31. 8. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 232/9 
vinculados a la verificación del control de conformidad y, 
como normalmente viene siendo el caso, los gastos de 
modificación de los vehículos ya producidos, si ello fuera 
exigido por las autoridades. Tal acuerdo a nivel comunitario 
aseguraría no sólo un reparto equitativo y razonable de las 
responsabilidades, sino que asimismo tendría un efecto 
disuasivo sobre todo Estado miembro que pudiera conside­
rar el hacer uso de las disposiciones de esta directiva con fines 
distintos a aquéllos a los que está expresamente destinada. 
4. Artículos 11 y 13 
4.1. El Comité se muestra favorable en términos genera­
les a la aceleración del procedimiento de adaptación de las 
directivas al progreso técnico. Sin embargo, en lo que 
respecta al sector automovilístico, el Comité no puede 
aprobar la introducción de un nuevo procedimiento que se 
traduciría en la reducción de la función del Comité para la 
adaptación del progreso técnico a un papel puramente 
consultivo. El Comité estima que no procede la supresión del 
procedimiento de votación de un comité que se ha manifes­
tado capaz de obtener resultados y ampliamente competente 
en el marco de los trabajos en curso relativos a la preparación 
de la legislación comunitaria en este campo, especialmente en 
el momento en que la aplicación de un sistema europeo de 
homologación llega a su fin. Sin embargo,el Comité acogería 
favorablemente una aplicación, más rigurosa de los procedi­
mientos de trabajo del Comité, principalmente en lo que 
respecta a la fijación de plazos precisos y con carácter 
obligatorio. Por otra parte, convendría asegurarse de que las 
organizaciones participantes (industria, empresarios, repre­
sentantes de los asalariados y consumidores) sean consulta­
das respecto a todas las cuestiones relativas a la seguridad y a 
la salud. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la Resolución conjunta sobre la 
facilitación de los transportes por carretera de la Comisión Económica para la Europa de las Naciones 
Unidas 
(87/C 232/07) 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 75 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea, el 13 de abril de 1987 el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la 
propuesta mencionada arriba. 
La Sección de Transportes y Comunicaciones, encargada de preparar los trabajos en la materia, 
elaboró su dictamen el 10 de junio de 1987, sobre la base de la ponencia del Sr. Alexopoulos. 
El Comité, en su 247a Sesión Plenaria (reunión del 1 de julio de 1987), adoptó el siguiente dictamen 
por unanimidad: producción. Este plazo podría variar entre algunas horas y 
algunas semanas, siendo realmente necesaria la clarificación 
de los términos a fin de armonizar la prácticas en vigor en 
todos los Estados miembros a este respecto. 
Por otra parte, el Comité recomienda que el Estado miembro 
que discuta el control de conformidad no sólo debería 
notificar al Estado miembro que concedió la homologación 
— lo cual sería la práctica normal —, sino que debería 
asimismo advertir simultáneamente al fabricante. Ello per­
mitiría que los fabricantes pudieran proceder a una acción 
immediata para verificar la conformidad de producción y 
reducir la posibilidad de fabricar vehículos no conformes, 
que en consecuencia deberán ser localizados y modifica­
dos. 
Por otra parte, el Comité sugiere sustituir en el texto francés 
las palabras «en caso necesario» por «si se estima necesa­
rio». 
3.1.4. Artículo 8, apartado 4 
La redacción de este artículo, en opinión del Comité, no 
refleja el principio de que el «perdedor paga». En otras 
palabras, si un Estado miembro discute la conformidad de 
producción que, tras haber sido verificada por el Estado 
miembro que concedió la homologación, es no obstante 
conforme al tipo homologado, el Estado miembro que 
erróneamente puso en cuestión la conformidad de produc­
ción debería pagar los costes incurridos en la verificación de 
la conformidad de producción. Asimismo, si se observa que 
el vehículo no es conforme, el fabricante asumirá los costes 
Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 1987. 
N° C 232/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 8. 87 
1. El Comité Económico y Social acoge favorablemente la 
propuesta de la Comisión de las CE sobre la Decisión del 
Consejo relativa a la aplicación de una acción común por la 
Comunidad y los Estados miembros con vistas a la adopción 
de la resolución conjunta sobre la facilitación de los trans­
portes por carretera en el marco de la Comisión Económica 
para la Europa de las Naciones Unidas. El Comité aprueba el 
punto de vista de la Comisión de las CE según el cual, 
mediante la simplificación y la armonización de los procedi­
mientos, y gracias a la aproximación de los diferentes 
regímenes vigentes que preconiza, está propuesta de resolu­
ción contribuirá al desarrollo ulterior de los transportes por 
carretera a nivel europeo. 
2. El Comité destaca que la acción común de la Comu­
nidad y de los Estados miembros preconizada por esta 
resolución resulta necesaria puesto que las materias tratadas 
en esta resolución o bien son de la competencia exclusiva de 
la Comunidad (transportes de viajeros por carretera, de 
conformidad con el Derecho derivado comunitario), o bien 
tienen una especial importancia para el mercado común 
(artículo 116 del Tratado CEE). Los puntos correspondien­
tes al segundo caso (transportes de mercancías, seguro y 
matrícula de los vehículos) se rigen, en parte, por la 
normativa comunitaria y, por lo demás, por normas nacio­
nales. 
3. El Comité se congratula de la modificación de la base 
jurídica de la propuesta de la Comisión de las CE: efectiva­
mente, mientras que en 1984 la base jurídica era el Tratado 
CEE en su conjunto, en 1987 se ha designado especialmente 
el artículo 75 del Tratado con este fin, lo que permite además que el CES pueda pronunciarse sobre un tema tan importante 
en el ámbito de la política común de transportes. 
4. El Comité comprueba con inquietud que aunque la 
intención inicial (1984) de la Comisión de las CE fuera la 
creación — en forma de recomendación — de un acto 
jurídico no obligatorio, ello no parece haber sido claramente 
asumido, al menos por parte de algunos Estados miembros. 
Asimismo, se destaca que una acción común no podría 
considerarse en muchos puntos relativos al transporte de 
mercancías. Además, estas reservas son la causa del retraso 
considerable del Consejo en la adopción de la presente 
decisión. A este respecto, el Comité destaca una vez más el 
carácter no obligatorio de esta propuesta y está convencido 
de que es posible alcanzar un marco mínimo de acción común 
en materia de transporte de mercancías mediante, evidente­
mente, la formulación de un derterminado número de 
reservas generales, como lo prevé la propuesta de la Comi­
sión de las CE. 
5. El Comité considera que es necesario proceder a la 
aplicación inmediata de una acción común de la Comunidad 
y de los Estados miembros en el marco de la Comisión 
Económica para la Europa de las Naciones Unidas, en un 
sector tan neurálgico como los transportes por carretera. No 
subestima ni las dificultades (de orden jurídico, económi­
co-político, etc.) existentes en la materia, ni el hecho de que 
estos últimos años la política comunitaria de transportes por 
carretera está en plena evolución y no ha alcanzado todavía 
su forma definitiva. No obstante, este hecho en ningún caso 
debería impedir la aplicación inmediata de una acción 
común, acompañada de un esfuerzo paralelo de actualiza­
ción periódica (por ejemplo, cada dos años) del contenido de 
esta recomendación por parte de la Comunidad y de los 
Estados miembros. 
Hecho en Bruselas, el 1 de julio de 1987. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
Dictamen sobre las consecuencias, para el desarrollo de las negociaciones de la Ronda Uruguay y el 
funcionamiento del comercio internacional, de la evolución económica y política actual de los Estados 
Unidos 
(87/C 232/08) 
Con arreglo a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 20 del Reglamento interno, el 12 de mayo 
de 1987 el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre la propuesta mencionada 
arriba. 
La Sección de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos sobre este tema, formuló su 
dictamen el 12 de junio de 1987, sobre la base del informe del Sr. Romoli. 
El Comité Económico y Social, en su 247a Sesión Plenaria, celebrada los días 1 y 2 de julio de 1987, 
adoptó por unanimidad el siguiente dictamen: