Dictamen sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina (94/C 127/05)

El 23 de marzo de 1993, de conformidad con el apartado 4 del artículo 20 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina.

La Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 14 de enero de 1994 (Ponente: Sr. Vasco Cal que sustituye al Sr. Wagenmans).

En su 312° Pleno de los días 26 y 27 de enero de 1994 (sesión del 26 de enero de 1994), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

1. Introducción

1.1. Los estrechos vínculos históricos y culturales existentes entre la Comunidad Europea y los países de América Latina han cobrado un nuevo impulso desde 1986. Las áreas de cooperación entre estas dos regiones se ampliaron y profundizaron. El Comité Económico y Social ha seguido y sigue de cerca la evolución de estas relaciones. Así, el 28 de enero de 1993 aprobó el documento informativo « La Comunidad Europea y los países de América Latina » de la Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo (Ponente: Sr. Wagenmans) (1). El último dictamen sobre las relaciones entre la CE y América Latina fue emitido por el CES en enero de 1990 (Ponente: Sr. Vasco Cal) (2).

1.2. Vistos los profundos cambios de los últimos años en el contexto internacional y, en especial, en la UE y América Latina, el Comité ha considerado necesario pronunciarse nuevamente sobre las relaciones entre ambas regiones. El presente dictamen se basa en los resultados y conclusiones del documento informativo mencionado en el punto 1.1., que se realizó con participación de instituciones especializadas, expertos, diplomáticos y otros.

1.3. Durante la preparación del presente dictamen la Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo organizó los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 1993 una audiencia en la que participaron representantes de las organizaciones sociales y económicas de América Latina (empresarios, sindicatos, agricultores, cooperativas y organizaciones familiares y medioambientales). El acto supuso un valioso intercambio de información y fue valorado por ambas partes como una experiencia muy útil. En el presente dictamen se recogen las principales conclusiones de dicha audiencia.

1.4. En el presente dictamen se plantean los problemas centrales identificados en las relaciones entre la UE y América Latina, se proponen posibles soluciones y recomendaciones y se analizan las perspectivas futuras en las áreas más relevantes para la cooperación entre ambas partes. Asimismo, se hace hincapié en el papel de la UE en América Latina, el impacto de las relaciones económicas y de la cooperación al desarrollo (incluido el diálogo político y la cooperación en el campo social), así como los acuerdos de la tercera generación y la nueva agenda de cooperación birregional (medio ambiente, derechos humanos, la problemática de la droga, ciencia y tecnología y otros).

1.5. Tras la aprobación del dictamen del CES, en enero de 1990, la Comisión aprobó el 11 de junio de 1990 una comunicación sobre las Orientaciones para la Cooperación con los Países en vías de Desarrollo de América Latina y de Asia, que fueron aprobadas por el Consejo el 4 de febrero de 1991 y que desde 1992 han servido de guía para la cooperación con estos países.

2. El diálogo político

2.1. Las conferencias interministeriales anuales del Proceso de San José (desde 1984), las reuniones entre la CE y el Grupo de Río (a partir de 1990) y las reuniones bienales entre el Parlamento Europeo (PE) y el Parlamento Latinoamericano (desde 1974) representan un marco institucional adecuado para promover las relaciones entre ambas regiones.

2.2. Este diálogo político de alto nivel ha desempeñado un papel decisivo en favor de la democracia en América Latina y de la paz en América Central. Es evidente que la UE deberá seguir desempeñando un papel destacado en el apoyo internacional a la democracia en esta región, dado que en varios países la democracia es aún muy vulnerable e incluso se halla en grave peligro. El Comité insta a la UE a que, mediante el diálogo político, continúe promoviendo el respeto a los derechos humanos y adopte una actitud más firme en relación con los derechos sociales. Asimismo, esta cooperación puede extenderse al fortalecimiento del sistema democrático y del Estado de derecho. El Comité desea subrayar que, mientras no se aborde con éxito el problema de la pobreza, la democracia seguirá siendo frágil.

2.3. La Unión Europea debe esforzarse por contribuir permanentemente a la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos y las soluciones pacíficas en todos los países y subregiones de América Latina, utilizando para ello sus recursos (diplomáticos, financieros y otros). La mediación de las partes con vistas a la reconciliación y la superación de los conflictos debe proseguir activamente en todos los casos pertinentes.

2.4. El acento de las relaciones birregionales en los años 90 recaerá en el área económica y en la llamada nueva agenda. La parte latinoamericana ha señalado la necesidad de abordar de forma directa los problemas económicos, comerciales y financieros. La UE, por su lado, no quiere resolver las cuestiones comerciales hasta que finalice la Ronda de Uruguay del GATT. El Consejo, por otra parte, acordó la extensión a América Latina de las actividades exteriores del Banco Europeo de Inversiones (BEI), tal como se había solicitado en el anterior dictamen del CES sobre las relaciones entre la Comunidad y América Latina (1) y en diferentes resoluciones del Parlamento Europeo.

2.5. Tomando en consideración la reciente evolución de las relaciones entre ambas regiones, el surgimiento de nuevas áreas de cooperación, las demandas de la parte latinoamericana y los requerimientos de la UE para el uso de los instrumentos de cooperación, así como la preocupación del CES, por la utilización incompleta de los recursos y la dispersión de la cooperación al desarrollo, se señala la necesidad de que el PE, el Consejo y la Comisión Europea, así como los interlocutores latinoamericanos, busquen una nueva organización del diálogo político, más adaptada a los modelos actuales de cooperación, inversión y comercio, que contribuya a un uso más adecuado y eficaz de la cooperación.

2.6. Pese a la ampliación de las delegaciones en América Latina, la Comisión Europea dispone para la cooperación al desarrollo con esta región de relativamente pocos recursos financieros y humanos. Los interlocutores latinoamericanos, en la mayoría de los casos, cuentan con insuficiente personal especializado y con pocos recursos para la cooperación con la UE en la práctica. Esta situación constituye un freno para las relaciones interregionales. Existe poco margen para compromisos dentro de los acuerdos de la tercera generación o para redoblar los esfuerzos encaminados a dar a las relaciones UE-América Latina una base institucional más amplia.

2.7. La puesta en marcha de un nuevo enfoque del diálogo político, más acorde con las modestas dimensiones de la cooperación de la Comisión Europea y orientado a dar respuestas a los problemas concretos de la cooperación así como a las demandas latinoamericanas, apunta a la necesidad de (1) aumentar y utilizar mejor los recursos de la UE y sus Estados miembros destinados a la cooperación, (2) aplicación de prioridades y (3) la racionalización de los recursos, además de (4) la flexibilización del acceso a la cooperación y (5) la ampliación paulatina de la agenda a los temas de la demanda latinoamericana.

2.8. Las perspectivas futuras pueden apuntar a una cooperación más amplia, profunda e institucionalizada, similar a la establecida en los acuerdos de asociación con los países del Mediterráneo y de Europa central y oriental. Por ello sería apropiado, en opinión del Comité, crear instancias de consulta birregionales de carácter estratégico que elaboren propuestas más allá de los acuerdos de tercera generación con miras al siglo XXI.

2.9. El Tratado de Maastricht prevé la aplicación de una política comunitaria de cooperación al desarrollo en forma concertada por los Estados miembros. El diálogo político interno de la UE debe preparar las premisas para la coherencia y complementariedad de la cooperación bilateral de los países miembros y la ejecutada por la Unión Europea. También deberían coordinarse dichas acciones de ámbito comunitario con la intervención de los organismos multilaterales implicados, en particular el FMI y el Banco Mundial. Esto podría ser muy importante para América Latina, teniendo en cuenta que la UE y sus Estados miembros en su conjunto son los principales socios de América Latina en el terreno de la cooperación para el desarrollo.

2.10. En forma semejante y reconociendo el esfuerzo realizado en los últimos años por los gobiernos democráticos latinoamericanos, se considera oportuno desarrollar el diálogo político interno en América Latina para reforzar, tanto los mecanismos de concertación generales como los relacionados con la UE. Esto permitiría lograr articular sus propuestas en favor de la democracia, los derechos humanos, ampliación de la cooperación, acceso a los mercados, etc. en forma coherente con el avance de la institucionalización de sus procesos de integración. Además, les ayudaría a formular políticas regionales, no simples declaraciones de principios, en lo económico y social y en relación con temas internacionales como el medio ambiente y el problema de la droga. Este proceso abrirá oportunidades para la profundización de las relaciones entre ambas regiones, sobre todo tras la entrada en vigor del Tratado de Maastricht.

3. La cooperación

3.1. El Comité manifiesta su satisfacción por la forma adecuada en que se ha desarrollado la cooperación con América Latina, los Acuerdos de la tercera generación y el amplio instrumental para la cristalización de las relaciones entre ambas regiones, así como por los esfuerzos de ambas partes para lograr una articulación coherente.

3.2. Asimismo, se reconoce la labor desplegada por las Delegaciones del PE para América Central y México y para América del Sur, así como por la Dirección de América Latina de la Comisión Europea en la gestión de la cooperación al desarrollo con esa región y el trabajo de análisis y promoción de las relaciones birregionales por parte del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), apoyado por la Comisión Europea.

3.3. Sin embargo, hay que observar que, pese a los esfuerzos, todavía no se hace uso pleno y eficaz de los recursos de la cooperación, sobre todo debido a cierta rigidez de los procedimientos y al desconocimiento por parte de los operadores económicos y sociales de las posibilidades existentes, en particular en el ámbito de la cooperación económica y en el acceso a las financiaciones del BEI.

3.4. En vista de que es necesario que se tenga más rigor en ambas regiones en la planificación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos de la cooperación al desarrollo, se solicita a la Comisión que elabore un informe global sobre el alcance e impacto de la cooperación de la UE en América Latina. Esto incluye un balance del uso en los últimos años de las diferentes líneas presupuestarias y su proyección futura. Para el CES sería importante conocer el grado de ejecución de la cooperación prevista en las Orientaciones de la Cooperación para el período 1991-1995, estimado en un total de 2 900 millones de ecus. De igual manera, interesa conocer la situación de la programación plurianual prevista para principios de los años 90. Pero, además del análisis cuantitativo, sería útil verificar el efecto real de las acciones de cooperación sobre el terreno, ante los beneficiarios directos, es decir, realizar una análisis cualitativo, siquiera por muestreo de estos proyectos.

3.5. En este sentido, se solicita información a la Comisión sobre su metodología y sus instrumentos técnicos e institucionales de planificación y evaluación de la cooperación al desarrollo, incluyendo sus mecanismos de seguimiento parlamentario de la cooperación al desarrollo. A este respecto, sería interesante realizar un análisis comparativo actual con los existentes para los países ACP, incluyendo los mecanismos de consulta y el grado de institucionalización.

3.6. Se recomienda que se realice un análisis detallado de las causas que afectan a la ejecución de programas y proyectos, tanto en su fase de negociación como en la de tramitación en la Comisión Europea, lo que se ha demostrado ser lento debido a las normas internas, la sobrecarga de trabajo y los atrasos en los pagos. Se desea conocer mejor las premisas requeridas para garantizar el éxito de la cooperación y cómo se aplican estos criterios: voluntad política, diseño adecuado, capacidad técnica y administrativa, experiencia, conocimiento de la realidad, etc. Asimismo, sería necesario evaluar si el gran número de pequeños proyectos en múltiples líneas presupuestarias y la dispersión geográfica y temática son adecuados o si concentrarse en áreas prioritarias significaría un mayor impacto.

