COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 4.4.2019 SWD(2019) 132 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE 2019













Informe de ESPAÑA













































que acompaña al documento Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental 2019:

Una Europa que protege a sus ciudadanos y mejora su calidad de vida



{COM(2019) 149 final} - {SWD(2019) 111 final} - {SWD(2019) 112 final} - {SWD(2019) 113 final} - {SWD(2019) 114 final} - {SWD(2019) 115 final} - {SWD(2019) 116 final} - {SWD(2019) 117 final} - {SWD(2019) 118 final} - {SWD(2019) 119 final} - {SWD(2019) 120 final} - {SWD(2019) 121 final} - {SWD(2019) 122 final} - {SWD(2019) 123 final} - {SWD(2019) 124 final} - {SWD(2019) 125 final} - {SWD(2019) 126 final} - {SWD(2019) 127 final} - {SWD(2019) 128 final} - {SWD(2019) 129 final} - {SWD(2019) 130 final} - {SWD(2019) 131 final} - {SWD(2019) 133 final} - {SWD(2019) 134 final} - {SWD(2019) 135 final} - {SWD(2019) 136 final} - {SWD(2019) 137 final} - {SWD(2019) 138 final} - {SWD(2019) 139 final}



El presente informe ha sido redactado por el personal de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Puede enviar sus observaciones a la siguiente dirección: ENV-EIR@ec.europa.eu . Puede encontrar más información sobre la Unión Europea en la siguiente dirección: http://europa.eu . Fotografías: p. 9 — ©iStock/vuk8691; p. 14 — ©iStock/ELENA SANCHEZ; p. 20 — ©gettyimages/Artur Bogacki; p. 21 — ©iStock/MarioGuti; p. 25 — ©iStock/rusm; p. 31 — ©iStock/georgeclerk La reproducción o utilización de esas fotografías requiere la autorización directa del titular de los derechos de autor. © Unión Europea, 2019 Reproducción autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica. Índice Resumen Parte I: Ámbitos temáticos 1.Convertir la UE en una economía circular, eficiente en el uso de los recursos, ecológica, competitiva e hipocarbónica Medidas orientadas hacia una economía circular

Gestión de residuos Cambio climático12 2.Proteger, conservar y MEJORAR el capital natural15 Naturaleza y biodiversidad15 Mantenimiento y restauración de los ecosistemas y sus servicios17 Estimación del capital natural18 Especies exóticas invasoras19 Protección del suelo20 Protección marina21 3.Garantizar la salud y calidad de vida de los ciudadanos23 Calidad del aire23 Emisiones industriales24 Ruido26 Calidad y gestión del agua26 Productos químicos30 Ciudades más sostenibles31 Parte II: Marco facilitador: herramientas de aplicación35 4.Fiscalidad ecológica, contratación pública ecológica, financiación e inversiones a favor del medio ambiente35 Fiscalidad ecológica y subvenciones perjudiciales para el medio ambiente35 Contratación pública ecológica37

Financiación e inversiones a favor del medio ambiente37 5.Reforzar la gobernanza medioambiental42 Información, participación del público y acceso a la justicia42 Garantía del cumplimiento43 Eficacia de las administraciones responsables de medio ambiente45 Acuerdos internacionales46 Desarrollo sostenible y aplicación de los ODS de las Naciones Unidas48



Resumen España y la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental (EIR) En el informe EIR de 2017, los principales retos en relación con la aplicación de la política y la legislación sobre medio ambiente de la UE identificados en España fueron los siguientes: ·Mejorar la gestión del agua, en particular completar el tratamiento de las aguas residuales urbanas. ·Mejorar la gestión de los residuos y desarrollar el potencial de la economía circular. ·Aumentar los impuestos medioambientales y reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. El 8 de marzo de 2018, España organizó en Madrid un diálogo nacional sobre la EIR, con una amplia participación de autoridades públicas y partes interesadas. El ejercicio EIR y las conclusiones principales respecto a España fueron objeto de un debate general, en el que se dedicó especial atención a dos temas: la economía circular y el capital natural. En 2017, la Comisión puso en marcha TAIEX-EIR Peer-to-Peer (EIR-P2P), una nueva herramienta práctica que permite a las autoridades responsables de medio ambiente aprender unas de otras. España ya ha recurrido a EIR-P2P en los ámbitos de los residuos, la calidad del aire, la biodiversidad y los bosques. Avances desde el informe de 2017 a la hora de responder a los retos El informe EIR de 2019 muestra que se han realizado algunos avances en relación con la gestión del agua. La mayoría de los planes hidrológicos de cuenca (PHC) del segundo ciclo preparados con arreglo a la Directiva marco sobre el agua (DMA) se adoptaron a tiempo (con la notable excepción de los siete PHC de las Islas Canarias), y se mejoraron muchos aspectos de los del primer ciclo. Además, en 2017 el Gobierno español puso en marcha un proceso para adoptar un «Pacto nacional sobre el agua», que permanece abierto. No obstante, aún hay muchos retos pendientes, como la gobernanza del agua y la necesidad de subsanar el déficit de inversión en el sector del agua, especialmente en el caso de las aguas residuales. Como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018, la UE impuso por primera vez a España sanciones pecuniarias por incumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Se han realizado progresos considerables en materia de economía circular. Como se indica en el informe EIR de 2017, España ha establecido una estrategia nacional de economía circular, que aún está en fase de adopción. Muchas comunidades autónomas también han adoptado o están elaborando estrategias autonómicas sobre la economía circular. El 18 de septiembre de 2017, una amplia gama de autoridades, empresas y partes interesadas pertinentes firmaron en Madrid un Pacto para la Economía Circular. No obstante, según el informe de alerta temprana de la Comisión de 2018, España está todavía lejos de alcanzar el objetivo de la UE de reciclar el 50 % de sus residuos urbanos en 2020. Por consiguiente, es necesario seguir esforzándose por mejorar la gestión de los residuos. En cuanto a la fiscalidad medioambiental, el Gobierno español está trabajando para adoptar nuevas medidas dirigidas a aumentar los impuestos medioambientales y reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. No obstante, España sigue siendo uno de los Estados miembros de la UE con los impuestos medioambientales más bajos. El transporte individual agrava los problemas estacionales de calidad del aire y congestión del tráfico en las principales áreas metropolitanas de España, lo que conlleva costes sanitarios y económicos. Para hacer frente a este problema, en los dos últimos años las autoridades españolas han adoptado medidas adicionales, que deben aplicarse rigurosamente. España es un marco de referencia excepcional dentro de la UE por su capital natural, que ofrece oportunidades pero también implica una especial responsabilidad. España cuenta con una biodiversidad muy rica y aporta la mayor superficie terrestre a la red Natura 2000 de la UE, que ocupa alrededor del 27 % de su territorio. Una vez completado el proceso de declaración de espacios, el principal reto consiste en poner en marcha las medidas necesarias para proteger y gestionar la red Natura 2000 con recursos suficientes. Además, España podría explotar aún más su extraordinariamente valioso capital natural para promover el crecimiento ecológico y la creación de empleo. En la actualidad, España está mostrando gran interés por la Agenda 2030 y por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A tal fin, está adoptando medidas de carácter administrativo y político y, por ejemplo, ha designado un Alto Comisionado para la Agenda 2030. Hay margen para mejorar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las diferentes autoridades competentes en el ámbito del medio ambiente. También podría reforzarse la integración de las consideraciones en materia de desarrollo sostenible en otras políticas. Ejemplos de buenas prácticas Además de los puntos de excelencia destacados en el informe EIR de 2017, en el caso de España se pueden destacar otras buenas prácticas en la aplicación de la normativa medioambiental, por ejemplo las siguientes: ·Por lo que se refiere a la garantía del cumplimiento de la normativa medioambiental, y reconociendo la necesidad de especialización profesional para combatir eficazmente los delitos contra el medio ambiente, España creó una unidad de policía (SEPRONA), dependiente de la Guardia Civil, para combatir la delincuencia medioambiental, así como una Fiscalía especializada de Medio Ambiente. Ambos organismos han tenido éxito en la investigación y el enjuiciamiento de la delincuencia medioambiental organizada. ·El recurso al Programa LIFE (proyecto LIFE INDEMARES y proyecto integrado LIFE INTEMARES) para designar una red consolidada de espacios marinos Natura 2000 gestionados de una forma integrada, eficaz y con carácter de demostración, con la participación activa de los sectores implicados y con la investigación como herramienta básica para la toma de decisiones. ·La reciente creación por el Ministerio para la Transición Ecológica de un sistema sólido de recogida de datos, que es muy similar a la herramienta de información sobre el agua WISE e incorpora además información relacionada con la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Con ese nuevo sistema será más fácil enviar datos del nivel autonómico al nacional e incorporarlos al sistema WISE a nivel de la UE. Parte I: Ámbitos temáticos 1.Convertir la UE en una economía circular, eficiente en el uso de los recursos, ecológica, competitiva e hipocarbónica Medidas orientadas hacia una economía circular El plan de acción para la economía circular hace hincapié en la necesidad de avanzar hacia una economía circular regida por el ciclo de vida, en la que los recursos se reutilicen todo lo posible y se eliminen casi por completo los desechos residuales. A ello puede contribuir el desarrollo de fondos e instrumentos financieros innovadores a favor de la ecoinnovación, y el acceso a estos. Tras la adopción del plan de acción para la economía circular en 2015 y la creación de una plataforma de partes interesadas en 2017, la Comisión Europea adoptó, en enero de 2018, un nuevo paquete de resultados. Entre ellos se incluían iniciativas adicionales tales como: i) una estrategia de la UE para los plásticos; ii) una Comunicación sobre cómo abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos; iii) un informe sobre las materias primas fundamentales, y iv) un marco de seguimiento de los avances hacia una economía circular.

El marco de seguimiento para la economía circular sigue las tendencias y patrones clave para entender cómo los distintos elementos de la economía circular se desarrollan con el tiempo y determinar si se han tomado medidas suficientes. El marco comprende diez indicadores clave que cubren cada una de las fases (producción, consumo, gestión de residuos y materias primas secundarias) y aspectos económicos (inversiones, empleo, valor añadido bruto e innovación). Entre otros indicadores clave, el uso circular (secundario) de materiales en España representó el 8,2 % en 2016 (media de la EU-28: 11,7 %), frente al 10,4 % en 2010. Por el contrario, España se sitúa por encima de la media de la EU-28 en número de personas empleadas en la economía circular (2,02 % del empleo total en 2016, frente a una media del 1,73 % en la EU-28). En el Eurobarómetro especial n.º 468 sobre las actitudes de los ciudadanos de la UE hacia el medio ambiente, de 2017, el 88 % de los españoles manifestó su preocupación por los efectos de los productos plásticos en el medio ambiente (media de la EU-28: 87 %). El 93 % afirmó estar preocupado por el impacto de los productos químicos (media de la EU-28: 90 %). Hay un fuerte apoyo por parte de la sociedad española a favor de iniciativas de economía circular y de medidas de protección del medio ambiente. El gráfico 1 muestra que, en lo referente a la productividad de los recursos (la eficiencia con la que la economía utiliza recursos materiales para producir riqueza), España tuvo un rendimiento mayor que la media de la UE, con 2,80 EUR/kg (media de la UE: 2,04) en 2017, lo que supone el sexto mejor indicador de productividad de los recursos de la UE, y su eficiencia en el uso de los recursos ha aumentado considerablemente desde 2009. Gráfico 1: Productividad de los recursos 2010-2017 Es importante destacar que la transición hacia una economía hipocarbónica, circular y ecológica puede abrir nuevas e importantes fuentes de empleo en España. El principal resultado político y la visión a largo plazo de la economía circular en España es la Estrategia Española de Economía Circular, la primera de ese tipo en España a nivel nacional. La preparación de la estrategia la inició en 2017 el antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) y ahora la continúa el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). Esta actuación se sugirió en el informe EIR de 2017. La estrategia nacional aún está pendiente de aprobación. La estrategia incluye un plan de actuación para 2018-2020 y una inversión de alrededor de 632 millones EUR. La reutilización del agua será un componente importante, con un 57 % del presupuesto destinado a ese tipo de actuaciones. La estrategia también pretende armonizar los impuestos autonómicos, y esa armonización será una herramienta esencial para incentivar la aplicación del principio de jerarquía de residuos. El plan también actualizará las normas sobre residuos de la construcción y demolición. También se combate el desperdicio de alimentos en una estrategia denominada «Más alimentos, menos desperdicios», y se han modificado las normas pertinentes dirigidas a aumentar el rendimiento ganadero para considerar como subproductos los residuos de la industria agroalimentaria. Las comunidades autónomas españolas se han mostrado muy activas a la hora de hacer avanzar las políticas de economía circular en España. Las estrategias autonómicas sobre la economía circular son comunes en España y desempeñan un papel clave en el apoyo a la transición circular sobre el terreno. Por ejemplo, han aprobado estrategias el País Vasco, Cataluña, Andalucía y Extremadura y muchas otras comunidades autónomas están preparando las suyas. La sociedad civil y la comunidad empresarial desempeñan un papel fundamental en la configuración de la transición en España. El 18 de septiembre de 2017, cincuenta y cinco partes interesadas españolas firmaron el «Pacto por una economía circular» en Madrid en presencia del comisario europeo de Medio Ambiente. Se comprometieron a impulsar la transición hacia una economía circular mediante diez acciones. Uno de los compromisos es el siguiente: «Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención de su generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad». Ya han firmado el Pacto más de 300 partes interesadas. El número de productos con la etiqueta ecológica de la UE y de organizaciones registradas en el EMAS (EMAS es el sistema de gestión y auditoría medioambientales de la Comisión Europea, un programa para animar a las organizaciones a comportarse de una manera más sostenible desde el punto de vista medioambiental) en un país son indicadores aproximados de los avances en la transición hacia la economía circular. Esos dos indicadores muestran hasta qué punto están participando en esa transición el sector privado y otras partes interesadas nacionales. También ponen de manifiesto el compromiso de las autoridades públicas a favor de políticas que apoyen la economía circular. En septiembre de 2018, España contaba con 30 488 productos y 232 licencias registrados en el sistema de etiqueta ecológica de la UE. España es, con diferencia, el país que dispone de más productos con la etiqueta ecológica de la UE, es decir, el 43,6 % de todos los productos que llevan la etiqueta ecológica de la UE en Europa. Asimismo, en España hay 821 organizaciones registradas en el EMAS, lo que convierte al país en el tercero con el mayor número de organizaciones registradas en Europa, después de Alemania e Italia. Esta circunstancia se destacó como punto de excelencia en la revisión EIR de 2017. Las pymes y la eficiencia en el uso de los recursos La «eficiencia en el uso de los recursos» de las pymes españolas continúa suponiendo un reto. España sigue situada claramente por debajo de la media de la UE en la dimensión medioambiental de la iniciativa «Small Business Act» (SBA), como se muestra en el gráfico 2. El porcentaje de pymes españolas que han adoptado medidas de eficiencia en el uso de los recursos está por encima de la media de la UE, y son pocas las empresas que reciben apoyo público para aumentar esa eficiencia o para producir productos ecológicos. En cambio, en el último Eurobarómetro sobre las pymes, la eficiencia en el uso de los recursos y los mercados ecológicos, de 2017, se preguntó a las empresas sobre las medidas de uso eficiente de los recursos que habían adoptado y sobre las medidas adicionales al respecto que tenían previsto adoptar. En siete de las ocho dimensiones de la eficiencia en el uso de los recursos, el número de empresas españolas que están realizando esfuerzos supera a la media de la UE —salvo en lo que respecta al uso predominante de energías renovables— y ese número aumenta considerablemente en muchos ámbitos. Gráfico 2: Comportamiento medioambiental de las pymes En los próximos dos años, las pymes españolas tienen objetivos aún más ambiciosos: el 80 % (+ 16 % con respecto a 2015) pretende invertir en ahorro de energía, y entre el 64 y el 69 % (+ 11-15 %) en la reducción de residuos, minerales y agua. Por consiguiente, las empresas españolas son, por el momento, las más ambiciosas de la UE. Alrededor del 28 % de las empresas españolas (frente a una media del 22 % de la UE en un intervalo entre el 3 % y el 38 %) dependió de ayudas externas para aumentar su eficiencia en el uso de los recursos. La consultoría en el sector privado es, con diferencia, el ámbito de cooperación externa más significativo (mencionado por un 61 % de los encuestados y en aumento frente a solo el 9 % en el caso de la consultoría pública, que está disminuyendo). Solo un 9 % de los encuestados recibió ayuda financiera pública en forma de subvenciones, préstamos o garantías. Las empresas encuestadas en la UE consideran que los subsidios y las subvenciones son la forma más importante de ayuda para que una empresa se vuelva eficiente en el uso de los recursos (36 %). Entre el 20 y el 23 % de las empresas encuestadas menciona entre las formas útiles de asistencia la consultoría técnica o financiera, la demostración tecnológica o una mayor cooperación entre empresas. Entre las empresas españolas, el 42 % considera los subsidios y subvenciones una forma de ayuda útil; esas empresas consideran los distintos tipos de consultoría financiera y técnica más valiosos (entre el 21 y el 30 %) que la media de la UE (entre el 20 y el 23 %). La demostración tecnológica y la documentación de estudios de caso, en particular, tienen una importancia significativamente mayor que en el pasado.

España ha desarrollado un mercado de la consultoría que está obteniendo buenos resultados, y las empresas desean invertir en la eficiencia en el uso de los recursos y el desarrollo de «productos ecológicos». Es un buen punto de partida para convertirse en líder en soluciones ecológicas innovadoras y, al mismo tiempo, fomentar la inversión en toda la economía. El diseño de instrumentos financieros específicamente para fines ecológicos podría atraer aún más financiación privada. Podría recurrirse más al sector de la consultoría para superar el principal obstáculo que impide a las empresas acceder a financiación. Ecoinnovación España ocupa el decimosexto puesto en el cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2018, con un incremento del 7,5 % desde 2010. No obstante, en 2017, España ocupaba el noveno puesto en el cuadro de indicadores de la ecoinnovación (véase el gráfico 3). Aunque sigue manteniéndose en puestos destacados, España ha perdido tres posiciones desde el cuadro de indicadores de la ecoinnovación de 2013. España sigue siendo partidaria de la ecoinnovación. No obstante, tal como se insistió en la revisión EIR de 2017, la crisis económica planteó necesidades y retos adicionales en materia de innovación en España, y los efectos de esa crisis aún se están dejando sentir. El alto grado de descentralización y el amplio margen de maniobra de las comunidades autónomas en España influyen fuertemente en el rendimiento del país. Gráfico 3: Índice de Ecoinnovación 2017 (UE = 100) Al igual que en todos los cuadros de indicadores anteriores, el rendimiento global del país se mantiene por encima de la media, con una puntuación total de 112 (véase el gráfico 4). Gráfico 4: Rendimiento ecoinnovador de España Los principales obstáculos a la ecoinnovación se pueden dividir en cuatro grupos. ·En primer lugar, hay barreras políticas y reglamentarias, como la falta de apoyo y de estímulo por parte de los gobiernos y la necesidad de armonizar las normas y definiciones para todos los tipos de industrias. ·En segundo lugar, existe una falta de sensibilización medioambiental entre proveedores y clientes, así como de conocimiento entre las pequeñas y medianas empresas. ·En tercer lugar, hay obstáculos para acceder a la financiación: una de las principales barreras que impiden a las pymes adoptar prácticas sostenibles es el coste de los nuevos modelos de innovación y de negocio ecológico. Dada la actual falta de financiación pública, son necesarios modelos de financiación alternativos que tengan en cuenta a las empresas más comprometidas con la transparencia y la responsabilidad social de las empresas. ·Por último, hay barreras tecnológicas y de infraestructura, como la falta de competencias técnicas más especializadas de las que actualmente carece la mano de obra. Pero también hay algunos factores que impulsan la ecoinnovación, como la primera Estrategia Española de Economía Circular mencionada anteriormente. España también sigue mostrándose muy activa en el campo del diseño ecológico a nivel de la UE. España envió a la Comisión Europea su Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020, que da continuidad al Plan 2014-2020. En esta nueva versión, España establece un objetivo de eficiencia energética del 24,7 % para 2020 (112,6 Mtep), por encima del objetivo de la UE del 20 %. Actuación prioritaria para 2019 ·España debería completar, adoptar y aplicar la Estrategia Española de Economía Circular.

