En particular, se requieren nuevas modificaciones técnicas de las disposiciones existentes sobre el MREL para armonizarlas con la norma TLAC, en lo que se refiere, en particular, a los denominadores empleados para medir la capacidad de absorción de pérdidas, la interacción con los requisitos de un colchón de capital, la divulgación de los riesgos a los inversores y su aplicación en relación con diferentes estrategias de resolución. Aunque aplica la norma TLAC para las EISM, el enfoque de la Comisión no afectará en la práctica a la carga que representa para las entidades que no son de importancia sistémica mundial el cumplimiento de las disposiciones en materia de MREL.

Mientras que el marco general de la DRRB sigue siendo válido y sólido, el principal objetivo de la presente propuesta es aplicar la norma TLAC e integrar el requisito TLAC en las disposiciones generales sobre el MREL, evitando la duplicación mediante la aplicación de dos requisitos paralelos. Aunque la TLAC y el MREL persiguen el mismo objetivo reglamentario, existen, no obstante, algunas diferencias entre ellos en la forma en que se han diseñado. El ámbito de aplicación del MREL abarca no solo las entidades de importancia sistémica mundial (EISM), sino todo el sector bancario de la Unión. A diferencia de lo que ocurre con la norma TLAC, que contiene un nivel mínimo armonizado, el nivel de MREL viene determinado por las autoridades de resolución sobre la base de una evaluación específica de cada entidad. Por último, el requisito mínimo TLAC debe cumplirse en principio con instrumentos de deuda subordinada, mientras que a los efectos del MREL la subordinación de los instrumentos de deuda podría ser requerida por las autoridades de resolución caso por caso, en la medida en que sea necesaria para garantizar que en un caso determinado los titulares de deuda recapitalizable no sean tratados peor que en un hipotético escenario de insolvencia (que es el escenario contrario al de resolución). Con el fin de lograr un marco simple y transparente que proporcione coherencia y seguridad jurídica, la Comisión propone integrar la norma TLAC en las normas MREL vigentes y garantizar que ambos requisitos se cumplan con instrumentos que sean en gran medida similares. Este enfoque requiere introducir unos ajustes limitados a las normas sobre el MREL vigentes que garanticen la coherencia técnica con la estructura de cualquier requisito para las EISM.

Dentro de la Unión, y en consonancia con las importantes medidas que se han acordado a nivel internacional, la Directiva 2014/59/UE (DRRB) y el Reglamento (UE) n.º 806/2014 (RMUR) han creado un sólido marco de resolución bancaria para gestionar eficazmente las crisis bancarias y reducir sus efectos negativos en la estabilidad financiera y las finanzas públicas. Una de las piedras angulares del nuevo marco de resolución es la «recapitalización interna», que consiste en amortizar deuda o convertir deudas u otros pasivos en capital, según una jerarquía predeterminada. El instrumento puede utilizarse para absorber pérdidas y recapitalizar internamente una entidad inviable o con probabilidad de serlo, de forma que su rentabilidad se restablezca. Por lo tanto, la carga de la quiebra de una entidad deberá ser soportada por sus accionistas y acreedores y no por los contribuyentes. A diferencia de lo que ocurre con otras jurisdicciones, el marco de reestructuración y resolución bancarias de la Unión ha encomendado a las autoridades de resolución que, para cada entidad de crédito o empresa de inversión («entidad»), establezcan un requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (Minimun Requirement for own funds and Elegible Liabilities, MREL), consistente en pasivos altamente recapitalizables destinados a absorber las pérdidas y recapitalizar las entidades en caso de quiebra. La Comisión ha adoptado recientemente la legislación delegada relativa a la aplicación práctica de este requisito.

La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos particularmente en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en especial el derecho de propiedad y la libertad de empresa, y debe aplicarse con arreglo a tales derechos y principios. En particular, la presente Directiva garantiza que las interferencias con los derechos de propiedad de los acreedores bancarios no sean desproporcionadas. Los acreedores afectados no deben incurrir en pérdidas más importantes que las que hubieran sufrido si la entidad hubiera sido liquidada siguiendo el procedimiento de insolvencia ordinario al adoptarse la decisión de proceder a la resolución.

