ES Diario Oficial de la Unión Europea C 326/1

Conforme a lo dispuesto en el artículo 287, apartados 1 y 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los artículos 129 y 143 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, relativo al Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, modificado en último lugar por el Reglamento (UE, Euratom) no 1081/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y en los artículos 139 y 156 del Reglamento (CE, Euratom) no 215/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al décimo Fondo Europeo de Desarrollo,

el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en su reunión del día 8 de septiembre de 2011, ha aprobado sus

INFORMES ANUALES

relativos al ejercicio 2010.

Los Informes, acompañados de las respuestas de las instituciones a las observaciones del Tribunal, han sido transmitidos a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión y a las demás instituciones.

Los Miembros del Tribunal de Cuentas son:

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA (Presidente), David BOSTOCK, Morten Louis LEVYSOHN, Ioannis SARMAS, Igors LUDBORŽS, Jan KINŠT, Kersti KALJULAID, Massimo VARI, Juan RAMALLO, Olavi ALA-NISSILÄ, Karel PINXTEN, Ovidiu ISPIR, Nadejda SANDOLOVA, Michel CRETIN, Harald NOACK, Henri GRETHEN, Eoin O'SHEA, Szabolcs FAZAKAS, Louis GALEA, Ladislav BALKO, Augustyn KUBIK, Milan Martin CVIKL, Rasa BUDBERGYTĖ, Lazaros S. LAZAROU, Gijs DE VRIES, Harald WÖGERBAUER, Hans Gustaf WESSBERG.

INFORME ANUAL SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2011/C 326/01

ÍNDICE

Introducción general

Capítulo 1 — Declaración de fiabilidad e información de apoyo

Capítulo 2 — Ingresos

Capítulo 3 — Agricultura y recursos naturales

Capítulo 4 — Cohesión, energía y transporte

Capítulo 5 — Ayuda exterior, desarrollo y ampliación

Capítulo 6 — Investigación y otras políticas internas

Capítulo 7 — Gastos administrativos y otros gastos

Capítulo 8 — La obtención de resultados a partir del presupuesto de la UE

Anexo — Información financiera sobre el presupuesto general

INTRODUCCIÓN GENERAL 0.1. El Tribunal de Cuentas Europeo es la institución establecida por el Tratado para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de la Unión Europea (UE). Como auditor externo de la UE, actúa de guardián independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión y contribuye a mejorar la gestión financiera de ésta. Para más información sobre el Tribunal, pueden consultarse en su sitio web (www.eca.europa.eu) el informe anual de actividades, los informes especiales sobre los programas de gasto y los ingresos de la UE y sus dictámenes sobre nuevos textos legislativos o modificaciones a los mismos. 0.2. El presente documento constituye el 34o Informe Anual sobre la ejecución del presupuesto de la UE y corresponde al ejercicio 2010. En un documento separado figura el Informe Anual sobre los Fondos Europeos de Desarrollo. 0.3. El Consejo y el Parlamento Europeo determinan anualmente el presupuesto general de la UE. El Informe Anual del Tribunal, junto con sus informes especiales, sirve de base al procedimiento de aprobación de la gestión, por el que el Parlamento Europeo decide si la Comisión Europea ha cumplido satisfactoriamente con sus responsablidades de ejecución del presupuesto. El Tribunal transmite su Informe Anual a los parlamentos nacionales al mismo tiempo que al Consejo y al Parlamento Europeo. 0.4. La parte central del Informe Anual consiste en la declaración del Tribunal (la «DAS») sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la UE y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (en lo sucesivo en el informe «regularidad de las operaciones»). Es precisamente la declaración de fiabilidad la que da inicio al informe; los datos que le siguen corresponden principalmente al trabajo de auditoría subyacente a dicha declaración. — El capítulo 1 contiene la declaración de fiabilidad y una síntesis de los resultados de la fiscalización del Tribunal sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad de las operaciones, además de un informe de síntesis sobre la gestión presupuestaria en 2010. — Los capítulos 2 a 7 presentan de forma detallada las constataciones de la fiscalización en forma de «observaciones específicas» sobre los ingresos y gastos de la UE. El capítulo 2 trata de la parte de los ingresos del presupuesto de la UE, mientras que los capítulos 3 a 7 se refieren a los cinco grupos de ámbitos políticos bajo los que se autoriza y registra el gasto del presupuesto de la UE. Estos grupos corresponden en términos generales a las rúbricas utilizadas en el marco financiero 2007-2013, que fija las grandes líneas de los planes de gasto plurianuales de la Unión. 0.5. Las observaciones específicas se basan principalmente en los resultados de los controles efectuados por el Tribunal respecto de la regularidad de las operaciones, en una evaluación de la eficacia de los principales sistemas de control y supervisión de los ingresos y los gastos, y en un examen de la fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión. 0.6. El Informe Anual relativo a este ejercicio difiere de los anteriores en varios aspectos significativos. — La forma y contenido de la declaración de fiabilidad toman en consideración las Normas Internacionales de Auditoría revisadas que entraron en vigor al inicio de 2011 (1). — Se ha modificado la estructura de las observaciones específicas con el fin de proporcionar un análisis del gasto de la UE de mayor utilidad. El capítulo 4 abarca el gasto de la UE en energía y transporte, junto con el gasto procedente de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión. Por otra parte, el capítulo 6 (Investigación y otras políticas internas) trata de las cuestiones relativas a educación, ciudadanía, asuntos económicos y financieros e investigación. — En un nuevo capítulo sobre cuestiones de auditoría de gestión (capítulo 8) se examina la evaluación de los resultados de gestión tal y como aparece reflejada en los informes anuales de actividad presentados por tres directores generales de la Comisión y se identifican temas comunes significativos en los informes especiales aprobados por el Tribunal en 2010. 0.7. Las respuestas de la Comisión (y, en su caso, las de las demás instituciones y órganos europeos) a las observaciones del Tribunal se presentan con el informe. En algunas de sus respuestas la Comisión reinterpreta las constataciones del Tribunal o le atribuye conclusiones a las que esta institución no ha llegado. En su descripción de sus constataciones y conclusiones, el Tribunal tiene en cuenta las respuestas del auditado. Sin embargo, es obligación del Tribunal, en su calidad de auditor externo, comunicar las constataciones de su fiscalización, elaborar las consiguientes conclusiones y ofrecer, así, una valoración independiente e imparcial de la fiabilidad de las cuentas y de la legalidad y regularidad de las operaciones. (1) En particular, la ISSAI 1705, Modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente y la ISSAI 4200, Auditorías de cumplimiento asociadas a una auditoría de estados financieros.

