[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 24.11.2009

COM(2009) 649 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA COMISIÓN EUROPEA AL CONSEJO EPSCO LA CRISIS DEL EMPLEO TENDENCIAS, RESPUESTAS POLÍTICAS Y ACCIONES CLAVE

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA COMISIÓN EUROPEA AL CONSEJO EPSCO LA CRISIS DEL EMPLEO TENDENCIAS, RESPUESTAS POLÍTICAS Y ACCIONES CLAVE

TENDENCIAS EN LOS MERCADOS DE TRABAJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Los malos resultados económicos han dado lugar a una contracción del empleo y al desempleo

A mediados de 2009, el empleo en la UE se había contraído en 4,3 millones (1,9 %) en comparación con el año anterior, afectando a casi todos los sectores, aunque con un deterioro particularmente pronunciado en la construcción y la industria. Los resultados del mercado de trabajo empeoraron en todos los Estados miembros, aunque con especial incidencia en los Países Bálticos, Irlanda y España, afectados todos ellos por la crisis del mercado inmobiliario, que llevó a importantes pérdidas de empleo en el sector de la construcción. Por el contrario, en algunos Estados miembros, como Bélgica y Alemania, los niveles de empleo han resistido relativamente bien los efectos de la crisis, en parte debido al recurso amplio a modalidades de tiempo de trabajo reducido y otras medidas (gráfico 1).

Gráfico 1: Evolución del porcentaje de empleo en los Estados miembros de la UE entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2009

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Fuente: Eurostat, cuentas nacionales. Datos no corregidos estacionalmente relativos a la evolución con respecto al año anterior.

El aumento del desempleo se ha frenado hasta ahora

A pesar de los signos claros de deterioro, el mercado de trabajo europeo ha resistido relativamente bien hasta ahora si se tiene en cuenta el carácter repentino de la crisis económica. El desempleo ha aumentado (gráfico 2), aunque menos de lo que se temía dada la gravedad de la recesión y la pérdida acentuada de la confianza. Por ejemplo, a pesar de la desaceleración económica y la fuerte caída de la confianza empresarial en la UE en comparación con los EE.UU., en septiembre de 2009 la tasa de desempleo en la UE había aumentado un 2,1 % en comparación con el año anterior, mientras que en los EE.UU. se registraba un incremento de 3,6 puntos porcentuales. Sin embargo, la tasa de desempleo en la UE ha mantenido una tendencia al alza desde la primavera del año pasado, y en septiembre de 2009, se situaba en el 9,2 %, es decir, un incremento de 2,5 puntos porcentuales en comparación con la primavera de 2008. El desempleo total ha aumentado más de un tercio (38 %), es decir, un aumento de 6 millones, hasta llegar a 22,1 millones de parados.

Gráfico 2: Tasas de desempleo para los Estados miembros de la UE

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Fuente: Eurostat, series sobre desempleo. Datos corregidos estacionalmente. Nota: Datos para el Reino Unido (julio 2008-julio 2009) y para Estonia, Grecia, Italia y Rumanía (segundo trimestre de 2008 - segundo trimestre de 2009).

Los jóvenes, los trabajadores poco cualificados, los emigrantes y, entre estos, los que se encuentran en situación de empleo temporal son, por ahora, los más afectados

La crisis afecta de manera diferente a hombres y a mujeres. En principio, sus efectos han sido más negativos entre los hombres que entre las mujeres, puesto que en la mayoría de los sectores más duramente golpeados por la crisis suele predominar el empleo masculino[1]. Sin embargo, el empleo femenino también se ha visto seriamente afectado en los últimos meses, lo que refleja la generalización de la crisis a otros sectores con un empleo más diversificado por sexos que los afectados inicialmente. Se ha registrado asimismo un fuerte aumento continuado del desempleo entre los jóvenes, principalmente entre los hombres, lo que demuestra la necesidad creciente de medidas que ayuden a combatir el paro juvenil. Entre los más afectados también se encuentran los trabajadores poco cualificados y los emigrantes con un nivel de cualificación bajo, lo que refleja, en parte, los sectores y las profesiones más vulnerables en la recesión, como son la construcción y las ocupaciones manuales y básicas poco cualificadas. En términos de tipo de empleo, los trabajadores con contratos temporales han sido los más penalizados. Todos estos grupos son, tradicionalmente, los más desfavorecidos en el mercado de trabajo, y la crisis actual ha empeorado aún más su situación relativa.

Gráfico 3: Aumento de la tasa de desempleo por sexo, edad, nivel de cualificación y nacionalidad (segundo trimestre de 2008 - segundo trimestre de 2009)

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Fuente: Eurostat, Encuesta de Población Activa de la UE. Datos no corregidos estacionalmente.

Las condiciones del mercado de trabajo pueden deteriorarse aún más antes de empezar a mejorar

A pesar de las recientes señales económicas alentadoras, el pleno impacto de la crisis económica en los mercados laborales está aún por llegar, al menos en parte. Si bien los mercados de trabajo han demostrado ser, en general, bastante resistentes, se espera que la UE pierda todavía unos 7,5 millones de puestos de trabajo entre 2009 y 2010, situándose la tasa de desempleo en el 10,3 % de aquí a 2010, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales en comparación con 2008. La experiencia histórica muestra que el empleo reacciona con cierto retraso a la coyuntura económica, y la mayoría de los pronósticos apuntan a que, si bien la recuperación ya es perceptible, el crecimiento económico seguirá siendo moderado durante varios años. La principal reacción a la brusca disminución de la actividad económica durante el otoño del año pasado no empezó a dejarse sentir hasta 2009, y cabe esperar que las condiciones del mercado de trabajo sigan empeorando durante algún tiempo, incluso después de la reactivación del crecimiento económico.

Los indicadores señalan una retención de la mano de obra, dado que la mayoría de los ajustes realizados hasta la fecha parecen haberse traducido en un descenso de la productividad más que en una pérdida de empleo. Otro mecanismo de ajuste frente al hundimiento de la demanda y la recesión económica ha consistido en concesiones salariales a cambio de estabilidad laboral.

En general, el mercado de trabajo de la UE se ha adaptado a la crisis principalmente mediante la reducción de la productividad laboral en vez de la contracción del empleo: en Austria, Bélgica, Alemania, Italia y los Países Bajos, los ajustes del mercado de trabajo se han producido por lo general gracias a un descenso de la productividad, sin apenas pérdida de empleo. El aumento de la retención de la mano de obra pone de manifiesto que las empresas perciben que la caída en la producción es, en parte, de carácter temporal (e intentarán en consecuencia evitar la destrucción del capital humano específico a sus empresas) y refleja el esfuerzo público para contener el aumento del desempleo, por ejemplo a través de medidas de reducción del tiempo de trabajo.

Sin embargo, el descenso de la producción combinado con la retención de mano de obra ha llevado a un aumento significativo de los costes laborales unitarios. A menos que la productividad laboral recupere un nivel más normal, se reduzcan los costes laborales unitarios y mejore la competitividad de los precios de las empresas se corre el riesgo de que la retención de mano de obra se relaje, lo que provocaría un empeoramiento de la tasa de desempleo, salvo que se produzca un claro repunte de la actividad económica.

LAS RESPUESTAS POLÍTICAS HASTA AHORA

Los paquetes de estímulo fiscal y los planes nacionales de recuperación incluyen medidas en favor del empleo[2]

La UE y sus Estados miembros, incluidos los bancos centrales, han adoptado importantes medidas políticas para hacer frente a la crisis. Los planes nacionales de recuperación incluyen disposiciones en favor del empleo, la educación y la formación y las políticas sociales. En el conjunto de la UE, el paquete global de medidas de estímulo contenido en los programas de recuperación de los Estados miembros es significativo y representa el 1,8 % del PIB (gráfico 4). La situación difiere de un Estado miembro a otro, tanto por lo que respecta al alcance de las medidas de estímulo como al efecto de la crisis en el crecimiento y el desempleo; algunos se han visto particularmente afectados por la crisis, como es el caso de Letonia y Lituania, que han tenido que recurrir a amplios programas de consolidación presupuestaria. Las medidas destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y a aumentar el poder adquisitivo de los hogares representan casi la mitad de las medidas de recuperación adoptadas por los Estados miembros. Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, España, Suecia y el Reino Unido son los países que más han recurrido al estímulo fiscal en las medidas adoptadas en estas dos categorías.

Gráfico 4: Financiación de las medidas de recuperación en los planes de recuperación de los Estados miembros de la UE

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Nota: En el caso de Hungría se ha notificado una financiación bruta del 1,45 %

Fuente: Servicios de la Comisión.

Las medidas para el empleo adoptadas por los Estados miembros se centran en las tres prioridades establecidas a nivel de la UE

La respuesta estratégica en favor del empleo abarca las tres prioridades acordadas por el Consejo Europeo: mantener el empleo, crear puestos de trabajo y fomentar la movilidad; mejorar las cualificaciones y satisfacer las necesidades del mercado de trabajo y, por último, facilitar el acceso al empleo y apoyar a los hogares.

En conjunto, los mercados de trabajo de la UE han reaccionado en primer lugar ajustando la producción y el tiempo de trabajo total a fin de contrarrestar el descenso de la demanda, en vez de reducir los niveles de empleo. Los programas de compensación de la reducción del tiempo de trabajo, en virtud de los cuales los empresarios pueden solicitar ayuda temporal del Estado para completar el salario de los trabajadores afectados por estas medidas, han protegido el empleo en Europa frente el impacto inicial de la recesión. En efecto, la relativa resistencia del mercado de trabajo de la UE hasta ahora obedece, en parte, al recurso cada vez mayor a estas medidas internas de ajuste (por ejemplo, las medidas de reducción de la jornada laboral, los cierres temporales, etc.) a fin de preservar el empleo existente y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, incluidos los más vulnerables, a través de programas de formación reforzados (CY, DE, ES, HU, IE, IT, LT, NL, AT y PT) y a apoyar la transición de un empleo a otro (CY, CZ, ES y NL). Estas medidas han resultado más eficaces cuando su aplicación ha estado supeditada al cumplimiento de criterios preestablecidos, uno de los cuales puede ser su asociación a una formación profesional destinada a mejorar la empleabilidad de los trabajadores y facilitar su posible transición a nuevos trabajos, como por ejemplo en la República Checa y los Países Bajos, donde la formación es obligatoria para todos los trabajadores con tiempo de trabajo reducido, o también en Austria, Bélgica, Alemania y Hungría. La aplicación de condiciones más estrictas a las empresas, por ejemplo en Austria, Hungría, Países Bajos y Eslovenia, debería contribuir también a limitar el riesgo de pérdidas sociales o a retrasar la reestructuración, a veces inevitable, de una empresa o una fábrica.

Con el fin de hacer frente a la crisis, en la mayoría de los países se han multiplicado las oportunidades y los incentivos a la formación; la formación en el trabajo se reconoce cada vez más como una herramienta clave para mejorar la empleabilidad de los que ya ocupan un puesto de trabajo. La modernización y la mejora de la capacidad administrativa de los servicios públicos de empleo ha sido una prioridad central de algunos Estados miembros para responder mejor a las necesidades del mercado laboral. Algunos servicios públicos de empleo (como en UK, NL, BE, DE, FI y SE) han instaurado sistemas especiales de intervención rápida, a menudo en asociación con los interlocutores sociales, los ayuntamientos y otros agentes del mercado de trabajo, con el objetivo de garantizar la transición rápida y segura de los trabajadores en riesgo de despido a fin de prevenir el desempleo a largo plazo.

Como parte de sus planes de recuperación económica muchos Estados miembros han adoptado medidas de apoyo a los ingresos de sus ciudadanos más vulnerables, por ejemplo aumento del nivel de renta mínima o del salario mínimo, ampliación de la cobertura o duración de los subsidios de desempleo, refuerzo de otras prestaciones sociales o introducción de reducciones o exenciones fiscales para grupos específicos. Además, algunos invierten en infraestructuras para la atención sanitaria, los cuidados de larga duración, el cuidado de niños o la vivienda social. Con ello se pretende lograr el doble objetivo de promover el empleo y mejorar el acceso a los servicios sociales para todo el mundo, incluidos los más vulnerables. Esto es particularmente importante para apoyar el empleo femenino y la igualdad entre hombres y mujeres y evitar una exclusión de larga duración del mercado laboral para algunos trabajadores, como ha ocurrido en anteriores situaciones de recesión.

Se ha adoptado un amplio abanico de medidas para apoyar la inclusión activa de las personas que se encuentran más alejadas del mercado de trabajo y promover lo más posible el empleo de aquellas en peligro de exclusión. Entre dichas medidas cabe destacar: el refuerzo de los servicios públicos de empleo a fin de ofrecer un apoyo más individualizado (BG, DK, DE, EL, ES, FR, LT, NL, PT, AT, SI y UK); la ampliación del acceso a la formación (BG, CZ, DE, EL, FR, FI, IE, LT, PT y UK); el empleo subvencionado para las personas más excluidas del mercado de trabajo (FR, HU y LT) y el fomento del empleo de las personas con discapacidad (ES y RO). Algunos Estados miembros han introducido reducciones temporales de las cotizaciones a la seguridad social con el fin de estimular la demanda de mano de obra durante la crisis. Otras medidas específicas se orientan a trabajadores de más edad y pretenden evitar el recurso a planes de jubilación anticipada (PL y PT).

MARCO POLÍTICO

Las tres prioridades definidas por el Consejo Europeo siguen siendo el marco político adecuado:

Mantener el empleo, crear puestos de trabajo y fomentar la movilidad

Aunque todavía no se haya evaluado en profundidad la incidencia inmediata y a más largo plazo de las medidas de estímulo y recuperación en el empleo, es evidente que ya están demostrando su eficacia para contener la tendencia al alza del desempleo en algunos países, en particular, en lo que se refiere a las medidas de reducción del tiempo de trabajo. Se ha demostrado que estas son más eficaces si se diseñan conjuntamente con los interlocutores sociales, y que los gastos necesarios para el estímulo no deben retrasarse por causa de procedimientos de aplicación complejos.

Habida cuenta del esperado aumento del desempleo, los regímenes de reducción del tiempo de trabajo pueden seguir siendo útiles a corto plazo, a condición de que sean efectivamente temporales, se orienten adecuadamente y se apliquen únicamente en las empresas en las que el descenso de la demanda se deba a circunstancias excepcionales de carácter transitorio. Debido a la evolución de las condiciones del mercado laboral, los criterios de elegibilidad, la duración y las especificaciones presupuestarias de dichos regímenes deben revisarse cada seis meses a fin de poder reorientarlas y mejorar la gestión de los recursos. Por otra parte, puesto que pueden producir un excedente de plantilla en las empresas, estas medidas a corto plazo deben completarse con medidas de apoyo a la empleabilidad y a la transición en el mercado de trabajo.

En aras de la coherencia con los objetivos a largo plazo, las medidas de reducción del tiempo de trabajo proporcionan una seguridad vinculada esencialmente al puesto que ocupa actualmente el trabajador, es decir, que la seguridad se pierde si se abandona el trabajo protegido. Sin embargo, en consonancia con el planteamiento a más largo plazo de la flexiguridad, es fundamental proporcionar una seguridad más general en el empleo, de modo que los trabajadores puedan trasladarse, si es necesario, a sectores más productivos de la economía. Una solución podría consistir en combinar estas medidas de reducción de la jornada laboral con una formación, al tiempo que se introduce, o se amplía, un sistema de prestaciones o créditos fiscales asociados al empleo. Dada la amplitud y la naturaleza de la crisis, es muy probable que se precise una amplia reestructuración a medida que la economía vaya recuperándose (por ejemplo, en sectores como la construcción, los servicios financieros o la industria del automóvil). Esto significa que, como contrapartida a la actual contención del desempleo, podrían producirse más despidos en una fase posterior, particularmente si la recuperación es lenta.

La mejora de la situación en los mercados laborales también requiere esfuerzos redoblados para apoyar la creación de empleo. Algunos Estados miembros han introducido ya incentivos financieros y subvenciones a la contratación con el fin de crear o mantener puestos de trabajo para grupos específicos de trabajadores. La reducción de los requisitos burocráticos y administrativos para las empresas, así como una mayor disponibilidad de financiación y servicios de asistencia para los nuevos empresarios y las empresas incipientes, pueden facilitar la creación de empresas y la inversión en expansión empresarial. Deberían preverse asimismo incentivos a la inversión en sectores innovadores y en expansión (como los «empleos verdes» y los «empleos blancos»); del mismo modo, la economía social es una fuente importante de creación de empleo pues depende menos del ciclo empresarial y proporciona a menudo servicios que requieren un uso intensivo de mano de obra y son socialmente útiles.

Mejorar las cualificaciones y satisfacer las necesidades del mercado de trabajo

Con una tasa de desempleo cada vez más elevada y un descenso de la oferta de empleo resulta imprescindible disponer de mecanismos de activación eficaces. Las responsabilidades que se exigen cada vez más a los solicitantes de empleo deben ir acompañadas de servicios y programas eficaces de búsqueda de empleo, así como de ingresos sustitutivos suficientes, especialmente para las personas con escasas perspectivas de encontrar un empleo.

La lucha contra el desempleo pasa por el refuerzo de las políticas activas del mercado de trabajo, la reorientación de los programas y servicios y el aumento de la capacidad de los servicios públicos de empleo (SPE). El objetivo es garantizar la seguridad de los itinerarios personales (desarrollo de las cualificaciones, empleabilidad y redes de protección social) y de la contratación de personal para las empresas, haciendo frente al mismo tiempo a una volatilidad cada vez mayor del mercado de trabajo y al riesgo de despidos masivos. Para los hombres y las mujeres que tienen dificultades para encontrar otro empleo debería priorizarse el enfoque de «formación en primer lugar». Para la mano de obra en su conjunto, la mejora de las cualificaciones y el reciclaje son esenciales para garantizar su adaptabilidad y empleabilidad en épocas de incertidumbre. Los proveedores de educación y de formación deben responder a las necesidades del mercado laboral en tiempos de crisis. Las políticas activas de mercado de trabajo deben satisfacer asimismo las necesidades de los jóvenes, para quienes la falta de experiencia laboral constituye a menudo el principal obstáculo para acceder a los sistemas de apoyo y encontrar su primer empleo.

La movilidad profesional, sectorial y geográfica puede facilitar la transición a nuevos puestos de trabajo y contribuir a evitar el desempleo de larga duración. Una intervención rápida requiere la cooperación permanente entre los SPE y los empleadores a fin de actuar antes de que se produzcan los despidos. La cooperación reforzada entre los servicios de empleo, la administración, las organizaciones de formación y, sobre todo, los empleadores y los interlocutores sociales es también crucial para proporcionar servicios adecuados, que incluyan programas de cualificación y reciclaje, así como contratos de aprendizaje para los jóvenes. Esta cooperación resulta también imprescindible para preparar a la mano de obra para los empleos del futuro, en particular en los sectores en expansión.

Facilitar el acceso al empleo y apoyar a los hogares

El diseño de los regímenes de prestaciones y de fiscalidad constituye un elemento clave para estimular el acceso al empleo y la voluntad de seguir trabajando. Por lo tanto, es preciso reforzar a tal fin la complementariedad entre las políticas activas del mercado de trabajo y los sistemas fiscales y de prestaciones. Algunas características de dichos sistemas, como las denominadas «trampas del desempleo» o la declaración conjunta de impuestos disuaden a los que perciben ingresos secundarios y a los cuidadores principales de reincorporarse o permanecer en el mercado de trabajo, especialmente a tiempo completo. Con el fin de prolongar la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, deben evitarse las oportunidades de abandono prematuro de la actividad laboral. La reducción de los costes laborales no salariales podría servir para ayudar, en particular a las personas con desventajas múltiples (poco cualificados, jóvenes y trabajadores de más edad), a permanecer en el mercado de trabajo.

El aumento de la base no imponible sobre la renta puede llevar a una reducción impositiva considerable, más importante para las rentas bajas. Suecia ha introducido desgravaciones del impuesto sobre la renta del trabajo. Esto es coherente con el objetivo a largo plazo de hacer que el trabajo sea rentable, y se espera que tenga efectos positivos permanentes en el empleo.

Mientras que la reducción de costes laborales no salariales es una medida importante para aumentar y mantener el empleo, el riesgo de generar costes sociales es también elevado. La reducción de impuestos, de las cotizaciones a la seguridad social o de otros costes laborales indirectos en beneficio de los empleadores deberían contemplarse únicamente si estas medidas tienen un efecto inmediato en la decisión de estos de contratar o mantener personal, por ejemplo proporcionando contratos subvencionados a tiempo parcial en condiciones más atractivas para las empresas. Si no se prevé ningún efecto inmediato en la contratación, resultaría más eficaz a corto plazo otro tipo de gasto público provisional y de igual valor dirigido a estimular el empleo directamente en aquellos sectores con gran intensidad de mano de obra que se enfrentan a una penuria de competencias (por ejemplo, en el sector de los servicios asistenciales).

Será necesario apoyar la renta de los hogares hasta que se produzca la recuperación, si bien la capacidad de actuación en este sentido varía significativamente de un Estado miembro a otro. Las prestaciones son en algunos casos demasiado bajas, o su duración muy limitada en el tiempo. Por otra parte, es preciso definir adecuadamente el diseño y la cuantía de las prestaciones a fin de limitar los efectos disuasorios que podrían tener en los beneficiarios a la hora de buscar trabajo. Los trabajadores con contratos temporales y a tiempo parcial deberían estar cubiertos también por un seguro de desempleo y contra otros riesgos sociales. Debe prestarse más atención a los trabajadores autónomos que, a menudo, no están asegurados contra la pérdida de empleo, así como a los jóvenes que se encuentran en una situación particularmente difícil.

Las transferencias sociales directas son esenciales para mitigar las consecuencias sociales negativas, puesto que llegan rápidamente a quienes más lo necesitan y proporcionan un impulso positivo directo a la economía; los gobiernos pueden utilizar los canales existentes para que las prestaciones lleguen a los hogares y puedan utilizarse fácilmente los criterios de atribución. El sistema de prestaciones debe impulsar la actividad y la adaptación al cambio, contribuyendo con ello a mejorar los resultados del mercado laboral cuando se recupere la economía. Sin embargo, las transferencias de ingresos públicos a los hogares merman los limitados recursos económicos, produciendo a menudo un incremento directo del nivel de déficit público. Estas transferencias pueden crear también una dependencia de las prestaciones y resultar en una reducción de la oferta de mano de obra, con la consiguiente ineficacia y disfuncionamiento de los mercados de trabajo. Por lo tanto, el gasto en prestaciones debe disminuir a medida que el mercado laboral entre en la senda de la recuperación.

En aquellos países en los que existe un desequilibrio entre los contratos precarios de corta duración y los contratos permanentes se han producido despidos masivos de trabajadores con contratos temporales. Los enfoques que han adoptado los Estados miembros para proteger los derechos de estos trabajadores son diversos: algunos han limitado la duración máxima de los contratos temporales a dos años en el marco de una nueva reglamentación contra la crisis; otros han ampliado la duración máxima de los contratos temporales más allá de dos años. En cada caso, lo fundamental es que los interlocutores sociales y las autoridades trabajen juntos para asegurar la permanencia del mayor número posible de trabajadores en el mercado de trabajo, y que la legislación laboral y las disposiciones contractuales garanticen derechos y obligaciones adecuados para los empleados y los empleadores. Esto exige luchar contra la segmentación de los mercados de trabajo, a través de reformas en línea con el enfoque de «flexiguridad», que desplaza el centro de atención de la protección del puesto de trabajo a la seguridad del empleo en el mercado.

CINCO ACCIONES CLAVE PARA 2010 Y DESPUÉS

La gravedad de la recesión actual justifica la continuación y el refuerzo de las políticas del mercado de trabajo, así como las ayudas a la renta para los más necesitados, incluso si el PIB se recupera lentamente el año próximo como cabe esperar. Una vez que la economía empiece a crecer, el énfasis se deslazará progresivamente de las medidas a corto plazo para luchar contra la crisis a las reformas estructurales del mercado de trabajo dirigidas a estimular el crecimiento potencial y a reintegrar a los trabajadores al mercado laboral, como ha señalado recientemente el Comité de Empleo[3]. Esto último también requiere un retraso de la edad de jubilación efectiva, de modo que los individuos se sientan motivados y puedan trabajar durante más tiempo gracias a políticas del mercado de trabajo que sirvan para mejorar las prácticas en cuanto a la gestión de la edad en los lugares de trabajo y a reformas ambiciosas de los incentivos al trabajo en los sistemas de pensiones. Con este fin, la flexiguridad y la inclusión activa proporcionan un marco integrado que permite a los Estados miembros establecer una combinación adecuada de prioridades en función de su mercado de trabajo, su situación social y sus desafíos particulares. Las estrategias de flexiguridad que facilitan las transiciones al empleo, eliminan obstáculos a la participación y permiten transiciones ascendentes en el mercado laboral son particularmente pertinentes. En consonancia con los principios comunes de flexiguridad de la UE, resultan imprescindibles las cinco acciones clave siguientes a fin de paliar los efectos negativos de la crisis en el empleo y recuperar un crecimiento continuado del empleo una vez superada la crisis:

1. Invertir en medidas eficaces del mercado de trabajo y en competencias a fin de evitar el paro de larga duración

La prioridad principal es invertir en medidas eficaces del mercado laboral, una protección social adecuada y medidas pertinentes en materia de educación y formación para evitar que el desempleo llegue a ser estructural. El mantenimiento de los hombres y las mujeres en el empleo amplía la base fiscal y la base de cotización a la seguridad social, y contribuye a unas finanzas públicas sostenibles, a la estabilidad macroeconómica y al buen funcionamiento de los sistemas de protección social. Los servicios de empleo deben reforzarse para beneficiar a todos aquéllos que lo necesiten, incluidos los jóvenes y los trabajadores en riesgo de despido. Las intervenciones deberían ser oportunas y selectivas, y procurar la complementariedad con otras medidas destinadas a hacer el trabajo económicamente más atractivo y rentable con objeto de facilitar las transiciones y reducir la inactividad y la duración de las fases de desempleo. Esto debería ir acompañado de medidas destinadas a permitir que los individuos trabajen más tiempo, motivándolos a través de políticas de mercado laboral que fomenten mejores prácticas de gestión de la edad en los lugares de trabajo y reformas ambiciosas de los incentivos al trabajo en los sistemas de pensiones. Los mejores resultados se obtienen con un apoyo personalizado, centrado en la búsqueda de trabajo para las personas con gran potencial de empleabilidad y una asistencia amplia y adaptada para los que experimentan más dificultades. Deben preverse programas de reciclaje y mejora de las cualificaciones destinados a los desempleados y los trabajadores con reducción de la jornada laboral en los sectores en declive. Estos programas deben estar específicamente orientados para poder responder a las futuras necesidades del mercado laboral en lo que a competencias se refiere y anticiparse a la recuperación.

Se insta a los Estados miembros a que utilicen mejor los Fondos europeos existentes, particularmente el FSE y FEDER, apoyen las medidas de recuperación, incluido el refuerzo de la eficacia y la capacidad de los servicios públicos de empleo, mejoren la eficiencia y la eficacia de los servicios que se ofrecen a los demandantes de empleo, así como a los trabajadores y a las empresas afectados por las reestructuraciones.

2. Ayudar a las empresas a crear nuevos puestos de trabajo

Es esencial promover la creación de puestos de trabajo, facilitando la creación de empresas y reforzando los servicios dirigidos a ayudar a los nuevos empresarios y a las empresas incipientes. Existe, en particular, un fuerte potencial de creación de empresas entre las mujeres, que es preciso aprovechar. Deben mantenerse los esfuerzos para aumentar el acceso a la financiación y a la disponibilidad crediticia, así como los incentivos a la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo y a la oferta de contratos de aprendizaje en las empresas. Un diálogo sólido y constructivo con los interlocutores sociales es también crucial para garantizar que las evoluciones salariales responden a la productividad y a las condiciones sectoriales y locales del mercado laboral.

El FSE, el FEDER y otros Fondos de la UE pueden utilizarse mejor para fomentar el espíritu empresarial, la actividad por cuenta propia y el apoyo a las PYME y a las microempresas. Los incentivos financieros a la innovación y la formación pueden contribuir, por una parte, a explorar el potencial de los sectores en expansión, las nuevas tecnologías y las prácticas empresariales innovadoras y, por otra, a desarrollar la economía social.

3. Preservar el empleo mediante una organización flexible de trabajo

Con un nivel de desempleo en aumento, la flexibilidad interna constituye un instrumento esencial para preservar los puestos de trabajo; las medidas de reducción del tiempo de trabajo podrán considerarse todavía en 2010 como una manera eficaz de mantener el empleo de los trabajadores que, de otro modo, serían despedidos, inclusive en las PYME. Estas prácticas pueden mitigar el impacto social de la crisis a corto plazo, evitar los elevados costes inherentes a los despidos y a las nuevas contrataciones y frenar la pérdida de capital humano específico de la empresa. Sin embargo, deben diseñarse para que sean económicamente sanas y sostenibles, se combinen con medidas de formación y reciclaje, se apliquen solamente a las empresas con solidez, y sus criterios de duración y de elegibilidad se revisen periódicamente. En los sectores y las empresas confrontados a pérdidas estructurales de competitividad externa, las medidas deben centrarse en dotar a la mano de obra con las cualificaciones necesarias para los nuevos trabajos con el fin de facilitar la transición a actividades en expansión.

4. Apoyar a los jóvenes y a las personas más afectadas por la crisis

El principal riesgo que conlleva el aumento del desempleo es el de la exclusión permanente. La (re)incorporación a la vida activa resulta ya mucho más difícil para los jóvenes, sobre todos los poco cualificados, y para las personas al margen del mercado de trabajo. Convendría, por tanto, reforzar las medidas destinadas a apoyar el empleo de los grupos vulnerables, particularmente haciendo que el trabajo resulte económicamente más atractivo, ofreciendo prestaciones vinculadas al ejercicio de una actividad, y reduciendo de manera selectiva los costes salariales indirectos y otros subsidios. En lo que respecta a los jóvenes, los puestos diseñados para adquirir una experiencia profesional o los contratos de aprendizaje, así como los métodos de aprendizaje innovadores basados, por ejemplo, en proyectos concretos, pueden facilitar la transición de la escuela al trabajo. Los itinerarios de aprendizaje flexibles pueden ayudar a adquirir progresivamente nuevas cualificaciones y competencias, a avanzar en el sistema de educación y formación y progresar en el mercado laboral. Para los desempleados poco cualificados y de más edad, la prioridad clave es una formación adecuada que les permita mantener su empleabilidad. La exclusión permanente representa un riesgo particular para las mujeres, sobre todo para aquellas en las que recae el peso del cuidado de la familia, puesto que ya constituyen la mayoría de personas inactivas, trabajadores a tiempo parcial involuntarios y titulares de ingresos secundarios. Se necesitan medidas específicas para evitar su salida del mercado laboral y aprovechar el potencial pleno de la reserva de mano de obra femenina. Las iniciativas de apoyo a la búsqueda de empleo y a los ingresos para los demandantes de empleo vulnerables deben coordinarse mejor, y su incidencia debe supervisarse de cerca para evitar la falta de eficacia y el impacto negativo en los sistemas de protección social. Los modelos de gestión de los servicios públicos de empleo deberían evolucionar en pos de una cooperación eficaz con otras instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas (por ejemplo, municipios, ONG, Cámaras de Comercio, proveedores de formación o agencias que ofrecen servicios de empleo) y sobre todo con las empresas y los interlocutores sociales a fin de establecer asociaciones público-privadas.

5. Mejorar la situación de los trabajadores con contratos atípicos

El incremento del desempleo y del coste social que conlleva afecta de manera desproporcionada a los trabajadores con contratos temporales o con otros contratos atípicos, para quienes la cobertura del seguro de desempleo y las políticas de mercado laboral activas (vinculadas, por lo general, a las prestaciones) son insuficientes. En el contexto actual es esencial mejorar la seguridad del empleo y apoyar las transiciones. Es primordial, asimismo, luchar contra la segmentación de los mercados de trabajo, a través de reformas que respeten el principio de «flexiguridad» y que desplacen el centro de atención de la protección del puesto de trabajo a la seguridad del empleo en el mercado. El diálogo social puede contribuir a garantizar que permanezcan en el mercado laboral el mayor número posible de trabajadores y que la legislación en materia de seguridad social y empleo prevea los derechos y las obligaciones adecuados para empleados y empleadores, independientemente del tipo de contrato.

[1] «Growth, Jobs and Social Progress in the EU» Crecimiento, Empleo y Progreso Social en la UE», Comité de Protección Social, septiembre de 2009.

[2] La Comisión continuará supervisando la respuesta a la crisis en estrecha colaboración con el Comité de Empleo, el Comité de Protección Social y el Comité de Política Económica. Una descripción más detallada de las medidas de empleo adoptadas por los Estados miembros puede consultarse en: http://www.eu-empleo-observatory.net/resources/meetings/MISEPSwedenSummaryTables.pdf

[3] «Bringing more people into the labour markets» (Incorporar a más gente a los mercados de trabajo), EMCO ADHOC/18/201000.