COMISIÓN EUROPEA Bruselas,7.3.2018 SWD(2018) 207 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre España 2018,

con un examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO Y AL EUROGRUPO Semestre Europeo 2018: Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011 {COM(2018) 120 final}



ÍNDICE Resumen 1.Situación y perspectivas económicas 2.Avances en la aplicación de las recomendaciones específicas por país 3.Síntesis de los principales resultados del examen exhaustivo realizado en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico 4.Prioridades de reforma 4.1.Hacienda pública y fiscalidad 4.2.Endeudamiento del sector financiero y del sector privado 4.3.Políticas de mercado de trabajo, educativas y sociales 4.4. Inversión 4.5.Administración Pública 4.6. Políticas sectoriales Anexo A: Cuadro general Anexo B: Cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrio macroeconómico Anexo C: Cuadros normalizados Referencias



LISTA DE CUADROS Cuadro 1.1:Indicadores económicos y financieros clave: España

Cuadro 2.1:Evaluación general de los avances en la aplicación de las REP de 2017 Cuadro 3.1:Análisis de sensibilidad (balanza por cuenta corriente y posición de inversión internacional neta) Cuadro 3.2:Matriz del PDM Cuadro 4.2.1:Indicadores de solvencia financiera (todos los bancos). Cuadro B.1:Cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrio macroeconómico para España (IMA 2018) Cuadro C.1:Indicadores del mercado financiero Cuadro C.2:Principales indicadores sociales Cuadro C.3:Indicadores del mercado de trabajo e indicadores educativos Cuadro C.4:Indicadores de inclusión social y sanitarios Cuadro C.5:Indicadores de resultados y de regulación del mercado de productos Cuadro C.6:Crecimiento ecológico LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 1.1: Composición del crecimiento del PIB Gráfico 1.2: Contribuciones al potencial de crecimiento Gráfico 1.3: Capacidad o necesidad neta de financiación por sector Gráfico 1.4: Análisis de los costes laborales unitarios (CLU) Gráfico 1.5: Actividad, desempleo, desempleo de larga duración, desempleo juvenil, ninis Gráfico 1.6.1.a: Diferencias regionales en el PIB per cápita1 Gráfico 1.6.1.b: Factores determinantes de las diferencias regionales en el PIB per cápita2

Gráfico 1.6.2: España: Desglose de las diferencias regionales en PIB per cápita (índice de Theil) Gráfico 1.6.3: PIB per cápita y productividad total de los factores, tasas de actividad y de desempleo de las regiones de nivel NUTS-2 de DE, ES, IT, FR y NL. Datos de 20141, 2 Gráfico 2.1: Aplicación plurianual general de las REP 2011-2017 a febrero de 2018 Gráfico 3.1: Balanza por cuenta corriente y posición de inversión internacional neta Gráfico 3.2: Análisis de la tasa de variación de la PIIN: España Gráfico 3.3: Pasivos exteriores por sector-tipo de activos financieros: variación 2013-2017 Gráfico 4.1.3: Ingresos de las administraciones públicas por categoría Gráfico 4.1.4: Porcentaje de comunidades autónomas que cumplieron las normas presupuestarias durante el período 2013-2016, por PIB per cápita y por año (100 % = 17 comunidades autónomas) Gráfico 4.1.5: Mejora del saldo presupuestario de las administraciones autonómicas y locales, por componentes Gráfico 4.2.1: Fuentes de financiación de la economía española Gráfico 4.2.2: Préstamos al sector privado Gráfico 4.2.3: Composición de la deuda (ES) Gráfico 4.2.4: Desglose de las variaciones interanuales de las ratios deuda/PIB de los hogares (SEC 2010), España Gráfico 4.2.5: Brecha respecto de los parámetros prudenciales y basados en fundamentos (hogares y sociedades no financieras) Gráfico 4.2.6: Desglose de las variaciones interanuales de las ratios deuda/PIB, datos trimestrales no consolidados, sociedades no financieras (SEC 2010), ES Gráfico 4.3.2: Grado de respuesta de los salarios al desempleo, por comunidades autónomas Gráfico 4.3.3: Grado de respuesta de los salarios a la evolución de la productividad y a los cambios en el desempleo en las comunidades autónomas, por sectores (2012-2016) Gráfico 4.3.4: Tipos de empleo Gráfico 4.3.5: Características del empleo temporal Gráfico 4.3.6: Proporción de contratos temporales respecto del empleo total por sectores, ES frente a UE

Gráfico 4.3.7: Riesgo de pobreza y exclusión social y sus subcomponentes Gráfico 4.3.8: Brecha en la tasa de riesgo de pobreza Gráfico 4.3.9: Pobreza en situación de empleo por tipo de empleo Gráfico 4.4.1: Variación de la balanza comercial de bienes y servicios: contribución de las exportaciones y las importaciones Gráfico 4.4.2: Contenido de insumos importados de los componentes del PIB en España Gráfico 4.4.3: Costes laborales unitarios por sector Gráfico 4.4.7.a: Principales factores determinantes de la evolución de las exportaciones y las importaciones españolas(1) Gráfico 4.4.7.b: Elasticidades a largo plazo de las importaciones (2) Gráfico 4.4.4: Brecha de productividad de España frente a la media de Alemania, Francia e Italia, 2010, EUR/hora Gráfico 4.4.8.1: Variación de la participación en el VAB (1.a) y exportaciones como % de la producción bruta (1.b) por sector Gráfico 4.4.8.2: Variación del empleo en ETC (2.a) y variación de la productividad (2.b), por sector Gráfico 4.4.8.3: Variación de la participación en el empleo y productividad (3.a) y productividad y reasignación sectorial (3.b) Gráfico 4.4.5: Distribución del crecimiento de la productividad laboral en España (valor añadido real por empleado) Gráfico 4.4.6: Previsiones de la intensidad del gasto en I+D, 2000-2020 LISTA DE RECUADROS Recuadro 1.6: España: diferencias regionales en PIB per cápita Recuadro 2.2: Resultados tangibles alcanzados mediante el apoyo de la UE a los cambios estructurales en España Recuadro 3.4.1: Efectos indirectos sobre la zona del euro

Recuadro 4.1.1: Previsiones sobre la deuda de las administraciones públicas a medio plazo Recuadro 4.1.2: El sistema de pensiones español: reformas y retos Recuadro 4.3.1: Seguimiento de los resultados a la luz del pilar europeo de derechos sociales Recuadro 4.4.7: Evaluación de los cambios estructurales en las exportaciones y las importaciones españolas de bienes y servicios: elasticidad a la demanda y a la competitividad a largo plazo Recuadro 4.4.8: Reequilibrio sectorial en España Recuadro 4.4.9: Retos y reformas en materia de inversiones en España Recuadro 4.6.1: Puntos destacados de las políticas Resumen La continuada y sólida recuperación de España representa una oportunidad para revitalizar el impulso de reforma y completar los logros anteriores. En 2017, la actividad económica y el empleo crecieron de nuevo con fuerza y continuaron corrigiéndose los desequilibrios. Sin embargo, la productividad está aumentando lentamente debido a la reducida capacidad de innovación y a la escasa inversión en conocimiento y cualificaciones, y existe el riesgo de que la fuerte segmentación del mercado de trabajo y los resultados dispares de la política social consoliden la elevada desigualdad de ingresos. La respuesta a estos retos y la garantía de la plena aplicación de las reformas iniciadas, como en la regulación de los mercados de productos, podrían reducir el riesgo de ralentización si la coyuntura económica externa y las condiciones financieras se vuelven menos favorables (). La economía española ha continuado creciendo por encima de las previsiones y de la media de la zona del euro en 2017. En su cuarto año de expansión, el PIB real español ha superado el máximo alcanzado antes de la crisis, en 2008. El crecimiento económico se ha visto impulsado por la demanda interna, y especialmente por el consumo privado, respaldados por la elevada creación de empleo. La inversión, especialmente en bienes de equipo, también aumentó con fuerza. Las exportaciones consolidaron su contribución positiva al crecimiento, apoyadas por una creciente internacionalización de las empresas españolas y mayores mejoras de la competitividad de costes. En general, el crecimiento de la actividad económica prosiguió con arreglo a un patrón más equilibrado que antes de la crisis. Se espera que el crecimiento se desacelere, pero siga siendo sólido. Las ambiciosas reformas estructurales acometidas tras la crisis sentaron las bases de esta fuerte recuperación. Sin embargo, se prevé que se atenúen paulatinamente otros factores favorables, en concreto los bajos precios del petróleo y el estímulo que representaron los recortes tributarios y la mejora de las condiciones de financiación. Se prevé por tanto que el consumo privado se modere, pero que siga siendo un sólido factor impulsor del crecimiento. El crecimiento de la inversión solo disminuiría ligeramente. El proceso de reequilibrio económico ha continuado, pero los altos niveles de deuda y de desempleo todavía representan factores de vulnerabilidad. La deuda exterior sigue siendo muy elevada, a pesar de su reducción constante impulsada por un superávit por cuenta corriente sostenido. También ha continuado la reducción de la deuda del sector privado, que tan solo se ha visto ralentizada por la concesión de nuevos créditos, que finalmente está empezando a aumentar de nuevo. Hasta ahora, la ratio de deuda pública ha disminuido lentamente, lo que mantiene los riesgos de sostenibilidad a medio plazo en niveles elevados. La tasa de desempleo ha continuado disminuyendo con rapidez, pero sigue siendo una de las tasas más elevadas de la UE. España es una fuente potencial de efectos indirectos para los otros países de la zona del euro. Las simulaciones muestran que una aplicación decidida de las reformas del mercado de productos en España tendría un efecto limitado pero positivo en el crecimiento de otros países de la zona del euro. En términos generales, España ha realizado avances limitados en el seguimiento de las recomendaciones específicas por país (REP) de 2017. España ha realizado algunos avances en la reforma de la contratación pública, avances limitados en el refuerzo del marco presupuestario y algunos avances en la realización de una revisión exhaustiva del gasto. Se han logrado algunos avances en el refuerzo de la coordinación entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales. Se han producido avances limitados en el fomento de la contratación indefinida, en la lucha contra las disparidades en los sistemas de renta mínima garantizada y en la mejora de las ayudas familiares, así como en la mejora de la adecuación de la enseñanza superior al mercado de trabajo y en la reducción de disparidades regionales en los resultados educativos. Por último, España ha realizado avances limitados en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado y en la inversión en investigación e innovación y en su gobernanza, aunque se produjo cierta mejora en este ámbito. En lo que respecta a los avances realizados en la consecución de los objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020, España está obteniendo buenos resultados en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y está en el camino adecuado para alcanzar sus objetivos de eficiencia energética y energías renovables. La tasa de estudiantes de educación superior se sitúa en niveles próximos al objetivo. Aunque las diferencias siguen siendo considerables en lo relativo a la tasa de empleo y el abandono escolar prematuro, volvieron a reducirse de manera sustancial. En cambio, hubo pocos avances en lo que se refiere al logro de los objetivos para la inversión en I+D y la reducción del riesgo de pobreza. España se enfrenta a una serie de retos en relación con los indicadores del cuadro de indicadores sociales que sustentan el pilar europeo de derechos sociales. Mientras los esfuerzos realizados por promover la creación de empleo empiezan a dar fruto, la creación de empleo indefinido está aumentando lentamente en lo que se refiere a su prevalencia, pero la utilización de contratos temporales sigue siendo una práctica muy extendida. La desigualdad de ingresos se estabilizó, pero sigue siendo relativamente elevada. El abandono escolar prematuro sigue mejorando, pero, junto con el alto riesgo de pobreza entre los niños, lastra la igualdad de oportunidades. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social y el de jóvenes que ni trabajan ni siguen estudios ni formación están disminuyendo, pero hacen necesario un estrecho seguimiento. La repercusión de las transferencias sociales (distintas de las pensiones) en la reducción de la pobreza es reducida. Las principales conclusiones del examen exhaustivo contenido en el presente informe y los retos que de ellas se derivan son los siguientes: ·España no se enfrenta a riesgos inmediatos de tensiones presupuestarias, pero los riesgos para la sostenibilidad a medio plazo siguen siendo elevados. La ratio de deuda de las Administraciones Públicas sigue siendo elevada. Se prevé que su reducción se acelere ligeramente en 2018-2019, entre otras cosas gracias al fuerte crecimiento del PIB nominal, pero se espera que la ratio de deuda se mantenga en torno al 95 % del PIB a medio plazo. El ahorro previsto en los gastos relacionados con el envejecimiento de la población atenúan los riesgos en materia de sostenibilidad presupuestaria. La eficiencia de algunas partidas de gasto podrá mejorar al hilo de la revisión del gasto recién iniciada y de la aplicación de una nueva Ley de Contratos del Sector Público.

·La deuda privada ha continuado disminuyendo, pero determinados grupos de empresas y hogares siguen estando muy endeudados. La deuda privada, tanto de las empresas como de los hogares, ha continuado disminuyendo en términos generales. El crecimiento del PIB nominal propicia cada vez en mayor medida la reducción de la ratio de deuda, lo que permitió que en 2017 repuntasen los flujos de crédito a los hogares y a las empresas, especialmente a las pymes. El nivel de endeudamiento aún elevado de algunos hogares y sociedades no financieras, en particular de los hogares con ingresos reducidos y en los que ninguno de sus miembros trabaja y de las sociedades del sector de la construcción e inmobiliario, reduce su capacidad de hacer frente a posibles perturbaciones. ·Las mejoras estructurales en los resultados comerciales sustentan la reducción paulatina de los pasivos exteriores de España. La creciente diversificación geográfica de las exportaciones y el aumento del número de empresas que exportan habitualmente han dado lugar a aumentos de las cuotas de mercado de las exportaciones, lo que indica un cambio estructural en el comportamiento de las exportaciones españolas. Además, la dependencia cada vez mayor de la economía de los bienes producidos en el propio país ha limitado el crecimiento de las importaciones. Como consecuencia de ello, en 2017 la balanza por cuenta corriente registró un superávit por quinto año consecutivo. Los superávits por cuenta corriente deberán mantenerse durante un período de tiempo prolongado a fin de reducir de forma determinante los pasivos exteriores, aún muy elevados. ·El empleo continuó creciendo a un ritmo vigoroso y el desempleo continuó reduciéndose rápidamente, pero sigue siendo muy elevado. La fortaleza de la recuperación del mercado de trabajo se debe, en parte, al efecto de las reformas y de la moderación salarial. Ambos factores han contribuido a aumentar la capacidad de reacción del empleo al crecimiento económico. Sin embargo, la tasa de desempleo sigue siendo una de las más elevadas de la UE, especialmente en el caso de los jóvenes, lo que implica un considerable potencial de competencias sin explotar. Casi la mitad de los desempleados no han tenido ningún trabajo durante más de un año. España está reforzando las políticas de activación dirigidas a los desempleados de larga duración, los jóvenes y los trabajadores de más edad. Sin embargo, su eficacia depende en gran medida de la capacidad de los servicios públicos autonómicos de empleo y de su coordinación con los empresarios y los servicios sociales, que apenas están mejorando lentamente. ·La productividad ha aumentado en algunos sectores, pero la debilidad de la innovación y la inversión refuerza la brecha de productividad entre quienes logran los mejores y los peores resultados. Desde que comenzó la recuperación, la productividad ha crecido más en los sectores de los bienes y servicios exportables que en los de los bienes y servicios no exportables. En algunos de los sectores de bienes y servicios exportables (en los que España tiene cierta ventaja competitiva), el crecimiento de la productividad fue mayor que en otros grandes países de la zona del euro. Sin embargo, la evolución de la productividad de las distintas empresas dentro de cada sector es muy heterogénea, lo que puede explicarse en parte por deficiencias en la capacidad de innovación y, en menor medida, la inversión en capital intelectual. Otras cuestiones estructurales clave analizadas en el presente informe, que apuntan a desafíos concretos a los que se enfrenta la economía española, son las siguientes: ·Los bancos españoles continuaron su proceso de estabilización y el acceso a la financiación ha mejorado. El sistema bancario en su conjunto cumple holgadamente los requisitos reglamentarios de capital y los préstamos dudosos se han reducido aún más. La resolución con éxito de un banco en junio de 2017 contribuyó a reforzar la estabilidad del sector financiero. Las políticas de apoyo a la financiación mediante recursos propios están resultando eficaces. ·El uso generalizado de contratos temporales afecta negativamente al crecimiento de la productividad y a la desigualdad de ingresos. Mientras que los contratos indefinidos van en aumento en el empleo de nueva creación, el porcentaje de empleados con contratos temporales sigue siendo elevado. Los trabajadores jóvenes y poco cualificados son los más afectados por el empleo temporal, que a menudo no desemboca en una contratación indefinida. Esta perspectiva reduce los incentivos para que los trabajadores y los empleadores inviertan en capacitación y formación permanente, menoscabando la formación de capital humano, lo que a su vez impide un crecimiento más rápido de la productividad. Por otra parte, los trabajadores temporales están expuestos a un mayor riesgo de pobreza y suelen generar menos derechos a prestaciones sociales. España está combatiendo la utilización abusiva de la contratación temporal de forma cada vez más satisfactoria, y tiene intención de aumentar la proporción de puestos permanentes en la Administración Pública. No obstante, los incentivos para fomentar la contratación indefinida en el sector privado han tenido hasta ahora efectos reducidos. ·La inadecuación de las cualificaciones y las carencias en los resultados educativos también lastran el crecimiento de la productividad. Los titulados superiores tienen dificultades a la hora de encontrar empleos adecuados, y tanto la sobrecualificación como la infracualificación son habituales en España. Si bien disminuye, el índice de abandono escolar prematuro sigue siendo uno de los más elevados de la UE y los resultados educativos siguen variando considerablemente de una comunidad a otra. Un elevado porcentaje de los profesores es contratado con contratos temporales. La enseñanza y la adquisición de competencias digitales suponen un desafío que se ha empezado a abordar mediante iniciativas recientes. ·La situación social continuó mejorando con el crecimiento económico y del empleo, pero la desigualdad de ingresos y la proporción de la población en riesgo de pobreza siguen siendo elevadas. La situación laboral de los miembros del hogar desempeña un papel importante en este contexto. En 2016, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social disminuyó ligeramente, de nuevo, pero sigue siendo elevado, especialmente en el caso de los hogares en los que todos sus miembros están desempleados o en los que trabaja tan solo uno de ellos, así como en el caso de los niños. Además, las políticas familiares y las prestaciones sociales, especialmente los sistemas de renta mínima garantizada, adolecen de disparidades en la cobertura y de baja eficacia. Los altos niveles de desigualdad de ingresos, el abandono escolar prematuro y la pobreza infantil pueden incidir negativamente en la igualdad de oportunidades. ·Si bien se produjeron avances en la contratación pública y la lucha contra la corrupción, los avances para mejorar el entorno empresarial se han ralentizado. La Ley de garantía de la unidad de mercado, respecto de la cual el Tribunal Constitucional dictó varias sentencias en 2017, todavía no se ha aplicado plenamente. Las disparidades y restricciones normativas provocan que los márgenes sean elevados, que la movilidad geográfica de las empresas y de los trabajadores sea baja y que el crecimiento de la productividad sea reducido. Por el contrario, la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en caso de aplicarse adecuadamente, puede mejorar la eficiencia y la transparencia de la contratación pública. La eficiencia del sistema judicial está aumentando y la aplicación de preceptos de lucha contra la corrupción está haciendo más atractivo el entorno empresarial. La percepción de la independencia del sistema judicial ha mejorado. ·Los resultados en materia de innovación siguen siendo débiles, pese a las mejoras en la gobernanza. Prosigue la atonía de la inversión pública y privada en I+D. La baja capacidad de las pequeñas y medianas empresas para adoptar innovaciones y aprovechar las ventajas de la digitalización es una rémora para el crecimiento de la productividad a largo plazo en España. La gobernanza de la investigación y la innovación se ha racionalizado y se ha hecho más inclusiva, pero la coordinación entre las distintas administraciones sigue siendo desigual y la falta de evaluaciones sistemáticas impide el aprendizaje a partir de los resultados de las políticas. ·El transporte y las conexiones energéticas de carácter transfronterizo, así como las infraestructuras hídricas, se enfrentan a déficits de inversiones. Los estrangulamientos en las fronteras de España dificultan una mayor integración en los mercados de gas y electricidad de la UE y ralentizan los flujos comerciales. La gobernanza del agua se está mejorando, pero no se invierte lo suficiente en la infraestructura de redes de suministro y saneamiento. 1. Situación y perspectivas económicas Crecimiento económico El crecimiento económico ha continuado sobrepasando las previsiones en 2017. En el segundo trimestre de 2017, el PIB ha superado por fin el máximo alcanzado antes de la crisis, y el ritmo de crecimiento se mantuvo sólido en el tercer trimestre, con un 0,8 % intertrimestral. Según la estimación preliminar del PIB, el crecimiento se ralentizó ligeramente, con un 0,7 % intertrimestral en el cuarto trimestre, lo que situó la tasa de crecimiento anual de 2017 en el 3,1 %. La expansión se fundamenta en un patrón de crecimiento más equilibrado que antes de la crisis. La demanda interna, y más concretamente el consumo privado, sigue siendo el principal factor impulsor del crecimiento, aunque las exportaciones netas también vienen contribuyendo firmemente al crecimiento desde 2016. La fortaleza de la recuperación y de la creación de empleo refleja en parte los efectos de las reformas estructurales llevadas a cabo en los primeros años de la crisis, especialmente las reformas del sector financiero y del mercado de trabajo. Gráfico 1.1:Composición del crecimiento del PIB Fuente: Previsiones económicas europeas de otoño de 2017. Al ir remitiendo los factores favorables, se espera que el crecimiento registre una desaceleración, pero se mantenga sólido. Se espera una moderación del crecimiento del PIB real hasta el 2,6 % en 2018 y el 2,1 % en 2019 (véase el gráfico 1.1). () Se prevé que el consumo privado se ralentice paralelamente a la desaceleración de la creación de empleo y a la atenuación de los factores que favorecieron el aumento de la renta disponible en los últimos años (a saber, la bajada de los precios del petróleo, los recortes tributarios y la mejora de las condiciones de financiación). Sin embargo, se prevé que el consumo privado siga siendo el principal factor de crecimiento hasta 2019, al seguir aumentando la renta disponible y mejorar la posición financiera de los hogares. Tras desacelerarse en 2016, se espera que el crecimiento de la inversión haya repuntado en 2017, impulsado por la construcción de viviendas. Posteriormente, se espera que se ralentice ligeramente en 2018 y 2019, al moderarse el crecimiento de la inversión en bienes de equipo en consonancia con la demanda final. No obstante, existen riesgos de revisión a la baja de las perspectivas, ya que la incertidumbre vinculada a la situación política en Cataluña podría tener un efecto negativo para el crecimiento, cuya intensidad no puede anticiparse por el momento. Al mismo tiempo, una recuperación más fuerte de lo esperado en otros países de la zona del euro es un riesgo de revisión al alza para el crecimiento de las exportaciones. Gráfico 1.2:Contribuciones al potencial de crecimiento Fuente: Comisión Europea. Se prevé que el potencial de crecimiento aumente ligeramente. Tras caer en picado durante los años de la crisis, el potencial de crecimiento de la producción ha comenzado a recuperarse, y se estima que alcanzará el 1,2 % en 2019, aunque permanecerá aún por debajo de la media de la zona del euro (1,5 %) (véase el gráfico 1.2). Más de la mitad de este aumento puede explicarse por la mayor contribución del factor trabajo al crecimiento potencial de la producción. Mientras que la contribución del capital y la productividad total de los factores (PTF) a la producción potencial está actualmente en consonancia con la media de la zona del euro, la contribución del trabajo sigue siendo menor, debido a la tasa de desempleo estructural (NAWRU), que disminuye lentamente. Posición exterior

Se prevé que el sector exterior continuará contribuyendo al crecimiento del PIB hasta 2019. Desde 2016, el crecimiento de las importaciones ha permanecido contenido, a pesar del fuerte incremento de la demanda interna y de la aceleración de las exportaciones, lo que apunta a una reducción de la propensión a las importaciones (véase el cuadro 4.4.1). Al mismo tiempo, las mejoras estructurales de los resultados de la actividad exportadora, propiciadas por las mejoras de la competitividad de costes y por el incremento del número de exportadores habituales, han contribuido al logro de aumentos considerables en las cuotas de mercado en los últimos años. Tanto las exportaciones como las importaciones se espera que se hayan acelerado en 2017, con la recuperación de los mercados de exportación españoles, antes de moderarse en 2018 y 2019. Se espera que las exportaciones sigan creciendo por encima de las importaciones, de modo que el saldo neto de la balanza comercial debería suponer una contribución positiva al crecimiento hasta 2019. En 2017, la economía española registró un superávit de la balanza por cuenta corriente, por quinto año consecutivo. El superávit de la balanza por cuenta corriente, tras el aumento experimentado en 2016, se espera que se mantenga prácticamente estable en valores muy cercanos al 2 % durante el período 2017-2019, ya que las oscilaciones de la relación de intercambio debidas a los incrementos del precio del petróleo se ven ampliamente compensadas por los cambios en los volúmenes de importación y exportación. Dado el alto nivel de deuda exterior neta, las reducciones del coste de la deuda en los últimos años han tenido un efecto positivo en la balanza de rentas española. No obstante, el margen para ulteriores mejoras parece reducido, ya que no se espera que los tipos de interés sigan bajando. En términos ajustados en función del ciclo, la balanza por cuenta corriente ha seguido mejorando, lo que sugiere que el superávit exterior se ve impulsado cada vez más por factores estructurales. Los superávits de la balanza por cuenta corriente están dando lugar a una lenta reducción de los pasivos exteriores netos de la economía española. A pesar de los superávits de la balanza por cuenta corriente registrados desde 2013, los efectos de valoración negativos (que reflejan en parte la mejora de la confianza y el aumento de valor de los activos españoles) limitan la posibilidad de mejoras en la posición de inversión internacional neta (PIIN). Sin embargo, la PIIN ha mejorado en más de 16 puntos porcentuales del PIB desde su nivel máximo, pero sigue siendo muy negativa, situándose en el -83,2 % del PIB en el tercer trimestre de 2017. Los cambios en la estructura de los pasivos exteriores en los últimos años en términos de sectores (por ejemplo, al tener un peso cada vez mayor los pasivos del sector público y del banco central), tipo de instrumento (por ejemplo, una mayor proporción de capital que en el pasado) y vencimiento (por ejemplo, vencimientos más lejanos de la deuda pública) pueden mitigar algunos de los puntos débiles asociados con la elevada PIIN negativa. De cara al futuro, el fuerte crecimiento del PIB, el repunte de la inflación y los superávits exteriores netos previstos hasta 2019 deberían propiciar nuevas mejoras de la posición de inversión internacional neta (véase la sección 3.2). Deuda privada y pública Continúa la reducción de la deuda del sector privado, aunque se ha ralentizado. A pesar de su rápida disminución, la deuda del sector privado sigue siendo elevada, y subsiste la necesidad de desapalancamiento tanto para las empresas como para los hogares (véase la sección 4.2). El crecimiento del PIB nominal se ha convertido en el principal factor impulsor de la reducción de las ratios de deuda. El proceso de desapalancamiento se ha ralentizado, ya que la concesión de nuevos créditos está creciendo con fuerza, especialmente a los hogares y a las pymes. La reducción de la deuda, sin embargo, está teniendo lugar a mayor velocidad de lo que sugerirían los factores fundamentales, tanto en el caso de las empresas como en el de los hogares, lo que indica que el exceso de deuda acumulado en el pasado se está corrigiendo a un ritmo suficiente (Comisión Europea, 2017) (véase el capítulo 4.2). La reducción de la deuda del sector público se espera que cobre impulso. Se espera que la ratio de deuda de las Administraciones Públicas disminuya del 99 % en 2016 a alrededor del 95,5 % en 2019. Tras reducirse al 4,5 % del PIB en 2016, el déficit de las Administraciones Públicas españolas continuó descendiendo en los tres primeros trimestres de 2017, en 1,4 puntos porcentuales (véase el gráfico 1.3). Esta reducción se ha fundamentado no solo en la mejora de las perspectivas macroeconómicas, sino también en la limitación del crecimiento del gasto público. Para el conjunto del año, se espera un déficit de las Administraciones Públicas equivalente al 3,1 % del PIB. Con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el déficit disminuiría al 2,4 % y el 1,7 % del PIB en 2018 y 2019, respectivamente. Se prevé que el déficit estructural se reduzca del 3,3 % del PIB en 2016 al 3,1 % del PIB en 2017 y se mantenga prácticamente sin cambios en los dos años siguientes. Inflación Se prevé que la inflación básica aumentará gradualmente. Después de un crecimiento negativo en el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) en 2016, la inflación volvió a crecer con fuerza en la primera mitad de 2017 como consecuencia de la subida de los precios del petróleo. La inflación medida con el IPCA se moderó en el segundo semestre, arrojando una media anual del 2 % en 2017, y se espera que siga disminuyendo en 2018 y 2019 como consecuencia de la evolución del precio del petróleo. La inflación básica debería volver a ascender gradualmente a lo largo de 2018 y 2019, en paralelo con el repunte de los salarios y la consolidación en valores positivos de la brecha de producción. Gráfico 1.3:Capacidad o necesidad neta de financiación por sector Fuente: AMECO. Mercado de trabajo La situación del mercado de trabajo sigue mejorando, respaldada por la moderación salarial y las reformas en él introducidas en años anteriores. Se prevé que el empleo se haya incrementado en un 2,7 % en 2017. Posteriormente, se prevé que se desacelere el crecimiento, pero que se mantenga sólido, en un 2,1 % este año y un 1,7 % en 2019. La tasa de desempleo sigue descendiendo, al situarse en un 16,6 % en el cuarto trimestre de 2017, frente al 18,6 % de un año antes, y se espera que continúe bajando hasta alrededor del 14 % en 2019. La recuperación del mercado de trabajo ha permitido también una reducción de las disparidades en el PIB per cápita entre las distintas comunidades autónomas españolas (recuadro 1.16). Tras permanecer en un nivel moderado hasta 2017, se espera que el crecimiento de los salarios nominales aumente gradualmente en 2018 y 2019, al reducirse la atonía cíclica de la economía. Se prevé que la productividad crezca solo moderadamente, dando lugar a un aumento modesto de los costes laborales unitarios (CLU) nominales hasta 2019 (gráfico 1.4). No obstante, se prevén mejoras adicionales de la competitividad de costes pues, según las previsiones, el crecimiento de los costes laborales unitarios será más lento que en el resto de la zona del euro. Gráfico 1.4:Análisis de los costes laborales unitarios (CLU) Fuente: AMECO, Comisión Europea. Los elevados niveles de segmentación del mercado de trabajo y de desempleo de larga duración constituyen una rémora para el potencial de crecimiento. La tasa de desempleo juvenil ha disminuido gradualmente (del 53 % en 2014 al 37,5 % en el cuarto trimestre de 2017), al igual que la tasa de desempleo de larga duración (del 12,9 % en 2014 al 7,1 % en el tercer trimestre de 2017) (gráfico 1.5). Sin embargo, ambas tasas siguen estando entre las más elevadas de la UE, lo que sugiere que el desempleo se ha hecho crónico, por lo menos para algunos de estos grupos. Al mismo tiempo, la proporción de trabajadores que tienen contratos temporales respecto del empleo total ha continuado aumentando, concretamente en 0,3 puntos porcentuales interanuales, hasta situarse en el 26,8 % en el cuarto trimestre de 2017, uno de los valores más elevados de la UE. No obstante, el porcentaje de contratos indefinidos en el crecimiento neto del empleo aumentó hasta un 54 % de media en 2017, aunque no pueden evaluarse aún los efectos a más largo plazo sobre la tasa de empleo temporal. Pobreza, desigualdad e inclusión social Aunque está disminuyendo, la proporción de la población en riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo elevada. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social disminuyó por segundo año consecutivo en 2016 (tomando como referencia la renta de 2015 []) y alcanzó el 27,9 % de la población total, pero sigue estando muy por encima del 23,8 % de 2008. La disminución se debe a una caída de la privación material grave y del porcentaje de personas que viven en hogares con intensidad laboral muy baja o baja, factores que, a pesar de haber mejorado, siguen presentando valores muy elevados. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza económica permaneció estable en 2015, en el 22 %, y es muy superior a la media de la UE. Las estimaciones preliminares () indican que, en el caso de España, no se esperan cambios significativos de este indicador para el ejercicio 2016. A pesar de que está mejorando, la situación de los niños y jóvenes sigue siendo preocupante, tal y como lo demuestran los elevados porcentajes de abandono escolar prematuro, de jóvenes que ni trabajan ni siguen estudios ni formación y de niños en situación de pobreza. La intensidad laboral es uno de los factores más determinantes de la pobreza y la desigualdad. Gráfico 1.5:Actividad, desempleo, desempleo de larga duración, desempleo juvenil, ninis Fuente: Eurostat, EPA. Las desigualdades de renta siguen siendo elevadas y el crecimiento de la renta real es inferior al crecimiento del PIB. Desde que comenzó la recuperación, la renta disponible bruta real de los hogares (entre 2014 y 2017) ha crecido más lentamente que el PIB y los indicadores sociales señalan diversas vulnerabilidades. La desigualdad de ingresos, medida mediante la ratio de distribución de la renta por quintiles, experimentó una ligera disminución en 2016 (tomando como referencia la renta de 2015), pero sigue siendo una de las más elevadas de la UE, ya que el 20 % más rico de la población gana alrededor de 6,6 veces más que el 20 % más pobre. La desigualdad se debe principalmente a la elevada tasa de desempleo, la polarización de cualificaciones y la segmentación del mercado de trabajo. Es especialmente elevada en la parte inferior de la distribución de la renta. La capacidad redistributiva del sistema tributario y de prestaciones es relativamente baja en comparación con otros Estados miembros de la UE. Reduce las desigualdades de ingresos en tan solo un 34,6 %, según lo constatado al comparar los coeficientes de Gini () de los ingresos procedentes del trabajo y de las rentas (antes de impuestos y transferencias) y de la renta disponible (deducidos impuestos y transferencias), por debajo de la media de la UE del 40 %. Recuadro 1.6: España: diferencias regionales en PIB per cápita El PIB per cápita se distribuye de forma desigual entre las distintas comunidades autónomas. En España, las disparidades en el PIB per cápita disminuyeron de forma constante antes del inicio de la crisis mundial de 2008, aumentaron a partir de 2008 y disminuyeron de nuevo ligeramente en 2015. A pesar del incremento posterior a 2008, las disparidades regionales son menores que en Italia o Francia y bastante similares a las existentes en Alemania (gráfico 1.6.1.a). ( I ) Especialmente en el caso de Francia, la dispersión del PIB per cápita, medida mediante el coeficiente de variación ponderado, se debe principalmente al efecto de la región de la capital, que es más rica y está más densamente poblada que otras regiones. La contribución del empleo y la productividad a las disparidades en el PIB per cápita varía de un país a otro. El PIB per cápita es el producto de la producción por trabajador (es decir, la productividad) multiplicada por la ratio de empleo respecto de la población total (es decir, la tasa de empleo), que puede desglosarse en la proporción de la población activa, la tasa de actividad y el porcentaje de la población activa que trabaja (que es inversamente proporcional a la tasa de desempleo). Mientras que la productividad desempeña un papel importante a la hora de explicar las disparidades en el PIB per cápita entre las regiones de Alemania, Francia y los Países Bajos, en España e Italia tiene más importancia la tasa de empleo (gráfico 1.6.1.b).

Las diferencias en las tasas de empleo entre las comunidades autónomas españolas son el principal factor determinante de las disparidades en el PIB per cápita. La menor dispersión del PIB per cápita en 2008 en comparación con el año 2000, tal y como muestra el gráfico 1.6.1.a, se debe en gran medida a cierta convergencia autonómica en la tasa de empleo y, en particular, la proporción de la población activa que trabaja. Del mismo modo, la mayor dispersión del PIB per cápita después de 2008 puede atribuirse al efecto asimétrico de la destrucción de empleo en las distintas comunidades autónomas (gráfico 1.6.2). La recuperación del mercado de trabajo que comenzó en 2014 ha dado lugar a una pequeña disminución de las disparidades en el PIB per cápita en España, que siguen siendo mayores que en el período anterior a la crisis. En la mayoría de comunidades autónomas españolas, la productividad era relativamente baja y el empleo relativamente alto en 2014. Varias comunidades autónomas españolas registraron algunos de los valores más bajos de productividad total de los factores, sin que ninguna comunidad apareciese en el grupo de las regiones de alta productividad (gráfico 1.6.3). Un dato aún más sorprendente es que ninguna comunidad autónoma registró una tasa de desempleo por debajo de la media de la UE. Además, existe una gran dispersión entre las tasas de desempleo de las distintas comunidades autónomas de España: la tasa de desempleo más elevada es más del doble que la tasa de desempleo más reducida. Las disparidades autonómicas en el mercado de trabajo se reflejan en disparidades en otras variables sociales como, por ejemplo, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.





Cuadro 1.1:Indicadores económicos y financieros clave: España Fuente: Eurostat y BCE, con los datos disponibles a 30 de enero de 2018; Comisión Europea (previsiones de invierno de 2018 para el PIB real y el IPCA, previsiones de otoño de 2017 en el resto de los casos). 2. Avances en la aplicación de las recomendaciones específicas por país Los avances en la aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en 2017 han de verse en una perspectiva a más largo plazo desde la introducción del Semestre Europeo en 2011. Desde entonces, España ha logrado en general avances comparativamente buenos en la aplicación de las recomendaciones específicas por país. Analizando la evaluación plurianual de la aplicación de las recomendaciones específicas por país desde su adopción, el 42 % de todas las recomendaciones dirigidas a España han experimentado «algunos avances» en su aplicación. Respecto del 35 % de las recomendaciones, España ha logrado «avances sustanciales» o las ha aplicado plenamente. Respecto del 23 % de las recomendaciones, se han producido «avances limitados» o no se ha logrado «ningún avance» (véase el gráfico 2.1). Las reformas llevadas a cabo en tiempos de dificultades económicas han contribuido al buen comportamiento de la economía española desde su salida de la crisis. Sin embargo, la firmeza y la velocidad de la aplicación han disminuido ligeramente desde 2014. El actual gobierno en minoría parece concentrar su capital político en unas pocas prioridades políticas, así como en evitar un retroceso respecto de los logros de las reformas anteriores. En varios ámbitos políticos objeto de recomendaciones específicas por país, tanto el gobierno nacional como los autonómicos participan en la aplicación de las reformas. En estos ámbitos, la coordinación y la distribución de responsabilidades siguen planteando dificultades para la aplicación de las REP. Las recomendaciones relativas al sector financiero, al régimen en materia de insolvencia y a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas han sido atendidas en gran medida. La reestructuración de los bancos que habían recibido ayudas estatales está muy avanzada, y la resolución satisfactoria del Banco Popular en junio de 2017 reforzó la confianza en la estabilidad y la resiliencia del sector bancario español en su conjunto. Las reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013 incrementaron la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. El marco presupuestario ha experimentado varias mejoras desde 2012. La reforma de los regímenes de insolvencia empresarial y personal ha facilitado la reducción de la deuda privada y ha hecho menos onerosas las suspensiones de pagos de las empresas. En lo que se refiere a las política sociales y del mercado de trabajo, sigue habiendo deficiencias importantes, a pesar de los considerables avances realizados en años anteriores. Las reformas del mercado de trabajo llevadas a cabo desde 2012 han hecho que la creación de empleo sea más sensible al crecimiento económico. La mayor flexibilidad y la moderación salarial continuada han contribuido a esta evolución. Sin embargo, los esfuerzos para hacer frente a la elevada segmentación del mercado de trabajo siguen siendo limitados y no han impedido el aumento de la proporción de contratos temporales. Los avances también han sido menos destacados en el ámbito de las políticas sociales, especialmente en lo que se refiere a los regímenes de apoyo a la renta y las políticas familiares, y de la educación. Gráfico 2.1:Aplicación plurianual general de las REP 2011-2017 a febrero de 2018 Fuente: Comisión Europea. Los avances han sido más moderados en la aplicación de las reformas del mercado de productos y en la mejora de la investigación y la innovación, también desde una perspectiva plurianual. En los últimos años, se ha recomendado a España que haga frente a la fragmentación de la normativa en su mercado interior y fortalezca la investigación y la innovación, un requisito previo para el crecimiento sostenible de la productividad. Si bien la Ley de garantía de la unidad de mercado lleva en vigor cuatro años, la adaptación de la legislación sectorial a sus principios ha sido lenta. El compromiso renovado de las comunidades autónomas y la Administración central en enero de 2017 para reforzar la cooperación en lo que se refiere a la garantía de la unidad de mercado no se ha traducido de momento en resultados tangibles. No se han adoptado medidas para reformar la normativa en función del tamaño o liberalizar los servicios profesionales, lo cual había sido objeto de recomendaciones en años anteriores. Tanto el apoyo público como la promoción de la financiación privada para la investigación y la innovación han aumentado escasamente. Solo se han producido algunos avances aislados en la gobernanza de la innovación y en la cooperación entre los sectores público y privado en el ámbito de la investigación y la enseñanza superior, aunque puede que algunas de las medidas adoptadas necesiten más tiempo para producir efectos mensurables. Cuadro 2.1:Evaluación general de los avances en la aplicación de las REP de 2017 Fuente: Comisión Europea. España ha realizado avances limitados() en el seguimiento de las recomendaciones específicas por país de 2017 (véase el cuadro 2.1). En materia de política presupuestaria y gobernanza (REP 1), se ha aprobado una nueva Ley de Contratos del Sector Público que mejora la transparencia y los mecanismos de control. Su eficacia, especialmente a nivel autonómico y local, dependerá sin embargo de su adecuada aplicación. Si bien no se han adoptado iniciativas legislativas para reforzar el marco presupuestario en 2017, el Gobierno ha seguido aplicando las medidas ya previstas en la ley. En 2017 se puso en marcha una revisión del gasto, centrada en las subvenciones en distintos ámbitos de intervención. Así pues, se han logrado algunos avances en la aplicación de la REP 1, abordando también de este modo ciertos aspectos de las recomendaciones del Consejo de 2017 para la zona del euro a fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En lo que se refiere a las políticas del mercado de trabajo, sociales y educativas (REP 2), algunas comunidades autónomas han avanzado hacia una mejor coordinación entre los servicios sociales y los servicios públicos de empleo. España ha reforzado la inspección de trabajo para luchar de forma más eficaz contra el abuso de la contratación temporal. Se han adoptado las primeras medidas para reducir el número de contratos de interinidad en la administración pública. Sin embargo, las medidas de promoción de la contratación indefinida en el sector privado han demostrado una eficacia limitada por el momento o todavía no han pasado a la fase de aplicación. La introducción de la Tarjeta Social Universal en 2018 hará que la percepción de prestaciones sociales sea más transparente, pero no mejorará necesariamente la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada y de las ayudas familiares en todo el país. Se han puesto en marcha o desarrollado algunas medidas para aumentar la adecuación de la enseñanza superior al mercado de trabajo, pero son aún demasiado recientes como para tener un efecto observable en los resultados. Los esfuerzos para mejorar los resultados educativos no han reducido las persistentes disparidades entre comunidades autónomas. En 2017 se adoptaron algunas medidas para reforzar la formación del profesorado y apoyar a los alumnos, especialmente a los que se encuentran en riesgo de abandono escolar prematuro. La labor parlamentaria en lo que respecta al «Pacto Nacional por la Educación» no ha dado lugar a la adopción de decisiones a fecha de febrero de 2018. En general, los avances en la aplicación de la REP 2 han sido limitados, con pocos logros en lo que se refiere a la recomendación para la zona del euro dirigida a promover la justicia y la convergencia sociales. La financiación de la innovación experimentó un aumento moderado, pero aún no ha dado lugar a un aumento de la inversión en términos de porcentaje del PIB. No obstante, España ha adoptado una serie de medidas para hacer más inclusiva la gobernanza de la investigación y la innovación (REP 3.1). Hubo pocos avances en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado. Aún están por ver las consecuencias de las sentencias del Tribunal Constitucional por las que se declaran nulos algunos de sus artículos (REP 3.2). Todo ello se traduce en avances limitados en la aplicación de la REP 3, lo que también implica pocos logros sustanciales en relación con la recomendación para la zona del euro de dar prioridad a las reformas que incrementen la productividad y mejoren el entorno empresarial y de inversión. Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos son esenciales a fin de hacer frente a las principales dificultades para lograr la convergencia y un crecimiento inclusivo en España. Entre otras cosas, contribuyen a la competitividad de las pymes, al refuerzo de las competencias digitales y la formación profesional y a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. También son fundamentales para promover la inversión en las fortalezas relativas de las comunidades autónomas en el marco de la especialización inteligente y para reducir las disparidades existentes entre ellas a medio plazo (véase el recuadro 2.2). Recuadro 2.2: Resultados tangibles alcanzados mediante el apoyo de la UE a los cambios estructurales en España España percibe importantes ayudas al amparo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), y podría recibir hasta 39 800 millones EUR hasta el año 2020. Esto representa en torno a un 1 % del PIB anualmente durante el período 2014-2018 y el 17 % de la inversión pública. Hasta el 31 de diciembre de 2017, se había asignado un importe aproximado de 11 700 millones EUR (30 % del total) a proyectos sobre el terreno. Hasta ahora, esto ha permitido que unas 39 300 empresas hayan recibido ayudas, de las cuales más de 15 200 son empresas emergentes. Hasta finales de 2016, se registraron casi 1,6 millones de participaciones en actividades del Fondo Social Europeo (FSE) y de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), y en alrededor de 900 000 ocasiones (55 %) se trataba de desempleados (incluidos los desempleados de larga duración). En torno a 44 000 participantes habían conseguido una cualificación al término de la actividad, y 43 800 estaban empleados, incluido el empleo por cuenta propia. Del importe total, 1 700 millones EUR se entregarán a través de instrumentos financieros, lo cual supone el doble que en el período 2007-2013. Los Fondos EIE contribuyen a hacer frente a las dificultades estructurales y aplicar las recomendaciones específicas por país. Las acciones financiadas incluyen, entre otras cosas, el fomento de la capacidad privada en materia de I+D+i; la mejora de la competitividad de las pymes y el fomento de su crecimiento y potencial de internacionalización; la creación de empresas mediante apoyo financiero y no financiero; el refuerzo de las competencias digitales y la mejora de la eficiencia de la administración, mediante el desarrollo de la administración electrónica; la mejora de la eficacia del sistema judicial; el apoyo a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, en particular a través de la mejora de los servicios de guardería; y el refuerzo de los vínculos entre la formación profesional y el mercado de trabajo. Los fondos también están contribuyendo a responder mejor a las necesidades de activación de los demandantes de empleo y favorecen la creación de puestos de trabajo sostenibles y de calidad y con ello la contratación indefinida. Los fondos también se utilizan para apoyar la lucha contra el abandono escolar prematuro y la mejora de las competencias de la población de más edad, así como para reforzar los vínculos entre la formación profesional y las oportunidades de formación permanente, en consonancia con las prioridades de la Agenda de Capacidades. España ya ha emprendido diversas reformas para cumplir las condiciones previas para las ayudas de los Fondos EIE. Se han elaborado estrategias de especialización inteligente en materia de investigación e innovación para concentrar las inversiones en los puntos fuertes de las comunidades autónomas e impulsar la especialización en productos con gran potencial de mercado. También han mejorado la cooperación entre las empresas y las instituciones públicas de investigación y han promovido el uso de las evaluaciones de las ayudas en materia de I+D. Los planes de transporte nacionales y autonómicos han permitido la preparación oportuna de los proyectos, llevados a cabo no solo con la ayuda de los Fondos EIE, sino también del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de financiación nacional. La reforma de la contratación pública aumentará la eficiencia del gasto público. Tras un comienzo lento, se han logrado avances importantes en la aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en 2017. España es el primer destinatario de esta Iniciativa, y recibirá 418 millones EUR durante el período 2017-2020, además de los 943 millones EUR asignados para el período 2014-2015 a fin de seguir invirtiendo en los jóvenes y garantizar su integración sostenible en el mercado de trabajo. España está avanzando en el aprovechamiento del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). Hasta diciembre de 2017, el volumen global de operaciones de financiación aprobadas en el marco del FEIE ascendía a 5 000 millones EUR, lo que se espera que dé lugar a inversiones privadas y públicas por un importe total de 30 800 millones EUR. Hasta el momento, se han aprobado 54 proyectos en los que participa España dentro del capítulo de infraestructura e innovación (incluidos 14 proyectos multinacionales), lo que supone 4 800 millones EUR de financiación del BEI en el marco del FEIE. Se espera que ello genere una inversión total de alrededor de 22 900 millones EUR. Hasta el momento, se han aprobado 16 acuerdos con intermediarios financieros a través del capítulo correspondiente a las pymes. Esto supone 779 millones EUR financiados por el Fondo Europeo de Inversiones y posibilitados por el FEIE, que se espera que movilice aproximadamente 8 900 millones EUR de inversión total. Alrededor de 96 500 pequeñas empresas o empresas emergentes se van a beneficiar de esta ayuda. La financiación en el marco de Horizonte 2020, el Mecanismo «Conectar Europa» y otros fondos directamente gestionados por la UE se suma a los Fondos EIE. A finales de 2017, España había firmado acuerdos por valor de 976 millones EUR para proyectos en el marco del Mecanismo «Conectar Europa». Entre 2016 y 2014, España ha sido el cuarto beneficiario de Horizonte 2020, con una cuota del 8,8 % de la contribución total de la UE a dicho programa. https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/ES 3. Síntesis de los principales resultados del examen exhaustivo realizado en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico 3.1.Introducción En el presente informe se expone el examen exhaustivo de la economía española. En la primavera de 2017, se determinó que España sufría desequilibrios macroeconómicos, en particular relativos a los altos niveles de deuda interna y exterior, tanto pública como privada, en un contexto de elevado desempleo. El informe sobre el mecanismo de alerta de 2018 (Comisión Europea, 2017i) concluye que debe llevarse a cabo un nuevo examen exhaustivo para España con el fin de evaluar los avances relativos a los desequilibrios detectados. Los análisis correspondientes para el examen exhaustivo figuran en las siguientes secciones: Hacienda pública (sección 4.1.1); Endeudamiento del sector financiero y del sector privado (secciones 4.2.1 y 4.2.3); Mercado de trabajo (sección 4.3.1); e Inversión (sección 4.4). Los posibles efectos indirectos sobre el resto de la zona del euro se estudian en el recuadro 3.4.1. 3.2.Desequilibrios y gravedad de los mismos La posición de inversión internacional neta (PIIN) de España sigue siendo muy negativa. El gran volumen de pasivos exteriores netos (–83,2 % del PIB en el tercer trimestre de 2017) deja al país expuesto a perturbaciones adversas o a posibles deterioros de la confianza del mercado. Algunos cambios favorables en su composición mitigan en cierta medida las vulnerabilidades que suponen. A pesar de una reducción significativa, el endeudamiento del sector privado aún se sitúa muy por encima de los niveles prudenciales y basados en fundamentos. La deuda del sector privado, en términos no consolidados, ascendió a un 159,9 % del PIB en el tercer trimestre de 2017 (del volumen total, el 61,8 % del PIB correspondía a endeudamiento de los hogares y el 98,1 % del PIB a deuda de las sociedades no financieras). Un alto nivel de deuda aumenta la vulnerabilidad a las perturbaciones de los tipos de interés, y su correspondiente carga financiera limita la demanda interna. La posición financiera de los hogares españoles se ha reforzado gracias a la mejoría experimentada en el mercado de trabajo y a la disminución de los impuestos sobre la renta. Por otra parte, la carga financiera de la deuda de los hogares ha disminuido gracias a los bajos tipos de interés. Con un crecimiento sostenido del PIB, es probable que continúe la reducción de la deuda de los hogares, pero los parámetros prudenciales y basados en fundamentos muestran que la deuda de los hogares se mantiene a un nivel elevado y que subsisten las necesidades de desapalancamiento (véase la sección 4.2.3). En lo que respecta a las empresas, el proceso de reducción de deuda ha tenido lugar de forma simultánea al aumento de los flujos de crédito hacia las empresas más productivas y menos endeudadas, en apoyo de la inversión (Banco de España, 2017d). A pesar de su disminución significativa, la deuda pendiente de las sociedades no financieras permanece por encima de lo que justificarían los parámetros prudenciales y basados en fundamentos (véase la sección 4.2.3).

Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas siga disminuyendo ligeramente en 2017, aunque se mantendrá en un nivel muy elevado. Las previsiones de otoño de 2017 de la Comisión prevén una disminución de 0,6 puntos porcentuales en 2017, hasta el 98,4 % del PIB. Pese a esta tendencia a la baja, el elevado nivel de deuda pública sigue siendo un factor de vulnerabilidad frente a posibles cambios en la confianza del mercado y el entorno de tipos de interés reducidos. El desempleo, aunque sigue siendo muy elevado, ha continuado disminuyendo rápidamente. El desempleo se estima en un 17,2 % para el conjunto de 2017 y se prevé que baje al 15,6 % en 2018. Esto supone un descenso de más de 10 puntos porcentuales desde los máximos alcanzados en 2013. El desempleo de larga duración y, sobre todo, el desempleo juvenil han experimentado una fuerte caída similar durante el período, aunque más de un tercio de la población activa menor de 25 años todavía no tenía trabajo en el cuarto trimestre de 2017. El 34 % del incremento del empleo entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017 adoptó la forma de contratos temporales. Sin embargo, este aumento es menor que el incremento de la proporción de contratos indefinidos. El tamaño relativamente grande de la economía española y su integración económica con el resto de la UE hacen que pueda constituir una fuente importante de efectos indirectos para otros Estados miembros, especialmente aquellos con los que España tiene relaciones comerciales, financieras o bancarias importantes. El recuadro 3.4.1 ilustra cómo las medidas de reforma estructural adoptadas en España pueden producir un efecto positivo a nivel tanto nacional como internacional. Las simulaciones que en él se presentan siguen el espíritu de las recomendaciones del Consejo de 2017 para la zona del euro, en particular por lo que respecta al aumento de la productividad y del potencial de crecimiento y a la mejora del entorno institucional y empresarial. 3.3.Evolución, perspectivas y medidas adoptadas El persistente superávit por cuenta corriente se debe cada vez más a factores estructurales. A pesar del papel clave de la demanda interna como factor impulsor de la recuperación económica, España ha venido registrando un superávit por cuenta corriente desde 2013. Además, entre 2013 y 2017, la capacidad de financiación neta de España ha permanecido relativamente estable en torno al 2 % del PIB, a pesar de la reducción de la brecha de producción. Inicialmente, los factores coyunturales y transitorios (como los bajos precios del petróleo o los tipos de interés reducidos) impulsaron la mejora de la balanza por cuenta corriente, pero, más recientemente, los factores estructurales están desempeñando un importante papel en el mantenimiento de la mejora de la posición exterior. En consecuencia, en términos ajustados en función del ciclo, la balanza por cuenta corriente ha seguido mejorando (véase el gráfico 3.1), rebasando el nivel que sugieren las normas de la balanza por cuenta corriente, es decir, el que explicarían los factores fundamentales (cerca de un 0,4 % del PIB en 2017) (). Los incrementos de la cuota de mercado de exportación y los signos de sustitución de las importaciones (por producción nacional) confirman la impresión de que ha tenido lugar un cambio estructural en la economía española (véase el cuadro 4.4.1). Los superávits de la balanza por cuenta corriente están dando lugar a una lenta reducción de la posición de inversión internacional deudora neta española. Junto con el elevado crecimiento del PIB nominal, los superávits están impulsando una reducción lenta pero constante de la PIIN negativa de España (véase el gráfico 3.2) (). Los efectos de valoración negativos han impedido una mayor mejora en 2013 y 2014, así como en 2017 con la apreciación del euro. Los superávits de la balanza por cuenta corriente continuados y el elevado crecimiento del PIB nominal previstos hasta 2019 deberían de facilitar una mayor mejora de la PIIN. Gráfico 3.1:Balanza por cuenta corriente y posición de inversión internacional neta Fuente: Eurostat. La modificación de la composición de los pasivos exteriores de España en términos de tipo de activo contribuye a mitigar los factores de vulnerabilidad. Desde 2013, la proporción de instrumentos de capital en el total de pasivos exteriores ha ido aumentando, aunque partía de un nivel muy bajo. El capital no conlleva los mismos riesgos que la deuda para la sostenibilidad exterior, ya que su remuneración, es decir, el pago de dividendos, puede ajustarse durante las fases de recesión económica. El cambio en la composición de la deuda exterior, al ganar importancia los pasivos del sector público y del banco central, que generalmente tienen un menor riesgo de refinanciación y liquidez, también atenúa en cierta medida la vulnerabilidad exterior de la economía española (véase el gráfico 3.3). Además, la mayor parte de la deuda exterior tiene vencimientos a un año o más (aproximadamente el 74 % de la deuda exterior de las administraciones públicas y del sector privado, excluidos los préstamos entre empresas). España tendría que mantener superávits de la balanza por cuenta corriente durante un período prolongado de tiempo para mejorar de forma determinante sus todavía grandes pasivos exteriores. Aunque los superávits de la balanza por cuenta corriente registrados desde 2013 han impulsado a la PIIN hacia una senda descendente, el importe de los pasivos exteriores netos de España está aún muy lejos de alcanzar un nivel que pudiera considerarse prudencial o en consonancia con los indicadores fundamentales. Esta brecha justifica la realización de nuevos ajustes de forma sostenida en el tiempo (véase el gráfico 3.2) (). Incluso con arreglo a un escenario de crecimiento relativamente favorable, sería necesario mantener superávits de la balanza por cuenta corriente durante un período prolongado de tiempo para reducir de forma determinante la elevada PIIN (véase el cuadro 3.1). En consecuencia, es esencial que España prosiga su saneamiento presupuestario y preserve las mejoras de competitividad logradas en los últimos años. Mientras que dichas mejoras obedecieron principalmente a la moderación salarial, las mejoras basadas en el aumento de la productividad y la competitividad no relacionada con los costes siguen presentando dificultades, en general. Gráfico 3.2:Análisis de la tasa de variación de la PIIN: España Fuente: Eurostat. El proceso de desapalancamiento del sector privado está cada vez más impulsado por el crecimiento del PIB, mientras continúa creciendo la concesión de nuevos créditos. La deuda del sector privado se ha reducido en alrededor de 58 puntos porcentuales del PIB desde su máximo alcanzado en 2010. La mayor parte de esta reducción se ha debido a una disminución de la deuda empresarial (aproximadamente 35 puntos porcentuales del PIB), aunque los progresos en la reducción de la deuda de los hogares también han sido notables (23 puntos porcentuales del PIB). Aun así, subsiste la necesidad de desapalancamiento tanto para los hogares como para las empresas, dado que la deuda de ambos sectores institucionales sigue estando por encima de sus niveles prudenciales y basados en fundamentos (véase la sección 4.2.3). Gracias al fuerte crecimiento del PIB nominal, se espera que la ratio de deuda del sector privado respecto del PIB siga disminuyendo, aunque se reanude la concesión de préstamos bancarios. En efecto, si bien el volumen de créditos al sector privado pendientes sigue reduciéndose, la concesión de nuevos préstamos bancarios a los hogares y a las empresas más productivas o menos endeudadas sigue aumentando, sustentando el fuerte crecimiento económico de España (Banco de España, 2017d). Gráfico 3.3:Pasivos exteriores por sector-tipo de activos financieros: variación 2013-2017 Fuente: Eurostat, cálculos propios. En 2017, la calidad de los activos bancarios ha continuado mejorando. El volumen de préstamos dudosos siguió disminuyendo, hasta el 8,1 % en noviembre de 2017, y actualmente se aproxima a la media de la zona del euro. En términos agregados, el sistema bancario cumple holgadamente los requisitos reglamentarios de capital. La resolución del Banco Popular el 7 de junio de 2017 ha reforzado el sector bancario español en su conjunto, sin pérdidas para los contribuyentes y los depositantes. Tras el fuerte ajuste económico que propiciaron en gran medida las crisis del sector financiero, el mercado de la vivienda y el sector de la construcción han consolidado su recuperación. Los precios de la vivienda han subido durante casi cuatro años consecutivos. Sin embargo, sigue habiendo un gran stock de viviendas sin vender, en particular en algunas comunidades autónomas, y la recuperación no muestra dinámicas de precios potencialmente nocivas (Philiponnet y Turrini, 2017). La evolución del mercado inmobiliario sigue siendo crucial para la rentabilidad de los bancos. Las reformas en materia de insolvencia de los últimos años han facilitado la reducción de la deuda privada. La utilización de procedimientos preconcursales ha aumentado en cerca del 50 % y los acuerdos extrajudiciales se han hecho habituales para las personas físicas. El número total de procedimientos de insolvencia ha empezado a aumentar en los dos primeros trimestres de 2017, en un 3,9 % y un 4,3 % intertrimestral, respectivamente. En el contexto actual de fuerte crecimiento económico y de mejora del acceso a la financiación, estas cifras indican que los procedimientos de insolvencia propician ahora en mayor medida el desapalancamiento (véase la sección 4.2.2). Se espera que la reducción de la deuda del sector público cobre impulso. A pesar del fuerte crecimiento del PIB nominal y de los ajustes de flujos-fondos de efecto reductor de la deuda en 2015 y 2016, la disminución de la ratio de deuda ha sido moderada, y ascendió al 1,4 % del PIB entre 2014 y 2016. Ello se debe al déficit todavía elevado, pero decreciente, de las administraciones públicas. Desde 2014, el ritmo de reducción del déficit ha dependido en gran medida de las favorables perspectivas macroeconómicas y la mejora de las condiciones financieras. Dado que se prevé que el déficit continúe disminuyendo en 2017 y 2018 (al 3,1 % y 2,4 % del PIB, respectivamente) gracias a la continuación de la recuperación económica y a cierta moderación del gasto, se prevé que la ratio de deuda siga disminuyendo hasta situarse justo por debajo del 97 % del PIB en 2018. Aunque no parece que haya un riesgo inmediato de tensiones presupuestarias, los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria siguen siendo importantes a medio plazo (véase la sección 4.1.1). El mercado de trabajo ha seguido mejorando, pero el desempleo y la segmentación siguen siendo elevados. A lo largo de 2017 ha proseguido la fuerte creación de empleo, que se espera que sufra una desaceleración, pero que se mantenga sólida hasta 2019. La creación de empleo se ha visto respaldada por la moderación salarial y las reformas del mercado de trabajo realizadas entre 2010 y 2012. Sin embargo, dicha creación de empleo todavía se produce en gran medida a través de contratos temporales, cuya proporción respecto del empleo total es notablemente más elevada que la media de la UE y ha aumentado aún más a lo largo de 2017 (hasta el 26,8 % en el cuarto trimestre de 2017). Esto puede tener un efecto negativo sobre el crecimiento de la productividad y la cohesión social. España está adoptando medidas encaminadas a respaldar el apoyo individualizado a los desempleados de larga duración, pero su efecto depende de la capacidad de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Esta ha seguido siendo limitada, pese al aumento de recursos y a la mejora de la coordinación con los servicios sociales en algunas comunidades autónomas (véase la sección 4.3.1). Además, es fundamental abordar las carencias en materia de educación y cualificaciones para reducir el desempleo estructural y fomentar la reasignación de recursos humanos hacia actividades más productivas Cuadro 3.1:Análisis de sensibilidad (balanza por cuenta corriente y posición de inversión internacional neta) Fuente: cálculos de la Comisión Europea. 3.4.Evaluación general Se ha seguido avanzando en la reducción de los desequilibrios macroeconómicos de España, pero los altos niveles de deuda exterior, pública y privada implican que sigue habiendo vulnerabilidades importantes. Ha continuado reduciéndose la deuda del sector privado, y el menor ritmo de reducción de la deuda en 2017 se debe a los flujos de crédito, que se han vuelto positivos. La deuda del sector público se ha reducido ligeramente, un proceso que se espera que se acelere moderadamente, ya que se espera que los déficits de las administraciones públicas sigan disminuyendo. La mejora de la balanza exterior se fundamenta cada vez más en factores estructurales que respaldan el crecimiento de las exportaciones y limitan el de las importaciones. No obstante, a fin de reducir de forma determinante su nivel de pasivos exteriores, España tendrá que registrar superávits de la balanza por cuenta corriente durante un período de tiempo prolongado. Si bien el desempleo ha venido disminuyendo rápidamente, sigue siendo muy elevado, con una gran proporción de desempleo de larga duración, y el porcentaje de empleo temporal sigue siendo elevado.





Cuadro 3.2:Matriz del PDM (continúa en la página siguiente)



Cuadro (continuación) Fuente: Comisión Europea. Recuadro 3.4.1: Efectos indirectos sobre la zona del euro Dado el tamaño relativamente grande de su economía, las reformas estructurales en España podrían tener efectos indirectos en otros países de la zona del euro. Desde 2011 se han formulado recomendaciones específicas por país dirigidas a España a fin de mejorar el entorno empresarial mediante la realización de reformas del mercado de productos. El presente recuadro describe los posibles efectos indirectos derivados de la aplicación íntegra de la Ley de garantía de la unidad de mercado, concebida para reducir las disparidades de regulación entre las distintas comunidades autónomas españolas, y de la liberalización de los servicios profesionales. Se espera que estas dos reformas del lado de la oferta den lugar a una reasignación más eficiente de los recursos y favorezcan las mejoras de competitividad en España. Utilizando el modelo QUEST de la Comisión( II ), se simula el efecto de las reformas realizadas en España sobre el PIB real del país y de otros países de la zona del euro (véase el gráfico 3.4.1). Se parte de la hipótesis de que los tipos de la política monetaria en la zona del euro permanecerán sin cambios durante los dos primeros años. Partiendo del escenario de aplicación íntegra de la Ley de garantía de la unidad de mercado ( III ), disminuye la carga administrativa para las empresas españolas, lo que las haría más competitivas, tanto en el mercado nacional como en los mercados exteriores. Como consecuencia de ello, el PIB real español después de 5 años es alrededor de un 2 % mayor que en el escenario de base. El efecto sobre el PIB real de otros países de la zona del euro es menor, pero persiste durante el período de simulación. El efecto es mayor en los países con fuertes vínculos económicos con España, como Francia. La liberalización de los servicios profesionales también tiene un efecto positivo, si bien más reducido, sobre el PIB real español. Este escenario parte de la hipótesis de que, en España, el indicador de regulación del mercado de productos en lo que respecta a los servicios profesionales se aproxima a los valores de los países con mejores resultados de la UE ( IV ). Esta reforma, al mejorar la competitividad en los mercados de productos, da lugar a un incremento lento y ligero del PIB real español, de aproximadamente un 0,24 % después de 10 años. El efecto sobre el PIB real de otros países de la zona del euro es limitado, pero positivo. Además, las dos reformas pueden tener una repercusión positiva en la confianza de los agentes económicos, que se capta añadiendo un shock de confianza de signo positivo al modelo. Los efectos positivos en la confianza, al producir un fortalecimiento de la demanda del sector privado, pueden amplificar los efectos indirectos positivos para otras economías de la zona del euro. El shock de confianza se simula en forma de reducción del diferencial de la deuda soberana entre España y Alemania (que en la actualidad se sitúa en torno a los 100 puntos básicos) a cero, de cuyo importe el 50 % se transmite a los tipos de préstamo a las empresas (hipótesis basada en Zoli, 2013). Esta mejora de las condiciones financieras impulsa la inversión española e incrementa el PIB real en aproximadamente un 0,6 % al cabo de 10 años. El efecto indirecto sobre el PIB real de otros países de la zona euro es mayor, pero sigue siendo limitado. 4. Prioridades de reforma 4.1. Hacienda pública y fiscalidad 4.1.1.Deuda de las administraciones públicas * La ratio de deuda de las administraciones públicas españolas sigue siendo elevada Tras dispararse en los años que siguieron a la crisis financiera, la ratio de deuda de las administraciones públicas alcanzó un máximo en un valor ligeramente superior al 100 % del PIB en 2014, aproximadamente 65 puntos porcentuales por encima de su nivel mínimo de 2007. Las previsiones de otoño de 2017 de la Comisión prevén que la ratio de deuda disminuirá del 98,4 % del PIB en 2017 al 95,5 % del PIB en 2019, ya que el crecimiento del PIB nominal relativamente fuerte compensará cada vez en mayor medida los déficits cada vez menores. Dado que la ratio de deuda privada ha disminuido más rápido que la ratio de deuda pública, los niveles de deuda de las Administraciones Públicas representan actualmente una proporción mucho mayor del endeudamiento total de la economía, en torno al 37 % en 2016, frente al 20 % aproximadamente en 2010, año en el que alcanzó su máximo el nivel de deuda privada (véase el gráfico 4.2.3). No parece que España se enfrente a riesgos inmediatos de «tensiones presupuestarias». () Esto se debe a la mejora de la situación macroeconómica, mientras que las dificultades presupuestarias a corto plazo no son suficientemente graves como para generar tensiones presupuestarias a corto plazo a nivel agregado. En particular, España sigue siendo teniendo una posición de inversión internacional neta negativa importante y una baja tasa de ahorro de los hogares. No obstante, los riesgos se ven mitigados por el fuerte crecimiento del PIB real, el saldo positivo de la balanza por cuenta corriente y la recuperación de la competitividad de costes, así como la baja proporción de deuda a corto plazo de las sociedades no financieras y de los hogares y la debilidad de los flujos de crédito al sector privado. Los riesgos a corto plazo derivados de la vertiente presupuestaria son mayores y están principalmente relacionados con la elevada ratio de deuda de las administraciones públicas y las necesidades brutas de financiación relativamente elevadas. Estos elementos se ven atenuados por la mejora del saldo presupuestario global, una proporción relativamente baja de deuda a corto plazo (en porcentaje del PIB), una diferencia reducida entre el tipo de interés y la tasa de crecimiento y el crecimiento moderado del gasto público. España afronta altos riesgos en lo que se refiere a la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El análisis de la sostenibilidad de la deuda muestra que, en condiciones económicas normales y suponiendo un saldo primario estructural constante tras el último año de previsiones de la Comisión (2019), se prevé que la deuda de las administraciones públicas españolas se mantenga en torno al 95 % del PIB en 2028 (último año de previsión). Esta previsión se debe principalmente a la mejora gradual del saldo primario durante el período considerado, que compensa el cada vez mayor diferencial entre tipo de interés y tasa de crecimiento, sobre todo en la última parte del período. El análisis también pone de manifiesto que el nivel de la ratio de deuda es muy sensible a las perturbaciones (véase el recuadro 4.1.1). Por otro lado, el saldo primario estructural de la economía española debería mejorar, en términos acumulados, hasta un 5,3 % del PIB durante un período de cinco años (de 2019 a 2024) respecto del escenario de referencia basado en el mantenimiento de la política fiscal, con el fin de alcanzar el valor referencia del 60 % para la ratio deuda/PIB de aquí a 2032. En la evaluación de la Comisión de la sostenibilidad de la deuda, dicho incremento está bastante por encima del umbral que señala que un país se enfrenta a riesgos elevados a medio plazo. A más largo plazo, los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria debido a la desfavorable posición presupuestaria inicial se ven atenuados por los ahorros logrados en los gastos derivados del envejecimiento de la población. Los ahorros en los gastos no sanitarios relacionados con el envejecimiento de la población (pensiones y prestaciones de desempleo) representan aproximadamente el 2,4 % del PIB, debido a las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y a otros factores. Por el contrario, el gasto público en asistencia sanitaria y cuidados de larga duración añade un 1,5 % del PIB a la brecha de la sostenibilidad presupuestaria. Esta previsión se basa en la tendencia actual de los gastos y en la evolución demográfica prevista. El persistente déficit del sistema de seguridad social y la continuación de la aplicación de la tasa de revalorización de las pensiones mínimas están recibiendo atención política. Si bien las dos reformas sucesivas del sistema de pensiones de 2011 y 2013 contribuirán a contener el gasto en pensiones a largo plazo, también es probable que den lugar a pensiones menos generosas. La comisión parlamentaria dedicada a las cuestiones de pensiones celebró reuniones en 2017 para discutir posibles nuevas reformas. Hasta la fecha, estas no han dado lugar a un consenso. Para consultar un resumen de la situación actual y de los desafíos pendientes, véase el recuadro 4.1.2. Recuadro 4.1.1: Previsiones sobre la deuda de las administraciones públicas a medio plazo La trayectoria de la deuda pública se ha simulado con arreglo a diferentes escenarios. En el escenario de base, se prevé que la deuda de las administraciones públicas disminuya ligeramente a lo largo del período de previsión hasta alcanzar aproximadamente el 95,1 % del PIB en 2028 (el final del horizonte de previsión). Este escenario de referencia se ha obtenido a partir de las previsiones de otoño de 2017 de la Comisión, en consonancia con las previsiones de tipo de interés implícito y la proporción de deuda pública a corto plazo y a largo plazo. En él se formulan diversas hipótesis técnicas. En primer lugar, en el período posterior al período de previsión, al saldo primario estructural se le atribuye un valor constante igual al previsto para 2019. El componente cíclico del saldo primario se calcula utilizando la sensibilidad del saldo presupuestario (específica de cada país) durante el período que va hasta el momento