N° C 214/32 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 8. 88 
1987, adoptada con ocasión de la aprobación del 
mencionado Reglamento, prevé la adopción de un 
reglamento específico en materia de exportación de 
productos alimenticios; 
Considerando que, después de un accidente nuclear o en 
cualquier otra situación de emergencia radiológica, no es 
aceptable desde un punto de vista ético que se permita la 
exportación, hacia terceros países, de productos cuyo 
grado de contaminación, exceda los niveles máximas 
admisibles, aplicables a los productos destinados al 
consumo interno, y que en tales circunstancias particulares, 
resulta difícil en la práctica tratar los productos de modo 
diferente en función de su destino final. 
Considerando que las disposiciones en materia de exporta­
ción deben incluir igualmente los piensos para el ganado, 
dado que estos productos, por motivos de salud pública, 
son objeto del Reglamento (Euratom) n° 3954/87; 
Considerando que conviene, desde ahora, que se precisen 
las condiciones de exportación de productos alimenticios y 
de piensos para el ganado después de un accidente nuclear o 
en cualquier situación de emergencia radiológica, y que se 
apliquen a dichos productos los niveles máximos admisi­
bles de contaminación radiactiva fijados por el mencionado 
Reglamento, 
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
Artículo primero 
1. El presente Reglamento define las condiciones de 
exportación de los productos alimenticios y piensos para el 
ganado después de un accidente nuclear o en cualquier otra 
situación radiológica que pueda suponer una contamina­
ción radiactiva importante de los productos alimenticios. 
2. A efectos del presente Reglamento, por «productos 
alimenticios» se entenderán los productos destinados al 
consumo humano, ya sea directo o después de un proceso 
de elaboración, y por «piensos para el ganado» los 
Propuesta de resolución del Consejo relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia 
COM(88) 318 final 
(Presentada por la Comisión el 29 de junio de 1988) 
(88/C 214/12) 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL 
RACISMO Y LA XENOFOBIA 
1. La lucha contra el racismo y la xenofobia se inscribe en el contexto general de la protección de los derechos 
fundamentales que constituye uno de los principales elementos de la identidad y del movimiento de integración 
comunitarios (J). 
(]) Véase la declaración común sobre protección de los derechos fundamentales en la Comunidad Europea (DO 
n° C 103 de 7. 4. 1977). productos destinados exclusivamente a la alimentación de 
los animales. 
Artículo 2 
No podrán ser exportados ni los productos alimenticios ni 
los piensos para el ganado cuya contaminación radiactiva 
supere los niveles máximos admisibles, aplicables en virtud 
de las disposiciones previstas en los artículos 2 y 3 del 
Reglamento (Euratom) n° 3954/87. 
Artículo 3 
Los Estados miembros procederán a la realización de 
controles para que se respeten los niveles máximos 
admisibles previstos en el artículo 2. 
Artículo 4 
Cada Estado miembro comunicará a la Comisión todas las 
informaciones relativas a la aplicación del presente 
Reglamento y, en particular, las que se refieran a casos en 
los que no se hayan respetado los niveles máximos 
admisibles. La Comisión transmitirá dichas informaciones 
a los demás Estados miembros. 
Artículo 5 
La Comisión adoptará las modalidades de aplicación del 
presente Reglamento según el procedimiento previsto en el 
artículo 7 del Reglamento (Euratom) 3954/87. Con tal fin 
se constituirá un Comité ad hoc. 
Artículo 6 
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. 
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus 
elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro. 
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16. 8. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 214/33 
Las frases preliminares del Acta Única Europea recogen a este respecto la voluntad de los Estados de « fomentar 
conjuntamente la democracia, basándose en los derechos fundamentales reconocidos en las Constituciones y 
leyes de los Estados miembros, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea, especialmente la libertad, la igualdad y la justicia 
social» y las responsabilidades que incumben a los países europeos «de defender muy especialmente los 
principios de la democracia y el respeto del derecho y de los derechos humanos que reafirman ». 
2. En una época en que se manifiestan signos de hostilidad hacia los trabajadores extranjeros se han 
multiplicado las iniciativas en el contexto comunitario a favor de la realización de una igualdad social, como 
por ejemplo: 
— la Comunicación de la Comisión al Consejo de 29 de marzo de 1984 relativa a la implantación de una 
política mediterránea de la Comunidad ampliada ('), 
— la Comunicación de la Comisión al Consejo de 1 de marzo de 1985 acerca de las « Orientaciones para una 
política comunitaria de las migraciones (2) » y las consiguientes resoluciones del Parlamento Europeo de 9 de 
mayo de 1985 (3) y del Consejo de 16 de julio de 1985 (4); 
— la Resolución del Parlamento Europeo (5) de 16 de enero de 1986 sobre el auge del fascismo y del racismo en 
Europa que pide «a la Comisión, al Consejo, las demás instituciones comunitarias, las Comisiones 
parlamentarias y a la Mesa del Parlamento Europeo y los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros 
que adopten las medidas necesarias para la aplicación de las recomendaciones contenidas en el Informe de la 
Comisión de investigación», 
— la Declaración interinstitucional contra el racismo y la xenofobia de 11 de junio de 1986 (6) en la que el 
Parlamento Europeo, el Consejo, los representantes de los Estados miembros reunidos en Consejo y la 
Comisión estimaron «indispensable que se adoptasen las medidas necesarias a fin de garantizar la 
realización de dicha voluntad común » (salvaguardar la personalidad y la dignidad de cada miembro de la 
sociedad y rechazar cualquier forma de segregación hacia los extranjeros). 
3. Todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Comunidad proclaman indudablemente 
la igualdad de todos los ciudadanos y la protección de los derechos fundamentales. Varios Estados miembros se 
han dotado, desde hace varios años, de una legislación que reprime los escritos, palabras y actos de inspiración 
racista y reconoce el derecho de las asociaciones que tienen por objeto la lucha contra el racismo a constituirse 
en parte civil e incluso a presentar denuncia ante los tribunales por hechos discriminatorios. Estos mecanismos 
legislativos, que deben utilizarse sin vacilación por parte de los poderes públicos (intervención de la acusación 
pública por propia iniciativa de los tribunales), deben estimularse y mejorarse, por ejemplo, a través de una 
definición más restrictiva de la noción de «causa legítima», utilizada a veces para encubrir los verdaderos 
motivos de una denegación de bienes, de empleo o de servicios, la ampliación del tipo de persona jurídica que 
puede constituirse en parte civil, y una mayor armonización con las disposiciones que protegen la libertad de 
prensa. Finalmente, sería beneficioso completar las disposiciones vigentes con estructuras de mediación que 
incluso ya se han implantado en algunos Estados miembros, especialmente en aquellas áreas donde se producen 
fuertes tensiones. Es muy conveniente a este respecto la ayuda de las asociaciones que luchan contra las 
discriminaciones basadas en reacciones racistas o de xenofobia debido a la flexibilidad de sus estructuras que les 
permite intervenir rápida y eficazmente en la búsqueda de soluciones para resolver situaciones conflictivas. El 
papel mediador debe ejercerse sobre todo en los problemas de empleo y de condiciones de alojamiento que, 
desde el punto de vista de la inserción de las comunidades extranjeras, revisten una importancia capital e inciden 
directamente en la salud, los ingresos y la escolarización. 
4. Es evidente, sin embargo, que la represión no puede acabar por sí sola con todas las formas de racismo y 
xenofobia. Paralelamente a las medidas específicamente jurídicas o institucionales, conviene fomentar la 
implantación de políticas específicas encaminadas a desarrollar la comunicación entre las distintas 
comunidades. 
Los sentimientos de xenofobia y las manifestaciones racistas se originan en la falta de conocimiento de los 
demás y de las distintas culturas, así como en la inadaptación de las estructuras de enseñanza y formación. 
La Comisión expresa su convicción de que conviene consolidar las estructuras informativas y comunicativas así 
como multiplicar las iniciativas educativas y de formación. 
5. Respecto a la información, deben continuar aplicándose o intensificarse las siguientes medidas: 
(1) Doc. COM(84) 107 final de 29 de marzo de 1984. 
(2) Doc. COM(85) 48 final de 1» de marzo de 1985. 
(3) DO n° C 141 de 10. 6. 1985. 
(4) DO n" C 186 de 26. 7. 1985. 
(5) DO n° C 36 de 17. 2. 1986. 
(6) DO n° C 158 de 25.6. 1986. 
N° C 214/34 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 8. 88 
— investigación de derecho comparado sobre los medios jurídicos aplicados en los distintos Estados miembros 
para reprimir los actos, palabras o escritos de inspiración racista o xenófoba, 
— publicidad de los textos (publicación de las leyes y de la declaración interinstitucional en lugares públicos 
tales como ayuntamientos, comisarías de policía, colegios, oficinas de correos,...) y de la jurisprudencia con 
una finalidad pedagógica y disuasiva al mismo tiempo, 
— estudios demoscópicos (Eurobarómetro) sobre el grado de aceptación de los valores democráticos así como 
sobre la situación de las relaciones entre las distintas comunidades que viven en Europa, estudios sobre las 
dificultades surgidas y las estrategias implantadas en algunos centros urbanos con un elevado porcentaje de 
población inmigrante, 
— llamar la atención de los responsables de la información sobre la importancia del papel que pueden 
desempeñar en la eliminación de los prejuicios raciales y en el fomento de relaciones armoniosas entre las 
comunidades que viven en Europa; suscitar una reflexión sobre la deontología de la información frente a los 
fenómenos de violencia, sobre todo violencia racial, 
— realizar cada tres años un informe sobre el balance de la integración de las comunidades de emigrantes en la 
sociedad. 
— promover el reagrupamiento a nivel comunitario de las asociaciones de migrantes a fin de facilitar el diálogo 
entre el medio migrante y las instituciones comunitarias. 
6. Con objeto de reforzar las acciones de educación y formación, diferentes tipos de acción deberán ser 
prioritarios: 
— mejora de la formación del personal de las administraciones estatales que debe tratar con las poblaciones 
inmigrantes (cursillos de sensibilización) y de los educadores, sobre todo en las áreas con una elevada 
concentración de inmigrantes, con el fin de iniciarles o perfeccionarles en los métodos pedagógicos 
adaptados a los niños y adolescentes procedentes de distintas comunidades, 
— fomentar el aprendizaje de los idiomas y culturas de origen, 
— fomentar una dimensión europea en la educación que contribuya a desarrollar el espíritu cívico y los valores 
de pluralismo y tolerancia en los jóvenes europeos; los medios utilizados para fomentar esta dimensión 
europea deben ser flexibles, adaptándose a la situación específica de cada Estado miembro, 
— ampliar los programas de intercambios internacionales de jóvenes como instrumento de promoción de la 
tolerancia y comprensión, 
— desarrollar y profundizar la actual colaboración tendente a mejorar la escolarización de los hijos de los 
emigrantes. 
16. 8. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 214/35 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Vistos los Tratados constitutivos de las Comunidades 
Europeas, 
Visto el proyecto de Resolución presentado por la 
Comisión, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que la lucha contra el racismo y la xenofobia 
se enmarca en un contexto general de protección de los 
derechos fundamentales que constituye uno de los 
elementos esenciales de la identidad y del movimiento de 
integración comunitarios; que la Declaración común de 5 
de abril de 1977 refleja la importancia fundamental que 
conceden las instituciones europeas al respeto a los 
derechos fundamentales (J); 
Considerando que los Estados miembros han subrayado en 
el Acta Única (2) la necesidad de « fomentar conjuntamente 
la democracia, basándose en los derechos fundamentales 
reconocidos en las Constituciones y leyes de los Estados 
miembros, en el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
y en la Carta Social Europea, especialmente, la libertad, la 
igualdad y la justicia social»; 
Considerando que, en su Resolución de 7 de julio de 1985 
relativa a las orientaciones de una política comunitaria de 
migraciones (3), el Consejo subrayó que, « con vistas a una 
convivencia armoniosa entre los ciudadanos de los Estados 
miembros y los trabajadores emigrantes y sus familias », es 
conveniente « desarrollar, a escala tanto comunitaria como 
nacional y local, una serie de iniciativas de información y 
sensibilización »; 
Considerando que en su Resolución de 16 de enero de 1986, 
el Parlamento Europeo, al tomar debida nota de las 
recomendaciones incluidas en el informe de la Comisión de 
investigación sobre el auge del facismo y del racismo en 
Europa, pidió «a la Comisión, al Consejo, las demás 
instituciones comunitarias, las Comisiones Parlamentarias 
y a la Mesa del Parlamento Europeo y los Gobiernos y 
Parlamentos de los Estados miembros que adoptasen las 
medidas necesarias para la aplicación de dichas recomen­
daciones » (4); 
Considerando que, el 11 de junio de 1986, el Parlamento 
Europeo, el Consejo, los representantes de los Estados 
miembros reunidos en consejo y la Comisión adoptaron, 
ante « el aumento en la Comunidad de actitudes, movi­
mientos y actos de violencia xenófobos que a menudo van 
dirigidos contra los emigrantes », una Declaración contra el 
racismo y la xenofobia en la que expresan su voluntad de 
(!) DO n° C 103 de 7. 4. 1977. 
(2) DO n° L 169 de 29. 7. 1987, pág. 1. 
(3) DO n° C 186 de 26. 7. 1985, pág. 3. 
(4) DO n° C 36 de 17. 2. 1986, pág. 142. continuar en su empeño « por salvaguardar la personalidad 
y la dignidad de cada miembro de la sociedad y rechazar 
cualquier forma de segregación hacia los extranjeros » (5); 
Considerando que el ascenso del racismo y de la xenofobia 
constituye asimismo un obstáculo a la libre circulación de 
las personas dentro de la Comunidad. 
Considerando que cualquier medida en la materia debe 
encaminarse a proteger a todas las personas que se 
encuentran en el territorio de la Comunidad, ya sea 
ciudadanos de Estados miembros o de terceros Estados, 
extranjeros en un Estado miembro y ciudadanos que son 
considerados o se consideran a sí mismos como integrantes 
de una minoría extranjera; 
ADOPTA LA PRESENTE RESOLUCIÓN: 
1. El Consejo toma nota de la comunicación de la 
Comisión sobre racismo y xenofobia en la Comunidad. 
2. , El Consejo admite que las siguientes medidas de 
carácter normativo o institucional pueden contrarrestar los 
actos inducidos por el racismo y la xenofobia: 
— la ratificación por los Estados miembros que aún no lo 
hayan hecho de los instrumentos internacionales que 
contribuyen directa o indirectamente a la lucha contra 
cualquier forma de discriminación racial, 
— el reconocimiento por los Estados miembros que aún no 
lo hayan hecho de las demandas individuales contem­
pladas en el artículo 25 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales y en el artículo 14 del Convenio 
Internacional sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación racial, y la ratificación del Protocolo 
facultativo correspondiente al Pacto internacional sobre 
derechos civiles y políticos, 
— la elaboración por los Estados que aún no lo hayan 
hecho y aplicación de forma rigurosa de las leyes 
tendentes a prevenir o reprimir los actos discriminato­
rios o xenófobos, 
— el establecimiento de organismos encargados de 
coordinar, a nivel tanto nacional como regional o local, 
las iniciativas tendentes a armonizar las relaciones entre 
las distintas comunidades, proteger las víctimas e 
impedir las manifestaciones de discriminación racial, 
— la creación de una serie de procedimientos de concilia­
ción ante los organismos especializados para la 
resolución de conflictos raciales o xenófobos, 
— el reconocimiento del derecho de las organizaciones 
correspondientes a constituirse en parte civil, 
— el desarrollo, en colaboración con las asociaciones de 
emigrantes, de una asistencia jurídica gratuita que 
permita a los emigrantes defender sus derechos. 
(5) DO n° C 158 de 25. 1. 1986, pág. 1. 
N° C 214/36 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 8. 88 
3. El Consejo considera que la lucha contra el racismo y la 
xenofobia requiere prioritariamente la implantación de 
una política preventiva de educación e información 
favorable a un entendimiento intercultural y a una 
apreciación lúcida y objetiva de la situación de los 
trabajadores emigrantes. A tal fin, deben aplicarse las 
siguientes medidas a nivel tanto comunitario como 
nacional o local: 
En cuanto atañe a la información: 
TOMA NOTA DE QUE LA COMISIÓN 
— llevará a cabo un estudio de derecho comparado sobre 
los medios jurídicos utilizados en los distintos Estados 
miembros para luchar contra cualquier forma de 
discriminación, racismo y xenofobia e incitación al odio 
y a la violencia racial; mejorar la difusión de 
información sobre estos medios jurídicos (sobre todo en 
los puntos de introducción en los Estados miembros), 
— fomentará los estudios demoscópicos (Eurobarómetro 
— una encuesta está ya en curso) sobre el grado de 
aceptación de los valores democráticos así como sobre 
la situación de las relaciones entre las distintas 
comunidades que viven en Europa y los estudios que 
tratan de las dificultades surgidas y las estrategias 
lanzadas en algunos centros urbanos con un elevado 
porcentaje de población inmigrante, 
— fomentará el reagrupamiento, a escala comunitaria, de 
las asociaciones de emigrantes con el fin de facilitar el 
diálogo entre éstos y las instituciones comunitarias. 
INVITA A LOS ESTADOS MIEMBROS EN COLABORACIÓN 
CON LA COMISIÓN A: 
— llamar la atención de los responsables de la información 
sobre la importancia del papel que pueden desempeñar 
en la eliminación de los prejuicios raciales y en el 
fomento de relaciones armoniosas entre las distintas 
comunidades que viven en Europa; suscitar una 
reflexión sobre la deontología de la información ante los 
fenómenos de violencia, sobre todo violencia racial, — realizar cada 3 años un informe sobre el balance de la 
integración de las comunidades de emigrantes en la 
sociedad. 
En lo que atañe a la educación, el Consejo 
TOMA NOTA DE QUE LA COMISIÓN TOMARA LAS 
INICIATIVAS NECESARIAS PARA: 
— fomentar una dimensión europea en la educación que 
contribuya a desarrollar el espíritu cívico y los valores 
de pluralismo y tolerancia en los jóvenes europeos; los 
medios utilizados para este fomento deben ser flexibles, 
adaptándose a la situación específica de cada Estado 
miembro, 
— ampliar los programas de intercambios internacionales 
de jóvenes como instrumento de promoción de la 
tolerancia y comprensión, 
— desarrollar y profundizar la actual colaboración 
comunitaria tendente e mejorar la escolarización de los 
hijos de los emigrantes. 
INVITA A LOS ESTADOS MIEMBROS, EN COLABORACIÓN 
CON LA COMISIÓN A: 
— centrarse en la formación cívica y profesional de los 
educadores, sobre todo en las áreas que arrojan una 
elevada concentración de inmigrantes, al objeto de 
iniciarles o perfeccionarles en los métodos pedagógicos 
adaptados a los niños y adolescentes procedentes de 
comunidades distintas, 
— fomentar el aprendizaje de los idiomas y culturas de 
origen; esta perspectiva intercultural debe considerarse 
como beneficiosa para todos los alumnos y como el 
fundamento de una educación intercultural europea, 
4. El consejo toma nota de la intención de la Comisión de 
presentar un informe sobre la aplicación de la presente 
resolución en un plazo de tres años a partir de la fecha de su 
adopción, una vez recabada la información necesaria de los 
Estados miembros.