RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN relativa a las orientaciones generales de política económica 2001 para los Estados miembros y la Comunidad - establecidas de conformidad con el apartado 2 del artículo 99 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

ÍNDICE

I. Orientaciones generales de política económica

1. Introducción

2. Prioridades y requisitos principales

2.1 La coyuntura reciente y sus perspectivas

2.2 Principales desafíos

3. Recomendaciones

3.1 Asegurar la aplicación de políticas macroeconómicas de crecimiento y estabilidad

3.2 Mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas

3.3 Robustecer los mercados de trabajo

3.4 Dotarse de mercados eficientes de productos (bienes y servicios)

3.5 Promover la eficacia e integración del mercado de servicios financieros de la UE.

3.6 Fomentar el espíritu emprendedor

3.7 Impulsar la economía del conocimiento

3.8 Potenciar la sostenibilidad del medio ambiente

II. Orientaciones específicas por países

1. Bélgica

2. Dinamarca

3. Alemania

4. Grecia

5. España

6. Francia

7. Irlanda

8. Italia

9. Luxemburgo

10. Países Bajos

11 Austria

12. Portugal

13. Finlandia

14. Suecia

15. Reino Unido

I. Orientaciones generales de política económica

1. Introducción

Hace un año, en Lisboa, la Unión Europea se dio un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: "convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor cohesión social". Las Orientaciones Generales de Política Económica de 2000 (OGPE) establecieron una estrategia política integral para cumplir esta ambición. Esta estrategia comprende políticas macroeconómicas sanas y reformas económicas integrales de los mercados de trabajo, productos y capitales. Estas políticas deben sustentar un crecimiento económico robusto a corto plazo, consolidar la base del futuro crecimiento a medio plazo, y aumentar la capacidad de hacer frente con eficacia a los cambios estructurales a largo plazo, entre ellos el impacto del envejecimiento de la población.

Las OGPE de 2001 confirman esta estrategia política y la amplían a la luz de los resultados del Consejo Europeo de Estocolmo (23-24 de marzo de 2001). Entre ellos figura la integración de la promoción del desarrollo sostenible, que se refleja en las partes pertinentes del documento. Se han elaborado teniendo en cuenta el examen de la aplicación de las OGPE 2000 y la evaluación de la situación y perspectivas económicas formulada en las previsiones económicas de primavera 2001 de la Comisión.

La sección 2 se abre con un comentario sobre el contexto económico de estas Orientaciones y concluye con los principales retos políticos a corto, medio y largo plazo. La sección 3 describe

las recomendaciones generales aplicables a todos los Estados miembros y a la Comunidad. Dentro de la estrategia global, las prioridades políticas difieren entre Estados miembros, debido a sus diferencias en cuanto a resultados, perspectivas, estructuras e instituciones de la economía. Teniéndolas debidamente en cuenta, la Parte II presenta las orientaciones económicas específicas por países.

2. Prioridades y requisitos principales

2.1. La coyuntura económica y sus perspectivas

Un entorno económico exterior mucho menos favorable - Desde el comienzo del verano de 2000, cuando el Consejo adoptó las anteriores Orientaciones, el entorno económico mundial ja evolucionado hacia una situación mucho menos favorable, debido a toda una serie de fuerzas interrelacionadas. Aunque hay consenso en que la desaceleración mundial será relativamente efímera, los riesgos de un resultado menos positivo son considerables.

En primer lugar, durante el verano aumentaron los precios del petróleo, culminando en otoño. Aunque han retrocedido desde su último pico de 2000, y aunque la reducción de la demanda mundial atenúa el riesgo de nuevas alzas de precios, estos se mantienen relativamente altos y siguen exhibiendo un alto grado de volatilidad. En segundo lugar, y más importante, la actividad económica en los Estados Unidos y Japón ha sufrido una caída inesperadamente abrupta en los últimos meses. En los Estados Unidos cabía esperar y desear cierto ajuste hacia una senda más sostenible de crecimiento, que condujera a una corrección de los importantes desequilibrios acumulados en la fase de expansión.

Las expectativas se centran en una rápida recuperación ("en V") en la segunda mitad de 2001, basada, entre otras cosas, en un aprovechamiento inteligente de los márgenes de maniobra de la política económica. Sin embargo, las perspectivas siguen presentando grandes incertidumbres, y no puede excluirse un descenso más duro y prolongado. En Japón, la frágil recuperación se agota y la economía sigue vulnerable a los choques. El deteriorado entorno exterior afecta ya al crecimiento en distintas economías de mercado emergentes, principalmente a través de la desaceleración de las exportaciones. En tercer lugar, se ha producido una fuerte corrección en los mercados de valores mundiales, sobre todo de los valores tecnológicos, reflejo de las menores expectativas de crecimiento de los beneficios a largo plazo.

En la zona euro el crecimiento se mantiene P El balance del segundo año de la Unión Económica y Monetaria es positivo. En la zona euro se registró el mayor crecimiento y el más bajo desempleo en una década. La inflación se aceleró, pero la inflación subyacente permaneció muy por debajo del 2 por ciento. Sin embargo, el ímpetu del crecimiento ya no es el mismo, en primer lugar por el choque negativo del aumento de los precios del petróleo, y también por el descenso de la demanda mundial. Además, el

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alza de los precios del petróleo, unida a la debilidad del euro, acarrearon un repunte de la inflación que culminó en noviembre de 2000.

Mirando hacia adelante, y a pesar de que el descenso cíclico mundial atempera las perspectivas, la zona euro parece en camino de seguir disfrutando en 2001-2002 de un crecimiento económico (en torno al 2,75 por ciento) y una creación de empleo relativamente sólidos, en un contexto de presiones inflacionistas en retroceso. Los fundamentos macroeconómicos - que han mejorado sustancialmente, manteniéndose la moderación salarial - y las políticas de apoyo han fomentado un clima favorable para la inversión y la creación de empleo. Se ha creado un círculo virtuoso de crecimiento firmemente arraigado en la demanda interna. Aunque en descenso, la confianza de las empresas y de los consumidores se mantiene cerca de sus máximos niveles históricos, impulsada por un dinamismo cada vez mayor de la economía. La elevada tasa de capacidad utilizada, las favorables condiciones de financiación y la fuerte rentabilidad sostienen la demanda de inversión, al tiempo que el aumento de la renta disponible - merced al aumento de la productividad y del empleo y a los recortes tributarios - sigue sosteniendo la demanda de los consumidores.

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Por otra parte, el gran mercado interior y la moneda única proporcionan una base firme y estable para el crecimiento interno, menos expuesto a las fluctuaciones del tipo de cambio. La próxima introducción de los billetes y monedas en euros, el 1 de enero de 2002, dará nuevo ímpetu a la integración económica y hará del euro una realidad cotidiana, en una unión monetaria más visible. Por otra parte, gracias al avance de las reformas económicas, se ha fortalecido la resistencia de la zona euro frente a las turbulencias externas. Por consiguiente, incluso si se concretaran los riesgos de desaceleración en el exterior- y en especial si la economía de EEUU no recuperara rápidamente un sólido crecimiento - los factores mencionados contribuirán a mitigar su impacto en la zona euro.

Los Estados miembros que no participan en el euro - Si en 2000 registraron un fuerte crecimiento de la economía y del empleo, Dinamarca, Suecia, y el Reino Unido se están viendo afectados por la adversa evolución de la economía mundial. Se espera, por tanto, que su crecimiento económico se desacelere. Sus estrechas relaciones comerciales con la zona euro y la saludable demanda interna les permitirán sortear el deterioro del entorno exterior. La inflación se mantiene en estos países a un nivel igual o inferior al de la zona euro.

2.2. Principales desafíos

De cara al futuro, la UE y la zona euro se enfrentan a varios retos fundamentales a corto, medio y largo plazo. Para responder con eficacia a estos desafíos se necesitan desde ahora mismo medidas políticas adecuadas.

El reto a corto plazo: preservar la expansión del crecimiento y el empleo - La tarea inmediata es mantener un comportamiento vigoroso de la economía en un contexto económico mundial menos propicio. La zona euro deberá contar cada vez más con sus propias fuerzas.

Las políticas económicas deben, por tanto, mantener y potenciar la dinámica del crecimiento interno mediante políticas macroeconómicas orientadas a la estabilidad y reformas estructurales integrales. Se afianzará así la confianza de las empresas y los consumidores, aumentando el margen para política monetaria que apoye un crecimiento de la zona euro impulsado por la demanda interna. Un euro más fuerte, unido a condiciones monetarias internas más expansionistas, contribuiría a un ajuste más suave de los desequilibrios mundiales, sosteniendo la demanda interna y reduciendo las presiones externas sobre los precios.

En especial, las políticas presupuestarias deben seguir orientadas a alcanzar el equilibrio o el superávit de las finanzas públicas, y debe mantenerse la moderación salarial. Es fundamental preservar la estabilidad macroeconómica tan duramente conquistada y proyectarla hacia el futuro. Aumentan las presiones para aumentar el gasto público y recortar impuestos, ya que las situaciones presupuestarias han llegado a sus mejores niveles en años, y a veces en décadas. Se observan presiones sobre los salarios, debido a que empiezan a aparecer restricciones en el mercado de trabajo y demandas de compensación del reciente aumento de la inflación y de la moderación de años anteriores.

Sin embargo, la Unión Económica y Monetaria significa un importante cambio de régimen, cuyo éxito exige responsabilidades adicionales de todos los actores políticos importantes. La política monetaria común no es un traje a la medida de cada Estado miembro, y el tipo de cambio ya no puede utilizarse para restaurar la

competitividad perdida a consecuencia de retrasos en el cambio estructural o a una mala política macroeconómica.

Los Gobiernos y los interlocutores sociales tienen, por tanto, responsabilidades en la conformación de una política macroeconómica equilibrada, tanto a nivel de los Estados como en la eurozona.

En términos más generales, es preciso mejorar la resistencia de la economía a través de una correcta combinación de reformas estructurales. Mercados más flexibles y abiertos aumentarán la capacidad de adaptación al cambio y contribuirán a minimizar la duración de los choques. Además, darán lugar a una interacción positiva entre las mejoras estructurales de la economía, y aportarán beneficios en términos de resultados macroeconómicos. Por otra parte, las reformas estructurales pueden tener un impacto positivo a corto plazo, atenuando expectativas de incremento de los precios.

El reto a medio plazo: mejorar los fundamentos del crecimiento y el empleo - Los resultados de crecimiento desde 1997 deben contemplarse en un contexto de recuperación cíclica, en el que se podían aprovechar las capacidades no utilizadas. Aunque es muy posible que el potencial de crecimiento de la producción haya mejorado en los últimos años merced a los aumentos de productividad propiciados por un mejor funcionamiento del mercado y por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no se considera aún suficiente para sostener a largo plazo tasas de crecimiento en torno al 3 por ciento. El sostenimiento de la expansión dependerá, por tanto, del aumento permanente del límite de velocidad del crecimiento económico.

La política económica debería centrarse en la creación de buenas condiciones para el uso eficiente y la mejora de los recursos productivos y naturales, acompañadas de inversiones en educación y formación. Debe contribuir, en

particular, a mejorar el funcionamiento del mercado, corrigiendo imperfecciones o carencias debidas a la presencia de externalidades, poder de mercado, información imperfecta, o a la normativa.

Reviste especial importancia un avance sustancial en la actual subutilización de los recursos humanos. El desempleo registrado en la zona euro es aún intolerablemente alto, y las tasas de ocupación y de empleo bajas, sobre todo entre los trabajadores de más edad y las mujeres, lejos de las metas acordados en Lisboa y Estocolmo. El aumento de la tasa de participación en el mercado de trabajo, especialmente de los grupos infrarrepresentados o desfavorecidos, es clave además para la inclusión social. El refuerzo mutuo de las políticas económicas y sociales es una estrategia fundamental para la movilización de la capacidad total disponible.

Para promover el aumento de la oferta de mano de obra, es preciso asegurar que el marco regulador anime a la población a entrar o a permanecer en el mercado de trabajo. En particular, los regímenes tributarios y sociales deben reformarse todavía más, reforzando los incentivos financieros a la entrada o permanencia en el trabajo. Para aumentar las oportunidades de las personas en paro o inactivas, es preciso un giro hacia políticas activas bien diseñadas. Las políticas activas del mercado de trabajo promueven además la inclusión social. Esta mayor eficiencia de la mano de obra europea se lograría también a través de medidas de apoyo a la movilidad laboral entre Estados miembros, sobre todo para remediar la carencia de personal cualificado. Por otra parte, es preciso fomentar la formación continua para facilitar la participación en el mercado de trabajo.

El aumento de la oferta de mano de obra debe ir acompañado de un aumento de la inversión en capacidad. Se trata de crear un entorno empresarial propicio para la inversión,

respaldado por una buena infraestructura pública y una Administración moderna y eficiente. Unos mercados de productos y de capitales fiables, competitivos e integrados aseguran el mejor uso posible de los recursos. En este contexto, es preciso mejorar la competencia en los mercados de productos y de servicios, y en especial en los servicios públicos y en los servicios financieros. En este sentido, la acción comunitaria debería centrarse en la plena realización del mercado interior, especialmente en el sector servicios. Los Estados miembros, a su vez, deberían velar por la aplicación efectiva de la legislación del mercado interior y fomentar la competencia.

Un aspecto central en la estrategia de Lisboa es el reconocimiento de la necesidad de estimular el espíritu emprendedor y la innovación en la UE, condiciones fundamentales para aumentar el potencial de crecimiento de Europa y, en consecuencia, la competitividad, la riqueza y el empleo. El espíritu emprendedor y la innovación constituyen retos esenciales para todos los Estados miembros.

El fomento de la competencia en el mercado interior tiene su complemento lógico en una mayor competencia a escala mundial. La

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Unión Europea debería, por tanto, perseverar en una política comercial común que favorezca la apertura del comercio mundial e impulse una nueva ronda comercial multilateral en el contexto de la OMC.

Mantener el crecimiento de la productividad y de la competitividad a largo plazo y en un contexto mundial exigirá cambios estructurales constantes. Avanza en Europa la transición hacia una economía del conocimiento, pero subsisten carencias en la relación entre la industria y la ciencia y en el volumen de inversión privada en I+D, por lo que la comercialización del esfuerzo de investigación sigue siendo precaria. Además, falta personal cualificado en TIC y faltan investigadores.

El reto a largo plazo: prepararse para el impacto del envejecimiento de la población - La necesidad de políticas macroeconómicas sanas y de reformas económicas integrales se ve amplificada por el reto que plantea el envejecimiento de la población que se vislumbra en el horizonte. De mantenerse las tendencias actuales, la población activa de la UE se reducirá en unos 40 millones de personas, y el coeficiente de dependencia de la tercera edad se duplicará entre 2015 y 2050.

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Estimaciones provisionales indican que el gasto en pensiones públicas aumentará del orden del 3-5 por ciento del PIB en el período entre 2010 y 2050. Además, el gasto en salud y atención a los ancianos aumentará sustancialmente. Así, el envejecimiento de la población tendrá considerables consecuencias para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, pues será necesario mantener pensiones universales adecuadas. Aunque este impacto tardará años en manifestarse con claridad, los Gobiernos deberían actuar desde ahora y aprovechar de lleno la buena situación económica actual para asegurar la calidad, adecuación y sostenibilidad fiscal de las pensiones, la atención sanitaria y el cuidado de los ancianos. En este sentido, será preciso revisar los regímenes actuales y reformarlos cuando proceda. Deben lograrse mejoras estructurales de las finanzas públicas, preparándose así para las cargas financieras que impondrá el envejecimiento de la población.

Más allá del impacto financiero inmediato, el envejecimiento de la población tiene otras implicaciones para el crecimiento económico, por la reducción de la población potencialmente activa, y efectos potencialmente importantes sobre el nivel de ahorro. Para mantener un alto nivel de vida habrá que basarse cada vez más en el aumento de la productividad del trabajo y en el aumento de la tasa de ocupación. Además, la menor incorporación de jóvenes recién formados a la población activa puede ser un impedimento para la renovación de cualificaciones y, por tanto, para la absorción de nuevas tecnologías. La mejora de la formación de los jóvenes en nuevas tecnologías y el fomento de la educación de adultos contribuirían a contrarrestar los efectos del envejecimiento en los niveles de cualificación.

Los Estados miembros deben desarrollar estrategias integrales para hacer frente al reto económico que plantea el envejecimiento de la población. Estas estrategias deberán presentarse junto con los programas de estabilidad y convergencia para su examen en el contexto de la supervisión multilateral.

Asegurar una estrecha coordinación de las políticas económicas - La estrecha coordinación entre los actores políticos, con intercambio previo de información, permitirá formular y aplicar políticas que se apoyen mutuamente en respuesta a estos retos. La eficacia y eficiencia de sus actuaciones aumentará si tienen en cuenta los efectos de su influencia mutua, cada vez más importante a medida que se intensifica la integración.

Esto vale sobre todo para los Estados miembros de la zona euro. Para responder a estos retos y aprovechar de lleno el potencial de la UEM, las autoridades de estos Estados deben coordinar estrechamente sus políticas económicas en el seno del Eurogrupo.

* *

La estrategia macro y microeconómica para hacer frente con eficacia a estos retos fundamentales será objeto de la siguiente sección. Sus componentes principales son:

(i) asegurar la aplicación de políticas macroeconómicas de crecimiento y estabilidad;

(ii) mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas;

(iii) robustecer los mercados de trabajo;

(iv) dotarse de mercados eficientes de productos (bienes y servicios);

(v) promover la eficiencia e integración del mercado de servicios financieros de la UE;

(vi) fomentar el espíritu emprendedor

(vii) impulsar la economía del conocimiento; y

(viii) potenciar la sostenibilidad del medio ambiente.

3. Recomendaciones

3.1. Asegurar la aplicación de políticas macroeconómicas de crecimiento y estabilidad

La política macroeconómica desempeña un papel fundamental en el fomento del crecimiento y el empleo y el mantenimiento de la estabilidad de los precios. A corto plazo, debe asegurar la prolongación de la expansión económica y la plena realización del potencial de crecimiento. A medio plazo, debe contribuir al establecimiento de un marco que asegure niveles adecuados de ahorro e inversión a fin de situar a la economía en una senda de crecimiento y empleo estable, elevada y no inflacionista.

En la zona euro, tras la boyante actividad económica de 2000, el crecimiento debería ralentizarse ligeramente en 2001-2002, pero será razonablemente robusto, por encima del potencial, y con menor inflación. Una política macroeconómica apropiada y libre de tensiones debe presentar los ingredientes que siguen.

La política monetaria única vela por la estabilidad de los precios en la zona euro y, sin perjuicio de este objetivo, apoya a las políticas económicas generales de la Comunidad.

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Las situaciones presupuestarias sanas, conformes con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, proporcionan el margen necesario para el pleno funcionamiento de los estabilizadores automáticos sin peligro de superar el 3 por ciento del PIB establecido como límite para el déficit de las administraciones públicas. Además tienen efectos favorables para los tipos de interés y contribuyen a la afluencia de la inversión privada, a reducir la deuda estatal en porcentaje del PIB y, al aumentar la credibilidad del marco presupuestario de la UEM, a reforzar la confianza de los inversores.

Como principio general, es importante que las políticas presupuestarias estén presididas por la necesidad de evitar posturas procíclicas, que conducen a oscilaciones exacerbadas de la actividad económica y a resultados estructurales insostenibles y gravan la políica monetaria única. En este sentido, se utilizan los equilibrios presupuestarios ajustados al ciclo como herramienta adicional para la evaluación de las posiciones presupuestarias. La posición presupuestaria "mímina" (próxima al equilibrio o con superávit) ha sido alcanzada por varios Estados miembros y otros la tienen al alcance de la mano. Ha llegado el momento de afianzar estos resultados, asegurando que las posiciones presupuestarias ajustadas al ciclo mantengan o alcancen un equilibrio o un superávit en los próximos años. Donde sea preciso, la consolidación fiscal creará margen de maniobra adicional para la estabilización cíclica, para hacer frente a acontecimientos presupuestarios imprevistos, para poner la deuda estatal en una senda de descenso más rápida, y para prepararse ante los desafíos presupuestarios inherentes al envejecimiento de la población. Partiendo de

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las últimas actualizaciones (2000-2001) de los programas de estabilidad, y tras un ligero deterioro en 2001, la posición presupuestaria subyacente de la zona euro debe mejorar gradualmente y llegar al equilibrio en 2003.

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Los Estados miembros de la zona euro deben asegurar que sus políticas presupuestarias respalden el objetivo de la estabilidad de los precios de la política monetaria común. En este contexto, deben estar preparados para utilizar las políticas presupuestarias para contribuir a la estabilidad de los precios internos y tener en cuenta, en sus políticas presupuestarias, tanto la dimensión eurozona como las implicaciones nacionales de la política monetaria común.

En líneas generales, los Estados miembros deberán:

i. alcanzar, de acuerdo con el compromiso del pasado año, posiciones presupuestarias próximas al equilibrio o con superávit en 2001, a fin de obtener un margen suficiente para hacer frente al impacto de fluctuaciones cíclicas adversas; asegurar una ejecución rigurosa de sus presupuestos para no vulnerar los objetivos del programa de estabilidad;

ii. elaborar los presupuestos de 2002 teniendo en cuenta la necesidad de mantener posiciones presupuestarias próximas al equilibrio o con superávit y de evitar políticas fiscales procíclicas; donde proceda, consolidar aún más las finanzas públicas, especialmente con objeto de garantizar su sostenibilidad a largo plazo; y

iii. estar preparados, en aquellos Estados miembros donde se registren riesgos de recalentamiento y presiones inflacionistas, para una política presupuestaria más rigurosa, contribuyendo así a una correcta política macroeconómica a nivel nacional.

Las evoluciones salariales en los Estados miembros de la zona euro deben ser reflejo de las diferentes situaciones económicas y de empleo. Los Gobiernos pueden crear un marco adecuado, que facilite las negociaciones salariales de los interlocutores sociales. Desde la perspectiva macroeconómica, es preciso que los aumentos de los salarios nominales sean coherentes con la estabilidad de los precios y la creación de empleo, lo que implica tener debidamente en cuenta el objetivo de estabilidad de los precios del BCE y asegurar que los aumentos de los salarios reales no superen el crecimiento de la productividad.

En los Estados miembros que no participan en el euro, las políticas monetarias apuntan a la estabilidad de los precios. En Dinamarca, la política monetaria persigue este objetivo mediante una política de tipo de cambio fijo con el euro, en el marco del MTC2. En Suecia y el Reino Unido, las políticas monetarias apuntan directamente a la inflación. Su acertada aplicación contribuirá a crear condiciones para la estabilidad del tipo de cambio.