CAPÍTULO 1 Declaración de fiabilidad e información de apoyo ÍNDICE Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal al Parlamento Europeo y al Consejo — Informe del auditor independiente Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas Opinión sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas Introducción Constataciones de auditoría del ejercicio 2010 Fiabilidad de las cuentas Regularidad de las operaciones Resumen de las observaciones específicas en el marco de la DAS Comparación con resultados de ejercicios anteriores Fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión Informes anuales de actividad y declaraciones de los directores generales Opinión del auditor interno de la Comisión Informe de síntesis de la Comisión Implicaciones del mayor recurso a la prefinanciación Gestión presupuestaria DECLARACIÓN DE FIABILIDAD PRESENTADA POR EL TRIBUNAL AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO – INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE (1) (2) (3) Fiabilidad de las cuentas Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas Ingresos Compromisos Pagos 8 de septiembre de 2011 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA Presidente Tribunal de Cuentas Europeo 12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxemburgo, LUXEMBURGO OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL RESPUESTAS DE LA COMISIÓN INTRODUCCIÓN 1.1. El presente capítulo del Informe Anual: — expone el contexto de la declaración de fiabilidad del Tribunal y resume y analiza las constataciones y las conclusiones de auditoría subyacentes a la declaración (véanse los apartados 1.2 a 1.25); — estudia las implicaciones del mayor recurso a la prefinanciación en las finanzas de la Unión y en las cuentas de la Comisión (véanse los apartados 1.26 a 1.37); — resume la ejecución del presupuesto de 2010 (véanse los apartados 1.38 a 1.44); — explica el modo en que el Tribunal lleva a cabo su auditoría DAS (véase el anexo 1.1 ); — presenta las acciones emprendidas por la Comisión en respuesta a las observaciones sobre la fiabilidad de las cuentas de ejercicios anteriores e incluye la respuesta de la Comisión a las recomendaciones del Tribunal sobre las recuperaciones y las correcciones financieras de su Informe Anual relativo al ejercicio 2009 (véase el anexo 1.2 ). 1.2. El Tribunal de Cuentas presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (la DAS) (5). El Tribunal puede completar esta declaración con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de actividad de la Unión Europea (6). 1.3. La finalidad del trabajo efectuado en relación con la fiabilidad de las cuentas de la UE es llegar a una conclusión sobre el grado en que los ingresos, los gastos, el activo y el pasivo han sido registrados correctamente y en que las cuentas anuales presentan fielmente su situación financiera a 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en esa fecha (véanse los apartados 1.6 a 1.8). 1.4. La finalidad del trabajo de auditoría por lo que respecta a la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de 2010 es determinar si las operaciones resultan conformes a las disposiciones reglamentarias o contractuales aplicables y han sido contabilizadas correctamente (véanse los apartados 1.9 a 1.14 para el resumen de los resultados y los capítulos 2 a 7 para mayor detalle). 1.5. El Tribunal analizó la fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión, es decir, las declaraciones de los directores generales y los informes anuales de actividad de sus servicios, así como su informe de síntesis, con objeto de evaluar en qué medida proporcionan una valoración correcta de la calidad de la gestión financiera y contribuyen a la garantía global del Tribunal (véanse los apartados 1.17 a 1.20 y 1.23 a 1.25, y la sección «Fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión» de los capítulos 2 a 7). El trabajo también comprendió el examen de la opinión global formulada por primera vez por el auditor interno de la Comisión, que abarca la gestión financiera de esta en el ejercicio presupuestario 2010 (véanse los apartados 1.21 y 1.22). CONSTATACIONES DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2010 Fiabilidad de las cuentas 1.6. Las observaciones del Tribunal se refieren a las cuentas anuales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «las cuentas») del ejercicio 2010, elaboradas por el contable de la Comisión y aprobadas por esta de conformidad con el artículo 129 del Reglamento financiero de 25 de junio de 2002 (7) y recibidas por el Tribunal el 27 de julio de 2011. Las cuentas comprenden: a) los estados financieros consolidados, formados por el balance (con el activo y el pasivo al término del ejercicio), la cuenta de resultado económico (con los ingresos y gastos del ejercicio), el cuadro de los flujos de tesorería (que muestra en qué modo los cambios en las cuentas afectan a la tesorería y a los equivalentes de tesorería), el estado de cambios en los activos netos (que explica los cambios habidos en dichos activos) y las notas conexas; b) los informes consolidados sobre la ejecución presupuestaria, que abarcan los ingresos y gastos del ejercicio. 1.7. El contable de la Comisión presentó al Tribunal una carta de manifestaciones en la que confirmaba que, con algunas limitaciones poco significativas (8), las cuentas son completas y fiables. 1.8. La fiscalización efectuada por el Tribunal de las cuentas de 2010 reveló que estas no contenían incorrecciones materiales (no obstante, véanse los apartados 1.26 a 1.37 y la información acerca del seguimiento de observaciones de ejercicios anteriores sobre la fiabilidad de las cuentas en el anexo 1.2 ). Regularidad de las operaciones Resumen de las observaciones específicas en el marco de la DAS 1.9. El Tribunal expresa observaciones específicas sobre los ingresos en el capítulo 2, y sobre los grupos de ámbitos políticos de presupuestación por actividades (PPA) en los capítulos 3 a 7 (véase el cuadro 1.1 ). Cada observación específica contiene una introducción, constataciones y conclusiones sobre la regularidad de las operaciones, la eficacia de los sistemas y la fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión, así como una presentación de las respuestas de la Comisión a recomendaciones anteriores del Tribunal. 1.10. En el informe relativo al ejercicio 2010, el grupo de políticas Investigación y otras políticas internas, presentado en el capítulo 6, está formado por grupos de políticas o ámbitos políticos que en el Informe Anual relativo al ejercicio 2009 fueron objeto de otras observaciones específicas (9). Cuadro 1.1 — Pagos en 2010 por capítulos del Informe Anual (millones de euros) Secciones (S) y títulos (T) (43) correspondientes a la nomenclatura presupuestaria de 2010 asignados por capítulos del Informe Anual del Tribunal Pagos efectuados en 2010 (44) Capítulos del Informe Anual Agricultura y recursos naturales 56 841 Agricultura y desarrollo rural (T.05) Medio ambiente (T.07) Pesca y asuntos marítimos (T.11) Salud y protección de los consumidores (T.17) Cohesión, energía y transporte 40 630 Empleo y asuntos sociales (T.04) Energía y transporte (T.06) Política regional (T.13) Ayuda exterior, desarrollo y ampliación 6 543 Relaciones exteriores (T.19) Desarrollo y relaciones con los Estados ACP (T.21) Ampliación (T.22) Ayuda humanitaria (T.23) Investigación y otras políticas internas 8 953 Asuntos económicos y financieros (T.01) Empresa (T.02) Competencia (T.03) Investigación (T.08) Sociedad de la información y medios de comunicación (T.09) Investigación directa (T.10) Mercado interior (T.12) Educación y cultura (T.15) Comunicación (T.16) Espacio de libertad, seguridad y justicia (T.18) Comercio (T.20) Gastos administrativos y otros gastos 9 264 Parlamento (S. I) Consejo (S. II) Comisión (S. III) Tribunal de Justicia (S. IV) Tribunal de Cuentas (S. V) Comité Económico y Social (S. VI) Comité de las Regiones (S. VII) Defensor del Pueblo Europeo (S. VIII) Supervisor Europeo de Protección de Datos (S. IX) Gran total 122 231 1.11. El Tribunal concluye que los ingresos (127 795 millones de euros) (10) y los pagos del grupo de políticas Gastos administrativos y otros gastos (9 264 millones de euros) no contenían errores materiales y que los sistemas de control y supervisión eran eficaces (véase el cuadro 1.2 y los apartados 2.41, 2.42, 7.33 y 7.34). Los compromisos de todos los grupos de políticas también estaban exentos de errores materiales. 1.12. El Tribunal llega a la conclusión de que el grupo de políticas de Investigación y otras políticas internas (8 953 millones de euros) no contenía errores materiales y que los sistemas de control y supervisión eran parcialmente eficaces para garantizar la regularidad de los pagos. No obstante, los pagos intermedios y finales de los programas marco de investigación estaban afectados por errores materiales (véase el cuadro 1.2 y los apartados 6.48 y 6.49). El Tribunal también considera que el grupo de políticas Ayuda exterior, desarrollo y ampliación (6 543 millones de euros) estaba exento de errores materiales y que los sistemas de control y supervisión eran parcialmente eficaces para garantizar la regularidad de los pagos. Sin embargo, los pagos intermedios y finales estaban afectados por errores materiales (véase el cuadro 1.2 y los apartados 5.35 y 5.36). 1.13. El Tribunal concluye que los grupos de políticas Agricultura y recursos naturales (55 990 millones de euros de gastos reembolsados) y Cohesión, energía y transporte (37 556 millones de euros de gastos reembolsados) estaban afectados por errores materiales, mientras que los pagos directos a los agricultores cubiertos por el SIGC (11) no contenían errores materiales. El Tribunal concluye también que los sistemas de control y supervisión fiscalizados del grupo de políticas Agricultura y recursos naturales eran parcialmente eficaces. Además, el Tribunal considera que las autoridades de auditoría del grupo de políticas de Cohesión, energía y transporte en general eran parcialmente eficaces para garantizar la regularidad de las operaciones (véase el cuadro 1.2 y los apartados 3.55, 3.56, 4.47 y 4.48). 1.13. La conclusión del Tribunal referente a agricultura y recursos naturales confirma la tendencia positiva de que en los últimos años el índice de error más probable se aproxima al umbral de materialidad del 2 %. La Comisión señala, además, que, en el caso de los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), que en 2010 supusieron el 77 % de los gastos totales de este capítulo, el error más probable se sitúa muy por debajo del umbral de materialidad y que, en el caso de los pagos directos cubiertos por el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), es incluso más bajo. Por otra parte, el riesgo que corre el presupuesto de la UE está cubierto adecuadamente por el procedimiento de liquidación de conformidad. Véase también la respuesta al apartado 3.17. La Comisión considera que generalmente el SIGC constituye un sistema de control eficaz para limitar el riesgo de error o de gastos irregulares. Por lo que se refiere al desarrollo rural, la Comisión considera que los sistemas de supervisión y control están en proceso de constante mejora. Por lo que se refiere a la cohesión, la Comisión señala que, por segundo año consecutivo, el nivel de error sigue estando muy por debajo de lo comunicado por el Tribunal en el período 2006-2008. La Comisión considera que esta evolución positiva refleja las disposiciones de control más estrictas del período de programación 2007-2013 y su plan de acción de 2008 (véase también la respuesta al apartado 4.24). 1.14. El Tribunal concluye que en general los pagos estaban materialmente afectados por errores y que los sistemas de control y supervisión correspondientes a los pagos eran, en general, parcialmente eficaces (véase el cuadro 1.2 ). Cuadro 1.2 — Síntesis de las constataciones de 2010 relativas a la regularidad de las operaciones Grupo de políticas Pagos (millones de euros) Error más probable (EMP) (%) Intervalo de confianza (%) Frecuencia de errores (45) (%) Valoración de los sistemas de control y supervisión (46) Límite inferior de error (LIE) Límite superior de error (LSE) Agricultura y recursos naturales 55 990 (47) 2,3 0,8 3,8 37 Parcialmente eficaces Cohesión, energía y transporte 37 556 (48) 7,7 4,7 10,7 49 Parcialmente eficaces Ayuda exterior, desarrollo y ampliación 6 543 1,7 0,1 3,3 23 Parcialmente eficaces Investigación y otras políticas internas 8 953 1,4 0,6 2,1 39 Parcialmente eficaces Gastos administrativos y otros gastos 9 264 0,4 0,0 1,1 7 Eficaces Población global auditada 118 306 (49) 3,7 2,6 4,8 36 Parcialmente eficaces Ingresos 127 795 0,0 s.o. s.o. s.o. Eficaces Comparación con resultados de ejercicios anteriores 1.15. Los resultados de la auditoría del Tribunal de 2010 reflejan un incremento de su estimación del error más probable con respecto a los pagos del grupo de políticas Cohesión, energía y transporte (12), en comparación con el grupo de políticas Cohesión de 2009 (13). La estimación del Tribunal del error más probable con respecto a los pagos de otros grupos de políticas se mantiene relativamente estable. 1.15.-1.16. A lo largo de los años, la mayoría de los índices de error han permanecido estables o han disminuido. Sin embargo, en 2010, los progresos en una serie de ámbitos no han compensado un aumento moderado en materia de cohesión, lo que tuvo como consecuencia un pequeño incremento global de todo el presupuesto. Por lo que se refiere a la cohesión, la Comisión observa que el nivel de error más probable en 2010 sigue estando muy por debajo de lo comunicado por el Tribunal en los ejercicios 2006-2008. El límite de error inferior de 2010, un 4,7 %, admite una comparación favorable con el 11 % de 2008. 1.16. En conjunto, esto supone un incremento del error más probable estimado por el Tribunal para el conjunto de los pagos, que pasa del 3,3 % en 2009 al 3,7 % en 2010 (véase el gráfico 1.1 ) (14). El Tribunal constató que alrededor de un tercio de las operaciones verificadas estaba afectado por errores (frente a una cuarta parte del total de las operaciones en 2009). Fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión Informes anuales de actividad y declaraciones de los directores generales 1.17. Cada director general informa anualmente del ejercicio de sus funciones en un informe de actividad que va acompañado, entre otra información, de una declaración sobre el grado en que los recursos se han utilizado para su finalidad prevista, y la medida en que los controles garantizan la legalidad y la regularidad de las operaciones. 1.18. Todos los directores generales declararon que los requisitos mencionados en el apartado anterior se habían respetado. Trece direcciones generales o servicios emitieron una o más reservas (15), que en su mayoría se refieren a insuficiencias en la regularidad de las operaciones subyacentes (véanse los anexos x.3 de los capítulos 2 a 7). 1.19. Los directores generales emiten reservas en sus declaraciones de fiabilidad basándose en su evaluación de la importancia relativa de las insuficiencias o de las observaciones sobre los componentes básicos de sus informes anuales de actividad. Un elemento de esta evaluación que ha ganado particular importancia en 2010 es el cálculo del riesgo residual o porcentaje de error residual, que consiste generalmente en una estimación del impacto de los mecanismos de control en el porcentaje de error sobre una base plurianual, que se compara con el umbral de materialidad del 2 % para determinar si procede emitir una reserva. 1.19.-1.20. La práctica usual de la Comisión prevé el cálculo de un importe residual de riesgo como porcentaje de la correspondiente actividad de la presupuestación por actividades (PA), lo que se compara con el umbral de materialidad del 2 %, a fin de determinar si es necesaria una reserva. Además, la Comisión subraya que el cálculo de un índice de error residual no es sino uno de los métodos a disposición del ordenador delegado (OD), para estimar el importe del riesgo. Puesto que los sistemas de control y gestión varían significativamente en función de las políticas, los servicios de la Comisión siguen enfoques diferentes a la hora de estudiar y calcular los índices de error residuales. La Comisión está de acuerdo en que puede que las actuales orientaciones no sean suficientemente detalladas para garantizar que los servicios hagan un uso coherente de la terminología y de los criterios. La Comisión ha puesto en marcha el procedimiento de revisión paritario a fin de garantizar que exista coherencia cuando diferentes direcciones generales ejecutan programas similares. Las orientaciones han de permitir al OD un margen de apreciación en cada caso individual. Aunque la cuantificación de los riesgos en los informes anuales de actividad (IAA) pretende dar una indicación de los importes de riesgo y estimar las posibles correcciones financieras de los pagos de un año de referencia dado, el Director General tiene a su disposición otros medios para proteger los fondos de la UE, como, por ejemplo, la interrupción y suspensión de los pagos y las correcciones financieras. La cuantificación del riesgo en los IAA no tiene la misma función que el índice de error establecido por el Tribunal de Cuentas, por lo que la Comisión considera que no pueden ni deben ser comparados. El Director General puede evaluar si existen «medidas atenuantes» que limiten el riesgo. En materia de cohesión, las disposiciones jurídicas vigentes son efectivamente medidas atenuantes y la evaluación de la exposición al riesgo de 2010 debería tener en cuenta los mecanismos de control complementarios, que pueden ir mucho más allá del año de referencia de las auditorías del Tribunal de Cuentas (fiscalización anual por los servicios nacionales de auditoría, auditorías complementarias efectuadas por las Direcciones Generales de Política Regional (DG REGIO) y de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (EMPL) y auditorías de cierre a finales de los programas). 1.20. Las instrucciones permanentes para la elaboración de los informes anuales de actividad emitidas por la Secretaría General y la Dirección General de Presupuestos no contienen orientaciones para la estimación de este riesgo residual o porcentaje de error residual, lo que da lugar a distintas aplicaciones del concepto por parte de las direcciones generales en cuestión (por ejemplo, estimación de las recuperaciones esperadas sin asociarlas a los importes reales, falta de cuantificación de los riesgos de error de hasta un 5 % en determinados programas, teniendo en cuenta el tipo de retención previsto en el reglamento (16), exclusión de los resultados de auditoría negativos en nuevos programas de auditoría con un alcance limitado). Opinión del auditor interno de la Comisión 1.21. El auditor interno de la Comisión emitió su primera opinión global (17) sobre el estado del control en la Comisión basándose, en particular, en las garantías ofrecidas en los informes anuales de actividad y en el trabajo realizado por el servicio de auditoría interna de la Comisión (SAI) y las estructuras de auditoría interna de las distintas direcciones generales en el periodo 2008 a 2010. 1.22. El alcance de la opinión general se limita al propio marco de control interno de la Comisión. No obstante, más del 90 % de los errores se detectan fuera de esta, en el plano de los beneficiarios finales. Su auditor interno considera que este marco es, en su conjunto, adecuado. El Tribunal, no obstante, señala que los sistemas de control y supervisión existentes no evitan o identifican y corrigen errores hasta tal punto que las operaciones subyacentes al presupuesto en su conjunto, sean legales y regulares. 1.22. El alcance del dictamen del auditor interno incluye los sistemas de control establecidos por la Comisión con el fin de abordar la cuestión del índice de error a nivel de los beneficiarios. Al examinar los sistemas de control de la Comisión, el auditor interno de la Comisión pretende obtener garantías de que cada servicio ha establecido una estrategia de control cuyos costes sean proporcionados a los riesgos de error de las operaciones subyacentes, y que sea eficaz en la eliminación de los errores de las declaraciones de gastos presentadas por los beneficiarios y en la recuperación de las sumas indebidamente pagadas cuando se producen errores. Informe de síntesis de la Comisión 1.23. La introducción al informe de síntesis (18) señala que, con la aprobación de este, la Comisión asume su responsabilidad política (19) en la ejecución del presupuesto de la UE por sus máximos responsables. Esta institución indica que los directores generales consiguieron corregir las insuficiencias en el 25 % de las reservas formuladas en 2009. En su opinión, entre las mejoras observadas se cuenta un mayor respeto de las normas de subvencionabilidad en los gastos declarados por los beneficiarios. 1.24. La Comisión reconoce, no obstante, que siguen siendo necesarias mejoras, en particular en ciertos ámbitos de gestión compartida, y propone acciones para resolver estos problemas, como las siguientes: 1.24. — revisión del Reglamento financiero y de los reglamentos sectoriales para el período posterior a 2013 a fin de mejorar la concepción de los sistemas de financiación, afrontar el riesgo de error, aliviar la carga administrativa para los beneficiarios y otras partes interesadas y reducir los costes operativos de los controles; — Véase la respuesta al apartado 1.37. — ejercicio riguroso de la función supervisora de la Comisión y aplicación de interrupciones sistemáticas y oportunas de los pagos, de los procedimientos de suspensión y de las correcciones financieras cuando quiera que se identifiquen graves deficiencias de control; — Efectivamente, la Comisión y sus servicios ejercieron sus funciones de supervisión interrumpiendo 63 plazos de pago (49 del FEDER y 14 del FSE) y adoptando una decisión de suspensión de un programa operativo del período 2007-2013 y 5 decisiones de suspensión (FSE) de programas operativos 2000-2006, al haberse detectado graves deficiencias o irregularidades, hasta que los Estados miembros pusieron en marcha las medidas correctoras necesarias. La Comisión prosigue este política estricta en 2011, habiendo decidido 52 interrupciones de los plazos de pago (40 del FEDER y 12 del FSE) en el primer semestre del año. — intensificación de los esfuerzos en el ámbito de cohesión para corregir el importante aumento, en comparación con 2009, del porcentaje de error y del volumen de pagos erróneos debidos al mayor número de operaciones y al incremento de los importes de gastos declarados; — modernización de las normas de la UE sobre contratación pública, que constituyen una importante fuente de error, en particular en el ámbito de la cohesión (20); — refuerzo de la legibilidad y la comparabilidad de los informes anuales de actividad. 1.25. En su informe de síntesis la Comisión tomaba nota de los informes de la dirección que, en su opinión, ofrecen garantías al Colegio por lo que respecta al funcionamiento de la gobernanza y del control interno de sus servicios, así como a su capacidad de lograr sus objetivos (21). El Tribunal, no obstante, insiste en que previamente había detectado problemas (22) que quedan sin resolver: 1.25. — en varios ámbitos el alcance o la escala de las reservas debería ser mayor (véanse los apartados 1.20; 3.52 a 3.54; 4.45 y 4.46; 5.31 a 5.34; 6.46 y 6.47 y los anexos x.3 de los capítulos 2 a 7); — La Comisión considera que el alcance o la magnitud de las reservas son adecuados (véanse las respuestas a los apartados 1.19-1.20, 3.52 a 3.54, 4.46 y 5.33 a 5.34). — aún están incompletos los datos de los Estados miembros sobre recuperaciones o retiradas o todavía no han sido auditados o validados por la Comisión (véase el anexo 1.2 , apartado 3); — La información relacionada con las recuperaciones se incluye en la nota 6 de las cuentas. En materia de cohesión, y en relación con el período de programación 2000-2006, la Comisión comprueba que la información presentada para el cierre de los programas es completa y fiable. En relación con el período de programación 2007-2013, la Comisión está llevando a cabo una auditoría específica sobre los sistemas de recaudación de los Estados miembros, a fin de obtener garantías sobre la calidad de los datos presentados en las declaraciones anuales de recuperaciones y retiradas. Se espera que los primeros resultados de esta auditoría se tengan en cuenta en los informes de actividad anuales de 2011. — las diferencias entre los mecanismos de corrección financiera y las recuperaciones (las correcciones financieras son consecuencia de insuficiencias identificadas en los sistemas de control y supervisión, mientras que las recuperaciones corresponden a pagos irregulares) y su impacto (las correcciones financieras son sufragadas por los contribuyentes mientras que las recuperaciones son abonadas por los distintos beneficiarios) continúa sin tenerse adecuadamente en cuenta (véase el anexo 1.2 , apartado 3). — La Comisión presenta sus cuentas a nivel del presupuesto de la UE y considera que las recuperaciones son esenciales para proteger el presupuesto de la UE. La Comisión entiende que el Tribunal se refiere a las recuperaciones a nivel de los beneficiarios de los Estados miembros y exige que la información proporcionada haga referencia a estas recuperaciones. Sin embargo, en los ámbitos de la gestión compartida, esta responsabilidad recae en los Estados miembros, tal como se explica en las respuestas de la Comisión al apartado 1.39 del informe anual del Tribunal correspondiente a 2009. En cuanto un Estado miembro ha devuelto los fondos pagados indebidamente (mediante la recuperación efectiva de los fondos o mediante compensación), la Comisión considera que el presupuesto de la UE está protegido. Sin embargo, los Estados miembros están obligados a recuperar los importes abonados indebidamente, siempre que sea posible y oportuno. IMPLICACIONES DEL MAYOR RECURSO A LA PREFINANCIACIÓN 1.26. Una parte significativa de los pagos efectuados por la Comisión facilita financiación anticipada de costes en los que incurrirán organismos externos en una fecha posterior. Cuando dichos pagos se identifican correctamente como prefinanciación no se tratan en las cuentas de la Unión como gastos definitivos en el momento en que se efectúan, sino que se registran en el activo del balance hasta que se presente la justificación de los gastos efectuados (o, con menor frecuencia, hasta la finalización de la actividad requerida). Sobre esta base, la Comisión contabiliza el gasto correspondiente en la cuenta de resultado económico y procede a la liquidación del importe registrado en el balance. 1.27. Si los anticipos se registran en las cuentas como gastos definitivos no existe un registro contable de la obligación de presentar pruebas de la utilización final de los fondos, lo que aumenta el riesgo de que dicha utilización no se justifique y de que no se detecten irregularidades, o se detecten con un retraso considerable, dificultando aún más la recuperación de los importes indebidamente pagados. 1.27. Los servicios contables de la Comisión prosiguen su trabajo para aclarar las cuestiones vinculadas al reconocimiento y la liquidación de las prefinanciaciones (véase también la respuesta al apartado 1.37). Sin perjuicio de la validez del principio enunciado en la segunda parte de las observaciones del Tribunal, conviene señalar que, por ejemplo, en el caso de los instrumentos de ingeniería financiera, la base jurídica prevé solo un único control de la subvencionabilidad de los gastos contraídos, al cierre del programa o al final del período de programación (de estos dos hechos, el primero que ocurra). Por tanto, sea cual sea el tratamiento contable que se aplique a los pagos efectivos por la Comisión en favor de los Estados miembros, las posibles irregularidades solo serán detectadas en ese momento. Incremento sustancial de la prefinanciación entre 2005 y 2010 1.28. El valor bruto contabilizado de la prefinanciación acumulada se ha incrementado en más del doble en los últimos seis años (de 39 000 millones de euros a 84 000 millones de euros, véase la primera línea del cuadro 1.3 ). La Comisión también estima, durante el procedimiento de separación de ejercicios (23), los gastos incurridos por los beneficiarios al final del ejercicio con respecto a los cuales todavía no se han recibido solicitudes de pago. Los gastos devengados (véase la segunda línea del cuadro 1.3 ) se deducen de los correspondientes importes brutos de prefinanciación pendientes. El importe neto de prefinanciación resultante en el balance (véase la tercera línea del cuadro 1.3 ) también ha aumentado de manera significativa, pero a menor ritmo (de 29 000 millones a 49 000 millones de euros). 1.28. La Comisión está siguiendo la situación en lo relativo al aumento de los importes de prefinanciación. Gran parte de este aumento se justifica por el paso a un nuevo período de programación (2007-2013) y la prefinanciación pagada con arreglo a las normas de la gestión compartida. No obstante, los servicios contables de la Comisión continúan colaborando con las direcciones generales operativas para intentar mantener los importes de prefinanciación en curso lo más bajos posible, aunque esta tarea puede entrar en conflicto a menudo con la legislación subyacente. Cuadro 1.3 — Evolución de la prefinanciación (50) y los correspondientes gastos devengados entre 2005 y 2010 (millones de euros) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 Diferencia de 2005 a 2010 Importe % Importe total bruto de prefinanciación (antes de la separación de ejercicios) 38 854 43 129 55 099 73 754 84 761 84 387 45 533 117 % Gastos devengados 9 489 12 649 20 501 34 469 35 934 34 966 25 477 268 % Importe total neto de prefinanciación (después de la separación de ejercicios) 29 365 30 480 34 598 39 285 48 827 49 421 20 056 68 % Datos inexactos o incompletos relativos a la prefinanciación Falta de liquidación de las prefinanciaciones 1.29. Aunque siempre puede resultar necesario algún elemento de estimación para liquidar la prefinanciación, varias direcciones generales de políticas internas y acciones exteriores continúan registrando estimaciones en las cuentas incluso cuando han aceptado declaraciones de gastos como base para continuar efectuando pagos al beneficiario (24). El recurso a las estimaciones para los gastos devengados se ha incrementado considerablemente con el tiempo, pasando de menos de una cuarta parte del importe anticipado en 2005 a casi la mitad en 2010 (véase la segunda línea del cuadro 1.3 ). El Tribunal ha expresado su inquietud por la intensificación de esta práctica (25). 1.29. La Comisión es consciente de la preocupación del Tribunal en este ámbito y ha realizado esfuerzos para abordar esta cuestión. En el contexto de la actual revisión del Reglamento financiero, la Comisión ha propuesto que la liquidación periódica de las prefinanciaciones sea obligatoria. Debido al riesgo de error en las declaraciones de gastos sin certificar o sin auditar, algunos ordenadores delegados son reacios a realizar pagos sobre la base de estas declaraciones. En ese caso, consideran las declaraciones de gastos sin certificar o sin auditar indicativas de los avances de la acción subvencionada y abonan prefinanciación adicional, con el fin de asegurar un continuo flujo de pagos de los proyectos subvencionados. En consecuencia, la liquidación se aplaza a continuación hasta la finalización del proyecto. Cabe mencionar que tanto la Comisión, como los beneficiarios/contratistas (en particular, en el ámbito de las políticas internas y la ayuda exterior) tendrán que enfrentarse al reto de la carga administrativa, cuando las liquidaciones periódicas de las prefinanciaciones sean más eficaces. Registro incompleto de la prefinanciación 1.30. Desde 2009 se ha observado un incremento significativo en los pagos, principalmente en los instrumentos de ingeniería financiera cuyas justificaciones de costes o de actividad no se esperan hasta una fecha posterior. La fiscalización ha puesto de manifiesto un número significativo de casos en que en un principio la Comisión no registró los pagos correctamente como origen de activos. Por lo tanto, contrariamente al principio de preeminencia de la sustancia sobre la forma (26), las cuentas daban la impresión de que los beneficiarios habían justificado plenamente la utilización de los fondos cuando en la práctica este no era el caso. 1.30. Esta cuestión salió a la luz por primera vez a principios de 2011. El marco jurídico para la gestión compartida no exige que los importes abonados como anticipos se soliciten a la Comisión en un estado de gastos separado, ni tampoco requiere un informe periódico específico sobre su utilización por el beneficiario final. Véanse también las respuestas a los apartados 1.31 y 1.32. Instrumentos de ingeniería financiera 1.31. Las contribuciones a los instrumentos de ingeniería financiera constituyen el principal elemento de este problema. La reglamentación aplicable de los ámbitos de cohesión y desarrollo rural (27) prevén la inclusión en sus declaraciones de gastos de pagos efectuados en virtud de programas operativos para constituir fondos destinados a la creación de instrumentos de ingeniería financiera o contribuir a dichos fondos. La Comisión ha adoptado la práctica de contabilizar como gastos la totalidad de los importes declarados por los Estados miembros en la cuenta de resultado económico, como si se tratara de la liquidación definitiva de una declaración. 1.31. En ausencia de información sobre los pagos realizados para los instrumentos de ingeniería financiera, que no se exige a los Estados miembros en la base jurídica aplicable, la Comisión inicialmente no tuvo ninguna otra opción sino considerar estos pagos como gastos. Sobre la base de la información que solicitó y obtuvo de los Estados miembros en junio de 2011, la Comisión ha tratado los pagos a los instrumentos de ingeniería financiera como activos en las cuentas de 2010, incluidas las cifras comparativas para 2009. Véanse las notas 2.5, 2.9, 2.10 y 3.4 a las cuentas consolidadas para los detalles de este tema. Véase también la respuesta al apartado 1.32. 1.32. Sin embargo, con arreglo a los reglamentos sectoriales, las autoridades de los Estados miembros solo deben presentar una declaración final de su utilización en forma de préstamos, garantías o inversiones en capital facilitados a los receptores finales en una fecha posterior (normalmente al final del periodo de programación), lo que significa que en 2010 la Comisión no disponía de información global sobre los importes efectivamente utilizados por los instrumentos de ingeniería financiera, y hasta que este problema no salió a la luz a comienzos de 2011, no fue posible recabar toda la información necesaria de los Estados miembros. Por consiguiente, alrededor de 4 800 millones de euros no se registraron como prefinanciación en el balance de las cuentas provisionales de 2010 (28). 1.32. Debe señalarse que la información solicitada y obtenida de los Estados miembros no se refiere a las cantidades realmente gastadas por los instrumentos de ingeniería financiera, sino a los importes de las contribuciones a favor de estos instrumentos. Teniendo en cuenta el criterio de la relación coste-beneficio, la Comisión hizo una estimación lineal de los importes sin utilizar y los reclasificó como activos. Los activos, por un importe total de 4,8 millones de euros serán amortizados totalmente a finales de 2015, en virtud de la aplicación de la actual base jurídica. Véase también la respuesta al apartado 4.32. Otros regímenes de ayuda 1.33. Por otra parte, una serie de otros regímenes de ayuda permiten el pago de anticipos de tesorería a los beneficiarios, antes de la presentación de las declaraciones de gastos definitivas que, en la práctica, también se tratan como si fueran pagos definitivos. Por lo tanto, ni se contabilizan ni se presentan en el balance y es difícil para la Comisión cuantificar el importe en cuestión. 1.33. Como en el caso de los instrumentos de ingeniería financiera antes citados, la base jurídica no prevé, para los regímenes de ayuda, ninguna información específica sobre los importes abonados y su uso. Hasta ahora, la Comisión tiene indicios de que, al amparo de los regímenes de ayuda, los anticipos se abonan durante un período más corto que en el caso de los instrumentos de ingeniería financiera. Los movimientos inherentes a la actividad normal y el retraso en la declaración de los gastos realmente contraídos hacen difícil cuantificar el impacto financiero de tales anticipos. Véase también la respuesta al apartado 1.36. Acciones emprendidas por la Comisión 1.34. La Comisión ha tratado de obtener información suficiente para las cuentas definitivas. Según la información recibida de los Estados miembros al final de junio de 2011, la contribución de la UE a los instrumentos de ingeniería financiera asciende a 6 400 millones de euros. Sobre la base de la estimación de los importes no utilizados por los instrumentos de ingeniería financiera al 31 de diciembre de 2010, los ajustes más significativos por efectuar eran una reclasificación de gastos a activos en las cuentas de 2009 y 2010 (véanse las notas 2.5, 2.9, 2.10 y 3.4 a las cuentas consolidadas de 2010 en las que explican los ajustes efectuados). Conclusiones y recomendaciones 1.35. La Comisión corrigió problemas significativos en relación con la exhaustividad de las prefinanciaciones a través de operaciones de contabilización en ejercicios separados y de ajustes (véase el apartado 1.34). No obstante, la falta de datos actualizados sobre los fondos de la UE efectivamente utilizados por los Estados miembros reduce significativamente la utilidad de la información contable a efectos de gestión, en particular para la Comisión en el ejercicio de sus funciones de ejecución del presupuesto. 1.35. La Comisión desea subrayar la cantidad y la importancia de la información recogida sobre las contribuciones abonadas a los instrumentos de ingeniería financiera, lo que supone un importante avance hacia una información contable más exacta. 1.36. La Comisión necesita adoptar medidas adicionales para garantizar la disponibilidad de la información necesaria, el tratamiento coherente de las operaciones en las cuentas y el mantenimiento, por todas las direcciones generales, de una contabilidad completa, exacta y actualizada. 1.36. El tratamiento contable aplicado fue coherente en las cuatro DG que ejercían la gestión compartida y conforme con lo dispuesto en la base jurídica. Además, en esta fase no sería viable modificar el tratamiento que se da a las declaraciones de gastos presentadas por los Estados miembros. Por ello, la Comisión seguirá calculando una estimación de los importes no utilizados al final del ejercicio y efectuará los ajustes contables necesarios. Hay que considerar la eficiencia de los gastos, ya que la Comisión debe evitar que los informes de los anticipos exigidos a los beneficiarios sean sumamente complejos y onerosos para todas las partes afectadas. La Comisión ya ha propuesto una modificación adecuada de la actual base jurídica sectorial en el Reglamento de los Fondos Estructurales. También introducirá las disposiciones oportunas en las propuestas de futuras bases jurídicas. 1.37. El mayor recurso a la prefinanciación en el presupuesto de la UE y los nuevos tipos de instrumentos financieros apremian a la Comisión a revisar la norma contable pertinente a fin de ofrecer orientaciones adecuadas sobre la constatación y la liquidación de los importes de prefinanciación, y a acompañar esta medida de una supervisión reforzada (29). 1.37. La Comisión destaca que hay que distinguir entre las prefinanciaciones concedidas en el marco de la ayuda exterior y de las políticas internas y los pagos anticipados efectuados en el marco de la gestión compartida, en particular en lo que respecta a los instrumentos de ingeniería financiera. La Comisión también subraya que abordar la liquidación de la prefinanciación antes de los pagos finales no es meramente una cuestión de orientación contable. En la práctica, ello quiere decir que hay que reembolsar declaraciones de gastos intermedios cuyo grado de cumplimiento de las complicadas normas de subvencionabilidad debe verificarse en primer lugar. Esto no puede obtenerse sin un aumento sustancial de la carga de trabajo administrativa, tanto de los beneficiarios, como de los servicios de la Comisión. Además, habría que modificar el Reglamento financiero y la legislación sectorial, que, actualmente, autorizan sucesivas prefinanciaciones en función de los avances de las acciones subvencionadas. La Comisión ya ha propuesto, en la revisión del artículo correspondiente del Reglamento financiero, que se convierta en obligatoria la liquidación regular de las prefinanciaciones. Por último, la Comisión desea señalar que sus servicios contables han proporcionado orientación y formación y han organizado talleres en materia de prefinanciación en 2010 y 2011, y que se proseguirá en esta vía. GESTIÓN PRESUPUESTARIA 1.38. La presente sección resume la ejecución del presupuesto general de la UE en el ejercicio 2010. Créditos presupuestarios para compromisos y pagos 1.39. Teniendo en cuenta los créditos prorrogados (30), los ingresos afectados (31) y los presupuestos rectificativos (32), el total de créditos disponibles en 2010 ascendía a 147 300 millones de euros de compromisos y a 130 500 millones de euros de pagos, lo que supone un incremento del 0,9 % y el 4,8 % respectivamente, en comparación con el total de créditos disponibles en 2009 (véanse los gráficos III y IV del anexo al presente Informe Anual). 1.40. Los créditos de compromiso presupuestarios del ejercicio excedieron en 600 millones de euros el límite del marco financiero debido a la utilización de fondos para los que está autorizado tal exceso (33). El total de créditos de pago se mantuvo por debajo del límite en 11 400 millones de euros. Porcentajes de ejecución presupuestaria 1.41. La Comisión elabora una serie de documentos que contienen, entre otros datos, la siguiente información sobre la ejecución del presupuesto de la Unión Europea (34): 1.41. — el excedente presupuestario al final de 2010 ascendía a 4 500 millones de euros (frente a 2 300 millones de euros en 2009); — los porcentajes de utilización de los compromisos y pagos en 2010 fueron del 99 % y 97 % respectivamente; — en 2010 se liberaron 3 300 millones de euros de compromisos pendientes acumulados (frente a 1 900 millones de euros en 2009). El incremento en las liberaciones de compromisos procede principalmente del título 04 Empleo y asuntos sociales (1 400 millones de euros); — En 2010, la DG EMPL recibió las solicitudes finales concernientes al período de programación 2000-2006 del FSE. La DG EMPL liberó el exceso de compromisos pendientes de liquidación (RAL) de aquellos programas cuyo importe total declarado era inferior al de la programación financiera). — 1 500 millones de euros de créditos de pago no utilizados [excluidos los ingresos afectados (35)] se prorrogaron de 2010 a 2011; — en los ámbitos políticos de Agricultura y desarrollo rural (título 05), Cohesión (títulos 04 y 13) y Pesca y asuntos marítimos (título 11), el porcentaje global de utilización de créditos de pago fue del 98 %; — en el ámbito político de Política regional, el importe de los créditos de pago fue superior a lo previsto (el 106 % del presupuesto inicial), lo que se financió mediante transferencias de créditos por un importe de 1 800 millones de euros procedentes principalmente de los títulos 04 (Empleo y asuntos sociales) y 05 (Agricultura y desarrollo rural), que registraron un volumen de pagos inferior a las previsiones debido a la interrupción y suspensión de los pagos para el Fondo Social Europeo (índice de ejecución del 88 %), a declaraciones de gastos por importes menos elevados en el ámbito de Desarrollo rural (porcentaje de ejecución del 94 %) o a la lentitud en la tramitación del cierre de los programas (36); — La ejecución del FSE en 2010 fue solo del 88 %, debido al bloqueo de ciertos pagos tras la detección de graves deficiencias o irregularidades del sistema a raíz de la actividad auditora de determinados programas de 2000-2006 (suspensión de los pagos) y de 2007-2013 (interrupción de pago). En el caso de ciertos programas 2000-2006 españoles, franceses e italianos, cuyos créditos de pago fueron prorrogados de 2009 a 2010 y permanecen bloqueados en esta fase, los procedimientos de suspensión y corrección financiera se combinarán con los pagos finales que se tramiten en el contexto de las declaraciones de liquidación 2000-2006 (todos los expedientes, salvo uno). De conformidad con el Reglamento financiero, la prórroga de créditos no puede trasladarse a otra línea presupuestaria, por lo que no se utilizaron en 2010. 1.42. Durante el ejercicio 2010 se modificaron los reglamentos pertinentes (37) a fin de prever el pago de prefinanciaciones adicionales para las acciones estructurales del periodo 2007-2013. Sobre la base de estos reglamentos adaptados se pagaron a los Estados miembros particularmente afectados por la crisis económica anticipos adicionales al Fondo Social Europeo por un importe de 371 millones de euros, al Fondo de Cohesión por 404 millones de euros y al Fondo Europeo de Pesca por 0,8 millones de euros. En el caso de Agricultura y desarrollo rural, se abonó a los Estados miembros una prefinanciación adicional de 401 millones de euros durante el ejercicio 2010 sin una base jurídica adecuada. En el capítulo 3 el importe en cuestión se considera un error de legalidad y regularidad (38). 1.42. Los anticipos de 401 millones de euros para el desarrollo rural no representan pagos irregulares a los beneficiarios finales. Por otra parte, está procediéndose a la recuperación de los importes en cuestión, la cual habrá concluido para finales de 2011. Compromisos presupuestarios pendientes 1.43. Los compromisos presupuestarios pendientes, que constituyen compromisos abiertos por los cuales todavía no se han efectuado pagos o liberaciones (39), aumentaron en 17 000 millones de euros (9,7 %) hasta alcanzar 194 000 millones de euros, en su mayor parte en los ámbitos políticos financiados con créditos disociados (40), y representan un equivalente al valor de 2,2 años de compromisos disociados o 2,8 años de pagos disociados al ritmo de ejecución de 2010 en los ámbitos políticos respectivos. 1.43.-1.44. Los compromisos pendientes resultan de la gestión corriente de los programas plurianuales y del crecimiento en el volumen total de nuevos compromisos. Por lo que se refiere a los Fondos Estructurales, el control del volumen de los RAL se efectúa mediante la regla N+ 2/N+ 3, definida en la reglamentación correspondiente. Según esta regla, el volumen previsto de los RAL debe ser equivalente a 2 o 3 años de compromisos. Por consiguiente, la mayoría de los actuales compromisos pendientes son «normales» a la vista de las normas subyacentes. Además, la Autoridad Presupuestaria es informada anualmente de los compromisos pendientes que son potencialmente anormales. La Comisión supervisa estos compromisos, los cuales deberán liberarse. 1.44. La mayor parte de los compromisos pendientes se encuentran en el grupo de políticas de Cohesión (véase el gráfico 1.2 ), ámbito en el que ascendieron a 128 000 millones de euros (41) (alrededor del 66 % del total), lo que equivale a 2,6 años de compromisos o a 3,4 años de pagos en dicho ámbito al ritmo de ejecución de 2010. La gran mayoría de estos compromisos pendientes (113 200 millones de euros o el 88 % del total) corresponde al actual periodo 2007-2013, lo que refleja el impacto de los esfuerzos realizados para liquidar los compromisos pendientes con pagos antes de la aplicación de la norma de liberación automática de compromisos [norma n+ 2 /norma n+ 3 (42)]. (1) Los estados financieros consolidados comprenden el balance, la cuenta de resultado económico, el cuadro de los flujos de tesorería, la variación en el activo neto y un resumen de las políticas contables significativas, además de otras notas explicativas (como la información financiera por segmentos). (2) Los informes consolidados sobre la ejecución presupuestaria comprenden los informes consolidados sobre la ejecución presupuestaria y una síntesis de los principios presupuestarios, además de otras notas explicativas. (3) Las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión están inspiradas en las Normas Contables Internacionales del Sector Público (IPSAS) dictadas por la Federación Internacional de Contables o, en su defecto, las Normas Internacionales de Contabilidad, NIC (International Accounting Standards) / Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF (International Financial Reporting Standards) dictadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, CNIC (International Accounting Standards Board, IASB). De conformidad con el Reglamento financiero, la elaboración de los estados financieros consolidados del ejercicio 2010 se basará (como viene siendo el caso desde el ejercicio 2005) en estas normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que adaptan los principios de la contabilidad de ejercicio al entorno específico de la Unión Europea, mientras que los informes consolidados sobre la ejecución presupuestaria seguirán basándose principalmente en los movimientos de tesorería. (4) Véase el DO C 303 de 9.11.2010, pp. 10 a 12. (5) Del francés «Declaration d'assurance». (6) Véase el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (7) El Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002 por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1), modificado en última instancia por el Reglamento (UE, Euratom) no 1081/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 311 de 26.11.2010, p. 9), exige que las cuentas definitivas se envíen antes del 31 de julio del ejercicio siguiente. (8) Véase el anexo 1.2 , apartado 1. (9) La parte de Investigación del anterior grupo de políticas Investigación, energía y transporte se recogía anteriormente en el capítulo 5, el anterior grupo de políticas Educación y ciudadanía se incluía anteriormente en el capítulo 7 y el anterior grupo de políticas Asuntos económicos y financieros, en el capítulo 8 (véase el apartado 6.1 para más detalles). Además, las partes de energía y transporte del anterior grupo de políticas Investigación, energía y transporte se recogen ahora en el capítulo 4, junto con el anterior grupo de políticas de Cohesión. (10) Véanse los apartados 2.7 a 2.13 para el alcance de la auditoría de los ingresos. (11) Sistema integrado de gestión y control. (12) Véase el cuadro 1.2 del presente Informe Anual y los anexos x.1 para los distintos grupos de políticas, así como los apartados 4.17 a 4.19 para Cohesión, del Informe Anual relativo al ejercicio 2009. (13) En 2010, Energía y transporte constituyen el 7 % del grupo de políticas consolidado (véase también la nota a pie de página no 9). (14) Véase asimismo el Informe Anual relativo al ejercicio 2009, apartado 1.26. (15) El número total de reservas se redujo de 20 en 2009 a 17 en 2010. Cabe señalar que en 2010 la Dirección General de Energía y Transporte se dividió en dos direcciones generales (Dirección General de Movilidad y Transporte y Dirección General de Energía), por lo que la reserva de 2009 se prorrogó como dos reservas. (16) Véase el anexo 4.3. (17) Véase el apartado 2.3 de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas – Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010, COM(2011) 323 final de 1 de junio de 2011: El auditor interno de la Comisión considera que, en 2010, la Comisión ha aplicado procedimientos de gobernanza, gestión de riesgos y control interno que son adecuados para ofrecer garantías razonables de los resultados de sus objetivos financieros, con excepción de los ámbitos de gestión financiera sobre los cuales los directores generales han expresado reservas en sus declaraciones generales y sin perjuicio de las observaciones sobre la gestión de los riesgos de errores en las operaciones subyacentes. (18) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas – Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010, COM(2011) 323 final de 1 de junio de 2011. (19) En virtud del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). (20) Véase el Libro Verde sobre la modernización de las directivas de contratación pública de la UE (directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE). (21) Véase