[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 30.9.2008

COM(2008) 593 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Segundo informe sobre la aplicación de la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso {SEC(2008) 2506}

ÍNDICE

1. Introducción 3

2. Aplicación de la Directiva 3

2.1. Transposición 3

2.1.1. Contenido 3

2.1.2. Transposición por los Estados miembros 4

2.2. Ámbito de aplicación de la Directiva: el «mercado gris» 4

2.3. Diferencias de aplicación a nivel nacional 5

2.3.1. Nivel de las sanciones a nivel nacional 5

2.3.2. Sanción de la posesión privada 6

2.3.3. Eficacia de la acción de las autoridades nacionales 6

2.4. Dimensión internacional 6

3. Pertinencia de la Directiva de cara a la convergencia 7

3.1. Nuevos métodos de distribución 7

3.2. Nuevas formas de piratería 8

3.3. Contribución a la protección de los derechos de autor 9

3.3.1. Extensión de la protección a los titulares de los derechos 9

3.3.2. Sistemas de gestión digital de los derechos 10

3.4. Protección de la remuneración: único criterio de protección 11

4. Conclusiones y futuras medidas 11

4.1. Evaluación de la Directiva 98/84/CE 11

4.2. Futuras medidas para mejorar su aplicación y hacer frente a la convergencia 12

4.2.1. Creación de un grupo de expertos 12

4.2.2. Grupo de trabajo sobre el mercado gris 13

4.2.3. Recogida de información 13

4.2.4. Ratificación del Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional 14

1. INTRODUCCIÓN

En 1998, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 98/84/CE[1] relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, con el fin de permitir el desarrollo de los servicios de televisión de pago en el mercado interior. En 2003, la Comisión presentó el primer informe de aplicación de la Directiva[2].

Diez años después de su adopción, la Comisión presenta un segundo informe sobre su aplicación. La revolución que ha sufrido este mercado se describe en el estudio sobre el impacto de la Directiva, realizado en 2007 por KEA y Cerna por encargo de la Comisión[3].

Hoy en día, cabe plantearse si la Directiva, con su contenido actual, sigue siendo útil y pertinente. El contexto presente se caracteriza por el potencial de los mercados de las nuevas plataformas de distribución de contenidos: televisión por Internet, televisión IP, televisión móvil, vídeo a la carta. ¿Deben protegerse estos mercados de manera similar a la televisión de pago? ¿Les es útil, o incluso necesaria, la protección que brinda la Directiva? Naturalmente, estas cuestiones sólo pueden plantearse si se responde afirmativamente a la pregunta inicial sobre la eficacia de la Directiva.

Por otro lado, hay que reconocer que la piratería, contra la cual lucha la Directiva, se adapta sumamente bien a los progresos tecnológicos y que incluso se intensifica con las nuevas posibilidades ofrecidas.

Con el fin de obtener la información necesaria para el análisis de la aplicación de la Directiva hasta la fecha, además del estudio mencionado más arriba, la Comisión lanzó una consulta pública entre el 11 de febrero y el 4 de abril de 2008, en la que recibió 54 contribuciones[4]. El presente informe va acompañado de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que recoge las opiniones expresadas en dichas contribuciones. Los servicios de la Comisión también se entrevistaron directamente con los agentes del sector en diversas ocasiones.

2. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA

2.1. Transposición

2.1.1. Contenido

Para permitir el desarrollo de los servicios de acceso condicional en el mercado interior, en la Directiva se definen los servicios protegidos y se enumeran las actividades comerciales ilícitas que deben sancionar los Estados miembros, que son responsables de fijar las sanciones aplicables a los infractores, así como las vías de recurso a disposición de los perjudicados.

2.1.2. Transposición por los Estados miembros

Todos los Estados miembros han transpuesto ya la Directiva[5]. Los nuevos Estados miembros tenían la obligación de transponerla, como parte del acervo comunitario, antes de su adhesión.

