(3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. Esta constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, aumentando la volatilidad de los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Está poniendo en peligro los puestos de trabajo y los ingresos de los ciudadanos y la actividad de las empresas. Ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo serias repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

(4)Varios Estados miembros han declarado el estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

(5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de crisis económica grave. En su Comunicación, la Comisión indicó al Consejo que, en su opinión y dada la grave recesión económica que cabe esperar a raíz de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permitían activar la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Finanzas de los Estados miembros se declararon de acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite apartarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En lo tocante al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Autoriza a los Estados miembros a apartarse de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, resultarían de aplicación, permitiendo al mismo tiempo a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de las políticas en el marco del Pacto.

(6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares, y garantizar condiciones de salud y seguridad adecuadas en el lugar de trabajo con vistas a reanudar la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

(7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha demostrado la necesidad de contar con planes de preparación frente a situaciones de crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, mejores estrategias de compra, cadenas de abastecimiento diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Estos elementos son fundamentales para desarrollar planes más amplios de preparación frente a una situación de crisis.

(8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes para permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de modo que puedan afrontar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Estas modificaciones proporcionarán mayor flexibilidad, así como procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de aliviar las presiones de tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de un porcentaje de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se alienta a Rumanía a que aproveche plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por la situación.

(9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones rumanas debido a las considerables diferencias en materia de inversión y productividad laboral y a los diferentes patrones de especialización. Ello implica un riesgo considerable de que se acrecienten las disparidades regionales en Rumanía, invirtiendo la tendencia ya observada a una ligera reducción de dichas disparidades entre la capital y las demás regiones o entre zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

(10)El 8 de mayo de 2020, Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y, el 14 de mayo de 2020, su Programa de Convergencia de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

(11)Rumanía se encuentra actualmente sujeta al componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(12)El 3 de abril de 2020, el Consejo decidió declarar la existencia de un déficit excesivo en Rumanía a raíz del incumplimiento del criterio de déficit en 2019. La decisión se basó en los objetivos fiscales actualizados del Gobierno, que reflejaban los datos de ejecución presupuestaria desde el comienzo del ejercicio. Los resultados de déficit de las administraciones públicas en 2019, del 4,3 % del PIB, confirmaron el incumplimiento. Este vino dado por un continuo aumento de los desequilibrios fiscales como consecuencia de una política fiscal expansionista desde 2016, en un período de fuerte crecimiento económico. Las excepciones sistemáticas y reiteradas a las normas fiscales nacionales durante ese período hicieron que estas fueran en gran medida ineficaces. Además, Rumanía omitió repetidamente tomar medidas eficaces en respuesta a las recomendaciones que le hizo el Consejo en el contexto del procedimiento de desviación significativa. El 3 de abril de 2020, el Consejo emitió también una recomendación con vistas a poner fin a la situación de déficit público excesivo en Rumanía a más tardar en 2022.

(13)La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas rumanas ya estaba en peligro antes de la pandemia de COVID-19, debido a los elevados déficits presupuestarios y al aumento significativo previsto de los costes relacionados con el envejecimiento de la población, en particular las pensiones. Las pensiones de jubilación se incrementaron un 15 % en septiembre de 2019 y, atendiendo a la Ley de pensiones adoptada en el verano de 2019, deberían aumentar un 40 % en septiembre de 2020 y volver a revalorizarse en septiembre de 2021. El gasto en pensiones aumentaría así sustancialmente en el período 2020-2022. Los riesgos para la sostenibilidad fiscal se ven agravados por el impacto de la pandemia de COVID-19 en la actividad económica y el esfuerzo fiscal necesario para amortiguarlo. Las decisiones previas en materia de política fiscal han dejado a Rumanía con escasas reservas fiscales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

(14)Según su Programa de Convergencia de 2020, el saldo público global se deteriorará, pasando de un déficit del 4,3 % del PIB en 2019 a un déficit del 6,7 % del PIB en 2020, al tiempo que la ratio deuda pública/PIB aumentará del 35,2 % en 2019 al 40,9 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y fiscales se ven afectadas por la gran incertidumbre provocada por la pandemia de COVID-19. Además, las previsiones presupuestarias están sujetas a riesgos específicos del país, como son el hecho de que las estimaciones de algunas partidas de ingresos no parecen haberse realizado en consonancia con las previsiones macroeconómicas subyacentes y el hecho de que la moderación de algunas partidas de gastos corrientes parece basarse en medidas de saneamiento fiscal que no se especifican en el Programa.

(15)En respuesta a la pandemia, y dentro del enfoque coordinado de la Unión, Rumanía ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y ayudar a las personas y los sectores que se han visto especialmente afectados. Con arreglo al Programa de Convergencia de 2020, estas medidas presupuestarias representan el 1,2 % del PIB. Las medidas incluyen una prestación por desempleo técnico en favor de los asalariados y prestaciones similares en favor de otras categorías de trabajadores, equipos médicos y otros gastos para ayudar a combatir la COVID-19 y primas a los trabajadores del sector sanitario que se ocupan de pacientes con COVID-19. Además, el Gobierno ha anunciado medidas que, si bien no tienen una incidencia presupuestaria directa, contribuirán a aportar liquidez a las empresas. Dichas medidas comprenden el aplazamiento de los pagos de impuestos, la aceleración de los reembolsos del IVA, garantías para los préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes), una moratoria temporal para el pago de las cuotas de los préstamos bancarios a los hogares y las pymes, y el aplazamiento del pago de alquileres y facturas de servicios públicos esenciales en favor de las pymes. En general, las medidas adoptadas por el Gobierno de Rumanía se ajustan a las orientaciones formuladas en la Comunicación de la Comisión sobre la respuesta económica coordinada al brote de COVID-19.

(16)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, en el supuesto de que las políticas no varíen, el saldo de las administraciones públicas rumanas será del -9,2 % del PIB en 2020 y del -11,4 % del PIB en 2021. La Comisión prevé que la ratio entre la deuda de las administraciones públicas y el PIB alcance el 46,2 % en 2020.

(17)El 16 de marzo de 2020, Rumanía declaró el estado de emergencia. A partir del 25 de marzo de 2020 se decretaron el cierre de todos los centros educativos y comercios, excepto los que venden productos de primera necesidad, así como restricciones para el cruce de fronteras. Únicamente se autorizaban los desplazamientos en zonas públicas en casos limitados, aplicándose medidas más estrictas para las personas mayores de 65 años. Rumanía también prohibió los viajes internacionales a determinados países e impuso a varias ciudades una estricta cuarentena. Esta situación ha repercutido negativamente en el sector productivo de la economía, ya que las medidas de confinamiento han afectado gravemente a la actividad económica. En el sector industrial, varios fabricantes interrumpieron su producción en marzo, lo que ha repercutido considerablemente en sectores clave, como la industria del automóvil. Se ha registrado una evolución similar en los sectores de la venta al por menor y la hostelería. El efecto agregado sumirá a la economía en una recesión en 2020. El estado de emergencia finalizó el 14 de mayo de 2020 y Rumanía anunció que iba a aplicar gradualmente medidas de desconfinamiento. A partir del 15 de mayo de 2020, se introdujeron medidas para facilitar los desplazamientos dentro de las ciudades, reabrir parcialmente los comercios minoristas e imponer el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos y comerciales cerrados, el transporte público y los lugares de trabajo. A principios de mayo de 2020, algunos fabricantes del sector del automóvil reanudaron gradualmente sus actividades. El Gobierno está preparando nuevas medidas destinadas a relanzar la economía.

(18)La pandemia ha sometido al sistema sanitario a una presión sin precedentes. La crisis se ha abatido sobre un sistema caracterizado por deficiencias estructurales, como el bajo nivel de gasto y el acceso desigual a la atención sanitaria. En este contexto, una labor fundamental será mejorar la resiliencia del sistema sanitario y su capacidad de reacción frente a situaciones de tensión. En el marco de su respuesta inmediata, Rumanía compró productos médicos esenciales e incluyó los costes médicos relacionados con la COVID-19 en el paquete de prestaciones mínimas para las personas no aseguradas. La considerable escasez de personal sanitario, incluidos médicos de familia, así como la vetustez de las instalaciones sanitarias, la falta de productos médicos, la formación insuficiente de los trabajadores sanitarios y la limitada continuidad e integración entre los distintos niveles de asistencia, merman la resiliencia del sistema sanitario. Las necesidades médicas no satisfechas comunicadas estaban aumentando ya antes de la crisis de la COVID-19 y es probable que el acceso a la asistencia sanitaria se haya deteriorado. La pandemia ha puesto al descubierto en mayor medida las disparidades regionales y las lagunas en la cobertura sanitaria de los grupos de bajos ingresos y las personas mayores. A más largo plazo, el envejecimiento de la población y la migración son problemas que ejercen cada vez mayor presión sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. A la luz de la COVID-19, es igualmente importante solventar las cuestiones estructurales, incluido el desarrollo de la asistencia preventiva, ambulatoria y comunitaria, mediante la adopción por los poderes públicos de medidas muy específicas. Serán necesarias inversiones a largo plazo para reforzar el sistema sanitario rumano, proveyéndolo de los trabajadores y equipos sanitarios oportunos, mejorando la investigación tecnológica y aplicada y ampliando la cobertura y la accesibilidad de los servicios sanitarios a todos los ciudadanos, también en zonas no urbanas, en su caso mediante el recurso a servicios de sanidad electrónica.

(19)El rápido crecimiento económico de los últimos años mejoró las condiciones sociales. La renta bruta disponible de los hogares aumentó un 5,7 % en 2019. El riesgo de pobreza y exclusión social, del 31,2 % en 2019, figuraba entre los más altos de la UE, pero mostraba una tendencia a la baja constante. Sin embargo, el impacto de la pandemia en la economía puede provocar un deterioro de las condiciones sociales. La pobreza y la exclusión social, incluidas la pobreza infantil, la pobreza de los ocupados y las desigualdades de renta, aumentarán previsiblemente y los grupos vulnerables, como los trabajadores no convencionales, los trabajadores no declarados, los trabajadores por cuenta propia, los gitanos, las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas sin hogar, estarán especialmente expuestos. La cobertura y la adecuación de las medidas de protección social y la eficacia del sistema tributario y de prestaciones a efectos de la redistribución de la renta siguen siendo limitadas. Los niños que viven en zonas rurales y asentamientos informales tienen un acceso limitado a servicios de atención y educación de la primera infancia de calidad o a una nutrición, atención sanitaria y vivienda adecuadas. Las transferencias sociales tienen una escasa incidencia en la reducción de la pobreza y el índice de referencia social utilizado como base para la mayoría de las prestaciones sociales no se ha actualizado desde 2008. La adecuación del subsidio de renta mínima sigue siendo una de las más bajas de la UE. Aunque se aprobó en 2016, la reforma de la renta mínima de inclusión se ha aplazado nuevamente hasta 2021. Los servicios sociales y esenciales siguen siendo muy insuficientes, en particular los relacionados con el abastecimiento de agua y el saneamiento, la energía y la vivienda. Por otra parte, la distribución territorial es desigual y se caracteriza por importantes disparidades regionales y entre zonas rurales y urbanas, lo que podría limitar la capacidad para contrarrestar el impacto de la pandemia. El potencial de la economía social para mejorar las condiciones sociales está aún por explotar.

(20)A lo largo de 2019, la evolución del mercado de trabajo siguió siendo positiva, pero subsisten disparidades entre regiones, zonas rurales y urbanas y grupos socioeconómicos. Se registran elevados niveles de inactividad, en particular entre las mujeres, los jóvenes, las personas poco cualificadas, las personas con discapacidad y las personas de más edad. En el contexto de la pandemia de COVID-19, es probable que los problemas existentes se intensifiquen, paralelamente al rápido aumento del desempleo y la inactividad. Según las previsiones de la Comisión, se espera que el desempleo aumente hasta el 6,5 % en 2020 y descienda al 5,4 % en 2021. El trabajo no declarado sigue representando un reto y su impacto negativo podría agravarse en el contexto actual, poniendo así de relieve la necesidad de promover la transición hacia el trabajo declarado. En consecuencia, son esenciales servicios que respondan oportuna y específicamente a las necesidades de los grupos vulnerables y los trabajadores afectados por la crisis. Además del régimen de desempleo técnico que comenzó a aplicarse recientemente, con vistas a reforzar la resiliencia del mercado de trabajo a corto y largo plazo, es de vital trascendencia ampliar el acceso a regímenes de reducción del tiempo de trabajo, y fomentar medidas de apoyo a la renta, fórmulas de trabajo flexible y el teletrabajo para los trabajadores afectados, con la cooperación de los agentes sociales.

(21)La inadecuación y la escasez persistentes de cualificaciones, propiciadas por la evolución demográfica y la limitada pertinencia de la educación y la formación de cara al mercado de trabajo, coartaban el potencial de crecimiento económico de Rumanía incluso antes de la pandemia. El porcentaje de adultos que participan en actividades de aprendizaje, del 1,3 % en 2019, es uno de los más bajos de la UE. La escasa participación en la atención y educación de la primera infancia agrava la desigualdad de oportunidades entre los alumnos. La equidad, la inclusividad y la calidad de la educación siguen siendo retos importantes y son necesarias reformas estratégicas en este ámbito. Rumanía registra un alto porcentaje de abandono prematuro de la educación y la formación (15,3 % en 2019) y de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (14,7 %, lo que supone un ligero aumento con respecto a 2018). Sigue sin existir un mecanismo integrado y de ámbito nacional orientado a subsanar el abandono escolar prematuro. Los resultados educativos, especialmente en las zonas rurales y económicamente deprimidas, no muestran ninguna mejora. La participación en la enseñanza superior es reducida y sigue estando insuficientemente adaptada a las necesidades del mercado de trabajo. El número de titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) sigue siendo especialmente bajo. Rumanía obtiene una mala puntuación en muchos componentes del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, entre ellos los servicios públicos digitales, las competencias digitales de la población en general y la digitalización de las empresas. Las competencias digitales básicas y los conocimientos básicos de software se encuentran entre los más bajos de la UE. Debido a la inadecuación de las infraestructuras digitales y el material didáctico y a la insuficiencia de las competencias digitales, la transición al aprendizaje a distancia provocada por la pandemia de COVID-19 plantea problemas a los centros de educación y formación, el personal docente y los estudiantes, en particular los estudiantes desfavorecidos y los gitanos.

(22)Debido a la pandemia y a las consiguientes medidas de confinamiento, las cadenas de suministro se han interrumpido en todo el país y las empresas han tenido que reducir sus actividades o, incluso, cerrar, por lo que muchas personas no han podido trabajar. Las empresas de todos los tamaños, en particular las pymes, se ven seriamente afectadas por la perturbación del comercio y el confinamiento y se enfrentan a dificultades de liquidez y riesgos de quiebra. El Gobierno adoptó un conjunto de medidas que combinaban ayuda adaptada a las empresas y protección de la renta para todos los trabajadores afectados. Para recuperarse de la crisis, se necesitarán recursos adicionales con vistas a mantener el apoyo a las empresas y los hogares. El sector de los servicios requerirá una atención particular, ya que es el más perjudicado y se prevé que la contracción en algunos subsectores durará más que en la industria manufacturera. Las medidas de respuesta del Gobierno incluyen la creación de un régimen de garantía pública («IMM Invest»), con una dotación de 15 000 millones RON, por el que se ofrecerá una garantía estatal a las pymes que contraigan préstamos sin intereses para financiar inversiones y proporcionar capital circulante. Estas garantías también serán beneficiosas para los bancos, que deben conservar un nivel satisfactorio de capital y liquidez a fin de aportar el flujo de crédito necesario a los hogares y las empresas. Por otra parte, debido al papel hasta ahora más bien limitado que desempeñan los bancos en la concesión de créditos a las empresas, en particular a las pymes innovadoras, las garantías de préstamos por sí solas podrían no ser suficientes.