A4-0320/96

Resolución sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC)

El Parlamento Europeo,

- Vista la Comunicación de la Comisión sobre el desafío mundial del comercio internacional: una estrategia de acceso al mercado para la Unión Europea (COM(96)0053),

- Vista la Comunicación de la Comisión sobre la relación entre el sistema de comercio mundial y las normas laborales reconocidas internacionalmente,

- Vista su Resolución de 15 de diciembre de 1994 sobre la conclusión de la Ronda Uruguay y la futura actividad de la OMC ((DO C 18 de 23.1.1995, pág. 165.)),

- Vista su Resolución de 14 de diciembre de 1995 sobre la Comunicación de la Comisión relativa a un marco regulador para la inversión directa a escala mundial (COM(95)0042 - C4-0118/95) ((DO C 17 de 22.1.1996, pág. 175.)),

- Vista su Resolución de 24 de mayo de 1996 sobre las negociaciones en el marco de la OMC sobre comercio y medio ambiente ((DO C 166 de 10.6.1996, pág. 260.)),

- Vista su dictamen de 6 de junio de 1996 sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración e nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su compentencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones de la OMC sobre servicios financieros y movimiento de personas físicas (COM(96)0154 - C4-0272/96 - 96/0105(CNS)) ((DO C 181 de 24.6.1996, pág. 20.)),

- Vistos los resultados de la audiencia pública de su Comisión de Relaciones Económicas Exteriores del 23 de noviembre de 1995 sobre el futuro del orden comercial mundial,

- Vista la propuesta de resolución presentada por el Sr. De Clercq y otros sobre la OMC - Aspectos institucionales (B4-0170/94),

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor (A4-0320/96),

A. Recordando la creación del GATT que debe contribuir a incrementar el nivel de vida, a garantizar el pleno empleo y a promover el bienestar, y subraya por ello su convencimiento de que el comercio mundial debe contribuir a la creación de puestos de trabajo y no a una competencia ruinosa para los mismos,

B. Consciente que desde la existencia del sistema multilateral de comercio mundial se ha incrementado el volumen del comercio mundial en un grado hasta ahora desconocido y se ha mantenido de manera permanente por encima del incremento de la actividad productiva,

C. Considerando que el crecimiento del comercio mundial sólo ha sido posible gracias a la reducción de las barreras arancelarias así como a la disminución de los obstáculos no arancelarios al comercio tal como se convinieron en las hasta ahora ocho rondas multilaterales de negociaciones del GATT,

D. Considerando que en el incremento del comercio exterior se manifiesta una creciente globalización de los mercados que limita las posibilidades de acción de la política económica nacional y también con vistas a la cooperación en materia de medio ambiente y desarrollo, exige un marco jurídico a escala mundial como la OMC,

E. Consciente que la creciente interrelación de las economías nacionales desde la existencia de un orden comercial mundial como consecuencia de la creación del GATT en 1947 ha contribuido decisivamente al incremento de las rentas y del empleo, primero sobre todo en los Estados industrializados pero en los últimos tiempos cada vez en mayor grado también en los países en desarrollo y en los países de reciente industrialización,

F. Consciente de que la progresiva liberalización económica, en conjunción con la internacionalización de los medios de producción, ha creado nuevos fenómenos que presentan riesgos sociales y nuevos desafíos económicos que también exigen una adecuada inserción en el nuevo orden económico mundial, fenómenos ejemplo la internalización del comercio mundial por parte de las empresas transnacionales (ETN), una mayor tendencia a la concentración empresarial y a la especialización productiva (que puede acarrear fenómenos de cartelización o monopolización del mercado) así como los fenómenos de deslocalización, con sus correspondientes impactos regionales y sociales,

G. Considerando que es sumamente importante que se proceda a una mayor liberalización del comercio mundial, siempre que ésta se efectúe en el marco de una política adecuada en el ámbito del medio ambiente, de la política social y la cooperación al desarrollo,

H. Teniendo en cuenta que el propósito de crear una organización internacional del comercio fracasó al no ratificarse la Carta de La Habana de 1947,

I. Considerando el relevante e importante papel que la UE debe desempeñar en la Conferencia Ministerial de Singapur tanto en la defensa de la introducción de normas sociales y ambientales en el comercio multilateral como por lo que se refiere a apoyar el importante papel que la OIT debe desempeñar en materia de normalización social,

J. Considerando que la OMC debe ser un espacio de control del comercio multilateral y que, por lo tanto, su credibilidad se encuentra directamente vinculada a su capacidad para resolver disputas y conseguir la aceptación de las decisiones tomadas por todos sus miembros, sin excepción,

K. Considerando que el Parlamento Europeo estuvo representado por una delegación en las últimas conferencias ministeriales del GATT y que participará más activamente en las futuras negociaciones y conferencias de la OMC,

L. Considerando la primera Conferencia Ministerial de la OMC convocada para diciembre de 1996 en Singapur,

Con respecto a los aspectos institucionales de la OMC

1. Subraya la importancia de la creación de la OMC para el cumplimiento de las reglas del sistema de comercio multilateral de mercancías y servicios, la puesta en práctica de los resultados de la Ronda Uruguay y el necesario perfeccionamiento del sistema de comercio mundial en vista de los desafíos en materia de política económica del próximo milenio;

2. Subraya la necesidad de imponer a través de una mejor cooperación internacional una reforma de la organización internacional así como de imponer finalmente a través de la mejora de la normativa de la OMC un comercio mundial leal;

3. Acoge con satisfacción el hecho de que con la creación de la OMC se haya llegado a una unificación de los distintos acuerdos y códigos negociados en el marco del GATT que ofrecen un marco jurídico mucho más claro del sistema de comercio mundial para las partes contratantes y el sector económico;

4. Se pronuncia de nuevo en favor de un reforzamiento del sistema de comercio multilateral, basado en reglas jurídicas, que establezca en el comercio internacional, en lugar del derecho del más fuerte que se manifiesta en la mayoría de los casos en las medidas bilaterales o unilaterales en materia de política comercial, el respeto exigible de unas reglas jurídicas adoptadas de común acuerdo;

5. Sugiere que se realice un estudio sobre los temores de que el reforzamiento del sistema del comercio multilateral no tenga suficientemente en cuenta los intereses heterogéneos de los países en desarrollo, así como sus fases de desarrollo cada vez más diferenciadas y estima necesario, en este contexto, una investigación de la situación social en los más de treinta países en desarrollo que se han adherido a la OMC;

6. Pide además el pleno acceso al mercado para los países en desarrollo más pobres sin obligarles a abrir plenamente sus mercados, pero considera sin embargo insuficientes las condiciones del comercio mundial para determinados grupos de países, critica la insuficiencia de las ayudas a los países en desarrollo importadores de productos alimenticios y pide la observancia de los compromisos contraídos en Marrakech;

7. Insta a un tiempo a los países industrializados a que lleven a la práctica de la mejor manera posible las numerosas ayudas a los países en vías de desarrollo recogidas en los distintos acuerdos comerciales, de manera que se fomente el desarrollo económico necesario de los países en vías de desarrollo;

8. Acoge con satisfacción el nuevo procedimiento de arbitraje que contribuye a evitar o superar los conflictos comerciales e insta a la participación de las ONG, los interlocutores sociales y las empresas privadas en el procedimiento de arbitraje con el fin de conseguir una mayor transparencia y seguridad jurídica;

9. Señala su preocupación por la discriminación de los pequeños Estados en los países en desarrollo en lo que atañe al acceso a los grupos de expertos («panels»), como se puso de manifiesto en el primero de estos procedimientos, que tuvo por objeto la demanda de los Estados Unidos y distintos Estados centroamericanos contra la Organización de mercado del plátano en la UE;

10. Pide a todas las partes contratantes que diriman sus conflictos comerciales en el marco del procedimiento de resolución de litigios de la OMC y que respeten a ese respecto las decisiones de los «panels» o de la instancia de apelación adaptando en la forma correspondiente su política comercial;

11. Ve en los procedimientos de resolución de litigios desarrollados hasta ahora ante la OMC unos principios alentadores que reflejan la disposición que muestran en particular los Estados industrializados de reconocer los resultados del sistema de resolución de litigios de la OMC, lo que consolidará la credibilidad internacional de la OMC;

12. Pide a los Estados Unidos, en vista del buen funcionamiento del nuevo procedimiento de resolución de litigios de la OMC que engloba todos los ámbitos de competencias de la OMC, que renuncien de inmediato formalmente a la imposición de las medidas unilaterales en materia de política comercial, sobre la base del artículo 301 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos, que resultan ahora superfluas como consecuencia de ello;

13. Pide en este contexto a la Comisión que haga examinar en el marco de la OMC la nueva legislación en materia de embargo de los Estados Unidos contra Cuba (Ley Helms-Burton) así como contra Irán y Libia (Ley Kennedy-d'Amato), en particular, en lo que respecta a sus repercusiones extraterritoriales, para establecer si es conforme a las disposiciones del GATT;

14. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión en su Comunicación sobre una estrategia de acceso al mercado para la Unión Europea se oriente sobre todo a las concesiones en materia de apertura de los mercados convenidas a nivel multilateral y haga hincapié en sus relaciones bilaterales en la celebración de acuerdos de libre comercio;

15. Apoya a ese respecto el planteamiento coordinado de una estrategia activa de acceso a los mercados para la UE que permita, a través de la agrupación de informaciones procedentes de la economía, en las administraciones nacionales y en los servicios de la Comisión, identificar rápidamente sectores problemáticos para la comercialización de mercancías y servicios procedentes de la UE en mercados de terceros países y adoptar las medidas necesarias llegando incluso a la aplicación del reglamento relativo a las barreras comerciales; subraya no obstante, en este contexto, que la estrategia de apertura de mercados de la UE debe concordar con su política de desarrollo y que, en particular, no debe perjudicar a los intereses de los países en desarrollo más pobres;

16. Subraya que, para su protección, las empresas en la UE deben disponer de una mejor información en lo que se refiere a la aplicación de instrumentos de política comercial contra prácticas comerciales desleales y poco transparentes;

17. Espera que pueda admitirse en un futuro próximo en el seno de la OMC a naciones comerciales importantes como son las Repúblicas de la CEI, China y Taiwán;

18. Subraya que son condiciones previas indispensables para dicha adhesión la creación de un marco de economía de mercado y de un régimen liberal de comercio exterior, la solución de los compromisos de la OMC de conformidad con el nivel de desarrollo económico, así como una oferta equilibrada de posibilidades de acceso al mercado;

19. Constata con pesar, en particular, en lo que se refiere a la solicitud de adhesión de China, que todavía no se cumplen estas condiciones previas;

20. Tiene que constatar que como consecuencia de ello se bloquea la solicitud de Taiwán de adherirse como territorio aduanero independiente a la OMC, aunque Taiwán satisface desde hace tiempo todas las condiciones previas para una adhesión a dicha organización;

21. Desea que la cooperación de la OMC con otras organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se intensifique todavía en mayor medida;

22. Subraya la necesidad de una cooperación monetaria internacional estable siguiendo el modelo de Bretton Woods para el comercio mundial, así como de una mejora en el bienestar y en el empleo, y considera que la Unión Monetaria Europea puede contribuir a un orden monetario estable en el ámbito internacional;

23. Señala, en vista de las competencias ampliadas de la OMC, que la ausencia de un control democrático de los trabajos de la OMC podría llevar a la larga a que surgieran resistencias entre la población de las partes contratantes a la hora de desarrollar el sistema de comercio multilateral y se pronuncia por ello en favor de que el Parlamento Europeo asuma dicho control a nivel de la Unión Europea;

24. Pide, por ello, a las partes contratantes de la OMC que, en el marco de sus disposiciones constitucionales, asocien lo más estrechamente posible a sus Parlamentos a los trabajos de la OMC para hacer que estos resulten, para una amplia opinión pública, transparentes, comprensibles y merecedores de un apoyo mayoritario;

25. Considera necesario y útil asociar en mayor medida que hasta ahora a las organizaciones no gubernamentales a los trabajos de la OMC;

26. Considera, en particular, que un debate público sobre la valoración de la política comercial de las partes contratantes de la OMC en el marco del mecanismo de examen de las políticas comerciales («Trade Policy Review Mechanism»), que debería desarrollarse en el seno de los Parlamentos de las partes contratantes, sería un útil punto de partida para ello;

27. Pide, por ello, a la Comisión y al Consejo que le asocien a través de sus comisiones competentes en la mayor medida posible a los trabajos de la OMC; reconoce expresamente en este contexto los esfuerzos desarrollados por la Comisión para informarle;

28. Pide, en particular, que se le sometan, a su aprobación, mediante el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 228 del Tratado, todos los acuerdos negociados en el marco de la OMC;

29. Considera indispensable que la UE actúe en la OMC de manera unificada y sea representada por la Comisión como negociadora única en todos los ámbitos de competencias de la OMC;

30. Pide a los representantes de los Estados miembros reunidos en la Conferencia Intergubernamental que decidan las modificaciones de las disposiciones de los Tratados, en particular, del artículo 113 del Tratado CE, que resultan necesarias para ello;

31. Ve como un desarrollo consecuente en la perspectiva de la globalización económica y de la realización del mercado interior de la UE que la UE pase a ser a medio plazo la única parte contratante en la OMC en lugar de los Estados miembros de la UE;

32. Subraya la necesidad de facilitar a la OMC los medios financieros y personales que necesita para satisfacer sus misiones claramente más amplias en comparación con las de la Secretaría General del GATT;

Con respecto a la aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay

33. Constata con satisfacción que, en relación con la aplicación de los resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay, no se han producido desde principios de 1995 en los distintos ámbitos dificultades dignas de mención en lo relativo a la observancia de los compromisos contractuales por la UE y las demás partes contratantes;

34. Pide una mejor y más rápida aplicación de las disposiciones comerciales multilaterales acordadas en el marco de la Ronda Uruguay;

35. Reconoce los valiosos trabajos de los comités especializados de la OMC a la hora de supervisar la aplicación de los resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay que posibilitan a todas las partes contratantes de la OMC comprobar, sobre la base de notificaciones mutuas de las medidas de aplicación, la observancia de los compromisos contractuales;

36. Pide a la Comisión que le tenga continuamente al corriente a través de sus comisiones competentes sobre las eventuales dificultades que se presenten en el proceso de aplicación;

37. Pide a la Comisión Europea, a la OCDE y a la OMC que presenten informes relativos a los efectos reales en el bienestar y en el empleo que ha tenido la aplicación de la Ronda Uruguay hasta el 31 de diciembre de 1997;

38. Pide a las partes contratantes de la OMC que examinen, más allá de la aplicación de las reducciones convenidas de los derechos de aduana, la medida en que éstas pueden anticiparse y la medida en que pueden negociarse disminuciones más amplias con objeto de reducir los tipos de derechos de aduana más elevados y de disminuir la escalada en materia de derechos de aduana que dificulta, en particular, la transformación de las materias primas en los países en desarrollo;

39. Señala, no obstante, que cualquier anticipación debe tener en cuenta los procesos de reestructuración en curso y los costes económicos y sociales inherentes a los mismos, debiendo ir precedida de una profunda discusión en el seno de la UE sobre pérdidas y ganancias;

40. Considera necesario un informe de la OMC en el que se evalúen las medidas destinadas a la eliminación progresiva de los obstáculos no arancelarios al comercio, con el fin de poder adoptar medidas destinadas a combatir el uso indebido de estos instrumentos proteccionistas;

41. Expresa su preocupación por la tendencia hacia la aplicación de medidas de legalidad cuestionable como sustitutivos del proteccionismo y subraya que las medidas de protección en materia de política comercial no deben desactivar el mecanismo de los precios;

42. Observa que la aplicación de los resultados de las negociaciones en el sector agrícola no ha supuesto ninguna carga presupuestaria adicional y que los incrementos del precio de los cereales, condicionados por distintas circunstancias, entre las que se cuentan las condiciones meteorológicas y la limitación de la producción en la Unión Europea y en los Estados Unidos, han dado lugar a que, en el primer año de aplicación del Acuerdo del GATT sobre la agricultura, la demanda recursos presupuestarios para el ámbito de la exportación haya sido claramente inferior;

43. Señala como objeto de reflexión que la UE, a través de una mayor utilización de las medidas de apoyo cuyos efectos sobre la producción son neutros, puede seguir desarrollando la Política Agrícola Común sin violar con ello sus compromisos en el marco del GATT;

44. Señala que, debido a la reforma de la política en el sector de los cereales iniciada a comienzos de los años 90, los gastos presupuestarios de la UE se destinan en su mayoría a ayudas compensatorias, limitándose así la posibilidad de nuevas reformas de la política presupuestaria;

45. Pide a la Comisión que vele, a través de la conclusión de la reforma de la PAC, por que la UE no deba una vez más, con ocasión de las nuevas negociaciones en el marco de la OMC previstas para el año 2000, negociar desde una posición defensiva, sino que pueda someter a los interlocutores en la negociación propuestas concretas acordadas previamente en el seno de la UE para una mejora de la división internacional del trabajo en la agricultura, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y ecológicas fundamentales;

46. Opina que la UE, en determinados mercados sectoriales, muy probablemente solo mediante unos esfuerzos considerables podrá cumplir los requisitos del GATT/OMC y por ello será necesaria una reforma de la PAC antes de 1999;

47. Señala, en este contexto, las repercusiones positivas de los acuerdos agrícolas de la OMC para la competitividad internacional de la industria alimentaria de la UE;

48. Solicita a la Comisión que, a la hora de proceder a la ejecución de los compromisos adquiridos por la Unión Europea en el sector agrícola, haga que, con vistas a mantener una participación destacada de la UE en el mercado mundial, se aprovechen al máximo las posibilidades de exportación subvencionada y no subvencionada;

49. Lamenta que las disposiciones vigentes del GATT/OMC no hayan tenido en cuenta los niveles alcanzados en los ámbitos ecológico y social e insta a la Comisión a que desempeñe un papel de fuerza motriz en el debate relativo a la agricultura y el medio ambiente, en particular en el seno del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC, y que defienda los intereses de los agricultores en el marco del debate social;

50. Teme que las disposiciones del GATT/OMC pongan en peligro las normas de la Unión Europea en el ámbito sanitario y fitosanitario y pide a la Comisión que defienda con firmeza las normas de la Unión Europea en el asunto de las hormonas y en todas las cuestiones relativas al código sanitario y fitosanitario;

51. Se congratula de que la Unión Europea quiera adherirse al Codex Alimentarius; considera, no obstante, que la Comisión del Codex Alimentarius, en su forma y composición actuales, no constituye un marco adecuado para ser reconocida como una organización que establece normas;

52. Estima que, en varios sectores, las normas del Codex Alimentarius no deben considerarse adecuadas para la Unión Europea y que ésta debe reservarse expresamente el derecho de aplicar normas más severas;

53. Pide a la Comisión que lleve a cabo, en previsión de las negociaciones, un estudio sobre el nivel de las ayudas a la agricultura concedidas en los distintos países miembros de la OMC, a cuyo efecto puede servir de base la comparación de la OCDE relativa al nivel de las subvenciones;

54. Considera indispensable que la Comisión defina rápidamente un enfoque estratégico con vistas a la próxima serie de negociaciones prevista para 1999;

55. Toma conocimiento de que los Estados importadores de productos textiles y de vestir sólo han liberalizado casi exclusivamente, en el marco de la aplicación de la primera fase del acuerdo sobre la reintegración de este sector en las reglas del GATT, la importación de productos de escaso interés para los países exportadores de productos textiles;

56. Subraya la necesidad, también en el ámbito del comercio de productos textiles, de proseguir, según los plazos y previsiones, con las medidas de liberalización prometidas en el marco de la disminución de los derechos de aduana y las obligaciones de apertura del mercado; hace hincapié en que, para ello, no han de dejarse para el final las medidas más importantes de liberalización si se quieren escalonar debidamente en el tiempo los costes de adaptación en toda la industria textil europea;

57. Señala las grandes cargas en materia de adaptación que pesarán también sobre la industria europea del textil si la mayor parte de la liberalización se concentra en la aplicación de la última fase que está prevista para el año 2005;

58. Se pronuncia, por ello, en relación con la aplicación de las medidas de liberalización en el comercio textil, en favor de una mezcla equilibrada de productos que tome en consideración en igual medida los intereses de los países importadores y exportadores y subraye así la credibilidad de los compromisos de los países importadores;

59. Se remite, por lo demás, a un informe separado sobre las repercusiones de la Ronda Uruguay en la industria textil de la UE;

60. Solicita que se inicien negociaciones sobre la armonización de las normas preferenciales de origen;

61. Subraya que con la aplicación de los acuerdos sobre el comercio de servicios (GATS) así como sobre la protección de la propiedad intelectual (TRIPS) se ofrecen a las empresas de la UE en terceros mercados unas condiciones comparables a las que ya disfrutan las empresas extranjeras desde la realización del mercado interior en la UE;

62. Pide nuevas reglas y sanciones para proteger la propiedad intelectual, pues, en la era de la globalización y de las tecnologías de la información, la competitividad de las empresas y de las economías nacionales depende de los conocimientos y de las capacidades de las personas;

63. Señala la dificultad de la apertura de los mercados de prestación de servicios, pero al mismo tiempo insta a la UE a que trate de conseguir en el comercio mundial, también con respecto a los países de reciente industrialización, progresos en la liberalización de los servicios similares a los que fueron posibles en el mercado interior; subraya la importancia para la UE del comercio en el sector de los servicios, lamenta los progresos insuficientes realizados en el marco del GATT, y pide que se lleve a cabo plenamente la liberalización aún incompleta del mercado de los servicios y se imponga como regla el trato nacional;

64. Pide a la Conferencia Ministerial de la OMC que examine la medida en que podrían reducirse los plazos considerablemente largos establecidos para la aplicación de los compromisos de los acuerdos GATS y TRIPS;

Ámbitos objeto de las negociaciones todavía no cerrados

65. Acoge con satisfacción la celebración del acuerdo interino sobre los servicios financieros, pero lamenta al mismo tiempo que los Estados Unidos no se hayan considerado en condiciones de adherirse a este acuerdo a pesar de las mejores ofertas en materia de apertura de los mercados hechas por importantes partes contratantes;

66. Pide a las partes contratantes de la OMC que, una vez haya expirado el acuerdo interino plurilateral a finales de 1997, establezcan a través de unas mejores ofertas en materia de apertura de los mercados las bases para la celebración de un acuerdo multilateral con la participación de todas las partes contratantes;

67. Expresa su preocupación por que no hayan podido concluirse en el plazo establecido las negociaciones sobre los servicios básicos de telecomunicaciones y sobre el transporte marítimo, lo que en parte debe achacarse a la posición inflexible de los Estados Unidos;

68. Pide a la Conferencia Ministerial de la OMC que establezca las condiciones previas para una conclusión con éxito de las negociaciones relativas a la liberalización de los mercados de las telecomunicaciones, como estaba previsto, antes de febrero de 1997; subraya, sin embargo, a ese respecto la necesidad de mantener la cultura de todos los pueblos y de configurar de manera democrática y socialmente compatible la sociedad de la información y de la comunicación en el marco de un código internacional de conducta;

69. Pide que, en el contexto de la liberalización de los mercados de telecomunicaciones, no se abandone el concepto de servicio de utilidad pública, de forma tal que no se perjudique o discrimine a consumidores potenciales;

70. Expresa su decepción por los fracasos provisionales registrados en las negociaciones relativas a la liberalización de los mercados del transporte marítimo que deberían haber concluido en julio de 1996; hace un llamamiento a las partes contratantes para que reanuden lo más rápidamente posible las negociaciones y no las aplacen hasta el año 2000;

Con respecto a los nuevos ámbitos de la OMC

71. Hace un llamamiento a las partes contratantes reunidas en Singapur para que adopten un programa de trabajo con vistas a la preparación de las negociaciones previstas para el año 2000, en particular, en los ámbitos del comercio agrícola y del comercio de servicios para que éstas puedan prepararse de la mejor manera posible;

72. Subraya la necesidad de que la OMC relacione por fin las cuestiones comerciales con las cuestiones medioambientales, sociales, culturales, de protección del consumidor y de protección de los animales con el objetivo de llegar a un equilibrio de intereses e insiste en que las decisiones de la OMC no deberían en ningún caso amenazar las normas internacionales o de la UE ya existentes;

73. Toma conocimiento de las propuestas del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC presentadas por dicho Comité a la Conferencia Ministerial; lamenta, a ese respecto, que el Comité no haya podido llegar a resultados concretos en la totalidad de los diez ámbitos;

74. Hace por ello un llamamiento a la Conferencia Ministerial de la OMC para que dé directrices claras a los negociadores, en particular, en los ámbitos de las relaciones entre la política medioambiental y la política comercial así como de las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, que les posibiliten llegar lo antes posible a resultados concretos en las negociaciones;

75. Hace suya con firmeza la opinión de que el precio de los bienes y servicios no refleja plenamente los costes medioambientales que aquellos conllevan. Señala además que los mecanismos actuales del comercio internacional no tienen suficientemente en cuenta este problema ni la cuestión relativa a la deficiente información que se ofrece al consumidor acerca del impacto medioambiental de sus actos;

76. Está profundamente convencido de que las consideraciones medioambientales deben afectar a la totalidad de las cuestiones que abarca la OMC, a saber: no sólo a las normas y disciplinas generales establecidas por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Acuerdo General sobre el Comercio y los Servicios (GATS) y los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPS), sino también a la normativa específica en materia de subvenciones agrarias, normas sanitarias y fitosanitarias (SPS), obstáculos técnicos al comercio (TBT), código de subvenciones y resolución de conflictos;

77. Insta a que se garantice asimismo la compatibilidad con el medio ambiente del comercio mundial mediante el establecimiento de impuestos al transporte de mercancías de los países industrializados y de reciente industrialización, que cumplan el principio de que quien contamina paga y que hagan frente a los costes externos que hasta la fecha corren a cargo de la totalidad de la población;

78. Condena las distorsiones de la competencia producidas por el dumping social y medioambiental, y pide que se limite este dumping modificando el artículo XX de la normativa de la OMC para introducir cláusulas medioambientales y sociales, de manera que sea posible establecer un mínimo de restricciones a la importación en caso de incumplimiento de las normas básicas de la Organización Internacional del Trabajo tales como la prohibición del trabajo infantil, el trabajo forzado, la libertad de asociación así como los convenios medioambientales internacionales; subraya, no obstante, la posibilidad de fomentar un comercio social y compatible con el medio ambiente mediante medidas positivas relacionadas con la etiqueta social y medioambiental;

79. Se pronuncia en favor de una revisión del artículo XX del GATT en el sentido de que se posibilite a las partes contratantes de la OMC adoptar medidas de restricción del comercio sobre la base de acuerdos medioambientales multilaterales contra los productos así como contra los procedimientos de fabricación que tengan repercusiones globales sobre el medio ambiente;

80. Se remite, por lo demás, a su Resolución de ... de noviembre de 1996 sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre comercio y medio ambiente (COM(96)0054 - C4-0158/96)

((Parte II, punto , del Acta de esa fecha))81. Considera indispensable iniciar una política social mundial en un momento en que, bajo el signo de la globalización, la economía ha adquirido la primacía sobre la política y en el que los intereses económicos dominan a los intereses sociales e insta a que el debate sobre las normas sociales mínimas se incluya como componente del orden comercial mundial en el orden del día de la Conferencia Ministerial de la OMC;

82. Se pronuncia, a ese respecto, en favor de la creación de un «Comité de Comercio, derechos humanos de carácter social y normas sociales mínimas» que, en estrecha cooperación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presente propuestas relativas a normas sociales mínimas de obligado cumplimiento a nivel mundial que permitan alcanzar decisiones concretas en el marco de la segunda Conferencia de Ministros de la OMC;

83. Sugiere, a ese respecto, que se tomen como punto de partida para un debate de esta naturaleza en cuanto a normas sociales mínimas la libre actuación de los sindicatos, incluida la posibilidad de celebrar convenios salariales colectivos, la prohibición de los trabajos forzosos, el trabajo infantil o el realizado en condiciones degradantes y la discriminación sexual (en la medida en que las mujeres son muchas veces objeto de explotación en las industrias exportadoras);

84. Es consciente de que el trabajo infantil, en particular, en el marco familiar, está condicionado por la pobreza en los países en desarrollo, por lo que se pronuncia sobre todo contra el trabajo forzoso de los niños organizado a escala industrial;

85. Hace un llamamiento a los Estados industrializados de la OMC para que mediante programas de lucha contra la pobreza, mejora de los sistemas sociales y de escolarización y medidas de educación contribuyan a sentar las bases para la eliminación del trabajo infantil;

86. Subraya que las cláusulas sociales de la OMC no deben ser utilizadas indebidamente bajo ningún concepto para desarrollar una política proteccionista ni tampoco deben impedir a las economías en desarrollo y en fase de transición aprovechar sus ventajas comparativas en materia de costes;

87. Considera indispensable para el éxito de la preparación de la Conferencia de Ministros de la OMC en Singapur que la Comisión celebre consultas periódicas con los interlocutores sociales y el ponente o ponentes de las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo; pide, además, a la Comisión que incluya a diputados al Parlamento Europeo en su delegación ante la Conferencia Ministerial de la OMC que se celebrará en Singapur;

88. Hace un llamamiento a la Conferencia Ministerial de la OMC para que prepare unas negociaciones con vistas a incluir en el orden comercial mundial reglas para la liberalización de las inversiones directas internacionales, debiendo estar basadas dichas reglas en los principios de la transparencia, el régimen de la nación más favorecida y la no discriminación y pudiéndose orientar las mismas en los trabajos preparatorios realizados en el marco de la OCDE;

89. Considera necesaria la inclusión de tales reglas pues, en la perspectiva de la globalización de la actividad económica, se requieren cada vez más inversiones directas internacionales para asegurar las posibilidades de comercialización en terceros mercados;

90. Hace hincapié en el hecho de que la liberalización del comercio y de la inversión conducirá a una mayor transferencia de tecnología con las consiguientes repercusiones en el crecimiento y el empleo, y solicita por tanto que se prosiga la liberalización de las inversiones ya comenzada en la OMC;

91. Considera necesaria, como complemento de la liberalización de las inversiones directas, la creación de un marco jurídico multilateral complementario para que no se llegue a una orientación errónea de los flujos internacionales de inversión que conduzca al dumping social o medioambiental y subraya que una liberalización amplia de los flujos de inversión hace que resulte cada vez más urgente la armonización multilateral de otras condiciones marco, en particular, en el ámbito de las disposiciones sociales y medioambientales;

92. Expresa su preocupación por la posición dominante cada vez más acusada de las cien mayores empresas transnacionales que, utilizando su poderío económico, aprovechan las rivalidades de los Estados en cuanto competidores en la lucha por conseguir que se establezcan en ellos y en esta medida pueden imponer decisiones comerciales y en materia de inversión sin tomar en consideración el empleo, las concepciones relativas al Estado social y al medio ambiente, trastocando el comercio mundial libre y leal y los objetivos del GATT y de la OMC;

93. Se declara, en este contexto, favorable a la elaboración de un «Código de Conducta» para empresas transnacionales que se rija por unos trabajos previos de las Naciones Unidas y la OCDE y cuyo cumplimiento se verifique con ayuda de un informe anual;

94. Señala que, en el marco de la liberalización de los flujos de inversión, resulta cada vez más urgente armonizar las disposiciones de la política de competencia a escala multilateral entre los principales socios comerciales;

95. Considera por ello deseable que se incluya en el programa de trabajo de la OMC, que debe decidir la Conferencia Ministerial, la preparación de negociaciones con vistas a la inclusión de regulaciones internacionales en materia de política de competencia;

96. Considera necesario complementar en este sentido el orden comercial mundial, pues, como consecuencia de la actuación contraria a la competencia de empresas privadas, podrían neutralizarse las ofertas de apertura de los mercados negociadas entre las partes contratantes de la OMC si ello no se impide a través de una política eficaz en materia de competencia;

97. Insiste en el establecimiento de un ordenamiento internacional de la competencia que incluya normas mínimas de política de competencia para el comercio entre empresas, así como procedimientos de índole judicial; insiste asimismo en que se prohíban los carteles de precios y territorios, se establezcan controles sobre las fusiones transfronterizas y un código para las subvenciones estatales;

98. Recomienda ponerse de acuerdo primero sobre la fijación de algunos principios básicos esenciales que debería seguir la política de competencia de los Estados miembros de la OMC, principios que deberían referirse tanto al abuso de las posiciones dominantes del mercado y de los acuerdos transfronterizos contrarios a la competencia (carteles) como también a la disciplina aplicable a las ayudas estatales;

99. Considera que, junto al planteamiento multilateral, los acuerdos bilaterales de cooperación entre partes contratantes concretas de la OMC constituyen un útil complemento;

100. Se remite, por lo demás, a su Resolución de 14 de noviembre de 1996 sobre el informe de grupo de expertos relativo a la política de competencia en el nuevo orden comercial: fortalecimiento de la cooperación y de las normas internacionales (COM(95)0359 - C4-0352/95) ((Parte II, punto 3 a) del Acta de esa fecha));

101. Toma conocimiento de los esfuerzos a escala mundial por crear espacios de integración económica regional y no ve en estos procesos, en la medida en que sigan el modelo de una integración abierta, ninguna contradicción con el orden comercial mundial multilateral, sino más bien los embriones de un mercado interior global que constituye el objetivo a largo plazo del proceso de liberalización en el marco del GATT y de la OMC;

102. Sugiere que se incluya en el programa de trabajo de la OMC la especificación de los procedimientos de evaluación de las uniones aduaneras y de las zonas de libre comercio de conformidad con el artículo XXIV del GATT con objeto de conseguir unos criterios más claros para evaluar la conformidad con el GATT de las distintas agrupaciones económicas;

103. Encarga a su delegación en la Conferencia Ministerial de Singapur que defienda las posiciones contenidas en la presente resolución ante las demás partes contratantes de la OMC; considera que dichas posiciones deben ser defendidas por su delegación en la reunión especial del Consejo de la UE que se celebrará en Singapur el 10 de diciembre de 1996 y que, con dicho motivo, de conformidad con el artículo J.7 del Tratado UE, debe informarse a la delegación de las posiciones comunes aprobadas por el Consejo sobre los textos que se remitirán para aprobación a la Conferencia;

104. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y a las partes contratantes reunidas en el marco de la Conferencia Ministerial de la OMC de diciembre de 1996 en Singapur.