COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 18.02.1998 
COM(1998)49final 
COMUNIC ACION DE LA COMISION 
AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO 
sobre 
Retirada y eliminaciôn de instalaciones maritimas 
de petrôleo y gas en desuso 

¡ntroducción 
En junio de 1995, tras recibir autorización del Gobierno del Reino Unido, Shell 
decidió eliminar la Brent Spar, plataforma de almacenamiento de petróleo en desuso, 
hundiéndola en aguas profundas del Atlántico norte. Este hecho volvió a abrir un 
amplio debate sobre la eliminación de las aproximadamente 600 instalaciones de 
petróleo y gas en desuso existentes en aguas europeas. La decisión coincidió con la 
Conferencia del Mar del Norte y en la subsiguiente declaración ministerial una 
mayoría de los ministros presentes, incluido el Comisario pero excluidos los ministros 
del Reino Unido y Noruega, que son los únicos dos países con un número 
signifícativo de grandes instalaciones cuya eliminación se podría considerar en virtud 
de las directrices vigentes como vertidos marinos, reclamó efectivamente la 
prohibición completa de la eliminación en el mar de todas las instalaciones de 'este 
tipo para proteger el medio ambiente marino. 
El "asunto" Brent Spar provocó un considcrable interés de la opinión pública y puso 
de manifiesto las difícultades de aplicar una estrategia de eliminación que no cuente 
con un apoyo sufícientemente amplio. Ante una campaña concertada que incluía el 
boicoteo de productos de Shell en varios Estados miembros por parte de los 
consumidores, la empresa modifícó sus planes y la Brent Spar fue remolcada a un 
fiordo noruego a la espera de un nuevo análisis de todas las opciones de eliminación. 
Tras una minuciosa revisión efectuada en enero de 1998, Shell anunció que estaba a la 
espera de la aprobación del Reino Unido para desguazar en tierra la parte superior y 
desmantelar y reutilizar el casco como parte de una ampliación de muelles en 
Noruega. Desde entonces, Ia cuestión se ha debatido ampliamente en Ia OSPAR; el 
debate sobre la eliminación de estas instalaciones sigue abierto y se ha previsto que en 
la reunión ministerial del Convenio, que se celebrará en Portugal en junio de 1998, se 
adopte una Decisión sobre la prevención, reducción y control de la contaminación 
generada por la eliminación de instalaciones marítimas en desuso en virtud del 
Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste Atlántico (Convenio 
OSPAR1 de 1992). Sigue habiendo diferencias importantes, pero hay acuerdo general 
sobre el hecho de que el procedimiento de consulta, cuyos fallos fueron uno de los 
factores del asunto Brent Spar, necesita mejoras y de que cada una de las instalaciones 
debe tratarse de forma independiente. Estas y otras cuestiones clave se están 
debatiendo actualmente de forma detallada. 
En la presente Comunicación, las referencias a OSPAR son referencias al Convenio para la 
prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves 
("Convenio de Oslo"), firmado en Oslo el 15 de febrero de 1972, y, cuando entre en vigor, a 
su sucesor, el Convenio sobre protección del medio marino del Nordeste Atlántico, firmado 
en París el 9 de septiembre de 1992, así como a las Comisiones ejecutivas creadas en virtud de 
dichos Convenio. 
1. Antecedentes 
1.1. En la Conferencia del Mar del Norte de junio de 1995 la Comisión adoptó la 
postura de que el método preferible de eliminación de instalaciones marítimas de 
petróleo y gas era reutilizarlas o Uevarlas a tierra para reciclarlas y eliminar los 
residuos inevitables. 
La Comisión, por lo tanto, fírmó la declaración ministerial en la que se pedía este tipo 
de eliminación, invitando a las Partes Contratantes en el Convenio de Oslo y de París 
sobre protección del medio marino en el Nordeste Atlántico (que incluye el Mar del 
Norte en el área del Convenio)("OSPAR") a aplicarlo en 1997. El Reino Unido y 
Noruega no estuvieron de acuerdo, mientras que Francia declaraba considerar que la 
declaración era aplicable a las estructuras de acero. 
1.2. En la siguiente reunión de la Comisión OSPAR se adoptó por mayoría una 
decisión por la que se establecía una moratoria sobre la eliminación en el mar, a la 
espera de una nueva Decisión sobre eliminación. El Reino Unido y Noruega no se 
adhirieron a la decisión y Francia mantuvo la postura adoptada en la Conferencia del 
Mar del Norte. La Decisión se está debatiendo actualmente en la OSPAR, en un 
esfuerzo denodado por llegar a una postura unánime. 
1.3. Los servicios de la Comisión encargaron a una acreditada empresa de 
ingeniería marítima un estudio conjunto de los aspectos técnicos, medioambientales y 
económicos de la retirada y eliminación de este tipo de instalaciones. El estudio se 
completó en noviembre de 1996 y el informe2 se presentó y discutió con Estados 
miembros y países del EEE, con organizaciones medioambientales no 
gubernamentales y con la industria. También se presentó a las Partes Contratantes en 
el Convenio OSPAR como documento de trabajo en las negociaciones. 
1.4. El impulso principal para la ejecución del estudio procedía del incidente 
"Brent Spar" y de la declaración ministerial de la Conferencia del Mar del Norte de 
junio de 1995. Se trataba evidentemente de una cuestión con implicaciones para la 
Comunidad y, a falta de acuerdo entre los Estados implicados, se consideraba 
aconsejable disponer de un estudio técnico pormenorizado para ayudar a la Comisión 
y a otras partes interesadas -el estudio ha sido ampliamente difundido- a evaluar la 
mejor forma de acción a partir de un conocimiento profundo del problema en 
cuestión. 
1.5. El estudio llegaba a dos grandes series de conclusiones. Respecto de las 
grandes instalaciones de hormigón, la retirada completa no se ha demostrado 
técnicamente, sus ventajas medioambientales no son muy prometedoras y no se pucde 
calcular el coste en el momento actual. 
Estudio técnico de los posibles métodos de desclasificación y eliminación de instalaciones 
marítimas de petróleo y gas - John Brown bv. 
