ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
5.

Considera que la creación de un mecanismo de reclamaciones individuales proporcionará a las personas la oportunidad de ejercer su derecho a un recurso efectivo en caso de violación de sus derechos fundamentales; reconoce que la introducción de ese mecanismo de reclamaciones aumentaría la transparencia y el respeto de los derechos fundamentales también en el marco de las modalidades de trabajo de Frontex, ya que Frontex y las instituciones de la UE serían más conscientes de las posibles violaciones de los derechos fundamentales que, en otro caso, podrían no detectarse, no declararse o quedarse sin resolver; destaca que esta falta de transparencia se produce, en particular, en el caso de las modalidades de trabajo de Frontex, sobre las que el Parlamento no puede ejercer ningún control democrático, ya que no existe la obligación de consultarle con anterioridad a la determinación de dichas modalidades y que al Parlamento ni siquiera se le informa de cómo se aplican en la práctica;
—

Visto el informe de evaluación de Eurochild (2014) titulado «The 2014 National Reform Programmes (NRP) and National Social Reports (NSR) from a child poverty and well-being perspective» (Los programas nacionales de reformas (PNR) y los informes sociales nacionales desde la perspectiva de la pobreza y el bienestar infantiles),
—

Vistos los informes del Banco Mundial titulados «Bajemos la temperatura: Por qué se debe evitar un planeta 4 oC más cálido», «Bajemos la temperatura: Fenómenos climáticos extremos, impactos regionales y posibilidades de adaptación» y «Climate Smart Development: Adding up the Benefits of Climate Action» (Desarrollo adaptado al cambio climático: Acumulación de los efectos positivos de la Acción por el Clima),
2.

Apoya los tres componentes principales de la propuesta: i) la intensificación ambiciosa del registro de los desempleados de larga duración en los servicios de empleo, apuntando a una cobertura plena; ii) la evaluación del potencial, las necesidades y las preferencias de empleo individuales de los desempleados de larga duración antes de que cumplan 18 meses de desempleo; y iii) la oferta de un acuerdo de integración laboral a medida, equilibrado y comprensible entre los desempleados de larga duración y los servicios interesados, a más tardar cuando aquellos hayan alcanzado los 18 meses de desempleo; subraya, no obstante, que debe realizarse una evaluación individual antes de que el interesado cumpla 12 meses de desempleo a fin de que el acuerdo de integración laboral pueda materializarse antes de que alcance los 18 meses de desempleo; insiste en que el enfoque en tres fases no debe dejar de integrar en todo el proceso, en su caso, a los actores no estatales, como las ONG del sector social que trabajan con desempleados de larga duración;
D.

Considerando que el periodista y defensor de los derechos humanos Rafael Marques fue condenado el 28 de mayo de 2015 a una pena de seis meses de reclusión suspendida durante dos años por la publicación en 2011 del libro Diamantes de sangre: corrupción y tortura en Angola («Blood Diamonds: Corruption and Torture in Angola»), donde se describían más de 100 asesinatos y cientos de casos de tortura presuntamente perpetrados por guardias de seguridad y soldados en los campos de diamantes de la región de Lundas; que las denuncias presentadas por Marques al fiscal en relación con las violaciones de los derechos humanos en la región de Lundas no fueron objeto de investigación;
9.

Considera que en la reunión de evaluación de los coordinadores, que se celebra después de las audiencias, deben seguirse las siguientes orientaciones: — si los coordinadores aprueban por unanimidad al candidato: carta de aprobación; — si los coordinadores rechazan por unanimidad al candidato: carta de rechazo; — si los coordinadores aprueban al candidato con una clara mayoría: carta en la que se comunique la aprobación por una amplia mayoría (las minorías podrán solicitar que se mencione que su Grupo no comparte la opinión de la mayoría); — si no hay una mayoría clara, o si hay una mayoría (pero no consenso) opuesta al candidato, y si los coordinadores lo consideran necesario: — en primer lugar, se solicitará más información mediante preguntas escritas adicionales; — si todavía no se alcanza un resultado satisfactorio: solicitud de una nueva audiencia de una hora y media de duración, con la aprobación de la Conferencia de Presidentes; — si todavía no se alcanza un consenso o una mayoría abrumadora de los coordinadores: votación en comisión; — en este contexto, se considerará que se ha alcanzado una clara mayoría cuando los coordinadores representen al menos dos tercios de los miembros de la comisión;
—

Visto el documento de trabajo sobre política comercial de 2010 de la OCDE titulado «Policy Complements to the Strengthening of IPRS in Developing Countries»,
26.

