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Bruselas, 27.10.2010

COM(2010) 608 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Hacia un Acta del Mercado Único Por una economía social de mercado altamente competitiva Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Hacia un Acta del Mercado Único Por una economía social de mercado altamente competitiva Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos (Texto pertinente a efectos del EEE)

Introducción

La construcción de un gran mercado era el eje central del proyecto europeo de los Padres Fundadores, quienes habían comprendido la importancia de reunirse, intercambiar y trabajar juntos, organizando una sociedad más rica, creativa, inteligente, justa y fuerte en el mundo. Compartir un espacio de vida económica y social común respetando nuestra diversidad, el deseo de estar unidos alimentado y consolidado por el interés de estar unidos : esta era, y sigue siendo hoy, la ambición del gran mercado europeo .

«Mercado común», «mercado único», «mercado interior», la evolución de la denominación a lo largo del tiempo traduce un doble fenómeno de desarrollo y enriquecimiento del gran mercado europeo. Al tiempo que se desarrollaba en torno a cuatro libertades fundamentales de circulación, a saber, circulación de las personas, las mercancías, los servicios y el capital, también se completó y enriqueció, en particular, por la consolidación de la integración económica , la creación de una moneda única y el desarrollo de la política de cohesión . Una política de cohesión que complemente el mercado único es indispensable para asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica, puedan beneficiarse de él y contribuir al mismo.

Casi 60 años después de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, los beneficios del mercado único son indiscutibles . En las dos últimas décadas, la instauración del mercado único y la apertura de las fronteras han figurado entre las principales fuerzas motrices del crecimiento en Europa. El efecto combinado de la integración del mercado interior, en particular mediante la liberalización de las industrias de red, y de la ampliación ha generado 2,75 millones de puestos de trabajo adicionales y un crecimiento del 1,85 % en el período 1992-2009, según las estimaciones de la Comisión.

Europa se ha convertido en la economía de mayores dimensiones del mundo. Aun excluyendo el comercio intraeuropeo, seguimos siendo los primeros importadores y los primeros exportadores. El mercado único es una garantía fundamental de nuestra competitividad internacional. Sin él, no tendríamos tanto peso en el equilibrio mundial de las fuerzas económicas, en el preciso momento en que emergen nuevos actores.

Pero, ante todo, el mercado único ofrece ventajas cotidianas a las empresas y los ciudadanos en el marco de sus actividades. El comercio intraeuropeo representa en la actualidad el 17 % y el 28 % del comercio mundial de bienes y servicios, respectivamente. La disminución del 70 % de los precios de las llamadas de telefonía móvil o del 40 % de los precios de los billetes de avión son ejemplos concretos de ello.

A través de la « solidaridad de hecho » que teje entre los europeos, y porque ha sabido renovarse, hacerse más profundo y enriquecerse a lo largo del tiempo, nuestro gran mercado europeo ha seguido siendo durante estos casi sesenta años la piedra angular del proyecto europeo.

No obstante, el mundo ya no es el de 1985, cuando la Comisión propuso la profunda renovación que condujo a la creación del mercado único el 1 de enero de 1993.

El mundo ha cambiado. La mundialización ha acelerado los intercambios y la evolución tecnológica, y posibilitado la emergencia de nuevos actores que vienen a competir con nosotros hasta en nuestro campo de excelencia: los productos y servicios de gran valor añadido. Esto supone para Europa un doble desafío: desarrollar con más determinación aún nuestras competencias en sectores de elevado valor añadido y aplicar una política que facilite la participación de las empresas europeas, en particular las PYME, en las formidables oportunidades que ofrecen esos nuevos polos de crecimiento.

La propia Europa ha cambiado. Se ha reunificado, ampliado y desarrollado.

La crisis financiera y la crisis económica han golpeado todas nuestras economías y todos nuestros sectores. Han fragilizado tanto a empresarios como a trabajadores, y reducido el poder adquisitivo de millones de consumidores europeos. El mercado único es una de nuestras bazas frente a esta crisis. Ha permitido amortiguar sus efectos. También nos ayudará a salir de ella por la puerta grande y será una garantía fundamental para el futuro.

Por todos estos motivos, el Presidente Barroso confió a Mario Monti la misión de presentar un informe sobre la reactivación del mercado único. Tal como indica Mario Monti en su informe, «la realización de un mercado único profundo y eficaz es un factor clave que determina el rendimiento macroeconómico global de la UE»[1]. Además añade que «el mercado único es menos popular que nunca, pero es más necesario que nunca»[2]. Su informe propone, por tanto, «una nueva estrategia para proteger el mercado único frente al riesgo del nacionalismo económico, para ampliarlo a nuevas áreas de crecimiento de Europa y para lograr un nivel de consenso adecuado en torno al mismo»[3].

En su informe de 2010, el Parlamento Europeo subraya que la integración del mercado interior no es un proceso irreversible y su continuidad no puede darse por sentada .

Esta constatación justifica hoy una renovada ambición para las políticas del mercado único al servicio de una «economía social de mercado altamente competitiva». Para reimpulsar una integración inacabada y convertirla en nuestro potencial de crecimiento al servicio del progreso humano. Para recuperar la confianza, todos juntos, en nuestro modelo de economía social de mercado, situando nuevamente a los europeos en el corazón del mercado. Para proponer un nuevo planteamiento global con respecto al mercado único que considere a todos los agentes del mismo. Para garantizar mejor la comprensión y el respeto de sus normas en la Unión y su concretización en nuestra vida diaria.

Este planteamiento es el de una economía social de mercado. La premisa de la que parte es que un mercado único ha de apoyarse en todos los agentes del mercado: las empresas, los consumidores y los trabajadores. De esta forma, el mercado único permitirá a Europa adquirir una competitividad colectiva.

Pues el mercado único puede ofrecer más crecimiento y empleo. Su potencial no se ha aprovechado plenamente. Así, las compras públicas transfronterizas representaron solo el 1,5 %, aproximadamente, de todos los contratos públicos adjudicados en 2009. Pese a los significativos progresos realizados en el mercado único de servicios, los servicios transfronterizos representan tan solo el 5 % del PIB de la Unión, frente al 17 % en el caso de los productos manufacturados intercambiados dentro del mercado único. Apenas un 7 % de los consumidores realizaron compras transfronterizas por Internet en 2008[4].

Con arreglo a las estimaciones de la Comisión[5], completar, desarrollar y explotar plenamente el mercado único, concretamente a través de las medidas propuestas en la presente Comunicación, originaría un crecimiento potencial del orden del 4 % del PIB durante los diez próximos años[6].

Además, el mercado único no es, en sí mismo, un objetivo, sino un instrumento al servicio de las demás políticas. Todas las actuaciones públicas y privadas, las respuestas aportadas a los retos del crecimiento, de la cohesión social y del empleo, de la seguridad y del cambio climático, tendrán más fuerza para alcanzar su propósito si el mercado único funciona correctamente.

Así pues, la reactivación del mercado único se presenta como el instrumento indispensable de la estrategia Europa 2020 , en el marco de la cual se proponen siete iniciativas emblemáticas: i) una Unión por la innovación; ii) una juventud en movimiento; iii) una agenda digital para Europa; iv) una Europa que utilice eficazmente los recursos; v) una política industrial para la era de la mundialización; vi) una agenda de nuevas cualificaciones y empleos; y vii) una plataforma europea contra la pobreza. Todas estas edificaciones comparten los mismos cimientos, a saber: un mercado único modernizado. Será la herramienta que les ayude a generar crecimiento y empleo, impulsando así una dinámica propicia a un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y reforzando, por ende, las sinergias entre las distintas iniciativas emblemáticas. Algunos de los elementos de las iniciativas emblemáticas estructuran el funcionamiento del mercado único, por lo que constituyen medidas para su reactivación. Esas medidas se mencionan, por consiguiente, tanto en la presente Comunicación como en las iniciativas emblemáticas, en particular, la agenda digital para Europa, la Unión por la innovación y la política industrial para la era de la mundialización.

Esta reactivación debe, sin imponer nuevas restricciones, abrir nuevas oportunidades . A través de la elaboración y la aplicación eficaz de normas comunes, el mercado único debe potenciar un crecimiento estructural. Como espacio de competitividad y competencia, constituye verdaderamente el campamento base de los europeos en la mundialización. Debe permanecer abierto hacia el mundo sin ingenuidad y favorecer la cooperación con nuestros socios comerciales, en particular en aras de una mayor convergencia de las reglas y normas vigentes en los diferentes mercados mundiales, lo que redundará en beneficios mutuos. En este contexto, es importante tener presente que el éxito del modelo europeo radica en su capacidad para conjugar rendimiento económico y justicia social y para movilizar, con vistas a la realización de este objetivo, al conjunto de los agentes económicos e interlocutores sociales.

Así pues, nuestros esfuerzos han de ir dirigidos ante todo hacia el motor de la economía europea: sus 20 millones de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, sustentadas por los creadores, trabajadores, estudiantes, artesanos y empresarios, todos ellos actores del mercado único, y que necesitan financiación para innovar, incrementar su competitividad y crear empleo.

Para recuperar la confianza, también es necesario dirigirse a los ciudadanos y consumidores en su calidad de actores del mercado único , y permitirles comprar, invertir, recibir atención sanitaria o formarse en toda Europa. Debe garantizarse a todos los consumidores europeos el acceso a productos seguros y fiables, que respondan a unas determinadas normas y estén disponibles a precios asequibles. Es ya una realidad en lo que atañe a los productos agrarios y alimenticios y a los productos manufacturados. Ha de serlo también –y así debe percibirse– en muchos otros sectores de actividad, en particular los servicios, incluidos los de interés económico general y los servicios financieros minoristas.

Para hacer frente a estos desafíos, restablecer la confianza y reimpulsar un crecimiento a un tiempo sostenible y equitativo, Europa debe estar en condiciones de actuar con fuerza y determinación. Es necesario un compromiso colectivo europeo , una apropiación de los objetivos y los medios por el conjunto de los agentes, europeos, nacionales o regionales, públicos y privados, económicos y sociales.

A ello aspira esta Acta que la Comisión somete hoy a debate público. Su aplicación permitirá, por una parte, explotar el importante potencial de crecimiento inherente a la economía digital, al sector de servicios y a las transformaciones ligadas al medio ambiente y el cambio climático, y, por otra, propiciar la emergencia de un consenso en torno a ella al responder a las inquietudes señaladas por Mario Monti[7]. La Comisión desea que, durante cuatro meses, tenga lugar en toda Europa un amplio debate público sobre la reactivación del mercado único. Al término de ese debate, la Comisión propondrá a las demás instituciones sellar su compromiso en torno a la versión definitiva del Acta.

La concretización de la presente Acta del Mercado Único será una manera dinámica de conmemorar el vigésimo aniversario del mercado único al final de 2012.

Esta Acta se adopta paralelamente al «Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010: La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE», que se centra, por su parte, en la erradicación de los obstáculos con los que se encuentran los ciudadanos europeos en su vida diaria, por ejemplo, cuando realizan un viaje, estudian, se casan, se jubilan, compran o heredan bienes, o votan en otro Estado miembro.

