. La Comisión espera que los problemas pendientes se resuelvan a 
lo largo de 1996 de forma que pueda adoptarse la citada Comunicación. 
2.6. Ayudas de salvamento y de reestructuración 
211. La Comisión continuó aplicando las nuevas Directrices 
comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración 
de empresas en crisis127. De no haber un control estricto, estas ayudas 
pueden ser utilizadas por los Estados miembros para mantener 
artificialmente a flote empresas aquejadas de grandes problemas, con 
el riesgo de frustar o retrasar indebidamente los necesarios cambios 
La Comisión está considerando la posibilidad de incluir a tal fin una exención explícita 
en la regla "de minimis", que está siendo objeto de revisión. 
DO C 368 de 23.12.1994, p. 12. 
85 
estructurales en el mercado interior y de desviar el peso de dichos 
ajustes a empresas viables. No obstante, consideraciones de política 
social o regional pueden justificar la concesión de ayudas de 
salvamento y de reestructuración, y el principal objetivo de las 
Directrices es establecer un equilibrio entre estas consideraciones y 
el desarrollo de un mercado común con una competencia libre y exenta 
de falseamientos. 
212. El objetivo de las ayudas de salvamento es mantener una empresa 
temporalmente en funcionamiento mientras se elabora un plan de 
reestructuración adecuado. Por lo tanto, tales ayudas sólo pueden 
concederse durante un período limitado de tiempo, generalmente inferior 
a seis meses. La Comisión concluyó que la garantía de 18 meses 
concedida por el Gobierno español a la empresa Gutiérrez Asunce 
Corporación (Guascor) sobre unos préstamos comerciales no cumplían los 
requisitos para obtener una ayuda de esta índole. 
213. Conforme a las Directrices, la Comisión supedita la aprobación 
de las ayudas de reestructuración a unas condiciones estrictas, entre 
las que destaca la de que se trate, en principio, de una operación no 
recurrente. Además, la ayuda ha de estar vinculada a un plan de 
reestructuración que pueda restablecer la viabilidad a largo plazo de 
la empresa en un plazo razonable de tiempo y sobre la base de 
perspectivas realistas en cuanto a sus futuras condiciones de 
funcionamiento, de forma que no resulte necesario conceder nuevas 
ayudas. A juicio de la Comisión, se trata de una condición sine qua non 
para la autorización de las ayudas de reestructuración128. En un asunto 
en el que determinados regímenes de garantía y de préstamos blandos 
establecidos en Alemania para el salvamento y la reestructuración de 
empresas en crisis no excluía, en principio, la concesión reiterada de 
ayudas en beneficio de la misma empresa para las mismas operaciones, 
la Comisión se reservó el derecho de examinar las ayudas 
individualmente. De forma similar, el plan de reestructuración de 
SANTANA Motor S.A., filial de SUZUKI Motor Corporation Group, estaba 
poco definido y no era convincente; además, su objetivo no era 
restablecer la viabilidad de la empresa a largo plazo, por lo que la 
Comisión no pudo autorizar la ayuda que el Gobierno español pretendía 
conceder conforme a dicho plan y decidió iniciar el procedimiento 
previsto en el apartado 2 del artículo 93 CE. 
214. Para compensar en la medida de lo posible los posibles efectos 
negativos sobre los competidores, las ayudas de reestructuración a 
empresas que operan en sectores que registran un exceso de capacidad 
estructural han de cumplir la condición de que la empresa beneficiaría 
reduzca su capacidad productiva de forma efectiva e irreversible. 
Cuando aprobó la ayuda de reestructuración concedida a la empresa 
italiana de fertilizantes Enichem Agricultura S.p.A., la Comisión hizo 
hincapié en la reducción irreversible de la capacidad productiva de la 
empresa y decidió, además, que esta condición debía respetarse hasta 
que los efectos de la ayuda sobre la situación competitiva en la 
Comunidad fueran imperceptibles. No obstante, la Comisión no pudo 
aprobar una garantía estatal en favor de la empresa española Guascor 
porque el plan de reestructuración de la empresa no parecía fijar 
reducciones de la capacidad productiva por lo menos en uno de sus 
sectores de producción en los que hay exceso de capacidad en la CE. 
La Comisión no puede por sí misma imponer como condición la 
privatización de una empresa que recibe ayudas de reestructuración. No 
obstante, un compromiso por parte de un Estado miembro de privatizar 
la empresa beneficiaría de la ayuda puede ser un elemento decisivo para 
129 Véanse también las Directrices comunitarias aplicables a las ayudas estatales en el 
sector de la aviación, DO C 350 de 10.12 .1994,p. 5. 
86 
la Comisión a la hora de valorar la futura viabilidad de la empresa sin 
necesidad de recibir nuevas ayudas. Por lo tanto, en su decisión sobre 
la compatibilidad de la ayuda de reestructuración a la empresa italiana 
de fertilizantes Enichem Agricultura S.p.A., la Comisión tuvo en cuenta 
el compromiso ofrecido por el Gobierno italiano de privatizar la 
empresa. 
2.7. Treuhandanstalt 
215. En el mes de enero, la Comisión fijó las condiciones aplicables 
en 1995 para las ayudas a la privatización de empresas en los nuevos 
estados federados. Dichas condiciones habían sido fijadas previamente 
en 1991129 y en 1992130. A raíz de la disolución del Treuhandanstalt la 
Comisión decidió que los procedimientos y los criterios de evaluación 
aplicables a las privatizaciones en 1995 debían estar más en 
consonancia con los aplicables con respecto a otros Estados miembros. 
A partir de 1995, año de transición, no existirían normas especiales. 
La Comisión examinó algunos casos individuales de ayudas concedidas 
para privatizar empresas en los nuevos estados federados. El más 
importante, con gran diferencia frente al resto, hacía referencia a la 
privatización de las instalaciones petroquímicas de BSL (Buna, 
Sâchsische Olefinwerke, Leuna) de Dow Chemical. En noviembre, la 
Comisión adoptó una decisión definitiva autorizando una ayuda de 5 000 
millones de ecus (9 500 millones de DM) para la reestructuración de BSL 
como un complejo integrado. 
3. Ayudas regionales 
216. La Comisión prosiguió su revisión de los regímenes vigentes de 
sus modalidades y de los mapas de las regiones que pueden optar a 
ayudas de finalidad regional (conforme a los principios de reducción 
de la cobertura de población y de coherencia con los mapas de los 
Fondos Estructurales). Se adoptaron decisiones con respecto a los 
Países Bajos, Bélgica (salvo Hainaut), España e Italia. De este modo, 
prácticamente ha concluido la campaña global de revisión de los mapas 
regionales; solo queda un país pendiente de revisar su mapa. Por lo que 
respecta a los tres países adheridos a la Comunidad el 1 de enero de 
1995 (Austria, Suecia y Finlandia) , la Comisión ha aceptado los mapas 
elaborados por el Órgano de Vigilancia de la AELC en el marco del 
Espacio Económico Europeo en 1994. Asimismo, la Comisión siguió 
examinando, de conformidad con los artículos 92 y 93 del Tratado, la 
compatibilidad de las intervenciones de los Fondos Estructurales en 
función de los distintos objetivos e iniciativas comunitarias. 
D - Procedimientos (derechos de los denunciantes) 
217. En su sentencia de 28 de septiembre de 1995 en el asunto T-95/94 
SYTRAVAL/Comisión, el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión 
de la Comisión de 31 de diciembre de 1993 por la que se desestimaba una 
denuncia de una supuesta ayuda estatal en favor de "Sécuripost", filial 
del servicio de correos público francés, que opera en mercados 
competitivos. El Tribunal consideró que la Comisión no había razonado 
suficientemente la desestimación de una serie de alegaciones de los 
denunciantes en relación con el trato preferente dado a Sécuripost por 
parte del Estado a través del servicio de correos. 
XXI Informe sobre la política de competencia, punto 249. 
XXII Informe sobre la política de competencia, punto 349. 
87 
La importancia de esta sentencia reside en las manifestaciones del 
Tribunal con respecto a los derechos de los denunciantes en 
procedimientos sobre ayudas estatales. El Tribunal declara 
taxativamente que la Comisión ha de examinar con imparcialidad y de 
forma exhaustiva todas las alegaciones formuladas por denunciantes y 
no puede imponer al denunciante la carga de la prueba sobre la 
existencia e incompatibilidad de una ayuda. De lo contrario, se 
exigiría a los denunciantes la obtención de información en apoyo de sus 
alegaciones que en muchos casos no podrían obtener sin la Comisión como 
intermediaria. Por consiguiente, la Comisión no puede alegar que la 
argumentación es insuficiente o que no puede ser analizada a causa de 
la escasa información facilitada por el denunciante. Las conclusiones 
del asunto SYTRAVAL confirman la sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia de 18 de septiembre de 1995 en el asunto T-49/93 SIDE/ 
Comisión. 