La evaluación de impacto ha mostrado que el cumplimiento del artículo 55 de la DRRB, que requiere el reconocimiento de la recapitalización en los contratos sometidos a la legislación de un tercer país, plantea dos tipos de dificultades. En primer lugar, algunas contrapartes de terceros países se niegan a incluir una cláusula contractual que reconozca una facultad de recapitalización interna de la Unión en los contratos financieros celebrados con bancos de la Unión. Esto obliga en algunos casos a estos bancos a renunciar a la celebración de contratos con el fin de cumplir el artículo 55 de la DRRB. En casos extremos, ello podría implicar la necesidad de no realizar una parte determinada de sus actividades (por ejemplo, la financiación comercial). En segundo lugar, incluso cuando las contrapartes de terceros países estén dispuestas a aceptar cláusulas de recapitalización interna en sus contratos con bancos de la Unión, los supervisores nacionales pueden, en algunos casos, impedirlo. En tal caso, la única forma para los bancos de cumplir el artículo mencionado sería infringir las normas impuestas por el supervisor nacional o renunciar a la parte correspondiente de sus actividades. Para abordar esta cuestión se consideró necesario modificar esta norma. La opción estratégica elegida contempla la posibilidad de que las autoridades de resolución supriman la obligación siempre que ello no afecte sensiblemente a la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de los bancos considerados.

En cuanto a la aplicación de la norma TLAC en la Unión, en la evaluación de impacto se han considerado tres opciones estratégicas. Según la primera opción, la DRRB seguiría aplicándose en su forma actual. Conforme a la segunda opción, la norma TLAC para las EISM se integraría en el actual marco de resolución, mientras que dicho marco se modificaría adecuadamente para garantizar su plena compatibilidad con dicha norma. La tercera opción propone ampliar, de forma adicional, el ámbito del nivel mínimo de la TLAC a otras entidades de importancia sistémica en la Unión distintas de las EISM. La evaluación de impacto concluyó que la segunda opción estratégica representa la mejor manera de alcanzar los objetivos estratégicos pertinentes. En particular, contrariamente a la primera, la tercera opción proporcionaría una aplicación armonizada de la norma TLAC para todas las EISM de la Unión reduciendo sus costes de cumplimiento de dos requisitos potencialmente diferentes (la norma TLAC y la DRRB actual), proporcionando al mismo tiempo una interpretación coherente de la ficha descriptiva de la TLAC en la UE. Esta opción aumentará la resolubilidad de las EISM en la Unión y prevendrá que aparezcan efectos de contagio procedentes de las participaciones cruzadas de EISM por medio de disposiciones específicas relativas a la norma TLAC no contempladas actualmente en la DRRB (esto es, nivel mínimo de TLAC en forma de instrumentos de deuda subordinada, deducción de las participaciones cruzadas de los instrumentos admisibles a efectos de la TLAC poseídos por las EISM). Esta opción garantizaría la aplicación de la norma TLAC en la Unión, lo que aumentaría las expectativas de que otras jurisdicciones hagan lo mismo con vistas a reforzar la capacidad de absorción de las EISM a escala mundial. Por otra parte, esta opción estratégica es preferible a la tercera opción, ya que no tendrá la desventaja de hacer extensivo el nivel mínimo de TLAC a bancos que no sean entidades de importancia sistémica mundial, para los que este nivel mínimo requerido de TLAC puede no estar bien calibrado teniendo en cuenta su gran diversidad en términos de tamaño, modelo empresarial, nivel de interconexión e importancia sistémica.

Al aplicar la TLAC para las EISM, la propuesta no afectaría sensiblemente a la carga que representa para los bancos el cumplimiento de la normativa existente sobre capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización, dado que la misma no contempla la aplicación del nivel mínimo de TLAC más allá de las EISM. Por otra parte, la propuesta limita en gran medida los costes de cumplimiento de la norma TLAC para los bancos, particularmente las EISM, al ajustar en la medida de lo posible las normas vigentes a dicha norma. Por último, la propuesta no contempla la aplicación del nivel mínimo de TLAC a las entidades que no son de importancia sistémica mundial. Por el contrario, para estas entidades, la propuesta mantiene el principio general de que la calidad y el nivel del requisito de capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización deberán ser determinados por las autoridades de resolución de forma específica para cada banco, en función de su riesgo, su tamaño, su nivel de interconexión y la estrategia de resolución elegida. En cuanto a las EISM sometidas al nivel mínimo de TLAC, antes de imponer incrementos específicos por entidad, la propuesta pide a las autoridades de resolución que evalúen si dichos incrementos son necesarios y proporcionados y están justificados. Las disposiciones son por lo tanto proporcionadas a los objetivos perseguidos.

Con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado UE, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión.

Los artículos 45 septies y 45 octies tratan la cuestión de la aplicación del MREL. Por lo que se refiere a las entidades que puedan considerarse entidades de resolución, el MREL se aplica a ellas únicamente a nivel del grupo de resolución consolidado. Esto significa que las entidades de resolución estarán obligadas a emitir instrumentos (de deuda) admisibles destinados a los acreedores que participarían en la recapitalización en caso de que la entidad de resolución (esto es, el grupo de resolución) entre en un proceso de resolución. En cuanto a las otras entidades del grupo, la propuesta introduce el concepto de MREL «interno» en la línea de un concepto similar presentado por la norma TLAC. Esto significa que otras entidades del grupo de resolución que no sean en sí mismas entidades de resolución deberán emitir instrumentos (de deuda) admisibles a nivel interno dentro del grupo de resolución, es decir, que tales instrumentos deberán ser adquiridos por las entidades de resolución. En caso de que una entidad de resolución de grupo que no sea una entidad de resolución alcance el punto de inviabilidad, dichos instrumentos se amortizan o se convierten en acciones y las pérdidas de dicha entidad se trasladan a la entidad de resolución. La principal ventaja de un MREL interno es que permite la recapitalización de una entidad de grupo de resolución (con funciones críticas) sin someterla a una resolución formal, que podría tener efectos perturbadores en el mercado. Sin embargo, la aplicación de este requisito debe cumplir la estrategia de resolución elegida; particularmente, no debe alterar la relación de propiedad entre la entidad y su grupo de resolución después de la recapitalización. La propuesta también especifica que, bajo ciertas salvaguardias, el MREL interno podría ser sustituido por garantías respaldadas por activos entre la entidad de resolución y otras entidades de resolución del grupo que podrían activarse en circunstancias equivalentes a las de los instrumentos admisibles a efectos del MREL interno. Las salvaguardias propuestas incluyen, en especial, el acuerdo de las autoridades de resolución competentes de sustituir el MREL interno y la garantía respaldada por activos, concedida por la entidad de resolución a su filial, con una garantía real de gran liquidez y riesgos de mercado y de crédito mínimos. La propuesta mantiene también la posibilidad ofrecida actualmente a las autoridades de resolución de las filiales de la entidad de resolución de suprimir completamente el MREL aplicable a dichas filiales si tanto la entidad de resolución como sus filiales están establecidas en el mismo Estado miembro.

Al igual que en la propuesta de modificación de la Directiva sobre requisitos de capital, la presente propuesta introduce en el artículo 45 sexies el concepto de «directrices» en la DRRB. Esto permite a las autoridades de resolución exigir a las entidades el cumplimiento de mayores niveles de MREL, al mismo tiempo que aborda de forma más flexible cualquier incumplimiento de dichos niveles, particularmente atenuando los efectos automáticos de tal incumplimiento mediante la limitación de los importes máximos disponibles (IMD). En particular, el artículo 45 sexies permite a las autoridades de resolución exigir a las entidades que dispongan de importes adicionales para cubrir las pérdidas en la resolución que sean superiores a las previstas en un escenario de resolución ordinario (esto es, superiores al nivel de los requisitos de fondos propios vigentes) y garantizar una suficiente confianza del mercado en la situación de la entidad tras la resolución (es decir, por encima del importe de recapitalización exigido). No obstante, el artículo 45 sexies especifica que, para el componente de absorción de pérdidas del requisito, el nivel de las directrices no debe exceder del nivel de las «directrices en materia de requisitos de capital» cuando dichas directrices sean exigidas por las autoridades de supervisión en el contexto de pruebas de tensión prudenciales realizadas para hacer frente a las pérdidas por encima de los requisitos normales. En lo que se refiere al componente de recapitalización, el nivel de las directrices para garantizar la confianza del mercado deberá permitir a las entidades, tras su resolución, cumplir sus requisitos de autorización durante un periodo adecuado. Este colchón de confianza en el mercado no deberá superar el requisito de un colchón combinado en virtud de la Directiva 2013/13/UE, a menos que un mayor nivel sea necesario para asegurarse de que, a raíz de la resolución, la entidad siga cumpliendo las condiciones para su autorización durante un periodo adecuado.

En el marco de la norma TLAC, el requisito mínimo de TLAC debe cumplirse empleando en gran medida instrumentos de deuda subordinada que en caso de insolvencia tienen una prelación inferior a la de las obligaciones de rango superior explícitamente excluidas del requisito mínimo TLAC, tales como los depósitos cubiertos, los derivados, los impuestos u otros pasivos relacionados con el derecho público. Para cumplir el MREL específico de cada entidad, las autoridades de resolución podrían exigir, caso por caso, la subordinación de los instrumentos de deuda admisibles. Las nuevas disposiciones del artículo 45 quater puntualizan asimismo que la subordinación podría exigirse en la medida en que sea necesaria para facilitar la aplicación del instrumento de recapitalización interna, en particular cuando haya indicios claros de que los acreedores objeto de recapitalización interna pueden asumir en el proceso de resolución pérdidas que superen sus posibles pérdidas en un procedimiento de insolvencia, y únicamente en la medida necesaria para cubrir la parte de las pérdidas que superen las pérdidas probables que deberían soportar en caso de insolvencia. Toda subordinación solicitada por las autoridades de resolución en relación con el MREL específico de cada entidad debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de cumplir parcialmente el requisito mínimo TLAC con instrumentos de deuda no subordinada con arreglo al Reglamento (UE) nº 575/2013 y en consonancia con la norma TLAC.

La norma TLAC y la DRRC reconocen las estrategias de resolución basadas en una activación única (single point of entry, SPE) y las basadas en una activación múltiple (single point of entry, MPE). Según la estrategia de activación única, solo una entidad del grupo (habitualmente la empresa matriz) es objeto de resolución, mientras que las otras entidades del grupo (habitualmente las filiales operativas) no se someten a resolución, pero trasladan sus pérdidas a la entidad que va a ser objeto de resolución. Conforme a la estrategia de activación múltiple, puede ser objeto de resolución más de una entidad. A fin de aplicar eficazmente la estrategia de resolución deseada es importante identificar claramente las entidades que han de ser objeto de resolución («entidades de resolución») y las filiales que les pertenecen («grupos de resolución»). Por otra parte, esta identificación también es pertinente para determinar el nivel de aplicación de las disposiciones sobre capacidad de absorción de pérdidas que deben cumplir las entidades financieras. Por esta razón, las modificaciones del artículo 2 de la DRRB introducen los conceptos de «entidad de resolución» y «grupo de resolución». Las modificaciones de los artículos 12 y 13 relativas a la planificación de la resolución de un grupo requieren explícitamente que las autoridades de resolución identifiquen las entidades de resolución y los grupos de resolución dentro del grupo financiero y consideren adecuadamente las implicaciones de cualquier acción de resolución planeada dentro del grupo con el fin de garantizar una resolución del grupo eficaz.

Las modificaciones del artículo 55 de la DRRB implicarían una aplicación del requisito contemplado en este artículo por parte de la autoridad de resolución de manera proporcionada. La autoridad de resolución puede eximir a las entidades de la obligación de incluir cláusulas de reconocimiento de la recapitalización interna en acuerdos o instrumentos regidos por la legislación de terceros países, si determina que ello no impediría la resolución del banco y que es legal, contractual o económicamente inviable para los bancos incluir cláusulas de reconocimiento de la recapitalización interna en el caso de algunos pasivos. En estos casos, esos pasivos no deberán contabilizarse a efectos del MREL y deberán tener mayor prioridad que los pasivos elegibles a efectos del MREL con el fin de minimizar el riesgo de cumplimiento del principio de evitar a los acreedores perjuicios superiores a los de los procedimientos ordinarios de insolvencia. A este respecto, la propuesta no debilitará la recapitalización interna.

(11)Al establecer el nivel del MREL, las autoridades de resolución deben considerar la importancia sistémica de la entidad y los posibles efectos adversos de su quiebra sobre la estabilidad financiera. Deben tener en cuenta la necesidad de una igualdad de condiciones entre las EISM y otras entidades comparables con importancia sistémica dentro de la Unión. Así pues, el MREL de las entidades que no sean consideradas como EISM, pero cuya importancia sistémica dentro de la Unión sea comparable a la de estas entidades, no debe ser desproporcionadamente discordante del nivel y composición del MREL establecido de forma general para las EISM.

