ES Diario Oficial de la Unión Europea C 57/17

Denuncia CHAP(2012) 1860 — Acuse de recibo e información sobre la propuesta de archivo

2013/C 57/08

La Comisión Europea ha recibido y registrado con la referencia CHAP(2012) 1860 un gran número de denuncias contra una nueva legislación polaca sobre la administración de las explotaciones agrícolas de propiedad estatal, por la que se limita el tamaño de las tierras agrícolas arrendadas a los agricultores y se establece la obligación de que los arrendatarios compren las explotaciones en un plazo determinado.

Habida cuenta del número considerable de denuncias recibidas por sus servicios a este respecto, la Comisión Europea, deseosa de dar una respuesta rápida y mantener informados a los interesados, a la vez que de ahorrar medios administrativos, publica la propuesta de archivar este asunto en el Diario Oficial de la Unión Europea, así como a través de Internet en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_en.htm

Tras examinar las denuncias, los servicios de la Comisión han llegado a la conclusión de que no es posible, en esta fase, determinar una infracción del Derecho de la UE en este asunto.

Las denuncias sugieren que la legislación polaca es contraria a los artículos 15, 17 y 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al artículo 2, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 73/2009.

Por lo que se refiere a la supuesta infracción del artículo 2, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 73/2009, en que se definen los términos «agricultor» y «explotación», no parece que las disposiciones aludidas en la denuncia sean contrarias a dicho artículo, ya que esas definiciones no se refieren al tamaño de las tierras agrícolas por explotación a efectos del cobro de pagos directos. Ese Reglamento no regula las relaciones contractuales entre los arrendatarios y los propietarios de tierras en lo relativo al tamaño de su explotación.

El único requisito referente al tamaño de las tierras agrícolas por explotación a fin de recibir pagos directos figura en el artículo 124, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento, en el que se establece lo siguiente:

«La superficie mínima admisible por explotación será de 0,3 hectáreas. Sin embargo, sobre la base de criterios objetivos y previa aprobación de la Comisión, el nuevo Estado miembro podrá fijar una superficie mínima más elevada, si bien no superior a 1 hectárea.».

De conformidad con el artículo 88 y el anexo VII del Reglamento (CE) no 1121/2009, Polonia ha fijado en una hectárea la superficie mínima admisible por explotación por la que se pueden solicitar pagos. Por consiguiente, los agricultores polacos con explotaciones de una superficie mínima de 1 hectárea tienen derecho a acogerse a pagos en virtud del régimen de pago único por superficie y las medidas nacionales aplicables a los agricultores con explotaciones de más de 300 hectáreas, objeto de la denuncia, no son contrarias a las disposiciones de los Reglamentos (CE) no 73/2009 y (CE) no 1121/2009.

Esta interpretación se formula sin perjuicio de una posible decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, único órgano con atribuciones para pronunciarse de forma jurídicamente vinculante sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la UE.

En lo que respecta a la supuesta infracción del artículo 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, se puede recordar que la Carta no se aplica a toda situación de supuesta violación de derechos fundamentales. Con arreglo a su artículo 51, apartado 1, las disposiciones de la Carta atañen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión Europea. A juzgar por la información proporcionada y a la luz del análisis anterior, no parece que el asunto de las denuncias tenga que ver con la aplicación del Derecho de la Unión Europea.

Además, cabe señalar que el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea dispone que «[l]as disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados» y el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que dicho Tratado se entenderá sin perjuicio de la normativa de los Estados miembros sobre el régimen de la propiedad. Esta última disposición autoriza a los Estados miembros a definir el régimen de la propiedad en su territorio, incluida la limitación de los derechos de los arrendatarios a arrendar o comprar tierras agrícolas, y la Comisión no tiene autoridad para actuar en este ámbito.

Teniendo en cuenta lo expuesto, los servicios de la Comisión propondrán a la Comisión que archive el asunto.

Si los denunciantes consideran que poseen nueva información que pueda llevar a la Comisión a reconsiderar la propuesta de archivo del asunto, deberán presentarla a la Comisión en el plazo de un mes a partir de la publicación del presente anuncio. A falta de cualquier nueva información, la Comisión podrá archivar el asunto.