(4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Toda medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

(5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión indicó al Consejo que, en su opinión y dada la grave recesión económica que cabía esperar a raíz de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permitían activar la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales, y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

(6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

(7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha mostrado la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario que incluyan, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

(8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Estonia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por la crisis.

(9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en los distintos sectores y regiones debido a los diferentes patrones de especialización. Ello conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

(10)El 30 de abril de 2020, Estonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y, el 28 de abril de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado conjuntamente.

(11)Estonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Estonia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superase el 4,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. La valoración global de la Comisión confirma una desviación significativa respecto de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo a medio plazo en 2019. No obstante, en vista de la activación de la cláusula general de salvaguardia, no está justificado adoptar nuevas medidas en el marco del procedimiento de desviación significativa.

(12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo global se deteriore y pase de un déficit del 0,3 % del PIB en 2019 a un déficit del 10,1 % del PIB en 2020. Se espera que el déficit disminuya al 3,8 % del PIB en 2021. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública / PIB, tras disminuir al 8,4 % del PIB en 2019, aumentaría al 21,9 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales se ven afectadas por el elevado nivel de incertidumbre a raíz de la pandemia de COVID-19.

(13)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Estonia ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y los sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de esas medidas presupuestarias es equivalente al 4,3 % del PIB. Las medidas comprenden el refuerzo de los servicios sanitarios, ayuda de emergencia para empresas en dificultades, subsidios salariales temporales y mayores inversiones públicas. Por otra parte, Estonia ha anunciado medidas que, sin tener un efecto directo en el presupuesto, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas. Esas medidas comprenden garantías de préstamo y préstamos a empresas por un importe equivalente al 8,7 % del PIB. Globalmente, las medidas tomadas por Estonia están en consonancia con las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de esas medidas, seguida de una reorientación de las políticas fiscales hacia la consecución de saldos fiscales prudentes a medio plazo cuando las condiciones económicas lo permitan, contribuirá a preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

(14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las administraciones públicas estonias sería del -8,3 % del PIB en 2020 y del -3,4 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021, y que en ese último año alcance el 22,6 % del PIB. La Comisión prevé un déficit público para 2020 inferior al del Programa de Estabilidad, lo que refleja las diferencias en las previsiones macroeconómicas.

(15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por Estonia del valor de referencia del 3 % del PIB en 2020. Globalmente, el análisis indica que no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

(16)Entre el 12 de marzo de 2020 y el 17 de mayo de 2020, el Gobierno estonio declaró una situación de alarma debido a la pandemia de COVID-19. La respuesta inmediata del Gobierno se dirigía a evitar una mayor propagación del virus y a garantizar que la economía estonia pudiera funcionar con la máxima normalidad posible. Las restricciones para detener la propagación del virus han afectado gravemente a la economía. Desde que se declaró la situación de alarma, el número de desempleados oficialmente inscritos ha aumentado en un 35 %. El mayor número de nuevos desempleados se ha registrado en el sector del comercio minorista y los servicios de atención al cliente, la construcción, la restauración, el sector hotelero y el sector de la gestión de eventos. Se espera que la tasa de desempleo aumente al 9,2 % en 2020 y se recupere en 2021, cuando disminuiría hasta el 6,5 %. El 15 de abril de 2020, el Parlamento estonio aprobó el presupuesto suplementario de 2020. Se introdujeron nuevas medidas destinadas a preservar los puestos de trabajo, evitar los despidos masivos y garantizar la liquidez de las empresas. El presupuesto comprende una amplia gama de medidas, en particular de apoyo al sector sanitario, los municipios y determinados programas de inversión, así como un apoyo a la liquidez no selectivo para las empresas (como sistemas de garantía y aplazamiento de impuestos). Determinadas medidas específicas están diseñadas para las microempresas y el sector turístico, incluidas algunas medidas dirigidas en concreto a las regiones más afectadas. Se han introducido medidas impositivas adicionales, como una reducción temporal de los impuestos especiales sobre el gasóleo, el gas natural y la electricidad. El paquete de medidas prevé una suspensión temporal de las contribuciones estatales al régimen de pensiones del segundo pilar.

(17)Estonia ha tomado medidas de calado para contener la propagación y las repercusiones sanitarias de la COVID-19. No obstante, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto algunas deficiencias estructurales en el sistema sanitario relacionadas con la escasez de los recursos financieros y humanos disponibles. La resiliencia del sistema se ha visto socavada por la escasez de personal sanitario, la desigualdad en el acceso a la atención primaria y la disponibilidad de productos médicos críticos. Por otra parte, Estonia se enfrenta al reto de absorber la acumulación de tratamientos aplazados e inaccesibles como consecuencia de la situación de alarma. Además, antes incluso del brote, las necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas en Estonia se encontraban entre las más elevadas de la Unión debido a los largos tiempos de espera tanto para la atención primaria como para la especializada. Estos factores y los riesgos relacionados con el estilo de vida explican el mal estado de salud de la población. La mejora de la accesibilidad y la resiliencia del sistema sanitario es una condición previa para garantizar una respuesta eficiente ante pandemias y abordar los retos ligados al estado de salud de la población.

(18)Mejorar la adecuación de la red de seguridad social es un desafío de larga data en Estonia. Ya antes de la crisis más reciente, las prestaciones sociales en Estonia se consideraban menos eficaces que la media de la UE para reducir la incidencia de la pobreza. Además, hay deficiencias en la cobertura del sistema de prestaciones por desempleo para aquellos que ejercen formas de trabajo atípicas o que trabajan por breves períodos. Los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en el empleo y los ingresos, sumados a la falta de cobertura adecuada, podrían aumentar la pobreza, en particular para los hogares sin empleo. Estonia introdujo un régimen de reducción del tiempo de trabajo a modo de subvención especial para que las empresas afectadas mantuvieran los puestos de trabajo. La medida se limita a un período de dos meses, que podría ser insuficiente para mitigar los efectos de la crisis, ya que es posible que las dificultades se prolonguen y que algunos sectores económicos sientan los efectos con retraso. La pandemia ha agravado las dificultades para proporcionar servicios sociales asequibles y disponibles, en particular los servicios de cuidados de larga duración, especialmente para las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes tienen bajos ingresos. Seguir adelante con el plan para desarrollar una oferta integrada de servicios sociales y sanitarios ayudaría a afrontar estos retos. Es importante garantizar la participación significativa y oportuna de los interlocutores sociales en el diseño del proceso de salida y recuperación, al tiempo que se refuerza su capacidad para hacerlo.

(19)La crisis de la COVID-19 ha afectado a empresas estonias de muchos sectores, pero son las pequeñas y medianas empresas las peor paradas. Las repercusiones negativas para las actividades económicas han venido motivadas no solo por las restricciones, sino también por la caída de la demanda en los mercados de exportación y las perturbaciones en las cadenas de valor mundiales. Las medidas de apoyo a la liquidez adoptadas por el Gobierno están concebidas para ayudar a mitigar esas repercusiones, pero será fundamental que se apliquen de forma rápida y eficaz para apoyar a las empresas viables de todos los sectores afectados, al tiempo que se apoya la resiliencia del sector bancario. El aplazamiento de impuestos y de créditos también puede contribuir a mejorar la tesorería de las pequeñas y medianas empresas. Además, el proceso de recuperación dependerá del acierto con que se enfoquen las inversiones. La crisis actual ha puesto en evidencia la importancia de las soluciones digitales e innovadoras para mantener la economía en funcionamiento. Aunque la administración electrónica ha funcionado bien, una mayor digitalización de las pequeñas y medianas empresas aumentaría su resiliencia y ayudaría a acelerar la recuperación, además de incrementar la productividad a medio plazo. En los últimos años, la economía en su conjunto se ha ido digitalizando cada vez más. No obstante, hasta el momento, el ritmo de asimilación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector manufacturero ha sido lento. Si bien el rendimiento global de Estonia en materia de innovación mejoró en 2019, el sector empresarial sigue presentando bajos niveles de capacidad y actividad en relación con la innovación basada en la investigación. La innovación basada en la investigación y la introducción de soluciones innovadoras en las empresas podrían mejorar la situación competitiva del país e impulsar el crecimiento económico. A fin de ayudar a las empresas a recuperarse de la crisis, habrá que garantizar un buen acceso a la financiación, en particular a la financiación mediante fondos propios para las empresas emergentes.

(20)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, especialmente a través de reformas pertinentes. Como se refleja en particular en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el crecimiento sostenible de Estonia depende de los avances hacia la descarbonización mediante la reducción de la intensidad de carbono en el sector de la energía y el transporte y en los edificios, la reestructuración de la industria del esquisto bituminoso y la mejora de la productividad de los recursos, incluida la introducción de modelos de negocio de la economía circular. La productividad de los recursos de Estonia es una de las más bajas de la Unión, mientras que los niveles de consumo de energía están por encima de la media de la UE. Contar con una estrategia general sobre economía circular, como complemento al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, podría contribuir a la transición hacia la descarbonización, reducir el impacto ambiental negativo de la industria del esquisto bituminoso e impulsar la economía. Como país periférico con baja densidad de población, un sistema de transporte interconectado y que funcione correctamente resulta fundamental para la actividad económica y las exportaciones de Estonia. La infraestructura de transporte de Estonia presenta algunas deficiencias en términos de conectividad y sostenibilidad. El transporte por ferrocarril y el transporte intermodal siguen infradesarrollados. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado en los últimos años, y las energías renovables en el transporte todavía están por debajo de los objetivos nacionales. El proyecto «Rail Baltica» y los proyectos de interconexión energética figuran entre las principales prioridades de inversión de Estonia de cara a mejorar su seguridad y su integración en el mercado único. Es clave promover los proyectos de inversión que tengan en cuenta la dimensión medioambiental y climática para lograr una recuperación económica sostenible y reducir las disparidades regionales. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Estonia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en el territorio contemplado en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Estonia garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

(21)El sector bancario estonio es en general sólido, pero persisten los riesgos de blanqueo de capitales. Aunque se han tomado medidas para limitar la exposición a los riesgos reduciendo los depósitos de no residentes, el análisis nacional de riesgos no contempla otros productos que podrían presentar riesgos, como los servicios de custodia para clientes no residentes. Una actualización del análisis nacional de riesgos garantizaría una identificación adecuada de estos y permitiría poner en marcha las medidas de mitigación necesarias. Si bien se han adoptado medidas de supervisión contra los bancos y las entidades de pago incumplidores, hay margen para mejorar aún más la eficacia de la supervisión y de la aplicación de esas medidas. En particular, aún no se ha adoptado una serie de instrumentos legislativos destinados a reforzar el marco preventivo y el decomiso y a aumentar las sanciones administrativas. Las investigaciones sobre los casos de blanqueo de capitales avanzan con lentitud. Todavía no se ha reforzado lo suficiente la capacidad del supervisor financiero, y sigue sin aplicarse plenamente el enfoque basado en el riesgo para la supervisión, en particular cuando se trata de inspecciones temáticas sobre el terreno. Falta proactividad en el intercambio de información entre la Unidad de Información Financiera y las fuerzas de seguridad.

(22)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

(23)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Estonia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.