La UE continúa por el buen camino para cumplir su objetivo de reducir las emisiones de GEI un 20 % hasta 2020 con respecto a los niveles de 1990. En 2017, las emisiones de GEI de la UE se habían reducido un 22 % de acuerdo con los datos preliminares (que comprenden las emisiones de la aviación internacional, pero no las emisiones y absorciones relacionadas con el uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS)). Dado que las previsiones de los Estados miembros indican que las emisiones van a continuar reduciéndose, la UE espera cumplir su objetivo para 2020.

El intercambio de créditos internacionales por derechos de emisión de la UE ha caído a un nivel muy bajo. En la fase 2 (2008-2012) y en la fase 3 (a partir de 2013), se utilizaron o intercambiaron un total de 1 490 millones para compensar emisiones en el marco del RCDE UE. En la fase 3, se habían utilizado unos 436 millones hasta junio de 2018 (unos 11,5 millones solo en 2017). A partir de 2021, ya no será posible utilizar créditos internacionales para cumplir con las obligaciones del RCDE UE.

Las emisiones de metano se han ido reduciendo de manera constante; en 2016 fueron un 38 % menores que en 1990, gracias en parte a las políticas actuales de la UE, y en particular a la política agrícola común y a la legislación en materia de residuos. Las emisiones de metano procedentes de la agricultura (la mitad del total de estas emisiones son generadas por el ganado) han caído un 22 % desde 1990 y las procedentes de la gestión de residuos, un 45 %. La nueva legislación en materia de residuos adoptada en mayo de 2018 dará lugar a nuevos descensos de las emisiones generadas por la gestión de residuos, ya que introduce ambiciosos objetivos y restricciones en relación con los vertidos, así como la recogida selectiva obligatoria de residuos biológicos.

El RRE reconoce que la capacidad de acción de los Estados miembros es variable y establece objetivos nacionales diferenciados que reflejan fundamentalmente el PIB per cápita. Los objetivos para 2030 oscilan entre el 0 % y el 40 % en comparación con los niveles de 2005.

Las emisiones de la mayoría de los sectores no incluidos en el RCDE UE, como el transporte, los edificios, la agricultura (emisiones distintas del CO2) y los residuos, están sujetas a la legislación de «reparto del esfuerzo» de la UE. La Decisión de Reparto del Esfuerzo (DRE) establece objetivos nacionales de emisión para 2020, expresados en variaciones porcentuales con respecto a los niveles de 2005. Los Estados miembros deben respetar los límites de emisión anuales de 2013 a 2020.

En consecuencia, de enero a agosto de 2019, casi 265 millones de derechos (el 16 % del excedente) no saldrán a subasta, sino que se añadirán a la REM. Se subastará un 40 % de derechos menos que en el periodo correspondiente de 2018. En suma, la REM minora el excedente reduciendo la oferta de derechos en el mercado.

Con las políticas actuales, también Alemania, Austria, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía prevén incumplir sus objetivos para 2030 en más de 10 pp. Cabe esperar que todos los Estados miembros que prevén incumplir sus objetivos para 2030 determinen en sus planes nacionales de energía y lucha contra el cambio climático (con arreglo al Reglamento de gobernanza) cómo piensan cumplir con sus obligaciones, en particular por medio de políticas y medidas nuevas o reforzadas.

Irlanda prevé incumplir sus objetivos para 2020 y 2030 con las medidas existentes. Ha acumulado su excedente de asignaciones de 2013-2015, pero no espera que cubra el déficit en 2016-2020. En particular, las emisiones del transporte han aumentado rápidamente y se prevé que este incremento continúe hasta 2025. En el Semestre Europeo de 2018, se formuló la recomendación de que Irlanda debería velar por la aplicación efectiva del plan de desarrollo nacional en materia de, entre otros, energía limpia, transporte y vivienda.

Se espera que la mayoría de los Estados miembros cumpla sus objetivos derivados de la DRE para 2020, pero (según las previsiones nacionales) puede que ocho no lo consigan: La previsión de Irlanda es que podría incumplir su objetivo en 20 pp, mientras que Chipre y Malta podrían incumplir los suyos en 12 pp y 11 pp respectivamente. Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia y Luxemburgo también podrían quedarse cortos, pero por márgenes más pequeños.

El ciclo de cumplimiento de 2016 todavía no ha terminado. Alemania, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Malta y Polonia sobrepasaron sus AAE y tendrán que recurrir a los mecanismos de flexibilidad para cumplir sus objetivos. Para Alemania, Bélgica, Finlandia, Irlanda y Polonia era la primera vez y podrán utilizar las AAE excedentes acumuladas de años anteriores. Malta ha sobrepasado sus AAE todos los años desde 2013 y tendrá que volver a comprar AAE o créditos de proyectos internacionales.

Los veintiocho Estados miembros cumplieron con sus obligaciones derivadas de la DRE en 2013-2015. Malta sobrepasó sus asignaciones anuales de emisiones (AAE) en cada uno de los años en cuestión, pero cubrió el déficit comprando AAE a Bulgaria. Suecia no utilizó todas sus asignaciones y canceló las AAE excedentes para mejorar la integridad medioambiental del sistema en general. Todos los demás Estados miembros acumularon sus asignaciones excedentes para utilizarlas en años posteriores. No se utilizaron créditos internacionales del mecanismo de desarrollo limpio (MDL) ni del mecanismo de aplicación conjunta para cumplir con las obligaciones derivadas de la DRE.

En los dos últimos años, la Comisión ha adoptado tres amplios paquetes de medidas sobre movilidad, dirigidos en particular a reducir las emisiones del transporte por carretera y aplicar la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones.

Aunque es posible distinguir algunos factores o tendencias de carácter genérico a escala de la UE —por ejemplo, el continuo descenso del carbono orgánico de las tierras cultivadas—, básicamente no ha sido posible hasta ahora comenzar a utilizar los inventarios y cuentas para investigar las relaciones causa-efecto con las políticas UTCUTS propuestas al inicio del periodo. En particular, será necesario actualizar algunos métodos estimativos, siguiendo el proceso de revisión de sistemas y estimaciones en curso conforme a la Decisión n.º 529/2013/UE.

Existen patrones evidentes en los inventarios de GEI y sus cuentas a nivel de Estado miembro, si bien se trata de datos preliminares y ajustados al final del periodo contable en 2020 conforme a las normas UTCUTS. Dinamarca e Irlanda presentan emisiones notificadas netas, principalmente a consecuencia de las elevadas emisiones generadas por la gestión de tierras de cultivo (Dinamarca) y la gestión de pastizales (Irlanda). De acuerdo con las normas contables establecidas para el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Letonia y Países Bajos presentan débitos netos en este ejercicio contable preliminar. Alemania, Croacia, Estonia y Lituania presentan un incremento de los créditos, mientras que se observan reducciones en Grecia y Portugal. Bélgica, Bulgaria y Finlandia presentan reducciones de los débitos. No se observan tendencias concretas en Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Países Bajos y Rumanía. Las tendencias se invierten en Dinamarca, España, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido y Suecia, donde primero aumentan y luego disminuyen los créditos. Los créditos presentan primero tendencias a la baja y después al alza en Irlanda y Luxemburgo. Otros países presentan resultados más variables, con probables artefactos relacionados con el continuo desarrollo (o incluso aplicación) de los métodos contables del Protocolo de Kioto .

El Reglamento UTCUTS establece el compromiso de la UE de garantizar que el conjunto del sector que constituye el ámbito de aplicación del Reglamento no genere emisiones netas durante el periodo 2021-2030. Su ámbito de aplicación comprende todas las tierras gestionadas, como bosques, tierras de cultivo, pastizales y (hasta 2026) humedales. Simplifica y actualiza la metodología contable establecida en el Protocolo de Kioto y en la Decisión n.º 529/2013/UE. También establece un nuevo proceso de gobernanza de la UE para controlar el método utilizado por los Estados miembros para calcular las emisiones y absorciones derivadas de la actividad desarrollada en sus bosques.

·la Directiva de energía renovable, que establece un nuevo objetivo del 32 % para 2030, con una cláusula de revisión al alza del objetivo europeo en 2023. También mejora el diseño y la estabilidad de los programas de apoyo a las renovables, racionaliza y reduce los procedimientos administrativos de manera efectiva, eleva el nivel de ambición para los sectores del transporte y la calefacción/refrigeración, e incluye nuevos criterios de sostenibilidad para la biomasa forestal, con objeto de minimizar el riesgo de que se utilice materia prima no sostenible para generar energía en la UE.

Nordsee One es un proyecto eólico marítimo de 332 MW que se construyó entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017. Es uno de los primeros proyectos que ha logrado instalar una turbina eólica de 6 MW sobre una gigantesca cimentación monopilar. Las turbinas están equipadas con varios elementos innovadores, como rodamientos y palas más sólidos, diseñados para aprovechar más el viento y, por tanto, incrementar la potencia de salida. Este proyecto está diseñado para vender electricidad a unos 400 000 hogares durante al menos veinticinco años.

Seis proyectos ya están en marcha, mientras que otros once han llegado a la fase final de decisión de la inversión. Los proyectos que están en funcionamiento representan una inversión total de 2 463 millones EUR, frente a los 260 millones EUR obtenidos a través del programa NER 300. Generan 3,1 TWh eq. de electricidad renovable al año, que suponen un ahorro anual de 1,3 Mt de CO2.

El proyecto LIFE HEROTILE ha desarrollado unos tipos de tejas muy innovadores, que incrementan la ventilación subyacente para mejorar el comportamiento energético de los edificios. Los elementos de enclavamiento en la superficie de terracota permiten la entrada del aire pero no de la lluvia.

Aunque la UE ha fijado sus objetivos para 2030 con arreglo a la trayectoria de los 2 °C y es probable que su intensidad de emisiones de GEI por PIB siga siendo la más baja entre los miembros del G20 para 2030, será necesario que otros países aceleren el ritmo de descarbonización, en particular las grandes economías cuyas emisiones siguen aumentando, para limitar de manera efectiva el incremento de la temperatura de modo quede muy por debajo de los 2 °C (o 1,5 °C).

La Estrategia ha sido objeto de una evaluación minuciosa, cuya conclusión es que sigue siendo muy pertinente y que es bastante coherente con las políticas adoptadas en otros niveles de gobernanza, aunque no tanto en lo que se refiere a las políticas internacionales. A través de una evaluación que combinaba aspectos cualitativos y cuantitativos, se determinó que era eficaz, aunque es necesario seguir trabajando para:

Actualmente, el RCDE UE solo se aplica a los vuelos operados dentro del EEE y, en este sentido, el impacto total de la aviación sobre el clima global, teniendo también en cuenta emisiones o efectos diferentes del CO2, es considerablemente mayor que si se considera únicamente el componente CO2. Se calcula que el efecto de forzamiento radiativo no relacionado con el CO2 es entre el doble y el cuádruple del causado por el CO2, por lo que el impacto total causado por las actividades de la aviación dentro del EEE oscila entre 120 y 250 millones de toneladas de equivalentes de CO2. En este cálculo no se tienen en cuenta los efectos relacionados con los cirros, pero se considera que estos son menores en los desplazamientos de corta distancia que son habituales en los vuelos operados dentro del EEE.

En respuesta al llamamiento del Acuerdo de París de movilizar a los actores no estatales (empresas, ayuntamientos, ciudadanía, sociedad civil internacional, etc.), la UE apoya una serie de iniciativas emblemáticas como la Misión Innovación, el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía (a través de los Pactos Regionales), el Marco decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP/One Planet Network), la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE), la Asociación de CDN, la iniciativa Renewable Energy for Africa, la iniciativa 4/1000 para la agricultura adaptada a los cambios climáticos y la iniciativa InsuResilience. Se están estudiando herramientas de supervisión sistemáticas para cuantificar sus efectos en materia de reducción de las emisiones y capacidad de adaptación. A escala mundial, estos esfuerzos se organizan a través de la Asociación de Marrakech para la Acción Climática Global.

El Anuario de la Acción Climática Global y el Informe sobre la disparidad en las emisiones 2017 del PNUMA demuestran que la acción climática global podría obtener reducciones adicionales de las emisiones (en comparación con las CDN) de 1,64 Gt CO2 al año en 2020, y de hasta 510 Gt CO2 en 2030, lo que supondría una importante contribución para acabar con la disparidad. Si se analizan únicamente las iniciativas transnacionales, Roelfsema et al. (2017) señalan un impacto global adicional de 1-3 Gt equiv. CO2 en 2030.

Europa es una de las regiones más desarrolladas en lo que respecta a las acciones climáticas no estatales registradas: de las iniciativas de cooperación registradas en la plataforma NAZCA (Zona para la Acción Climática de Actores No Estatales, un portal de internet de la CMNUCC para visualizar acciones colectivas), el 54 % son europeas.

Desde 2017, el Pacto Europeo de los Alcaldes es miembro del Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía, que integra las dos principales iniciativas mundiales de ayuntamientos y Administraciones locales (el Pacto de los Alcaldes y la Coalición de Alcaldes) para impulsar su transformación en ciudades de bajas emisiones y adaptadas al clima, lo que también es beneficioso para la economía en general y tiene repercusiones en todo el mundo.

7.7Apoyo a los países en vías de desarrollo

La UE y sus Estados miembros son los mayores proveedores del mundo de ayuda oficial al desarrollo para los países en desarrollo, con 75 740 millones EUR en 2017. En particular, las ayudas proporcionadas por la UE, por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y por los Estados miembros para ayudar a los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático casi se han prácticamente doblado en términos nominales desde 2013. La UE y sus Estados miembros son los mayores contribuyentes al Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés) con un compromiso total de 4 700 millones USD, que representa casi la mitad de los 10 300 millones USD comprometidos durante la movilización de recursos inicial.

En 2017, la UE y la Unión Africana (UA) pusieron en marcha la Asociación UE-África en materia de investigación e innovación sobre el cambio climático y la energía sostenible, que gira en torno a tres ámbitos de cooperación principales: los servicios climáticos, las energías renovables y la eficiencia energética.

La UE financia numerosos programas e iniciativas en materia de adaptación y mitigación, dirigidas en particular a satisfacer las necesidades de los países en desarrollo más vulnerables. El año pasado se dieron nuevos pasos, como la puesta en marcha del Plan Europeo de Inversiones Exteriores, que fomenta la inversión en los países en vías de desarrollo del continente africano y de la región de la Política Europea de Vecindad y que está adaptado a las necesidades concretas de los países en vías de desarrollo. La Iniciativa europea de financiación de la electrificación (115 millones EUR) tiene por objeto fomentar las inversiones para incrementar y mejorar el acceso a servicios energéticos modernos, asequibles y sostenibles.

La Alianza mundial contra el cambio climático + es una iniciativa emblemática de la UE en materia del clima. Una prioridad clave es apoyar la formulación y aplicación de estrategias sectoriales concretas e integradas de mitigación y adaptación al cambio climático. En el periodo de 2015-2017, aportó unos 100 millones EUR a través de, entre otras cosas, un programa multinacional para las islas del Pacífico, con el fin de apoyar los esfuerzos de adaptación al clima de trece países.

En 2018, la UE puso en marcha un nuevo programa de 20 millones EUR con el fin de financiar sus asociaciones estratégicas para la aplicación del Acuerdo de París en grandes economías (principalmente, los miembros no europeos del G20 e Irán).