B4-0040/97

Resolución sobre las líneas generales para un proyecto de revisión de los Tratados

El Parlamento Europeo,

- Vistas sus anteriores resoluciones de 17 de mayo de 1995 ((DO C 151 de 19.6.1995, pág. 56.)), 13 de marzo de 1996 ((DO C 96 de 1.4.1996, pág. 77.)), 14 de noviembre de 1996 ((Acta de esa fecha, parte II, punto 9.)) y 11 de diciembre de 1996 ((Acta de esa fecha, parte II, punto 1 a).)),

A. Considerando que el Consejo Europeo de Florencia pidió que se elaborara un proyecto de líneas generales de revisión de los Tratados para el Consejo Europeo de Dublín, en relación con los tres objetivos principales siguientes:

- hacer que la Unión se acerque a los ciudadanos,

- reforzar y ampliar el ámbito de la política exterior y de seguridad común en aras de una mayor coherencia y eficacia,

- garantizar de cara a la ampliación el buen funcionamiento de las instituciones y la eficacia del proceso de toma de decisiones,

B. Considerando que el proyecto de la Presidencia irlandesa debe valorarse a la luz de estos objetivos y que sólo refleja el estado actual de las negociaciones, pero considerando, no obstante, que, de conformidad con el artículo B del Tratado de la UE, la revisión del Tratado no debe solamente mantener integralmente el acervo comunitario sino también desarrollarlo,

C. Comprobando que el texto de la Presidencia irlandesa rinde homenaje a la contribución del Parlamento Europeo a los trabajos de la Conferencia Intergubernamental a través de sus dos observadores, pero recordando sin embargo que el Parlamento no se considera, en ningún caso, vinculado en tanto que institución a los resultados provisionales de los trabajos y que se reserva el derecho de hacer una evaluación política durante los trabajos de la Conferencia y al final de los mismos,

D. Constatando que el Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 1996 consideró que el proyecto de Tratado presentado por la Presidencia constituye una buena base para la continuación de las negociaciones; estimando, por el contrario, que este proyecto denota la falta de ambición de determinados Estados miembros para llevar a cabo verdaderas reformas en profundidad y que, en estas circunstancias, es importante consolidar en ese texto las disposiciones que respondan a estos objetivos, ya que, de no ser así, el Parlamento Europeo no podrá aprobar las modificaciones finales del Tratado,

TÍTULO I - UN ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA

Capítulo 1 - Derechos fundamentales y no discriminación

1. Toma nota de las disposiciones relativas a los derechos fundamentales, pero lamenta que la relación directa de los ciudadanos con la Comunidad y su participación en las instituciones comunes no hayan sido objeto de propuesta alguna;

2. Se congratula de la inserción de la cláusula de no discriminación, pero considera que debe tener efecto directo y que es necesario reforzar el papel del Parlamento Europeo mediante el procedimiento de codecisión en un ámbito importante para los derechos de los ciudadanos;

3. Reitera su postura en cuanto a la adhesión de la Unión a la CEDH y pide que se modifique el artículo L del TUE, de forma que la competencia del Tribunal de Justicia abarque los ámbitos cubiertos por los tres pilares, en lo que se refiere a la protección de estos derechos, y que se disponga un fundamento jurídico claro que permita el acceso directo de los particulares al Tribunal de Justicia, en caso de violación de los derechos fundamentales mediante un acto emanado de una institución de la Unión;

4. Lamenta la falta de disposiciones sobre los derechos de los nacionales de países terceros que residen legalmente en la Unión y reitera que el Tratado debe reconocer a estos últimos, en particular, el respeto de los derechos humanos, la igualdad de trato y la no discriminación en cuanto a derechos sociales, económicos y culturales;

5. Constata que el derecho de asociación en el marco de los partidos políticos que operen a nivel europeo exige una modificación del Tratado, según la propuesta de los Gobiernos de Grecia, Italia y Austria; recuerda a este respecto las propuestas contenidas en su Resolución de 10 de diciembre de 1996 sobre la situación constitucional de los partidos políticos europeos ((Acta de esa fecha, parte II, punto 5.));

6. Lamenta que el derecho a la información y la libertad de expresión sobre las políticas comunitarias no sea reconocido como un principio general;

7. Pide que se introduzca un procedimiento electoral uniforme de conformidad con la propuesta alemana y que, por lo menos, se incluya un calendario obligatorio en el Tratado;

Capítulo 2 - Libre circulación de personas, asilo e inmigración

8. Denuncia el riesgo de una comunitarización engañosa y, en este contexto, solicita que se haga uso pleno de los procedimientos y de las instituciones comunitarias, incluidos el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia, en aquellos ámbitos de los asuntos de interior y de la justicia que dejen de ser objeto de la cooperación intergubernamental y pasen a serlo de la cooperación a nivel comunitario, particularmente en la medida en que las líneas generales para un proyecto de Tratado:

a) plantean definir modalidades de excepción para el control jurisdiccional (artículo G, apartado 4);

b) no toman claramente partido a favor de recurrir al voto por mayoría cualificada en el seno del Consejo ni del procedimiento de codecisión (artículo G, apartados 2 y 3);

9. Pide, sin embargo, que se transfieran al TCE los siguientes ámbitos:

a) la lucha contra el tráfico de drogas;

b) la lucha contra la delincuencia internacional, particularmente en lo que se refiere a la trata de seres humanos;

c) la cooperación judicial y administrativa en materia civil y comercial;

10. Toma nota con interés del recurso que sugiere la Presidencia al método de las «fechas límite» para la realización de los objetivos anunciados en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior, y particularmente de una fecha que sirva para el conjunto de las materias consideradas (artículo B del Tratado de la Unión Europea); pide en particular que se garantice definitivamente la libre circulación de personas en toda la Unión en una fecha definitiva e ineludible;

Capítulo 3 - Seguridad pública y seguridad de las personas

11. Exige, asimismo, el recurso a la mayoría cualificada en el seno del Consejo, así como el poder de codecisión para el Parlamento Europeo para los actos legislativos normales en materia de justicia y asuntos de interior;

12. Presta su apoyo a las propuestas formuladas por la Presidencia irlandesa en lo que se refiere a la cooperación policial y a las capacidades operativas de Europol (artículo K.1.b) a condición de que se decida un calendario obligatorio; considera no obstante que una lista de medidas y tareas tan exhaustiva no resulta adecuada en el marco de un Tratado tan fundamental;

13. Considera que las disposiciones previstas, tanto para el nuevo título del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, como para el Título VI del Tratado de la Unión Europea, deben reforzarse y completarse de forma considerable; estima que, con este objetivo, la Conferencia Intergubernamental debe en lo sucesivo examinar minuciosamente, con vistas a su aprobación:

a) la cuestión de una transferencia más sustancial hacia el «pilar» comunitario, en el sentido propuesto por el Gobierno belga (mantenimiento del Título VI únicamente para la cooperación judicial y policial);

b) el interés de un enfoque progresivo de la «comunitarización», tal como sugiere el memorándum común de los países del Benelux, los Gobiernos alemán y francés y, en lo que se refiere específicamente a la incorporación del Convenio de Schengen, la delegación de los Países Bajos;

c) la ampliación del voto por mayoría cualificada en el seno del Consejo al Título VI del Tratado de la Unión Europea, tal como lo proponen los Gobiernos alemán y francés, así como los Gobiernos español y belga, a la cooperación policial;

d) las perspectivas que podrían ofrecer una fórmula de cooperación reforzada, tal como proponen los Gobiernos alemán y francés;

e) el desarrollo de disposiciones destinadas a instaurar una plataforma mínima común para la tipificación de las infracciones y las penas, y facilitar el reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales, así como la cooperación judicial en el ámbito civil y penal;

TÍTULO II - LA UNIÓN Y EL CIUDADANO

Capítulo 4 - Empleo

14. Advierte a la CIG del peligro de contentarse con un acuerdo sobre un título o un capítulo relativos al empleo sin contenido real; considera que la CIG debería, por consiguiente, examinar exhaustivamente la propuesta presentada por los dos representantes del Parlamento Europeo, sobre todo en lo que respecta a la coordinación de las políticas macroeconómicas con vistas a la promoción del empleo;

15. Apoya la propuesta a la Presidencia irlandesa en lo que se refiere al empleo y, en particular, a la puesta en marcha de las acciones de fomento (artículo 5);

16. Estima, sin embargo, necesario reforzar las disposiciones previstas:

a) garantizando que las directrices tanto de la política de empleo como de la política económica sean conformes entre sí;

b) otorgando al objetivo de fomento del empleo el mismo carácter obligatorio que el que revisten los principios rectores que figuran en el artículo 3 A del Tratado, y a la acción de la Comunidad en este ámbito el carácter de política común (nuevo punto antes del punto i) del artículo 3;

c) enunciando los principios que puedan servir de guía para definir la política de empleo;

d) precisando que las instituciones económicas comunes y las grandes orientaciones económicas han de concebirse de forma que den una prioridad adecuada a la realización o al mantenimiento de un nivel de empleo elevado;

e) reforzando la participación del Parlamento Europeo y la concertación con los interlocutores sociales con vistas a la elaboración del informe económico anual y del informe sobre la situación del empleo destinado al Consejo Europeo (artículo 4, apartado 1);

f) clarificando el procedimiento previsto (artículo 4, apartados 1 y 5);

g) imponiendo claramente al Consejo que reaccione y recurra a los instrumentos previstos por el Tratado en caso de incremento o persistencia del desempleo;

17. Llama la atención sobre los riesgos que podría conllevar un desfase entre la creación de la unión monetaria y de un banco central independiente y un desarrollo excesivamente lento hacia la unión económica;

Capítulo 5 - Disposiciones sociales

18. Pide que se incorpore íntegramente el Acuerdo sobre la política social anejo al Protocolo nº 14 y estima que debe mantenerse además en el seno de la CIG un debate profundo respecto a las mejoras de fondo que deben introducirse en él;

19. Expresa su apoyo a la propuesta del Gobierno irlandés de introducir en el Tratado una disposición que permita a la Comunidad llevar a cabo acciones directas de lucha contra la exclusión social;

20. Pide que se incluya una referencia explícita a los servicios públicos en el Tratado como uno de los componentes de los derechos de los ciudadanos de la Unión y con vistas a reforzar la cohesión económica y social y la protección de los usuarios; pide que estos derechos y estos objetivos vayan acompañados, con vistas a su realización efectiva, de una nueva definición de los medios y de los poderes de las instituciones de la Unión;

Capítulo 6 - Medio ambiente

21. Acoge con satisfacción la propuesta relativa a nuevas referencias para un desarrollo sostenible y la plena integración de los requisitos de protección medioambiental en la definición y aplicación de un amplio abanico de medidas y actividades comunitarias;

Capítulo 7 - Política en relación con los consumidores

22. Acoge con satisfacción el nuevo artículo 129 A como un paso más hacia la definición de una auténtica política de los consumidores dentro del Tratado; considera que, en última instancia, esta política debería convertirse en una política común de la Unión;

Capítulo 7 bis - Turismo

23. Lamenta la no inclusión de una referencia expresa al turismo y reitera que éste, en sus aspectos europeos, debería formar una política común independiente y bien diferenciada, con un fundamento jurídico y un capítulo propio en el Tratado revisado;

Capítulo 8 - Transparencia

24. Considera que, aunque aporta ciertas mejoras en este sector, el proyecto de texto de la Presidencia irlandesa sobre la transparencia aún es excesivamente cauteloso y limitado en su alcance:

a) la declaración del principio de apertura propuesto en el artículo A del TUE, aunque es mejor que nada, no está redactado con la suficiente firmeza;

b) el derecho de acceso propuesto a los documentos es un avance, lo mismo que la sugerencia de que las limitaciones y principios generales reguladores del ejercicio de este derecho deben decidirse de acuerdo con el procedimiento de codecisión; entre estos principios generales debería encontrarse la noción de que el acceso a los documentos es la norma, sujeta sólo a algunas excepciones cuidadosamente definidas, decididas por una mayoría cualificada de dos tercios;

c) es necesario establecer adecuadamente la idea de las reuniones públicas del Consejo en su calidad legislativa, de forma que al menos en el primer debate y la decisión final se desarrollen en público;

d) las normas de ejecución no deberían depender de los reglamentos internos de las instituciones;

Capítulo 9 - Subsidiariedad

25. Reitera su posición según la cual los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, tal como se definen en el artículo 3 B del Tratado, se deben mantener y aplicar correctamente;

TÍTULO III - UNA POLÍTICA EXTERIOR EFICAZ Y COHERENTE

Capítulo 10 - La política exterior y de seguridad común: objetivos, medios y estructuras

26. Se congratula de la inserción de una cláusula de solidaridad política, que debería acompañarse igualmente de una cláusula de solidaridad financiera, y de la especificación de los objetivos de la PESC por lo que se refiere en particular a la salvaguardia de la integridad de la Unión;

27. Toma nota de una declaración que deberá insertarse en el acta final respecto a una nueva estructura de planificación de la política y de alerta precoz, que supone por primera vez un elemento de integración de la UEO gracias a la presencia de una parte de su personal en la célula; reitera su solicitud para que la Comisión la gestione en estrecha cooperación con el Secretario General del Consejo;

28. Observa que el texto de la Presidencia irlandesa resulta insuficiente para que la Unión disponga de instrumentos eficaces para desarrollar una verdadera política exterior y de seguridad común (PESC) y, en particular, presenta las graves insuficiencias siguientes sobre las cuales es necesaria una real profundización de las negociaciones:

a) el miembro de la Comisión competente para la PESC debería encargarse, en estrecha cooperación con la Presidencia del Consejo, de la representación de la UE en la PESC;

b) rechaza la introducción de una nueva modalidad de veto en unos ámbitos en los que el voto por mayoría cualificada ya está previsto; deberían establecerse mecanismos adecuados para evitar que un Estado miembro pueda bloquear unilateralmente cualquier decisión y recuerda, en este contexto, el documento italiano de 25 de octubre de 1996 y su enfoque global en favor de un mayor recurso a la mayoría cualificada en el procedimiento de decisión;

c) encuentra inaceptable el refuerzo unilateral del papel del Secretario General del Consejo; considera, no obstante, que habrá que examinar con seriedad la idea de nombrar a una personalidad de índole política encargada de la PESC, que en ningún caso deberá tener responsabilidades en el seno de la Secretaría General del Consejo (la hipótesis de un comisario nombrado según unos procedimientos especiales y responsable ante el Consejo podría tomarse en consideración );

d) encuentra positiva la propuesta del «non-paper» alemán del 6 de junio de 1996 y del documento italiano del 25 de octubre de 1996, según el cual el artículo J.8 debería modificarse para introducir en él la mayoría cualificada como norma de principio y, cuando un Estado miembro solicite que la decisión se adopte por unanimidad, la solicitud podría rechazarse por mayoría cualificada; la posibilidad de la abstención constructiva es adecuada teniendo en cuenta que los otros Estados miembros gozarán de la solidaridad política y financiera para la aplicación de las decisiones adoptadas;

e) expresa su deseo de que se defina mejor y refuerce la capacidad de la UE de prevenir conflictos; una política de prevención de conflictos y solución pacífica de conflictos debería convertirse en un pilar de la política de defensa y seguridad común;

f) considera inaceptable que los gastos operativos se consideren gastos obligatoriamente derivados del Tratado a tenor del artículo 203 del TCE;

Capítulo 11 - Relaciones económicas exteriores

29. Considera que las medidas propuestas en el proyecto de Tratado en lo que se refiere a las relaciones económicas exteriores tienen un alcance excesivamente limitado a la vista de las insuficiencias de los artículos del Tratado que actualmente las regulan y la total inadecuación del papel que está desempeñando el Parlamento Europeo en este ámbito;

30. Expresa su grave preocupación por el hecho de que la propuesta de la Presidencia de restringir el procedimiento de dictamen conforme a las ampliaciones y a los acuerdos de asociación puede llevar realmente a una reducción de los actuales poderes del Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 228;

31. Reitera su petición de que se divida el artículo 113 en un artículo que prevea un fundamento jurídico para actos de naturaleza legislativa, sobre los que el Parlamento tuviera competencias de codecisión, y otro que prevea un fundamento jurídico para los acuerdos internacionales, respecto a los cuales el Parlamento Europeo fuera competente para emitir dictamen conforme;

32. Acoge con satisfacción la propuesta de la Presidencia irlandesa de convertir a la Comisión en el único negociador para los acuerdos multilaterales en los sectores de los servicios, propiedad intelectual e inversión extranjera directa; insiste, sin embargo, en que el Consejo actúe por mayoría cualificada en estos sectores y en que la declaración propuesta se modifique para disponer que la Comisión lleve a cabo las negociaciones con la máxima transparencia frente al Parlamento Europeo, así como frente a los Estados miembros; considera, además, que estos principios se han de aplicar igualmente por lo que se refiere a los acuerdos bilaterales en los sectores citados;

Capítulo 12 - Seguridad y defensa

33. Toma nota con satisfacción de la voluntad política demostrada de progresar concretamente en el ámbito de la defensa; se pregunta, sin embargo, por las consecuencias que podría tener un desarrollo rápido de la integración en materia militar y de defensa sin que se hayan alcanzado progresos simultáneos en materia de PESC; considera que el documento de la Presidencia presenta los elementos positivos siguientes:

a) contiene una nueva formulación de los objetivos de la PESC en el ámbito de la seguridad y la defensa;

b) incorpora los objetivos de las misiones de Petersberg al Tratado;

34. Pide que se profundice en las cuestiones siguientes:

a) la autoridad de la Unión sobre la UEO debería establecerse con claridad y, tal como se propone en el documento francoalemán, estima necesario que la CIG decida las fechas objetivo definidas respecto a determinadas etapas para la integración final de la UEO en la UE;

b) debería incorporarse como anexo al Tratado un protocolo, cuya adhesión sería facultativa, en el que se definan los actuales compromisos recíprocos en materia de defensa de los miembros de pleno derecho de la UEO;

c) se debería acordar un mecanismo de decisión con respecto a las cuestiones que tengan repercusiones de tipo militar que impida las situaciones de bloqueo y que no obligue a los Estados miembros a poner a disposición tropas o material propio;

d) debería incluirse una política común de armamento, con inclusión del control de la producción y de la exportación, como objetivo de la PESC, en el marco del refuerzo de la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, de acuerdo con la propuesta italiana;

Capítulo 13 - Personalidad jurídica de la Unión

35. Se congratula de la introducción de un nuevo artículo en el TUE, que dota a la Unión de personalidad jurídica; no considera, sin embargo, aceptable el procedimiento según el cual el Consejo se pronuncia por unanimidad en nombre de la Unión tras consultar al Parlamento Europeo para concluir los acuerdos;

36. Reitera su posición según la cual todo acuerdo internacional comunitario debería someterse al dictamen conforme;

TÍTULO IV - LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN

Cuestiones institucionales generales

37. Vuelve a expresar su grave disgusto porque la Presidencia no haya formulado propuestas formales a nivel del Tratado, y en algunos casos ni siquiera opciones posibles, en lo que se refiere a la mayor parte de las cuestiones institucionales claves con que se enfrenta la Conferencia; considera que, sin una solución satisfactoria a estos problemas, la CIG incurrirá en un completo fracaso respecto a sus tareas centrales de incrementar la democracia y la eficiencia en la actual Unión Europea, con el resultado de poner en peligro el proceso global de nueva ampliación de la UE;

Capítulo 14 - Parlamento Europeo

38. Considera, en este contexto, que el texto de la Presidencia irlandesa contiene unas pocas propuestas positivas a este respecto, pero no ha tenido en cuenta de forma adecuada la necesidad de reforzar el control democrático a nivel de la UE:

(i) el texto propone ampliar el procedimiento de codecisión basándose en criterios objetivos, en lugar de mantener una perspectiva casuística, pero no considera que la propuesta consistente en recurrir a la codecisión con respecto a la totalidad de la legislación derivada ordinaria, presentada por la Comisión y el Parlamento Europeo, sea la única propuesta presentada y que, por consiguiente, deba seguirse;

(ii) el texto de la Presidencia no aborda en absoluto las siguientes cuestiones:

- la extensión del procedimiento de dictamen conforme a todas las cuestiones constitucionales, como la reforma de los Tratados, el artículo 235 y los recursos propios, así como a todos los acuerdos internacionales;

- la plena aplicación de la codecisión presupuestaria;

- el reforzamiento del papel del Parlamento Europeo a la hora de nombrar al Presidente y a los miembros de la Comisión Europea

- el reforzamiento del papel del Parlamento en materia de nombramientos, con dictamen conforme en lo que se refiere a los del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas;

- la reforma del complejo sistema de comitología actual, insuficientemente democrático y transparente;

- las responsabilidades del Parlamento Europeo para la deliberación y la evaluación de las políticas;

39. Acoge con satisfacción la propuesta de la Presidencia de simplificar el procedimiento de codecisión, que coincide con la dirección sugerida por el Parlamento Europeo; considera, sin embargo, que debería quedar más claro que, si el Consejo introduce cualquier cambio en un texto examinado por el Parlamento Europeo, éste debe tener siempre acceso a una segunda lectura; expresa la convicción, sin embargo, de que los plazos propuestos y otras cuestiones como la posible reducción del tamaño de las delegaciones en el Comité de Conciliación o el aumento del número de miembros permanentes deberían ser examinados conjuntamente por el Consejo y el Parlamento con el objetivo de hacer más sencillo el procedimiento de codecisión;

Capítulo 15 - Consejo

40. Lamenta profundamente que la Presidencia no haya presentado ninguna propuesta relativa a la ampliación de la votación por mayoría, como, por ejemplo, su aplicación por principio a la legislación derivada normal, señalando al mismo tiempo que un planteamiento casuístico presenta muy escasas probabilidades de llevar a resultados satisfactorios;

41. Observa que la Presidencia ha dado a entender claramente que un sistema de votación por doble mayoría en el Consejo, ya sea por número de votos y población o por población y número de Estados miembros, sería preferible a una simple modificación de la ponderación de los votos del Consejo como mejor solución al problema del equilibrio en las votaciones entre Estados miembros grandes y pequeños; pide que se aclare lo antes posible el concepto de dobles mayorías (es decir, los umbrales que se aplican a las distintas cuestiones);

Capítulo 16 - Comisión

42. Reitera su posición de que, en la fase actual, el número de miembros de la Comisión debe ser al menos equivalente al de Estados miembros; constata que el refuerzo de los poderes del Presidente de la Comisión es objeto de consenso; insiste en que deben mantenerse el papel y la independencia de la Comisión, junto con su derecho de iniciativa;

43. Advierte contra una determinada tendencia a reforzar las competencias del Consejo en detrimento de las otras instituciones; recuerda, a esta respecto, su compromiso con el equilibrio entre las instituciones y, más concretamente, el mantenimiento del monopolio del derecho de iniciativa de la Comisión en materia legislativa; subraya además la necesidad de que la Comisión represente a la Comunidad en el marco de sus competencias;

Capítulo 17 - Tribunal de Justicia

44. Considera que convendría ampliar las condiciones para que intervenga el Tribunal de Justicia, de suerte que el Parlamento Europeo tenga la posibilidad de acudir a él en las mismas condiciones que la Comisión y el Consejo y que el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social puedan acudir al Tribunal de Justicia cuando se vulnere alguno de sus derechos; reitera su solicitud de que el mandato de los jueces del Tribunal de Justicia sea por un período único y no renovable de 9 años a partir de su nombramiento inicial;

Capítulo 18 - Otras cuestiones institucionales - Procedimientos presupuestarios y lucha contra el fraude - Comité de las Regiones

45. Lamenta profundamente que sus repetidas solicitudes de unificación del presupuesto, simplificación de los procedimientos presupuestarios, supresión de las diferencias entre gastos obligatorios y no obligatorios, y aplicación del procedimiento de dictamen conforme del Parlamento para las decisiones de recursos propios hayan quedado completamente ignoradas en el texto de la Presidencia, y que el Parlamento Europeo se haya visto expresamente excluido de cualquier papel significativo en la financiación del segundo y tercer pilares;

46. Pide que se profundice la propuesta de la Presidencia que recoge una propuesta del Gobierno danés sobre la lucha contra el fraude, particularmente la prevención de las irregularidades en la gestión de los fondos comunitarios y la represión de las infracciones que atenten contra los intereses financieros de la Comunidad;

47. Acoge con satisfacción la propuesta de suprimir el protocolo nº 16 sobre el Comité Económico y Social y sobre el Comité de las Regiones, lo que permitiría a este último disponer de una mayor autonomía administrativa; apoya la propuesta de la delegación alemana con vistas a ampliar los ámbitos en los que debe consultarse al Comité de las Regiones;

Capítulo 19 - Parlamentos nacionales

48. Expresa su apoyo a las conclusiones de la Conferencia de Organismos Especializados en Asuntos Comunitarios (COEAC) celebrada en Dublín en octubre de 1996;

49. Acoge con satisfacción la introducción del nuevo protocolo sobre el papel de los Parlamentos nacionales, así como la idea de que se les facilite una información más actualizada sobre los documentos de consulta de la Comisión y todas las propuestas legislativas, incluyendo la introducción de un nuevo período mínimo de cuatro semanas para el examen parlamentario a nivel nacional de dichos textos;

50. Observa con preocupación que la propuesta de la Presidencia va mucho más allá que las propias conclusiones de la COEAC al incluir una referencia expresa a esta Conferencia en la declaración o en un protocolo, y expresa su temor de que esto podría llevar a la institucionalización del papel de la COEAC y consecuentemente a una duplicación, muy poco deseable, de la función del Parlamento Europeo, así como a una institucionalización no deseada de tal duplicación; pide a los Gobiernos que, en esta cuestión, velen por que los Parlamentos nacionales no sean ignorados, por ejemplo, mediante la limitación de los temas examinables o la forma en que deben pronunciarse, y que, en su lugar, tengan en cuenta, ante todo, las posiciones de los propios Parlamentos nacionales;

TÍTULO V - COOPERACIÓN REFORZADA - FLEXIBILIDAD

51. Constata que la «cooperación reforzada» se ha convertido en una cuestión central de la CIG, que debería abordarla claramente y sin ambigueedad y estima que es necesario profundizar en esta cuestión en relación con el papel de la Comisión, el proceso decisorio, el número mínimo de Estados miembros participantes, el papel del Parlamento Europeo y las disposiciones financieras;

52. Expresa su convicción de que el procedimiento de la cooperación reforzada, actualmente objeto de discusión, que permitiría a algunos Estados miembros avanzar más que otros (flexibilidad institucional), constituye un problema sumamente complejo que requiere un examen más detenido; estima que, para no poner en peligro la unidad institucional y los objetivos de la Unión Europea, semejante procedimiento debe ser siempre excepcional y que, en este sentido, las disposiciones en el marco de dicho procedimiento deben estar en consonancia con el procedimiento decisorio de la Comunidad y de la Unión, tener carácter transitorio e ir obligatoriamente acompañadas de las medidas de apoyo indispensables para los Estados miembros no participantes, de forma tal que exista la posibilidad de que todos los Estados que deseen participar puedan hacerlo así en un plazo razonable; señala que, además, de respetar los principios ya enunciados por el Consejo Europeo de Florencia, ninguna posible cooperación reforzada debe en manera alguna cuestionar las prerrogativas de la Comisión ni el papel ni la unicidad del Parlamento Europeo;

SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRATADOS

53. Considera indispensable que los trabajos relativos a la simplificación de los Tratados desemboquen, teniendo en cuenta la atribución de la personalidad jurídica a la Unión, en la fusión de los cuatro Tratados (UE, CE, CECA y Euratom) sin cuestionar el acervo comunitario;

54. Pide a la Presidencia de los Países Bajos que conduzca las negociaciones teniendo como finalidad dar en el futuro Tratado una respuesta satisfactoria a los objetivos expresados y recuerda que la ampliación debería verse necesariamente precedida por una reforma institucional ambiciosa y profunda;

55. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, así como a la Comisión y a otras instituciones comunitarias.