·La Directiva sobre compraventa de bienes y la Directiva sobre contenidos y servicios digitales otorgan a los consumidores el derecho a la reparación, es decir, la sustitución, la reparación o el reembolso, cuando los bienes, incluidos los contenidos o servicios digitales, no sean conformes con el contrato o no funcionen correctamente. Estos actos se refieren a la responsabilidad contractual, mientras que la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos se refiere a la responsabilidad extracontractual de los productores por los daños y perjuicios causados por la falta de seguridad.

En cada Estado miembro existen regímenes nacionales de responsabilidad que permiten reclamar una indemnización en más situaciones que en el marco de la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos: pueden interponerse reclamaciones contra una gama más amplia de personas responsables por una gama más amplia de daños y perjuicios. Estas reclamaciones se refieren tanto a servicios como a productos, y a menudo conceden más tiempo para presentar una reclamación. Sin embargo, las personas perjudicadas tienen que demostrar la culpa del infractor, lo que no se exige en virtud de la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos. Esta Directiva, como régimen de responsabilidad por riesgo creado (objetiva), no afecta a estos derechos, por lo que es coherente con los regímenes nacionales más amplios. Además, existen varios instrumentos complementarios en materia de responsabilidad a nivel de la UE, que se describen a continuación.

La revisión de la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos tiene por objeto garantizar el funcionamiento del mercado interior, la libre circulación de mercancías, una competencia no falseada entre los operadores del mercado y un elevado nivel de protección de la salud y la propiedad de los consumidores. En particular, la presente propuesta pretende:

En lo que respecta a la IA en particular, la presente propuesta confirma que los sistemas de IA y los bienes basados en la IA son «productos» y, por tanto, entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos, lo que significa que, cuando la IA defectuosa ocasiona daños, puede obtenerse una indemnización sin que la persona perjudicada tenga que demostrar la culpa del fabricante, al igual que con cualquier otro producto. En segundo lugar, la propuesta deja claro que no solo los fabricantes de equipos informáticos, sino también los proveedores de programas informáticos y los proveedores de servicios digitales que influyen en el funcionamiento del producto (como un servicio de navegación en un vehículo autónomo) pueden ser considerados responsables. En tercer lugar, la propuesta garantiza que los fabricantes puedan ser considerados responsables de los cambios que introduzcan en los productos que ya hayan introducido en el mercado, incluso cuando estos cambios se activen mediante actualizaciones de programas informáticos o aprendizaje automático. En cuarto lugar, la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos revisada aligera la carga de la prueba en casos complejos, que podrían incluir determinados casos relacionados con sistemas de IA, y cuando los productos no cumplen los requisitos de seguridad. Con ello, responde en gran medida a los llamamientos del Parlamento Europeo para garantizar que las normas en materia de responsabilidad se adapten a la IA. Como complemento de estos cambios, la propuesta paralela de Directiva relativa a la responsabilidad subjetiva sobre la IA tiene por objeto garantizar que, cuando una persona perjudicada tenga que demostrar que es culpa de alguien que un sistema de IA haya causado daños y perjuicios para obtener una indemnización con arreglo al Derecho nacional, la carga de la prueba pueda aligerarse si se cumplen determinadas condiciones.

El proyecto de Directiva relativa a la adaptación de las normas de responsabilidad civil no contractual a la inteligencia artificial, adoptado como paquete con la presente propuesta, pretende facilitar el acceso a la información y aligerar la carga de la prueba en las reclamaciones de indemnización presentadas en el marco de regímenes nacionales de responsabilidad subjetiva en los casos en que determinados sistemas de IA estén implicados en la causa de los daños. No existe solapamiento con las reclamaciones presentadas en el marco de la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos.

En el ámbito de la ciberseguridad, el Reglamento sobre la Ciberseguridad y el acto delegado en virtud de la Directiva sobre equipos radioeléctricos tienen por objeto mitigar los riesgos de ciberseguridad, pero no regulan la responsabilidad de los fabricantes. La reciente propuesta de Reglamento sobre ciberresiliencia se basa en las normas existentes para animar a los fabricantes y desarrolladores de programas informáticos a mitigar los riesgos de ciberseguridad, pero no aborda la responsabilidad.

La legislación de la UE en materia de seguridad de los productos tiene por objeto garantizar que solo se introduzcan en el mercado interior productos seguros. Si están cubiertos por legislación sectorial (por ejemplo, sobre maquinaria, productos farmacéuticos, juguetes o equipos radioeléctricos), deben cumplir los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en la misma. De lo contrario, entran en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos y se exige que sean seguros. Las normas de seguridad se aplican mediante normas de vigilancia del mercado, que garantizan la protección de los consumidores al detener la circulación de productos no conformes o adaptarlos para que sean conformes. La legislación sobre seguridad de los productos no contiene disposiciones específicas sobre la responsabilidad de las empresas, pero hace referencia a que la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos se aplica cuando un producto defectuoso causa daños. La seguridad de los productos y la responsabilidad por los mismos son, por tanto, mecanismos complementarios para lograr un mercado de bienes único y operativo que garantice niveles elevados de seguridad. Actualmente se están negociando varias propuestas legislativas en el ámbito de la seguridad de los productos:

En la consulta pública, el 64 % de todos los encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos debe garantizar la protección de los consumidores si los productos defectuosos comprados directamente a países no pertenecientes a la UE causan daños cuando no hay fabricantes o importadores establecidos en la UE. Las opiniones difieren en cuanto la posibilidad de responsabilizar al representante autorizado de un fabricante de un tercer país, al prestador de servicios de tramitación de pedidos a distancia o a un mercado en línea.

–La mayoría de las partes interesadas se mostraron a favor de aclarar que los programas informáticos son un producto que entra en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos. Sin embargo, la mayoría de los representantes de la industria sugirieron que se aclarara a través de directrices no vinculantes en lugar de mediante la revisión legislativa de la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos. Hubo un amplio consenso entre todos los grupos de interesados en que un producto podía considerarse defectuoso por tener vulnerabilidades en materia de ciberseguridad. El 70 % de los encuestados en la consulta pública estaban a favor de la posibilidad de responsabilizar a los fabricantes por no proporcionar las actualizaciones de seguridad de los programas informáticos necesarias para hacer frente a esas vulnerabilidades.

La propuesta también garantizará que las personas gocen de la misma protección, independientemente de que el producto defectuoso que les perjudique sea tangible o digital. Al ampliar el ámbito de aplicación del régimen de responsabilidad por productos defectuosos de la UE para incluir explícitamente a los proveedores de programas informáticos, las empresas que introducen modificaciones sustanciales en los productos, los representantes autorizados y los prestadores de servicios de tramitación de pedidos a distancia, las personas perjudicadas tendrán más posibilidades de ser indemnizados por los daños sufridos, y se establecerán unas condiciones de competencia equitativas entre las empresas. Al cubrir las pérdidas materiales debidas a la pérdida, destrucción o corrupción de datos, la propuesta reconoce la importancia de los datos en la era digital. Sin embargo, la propuesta no va más allá de lo necesario y, por lo tanto, no aborda otros tipos de daños, como la privacidad o la discriminación, que se tratarían más adecuadamente con arreglo a otra legislación.

La propuesta pretende lograr un equilibrio justo de intereses entre la industria y los consumidores, en particular evitando medidas que puedan dificultar la innovación para las pymes o generar costes adicionales que podrían resultar más difíciles de absorber para las pymes. La propuesta no exime a las microempresas ni incluye medidas de mitigación específicas para las pymes, ya que la indemnización adecuada de las personas perjudicadas por productos defectuosos no puede depender del tamaño de la empresa responsable. Esto falsearía la competencia entre los agentes del mercado si las empresas que venden productos similares se enfrentaran a normas de responsabilidad diferentes.

–La opción 2b invertiría la carga de la prueba, de modo que si un producto causa daños, sería el productor quien debería demostrar que el producto no era defectuoso y no causó los daños. Se eliminaría la exoneración basada en los riesgos de desarrollo, que exime a los productores de la responsabilidad cuando el carácter defectuoso de un producto no se pueda descubrir según los conocimientos más avanzados. La opción 2b reduciría aún más las restricciones para presentar reclamaciones (umbrales y plazos).

–La opción 1b se basaría en la opción 1a y, además, incluiría todos los programas informáticos pertinentes como producto por derecho propio, incluidos los programas informáticos de terceros añadidos a un producto o programas informáticos independientes que puedan causar daños por sí mismos (como una aplicación de teléfono inteligente para dispositivos médicos). Las empresas que modifiquen sustancialmente un producto y lo vuelvan a introducir en el mercado también serían responsables en virtud de la Directiva. Con esta opción, también sería posible responsabilizar al representante autorizado o al prestador de servicios de tramitación de pedidos a distancia de un productor no perteneciente a la UE, cuando no haya ningún importador en la UE.

