8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 35/25 
inadmisible la información al público, las autorida­
des deberían tener poderes para imponer sanciones 
contra ella en la forma, por ejemplo, de censura 
pública, suspensión temporal de la cotización en 
bolsa, etc. 
Artículo 8 
La cooperación prevista en este artículo entre las « auto­
ridades competentes » dotadas de las « competencias y 
poderes de control» necesarios, en conjunción con la 
ampliación —conforme al artículo 10— del comité de 
contacto creado por la Directiva de 5 de marzo de 1979, 
se juzga acertada, por hacer superflua una autoridad 
europea especial. 
Artículo 11 
Habida cuenta que el Tratado CEE no brinda base 
alguna para procedimientos penales, hay que pregun­
tarse hasta qué punto cabe obligar a los Estados miem­
bros, de conformidad con el artículo 11 de la propuesta 
de Directiva, a que sancionen las infracciones contra 
las normas de la Directiva. La Comisión debería poder agotar todas las posibilidades que brinda el comité de 
contacto conforme al artículo 10 así como, en su caso, 
el recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia, con 
el fin de que las infracciones se sancionen de modo 
equivalente y no absolutamente dispar en los distintos 
países. De otro modo, las operaciones de iniciados se 
concentrarían en los Estados miembros que impusieran 
penas más bajas. 
Artículo 12 
Parece indicado coordinar el contenido y el calendario 
de la presente Directiva con los de la propuesta de 
directiva elaborada por la Comisión sobre los asesores 
de inversiones. La información privilegiada excluida del 
ámbito del artículo 6 de la presente Directiva podría 
reglamentarse en su caso mediante la directiva referente 
a los asesores de inversiones. Hay que pensar, por 
ejemplo, en la publicación de servicios de información 
bursátiles obtenidos a título personal o los consejos de 
inversión « hot line» que se basan en supuesta informa­
ción privilegiada, o que la simulan mediante informa­
ción deliberadamente falseada, con el fin de hacer nego­
cio con los valores recomendados a costa de la persona 
« asesorada ». 
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 1987. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre el control de la adquisición y 
tenencia de armas 
(88/C 35/11) 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea, el 21 de septiembre de 1987 el Consejo decidió consultar al Comité 
Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de asunto sociales, familiares, educación y cultura, encargada de preparar los 
trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 10 de diciembre de 1987, basándose en el 
informe del Sr van Dam. 
El Comité Económico y Social en su 251a Sesión Plenaria, sesión del 17 de diciembre de 1987, 
adoptó el siguiente dictamen por mayoría y 11 abstenciones: 
1. Observaciones generales 
1.1. En su Libro blanco, la Comisión anunció, con 
vistas a la realización del mercado único en 1992, que 
presentaría una propuesta relativa a la aproximación 
de las legislaciones que en materia de armas se hallan 
vigentes en los Estados miembros (Libro blanco, apar­tado 55). Según la exposición de motivos, la realización 
del mercado interior tendrá como consecuencia, tal y 
como lo prevé el Libro blanco, la eliminación de las 
barreras físicas. Las garantías ofrecidas actualmente 
por la posibilidad de efectuar controles en las fronteras 
deberán sustituirse, a más tardar el 31 de diciembre 
de 1992, por garantías derivadas de procedimientos y 
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controles equivalentes pero efectuados dentro de los 
Estados miembros y no en las fronteras interiores. La 
presente propuesta tiene por objeto establecer un proce­
dimiento administrativo, aplicable en todos los Estados 
miembros, relativo a la transferencia de armas de un 
Estado miembro a otro. La adopción de dicho procedi­
miento permitiría suprimir todo control de armas en 
las fronteras. 
1.2. El Comité siempre ha apoyado la realización en 
1992 del gran mercado interior, incluidos los aspectos 
sociales. Por consiguiente, y a reserva de las siguientes 
observaciones, aprueba el principio de la supresión de 
los controles sobre la tenencia de armas en las fronteras 
intracomunitarias. 
1.3. No obstante, el Comité considera que la presente 
propuesta en Directiva es, en su forma actual, total­
mente insuficiente para asegurar la realización del obje­
tivo mencionado en el punto 1.1, es decir que la sustitu­
ción de los controles en las fronteras internas se efectúe 
en condiciones aceptables, especialmente en lo que 
respecta a la seguridad de los ciudadanos comunitarios. 
La necesaria realización de la «Europa de los ciudada­
nos » no debe hacerse en detrimento de su seguridad. 
En ausencia de disposiciones más estrictas y medidas 
complementarias, la presente propuesta podría tener 
como consecuencia involuntaria la facilitación de la 
adquisición y el tráfico ilícitos de armas. 
Por consiguiente, el Comité considera que, además de 
reforzar determinadas disposiciones de la presente pro­
puesta en el sentido de una mayor seguridad, es preciso 
adoptar medidas complementarias. En el marco de la 
lucha contra el terrorismo y la delincuencia, por ejem­
plo, es preciso aumentar la cooperación entre los servi­
cios de policía y de seguridad de los Estados miembros 
(véase a este respecto, la acción del grupo Trevi). Dentro 
de esa misma perspectiva de lograr un mayor nivel de 
seguridad, debería existir la posibilidad de ejercer un 
control sobre la tenencia de armas en fronteras concre­
tas como la de la República de Irlanda y el Reino Unido. 
1.4. Debido a la enorme disparidad de las legislacio­
nes nacionales en materia de armas y a la necesidad de 
respetar el plazo de 1992, la Comisión ha renunciado 
a proponer la armonización efectiva y progresiva de 
dichas legislaciones, que sería, en opinión del Comité, 
la solución más adecuada. A este respecto, conviene 
señalar que el procedimiento previsto por la Comisión 
respecto del establecimiento obligatorio de un registro 
lleva a una cierta armonización de las disposiciones 
legislativas. 
1.5. Los armeros ocupan un lugar central en el proce­
dimiento administrativo propuesto, al otorgarles un 
papel importante en la aplicación de las medidas previs­
tas. Se trata, en realidad, de la participación de un 
particular en un procedimiento que compete a las auto­
ridades públicas. La responsabilidad asignada a los 
armeros exige reunir una serie de garantías y condicio­
nes (véanse las observaciones específicas). 1.6. Se debe fortalecer el papel de las autoridades 
públicas en las diferentes fases de los procedimientos 
previstos. 
1.7. Las disposiciones del apartado 2 del artículo 9 
establecen que los Estados miembros deben fortalecer 
los controles en las fronteras exteriores. El Comité 
considera esta disposición muy importante y estima que 
su redacción no refleja dicha importancia. El Comité 
pone de relieve la imperiosa necesidad de que los Esta­
dos miembros refuercen los controles de tenencia de 
armas en las fronteras exteriores de la Comunidad. 
Cualquiera que sea la solución arbitrada para sustituir 
el control de armas en las fronteras intracomunitarias, 
deberá ir acompañada simultáneamente por un fortale­
cimiento suficiente del control en las fronteras exterio­
res. Los Estados miembros deberán conceder especial 
atención a este aspecto del problema. 
1.8. Las observaciones generales precedentes de­
muestran claramente que el Comité tiene muchas reser­
vas respecto de las orientaciones de la propuesta de la 
Comisión. No obstante, teniendo en cuenta los trabajos 
preparatorios y como complemento de sus observacio­
nes generales, el Comité ha estimado necesario formular 
un cierto número de observaciones específicas que, de 
tenerse en cuenta, podrían mejorar el contenido de la 
propuesta. 
2. Observaciones específicas 
2.1. Artículo 1 y anexo 
2.1.1. El Comité observa que las definiciones que 
figuran en este artículo y en el anexo se inspiran en las 
de documentos internacionales anteriores tales como el 
Convenio Benelux de 9 de diciembre de 1970 en materia 
de armas y municiones (ratificado por uno de los tres 
países) y el Convenio del Consejo de Europa de 28 de 
junio de 1978 (ratificado por cuatro de los doce países 
de la Comunidad Europea). 
2.1.2. Debería revisarse el anexo de la propuesta de 
Directiva teniendo en cuenta los siguientes elementos: 
— dificultades específicas planteadas por el control de 
la venta de municiones que, con arreglo al anexo, 
también se consideran armas de fuego, 
— puntualización de los siguientes conceptos: «que 
haya quedado definitivamente inadecuado para el 
uso» (punto i del anexo), «débil potencia» (punto 
ii del anexo) y objeto concebido «con fines de 
alarma» (punta iii del anexo). 
2.2 Artículo 2 
2.2.1. Las disposiciones previstas en el apartado 2 de 
este artículo deberán analizarse en conjunción con las 
que figuran en el apartado 3 del artículo 6, destinadas 
a evitar que se infrinjan las normas de competencia 
8. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 35/27 
debido a la protección del mercado nacional de armas. 
Este objetivo debería destacarse más claramente en la 
redacción del texto. 
2.3. Artículo 3 
2.3.1. Habida cuenta de las observaciones formula­
das supra relativas al papel del armero en el procedi­
miento previsto, importa establecer una serie de garan­
tías y condiciones, especialmente en lo que respecta a: 
— las cualificaciones que debería exigirse a los armeros 
(estatuto y formación muy variables según los Esta­
dos miembros) para que puedan realizar convenien­
temente los trámites que tendrán que cumplir. Hay 
que aumentar las garantías exigidas a los armeros 
encargados de contribuir a la aplicación de las medi­
das previstas, 
— el control sobre el cumplimiento de sus funciones 
por parte de los armeros y las eventuales sanciones 
(artículo 10), 
— la remuneración por las prestaciones suplementarias 
que se exigiría a los armeros (especialmente en 
aplicación del artículo 3 y del artículo 4 relativo a 
la venta a particulares). 
2.3.2. Se aprueba el principio de establecer un regis­
tro que permita identificar al adquirente de un arma de 
fuego. En lo que respecta a la competencia de dicho 
registro, el Comité se remite a sus observaciones gene­
rales. 
2.3.3. El Comité considera que la transferencia de 
un arma de fuego al país de residencia deberá realizarla 
un armero debidamente autorizado por las autoridades 
de dicho país (véase el artículo 6). 
2.4. Artículo 4 
2.4.1. Es preciso señalar que lo dispuesto en este 
artículo no se aplica a las ventas o cesiones entre perso­
nas residentes en el Estado miembro en que se efectúa 
la venta o la cesión (caso en que el vendedor es un 
particular). 
2.5. Artículo 5 
2.5.1. Con arreglo al artículo 5, los Estados miem­
bros prohibirán la entrega de armas de fuego a las 
personas que residan en otro Estado miembro, a menos 
que estas últimas hayan sido autorizadas por el Estado 
miembro de residencia. Es preciso asegurarse de que 
esta disposición se compagine con la del párrafo 3 del 
apartado 2 del artículo 6, que especifica que el Estado 
miembro destinatario únicamente será informado de 
la transferencia (véanse las observaciones relativas al 
artículo 6). 
El Comité manifiesta su preocupación por el carácter 
impreciso de este artículo. La tenencia y el comercio de armas deben estar sujetos 
a un control eficaz. El Comité considera que la entrega 
de armas a particulares debe someterse a un control 
más estricto. Sólo debería ser autorizada por el Estado 
en que se realiza la venta, previa autorización del Estado 
miembro destinatario. En general, el Comité insta al 
Consejo para que fomente la adopción de disposiciones 
que permitan un control estricto de la venta de armas 
a particulares. 
2.5.2. El Comité observa que corresponderá a los 
Estados miembros fijar los medios para garantizar que 
las armas de fuego entregadas a personas que residen 
en un país tercero salgan efectivamente del territorio 
comunitario. El Comité manifiesta reservas respecto del 
pasaje relativo a los habitantes de países terceros. No 
oculta su temor de que este pasaje se interprete como 
una dejación por parte de la Comunidad de sus compro­
misos en materia de seguridad y de lucha contra el 
tráfico ilícito de armas y la violencia criminal. 
2.5.3. En lo que respecta a la venta y entrega de 
municiones mencionada en el apartado 2, el Comité 
considera que los términos « en pequeñas cantidades » 
son demasiado imprecisos y pueden prestarse a interpre­
taciones divergentes. 
2.6. Artículo 6 
2.6.1. Con arreglo al procedimiento de transferencia 
del artículo 6, el Estado miembro de procedencia expe­
dirá el permiso de transferencia de un arma al otro 
Estado miembro. Deberían precisarse las disposicones 
de este artículo, especialmente en lo relativo a: 
— las responsabilidades del Estado miembro de proce­
dencia respecto del control de la operación en el 
plano de la seguridad (transporte y/o llegada al otro 
Estado miembro), 
— las condiciones de transporte en términos de seguri­
dad (tipo de contenedor, cerraduras, precintos sella­
dos, etc.), 
— el lugar del Estado miembro destinatario a donde 
llega el arma. Teniendo en cuenta las observaciones 
anteriores relativas al artículo 3, debe preverse que 
la transferencia de un arma al país de residencia 
deberá realizarse a través de un armero debidamente 
autorizado por las autoridades de dicho país. 
2.6.2. El Comité apreciaría que, en un esfuerzo de 
clasificación de la situación futura, la Comisión tratara, 
en la exposición de motivos de su propuesta, las conse­
cuencias de la adopción de su propuesta en los regíme­
nes de licencias de importación y exportación en vigor 
en los Estados miembros, tanto en los intercambios 
intracomunitarios como en los intercambios con terce­
ros países. El Comité estima que es necesario evitar la 
coexistencia de dos regímenes de licencias. 
2.7. Artículo 7 
2JA. El Comité observa que será muy difícil o 
incluso imposible controlar el cumplimiento del plazo 
de 48 horas mencionado al final del apartado 1. 
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2.7.2. Se aprueba el principio de una normativa 
menos estricta en lo que atañe a la tenencia de armas 
de fuego de caza o de deporte durante un viaje a través 
de dos o más Pistados miembros. Es de temer que las 
modalidades de obtención de la « declaración » prevista 
en este caso no sean suficientemente flexibles y prácti­
cas, especialmente en lo relativo a las indicaciones 
requeridas en el cuarto guión del apartado 2. Conven­
dría evitar que las personas interesadas tuviesen que 
pasar por trámites fastidiosos y repetitivos. El Comité 
recomienda la creación de un permiso internacional 
válido en toda la Comunidad. Este permiso podría 
incluir, entre otras cosas, las informaciones que figuran 
en los tres primeros guiones del apartado 2 del artículo 
7. Gracias a este documento, las personas interesadas 
podrían obtener con mayor facilidad la autorización 
exigida de las autoridades del país en que se halla el 
arma. 
2.8 Artículo 8 
Sin observaciones. 
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 1987. 2.9. Artículo 9 
2.9.1. El endurecimiento de los controles sobre la 
tenencia de armas en las fronteras exteriores de la 
Comunidad constituye la necesaria contrapartida de la 
supresión de los controles en las fronteras intracomuni-
tarias. El Comité concede especial importancia al forta­
lecimiento efectivo del control en las fronteras exterio­
res por las autoridades responsables de los Estados 
miembros: la Comisión no dispone de los medios nece­
sarios para organizar este tipo de controles. Corres­
ponde al Consejo velar por que las autoridades respon­
sables de los Estados miembros hagan lo necesario para 
conseguir el fortalecimiento efectivo del control sobre 
la tenencia de armas en las fronteras exteriores de la 
Comunidad. 
2.9.2. Debería especificarse si los « medios de trans­
porte » contemplados en el apartado 3 de este artículo 
incluyen o no los transportes individuales. 
2.10. Artículos 10, 11 y 12 
Sin observaciones. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT