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Bruselas, 24.1.2007

COM(2007) 17 final

2007/0012 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establecen disposiciones específicas con respecto al sector de las frutas y hortalizas y se modifican determinados Reglamentos

(presentada por la Comisión) {SEC(2007) 74}{SEC(2007) 75}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

La producción de frutas y hortalizas de la UE-27 representa el 3,1 % del presupuesto comunitario y el 17 % de la producción agrícola total de la UE.

La organización común de mercados (OCM) vigente se establece en los Reglamentos (CE) nº 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas[1], (CE) n° 2201/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas[2] y (CE) n° 2202/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece un régimen de ayuda a los productores de determinados cítricos.

En octubre de 2005, al exponer sus primeras conclusiones sobre el debate que se inició en 2004 tras la publicación del informe sobre la simplificación de la organización común de mercados del sector de las frutas y hortalizas[3], la Comisión anunció que, en 2006, propondría una reforma de los sectores de las frutas y hortalizas frescas y transformadas[4].

En mayo de 2005, el Parlamento Europeo aprobó el informe sobre esta Comunicación[5] presentado por iniciativa propia.

De acuerdo con los compromisos asumidos con el fin de legislar mejor, la propuesta de la Comisión se acompaña de un análisis tanto de los aspectos económicos, sociales y ambientales de los problemas vinculados a la OCM, como de las repercusiones, ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones que se proponen al respecto. Se adjuntan también a esa propuesta los resultados de una consulta pública realizada en relación con diversas opciones de la reforma.

La presente propuesta de reforma ofrece una respuesta a las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas Europeo en su Informe especial nº 8/2006 «¿Cultivando con éxito? La eficacia de la ayuda comunitaria a los programas operativos de los productores de frutas y hortalizas», que se publicó en septiembre.

2. MOTIVOS Y OBJETIVOS DE LA REFORMA

En los últimos diez años, el sector de las frutas y hortalizas ha tenido que hacer frente no sólo a la enorme presión que ejercen las cadenas de venta al por menor y de gran distribución, que están muy concentradas y desempeñan una función de primer orden en la fijación del precio de mercado, sino también a la fuerte competencia de los productos de terceros países, que ofrecen una combinación de calidad cada vez mayor y precios relativamente bajos y aumentan sus cuotas de mercado con rapidez.

Desde que se efectuó la reforma de la OCM del sector de las frutas y hortalizas en 1996, las organizaciones de productores (OP) y sus programas operativos (PO) son los elementos fundamentales para agrupar la oferta de estos productos. La experiencia demuestra que las organizaciones de productores siguen siendo un elemento válido para hacer frente a las cadenas de venta al por menor y de gran distribución, que están muy concentradas. No obstante, el nivel de concentración de la producción de frutas y hortalizas a través de las organizaciones de productores no se ha traducido en una concentración de la oferta en todos los Estados miembros. Un porcentaje elevado de agricultores de los principales Estados miembros productores prefiere no participar. La reforma incluye medidas para mejorar el atractivo de las organizaciones de productores.

Por otro lado, la actual OCM del sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas se basa en unos principios que, en el caso de otras organizaciones comunes de mercado, se han reformado considerablemente. El sistema vigente, que consiste básicamente en proporcionar ayudas por cantidades de productos, ya no se ajusta a los principios de la PAC. La reforma propone la inclusión del sector de las frutas y hortalizas en el régimen de pago único y en el régimen de pago único por superficie. El paso de las ayudas por producción a las ayudas directas a los productores mediante la implantación de un sistema de ayudas a la renta disociadas para cada explotación contribuirá a fomentar una agricultura más sostenible y orientada al mercado.

La presente propuesta de reforma contiene medidas para solucionar crisis, aumentar la promoción de frutas y hortalizas y proteger el medio ambiente.

Sus objetivos son los siguientes:

- mejorar la competitividad y la orientación de mercado de la producción de frutas y hortalizas de la UE o, en otras palabras, contribuir a una producción sostenible que sea competitiva en el mercado interior y en los mercados exteriores;

- reducir las fluctuaciones a que se ven sometidas las rentas de los productores de frutas y hortalizas a causa de las crisis;

- aumentar el consumo de frutas y hortalizas en la UE;

- mantener los esfuerzos realizados por el sector para conservar y proteger el medio ambiente;

- simplificar y, en la medida de lo posible, reducir la carga administrativa.

Los objetivos de la reforma enumerados anteriormente se han fijado teniendo en cuenta la compatibilidad con la OMC, la coherencia con la PAC reformada y con el primer y segundo pilares, y la conformidad con las perspectivas financieras. Por último, cabe destacar que la presente propuesta de reforma de la OCM de las frutas y hortalizas se ha elaborado habida cuenta de las repercusiones que sobre esta última tiene el Reglamento del Consejo por el que se crea una organización común de mercados agrícolas, propuesto por la Comisión.

- En la actual OCM de las frutas y hortalizas, si bien se mantienen algunas disposiciones horizontales que se aplican a otros productos agrícolas, como las referentes a las ayudas estatales, al intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros, y al Comité de gestión, se ha procedido a su actualización, simplificación y racionalización para facilitar su incorporación en la propuesta de OCM única.

- Por motivos de claridad, procede incorporar a la presente propuesta las demás disposiciones que se aplican en el sector de las frutas y hortalizas, vista la amplitud de las modificaciones a que se somete ese régimen. No obstante, algunas de esas disposiciones son asimismo horizontales y se aplican a otros productos agrícolas, como las normas de comercialización y las disposiciones por las que se regula el comercio con terceros países, por lo que se ha procedido a actualizarlas y simplificarlas con el fin de facilitar su incorporación en el Reglamento del Consejo por el que se crea una organización común de mercados agrícolas.

3. MEDIDAS QUE SE PROPONEN PARA REFORMAR LA OCM DEL SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS

1. Organizaciones de productores

Organizaciones de productores : teniendo en cuenta que las organizaciones de productores desempeñan una función importante en la concentración de la oferta, se han establecido disposiciones para simplificar su funcionamiento y hacerlo más flexible, siempre que sea posible. El ámbito de aplicación de esas disposiciones es múltiple y comprende cuestiones tales como los productos sobre los que tienen competencias las organizaciones de productores, la magnitud de las ventas directas autorizadas y la aplicación de las normas a los no asociados, la concesión de un mayor número de incentivos para propiciar fusiones de organizaciones de productores, la creación de asociaciones de organizaciones de productores en regiones donde el nivel de concentración de la oferta a través de las organizaciones de productores es muy bajo (inferior al 20 % de la producción de frutas y hortalizas), en los Estados que se incorporaron a la Unión el 1 de mayo de 2004 y en las regiones ultraperiféricas, la delegación de competencias o funciones de las organizaciones de productores a las asociaciones de organizaciones de productores y la delegación de funciones a las filiales en determinadas condiciones. En su informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la situación del sector de los frutos de baya y las cerezas destinados a la transformación, la Comisión deja constancia de la posibilidad de proponer ayudas adicionales específicas para los Estados miembros que tengan un escaso nivel de organización. Eso es lo que pretende conseguir con las modificaciones mencionadas anteriormente.

La Comisión ha propuesto asimismo la inclusión de nuevas hierbas culinarias en la organización común de mercados de las frutas y hortalizas.

Nuevas agrupaciones de productores : con el fin de mejorar la concentración de la oferta por mediación de las organizaciones de productores en los nuevos Estados miembros, las agrupaciones de productores de tales Estados que deseen adquirir el rango de organizaciones de productores con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento dispondrán de un periodo transitorio durante el cual podrán recibir ayuda financiera específica, nacional y comunitaria, que estará supeditada a la asunción de determinados compromisos por parte de la agrupación.

Estrategia nacional aplicada a los programas operativos sostenibles : el Tribunal de Cuentas considera que los Estados miembros no han comprobado si el gasto dedicado a los programas operativos de las organizaciones de productores ha dado los resultados esperados. Opina asimismo que la Comisión no ha verificado la eficacia de los programas operativos ni ha evaluado la política aplicada. Con el fin de mejorar la eficacia de los programas operativos, la Comisión propone que los Estados miembros adopten una estrategia nacional que se aplicaría a los programas operativos sostenibles en el mercado de las frutas y hortalizas y que debería contar con los elementos siguientes: análisis previo, objetivos de los instrumentos y programas operativos, indicadores de rendimiento, evaluaciones de los programas operativos y obligaciones de las organizaciones de productores en materia de elaboración de informes.

Ampliación del ámbito de aplicación de las normas : para potenciar aún más la influencia de las organizaciones y asociaciones de productores y garantizar la mayor estabilidad posible al mercado, la Comisión propone que, en determinadas condiciones, los Estados miembros puedan hacer extensivas a los productores no asociados de su región, según unos criterios más flexibles, las normas, en especial las aplicables a la producción, a la comercialización y a la protección del medio ambiente, que hayan sido adoptadas para sus miembros por las organizaciones o asociaciones de la región de que se trate (se considerará que las organizaciones de productores son representativas con vistas a ampliar el ámbito de aplicación de las normas cuando sus miembros representen al menos el 50 % de los productores de la zona económica en la que actúen y abarquen al menos el 60 % de la producción de la zona; en la actualidad, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores se considera representativa cuando sus miembros representan al menos los dos tercios de los productores de la zona económica en la que actúa y abarca al menos dos tercios de su producción).

La Comisión propone asimismo que los costes derivados de la ampliación del ámbito de aplicación de las normas corran a cargo de los productores que sean objeto de dicha ampliación, puesto que van a beneficiarse de ella.

Teniendo en cuenta las particularidades del mercado de los productos ecológicos, la Comisión propone asimismo que la ampliación del ámbito de aplicación de las normas se aplique exclusivamente a los productores de este sector que expresen su conformidad, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones.

Organizaciones interprofesionales : la reforma introduce cierta flexibilidad al respecto. Teniendo en cuenta la semejanza de los objetivos que se persiguen, las disposiciones sobre la ampliación del ámbito de aplicación de las normas adoptadas por las organizaciones de productores y sus asociaciones, así como las relativas a la división de los costes derivados de esa ampliación, se aplican asimismo a las organizaciones interprofesionales.

2. Gestión de crisis

Las frutas y hortalizas son productos perecederos y su producción es imprevisible. Los excedentes, aun cuando no sean demasiado elevados, pueden perturbar considerablemente el mercado. De ahí que las organizaciones de productores reciban el 100 % de los costes de retirada de algunos productos (contribución comunitaria de retirada) y de los que acarrea su distribución gratuita. Asimismo, las organizaciones de productores pueden utilizar fondos operativos para completar la contribución comunitaria de retirada y para retirar otros productos que no están regulados por este régimen.

La experiencia demuestra que el presupuesto dedicado a retiradas se ha ido reduciendo, ya que, en los últimos diez años, la oferta se ha adaptado mejor a la demanda. No obstante, el sector de las frutas y hortalizas sigue padeciendo crisis de mercado. Para que las organizaciones de productores puedan gestionar estas crisis, la Comisión propone un mayor número de instrumentos: retiradas de los mercados; cosechas de frutas y hortalizas en verde o renuncia a efectuar la cosecha; promoción y comunicación; formación; seguros de las cosechas, y ayudas para paliar los costes administrativos derivados de la creación de mutualidades y fondos de inversión.

Tal como se ha indicado anteriormente, se ha suprimido la contribución comunitaria de retirada. La Comisión propone lo siguiente:

- las retiradas pueden realizarlas las organizaciones de productores basándose en el principio de la cofinanciación al 50 %;

- la Comunidad pagará el 100 % de los productos retirados que se vayan a entregar gratuitamente en la UE, con un límite del 5 % del volumen de la producción comercializada de cada organización de productores.

3. Inclusión de las frutas y hortalizas en el régimen de pago único

Se propone la integración del sector de las frutas y hortalizas en el régimen de pago único, con las siguientes implicaciones:

- las superficies dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas (incluidos los huertos y las patatas para consumo humano) podrán optar a la activación de los derechos de ayuda;

- disociación de la ayuda actual destinada a los productos transformados a base de frutas y hortalizas y aumento de los límites presupuestarios nacionales dedicados al régimen de pago único;

- autorización para que los Estados miembros fijen importes de referencia al amparo del régimen sobre la base de un periodo representativo adecuado al mercado de cada uno de los productos derivados de las frutas y hortalizas, por un lado, y de criterios objetivos y no discriminatorios apropiados, por otro.

4. Cuestiones medioambientales

La producción y comercialización de frutas y hortalizas debe tener muy en cuenta aspectos vinculados con el medio ambiente tales como las prácticas de cultivo, la gestión de los residuos y la salida de los productos retirados del mercado, en especial desde el punto de vista de la protección de la calidad del agua, el mantenimiento de la biodiversidad y la conservación del espacio natural.

Con este fin, la Comisión propone lo siguiente:

- la inclusión de las frutas y hortalizas en el régimen de pago único supone que todos los productores de este sector que reciban pagos directos estarán sometidos al cumplimiento de las obligaciones en materia de condicionalidad;

- mejora del planteamiento aplicado a los programas operativos: actualmente, en los programas operativos no se limitan los gastos de las medidas medioambientales; la propuesta de reforma fija para cada programa operativo un mínimo de gastos del 20 %;

- mejora del planteamiento aplicado a la producción ecológica: en los últimos diez años se ha producido un aumento de la demanda de hortalizas ecológicas que ha sido satisfecha fundamentalmente por productores innovadores con un volumen de producción mediano; la propuesta fija en el 60 % la cofinanciación comunitaria que debe dedicar a la producción ecológica cada programa operativo.

5. Promoción

Según las recomendaciones de la OMS y la FAO, una dieta sana supone un consumo diario de al menos 400 gramos de frutas y hortalizas. Dado que, en la Unión Europea, únicamente Grecia e Italia alcanzan ese nivel, la Comisión propone las medidas siguientes para mejorar la promoción de estos productos:

- las organizaciones de productores podrán seguir incluyendo la promoción en sus programas operativos; en concreto, realizarán campañas de promoción de carácter general en condiciones que se fijarán en las normas de desarrollo y campañas en las que promocionarán sus marcas; además, deberán incluir en sus programas operativos medidas encaminadas a promocionar el consumo de frutas y hortalizas entre los consumidores jóvenes;

- el Reglamento (CE) nº 2826/2000 del Consejo se modificará con el fin de aumentar al 60 % el porcentaje de la cofinanciación comunitaria en caso de que la promoción de frutas y hortalizas se dirija a escolares y adolescentes;

- en virtud del nuevo capítulo dedicado a la gestión de crisis, la promoción y la comunicación podrán optar a la financiación de los programas operativos de las organizaciones de productores;

- los productos retirados de los mercados, que son cofinanciados al 100 % por la Unión Europea, podrán distribuirse gratuitamente en esta no sólo a organizaciones e instituciones caritativas, sino también a colegios y centros de educación pública y a colonias de vacaciones para niños.

6. Comercio con terceros países

Teniendo en cuenta que las negociaciones con la OMC siguen su curso y que se desconocen sus resultados, la propuesta de reforma no toca el marco jurídico vigente aplicable al comercio exterior (régimen de precios de entrada, contingentes arancelarios, volúmenes de activación, etc.).

Se han analizado los efectos y la función de las restituciones por exportación en el sector de las frutas y hortalizas y se ha comprobado que sus repercusiones económicas han disminuido considerablemente. De hecho, las exportaciones que reciben restituciones suponen menos de un tercio de las exportaciones totales. Por su parte, el valor de las restituciones oscila entre el 0,8 y el 8,9 % del precio de los productos exportados. Por lo tanto, se ha considerado que se puede hacer una mejor utilización de los fondos que se destinan a este instrumento y se propone que se supriman las restituciones por exportación.

7. Simplificación

Una gran ventaja de la reforma propuesta es la simplificación administrativa que conlleva la supresión de las ayudas a la transformación y su sustitución por el régimen de pago único o el régimen de pago único por superficie existentes en la actualidad.

En su afán por mejorar el atractivo de las organizaciones de productores, la reforma propone varias simplificaciones y una mayor flexibilidad.

La supresión de las restituciones por exportación contribuye asimismo a la simplificación, dado que los exportadores ya no tendrán que ocuparse de seguir los procedimientos que conlleva la concesión de aquellas.

8. Normas de comercialización

Las normas de comercialización se han simplificado sustituyendo las disposiciones legales aplicables sobre ese particular por las que tendrán vigencia en la OCM única, cuyo texto es más conciso. La Comisión dispone así de la flexibilidad y las competencias suficientes para ejercer la simplificación cuando lo considere apropiado y sea posible hacerlo.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS DE LA PROPUESTA

La aplicación de la reforma propuesta no supone un aumento de los costes con respecto a la situación actual. Se supone que las modificaciones e innovaciones del régimen contribuirán a una utilización más eficiente del presupuesto.

El aumento de los límites presupuestarios del régimen de pago único se equiparará al nivel histórico de gasto de los Estados que eran miembros de la Unión antes del 1 de mayo de 2004 y a los importes derivados de los tratados de adhesión de los demás Estados miembros.

Se potenciarán los programas operativos de las organizaciones de productores, especialmente en los Estados miembros en los que la agrupación de la oferta a través de esas organizaciones sea muy escasa. Se espera que el valor de la producción gestionada por las organizaciones de esos países aumente con más rapidez que el de la gestionada por las demás organizaciones de productores. Asimismo se aumentarán las ayudas financieras para mejorar el reconocimiento de las agrupaciones de productores de modo que puedan convertirse en organizaciones de productores. Gracias a la propuesta de supresión de las restituciones por exportación y de las retiradas del mercado, las repercusiones presupuestarias globales quedarán contrarrestadas.

2007/0012 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establecen disposiciones específicas con respecto al sector de las frutas y hortalizas y se modifican determinados Reglamentos

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, sus artículos 36 y 37,

Vista la propuesta de la Comisión[6],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[7],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[8],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[9],

Considerando lo siguiente:

(1) El régimen vigente que se aplica al sector de las frutas y hortalizas se establece en el Reglamento (CE) nº 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas [10], en el Reglamento (CE) n° 2201/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas[11] y en el Reglamento (CE) n° 2202/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece un régimen de ayuda a los productores de determinados cítricos[12].

(2) A la luz de la experiencia es necesario modificar el régimen que se aplica a las frutas y hortalizas con el fin de alcanzar los objetivos siguientes: aumentar la competitividad y la orientación de mercado del sector para contribuir a una producción sostenible que sea competitiva tanto en el mercado interior como en los mercados exteriores, reducir las fluctuaciones que sufren las rentas de los productores como consecuencia de las crisis del mercado, aumentar el consumo de frutas y hortalizas en la Comunidad y proseguir los esfuerzos realizados por el sector para conservar y proteger el medio ambiente.

(3) La propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea una organización común de mercados agrícolas podría incorporar inicialmente determinadas disposiciones por las que se regula el sector de las frutas y hortalizas, que son horizontales y se aplican a otros productos agrícolas, a saber, las relativas a las ayudas estatales, al intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros, y al Comité de gestión. Procede mantener esas disposiciones en los Reglamentos (CE) nº 2200/96 y (CE) nº 2201/96, si bien conviene actualizarlas, simplificarlas y racionalizarlas para poder incorporarlas fácilmente en la propuesta mencionada.

(4) La amplitud de las modificaciones a que se somete el régimen obliga, por claridad, a incorporar otras disposiciones del sector de las frutas y hortalizas en un reglamento aparte. Dado que algunas de esas disposiciones son también, en cierta medida, de carácter horizontal y se aplican a otra serie de productos agrícolas, como las normas de comercialización y las relativas al comercio con terceros países, conviene actualizarlas y simplificarlas para facilitar su incorporación posteriormente en el Reglamento del Consejo por el que se crea una organización común de mercados agrícolas. Por consiguiente, el presente Reglamento no debe derogar ni modificar los instrumentos existentes de carácter horizontal, a menos que resulten anticuados o superfluos o, debido a sus características, no deba ocuparse de ellos el Consejo.

(5) El presente Reglamento debe aplicarse a los productos regulados por las organizaciones comunes de mercado de los sectores de las frutas y hortalizas y de los productos transformados a base de frutas y hortalizas. No obstante, las disposiciones relativas a las organizaciones de productores y a las organizaciones y acuerdos interprofesionales sólo se aplican a los productos regulados por la organización común de mercados de las frutas y hortalizas y conviene mantener esta distinción. El ámbito de aplicación de la organización común de mercados de las frutas y hortalizas debe hacerse extensivo a determinadas hierbas culinarias para que puedan beneficiarse del régimen.

(6) Para que el mercado se abastezca de productos de calidad homogénea y satisfactoria, procede aplicar normas de comercialización a algunos productos, en particular las que se refieren a la definición, la calidad, la clasificación, el peso, el calibre, el envase, el embalaje, el almacenamiento, el transporte, la presentación, la comercialización y el etiquetado. Además, puede ser necesario adoptar medidas especiales, en concreto métodos actualizados de análisis y otras medidas que permitan determinar las características de las normas en cuestión, para evitar los abusos relacionados con la calidad y la autenticidad de los productos presentados a los consumidores, así como las graves perturbaciones que pueden causar en los mercados. Actualmente, la Directiva 2001/112/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana[13], establece normas de comercialización para estos productos, que, sin embargo, no están totalmente actualizadas. Por sencillez, conviene derogar, pues, esa Directiva y posibilitar la adopción de normas de comercialización actualizadas para los zumos de frutas, al igual que para otros productos a base de frutas y hortalizas.

(7) La producción y comercialización de las frutas y hortalizas debe tener plenamente en cuenta las cuestiones medioambientales, tanto en lo que se refiere a los sistemas de cultivo como a la gestión de los materiales usados y a la eliminación de los productos retirados de la producción, especialmente en lo que respecta a la protección de la calidad de las aguas, el mantenimiento de la biodiversidad y la conservación del entorno rural.

(8) Las organizaciones de productores constituyen los elementos fundamentales del régimen aplicable al sector de las frutas y hortalizas, del que garantizan, a su nivel, el funcionamiento descentralizado. Frente a una demanda cada vez más concentrada, el reagrupamiento de la oferta en estas organizaciones constituye más que nunca una necesidad económica para reforzar la posición de los productores en el mercado. Este reagrupamiento debe tener un carácter voluntario y demostrar su utilidad gracias a la amplitud y eficacia de los servicios que puede prestar una organización de productores a sus miembros.

(9) La experiencia demuestra que las organizaciones de productores son los instrumentos apropiados para agrupar la oferta. No obstante, su distribución entre los diferentes Estados miembros es desigual. Con el fin de aumentar el atractivo de las organizaciones de productores, conviene flexibilizar más su funcionamiento. La flexibilidad debe tener por objeto la gama de productos de la que se ocupa una organización de productores, el volumen de ventas directas permitidas y la ampliación de las normas a los no asociados, así como la delegación de competencias o funciones de las organizaciones de productores a asociaciones de organizaciones de productores, en las condiciones necesarias, y la delegación de funciones a las filiales.

(10) Una organización de productores que contribuya a la consecución de los objetivos de la organización común de mercados sólo puede ser reconocida por un Estado miembro si sus estatutos le imponen determinadas condiciones a ella y a sus miembros. La existencia y el correcto funcionamiento de los fondos operativos exigen que las organizaciones de productores se hagan cargo de toda la producción de frutas y hortalizas de sus miembros.

(11) Las agrupaciones de productores de los Estados miembros que se hayan incorporado a la Comunidad en 2004 o con posterioridad a esa fecha y que deseen adquirir el rango de organizaciones de productores con arreglo al presente Reglamento deben poder disfrutar de un periodo transitorio, durante el cual podrá concederse una ayuda financiera nacional y comunitaria siempre que esas agrupaciones asuman determinados compromisos.

(12) Con el fin de responsabilizar a las organizaciones de productores, en particular en lo que se refiere a sus decisiones financieras, y de orientar hacia perspectivas de futuro los recursos públicos que se les concedan, conviene establecer las condiciones en las que se podrán utilizar esos recursos. La cofinanciación de fondos operativos establecidos por las organizaciones de productores parece una solución apropiada. Además, en casos particulares conviene ampliar el ámbito de aplicación de la financiación. Para controlar los gastos comunitarios, la ayuda concedida a las organizaciones de productores que constituyan fondos operativos debe contar con un límite máximo.

(13) En el caso de las regiones con poca organización de la producción, conviene permitir la concesión de contribuciones financieras complementarias de carácter nacional. En el caso de los Estados miembros que presenten desventajas importantes de tipo estructural, conviene que la Comunidad se haga cargo del reintegro de esas contribuciones.

(14) Con el fin de simplificar y reducir el coste del régimen, puede ser útil equiparar, en la medida de lo posible, los procedimientos y las disposiciones que se apliquen para determinar la subvencionabilidad del gasto derivado de los fondos operativos a los de los programas de desarrollo rural, permitiendo que los Estados miembros establezcan una estrategia nacional para los programas operativos.

(15) Para potenciar aún más la actuación de las organizaciones de productores y de sus asociaciones y garantizar al mercado la estabilidad deseable, conviene permitir a los Estados miembros que, en determinadas condiciones, hagan extensivas a los productores no asociados de una región las normas aplicables, en particular en materia de producción, de comercialización y de protección del medio ambiente, adoptadas para sus miembros por la organización o asociación de la región considerada. Previa justificación, determinados gastos derivados de la ampliación de las normas pueden correr a cargo de los productores interesados, toda vez que se benefician de sus efectos. No conviene, sin embargo, que esta ampliación se haga extensiva a los productores ecológicos sin su consentimiento.

(16) Los Reglamentos (CE) nº 2200/96, (CE) nº 2201/96 y (CE) nº 2202/96 establecen diversos regímenes de ayuda de carácter heterogéneo que se aplican a determinadas frutas y hortalizas. La gestión de esos regímenes resulta compleja debido a su número y variedad. Si bien tienen por objeto algunas frutas y hortalizas concretas, no tienen totalmente en cuenta las condiciones regionales de producción y no abarcan todas las frutas y hortalizas. Resulta apropiado, por lo tanto, buscar un instrumento diferente para prestar ayuda a los productores de frutas y hortalizas.

(17) Además, los regímenes de ayuda destinados a las frutas y hortalizas no se integraron plenamente en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores[14]. Ello ha dado lugar a determinadas complejidades y rigideces en la gestión de ese régimen.

(18) Con el fin de lograr un sistema de ayuda al sector de las frutas y hortalizas más selectivo y flexible, así como para conseguir una mayor simplificación, conviene derogar los regímenes de ayuda vigentes e incorporar las frutas y hortalizas totalmente en el régimen que establece el Reglamento (CE) nº 1782/2003. Para ello es necesario disponer que los agricultores que produjesen frutas y hortalizas en el periodo de referencia puedan acogerse al régimen de pago único. Asimismo, debe disponerse que los Estados miembros determinen los importes de referencia y las hectáreas subvencionables con cargo al régimen de pago único tomando como base un periodo representativo apropiado para el mercado de cada fruta y hortaliza, así como los criterios objetivos y no discriminatorios adecuados. Conviene que las superficies plantadas con frutas y hortalizas, incluidas las frutas y hortalizas permanentes, puedan acogerse al régimen de pago único. Los límites nacionales deben modificarse convenientemente. Asimismo, debe disponerse que la Comisión adopte las normas de desarrollo pertinentes y las disposiciones transitorias necesarias.

(19) La producción de frutas y hortalizas es imprevisible y los productos son perecederos. Los excedentes, aun cuando no sean cuantiosos, pueden perturbar considerablemente el mercado. Si bien se han implantado algunos regímenes para la retirada de productos del mercado, su gestión ha resultado un tanto compleja. Conviene introducir nuevas medidas para la gestión de crisis que sean de fácil aplicación. En estas circunstancias, la solución más idónea es la integración de todas estas medidas en los programas operativos de las organizaciones de productores, con lo que se conseguiría que éstas resulten más atractivas a los productores.

(20) La integración de las patatas en el régimen que se establece en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 supone que, para garantizar el correcto funcionamiento del mercado único basado en unos precios comunes, las disposiciones del Tratado que regulan las ayudas estatales deben aplicarse asimismo a las patatas.

(21) El Reglamento (CE) n° 2826/2000 del Consejo, de 19 de diciembre de 2000, sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior[15], prevé que la Comunidad contribuya a sufragar hasta un 50 % del coste de los programas de promoción. Para fomentar el consumo de frutas y hortalizas entre los jóvenes de menos de 18 años, debe aumentarse ese porcentaje.

(22) Las organizaciones interprofesionales constituidas por iniciativa de agentes económicos individuales o que ya estén reagrupados y que representen a una parte significativa de los miembros de las diferentes categorías profesionales del sector de las frutas y hortalizas pueden contribuir a que se tengan más en cuenta las realidades del mercado y facilitar un planteamiento comercial que mejore la notificación de la producción, es decir, la organización de ésta y la presentación y la comercialización de los productos. Dado que la actuación de estas organizaciones interprofesionales puede contribuir en general a la consecución de los objetivos del artículo 33 del Tratado y, en particular, a los del presente Reglamento, es conveniente que, tras haber establecido los tipos de actuación pertinentes, se conceda un reconocimiento específico a las organizaciones que demuestren ser suficientemente representativas y lleven a cabo actuaciones prácticas con respecto a esos objetivos. Habida cuenta de la similitud de los objetivos perseguidos, las disposiciones previstas en lo que respecta a la ampliación de las reglas adoptadas por las organizaciones de productores y sus asociaciones y a la distribución de los gastos derivados de dicha ampliación deben aplicarse asimismo a escala interprofesional.

(23) La creación de un mercado comunitario único supone la implantación de un régimen de intercambios comerciales en las fronteras exteriores de la Comunidad. Ese régimen debe constar de derechos de importación y, en principio, debe servir para estabilizar el mercado comunitario. Debe basarse en los compromisos contraídos en las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay.

(24) La aplicación del régimen de precios de entrada para las frutas y hortalizas exige la adopción de disposiciones específicas.

(25) Para poder efectuar un seguimiento del volumen de los intercambios comerciales de productos agrícolas con terceros países es posible que, en el caso de determinados productos, deba implantarse un sistema de certificados de importación y exportación que comporte la constitución de una fianza como forma de garantizar la realidad de las transacciones para las que se expiden los certificados. Así pues, debe facultarse a la Comisión para que establezca sistemas de expedición de certificados con respecto a esos productos.

(26) Para evitar o contrarrestar los efectos perjudiciales que puedan tener en el mercado comunitario las importaciones de determinados productos agrícolas, la importación de tales productos debe estar sujeta al pago de un derecho adicional, si se cumplen determinadas condiciones.

(27) En determinadas circunstancias, procede otorgar a la Comisión la facultad de abrir y gestionar contingentes arancelarios derivados de los acuerdos internacionales celebrados con arreglo al Tratado o de otros actos del Consejo.

(28) El régimen de derechos de aduana permite prescindir de cualquier otra medida de protección en las fronteras exteriores de la Comunidad. No obstante, es posible que, en circunstancias excepcionales, el mecanismo del mercado interior y de los derechos de aduana resulte insuficiente. Con objeto de que, en tales casos, el mercado comunitario no se encuentre indefenso ante las perturbaciones que puedan derivarse de esa insuficiencia, es preciso que la Comunidad pueda adoptar rápidamente cuantas medidas sean necesarias. Estas medidas deben respetar los compromisos internacionales de la Comunidad.

(29) Para que este régimen de intercambios funcione adecuadamente, es conveniente prever la posibilidad de regular el empleo del régimen denominado de perfeccionamiento activo o pasivo o, en la medida en que lo exija la situación del mercado, de prohibir su utilización.

(30) Dado que los mercados comunes de los productos agrícolas evolucionan constantemente, los Estados miembros y la Comisión deben mantenerse mutuamente informados de los cambios importantes.

(31) El régimen aplicable a las frutas y hortalizas establece determinadas obligaciones. Para garantizar su cumplimiento, es necesario ejercer controles y aplicar sanciones en caso de que aquellas no se cumplan. Procede, por lo tanto, facultar a la Comisión para que establezca las normas pertinentes, entre ellas las relativas a la recuperación de los pagos indebidos y a las obligaciones de los Estados miembros en materia de información. El nuevo régimen hace innecesaria la existencia de un cuerpo especial de inspectores en el sector de las frutas y hortalizas, por lo que puede suprimirse.

(32) Procede, por lo tanto, modificar en consecuencia los Reglamentos (CE) nº 2200/96, (CE) nº 2201/96, (CE) nº 2826/2000 y (CE) nº 1782/2003.

(33) Debe suprimirse el régimen de ayuda que se establece en el Reglamento (CE) nº 2202/96. Dado que este Reglamento ya no tendrá ninguna finalidad, conviene derogarlo.

(34) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión[16]. En aras de la simplificación, conviene suprimir el comité de las frutas y hortalizas frescas y el comité de las frutas y hortalizas transformadas y sustituirlos por un comité de las frutas y hortalizas que habrá de establecerse en el Reglamento (CE) nº 2200/96 del Consejo.

(35) La transición de las disposiciones vigentes a las establecidas en el presente Reglamento puede originar dificultades que no se abordan en éste. Para hacer frente a esas dificultades, debe permitirse a la Comisión adoptar medidas transitorias.

(36) El presente Reglamento debe aplicarse, como norma general, a partir del 1 de enero de 2008. No obstante, para evitar la interrupción, a mitad de una campaña de comercialización, de los regímenes de ayuda aplicables a los productos a base de frutas y hortalizas transformadas y a los cítricos transformados, conviene permitir que dichos regímenes de ayuda se apliquen hasta el final de la campaña de comercialización 2007/2008,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I Disposiciones preliminares

Artículo 1 Ámbito de aplicación

El presente Reglamento establece disposiciones específicas que se aplican a los productos enumerados en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96 y en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2201/96.

No obstante, los títulos III y IV del presente Reglamento se aplicarán exclusivamente a los productos enumerados en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96.

El artículo 39 se aplicará a las patatas, frescas o refrigeradas, del código NC 0701.

TÍTULO II Clasificación de los productos

Artículo 2 Normas de comercialización

1. La Comisión podrá establecer normas de comercialización para uno o varios de los productos enumerados en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96 y en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2201/96.

2. Las normas mencionadas en el apartado 1:

a) se establecerán teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de los productos de que se trate, la necesidad de garantizar unas condiciones que permitan dar una salida fluida a esos productos en el mercado y el interés de los consumidores por recibir una información adecuada y transparente sobre los productos;

b) podrán referirse en particular a la calidad, el calibre, el peso, el tamaño, el envase, el embalaje, el almacenamiento, el transporte, la presentación, la comercialización y el etiquetado.

3. Salvo disposición en contrario de la Comisión establecida de acuerdo con los criterios mencionados en el apartado 2, letra a), los productos para los que se hayan establecido normas de comercialización sólo podrán comercializarse en la Comunidad con arreglo a esas normas.

Sin perjuicio de las disposiciones específicas que pueda adoptar la Comisión con arreglo al artículo 38, los Estados miembros deberán comprobar que esos productos se ajustan a dichas normas y aplicarán sanciones según convenga.

TÍTULO III Organizaciones de productores

Capítulo I Definición y reconocimiento

Artículo 3 Definición

1. A efectos del presente Reglamento se entenderá por «organización de productores» toda entidad jurídica o parte de una entidad jurídica claramente definida que cumpla los requisitos siguientes:

a) haber sido creada por iniciativa de los agricultores con arreglo al artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1782/2003, que cultiven uno o varios de los productos enumerados en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96;

b) perseguir los objetivos siguientes:

i) asegurar la programación de la producción y su adaptación a la demanda, en lo que respecta, en particular, a la calidad y la cantidad;

ii) fomentar la concentración de la oferta y la comercialización de la producción de sus miembros;

iii) reducir los costes de producción y estabilizar los precios de producción;

iv) fomentar prácticas de cultivo y técnicas de producción y de gestión de los residuos respetuosas del medio ambiente, en especial para proteger la calidad de las aguas, del suelo y del paisaje y para preservar o potenciar la biodiversidad;

c) sus estatutos establecen requisitos específicos, tal como dispone el apartado 2;

d) haber sido reconocida por el Estado miembro correspondiente en las condiciones que se establecen en el apartado 4.

2. Los estatutos de una organización de productores obligarán en particular a los productores asociados a:

a) aplicar las normas adoptadas por la organización de productores en materia de notificación de la producción, de producción, de comercialización y de protección del medio ambiente;

b) pertenecer a una sola organización de productores con respecto a la producción de una explotación dada de cualquiera de los productos enumerados en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96;

c) comercializar la totalidad de su producción a través de la organización de productores;

d) facilitar los datos que solicite para fines estadísticos la organización de productores relacionados principalmente con las superficies de cultivo, las cosechas, los rendimientos y las ventas directas;

e) abonar las cuotas previstas por sus estatutos para la constitución y aprovisionamiento del fondo operativo contemplado en el artículo 7.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, letra c), de conformidad con las condiciones establecidas por la organización de productores, los productores asociados podrán:

a) vender únicamente un porcentaje fijo de su producción a los consumidores para satisfacer sus necesidades personales, bien directamente en sus explotaciones o fuera de ellas; los porcentajes, que serán al menos del 10 %, los fijarán los Estados miembros;

b) cuando la organización de productores lo autorice, comercializar, directamente o por medio de otra organización de productores designada por su propia organización, los productos que representen un volumen marginal con relación al volumen comercializable de ésta;

c) cuando la organización de productores lo autorice, comercializar a través de otra organización de productores designada por su propia organización, los productos que, debido a sus características, no correspondan, en principio, a las actividades comerciales de esta última organización.

Los estatutos de una organización de productores deberán prever lo siguiente:

a) los procedimientos de determinación, adopción y modificación de las normas contempladas en el párrafo primero;

b) la imposición a los miembros de cuotas necesarias para la financiación de la organización de productores;

c) las normas que garanticen, de forma democrática, a los productores asociados el control de su organización y de las decisiones de ésta;

d) las sanciones por incumplimiento de las obligaciones estatutarias, particularmente el impago de las cuotas, o de las normas establecidas por la organización de productores;

e) las normas relativas a la admisión de nuevos miembros, especialmente un periodo mínimo de adhesión;

f) las normas contables y presupuestarias necesarias para el funcionamiento de la organización.

Artículo 4 Reconocimiento

1. Los Estados miembros reconocerán como organizaciones de productores a efectos del presente Reglamento todas las agrupaciones de productores que así lo soliciten, siempre que:

a) cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3 y aporten, entre otras, la prueba de que reúnen un número mínimo de miembros y un volumen mínimo de producción comercializable que deberán fijar los Estados miembros;

b) ofrezcan suficientes garantías sobre la correcta ejecución de sus actividades, tanto en lo relativo a la duración como a la eficacia y a la concentración de la oferta;

c) den efectivamente a sus miembros la posibilidad de obtener la asistencia técnica necesaria para la aplicación de prácticas de cultivo respetuosas con el medio ambiente;

d) pongan efectivamente a disposición de sus miembros los medios técnicos necesarios para el almacenamiento, envase y comercialización de los productos, por una parte, y garanticen una gestión comercial y presupuestaria adecuada de sus actividades, por otra.

2. Los Estados miembros podrán reconocer asimismo como organizaciones de productores a efectos del presente Reglamento las organizaciones de productores que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, letra a), siempre que:

a) existieran antes del 21 de noviembre de 1996;

b) hubiesen sido reconocidas en virtud del Reglamento (CEE) nº 1035/72 del Consejo[17] antes del 1 de enero de 1997.

Los demás requisitos establecidos en el artículo 3, salvo, en su caso, los de su apartado 1, letra c), y en el apartado 1 del presente artículo se aplicarán a las organizaciones de productores reconocidas con arreglo al párrafo primero del presente apartado.

3. Los Estados miembros:

a) decidirán si conceden el reconocimiento a una organización de productores dentro de los tres meses siguientes a la presentación de una solicitud acompañada de los justificantes pertinentes;

b) realizarán periódicamente controles para comprobar el cumplimiento por parte de las organizaciones de productores de las disposiciones del presente título; adoptarán, en caso de incumplimiento del presente Reglamento o de irregularidades relacionadas con lo dispuesto en él, las sanciones aplicables a dichas organizaciones y decidirán, en caso necesario, la retirada de su reconocimiento;

c) comunicarán anualmente a la Comisión toda decisión de concesión, denegación o retirada del reconocimiento.

Artículo 5 Delegación de funciones

1. Un Estado miembro podrá permitir que las organizaciones de productores deleguen cualquiera de sus funciones a una asociación de organizaciones de productores a la que estén afiliadas, a condición de que aquel considere que la asociación es capaz de ejercer esas funciones eficazmente.

2. Las organizaciones de productores y las asociaciones de organizaciones de productores a las que se hayan delegado funciones de conformidad con el apartado 1 no podrán mantener una posición dominante en un mercado dado, a menos que sea necesario para la consecución de los objetivos que establece el artículo 33 del Tratado.

Artículo 6 Nuevos Estados miembros

1. Las organizaciones de productores de los Estados miembros que se hayan incorporado a la Comunidad en 2004 o en una fecha posterior podrán disfrutar de un periodo transitorio máximo de cinco años para ajustarse a las condiciones de reconocimiento establecidas en el artículo 4.

A tal fin, presentarán al Estado miembro pertinente un plan de reconocimiento por etapas cuya aceptación determinará el inicio del periodo de cinco años contemplado en el párrafo primero y equivaldrá a un reconocimiento previo.

2. Durante los cinco años siguientes a la fecha del reconocimiento previo, los Estados miembros podrán conceder a las organizaciones de productores a que se refiere el apartado 1 las ayudas siguientes:

a) ayudas destinadas a fomentar su constitución y facilitar su funcionamiento administrativo;

b) directamente o a través de instituciones de crédito, ayudas en forma de préstamos especiales, destinadas a costear una parte de las inversiones necesarias para el reconocimiento y que figuren como tales en el plan de reconocimiento contemplado en el apartado 1, párrafo segundo.

3. Antes de conceder el reconocimiento previo, los Estados miembros informarán a la Comisión de sus intenciones y de las consecuencias financieras de las mismas.

Capítulo II Fondos y programas operativos

Artículo 7 Fondos operativos

1. Las organizaciones de productores podrán constituir fondos operativos que se alimentarán:

a) con las cuotas de los miembros o a partir de la propia organización de productores;

b) con ayuda financiera comunitaria que se podrá conceder a las organizaciones de productores que constituyan un fondo operativo.

2. Los fondos operativos se utilizarán para financiar programas operativos autorizados por los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12.

3. La Comisión deberá presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 de diciembre de 2013, sobre la aplicación del presente título con respecto a las organizaciones de productores, los fondos operativos y los programas operativos.

Artículo 8 Objetivos de los programas operativos

1. Los programas operativos deberán tener uno o varios de los objetivos mencionados en el artículo 3, apartado 1, letra b), o de los objetivos siguientes:

a) mejora de la calidad de los productos,

b) incremento de su valor comercial,

c) promoción de los productos ante los consumidores,

d) creación de líneas de productos ecológicos,

e) fomento de la producción integrada u otros métodos de producción que respeten el medio ambiente,

f) gestión de crisis.

La gestión de crisis tendrá como objetivo evitar y hacer frente a las crisis que se presenten en los mercados de las frutas y hortalizas y abarcará en este contexto:

a) las retiradas del mercado,

b) la cosecha de frutas y hortalizas en verde o la renuncia a efectuar la cosecha

c) la promoción y la comunicación,

d) las medidas de formación,

e) los seguros de las cosechas,

f) las ayudas para paliar los costes administrativos derivados de la constitución de mutualidades y fondos de inversión.

Las medidas de gestión de crisis no podrán abarcar más de un tercio de los gastos del programa operativo.

2. Los programas operativos deberán incluir medidas para fomentar la utilización por parte de los productores asociados de técnicas respetuosas con el medio ambiente, tanto en lo que respecta a las prácticas de cultivo como a la gestión de los materiales usados.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, se entenderá en particular por «técnicas respetuosas con el medio ambiente» las técnicas que ayuden a conseguir los objetivos siguientes:

a) la utilización de prácticas agrícolas que reduzcan los efectos contaminantes de la agricultura;

b) la extensificación de la actividad agraria de manera favorable para el medio ambiente;

c) la explotación de las tierras agrícolas compatible con la protección y la mejora del medio ambiente, del espacio natural, del paisaje, de los recursos naturales de los suelos y de la diversidad genética.

3. Las inversiones que incrementen la presión sobre el medio ambiente únicamente se permitirán en situaciones que ofrezcan garantías eficaces de protección del medio ambiente frente a tales presiones.

4. Los programas operativos deberán incluir medidas para fomentar el consumo de frutas y hortalizas entre los consumidores jóvenes a escala local, regional o nacional.

Artículo 9 Ayuda financiera comunitaria

1. La ayuda financiera comunitaria será igual al importe de las cuotas de los productores asociados efectivamente abonadas y se limitará al 50 % del importe de los gastos reales efectuados.

La ayuda financiera comunitaria quedará sometida a un límite máximo del 4,1 % del valor de la producción comercializada de cada organización de productores.

2. El porcentaje previsto en el apartado 1, párrafo primero, se elevará al 60 % si un programa operativo o parte de él cumple al menos una de las condiciones siguientes:

a) ha sido presentado por varias organizaciones de productores de la Comunidad que ejerzan sus actividades en distintos Estados miembros, para medidas transnacionales;

b) ha sido presentado por una o varias organizaciones de productores, para medidas que se deban llevar a cabo en los eslabones de la cadena interprofesional;

c) abarca exclusivamente ayudas específicas para la producción de productos ecológicos regulados mediante el Reglamento (CE) nº 2092/91 del Consejo[18];

d) ha sido presentado por una organización de productores en uno de los Estados miembros que se incorporaron a la Comunidad en 2004 o en una fecha posterior y tiene por objeto medidas que se aplicarán como máximo hasta el final de 2013;

e) es el primero que presenta una organización de productores reconocida que se haya fusionado con otra organización de productores reconocida o con una asociación de organizaciones de productores reconocidas, siempre que ninguno de los productores asociados estuviera previamente afiliado a una organización de productores que se acogiera a lo dispuesto en el presente párrafo;

f) ha sido presentado por organizaciones de productores en Estados miembros donde estas organizaciones comercializan menos del 20 % de la producción de frutas y hortalizas;

g) ha sido presentado por una organización de productores en una de las regiones ultraperiféricas de la Comunidad.

3. El porcentaje previsto en el apartado 1, párrafo primero, se elevará al 100 % en el caso de las retiradas del mercado de frutas y hortalizas que no superen el 5 % del volumen de la producción comercializada de cada organización de productores y a las que se dé salida del modo siguiente:

a) entrega gratuita a organizaciones o instituciones caritativas, reconocidas a tal fin por los Estados miembros, para sus actividades en favor de las personas a las que las legislaciones nacionales reconozcan el derecho a recibir asistencia pública debido principalmente a la carencia de los recursos necesarios para su subsistencia;

b) entrega gratuita a instituciones penitenciarias, colegios e instituciones de educación pública, colonias de vacaciones para niños, hospitales y asilos para ancianos que hayan sido designados por los Estados miembros, los cuales adoptarán las medidas necesarias para que las cantidades distribuidas en tal concepto se añadan a las adquiridas normalmente por estos establecimientos.

Artículo 10 Ayuda financiera nacional

1. En las regiones de la Comunidad donde sea particularmente escaso el grado de organización de los productores, se podrá autorizar a los Estados miembros, a petición suya debidamente justificada, para que abonen a las organizaciones de productores una ayuda financiera nacional igual, como máximo, a la mitad de las cuotas de los productores. Esta ayuda complementará el fondo operativo.

En regiones de los Estados miembros donde las organizaciones de productores comercialicen menos del 15 % de la producción de frutas y hortalizas y cuya producción de frutas y hortalizas represente al menos el 15 % de su producción agrícola total, la ayuda mencionada en el párrafo primero podrá ser abonada parcialmente por la Comunidad a petición del Estado miembro interesado.

2. Los artículos 87, 88 y 89 del Tratado no se aplicarán a la ayuda financiera nacional que autorice la Comisión de conformidad con el apartado 1.

Artículo 11 Planificación de los programas operativos

1. Los Estados miembros establecerán un marco nacional para la elaboración de las condiciones generales aplicables a las medidas a que se refiere el artículo 8, apartado 2, párrafo primero. Ese marco dispondrá en particular que al menos el 20 % del gasto total de los programas operativos tendrá por objeto esas medidas.

Los Estados miembros presentarán el proyecto de marco nacional a la Comisión, que, a su vez, podrá solicitar su modificación en el plazo de tres meses en caso de que compruebe que dicho proyecto no es suficiente para alcanzar los objetivos fijados en el artículo 174 del Tratado y en el programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Las inversiones que cuenten con el apoyo de los programas operativos deberán perseguir asimismo esos objetivos.

2. Los Estados miembros deberán establecer una estrategia nacional para los programas operativos sostenibles que vayan a aplicarse en el mercado de las frutas y hortalizas. Esa estrategia deberá constar de los elementos siguientes:

a) análisis previo;

b) objetivos de los instrumentos y programas operativos, e indicadores de rendimiento;

c) evaluación de los programas operativos;

d) obligaciones de las organizaciones de productores en materia de información.

El marco nacional mencionado en el apartado 1 deberá formar parte asimismo de la estrategia.

Artículo 12 Autorización de los programas operativos

1. Los proyectos de los programas operativos se presentará a las autoridades nacionales competentes, las cuales deberán aprobarlos, rechazarlos o solicitar su modificación con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo.

2. A más tardar antes de finalizar cada año, las organizaciones de productores comunicarán al Estado miembro el importe previsto del fondo operativo para el año siguiente y presentarán los justificantes adecuados basados en las previsiones del programa operativo, los gastos del año en curso y, en su caso, de los años anteriores, así como, de ser necesario, en las estimaciones de la producción para el año siguiente. El Estado miembro notificará a la organización de productores, antes del 1 de enero del año siguiente, el importe previsto de la ayuda financiera comunitaria, dentro de los límites fijados en el artículo 9.

Los pagos de la ayuda financiera comunitaria se efectuarán en función de los gastos realizados para las medidas del programa operativo. Podrán concederse anticipos con respecto a esas mismas medidas, a condición de que se constituya una garantía o fianza.

A comienzos de cada año y a más tardar el 31 de enero, la organización de productores comunicará al Estado miembro el importe definitivo de los gastos del año anterior, adjuntando los documentos justificativos necesarios, con el fin de recibir el saldo de la ayuda financiera comunitaria.

3. Los programas operativos y su financiación por los productores y las organizaciones de productores, por un lado, y por los fondos comunitarios, por otro, tendrán una duración mínima de tres años y máxima de cinco.

Capítulo III Ampliación de las normas a los productores de una zona económica

Artículo 13 Ampliación de las normas

1. En caso de que una organización de productores ejerza sus actividades en una zona económica determinada y sea considerada, con relación a un producto dado, representativa de la producción y de los productores de esa zona, el Estado miembro interesado podrá, a solicitud de dicha organización, imponer con carácter obligatorio a los productores establecidos en esa zona que no pertenezcan a la organización de productores el cumplimiento de:

a) las normas mencionadas en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, letra a),

b) las normas adoptadas por la organización de productores relativas a las retiradas del mercado.

El párrafo primero se aplicará a condición de que esas normas:

a) se lleven aplicando durante al menos una campaña de comercialización,

b) figuren en la lista exhaustiva establecida en el anexo I,

c) se impongan como obligatorias durante un periodo máximo de tres campañas de comercialización.

2. A efectos del presente artículo, se entenderá por «zona económica» toda zona geográfica constituida por regiones de producción contiguas o cercanas en las que las condiciones de producción y de comercialización sean homogéneas.

