[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 22.12.2005

COM(2005) 690 final

2005/0267 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO

relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTEXTO DE LA PROPUESTA |

Fundamento y objetivos de la propuesta El Consejo Europeo celebrado los días 25 y 26 de marzo de 2004, en su Declaración relativa a la lucha contra el terrorismo, estableció como una prioridad la mejora de la calidad de los intercambios de información sobre las condenas penales. El Programa de la Haya, adoptado por el Consejo Europeo de 4 y 5 de noviembre de 2004, confirmó dicha prioridad. Estos objetivos quedaron reflejados en el plan de acción aprobado conjuntamente por la Comisión y el Consejo los días 2 y 3 de junio de 2005 con el fin de realizar el Programa de La Haya. La presente propuesta responde a las expectativas expresadas por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 14 de abril de 2005 a raíz de la publicación, en el mes de enero de 2005, del Libro Blanco relativo al intercambio de información sobre condenas penales y al efecto de éstas en la Unión Europea y del debate de orientación subsiguiente. |

Contexto general En la actualidad, la información sobre las condenas penales circula entre los Estados miembros a través de los mecanismos previstos por el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959 (Convenio del Consejo de Europa, en lo sucesivo «Convenio de 1959»). Estos mecanismos presentan algunas disfunciones, que se analizaron en el Libro Blanco. De ese análisis se desprende que, con frecuencia, los órganos jurisdiccionales nacionales imponen penas conociendo únicamente la relación de condenas elaborada por su respectivo registro nacional y desconociendo totalmente las posibles condenas en otros Estados miembros. |

Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta El 13 de octubre de 2004, la Comisión aprobó una primera Propuesta de Decisión del Consejo relativa al intercambio de la información de los registros de antecedentes penales, cuyo objeto era mejorar a corto plazo los mecanismos del Convenio de 1959, principalmente acelerando los plazos de transmisión (aprobada por el Consejo el 21 de noviembre de 2005). No obstante, dicha propuesta no modifica sustancialmente esos mecanismos y tan solo aporta una primera respuesta parcial a sus disfunciones. La presente Propuesta, que incluye las mejoras aportadas a esa primera Decisión, pretende reformar drásticamente esos mecanismos con el fin de garantizar que el Estado miembro de nacionalidad esté en condiciones de proporcionar una respuesta correcta y exhaustiva a las peticiones que reciba. |

Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión La propuesta respeta los derechos fundamentales. Contiene una serie de disposiciones destinadas a garantizar un elevado y adecuado grado de protección de los datos de carácter personal transmitidos por el Estado miembro de condena al Estado miembro de nacionalidad. La presente propuesta incluye y completa las disposiciones de la Decisión de 21 de noviembre de 2005 que impone límites al uso por el Estado miembro requirente de la información que le haya sido transmitida a petición suya (artículo 9). Esta propuesta prevé asimismo normas específicas en lo que se refiere a la transmisión por el Estado miembro de nacionalidad de informaciones que le hayan sido transmitidas por iniciativa del Estado miembro de condena, distinguiéndose entre las solicitudes dirigidas en el ámbito de un procedimiento penal y las demás solicitudes (artículo 7). En este último caso, sólo el Estado miembro de condena podrá determinar, en función de la finalidad de la solicitud, si la información sobre las condenas penales puede transmitirse íntegramente. Por consiguiente, el Estado miembro de nacionalidad deberá verificar con el de condena si y, en su caso, en qué medida, éste último puede transmitirle dichas informaciones. Los mismos principios se aplicarán cuando la solicitud provenga de un tercer país en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio de 1959, con el fin de evitar que el Estado miembro de nacionalidad le transmita más información que a un Estado miembro. |

CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO |

Consulta a las partes interesadas |

Con carácter preliminar se realizaron numerosas consultas sobre estas cuestiones, recabándose la opinión de especialistas en la materia: 1) En 2001 y 2002 se efectuaron dos estudios sobre el registro de antecedentes penales [Institute of Advanced Legal Studies (ISLA) - Programa Falcone (2000/FAL/168) e Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) – Programa Grotius (2001/GRP/ 024)] 2) En abril de 2004 se enviaron algunos cuestionarios detallados sobre el funcionamiento de sus registros de antecedentes penales nacionales a los Estados miembros. Las respuestas a esos cuestionarios se analizaron y sintetizaron en el Libro Blanco. 3) Se consultó repetidamente a los expertos de los Estados miembros responsables de los registros de antecedentes penales nacionales y a los ministerios competentes. Unos y otros respondieron a cuestionarios y participaron en varias reuniones de expertos (entre otras las celebradas los días 27 y 28 de septiembre de 2004 y 14 y 15 de marzo de 2005). El Consejo examinó las opciones propuestas por la Comisión el 14 de abril de 2005. |

Obtención y utilización de asesoramiento técnico |

No fue necesario recurrir a asesoramiento externo. |

Análisis de impacto No procede. |

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA |

Resumen de las medidas propuestas Con ocasión del Consejo de 14 de abril de 2005, los Estados miembros se pronunciaron a favor del mantenimiento del actual principio de centralización de la información sobre las condenas penales en el Estado miembro del que sea nacional el ciudadano condenado Esta solución sólo es válida, no obstante, para los nacionales de los Estados miembros y no se adapta a los casos en que se trata de nacionales de terceros países condenados en el territorio de la Unión Europea (o de personas cuya nacionalidad se desconoce). Por lo que a estos últimos se refiere, los Estados miembros se pronunciaron a favor de la creación de un índice europeo de personas condenadas –que recogería sólo los elementos que permitan identificarlas– con el fin de determinar fácilmente el Estado miembro en que fueron condenadas. En su Libro Blanco, la Comisión preconizaba la creación de un índice que incluía tanto a los nacionales de los Estados miembros como a los nacionales de terceros países. La presente propuesta aborda fundamentalmente el primero de los aspectos mencionados anteriormente y tiene por objeto garantizar que el Estado miembro de nacionalidad esté en condiciones de dar una respuesta correcta y exhaustiva a las solicitudes de antecedentes penales referidas a sus nacionales que reciba. La presente propuesta también establece el marco que permitirá concebir y desarrollar un sistema informatizado de intercambio de información sobre las condenas penales, basado en la utilización de un «formato europeo estándar» que haga posible intercambiar esta información de manera homogénea, informatizada y de fácil traducción mediante mecanismos automatizados. |

Base jurídica La presente propuesta se basa en el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, tal y como lo modificó el Tratado de Niza, relativo a la acción en común sobre cooperación judicial en materia penal, así como en el artículo 34, apartado 2, letra b), del Tratado de la Unión Europea. |

Principio de subsidiariedad El principio de subsidiariedad se aplica en la medida en que la propuesta no afecta a un ámbito de competencia exclusiva de la Comunidad. |

El objetivo consiste en mejorar la calidad del intercambio de información sobre las condenas penales en la Unión Europea, que en la actualidad se rige por el Convenio de 1959. Ello implica el respeto por parte de todos los Estados miembros de una serie de obligaciones, destinadas a garantizar que el Estado miembro de nacionalidad pueda responder de forma exhaustiva a las solicitudes de antecedentes penales que reciba, lo que requiere una acción concertada a escala europea. Por el contrario, competerá a cada Estado miembro determinar la manera más adecuada de cumplir estas obligaciones (por ejemplo, determinar la fase del procedimiento en la que deberá establecerse la nacionalidad de la persona condenada o las modalidades de conservación de la información transmitida). En consecuencia, la propuesta se atiene al principio de subsidiariedad. |

Principio de proporcionalidad La propuesta cumple el principio de proporcionalidad puesto que las normas que prevé en relación con la organización y el contenido de los intercambios se limitan a lo que resulta necesario para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados. Por ejemplo: |

- Prevé que las resoluciones condenatorias transmitidas al registro de antecedentes penales nacional vayan acompañadas de la mención de la nacionalidad de la persona condenada cuando se trate de un nacional de un Estado miembro. Sin esta información, el Registro de antecedentes penales nacional no puede informar al Estado miembro de nacionalidad de las condenas pronunciadas contra sus nacionales. Sin embargo, la propuesta deja a los Estados miembros libertad para decidir en qué fase del procedimiento y en qué forma deberá anotarse esta información. - Recoge el principio de obligatoriedad de transmisión al Estado miembro de nacionalidad, que figura en el artículo 22 del Convenio de 1959, eliminando la dispensa de notificación que en él se contempla cuando la persona tiene asimismo la nacionalidad del Estado de condena. La supresión de esta exención, que permitirá dirigirse indistintamente a uno u otro de los Estados miembros de nacionalidad de la persona, es esencial para garantizar el acceso a una información exhaustiva al Estado requirente, al que no siempre se le informa de la doble nacionalidad de la persona. - Impone la obligación de conservar la información transmitida al Estado de nacionalidad dejando, no obstante, a cada Estado miembro la facultad de determinar las modalidades de conservación de esa información. Proporcionalidad de la carga financiera y administrativa |

La aproximación legislativa operada por la presente propuesta se limita a lo estrictamente necesario para garantizar que el Estado miembro de nacionalidad pueda proporcionar rápidamente una respuesta correcta, exhaustiva y comprensible a las solicitudes de antecedentes judiciales que reciba. Si se descarta la creación de un sistema parcialmente centralizado, como el que preconizaba la Comisión en su Libro Blanco, el logro de este objetivo pasa por la definición de las dos categorías de obligaciones a las que se ha hecho referencia anteriormente, así como por la creación de un sistema informatizado de intercambio que utilice un formato europeo estandarizado. El coste que ello podría suponer para las Administraciones nacionales será, por lo tanto, proporcional a los objetivos perseguidos. |

Elección de los instrumentos |

La medida propuesta supondrá la aproximación de algunas normas nacionales sobre la organización y el contenido de los registros de antecedentes penales, lo que impone el recurso a una decisión marco. Las disfunciones de los mecanismos actuales y sus consecuencias hacen necesaria una medida de este tipo. |

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS |

La única repercusión presupuestaria de la propuesta será la que provoque el funcionamiento del procedimiento de comitología que en ella se establece. Las decisiones que se adopten de acuerdo con este procedimiento y que puedan tener una incidencia presupuestaria estarán cubiertas por el Programa marco «Derechos fundamentales y Justicia». |

INFORMATIÓN SUPLEMENTARIA |

Simplificación |

La presente propuesta supone una simplificación del marco legislativo, ya que recoge una primera serie de mejoras aportadas a los mecanismos de intercambio actualmente existentes por la Decisión de 21 de noviembre de 2005, que la presente propuesta deroga. |

Derogación de disposiciones legales vigentes La aprobación de la propuesta supondrá la derogación de algunas disposiciones legales. La propuesta sustituye al artículo 22 del Convenio de 1959 en lo que respecta a las relaciones entre los Estados miembros y deroga la Decisión de 21 de noviembre de 2005, de la que recoge las disposiciones pertinentes. |

Refundición legislativa La propuesta implica una refundición de las disposiciones legales vigentes. |

Explicación detallada de la propuesta, por capítulo o por artículo La presente sección contiene un breve análisis de los principales artículos de la propuesta, que no se han tomado de la Decisión de 21 de noviembre de 2005 y que no se han descrito más arriba. Artículo 2 - Definiciones Las definiciones de los términos «registro de antecedentes penales» y «condena» son idénticas a las que figuran en la propuesta relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, que la Comisión aprobó el 17 de marzo de 2005 (COM (2005)91). La definición de «condena» es coherente con el ámbito de aplicación habitual de la asistencia judicial y comprende las decisiones de carácter mixto, administrativo y penal que existen en algunos Estados miembros, fundamentalmente con el fin de incluir algunas infracciones de tráfico para cuya consideración es especialmente útil conocer los antecedentes. Por lo demás, la definición elegida pretende ser deliberadamente restrictiva con el fin de limitarse a las condenas en sentido estricto, es decir, a las resoluciones definitivas dictadas por los tribunales penales (o que hubieran podido ser resoluciones de los tribunales en el caso de las infracciones «administrativas/penales») que pueden considerarse condenas en todos los Estados miembros. Dicha definición no prejuzga las definiciones que puedan adoptarse en el marco de los trabajos sobre el principio «ne bis en idem». El «registro de antecedentes penales» es el registro nacional que contiene las condenas. Algunos Estados miembros pueden tener varios registros. Artículo 4 – Obligaciones del Estado miembro de condena Véase la sección 3 (en particular las rúbricas «subsidiariedad» y «proporcionalidad»). Cabe señalar que el apartado 5 recoge las disposiciones del artículo 4 del Protocolo adicional al Convenio de 1959 de 17 de marzo de 1978. Artículo 5 – Obligaciones del Estado miembro de nacionalidad Este artículo impone la obligación de conservar y actualizar la información transmitida. En él se precisa que cualquier modificación o cancelación en el Estado miembro de condena deberá reflejarse en el Estado miembro de nacionalidad y que este último sólo debe utilizar información puesta al día. Sin embargo, estas normas no pueden conducir a que se trate a la persona de manera más desfavorable de lo que lo sería si hubiera sido condenada por un órgano jurisdiccional nacional. Por ejemplo, si las normas nacionales que rigen las anotaciones en el registro de antecedentes penales nacional prevén la cancelación de la anotación de la condena cuando se trate de una condena nacional, el Estado miembro de nacionalidad ya no podrá utilizar esta información en el marco de un procedimiento nacional (aunque, sin embargo, deba estar en todo momento en condiciones de transmitirla en caso de que otro Estado miembro la solicite). Estos principios ya figuraban en parte en el artículo 6 de la propuesta de Decisión marco relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias, que se aprobó antes del Consejo de 14 de abril de 2005, y deberán adaptarse en consecuencia. Artículo 7 – Respuesta a una solicitud de información sobre las condenas Este artículo contiene disposiciones destinadas a garantizar un adecuado y elevado grado de protección de los datos de carácter personal transmitidos por el Estado miembro de condena al Estado miembro de nacionalidad (véase la rúbrica de la sección 1 consagrada a los derechos fundamentales). El artículo 7, apartado 1, distingue entre la información transmitida antes y después de la entrada en vigor de la Decisión marco, con el fin de dejar claro que las obligaciones de conservación íntegra y de actualización previstas en el artículo 5 (apartados 1 y 2) sólo se aplican a la información transmitida posteriormente a la entrada en vigor de la Decisión marco. Artículo 9 – Condiciones de uso de los datos de carácter personal Los apartados 1, 2 y 5 se han tomado de la Decisión de 21 de noviembre de 2005. El apartado 3 flexibiliza el principio sentado en los apartados 1 y 2 permitiendo una reutilización limitada de la información transmitida con el fin de evitar una amenaza inminente y seria para la seguridad pública. Artículos 11 a 13 – Formato y comitología La mejora de la circulación de la información sobre las condenas penales tendrá una utilidad reducida si dicha información no es comprensible para el Estado miembro que la recibe. La mejora de la comprensión mutua pasa por la creación de un «formato europeo estandarizado» que permita intercambiar la información de manera homogénea, informatizada y de fácil traducción mediante mecanismos automatizados. La presente Decisión marco prevé la creación de un comité que ayudará a la Comisión a definir y desarrollar ese mecanismo de intercambio. Artículo 14 – Relaciones con otros instrumentos jurídicos La propuesta completa el artículo 13 del Convenio de 1959. No elimina la posibilidad de que disponen las autoridades judiciales, en aplicación del artículo 6, apartado 1, del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000, de transmitirse directamente la información relativa al registro de antecedentes penales. Por el contrario, la propuesta sustituye al artículo 22 del Convenio de 1959 en las relaciones entre los Estados miembros y deroga la Decisión de 21 de noviembre de 2005, de la que recoge las disposiciones pertinentes. |

1. 2005/0267 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO

relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 31 y su artículo 34, apartado 2, letra b),

Vista la propuesta de la Comisión[1],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[2],

Considerando lo siguiente:

2. La Unión Europea se ha fijado como objetivo ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Este objetivo supone el intercambio, entre las autoridades competentes de los Estados miembros, de información sobre las condenas penales impuestas a las personas que residen en el territorio de los Estados miembros.

3. El 29 de noviembre de 2000, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, de 15 y 16 de octubre de 1999, el Consejo adoptó un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal[3]. La presente Decisión marco contribuirá al logro de los objetivos previstos por la medida nº 3 del programa, que propone elaborar un modelo de solicitud de antecedentes judiciales traducido a las lenguas de la Unión, sobre la base del modelo elaborado en el marco de las instancias de Schengen.

4. El Informe final correspondiente al primer ejercicio de evaluación consagrado a la asistencia judicial en materia penal[4] instaba a los Estados miembros a simplificar los procedimientos de transmisión de documentos entre Estados recurriendo, en su caso, a formularios uniformes para facilitar la asistencia judicial.

5. El Consejo Europeo celebrado los días 25 y 26 de marzo de 2004, en su Declaración sobre la lucha contra el terrorismo, fijó como prioridad la mejora de la calidad de los intercambios de información sobre las condenas penales. El Programa de la Haya, adoptado por el Consejo Europeo de 4 y 5 de noviembre de 2004, que aboga por intensificar el intercambio de información de los registros nacionales de condenas e inhabilitaciones, la confirmó como tal. Estos objetivos quedaron reflejados en el plan de acción para ejecutar el Programa de La Haya[5], adoptado conjuntamente por la Comisión y el Consejo los días 2 y 3 de junio de 2005.

6. La presente propuesta de Decisión marco responde a las expectativas expresadas por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 14 de abril de 2005, a raíz de la publicación del Libro Blanco relativo al intercambio de información sobre condenas penales y al efecto de éstas en la Unión Europea[6] y del debate de orientación correspondiente. La propuesta contempla más concretamente la mejora del intercambio de información sobre las condenas penales pronunciadas contra ciudadanos de la Unión Europea. El acceso a la información relativa a las condenas pronunciadas en el territorio de la Unión Europea contra nacionales de terceros países o personas cuya nacionalidad se desconozca plantea cuestiones específicas y será objeto de ulteriores propuestas.

7. La información sobre las condenas pronunciadas en los otros Estados miembros se rige actualmente por los artículos 13 y 22 del Convenio Europeo de asistencia Judicial en Materia Penal de 1959[7], cuya lentitud resulta, sin embargo, incompatible con las exigencias de la cooperación judicial en un espacio como la Unión Europea.

8. La presente Decisión marco tiene por objeto sustituir las disposiciones del artículo 22 del Convenio de 1959. Además de la obligación del Estado miembro de condena de transmitir al Estado miembro de nacionalidad la información sobre las condenas pronunciadas contra sus nacionales, que la propuesta retoma y precisa, resulta conveniente imponer al Estado miembro de nacionalidad la obligación de conservar dicha información, con el fin de garantizar que este último esté en condiciones de proporcionar una respuesta completa a las solicitudes de información que le dirijan otros Estados miembros.

9. Las disposiciones de la presente Decisión marco sobre las solicitudes de información del registro de antecedentes penales no deben excluir la posibilidad de que disponen las autoridades judiciales de transmitirse directamente dicha información, en aplicación del artículo 6, apartado 1, del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, establecido por un Acto del Consejo de 29 de mayo de 2000[8].

10. La mejora de la circulación de la información sobre las condenas penales tendrá una utilidad reducida si los Estados miembros no son capaces de tener en cuenta la información transmitida. El […], el Consejo aprobó una Decisión marco relativa a la consideración entre los Estados miembros de la Unión Europea de las resoluciones condenatorias con motivo de un nuevo proceso penal[9].

11. Los datos de carácter personal tratados en el contexto de la aplicación de la presente Decisión marco se protegerán de acuerdo con las disposiciones de la Decisión marco XXX relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal[10]. La presente Decisión marco también recoge las disposiciones de la Decisión de 21 de noviembre de 2005, relativa al intercambio de la información de los registros de antecedentes penales[11], que impone límites al uso por el Estado miembro requirente de la información que se le haya transmitido a petición suya. La presente propuesta completa esos límites al establecer asimismo normas específicas para la transmisión a su vez por el Estado miembro de nacionalidad de la información sobre condenas penales que se le haya transmitido por iniciativa del Estado miembro de condena.

12. Con arreglo a la Recomendación nº R (84) 10 del Consejo de Europa sobre el registro de antecedentes penales y la rehabilitación de los condenados, la institución del registro de antecedentes penales tiene por función principal informar a las autoridades responsables de la jurisdicción penal sobre los antecedentes del justiciable, a fin de que éstas puedan tomar una decisión individualizada. Cualquier otro uso del registro de antecedentes penales que pueda afectar a las posibilidades de reinserción social del condenado deberá limitarse en la medida de lo posible; por consiguiente, el uso de la información transmitida en aplicación de la presente Decisión para fines distintos de los procedimientos penales podrá limitarse con arreglo a las legislaciones nacionales del Estado requerido y del Estado requirente.

13. La mejora de la circulación de la información sobre las condenas penales tendrá una utilidad reducida si el Estado miembro que la recibe no puede comprenderla. La mejora de la comprensión mutua pasa por la creación de un «formato europeo estandarizado» que permita intercambiar esta información de manera homogénea, informatizada y fácilmente traducible por medio de mecanismos automatizados. Procede, pues, adoptar las medidas necesarias para la puesta en marcha del mecanismo de intercambio de información previsto en la presente Decisión marco de conformidad con el procedimiento de reglamentación establecido en su artículo 13.

14. La presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y cumple los principios reconocidos, en especial, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

15. La presente Decisión marco respeta el principio de subsidiariedad previsto en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en la medida en que el objetivo de mejorar los mecanismos de transmisión de las condenas entre Estados miembros no podrá cumplirse adecuadamente si los Estados miembros actúan de forma unilateral, requiriéndose una acción concertada a escala de la Unión Europea. Con arreglo al principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión marco no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

Artículo 1 Objeto

La presente Decisión marco tiene por objeto:

a) establecer las modalidades con arreglo a las cuales un Estado miembro en el que se pronuncie una condena contra un nacional de otro Estado miembro (en lo sucesivo, «Estado miembro de condena») la transmitirá al Estado miembro de nacionalidad de la persona condenada (en lo sucesivo, «Estado miembro de nacionalidad»);

b) definir las obligaciones de conservación de esta información que incumben al Estado miembro de nacionalidad y precisar las condiciones que este último deberá respetar al responder a una solicitud de información del registro de antecedentes penales;

c) establecer el marco que permitirá construir y desarrollar un sistema informatizado de intercambio de información sobre las condenas penales entre los Estados miembros.

Artículo 2 Definiciones

A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por:

a) «condena»: toda resolución definitiva de un órgano jurisdiccional penal o de una autoridad administrativa contra la que se puede recurrir ante un órgano jurisdiccional competente, en particular en materia penal, por la que se establece la culpabilidad de una persona por un delito penal o un acto punible que constituye una infracción de las normas de Derecho, según el Derecho nacional;

b) «registro de antecedentes penales»: el registro nacional o los registros nacionales en los que se inscriben las condenas, con arreglo al Derecho nacional.

Artículo 3 Autoridad central

16. A efectos de la presente Decisión marco, cada Estado miembro designará una autoridad central. No obstante, para remitir la información a que se refiere el artículo 4 y responder a las solicitudes contempladas en los artículos 6 y 7, los Estados miembros podrán designar una o más autoridades centrales.

17. Cada Estado miembro comunicará a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión la autoridad o autoridades designadas con arreglo al apartado 1. La Secretaría General del Consejo comunicará esta información a los Estados miembros y a Eurojust.

Artículo 4 Obligaciones del Estado miembro de condena

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que toda resolución condenatoria pronunciada en su territorio vaya acompañada, al ser transmitida al registro de antecedentes penales nacional, de la mención de la nacionalidad de la persona condenada cuando se trate de un nacional de un Estado miembro.

2. Cada autoridad central comunicará cuanto antes a las autoridades centrales de los restantes Estados miembros las condenas penales pronunciadas en su territorio contra sus nacionales respectivos, tal como figuren anotadas en el registro de antecedentes penales.

Cuando el interesado tenga la nacionalidad de varios Estados miembros, la información se transmitirá a todos y cada uno de ellos, incluso cuando la persona condenada tenga la nacionalidad del Estado miembro de condena.

3. La transmisión de la información relativa a las resoluciones condenatorias incluirá también la mención del plazo de conservación de la anotación de la condena en el registro del Estado miembro de condena que resulte de la aplicación de la legislación nacional de este último en el momento de la transmisión de la condena al Estado miembro de nacionalidad.

4. La autoridad central del Estado miembro de condena comunicará sin demora a la autoridad central del Estado miembro de nacionalidad las medidas posteriores que haya adoptado en aplicación de la legislación nacional del Estado miembro de condena, que impliquen la modificación o la cancelación de la información contenida en el registro de antecedentes penales, incluidos los cambios que afecten al plazo de conservación de la información.

5. El Estado miembro que haya proporcionado las informaciones a que hacen referencia los apartados 2 a 4, transmitirá al Estado miembro que lo solicite copia de las sentencias (y de las medidas de que se trate), así como cualquier otra información que se refiera a ellas, con objeto de permitirle evaluar si requieren la adopción de medidas en el plan interno.

Artículo 5 Obligaciones del Estado miembro de nacionalidad

1. La autoridad central del Estado miembro de nacionalidad conservará íntegramente toda la información transmitida con arreglo al artículo 4, con el fin de estar en condiciones de transmitirla, a su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.

2. Toda modificación o cancelación de una anotación en el Estado miembro de condena conllevará idéntica modificación o cancelación en la información obtenida con arreglo al artículo 4 en el Estado miembro de nacionalidad.

3. El Estado miembro de nacionalidad sólo podrá utilizar la información actualizada de conformidad con el apartado 2. La obligación contemplada en el apartado 2 no podrá en ningún caso conducir a que la persona en cuestión reciba, en un procedimiento nacional, un trato más desfavorable del que hubiera recibido de haber sido condenada por un órgano jurisdiccional nacional.

Artículo 6 Solicitud de información sobre las condenas

1. Cuando se solicite información del registro de antecedentes penales nacional de un Estado miembro, la autoridad central podrá presentar, de acuerdo con su legislación nacional, una solicitud de extracto de antecedentes penales y de información sobre dichos antecedentes a la autoridad central de otro Estado miembro.

2. Cuando una persona solicite información sobre su registro de antecedentes penales, la autoridad central del Estado miembro en que se presente dicha solicitud podrá presentar, de conformidad con su legislación nacional, una solicitud de extracto de antecedentes penales y de información sobre dichos antecedentes a la autoridad central de otro Estado miembro si el interesado es o fue residente o nacional del Estado miembro requirente o del Estado miembro requerido.

3. Las solicitudes de información que emanen de una autoridad central de un Estado miembro deberán ser cursadas por medio del formulario que figura en el anexo.

Artículo 7 Respuesta a una solicitud de información sobre las condenas

1. Cuando, en el marco de un procedimiento penal, la autoridad central del Estado miembro de nacionalidad reciba una solicitud de información del registro de antecedentes penales con arreglo a las condiciones fijadas en el artículo 6, transmitirá a la autoridad central del Estado miembro requirente la siguiente información:

a) condenas nacionales;

b) condenas pronunciadas en otros Estados miembros, que le hayan sido transmitidas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Decisión marco, en aplicación del artículo 4, tal como se hayan conservado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 y 2;

c) condenas pronunciadas por otros Estados miembros, que le hayan sido transmitidas antes de la entrada en vigor de la presente Decisión marco;

d) condenas pronunciadas por terceros países que le hayan sido transmitidas.

2. Cuando la autoridad central del Estado miembro de nacionalidad reciba una solicitud de información del registro de antecedentes penales con arreglo a las condiciones fijadas en el artículo 6, con el fin de utilizar dicha información fuera del ámbito de un procedimiento penal, responderá a dicha solicitud de acuerdo con su legislación nacional en lo que se refiere a las condenas nacionales y a las condenas pronunciadas por terceros países que haya recibido.

La autoridad central del Estado miembro de nacionalidad verificará inmediatamente con la autoridad central del Estado miembro de condena si, y en qué medida, podrá, a su vez, transmitir la información que haya recibido sobre las condenas pronunciadas por este último a la autoridad central del Estado miembro requirente.

La autoridad central del Estado miembro de condena responderá a la autoridad central del Estado miembro de nacionalidad en un plazo que permita a este último respetar los plazos de respuesta previstos en el artículo 8.

La autoridad central del Estado miembro de nacionalidad transmitirá al mismo tiempo la información sobre las condenas nacionales, las condenas pronunciadas por terceros países y las condenas pronunciadas en otro Estado miembro a la autoridad central del Estado miembro requirente.

3. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio Europeo de Asistencia Jurídica en Materia Penal de 1959, un tercer país dirija una solicitud de información del registro de antecedentes penales al Estado miembro de nacionalidad, este último responderá con arreglo a su Derecho nacional en lo que se refiere a las condenas nacionales y a las condenas pronunciadas por terceros países que haya recibido.

Antes de transmitir a un tercer país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio Europeo de Asistencia Jurídica en Materia Penal de 1959, las condenas pronunciadas por otros Estados miembros que haya recibido, el Estado miembro de nacionalidad verificará con la autoridad central del Estado miembro de condena si, y en qué medida, puede transmitirse esa información al tercer país requirente.

La autoridad central del Estado miembro de condena responderá a la autoridad central del Estado miembro de nacionalidad en un plazo razonable.

El Estado miembro de nacionalidad transmitirá al mismo tiempo la información sobre las condenas nacionales, las condenas pronunciadas por terceros países y las condenas pronunciadas en otro Estado miembro al tercer país requirente.

4. Cuando el destinatario de una solicitud de información del registro de antecedentes penales sea la autoridad central de un Estado miembro distinto del Estado de nacionalidad, dicha autoridad transmitirá a la autoridad central del Estado miembro requirente la información sobre las condenas nacionales. Si la solicitud se realiza fuera del marco de un procedimiento penal, la autoridad central del Estado miembro distinto del Estado miembro de nacionalidad responderá a la solicitud de acuerdo con su legislación nacional.

5. La respuesta irá acompañada de una relación de las condenas, en las condiciones previstas por el Derecho nacional.

Artículo 8 Plazos de respuesta

1. La respuesta de la autoridad central del Estado miembro requerido a la solicitud contemplada en el artículo 6, apartado 1, se transmitirá inmediatamente y, en cualquier caso, en un plazo que no podrá ser superior a diez días hábiles desde la fecha de recepción de la solicitud, a la autoridad central del Estado miembro requirente, con arreglo a las condiciones previstas por la legislación, la reglamentación o la práctica nacional. A tal fin, la autoridad central del Estado miembro requerido utilizará el formulario que figura en anexo.

Cuando el Estado miembro requerido necesite información adicional para identificar a la persona a la que se refiere la solicitud, consultará inmediatamente al Estado miembro requirente con el fin de proporcionarle una respuesta en los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la información adicional solicitada.

2. La respuesta a la solicitud contemplada en el artículo 6, apartado 2, se transmitirá en un plazo que no podrá ser superior a veinte días hábiles desde la fecha de recepción de la solicitud.

Artículo 9 Condiciones de uso de los datos de carácter personal

1. Los datos de carácter personal comunicados con arreglo al artículo 7, apartados 1 y 4, para su uso en un procedimiento penal sólo podrán ser utilizados por el Estado miembro requirente en el marco del procedimiento penal para el cual se solicitaron, tal como conste en el formulario que figura en anexo.

2. Los datos de carácter personal comunicados con arreglo al artículo 7, apartados 2 y 4, para su uso fuera de un procedimiento penal sólo podrán ser utilizados por el Estado miembro requirente, con arreglo a su legislación nacional, para los fines para los que los haya solicitado y dentro de los límites especificados en el formulario por el Estado miembro requerido.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los datos de carácter personal comunicados con arreglo al artículo 7, apartados 1, 2 y 4, podrán ser utilizados por el Estado miembro requirente para evitar una amenaza inminente y grave para la seguridad pública.

4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los datos de carácter personal comunicados a un tercer país con arreglo al artículo 7, apartado 3, estén sujetos a los mismos límites de utilización que los aplicados a los Estados miembros en virtud de lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo.

5. El presente artículo no se aplicará a los datos de carácter personal obtenidos por un Estado miembro en aplicación de la presente Decisión marco y que procedan de dicho Estado miembro.

Artículo 10 Lenguas

A efectos de la transmisión, por el Estado miembro requirente al Estado miembro requerido, de la solicitud contemplada en el artículo 6, apartado 1, el formulario que figura en anexo se redactará en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales de este último.

El Estado miembro requerido responderá en una de sus lenguas oficiales o bien en otra lengua que acuerden ambos Estados miembros.

Todo Estado miembro podrá, en el momento de la aprobación de la presente Decisión marco o posteriormente, mediante una declaración dirigida a la Secretaría General del Consejo, indicar la lengua o lenguas oficiales de las instituciones de las Comunidades Europeas que acepta. La Secretaría General del Consejo comunicará dicha información a los Estados miembros.

Artículo 11 Formato y otras modalidades de organización y simplificación de los intercambios

1. Hasta la expiración del plazo estipulado en el apartado 6 del presente artículo, las autoridades centrales de los Estados miembros que no hayan procedido a la notificación a que se hace referencia en el apartado 5 del presente artículo se transmitirán las solicitudes, respuestas y otras informaciones pertinentes por cualquier medio que deje un rastro escrito y en unas condiciones que permitan al Estado miembro que las reciba comprobar su autenticidad.

2. Tras la expiración del plazo estipulado en el apartado 6 del presente artículo, las autoridades centrales de los Estados miembros se transmitirán las informaciones del registro de antecedentes penales por vía electrónica, utilizando un formato estandarizado que permita incluir especialmente las informaciones siguientes:

a) información relativa a la persona condenada (nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, seudónimos o alias en su caso, sexo, nacionalidad y forma jurídica y domicilio social en el caso de las personas jurídicas);

b) información relativa a la forma de la condena (fecha y lugar en que se pronunció y denominación y naturaleza de la autoridad que la dictó);

c) información relativa a los hechos que dieron lugar a la condena (fecha, lugar de comisión, naturaleza, tipificación jurídica, legislación penal aplicable);

d) información relativa al contenido de la condena (medida pronunciada, pena principal, posibles penas accesorias, elementos posteriores relativos a la ejecución de la pena, posible inhabilitación).

3. Este formato, así como las otras modalidades de organización y simplificación del intercambio de información sobre las condenas penales entre las autoridades nacionales de los Estados miembros, se establecerán y, en su caso, adaptarán con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 13.

Las otras modalidades incluirán:

a) la definición de cualquier dispositivo que facilite la comprensión de la información transmitida y su traducción automática;

b) el establecimiento de las condiciones para un intercambio informatizado, en especial las relativas a las normas técnicas que deberán utilizarse y, en su caso, los procedimientos de intercambio aplicables;

c) las posibles adaptaciones del formulario que figura en el anexo de la presente Decisión marco.

4. En caso de indisponibilidad de la vía de transmisión contemplada en los apartados 2 y 3, el apartado 1 seguirá siendo aplicable durante el tiempo en que persista esa indisponibilidad.

5. Cada Estado miembro procederá a las adaptaciones técnicas necesarias para la utilización del formato y para su transmisión por vía electrónica a los otros Estados miembros. Cada Estado miembro notificará a la Comisión la fecha a partir de la cual estará en condiciones de proceder a esas transmisiones. La Comisión informará inmediatamente de ello al comité mencionado en el artículo 12.

6. Las adaptaciones técnicas a que se hace referencia en el apartado 5 deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de tres años desde la adopción del formato y las modalidades del intercambio informatizado de información sobre las condenas penales.

7. Las disposiciones necesarias para la aplicación de los apartados 2 y 3 se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 13.

Artículo 12 Comité

1. La Comisión contará con la ayuda de un comité (en lo sucesivo, «el comité»), compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.

2. El comité adoptará su reglamento interno a propuesta de su Presidente, sobre la base del modelo de reglamento interno publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea .

3. El comité podrá formular recomendaciones a sus miembros, en especial en lo referente a las normas de recogida y conservación de la información contenida en los registros de antecedentes penales nacionales.

Artículo 13 Procedimiento

1. Siempre que se haga referencia al presente artículo, el representante de la Comisión presentará al comité un proyecto de las medidas que deban adoptarse. El comité emitirá un dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el Presidente fijará en función de la urgencia del tema. Para la aprobación del dictamen será necesaria la mayoría prevista en el artículo 205, apartado 2, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea para la aprobación de las decisiones que el Consejo debe tomar a propuesta de la Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el comité se ponderarán con arreglo a la forma establecida en el mencionado artículo. El Presidente no participará en las votaciones.

2. La Comisión adoptará las medidas previstas cuando se atengan al dictamen del comité.

3. Si las medidas previstas no se atienen al dictamen del Comité o en ausencia de dictamen, la Comisión presentará sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban adoptarse e informará al Parlamento Europeo.

4. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada sobre la propuesta, en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que le sea sometida.

Si dentro de este plazo, el Consejo, por mayoría cualificada, se pronuncia contra la propuesta, la Comisión la volverá a examinar, pudiendo presentar al Consejo una propuesta modificada, volver a presentar la misma propuesta o presentar una propuesta legislativa basada en el Tratado.

Si, transcurrido ese plazo, el Consejo no aprobase el acto de ejecución propuesto ni manifestase su oposición a la propuesta de medidas de ejecución, la Comisión aprobará las medidas de ejecución propuestas.

Artículo 14 Relaciones con otros instrumentos jurídicos

1. Por lo que respecta a los Estados miembros, la presente Decisión completa las disposiciones del artículo 13 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 20 de abril de 1959 y de sus Protocolos adicionales de 17 de marzo de 1978[12] y 8 de noviembre de 2001[13], así como del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea de 29 de mayo de 2000[14] y de su Protocolo de 16 de octubre de 2001[15].

2. A efectos de la presente Decisión marco, los Estados miembros renuncian a invocar entre ellos las posibles reservas que hayan formulado con respecto al artículo 13 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 20 de abril de 1959.

3. La presente Decisión marco sustituirá, a partir del […], entre los Estados miembros, a las disposiciones del artículo 22 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 20 de abril de 1959, completadas por el artículo 4 de su Protocolo adicional de 17 de marzo de 1978, sin perjuicio de su aplicación en las relaciones entre Estados miembros y terceros países.

4. La presente Decisión marco deroga la Decisión de 21 de noviembre de 2005 relativa al intercambio de información de los registros de antecedentes penales.

5. La presente Decisión marco no afectará a la aplicación de aquellas disposiciones más favorables que figuren en acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre los Estados miembros.

Artículo 15 Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para aplicar la presente Decisión marco a más tardar el […].

2. Los Estados miembros comunicarán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones que incorporen a su Derecho nacional las obligaciones derivadas de la presente Decisión marco.

3. Sobre la base de la información transmitida por la Secretaría General del Consejo, la Comisión, el […] a más tardar, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Decisión marco acompañado, si fuera necesario, de propuestas legislativas.

Artículo 16 Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial .

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO Formulario contemplado en los artículos 6, 8, 9 y 10 de la Decisión marco relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros

Solicitud de información del registro de antecedentes penales

Con objeto de cumplimentar este formulario correctamente, se ruega a los Estados miembros que consulten el manual de procedimiento |

a) Información sobre el Estado requirente: Estado miembro: Autoridad central: Persona de contacto: Teléfono (indíquese el prefijo): Fax (indíquese el prefijo): Dirección de correo electrónico: Dirección postal: Referencia del expediente si se conoce: |

b) Información sobre la identidad de la persona a la que se refiere la solicitud: Apellidos: Nombre(s): Apellido de nacimiento, en su caso: Seudónimos: Sexo:...M ⁪…F ⁪ Nacionalidad: Fecha de nacimiento (en cifras): (dd/mm/aaaa): Lugar de nacimiento (ciudad y país): Apellidos del padre: * Apellidos de la madre: * Domicilio o dirección conocida (opcional): Huellas dactilares si se dispone de ellas (opcional): Otros datos que permitan su identificación si se conocen (por ejemplo, número del documento nacional de identidad, número de afiliación a la Seguridad Social, etc.) (opcional) * Estos datos deberán cumplimentarse tal como se establece en el manual de procedimiento cuando éste sea aplicable. En caso contrario, habrá que indicarlos si se conocen. |

c) Finalidad de la solicitud: Márquese la casilla que proceda 1) ⁪ procedimiento penal |

2) ⁪ solicitud de un órgano jurisdiccional formulada fuera del ámbito de un procedimiento penal ⁪ solicitud de un órgano administrativo habilitado 3) ⁪ solicitud del interesado La finalidad de la solicitud deberá indicarse tal como se establece en el manual de procedimiento cuando éste sea aplicable. En caso contrario, habrá que indicarla si se conoce. Autoridad requirente: ⁪ El interesado autoriza la divulgación de la información (cuando la legislación del Estado miembro requiera dicha autorización). Téngase en cuenta que la solicitud se tramitará con arreglo a las condiciones previstas en la legislación, la reglamentación o la práctica del Estado miembro requerido. ________________________________________________________________________________ Persona de contacto en caso de que sea necesaria información complementaria: Nombre y Apellidos: Teléfono: Dirección de correo electrónico: Otras informaciones de interés (por ejemplo: urgencia de la solicitud, etc.) |

Respuesta a la solicitud

Información relativa a la persona arriba citada Márquese la casilla que proceda La autoridad que suscribe confirma que: ⁪ no figura ninguna condena en el registro de antecedentes penales de la citada persona, ⁪ las siguientes condenas figuran en el registro de antecedentes penales de la citada persona. Se adjunta en anexo una relación de estas condenas, ⁪ no puede tramitarse, con arreglo a las condiciones previstas por la legislación, la reglamentación o la práctica del Estado miembro requerido, una solicitud formulada fuera del ámbito de un procedimiento penal. Persona de contacto en caso de que sea necesaria información complementaria: Nombre y apellidos: Teléfono: Dirección de correo electrónico: Otras informaciones de interés (por ejemplo: limites fijados de conformidad con el artículo 9, apartado 2) Los datos transmitidos sólo podrán utilizarse con la finalidad para la que solicitaron. |

Hecho en El Firma y sello oficial (en su caso) Nombre y cargo: |

En su caso adjúntese una relación de las condenas y remítase toda la información al Estado miembro requirente. No es necesario traducir el formulario ni la relación de las condenas a la lengua del Estado miembro requirente.

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:

Propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la organización y al contenido de los intercambios de información extraída del registro de antecedentes penales entre los Estados miembros.

2. MARCO GPA/ PPA (GESTIÓN/PRESUPUESTACIÓN POR ACTIVIDADES)

ÁMBITO(S) POLÍTICO(S) AFECTADO(S) Y ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA(S):

Capítulo 1806 - creación de un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia en materia penal y civil.

3. LÍNEAS PRESUPUESTARIAS

3.1. Líneas presupuestarias (líneas operativas y líneas correspondientes de asistencia técnica y administrativa (antiguas líneas BA)), incluidas sus denominaciones:

3.2. Duración de la acción y de la incidencia financiera:

3.3. Características presupuestarias :

Línea presupuestaria | Tipo de gasto | Nuevo | Contribución de la AELC | Contribución de los países candidatos | Rúbrica de las perspectivas financieras |

GO/ GNO | CD[16]/ CND[17] | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | Nº |

GO/ GNO | CD/ CND | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | Nº |

4. SÍNTESIS DE LOS RECURSOS

4.1. Recursos financieros

4.1.1. Síntesis de los créditos de compromiso (CC) y de los créditos de pago (CP)

millones de euros (al tercer decimal)

Tipo de gasto | Sección nº | Año n | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | n+5 y ss. | Total |

Gastos operativos[18] |

Créditos de compromiso (CC) | 8.1. | a |

Créditos de pago (CP) | b |

Gastos administrativos incluidos en el importe de referencia[19] |

Asistencia técnica y administrativa (CND) | 8.2.4. | c |

IMPORTE DE REFERENCIA TOTAL |

Créditos de compromiso | a+c |

Créditos de pago | b+c |

Gastos administrativos no incluidos en el importe de referencia[20] |

Recursos humanos y gastos afines (CND) | 8.2.5. | d |

Costes administrativos, excepto recursos humanos y costes afines, no incluidos en el importe de referencia (CND) | 8.2.6. | e | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |

Coste financiero indicativo total de la intervención |

TOTAL CC, incluido el coste de los recursos humanos | a+c+d+e | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |

TOTAL CP, incluido el coste de los recursos humanos | b+c+d+e | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |

Desglose de la cofinanciación

Si la propuesta incluye una cofinanciación por los Estados miembros u otros organismos (especifique cuáles), debe indicar en el cuadro una estimación del nivel de cofinanciación (puede añadir líneas adicionales si está previsto que varios organismos participen en la cofinanciación):

millones de euros (al tercer decimal)

Organismo cofinanciador | Año n | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | n+5 y ss. | Total |

…………………… | f |

TOTAL CC, incluida la cofinanciación | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilidad con la programación financiera

( La propuesta es compatible con la programación financiera vigente.

( La propuesta requiere una reprogramación de la correspondiente rúbrica de las perspectivas financieras.

( La propuesta puede requerir la aplicación de las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional[21] (relativas al instrumento de flexibilidad o a la revisión de las perspectivas financieras).

4.1.3. financiera en los ingresos

( La propuesta no tiene incidencia financiera en los ingresos.

( La propuesta tiene incidencia financiera; el efecto en los ingresos es el siguiente:

millones de euros (al primer decimal)

Antes de la acción [Año n-1] | Situación después de la acción |

Cantidad total de recursos humanos |

5. CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS

5.1. Realización necesaria a corto o largo plazo

L' uno de los objetos de la propuesta es establecer el marco que permitirá construir y desarrollar un sistema informatizado de intercambios de información sobre las condenas penales. ' Este sistema se basará en la utilización de un "formato europeo estandarizado" que permitirá intercambiar esta información bajo una forma homogénea, informatizada y fácilmente traducible por mecanismos automatizados. La preparación de las decisiones necesarias para su aplicación requerirá reuniones preparatorias regulares entre los expertos de los Estados miembros, al contenido a la vez técnico y jurídico. La Comisión no estará en condiciones de adoptar estas medidas si no es asistida por un Comité. Por eso la presente propuesta establece un procedimiento de comitología.

5.2. Valor añadido de la implicación comunitaria, coherencia de la propuesta con otros instrumentos financieros y posibles sinergias

La información relativa a las condenas penales circula actualmente entre los Estados miembros sobre la base de los mecanismos previstos por la Convención europea de ayuda judicial mutua en materia penal de 1959 (Convenio del Consejo de Europa, en lo sucesivo "Convenio de 1959"). Estos mecanismos presentan numerosas disfunciones y se desprende que los órganos jurisdiccionales nacionales pronuncian frecuentemente penas únicamente a la vista de la relación de las condenas producida por su registro nacional y en total ignorancia de las condenas eventualmente pronunciadas en otros Estados miembros.

El objetivo de la propuesta consiste en mejorar a escala de la Unión Europea la calidad de los intercambios de información sobre las condenas penales, actualmente regulados mediante el Convenio de 1959. Eso supone que todos los Estados miembros respetan una serie de obligaciones destinadas a garantizar que el Estado miembro de nacionalidad pueda establecer una respuesta exhaustiva a las solicitudes de antecedentes judiciales que le van dirigidas, lo que requiere una acción concertada a nivel europeo.

La única incidencia presupuestaria de la propuesta es la que resultará del funcionamiento del procedimiento de comitología que instituye. Las decisiones que se adoptarán de acuerdo con este procedimiento y que podrían tener incidencias presupuestarias por su parte estarán cubiertas por el Programa marco "Derechos fundamentales y Justicia".

5.3. Objetivos de la propuesta, resultados esperados e indicadores correspondientes en el contexto de la gestión por actividades

El Consejo Europeo ratificó la mejora de la calidad de los intercambios de información sobre las condenas penales una prioridad por del 25 y 26 de marzo de 2004 en su declaración relativa a la lucha contra el terrorismo y se reafirmó en el Programa de La Haya, adoptado por el Consejo Europeo de 4 y 5 de noviembre de 2004. Estos objetivos se reflejan en el plan de acción adoptado junto con la Comisión y el Consejo los días 2 y 3 de junio de 2005 con el fin de realizar el programa de La Haya.

La presente propuesta responde a las esperas expresadas por el Consejo Justicia y Asuntos internos del 14 de abril de2005, a raíz de la publicación, en el mes de enero de 2005, del libro blanco relativo al intercambio de información sobre las condenas penales y al efecto de éstas en la Unión Europea, y al debate de orientación que resultó.

5.4. Método de ejecución (indicativo)

[23]( Gestión centralizada

( directa, por la Comisión

( indirecta, por delegación en:

( agencias ejecutivas

( organismos creados por las Comunidades, como los previstos en el artículo 185 del Reglamento financiero

( organismos nacionales del sector público / organismos con misión de servicio público

( Gestión compartida o descentralizada

( con los Estados miembros

( con terceros países

( Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquese )

Comentarios principales:

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

6.1. Sistema de seguimiento

6.2. Evaluación

6.2.1. Evaluación ex ante:

Un amplio trabajo de consulta y obtención de peritaje sobre estas cuestiones tuvo lugar aguas arriba:

1) Se realizaron dos estudios sobre el registro de antecedentes penales en 2001 y 2002 (Institute of Advanced Legal Estudios (ISLA) - Falcone Programa (2000/FAL/de 168) e Institute fuero Internacional Research él Criminal Policy (IRCP) - Grotius Programa (2001/GRP/de 024).

2) Se enviaron algunos cuestionarios detallados sobre el funcionamiento de sus registros de antecedentes penales nacionales a los Estados miembros en abril de 2004. Se analizaron estas respuestas se sintetizaron y en el libro blanco.

3) Se consultó a los expertos de los Estados miembros responsables de los registros de antecedentes penales nacionales y de los Ministerios responsables ampliamente. Respondieron a cuestionarios y participaron en varias reuniones de expertos (entre otras cosas los días 27 y 28 de septiembre de 2004 y los días 14 y 15 de marzo de 2005).

Estas consultas permitieron definir las principales disfunciones de los mecanismos actuales. En el mes de abril de 2005, las opciones propuestas por la Comisión con el fin de poner remedio fueron examinadas por el Consejo que definió la orientación de los trabajos futuros. La presente propuesta responde a las esperas expresadas por el Consejo y tiene por objeto en particular garantizar que el Estado miembro de nacionalidad esté en condiciones de proporcionar una respuesta correcta y exhaustiva a las solicitudes de antecedentes penales judiciales que le van dirigidas acerca de sus nacionales. La mejora del acceso a la información relativa a las condenas pronunciadas en el territorio de la Unión Europea contra nacionales de terceros países será por su parte objeto de propuestas distintas.

6.2.2. Medidas adoptadas sobre la base de una evaluación intermedia / ex post (enseñanzas extraídas de anteriores experiencias similares):

6.2.3. Condiciones y frecuencia de evaluaciones futuras:

7. MEDIDAS ANTIFRAUDE

8. DESGLOSE DE LOS RECURSOS

8.1. Objetivos de la propuesta en términos de coste financiero

Créditos de compromiso en millones de euros (al tercer decimal)

Año n | Año n+1 | Año n+2 | Año n+3 | Año n+4 | Año n+5 |

Funcionarios o agentes temporales[25] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Personal financiado[26] con cargo al artículo XX 01 02 |

Personal financiado[27] con cargo al artículo XX 01 04/05 |

TOTAL |

8.2.2. Descripción de las tareas derivadas de la acción

8.2.3. Origen de los recursos humanos (estatutarios)

( Puestos actualmente asignados a la gestión del programa que se va a sustituir o ampliar

( Puestos preasignados en el ejercicio EPA/AP del año n

( Puestos que se solicitarán en el próximo procedimiento EPA/AP

( Puestos que se reasignan utilizando recursos existentes en el servicio gestor (reasignación interna)

( Puestos necesarios en el año n, pero no previstos en el ejercicio EPA/AP del año en cuestión

8.2.4. Otros gastos administrativos incluidos en el importe de referencia (XX 01 04/05 - Gastos de gestión administrativa)

millones de euros (al tercer decimal)

Línea presupuestaria (n° y denominación) | Año n | Año n+1 | Año n+2 | Año n+3 | Año n+4 | Año n+5 y ss. | TOTAL |

Otros tipos de asistencia técnica y administrativa |

- intramuros |

- extramuros |

Total asistencia técnica y administrativa |

8.2.5. Coste financiero de los recursos humanos y costes asociados no incluidos en el importe de referencia

millones de euros (al tercer decimal)

Tipo de recursos humanos | Año n | Año n+1 | Año n+2 | Año n+3 | Año n+4 | Año n+5 y ss. |

Funcionarios y agentes temporales (XX 01 01) |

Personal financiado con cargo al artículo XX 01 02 (auxiliares, END, contratados, etc.) (indique la línea presupuestaria) |

Coste total de los recursos humanos y costes afines (NO incluidos en el importe de referencia) |

Cálculo - Funcionarios y agentes temporales

Cálculo - Personal financiado con cargo al artículo XX 01 02

8.2.6. Otros gastos administrativos no incluidos en el importe de referencia millones de euros (al tercer decimal) |

Año n | Año n+1 | Año n+2 | Año n+3 | Año n+4 | Año n+5 y ss. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 - Misiones |

XX 01 02 11 02 - Reuniones y conferencias |

XX 01 02 11 03 - Comités[29] |

XX 01 02 11 04 - Estudios y consultoría |

XX 01 02 11 05 - Sistemas de información |

2 Total otros gastos de gestión (XX 01 02 11) |

3 Otros gastos de naturaleza administrativa (especifique e indique la línea presupuestaria) |

Total gastos administrativos, excepto recursos humanos y costes afines (NO incluidos en el importe de referencia) |

Cálculo - Otros gastos administrativos no incluidos en el importe de referencia

[1] JO C de , p. .

[2] JO C de , p. .

[3] DO C 12 de 15.1.2001, p. 10.

[4] DO C 216 de 1.8.2001, p. 14.

[5] DO C 53 de 3.3.2005, p.1.

[6] COM (2005) 10.

[7] Consejo de Europa, Serie de Tratados Europeos nº 30.

[8] DO C 197 de 12.7.200, p. 3.

[9] DO C de , p. .

[10] DO C […] de […], p. […].

[11] DO C […] de […], p. […].

[12] Consejo de Europa, Serie de Tratados europeos, nº 99.

[13] Consejo de Europa, Serie de Tratados Europeos, nº 182.

[14] DO C 197 de 12.7.2000, p. 1.

[15] DO C 326 de 21.11.2001, p. 1.

[16] Créditos disociados

[17] Créditos no disociados; en lo sucesivo, CND

[18] Gastos no cubiertos por el capítulo xx 01 del título xx correspondiente.

[19] Gastos correspondientes al artículo xx 01 04 del título xx.

[20] Gastos correspondientes al capítulo xx 01, excepto los artículos xx 01 04 y xx 01 05.

[21] Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional.

[22] Añada columnas en su caso, si la duración de la acción es superior a seis años.

[23] Si se indica más de un método, facilite detalles adicionales en la sección «comentarios principales» de este punto.

[24] Según se describe en el punto 5.3.

[25] Coste NO cubierto por el importe de referencia.

[26] Coste NO cubierto por el importe de referencia.

[27] Coste incluido en el importe de referencia.

[28] Indique la ficha financiera legislativa correspondiente a la agencia o agencias ejecutivas de que se trate.

[29] Angabe des jeweiligen Ausschusses sowie der Gruppe, der dieser angehört.