[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 19.12.2005

COM(2005) 672 final

LIBRO VERDE

Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia

(presentado por la Comisión) {SEC(2005) 1732}

ÍNDICE

1 Contexto y objetivos del Libro Verde 3

1.1 Las indemnizaciones por daños y perjuicios como parte del sistema deaplicación de la legislación comunitaria de defensa de la competencia 3

1.2 Resumen del problema 4

1.3 Objetivos 5

2 Cuestiones principales 5

2.1 Acceso a las pruebas 5

2.2 Requisito de conducta culpable 7

2.3 Daños y perjuicios 7

2.4 Defensa «passing-on» y legitimación del comprador indirecto 8

2.5 Defender los intereses del consumidor 9

2.6 Coste de las acciones 10

2.7 Coordinación de la aplicación pública y privada 10

2.8 Competencia judicial y legislación aplicable 11

2.9 Otras cuestiones 12

LIBRO VERDE

Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia

La competencia vigorosa en un mercado interior abierto es la mejor garantía de que las empresas europeas aumentarán su productividad y potencial de innovación. La aplicación del Derecho de competencia es, por tanto, un elemento clave de la «Estrategia de Lisboa», que busca el crecimiento de la economía de la Unión Europea y la creación de empleo para los ciudadanos de Europa.

Como parte del esfuerzo por mejorar la aplicación de la legislación de competencia tras la modernización de la legislación procesal en materia de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, el presente Libro Verde y el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto tratan de las condiciones para las indemnizaciones por daños y perjuicios por infracciones a la legislación comunitaria de defensa de la competencia. Señalan los obstáculos que se oponen a un sistema más eficiente para solicitar estas indemnizaciones y proponen alternativas para resolver estos problemas. Facilitar las indemnizaciones por daños y perjuicios por incumplimiento de la legislación comunitaria no sólo hará más fácil para los consumidores y empresas que hayan sufrido daños por infracción de las normas de defensa de la competencia obtener reparación del infractor sino que también reforzará la aplicación de la legislación de defensa de la competencia.

1 Contexto y objetivos del Libro Verde

1.1 Las indemnizaciones por daños y perjuicios como parte del sistema de aplicación de la legislación comunitaria de defensa de la competencia

Las normas de defensa de la competencia establecidas en los artículos 81 y 82 del Tratado CE se aplican tanto de forma pública como privada. Ambas formas son parte de un sistema de aplicación común y sirven a los mismos objetivos: impedir prácticas contrarias a la competencia prohibidas por la legislación de defensa de la competencia y proteger a empresas y consumidores de dichas prácticas y de cualquier daño causado por las mismas. La aplicación de la legislación de defensa de la competencia, sea como institución privada o pública, es un instrumento importante para crear y mantener una economía competitiva.

Por lo que se refiere a la aplicación por parte de las autoridades públicas, tanto la Comisión como las autoridades responsables de la competencia de los Estados miembros (ANC) aplican la legislación comunitaria de competencia en casos individuales. En virtud del Reglamento 1/2003, la Comisión y las autoridades nacionales de competencia constituyen una red de autoridades responsables de la aplicación pública de las normas comunitarias de defensa de la competencia. Como parte de sus actividades de aplicación, estas autoridades pueden adoptar, entre otras, decisiones por las que se declara que una empresa ha infringido la legislación de defensa de la competencia y decisiones por las que se imponen multas sancionadoras. La aplicación a nivel público es indispensable para la protección efectiva de los derechos conferidos y para la aplicación efectiva de las obligaciones impuestas por el Tratado.

Todos los elementos de los artículos 81 y 82 del Tratado son directamente aplicables. Desde el principio, la aplicación privada ha desempeñado también un papel en la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado. En este contexto, aplicación privada significa la aplicación de la legislación de defensa de la competencia en litigios civiles ante tribunales nacionales. Esta aplicación puede adoptar distintas formas. Por ejemplo, el artículo 81, apartado 2, del Tratado establece que los acuerdos o decisiones prohibidos por el artículo 81 son nulos de pleno derecho. Las normas del Tratado pueden también utilizarse en acciones para medidas cautelares. Además, la reparación de daños y perjuicios puede concederse a quienes hayan sufrido un perjuicio causado por una infracción de las normas de defensa de la competencia.

El presente Libro Verde se centra únicamente en la reparación de daños y perjuicios. La reparación de daños y perjuicios por infracción de la legislación de defensa de la competencia sirve varios objetivos, principalmente compensar a aquellos que han sufrido un perjuicio como consecuencia del comportamiento contrario a la competencia y garantizar la plena eficacia de la normativa de defensa de la competencia del Tratado, disuadiendo de este comportamiento y contribuyendo así de manera significativa al mantenimiento de una competencia efectiva en la Comunidad[1] (disuasión). Al poder eficazmente solicitar una indemnización por daños y perjuicios, las empresas individuales o los consumidores en Europa se acercan a las normas de competencia y participan más activamente en la aplicación de las mismas. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha dictado que la protección efectiva de los derechos concedidos por el Tratado exige que los particulares que hayan sufrido perjuicio por una infracción de los artículos 81 o 82 tengan derecho a solicitar la reparación del perjuicio[2].

1.2 Resumen del problema

Mientras que la legislación comunitaria, por tanto, exige un sistema efectivo de indemnizaciones por daños y perjuicios por infracciones de las normas de defensa de la competencia, este ámbito de la legislación ofrece una imagen de «total subdesarrollo» en los 25 Estados miembros[3].

El TJCE ha confirmado que, ante la inexistencia de una normativa comunitaria en la materia, corresponde a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros aportar las modalidades de aplicación para interponer medidas de reparación por daños y perjuicios. Puesto que los tribunales comunitarios no son competentes en la materia (excepto en el procedimiento de cuestiones prejudiciales), en general estos asuntos se presentan ante los tribunales de los Estados miembros. En los distintos Estados miembros existen obstáculos importantes al funcionamiento eficaz de la reparación de daños y perjuicios por infracción de la legislación comunitaria de defensa de la competencia.

1.3 Objetivos

El objetivo del presente Libro Verde y del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión es señalar los principales obstáculos a un sistema más eficaz de indemnizaciones por daños y perjuicios y fijar distintas opciones de reflexión y posible acción para mejorar la reparación de estos daños tanto en las acciones “de seguimiento” o derivadas (por ejemplo, casos en los que se interpone la acción civil después de que una autoridad de competencia haya constatado una infracción) como en acciones independientes (es decir, acciones que no son consecuencia de una constatación previa de infracción por parte de una autoridad responsable de la competencia).

2 Cuestiones principales

Las principales cuestiones se resumen a continuación y son tratadas con más detalle en el Documento de trabajo . Se invita a todas las partes interesadas a estudiar las consideraciones presentadas. Véase el Documento de trabajo adjunto para una exposición más detallada de las fuentes de información consideradas.

La Comisión invita a todas las partes interesadas a hacer observaciones sobre las cuestiones debatidas y las opciones formuladas al respecto, así como sobre cualquier otro aspecto de las indemnizaciones por daños y perjuicios por infracciones de la legislación de defensa de la competencia. Las observaciones ayudarán a la Comisión a decidir qué medidas deben ser tomadas a nivel comunitario para mejorar las condiciones de las indemnizaciones por daños y perjuicios en materia de defensa de la competencia.

2.1 Acceso a las pruebas

Las acciones por daños y perjuicios en casos de defensa de la competencia suelen exigir la investigación de toda una serie de hechos. El problema específico de este tipo de litigio es que a menudo las pruebas pertinentes no son fáciles de conseguir y las posee la parte que comete el comportamiento contrario a la competencia. El acceso de los demandantes a estas pruebas es la clave para que las indemnizaciones por daños y perjuicios sean efectivas. Por consiguiente, es necesario estudiar si deberían crearse obligaciones como las de presentar documentos o facilitar el acceso a las pruebas de algún otro modo. Esto es particularmente importante en las acciones independientes.

En una línea similar, debería tomarse en consideración la posibilidad de imponer la obligación de que el demandado dé a conocer los documentos presentados a una autoridad responsable de competencia. En casos en los que la Comisión o una autoridad nacional de competencia hayan emprendido una investigación, es probable que dispongan de pruebas relevantes que podrían ser importantes para el demandante en acciones derivadas o “de seguimiento”. Este material podría ser útil como prueba de la pretensión de daños y perjuicios en posteriores acciones civiles. Con el fin de limitar la carga administrativa a las autoridades de competencia, el acceso a estos documentos se debería acordar entre las partes.

Las normas sobre la carga y valoración de la prueba pueden también ayudar al demandante en este aspecto. La cuestión del valor probatorio de las decisiones de las autoridades nacionales de competencia es de especial importancia.

Pregunta A: | ¿Deberían existir normas especiales sobre la divulgación de pruebas documentales en procedimientos civiles por daños y perjuicios en virtud de los artículos 81 y 82 del Tratado CE? En caso afirmativo, ¿en qué forma deberían divulgarse? |

Opción 1: | Deberían divulgarse una vez que una parte ha expuesto detalladamente los hechos pertinentes de un asunto y ha presentado las pruebas de que razonablemente disponga que respalden su alegación (establecimiento de los hechos). La divulgación debería limitarse a documentos individuales pertinentes y razonablemente identificados y a requerimiento de un tribunal. |

Opción 2: | Siempre que se hayan establecido los hechos, sería posible la divulgación obligatoria de clases de documentos entre las partes, a requerimiento de un tribunal. |

Opción 3: | Siempre que se hayan establecido los hechos, debería ser obligatorio que cada parte aportara a las otras partes del litigio la lista de documentos pertinentes en su poder, a los que tienen acceso. |

Opción 4: | Introducir sanciones por la destrucción de pruebas para permitir la divulgación descrita en las opciones 1 a 3. |

Opción 5: | Obligación de conservar las pruebas pertinentes. Según esta norma, antes de que realmente comience una acción civil, un tribunal podría ordenar que se conservaran pruebas que sean relevantes para la acción posterior. La parte que solicita una orden de este tipo debería, no obstante, presentar las pruebas de que razonablemente disponga y que han de indicar, prima facie, la existencia de una infracción. |

Pregunta B: | ¿Son útiles las normas especiales en cuanto al acceso a documentos en poder de una autoridad de competencia en caso de indemnizaciones por daños y perjuicios en materia de defensa de la competencia? ¿Cómo podría organizarse el acceso? |

Opción 6: | Obligación de todas las partes en un procedimiento ante una autoridad responsable de competencia de entregar a un litigante en un procedimiento civil todos los documentos que se hayan presentado a la autoridad, con excepción de las solicitudes de clemencia. Las cuestiones relacionadas con la divulgación de secretos comerciales u otra información confidencial así como los derechos de la defensa se tratarán con arreglo a la ley del foro (es decir, la ley del órgano jurisdiccional competente). |

Opción 7: | Acceso de los tribunales nacionales a documentos en poder de la Comisión. En este contexto, la Comisión agradecería recibir comentarios sobre a) cómo consideran los tribunales nacionales que pueden garantizar la confidencialidad de los secretos comerciales u otra información y b) las situaciones en las que los tribunales nacionales solicitarían a la Comisión información que también podrían facilitar las partes. |

Pregunta C: | ¿Debería reducirse la carga de la prueba de una infracción de defensa de la competencia para el solicitante de una reparación de perjuicios? En caso afirmativo, ¿cómo? |

Opción 8: | Hacer vinculantes las decisiones de las autoridades de competencia de los Estados miembros en asuntos de infracción o, alternativamente, invertir la carga de la prueba cuando exista una decisión de infracción. |

Opción 9: | Invertir o reducir la carga de la prueba en casos de disparidad en la información entre el demandante y el demandado con objeto de solventar la disparidad. Estas normas podrían, en cierto modo, compensar la inexistencia o escasez de normas sobre divulgación de que dispone el demandante. |

Opción 10: | La negativa injustificada por una de las partes de presentar pruebas podría influir en la carga de la prueba, variando entre la presunción iuris tantum o la presunción iuris et de iure de la prueba y la mera posibilidad de que el tribunal tenga en cuenta la negativa al evaluar si se consideran probados los hechos pertinentes. |

2.2 Requisito de conducta culpable

Puesto que las indemnizaciones por daños y perjuicios son acciones de responsabilidad civil en muchos Estados miembros se exige que la conducta culpable sea probada. En algunos Estados miembros, la conducta culpable se presume si una acción es ilegal con arreglo a la legislación de defensa de la competencia. En otros, sin embargo, no existe esta presunción. Por tanto, debería estudiarse el nivel de culpabilidad requerida en las indemnizaciones por daños y perjuicios.

Pregunta D: | ¿Debería existir el requisito de conducta culpable en la reparación de daños y perjuicios en materia de defensa de la competencia? |

Opción 11: | La prueba de la infracción debería ser suficiente (similar a la responsabilidad objetiva). |

Opción 12: | La prueba de la infracción debería ser suficiente sólo en las infracciones más graves de la legislación de defensa de la competencia. |

Opción 13: | El demandado debería tener la posibilidad de demostrar que cometió un error excusable de hecho o de derecho. En esas circunstancias, la infracción no daría lugar a derecho a la reparación (defensa de error excusable). |

2.3 Daños y perjuicios

Varias cuestiones afectan al ámbito concreto de aplicación de la reparación de daños y perjuicios. En primer lugar, debe definirse el importe de la reparación. Son posibles varias definiciones, basadas principalmente en la idea de compensación o recuperación de un beneficio ilegal. También debe decidirse si cualquier reparación de daños y perjuicios debería incluir intereses, así como el importe de los intereses que debería pagarse y cómo calcularlos. Además, en las infracciones de carteles horizontales podría considerarse doblar los daños y perjuicios de manera automática, condicional o a discreción del tribunal.

Junto a la definición jurídica de los daños y perjuicios que deben resarcirse, la cuantificación de los daños es una cuestión clave. Se han desarrollado varios modelos económicos para calcular daños y perjuicios en situaciones complejas. Debería plantearse la utilización de estos modelos en las demandas de indemnización.

Pregunta E: | ¿Cómo deberían definirse los daños y perjuicios? |

Opción 14: | Definición de los daños que deben resarcirse en función del perjuicio sufrido por el demandante como consecuencia de la conducta infractora del demandado (daños e intereses compensatorios). |

Opción 15: | Definición de los daños que deben resarcirse en función del beneficio ilegal obtenido por el infractor (recuperación de beneficio ilegal). |

Opción 16: | Daños y perjuicios dobles en carteles horizontales. Estas reparaciones podrían ser automáticas, condicionales o a la discreción del tribunal. |

Opción 17: | Intereses anteriores a la sentencia desde la fecha de la infracción o la fecha del daño. |

Pregunta F: | ¿Qué método debería utilizarse para calcular la cuantía de los daños y perjuicios? |

Opción 18: | ¿Qué valor añadido representa para la reparación de daños y perjuicios utilizar modelos económicos complejos para cuantificarlos en lugar de métodos más sencillos? ¿Debería tener competencias el tribunal para evaluar la cuantía basándose en una interpretación equitativa? |

Opción 19: | ¿Debería publicar la Comisión orientaciones sobre la cuantificación de los daños y perjuicios? |

Opción 20: | Dividir el procedimiento entre la responsabilidad del infractor y la cuantía de los daños y perjuicios para simplificar el litigio. |

2.4 Defensa «passing-on» y legitimación del comprador indirecto

La defensa «passing-on» o de daños repercutidos se refiere al tratamiento jurídico del hecho de que una empresa que compra a un proveedor implicado en una conducta contraria a la competencia podría estar en condiciones de paliar su perjuicio económico repercutiendo el coste excesivo a sus propios clientes. Los perjuicios causados por el comportamiento contrario a la competencia podrían así trasladarse a la cadena de suministro o incluso repercutirse íntegramente al comprador último, el consumidor final. Jurídicamente, hay que considerar si debería permitirse al infractor alegar como defensa esta transmisión. De la misma manera, debe considerarse la legitimación de los compradores indirectos, a los que podría o no podría haberse trasladado el coste excesivo.

La defensa «passing-on» o de daños repercutidos aumenta sustancialmente la complejidad de las indemnizaciones por daños y perjuicios puesto que el reparto exacto de los daños dentro de la cadena de suministro podría ser excesivamente difícil de probar. Los problemas de prueba lastran también las acciones de los compradores indirectos, dado que éstos pueden ser incapaces de probar la magnitud del perjuicio sufrido y el nexo causal con la conducta infractora.

Pregunta G: | ¿Deberían existir normas sobre la admisibilidad y funcionamiento de la defensa «passing-on» o de daños repercutidos? En caso afirmativo ¿en qué forma? ¿Debería el comprador indirecto estar legitimado? |

Opción 21: | Se permite la defensa «passing-on» o de daños repercutidos y tanto los compradores directos como indirectos pueden demandar al infractor. Esta opción entrañaría el riesgo de que el comprador directo no consiguiera la indemnización puesto que el infractor podrá utilizar esta defensa y de que los compradores indirectos tampoco la consigan por no poder demostrar que el perjuicio se repercute en toda la cadena de suministro, ni en qué medida. A este respecto, debería prestarse especial atención a la carga de la prueba. |

Opción 22: | Se excluye la defensa «passing-on» o de daños repercutidos y sólo los compradores directos pueden demandar al infractor. En esta opción, los compradores directos estarán en mejor situación ya que los problemas ligados a la defensa «passing-on» o de daños repercutidos no lastrarán el procedimiento. |

Opción 23: | Se excluye la defensa «passing-on» o de daños repercutidos y tanto los compradores directos como indirectos pueden demandar al infractor. Aunque la exclusión de esta defensa hace estas acciones menos gravosas para los demandantes, esta opción implica la posibilidad de que se condene al demandado a pagar daños y perjuicios múltiples puesto que pueden reclamar tanto los compradores indirectos como directos. |

Opción 24: | Un procedimiento en dos fases, en el que se excluye la defensa «passing-on» o de daños repercutidos, cualquier víctima pueda demandar al infractor y, en una segunda fase, el coste excesivo se reparta entre todas las partes que han sufrido un perjuicio. Esta opción es técnicamente complicada pero tiene la ventaja de aportar una compensación justa a todas las víctimas. |

2.5 Defender los intereses del consumidor

Por razones prácticas será muy improbable, por no decir imposible, que consumidores y compradores con pequeñas reclamaciones interpongan una acción por daños y perjuicios por incumplimiento de la legislación de defensa de la competencia. Deberían, por tanto, buscarse maneras en las que estos intereses puedan ser mejor protegidos por acciones colectivas. Más allá de la protección específica de los intereses de los consumidores, las acciones colectivas pueden servir para reunir toda una serie de pequeñas indemnizaciones en una demanda, ahorrando así tiempo y dinero.

Pregunta H: | ¿Deberían existir procedimientos especiales para interponer acciones colectivas y proteger los intereses de los consumidores? En caso afirmativo, ¿qué marco deberían tener estos procedimientos? |

Opción 25: | Legitimación de las asociaciones de consumidores sin privar a los consumidores particulares de la posibilidad de interponer una acción. Deberían tenerse en cuenta cuestiones como la legitimación (un posible sistema de registro o autorización), el reparto de las reparaciones (si éstas se conceden a la asociación misma o a sus miembros) y su cuantificación (la reparación concedida a la asociación podría calcularse en función del beneficio ilegal obtenido por el demandado mientras que la reparación a los miembros se calcula en función de los daños individuales sufridos). |

Opción 26: | Una disposición especial para acciones colectivas de grupos de compradores que no sean consumidores finales. |

2.6 Coste de las acciones

Las normas sobre la devolución de costes desempeñan un papel importante incentivador o disuasorio a la hora de interponer una acción. Dado que tanto la legislación comunitaria como el Convenio Europeo de Derechos Humanos exigen un acceso efectivo a los tribunales para demandas civiles, debería pensarse cómo pueden facilitar dicho acceso las normas relativas a los gastos.

Pregunta I: | ¿Deberían introducirse normas especiales para reducir el riesgo de coste para el demandante? En caso afirmativo, ¿de qué tipo? |

Opción 27: | Establecer la norma de que los demandantes cuya demanda no prospere tendrán que pagar las costas únicamente si actuaron de forma manifiestamente irracional al interponer la demanda. También debería tomarse en consideración la posibilidad de otorgar un poder discrecional al tribunal para ordenar al comienzo de un juicio que el demandante no se exponga a devolución alguna de costes aún cuando la demanda no prospere. |

2.7 Coordinación de la aplicación pública y privada

La aplicación pública y privada se complementan entre sí y, por tanto, deberían coordinarse de manera óptima. Las decisiones de las autoridades de competencia pueden tener un impacto significativo en la posibilidad real de los demandantes de demostrar sus alegaciones (véase la Sección 2.1, Pregunta C, Opción 8). La coordinación óptima entre la aplicación privada y pública es especialmente importante para coordinar las solicitudes de clemencia en la aplicación pública y las indemnizaciones por daños y perjuicios. Tanto los programas de clemencia como la responsabilidad civil contribuyen con sus efectos al mismo objetivo: disuadir más eficazmente de participar en carteles. Debería tenerse en cuenta el impacto de las indemnizaciones por daños y perjuicios en el funcionamiento de los programas de clemencia con el fin de preservar la eficacia de los mismos. A este respecto, debería tenerse en cuenta que la existencia de los programas de clemencia ayuda generalmente a los litigantes privados en la reparación de daños y perjuicios puesto que sacan a la luz carteles secretos.

Pregunta J: | ¿Cómo conseguir una coordinación óptima de la aplicación privada y pública? |

Opción 28: | Excluir que se pueda dar acceso a las solicitudes de clemencia, protegiendo así la confidencialidad de los documentos entregados a las autoridades responsables de competencia como parte de las mismas. |

Opción 29: | Descuento condicional en cualquier indemnización por daños y perjuicios contra un solicitante de clemencia; las indemnizaciones debidas por los otros infractores – responsables solidariamente de la totalidad de los daños- no cambian |

Opción 30: | Suprimir la responsabilidad solidaria del solicitante de clemencia, limitando así la exposición del solicitante a las pretensiones de reparación. Una solución posible sería limitar la responsabilidad del solicitante de clemencia a la parte de los daños correspondiente a la participación del solicitante en el mercado del cartel. |

2.8 Competencia judicial y legislación aplicable

La competencia judicial de los tribunales para tramitar asuntos interpuestos contra demandados domiciliados en Estados miembros está regida por el Reglamento 44/2001[4]. Estos demandados podrán ser demandados en los tribunales del Estado en el que estén domiciliados o – a elección del demandante – en los tribunales del Estado en el que se produjo el hecho dañoso. El lugar en el que se produjo el hecho dañoso puede ser a) el lugar en el que se produjo el hecho que dio lugar al daño o b) el lugar en el que se produjo el daño en sí (a elección del demandante). Los artículos 6, 27 y 28 del Reglamento permiten la coordinación de acciones diferentes pero vinculadas.

En cuanto a la cuestión de la legislación aplicable, debería hacerse referencia a la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («ROMA II»)[5]. Puesto que las indemnizaciones por daños y perjuicios son generalmente acciones de responsabilidad civil, entran en el ámbito de aplicación de esta propuesta. A este respecto, debe evaluarse si la norma general contenida en el artículo 5 de la propuesta es adecuada en los casos de defensa de la competencia o si es necesaria una norma especial clarificadora. Esta norma podría aclarar que debería seguirse un enfoque basado en los efectos. De otro modo, el derecho del foro judicial podría ser el derecho aplicable en todos los casos. Debería prestarse especial atención a los casos en los que se ve afectado por el comportamiento contrario a la competencia el territorio de más de un Estado.

Pregunta K: | ¿Qué derecho objetivo debería aplicarse en las indemnizaciones por daños y perjuicios en materia de defensa de la competencia? |

Opción 31: | El derecho aplicable debería determinarse por la norma general del artículo 5 de la propuesta de reglamento ROMA II, es decir, con referencia al lugar donde se produjo el daño. |

Opción 32: | Debería haber una norma específica para las indemnizaciones por daños y perjuicios basadas en una infracción de la legislación de defensa de la competencia. Esta norma debería aclarar que para este tipo de reparación, la norma general del artículo 5 significará que la reparación podría someterse a las leyes de los Estados en cuyo mercado la víctima está afectada por la práctica contraria a la competencia. |

Opción 33: | La norma específica podría ser que el derecho aplicable sea siempre el derecho del foro. |

Opción 34: | En casos en los que está afectado el territorio de más de un Estado por la conducta contraria a la competencia motivo de la indemnización y en el que el tribunal tiene competencia para pronunciarse sobre la totalidad del perjuicio sufrido por el demandante, podría considerarse si debería darse al demandante la opción de determinar la legislación aplicable en el litigio. Esta opción podría limitarse a elegir una única legislación aplicable entre las legislaciones designadas por la aplicación del principio del mercado afectado. La elección podría también ampliarse y permitir elegir una única legislación o la legislación aplicable a cada perjuicio por separado o la legislación del foro. |

2.9 Otras cuestiones

Dada la complejidad de la reparación de daños y perjuicios por infracción a la legislación de defensa de la competencia, es particularmente importante recurrir al peritaje en los tribunales para garantizar un procedimiento eficiente. Si el tribunal designara a los expertos, podrían ahorrarse gastos ya que se necesitarían menos expertos. Esto reduciría también la multitud de peritos que aporta pruebas contradictorias, dependiendo del punto de vista del cliente.

Pregunta L: | ¿Debería el tribunal nombrar un experto, si éste fuera necesario? |

Opción 35: | Pedir a las partes que se pongan de acuerdo en que el tribunal nombre un experto en lugar de nombrarlo ellas mismas. |

La suspensión o la prórroga de los plazos de prescripción desempeñan un papel importante en garantizar que puedan interponerse eficazmente las acciones de daños y perjuicios (especialmente las acciones “de seguimiento” o derivadas).

Pregunta M: | ¿Deberían suspenderse los plazos de prescripción? En caso afirmativo ¿a partir de qué momento? |

Opción 36: | Suspensión del plazo de prescripción de las acciones de daños y perjuicios privadas a partir de la fecha en que un procedimiento es incoado por la Comisión o por cualquiera de las autoridades nacionales de competencia. Alternativamente, el plazo de prescripción podría empezar a contar solamente después de que un tribunal de última instancia se haya pronunciado sobre la infracción. |

La causalidad es un requisito necesario en cualquier reparación de daños y perjuicios. Aunque probar un nexo causal entre la infracción y el perjuicio podría ser especialmente difícil debido a la complejidad económica de las cuestiones implicadas, los conceptos jurídicos de causalidad en sí, desarrollados por la jurisprudencia de los Estados miembros, presumiblemente no plantean un obstáculo importante para los demandantes. No obstante, la aplicación del requisito de causalidad no debería excluir a quiénes hayan sufrido un perjuicio causado por una infracción de la legislación de defensa de la competencia de la reparación del perjuicio.

Pregunta N: | ¿Es necesario aclarar el requisito jurídico de causalidad para facilitar la reparación de daños y perjuicios? |

Pregunta Q: | ¿Hay otras cuestiones que los interesados deseen comentar? |

La Comisión solicita comentarios sobre el Libro Verde, especialmente sobre las preguntas y opciones enumeradas, con el fin de decidir si es necesario y oportuno emprender acciones a nivel comunitario para mejorar las condiciones de las acciones “de seguimiento” o derivadas e independientes.

Para facilitar el intercambio de puntos de vista, está abierto un sitio Web sobre el Libro Verde en:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/actions_for_damages/gp.html

Hasta el 21 de abril de 2006 pueden enviar sus comentarios por correo electrónico a:

comp-damages-actions@cec.eu.int

o por correo a la dirección siguiente:

Comisión EuropeaDirección General de CompetenciaUnidad COMP/A-1 – Defensa de la competencia y apoyo estratégicoRevisión de la reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competenciaB - 1049 Bruselas

La DG Competencia acostumbra a hacer públicos los comentarios recibidos en respuesta a una consulta pública. No obstante, se puede solicitar que los comentarios o ciertas partes de los mismos sean confidenciales. De ser así, por favor indique claramente en la primera página de su aportación que la misma no debe hacerse pública y haga también llegar a la DG Competencia una versión no confidencial del documento para publicación.

[1] Véase Courage contra Crehan , Asunto C-453/99, sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, apartados 26 y 27.

[2] Véase la sentencia Courage en la nota a pie de página 1.

[3] Véase el estudio sobre las condiciones de la reparación de daños y perjuicios en caso de infracción de las normas comunitarias de defensa de la competencia, en el sitio Internet de la Comisión en la dirección:http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/private_enforcement/index_en.html.

[4] Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO L 12 de 2001, p.1. En Dinamarca, la competencia está regulada por el Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [DO 1990, C 189, p. 2] modificado, que equivale substancialmente al Reglamento 44/2001.

[5] Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («ROMA II»), COM(2003) 427 final, modificada por enmiendas parlamentarias. [Referencia no disponible]