[pic] | COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 17.6.2005

SEC (2005) 805 final

INFORME DE LA COMISIÓN

Informe sobre la política de competencia 2004

ÍNDICE

Introducción 6

Introducción del Director General de Competencia 6

I – Normativa en materia de defensa de la competencia - artículos 81, 82 y 86 CE 14

A - Normas legislativas e interpretativas 14

1. Modernización en materia de defensa de la competencia: Reglamento de aplicación 773/2004, directrices y comunicaciones 14

2. Reglamento de exención por categorías de transferencia de tecnología y directrices 16

3. Reglamentos de exención por categoría en el ámbito de transporte 19

3.1 Transporte marítimo 19

3.2 Transporte aéreo 20

4. Revisión de las normas de procedimiento: Nueva comunicación sobre acceso al expediente 21

B - Aplicación de los artículos 81, 82 y 86 24

1. Abuso de posiciones dominantes (artículo 82 CE) 24

1.1 Decisiones 24

1.2 Otros asuntos y desestimaciones de denuncias 30

2. Carteles 32

3. Otros acuerdos y prácticas concertadas 38

3.1 Decisiones de la Comisión 38

3.2 Otros asuntos 42

3.3 Investigaciones sectoriales 44

4. Medidas Estatales (empresas públicas/empresas con derechos exclusivos y especiales) 48

4.1 Decisiones 48

4.2 Desestimación de denuncias 49

C - REC: Resumen de cooperación 50

1. Visión general 50

2. Aplicación de las normas de competencia de la UE por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales de la UE: Informe sobre la aplicación del artículo 15 del Reglamento 1/2003 52

3. Energía 53

4. Transporte 54

5. Servicios financieros 55

D – Selección de asuntos resueltos por los tribunales 56

E - ESTADÍSTICAS 61

II - Control de las operaciones de concentración 64

A - Normas legislativas e interpretativas 65

1. Reglamento de concentraciones refundido, nuevas comunicaciones y reglamento de aplicación modificado 65

1.1. Nuevo Reglamento de concentraciones: Reglamento 139/2004 65

1.2. Revisión del Reglamento de aplicación 65

1.3. Comunicación revisada sobre un procedimiento simplificado 70

1.4. Nueva Comunicación sobre restricciones accesorias 72

1.5. Comunicación sobre la evaluación de las concentraciones horizontales 73

B - Asuntos de la Comisión 75

1. Decisiones adoptadas de conformidad con el artículo 8 75

2. Decisiones adoptadas de conformidad con el articulo 6.1.b) y 6.2 84

3. Remisiones 95

4. Notificaciones retiradas 97

C – Selección resueltos por los Tribunales Europeos 99

D - Estadísticas 103

III- Evolución por sectores 105

A - Sectores liberalizados 105

1. Energía 105

2. Comunicaciones electrónicas 107

3. Transporte 109

3.1 Transporte aéreo 109

3.2 Transporte ferroviario 109

4. Servicios financieros 110

B - Otros sectores 111

1. Profesiones liberales 111

IV - Control de las ayudas estatales 115

A - Normas legislativas e interpretativas 115

1. Reglamentos, directrices y comunicaciones 115

1.1. Normas procedimentales 115

1.2. Investigación y desarrollo 118

1.3. Ayudas a la formación 119

1.4. Ayudas de salvamento y reestructuración 119

2. Construcción naval 122

3. Agricultura: Evolución en el ámbito político e iniciativas legislativas en 2004 122

4. Pesca 126

5. Carbón y transporte 127

6. Servicios públicos/ servicios de interés (económico) general 128

7. Transparencia 130

B - Asuntos 131

1. Mercados liberalizados 131

2. Ayudas de salvamento y de reestructuración 133

3. Ayudas regionales 144

4. Decisión sobre la ausencia de ayuda 148

5. Ayudas fiscales 149

6. Ayudas de investigación y desarrollo 153

7. Ayudas para la protección del medio ambiente 156

8. Ampliación 159

9. Construcción naval 162

10. Agricultura 164

11. Pesca 170

12. Carbón y transporte 171

13. Radiodifusión pública, banda ancha, industria cinematográfica 176

C - Ejecución de las decisiones sobre ayudas estatales. 180

1. Introducción 180

2. Asuntos individuales 181

D – Selección de asuntos recurridos ante los Tribunales Europeos 183

E – Estadísticas 186

V – Actividades internacionales 188

A - Ampliación y Balcanes Occidentales 188

B – Política de vecindad 189

C – Cooperación bilateral 190

1. Introducción 190

2. Acuerdos con Estados Unidos, Canadá y Japón 190

3. Cooperación con otros países y regiones 193

D – Cooperación multilateral 196

1. Red Internacional de Competencia 196

2. OCDE 199

VI – Perspectivas para 2005 201

1. Defensa de la competencia 201

2. Concentraciones 201

3. Ayudas estatales 202

4. Actividades internacionales 202

Anexo – Asuntos tratados en el informe 203

1. Artículos 81, 82 y 86 203

2. Control de concentraciones 203

3. Ayudas estatales 204

Introducción

INTRODUCCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE COMPETENCIA

Introducción del director general de Competencia

En 2004 el trabajo de la Dirección General de Competencia (DG Competencia) se vio afectado por cambios de gran calado: la ampliación de la UE a 25 miembros, la modernización de las normas de competencia, la llegada en noviembre de una nueva Comisión, y la reorganización interna de la DG como consecuencia de la modernización. Estos acontecimientos se reflejan en los objetivos generales de la política de competencia de la Comisión para 2005 y años posteriores, que están basados en la decisión sobre la Estrategia Política Anual de la Comisión (EPA) para 2005 y las prioridades políticas establecidas por la nueva Comisión. Por consiguiente, el Informe anual sobre la política de competencia de 2004 constituye la ocasión apropiada de marcar para un público más amplio la dirección que tomará a medio plazo el trabajo de la Comisión en el ámbito de la política de competencia.

La interacción de la política de competencia con otras políticas de la Comisión

En su decisión EPA 2005, que fue acogida con satisfacción por el Parlamento Europeo y el Consejo, la Comisión destacó que su objetivo político más importante era lograr una mejora en el crecimiento, tratando de mejorar la competitividad del modelo europeo manteniendo al mismo tiempo la prosperidad, el empleo, la cohesión y la protección del medio ambiente. La adhesión de diez nuevos Estados miembros ha añadido otra dimensión geográfica al objetivo de mejorar el crecimiento económico en el mercado interior. El objetivo clave entre las prioridades políticas de la nueva Comisión es revitalizar el proceso de Lisboa puesto en marcha por el Consejo Europeo en 2000, cuyo objetivo global es hacer de la UE la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo. La Comisión tendrá en cuenta las recomendaciones hechas por el grupo de alto nivel presidido por Wim Kok en relación con la consecución de los objetivos de Lisboa.

En apoyo del marco de competitividad establecido en la APS 2005, la Comisión avanzará en su ambicioso proceso de reformas legislativas en el ámbito de la política de competencia, con especial atención a las ayudas estatales, llevará a cabo la modernización de las normas en materia de defensa de la competencia y continuará con las reformas sustanciales en el control de las operaciones de concentración iniciadas en 2004. En este contexto, la Comisión tiene la intención de promover la aplicación dinámica de las normas de competencia en toda la UE.

Junto con la aplicación rigurosa de la política de competencia, el análisis pormenorizado de la legislación europea en diversos sectores económicos, tales como las industrias de red liberalizadas y los servicios financieros, para calibrar su impacto competitivo, puede tener una influencia muy positiva en la competitividad y el crecimiento de la economía europea, así como en el funcionamiento del mercado interior, y el refuerzo de los intereses y la confianza de los consumidores.

Entre las áreas políticas prioritarias que el informe Kok señala como esenciales de cara a la realización de los objetivos de Lisboa, la política de competencia puede ser muy fructífera en tres ámbitos:

El fomento de la sociedad basada en el conocimiento . Una fuerte presión competitiva ofrece grandes incentivos para que las empresas se consagren sin tregua a la innovación y a la investigación y desarrollo (I+D). Al potenciar los incentivos para la innovación centrándose al tiempo en aquellas restricciones que pueden ser gravemente nocivas para la competencia, la política de competencia puede contribuir a que las economías de la UE sean más dinámicas y contribuir así al logro de los objetivos de Lisboa. Entre otras cosas, la política de ayudas estatales puede contribuir a la sociedad basada en el conocimiento mediante una mejor selección de los recursos disponibles de ayudas públicas en ámbitos tales como investigación y desarrollo, innovación y formación.

La consolidación del mercado interior . Doce años después de su realización sobre el papel, el mercado interior todavía no ha desarrollado todo su potencial. Una de las razones que explicarían esta constatación es que no hay ninguna conexión automática entre la supresión de barreras al comercio transfronterizo y la competencia efectiva. Tanto el marco regulador como su aplicación han de crear un entorno que fomente y favorezca realmente la competencia, la entrada de nuevos operadores y la innovación. Tanto la aplicación como la promoción de la competencia pueden contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado interior, especialmente en sectores que son esenciales para la Agenda de Lisboa, porque se refieren a elementos esenciales para la economía europea. Unos mercados europeos abiertos y competitivos harán que las empresas europeas sean más competitivas internacionalmente en beneficio de los consumidores europeos y del empleo en Europa. La aplicación misma de las normas de competencia, cuyo objetivo es eliminar los obstáculos más importantes a la competencia en los mercados, contribuye a crear unas condiciones apropiadas para el crecimiento.

El fomento de un clima empresarial favorable . La política de competencia puede ser de gran utilidad a la hora de crear unas condiciones que favorezcan la actividad empresarial. Las normas relativas a las ayudas estatales desempeñan un papel importante en los esfuerzos por aumentar la disponibilidad de capital de riesgo destinado a empresas que inician su actividad y a pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la política internacional de competencia contribuye a desarrollar la coherencia y previsibilidad generales que la actividad empresarial necesita. Por último, los principios de la competencia pueden permitir el análisis de marcos normativos nuevos y otros ya existentes en otros ámbitos de acción política de forma que la normativa no suponga un freno innecesario para la competencia. De esta manera, la promoción de la competencia puede contribuir a modelar los marcos normativos nacionales y de la UE con vistas a crear un régimen favorable para la competencia y la competitividad.

Objetivos generales de la política de competencia

Prioridades de actuación: es preciso concentrar las medidas de aplicación en las prácticas anticompetitivas más perniciosas para la economía europea . Los nuevos Reglamentos en materia de defensa de la competencia y de concentraciones permitirán a la DG Competencia hacer una mejor selección de sus medidas de aplicación para centrarse en las prácticas y fusiones que sean más perniciosas para los consumidores.

En el ámbito de la política de la defensa de la competencia , el Reglamento n° 1/2003 ha creado un nuevo sistema de aplicación en el que tanto la Comisión como los Estados miembros son competentes para aplicar plenamente las normas de competencia de la UE. A tal efecto, la Comisión y los 25 Estados miembros han creado una Red Europea de Competencia (REC) en la que la DG Competencia desempeña un papel central. Con ella se genera un gran potencial para lograr la aplicación más efectiva y dinámica de las normas de competencia de la UE. No obstante, requerirá una mejor vigilancia de los mercados para identificar aquellas prácticas que puedan crear un mayor perjuicio a la competencia y al consumidor. El nuevo Reglamento era también el primer paso en la consolidación de la aplicación privada ante los tribunales nacionales ya que también se daba a estos últimos la facultad de aplicar el artículo 81.3. La intervención seguirá centrada en carteles, abusos de posiciones dominantes, ayudas estatales y la aplicación de las normas de competencia en sectores de la economía recientemente liberalizados y otros sectores regulados.

En el campo del control de las operaciones de concentración, el nuevo Reglamento ha aumentado las posibilidades de remisión de asuntos de los Estados miembros a la Comisión y viceversa. Ello debe ayudar a la Comisión a centrar sus actividades de aplicación en los asuntos con un impacto transfronterizo evidente. Por otra parte, la nueva prueba sustantiva del "impedimento significativo a la competencia efectiva" ha dejado claro que todas las fusiones nocivas para la competencia están cubiertas por el nuevo Reglamento.

En el ámbito de las ayudas estatales, la DG Competencia se centrará más especialmente en la aplicación de las decisiones negativas y en la devolución de las ayudas estatales incompatibles. Por otra parte, una mayor cooperación internacional, tanto bilateral como multilateral, seguirá siendo de vital importancia para garantizar la eficacia de la política europea de competencia en su lucha contra las prácticas contrarias a la competencia de alcance internacional.

Potenciar la competitividad en la UE contribuyendo a modelar el marco normativo. La regulación, ya sea a escala comunitaria ya sea a escala nacional, puede frenar de forma innecesaria e involuntaria la competencia y contener el potencial del mercado interior. En ciertos sectores, tales como las industrias de red liberalizadas, y en especial en el sector de la energía, existe la necesidad de promover un marco regulador que cree las condiciones para la entrada en el mercado y promueva la competencia. Por consiguiente, se debería utilizar el fomento de la competencia y el análisis de las medidas adoptadas para influir en la legislación nacional y comunitaria con objeto de garantizar que se presta la atención debida a la salvaguardia de los mercados competitivos.

Se deberán revisar las normas de competencia aplicables a la supervisión de las ayudas estatales para que presten una mayor atención a las deficiencias específicas de los mercados que afectan al nivel de inversión de la UE en I+D y el acceso al capital de riesgo, por una parte, y la persistencia de disparidades en el desarrollo regional, por otra. La adaptación del régimen normativo aplicable al control de las ayudas estatales será una aportación directa a los esfuerzos de la Comisión para favorecer la innovación.

Concentrar la actuación en sectores fundamentales para el mercado interior y la Agenda de Lisboa . Se deberá hacer hincapié en la eliminación de obstáculos a la competencia en los sectores recientemente liberalizados y en otros sectores regulados, especialmente en los de telecomunicaciones, servicios postales, energía y transportes. Estos sectores aportan insumos esenciales a otros muchos sectores económicos y son de vital importancia para la competitividad de Europa. Si ofrecemos más oportunidades para que un mayor número de prestadores de servicios puedan competir, tendremos una mayor capacidad de elección, aumentaremos la calidad y lograremos precios más bajos para los consumidores. La evolución en los últimos diez años del sector de las telecomunicaciones es un buen ejemplo de los beneficios de la liberalización.

No obstante, los sectores recientemente liberalizados se ven afectados por diversas distorsiones de la competencia, que van desde el comportamiento comercial nocivo por parte de las empresas a la reglamentación inadecuada o incluso a las ayudas públicas. Se debería prestar la atención que merece el hecho de que estos sectores pueden caracterizarse por obligaciones de servicio público, por lo que respecta a la prestación de servicios de interés económico general (SIEG), que se han de cumplir imperativamente. Sin embargo, la Comisión ha de velar por que las subvenciones concedidas para el funcionamiento de estos servicios públicos no excedan de lo necesario. Por otra parte, es preciso ser más explícitos en la identificación de los problemas que pueden resolverse con mayor propiedad mediante la aplicación de la normativa de competencia. A este respecto, es importante tratar por todos los medios de lograr una política sectorial integrada de regulación y aplicación.

Algunos otros sectores de importancia para la competitividad global de la economía europea presentan una autorregulación considerable o una mezcla de autorregulación y regulación procedente de los Estados. Tal es el caso, entre otros, de los servicios financieros. Uno de los objetivos del Plan de acción de los servicios financieros es crear un mercado de capitales eficaz y con liquidez. Durante el último mandato de la Comisión se pusieron en marcha una serie de iniciativas del mercado interior, que culminaron con la nueva Directiva sobre los servicios de inversión, con el fin de eliminar los obstáculos a la negociación de valores y facilitar la competencia entre las sociedades de inversión. La política de competencia constituye un complemento importante para este proceso de liberalización. Además, los servicios financieros minoristas desempeñan un papel importante en la vida diaria de ciudadanos de la Unión Europea. Estos servicios deben prestarse en condiciones de competitividad, lo que implica que el consumidor puede elegir entre una gama más amplia de productos y servicios de mayor calidad al mejor precio posible.

Recuadro 1: El economista jefe de competencia en la DG Competencia en 2004 El Equipo del Economista Jefe (EEJ) es una unidad que depende directamente del director general. Está compuesta por 10 miembros, todos ellos doctores en economía industrial. Las tareas y el papel del EEJ pueden describirse del siguiente modo: orientación sobre cuestiones metodológicas de economía y econometría en la aplicación de las normas de competencia de la UE orientación general sobre asuntos individuales de competencia desde sus fases iniciales orientación detallada en los asuntos más importantes de competencia que implican cuestiones económicas complejas, en especial aquellos que requieren un análisis cuantitativo especializado; ello podría incluir el envío de un miembro del EEJ en comisión de servicios para trabajar en el equipo que se ocupe del asunto contribución al desarrollo de instrumentos de política general con un contenido económico. Contribución a asuntos y directrices En 2004, el EEJEEJ participó en un total de 33 asuntos (11 fusiones, 15 asuntosen materia de defensa de la competencia, y 7 asuntos de ayudas estatales). Además, el EEJEEJ ha hecho contribuciones significativas a la confección de directrices al modo de abordar y problemas de política general. Los asuntos se seleccionan de común acuerdo con el director general en función de la necesidad de un análisis económico más especializado, y en particular si es necesario llevar a cabo análisis cuantitativos. En estos asuntos, se destina a un miembro del EEJ al equipo del asunto, y se le da acceso a toda la información, participando en todas las reuniones con expertos e interlocutores externos. Dentro del equipo que se ocupa del asunto. Los miembros del EEJ destacados en el seno del equipo tienen un estatuto específico e independiente, ya que informan directamente al economista jefe de las decisiones que adoptan. Dada la importancia de perfilar el análisis económico del asunto, lo habitual es que el EEJ se implique lo antes posible. El EEJ asiste también a la audiencia administrativa y participa en los debates internos del grupo de expertos de estudio. El economista jefe de competencia asiste a la reunión semanal con el Comisario y ofrece su asesoramiento por escrito sobre todos los asuntos en los que ha participado. Contribución al desarrollo de los conocimientos económicos especializados en la DG El economista jefe de competencia contribuye al debate general sobre problemas económicos en la DG Competencia mediante la organización de cursos de formación, seminarios y debates. Además, mantiene y refuerza sus contactos con el mundo académico. Ha reestructurado el Grupo Consultivo Económico para la Política de Competencia (GCEPC). El GCEPC está compuesto por un grupo de profesores universitarios de prestigio en el ámbito de la economía industrial. Una función importante del GCEPC es ofrecer una opinión independiente sobre los grandes temas del debate político. El GCEPC está dividido en tres subgrupos: concentraciones, defensa de la competencia y ayudas estatales. |

- Mensaje del consejero auditor

La Comisión creó el puesto de consejero auditor con objeto de confiar la tramitación de los procedimientos administrativos en los asuntos en materia de defesa de la competencia y de concentraciones a una persona independiente con experiencia en asuntos de competencia y con la integridad necesaria para contribuir a la objetividad, transparencia y eficiencia de tales procedimientos. El mandato del consejero auditor establece una serie de mecanismos a los que debe atenerse esta función. El mandato incluye, entre otras tareas, la obligación de presentar un informe final sobre cada proyecto de decisión presentado al colegio de Comisarios en el que se indique si se ha respetado el derecho a ser oído. Como consecuencia de ello, los dos consejeros auditores participan oficialmente en todos los asuntos en los que se incoa y se da por terminado de esta forma un procedimiento formal. Ello ha incluido desde mayo de 2004 las llamadas "decisiones con compromisos" de conformidad con el artículo 9 del Reglamento n° 1/2003, la primera de las cuales fue el asunto DFB, decidido en enero de 2005. También se puede recurrir con carácter excepcional a los consejeros auditores antes de que se inicie un procedimiento formal: por ejemplo, en caso de que se planteen cuestiones de confidencialidad en relación con información que se haya de incluir en un pliego de cargos, o en relación con la versión publicada de una decisión. En conjunto, los consejeros auditores participaron en unos 40 asuntos a lo largo de 2004. A continuación se mencionan algunos elementos de interés de estas experiencias.

Garantizar el derecho a ser oído facilitando el acceso adecuado al expediente

Teniendo en cuenta el legítimo interés de los proveedores de información por la protección de datos confidenciales, el respeto del interés público en las normas de competencia y los derechos a la defensa de los destinatarios de un pliego de cargos, los consejeros auditores han tomado varias decisiones por las cuales han concedido o denegado a las partes la posibilidad de acceder a determinados documentos del expediente del asunto.

Entre tales decisiones adoptadas en 2004 se prestó atención a los derechos de acceso de las partes que recibieron las denominadas "cartas de hechos" por las cuales se les informaba de información adicional que había que tener en cuenta en la decisión final. Las decisiones Microsoft y Clearstream constituyen dos ejemplos de asuntos en los que, en tales circunstancias, se concedió a las partes acceso a más información.

Velar por la protección de los secretos comerciales de las empresas y de su legítimo interés por la confidencialidad

En caso de que haya desacuerdo entre el departamento correspondiente de la Comisión y las partes implicadas, los consejeros auditores están facultados para adoptar las decisiones relativas a la protección de los secretos comerciales de las empresas y de su legítimo interés por mantener la confidencialidad. Será necesario velar por que este interés guarde proporción con los intereses de las partes por que se divulgue la información o, en caso de que se trate de la publicación de una decisión, con el interés público por informar al mundo legal y empresarial del resultado del procedimiento.

En el asunto Belgian Architects Association , el riesgo de represalias llevó a los consejeros auditores a denegar el acceso a un documento del expediente que habría permitido a las partes identificar al informador.

En 2004, la mayor parte de las decisiones adoptadas por los consejeros auditores de divulgación de datos potencialmente confidenciales se refirieron a la legitimidad de la publicación de las decisiones finales de la Comisión. Estas decisiones contribuyeron a fijar una serie de principios que se aplicarán en asuntos futuros.

En primer lugar, de conformidad con la jurisprudencia, se exige que cualquier solicitud de confidencialidad demuestre por qué la divulgación de información supuestamente confidencial podría perjudicar seriamente a la empresa[1]. En segundo lugar, el riesgo de que la publicación de información dé lugar a litigios privados no es en sí mismo un motivo válido. La indemnización por daños y perjuicios a raíz de una infracción de la normativa de competencia sería la consecuencia legítima y deseable de este comportamiento contrario a la competencia[2]. En tercer lugar, no es competencia de los consejeros auditores decidir si es imprescindible publicar partes de las decisiones finales para garantizar su plena comprensión. Sólo se analizará la pertinencia de un dato determinado para la comprensión general de la decisión si el párrafo de que se trate incluye información confidencial.

Además, a lo largo de 2004 se introdujo un procedimiento que debía aplicarse antes de tomar decisiones jurídicamente vinculantes sobre la divulgación de información confidencial con el fin de evitar en lo posible litigios legales. Los consejeros auditores pueden proponer en primera instancia una opinión preliminar y sólo si esta propuesta se impugna en un plazo determinado procederán a adoptar una decisión vinculante susceptible de ser recurrida ante el Tribunal de Primera Instancia. En muchos casos esta nueva práctica ha contribuido a evitar los llamados "procedimientos Akzo". En estos últimos procedimientos, los consejeros auditores adoptan en nombre de la Comisión una decisión formal y vinculante de revelar la información potencialmente confidencial, decisión susceptible de ser revisada por el Tribunal de Primera Instancia.

Organización y realización de las audiencias administrativas

Las audiencias administrativas brindan a las partes la oportunidad de completar su respuesta escrita a las objeciones planteadas por la Comisión en materia de competencia presentando oralmente las cuestiones más importantes ante una numerosa audiencia con la posibilidad de responder a preguntas y entablar un diálogo directo con los departamentos competentes de la Comisión y los representantes de los Estados miembros. También puede ser una ocasión única para que los denunciantes u otros terceros implicados en el procedimiento puedan escuchar y hacer los comentarios que estimen oportunos sobre las cuestiones abordadas. Tal fue la situación en el asunto Microsoft : después de cinco años de investigación y procedimiento escrito, que incluyó hasta tres pliegos de cargos, respuestas y observaciones por escrito de innumerables terceros, los representantes de todas las partes interesadas se reunieron por primera vez en torno a una mesa y por espacio de tres días expusieron sus opiniones y comentaron las de los demás en beneficio de todos.

La experiencia de los consejeros auditores demuestra que las exposiciones realizadas en la audiencia oral y las cuestiones que en ella se plantean conducen invariablemente a una mayor comprensión de las cuestiones tratadas. Por lo tanto, la tarea de los consejeros auditores, que consiste en la organización y realización de las audiencias orales en los procedimientos en materia de defensa de la competencia y de operaciones de concentración, es esencial debido a su importancia en el contexto del procedimiento global. La audiencia se organiza en estrecho contacto con las partes interesadas. Se invita a que participen en ella las autoridades de competencia de los Estados miembros y todos los departamentos de la Comisión que intervienen en el procedimiento. Los consejeros auditores establecieron la obligación de que el director responsable de la investigación del asunto asistiese a la audiencia oral, requisito que fue confirmado por el Comisario.

A instancias de los departamentos pertinentes de la Comisión, las partes o los terceros afectados, los consejeros auditores podrán admitir nuevos documentos durante la audiencia. La nueva legislación introducida en 2004 tanto en los asuntos de concentraciones como antimonopolio contempla explícitamente la posibilidad de que todas las partes interesadas formulen preguntas bajo la autoridad de los consejeros auditores. Aunque se siga empleando de forma experimental, esta nueva práctica ha permitido una mayor interacción.

En algunos asuntos, como en el del Cloruro de colina , los consejeros auditores aceptaron que se pudieran presentar nuevos elementos de prueba en la audiencia oral. Como ilustran los informes finales publicados en 2004, después de algunas audiencias orales, como las que tuvieron lugar en la fusión Sony/BMG , se produjeron cambios en el planteamiento adoptado en relación con determinados asuntos.

Además, las audiencias orales hacen que los consejeros auditores sean más conscientes de los aspectos más esenciales de los asuntos y les permiten involucrarse de una forma más activa en las fases posteriores del procedimiento, presentando posibles observaciones sobre la evolución posterior del procedimiento de conformidad con su mandato.

Labor de consejero del Comisario responsable de la política de competencia

La tarea primordial de los consejeros auditores es velar por el respeto de los derechos de defensa de las partes y la regularidad del procedimiento para todas las partes interesadas. Sin embargo, en el marco de su informe provisional, o, con carácter más general, cuando informan al Comisario, y especialmente cuando lo hacen sobre el contenido de la audiencia, los consejeros auditores pueden hacer uso de su capacidad para alertar al Comisario sobre una cuestión sustantiva planteada por el asunto, en caso de que estimen que con ello mejoraría la calidad de la decisión final. En 2004, los consejeros auditores trataron de mejorar la redacción de las decisiones finales. Presentaron observaciones en una serie de asuntos, especialmente casos de carteles, que contribuyeron a mejorar el proceso de toma de decisiones y, en último término, la calidad de las decisiones finales.

Los consejeros auditores abordaron también una serie de cuestiones estratégicas con la Dirección General de Competencia. Entre los temas tratados, figuran la revisión de la comunicación de la Comisión sobre el acceso al expediente, la necesidad de adaptar las normas sobre las declaraciones en el marco del programa de clemencia de la Comisión a las normas de divulgación de los órganos jurisdiccionales extranjeros al tiempo que se respeta el derecho de acceso al expediente y el papel de los consejeros auditores como mediadores potenciales en litigios entre la DG Competencia y las empresas a propósito de si un documento está cubierto por un privilegio legal.

I – Normativa en materia de defencia de la competencia - artículos 81, 82 y 86 CE

A - NORMAS LEGISLATIVAS E INTERPRETATIVAS

1. MODERNIZACIÓN EN MATERIA DE DEFENSIA DE LA COMPETENCIA : REGLAMENTO DE APLICACIÓN 773/2004, DIRECTRICES Y COMUNICACIONES

1. El 1 de mayo entró en vigor el nuevo sistema de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado y se derogó el Reglamento nº 17/62. Con objeto de servir de complemento al Reglamento 1/2003[3] y tras realizar consultas en profundidad, la Comisión adoptó el "paquete de modernización" que consiste en un nuevo Reglamento relativo a los pormenores de sus procedimientos antimonopolio y seis nuevas comunicaciones de la Comisión cuyo objeto es ofrecer orientación sobre una gama de aspectos de especial importancia en el marco del nuevo régimen de aplicación. Este paquete consta de los elementos siguientes:

Reglamento de aplicación[4]

2. El Reglamento de aplicación contiene disposiciones de desarrollo relativas especialmente al inicio de los procedimientos, las declaraciones orales, las denuncias, las audiencias de las partes, el acceso al expediente y el tratamiento de la información confidencial en procedimientos antimonopolio llevados a cabo por la Comisión.

Comunicación sobre la cooperación en red[5]

3. Esta Comunicación establece los pilares básicos de la cooperación entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros en el marco de la Red Europea de Competencia (REC). La Comunicación establece los principios para el reparto de tareas entre los miembros de la Red. A este respecto, la Comunicación sigue la declaración conjunta del Consejo y de la Comisión[6] que se publicó el día en que se adoptó el Reglamento nº 1/2003. Se ha creado una interfaz para los intercambios de información entre autoridades de conformidad con el artículo 11.2 y 3 y el artículo 12 del Reglamento 1/2003 y la aplicación de programas de clemencia. Las autoridades nacionales de los Estados miembros[7] han firmado una declaración en la que se comprometen a cumplir los principios establecidos en la Comunicación de la Comisión.

Comunicación relativa a la cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales[8]

4. La Comunicación pretende ser una instrumento práctico para los jueces nacionales que aplican los artículos 81 y 82 de conformidad con el Reglamento nº 1/2003. Recopila la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia, con lo que aclara el contexto procedimental en el que actúan los jueces nacionales. Especial atención se presta a las situaciones en las que el órgano jurisdiccional nacional aborda un asunto en paralelo o con posterioridad a la actuación de la Comisión. Además, el Reglamento 1/2003 establece expresamente un fundamento jurídico para que los jueces internacionales puedan solicitar a la Comisión su opinión o la información de que dispone, y la Comisión pueda presentar, en determinadas circunstancias, observaciones escritas y orales a los órganos jurisdiccionales nacionales. La Comunicación explica el funcionamiento de esos mecanismos de cooperación.

Comunicación relativa a las denuncias[9]

5. Esta Comunicación comienza facilitando información general sobre las diferentes funciones de las autoridades y los órganos jurisdiccionales de competencia e invita a los denunciantes potenciales a tomar una decisión informada sobre si dirigirse a la Comisión, a una autoridad nacional de competencia o a un órgano jurisdiccional nacional a la luz de la orientación que se le ofrezca. La mayor parte de la Comunicación consta de explicaciones sobre la evaluación de denuncias por parte de la Comisión en el ámbito antimonopolio y los procedimientos aplicables. La Comunicación también establece un plazo orientativo de cuatro meses, dentro del cual la Comisión se esfuerza por informar a los denunciantes de si tiene la intención de llevar a cabo una investigación completa sobre una denuncia.

Comunicación relativa a las cartas de orientación[10]

6. El Reglamento 1/2003 establece la conveniencia de que la Comisión reoriente su actividad de aplicación en la detección de las infracciones más graves. Un elemento fundamental en este contexto es la abolición del sistema de notificación. No obstante, también parece razonable que, en un número reducido de asuntos, cuando se plantee una cuestión verdaderamente novedosa en relación con los artículos 81 ó 82, la Comisión pueda, en aplicación de sus otras prioridades de aplicación, ofrecer orientación a las empresas por escrito (carta de orientación). En la Comunicación se detalla este instrumento.

Comunicación relativa al concepto de efecto sobre el comercio[11]

7. El concepto de efecto sobre el comercio es un criterio jurisdiccional, que determina el alcance del artículo 81 y 82. También determina el alcance de la aplicación del artículo 3 del Reglamento nº 1/2003. En este contexto, los Estados miembros manifestaron su deseo de que se adoptara una comunicación interpretativa en la materia. La Comunicación describe la jurisprudencia actual y en modo alguno pretende limitar el alcance jurisdiccional de los artículos 81 y 82. Asimismo, establece un umbral cuantitativo que la Comisión, en sus propios procedimientos, considerará una presunción refutable cuando el volumen de negocios anual global a escala comunitaria de las empresas afectadas de los productos cubiertos por el acuerdo no exceda de 40 millones de euros y la cuota de mercado (conjunta) de las partes en cualquier mercado de referencia en la Comunidad afectado por el acuerdo no exceda del 5%.

Directrices sobre el artículo 81.3[12]

8. Uno de los pilares básicos de la reforma de modernización es la facultad de los órganos jurisdiccionales y las autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar el artículo 81.3. La Comunicación desarrolla un marco para la aplicación del artículo 81.3 y orienta sobre la aplicación de cada una de las cuatro condiciones acumulativas incluidas en esta disposición del Tratado. Asimismo enumera varios tipos de eficiencias que pueden constituir ventajas económicas objetivas en el sentido de la primera condición. La Comunicación explica también la noción de consumidores y la obligación de que reciban una cuota justa de los beneficios en eficiencia que se obtengan del acuerdo. Los aspectos del acuerdo contrarios a la competencia se analizan de conformidad con el artículo 81.1, así como también se examinan los elementos favorecedores de la competencia y se sopesan con relación a los elementos contrarios a la competencia en aplicación del artículo 81.3.