218. El procedimiento de examen de las ayudas estatales por parte de 
la Comisión consta de dos fases: examen previo de la medida e inicio 
del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 CE en los 
asuntos en los que la Comisión, a raíz del examen previo, sigue 
teniendo dudas en cuanto a la compatibilidad de aquélla con el mercado 
común. Mientras el Tratado establece un procedimiento para invitar a 
los terceros interesados para que presenten sus observaciones en el 
procedimiento incoado conforme al apartado 2 del artículo 93, no ocurre 
lo mismo con respecto al examen previo. Cuando la compatibilidad de una 
ayuda con el mercado común puede determinarse sin proceder a nuevos 
exámenes, no parece necesario que intervengan terceros antes de la 
decisión de la Comisión. Por lo tanto, la práctica sistemática de la 
Comisión ha consistido en no conceder el derecho a audiencia a 
terceros, incluidos los denunciantes, durante el examen previo. El 
Tribunal Europeo de Justicia ha corroborado esta posición en una serie 
de sentencias131. No obstante, además de la exigencia de examinar 
imparcialmente y de forma exhaustiva todas las alegaciones formuladas 
por el denunciante y de exponer las razones en que basó su decisión en 
el asunto SYTRAVAL el Tribunal de Primera Instancia impone además a la 
Comisión, en determinadas circunstancias, la obligación de iniciar un 
procedimiento contradictorio con los denunciantes en los casos que 
impliquen dificultades en cuanto a la calificación de determinadas 
medidas como ayudas estatales incluso antes de haberse iniciado el 
procedimiento del apartado 2 del artículo 93 . Como su sentencia parece 
imponer obligaciones suplementarias a la Comisión en su examen de las 
denuncias cuando los casos plantean dudas en cuanto a la existencia de 
ayuda, y parece también contravenir la jurisprudencia consolidada del 
Tribunal Europeo de Justicia, la Comisión ha recurrido esta sentencia 
ante este último. 
Véase, en particular, el asunto 84/82 Alemania/Comisión, Rec. 1984, p. 1451. 
88 
E - Estadísticas 
219. A lo largo del año, la Comisión registró 680 notificaciones de 
nuevas ayudas o de modificaciones de ayudas existentes y 113 casos de 
ayudas no notificadas132. Asimismo, en 504 casos decidió no formular 
objeciones. En 57, decidió incoar el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE o en el apartado 4 del 
artículo 6 de la Decisión 3855/91/CECA como resultado de estos 
procedimientos. Adoptó 22 decisiones definitivas positivas, 9 negativas 
y 5 condicionales. Por último, propuso la adopción de las medidas 
apropiadas previstas en el apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE 
con respecto a 6 casos. 
Gráfico 1 : Asuntos nuevos en 1995 
900 
• Reexamen de la ayuda 
•Ayuda sin notificar 
a Ayuda notificada 
1994 1995 
Estas cifras no abarcan las ayudas en los sectores de la agricultura, la pesca, los 
transportes y el carbón. 
89 
Gráfico 2 
700 
400 1 
300 
200 I 
100 
0 
1991 Decisiones adoptadas por la Comisión 
1992 1993 619 
1994 1995 
Cuadro 1 : Decisiones por Estado miembro 
Austria 22 
Bélgica 15 
Dinamarca 17 
Alemania 209 
Grecia 9 
España 110 
Finlandia 2 
Francia 51 
Irlanda 3 
Italia 93 
Luxemburgo 1 
Países Bajos 34 
Portugal 12 
Suecia 6 
Reino Unido 35 
UNIÓN EUROPEA 619 
'l I II 
90 
V - Dimension internacional 
A - Espacio Económico Europeo 
220. Desde la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a la Unión 
Europea, el 1 de enero de 1995, Noruega e Islandia son los únicos 
países de la AELC signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (Acuerdo EEE). A ellos se sumó Liechtenstein el 1 de mayo de 
1995. 
Las normas de cooperación en materia de competencia derivadas del 
Acuerdo EEE y completadas por los mecanismos de concertación informal, 
pero sistemática, establecidos en un acuerdo entre la Comisión y el 
Órgano de Vigilancia de la AELC133, siguen vigentes en las relaciones 
con estos tres países. 
Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del 
Acta de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea134, 
los expedientes relativos a los nuevos Estados miembros pendientes de 
tramitación ante el Órgano de Vigilancia de la AELC fueron traspasados 
a la Comisión (casi 80 expedientes relativos a los artículos 53 y 54 
del Acuerdo EEE y unos 4 00 expedientes de ayudas). 
B - Países de Europa central y oriental, Estados Bálticos, nuevos Estados 
independientes y países mediterráneos 
1. Países de Europa central y oriental 
221. En el contexto de la estrategia previa a la adhesión de los seis 
PECO asociados135, el Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994 
subrayó la importancia no sólo de la política de competencia sino 
también de la necesidad de garantizar su cumplimiento. Entre otras 
misiones, encomendó a la Comisión el desarrollo, junto con los Estados 
miembros, de un programa de formación sobre la política de competencia. 