2.2. Ámbito de aplicación de la Directiva: el «mercado gris»

A pesar de la Directiva y de la armonización comunitaria asociada, a los ciudadanos europeos que ejercen su derecho a la libre circulación en la Unión Europea se les deniega el acceso legal a las cadenas de televisión de su Estado de origen. Ha florecido un «mercado gris», constituido por las suscripciones legales obtenidas mediante una dirección de conveniencia. Este mercado no puede calificarse de «negro», porque las suscripciones se pagan; tampoco es un mercado totalmente legal, porque algunos derechos de difusión obtenidos por las cadenas sólo son válidos en el territorio nacional y no en el territorio de otros Estados miembros.

No obstante, algunos servicios de televisión de pago están disponibles a nivel transfronterizo, lo que mitiga un veredicto demasiado negativo sobre los efectos de la Directiva en el mercado interior. Estos ejemplos se ajustan al modelo clásico de explotación de los derechos de difusión y los derechos exclusivos: las televisiones adquieren estos derechos para todos los territorios nacionales en cuestión, caracterizados por su unidad lingüística, y sólo en algunas ocasiones se dirigen a una diáspora lingüística presente en varios o en todos los Estados miembros.

Fuera de esta estructura tradicional, la posibilidad de legalizar el mercado gris no es del agrado de la mayoría de los agentes del mercado, puesto que pone necesariamente en entredicho la organización de la venta de derechos (derechos de autor o derechos de difusión de acontecimientos deportivos) por territorio nacional. Los titulares de derechos desean obviamente maximizar sus ingresos vendiendo dichos derechos a cada territorio, y los proveedores de servicios audiovisuales temen que se reduzca el atractivo de la oferta, que dejaría de ser exclusiva, con la entrada de competidores que propongan en su territorio una oferta comparable.

Sobre este punto, es importante destacar que el único mercado transfronterizo que la Comisión desearía ver surgir es un mercado que ofrezca servicios que respondan a la movilidad y a las expectativas legítimas de los ciudadanos europeos, y, en consecuencia, que esté disponible de manera lícita en su lengua materna y la lengua de su tierra natal.

El desarrollo de una oferta de este tipo requeriría un enfoque flexible en cuanto a la adquisición de los derechos, por ejemplo respecto al número de consumidores identificados en el Estado en cuestión, algo que solamente sería posible con la colaboración activa de todos los agentes del sector y que actualmente parece poco viable, habida cuenta de la falta de motivación observada. Asimismo, exigiría un examen de los distintos regímenes reglamentarios nacionales en relación con los puntos de distribución de las obras cinematográficas, ya que las diferencias podrían contribuir a bloquear la difusión multiterritorial de las obras.

La solución podría encontrarse en la llegada de nuevos tipos de servicios, como la televisión por Internet o la televisión móvil, que conllevan costes de distribución y de sistemas de acceso condicional relativamente menores que los vinculados al uso de descodificadores. Una vez más, es necesario que estos nuevos servicios no se encuentren limitados territorialmente a petición de los titulares de los derechos: la imposibilidad de ver en Internet programas de algunas cadenas de televisión en ordenadores situados en otros Estados miembros ya se ha mencionado en varias denuncias recibidas por la Comisión.

Cabe subrayar que más de 8,7 millones de ciudadanos europeos[6] viven hoy en un Estado miembro distinto de su Estado de origen y que este número no cesa de aumentar. La libre circulación de personas y servicios figura entre los principios básicos de la construcción europea y garantizar a todo ciudadano europeo el acceso a una oferta audiovisual en su lengua y su cultura nativas permitiría facilitar esta circulación[7].

Con el fin de seguir reflexionando sobre esta cuestión, es importante reunir el máximo de información posible sobre aspectos tales como el potencial de los nuevos tipos de servicios, por lo que se refiere a las ofertas audiovisuales transfronterizas específicas y el mercado potencial constituido por la movilidad de los ciudadanos europeos.

2.3. Diferencias de aplicación a nivel nacional

La Directiva impone a los Estados miembros la obligación de adoptar sanciones «eficaces, disuasorias y proporcionadas» y de poner a disposición de los proveedores de servicios protegidos las vías de recurso apropiadas.

A pesar de que el estudio de KEA y Cerna examinó pormenorizadamente la legislación de sólo 11 Estados miembros, y de que las respuestas a la consulta no aportaban datos sobre el conjunto de los 27 Estados miembros, estas dos fuentes de información permiten hacerse una idea de las tendencias seguidas en las transposiciones nacionales. Mientras que algunos participantes expresan su satisfacción en relación con la aplicación a nivel nacional, otros, más numerosos, destacan los límites de su legislación nacional.

2.3.1. Nivel de las sanciones a nivel nacional

En la medida en que se cumplieran los tres criterios mencionados, los Estados miembros disponían de total libertad para elegir el tipo y el nivel de las sanciones a aplicar. Las horquillas de las sanciones son muy amplias y, en el caso de las multas, oscilan entre mínimos de 25 a 7 500 euros y máximos de 1 158 a 50 000 euros, y, en el caso de las penas de prisión, cuando se contemplan, entre ocho días y cinco años.

Estas notables diferencias explican las opiniones divergentes de los operadores en los distintos Estados miembros sobre la eficacia de las sanciones. Ciertamente, deben tenerse en cuenta las diferencias de nivel de vida existentes en la Unión Europea, y una armonización comunitaria de las sanciones no parece deseable. Por el contrario, cabría plantearse una revisión del efecto disuasorio de las sanciones en cada Estado miembro.

2.3.2. Sanción de la posesión privada

Sólo las actividades comerciales que implican dispositivos ilícitos son objeto de armonización comunitaria; los Estados miembros son libres para sancionar o no sancionar la posesión privada de estos dispositivos. Este aspecto sumamente sensible de la represión de la piratería sigue siendo objeto de intensos debates ya desde antes de la adopción de la Directiva.

La sanción de la posesión privada cuenta con el respaldo de los operadores, que ven en esta medida un instrumento pedagógico para los consumidores tentados por los servicios ilícitos. Además, podría ayudar a la hora de sancionar nuevos tipos de piratería, basados en una combinación de distintos actos, algunos de ellos de carácter privado, como la divulgación en Internet de los códigos de cifrado, códigos utilizados posteriormente por el propio consumidor para programar una tarjeta inteligente comprada sin programación y cuya venta (acto comercial) es a priori legal.

La sanción de la posesión privada parece volver a contar con el apoyo de los Estados miembros. Italia la restableció en 2003, y Suecia estudia actualmente la posibilidad de introducir sanciones por la compra y la utilización de dispositivos ilícitos.

Por consiguiente, sería interesante seguir reflexionando sobre este tema, que podría ser objeto de un intercambio de experiencias entre los Estados miembros.

2.3.3. Eficacia de la acción de las autoridades nacionales

El estudio y las contribuciones mencionan el problema general de la falta de conocimientos técnicos por parte de las autoridades responsables de aplicar la legislación.

Asimismo, aluden a la dificultad particular derivada del alto nivel de tecnicismo de los nuevos métodos de piratería, que exigen un dominio perfecto de las nuevas tecnologías.

A este respecto, la creación de un grupo de expertos que reúna a las autoridades competentes de los Estados miembros constituiría un medio especialmente idóneo para difundir informaciones técnicas sobre la piratería, así como buenas prácticas.

2.4. Dimensión internacional

Las ampliaciones de la Unión Europea han modificado la geografía de la piratería, anteriormente activa en algunos países de Europa Oriental. Estos países son ahora miembros de la Unión y la transposición de la Directiva organiza la lucha contra la piratería.

Además, los países candidatos a la adhesión (Antigua República Yugoslava de Macedonia), los países en fase de negociación (Croacia y Turquía) y los candidatos potenciales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Kosovo) están adaptando su legislación al acervo comunitario. Por último, están en curso negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Ucrania, que debe adaptar su legislación en los ámbitos en cuestión.

Aparte de la ampliación de la Unión Europea, la Decisión del Comité Mixto del EEE nº 17/2001, de 28 de febrero de 2001, incorporó la Directiva 98/84/CE al Acuerdo EEE, por lo que ésta se aplica en Islandia, Liechtenstein y Noruega.

Por lo demás, el margen de actuación de la Comisión es limitado. Sin embargo, el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso[8], adoptado el 24 de enero de 2001, prevé una protección similar a la de la Directiva y debe ser ratificado por los 47 Estados miembros de esta institución, así como por Belarús y el Vaticano.

Hasta ahora lo han firmado 11 Estados[9] y ratificado ocho. La ratificación del Convenio está abierta a la Comunidad Europea. Esta medida podría permitir imprimir un nuevo impulso a su ratificación por otros Estados y ampliar así más allá del territorio de la Unión la protección de los proveedores de servicios afectados.

3. PERTINENCIA DE LA DIRECTIVA DE CARA A LA CONVERGENCIA

3.1. Nuevos métodos de distribución

El nuevo panorama tecnológico puede resumirse en una palabra: «convergencia», calificación otorgada a la capacidad de acceder a contenidos a través de una multitud de plataformas. Desde la concepción de la Directiva, el legislador europeo procuró establecer disposiciones neutras desde el punto de vista tecnológico que permitieran evitar que quedara obsoleta a raíz de innovaciones que ya se barruntaban en aquella época. Esta voluntad inicial explica que en la definición de «servicios protegidos» se incluyan los servicios de radiodifusión televisiva y sonora y los servicios de la sociedad de la información. Además, la definición adoptada no tiene en cuenta el método de difusión de los servicios contemplados.

De esta manera, todo servicio de radiodifusión televisiva o sonora, cualquiera que sea su medio de difusión (ADSL, Internet, móvil), queda incluido en la definición de «servicios protegidos», al igual que todo servicio accesible a distancia a petición del consumidor, y que responda en consecuencia a la definición de servicios de la sociedad de la información[10], como el vídeo a la carta. El único límite a esta protección viene impuesto por la condición de la utilización de un sistema de acceso condicional para garantizar el pago del servicio.

3.2. Nuevas formas de piratería

La utilización creciente de tarjetas inteligentes para descodificar las señales ha traído consigo una diversificación de las actividades de piratería. Se comercializan sin problemas descodificadores y tarjetas inteligentes vírgenes, ya que pueden ser objeto de una utilización legal. Por otro lado, se divulgan en Internet los códigos de programación de las tarjetas, en particular por parte de piratas que obtienen con ello una ventaja económica, dejando al comprador del descodificador y la tarjeta inteligente virgen la tarea de programar esta última para acceder a los servicios de manera ilícita.

Esta división de actividades ha abierto una nueva vía de acceso ilegal a los servicios en cuestión y los tribunales encuentran dificultades para condenarla. debido a que las actividades comerciales se refieren a productos que pueden utilizarse de manera legal, así como a la dificultad de vincular la divulgación de los códigos en Internet con estas ventas. Por último, la tarjeta virgen la programa directamente el consumidor y no el vendedor.

En este contexto, no parece que las disposiciones de la Directiva puedan ser directamente aplicables, ya que sigue siendo difícil encontrar pruebas de una actividad comercial ilícita. Indudablemente, los operadores pueden alegar que las tarjetas inteligentes utilizadas para este tráfico no se adaptan a un uso legal, puesto que la complejidad de sus componentes y, en consecuencia, su precio hacen que no sean competitivas para los usos más corrientes (por ejemplo, tarjetas de identificación).

Sin embargo, en ese caso los tribunales deben proceder a una evaluación técnica que supera a menudo los conocimientos de los funcionarios competentes.

Los operadores destacan la necesidad de poder sancionar la divulgación de los códigos en línea por un tercero sin que medie remuneración. Los preceptos de la Directiva no parecen aplicables debido al carácter no comercial de la actividad: es casi imposible demostrar la existencia de un vínculo entre la venta de una tarjeta virgen y la divulgación de los códigos en Internet. Aun en el caso de que la sanción de la posesión privada de un dispositivo ilícito permitiera condenar al consumidor que utilizara estos métodos, ello no ofrecería una solución directa a la presencia de los códigos en Internet.

