P9_TA(2021)0347

Envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos relacionados con la política de envejecimiento después de 2020

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos relacionados con la política de envejecimiento después de 2020 (2020/2008(INI))

(2022/C 99/13)

El Parlamento Europeo,

— Vistos los artículos 6, 153, 156 y 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en los sucesivo, «Carta») y, en particular, los artículos 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34 y 35,

— Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

— Vista la sentencia del Tribunal de Justicia que establece que el principio de no discriminación por razón de la edad debe ser considerado un principio general del Derecho de la Unión como un caso especial de igualdad de trato (1),

— Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de junio de 2010, sobre el envejecimiento activo,

— Vistas las Conclusiones del Consejo, de 9 de septiembre de 2020, sobre los derechos humanos, la participación y el bienestar de las personas mayores en la era de la digitalización,

— Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

— Vista la declaración política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptado en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 8-12 de abril de 2002,

— Vista la Declaración Ministerial adoptada con motivo de la cuarta Conferencia Ministerial de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas en Lisboa el 22 de septiembre de 2017 titulada «A Sustainable Society for All Ages: Realizing the potential of living longer» (Una sociedad sostenible para todas las edades: aprovechar las posibilidades que brinda la prolongación de la esperanza de vida),

— Visto el informe de la experta independiente de las Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas mayores, sobre el impacto de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas mayores, presentado en el 75.o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de julio de 2020,

— Visto el pilar europeo de derechos sociales,

— Vistas la Decisión n.o 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2011, sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012) (2) y la Comunicación original de la Comisión Europea, de 6 de septiembre de 2010, (COM(2010)0462),

— Vista la Recomendación del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, titulada «Itinerarios de mejora de las capacidades: Nuevas oportunidades para adultos» (3),

— Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (4),

— Vistas sus Resoluciones, de 7 de septiembre de 2010, sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece (5) y, de 15 de noviembre de 2018, sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género (6),

— Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2010, sobre los retos demográficos y la solidaridad entre las generaciones (7),

— Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género (8),

— Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida profesional (9),

— Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones (10),

— Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2017, sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico (11),

— Vista su posición adoptada en primera lectura, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece Erasmus+, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1288/2013 (12),

— Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (13), así como el principio de no discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación,

— Vistas la propuesta de Directiva del Consejo, de 2 de julio de 2008, presentada por la Comisión por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426) y la posición del Parlamento de 2 de abril de 2009 (14),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de octubre de 2006, titulada «El futuro demográfico de Europa: Transformar un reto en una oportunidad» (COM(2006)0571),

— Visto el informe de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 titulado «European Economy — the impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, healthcare, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)» («Economía europea: el impacto del envejecimiento en el gasto público: proyecciones para los Estados miembros UE-25 sobre las pensiones, la atención sanitaria, los cuidados a largo plazo, las transmisiones de educación y desempleo (2004-2050)»,

— Visto el informe de la Comisión y del Comité de Protección Social para los ministros del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de 7 de octubre de 2014 titulado «Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society» (Una protección social adecuada a las necesidades de atención a largo plazo de una sociedad que envejece),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Una iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores» (COM(2017)0252),

— Visto el informe de la Comisión, de 24 de noviembre de 2017, titulado «The 2018 Ageing Report: Underlying Assumptions & Projection Methodologies» («Informe de 2018 sobre sobre el envejecimiento: hipótesis subyacentes y metodologías de proyección»),

— Visto el Informe de la Comisión, de 25 de mayo de 2018, titulado «The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070)» (Informe de 2018 sobre el envejecimiento: proyecciones económicas y presupuestarias para los 28 Estados miembros de la Unión (2016-2070)),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

— Visto el Informe de la Comisión, de 17 de junio de 2020, sobre los efectos del cambio demográfico (COM(2020)0241),

— Visto el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de abril de 2002, titulado, «Envejecimiento Activo: un marco político»,

— Visto el informe de la OMS, de 1 de octubre de 2007, titulado «Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una guía»,

— Visto el Informe Mundial de la OMS, de 30 de septiembre de 2015, sobre el envejecimiento y la edad,

— Vistas la Estrategia y Plan de Acción Mundiales sobre el Envejecimiento y la Salud de la OMS para 2016-2020 y la decisión de las Naciones Unidas de proclamar 2021-2030 como el Decenio del Envejecimiento Saludable,

— Vistos los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados por la Resolución 46/91 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1991,

— Visto el Global AgeWatch Index de las Naciones Unidas de 2015,

— Visto el informe de las Naciones Unidas de 2019 sobre el envejecimiento activo,

— Vista la posición de que el envejecimiento activo es uno de los elementos clave de la Estrategia Europa 2020,

— Vista la Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia,

— Vista la Ley de la igualdad de 2010 del Reino Unido, que declara ilegal la discriminación de las personas por razón de reasignación de género, orientación sexual y sexo,

— Vista la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE (15) del Consejo (Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional),

— Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

— Vista la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

— Vista la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

— Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0194/2021),

Consideraciones generales

A. Considerando que el envejecimiento de la población en Europa es un fenómeno demográfico que responde a una disminución de las tasas tanto de fertilidad como de mortalidad y a una mayor esperanza de vida;

B. Considerando que la población de la Unión está disminuyendo; que en 1960 los residentes de la Unión representaban el 13,5 % de la población mundial, mientras que en 2018 representaban el 6,9 % y está previsto que para 2070 representen alrededor del 4 % (16); que esta situación está relacionada, entre otros factores, con una disminución de las tasas de natalidad en la Unión respecto a otras regiones del mundo, lo que da lugar al envejecimiento de la población, repercute en la composición por edades y en la proporción relativa de los diferentes grupos de edad y contribuye a la inversión de la pirámide demográfica; que la transición demográfica es un fenómeno universal y que la proporción decreciente de la Unión en la población mundial refleja un comienzo más temprano en este proceso mundial (17); que no debe subestimarse la participación activa de las personas mayores en la sociedad; que más del 20 % de las personas de entre 65 y 74 años y alrededor del 15 % de las personas mayores de 75 años participan en actividades voluntarias formales o informales (18);

C. Considerando que la situación demografía afecta gravemente a la cohesión social, económica y territorial de la Unión; que es importante para la Unión integrar las cuestiones demográficas en todas sus políticas; que se prevé que la población en edad laboral (las personas de entre 15 y 64 años) disminuya significativamente de 333 millones en 2016 a 292 millones en 2070; que para 2100 se prevé que las personas de 80 años o más representen el 14,6 % de la población (19);

D. Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental de la Unión, consagrado en los Tratados y en la Carta, y que la Unión se ha comprometido a integrarla en todas sus actividades;

E. Considerando que la longevidad es un logro colectivo notable respaldado por avances significativos en el desarrollo económico y social y en la salud, que ha mejorado considerablemente la calidad de vida y ha contribuido a un aumento de la esperanza de vida media de hombres y mujeres de 10 años en los últimos 50 años; que está previsto que la esperanza de vida aumente de 78,3 a 86,1 años para los hombres y de 83,7 a 90,3 años para las mujeres entre 2016 y 2070; que el aumento de la esperanza media de vida debe considerarse, en todas las circunstancias, como un factor de progreso de la civilización y nunca como una limitación; que en 2018 el número estimado de años de vida sana era 64,2 años para las mujeres y 63,7 años para los hombres (20); que, no obstante, la discrepancia entre la esperanza de vida y la esperanza de vida sana es preocupante y debe abordarse urgentemente;

F. Considerando que una vida más larga con una salud mejor reviste valor tanto para los individuos como para las sociedades, al crear nuevas oportunidades de participación y de inclusión de las personas mayores en la vida económica y social; que la participación social a una edad avanzada contribuye, a su vez, a la salud y el bienestar individuales; que existe una correlación entre longevidad y estatus social; que la participación en varias actividades sociales, como el voluntariado, el deporte o las actividades de ocio, así como el contacto regular con familiares o amigos, tiende a tener un impacto positivo sobre la salud general de las personas mayores y previene su aislamiento;

G. Considerando que la variación natural de la población de la Unión ha sido negativa desde 2012, habiéndose registrado en 2019 más muertes (4,7 millones) que nacimientos (4,2 millones); que la tasa de fertilidad en la Unión está descendiendo y llegó a ser de 1,55 en 2018; que esto está ligado a una serie de factores, entre ellos la mejora de la salud y el aumento de los niveles de educación (21), pero también a la situación socioeconómica general, incluida la incertidumbre y la devaluación de los ingresos, que afecta a todos los grupos, pero sobre todo a los jóvenes, en particular a su calidad de vida, a la conciliación de la vida laboral y familiar y a la planificación de la vida; que el cambio demográfico podría repercutir en la sostenibilidad económica y social de la Unión a medio y largo plazo; que el acceso a servicios públicos de calidad es un factor decisivo para la calidad de vida; que el impacto social y económico de los cambios demográficos subraya la necesidad de reforzar los sistemas de seguridad social y de atención sanitaria;

H. Considerando que la investigación pone de manifiesto la relación entre la tasa de fertilidad y las políticas de fomento de mejores oportunidades de empleo, las condiciones de trabajo y de vida dignas, las fórmulas de trabajo flexibles, el apoyo económico durante la maternidad, la paternidad y los permisos parentales, la atención infantil de calidad a partir de una edad temprana y la división más equitativa de las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres;

I. Considerando que las tasas de empleo a tiempo parcial son mayores para las mujeres (31,3 %) que para los hombres (8,7 %) y también afectan a las mujeres mayores (el 49,8 % de los hombres mayores frente al 64,1 % de las mujeres mayores); que el promedio de horas de trabajo habituales en la Europa de los Veintiocho ascendió a 30,3 horas por semana para los hombres de entre 65 y 74 años y a 24,1 horas por semana para las mujeres de este mismo rango de edades; que se prevé que los hombres formen parte de la población activa durante 38,6 años, mientras que la cifra correspondiente para las mujeres es de 33,7 años (22);

J. Considerando que colmar la brecha de género en el trabajo depende del respeto de los derechos laborales fundamentales y de la prestación de los servicios sociales básicos;

K. Considerando que las mujeres de entre 55 y 64 años tienen una tasa de empleo más baja que los hombres (52,4 % para las mujeres frente a 65,4 % para los hombres) y tienen mayor probabilidad de prestar servicios asistenciales informales en el hogar (23);

L. Considerando que el número total de personas en edad laboral (15-64 años) disminuirá en 20,8 millones entre 2005 y 2030 a medida que la generación del «baby boom» se jubile, lo que supondrá una mayor carga para los sistemas sanitarios y de pensiones de Europa; que está previsto que la tasa total de dependencia de la edad alcance el 57 % en 2100, casi el doble que en 2019 (31 %);

M. Considerando que la edad mediana en la Europa de los Veintiocho ha aumentado de 38,3 años en 2001 a 43,1 años en 2018 (24); que, en 2018, el 19 % de los ciudadanos de la Unión tenía 65 años o más y que sus necesidades deberían tenerse en cuenta en el proceso de toma de decisiones políticas a nivel nacional, regional y de la Unión;

N. Considerando que la vida va acompañada de cambios como la pérdida de una pareja, parientes o amigos, la degradación de la salud y cambios en los hábitos, los modelos de trabajo y la situación financiera; que las personas de edad avanzada están especialmente expuestas a los fenómenos de exclusión social y aislamiento; que un número cada vez mayor de adultos en la Unión está experimentando un aislamiento social (75 millones de personas, el 18 % de la población); que el riesgo de aislamiento social es más alto entre las personas mayores, mientras que el sentimiento de soledad es más significativo en el grupo de edad de entre 26-45 años (25);

O. Considerando que más del 50 % de los cuidadores menores de 65 años combinan los cuidados con un empleo; que, como a menudo señala la Comisión, las responsabilidades de cuidado son una de las principales razones de los niveles más bajos de participación de las mujeres en el mercado laboral, ya sea debido a que reducen sus horas de trabajo o a que abandonan del todo el trabajo remunerado, lo que supone una pérdida para Europa de 370 000 000 000 EUR al año; que las estimaciones muestran que el 80 % de los cuidados en la Unión son prestados por cuidadores informales conformados en su mayoría por mujeres (75 %), lo que indica la existencia de una brecha de género en los cuidados que influye mucho en la brecha de género en las pensiones; que la asistencia prestada por cuidadores no profesionales sin ningún contrato de trabajo formal es especialmente problemática, ya que los deja fuera del mercado laboral y de cualquier posibilidad de regularización; que este tipo de situación conduce a un efecto negativo doble, ya que, por una parte, estos cuidadores informales (en su mayoría mujeres) están por lo general mal remunerados, carecen de protección social, no pagan cotizaciones a la seguridad social y, en consecuencia, o bien no reciben ninguna pensión al final de su vida laboral, o bien solo reciben la pensión mínima, y, por otra parte, este tipo de situación tiene un impacto negativo sobre el Estado y sus instituciones pertinentes, que se ven privadas de cotizaciones a la seguridad social y de los impuestos pagados por los empresarios y los empleados;

P. Considerando que las personas con discapacidad o pertenecientes a minorías étnicas, raciales, lingüísticas, sexuales o de otro tipo de todas las edades han ocultado o están ocultando parte de su identidad por miedo o amenazas de rechazo o abusos; que las personas mayores con discapacidad o de distinto origen racial, étnico o social, características genéticas, lengua u orientación sexual se enfrentan a más discriminación, estigmas o procedimientos no consentidos y corren un mayor riesgo de exclusión social;

Q. Considerando que la COVID-19 también ejerce un importante impacto sobre la demografía; que muchas personas de edad avanzada han fallecido y, tal como sugieren algunos estudios, el coronavirus ha tenido un impacto considerable en las tendencias de la población de la Unión, como la reducción de la esperanza de vida o la planificación familiar;

R. Considerando que, al elaborar nuestras políticas de envejecimiento, debe tenerse debidamente en cuenta el impacto de las diferencias de género en la salud y las desigualdades sanitarias relacionadas con factores socioculturales; que determinadas enfermedades y afecciones asociadas con la edad tienen un impacto diferenciado sobre las mujeres y los hombres, como la depresión o las enfermedades cardiovasculares; que determinadas enfermedades y afecciones afectan más a las mujeres que a los hombres, como el Alzheimer o la demencia, el cáncer de mama, la incontinencia, la osteoporosis y la osteoartritis; que la prevalencia de tales enfermedades aumentará en nuestras sociedades el proceso de envejecimiento;

S. Considerando que el cambio demográfico no tiene un impacto uniforme en todos los países y regiones, pero tiene un impacto mayor en las regiones que ya van a la zaga, agravando las desigualdades territoriales y sociales existentes; que las regiones rurales, periféricas y ultraperiféricas, incluidas las islas, son las más afectadas por la despoblación, donde principalmente los jóvenes y las mujeres abandonan esas zonas, lo que se traduce en un aumento de la proporción de personas mayores que viven en ellas, lo que podría aumentar el riesgo de aislamiento social, que hay regiones en las que la población rural corre menor riesgo de estar en situación de pobreza y exclusión social que la población urbana (26);

T. Considerando que en la Unión el número de personas mayores (de 80 años o más) aumentará en un 57,1 % entre 2010 y 2030 (27), con importantes consecuencias para el sistema de seguridad social;

U. Considerando que las medidas de confinamiento de la COVID-19 y la recesión económica han tenido un efecto desproporcionado sobre las mujeres debido a la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado, la especialización sectorial y el aumento de la violencia doméstica;

V. Considerando que entre 2000 y 2015 la población mayor de sesenta años aumentó en un 68 % en las ciudades y en un 25 % en las zonas rurales;

W. Considerando que el Observatorio en red de la ordenación del territorio europeo predice que la población en las aglomeraciones europeas aumentará en 24,1 millones de aquí a 2050, lo que representa casi la mitad de la población total de la Unión, y que la población rural disminuirá en 7,9 millones de personas;

X. Considerando que las mujeres mayores tienen, en general, mayor probabilidad que los hombres mayores de enfrentarse a graves dificultades para acceder a bienes y servicios básicos, como servicios sanitarios, cuidados de larga duración y una vivienda digna, debido a una serie de factores como las brechas de género en materia de salarios y de pensiones, la mayor longevidad de las mujeres y la mayor proporción de mujeres mayores que viven solas (28);

Y. Considerando que las personas mayores tienen más probabilidades de experimentar un acceso limitado a internet, así como una falta de concienciación y de conocimientos sobre las tecnologías existentes y emergentes; que solo el 35 % de las personas de entre 55 y 74 años poseen competencias digitales básicas, frente al 82 % de las personas de entre 16 y 24 años (29), y que, en consecuencia, las personas mayores son más vulnerables a la exclusión, incluida la exclusión digital; que la exclusión social y digital de las personas mayores se ha visto exacerbada por el confinamiento y las medidas sociales adoptadas por los Estados miembros en respuesta a la pandemia de COVID-19; que las tecnologías sin barreras y de fácil uso pueden ayudar a superar estos retos; que se prevé que el Consejo aborde este problema en 2020 y emita sus Conclusiones sobre los derechos humanos, la participación y el bienestar de las personas mayores en la era de la digitalización;

Z. Considerando que la población cayó hasta un 15 % en algunas regiones de la Unión entre 1998 y 2018 debido a la rápida despoblación y al envejecimiento de la población; que el rápido cambio demográfico genera unos costes de ajuste desproporcionadamente elevados; que casi dos tercios de las regiones que están experimentando una rápida disminución de la población son regiones con un bajo PIB per cápita (30); que el envejecimiento de la población está ocasionando una disminución de la población en edad de trabajar y puede provocar el declive de municipios y pueblos en toda la Unión; que las decisiones de fusionar municipios y pueblos o de incorporarlos a otros municipios o ciudades también pueden provocar, simple y llanamente, su desaparición;

AA. Considerando que todas las políticas que aborden las oportunidades y los desafíos demográficos deben adoptar un enfoque inclusivo, basado en los derechos y las pruebas y centrado en las personas y deben defender los principios de igualdad, en particular la igualdad de género y la no discriminación, así como salvaguardar los derechos de la mujer, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos y sus derechos económicos; que hacer frente a los retos demográficos no debe socavar de ninguna manera los derechos reproductivos individuales y la autonomía reproductiva individual; que el acceso a servicios y bienes de salud sexual y reproductiva resulta esencial para el bienestar físico, mental y social;

AB. Considerando que hay Estados miembros en los que se tiende a instrumentalizar el cambio demográfico al objeto de socavar la salud y los derechos sexuales y reproductivos, contribuyendo así a la erosión de las libertades personales; que todas las políticas que aborden el cambio demográfico deben estar basadas en los derechos, centradas en las personas, hechas a medida y basadas en los datos disponibles y han de defender los derechos sexuales y reproductivos;

AC. Considerando que las políticas y la acción de la Unión en materia de envejecimiento y de cambio demográfico deben estar en plena consonancia con la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025; que existe una estrecha correlación entre los retos demográficos y la integración de la perspectiva de género, lo que debe reflejarse en las respuestas políticas pertinentes;

AD. Considerando que las estadísticas sobre la utilización del tiempo revelan una distribución desigual de las tareas de cuidados por género en toda Europa; que, a pesar de las importantes diferencias nacionales relacionadas con el alcance del bienestar y los servicios sociales, así como las diferentes tasas de actividad de las mujeres, las mujeres soportan una proporción desproporcionada de la carga asistencial, lo que repercute profundamente en su rendimiento en el mercado laboral y en sus opciones de fertilidad;

AE. Considerando que la extrema vejez debe ser objeto asimismo de especial vigilancia, a fin de ayudar, cuando sea necesario, a las personas que han perdido su autonomía y evitar que se encuentren en situaciones de aislamiento;

AF. Considerando que la proporción de pensionistas mayores de 65 años en riesgo de pobreza en la Unión ha ido aumentando gradualmente desde 2013;

AG. Considerando que las personas mayores contribuyen a la sociedad y han seguido haciéndolo durante la pandemia de COVID-19, entre otras cosas como empleados, cuidadores o voluntarios; que, por ejemplo, muchos profesionales médicos mayores han vuelto de la jubilación para apoyar los esfuerzos de contención de la pandemia; que los cuidadores informales, en su mayoría mujeres, han redoblado sus esfuerzos para compensar la reducción de los servicios educativos, de atención infantil y de cuidados de larga duración durante la pandemia;

AH. Considerando que una población envejecida puede servir de fuente de conocimiento sobre las tradiciones, la gastronomía y el estilo de vida locales en las zonas rurales, lo que, a su vez, puede usarse para desarrollar el turismo y los negocios locales;

AI. Considerando que la próxima visión a largo plazo para las zonas rurales detallará la estrategia de la Unión para abordar el impacto del cambio demográfico en nuestro tejido socioeconómico;

AJ. Considerando que la renovación generacional es uno de los objetivos específicos posteriores a 2020 de la política agrícola común (PAC); que la transferencia de conocimientos y el aprendizaje intergeneracional son cruciales para aumentar la cooperación y la solidaridad entre generaciones, salvando de ese modo la brecha generacional;

Salud y cuidados

AK. Considerando que siempre deben tenerse debidamente en cuenta los riesgos éticos derivados del uso de la tecnología en la salud;

AL. Considerando que la Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento saludable como el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez; que existe una correlación entre la salud percibida y los ingresos; que, en 2017, menos de una tercera parte (32,4 %) de las personas mayores pertenecientes al primer quintil de renta (el 20 % de la población con los ingresos más bajos) percibían su salud como buena o muy buena, frente al 54,7 % de las personas mayores pertenecientes al 20 % de la población con los ingresos más elevados (31); que los resultados de la encuesta de salud por entrevista revelan que la mayoría de las personas mayores tenían enfermedades crónicas o quejas y solo una de cada nueve declaró la ausencia de tales problemas, y que muchas discapacidades surgen o se acentúan a una edad avanzada; que casi la mitad de las personas mayores de la Unión (de 65 años o más) declararon tener dificultades para realizar al menos una actividad personal o una actividad doméstica (32); que alrededor de una cuarta parte de la población de la Unión experimentó limitaciones duraderas debido a problemas de salud en 2018 (33); que aproximadamente el 15 % de los adultos mayores de 60 años sufren un trastorno mental;

AM. Considerando que en la mayoría de los países desarrollados se considera que las personas mayores son las personas mayores de 65 años o más; que el grupo de edad de las personas mayores de 65 años es muy heterogéneo, con diferencias significativas en términos de salud, estilo de vida, estatus y condiciones de vida y sociales; que, por consiguiente, estas generalizaciones deben evitarse; que centrarse en la edad de 65 años como edad máxima para la recopilación de datos a menudo no se corresponde con la realidad de las actividades económicas y sociales de las personas mayores, lo que resulta en datos incompletos e inexactos; que las personas mayores están ausentes de muchas estadísticas y ejercicios de recogida de datos, ya que es habitual no recopilar estadísticas relativas a personas mayores de 65 años; que esto ya no es apropiado, habida cuenta de la creciente proporción de la población que alcanza una edad más avanzada;

AN. Considerando que aunque la brecha educativa de género es favorable para las mujeres en la mayoría de los países europeos, pero que, sin embargo, las mujeres pagan una penalización laboral por la maternidad, mientras que los hombres reciben bonificaciones laborales por la paternidad en las tasas de actividad y los salarios; que es importante mostrar las dificultades a que se enfrentan las mujeres para hacer la maternidad compatible con el desarrollo de una carrera profesional, que disminuyen las opciones disponibles tanto para la maternidad como para el desarrollo de una carrera profesional; que dudar entre una carrera profesional y la maternidad suele desembocar en que las mujeres aplazan su edad de maternidad, con lo que disminuye el número potencial de hijos, o no llegan a tenerlos; que todos estos factores reducen las tasas de fertilidad por debajo de la tasa de sustitución, con el subsiguiente envejecimiento de la población;

AO. Considerando que el número de personas que dependen de la asistencia de otras personas o que tienen necesidades sanitarias y de cuidados de larga duración aumenta con la edad; que la proporción de personas que necesitan tales servicios es mayor entre las personas de 80 años o más; que la dependencia se ve exacerbada por el envejecimiento, pero también por otros elementos, como los factores socioeconómicos y ambientales, el nivel de educación, las relaciones interpersonales y el bienestar personal; que las necesidades de cuidados y de apoyo son diversas y que los medios adecuados para garantizar la autonomía y la independencia varían; que la vasta mayoría de los cuidados para las personas mayores dependientes los prestan cuidadores informales, por lo general no remunerados, a menudo ellos mismos mayores de 60 años;

AP. Considerando que los sistemas de asistencia informal y formal están sometidos a la presión del cambio demográfico, agravado por la escasez de cuidadores profesionales; que la investigación de Eurofund muestra la necesidad de proporcionar determinado nivel de acceso a cuidados domésticos o comunitarios a personas con necesidades reducidas de cuidados de larga duración, no solo para apoyar a los cuidadores informales y para mejorar la calidad de vida de quienes reciben cuidados, sino también para prevenir que surjan necesidades mayores de manera más rápida y para detectar y responder con rapidez a nuevas necesidades;

AQ. Considerando que no existe una definición uniforme de la dependencia en la Unión; que vejez no significa dependencia;

AR. Considerando que algunas personas mayores no pueden beneficiarse de medidas y políticas de envejecimiento activo debido a diversos factores, como su lugar de residencia, su estado de salud, la falta de motivación y la falta de hábito u oportunidades de realizar actividades físicas, mentales, culturales o sociales y recreativas con regularidad; que las personas de edad avanzada también pueden tener dificultades para acceder a centros deportivos, culturales y de rehabilitación física y enfrentarse a limitaciones financieras o a la falta o insuficiencia de actividades adaptadas a sus condiciones psicofísicas individuales; que una estrategia de envejecimiento activo eficaz debe repercutir positivamente en las personas mayores, la sociedad y la economía en su conjunto;

AS. Considerando que la creación de condiciones para un envejecimiento saludable y la autosuficiencia de mujeres y hombres mediante un enfoque integral de la vejez como etapa de la vida, así como la adaptación de la vivienda y los entornos locales de manera que se permita a las personas mayores vivir en su propio hogar y su entorno durante el mayor tiempo posible, aportarán beneficios sistémicos e individuales;

AT. Considerando que los cuidados y el apoyo deben tener por objeto mantener la autonomía, la independencia y el bienestar de las personas mayores; que la idea de envejecer en la propia comunidad en un entorno favorable a las personas de edad avanzada es de vital importancia para la planificación urbana y para mejorar la transición de la asistencia institucional a los servicios basados en la comunidad; que, además, las posibilidades de mantener la autonomía y la independencia dependen de condiciones tales como entornos favorables a las personas de edad avanzada, accesibilidad y asequibilidad de los servicios, entre ellos una vivienda de calidad y cuidados basados en la comunidad; que el cambio demográfico requiere respuestas adecuadas para necesidades sanitarias específicas y en relación con los servicios y centros de apoyo;

AU. Considerando que las formas atípicas de empleo se han ido extendiendo y que, aunque proporcionan flexibilidad para cumplir con las responsabilidades de cuidado, no siempre responden a las necesidades de los trabajadores, y que la imposibilidad de organizar una agenda de cuidados hace más difícil para las mujeres compaginar la maternidad con el trabajo;

AV. Considerando que la acumulación de riesgos para la salud, lesiones y enfermedades crónicas a lo largo de una vida aumenta el riesgo de discapacidad; que las personas de edad avanzada consultan a médicos generalistas y especialistas con más frecuencia, pero también denuncian mayores dificultades para acceder a los servicios médicos en algunos Estados miembros que la media de la población, debido, en particular, al precio de los propios servicios médicos, a las grandes distancias y a las largas listas de espera (34); que la inversión en la economía asistencial es esencial para garantizar una vida digna a todas las personas que necesitan cuidados y cuidadores; que las personas de más edad son más vulnerables y, por tanto, están más predispuestas a sufrir enfermedades y a padecer complicaciones y muertes vinculadas a diferentes enfermedades, incluida la COVID-19; que la COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de contar con sistemas sanitarios más sólidos y con una mayor capacidad para ofrecer cuidados intensivos; que, en este contexto, debe garantizarse con carácter de urgencia el acceso a los tratamientos médicos y el suministro de equipos de protección individual en los centros de cuidados de larga duración;

AW. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha demostrado que la existencia de servicios públicos y asistenciales accesibles y de alta calidad constituye una respuesta eficaz a las necesidades de la población, incluidas las de las personas mayores, que, en diversas circunstancias durante la pandemia, han sufrido y siguen sufriendo discriminación al acceder a los servicios médicos y asistenciales por razón de edad, incluidos obstáculos en relación con los tratamientos médicos en general; que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve una vez más la falta de viviendas adecuadas, centros asistenciales de calidad y servicios asistenciales y de apoyo suficientes; que los porcentajes más altos de infecciones y muertes por COVID-19 en la Unión están vinculados a los asilos y los centros de asistencia, los servicios residenciales para las personas mayores y las personas con discapacidad y otros servicios sociales (35); que muchas personas mayores han fallecido durante la pandemia como consecuencia del desbordamiento de numerosas unidades de cuidados intensivos; que, en algunos casos, uno de los principales criterios para decidir sobre la disponibilidad de cuidados intensivos era la edad del paciente; que muchas personas mayores han visto obstaculizado su acceso a tratamientos médicos no relacionados con la COVID-19 y que, en general, se han reducido o paralizado por completo los servicios asistenciales durante la pandemia;

AX. Considerando que el envejecimiento de la población de la Unión plantea nuevos retos para la igualdad de género, ya que las mujeres siguen siendo las principales prestadoras de cuidados (tanto remunerados como no remunerados) (36); que la crisis del coronavirus ha agravado esta situación;

AY. Considerando que las personas mayores son menos resistentes a fenómenos climáticos extremos como las olas de calor repetidas;

Derecho a envejecer con dignidad

AZ. Considerando que garantizar una vida digna significa asegurar el derecho de los trabajadores a una jubilación oportuna que les permita disfrutar de una jubilación saludable e independiente; que el derecho a la jubilación debe estar vinculado al tiempo de trabajo y no depender de las variaciones de la esperanza media de vida o de cualquier otra razón utilizada para ejercer presión sobre los trabajadores; que el disfrute de la etapa de la jubilación debe basarse en unos ingresos que posibiliten unas condiciones de vida dignas, entre ellas la protección de la salud, el enriquecimiento cultural y la adquisición de nuevas capacidades, que permitan a los pensionistas integrarse plenamente en el entorno social en el que viven;

