POSICIÓN COMÚN (CE) N° 37/97 aprobada por el Consejo el 24 de julio de 1997 con vistas a la adopción de la Directiva 97/. . ./CE del Consejo, de . . ., relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo (97/C 307/02)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Acuerdo sobre la política social anejo al Protocolo n° 14 sobre la política social, a su vez anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el apartado 2 de su artículo 2,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado (3),

(1) Considerando que, con arreglo al Protocolo sobre la política social anejo al Tratado, los Estados miembros, con excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, denominados en lo sucesivo «Estados miembros», deseando aplicar la Carta social de 1989, convinieron entre ellos un Acuerdo sobre la política social;

(2) Considerando que la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores reconoce la importancia de la lucha contra la discriminación en todas sus formas, especialmente las que se basan en el sexo, el color, la raza, las opiniones y las creencias;

(3) Considerando que el punto 16 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, relativo a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, establece, entre otras cosas, que «conviene intensificar, dondequiera que ello sea necesario, las acciones destinadas a garantizar la realización de la igualdad entre hombres y mujeres, en particular para el acceso al empleo, la retribución, las condiciones de trabajo, la protección social, la educación, la formación profesional y la evolución de la carrera profesional»;

(4) Considerando que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre la política social, la Comisión consultó a los interlocutores sociales a nivel comunitario sobre la posible orientación de una acción comunitaria en materia de carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo;

(5) Considerando que la Comisión, al estimar tras dicha consulta que era aconsejable una acción comunitaria, volvió a consultar a dichos interlocutores sociales acerca del contenido de la propuesta prevista de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 del mencionado Acuerdo; que éstos remitieron su opinión a la Comisión;

(6) Considerando que, al concluir esta segunda fase de consultas, los interlocutores sociales no informaron a la Comisión de su voluntad de iniciar el proceso, que podría conducir a la celebración de un acuerdo, a que se refiere el artículo 4 del mencionado Acuerdo;

(7) Considerando que, según el artículo 1 del Acuerdo, la Comunidad y los Estados miembros tienen por objetivo, entre otros, mejorar las condiciones de vida y de trabajo; que la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres contribuirá a la realización de dicho objetivo;

(8) Considerando que el principio de la igualdad de trato ha sido enunciado por el artículo 119 del Tratado y en la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos (4), así como en la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (5);

(9) Considerando que la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (6) contribuye igualmente a la realización efectiva de la igualdad de trato entre hombres y mujeres; que dicha Directiva no debe menoscabar las Directivas antes mencionadas en materia de igualdad de trato; que las trabajadoras a que se refiere dicha Directiva deberían beneficiarse, por lo tanto, en las mismas condiciones, de la modificación de las normas relativas a la carga de la prueba;

(10) Considerando que la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al acuerdo marco sobre el permiso parental concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (7) se basa también en el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres;

(11) Considerando que las referencias a la «vía jurisdiccional» y al «órgano jurisdiccional» incluyen mecanismos mediante los cuales pueden presentarse litigios para su examen y decisión a órganos independientes que pueden adoptar decisiones vinculantes para las partes de dichos litigios;

(12) Considerando que la mención «procedimientos extrajudiciales» se refiere, en particular, a procedimientos como la conciliación y la mediación;

(13) Considerando que la apreciación de los hechos de los que pueda resultar la presunción de haberse producido una discriminación directa o indirecta corresponde a los órganos judiciales nacionales u otros órganos competentes, con arreglo al derecho nacional y/o a las prácticas nacionales;

(14) Considerando que los Estados miembros están facultados para introducir, en todas las fases de los procedimientos, un régimen probatorio que resulte más favorable a la parte demandante;

(15) Considerando que es preciso tener en cuenta las características específicas de los sistemas jurídicos de determinados Estados miembros, entre otros casos, cuando se puede llegar a la conclusión de que existe discriminación si la parte demandada no consigue convencer al órgano jurisdiccional o a la autoridad competente de que no se ha violado el principio de igualdad de trato;

(16) Considerando que los Estados miembros podrán abstenerse de aplicar las normas relativas a la carga de la prueba a los procedimientos en que sea el tribunal o el órgano competente quien deba instruir los hechos en cuestión; que en los procedimientos de este tipo la parte demandante queda dispensada de probar los hechos cuya instrucción incumba al tribunal o al órgano competente;

(17) Considerando que las partes demandantes podrían quedar privadas de cualquier medio eficaz para hacer respetar el principio de igualdad de trato ante la jurisdicción nacional si el hecho de adoptar indicios de que existe una discriminación no tuviera como efecto imponer a la parte demandada la carga de la prueba de que su práctica no es, en realidad, discriminatoria;

(18) Considerando que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha considerado, por consiguiente, que las normas relativas a la carga de la prueba deben modificarse cuando haya un caso de discriminación aparente y que, para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, la carga de la prueba debe recaer en la parte demandada cuando se aporten indicios de dicha discriminación;

(19) Considerando que la prueba de la discriminación es aún más difícil de aportar cuando la discriminación es indirecta; que, por lo tanto, es necesario definir la discriminación indirecta;

(20) Considerando que el objetivo de modificar adecuadamente las normas de la carga de la prueba no se ha logrado suficientemente en todos los Estados miembros y que, de conformidad con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 3 B del Tratado y con el principio de proporcionalidad, es necesario alcanzarlo a nivel comunitario; que la presente Directiva se limita al mínimo requerido y no excede de lo necesario a tal fin,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1 Objetivo

El objetivo de la presente Directiva es mejorar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados miembros en aplicación del principio de igualdad de trato, que permitan que todas las personas que se consideren perjudicadas por la no aplicación, en lo que a ellas se refiere, del principio de igualdad de trato puedan invocar sus derechos en vía jurisdiccional después de haber recurrido, en su caso, a otros órganos competentes.

Artículo 2 Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por «principio de igualdad de trato» la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirecta.

2. A efectos del principio de igualdad de trato contemplado en el apartado 1, existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro afecte a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo salvo que dicha disposición, criterio o práctica no resulte adecuado y necesario y pueda justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo.

Artículo 3 Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará:

a) a las situaciones cubiertas por el artículo 119 del Tratado CE y las Directivas 75/117/CEE, 76/207/CEE, y en la medida en que exista discriminación por razón de sexo, 92/85/CEE y 96/34/CE;

b) a cualquier procedimiento civil o administrativo relativo a los sectores público o privado que prevea un recurso con arreglo al Derecho nacional en aplicación de las disposiciones contempladas en la letra a), con excepción de los procedimientos extrajudiciales de carácter voluntario o previstos en el Derecho nacional.

2. La presente Directiva no se aplicará a los procesos penales, salvo que los Estados miembros así lo dispusieren.

Artículo 4 Carga de la prueba

1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer un régimen probatorio más favorable a la parte demandante.

3. Los Estados miembros podrán abstenerse de aplicar el apartado 1 a los procedimientos en los que la instrucción de los hechos corresponda a los órganos jurisdiccionales o al órgano competente.

Artículo 5 Información

Los Estados miembros velarán por que las medidas adoptadas en aplicación de la presente Directiva y las disposiciones ya en vigor en la materia se pongan en conocimiento de todos los interesados por todos los medios apropiados.

Artículo 6 Salvaguardia del nivel de protección

La aplicación de las disposiciones de la presente Directiva no constituirá en ningún caso motivo suficiente para justificar la reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito regulado por ella, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar, habida cuenta de la evolución de la situación, disposiciones legales, reglamentarias o administrativas diferentes de las existentes en el momento de la notificación de la presente Directiva, siempre y cuando se respeten las exigencias mínimas previstas en la presente Directiva.

Artículo 7 Aplicación

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 2001. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Los Estados miembros transmitirán a la Comisión, a más tardar dos años después de comenzar la aplicación de la presente Directiva, todos los datos necesarios para que ésta elabore un informe destinado al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva.

Artículo 8

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en . . .

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 332 de 7. 11. 1996, p. 11, y DO C 185 de 18. 6. 1997, p. 21.

(2) DO C 133 de 28. 4. 1997, p. 34.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de abril de 1997 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición común del Consejo de 24 de julio de 1997 y Decisión del Parlamento Europeo de . . . (no publicadas aún en el Diario Oficial).

(4) DO L 45 de 19. 2. 1975, p. 19.

(5) DO L 39 de 14. 2. 1976, p. 40.

(6) DO L 348 de 28. 11. 1992, p. 1.

(7) DO L 145 de 19. 6. 1996, p. 4.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. Tras haber consultado a los interlocutores sociales, conforme a los procedimientos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre la política social, que figura en el Protocolo n° 14 anexo al Tratado CE, la Comisión presentó al Consejo, el 20 de septiembre de 1996, basándose en el apartado 2 del artículo 2 de dicho Acuierdo, una propuesta de Directiva relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

2. El Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social emitieron sus dictámenes el 10 de abril de 1997 y el 27 de febrero de 1997, respectivamente.

3. Con arreglo al apartado 2 del artículo 189 A del Tratado CE, la Comisión presentó al Consejo, mediante escrito de 15 de mayo de 1997, una propuesta modificada con objeto de tener en cuenta las enmiendas del Parlamento Europeo.

4. Conforme al artículo 189 C del Tratado CE, el Consejo adoptó una Posición común, el 24 de julio de 1997.

II. OBJETIVO

La Directiva tiene como principal objetivo adaptar la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo. Ello significa que en lugar de ser la parte demandante (trabajador) la que deba probar la existencia de una discriminación, corresponde a la parte demandada (empleador) justificar la aparente diferencia de trato.

Dicha Directiva, que debe permitir una aplicación uniforme en los Estados miembros de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, respeta el principio de proporcionalidad puesto que establece requisitos mínimos y deja una cierta libertad a los Estados miembros para determinar las normas de desarrollo del principio de la adaptación de la carga de la prueba.

III. EXAMEN DE LA POSICIÓN COMÚN

1. Observaciones generales

1. El artículo 119 del Tratado CE, que consagra el principio de la igualdad de retribución entre trabajadores masculinos y trabajadores femeninos para un mismo trabajo, ha permitido una política de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a nivel comunitario mediante la adopción de una serie de Directivas importantes cuyo objeto es el respeto de dicho principio. A pesar de ello persisten situaciones de discriminación por razón de sexo, en gran medida por la dificultad de las personas que se consideran perjudicadas para demostrar ante un órgano jurisdiccional la existencia de una discriminación en su contra. Desde 1989, el Tribunal de Justicia ha formulado una jurisprudencia reiterada y coherente, orientada a la reparación de esta situación. En este marco se inscribe la Directiva relativa a la adaptación de la carga de la prueba.

El Consejo comparte el objetivo de la propuesta de Directiva, en el sentido de que permite consolidar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en su aplicación en los Estados miembros. Desde esta perspectiva ha examinado la propuesta y su modificación, en las versiones que le ha presentado la Comisión. No obstante, considera que debe apartarse de ellas en determinados extremos. Las razones para cada caso se expondrán a continuación.

2. En el Consejo Europeo de Amsterdam (16 y 17 de junio de 1997), el Reino Unido expresó su intención de adherirse a las disposiciones en materia social del nuevo Tratado y de aceptar las Directivas ya adoptadas, o que pudieran serlo antes de la entrada en vigor del nuevo Tratado, en virtud del Acuerdo social. Al haber acordado el Consejo Europeo que en lo sucesivo se invitaría al Reino Unido a expresar su punto de vista en los debates dedicados a este tipo de normas, la Presidencia y los Estados miembros han hecho lo necesario para poder llegar a una solución que tenga en cuenta la posición del Reino Unido sobre el proyecto de Directiva, en el pleno respeto de las disposiciones del Protocolo social y del Reglamento interno del Consejo.

2. Modificaciones aportadas por el Consejo a la propuesta modificada de la Comisión

(Salvo indicación en contrario, los artículos a los que se hace referencia son los de la Posición común)

2.1. Exposición de motivos (considerandos 15 a 20)

1. En su sesión de 17 de abril de 1997, el Consejo acordó añadir un considerando que subrayase la necesidad de tener en cuenta las especificidades de los sistemas jurídicos de determinados Estados miembros en relación con el apartado 3 del artículo 4, que autoriza a que en determinados supuestos se haga excepción al principio contenido en el apartado 1.

Además, el Consejo ha completado dicho considerando refiriéndose a la situación en que puede declararse la existencia de una discriminación si la parte demandada no consigue convencer al órgano jurisdiccional o a la autoridad competente de que no se ha vulnerado el principio de igualdad de trato.

2. Puesto que el tenor literal ligeramente modificado propuesto por la Comisión para el último considerando no supone ninguna modificación sustancial, el Consejo decidió no adoptarlo.

2.2. Referencia al estado civil o familiar (apartado 1 del artículo 2)

Si bien el Consejo comparte el interés de la Comisión en luchar también contra la discriminación por razón del estado civil o de las circunstancias familiares, no considera oportuno, en la definición del principio, referirse específicamente -y por tanto limitarse- en la presente Directiva a estos dos únicos ejemplos de discriminación por razón de sexo.

2.3. Definición de la «discriminación indirecta» (apartado 2 del artículo 2)

El Consejo sólo se ha apartado de la definición del concepto de «discriminación indirecta» por la Comisión en la medida en que no ha recogido íntegramente los términos empleados por el Tribunal de Justicia en sus sentencias en materia de igualdad de trato. Sin embargo, subraya que todos los elementos esenciales de la definición de dicho concepto, tal como figuran en la propuesta inicial de la Comisión, se recogen en el texto que ha adoptado, a saber, la referencia a un criterio o a una práctica aparentemente neutral que perjudique a una proporción considerablemente más importante de personas de un sexo, sin perjuicio de que dicho criterio o dicha práctica sean apropiados y necesarios y a menos que esté objetivamente justificado.

2.4. Ámbito de aplicación: referencia a Directivas específicas [letra a) del apartado 1 del artículo 3]

Se ha añadido la mención de la Directiva 96/34/CE sobre el permiso parental, conforme a la propuesta modificada de la Comisión, pero el texto no hace referencia a las Directivas 79/7/CEE, 86/378/CEE y 86/613/CEE debido a las reservas de numerosas Delegaciones a incluir, en esta fase, el campo de la seguridad social en el ámbito de aplicación de la Directiva.

En la medida en que las Directivas 92/85/CEE y 96/34/CE no se refieren a la igualdad de trato stricto sensu, puesto que la primera se refiere a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, y la segunda al permiso parental, debía precisarse que sólo están comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva en los supuestos de discriminación por razón de sexo.

2.5. Referencia a las disposiciones comunitarias futuras [letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión]

El Consejo no ha recogido la sugerencia de la Comisión de contemplar las situaciones reguladas por las disposiciones que pudieran adoptarse ulteriormente en relación con el principio de igualdad de trato, puesto que considera que deberá apreciarse en cada caso la oportunidad de remitirse a las disposiciones de la Directiva sobre la carga de la prueba.

2.6. Referencia a la discriminación indirecta (apartado 1 del artículo 4)

El Consejo no ha considerado útil recoger los términos «tal como se define en el artículo 2» en relación con el principio de igualdad de trato, en la medida en que la referencia a dicha disposición queda implícita en el texto del artículo 4.

Por lo que se refiere al o a los elementos de hecho que deberán tenerse en cuenta, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ya interpreta la expresión «los hechos» en el sentido de que pueden estar constituidos por un hecho único que revista cierta importancia.

El artículo 2 de la presente Directiva se refiere, de forma detallada, a la discriminación indirecta. En consecuencia, si no se precisa el tipo de discriminación contemplado en el apartado 1 del artículo 4, se entenderá que se trata tanto de discriminación indirecta como de discriminación directa.

2.7. Beneficio de la duda (apartado 1 del artículo 4)

El Consejo no ha querido precisar que la parte demandante disfrute del beneficio de toda duda que pudiera subsistir. En efecto, la mayoría de Delegaciones consideró que se trataba, en primer lugar, de un concepto de Derecho penal y que, en la medida en que los procesos penales quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva, no cabía recogerlo; máxime cuando el beneficio de la duda favorece generalmente a la parte demandada, cuando debería favorecer, en el presente contexto, a la parte demandante.

Por último, semejante disposición podría dar lugar a injerencias en las competencias exclusivas del juez. En efecto, corresponde en exclusiva al juez que conoce del litigio determinar si los elementos de prueba que se le someten son pertinentes. En caso de que considere que dichos elementos no bastan para tener valor probatorio, es competente para pronunciarse sobre la cuestión de si la duda subsistente debe o no beneficiar a la parte demandante.

2.8. Caso de no aplicación de la adaptación de la carga de la prueba (apartado 3 del artículo 4)

Algunos procedimientos administrativos en vigor en determinados Estados miembros establecen que, una vez presentada una denuncia, la parte que se considera perjudicada queda dispensada de probar los hechos puesto que la instrucción corresponde entonces al órgano que conoce del asunto. En consecuencia, el Consejo, por razones de coherencia, ha añadido este tercer apartado puesto que, en este tipo de procedimientos, la carga de la prueba de la discriminación ya no corresponde a las partes.

De todas formas, se trata de casos limitados que afectan a procedimientos específicos de los sistemas jurídicos de algunos Estados miembros.

2.9. Procedimientos (artículo 5 de la propuesta de la Comisión)

A juicio del Consejo, las disposiciones propuestas por la Comisión en lo que respecta a la información a las partes en un litigo son superfluas ya que, en la medida en que la carga de la prueba corresponde ahora al empleador, se deduce que este último se verá obligado, en cualquier caso, a aportar al juez todos los documentos pertinentes que puedan demostrar que no ha infringido el principio de igualdad de trato.

2.10. Referencia a las acciones positivas (artículo 6)

El Consejo ha considerado que la referencia específica a las medidas de acciones positivas que figuraban en la propuesta modificada de la Comisión no tiene cabida en el presente contexto, máxime cuando esta cuestión está relacionada con la propuesta presentada por la Comisión al Consejo a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Kalanke.

2.11. Fecha de entrada en vigor (primer párrafo del artículo 7)

Para algunos Estados miembros, la fecha de 1 de enero de 2000, inicialmente prevista, es prematura y por lo tanto no puede adoptarse. En efecto, los procedimientos internos necesarios para la adaptación del Derecho nacional a este tipo de Directiva son a veces complejos, en particular debido a que requieren numerosas consultas, lo que justifica un plazo de aplicación suficiente.

2.12. Informe sobre la aplicación (tercer párrafo del artículo 7)

Las disposiciones relativas a la aplicación de la Directiva han sido modificadas en el sentido sugerido por la Comisión en su propuesta modificada, estableciéndose que la Comisión presentará un informe al Consejo y al Parlamento sobre la aplicación de la Directiva, dos años después de su entrada en vigor. No obstante, el Consejo no ha considerado necesario repetir sistemáticamente este trámite cada tres años. Además, el texto de la posición común del Consejo es, sobre este extremo, un reflejo del que ya se adoptó en el apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 86/378/CEE (DO L 225 de 12. 8. 1986, p. 40).

3. Enmiendas del Parlamento Europeo

3.1. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión

En su propuesta modificada, la Comisión incluyó, literalmente o de una forma ligeramente modificada, las enmiendas 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19 y 20.

Por su parte, el Consejo ha incluido las siguientes enmiendas:

- enmienda 4, en forma de un considerando propio (considerando 10);

- enmienda 9 (véase el punto III 2.4 de la presente exposición de motivos);

- enmienda 12, en parte (véase el punto III 2.6 de la presente exposición de motivos);

- enmienda 14;

- enmienda 20, en parte (véase el punto III 2.12 de la presente exposición de motivos).

Por el contrario, el Consejo ha desestimado las siguientes enmiendas:

- enmienda 6 [véase el punto III 2.1 (2) de la presente exposición de motivos];

- enmienda 7 (véase el punto III 2.2 de la presente exposición de motivos);

- enmienda 8 (véase el punto III 2.3 de la presente exposición de motivos);

- enmienda 17 (véase el punto III 2.10 de la presente exposición de motivos);

- enmienda 19 (véase el punto III 2.11 de la presente exposición de motivos).

3.2. Enmiendas del Parlamento Europeo desestimadas por la Comisión

La Comisión, en su propuesta modificada, ha desestimado las enmiendas 2, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 16 y 18.

IV. CUESTIONES COMPLEMENTARIAS RELATIVAS A LA POSICIÓN COMÚN

Al adoptar su Posición común, el Consejo ha solicitado que, en el informe que la Comisión debe presentarle con arreglo al artículo 7, esta última examine también la cuestión del ámbito de aplicación de la Directiva. También ha solicitado que se tenga debidamente en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en todos los ámbitos de la política social pertinentes, amparados por el principio general de no discriminación.