(8)Los pasivos contabilizables a efectos del cumplimiento del MREL abarcan, en principio, todos los resultantes de deudas con acreedores no preferentes y sin garantía (pasivos no subordinados), a menos que no cumplan los criterios específicos de admisibilidad establecidos en la presente Directiva. Para mejorar la resolubilidad de las entidades mediante un uso eficaz del instrumento de recapitalización interna, las autoridades de resolución deben poder exigir que se cumpla el MREL con pasivos subordinados, en particular cuando haya indicios claros de que los acreedores que participan en la recapitalización interna podrían asumir en una resolución pérdidas que superarían sus pérdidas potenciales en un procedimiento de insolvencia ordinario. El cumplimiento del MREL con pasivos subordinados solo debe solicitarse hasta el nivel necesario para impedir que las pérdidas de los acreedores en una resolución sean superiores a las pérdidas en las que incurrirían en un procedimiento de insolvencia ordinario. Cualquier subordinación de los instrumentos de deuda solicitada por las autoridades de resolución a efectos del MREL debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de conseguir parcialmente el requisito mínimo de TLAC con instrumentos de deuda no subordinada con arreglo al Reglamento (UE) n.º 575/2013 conforme a lo permitido por la norma TLAC.

(2)La aplicación de la norma TLAC en la Unión debe tener en cuenta el actual requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) para cada entidad específica aplicable a todas las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión de la Unión, tal como se establece en la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Como la TLAC y el MREL persiguen el mismo objetivo de garantizar que las entidades de la Unión tengan suficiente capacidad de absorción de pérdidas, los dos requisitos deben ser elementos complementarios de un marco común. Desde el punto de vista operativo, el nivel mínimo armonizado de la norma TLAC para las EISM («requisito mínimo de TLAC») debe introducirse en la legislación de la Unión a través de modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013, mientras que el incremento específico por entidad para las EISM y el requisito específico por entidad para las entidades que no son EISM, conocido como requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles, deben abordarse mediante modificaciones específicas de la Directiva 2014/59/UE y del Reglamento (UE) n.º 806/2014. Las disposiciones pertinentes de la presente Directiva en lo relativo a la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades deben aplicarse junto con las de los citados actos legislativos y las de la Directiva 2013/36/UE de forma coherente.

(12)De manera similar a las facultades atribuidas a las autoridades competentes en virtud de la Directiva 2013/36/UE, la presente Directiva debe permitir que las autoridades de resolución exijan a las entidades el cumplimiento de unos niveles más elevados de MREL al mismo tiempo que se abordan de forma más flexible los incumplimientos de dichos niveles, en particular reduciendo los efectos automáticos de dichos incumplimientos en forma de limitaciones de los importes máximos distribuibles (IMD). Las autoridades de resolución deben poder dar a las entidades directrices que les permitan alcanzar importes adicionales para cubrir pérdidas en la resolución que superen el nivel de los requisitos de fondos propios establecido en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y en la Directiva 2013/36/UE, o garantizar una confianza suficiente del mercado en la entidad tras la resolución. En aras de la coherencia con la Directiva 2013/36/UE, solo podrán darse directrices para cubrir pérdidas adicionales cuando las «directrices en materia de requisitos de capital» hayan sido solicitadas por las autoridades de supervisión competentes con arreglo a la Directiva 2013/36/UE y no deberán superar el nivel requerido en dichas directrices. En cuanto al importe de recapitalización, el nivel requerido en las directrices para garantizar la confianza del mercado debe permitir que la entidad siga cumpliendo las condiciones de autorización durante un periodo adecuado, en particular permitiendo a la entidad cubrir los costes relacionados con la reestructuración de sus actividades tras la resolución. El colchón de confianza de los mercados no debe superar el requisito de un colchón de capital combinado con arreglo a la Directiva 2013/36/UE, a menos que sea necesario un nivel más elevado para garantizar que, tras un caso de resolución, la entidad siga cumpliendo las condiciones para su autorización durante un periodo adecuado. Cuando una entidad incumpla sistemáticamente la tenencia de fondos propios adicionales y pasivos admisibles conforme a lo previsto en las directrices, la autoridad de resolución debe poder exigir que el importe del MREL se incremente para cubrir el importe de las directrices. Para determinar si el incumplimiento es sistemático, la autoridad de resolución debe tener en cuenta la información de la entidad sobre el MREL, tal como se dispone en la presente Directiva.

(13)De conformidad con el Reglamento n.º 575/2013, las entidades consideradas como entidades de resolución solo deben cumplir el MREL a nivel del grupo de resolución consolidado. Esto implica que las entidades de resolución estarían obligadas a emitir instrumentos y elementos admisibles para el cumplimiento del MREL dirigidos a terceros acreedores externos que se recapitalizarían si la entidad de resolución se resolviera.

(14)Las entidades que no sean entidades de resolución deben cumplir el MREL de forma individual. Las necesidades de absorción y de recapitalización de pérdidas de estas entidades deben aportarlas de forma general sus entidades de resolución correspondientes mediante la adquisición por parte de dichas entidades de resolución de pasivos admisibles emitidos por esas entidades y su amortización o conversión en instrumentos de propiedad en el momento en que dichas entidades dejen de ser viables. Como tal, el MREL aplicable a entidades que no sean entidades de resolución debe aplicarse conjuntamente y de manera coherente con los requisitos aplicables a las entidades de resolución. Esto debe permitir a las autoridades de resolución resolver un grupo de resolución sin resolver algunas de sus entidades filiales, evitando así posibles efectos perturbadores en el mercado. A reserva de la aprobación de las autoridades de resolución de la entidad de resolución y de su filial, sería posible sustituir la emisión de pasivos admisibles destinados a las entidades de resolución con garantías constituidas entre la entidad de resolución y sus filiales, que puedan ser activadas cuando se cumplan las condiciones temporales equivalentes a las que permitan la amortización o conversión de pasivos admisibles. Las autoridades de resolución de las filiales de una entidad de resolución también deben poder renunciar por completo a la aplicación del MREL correspondiente a las entidades que no sean entidades de resolución si tanto la entidad de resolución como sus filiales están establecidas en el mismo Estado Miembro. La aplicación del MREL a las entidades que no sean entidades de resolución debe ajustarse a la estrategia de resolución elegida; en particular, no debe modificar la relación de propiedad entre las entidades y su grupo de resolución una vez que dichas entidades hayan sido recapitalizadas.

(15)Con el fin de garantizar un nivel adecuado del MREL a efectos de resolución, las autoridades responsables de fijar dicho nivel deben ser la autoridad de resolución de la entidad de resolución, la autoridad de resolución del grupo, es decir la autoridad de resolución de la empresa matriz última, y las autoridades de resolución de otras entidades del grupo de resolución. Cualquier litigio entre autoridades debe estar sujeto a las competencias de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, supeditado a las condiciones y limitaciones previstas en la presente Directiva.

(16)Cualquier incumplimiento del requisito mínimo de TLAC y del MREL deben ser debidamente abordados y resueltos por las autoridades competentes y de resolución. Dado que un incumplimiento de estos requisitos podría constituir un obstáculo para la resolubilidad de la entidad o del grupo, los procedimientos existentes para eliminar los obstáculos a dicha resolubilidad deben reducirse, con el fin de abordar los incumplimientos de los requisitos de forma expeditiva. Las autoridades de resolución también deben tener la facultad de exigir a las entidades la modificación de los perfiles de vencimiento de los instrumentos y elementos admisibles y de elaborar y ejecutar planes para restablecer el nivel de dichos requisitos.

(17)Con el fin de garantizar una aplicación transparente del MREL, las entidades deben informar a sus autoridades competentes y de resolución y divulgar al público con regularidad los niveles de pasivos admisibles y la composición de los mismos, incluidos su perfil de vencimiento y su prioridad en los procedimientos de insolvencia ordinarios. Debe existir coherencia entre la frecuencia de los informes de supervisión del cumplimiento de los requisitos de fondos propios y del MREL.

(18)La exigencia de incluir un reconocimiento contractual de los efectos del instrumento de recapitalización interna en acuerdos o instrumentos que generen pasivos regidos por las legislaciones de terceros países debe garantizar que dichos pasivos puedan ser recapitalizados en caso de resolución. A menos que se adopten marcos de reconocimiento legal para permitir la resolución efectiva de carácter transfronterizo en todas las jurisdicciones de terceros países, y hasta ese momento, los acuerdos contractuales, si están correctamente redactados y se adoptan de manera amplia, deben ofrecer una solución viable. Aunque existan marcos establecidos para el reconocimiento legal, los acuerdos de reconocimiento contractuales deben contribuir a reforzar la seguridad jurídica y la previsibilidad del reconocimiento transfronterizo de las acciones de resolución. No obstante, podrían darse casos en que resulte impracticable para las entidades incluir condiciones contractuales en los acuerdos o instrumentos que creen determinados pasivos, en particular pasivos que no estén excluidos del instrumento de recapitalización interna de conformidad con la Directiva 2014/59/UE, depósitos garantizados o instrumentos de fondos propios. En particular, en la práctica resulta imposible a las entidades incluir en los acuerdos o instrumentos que crean pasivos cláusulas contractuales sobre el reconocimiento de los efectos del instrumento de recapitalización interna, cuando dichas estipulaciones contractuales sean ilegales en los terceros países en cuestión o cuando las entidades no tengan capacidad de negociación suficiente para imponerlas. Por lo tanto, las autoridades de resolución deben poder eximir de la obligación de incluir estas cláusulas contractuales cuando las mismas lleven aparejados unos costes desproporcionados para las entidades y los pasivos correspondientes no aporten una importante capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización en una resolución. Esta exención no debe, sin embargo, ser invocada cuando una serie de acuerdos o pasivos proporcionen conjuntamente una capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización significativa en una resolución de manera colectiva. Además, para garantizar que la resolubilidad de entidades no se vea afectada, los pasivos que se beneficien de las exenciones no deben ser admisibles a efectos del MREL.

(19)Con el fin de preservar la estabilidad financiera, es importante que las autoridades competentes puedan corregir el deterioro de la situación financiera y económica de una entidad antes de que llegue a un punto en el que las autoridades no tengan más alternativa que la resolución. Para ello, las autoridades competentes deben contar con facultades de intervención temprana apropiadas. Las facultades de intervención temprana deben incluir la facultad de suspender, durante el tiempo mínimo necesario, determinadas obligaciones contractuales. Esta facultad de suspensión debe delimitarse de forma precisa y ejercerse únicamente cuando sea necesario para establecer si son necesarias medidas de intervención temprana o determinar si la entidad está en graves dificultades o en peligro de quiebra. Esta facultad de suspensión no debe aplicarse, sin embargo, a las obligaciones relacionadas con la participación en sistemas mencionados en la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las entidades de contrapartida central (ECC) y los bancos centrales, incluidas las entidades de contrapartida central de terceros países reconocidas por la Autoridad Europea de Mercados de Capitales («AEMC»). Tampoco debe aplicarse a los depósitos garantizados. Las facultades de intervención temprana deben incluir las ya especificadas en la Directiva 2013/36/UE para circunstancias distintas a las consideradas como intervención temprana, así como otras situaciones en las que ello se considere necesario para restaurar la solvencia financiera de una entidad.

(20)Para garantizar la eficacia de la resolución, y en particular con el fin de evitar conflictos jurisdiccionales, no deben iniciarse o proseguirse los procedimientos de insolvencia ordinarios contra la entidad inviable mientras la autoridad de resolución esté ejerciendo sus competencias de resolución o aplicando instrumentos de resolución para este fin, salvo por iniciativa de la autoridad de resolución o con su consentimiento. Resulta útil y necesario suspender durante un periodo limitado determinadas obligaciones contractuales con el fin de que la autoridad tenga tiempo suficiente para realizar la valoración y poner en práctica los instrumentos de resolución. Esta facultad debe contar con el marco adecuado y ejercerse solo durante el tiempo mínimo necesario para la valoración o para poner en práctica los instrumentos de resolución. No obstante, esta facultad no deberá aplicarse a los depósitos garantizados o a las obligaciones relacionadas con la participación en sistemas designados de conformidad con la Directiva 98/26/CE, las entidades de contrapartida central y los bancos centrales, incluidas las entidades de contrapartida central de terceros países reconocidas por la AEMC. La Directiva 98/26/CE reduce el riesgo asociado a la participación en sistemas de pagos y de liquidación de valores, en particular limitando la perturbación en caso de insolvencia de un participante en dicho sistema. Con objeto de garantizar que estas protecciones se apliquen adecuadamente en tiempos de crisis, manteniendo al mismo tiempo un grado adecuado de seguridad para los operadores de sistemas de pagos y de liquidación y otros participantes en el mercado, debe modificarse la Directiva 2014/59/EU para estipular que una medida de prevención o de gestión de crisis no deba considerarse como procedimiento de insolvencia según lo dispuesto en la Directiva 98/26/CE, siempre que sigan ejerciéndose las obligaciones sustantivas con arreglo al contrato. Sin embargo, ningún elemento de la Directiva 2014/59/EU debe prejuzgar el funcionamiento de un sistema designado de conformidad con la Directiva 98/26/CE o el derecho a una garantía constituida amparada por dicha Directiva.

(21)Con el fin de evitar una duplicación de requisitos y de aplicar las normas adecuadas para la reestructuración y resolución eficaz de las ECC de conformidad con el Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC], la Directiva 2014/59/UE debe modificarse para excluir de su ámbito de aplicación a las entidades de contrapartida central a las que, en virtud del Reglamento (UE) n.º 648/2012, los Estados miembros aplican determinados requisitos de autorización con arreglo a la Directiva 2013/36/UE y, por lo tanto, también están autorizadas como entidades de crédito.

(22)La exclusión de determinados pasivos de entidades de crédito o empresas de servicios de inversión de la aplicación del instrumento de recapitalización interna o de las facultades de suspender determinadas obligaciones, restringir la ejecución de garantías o suspender temporalmente los derechos de rescisión establecidos en la Directiva 2014/59/UE también debe incluir los pasivos relacionados con las entidades de contrapartida central establecidas en la Unión y con las ECC de terceros países reconocidas por la AEMC.

(23)Con el fin de garantizar una interpretación común de los términos utilizados en diversos instrumentos jurídicos, procede incorporar a la Directiva 98/26/CE las definiciones y conceptos introducidos por el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo referente a una «entidad de contrapartida central» (ECC) y a «participante».

(24)Para aplicar eficazmente la resolución de las ECC, no deberán aplicarse las salvaguardias previstas en la Directiva 2002/47/CE a ninguna restricción de la ejecución de un acuerdo de garantía financiera o al efecto de un acuerdo de garantía financiera prendaria, a ninguna cláusula de liquidación por compensación exigible anticipadamente o de compensación impuestas en virtud del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC].

(25)Las Directivas 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE y 2007/36/CE, contienen normas para la protección de accionistas y acreedores de las ECC que entran en el ámbito de aplicación de dichas Directivas. En una situación en la que las autoridades de resolución tengan que actuar con rapidez de conformidad con el Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC], estas normas pueden suponer un obstáculo para una medida de resolución efectiva y para el uso de los instrumentos y facultades de resolución por parte de las autoridades de resolución. Las excepciones previstas en la Directiva 2014/59/UE deben ampliarse, por lo tanto, a los actos llevados a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC]. A fin de garantizar la máxima seguridad jurídica para los interesados, las excepciones deben definirse de manera clara y precisa, y solo se deben aplicar en aras del interés público y cuando se den las condiciones para poner en marcha un proceso de resolución. La utilización de instrumentos de resolución presupone que se cumplan los objetivos y condiciones de resolución establecidos en el Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC]. A fin de garantizar que las autoridades puedan imponer sanciones cuando no se hayan cumplido las disposiciones del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC] y que esas facultades sancionadoras sean compatibles con el marco jurídico de reestructuración y resolución de otras entidades financieras, el ámbito de aplicación del título VIII de la Directiva 2014/59/UE debe cubrir también las infracciones de las disposiciones del Reglamento (UE) n.º [sobre la reestructuración y resolución de las ECC]

(26)Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, establecer normas uniformes en lo relativo al marco de reestructuración y resolución, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión de la acción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(27)A fin de permitir un periodo adecuado para la transposición y aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deben disponer de un plazo de doce meses para transponerla a sus legislaciones nacionales a partir de la fecha de su entrada en vigor y las entidades interesadas deberán cumplir las nuevas disposiciones en el plazo de seis meses a partir de la fecha de transposición.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 2014/59/UE

1.En el artículo 1, se añade el apartado 3 siguiente: