Informe de la Comisión al Consejo sobre los resultados de la aplicación del apartado 9 del artículo 13 y de los artículo 22, 23 y 24 de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad

Informe de la Comisión al Consejo sobre los resultados de la aplicación del apartado 9 del artículo 13 y de los artículo 22, 23 y 24 de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad

El artículo 26 de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad [1] dispone que «A más tardar el 20 de enero de 2002, la Comisión estudiará los resultados de la aplicación del apartado 9 del artículo 13 y de los artículos 22, 23 y 24, y presentará al Consejo un informe, acompañado de las eventuales propuestas de modificación».

[1] DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.

El presente informe responde pues a la obligación de evaluar los resultados de la aplicación del apartado 9 del artículo 13, referente a las infraestructuras de inspección, y de los artículos 22 a 24, relativos a los aspectos de solidaridad y responsabilidad, de la Directiva 2000/29/CE. De conformidad con el artículo 26 de esa Directiva, este informe sugerirá también modificaciones de la legislación.

1. Introducción

Los principios de «solidaridad» y «responsabilidad» resultan de las propuestas presentadas en el documento «La plena realización del mercado interior: Libro blanco de la Comisión a la atención del Consejo Europeo», presentado el 14 de junio de 1985 (COM(85) 310 final), que, en los puntos 39 a 43, detalla un determinado número de actuaciones específicas en el ámbito de la protección fitosanitaria. En el punto 41, dice "(...) Además, deberían establecerse mecanismos comunitarios de cooperación entre los Estados miembros para luchar contra las prácticas fraudulentas y dictarse normas de responsabilidad en caso de que se produzcan daños como consecuencia de prácticas fraudulentas o negligencias.». El punto 5.1.6 de la comunicación de la Comisión titulada «Una nueva estrategia en materia de fitosanidad (organismos nocivos)», de 10 de marzo de 1987 (COM(87) 97 final) insiste en esa idea: «(...) además, sería útil establecer reglas uniformes de responsabilidad y financiación. Resultado: Mayor confianza en las actividades fitosanitarias, distribución más equitativa de la carga financiera en caso de propagación de organismos nocivos causada por material contaminado.»

Los principios de «solidaridad» y «responsabilidad» estriban en lo siguiente:

- «Solidaridad»: el Estado miembro en el que aparezcan organismos nocivos para los vegetales desconocidos en su territorio puede recibir una participación financiera de la Comunidad para sufragar las medidas de erradicación y control de esos organismos que tome.

- «Responsabilidad»: si se demuestra que un Estado miembro es el causante de la aparición de organismos nocivos debido al incumplimiento de las reglas o normas fitosanitarias comunitarias, deberá reembolsar a la Comunidad la participación financiera fitosanitaria abonada en virtud del principio de solidaridad.

Se considera que la responsabilización financiera de los Estados miembros en caso de vigilancia, inspecciones o controles inadecuados es una medida que favorece una mejor observancia de las reglas fitosanitarias de la Comunidad.

La propuesta inicial de Directiva del Consejo COM(89) 647 final, de 22 de enero de 1990 [2] (propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/93/CEE relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales), que incorporaba disposiciones sobre la solidaridad y la responsabilidad y que fue modificada por la propuesta COM(91) 246 final de 17 de julio de 1991 [3], fue debatida intensamente en el Consejo durante varios años antes de desembocar en la Directiva 97/3/CE del Consejo [4], de 20 de enero de 1997, por la que se modifica la Directiva 77/93/CEE [5] relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad, que entró en vigor el 30 de enero de 1997 y con respecto a la cual los Estados miembros debían adoptar las disposiciones necesarias antes del 1 de abril de 1998.

[2] DO C 31 de 9.2.1990, p. 8.

[3] DO C 205 de 6.8.1991, p. 16.

[4] DO L 27 de 30.1.1997, p. 30.

[5] DO L 26 de 31.1.1977, p. 20.

La Directiva 97/3/CE se precisó mediante el Reglamento (CE) nº 2051/97 de la Comisión, de 20 de octubre de 1997, por el que se establecen normas de desarrollo de las disposiciones relativas a la asignación de una participación financiera de «lucha fitosanitaria» de la Comunidad [6], que fija las fechas límite en que deben presentarse las solicitudes de solidaridad en un año dado para poder optar a una contribución financiera con cargo al presupuesto de ese mismo año.

[6] DO L 287 de 21.10.1997, p. 13.

La Directiva 97/3/CE incluía también disposiciones relativas a las medidas de infraestructuras y señalaba que las disposiciones en materia de solidaridad se desarrollarían mediante dos reglamentos de aplicación, uno referente al régimen general y el otro (disposición optativa), al aspecto específico del «lucro cesante». Todas las disposiciones de la Directiva 97/3/CE se incorporaron posteriormente en la Directiva 2000/29/CE del Consejo, que constituye una consolidación de la Directiva 77/93/CEE.

2. Evaluación de la aplicación de los diferentes artículos

2.1. Apartado 9 del artículo 13 («Infraestructuras de inspección»)

2.1.1. Descripción de la disposición

El apartado 9 del artículo 13 establece las normas generales de concesión de una participación financiera de la Comunidad para que los Estados miembros refuercen sus infraestructuras de inspección, siempre que se trate de controles fitosanitarios que se efectúen con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2000/29/CE.

«Esa participación se destinará a equipar mejor los centros de inspección distintos de los situados en el lugar de destino, con instrumentos e instalaciones necesarios para las actividades de inspección y de examen y, llegado el caso, para las medidas previstas en el apartado 11, superando el nivel alcanzado con el cumplimiento de las condiciones mínimas estipuladas en las condiciones de aplicación en virtud del párrafo cuarto del apartado 8» del artículo 13.

«La Comisión propondrá la inclusión de los créditos apropiados a tal fin en el presupuesto general de la Unión Europea.»

«Dentro de los límites que establezcan los créditos disponibles para tales fines, la contribución comunitaria cubrirá hasta un máximo del 50 % del gasto directamente relacionado con la mejora de equipos e instalaciones» (en casos excepcionales y previa decisión del Consejo, hasta el 70 % - véase artículo 25 de la Directiva 2000/29/CE -).

Con tal fin, se han detallado en la Directiva 98/22/CE, de 15 de abril de 1998 [7], las condiciones mínimas de equipo de los puestos de inspección de vegetales, productos vegetales u otros objetos procedentes de terceros países, distintos de los situados en el lugar de destino.

[7] DO L 126 de 28.4.1998, p. 26.

Los detalles de la intervención se establecen mediante un reglamento de aplicación y la concesión de la participación financiera y su importe se deciden mediante una Decisión de la Comisión, previa presentación por el Estado miembro de la oportuna información y documentación. En su caso, la Comisión puede encomendar inspecciones a los expertos a que se refiere el artículo 21 de la Directiva 2000/29/CE.

2.1.2. Aplicación de la disposición

Desde que entró en vigor la Directiva 97/3/CE, se elaboraron varios proyectos sucesivos de reglamento de la Comisión sobre normas de desarrollo del apartado 9 del artículo 13 que acabaron desembocando en el Reglamento (CE) nº 998/2002 de la Comisión, de 11 de junio de 2002, por el que se establecen disposiciones particulares de aplicación de las normas relativas a la asignación a los Estados miembros de una participación financiera de la Comunidad para reforzar las infraestructuras de inspección en materia de controles fitosanitarios de vegetales y productos vegetales procedentes de terceros países [8].

[8] DO L 152 de 12.6.2002, p. 16 (sobre el que se ha publicado una corrección de errores en el DO L 153 de 13.6.2002, p. 18).

Ese Reglamento detalla las normas administrativas para presentar una solicitud, la información que debe facilitarse sobre el puesto de inspección que se pretenda equipar, una justificación y descripción del equipo o instalación que se vaya a adquirir, y el plan financiero de compra.

Se precisa que los Estados miembros deben presentar previamente solicitudes con los gastos previstos y que, tras examinarlas, la Comisión elabora una lista de las que cumplen los criterios del Reglamento. Sólo son subvencionables los equipos e instalaciones que sean directamente necesarios para las actividades de inspección.

A continuación, los programas de gastos seleccionados se clasifican en función de su valor añadido y dando prioridad a los puestos de inspección que deban sufrir una profunda reestructuración así como a aquéllos que deban mejorarse por sugerencia de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV). La lista final de los programas subvencionables se presenta y debate en el Comité fitosanitario permanente.

Cabe señalar que el Consejo aún no ha determinado en qué casos puede alcanzar la participación financiera contemplada en el apartado 9 del artículo 13 el 70% de los gastos subvencionables (artículo 25 de la Directiva 2000/29/CE).

En la actualidad, se dispone de unos 100 000 - 200 000 euros anuales para la aplicación de esta medida. Con la ampliación de las fronteras externas de la Unión se necesitarán probablemente más medios.

El Reglamento dispone que, en 2002, los Estados miembros debían presentar las solicitudes, excepcionalmente, a más tardar el 15 de julio. La Comisión ha recibido cuatro solicitudes y está examinándolas.

2.2 Artículos 22 y 23 («Solidaridad»)

2.2.1. Descripción de los artículos

2.2.1.1. El principio

El artículo 22 establece que «En el caso de aparición real o supuesta de un organismo nocivo, debido a una introducción o propagación del mismo en la Comunidad, los Estados miembros podrán beneficiarse de una participación financiera de «lucha fitosanitaria» de la Comunidad, conforme a lo dispuesto en los artículo 23 y 24, para cubrir los gastos directamente relacionados con las medidas necesarias que se hayan adoptado o previsto con el fin de luchar contra dicho organismo nocivo, para erradicarlo o, si la erradicación no fuera posible, evitar su avance. La Comisión propondrá la inclusión de los créditos apropiados a tal fin en el presupuesto general de la Unión Europea».

Para tener derecho a esa participación financiera, es preciso que el Estado miembro haya notificado la aparición del organismo nocivo, tanto si éste figura en los anexos I y II de la Directiva 2000/29/CE como si no.

También es necesario que el organismo nocivo «represente un peligro inminente para la Comunidad en su conjunto o para una parte de la misma, por su aparición en una zona en la que hasta ese momento era desconocida la presencia de dicho organismo, o en la que dicho organismo se había erradicado o estaba en vías de erradicación» y que haya sido «introducido en esta zona a través de envíos de vegetales, de productos vegetales o de otros objetos procedentes de un tercer país o de otra zona de la Comunidad».

2.2.1.2. Descripción de las «medidas necesarias» contempladas en el artículo 22:

Las medidas necesarias (para más detalles, véase el apartado 2 del artículo 23 de la Directiva 2000/29/CE) pueden consistir, por ejemplo, en

a) operaciones de destrucción o desinfección;

b) inspecciones o ensayos;

c) prohibiciones o restricciones de uso.

La participación financiera cubre los gastos efectuados con fondos públicos y las compensaciones de pérdidas financieras, salvo el lucro cesante, de las medidas indicadas en las letras a) y b). Por pérdidas financieras se entienden la amortización y mantenimiento de maquinaria y edificios, el arrendamiento de fincas, los cánones, las penalizaciones por incumplimiento de contrato, etc., siempre y cuando no se compensen con ingresos de cultivos alternativos. Estos costes pueden ser reales o estimados. En este caso, debe facilitarse una explicación pormenorizada del método de cálculo.

En el caso de las medidas de la letra c), un reglamento de aplicación podrá especificar, excepcionalmente, los casos en que se considere que la compensación por lucro cesante (derivado de las medidas de prohibición o restricción de uso; este concepto está íntimamente ligado a la venta de los productos y a la renta neta de la explotación) constituye un gasto directamente relacionado con las medidas necesarias, con un máximo de tres años. Estos casos excepcionales aún no se han determinado.

En el contexto de la solidaridad, el concepto de «fondos públicos», cuya interpretación ha sido objeto de debate, designa medios financieros que no proceden necesariamente del presupuesto nacional de manera directa sino que, en determinadas condiciones, pueden pasar por un intermediario como, por ejemplo, una asociación de productores. Los gastos soportados por asociaciones de productores pueden considerarse financiados por fondos públicos si dichas asociaciones están acometiendo medidas de erradicación conforme a las instrucciones de las autoridades fitosanitarias competentes y si se financian con cargo al presupuesto del Estado, mediante una tasa parafiscal o un canon obligatorio para todos los productores de un sector o una zona dados. En cambio, en las asociaciones que se financian con recursos de sus miembros y a las que no es obligatorio afiliarse, no intervienen fondos públicos.

En ningún caso se sufragan los gastos corrientes de funcionamiento del organismo oficial responsable (el servicio de protección de vegetales).

Tampoco son reembolsables el valor comercial del material destruido (es decir, el infectado o sospechoso de estar infectado) originario del envío incriminado ni la reducción de renta derivada de la evacuación o tratamiento de ese material.

2.2.1.3. Presentación de solicitudes

Para poder beneficiarse de la participación financiera de la Comunidad, el Estado miembro interesado debe presentar una solicitud a la Comisión en un plazo concreto («a más tardar durante el año natural posterior a de la detección de la aparición del organismo nocivo»). La Comisión y los demás Estados miembros deben recibir toda la información necesaria sobre el caso (apartado 4 del artículo 23) y el Estado miembro que presenta la solicitud debe precisar las medidas necesarias, el calendario de aplicación, los resultados obtenidos y el coste real o estimado de los gastos comprometidos o por comprometer, así como la parte de estos gastos que corresponda a fondos públicos.

La participación financiera de la Comunidad se decide según el mismo procedimiento que los gastos de infraestructura, mediante una o varias decisiones de la Comisión, y atendiendo a la gravedad del peligro que represente el organismo nocivo cuya aparición haya motivado la solicitud. Dicha participación financiera cubrirá hasta el 50% de los gastos que correspondan directamente a las medidas necesarias y, en caso de compensación por el lucro cesante, hasta el 25% de estos últimos gastos.

2.2.1.4. Asignación de fondos

Las medidas deben adoptarse en un periodo que no puede superar dos años a partir de la fecha de detección de la aparición del organismo nocivo o preverse para un periodo máximo de dos años. Dicho periodo puede ampliarse si un estudio de la situación permite determinar que los objetivos de las medidas se pueden alcanzar en un plazo adicional razonable. En este caso, la participación financiera de la Comunidad será decreciente durante esos años. La Directiva contiene disposiciones para los casos en que las medidas estén encaminadas a proteger territorios de la Comunidad que no coincidan con el territorio del Estado miembro afectado.

El Estado miembro debe reembolsar, total o parcialmente los importes abonados por la Comunidad cuando, por ejemplo, no haya llevado a cabo las medidas necesarias o cuando éstas no se hayan realizado conforme a lo previsto. Además, si llega un momento en que las medidas ya no se consideran necesarias, dejará de abonarse la participación.

2.2.2. Aplicación de los artículos

2.2.2.1. Evolución del presupuesto disponible de 1997 a 2002

En 1997, la Comisión comenzó a recibir solicitudes de asignación de los fondos destinados a financiar la solidaridad. La evaluación de las primeras solicitudes de solidaridad financiera comenzó en febrero de 1999, por lo que no fue posible utilizar los recursos presupuestarios disponibles en 1997 y 1998 (400 000 euros por ejercicio).

De 1999 a 2001, se recibieron y analizaron cincuenta y siete solicitudes a raíz de las cuales la Comisión aprobó diferentes decisiones de concesión de la contribución financiera comunitaria para las solicitudes admisibles, de las que la más reciente es la Decisión 2001/811/CE de 21 de noviembre de 2001 [9]. En total, se han abonado 1 654 513 euros. El presupuesto disponible ha ido aumentando progresivamente año tras año, como puede verse en el cuadro nº 1.

[9] DO L 306 de 23.11.2001, p. 25.

Cuadro nº 1: Evolución del presupuesto disponible (línea presupuestaria actual: B1-333)

Año // Presupuesto disponible (EUR)

1997 // 400 000

1998 // 400 000

1999 // 300 000

2000 // 500 000

2001 // 900 000

2002 // 1 300 000

Total // 3 800 000

2.2.2.2. Procedimiento de asignación de la contribución financiera

Es muy importante que el expediente de solicitud se constituya con rigor. Para ello, se ha realizado un trabajo laborioso de elaboración de «directrices» (varias versiones sucesivas) con varias partes diferenciadas: en primer lugar, se explican y precisan los criterios generales de admisibilidad de las solicitudes, insistiéndose en la existencia de un circuito comercial como origen de la aparición del organismo nocivo y en la duración de las medidas; seguidamente, se detalla la forma de constituir el expediente de solicitud, se precisan los anejos técnicos que deben adjuntarse y se reseñan elementos de apreciación que pueden resultar útiles para valorar la solicitud; a continuación, se recapitulan las «medidas necesarias» subvencionables y se explicita el concepto de «fondos públicos»; igualmente, se dedica una parte a precisar la noción de «pagos» en función de las diferentes categorías de medidas (destrucción - desinfección, inspecciones y ensayos, compensación de pérdidas financieras que no consistan en lucro cesante); se detallan con minuciosidad los anejos financieros que deben presentarse, los cuales constituyen un elemento importante con miras a la contribución financiera comunitaria; y, por último, se adjuntan modelos de documentos, como el del impreso de solicitud y el del cuadro financiero, y otros datos útiles, como un glosario de términos técnicos y la segmentación NUTS (nomenclatura de las unidades territoriales estadísticas, que sirve para cartografiar la zona de aparición del foco).

Los expedientes de solicitud que se consideran completos son examinados por grupos específicos de trabajo del Comité fitosanitario permanente. En el primer semestre del año natural, el grupo de trabajo determina qué expedientes reúnen los requisitos para beneficiarse de una participación financiera. Posteriormente, se calculan las contribuciones financieras para las diferentes solicitudes en función del presupuesto disponible y, en su caso, aplicando un coeficiente de reducción (en la actualidad, no existe ningún acto legal que establezca las normas de reducción). Todo ello se recoge después en un proyecto de Decisión de la Comisión sobre el que se pide un dictamen al Comité fitosanitario permanente. Una vez recibido el aval del Comité, la Comisión adopta la Decisión y se abonan las contribuciones financieras a los Estados miembros lo antes posible.

El Reglamento (CE) nº 2051/97 de la Comisión, de 20 de octubre de 1997, por el que se establecen normas de desarrollo de las disposiciones relativas a la asignación de una participación financiera de «lucha fitosanitaria» de la Comunidad, únicamente contenía algunos detalles de forma y plazos para la presentación de las solicitudes. La experiencia adquirida en el examen de expedientes puso de manifiesto que ese Reglamento era incompleto por lo que, conforme a lo dispuesto en el quinto párrafo del apartado 5 del artículo 23 de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, se elaboró un Reglamento de la Comisión por el que se establecen normas particulares de ejecución de las disposiciones relativas a la asignación de una participación financiera de la Comunidad para la lucha fitosanitaria y se deroga el Reglamento CE) n° 2051/97. Ese Reglamento ha sido adoptado por la Comisión (Reglamento (CE) nº 1040/2002 de la Comisión, de 14 de junio de 2002 [10]) y se aplicará a las solicitudes presentadas a partir de 2003.

[10] DO L 157 de 15.6.2002, p. 38.

El Reglamento detalla la información que debe incluirse en la solicitud: información general sobre la aparición del organismo nocivo, notificación con arreglo a la Directiva 2000/29/CE, relación de medidas adoptadas o previstas (adjuntando la notificación reglamentaria de las mismas por el negociado correspondiente del Estado miembro) y datos del envío del que provenga la contaminación. Igualmente, deben detallarse los pagos realizados o previstos y la proporción de ellos que se financia con fondos públicos. Una vez examinadas las solicitudes, los servicios de la Comisión elaboran una lista en la que se clasifican en función de los criterios de prioridad siguientes: protección de los intereses de la Comunidad en su conjunto, probabilidad elevada de eficacia e identificación del envío causante de la infección. Únicamente se seleccionan solicitudes en las que los gastos subvencionables asciendan como mínimo a 50 000 euros. Al igual que en el caso de las infraestructuras de inspección, la lista de solicitudes se aprueba mediante una decisión de la Comisión.

En lo que se refiere al «lucro cesante» (último párrafo del apartado 3 del artículo 23 de la Directiva 2000/29/CE), aún no existe un marco legal dado que todavía no se han determinado los «casos» admisibles.

2.2.2.3. Inspecciones in situ

El servicio encargado de tramitar las solicitudes (DG SANCO E.1) efectuó en Portugal una comprobación de la solicitud de solidaridad correspondiente a la podredumbre parda en diferentes solanáceas. Este tipo de evaluaciones, que podrían ser más frecuentes en el futuro y que son diferentes de las inspecciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria, que se basan en el apartado 3 del artículo 16 de la Directiva 2000/29/CE, tiene como finalidad realizar un control documental y cerciorarse de que los gastos cumplan los requisitos y sean subvencionables. En comprobaciones futuras, el equipo de evaluación podría estar compuesto por representantes de SANCO E.1 y del servicio encargado de la gestión del presupuesto (DG SANCO A.3).

2.2.3. Datos estadísticos sobre las solicitudes de solidaridad

En los cuadros siguientes pueden verse con más detalle el número de solicitudes de solidaridad tramitadas desde 1999. El cuadro nº 2 recoge las decisiones de asignación de contribución financiera publicadas desde 1999. Desde el año 2000, la contribución de solidaridad se asigna mediante una única decisión anual de la Comisión.

Cuadro nº 2: Inventario de las decisiones publicadas desde 1999

Presupuesto del año // Número de decisiones

1999 // 5 (2000/34/CE a 2000/38/CE) [11]

[11] DO L 12 de 18.1.2000, p. 26. DO L 12 de 18.1.2000, p. 28. DO L 12 de 18.1.2000, p. 30. DO L 12 de 18.1.2000, p. 32. DO L 12 de 18.1.2000, p. 34.

2000 // 1 (2001/14/CE) [12]

[12] DO L 4 de 9.1.2001, p. 25.

2001 // 1 (2001/811/CE)

En el cuadro nº 3 se sintetizan los datos de las solicitudes presentadas en el período considerado.

Cuadro nº3: Número de solicitudes presentadas y aceptadas

>SITIO PARA UN CUADRO>

(*) Contribución financiera dividida por los gastos subvencionables totales. Cada uno de los años de un programa de erradicación representa normalmente una solicitud.

(**) Los porcentajes indicados en el cuadro corresponden a las solicitudes que abarcan dos años como máximo. En aplicación del principio de reducción, los programas reciben una contribución inferior al 50% a partir del tercer año.

Tendencia en 2002

En 2002, los Estados miembros han presentado siete solicitudes, que suponen en total unos 3 100 000 euros.

En el cuadro nº 4 pueden verse los datos de estas solicitudes desglosados por Estados miembros. De los siete Estados miembros que ya han presentado una solicitud, los tres que han recibido las contribuciones financieras más cuantiosas son Portugal, España y Francia. Este comentario debe relativizarse atendiendo al número de solicitudes presentadas en un año, a su trascendencia financiera y al presupuesto disponible cada año.

Cuadro nº 4: Distribución de la solidaridad por Estados miembros + totales anuales de las contribuciones

>SITIO PARA UN CUADRO>

(*) S.pr.= solicitudes presentadas. S.ac.= solicitudes aceptadas

En el gráfico nº 1 y en el cuadro nº 5 se recoge información complementaria sobre las contribuciones abonadas desde 1999. En el gráfico nº 1 se resumen con otro formato las sumas indicadas en el cuadro nº 4 mientras que el cuadro nº 5 permite visualizar los importes asignados Estado miembro por Estado miembro y enfermedad por enfermedad.

Gráfico nº 1: Contribución total Estado miembro por Estado miembro (euros)

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Cuadro nº 5: Contribuciones abonadas, desglosadas por Estados miembros y organismos nocivos

>SITIO PARA UN CUADRO>

En el cuadro nº 6 se sintetizan las contribuciones de solidaridad en función del cultivo. Como puede verse, los vegetales de la familia de las solanáceas (patatas, tomates, pimientos) representan el 50,7 % del total. Otra partida importante es la que representa el foco de nematodo del pino en Portugal.

Cuadro nº 6: Contribuciones abonadas, desglosadas por vegetales afectados

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.4. Breves comentarios

El régimen de «solidaridad» es reciente. Resulta pues difícil sacar conclusiones de estadísticas de tres o cuatro años, ya que cada año se aprenden cosas nuevas. Es pues demasiado pronto para afirmar que la solidaridad beneficia particularmente a ciertos países y más, teniendo en cuenta que otros Estados miembros han empezado a presentar solicitudes.

Para que la evaluación de los expedientes de solicitud no lleve a la Comisión más tiempo del estrictamente necesario, es fundamental que los Estados miembros presenten expedientes bien instruidos, especialmente en lo que se refiere a los justificantes financieros que se aporten en defensa de la solicitud. Los servicios de la Comisión encargados de tramitar las solicitudes y de administrar el presupuesto (véase el punto 2.2.2.3) deberían completar la evaluación del expediente en papel con una evaluación in situ.

Para aceptar una solicitud, es requisito previo imprescindible que se haya notificado como es debido la aparición del organismo nocivo (apartado 1 del artículo 23 de la Directiva 2000/29/CE). Para evitar reclamaciones, convendría aclarar en el apartado 1 y en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 16 de esa Directiva que la notificación debe efectuarse por escrito, si bien el uso del término «notificación» y el contexto en que se emplea no deberían dejar lugar a dudas sobre la interpretación jurídica estricta que debe hacerse de esta disposición.

Por otra parte, sería oportuno que la evaluación de los expedientes de solicitud en grupos de trabajo corriera a cargo de especialistas independientes, es decir, personas que no formen parte de los servicios nacionales de protección de los vegetales encargados de presentarlos.

Aunque en varias decisiones ya publicadas se aplica la reducción, muchas veces resulta difícil llevarla a la práctica de forma visible. Así, por ejemplo, si se aplica una reducción (porcentual) al pago del año 3 y al del año 2, es posible que el del año 3 sea superior al del año 2 si los gastos del año 3 son muy superiores, en términos absolutos, a los del año 2.

Es preciso seguir reflexionando sobre la aplicación práctica de los conceptos de «lucro cesante» y de «pérdidas financieras». Hasta el momento, son pocos los Estados miembros que han presentado solicitudes con un epígrafe de «pérdidas financieras, excepto lucro cesante» o un epígrafe de «lucro cesante».

2.3. Artículo 24 («Responsabilidad»)

2.3.1. Descripción del artículo

La Comisión debe investigar el origen de la aparición del organismo nocivo que causa derecho a la participación financiera conocida como de «solidaridad». En particular, debe acudir a diferentes fuentes de información (Estado miembro de origen, inspecciones comunitarias, etc.) para averiguar los motivos por los que el Estado miembro de origen no detectó que el envío o los envíos de vegetales (productos vegetales u otros productos) no se ajustaba a lo dispuesto por la Directiva 2000/29/CE. De este modo, es posible detectar y corregir eventuales deficiencias del régimen fitosanitario comunitario.

Ello permite determinar también si el Estado miembro «víctima» del organismo nocivo ha incumplido alguna de las obligaciones del régimen fitosanitario comunitario, en cuyo caso «la participación financiera de la Comunidad de la Comunidad concedida no se le abonará o, si se hubiera abonado ya, deberá ser restituida a la Comunidad».

Si la evaluación demuestra que la aparición del organismo nocivo se debe al incumplimiento de las reglas o normas de la legislación fitosanitaria comunitaria por otro Estado miembro, éste deberá reembolsar a la Comunidad la intervención financiera de solidaridad.

Este sistema ha instaurado pues el concepto de responsabilidad para mejorar, mediante una especie de «coacción financiera», el nivel de adecuación a la normativa comunitaria de las medidas de vigilancia, inspección y control adoptadas por los Estados miembros.

2.3.2. Aplicación del artículo

A comienzos del año 2000, los servicios de la Comisión iniciaron el trabajo de evaluación de la «responsabilidad», sobre cuya forma se habían hecho previamente varias propuestas. Se previeron las siguientes etapas:

Etapa 1: Análisis por parte de la Comisión de cada caso de solidaridad. Se examinan todos los documentos disponibles: expediente inicial del Estado miembro y datos adicionales, informes y notas de los servicios nacionales de protección de vegetales, información obtenida en inspecciones en el Estado miembro «víctima». Esta etapa se ha realizado en dieciséis casos, cada uno de los cuales ha desembocado en una «evaluación previa de responsabilidad».

Etapa 2: Basándose en la evaluación previa de responsabilidad, se envía un oficio a los Estados miembros que han recibido o de los que ha partido el envío de material contaminado. Se han enviado ocho de estos oficios a los Estados miembros.

Etapa 3: Respuestas de los Estados miembros a la Comisión. La Comisión ha recibido respuestas a los ocho oficios enviados hasta el momento.

Etapa 4: Realización eventual de evaluaciones in situ por parte de la Comisión cuando se considera incompleta la información recibida. Al igual que en el caso de la solidaridad, se trata de evaluaciones ajenas a las inspecciones de la OAV. Las llevarán a cabo representantes de SANCO E.1 y del servicio de gestión del presupuesto (DG SANCO A.3), ayudados en su caso por representantes de los servicios jurídicos.

Etapa 5: La Comisión y el Comité fitosanitario permanente examinan la información recibida en la cuatro etapas anteriores para cerciorarse de que no existan incumplimientos de la normativa comunitaria o de su incorporación al Derecho nacional y para solucionarlos en caso de haberlos (primer párrafo del apartado 2 del artículo 24 de la Directiva 2000/29/CE). En esta etapa, la Comisión elabora un informe general de determinación previa de responsabilidad que se somete a debate en el Comité fitosanitario permanente.

Etapa 6: Atendiendo a la información disponible, la Comisión determina, bajo su responsabilidad, si algún Estado miembro ha incumplido alguna de las obligaciones que establecen el Tratado y las disposiciones de la Directiva 2000/29/CE (segundo párrafo del apartado 2 del artículo 24 de la Directiva 2000/29/CE). Debe dilucidarse también si el incumplimiento ha sido accidental y ya se ha solucionado o si persiste.

Etapa 7: En su caso, los servicios de la Comisión reclaman el reembolso de las contribuciones financieras de solidaridad ya sea al Estado miembro «víctima», ya al Estado miembro «culpable». Nótese que este procedimiento no obsta para que, en su caso, la Comisión decida incoar un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado.

La Comisión ya ha realizado las etapas 1 a 3 de varios expedientes, y va a continuar y ampliar este trabajo, al que dará carácter prioritario, en el segundo semestre de 2002.

A tenor del trabajo ya realizado, se observa que es difícil determinar con exactitud la responsabilidad de un Estado miembro debido a que suele ser laborioso desentrañar el origen de la aparición de un organismo nocivo, especialmente si no se conoce el origen exacto del material infectado o si el organismo nocivo no sale a la luz hasta varios años después de su introducción.

3. Resumen, conclusiones y sugerencias de la Comisión en relación con la aplicación del apartado 9 del artículo 13 y de los artículos 22 a 24 de la Directiva 2000/29/CE

3.1. Infraestructuras de inspección

El 11 de junio de 2002, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 998/2002, que permitirá financiar la mejora de las infraestructuras fitosanitarias de inspección de los Estados miembros.

Dada la falta de experiencia que se tiene en este campo, es imposible hacer por el momento sugerencias de modificación de la normativa. La Comisión hará una valoración de los primeros resultados de la aplicación de esta medida cuando disponga de ellos.

3.2. Solidaridad

Se había adoptado un reglamento (Reglamento (CE) nº 2051/97) que, tras cuatro años de funcionamiento, ha sido modificado significativamente por el Reglamento (CE) nº 1040/2002, el cual precisa y facilita la presentación de solicitudes por los Estados miembros y mejora los procedimientos de evaluación de ellas.

Se han elaborado varias versiones sucesivas de las directrices sobre presentación de solicitudes y la Comisión seguirá mejorándolas.

Para evitar reclamaciones, en el apartado 1 y en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 2000/29/CE, convendría especificar que la notificación contemplada en el apartado 1 del artículo 23 debe efectuarse por escrito.

Hasta la fecha, los Estados miembros han presentado muy pocos expedientes de lucro cesante y la Comisión dispone de poca experiencia práctica en este aspecto.

Para completar el análisis de los expedientes se realizarán evaluaciones in situ.

3.3. Responsabilidad

Se continuará el trabajo de determinación de la «responsabilidad» iniciado. La Comisión sacará conclusiones de los resultados que se obtengan y presentará las propuestas a que, en su caso, haya lugar.