En cuanto a las restantes (es decir, las estructuras de acero), salvo en un número 
limitado de instalaciones, la retirada completa es técnicamente factible y 
económicamente equilibrada si se considera el coste total de retirada de todas las 
instalaciones en su conjunto y puede realizarse de forma segura. 
1.6. En todas las opciones de eliminación, el impacto de los residuos de sustancias 
tóxicas o peligrosas sobre el medio ambiente puede reducirse a niveles aceptables 
siempre que se recojan, retiren y eliminen con cuidado. La retirada completa y la 
eliminación en tierra garantizarían el reciclaje del acero. Además, es evideníe que, 
según la opción de retirada y eliminación elegida, quedarían en el fondo del mar 
cantidades importantes de residuos y escombros de demolición en el emplazamiento 
de la instalación y en un posible emplazamiento de eliminación. 
1.7. Los costes globales extraordinarios que implica trasladar todas las plataformas 
de acero a tierra para reciclado en lugar de aplicar sólo los requisitos mínimos 
impuestos por la Reglamentación de la Organización Marítima Internacional (OM1) se 
han estimado en 2.000 millones de ecus en un periodo de 25 años, o en un promcdio 
de unos 80 millones de ecus al año. El impacto de una decisión de este tipo sobre los 
costes generales de producción de petróleo y gas sería insignificante, aunque el coste 
diferencial para algunas instalaciones concretas podría ser considerable para el 
operador afectado. (Véase también el punto 4.3). 
1.8. Actualmente hay en aguas europeas unas 600 instalaciones. Es difícil dar 
cifras exactas debido a la diversidad de defíniciones de lo que constituye una 
instalación concreta (por ejemplo, cuando dos plataformas están conectadas con un 
puente fíjo o algunas instalaciones que están en los límites de peso y proíundidad de 
las aguas). No obstante, en general se admite que, de las 600 citadas, unas 100 
grandes plataformas de acero y unas 20 grandes instalaciones de hormigón pertenecen 
a la categoría en la que actualmente está autorizada una retirada parcial, según las 
directrices fíjadas por la OMI para garantizar la seguridad de la navegación. Estas 
directrices se refíeren sólo a la retirada y no tratan ningún aspecto relacionado con la 
eliminación. Las grandes plataformas de acero se encuentran situadas principalmente 
en aguas del Reino Unido (unas 60) y de Noruega (unas 30). En la actualidad unas 
pocas plataformas de este tipo (unas 10 en total) están situadas en aguas de Irlanda, 
España e Italia. Estas cifras pueden aumentar si se descubren nuevas instalaciones. 
Este centenar de plataformas representa aproximadamente un 85% de la masa de acero 
de instalaciones marítimas en el Mar del Norte. Actualmente sólo hay grandes 
instalaciones de hormigón en aguas del Reino Unido y de Noruega. 
2. Legislación internacional 
2.1. Hay un corpus considerable de legislación internacional (Convenios y 
Directrices globales y regionales), de la CE y nacional sobre la retirada y eliminación 
de instalaciones marítimas de petróleo y gas en desuso. Los textos principales son los 
siguientes: 
Convención de Ginebra sobre la plataforma continental. 1958 (global) 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 1982 
("UNCLOS") 
Convención de Londres (vertimiento) ("LC"). 1972 
Directrices y normas de la Organización Marítima Internacional para la 
retirada de instalaciones y estructuras marítimas de la plataforma continental. 
1989. ("OMI") (global). 
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y su eliminación. 1989 (global) 
Convenio de Oslo y París ("OSPAR") de 1992 y sus predecesores, los 
Convenios de Oslo de 1972 y de París de 1974 (regional) 
Convenio de Helsinki sobre la protección del medio marino en la zona del mar 
Báltico. 1992 (regional) 
Convenio de Barcelona para Ia protección del mar Mediterráneo contra la 
contaminación. 1976 (regional) 
Véase en el punto 5 la legislación comunitaria correspondiente. 
2.2. A medida que la industria amplía sus actividades y se presta más atención a las 
cuestiones medioambientales, las normas y reglamentaciones evolucionan y no hay 
una postura jurídica común como tal. En algunos casos, las cuestiones de retirada y 
eliminación se tratan por separado; en otros casos en los que se trata de la eliminación 
está implicada también la retirada. Cabe señalar que, por norma general, estos 
convenios y directrices internacionales y regionales tratan sólo de normas mínimas, 
pudiendo cada estado imponer condiciones más estrictas. 
2.3. La Convención de Ginebra pedía la retirada completa, pero la Convención de 
las Naciones Unidas ("UNCLOS"), que todavía no ha sido ratificada por todas las 
partes signatarias, mantenía el requisito de retirada como norma general, 
introduciendo no obstante la posibilidad de retirada parcial y, en consecuencia, de 
eliminación parcial en el mar. En relación con la retirada parcial, la Convención de las 
Naciones Unidas requiere que se tengan en cuenta las directrices fijadas por la OMI 
para garantizar la seguridad de la navegación. 
2.4. La Convención de Londres trata de la eliminación mediante vertido en el mar 
y permite considerar la posibilidad de eliminación en el mar de instalaciones de 
petróleo previa evaluación de cada caso. También exige que se rechace el permiso de 
vertido si hay posibilidad de reutilizar, reciclar o tratar los residuos sin riesgos 
indebidos para la salud humana o el medio ambiente o sin costes desproporcionados. 
2.5. Las Directrices de la OMI defínen fundamentalmente criterios técnicos 
(profundidad de las aguas, peso) para considerar la posibilidad de retirada parcial de 
las plataformas y especifican la necesidad de despejar las aguas tras la retirada parcial 
para garantizar la seguridad de la navegación. Los criterios clave en este caso son que 
las instalaciones deben estar en más de 75 m de agua o deben pesar más de 4.000 
toneladas. El Comité Consultivo de las Partes Contratantes estudiará en noviembre la 
recomendación dirigida al Grupo Científico de la Convención de Londres sobre la 
conveniencia de revisar estas directrices. 
2.6. El Convenio de Basilea trata de los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y su eliminación. La Comunidad es parte en dicho Convenio, así como los 
Estados miembros. Aunque este Convenio no incluye disposiciones específicas sobre 
la eliminación de. instalaciones marítimas ni sobre la eliminación de desechos en el 
mar, requiere que las Partes garanticen que la generación de desechos peligrosos se 
reduzca al mínimo y que, cuando no se puede evitar la producción de este tipo de 
residuos, se garantice un tratamiento medio ambientalmente adecuado. 
2.7. Existe una serie de convenios marítimos regionales sobre protección deí medio 
marino que fíjan requisitos para instalaciones en distintos mares. La Comunidad 
Europea es parte del Convenio de Helsinki, que se refíére al mar Báltico y exige la 
retirada y eliminación completa en tierra, y en el Convenio de Barcelona, que se 
refiere al Mediterráneo y recoge los requisitos de la UNCLOS. Por último, la 
Comunidad Europea ha firmado y está a punto de convertirse en parte en el Convenio 
OSPAR. 
2.8. La actividad a través de convenios marítimos regionales puede dar lugar a 
normas diferentes en las distintas zonas. Por ejemplo, el Convenio OSPAR (12 
Estados miembros de la CE, 2 Estados miembros del EEE, 1 país tercero y la 
Comunidad Europea) está debatiendo actualmente el tema. El Convenio de Helsinki 
(4 Estados miembros de la CE, 5 países terceros y la Comunidad Europea) ha 
decidido ya que todas las instalaciones en desuso deben ser "retiradas en su totalidad y 
llevadas a tierra". 
2.9. El Convenio OSPAR refunde el Convenio de París, que trata de la 
contaminación de origen terrestre y en el que la Comunidad es parte signataria y la 
Comisión negocia y vota en nombre de la Comunidad, y el Convenio de Oslo, que 
trata de la contaminación desde el mar y en el que la Comunidad tiene categoría de 
observador. En octubre de 19973 la Comunidad decidió ratificar este Convenio que se 
espera entre en vigor a principios de 1998. 
2.10. Los distintos Estados tienen también sus propias legislaciones y 
reglamentaciones nacionales. En líneas generales, el Reino Unido y Noruega tratan 
cada instalación por separado, dentro de los límites de las directrices de la OMI; las 
políticas de los otros países requieren que la eliminación se haga en tierra, aunque 
merece la pena mencionar que, en virtud de las directrices de la OMI y deí Convenio 
de Oslo, en la práctica todas sus instalaciones deberían ser totalmente retiradas en 
cualquier caso. 
Ref.DO. 
3. Actividades en curso 
3.1. Como resultado de la declaración ministerial de la Conferencia del Mar del 
Norte en la que se pedía una decisión de la OSPAR para su aplicación, las 
negociaciones recientes se han realizado en el seno de la OSPAR. La cuestión cs 
difícil de resolver, ya que las Partes Contratantes en el Convenio OSPAR pueden no 
suscribir las decisiones adoptadas. En consecuencia, es necesario el consenso para que 
una decisión sea significativa. 
3.2. Los servicios de la Comisión han participado en las conversaciones 
preparatorias al amparo del Convenio OSPAR y se debería concluir un proyecto de 
decisión para el debate en la Conferencia Ministerial de la OSPAR que se celebrará en 
julio de 1998. Se ha preparado un proyecto de decisión preliminar, pero las cuestiones 
clave siguen sin resolver. Las áreas significativas de desacuerdo, en cierto modo 
interdependientes, son las siguientes: 
Estructura de la Decisión: Mientras que el Reino Unido y Noruega están a favor de 
una autorización general de la posibilidad de eliminación en el mar combinada con 
una lista de tipos de instalaciones cuya eliminación por este método esté prohibida 
(lista de prohibición), las otras Partes Contratantes están a favor de una decisión 
basada en una prohibición general de vertido con una lista de instalaciones para las 
que se podría considerar la posibilidad de eliminación en el mar (lista inversa). No 
obstante, recientes declaraciones ministeriales del Reino Unido sugieren que dicho 
país podría aceptar el enfoque de lista inversa si se pudieran hacer sufícientes 
progresos en otras áreas del proyecto que se está debatiendo en la actualidad. 
La cuestión de la cláusula de excepción: El Reino Unido y Noruega han propuesto que 
su planteamiento de "lista de prohibición" se complete con una cláusula de excepción 
que permitiría en determinadas circunstancias que las instalaciones de la lista de 
prohibición se consideren también para eliminación en el mar. También han propuesto 
que, en caso de que se adopte el planteamiento de "lista inversa", se complete con una 
cláusula de excepción que permita que las instalaciones no identifícadas en la lista 
inversa se consideren para eliminación en el mar. Las otras Partes Contratantes 
parecen cuestionar la necesidad real de una cláusula de excepción de este tipo, en 
particular en el caso de la lista de prohibición; en cualquier caso, los posibles criterios 
para establecer tales excepciones no se han acordado. 
La definición de las características técnicas de las categorías de instalaciones (grandes 
de acero) respecto de las que la decisión consideraría la posibilidad de eliminación en 
el mar. El Reino Unido y Noruega desean garantizar que todas las instalaciones que 
no tienen que ser totalmente retiradas en virtud de las directrices de la OMI puedan ser 
consideradas para eliminación en el mar. Las otras Partes Contratantes parece que 
desean prohibir la eliminación de instalacioncs de acero o rcstringir cl número dc 
casos en que se pueda considerar la posibilidad de eliminación en el mar mediante la 
introducción de criterios técnicos más estrictos que las directrices de la OMI sobre 
retirada. 
Futuras instalaciones: Las directrices de Ia OM1 distinguen entre instalaciones 
existentes e instalaciones construidas después del 1 de enero de 1998 sólo en la 
medida en que los criterios de profundidad de las aguas pasan de 75 m a 100 m y e~ 
que estas nuevas instalaciones deben diseñarse de forma que puedan ser retiradas. El 
Reino Unido y Noruega querrían reproducir este planteamiento en la decisión de la 
OSPAR, mientras que las otras Partes Contratantes pretenderíart garantizar que estas 
futuras instalaciones sean eliminadas todas en tierra. A la vista del requisito de que las 
nuevas instalaciones se diseñen para poder ser retiradas, exigido en cualquier caso por 
algunos estados durante muchos años, parecería preferible que la Decisión hiciera 
obligatoria la eliminación en tierra de todas las instalaciones nuevas. No obstante, 
dado el periodo de desarrollo, explotación y agotamiento de los yacimientos, no es 
probable que Ias nuevas instalaciones sean candidatas a la desclasifícación durante 
muchos años. 
Consulta: Hay acuerdo general en que toda propuesta de autorización para eliminación 
en el mar se someta a consulta. Sin embargo, el plazo de tiempo permitido para la 
consulta y en particular la posibilidad de reuniones de consulta de las Partcs 
Contratantes y de la industria y las ONG de medio ambiente, en todos los casos en 
que se proponga la eliminación en el mar, así como la cantidad de información que se 
ponga a disposición de las Partes Contratantes consultadas no se han acordado 
todavía. El Reino Unido y Noruega parecen apoyar un procedimiento de consulta 
menos extenso que las otras Partes Contratantes, pero ahora parece probable que se 
pueda alcanzar un acuerdo unánime sobre la forma de la consulta. 
Los criterios por los que se podrá considerar la posibilidad de eliminación en el mar 
de una instalación son significativos porque las negociaciones tienden a definir una 
situación en la que algunas instalaciones siempre tendrán que Uevarse a tierra y en 
otros casos se podría considerar la posibilidad de eliminación en el mar, en función de 
un análisis caso por caso. Para la decisión es fundamental cuántas de estas grandes 
instalaciones de acero "OMI" podrían analizarse caso por caso. Posibles soluciones a 
este punto muerto podrían ser mantener los criterios de la OMI, definir unos criterios 
nuevos o soslayar la cuestión prohibiendo la eliminación en el mar de todas las 
instalaciones y concentrándose en la cláusula de excepción. 
3.3. Los servicios de la Comisión han subrayado en todo momento que, para ser 
efectiva, cualquier decisión OSPAR debe contar con el apoyo de todas las Partes 
Contratantes y, para ello, ha tratado en cierto modo de mediar entre los dos grupos de 
interés, teniendo en cuenta la postura adoptada por la Comisión en la Conferencia del 
Mar del Norte de 1995 y las conclusiones del Informe Técnico de los servicios de la 
Comisión. 
3.4. En mayo de 1997 el Gobierno del Reino Unido inició una revisión de su 
estrategia en el campo de la protección medioambiental y la prospección y producción 
de hidrocarburos mar adentro; las declaraciones iniciales formuladas en la prensa y en 
la reunión de la Comisión OSPAR en septiembre de 1997 sugieren que el Reino 
Unido tiende hacia una postura más próxima a la de los otros Estados miembros de la 
CE; en particular podría presumirse una postura contraria a la eliminación en el mar. 
No obstante, sigue habiendo importantes áreas de desacuerdo en cuanto a la forma y el 
contenido del proyecto de decisión. 
3.5. Se espera que la decisión se apruebe en la reunión ministerial de la OSPAR de 
julio de 1998, momento en el que el Convenio OSPAR debería haber entrado en 
vigor. En caso de que el nuevo Convenio no se hubiera ratificado, la adopción de una 
decisión se realizaría formalmente en virtud del Convenio de Oslo, en el que la 
Comunidad Europea tiene categoría de observador. 
4. Cuestiones adicionales a tener en cuenta al evaluar las distintas opciones 
Además de los aspectos técnicos y medioambientales señalados, también tienen gran 
importancia los puntos siguientes: 
4.4. Estados miembros 
4.1.1. Inicialmente, los costes de retirada y eliminación están a cargo de los 
propietarios de las instalaciones, las compañías petrolíferas, que en algunos casos 
tienen una cierta participación estatal. Como estos gastos son en gran medida 
deducibles, los Estados miembros pueden tener que financiar indirectamente una parte 
de los costes mediante deducciones fiscales. Por ejemplo, el coste estimado para el 
Reino Unido, que es el Estado miembro que podría verse afectado más 
sustancialmente por cualquier refuerzo de las normas existentes, asciende a un 70% de 
todos los costes adicionales de retirada y eliminación. 
4.1.2. Actualmente el Reino Unido tiene la mayoría de las instalaciones de acero más 
grandes, pero otros Estados miembros podrían verse materialmente afectados en el 
futuro si establecen instalaciones marítimas de prospección y producción de petróleo 
y gas importantes. El Reino Unido se ha mostrado muy favorable a la adopción de un 
planteamiento individualizado caso por caso y probablemente haría más hincapié en 
un análisis coste-beneficio o coste-eficacia de las opciones de eliminación que otros 
Estados miembros con instalaciones de este tipo. 
4.2. Noruega 
4.2.1. Noruega es el otro país que podría verse sustancialmente afectado y, como 
miembro del EEE, estaría sujeto a la normativa comunitaria. Actualmente Noruega 
adopta un planteamiento similar al del Reino Unido sobre el procedimiento de 
decisión, pero como la parte de los costes del estado noruego se cubre mediante un 
pago en metálico al propietario (basado en los antecedentes fiscales del yacimiento de 
petróleo o de gas de que se trate), se requiere la aprobación del Storting, el Parlamento 
noruego. Las posibles consecuencias financieras se reflejarían así en un aumento del 
gasto público más que, como en el caso del Reino Unido, en una reducción de los 
ingresos fiscales. 
4.3. Industria 
4.3.1. La industria de prospección y producción es contraria a cualquier modificación 
del planteamiento actual de decisión individualizada caso por caso, en particular 
respecto de las grandes instalaciones entre las que consideran que se incluyen las 
aproximadamente 100 instalaciones que en virtud de las directrices OMI no tienen que 
ser totalmente retiradas. Inicialmente se destacaba como factor más importante la 
viabilidad técnica, pero la industria ha ido destacando cada vez más los costes 
adicionales y factores de seguridad en comparación con los beneficios 
medioambientales. Su asociación E&P Forum ha cuestionado algunas de las 
estimaciones de costes generales del Informe Técnico de John Brown como no 
representativas de casos individuales y ha presentado los resultados de estudios 
relativos a dos instalaciones específicas que eran significativamente más elevados a 
las estimaciones de John Brown. Por otra parte, la industria marítima ha argüido 
coherentemente que todas las estructuras de acero pueden ser retiradas de forma 
segura, pero ha mantenido un perfil ligeramente más bajo. Su asociación IPLOCA no 
cuestionó las estimaciones de costes cuando presentó sus observaciones sobre el 
Informe Técnico de John Brown. 
4.3.2. La estrategia de la asociación de la industria pesquera Européche es pedir la 
completa retirada de todas las instalacioncs cuando sean desclasificadas. Al sector 
pesquero le ha preocupado tradicionalmente que la prospección y producción 
marítima afectase las posibilidades de pesca a causa de la contaminación, al restringir 
la zona disponible para pesca y por daños a las artes de pesca causados por las 
instalaciones. 
4.4. Organizaciones no gubernamentales de medio ambiente 
4.4.1. Los grupos de defensa del medio ambiente siguen siendo muy partidarios de 
llevar a tierra las instalaciones de acero para reciclado o eliminación, aunque su 
postura sobre las instalaciones de hormigón se ha modificado algo. Hacen gran 
hincapié en la obligación de adoptar un planteamiento preventivo dadas las 
incertidumbres de la eliminación en el mar y en la dificultad de justificar lo que se ve 
como un tratamiento excepcionalmente favorable de la industria de petróleo y gas en 
materia de residuos, tanto más cuanto que la tendencia de la legislación internacional 
y de la CE es reducir, y no aumentar, la eliminación de residuos en el mar. 
4.5. Cuestiones relacionadas con la responsabilidad por instalaciones abandonadas 
o hundidas 
4.5.1. Aunque la UNCLOS no trata del tema de la responsabilidad, las Directrices de 
la OMI de 1989 y el Protocolo de 1996 de la Convención de Londres de 1972 exigen 
que las Partes Contratantes se ocupen de la cuestión de la responsabilidad. Por 
ejemplo, las Directrices de la OMI exigen que los Estados ribereños garanticen que la 
titularidad jurídica de instalaciones y estructuras que no hayan sido totaímente 
retiradas del fondo del mar sea inequívoca y que la responsabilidad de mantenimiento 
y la capacidad fmanciera para asumir la responsabilidad de futuros daños estén 
claramente definidas. 
10 
4.5.2. Es probable que, en la mayoría de los casos, la responsabilidad siga 
correspondiendo al propietario original de la instalación. Por ejemplo, el documento 
de consulta del Reino Unido titulado "Notas orientativas para la industria - Abandono 
de instalaciones y oleoductos marítimos en virtud de la Ley de Hidrocarburos de 
1987" (1995) reconocía que el abandono no implicaría normalmente un cambio de la 
propiedad y, en consecuencia, la responsabilidad residual respecto de compensaciones 
o daños seguiría correspondiendo a los propietarios originales de forma permanente. 
Aunque este enfoque se ajusta al principio de "quien contamina paga", la 
responsabilidad perpetua genera una serie de motivos de inquietud, principalmente 
hasta qué punto se puede reclamar efectivamente a dichos propietarios si se causan 
daños en el futuro. 
4.5.3. Un planteamiento alternativo sería que el Estado asuma la responsabilidad de 
las instalaciones en desuso. En el ejemplo americano, algunos Estados americanos han 
aceptado la responsabilidad de algunas plataformas abandonadas. Cuando la entidad 
correspondiente de dichos Estados concede una autorización al propietario para la 
eliminación en el mar le exime de toda responsabilidad ulterior. La industria parece 
favorable a alguna forma de limitación o transferencia de responsabilidad a alguna 
autoridad estatal. No está claro hasta qué punto otros Estados estarían dispuestos a 
hacer lo mismo. 
4.5.4. En virtud de la normativa existente, se ha reconocido la importancia de 
determinar con claridad quién es el propietario legal de cualquier instalación 
eliminada en el mar y quién tiene la responsabilidad financiera de hacerlo. Que el 
responsable último sea el Estado o la industria tiene menos importancia que 
asegurarse de que, cuando se produzca una eliminación en el mar, la responsabilidad 
esté claramente determinada, garantizándose así la necesaria protección efectiva de los 
usuarios del mar. 
4.6. Competencia y competitividad 
4.6.1. Teóricamente, la existencia de normas diferentes puede dar lugar a problemas 
de competencia. El Mar del Norte es un área de petróleo y gas consolidada con un 
régimen reglamentario estable y los costes adicionales de una estrategia de retirada 
total y eliminación en tierra no intervienen cn la decisión de ¡nversión. Se producen al 
final de una serie de años de ingresos continuados y su coste neto actual en el 
momento de la decisión de desarrollo es insignificante. Por lo tanto, es improbable 
que haya un peligro serio de que las inversiones abandonen el Mar del Norte por otras 
regiones por razón de los costes. 
4.6.2. Sin embargo, por lo que se refiere a política de medio ambiente y en particular 
a la gestión de residuos, si dos regiones aplicaran normas diferentes podría haber un 
problema. No obstante, la negociación y aplicación de la Comunidad garantizaría la 
uniformidad entre las regiones donde fuera adecuado y, así, se evitaría cualquier 
posibilidad de problemas de competencia en este ámbito. Esto equivaldría a transferir 
a la Comunidad un desacuerdo generado en la OSPAR. 
11 
4.7. Terceros países 
4.7.1. Las relaciones de la Comunidad con terceros países distintos de Noruega 
pueden llegar a ser también un problema si la retirada completa se convirtiese en 
requisito general sometido sólo a un número limitado de excepciones, ya que algunas 
de las eompañías que operan en el Mar del Norte dependen en definitiva de 
corporaciones de fuera de la CE o de terceros países. Por ejemplo, en los Estados 
Unidos de América, aunque actualmente se exige en general la retirada completa, se 
practica una reutilización extensiva a través de un programa "rigs to reefs" 
(estructuras utilizadas como escolleras artificiales), por lo que hay efectivamente 
eliminación en el mar, a través de la "reutilización". Sin embargo, hay pocas 
instalaciones del tamaño de las del Mar del Norte y ninguna de ellas ha llegado aún al 
final de su periodo de vida útil. La posibilidad dc transfcrir esta política de "rigs to 
reefs" al Mar del Norte, donde las condiciones son bastante diferentes de las del Golfo 
de México, es muy controvertida. En el marco del Convenio OSPAR en teoría está 
permitido, pero todavía no se han definido y aprobado las directrices necesarias. 
Puesto que toda directriz o reglamentación se aplicaría a todas las instalaciones, con 
independencia de la nacionalidad del propietario, no habría discriminación contra 
corporaciones de terceros países. 
5. La dimensión comunitaria 
5.1. La eliminación de instalaciones marítimas desclasificadas situadas en lugares 
bajo jurisdicción de los Estados miembros es una cuestión en la que claramente la 
Comunidad puede ejercer su competencia (cf. apartado 1 del artículo 130 R del 
Tratado CE). Además, la Comunidad puede ejercer competencias externas en 
cuestiones de medio ambiente (cf. apartado 4 del artículo 130 R del Tratado) y, en 
consecuencia, puede participar en nombre de los Estados miembros en negociaciones 
internacionales. El proyecto de Decisión OSPAR abarca tanto las instalaciones nuevas 
como las ya existentes y, en consecuencia, afecta a las áreas conocidas donde ya hay 
instalaciones y a áreas aún no conocidas en las que podrían localizarse futuras 
instalaciones. 
5.2. Un desafío importante en materia de medio ambiente planteado por las 
instalaciones marítimas desmanteladas es Ia contaminación que pueden causar por las 
sustancias peligrosas, incluidos residuos de petróleo, procedentes de las propias 
instalaciones y de los correspondientes escombros de perforación. Otros retos 
medioambientales importantes incluyen cantidades considerables de materiales que 
contienen sustancias radiactivas naturales de baja actividad específica, así como el 
tratamiento y la eliminación de las grandes cantidades de desechos de demolición 
procedentes de las estructuras de las instalaciones. El tema del desmantelamiento 
plantea también cuestiones ajenas al medio ambiente y relativas a la salvaguarda de 
otros usos del mar. 
12 
5.3. Las sustancias peligrosas y radiactivas, una vez liberadas en el medio marino, 
pueden ser arrastradas libremente por el mar a través de las fronteras según las 
corrientes y condiciones meteorológicas dominantes y causan contaminación. En este 
contexto, la necesidad de retirar escombros de perforación contaminados puede influir 
en las decisiones sobre la necesidad de una retirada completa de instalaciones del 
fondo del mar. La exigencia de proteger el mar de este tipo de contaminación es, por 
lo tanto, de índolc claramente internacional. May ya una importante normativa 
comunitaria para prevenir la contaminación directa e indirecta del mar por sustancias 
peligrosas. Entre otros ejemplos de esta legislación cabe citar las Directivas 
76/464/CEE (vertido de sustancias peligrosas) y 76/769/CEE (limitación dc la 
comercialización y uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos), así como 
un marco para la evaluación del riesgo definido en el Reglamento 793/93/CEE del 
Consejo (evaluación del riesgo). La Comunidad ha fijado también unas normas 
básicas de seguridad en materia de exposición a las radiaciones a través de la 
Directiva 96/29/EURATOM (normas básicas de seguridad). En función de su 
contenido, una Decisión OSPAR sobre instalaciones marítimas podría socavar 
algunos de los beneficios medioambientales resultantes de la aplicación de una 
normativa comunitaria sobre sustancias peligrosas y exposición a radiaciones. 
5.4. En materia de eliminación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, 
hay ya una estrategia y una amplia legislación de la Comunidad, en particular las 
Directivas 75/442/CEE (residuos) y 91/689/CEE (residuos peligrosos). Los objetivos 
de la legislación sobre residuos incluyen la reducción de riesgos para el medio 
ambiente generados por residuos peligrosos, la protección dc la salud humana y el 
medio ambiente contra los efectos dañinos causados por el transporte, el tratamiento y 
el vertido de residuos y la promoción de la recuperación de residuos con vistas a la 
conservación de los recursos naturales. La legislación sobre residuos prohíbe entre 
otras cosas el abandono de residuos y exige que los residuos sean tratados sin utilizar 
métodos que puedan causar daños al medio ambiente y sin peligro para las aguas, así 
como la separación de residuos peligrosos y no peligrosos y el tratamiento y 
eliminación seguros de los mismos. Por lo tanto, la Comunidad tiene un interés 
considerable en garantizar la coherencia de un futuro régimen de retirada y 
eliminación de instalaciones marítimas con la política y la legislación de la 
Comunidad en materia de residuos. 
5.5. La protección de las especies y sus hábitats y la conservación de la 
biodiversidad son campos que exigen una acción concertada de los Estados miembros. 
Por lo tanto, la Comunidad ha adoptado legislación en este ámbito, en particular las 
Directivas 79/409/CEE (aves silvestres) y 92/43/CEE (conservación de hábitats 
naturales). Como las medidas adoptadas en materia de retirada y eliminación de 
instalaciones marítimas pueden tener repercusiones sobre las especies y los hábitats, 
se trata evidentemente de una cuestión en la que se necesita una solución 
internacional. 
13 
5.6. El estudio realizado para los servicios de la Comisión mostraba que, si hay que 
llevar a cabo la eliminación en el mar, la única solución generalmente rentable es 
derribar las instalaciones en el emplazamiento en el que han estado funcionando. 
Aunque no hay pruebas científicas que sugieran que la presencia de este tipo de 
estructuras en el fondo del mar vaya a mejorar en general la vida en el mar, pueden 
provocar una concentración local de peces y otros animales en torno a esas 
estructuras, muy probablemente en detrimento de otras áreas. 
Además, el fondo del mar en la gran mayoría de esos emplazamientos está altamente 
contaminado debido a la presencia de grandes cantidades de escombros de perforación 
contaminados procedentes de las actividades de explotación de petróleo y gas. En 
consecuencia, la eliminación en el mar puede tener el efecto de exponer de forma 
innecesaria la vida marina a la contaminación por petróleo que, al margen de los 
efectos perniciosos generales de tal exposición, podría dar lugar también a la 
contaminación de los peces. La eliminación en el mar puede, así, contrarrestar los 
beneficios de la normativa comunitaria en materia de protección de especies y hábitats 
y, en el futuro, puede conducir a infracciones de la legislación. Además, puede influir 
en la calidad de los peces capturados para consumo humano. 
