Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores asalariados, nacionales de un tercer Estado, en el marco de una prestación de servicios transfronterizos (1999/C 67/09) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(1999) 3 final - 1999/0012(COD)

(Presentada por la Comisión el 12 de febrero de 1999)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57 y su artículo 66,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado,

(1) Considerando que, con arreglo a la letra c), del artículo 3 del Tratado, la supresión entre los Estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios constituye uno de los objetivos de la Comunidad;

(2) Considerando que la libre circulación de servicios incluye el derecho de los prestadores de servicios a desplazar a su personal aunque se trate de personas que no sean ciudadanos de la Unión sino nacionales de un tercer Estado que se encuentran legalmente dentro de la Comunidad;

(3) Considerando que la libre prestación de servicios no crea derechos directos en favor de los trabajadores asalariados en cuestión, ni tampoco afecta a los derechos ya reconocidos a nivel comunitario, nacional o en virtud de acuerdos internacionales, incluidos los que otorga el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, en especial en lo que respecta a la vida familiar;

(4) Considerando que los prestadores de servicios que deben desplazar a un trabajador nacional de un tercer Estado se enfrentan a dificultades tales que con frecuencia se ven obligados a renunciar a la prestación prevista o a sufrir retrasos perjudiciales; que los controles preventivos efectuados antes de cualquier desplazamiento por los Estados miembros donde tiene lugar la prestación constituyen una duplicación de los controles que efectúan a posteriori y de los controles del país de establecimiento;

(5) Considerando que las autoridades de un Estado miembro donde se efectúa una prestación de servicios no disponen de garantías sobre la regularidad de la situación del prestador y del trabajador que va a ser desplazado en el Estado miembro de establecimiento; que los Estados miembros tampoco disponen de garantías de que, al término de la prestación, el trabajador volverá al Estado miembro donde trabajaba principalmente;

(6) Considerando que un documento denominado «tarjeta de prestación de servicios - CE» que deberá expedir el Estado miembro donde esté establecido el prestador de servicios constituye el instrumento que facilita los desplazamientos para que un prestador pueda actuar con vistas a un desplazamiento real o potencial en el marco de sus actividades ordinarias, aunque cuente entre su personal con uno o varios nacionales de terceros Estados; que deberá corresponder al prestador de servicios la decisión de solicitar la expedición de dicho documento; que la presente Directiva no deberá tampoco afectar a los compromisos adquiridos por los Estados miembros en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio y los Servicios (1); que la «tarjeta de prestación de servicios - CE» debe incluir únicamente los datos necesarios con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (2);

(7) Considerando que el Estado miembro emisor de la tarjeta de prestación de servicios - CE deberá tener en cuenta consideraciones de orden público destinadas a combatir la inmigración clandestina al certificar la regularidad de la situación en el Estado miembro donde el prestador de servicios emplea al nacional de un tercer Estado; que este documento deberá garantizar que la actividad principal del trabajador asalariado desplazado se realiza en el Estado miembro donde está establecido el prestador de servicios; que, por tanto, dicho documento debe protegerse contra la falsificación; que, por todo ello, ya no es necesario mantener el requisito de un visado de entrada;

(8) Considerando que el Estado miembro emisor de la tarjeta de prestación de servicios - CE expedida por un Estado miembro deberá conceder así la garantía necesaria para que cualquier otro Estado miembro donde tenga lugar una prestación de servicios admita la entrada y estancia de la persona en el marco de una o varias prestaciones de servicios, es decir, el tiempo durante el cual se lleva a cabo la prestación de servicios; que esta garantía deberá incluir la obligación de no considerar el desplazamiento como una interrupción de la residencia y de la actividad asalariada autorizada y, en particular, de readmitir a la persona desplazada en cualquier circunstancia; que el Estado miembro donde se efectúa la prestación no deberá imponer por tanto sus propias exigencias en relación con la entrada, la estancia y el acceso a una actividad asalariada temporal; que las disposiciones de la presente Directiva no afectarán las normas imperativas relativas a las condiciones de trabajo y empleo que deberán respetarse en el Estado miembro donde se efectúa una prestación previstas por la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (3);

(9) Considerando que el Estado miembro donde se efectúe una prestación de servicios deberá poder imponer, antes de la entrada del trabajador asalariado en su territorio, la obligación de declarar su presencia y las prestaciones para las cuales se produce el desplazamiento; que una obligación de declaración previa deberá permitir a este Estado miembro adoptar en determinados casos las medidas necesarias por motivos de orden público, seguridad y salud públicas, dentro de los límites previstos en la presente Directiva; que cada Estado miembro donde se efectúe una prestación de servicios deberá poder imponer también la obligación de obtener, tras la entrada del trabajador, un permiso temporal de residencia cuando las prestaciones objeto del desplazamiento impliquen una estancia de más de seis meses durante un periodo de doce meses;

(10) Considerando que el Estado miembro deberá estar por tanto en condiciones de controlar, en particular mediante la expedición de un permiso temporal de residencia, que la estancia del trabajador asalariado desplazado tiene como fin la prestación de servicios en su territorio; que la libre prestación de servicios deberá revestir siempre un carácter temporal que conviene determinar en función de la continuidad, la frecuencia y la duración de la prestación; que el periodo de validez del permiso temporal de residencia deberá poder limitarse al periodo de validez de la tarjeta de prestación de servicios - CE ya que este Estado miembro puede expedir, de conformidad con la libre prestación de servicios, un permiso de residencia con arreglo a sus propias disposiciones nacionales para los desplazamientos superiores a seis o doce meses;

(11) Considerando que la eficacia de la presente Directiva impone también la igualdad de trato entre nacionales de terceros Estados y ciudadanos de la Unión desplazados como trabajadores asalariados en lo que respecta al reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos adquiridos en la Comunidad; que, sobre la base de la presente Directiva, esta igualdad de trato sólo podrá ser invocada por el prestador de servicios que emplea a un asalariado nacional de un tercer Estado; que esta igualdad de trato no deberá incluir los diplomas, certificados y otros títulos adquiridos en un tercer Estado y únicamente reconocidos en un Estado miembro;

(12) Considerando que los Estados miembros no podrán conceder un trato más favorable a los prestadores de servicios establecidos fuera de la Comunidad que a los establecidos dentro de la Comunidad; que los Estados miembros deberán poder establecer excepciones a la presente Directiva por motivos de orden público, seguridad y salud públicas; que los límites de dichas excepciones deberán determinarse frente a los prestadores de servicios como empleadores y los asalariados nacionales de terceros Estados sobre la base de la coordinación prevista en la Directiva 64/221/CEE de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública (4), cuya última modificación la constituye la Directiva 75/35/CEE (5) con el fin de elaborar un marco uniforme para el prestador de servicios, con independencia de la nacionalidad de su personal;

(13) Considerando que para la aplicación de la presente Directiva es indispensable garantizar una estrecha colaboración entre las autoridades competentes de los Estados miembros; que conviene que las autoridades de los Estados miembros adopten un modelo uniforme de «tarjeta de prestación de servicios - CE»; que conviene conferir a la Comisión la facultad de adoptar este modelo y otras modalidades de la tarjeta de prestación de servicios - CE, según el procedimiento previsto por el Reglamento (CE) n° 1683/95 del Consejo, de 29 de mayo de 1995, por el que se establece un modelo uniforme de visado (6);

(14) Considerando que, la presente Directiva no afecta a la competencia de los Estados miembros de determinar qué nacionales de terceros Estados son admitidos para llevar a cabo una actividad asalariada, bajo qué condiciones debe prorrogarse esta admisión, así como qué actividad profesional está regulada o no en el territorio nacional;

(15) Considerando que, de conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el tercer párrafo del artículo 3 B del Tratado, la presente Directiva se limita a lo que es necesario para alcanzar el objetivo de la libre circulación de servicios; que no afecta a los controles que preceden a la realización de una prestación de servicios transfronterizos y no afecta a los controles a posteriori en el Estado miembro donde tiene lugar la prestación; que se limita de todas formas a desplazamientos no superiores a un periodo máximo de doce meses, así como al reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos adquiridos dentro de la Comunidad;

(16) Considerando que a efectos de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deberán determinar un régimen de sanciones apropiadas;

(17) Considerando que, a más tardar cuatro años después de la fecha de transposición de la presente Directiva, la Comisión deberá reexaminar las modalidades de aplicación de la misma para proponer, en su caso, las modificaciones necesarias;

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La presente Directiva se aplicará a los prestadores de servicios establecidos en un Estado miembro que, en el marco de una prestación de servicios transfronterizos, desplazan a trabajadores asalariados nacionales de un tercer Estado al territorio de otro Estado miembro.

Artículo 2

1. Cuando un prestador de servicios tenga la intención de desplazar, en el marco de sus actividades ordinarias, a un trabajador asalariado nacional de un tercer Estado, a uno o varios Estados miembros para una de las situaciones presentadas en las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 1 de la Directiva 96/71/CE, el Estado miembro donde esté establecido dicho prestatario, deberá expedirle, cuando lo solicite, un documento denominado «tarjeta de prestación de servicios - CE».

La tarjeta de prestación de servicios - CE se expedirá si se comprueba que:

a) el trabajador asalariado tiene su residencia en este Estado, de conformidad con la legislación del mismo;

b) el trabajador está afiliado al régimen de seguridad social del Estado miembro competente para los riesgos de enfermedad y accidentes de trabajo, o, de no estar afiliado, está cubierto con un seguro de enfermedad y accidente de trabajo durante los desplazamientos a uno o varios Estados miembros.

2. La tarjeta de prestación de servicios - CE expedida será válida durante el periodo en el que el trabajador asalariado tenga un trabajo regular y efectivo y el periodo de validez no podrá ser superior a:

a) doce meses en caso de un empleo regular y efectivo de más de doce meses antes de la expedición; o

b) seis meses en caso de un empleo regular y efectivo de más de seis meses antes de la expedición.

Se considera empleo regular el trabajo efectuado en virtud de una reglamentación comunitaria o nacional, o de una autorización del Estado miembro emisor de la tarjeta de prestación de servicios - CE que permita el acceso a un empleo en la empresa del prestador de servicios o bien en otra empresa establecida en este Estado miembro.

Se considera empleo efectivo el trabajo efectuado en el territorio del Estado miembro emisor de la tarjeta de prestación de servicios - CE.

3. La tarjeta de prestación de servicios - CE sólo será renovable si se vuelven a reunir las condiciones de expedición contempladas en los apartados 1 y 2.

4. La tarjeta de prestación de servicios - CE constituirá un documento independiente del que será titular el prestador de servicios y, que éste pondrá a disposición del trabajador y en el que éste figurará.

La tarjeta contendrá las indicaciones siguientes:

a) los datos del prestador de servicios y del trabajador desplazado

b) el periodo de validez

c) el organismo emisor y el Estado miembro emisor,

y que el prestador de servicios pone a disposición del trabajador que figura en la misma.

Las modalidades exactas de los datos, un modelo uniforme del documento y las especificaciones técnicas que eviten una falsificación del mismo se adoptarán mediante un Reglamento de ejecución según el procedimiento previsto en el artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1683/95.

5. El Estado miembro emisor de la «tarjeta de prestación de servicios - CE» no podrá considerar el desplazamiento en el marco de una prestación de servicios a otro Estado miembro una interrupción de la residencia o de la actividad asalariada de dicho trabajador.

El Estado miembro emisor no podrá denegar la readmisión del trabajador desplazado en su territorio en virtud de su normativa nacional, cualesquiera que sean los motivos de la denegación.

Artículo 3

1. El Estado miembro donde se efectúe una prestación de servicios autorizará la entrada y la residencia del trabajador nacional de un tercer Estado en su territorio en el marco de una o varias prestaciones de servicios si esta persona está en posesión de la tarjeta de prestación de servicios - CE, así como de un documento de identidad o pasaporte válidos durante el periodo de prestación de los servicios.

2. El Estado miembro donde se efectúe la prestación de servicios no podrá imponer ni al trabajador desplazado ni al prestador de servicios como empleador:

a) un visado de entrada o de salida;

b) un documento o permiso de residencia salvo el contemplado en el apartado 3;

c) una autorización o permiso de trabajo para el acceso a un empleo;

d) una condición equivalente a las mencionadas en los puntos a), b) y c).

3. El Estado miembro donde se efectúe una prestación de servicios podrá imponer al prestador de servicios la obligación de declarar la presencia del trabajador desplazado, la duración prevista del desplazamiento y las prestaciones de servicios objeto del mismo, antes de la entrada del trabajador en su territorio. Si la duración total de las prestaciones de servicios en cuestión es superior a seis meses durante un periodo de doce meses, el Estado miembro expedirá, tras la entrada del trabajador desplazado, una tarjeta temporal de residencia para hacer constar la estancia.

4. Para facilitar el ejercicio de una prestación de servicios, el Estado miembro donde se efectúe la prestación garantizará la igualdad de trato entre nacionales de terceros Estados y ciudadanos de la Unión desplazados como trabajadores en el marco de una prestación de servicios, en lo que respecta al reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos que la persona en cuestión haya adquirido dentro de la Comunidad a fin de ejercer la actividad de que se trate, y que hayan sido expedidos por una autoridad competente de un Estado miembro. El Estado miembro garantizará el derecho del prestador de servicios en tanto que empleador a interponer un recurso judicial de Derecho interno contra las decisiones que no respeten esta igualdad de trato.

Artículo 4

1. Los Estados miembros no dispensarán un trato más favorable a los prestadores de servicios establecidos fuera de la Comunidad que a los establecidos dentro de la Comunidad.

2. Los Estados miembros sólo podrán establecer excepciones a la aplicación de la presente Directiva por motivos de orden público, seguridad y salud públicas, en cuyo caso la Directiva 64/221/CEE será aplicable mutatis mutandis.

Artículo 5

1. Los Estados miembros determinarán las autoridades competentes para la expedición de la tarjeta de prestación de servicios - CE y del documento temporal de residencia, así como para la recepción de las informaciones a que hace referencia el apartado 3 del artículo 3 y lo comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros. Adoptarán las medidas necesarias para simplificar al máximo las formalidades, plazos y procedimientos de obtención de dichos documentos, que serán expedidos gratuitamente o previo pago de una suma que no sobrepase los derechos y tasas exigidos para la expedición de los documentos de identidad a los nacionales.

2. Los Estados miembros preverán una cooperación entre las administraciones públicas que, de acuerdo con la legislación nacional, sean competentes en las materias relacionadas con la aplicación de la presente Directiva.

La cooperación consistirá en particular en responder a cualquier solicitud motivada de información. Se proporcionará de manera gratuita y a la mayor brevedad.

Artículo 6

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y tomarán cualquier medida necesaria para garantizar la ejecución de las mismas. Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión a más tardar en la fecha prevista en el artículo 8, así como cualquier modificación posterior que les afecte a la mayor brevedad.

Artículo 7

A más tardar cuatro años después del plazo fijado en el artículo 8, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros y propondrá, en su caso, las modificaciones oportunas.

Artículo 8

Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 30 de junio de 2002. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 9

La presente Directiva entrará en vigor al vigésimo día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 10

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) DO L 336 de 23.12.1994, p. 190.

(2) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(3) DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

(4) DO 56 de 4.4.1964, p. 850/64.

(5) DO L 14 de 20.1.1975, p. 14.

(6) DO L 164 de 14.7.1995, p. 1.