2. REGLAMENTO DE EXENCIÓN POR CATEGORÍAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DIRECTRICES

9. Formando parte de la gran reforma de las normas de aplicación de la política antimonopolio de la UE, el 7 de abril la Comisión adoptó nuevas normas en forma de un nuevo reglamento de exención por categorías, el Reglamento (CE) nº 772/2004 (RECATT)[13], y un conjunto de directrices[14] relativas a la licencia de patentes, know-how y derechos de programas informáticos. A partir del 1 de mayo de 2004 los acuerdos de licencia gozan de una salvaguardia regulatoria más eficaz, lo que evita que muchos acuerdos hayan de ser analizados individualmente. Las nuevas normas facilitan la concesión de licencias y reducen la carga normativa de las empresas, al tiempo que garantizan el control efectivo de la concesión de licencias entre empresas que posean un alto grado de poder de mercado. Las nuevas normas deben contribuir a la difusión de la tecnología en la UE y facilitar así el logro de los objetivos de Lisboa.

10. Las nuevas normas fueron sometidas a una amplia consulta[15] en la que los interesados mostraron un gran interés y presentaron observaciones pormenorizadas y de gran calidad. Estas nuevas normas sustituyen al Reglamento 240/96[16], que ha sido criticado por su reducido alcance y su carácter formalista, se encuadran claramente dentro de la nueva generación de reglamentos de exención por categorías y presentan las características generales siguientes:

11. El RECATT sólo consta de una lista negra[17]: todo lo que no esté explícitamente excluido de la exención por categorías queda ahora exento. Ello deja a las empresas mayor libertad para definir sus acuerdos de licencia en función de sus necesidades comerciales.

12. El alcance de las nuevas normas cubre todos los tipos de acuerdos de transferencia de tecnología para la producción de mercancías o servicios: no sólo la licencia de patentes y know-how , sino también la licencia de diseños y derechos sobre programas informáticos. Cuando la Comisión no esté facultada para adoptar un reglamento de exención por categorías[18], como en el asunto de los consorcios de patentes y licencias de derechos de autor en general, las directrices ofrecen una orientación clara sobre la futura política de aplicación;

13. Las nuevas normas distinguen claramente la concesión de licencias entre competidores (más propensa a ser perniciosa para la competencia) de la que tiene lugar entre no competidores. En especial, difieren las listas de infracciones especialmente graves;

14. El RECATT establece la salvaguardia regulatoria únicamente por debajo de determinados umbrales de cuota de mercado, a saber un 20% acumulativo para los acuerdos de licencia entre competidores y un 30% cada uno para los acuerdos entre no competidores. Las cuotas de mercado han de calcularse tanto para el mercado o mercados de referencia como para el mercado de tecnología[19];

15. Un acuerdo de licencia no puede acogerse a la exención por categorías si incluye alguna de las restricciones de competencia de las denominadas especialmente graves;

16. Algunas restricciones no cumplen las condiciones para acogerse a la exención por categorías, mientras que el resto del acuerdo puede seguir beneficiándose de la misma[20].

17. La lista de restricciones especialmente graves del artículo 4 del RECATT incluye aquellas restricciones que implican que la totalidad del acuerdo no puede acogerse a la exención por categorías y para las que también resulta poco probable que se aplique la solicitud individual del artículo 81.3[21].

18. Para la concesión de licencias entre competidores, se consideran restricciones especialmente graves (a) la fijación de precios, (b) la limitación de la producción, (c) la asignación de mercados o clientes, (d) la restricción de la capacidad del licenciatario para explotar su propia tecnología y (e) la restricción de la capacidad de las partes para llevar a cabo actividades de I+D (a menos que sea imprescindible para prevenir la revelación de conocimientos técnicos autorizados), mientras que en el caso de la concesión de licencias a no competidores las restricciones especialmente graves son (a) la fijación vertical de precios, (b) la restricción de las ventas pasivas del licenciatario y (c) la restricción de las ventas activas y pasivas del licenciatario dentro de un sistema de distribución selectiva. Tanto para la concesión de licencias entre competidores como no competidores el artículo 4 incluye excepciones específicas a las listas de restricciones especialmente graves.

19. Las directrices dejan claro que no hay presunción de ilegalidad alguna fuera de la salvaguardia regulatoria de la exención por categorías, siempre que el acuerdo no contenga una restricción especialmente grave. En concreto, no se da por sentado que sea de aplicación el artículo 81.1 por el mero hecho de que se superen los umbrales de cuota de mercado. Se requiere una evaluación individual basada en los principios descritos en las directrices.

20. Con objeto de conseguir una mayor predictibilidad más allá de la aplicación del RECATT y circunscribir el análisis pormenorizado a los asuntos que puedan presentar problemas reales de competencia, la Comisión ha creado una segunda salvaguardia regulatoria en las directrices. La Comisión estima que, al margen del ámbito de las restricciones especialmente graves, es poco probable que se infrinja lo dispuesto en el artículo 81 cuando hay cuatro o más tecnologías controladas de forma independiente, amén de las controladas por las partes del acuerdo, que pueden ser sustituidas por la tecnología licenciada a un coste comparable para el usuario.

21. Las directrices no sólo establecen un marco general para analizar los acuerdos de licencia, sino que también contienen secciones específicas sobre la aplicación del artículo 81 a diversos tipos de restricciones para la concesión de licencias, en especial las obligaciones de pago de cánones, la concesión de licencias exclusivas y restricciones de las ventas, las restricciones de producción, las restricciones de sector de aplicación, las restricciones de uso cautivo, vinculación y agrupación y obligaciones de inhibición de la competencia. Asimismo consta de una sección sobre la evaluación de los consorcios tecnológicos[22].

3. REGLAMENTOS DE EXENCIÓN POR CATEGORÍA EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE

3.1 Transporte marítimo

Revisión del Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo

22. La Comisión ha avanzado mucho en su revisión del Reglamento 4056/86, tarea que comenzó en marzo de 2003. El Reglamento 4056/86 aplica las normas de competencia de la UE al transporte marítimo y una de las cuestiones más importantes de su revisión reside en si siguen estando justificadas las condiciones para que, de conformidad con el artículo 81.3 del Tratado, se aplique una exención a la fijación de precios y la regulación de la capacidad por parte de las conferencias marítimas.

23. Partiendo de un concienzudo proceso de consultas (se recibieron 36 contribuciones en respuesta a un documento de consulta y se celebró una audiencia pública), en una reunión informal con las autoridades de competencia y transportes de los Estados miembros que tuvo lugar el 28 de mayo la Comisión abordó la situación en la que se encontraba en ese momento el proceso de revisión. Ello dio pie a que el 13 de octubre se adoptara un Libro Blanco[23], en el que la Comisión consideró que no había pruebas económicas concluyentes de que los supuestos en los que se justificó en su momento (1986) la exención por categorías sigan teniendo razón de ser en las circunstancias actuales del mercado y sobre la base de las cuatro condiciones acumulativas del artículo 81.3 del Tratado. En estas circunstancias, la Comisión se planteó la posibilidad de proponer la derogación de la exención por categorías en vigor para las conferencias marítimas. No obstante, en su Libro Blanco la Comisión dejó la puerta abierta a posibles alternativas al actual sistema de conferencias marítimas en rutas con origen y destino en la UE. Los proveedores de servicios de transporte marítimo, representados por la ELAA (Asociación europea de compañías navieras), han presentado ya ideas concretas sobre tal marco. Sin embargo, antes de adoptar su posición respecto a esas ideas, la Comisión ha invitado a los terceros interesados a presentar sus observaciones, y proponer opciones alternativas.

Modernización del Reglamento de la Comisión (CE) n° 823/2000 (consorcios)

24. El Reglamento de la Comisión (CE) n° 823/2000 sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo de línea regular (consorcios) establece una exención por categorías para los consorcios en el transporte marítimo. El objetivo de un consorcio entre dos o más empresas explotadoras de buques que presten servicios internacionales de transporte marítimo de línea regular es establecer una cooperación en la explotación conjunta de un servicio de transporte marítimo con objeto de mejorar la productividad y la calidad de los servicios, así como de fomentar una mayor utilización de los contenedores y el uso más eficiente de la capacidad de los buques.

25. Habida cuenta de que este Reglamento expiraba el 25 de abril de 2005, la Comisión puso en marcha en junio una consulta pública[24] sobre las diversas opciones que se vislumbran para una legislación futura en este campo y con objeto fundamentalmente de recabar la opinión del sector, los Estados miembros y otros terceros interesados. Esta consulta tuvo lugar en el contexto de la revisión que se está llevando a cabo actualmente de la exención por categorías para los acuerdos entre conferencias marítimas establecida en el Reglamento 4056/86. El 23 de diciembre, la Comisión publicó un anteproyecto de reglamento por el que se modifica el Reglamento de la Comisión (CE) 823/2000, en el que se invitaba a los terceros interesados a remitir sus observaciones[25].

3.2 Transporte aéreo

Ampliación de los poderes de aplicación en materia de competencia en el ámbito del transporte aéreo internacional – modificaciones a los Reglamentos 3975/87 y 3976/87

26. El 26 de febrero, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n° 411/2004[26], por el que se modifican dos Reglamentos vigentes en el sector del transporte aéreo[27], y el Reglamento (CE) n° 1/2003. Básicamente, el Reglamento 1/2003 será también de aplicación al transporte aéreo entre la Comunidad Europea y los terceros países. Además, se amplía el ámbito de aplicación del Reglamento del Consejo por el que se habilita a la Comisión para promulgar reglamentos de exención por categorías en relación con determinadas actividades de transporte aéreo (que afectan también a las rutas de larga distancia). Hasta la adopción de este Reglamento, la Comisión carecía de poderes efectivos de aplicación en este ámbito del transporte aéreo entre la UE y los terceros países, aunque no había duda de que las normas de competencia se aplicaban también a estas rutas[28]. La aplicación del Reglamento 1/2003 a todo el transporte aéreo, con independencia de las rutas de que se trate, hace que este sector se encuadre en el contexto general de la normativa antimonopolio. El Reglamento 411/2004 entró en vigor el 1 de mayo, junto con el paquete de modernización.

Revisión del Reglamento del Consejo (CEE) nº 1617/93

27. El elemento central del Reglamento de la Comisión (CEE) n° 1617/93, que expira el 30 de junio de 2005, es la exención actualmente en vigor para las conferencias de tarifas de IATA en relación con las rutas intracomunitarias. Este año, la Comisión emprendió la revisión del Reglamento 1617/93 por lo que el 30 de junio publicó un documento de consulta en el que se invitaba a las administraciones nacionales, al sector y a los consumidores a presentar sus observaciones y elementos de prueba sobre las cuestiones esenciales relativas a la evaluación de estas conferencias de tarifas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81.3.

28. La Comisión recibió 52 respuestas que fueron analizadas en su totalidad. Este análisis puso de manifiesto la necesidad de estudiar en profundidad algunas cuestiones. A tal efecto se elaboró un documento de discusión con objeto de garantizar una toma de decisiones transparente y permitir que las autoridades públicas y el sector pudieran presentar una última ronda de observaciones.

4. REVISIÓN DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO: NUEVA COMUNICACIÓN SOBRE ACCESO AL EXPEDIENTE

29. El acceso al expediente es una fase trascendental del procedimiento y garantía de salvaguardia de los derechos de la defensa en todos los asuntos litigiosos antimonopolio y de fusiones. Cuando la Comisión ha publicado un pliego de cargos (PC), el acceso al expediente permite que los destinatarios se familiaricen con las pruebas con que cuenta la Comisión con vistas a manifestar con eficacia sus puntos de vista sobre las conclusiones alcanzadas por la Comisión en el PC[29]. En aras de una mayor transparencia y claridad en el procedimiento de la Comisión en la tramitación de solicitudes de acceso al expediente[30], esta institución emprendió una revisión de la actual Comunicación relativa al acceso al expediente que data de 1997[31]. Tras la experiencia adquirida en la aplicación de dicha Comunicación de 1997, la revisión tiene en cuenta lo acontecido tanto en la práctica de la Comisión[32] como en la jurisprudencia reciente[33]. La revisión pretende velar también por que las normas por las que se rige el acceso a los expedientes sean compatibles con las nuevas normas antimonopolio y de fusiones, así como con el mandato actual de los consejeros auditores[34].