en que se estima que se cerrará la brecha de producción (2022). En segundo lugar, se supone que el tipo de interés a largo plazo sobre la deuda nueva y refinanciada es de un 3 % en términos reales al final del período de previsión, mientras que el tipo de interés real a corto plazo alcanza un valor al final del período de previsión que es coherente con el tipo de interés real a largo plazo del 3 % y el valor de la curva de rendimiento de la zona del euro. En tercer lugar, se parte de que el deflactor del PIB cambiará linealmente hasta llegar al 2 % en 2022, y que se mantendrá constante a partir de entonces. En cuarto lugar, se considera que el ajuste de flujos-fondos es igual a cero a partir de 2019. Por último, las previsiones de crecimiento del PIB real a medio plazo se basan en la metodología T+10 acordada con el Comité de Política Económica, por lo que se parte de que dicho crecimiento del PIB real a medio plazo se situará de media en un 1,5 % en el período 2017-2022, y que se ralentizará hasta situarse en torno a un valor del 1,2 % de media en el período 2023-2028. Si se partiese de hipótesis más favorables en lo que respecta al crecimiento real, la ratio de deuda seguiría una senda de valores más bajos hasta alcanzar el 90,0 % del PIB en 2028. Por el contrario, si se parte de hipótesis menos favorables en lo que respecta al crecimiento real del PIB, la ratio de deuda se incrementaría hasta el 100,5 % del PIB o 101,4 % del PIB en 2028, respectivamente. Recuadro 4.1.2: El sistema de pensiones español: reformas y retos El elevado y continuado déficit del saldo de la Seguridad Social y la erosión gradual del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, constituido con los superávits del sistema de seguridad social durante los años de bonanza, han abierto un debate sobre la necesidad de una nueva reforma del sistema de pensiones en España, tras las dos reformas sustanciales de 2011 y 2013. Desde octubre de 2016, la comisión parlamentaria que se ocupa de la reforma de las pensiones ha celebrado diversos debates sobre un nuevo conjunto de recomendaciones (el llamado proceso del «Pacto de Toledo»), pero no ha logrado conclusiones. El sistema de Seguridad Social español ha pasado de una situación de cómodos superávits en los años anteriores a la crisis financiera a otra de déficits cada vez mayores, que se han situado en el 1,6 % del PIB en 2016. Esto se debe al estancamiento del PIB nominal y a que los gastos en pensiones contributivas, en particular, continúan aumentando debido a factores demográficos y al incremento de la pensión media. Ante el deterioro de los indicadores fundamentales, España llevó a cabo dos importantes reformas (adoptadas en 2011 y 2013, respectivamente) con el fin de mejorar la sostenibilidad presupuestaria del sistema de pensiones. La reforma de 2011 tenía como objetivos restringir el acceso a las pensiones mediante el incremento gradual de la edad de jubilación legal y reducir la cuantía de las pensiones. La reforma de 2013 introdujo un mecanismo que adapta el nivel inicial de la pensión a la evolución de la esperanza de vida en el momento de la jubilación (el «factor de sostenibilidad») y un mecanismo llamado índice de revalorización de las pensiones (IRP), cuyo objetivo es ajustar el gasto del sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Esto se logra, dentro de ciertos límites, fijando la revalorización anual de las pensiones en un nivel que permita adaptar gradualmente el gasto a los ingresos. Por lo tanto, si el sistema presenta un déficit, el IRP actúa reduciendo gradualmente la cuantía de las pensiones. Como consecuencia de ello, la sostenibilidad del sistema de pensiones en su forma actual está prácticamente garantizada por el propio diseño del sistema, siempre que sus diversos mecanismos puedan funcionar según lo previsto. A pesar de que se ha aplicado la revalorización mínima del 0,25 % durante los últimos cuatro años, la inflación contenida ha hecho hasta ahora que el valor real de las pensiones no haya sufrido menoscabo. No obstante, al haber repuntado la inflación en 2017, puede que eso ya no sea así, y que si se sigue aplicando la revalorización mínima, se produzca una reducción gradual del valor real de las pensiones. Sobre la base de una serie de hipótesis demográficas y económicas, y teniendo en cuenta la repercusión de las dos reformas, el Informe sobre el envejecimiento demográfico de 2015 de la Comisión Europea prevé que el gasto público en pensiones sea inferior en un 0,8 % del PIB en 2060 respecto a su nivel de 2013. Se espera que el porcentaje aumente en primer lugar del 11,8 % del PIB en 2013 al 12,5 % del PIB en 2045, al causar la jubilación de la generación del «baby boom» un aumento de la ratio de dependencia, y que se reduzca posteriormente hasta llegar al 11 % del PIB en 2060, al atenuarse el efecto del «baby boom». En este escenario de base, la ratio de prestaciones (es decir, la media de las pensiones públicas en relación con los salarios medios) disminuye en torno a 20 puntos porcentuales, hasta alrededor del 40 % en 2060, lo que genera ahorros equivalentes al 4,4 % del PIB. Otro 0,6 % del PIB se ahorra gracias a cambios en la ratio de cobertura, es decir, quién puede optar a una pensión. De forma análoga, también se espera que la tasa de sustitución (es decir, la media de la primera pensión pública como porcentaje del salario medio en el momento de la jubilación) disminuya en más de 30 puntos porcentuales hasta situarse ligeramente por debajo del 50 %. Estas reducciones se encuentran entre las mayores de la UE, y pueden tener un fuerte efecto negativo en las condiciones de vida de la población de edad avanzada en España, si bien España aún tendría la ratio de prestaciones y la tasa de sustitución en torno al nivel medio de la UE en 2060 V . Las previsiones más recientes para España confirman que, debido a una importante caída en la ratio de prestaciones, el gasto en pensiones se mantendrá contenido con respecto a la zona del euro y la UE (DG Asuntos Económicos y Financieros, 2018). La adecuación de las futuras pensiones también dependerá fundamentalmente de la capacidad para hacer frente a los actuales retos del mercado de trabajo, tales como el uso generalizado de contratos temporales (y especialmente aquellos de menos de 3 meses de duración), la incidencia del empleo a tiempo parcial (en particular, el trabajo a tiempo parcial involuntario), la incidencia de las carreras profesionales de corta duración, sobre todo entre las mujeres ( VI ), y la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y adaptar el lugar de trabajo a fin de permitir la prolongación de la vida laboral. 4.1.2.Fiscalidad España presenta una ratio impuestos/PIB relativamente baja y la fiscalidad del trabajo es menor que en otros países de la UE. En 2016, la presión fiscal española representó el 33,3 % del PIB, frente a una media de aproximadamente el 38,9 % para la UE y el 40,1 % para la zona del euro. España obtiene aproximadamente la misma proporción de ingresos de los impuestos indirectos, de los impuestos directos y de las cotizaciones sociales. Tras una caída pronunciada durante la crisis (del 12,4 % del PIB en 2006 al 8,7 % en 2009), la proporción de los impuestos indirectos se ha recuperado en gran medida (11,8 % del PIB en 2016) como consecuencia del aumento de los tipos del IVA, la mejora del cumplimiento de las obligaciones de pago de IVA y la recuperación económica. Los impuestos sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones sociales han experimentado cambios más limitados, mientras que los impuestos sobre la renta de sociedades han oscilado significativamente con el ciclo y seguían estando muy por debajo de su nivel anterior a la crisis, en porcentaje del PIB. En 2015 y 2016, tanto el impuesto sobre la renta de las personas físicas como el impuesto sobre la renta de sociedades se vieron afectados por recortes tributarios aprobados por vía legislativa. Una parte de la reducción del impuesto sobre la renta de sociedades se revirtió en 2017, ya que la base imponible del impuesto sobre sociedades se amplió mediante la reducción de la deducibilidad de algunos elementos. En 2015, el tipo impositivo implícito sobre el trabajo fue del 31,3 %, inferior a la media de la UE del 35,9 %, y en 2016 la cuña fiscal () para un asalariado medio con un único salario era del 39,5 %, frente a una media del 40,6 % en la UE. Las cotizaciones sociales empresariales suponen una parte relativamente importante de la carga fiscal, especialmente en los niveles de salarios bajos, lo que se traduce en un sistema menos progresivo. A pesar de que el tipo normal del IVA está en consonancia con la media de la UE (21 % frente al 21,6 % de media de la UE), España tiene una brecha relativamente grande en cuanto a la política en materia de IVA. La «insuficiencia de la política en materia de IVA» (la brecha resultante después de excluir aquellos conceptos cuya sujeción a IVA sería inviable o quedaría fuera del control de las autoridades nacionales) se situó en el 27 % en 2015, de lo cual algo más de la mitad se debía a la aplicación de los tipos reducido y superreducido. Las simulaciones realizadas por la Comisión Europea partiendo del modelo EUROMOD (véase el recuadro 4.1.2 del informe por país de 2017) muestran que la reducción de la incidencia de estos tipos reducidos aumentaría los ingresos entre un 0,2 % y un 1,4 % del PIB, en función del ámbito de aplicación y del alcance de la reducción. Los efectos negativos sobre la distribución de la renta pueden reducirse o evitarse dando prioridad a artículos para los cuales el tipo reducido tiene un efecto regresivo, o pueden compensarse por otros medios, por ejemplo mediante transferencias sociales.

En algunos casos, los tipos reducidos del IVA tienden a tener un efecto regresivo. Todas las reducciones de los tipos de IVA son potencialmente beneficiosas para todos los consumidores, independientemente de su nivel de renta. Así pues, no son un instrumento eficaz a efectos de redistribución de la renta. Si bien, por término medio, los tipos reducidos en España tienen cierto efecto progresivo, lo que se debe, casi por completo, a los productos alimenticios, para muchos productos tienen un fuerte efecto regresivo. Por ejemplo, este es el caso del tipo reducido aplicable a los restaurantes y hoteles. La brecha de cumplimiento de las obligaciones de pago de IVA siguió disminuyendo. La brecha, que se calcula como la diferencia entre el IVA teóricamente devengado y los ingresos efectivamente percibidos, en porcentaje de aquel, ascendió al 3,5 % en 2015 (frente al máximo del 13 % alcanzado en 2011), lo cual está significativamente por debajo de la media de la UE del 13 %. En julio de 2017, España estableció un nuevo sistema de información (SII) que exige a las medianas y grandes empresas que informen a la administración tributaria de sus operaciones comerciales en un plazo mucho más breve. Los impuestos medioambientales aún se encuentran por debajo de la media de la UE, a pesar de los aumentos de los últimos años. En España, los impuestos medioambientales ascendieron a aproximadamente el 1,9 % del PIB en 2016, frente a una media de la UE de aproximadamente el 2,4 % del PIB. En particular, los impuestos sobre la energía (incluidos los impuestos sobre los combustibles destinados al transporte) han generado escasos ingresos, lo que refleja el reducido nivel de impuestos especiales sobre la gasolina sin plomo y el gasóleo. Este es el caso, en particular, del gasóleo, al que España le aplica el impuesto especial mínimo, a pesar de que tiene un mayor contenido de carbono y de energía que la gasolina sin plomo. Por último, los impuestos sobre el transporte, como, por ejemplo, los impuestos sobre los vehículos, solo generan la mitad de ingresos en España que la media de la UE (0,2 % frente al 0,5 % del PIB). España aplica un nivel relativamente bajo de impuestos recurrentes en el ámbito de la fiscalidad de la propiedad inmobiliaria. Aunque los ingresos derivados de la imposición de la propiedad inmobiliaria en España están ligeramente por encima de la media de la UE (2,8 % frente al 2,6 % del PIB en 2015), el componente recurrente es inferior a la media de la UE (1,3 % del PIB frente a un 1,6 % en 2015), mientras que los impuestos que gravan las transacciones superan la media de la UE (1,6 % frente al 1 % del PIB). Se considera que los impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria son de los menos perjudiciales para el crecimiento y son preferibles a los impuestos sobre las transacciones, ya que permiten una asignación más eficiente de los activos y una mayor movilidad laboral. En los últimos años no se han introducido cambios importantes en el ámbito de la fiscalidad de la propiedad inmobiliaria, salvo en lo que se refiere a la eliminación gradual de la desgravación de los pagos de intereses hipotecarios. Gráfico 4.1.3:Ingresos de las administraciones públicas por categoría Fuente: Ameco. El sistema tributario español presenta características que obstaculizan la inversión. Un sesgo elevado en favor del endeudamiento dificulta los avances en los mercados de renta variable (véase el recuadro 4.4.1 del informe de 2017). La diferencia entre el coste del capital para nuevas inversiones financiadas con fondos propios, por un lado, y la inversión financiada mediante endeudamiento, por otro, seguía siendo una de las más grandes de la Unión Europea en 2016, a pesar de haber mejorado algo. 4.1.3.Marco presupuestario El marco presupuestario español establece la obligación para los gobiernos autonómicos y las corporaciones locales de cumplir cada año con un objetivo de déficit, de deuda y de gasto. A nivel autonómico, el cumplimiento de los objetivos presupuestarios mejoró considerablemente en 2016 (gráfico 4.1.24). En el período 2013-2016, el objetivo de deuda fue el que se alcanzó con mayor frecuencia, seguido del objetivo de gasto. Sin embargo, los objetivos de déficit han tenido el peor historial de cumplimiento, a pesar de que el déficit público autonómico ha disminuido durante el período 2013-2016 (gráfico 4.1.3.4, izquierda). Sin embargo, en 2016, nueve comunidades autónomas cumplieron el objetivo de déficit, el mayor número desde 2013. Durante el período 2013-2016, fueron las comunidades incluidas en los grupos intermedios en lo que respecta al PIB per cápita las que cumplieron con mayor frecuencia las normas presupuestarias (gráfico 4.1.24). Gráfico 4.1.4:Porcentaje de comunidades autónomas que cumplieron las normas presupuestarias durante el período 2013-2016, por PIB per cápita y por año (100 % = 17 comunidades autónomas) Fuente: Ministerio de Hacienda y Comisión Europea. Las corporaciones locales, en términos agregados, han superado con creces sus objetivos presupuestarios durante el período 2013-2016. A diferencia de las administraciones autonómicas, han incumplido con mayor frecuencia el objetivo de deuda pública. La mejora del saldo presupuestario de las corporaciones locales se ha visto impulsada por las reducciones de las ratios de gastos por intereses y de gastos corrientes respecto del PIB (gráfico 4.1.35, izquierda), aunque el gasto corriente ha aumentado en términos reales y per cápita (gráfico 4.1.35, derecha). La recuperación de los ingresos tributarios y el aumento de las transferencias de ingresos facilitan la reducción del déficit por comunidades autónomas. En 2016, la mejora del saldo presupuestario se debió a la reducción del porcentaje de los gastos de capital, corrientes y por intereses respecto del PIB, pero también al incremento de las transferencias de ingresos, a causa de la liquidación tributaria correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, que aportó a las comunidades autónomas 7 600 millones EUR adicionales (gráfico 4.1.35, izquierda). En los diez primeros meses de 2017, se produjo un nuevo aumento de los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómico, lo que implica que es probable que se haya cumplido el objetivo de déficit autonómico para ese año (AIReF, 2017). Gráfico 4.1.5:Mejora del saldo presupuestario de las administraciones autonómicas y locales, por componentes Fuente: IGAE (Ministerio de Hacienda) y Comisión Europea. Las normas de gasto pueden ser un instrumento efectivo para apuntalar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medida que se consolida la recuperación de los ingresos. Al establecer un límite para el crecimiento de los gastos bajo el control del Gobierno con referencia a una tasa de crecimiento a medio plazo —como es el caso en la legislación española—, contribuyen al saneamiento presupuestario en tiempos de bonanza económica, mientras que en períodos de recesión no impiden que la política fiscal desempeñe un papel estabilizador. Las normas de gasto, por lo tanto, reducen el carácter procíclico de la política fiscal. De hecho, la literatura económica asocia las normas de gasto con la mejora de los resultados presupuestarios (FMI, 2015). Durante el período 2013-2016, las comunidades autónomas que habían cumplido la norma de gasto presentaban, de media, saldos primarios más elevados. Sin embargo, las administraciones autonómicas podrían haber optado por reducir los gastos discrecionales, tales como la inversión pública, a fin de intentar cumplir la norma en lugar de optar por formas de saneamiento de carácter más estructural. A las administraciones locales, que en términos agregados están en mejor situación presupuestaria, se les aplican disposiciones especiales, ya que aquellas que tienen unas finanzas públicas saneadas pueden, en determinadas condiciones, utilizar su superávit presupuestario para financiar inversiones sostenibles desde el punto de vista financiero, y este gasto no se computa a efectos de la regla de gasto. Determinados aspectos de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad siguen sin estar regulados. Por ejemplo, la ley no exige que las administraciones que incumplen la regla compensen las desviaciones