El conjunto de medidas discrecionales difiere del conjunto de medidas relativo a los recortes de las pensiones, neutro a efectos presupuestarios, cuya entrada en vigor está prevista el 1 de enero de 2019 y que fue aprobado de forma provisional a mediados de 2017. Las autoridades griegas tienen previsto aplicar una congelación de las pensiones hasta 2022, pero no procederán a los recortes de las pensiones asociados con la recalibración inmediata de las llamadas diferencias personales negativas. Además, las autoridades tienen como objetivo reforzar el sistema de prestaciones sociales con la puesta en marcha de un nuevo subsidio de vivienda por valor de 400 millones EUR en 2019. Asimismo, tienen intención de reducir las cotizaciones a la seguridad social para ciertas categorías de trabajadores autónomos, de subvencionar las cotizaciones a la seguridad social de los empleadores para las personas menores de 24 años, de reducir el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles (ENFIA), de reducir el techo de gasto para el presupuesto de inversión pública a niveles que las autoridades consideran más realistas a la luz del persistente gasto inferior al previsto y de bajar progresivamente los impuestos sobre sociedades a partir de 2020. Las autoridades griegas no han informado a las instituciones de ningún plan para modificar la medida aprobada de forma provisional relativa a la reducción de las bonificaciones fiscales para el impuesto sobre la renta prevista para el 1 de enero de 2020.

Una cuestión fundamental para garantizar un crecimiento sostenible que requiere especial atención es la erosión de las reservas de capital. La inversión fija anual de Grecia disminuyó un 65 % entre su punto máximo en 2007 y su punto mínimo en 2017. La diferencia en los flujos de inversión puede corregirse en unos pocos años, para lo que serán fundamentales los esfuerzos encaminados a mejorar el entorno empresarial, en particular en lo relativo al sistema judicial y el registro de la propiedad.

La crisis en Grecia, que se prolonga ya una década, se deja sentir no solo en forma de desempleo sino también de deuda pública y privada y de exposiciones dudosas. Para solucionar los problemas de balance y de stock serán necesarios años de crecimiento sostenido, respaldado por la aplicación continua de reformas estructurales encaminadas a reducir el exceso de endeudamiento, durante los cuales es probable que Grecia siga estando expuesta a perturbaciones económicas.

Grecia está experimentando un período de crecimiento estable. Se prevé que el PIB real crezca un 2 % en 2018, para alcanzar el 2,2 % del PIB en 2019 y el 2,3 % en 2020 . Se espera que en 2019 el crecimiento se vea respaldado por el presupuesto para dicho año, que incluye medidas discrecionales destinadas a alcanzar un superávit primario del 3,5 % del PIB, en consonancia con los objetivos acordados. Según las previsiones, la demanda interna y, en particular, la inversión privada se convertirían en el motor de crecimiento en los próximos años, con un robusto crecimiento de las exportaciones, que se vería compensado por el crecimiento de las importaciones merced al fuerte crecimiento de las inversiones. Cabe esperar que la recuperación del mercado laboral continúe al hilo del repunte de la actividad económica y con el respaldo de las reformas adoptadas en el marco del programa. En agosto de 2018, la tasa de desempleo cayó hasta el 18,9 % frente al 20,8 % del año anterior, y al 24,5 % registrado en agosto de 2015, cuando se inició el programa del MEDE. Pese a esta tendencia positiva, la tasa de desempleo sigue siendo muy elevada, especialmente entre los jóvenes (un 38 % entre los jóvenes de menos de 25 años), y casi tres de cada cuatro parados son desempleados de larga duración. El pleno despliegue de las reformas en materia de bienestar social destinadas a mejorar la eficiencia, la eficacia y la adecuación del sistema de bienestar social griego podrá favorecer una mejora de la situación social en los próximos años. La evolución salarial ha sido moderada y, de cara al futuro, será esencial que los interlocutores sociales y las autoridades griegas mantengan la evolución de los salarios en consonancia con los incrementos de productividad para salvaguardar las mejoras de la competitividad salarial y la creación positiva de empleo obtenida en el marco del programa.

Un crecimiento sostenido, pero no exento de riesgos y desafíos

·el conjunto de medidas permitiría la consecución de un superávit primario del 3,5 % del PIB, en consonancia con los objetivos acordados;

·la aplicación de los recortes de las pensiones previamente aprobados no es necesaria, como tampoco lo es alcanzar o mantener un objetivo de superávit primario del 3,5 % del PIB a medio plazo; por otra parte, se prevé que la propuesta de congelar las pensiones hasta 2022 conllevará el mismo nivel de gasto en pensiones como porcentaje del PIB en situación de estabilidad que el que resultaría si en 2019 se aplicasen plenamente los recortes de las pensiones aprobados de forma provisional; si las reformas adoptadas en 2015 y 2016 se siguieran aplicando plenamente, el gasto en pensiones disminuiría del 17 % del PIB en 2016 a una media de la zona del euro del 13 % en 2027;

·se estima que la aplicación de los recortes de las pensiones aprobados de forma provisional reduciría las pensiones principales de unos 1,4 millones de jubilados en una media del 14 %; el análisis distributivo pone de manifiesto que la aplicación de los recortes de las pensiones aprobados de forma provisional comportaría un aumento significativo del número de pensionistas en riesgo de pobreza;

·el proyecto de presupuesto de 2019 permite una aplicación parcial de las medidas aprobadas de forma provisional destinadas a aumentar el gasto en otras prestaciones sociales que tienen como objetivo reducir el riesgo de pobreza entre los niños y las familias con miembros en edad laboral; basándose en una reforma de las prestaciones familiares en vigor desde principios de 2018, la Comisión acoge con satisfacción la puesta en marcha, prevista para 2019, de un subsidio de vivienda por un importe total de 400 millones EUR: de acuerdo con las simulaciones de Euromod, se prevé que esa medida, gracias a una orientación eficaz, tendrá una incidencia decisiva en la reducción de los riesgos de pobreza entre los jóvenes y que esta incidencia se concentrará en las cohortes de renta baja; combinadas, estas medidas supondrían un gasto adicional del 0,35 % del PIB en prestaciones sociales distintas de las pensiones, lo que equivaldría a la mitad del incremento previsto en el conjunto de medidas aprobado de forma provisional para 2017;

·el conjunto de medidas discrecionales incluido en el presupuesto de 2019 comprende medidas que reducen los impuestos sobre el trabajo, las empresas y el sector inmobiliario y, como tal, va en la dirección de las medidas incluidas en el conjunto de medidas aprobado de forma provisional para 2020. Estas medidas podrían favorecer el crecimiento, aunque su impacto será relativamente modesto si tenemos en cuenta su escala y su composición. Sin embargo, el diseño de la medida encaminada a reducir las cotizaciones a la seguridad social para los trabajadores autónomos, que incluye una mayor reducción para determinadas categorías de profesionales, pone en cuestión el objetivo de la reforma de las pensiones de 2016 de seguir un enfoque unificado para los distintos tipos de contribuyentes. Unos techos más bajos no tendrán necesariamente un impacto en el nivel real de inversión pública en 2019, debido al constante gasto inferior al previsto a lo largo de varios años. Además, se prestará asistencia técnica mediante el Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales con el fin de ayudar a subsanar las deficiencias estructurales en el establecimiento y seguimiento de los proyectos de inversión pública por el Ministerio de Hacienda.

Las previsiones presupuestarias están sujetas a incertidumbre. Los infraejecución del gasto ha contribuido a unos resultados presupuestarios mejores que los previstos en los últimos años, aunque no es este un resultado deseable en términos del proceso presupuestario ni del impacto en el crecimiento. La reducción del techo de gasto en inversión ha reducido los riesgos de subestimación de las previsiones presupuestarias relacionados con la posibilidad de que los gastos sean inferiores a los previstos. Por lo que se refiere a los riesgos de sobreestimación, y aunque no es responsabilidad directa de las autoridades griegas, una cuestión particularmente espinosa es la que plantea una serie de causas y resoluciones judiciales recientes que invalidan o pueden invalidar algunos aspectos de las reformas aplicadas en el marco del MEDE y de programas anteriores. Cabe citar una serie de causas o resoluciones relativas a las reformas de las pensiones aplicadas en 2012, 2015 y 2016, así como medidas adoptadas en 2012 que suprimen las pagas extras correspondientes al 13.º y 14.º mes de los trabajadores del sector público. El impacto real de las resoluciones, incluido su impacto presupuestario, dependerá en gran medida del razonamiento de los tribunales y podrá requerir la adopción de medidas correctoras a fin de garantizar que se siguen persiguiendo las características estructurales de las reformas y que los objetivos presupuestarios están salvaguardados. Las autoridades griegas deben supervisar los riesgos presupuestarios, incluidos los derivados de resoluciones judiciales y se les insta a adoptar las medidas de compensación que sean necesarias para cumplir los objetivos presupuestarios a medio plazo en el marco de la Estrategia Presupuestaria a Medio Plazo (EPMP) y sus actualizaciones anuales.

Las autoridades griegas tienen la intención de adoptar medidas puntuales que utilicen una parte del rebasamiento del objetivo de superávit primario del 3,5 % del PIB para 2018, pero no se han previsto propuestas concretas. Tales medidas solo se considerarían si existe un margen de seguridad apropiado para proceder a posibles futuras revisiones de los datos de los resultados presupuestarios. En caso de que se consideraran, debería darse prioridad a la liquidación de las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales y tendría que garantizarse su plena compatibilidad con las políticas sometidas a una supervisión reforzada.

Reformas presupuestarias estructurales: avances en el cumplimiento de los compromisos de reforma

Las autoridades avanzan en la reforma del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria (ENFIA) a fin de adaptar gradualmente la evaluación de los valores zonales a los precios de mercado. Se está creando capacidad administrativa con apoyo técnico y está en preparación una ley marco permanente sobre valoración.

En lo que respecta a la administración de ingresos independiente (IAPR), los avances son desiguales. Se siguen cumpliendo indicadores de rendimiento clave en relación con el cobro de deudas fiscales. No obstante, se registran retrasos y fallos en algunos ámbitos importantes. Cabe destacar, en particular, la posibilidad de que no se alcance el objetivo en materia de dotación de personal de la IAPR, fijado para finales de 2018, como consecuencia de los retrasos registrados en un concurso externo para administradores fiscales/funcionarios de aduanas y en la puesta en práctica del programa de movilidad. Además, se siguen registrando retrasos en la finalización del plan de acción de reforma de la IAPR, que establece las inversiones necesarias para reforzar sus capacidades, así como en la adopción de la legislación necesaria para completar la reforma de los recursos humanos, que introducirá una evaluación de la clasificación, la retribución y los resultados adaptada a la IAPR.

La liquidación de los pagos atrasados también va rezagada. Las autoridades están aplicando medidas estructurales para abordar las fuentes de la acumulación de pagos atrasados y proceder a su liquidación. Dicho esto, la liquidación de los pagos atrasados no ha satisfecho plenamente las expectativas, ya que la acumulación de pagos atrasados a finales de agosto de 2018 todavía era de 3 200 millones EUR con arreglo a la definición del programa. Una definición de pagos atrasados más precisa a efectos de supervisión reforzada muestra un volumen neto de pagos atrasados de 1 700 millones EUR, teniendo en cuenta nuevos datos detallados, así como los elementos que se liquidan mediante compensaciones o que no pueden liquidarse debido a limitaciones técnicas o jurídicas que escapan al control de las autoridades. Unos 1 100 millones EUR de los fondos para la liquidación de los pagos atrasados se han transferido a las cuentas de entidades públicas, pero permanecieron en ellas hasta finales de agosto de 2018 debido a un retraso en la transferencia de los fondos, con lo que las entidades tuvieron poco tiempo para su absorción. Estos fondos deben transferirse sin demora a los destinatarios finales. De cara al futuro, la aplicación plena y a tiempo de los planes de acción acordados seguirá siendo esencial, en consonancia con los compromisos asumidos por Grecia.

Estaría justificado que las autoridades aplicasen medidas destinadas a eliminar la acumulación de reclamaciones de pago efectuadas por los bancos en relación con los préstamos garantizados por el Estado. En este contexto, se insta a las autoridades a emprender una revisión de los procesos internos y de las capacidades para asegurar la apreciación y el pago efectivos y a tiempo de las reclamaciones en relación con préstamos garantizados por el Estado, a más tardar a finales del primer semestre de 2019.

Un sistema de bienestar social moderno y sostenible: avances en el cumplimiento de los compromisos de reforma

En los últimos años, se han emprendido grandes reformas para modernizar todos los aspectos del sistema de bienestar social en Grecia con reformas globales de las pensiones, de la atención sanitaria y de otras prestaciones sociales. Estas reformas han recibido el respaldo técnico de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial a través del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión.

Se están registrando avances en la realización de la reforma de las pensiones de 2016, y el nuevo cálculo de las pensiones avanza según los planes. El plan de acción relativo al principal fondo de pensiones unificado (EFKA) se actualizó con vistas a completar plenamente su creación a mediados de 2020, en consonancia con los compromisos asumidos.