30. Tras debatir el asunto con los Estados miembros, la Comisión publicó el 21 de octubre un proyecto de comunicación sobre las normas de acceso a los expedientes en los procedimientos antimonopolio y de fusiones[35] y puso en marcha una consulta pública sobre el proyecto. En respuesta a esta consulta se recibieron 20 contribuciones, la mayoría de las cuales procedían de abogados, amén de otras remitidas por asociaciones de consumidores y sindicatos.

31. Las principales características de este proyecto de comunicación son las siguientes:

32. hace una distinción entre el derecho de acceso al expediente (de destinatarios de un PO) y el derecho de acceso a determinados documentos (para los denunciantes en procedimientos antimonopolio y para otras partes implicadas en procedimientos de concentración)

33. define lo que constituye el "expediente de la Comisión" y distingue entre documentos accesibles y no accesibles

34. distingue entre procedimientos antimonopolio y de fusión por el momento en que se concede el acceso al expediente

35. describe los procedimientos para tramitar la información confidencial y ejecutar el acceso al expediente, así como el procedimiento de resolución de diferencias sobre solicitudes de confidencialidad, incluido el papel del consejero auditor.

B - APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 81, 82 Y 86

1. ABUSO DE POSICIONES DOMINANTES (ARTÍCULO 82 CE)

1.1 Decisiones

CEWAL

36. El 30 de abril, la Comisión adoptó una decisión por la que se imponía una multa de 3.4 millones de euros a Compagnie Maritime Belge ("CMB"), un naviera belga. La multa se impuso como consecuencia del papel de CMB en el comportamiento abusivo cometido por la conferencia marítima Associated Central West Africa (Cewal), de la que CMB era miembro a finales de los 80[36].

37. Una decisión anterior[37], por la que la Comisión ya había impuesto multas a cuatro miembros de Cewal, entre los que se encontraba CMB, había sido anulada en parte por el Tribunal de Justicia (TJCE) por lo que a las multas se refiere[38]. El TJCE consideró que la Comisión había cometido un error de procedimiento al no indicar claramente en el pliego de cargos que precedió a la decisión que tenía la intención de imponer multas a los miembros individuales de Cewal.

38. Para evitar que las infracciones quedasen sin castigo (tanto el TPI como el TJCE habían denegado el recurso interpuesto contra las conclusiones de las infracciones), la Comisión adoptó una nueva decisión por la que imponía una multa a CMB a raíz de un nuevo procedimiento en consonancia con las conclusiones del TJCE[39]. Esta decisión está basada íntegramente en las conclusiones sustantivas de la decisión original.

39. El cálculo de la multa se basa en una evaluación del impacto de la conducta infractora por parte de CMB en comparación con la implicación de otros miembros de Cewal. Se impuso una multa inferior a la de la decisión inicial, ya que ya no se tuvieron en cuenta determinadas circunstancias agravantes en el momento de la decisión.

Clearstream [40]

40. El 2 de junio la Comisión adoptó una decisión por la que se llegaba a la conclusión de que Clearstream Banking AG y su matriz Clearstream International SA ("Clearstream ") habían infringido lo dispuesto en el artículo 82 CE por negarse a facilitar servicios transfronterizos de compensación y liquidación de valores[41] a Euroclear Bank SA (" Euroclear Bank ") y por aplicar precios discriminatorios en perjuicio de este cliente.

41. Clearstream Banking AG es el único Wertpapiersammelbank (Depósito central de valores[42]) de Alemania. La Comisión consideró que, durante el período de referencia en cuestión, de 1997 a finales de 2001, Clearstream mantuvo una posición dominante en la prestación de servicios transfronterizos de compensación y liquidación a intermediarios situados en otros Estados miembros.

42. La negativa a ofrecer las acciones registradas en cuestión[43] emitidas con arreglo a la legislación alemana. Aunque la normativa de competencia establece la libertad de las empresas para elegir libremente sus socios comerciales, las empresas que gozan de posición dominante tiene una responsabilidad muy especial. En este caso, el comportamiento de Clearstream puede ser calificado de negativa a prestar servicios porque:

43. Clearstream Banking AG es el único depositario final de los valores alemanes conservados en custodia colectiva, que es la única forma significativa de custodia que existe en la actualidad para los valores negociados. La posibilidad de que se produzca la entrada de un nuevo operador en el mercado en un futuro próximo es poco realista, por lo que se puede considerar que Clearstream Banking AG es un socio comercial inevitable;

44. Euroclear Bank no podía duplicar los servicios que solicitaba; y

45. El comportamiento del Clearstream menoscababa la capacidad de Euroclear Bank para prestar unos servicios transfronterizos eficientes de compensación y liquidación a sus clientes en el mercado único.

46. Euroclear Bank obtuvo los servicios requeridos en noviembre de 2001, más de dos años después de haberlos solicitado. Durante todo ese período Clearstream Banking AG denegó a Euroclear Bank los servicios de compensación y liquidación para las acciones registradas. El comportamiento dilatorio de Clearstream respecto a Euroclear Bank contrasta con el período habitual no superior a cuatro meses en el que se prestan servicios de compensación y liquidación a otros clientes comparables.

47. Por lo que se refiere a la discriminación de precios, la Comisión llegó a la conclusión de que, entre enero de 1997 y enero de 2002, Clearstream cobró por servicios equivalentes una tarifa por transacción más elevada a Euroclear Bank que a otros depositarios situados fuera de Alemania. La Comisión analizó pormenorizadamente el contenido de los servicios y los costes con objeto de determinar si se justificaba la diferencia de precios, y llegó a la conclusión de que no era así.

48. La Comisión decidió no imponer multas. Entre otras cosas, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que no hay jurisprudencia comunitaria en materia de compensación y liquidación en el ámbito de la competencia. Además, en la actualidad existe un gran debate sobre compensación y liquidación en diferentes instituciones y foros con vistas a definir mejor el papel de los diversos actores en el sector.

Microsoft

49. El 24 de marzo la Comisión adoptó una decisión de prohibición con imposición de multas contra Microsoft (" Microsoft ") en virtud del artículo 82 CE[44]. Esta decisión llegó a la conclusión de que Microsoft había abusado de dos maneras de su posición dominante en el mercado de sistemas operativos para ordenadores personales[45].

(1) Negativa a facilitar información de interoperabilidad

50. Microsoft ocultaba a sus competidores en el mercado de sistemas operativos para servidores de grupo de trabajo la información necesaria para que sus productos pudieran operar plenamente con Windows, el sistema operativo dominante para PC de Microsoft. Aunque Microsoft había revelado previamente este tipo de información de interoperabilidad cuando se introdujo en el mercado de sistemas operativos para servidores de grupo de trabajo, una vez dentro se negó a difundir tal información a sus competidores, con lo que se vieron afectados los niveles anteriores de suministro de información. En 1998, Microsoft no atendió una solicitud formal de dicha información de interoperabilidad presentada por Sun. Sobre la base de un estudio exhaustivo de mercado, la Comisión llegó a la conclusión de que la información en cuestión era imprescindible para competir en el mercado de sistemas operativos para servidores de grupo de trabajo y que, al ocultarla, Microsoft había logrado hacerse con una posición dominante, y se corría el riesgo de acabar con la competencia restante en ese mercado. La Comisión concluyó también que la negativa de Microsoft a difundir esta información frenaba el desarrollo tecnológico en perjuicio de los consumidores. Si los competidores tuvieran acceso a la información ocultada, podrían ofrecer a los consumidores productos nuevos de mejores prestaciones sin copiar la propia oferta de Microsoft.

(2) Vinculación de Windows Media Player con Windows

51. Microsoft dañó la competencia en el mercado de lectores multimedia al establecer un vínculo indisoluble entre Windows , su sistema operativo dominante para PC, y Windows Media Player . Esta práctica de vinculación confirió a Windows Media Player la misma presencia ubicua que a Windows , lo que indujo artificialmente a los proveedores de contenidos y a los desarrolladores de programas informáticos a depender de la tecnología de Windows Media , y no permitió que otros lectores multimedia rivales compitiesen por los méritos de sus propios productos. La decisión muestra que Microsoft ha logrado una clara ventaja sobre sus competidores desde que iniciara su estrategia de vinculación indisoluble a mediados de los 90.

52. La Comisión consideró que el comportamiento abusivo de Microsoft constituyó una infracción muy grave de las normas de competencia de la UE y le impuso una multa de 497,196 millones de euros[46].

53. Para poner fin a la infracción, la Comisión exigió a Microsoft que adoptase las medidas correctoras que se indican a continuación:

54. revelar la información de interoperabilidad pertinente y permitir su uso para el desarrollo de productos compatibles con los sistemas operativos para servidores de grupo de trabajo ("el remedio de interoperabilidad");

55. poner en el mercado una versión de Windows , el sistema operativo para PC, que no incluya Windows Media Player (“la medida de desvinculación”). De esta forma los fabricantes y los consumidores de ordenadores personales pueden tener Windows con el lector multimedia de su elección;

56. además, se obligó a Microsoft a presentar una propuesta para el establecimiento de un mecanismo de supervisión mediante un administrador de supervisión. Microsoft presentó dicha propuesta.

57. Microsoft presentó ante el Tribunal de Primera Instancia ("TPI")[47] un recurso de anulación de la Decisión, así como una solicitud de medidas cautelares que persigue la suspensión de los remedios de interoperabilidad y desvinculación hasta que no se resuelva su recurso de anulación[48]. La Comisión decidió no exigir la aplicación de estas medidas correctoras hasta que no se pronunciase el presidente del TPI en relación con la solicitud de Microsoft de aplicación de medidas cautelares[49]. El 22 de diciembre el Presidente denegó en su integridad la solicitud de aplicación de medidas cautelares presentada por Microsoft[50].

Recuadro 2: Aplicación de las normas de competencia de la UE a los servicios móviles y de banda ancha de Internet En 2004 se intensificó la competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas y en algunos segmentos del mercado[51] se produjo un fuerte crecimiento. En la UE ampliada de 25 Estados miembros, los dos principales vectores de crecimiento fueron los servicios fijos de banda ancha y los servicios móviles. El crecimiento en el sector de banda ancha superó al registrado en el sector de servicios móviles. Por lo que se refiere a las actividades antimonopolio, la Comisión se centró en estos dos segmentos de mayor importancia. En el contexto del nuevo marco regulador para las comunicaciones electrónicas, que ha estado en vigor desde el 25 de julio de 2003, la política de la competencia continúa desempeñando un papel destacado a la hora de aproximar la regulación del sector a los principios de la normativa de competencia. En el contexto de los servicios de acceso de banda ancha a Internet, la actuación de la Comisión en relación con un supuesto estrechamiento de márgenes llevó a Deutsche Telekom - el operador tradicional de líneas fijas en Alemania - a reducir notablemente sus tarifas de líneas compartidas[52]. A la luz de estas reducciones de tarifas, la Comisión pudo cerrar su investigación sobre el supuesto abuso de posición dominante de Deutsche Telekom en el mercado de la prestación de acceso de banda ancha a su red fija de telecomunicaciones. La Comisión aceptó los compromisos de Deutsche Telekom consistentes en poner fin de forma permanente al estrechamiento de márgenes a partir del 1 de abril de 2004.[53] Por lo que se refiere a las comunicaciones móviles, el 26 de julio la Comisión publicó dos pliegos de cargos referentes a la itinerancia internacional en el Reino Unido. Los cargos se refieren a las tarifas que O2 y Vodafone aplicaban a otros operadores móviles de red por la itinerancia internacional al por mayor. Sobre la base de su investigación, la Comisión consideró que estas dos empresas habían aplicado precios desleales y excesivos: Vodafone, entre 1997 y al menos septiembre de 2003, y O2, entre 1998 y al menos septiembre de 2003[54]. Por último, en cuanto a los servicios móviles internacionales de itinerancia, la Comisión está considerando también las consecuencias sobre la competencia que resultan de la reciente creación de alianzas móviles estratégicas (tales como "Freemove" o "Starmap"). |

1.2 Otros asuntos y desestimaciones de denuncias

Interbrew (abuso)[55]

58. El 30 de abril, la Comisión archivó las investigaciones del artículo 82 que había iniciado en 1999 por propia iniciativa a propósito del comportamiento de Interbrew NV (ahora Inbev NV) con respecto a mayoristas belgas de cerveza, después de que Interbrew suscribiera varios compromisos. Entre otras cosas, Interbrew se comprometió a modificar sus sistemas de rebajas y sus acuerdos comerciales y de asociación con mayoristas de tal manera que ya no se impida a los proveedores rivales competir eficazmente con Interbrew en Bélgica.

59. En primer lugar Interbrew acordó poner en conocimiento de todos los mayoristas su sistema estandardizado de descuentos por volumen en lugar de ofrecerles la tasa de descuento correspondiente a la franja de volumen en que se encuadran sus propias compras para los diversos tipos de cerveza y las tasas correspondientes a las franjas de volumen situadas inmediatamente por encima o por debajo de dicha gama. También se modificará otro sistema de descuentos, específicamente diseñado para los mayoristas que estén dispuestos a vender los diversos tipos de cerveza Interbrew en sus propios establecimientos exclusivos al por menor, de tal manera que los descuentos ya no aumentarán con el número de establecimientos exclusivos del mayorista sino que serán un importe fijo por hectolitro de un determinado tipo de cerveza, sea cual sea el número de establecimientos exclusivos.

60. En el marco de los acuerdos de asociación de Interbrew , la empresa ya no tendrá acceso a los datos comerciales confidenciales de los mayoristas ni tendrá derecho a bloquear la oferta de un competidor para la compra del negocio del mayorista y a presentar su propia oferta alternativa (abolición del "derecho preferente"). Por último, en relación con los acuerdos comerciales por los cuales Interbrew otorga a los mayoristas una serie de incentivos tales como ayuda económica u objetos publicitarios ( gadgets ) a cambio principalmente de actividades promocionales, Interbrew han aceptado (a) suprimir toda obligación de exclusividad de producto, (b) hacer plenamente transparentes los criterios de elegibilidad y (c) dejar bien claro que todos los mayoristas sin excepción pueden acceder a los mismos incentivos.

Scandlines / Puerto de Helsingborg[56] y Sundbusserne / Puerto de Helsingborg[57]

61. El 23 de julio la Comisión adoptó dos decisiones[58] por las que se desestimaron dos denuncias interpuestas por los operadores de transbordadores Scandlines Sverige AB y Sundbusserne AS contra el puerto de Helsingborg en Suecia. Estas dos denuncias paralelas se referían a supuestos abusos en el sentido de lo dispuesto en el artículo 82 CE en relación con unas tarifas portuarias excesivas aplicadas por el puerto de Helsingborg en concepto de los servicios prestados a los operadores de transbordadores que operan en la ruta Helsingborg-Elsinore entre Suecia y Dinamarca.

62. Después de una investigación en profundidad, la Comisión llegó a la conclusión de que los elementos de prueba de que se disponía eran insuficientes para demostrar conforme a derecho que los precios en cuestión eran excesivos. Las decisiones señalan dificultades de carácter más general en la aplicación del artículo 82 CE a los asuntos de precios excesivos, especialmente en casos en los que no se dispone de referencias útiles. Dado que la jurisprudencia existente en la materia es bastante escasa[59], las decisiones pueden ofrecer una orientación útil a la hora de determinar el valor económico de un servicio y si un precio es excesivo o desleal y por ello constituye un abuso de posición dominante en el sentido de lo dispuesto en el artículo 82 CE.

Tarifas por la terminación de llamadas a la red móvil de KPN[60]

63. La Comisión ha informado a los demandados que MCI retiró su denuncia el 21 de octubre, y que la Comisión no tiene la intención de adoptar nuevas medidas en este asunto. El 22 de marzo de 2002 se publicó un pliego de cargos en el que se alegaba que KPN Mobile se había negado a suministrar interconexión directa a operadores independientes y había comprimido los márgenes entre sus tarifas mayoristas por la terminación de llamadas a redes móviles y los precios minoristas por los servicios de red privada virtual móvil (MVPN). En su decisión de no proseguir el asunto de oficio, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que entre tanto la actuación del regulador holandés OPTA había hecho que KPN Mobile presentase una oferta de interconexión directa razonable. Las tarifas mayoristas de interconexión a redes móviles en los Países Bajos también se habían reducido y OPTA se encontraba en plena fase de análisis de los mercados de terminación en las distintas redes móviles de los Países Bajos en el contexto de un nuevo marco normativo para las comunicaciones electrónicas introducido en el país en la primavera de 2004. Por último, en su investigación la Comisión había llegado a la conclusión de que en el contexto específico de los servicios MVPN no se podía demostrar plenamente la existencia de un estrechamiento de márgenes de conformidad con el artículo 82 CE.

B2/Telia[61]

64. En noviembre B2 Bredband AB ( B2 ) retiró su denuncia contra TeliaSonera AB , el operador tradicional de telecomunicaciones de Suecia, y poco después la Comisión archivó el asunto. En diciembre de 2003 la Comisión había remitido un pliego de cargos a TeliaSonera , alegando que la empresa había abusado de su posición dominante al aplicar precios abusivos en el momento de presentar una oferta por un gran contrato de construcción y explotación de una red de banda ancha de fibra óptica para el suministro de acceso de Internet de alta velocidad a la ciudad de Malmoe. La Comisión alegó que la oferta de TeliaSonera para ese contrato había sido fijada intencionadamente por debajo de costes por lo que no le permitía recuperar las inversiones y gastos derivados del suministro de infraestructuras y servicios incluidos en el contrato y que, al ofertar un precio tan bajo, TeliaSonera impedía el desarrollo de infraestructura alternativa y la entrada de otros competidores. No obstante, nuevos datos surgidos de la investigación con posterioridad a la publicación del pliego de cargos llevaron a la Comisión a la conclusión de que no se podía demostrar con la certeza suficiente que TeliaSonera tuviera una posición dominante en los mercados de referencia cuando se presentó la oferta.

2. CARTELES

Recuadro 3: Resumen de las medidas de aplicación adoptadas contra los carteles especialmente graves

Durante 2004 la Comisión siguió prestando una especial atención a la lucha contra los carteles que ya había desarrollado a lo largo de los tres ejercicios anteriores al adoptar otras 6 decisiones contra acuerdos horizontales ilegales, que afectaron a unas 30 empresas. Estos asuntos fueron: tubos sanitarios de cobre , gluconato sódico , cerveza francesa , tabaco crudo en España , artículos de mercería - agujas y colincloruro[62]. En estas decisiones se impusieron multas por un importe total de 390 millones de euros.

A lo largo del año se produjo una serie de acontecimientos en la lucha contra los carteles. Tres son los aspectos que merecen mención especial: lo acontecido en el ámbito de la clemencia, las consecuencias para la lucha contra los carteles de la introducción del Reglamento 1/2003 y la clarificación de las normas por las que se rigen los privilegios legales.

Clemencia

La Comunicación sobre clemencia de 2002[63] siguió siendo una herramienta de aplicación importante. El gran número de asuntos generados por la Comunicación sobre clemencia de 2002 demuestra que es sumamente eficaz, mucho más que la Comunicación de clemencia de 1996. La mayoría de los asuntos que llegan ahora a la fase de decisión se abordan en el marco de la Comunicación de 2002[64].

Reglamento (CE) n° 1/2003

La entrada en vigor en mayo del Reglamento 1/2003[65] reforzó notablemente los poderes de investigación de la Comisión. Tres aspectos claves merecen ser destacados. En primer lugar, el Reglamento amplía los poderes de registro de la Comisión de tal modo que ahora se incluyen también locales distintos de los locales comerciales, como los domicilios particulares de los empleados de una empresa, cuando se tengan sospechas razonables de que se guarda en ellos documentación comercial[66]. Dicha acción sólo puede llevarse a cabo con la autorización previa de las autoridades judiciales nacionales del Estado miembro de que se trate. En segundo lugar, se refuerzan los poderes de registro de la Comisión al tener la facultad de precintar locales comerciales durante el tiempo necesario para llevar a cabo la inspección[67]. En tercer lugar, se concede a la Comisión poderes expresos para entrevistarse con cualquier persona física o jurídica, que así lo acepte, a efectos de ser investigado[68].

Privilegio legal

A raíz de un recurso interpuesto por la Comisión, el Presidente del Tribunal de Justicia anuló, mediante auto de 27 de septiembre[69], la suspensión (parcial) de la validez de una decisión de la Comisión por la que se denegaba una solicitud de privilegio legal que había sido ordenada previamente por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia[70] en el asunto. Se devolvió a la Comisión un sobre que contenía parte de los documentos incautados en la inspección, que las partes alegaban que estaban cubiertos por el privilegio legal[71] y que había sido retenido en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia. El TJCE tomó nota del compromiso de la Comisión de no revelar los documentos litigiosos a terceros hasta la conclusión del procedimiento principal. Habida cuenta de que el nuevo planteamiento presentado por las partes con respecto al alcance del privilegio legal no ha sido confirmado por los Tribunales, la Comisión sigue llevando a cabo inspecciones como lo hacía anteriormente siguiendo la jurisprudencia establecida[72], que en opinión de la Comisión sigue siendo válida y adecuada.

Tubos sanitarios de cobre[73].

65. El 3 de septiembre la Comisión adoptó una decisión por la que se llega a la conclusión de que los principales fabricantes de tubos sanitarios de cobre, Boliden AB (así como sus antiguas filiales Boliden Fabrication AB y Boliden Cuivre & Zinc SA ), Halcor SA , HME Nederland BV , IMI plc (así como sus (antiguas) filiales IMI Kynoch Ltd. e IMI Yorkshire Copper Tube Ltd ), KM Europa Metal AG (así como sus filiales al 100% Europa Metalli SpA y Tréfimétaux SA ), Mueller Industries, Inc . (así como sus filiales WTC Holding Company, Inc ., Mueller Europe Ltd , DENO Holding Company , Inc y DENO Acquisition EURL ), Outokumpu Oyj (así como sus filiales al 100% Outukompu Copper Products Oy ) y Wieland Werke AG (junto a sus filiales Austria Buntmetall AG y Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H .), habían infringido las normas de competencia de la Comunidad Europea al ponerse de acuerdo para fijar precios y repartirse los mercados en el mercado del EEE de tubos sanitarios de cobre. Tras una investigación que empezó en 2001, la Comisión determinó que la infracción se había prolongado desde mediados de 1988 hasta principios de 2001.

66. El producto de referencia se utiliza fundamentalmente para las instalaciones de agua, combustible, gas y calefacción en el sector de la construcción. Los principales clientes de los tubos sanitarios son los distribuidores, mayoristas y minoristas que los venden a los instaladores y a otros consumidores finales. El valor de mercado conjunto de los tubos sanitarios de cobre desnudos (970,1 millones de euros) y recubiertos de una capa plástica (180,9 millones de euros) asciende a 1.151 millones de euros (EEE en 2000).

67. La cantidad total de multas impuestas a las empresas en este asunto fue de 222,3 millones de euros. A excepción de HME Nederland BV , todos los destinatarios de la decisión cooperaron con la Comisión en su investigación de conformidad con la Comunicación de clemencia de 1996. La Comisión concedió la inmunidad de multas al grupo Mueller , una reducción del 50% de la multa a Outokumpu , un 35% al grupo KME y al grupo Wieland , un 15% a Halcor y un 10% a los grupos IMI y Boliden por haber cooperado. La multa más cuantiosa se impuso a las empresas del grupo KME , por un total de 67,08 millones de euros. El grupo Wieland recibió una multa de 27,8411 millones de euros, el grupo IMI 44,98 millones de euros, Outokumpu 36,14 millones, Boliden 32,6 millones, Halcor 9,16 millones y HME 4,49 millones. En recompensa por haber cooperado fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación de clemencia de 1996, a Outokumpu y KME se les aplicó un factor atenuante. Outokumpu fue la primera empresa en revelar la duración total del cartel, que se prolongaba por espacio de más de 12 años. KME fue la primera en revelar pruebas concluyentes en cuanto a la cooperación sobre los tubos sanitarios de cobre recubiertos de una capa plástica. Por otra parte, se penalizó a Outokumpu por reincidente, puesto que ya había sido destinatario de una decisión de la Comisión en la que se condenaba en 1990 a un cartel en el sector del acero inoxidable y recibió un incremento de carácter disuasorio.

Gluconato sódico[74]

68. El 29 de septiembre la Comisión impuso a cuatro empresas del grupo Jungbunzlauer una multa de 19,04 millones de euros por ponerse de acuerdo para fijar precios y repartirse los mercados de gluconato sódico, una sustancia química utilizada fundamentalmente para limpiar metales y vidrio.

69. La decisión complementa a una primera decisión adoptada en 2001[75] en la que se acreditaba que seis empresas, incluida una empresa del grupo Jungbunzlauer , habían creado un cartel secreto entre 1987 y 1995. Por lo que respecta a la empresa del grupo Jungbunzlauer , en 2002 se anuló la decisión adoptada en 2001 debido a un error objetivo en la argumentación de la decisión en relación con su responsabilidad en la infracción.

70. Las partes en el cartel del gluconato sódico acaparaban casi la totalidad de la producción mundial. La infracción era de enorme gravedad y Jungbunzlauer infringió las normas de competencia comunitarias durante siete años. Para calcular el importe de la multa, la Comisión tuvo en cuenta el escaso tamaño del mercado del gluconato sódico. Por otra parte, se redujo en un 20% la multa a Jungbunzlauer al cooperar con la Comisión de conformidad con lo dispuesto en la Comunicación de clemencia de 1996.

Cerveza francesa[76]

71. El 29 de septiembre la Comisión adoptó una decisión de prohibición con imposición de multas sobre la base de lo dispuesto en el artículo 81.1 CE contra dos grupos cerveceros, Brasseries Kronenbourg y su antigua matriz, Groupe Danone , por una parte, y Heineken France (antes Sogebra ) y su sociedad matriz Heineken NV , por otra, para firmar un acuerdo de "armisticio" con el fin de establecer un equilibrio entre el sector "hostelería" (consumo fuera del domicilio)[77] en Francia entre los dos grupos y poner fin a una guerra de adquisiciones de mayoristas de bebidas entre ambos grupos. Sin embargo, el acuerdo nunca se aplicó.

72. En conjunto, se consideró que la infracción era grave. La Comisión impuso una multa de 1 millón de euros a Heineken France y Heineken NV . Se impuso una multa de 1,5 millones de euros al Grupo Danone y a Brasseries Kronenbourg , ya que, a la hora de determinar la cuantía de esta multa, se tuvo en cuenta como circunstancia agravante la reincidencia.

Tabaco crudo en España[78]

73. El 20 de octubre la Comisión impuso multas que totalizaban 20 millones de euros a cuatro transformadores españoles de tabaco crudo ( EEJarsa , Agroexpansión , World Wide Tobacco España y Taes ) y a un procesador italiano ( Deltafina ) por haber suscrito un acuerdo contrario a la competencia destinado a fijar el precio medio máximo que pagarían a los productores españoles de tabaco crudo así como las cantidades de tabaco crudo que adquirirían. El cartel se prolongó de 1996 a 2001. A partir de 1998 los transformadores pusieron en práctica un sofisticado sistema de aplicación y seguimiento. A partir de 1999 acordaron también las horquillas de precios de tabaco crudo que posteriormente negociarían con los representantes de los productores para incluirlos en los contratos normalizados de cultivo, que ofrecen un marco para la fijación del precio del tabaco crudo en el momento de la entrega. Se consideró que las matrices de Agroexpansión y WWTE eran conjunta y separadamente responsables del comportamiento de sus filiales.

74. En la misma decisión la Comisión prohibió también un cartel en el que estaban implicadas las asociaciones que representan a los productores de tabaco crudo ( ASAJA , UPA , COAG y CCAE ). La Comisión descubrió que durante el mismo periodo se habían puesto de acuerdo en las horquillas de precios y los precios mínimos del tabaco crudo que luego negociarían colectivamente con los transformadores a la hora de discutir los contratos normalizados de cultivo y les impuso una multa simbólica de 1.000 euros a cada una con objeto de tener en cuenta el papel desempeñado por el marco regulador nacional en su comportamiento Esta circunstancia también se tuvo en cuenta como atenuante a la hora de determinar las multas a los transformadores.

Artículos de mercería - agujas[79]

75. En la decisión que adoptó el 26 de octubre la Comisión llegó a la conclusión de que tres empresas y sus respectivas filiales, a saber, William Prym GmbH & Co. KG y Prym Consumer GmbH & Co. KG , Coats Holdings Ltd y J & P Coats Ltd , y Entaco Ltd Entaco Group Ltd , habían suscrito entre el 10 de septiembre de 1994 y el 31 de diciembre de 1999 una serie de acuerdos por escrito, formalmente bilaterales, que en la práctica equivalían a un acuerdo tripartito por el cual estas empresas se repartían o contribuían al reparto de los mercados de producto (artículos de mercería) o los mercados geográficos (en el caso de las agujas). Además, las empresas habían participado en reuniones bilaterales o trilaterales entre el 10 de mayo de 1993 y el 8 de noviembre de 2001.

76. La Comisión basó especialmente su decisión en la existencia de cláusulas intercondicionales contenidas en la serie de acuerdos antes mencionada. Estas cláusulas se renovaron a lo largo del tiempo.

77. La Comisión identificó tres mercados de productos de referencia: (i) el mercado europeo de agujas de coser a mano y agujas tradicionales (incluidas las agujas especiales), en el que se produjo el reparto del mercado de producto y geográfico, (ii) el mercado europeo de "otros productos de costura y de punto, incluidos alfileres, alfileres de punto y agujas de punto" y (iii) el mercado europeo de otros artículos de mercería, incluidos las cremalleras y otros cierres, en ambos de los cuales el reparto del mercado de productos sólo se produjo entre el 10 de septiembre de 1994 y el 13 de marzo de 1997.

78. La infracción era muy grave en sí misma dado que se trataba del reparto de los mercados de productos y geográfico entre mercados diferentes. Los acuerdos de reparto del mercado de productos se plasmaron en diferentes niveles de mercado, es decir, tanto en la fabricación como en la distribución (a escala mayorista y minorista) ya que, aunque Coats era fundamentalmente un distribuidor de agujas, a escala minorista competía con Prym y Entaco con su marca de agujas " Milward ".

79. De conformidad con la Comunicación sobre la clemencia de 1996, la Comisión concedió a Entaco la exención completa de la multa que se le habría impuesto de no ser porque informó a la Comisión de la existencia de los acuerdos de reparto de los mercados y facilitó pruebas decisivas sin las cuales no se habría podido demostrar su existencia. Tanto a Coats como a Prym , conjunta y solidariamente responsables con sus filiales respectivas, se les impuso una multa de 30 millones de euros.

Cloruro de colina[80]

80. El 9 de diciembre la Comisión adoptó una decisión negativa contra Akzo Nobel NV , Akzo Nobel Nederland BV , Akzo Nobel Chemicals International BV , Ak zo Nobel Chemicals BV y Akzo Nobel Functional Chemicals BV , conjunta y solidariamente, Chinook Group Limited Partnership y Chinook Group Limited , conjunta y solidariamente, BASF AG , Bioproducts Incorporated , DuCoa LP y UCB SA .

81. Estas empresas infringieron las normas europeas de competencia puesto que tomaron parte en un cartel en el sector del cloruro de colina. Por lo que respecta al EEE, el cartel del cloruro de colina operó en dos escalas diferentes, aunque estrechamente relacionadas entre sí: la mundial y la europea. En la primera todos los fabricantes implicados en este procedimiento participaron en actividades contrarias a la competencia en relación con el EEE entre junio de 1992 y abril de 1994. Entre ellas, se ha de mencionar la fijación y el aumento de los precios mundiales, el reparto de los mercados mundiales, el control de los distribuidores y conversores, amén del intercambio de información comercialmente sensible.

82. Los productores norteamericanos no participaron en una serie de nuevas reuniones contrarias a la competencia en la que sólo participaron los productores europeos para coordinar su comportamiento en el mercado europeo. Estas reuniones se celebraron entre marzo de 1994 y octubre de 1998. Entre las actividades llevadas a cabo se incluyeron la fijación y el incremento de los precios (tanto para el conjunto del EEE, como para los mercados nacionales y los consumidores individuales), la asignación de clientes individuales entre las empresas participantes, el reparto de cuotas de mercado para cada empresa en el mercado del EEE en su conjunto, el control de distribuidores y convertidores, sin olvidar el intercambio de información comercialmente sensible.

83. Se calculó que el tamaño del mercado mundial del cloruro de colina, utilizado principalmente en el sector de los piensos para la alimentación animal, era de 183,7 millones de euros en 1997, último completo en que se constató la infracción, de los cuales 52,6 millones de euros corresponden al EEE. Durante el período de investigación, los productores implicados en la infracción controlaron más del 80% del mercado mundial. Los productores europeos concernidos controlaron cerca del 80% del área del EEE.

84. Los productores norteamericanos dejaron de participar en la infracción al término de la reunión mundial que se celebró entre el 14 y el 20 de abril de 1994. Las primeras medidas tomadas por la Comisión para investigar la infracción lo fueron el 26 de mayo de 1999. Por haber transcurrido más de cinco años desde que los productores norteamericanos Bioproducts , Chinook y DuCoa dejaran de tomar parte en la infracción, no se les multó.

85. La Comisión impuso las siguientes multas a los productores europeos: 20,99 millones de euros conjunta y solidariamente a Akzo Nobel NV , Akzo Nobel Nederland BV , Akzo Nobel Chemicals International BV , Akzo Nobel Chemicals BV y Akzo Nobel Functional Chemicals BV ; 34,97 millones de euros a BASF AG, y 10.38 millones de euros a UCB SA .

3. OTROS ACUERDOS Y PRÁCTICAS CONCERTADAS

3.1 Decisiones de la Comisión

Air France/Alitalia[81]

86. El 7 de abril la Comisión aprobó la alianza entre Air France y Alitalia, siempre que las partes cumpliesen los compromisos sustantivos suscritos. Las condiciones impuestas en la decisión aspiran a reducir las barreras de entrada y a ofrecer a los nuevos competidores una oportunidad real de hacerse con un hueco en el mercado. La Comisión identificó siete rutas coincidentes en las que la unión de las fuerzas de Air France y Alitalia eliminaría o reduciría notablemente la competencia. Se trata de París-Milán, París-Roma, París-Venecia, París-Florencia, París-Bolonia, París-Nápoles y Milán-Lyon. En estas líneas, Air France y Alitalia eran, antes de la alianza, los dos competidores principales. Una vez que las empresas accedieron, entre otras cosas, a renunciar a un número suficiente de franjas horarias de despegue y aterrizaje en los aeropuertos y a aplicar algunos otros remedios para restaurar la competencia efectiva en estas rutas, la Comisión pudo dar su aprobación a esta operación[82].

Topps[83]

87. El 26 de mayo la Comisión adoptó una decisión[84] por la que se imponía una multa de 1,59 millones de euros a The Topps Company Inc y sus filiales europeas, Topps Europe Ltd , Topps International Ltd , Topps UK Ltd y Topps Italia S.R.L. (" Topps ") por infringir lo dispuesto en el artículo 81.1 del Tratado. El grupo Topps fabrica productos coleccionables tales como pegatinas o cromos intercambiables con jugadores de fútbol o personajes de dibujos animados.

88. La Comisión llegó a la conclusión de que Topps suscribió una serie de acuerdos y prácticas concertadas con varios de sus intermediarios en el Reino Unido, Italia, Finlandia, Alemania, Francia y España con objeto de restringir las importaciones paralelas de productos coleccionables de Pokémon . Pokémon es el nombre que recibe toda una gama de personajes desarrollados en un principio para el videojuego de Nintendo “ Game Boy ”, aunque también los usa Topps , bajo licencia, para ilustrar productos colecionables como pegatinas o cromos intercambiables. En el año 2000 había una demanda enorme de estos productos coleccionables de Pokémon mientras que los precios entre los Estados miembros diferían de forma significativa. En aquellos países con los precios más altos, como era el caso de Finlandia, las familias tenían que pagar más del doble que en los países con precios más bajos, como era el caso de Portugal, por las mismas pegatinas de Pokémon .

89. Han sido muchas las veces en que la Comisión y los tribunales comunitarios han condenado de forma inequívoca estas restricciones del comercio paralelo, ya que constituyen violaciones muy graves de lo dispuesto en el artículo 81.1 CE al poner en peligro un principio fundamental del mercado interior. A través de las medidas descritas anteriormente, Topps impidió que los distribuidores y en definitiva los consumidores se beneficiaran de las significativas diferencias de precios que existían entre los Estados miembros.

90. Los destinatarios de la decisión fueron las cuatro filiales europeas de Topps , que participaron en los acuerdos y prácticas concertadas contrarios a la competencia, y la matriz de todas ellas en EE.UU. a la vista de su decisiva influencia en la conducta de sus filiales al 100%. La decisión no se dirigió a los intermediarios de Topps porque su responsabilidad en la infracción era menos significativa. A la hora de fijar el importe de la multa y a pesar de tratarse de una infracción muy grave, la Comisión sólo calificó de grave la infracción cometida por Topps , principalmente porque las pruebas que figuraban en el expediente de la Comisión no demostraron que las restricciones sobre las importaciones paralelas se aplicasen sistemáticamente a todos los intermediarios.

Recuadro 4: Mercados de gestión de derechos en la UE El desarrollo de una presencia notoria de la diversidad de la música y la cultura europeas en los nuevos mercados en línea a escala de todo el continente es de vital interés en el contexto global de los objetivos de Lisboa. Esto significa que se necesita un nuevo dinamismo en la comercialización de los derechos de música europeos a sus usuarios que pueden expandir la presencia europea en esos medios manteniendo al mismo tiempo unas condiciones adecuadas para el desarrollo del contenido local. Por lo que se refiere a la aplicación de las normas de competencia a los servicios de gestión de derechos, especial atención se ha de prestar a las restricciones perniciosas para la competencia en el sector y a los incentivos a la competencia para la prestación eficaz de tales servicios. La Comisión ha facilitado ciertas orientaciones en este campo en su decisión IFPI[85]. Entre tanto algunos de los principios que figuran en esta decisión se han llevado a la práctica y se aplican ahora de forma basta generalizada cuando los miembros de IFPI emiten licencias en el territorio de la UE para la difusión de música en la web en relación con los derechos de que disponen. Por lo que se refiere al llamado "Acuerdo de Santiago"[86] relativo a la gestión de los derechos de autor para la música vía Internet, la Comisión ha publicado un pliego formal de cargos[87] en relación con el acuerdo actual, señalando a las sociedades de gestión colectiva de derechos implicadas los problemas de competencia planteados por este acuerdo y especialmente la compartimentación del mercado debida a una cláusula de residencia económica. Una comunicación publicada en abril establece los principios propuestos por la Comisión por los que regirá el sector en el futuro[88]. Desde la perspectiva de la competencia, especial importancia revisten las cuestiones siguientes: Las restricciones territoriales no deberían impedir la adopción de nuevos acuerdos de ventanilla única a escala europea necesarios para lograr una mayor eficiencia en los derechos de licencia a escala mundial y de la UE en los nuevos mercados de la música. En el marco de la normativa de competencia, la Comisión verá favorablemente la adopción de acuerdos de ventanilla única y acuerdos recíprocos afines entre los sistemas de gestión colectiva de derechos. Sin embargo, la Comisión no puede permitir que se perpetúen las restricciones del pasado una vez que ya no sean indispensables. Los propietarios de los derechos deben poder determinar el adecuado equilibrio entre la gestión individual de los derechos y la gestión colectiva de sus derechos musicales. Los acuerdos no deben vincular innecesariamente las ofertas de gestión de derechos. Se debe permitir el desarrollo de una gestión individual de derechos. Teniendo en cuenta la viabilidad de los sistemas de gestión colectiva, los titulares de derechos deberían tener la opción de utilizar nuevas técnicas digitales de gestión de derechos con objeto de gestionarlos individualmente. |

- Colegio Belga de Arquitectos[89]

91. El 24 de junio la Comisión condenó la escala mínima de honorarios recomendada por el Colegio Belga de Arquitectos.

92. La escala mínima de honorarios fue adoptada por el Consejo Nacional del Colegio Belga de Arquitectos en 1967, y ha sufrido varias modificaciones con posterioridad. La más reciente, introducida en junio de 2002, se refería a ella como circular ( indicatif/leidraad ). En la escala se establecían los honorarios mínimos que había de percibir un arquitecto en concepto de los servicios prestados en la práctica independiente en Bélgica.

93. La Comisión consideró que la decisión por la que se adoptaba la escala de honorarios era un acto independiente de carácter prescriptivo del cual el Colegio, que actúa como asociación de empresas, era plenamente responsable. Además, la Comisión concluyó que el Colegio pretendía coordinar el comportamiento de sus miembros en el mercado a través de sus decisiones por las que establecía y modificaba la escala. Asimismo, la Comisión llegó a la conclusión de que, al menos en cierta medida, la escala se aplicaba.

94. Entre los elementos de prueba que demostraban que la finalidad de la escala era restringir la competencia se encuentran el tono intencionalmente prescriptivo del título y los considerandos del preámbulo, el hecho de que durante 18 años el Colegio elaborase y circulase un modelo de contrato en el que la única opción para fijar los honorarios era una referencia a la escala y el hecho de que el Colegio fue mucho más allá de una mera circulación de información a sus miembros, sus clientes y los tribunales.

95. Aunque una decisión de fijar o recomendar honorarios mínimos constituye en si misma una infracción muy grave, la Comisión la consideró en conjunto como grave, habida cuenta de que probablemente no todos los arquitectos habían aplicado la escala de honorarios y de que el ámbito geográfico de la decisión se circunscribía a un Estado miembro.

96. Al imponer una multa de 100.000 euros, la Comisión consideró como circunstancia atenuante la posibilidad de que del Colegio albergara la duda razonable de si su escala de honorarios constituía realmente una infracción antes de que la Comisión adoptase su decisión CNSD en 1993[90]. Además, es política de la Comisión, establecida en su Informe de 9 de febrero de 2004, incitar a las autoridades nacionales de reglamentación y los organismos profesionales a revisar y a modificar sus normas restrictivas, y a darles la oportunidad para que puedan hacerlo. El importe de la multa refleja también un planteamiento gradual[91] de la Comisión consistente en la imposición de multas a los organismos profesionales por llevar a cabo prácticas contrarias a la competencia.

Gaz de France[92]

97. El 26 de octubre la Comisión adoptó dos decisiones en relación con dos contratos suscritos por Gaz de Francia (GDF) en 1997; uno con la empresa gasística italiana ENI, y el segundo con la eléctrica italiana, ENEL. El objeto del contrato entre GDF y ENI era el transporte por parte de GDF a través del territorio francés y hasta la frontera suiza de gas natural adquirido por ENI en el Norte de Europa. El contrato incluía una cláusula que obliga a ENI a comercializar el gas solamente «más allá del punto de reentrega», es decir, una vez ha abandonado el territorio francés. El contrato GDF-ENEL se refería al intercambio de gas natural licuado adquirido por ENEL en Nigeria e incluía una cláusula que obligaba a ENEL a utilizar el gas en Italia.

98. La Comisión llegó a la conclusión de que ambas cláusulas limitaban el territorio en el que las partes podían utilizar el gas y pretendían compartimentar los mercados nacionales, sobre todo al impedir que los consumidores de gas natural establecidos en Francia pudiesen abastecerse de ENEL y ENI. Por lo tanto, constituían una restricción de la competencia en el sentido de lo dispuesto en el artículo 81 CE y un obstáculo considerable para la creación de un mercado del gas verdaderamente competitivo a escala europea.

99. Estas dos decisiones se revelan aún más importantes a la vista del proceso de liberalización que se ha puesto en marcha en el sector gasístico europeo en los últimos años y cuyos beneficios se están concretando con lentitud. Las restricciones territoriales son uno de los elementos clave en un conjunto de prácticas que perpetúan la división del mercado europeo y contribuyen a una falta de fluidez en el sector. No obstante, habida cuenta de las especificidades del sector europeo del gas y de las circunstancias del asunto, la Comisión decidió no imponer multas.

3.2 Otros asuntos

Contenidos ” premium” para los mercados mediáticos

100. La Comisión sigue dando la máxima prioridad a la competencia en los contenidos premium como factor impulsor de la innovación en los mercados mediáticos con objeto de contribuir a la sociedad basada en el conocimiento. Un conjunto importante de asuntos se refiere a los derechos de acontecimientos deportivos, en los que la Comisión ha adoptado una posición equilibrada: luchando, por una parte, contra los efectos de concentración y restricción de una política de comercialización basada en acuerdos amplios y exclusivos por un único vendedor, al tiempo que, por otra, tiene en cuenta las posibles eficiencias que lleva consigo la agregación de contenidos.

101. En el asunto Bundesliga , que se refiere a la comercialización conjunta de los derechos de explotación mediática de l