Gestión de residuos La transformación de residuos en recursos se ve facilitada por: i) la plena aplicación de la legislación de la UE sobre residuos, que incluye la jerarquía de residuos, la necesidad de garantizar la recogida selectiva de residuos, la limitación del depósito de residuos en vertederos, etc.; ii) la reducción de la generación de residuos y de los residuos generados per cápita en términos absolutos, y iii) la limitación de la valorización energética a los materiales no reciclables y la eliminación gradual del depósito de residuos reciclables o valorizables en vertederos. La presente sección se centra en la gestión de los residuos municipales, para los que el Derecho de la UE establece objetivos obligatorios de reciclado. La cantidad de residuos municipales generados ha disminuido estos últimos años. El promedio en España en 2017 (462 kg/año/habitante) es inferior a la media de la UE (487 kg/año/habitante). El gráfico 5 presenta un desglose por métodos de tratamiento de los residuos municipales en España en kg y per cápita. El tratamiento de los residuos municipales no ha mejorado significativamente en los últimos años. Más de la mitad de esos residuos sigue depositándose en vertederos (54 %), lo que representa más del doble de la media de la UE (24 %). En los últimos años ha habido avances limitados en la reducción del depósito de residuos en vertederos. La incineración aumentó ligeramente desde 2014 y se mantuvo en el 13 % en 2017 (aún por debajo de la media de la UE, de alrededor del 28 %). El reciclado de materiales mejoró solo ligeramente hasta situarse en el 18 % (media de la UE: 29 %), mientras que el 15 % de los residuos se compostaron (media de la UE: 17 %). El país no aprovecha plenamente las oportunidades para prevenir y reciclar residuos. El gráfico 6 muestra que, desde 2010, España ha aumentado solo ligeramente sus porcentajes de reciclado. En los próximos dos años debe invertir con fuerza en el reciclado y reducir el depósito en vertederos para alcanzar el objetivo de reciclado de 2020. A la vista del porcentaje global de reciclado (incluidos el reciclado y el compostaje) que registra en la actualidad (el 34 %), España debe hacer un esfuerzo mucho mayor para alcanzar el objetivo de la UE de reciclar el 50 % de los residuos municipales de aquí a 2020. Existen grandes diferencias entre comunidades autónomas. En su informe de alerta temprana, la Comisión llegó a la conclusión de que España era uno de los países que corría el riesgo de no alcanzar ese objetivo. El informe establece una serie de medidas prioritarias detalladas que debe adoptar España. Asimismo, para el período posterior a 2020, deberá hacer aún más para cumplir los nuevos objetivos de reciclado. En España sigue habiendo muchos vertederos ilegales o no conformes. La Comisión Europea sigue de cerca el asunto a través de varios procedimientos de infracción horizontales. España cuenta con un Programa Estatal de Prevención de Residuos válido (2014-2020) y un Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (2016-2022). No obstante, para que esté cubierto todo el país, deben actualizarse los planes de gestión de residuos de algunas comunidades autónomas (Canarias, Baleares, Madrid, Ceuta y Aragón). Gráfico 5: Residuos municipales en España por tipo de tratamiento, 2010-2017 El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR) establece las orientaciones estratégicas para la gestión de residuos y las medidas necesarias para cumplir los objetivos de la UE. El objetivo último es sustituir modelos lineales de producción por modelos circulares que reincorporen al proceso productivo los materiales residuales. El plan nacional aplica la jerarquía de residuos de la legislación de la UE en materia de residuos. Esto significa que las comunidades autónomas deben alcanzar al menos los mismos objetivos de reciclado establecidos a nivel estatal y que esos objetivos deben incluirse en sus planes de gestión de residuos. No obstante, la falta de instrumentos estatales de imposición del cumplimiento ha limitado la capacidad de las autoridades nacionales para hacer cumplir este requisito. Existe una brecha entre el nivel autonómico y local, ya que no se ha determinado la contribución específica de las autoridades locales para aplicar la Directiva marco sobre residuos. Gráfico 6: Porcentaje de reciclado de los residuos municipales 2010-2017 No existe ninguna obligación nacional de recoger por separado los residuos de alimentos y de jardinería. No obstante, se ha presentado una propuesta, que está en proceso de adopción, para modificar la normativa española y hacer obligatoria la recogida selectiva de biorresiduos antes de 2021 en los municipios de más de 5 000 habitantes, y antes de 2024 en el resto de los municipios, como se establece en la Directiva marco sobre residuos revisada .

No hay suficientes incentivos económicos para desviar los residuos de los vertederos y la incineración hacia el reciclado. Varias comunidades autónomas han establecido impuestos sobre la eliminación de residuos municipales en vertederos (Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Navarra), aunque los tipos impositivos son bajos en comparación con otros Estados miembros de la UE. Además, las tasas sobre los residuos a nivel local no están, en general, vinculadas a la cantidad de residuos generados, por lo que no constituyen un incentivo para fomentar la recogida selectiva y el reciclado. Los sistemas en los que los residentes depositan sus residuos en contenedores municipales siguen siendo el sistema de recogida más común en España. Esto incluye la recogida selectiva de envases ligeros, envases de vidrio y papel y cartón, mientras que los desechos residuales se siguen colectando junto con los residuos biológicos. Solo en un número relativamente bajo de municipios se ha aplicado un sistema de recogida selectiva puerta a puerta. La coordinación política entre los niveles nacional, autonómico y local es insuficiente (por ejemplo, se aplican tipos impositivos distintos al depósito en vertederos, las capacidades de tratamiento de residuos no se comparten o planifican conjuntamente entre comunidades autónomas, o se construyen centros de tratamiento de desechos residuales en contradicción con los objetivos nacionales y autonómicos). No obstante, se están llevando a cabo algunas actuaciones a nivel nacional o de comunidades autónomas. Por ejemplo, para garantizar una planificación coherente a nivel autonómico, España ha introducido recientemente planes específicos para la gestión de los biorresiduos dentro de los planes de gestión de residuos de las comunidades autónomas (y sus actualizaciones coordinadas). Asimismo, el país ha mejorado los regímenes de responsabilidad ampliada del productor (por ejemplo, en relación con los RAEE). Además, algunas comunidades autónomas están estudiando sistemas de consigna para los envases de bebidas, mientras que Navarra, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares están debatiendo limitaciones a los artículos de plástico de un solo uso. En el informe de alerta temprana para España se indicaban algunas actuaciones clave para mejorar los resultados del país, en particular, una mejor utilización de los instrumentos económicos, mejoras y ampliación de la recogida selectiva, y perfeccionamiento de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. En el informe se destacaba también la necesidad de intensificar la cooperación entre las comunidades autónomas con el fin de utilizar la capacidad de tratamiento de residuos de manera más eficiente y de alcanzar los objetivos nacionales de reciclado. Actuaciones prioritarias para 2019 ·Introducir un impuesto nacional sobre el depósito en vertederos o armonizar los impuestos de las comunidades autónomas para eliminar gradualmente esa práctica con residuos reciclables o valorizables. Canalizar esos ingresos hacia medidas que mejoren la gestión de residuos de acuerdo con la jerarquía de residuos. ·Mejorar y ampliar la recogida selectiva de residuos, incluidos los biorresiduos. Introducir normas mínimas de servicio en relación con la recogida selectiva (por ejemplo, frecuencia de recogida, tipos de contenedores, etc.) en los municipios para garantizar altos porcentajes de colecta de residuos reciclables. ·Introducir tasas sobre los residuos municipales obligatorias para los habitantes a un nivel adecuado con objeto de cubrir los costes de la recogida y el tratamiento, por ejemplo a través del sistema de pago por generación de residuos. ·Mejorar el funcionamiento de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, en consonancia con los requisitos mínimos generales al respecto. ·Completar los planes de gestión de residuos de las comunidades autónomas que aún no los han aprobado a fin de cubrir la totalidad del territorio. ·Cerrar y rehabilitar los vertederos no conformes con carácter prioritario. Cambio climático La UE se ha comprometido a actuar con ambición a nivel internacional y de la UE en relación con el clima, tras haber ratificado el Acuerdo de París sobre el cambio climático el 5 de octubre de 2016. Los objetivos de la UE son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20 % para 2020 y en al menos un 40 % para 2030, en comparación con 1990. Como objetivo a largo plazo, la UE aspira a reducir sus emisiones en un 80-95 % de aquí a 2050, como parte de los esfuerzos exigidos de los países desarrollados como grupo. La adaptación a los efectos adversos del cambio climático resulta fundamental para atenuar sus efectos ya visibles y mejorar la preparación y la resiliencia ante impactos futuros. El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) abarca a todos los grandes emisores de gases de efecto invernadero de los sectores industriales, energéticos y de la aviación en la UE. El RCDE UE se aplica en todos los Estados miembros y registra un porcentaje de cumplimiento muy elevado. Cada año, las instalaciones cubren aproximadamente el 99 % de sus emisiones con el número necesario de derechos de emisión. En el caso de las emisiones no cubiertas por el RCDE UE, los Estados miembros tienen objetivos nacionales vinculantes en el marco de la legislación sobre el reparto del esfuerzo. En cada uno de los años del período 2013-2017, España registró unas emisiones inferiores a sus objetivos anuales. Para 2020, el objetivo nacional de España en el marco de la Decisión de reparto del esfuerzo de la UE es reducir las emisiones en un 10 % con respecto a 2005. Para 2030, el objetivo nacional de España en el marco del Reglamento de reparto del esfuerzo es reducir las emisiones en un 26 % con respecto a 2005. Con las medidas existentes, España puede superar su objetivo de reducción de 2020, pero se prevé una distancia de 10 puntos porcentuales respecto a sus objetivos de 2030. Por consiguiente, se necesitan esfuerzos adicionales en todos los sectores, en particular teniendo en cuenta el fuerte crecimiento económico actual. La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020 establece los objetivos en relación con la formulación de políticas y medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con los objetivos establecidos en las políticas europeas. La Hoja de ruta de los sectores difusos a 2020 evaluó el potencial de reducción de emisiones hasta 2020; si bien identifica la senda eficiente para alcanzar el objetivo, la determinación y concepción del mecanismo necesario para aplicar las medidas queda fuera de su ámbito de aplicación. También se están aplicando varios planes y medidas sectoriales, como el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI, 2014-2020) o los planes para promover la compra de vehículos eléctricos, el más reciente de los cuales se adoptó en 2018. España está trabajando en las estrategias y los objetivos para 2030 y 2050, en particular en la actualización de la hoja de ruta de los sectores difusos para cubrir el período hasta 2030. Esa hoja de ruta incluye sumideros y fuentes de gases de efecto invernadero y considerará el objetivo de reducir en un 26 % las emisiones en 2030 con respecto a 2005, tal como se establece en el Reglamento de reparto del esfuerzo. Gráfico 7: Variación de las emisiones totales de gases de efecto invernadero 1990-2016 (1990 = 100 %)

El Gobierno de España tiene previsto presentar en esta legislatura una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esa ley establecerá los principios rectores para las futuras políticas sobre medio ambiente y energía y los mecanismos necesarios para cumplir los compromisos nacionales. El transporte representa prácticamente una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa y es la principal causa de contaminación en las ciudades. En el sector del transporte no se ha observado la misma reducción constante de las emisiones de gases de efecto invernadero que en otros sectores desde 1990. Las emisiones del transporte aumentaron en España en un 8 % entre 2013 y 2016. De conformidad con el Reglamento sobre los gases fluorados, los Estados miembros debían aplicar programas de formación y certificación y normas relativas a las sanciones y haber notificado esas medidas a la Comisión a más tardar en 2017. España ha notificado ambas medidas. La contabilización de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero por los bosques y la agricultura se rige por el Protocolo de Kioto. Con arreglo al Protocolo de Kioto, las cantidades notificadas por España representaban, por término medio, unas absorciones netas de - 40,5 Mt CO2-eq en el período 2013-2016. A este respecto, España contribuye con un 10,5 % al sumidero medio anual de - 384,4 Mt CO2-eq de la EU-28. La contabilización preliminar para el mismo período muestra unos créditos netos de, por término medio, - 16,6 Mt CO2-eq, lo que corresponde al 14,3 % del sumidero contabilizado de - 115,7 Mt CO2-eq de la EU-28. Las absorciones netas notificadas aumentaron, se estabilizaron y disminuyeron ligeramente en 2016. Gráfico 8: Objetivos y emisiones para España en el marco de la Decisión de reparto del esfuerzo y del Reglamento de reparto del esfuerzo. La Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, adoptada en 2013, tiene por objetivo aumentar la resiliencia climática de Europa, promoviendo la actuación de los Estados miembros, la toma de decisiones con más conocimiento de causa y la adaptación en sectores vulnerables clave. Mediante la adopción de un enfoque coherente y la mejora de la coordinación, se pretende mejorar la preparación y la capacidad de todos los niveles de gobernanza para responder a los efectos del cambio climático. En 2006 se adoptó un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Hasta ahora se han aprobado tres programas de trabajo, en 2006 (PT1), 2009 (PT2) y 2013 (PT3). El PT3 del PNACC contempla actuaciones de adaptación en los siguientes sectores durante el período 2014-2020: biodiversidad, bosques, aguas, suelos, agricultura, pesca y acuicultura, turismo, salud, finanzas/seguros, energía, industria, transporte, urbanismo y construcción, y, por último, caza y pesca continental. Las autoridades españolas están trabajando a distintos niveles en la adaptación al cambio climático. Además de Asturias y La Rioja, todas las comunidades autónomas españolas han adoptado planes de acción o estrategias de adaptación. 284 ciudades han declarado su intención de desarrollar estrategias locales de adaptación por medio del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía. Cada tres años se publica un informe sobre la evaluación de la aplicación del PNACC, el último de ellos en 2014. Los informes de seguimiento se estructuran de acuerdo con la arquitectura del PNACC y constituyen la base para hacer un seguimiento de los avances en la aplicación de la Estrategia. Gráfico 9: Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores (Mt CO2-eq). Datos históricos 1990-2016. Previsiones 2017-2030. Los ingresos totales procedentes de la subasta de derechos de emisión en el marco del RCDE UE durante el período 2013-2017 ascendieron a 2 024 millones EUR. El 93 % de los ingresos de las subastas ha sido o será utilizado para fines relacionados con el clima y la energía. Actuación prioritaria para 2019 En el presente informe no se han incluido actuaciones prioritarias en relación con la acción por el clima, ya que la Comisión tendrá que evaluar primero los proyectos de planes nacionales de energía y clima que los Estados miembros tenían que enviar antes de finales de 2018. Esos planes deberían aumentar la coherencia entre las políticas energética y climática y, por tanto, podrían convertirse en un buen ejemplo de cómo vincular políticas sectoriales específicas sobre otros temas interrelacionados, como las de agricultura, naturaleza y agua, por un lado, y las de transporte, aire y salud, por otro. Los informes sobre el estado de la Unión de la Energía proporcionarán la principal evaluación de los planes nacionales de los Estados miembros y de sus avances hacia los objetivos climáticos.



2.Proteger, conservar y mejorar el capital natural Naturaleza y biodiversidad La estrategia de la UE sobre la biodiversidad tiene por objeto detener la pérdida de biodiversidad en la UE antes de 2020. Exige la plena aplicación de las Directivas sobre aves y sobre hábitats para lograr un buen estado de conservación de las especies y los hábitats protegidos. También necesita que los sectores agrario y forestal contribuyan a mantener y mejorar la biodiversidad. Estrategia sobre la biodiversidad El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de España (2011-2017) establece metas, objetivos y acciones para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en España. En el futuro, ese plan podría tener que completarse, adaptarse o actualizarse teniendo en cuenta los resultados de su aplicación y los marcos actualizados a nivel internacional y de la UE. España alberga una gran biodiversidad. Ocupa cuatro de las nueve regiones biogeográficas definidas a efectos de la aplicación de la Directiva sobre hábitats: alpina, atlántica, mediterránea y macaronésica, y tres de las cinco regiones marinas: atlántica, mediterránea y macaronésica. Cuenta con 117 hábitats naturales y 430 especies de fauna y flora silvestre de interés comunitario que disfrutan de protección en virtud de la Directiva sobre hábitats. España es, además, el Estado miembro con el mayor número de aves nidificantes, con un total de 379 especies de aves observadas en su territorio.

Establecimiento de una red coherente de espacios Natura 2000 España ha declarado 1 863 espacios Natura 2000, 647 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con arreglo a la Directiva sobre aves y 1 467 lugares de importancia comunitaria (LIC) de conformidad con la Directiva sobre hábitats. Todos ellos ocupan el 27,3 % de su territorio terrestre (media de la UE: 18,2 %), lo que hace de España el Estado miembro que aporta la mayor superficie a la red Natura 2000 (más de 222 000 km² en total: 138 330 km² de superficie terrestre y 84 322 km² de superficie marina). No obstante, algunas especies y algunos hábitats terrestres y marinos siguen sin estar suficientemente cubiertos por la red española de LIC . Declaración de espacios Natura 2000 y establecimiento de objetivos y medidas de conservación El plazo de seis años fijado por la Directiva sobre hábitats para designar zonas especiales de conservación (ZEC) y establecer los objetivos y medidas de conservación adecuados ha expirado en el caso de más de 1 450 lugares en España. España, sin embargo, no ha cumplido esa obligación con respecto a todos esos lugares. En los últimos años, se ha avanzado en la designación de ZEC y en el establecimiento de medidas de conservación para esos lugares. En abril de 2018, casi el 77 % de los lugares designados con arreglo a la Directiva sobre hábitats habían sido declarados ZEC. No obstante, esa labor debe completarse con carácter de urgencia en un número significativo de lugares, especialmente en algunas comunidades autónomas en las que el porcentaje de ZEC declaradas es especialmente bajo, como Aragón, Murcia, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y Cantabria, y en los espacios marinos que son competencia estatal. Además, debe garantizarse el desarrollo y la aplicación totales de los actuales planes de gestión Natura 2000. En España, la gestión de Natura 2000 y la protección de la naturaleza es responsabilidad fundamentalmente de las comunidades autónomas, excepto en el caso de las zonas marinas, que son competencia de la Administración central, si no tienen continuidad ecológica con espacios terrestres adyacentes. En general, la legislación básica española por la que se transpone la Directiva sobre hábitats es adecuada. En virtud de esa legislación deben elaborarse planes de gestión antes de que los lugares puedan ser declarados ZEC. Así se garantiza que la designación de ZEC active la adopción de medidas de conservación, como se exige en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre hábitats. La Comisión recibe muchas denuncias sobre la aplicación de las Directivas de protección de la naturaleza en España. Esas denuncias se refieren principalmente a la degradación de lugares designados, a una gestión inadecuada y a la mala calidad de las evaluaciones adecuadas exigidas por el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats. La degradación de hábitats protegidos que dependen del agua dentro de Natura 2000 suele ser también motivo de preocupación. Hay también inquietud con respecto a la aplicación de la Directiva sobre aves en España, en particular en lo relativo a ciertos modelos cinegéticos, como la concesión generalizada de excepciones a la captura de fringílidos en varias comunidades autónomas. Los factores más relevantes que obstaculizan la consecución de los objetivos de las Directivas sobre protección de la naturaleza son la falta de recursos financieros y conocimientos científicos suficientes en relación con algunas especies y tipos de hábitats que permitan llevar a cabo una gestión adecuada. Se recurre poco al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para financiar medidas de conservación de la naturaleza y prioridades de la red Natura 2000. Esto se debe sobre todo a una coordinación insuficiente entre las autoridades administrativas competentes. Es preciso seguir trabajando para promover una integración coherente de Natura 2000 en otras políticas y en el uso de los fondos de la UE en España, en particular en el marco del Grupo de Trabajo «Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad y Fondos Europeos» de la Red de Autoridades Ambientales españolas, el Grupo de Trabajo sobre Programas de Desarrollo rural y Red Natura 2000 en España, lanzado por la Red Rural Nacional de España, así como mediante la preparación de un Marco de Acción Prioritaria (MAP) actualizado en relación con la financiación de la red Natura 2000 para el próximo período de financiación 2021-2027. Deberían estudiarse más a fondo las posibilidades de desarrollo del turismo sostenible o de naturaleza, entre otras cosas mediante la aplicación del Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad español para el período 2014-2020. De acuerdo con ese plan, España ha desarrollado directrices de buenas prácticas para la observación de determinadas especies silvestres protegidas y ha establecido un Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad del Turismo de Naturaleza en la Red Natura 2000. El Ministerio para la Transición Ecológica de España e ISPRA (Italia) lideran un proyecto Eionet sobre turismo y medio ambiente (2018-2020). El principal objetivo de este proyecto es subsanar la falta de datos e indicadores sobre turismo sostenible. Uno de los retos que se plantea es proporcionar información sobre espacios protegidos con el fin de prevenir las presiones e impactos de las actividades turísticas. En conclusión, debería prestarse una atención especial al potencial que tiene España para sacar partido de su valioso patrimonio natural y crear empleo. España proporciona la mayor superficie a la red Natura 2000 de la UE. Por consiguiente, los empleos vinculados a la protección de la biodiversidad, la reforestación, la infraestructura verde y los servicios ecosistémicos tienen un enorme potencial en España que no debería desdeñarse. Esta cuestión ya se destacó en el informe EIR de 2017 y se trató en el diálogo EIR mantenido con España. Avances en el mantenimiento o el restablecimiento de un estado de conservación favorable de hábitats y especies Como los Estados miembros informan cada seis años sobre los progresos realizados con arreglo a ambas Directivas, no se dispone de nueva información sobre el estado de los hábitats naturales y las especies ni sobre los avances en la mejora del estado de conservación de especies y hábitats en España desde la revisión EIR de 2017. Como se explicó en el anterior informe EIR, en 2013 solo fueron favorables el 12 % de las evaluaciones biogeográficas de hábitats y el 22 % de las evaluaciones de especies en España. Menos del 10 % de los tipos de hábitats y el 20 % de las especies cuyo estado de conservación se evaluó como desfavorable están mejorando. España tenía el mayor porcentaje de evaluaciones con clasificación «desconocido» (aproximadamente el 25 %) de todos los Estados miembros, aunque desde el último período de informes se han logrado mejoras importantes, lo cual indica que hay grandes lagunas de conocimiento para la aplicación de las Directivas sobre protección de la naturaleza. En 2017 finalizó la primera fase de un proyecto de preparación de metodologías y procedimientos para el seguimiento del estado de conservación de los tipos de hábitats en España a nivel nacional y de regiones biogeográficas, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente. Sus resultados contribuirán a las tareas de un Grupo de trabajo sobre el seguimiento de los tipos de hábitats cuya creación fue acordada por el Comité de Espacios Naturales Protegidos.