5.7. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es la salvaguardia de 
otros usos humanos del mar y del fondo del mar. Un ejemplo importante de esto es 
garantizar la seguridad de la navegación, de la que se ocupan adecuadamente a escala 
internacional las directrices de la OMI sobre retirada de instalaciones. Otra faceta 
importante es la interacción de las decisiones de retirada con la gestión de las 
pesquerías en alta mar, que es competencia de la Comunidad en virtud de la Política 
Pesquera Común. Evidentemente, el grado de retirada de instalaciones desmanteladas 
interferirá con la disponibilidad de las áreas de que se trate respecto de determinados 
tipos de pesquerías y con la seguridad de los pescadores e incrementará ei riesgo de 
pérdidas de aparejos y buques. Las medidas adoptadas en materia de retirada y 
eliminación de instalaciones marítimas desmanteladas interfieren considerablemente 
en la Política Pesquera Común, y en particular cn la gestión de áreas de pesca. 
Aunque la incidencia de las decisiones sobre retirada y eliminación de instalaciones 
marítimas en los precios de producción de petróleo y gas no sea importante, Ia 
Comunidad tiene un interés considerable en garantizar que la industria de prospección 
y explotación de petróleo y gas se someta a un mismo planteamiento en materia de 
requisitos de retirada y eliminación en toda la Comunidad, de forma que dichos 
requisitos no se conviertan en un factor de competencia. 
5.8. En resumen, la Comunidad tiene un interés preponderante en la cuestión de ia 
retirada y la eliminación de instalaciones marítimas de petróleo y gas en desuso. En el 
ámbito del medio ambiente, el interés se centra en particular en cuestiones de 
contaminación con sustancias peligrosas y residuos radioactivos de baja actividad, 
residuos peligrosos y no peligrosos, la conservación de la biodiversidad y la 
protección de especies y hábitats. 
14 
En otras áreas, está especialmente relacionado con la Política Pesquera Común y con 
la necesidad de garantizar un planteamiento común en la Comunidad de los requisitos 
de desmantelamiento y de la responsabilidad residual para garantizar que no se 
conviertan en factores de competencia entre los Estados miembros. Una política y una 
implantación comunitarias claras e inequívocas contribuirán considerablemente a 
garantizar la aplicación y puesta en vigor uniformes de la estrategia y las medidas de 
la Comunidad en este ámbito, tanto dentro de cada mar como en los distintos mares, y 
reducirán en particular los riesgos inherentes de incompatibilidad y trato desigual que 
podría. desarrollarse si los distintos convenios marítimos regionales adoptan 
planteamientos diferentes. 
Por lo tanto, es conveniente que la Comunidad adopte medidas en materia de 
eliminación de instalaciones marítimas de petróleo y gas. Es evidente que los Estados 
miembros no pueden alcanzar los objetivos en este ámbito suficientemente, por lo que 
es preferible la actuación de la Comunidad. 
6. Definición de una postura de la Comunidad 
6.1. La eliminación de instalaciones marítimas de petróleo y gas es una cucstión de 
interés directo para la Comunidad. Sin una acción comunitaria directa, las iniciativas 
se limitarán a las negociaciones de cada Estado miembro en los distintos Convenios 
regionales; la actividad se desarrollaría fundamentalmente a nivel de cada Estado 
miembro. Los Estados miembros sólo estarían obligados a aplicar las normas 
específicas que hayan defendido y que hayan sido adoptadas por los Convenios en los 
que sean Partes Contratantes. El peligro sería la falta de un planteamiento coherente 
en la Comunidad, que daría lugar a un trato desigual de industrias competidoras y a la 
posibilidad de medidas de protección del medio ambiente contradictorias. Incluso si 
los diferentes Convenios marítimos regionales adoptasen normas similares, éstas 
podrían aplicarse de forma muy diferente en la Comunidad, tanto en los mismos 
mares como en mares diferentes. Además, las decisiones de los Convenios puede ser 
difíciles de ejecutar. Esta posible falta de coherencia y ejecución podría conducir a 
una exigencia de acción comunitaria en una fecha posterior para corregir la situación y 
evitar que las empresas de la Comunidad se encuentren frente a una serie de 
regímenes reglamentarios diferentes. 
6.2. Una forma de avanzar sería proponer inmediatamente una normativa interna 
de la Comunidad, como una Directiva del Consejo. La naturaleza de la Comunidad y 
su procedimiento legislativo harían posible una aplicación y ejecución uniformes, 
aunque sólo en la CE y el EEE. La desventaja de este enfoque es que sólo los Estados 
miembros de la CE y del EEE estarían obligados a utilizar un planteamiento común, 
mientras que otros terceros países con los que se comparten los mares en cuestión no 
estarían obligados a aplicar las mismas medidas u otras similares si la Comunidad no 
toma de iniciativa de negociar y adoptar tales normas en los correspondientes 
Convenios marítimos regionales. 
15 
Aunque este planteamiento tendría la ventaja de ser aplicable inmediatamente a todos 
los Estados miembros, es decir, también a los Estados miembros no incluidos en la 
OSPAR -Austria, Grecia e Italia-, sólo sería aplicable a Noruega previa Decisión del 
Comité conjunto del EEE. También podría considerarse perjudicial para los intereses 
de la Comunidad en otras políticas OSPAR si se considera que la Comisión presiona 
por separado en favor de una acción vía la legislación de la CE y no a través dei 
recientemente ratificado Convenio OSPAR. Es más, podría considerarse como un 
intento de excluir a Noruega de las negociaciones de una estrategia final. 
6.3. Una forma de acción más prudente y adecuada sería la negociación por la 
Comunidad de las normas y reglamentaciones a través de los respectivos convenios 
marítimos regionales en materia de medio ambiente, que garantizaría unas políticas 
adecuadas uniformes en las regiones, extendidas en su caso a terceros países de fuera 
de la CE. Para los terceros países, la aplicación y ejecución se realizarían claramente 
en virtud de los Convenios, pero los Estados miembros de la CE y del EEE se 
beneficiarían de unas normas de aplicación y ejecución establecidas a escala de la 
Comunidad. De esta forma, la acción a través de OSPAR garantiza que se pueda 
aprovechar el considerable esfuerzo ya realizado en el marco de dicho Convenio sobre 
negociaciones con vistas a llegar a un acuerdo en julio de este año y permite a 
Noruega participar plenamente en la negociación de la Decisión. En caso necesario, 
podría aplicarse una acción similar de la Comunidad en los otros convenios 
regionales, ampliándose esta política para incluir a más Estados. 
7. Conclusiones 
7.1. Se recomienda, por lo tanto, la negociación y la aplicación en la Comunidad 
de una política de retirada y eliminación de instalaciones marítimas de petróleo y gas 
a través de acuerdos multilaterales en foros internacionales como la OSPAR. 
7.2. En las actuales circunstancias, el objetivo de la Comunidad debería ser 
mantener un máximo de flexibilidad sobre el contenido específico de cualquier 
Decisión, reglamentación o legislación, evitando así el riesgo de perjudicar las 
actuales tentativas desarrolladas en el marco OSPAR para alcanzar una solución 
acordada. No obstante, para que cualquier decisión OSPAR sea políticamente 
aceptable, deberá ajustarse a las actuales políticas de la Comunidad y, cuando se esté 
revisando una estrategia, deberá ajustarse a los últimos análisis y conclusiones y 
consecuentemente se deberán especificar unos objetivos generales, mejor que unos 
objetivos detallados. 
7.3. El objetivo de cualquier acción emprendida por la Comunidad debería buscar 
un alto nivel de protección medioambiental y garantizar que las instalaciones en 
desuso en cuestión reciban un trato coherente al utilizado con otros residuos en virtud 
de la legislación comunitaria y de las políticas comunitarias de medio ambiente y 
energía, así como de las necesidades de la Política Pesquera Común. 
16 
7.4. También deben tenerse debidamente en cuenta los resultados de la revisión 
técnica exterior de la Comisión de 1996, en particular las conclusiones sobre 
viabilidad técnica y seguridad, y los resultados del estudio interno y el análisis que se 
está realizando que, con algunas excepciones, apoya la postura original adoptada por 
la Comisión en la cuarta Conferencia del Mar del Norte celebrada en 1995, en el 
sentido de que la retirada total y el reciclado y la eliminación en tierra son la opción 
preferible. 
7.5. La decisión OSPAR debería reconocer también que, incluso con los regímenes 
actualmente vigentes, es ya de aceptación general que pocas instalaciones son 
candidatas a la eliminación en el mar y que las propias reglamentaciones muestran 
una clara preferencia por la eliminación en tierra. 
En consecuencia, la decisión OSPAR debe basarse en la norma general de que la 
retirada total y el reciclado y la eliminación en tierra es preferible y de que el ámbito 
de posibles excepciones, por las que se podría considerar la posibilidad de retirada 
total o parcial y de eliminación en el mar, debería limitarse a unas pocas instalaciones 
claramente definidas. 
7.6. Tras esta comunicación y sobre la base de las Conclusiones del Consejo de 16 
de diciembre de 1997 por las que se autoriza a la Comisión a negociar y votar en 
nombre de la Comunidad sobre las decisiones en virtud del apartado 3 del artículo 10 
del Convenio OSPAR, la Comisión presentará al Consejo un documento 
independiente solicitándole que apoye las directrices específicas de negociación 
recomendadas. 
7.7. En la medida en que lo permite el Convenio, toda Decisión debe tratar de 
todos los temas correspondientes y ofrecer las máximas posibilidades de consulta y 
diálogo entre las partes interesadas de una manera transparente. A partir de estos 
principios, la Decisión OSPAR debería satisfacer los objetivos siguientes: 
a. Una decisión OSPAR basada en el principio de prohibición de la eliminación 
en el mar de este tipo de instalaciones. 
b. Todas las instalaciones, salvo un número limitado identificado en 
circunstancias especiales en función de evaluaciones individualizadas, 
teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes, incluidos factores técnicos, 
medioambientales, de seguridad y de costes, se retirarán completamente 
cuando se desmantelen y se llevarán a tierra para reciclado y eliminación 
segura de los residuos inevitables. 
c. Las grandes instalaciones de hormigón quedan exentas de los requisitos de la 
letra b) ya que en la actualidad no se dispone de tecnologías comprobadas. 
d. Las decisiones de dejar en su lugar, total o parcialmente, una instalación o de 
eliminarla total o parcialmente en el mar se elaboran y adoptan en consulta con 
otras Partes Contratantes y organizacioncs interesadas. 
e. Las nuevas instalaciones (posteriores al 1 de enero de 1998) deberán ser 
totalmente retiradas cuando se desmantelen y se llevarán a tierra para reciclado 
y eliminación segura de residuos inevitables, en la medida en que sea factible 
y seguro y no suponga un riesgo significativo para el medio ambiente. 
17 
7.8. Además, la Decisión OSPAR deberá garantizar: 
• que será objeto de una revisión periódica minuciosa, al menos cada cinco 
años, para garantizar que en el ejercicio de desmantelamiento se tienen 
debidamente en cuenta los correspondientes avances científicos y 
tecnológicos y cualquier otra información importante, incluidos los 
resultados de evaluaciones concretas realizadas en virtud de la letra b) 
anterior; 
• que la titularidad jurídica de las instalaciones y estructuras que no hayan 
sido totalmente retiradas del fondo del mar es inequívoca y que se han 
deflnido claramente las responsabilidades de mantenimiento y la 
responsabilidad por futuros daños, incluida la capacidad finaneiera para 
asumir dicha responsabilidad. 
18 
ISSN 0257-9545 
COM(98) 49 final 
DOCUMENTOS 
ES 14 12 07 15 
N° de catalogo : CB-CO-98-100-ES-C 
ISBN 92-78-31247-9 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo