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ft^ft COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 03.06.1998 
COM(1998) 226 final 
98/0134 (COD) 
INFORME DE LA COMISIÓN 
sobre el Código aduanero comunitario 
Propuesta de 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, por el que se 
aprueba el Código aduanero comunitario 
(presentada por la Comisión) 

INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE EL CÓDIGO ADUANERO 
COMUNITARIO 
RESUMEN 
El Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, por el que se aprueba el Código aduanero 
comunitario, invita a la Comisión a presentar antes de finales de 1997 un informe sobre las 
adaptaciones necesarias habida cuenta, en particular, del mercado interior. 
Al acompañar su informe de propuestas de modificación, la Comisión presenta al mismo 
tiempo una visión de conjunto de la experiencia adquirida en los 4 últimos años de 
aplicación del Código. 
El Código aduanero comunitario ha contribuido de manera significativa a aclarar la 
situación anterior a su aplicación. Ha servido de modelo a numerosos terceros países, 
europeos o no. Su papel consiste en respaldar varias políticas comunitarias y dotar de un 
marco de acción común a las administraciones aduaneras nacionales. 
Por lo que respecta al Reglamento de base, parece haberse alcanzado el objetivo de llevar a 
cabo una codificación en el sentido cualitativo del término (revisión). En cuanto al 
Reglamento por el que se fijan las disposiciones de aplicación, todavía debe realizarse un 
esfuerzo suplementario. El marco de referencia para un código moderno lo constituye el 
programa de acción "Aduana 2.000" y el objetivo de lograr una mayor simplificación. El 
plan de acción en materia de tránsito comunitario y la Comunicación sobre la gestión de los 
regímenes arancelarios preferenciales influyen asimismo en la evolución del Código. 
La transposición de los resultados de la Ronda Uruguay ha determinado las primeras 
modificaciones realizadas. La evolución de cara al futuro girará en torno a una mayor 
simplificación de la normativa, una mayor flexibilidad del Reglamento de base, una mejora 
del procedimiento de cobro y una adaptación al principio del mercado único de las 
disposiciones relativas a la representación en aduana. 
I. Introducción 
Mediante el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992', 
se aprobó el Código aduanero comunitario. En las disposiciones finales de este texto, 
el Consejo se comprometió a reexaminar el Código basándose en la experiencia 
adquirida en su aplicación práctica al cabo de un período de 4 años. Este plazo acaba 
a finales de 1997. 
La legislación aduanera se ha codificado en dos niveles. Por una parte, el Reglamento 
de base ya citado reúne las estructuras básicas; por otra, el reglamento de aplicación 
(Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 19932) contiene 
disposiciones más detalladas dentro del marco definido por el primero. La Comisión 
no puede llevar a cabo de manera válida el mandato de reexamen otorgado por el 
Consejo sin extenderlo al texto de las disposiciones de aplicación. Sin embargo, las 
modificaciones del Código que la Comisión presenta con la presente comunicación 
sólo afectan al Reglamento de base. 
1 DO L 302 de 19.10.1992. 
2 DO L 253 de 11.10.1993. 
II. El Código aduanero comunitario- acervo histórico y tema de actualidad 
Mediante la codificación del Derecho comunitario en materia de legislación aduanera, 
la Comunidad ha dado un gran paso. 
El Código, resultado de un proceso de armonización legislativa que ha durado un 
cuarto de siglo, constituye un ejemplo para otros ámbitos del Derecho comunitario. 
Supone un esfuerzo de transparencia y simplificación que quizá sólo pueden apreciar 
plenamente los que, antes de 1994, han tenido que aplicar -o ajustarse a- varios 
cientos de textos legislativos repartidos por toda una biblioteca de Diarios Oficiales. 
III. Proyección del Código aduanero comunitario más allá de las fronteras 
comunitarias 
Aunque este objetivo no figurara entre los que presidieron a su elaboración, el Código 
ha suscitado un interés considerable más allá de las fronteras comunitarias. Ya antes 
de su aplicación, e incluso de su adopción, el Código o su proyecto han sido 
considerados como una fuente de inspiración por muchos Estados, sobre todo 
aquellos con un sistema de comercio de Estado que teman que dotarse rápidamente 
de una legislación aduanera operativa para integrarse en el comercio internacional. El 
interés que han prestado los países de Europa Central y Oriental, los Estados surgidos 
de la antigua Unión Soviética y de Yugoslavia, e incluso una agrupación como el 
Mercosur, al Código aduanero comunitario demuestra que posee una credibilidad que 
parece derivarse tanto de la imagen de la Unión Europea en general como de un 
factor cualitativo, ya que el Código puede considerarse como un compromiso 
equilibrado entre distintos planteamientos y filosofías plasmado en esta legislación. . 
Al constituir un conjunto normativo compacto, resulta evidente que el Código, al 
igual que cualquier legislación codificada, simplifica los trabajos preparatorios que 
preceden a todo ejercicio de ampliación de la Comunidad. Esto ha quedado claro 
recientemente, cuando la Comunidad pasó de 12 a 15 miembros, y puede suponer una 
ventaja en el futuro. 
Las disposiciones del Código aduanero comunitario se utilizan ampliamente en el 
marco de las uniones aduaneras entre la Comunidad y Andorra, San Marino y 
Turquía. 
IV. Papel del Código en las distintas políticas basadas en la unión aduanera 
La importancia del Código para la Comunidad depende del papel que los 
instrumentos de la unión aduanera desempeñen en sus políticas. 
Aunque el marco procedimental del Código pueda aplicarse asimismo a las 
restricciones y prohibiciones de la importación o exportación, se aplica 
fundamentalmente a la percepción o no de un determinado importe de derechos de 
aduana. 
En materia de política comercial, si bien el arancel aduanero protege cada vez menos 
a ciertos sectores de la industria, sigue constituyendo un apoyo para la política 
preferencial. La Comisión acaba de subrayar la importancia de una gestión correcta 
de esta política en su Comunicación de 23.7.1997 (COM (97) 402). Como 
instrumentos de defensa comercial e industrial, en cambio, hay que destacar los 
4 
derechos antidumping y compensatorios, que se aplican según las normas y 
procedimientos del Código aduanero comunitario. 
En cuanto a la política agraria, se basa en los procedimientos aduaneros recogidos 
en el Código para su régimen de restituciones a la exportación. La protección del 
sector agrario ante la importación, a raíz de las transformaciones derivadas de la 
Ronda Uruguay, sigue centrada en el Código aduanero comunitario. La sustitución de 
la exacción por el derecho de aduana hace que el nuevo sistema descanse en el 
concepto básico del valor en aduana. Pese a que las normas del Código, más flexibles 
a este respecto, se han sustituido por mecanismos agrarios específicos más rigurosos, 
el sistema reglamentario del Código sigue siendo el punto de referencia en este 
ámbito. 
Por lo que respecta a las estadísticas del comercio exterior, el instrumento básico 
para la recogida de datos estadísticos sigue siendo el Documento único, previsto en 
las disposiciones de aplicación del Código. 
Las repercusiones de la legislación aduanera comunitaria en materia de fiscalidad 
indirecta han seguido siendo importantes incluso después de la instauración del 
mercado interior. Los regímenes aduaneros de suspensión han visto hasta ahora cómo 
se reducía considerablemente su ámbito de aplicación en los intercambios realizados 
en el interior de la Comunidad. En cambio, por lo que respecta a la aplicación 
del IVA a los productos importados de terceros países, el vínculo con los 
procedimientos aduaneros del Código se ha hecho más sistemático. 
Al margen de su importancia "horizontal" para todas estas políticas, el Código 
supone un factor de cohesión en el sentido "vertical", ya que la estructura 
administrativa encargada de su aplicación está compuesta de 15 administraciones 
nacionales diferentes. El mero hecho de disponer de un marco de acción común 
gracias al Código representa para estas administraciones un elemento de integración 
equivalente al abanico de medidas previstas en el programa "Aduana 2.000". 
Por último, el Código, al consagrar cierto número de conceptos pertenecientes al 
Derecho administrativo general (anulación, revocación de una decisión, protección de 
la confianza legítima en caso de error administrativo), ha contribuido a crear un 
espacio jurídico europeo. 
De una manera más general, el Código Aduanero Comunitario ocupa un lugar 
esencial en los dispositivos jurídicos sobre los que se apoyan las acciones 
encaminadas a determinar los importes de los derechos que deben percibirse y los 
deudores. Constituye, en fin, la base legal para el cobro. Se trata de un instrumento 
esencial para la protección de los intereses financieros de la Comunidad y del buen 
funcionamiento de las políticas comunitarias. 
Sin embargo, no hace falta ocultar que la evolución de los fraudes e irregularidades 
constatadas, sobre todo desde 1992, se caracteriza por un fuerte aumento de las sumas 
en juego, por la multiplicación de los problemas ligados a su detección, debido a su 
carácter cada vez más sofisticado, así como por una creciente intervención de la 
criminalidad organizada que ha escogido reorientarse de manera manifiesta hacia los 
fraudes aduaneros, debido a los sustanciales beneficios que puede obtener sin 
verdaderos riesgos. 
Los informes anuales sobre la lucha contra el fraude demuestran tanto el aumento 
constante de los recursos propios eludidos, como las dificultades para garantizar el 
cobro y la puesta a disposición del presupuesto. Baste citar, como ejemplo, que dicho 
importe, que era en 1996 de 787 Mecus, representaba cerca del 6% del producto total 
de los derechos de aduanas y exacciones agrícolas, que era de 13 mil 700 millones de 
ecus en ese mismo año. 
V. Aspectos cualitativos de la codificación de la legislación aduanera comunitaria 
Para saber si esta codificación ha sido un éxito, conviene analizar la manera en que se 
efectuó. La coherencia y transparencia de un sistema reglamentario -principales 
objetivos de una codificación- no son, en efecto, ni el resultado previsible ni la 
consecuencia gratuita de tal actuación. El interés que la Comunidad presta a estos 
principios ya se subrayó en la Resolución del Consejo, de 25 de octubre de 1996, 
sobre la simplificación y racionalización de las reglamentaciones y los 
procedimientos comunitarios en el ámbito aduanero3. 
Más ambiciosa que una simple consolidación o recopilación de la materia 
reglamentaria, una codificación en el sentido cualitativo exige un gran esfuerzo de 
revisión. Esta supone, en particular: 
una separación de la materia entre las disposiciones que tienen un carácter 
general y las que se refieren a detalles como por ejemplo las formalidades 
burocráticas; estas disposiciones deben repartirse entre un Reglamento de 
base y otro que contenga las disposiciones de aplicación; 
una articulación del conjunto de las materias en tomo a un esquema 
rigurosamente estructurado y sistematizado; 
una eliminación de los elementos repetitivos, entre otras cosas mediante la 
estructuración de conjuntos de disposiciones con un alcance general; 
el reconocimiento de que los dos niveles constituidos por el Reglamento de 
base y las disposiciones de aplicación constituyen una unidad, no sólo desde 
el punto de vista jurídico, sino también en su presentación. 
Al examinar el Reglamento de base a la luz de lo anterior, puede concluirse que 
cumple en general los criterios de una codificación cualitativa, sin pretender por 
ello que el resultado de esta no podía ser otro. Conviene señalar que el legislador ha 
permitido que la materia se reparta entre los dos niveles de reglamentación al 
aceptar que se delegaran importantes poderes a la Comisión, a la vez que se 
mantenía una fórmula de comitología que privilegiaba la participación de los 
Estados miembros. 
Por lo que respecta a las disposiciones de aplicación, tenemos que admitir que, en 
el momento de su preparación, no se prestó la atención necesaria a esta disciplina 
legislativa. La situación era más difícil que en el caso del Reglamento de base. Al 
coincidir los trabajos con la fase final de preparación del mercado interior, sólo se 
les prestó una atención secundaria. Por ello, los trabajos tuvieron que limitarse, 
DO L 332 de 7.11.1996. 
debido a su volumen y a la presión del tiempo, a establecer una serie de "bloques" 
legislativos, cada uno en la sección correspondiente del futuro Comité del Código 
Aduanero, sin que pudiese efectuarse una verdadera revisión de la materia. 
Tenemos que concluir que, en la actualidad, la mejora de los aspectos cualitativos 
de la codificación sigue siendo una tarea pendiente. Por lo que respecta a los 
servicios de la Comisión, se han adoptado las medidas de coordinación apropiadas. 
La revisión en curso en los sectores del tránsito y de los regímenes aduaneros 
económicos constituye una ocasión propicia para progresar en esta vía. 
VI. Marco de referencia para un Código aduanero comunitario moderno 
1. Saber si el Código puede responder a los desafíos actuales y futuros resulta 
todavía más importante que los aspectos cualitativos de la codificación. 
Dentro de los objetivos comunes que están en la base del programa de acción 
"Aduana 2.000"4 ocupa un lugar preferente el de "garantizar una aplicación 
del Derecho comunitario que asegure resultados equivalentes en cualquier 
punto del territorio aduanero de la Comunidad" (artículo 4). 
La situación del Código aduanero comunitario en relación con este programa 
es doble. Por un lado, forma parte de ese Derecho comunitario cuya 
aplicación uniforme debe garantizarse y, al beneficiarse de ella, está al 
margen de las acciones del Programa. Por otro lado, ha quedado claro que el 
Código está a su vez al servicio de la buena aplicación del Derecho 
comunitario, ya que este último representa las políticas que se basan en la 
Unión Aduanera. La necesidad de actualizarlo y la posibilidad de adaptarlo 
forman parte desde este punto de vista de las medidas que deben tomarse en 
relación con el programa "Aduana 2.000". Los principales objetivos que debe 
cumplir el Código son, según los propios términos de este programa, la 
aplicación homogénea de sus procedimientos y la protección de los intereses 
financieros de la Comunidad y de los operadores económicos. 
2. El segundo eje de referencia para un Código moderno es que debe responder 
al objetivo de la simplificación. La importancia concedida a esta idea, que 
constituye un desafío permanente, se ha resaltado en la Declaración de los 
Directores Generales de Aduanas de los Estados miembros y de la Comisión 
suscrita en Estocolmo en mayo de 1996 y seguida de la Resolución del 
Consejo de 25 de octubre de 1996. La simplificación de las normas y 
procedimientos aduaneros se menciona asimismo en el Plan de acción en 
favor de un Mercado único (CSE (97) 1 de 4 de junio de 1997) como parte 
del "Primer objetivo estratégico: dotar a la legislación de una mayor 
eficacia". 
Sin embargo, la importancia de las sumas eludidas en concepto de recursos 
propios impone que cualquier avance en materia de simplificación venga 
acompañada inevitablemente con la puesta en práctica de medios efectivos de 
control adaptados a los potenciales riesgos que de ello puedan derivarse. 
Decisión n" 210/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19.12.1996 - DO L 33 de 4.2.1997, p. 24. 
7 
3. La Comunidad reacciona actualmente con firmeza ante los dos problemas que 
han surgido en el contexto de la unión aduanera y de las políticas que se 
apoyan en sus instrumentos. El primero es el régimen de tránsito 
comunitario, que se ha visto perturbado y algo desarmado frente al fraude 
organizado. Algunas modificaciones de las disposiciones de aplicación del 
Código ya han contribuido a reforzar la seguridad del sistema, y se 
completarán conforme al plan de acción decidido por la Comisión en este 
contexto5. 
Los regímenes arancelarios preferenciales representan el segundo 
problema. Se enfrentan a una gestión laxista, incluida la llevada por terceros 
países, y a irregularidades cometidas a una escala inquietante, como acaba de 
subrayar la Comisión en su reciente Comunicación (COM (97) 402 
de 23.7.1997). A este respecto, la Comisión ha recordado en ella con claridad 
que la problemática legítima de la "buena fe" de nuestros importadores no 
debería enmascarar la necesidad de tratar esta cuestión en el marco político 
más amplio de los regímenes preferenciales en todos sus elementos. No 
obstante, está claro en ambos casos que estos problemas no pueden 
solucionarse únicamente con medidas legislativas, sino que debe mejorarse 
asimismo la gestión de los instrumentos en los que descansan dichos 
regímenes. 
La Comisión ha propuesto en este sentido, por medio de esta aproximación 
global, un programa de acciones aplicables tanto a nivel comunitario como en 
relación con terceros países, con el fin de garantizar a la vez una mejor 
aplicación de las disposiciones existentes, como también de poner en marcha 
un determinado número de medidas operacionales conducentes a mejorarlas o 
a completarlas. Esto podría tener, entre otras, incidencias ulteriores sobre 
determinados aspectos del Código Aduanero. 
4. Las estructuras legislativas y de gestión son complementarias, aunque 
desempeñan cada una su propio papel. No todas las deficiencias que afectan 
al funcionamiento de la unión aduanera o a algunas políticas deben achacarse 
al Código aduanero. En efecto, éste no es el único instrumento que se ha 
creado para afrontar estos problemas de funcionamiento. De ahí la 
complementariedad que caracteriza asimismo a las relaciones entre el Código 
y el instrumento "Aduana 2.000". 
Para ilustrar esta situación, vamos a poner dos ejemplos: 
En algunos Estados miembros de la Comunidad, la falta de homogeneidad de 
ciertos procedimientos simplificados o de determinados sistemas 
informáticos sigue siendo un lastre. No obstante, hay que ser conscientes de 
que el esfuerzo de organización y coordinación pendiente en este contexto no 
tiene por qué llevar a una modificación de las estructuras legislativas 
existentes. 
El funcionamiento del procedimiento de cobro se ha identificado asimismo 
como uno de los problemas que afectan a la gestión de los regímenes 
DOC 176 de 10.6.1997, p.3 
arancelarios preferenciales. El hecho de que las autoridades aduaneras de los 
diferentes Estados miembros procedan a la contracción de los derechos 
adeudados o a la adopción de medidas precautorias de manera dispersa y a 
menudo con retraso demuestra que dichas autoridades conservan un margen 
de apreciación considerable. 
Para resolver este problema, no basta con restringir por vía legislativa la 
autonomía de dichas autoridades. El establecimiento de criterios 
aparentemente más firmes, aunque sigan estando sujetos a interpretación, 
constituye una vía adecuada para armonizar un comportamiento general, y no 
para sostener una acción común en una situación determinada. Tal como lo 
confirma el artículo 7 de la Decisión "Aduana 2.000", la solución sería más 
bien coordinar -y por lo tanto establecer- mecanismos adecuados que se basen 
en un entorno cooperativo que comprenda algunos elementos jerárquicos. 
Esta valoración de un problema particular no obsta para que sea necesario 
adaptar las estructuras legislativas del procedimiento de cobro, mejorando 
sobre todo los instrumentos de salvaguardia frente a plazos de expiración 
próximos a la fecha de prescripción. El hecho de prever disposiciones 
adecuadas en el marco del Código aduanero comunitario facilitará el cobro de 
las sumas adeudadas, tanto en materia de tránsito como de importaciones, 
preferenciales o no. 
VII. Modificaciones ya efectuadas o que la Comisión piensa someter al Consejo 
1. El Código aduanero comunitario se ha modificado dos veces desde que entró 
en aplicación en 1994. La primera modificación tiene que ver con el Acta de 
Adhesión de 19956 y la subsiguiente ampliación del territorio aduanero de la 
Comunidad. 
La segunda modificación que resulta del Reglamento (CE) n° 82/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 19967, tiene que 
ver fundamentalmente con la transposición de los resultados de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay en materia de política agraria y de 
normas de origen. Además, se han introducido modificaciones en la 
legislación en toda una serie de puntos heterogéneos que tienden todos ellos a 
adaptar el Código a las necesidades de los distintos operadores, bien 
flexibilizando sus propias normas, bien introduciendo excepciones mediante 
disposiciones de aplicación más diferenciadas. 
2. La característica dominante de la revisión que se está llevando a cabo, y que 
constituye en parte el objeto de la propuesta de modificación del Código 
adjunta, es obtener una mayor flexibilidad del Reglamento de base. Parte de 
las propuestas, disociadas del texto adjunto y relativas al régimen de tránsito 
comunitario, va en la misma línea de flexibilizar o poner de relieve una 
flexibilidad ya aplicada de facto en las disposiciones de aplicación en el 
ámbito del tránsito comunitario. 
6 DOLÍ de 1.1.1995. 
7 DO L 17 de 21.1.1997. 
En este contexto, un problema que se le plantea frecuentemente al legislador 
en los dos niveles de la normativa aduanera es el de que las normas sobre la 
deuda aduanera y las condiciones de su nacimiento resultan demasiado 
rígidas frente a consideraciones que apelan, en determinados casos, al 
principio de la proporcionalidad. La nueva propuesta de la Comisión seguirá 
procurando encontrar un justo equilibrio entre los distintos intereses a los ya 
debía responder el legislador con motivo de la última modificación. 
El reconocimiento de un nuevo tipo de zona franca, con modalidades de 
vigilancia particulares, pretende introducir una diferenciación en la estructura 
del Código que no afecte a las condiciones de competencia entre los 
operadores comunitarios. 
En materia de regímenes aduaneros económicos, se llevará a cabo una 
reforma parecida a la del tránsito comunitario a fin de simplificar los 
mecanismos pertinentes, sobre todo en lo que se refiere a las disposiciones de 
aplicación. Ciertos artículos del Reglamento de base limitarían esta reforma; 
de ahí que la Comisión haya propuesto dotarlos de la flexibilidad necesaria 
para poder alcanzar este objetivo. 
La simplificación de las formalidades aduaneras ya llevó al legislador, en 
la segunda modificación del Código, a introducir una excepción a la 
obligación de notificar la reexportación de las mercancías. La Comisión 
propone ahora que la obligación de presentar ciertos documentos que 
acompañan a la declaración de las mercancías sea más flexible, para no 
obstaculizar la informatización de los procedimientos de despacho de 
aduanas. Esta propuesta tiene en cuenta no obstante que hay que salvaguardar 
los intereses financieros y las necesidades subsiguientes de control. 
3. Mejorar la eficacia del procedimiento de cobro representa un segundo 
objetivo que exige una adaptación del Código aduanero comunitario. Dicho 
procedimiento no sólo genera ingresos para el presupuesto comunitario, sino 
que condiciona sobre todo la credibilidad de las normas e instrumentos 
políticos en la lucha contra las irregularidades. En el marco de la segunda 
modificación, el Consejo rechazó una propuesta de la Comisión con vistas a 
prolongar el plazo de expiración en caso de que se sospecharan 
irregularidades que exigieran una investigación suplementaria, y el 
Parlamento Europeo estuvo de acuerdo en que había que aclarar primero la 
cuestión de la "buena fe" en relación con las pruebas documentales del 
estatuto preferencial de las mercancías importadas de terceros países. 
Tras aclarar este asunto en su Comunicación del 23.7.1997 (COM(97) 402), 
la Comisión presenta de nuevo dicha propuesta. Propone al mismo tiempo 
revisar la relación existente entre el cobro y la posibilidad de interponer un 
recurso. Con este recurso se pretende proteger al operador frente al cobro de 
importes indebidos. Sin embargo, en caso de rechazo del recurso, debería 
poder efectuarse el cobro sin discriminar a los deudores que han recurrido la 
comunicación de cobro. 
4. La manera en que algunos Estados miembros regulan la posibilidad de que 
las formalidades aduaneras sean realizadas por intermediarios plantea un 
10 
problema de desigualdad de las condiciones en que los operadores de los 
diferentes Estados miembros participan en el comercio exterior. El artículo 5 
actual del Código establece una "cláusula de reserva" con arreglo a la cual se 
ve afectado el funcionamiento del mercado único y se producen distorsiones 
injustificadas de la competencia. En la Exposición de motivos (punto 1) de la 
propuesta de modificación de dicho reglamento adjunto, en la parte II del 
presente documento, figura un análisis más pormenorizado de los efectos de 
estos mecanismos. Se propone sustituir, con efecto a 1 de enero del año 2002, 
la cláusula de reserva por la facultad de reservar a los agentes de aduanas la 
única modalidad de representación indirecta y prever la posibilidad de 
establecer, mediante disposiciones de aplicación, criterios comunitarios de 
organización del servicio de declaración en aduana. 
VIII. Consolidación y recodificación de una normativa en evolución permanente 
El Reglamento (CE) n° 82/97 señala en su último considerando que la Comisión, a 
fin de que la utilización del Código aduanero siga siendo práctica, está dispuesta a 
editar anualmente una versión actualizada del Código acompañada de sus 
disposiciones de aplicación. 
La Comisión tiene previsto cumplir este compromiso poniendo a disposición del 
conjunto de los usuarios una base informática, creada por la Oficina de 
Publicaciones de la CE, que contenga las distintas versiones lingüísticas de la 
última versión del Reglamento de base y de las disposiciones de. aplicación 
inmediatamente después de cada modificación. Esto se llevará a cabo en el 
año 1998. 
Al margen de lo anterior, se planteará la necesidad de una recodificación 
("codificación constitutiva") de las disposiciones de aplicación modificadas al 
menos dos veces al año. Esto no puede realizarse de manera conveniente sin 
efectuar primero determinadas reformas de envergadura en materia de tránsito 
comunitario y de regímenes aduaneros económicos. Se hará por lo tanto después de 
crear la base informática, que ya habrá establecido cierta transparencia en este 
ámbito del Derecho comunitario. 
IX. Conclusiones 
El Código aduanero comunitario ha contribuido de manera significativa a aclarar la 
situación anterior a su aplicación. Numerosos Estados miembros de la UE y otros 
lo han escogido como modelo. Su papel consiste en apoyar varias políticas 
comunitarias y establecer un marco de acción común para las administraciones 
aduaneras nacionales. 
En este contexto de crecientes fraudes, conviene vigilar para que el Código 
Aduanero modificado cumpla perfectamente su papel. Si cada uno no da pruebas de 
una vigilancia real para que el Código no se aleje en favor de intereses particulares 
o no legítimos, los riesgos de un crecimiento de las tensiones económicas y/o 
políticas crecerán inútilmente. 
Parece haberse alcanzado el objetivo de una codificación en el sentido cualitativo 
(revisión) por lo que respecta al Reglamento de base. En cuanto al Reglamento por 
11 
el que se fijan las disposiciones de aplicación, todavía debe realizarse un esfuerzo 
suplementario. HI marco de referencia para un Código moderno lo constituyen el 
programa de acción "Aduana 2.(500" y el objetivo de lograr una mayor 
simplificación. El plan de acción relativo al tránsito comunitario y la Comunicación 
sobre la gestión de los regímenes arancelarios preferenciales influyen asimismo en 
la evolución del Código, ya que las estructuras legislativas y de gestión deben 
distinguirse las unas de las otras. 
La transposición de los resultados de la Ronda Uruguay ha sido el factor 
determinante de las primeras modificaciones introducidas. La evolución de cara al 
futuro va en el sentido de una mayor simplificación de la normativa y la adaptación 
al principio de un mercado único de las disposiciones relativas a la representación 
en aduana. 
Adjuntamos en anexo las propuestas de modificación del Reglamento de base. 
12 
II 
Propuesta de 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2913/92'del Consejo, por el que se 
aprueba el Código aduanero comunitario 
13 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Punto 1 (artículo 5) 
La realización de las formalidades aduaneras es una actividad a menudo encomendada 
por los importadores y exportadores a intermediarios. En este caso, dicha actividad es 
ejercida, bien con carácter accesorio respecto de la organización del transporte de 
mercancías, bien por una profesión especializada que en ciertos Estados miembros está 
tradicionalmente reglamentada. 
En principio, la normativa aduanera permite a los intermediarios actuar de dos modos 
(artículo 5 del Código): 
por representación directa: en caso de que actúen en nombre y por cuenta de 
la persona comitente, que es la única obligada por la deuda aduanera, 
por representación indirecta: en caso desque actúen en nombre propio y por 
cuenta de la persona comitente, convirtiéndose así en responsables de la 
deuda de la misma manera que el comitente. 
La normativa aduanera comunitaria debería, en principio, abstenerse de intervenir en la 
manera de organizar la actividad de los representantes en este ámbito, pero en 1992 el 
Consejo dotó al artículo 5 del Código, mediante un "compromiso", de una "cláusula de 
reserva" que permite a los Estados miembros reservarse el derecho de efectuar en su 
territorio declaraciones en aduana con arreglo a uno de los dos modos de representación 
(directa o indirecta), por lo que el representante debe ser un agente de aduanas que ejerza 
en él su profesión. 
Si bien cabe concebir que determinados Estados miembros deseen reservar ciertos 
derechos especiales a una categoría que asuma mayores riesgos (como es el caso de la 
reserva de representación indirecta), hay que reconocer que ya no se respeta está lógica ni 
este equilibrio, y que la reserva se halla cada vez más disociada de cualquier 
responsabilidad financiera del intermediario (como es el caso de Francia y de Italia), por 
lo que se ha convertido en un instrumento de limitación de la oferta, sin ninguna 
justificación desde el punto de vista aduanero ni financiero. 
Ello es tanto más evidente por cuanto las gestiones legislativas en determinados Estados 
miembros no sólo tienen como efecto liberar a una categoría determinada de declarantes 
de la responsabilidad solidaria, sino que, por el contrario, la imponen a prestatarios 
ajenos a esta categoría en relación con una actividad totalmente idéntica. De este modo se 
ve afectado el funcionamiento del mercado interior, se restringe el principio de libre 
prestación de servicios y se falsea la competencia. 
Hay que reconocer que esta situación de desequilibrio tiene efectos desfavorables en el 
entorno económico de los agentes de comercio exterior. En efecto, de cara al incremento 
de la demanda de declaraciones en aduana (consecuencia del crecimiento del comercio 
exterior de la Comunidad), la fragmentación del mercado interior mediante la cláusula de 
reserva, y más particularmente de la reserva de representación directa, constituye un 
freno injustificado para la actividad económica. De ello se deriva un riesgo de pérdida de 
14 
competitividad y una tendencia al alza del precio al que se ofrece el servicio, en 
detrimento sobre todo de las PYME. 