Sobre este punto, sólo las medidas de competencia desleal parecen poder resolver este problema, que no obstante puede toparse con el escollo del carácter extraterritorial de la infracción. Así pues, convendría reflexionar sobre las posibilidades legales de combatir tales prácticas.

También han aparecido otras formas de piratería, por ejemplo las tarjetas compartidas: una tarjeta obtenida legalmente se utiliza para permitir la redistribución del servicio a otros consumidores, mediante una red inalámbrica o la tecnología de acceso WiMAX. Se trata generalmente de una redistribución de pago, por lo que entra en el ámbito de aplicación de la Directiva. El problema de esta forma de piratería reside en la dificultad de detectar la infracción; los efectivos policiales deben recibir formación al respecto.

Parece por tanto deseable fomentar un mejor intercambio de información entre las Administraciones nacionales.

3.3. Contribución a la protección de los derechos de autor

La Directiva 98/84/CE no permite a los titulares de derechos relativos a los contenidos recurrir a sus disposiciones. La cuestión de la ampliación de la protección se debatió extensamente con motivo de la adopción de la Directiva, pero se rechazó ante la perspectiva de la aprobación de un texto específico relativo a la protección de los derechos de autor en la sociedad de la información. La Directiva 2001/29/CE de 22 de mayo de 2001[11] («Derechos de autor en la sociedad de la información») completó la protección ofrecida por la Directiva 98/84/CE tres años después de la adopción de esta última.

Sin embargo, la Directiva 98/84/CE contribuye de manera indirecta, aunque importante, a la protección de los derechos de autor, al proteger de la piratería los contenidos cubiertos por los derechos de autor y, en consecuencia, los ingresos de los titulares de tales derechos.

3.3.1. Extensión de la protección a los titulares de los derechos

Los titulares de derechos, derechohabientes y titulares de derechos sobre acontecimientos deportivos, manifestaron su interés por ser incluidos en el marco de aplicación de la Directiva.

No obstante, parece haberse malinterpretado el contenido de la protección que esta otorga. Las sanciones que establece sólo son aplicables a acciones relacionadas con la utilización de dispositivos ilícitos. Así pues, no puede aplicarse a otros actos, como la utilización de dispositivos legales que no respeten posibles restricciones territoriales, como en el caso del mercado gris anteriormente descrito.

Esta precisión es importante, porque las contribuciones de los titulares de derechos (derechos de autor o derechos afines de las entidades de radiodifusión sobre las emisiones de acontecimientos deportivos) se centran en el respeto del aspecto territorial de los derechos y los riesgos de depreciación del valor de los mismos en caso de incumplimiento de las limitaciones territoriales.

En este contexto, no tendría ninguna utilidad ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva para incluir a otros agentes. En efecto, la Directiva se refiere a la piratería basada en la utilización de dispositivos ilícitos, es decir, la utilización de equipos no autorizados por el distribuidor de contenidos. Por ejemplo, los descodificadores utilizados en el mercado gris son autorizados por el radiodifusor, que percibe su remuneración regularmente.

Una de las soluciones propuestas para resolver el problema de los titulares de derechos sería conseguir una mejor integración y consideración de los ingresos potenciales del mercado gris. Sin embargo, es necesario examinar más a fondo esta posibilidad y disponer de mejor información sobre el potencial de los mercados transfronterizos.

No obstante, los titulares de derechos sobre acontecimientos deportivos parecen tener toda la razón cuando reclaman una mejor protección ante la inexistencia de disposiciones que les sean directamente aplicables, teniendo en cuenta al mismo tiempo las expectativas legítimas de los consumidores de poder acceder legalmente a los servicios a nivel transfronterizo y la necesidad de garantizar un amplio acceso a los acontecimientos de especial importancia para la sociedad. La Comisión se propone poner en marcha trabajos para evaluar la necesidad de adoptar medidas complementarias a fin de colmar esta laguna. La posible realización de un estudio sobre la financiación del deporte, anunciado por la Comisión en su Libro Blanco sobre el deporte[12] , debería permitir recoger los primeros datos necesarios para este análisis.

3.3.2. Sistemas de gestión digital de los derechos

El inicio de la distribución de contenidos en Internet ha ido acompañado de la utilización de un nuevo tipo de protección de los contenidos: los sistemas de gestión digital de los derechos, generalmente denominados sistemas DRM ( Digital Rights Management por sus siglas en inglés).

Estas medidas de protección técnica tienen por objeto, en particular, garantizar el respeto de los derechos de autor en el marco de la distribución de contenidos en Internet. Dentro de este objetivo general se encuentran medidas de configuración y uso sumamente variadas, que establecen diferentes tipos de restricciones: restricciones cuantitativas de lectura de una obra, restricciones geográficas de acceso o restricciones en cuanto al hardware o el software necesarios para su lectura, a las transferencias entre aparatos o a la extracción digital (lista no exhaustiva).

Por tanto, algunas de estas medidas pueden corresponder a la definición de sistemas de acceso condicional, « cualquier medida o mecanismo técnico en virtud del cual se condicione el acceso al servicio protegido en forma inteligible a una autorización individual previa » (artículo 2, letra b), de la Directiva). De este modo, las medidas aplicadas para garantizar la remuneración de la obra, principalmente las que permiten establecer tarifas diferentes en función del uso deseado por el consumidor (visionado único o múltiple, distinta calidad de la grabación), se benefician indudablemente de la protección que brinda la Directiva 98/84/CE.

Si bien es cierto que la Directiva 2001/29/CE («Derechos de autor en la sociedad de la información»), anteriormente mencionada, prevé expresamente en su artículo 6 la protección jurídica de las medidas tecnológicas, esta protección se deriva del respeto de los derechos de autor, y las medidas de transposición de los Estados miembros pueden limitar las acciones judiciales a los titulares de derechos y no a los distribuidores de contenidos. En este sentido, la Directiva 98/84/CE sigue siendo útil para los distribuidores digitales, que disponen en virtud de la misma de un medio de combatir la piratería contra las medidas de protección que utilizan para distribuir los contenidos en línea.

3.4. Protección de la remuneración: único criterio de protección

La Directiva limita la protección de los servicios de acceso condicional contra la piratería únicamente a los utilizados con fines de remuneración: el pago del servicio (abono o precio de una compra individual) debe ser la condición para acceder a los contenidos.

Sin embargo, los sistemas de acceso condicional pueden utilizarse con fines distintos de la protección de la remuneración del proveedor de servicios, por ejemplo para cumplir obligaciones contractuales o legislativas, como la reducción de la audiencia potencial (bien a nivel territorial, de conformidad con la cesión de los derechos, bien por motivos de edad, para proteger a los menores frente a contenidos destinados a adultos), estrategias comerciales y publicitarias, cuestiones de seguridad, o para obtener una remuneración indirecta[13]. Por consiguiente, distintos operadores manifestaron su interés por una ampliación de la protección.

Es necesario con todo clarificar que el concepto de remuneración es más amplio que el de pago directo. Los servicios de la sociedad de la información pueden utilizar medidas tecnológicas destinadas a limitar la difusión de contenidos accesibles gratuitamente pero financiados indirectamente mediante la publicidad o el patrocinio. Estos servicios también entran en el ámbito de aplicación de la Directiva.

En conclusión, no se puede negar que existe una demanda para que se amplíe la protección. Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre la utilidad de esta ampliación, que obligaría a revisar la Directiva, ya que su ámbito de aplicación actual se limita a las actividades de piratería con fines comerciales. ¿Existe esta piratería comercial en el caso del acceso condicional utilizado para estos otros objetivos? Además, los usos de los sistemas de acceso condicional motivados por disposiciones legislativas deberían protegerse mediante la legislación cuyo respeto se persigue, por ejemplo las disposiciones relativas a la protección de menores, los delitos informáticos y la protección de los datos y de la intimidad. Estas cuestiones deben examinarse más detenidamente y una primera etapa podría consistir en la celebración de un debate en el marco del grupo de expertos que se creará.

4. CONCLUSIONES Y FUTURAS MEDIDAS

4.1. Evaluación de la Directiva 98/84/CE

En el presente informe se han examinado distintos aspectos de la aplicación de la Directiva que plantean dificultades o interrogantes. Este examen constituía un requisito indispensable antes de evaluar el impacto de la Directiva en sus diferentes ámbitos de aplicación, para permitir a la Comisión extraer conclusiones sobre su eficacia desde el momento de su adopción hasta hoy.

En primer lugar, hay que señalar la transposición de la Directiva por todos los Estados miembros, lo que ha permitido reducir la piratería en la Unión Europea y modificar su geografía gracias a la entrada en la UE de algunos países anteriormente afectados por la piratería, alejando los centros de ésta de la zona de influencia de la Directiva.

La segunda observación es que la eficacia de la aplicación parece a veces discutible, lo que reduce la seguridad jurídica de los proveedores de servicios audiovisuales. En particular, la aplicación a nivel nacional adolece, según los casos, de un nivel insuficiente de sanciones, o de una falta de dominio de la tecnicidad del sector por parte de las autoridades nacionales. Sobre este último punto, es necesario recordar que la evolución tecnológica permanente viene a aumentar la complejidad de la situación, con la aparición de nuevos tipos de piratería, de nuevas plataformas de distribución, o de nuevos sistemas de acceso condicional, como algunos sistemas de gestión digital de los derechos.

En tercer lugar, por lo que se refiere a la libre circulación, a pesar de la implantación de un marco comunitario con el que se pretendía propiciar el desarrollo del mercado interior de estos servicios, el desarrollo de servicios transfronterizos totalmente legales ha sido sólo limitado. Concretamente, el «mercado gris» es el mecanismo transfronterizo que parece más desarrollado, y los operadores se limitan a tolerarlo, mientras que la disponibilidad de servicios audiovisuales del Estado de origen es un factor importante de bienestar para los ciudadanos europeos que ejercen su derecho a la libre circulación en la Unión Europea.

Por último, la Comisión observa que algunas restricciones a la aplicación de la protección ofrecida por la Directiva exigen un análisis más pormenorizado: por una parte, la posibilidad de imponer sanciones a la posesión privada de sistemas ilícitos, propuesta que defienden los operadores pero que no es fácil de poner en práctica, y por otra, la situación de los operadores que no gozan de protección adecuada, como los titulares de derechos sobre acontecimientos deportivos.

4.2. Futuras medidas para mejorar su aplicación y hacer frente a la convergencia

4.2.1. Creación de un grupo de expertos

La Comisión se propone crear un grupo de expertos sobre el acceso condicional, compuesto por expertos de los Estados miembros. Este grupo funcionaría siguiendo el modelo del grupo de expertos sobre el comercio electrónico, y con un mandato similar.

En particular, el grupo «acceso condicional» deberá tomar medidas para reforzar y facilitar la cooperación administrativa entre los Estados miembros y entre los Estados miembros y la Comisión, y para debatir los problemas relacionados con la aplicación de la Directiva 98/84/CE «Acceso condicional», y los problemas actuales en materia de utilización de los sistemas de acceso condicional.

Los temas que deberán abordarse de manera prioritaria son los que se exponen en el presente informe, concretamente: las nuevas formas de piratería, la evaluación del carácter disuasorio de las sanciones vigentes, la posible sanción de la posesión privada en el marco de la protección de los sistemas de acceso condicional, las relaciones con las disposiciones relativas a la protección de los derechos de autor, la inclusión de los DRM como sistema de acceso condicional, y la protección de la utilización de los sistemas de acceso condicional con fines distintos de la protección de la remuneración.

Asimismo, el grupo deberá tomar en consideración las ventajas potenciales del uso de sistemas innovadores de acceso condicional y de los sistemas DRM, evaluando, en particular, su potencial para limitar la necesidad de sanciones más disuasorias. En este contexto, el grupo examinará también todos los aspectos que pueden contribuir a la protección de los datos personales y de la intimidad.

Al aprobar este informe, la Comisión toma la decisión de crear dicho grupo antes de que finalice 2008.

4.2.2. Grupo de trabajo sobre el mercado gris

La Comisión propondrá igualmente que el grupo de expertos designe un grupo de trabajo específico sobre el tema del mercado gris.

Este grupo de trabajo debería dedicarse en un primer momento a recabar toda la información posible sobre los desplazamientos intracomunitarios de los ciudadanos europeos y sobre sus hábitos de consumo de servicios audiovisuales. Posteriormente, podría reflexionar sobre posibles vías que ofrezcan soluciones para que los ciudadanos interesados por servicios de su Estado miembro de origen puedan acceder a los mismos.

4.2.3. Recogida de información

El informe pone de manifiesto cierta falta de información, en particular en lo que respecta al ejercicio del derecho a la libre circulación por los ciudadanos europeos y la demanda y la oferta de servicios audiovisuales transfronterizos. Esta información debería permitir calibrar el potencial de los mercados transfronterizos y contribuir a la reflexión en el ámbito de los derechos de autor y los derechos sobre acontecimientos deportivos.

La Comisión propone poner en marcha una encuesta a este respecto a principios de 2009.

En otro orden de cosas, se recopilará información sobre la venta de derechos sobre acontecimientos deportivos en el contexto del estudio sobre la financiación del deporte, anunciado por la Comisión en su Libro Blanco sobre el deporte[14]. Esta información debería constituir la primera etapa de la recopilación de datos sobre la situación de los titulares de derechos sobre acontecimientos deportivos en caso de que se piratee la retransmisión de los mismos.

4.2.4. Ratificación del Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional

Este Convenio podría ampliar considerablemente la protección de los servicios de acceso condicional a escala internacional, más allá del territorio de la Unión Europea. La ratificación del Convenio por la Comunidad Europea permitiría relanzar una acción internacional en el marco de los 47 miembros del Consejo de Europa.

Por consiguiente, la Comisión propondrá en breve al Consejo la ratificación del Convenio en nombre de la Comunidad Europea.[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] DO L320 de 28.11.1998, pp. 54-57, véase:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0084:ES:NOT

[2] COM(2003) 198 final de 24.4.2003, véase:http://ec.europa.eu/internal_market/media/docs/elecpay/com-2003-198_fr.pdf

[3] http://ec.europa.eu/internal_market/media/elecpay/index_fr.htm

[4] http://ec.europa.eu/internal_market/media/elecpay/index_fr.htm

[5] http://ec.europa.eu/internal_market/media/elecpay/natimpl/index-map_fr.htm

[6] Eurostat - cuadro páginas 18-19:http://www.interculturaldialogue2008.eu/fileadmin/downloads/documents/630-factsfigures/KS-EP-07-001-EN.PDF

[7] Véase también la Comunicación sobre las antenas parabólicas:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0351:FR:NOT

[8] http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=178&CM=1&DF=4/29/2008&CL=FRE

[9] Bulgaria, Chipre, Croacia, Francia, Luxemburgo, Moldova, Noruega, Países Bajos, Rumania, Rusia, Suiza – Luxemburgo, Noruega, Rusia: firma no seguida de ratificación.

[10] Definición de «servicio de la sociedad de la información» que figura en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE, modificada por la Directiva 98/48/CE: todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios.

[11] DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.

[12] http://ec.europa.eu/sport/whitepaper/wp_on_sport_fr.pdf

[13] Véase el estudio de abril de 2000 realizado por el Intitute for Information Law (IVR) de la Universidad de Amsterdam para la Comisión: http://ec.europa.eu/internal_market/media/elecpay/background_fr.htm

[14] http://ec.europa.eu/sport/whitepaper/wp_on_sport_fr.pdf