El Acta del Mercado Único y el Informe sobre la Ciudadanía son iniciativas complementarias, que persiguen el objetivo de superar la persistente fragmentación de la Unión Europea en lo tocante a aspectos que interesan directamente a los ciudadanos, así como de concretizar de esa forma el compromiso de crear una Europa de los ciudadanos y un mercado único que funcione eficazmente, respondiendo así a las necesidades y las expectativas de los ciudadanos y las empresas.

1. UN CRECIMIENTO FUERTE, SOSTENIBLE Y EQUITATIVO PARA LAS EMPRESAS

En la UE, veinte millones de empresas proveen 175 millones de puestos de trabajo y abastecen de bienes y servicios a los 500 millones de consumidores de la UE, así como a muchos otros del mundo entero. El mercado único es un factor determinante de la competitividad de esas empresas. Debe ofrecerles un entorno propicio e incitarlas a desarrollarse, comprar, vender e invertir libremente en toda Europa y más allá. Las pequeñas y medianas empresas son las que ofrecen el mayor potencial de empleo; su papel dentro del mercado único merece una especial atención y actuaciones específicas para responder a sus preocupaciones.

La libre circulación de bienes y de servicios son dos de las libertades fundamentales consagradas por los Tratados. La libre circulación de mercancías constituye uno de los primeros logros del mercado único. Reforzada por la supresión de fronteras en el mercado único en 1993, ha ampliado considerablemente la diversidad de los productos ofrecidos al consumidor en la UE al precio más bajo. Para mantener esa oferta, las políticas aplicadas por la UE están destinadas a garantizar que ningún obstáculo indebido restrinja la circulación de mercancías. Paralelamente, intentan asegurar que las mercancías que circulan en el mercado único no presenten ningún riesgo para el consumidor. Este último objetivo exige que se preste particular atención a la vigilancia de los mercados y la lucha contra la piratería y la falsificación.

Las empresas evocan con frecuencia la fragmentación del mercado único como hándicap de su competitividad. La diversidad de las normativas nacionales constituye, ciertamente, para ellas una carga considerable , que retrasa las inversiones, limita las economías de escala y las sinergias e interpone barreras para la entrada en los mercados. Es, pues, necesario integrar más los mercados y suprimir los obstáculos, determinando con precisión los ámbitos en los que la falta de coordinación y armonización perjudica el buen funcionamiento del mercado único.

La competencia mundial se ha intensificado. La economía europea debe hacer frente a nuevos desafíos y aprovechar esas nuevas oportunidades con vistas a un desarrollo sostenible. Es preciso consolidar las bazas con las que cuenta y que pueda afrontar tales desafíos en igualdad de condiciones.

Las políticas industriales necesitan una mejor construcción del mercado y un marco adecuado para crear y desarrollar ofertas europeas. Europa ha de poder mantener posiciones vitales ante la competencia mundial. Para lograr consolidar nuestras industrias y la oferta europea en general, en toda la cadena de creación de valor, son condiciones esenciales la construcción del mercado, el apoyo de la investigación e innovación, el desarrollo de la agenda digital y el comercio en línea, y los medios de financiación.

Desde el comienzo de la crisis, la Unión Europea tomó medidas urgentes para restablecer el funcionamiento y la estabilidad de los mercados financieros. Con todo, han de adoptarse medidas adicionales para garantizar que el sistema financiero, además de ser más estable, obre en beneficio de la economía real y fomente un crecimiento económico sostenible. Numerosas son hoy en día las medidas que se están adoptando o sobre las que se está debatiendo en relación con la transparencia de los mercados, la supervisión, la estabilidad financiera, la responsabilidad y la protección de los consumidores de productos financieros o la prevención de crisis. La Unión Europea se ha comprometido a adoptar el conjunto de las propuestas de reforma a este respecto antes de que concluya 2012. Deberá establecerse un marco europeo para desarrollar las inversiones a largo plazo y se crearán recursos suplementarios con vistas a canalizar fondos privados hacia tales inversiones.

Los objetivos de la estrategia Europa 2020, orientada a la modernización de la economía europea, requerirán inversiones considerables. La Unión Europea puede comenzar ya a respaldar esos proyectos dando orientaciones estratégicas coherentes a los inversores que toman decisiones para varias décadas, y estableciendo el marco normativo adecuado. El presupuesto de la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones pueden ayudar a atraer financiación privada para esos proyectos.

En este mundo complejo y cambiante, el nivel europeo es el adecuado para reflexionar y actuar ante la mundialización. Los mercados son de dimensión mundial: Europa debe defender sus intereses y sus valores con más aplomo y en un espíritu de reciprocidad y beneficio mutuo. La política europea debe tratar de hacer progresar, a nivel internacional, la convergencia de las normas. Y para responder al imperativo de competitividad global, el mercado único debe constituir realmente para las empresas europeas un «campamento base» en el que pueden crecer y a partir del cual pueden realizar intercambios con el resto del mundo.

El mercado único debe convertirse en una realidad para ofrecer a los creadores, productores y consumidores la dimensión continental que necesitan para impulsar la economía. Únicamente un crecimiento sostenible puede garantizar la creación de empleos duraderos. La libre circulación y una competencia leal y abierta son igualmente instrumentos indispensables para el crecimiento y el progreso, y permiten afrontar los desafíos demográficos, medioambientales y sociales.

1.1. Estimular y proteger la creación

Para hacer frente mejor a la competencia internacional, es vital que nuestras empresas, nuestros inventores y nuestros creadores puedan desenvolverse, en todo el mercado único, en un marco lo más favorable posible a la innovación y la creación.

Dicho marco debe dar acceso a instrumentos de protección eficaces, en particular contra la piratería y la falsificación.

Propuesta nº 1 : Conviene que el Parlamento Europeo y el Consejo hagan lo necesario para adoptar las propuestas sobre la patente de la Unión Europea, su régimen lingüístico y el sistema unificado de resolución de litigios. El objetivo es poder expedir las primeras patentes de la UE en 2014.

La persistente fragmentación del sistema de patentes obstaculiza significativamente la innovación y el acceso a la protección que confieren tales patentes a las empresas europeas, en particular las PYME, los centros de investigación y los inventores. Este sistema de protección de las patentes, innecesariamente complejo y costoso, contribuye a retrasar la investigación y la innovación en Europa en comparación con otras partes del mundo, como Estados Unidos o Japón. La falta de protección uniforme en el mercado único y los elevados costes de las patentes dan lugar a un sistema de protección fragmentado. El alto coste de litigar por partida múltiple en diversos Estados miembros dificulta el acceso a la justicia. Las posibles discrepancias entre las sentencias dictadas en varios Estados miembros suponen una falta de seguridad jurídica, lo que incrementa la dificultad y el coste del comercio transfronterizo. La implantación de una patente de la Unión Europea y de un sistema jurisdiccional unificado de la patente es de vital trascendencia con vistas a estimular la competitividad europea y fomentar la investigación y la innovación en Europa, ya que permitiría reducir los costes y la complejidad del sistema, tanto de cara a la obtención como a la reivindicación de los correspondientes derechos en Europa.

Propuesta nº 2 : La Comisión presentará una propuesta de directiva marco sobre la gestión de los derechos de autor en 2011, a fin de abrir el acceso a los contenidos en línea, mejorando al mismo tiempo la gobernanza, la transparencia y la gestión electrónica de los derechos de autor. La Comisión propondrá también una directiva sobre las obras huérfanas.

La ausencia de un marco europeo para una gestión eficaz de los derechos de autor dentro de la Unión complica de forma significativa la puesta a disposición en línea de conocimientos y bienes culturales. La creación de un mercado único digital europeo requiere que se aproveche eficazmente el potencial de la distribución en línea, reforzando la disponibilidad del contenido creativo y garantizando, al mismo tiempo, que los titulares de derechos gocen de una retribución y una protección adecuada de sus obras. La Comisión es consciente de que los diferentes regímenes nacionales de cánones por copia privada afectan a los servicios de venta transfronteriza y a la producción de soportes mediáticos. La Comisión tendrá en cuenta el diálogo entre los distintos interesados a fin de determinar las bases para una solución consistente.

Otro de los fines perseguidos es poner un verdadero mercado único al alcance de aquellos europeos que están más acostumbrados a entretenerse y abastecerse en línea. Las generaciones que han nacido con Internet no perdonarían que los beneficios del mercado único quedaran reservados para las mercancías materiales. Es, pues, necesario hacer extensivas las libertades del mercado único a los servicios en línea y ofrecer a un tiempo una elevada protección a la creación y la propiedad intelectual.

Propuesta nº 3 : La Comisión propondrá en 2010 un plan de acción contra la piratería y la falsificación, que incluirá medidas legislativas y de otra índole. Además, en 2011 presentará propuestas legislativas, concretamente para adaptar el marco jurídico a las necesidades creadas por el desarrollo de Internet, así como para reforzar la actuación de las aduanas en este ámbito, y reexaminará su estrategia en materia de aplicación de los derechos de propiedad intelectual en terceros países.

La falsificación y la piratería le cuestan cada año a la economía europea miles de millones de euros y miles de empleos. La OCDE estimó que el comercio de artículos falsificados podría haber representado en 2007 un importe de 188 000 millones de euros[8]. Un estudio de Eurobarómetro publicado en 2009 reveló que entre una cuarta y una tercera parte de los ciudadanos europeos consideran que está justificado, por motivos diversos, comprar productos falsificados[9]. Pese a que se han registrado algunas mejoras, la falta de dispositivos de protección de los derechos de propiedad intelectual suficientemente rigurosos y coordinados ha dificultado la lucha contra la falsificación y la piratería.

1.2. Promover nuevas pistas en pro de un crecimiento sostenible

Algunos de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad, como el cambio climático, la seguridad del abastecimiento energético o los cambios demográficos, suponen oportunidades significativas de crecimiento para las empresas europeas, dada la futura demanda, a nivel mundial, de tecnologías y soluciones para responder a tales retos. Convendría valerse de lo expuesto en el Acta del Mercado Único para aprovechar esas oportunidades. En este contexto, parecen particularmente acertadas iniciativas que permitan establecer un mecanismo de normalización más eficaz, someter los productos energéticos a una fiscalidad más coherente en el conjunto del mercado, seguir desarrollando el mercado único de servicios o de defensa, o ampliar la oferta de productos de gran calidad ecológica. Estas medidas podrán instrumentarse en el contexto más general de la iniciativa relativa a la política industrial, que constituye una iniciativa emblemática de la estrategia Europa 2020 y que la Comisión adoptará próximamente. El proceso de «evaluación recíproca» de la Directiva de servicios deberá igualmente seguir adelante, a fin de desarrollar aún más este sector crucial para la economía europea. Por otra parte, el informe sobre el sector de la distribución ha arrojado importantes conocimientos sobre el funcionamiento del mercado de servicios[10]. Asimismo, tal como se subraya en la Agenda Digital de la Comisión, es preciso que puedan aprovecharse plenamente el potencial de crecimiento y la amplia oferta de bienes y servicios que el mercado digital conlleva. Finalmente, lo que se aplica al instrumento general que es la Directiva de servicios se aplica también a sectores específicos como el de los servicios de transporte, que constituyen verdaderamente el «sistema nervioso» del mercado único.

Propuesta nº 4 : La Comisión y los Estados miembros cooperarán para seguir desarrollando el mercado interior de servicios sobre la base del proceso de «evaluación recíproca» de la Directiva de servicios, que actualmente llevan a cabo los Estados miembros y la Comisión. La Comisión indicará en 2011 las medidas concretas en este sentido, incluidas las referentes al sector de servicios a las empresas.

El sector de servicios reviste una importancia crucial para la recuperación económica de Europa. Representa más del 70 % del conjunto del empleo y de la totalidad de los empleos netos creados en el mercado único. Un mercado único de servicios que funcione correctamente ayudará a los ciudadanos y las empresas, en particular, las PYME, a beneficiarse de sus ventajas, proporcionándoles servicios de mayor calidad a precios y en mercados más competitivos. La Directiva de servicios ha supuesto una etapa importante en la creación de un verdadero mercado único de servicios. Según un reciente estudio, los beneficios aportados por la Directiva, a escala de la Unión Europea, podrían cifrarse entre 60 000 y 140 000 millones de euros, lo que representa un potencial de crecimiento de entre un 0,6 y un 1,5 % del PIB, utilizando estimaciones prudentes[11].

Los resultados del proceso de evaluación recíproca proporcionan, por primera vez, una radiografía del funcionamiento de una parte sustancial del mercado interior de servicios (dado que la Directiva cubre actividades que representan el 40 % del PIB y del empleo europeo). Este extenso ejercicio ha demostrado la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros examinen juntos y con más detenimiento el funcionamiento práctico del marco normativo aplicable a ciertos sectores de futuro. Conviene que se realice conjuntamente una «prueba de rendimiento del mercado interior» para asegurarse de su impacto en términos de crecimiento, empleo e innovación. Los mecanismos de transparencia y de diálogo con los Estados miembros establecidos en la Directiva de servicios deberán también utilizarse en este sentido. Asimismo, es necesario evaluar la necesidad de una iniciativa específica para garantizar una aplicación más eficaz, y más concreta, de los derechos de los proveedores y destinatarios de servicios en el mercado único. Otro ejemplo de los ámbitos que conviene examinar es el de los servicios a las empresas, que constituye un importante factor de competitividad de la industria europea.

Propuesta nº 5 : De aquí a finales de 2011, la Comisión adoptará iniciativas con vistas al desarrollo del comercio electrónico en el mercado interior. Dichas iniciativas se centrarán especialmente en los problemas que encuentran los consumidores en la economía digital. Comprenderán una comunicación sobre el funcionamiento del comercio electrónico y, asimismo, una serie de directrices dirigidas a los Estados miembros, con el fin de garantizar la aplicación efectiva de la disposición de la Directiva de servicios orientada a luchar contra las discriminaciones basadas en la nacionalidad o el lugar de residencia de los destinatarios de servicios.

A fin de construir un mercado interior que despliegue todo su potencial de crecimiento y, al mismo tiempo, responda a las expectativas de los ciudadanos, es crucial abordar el problema del insuficiente desarrollo del comercio electrónico. En efecto, el comercio electrónico solo representa en la actualidad entre un 2 % y un 4 % del comercio total, y el transfronterizo es apenas una pequeña parte de aquel. El mercado digital único constituye uno de los sectores en los que la confianza -y las compras- de los consumidores siguen siendo escasas. Con excesiva frecuencia, los consumidores que intentan adquirir productos o servicios propuestos en línea por operadores económicos de otros Estados miembros se ven en la imposibilidad de hacerlo, o son víctimas de discriminaciones basadas en la nacionalidad o el lugar de residencia. Esta situación no es únicamente un síntoma de un mal funcionamiento del mercado, sino que, lo que es más importante, es causa de frustración y de falta de confianza de los ciudadanos en las oportunidades que ofrece el mercado único. La Directiva de servicios prohíbe a los minoristas tratar de forma distinta a los consumidores en función de su nacionalidad o de su lugar de residencia, aun en el entorno en línea, salvo que la diferencia de trato esté «objetivamente justificada», por ejemplo, por la diferencia en los costes de transporte. En el segundo semestre de 2011 se adoptará una serie de nuevas orientaciones destinadas a ayudar a las autoridades nacionales a dar cumplimiento a la cláusula de no discriminación contenida en la Directiva de servicios (artículo 20), y que detallarán las condiciones en las que podrían invocarse esas razones objetivas. No obstante, la igualdad de acceso de los consumidores europeos al comercio electrónico de otro Estado miembro no debe ser sino una de las vertientes de una política más amplia de desarrollo del comercio electrónico, con vistas a mejorar la accesibilidad del comercio en general para el ciudadano. La Comisión adoptará en el primer semestre de 2011 una comunicación en la que se analizarán los obstáculos al desarrollo del comercio electrónico, se propondrán posibles medidas y se evaluará la Directiva sobre el comercio electrónico. Paralelamente, la Comisión precisará de manera comprensible los derechos de los usuarios de servicios en línea, mediante la publicación, a más tardar en 2012, de un Código de derechos en línea en la UE[12].

Propuesta nº 6 : La Comisión propondrá en 2011 una modificación del marco regulador de la normalización, a fin de hacer los procedimientos de normalización más eficaces, eficientes y participativos, y de hacer extensivo al ámbito de los servicios el recurso a dichos procedimientos.

La introducción de normas europeas para los productos ha supuesto un paso fundamental para garantizar a los ciudadanos bienes y servicios de buena calidad y sin riesgos para la salud, y para permitir a las empresas utilizar fácilmente normas innovadoras y reconocidas a nivel internacional. Con todo, existe aún margen para desarrollar el actual marco de normalización, en concertación con los organismos nacionales competentes en la materia, con objeto de hacer posible una fijación más rápida de las normas, en sintonía con los avances tecnológicos y permitiendo a todos los interesados (empresas, consumidores y autoridades públicas) participar plenamente en la elaboración de tales normas. Asimismo, podría resultar necesario disponer de un marco más claro de normalización en el ámbito de los servicios, con vistas a propiciar un planteamiento coherente a este respecto en el mercado único.

Propuesta nº 7 : La Comisión adoptará en 2011 un Libro Blanco sobre la política de transportes, en el que se propondrán una serie de actuaciones orientadas, en particular, a eliminar los obstáculos residuales identificados entre los sistemas y entre los modos de transporte nacionales.

El transporte es el sistema nervioso de cualquier economía. Una perfecta ilustración de este hecho es la erupción del volcán Eyjafjalla el pasado mes de abril, que vino a recordar la vulnerabilidad de la economía en general frente a su sistema de transporte. En efecto, uno de los pilares más importantes de una economía moderna es la capacidad de su sistema de transporte para vehicular con la mayor fluidez posible las personas y los bienes hasta el lugar al que quieren o deben ir en el momento oportuno. Así, hoy más que nunca, los servicios de transporte desempeñan, por su importancia estratégica en la aproximación de la oferta y la demanda, una función fundamental en favor del crecimiento económico y la creación de empleo. Paralelamente, al contribuir a sacar determinadas zonas de su aislamiento y reunir a las personas, constituyen un ingrediente esencial de una mayor calidad de vida. La realización de un sistema de transporte europeo único, interconectado y eficaz es, por tanto, vital para garantizar la circulación fluida de los bienes, las personas y los servicios, libertades esenciales en las que se fundamenta el mercado interior. Hasta ahora, la realización de un sistema de transporte único se ha visto retrasada por una serie de obstáculos técnicos, administrativos y reglamentarios que afectan a la competitividad del mercado interior del transporte comodal, en particular, y al crecimiento económico de Europa, en general.

Propuesta nº 8 : La Comisión adoptará en 2011 una propuesta de revisión de la Directiva sobre imposición de los productos energéticos, a fin de reflejar mejor los objetivos climáticos y energéticos de la UE en el contexto fiscal, basando los tipos mínimos de gravamen en las emisiones de CO 2 y en el contenido energético.

La Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, fija el marco europeo de imposición de los productos energéticos y de la electricidad y su principal finalidad es garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y evitar así falseamientos de la competencia entre los consumidores de energía. Sin embargo, no refleja suficientemente los objetivos de la UE en materia de lucha contra el cambio climático y utilización más eficaz de la energía, por lo que no permite a los Estados miembros hacer uso de forma óptima del instrumento fiscal. La propuesta estará destinada, más concretamente, a asegurar una consideración coherente de las fuentes energéticas en la Directiva y, por tanto, una verdadera igualdad de trato entre los consumidores de energía, independientemente de la fuente empleada. De esta forma, establecerá también una adecuada articulación entre, por un lado, la imposición de la energía y, por otro, el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la UE, evitando que ambos sistemas se solapen.

Propuesta nº 9 : La Comisión propondrá una iniciativa orientada a crear un Grupo de Alto Nivel sobre los Servicios a las Empresas, a fin de estudiar las deficiencias del mercado y los aspectos relacionados con la normalización, la innovación y el comercio internacional en sectores tales como los de logística, gestión de instalaciones, mercadotecnia y publicidad[13].

Crear un mercado único de servicios a las empresas es aún un desafío, a pesar de la Directiva de servicios. El informe titulado «Hacia un mercado interior del comercio y de la distribución más justo y eficaz en la perspectiva de 2020»[14] ilustra este hecho. En este contexto, la coexistencia de numerosas normas nacionales divergentes para la regulación del sector, concretamente en lo que respecta a las prácticas desleales, puede perturbar el buen funcionamiento del mercado del comercio y la distribución. Una iniciativa encaminada a regular las relaciones entre empresas («business to business») permitiría proteger a los distintos operadores de la cadena de abastecimiento y haría posible, al mismo tiempo, la gradual emergencia de un mercado único más eficaz y justo del comercio y la distribución, satisfaciendo las expectativas de los consumidores y los productos en cuanto a la competitividad de los precios. Los trabajos de la Comisión relativos a la competitividad de la industria agroalimentaria han demostrado la necesidad de una actuación en este ámbito.

Propuesta nº 10 : La Comisión analizará, antes de 2012, la oportunidad de una iniciativa sobre la huella ecológica de los productos, con vistas a hacer frente al problema del impacto medioambiental de los productos, incluidas las emisiones de CO 2 . En el marco de esta iniciativa se examinarán los medios para establecer una metodología europea común para su evaluación e indicación.

Ciertos sectores industriales y algunos Estados miembros han desarrollado sus propias normas para medir el impacto medioambiental, lo que ha dado lugar a una proliferación de normas divergentes e incompatibles en la UE, que podría crear obstáculos para la libre circulación de bienes y servicios en el mercado único al imponer a las empresas múltiples exigencias, con costes elevados.

Propuesta nº 11: La Comisión presentará, a principios de 2011, un Plan de Eficacia Energética, a fin de aprovechar el potencial significativo de ahorro energético existente completando las políticas aplicadas en todos los sectores de consumo de energía.

Cabe la posibilidad de revisar el marco de la ecoconcepción para velar por que las exigencias del mercado único de productos se apliquen en toda la Unión Europea. Asimismo, convendría desarrollar planteamientos orientados a una utilización más selectiva y eficaz de los fondos públicos, así como de los procedimientos de contratación, con vistas a estimular el desarrollo de los mercados de la eficiencia energética en la UE, en particular en lo que respecta a las renovaciones de inmuebles y la movilidad urbana sostenible. El plan abordará, asimismo, la posible necesidad de un marco común europeo que otorgue a los proveedores de energía un papel activo en el ahorro energético de sus clientes y respalde el desarrollo de mercados europeos de servicios energéticos. Además, podría proponer un refuerzo de las políticas europeas en pro de soluciones sostenibles de abastecimiento energético (cogeneración, calefacción y refrigeración).

1.3. En favor de las pequeñas y medianas empresas

Las PYME europeas, fuente de innovación y empleo, son las grandes empresas del futuro. Por ello, el mercado único ha de velar muy particularmente por el establecimiento de un entorno jurídico favorable para su creación y expansión. En este contexto, el acceso a la financiación es un aspecto esencial.

Propuesta nº 12 : La Comisión adoptará en 2011 un plan de acción para mejorar el acceso de las PYME a los mercados de capitales. El plan comprenderá medidas destinadas a incrementar la visibilidad de las PYME ante los inversores, a desarrollar una red eficaz de bolsas o mercados regulados orientados específicamente a las PYME, y a adaptar más a las PYME los requisitos de admisión a cotización y de publicidad.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las PYME para poder desarrollarse es el acceso al capital. Es este un factor decisivo al renunciar a lanzar nuevos productos, a invertir en nuevas herramientas de producción o a contratar empleados. Sin embargo, el capital en acciones se concentra a menudo en mercados de enorme envergadura, en detrimento de las empresas más pequeñas que intentan obtener fondos. Los motivos son diversos: con frecuencia, las PYME no tienen suficiente visibilidad para los inversores potenciales, o las exigencias impuestas para cotizar en los mercados financieros son complicadas en exceso. Mejorar el acceso de las PYME a la financiación es una prioridad política absoluta. Para ello es fundamental dinamizar el segmento de las PYME en los mercados financieros. Esta iniciativa se desarrollará en estrecha colaboración con el Foro sobre Financiación de las PYME.

Propuesta nº 13 : La Comisión evaluará la iniciativa en favor de las PYME («Small Business Act») de aquí a finales de 2010, con vistas a velar, entre otras cosas, por la aplicación del principio de «pensar primero a pequeña escala» en la pertinente política y el procedimiento legislativo y de vincular así estrechamente la iniciativa en favor de las PYME a la estrategia Europa 2020.

La iniciativa europea en favor de las PYME constituye el principal instrumento para promover la competitividad y el espíritu empresarial de las PYME en el mercado único y más allá. El reexamen de dicha iniciativa reforzará la aplicación de las medidas que la componen (en particular, el principio de «pensar primero a pequeña escala») y permitirá compaginarla con la estrategia Europa 2020, proponiéndose para ello nuevas actuaciones en ámbitos tales como la internacionalización de las PYME.

Propuesta nº 14 : La Comisión propondrá en 2011 una revisión de las Directivas sobre las normas contables, a fin de simplificar las obligaciones de información financiera y de reducir las exigencias administrativas, en particular las que recaen sobre las PYME.

Las normas de contabilidad actuales han quedado desfasadas y contienen exigencias que imponen una carga administrativa innecesaria, sobre todo en el caso de las PYME y las microempresas.

1.4. Financiar la innovación y las inversiones a largo plazo

El acceso a la financiación es esencial para la innovación y el crecimiento sostenible. Asimismo, es conveniente que las empresas puedan desarrollar estrategias a largo plazo. Por último, ha de poder recurrirse eficazmente al ahorro privado –en su caso, paralelamente a la inversión pública– de cara a las inversiones masivas en determinadas infraestructuras indispensables para el éxito de la estrategia Europa 2020. Los mercados financieros desempeñan un papel fundamental en este sentido y el entorno normativo no debería comportar ningún sesgo que pueda ir en detrimento de la inversión a largo plazo. La aplicación de la Comunicación de la Comisión de 2 de junio de 2010 sobre la regulación de los servicios financieros para un crecimiento sostenible[15] permitirá, previsiblemente, asentar el papel de tales mercados al servicio de la economía real. No obstante, resulta oportuno explorar también nuevas pistas para desarrollar formas de gobierno corporativo, modos innovadores de incentivar determinados tipos de inversión o modalidades eficaces de cooperación público-privada que contribuyan a elevar, cuando sea necesario, la «línea de horizonte» de las políticas de inversión.

Propuesta nº 15 : La Comisión estudiará la posibilidad de potenciar la emisión de obligaciones privadas para la financiación de proyectos europeos («project bonds»).

Una importante manera de movilizar la inversión privada en favor de los objetivos de la estrategia Europa 2020 consistiría en recurrir al presupuesto de la Unión Europea, en mayor medida de lo que se hace ya hoy en día, para colmar los déficit de financiación privada. En el contexto de la revisión presupuestaria se han propuesto medios de amplificar el impacto del presupuesto. Pudiendo disponer de instrumentos financieros innovadores, los fondos europeos se utilizarían en colaboración con los sectores bancario y privado, particularmente a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI). En el caso de proyectos con un potencial comercial a largo plazo, pasarían a ser la norma general. Una importante iniciativa es la idea de las obligaciones vinculadas a proyectos («project bonds»), que emitiría el sector privado y cuya calificación podría reforzarse recurriendo al presupuesto europeo, con el fin de captar financiación del BEI, de las demás entidades financieras y de los inversores privados en los mercados de capitales, como los fondos de pensiones y las aseguradoras.

Propuesta nº 16 : La Comisión estudiará medidas que puedan alentar a la inversión privada –en particular, a largo plazo– a contribuir más activamente a la realización de los objetivos de la estrategia Europa 2020. Dichas medidas podrían referirse a la reforma del gobierno corporativo, e incentivar la inversión a largo plazo sostenible y ética que exige un crecimiento inteligente, verde e inclusivo. Además, de aquí a 2012, la Comisión velará por que los fondos de capital riesgo establecidos en cualquiera de los Estados miembros puedan operar e invertir libremente en la Unión Europea (en su caso, mediante la adopción de un nuevo régimen jurídico). Procurará eliminar todo régimen fiscal desfavorable para las actividades transfronterizas.

Es conveniente crear las condiciones para una movilización más activa del ahorro privado en apoyo de la inversión y, en especial, de aquellas inversiones que, debido a los criterios por los que se rigen, contribuyen más eficazmente a la realización de los objetivos de la estrategia Europa 2020. La falta de acceso a la financiación es, entre los obstáculos para la expansión de las empresas y la creación de empleo, uno de los que con mayor frecuencia suelen citar las empresas. Es particularmente necesario no solo mejorar el acceso a la financiación de las PYME, sino también crear incentivos que fomenten todas las formas de inversión sostenibles o que permitan respaldar una estrategia a largo plazo. La adecuada financiación de las infraestructuras europeas que condicionan el éxito de la estrategia Europa 2020 es, asimismo, imprescindible. A tal fin, la Comisión estudiará en qué medida la reforma del gobierno corporativo o el desarrollo de distintivos o métodos de evaluación independiente de las inversiones pueden contribuir a tales objetivos.

El capital riesgo es una fuente de financiación primordial, sobre todo para las empresas de nueva creación innovadoras. No obstante, el acceso a ese capital en la Unión Europea se ve dificultado por la fragmentación y falta de eficacia de los mercados de capital riesgo. Es necesario un marco normativo que permita a los fondos de capital riesgo desarrollar su actividad en toda la Unión Europea, así como una coordinación de las normas fiscales para evitar los riesgos de doble imposición.

Propuesta nº 17 : Tras la evaluación en curso de la legislación europea de contratación pública, y basándose en un amplio proceso de consulta, la Comisión presentará, a más tardar en 2012, propuestas legislativas orientadas a simplificar y modernizar las normas europeas, con objeto de agilizar la adjudicación de contratos, y a hacer posible una mejor utilización de los contratos públicos en apoyo de otras políticas.

Los bienes y servicios adquiridos por Administraciones públicas constituyen cerca del 17 % del PIB de la UE. La legislación europea de contratación pública tiene por objetivo crear un mercado transeuropeo abierto y competitivo en relación con los contratos públicos de gran envergadura, permitiendo al contribuyente ahorrar anualmente varios miles de millones de euros. Al mismo tiempo, las adquisiciones públicas pueden ser un vector de apoyo importante, por ejemplo, para la innovación, la protección del medio ambiente o el empleo. La compleja interacción entre las normas europeas y nacionales entorpece a menudo sobremanera los procedimientos administrativos de contratación pública. La participación en las licitaciones de empresas de otros Estados miembros sigue siendo muy limitada[16].

Propuesta nº 18 : La Comisión adoptará en 2011 una iniciativa legislativa sobre las concesiones de servicios. A través de normas claras y proporcionadas podrá mejorarse el acceso al mercado de las empresas europeas, garantizando transparencia, igualdad de trato y unicidad de las reglas del juego a todos los operadores económicos. Dichas normas fomentarán las asociaciones público-privadas y potenciarán una mejor relación calidad-precio para los usuarios de los servicios y las Administraciones contratantes.

Las concesiones de servicios representan el 60 % de los contratos de asociación público-privada (y suponían un importe de 118 800 millones de euros en 2006). La mejora de las condiciones de adjudicación por concurso de las concesiones de servicios y la reducción de la inseguridad jurídica favorecerían el funcionamiento eficaz de las infraestructuras. Las asociaciones público-privadas y, en particular, las concesiones de servicios permiten movilizar inversiones a largo plazo en sectores tales como los de energía, gestión de residuos e infraestructuras de transporte. La Comisión propondrá medidas legislativas destinadas a crear un marco europeo favorable para este tipo de asociaciones público-privadas, sin añadir excesivas obligaciones para las autoridades locales.

1.5. Crear un entorno jurídico y fiscal favorable para las empresas

Con objeto de que nuestras empresas puedan aprovechar todas las oportunidades que ofrece el mercado único, entre ellas la libertad de establecimiento, las normas en las que este se basa han de ser simples y adecuadas y responder a los problemas con los que tropiezan en su actividad diaria. Las medidas propuestas en esta sección se refieren, entre otras cosas, a la reducción de las obligaciones administrativas y reglamentarias, lo que incidirá positivamente en el crecimiento y la creación de empleo[17]. En este contexto, se adoptarán una serie de iniciativas muy concretas para garantizar la interconexión de los registros mercantiles y el reconocimiento mutuo de la identificación y autenticación electrónica en la Unión Europea. Los aspectos fiscales son, asimismo, esenciales. A través de medidas relativas a la base imponible del impuesto de sociedades o del IVA se intentará limitar la carga administrativa impuesta a las empresas y favorecer su actividad transfronteriza. Además, los sectores de la defensa y la seguridad merecen particular atención, ya que propician el desarrollo y el crecimiento en el conjunto de la economía, gracias a su avanzada tecnología, su innovación y su know-how .

Propuesta nº 19 : La Comisión tomará iniciativas para mejorar la coordinación de las políticas fiscales nacionales, en particular, a través de una propuesta de directiva orientada a establecer una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades en 2011.

La enorme disparidad actual entre los 27 sistemas nacionales de impuesto de sociedades existentes en la UE crea importantes obstáculos fiscales, que desincentivan e, incluso, impiden la actividad transfronteriza de las empresas. Esta fragmentación falsea considerablemente el mercado y ocasiona costes de adaptación a la normativa. Las más afectadas suelen ser las PYME, que, con frecuencia, carecen de los recursos necesarios para superar esas ineficiencias y pueden verse disuadidas de expandir su actividad en el mercado único. La introducción de una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades pretende resolver el problema de las disposiciones fiscales que limitan el crecimiento. Los grupos solo tendrían que atenerse a un único conjunto de normas en materia tributaria y que tratar con una única Administración fiscal en toda la UE (ventanilla única). De este modo, el volumen de negocios se consolidaría a nivel del grupo y las pérdidas se deducirían de las ganancias sin ninguna restricción ligada a las fronteras. Además, las empresas dejarían de estar sujetas a la obligación de respetar las normas sobre precios de transferencia en las operaciones intragrupo (es decir, el ajuste de los precios operación por operación entre sociedades del mismo grupo). Los casos de doble imposición o de doble exención fiscal derivados de la disparidad o incompatibilidad entre las legislaciones tributarias nacionales se eliminarían de las relaciones intragrupo. Cualquier actuación no coordinada a nivel nacional no serviría sino para reproducir la situación actual, ya que las sociedades seguirían estando confrontadas con tantos sistemas fiscales como países en los que realicen actividades. Las iniciativas que propondrá la Comisión no irán encaminadas a la armonización de los tipos de gravamen del impuesto de sociedades.

Propuesta nº 20 : La Comisión publicará una nueva estrategia sobre el IVA en 2011, a la luz de un Libro Verde en el que se reexaminará en profundidad el sistema del IVA y que está previsto publicar en 2010.

El actual marco del IVA adolece de numerosas limitaciones, que crean concretamente una carga administrativa desmesurada para las empresas. El complejo sistema de tipos tributarios y exenciones, las posibilidades de inaplicación y las opciones ofrecidas a los Estados miembros, y las normas particulares aplicables a las operaciones transfronterizas perjudican el correcto funcionamiento del mercado único y la competitividad de las empresas europeas, ya que conllevan un elevado coste de cumplimiento de la normativa, sobre todo para las empresas activas en varios Estados miembros. Pese a la significativa evolución del entorno tecnológico y económico desde que se introdujo el IVA, el sistema y, en particular, las obligaciones de información de las empresas y las condiciones de recaudación del impuesto han permanecido bastante inalterados. Por otro lado, el sistema actual propicia el fraude: cerca del 12 % del IVA no se recauda, debido a fraude, evasión o elusión fiscal o a quiebras. La futura estrategia en materia de IVA destacará las prioridades en las que habrá que centrarse a través de propuestas legislativas, de forma que pueda establecerse un marco del IVA más sólido y eficaz para el mercado único.

Propuesta nº 21 : La Comisión presentará en 2011 una propuesta legislativa para interconectar los registros mercantiles.

La inexistencia de una red que interconecte los registros mercantiles nacionales complica el acceso a la información sobre las empresas de otros Estados miembros, lo que origina una considerable carga administrativa y costes importantes para las empresas que desarrollan una actividad transfronteriza, así como una falta de transparencia para las demás empresas, los consumidores y los poderes públicos.

Propuesta nº 22 : De aquí a 2012, la Comisión propondrá una decisión encaminada al reconocimiento mutuo de la identificación y la autenticación electrónicas en toda la UE, partiendo de servicios de autenticación en línea que deberán estar disponibles en todos los Estados miembros. En 2011 propondrá una revisión de la Directiva sobre la firma electrónica, con vistas a establecer un marco jurídico para el reconocimiento y la interoperabilidad transfronterizos de los sistemas de autenticación electrónica.

Tal como se ponía de relieve en la Comunicación de la Comisión sobre la agenda digital, de cara al correcto funcionamiento del mercado único, instrumentos tales como la Directiva de servicios o el Plan de Acción sobre la Contratación Pública Electrónica exigen que las empresas puedan interactuar con la Administración, inclusive en otros Estados, por medios electrónicos. La interoperabilidad y el reconocimiento mutuo de los dispositivos nacionales de identificación y autenticación electrónica son condiciones esenciales para una utilización fluida de los servicios públicos en línea fuera del ámbito nacional.

1.6. Ser competitivo en los mercados internacionales

Las empresas europeas pueden vender sus bienes y servicios en el mundo entero, beneficiándose así de la apertura y la integración comercial mundial. El mercado único constituye una suerte de «campamento base» esencial, a partir del cual las empresas pueden prepararse mejor para la competencia internacional y la conquista de nuevos mercados. Ello hace tanto más necesario garantizar la coherencia y complementariedad de nuestras políticas interior y exterior.

La UE es el mayor exportador de bienes y servicios en el mundo y uno de los primeros destinos de la inversión directa extranjera. Pero, no seamos ingenuos. Europa debe defender sus intereses y sus valores con más aplomo y en un espíritu de reciprocidad y beneficio mutuo. Los acuerdos de libre comercio pueden garantizar el acceso a los mercados más importantes por parte de las empresas europeas, e intensificar la cooperación en el ámbito normativo con nuestros principales socios comerciales. Por otro lado, los acuerdos comerciales deben fundamentarse en los intereses y beneficios recíprocos, y reconocer que tanto la UE como sus socios tienen, no solo derechos, sino también obligaciones. La Comisión se mantendrá alerta en su defensa del empleo y los intereses europeos, y luchará por todos los medios apropiados contra las prácticas comerciales desleales.

Una mayor convergencia de las normas internacionales no puede ser sino benéfica, para las empresas europeas en particular, puesto que reducirá los costes derivados de la necesidad de adaptarse a normas o especificaciones diferentes de las que se aplican en Europa. Por otro lado, se considera fundamental velar por que las empresas europeas tengan acceso a los mercados exteriores, y concretamente a los de la contratación pública, en condiciones equitativas.

El mercado único debe seguir siendo igualmente un polo de atracción para los países candidatos y candidatos potenciales a la adhesión a la Unión Europea, así como para los países vecinos. La Comisión reflexionará sobre la continuación del proceso de ampliación de las normas del mercado único, teniendo en cuenta el grado de convergencia normativa y la capacidad de los países de que se trate para aplicar eficazmente las pertinentes normas.

Propuesta nº 23 : La Comisión seguirá desarrollando su cooperación en materia normativa con los principales socios comerciales (tanto a nivel bilateral –diálogos sobre cuestiones normativas– como multilateral –por ejemplo, en el G-20–), con el doble objetivo de promover la convergencia de las normas, en particular fomentando en la medida de lo posible la equivalencia de los regímenes de terceros países, y de abogar por una adopción más amplia de normas internacionales. En este contexto, negociará acuerdos comerciales internacionales (tanto multilaterales como bilaterales), poniendo especial énfasis a un tiempo en el acceso al mercado y en la convergencia de las normas, particularmente en el ámbito de los servicios, los derechos de propiedad intelectual y las subvenciones.

La falta de convergencia normativa en el plano internacional frena considerablemente el comercio exterior. A fin de prevenir fricciones y evitar el arbitraje regulador, la Comisión Europea desempeña un papel activo en la cooperación normativa, a escala multilateral y bilateral. El proceso del G-20 es de vital importancia en este contexto y la UE seguirá jugando en él un papel primordial con vistas a promover las oportunas reformas financieras a nivel mundial, a obrar en pro de una normativa de calidad y a abogar por la adopción de estándares internacionales. Paralelamente, la UE ha entablado también diálogos sobre cuestiones normativas con cierto número de interlocutores estratégicos, como son Estados Unidos, Japón, China, Rusia, la India y Brasil, si bien es necesario esforzarse aún más por profundizar en dichos diálogos y ampliarlos. Con la crisis económica y financiera, pugnan por aflorar las tendencias proteccionistas. Dichas negociaciones tienen por finalidad promover la convergencia normativa, incluso sobre temas sensibles como la protección de los derechos de propiedad intelectual o las subvenciones, y ofrecer a las empresas europeas todo un abanico de nuevas oportunidades.

Propuesta nº 24 : La Comisión presentará en 2011 una propuesta legislativa relativa a un instrumento comunitario que se basará en la ejecución de los compromisos internacionales de la Unión Europea para reforzar su capacidad de lograr una mayor simetría en el acceso a la contratación pública en los países industrializados y los grandes países emergentes.

La relativa apertura de la contratación pública en la UE contrasta con la inaccesibilidad de los contratos públicos de nuestros socios comerciales. Los compromisos internacionales de la UE en materia de acceso a la contratación (Acuerdo sobre Contratos Públicos o ACP, y acuerdos de libre comercio) no se aplican de manera uniforme dentro de la Unión. Como consecuencia de ello, las empresas europeas están sujetas a reglas desiguales tanto dentro como fuera de la Unión, y no compiten en pie de igualdad con las de terceros países. En el plano internacional, resulta difícil para la UE obtener un mejor acceso a la contratación, pues ejerce una influencia limitada en las negociaciones comerciales con los países signatarios del ACP y/o en las negociaciones de acuerdos bilaterales de libre comercio.

2. RECUPERAR LA CONFIANZA CENTRANDO EL MERCADO ÚNICO EN LOS EUROPEOS

«Conciliar el mercado y la dimensión social»: Mario MONTI propone una verdadera vía de reactivación del mercado único y de Europa en sí. Pese a la solidez que ha demostrado durante la crisis, el mercado único sigue suscitando inquietud. Es necesario centrar ese gran mercado en los europeos y reconquistar una «economía social de mercado altamente competitiva».

Un buen sistema social, un sistema de educación y de formación profesional satisfactorio, un empleo de calidad, y una política exigente en materia de salud y seguridad en el trabajo contribuyen a la eficacia de los mercados y son factores de riqueza y crecimiento. Todos ellos influyen en la capacidad de atracción de un país, crean un vínculo social y son, al igual que otros factores estructurales, como la calidad y densidad de las infraestructuras, determinantes para la competitividad global.

A la inversa, la pobreza, el desempleo, la exclusión o el miedo al futuro constituyen todos ellos costes y desventajas económicas para la sociedad. Así lo han entendido las empresas europeas, que, en Europa y en el mundo, contribuyen al desarrollo de su entorno, trabajando activamente con fundaciones, con la sociedad civil, con los representantes electos de su zona, con sus proveedores o clientes, en alianzas que persiguen un desarrollo sostenible y solidario para todos.

El mercado único desempeña, asimismo, un papel en la construcción de la identidad de cada ciudadano: el aprendizaje de lenguas en el colegio, los viajes, los estudios en el extranjero, el uso del euro, la diversidad de la oferta de productos, etc., son todos ellos aspectos de la vida cotidiana que hacen que todos nosotros, ya seamos consumidores, trabajadores, estudiantes, ahorradores, empresarios, usuarios de servicios públicos, pacientes, pensionistas, etc., ¡seamos también europeos! Sin embargo, los europeos ven reducirse ese espacio a medida que su edad avanza: en la vida profesional, en los hábitos de consumo o en los aspectos de la sanidad y las pensiones, las oportunidades europeas son menos accesibles.

Sin alterar los sistemas de protección social, que son responsabilidad de los Estados miembros, son numerosos los ámbitos en los que la dimensión humana de la economía «social» de mercado permitirá construir mejor la confianza y lograr un buen nivel de eficacia dentro del gran mercado. Cabe subrayar a este respecto la trascendencia de los interlocutores sociales tanto a nivel nacional como de la Unión, en la que desempeñan un papel reconocido, pues vehiculan las aspiraciones de los diversos sectores de la economía y el diálogo puede en ocasiones llevar a un acuerdo de alcance europeo.

Múltiples son, asimismo, los instrumentos jurídicos que autorizan más explícitamente a las instituciones europeas a tomar parte en ese ámbito social y a integrar en la reactivación económica y financiera inversiones sociales y de interés general.

La Carta de los Derechos Fundamentales reafirma un conjunto de derechos económicos y sociales, a los que confiere mayor visibilidad. En virtud del Tratado de la Unión Europea, la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta, que tiene idéntico valor jurídico que los Tratados. La Comisión se compromete a velar por que la Carta se tenga en cuenta en la formulación de las políticas de la Unión[18]. La «cláusula social horizontal»[19], consagrada en el vigente Tratado de la Unión Europea y que permite evaluar la pertinencia de todas las medidas a la luz de sus consecuencias sociales, debe cobrar vida y acompañar cada una de nuestras reflexiones colectivas.

Una nueva aspiración será poner al servicio de la creatividad y el dinamismo de las empresas europeas unos mercados eficaces y, al mismo tiempo, reconciliar a los europeos con su mercado único. Para ello, las políticas europeas deberán inscribirse en una perspectiva más sostenible, mediante una mejor previsión y amortiguación de las crisis y el afianzamiento de la cohesión económica, social y territorial de la Unión. Reforzar la cohesión, en particular en su dimensión territorial, sigue siendo un requisito previo para el buen funcionamiento del mercado único. Con ese propósito presentará próximamente la Comisión sus propuestas para mejorar el impacto de la política de cohesión, orientarla de forma más pronunciada hacia los resultados y el rendimiento, incrementar el nivel de exigencia en su implementación y concentrar los recursos de la Unión en las grandes prioridades. Asimismo, examinará las posibilidades de mejorar las infraestructuras del mercado único, en su caso fomentando las asociaciones público-privadas.

Esta Acta del Mercado Único interesa a los ciudadanos en su calidad de agentes de la economía. Los derechos de índole no económica de que disfrutan los ciudadanos en su vida diaria se tratan, paralelamente, en el « Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010: La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE », adoptado simultáneamente por la Comisión Europea.

2.1. Mejorar los servicios públicos y las infraestructuras esenciales

Si bien el proyecto europeo se sustenta en el juego del mercado, que garantiza el acceso de los ciudadanos a la oferta más amplia de bienes y servicios al precio más bajo, y que fomenta la innovación, concede, no obstante, un lugar central a la cohesión social y territorial de la Unión y reconoce que el juego del mercado por sí solo no aporta una respuesta adecuada a todas las necesidades colectivas expresadas.

Por ese motivo, la Unión Europea reconoce –concretamente en el artículo 14 del TFUE y en el Protocolo nº 26 anejo a los Tratados– la utilidad social y el valor económico de los servicios de interés económico general, y confirma, con arreglo al principio de subsidiariedad, la posibilidad de que las autoridades públicas suministren, hagan prestar u organicen tales servicios de una forma que satisfaga las necesidades de los usuarios. También es ese el motivo por el cual la Unión, paralelamente a la liberalización progresiva de las grandes industrias de red, garante de una mayor competitividad de la economía europea, definió estrictas obligaciones de servicio público con respecto a todos los ciudadanos. Por último, es la razón por la que la Unión procura desarrollar infraestructuras transeuropeas eficaces determinando las carencias en los diferentes sectores y alentando a que se suplan a través de incentivos.

Muchas actividades realizadas cotidianamente por las empresas de servicios públicos corresponden a una actividad económica y, por tanto, entran en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE. Cabe señalar, en particular, que es competencia exclusiva de la Comisión, de conformidad con el artículo 106 del TFUE, velar por que las compensaciones, en la medida en que constituyan ayudas estatales, sean compatibles con el mercado interior. La Comisión proseguirá con la evaluación y se comprometerá a revisar, en su caso, la Decisión y las directrices sobre ayudas estatales relativas a la compensación por la obligación de servicio público (con frecuencia denominadas «el paquete Altmark»).

La aplicación de las normas europeas en materia de servicios públicos plantea a los poderes públicos y a ciertos agentes del sector numerosos interrogantes de orden práctico, en especial en el ámbito de los servicios sociales. La Unión y sus Estados miembros deben, por tanto, seguir garantizando la existencia de un marco normativo que permita a las empresas de servicios públicos cumplir su cometido y satisfacer con eficacia las necesidades de todos los ciudadanos. La Unión debe, asimismo, concretizar una nueva ambición, a saber: identificar las infraestructuras más esenciales para la fluidez del mercado único y contribuir a su rápida realización y al desarrollo de nuevos servicios dirigidos a los europeos. En particular, la estrategia Europa 2020 prevé el desarrollo de infraestructuras que permitan que todo ciudadano europeo tenga acceso a Internet de alta velocidad a más tardar en 2013. El objetivo de dicha estrategia es que, de aquí a 2020, todos los europeos tengan acceso a velocidades de conexión muy superiores, de más de 30Mbps, y que al menos el 50 % de los hogares estén abonados a conexiones de Internet de más de 100 Mbps.

Propuesta nº 25 : La Comisión se compromete a adoptar, de aquí a 2011, una Comunicación acompañada de una serie de medidas sobre los servicios de interés general.

La Unión y sus Estados miembros deben velar por que los servicios públicos, incluidos los sociales, que correspondan a las necesidades de los europeos puedan implementarse más fácilmente en el nivel oportuno, obedezcan a normas claras de financiación, y sean de la mayor calidad y realmente accesibles para todos. Desde esta óptica, las iniciativas de la Comisión se articularán en torno a tres ejes.

En primer lugar, se intentará ofrecer a las Administraciones públicas una «caja de herramientas» eficaz y de fácil uso, que cubra todas las problemáticas pertinentes (como la financiación, las adquisiciones públicas o la cooperación entre autoridades públicas) y les permita ofrecer, dentro de su ámbito de competencia y con arreglo a su habitual amplio margen de autonomía, servicios públicos locales de calidad que respondan a las necesidades de los ciudadanos. La citada iniciativa permitirá igualmente evaluar mejor la calidad de tales servicios y realizar comparaciones sectoriales y transfronterizas.

En segundo lugar, se tratará de brindar a los europeos la posibilidad de formular un juicio sobre la evolución de la calidad de los servicios que se les ofrecen, en particular en el contexto de las reformas de liberalización de las grandes industrias de red (servicios de transporte, servicios postales, energía).

Por último, se velará por responder mejor a la exigencia de acceso universal a los servicios que los europeos consideran esenciales en su vida cotidiana (por ejemplo, los servicios postales), en la medida en que la calidad de los servicios públicos lleva necesariamente aparejada su asequibilidad, inclusive en términos de precio. Los obstáculos que se opongan, en su caso, a servicios universales de calidad deberían ser objeto de un análisis en profundidad, basado en la experiencia sobre el terreno. Esta voluntad de satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos deberá también estar respaldada por una evaluación dinámica de las necesidades de los europeos, que se modifican con la rápida evolución de la sociedad y de las prácticas sociales.

La Comisión se compromete, en particular, a lo siguiente:

- la actualización de las respuestas a las preguntas prácticas que se plantean los ciudadanos y las autoridades públicas en relación con la aplicación del Derecho de la UE (ayudas estatales y contratación pública) a los servicios de interés general;

- la adopción de medidas que permitan una mejor evaluación y comparación, a escala europea, de la calidad de la oferta de servicios de interés económico general, basándose, en particular, en la experiencia sobre el terreno; y

- el examen de la pertinencia y, en su caso, viabilidad de que las obligaciones de servicio universal se extiendan a nuevos ámbitos, a la vista de la evolución de las necesidades esenciales de los ciudadanos europeos, potencialmente al amparo del artículo 14 del TFUE.

Las propuestas sobre evaluación y revisión de las normas aplicables a los contratos públicos –tales como las referentes a la cooperación entre las autoridades públicas– y una directiva sobre las concesiones responden a una misma lógica, a saber, que también ellas están dirigidas a completar la «caja de herramientas» a disposición de las Administraciones públicas en este ámbito. Asimismo, es preciso señalar que las iniciativas para la modernización de las infraestructuras de las grandes industrias de red más arriba mencionadas (energía, transporte y comunicaciones electrónicas) reflejan también la aspiración de la Unión de responder al reto de modernización de nuestras infraestructuras de interés general.

Propuesta nº 26 : La Comisión aprobará en 2011 una revisión de las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, así como una propuesta de marco global de financiación de las infraestructuras de transporte.

En la actualidad, y pese a las inversiones significativas realizadas, la Unión Europea no dispone de una red transfronteriza de infraestructuras de transporte suficientemente interconectada, interoperable y eficaz. Ahora bien, las infraestructuras de transporte son esenciales para garantizar el funcionamiento del mercado interior y deben promover un crecimiento y un desarrollo sostenibles. Además de la falta de coordinación entre los Estados miembros en lo que respecta a la planificación, la financiación y la gestión de proyectos, la ausencia de un marco global de financiación a nivel europeo que permita colmar de forma selectiva las lagunas más significativas en el mercado único constituye una de las principales cortapisas. Este marco de financiación se definirá basándose en el próximo marco financiero plurianual, previsto para mediados de 2011.

Propuesta nº 27 : La Comisión adoptará una comunicación sobre las prioridades en materia de infraestructuras energéticas en el horizonte 2020-2030, a fin de respaldar la realización de un mercado interior energético plenamente operativo, supliendo las carencias y facilitando la integración de las fuentes de energía renovables. Las propuestas necesarias para la implementación de dichas prioridades se presentarán en 2011 a través de un nuevo instrumento para la seguridad y las infraestructuras energéticas europeas.

La creación de un mercado europeo de la energía requiere infraestructuras modernas. Los principales objetivos de la política de abastecimiento energético de la Unión radican en la competitividad, sostenibilidad y seguridad de ese abastecimiento, lo cual exige infraestructuras energéticas mejor interconectadas con las redes energéticas nacionales, que puedan integrar una creciente proporción de energías renovables y que permitan una diversificación de las fuentes. Con objeto de responder a estos desafíos, las infraestructuras existentes deben someterse a una rápida modernización, así como a un proceso de mejora y unificación. Es imprescindible una nueva política europea en materia de infraestructuras energéticas a fin de modificar la manera en que se planifican y desarrollan las redes en la UE. Han de hallarse soluciones para suplir la falta de importantes elementos, tales como las redes energéticas del Mar del Norte o el corredor gasístico del sur de Europa. Las redes deben ser más inteligentes, con objeto de que la energía se utilice y transporte con más eficacia. Asimismo, los procedimientos de autorización deben ser más eficaces y transparentes, y han de hallarse nuevas soluciones de financiación a fin de poder invertir la gigantesca suma de más de 200 000 millones de euros[20], durante la próxima década, en las grandes redes europeas de transporte de electricidad y de gas, a la que se añadirán unos 400 000 millones de euros para el mantenimiento, la modernización y ampliación de las redes de distribución nacionales.

Propuesta nº 28 : El Parlamento y el Consejo deberían adoptar la propuesta de Decisión por la que se establece un programa de actuación en lo referente al espectro radioeléctrico europeo, con vistas a una gestión y una utilización más eficaces de dicho espectro.

El espectro radioeléctrico europeo debe utilizarse más eficazmente y de forma más armonizada y coordinada, de modo que el espectro disponible sea suficiente para responder a las necesidades de los ciudadanos y las empresas. Si, en toda la UE, puede accederse a las mismas bandas del espectro en condiciones técnicas flexibles, las economías de escala así realizadas harán posible una disminución de los precios de las comunicaciones en beneficio de todos los usuarios.

2.2. Potenciar la solidaridad en el mercado único

Con arreglo a Mario Monti, el hastío que hacia el mercado interior sienten muchos puede explicarse también por la percepción de que las sucesivas liberalizaciones se han llevado a cabo en detrimento de los derechos sociales adquiridos por distintos agentes económicos. El Tratado de Lisboa y la afirmación del concepto de «economía social de mercado altamente competitiva» como uno de los objetivos fundamentales nos obligan a una visión más completa del mercado único. Es necesaria una armonía entre las libertades económicas y las libertades de actuación colectiva. La revitalización del diálogo entre interlocutores sociales es esencial y permitirá desembocar en mayor medida en la adopción de normativas «por y para» los interlocutores sociales, como lo prevé expresamente el Tratado de Lisboa.

Las libertades que conlleva un mercado único deben beneficiar tanto a los más fuertes como a los más débiles. Todos debemos disfrutar de las oportunidades del mercado único, incluidas las personas con discapacidad y las personas mayores. Deberá prestarse particular atención al acceso de las personas con discapacidades visuales o auditivas a los productos y servicios, en especial los culturales, por ejemplo a través del desarrollo de los oportunos medios tecnológicos (subtitulación automática o emisiones especiales en cadenas públicas).

Propuesta nº 29 : Partiendo de su nueva estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea[21], la Comisión velará por que se atienda a los derechos garantizados por dicha Carta, incluido el derecho a realizar acciones colectivas. La Comisión analizará de antemano y en profundidad las repercusiones sociales de todas las propuestas de normativa sobre el mercado único.

Propuesta nº 30 : La Comisión aprobará en 2011 una propuesta legislativa destinada a mejorar la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, propuesta que podría incluir una aclaración del ejercicio de los derechos sociales fundamentales en el contexto de las libertades económicas del mercado único o completarse con dicha aclaración.

El ejercicio de la libre prestación de servicios implica que una empresa pueda enviar a su personal a otro Estado miembro. El traslado de trabajadores constituye, pues, un factor importante del mercado interior de servicios. A nivel europeo, y a fin de garantizar adecuadamente los derechos de los trabajadores afectados, la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores prevé una serie de disposiciones mínimas de protección del Estado de acogida que deben aplicarse igualmente a los trabajadores en desplazamiento. Además, subsisten procedimientos administrativos nacionales complejos, así como dificultades de doble imposición, que complican el traslado de trabajadores, lo que dificulta el ejercicio de la libre prestación de servicios. La instrumentación, la aplicación y las condiciones de observancia de dicha Directiva pueden mejorarse, y su interpretación clarificarse.

Propuesta nº 31 : La Comisión revisará la Directiva relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo en 2011, y preparará otras propuestas a partir del Libro Verde, de julio de 2010, sobre los sistemas de pensiones, entre otras cosas para eliminar los obstáculos a que se enfrentan los trabajadores móviles a la hora de organizar su jubilación.

Los trabajadores deben también poder gozar de sus derechos a pensión de jubilación. Será preciso trabajar a este respecto, dado el envejecimiento de la población y los efectos de la crisis económica y financiera sobre la hacienda pública y la estabilidad financiera. El Libro Verde de julio de 2010 abrió el debate sobre los retos a los que habrá que ofrecer respuestas a fin de que los europeos puedan disfrutar de pensiones adecuadas y garantizadas a largo plazo.

Propuesta nº 32 : La Comisión consultará a los interlocutores sociales con el objeto de establecer un marco europeo para la anticipación de las reestructuraciones industriales.

Más allá de las medidas que suponen una mera reacción frente a la crisis económica y financiera, las estrategias de anticipación han permitido a las empresas prevenir los conflictos sociales mediante una gestión proactiva y negociada de las reestructuraciones. Es esta una condición imprescindible del éxito económico y un imperativo social, ya que permite una redistribución de los recursos hacia sectores emergentes y brinda a los trabajadores nuevas oportunidades cuando peligra su empleo. Un marco europeo para las reestructuraciones permitiría construir un entorno basado en la confianza mutua.

2.3. Acceso al empleo y formación durante toda la vida

El empleo es, con razón, una de las principales preocupaciones de los europeos. El mercado único constituye una fabulosa oportunidad –que hasta ahora no se ha aprovechado suficientemente– de hacer valer su formación o sus cualificaciones y responder a ofertas de empleo en otros Estados miembros. Es preciso proponer instrumentos concretos para estimular y facilitar la circulación de competencias dentro del mercado único.

La posibilidad de formarse en Europa es una de las facetas más atrayentes de las libertades y oportunidades que ofrece el mercado único. Ahora bien, la oportunidad de estudiar y formarse en otro Estado miembro no es solo una cuestión de desarrollo personal, ya que permite adquirir nuevas competencias a lo largo de toda la vida que contribuirán a edificar la economía y el conocimiento del futuro.

Propuesta nº 33 : La Comisión presentará en 2012 una propuesta legislativa para reformar los sistemas de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, basándose en una evaluación del acervo que se efectuará en 2011, con vistas a facilitar la movilidad de los trabajadores y a adaptar la formación a las necesidades actuales del mercado de trabajo. En este contexto, se evaluará la posibilidad de implantar una tarjeta profesional.

Una de las libertades fundamentales consagradas por el Tratado es el derecho a ejercer su profesión en otro Estado miembro, que reviste una importancia crucial para los ciudadanos y para la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, las cuales pueden verse menoscabadas por requisitos relativos al reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otro Estado miembro. Actualmente, existen en la Unión 4 600 profesiones reguladas. Muchos profesionales deben aún hacer frente a largos y arduos procedimientos antes de que se les reconozcan sus cualificaciones. El 20 % de los casos tratados por SOLVIT se refieren al reconocimiento de títulos. Una directiva que data de 2005 introdujo una serie de simplificaciones, sobre todo para facilitar la movilidad temporal de los profesionales. Debe evaluarse el sistema actual con objeto de determinar si se aprovechan plenamente todas las oportunidades que ofrece dicha directiva. Por ejemplo, la directiva sugirió el uso de una tarjeta profesional sin hacerla realmente efectiva. Este tipo de tarjeta podría aportar un valor añadido a determinadas profesiones y a los ciudadanos interesados. Asimismo, la demanda de mano de obra cualificada está creciendo y, con la disminución de la población activa, satisfacerla será, en el futuro, cada vez más difícil. El sistema debe también tener en cuenta las considerables modificaciones registradas por los sistemas de educación y formación de los Estados miembros con la finalidad de facilitar el acceso y la vuelta al empleo. Por ello, la Comisión ha emprendido una labor de evaluación de la directiva de 2005, que desembocará en un Libro Verde en 2011 y en una revisión de la directiva en 2012.

Propuesta nº 34 : La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, desarrollará una tarjeta «Juventud en Movimiento», que facilitará la movilidad de todos los jóvenes con fines de estudios en otro Estado miembro. Asimismo, perfeccionará su sitio en Internet dedicado a la «Juventud en Movimiento», proporcionando información sobre la enseñanza a distancia y las posibilidades de estudios y formación en Europa.

La estancia en el extranjero debería convertirse en una etapa normal en la formación de todos los jóvenes europeos, permitiéndoles posteriormente tener acceso a un empleo gratificante tras haber adquirido nuevas competencias, en particular lingüísticas. En el marco de la estrategia Europa 2020, la Comisión ha propuesto una serie de medidas en su Comunicación titulada «Juventud en Movimiento», cuya finalidad es ayudar a los jóvenes a adquirir los conocimientos, las competencias y la experiencia que necesitan para encontrar un primer empleo. Como parte de esas medidas, la Comisión está evaluando la posibilidad de crear préstamos de movilidad para estudiantes europeos a fin de que más jóvenes europeos, en especial los más desfavorecidos, puedan tener la experiencia de disfrutar de un periodo de estudios, de formación o de empleo en una empresa en otro país.

Propuesta nº 35 : La Comisión velará por la implementación del marco europeo para las cualificaciones en cooperación con los Estados miembros. Propondrá una Recomendación del Consejo para promover y validar la formación extra-académica («non formal and informal learning»). Asimismo, propondrá la creación de un «pasaporte europeo de competencias», que permitirá a todos los interesados especificar los conocimientos y cualificaciones que hayan adquirido durante toda su vida. Y establecerá una pasarela entre el marco europeo para las cualificaciones y la nomenclatura de las profesiones en Europa.

Pese al éxito de programas tales como ERASMUS, el reconocimiento académico de los títulos obtenidos y los períodos de formación cursados en otro Estado miembro sigue planteando problemas[22]. Con objeto de potenciar la movilidad, es preciso garantizar la transferibilidad de las competencias y los conocimientos.

2.4. Nuevos medios para la economía social de mercado

En este capítulo se presentan tres propuestas en pro de un mercado único basado en una «economía social de mercado altamente competitiva». En primer lugar, la iniciativa en favor de las empresas sociales permitirá, en principio, aprovechar las reservas de talentos y recursos financieros existentes en los Estados miembros, uniendo a profesionales de la gestión y financiación con empresarios que promuevan proyectos innovadores en el plano social y que favorezcan el crecimiento. El segundo módulo, relativo a las formas jurídicas, propone iniciativas para mejorar el entorno jurídico en el que se estructura una parte de las actividades de la economía social. El tercer y último módulo, relativo al gobierno corporativo y la responsabilidad social de las empresas, propone una iniciativa para redefinir el papel de la empresa en la economía actual.

Propuesta nº 36 : La Comisión propondrá en 2011 una iniciativa en favor de las empresas sociales, a fin de respaldar los proyectos de empresa innovadores en el plano social y de guiar su desarrollo en el mercado único, recurriendo, en particular, a la evaluación social, la concesión de distintivos éticos y medioambientales, las adquisiciones públicas, el establecimiento de un nuevo régimen de fondos de inversión y la captación del ahorro ocioso.

En los últimos años, empresarios que actuaban a título individual o grandes empresas han desarrollado proyectos sumamente innovadores en materia social. Durante esta primera década del siglo XXI se ha observado en Europa y en el resto del mundo la existencia de un enorme potencial de innovación en el ámbito de la economía social. Sin renunciar necesariamente a la lógica lucrativa, estos proyectos, fruto de la voluntad de una persona o un grupo de personas, han aportado soluciones creativas a problemas socioeconómicos importantes causados, a menudo, por una situación de exclusión (acceso a los productos agroalimentarios, a la vivienda, a la atención sanitaria, al mercado de trabajo, a los servicios bancarios, a servicios que facilitan la inserción de las personas con discapacidad, etc.), así como por el envejecimiento de la población. La innovación aportada por estos nuevos modelos genera crecimiento económico y un impacto positivo para todos los interesados (empresarios, asalariados, consumidores, inversores y otros interlocutores financieros, etc.). La organización de las adquisiciones públicas y privadas (políticas de compra en el sector privado y responsabilidad social de las empresas), el mejor acceso a la financiación (bancaria o de los mercados de capitales, en particular mediante el recurso al ahorro ocioso), el establecimiento de un nuevo régimen de fondos de inversión para promover, ante el sector financiero y los consumidores de productos financieros, las inversiones en proyectos muy innovadores en el plano social, económico y tecnológico, y mejorar la liquidez de dichas inversiones, y la aplicación de herramientas de comunicación ad hoc contribuirán a fomentar estas actuaciones.

Propuesta nº 37 : Por diversos motivos que obedecen fundamentalmente a la naturaleza de su financiación o a la decisión de los accionistas o interesados que apoyan y encauzan los proyectos muy innovadores en el plano social, económico y, en ocasiones, tecnológico, la economía social se estructura a través de una multiplicidad de formas jurídicas diferentes (fundaciones, cooperativas, mutualidades, etc.). La Comisión propondrá medidas para mejorar las estructuras jurídicas correspondientes, con objeto de optimizar su funcionamiento y facilitar su desarrollo dentro del mercado único.

Se propondrán las siguientes iniciativas:

Antes de finales de 2011, la Comisión presentará una iniciativa legislativa sobre el Estatuto de la Fundación Europea.

Las actividades de las fundaciones se han intensificado considerablemente en los últimos años y su actuación permite alcanzar ambiciosos objetivos en áreas en las que la creatividad y la innovación europeas son ahora esenciales para la competitividad del mercado único en un entorno mundializado, especialmente en el campo de la investigación. Los requisitos administrativos, la inscripción registral en otro Estado, la carga de la prueba impuesta a las fundaciones de un Estado miembro de la Unión que se establecen en otro, y las dificultades para poner en común recursos financieros sobre una base transfronteriza dentro de la Unión son todos ellos obstáculos que inhiben hoy el desarrollo de las fundaciones en Europa y que podrían soslayarse mediante un reglamento por el que se cree el Estatuto de la Fundación Europea.

- La Comisión organizará una consulta pública (Libro Verde) sobre la aplicación del Reglamento relativo al Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea y, tras aprobar su informe de evaluación en 2012, tomará las medidas oportunas.

Las cooperativas desempeñan un papel muy importante en la estructura y el dinamismo de la economía. Por otro lado, aportan mecanismos de solidaridad únicos entre sus miembros y crean de hecho estructuras accionariales sólidas que favorecen una fuerte cultura de grupo, la participación accionarial de los asalariados y las inversiones a largo plazo.

- La Comisión pondrá en marcha en 2011 un estudio sobre la situación de las mutualidades en todos los Estados miembros, con vistas a examinar, en particular, sus actividades transfronterizas.

Las mutualidades están presentes en la mayor parte de los países europeos, si bien su importancia varía de unos a otros. En Europa, más de 120 millones de ciudadanos están, por ejemplo, afiliados a una mutualidad sanitaria. En el sector asegurador, y en el de la intermediación financiera, las mutualidades representan una parte considerable del empleo.

Propuesta nº 38 : La Comisión pondrá en marcha una consulta pública (Libro Verde) sobre el gobierno corporativo. Propondrá, asimismo, una consulta pública sobre las posibles opciones existentes de cara a aumentar la transparencia de la información de las empresas en los ámbitos sociales, medioambientales y de derechos humanos. Estas consultas podrían dar lugar a iniciativas legislativas.

Es primordial que las empresas europeas se comporten con la máxima responsabilidad, tanto frente a sus empleados y accionistas como frente a la sociedad en general. El gobierno corporativo admite mejoras, en particular en lo que se refiere a la composición y diversidad de los consejos de administración, incluidos aspectos tales como la representación de las mujeres, el compromiso a largo plazo de los accionistas o la participación accionarial de los asalariados. A fin de reforzar, a un tiempo, el gobierno corporativo y la responsabilidad social –e, incluso, la responsabilidad ante la sociedad en general– de las empresas, la reflexión deberá girar en torno a la mejora de la transparencia, concretamente en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible, y a los medios para perfeccionar el funcionamiento de la empresa, con vistas sobre todo a lograr una mayor implicación de los empleados, mejorar las relaciones con los accionistas y facilitar una valoración más adecuada de las empresas por los mercados financieros.

2.5. Un mercado único al servicio de los consumidores

Desde la óptica de los consumidores europeos, el mercado único debe aportar un valor añadido mediante la oferta de bienes y servicios variados y de gran calidad. Debe prestarse particular atención al acceso a los productos bancarios, que condiciona, en gran medida, la posibilidad de circular o trabajar en todo el mercado único. Por último, las autoridades de supervisión tienen el deber de garantizar a los consumidores europeos una fuerte protección frente a cualquier riesgo ligado a la calidad de los productos o servicios ofrecidos.

A menudo, los consumidores no disponen de información que les permita aprovechar los mejores precios o adoptar decisiones de compra fundadas, ya que la información puede presentarse de forma que la comparación resulte difícil o ambigua. Este es el caso de las ofertas transfronterizas y los gastos de entrega. Actualmente, a la hora de efectuar sus compras, el consumidor no dispone de todos los elementos necesarios para decidir con conocimiento de causa. La Comisión procederá a evaluar las actuales prácticas en relación con los sitios Internet de comparación de precios y elaborará directrices en relación con dichos sitios, basándose en las mejores prácticas y la experiencia de los Estados miembros.

Propuesta nº 39 : La Comisión elaborará en 2011 un plan de acción plurianual para desarrollar la supervisión europea del mercado. Además, en colaboración con los servicios aduaneros y las autoridades de supervisión de los Estados miembros, la Comisión elaborará en 2011 directrices para los controles aduaneros encaminados a la seguridad de los productos. La Comisión propondrá igualmente una revisión de la Directiva sobre la seguridad general de los productos, a fin de implantar un marco coherente y eficaz que garantice la seguridad de los bienes de consumo en la UE.

Los ciudadanos europeos exigen que su salud y sus derechos estén protegidos en toda la UE, especialmente si se trata de amenazas o riesgos a los que no pueden hacer frente de manera individual. Para atender a esa exigencia, la Comisión reforzará la supervisión del mercado con vistas a la seguridad de los productos en la UE. El objetivo se alcanzará a través de un plan de acción que se pondrá en marcha en 2011 y mediante el cual se procurará intensificar la coordinación entre las autoridades nacionales de supervisión del mercado, a fin de velar por que las mercancías que circulan libremente en el mercado único sean seguras y fiables para el consumidor. De esta forma se garantizarán iguales condiciones de competencia, lo que permitirá a las empresas serias aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece un mercado de 500 millones de consumidores. Además, la Comisión propondrá una revisión de la Directiva sobre la seguridad general de los productos, a fin de implantar un marco coherente y eficaz de supervisión del mercado en aras de la seguridad de los bienes de consumo en la UE.

Propuesta nº 40 : La Comisión adoptará una iniciativa legislativa en relación con el acceso a ciertos servicios bancarios básicos, a principios de 2011. Asimismo, instará al sector bancario a presentar una iniciativa de autorregulación, en aras de una mayor transparencia y comparabilidad de los gastos bancarios, de aquí a finales de 2011.

Los ciudadanos, y en especial los estudiantes, tropiezan con dificultades a la hora de abrir una cuenta bancaria u obtener una tarjeta de pago en un Estado miembro en el que acaban de instalarse, o en el que no son residentes. Las entidades financieras justifican su negativa aduciendo que determinadas categorías de consumidores potenciales presentan un mayor riesgo para un banco, por lo que han de actuar ante ellos con mayor precaución. Por otra parte, alegan su imposibilidad de obtener el historial preciso de reembolso crediticio del prestatario. Sin embargo, en muchos casos, denegar la apertura de una cuenta a un cliente no puede considerarse objetivamente justificado y proporcionado. Por otra parte, la falta de transparencia en cuanto a los gastos bancarios constituye un serio obstáculo en el sector de los servicios financieros minoristas. Los clientes no pueden comprender los costes de sus cuentas bancarias ni compararlos, lo que les disuade de cambiar de cuenta intentando encontrar una más barata. En los Estados miembros en los que los gastos bancarios son complejos y poco transparentes, los consumidores pagan, pues, más de lo que deberían. Una mayor transparencia es también un requisito previo para las operaciones transfronterizas y el buen funcionamiento de la zona única de pagos en euros (SEPA). De acuerdo con un estudio realizado sobre 224 bancos que abarcaban, en términos de depósitos de clientes, el 81 % del mercado bancario minorista, el 66 % de los sitios en Internet de dichos bancos exigían información suplementaria para determinar el coste de una cuenta bancaria. Este estudio demostró, asimismo, que las diferencias entre los precios de las cuentas bancarias a escala de la Unión Europea eran sensiblemente más amplias que las de otros servicios.

Propuesta nº 41 : De aquí a febrero de 2011, la Comisión propondrá una directiva para la creación de un mercado único integrado del crédito hipotecario, con un elevado grado de protección de los consumidores.

El mercado de los servicios financieros minoristas es un sector del que los consumidores no pueden aún sacar plenamente partido. A menudo se muestran reacios a cambiar de proveedor, o disponen de insuficiente información para poder comparar las ofertas disponibles. Estas dificultades suelen aumentar si la búsqueda se realiza a escala transfronteriza. Paralelamente a las reformas estructurales en curso en el sector financiero, es ne