El capítulo III establece normas de responsabilidad de carácter más general, que se basan en gran medida en las de la actual Directiva. Establece que, si hay dos o más personas responsables, lo son solidariamente. También establece que, si un producto defectuoso causa daños, las acciones contributivas de terceros no reducen la responsabilidad del fabricante, mientras que las acciones contributivas de la persona perjudicada pueden hacerlo. Un aspecto importante para la protección de los consumidores es que la responsabilidad no puede excluirse ni limitarse por disposiciones contractuales u otra legislación. Por lo tanto, tampoco está permitido fijar límites económicos máximos o mínimos para la compensación. El plazo de tres años para incoar el procedimiento no se modifica con respecto a la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos. Los operadores económicos son responsables de los productos defectuosos durante un período de diez años tras la introducción del producto en el mercado, pero los demandantes disfrutarán de un período adicional de cinco años en los casos en que los síntomas de lesiones corporales tarden en aparecer, por ejemplo tras la ingestión de un producto químico o alimenticio defectuoso.

–El abanico de operadores económicos que pueden ser considerados responsables de los productos defectuosos tiene en cuenta la creciente importancia de los productos fabricados fuera de la Unión que se introducen en el mercado de la Unión, y garantiza que siempre haya un operador económico en la Unión contra el que pueda presentarse una reclamación de indemnización. La propuesta no afecta a la exención de responsabilidad condicional prevista en el Reglamento sobre servicios digitales, ya que establece condiciones para la responsabilidad solamente cuando la plataforma en línea no se beneficia de la exención. Además, esta propuesta se centra únicamente en el caso concreto de que una persona se vea perjudicada por un producto defectuoso y solicite una indemnización, un supuesto que no está contemplado en el Reglamento sobre servicios digitales. También aclara cuándo se puede responsabilizar a los operadores económicos que introducen modificaciones en un producto, por ejemplo en el contexto de los modelos de negocio de la economía circular.

(25)En interés de dar una amplia oferta a los consumidores y con el fin de fomentar la innovación, la existencia o posterior introducción en el mercado de un producto mejor no debe llevar en sí misma a la conclusión de que un producto es defectuoso. Del mismo modo, el suministro de actualizaciones o mejoras de un producto no debe llevar en sí mismo a la conclusión de que una versión anterior del producto es defectuosa.

(22)Con objeto de proteger la salud y la propiedad de los consumidores, el carácter defectuoso de un producto debe determinarse no por su falta de aptitud para el uso sino por no cumplir las condiciones de seguridad a que tiene derecho el público en general. La evaluación del carácter defectuoso debe incluir un análisis objetivo y no referirse a la seguridad que una persona concreta tiene derecho a esperar. La seguridad que el público en general tiene derecho a esperar debe evaluarse teniendo en cuenta, entre otras cosas, la finalidad prevista, las características objetivas y las propiedades del producto de que se trate, así como las necesidades específicas del grupo de usuarios al que se destina el producto. Algunos productos, como los productos sanitarios de soporte vital, conllevan un riesgo especialmente elevado de daños para las personas y, por lo tanto, generan unas expectativas de seguridad especialmente elevadas. Para tener en cuenta estas expectativas, el órgano jurisdiccional debe poder considerar defectuoso un producto sin demostrar su defectuosidad real, cuando pertenezca a la misma serie de producción que un producto cuyo carácter defectuoso ya ha sido probado.

(16)En reconocimiento de la creciente importancia y valor de los activos inmateriales, también debe compensarse la pérdida o corrupción de datos, como el contenido borrado de un disco duro, incluido el coste de recuperar o restaurar los datos. En consecuencia, la protección de los consumidores exige una indemnización por las pérdidas materiales derivadas no solo de la muerte o las lesiones corporales, como los gastos funerarios o médicos o la pérdida de ingresos, y de los daños materiales, sino también de la pérdida o corrupción de datos. No obstante, la presente Directiva no afecta a la indemnización por infracciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo y del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(13)A fin de no obstaculizar la innovación o la investigación, la presente Directiva no debe aplicarse a los programas informáticos libres y de código abierto desarrollados o suministrados fuera del transcurso de una actividad comercial. Este es el caso, en particular, de los programas informáticos, incluidos su código fuente y sus versiones modificadas, que se comparten abiertamente y son de libre acceso, utilizables, modificables y redistribuibles. Sin embargo, cuando los programas informáticos se suministren a cambio de un precio o los datos personales se utilicen de forma distinta a la de mejorar la seguridad, la compatibilidad o la interoperabilidad del programa informático y, por tanto, se suministren en el transcurso de una actividad comercial, debe aplicarse la Directiva.

(9)Con arreglo a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, una persona perjudicada puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios sobre la base de la responsabilidad contractual o por motivos de responsabilidad extracontractual que no se refieran al carácter defectuoso de un producto, por ejemplo, la responsabilidad basada en la garantía o por culpa. Esto incluye las disposiciones de la [Directiva .../... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad en materia de IA], que establece normas comunes sobre la divulgación de información y la carga de la prueba en el contexto de las reclamaciones subjetivas por daños y perjuicios causados por un sistema de IA. Dichas disposiciones, que también sirven para alcanzar, entre otras cosas, el objetivo de una protección eficaz de los consumidores, no deben verse afectadas por la presente Directiva.

(27)A fin de garantizar que las personas perjudicadas tengan posibilidad de reclamar una indemnización legalmente exigible cuando un fabricante esté establecido fuera de la Unión, debe ser posible exigir responsabilidades al importador del producto y al representante autorizado del fabricante. La experiencia práctica de vigilancia del mercado ha mostrado que en las cadenas de suministro a veces participan operadores económicos con una forma nueva que no encaja fácilmente en las cadenas de suministro tradicionales conforme al marco jurídico existente. Tal es el caso, en particular, de los prestadores de servicios de tramitación de pedidos a distancia, que realizan muchas de las mismas funciones que los importadores, pero que pueden no siempre corresponder a la definición tradicional de importador en el Derecho de la Unión. A la luz de la función de los prestadores de servicios de tramitación de pedidos a distancia como operadores económicos en el marco de la seguridad de los productos y vigilancia del mercado, en particular en el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, debería ser posible considerarlos responsables, pero, dada la naturaleza subsidiaria de dicha función, solo deberían ser responsables cuando no exista ningún importador o representante autorizado establecido en la Unión. Con el fin de encauzar la responsabilidad de manera eficaz hacia los fabricantes, importadores, representantes autorizados y prestadores de servicios de tramitación de pedidos a distancia, debe ser posible exigir responsabilidades a los distribuidores únicamente cuando no identifiquen con prontitud a un operador económico pertinente establecido en la Unión.

(28)La venta en línea ha crecido de forma constante y progresiva, creando nuevos modelos de negocio e incorporando nuevos actores en el mercado, como las plataformas en línea. El [Reglamento (.../...), relativo a un mercado único de servicios digitales (Reglamento sobre servicios digitales)], y el [Reglamento (.../...), sobre seguridad general de los productos], regulan, entre otras cosas, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de las plataformas en línea con respecto a contenidos ilícitos, incluidos los productos inseguros. Cuando las plataformas en línea desempeñen la función de fabricante, importador o distribuidor con respecto a un producto defectuoso, deben ser responsables en las mismas condiciones que esos operadores económicos. Cuando las plataformas en línea desempeñan un mero papel de intermediario en la venta de productos entre comerciantes y consumidores, están cubiertas por una exención de responsabilidad condicional en virtud del Reglamento sobre servicios digitales. Sin embargo, el Reglamento sobre servicios digitales establece que las plataformas en línea que permiten a los consumidores celebrar contratos a distancia con comerciantes no están exentas de responsabilidad en virtud de la legislación sobre protección de los consumidores cuando presentan el producto o permiten de otro modo la transacción específica en cuestión de manera que llevaría a un consumidor medio a creer que el producto es suministrado por la propia plataforma en línea o por un comerciante que actúa bajo su autoridad o control. De acuerdo con este principio, cuando las plataformas en línea presenten o permitan de otro modo la transacción específica de esta manera, debería ser posible considerarlas responsables, al igual que a los distribuidores en virtud de la presente Directiva. Esto significa que solo serían responsables cuando presenten el producto o permitan de otro modo la transacción específica de la manera indicada, y solo cuando la plataforma en línea no identifique con prontitud a un operador económico pertinente establecido en la Unión.

(29)En la transición de una economía lineal a una economía circular, los productos se diseñan para que sean más duraderos, reutilizables, reparables y mejorables. La Unión también promueve formas innovadoras y sostenibles de producción y consumo que prolonguen la funcionalidad de los productos y componentes, como la remanufacturación, el reacondicionamiento y la reparación. Además, los productos permiten modificaciones mediante cambios en los programas informáticos, incluidas las mejoras. Cuando un producto se modifica sustancialmente fuera del control del fabricante original, se considera un producto nuevo y debería ser posible responsabilizar a la persona que realizó la modificación sustancial como fabricante del producto modificado, ya que según la legislación pertinente de la Unión es responsable de que el producto cumpla los requisitos de seguridad. El hecho de que una modificación sea sustancial se determina de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación nacional y de la Unión en materia de seguridad, como las modificaciones que cambian las funciones originales previstas o que afectan al cumplimiento del producto con los requisitos de seguridad aplicables. En aras de un reparto equitativo de los riesgos en la economía circular, un operador económico que realice una modificación sustancial debe quedar exento de responsabilidad si puede demostrar que el daño está relacionado con una parte del producto no afectada por la modificación. Los operadores económicos que realicen reparaciones u otras operaciones que no impliquen modificaciones sustanciales no deben estar sujetos a la responsabilidad prevista en la presente Directiva.

(30)A la luz de la imposición a los operadores económicos de responsabilidad con independencia de la culpa, y con el fin de lograr un reparto equitativo del riesgo, la persona perjudicada que reclame una indemnización por los daños causados por un producto defectuoso debe soportar la carga de la prueba del daño, el carácter defectuoso de un producto y el nexo de causalidad entre ambos. Sin embargo, las personas perjudicadas se encuentran a menudo en una desventaja significativa frente a los fabricantes en cuanto al acceso y la comprensión de la información sobre cómo se ha fabricado un producto y cómo funciona. Esta asimetría de la información puede socavar el reparto equitativo del riesgo, en particular en los casos de complejidad técnica o científica.

(31)Por consiguiente, es necesario facilitar el acceso de los demandantes a las pruebas que vayan a utilizarse en los procedimientos judiciales, garantizando al mismo tiempo que ese acceso se limite a lo necesario y proporcionado, y que la información confidencial y los secretos comerciales estén protegidos. Tales pruebas deben incluir también los documentos que el demandado deba crear ex novo mediante la compilación o clasificación de las pruebas disponibles.

(32)Por lo que respecta a los secretos comerciales en el sentido de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, los órganos jurisdiccionales nacionales deben estar facultados para adoptar medidas específicas para garantizar la confidencialidad de los secretos comerciales durante y después del procedimiento, al tiempo que se logra un equilibrio justo y proporcionado entre el interés de confidencialidad del poseedor del secreto comercial y el interés de la persona perjudicada. Esto debería incluir al menos medidas para restringir el acceso a los documentos que contengan secretos comerciales o presuntos secretos comerciales y el acceso a las audiencias a un número limitado de personas, o permitir el acceso a documentos o transcripciones de audiencias previamente expurgados. Al decidir sobre estas medidas, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener en cuenta: i) la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial; ii) los intereses legítimos de las partes y, en su caso, de terceros; y iii) los posibles perjuicios para cualquiera de las partes y, en su caso, para terceros, derivados de la concesión o denegación de esas medidas.

(33)También es necesario aligerar la carga de la prueba del demandante siempre que se cumplan determinadas condiciones. Las presunciones de hecho constituyen un mecanismo común para aligerar las dificultades probatorias del demandante y permiten al órgano jurisdiccional basar la existencia de un defecto o de un nexo causal en la presencia de otro hecho probado, preservando al mismo tiempo los derechos del demandado. Para incentivar el cumplimiento de la obligación de revelar información, los órganos jurisdiccionales nacionales deben presumir el carácter defectuoso de un producto cuando el demandado incumpla esta obligación. Se han adoptado numerosos requisitos de seguridad legislativos y obligatorios para proteger a los consumidores y al público del riesgo de sufrir daños. Con el fin de reforzar la estrecha relación existente entre las normas de seguridad de los productos y las normas de responsabilidad, el incumplimiento de tales requisitos también debe dar lugar a una presunción de defectuosidad. Esto incluye los casos en que un producto no está equipado con los medios para registrar información sobre el funcionamiento del producto, tal como exige la legislación nacional o de la Unión. Lo mismo debe aplicarse en el caso de un funcionamiento defectuoso evidente, como una botella de vidrio que explota durante su uso normal, ya que es innecesariamente gravoso exigir al demandante que demuestre la existencia de un defecto cuando las circunstancias son tales que su existencia es indiscutible.

(34)Los órganos jurisdiccionales nacionales también deben presumir el carácter defectuoso de un producto o el nexo causal entre el daño y el defecto, o ambos, cuando, a pesar de la revelación de información por parte del demandado, resulte excesivamente difícil para el demandante, habida cuenta de la complejidad técnica o científica del caso, demostrar su carácter defectuoso o el nexo causal, o ambas cosas. En tales casos, exigir pruebas socavaría la efectividad del derecho a indemnización. Por lo tanto, dado que los fabricantes tienen conocimientos especializados y están mejor informados que la persona perjudicada, deben ser ellos quienes refuten la presunción. La complejidad técnica o científica debe ser determinada por los órganos jurisdiccionales nacionales caso por caso, teniendo en cuenta diversos factores. Estos factores deben incluir la naturaleza compleja del producto, como un producto sanitario innovador; la naturaleza compleja de la tecnología utilizada, como el aprendizaje automático; la naturaleza compleja de la información y los datos que debe analizar el demandante; y la naturaleza compleja del nexo causal, como la relación entre un producto farmacéutico o alimenticio y la aparición de una enfermedad, o una relación que, para ser probada, requeriría que el demandante explicara el funcionamiento interno de un sistema de IA. La evaluación de las dificultades excesivas también debe ser realizada por los órganos jurisdiccionales nacionales, caso por caso. Si bien el demandante debe aportar argumentos que para demostrar la existencia de dificultades excesivas, no debe exigirse la prueba de tales dificultades. Por ejemplo, en una demanda relativa a un sistema de IA, para que el órgano jurisdiccional decida que existen dificultades excesivas, no debe exigirse al demandante que explique las características específicas del sistema de IA ni cómo estas características dificultan la determinación del nexo causal. El demandado debe tener la posibilidad de impugnar la existencia de dificultades excesivas.

(35)Para mantener un reparto equitativo del riesgo y evitar una inversión de la carga de la prueba, el demandante debería, no obstante, para beneficiarse de la presunción, estar obligado a demostrar, sobre la base de pruebas suficientemente pertinentes, que es probable que, cuando las dificultades del demandante se refieran a la prueba del carácter defectuoso, el producto sea defectuoso, o que, cuando las dificultades del demandante se refieran a la prueba del nexo causal, su defectuosidad sea una causa probable del daño.

(36)En aras de un reparto equitativo del riesgo, los operadores económicos deben quedar exentos de responsabilidad si pueden demostrar la existencia de circunstancias eximentes específicas. No deben ser responsables cuando puedan demostrar que una persona distinta de ellos ha provocado la salida del producto del proceso de fabricación en contra de su voluntad o que el cumplimiento de normas coercitivas es la razón misma de la defectuosidad del producto.

(37)El momento de introducción en el mercado o de puesta en servicio es normalmente el momento en que un producto sale del control del fabricante, mientras que para los distribuidores es el momento en que lo comercializan. Por lo tanto, los fabricantes deben quedar exentos de responsabilidad cuando demuestren que es probable que la defectuosidad que causó los daños no existiera en el momento de la introducción en el mercado o puesta en servicio o que se produjo después de ese momento. Sin embargo, dado que las tecnologías digitales permiten a los fabricantes ejercer control más allá del momento de la introducción del producto en el mercado o de la puesta en servicio, los fabricantes deben seguir siendo responsables de las deficiencias que se produzcan después de ese momento como resultado de programas informáticos o servicios conexos que estén bajo su control, ya sea en forma de mejoras o actualizaciones o de algoritmos de aprendizaje automático. Estos programas informáticos o servicios conexos deben considerarse bajo el control del fabricante cuando sean suministrados por él o cuando este los autorice o influya de otro modo en su suministro por un tercero.

(38)También debe restringirse la posibilidad de que los operadores económicos eludan su responsabilidad demostrando que un defecto se produjo después de que introdujeran en el mercado el producto o lo pusieran en servicio cuando la defectuosidad de un producto consista en la falta de actualizaciones o mejoras de los programas informáticos que sean necesarias para abordar las vulnerabilidades de ciberseguridad y mantener la seguridad del producto. Estas vulnerabilidades pueden afectar al producto de tal manera que causen daños en el sentido de la presente Directiva. En reconocimiento de las responsabilidades de los fabricantes en virtud del Derecho de la Unión en materia de seguridad de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida, como en el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, los fabricantes también deben ser responsables de los daños causados por la falta de suministro de actualizaciones o mejoras de la seguridad de los programas informáticos que sean necesarias para abordar las vulnerabilidades del producto en respuesta a la evolución de los riesgos de ciberseguridad. Esta responsabilidad no debe aplicarse cuando el suministro o la instalación de tales programas informáticos escapen al control del fabricante, por ejemplo cuando el propietario del producto no instale una actualización o mejora suministrada para garantizar o mantener el nivel de seguridad del producto.

(39)En aras de un reparto equitativo de los riesgos, los fabricantes también deben quedar exentos de responsabilidad si demuestran que el estado de los conocimientos científicos y técnicos, determinado con referencia al nivel más avanzado de conocimiento objetivo accesible y no al conocimiento efectivo del fabricante en cuestión, mientras que el producto estaba bajo su control, era tal que no podía descubrirse la existencia de un defecto.

(40)Pueden darse situaciones en las que dos o más partes sean responsables del mismo daño, en particular cuando un componente defectuoso esté integrado en un producto que cause daños. En tal caso, la persona perjudicada debe poder reclamar una indemnización tanto al fabricante que integró el componente defectuoso en su producto como al fabricante del propio componente defectuoso. Para garantizar la protección de los consumidores, todas las partes deben ser consideradas responsables conjunta y solidariamente en tales situaciones.

(41)Pueden darse situaciones en las que los actos y omisiones de personas distintas del operador económico potencialmente responsable contribuyan, además de al carácter defectuoso del producto, a la causa de los daños sufridos, como la situación en la que un tercero explote una vulnerabilidad de ciberseguridad de un producto. En aras de la protección de los consumidores, cuando un producto es defectuoso, por ejemplo debido a una vulnerabilidad que hace que el producto sea menos seguro de lo que el público en general tiene derecho a esperar, la responsabilidad del operador económico no debe reducirse como consecuencia de tales actos u omisiones. No obstante, debe ser posible reducir o anular la responsabilidad del operador económico cuando los propios perjudicados hayan contribuido por negligencia a la causa de los daños.

(42)El objetivo de la protección de los consumidores se vería menoscabado si fuera posible limitar o excluir la responsabilidad de un operador económico mediante disposiciones contractuales. Por lo tanto, no deben permitirse excepciones contractuales. Por la misma razón, no debe ser posible que las disposiciones de la legislación nacional limiten o excluyan la responsabilidad, por ejemplo estableciendo límites financieros a la responsabilidad de un operador económico.

(43)Dado que los productos envejecen con el tiempo y que se desarrollan normas de seguridad más estrictas a medida que avanza el estado de la ciencia y la tecnología, no sería razonable responsabilizar a los fabricantes durante un período de tiempo ilimitado del carácter defectuoso de sus productos. Por lo tanto, la responsabilidad debe estar sujeta a un plazo razonable, es decir, diez años después de la introducción en el mercado, sin perjuicio de las demandas pendientes en procedimientos judiciales. Para evitar que se deniegue injustificadamente la posibilidad de indemnización, el plazo de prescripción debe ser de quince años en los casos en que los síntomas de una lesión corporal sean, según pruebas médicas, de aparición lenta.

(44)Dado que los productos modificados sustancialmente son en esencia productos nuevos, el plazo de prescripción debe reanudarse después de que un producto haya sido modificado sustancialmente, por ejemplo como resultado de una remanufacturación que modifique un producto de tal manera que pueda verse afectada su conformidad con los requisitos de seguridad aplicables.

(45)A fin de facilitar la interpretación armonizada de la presente Directiva por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales, debe exigirse a los Estados miembros que publiquen las resoluciones judiciales pertinentes en materia de responsabilidad por productos defectuosos.

(46)La Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva. De conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación, esta evaluación deberá basarse en los cinco criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la Unión y debe servir de base para las evaluaciones de impacto de posibles nuevas medidas. Por razones de seguridad jurídica, la presente Directiva no debe aplicarse a los productos introducidos en el mercado o puestos en servicio en la Unión antes de la fecha de su transposición. Es necesario establecer disposiciones transitorias para garantizar la continuidad de la responsabilidad en virtud de la Directiva 85/374/CEE por los daños causados por productos defectuosos que se hayan introducido en el mercado o puesto en servicio antes de esa fecha.