ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
480.

Pide a la Comisión que: — revele las limitaciones del estudio sobre el porcentaje de error residual en los informes anuales de actividades de 2020 y futuros de la DG NEAR; — elabore rápidamente orientaciones y criterios sólidos para identificar a las ONG en su sistema contable y para verificar los datos declarados por los propios solicitantes; — proponga una definición armonizada de las ONG y un control específico de los fondos; obtenga cada año la lista de los cincuenta principales beneficiarios; — aumente el nivel de confianza que utiliza la DG NEAR en su metodología para calcular el porcentaje de subvención hasta el mismo nivel aplicado al resto de la población del porcentaje de error residual, a fin de reflejar con mayor precisión el mayor riesgo en el ámbito de las subvenciones de gestión directa, para finales de 2021; — refuerce los controles de las DG NEAR, DEVCO, ECHO y CLIMA y del FPI identificando y evitando los errores recurrentes (por ejemplo, la falta de sistemas de registro del tiempo y el cobro de un IVA no subvencionable a los proyectos financiados por la Unión) para finales de 2021; — siga mejorando, de aquí a finales de 2021, la metodología y el manual utilizados para el estudio sobre el porcentaje de error residual para abordar los problemas detectados por el Tribunal en su informe, a fin de aumentar la fiabilidad del porcentaje de error notificado en el estudio; — emita reservas en relación con todos los ámbitos para los que se haya constatado un elevado nivel de riesgo, independientemente de su porcentaje de gasto total y de su impacto financiero; — verifique concienzudamente el uso de fondos de la Unión por entidades terceras, sus filiales o personas físicas para garantizar que no se asigne o vincule ningún fondo a ninguna causa o forma de terrorismo o radicalización religiosa o política; y garantice que estos fondos de la Unión se recuperen de forma proactiva y que los destinatarios implicados queden excluidos de la financiación de la Unión en el futuro; — vele por que ningún fondo de la Unión apoye el trabajo forzado e infantil; — garantice que los fondos de la Unión no se utilizan para fines distintos de los ámbitos asignados; — suspenda o revise su cooperación con terceros países, incluida la suspensión de financiación y proyectos específicos que pongan en peligro los derechos humanos de las personas afectadas, también cuando los terceros países no respeten plenamente los derechos fundamentales derivados tanto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 como del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no hayan ratificado dichos convenios o no cumplan los convenios SOLAS y SAR; — prevea un control reforzado del Parlamento al desarrollar nuevos acuerdos de asociación con terceros países, que siempre deberían basarse en los principios de solidaridad, responsabilidad compartida y respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el Derecho internacional humanitario; — proporcione información detallada sobre las decisiones adoptadas en los comités operativos y vele por que el Parlamento esté representado en sus reuniones;
18.

Toma nota de que, según el Informe del Tribunal, en 2014 la Comisión firmó, en nombre del Instituto y de otras instituciones y órganos de la Unión, un contrato marco para la adquisición de programas informáticos y licencias, y la prestación de servicios de mantenimiento y consultoría informáticos afines, y que el Instituto no verificó sistemáticamente en el control ex ante los precios del contratista marco ni los aumentos aplicados cobrados con los precios facilitados por los proveedores; observa, además, que en 2016, el contratista marco recibió un total de 64 000 EUR en concepto de pagos; toma nota de la respuesta del Instituto en el sentido de que siguió al mecanismo que prevé el contrato marco y de que el contrato marco en cuestión ha expirado y ha sido sustituido por otro nuevo en el que se establece que se citarán por separado el precio original y el incremento en cada oferta; destaca que el propio contrato marco puede restringir la competencia, puesto que no existe ninguna prueba de que el contratista marco elija a los proveedores sobre una base competitiva; pide a la Comisión que informe sobre la competitividad de los contratos marco; pide al Instituto que adapte controles ex ante sobre los pagos en virtud de dichos contratos y garantice que toda la contratación pública se someterá a licitación;
18.

Observa que las disposiciones del Estatuto de los funcionarios no son aplicables a los miembros del Comité, ya que no son empleados, sino miembros del Comité; observa que esta circunstancia no ha impedido que otras instituciones, órganos y organismos de la Unión dispongan de normas específicas, adecuadas y útiles aplicables a sus miembros; recuerda, en este sentido, por ejemplo, que el artículo 8, parte 4, del Código de conducta del Comité de las Regiones prohíbe designar al miembro infractor para un cargo en el Comité y, si el miembro ocupa ya algún cargo, prevé su destitución; acoge con agrado que el Comité esté dispuesto a estudiar nuevas mejoras de su sistema tras una reflexión que ha durado ya más de dos años; considera que se trata de un período injustificadamente largo; lamenta que, después del período mencionado, el Comité solo pueda sugerir medidas de sensibilización y formación para los miembros a pesar de la clara necesidad de adoptar nuevas medidas, tal como se establece en el informe de la defensora del pueblo europea sobre la dignidad en el trabajo en las instituciones y agencias de la Unión (SI/2/2018/AMF) y en las recomendaciones del Parlamento;
22.

Toma nota de que la Empresa Común IMMI 2 ha establecido procedimientos de control ex ante fiables basados en exámenes documentales financieros y operativos; observa que, por lo que respecta a los pagos intermedios y finales del Séptimo programa marco, la Empresa Común realiza auditorías ex post a los beneficiarios, mientras que, en el caso de las declaraciones de gasto de los proyectos de Horizonte 2020, corresponde al servicio común de auditoría de la Comisión realizar las auditorías ex post ; toma nota de que los porcentajes de error de las auditorías ex post notificados por la Empresa Común a finales de 2017 fueron del 1,29 % para el Séptimo programa marco y del 0,81 % para Horizonte 2020;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (1), y en particular su artículo 18, apartado 3, y su artículo 44,
RESOLUCIÓN (UE) 2019/1423 DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 26 de marzo de 2019

que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección V — Tribunal de Cuentas

EL PARLAMENTO EUROPEO,

11.

Observa que el riesgo de auditoría en el ámbito del gasto administrativo es bajo y que las estimaciones del porcentaje de error han sido inferiores al nivel de importancia relativa desde hace varios años; toma nota de que, por lo tanto, el TJUE considera que el número de operaciones controladas es suficiente para extraer conclusiones para su auditoría; lamenta, no obstante, que el alcance de las consideraciones recogidas en el capítulo 10 de los informes anuales, relativo a «Administración», no permita más que un examen muy limitado de las deficiencias de los gastos administrativos en cada institución; lamenta que no se realizara el análisis por parte del TJUE de los avances realizados por el Parlamento y el Comité Económico y Social Europeo en comparación con las recomendaciones de 2014 correspondientes a «Administración», puesto que la auditoría del Tribunal para el ejercicio 2017 no incluía el examen de los gastos administrativos de estas instituciones; pide al Tribunal que aplique estas recomendaciones a la mayor brevedad, y que acelere en el futuro el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente capítulo;
18.

Toma nota de los esfuerzos de la Agencia para garantizar un lugar de trabajo rentable y respetuoso del medio ambiente; señala, no obstante, que la Agencia no ha implantado medida adicional alguna para reducir o compensar las emisiones de CO 2 ;
16.

Observa que la Empresa Común estableció procedimientos de control ex ante basados en exámenes documentales financieros y operativos, así como auditorías ex post a los beneficiarios de subvenciones para los pagos intermedios y finales del Séptimo Programa Marco, mientras que, para las declaraciones de gastos de los proyectos de Horizonte 2020, la Comisión es la responsable de las auditorías ex post ;
23.

Toma nota de los esfuerzos preliminares de la Agencia para garantizar un lugar de trabajo rentable y respetuoso con el medio ambiente; señala, no obstante, que la Agencia no aplica medidas adicionales para reducir o compensar las emisiones de CO 2 ;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) no 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (2), y en particuolar su artículo 44,
17.

Acoge con satisfacción que la Agencia utilice indicadores de impacto e indicadores de resultados para medir su rendimiento; lamenta, no obstante, que no existan evaluaciones sistemáticas ex ante para la planificación y los controles ni evaluaciones ex post para medir el rendimiento;
16.

Observa que el 1 de mayo de 2017 el Consejo de Administración adoptó normas para la prevención y gestión de conflictos de intereses entre sus miembros, también en relación con sus declaraciones de intereses; toma nota con pesar de que el planteamiento de Europol haya sido declarar que no existe ningún conflicto de intereses; observa con preocupación que los miembros del Consejo de Administración han seguido publicando declaraciones de ausencia de conflicto de intereses; pide a la los miembros de su Consejo de Administración que, en lugar de declaraciones de ausencia de conflicto de intereses, publiquen declaraciones de intereses que incluyan una enumeración de las organizaciones a las que pertenecen; subraya que no corresponde a los miembros del Consejo de Administración declarar que no tienen conflictos de intereses; toma nota de que se solicitó a los miembros y suplentes del Consejo de Administración que completaran, firmaran y entregaran sus declaraciones de intereses, junto con sus curriculum vitae no más tarde del 15 de diciembre de 2017 para su publicación en el sitio web de Europol; acoge con satisfacción la publicación de los currículum vítae de los miembros del Consejo de Administración en el sitio web de Europol; pide a Europol que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de si los miembros del Consejo de Administración han publicado realmente sus declaraciones de intereses dentro del plazo establecido;
16.

Señala, además, que lleva tiempo preocupado por las deficiencias de los controles ex ante, en la medida en que, de las veintiocho operaciones finales sujetas a controles ex ante, fueron autorizadas dieciséis pese a los errores cuantificables detectados en los controles ex ante; lamenta que la mayoría de los errores detectados se refieran, como en años anteriores, a estimaciones de programas, subvenciones y operaciones gestionadas con organizaciones internacionales; pide, por tanto, a la Comisión que preste más atención a los controles ex ante para garantizar la legalidad y la regularidad de la ejecución de los FED; reconoce que la naturaleza del apoyo presupuestario limita la posibilidad de evaluar el porcentaje de error real en los pagos del apoyo presupuestario, lo que hace que las operaciones sean propensas a errores;
21.

Señala que la Agencia detectó dos factores de riesgo crítico en su evaluación anual de riesgos; señala que la Agencia debe establecer un plan de despliegue conjunto en caso de que no se adopte a tiempo el programa específico de control e inspección de la Comisión, con el fin de no poner en peligro la realización del programa de trabajo administrativo de la Agencia y evitar el riesgo de créditos presupuestarios no utilizados; pide a la Agencia que informe de cómo tiene previsto reducir esos riesgos residuales a un nivel aceptable;
3.

Reconoce que, según la auditoría anual del Tribunal de Cuentas y el informe sobre el cierre del ejercicio de la Agencia, no se han constatado problemas destacables en lo que se refiere al nivel de prórrogas en 2015; observa que, del importe total prorrogado de 2014 a 2015 (35 987 101 EUR), el 46 % se consumió, el 50 % se mantuvo como «importe pendiente» (importe adeudado, todavía no pagado) y el 4 % del total se ha cancelado; observa que las prórrogas a menudo pueden justificarse, totalmente o en parte, por el carácter plurianual de los programas operativos de las agencias y no indican necesariamente la fragilidad de la planificación ni de la ejecución presupuestarias, como tampoco contravienen siempre el principio presupuestario de anualidad, en particular si la Agencia las planifica por adelantado y se lo comunica al Tribunal;
8.

Observa con preocupación que la realización de los controles operativos ex ante del pago de los costes de los proyectos no estaba suficientemente documentado; que el control ex ante realizado por los agentes encargados de los proyectos científicos de la Empresa Común no identificaba claramente ni comentaba la situación del proyecto (en curso, en curso con deficiencias, suspendido/anulado) y sus resultados (sin reservas, reservas que requieren aclaración, reservas importantes); y que el pago se efectuó sin una lista oficial de prestaciones aceptadas por los agentes encargados de los proyectos y de su ejecución científica ni referencia a la evaluación de las prestaciones por dichos agentes; toma nota de que la Empresa Común ha elaborado un plan de acción para tener en cuenta las observaciones de los auditores y mejorar el sistema de control ex ante;
8.

Recuerda que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (3) («Reglamento REACH»), la Agencia se financia a través de las tasas que abona la industria cuando registra sustancias químicas y mediante una posible subvención de equilibrio de la Unión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (4) («Reglamento Financiero»); observa además que en 2014 la Agencia se financió enteramente, por cuarto año consecutivo, con las tasas correspondientes a sus operaciones relativas a REACH y a clasificación, etiquetado y envasado;
23.

Subraya que, al tiempo que se asegura del pleno cumplimiento de todas las misiones que tiene encomendadas, la Autoridad debe ceñirse cuidadosamente a desempeñar las funciones que le asigna la legislación de la Unión, y no intentar ampliar de facto su mandato más allá de estas competencias; destaca que, en el ejercicio de su cometido y, en particular, al elaborar normas y recomendaciones técnicas, la Autoridad tiene que informar regularmente y en detalle al Parlamento, siempre que resulte oportuno, acerca de sus actividades; lamenta que no haya sido siempre así en el pasado;
1.

Coincide con la decisión de la Comisión, según la cual, Bélgica tiene derecho a la contribución financiera, para la que el 19 de diciembre de 2013 presentó una solicitud, de conformidad con el artículo 2, letra c), que exige que se demuestren circunstancias excepcionales, a pesar de no cumplir las condiciones que establece el artículo 2, letras a) y b) del Reglamento FEAG; destaca, no obstante, que la invocación del artículo 2, letra c), debería evaluarse caso por caso y no convertirse en un método generalizado para la movilización del FEAG cuando no se cumplen las condiciones básicas;
12.

Considera que los intereses económicos, en particular, deben tratarse con sumo cuidado y que debe pedirse a los expertos que declaren si sus actividades fueron remuneradas o no; cree que, en caso afirmativo, debería precisarse el importe; opina que la Autoridad no debería aceptar la práctica actual de los expertos que consiste en anonimizar sus intereses, por ejemplo utilizando la expresión «empresa privada»;
2.

Constata que, según el Observatorio: a) ha aplicado varios procesos y medidas para garantizar que se lleven a cabo verificaciones ex ante y ex post adecuadas, así como el control de los costes relativos a las subvenciones destinadas a apoyar la cooperación en el marco de la red Reitox; observa que las medidas incluyen controles ex ante pormenorizados, instrucciones escritas dirigidas a los Puntos focales nacionales Reitox (PFN), sesiones de información específicas sobre las cuestiones pertinentes, análisis anuales de la información financiera de cada uno de los PFN y verificaciones ex post sobre el terreno; b) ha revisado sus normas por las que se definen los requisitos correspondientes a los ejercicios ex post, con el fin de vincular explícitamente la verificación ex post a los resultados de la evaluación de riesgos; señala que el último ejercicio de evaluación de riesgos en 2014 confirmó la existencia de determinados factores de alto riesgo que pueden justificar una verificación ex post y que revisten en su mayor parte un carácter técnico relacionado con la configuración de la seguridad y el software informáticos;
6.

Recuerda que la aprobación de los PPR no 3/2014, no 4/2014, no 6/2014 y no 8/2014 reducirá el porcentaje de la contribución de los Estados miembros al presupuesto de la Unión en un total de 8 688 millones EUR y, por lo tanto, compensará plenamente las necesidades en materia de pagos adicionales en el PPR no 3/2014, tal y como se acordó en las conclusiones conjuntas de 8 de diciembre de 2014;
5.

Lamenta, no obstante, que el Consejo una vez más no haya estado dispuesto a completar sus declaraciones políticas con fondos presupuestarios suficientes para apoyo al empleo y al crecimiento y a los compromisos internacionales de la Unión, al rechazar presupuestar hasta el techo del marco financiero plurianual (MFP)en las rúbricas 1a y 4; se congratula de que los incrementos conseguidos en las negociaciones se correspondan con las prioridades políticas del Parlamento; lamenta, no obstante, en este contexto que el Consejo parece no tener ya ninguna prioridad política y que únicamente está interesado en limitar horizontalmente los gastos en la mayor medida posible;
2.

Recuerda que la aprobación del presupuesto rectificativo no 2 reducirá el porcentaje de la contribución de los Estados miembros basada en la RNB al presupuesto de la UE en 1 005 millones EUR y, por consiguiente, compensará parcialmente su contribución a la financiación del presupuesto rectificativo no 3 (se necesitan 3 170 millones EUR adicionales de recursos propios); destaca, por consiguiente, que tiene la intención de llevar adelante el procedimiento de aprobación del proyecto de presupuesto rectificativo no 2 paralelamente a las negociaciones sobre el proyecto de presupuesto rectificativo no 3/2014, relativo a la movilización de créditos de pago adicionales, y sobre el proyecto de presupuesto rectificativo no 4/2014, relativo a la revisión de las previsiones en materia de recursos propios tradicionales y otros ingresos y al carácter definitivo de algunas multas, que aportará así 2 059 millones EUR adicionales de recursos propios que podrían reducir aún más las necesidades de créditos adicionales derivadas del proyecto de presupuesto rectificativo no 3;
3.

Considera que, tal y como ha señalado la Comisión en repetidas ocasiones, la adopción global del proyecto de presupuesto rectificativo no 8/2013 permitirá a la Unión cumplir en su totalidad sus obligaciones de tipo jurídico hasta finales de 2013; expresa su preocupación, no obstante, por que, a pesar de un incremento global de los créditos de pago en 11 200 millones EUR (proyectos de presupuesto rectificativo no 2/2013 y 8/2013) se sigue pensando que será necesario prorrogar un importe notable al próximo ejercicio (unos 20 000 millones EUR) en concepto de solicitudes de pago relacionadas con los programas de cohesión 2007-2013, tal y como reconoció la Comisión durante las reuniones interinstitucionales del 26 de septiembre de 2013 dedicadas a los pagos; hace hincapié en que la situación también es crítica en relación con otros programas no inscritos en el ámbito de la rúbrica 1b;
E.

Considerando que la solicitud presentada por Francia no cubre a los trabajadores de Renault que optaron por el régimen de jubilación anticipada y a los que no se puede destinar ayuda del FEAG con arreglo al Reglamento (CE) no 1927/2006, pero cuyos derechos de pensión se vieron modificados por la reforma de las pensiones que se produjo entretanto; que deben constar los esfuerzos realizados por todas las partes interesadas para encontrar una solución viable de manera que los trabajadores de Renault puedan complementar sus derechos de pensión; que, en este sentido, hay que destacar los esfuerzos realizados por el Gobierno francés y los compromisos asumidos por escrito por Renault; que debe proseguir el diálogo constructivo entre todas las partes interesadas hasta que se encuentre una solución satisfactoria;