COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 2.12.2016 COM(2016) 722 final INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la adopción por los Estados miembros de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, de conformidad con su artículo 23, apartado 1



1.INTRODUCCIÓN La trata de seres humanos está expresamente prohibida por el artículo 5, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También figura en el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea entre los delitos especialmente graves que tienen una dimensión transfronteriza. Un paso importante en la acción de la UE para hacer frente a este fenómeno fue la adopción de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas (en lo sucesivo, «la Directiva»), por la que se sustituyó el anterior instrumento jurídico de la UE en materia de trata de seres humanos, la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. La Directiva se aplica a todos los Estados miembros salvo Dinamarca . La Directiva establece normas mínimas que deben aplicarse en toda la Unión Europea para la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, y dispone lo que se entiende por «trata de seres humanos». Se sustenta en un planteamiento que integra los derechos humanos y la perspectiva de género, a fin de reforzar la prevención de este delito y la protección y asistencia que se prestan a las víctimas del mismo. La Directiva se refiere a: i) las medidas penales, la investigación y el enjuiciamiento (artículos 2 a 10); ii) las medidas de asistencia, apoyo y protección para las víctimas (artículos 11 a 17); iii) las medidas de prevención que propicien la disminución de la demanda que favorece la explotación, la concienciación y el fomento de la formación de las personas que puedan estar en contacto con las víctimas (artículo 18); y iv) los ponentes nacionales o mecanismos equivalentes y la coordinación (artículos 19 y 20). La Directiva también tiene especialmente en cuenta el interés superior del menor y establece disposiciones que garanizan asistencia, apoyo y protección adaptados específicamente a los menores (artículos 13 a 16). Este informe responde a la obligación de que la Comisión, conforme al artículo 23, apartado 1, de la Directiva, presente un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se evalúe en qué medida los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva, incluida la descripción de las medidas adoptadas en virtud del artículo 18, apartado 4. La incidencia en la prevención de la legislación nacional vigente que tipifica penalmente el uso de servicios que son objeto de explotación relacionada con la trata de seres humanos se evalúa en un informe independiente . La Comisión organizó tres reuniones con representantes de los Estados miembros antes de la fecha de transposición con el fin de ayudar a los Estados miembros durante los procesos de transposición y permitirles intercambiar información y mejores prácticas, así como para tratar los problemas con los que se habían encontrado a la hora de transponer la Directiva. También se debatió sobre la Directiva en diversas reuniones de la Red de ponentes nacionales o mecanismos equivalentes. El presente informe refleja la situación actual de la transposición de la Directiva en el momento de su redacción, a partir de la información de que dispone la Comisión, y como tal no es un análisis exhaustivo de las disposiciones nacionales vigentes. No puede excluirse la existencia de nuevas medidas o disposiciones legislativas que no se hayan notificado a la Comisión. Por tanto, el presente informe no es óbice para que la Comisión, si fuera necesario, requiera información adicional a los Estados miembros a través de contactos bilaterales. 2.ESTADO DE TRANSPOSICIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS Los Estados miembros debían completar la transposición de la Directiva antes del 6 de abril de 2013. En mayo de 2013, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra varios Estados miembros por no haber comunicado las medidas de transposición de la Directiva mediante el envío de 13 cartas de emplazamiento. En cuatro de dichos procedimientos de infracción, la Comisión remitió dictámenes motivados a los Estados miembros afectados. En la actualidad, todos los Estados miembros sujetos a la Directiva ya han comunicado las medidas adoptadas para la transposición . Debido a la demora en la notificación de las medidas de transposición por parte de Alemania, la Comisión no pudo completar su evaluación de dichas medidas. Por tanto, el informe no incluye conclusiones basadas en la evaluación de estas medidas. Dada la naturaleza amplia e integral de la Directiva, que abarca diferentes ámbitos de las legislaciones nacionales, la mayoría de los Estados miembros han optado por transponerla mediante muchos y variados actos, que se agrupan en cinco grandes áreas: códigos penales, actos específicos relativos a la lucha contra la trata de seres humanos, leyes que protegen a las víctimas de delitos, actos que establecen medidas de protección del menor, y legislación que regula la entrada y residencia de nacionales de terceros países. El presente informe evalúa la transposición de la Directiva en las legislaciones nacionales sin abordar su aplicación. 