ES Diario Oficial de la Unión Europea C 363/1

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual

2011/C 363/01

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el artículo 16,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), y en particular su artículo 28, apartado 2.

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

1. INTRODUCCIÓN

1. El 24 de mayo de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual (en adelante, la «propuesta»).

1.1. Consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos

2. La propuesta fue enviada por la Comisión al SEPD el 27 de mayo de 2011. El SEPD entiende esta comunicación como una solicitud de asesorar a las instituciones y organismos comunitarios, según lo previsto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, de 18 de diciembre 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el «Reglamento (CE) no 45/2001»). Previamente (3), antes de que fuera adoptada la propuesta, el SEPD pudo proporcionar observaciones informales a la Comisión. Al SEPD le complace este proceso, el cual ha ayudado a mejorar el texto desde el punto de vista de la protección de datos ya desde una fase temprana. Algunas de aquellas observaciones se han tenido en cuenta en la propuesta. El SEPD acoge con satisfacción la referencia a esta consulta en el preámbulo de la propuesta.

3. Sin embargo, desea resaltar algunos elementos que todavía podrían mejorarse en el texto, desde la perspectiva de la protección de datos.

1.2. Antecedentes generales

4. La propuesta establece las condiciones y los procedimientos para la intervención de las autoridades aduaneras en caso de que se sospeche que las mercancías vulneran un derecho de propiedad intelectual o que debieran haber sido objeto de vigilancia aduanera en el territorio aduanero de la Unión Europea. Tiene por objeto aportar mejoras en el marco jurídico establecido por el Reglamento (CE) no 1383/2003 (4), al que sustituirá.

5. En particular, establece el procedimiento a través del cual los titulares de los derechos pueden solicitar al servicio de aduanas de un Estado miembro que intervenga en dicho Estado («solicitud nacional») o a los servicios de aduanas de más de un Estado miembro para que intervengan en su respectivo Estado («solicitud de la Unión»). En este contexto, «intervenir» significa suspender el levante de las mercancías o proceder a organizar su retención por parte de las autoridades aduaneras. También establece el proceso a través del cual los correspondientes servicios de aduanas adoptan una decisión sobre una solicitud, las acciones que las autoridades aduaneras (o aduanas) (5) deberán, en consecuencia ,adoptar (es decir, la suspensión del levante, la retención o la destrucción de mercancías) y los derechos y las obligaciones a ellas vinculadas.

6. En este contexto, el tratamiento de datos personales tiene lugar de diversas maneras: cuando el titular del derecho presenta una solicitud a la autoridad aduanera (6) (artículo 6); cuando la solicitud se remite a la Comisión (artículo 31); cuando la decisión de las autoridades aduaneras a las distintas aduanas competentes (artículo 13, apartado 1) y, en el caso de una solicitud de la Unión, a las autoridades aduaneras de los otros Estados miembros (artículo 13, apartado 2).

7. El tratamiento de los datos que el proyecto de Reglamento establece no solo abarca los datos personales del titular del derecho en el contexto de la transmisión de las solicitudes y decisiones desde los titulares de derecho a las autoridades aduaneras, entre los Estados miembros y entre los Estados miembros y la Comisión. Por ejemplo, según lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3, las autoridades aduaneras deberán facilitar al titular de la decisión, previa petición del mismo, el nombre y la dirección del expedidor, del destinatario, del declarante o del titular de las mercancías (7) así como cualquier otra información relacionada con las mismas. En este caso, por tanto, los datos personales sobre otros interesados (el expedidor, el destinatario y el titular de las mercancías pueden ser tanto personas físicas como jurídicas) son tratados y, previa solicitud, son remitidos por parte de la autoridad aduanera nacional al titular del derecho.

8. Aunque la propuesta no lo indica de manera explícita, si se observa el Reglamento de aplicación (CE) no 1891/2004 de la Comisión (8) actualmente aplicable — el cual incluye el formulario de solicitud estándar que será utilizado por los titulares de derechos —, parece que los procedimientos establecidos en la propuesta también podrían incluir el tratamiento de datos relativos a supuestas infracciones de los derechos de propiedad intelectual por parte de determinadas personas o entidades (9). El SEPD destaca que los datos relativos a sospechas se consideran datos sensibles cuyo tratamiento exige garantías específicas (artículo 8, apartado 5, de la Directiva 95/46/CE y artículo 10, apartado 5, del Reglamento (CE) no 45/2001).

9. Asimismo, la Comisión está encargada de almacenar las solicitudes de intervención de los titulares de derechos en una base de datos central (que se denominará «COPIS»), que aún se encuentra en su fase preparatoria. COPIS será una plataforma centralizada de intercambio de información para las operaciones aduaneras relativas a todas las mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual. Todos los intercambios de datos sobre las decisiones, los documentos de acompañamiento y las notificaciones entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros se efectuarán a través de COPIS (artículo 31, apartado 3).

2. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

2.1. Referencia a la Directiva 95/46/CE

10. El SEPD recibe con agrado el hecho de que el proyecto de Reglamento mencione de manera explícita (artículo 32; considerando 21) en un artículo de aplicación general la necesidad de que el tratamiento de datos personales por parte de la Comisión cumpla lo establecido en el Reglamento (CE) no 45/2001 y que el tratamiento por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros sea conforme con lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.

11. Esta disposición también reconoce de manera explícita la función supervisora del SEPD respecto del tratamiento por parte de la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001. El SEPD desea resaltar la incorrecta referencia incluida en el artículo 32 «[…] y bajo la supervisión de la autoridad pública independiente del Estado miembro contemplada en el artículo 28 de dicha Directiva» ya que el texto debería referirse al artículo 28 de la Directiva 95/46/CE.

2.2. Actos de ejecución

12. Según la propuesta, la Comisión tiene poderes para adoptar actos de ejecución para definir el formulario de la solicitud por parte de los titulares de derechos (artículo 6, apartado 3) (10). Sin embargo, el artículo ya incluye una lista de la información necesaria que el solicitante debe facilitar, incluidos los datos personales del solicitante. En la determinación del contenido esencial de la solicitud, el artículo 6, apartado 3, también debería exigir a las autoridades aduaneras que facilitasen la información al solicitante y a cualquier otro interesado potencial (p. ej., el expedidor, el destinatario o el titular de las mercancías), de conformidad con lo dispuesto en las normas nacionales de incorporación de lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 95/46/CE. De manera paralela, la aplicación también implica que debe facilitarse información similar al interesado para su tratamiento por parte de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CE) no 45/2001 (a la vista de las operaciones de almacenamiento y tratamiento en la COPIS).

13. El SEPD recomienda, por lo tanto, que el artículo 6, apartado 3, incluya también en la lista de la información que debe facilitarse al solicitante la información que debe facilitarse al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 95/46/CE y el artículo 11 del Reglamento (CE) no 45/2001.

14. Además, el SEPD pide ser consultado cuando la Comisión ejerza su potestad de ejecución, con el fin de garantizar que el nuevo modelo de los formularios de solicitud (nacional o de la Unión) «cumple las disposiciones de protección de datos».

2.3. Calidad de los datos

15. El SEPD recibe con agrado el hecho de que el artículo 6, apartado 3, letra l), introduzca un requisito para el solicitante de comunicar y actualizar cualquier información pertinente para las autoridades aduaneras a la hora de efectuar el análisis y la evaluación del riesgo de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Este requisito constituye una aplicación de uno de los principios de calidad de los datos, según el cual los datos personales deberán ser «exactos y, cuando sea necesario, actualizados» (Dir. 95/46/CE, artículo 6, letra d)). Asimismo, el SEPD también recibe con satisfacción el hecho de que se haya aplicado el mismo principio en el artículo 11, apartado 3, el cual exige al «titular de la decisión» que informe a los servicios de aduanas competentes que adoptó la decisión sobre cualquier modificación de la información facilitada en la solicitud.

16. Los artículos 10 y 11 hacen referencia al plazo de validez de las decisiones. La decisión de las autoridades aduaneras tienen un plazo de validez limitado para intervenir. Dicho plazo puede prorrogarse. El SEPD desea hacer hincapié en que la solicitud presentada por el titular del derecho (y, en particular, los datos personales en ella incluidos) no deberán ser almacenados o conservados por parte de las autoridades aduaneras nacionales ni en la base de datos COPIS más allá de la fecha de expiración de la decisión. Dicho principio deriva de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) no 45/2001 y del correspondiente artículo 6, apartado 1, letra e), de la Directiva 95/46/CE (11).

17. El actual Reglamento de aplicación (12) establece (artículo 3, apartado 3) que las autoridades aduaneras deberán conservar los formularios «hasta que haya transcurrido un año, como mínimo, desde la expiración legal de validez de dicho formulario». Esta disposición no parece ser del todo coherente con los principios que se han indicado anteriormente.

18. El SEPD sugiere, por lo tanto, que se inserte una disposición en la propuesta que imponga un límite a la conservación de datos personales que esté vinculado a la duración del plazo de validez de las decisiones. Debería evitarse cualquier prórroga de la duración de la conservación o, cuando así quede justificado, dicha prórroga debería cumplir los principios de necesidad y proporcionalidad respecto de la finalidad, lo cual debe ser aclarado. La inclusión de una disposición en la propuesta que fuera de aplicación tanto para los Estados miembros como para la Comisión garantizaría la simplificación, la seguridad jurídica y la eficacia, ya que se evitarían interpretaciones contradictorias.

19. El SEPD recibe con agrado el hecho de que el artículo 19 (Aceptación del uso de información por parte del titular de la decisión) recuerde claramente el principio de limitación a una finalidad específica al limitar el modo en que el titular de la decisión puede utilizar, entre otros, los datos personales del expedidor y del destinatario que le han sido facilitados por las autoridades aduaneras en virtud de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3 (13). Los datos solo pueden ser utilizados para incoar un procedimiento destinado a determinar la posible vulneración de un derecho de propiedad intelectual del titular del derecho o para tratar de obtener compensación en caso de destrucción de las mercancías en virtud de lo dispuesto en el proyecto de Reglamento y según la legislación del Estado miembro en que se encuentren las mercancías. Considerando que los datos también pueden incluir información sobre sospechas, dicha limitación es una garantía contra un uso incorrecto de dichos datos sensibles. Esta disposición también queda reforzada por lo dispuesto en el artículo 15, el cual establece medidas administrativas contra el titular del derecho en caso de uso incorrecto de la información para fines distintos de los previstos en el artículo 19. La combinación de estos dos artículos muestra una especial atención de la Comisión hacia el principio de limitación a una finalidad específica.

2.4. Base de datos central

20. La propuesta (artículo 31, apartado 3) menciona que todas las solicitudes de intervención, las decisiones de aceptación de las solicitudes, las decisiones de prórroga del plazo de validez de las decisiones y las suspensiones de una decisión de aceptación de la solicitud, incluidos los datos personales, se almacenarán en la base de datos central de la Comisión (COPIS).

21. COPIS sería, por lo tanto, una nueva base de datos destinada fundamentalmente a sustituir los intercambios de los documentos pertinentes entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros por un depósito digital y un sistema de transmisión. La Comisión y, en particular, la DG TAXUD (Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera), serán quienes la gestionen.

22. Hasta ahora, la base jurídica para el intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión ha sido el Reglamento (CE) no 1383/2003 (14) y el Reglamento de aplicación (CE) no 1891/2004 (15) de la Comisión. En lo que se refiere al Reglamento (CE) no 1383/2003, el artículo 5 permite la presentación electrónica de solicitudes a los Estados miembros aunque no menciona a la base de datos centralizada. El artículo 22 menciona que los Estados miembros comunicarán la información pertinente «sobre la aplicación del presente Reglamento» a la Comisión y que la Comisión comunicará dicha información a los demás Estados miembros. En lo que se refiere al Reglamento de aplicación, el considerando 9 dispone que debe establecerse las modalidades de intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión de modo que esta última pueda supervisar y elaborar informes sobre la aplicación del Reglamento. El artículo 8 aclara que los Estados miembros comunicarán periódicamente a la Comisión la lista del conjunto de solicitudes escritas y de las consiguientes intervenciones realizadas por las autoridades aduaneras, incluidos los datos personales de los titulares del derecho, los tipos de derechos y los productos de que se trate.

23. El nuevo texto de la propuesta (artículo 6, apartado 4) exige — al definir el contenido del formulario de solicitud — que, cuando se disponga de sistemas informáticos o electrónicos, las solicitudes puedan presentarse electrónicamente. Asimismo, el artículo 31 indica que las solicitudes a las autoridades nacionales se notificarán a la Comisión, quien las «almacenará en la base de datos central». La base jurídica para la creación de la base de datos COPIS parece, por lo tanto, limitarse a la combinación de las disposiciones de los nuevos artículos 6, apartado 4, y 31.

24. Respecto de la base jurídica, la Comisión está elaborando la estructura y el contenido de la base de datos COPIS. Sin embargo, en esta fase no se han adoptado disposiciones legales más detalladas a través del procedimiento legislativo ordinario en las que se indique la finalidad y las características de dicha base de datos central. En opinión del SEPD, esto resulta especialmente preocupante. Los datos personales de las personas (nombres y apellidos, direcciones y otros datos de contacto, así como la información relativa a las sospechas), serán objeto de un intenso intercambio entre la Comisión y los Estados miembros y se almacenarán durante un plazo indefinido en la base de datos, aunque no existe un texto legal sobre la base del cual una persona pueda comprobar si dicho tratamiento es legal. Asimismo, no se aclaran de manera explícita los derechos de acceso específicos ni los derechos de gestión relativos a las distintas operaciones de tratamiento.

25. Tal como ha resaltado el SEPD en anteriores ocasiones (16), la base jurídica para instrumentos que restringen el derecho fundamental a la protección de los datos personales, tal como reconoce el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y en la jurisprudencia basada en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que está reconocida por el artículo 16 del TFUE, deberá establecerse en un instrumento jurídico basado en los Tratados y que pueda alegarse ante un órgano jurisdiccional. Esto resulta necesario para garantizar la seguridad jurídica del interesado quien debe poder confiar en normas claras e invocarlas ante un órgano jurisdiccional.

26. Por lo tanto, el SEPD insta a la Comisión a que aclare la base jurídica de la base de datos COPIS, introduciendo una disposición más detallada en un instrumento adoptado de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario contemplado en el TFUE. Dicha disposición deberá cumplir los requisitos recogidos en el Reglamento (CE) no 45/2001 y, en su caso, en la Directiva 95/46/CE. En concreto, la disposición que establezca la base de datos que implique un mecanismo de intercambio electrónico deberá (i) identificar el fin de las operaciones de tratamiento y establecer los usos compatibles; (ii) identificar qué organismos (autoridades aduaneras, Comisión) tendrán acceso a los datos y a qué datos de la base de datos, y tendrán la posibilidad de modificarlos; (iii) garantizar el derecho de acceso y de información para todos los interesados cuyos datos personales puedan ser almacenados o intercambiados, (iv) definir y limitar el plazo de conservación para los datos personales al mínimo necesario para la realización de dicha finalidad. Asimismo, el SEDP destaca que el principal acto legislativo deberá definir los siguientes elementos de la base de datos: la entidad que controlará y gestionará la base de datos y la entidad encargada de garantizar la seguridad del tratamiento de los datos incluidos en dicha base.

27. El SEPD sugiere que la propia propuesta incluya un nuevo artículo en el que se establezcan claramente estos elementos principales. De modo alternativo, el texto de la propuesta puede introducir una disposición que prevea la adopción de un acto legislativo independiente, conforme al procedimiento legislativo ordinario, para el que la Comisión debería solicitar la presentación de una propuesta.

28. En cualquier caso, las medidas de aplicación que deberán adoptarse deberían especificar de manera pormenorizada las características funcionales y técnicas de la base de datos.

29. Además, aunque la propuesta no prevé en esta fase la interoperabilidad con otras bases de datos gestionadas por la Comisión u otras autoridades, el SEDP subraya que la introducción de cualquier tipo de interoperabilidad o intercambio deberá cumplir, en primer lugar, con el principio de limitación a una finalidad específica, es decir, que los datos deberían utilizarse para la finalidad para la que la base de datos ha sido creada y que no se permitirá un intercambio o interconexión más allá de dicha finalidad. Deberá, asimismo, estar apoyada por una base jurídica específica que tiene que estar fundada en los Tratados de la Unión Europea.

30. El SEPD manifiesta su gran interés en el proceso que conducirá al establecimiento final de dicha base de datos, con el objetivo de apoyar y asesorar a la Comisión en la elaboración de un sistema que «cumpla las disposiciones de protección de datos» adecuadamente. Anima, por lo tanto, a la Comisión a que incluya una consulta al SEPD en la fase preparatoria en curso.

31. Por último, el SEPD llama la atención sobre el hecho de que, dado que el establecimiento de una base de datos implicaría el tratamiento de categorías especiales de datos (sobre sospechas), dicho tratamiento debería estar sujeto a un control previo por parte del SEPD, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 45/2001.

3. CONCLUSIÓN

32. El SEPD recibe con agrado la referencia específica en la propuesta a la aplicabilidad de la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001 a las actividades de tratamiento de datos personales cubiertas por el Reglamento.

33. El SEPD desea resaltar los siguientes elementos a fin de mejorar el texto, desde la perspectiva de la protección de datos: — el artículo 6, apartado 3, debería incluir el derecho de información del interesado, — la Comisión, en el ejercicio de sus poderes de ejecución en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, debería consultar al SEPD, con el fin de elaborar un modelo de formulario de solicitud que «cumpla las disposiciones de protección de datos», — el texto debería especificar el plazo de conservación de los datos personales presentados por el titular del derecho, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comisión, — el SEPD insta a la Comisión a identificar y aclarar la base jurídica para el establecimiento de la base de datos COPIS y ofrece sus conocimientos especializados para ayudarle en la preparación de dicha base de datos.

Hecho en Bruselas, el 12 de octubre de 2011. Giovanni BUTTARELLI Asistente del Supervisor Europeo de Protección de Datos

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31 (en adelante, la «Directiva 95/46/CE»).

(2) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

(3) En abril de 2011.

(4) Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnera determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, DO L 196 de 2.8.2003, p. 7.

(5) Los servicios de aduanas son las oficinas centrales que en cada Estado miembro pueden recibir las solicitudes formales por parte de los titulares de derechos, mientras que las autoridades aduaneras o aduanas son los entes dependientes operativos que, en realidad, llevan a cabo los controles aduaneros sobre las mercancías que entran en la Unión Europea.

(6) El formulario de solicitud deberá incluir, entre otros, sus datos personales [artículo 6, apartado 3, letra a)]; la habilitación de las personas físicas o jurídicas que le representen [artículo 6, apartado 3, letra d)]; el nombre y dirección del representante o representantes del solicitante encargados de los trámites legales y las cuestiones de carácter técnico [artículo 6, apartado 3, letra j)].

(7) El expedidor y el destinatario son las dos partes típicamente implicadas en un contrato de expedición: el expedidor entrega las mercancías al destinatario, quien recibe la posesión de las mercancías y las vende según las instrucciones del expedidor.

El «declarante» es la persona que efectúa la declaración en aduana en nombre propio o la persona en cuyo nombre se realiza la declaración en aduana. El «titular» es la persona que ostente su propiedad o un derecho similar de disposición sobre las mismas o que tenga el control físico de las mismas.

(8) Reglamento (CE) no 1891/2004 de la Comisión, de 21 de octubre de 2004, por el que se adoptan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, DO L 328 de 30.10.2004, p. 16.

(9) Véase el Reglamento (CE) no 1891/2004, anexo I, punto 9: «Se adjunta información específica sobre el tipo o la modalidad de fraude», incluidos los documentos y/o fotos.

(10) En la actualidad, el Reglamento (CE) no 1891/2004 de la Comisión aplica el Reglamento (CE) no 1383/2003 que incluye, entre otros, los formularios modelo para la solicitud nacional y de la Comunidad y las instrucciones sobre cómo rellenar el formulario (Reglamento (CE) no 1891/2004 de la Comisión, de 21 de octubre de 2004, por el que se adoptan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, DO L 328 de 30.10.2004, p. 16).

(11) Los datos personales deberán ser «conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para la consecución de los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente […]».

(12) Véase la nota a pie de página 8.

(13) Esta disposición es conforme a lo dispuesto en el artículo 57 (Parte III, Sección IV) del Acuerdo ADPIC http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm4_e.htm#2

(14) Véase la nota a pie de página 4.

(15) Véase la nota a pie de página 8.

(16) Véase el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Decisión 2008/49/CE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2007, relativa a la protección de los datos personales en la explotación del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), por lo que se refiere a la protección de los datos personales, DO C 270 de 25.10.2008, p. 1.