3.7. Se sugiere que el informe de la Comisión incluya también la política de cooperación de los Estados miembros y un análisis de las perspectivas futuras de la coordinación estipulada en el Tratado de Maastricht. Por otra parte, se considera importante que se adopten medidas por parte de los Estados miembros para cumplir la norma establecida por las Naciones Unidas, a saber, dedicar un 0,7 % del PNB a la cooperación al desarrollo. En 1991, sólo Francia, Dinamarca y los Países Bajos cumplieron esta norma.

3.8. Asimismo, es importante saber si los países latinoamericanos -individual y colectivamente- tienen la voluntad política de prestar la debida atención a la cooperación UE, cuentan con los recursos necesarios para diseñar y aplicar proyectos, son capaces de crear proyectos realmente viables y pueden reunir suficientes recursos humanos y materiales para todo ello. Además, sería valioso analizar el impacto de estos aspectos en la cooperación de la UE en esa región. Es importante estudiar si los interlocutores latinoamericanos se ven afectados por la dispersión de la cooperación, si ésta genera por ejemplo problemas administrativos, o si los proyectos a pequeña escala favorecen realmente una cooperación manejable y facilitan el acceso a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

3.9. Por otra parte, en algunos casos se prevé un grupo meta o un objetivo específico en los programas, pero la realidad misma impone canalizar los recursos hacia las áreas y objetivos viables. Por su importancia política y su carácter regional, y a título de ejemplo, se puede mencionar el programa de derechos humanos para Centroamérica, firmado en Lisboa en febrero de 1992. Este programa considera como grupo-objetivo a miembros de las fuerzas armadas y tiene por objetivo específico mejorar la seguridad pública y el funcionamiento del sistema judicial. Sería interesante analizar la coherencia entre los contenidos del programa y su impacto en el sistema judicial y en favor del fortalecimiento de la sociedad civil ante la preponderancia militar en el pasado, así como la participación en este programa de las autoridades de esos países.

3.10. En el campo económico cabe mencionar, por su alcance en nueve países latinoamericanos, la concesión de preferencias de países menos favorecidos en el SPG a Bolivia, Perú y Colombia a partir de 1991 y a los seis países del istmo centroamericano a partir de 1992. Este caso, referente a la promoción comercial, unida a la lucha contra la droga, podría ser analizado en forma detallada en el informe, con el objetivo de conocer el impacto real de la concesión de preferencias arancelarias en las exportaciones hacia la UE y, sobre todo, la coherencia con las medidas que esos países estén tomando para aprovechar estas facilidades.

4. Las relaciones comerciales

4.1. Para los países latinoamericanos es muy importante mejorar el acceso al mercado europeo. Los recientes compromisos asumidos en el GATT crearán sin duda condiciones más favorables para el acceso de los productos agrícolas de los países del Sur al mercado comunitario y al mercado internacional, a través de reducciones de la protección agrícola externa y de las restituciones a la exportación, que la Unión Europea se comprometió a realizar hasta el año 2000.

Es obvio que el aumento de las exportaciones agrícolas de los países latinoamericanos dependen también de la mejora de la calidad de sus productos, de una comercialización más competitiva y eficaz (presentación, embalaje, etc.) y de un mayor respeto de las normas sanitarias y fitosanitarias vigentes.

4.2. La argumentación de la UE señala que con el Mercado Interior habrá más demanda de importaciones y se reducirán los costes de comercialización. El impacto para las importaciones de América Latina radica en que tienen que adaptarse a una mayor competencia. Además, desaparecen las cuotas y contingentes nacionales y surge una política comunitaria. Se reconoce que la armonización de normas técnicas, medioambientales y sanitarias complica la entrada de productos que no reúnan los requisitos establecidos (1).

4.3. Esta nueva situación hace necesario que la Comisión realice una amplia labor de información entre los operadores latinoamericanos, con el objetivo de facilitar un uso adecuado de las nuevas oportunidades del mercado y poder hacer frente a los nuevos requisitos. En ese aspecto deberían desempeñar un papel más activo las delegaciones de la UE. Entre otras cosas, cabría aplicar un programa de asesoramiento para exportadores latinoamericanos no sólo sobre las nuevas condiciones y normas, sino también sobre asistencia técnica para alcanzar mayores niveles de calidad, cumplir los requisitos técnicos de embalaje, etiquetado, aspectos sanitarios y otros. Se requiere, asimismo, una promoción para un mejor uso del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), aunque la experiencia en otras regiones ha demostrado que el impacto del sistema es limitado si no se modernizan los métodos de producción y si no mejora la calidad para mejorar la competitividad.

4.4. Se ha producido un cambio estructural en las exportaciones latinoamericanas, pero este cambio no es aún suficiente para invertir la tendencia negativa de la última década. La parte de las importaciones en la UE procedentes de América Latina ha disminuido a un 5,5 % y las exportaciones de la UE a esa región representaron un 3,8 % en 1990. El peso de la UE en el comercio exterior de América Latina es, sin embargo, superior al 20 %, siendo con la UE con quien América Latina obtiene su mayor excedente comercial. Los principales productos latinoamericanos siguen siendo agrícolas y materias primas y el comercio entre ambas regiones se concentra en un número reducido de países de cada una de ellas.

4.5. La diversificación de las exportaciones sólo ha tenido éxito en algunos países, pese a la importancia concedida a este aspecto en los programas de ajuste estructural. Corresponde a las economías latinoamericanas realizar un mayor esfuerzo de reconversión y diversificación. En su reciente informe sobre el progreso social y económico en América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo recomienda aumentar las « inversiones humanas », como educación, formación, sanidad y abastecimiento alimentario, que facilitarían la integración en el mercado mundial. Sin embargo, una alternativa de desarrollo sostenido se deriva de la combinación de la exportación de productos con una mayor calidad y un mayor grado de valor añadido, junto a la eliminación de los obstáculos comerciales y la da desaparición de ciertas incertidumbres en las relaciones económicas, derivadas del desconocimiento o temor ante los cambios que se están operando en la UE con el Mercado Interior y Maastricht.

4.6. El CES recomienda la prórroga de los acuerdos del SPG con los países del Pacto Andino y centroamericanos y señala la necesidad de evaluar su impacto real y efectos negativos sobre las exportaciones de otros países no incluidos en estos acuerdos.

4.7. Por último, el Comité considera necesario hallar en el problema del plátano una solución aceptable para todas las partes y se congratula de las negociaciones en curso con ese objetivo. El Comité ha tomado nota de las observaciones formuladas por el panel del GATT en el mes de mayo pasado, según las cuales la actual legislación comunitaria discrimina fuertemente contra los exportadores latinoamericanos y es contraria a las normas del GATT. Aunque en su dictamen del 27 de noviembre de 1992 el Comité se pronunció a favor de las propuestas comunitarias dirigidas a proteger a los productores de los países comunitarios y de los países ACP, también opina que deben tenerse debidamente en cuenta los intereses de los productores latinoamericanos (1). El Comité considera muy importante, a este respecto, el apoyo brindado por la Comunidad a los programas de diversificación y desarrollo en beneficio de los países latinoamericanos productores de plátanos (2).

5. Las inversiones

5.1. Los países latinoamericanos propugnan una política de mayor captación de la inversión directa europea. La Unión Europea ha sido en los últimos años una de las principales fuentes de inversiones directas en esta región y en ciertos años ha ocupado el primer lugar. Las inversiones directas procedentes del extranjero pueden contribuir a la generación de empleo, la modernización de la infraestructura, del aparato productivo y la transferencia de tecnología. Asimismo, pueden contribuir a la estabilidad económica del país receptor.

5.2. Sin embargo, la recesión económica mundial y las necesidades de inversión en la propia UE (por efecto del Mercado Interior) y en otras zonas (como la Europa central y oriental) podrían causar una contracción de las inversiones directas europeas en América Latina. Lo anterior se ve también vinculado al fin del ciclo principal de privatizaciones en varios países latinoamericanos, que atrajeron importantes flujos de capital. Asimismo, han influido en esta tendencia los intentos de golpe de Estado en Venezuela y la crisis presidencial en Brasil en 1992, así como el referéndum contra el programa de privatizaciones en Uruguay.

5.3. En este contexto, desempeñan un papel importante los instrumentos comunitarios de promoción de las inversiones para la cooperación como la Red de Corporaciones Empresariales y el CE-IIP. Quizás se podría dar mayor publicidad a estos instrumentos, entre los inversores potenciales, a través de, por ejemplo, las delegaciones de la UE en los diferentes países. De gran relevancia son las líneas de créditos y los incentivos de los países miembros de la UE que favorecen la inversión directa en esa región.

5.4. El nivel de desarrollo económico, estabilización y crecimiento económico alcanzado por países latinoamericanos legitima su recurso a captar los recursos del BEI y de las líneas de crédito público de los países miembros de la UE, así como para ejecutar proyectos de promoción comercial, cooperación industrial, promoción de la conversión, transferencia tecnológica y programas de desarrollo energético, lo que contribuye a mejorar el entorno empresarial, crear un clima de confianza mutua y ampliar las perspectivas del mercado latinoamericano para los productos europeos.

5.5. El CES recomienda a la Comisión que elabore estudios y propuestas sobre el futuro de las inversiones europeas en América Latina y que, en función de los resultados, formule propuestas para ampliar los instrumentos para su promoción. Asimismo se apela a los Estados miembros de la UE para que desarrollen políticas de apoyo a la inversión directa privada y pública en esa región. Además, es importante que en América Latina se mantenga un clima financiero favorable y se cuente con las bases legales, en particular ante las prácticas expropiatorias del pasado, de estabilidad económica y política y las garantías necesarias para intentar captar la inversión extranjera, retener al inversionista y fomentar la repatriación de capitales fugados en el pasado.

5.6. El uso de recursos financieros públicos y privados debe evitar los errores del pasado, que condujeron a la crisis de la deuda que costó a esa región la llamada década perdida de los años 80, y debe tener en cuenta que la deuda actual sigue siendo muy elevada y podría poner en peligro, a medio plazo, los esfuerzos y avances de estabilización de los últimos años.

6. La integración regional

6.1. El CES expresa su deseo de que las nuevas iniciativas de revitalización de la integración en América Latina tengan mayor éxito que las de décadas anteriores. El ALCAN constituye un importante paso en este sentido, si bien también se observan importantes progresos en el Pacto Andino, acuerdo de integración económica de América Central y el MERCOSUR. Las fases actuales de estos procesos se concentran en la liberalización del comercio. A pesar de los obstáculos que puedan surgir en el futuro, debido a las importantes diferencias de nivel de desarrollo entre algunos países, el proceso de integración regional es fundamental para el futuro desarrollo de la región y su integración en la economía mundial.

6.2. Los retos de la integración son ampliar el comercio intrarregional y alcanzar niveles de productividad y competitividad acordes con las exigencias del mercado internacional, teniendo en cuenta, simultáneamente, los agentes económicos y los aspectos sociales que afectan a la mayoría de la población. Asimismo, se seguirá planteando en los países latinoamericanos la disyuntiva entre soberanía nacional y creación de instancias supranacionales como consecuencia de la integración.