2.1.Medidas penales, investigación y enjuiciamiento (Artículos 2 a 10) 2.1.1.Infracciones relacionadas con la trata de seres humanos (Artículo 2) El artículo 2 establece una definición común de trata de seres humanos y los tipos de conductas que constituyen una infracción de trata de seres humanos. Todos los Estados miembros han adoptado disposiciones que penalizan la infracción de trata de seres humanos. La definición de la infracción establecida en el artículo 2, apartado 1, comprende tres elementos constitutivos (actos, medios y fines). Los actos de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas están incluidos explícitamente en la definición de la infracción en casi todos los Estados miembros. Algunos Estados miembros no se refieren explícitamente al «intercambio» ni a la «transferencia de control» (BG, CZ, EE, FR, IT, LV, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK y SE). Estos dos actos están generalmente incluidos en otros actos como la «captación de una persona». En lo que se refiere a los medios, el uso de la amenaza, la fuerza u otras formas de coacción, así como el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad están contemplados en todos los Estados miembros. Sin embargo, ciertos medios (rapto, fraude, engaño, entrega o recepción de pagos o beneficios o abuso de poder) no se incluyen explícitamente en la definición de una serie de Estados miembros. Los Estados miembros abordan de diversas maneras la situación de vulnerabilidad, que la Directiva define en el artículo 2, apartado 2, como una situación en la que la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable excepto someterse al abuso. El artículo 2, apartado 3, prevé que la explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena, u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, incluida la mendicidad, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la explotación para realizar actividades delictivas o la extracción de órganos. Varios Estados miembros [BG, ES, FR, CY, LT, LU, MT, NL, PT, SK, SE y UK (Gibraltar)] han incluido referencias explícitas a dichas formas de explotación, mientras que en otros Estados miembros algunas de esas formas mínimas no se mencionan expresamenteSin embargo, en SE, los elementos que faltan están cubiertos por una disposición de carácter general más amplia. Puesto que los Estados miembros pueden ir más allá de la definición mínima, algunos de ellos también hacen referencia a otras formas de explotación, como la explotación con fines de adopción (CY), la producción de material pornográfico (CZ) o el matrimonio forzado (ES, HR y SK). De conformidad con el artículo 2, apartado 4, el consentimiento de la víctima de la trata no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios contemplados en el artículo 2, apartado 1. La mayoría de los Estados miembros han reflejado esta disposición en su legislación nacional; sin embargo, algunos la contemplan sólo a través de los principios generales del Derecho o la jurisprudencia. La información de DE, LV, NL y AT no es concluyente para determinar si dicha disposición se refleja en su legislación nacional. El artículo 2, apartado 5, establece que la trata de niños constituirá infracción punible aun cuando no se haya recurrido a ninguno de los medios contemplados en el artículo 2, apartado 1. Casi todos los Estados miembros reflejan plenamente este requisito a excepción de EL y CY, en cuyo caso la información no es concluyente.

El artículo 2, apartado 6, dispone que, a efectos de la Directiva, se entenderá por «menor» cualquier persona menor de 18 años. Sin embargo, algunos Estados miembros no parecen prestar asistencia y protección a todos los menores hasta los 18 años. 2.1.2.Inducción, complicidad y tentativa (Artículo 3) El artículo 3 obliga a los Estados miembros a garantizar la punibilidad de la inducción, la complicidad o la tentativa en la comisión de la trata de seres humanos. Todos los Estados miembros disponen de las medidas de transposición correspondientes en sus legislaciones nacionales. 2.1.3.Penas (Artículo 4) El artículo 4 establece el nivel mínimo de la pena máxima que debe aplicarse a la infracción de la trata de seres humanos y contempla una serie de circunstancias agravantes que conllevan penas máximas más altas. Casi todos los Estados miembros, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, han decidido que la infracción se castigue con penas privativas de libertad de una duración máxima de al menos cinco años. BE, HU y AT han optado por una pena máxima de cinco años. Todos los demás Estados miembros parecen aplicar penas más severas que oscilan entre un máximo de seis a 20 años. El artículo 4, apartados 2 y 3, enumera una serie de circunstancias agravantes cuya aplicación conlleva penas privativas de libertad más elevadas de al menos 10 años (cuando la infracción se haya cometido: contra una víctima particularmente vulnerable; en el marco de una organización delictiva; poniendo en peligro de forma deliberada o por grave negligencia la vida de la víctima; empleando violencia grave o causando a la víctima daños particularmente graves; por funcionario público en el ejercicio de sus funciones). La mayoría de los Estados miembros han transpuesto estas disposiciones en sus legislaciones nacionales. La información de BG, DE, ES y HU relativa a la inclusión de las circunstancias agravantes o a no imponer al menos un máximo de 10 años de prisión no es concluyente. El artículo 4, apartado 4, establece que las penas por complicidad, inducción y tentativa en el caso de una infracción relacionada con la trata de seres humanos deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. y que pueden dar lugar a entrega. Todos los Estados miembros han transpuesto estas disposiciones. En cuanto a los grados de las penas, los Estados miembros castigan a los cómplices, los inductores y la tentativa de cometer un delito, ya sea con el mismo período de privación de libertad que el infractor principal permitiendo la atenuación de los grados de las penas, o mediante un grado de la pena específico. La entrega por una infracción contemplada en el artículo 3 es posible en todos los Estados miembros. 2.1.4.Responsabilidad de las personas jurídicas (Artículo 5) El artículo 5 obliga a los Estados miembros a garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones contempladas en los artículos 2 y 3, y especifica el cargo o la capacidad del autor en relación con la persona jurídica que dará lugar a dicha responsabilidad. Todos los Estados miembros han introducido la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas para los diferentes tipos de capacidades o cargos del autor que darán lugar a la responsabilidad. Algunos Estados miembros, LT, MT y UK (Escocia), han introducido disposiciones específicas relativas a la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos de trata de seres humanos, mientras que el resto de Estados miembros recurren a disposiciones generales en materia de responsabilidad de las personas jurídicas aplicables a los delitos. Todos los Estados miembros han introducido la responsabilidad de las personas jurídicas en consonancia con el artículo 5, apartado 1, letras a) a c); EL, CY, LT, MT, PL y SK lo han transpuesto literalmente. El artículo 5, apartado 2, dispone que los Estados miembros introducirán la responsabilidad de las personas jurídicas cuando un delito contemplado en los artículos 2 o 3 haya tenido lugar debido a la falta de control o supervisión por parte de una persona que ostente uno de los cargos mencionados en el artículo 5, apartado 1, letras a) a c). Dicha responsabilidad es explícita en todos los Estados miembros, a excepción de LU, en el que la evaluación no es concluyente. El artículo 5, apartado 3, que establece que la responsabilidad de una persona jurídica se entenderá sin perjuicio de las acciones penales que puedan emprenderse contra una persona física por el mismo delito, está contemplado en todos los Estados miembros. El artículo 5, apartado 4, dispone que el concepto de «persona jurídica» excluirá a los Estados u organismos públicos en el ejercicio de su potestad pública y a las organizaciones internacionales públicas. Según la información disponible, ninguno de los Estados miembros incluye a dichos organismos públicos u organizaciones dentro del concepto de «persona jurídica» (o conceptos similares aplicables en virtud de las respectivas legislaciones nacionales). 2.1.5.Sanciones a las personas jurídicas (Artículo 6) El artículo 6 establece la obligación de que los Estados miembros introduzcan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al artículo 5. Los Estados miembros han introducido sanciones administrativas o penales que son expresamente aplicables a las personas jurídicas. Las multas mínimas y máximas varían en función de cada Estado miembro. El artículo 6 dispone asimismo que los Estados miembros podrán incluir otras sanciones opcionales. Según la información disponible, la mayoría de Estados miembros, con la excepción de DE, IE, y UK, han optado por introducir al menos otra sanción. 2.1.6.Embargo y decomiso (Artículo 7) De conformidad con el artículo 7, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que sus autoridades competentes puedan embargar y decomisar los instrumentos y productos de las infracciones a que se refieren los artículos 2 y 3. Todos los Estados miembros cuentan con medidas nacionales para transponer esta disposición. Si bien algunos [BE, EL, ES, FR, CY y UK (Inglaterra/Gales)] han introducido disposiciones específicas en materia de embargo y decomiso en relación con el delito de trata de seres humanos, el resto parecen recurrir a las normas generales sobre el embargo y decomiso del derecho penal, que se aplican a todos los delitos, incluida la trata de seres humanos. 2.1.7.No enjuiciamiento o no imposición de penas a la víctima (Artículo 8) El artículo 8 obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades nacionales competentes puedan optar por no enjuiciar ni imponer penas a las víctimas de la trata de seres humanos por su participación en actividades ilícitas que se hayan visto obligadas a cometer como consecuencia directa de ser víctimas de dicho delito. La Directiva deja a discreción de las autoridades competentes el modo de regular a nivel nacional la posibilidad de no enjuiciar ni imponer penas. Los Estados miembros han adoptado medidas de diversa índole para garantizar que sus autoridades nacionales disponen de esta posibilidad. Algunos (BG, EL, ES, CY, LV, LT, LU, MT, NL, RO, SK y UK) hacen una referencia explícita al no enjuiciamiento de las víctimas de la trata, mientras que otros prevén no enjuiciar a una persona que se haya visto obligada, amenazada o coaccionada para cometer un acto delictivo (HU, IT, PL, PT, SE y SI). La información de CZ y HR no es concluyente. 2.1.8.Investigación y enjuiciamiento (Artículo 9)

El artículo 9, que establece las medidas para la investigación y el enjuiciamiento de la trata de seres humanos, ha sido transpuesto por la mayoría de los Estados miembros. En cuanto al apartado 1, todos los Estados miembros disponen que no se requiere la presentación de una denuncia con el fin de iniciar la investigación correspondiente, y que la retirada de la declaración de la víctima no afecta a la continuación de la investigación o el enjuiciamiento. El apartado 2 establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar el enjuiciamiento de la trata de seres humanos durante un período de tiempo suficiente después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad. La mayoría de los Estados miembros cuentan con una disposición de este tipo, a excepción de IE y HR, cuya información disponible no es concluyente. Todos los Estados miembros han previsto medidas para la formación de las personas o servicios responsables de la investigación o enjuiciamiento de infracciones relativas a la trata, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, bien mediante disposiciones jurídicas o medidas no vinculantes como planes de acción, estrategias o programas nacionales. Por último, todos los Estados miembros han adoptado medidas para garantizar que las personas, unidades o servicios responsables de la investigación o el enjuiciamiento de la trata de seres humanos dispongan de instrumentos de investigación eficaces (artículo 9, apartado 4). Los instrumentos de investigación previstos en los Estados miembros incluyen la interceptación de las comunicaciones (BE, BG, DE, EE, EL, FI, HR, IT, MT, NL, AT, PL, RO, SI, SE y UK); la vigilancia discreta (BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FI, FR; HR, IT, LU, HU, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK y UK); el control de cuentas bancarias y otras investigaciones financieras (BE, FR, HR, HU, IT, AT, PL, PT, RO, SI, FI y UK); y la vigilancia electrónica o medidas similares (BE, BG, CZ, DE, EL, FR, HR, HU, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SE y UK). 2.1.9.Competencia (Artículo 10) El artículo 10, apartado 1, se refiere a las situaciones en las que los Estados miembros deben establecer su competencia respecto de las infracciones contempladas en los artículos 2 y 3. El apartado 2 establece una serie de motivos de competencia opcionales que los Estados miembros pueden elegir adoptar. El apartado 3 se refiere al enjuiciamiento de las infracciones contempladas en los artículos 2 y 3 cometidas fuera del territorio del Estado miembro de que se trate y establece que «cada Estado miembro adoptará, para los casos a los que se refiere el apartado 1, letra b), y podrá adoptar, para los casos a que se refiere el apartado 2, las medidas necesarias para garantizar que su competencia no esté supeditada a las condiciones siguientes: a) los hechos constituyen una infracción penal en el lugar donde se llevaron a cabo, o b) la acción judicial solo puede iniciarse tras la presentación de una deposición por parte de la víctima en el lugar donde se cometió la infracción, o de una denuncia del Estado del lugar en cuyo territorio se cometió la infracción». El artículo 10, apartado 1, letra a), obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para establecer su competencia cuando la infracción se cometa, total o parcialmente, en su territorio. Todos los Estados miembros han transpuesto esta disposición; sin embargo, en HR, CY, LV y SI no está claro si la competencia está establecida también cuando un delito se haya cometido parcialmente en su territorio. El artículo 10, apartado 1, letra b), obliga a los Estados miembros a adoptar la medidas necesarias para establecer su competencia cuando el autor de la infracción sea uno de sus nacionales. Todos los Estados miembros han adoptado medidas para transponer esta disposición. El artículo 10, apartado 2, letras a) a c), establece una serie de motivos de competencia opcionales y la mayoría de los Estados miembros han adoptado al menos uno de ellos. En BG, DE y FR no se han establecido motivos de competencia opcionales. En cuanto al artículo 10, apartado 3, letra a), la mayoría de los Estados miembros han transpuesto esta disposición en la legislación nacional y no han introducido dicha obligación al determinar su competencia en virtud del artículo 10, apartado 1. Sin embargo, en EE, NL, PT y RO [en virtud del artículo 10, apartado 1, letra b)] la competencia solo se establece cuando la infracción esté tipificada en el lugar donde se ha cometido. En lo que se refiere al artículo 10, apartado 3, letra b), que especifica que la competencia basada en los principios de territorialidad y personalidad activa no estará supeditada a la exigencia de que la acción judicial solo puede iniciarse tras la presentación de una deposición por parte de la víctima en el lugar donde se cometió la infracción, o de una denuncia del Estado del lugar en cuyo territorio se cometió la infracción, ninguno de los Estados miembros han introducido dicha exigencia. Por tanto, todos ellos han transpuesto la Directiva en cuanto a los motivos de competencia obligatorios contemplados en el artículo 10, apartado 1. 2.2. Asistencia, apoyo y medidas de protección a las víctimas 2.2.1 Asistencia y apoyo a las víctimas de la trata de seres humanos (Artículo 11) El artículo 11 establece una serie de obligaciones relacionadas con la asistencia y apoyo a las víctimas de la trata de seres humanos, incluidas medidas de identificación. Las medidas necesarias exigidas por este artículo se incluyen frecuentemente no solo en actos legislativos, sino también en planes de acción, estrategias y programas nacionales. La mayoría de los Estados miembros han transpuesto las diversas disposiciones del artículo, aunque algunas cuestiones relativas a la transposición de los apartados 2 y 7 requieren más atención. En relación con el artículo 11, apartado 2, solo la mitad de los Estados miembros exigen claramente que la asistencia y el apoyo se presten en cuanto las autoridades competentes tengan indicios razonables para suponer que la persona es víctima de la trata de seres humanos (BG, EE, ES, FR, CY, IE, LT, LU, NL, RO, SK, FI y UK). Algunos Estados miembros han transpuesto el artículo 11, apartado 2, haciendo también referencia a una lista de indicadores que permiten la identificación basada en «indicios razonables» de una persona como víctima (BG, LT, LU y RO). Un aspecto clave de la Directiva, tal como se contempla en el artículo 11, apartado 3, es la obligación de los Estados miembros de garantizar que la asistencia y el apoyo a la víctima no se supediten a la voluntad de esta de cooperar en la investigación penal, la instrucción o el juicio. Los Estados miembros han adoptado medidas para transponer esta disposición, que se refleja de manera prácticamente literal en la legislación de CY, MT y UK (Gibraltar, Escocia e Irlanda del Norte). La información disponible sobre BE no es concluyente en cuanto a si existen disposiciones incondicionales de asistencia y apoyo y si son aplicables a todas las víctimas, independientemente de su nacionalidad. En el caso de SK, parece que si la presencia de la víctima no es necesaria a efectos del proceso penal, se la puede descartar del programa de asistencia. En la mayoría de los casos, la legislación nacional no contiene una condición que exija la voluntad de la víctima de cooperar en la investigación penal [AT, BG, CZ, EL, FI, HR, HU, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI y UK (Inglaterra/Gales)]. Algunos Estados miembros, como EE, ES, FR, IE, CY, MT, RO y UK (Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar), prevén claramente que la voluntad de cooperar no es necesaria para proporcionar asistencia a las víctimas. En la mayoría de las medidas nacionales, la transposición se ilustra también mediante la normativa que transpone la Directiva 2004/81/CE en relación con las víctimas que sean nacionales de terceros países. Los Estados miembros han establecido mecanismos de diversa naturaleza dirigidos a la identificación, la asistencia y el apoyo tempranos a las víctimas, en cooperación con las organizaciones de apoyo pertinentes, conforme al artículo 11, apartado 4. Los requisitos mínimos del artículo 11, apartado 5, sobre las medidas de asistencia y apoyo a las víctimas se reflejan de diversas maneras, por ejemplo, incluyendo la transposición literal de la disposición de la Directiva en la legislación nacional [CY, MT, UK (Gibraltar)], enunciada de forma dispersa en las disposiciones de diferentes actos (BE, BG, EL, ES, FR, HU, IT, LV, LT, NL, AT, PL, PT, RO, SI y SK) o mediante disposiciones generales que garantizan otra forma de asistencia (BG, ES, HR y RO). Los enfoques nacionales son diversos a la hora de garantizar que la asistencia y el apoyo se presten con el acuerdo y conocimiento de causa de las víctimas. El artículo 11, apartado 6, sobre la información que deberá facilitarse en el marco de la asistencia y el apoyo se refleja en las legislaciones nacionales de la mayoría de los Estados miembros (BG, CY, CZ, EE, EL, ES, FR, HR, LT, LU, MT, AT, PL, PT, RO, SK, FI y UK). A partir de la información disponible, esto no garantiza que las víctimas cuenten con información que abarque el período de reflexión y recuperación con arreglo a la Directiva 2004/81/CE, así como la posibilidad de otorgamiento de protección internacional y la condición de refugiado con arreglo a la Directiva 2004/83/CE y la Directiva 2005/85/CE. Salvo CY, MT y UK (Gibraltar), donde este requisito se ha transpuesto casi literalmente, se deduce principalmente de un conjunto de disposiciones relativas a los procedimientos de concesión de permisos de residencia a nacionales de terceros países. Lo más frecuente es que las medidas nacionales prevean la obligación de informar a los extranjeros de una manera general y no específicamente a las víctimas de la trata de seres humanos. Según la información presentada a la Comisión, la información sobre el período de reflexión está claramente previsto en EE, ES, FI, FR, IE, CY, LT, LU, MT, PT, SK y UK (Gibraltar).

El requisito de la Directiva en materia de información sobre la protección internacional y la condición de refugiado está claramente previsto en BG, EE, IT, CY, MT, PL, SK y UK (Gibraltar). BG y SK se refieren específicamente a las víctimas de la trata de seres humanos. El suministro de información sobre la protección internacional en HU, IE, NL y SE, sobre el período de reflexión en IT, o de ambos tipos de información en BE, LV y SI podría requerir un examen más a fondo. Para transponer el artículo 11, apartado 6, los Estados miembros se han servido de la legislación (EE, EL, FI, HU, ÉL, CY, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK y SE) o de la legislación acompañada de medidas jurídicas no vinculantes (BE, BG, CZ, ES, FR, IE, HR, AT, SI y UK). Por otra parte, en algunos Estados miembros el requisito de la Directiva está presente en actos que abordan específicamente la trata de seres humanos (CY), actos de carácter general (EE, EL, HU, IT, AT, PL, P y, SE) o en ambos (BE, BG, CZ, ES, FR, IE, HR, LV, LT, LU, MT, NL, RO, SK y FI). La transposición del artículo 11, apartado 7, que exige que los Estados miembros asistirán a las víctimas que tengan necesidades especiales derivadas de que se encuentren en estado de gestación, de su salud, de una discapacidad, un trastorno psíquico o psicológico, o de haber sufrido violencia psicológica, física o sexual grave, requiere un examen más a fondo. Según la información disponible, se han observado divergencias con respecto a la transposición de este requisito. 2.2.2 Protección de las víctimas de la trata de seres humanos en las investigaciones y los procesos penales (Artículo 12) El artículo 12 establece una serie de medidas de protección de las víctimas de la trata de seres humanos en las investigaciones y los procesos penales. Mientras que la mayoría de los Estados miembros han transpuesto el artículo, algunas cuestiones relativas a la transposición de los apartados 2 y 4 requieren más atención. Las disposiciones del artículo 12 han sido transpuestas principalmente en las leyes de enjuiciamiento penal nacionales, mientras que algunos Estados miembros las han incluido en actos específicos que abordan la trata de seres humanos (EL, LU, CY, NL, RO, SK, FI y UK) o en actos sobre la protección de las víctimas de delitos (CZ, ES y PT). Tal como exige el artículo 12, apartado 1, todos los Estados miembros garantizan que las medidas de protección establecidas en su legislación se aplican además de los derechos establecidos en la Decisión marco 2001/220/JAI (en la actualidad Directiva 2012/29/UE). El artículo 12, apartado 2, que establece que los Estados miembros garantizarán que las víctimas de la trata de seres humanos tengan acceso inmediato a asesoramiento jurídico y a representación legal, incluso a efectos de reclamar una indemnización, y de forma gratuita cuando la víctima no tenga suficientes recursos económicos, se refleja en las legislaciones nacionales de la mayoría de los Estados miembros (BG, CZ, EE, EL, ES, FR, HR, CY, LV, LT, MT, AT, PT, SI, SK, FI, SE y UK). La mayoría de ellos prevén una asistencia jurídica gratuita cuando la persona no tenga suficientes recursos económicos. EL, HR, LV y SE van más allá, ya que dicha asistencia es gratuita independientemente de los recursos de la víctima. Con respecto a la facilitación de representación legal y asesoramiento jurídico «inmediato», EE, ES, MT y UK (Gibraltar) reflejan esta condición de manera explícita en sus respectivas leyes. Por otra parte, en relación con el alcance del acceso a la representación legal, las informaciones relativas a IT y LU no son concluyentes y podrían requerir un examen más a fondo. En relación con el artículo 12, apartado 3, todos los Estados miembros garantizan que las víctimas de la trata de seres humanos reciban una protección apropiada sobre la base de una evaluación individual del riesgo, entre otros, mediante el acceso a programas de protección de testigos. El apartado 4 establece una serie de procedimientos y situaciones que se deberían evitar en las investigaciones y los procesos penales, como la repetición innecesaria de interrogatorios, los contactos visuales entre las víctimas y los demandados, testificar en audiencia pública y preguntas sobre la vida privada de la víctima cuando no sea absolutamente necesario. La mayoría de los Estados miembros han adoptado medidas para transponer esta disposición, aunque, debido al hecho de que algunos procedimientos no están incluidos de forma explícita en la legislación nacional, la Comisión podría tener que examinar más a fondo la aplicación práctica de esta disposición. 2.2.3 Disposición general sobre las medidas de asistencia, apoyo y protección a los menores víctimas de la trata de seres humanos (Artículo 13) El artículo 13 establece que los menores víctimas de la trata de personas dispondrán de medidas específicas de asistencia, apoyo y protección que tendrán en cuenta su interés superior. La mayoría de los Estados miembros han transpuesto la mayor parte de las disposiciones. Un principio importante que establece la Directiva es la presunción de minoría de edad. Sin embargo, son varias las cuestiones que se plantean en el caso de LT, IT, BE, CZ, FI, FR, HU, IE, LV, NL, AT, PL, RO, SE y SI en relación con la transposición del apartado 2, que establece que las medidas de asistencia, apoyo y protección también deben ofrecerse a las víctimas cuya edad se desconoce, pero con respecto a las cuales existan razones para creer que son menores. 2.2.4 Asistencia y apoyo a las víctimas que son menores (Artículo 14) El artículo 14 dispone que los Estados miembros deben adoptar medidas específicas de asistencia y apoyo adaptadas a los menores víctimas de la trata de seres humanos. La mayoría de los Estados miembros (BG, CZ, EE, ES, FR, CY, HU, LT, PT, RO, SK y UK) hacen una referencia general a la prestación de medidas de asistencia y apoyo, que incluyen asesoramiento, apoyo social, acceso a los servicios de salud y un alojamiento apropiado. Otros (HR, IT, LU, AT y SI) hacen referencia a medidas específicas de asistencia psicológica y médica, la inclusión en la red de protección social (HR), la concesión de un permiso de residencia temporal (SI) y el establecimiento de grupos de protección de menores en los hospitales (AT). Estas medidas de asistencia y apoyo deberían concederse a la víctima menor de edad tras una evaluación individual. Las medidas de asistencia y apoyo que ofrecen algunos Estados miembros (BE, EL, LV y PL) son aplicables a todas las víctimas. Resulta difícil evaluar si el enfoque cubre suficientemente las necesidades específicas de las víctimas menores de edad, incluido el acceso a la educación de dichos menores y de los hijos de las víctimas, por lo que la Comisión lo examinará más a fondo. El artículo 14, apartado 1, dispone que estas medidas deben ayudar y apoyar al menor «a corto y largo plazo». Solo FR hace referencia explícita a la duración de las medidas de asistencia, mientras que los demás Estados miembros parecen disponer este tipo de medidas por un «tiempo razonable» sin especificarlo. El artículo 14, apartado 2, dispone que se debe designar un tutor o representante legal del menor víctima de la trata de seres humanos a partir del momento en que sea identificado, cuando los titulares de la responsabilidad parental no puedan, debido a un conflicto de intereses, defender el interés superior del menor. Todos los Estados miembros reflejan esta disposición: algunos (CY, NL y UK) han adoptado disposiciones específicas a tal fin, mientras que el resto garantiza la designación a través de sus normas generales. El artículo 14, apartado 3, establece que los Estados miembros deben prestar asistencia y apoyo, siempre que sea posible y conveniente, también a la familia del menor víctima que resida en el territorio del Estado miembro. La mitad de los Estados miembros (BG, ES, CY, LT, LU, MT, PL, PT, SI, SK, FI, SE y UK) han adoptado medidas específicas destinadas a la familia del menor víctima. 2.2.5 Protección de los menores víctimas de la trata de seres humanos en las investigaciones y procesos penales (Artículo 15) El artículo 15 establece la obligación de que los Estados miembros adopten una serie de medidas de protección específicas para los menores víctimas de la trata de seres humanos durante las investigaciones y los procesos penales. Todas las legislaciones nacionales parecen incluir disposiciones que van al encuentro de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, con el fin de garantizar que en las investigaciones y los procesos penales se designe un representante del menor víctima en el supuesto de que a los titulares de la responsabilidad parental se les retire la representación del menor como resultado de un conflicto de intereses. El derecho a asesoramiento jurídico y representación legal para el menor víctima previsto en el apartado 2 tiende a estar cubierto por las normas generales del Derecho penal y civil aplicable a todos, incluidos adultos y menores.

Los Estados miembros reflejan las medidas de protección específicas enumeradas en el artículo 15, apartado 3, letras a) a f), principalmente a través de disposiciones generales de las leyes de enjuiciamiento penal o de actos que protegen a las víctimas de delitos en general. Por tanto, si bien existen medidas generales y disposiciones en las leyes de enjuiciamiento penal, parece haber una falta de medidas específicas para los menores víctimas de la trata. Existen medidas nacionales específicas al respecto en EL, CY, LV, NL, MT, RO y UK. Esta disposición podría requerir un examen más a fondo, ya que algunos Estados miembros parecen aplicar todas o algunas de las medidas de protección solo a los menores de 14 años (DE, EE, IE, LV, AT y RO) o de 15 años (PL), mientras que el artículo 2, apartado 6, de la Directiva establece que se entenderá por menor cualquier persona menor de 18 años. De conformidad con el artículo 15, apartado 4, la mayoría de los Estados miembros garantizan que en las investigaciones judiciales relacionadas con la trata de seres humanos, todos los interrogatorios de víctimas o testigos menores de edad puedan ser grabados en vídeo y que estas grabaciones puedan ser admitidas como pruebas en el proceso penal. Mayoritariamente, los Estados miembros reflejan esta disposición en sus leyes de enjuiciamiento penal. Requieren especial atención los casos en que las disposiciones se limitan en función de la edad de los menores. El artículo 15, apartado 5, que exige que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para garantizar que en los procesos penales puedan ordenarse medidas de protección específicas, se garantiza principalmente a través de las medidas generales de las leyes de enjuiciamiento penal. La mayor parte de los Estados miembros garantizan que la audiencia de las víctimas o testigos menores de edad tenga lugar a puerta cerrada, pero en algunos se aplican condiciones específicas.La mayor parte de los Estados miembros disponen, en general, que la víctima que sea menor pueda ser oída sin estar presente en la sala, mediante la utilización de las tecnologías de la comunicación adecuadas, pero en algunos Estados miembros esta posibilidad está vinculada a la edad del menor. 2.2.6 Asistencia, apoyo y protección a los menores no acompañados víctimas de la trata de seres humanos (Artículo 16) El artículo 16 se refiere a los menores no acompañados víctimas de la trata y estipula que los Estados miembros deben facilitarles medidas de asistencia, apoyo y protección que satisfagan sus necesidades específicas. Tales medidas no solo deben tener en cuenta el interés superior del menor no acompañado, sino también hallar una solución duradera. Existen medidas específicas relacionadas con la atención médica y psicológica, así como la representación y el alojamiento de los menores no acompañados víctimas en algunos Estados miembros (HU, IE, CY, AT, SK y FI), mientras que en otros (BG, EE, HR, LV, PT, SI y UK) dichos menores parecen estar cubiertos por las normas generalesxiste un número limitado de medidas, además de las normas generales aplicables a todos los menores, adaptadas específicamente para los menores no acompañados víctimas. La mayoría de los Estados miembros garantizan que se adopten medidas específicas de asistencia y apoyo a los menores no acompañados víctimas (como apoyo médico y psicológico y acceso a un alojamiento apropiado) de acuerdo con su interés superior. La mayor parte de ellos garantizan también medidas que buscan la estabilidad a largo plazo y una solución duradera para cada menor víctima. Algunos requisitos podrían requerir un examen más a fondo en relación con EL, LV y SE. De conformidad con el artículo 16, apartados 3 y 4, los Estados miembros garantizarán que se nombre un tutor y un representante responsable en las investigaciones y procesos penales para los menores no acompañados víctimas de la trata. Esta obligación se refleja en las legislaciones nacionales de todos los Estados miembros. 2.2.7 Indemnización a las víctimas (Artículo 17) El artículo 17 establece que los Estados miembros deben garantizar que las víctimas de la trata tengan acceso a los regímenes existentes de indemnización a las víctimas de delitos violentos cometidos intencionadamente. Todos los Estados miembros prevén la posibilidad de dicha indemnización para todas las víctimas, independientemente de su nacionalidad. En SI, la indemnización parece acordarse a las víctimas que son ciudadanos eslovenos o de la UE. El tipo de indemnización acordada y los procedimientos para la concesión de la indemnización varían entre los Estados miembros, aunque, en general, incluyen el pago de tratamientos médicos y psicológicos, la pérdida de ingresos, los honorarios legales y los gastos funerarios. Algunos Estados miembros (AT, SK, FI, y UK) también indemnizan por los perjuicios morales, como el sufrimiento físico y psicológico. En cuanto a los procedimientos para obtener la indemnización, muchos Estados miembros (BG, CZ, ES, IE, LT, MT, NL, PT y SE) contemplan un sistema dual por el que la víctima puede interponer una demanda civil de indemnización contra el autor dentro del procedimiento penal; si a la víctima no se le indemniza plenamente a través de este procedimiento, todavía existe la posibilidad de percibir una indemnización del Estado. Otros Estados miembros (EE, EL, HU, LV, PL, RO, SK y UK) tienen disposiciones específicas para la indemnización de las víctimas de delitos (incluidos los delitos violentos) o para lesiones causadas por este tipo de delitos. En BE, FR y HR, se ha constituido un fondo especial para víctimas de delitos violentos con cargo al cual el Estado indemniza a las víctimas. 2.3 Prevención (Artículo 18) El artículo 18, establece la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas para desalentar y disminuir la demanda, que es el factor que favorece todas las formas de explotación relacionadas con la trata de seres humanos. Normalmente las medidas necesarias que este artículo exige no están incluidas en actos legislativos, sino en planes de acción, estrategias y programas nacionales. El apartado 1 dispone que los Estados miembros adoptarán medidas apropiadas, como la educación y la formación, mientras que el apartado 2 se refiere en particular a la información y la concienciación. La mayoría de los Estados miembros (BE, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IE, CY, LT, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, SE y UK) han adoptado planes de acción que incluyen medidas de formación y educación generales junto con proyectos específicos de concienciación. De conformidad con el apartado 3, los Estados miembros fomentarán la formación periódica de los funcionarios que puedan estar en contacto con las víctimas reales o las posibles víctimas de la trata de seres humanos. Todos los Estados miembros han adoptado medidas para garantizar que sus funcionarios estén formados. La mayoría de los Estados miembros se refieren, en general, a los funcionarios que pueden estar en contacto con las víctimas reales de la trata de seres humanos, mientras que otros hacen referencia explícita a la formación de los funcionarios del servicio de inmigración (BE, FR y LU), los jueces (AT, BE, BG, CZ, HU, LT, MT, PL, PT, SE y SI), los fiscales (BG, CZ, EE, ES, HU, IT, LT, MT, NL, AT, PL, SI y SE), las autoridades policiales (EE, NL y PL), la policía judicial (ES), los empleados de diferentes ministerios (BE, CY, ES, MT y SI), los representantes de los medios de comunicación (BG), los inspectores de trabajo (CZ, FR y SI), los oficiales del ejército que participan en misiones en el extranjero (CZ), los profesionales sanitarios (FR, PT y SK), el personal de control de fronteras (HU, LT y PT) y los trabajadores sociales y el personal de los servicios de asistencia (BG, HU, IT, LT, LU, MT, PT, SI y SK). En un informe aparte se presenta una evaluación más detallada de las medidas adoptadas o estudiadas por los Estados miembros en el contexto del artículo 18, apartado 4, de la Directiva con el objetivo de tipificar penalmente el uso de servicios que son objeto de explotación de las víctimas de la trata, a sabiendas de que la persona es una víctima. 2.4 Ponentes nacionales o mecanismos equivalentes y coordinación de la estrategia de la Unión contra la trata de seres humanos (Artículos 19 y 20)