La Comisión y las autoridades de los Estados miembros se han reunido 
en varias ocasiones y han logrado mejorar la coordinación de sus 
actividades y emprender una importante iniciativa conjunta. En el mes 
de septiembre, funcionarios de los seis PECO asociados y de los Estados 
Bálticos participaron en un curso colectivo de formación, durante dos 
semanas, en la DG IV (financiado por el programa PHARE) y, 
posteriormente, cada uno de ellos visitó a las autoridades nacionales 
responsables de la competencia en un Estado miembro de la Unión. La 
iniciativa tuvo una excelente acogida entre los participantes. 
Hasta ahora, la asistencia técnica dentro del programa PHARE ha girado 
fundamentalmente en torno a los aspectos de la normativa de defensa de 
la competencia. En 1996, la atención se centrará en los monopolios, los 
derechos exclusivos y las ayudas estatales, dedicándose una especial 
atención al cumplimiento efectivo de la legislación. 
XXII Informe sobre la política de competencia, puntos 85 a 89 y XXIV Informe, punto 399. 
DO C 241 de 29.8.1994. 
Los Acuerdos Europeos con Rumania, la República Checa, Bulgaria y la República Eslovaca 
entraron en vigor el 1 de febrero de 1995; los suscritos con Polonia y Hungría entraron 
en vigor el 1 de febrero de 1994. Las normas básicas sobre competencia recogidas en los 
acuerdos son las del Tratado de Roma,- véase el XXIV Informe sobre la política de 
competencia, p. 2 83, punto 4 01. 
91 
El Libro Blanco de la Comisión136, que ofrece una serie de orientaciones 
para la integración de los PECO, resalta la importancia de una política 
de competencia viable para las economías en proceso de transición y 
establece cuatro pilares (defensa de la competencia, fusiones, ayudas 
estatales y monopolios públicos y derechos exclusivos) para la 
aproximación de las normas que los países asociados deben adoptar en 
estos ámbitos. Se ha avanzado significativamente en el ámbito de la 
defensa de la competencia; todos los países asociados menos uno 
disponen ya de autoridades competentes en la materia. Hasta el momento 
de su adhesión, estos países aceptarán el acervo comunitario y, 
entretanto, se está prestando asistencia técnica. 
Por lo que respecta a las normas de aplicación de los acuerdos 
europeos, las relativas a la competencia aplicables a las empresas se 
encuentran en proceso de adopción por parte de los consejos de 
asociación. En cuanto a las ayudas estatales, se está debatiendo un 
conjunto de normas. Un país ha dado su acuerdo a estas normas y ha 
iniciado el proceso formal de adopción. Otro país ha anunciado su 
acuerdo. 
La Comisión ha desarrollado varias iniciativas para difundir su 
política de competencia entre todos los agentes económicos de estos 
países. En la conferencia de Brno, celebrada en abril de 1995, el 
Director General de Competencia habló al numeroso público, entre el que 
se encontraban funcionarios de competencia y representantes del mundo 
económico, de la dimensión internacional de la política de competencia 
y de la importancia que reviste la cooperación entre las diversas 
autoridades responsables en este ámbito. En la conferencia de Visegrado 
celebrada entre el 19 y el 21 de junio de 1995, responsables de los 
servicios de competencia de los PECO y funcionarios de la DG IV 
abordaron problemas específicos que, desde el punto de vista de la 
competencia, plantean las economías en proceso de transición, así como 
la interacción de las políticas de defensa de la competencia y de 
ayudas estatales; se llegó a un acuerdo en torno a un programa de 
acción común. Entre otras cosas, se acordó establecer una red para el 
intercambio electrónico de datos. En otoño, el Director General de 
Competencia visitó Bulgaria y abordó cuestiones relativas a las ayudas 
estatales y los monopolios. 
2. Estados Bálticos, Eslovenia y nuevos Estados independientes 
222. En el contexto de la estrategia previa a la adhesión de los 
Estados Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), los acuerdos de libre 
cambio, que contienen las mismas normas de competencia que los acuerdos 
europeos celebrados con los PECO, entraron en vigor el 1 de enero de 
1995. Estos acuerdos serán sustituidos próximamente por los acuerdos 
europeos firmados en el mes de junio de 1995; ahora estos tres Estados 
han de cumplir las mismas condiciones para integrarse en la estrategia 
previa a la adhesión que las establecidas por la Unión Europea con 
respecto a los PECO. En cuanto a las normas de aplicación, se ha 
propuesto a los Estados Bálticos el mismo marco jurídico que el 
relativo a los PECO. Un país ha notificado su acuerdo básico en torno 
a las normas aplicables a las empresas y a las ayudas estatales. Las 
negociaciones con Eslovenia para la firma de un acuerdo europeo siguen 
su curso. 
Se han suscrito acuerdos de asociación y cooperación con Rusia, 
Ucrania, Bielorrusia, Kazajistan, Kirguizistán y Moldavia; aunque las 
normas sobre competencia son menos rigurosas que las contenidas en los 
acuerdos con los PECO, los acuerdos también contienen una cláusula 
sobre aproximación de las legislaciones. Ya se ha iniciado la 
cooperación, en concreto mediante la prestación de asistencia técnica 
dentro del programa TACIS. En este contexto, se financió una 
Libro Blanco de la Comisión. Preparación de los países asociados de Europa central y 
oriental para su integración en el mercado interior de la Unión (mayo de 1995), 
refrendado por el Consejo Europeo de Cannes en junio de 1995. 
92 
conferencia internacional organizada por las autoridades rusas 
responsables de la competencia en otoño de 1995 en Moscú, a la que 
asistió el Director General Adjunto de Competencia. En mayo y diciembre 
se reunió un grupo de trabajo con Rusia para estudiar la forma de 
comenzar la aplicación práctica del acuerdo de asociación y 
cooperación. 
3. Países mediterráneos y Mercosur 
223. Se han suscrito acuerdos de asociación con Túnez, Marruecos e 
Israel, y se están negociando acuerdos similares con Jordania, Egipto 
y Líbano. Estos acuerdos contienen, o está previsto que contengan, 
normas de competencias similares a las previstas en los acuerdos 
europeos. El acuerdo para establecer una unión aduanera con Turquía, 
que ya ha sido firmado y está en proceso de ratificación, contiene 
obligaciones extremadamente rígidas en cuanto a aproximación de la 
normativa, especialmente la de competencia, que deben cumplirse en 
períodos específicos. 
Cabe señalar que detrás de todos estos acuerdos bilaterales se observa 
un importante movimiento de armonización, lo que está en consonancia 
con las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos sobre 
política de competencia en el nuevo orden comercial (véanse los 
apartados siguientes). 
Las negociaciones con Mercosur, incluidos algunos aspectos de la 
competencia, están ya en marcha. 
C - América del Norte 
224. El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Estados Unidos sobre 
aplicación de sus legislaciones de competencia fue aprobado por el 
Consejo Europeo el 10 de abril de 1995. Al mismo tiempo, el Consejo 
aprobó el texto de una carta dirigida a Estados Unidos aclarando la 
interpretación comunitaria de determinadas disposiciones del Acuerdo137. 
Esta carta, que refleja el texto de las declaraciones formuladas por 
la Comisión al Consejo, aclaraba dos aspectos. 
En primer lugar, la información a la que hacen referencia las 
disposiciones del artículo 20 del Reglamento n°17 o las 
correspondientes disposiciones contenidas en otros Reglamentos del 
ámbito de la competencia, no deberá ser comunicada por la Comisión a 
las autoridades estadounidenses de defensa de la competencia salvo 
acuerdo expreso de la fuente interesada. 
En segundo lugar, cada parte garantiza la confidencialidad de toda la 
información facilitada con este carácter por la otra parte y hará uso 
de todos los medios legales a su disposición para impedir que esta 
información sea revelada. La Comisión, tras remitir una comunicación 
a las autoridades estadounidenses, informará a los Estados miembros 
cuyos intereses se vean afectados por notificaciones presentadas a la 
Comisión por las autoridades estadounidenses de defensa de la 
competencia y, tras consultar con estas últimas, también informará a 
dichos Estados miembros sobre cualquier iniciativa de cooperación o 
coordinación de actividades relacionadas con el cumplimiento efectivo 
de la legislación. A este último respecto, no obstante, la Comisión 
respetará la petición de las autoridades estadounidenses de no difundir 
información que suministren cuando resulte necesario para garantizar 
su confidencialidad. 
DO L 95 de 27.4.1995 rectificado por DO L 131 de 15.6.1995. 
93 
La aprobación del Acuerdo por parte de los Estados miembros ha dado el 
impulso político y la seguridad jurídica que se requieren para redoblar 
los esfuerzos de cooperación entre la CE y Estados Unidos. 
A lo largo del año, las notificaciones de Estados Unidos a la CE 
conforme al Acuerdo han mantenido una pauta constante con un total de 
35 (21 del Ministerio de Justicia y 14 de la Comisión Federal de 
Comercio); 21 casos se refirieron a operaciones de concentración. Las 
notificaciones de la CE a Estados Unidos se reanudaron a partir del 10 
de abril tras una breve interrupción como consecuencia de la 
incertidumbre en torno a la legalidad del acuerdo conforme al Derecho 
comunitario138. La CE notificó a Estados Unidos 43 casos, 3 0 de los 
cuales afectaban a operaciones de concentración. 
Las reuniones bilaterales de alto nivel que se celebran dos veces al 
año entre la Comisión y las autoridades estadounidenses de defensa de 
la competencia se reanudaron el 13 de noviembre tras una interrupción 
de dos años. Los debates se centraron en la eficacia de la cooperación 
bilateral y se determinaron algunas áreas de debate para el futuro. 
También se abordó la futura cooperación bilateral y multilateral en el 
contexto del informe del grupo de expertos sobre política de 
competencia en el nuevo orden comercial y de la adopción, por parte de 
Estados Unidos, de la ley de asistencia internacional en materia de 
defensa de la competencia en 1994. Una parte importante de la reunión 
se dedicó a los mercados innovadores y a su relación con la política 
de competencia. 
El 23 de enero, el Consejo autorizó a la Comisión la apertura de 
negociaciones con Canadá para la firma de un acuerdo de cooperación 
bilateral en el ámbito de la competencia139. Una primera ronda de 
negociaciones a este respecto tuvo el lugar el 27 de enero de 1995; se 
avanzó significativamente en la definición de un borrador de acuerdo, 
que fue debatido por el grupo de asuntos económicos del Consejo el 6 
de marzo. Se espera que las negociaciones concluyan en el primer 
trimestre de 1996. 
El 14 de noviembre se celebró una reunión informal entre la Comisión 
y el servicio canadiense de política de competencia para intercambiar 
puntos de vista sobre la reciente evolución de dicha política en la UE 
y Canadá. 
D - Japón 
225. Durante 1995, las relaciones entre la DG IV y el servicio japonés 
de defensa de la competencia mantuvieron su buen rumbo. 
El 22 de noviembre se celebró en Tokio el tercer seminario organizado 
conjuntamente por ambas autoridades. Este seminario abordó la función 
de la política de competencia en una economía internacionalizada y su 
ámbito de aplicación. 
La reunión bilateral anual entre la DG IV y el servicio japonés de 
defensa de la competencia se celebró el 24 de noviembre. Ambas partes 
hicieron referencia a cuestiones relativas a las relaciones bilaterales 
y a temas de interés común como la liberalización y la 
internacionalización de las normas de competencia. También se 
comunicaron recíprocamente las principales evoluciones en el plano 
legislativo y en el ámbito de la aplicación de la normativa de 
competencia. 
13B XXIV Informe sobre la. política de competencia, punto 413. 
139 XXIV Informe sobre la política de competencia, punto 414. 
94 
Por otro lado, se intensificaron los contactos formales e informales 
con las autoridades japonesas. Así, en el contexto del "Plan de 
liberalización" adoptado por el Gobierno japonés en el mes de mayo, la 
DG IV pudo transmitir a este Gobierno sus reivindicaciones en materia 
de competencia, en el sentido de una aplicación más amplia y más 
rigurosa de la normativa, la supresión de prácticamente todas las 
excepciones a estas normas y el reforzamiento del servicio de defensa 
de la competencia. 
E - Australia y Nueva Zelanda 
226. Durante 1995 tuvieron lugar varios contactos bilaterales con 
Australia. Los temas abordados en estas reuniones informales incluyen 
los recientes acontecimientos en la UE y Australia en el ámbito de la 
competencia, sobre todo en lo que respecta a la liberalización, y la 
reforma de la ley australiana de competencia. 
F - Organizaciones multilaterales y otras cuestiones internacionales 
1. OCDE 
227. La DG IV participó activamente en los trabajos de la OCDE 
relativos a la competencia. Los temas más importantes hacen referencia 
a la convergencia de las legislaciones, la cooperación internacional 
y las relaciones entre la política de competencia y el comercio 
internacional, en el contexto de la liberalización de los intercambios. 
También se abordó la aplicación de las normas de competencia en 
sectores liberalizados (telecomunicaciones y transporte marítimo) ; por 
último, se profundizó en determinados aspectos específicos o 
sectoriales de la aplicación de la política de competencia (empresas 
en quiebra y exigencias de rentabilidad, integración vertical en el 
sector cinematográfico, política de competencia y política del medio 
ambiente). 
La DG IV representa a la Comisión en el grupo de trabajo de 
subvenciones públicas del Comité de Industria de la OCDE. Gracias a su 
pericia, el grupo siguió contribuyendo al estudio que está llevando a 
cabo la OCDE sobre las subvenciones públicas al sector de 
transformación. 
2. OMC 
228. Prosiguen activamente las negociaciones en los ámbitos 
sectoriales en los que no se pudo llegar a un acuerdo al concluir la 
Ronda Uruguay, especialmente en materia de servicios de 
telecomunicaciones de base. En el marco de estas negociaciones, la 
Unión Europea presentó un proyecto de oferta que insiste sobre todo en 
un calendario de liberalización externa compatible con el proceso de 
liberalización llevado a cabo en la Unión Europea y en las garantías 
sobre independencia de los órganos reguladores. 
En el ámbito de las ayudas estatales, todos los Estados miembros se 
mostraron de acuerdo con la propuesta de la Comisión para establecer 
un procedimiento conjunto de notificación y comunicación a la Comisión 
y a la OMC que modifica el sistema normalizado vigente de notificación 
y presentación de informes anuales sobre ayudas estatales140. Como 
resultado de esta modificación, la notificación de las ayudas, tal y 
como exige el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de 
la OMC, y la presentación del informe anual se llevan a cabo en una 
sola fase. La Comisión confía en que este nuevo procedimiento alivie 
Carta de la Comisión D/20500 de 2.8.1995 que substituye la carta de la Comisión 
SG(94) D/2484 de 22.2 1994. 
95 
la carga administrativa que recae sobre los Estados miembros y 
garantice un elevado grado de transparencia. 
3. UNCTAD 
229. La DG IV continúa estrechamente vinculada a los trabajos de la 
UNCTAD sobre las prácticas comerciales restrictivas. En concreto, 
participó en la tercera conferencia de Naciones Unidas encargada de 
revisar el conjunto de los principios y normas acordados por la UNCTAD 
en esta materia. 
4. Cooperación internacional 
230. El grupo de expertos creado por el Sr. Van Miert en 1994 para 
debatir las perspectivas de una cooperación más estrecha entre las 
diversas autoridades responsables de la competencia presentó su informe 
en julio de 1995141, formulando una serie de recomendaciones. Tras 
examinar brevemente la posibilidad de establecer una autoridad 
internacional de defensa de la competencia y un código mundial en este 
ámbito, el grupo abandonó esta idea al considerarla poco realista a 
corto o medio plazo. En cambio, consideró idóneo comenzar con la 
adopción de un conjunto de normas de competencia adecuado por parte de 
aquellos países que aún no lo tengan. A este respecto, el grupo 
recomendó que los países que ya posean experiencia en este ámbito 
presten asistencia a los demás. 
El grupo propuso un enfoque paralelo, que es el resultado de una 
combinación de dos ideas. En primer lugar, recomienda que se refuerce 
la cooperación bilateral entre las autoridades de competencia, 
estableciéndose como prioridad una profundización en la cooperación con 
Estados Unidos y una ampliación de la cooperación bilateral a otros 
países. 
En segundo lugar, la principal recomendación del grupo consistió en la 
elaboración de un marco de cooperación multilateral, dado que, en su 
opinión, la cooperación bilateral, incluso reforzada, no puede resolver 
todos los problemas que afrontan las autoridades de competencia ni 
impulsar de forma eficaz el cumplimiento efectivo de las normas de 
competencia en terceros países. Un acuerdo multilateral incluiría todos 
los elementos que ya están incorporados en los acuerdos bilaterales, 
a los que se les añadiría un conjunto de normas mínimas de competencia, 
un instrumento vinculante de cortesía internacional y un mecanismo 
efectivo y progresivo de resolución de conflictos. 
El 17 de julio la Comisión autorizó la presentación del informe al 
Consejo y al Parlamento con objeto de iniciar los debates con los 
principales socios de la Unión y en las organizaciones internacionales 
correspondientes. 
En una reunión celebrada entre los directores generales de competencia 
de los Estados miembros el 17 de octubre de 1995, se acordó la creación 
de un grupo de trabajo para estudiar los aspectos técnicos de algunas 
de las recomendaciones del grupo. 
Este informe también ha sido presentado al Parlamento Europeo, al 
Comité del artículo 113 del Consejo y a los miembros de la OCDE. La 
reacción inicial ha sido positiva. 
La política de competencia en el nuevo orden comercial. Fortalecimiento de la cooperación 
y de las normas internacionales. COM(95) 359 final. 
96 
VI - Política de información 
231. Durante 1995, la Comisión siguió informando activamente al 
público sobre la política de competencia. Igual que en años anteriores, 
los comunicados de prensa sobre asuntos de competencia representaron 
casi un tercio del total. Con sus limitados recursos, el servicio de 
información de la DG IV {Cellule Information) respondió a lo largo del 
año a más de 1000 preguntas del público, facilitando documentación u 
ofreciendo asesoramiento. Desde finales de 1995, debido a la falta de 
recursos, la mayor parte de las peticiones de información se contestan 
mediante un modelo de carta que contiene una lista actualizada de las 
Publicaciones comunitarias sobre competencia disponibles al público1*2 
(que incluye estudios y discursos del personal de la DG IV). Durante 
1995, en colaboración con la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, la DG IV publicó varias recopilaciones sobre la^ 
normativa de competencia, mientras que la EC Competition Policy 
Newsletter, que se publica tres veces al año (en la actualidad se 
imprimen 17 000 copias) , se ha consolidado como una de las principales 
fuentes de información en este ámbito. Se están preparando otras 
publicaciones nuevas para 1996, y la DG IV proyecta introducir datos 
en EUROPA, la red interna de las instituciones europeas en World Wide 
Web143. 
Para más información y para obtener la última lista de esta publicación, póngase en 
contacto con la Cellule Information de la DG IV, C150 00/158, Wetstraat, 200 rue de la 
Loi, Bruxelles B-1049 Bruselas, teléfono: ( + 32-2) 295 76 20, fax: ( + 32-2) 295 54 37, 
Correo electrónico: X400: c=BE;a=RTT; p=CEC,-o=DG4 ,-s = INF04, Internet: Info4@dg4.cec.be 
http://www.cec.lu 
97 
Anexo : Asuntos mencionados en el Informe 
1. Artículos 85 y 86 y Artículo 90 
Case Paragraph numbers 
Aeropuerto de Bruxelles National 120 
Atlas-Phoenix 57 
ATR/BAe 61-62 
BASF/Accinauto 36 
Coapi 89 
Gas Interconnector 82 
ICG/CCI Morlaix 40,43 
Inmarsat-P 59 
Lufthansa/SAS " 77-78 
Omnitel Pronto Italia 109 
Organon 37-38 
Pelikan/Kyocera 87 
TACA . 73 
Unilever /Mars 40, 41 
Van Marwijk/FNK-SCK 40,42 
Vebacom 111 
2. Control de las operaciones de concentración 
Case Paragraph numbers 
ABB/Daimler benz 139 
Crown Cork and Seal/Carnaud MetalBox 141 
Glaxo/Wellcome 142 
Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water 145 
Mercedes Benz/Kássbohrer 135,137 
Nordic Satellite Distribution 133 
Orkla/volvo 140 
Perrier 147 
Repola Corporation/Kymmene 144 
RTL/Veronica/Endemol 134 
Siemens/Italtel 135-136 
Swissair/Sabena 76,143 
98 
3. Ayudas estatales 
Case Paragraph numbers 
Air France 177, 178 
AOM 181 
BSL (Buna, Sâchsiche Olef inwerke, Leuna) 215 
CGM 185 
Chrysler 171 
Correos francés 198 
Crédit Lyonnais 197 
DAF Belgium 168 
DAF Netherlands 16 8 
EM-Filature 159 
Enichem Agricultura S .p.A. 159, 214 
Ferries Golfo De Viscaya 184 
Ferrovie dello Stato S.p.A. 189 
Fiat Mezzogiorno 171 
Ford Genk 167 
Ford Valencia 169 
Ford/VW Setubal 171 
Guascor (Gutierrez Asunce Corporación) 212 
Impuestos energía en los Países Bajos 206 
Instituto de Fomento de Andalucía 159 
Kimberley-Clark 158 
Lech-Sthlwerke GmbH 159 
Legislación danesa sobre energía 202, 206 
Leuna-Werke GmbH 162 
Lisnave 159 
Lufthansa 180 
Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH 160 
NedCar-Volvo/Mitsubishi 171 
Opel Austria 169 
Opel Eisenach 171 
Régimen sueco de ayudas al empleo 202 
ROSCOS 189 
Rover _^ 171 
Santana Motor SA 213 
SEAT -Volkswagen 168 
Sector del calzado en Italia 203 
Siemens Nixdorf AG/Mainz 157 
SNF I 171 I 
99 
Swissair-Sabena 179 
Sytraval 217 
TAP . 177 
Textilwerke Deggendorf GmbH/Comisión 154 
Tubacex 157, 160 
100 
ISSN 0257-9545 
COM(96) 126 final 
DOCUMENTOS 
ES 08 
N* de catálogo : CB-CO-96-135-ES-C 
ISBN 92-78-01871-6 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
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