[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 7.7.2010

COM(2010)343 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Hacia una política global europea en materia de inversión internacional

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Hacia una política global europea en materia de inversión internacional

La inversión se presenta como una nueva frontera de la política comercial común. En el Tratado de Lisboa se insta a la Unión a contribuir a la supresión progresiva de las restricciones a las inversiones extranjeras directas. Para ello, el Tratado otorga a la Unión competencia exclusiva[1]. En la presente Comunicación se analiza de qué manera la Unión puede desarrollar una política en materia de inversión internacional que mejore la competitividad de la UE y contribuya, así, a los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador fijados en la estrategia EUROPA 2020[2]. Se estudian las principales orientaciones de la futura política de la UE en materia de inversión, así como los principales parámetros de acción inmediata en este ámbito.

En paralelo a esta Comunicación, la Comisión ha adoptado una propuesta de Reglamento destinada a establecer disposiciones transitorias sobre los acuerdos de inversión entre Estados miembros y terceros países[3]. El objetivo de esta propuesta es proporcionar seguridad jurídica a los inversores, tanto de la UE como extranjeros, que actúen con arreglo a los términos de dichos acuerdos. La propuesta de Reglamento y la presente Comunicación son solo primeros pasos en el desarrollo de una política europea en materia de inversión internacional, que tendrá carácter progresivo y unos objetivos claros y tomará en consideración las respuestas a la presente Comunicación.

DEFINICIÓN, IMPACTO Y TENDENCIAS RECIENTES

Generalmente se considera que las inversiones extranjeras directas (IED) engloban cualquier inversión extranjera que sirva para establecer relaciones duraderas y directas con la empresa a la que se destinan los fondos para el ejercicio de una actividad económica[4]. Cuando las inversiones adoptan la forma de participaciones, el objetivo presupone que las acciones ofrecen al accionista la posibilidad de participar de manera efectiva en la gestión o el control de la sociedad[5], lo que contrasta con las inversiones extranjeras efectuadas sin intención de influir en la gestión y el control de la empresa. Estas inversiones, que suelen ser a más corto plazo y a veces de naturaleza especulativa, generalmente se denominan «inversiones de cartera»[6].

A raíz de la globalización, se ha producido un fuerte incremento de los movimientos de capital, en particular de las IED. Los flujos de IED, que son a la vez causa y efecto de la globalización, alcanzaron en 2007, un año antes de que las inversiones se vieran afectadas por las turbulencias económicas y financieras mundiales, niveles récord de prácticamente 1,5 billones EUR[7].

Las IED son una fuente importante de aumento de la productividad y desempeñan un papel esencial en la creación y la organización de empresas y puestos de trabajo tanto a nivel nacional como en el extranjero. A través de las IED, las empresas crean las cadenas de suministro mundiales que forman parte de la moderna economía internacional. Por su parte, la innovación en el transporte y las tecnologías de la información ha facilitado el comercio y la globalización de las empresas comerciales más allá de los límites de las grandes corporaciones. Hoy en día, la inversión y el comercio son interdependientes y complementarios. En la actualidad, alrededor de la mitad del comercio mundial tiene lugar entre filiales de empresas multinacionales, que intercambian bienes y servicios intermedios.

Si bien la relación entre las IED, el crecimiento económico y el bienestar es compleja, a fin de cuentas tanto las inversiones entrantes como las salientes tienen un impacto positivo en el crecimiento y el empleo dentro y fuera de la UE, incluidos los países en desarrollo. En la UE, las inversiones salientes contribuyen positiva y significativamente a la competitividad de las empresas europeas, en particular mediante el aumento de la productividad. En contra de una opinión a veces manifestada, un análisis del estado actual de la investigación sobre las IED y el empleo pone de manifiesto que, hasta el momento, no se ha detectado ningún impacto negativo mensurable de las inversiones salientes en la tasa de ocupación global[8]. No obstante, si bien el balance global es positivo, pueden producirse, por supuesto, efectos negativos en determinados sectores, áreas geográficas o grupos de personas. Por el contrario, los beneficios globales de las IED que tienen como destino la UE están perfectamente demostrados, en particular por lo que se refiere al papel de la inversión extranjera en la creación de empleo, la optimización de la asignación de recursos, la transferencia de tecnología y capacidades, el aumento de la competitividad y el impulso del comercio, razón por la cual los Estados miembros de la UE, al igual que otros países del resto del mundo, hacen esfuerzos significativos por atraer dicha inversión.

A día de hoy, la UE es tanto la primera receptora mundial de IED como su primera fuente. Como «líder del mercado», la UE se beneficia de su apertura al resto del mundo, incluso en el sector de las inversiones.

Pese a que, en la actualidad, las existencias y flujos de IED siguen estando muy concentrados en los países industrializados, las economías de mercado emergentes están siendo cada vez más activas en su papel de inversoras y receptoras de inversiones, incluidas inversiones estatales como los fondos soberanos, que no solo gestionan más activos que antes, sino que también disponen de políticas de inversión más diversificadas[9]. Esta tendencia ha cobrado mayor visibilidad durante el período actual de turbulencias en la economía mundial, en el transcurso del cual las inversiones desde y hacia las economías emergentes han aumentado o caído con menor intensidad que los flujos entre países industrializados. En general, esto se ha traducido en un incremento del porcentaje relativo de flujos globales de IED, tanto entrantes como salientes, de las economías emergentes. La UE no puede permitirse quedar relegada en la competición mundial por atraer e impulsar las inversiones desde y hacia todas las partes del mundo.

LA INVERSIÓN COMO NUEVA FRONTERA DE LA POLÍTICA COMERCIAL COMÚN

Las decisiones en materia de inversiones se basan fundamentalmente en argumentos comerciales, es decir, en las ganancias que se espera reporten dichas inversiones. No obstante, estas decisiones están muy influenciadas por el entorno económico, político y jurídico de la economía en cuestión. Los inversores prosperan en un contexto estable, sano y predecible. Una política común en materia de inversión internacional no es el único factor determinante de los flujos de IED entrantes y salientes; sin embargo, responde al objetivo fundamental de garantizar a los inversores la posibilidad de operar en un entorno empresarial abierto y regulado adecuada y justamente, tanto en el ámbito nacional del país receptor como fuera de sus fronteras. En este sentido, la apertura a las inversiones debería seguir siendo un criterio decisivo en el establecimiento de las políticas europeas. La UE continuará siendo un entorno abierto a las inversiones, que acogerá con agrado las inversiones extranjeras y su contribución a la economía y la sociedad europeas en general. Al mismo tiempo, debe velar por que sus inversores en el extranjero disfruten de unas condiciones uniformes y óptimas para la inversión, mediante la supresión progresiva de las restricciones. De este modo, se asegura un planteamiento más activista, que garantizará que las relaciones de inversión de la UE con los terceros países no sean unidireccionales. Ya hay varios estudios y elementos básicos importantes disponibles, incluidos los derivados del amplio trabajo de análisis realizado por organizaciones internacionales como la OCDE o la UNCTAD , que establecen los fundamentos para una política común en materia de inversión internacional.

a) Los convenios bilaterales como piezas de la política de inversión

La manifestación más visible de las políticas de inversión de los Estados miembros durante los últimos cincuenta años es el gran número de convenios bilaterales de inversión (CBI) que estos han celebrado con terceros países. Alemania fue el primer país del mundo que celebró un CBI, en 1959, y muchos otros la siguieron, incluidos todos los Estados miembros de la UE salvo uno[10]. Con un total de casi mil doscientos acuerdos que abarcan todo tipo de inversiones, los Estados miembros acaparan hoy en día prácticamente la mitad de los acuerdos de inversión vigentes en todo el mundo[11]. En el anexo de la presente Comunicación se ofrece un gráfico de los CBI celebrados por los Estados miembros.

A través de estos convenios, los Estados miembros han pedido, y obtenido, garantías específicas sobre el trato dispensado por los terceros países a sus inversores e inversiones, como por ejemplo compromisos contra el trato injusto o discriminatorio o garantías de indemnización rápida, adecuada y eficaz en caso de expropiación. Estas garantías de protección de las inversiones constituyen un elemento importante para generar confianza en la seguridad jurídica necesaria para tomar decisiones adecuadas en materia de inversiones. Por tanto, los acuerdos de protección de las inversiones se consideran un método eficaz para promover y atraer las inversiones, en particular en países en los que las instituciones y las políticas económicas nacionales no se consideran por sí mismas suficientes para ofrecer tales garantías.

Sin embargo, no todos los Estados miembros han celebrado acuerdos de este tipo y no todos los acuerdos proporcionan los mismos niveles de seguridad. Esto da lugar a unas condiciones de desigualdad entre las empresas de la UE que invierten en el extranjero, en función de si están o no amparadas, como «nacionales», por el CBI de un determinado Estado miembro.

Otra característica de los acuerdos firmados por los Estados miembros es que solo contemplan el trato dispensado a los inversores tras su «entrada» o «admisión», lo que significa que los CBI de los Estados miembros no contienen compromisos vinculantes específicos por lo que se refiere a las condiciones de entrada, ni de los terceros países respecto a las inversiones salientes realizadas por empresas de los Estados miembros de la UE ni viceversa. La Unión Europea ha empezado a subsanar progresivamente las carencias en materia de «entrada» o «admisión» mediante acuerdos multilaterales y bilaterales a nivel europeo relativos al acceso a los mercados de inversión y la liberalización de las inversiones. Estos acuerdos han mejorado las condiciones de acceso a los mercados de todos los inversores de la UE, en particular mediante la garantía de trato no discriminatorio para los inversores que acceden al mercado de un tercer país[12].

b) Hacia una política común en materia de inversión internacional

Una política global común en materia de inversión internacional requiere la mejora del tratamiento de las necesidades de los inversores desde la fase de planificación hasta la fase de beneficios o desde la fase previa a la admisión a la fase posterior a esta. Por ello, la política comercial europea tratará de integrar la liberalización y la protección de las inversiones. Los estudios confirman que las disposiciones sustantivas en materia de inversión contenidas en acuerdos comerciales generales inciden con más fuerza en el comercio y en los flujos de IED o que la combinación de normas sustantivas sobre inversión y de disposiciones que liberan otras partes de la economía inciden conjuntamente en el comercio y la inversión de manera más significativa[13].

Una política en materia de inversión internacional orientada hacia el apoyo a la competitividad de las empresas europeas se logrará más fácilmente mediante la cooperación y las negociaciones a nivel de la Unión[14]. Para ser eficaces, las garantías de terceros países sobre las condiciones de inversión deberían adoptar la forma de compromisos vinculantes en el contexto del Derecho internacional. De este modo, las negociaciones con terceros países en materia de inversiones, para las cuales es posible basarse en la forma y el contenido de los más de mil cien CBI vigentes en la actualidad, permitirán a la UE ampliar, definir mejor y proteger el espacio competitivo disponible para todos los inversores de la UE. A largo plazo, se debe conseguir una situación en la que los inversores de la UE y de los terceros países no tengan que depender de los CBI celebrados por uno u otro Estado miembro para lograr la protección efectiva de sus inversiones.

La política en materia de inversión a menudo se complementa con esfuerzos de los Estados miembros y de instancias de gobierno inferiores destinados a impulsar las inversiones. Las autoridades compiten por promover las inversiones entrantes y salientes desde y hacia sus territorios, al igual que lo hacen en ámbitos como el comercio o el fomento de las exportaciones. Sus esfuerzos se basan normalmente en diversos instrumentos, que van desde los incentivos a la inversión hasta los programas de asistencia y ayuda. Si bien es responsabilidad de la Unión promover el modelo europeo y el mercado único como destino para los inversores extranjeros[15], no parece pertinente ni viable sustituir los esfuerzos de promoción de las inversiones realizados por los Estados miembros, siempre y cuando sean conformes a la política comercial común y al Derecho de la UE.

AGENDA DE NEGOCIACIÓN DE LA UE EN MATERIA DE INVERSIONES

Como en todos los ámbitos de elaboración de políticas europeas, si la Unión interviene es porque puede conseguir mejores resultados que los que habrían o podrían haber obtenido los Estados miembros individualmente. Por tanto, la actuación futura de la Unión en este ámbito debería inspirarse en los mejores estándares posibles y dejarse guiar por ellos, de manera que se consigan unas condiciones de igualdad y de alta calidad para todos los inversores de la UE.

No obstante, un único modelo de acuerdo de inversión con terceros países no es evidentemente ni viable ni deseable. La Unión tendrá que tener en cuenta cada contexto específico de negociación. Los intereses de las partes interesadas de la UE, así como el nivel de desarrollo de sus socios, deberían determinar, entre otras cosas, las pautas que la Unión establezca en una negociación específica en materia de inversión. De la misma forma, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los acuerdos vigentes de los Estados miembros con terceros países. Aunque los CBI celebrados recientemente por los Estados miembros son muy similares en cuanto a estructura y contenido, hay algunas diferencias, que también pueden determinar los objetivos que deben perseguirse en el contexto específico de una negociación.

A continuación se exponen los principios y parámetros generales que presenta la Comisión para futuros acuerdos de inversión. Estos principios y parámetros han de desarrollarse y completarse para cada país con recomendaciones de negociación específicas que la Comisión presentará tras esta Comunicación.

a) Criterios para la selección de países socios

En la actualidad, las IED están muy concentradas en las economías desarrolladas. Si bien esto es reflejo de la importancia económica de estos países en términos de PIB, también pone de relieve las condiciones generalmente favorables que prevalecen en algunos de estos mercados para los inversores extranjeros. El comercio real y los flujos de inversión son en sí mismos elementos determinantes para definir las prioridades de las negociaciones de la UE en materia de inversión. La Unión debería dirigirse hacia donde quieran ir sus inversores, del mismo modo que debería prepararles el camino en el extranjero, mediante la liberalización de los flujos de inversión. Los mercados con crecimiento económico significativo o con perspectivas de crecimiento claras ofrecen oportunidades especiales en el cada vez más competitivo entorno actual. Es importante que los inversores de la UE tengan acceso a estos mercados y se beneficien, entre los cambios que estas economías puedan estar experimentando, de la disponibilidad de suficientes garantías de trato justo y predecible. Los intereses de la UE en las negociaciones en materia de inversión también vendrían determinados, entre otras cosas, por el clima político, institucional y económico de los países socios. La «solidez» de la protección de los inversores, bien por parte del país receptor, bien por medio del arbitraje internacional, sería un factor determinante para definir los países prioritarios en las negociaciones de la UE en materia de inversión. En concreto, la capacidad y las prácticas de los socios de la UE en el mantenimiento del Estado de Derecho, con vistas a ofrecer a los inversores un entorno seguro y fiable, son factores clave en la valoración de las negociaciones en materia de protección de las inversiones.

A corto plazo , la cuestión de la integración de las inversiones en la política comercial común se plantea en el marco de las negociaciones comerciales en curso, en las que la Unión, por el momento, solo se ha centrado en el acceso de los inversores a los mercados[16]. La última generación de acuerdos de libre comercio (ALC) orientados hacia la competitividad se inspira precisamente en el objetivo de abrir el potencial económico de los principales mercados mundiales en crecimiento al comercio y las inversiones de la UE. La Unión está interesada en ampliar el ámbito de las negociaciones a todo el sector de las inversiones. En algunos casos, también podría responder a una petición de sus socios. En las negociaciones entre la UE y Canadá con vistas a un acuerdo global económico y comercial, Canadá ha manifestado su interés por un acuerdo que abarque la protección de las inversiones. Otras negociaciones en curso en las que debería tenerse en cuenta la protección de las inversiones son las negociaciones entre la UE y la India para lograr un amplio acuerdo de comercio e inversión, las negociaciones entre la UE y Singapur con vistas a un ALC y las negociaciones comerciales entre la UE y Mercosur .

A corto y medio plazo , la Unión también debería plantearse en qué circunstancias puede ser deseable celebrar acuerdos de inversión independientes. China , que se caracteriza por su elevado porcentaje de inversiones de nueva planta, procedentes, entre otros lugares, de la UE, podría ser una de las candidatas a firmar un acuerdo de inversión independiente que contemple la protección de cualquier tipo de activo, incluidos los derechos de propiedad intelectual. La Comisión estudiará si es viable y pertinente celebrar este tipo de acuerdo con China e informará de ello al Consejo y al Parlamento Europeo. Rusia también ofrece oportunidades y retos particulares a los inversores europeos. Conviene replantearse y debatir las negociaciones con este país en materia de inversiones, incluida la protección de las inversiones, por ejemplo en el contexto de un acuerdo global, como el acuerdo que sustituiría al de asociación y cooperación.

En caso de que fuera imposible o desaconsejable celebrar en el futuro inmediato un acuerdo global de inversión, a todos los niveles, con un país o grupo de países, otra opción sería la celebración de acuerdos sectoriales, cuya pertinencia, viabilidad y posible impacto deberían analizarse más a fondo. Las negociaciones sectoriales deberían basarse en los principios establecidos en la presente Comunicación y ser coherentes con la evolución de la política común en materia de inversión. En la misma línea, a largo plazo podría reconsiderarse la viabilidad de una iniciativa multilateral.

b) Más allá de las inversiones extranjeras directas

Aunque los inversores tengan el máximo interés en establecer y controlar sus activos en el extranjero, las inversiones directas siempre darán lugar a transferencias adicionales, como por ejemplo la repatriación de beneficios. Es importante que una política común en materia de inversión internacional no solo permita la ejecución de la inversión directa en sí (la compra de una empresa extranjera o la propia creación de la empresa), sino que también permita y proteja todas las operaciones que acompañan a la inversión —como los pagos, la protección de activos inmateriales como los derechos de propiedad intelectual, etc.— y las haga posibles en la práctica.

En este sentido, la articulación de la política en materia de inversión debería ser coherente con el capítulo del Tratado sobre capital y pagos (artículos 63 a 66 del TFUE), en el que se establece que, en principio, quedan prohibidas todas las restricciones a los pagos y los movimientos de capitales, incluidos los relacionados con inversiones directas y de cartera, tanto entre Estados miembros como entre Estados miembros y terceros países. Este capítulo no contempla expresamente la posibilidad de celebrar acuerdos internacionales sobre inversiones, incluidas las inversiones de cartera. No obstante, en la medida en que los acuerdos internacionales sobre inversiones afecten al ámbito de aplicación de las normas comunes establecidas en el capítulo del Tratado sobre capital y pagos, la Unión tendría la competencia exclusiva para celebrar acuerdos en este ámbito[17].

c) Establecimiento de normas para la protección de las inversiones

Una cuestión clave se refiere a las normas sustantivas que la Unión trataría de introducir en los acuerdos de comercio e inversión. En la actualidad, en las negociaciones en materia de inversión, la Unión se basa esencialmente en el principio de no discriminación, que es la clave del sistema comercial mundial. Normalmente, la no discriminación se aplica a través de dos normas básicas, «el trato de nación más favorecida» y el «trato nacional», ambas relativas, puesto que implican una comparación entre el trato dispensado en función del origen, en lugar de definir un nivel absoluto de trato. Por consiguiente, el contenido de dichas normas se determina a partir del trato que un país dispensa a las inversiones e inversores extranjeros y a sus propios inversores e inversiones.

Si bien la no discriminación debería seguir siendo un componente clave en las negociaciones de la UE en materia de inversión, los CBI recurren, además, a otras normas, como son el «trato justo y equitativo» tras la admisión y el trato de «plena seguridad y protección». Estas normas no implican ningún tipo de comparación con el trato dispensado a inversiones comparables. Además, algunos CBI de los Estados miembros establecen la protección de los derechos contractuales otorgados al inversor por el gobierno de un país receptor («cláusula general»). Estas cláusulas se vienen utilizando tradicionalmente en los CBI entre los Estados miembros y constituyen uno de los elementos sobre los que deberían basarse las negociaciones de acuerdos en materia de inversión a nivel de la UE.

Las cláusulas que introducen determinadas condiciones para el ejercicio del derecho de expropiación por parte del país receptor constituyen una de las mejores prácticas fundamentales de los Estados miembros. Aunque del artículo 345 del TFUE se desprende que el Tratado no interfiere en modo alguno en el derecho de un Estado miembro a decidir si un activo determinado debe ser de propiedad pública o privada, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia interpreta que las medidas de expropiación no pueden sustraerse, en virtud de esta disposición, al cumplimiento de las normas fundamentales del Tratado, que incluyen la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales[18]. Por consiguiente, las medidas de expropiación en la UE han de ser no discriminatorias[19] y proporcionadas al objetivo legítimo que pretenden alcanzar (por ejemplo, mediante la concesión de una indemnización adecuada)[20]. Por tanto, en el futuro la Unión debería incluir en sus propios acuerdos comerciales o de inversión cláusulas precisas que contemplen esta cuestión. Es necesario formular claramente el equilibrio entre los diferentes intereses en juego, como la protección de los inversores frente a la expropiación ilegal o el derecho de todas las partes a regular en aras del interés público. De la misma forma, es necesario incluir cláusulas de la UE que garanticen a los inversores la libre transferencia de fondos de capital y pagos.

Por último, conviene recordar que la política comercial y de inversión de la Unión debe ajustarse al modo en que la UE y sus Estados miembros regulan la actividad económica dentro de la Unión y a través de sus fronteras. Los acuerdos de inversión deben ser coherentes con las demás políticas de la Unión y de sus Estados miembros, incluidas las políticas sobre protección del medio ambiente, trabajo digno, salud y seguridad en el trabajo, protección de los consumidores, diversidad cultural, desarrollo y competencia. La política en materia de inversión seguirá permitiendo a la Unión y a los Estados miembros adoptar y aplicar medidas necesarias para alcanzar objetivos políticos generales.

Una política de inversión común también debería inspirarse en los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión, de manera más general, incluido el fomento del Estado de Derecho, los derechos humanos y el desarrollo sostenible (artículo 205 del TFUE y artículo 21 del TUE). En este sentido, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que están siendo actualizadas, constituyen un importante instrumento de ayuda al equilibrio entre derechos y responsabilidades de los inversores.

d) Cumplimiento de los compromisos en materia de inversión

Uno de los objetivos clave de la Unión es garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones en materia de inversión. En los últimos años, la Unión ha dedicado una mayor atención a velar por que los acuerdos negociados en el ámbito de la política comercial común puedan aplicarse y se apliquen efectivamente, si es necesario mediante mecanismos vinculantes de resolución de litigios. La Unión ha incluido en todos sus ALC recientes un mecanismo oportuno y eficaz de resolución de litigios entre Estados. En el futuro, dicho mecanismo se aplicará a las disposiciones en materia de inversión de los acuerdos comerciales y de inversión de la UE.

A fin de garantizar su cumplimiento efectivo, los acuerdos de inversión también incluyen un mecanismo de resolución de litigios entre el inversor y el Estado, lo que permite a los inversores presentar reclamaciones contra los gobiernos directamente ante un organismo de arbitraje internacional vinculante[21]. La resolución de litigios entre el inversor y el Estado, que es una parte clave de la herencia que la Unión recibe de los CBI de los Estados miembros, es importante, ya que la inversión implica el establecimiento de una relación a largo plazo con el Estado receptor que no puede desviarse fácilmente hacia otro mercado en caso de problemas con la inversión. La relación entre el inversor y el Estado es una característica tan consolidada de los acuerdos de inversión que la ausencia de dicho mecanismo disuadiría a los inversores y haría perder atractivo a una economía con respecto a otras.

Por estos motivos, los futuros acuerdos de la UE que incluyan protección de las inversiones deberían contener un mecanismo de resolución de litigios entre el inversor y el Estado. Ello plantea problemas relacionados, por un lado, con la unicidad del mecanismo de resolución de litigios entre el inversor y el Estado en el Derecho económico internacional y, por otro, con el hecho de que, históricamente, la Unión no ha sido un actor destacado en este ámbito. En cierta medida, las estructuras actuales no están adaptadas a la llegada de la Unión. Por poner un ejemplo, el Convenio para la resolución de litigios en materia de inversión entre los Estados y los nacionales de otros Estados (el Convenio ICSID) está abierto a la firma y ratificación de los Estados miembros del Banco Mundial o de los que son parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Unión Europea no entra en ninguna de estas categorías.

Para el establecimiento de mecanismos de resolución de litigios entre el inversor y el Estado, la Unión debería basarse en las prácticas de los Estados miembros, a fin de conseguir unos mecanismos de calidad. Los principales retos son, entre otros:

- La transparencia de los mecanismos de resolución de litigios entre el inversor y el Estado. En consonancia con su enfoque en la OMC, la UE debería garantizar que la resolución de litigios entre el inversor y el Estado se realice con transparencia (por lo que se refiere, entre otras cosas, a las peticiones de arbitraje, audiencias públicas, observaciones amicus curiae o publicación de laudos).

- La atomización de los litigios y las interpretaciones. La coherencia y la previsibilidad son cuestiones clave, y debería estudiarse el recurso a árbitros casi permanentes (como suele suceder en los ALC de la UE) o a mecanismos de apelación cuando es probable que se presenten muchas reclamaciones en el marco de un acuerdo concreto.

- Normas de conducta del arbitraje . La Comisión estudiará junto con las partes interesadas la posibilidad de adhesión de la UE al Convenio ICSID (lo cual exigiría la modificación del Convenio)[22].

e) Responsabilidad internacional

En consonancia con el objetivo de la Comisión de desarrollar una política en materia de inversión internacional a nivel de la UE es necesario abordar la cuestión de la responsabilidad internacional entre la UE y los Estados miembros en los acuerdos de inversión de la UE. La UE, representada por la Comisión, defenderá todas las actuaciones de sus instituciones. Habida cuenta de la competencia exclusiva en cuestiones exteriores, la Comisión considera que la UE será también la única demandada en relación con cualquier medida adoptada por un Estado miembro que afecte a las inversiones de nacionales o empresas de terceros países que entren en el ámbito del acuerdo en cuestión. A la hora de desarrollar su nueva política en materia de inversión internacional, la Comisión abordará esta cuestión y, en particular, la de la compensación financiera, basándose en los instrumentos disponibles, incluida la adopción de nueva legislación cuando sea posible.

CONCLUSIÓN

La atribución por parte del Tratado de Lisboa de competencia exclusiva a la UE en materia de IED integra estas inversiones en la política comercial común. Asimismo, permite a la UE reafirmar su propio compromiso de mantener un entorno de inversiones abierto que ha resultado fundamental para su prosperidad y para seguir impulsando las inversiones, tanto directas como de cartera, las cuales constituyen también una herramienta del desarrollo económico.

Hasta ahora, la Unión y los Estados miembros habían actuado por separado en cuanto al objetivo común de proporcionar a los inversores seguridad jurídica y un entorno estable, predecible, justo y adecuadamente regulado en el que llevar a cabo sus actividades. Mientras los Estados miembros se centraban en promover todas las formas de inversión, la Comisión elaboraba un programa de liberalización focalizado en el acceso a los mercados de las inversiones directas. En este sentido, la clara y complementaria división del trabajo en el ámbito de las inversiones ha dado como resultado un universo bastante amplio y atomizado de acuerdos de inversión.

Con vistas a garantizar la competitividad exterior, el trato uniforme para todos los inversores de la UE y el máximo grado de influencia en las negociaciones, una política común en materia de inversión internacional debería abordar todos los tipos de inversión y, en particular, los aspectos relativos a la protección de las inversiones. La Unión debería seguir las mejores prácticas disponibles para garantizar que ningún inversor de la UE reciba un trato peor que el que recibiría en el marco de un CBI celebrado por los Estados miembros.

Aunque la protección de las inversiones y la liberalización se conviertan en instrumentos clave de una política común en materia de inversión internacional, los Estados miembros seguirán disfrutando de un amplio margen para adoptar y aplicar medidas para el fomento de las inversiones que complementen la política común en materia de inversión internacional y se ajusten a ella. En general, una política común requerirá un cierto grado de cooperación y coordinación entre la Unión y los Estados miembros.

A través de las negociaciones en materia de inversión, que, en principio, deberían integrarse en un marco más amplio de negociaciones comerciales, la UE debería tratar de obtener compromisos vinculantes de sus socios, que garanticen y protejan la libre circulación de cualquier forma de inversión. Las negociaciones independientes en materia de inversión seguirían siendo una opción. A corto plazo, la Comisión tratará de adaptar las directivas de negociación para extender el ámbito de aplicación de las negociaciones a una serie de países con los que se están manteniendo negociaciones, en los que existe gran interés y con respecto a los cuales se han formulado peticiones. Si bien los principios y parámetros de tales negociaciones se inspirarán en las mejores prácticas desarrolladas por los Estados miembros, en la presente Comunicación se ofrecen algunas líneas generales del ámbito y las normas que la Unión debería establecer a través de las negociaciones en materia de inversión internacional.

Como ya se ha dicho anteriormente, la propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países y la presente Comunicación son solo primeros pasos en el desarrollo de una política europea en materia de inversión internacional, que tendrá carácter progresivo y objetivos claros y que tomará en consideración las respuestas a la presente Comunicación.

Anexo: Gráfico del número de CBI celebrados por los Estados miembros.

[pic]

Nota: Información a disposición de los servicios de la Comisión a 15 de junio de 2010.

[1] En el artículo 206 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se dispone que, mediante el establecimiento de una unión aduanera de conformidad con los artículos 28 a 32, la Unión contribuirá, en el interés común, a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo. En el artículo 207 se incluyen las inversiones extranjeras directas entre los ámbitos cubiertos por la política comercial común de la Unión. De conformidad con el artículo 3, apartado 1, del TFUE, la política comercial común es un ámbito de competencia exclusiva de la Unión.

[2] Comunicación de la Comisión «EUROPA 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», COM(2010) 2020, de 3.3.2010.

[3] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países, presentada por la Comisión.

[4] La expresión «inversiones directas» figuraba en el capítulo relativo a los movimientos de capital y pagos del Tratado CE y ahora figura en los artículos 63 a 66 del TFUE. En ese contexto, ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia a la luz de la nomenclatura anexa a la Directiva 88/361/CEE, de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artículo 67 del Tratado (DO L 178 de 8.7.1988, pp. 5-18), que, a su vez, se basa en gran medida en definiciones ampliamente aceptadas del FMI y de la OCDE. Véase, por ejemplo, la sentencia de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, asunto C-446/04, Rec. p. I-11753, apartado 181. Véanse también, por ejemplo, las sentencias de 24 de mayo de 2007, Holböck, C-157/05, Rec. p. I-4051, apartado 34; 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania, C-112/05, Rec. p. I-8995, apartado 18; 18 de diciembre de 2007, Skatterverket y A, C-101/05, apartado 46; 20 de mayo de 2008, Orange European Smallcap Fund, C-194/06, apartado 100; 14 de febrero de 2008, Comisión/España, C-274/06, apartado 18; y 26 de marzo de 2009, Comisión/Italia, C-326/07, apartado 35.

[5] Véanse, por ejemplo, las sentencias de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, asunto C-446/04, Rec. p. I-11753, apartado 182; 24 de mayo de 2007, Holböck, C-157/05, Rec. p. I-4051, apartado 35; 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania, C-112/05, Rec. p. I-8995, apartado 18; 20 de mayo de 2008, Orange European Smallcap Fund, C-194/06, apartado 101; y 26 de marzo de 2009, Comisión/Italia, C-326/07, apartado 35.

[6] El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha definido el concepto de «inversiones de cartera» como «la adquisición de títulos en el mercado de capitales efectuada con la única intención de realizar una inversión, pero sin intención de influir en la gestión y el control de la empresa». Véase la sentencia de 26 de septiembre de 2008, Comisión/Países Bajos, asuntos acumulados C-282/04 y C-283/04, Rec. p. I-9141, apartado 19.

[7] Informe sobre las Inversiones en el Mundo (2009) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

[8] «2010 Impact of EU outward FDI», Copenhagen Economics.

[9] La Comisión ya expuso su enfoque en materia de fondos soberanos en 2008; véase el documento COM(2008) 115, de 27.2.2008.

[10] Convenio bilateral de inversión celebrado entre Alemania y la República Islámica de Pakistán en 1959. Irlanda es el único Estado miembro de la UE que no ha celebrado ningún CBI con terceros países.

[11] Informe sobre las Inversiones en el Mundo (2009) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), p. 32. Según la UNCTAD, el total de CBI asciende a dos mil seiscientos setenta y seis, pero esta cifra incluye los acuerdos celebrados en el interior de la UE entre Estados miembros, categoría de acuerdos que no se aborda en la presente Comunicación.

[12] A nivel multilateral, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) proporciona un marco para asumir compromisos en la prestación de servicios mediante presencia comercial (lo que se define como «modo 3» en el artículo I del AGCS). A nivel bilateral, la Unión ha negociado con Corea un Acuerdo de Libre Comercio que incluye disposiciones sobre el establecimiento y el acceso de los inversores al mercado.

[13] «Analysis of the economic impact of investment provision in regional trade agreements», OECD Trade Policy Working Paper nº 36, OCDE, 11 de julio de 2006.

[14] Nótese que, con arreglo al artículo 207, apartado 2, del TFUE, la Unión tiene competencia exclusiva para legislar de manera autónoma sobre las IED, al igual que en otros ámbitos de la política comercial común, como la normativa sobre importación y exportación.

[15] Comunicación de la Comisión «Un mercado único para la Europa del siglo veintiuno», COM(2007) 725.

[16] Un nuevo argumento jurídico para incorporar los compromisos en materia de inversión a los acuerdos comerciales es el hecho de que dichos acuerdos comerciales, cuando cumplen las disposiciones pertinentes de la OMC sobre integración económica, están protegidos por la obligación de «trato de nación más favorecida» instaurada por la OMC, que obliga a los miembros de la Organización a extender, con carácter inmediato y de manera incondicional, el trato más favorable al resto de los miembros. Dicho de otro modo, el trato preferente (por ejemplo, con respecto al acceso a los mercados de inversión) solo puede seguir siendo preferente si se propone en el marco de un acuerdo comercial. Esto es particularmente pertinente en el caso de las IED en el sector servicios, ya que el AGCS contempla el suministro de servicios mediante presencia comercial, que es básicamente en lo que consisten las IED.

[17] De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del TFUE, «la Unión dispondrá también de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas».

[18] Véanse, por ejemplo, las sentencias de 23 de febrero de 2003, C-452/01, Ospelt [2003] Rec. I-9743, apartado 24; 1 de junio de 1999, C-302/97, Konle [1999] Rec. I-3099, apartado 38; y 6 de noviembre de 1984, Fearon, C-182/83, Rec. [1984] p. 3677, apartado 7.

[19] TJCE, sentencia de 6 de noviembre de 1984, Fearon, C-182/83, Rec. [1984] p. 3677.

[20] Tribunal de la AELC, sentencia de 26 de junio de 2007, asunto E-2/06, Órgano de Vigilancia de la AELC/Noruega, apartado 79; artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

[21] El Tratado sobre la Carta de la Energía, en el que es parte la UE, también contiene un mecanismo de resolución de litigios entre el inversor y el Estado.

[22] Las Comunidades Europeas han negociado con éxito la modificación de varios acuerdos/organizaciones internacionales y su consiguiente adhesión. Un ejemplo reciente es la Organización Mundial de Aduanas.