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la Comisión propone suprimir la opción de 
que gozan los Estados miembros a la hora de elegir los modos de representación que 
pueden reservarse. En consecuencia, propone que se limite la aplicación facultativa de la 
cláusula de reserva únicamente al modo de representación indirecta. Por otra parte, prevé 
la posibilidad de determinar en las disposiciones de aplicación criterios comunitarios de 
organización para todos los prestatarios del servicio de declaración en aduana, con objeto 
de establecer un nuevo equilibrio, a la luz de las diferentes experiencias. Para permitir 
que los profesionales del despacho de aduana y los demás medios económicos 
interesados se preparen para esta nueva situación, se propone establecer que esta 
modificación se aplique el 1 de enero del año 2002. 
Punto 2 (artículo 35) 
La compatibilidad del Código con la normativa relativa a la introducción del euro, y en 
especial con el Reglamento (CE) n° 1103/97 del Consejo, de 17 de junio de 1997, sobre 
determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro8, no plantea problemas. 
Puesto que no se conocen aún definitivamente las competencias de las autoridades 
bancarias nacionales, parece apropiado formular el artículo 35 de manera más general y 
utilizar la noción de "autoridades competentes en la materia". 
Punto 3 (artículo 49) 
Es necesario precisar quién es la persona responsable a la hora de atribuir un destino 
aduanero a una mercancía en depósito temporal, con el fin de poder determinar el deudor 
en caso de que nazca una deuda aduanera en virtud de los artículos 203 o 204. La noción 
de "poseedor", tal como se utiliza en el artículo 51, parece la más apropiada. 
Punto 4 (artículo 62) 
Resulta cada vez más necesario permitir en la Comunidad que un declarante no tenga que 
presentar a las autoridades aduaneras los documentos que acompañan a su declaración, 
sobre todo cuando se recurre a un procedimiento informático. Al no ofrecer los 
procedimientos simplificados más que una solución parcial a este problema, la propuesta 
de modificación introduce una posibilidad de excepción, que estaría condicionada a 
disposiciones de aplicación relativas al acceso de las autoridades aduaneras a dichos 
documentos, así como a su conservación. 
Punto 5 (apartado 4 del artículo 115) 
La nueva formulación del apartado 4 permite prever asimismo disposiciones de 
aplicación que amplíen las posibilidades de equivalencia en el marco del régimen de 
perfeccionamiento activo. El texto actual menciona únicamente las prohibiciones y 
limitaciones. 
Puntos 6 y 11 (letra c) del artículo 117 y e) del artículo 133) 
DOC 162 de 19.6.1997, p.l. 
15 
Dentro de la modernización del perfeccionamiento activo y de la transformación bajo 
control aduanero, está previsto elaborar listas de los casos en los que se consideran 
reunidas condiciones económicas. Esto permitirá acortar en estos casos los plazos para la 
concesión de una autorización del régimen. Al mismo tiempo, se armonizan las prácticas 
de los Estados miembros. Esta modificación se inscribe dentro de la política de 
simplificación. 
Punto 7 (artículo 118) 
Conviene, dentro de la "modernización" del régimen de perfeccionamiento activo, que se 
puedan establecer plazos específicos para la reexportación para todas las operaciones de 
un operador económico determinado. 
Punto 8 (artículo 124) 
Esta modificación tiene en cuenta las evoluciones en el ámbito agrícola y permite otorgar 
el beneficio del sistema de reintegro a determinados productos agrícolas, de acuerdo con 
las condiciones que se fijen en las disposiciones de aplicación. 
Punto 9 (artículo 128) 
No está justificado considerar la inclusión de mercancías ya incluidas en el régimen de 
perfeccionamiento activo, sistema de reintegro, en el régimen de transito como 
equivalente a una exportación que pueda dar lugar a una devolución o condonación de 
derechos. La modificación propuesta elimina por lo tanto la posibilidad de devolver o 
condonar derechos cuando los productos compensadores o mercancías sin perfeccionar se 
hayan incluido en el régimen de tránsito. 
Punto 10 (artículo 131) 
El texto de este artículo se adapta al del artículo 141 a fin de permitir una mayor 
flexibilidad en el establecimiento de los casos y de las condiciones en que se puede 
recurrir al régimen de transformación bajo control aduanero. 
Punto 12 (artículo 142) 
Esta nueva formulación adapta el artículo 142 al artículo 141 a fin de poder abarcar todos 
los casos en que no se reúnen las condiciones de una franquicia total (el texto actual es 
más restrictivo para los casos de exención parcial que para los casos de exención total. 
Exige para todos ellos que el propietario de las mercancías esté establecido fuera del 
territorio aduanero de la Comunidad). Este texto permite asimismo precisar las 
condiciones en que puede utilizarse el régimen. 
Punto 13 (artículo 144) 
La supresión del apartado 1 de este artículo permite no gravar la utilización regular de 
una mercancía incluida en el régimen de importación temporal aplicando la norma 
general del artículo 214. 
La modificación del texto del antiguo apartado 2, convertido en apartado único, era 
necesaria para aclarar su sentido. En el caso de las mercancías incluidas en el régimen de 
importación temporal con exención parcial, ya se ha pagado parte de los derechos. En el 
16 
momento del despacho a libre práctica o en otros supuestos de nacimiento de una deuda 
aduanera, queda por pagar solamente la diferencia entre este importe y el de la deuda 
aduanera. 
Puntos 14 y 15 (artículos 152 y 153) 
La nueva formulación del artículo 152, así como la supresión del artículo 153, remiten a 
las disposiciones de aplicación para establecer los casos en que se aplica otra imposición 
distinta a la imposición diferencial según el artículo 151. Con ello se simplifica la 
legislación y se permite una mayor flexibilidad; posibilita asimismo la introducción de 
una imposición de la plusvalía al margen de los casos previstos actualmente en el 
artículo 153. 
Puntos 16, 17 y 18 (apartado 3 del articulo 167, apartado 1 del artículo 168 y 
artículo 168bis) 
En algunos Estados miembros, el concepto tradicional de "zona franca", tal como se 
utiliza en el Código, no está adaptado a las necesidades de su comercio exterior. Para 
estos Estados miembros, las zonas francas deberían controlarse recurriendo al método de 
los regímenes de suspensión, sin perder por ello las ventajas derivadas de la condición de 
zona franca. 
La propuesta pretende considerar una segunda categoría de controles en las zonas francas 
que combine determinadas características de las zonas francas tradicionales con las 
formalidades y métodos de control propios del régimen de depósito aduanero. 
Punto 19 (articulo 212bis) 
En la anterior modificación del Código, se insertó el artículo 212bis para permitir aplicar 
una franquicia o una exención de derechos cuando la deuda aduanera no nazca como 
consecuencia de la admisión de una declaración de despacho a libre práctica, sino por 
otras causas. Se ha considerado conveniente extender esta posibilidad -en las mismas 
condiciones- a los casos de nacimiento de una deuda aduanera para mercancías que se 
podrían haber beneficiado de un tratamiento arancelario favorable debido a su naturaleza 
o a su destino especial, o de imposición diferencial en el marco del perfeccionamiento 
pasivo al haberse declarado para su despacho a libre práctica. 
Punto 20 (apartado 5 del artículo 215) 
En algunos casos se ha comprobado en un Estado miembro que una deuda aduanera de ha 
originado (generalmente en virtud del artículo 202) en otro Estado miembro. Cuando el 
importe de esta deuda no justifique los gastos administrativos que se derivan de los 
procedimientos de cooperación entre los Estados miembros afectados, debería poder 
procederse a la contracción y al cobro de la deuda en el Estado miembro que haya 
comprobado su nacimiento y en el que, en la mayoría de los casos, se encuentra el 
deudor. 
(Apartado 6 del artículo 215) 
Los procedimientos simplificados de despacho a libre práctica deberían poder aplicarse a 
mercancías presentadas en varios Estados miembros. 
17 
Cuando se utiliza el procedimiento de declaración simplificada, la deuda aduanera nace 
en el Estado miembro en el que se admite esta declaración (declaración incompleta, 
documento comercial o administrativo). 
Sería más lógico que el lugar de nacimiento de la deuda coincidiera con el lugar en el que 
se presenta la declaración complementaria a fin de permitir la contracción única prevista 
en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 218. La garantía prevista en esta 
disposición podría depositarse en el lugar en el que se lleva la contabilidad principal del 
interesado y en el que se ha presentado la autorización. La autoridad competente en este 
lugar dispondría así de todos los medios necesarios para efectuar el control de la manera 
más eficaz posible. 
Por otra parte, conviene subrayar que las simplificaciones que se introducen con la 
presente propuesta en los procedimientos aduaneros no podrán producir sus plenos 
efectos por lo que respecta al IVA a la importación, debido a las reglas fiscales 
comunitarias de imposición en destino. 
Esta situación sólo podrá evolucionar hacia una mejor coherencia y una simplificación de 
la aplicación de las disposiciones aduaneras y fiscales en el marco de la realización del 
futuro régimen común del IVA, basado en un único lugar de imposición. 
Punto 21 (apartado 1 del artículo 220) 
En su proyecto de primera modificación sustancial del Código de 1995 (COM (95) 335), 
la Comisión ya había incluido esta misma propuesta. El actual apartado 1 del artículo 220 
estipula que la contracción a posteriori de los derechos dependerá entre otras cosas de que 
las autoridades aduaneras puedan determinar el importe exacto legalmente adeudado. 
La certeza que ha de alcanzarse a este respecto exige a menudo un período de tiempo 
superior a la duración del período de prescripción (apartado 3 del artículo 221), sobre 
todo si los controles a posteriori exigen llevar a cabo investigaciones en varios Estados 
miembros y/o en terceros países en coordinación con distintas medidas a escala 
comunitaria. Existen casos en que la situación factual ya se ha esclarecido pero, dado que 
la evaluación jurídica de los hechos conocidos lleva un cierto tiempo a causa de las 
discusiones entabladas a distintos niveles, el plazo de tres años impide frecuentemente 
que la lucha contra las irregularidades tenga éxito. En este contexto, ese resultado es 
difícilmente aceptable con arreglo a los principios de una política de lucha contra las 
irregularidades. Incluso en caso de que la acción pueda continuar al tratarse de un acto 
perseguible judicialmente, la divergencia entre los plazos de prescripción según los 
países (última frase del apartado 3 del artículo 221) hace que resulte aleatorio tratar los 
casos de manera homogénea a escala comunitaria. 
La modificación del apartado 1 del artículo 220 propuesta pretende aclarar la base 
jurídica para que las administraciones puedan contraer los derechos antes de que se 
determine el importe exacto legalmente adeudado. De esta manera, podrá garantizarse de 
una manera más eficaz una aplicación homogénea de la normativa comunitaria (véase 
también punto 23). 
Con motivo de las discusiones entabladas en el Consejo sobre la propuesta de 1995, las 
delegaciones señalaron que la incertidumbre que pesa sobre el interesado debería 
limitarse en el tiempo. El segundo párrafo propuesto tiene en cuenta este deseo, limitando 
18 
este periodo a 3 años después de la contracción "provisional". Al mismo tiempo, se limita 
el plazo normal de prescripción a dos años (véase punto 22). 
19 
Punto 22 (apartado 3 del articulo 221) 
Se propone reducir el plazo de contracción a dos años después del nacimiento de la deuda 
aduanera, con el fin de mantener un cierto equilibrio entre la seguridad jurídica del 
operador y la protección de los intereses financieros de la Comunidad, al tenerse en 
cuenta la prolongación hasta 3 años del plazo de contracción en caso de duda fundada 
(véase el punto 21). 
Se propone suspender la prescripción del plazo de contracción en los casos en que el 
interesado presente un recurso, con el fin de proteger los intereses financieros de la 
Comunidad frente a procedimientos judiciales excesivamente largos. 
(Apartado 4 del artículo 221) 
La introducción de este apartado permitirá cobrar deudas para las cuales todavía no ha 
expirado el plazo de prescripción, pero que ya no tienen razón de ser al estar incluidas en 
una comunicación relativa a una deuda que ya ha prescrito. 
En determinados Estados miembros, el Derecho nacional permite separar estas 
comunicaciones, aunque no siempre es el caso. (Véanse Considerandos 65 a 71 de la 
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de mayo de 1996 
en los asuntos asimilados C-153/94 y C-204/94, sentencia "Seafood"). 
Punto 23 (apartado 2 del artículo 222) 
Está previsto completar esta disposición con un tercer y cuarto guión. 
En el "Plan de acción para el tránsito", está previsto introducir cierta jerarquización 
dentro de la serie de personas a las que las autoridades aduaneras pueden exigir el pago 
de la deuda nacida en caso de sustracción a la vigilancia aduanera de mercancías 
incluidas en el régimen de tránsito. En el apartado 3 del artículo 203 se enumeran los 
deudores en este caso, y parece conveniente prever que el principal obligado, mencionado 
en el último guión, sólo tendrá que pagar la deuda si resulta imposible cobrar los 
importes en cuestión a los otros deudores. 
La estructura del procedimiento de cobro establecida en el Código lleva a una obligación 
de pago siempre que la deuda se haya contraído y comunicado al deudor. A fin de 
permitir que las autoridades aduaneras intenten antes cobrar la deuda a los otros 
deudores, es necesario prever en las disposiciones de aplicación la posibilidad de 
suspender esta obligación de pago en relación con el principal obligado. 
La propuesta de cuarto guión se sitúa en el contexto del punto 21. Tiene por objeto prever 
que la contracción a posteriori de la deuda aduanera, con arreglo a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del apartado 1 del artículo 220, constituya una medida precautoria y que 
el deudor no tenga que pagar inmediatamente el importe correspondiente, sino que pueda 
ser objeto de una suspensión de la obligación de pago. 
20 
Propuesta de 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, por el que se 
aprueba el Código aduanero comunitario 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 28, 
100Ayll3, 
Vista la propuesta de la Comisión9, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social10, 
Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 189B del Tratado", 
( 1 ) Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 
1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario12, cuya última 
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 82/97 del Parlamento Europeo y 
del Consejo13, prevé en su artículo 253 que el Consejo procederá, antes del 1 de enero 
de 1998 y basándose en un informe de la Comisión, a reexaminar el Código aduanero 
a fin de introducir las adaptaciones necesarias, habida cuenta en particular de la 
realización del mercado interior; que dicho informe podrá ir acompañado de 
eventuales propuestas; 
(2) Considerando que es necesario poner fin a la compartimentación del mercado interior 
que resulta de reservar el modo de representación directa en aduana a determinadas 
categorías de profesionales establecidos en el territorio del Estado miembro afectado; 
considerando que parece oportuno aplazar la aplicación de esta modificación hasta el 
1 de enero del año 2002, para permitir que los medios económicos se adapten a esta 
nueva situación; 
(3) Considerando que todavía no se han determinado las competencias de las distintas 
autoridades en materia de fijación de tipos de cambio tras la introducción del euro; 
(4) Considerando que conviene precisar quién es la persona responsable a la hora de 
atribuir un destino aduanero a las mercancías presentadas en aduana; 
(5) Considerando que conviene permitir que la declaración en aduana no tenga que ir 
acompañada de determinados documentos; 
9 IX) 
10 IX) 
11 DO 
12 IX) L 302 de 19.10.1992, p. I. 
13 DOL 17de21.1.1997.p. I. 
21 
(6) Considerando que una mayor flexibilidad en las normas relativas a los regímenes de 
perfeccionamiento activo, de transformación bajo control aduanero y de importación 
temporal debería facilitar el recurso a dichos regímenes; 
(7) Considerando que es preferible establecer ciertas modalidades alternativas para el 
cálculo de la imposición aplicable en el marco del régimen de perfeccionamiento 
pasivo con arreglo al procedimiento del Comité; 
(8) Considerando que, para responder a una necesidad económica, conviene que se 
cumplan en determinadas zonas francas las formalidades relativas al régimen de 
depósito aduanero y que los controles realizados por las autoridades aduaneras se 
realicen conforme a este régimen; 
(9) Considerando que, en determinadas circunstancias, el tratamiento arancelario 
favorable debido a la naturaleza o al destino especial de una mercancía y la 
imposición diferencial dentro del régimen de perfeccionamiento pasivo debe poder 
aplicarse asimismo en el caso de una deuda aduanera nacida por razones distintas del 
despacho a libre práctica; 
(10) Considerando que las disposiciones relativas al lugar de nacimiento de una deuda 
aduanera deben incluir normas especiales para los casos particulares en que el 
importe en cuestión sea inferior a un determinado límite, así como para aquellos en 
que se hayan autorizado procedimientos simplificados de despacho a libre práctica; 
que las modalidades de funcionamiento deberían establecerse con arreglo al 
procedimiento del Comité, teniendo en cuenta sobre todo una eventual disociación 
entre el lugar de nacimiento de la deuda aduanera y el del IVA a la importación; 
(11) Considerando que, en determinados casos, al no poder calcularse exactamente el 
importe legalmente adeudado, el plazo de prescripción de tres años puede hacer 
fracasar una recaudación a posteriori; que, en ese caso, la contracción del importe 
probablemente adeudado debe realizarse a su debido tiempo; que la situación de 
incertidumbre en que se encuentra el interesado no debe superar en ningún caso cinco 
años en total; 
( 12) Considerando que conviene prever la suspensión de la obligación de pagar una deuda 
aduanera en caso de que esta deuda haya nacido debido a la sustracción de una 
mercancía a la vigilancia aduanera y de que existan varios deudores, a fin de permitir 
que las autoridades aduaneras inicien el procedimiento de cobro a un deudor 
determinado antes que a otros deudores; 
(13) Considerando que los intereses financieros de la Comunidad deben protegerse frente 
a procedimientos judiciales excesivamente largo y frente a la invalidez total de una 
comunicación debido a la prescripción de parte de la deuda comunicada; 
( 14) Considerando que conviene, por lo tanto, modificar el Reglamento (CEE) n° 2913/92. 
22 
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO 
Artículo 1 
El Reglamento (CEE) n° 2913/92 quedará modificado como sigue: 
1. En el apartado 2 del artículo 5 se sustituirá el segundo párrafo por el texto 
siguiente: 
"Los Estados miembros podrán reservar el derecho de efectuar declaraciones en 
aduana en su territorio con arreglo a la modalidad de representación indirecta, 
únicamente a los agentes de aduanas. 
Podrán preverse modalidades de aplicación con arreglo al procedimiento del 
Comité, con el fin de garantizar en especial condiciones equitativas de acceso a los 
dos modos de representación." 
2. En el artículo 35, el primer párrafo se sustituirá por el texto siguiente: 
"Cuando los datos que sirvan para determinar el valor en aduana de una mercancía 
estén expresados en una moneda distinta de la del Estado miembro en que se realice 
la valoración, el tipo de cambio aplicable será el que haya sido debidamente 
publicado por las autoridades competentes en la materia." 
3. En el apartado 1 del artículo 49, la frase introductoria se sustituirá por el texto 
siguiente: 
"1. Cuando las mercancías hayan sido objeto de una declaración sumaria, la 
persona que esté en posesión de ellas deberá cumplir las formalidades 
necesarias para otorgarles un destino aduanero dentro de los plazos 
siguientes:" 
4. En el artículo 62 se añadirá el apartado siguiente: 
"3. Podrán preverse excepciones a la obligación contemplada en el apartado 2 
con arreglo al procedimiento del Comité, en especial en el caso de 
declaración por vía informática. 
Sin embargo, deberán garantizarse el derecho de acceso libre y sin preaviso a 
las autoridades nacionales, o, en su caso, comunitarias, así como la 
obligación del operador de conservar dichas pruebas durante un periodo de 
tiempo mínimo. Las modalidades de aplicación se determinarán con arreglo 
al procedimiento del Comité." 
5. En el artículo 115, el apartado 4 se sustituirá por el texto siguiente: 
"4. Podrán adoptarse, con arreglo al procedimiento del Comité, disposiciones 
particulares relativas a la aplicación del apartado 1." 
6. En la letra c) del artículo 117 se añadirá la oración siguiente: 
"Podrán determinarse, con arreglo al procedimiento del Comité, los casos en que se 
consideren reunidas dichas condiciones económicas." 
23 
7. En el artículo 118, el apartado 4 se sustituirá por el texto siguiente: 
"4. Podrán establecerse plazos específicos con arreglo al procedimiento del 
Comité." 
8. El artículo 124 se sustituirá por el texto siguiente: 
"Artículo 124 
1. Podrán acogerse al sistema de reintegro todas las mercancías, con excepción 
de aquellas que en el momento de la admisión de la declaración de despacho 
a libre práctica estén sujetas a restricciones cuantitativas de importación o a la 
presentación de un certificado de importación o de exportación. 
2. El recurso al sistema de reintegro sólo será posible en caso de que no se haya 
fijado ninguna restitución a la exportación para los productos compensadores 
en el momento de la admisión de la declaración de despacho a libre práctica 
de las mercancías de importación. 
3. El beneficio del sistema de reintegro sólo se otorgará si en el momento de la 
admisión de la declaración de exportación de los productos compensadores 
no se ha fijado ninguna restitución o gravamen a la exportación sobre los 
productos compensadores. 
4. Podrán preverse excepciones a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, con 
arreglo al procedimiento del Comité." 
9. En el apartado 1 del artículo 128, el segundo guión se sustituirá por el texto 
siguiente: 
"- incluidos, para su reexportación posterior, en el régimen de depósito 
aduanero, de importación temporal, de perfeccionamiento activo - sistema de 
suspensión o en zona franca o depósito franco," 
10. El artículo 131 se sustituirá por el texto siguiente: 
"Artículo 131 
Los casos y las condiciones particulares en que podrá utilizarse el régimen de 
transformación bajo control aduanero se determinarán con arreglo al procedimiento 
del Comité." 
11. En la letra e) del artículo 133 se añadirá la oración siguiente: 
"Podrán determinarse, con arreglo al procedimiento del Comité, los casos en que se 
consideren reunidas dichas condiciones económicas." 
24 
12. El artículo 142 se sustituirá por el texto siguiente: 
"Artículo 142 
1. El beneficio del régimen de importación temporal con exención parcial de 
derechos de importación se concederá a las mercancías que no estén 
mencionadas en las disposiciones adoptadas de conformidad con el 
artículo 141o que, aunque se mencionen en dichas disposiciones, no cumplan 
todas las condiciones previstas en ellas para que se les conceda la 
importación temporal con exención total. 
2. Se determinará, con arreglo al procedimiento del Comité, la lista de las 
mercancías que no puedan beneficiarse del régimen de importación temporal 
con exención parcial de derechos de importación, así como las condiciones en 
que podrá utilizarse este régimen." 
13. El artículo 144 se sustituirá por el texto siguiente: 
"Artículo 144 
Cuando nazca una deuda aduanera con respecto a una mercancía incluida en el 
régimen de importación temporal con exención parcial de derechos de importación, 
en virtud de la letra a) del apartado 1 del artículo 201 y de los artículos 203 o 204, 
el importe de dicha deuda será igual a la diferencia entre el importe de los derechos 
determinado con arreglo al artículo 214 y el adeudado con arreglo al artículo 143." 
14. El artículo 152 se sustituirá por el texto siguiente: 
"Artículo 152 
No obstante lo dispuesto en el artículo 151, podrán determinarse con arreglo al 
procedimiento del Comité los casos y condiciones particulares en que podrá 
efectuarse el despacho a libre práctica de las mercancías a raíz de una operación de 
perfeccionamiento pasivo ya sea con exención total de derechos de importación o 
tomando como base de imposición para la aplicación del arancel aduanero de las 
Comunidades Europeas el coste de la operación de perfeccionamiento." 
15. Se suprimirá el artículo 153. 
16. El artículo 167 quedará modificado como sigue: 
a) En los apartados 1, 2 y 3, las palabras "Los Estados miembros" se sustituirán 
por "Las autoridades aduaneras". 
b) En el apartado 3, la primera frase se sustituirá por el texto siguiente: 
"3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 168bis, las zonas francas 
estarán cercadas." 
25 
17. En el artículo 168, el apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente: 
"1. Cuando las zonas francas estén cercadas, los límites y los puntos de acceso y de 
salida de la zona franca y de los depósitos francos estarán sometidos a la 
vigilancia de las autoridades aduaneras." 
18. Se insertará el artículo 168bis entre el artículo 168 y la letra B. 
"Artículo 168bis 
1. Las autoridades aduaneras podrán establecer zonas francas en las que los 
controles y formalidades aduaneros y en las que las disposiciones en materia de 
deuda aduanera se aplicarán de conformidad con el régimen de depósito 
aduanero. 
Los artículos 170, 176 y 180 no se aplicarán a las zonas francas así 
establecidas. 
2. Las zonas francas establecidas con arreglo al apartado 1 no se considerarán 
zonas francas a los efectos de los artículos 37,38 y 205. 
Las referencias a las zonas francas en otros ámbitos de la legislación no se 
considerarán como referentes a las zonas francas contempladas en el presente 
artículo." 
19. El artículo 212bis se sustituirá por el texto siguiente: 
"Artículo 212bis 
Cuando la normativa aduanera prevea un tratamiento arancelario favorable de una 
mercancía debido a su naturaleza o a su destino especial, una franquicia o una 
exención total o parcial de los derechos de importación o de los derechos de 
exportación en virtud de los artículos 21, 145 o 184 a 187, dicha franquicia o dicha 
exención se aplicará asimismo en los casos de nacimiento de una deuda aduanera en 
virtud de los artículos 202 a 205, 210 o 211, siempre que el comportamiento del 
interesado no implique maniobra fraudulenta ni negligencia manifiesta y que este 
último aporte la prueba de que se reúnen las otras condiciones para la aplicación de 
un tratamiento favorable, de una franquicia o de una exención." 
20. En el artículo 215 se añadirán los apartados 5 y 6 siguientes: 
"5. Cuando una autoridad aduanera compruebe que una deuda aduanera ha nacido 
en otro Estado miembro en virtud del artículo 202, se considerará que esta 
deuda ha nacido en el Estado miembro donde se haya comprobado el 
nacimiento de la deuda aduanera siempre que su importe sea inferior 
a 5.000 ecus. 
6. En caso de que una deuda aduanera haya nacido como consecuencia de la 
admisión de una declaración simplificada o de otro documento para el 
despacho a libre práctica, tal como se establece en la letra a) o b) del apartado l 
del artículo 76, y cuando se aplique el segundo párrafo del apartado 1 del 
artículo 218, se considerará que esta deuda ha nacido en el Estado miembro 
26 
donde se haya presentado la declaración complementaria prevista en el 
apartado 2 del artículo 76." 
21. En el apartado 1 del artículo 220 se añadirán los párrafos segundo y tercero 
siguientes: 
"Cuando los controles realizados por las autoridades aduaneras puedan dar lugar al 
reconocimiento de una deuda aduanera o de un importe de derechos superior al 
importe ya contraído, sin que dichas autoridades puedan determinar con certeza el 
importe legalmente adeudado, éstas tomarán en consideración el importe al que 
puedan quedar sujetas en definitiva las mercancías, en un plazo de tiempo suficiente 
para poder comunicar dicho importe provisional al deudor antes de que expire el 
plazo previsto en el apartado 3 del artículo 221. 
No obstante, se considerará que la contracción del importe al que puedan quedar 
sujetas en definitiva, las mercancías no ha tenido lugar si las autoridades aduaneras 
no están en condiciones de determinar con certeza el importe legalmente adeudado, 
tres años a partir de la fecha de comunicación al deudor del importe provisional, tal 
como se define en el párrafo segundo". 
22. El artículo 221, quedará modificado como sigue: 
a) El apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente: 
"3. La comunicación al deudor no podrá efectuarse una vez que haya 
expirado un plazo de dos años a partir de la fecha de nacimiento de la 
deuda aduanera. Dicho plazo se suspenderá a partir del momento en que 
se interponga un recurso de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243 y hasta que finalice el procedimiento de recurso". 
b) Se añadirán los apartados 4 y 5 siguientes: 
"4. Si se comprueba que el plazo previsto en el apartado 3 ha expirado con 
respecto a una parte de las deudas aduaneras, la comunicación al deudor 
seguirá siendo válida respecto al resto de los derechos a los que se refiere. 
5. Cuando las autoridades aduaneras no hayan podido determinar el importe 
exacto de los derechos legalmente adeudados al tratarse de un acto 
perseguible judicialmente en el momento en que se cometió, la 
comunicación al deudor podrá efectuarse, en las condiciones previstas 
por las disposiciones vigentes, después de la expiración del plazo previsto 
en el apartado 3." 
23. En el artículo 222, el apartado 2 será sustituido por el texto siguiente: 
"2. Podrán establecerse de acuerdo con el procedimiento del Comité los casos y 
condiciones en los que se suspenderá la obligación del deudor de pagar los 
derechos: 
cuando se haya presentado una solicitud de condonación de los derechos 
con arreglo a los artículos 236,238 o 239, o 
27 
cuando una mercancía sea decomisada con vistas a una posterior 
< confiscación de conformidad con el segundo guión de la letra c) o con la 
letra d) del artículo 233, o 
cuando la deuda aduanera haya nacido en virtud del artículo 203 y 
cuando existan varios deudores, o 
en los casos previstos en el párrafo segundo del apartado I del 
artículo 220." 
Artículo 2 
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1999. 
El punto 1 del artículo 1 será aplicable a partir del 1 de enero del año 2002. 
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 
Hecho en Bruselas, el... 
Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 
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ISSN 0257-9545 
COM(98) 226 final 
DOCUMENTOS 
ES 02 10 
N° de catálogo : CB-CO-98-239-ES-C 
ISBN 92-78-33159-7 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
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