Actuaciones prioritarias para 2019 ·Completar con carácter de urgencia el proceso de declaración de espacios protegidos, poner en marcha objetivos de conservación claramente definidos y las medidas de conservación necesarias para ellos y proporcionar recursos suficientes para su aplicación con el fin de mantener o restablecer el estado de conservación favorable de las especies y hábitats de interés comunitario en su área de distribución natural. ·Reforzar la integración de las consideraciones relativas a la biodiversidad en otras políticas (en particular, la de agricultura, pero también las de pesca, ordenación urbana y de infraestructuras y turismo sostenible) y el fomento de la comunicación entre los distintos agentes. ·Hacer cumplir adecuadamente la prohibición de la caza de especies de aves protegidas. Mantenimiento y restauración de los ecosistemas y sus servicios La estrategia de la UE sobre la biodiversidad tiene por objeto mantener y restaurar los ecosistemas y sus servicios mediante la inclusión de la infraestructura verde en la ordenación del territorio, así como restaurar al menos el 15 % de los ecosistemas degradados de aquí a 2020. La estrategia de la UE en materia de infraestructura verde promueve la integración de esa infraestructura en los planes y programas conexos. La UE ha proporcionado orientaciones sobre el desarrollo de la infraestructura verde y azul en España y ha creado una página sobre países en el Sistema de Información sobre la Biodiversidad para Europa (BISE) . Esa información también contribuirá a la evaluación final de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020. La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de España (2007) , que se actualizó en 2015, exige que el país elabore una estrategia estatal de infraestructura verde para 2018 y que, a continuación, las comunidades autónomas elaboren sus propias estrategias en un plazo de tres años. Los trabajos sobre la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas han avanzado en los últimos años, pero aún no han concluido (se espera que la Estrategia se apruebe a principios de 2019). Otras estrategias y diversas normas autonómicas se ocupan de la conectividad y la restauración de espacios naturales. El enfoque de la Estrategia estatal consiste en la integración de los ecosistemas y sus servicios en la ordenación territorial y se basa en ocho objetivos principales que deben reproducirse en las estrategias autonómicas. Esos objetivos están relacionados con la conectividad, la restauración ecológica, los servicios ecosistémicos, las soluciones basadas en la naturaleza, el cambio climático, la gobernanza y la coordinación a diferentes esferas administrativas, la aplicación en políticas sectoriales (gestión del agua y del medio marino, ordenación urbanística, infraestructuras, silvicultura, etc.), y también con la comunicación, la educación y la participación de la sociedad civil. Se está aplicando en varios municipios y comunidades autónomas. Un ejemplo de desarrollo de infraestructura verde en la UE destacado en el informe EIR de 2017 fue el de la capital vasca Vitoria-Gasteiz. También hay otros buenos ejemplos. En 2016, la ciudad de Burgos, con su cinturón verde, celebró «más de 80 años renaturalizando la ciudad». Esa exitosa iniciativa urbana representa una larga historia de apoyo a las políticas y la legislación utilizando medidas de gestión adecuadas e iniciativas para garantizar el mantenimiento del espacio territorial y el buen estado ecológico del cinturón verde. El municipio de Benaguasil ganó el Premio Ciudad Sostenible 2016 en la categoría «Ciclo del agua» por su gestión del agua de lluvia basada en la infraestructura verde. La ciudad ha promovido una gestión más sostenible del agua de lluvia con la implantación de sistemas de drenaje sostenible (SuDS), una infraestructura verde que fomenta la infiltración, retención y laminación de la escorrentía. El proyecto de demostración LIFE SEGURA RIVERLINK puso a prueba unos enfoques de infraestructura verde que siguen siendo relativamente poco frecuentes en el Mediterráneo. El proyecto incluye planes y actividades de seguimiento dirigidos a validar tres medidas de gestión y desarrollar un enfoque de infraestructura verde para la gestión de cuencas fluviales en un entorno urbano. El proyecto debería ser un primer paso para restaurar la permeabilidad del conjunto del río y servir de buen ejemplo en la región. Prosiguen los esfuerzos por garantizar que la infraestructura verde forme parte integrante de la ordenación. El Grupo de Trabajo sobre fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte ha elaborado varias directrices, con ejemplos de buenas prácticas y normas que ayudan a reducir la fragmentación de los hábitats. Se considera que las medidas de infraestructura verde alcanzan el objetivo de recuperar el buen estado de las aguas españolas y prevenir inundaciones. Un reto importante para la implantación de la infraestructura verde en España es el enfoque polarizado de la ordenación territorial, que a menudo ha dado lugar a conflictos sociales entre las autoridades de conservación y los usuarios de los recursos. Con frecuencia, esto ha tenido graves consecuencias para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, los espacios naturales sujetos a estrictos programas de conservación suelen estar integrados en una matriz más amplia de usos de la tierra intensamente gestionados (principalmente para la producción de alimentos). En conclusión, se insta a España a que complete, adopte y aplique la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. Estimación del capital natural La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad instaba a los Estados miembros a cartografiar y evaluar el estado de los ecosistemas y sus servicios en su territorio a más tardar en 2014, a calcular el valor económico de esos servicios y a integrar ese valor en los sistemas de contabilidad y notificación a nivel nacional y de la UE antes de 2020. España ya aplicó MAES (cartografía y evaluación de los ecosistemas) antes de 2016 por medio de evaluaciones nacionales de los ecosistemas, y desde entonces ha avanzado en la valoración económica y la contabilidad. Ha llevado a cabo las siguientes actividades: 1) una revisión sistemática y metanálisis de los estudios de valoración económica existentes en España; 2) una valoración de cinco servicios ecosistémicos utilizando métodos basados en el mercado y cartografiando esos valores captados por el mercado, y 3) una valoración socioeconómica teniendo en cuenta los valores de uso y no uso de la biodiversidad y la pluralidad de los métodos de valoración. Esos resultados están contribuyendo a los trabajos sobre la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, en particular para mantener y mejorar los servicios ecosistémicos que prestan los elementos vinculados al desarrollo de la infraestructura verde.

En la reunión del grupo de trabajo MAES celebrada en Bruselas en septiembre de 2018, se observó que España no había facilitado información actualizada. Por consiguiente, desde enero de 2016 no se ha registrado ningún progreso sobre el grado de aplicación de MAES (gráfico 10), pero principalmente porque el país ya tenía un buen nivel de ejecución. Esa evaluación se realizó en el marco del proyecto ESMERALDA. Se basó en veintisiete preguntas sobre la aplicación y se actualiza cada seis meses. Gráfico 10: Aplicación de MAES (septiembre de 2018) Aunque desde 2015 no ha facilitado nueva información acerca de su trabajo sobre la cartografía y la evaluación de los ecosistemas y sus servicios en la página web de MAES en BISE, España ha venido llevando a cabo distintas tareas. En el marco del proyecto integrado LIFE INTERMARES, se está evaluando el estado de los ecosistemas y de sus servicios dentro de la red marina Natura 2000. En este contexto, se está llevando a cabo una valoración económica de cuatro servicios diferentes. Esa valoración contribuirá a mejorar la percepción de los servicios que prestan los ecosistemas marinos y a avanzar en su integración en la política sobre la estrategia marina, la gestión del espacio marítimo y el cumplimiento de la acción 5 de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad. Por lo que se refiere a la contabilidad de los recursos naturales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Instituto Nacional de Estadística de España han apoyado el proyecto MAIA: de la cartografía y la evaluación a la contabilidad integrada de los ecosistemas. El proyecto tiene por objeto desarrollar y aplicar cuentas de capital natural siguiendo la metodología del Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental Integrada (SCEAI) — Contabilidad experimental de los ecosistemas. El marco de 2012 para la contabilidad experimental de los ecosistema del SCEAI y sus próximas recomendaciones técnicas se utilizarán como punto de partida para someter la contabilidad de los ecosistemas a prueba. Además, el proyecto comprobará cómo pueden utilizarse las experiencias de la UE en materia de cartografía y modelización de los servicios ecosistémicos en apoyo de la contabilidad de los ecosistema en la UE. Las plataformas, redes y comunidades de prácticas de la empresa y la biodiversidad son herramientas clave para promover y facilitar las evaluaciones del capital natural entre empresas y proveedores de servicios financieros, por ejemplo a través del protocolo de la Coalición del Capital Natural. Las evaluaciones contribuyen a la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad porque ayudan a las empresas privadas a entender y valorar mejor su dependencia de la naturaleza y el impacto que ejercen sobre ella. Se han creado plataformas sobre biodiversidad a nivel de la UE y en varios Estados miembros. La Iniciativa «Empresa y Biodiversidad» está dirigida por la Fundación Biodiversidad, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Su objetivo es aumentar la participación del sector empresarial, integrar el capital natural en la política y gestión empresarial y alcanzar los objetivos internacionales de Aichi en materia de biodiversidad. Especies exóticas invasoras En el marco de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad, antes de 2020 deberán alcanzarse los siguientes objetivos: i) identificación de las especies exóticas invasoras; ii) control o erradicación de las especies prioritarias, y iii) gestión de las vías de penetración para evitar que nuevas especies invasoras alteren la biodiversidad europea. Así lo corrobora el Reglamento sobre especies exóticas invasoras, que entró en vigor el 1 de enero de 2015. España se ha mostrado muy activa en el desarrollo de la lista de especies exóticas invasoras de la Unión y propuso la inclusión de una serie de especies en la primera y segunda actualización de esa lista. España presentó siete evaluaciones de riesgos, y se la ha felicitado por su contribución activa en la elaboración de la lista de la Unión. Gráfico 11: Número de especies exóticas invasoras preocupantes para la UE, sobre la base de la información georreferenciada disponible respecto a España En la primera actualización, España propuso la inclusión del pez sol (Lepomis gibbosus), el perro mapache (Nyctereutes procyonoides), la rata almizclera (Ondatra zibethicus), el quicuyo (Pennisetum setaceum) y el pez gato negro (Ameiurus melas). Las evaluaciones del riesgo del perro mapache, la rata almizclera y el quicuyo recibieron un dictamen positivo del Foro Científico. A continuación, el Comité consideró que esas especies cumplían los criterios para su inclusión en la lista y, finalmente, se añadieron a la primera lista actualizada. Las evaluaciones del riesgo del pez sol y del pez gato negro no obtuvieron un dictamen positivo del Foro Científico. Se presentaron de nuevo para la segunda lista actualizada, junto con Ameiurus nebulosus y Channa argus. El Foro Científico está revisando las evaluaciones del riesgo de esas especies. El informe sobre la distribución de referencia (gráfico 11), en relación con el cual España revisó sus datos a nivel nacional y de cuadrícula, muestra que de las treinta y siete especies que figuran en la primera lista de la Unión, veinte ya han sido observadas en España. De ellas, dieciocho están establecidas, siendo el cangrejo americano (Procambarus clarkii) y el cangrejo señal (Pacifastacus leniosculus) los más extendidos. Entre la entrada en vigor de la lista de la Unión y el 18 de mayo de 2018, España no notificó ninguna nueva detección de especies exóticas invasoras preocupantes para la UE, de conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, apartado 2, de ese Reglamento sobre especies exóticas invasoras, España comunicó a la Comisión las autoridades competentes españolas encargadas de la aplicación del Reglamento. Asimismo notificó a la Comisión las disposiciones nacionales sobre las sanciones aplicables a las infracciones, tal como se exige en el artículo 30, apartado 4, del Reglamento y, por tanto, ha cumplido sus obligaciones de notificación a este respecto.