Los Estados miembros notificarán una lista de zonas económicas a la Comisión.

En el plazo de un mes desde la notificación, la Comisión deberá aprobar la lista o, previa consulta al Estado miembro interesado, decidir las modificaciones que éste deberá introducir en ella. La Comisión dará a conocer públicamente la lista aprobada por los medios que considere apropiados.

3. Una organización de productores se considerará representativa con arreglo al apartado 1 cuando esté compuesta al menos por el 50 % de los productores de la zona económica en la que ejerza sus actividades y represente al menos el 60 % de la producción de esa zona.

4. Las normas que resulten obligatorias para el conjunto de los productores de una determinada zona económica:

a) no deberán perjudicar a los demás productores del mismo Estado miembro ni del resto de la Comunidad;

b) no serán aplicables, salvo que se refieran específicamente a ellos, a los productos que se entreguen a la transformación en virtud de un contrato firmado antes del inicio de la campaña de comercialización, con excepción de las normas de notificación de la producción mencionadas en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, letra a);

c) no podrán ser contrarias a la normativa comunitaria y nacional vigente.

5. No podrán imponerse normas con carácter obligatorio a los productores de productos ecológicos regulados por el Reglamento (CE) nº 2092/91, a menos que esa medida haya sido acordada por al menos el 50 % de este tipo de productores de la zona económica en la que la organización de productores ejerce sus actividades y que la organización represente al menos el 60 % de la producción ecológica de esa zona.

Artículo 14 Notificación y derogación

1. Los Estados miembros comunicarán sin demora a la Comisión las normas que hayan impuesto con carácter obligatorio al conjunto de los productores de una zona económica determinada con arreglo al artículo 13, apartado 1. La Comisión dará a conocer públicamente esas normas por los medios que considere apropiados.

2. La Comisión decidirá que un Estado miembro deje sin efecto la ampliación de las normas por él decidida cuando:

a) compruebe que, debido a esa ampliación a otros productores, se excluye la competencia en una parte sustancial del mercado interior, se menoscaba la libertad del comercio o se ponen en peligro los objetivos del artículo 33 del Tratado;

b) compruebe que el artículo 81, apartado 1, del Tratado es aplicable al acuerdo, decisión o práctica concertada cuya ampliación a otros productores se haya decidido; la decisión de la Comisión con respecto a dicho acuerdo, decisión o práctica concertada sólo se aplicará a partir de la fecha de esa comprobación;

c) compruebe, tras los controles pertinentes, que no se ha cumplido el presente capítulo.

Artículo 15 Cuotas de los productores no asociados

En los casos de aplicación del artículo 13, apartado 1, el Estado miembro interesado podrá decidir, previo examen de las pruebas presentadas, que los productores no asociados abonen a la organización la parte de las cuotas pagadas por los productores asociados, en la medida en que éstas se destinen a costear:

a) los gastos administrativos resultantes de la aplicación de las normas a que se refiere el artículo 13, apartado 1;

b) los gastos derivados de las actividades de investigación, de estudio de mercados y de promoción de ventas realizadas por la organización o asociación y beneficien al conjunto de productores de la zona.

T ÍTULO IV Organizaciones y acuerdos interprofesionales

Capítulo I Definición y reconocimiento

Artículo 16 Definición

A los efectos del presente Reglamento, por «organizaciones interprofesionales» se entenderán las entidades jurídicas que:

a) reúnan a representantes de las actividades económicas vinculadas a la producción, al comercio o a la transformación de los productos enumerados en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96;

b) se constituyan a iniciativa de la totalidad o de una parte de las organizaciones o asociaciones que las compongan;

c) lleven a cabo, en una o más regiones de la Comunidad, varias de las medidas siguientes, teniendo en cuenta los intereses de los consumidores:

i) mejora del conocimiento y de la transparencia de la producción y del mercado,

ii) contribución a una mejor coordinación de la puesta en el mercado de las frutas y hortalizas, en particular mediante trabajos de investigación o estudios de mercado,

iii) elaboración de contratos tipo compatibles con la normativa comunitaria,

iv) revalorización de las frutas y hortalizas,

v) información e investigación necesarias para orientar la producción hacia productos más adaptados a las necesidades del mercado y a los gustos y aspiraciones de los consumidores, especialmente en materia de calidad de los productos y protección del medio ambiente,

vi) búsqueda de métodos que permitan limitar el uso de productos fitosanitarios y otros factores de producción y que garanticen la calidad de los productos y la protección de los suelos y las aguas,

vii) desarrollo de métodos y de instrumentos para mejorar la calidad de los productos,

viii) potenciación y protección de la agricultura ecológica y las denominaciones de origen, las etiquetas de calidad y las indicaciones geográficas,

ix) fomento de la producción integrada o de otros métodos de producción respetuosos del medio ambiente,

x) establecimiento, con respecto a las normas de producción y comercialización enumeradas en los puntos 2 y 3 del anexo I, de normas más estrictas que las disposiciones de las normativas comunitarias o nacionales;

d) hayan sido reconocidas por los Estados miembros en las condiciones establecidas en el artículo 17.

Artículo 17 Reconocimiento

1. Si las estructuras del Estado miembro lo justifican, los Estados miembros podrán reconocer, como organizaciones interprofesionales con arreglo al presente Reglamento, todas las organizaciones establecidas en su territorio que así lo soliciten, siempre que:

a) ejerzan sus actividades en una o varias regiones de dicho territorio;

b) representen en la región o regiones consideradas una parte significativa de la producción, del comercio o de la transformación de frutas y hortalizas y productos transformados a base de frutas y hortalizas y, en caso de comprender varias regiones, demuestren poseer, para cada una de las ramas que las componen, una representatividad mínima en cada una de las regiones consideradas;

c) realicen varias de las medidas mencionadas en el artículo 16, letra c);

d) no ejerzan por sí mismas actividades de producción, de transformación ni de comercialización de frutas y hortalizas o de productos transformados a base de frutas y hortalizas;

e) no desempeñen ninguna de las actividades mencionadas en el artículo 18, apartado 3.

2. Antes de proceder al reconocimiento, los Estados miembros notificarán a la Comisión las organizaciones interprofesionales que hayan presentado una solicitud de reconocimiento, junto con toda la información pertinente sobre su representatividad y las diferentes actividades que lleven a cabo, así como cualquier otro elemento de apreciación que resulte necesario.

La Comisión podrá oponerse al reconocimiento dentro de los dos meses siguientes a dicha notificación.

3. Los Estados miembros:

a) decidirán sobre la concesión del reconocimiento dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, acompañada de los justificantes pertinentes;

b) efectuarán, a intervalos regulares, controles para comprobar el cumplimiento por las organizaciones interprofesionales de las condiciones de su reconocimiento y, en caso de incumplimiento o irregularidades con respecto de las disposiciones del presente Reglamento, adoptarán las sanciones aplicables a dichas organizaciones y decidirán, si procede, la retirada de su reconocimiento;

c) retirarán el reconocimiento en caso de que:

i) dejen de satisfacerse las condiciones que el presente Reglamento establece para el reconocimiento;

ii) la organización interprofesional infrinja alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 18, apartado 3, sin perjuicio de las sanciones en que incurra por otra parte en aplicación de la legislación nacional;

iii) la organización interprofesional no observe la obligación de notificación a que se refiere el artículo 18, apartado 2;

d) notificarán a la Comisión, en un plazo de dos meses, toda decisión de concesión, denegación o retirada del reconocimiento.

4. Las condiciones y la frecuencia que los Estados miembros deberán observar al informar a la Comisión sobre las actividades de las organizaciones interprofesionales se determinarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96.

Según el resultado de los controles, la Comisión podrá pedir a los Estados miembros que retiren el reconocimiento concedido.

5. El reconocimiento equivaldrá a autorización para realizar las medidas contempladas en el artículo 16, letra c), en las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

6. La Comisión se encargará de dar a conocer públicamente, utilizando los métodos que considere adecuados, las organizaciones interprofesionales reconocidas, con indicación de la esfera económica o la zona de sus actividades, así como de las actuaciones que lleven a cabo con arreglo al artículo 19. Asimismo se darán a conocer públicamente las retiradas de reconocimiento.

Capítulo II Normas de competencia

Artículo 18 Aplicación de las normas de competencia

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento (CE) nº 1184/2006 del Consejo[19], el artículo 81, apartado 1, del Tratado no podrá aplicarse a acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de organizaciones interprofesionales reconocidas que tengan por objeto las medidas mencionadas en el artículo 16, letra c), del presente Reglamento.

2. El apartado 1 sólo será aplicable:

a) si los acuerdos, las decisiones y las prácticas concertadas se han notificado a la Comisión;

b) si esta última, en un plazo de dos meses a partir de la comunicación de todos los elementos de juicio necesarios, no ha declarado tales acuerdos, decisiones y prácticas concertadas incompatibles con la normativa comunitaria.

Los citados acuerdos, decisiones y prácticas concertadas sólo podrán aplicarse una vez transcurrido el plazo indicado en el párrafo primero, letra b).

3. Los acuerdos, las decisiones y las prácticas concertadas siguientes se considerarán, en cualquier caso, incompatibles con la normativa comunitaria:

a) los acuerdos, las decisiones y las prácticas concertadas que puedan entrañar cualquier forma de compartimentación de los mercados dentro de la Comunidad;

b) los acuerdos, las decisiones y las prácticas concertadas que puedan perjudicar el buen funcionamiento de la organización de mercados;

c) los acuerdos, las decisiones y las prácticas concertadas que puedan originar falseamientos de la competencia que no sean indispensables para alcanzar los objetivos de la política agrícola común a través de la actividad interprofesional;

d) los acuerdos, las decisiones y las prácticas concertadas que supongan la fijación de precios, sin perjuicio de las medidas adoptadas por las organizaciones interprofesionales para la aplicación de las disposiciones específicas de la normativa comunitaria;

e) los acuerdos, las decisiones y las prácticas concertadas que puedan dar lugar a discriminaciones o eliminar la competencia con respecto a una parte considerable de los productos en cuestión.

4. Si, transcurrido el plazo de dos meses mencionado en el apartado 2, párrafo primero, letra b), la Comisión comprobara que no se cumplen las condiciones de aplicación del apartado 1, adoptará una decisión por la que se declare aplicable el artículo 81, apartado 1, del Tratado al acuerdo, la decisión o la práctica concertada de que se trate.

La decisión de la Comisión no será aplicable con anterioridad a la fecha de su notificación a la organización interprofesional interesada, salvo que ésta haya facilitado indicaciones inexactas o hecho un uso abusivo de la excepción establecida en el apartado 1.

5. Cuando se trate de acuerdos plurianuales, la notificación previa del primer año será válida para los años siguientes del acuerdo. No obstante, en tal caso, la Comisión, por iniciativa propia o a petición de otro Estado miembro, podrá formular en cualquier momento un dictamen de incompatibilidad.

Capítulo III Ampliación de las normas

Artículo 19 Ampliación de las normas

1. En caso de que una organización interprofesional que ejerza sus actividades en una o más regiones determinadas de un Estado miembro se considere representativa de la producción, comercio o transformación de un producto dado, el Estado miembro interesado, previa solicitud de dicha organización, podrá disponer que sean obligatorios, por un periodo limitado y para los agentes económicos, individuales o no, que operen en dicha región o regiones y no sean miembros de dicha organización, determinados acuerdos, decisiones o prácticas concertadas adoptados en el marco de dicha organización.

2. Las organizaciones interprofesionales se considerarán representativas con arreglo al apartado 1 si representan, por lo menos, dos tercios de la producción, comercio o transformación del producto o de los productos de que se trate en la región o regiones consideradas de un Estado miembro. En el caso de que la solicitud de ampliación de las normas a otros agentes económicos se refiera a varias regiones, la organización interprofesional deberá demostrar que posee, para cada una de las ramas comprendidas, una representatividad mínima en cada una de esas regiones.

3. Las normas de las que podrá solicitarse una ampliación a otros agentes económicos:

a) sólo podrán referirse a uno de los aspectos siguientes:

i) notificación de la producción y del mercado,

ii) normas de producción más estrictas que las disposiciones establecidas por las normativas comunitaria y nacionales,

iii) elaboración de contratos tipo compatibles con la normativa comunitaria,

iv) comercialización,

v) protección del medio ambiente,

vi) promoción y potenciación de la producción,

vii) protección de la agricultura ecológica y las denominaciones de origen, etiquetas de calidad e indicaciones geográficas;

b) deberán llevarse aplicando durante al menos una campaña de comercialización;

c) sólo podrán resultar obligatorias durante un periodo máximo de tres campañas de comercialización;

d) no deberán perjudicar a los demás agentes económicos del mismo Estado miembro ni del resto de la Comunidad.

Las normas a que se refiere el párrafo primero, letra a), incisos ii), iv) y v), deberán ser las que figuran en el anexo I. Las normas a que se refiere la letra a), inciso ii), no podrán aplicarse a los productos que se hayan producido fuera de la región o las regiones determinadas a que se refiere el apartado 1.

Artículo 20 Notificación y derogación

1. Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión las normas que hayan dispuesto que sean obligatorias para el conjunto de los agentes económicos de una o varias regiones determinadas con arreglo al artículo 19, apartado 1. La Comisión dará a conocer públicamente esas normas por los medios que considere apropiados.

2. Antes de que las normas se den a conocer públicamente, la Comisión informará al Comité creado en el artículo 46, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2200/96 acerca de cualquier notificación de ampliación de los acuerdos interprofesionales.

La Comisión decidirá que un Estado miembro debe dejar sin efecto la ampliación de las normas por él decididas en los casos a que se refiere el artículo 14, apartado 2.

Artículo 21 Cuotas de los productores no asociados

En caso de ampliación de las normas en lo referente a uno o más productos y cuando una o varias actividades de las mencionadas en el artículo 19, apartado 3, párrafo primero, letra a), realizadas por una organización interprofesional reconocida sean de interés económico general para los agentes económicos cuyas actividades estén relacionadas con el producto o los productos de que se trate, el Estado miembro que haya concedido el reconocimiento podrá decidir que los agentes económicos individuales o las agrupaciones que no pertenezcan a la organización interprofesional, pero que se beneficien de esas actividades, estén obligados a pagar a la organización el total o una parte de las cuotas abonadas por los miembros, en la medida en que esas cuotas se destinen a sufragar los gastos que resulten directamente de la ejecución de las actividades en cuestión.

T ÍTULO V Comercio con terceros países

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 22 Principios generales

Salvo disposición en contrario establecida en el presente Reglamento o adoptada en virtud de alguna de sus disposiciones, estarán prohibidas en el comercio con terceros países:

a) la recaudación de cualquier exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana;

b) la aplicación de cualquier restricción cuantitativa o medida de efecto equivalente.

Artículo 23 Nomenclatura combinada

La clasificación arancelaria de los productos sujetos al presente título se regirá por las normas generales de interpretación de la nomenclatura combinada y por las normas especiales de aplicación de ésta. La nomenclatura arancelaria que resulte de la aplicación del presente Reglamento se incluirá en el arancel aduanero común.

Capítulo II Importaciones

Sec CIÓN I CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN

Artículo 24 Certificados de importación facultativos

La Comisión podrá decidir que las importaciones en la Comunidad de uno o más productos que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento estén supeditadas a la presentación de un certificado de importación.

Artículo 25 Expedición de certificados

Los Estados miembros expedirán certificados de importación a todo solicitante, independientemente del lugar de la Comunidad en el que esté establecido, a menos que un reglamento del Consejo o un acuerdo celebrado con arreglo al artículo 133 o el artículo 300 del Tratado disponga lo contrario, sin perjuicio de las medidas adoptadas para la aplicación de la sección III.

Artículo 26 Validez

Los certificados de importación serán válidos en toda la Comunidad.

Artículo 27 Garantía

1. La expedición de los certificados estará supeditada a la constitución de una garantía que asegure la importación de los productos dentro del plazo de validez del certificado.

2. Salvo en caso de fuerza mayor, la garantía se ejecutará total o parcialmente si la importación no se lleva a cabo, o sólo se lleva a cabo parcialmente, dentro del plazo de validez del certificado.

Artículo 28 Normas de desarrollo

Las normas de desarrollo de la presente sección, incluidos los plazos de validez de los certificados, se establecerán según el procedimiento previsto en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96.

Sec CIÓN II DERECHOS DE IMPORTACIÓN Y RÉGIMEN DE PRECIOS DE ENTRADA

Artículo 29 Derechos de importación

Salvo disposición en contrario de la presente sección, los tipos de los derechos de importación del arancel aduanero común se aplicarán a los productos que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 30 Régimen de precios de entrada

1. En la medida en que la aplicación de los derechos del arancel aduanero común dependa del precio de entrada del lote importado, la veracidad de este precio se comprobará utilizando un valor de importación a tanto alzado que calculará la Comisión por cada origen y producto basándose en la media ponderada de los precios de esos productos en los mercados de importación representativos de los Estados miembros o, en su caso, en otros mercados.

No obstante, podrán adoptarse disposiciones específicas con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96 para comprobar el precio de entrada de los productos importados que se destinen fundamentalmente a la transformación.

2. Cuando el precio de entrada declarado del lote de que se trate sea superior al valor de importación a tanto alzado, aumentado en un margen que se fijará de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96 y que no podrá sobrepasar el valor a tanto alzado en más de un 10 %, se requerirá la constitución de una garantía igual a los derechos de importación determinados sobre la base del valor de importación a tanto alzado.

3. Si el precio de entrada del lote de que se trate no se declara en el momento del despacho de aduana, los derechos del arancel aduanero común que deban aplicarse dependerán del valor de importación a tanto alzado o se obtendrán aplicando las disposiciones pertinentes de la normativa aduanera en las condiciones que se determinen de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96.

4. Las normas de desarrollo de los apartados 1, 2 y 3 se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96.

Artículo 31 Derechos de importación adicionales

1. Se aplicará un derecho de importación adicional, con el tipo del derecho establecido en los artículos 29 y 30, por la importación de uno o varios productos que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, con el fin de evitar o contrarrestar los efectos perjudiciales que puedan tener en el mercado comunitario esas importaciones, cuando:

a) se realicen a un precio inferior al notificado por la Comunidad a la Organización Mundial del Comercio («el precio de activación»), o

b) el volumen de las importaciones en cualquier año supere un determinado nivel («el volumen de activación»).

El volumen de activación se basará en las posibilidades de acceso al mercado definidas como importaciones en porcentaje del consumo interior durante los tres años anteriores.

2. No se aplicarán derechos de importación adicionales cuando sea poco probable que las importaciones perturben el mercado comunitario o cuando los efectos sean desproporcionados al objetivo perseguido.

3. A los efectos del apartado 1, letra a), los precios de importación se determinarán sobre la base de los precios de importación cif del lote considerado.

Los precios de importación cif se cotejarán con los precios representativos del producto de que se trate en el mercado mundial o en el mercado de importación comunitario de dicho producto.

4. Las normas de desarrollo de los apartados 1, 2 y 3 se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96. En ellas se especificará, en particular, lo siguiente:

a) los productos a los que se aplicarán los derechos de importación adicionales;

b) los demás criterios necesarios para garantizar la aplicación del apartado 1 del presente artículo.

Sec CIÓN III GESTIÓN DE LOS CONTINGENTES DE IMPORTACIÓN

Artículo 32 Contingentes arancelarios

1. La Comisión abrirá y gestionará los contingentes arancelarios de importación de los productos que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, resultantes de los acuerdos celebrados con arreglo al artículo 300 del Tratado o de cualquier otro acto del Consejo, según las normas de desarrollo adoptadas con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96.

2. La gestión de los contingentes arancelarios deberá efectuarse de modo que se eviten discriminaciones entre los agentes económicos, aplicando uno de los métodos siguientes o una combinación de ellos o mediante cualquier otro método que resulte apropiado:

a) método basado en el orden cronológico de presentación de las solicitudes (principio de «orden de llegada»);

b) método de reparto proporcional a las cantidades solicitadas en el momento de presentar las solicitudes (según el método del «examen simultáneo»);

c) método basado en las pautas comerciales tradicionales (según el método denominado «tradicionales/recién llegados»).

3. El método de gestión escogido tendrá debidamente en cuenta, según proceda, los requisitos de abastecimiento del mercado comunitario y la necesidad de salvaguardar el equilibrio del mercado.

Artículo 33 Apertura de los contingentes arancelarios

La Comisión fijará, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96, los contingentes arancelarios anuales, en caso necesario escalonados adecuadamente a lo largo del año, y determinará el método de gestión que deba utilizarse.

Las normas de desarrollo de la presente sección se adoptarán de acuerdo con el mismo procedimiento, en particular con relación a lo siguiente:

a) garantías sobre la naturaleza, procedencia y origen del producto;

b) reconocimiento del documento que permita comprobar las garantías a que se refiere la letra a);

c) condiciones de expedición y plazo de validez de los certificados de importación.

Sec CIÓN IV SALVAGUARDIA Y SUSPENSIÓN DEL PERFECCIONAMIENTO ACTIVO

Artículo 34 Medidas de salvaguardia

Salvo disposición en contrario establecida en virtud del presente Reglamento, de cualquier otro acto del Consejo o de los acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el artículo 300 del Tratado, la Comisión podrá adoptar medidas de salvaguardia contra las importaciones en la Comunidad con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos del Consejo (CE) nº 519/94[20] y (CE) nº 3285/94[21].

Artículo 35 Suspensión del régimen de perfeccionamiento activo

En la medida necesaria para el buen funcionamiento de la organización común de los mercados, se podrá prohibir total o parcialmente la utilización del régimen de perfeccionamiento activo para los productos que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96.

Capítulo III Exportaciones

Sec CIÓN I CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN

Artículo 36 Certificados de exportación facultativos

1. La Comisión podrá decidir que las exportaciones desde la Comunidad de los productos que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento estén supeditadas a la presentación de un certificado de exportación.

2. Los artículos 25, 26 y 27 se aplicarán mutatis mutandis .

3. Las normas de desarrollo de los apartados 1 y 2, incluido el plazo de validez de los certificados, se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96.

SECCIÓN II SUSPENSIÓN DEL PERFECCIONAMIENTO PASIVO

Artículo 37 Suspensión del régimen de perfeccionamiento pasivo

En la medida necesaria para el buen funcionamiento de la organización común del mercado de los productos que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, se podrá prohibir total o parcialmente la utilización del régimen de perfeccionamiento pasivo para estos productos con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96.

T ÍTULO VI Normas de desarrollo y disposiciones modificadoras y finales

Capítulo I Normas de desarrollo

Artículo 38 Normas de desarrollo

Las normas de desarrollo del presente Reglamento se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2200/96.

Podrán incluir, en particular:

a) normas de desarrollo del título II, que podrán abarcar en particular:

i) las normas de comercialización mencionadas en el artículo 2;

ii) normas para determinar si los productos con respecto a los cuales se establezcan normas de comercialización pueden comercializarse en la Comunidad únicamente si cumplen tales normas;

iii) normas sobre las excepciones a las normas de comercialización;

iv) normas sobre la presentación de los elementos exigidos por las normas de comercialización;

v) normas sobre la aplicación de las normas de comercialización a los productos importados en la Comunidad y a los exportados desde ella;

b) normas de desarrollo del título III, entre las cuales:

i) condiciones en las que las organizaciones de productores pueden delegar sus facultades a las filiales,

ii) grado de financiación de las medidas mencionadas en el artículo 6 y el artículo 10, apartado 1, y normas de desarrollo pertinentes;

c) normas de desarrollo del título IV;

d) normas sobre los controles administrativos y físicos que deban realizar los Estados miembros con respecto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación del presente Reglamento;

e) método para la aplicación de sanciones, cuando se compruebe que se han incumplido algunas de las obligaciones derivadas de la aplicación del presente Reglamento; las sanciones se graduarán según la gravedad, amplitud, permanencia y repetición del incumplimiento comprobado;

f) normas para la recuperación de los pagos indebidos;

g) normas sobre la notificación de los controles efectuados y sus resultados;

h) normas de desarrollo del título V, incluidas las medidas mencionadas específicamente en él;

i) medidas necesarias para facilitar la transición de los regímenes previstos en los Reglamentos (CE) nº 2200/96, (CE) nº 2201/96 y (CE) nº 2202/96 a los establecidos en el presente Reglamento.

Capítulo II Modificaciones, derogación y disposiciones finales

Artículo 39 Ayudas estatales

Los artículos 87, 88 y 89 del Tratado se aplicarán a la producción y al comercio de patatas, frescas o refrigeradas, del código NC 0701.

Artículo 40 Modificaciones del Reglamento (CE) nº 2200/96

El Reglamento (CE) nº 2200/96 queda modificado como sigue:

1) En el artículo 1, apartado 2, el cuadro se sustituye por el siguiente:

«Código NC | Designación de la mercancía |

0702 00 00 | Tomates frescos o refrigerados |

0703 | Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados |

0704 | Coles, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados |

0705 | Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias (comprendidas la escarola y la endibia) (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas |

0706 | Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados |

0707 00 | Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados |

0708 | Legumbres, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas |

ex 0709 | Las demás hortalizas frescas o refrigeradas, excepto las de las subpartidas 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 y 0709 90 60 |

ex 0802 | Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados, excepto las nueces de areca (o de betel) y las nueces de cola de la subpartida 0802 90 20 |

0803 00 11 | Plátanos hortaliza frescos |

ex 0803 00 90 | Plátanos hortaliza secos |

0804 20 10 | Higos frescos |

0804 30 00 | Piñas (ananás) |

0804 40 00 | Aguacates |

0804 50 00 | Guayabas, mangos y mangostanes |

0805 | Cítricos frescos o secos |

0806 10 10 | Uvas frescas de mesa |

0807 | Melones, sandías y papayas, frescos |

0808 | Manzanas, peras y membrillos, frescos |

0809 | Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos |

0810 | Los demás frutos frescos |

0813 50 31 0813 50 39 | Mezclas constituidas exclusivamente por frutos de cáscara de las partidas 0801 y 0802 |

ex 0910 40 | Tomillo fresco o refrigerado |

ex 1211 90 85 | Albahaca, melisa, menta, orégano (Origanum vulgare), romero, salvia, frescos o refrigerados |

1212 99 30 | Algarrobas» |

2) Se suprimen los títulos I, II, III, IV, V y VI.

3) El texto del artículo 44 se sustituye por el siguiente:

« Artículo 44

Los Estados miembros y la Comisión se facilitarán mutuamente la información necesaria para la aplicación del presente Reglamento y del Reglamento (CE) nº […] del Consejo*, para el seguimiento y el análisis del mercado y para el cumplimiento de las obligaciones internacionales con respecto a los productos regulados por estos Reglamentos.

* DO L [El presente Reglamento, cuyo número deberá asignar la OPOCE al publicarlo].»

4) El texto del artículo 46 se sustituye por el siguiente:

« Artículo 46

1. La Comisión estará asistida por un Comité de gestión de las frutas y hortalizas (denominado en lo sucesivo «el Comité»).

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

El plazo a que se refiere el artículo 4, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.»

5) Se suprime el artículo 47.

6) El texto del artículo 48 se sustituye por el siguiente:

« Artículo 48

Las normas de desarrollo del presente Reglamento se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 46, apartado 2.

Podrán incluir normas para determinar la información necesaria para la aplicación del artículo 44, así como las aplicables tanto a su forma, contenido, calendario y plazos como a las disposiciones para enviar o poner a disposición los datos y documentos.»

7) Se suprimen los artículos 49, 50 y 51.

8) El texto del artículo 52 se sustituye por el siguiente:

« Artículo 52

Los gastos realizados en virtud del presente Reglamento y del Reglamento (CE) nº […] se considerarán medidas de intervención destinadas a regularizar los mercados agrícolas, tal como se indica en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo*.

* DO L 209 de 11.8.2005, p. 1.»

9) Se suprimen los artículos 55, 56 y 57.

10) Se suprimen los anexos I a V.

Artículo 41 Modificaciones del Reglamento (CE) nº 2201/96

El Reglamento (CE) nº 2201/96 queda modificado como sigue:

1) Se suprimen los títulos I y II.

2) Se suprimen los artículos 24 y 25.

3) El texto de los artículos 26 y 27 se sustituye por el siguiente:

« Artículo 26

Las normas de desarrollo del presente Reglamento se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) nºº 2200/96.

Podrán incluir normas para determinar la información necesaria para la aplicación del artículo 27, así como las aplicables tanto a su forma, contenido, calendario y plazos como a las disposiciones para enviar o poner a disposición los datos y documentos.

Artículo 27

Los Estados miembros y la Comisión se facilitarán mutuamente la información necesaria para la aplicación del presente Reglamento y del Reglamento (CE) nº […] del Consejo*, para el seguimiento y el análisis del mercado y para el cumplimiento de las obligaciones internacionales con respecto a los productos regulados por estos Reglamentos.

* DO L [El presente Reglamento, cuyo número deberá asignar la OPOCE al publicarlo]»

4) Se suprimen los artículos 29 a 32.

5) Se suprimen los anexos I, II y III.

Artículo 42 Modificaciones del Reglamento (CE) nº 2826/2000

El Reglamento (CE) nº 2826/2000 queda modificado como sigue:

1) En el artículo 5, apartado 3, se añade el párrafo siguiente:

«Con respecto a la promoción de frutas y hortalizas frescas, el principal grupo destinatario serán los menores de 18 años.»

2) En el artículo 9, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:

«El porcentaje mencionado en el párrafo primero se elevará al 60 % en caso de promoción de frutas y hortalizas destinadas únicamente a los menores de 18 años.»

Artículo 43 Modificaciones del Reglamento (CE) nº 1782/2003

El Reglamento (CE) nº 1782/2003 queda modificado como sigue:

1) En el artículo 33, apartado 1, el texto de la letra a) se sustituye por el siguiente:

«a) se les ha concedido algún pago en el periodo de referencia contemplado en el artículo 38, al amparo de uno, al menos, de los regímenes de ayuda mencionados en el anexo VI, o, en el caso del aceite de oliva, en las campañas de comercialización a que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 37, o, en el caso de la remolacha azucarera, la caña de azúcar y la achicoria, si se han beneficiado de la ayuda al mercado en el periodo representativo al que se refiere el punto K del anexo VII, o, en el caso de los plátanos, si se han beneficiado de la compensación por la pérdida de renta en el periodo representativo mencionado en el punto L del anexo VII, o, en el caso de las frutas y hortalizas, eran productores de frutas y hortalizas en el periodo representativo aplicado por los Estados miembros para esos productos con arreglo al punto M del anexo VII;»

2) En el artículo 37, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:

«En el caso de las frutas y hortalizas, el importe de referencia se calculará y ajustará con arreglo a lo dispuesto en el punto M del anexo VII.»

3) En el artículo 40, el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente:

«2. En el supuesto de que la totalidad del periodo de referencia se haya visto afectado por casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, el Estado miembro calculará el importe de referencia sobre la base del periodo comprendido entre 1997 y 1999.

En el caso de la remolacha azucarera, la caña de azúcar y la achicoria, el importe de referencia se calculará sobre la base de la campaña de comercialización más próxima que se haya desarrollado antes del periodo representativo escogido de conformidad con el punto K del anexo VII. En el caso de los plát