BA. Considerando que una vida digna, en particular en el caso de las personas mayores, no puede entenderse sin el derecho a una vivienda con unas condiciones de accesibilidad, higiene y comodidad adecuadas que les permita envejecer al amparo de la protección social y familiar; que, en algunos contextos de presión derivada de la especulación inmobiliaria, las personas mayores han sido las primeras en ser desalojadas, lo que ha aumentado su aislamiento social y su dependencia funcional;

BB. Considerando que las mujeres corren mayor riesgo de sufrir pobreza y exclusión social debido, entre otros factores, al persistente problema de la brecha de género en materia de empleo, salarios y pensiones, al aumento de las interrupciones de la carrera profesional debido a las responsabilidades familiares y asistenciales y al incremento del empleo a tiempo parcial (37), a veces precario y temporal (38), especialmente en el caso de las madres solteras; que estos factores dificultan que muchas mujeres ahorren dinero para más adelante y las hacen especialmente vulnerables a la pobreza en la vejez;

BC. Considerando que, según Eurostat, las mujeres reciben pensiones más bajas que los hombres en todos los Estados miembros de la Unión; que las mujeres mayores de 65 años de la Unión reciben, de media, una pensión un 30 % inferior a la de los hombres;

BD. Considerando que una encuesta del Eurobarómetro de 2019 muestra que el 40 % de la población de la Unión se siente discriminada por razón de la edad; que el envejecimiento de la población está presente en distintos niveles y se manifiesta de diferentes formas, también en los enfoques individuales, en la percepción de uno mismo y en las relaciones intergeneracionales; que se ha demostrado que el envejecimiento de la población reduce la salud y la esperanza de vida y obstaculiza la plena participación en la vida social, cultural y civil, y puede dar lugar a restricciones en el acceso de las personas mayores a los servicios o a la participación activa en el mercado laboral, tanto a escala nacional como de la Unión, y a los servicios en el lugar de trabajo, lo que provoca marginación y exclusión social; que, según la última Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo, la discriminación por razón de edad fue la forma de discriminación más habitual en el lugar de trabajo; que, entre otras formas de discriminación señaladas por las personas de edad avanzada, se encuentran el acceso a productos y servicios financieros, a la atención sanitaria, a la educación, a la formación y al ocio (39); que la lucha eficaz contra la discriminación por razón de edad y los estereotipos de edad, también en el mercado laboral, es esencial para el envejecimiento activo, para generar una mayor solidaridad intergeneracional y para aprovechar la experiencia adquirida por los trabajadores de más edad; que reforzar la igualdad de acceso a bienes y servicios resulta esencial en este sentido;

BE. Considerando que, según la OMS, el envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, permitiéndoles desarrollar su potencial de bienestar a lo largo de la vida y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, proporcionándoles al mismo tiempo protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesiten asistencia;

BF. Considerando que la Unión y varios Estados miembros desempeñan un papel activo en las consideraciones sobre nuevos instrumentos a nivel internacional para proteger los derechos de las personas mayores; que deben apoyarse y fomentarse activamente estas deliberaciones a escala internacional; que, si bien la Directiva 2000/78/CE del Consejo establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, no aborda la discriminación en otros ámbitos de la vida social, así como tampoco la discriminación múltiple;

BG. Considerando que las personas mayores son a veces víctimas de violencia, malos tratos y de otras actos preocupantes, como fraudes, prácticas empresariales desleales y privación de la capacidad jurídica y de los medios para gestionar sus propios asuntos; que debe documentarse mejor el fenómeno de los malos tratos contra las personas mayores con datos e investigaciones respecto a su incidencia y a las formas de prevenirlo; que son necesarios esfuerzos para obtener datos más completos sobre el maltrato a las personas mayores;

BH. Considerando que la Unión está financiando iniciativas piloto, como EUROPeAN, MILCEA y WeDO, en el ámbito de la lucha contra la delincuencia contra las personas mayores;

BI. Considerando que las personas mayores de zonas rurales o remotas pueden enfrentarse a mayores riesgos relacionados con la edad, incluidos la pobreza, un peor acceso a la atención y los servicios sanitarios de calidad, menos apoyo social u oportunidades de interacción social y falta de acceso a los servicios de transporte público;

Empleo y envejecimiento activo

BJ. Considerando que, según una encuesta del Eurobarómetro de 2012, el 60 % de la población de la Unión estaba en contra de la jubilación obligatoria y el 61 % opinaba que todo el mundo debería poder seguir trabajando más allá de la edad de jubilación reglamentaria; que, dependiendo de sus necesidades financieras, casi la mitad de los trabajadores mayores de 50 años preferiría trabajar menos horas, mientras que una proporción significativa de las personas jubiladas preferiría trabajar al menos unas pocas horas por semana (40); que el hecho de trabajar una vez cumplida la edad de jubilación se asocia a políticas en el lugar de trabajo que apoyan la empleabilidad y que los trabajadores permanezcan en el mercado laboral más tiempo si así lo desean; que las tasas de contratación de los trabajadores de más edad que no tienen empleo son, sin embargo, extremadamente bajas y que estos trabajadores corren un alto riesgo de convertirse en desempleados de larga duración; que las tasas de pobreza y de exclusión social de las personas de edades comprendidas entre los 55 y los 64 años son superiores a la media de la Unión para todas las edades; que el 56 % de las personas en la Unión se muestran preocupadas por que sus ingresos en la vejez no sean suficientes (41); que la probabilidad de encontrar un nuevo empleo disminuye con la edad, en parte por la existencia barreras estructurales, incluida la discriminación por razón de edad (42); que los datos muestran, en general, un nivel más alto de satisfacción con la vida entre las personas que están jubiladas pero siguen trabajando que entre aquellas que están completamente jubiladas (43); que, por lo general, el sentimiento de propósito en la vida disminuye después de la edad de 50 años, pero sigue siendo mucho más fuerte entre los individuos que siguen trabajando tras la jubilación o tienen responsabilidades relacionadas con los cuidados infantiles o de larga duración (44); que la lucha contra el desempleo entre los trabajadores de más edad en la Unión sigue siendo muy importante;

BK. Considerando que unas condiciones de trabajo y de empleo adecuadas, incluidos la mejora de la salud y la seguridad en el trabajo, un mejor equilibrio entre la vida privada y la vida profesional, un entorno profesional adecuado a la edad, menos requisitos cuantitativos y autonomía en cuanto al tiempo de trabajo, pueden facilitar y animar a que muchas personas mayores permanezcan en el mercado laboral si así lo desean;

BL. Considerando que debe prestarse especial atención a las necesidades de los trabajadores en empleos muy exigentes desde el punto de vista físico o psicológico; que esta cuestión puede abordarse a través de estrategias de salud y seguridad en el trabajo, políticas de apoyo al equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, el acceso a oportunidades de educación y formación en el trabajo o fuera de él y su asimilación, el apoyo a los intercambios intergeneracionales en los lugares de trabajo y la opción de jubilarse progresivamente, lo que aportará beneficios tanto individuales como sociales;

BM. Considerando que una Unión más envejecida con una mano de obra más reducida puede ejercer presión sobre los presupuestos públicos y los sistemas de seguridad social y de asistencia sanitaria; que se calcula que el coste total del envejecimiento (45) será del 26,7 % del PIB de aquí a 2070 (46); que un estudio realizado para la Comisión en 2018 sobre la economía plateada (personas mayores de 50 años) estima que la contribución de la economía plateada de la Unión al PIB alcanzará los 6,4 billones de euros y los 88 millones de puestos de trabajo de aquí a 2025; que esto equivaldría al 32 % del PIB y al 38 % del empleo de la Unión (47);

BN. Considerando que resulta esencial para el envejecimiento activo promover una perspectiva basada en el ciclo de vida y sensibilizar a los empresarios sobre la importancia de los entornos laborales favorables a los mayores; que la lucha contra el desempleo entre los jóvenes y las personas mayores sigue siendo un desafío clave en muchas regiones; que la Unión y los Estados miembros aún tienen que dar una respuesta adecuada a los retos del mercado laboral; que es necesario adaptar las capacidades de los trabajadores de más edad, que están especialmente amenazados por la reestructuración económica, y fomentar políticas de apoyo a la movilidad de las personas mayores en el mercado laboral, especialmente en lo que respecta a la reinserción laboral;

BO. Considerando que los empleadores a menudo se muestran reticentes a ofrecer una formación adecuada a los trabajadores mayores; que el aprendizaje permanente contribuye al envejecimiento activo y permite que las personas trabajen y participen plenamente en la sociedad; que el Parlamento ha adoptado una Resolución sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Erasmus+;

BP. Considerando que garantizar el empleo de calidad, en particular salarios dignos, salud y seguridad en el trabajo y un buen equilibrio entre la vida profesional y la vida privada para los trabajadores a lo largo de su trayectoria profesional, es un requisito previo para una vida laboral sostenible y un envejecimiento activo y saludable tras la jubilación; que esto supone no solo reducir la incidencia de los riesgos profesionales, sino también fomentar y apoyar hábitos saludables entre los trabajadores y abordar riesgos como los de carácter psicosocial y los trastornos musculoesqueléticos; que la salud y el rendimiento de los trabajadores mayores no vienen determinados por su edad, sino por una serie de factores estrechamente relacionados, como el estilo de vida personal y la exposición a peligros en el lugar de trabajo (48); que los empleos de calidad, así como los lugares de trabajo seguros y saludables, no solo son importantes para el bienestar de los trabajadores, sino también para la competitividad de las empresas y la sostenibilidad de los sistemas de bienestar;

BQ. Considerando que el impacto de los cambios demográficos en el mercado laboral ha subrayado la importancia de seguir mejorando la gestión empresarial y los métodos de trabajo, así como el papel significativo de soluciones digitales como el teletrabajo, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19, ya que ofrecen numerosas oportunidades para mejorar las condiciones laborales de los empleados, también de aquellos que se acercan a la edad de jubilación, y proporcionan un entorno laboral más inclusivo, en especial para fines de conciliación de la vida profesional y la vida privada y para las personas con discapacidad;

BR. Considerando que las regiones con altas tasas de desempleo se caracterizan por tasas de envejecimiento más altas y una población en disminución;

BS. Considerando que, en el grupo de edad de 55 a 64 años, los trabajadores por cuenta ajena representaban el 59,1 % de la mano de obra de la Unión en 2019 (49); que, en 2016, alrededor de un tercio de los jefes de explotaciones agrarias familiares tenía 65 años o más, y la mayoría de ellos (57 %) tenía 55 años o más; que solo uno de cada diez jefes de explotaciones agrícolas tenía menos de 40 años;

Hacer frente a los retos demográficos con el apoyo de los fondos de la Unión

BT. Considerando que los programas, proyectos y acciones que promueven estrategias de envejecimiento activo deben reflejarse en todos los ámbitos políticos y que los Estados miembros deben hacer uso de todos los instrumentos de la Unión disponibles, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en particular el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Mecanismo «Conectar Europa», para hacer frente a los retos demográficos; que los fondos de la Unión facilitan el suministro de infraestructuras esenciales;

BU. Considerando que iniciativas como el Premio Europeo «Ciudad Accesible» fomentan la adecuación de los espacios públicos a las necesidades de las personas mayores y con movilidad reducida y tienen un efecto positivo en su independencia; que tales iniciativas no solo mejoran la calidad de sus vidas, garantizan su inclusión social y aseguran su disfrute equitativo de los derechos fundamentales, sino que también pueden tener un efecto económico positivo;

BV. Considerando que el número de hogares unipersonales ha aumentado en un 19 % desde 2010; que, en 2019, un 40 % de las mujeres de la Unión mayores de 65 años vivían solas, lo que representa más del doble de la proporción de hombres que vivían solos (50); que en muchos Estados miembros las viviendas para jóvenes, solteros y personas mayores, así como para personas con discapacidad, con enfermedades crónicas y con limitaciones funcionales, a menudo son inadecuadas debido a problemas de accesibilidad, su mala calidad o el elevado coste de la vida y la vivienda; que las viviendas deben ser asequibles, accesibles, seguras y cómodas, factores todos ellos especialmente importantes y no solo para las personas mayores; que muchas personas mayores tienen menos probabilidades de renovar sus hogares si no son propietarios de la vivienda;

BW. Considerando que los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes, están interrelacionados y pertenecen a todas las personas y a todas las generaciones, sin discriminación por motivo alguno; que las personas mayores, también aquellas con discapacidad, son valiosas para la sociedad y, por lo tanto, deben participar en ella todo lo posible y vivir su vida con dignidad y de la forma más independiente posible; que la solidaridad intergeneracional debe guiar la recuperación de la Unión con vistas a lograr una sociedad más justa, inclusiva y resiliente que no deje a nadie atrás;

BX. Considerando que todos los Estados miembros y la Unión son partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por lo tanto, están legalmente obligados a garantizar la autonomía individual, la no discriminación, la participación plena y efectiva en la sociedad y la igualdad de oportunidades y de accesibilidad; que hay más de 80 millones de personas con discapacidad en la Unión, la mayoría de las cuales son mujeres y niñas, y que la mayoría de discapacidades se desarrollan con la edad; que las personas mayores con discapacidad corren mayor riesgo de pobreza y discriminación (51); que las políticas de envejecimiento deben garantizar la protección y la inclusión social de las personas con discapacidad, así como su acceso al mercado laboral y a los servicios; que la movilidad es clave para fomentar la vida independiente y la autonomía; que resulta vital garantizar la consecución de una cadena de transporte plenamente accesible de puerta a puerta;

BY. Considerando que las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia, siguen estando infradiagnosticadas en la mayoría de los países europeos; que existen indicios claros de que la actual cifra de nueve millones de casos confirmados de personas con demencia se duplicará de aquí a 2050 (52); que la demencia es la primera causa de dependencia y discapacidad entre las personas mayores en la Unión, que afecta actualmente a alrededor de diez millones de personas, y que se prevé que su prevalencia se duplique de aquí a 2030;

BZ. Considerando que la PAC sigue siendo el principal instrumento para apoyar la economía rural y crear empleo en las zonas rurales;

CA. Considerando que nuestra seguridad alimentaria depende del éxito del relevo generacional en el campo;

Combatir la discriminación contra las personas mayores

1. Destaca que valorar a las personas mayores y luchar contra la discriminación que sufren solo es posible mediante políticas de inclusión social, cultural y económica que se centren en proporcionar pensiones justas que garanticen una buena calidad de vida; subraya, por consiguiente, la importancia de sistemas públicos de seguridad social distributivos y basados en la solidaridad contributiva entre generaciones, que proporcionen a todos, independientemente de sus propias contribuciones (lo que es particularmente pertinente, por ejemplo, en el caso de las mujeres que han trabajado como cuidadoras), una calidad de vida digna, alejada de la pobreza y de la exclusión social;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para luchar contra todas las formas de discriminación contra las personas de edad avanzada, en particular contra las mujeres, especialmente en los ámbitos del empleo, el acceso a productos y servicios financieros, la atención sanitaria, la vivienda, la promoción de la autonomía, la educación, la formación y las actividades de ocio; pide, además, a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan una percepción positiva de la vejez en la sociedad y la inclusión social de las personas mayores estimulando entornos adecuados para ellas en la Unión a través de medidas adecuadas, y que apoyen el intercambio de buenas prácticas en todos los niveles de gobernanza y refuercen su apoyo a la economía plateada en la Unión; pide a la Comisión a que haga seguimiento del informe de ejecución de la Directiva 2000/78/CE del Consejo pasados veinte años para contemplar el refuerzo del marco relativo a la discriminación por razón de edad en el empleo y la ocupación;

3. Hace hincapié en la importancia que revisten la igualdad de género, la incorporación de la perspectiva de género y la protección de los derechos de las minorías a la hora de hacer frente a los retos demográficos;

4. Lamenta la actual brecha de género en materia de pensiones y pide a los Estados miembros que propongan medidas concretas para corregirla, en especial mediante la lucha contra la brecha salarial de género, el aumento de la tasa de empleo de las mujeres, a través de medidas para la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, la lucha contra el trabajo precario e informal y la garantía de una renta mínima para todos;

5. Subraya que la ampliación de la edad legal de jubilación no representa una herramienta adecuada para abordar y resolver la actual crisis económica y social, ya que podría dar lugar a un mayor deterioro de los derechos fundamentales de los trabajadores de más edad;

6. Subraya que, para ofrecer más oportunidades a las mujeres en las zonas rurales, es esencial mantener el subprograma actual dedicado a este fin en el próximo marco financiero plurianual; pide, en particular, que se preste apoyo a las agricultoras mediante medidas para promover el acceso a la tierra, el apoyo a la instalación y la cobertura de la seguridad social;

7. Pide a la Comisión y al Consejo que establezcan un Año de la Solidaridad Intergeneracional y del Envejecimiento Activo que complemente y se base en los objetivos y el espíritu del Día Europeo de la Solidaridad entre Generaciones y el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones de 2012, a fin de sensibilizar sobre los problemas a los que se enfrentan las personas mayores, promover estrategias para mitigarlos, eliminar estereotipos y prejuicios, reforzar los vínculos y la solidaridad intergeneracionales, luchar contra la exclusión social y abordar problemas de salud sexual; destaca la importancia de esta iniciativa no solo en el contexto del cambio demográfico, sino también de la pandemia de COVID-19, que ha afectado de una forma particularmente grave a los grupos vulnerables, entre ellos a las personas mayores y a sus cuidadores; pide asimismo a los Estados miembros que consulten a expertos académicos y organizaciones de la sociedad civil a la hora de abordar los retos demográficos; pide, además, a la Comisión y al Consejo que apliquen rápidamente las Conclusiones del Consejo sobre los derechos humanos, la participación y el bienestar de las personas mayores en la era de la digitalización, incluida la creación de una «plataforma para la participación y el voluntariado después de la vida laboral» y la promoción de los intercambios y los vínculos intergeneracionales;

8. Recuerda que la brecha de género en materia de pensiones como consecuencia de la brecha salarial de género se sitúa en el 37 % y se deriva de las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida laboral de las mujeres y de los períodos de ausencia en el mercado laboral que se imponen a las mujeres como consecuencia de múltiples formas de desigualdad y discriminación; subraya la necesidad de abordar con urgencia esta brecha a la luz del cambio demográfico, puesto que las mujeres mayores percibirán sus efectos de manera aguda durante mucho tiempo;

9. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión, de 27 de enero de 2021, titulado «El envejecimiento: fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre generaciones» (COM(2021)0050); pide a la Comisión que prepare una estrategia de acción de la Unión sobre cambio demográfico y solidaridad entre generaciones, teniendo en cuenta la diversidad y la complejidad de la situación para distintos grupos de edad, así como las diferencias existentes en los Estados miembros; subraya que dicho plan debe ser socialmente integrador y encaminarse a permitir un envejecimiento digno, activo y saludable y que debe desarrollarse en consonancia con el Decenio del Envejecimiento Saludable de la OMS, con la participación de representantes de todas las generaciones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten especial atención a la situación de las personas mayores a la hora de aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que adopten sin más demora la Directiva del Consejo propuesta por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, que es esencial para combatir la discriminación por cualquier motivo y en todos los ámbitos de la vida social y para luchar contra la discriminación múltiple;

10. Recuerda que no solo a las personas mayores de las zonas rurales, sino en realidad a todos los grupos de edad, independientemente de su lugar de residencia, les afecta el fenómeno del cambio demográfico; subraya en consecuencia la importancia de que haya un enfoque relativo al ciclo vital en políticas conexas que abarque todas las regiones, incluidas las zonas urbanas;

11. Considera que la visión a largo plazo para las zonas rurales tendrá que hacer especial hincapié en programas que impliquen de forma activa a las personas de edad avanzada en la vida de la comunidad rural;

12. Subraya la necesidad de investigar y prevenir mejor la violencia contra las personas mayores;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ratifiquen y apliquen el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica;

Salud y cuidados de larga duración para las personas mayores

14. Destaca que las mujeres mayores se ven más afectadas por los elevados costes de los cuidados de larga duración dado que la esperanza de vida de las mujeres es mayor y su salud está más degradada al final de la vida, lo que aumenta su necesidad de asistencia y cuidados de larga duración; recuerda, asimismo, que las mujeres constituyen la gran mayoría de los cuidadores informales, lo que da lugar a que en particular las mujeres mayores en edad de trabajar tengan menos oportunidades para acceder al mercado laboral y consolidar sus propios derechos de pensión;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan lo posible por que las personas dependientes lleven una vida digna; subraya la necesidad de promover estrategias sobre un apoyo personalizado de calidad para las personas dependientes; resalta que deben tenerse en cuenta las necesidades específicas de las personas con diferentes enfermedades, incluidas las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la demencia, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y los cuidados de larga duración;

16. Señala la importancia de las formas flexibles de trabajo para permitir a mujeres y hombres conciliar la vida privada y la vida profesional, y la necesidad de campañas de sensibilización sobre la división equitativa del trabajo doméstico y los cuidados y la asistencia, una mejor inversión en infraestructuras asistenciales y unos permisos de maternidad y paternidad iguales, no transferibles y remunerados con el fin de avanzar hacia un mejor reparto del trabajo remunerado y no remunerado por género;

17. Subraya la necesidad de combatir la segmentación de género en el mercado laboral, sobre todo en el caso de las carreras orientadas al futuro y con una alta remuneración, como los sectores de la ciencia, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas, las TIC y el sector digital; subraya, asimismo, la importancia de la educación en estos ámbitos a lo largo de la vida, también para las mujeres mayores, con el fin de aumentar su participación continua en el mercado laboral;

18. Pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad de acceso a los servicios sanitarios y asistenciales, también a domicilio, así como a los cuidados de larga duración y paliativos en residencias o en la comunidad, sin discriminación por motivo alguno;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan y fomenten los derechos sexuales y reproductivos y que garanticen el acceso universal a los productos y servicios de salud sexual y reproductiva;

20. Pide a la Comisión que adopte un enfoque basado en los derechos humanos y los datos disponibles para hacer frente a los retos demográficos en la Unión, velando por que todos los residentes en esta puedan disfrutar plenamente de su salud y sus derechos sexuales y reproductivos; condena todo intento de instrumentalizar el cambio demográfico al objeto de socavar la igualdad de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos y pide a la Comisión y al Consejo que defiendan los valores de la Unión en este sentido;

21. Subraya la importancia primordial de proteger plenamente el derecho a la asistencia y el apoyo a las personas mayores, permitiendo su acceso a servicios asistenciales y de apoyo asequibles, de calidad y holísticos, adaptados a las necesidades individuales, así como la relevancia de promover el bienestar, la autonomía, la independencia y la inclusión comunitaria, sin discriminación de ningún tipo; hace hincapié en el papel fundamental de los sistemas de protección social financiados adecuadamente a la hora de hacer que la asistencia sea asequible y realmente accesible;

22. Pide a la Comisión que presente un acuerdo de asistencia para Europa y un programa europeo para los cuidadores, con el objetivo de realizar la transición hacia una economía asistencial que implique la inversión y la legislación pertinentes a escala de la Unión, adoptando un enfoque global con respecto a todas las necesidades y servicios asistenciales, mediante el establecimiento de directrices de calidad para los cuidados a lo largo de toda la vida, incluidos los niños, las personas de edad avanzada y las personas con necesidades de larga duración, con el fin de determinar y reconocer los distintos tipos de cuidados informales, y garantizar el apoyo económico a los cuidadores, y otros aspectos como períodos de permiso apropiados y servicios asequibles;

23. Pide que se adopten las medidas necesarias para fomentar unas tasas de empleo más elevadas entre las mujeres, por ejemplo servicios asistenciales y de cuidado infantil asequibles, períodos de permiso parental adecuados y flexibilidad en los horarios y los lugares de trabajo también para los hombres; señala que, según las previsiones de la OCDE, una convergencia plena de las tasas de participación se traduciría en un aumento del 12,4 % del PIB por habitante de aquí a 2030;

24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten un enfoque de «salud en todas las políticas» que evalúe el impacto en la salud de las decisiones políticas en todos los ámbitos pertinentes;

25. Recuerda que para lograr tasas de natalidad más altas son necesarias más oportunidades laborales, empleo y vivienda estables, condiciones de trabajo y vida dignas, fórmulas de trabajo flexibles, ayudas familiares generosas y permisos parentales remunerados para ambos progenitores, atención a la infancia de calidad desde los primeros años y una distribución equitativa de los cuidados no remunerados y las responsabilidades domésticas entre hombres y mujeres; subraya que, a la luz de los cambios demográficos y de los aumentos previstos de la esperanza de vida, resulta esencial garantizar la plena participación de las mujeres en el mercado laboral sin períodos sabáticos, interrupciones o adopción de trabajo a tiempo parcial y temporal, ya que esto reducirá el riesgo de pobreza de las mujeres en la vejez; insta, por tanto, a los Estados miembros a transponer y aplicar de manera rápida y completa la Directiva relativa a la conciliación de la vida privada y la vida profesional, y les pide que vayan más allá de las normas mínimas establecidas en la Directiva;

26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan estudiando la posibilidad de utilizar tecnologías digitales de apoyo de fácil uso, seguras y accesibles como la teleasistencia y la telemedicina, especialmente en regiones afectadas por un declive demográfico y regiones remotas; subraya que el uso de estas tecnologías debe ser plenamente coherente con el marco existente en materia de protección de datos, teniendo siempre debidamente en cuenta las cuestiones éticas relativas al uso de la tecnología en la salud; anima a los Estados miembros a que creen centros diurnos para las personas de edad avanzada cerca de las escuelas y guarderías, puesto que podría fomentar los lazos intergeneracionales;

27. Considera que toda persona debe tener derecho a elegir unos servicios asistenciales de calidad adecuados para ella y para su familia; considera, asimismo, que el enfoque del desarrollo de los servicios asistenciales debe tener en cuenta todas las categorías de usuarios y sus diferencias y el amplio espectro de preferencias en relación con los tipos de asistencia que requieren; observa que los servicios asistenciales deben desarrollarse de manera que se potencien la continuidad de los cuidados, la atención sanitaria preventiva, la rehabilitación y la vida independiente;

28. Pide que se establezca un marco regulador que garantice servicios sanitarios de calidad, la teleasistencia y la telemedicina, proporcionando protección jurídica a los profesionales sanitarios y mediante el establecimiento de los requisitos necesarios para la formación, con el fin de garantizar servicios asistenciales y de atención primaria a todos los ciudadanos de la Unión, independientemente de su edad, en cualquier zona geográfica;

29. Anima a los Estados miembros a que apoyen modelos asistenciales flexibles, adecuados y adaptados, y subraya que el envejecimiento activo y saludable, el bienestar y la empleabilidad de las personas de edad avanzada en edad de trabajar son esenciales para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y asistenciales; pide a los Estados miembros que apoyen el desarrollo de entornos adaptados a la edad y de soluciones asistenciales basadas en el hogar, la familia y la comunidad, también para las personas con demencia, que desarrollen una red pública de servicios de apoyo y equipos médicos, que promuevan la movilidad, la vida independiente, la inclusión social y la autonomía, y que faciliten las iniciativas de la sociedad civil y la economía social sobre estas cuestiones;

30. Pide a los Estados miembros que reconozcan en mayor medida el valor de los cuidados informales, mejoren la protección social y las diversas formas de apoyo a los cuidadores no profesionales, proporcionen apoyo profesional, formación y asesoramiento entre iguales a los cuidadores no profesionales, y que, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, introduzcan diferentes formas de descanso periódico para los miembros de la familia que cuidan de personas mayores, especialmente aquellos que necesiten servicios de asistencia temporal y diurna, y servicios de apoyo que incluyan fórmulas de trabajo flexibles; anima a los Estados miembros a que presenten estrategias específicas para ayudar a los cuidadores no profesionales y reconocer su contribución a la asistencia a las personas mayores, y propuestas para unos servicios de ayuda adecuados; hace hincapié en que proporcionar cuidados no profesionales debe constituir una opción, y en que deben desarrollarse servicios de cuidados profesionales;

31. Anima a los Estados miembros a que desarrollen el voluntariado y la asistencia en favor de las personas mayores, ya que desempeña un papel especial en situaciones de crisis, como ha quedado demostrado en la pandemia de COVID-19;

32. Pide a los Estados miembros que luchen contra la pobreza entre las mujeres, en especial en edades más avanzadas, que tiene un efecto negativo tanto en la seguridad social de que disfrutan las mujeres como en los niveles del PIB de la Unión, y que garanticen que los trabajadores disfrutan de una protección social adecuada;

33. Pide a los Estados miembros que garanticen el acceso a los servicios de rehabilitación y reintegración con el fin de ayudar a los trabajadores de más edad a reincorporarse al mercado laboral tras las interrupciones de su carrera profesional relacionadas con la salud, si así lo desean, ya que el envejecimiento activo es fundamental para la salud;

34. Subraya que la feminización de la pobreza es consecuencia de varios factores, incluidas las desigualdades de género en la progresión profesional, el hecho de que las mujeres a menudo trabajan con contratos atípicos, la ausencia de afiliación a la seguridad social para las parejas que ayudan a los trabajadores autónomos, y la pobreza en los hogares encabezados por madres solteras;

35. Subraya que el brote de COVID-19 ha puesto de manifiesto que es esencial que los Estados miembros dispongan de sistemas sanitarios sólidos, inclusivos y a prueba de crisis; pide a los Estados miembros que garanticen la existencia de un número suficiente de profesionales en el ámbito de los servicios sanitarios y asistenciales y aseguren el acceso a la medicina geriátrica en toda la Unión; pide a los Estados miembros que garanticen unas condiciones de trabajo y de empleo adecuadas en las profesiones médicas y asistenciales y que inviertan en la educación y formación como medio para asegurar la calidad de la asistencia prestada; pide la creación de incentivos para optar por la profesión de cuidador de personas mayores;

Protección social e inclusión social

36. Pide a los Estados miembros que garanticen un nivel de vida digno para las personas de edad avanzada y, a este respecto, que compartan sus mejores prácticas, en particular por lo que se refiere al establecimiento de pensiones mínimas;

37. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren recomendaciones para reducir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas mayores, centrándose especialmente en la brecha de género en las pensiones, las personas mayores con discapacidad, los inmigrantes de edad avanzada, los romaníes de edad avanzada, las personas mayores pertenecientes a minorías étnicas, raciales, lingüísticas o sexuales y otros grupos que se vean desproporcionadamente afectados por la pobreza y la exclusión social; anima al Comité de Protección Social a que dedique un análisis más profundo a los grupos que se enfrentan a altas tasas de pobreza y exclusión social;

Envejecimiento activo

38. Subraya que la creación y la puesta en marcha de oportunidades de aprendizaje permanente apropiadas para la edad son elementos vitales e indispensables con miras a potenciar la sostenibilidad social y económica y el bienestar personal; pide a los Estados miembros que inviertan en capacidades y educación y desarrollen proyectos formales, no formales e informales de educación, formación y aprendizaje permanente, así como oportunidades para una mejor integración de las personas mayores, incluida la educación en línea, tanto si siguen formando parte del mercado laboral como si ya están jubiladas;

39. Hace hincapié, en este contexto, en la necesidad de reforzar las competencias digitales de las personas mayores, lo que puede ayudarles no solo a beneficiarse de la educación en línea, sino también a mejorar su acceso a la atención sanitaria y a otros servicios digitales; pide programas de capacitación digital accesibles y asequibles adaptados a las necesidades de las personas mayores; pide a la Comisión que adopte medidas específicas dirigidas a las personas de edad avanzada; pide, además, a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen las iniciativas de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional, en particular para los grupos vulnerables, con el fin de ayudar a las personas a encontrar un empleo de calidad y satisfacer las necesidades del mercado laboral, contrarrestar la brecha digital y garantizar que estas personas se adapten y se beneficien efectivamente de los métodos de gestión y trabajo innovadores y de las soluciones digitales, como el teletrabajo;

40. Pide a los Estados miembros que utilicen los fondos del FSE+ y del FEDER para apoyar la creación de empleo de calidad, promover la conciliación entre la vida profesional y la vida privada y ofrecer oportunidades de empleo en las regiones en riesgo de despoblación, prestando especial atención a la mejora de la participación de las mujeres en el mercado laboral; subraya la importancia de los servicios de asesoramiento, el aprendizaje permanente y los programas para la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores de todas las edades;

41. Pide a los Estados miembros y a la Red de la Unión de Servicios Públicos de Empleo que desarrollen intercambios de prácticas sobre la integración de los solicitantes de empleo de edad avanzada en el mercado laboral;

42. Acoge con agrado el compromiso de la Comisión de establecer un salario digno para todos los trabajadores, ya sea mediante el salario mínimo legal o la negociación colectiva;

43. Subraya que para abordar el cambio demográfico debe aplicarse un enfoque basado en los derechos, promoviendo y creando una igualdad de oportunidades, el diálogo y la solidaridad en lugar de una competencia entre personas de distintas generaciones;

44. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la correcta aplicación de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional y que apoyen iniciativas y proyectos regionales y locales destinados a lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida privada para hombres y mujeres;

45. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre la puesta en marcha de un programa de «voluntarios digitales» ( 53 ) al objeto de que los jóvenes cualificados y los mayores experimentados puedan compartir sus capacidades digitales con empresas tradicionales; anima a los Estados miembros a que desarrollen actividades de voluntariado y tutoría para la transferencia de conocimientos entre generaciones, con el fin de contrarrestar la exclusión social y permitir el intercambio de capacidades y experiencias, fomentar la mejora de capacidades de los trabajadores tanto jóvenes como mayores, y preservar los oficios tradicionales como parte del patrimonio europeo;

46. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colmen la brecha digital y sigan explorando las posibilidades de inclusión social e integración en el mercado laboral de las personas de edad avanzada en edad de trabajar, en particular de las personas recluidas en casa, utilizando internet, otras tecnologías de la información y la inteligencia artificial con fines culturales, recreativos, educativos, laborales, de comunicación y médicos, incluida la telemedicina y la telemedicina de manera segura, y garantizando el máximo nivel de protección de los datos personales, reconociendo al mismo tiempo la importancia del contacto personal directo y de un enfoque digno y centrado en el ser humano; pide, en particular, estrategias para mejorar las capacidades digitales, la conectividad y el acceso a dispositivos en contextos de cuidados de larga duración;

47. Señala que mejorar la conectividad y la accesibilidad de los servicios en las zonas rurales y remotas resulta crucial para abordar la despoblación de estas regiones y la exclusión social y digital de la población mayor que vive en ellas; pide, por tanto, a los Estados miembros que reconozcan la importancia de las zonas rurales y remotas, teniendo en cuenta su diversidad, y que desarrollen su potencial estimulando las inversiones en la economía local, fomentando el emprendimiento y mejorando sus infraestructuras;

48. Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en la lucha contra la pobreza, que afecta especialmente a las madres solteras y se ha agravado todavía más con la crisis, lo que ha dado lugar a una mayor exclusión social;

49. Subraya el impacto esencial que las tecnologías digitales en constante evolución tienen en la vida diaria de las personas, y pone de relieve, por tanto, la necesidad de internet de alta velocidad y de equipamientos técnicos vitales y actualizados en escuelas, hospitales y todas las demás dependencias de los servicios públicos pertinentes, incluida una gobernanza electrónica eficaz; considera que las posibilidades que genera el aprendizaje permanente, en combinación con la digitalización, son esenciales para ofrecer a la población en proceso de envejecimiento en las zonas rurales y remotas diferentes oportunidades, incluidos unos ingresos complementarios; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen los programas educativos y formativos que ayuden a la población en proceso de envejecimiento a desarrollar capacidades y adquirir conocimientos en ámbitos como el comercio electrónico, la comercialización en línea y las TIC; pide a los Estados miembros que garanticen que todos los hogares tengan acceso a internet de alta velocidad y a equipos digitales y que promuevan la adquisición de capacidades digitales, especialmente por parte de los grupos vulnerables;

50. Considera que la transición ecológica y digital de la Unión debería aprovechar todo el potencial de las comunidades rurales en proceso de envejecimiento; recuerda, en este sentido, la importancia de garantizar el acceso a internet de banda ancha y a servicios básicos en zonas rurales, la adquisición de cibercapacidades y la adopción de nuevos enfoques sobre desarrollo sostenible, como el concepto de «pueblos inteligentes» y la transformación sostenible del sistema alimentario;

51. Destaca que, a raíz de la evolución, la digitalización y la especialización de la agricultura, tanto las personas del sector como aquellas que acceden a él por primera vez necesitan un nivel adecuado de formación digital, técnica y económica, y pide que se fomenten los programas de intercambio, los debates, la formación en línea y el aprendizaje electrónico;

52. Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta la situación específica de los trabajadores de más edad en el mercado laboral mediante medidas como la formación individualizada y la optimización de las horas de trabajo;

53. Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en el uso cada vez mayor de los Fondos Estructurales para la inversión en servicios públicos de cuidado infantil y atención a personas de edad avanzada y personas dependientes;

54. Pide a los Estados miembros que apoyen el funcionamiento y el desarrollo de las organizaciones de personas mayores y otras formas de participación social;

55. Pide a la Comisión y al Comité de Protección Social que estudien con mayor profundidad las trayectorias no convencionales del mercado laboral en el próximo Informe sobre la adecuación de las pensiones, analizando en detalle la brecha de género en materia de pensiones en todas sus dimensiones y en los tres pilares de los sistemas de pensiones; pide además a la Comisión que evalúe la idoneidad de las pensiones mínimas, que son especialmente pertinentes para evitar la pobreza de las personas mayores;

56. Subraya que la emergente «economía plateada» podría convertirse en uno de los principales motores económicos, sobre todo en las zonas rurales, y proporcionar oportunidades en los sectores de la salud y los cuidados de larga duración, ofreciendo una asistencia de alta calidad de un modo más eficiente; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta el potencial de la «economía plateada» en las estrategias nacionales y de la Unión y que la promuevan con mayor ahínco, también en los intercambios turísticos y culturales destinados a las personas mayores;

57. Recuerda que las regiones ultraperiféricas están especialmente expuestas a la despoblación y necesitan un conjunto especial de medidas para mitigar los cambios demográficos adversos que afrontan; pide a los Estados miembros que utilicen de manera proactiva los Fondos Estructurales y de Inversión disponibles para abordar los desafíos a los que se enfrentan estas regiones;

58. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que impliquen a las organizaciones que representan y defienden los intereses de las personas mayores en la toma de decisiones que les afectan;

59. Subraya que el teletrabajo puede ofrecer numerosas oportunidades en las zonas remotas y ser una de las mejores maneras de utilizar las tecnologías digitales con el fin de mantener la población de las zonas rurales y remotas y, al mismo tiempo, beneficiar a las comunidades locales y sus economías; pide a la Comisión Europea que presente una agenda europea del teletrabajo con vistas a desarrollar un marco legislativo que establezca normas y condiciones mínimas claras para el trabajo a distancia en toda la Unión;

60. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren los derechos de las personas mayores con discapacidad en todas las políticas y programas relacionados con la discapacidad y el envejecimiento y que garanticen el pleno cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

Políticas especiales e investigación

61. Pide a los Estados miembros que utilicen los fondos de la Unión y las inversiones privadas combinadas con inversiones nacionales y locales para ofrecer viviendas asequibles, adecuadas, seguras y accesibles y adaptar los edificios a las necesidades de las personas mayores, vulnerables y desfavorecidas; destaca que los edificios deben tener características de accesibilidad; recalca que una vivienda segura es una vivienda en la que se han reducido los riesgos y en la que se facilita la respuesta en caso de peligro; recuerda que una vivienda accesible debe ir acompañada de infraestructuras adecuadas;

62. Subraya el papel indispensable que desempeñan las autoridades regionales y locales para abordar los problemas demográficos cada vez más graves de las zonas rurales y remotas de una manera razonable y sostenible;

63. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan las mejores prácticas en pro de una política de envejecimiento eficiente;

64. Pide a los Estados miembros que promuevan iniciativas para reforzar los lazos intergeneracionales y ayuden a las personas mayores que deban dejar sus hogares por motivos sanitarios o financieros a encontrar una vivienda asequible que responda a sus necesidades;

65. Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta la dimensión de género en la reforma de sus sistemas de pensiones, y que adapten la edad de jubilación considerando las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a modelos de trabajo y el mayor riesgo de discriminación de las mujeres de edad avanzada en el mercado laboral;

66. Pide a los Estados miembros que prevengan y combatan la violencia contra las mujeres de edad avanzada como parte de sus respuestas nacionales a la COVID-19, también mediante líneas de ayuda y servicios de apoyo, y prestando especial atención a los entornos asistenciales residenciales;

67. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen programas eficaces de lucha contra la violencia contra las mujeres que incorporen la dimensión de la edad a fin de prevenir los abusos físicos, sexuales, psicológicos y económicos que pueden infligirse a las personas de más edad, muchas de las cuales son mujeres; propone que se realicen estudios estadísticos sobre el incremento de la violencia contra las personas mayores, con el objetivo de arrojar luz sobre este grave problema —que normalmente los ancianos no son capaces de denunciar, pues aceptan el maltrato que sufren como algo inherente a su edad avanzada y a su dependencia—, así como de combatir los abusos a las personas de edad avanzada con mayor eficacia y con el compromiso por parte de toda la sociedad;

68. Señala que las viviendas tuteladas y asistidas pueden propiciar la desinstitucionalización de la asistencia; pide a los Estados miembros que exploren las posibilidades de promover viviendas tuteladas, asistidas e intergeneracionales, así como adaptaciones de las viviendas sobre la base de criterios de calidad;

69. Anima a los Estados miembros a llevar a cabo campañas y acciones de información y educación dedicadas a las personas mayores en el ámbito de la seguridad vial, mostrando el impacto de los cambios fisiológicos y el deterioro de las habilidades psicomotrices en la capacidad de desplazarse por la carretera, mejorando así la seguridad para todos los usuarios de la carretera;

70. Anima a los Estados miembros a que aumenten el gasto del FSE+, el FEDER y los Fondos Estructurales destinado a la formación y el reciclaje profesional de los trabajadores de edad avanzada, garantizando un acceso equitativo a los servicios públicos, haciendo especial hincapié en alentar a las empresas a que contraten a personas mayores y en adecuar las infraestructuras públicas, incluido el transporte, y los espacios públicos a las necesidades de las personas mayores; solicita a los Estados miembros que impulsen las inversiones en servicios públicos en las zonas rurales con la ayuda de fondos estructurales, lo que atraería a la generación más joven y aumentaría el bienestar de las personas mayores que viven en estas zonas; pide un mayor uso del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para contrarrestar el aislamiento y la exclusión social de las personas mayores en las zonas rurales y desfavorecidas, prestando especial atención a las zonas en riesgo de despoblación; pide a los Estados miembros que aprovechen las posibilidades que ofrece Next Generation EU a este respecto;

71. Subraya la importancia de disponer de datos adecuados, fiables y comparables como base de las políticas y medidas para abordar los retos demográficos; pide a la Comisión que revise el marco estadístico de la Unión aumentando el límite superior de edad para la recogida de datos, asegurando la inclusión de las personas que viven en residencias y proporcionando datos desglosados por sexo y edad, respetando plenamente las normas sobre privacidad y derechos fundamentales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen más datos y que intensifiquen su apoyo al desarrollo de la investigación sobre el envejecimiento saludable y las enfermedades relacionadas con la vejez y las condiciones de vida de las personas mayores;

72. Se felicita por el plan de acción del pilar europeo de derechos sociales y pide la aplicación rápida y efectiva de los principios expuestos en el pilar; pide a la Comisión que, con vistas a mejorar y reforzar la representación de las personas de edad avanzada en el proceso legislativo de la Unión y emulando el actual Parlamento de los Jóvenes de la Unión Europea, considere la posibilidad de financiar una iniciativa de este tipo en el marco del programa de la Unión Derechos, Igualdad y Ciudadanía;

73. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que centren sus acciones en el aumento de la esperanza de vida con buena salud de las personas mayores; subraya, a este respecto, la importancia de los programas de promoción y educación en materia de salud a lo largo de toda la vida, prevención de enfermedades y exámenes periódicos, y de emprender nuevas iniciativas, como mejores políticas de prevención de enfermedades y programas de asistencia sanitaria más eficaces, para estimular el proceso de envejecimiento saludable; pide a la Comisión y a los Estados miembros que participen activamente en el Decenio del Envejecimiento Saludable de la OMS mediante la elaboración de planes de envejecimiento saludable en la Unión que incluyan el acceso a los servicios sanitarios y asistenciales, así como estrategias de promoción y prevención en materia de salud; pide a la Comisión que establezca una ambiciosa agenda de investigación sobre la salud física y mental como parte del programa Horizonte Europa; anima a los Estados miembros a que consideren la posibilidad de utilizar los fondos proporcionados por el marco financiero plurianual y Next Generation EU a tal fin;

74. Pide a los Estados miembros que fomenten el intercambio intergeneracional, entre otras formas, promoviendo el voluntariado por parte de los jóvenes en favor de las personas mayores, y que impulsen y financien centros intergeneracionales, ya que pueden ser cruciales para luchar contra la discriminación por razón de edad y garantizar la inclusión social de las personas mayores; anima a los Estados miembros a crear centros de asistencia comunitarios, actividades de voluntariado y oportunidades de aprendizaje permanente dirigidas a personas mayores cerca de las escuelas y las guarderías, y a fomentar los vínculos intergeneracionales promoviendo los intercambios entre estos servicios; insta a los Estados miembros y a la Comisión a promover programas, proyectos y medidas que fomenten la participación social, cultural y política de las personas mayores;

75. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y apoyen un mercado laboral inclusivo y unas sociedades que permitan una participación equitativa y que aprovechen las capacidades y el talento de todos; pide a los Estados miembros que desarrollen estrategias de empleabilidad y gestión de la carrera profesional con el fin de prepararse para el envejecimiento de la población activa y unos mercados de trabajo más volátiles, a la luz de las transformaciones frecuentes y profundas en los mercados laborales; subraya que tales estrategias deben incluir la promoción de la educación, la formación y el aprendizaje permanente para las personas de todas las edades, lugares de trabajo saludables razonablemente adaptados para los empleados con dificultades por motivos de salud o discapacidad, una mejor conciliación de la vida profesional y la vida privada, y la promoción de los intercambios intergeneracionales en el lugar de trabajo; pide, además, a la Plataforma de la UE sobre las Cartas de la Diversidad que preste mayor atención a la promoción de la diversidad de edad y (dis)capacidad en los lugares de trabajo; pide a la Comisión Europea que haga hincapié en los riesgos psicosociales y físicos relacionados con la edad para mujeres y hombres en la nueva Estrategia marco en materia de salud y seguridad en el trabajo; subraya que la salud y la seguridad en el trabajo son cruciales;

76. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten el acceso al empleo a las personas mayores de sesenta años que así lo deseen, en particular a las mujeres, ya que aumentarían así sus ingresos a lo largo de toda la vida, y que introduzcan actividades profesionales a tiempo parcial y de bajo riesgo para las personas de edad avanzada cuando aún estén sanas y sean capaces de asumir responsabilidades; subraya la importancia de crear oportunidades de empleo remunerado para las personas que ya han alcanzado la edad legal de jubilación y desean permanecer activas o pasar a ser activas, no solo con vistas a obtener ingresos adicionales, sino también como medio para evitar la exclusión social; anima también a incentivar las actividades de voluntariado y tutoría al objeto de impulsar la transferencia de conocimientos entre generaciones; subraya que tales medidas y actividades no deben realizarse a costa de los solicitantes de empleo jóvenes o de los desempleados de larga duración;

77. Pide a la Comisión que adopte una estrategia de la Unión sobre los cuidadores; subraya que la inversión en servicios asistenciales es esencial, ya que no solo aumentará las tasas de empleo de las mujeres, ofreciendo oportunidades laborales en la economía formal a los cuidadores previamente no profesionales y promoviendo el equilibrio entre vida privada y la vida profesional para las mujeres, sino que también mejorará las condiciones de vida de las personas mayores mediante inversiones en centros de cuidados de larga duración, medidas para mejorar la salud mental y luchar contra el aislamiento, y acciones para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres mayores, además de invertir en la salud y la educación de las personas, para garantizar que se mantengan activas y gocen de buena salud a medida que envejecen; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten un conjunto de indicadores sobre el acceso a los sistemas de asistencia para las personas mayores y su sostenibilidad, así como un marco común de calidad sobre los servicios asistenciales para las personas mayores; subraya la importancia de garantizar que la asistencia a las personas mayores siga siendo una competencia nacional;

78. Pide a los Estados miembros que presten una mayor atención a las personas de edad avanzada, especialmente vulnerables a las infecciones virales, incluida la COVID-19; pide a la Comisión y a los Estados miembros que luchen contra el aislamiento, el abandono y la exclusión social que han sufrido las personas mayores durante la pandemia de COVID-19 mediante la promoción de campañas de sensibilización, la realización de investigaciones, la facilitación del intercambio de puntos de vista y la aplicación combinada de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión; pide, además, a los Estados miembros que garanticen la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, así como la disponibilidad de medicamentos seguros y asequibles y el acceso a los mismos; destaca que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de mayor solidaridad por parte de la Unión; pide a la Comisión que elabore y adopte una carta europea de los derechos de las personas mayores sobre la base del artículo 25 de la Carta;

79. Reconoce el papel destacado que pueden desempeñar la política de cohesión y la PAC a la hora de fomentar e impulsar la empleabilidad y la inclusión de las mujeres en las zonas rurales y remotas que afrontan problemas demográficos; pide a los Estados miembros que hagan un mejor uso de los fondos pertinentes a tal fin;

80. Pide a los Estados miembros que utilicen los fondos REACT-UE para abordar el cambio demográfico ( 54 )

81. Destaca que las nuevas tecnologías y los métodos innovadores podrían resultar útiles para reducir los costes de los servicios de interés general, manteniendo al mismo tiempo el nivel de vida y la calidad de los servicios en las zonas remotas y escasamente pobladas; anima a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales pertinentes a invertir en medidas no convencionales e innovadoras destinadas a prestar servicios esenciales a la población y crear un entorno adecuado para que las personas regresen y se revierta la despoblación;

82. Pide a los Estados miembros que refuercen el intercambio de buenas prácticas sobre la creación de políticas e iniciativas demográficas adecuadas destinadas a aprovechar las posibilidades y abordar los retos que plantea el envejecimiento de la población en Europa;

83. Recuerda el carácter específico de la agricultura familiar, que combina la actividad agrícola y la vida familiar, en la que agricultores de edad avanzada permanecen activos más allá de la edad de jubilación;

84. Reconoce el potencial de las personas mayores, incluidos los agricultores, para convertirse en la fuerza motriz de una economía plateada dinámica en las