COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 26.11.2015 COM(2015) 700 final PROYECTO DE INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO

DE LA COMISIÓN Y DEL CONSEJO que acompaña a la Comunicación de la Comisión

relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016



PROYECTO DE INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO DE LA COMISIÓN Y DEL CONSEJO que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016 El proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo, exigido en el artículo 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), forma parte del paquete del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) con el que se pone en marcha el Semestre Europeo. El Informe Conjunto sobre el Empleo, aportación fundamental a la gobernanza económica de la UE, ofrece un resumen anual de los acontecimientos clave en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros y las prioridades del EPAC. En este contexto, el proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo para 2016 indica lo siguiente: La situación social y del empleo mejora lentamente, aunque persisten los signos de divergencia entre los Estados miembros y dentro de estos. En consonancia con la recuperación económica gradual, las tasas de empleo vuelven a aumentar, mientras que las tasas de desempleo están descendiendo en casi todos los Estados miembros. En 2014, la tasa de desempleo anual de la EU-28 seguía siendo superior al 10 %, e incluso era mayor en la zona del euro, pero se ha reducido en el transcurso de 2015. El desempleo juvenil y el desempleo de larga duración también están disminuyendo desde 2013, si bien siguen estando en general en niveles elevados. Siguen existiendo grandes diferencias entre los Estados miembros, a pesar de la tímida convergencia de las condiciones del mercado de trabajo observada en 2014. La renta de los hogares en la UE aumentó ligeramente en 2014 y principios de 2015, favorecida por una actividad económica más fuerte y por la mejora de la situación del mercado de trabajo. El número y la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se estabilizaron globalmente en 2013 y 2014. Pero la evolución social continúa apuntando a una mayor divergencia dentro de la UE, tal como muestra el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave en relación con la evolución de la tasa de riesgo de pobreza y de la desigualdad. Podría definirse una serie de indicadores comunes, sobre la base de las buenas prácticas, al objeto de apoyar los procesos de convergencia al alza, al tiempo que se reconoce la diversidad de los puntos de partida y de las prácticas en los Estados miembros. Deben continuar las reformas destinadas a apoyar unos mercados de trabajo que funcionen correctamente y que sean dinámicos e inclusivos. Varios Estados miembros han emprendido reformas que han tenido efectos positivos visibles, por ejemplo, en el aumento de las tasas de empleo. No obstante, es necesario seguir esforzándose para estimular el crecimiento e instaurar un entorno positivo para la creación de empleo de calidad. Considerando que el reciente crecimiento del empleo es en gran medida el fruto de un incremento en los contratos de duración determinada, los Estados miembros también deben continuar aplicando medidas destinadas a resolver el problema de la segmentación de los mercados de trabajo —y, en algunos casos, intensificarlas—, garantizando un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad. Los sistemas fiscales deben respaldar mejor la creación de empleo. Se han iniciado reformas de los regímenes fiscales a fin de reducir las medidas disuasorias del empleo y al mismo tiempo disminuir la fiscalidad sobre el trabajo, con el fin de apoyar a las empresas a contratar personal, o volverlo a contratar, orientándose a menudo hacia grupos como los desempleados jóvenes y de larga duración. Aun así, en los últimos años, la cuña fiscal general sobre el trabajo ha aumentado en un número considerable de Estados miembros, especialmente en los casos de personas con salarios bajos y medios. Esta tendencia es preocupante a la luz de la tasa de desempleo persistentemente alta en muchos Estados miembros, si se considera que los elevados niveles de la cuña fiscal pueden obstaculizar tanto la demanda como la oferta de empleo. La fijación de los salarios ha venido reflejando en general la continuación de la moderación salarial. Una serie de reformas han reforzado unos mecanismos de fijación de salarios a fin de promover la convergencia de la evolución de los salarios con la productividad y de apoyar la renta disponible de los hogares, prestando una atención particular a los salarios mínimos. En general, la reciente evolución salarial parece ser bastante equilibrada en la mayoría de los Estados miembros y ha contribuido al reequilibrio en la zona del euro. Los salarios reales oscilan en gran medida en función de la productividad en la mayoría de los Estados miembros, con algunas excepciones. Se trata de una evolución positiva para el equilibrio interno y externo de los países, aunque son precisos algunos nuevos ajustes. La inversión en capital humano a través de la educación y la formación se ha centrado sobre todo en los jóvenes, pero algunos Estados miembros también han realizado grandes esfuerzos para reformar sus sistemas de educación o para ampliar las oportunidades de educación de adultos y de formación profesional. Sin embargo, el gasto público en educación disminuyó en casi la mitad de los Estados miembros y descendió un 3,2 % en el conjunto de la UE en comparación con 2010. La modernización, una mejor adecuación de las capacidades a las necesidades del mercado de trabajo, y la inversión continua en educación y formación, incluyendo las capacidades digitales, son esenciales para el futuro del empleo, el crecimiento económico y la competitividad en la UE.

Los Estados miembros han mantenido sus esfuerzos para apoyar el empleo juvenil y abordar los elevados niveles de personas que no estudian ni trabajan ni siguen ninguna formación (ninis). La Garantía Juvenil se ha convertido en un motor para mejorar las transiciones desde el sistema de enseñanza al trabajo y reducir así el desempleo juvenil, y los primeros resultados ya son visibles gracias a la disminución del porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan ni siguen ninguna formación. No obstante, para conseguir que esos logros sean sostenibles será necesario proseguir su aplicación, contando también con el apoyo de fuentes de financiación nacionales e insistiendo en la reforma estructural. La tasa de desempleo juvenil de la UE ha empezado a disminuir, pero no lo ha hecho en todos los países, y las diferencias entre estos siguen siendo considerables. La reincorporación de los desempleados de larga duración debe seguir siendo una prioridad. El desempleo de larga duración representa en la actualidad el 50 % del desempleo total, lo que plantea un importante desafío para las políticas sociales y de empleo. La probabilidad de pasar del desempleo a la inactividad aumenta con el tiempo en que se permanece en situación de desempleo. Esto puede tener consecuencias negativas importantes para el crecimiento económico, también en vista de los necesarios aumentos de productividad y del cambio demográfico. La transición del desempleo de larga duración al empleo debe contar con un mejor apoyo en muchos Estados miembros a través de medidas activas del mercado de trabajo. Se precisa una acción inmediata, tanto desde el lado de la demanda como desde el de la oferta, antes de que los desempleados de larga duración se desmotiven y pasen a la inactividad. La reforma en curso del diálogo social está sobre todo vinculada a la reforma de la negociación colectiva y también a la representación de los trabajadores. La negociación colectiva está descentralizándose cada vez más y está pasando del nivel intersectorial al nivel de la empresa. En los Estados miembros en los que existen convenios colectivos intersectoriales, ha aumentado el margen para que los convenios colectivos a nivel de empresa fijen las condiciones de trabajo. En estos contextos de negociación colectiva descentralizada, son esenciales las estructuras de representación de los trabajadores y la coordinación de la negociación con los niveles superiores y horizontalmente, a fin de garantizar un aumento de la productividad y del empleo, así como una proporción equitativa de los salarios para los trabajadores. Es preciso mejorar la participación de los interlocutores sociales en la formulación y la aplicación de políticas. A pesar de que las mujeres están cada vez mejor cualificadas, y de que incluso superan a los hombres en términos de logros educativos, siguen estando infrarrepresentadas en el mercado de trabajo. La brecha de género en el empleo sigue siendo especialmente grande en los casos de los padres y de los cuidadores de personas dependientes, lo que hace necesario adoptar nuevas medidas, por ejemplo en el ámbito de la atención a la infancia; por otra parte, la importante brecha de género existente en las pensiones en la UE se sitúa en el 40 %, lo que refleja la inferioridad de los salarios y la mayor brevedad de las carreras profesionales de las mujeres. En vista de ello, deben redoblarse los esfuerzos en pro de una integración global del enfoque de la conciliación entre la vida laboral y familiar en la elaboración de las políticas, incluyendo instalaciones para el cuidado de los niños y acuerdos en materia de vacaciones y de flexibilidad del horario de trabajo, así como sistemas fiscales y de prestaciones que no desincentiven a los segundos perceptores de renta para trabajar o para trabajar más. Los Estados miembros han continuado modernizando sus sistemas de protección social para facilitar la participación en el mercado de trabajo, prevenir los riesgos y facilitar la protección contra estos a lo largo de la vida. Los sistemas de protección social deben ser más eficaces contra la exclusión social y la pobreza y convertirse en instrumentos de amplio alcance al servicio del desarrollo individual, de las transiciones hacia el mercado laboral y a lo largo de la vida, y de la cohesión social. Un nivel de pensión adecuado sigue supeditado a la capacidad de las mujeres y los hombres de tener carreras más largas y completas, con unas políticas activas en materia de envejecimiento que contemplen suficientemente los aspectos de salud y formación. La inversión en la población en edad de trabajar, incluyendo la atención a la infancia, es esencial para garantizar resultados inclusivos en materia de empleo, así como unas finanzas públicas sostenibles. Los sistemas sanitarios contribuyen al bienestar individual y colectivo y a la prosperidad económica. Unas reformas sólidas garantizan una base financiera sostenible y propician la oferta de unos servicios de asistencia sanitaria primaria eficaces, así como el acceso a estos. A lo largo de 2015, los Estados miembros se han enfrentado a la necesidad de responder a un flujo creciente de refugiados, que ha afectado especialmente a algunos de dichos Estados. Los Estados miembros han adoptado decisiones sobre los paquetes de integración, así como medidas disuasorias. Si bien el impacto a corto plazo a través de un mayor gasto público es relativamente pequeño, aunque más pronunciado en los casos de ciertos Estados miembros, el factor más importante de medio a largo plazo es la integración en el mercado de trabajo. Los Estados miembros deben garantizar que los demandantes de asilo tengan acceso al mercado de trabajo al menos en un plazo de nueve meses a partir de la fecha en que solicitan la protección internacional.



1. EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS TENDENCIAS Y LOS RETOS SOCIALES EN LA UNIÓN EUROPEA En esta sección se presenta una visión general del mercado de trabajo y de las tendencias y los retos sociales en la Unión Europea. Comienza con las conclusiones generales derivadas del cuadro de indicadores sociales y de empleo clave. A continuación se ofrece una explicación analítica más detallada de los ámbitos más importantes en materia social y de empleo. 1.1 Conclusiones generales del cuadro de indicadores sociales y de empleo clave

En su actual tercera edición, el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave ya constituye una parte integrante del Informe Conjunto sobre el Empleo. Tal como se confirmó en las orientaciones de empleo más recientes , el cuadro de indicadores es un instrumento de especial utilidad para ayudar a detectar a tiempo los principales problemas y divergencias sociales y en materia de empleo, al tiempo que señala aquellos ámbitos en los que es más necesaria una respuesta concreta. Ello se consigue mediante una supervisión e interpretación minuciosas de los niveles y las variaciones de cada indicador. La Comisión se basó en los resultados del cuadro de indicadores a la hora de elaborar los informes nacionales y las recomendaciones específicas por país de 2015, al objeto de apuntalar mejor los retos y el asesoramiento estratégico. El análisis de las conclusiones del cuadro de indicadores revierte en una mejor comprensión de la evolución social y del empleo. Ello, a su vez, contribuye a que se preste una mayor atención a la situación social y del empleo en el Semestre Europeo tal como preconizaba el Informe de los cinco presidentes «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea» y como se destaca en la reciente Comunicación «Medidas destinadas a realizar la Unión Económica y Monetaria» . Las mejoras de la interpretación del cuadro de indicadores contribuyen a identificar objetivamente las tendencias de divergencia social y de empleo. El cuadro de indicadores debe leerse en relación con las constataciones de otros instrumentos, como el indicador de resultados en materia de empleo (IRE), el indicador de rendimiento de la protección social (IRPS) y el cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), con sus indicadores clave sobre empleo, añadidos recientemente. Se detectan en tres dimensiones (véanse los cuadros detallados en el anexo) una evolución y unos niveles clave en el ámbito social y del empleo que son potencialmente preocupantes, conducen a divergencias en la UE y justifican un análisis más profundo y, en su caso, respuestas políticas más consistentes: •para cada Estado miembro, la variación del indicador en un año determinado en comparación con periodos anteriores (tendencia histórica); •para cada Estado miembro, la diferencia respecto de las tasas medias de la UE y de la zona del euro en el mismo año (lo que proporciona una visión puntual de las disparidades sociales y de empleo existentes); •la variación en el indicador entre dos años consecutivos en cada Estado miembro en relación con la variación en los niveles de la UE y la zona del euro (indicativo de la dinámica de la convergencia/divergencia socioeconómica). Analizando la evolución histórica y los valores que se apartan de la media de la UE sobre la base del cuadro de indicadores queda de manifiesto que la crisis ha afectado a los Estados miembros de diferentes formas y que la recuperación ha sido desigual. En aproximadamente la mitad de los Estados miembros de la UE existen novedades que suscitan cierta preocupación en dos indicadores como mínimo. Seis Estados miembros (Grecia, Croacia, Chipre, Portugal, España e Italia) se enfrentan a una serie de retos sociales y en materia de empleo sustanciales. La situación en dos Estados miembros (Francia y Finlandia) apunta a una evolución problemática de las tasas de desempleo y de desempleo juvenil, acompañada de una disminución de la renta disponible en Finlandia. Se detectan indicadores que ponen de relieve fenómenos relacionados con la exclusión social en cinco países (Rumanía, Bulgaria, Lituania, Letonia y Estonia). Por último, dos Estados miembros (Malta y Luxemburgo) representan una combinación de una situación problemática en un indicador, con resultados buenos, pero en vías de deterioro, en otro. Con más detalle, Grecia se enfrenta a una situación crítica en todos los indicadores. Croacia muestra una evolución y niveles problemáticos en cuanto a desempleo, ninis e indicadores de pobreza. En Chipre, las tasas de desempleo general y juvenil, así como el indicador de riesgo de pobreza, muestran tendencias preocupantes, al tiempo que el porcentaje de ninis se considera otro punto débil, si bien está mejorando. Italia muestra tendencias muy preocupantes en los indicadores relacionados con la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo, así como una evolución bastante problemática de la tasa general de desempleo y de los indicadores sociales. En Portugal las tasas de desempleo general y de desempleo juvenil siguen siendo preocupantes, pero han ido mejorando en el período reciente. Estos cambios positivos aún no se han traducido al ámbito social, y los indicadores de riesgo de pobreza (AROP) y de desigualdad siguen mostrando niveles elevados. En España, la evolución de la situación en cuanto a la tasa de desempleo y al porcentaje de ninis ha ido mejorando (desde niveles problemáticos), mientras que la situación relativa al desempleo juvenil, la pobreza y las desigualdades sigue representando otros tantos retos. Finlandia ha registrado una evolución negativa en los tres indicadores de empleo, habida cuenta de los incrementos muy elevados constatados durante el último período, y registra un empeoramiento en la renta bruta disponible de los hogares. En Francia, las tasas de desempleo general y juvenil son superiores a la media de la UE y siguen aumentando. Mientras que la situación del mercado de trabajo en varios países se ha mantenido estable o está mejorando, puede detectarse una situación más preocupante en relación con los indicadores sociales. Rumanía se enfrenta a situaciones críticas en lo relativo al porcentaje de ninis y los indicadores de AROP y las desigualdades. Bulgaria experimentó el segundo mayor crecimiento de las desigualdades, desde niveles que ya eran elevados, mientras que la situación de los ninis sigue siendo difícil (aunque está mejorando). En Letonia, Lituania y Estonia, los dos indicadores sociales todavía se consideran problemáticos. Las evoluciones en dos Estados miembros muestran una imagen desigual, con algunos indicadores deteriorándose, a partir de niveles buenos u otros que ya eran problemáticos. En Luxemburgo, el porcentaje de ninis ha aumentado (desde niveles que aún eran buenos) y el indicador de desigualdad apunta a problemas a los que es preciso estar atentos. Malta ha experimentado grandes aumentos en la tasa AROP (desde niveles que eran aún relativamente buenos) y en el porcentaje de ninis.

Además, Austria muestra una situación globalmente buena o muy buena en todos los indicadores, aunque puede observarse un ligero deterioro en lo que se refiere a la tasa total de desempleo y al porcentaje de ninis. 1.2 Tendencias y retos del mercado de trabajo La recuperación económica de la UE se inició en el transcurso de 2013, y la mayoría de los indicadores del mercado de trabajo comenzaron a mejorar poco después. No obstante, la profundidad de la crisis y la lentitud de la recuperación, en particular en la zona del euro, no han permitido alcanzar todavía los niveles del PIB real anteriores a la crisis. Las tasas de empleo están volviendo a crecer (figura 1). En 2014, la tasa de empleo (personas de 20-64 años de edad) aumentó en 0,8 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, hasta el 69,2 % en la EU-28, y en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 68,1, % en los países ZE-19. Al mismo tiempo, la tasa de actividad (15-64 años de edad) aumentó en 0,3 y 0,1 puntos porcentuales, respectivamente, alcanzando un nivel del 72,3 % tanto en la EU-28 como en los países ZE-19. El constante aumento del desempleo que había comenzado en 2008 experimentó una inflexión en 2013; la tasa de desempleo (15-74 años de edad) descendió desde un 10,8 % a un 10,2 % en la EU-28, y del 12,0 % al 11,6 % en los países de la ZE-19 entre 2013 y 2014. La tendencia a la baja se confirmó en el primer semestre de 2015, cuando la tasa de desempleo disminuyó en 0,7 puntos porcentuales en la EU-28 y en 0,5 puntos porcentuales en la zona del euro, respectivamente, en comparación con el mismo período de 2014. Figura 1: Tasas de empleo, desempleo y actividad, EU-28, totales y relativas a las mujeres Fuente: Eurostat, EPA La evolución del empleo y del desempleo viene determinada por los movimientos en la búsqueda de empleo y las tasas de pérdida de empleo. Desde los bajos niveles observados a principios de 2013, las tasas de obtención de empleo se han recuperado, mientras que, al mismo tiempo, las de pérdida de empleo han empezado a disminuir desde principios de 2012. Los descensos de la tasa de desempleo observados en 2013 y en 2014 han estado vinculados sobre todo a reducciones en las tasas de pérdida de empleo, mientras que las tasas de obtención de empleo, si bien van recuperándose, siguen estando por debajo de los niveles anteriores a la crisis y continúan siendo especialmente bajas para los solicitantes de empleo que llevan largos períodos de desempleo. Las dinámicas de crecimiento del empleo han sido diferentes en función de los Estados miembros, de los sectores económicos y de los tipos de contrato. En 2014, las tasas de empleo (grupo de personas de 20-64 años de edad) aumentaron en todos los Estados miembros en comparación con 2013, salvo en Finlandia (–0,2 puntos porcentuales), en Austria (–0,4) y en los Países Bajos (–0,5). Sin embargo, siguen existiendo diferencias en los niveles, y las tasas de 2014 van desde el 53,3 % en Grecia y ligeramente por debajo del 60 % en Croacia, Italia y España, hasta más del 75 % en los Países Bajos (75,4 %), Dinamarca (75,9 %), el Reino Unido (76,2 %), Alemania (77,7 %) y Suecia (80,0 %). Por lo que se refiere a la evolución sectorial, la mejora de las tasas de empleo ha llegado ahora a la mayor parte de los sectores, incluidos los más afectados por la crisis, como la agricultura, la construcción y la industria. Si se observan los tipos de contrato, en consonancia con las expectativas, durante los últimos años el empleo ha sido más inestable en el caso de los contratos temporales, y no tanto en el de los contratos indefinidos o en el del empleo por cuenta propia, que han permanecido más o menos estables desde 2011. A partir de 2013, el aumento del empleo total se ha debido principalmente a un aumento de los contratos temporales. Como se muestra en la figura 2, la utilización de contratos temporales varía ampliamente entre los Estados miembros, con unos porcentajes para 2014 que van desde menos de un 5 % en Rumanía y los países bálticos, hasta más del 20 % en los Países Bajos, Portugal, España y Polonia. Las tasas de transición de contratos temporales a contratos indefinidos también varían entre países, y parece que las tasas de transición son más altas (más bajas) en los países en los que la proporción de contratos temporales es más baja (más alta). Tanto los porcentajes de contratos temporales como las transiciones de contratos temporales a contratos indefinidos son indicativos del grado de flexibilidad de los mercados de trabajo. También es posible que sean un reflejo de las diferencias entre los distintos países en la legislación en materia de protección del empleo y de la medida en que los mercados de trabajo nacionales se caracterizan por los efectos de la segmentación entre trabajadores ocupados y desempleados. Ello es especialmente preocupante en países que utilizan contratos temporales a gran escala, en los que los contratos temporales a menudo no hacen aumentar las posibilidades de tener un trabajo fijo a jornada completa, como se muestra en la figura 2. Los contratos de trabajo atípicos predominan entre las mujeres, los jóvenes y quienes desempeñan trabajos manuales no rutinarios. Parecen estar asociados a una penalización salarial y concentrarse entre personas con bajos salarios. Otro aspecto de la precariedad del empleo es la extensión del trabajo a tiempo parcial involuntario, que ha aumentado desde el 16,7 % al 19,6 % del empleo total, y la extensión y la diversificación de formas de trabajo ocasional. Figura 2: Proporción de contratos temporales y transiciones de temporales a indefinidos Fuente: Eurostat, EPA y SILC. Breve descripción: los datos sobre las transiciones en el caso de BG, EL, PT y HR corresponden a 2012; en el de AT, a 2014. No se dispone de datos sobre las transiciones de IE y SE. La evolución del empleo refleja las tendencias de creación de empleo (neto); tradicionalmente, las pymes se consideran el motor del crecimiento del empleo. Entre 2002 y 2010, las pymes crearon el 85 % de los nuevos puestos de trabajo en la UE. Por el contrario, entre 2010 y 2013, el empleo en las pymes cayó un 0,5 % en la UE. Hasta la fecha, en muchos Estados miembros, la disponibilidad de crédito para el sector no financiero sigue siendo escasa, debido a factores relacionados tanto con la oferta como con la demanda, como son la reestructuración sectorial o el proceso de desapalancamiento que siguió a la crisis financiera. También es probable que el acceso limitado a la financiación frene el número de empresas emergentes. En 2014, el número de trabajadores por cuenta propia aumentó aproximadamente al mismo ritmo que el empleo, lo que hizo que la tasa de empleo por cuenta propia a escala de la UE permaneciera sin modificaciones en el 14,6 %, por debajo del 15 % registrado durante el período 2004-2006. La tasa de empleo por cuenta propia de las mujeres sigue siendo de un 10 % aproximadamente, mientras que la de los hombres permaneció aproximadamente en uno de cada cinco. El nivel y la evolución de las tasas de empleo por cuenta propia en los Estados miembros son muy desiguales y reflejan diversos factores, como las condiciones marco, el espíritu empresarial nacional y las oportunidades de empleo remunerado. Las tasas se sitúan muy por encima de los niveles observados hace 10 años en los Países Bajos, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, el Reino Unido y la República Checa.

Las tasas de actividad varían según los grupos de población y los Estados miembros. Oscilan de manera más estable que las tasas de empleo y podrían indicar tan solo efectos de desaliento moderados. Son coherentes con las tendencias a más largo plazo y han venido mostrando un aumento constante en determinados grupos, en particular las mujeres y los trabajadores de más edad, mientras que las tasas de actividad han disminuido en los casos de las personas poco cualificadas y de los hombres jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Aunque las diferencias en las tasas de actividad a lo largo del tiempo se han reducido, tanto entre los hombres y las mujeres como entre los trabajadores de más edad y los que se encuentran en la edad de máximo rendimiento, siguen siendo considerables. En 2014, la tasa de actividad de las mujeres alcanzó el 66,5 % en la EU-28; aunque seguía estando 11,5 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres, la diferencia se había reducido desde los 13,2 puntos porcentuales de 2010. Las diferencias entre hombres y mujeres en el trabajo a tiempo parcial o a jornada completa se añaden a las diferencias en las tasas de actividad y se traducen en las diferencias salariales entre mujeres y hombres, que se acumulan a lo largo de la vida laboral generando diferencias entre las pensiones de hombres y mujeres. Entre 2010 y 2014, la diferencia en las tasas de actividad entre los trabajadores de más edad (55-64 años) y los trabajadores en edad de máximo rendimiento (25-54 años) se redujo de 35,4 a 29,6 puntos porcentuales. En cambio, las diferencias entre nacionales y no nacionales, y entre las personas con y sin discapacidad, no disminuyeron. Siguen existiendo variaciones considerables entre los países, en las tasas de actividad generales (que van desde el 63,9 % en Italia hasta el 81,5 % en Suecia en 2014) y en grupos específicos, lo que refleja las diferencias en las condiciones económicas, las estructuras institucionales y las preferencias individuales de los trabajadores. El desempleo y el desempleo juvenil han empezado a disminuir, pero no en todos los Estados miembros, y las diferencias entre los países siguen siendo considerables. A partir de las conclusiones del cuadro de indicadores sociales y de empleo clave, puede observarse en Europa cierta convergencia de las tasas de desempleo, con disminuciones superiores a la media en una serie de Estados miembros que habían registrado niveles muy altos de desempleo (España y Portugal son los ejemplos más notables, seguidos de Grecia). No obstante, como se muestra en la figura 3, en el primer semestre de 2015 las tasas de desempleo oscilaban entre el 5 % en Alemania y más del 20 % en España y Grecia. La tasa de desempleo también resulta muy elevada en Croacia y Chipre, con un aumento sostenido en este último país. En una serie de países cuyas tasas de desempleo se comportan relativamente mejor, se observa una tendencia al deterioro, con incrementos considerablemente superiores a la media. Es el caso de Bélgica, Francia, Finlandia y Austria (pese a todo, este último país sigue presentando una tasa de desempleo muy baja, del 5,1 %). Entre estos países, Finlandia muestra el mayor aumento en la EU-28, con 0,8 puntos porcentuales. Mientras que el desempleo está disminuyendo en Italia, el ritmo de su reducción es lento en comparación con la media. Estos acontecimientos deben analizarse cuidadosamente, ya que pueden convertirse en tendencias a más largo plazo. Con una perspectiva de género, la reducción de la tasa de desempleo es comparable, en general, para hombres y mujeres (de entre 0,8 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente, en la EU-28). Las tasas de desempleo de las mujeres siguen siendo problemáticas en el sur de Europa (especialmente en Grecia y en España) y en algunos países de la Europa Oriental (Croacia y Eslovaquia). Figura 3: Tasa de desempleo y variación anual, tal como consta en el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave Fuente: Eurostat, EPA (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). Período: niveles del primer semestre de 2015 y variaciones anuales en relación con el primer semestre de 2014. Nota: Los ejes están centrados en la media no ponderada de la EU-28. EU-28 y ZE-19 corresponden a las respectivas medias ponderadas. La leyenda se presenta en el anexo. Como se muestra en la figura 4, las diferencias entre los países son aún más importantes por lo que respecta a las tasas de desempleo juvenil. Dos países (Grecia y España) presentan todavía niveles de desempleo juvenil con tasas del 50 % aproximadamente, dos (Italia y Croacia) están por encima del 40 %, y otros dos (Chipre y Portugal) superan el 30 %; estos países también muestran los valores más altos en el caso de las mujeres. Aunque la pendiente negativa de la línea de regresión indica que los Estados miembros han comenzado a converger, sería necesaria en estos países una disminución más rápida para que el desempleo juvenil se acercara rápidamente a unos niveles razonables. En este grupo, Portugal parece ser el país que converge con mayor rapidez. Un pequeño grupo de países (incluidos Francia y Finlandia) muestran signos de deterioro en materia de desempleo juvenil pese a un punto de partida comparativamente bueno. El caso de Finlandia merece especial atención, teniendo en cuenta un aumento de 2,5 puntos porcentuales a lo largo del período, que refleja la debilidad de las condiciones económicas (mayor incremento de la tasa de desempleo general en la EU-28). Figura 4: Tasa de desempleo juvenil y variación anual, tal como consta en el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave Fuente: Eurostat, EPA (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). Período: niveles del primer semestre de 2015 y variaciones anuales en relación con el primer semestre de 2014. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la EU-28. EU-28 y ZE-19 corresponden a las respectivas medias ponderadas. La leyenda se presenta en el anexo. El porcentaje de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación (tasa de «ninis») también está disminuyendo (figura 5). No obstante, se siguen registrando porcentajes de ninis muy elevados en una serie de países (Irlanda, Chipre, España, Rumanía, Grecia, Croacia, Bulgaria e Italia; estos dos últimos países con valores por encima del 20 %). Entre las mujeres, el mayor porcentaje de ninis se observa también en Grecia, Italia, Rumanía y Bulgaria. Mientras que España, Bulgaria, Grecia y Chipre parecen converger a un ritmo razonablemente rápido, la velocidad de ajuste (de haberlo) resulta insuficiente en Italia, Croacia y Rumanía. También en este caso, algunos Estados miembros con unos porcentajes relativamente bajos —o cercanos a la media— de ninis muestran variaciones anuales notablemente superiores a la media de la UE. Es el caso de Luxemburgo, Austria, Finlandia y Malta. Figura 5: Porcentaje de ninis y variación anual, tal como consta en el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave

Fuente: Eurostat, EPA (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). Interrupción en la serie en FR y ES. Período: niveles de 2014 y variaciones anuales en relación con 2013. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la EU-28. EU-28 y ZE-19 corresponden a las respectivas medias ponderadas. La leyenda se presenta en el anexo. Las tasas de abandono escolar prematuro han mejorado en la mayor parte de los países. En 2014, el abandono escolar prematuro disminuyó en 20 Estados miembros, en comparación con 2013, mientras que se observó un aumento relativamente importante en Estonia. A pesar de los avances positivos en la gran mayoría de los Estados miembros, los niveles siguen siendo especialmente preocupantes en varios países (Malta, Italia, Portugal y España). Además, los jóvenes nacidos en el extranjero tienen, por término medio, tasas superiores en 10 puntos porcentuales a las de la población nativa, con picos de aproximadamente 20 puntos en Grecia e Italia. Pese a la mejora global en el mercado de trabajo, el desempleo de larga duración continúa en niveles muy altos en varios Estados miembros. A raíz de la crisis, las tasas de desempleo de larga duración aumentaron en todos los Estados miembros entre 2008 y 2014, con la destacada excepción de Alemania (figura 6). En general, las tasas se han mantenido relativamente altas, en particular en Grecia y, en menor medida, en España, países en que la tasa observada en 2014 aún estaba muy cerca de su nivel máximo. El desempleo de larga duración afecta a los hombres, a los jóvenes y a los trabajadores poco cualificados relativamente más que a otros grupos del mercado de trabajo y, en particular, afecta a quienes solían trabajar en sectores y ocupaciones en declive. El estado general de la economía sigue siendo un factor importante para determinar los cambios en los niveles y los flujos hacia y desde el desempleo de larga duración, pero también existen fuertes efectos específicos de cada país, relacionados sobre todo con las diferencias institucionales. Figura 6: Tasas de desempleo de larga duración (2008, 2014 y niveles máximos) Fuente: Evolución Social y del Empleo en Europa (ESDE) 2015, Comisión Europea. Existen diferencias entre los Estados miembros en lo que se refiere a la dinámica del desempleo de larga duración. La figura 7 muestra las tasas de transición de los desempleados de larga duración entre 2013 y 2014. En varios Estados miembros, los índices de persistencia en el desempleo de larga duración (desempleados de larga duración que siguen desempleados un año después) son considerables y alcanzan niveles superiores al 50 % en Lituania, Bulgaria, Grecia y Eslovaquia. Por otra parte, comparativamente se producen flujos de salida hacia el empleo con frecuencia en Dinamarca, Suecia, Estonia y Eslovenia. Es probable que los flujos de salida hacia la inactividad reflejen los efectos del desánimo de los trabajadores; son especialmente importantes en Italia, y en menor medida en Finlandia, Estonia y Letonia.

Fuente: Evolución Social y del Empleo en Europa (ESDE) 2015, Comisión Europea. A pesar de la situación en gran medida desfavorable para los desempleados de larga duración, el gasto general en políticas activas del mercado de trabajo ha disminuido en bastantes Estados miembros a causa de los restrictivos presupuestos públicos. Entre 2007 y 2012 el gasto total (en porcentaje del PIB en 2007) disminuyó en 8 Estados miembros, mientras que el gasto por persona que deseaba trabajar descendió en 13 países (figura 8). Aumentó principalmente en los Estados miembros en que los niveles eran comparativamente bajos en 2007. Aunque aún no se dispone de datos más recientes sobre el gasto en los distintos países, no es probable que el gasto en general haya mejorado sustancialmente, dado que los presupuestos públicos también han seguido siendo restrictivos en muchos Estados miembros después de 2012. Por otra parte, en un gran número de países, el gasto en políticas activas del mercado de trabajo no está sólidamente orientado hacia los desempleados de larga duración, con porcentajes inferiores al 20 % del gasto en alrededor de la mitad de los Estados miembros. Con el tiempo, también parecen haber disminuido la cobertura de los servicios públicos de empleo (SPE), la cobertura en las prestaciones y la participación en educación y formación para los desempleados de larga duración en varios Estados miembros, lo que podría estar vinculado a dificultades para llegar a los desempleados de muy larga duración (2 años o más). Fuente: base de datos de Eurostat sobre política del mercado de trabajo (LMP). Cálculos del valor medio de la EU-28 efectuados por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Nota: los Estados miembros se han dividido en grupos de gasto bajo/medio/elevado en función del gasto efectuado en 2007 en políticas activas del mercado de trabajo (cat. 1-7, % del PIB). Debido a la ausencia de datos, el agregado de la EU-28 se estimó utilizando para el Reino Unido y Grecia el valor de 2010 para el período 2011-13, y, en el caso de España, Francia, Chipre, Malta y Rumanía, utilizando el valor de 2012 también para 2013, y excluyendo a Croacia. Croacia y Portugal no están incluidos debido a la falta de datos y a interrupciones en las series. * Debido a interrupciones en las series, en los casos de Grecia, Francia y el Reino Unido se utilizaron medias de 2007-2010 en vez de las correspondientes a 2007-2012; en el caso de Eslovaquia, se utilizó el período 2008-2012; y en el caso de Chipre se utilizó el período 2007-2011. La baja activación de los desempleados (de larga duración) puede agravar la actual escasez de capacidades. Reducir el gasto en la activación de los desempleados (de larga duración), en particular en lo que se refiere a formación, puede impedir que estos adquieran las capacidades que necesitan para volver a encontrar trabajo. Ello no solo aumentaría los índices de persistencia en el desempleo, sino que también podría agravar la actual escasez de capacidades. Como se muestra en la figura 9, en varios Estados miembros una parte considerable de los empresarios tienen dificultades para encontrar personal con las capacidades necesarias. Se pueden encontrar dificultades relativamente grandes en los países bálticos (que pueden estar relacionadas con los flujos de salida comparativamente importantes de personas de estos países a otros Estados miembros de la UE), y también de países con bajo nivel de desempleo, como Austria, Bélgica y Alemania. Constan menos dificultades en Estados miembros como España, Grecia, Croacia y Chipre, donde la falta de mano de obra no es un factor restrictivo para contratar. Una mejor calidad de la oferta de aprendizaje permanente y nuevas inversiones en ese ámbito contribuirían a disminuir la escasez de capacidades. Según los datos de Eurostat, entre 2009 y 2014 el aprendizaje permanente ha aumentado en una gran mayoría de los Estados miembros (no en Croacia, Chipre, Grecia, Polonia, España ni Eslovenia), pero siguen existiendo grandes diferencias, lo que ponen de relieve las cifras de 2014 relativas a la participación en el aprendizaje permanente, que oscilan desde el 1,5 % en Rumanía y el 1,8 % en Bulgaria, hasta más del 25 % en Finlandia, Suecia y Dinamarca. Figura 9: Dificultades para encontrar personal con las capacidades requeridas en las empresas europeas, 2013

Fuente: Tercera Encuesta Europea de Empresas (2013), Eurofound (nota: proporción de empresas que contestan afirmativamente a la pregunta «¿Ha tenido su empresa dificultades para encontrar personal con las capacidades necesarias?»). Son diversas las causas que motivan las dificultades para encontrar personal, y una de ellas es que los trabajadores carezcan de las capacidades adecuadas. No obstante, los recientes análisis de la inadecuación de las capacidades indican que solo menos de la mitad de las dificultades de contratación obedecen a auténticas carencias de capacidades, mientras que casi una tercera parte pueden atribuirse a un salario poco atractivo. Unas horas de trabajo atípicas y la falta de oportunidades de formación en el puesto de trabajo, junto con salarios poco atractivos, reducen la capacidad de los empresarios para atraer a los trabajadores. Además, la investigación muestra que las empresas que son incapaces de encontrar trabajadores con las capacidades necesarias son a menudo las que no están dispuestas a ofrecer contratos a largo plazo. El potencial de crecimiento de Europa se ve amenazado por las deficiencias estructurales de su base de capacidades. Según datos recientes de la Encuesta sobre las capacidades de los adultos (PIAAC) de la OCDE-CE, alrededor del 20 % de la población en edad de trabajar únicamente tiene unas capacidades básicas bajas (lectoescritura y cálculo), y en algunos países (Francia, España e Italia) este porcentaje es incluso mayor. Solo algunos países (Estonia, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos y Suecia) cuentan con un alto porcentaje de personas con capacidades básicas muy buenas, mientras que la mayoría ni siquiera se aproxima a los países más avanzados de fuera de Europa (como Japón o Australia). En cuanto a las capacidades digitales, en 2014, una media del 22 % de la población de la UE carecía de ellas, desde un 5 % en Luxemburgo hasta un 45 % en Bulgaria y un 46 % en Rumanía . Considerando que para participar eficazmente en la sociedad digital, una persona necesita un nivel de capacidades superior al bajo (que equivale únicamente a ser capaz de enviar correos electrónicos), puede considerarse que el 40 % de la población de la UE posee capacidades digitales insuficientes. Los datos sobre el gasto público confirman un riesgo creciente de falta de inversión en capital humano, ya que el gasto público en educación ha registrado una disminución del 3,2 % desde 2010, con disminuciones en once Estados miembros en 2013, el año más reciente. Europa no está invirtiendo de manera eficaz en educación y capacidades, lo que supone una amenaza para su competitividad a medio plazo y para la empleabilidad de su mano de obra. La movilidad laboral es un mecanismo de ajuste potencialmente importante para reducir las diferencias en el desempleo entre los países y para resolver la escasez de capacidades. Las tasas de movilidad en el interior de la UE que se muestran en la figura 10 reflejan un patrón claro, que se traduce en personas que abandonan los países que se han visto más afectados por la crisis hacia los países que la han capeado relativamente bien. Esto ha venido a sumarse a los flujos a largo plazo de la Europa Central y Oriental a los países más ricos de la Europa Noroccidental. En cifras absolutas, el flujo neto de salida es mayor en España y Polonia, mientras que el flujo neto de entrada es mayor en Alemania y el Reino Unido. En general, la movilidad entre los países de la UE sigue siendo moderada. Los ciudadanos que se desplazan son, por término medio, jóvenes con buen nivel educativo, y contribuyen a solucionar la escasez de capacidades en los países de acogida, pero también plantean retos para los países que dejan tras de sí, aunque contribuyan con remesas. La total transparencia y comparabilidad de las cualificaciones en toda la UE podría facilitar la movilidad de los trabajadores, al ayudar a los empleadores a comprender las cualificaciones obtenidas por una persona en otro Estado miembro y confiar en ellas. A tal fin, los Estados miembros están poniendo en correlación sus cualificaciones nacionales con el Marco Europeo de Cualificaciones. Figura 10: Índices y flujos de movilidad netos dentro de la UE, 2013 Fuente: Labour Market Developments in Europe 2015 [Evolución del mercado de trabajo en Europa 2015], Comisión Europea. Nota: se omite Luxemburgo por ser un caso atípico. Las tasas de movilidad netas dentro de la UE se calculan como la diferencia entre inmigración y emigración hacia y desde otros países de la UE con respecto a la población total al comienzo del año por cada 1 000 habitantes. La evolución de los salarios parece estar en consonancia con la productividad en la mayoría de los Estados miembros y ha contribuido al reequilibrio en la zona del euro. Hasta 2008, la evolución del coste laboral unitario iba al alza más rápidamente en los países deficitarios de la zona del euro que en los excedentarios. A partir de entonces, esta tendencia se invirtió, lo que contribuyó a restablecer el equilibrio exterior de los Estados miembros afectados. Además, tal como muestra la figura 11, en los últimos años los salarios reales parecen moverse más o menos en función de la productividad (contrariamente a lo que se había observado en varios países en años anteriores), y en muchos países solo se dan pequeñas desviaciones (con la excepción de Chipre, Grecia, España, Estonia, Rumanía y Bulgaria). Se trata, en general, de una evolución positiva para el equilibrio interno y externo de los países. Figura 11: Remuneración real y productividad, tasas medias de crecimiento 2012-2014 Fuente: Labour Market Developments in Europe 2015 [Evolución del mercado de trabajo en Europa 2015], Comisión Europea. En los últimos años, la cuña fiscal sobre el trabajo ha aumentado en un número considerable de Estados miembros, especialmente en el caso de los trabajadores con salarios bajos y medios, lo que complica unos niveles ya elevados en varios países. Los niveles de la cuña fiscal difieren sustancialmente entre los Estados miembros y oscilan desde menos del 30 % en Malta e Irlanda hasta más del 45 % en Bélgica, Alemania, Francia y Hungría en 2014 (y en los casos de Austria e Italia, únicamente para los trabajadores con salarios medios). La figura 12 muestra la variación de la cuña fiscal entre 2010 y 2014 (un solo miembro con ingresos, sin hijos), teniendo en cuenta unos porcentajes del 67 % y del 100 % del salario medio. La cuña fiscal descendió solamente en 8 países en ambos niveles de ingresos, sobre todo en el Reino Unido y en Francia. Por el contrario, se observan incrementos relativamente fuertes en Malta (100 %, aunque a partir de un nivel bajo), y en Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, Hungría e Irlanda (tanto al nivel del 67 % como del 100 %, aunque en Irlanda a partir de un nivel bajo). Estas tendencias son motivo de preocupación a la luz de las persistentes altas tasas de desempleo en muchos Estados miembros. Las reducciones de la cuña fiscal, financiadas adecuadamente, incrementarían la demanda y el crecimiento, apoyarían la creación de puestos de trabajo y contribuirían al buen funcionamiento de la UEM. Figura 12: Variación de la cuña fiscal entre 2010 y 2014 Fuente: Base de datos sobre fiscalidad y prestaciones, OCDE/CE. Nota: los datos se refieren a las familias con un solo miembro con ingresos (sin hijos), los datos de BG, LT, LV, MT y RO corresponden a 2013 y no a 2014. 1.3 Tendencias y retos sociales Los ingresos de los hogares de la UE vuelven a aumentar, gracias a una mayor actividad económica y a la mejora de la situación del mercado de trabajo. Por término medio en la UE, se estima que la renta bruta disponible real de los hogares (RBDH) creció en un 2,2 % a lo largo del año hasta el primer trimestre de 2015 (figura 13). El aumento de la renta real de los hogares se vio impulsado por los incrementos de los ingresos procedentes del trabajo y de las rentas, sobre todo los salarios y, en menor medida, del trabajo por cuenta propia y las rentas de la propiedad netas. Los impuestos sobre la renta y el patrimonio redujeron ligeramente la progresión de la RBDH real en 2014 y en el primer trimestre de 2015.





Figura 13: Variación de la RBDH y sus componentes en la UE Fuente: Eurostat, cuentas nacionales (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). Un examen más detallado de los resultados de cada país confirma que la mayoría de los Estados miembros se han beneficiado de un incremento de los ingresos brutos disponibles en 2014. Los datos del cuadro de indicadores sociales y de empleo clave (figura 14) muestran que en la mayoría de los Estados miembros la renta disponible real de los hogares se incrementó a lo largo de 2014. Suecia, Lituania, Hungría, Eslovaquia y Letonia experimentaron la mejora más importante en los ingresos de los hogares, con aumentos superiores al 2 % sobre una base anual. Por el contrario, se registró un descenso en el Reino Unido, Italia y Finlandia, y este último caso debe verse en paralelo con el deterioro general de los indicadores de desempleo. Aún no se dispone de datos para evaluar la reciente evolución de la RBDH en algunos países duramente afectados por la crisis (por ejemplo, Grecia y Chipre).



Figura 14: Variación de la RBDH en 2014, como consta en el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave Fuente: Eurostat, cuentas nacionales (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) se estabilizó en 2013 y 2014, tras un continuo aumento entre 2009 y 2012. El objetivo de reducción de la pobreza de Europa 2020 se mide utilizando la tasa de riesgo de pobreza o exclusión (AROPE), facilitada por Eurostat. La ratio de AROPE es el porcentaje de personas: • en riesgo de pobreza (AROP), es decir, con una renta familiar equivalente disponible (después de las transferencias sociales y después de pensiones) por debajo del 60 % de la mediana nacional de la renta disponible de los hogares; • O que sufren privaciones materiales graves; • O que viven en hogares con una intensidad laboral muy baja. La tasa AROPE en los 28 Estados miembros de la UE (EU-28) disminuyó ligeramente en 2014, hasta el 24,4 %, o 122 millones de personas, frente a un 24,5 % en 2013 y un 24,7 % en 2012. No obstante, seguía siendo superior en 1 punto porcentual a la de 2009 (23,3 %). Los hogares con todos sus miembros desempleados y una privación material grave explican en su mayor parte la evolución de la tasa de AROPE. En 2013, la privación material grave se redujo ligeramente hasta el 9,6 % de toda la población. Según los datos provisionales de Eurostat para 2014 , se espera que se haya reducido más desde entonces, aunque se mantendría muy por encima del 8,2 % de 2009 (véase la figura 15). Por otra parte, el porcentaje de hogares con todos sus miembros desempleados aumentó hasta el 10,8 % en 2013, muy por encima del nivel del 9,1 % anterior a la crisis. La tasa de riesgo de pobreza, que se refiere al grupo de personas que reciben menos del 60 % de la mediana de ingresos del hogar después de las transferencias se mantuvo estable en torno al 16,6 %, pero los umbrales de pobreza por debajo de los que se considera que las personas están en situación de riesgo de pobreza siguen descendiendo, lo que refleja un continuo deterioro del nivel de vida. El grado en que puede contenerse el riesgo de pobreza y de exclusión social sigue supeditado a los estabilizadores nacionales automáticos. Figura 15: Tendencias de la pobreza y la exclusión social en la UE

Fuente: Eurostat, EU-SILC. Nota: cifras provisionales para 2014. EU-27 hasta 2009; hogares con todos sus miembros desempleados: % de la población de 0 a 59 años de edad; AROPE, AROP: ingresos del año anterior; privaciones materiales graves: año en curso; hogares con todos sus miembros desempleados: año anterior. Nueve Estados miembros alcanzaron tasas de AROPE inferiores al 20 % en 2013 y 2014 (la República Checa, los Países Bajos, Finlandia, Suecia, Francia, Austria, Dinamarca, Luxemburgo y Eslovaquia), porcentajes que, en términos generales, se mantuvieron al mismo nivel que en 2009. Por el contrario, seis Estados miembros registraron tasas de AROPE superiores al 30 %, y, de aquellos, 4 países consiguieron reducir su tasa nacional de AROPE desde el año anterior (figura 16). Figura 16: Tasas de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) como porcentaje de la población total Fuente: Eurostat, estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC). La población en edad de trabajar y sus hijos fueron los más expuestos al riesgo de pobreza y exclusión social, mientras que las personas de edad avanzada estuvieron mejor protegidas por la relativa estabilidad de las pensiones en comparación con la retribución del trabajo (figura 17). El riesgo de pobreza y exclusión de la población en edad de trabajar aumentó del 23 % en 2008 al 25,3 % en 2013, debido a la pérdida de puestos de trabajo y a un aumento de la pobreza de las personas con empleo. Los hombres continuaron teniendo menor riesgo de pobreza o exclusión social que las mujeres en los Estados miembros de la EU-28 en 2013: la tasa de AROPE de los hombres fue del 23,6 %, frente al 25,4 % en el caso de las mujeres. Figura 17: Riesgo de pobreza y exclusión social por grupo de edad, situación laboral y nivel de capacidad, 2008 y variación en el período 2008-2013 Fuente: Eurostat, estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC). En cuanto a la población en edad de trabajar (grupo de edad de 18-64 años), los datos del cuadro de indicadores sociales y de empleo clave ponen de manifiesto que tres países con niveles de riesgo de pobreza (AROP) por encima o alrededor de la media de la UE (Chipre, Portugal y Rumanía) registraron nuevos aumentos en 2013. En Chipre y Portugal la magnitud del incremento fue elevada (respectivamente, 2,2 y 1,5 puntos porcentuales). Otros países con niveles de pobreza mucho más elevados que la media (Grecia, España y Lituania) no registraron ninguna evolución a la baja estadísticamente significativa; por tanto, su situación sigue siendo crítica. Entre los países con niveles de riesgo de pobreza relativamente más bajos, tenía que seguirse de cerca la situación de Malta y Suecia, en vista de aumentos muy por encima de la media. Tal como se muestra en la figura 18, la pendiente positiva de la línea de regresión indicaba una tendencia divergente entre los distintos Estados miembros.



Figura 18: Tasas de riesgo de pobreza en edad de trabajar (18-64 años de edad), tal como consta en el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave Fuente: Eurostat, EU-SILC (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). Período: nivel de 2013 y variación 2012-2013.

Nota: Los ejes están centrados en la media no ponderada de la EU-28. EU-28 y ZE-19 corresponden a las respectivas medias ponderadas. La leyenda figura en el anexo. Las variaciones y las diferencias estadísticamente insignificantes respecto de la media (no ponderada) de la UE se fijan en cero. Puede consultarse la información metodológica en el anexo. Los desempleados se enfrentan al mayor riesgo de pobreza y exclusión, pero la pobreza de las personas con empleo también ha aumentado durante la crisis, incluso pese a que la tasa AROP de las personas con empleo se estabilizó por término medio en los 28 Estados miembros de la UE con un 8,9 % en 2013, frente a un 9,0 % en 2012. La tasa de pobreza de las personas con empleo variaba entre el 3,7 % de Finlandia y el 18 % de Rumanía. La reducción del desempleo contribuirá a reducir los niveles de pobreza, pero solo la mitad de los pobres que encuentran empleo escapan realmente de la pobreza. De hecho, el impacto de la creación de empleo y del crecimiento del empleo sobre la pobreza depende de si los nuevos puestos de trabajo ofrecen un salario digno (tanto en términos de horas trabajadas como del salario por hora) y de si van destinados a hogares con fuerte o con débil intensidad laboral. Aunque el riesgo de pobreza o exclusión de los niños se estabilizó en 2013 en la mayoría de los países, seguía siendo muy elevado, con un porcentaje del 27,7 %, y la proporción de niños en hogares sin empleo seguía aumentando (9,7 % en la UE en 2013). Las condiciones de vida de los niños dependen en gran medida de la situación de sus padres en el mercado de trabajo. Los niños que viven en hogares sin empleo, o bien en familias monoparentales, o en las que únicamente uno de los progenitores trabaja, se enfrentan a un riesgo de pobreza mucho mayor. En muchos países, las transferencias en efectivo contribuyen a reducir el riesgo de pobreza de los niños ya que compensan, en distintas medidas, la falta de ingresos procedentes del trabajo (desde menos del 20 % en Grecia y Rumanía a más del 50 % en Suecia, Alemania, Austria, el Reino Unido e Irlanda). Las personas con discapacidad sufren tasas de AROPE más elevadas (30 % en 2013) y el riesgo va en aumento en función del grado de discapacidad (de grave a moderado). La brecha de AROPE entre las personas con y sin discapacidad (8,5 puntos porcentuales en la UE) no está disminuyendo. El nivel de estudios continuó siendo un motor clave de las diferencias en las tasas de pobreza de ingresos. Las tasas de AROP en los casos de las personas con educación terciaria (niveles 5 y 6) fueron de menos de un tercio de la tasa de AROP de las personas con un nivel de educación primaria o secundaria inferior. En 2013, los porcentajes fueron del 7,5 % y del 23,7 %, respectivamente. Para las personas con educación secundaria superior, el porcentaje correspondiente fue del 14,5 %. La desigualdad de ingresos se mantuvo en general estable en 2013. La ratio S80-S20, incluida en el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave, registró un ligero incremento (en 0,1 puntos porcentuales) en la zona del euro, manteniéndose prácticamente constante en la EU-28 (figura 19). No obstante, se pudo observar una amplia y creciente dispersión de las cifras de la desigualdad en Europa, a raíz, entre otras cosas, del diferente impacto de la crisis en el empleo y en la renta disponible de los hogares, el diferente papel redistributivo de los sistemas fiscales y de prestaciones, y las diferentes actitudes de los sistemas nacionales de protección social. Las cifras más elevadas en materia de desigualdad se registraron en Portugal, Lituania, España, Letonia, Grecia, Bulgaria y Rumanía, países todos ellos en los que la ratio S80-S20 era superior a seis. Entre estos países, se registraron aumentos importantes en Lituania y Bulgaria. En Luxemburgo también se registró un aumento muy superior a la media en desigualdad de ingresos en 2013, a pesar de que su nivel se mantuvo relativamente más bajo. Figura 19: Desigualdad (ratio S80-S20), tal como consta en el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave Fuente: Eurostat, EU-SILC (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). Período: nivel de 2013 y variación 2012-2013. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la EU-28. EU-28 y ZE-19 corresponden a las respectivas medias ponderadas. La leyenda se presenta en el anexo. Las variaciones estadísticamente no significativas se fijan en cero. Puede consultarse la información metodológica en el anexo. La media del gasto en protección social como porcentaje del PIB aumentó ligeramente en los 28 Estados miembros de la UE. Pasó al 29,4 % del PIB de la EU-28 en 2012, desde el 29,0 % del PIB en 2011. Diez Estados miembros dedicaron más del 30 % de su PIB a gastos de protección social en 2012 (Dinamarca, Francia, los Países Bajos, Irlanda, Grecia, Finlandia, Bélgica, Suecia, Italia y Austria), mientras que en ocho países el porcentaje fue inferior al 20 % (Letonia, Estonia, Rumanía, Lituania, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia y Malta). En términos de porcentaje de gasto, más de la mitad del total del gasto en 2013 estaba relacionado con la vejez (pensiones; figura 20). Figura 20: Componentes del gasto social en 2013, en la EU-28, en % del total de gastos de protección social Fuente: Eurostat, SEEPROS En 2014, mientras mejoraba el entorno económico, el gasto tanto en efectivo como en especie aumentaba en términos reales en la UE y en la ZE a un ritmo más rápido que en 2013 (figura 21). Sin embargo, el aumento de las prestaciones en especie en 2014 solo compensó parcialmente las disminuciones observadas entre 2010 y 2012. La mayoría de los Estados miembros registraron aumentos similares, a excepción de Irlanda, Grecia, España, Chipre, Croacia y Eslovenia, donde las prestaciones en especie siguieron disminuyendo.

Figura 21: Desglose de la variación anual del gasto público social real entre las contribuciones de las prestaciones en efectivo y en especie (2001-14) en la EU-28 y en la ZE-19 Fuente: Eurostat, cuentas nacionales (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). Nota: los valores correspondientes a 2014 son una estimación basada en las cuentas nacionales. Nota: cuando no se dispone de datos de las cuentas nacionales (anuales), los datos se han basado en las cuentas nacionales (trimestrales) o en la base de datos AMECO [en este último caso, aplicando habitualmente las tasas de crecimiento calculadas a los datos disponibles de las cuentas nacionales (anuales)]. Los cambios en el sistema fiscal y de prestaciones en el período 2008-14 tuvieron una gran repercusión en los ingresos de las familias en todos los Estados miembros. En algunos países, las medidas adoptadas desde el año 2008 condujeron a una fuerte reducción de los ingresos de los hogares (–17 % en Grecia, –4,5 %, en Letonia, y alrededor de –4 % en Italia y Estonia), pese a que el impacto fue generalmente mayor para las rentas altas que para las bajas. Más recientemente, en la mayoría de los Estados miembros evaluados, las medidas adoptadas en 2013-14 tuvieron un impacto global positivo en los ingresos, y en la mayoría de los casos fueron más beneficiosas para los grupos con ingresos más bajos. Cabe señalar que en los países que experimentaron un impacto medio similar sobre la renta de los hogares, el impacto distributivo de las medidas durante el período 2008-2014 varió entre los grupos de renta más baja y más elevada, lo que pone de relieve la importancia de concebir medidas orientadas hacia los resultados de las políticas. En algunos países, el acceso a la asistencia sanitaria se ha vuelto más difícil para los hogares de renta baja. Por término medio en la UE, el 6,4 % de las personas que viven en hogares de renta baja (quintil inferior) notificó una necesidad no satisfecha de asistencia sanitaria, frente al 1,5 % de los que viven en hogares más ricos (quintil superior). La diferencia en el acceso a la asistencia sanitaria entre ricos y pobres aumentó durante la crisis en los Estados miembros (figura 22). Figura 22: Necesidad no satisfecha de examen médico declarada por las personas (quintil inferior-quintil superior) Fuente: Eurostat, EU-SILC. Notas: motivo: demasiado caro, demasiado lejos para desplazarse o lista de espera. No hay datos disponibles para SI.

2. REFORMAS SOCIALES Y EN MATERIA DE EMPLEO; LA ACTUACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Esta sección presenta una visión de conjunto de las recientes reformas clave en el ámbito social y del empleo, así como de las medidas adoptadas por los Estados miembros en los ámbitos prioritarios definidos en las nuevas orientaciones de empleo de la UE. Las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros combinan los aspectos de la oferta y de la demanda y, aunque van dirigidas a los Estados miembros, deben aplicarse asociando plenamente a los interlocutores sociales y a las partes interesadas. La sección se basa en los datos de 2014 de la base LABREF, así como en los programas nacionales de reforma de 2015 de los Estados miembros y en fuentes de la Comisión Europea. 2.1 Impulsar la demanda de mano de obra Los subsidios de empleo siguen siendo un instrumento muy utilizado para apoyar el empleo y la creación de puestos de trabajo, y algunos países han incrementado o afinado los programas existentes (Lituania, Suecia e Irlanda), mientras que otros han introducido sistemas totalmente nuevos (Chipre, Francia, Rumanía e Italia). En España, Chipre, Portugal y Eslovaquia se han adoptado incentivos para la creación de empresas, incluidas medidas de estímulo del emprendimiento. La acción de los Estados miembros en el ámbito de la fiscalidad del trabajo ha puesto de relieve desde el inicio de la crisis una relación entre el saldo presupuestario de las administraciones públicas y la orientación de la fiscalidad del trabajo. Por término medio, los países con un déficit presupuestario persistente optaron más a menudo por medidas de reforma que aumentaron la fiscalidad sobre el trabajo. Avanzar hacia la reducción de la elevada cuña fiscal sobre el trabajo sigue siendo un reto, pero varios países han aprobado recientemente medidas en ese sentido. En Francia, Grecia, Letonia, Bélgica, Italia, Rumanía y Suecia, se han introducido o intensificado ciertas reducciones estructurales de las cotizaciones a la seguridad social al objeto de apoyar la demanda de mano de obra. En Croacia, Eslovenia, Portugal, Eslovaquia, Bélgica y el Reino Unido se realizaron reducciones dirigidas a grupos vulnerables. España introdujo en 2015 un tipo reducido de cotización a la seguridad social para la contratación por tiempo indefinido. Finlandia redujo las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores para contrarrestar los bajos aumentos salariales. En Italia, la Ley de Estabilidad de 2015 introdujo varias medidas para hacer disminuir la cuña fiscal sobre el trabajo, como la reducción de costes laborales para los empleadores, los créditos fiscales para los trabajadores con salarios más bajos y una reducción de las cotizaciones a la seguridad social durante tres años para los contratos indefinidos en 2015. En Francia, el «Pacto de responsabilidad y solidaridad» añadió en 2014 nuevas reducciones en las cotizaciones a la seguridad social para los trabajadores con salarios bajos y medios a los créditos fiscales generales ya existentes para la competitividad y el empleo. Grecia introdujo una nueva escala impositiva, suprimió los mínimos exentos de impuestos y los sustituyó por créditos fiscales específicos. Tras una intervención significativa en años anteriores, la práctica general de fijación de salarios viene a demostrar que los salarios reales siguen la evolución de la productividad, mientras que algunos países han adoptado recientemente medidas para abordar la cuestión del salario mínimo. En Finlandia se celebraron acuerdos intersectoriales de moderación salarial para el período 2014-2015, y en España para el período 2015-2016. En Eslovenia, se celebró un acuerdo social en 2015 en el que se establecían los convenios colectivos, la inflación y una cuota de la productividad sectorial como base para la fijación de los salarios del sector privado. Para garantizar la concordancia entre salarios y evolución de la productividad, el Gobierno belga suspendió temporalmente la indización automática de los salarios hasta 2016, mientras que en Chipre la suspensión de la indización de los salarios se amplió a 2016 también para el sector privado. Se pusieron en marcha nuevos mecanismos para fijar el salario mínimo en Grecia (a partir de 2017), Irlanda y Croacia, y se introdujo un salario mínimo nacional legal en Alemania a partir de 2015. En Portugal, se restablecieron las dos pagas extraordinarias en el sector público a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional. En el Reino Unido, el Gobierno está introduciendo un salario mínimo vital nacional, determinado por medio de un conjunto de criterios distintos a los aplicados al salario mínimo nacional existente.



2.2 Mejorar la oferta de trabajo, las capacidades y las competencias En una serie de Estados miembros las reducciones de los impuestos sobre la renta de las personas físicas han favorecido la participación en el mercado de trabajo. En España y en Letonia se aprobaron reducciones de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, en particular para hacer frente a la mala situación financiera y a los desincentivos al trabajo de los grupos con bajos ingresos. Otros aumentaron el umbral de ingresos más bajos o los créditos fiscales (Suecia, Letonia, Lituania, los Países Bajos y Alemania). En 2015 Austria ha modificado de forma significativa el impuesto sobre la renta de las personas físicas, introduciendo, en particular, una reducción del tipo mínimo del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Las reformas de las pensiones siguen centrándose en reequilibrar la duración de la vida laboral y la de la jubilación, principalmente por medio del aumento de la edad de jubilación, unas condiciones de elegibilidad más estrictas y la reducción de las posibilidades de jubilación anticipada. A lo largo del año pasado, varios Estados miembros (Bélgica, Bulgaria, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido) presentaron planes para el aumento de la edad de jubilación ya existentes o adoptaron otros nuevos. En total, 25 de los 28 Estados miembros ya han adoptado normativas sobre ese particular, con efectos inmediatos o de cara al futuro. Entre ellos, siete (Chipre, Dinamarca, Grecia, Italia, los Países Bajos, Portugal y Eslovaquia) han vinculado claramente la edad de jubilación a los futuros aumentos de la esperanza de vida, y varios países (Bélgica, Finlandia y Eslovenia) están estudiando la posibilidad de hacer otro tanto. Varios Estados miembros están tomando medidas para reducir la salida del mercado de trabajo mediante la jubilación anticipada, por ejemplo, aumentando la edad de elegibilidad y/o el criterio de la duración de la carrera (Bélgica y Letonia) o mediante la eliminación progresiva de prestaciones o regímenes específicos de jubilación anticipada (Luxemburgo y Polonia). Varios Estados miembros (Bulgaria, Dinamarca y Croacia) han introducido criterios más estrictos y procedimientos que regulan el acceso a las prestaciones por discapacidad, a fin de garantizar que están dirigidos a quienes realmente los merecen y no se utilizan como sustitutivos de un régimen de jubilación anticipada. Algunos Estados miembros han emprendido reformas en 2014-2015 para mejorar las políticas de conciliación con vistas a aumentar la participación en el mercado de trabajo. Austria ha anunciado inversiones por un total de 800 millones de euros antes del ejercicio 2018/2019 para aumentar el número y la disponibilidad de plazas en centros escolares de jornada completa, así como para mejorar la calidad de sus servicios. El Reino Unido ha introducido un permiso parental compartido, que permite a los padres compartir 52 semanas de vacaciones pagadas y de salario con motivo del nacimiento o de la adopción de un niño. Aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo puede contribuir a combatir su mayor riesgo de pobreza y exclusión social, sobre todo en el caso de las familias monoparentales, así como ayudar a prevenir que sufran pobreza en la vejez debido a unos derechos de pensión más reducidos. Animar a más mujeres a entrar y permanecer en el mercado de trabajo puede contribuir también a compensar los efectos de la disminución prevista de la población activa en la mayoría de los Estados miembros de la UE, al aumentar la oferta de mano de obra. Por tanto, contribuiría a reducir la presión sobre las finanzas públicas y los sistemas de protección social, a hacer un mejor uso de las capacidades y las competencias de las mujeres y a aumentar el potencial de crecimiento y la competitividad. Las debilidades estructurales de los sistemas de educación y formación siguen repercutiendo en los niveles de las capacidades. En Italia, una serie de recientes reformas se han centrado en la estabilización del sistema educativo público a través de contratos fijos para las personas que trabajan en el sector. En 2015, España reformó la organización y la gobernanza de su denominado subsistema de formación para el empleo, con el fin de vincular los contenidos de la formación a las necesidades del mercado de trabajo; por otro lado, en Suecia, una nueva iniciativa de educación de adultos incrementará el número de plazas en el sistema municipal de educación de adultos. Mejorar la información estratégica sobre las capacidades (evaluación, anticipación y previsión de las capacidades necesarias) y su utilización para orientar la oferta de educación y formación podría servir para lograr un mejor equilibrio entre la demanda y la oferta de capacidades. Si bien algunos Estados miembros cuentan con una sólida tradición de previsión, en términos cuantitativos y cualitativos, y claros mecanismos de cooperación entre las instituciones educativas y de formación y los agentes del mercado de trabajo (por ejemplo, Dinamarca y Suecia), otros tienen sistemas menos coherentes. Algunos Estados miembros están sentando las bases de una labor de inteligencia respecto de las capacidades (por ejemplo, Estonia y Rumanía), a menudo con el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE). En todo caso, el gasto público en educación disminuyó en casi la mitad de los Estados miembros y descendió un 3,2 % en el conjunto de la UE en comparación con 2010. Los Estados miembros han mantenido sus esfuerzos para apoyar el empleo juvenil y abordar los elevados niveles de ninis. Una parte importante de la acción de los Estados miembros se ha centrado en mejorar la calidad de la educación y la formación a fin de facilitar la transición desde el centro de enseñanza al trabajo. Alemania ha modificado su legislación para aplicar la «formación profesional asistida», lo que permitirá que los jóvenes desfavorecidos tengan una mejor preparación y seguimiento, además de ofrecer servicios a las empresas dedicadas a la formación de los jóvenes desfavorecidos. En Francia, se está aplicando un plan global para reducir el abandono escolar prematuro desde finales de 2014. Se está experimentando con un «itinerario adaptado de formación inicial» para los alumnos mayores de 15 años en situación de riesgo, en el que se combina la educación normal con actividades fuera del centro de enseñanza. Para alumnos de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años que abandonan prematuramente los estudios se ha introducido un derecho legal para volver a la educación o la formación. Polonia ha tomado medidas para facilitar los períodos de prácticas para estudiantes, tanto en las grandes empresas como en las administraciones públicas. Dinamarca está aplicando una importante reforma de la formación profesional a partir de 2015, entre otras cosas con el fin de reducir el abandono prematuro, fomentar la popularidad de la formación profesional y aumentar las oportunidades de formación de aprendices. En Bulgaria se han introducido cambios en la legislación sobre la oferta de períodos de prácticas y se está trabajando para adaptar los planes de estudios con el fin de responder mejor a las necesidades del mercado de trabajo. En Austria la atención prestada a los jóvenes se ha extendido en gran medida también a la educación, incluidas las reformas en el ámbito de la formación profesional así como en la enseñanza superior, con el fin de facilitar el tránsito de la educación a la vida laboral. La reforma de la «Ley de formación profesional» tiene por objeto mejorar el sistema de formación de aprendices y aumentar su calidad. Italia aprobó una reforma educativa que promueve el uso de períodos de prácticas y se centra en la cooperación con las empresas. En muchos Estados miembros se han intensificado los esfuerzos por apoyar la activación temprana de los ninis y la comunicación dirigida a los jóvenes más alejados del mercado de trabajo. Junto con la Comisión Europea, Letonia, Finlandia, Portugal y Rumanía han llevado a cabo actividades a principios de 2015 para aumentar la concienciación sobre las posibilidades que ofrece la Garantía Juvenil y alentar a los ninis a inscribirse ante los proveedores y a beneficiarse del apoyo. Portugal ha creado una amplia red de socios para aumentar el acercamiento a los ninis. Además, se ha creado una plataforma de Garantía Juvenil en línea donde los ninis pueden inscribirse y ser redirigidos automáticamente a los SPE, a la red EURES o a los centros de cualificación y de formación profesional. En Suecia se ha intensificado considerablemente a partir de enero de 2015 la responsabilidad de los municipios para intervenir ante los jóvenes ninis. Bulgaria puso en marcha el programa nacional «Activar a las personas inactivas» con el objetivo de inscribir a los ninis desmotivados en las oficinas de empleo y de involucrarlos en la formación o ayudarlos a volver a la educación; el programa incluye la designación de mediadores romaníes. Croacia está desarrollando un sistema de seguimiento de los ninis en 2015 para abordar los aumentos en el número de ninis como parte de un registro exhaustivo de recursos humanos. Otra prioridad importante ha sido derribar las barreras entre los agentes clave de la transición del centro de enseñanza al trabajo (educación, SPE, empleadores). En Bélgica, el apoyo al empleo juvenil y la aceleración de la aplicación de la Garantía Juvenil son prioridades fundamentales de la Estrategia de 2025 para Bruselas, adoptada en junio de 2015. Con el apoyo del FSE, en la Estrategia participan todos los ministros competentes, y aquella se aplica en colaboración entre los niveles clave de gobernanza, con el fin de tender puentes entre los sectores del empleo, la educación y la juventud. Inspirada en parte en la Garantía Juvenil, Alemania ha continuado estableciendo oficinas/alianzas locales de empleo juvenil para ayudar a los jóvenes en la transición desde el centro educativo al trabajo, y su número ascendía al menos a 186 en septiembre de 2014. Aquellas fomentan una estrecha cooperación entre los diversos actores locales, incluidos los SPE, los centros de enseñanza y los servicios de asistencia social. Están previstos más proyectos piloto con financiación del FSE a partir de 2015, fomentando también la asistencia sociopedagógica y las oportunidades de empleo para los jóvenes desfavorecidos. Algunos Estados miembros han dedicado esfuerzos a apoyar la creación de empleo y a potenciar las oportunidades del mercado laboral para los jóvenes. Croacia lanzó 11 nuevas medidas de políticas activas del mercado de trabajo en 2014 en el marco del paquete de medidas «Joven y creativo», que incluye ahora subvenciones al empleo y al trabajo por cuenta propia, otras subvenciones para la formación y la especialización, períodos de prácticas, servicios para la colectividad y mantenimiento de los puestos de trabajo. El Servicio de Empleo de Eslovenia puso en marcha un programa de «trabajo a prueba» en 2015, destinado a permitir que los desempleados de hasta 29 años de edad pongan a prueba sus conocimientos, capacidades y hábitos en un puesto de trabajo específico. La rehabilitación profesional es la clave para que las personas con discapacidad participen en el mercado de trabajo. Finlandia introdujo modificaciones para permitir el acceso temprano a la rehabilitación profesional al objeto de evitar la jubilación con una pensión de invalidez. A partir de octubre de 2015 una persona en rehabilitación debe poder recibir de la institución de la seguridad social un subsidio parcial para aquellos días de rehabilitación en que trabaje solamente a tiempo parcial. Croacia presentó enmiendas a la Ley sobre la rehabilitación profesional y el empleo de las personas con discapacidad en diciembre de 2014, con vistas a mejorar su rehabilitación profesional y su empleabilidad, y la Ley también prevé el establecimiento de centros regionales de rehabilitación profesional. En muchos Estados miembros, y en el caso de grupos específicos, existe un considerable riesgo de que arraigue el desempleo de larga duración y se traduzca en un aumento del desempleo estructural. Una serie de Estados miembros adoptaron nuevas medidas activas dirigidas a los desempleados de larga duración. Portugal puso en marcha en 2015 un plan para apoyar períodos de prácticas de 6 meses para los desempleados de larga duración mayores de 30 años. En España, un programa de activación nacional que comenzó a finales de 2014 está facilitando ayuda financiera a los desempleados de larga duración que carecen de prestaciones, al tiempo que se refuerzan la búsqueda de empleo y los criterios de aceptación de un puesto de trabajo y se asigna a un responsable para gestionar individualmente los 400 000 casos de beneficiarios previstos. Finlandia comenzó a aplicar en 2015 una reforma de apoyo a los desempleados de larga duración, que establece un único punto de contacto para coordinar mejor a nivel municipal los servicios de empleo, las prestaciones y los servicios sociales para los desempleados de larga duración. En Francia, el plan nacional de acción contra el desempleo de larga duración, adoptado en 2015, combina un asesoramiento personalizado e intensivo con el fin de alcanzar los 460 000 beneficiarios en 2017, una mayor oferta de contratos subvencionados y de formación profesional y un nuevo sistema de formación en el lugar de trabajo para los trabajadores de más edad o aquellos menos cualificados, así como un mejor acceso a las guarderías y ayudas para la vivienda. La recuperación económica y el menor aumento de los desempleados de larga duración, así como una mejora de la situación presupuestaria, dan paso a oportunidades para realizar otras intervenciones. Sin embargo, el desempleo de larga duración solamente se aborda en las reformas en curso en menos de la mitad de los Estados miembros. Los Estados miembros están debatiendo una propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado de trabajo. 2.3 Mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo Los Estados miembros siguieron modernizando la legislación de protección del empleo, en particular en países con desequilibrios importantes y mercados laborales segmentados. Sin embargo, la dirección de las reformas solamente va encaminada en algunos casos a colmar la brecha entre quienes están dentro del mercado de trabajo y quienes están fuera de este. En Italia, se adoptó a finales de 2014 una ley de habilitación de amplio alcance (la denominada Ley del empleo), y sus correspondientes decretos de aplicación final fueron adoptados en septiembre de 2015; dicha ley supone la simplificación de los contratos y de los procedimientos de Derecho laboral y la reducción de las posibilidades de reincorporación tras un despido improcedente. La Ley sobre el trabajo y la seguridad fue aprobada en los Países Bajos en 2014 e introduce un límite máximo en las indemnizaciones por despido o por daños y perjuicios por despido improcedente, al tiempo que aumenta la protección de los trabajadores temporales. En Croacia se aprobó una amplia reforma del Código del trabajo, lo que redunda en unos costes más reducidos, procedimientos simplificados de despidos individuales y colectivos, un acceso más fácil a las agencias de trabajo temporal y una organización más flexible del tiempo de trabajo. También se han simplificado los procedimientos de despido colectivo en Letonia. En Bulgaria se modificó también el Código del trabajo para aumentar la flexibilidad de la jornada laboral y regular la posibilidad de firmar contratos de trabajo diarios en el ámbito del trabajo temporero agrícola de corta duración. A pesar de que existe una gran segmentación, una serie de países facilitaron el acceso a los contratos de duración determinada (la República Checa) o incrementaron su duración y las posibilidades de renovación (Croacia, Italia, Letonia y, temporalmente, también Portugal). Una minoría de países reforzó la normativa sobre contratos de duración determinada (Polonia) y, más concretamente, sobre la utilización de las empresas de trabajo temporal (Eslovenia, Francia, Dinamarca y Eslovaquia). El Reino Unido introdujo una tasa para reducir el número de casos que se presentan en las magistraturas de trabajo.

En consonancia con las acciones emprendidas en años anteriores, en un número considerable de Estados miembros continuó mejorando la eficacia de los servicios públicos de empleo. Dinamarca y Letonia mejoraron la elaboración de los perfiles de los demandantes de empleo y la orientación de los instrumentos de ayuda y los servicios de búsqueda de empleo, mientras que Polonia y Eslovaquia se centraron más en los servicios para grupos vulnerables. Suecia y Lituania mejoraron la tramitación de asuntos relativos a los jóvenes y al abandono escolar prematuro. En Bélgica, los Países Bajos, España y Eslovaquia se optó por una cooperación reforzada entre distintos agentes, vinculada en algunos casos a una condicionalidad en la distribución de fondos entre servicios. En el marco del programa JobPath [itinerario de empleo] se procedió a la reorganización del Servicio Público de Empleo en Irlanda; además, se contrató con proveedores del sector privado para reforzar la capacidad del servicio de empleo y atender principalmente a los desempleados de larga duración. La reforma del diálogo social ya está en curso en muchos Estados miembros. Las reformas inciden en el funcionamiento y en la eficacia del diálogo social. Están en su mayoría vinculadas a la negociación colectiva, pero también repercuten sobre la representación de los trabajadores. Alemania, Eslovaquia y Portugal han flexibilizado los criterios para la ampliación de los convenios colectivos sectoriales sobre salarios; en cuanto a Portugal, volvió parcialmente a la práctica que se basa en el programa de ayuda financiera. En Croacia se suprimió la validez ilimitada de los convenios colectivos que habían expirado. En Portugal, se redujo en 2014 la validez de los convenios colectivos que habían expirado y no habían sido renovados, y se introdujo la posibilidad de la suspensión negociada de convenios colectivos en las empresas con dificultades. Los interlocutores sociales italianos firmaron un acuerdo intersectorial que aclara los criterios de cálculo de la representatividad de los sindicatos y fija el ritmo de la ampliación del ámbito de la negociación colectiva descentralizada. En Croacia se aprobó en 2014 la nueva legislación sobre la actividad sindical. En Francia, el Gobierno propuso en 2015 una reforma del diálogo social para modernizar la representación de los trabajadores y racionalizar las obligaciones de los empresarios en materia de información y consulta de los representantes de los trabajadores. La negociación colectiva anual se reorganizará en torno a los ejes principales definidos. En Alemania, se adoptó en 2015 la denominada Tarifeinheitsgesetz, una ley que garantiza que en caso de que existan convenios colectivos que se solapen y entren en conflicto en una empresa, solo será aplicable el acuerdo firmado con el sindicato que tenga la mayoría de miembros (en dicha empresa). En el Reino Unido, un nuevo proyecto de Ley sindical, de 2015, contempla reformas relativas a los sindicatos y a las medidas de conflicto colectivo. La participación de los interlocutores sociales en la concepción y la aplicación de las políticas y las reformas requiere un mayor seguimiento. En la mayor parte de los Estados miembros existe algún tipo de participación de los interlocutores sociales en la preparación de los programas nacionales de reforma. La calidad y la amplitud de esta participación y la medida en que los interlocutores sociales están en condiciones de influir en el contenido de los programas nacionales de reforma (PNR) varían de forma significativa. Son menos los Estados miembros que involucran efectivamente a los interlocutores sociales en la aplicación de las recomendaciones específicas por país o de las reformas y las políticas afines. 2.4 Garantizar la equidad, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades Entre los esfuerzos por frenar o reducir la pobreza y aumentar la participación en el mercado de trabajo se observan importantes revisiones de los sistemas de prestaciones sociales, el apoyo de las políticas activas del mercado de trabajo y medidas destinadas a quienes están más expuestos al riesgo de pobreza. Algunos Estados miembros aumentaron el importe de la ayuda a la renta (Bélgica, Estonia, Croacia, Suecia y Rumanía), mientras que otros mejoraron la concepción de las medidas mediante la modulación de las prestaciones (Malta y Letonia) o las prestaciones vinculadas al trabajo (Estonia). Algunos Estados miembros están introduciendo o reforzando medidas de activación como parte de sus políticas para afrontar mejor la pobreza de las personas en edad de trabajar (Austria, Bulgaria, Alemania, Dinamarca y los Países Bajos). También se han introducido diversos incentivos financieros y no financieros para facilitar la vuelta al mercado de trabajo (Bélgica, Finlandia, Francia, Letonia, Malta y Polonia). En determinados países (Bélgica, Croacia, Grecia, Irlanda, Rumanía y Suecia) están previstas o en curso de realización reformas de los sistemas de asistencia social y de desempleo. Bélgica prosigue la reforma del sistema de prestaciones por desempleo, a fin de garantizar un equilibrio adecuado entre prestaciones, apoyo eficaz a la búsqueda de empleo y oportunidades de formación. Como parte de su reforma del sistema de bienestar, Rumanía va a introducir una renta mínima de inserción social, reuniendo tres programas existentes sujetos a verificación de recursos e incorporando una mejor selección de los beneficiarios y reduciendo los costes administrativos. Grecia ha puesto en marcha un programa piloto para introducir un plan de renta mínima en el país. Irlanda prosiguió sus esfuerzos para reducir, mediante la prestación de servicios integrados (ventanilla única), la prevalencia de los hogares con baja intensidad laboral y para vincular los derechos a prestación más estrechamente con los servicios de activación. Las crecientes preocupaciones sobre los efectos del aumento del número de niños afectados por la pobreza han hecho que muchos Estados miembros hayan incrementado las inversiones destinadas a los niños. Las medidas de apoyo a la renta para familias con hijos fueron reforzadas o ampliadas en Bulgaria, la República Checa, Polonia y Rumanía, mientras que Bélgica y Malta introdujeron suplementos a las prestaciones familiares para los niños que crecen en familias con bajos ingresos. El apoyo al acceso de los progenitores al mercado de trabajo y los incentivos al trabajo han mejorado en Hungría, Malta y el Reino Unido. La inversión en educación, y concretamente en educación y cuidados de la primera infancia, se ha mantenido en varios Estados miembros, lo que traduce un aumento de la sensibilización sobre el papel fundamental que desempeñan los años preescolares de los niños a la hora de conformar sus capacidades cognitivas y sociales. Finlandia introdujo la educación preescolar obligatoria, y Croacia introdujo un año de educación preescolar obligatoria antes del inicio de la enseñanza primaria. Austria facilitó financiación pública adicional para mejorar los resultados en educación y cuidados de la primera infancia; el Reino Unido introdujo 15 horas semanales gratuitas para el cuidado de niños de 3 y 4 años de edad, y medidas destinadas a los jóvenes desfavorecidos. También aumentó la financiación para la apertura de guarderías en algunos Estados miembros (Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Alemania, Estonia, Polonia y el Reino Unido), de centros de acogida tras el horario lectivo (Irlanda), o de plazas escolares de jornada completa (Austria). Bulgaria siguió trabajando para mejorar la calidad de la atención alternativa y apoyar a los niños que crecen fuera de sus familias. Finlandia también adoptó varias medidas para reforzar la protección de los niños en ese tipo de situaciones. Las recientes reformas de las pensiones han contribuido a contener el aumento a largo plazo del gasto en pensiones en la mayoría de los Estados miembros . Su repercusión en la adecuación de las pensiones sigue dependiendo de la capacidad de las mujeres y los hombres de tener carreras más largas y más completas , algo que no se da de manera uniforme según los grupos profesionales y los sexos. La mayor parte de las reformas de los Estados miembros se han centrado en aumentar la edad de la pensión y en restringir la jubilación anticipada, aunque las reformas no vayan acompañadas siempre de políticas en materia de envejecimiento activo. Algunos Estados miembros han mantenido o reintroducido condiciones específicas en los casos de jubilación anticipada de personas con carreras largas o que desempeñan trabajos penosos. La restricción del acceso a la jubilación anticipada sitúa a los gobiernos y/o a los interlocutores sociales ante el desafío de encontrar soluciones alternativas a los problemas de gestión de la edad y de la salud relacionados con la parte final de la carrera profesional en el lugar de trabajo y en el mercado de trabajo. En la actualidad, la brecha entre hombres y mujeres en materia de pensiones en la UE sigue siendo de un 40 %, lo que refleja la diferencia en la retribución entre ambos sexos y el hecho de que la carrera profesional de las mujeres es por término medio más breve y tiene más interrupciones. El cambio global hacia más pensiones contributivas significa que los sistemas de pensiones no estarán preparados para compensar estos desequilibrios. Como parte de los esfuerzos destinados a permitir que las mujeres tengan una vida laboral más larga, casi todos los Estados miembros (excepto Rumanía) han igualado las edades de jubilación de hombres y mujeres o han adoptado futuras reformas en este sentido, aunque, en algunos casos, no habrán concluido por completo hasta la década de 2040. Un gran número de reformas también han modificado la indización de las prestaciones de pensión, orientándola hacia mecanismos menos generosos de revalorización. La repercusión sobre su adecuación dependerá de la evolución de los salarios y los precios. Los sistemas sanitarios contribuyen a preservar y restablecer la buena salud de la población de la UE. Además del bienestar colectivo e individual, apoyan la prosperidad económica gracias a la mejora de la participación en el mercado de trabajo, la productividad laboral y la reducción del absentismo laboral. Obviamente, los sistemas sanitarios tienen un coste: un gran porcentaje del gasto en sistemas sanitarios en la UE procede de fondos públicos, por lo que dichos sistemas tienen que ser sostenibles en términos presupuestarios. Es preciso evaluar el rendimiento de los sistemas de atención sanitaria y de cuidados de larga duración, así como aplicar reformas sólidas y ambiciosas. Todo ello requiere lo siguiente: garantizar una base financiera sostenible; fomentar la oferta de servicios eficaces de asistencia sanitaria primaria, reduciendo de ese modo el recurso innecesario a la atención especializada y hospitalaria; velar por la relación coste-eficacia de los medicamentos; contar con una mejor contratación pública; mejorar la integración de la atención por medio de canales de información actualizados (como la sanidad electrónica); desplegar metodologías para evaluar la eficacia relativa de las tecnologías sanitarias y los costes de la atención a efectos de toma de decisiones; y mejorar la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. En la mayoría de los Estados miembros se han aplicado importantes reformas en materia de asistencia sanitaria. Entre las numerosas reformas estructurales aplicadas figuran: la reestructuración de la atención primaria y secundaria; una mayor coordinación de la asistencia; el uso más intenso y favorable a la interoperabilidad de las TIC y de las soluciones de sanidad electrónica (Bulgaria, la República Checa, Croacia, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y el Reino Unido); el cambio en las políticas farmacéuticas hacia la regulación de precios y la sustitución por genéricos; así como la introducción de incentivos financieros y no financieros para los proveedores y los usuarios de los servicios de asistencia sanitaria. Con el fin de mejorar la prestación de servicios de atención sanitaria, varios Estados miembros (Bulgaria, la República Checa, Alemania, Croacia, Irlanda, Polonia, Portugal, Suecia y el Reino Unido) introdujeron políticas destinadas a optimizar la utilización de los tratamientos y de las pautas de prescripción. El envejecimiento de los trabajadores del sector sanitario, junto con los retos para contratar o retener a trabajadores de la sanidad debido a las condiciones de trabajo, exigentes y relativamente mal remuneradas en algunas de las profesiones de asistencia sanitaria, están provocando en muchos países una escasez de mano de obra en este sector. Para corregir esta situación, algunos Estados miembros (Bélgica, la República Checa, Alemania, España, Croacia, Irlanda, Letonia, Polonia y Suecia) han adoptado medidas a fin de facilitar la formación y la mejora de las cualificaciones de los profesionales de la salud y ofrecer aumentos salariales y apoyo para hacer más atractivo el sector de la asistencia sanitaria. Varios Estados miembros están adoptando o aplicando grandes reformas en el ámbito de los cuidados de larga duración, con el fin de garantizar una utilización más eficiente de los recursos existentes. Las medidas de reforma se centran en seguir desarrollando los servicios de atención a domicilio y en reforzar la integración de la asistencia. Los mecanismos de financiación de la asistencia a largo plazo se han modificado en varios Estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, Hungría, Alemania y Luxemburgo). Algunos decidieron aumentar la financiación pública y reducir el reparto de costes con el sector privado, mientras que otros redujeron los umbrales existentes de elegibilidad para el apoyo público o introdujeron otras medidas de contención de costes. Un número limitado de Estados miembros han comunicado medidas de prevención de la dependencia que estaban en su mayor parte relacionadas con una mejor prevención y un diagnóstico precoz de la demencia (Austria, Bulgaria e Irlanda). Los gobiernos nacionales han hecho un mayor hincapié en la mejora de la prestación de servicios, haciendo que la atención esté más centrada en el paciente, al promover el paso de la asistencia institucional a una asistencia de carácter local, elaborando y aplicando nuevas normas de calidad y aumentando los niveles de personal. Algunos Estados miembros (Bélgica, la República Checa, Alemania y Finlandia) mejoraron el apoyo prestado a los cuidadores no profesionales gracias a unas nuevas estrategias, a mejores oportunidades para conciliar el trabajo y la asistencia, y al reconocimiento jurídico de los cuidadores no profesionales. Se han contraído importantes compromisos al objeto de mejorar el acceso a una vivienda asequible. Algunos Estados miembros aprobaron planes de construcción de viviendas o viviendas sociales (la República Chec