Los avances en las reformas de la atención sanitaria son más desiguales. Aunque las autoridades siguen aplicando numerosas medidas, existen escollos derivados de la resistencia o la oposición de las partes interesadas y de las limitaciones de recursos y capacidades. Estos factores han ralentizado los avance en la compensación y el cobro de las restituciones, la creación de centros de atención primaria de salud, así como el establecimiento permanente y la dotación de personal del organismo responsable de la contratación centralizada de asistencia sanitaria (EKAPY). La ampliación prevista de los plazos para el cobro de las restituciones, que ya eran, de por sí, largos, o los planes para cambiar la periodicidad de revisión de los precios farmacéuticos de semestral a anual serían un paso en la dirección equivocada. Las reformas para establecer centros de atención primaria de salud y la contratación pública centralizada avanzan, pero a un ritmo más lento de lo previsto. Deben llevarse a cabo con determinación.

Se está avanzando para llevar adelante las reformas de las redes de seguridad social iniciadas en el marco del programa del MEDE. Las autoridades han adoptado pasos bien recibidos hacia la conclusión del régimen de renta de solidaridad social, y en particular del pilar de reintegración en el mercado de trabajo; sin embargo, para alcanzar el pleno funcionamiento de este pilar, debe completarse la reforma en curso de las políticas activas del mercado de trabajo, con la introducción de un nuevo modelo de actuación para permitir la prestación de servicios personalizados a los solicitantes de empleo, así como la prestación de servicios sociales. Las autoridades también están avanzando en la realización de las reformas de las prestaciones de invalidez y las ayudas al transporte. Como parte del presupuesto para 2019, se introducirá un subsidio de vivienda, con un presupuesto anual de 400 millones EUR.

Sector financiero: avances en el cumplimiento de los compromisos de reforma

En el transcurso del programa del MEDE se han adoptado importantes medidas destinadas a reforzar el sector bancario. Durante el primer semestre de 2018, la media de la ratio de capital ordinario de nivel 1 de los bancos griegos se mantuvo en líneas generales estable, en torno al 16 %. Los bancos han seguido reduciendo su dependencia de la financiación del Eurosistema; los depósitos del sector privado han aumentado, lo que ha dado margen para una mayor relajación de los controles de capitales a partir del 1 de octubre de 2018. Aunque los bancos han cumplido en líneas generales sus objetivos de reducción de las exposiciones dudosas, será necesario redoblar los esfuerzos a fin de acelerar la resolución de exposiciones dudosas necesaria para cumplir los objetivos en 2019. En general, el sistema bancario sigue lastrado por el pesado legado de la crisis. Pese a las recientes mejoras, la principal tarea que queda por acometer es el saneamiento de los balances de los bancos en una coyuntura en que las exposiciones dudosas siguen estando justo por debajo del 48 % del total de exposiciones y la relación entre los bancos y la deuda soberana sigue siendo fuerte, factores ambos que siguen pesando sobre la rentabilidad de los bancos. La actividad de préstamo de la banca se mantiene a un nivel moderado, lo que es un factor esencial. Los bancos han de centrarse en la ampliación de su actividad de préstamo si desean generar suficientes beneficios para cubrir el coste de la reducción de las exposiciones dudosas. Los márgenes netos de rendimiento, que se sitúan en torno al 2,5 %, son satisfactorios, pero están sometidos a presión.

En lo que respecta a las herramientas para la reducción de las exposiciones dudosas, hasta la fecha los bancos se han servido sobre todo de las amortizaciones y las ventas de las exposiciones dudosas. La utilización de subastas electrónicas está mejorando, aunque se mantiene a un volumen bajo en comparación con los niveles anteriores a la crisis, y despierta un interés limitado entre los terceros compradores. Los bancos mantienen en sus balances el 80 % de los activos vendidos en subasta. Es necesario un seguimiento continuado de la eficacia del marco de subastas electrónicas y los obstáculos que se detecten deberán abordarse adecuadamente. La utilización del nuevo procedimiento corporativo sigue siendo lenta, al igual que el tratamiento de los casos de insolvencia de los hogares, aunque se espera que este último mejore tras las recientes medidas adoptadas para incrementar la eficiencia y desalentar morosidad estratégica. La cifra y el volumen de reestructuraciones extrajudiciales siguen siendo muy modestos si se comparan con las expectativas iniciales, y se están adoptando medidas técnicas y regulatorias para mejorar el funcionamiento del sistema.