España no ha notificado a la Comisión su lista de especies exóticas invasoras preocupantes para las Islas Canarias, tal como exige el artículo 6, apartado 4, del Reglamento. Actuación prioritaria para 2019 ·Se insta a España a notificar a la Comisión su lista de especies exóticas invasoras preocupantes para las Islas Canarias. Protección del suelo La Estrategia temática de la UE para la protección del suelo insiste en la necesidad de garantizar un uso sostenible del suelo. Esto implica evitar una mayor degradación del suelo y preservar sus funciones, así como restaurar los suelos degradados. La Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos de 2011 establece que, no más tarde de 2020, las políticas de la UE tengan en cuenta su impacto directo e indirecto sobre el uso de la tierra. El suelo es un recurso finito, extremadamente frágil y cada vez más degradado en la UE. El porcentaje de superficie de suelo artificial (gráfico 12) puede considerarse un indicador de la presión relativa sobre la naturaleza y la biodiversidad, así como de la presión ambiental sobre las personas que viven en zonas urbanizadas. Otro indicador a ese respecto es la densidad de población. Gráfico 12: Proporción de superficie de suelo artificial, 2015 España se sitúa por debajo de la media de la UE en lo que se refiere a la superficie de suelo artificial, con el 3,3 % (media de la EU-28: 4,1 %). La densidad de población es de 92,5/km2, porcentaje que también está por debajo de la media de la UE (118). Como ha puesto de relieve la OCDE, siguen produciéndose importantes presiones ambientales en España. Esas presiones se deben a la conversión de terrenos que se produjo durante el auge de la construcción de principios de la década de 2000 y al aumento de la población, que ha sido significativo en algunas zonas costeras. La contaminación puede reducir considerablemente la calidad del suelo y amenazar la salud humana o el medio ambiente. En un informe reciente de la Comisión Europea se ha calculado que en aproximadamente 2,8 millones de lugares de la UE se han realizado o siguen realizándose actividades potencialmente contaminantes. A nivel de la UE, 650 000 de esos lugares han quedado registrados en inventarios nacionales o regionales. Ya se han saneado 65 500 terrenos contaminados. España tiene registrados 43 092 lugares en los que han tenido o están teniendo lugar actividades potencialmente contaminantes, y ya ha tomado medidas correctoras o de mantenimiento posterior en 157 de esos lugares. La erosión del suelo por la acción del agua es un proceso natural que puede verse agravado por el cambio climático y las actividades humanas, como las prácticas agrarias inadecuadas, la deforestación, los incendios forestales o las obras de construcción. Altos niveles de erosión del suelo pueden reducir la productividad de la agricultura y tener repercusiones negativas e impactos transfronterizos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y sobre los ríos y lagos (aumento del volumen de sedimentos, transporte de contaminantes). De acuerdo con el modelo RULE2015, España tiene una tasa media de pérdida de suelo por la acción del agua de 3,94 toneladas por hectárea y año (t ha−a año−y), en comparación con una media europea de 2,46 t ha−a año−y, lo que indica que la erosión del suelo es en promedio intermedia. Es importante señalar que esas cifras son el resultado de un modelo gestionado a nivel de la UE y, por lo tanto, no deben considerarse valores medidos in situ. La tasa real de pérdida de suelo puede variar ampliamente dentro del Estado miembro en función de las condiciones locales. La materia orgánica del suelo desempeña un papel importante en el ciclo del carbono y en el cambio climático. Los suelos son el segundo mayor sumidero de carbono del mundo, después de los océanos. Protección marina La política y la legislación de la UE sobre costas y medio marino exige que en 2020 se haya reducido el impacto de las presiones sobre las aguas marinas para alcanzar o mantener un buen estado medioambiental y que las zonas costeras se gestionen de forma sostenible. La Directiva marco sobre la estrategia marina tiene por objeto lograr un buen estado medioambiental de todas las aguas marinas de la UE a más tardar en 2020. A tal fin, los Estados miembros deben desarrollar una estrategia marina para sus mares y cooperar con los países de la UE que comparten la misma (sub)región marina. En el caso de España , el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste (Convenio OSPAR) y el Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona) desempeñan un papel importante en la consecución de los objetivos de la Directiva. Esos Convenios prevén estrategias marinas con diferentes etapas, que deben desarrollarse y aplicarse en ciclos de seis años. La última etapa exigía a los Estados miembros establecer un programa de medidas e informar de ello a la Comisión a más tardar el 31 de marzo de 2016. La Comisión ha examinado si las medidas españolas eran adecuadas para alcanzar un buen estado medioambiental. El programa de medidas de España incluye un gran número de medidas basadas en actos jurídicos y legislativos ya vigentes. Tras un análisis exhaustivo, España determinó asimismo muchas otras medidas en relación con aspectos que no estaban suficientemente cubiertos por las medidas existentes. Esas nuevas medidas están específicamente concebidas para cumplir la Directiva marco sobre la estrategia marina. Muchas de las medidas previstas por España se ocuparán directamente de las presiones. Varias medidas se refieren también a la investigación científica, que ayudará a colmar las lagunas de conocimientos sobre el medio marino y a lograr un buen estado medioambiental. Por ejemplo, en relación con la biodiversidad, España ha adoptado una medida (es decir, una hoja de ruta común) para mejorar y garantizar la coordinación entre España y Portugal en la aplicación de la Directiva marco sobre la estrategia marina en las subregiones macaronésica y del Atlántico del nordeste. Algunas medidas se ocupan directamente de las presiones de la basura marina. Por ejemplo, existen medidas relativas a las actividades portuarias que fomentan la instalación de equipos y muelles pesqueros especializados para la recogida selectiva de basura marina sacada del mar. Otras medidas tienen por objeto aumentar el conocimiento y la coherencia de los enfoques que aplican las comunidades Autónomas para hacer frente a la basura marina. Aunque las medidas se dirigen a casi todas las presiones y objetivos, no cubren todas las actividades ni sus impactos. Por ejemplo, hay una serie de lagunas en relación con el ruido subacuático, ya que las medidas no abarcan el ruido que generan las operaciones portuarias, la extracción de hidrocarburos del mar ni las fuentes de eliminación de residuos sólidos. No obstante, en los últimos años se ha conseguido un alto nivel de protección del medio marino por proyectos de exploración de hidrocarburos mediante procedimientos de evaluación del impacto ambiental. Los proyectos de adquisición sísmica marina en el Mediterráneo se han sometido a exhaustivos procedimientos de evaluación de impacto con el objetivo principal de garantizar la conservación de cetáceos, tortugas y aves.

En general, el programa de medidas español cumple parcialmente los requisitos de la Directiva marco sobre la estrategia marina. Actuaciones prioritarias para 2019 ·Determinar el calendario que debe seguirse para lograr un buen estado medioambiental cuando no se hayan notificado esos plazos. ·Facilitar más información sobre las medidas, establecer nuevas medidas que tengan un impacto directo sobre las presiones y cuantificar la reducción prevista de las presiones como consecuencia de la aplicación de las medidas. ·Garantizar la cooperación regional con los Estados miembros que comparten la misma (sub)región marina para hacer frente a las presiones predominantes. ·Velar por la notificación de los distintos elementos de la Directiva marco sobre la estrategia marina en el plazo establecido.

· 3.Garantizar la salud y calidad de vida de los ciudadanos Calidad del aire La política y la legislación de la UE en materia de aire limpio de la UE exigen una mejora significativa de la calidad del aire en la UE para acercarla al nivel de calidad recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Deberían reducirse aún más la contaminación atmosférica y sus impactos sobre la salud humana, los ecosistemas y la biodiversidad, con el objetivo a largo plazo de no superar las cargas y niveles críticos. Ello requiere redoblar esfuerzos para cumplir íntegramente la legislación de la UE en materia de calidad del aire y establecer medidas y metas estratégicas para después de 2020. La UE ha desarrollado un amplio corpus legislativo sobre calidad del aire, que establece normas y objetivos basados en la salud en relación con una serie de contaminantes atmosféricos. La mayor parte de las emisiones de varios contaminantes han disminuido en España de una manera significativa. La reducción de las emisiones registrada entre 1990 y 2014, a la cual hace referencia el informe EIR anterior, continuó entre 2014 y 2016: las emisiones de óxidos de azufre (SOX) se redujeron en un 12,68 %, las de óxidos de nitrógeno (NOX), en un 4,47 % y las de partículas finas PM2,5, en un 1,01 %. Por su parte, entre 2014 y 2016, las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVNM) aumentaron en un 4,63 % y las de amoníaco (NH3), en un 6,13 %. La mayor parte de las emisiones de esos contaminantes no superan los techos nacionales de emisión. No obstante, las emisiones de amoníaco exceden actualmente de los límites máximos aplicables. Véase también el gráfico 13, sobre las emisiones totales de PM2,5 y NOX por sectores. Gráfico 13: Emisiones de PM2,5 y NOX por sectores en España A pesar de esa reducción de las emisiones, son necesarios esfuerzos adicionales para cumplir los compromisos en la materia (en comparación con los niveles de emisión de 2005) establecidos en la nueva Directiva sobre techos nacionales de emisión para 2020-2029 y para cualquier año a partir de 2030. Al mismo tiempo, la calidad del aire en España sigue siendo motivo de preocupación. En relación con el año 2015, la Agencia Europea de Medio Ambiente estimó que unos 27 900 casos de muerte prematura podían atribuirse a las concentraciones de partículas finas, 1 800, a la concentración de ozono, y más de 8 900, a las concentraciones de dióxido de nitrógeno. En 2017 se registraron rebasamientos del valor límite anual correspondiente al dióxido de nitrógeno (NO2) en 7 (de un total de 127) zonas de calidad del aire (entre ellas, Madrid, Barcelona y Granada). También se superaron los límites respecto a las partículas (PM10) en 5 (de 131) zonas de calidad del aire (en particular, Avilés y Granada). Se excedieron, además, los valores objetivo del ozono. Véase también el gráfico 14, sobre el número de zonas de calidad del aire en las que se superaron los valores correspondientes al NO2 y a las PM2,5 y PM10. Gráfico 14: Zonas de calidad del aire donde se superaron las normas de calidad del aire de la UE en 2017

Según un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo, la actuación de la UE para proteger la salud humana de la contaminación atmosférica no ha tenido el impacto esperado. Existe el riesgo de que se haya subestimado la contaminación atmosférica en algunos casos, ya que es posible que no se vigile en los lugares adecuados. Ahora los Estados miembros deben notificar a la Comisión datos en tiempo real y validados sobre la calidad del aire. La Comisión Europea realiza un seguimiento de los incumplimientos persistentes de los requisitos en materia de calidad del aire (en relación con las PM10 y el NO2), que tienen graves efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente, mediante procedimientos de infracción que incluyen a todos los Estados miembros afectados, entre ellos España. En cuanto a la superación de los valores de NO2, las medidas que España está aplicando o planificando, si se aplican correctamente, pueden hacer frente de forma adecuada a las deficiencias detectadas. Por esa razón, la Comisión Europea seguirá siguiendo de cerca la aplicación de esas medidas y comprobando su eficacia a la hora de corregir la situación lo antes posible. El objetivo es establecer medidas adecuadas para que todas las zonas sean conformes. Actuaciones prioritarias para 2019 ·En el contexto del próximo programa nacional de control de la contaminación atmosférica (PNCCA), reducir las principales fuentes de emisión mediante acciones específicas, en particular las actuaciones prioritarias que se indican a continuación. ·Acelerar la reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) y las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2); para ello será preciso, por ejemplo, seguir reduciendo las emisiones del transporte, en particular en zonas urbanas (y, probablemente, imponer restricciones proporcionadas y específicas al acceso de vehículos a esas zonas). ·Reducir las emisiones de amoníaco (NH3) para cumplir los actuales techos nacionales de emisión aplicables, por ejemplo introduciendo o ampliando el uso de técnicas agrarias de bajas emisiones. ·Acelerar la reducción de las emisiones y concentraciones de partículas (PM2,5 y PM 10 ); para ello será preciso, por ejemplo, seguir reduciendo las emisiones de la generación de calor y energía con combustibles fósiles o promover una calefacción urbana eficiente y limpia. Emisiones industriales Los principales objetivos de la política de la UE sobre emisiones industriales son los siguientes: i) proteger el aire, el agua y el suelo; ii) prevenir y gestionar los residuos; iii) aumentar la eficiencia energética y la eficiencia en el uso de los recursos, y iv) sanear los emplazamientos contaminados. Para ello, la UE aplica un enfoque integrado a la prevención y el control de las emisiones industriales accidentales y de las operaciones corrientes. La piedra angular de esa política es la Directiva sobre las emisiones industriales (DEI). Las actividades industriales reguladas por la DEI que se indican más abajo se basan en el perfil de país sobre la política española de emisiones industriales. En España, unas 5 770 instalaciones industriales están obligadas a disponer de un permiso basado en la DEI. En 2015, los sectores industriales en España con más instalaciones DEI fueron la cría intensiva de cerdos y aves de corral (50 %), seguida de los minerales (10 %), los residuos (9 %) y el sector químico (7 %). Los sectores considerados la mayor carga para el medio ambiente por sus emisiones a la atmósfera fueron los siguientes: ·el sector de la energía por los óxidos de azufre (SOX), los óxidos de nitrógeno (NOX), el cadmio (Cd), el arsénico (As), el cromo (Cr), el cobre (Cu), el plomo (Pb), el mercurio (Hg), el níquel (Ni), el cinc (Zn) y los policlorodibenzofuranos (PCDD/F), ·«otras actividades» (principalmente, la cría intensiva de cerdos o aves de corral y el tratamiento de superficies) por los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) y el amoníaco (NH3),

·el sector siderúrgico por el Cd, el Hg, y los PCDD/F, y ·el sector de la gestión de residuos peligrosos por los PCDD/F. El desglose se muestra en el diagrama de barras del gráfico 16. Gráfico 15: Número de instalaciones industriales DEI por sectores, España (2015) Se considera que los sectores de la producción de metales, la energía, la energía/refinado y «otras actividades» tienen una importante carga medioambiental sobre los vertidos al agua. La producción de metales, los productos químicos y la gestión de residuos contribuyen principalmente a la generación de residuos peligrosos. La gestión de residuos, la energía, la producción de metales y «otras actividades» contribuyen principalmente a la generación de residuos no peligrosos. El planteamiento de la UE respecto a la garantía del cumplimiento de la Directiva da a los ciudadanos sólidos derechos de acceso a la información pertinente y de participación en el proceso de autorización. Esto da a los ciudadanos y a las ONG la capacidad de asegurarse de que los permisos se conceden de forma adecuada y se cumplen sus condiciones. Los documentos de referencia (BREF) sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) y las conclusiones sobre las MTD se elaboran a través del intercambio de información entre los Estados miembros, las asociaciones industriales, las ONG y la Comisión. De ese modo se garantiza una buena colaboración con las partes interesadas y facilita la correcta aplicación de la DEI. La Comisión se basa en los esfuerzos de las autoridades nacionales competentes —que acoge con satisfacción— por aplicar las conclusiones sobre las MTD, jurídicamente vinculantes, y los niveles de emisión asociados a las MTD en los permisos ambientales. De ese modo es posible reducir la contaminación de forma significativa y constante. Por ejemplo, la aplicación a las grandes instalaciones de combustión de los niveles de emisión asociados a las MTD, recientemente adoptados, propiciará reducciones, en promedio y dependiendo de la situación de cada instalación, de las emisiones de dióxido de azufre del 25 % al 81 %, de óxido de nitrógeno del 8 % al 56 %, de partículas del 31 % al 78 % y de mercurio del 19 % al 71 %. Gráfico 16: Emisiones a la atmósfera de los sectores DEI y resto de las emisiones atmosféricas totales nacionales, España (2015) Los problemas observados fueron ciertas emisiones contaminantes al agua y el aire, así como el olor procedente de las instalaciones dedicadas a la «cría intensiva de cerdos o aves de corral», la contaminación atmosférica generada por las centrales de carbón y la coincineración de residuos en cementeras. Actuaciones prioritarias para 2019 ·Revisar los permisos para garantizar su conformidad con las conclusiones sobre las MTD recientemente adoptadas. ·Garantizar el cumplimiento de las conclusiones sobre las MTD con un control y una imposición del cumplimiento más estrictos. ·Hacer frente a las emisiones contaminantes al agua y el aire y al olor procedente de las instalaciones dedicadas a la cría intensiva de cerdos o aves de corral, así como a la contaminación atmosférica generada por las centrales de carbón y la coincineración de residuos en cementeras. Ruido La Directiva sobre el ruido ambiental prevé un enfoque común para evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de la exposición al ruido ambiental. El ruido excesivo de las aeronaves, los ferrocarriles y el tráfico es una de las causas principales de los problemas ambientales relacionadas con la salud en la UE . De acuerdo con un número limitado de datos, el ruido ambiental provoca al menos 1 100 muertes prematuras y 4 100 hospitalizaciones al año en España. Además, alrededor de 2 300 000 personas tienen problemas para dormir. La aplicación de la Directiva sobre el ruido ambiental se ha retrasado considerablemente en España. De acuerdo con la información más reciente susceptible de ser analizada (es decir, la correspondiente a 2012 en el caso de los mapas de ruido y a 2013 en el de los planes de acción), todavía no se ha completado el cartografiado del ruido respecto a las aglomeraciones urbanas, las carreteras y los ferrocarriles. Tampoco se ha aprobado casi ninguno de los planes de acción correspondientes a las aglomeraciones, los aeropuertos y la mayor parte de los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios. Esos instrumentos, cuya aprobación intervino tras una consulta pública, deberían incluir medidas para mantener el ruido en niveles bajos o reducirlo.

Actuaciones prioritarias para 2019 ·Completar los mapas de ruido pendientes. ·Completar los planes de acción para la gestión del ruido. Calidad y gestión del agua La legislación y la política de la UE exigen que se reduzca significativamente el impacto de las presiones sobre las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas dulces (incluidas las aguas superficiales y subterráneas). La consecución, el mantenimiento o la mejora de un buen estado de las masas de agua, tal como se define en la Directiva marco sobre el agua, permitirán que los ciudadanos de la UE disfruten de un agua potable y unas aguas de baño seguras y de buena calidad. Esa Directiva garantizará también que el ciclo de los nutrientes (nitrógeno y fósforo) se gestione de una manera más sostenible y eficiente en cuanto al uso de los recursos. La legislación vigente de la UE sobre el agua establece un marco de protección con objeto de que se apliquen unas normas estrictas a todas las masas de agua de la UE y se ocupa de fuentes específicas de contaminación (por ejemplo, la agricultura, las zonas urbanas y las actividades industriales). También exige que las previsiones sobre los impactos del cambio climático se tengan en cuenta en los instrumentos de planificación correspondientes, por ejemplo los planes de gestión del riesgo de inundación y los planes hidrológicos de cuenca, y en particular en el programa de medidas que incluye las acciones que los Estados miembros tienen previsto adoptar para alcanzar los objetivos medioambientales. Directiva marco del agua España cuenta con veinticinco planes hidrológicos de cuenca (PHC), de conformidad con la Directiva marco sobre el agua (DMA), relativos a las demarcaciones hidrográficas correspondientes. España ha adoptado los PHC del segundo ciclo, aunque los siete de las Islas Canarias registraron grandes retrasos. Además, en el caso de los PHC de las Islas Canarias, se acortó el plazo para la consulta pública que prevé la DMA. La Comisión Europea ha evaluado la situación y la evolución desde la adopción de los PHC del primer ciclo, teniendo en cuenta también las actuaciones propuestas en la revisión EIR de 2017. Las presiones más importantes sobre las masas de aguas superficiales en España fueron las aguas residuales urbanas de fuentes puntuales (el 37 % de las masas de aguas superficiales), seguidas por la contaminación agraria difusa (el 34 %), y la extracción o distracción de aguas para la agricultura (el 22 %). El 16 % de las masas de aguas superficiales se vieron afectadas por la extracción o la distracción de caudales para el suministro público de agua, el 20 %, por especies y enfermedades introducidas, y el 15 %, por presas, barreras y esclusas para el riego. Las presiones más importantes sobre las masas de aguas subterráneas en porcentaje de masas afectadas a nivel nacional fueron la contaminación agraria difusa (el 56 % de las masas de agua subterránea), la extracción o distracción de aguas para la agricultura (el 32 %) y la extracción o distracción de aguas para suministro público (el 27 %). El impacto más significativo sobre las masas de agua superficiales en España en porcentaje de masas de agua fue la alteración de los hábitats a causa de cambios morfológicos (el 36 %) y, a continuación, la contaminación por nutrientes (el 33 %) y la contaminación orgánica (el 24 %). El impacto más importante en las masas de aguas subterráneas fue la contaminación por nutrientes (que afecta al 39 % de las masas de agua subterránea), seguida por la contaminación química (al 27 %) y la extracción por encima de los recursos hídricos subterráneos disponibles (al 22 %). En general, en España y en relación con todas las categorías de aguas, la vigilancia ecológica se realiza en más lugares y en más masas de agua que el seguimiento químico. Se redujo el número de lugares donde se lleva a cabo un control de vigilancia del estado ecológico en la mayoría de las demarcaciones respecto a todas las categorías pertinentes de agua (reducción del 39 % en el número de estaciones de vigilancia y del 18 % en el número de lugares operativos). En el gráfico 17 se ilustra el estado o potencial ecológico de las masas de aguas superficiales. El porcentaje de masas de agua con un estado ecológico desconocido ha disminuido de un 20 % a un 2 % en el caso de los ríos y lagos y de un 15 % a un 5 % en el caso de las aguas costeras y las aguas de transición. Gráfico 17: Estado o potencial ecológico de las masas de aguas superficiales en España Entre los PHC del primer y los del segundo ciclo se produjo un aumento considerable del porcentaje de masas de agua superficial con un buen estado químico (del 58 % al 87 %) y un ligero aumento del porcentaje de masas de agua que no ha alcanzado un buen estado químico. Además, el porcentaje de masas con un estado desconocido se redujo, pasando del 37 % al 6 %. La clasificación del 54 % de las masas de agua se realizó mediante seguimiento, la del 45 %, mediante juicio experto, y la de menos del 1 %, por agrupación. El estado químico de las masas de aguas subterráneas no ha mejorado, y el 31 % de la superficie total de aguas subterráneas sigue sin estar en buen estado químico. El número de masas de agua subterránea que no alcanza un buen estado cuantitativo ha disminuido ligeramente: el 75 % se encuentra ahora en buen estado cuantitativo y el 25 % no llega al buen estado. Se han realizado grandes avances en relación con los PHC, en particular por lo que se refiere a la atención que se concede a las presiones significativas en cada demarcación hidrográfica, la cartografía de las medidas nacionales y el tipo clave de medidas para hacer frente a las presiones. Además, se han notificado análisis sobre la distancia al objetivo con respecto a 2015, 2021 y 2027 en relación con las presiones más significativas en dieciocho demarcaciones hidrográficas.

España ha informado de que se han completado algunas medidas del primer programa de medidas, pero siguen existiendo obstáculos que dificultan la aplicación relacionados con retrasos, la gobernanza y la falta de financiación y de mecanismos. Directiva de nitratos En lo que respecta a la aplicación de la Directiva de nitratos, los datos relativos a los programas de acción autonómicos para el período 2012-2015 y la designación en curso de zonas vulnerables a los nitratos han puesto de manifiesto posibles deficiencias, y la producción ganadera intensiva sigue ejerciendo una presión considerable sobre la calidad de los recursos hídricos. Directiva sobre el agua potable En relación con la Directiva sobre el agua potable no se dispone de nuevos datos desde el anterior informe EIR de 2017. Gráfico 18: Calidad de las aguas de baño (2014-2017) Directiva sobre las aguas de baño En cuanto a la Directiva sobre las aguas de baño, el gráfico 18 muestra que, en 2017, de las 2 219 zonas de baño españolas, el 85,5 % registró una calidad excelente, el 8 %, una calidad buena, y el 2,7 %, una calidad suficiente (en 2015 esos porcentajes se situaron, respectivamente, en el 84,6 %, el 8,8 % y el 3,2 %). En 2017, la calidad de las aguas de baño fue mala en 38 zonas en España. En un portal nacional y en un visor de mapas interactivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente se puede encontrar información detallada sobre las aguas de baño españolas. Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas España ha tenido dificultades a la hora de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. La Comisión tiene abiertos cinco procedimientos de infracción contra España. En el asunto más avanzado (zonas normales), el 25 de julio de 2018 el Tribunal de Justicia de la UE emitió una segunda sentencia por la que se imponían sanciones pecuniarias a España por primera vez en el sector del medio ambiente. En general, en España se colecta el 96,9 % de las aguas residuales, y el 84,1 % de la carga recogida se somete a tratamiento secundario. Por último, el 66,8 % de la carga de aguas residuales colectada recibe un tratamiento más riguroso. La inversión que se considera necesaria para garantizar una colecta y un tratamiento adecuados de las aglomeraciones restantes asciende a 10 000 millones EUR. Según este último informe, se espera que los proyectos definitivos concluyan en el período 2027-2030, mucho después del plazo final de 2005 establecido por la Directiva 91/271/CEE. El Gobierno español ha anunciado recientemente el nuevo Plan DSEAR, que incluye inversiones en tres pilares del sector del agua en todo el territorio español: i) aguas residuales, ii) eficiencia hídrica y iii) reutilización del agua. En el caso de las aglomeraciones que incumplen la Directiva, España debe finalizar esos proyectos lo antes posible. Hay que señalar que los cinco procedimientos de infracción mencionados anteriormente se refieren a más de 700 aglomeraciones españolas. Directiva sobre inundaciones La Directiva sobre inundaciones estableció un marco para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, con el fin de reducir las consecuencias adversas asociadas a las inundaciones importantes. España adoptó y notificó sus primeros planes de gestión del riesgo de inundación (excepto los de las Islas Canarias) en el marco de la Directiva. La evaluación de la Comisión llegó a la conclusión de que se habían realizado esfuerzos correctos con resultados positivos a la hora de fijar objetivos y de establecer medidas centradas en la prevención, la protección y la preparación. La evaluación también puso de manifiesto que, al igual que en otros Estados miembros, los planes de gestión del riesgo de inundación de España todavía no incluían una base de referencia para evaluar los progresos realizados en la aplicación de las medidas (ni los objetivos) y en la integración con la Estrategia nacional de adaptación al cambio climático. Además, debe aclararse mejor el método de selección y priorización de las medidas, incluido el uso de análisis coste-beneficio. Algunas zonas de España sufren estrés hídrico, lo que quiere decir que la demanda de agua supera los recursos hídricos disponibles en condiciones sostenibles. Los PHC españoles utilizan, por imperativo legal, balances entre recursos y demandas en cada sistema de explotación. En las zonas con estrés hídrico, la reutilización y la desalinización del agua forman parte de la combinación de recursos disponibles.

En España, la disociación entre crecimiento económico y uso del agua sigue planteando problemas. Sectores como la agricultura, el turismo y la energía dependen en muy gran medida del suministro de agua. Una política de precios adecuada para recuperar los costes de los servicios relacionados con el agua, junto con una mayor transparencia de los precios y las subvenciones, la promoción de la reutilización de las aguas residuales y la modernización de los sistemas de riego, así como un mejor control de la extracción de agua, podrían permitir aprovechar todo el potencial que encierra el ahorro, especialmente en el sector de la agricultura, que es el principal consumidor de agua. Como se señaló en el informe EIR de 2017 sobre España, hay margen para un uso más eficiente de las infraestructuras de suministro de agua. Por ejemplo, las plantas desaladoras construidas principalmente en la costa mediterránea, algunas de ellas con financiación de la UE, se han infrautilizado, aunque su uso aumentó durante la última sequía que padeció España hasta finales de 2017. Asimismo podrían preverse medidas para mejorar la gobernanza del agua. España registra déficits de inversión en infraestructuras de suministro de agua y de tratamiento de aguas residuales. Es necesaria una mayor inversión en infraestructuras para mejorar la gestión del agua, por ejemplo para tratar las aguas residuales, reducir las fugas en las redes y mejorar el suministro. Esto aportaría beneficios medioambientales, económicos y sociales a España. Para resolver los principales problemas relacionados con la gestión del agua en España, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente puso en marcha en 2017 un proceso para llegar a un Pacto Nacional por el Agua. Ese proceso, sin embargo, aún no ha concluido. Por último, las inundaciones son un problema recurrente en España. No suelen, sin embargo, tenerse en cuenta las medidas de retención natural del agua para evitar inundaciones pese a que en ocasiones son más rentables que las infraestructuras físicas. Esas medidas también son menos onerosas que lo que cuesta recuperarse de una inundación. Actuaciones prioritarias para 2019 ·Velar por que los próximos PHC se adopten a tiempo y respetando los requisitos en materia de consulta pública. ·Hacer un mayor uso de los caudalímetros, garantizar que todas las extracciones se midan y registren y que los permisos se adapten a los recursos disponibles, y velar por que los usuarios informen periódicamente a las Confederaciones Hidrográficas sobre los volúmenes realmente extraídos, especialmente en las demarcaciones hidrográficas sometidas a una presión importante por esa práctica, y asegurarse de que se apliquen los caudales ecológicos. ·España debe garantizar la designación adecuada de zonas vulnerables a los nitratos y reforzar los programas de acción para hacer frente a la contaminación por nutrientes y mejorar, con el tiempo, la calidad del agua (aguas subterráneas, dulces y aguas salinas superficiales) en esas zonas. ·Completar con carácter de urgencia la aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en todas las aglomeraciones y crear las infraestructuras necesarias a tal fin. ·Adoptar urgentemente los planes de gestión del riesgo de inundación de las Islas Canarias y garantizar la adopción a tiempo de los planes siguientes. ·Tomar medidas para aclarar el método de selección y priorización de las medidas, incluido el uso del análisis coste-beneficio en relación con los planes de gestión del riesgo de inundación. Productos químicos La UE pretende que, a más tardar en 2020, los productos químicos se produzcan y se utilicen de manera que se minimice cualquier efecto adverso significativo para la salud humana y el medio ambiente. Se está preparando una estrategia de la UE para lograr un entorno no tóxico que favorezca la innovación y el desarrollo de sustitutivos sostenibles, incluso opciones no químicas. La legislación de la UE sobre productos químicos proporciona una protección de base para la salud humana y el medio ambiente. También garantiza estabilidad y previsibilidad para las empresas que operan en el mercado interior. El informe de 2016 de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) sobre el funcionamiento de los Reglamentos REACH y CLP puso de manifiesto que las actividades de garantía del cumplimiento seguían evolucionando. El Foro de intercambio de información relativa al cumplimiento de la normativa ha demostrado, en sus proyectos coordinados de vigilancia del cumplimiento, que hay margen para un control del cumplimiento más eficaz, especialmente en el caso de las obligaciones de registro y las fichas de datos de seguridad en los que se ha detectado un nivel relativamente elevado de incumplimiento. Aunque están mejorando, hay margen para que las actividades nacionales de garantía del cumplimiento lo sigan haciendo en lo que respecta a la armonización en toda la Unión, incluidos los controles de las mercancías importadas. También está claro que la garantía del cumplimiento sigue siendo débil en algunos Estados miembros, en particular en lo que se refiere al control de las importaciones y las obligaciones en relación con la cadena de suministro. La arquitectura de las capacidades de garantía del cumplimiento sigue siendo compleja en la mayoría de los países de la UE. Los proyectos de garantía del cumplimiento también pusieron de manifiesto algunas diferencias entre los Estados miembros (por ejemplo, algunos tienden a notificar sistemáticamente un grado de cumplimiento superior a la media de la UE y otros inferior). Un estudio de la Comisión de 2015 ya puso de relieve la importancia de una vigilancia del mercado y una garantía del cumplimiento armonizadas a la hora de aplicar el Reglamento REACH en los Estados miembros. Este aspecto se consideró fundamental para el buen funcionamiento de un mercado único armonizado. En marzo de 2018, la Comisión publicó una evaluación sobre REACH. La evaluación concluye que REACH está cumpliendo sus objetivos, aunque los avances realizados son más lentos de lo previsto. Por otra parte, los expedientes de registro son con frecuencia incompletos. En la evaluación se hace hincapié en la necesidad de reforzar la garantía del cumplimiento de las obligaciones que pesan sobre todos los agentes, incluidos los solicitantes, los usuarios intermedios y, en particular, los importadores, de manera que se garanticen unas condiciones de competencia equitativas, se alcancen los objetivos de REACH y se asegure la coherencia con las medidas previstas para la mejora del cumplimiento y la gobernanza medioambiental. A este respecto, se consideró importante la notificación sistemática de las actividades de los Estados miembros en relación con la garantía del cumplimiento. Tal como se define en la Ley del régimen sancionador español, la responsabilidad de hacer cumplir los Reglamentos REACH y CLP en España corresponde a las autoridades autonómicas. Cada Comunidad Autónoma tiene sus propias disposiciones legales para organizar esa garantía.

A nivel central, hay dos autoridades competentes para REACH y CLP responsables de dos aspectos de la aplicación de esos Reglamentos: protección del medio ambiente y protección de la salud humana. Esas dos autoridades ayudan a coordinar a todas las autoridades españolas responsables de la garantía del cumplimiento. El Ministerio para la Transición Ecológica coordina el trabajo de las autoridades responsables de las inspecciones ambientales. El Ministerio gestiona un grupo de coordinación técnica en el qu