6.3. El Comité está convencido de que los procesos de integración en América Latina sólo podrán llevarse a cabo con éxito si disponen de un apoyo social suficiente y si existe un consenso sobre una serie de puntos importantes: respeto de los derechos humanos, aplicación de las normas fundamentales relativas al desarrollo de las relaciones laborales y de la política social, consulta tripartita adecuada y medios financieros suficientes para combatir los desequilibrios regionales y sectoriales. Hasta ahora, sólo algunos de estos puntos figuran en los acuerdos de integración que se han celebrado ya o que se están negociando. El Comité considera indispensable que los programas de cooperación comunitarios contribuyan a reforzar la relación entre desarrollo económico e integración regional, con la defensa de los derechos humanos y sindicales.

6.4. Las experiencias que se han realizado dentro de la Comunidad Europea en lo que respecta a la apertura de las fronteras interiores, la cohesión económica y social, la consulta de los interlocutores sociales y la reglamentación en los sectores económico y social quizás puedan representar una ayuda importante para los interlocutores sociales latinoamericanos a la hora de determinar su posición en cuanto a las ventajas e inconvenientes de la integración en sus propias regiones. Por lo tanto, el Comité recomienda que, en la propia Unión Europea, se creen oportunidades en este ámbito para que los interlocutores sociales de ambas regiones puedan colaborar e intercambiar información y experiencia, organizando reuniones periódicas con los interlocutores económicos y sociales en América Latina. Ésta es otra de las funciones que podría desempeñar el Comité, que es comparable a la que desempeña en el marco del Convenio de Lomé o la cooperación con los países del Magreb.

6.5. El CES estima conveniente que la UE mantenga y amplíe los programas de cooperación a favor del fortalecimiento de los procesos de integración en América Latina, como por ejemplo los programas en favor de MERCOSUR.

7. La nueva agenda

7.1. El volumen de la cooperación comunitaria con América Latina alcanzó, en 1992, 370 millones de ecus. La cifra es modesta, teniendo en cuenta los graves problemas con que se enfrenta esta región y comparado con el apoyo prestado a otras regiones. Aunque el Comité es consciente de que el desarrollo en América Latina se beneficiará principalmente de medidas comunitarias adecuadas en el ámbito económico y comercial, considera que la cooperación al desarrollo puede desempeñar un papel importante de catalizador y fomento del proceso de desarrollo del continente, tanto en el ámbito económico y social como en cuestiones políticas. En consecuencia, el Comité insta al Consejo, a la Comisión y al Parlamento Europeo a considerar la posibilidad de incrementar el esfuerzo en materia de ayuda al desarrollo para América Latina.

7.2. El CES considera necesario fortalecer los programas de cooperación en materia de creación de empleo, apoyo a la pequeña y mediana empresa industrial y agrícola, fomento de las inversiones, ciencia y tecnología, otorgamiento de tierras y desarrollo rural integral, formación profesional, medio ambiente, lucha contra la droga, acciones con ONG, derechos humanos, y apoyo a los refugiados.

7.3. Especial interés deben seguir teniendo las zonas rurales, ya que en algunos países se concentra en ellas un importante segmento de la población. A este respecto, el apoyo a los procesos de reforma agraria y el reparto equilibrado de la tierra disponible son factores importantes, especialmente en América Central. Por ello, el Comité propugna, entre otras cosas, el apoyo a organizaciones de pequeños agricultores y de trabajadores agrarios, así como de grupos de población autóctona a fin de prevenir el surgimiento de situaciones como la vivida recientemente en el sur de México. Las reformas agrarias no sólo son importantes desde el punto de vista social y económico, sino también para la coherencia con la política de reconciliación nacional que se está desarrollando en varios países, sobre todo de América Central, y con la necesidad de un desarrollo ecológico duradero. Este último componente puede impulsar la concepción de un desarrollo económico ecológicamente sostenible, profundizando lo establecido en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de enero de 1992.

7.4. En vista de que la lucha contra la pobreza es un objetivo primordial, la UE debe apoyar los programas sociales que tengan como prioridad los sectores de la población más pobres de las zonas urbanas, que se han visto más afectados por los programas de ajuste estructural. Sobre todo deben apoyarse los proyectos dirigidos a la alfabetización y educación de las mujeres, y que tengan como base una concepción de desarrollo y crecimiento con equidad.

7.5. Se recomienda estudiar el desarrollo de programas de cooperación que estimulen el tripartismo, la participación de los agentes sociales y la defensa de los derechos sociales. Con ello, no sólo se afianzará la democracia, sino que se reducirán las divergencias y los conflictos sociales.

7.6. En los proyectos de cooperación económica de la UE y los Estados miembros es importante velar por el respeto de los derechos sindicales y la estabilidad laboral, el desarrollo de los sistemas de seguridad social, la igualdad en el trato de la mujer trabajadora y la adopción de medidas contra el trabajo de los niños y otras formas de abuso o explotación de los niños. A este respecto, el CES reitera la importancia de que se incluya una cláusula social en el GATT y en otros acuerdos comerciales y considera que la nueva Organización Mundial del Comercio debería tratar esta cuestión con la máxima urgencia.

7.7. Pese a la Conferencia de Río, todavía es escasa la conciencia ecológica en América Latina. Se da prioridad al crecimiento económico, sin plantearse lo suficiente si el crecimiento es sostenible. Los objetivos medioambientales no se alcanzan, debido a un diagnóstico insuficiente o inadecuado de los problemas. En consecuencia, la UE debería reforzar el aspecto de « sostenibilidad » de los programas de cooperación, entre otras cosas mediante una aplicación más estricta de los criterios de que se trate.

7.8. El Comité celebra la creciente atención prestada por la Unión Europea a la posición y a las oportunidades laborales de las mujeres. Debido, principalmente, a los programas de ajuste estructural, la situación y el nivel de vida de muchas mujeres en América Latina han sufrido un grave deterioro, lo cual ha mermado también gravemente las oportunidades de desarrollo de los niños. El Comité insta a que se destinen más fondos a proyectos encaminados a mejorar la situación de las mujeres, aumentar su nivel de vida y su participación, no sólo en los procesos de producción, sino también en las actividades educativas y sociales y en los procesos de toma de decisión.

7.9. Aunque las relaciones actuales están impregnadas de los temas económicos y de la llamada nueva agenda, es importante que ambas regiones cultiven sus relaciones históricas, políticas y culturales, mediante, por ejemplo, el fomento de proyectos de intercambio en el ámbito cultural y universitario, la conservación del patrimonio cultural, etc. Debería asimismo reforzarse la cooperación en los ámbitos de educación, formación, ciencia y tecnología, en los que la Unión Europea, debido a este patrimonio cultural común, puede desempeñar un papel importante.

7.10. Todavía está pendiente la adopción de un régimen de inmigración comunitario. La migración latinoamericana hacia la UE sigue siendo comparativamente reducida. Los ciudadanos latinoamericanos cuentan con ciertos privilegios migratorios en algunos países, mientras que en otros se les exige visado de entrada. El grupo de Schengen no ha considerado este tema. El CES se pronuncia en favor de continuar con esta política abierta hacia América Latina y de emplear unos procedimientos más claros. Deplora los casos denunciados de irregularidades en algunos puntos fronterizos comunitarios. A este respecto, cabe recordar que en un pasado no muy lejano emigraron a América Latina millones de europeos: alemanes, franceses, ingleses, italianos, españoles y portugueses. A lo largo de los últimos cien años, los europeos han sido recibidos con los brazos abiertos en América Latina. Ésta es la razón por la que el principio de solidaridad merece ocupar un lugar destacado en las relaciones internacionales.

Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1994.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN

(1) Ref. doc. CES 962/92 fin.

(2) DO n° C 75 de 26. 3. 1990, p. 13.

(3) DO n° C 75 de 26. 3. 1990, p. 13.

(4) DO n° C 221 de 28. 8. 1989, p. 32-38.

(5) DO n° C 19 de 25. 1. 1993, p. 99.

(6) DO n° C 108 de 19. 4. 1993, p. 41.