Observa la voluntad del Consejo de noviembre de 2013 de reforzar la modularidad y la flexibilidad de las agrupaciones tácticas de la UE (AT), de modo que puedan desplegarse para cualquier tipo de tarea de gestión de crisis; señala, no obstante, que el único avance realizado a este respecto hasta la fecha ha consistido en prever, de forma muy limitada, que el transporte estratégico de las AT a los teatros de operaciones corra a cargo del mecanismo Athena; reconoce que la falta de una actitud constructiva entre todos los Estados miembros ha supuesto un impedimento político y operativo para el despliegue de las AT;
7.

Considera que el encarcelamiento de activistas políticos y la prohibición de sindicatos contravienen palmariamente los compromisos asumidos por Suazilandia en virtud del acuerdo de Cotonú en cuanto al respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y también en virtud del capítulo de desarrollo sostenible del Acuerdo de Asociación Económica de la SADC, donde el apoyo del Parlamento Europeo dependerá del respeto de los compromisos asumidos, en particular el compromiso de respetar los convenios internacionales, en particular las normas fundamentales de la OIT, como las contenidas en los convenios no 87 y no 98;
9.

Pide a la Comisión que establezca contactos con proyectos internacionales de la sociedad civil sobre la protección de los bienes culturales en peligro y la comunicación de información al respecto, como el proyecto de tecnologías geoespaciales de la AAAS (American Association for the Advancement of Science), y que siga apoyando las actividades de las comunidades de investigación, como el proyecto Mosul, desarrollado por la red de formación inicial para el patrimonio cultural digital (Initial Training Network for Digital Cultural Heritage), financiado mediante una subvención de las acciones Marie Skłodowska-Curie;
22.

Felicita a Suecia, Bélgica, Francia, Eslovenia, Dinamarca y el Reino Unido por haber alcanzado los objetivos de Barcelona y pide a los demás Estados miembros que prosigan sus esfuerzos; pide a los Estados miembros que vayan más allá de los objetivos de Barcelona adoptando un enfoque más sistémico e integrado en materia de educación y de servicios de atención preescolares entre las autoridades naciones y locales, en particular para los niños menores de tres años; pide a la Comisión que continúe aportando su apoyo financiero a los Estados miembros para que ofrezcan sistemas de cuidado de niños, en particular guarderías, asequibles para los padres, entre otras cosas mediante la creación de estructuras de este tipo en el lugar de trabajo; considera que los proyectos familiares y las ambiciones personales y profesionales pueden integrarse armoniosamente solo cuando las personas implicadas pueden, en el plano económico y social, elegir de manera verdaderamente libre, y cuando cuentan con el apoyo de decisiones políticas y económicas a escala nacional y de la UE, sin tener que soportar ninguna desventaja, y cuando existen las infraestructuras adecuadas; pide a los Estados miembros que aumenten los presupuestos de ayuda a la infancia, en particular mediante el aumento de las redes públicas de guarderías, jardines de infancia y servicios de actividades de tiempo libre para niños; pide también a la Comisión que aborde la falta de servicios de guardería asequibles en sus recomendaciones específicas por país;
I.

Considerando que, hasta la fecha, Vietnam solo ha ratificado cinco de los ocho convenios principales de la OIT; que no ha ratificado el Convenio no 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, ni el Convenio no 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, ni el Convenio no 105 sobre la abolición del trabajo forzoso;
23.

Opina que los informes de situación no ofrecen una visión del todo clara de los avances logrados en la aplicación de la política de cohesión y la realización de las metas establecidas, ya sea porque no se dispone de datos al nivel pertinente o porque no existe un nexo lo bastante claro entre los datos estadísticos ofrecidos y la medida en que se han alcanzado los objetivos de la política de cohesión que requieren un seguimiento;
53.

Considera que unos principios sólidos de contabilidad en consonancia con los objetivos a largo plazo aplicables a los inversores institucionales, como la transición hacia una economía respetuosa con el clima, pueden aumentar la transparencia y la coherencia de la información financiera y deben reflejar sistemáticamente el enfoque económico adoptado por los inversores a largo plazo; subraya, no obstante, que la aplicación de estos principios contables no debe tener como consecuencia la creación de incentivos a las estrategias procíclicas; insta al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a que tome en consideración el riesgo que conllevan las estrategias procíclicas a la hora de revisar las prácticas de valoración a precios de mercado y de valoración según modelos y a que reconozca la importancia capital de la prudencia en la revisión de su marco conceptual; cree que la divulgación de información no financiera clara y normalizada relativa a las grandes empresas puede aumentar la transparencia y fomentar un clima más favorable para los inversores;
—

Visto el Reglamento (UE) no 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 637/2008 y (CE) no 73/2009 del Consejo (1), en particular sus artículos 32 y 61 sobre los pagos redistributivos y el régimen para pequeños agricultores respectivamente,
H.

Considerando que el principio de igualdad de trato o de no discriminación implica que todos los ciudadanos de la UE tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales del país de acogida (los Reglamentos (CE) no 883/2004 y (CE) no 987/2009 se basan en este principio); que todos los Estados miembros tienen libertad para decidir en relación con estos principios qué prestaciones de seguridad social conceden y en qué condiciones; y que las normas de la UE sobre coordinación de los regímenes de la seguridad social no permiten la discriminación en relación con las prestaciones de seguridad social en el caso de los ciudadanos de la UE que son trabajadores, familiares directos de trabajadores o residentes habituales en el Estado miembro en cuestión;
5.

Pide a las autoridades de Mauritania que aumenten el grado de sensibilización con respecto a las actitudes y las creencias de la población en relación con la esclavitud en todos los niveles de la sociedad; anima encarecidamente a las autoridades mauritanas a que contribuyan a cambiar el comportamiento de la sociedad sobre la raza y la esclavitud, en particular con respecto a la población haratin; subraya que debe prohibirse la discriminación por motivos de origen étnico, en particular en las esferas de la educación y del empleo; pide, asimismo, a las autoridades mauritanas que desmantelen completamente el sistema de esclavitud basado en las castas, en particular en lo que se refiere a las mujeres que realizan las tareas domésticas;
—

Vista la Convención CITES, que se aplica en la Unión Europea mediante el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (2), y el Reglamento (CE) no 865/2006 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo (3),
J.

Considerando que, para todos estos asuntos, que por definición son los más importantes, la inexistencia de un diálogo formalizado entre el Parlamento y el Consejo Europeo ha impedido a aquel desempeñar plenamente su función de colegislador establecida por los Tratados; que, con frecuencia, los interlocutores oficiales de los representantes del Parlamento no tenían el poder de asumir verdaderamente compromisos en nombre de los gobiernos; que, si bien el presidente en ejercicio del Consejo y el Consejo de Asuntos Generales (3) siguen siendo los encargados, en teoría, de preparar las reuniones del Consejo Europeo, es cada vez más evidente que no desempeñan más que un papel marginal o técnico; y que la intervención preliminar del Presidente del Parlamento Europeo en la apertura de los Consejos Europeos no es un procedimiento suficiente;
25.

Subraya que las mujeres y niñas con discapacidad deben poder disfrutar de su sexualidad con la misma libertad que quienes que no tienen discapacidad y considera que las mujeres con discapacidad deben poder vivir y cumplir su deseo de tener o no hijos del mismo modo que las mujeres sin discapacidad; hace hincapié en que para que las niñas, las adolescentes y las mujeres con discapacidad sean responsables de su sexualidad, necesitan tener acceso a la educación afectivo-sexual: deben adquirir y comprender conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo (cómo se produce un embarazo y cómo se puede evitar), cómo oponerse a prácticas que no desean, cómo evitar enfermedades de transmisión sexual, etc., impartida por profesionales expertos en la materia, como educadores de servicios sociales públicos locales, y adaptada, en su caso, al nivel de capacidad intelectual de la mujer o niña discapacitada; subraya la importancia de garantizar la ayuda especializada a estas mujeres y a sus familias, para que disfruten plenamente de la maternidad, garantizando la ayuda para el cuidado de sus hijos; señala que los Estados miembros deben tener especialmente en cuenta, en este caso, las necesidades de las mujeres con discapacidad intelectual;
—

Vistos los estudios e investigaciones realizados, en especial por Interights, Redress y Reprieve, y los informes elaborados desde la aprobación de su mencionada Resolución de 11 de septiembre de 2012, por investigadores independientes, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, en particular, el informe de la Open Society Justice Initiative titulado «Globalising Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition» (Globalizando la tortura: detenciones secretas y entregas extraordinarias de la CIA) (febrero de 2013), el estudio bipartidista independiente realizado en los EE.UU. por el Grupo de trabajo sobre el trato a los detenidos de Constitution Project (Constitution Project’s Task Force on Detainee Treatment) (abril de 2013), la base de datos de vuelos de entregas extraordinarias (Rendition Flights Database) publicada en el sitio web académico británico The Rendition Project (mayo de 2013), el informe de Amnistía Internacional titulado «Unlock the truth: Poland’s involvement in CIA secret detention» (Destapar la verdad: participación de Polonia en las detenciones secretas de la CIA) (junio de 2013), y la carta enviada por Human Rights Watch a las autoridades de Lituania (junio de 2013),
—

Visto el informe técnico conjunto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), de 17 de septiembre de 2009, titulado «The bacterial challenge: time to react — A call to narrow the gap between multidrug-resistant bacteria in the EU and the development of new antibacterial agents» (El desafío bacteriano: hora de reaccionar. Llamada para reducir la brecha entre el desarrollo de las bacterias resistentes a múltiples fármacos en la Unión Europea y el desarrollo de nuevos agentes antibacterianos),
J.

Considerando que el grupo islamista Jundullah, con vínculos con Tehrik e Taliban Pakistan, reivindicó la autoría del atentado, afirmando que continuaría atacando a los cristianos y no musulmanes porque son enemigos del Islam y no se detendría hasta que los Estados Unidos pongan fin a sus ataques con aviones no tripulados en Pakistán; que Tehrik e Taliban Pakistan han negado toda implicación en el atentado y cualquier vínculo con Jundullah;
4.

Reitera, no obstante, su posición, enunciada en la mencionada Resolución sobre el MFP, de 13 de marzo de 2013, de que no podrá emitirse un voto de aprobación con respecto al Reglamento sobre el MFP si no existe una garantía absoluta de que se cubrirán todas las solicitudes de pago pendientes para 2013; espera, por tanto, del Consejo que adopte una decisión formal sobre el proyecto de presupuesto rectificativo no 2/2013 por valor de 7 300 millones de euros, a más tardar en el Consejo Ecofin previsto para el 9 de julio de 2013; insiste en que el Consejo se atenga a su compromiso político de aprobar sin demora otro presupuesto rectificativo para evitar cualquier déficit de créditos de pago que pudiera dar lugar a un déficit estructural en el presupuesto de la UE a finales de 2013; indica que el Parlamento no dará su aprobación al Reglamento MFP o no adoptará el Presupuesto 2014 hasta que el Consejo haya aprobado ese nuevo presupuesto rectificativo para subsanar el déficit restante identificado por la Comisión;
—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 14 de marzo de 2012, titulado «Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020: the European Regional Development Fund the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund» (SWD(2012)0061),
—

Visto el estudio de junio de 2011 titulado «State aid — Crisis rules for the financial sector and the real economy» (ayudas estatales — reglas para los servicios financieros y la economía real en tiempos de crisis), encargado por el Parlamento (14),
J.

Sobre la base de la doctrina y de la jurisprudencia, el Protocolo no 30 no exime a Polonia y al Reino Unido de las disposiciones vinculantes de la Carta, no constituye una cláusula de exclusión voluntaria (opt-out), no modifica la Carta ni altera la situación jurídica que imperaría si no existiera (1); considerando que la única consecuencia que tiene es la de crear inseguridad jurídica no solo en Polonia y el Reino Unido, sino también en otros Estados miembros;
4.

Insta a la RPDC a que restablezca sus compromisos anteriores de imponer una moratoria a los lanzamientos de misiles, se reincorpore al Tratado de No Proliferación, que constituye la piedra angular del sistema de no proliferación nuclear y es la base para continuar con el desarme nuclear y un uso de la energía nuclear para fines pacíficos; destaca la necesidad de intensificar los esfuerzos para fortalecer el Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares; recuerda que la Declaración final de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación expresa «su profunda preocupación por las consecuencias humanitarias catastróficas de cualquier uso de las armas nucleares» y reitera «la necesidad de que todos los Estados en todo momento cumplan con la legislación internacional aplicable, incluido el Derecho humanitario internacional»;
L.

Considerando que, según Amnistía Internacional, en la India se denuncia una violación cada 21 minutos, aunque muchos casos no se dan a conocer, en particular en las comunidades más pobres, debido al estigma social que acarrean; que, según parece, la policía india está al corriente de la incidencia de este delito, pero a menudo no actúa en defensa de la mujer;
14.

Destaca que: i) el Tribunal debe tener jurisdicción exclusiva sobre las patentes europeas con efectos unitarios y sobre las patentes europeas que designen uno o más Estados miembros contratantes; para ello será necesario modificar el Reglamento (CE) no 44/2001 (3); ii) el demandante debe formular su demanda ante la división local establecida en el Estado miembro contratante donde haya tenido o pueda tener lugar la infracción, o donde esté domiciliado o tenga establecimiento el demandado, o ante la división regional en la que participe dicho Estado miembro contratante; si el Estado miembro contratante afectado no acoge una división local y no participa en una división regional, el demandante formulará su demanda ante la división central; las partes deben tener la libertad de acordar a qué división del Tribunal de Primera Instancia (local, regional o central) se puede llevar el caso; iii) en caso de que se presente una reconvención por la que se pida revocación de la patente, la división local o regional debe tener potestad para proceder con el procedimiento de infracción con independencia de que la división proceda igualmente con la reconvención o la remita a la división central; iv) las normas sobre la competencia del Tribunal, una vez en vigor, no deberán modificarse a menos que resulte que los objetivos del sistema de litigios —es decir, la máxima calidad y eficiencia— no se cumplen debido a estas disposiciones sobre competencia; propone que las decisiones relativas a la competencia del Tribunal deban ser adoptadas por el organismo competente por unanimidad; v) las decisiones de todas las divisiones del Tribunal de Primera Instancia así como las decisiones del Tribunal de Apelación deben ser ejecutables en cualquier Estado miembro contratante sin necesidad de un otorgamiento de ejecución; vi) en el Acuerdo debe aclararse la relación entre el propio Acuerdo y el Reglamento (CE) no 44/2001;
149.

Destaca que el Derecho internacional sobre derechos humanos reconoce la libertad de pensamiento, conciencia, religión, creencias y afiliación política, independientemente de que se esté inscrito o no, por lo que la inscripción no debe ser una condición previa para la práctica individual de la religión o el derecho de afiliación política; expresa su preocupación por el hecho de que en China todas las personas que deseen practicar una religión, incluyendo las cinco religiones oficiales —budista, taoísta, musulmana, católica y protestante— tengan que inscribirse en los registros gubernamentales y desarrollar su labor bajo la dirección de juntas gestoras controladas por el Gobierno, lo que interfiere en su autonomía religiosa y restringe su actividad; asimismo, señala con preocupación que los grupos religiosos no inscritos, entre los que se incluyen iglesias no inscritas y miembros de Falun Gong, se enfrentan a grados diferentes de malos tratos, la restricción de sus actividades y reuniones, la confiscación de sus bienes e incluso la detención y el encarcelamiento;
5.

Celebra igualmente el compromiso de hacer del presupuesto un instrumento de crecimiento; señala, a este respecto, que en el Consejo Europeo de junio no se han logrado progresos tangibles en la consecución de un acuerdo sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP), esto es, para el periodo 2014-2020; insta a la Presidencia chipriota a que intensifique sus esfuerzos en relación con este asunto, con plena participación del Parlamento Europeo en las negociaciones sobre el MFP y absoluto respeto de sus derechos de codecisión; insiste, no obstante, en que la reforma de los recursos propios es un elemento esencial, sin el que no será posible un acuerdo sobre el MFP; reitera su convicción de que, para finales de año, es necesario llegar a un acuerdo sobre el lado de los ingresos y el lado de los gastos del MFP, que deberá corresponderse con las necesidades reales y las ambiciones de la Unión para el próximo periodo;