el apartado 2.3 del COM(2011) 323 final de 1 de junio de 2011. (22) Véase el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2009, apartado 1.31. (23) Con el procedimiento de separación de ejercicios se pretende garantizar que los ingresos y los gastos se registran en su integridad y con exactitud en el periodo contable correcto. (24) Véase el Informe anual del Tribunal relativo al ejercicio 2006, apartado 1.28, primer guion; el Informe Anual relativo al ejercicio 2007, apartados 1.23, segundo guion, 1.24, segundo guion, y 1.26; el Informe Anual relativo al ejercicio 2008, apartado 1.14 y el Informe Anual relativo al ejercicio 2009, apartado 1.12. (25) En su Dictamen no 6/2010 relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de la Unión Europea, el Tribunal expresaba su preocupación por el drástico incremento de pagos de prefinanciación no liquidados y subrayaba la necesidad de emprender acciones. (26) La Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) no 1 define este principio de la manera siguiente: si la información debe representar fielmente las operaciones y otros hechos que pretende presentar, es necesario que estos estén contabilizados y presentados de acuerdo con su sustancia y realidad económica y no solamente con su forma jurídica. La sustancia de las operaciones o de otros hechos no siempre coincide con su forma jurídica (Apéndice A, p. 70 del Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements 2011 (Manual de normas contables internacionales del sector público) Volumen 1). Véase asimismo el artículo 124 del Reglamento financiero. (27) Véase la sección 4, artículo 44, del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo (DO L 210 de 31.7.2010, p. 25) y la sección 8, artículos 43 a 46 del Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión, para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión (DO L 371 de 27.12.2006, p. 1); y el artículo 71, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo (DO L 277 de 21.10.2005, p. 1) y el Reglamento (CE) no 1974/2006 de la Comisión, artículos 50 a 52 (DO L 368 de 23.12.2006, p. 15) para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. (28) Este importe consiste en prefinanciación a largo plazo (3 820 millones de euros) y a corto plazo (955 millones de euros). (29) Véase asimismo el Informe Anual relativo al ejercicio 2008, apartado 1.43. (30) Los créditos prorrogados de 2009 ascendieron a 300 millones de euros en el caso de los compromisos y a 1 800 millones de euros en el de los pagos. (31) Los ingresos afectados en 2010 (véase asimismo la nota a pie de página no 35) ascendieron a 5 400 millones de euros de compromisos y a 5 800 millones de euros de pagos. (32) Los ocho presupuestos rectificativos aprobados durante 2010 dieron lugar a un incremento global de 99 millones de euros en los créditos para compromisos y de 19 millones de euros en los créditos para pagos. (33) Conforme al Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (DO C 139 de 14.6.2006, p. 1), determinados créditos de compromiso incluidos en el presupuesto como la Reserva de Ayuda de Emergencia, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización pueden superar este límite. (34) Puede obtenerse información detallada sobre la ejecución presupuestaria de 2010 en la Parte II de las cuentas anuales de la Unión Europea, Ejercicio 2010, los documentos de la Comisión (Dirección General de Presupuestos) Report on budgetary and financial management accompanying the Community accounts – Financial year 2010 (Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera que acompaña a las cuentas comunitarias – Ejercicio 2010) y el Informe Analysis of the budgetary implementation of the Structural and Cohesion Funds in 2010 (Análisis de la ejecución presupuestaria de los Fondos Estructurales y de Cohesión en 2010). (35) Los ingresos afectados abarcan, entre otros, las restituciones derivadas de la recaudación de importes pagados por error, que se reasignan a su línea presupuestaria de origen, contribuciones de Estados de la AELC que aumentan las líneas presupuestarias, o ingresos procedentes de terceros con los que se han celebrado acuerdos que implican una contribución financiera a las actividades de la UE. (36) Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera que acompaña a las cuentas comunitarias – Ejercicio 2010 «Report on budgetary and financial management accompanying the Community accounts — Financial year 2010». (37) Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo (DO L 223 de 15.8.2006, p. 1) y Reglamento (CE) no 1083/2006. (38) Véanse los apartados 3.13, 3.15 y 3.22. (39) Los compromisos presupuestarios pendientes surgen como consecuencia directa de los gastos disociados, en los que los programas de gastos necesitan una serie de años para completarse y los compromisos se contraen en ejercicios anteriores antes de que se efectúen los pagos correspondientes. Puesto que los compromisos se liquidan cuando se efectúan los pagos, los compromisos que superan a los pagos de manera significativa dan lugar a largo plazo a una acumulación inevitable de compromisos pendientes, y a la repetición de esta situación de un ejercicio para otro. (40) El presupuesto distingue entre dos tipos de créditos: los créditos no disociados y los créditos disociados. Los primeros se utilizan para financiar operaciones de naturaleza anual, como los gastos administrativos. Los créditos disociados se introdujeron para gestionar operaciones plurianuales, cuyos pagos correspondientes pueden efectuarse durante el ejercicio del compromiso y los ejercicios siguientes. Se utilizan principalmente para los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. (41) Para el ámbito de Cohesión, véase el Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera que acompaña a las cuentas comunitarias – Ejercicio 2010, pp. 23 y 36 a 41. (42) El plazo n + 2/n + 3 exige la liberación automática de todos los fondos no utilizados o no cubiertos por una solicitud de pago al final del segundo/tercer año siguiente al de su asignación. En el marco de la tercera serie de medidas de simplificación, se modificó por última vez la norma n+ 2/n+ 3 para los compromisos de 2007 en Cohesión (véase el Reglamento (CE) no 1083/2006, modificado por el Reglamento (UE) no 539/2010 del Parlamento Europeo y el Consejo [DO L 158 de 24.6.2010, p. 1)]. No obstante, esta medida no ha tenido una incidencia significativa en el porcentaje de utilización de los créditos de pago. (43) Los títulos presupuestarios 14 y 24 a 31 de la sección III del presupuesto general referentes fundamentalmente a gastos administrativos se exponen en la sección dedicada a la Comisión Europea del capítulo 7. (44) Los gastos administrativos se deducen de los grupos de políticas y se muestran separadamente en su epígrafe correspondiente, lo que motiva diferencias en comparación con los capítulos 3 a 6. (45) La frecuencia de errores representa la proporción de la muestra afectada por errores cuantificables y no cuantificables. (46) Los sistemas se clasifican como «parcialmente eficaces» cuando se considera que algunas disposiciones de control funcionan adecuadamente mientras que otras no, por lo que, en conjunto, podrían no conseguir limitar los errores en las operaciones subyacentes a un nivel aceptable. Véanse más detalles en la sección «Alcance y enfoque de la fiscalización» en los capítulos 2 a 7. (47) Gastos reembolsados (véase el apartado 3.16). (48) Gastos reembolsados (véase el apartado 4.23). (49) La diferencia entre los pagos de 2010 (122 231 millones de euros - véase el cuadro 1.1 ) y el importe total de la población global auditada en el contexto de la regularidad de las operaciones corresponde a los anticipos abonados a los grupos de políticas Agricultura y recursos naturales (851 millones de euros) y Cohesión, energía y transporte (3 074 millones de euros) (véanse los apartados 3.16 y 4.23). (50) No se incluyen gastos prepagados para instrumentos de ingeniería financiera por un importe de 4 775 millones de euros en 2010 y 2 153 millones de euros en 2009 (véanse los apartados 1.31 a 1.33). ANEXO 1.1 ENFOQUE Y METODOLOGÍA DE AUDITORÍA PARTE 1 – Enfoque y metodología de auditoría aplicables a la fiabilidad de las cuentas 1. A continuación se exponen los principales criterios de evaluación utilizados para determinar si las cuentas consolidadas, compuestas por los estados financieros consolidados y los informes consolidados sobre la ejecución presupuestaria (1), presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Unión Europea y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería al término del ejercicio: a) legalidad y regularidad: las cuentas se han elaborado de conformidad con la normativa y los créditos presupuestarios disponibles; b) integridad: todas las operaciones de ingresos y gastos y todo el activo y el pasivo (incluidos los asientos fuera de balance) correspondientes al periodo considerado se han inscrito en los registros contables; c) realidad de las operaciones y existencia del activo y del pasivo: todas las operaciones de ingresos y gastos están justificadas por un acontecimiento que corresponde a la entidad y que es propio al periodo de que se trate; el activo y el pasivo existe en la fecha del balance y corresponde a la entidad que presenta los estados financieros; d) medición y valoración: el importe con el cual se ha registrado la operación de ingresos o gastos, o el activo o el pasivo, ha sido correctamente inscrito en los registros contables de acuerdo con el principio de prudencia; e) presentación de la información: la operación de ingresos o gastos y el activo o el pasivo están presentados y descritos de conformidad con las normas y convenciones contables aplicables y el principio de transparencia. 2. La auditoría ha constado de los siguientes elementos fundamentales: a) evaluación actualizada del entorno de control contable; b) control del funcionamiento de los principales procedimientos contables y del proceso de cierre del ejercicio; c) controles analíticos (coherencia y carácter razonable) de los principales datos contables; d) análisis y conciliación de cuentas o saldos; e) pruebas de confirmación de compromisos, pagos y partidas concretas del balance realizadas a partir de muestras representativas. PARTE 2 – Enfoque y metodología de auditoría aplicables a la regularidad de las operaciones 3. El enfoque adoptado por el Tribunal para fiscalizar la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas comprende: — verificación directa de operaciones de cada ámbito de ingresos o gastos (véase el cuadro1.1 ) para determinar su grado de regularidad; — evaluación de la eficacia de los sistemas de control y supervisión aplicados para garantizar la regularidad de las operaciones. 4. Ello se completa con las pruebas obtenidas de los trabajos realizados por otros auditores (cuando proceda) y con el análisis de las tomas de posición de la Comisión. Método empleado por el Tribunal para verificar las operaciones 5. Las pruebas directas aplicadas a las operaciones en cada evaluación específica (capítulos 2 a 7) se basan en una muestra representativa de los ingresos y pagos incluidos en el grupo de políticas de que se trate (2). Dichas pruebas proporcionan una estimación estadística del grado de regularidad de las operaciones en la población examinada. 6. Para determinar los tamaños de las muestras necesarios para obtener un resultado fiable, el Tribunal se sirve de un modelo de garantía de auditoría. Este consiste en una evaluación del riesgo de que se produzcan errores en las operaciones (riesgo inherente) y del riesgo de que los sistemas no permitan prevenir o detectar y corregir estos errores (riesgo de control). 7. Las pruebas consisten en el examen pormenorizado de las operaciones seleccionadas con objeto de comprobar si las declaraciones de gastos o los pagos se calcularon correctamente con arreglo a las normas y reglamentos pertinentes. Mediante su muestra de operaciones consignadas en las cuentas presupuestarias, el Tribunal hace un seguimiento de todos los datos de la operación de pago hasta llegar al beneficiario final (por ejemplo, un agricultor, el organizador de un curso de formación o el promotor de un proyecto de ayuda al desarrollo) y examina el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada una de sus fases. Se considera que una operación (a cualquier nivel) contiene un error cuando no se ha calculado correctamente o no cumple la normativa o las disposiciones contractuales. Método empleado por el Tribunal para evaluar y presentar los resultados del examen de las operaciones 8. Los errores de las operaciones se producen por muy diversas razones y adoptan distintas formas dependiendo de la naturaleza del incumplimiento y de la norma o estipulación contractual que se haya contravenido. Los errores de las distintas operaciones no siempre afectan al importe total abonado. 9. El Tribunal clasifica los errores atendiendo a los siguientes criterios: — si son cuantificables o no cuantificables, dependiendo de que sea posible o no determinar en qué medida el importe pagado o recibido con cargo al presupuesto de la UE estaba afectado por error, — en función de su naturaleza, en particular errores de subvencionabilidad (el pago no se ajusta a las normas de subvencionabilidad), realidad de las operaciones (reembolso de un gasto cuyo pago no ha quedado demostrado) o exactitud (pago calculado de manera incorrecta). 10. La contratación pública es un ámbito en que el Tribunal a menudo detecta errores. La normativa de la UE en materia de contratos públicos consiste fundamentalmente en una serie de requisitos de procedimientos. Para garantizar el principio básico de la competencia previsto en el Tratado, los contratos deben ser anunciados, las ofertas han de evaluarse con arreglo a criterios especificados, los contratos no pueden ser fragmentados artificialmente para no superar los límites, etc. 11. A los efectos de su auditoría, el Tribunal evalúa la inobservancia de un requisito de procedimiento y de ese modo: a) considera «graves» aquellos errores que frustran los objetivos de las normas sobre contratación pública: la libre competencia y la adjudicación del contrato al licitador mejor cualificado (3); b) cuantifica el impacto de las infracciones «graves» a las normas sobre contratación pública considerándolas un error cuantificable que afecta al 100 % del importe (4); es decir, a la totalidad del valor del pago correspondiente al contrato; a) considera errores no cuantificables a errores menos graves que no afectan al resultado del procedimiento de licitación (5). Al decidir las medidas a adoptar en caso de aplicación errónea de las normas de contratación pública, la cuantificación efectuada por el Tribunal puede diferir de la aplicada por la Comisión o los Estados miembros. 12. El Tribunal expresa la frecuencia con que se producen los errores presentando el porcentaje de la muestra que contiene errores cuantificables y no cuantificables. De esta manera se indica el grado de incidencia de errores que puede existir en todo el grupo de políticas. Esta información figura en los anexos x.1 de los capítulos 2 a 7 cuando existen errores significativos. 13. Basándose en los errores que ha cuantificado, el Tribunal aplica técnicas estadísticas formalizadas para estimar el porcentaje de error más probable (EMP) para cada observación específica y para la totalidad de los gastos del presupuesto. El porcentaje de error más probable es la media ponderada de los porcentajes de error encontrados en la muestra (6). El Tribunal también estima, volviendo a servirse de técnicas estadísticas normalizadas y con una confianza del 95 %, el intervalo dentro del cual se sitúa el porcentaje de error que afecta a la población objeto de cada evaluación específica (y de la totalidad del gasto). Este es el intervalo situado entre el límite inferior (LIE) y el límite superior (LSE) (7) de error (véase la ilustración siguiente). 14. El porcentaje de la zona sombreada por debajo de la curva indica la probabilidad de que el porcentaje de error real de la población se encuentre entre los límites inferior y superior de error. 15. Al planificar su trabajo de auditoría, el Tribunal trata de aplicar procedimientos que le permitan comparar el porcentaje de error estimado en la población con un umbral de materialidad del 2 %. Al evaluar los resultados de la auditoría y formarse una opinión, el Tribunal se guía por este nivel de materialidad y tiene en cuenta la naturaleza, el importe y el contexto de los errores. Método empleado por el Tribunal para evaluar los sistemas y dar cuenta de los resultados 16. Los sistemas de control y supervisión son establecidos por la Comisión, y por los Estados miembros y beneficiarios en el caso de la gestión compartida o descentralizada para gestionar los riesgos presupuestarios, incluidos los relativos a la regularidad de las operaciones. La evaluación de la eficacia de los sistemas para garantizar la regularidad constituye por tanto un procedimiento de auditoría clave especialmente útil para identificar recomendaciones de mejora. 17. Cada grupo de políticas, al igual que los ingresos, se rige por múltiples sistemas particulares. Por lo tanto, en cada ejercicio, el Tribunal suele seleccionar una muestra de sistemas para someterla a examen. Los resultados de las evaluaciones de los sistemas se presentan en un cuadro titulado «Resultados del examen de sistemas» que figura en el Anexo x.2 de los capítulos 2 a 7. Con respecto a su capacidad para mitigar el riesgo de error en las operaciones, un sistema se clasifica como «eficaz», «parcialmente eficaz» (cuando la eficacia operativa presenta algunas insuficiencias) o «ineficaz» (cuando las insuficiencias están generalizadas e invalidan completamente la eficacia operativa). 18. Siempre que haya obtenido evidencia de auditoría, el Tribunal formula además una valoración global de los sistemas del grupo de políticas en cuestión (presentada asimismo en el Anexo x.2 de los capítulos 2 a 7), que se basa en la evaluación de los sistemas seleccionados y en los resultados de las pruebas practicadas a las operaciones. Método empleado por el Tribunal para evaluar las tomas de posición de la Comisión y rendir cuentas de sus resultados 19. De conformidad con las normas internacionales de auditoría, el Tribunal recibe una carta de manifestaciones de la Comisión en la cual esta confirma que ha cumplido sus obligaciones y presentado toda la información que pudiera ser pertinente para el auditor, en particular, toda la información sobre la evaluación del riesgo de fraude, todos los casos de fraude o presunto fraude de los que tiene conocimiento, y todos los casos significativos de incumplimiento de la normativa y los reglamentos. 20. Por otra parte, los capítulos 2 a 7 estudian los informes anuales de actividad de las direcciones generales correspondientes, que informan de la consecución de los objetivos políticos y de los sistemas de control y supervisión implantados para garantizar la regularidad de las operaciones y el buen uso de los recursos. Cada informe anual de actividad va acompañado de una declaración del director general sobre, entre otras cosas, el grado en que los recursos se han destinado a sus fines previstos, y en que los procedimientos de control garantizan la regularidad de las operaciones (8). 21. El Tribunal evalúa los informes anuales de actividad y las correspondientes declaraciones a fin de determinar en qué medida presentan una imagen fiel de la gestión financiera desde el punto de vista de la regularidad de las operaciones. El Tribunal presenta el resultado de esta evaluación en la sección «Fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión» en los capítulos 2 a 7 y, en caso de que las constataciones revistan particular importancia, formula una observación tras sus conclusiones sobre la regularidad de las operaciones y la eficacia de los sistemas. Método empleado por el Tribunal para formular su opinión en la declaración de fiabilidad 22. El Tribunal se forma una opinión sobre la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de la Unión Europea, que expone en la declaración de fiabilidad, basándose en su trabajo de auditoría del que informa en los capítulos 2 a 7 del presente informe e incluye asimismo una evaluación de la presencia de error. El examen de los resultados de la verificación de las operaciones de gastos constituye un elemento esencial. Según la mejor estimación posible efectuada por el Tribunal, el conjunto de los gastos en 2010 está afectado por un porcentaje de error del 3,7 %. El Tribunal tiene un grado de confianza del 95 % de que el porcentaje de error de la población se sitúa entre el 2,6 % y el 4,8 %. El porcentaje de error detectado en los distintos ámbitos políticos varía, tal como se describe en los capítulos 3 a 7. El Tribunal considera que los errores son generalizados, es decir, que se extienden a la mayoría de los ámbitos de gasto. El Tribunal emite una opinión global sobre la regularidad de los compromisos sobre la base de una muestra transversal adicional. Irregularidad o fraude 23. La gran mayoría de los errores se deriva de una aplicación errónea o una mala interpretación de las normas, a menudo complejas, de los regímenes de gastos de la UE. Si el Tribunal tiene motivos para sospechar que se ha producido una actividad fraudulenta, lo notifica a la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, encargada de proceder a las investigaciones oportunas. De hecho, el Tribunal notifica a la OLAF alrededor de tres casos por año, basándose en su trabajo de auditoría. (1) Incluidas las notas explicativas. (2) Además, se extrae una muestra representativa transversal de compromisos para verificar su conformidad con las normas y reglamentos aplicables. (3) Los sistemas de adjudicación principales son dos: la oferta más baja o la más ventajosa. (4) Ejemplos de errores cuantificables: ausencia de competencia o competencia restringida (excepto cuando está explícitamente permitido por el marco legal) para el contrato principal o suplementario; valoración inadecuada de las ofertas que tenga incidencia en el resultado de la licitación; modificación sustancial del alcance del contrato; división de los contratos para distintas obras que realizan la misma función económica. El Tribunal aplica en general un enfoque distinto a la aplicación errónea de las directivas sobre contratación pública por parte de las instituciones de la UE, basándose en que los contratos en cuestión generalmente siguen siendo válidos. Este tipo de errores no se cuantifican en la DAS. (5) Ejemplos de errores no cuantificables: evaluación inadecuada de las ofertas sin que incida en el resultado de la licitación, deficiencias formales del procedimiento de licitación o del pliego de condiciones, inobservancia de aspectos formales de los requisitos de transparencia. (6) , donde IMM es el intervalo de muestreo medio, e i es la numeración de las operaciones de la muestra. (7) y , donde t es el factor de distribución t, n es el tamaño de la muestra y s es la desviación estándar de los errores expresados en porcentaje. (8) Puede encontrarse mayor información sobre estos procesos, así como enlaces a los informes más recientes en http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/index_en.htm ANEXO 1.2 SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES SOBRE LA FIABILIDAD DE LAS CUENTAS Observaciones de ejercicios anteriores Avances conseguidos Respuesta de la Comisión Análisis del Tribunal 1. Carta de manifestaciones del contable Carta de manifestaciones del contable Carta de manifestaciones del contable Carta de manifestaciones del contable Las cartas de manifestaciones del contable de la Comisión señalaban que los contables de determinadas entidades consolidadas habían omitido o modificado manifestaciones. En particular, no se facilitaba la información requerida sobre la validación de los sistemas contables y locales. Con respecto a las cuentas consolidadas correspondientes a 2010, el contable de la Comisión: — señala que los sistemas contables o locales de cuatro agencias y dos empresas conjuntas consolidadas por primera vez no han sido validados o solo lo han sido en parte, y hace hincapié en que estas validaciones competen a los contables en cuestión; — observa que una agencia ejecutiva utilizó la plantilla del ejercicio pasado para su carta de manifestaciones, por lo que faltan aún algunas manifestaciones añadidas recientemente. No obstante, el contable de la Comisión insistió en que, en su opinión, estas cuestiones no inciden de manera significativa en las cuentas de su institución. La falta de validaciones señalada no afecta a la fiabilidad de las cuentas. El Tribunal ha tomado nota de la garantía general ofrecida en la carta de manifestaciones del contable y dará seguimiento a las cuestiones específicas identificadas en el curso de sus futuras fiscalizaciones. 2. Prefinanciaciones, deudas a corto plazo y procedimientos de cierre del ejercicio Prefinanciaciones, deudas a corto plazo y procedimientos de cierre del ejercicio Prefinanciaciones, deudas a corto plazo y procedimientos de cierre del ejercicio Prefinanciaciones, deudas a corto plazo y procedimientos de cierre del ejercicio En el caso de las prefinanciaciones, deudas a corto plazo y procedimientos de cierre del ejercicio, el Tribunal identificó errores contables con un impacto financiero poco significativo, pero sí de elevada frecuencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de aumentar aún más la exactitud de los datos contables básicos en algunas direcciones generales. Por lo que se refiere a la contabilización de los importes prefinanciados, el Tribunal identificó además los siguientes problemas: — la liquidación de las prefinanciaciones pendientes no siempre se llevó a cabo de manera correcta. Una serie de liquidaciones no se realizaron en absoluto o se contabilizaron por importes incorrectos; — algunas direcciones generales no procesan la información disponible sobre los progresos realizados y los costes conexos y no liquidan las prefinanciaciones correspondientes en función de dichos progresos, sino que utilizan aproximaciones para determinar la separación de ejercicios. Además, algunas direcciones generales no cumplieron el requisito de registrar las facturas y las declaraciones de gastos dentro de los cinco días hábiles posteriores a su recepción. La Comisión ha continuado sus esfuerzos para mejorar la exactitud de sus datos contables a través de acciones en curso, como el proyecto sobre la calidad contable y la validación de sistemas locales. Pese a los esfuerzos de los servicios del contable para mejorar la situación, el Tribunal observó que en varios casos las direcciones generales de políticas internas y acciones exteriores continúan registrando estimaciones en las cuentas incluso teniendo una base adecuada para liquidar las prefinanciaciones correspondientes (véase el apartado 1.29). La fiscalización del Tribunal de muestras representativas de prefinanciaciones y de facturas o declaraciones de gastos identificó una vez más errores con un impacto financiero global poco significativo pero de elevada frecuencia. Por consiguiente, la Comisión debería continuar sus esfuerzos para mejorar los datos contables básicos en determinadas direcciones generales. Pese a las mejoras observadas en el tiempo empleado en registrar nuevas declaraciones de gastos, algunas direcciones generales siguen sin respetar el requisito de registrar con prontitud sus facturas y declaraciones de gastos. Véase la respuesta de la Comisión al apartado 1.29. La Comisión seguirá trabajando para mejorar la exactitud de los datos contables mediante las actividades en curso, como los proyectos de calidad contable. El Tribunal continuará dando seguimiento a las cuestiones identificadas. Por otra parte, en la fiscalización de 2010 surgió una nueva cuestión en relación con un número significativo de casos en que la Comisión inicialmente no registró de manera correcta los pagos que daban lugar a un activo (p. ej. instrumentos de ingeniería financiera). Este asunto ha sido abordado en las cuentas definitivas al recibir la información de los Estados miembros en junio de 2011 (véase el apartado 1.32). La Comisión ha propuesto modificar el actual marco jurídico y elaborará las propuestas correspondientes para el período posterior a 2013. 3. Información sobre recuperaciones y correcciones financieras Información sobre recuperaciones y correcciones financieras Información sobre recuperaciones y correcciones financieras Información sobre recuperaciones y correcciones financieras Aunque la Comisión ha tomado medidas para aumentar y mejorar la información que presenta sobre los mecanismos correctores aplicados al presupuesto de la UE, la información todavía no es completamente fiable porque la Comisión no siempre recibe datos fiables de los Estados miembros. Los controles sobre el terreno de la Comisión evidenciaron que los sistemas de registro y notificación de datos todavía no son plenamente fiables en todos los Estados miembros. La Comisión hizo un seguimiento de las incoherencias en dichos datos y formuló recomendaciones de mejora a los Estados miembros. La fiabilidad de los datos sobre recuperaciones recibidos de los Estados miembros ha mejorado con respecto al año pasado, pero la Comisión está de acuerdo en que habrá que seguir mejorando. A tal efecto, la Comisión ha puesto en marcha, a principios de 2011, una auditoría de los sistemas de recaudación de los Estados miembros, basada en la información facilitada anualmente a 31 de marzo, con el objetivo de mejorar los informes de las correcciones financieras nacionales enviados a la Comisión y de garantizar la exhaustividad, exactitud y respeto de los plazos en la presentación de informes. El Tribunal continuará dando seguimiento a los asuntos identificados y mantiene su posición de que, siempre que sea posible, debería facilitarse una conciliación entre los errores y las recuperaciones o correcciones financieras correspondientes. Por otra parte, debería examinarse la necesidad de mejorar las directrices sobre información financiera en lo referente a la información que debe incluirse y en qué modo debe ser tratada. Con respecto a la recomendación del Tribunal de mejorar las directrices sobre presentación de las recuperaciones y las correcciones financieras, la Comisión ha emitido una instrucción de cierre que, no obstante, es susceptible de mejoras. La Comisión seguirá mejorando las directrices e instrucciones relativas al cierre de cara a 2011. En algunos ámbitos de gasto, la Comisión no facilita información que concilie el ejercicio en que se efectúa el pago en cuestión, el ejercicio en que se detecta el error correspondiente y el de presentación de la corrección financiera resultante en las notas anexas a las cuentas. Todavía no se ha presentado información que concilie pagos, errores y correcciones financieras. La Comisión efectúa controles de todos los gastos varios años después de la fecha efectiva en que se realizó un determinado pago, principalmente al cierre del programa. También la corrección financiera puede deberse a la detección de deficiencias en los sistemas de control de los Estados miembros, en cuyo caso no existe ningún nexo con los pagos. Como consecuencia de ello, no es posible ni pertinente reconciliar el año del pago correspondiente con el año en que la corrección financiera se anota en las cuentas. La documentación justificativa que debe presentar el Estado miembro al cierre del programa se determina en el marco jurídico. La autoridad de gestión del programa operativo conserva, a disposición de la Comisión, todos los justificantes de los gastos y las auditorías. Al final de 2009, en el ámbito de Cohesión, aún no se había ejecutado un importe total de 2 300 millones de euros (es decir, «liquidado» mediante la recepción por la Comisión del correspondiente reembolso o la deducción efectuada por el Estado miembro del importe en una solicitud de pago). En 2010, en el ámbito de Cohesión, el importe aún no ejecutado se ha reducido en unos 200 millones de euros (esto es, los importes confirmados o decididos pero aún no ejecutados pasaron de 2 327 millones de euros en 2009 a 2 516 millones de euros en 2010). El bajo índice de ejecución del 71 % se explica por el proceso de cierre en curso. Las solicitudes de pago recibidas al final de 2010 todavía no están autorizadas, lo que significa que las correcciones financieras correspondientes por un importe de 2 300 millones de euros no pueden contabilizarse en las cifras de ejecución de 2010 (véase la nota 6 a las cuentas de 2010, sección 6.3.3 «correcciones financieras – cifras acumuladas y porcentaje de ejecución»). Para algunos programas de 2000-2006, tanto por los resultados del Tribunal, como por los de la Comisión, se llega a la conclusión de que existían dudas sobre la exhaustividad y fiabilidad de las cifras asentadas y comunicadas sobre las retiradas y las recuperaciones. Pese a que las auditorías de la Comisión han señalado mejoras en todos los Estados miembros durante los ejercicios 2007-2010, la Comisión sigue siendo prudente al cierre y ha solicitado a todos los servicios responsables de los programas que informen sobre el seguimiento (incluidas las correcciones financieras) a nivel nacional de todas las irregularidades registradas en el libro mayor de deudores de cada programa. La Comisión no cerrará los programas mientras no considere esta información coherente y completa. Respecto del marco reglamentario 2007-2013, antes del 31 de marzo de cada año la autoridad de certificación debe enviar a la Comisión una declaración sobre las correcciones financieras del ejercicio anterior. Este nueva normativa en materia de información hace más fiable y uniforme la información en formato electrónico (a través del sistema SFC 2007) de las correcciones efectuadas. Además, la DG REGIO y la DG EMPL han revisado sus estrategias de auditoría a fin de incluir un módulo específico destinado a auditar los sistemas nacionales de recuperación con mayor riesgo, a partir de la segunda mitad de 2011. La Comisión mantiene el parecer de que, debido al carácter plurianual de los sistemas correctores aplicados a los programas en gestión compartida (las correcciones financieras no siempre se efectúan en el mismo ejercicio en el que los Estados miembros las aceptan), la conciliación de los pagos, los errores y las correcciones financieras aportan un valor añadido muy escaso. Por otra parte, como el sistema de declaración de gastos es acumulativo a lo largo de un período plurianual y, en algunos casos, se trata de correcciones del sistema, tal reconciliación es casi imposible. Aunque las notas explicativas a las cuentas consolidadas contienen información de que es probable que algunos pagos sean corregidos por los servicios de la Comisión o los Estados miembros en una fecha posterior, los importes y los ámbitos de gasto que puedan ser objeto de verificaciones adicionales y de procedimientos de liquidación de cuentas continúan sin identificarse en las notas. Los importes que puedan ser objeto de verificación y liquidación todavía no se presentan en las notas que acompañan a las cuentas consolidadas (contrariamente a los importes cuantificables de las recuperaciones potenciales). Como ya se respondió en años anteriores, el Reglamento financiero autoriza a la Comisión a efectuar controles de todos los gastos varios años después del ejercicio en el que tuvo lugar realmente el gasto. Las cuentas no deben implicar que, al poderse efectuar controles en los años siguientes, todos los gastos afectados estén pendientes de aceptación. De otro modo, todos los gastos presupuestarios se considerarían provisionales hasta que se hiciera un control ex post o hubiera transcurrido el período al que se ha hecho referencia. Si los importes recuperables son cuantificables, se recogen en la nota 6 de las cuentas consolidadas. En lo que respecta a la agricultura, se adopta una decisión de liquidación financiera unos seis meses después del final del ejercicio financiero de que se trate, en la cual la Comisión establece el importe de los gastos que corren a cargo del presupuesto de la UE para ese ejercicio. El papel que desempeña la decisión de liquidación financiera no es cuestionado por el hecho de que, posteriormente, puedan imponerse correcciones financieras a los Estados miembros mediante decisiones de conformidad. El importe de los gastos que probablemente queden excluidos de la financiación de la UE por estas decisiones de conformidad futuras se recoge en una nota a los estados financieros. Tanto los importes cuantificables de las posibles recuperaciones por parte de los Estados miembros, como el importe de los gastos que puedan excluirse de la financiación por futuras decisiones de conformidad se asientan como activos (o se presentan como activos contingentes) en el plan contable de la Comisión y en una nota a los estados financieros. La Comisión considera que, en agricultura, la información relativa a las recuperaciones que recibe de los Estados miembros es fiable, porque es certificada por organismos de auditoría independientes. En agricultura, las decisiones de conformidad determinan, por cada corrección financiera, el año en que se efectuó el pago al que se refiere dicha corrección. La información financiera en el sector agrario incluye la información sobre las recuperaciones hechas por los Estados miembros y las correcciones efectuadas por la Comisión sobre el importe de las correcciones aprobadas por ejercicio y por año civil, sobre la ejecución financiera de estas correcciones y sobre los correspondientes importes que hayan sido cobrados, tanto en el caso del Feaga, como en el del desarrollo rural. 4. Transferencia de activos de Galileo Transferencia de activos de Galileo Transferencia de activos de Galileo Transferencia de activos de Galileo Los acuerdos de transferencia a la Unión de la titularidad de todos los activos creados, desarrollados o adquiridos en virtud del programa Galileo todavía no se han aplicado en su totalidad. Puesto que todos los gastos efectuados hasta la fecha han sido considerados gastos de investigación, no ha habido un impacto en el balance. No obstante, la Comisión debería velar por que toda la información esté disponible en el momento en que se produzca la transferencia, a fin de salvaguardar los activos de manera eficaz. La Comisión está trabajando con la Agencia Espacial Europea para garantizar que en el momento de la transferencia esté disponible toda la información contable y técnica para garantizar un traspaso fluido. La transferencia está prevista para el final de la fase de validación en órbita, que se espera que sea en 2012. Sin embargo, el Tribunal llama la atención sobre la reserva emitida por el director general responsable en su informe anual de actividad de 2010 con respecto a la fiabilidad de la información financiera de la Agencia Espacial Europea. La Comisión está supervisando estrechamente los avances conseguidos por la Agencia Espacial Europea en la aplicación de su nuevo sistema contable y en la consiguiente mejora de sus informes financieros. El Tribunal dará seguimiento a este asunto.

CAPÍTULO 2 Ingresos ÍNDICE Introducción Características específicas de los ingresos Alcance y enfoque de la fiscalización Recursos propios tradicionales Recursos propios basados en el I