ES Diario Oficial de la Unión Europea C 85/16

Informe final del Consejero auditor en el asunto COMP/C.38.238/B.2 — Tabaco crudo España

(elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 2001/462/CE, CECA de la Comisión de 23 de mayo de 2001 relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia — DO L 162 de 19.6.2001, p. 21)

(2007/C 85/09)

El proyecto de decisión en este asunto suscita las siguientes observaciones:

El pliego de cargos identificaba dos infracciones del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE. Durante varios años en el sector español del tabaco crudo las transacciones de venta y compra del tabaco crudo se vieron influidas por carteles tanto de los productores como de las empresas de transformación. Su objetivo común consistía en fijar de antemano los elementos del precio que permitían delimitar al máximo el precio de transacción final de los fardos de tabaco crudo.

Los días 16,.17 y 19 de diciembre de 2003 se envió un pliego de cargos por una parte a los productores y asociaciones siguientes: ASAJA, UPA, COAG, CCAE, FNCT, ACOTAB, TABARES, y por otra a los transformadores: Cetarsa, Agroexpansión, WWTE Taes, Deltafina, y ANETAB, así como a las empresas matrices de los transformadores españoles (Dimon Incorporated, Intabex Netherlands B.V., Standard Commercial Corporation, Standard Commercial Tobacco Co Inc, Transcontinental Leaf Tobacco Corporation Ltd, Universal Corporation, y Universal Leaf Tobacco Company Inc).

El acceso al expediente se facilitó mediante de un CD-rom individualizado para cada destinatario que se transmitió con el pliego de cargos.

El pliego de cargos fijó un plazo de respuesta de dos meses y medio que se prorrogó dos semanas a petición de los productores.

Todos los destinatarios del pliego de cargos respondieron dentro del plazo establecido.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no2842/98 de la Comisión, algunas de las partes (Cetarsa, Agroexpansión, WWTE, Taes, Deltafina, ASAJA, UPA, COAG, CCAE Tabares, Acotab, FNCT, Universal Corporation, y Universal Leaf Tobacco Company Inc) solicitaron la celebración de una audiencia formal, que se desarrolló el 29 de marzo de 2004.

A raíz de las respuestas escritas al pliego de cargos y tras la audiencia formal, la Comisión clarificó la orientación del proyecto de decisión en dos aspectos.

En el pliego de cargos, la Comisión mantenía que se había celebrado entre los transformadores un acuerdo sobre precios por el que se fijaba el precio medio por variedad. En la audiencia y en sus respuestas escritas, los transformadores precisaron que al concertarse sobre el precio medio, llegaban así a uniformizar al máximo los precios finales que pagarían a los productores. La Comisión ha aceptado esta puntualización y la ha incorporado al proyecto de decisión el cual se refiere en lo sucesivo a los acuerdos entre los transformadores relativos al «nivel máximo del precio medio de todas las variedades de tabaco crudo».

Por último, por lo que respecta a la imputación de la infracción y a pesar de que ésta se mencionaba en el pliego de cargos, la Comisión no consideró finalmente que existiese responsabilidad de las empresas matrices de los transformadores Universal Corp, Universal Leaf, Intabex ni de la asociación de transformadores españoles (ANETAB) ya que su comportamiento podía disociarse del de sus miembros. Del mismo modo, la Comisión no consideró que las federaciones TABARES, ACOTAB y FNCT fuesen responsables ya que actuaban en calidad de ramas sectoriales de los sindicatos agrarios que ya son destinatarios del proyecto de decisión.

Además, el pliego de cargos contenía referencias a las negociaciones entre los representantes de los productores y los transformadores sobre horquillas de precios que habían tenido lugar a partir de 1999. De este modo, el texto generaba cierta ambigüedad por lo que se refiere a la definición de las infracciones contempladas en este asunto. El proyecto de decisión elimina esta ambigüedad.

Habida cuenta de lo que precede, considero que el derecho a ser oído se ha respetado en el presente asunto. A mi modo de ver, el proyecto de decisión se refiere solamente a los cargos respecto de los cuales las partes tuvieron la ocasión de exponer su punto de vista.