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Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones: a) «publicidad» con arreglo al presente subcapítulo se define como cualquier operación destinada a inducir a los agentes económicos o los consumidores a comprar el producto de que se trate. Incluye todo el material que se distribuye directamente a los consumidores para el mismo fin, así como las actividades publicitarias destinadas a los consumidores en el punto de venta; b) por otra parte, las actividades de promoción tales como la divulgación de conocimientos científicos entre el público, la organización de ferias y exposiciones, y la participación en las mismas y en cualquier otra actividad similar de relaciones públicas, así como las encuestas y estudios de mercado, no serán consideradas publicidad; siempre que se indique, en cualquier otro punto de las presentes Directrices, y, en particular, en el capítulo IV.K, que los gastos pueden optar a ayuda pública, se aplicarán las disposiciones del subcapítulo pertinente; en este contexto, las actividades relativas a la organización y la participación en foros de intercambio de conocimientos entre empresas, competidores, exposiciones y ferias y la divulgación de conocimientos científicos e información objetiva sobre los sistemas de calidad no se consideran publicidad sino apoyo técnico; c) la difusión de información de carácter general acerca de los beneficios de un alimento (por ejemplo, la fruta) no destinada a incitar a los consumidores a comprar el producto no se considera publicidad porque no beneficia directamente a los productores; d) normalmente son los propios productores o comerciantes quienes deben correr con los gastos de publicidad, que son parte de sus actividades económicas habituales; de ahí que, para que las ayudas para la publicidad de productos agrícolas no se consideren simples ayudas de funcionamiento y sean compatibles con el mercado común, según lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, no deberán incidir en los intercambios comunitarios en una medida contraria al interés común y deberán facilitar el desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas; e) a medio y largo plazo, los consumidores agradecen que los productos mantengan un alto nivel de calidad; la publicidad de sistemas de control cuyo objetivo sea lograr un alto nivel de calidad contribuye a fomentar la confianza del consumidor en la producción agraria de la Comunidad, a mejorar los ingresos agrarios y a promover el desarrollo del sector en su conjunto; además, los productos de calidad presentan sin duda características específicas que los distinguen de otros productos semejantes; la publicidad de dichas características no inducirá a error al consumidor y es probable que contribuya también al desarrollo del sector; por dichas razones, en vez de distribuirla a partir de una serie de criterios positivos, como anteriormente, la ayuda debería enfocarse a las campañas publicitarias en favor de productos de calidad, que se definen como los productos que cumplen los criterios establecidos con arreglo al artículo 32 del Reglamento (CE) no 1698/2005; f) por lo que respecta a la referencia al origen de los productos, la Comisión viene autorizando desde hace varios años determinados tipos de ayuda para la publicidad de los productos agrícolas; no obstante, la experiencia demuestra que con frecuencia el objetivo de las campañas publicitarias es reforzar las preferencias de los consumidores en favor de productos de su propio Estado miembro, lo cual hace que las ayudas relacionadas con ellas sean incompatibles con el Tratado; g) no obstante, cuando un producto agrícola o alimento de origen agrario posea unas características especiales, debido a su origen geográfico, sus productores pueden solicitar a las autoridades competentes del Estado miembro correspondiente el registro comunitario de una denominación de origen protegida (DOP) o de una indicación geográfica protegida (IGP) de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (49); la inclusión en el registro significa que la Comunidad ha reconocido que existe un vínculo entre las cualidades específicas de un producto y su origen geográfico; en estos casos no se opone al interés común que se concedan ayudas para campañas de publicidad que hagan referencia al origen del producto, siempre que corresponda exactamente al registrado por la Comunidad; lo mismo cabe decir respecto a otras denominaciones de origen protegidas con arreglo a la legislación comunitaria, como los vinos producidos en regiones específicas de conformidad con los artículos 54 a 58 del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (50); h) en el pasado, la Comisión ha aceptado ayuda pública para la creación de etiquetas de calidad; dicha ayuda podía justificarse en ese caso en la fase de creación y lanzamiento de una etiqueta; la experiencia ha demostrado que las ayudas vinculadas a la publicidad de productos con etiquetas de calidad y referencia al origen podrían mantenerse tanto en el mercado propio como en el mercado de otros Estados miembros, a condición de que la referencia al origen sea subsidiaria en el mensaje, ya que este valor subsidiario de la referencia al origen evitaría infracciones al artículo 28 del Tratado; i) la ayuda estatal para publicidad relacionada directamente con los productos de una o más empresas dadas presenta un peligro inmediato de falseamiento de la competencia y no proporciona ventajas duraderas para el desarrollo del sector en su conjunto; Por lo tanto, debería estar prohibida; j) para poder optar a la ayuda estatal, las campañas de publicidad deberán ajustarse a las normas generales aplicables a todas las actividades publicitarias realizadas en la Comunidad. En consecuencia, todas las campañas de publicidad de productos alimenticios subvencionadas con fondos públicos se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (51), así como a las normas específicas de etiquetado que se hayan establecido para diversos productos (tales como vino, productos lácteos, huevos y aves de corral); k) como beneficiario directo, el sector afectado debería cubrir como mínimo el 50 % de los costes de las campañas publicitarias; l) no obstante, si la publicidad es de carácter genérico y redunda en interés de todo el sector agrario, el porcentaje de la ayuda podrá alcanzar el 100 %; m) debido a los efectos que las campañas de publicidad a gran escala podrían tener sobre las condiciones de la competencia en la Comunidad, es conveniente fijar la obligatoriedad de notificar a la Comisión las actividades publicitarias, antes de su puesta en marcha, incluidas las enmarcadas en un régimen de ayudas existente; n) la ayuda estatal para la publicidad en terceros países no suele entrañar riesgos en cuanto al funcionamiento del mercado interior. Sin embargo, puede tener con todo un impacto en la competitividad de las empresas, en particular si dicha publicidad se utiliza en detrimento de empresas de otros Estados miembros; o) hasta el momento la Comisión tiene poca experiencia en materia de ayudas estatales para publicidad en terceros países. Por lo tanto, es difícil esbozar criterios detallados para evaluar este tipo de ayuda estatal. Sin embargo, el marco reglamentario para la ayuda a la publicidad en terceros países, es decir, el Reglamento (CE) no 2702/1999 del Consejo, de 14 de diciembre de 1999, relativo a acciones de información y promoción en favor de productos agrícolas en terceros países (52), podría ser una referencia adecuada para evaluar la ayuda estatal para publicidad en terceros países.