31. 7. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 193/1 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la seguridad general de los productos 
COM(89) 162 final — SYN 192 
(Presentada por la Comisión el 27 de abril de 1989) 
(89/C 193/01) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea y, en particular, su artículo 100A, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que conviene adoptar medidas destinadas a 
establecer progresivamente el mercado interior durante un 
periodo que termina el 31 de diciembre de 1992; que el 
mercado interior implica un espacio sin fronteras en el que 
la libre circulación de mercancías, personas, servicios y 
capitales está garantizada; 
Considerando que algunos Estados miembros han adopta­
do una legislación horizontal sobre la seguridad de los 
productos que impone, en particular, a los operadores 
económicos la obligación general de producir y comerciali­
zar únicamente productos seguros; que dichas legislaciones 
difieren en cuanto al nivel de protección de las personas; 
que estas disparidades y la falta de una legislación 
horizontal en otros Estados miembros pueden crear 
obstáculos al comercio y distorsiones de la competencia 
dentro del mercado interior; 
Considerando que es, por tanto, necesario establecer, a 
nivel comunitario, un requisito general de seguridad para 
todos los productos que se comercialicen, de modo que 
tales productos no presenten riesgos inadmisibles y se 
advierta a los usuarios potenciales de los demás riesgos; 
Considerando que las disposiciones de la presente Directiva 
se aplicarán sin perjuicio de las normas específicas del 
Derecho comunitario, especialmente de la legislación 
agraria y la relativa a la salud y la seguridad de los 
trabajadores en el trabajo, incluidas las consultas sobre 
dichas cuestiones; Considerando que un buen número de normas comunita­
rias o nacionales establecen requisitos específicos con 
respecto a la salud y la seguridad de las personas para un 
producto determinado o una categoría de productos 
determinada; que debe presumirse que los productos 
fabricados según dichas normas cumplen el requisito 
general de seguridad; que, no obstante, dicha presunción 
no debe impedir que las autoridades nacionales competen­
tes adopten medidas preventivas con respecto a un 
producto o categoría de productos que presente o pueda 
presentar un riesgo inadmisible para la salud y la seguridad 
de las personas; 
Considerando que es imposible adoptar una legislación 
comunitaria para cada producto que exista o que se pueda 
crear; que es necesario un marco legislativo horizontal 
amplio para tratar de esos productos, así como para colmar 
las lagunas de la legislación específica actual o futura, en 
particular, para asegurar un nivel de protección elevado de 
la salud y la seguridad de las personas, tal como dispone el 
apartado 3 del artículo 100A; 
Considerando que conviene completar la obligación de 
respetar el requisito general de seguridad con la obligación 
de los operadores económicos de controlar de forma 
permanente la seguridad de los productos que entren en la 
esfera de su actividad; 
Considerando que los Estados miembros deben prever que 
autoridades competentes controlen la seguridad de los 
productos con poderes para adoptar las medidas adecua­
das; 
Considerando que los Estados miembros deben velar por 
que sus autoridades competentes presten la atención debida 
a las reclamaciones motivadas sobre las características de 
seguridad de los productos prestados por los interesados; 
Considerando que, para un control eficaz de la seguridad 
de los productos, se requiere el establecimiento, a nivel 
nacional y comunitario, de un sistema de intercambio 
rápido de información sobre las situaciones de urgencia 
relacionadas con la seguridad de los productos; que 
conviene conferir a la Comisión el poder de establecer las 
normas detalladas de este sistema comunitario de intercam­
bio rápido de información; 
N° C 193/2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 7. 89 
Considerando que debe obligarse a los Estados miembros a 
restringir la comercialización de un producto que presente 
un riesgo inadmisible, inmediato y grave; 
Considerando que es preciso, para preservar la unidad del 
mercado, informar a la Comisión de toda medida que 
restrinja las condiciones de distribución o de comercializa­
ción de un producto; que este tipo de medidas sólo pueden 
adoptarse de conformidad con lo dispuesto en el Tratado, 
en particular, en los artículos 30 a 36; 
Considerando que es posible que los Estados miembros, al 
aplicar el requisito general de seguridad, tomen decisiones 
diferentes con respecto a un producto determinado; que 
tales diferencias pueden ser un obstáculo al comercio 
intracomunitario y, en algunos casos, una diferencia 
inadmisible en cuanto a la protección de usuarios y 
consumidores; 
Considerando que es necesario, por tanto, prever un 
mecanismo adecuado que permita la adopción de medidas 
aplicables en toda la Comunidad para hacer frente a 
situaciones de urgencia que afecten particularmente a la 
Comunidad; que, por su urgencia las medidas adoptadas 
en virtud de este procedimiento sólo deben tener un 
carácter temporal y deben ser tomadas por la Comisión, 
asistida por un Comité de representantes de los Estados 
miembros; que, en aras de la eficacia, conviene establecer 
un Comité de Gestión con arreglo al procedimiento II de la 
Decisión 87/373/CEE (*) del Consejo; 
Considerando que conviene procurar una mayor sensibili­
zación de la opinión pública respecto del problema de la 
seguridad de los productos, facilitando, para ello, el debate 
público sobre esta cuestión; 
Considerando que es necesario que los Estados miembros 
prevean los remedios apropiados en los casos en que las 
autoridades nacionales hayan adoptado medidas irregula­
res; 
Considerando que la adopción de medidas en virtud de la 
presente Directiva o de instrumentos legales más concretos 
que respondan al mismo fin no prejuzga, en si, ninguna 
responsabilidad jurídica ulterior con respecto a la repara­
ción de daños y perjuicios, en particular en virtud de las 
leyes nacionales adoptadas en aplicación de la Directiva 
85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a 
la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta­
rias y administrativas de los Estados miembros en materia 
de responsabilidad por los daños causados por productos 
defectuosos (2); 
Considerando que la adopción de medidas con respecto a 
productos importados para evitar riesgos para la salud y la 
seguridad de las personas debe efectuarse de conformidad 
con las obligaciones internacionales, HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Artículo 1 
1. La presente Directiva se aplicará a la seguridad de los 
productos desde el momento de su primera comercializa­
ción y durante todo el período de uso previsto. 
2. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en virtud de normas comunitarias más específi­
cas. 
3. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de otros 
procedimientos de notificación de la legislación comunita­
ria y, en particular, de la Directiva 83/189/CEE del 
Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia de normas y 
reglamentaciones técnicas (3), así como de la Decisión 
88/383/CEE de la Comisión, de 24 de febrero de 1988, por 
la que se establece la mejora de la información en el ámbito 
de la seguridad, la higiene y la salud en el lugar de 
trabajo (4). 
Artículo 2 
A los efectos de la presente Directiva: 
a) Por «producto» se entenderá cualquier producto 
agrícola o manufacturado, incluidos 
— toda parte que lo constituya, como materias primas, 
sustancias, componentes y productos semiacabados, 
— partes móviles integradas en partes fijas, 
— productos que hayan sido reacondicionados o 
cualquier otro producto que no se suministre en 
estado nuevo, siempre que su distribución se 
produzca en el curso normal de una transacción 
comercial; 
b) Por « producto seguro » se entenderá cualquier producto 
que no presente, en particular, en su diseño, composi­
ción, confección, funcionamiento, embalaje, condicio­
nes de montaje, mantenimiento o eliminación, instruc­
ciones de manejo y uso, ni en ninguna otra de sus 
características, un riesgo inadmisible para la seguridad 
y la salud de las personas, directa o indirectamente, en 
particular a través de sus efectos sobre otros productos o 
su asociación con éstos. 
c) El riesgo inadmisible se evaluará, sin perjuicio de la 
aplicación de requisitos más específicos para la salud y 
la seguridad como los que se contemplan en el artículo 
5, con arreglo a los siguientes criterios generales: 
aa) el uso o consumo previsto de un producto en 
circunstancias normales, teniendo en cuenta todas 
las observaciones al respecto del suministrador o la 
persona que lo represente, y cualquier otro uso o 
consumo razonablemente previsible. 
bb) el período de uso previsible. 
No se tendrán en cuenta el funcionamiento defectuoso o 
los defectos que presente un producto siempre que no 
afecten a las características de seguridad propiamente 
dichas. 
(!) DO n° L 197 de 18. 7. 1987, p. 33. 
(2) DO n° L 210 de 7. 8. 1985, p. 29. (3) DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 8. 
(4) DO n° L 183 de 14. 7. 1988, p. 34. 
31. 7. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 193/3 
La posibilidad de obtener niveles superiores de 
seguridad o de disponer de otros productos de la misma 
categoría, que presenten un menor grado de riesgo, no 
constituirá en si un motivo para considerar inadmisible 
el riesgo que presente un producto. 
d) Por « suministrador » se entenderá: 
— el fabricante de un producto, 
— el importador cuando el producto se importe a la 
Comunidad desde un tercer país; 
— los distribuidores y otros profesionales de la cadena 
de distribución en la medida en que sus actividades 
puedan afectar a las características de seguridad del 
producto comercializado. 
e) Por « vida útil» se entenderá el período durante el cual es 
razonable suponer que se puede utilizar el producto en 
circunstancias normales y para el uso al que está 
destinado. 
Artículo 3 
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias a fin de que sólo se comercialicen los productos 
seguros, independientemente de las condiciones de esta 
comercialización. 
Estas medidas se aplicarán a todas las actividades que 
puedan afectar a la seguridad de un producto, en particular, 
al tratamiento, transformación, embalaje, almacenamien­
to, transporte, instalación y, cuando proceda, también a su 
eliminación. 
Artículo 4 
1. Entre las medidas que los Estados miembros deben 
adoptar de conformidad con el artículo 3 se incluirán las 
necesarias para garantizar que, cuando un producto 
presente, por su propia naturaleza o por razones técnicas 
y/o económicas, un grado importante de riesgo, aceptable 
en si, éste aparezca indicado de la manera debida a fin de 
que el usuario o consumidor potencial sea consciente de tal 
riesgo, de manera que 
a) se tengan en cuenta, en particular, 
— el uso, consumo, embalaje, transporte y almacena­
miento previstos del producto en circunstancias 
normales, teniendo en cuenta todas las observacio­
nes al respecto del suministrador o la persona que lo 
represente, y cualquier otro uso o consumo razona­
blemente previsible, y 
— la comprensión y conocimiento que cabe razonable­
mente esperar del usuario o consumidor previsto o 
potencial 
b) se pueda percibir debidamente, en su caso, toda 
advertencia pertinente en cualquier fase del uso, 
consumo y eliminación, y, si fuere preciso, a lo largo de 
toda la vida de un producto. 2. La indicación del riesgo se presentará de forma tal que 
permita al usuario o consumidor previsto o potencial 
valorar por si mismo el riesgo, antes de que adquiera el 
producto o tenga que utilizarlo, cuando tal indicación 
constituya un elemento importante de su decisión de 
comprar o de utilizar el producto. 
Artículo 5 
1. Se presumirá que un producto satisface la obligación 
de comercializar solamente productos seguros, cuando 
haya sido fabricado de conformidad con las normas 
comunitarias o nacionales específicas que establecen los 
requisitos sobre higiene y seguridad que debe reunir tal 
producto para su comercialización. 
2. A falta de normas específicas, el cumplimiento del 
requisito general de seguridad de un producto determinado 
o categoría de productos determinados se evaluará en 
función de la evolución técnica y de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, incluidas la viabilidad del 
producto y las prácticas comerciales correctas en materia 
de seguridad y de higiene en el sector de que se trate. 
Artículo 6 
Entre las medidas que los Estados miembros deben adoptar 
de conformidad con el artículo 3 se incluirá la de asegurar 
que el suministrador de un producto organice adecuada­
mente un seguimiento permanente de la seguridad de los 
productos que suministre, tal como se señala en la lista 
indicativa del Anexo I a fin de mantenerse debidamente 
informado de cualquier riesgo inadmisible que puedan 
presentar dichos productos y evaluar dicha información 
para evitar tal riesgo. En el caso de distribuidores o 
profesionales distintos del fabricante o importador, la 
obligación de realizar un seguimiento se aplicará solamente 
a sus actividades y en la medida en que éstas pueden afectar 
a la seguridad del producto. 
Artículo 7 
1. Los Estados miembros 
a) crearán y/o designarán los organismos encargados de 
controlar que los productos satisfacen la obligación de 
comercializar solamente productos seguros; 
b) garantizarán, al mismo tiempo, la competencia técnica e 
imparcialidad de dichos organismos, en su caso, 
basándose en las normas europeas armonizadas corres­
pondientes ; 
c) velarán porque los mencionados organismos tengan las 
competencias necesarias para adoptar las medidas 
apropiadas que les corresponda tomar en virtud de la 
presente Directiva; la lista indicativa de tales competen­
cias figura en el Anexo 2; 
N° C 193/4 Diario Oficial de las. Comunidades Europeas 31. 7. 89 
d) velarán por que los organismos competentes puedan 
tener en cuenta y, en su caso, recabar, de forma 
permanente y regular los datos necesarios de fuentes que 
puedan indicar la probable existencia de riesgos en los 
productos, en particular basándose en pruebas de 
accidentes, casos de enfermedad u otras lesiones 
corporales, 
— que sean atribuibles a alguna de las propiedades de 
un producto, 
— que sean graves y/o puedan producirse de nuevo, y 
— que no se deban a una mala utilización, evidente o 
imprevisible, del producto o a la inobservancia de 
una instrucción o aviso; 
e) velarán por que los organismos competentes atiendan 
debidamente las reclamaciones motivadas sobre la 
seguridad de los productos, sobre todo las procedentes 
de organizaciones de consumidores, asociaciones 
profesionales y trabajadores, así como de sus represen­
tantes ; 
f) notificarán a la Comisión cuáles son estos organismos. 
La Comisión comunicará, a su vez, esta información a 
los demás Estados miembros y la publicará en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 
2. La conformidad de un producto con los criterios de 
valoración enumerados en el artículo 5 y, en particular, las 
normas específicas mencionadas en el apartado 1, no 
impedirá que las autoridades competentes de los Estados 
miembros puedan adoptar, según los procedimientos 
aplicables al caso, cualquiera de las medidas preventivas 
previstas en la presente Directiva, o cualquier otra medida 
prevista en una legislación específica aplicable a un 
producto determinado o una categoría de productos 
determinada, cuando haya pruebas de que un producto, a 
pesar de su conformidad, presenta puede presentar un 
riesgo inadmisible. 
Artículo 8 
1. Cuando un Estado miembro se proponga adoptar o 
haya adoptado medidas, en virtud de los artículos 7 y 10, 
que restrinjen la comercialización de un producto o que 
requieren su retirada del mercado, informará inmediata­
mente a la Comisión sobre dicha medida, indicando las 
razones para su adopción, siempre que no exija dicha 
notificación una legislación comunitaria específica aplica­
ble a dicho producto determinado o categoría de productos 
determinada. Esta obligación no se aplicará si la medida 
produce únicamente un efecto local. Artículo 9 
1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias para que la información sobre la existencia o la 
probable existencia de un riesgo inadmisible que presente 
un producto comercializado o que pueda ser comercializa­
do en su territorio, si se trata de un riesgo que es o que 
puede ser grave e inmediato, sea rápidamente intercambia­
da entre las autoridades competentes a fin de reunir y 
valorar toda la información pertinente de la manera más 
efectiva. 
2. Cuando un Estado miembro esté informado sobre la 
existencia o probable existencia de un riesgo grave e 
inmediato cuyos efectos no son únicamente locales, 
informará inmediatamente de ello a la Comisión y acerca 
de las medidas que ha adoptado o se propone adoptar, 
especialmente las contempladas en el artículo 10. La 
Comisión garantizará, en su caso, la transmisión rápida de 
dicha información, a los otros Estados miembros. 
Esta obligación no se aplicará a los productos que, en 
virtud de otros instrumentos comunitarios, estén sujetos a 
procedimientos de notificación equivalentes. 
3. La Comisión, de acuerdo con las autoridades compe­
tentes de los Estados miembros, establecerá los procedi­
mientos detallados de transmisión de la información a que 
se refiere el apartado 2. 
4. Siempre que la Comisión tenga conocimiento de la 
posible existencia de un riesgo en los términos del apartado 
1, sin haber recibido información con arreglo al apartado 2, 
el Estado miembro de que se trate suministrará inmediata­
mente a la Comisión, a petición de ésta, toda la 
información pertinente de que disponga o pueda obtener 
sobre este asunto. 
5. Los Estados miembros designarán a la autoridad 
competente que estará facultada y dotada del equipo 
adecuado para cooperar eficazmente con la Comisión de 
conformidad con los apartados 2 y 4 y ejecutar rápidamen­
te las medidas adoptadas con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 14. Los Estados miembros 
informarán de ello a la Comisión. 
Artículo 10 
1. a) Cuando la autoridad competente de un Estado 
miembro tenga razones fundadas para sospechar que 
un producto presenta un riesgo inadmisible, de 
carácter inmediato y grave, tomará una decisión 
prohibiendo a las personas a las que vaya dirijida 
suministrar, proponer o aceptar suministrar o 
exponer el producto durante un plazo que termina­
rá, a más tardar, tres meses después de la fecha de 
dicha notificación. 
2. Las medidas nacionales que se hayan notificado de 
conformidad con el apartado 1 serán examinadas con 
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 14; la 
Comisión podrá presentar un proyecto de medidas 
apropiadas. b) La decisión a que se refiere la letra a) podrá imponer 
determinados requisitos en cuanto al etiquetado u 
otro tipo de aviso que acompañe al producto, como 
condición para la reanudación del suministro de 
dicho producto. 
31. 7. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 193/5 
c) Cualquier persona interesada en un producto 
respecto del cual se haya tomado una decisión podrá 
solicitar a las autoridades competentes que anulen la 
decisión. 
2. Cuando la autoridad competente de un Estado 
miembro compruebe que un producto presenta un riesgo 
inadmisible de carácter inmediato y grave, adoptará las 
medidas adecuadas para retirarlo del mercado o prohibir o 
restringir su comercialización. 
Artículo 11 
Siempre que, mediante información suministrada por los 
Estados miembros, en particular, en virtud del artículo 9, o 
mediante notificación de los Estados miembros, en virtud 
del artículo 8, la Comisión tenga conocimiento de la posible 
existencia de un riesgo inmediato y grave relacionado, 
directa o indirectamente, con las características de 
seguridad de un producto, 
a) que afecte o es probable que afecte gravemente, de 
forma directa o indirecta, a la salud y la seguridad de un 
número indeterminado de personas en más de un Estado 
miembro, y 
b) al que no pueda hacerse frente adecuadamente, 
teniendo en cuenta especialmente la urgencia y/o la 
complejidad del problema de seguridad de un producto, 
en el marco de los procedimientos de información, 
consulta, concertación y de decisión y de competencias 
afines previstas en la legislación comunitaria específica 
aplicable al producto o categoría de productos, y 
c) al que sólo pueda hacerse frente de manera apropiada 
adoptando medidas adecuadas aplicables en toda la 
Comunidad, a fin de garantizar la protección de las 
personas y el buen funcionamiento del mercado común, 
iniciará el procedimiento de consulta e investigación 
previsto en el artículo 12 o bien tomará directamente 
medidas adecuadas de carácter temporal para evitar el 
riesgo, como las mencionadas en las letras d) a i) del punto 
2 del Anexo 2, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 14. 
Artículo 12 
1. Cuando la Comisión decida iniciar un procedimiento 
de conformidad con el presente artículo, comunicará 
inmediatamente tal decisión a los Estados miembros, 
exponiendo suscintamente las pruebas disponibles. 
2. Dentro de los límites impuestos por las circunstancias y 
la urgencia del problema de seguridad de productos 
planteado, la finalidad del procedimiento es 
— obtener información completa sobre la naturaleza y la 
amplitud del riesgo, 
— determinar las causas y evaluar las posibles medidas 
preventivas, — examinar a fondo la necesidad de adoptar medidas 
adecuadas aplicables en toda la Comunidad. 
3. A instancia de la Comisión, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias y adecuadas, a los efectos 
del presente procedimiento, en particular, las que se 
mencionan en las letras a), b) y c) del punto 2 del Anexo 2 
para obtener la información apropiada. Los Estados 
miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión las 
conclusiones y los resultados de tales medidas. 
4. La Comisión comunicará a los Estados miembros los 
resultados de la investigación. 
Artículo 13 
La Comisión estará asistida por un Comité de urgencia en 
materia de seguridad de los productos, en lo sucesivo 
denominado el «Comité», compuesto por representantes 
de los Estados miembros y presidido por el representante de 
la Comisión. 
Artículo 14 
1. El representante de la Comisión someterá al Comité un 
proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Comité 
emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el 
presidente podrá fijar en función de la urgencia del asunto. 
El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el 
apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de 
aquellas decisiones que el Consejo debe tomar a propuesta 
de la Comisión. En el momento de la votación en el seno del 
Comité, los votos de los representantes de los Estados 
miembros se ponderarán en la forma prevista en el citado 
artículo. El presidente no tomará parte en la votación. 
La Comisión adoptará medidas, que serán de inmediata 
aplicación. No obstante, si tales medidas no se ajustan al 
dictamen emitido por el Comité, la Comisión comunicará 
inmediatamente dichas medidas al Consejo. En este caso, la 
Comisión podrá aplazar la aplicación de las medidas que 
haya decidido durante un período de cinco días hábiles a 
partir de la fecha de dicha comunicación. 
El Consejo podrá tomar una decisión diferente, por 
mayoría cualificada, dentro del plazo previsto en el párrafo 
anterior. 
2. Toda medida, adoptada en virtud de este procedimien­
to, será válida durante un período máximo de seis meses. 
Podrá prorrogarse con arreglo al mismo procedimiento. 
3. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias para aplicar, en un plazo de 10 días, las 
decisiones adoptadas en virtud de este procedimiento. 
4. Las autoridades competentes de los Estados miembros 
encargadas de aplicar las medidas adoptadas en virtud de 
este procedimiento ofrecerán a las partes interesadas la 
N° C 193/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 7. 89 
oportunidad de exponer su punto de vista en el plazo de un 
mes e informarán de ello a la Comisión. 
Artículo 15 
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias para que cualquier información sobre las 
características de seguridad de un producto amparada por 
el secreto profesional, que haya sido revelada a las 
autoridades competentes, tenga carácter confidencial con 
excepción de la información que, según exijan las 
circunstancias, deba hacerse pública para proteger adecua­
damente la salud y la seguridad de las personas. 
Artículo 16 
La presente Directiva no prejuzga la aplicación de la 
Directiva 85/374/CEE. 
Artículo 17 
1. Toda decisión adoptada en virtud de la presente 
Directiva y que restrinja la comercialización de un 
producto o requiera la retirada de un producto del mercado 
deberá indicar las razones precisas en que se basa. Se 
notificará, con la mayor brevedad posible, a la parte 
interesada, a quién se informará simultáneamente de los 
recursos de que dispone con arreglo a la legislación vigente 
en el Estado miembro de que se trate y de los plazos 
aplicables a dichos recursos. 
Siempre que sea factible, se ofrecerá a las partes interesadas 
la oportunidad de exponer sus puntos de vista antes de la 
adopción de la medida. Si ello no fuere posible, en 
particular debido a la urgencia del asunto, se ofrecerá esta 
oportunidad en el momento oportuno tras la aplicación de 
la medida. 
Las medidas que requieran la retirada de un producto del 
mercado comprenderán disposiciones destinadas a procu­
rar que lo tengan en su poder tal producto, especialmente los distribuidores, usuarios y consumidores finales que 
estén más dispuestos a facilitar su retirada. 
2. Los Estados miembros dispondrán en su legislación 
que ninguna persona, física o jurídica, que ponga en duda 
públicamente las características de seguridad de un 
producto o categoría de productos con el único propósito 
de conseguir una mayor sensibilización de la opinión 
pública sobre los problemas de salud y seguridad sea 
responsable de las consecuencias económicas de tal debate 
público, siempre que tales afirmaciones sean realmente 
pertinentes, hechas de buena fe y sin discriminación, 
presentadas de manera objetiva y respaldadas por argu­
mentos fundados. 
3. Los Estados miembros establecerán los mecanismos 
legales y administrativos necesarios para que los suminis­
tradores de productos, cuya seguridad sea puesta en duda 
de forma diferente a la descrita en el apartado 2, puedan 
pedir la reparación por los medios apropiados. 
4. Los Estados miembros velarán por que cualquier 
medida irregular de las autoridades competentes, que 
restrinja la comercialización de un producto, pueda ser 
objeto de recurso ante los tribunales. 
Artículo 18 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias, 
incluidas las sanciones adecuadas, para cumplir la presente 
Directiva, a más tardar, el 1 de enero de 1991. Informarán 
inmediatamente de ello a la Comisión. 
2. Las disposiciones adoptadas en virtud del apartado 1 
se referirán explícitamente a la presente Directiva. 
Artículo 19 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados 
miembros. 
ANEXO 1 
LISTA INDICATIVA DE MEDIDAS PARA FACILITAR EL SEGUIMIENTO MENCIONADO EN EL 
ARTÍCULO 6 
a) Marcar el producto o el lote de productos de manera que pueda identificarse en una fase posterior. 
b) Someter a pruebas regulares o aleatorias las propiedades de seguridad de un producto. 
c) Concertar los acuerdos oportunos con otros proveedores, clientes profesionales y organizaciones 
empresariales del sector o sectores de productos de que se trate para recibir e intercambiar, de forma regular, 
información sobre cuestiones de seguridad de dicho sector o sectores. 
d) Valorar y evaluar sistemáticamente las reclamaciones relativas a un producto o las razones por las que se 
han producido devoluciones, aunque éstas no estén directamente relacionadas con sus propiedades de 
seguridad. 
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e) Registrar debidamente y regularmente todas estas medidas y los resultados obtenidos. 
f) Cuando sea necesario para conseguir un control efectivo, encargar a una persona o a un servicio la 
organización de las medidas mencionadas y la supervisión de su funcionamiento. 
ANEXO 2 
LISTA INDICATIVA DE COMPETENCIAS DE LOS ORGANISMOS NACIONALES 
1. Competencias para la adopción de medidas a fin de: 
— organizar controles de la seguridad de los productos a escala adecuada, incluso después de haber sido 
comercializados como seguros; especialmente, para detectar el grado remanente de peligro hasta la fase 
de uso o consumo final y, llegado el caso, hasta la eliminación del producto, 
— supervisar el cumplimiento por los suministradores de las disposiciones sobre control permanente. 
2. Competencias para la adopción de medidas preventivas como: 
a) recabar información de las partes interesadas, como los suministradores, y, si procede, de cualquier otra 
persona física o jurídica; 
b) pedir muestras de un producto o un grupo de productos, incautarse de productos y, si fuese necesario, 
entrar, con este fin, en locales e instalaciones. 
c) aumentar el número y alcance de los controles, comprobaciones, pruebas, análisis y similares, 
normalmente previstos para un producto o grupo de productos, u otras medidas necesarias con el mismo 
fin. 
d) publicar en los medios de comunicación apropiados y de la manera adecuada avisos públicos dirigidos a 
todos los que, en circunstancias normales, se pueden considerar usuarios o consumidores del producto 
en cuestión, y, si fuera necesario, también al público en general. 
e) requerir a los fabricantes, importadores y, si fuera preciso, a todos los demás profesionales y, llegado el 
caso, también a los usuarios o consumidores finales para que adviertan convenientemente a todas las 
personas que puedan estar expuestas al riesgo que entraña el producto, incluido el público en general, si 
fuera necesario; 
f) solicitar a los fabricantes que coloquen los avisos necesarios en el producto en cuestión; cuando el caso 
así lo pida, dicha solicitud se dirigirá también a los distribuidores y otros profesionales; 
g) imponer las restricciones oportunas a las condiciones de distribución y comercialización y, llegado el 
caso, de eliminación de un producto; 
h) pedir los cambios que sean necesarios en un producto o grupo de productos o prohibir, temporal o 
definitivamente, que siga la fabricación o la comercialización o, si se trata de materias primas, 
sustancias, componentes, semiproductos u otros elementos constitutivos, prohibir su uso, 
incorporación o combinación con determinadas categorías o tipos de productos; 
i) retirar un producto ya comercializado, incluso si pertenece a un usuario o consumidor final, y, si fuera 
necesario, destruirlo en las condiciones debidas; según las circunstancias, las autoridades de los Estados 
miembros procederán 
aa) a invitar al fabricante a que retire voluntariamente, de la manera más efectiva, el producto en 
cuestión; 
bb) ordenar a los fabricantes la retirada de dicho producto de la manera más efectiva; 
ce) incautarse del producto de que se trate en cualquier fase del proceso de fabricación y de la cadena 
de distribución, y, si fuera necesario, en los locales de los usuarios y de los consumidores finales o 
en sus domicilios.