Estos Estados miembros también deben mantener posiciones presupuestarias sanas, acordes con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En líneas generales deberán:

i. mantener el superávit presupuestario en 2001, y por tanto un margen suficiente para hacer frente al impacto de fluctuaciones cíclicas adversas; asegurar una ejecución rigurosa de sus presupuestos para no vulnerar los objetivos del programa de convergencia; y

ii. preparar los presupuestos de 2002 teniendo en cuenta la necesidad de mantener posiciones presupuestarias en equilibrio o con superávit y de evitar políticas fiscales procíclicas; donde proceda, consolidar aún más las finanzas públicas, especialmente con objeto de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Las evoluciones salariales en estos Estados miembros deberán también reflejar las diferentes situaciones económicas y de empleo. Desde la perspectiva macroeconómica, es preciso que los aumentos de los salarios nominales sean coherentes con la estabilidad de los precios y la creación de empleo, lo que implica tener debidamente en cuenta el objetivo de estabilidad de los precios del BCE y asegurar que los aumentos de los salarios reales no superen el crecimiento de la productividad.

3.2. Mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas

Los Estados miembros deben mantener posiciones presupuestarias sanas, mejorando al mismo tiempo la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, en línea con el informe aprobado por el Consejo Europeo de Estocolmo. De esta forma se optimizará la contribución de las finanzas públicas al crecimiento y al empleo y a la realización de los objetivos acordados en Lisboa y Estocolmo, entre ellos la cohesión social. Es preciso establecer un buen equilibrio y un ritmo adecuado entre la reducción de la deuda pública, los recortes de impuestos y la financiación de la inversión pública en sectores básicos. Para ello, los Estados miembros deberán:

i. esforzarse por que los sistemas de impuestos y de prestaciones sociales sean más favorables para el empleo, reduciendo la carga fiscal, especialmente sobre los empleos peor remunerados, manteniendo la consolidación fiscal y mejorando también la eficiencia de los regímenes tributarios (véase la sección 3.3);

ii. reorientar el gasto público hacia la acumulación de capital físico y humano;

iii. aumentar la eficiencia del gasto público mediante reformas institucionales y estructurales; en especial, introducir o mejorar los mecanismos de control del gasto;

iv. mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas a través de una triple estrategia. Además de acciones destinadas a subir las tasas de empleo, se necesitará una reducción rápida de la deuda, que mejore estructuralmente las finanzas públicas, y nuevas reformas del sistema de pensiones. Las medidas para garantizar las pensiones deberán incluir un mayor recurso a los fondos, en aras de un mejor equilibrio entre los distintos pilares del régimen de pensiones, en los países que aún no lo practican; y

v. mejorar la coordinación fiscal para evitar una competencia fiscal dañina, y aplicar el acuerdo del Consejo de noviembre de 2000 sobre el paquete fiscal.

3.3. Robustecer los mercados de trabajo

La fuerte creación de empleo de los últimos años se prolongó en 2000. Este avance se debe en gran parte a la buena situación macroeconómica, pero además apunta claramente a una reducción del desempleo estructural merced a las reformas y políticas de mejora del funcionamiento de los mercados laborales aplicadas en la última década, en particular en el marco de la Estrategia Europea para el Empleo. El crecimiento de los salarios ha sido limitado a pesar de la fuerte caída del desempleo, y el paro de larga duración ha caído aún más que el índice general. Sin embargo, hay amplio margen para nuevos avances. La UE se enfrenta a cuatro desafíos. En primer lugar, han aparecido en distintos Estados miembros signos de dificultades para la contratación de personal y lagunas de formación, lo que indicaría que la UE puede estarse acercando a los límites de un rápido crecimiento cíclico del empleo. En segundo lugar, el

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desempleo es aún inaceptablemente alto, con grandes diferencias entre Estados miembros y entre regiones. En tercer lugar, se necesitarán aún grandes reducciones del desempleo y un aumento sustancial de la oferta de mano de obra para alcanzar los objetivos del 70 por ciento de tasa global de ocupación (60 por ciento para las mujeres) en 2010, según se acordó en el Consejo Europeo de Lisboa, con objetivos intermedios del 67 por ciento y el 57 por ciento, respectivamente, para enero de 2005, además del objetivo del 50 por ciento para los trabajadores mayores antes de 2010 acordado por el Consejo Europeo de Estocolmo. En cuarto lugar, y así lo reafirmó este mismo Consejo, el objetivo es crear no sólo más empleo sino mejor empleo, especialmente perfeccionando la educación y la formación continua y buscando un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Para hacer frente a estos desafíos, los Estados miembros deben aprovechar las buenas condiciones macroeconómicas para llevar a cabo las mejoras estructurales necesarias en los mercados laborales y avanzar hacia el objetivo del pleno empleo. Los Estados miembros deben alcanzar a finales de 2002 los objetivos establecidos en las Directrices para el Empleo. Deberán, en particular, adoptar las siguientes medidas:

i. promover una mayor participación en el mercado laboral, especialmente de las mujeres y los trabajadores de mayor edad, fomentando la igualdad de oportunidades, facilitando la atención a los niños y personas a cargo, reformando los sistemas de jubilación anticipada y mediante la formación continua. Deberán promover además la participación de las personas con discapacidades, de las minorías étnicas y de los inmigrantes. Otras medidas en este sentido, como la reforma de las pensiones, figuran en la sección consagrada a las finanzas públicas;

ii. sobre la base de anteriores revisiones, reformar los sistemas tributarios y de prestaciones sociales para incentivar la incorporación al trabajo. Las reformas deberían reducir las cargas laborales relativas a los trabajadores con menores salarios, reducir los elevados tipos impositivos efectivos marginales y abordar los efectos de incentivo, la duración, la elegibilidad y la aplicación de los regímenes de prestaciones sociales;

iii. fomentar procedimientos de formación de salarios que tengan mejor en cuenta la productividad y la situación local del mercado laboral;

iv. suprimir obstáculos a la movilidad laboral en y entre los Estados miembros, a través del reconocimiento mutuo de las cualificaciones, la mejora de la transferencia de las pensiones (mediante la pronta adopción y aplicación de la Directiva sobre los fondos de pensiones profesionales), la mejora del acceso a la información europea sobre posibilidades de empleo y formación en otros Estados miembros, en el contexto del desarrollo de nuevos mercados de trabajo europeos;

v. facilitar la movilidad laboral, mejorando, en colaboración con los interlocutores sociales, la educación, la formación y la formación continua, reduciendo la deserción escolar y preparando una buena transición a la economía del conocimiento;

vi. asegurar la eficiencia de las políticas activas del mercado de trabajo, dando prioridad a las personas más expuestas al paro de larga duración; asegurar que los sistemas de prestaciones vayan unidos a una ayuda efectiva a las personas que buscan empleo, que les permita mejorar su empleabilidad y sus oportunidades;

vii. promover, con los interlocutores sociales, una organización más flexible del trabajo, adaptando la jornada laboral, y reformar el marco regulador, contractual y jurídico actual en materia, entre otras, de restricciones a la contratación y al despido y de trabajo a tiempo parcial, con objeto de combinar mayor flexibilidad y seguridad; asegurar que la reducción de la jornada laboral no genere aumentos de los costes unitarios de la mano de obra y tenga bien en cuenta las futuras necesidades de mano de obra; y

viii. aplicar una política de reducción de las diferencias salariales de género debidas a una discriminación de hecho.

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El 19 de enero de 2001, el Consejo adoptó, de conformidad con el artículo 128 del Tratado, directrices detalladas para las políticas de empleo en el año 2001, coherentes con las citadas prioridades, así como recomendaciones específicas para los Estados miembros. En la reforma del mercado de trabajo, los Estados miembros deberán aplicar con decisión las citadas directrices y las recomendaciones específicas.

3.4. Dotarse de mercados eficientes de productos (bienes y servicios)

La creación del mercado interior y el lanzamiento del euro han estimulado la competencia en los mercados de productos de la UE. Han tenido un efecto de moderación de la inflación y han sido un factor de convergencia de precios entre Estados miembros, con beneficios claros para los consumidores. La competencia ha inducido asimismo una racionalización de la producción, que ha contribuido a mejorar el vigor competitivo de las empresas europeas. Sin embargo, el mercado interior de servicios sigue obstaculizado por barreras que frenan las actividades transfronterizas. La liberalización de las telecomunicaciones, y en menor grado del sector de la energía, empieza a dar positivos resultados. La Comisión ha propuesto la total liberalización de la electricidad y el gas para todos los consumidores antes del 1 de enero de 2005. Del mismo modo, la apertura de la economía europea al comercio mundial ha expuesto a las empresas europeas a la competencia internacional, lo que ha contribuido a aumentar la eficiencia de los mercados europeos de productos. La Unión Europea sigue comprometida con la liberalización comercial y con la apertura de una nueva ronda comercial en la OMC. A pesar de estos significativos avances en el funcionamiento de los mercados europeos de productos, sigue habiendo sectores que exigen nuevos esfuerzos. Los Estados miembros deberán:

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i. aplicar íntegramente el mercado interior:

- reducir las lagunas de transposición de la legislación del mercado interior a menos del 1,5 por ciento antes del Consejo Europeo de primavera de 2002;

- eliminar barreras técnicas al comercio;

- crear un mercado interior de servicios eficaz, suprimiendo trabas, normativas y otras, a las actividades transfronterizas entre Estados miembros y a la entrada en el mercado; y

- abrir más el mercado de los contratos públicos, estableciendo un mercado electrónico en línea antes de 2003.

ii. reforzar la competencia, asegurando al mismo tiempo beneficios concretos para los consumidores:

- acelerar la liberalización de las industrias de red (energía, ferrocarriles, transporte aéreo y servicios de correos), teniendo en cuenta las obligaciones de servicio universal y la exigencia de seguridad de los servicios;

- dotar de capacidad y eficacia adecuadas a las autoridades de competencia y reguladoras; y

- reducir el volumen total de las ayudas estatales en relación con el PIB antes de 2003 y evitar las ayudas ad hoc y sectoriales; aumentar la transparencia de las políticas de ayuda estatal.

3.5. Promover la eficiencia e integración del mercado de servicios financieros de la UE

El sistema financiero de la UE se integra progresivamente bajo la influencia de la globalización, la desregulación, los avances tecnológicos y la introducción del euro. Los aumentos de eficiencia generados por la integración financiera se reflejarán en la mejor asignación y menor coste del capital, con efectos favorables para el crecimiento y la creación de empleo. Sin embargo, los obstáculos que aún traban esta integración impiden que se cosechen todos los beneficios potenciales. Entre los más importantes destaca la ausencia de un marco regulador armonizado en la Unión, lo que impide una eficaz competencia transfronteriza. Se ha avanzado en la armonización de la regulación financiera de la UE a través de las medidas adoptadas en cumplimiento del Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF). La aplicación del Plan de Acción del Capital de Riesgo (PACR) aumentará la disponibilidad de oportunidades adecuadas de financiación para las PYME innovadoras, cuyo potencial de flexibilidad y crecimiento hace de ellas importantes palancas de crecimiento económico y de empleo. Sin embargo, el avance hacia un mercado verdaderamente único de servicios financieros es, actualmente, demasiado lento. En este sentido, será necesario:

i. asegurar que el nuevo enfoque para los mercados de valores propuesto por el Comité de Sabios sobre Regulación de los Mercados de Valores europeos y respaldado por la Resolucion del Consejo Europeo de Estocolmo entre en vigor a principios de 2002;

ii. intensificar los esfuerzos de todas las partes - Consejo, Parlamento y Comisión - para asegurar la plena ejecución del PASF en 2005 a más tardar, y en especial poner las bases de un mercado de valores integrado antes de finales de 2003, incluyendo en particular las prioridades establecidas en

el informe del Comité de Sabios sobre Regulación de los Mercados de Valores europeos;

iii. además de aplicar el PASF, y por lo que se refiere a los mercados de capital de riesgo, esforzarse por establecer un mercado operativo de capital de riesgo antes de 2003, mediante la ejecución del PACR, en particular en materia de barreras cuantitativas a la inversión institucional en acciones ordinarias, de flexibilidad del derecho de quiebras y de desarrollo de un marco fiscal más favorable a la inversión y al espíritu emprendedor; y

iv. ocuparse eficazmente de los desafíos planteados en materia de supervisión prudencial a consecuencia de las crecientes vinculaciones transfronterizas e intersectoriales entre mercados financieros e intermediarios; en este sentido, los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para mejorar la cooperación intersectorial y transfronteriza entre autoridades supervisoras y similares.

3.6. Fomentar el espíritu emprendedor

El espíritu emprendedor es condición básica para aumentar el potencial de crecimient, competitividad y creación de empleo de la UE. Es preciso crear en Europa un entorno más favorable para las necesidades de las empresas. Las empresas y los ciudadanos necesitan un entorno regulador y fiscal claro, sencillo, eficaz y práctico, en un mercado mundial que cambia aceleradamente. Se han introducido medidas para mejorar la eficiencia del sector público y reducir trámites, con el fin de aminorar la carga administrativa de las empresas. Pero es mucho lo que queda por hacer. Las PYME europeas siguen considerando que la falta de acceso al financiamento frena

la creación de nuevas empresas y limita el potencial de crecimiento de las sociedades. Los Estados miembros deberán:

i. crear un entorno favorable para las empresas:

- seguir reduciendo la cargas y barreras administrativas de las empresas, introduciendo procedimientos más sencillos y transparentes, estableciendo ventanillas únicas para las nuevas empresas y simplificando los sistemas tributarios;

- aumentar la eficiencia de los servicios públicos, a través, entre otras medidas, de la evaluación comparativa (benchmarking) y de un mayor recurso a la licitación, asegurando al mismo tiempo que las entidades públicas y privadas compitan en plano de igualdad cuando organismos públicos o mixtos sean proveedores de bienes o servicios de mercado; y

- modernizar, simplificar y aplicar de manera más uniforme los sistemas del IVA.

ii. fomentar la toma de riesgos, mediante la mejora del acceso a la financiación, en especial para las PYME (véase también la sección 3.5.).

3.7. Impulsar la economía del conocimiento

La transición de la Unión Europea a la economía del conocimiento avanza, pero debe acelerarse si se desea alcanzar el objetivo estratégico de Lisboa. Es preciso animar a las empresas y a los ciudadanos a aprovechar las oportunidades que brinda la economía del conocimiento. A pesar de los últimos avances en la difusión de las TIC, la UE sigue por detrás de los Estados Unidos en aspectos tales como investigación y desarrollo, inversión en nuevas tecnologías y penetración de Internet. Es de máxima importancia que las

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directrices del Consejo Europeo de Estocolmo para la aceleración de las reformas económicas se concreten en los plazos convenidos. Se requieren inversiones cada vez mayores en capital humano, en I+D y en TIC para robustecer la competitividad europea. El establecimiento de mercados competitivos de productos (véase la sección 3.4) y de mercados de capitales operativos (véase la sección 3.5) contribuyen a un clima empresarial de apoyo a la innovación y a la toma de riesgos que animará la inversión. En materia de I+D, el principal desafío es elevar la participación del sector privado, lo que contribuirá a una mejor comercialización de los resultados de la I+D, y crear el Esapcio Europeo de la Investigación. Para facilitar la transición a la economía del conocimiento, será preciso:

i. fomentar la I+D y la innovación:

- ofrecer incentivos adecuados a las empresas para que inviertan en I+D, por ejemplo reforzando los derechos de propiedad intelectual y estableciendo la base jurídica de la patente comunitaria antes de finales de 2001;

- mejorar los vínculos entre universidades y empresas para facilitar la transferencia de conocimientos y una mejor comercialización de los resultados de la I+D;

- aumentar la colaboración europea en el campo de la investigación y la innovación, por ejemplo impulsando la creación de redes de centros de excelencia universidad-empresa y promoviendo la movilidad de los investigadores, y mediante una mayor coordinación entre los programas y políticas nacionales de investigación e innovación; y

- asegurar una buena financiación pública de la I+D y establecer prioridades claras y coherentes para la investigación pública.

ii. promover el acceso y el uso de las TIC:

- liberar el "bucle local" para contribuir a la reducción sustancial de los costes de uso de Internet;

- asegurar una mayor y mejor utilización de Internet en las escuelas, y dar la necesaria formación a todos los profesores antes de finales de 2002;

- reforzar el marco regulador del comercio electrónico (aplicación de la Directiva sobre la firma electrónica y adopción en 2001 de las propuestas sobre derechos de autor, venta a distancia, IVA y facturación electrónica); y

- fomentar el uso de Internet en las administraciones públicas.

iii. reforzar la educación y la formación, tanto privadas como públicas, para aumentar el número de investigadores y de personas altamente cualificadas en TIC, y mejorar las capacidades básicas de la población en estas tecnologías.

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3.8. Potenciar la sostenibilidad del medio ambiente

El Consejo Europeo de Estocolmo pidió que se integrara la promoción del desarrollo sostenible en las Orientaciones Generales de Política Económica. El desarrollo sostenible es un concepto que va más allá de una evaluación puramente económica y persigue mejorar la calidad de vida promoviendo acciones políticas coherentes basadas en una evaluación global de sus dimensiones económicas, sociales y ambientales. De este modo, su perspectiva es de largo plazo, pues vela por el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Esta sección se centra en la integración de los aspectos ambientales en la política económica, especialmente en el uso de instrumentos de mercado para la promoción del desarrollo sostenible.

Los Estados miembros deben acudir cada vez más a instrumentos de mercado para alcanzar objetivos ambientales, pues son a menudo los medios más eficaces para frenar la contaminación, ya que conducen a internalizar los costes exteriores en los precios. Son, por tanto, una manera de aplicar el principio "el que contamina paga". Además, proporcionan a la industria un método flexible para reducir la contaminación de forma rentable y fomentan la innovación tecnológica. Un

cambio gradual, pero constante y creíble, en el nivel y la estructura de los tipos impositivos hasta lograr que los costes exteriores se reflejen íntegramente en los precios, minimizaría los problemas de ajuste estructural y contribuiría a la adaptación y la innovación en las empresas. Este planteamiento minimizaría además la necesidad de exenciones para las empresas o sectores más afectados. Las exenciones reducen la eficacia ambiental de las medidas, distorsionan la estructura fiscal y son a menudo difíciles de anular con posterioridad. El establecimiento de un marco comunitario para el uso de instrumentos de mercado podría contribuir a evitar estas distorsiones y a afianzar el mercado interior.

Por tanto, será necesario:

i. introducir y reforzar políticas de mercado, como, por ejemplo, tasas, cargas por uso y por contaminación, sistemas de seguros/responsabilidad y compraventa de derechos de emisión;

ii. reducir exenciones fiscales y subvenciones sectoriales y demás medidas que tienen consecuencias negativas para el medio ambiente;

iii. intensificar el uso de instrumentos económicos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir las exigencias del Protocolo de Kioto; y

iv. acordar un marco europeo adecuado para los impuestos a la energía.

II. Orientaciones específicas por países

1. Bélgica

La economía creció alrededor del 4 por ciento en 2000 y se espera que el PIB real crezca alrededor del 3 por ciento en 2001 y 2002. El consumo privado, que aumentó rápidamente en 2000, se mantendrá en estos dos años, apoyado por la elevación de la renta familiar disponible y el aumento del empleo. La inversión, bastante dinámica, debería seguir impulsando la demanda interior. Se prevé que el sector exterior, sin embargo, contribuya menos a la actividad en 2001 y 2002. La inflación de los precios al consumo, medida por el índice armonizado, bajaría del 2,7 por ciento en 2000 a algo menos del 2 por ciento en 2001, y aún más en 2002. El empleo debería seguir aumentando, sostenido por una actividad aún robusta y por el efecto de las medidas activas de los últimos años.

Teniendo en cuenta el ratio de endeudamiento de las administraciones públicas y la necesidad de prepararse para los futuros desafíos que plantea el envejecimiento de la población, la consolidación presupuestaria sigue siendo prioritaria. El mercado de trabajo se caracteriza todavía por una baja tasa de ocupación, en especial entre los trabajadores mayores, y las diferencias regionales de comportamiento del mercado laboral son aún demasiado acentuadas. La falta de competencia en sectores específicos, la excesiva carga reguladora de las empresas y la necesidad de aumentar la eficiencia del sector público constituyen otros tantos retos políticos importantes.

Política presupuestaria

La aceleración de la actividad en 2000 produjo resultados presupuestarios más positivos de lo esperado: en vez del déficit previsto del 1 por ciento del PIB, se logró el equilibrio presupuestario. El programa de estabilidad actualizado de 2000 prevé un superávit del 0,2 por ciento del PIB en 2001, y ligeramente por encima del 0,3 por ciento del PIB en 2002. La estrategia presupuestaria de la actualización 2000 para el período hasta 2005 se basa en la obtención de fuertes excedentes primarios, que ascenderían a más del 6 por ciento del PIB anual. Se prevé que el control del gasto primario real sea el principal factor de ajuste, siguiendo una pauta no explícita de aumento del 1,5 por ciento anual en términos reales para la Entidad I (Gobierno Federal y Seguridad Social). El ratio de la deuda de las administraciones públicas bajaría del 110,6 por ciento del PIB en 2000 al 101,4 por ciento del PIB en 2002. Por tanto, y teniendo en cuenta que Bélgica es miembro de la zona euro, la política presupuestaria deberá procurar:

i. alcanzar un superávit presupuestario del 0,2 por ciento del PIB en 2001, según lo previsto en la actualización 2000 del programa de estabilidad, incluso ante un crecimiento del PIB real más lento de lo esperado;

ii. en el marco del presupuesto de 2002, contener firmemente el aumento anual del gasto primario en el límite del 1,5 por ciento, en términos reales, en la Entidad I, permitiendo así realizar los objetivos de equilibrio de las administraciones públicas, en especial un excedente primario por encima del 6 por ciento del PIB.

iii. en 2002 y años sucesivos, asignar los márgenes presupuestarios, de conformidad con la actualización 2000 del programa de estabilidad, en coherencia con el límite del 1,5 por ciento de crecimiento del gasto real; asignar todos los ingresos presupuestarios adicionales que pudieran emanar de un crecimiento del PIB real superior al esperado a la reducción de la deuda; y

iv. prepararse para el impacto presupuestario del envejecimiento de la población reformando oportunamente el sistema de pensiones y definiendo en la próxima actualización del programa de estabilidad los recursos presupuestarios que deberán asignarse anualmente al "fondo de envejecimiento".

Mercado laboral

La situación del mercado laboral en Bélgica siguió mejorando: el desempleo bajó en 2000 al 8,7 por ciento. El Gobierno avanza hacia un "Estado de bienestar activo", caracterizado, entre otras cosas, por un cambio gradual de las políticas pasivas por un planteamiento preventivo y más activo de los problemas del mercado laboral. Se han adoptado iniciativas para combatir las trabas al empleo. Sin embargo, la dependencia de las prestaciones sigue siendo relativamente elevada en algunos segmentos del mercado laboral. El envejecimiento de la población y los síntomas de estrangulamiento en la contratación apuntan a la necesidad de nuevas medidas enderezadas a movilizar la mano de obra potencial no ocupada, aumentando así el empleo y las tasas de ocupación. Es uno de los principales retos para el mercado laboral belga, que se caracteriza por una tasa de ocupación relativamente baja (60,9 por ciento), sobre todo entre los trabajadores mayores (sólo un 24 por ciento en las edades comprendidas entre los 55 y los 64 años). La persistencia de notables disparidades geográficas en las tasas de desempleo apunta a una escasa movilidad laboral y a una flexibilidad salarial insuficiente. Aunque la presión fiscal sobre el trabajo está entre las más altas de la UE, se espera que los recortes de impuestos previstos en el nuevo plan de reforma fiscal reduzcan poco a poco los impuestos al trabajo en los próximos años. Teniendo en cuenta lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre el Empleo, las principales prioridades para Bélgica deben ser:

i. sobre la base de anteriores revisiones, seguir reformando los sistemas tributarios y de prestaciones sociales para incentivar la incorporación al trabajo, en especial creando estímulos adecuados para que los mayores continúen trabajando o regresen al mercado laboral, y revisando las prestaciones superiores otorgadas a los desempleados mayores de 50 años y su exención de la búsqueda activa de empleo;

ii. hacer frente a los principales obstáculos para la movilidad laboral e impulsar a los interlocutores sociales a permitir que los mecanismos de formación de salarios reflejen mejor la productividad y la situación local del mercado laboral, preservando al mismo tiempo la moderación salarial; y

iii. seguir mejorando, en cooperación con los interlocutores sociales, la flexibilidad del mercado laboral, suavizando las condiciones de contratación fija y temporal y aumentando la flexibilidad de la jornada laboral, asegurando al mismo que la reducción de la jornada no tenga impactos adversos en los costes unitarios de la mano de obra y en la oferta de mano de obra.

Mercado de productos y economía del conocimiento

Bélgica es una pequeña economía abierta, con fuerte competencia en los mercados de bienes, lo que ha contribuido a una productividad laboral relativamente elevada en el sector manufacturero y a unos precios relativamente bajos para un país con su nivel de vida. El proceso de liberalización en el sector de las telecomunicaciones avanza correctamente y se han adoptado medidas de fomento de la economía del conocimiento. Subsisten, sin embargo, problemas de competencia en algunos sectores de servicios. La liberalización del sector de la energía está menos avanzada. Se han anunciado reducciones de la carga reguladora de las empresas y reformas de la administración pública, pero las medidas adoptadas son pocas. Por tanto, Bélgica debe dar prioridad a los siguientes aspectos:

i. aumentar la competencia en el transporte y distribución del gas y la electricidad y establecer una gestión independiente de la red de transporte en estos sectores para asegurar un acceso no discriminatorio; asegurar que la prevista reforma de los ferrocarriles aumente la eficiencia y calidad del servicio y reduzca la necesidad de subvenciones de funcionamiento;

ii. aumentar la transparencia de las vinculaciones entre los sectores público y privado en el plano local y provincial, especialmente el papel de los municipios y de sus asociaciones ("intercommunale/intercommunaal") en sectores como la energía o la banca, para evitar distorsiones de la competencia y conflictos de intereses;

iii. tomar medidas para reducir y simplificar la carga administrativa de las empresas.

Mercado de capitales

Los mercados de capitales en Bélgica prosiguen su desarrollo. El mercado de valores se ha integrado internacionalmente con la fusión de las bolsas de Bruselas, París y Amsterdam en 2000. Del mismo modo, el sistema bancario ha quedado transformado en los últimos años por una serie de fusiones y adquisiciones, tanto transfronterizas como nacionales. El mercado de capitales de riesgo ha experimentado un fuerte crecimiento, caracterizado por un elevado nivel de inversión de capital de riesgo en relación con el PIB, pero también por un grado sustancial de intervención del sector público. Sin embargo, sería deseable un mayor desarrollo del mercado de capital de riesgo, en especial del privado. La eficiencia del sistema financiero debería aumentar merced a una serie de propuestas legislativas de mejora de la gobernanza corporativa. Por tanto, Bélgica debe dar prioridad a los siguientes aspectos:

i. desarrollar más el mercado de capital de riesgo, allanando las restricciones cuantitativas a la inversión institucional en acciones ordinarias, estableciendo un marco fiscal más propicio para la inversión y el espíritu emprendedor, el cual deberá ser asimismo estimulado mediante un ajuste del derecho de quiebra; y

ii. asegurar que los mecanismos de supervisión intersectorial y transfronteriza se acompasen al ritmo de los avances del sistema financiero.

2. Dinamarca

Tras un crecimiento económico de cerca del 3 por ciento en 2000, principalmente impulsado por una inversión dinámica y una fuerte demanda exterior, se espera que la expansión económica se desacelere un tanto, ligeramente por encima del 2 por ciento, en 2001. Si bien se prevé que el crecimiento del consumo público y privado se recupere después del flojo comportamiento del pasado año, es probable que este dato sea contrarrestado con creces por una subida mucho menor de la inversión. Se prevé que el crecimiento en los mercados de exportación será menor en 2001 y es probable que se atenúe la inusual subida de las importaciones registrada en 2000, debida en parte a la elevada intensidad en importaciones de la inversión en bienes de equipo y de exportación. Así pues, se espera que la contribución de las exportaciones netas al crecimiento mejore en 2001. En 2002 la actividad económica se aceleraría hasta cerca del 2,5 por ciento, resultado sobre todo de la sostenida recuperación del consumo privado.

El potencial de crecimiento de la economía danesa mejoraría si se abordaran correctamente los siguientes desafíos fundamentales: restricciones de la oferta de mano de obra, las cuales, suavizadas, ayudarían a evitar que la penuria de algunos sectores desencadene nuevos aumentos salariales. La competencia en algunos sectores importantes sigue siendo inadecuada y, dado el tamaño del sector público, es importante lograr un elevado nivel de eficiencia en este sector. También será preciso frenar el crecimiento real del consumo del sector público, sobre todo teniendo en cuenta el impacto presupuestario del envejecimiento de la población.

Política presupuestaria

En 2000, el superávit de las administraciones públicas fue del 2,4 por ciento del PIB, mayor de lo esperado en el momento de la aprobación del presupuesto. Según cálculos del Gobierno, el superávit presupuestario subiría al 2,9 por ciento del PIB en 2001 para bajar al 2,6 por ciento del PIB en 2002. La actualización 2000 del programa de convergencia danés mantiene en líneas generales la estrategia de reducción moderada de los coeficientes de gasto primario y de impuestos respecto del PIB. Sin embargo, en 2001 se espera que ambos coeficientes aumenten ligeramente a consecuencia de un consumo del sector público claramente superior al objetivo de un aumento real del 1 por ciento anual y de una subida de impuestos de los gobiernos locales y regionales, que va claramente más allá de los acuerdos no vinculantes con el Gobierno central. A largo plazo, las previsiones indican que las finanzas de las administraciones públicas tienen capacidad para hacer frente a la carga financiera del envejecimiento de la población. Por tanto, la política presupuestaria deberá procurar:

i. limitar estrictamente el aumento real del consumo de las administraciones públicas en 2001 a la subida presupuestada (1,9 por ciento);

ii. asegurar, en el marco del presupuesto de 2002, que el gasto primario baje a un nivel no superior al 49,5 por ciento del PIB, según consta en la actualización 2000 del programa de convergencia, permitiendo reducir la presión fiscal al tiempo que se mantiene un superávit presupuestario de alrededor del 2,5 por ciento del PIB; y

iii. frenar el crecimiento real del consumo de las administraciones públicas también a medio plazo, de modo que la presión fiscal pueda disminuir hasta 2005 según las previsiones del Gobierno en el programa de convergencia actualizado, sin poner en peligro la capacidad de las finanzas públicas para hacer frente adecuadamente al envejecimiento de la población. Para ello, es preciso llegar a compromisos vinculantes con los gobiernos locales y regionales, respetando su autonomía.

Mercado laboral

El comportamiento del mercado laboral es uno de los mejores de la Unión, con la mayor tasa de ocupación (más del 76 por ciento), una tasa de desempleo relativamente baja (4,7 por ciento) y una buena experiencia en políticas activas del mercado laboral. Además, se han restringido los criterios de acceso a las prestaciones para aumentar la oferta de mano de obra efectiva, mediante, entre otras medidas, la reforma en 1996 y 1999 de los sistemas de jubilación anticipada y la reforma del sistema de pensiones de invalidez, que entrará en vigor en 2003. Con todo, la oferta de mano de obra se ha estancado en los últimos años y se reducirá aún más debido a medidas recientes, especialmente la semana adicional de vacaciones anuales en el sector privado, acordada en 2000. Se prevé que estas dificultades de oferta de mano de obra persistirán a corto y largo plazo a pesar de los esfuerzos que se hacen para aumentar la mano de obra inmigrada. Se podría fomentar la expansión de la oferta mediante reformas de la fiscalidad y las prestaciones para obtener una estructura subyacente impuestos/prestaciones más favorable para el empleo. Teniendo en cuenta lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre el Empleo, las principales prioridades para Dinamarca deben ser:

i. reducir aún más la presión fiscal total sobre el trabajo en los próximos años, especialmente mediante de la baja de los elevados tipos impositivos efectivos marginales sobre los salarios bajos y medios, y reformar los sistemas de prestaciones para incentivar la incorporación al trabajo.

Mercados de productos y economía del conocimiento

La economía danesa está menos expuesta a la competencia internacional que otros Estados miembros pequeños. Esto puede explicar que la competencia resulte insuficiente en distintos mercados de productos y que los niveles de precios al consumo sean relativamente altos. En el último período, Dinamarca ha registrado mejoras evidentes en la apertura de la contratación pública y en la eficiencia de los servicios públicos. También se ha reforzado la política de competencia, introduciéndose el control de las operaciones de concentración y la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado. A pesar de los que el gasto en I+D está por encima de media de la UE, Dinamarca no está a la altura de los otros Estados nórdicos de la UE, debido en parte a que las empresas invierten menos en I+D y a deficiencias de comercialización. Se ha diseñado una nueva estrategia para alcanzar mejores resultados en I+D. Por tanto, Dinamarca debe dar prioridad a los siguientes aspectos:

i. reforzar la aplicación de las reglas de competencia en las industrias donde la competencia es inadecuada; y

ii. mejorar las condiciones de competencia en la contratación pública, y aumentar las presiones competitivas en la prestación de servicios públicos a nivel local mediante la evaluación comparativa y un mayor uso de procedimientos de licitación.

Mercados de capitales

Los mercados de capitales en Dinamarca se han ido desarrollado bajo la influencia de políticas de Gobierno centradas en el fortalecimiento de la supervisión financiera, la mejora de las condiciones de competencia de las empresas financieras y el aumento de la transparencia del mercado. Para promover el desarrollo del mercado de valores, Dinamarca ha aligerado las restricciones cuantitativas a las inversiones en acciones de los fondos de pensiones, permitiendo así inversiones de hasta el 70 por ciento en acciones según un principio de prudencia. Dinamarca ha mejorado el tratamiento fiscal de los sistemas de propiedad del personal de las empresas y reformado la normativa de los fondos de inversión para introducir los fondos small cap (fondos especiales de innovación especializados en empresas pequeñas e innovadoras). La inversión en capital de riesgo se ha duplicado desde 1998, pero sigue

siendo pequeña en relación con otros mercados. Por tanto, serían deseables esfuerzos sostenidos de desarrollo del mercado de capital de riesgo. Será preciso reunir la normativa del sector financiero en un único marco legislativo y afinar los mecanismos de supervisión. Ante el incremento de las fusiones entre grandes entidades financieras de la región nórdica, los supervisores daneses han firmado un acuerdo de cooperación con sus contrapartes finlandesas y suecas (y noruegas) para asegurar una eficaz supervisión financiera de estas entidades transfronterizas. Por tanto, Dinamarca debe dar prioridad a los siguientes aspectos:

i. desarrollar más el mercado de capitales de riesgo estableciendo un marco fiscal propicio para la inversión y el espíritu emprendedor, el cual deberá ser asimismo estimulado mediante un ajuste del derecho de quiebra.

3. Alemania

Tras un auge extraordinario de las exportaciones en 2000, el crecimiento económico en Alemania parece en vías de desaceleración a corto plazo, principalmente porque la ralentización de la economía mundial reducirá la expansión de las exportaciones. Se prevé que una mayor demanda nacional compense en parte la menor contribución exterior al crecimiento, convirtiéndose en el motor principal de la economía. El consumo privado, contenido el año pasado por el aumento de los precios a la importación y de la factura del petróleo, mejorará al invertirse estas dos tendencias. El crecimiento del empleo y la entrada en vigor de la tercera fase de la reforma del impuesto sobre la renta el 1 de enero de 2001 le darán impulso adicional. Al mismo tiempo, se espera que la inversión en bienes de equipo siga robusta, dada la elevada tasa de utilización de la capacidad. Así, según las previsiones de los servicios de la Comisión, es probable que el crecimiento del PIB baje al 2,25 por ciento en 2001, con una ligera recuperación en 2002, un poco por encima del 2,5 por ciento. Estas tasas de crecimiento deberían seguir generando empleo.

Aunque la situación económica en Alemania ha mejorado sustancialmente respecto de los años 90, Alemania todavía no ha generado un vigoroso proceso endógeno de crecimiento y, como consecuencia, su economía sigue vulnerable a los choques exteriores. A pesar de los efectos positivos de las recientes reformas de los impuestos sobre la renta y sobre los beneficios, el dinamismo de la economía tropieza con rigideces, en especial en el mercado laboral. Si bien la moderación salarial ha incrementado en los últimos años la competitividad de Alemania, los costes unitarios de la mano de obra siguen siendo elevados, en términos relativos, en los nuevos Länder, con tasas de desempleo que duplican la media nacional y que los hacen dependendientes, por tanto, de las elevadas transferencias realizadas desde la parte occidental del país. Los sistemas de impuestos y prestaciones contribuyen al problema del desempleo, pues los impuestos sobre la renta marginales, relativamente altos, y la pérdida simultánea de prestaciones sociales pueden atrapar a los trabajadores peor pagados en la trampa del paro. Se corre el riesgo de que, si no se reforma el mercado laboral y los mecanismos de transferencia, las tasas de crecimiento de Alemania sigan siendo mediocres.

Política presupuestaria

El año pasado, Alemania logró su objetivo de consolidación, pues el déficit (excluidos los ingresos por licencias UMTS) cayó al 1,0 por ciento del PIB (1,5 por ciento de superávit con los ingresos UMTS). Además, los ingresos por dichas licencias permitieron una aceleración significativa de la reducción de la deuda. Según la actualización 2000 del programa de estabilidad alemán, el déficit debería caer paulatinamente y ponerse a cero en 2004. Alrededor de la mitad de la carga de este ajuste corresponde a mejoras presupuestarias en los Länder y los municipios. La reducción del déficit se logrará principalmente reduciendo gastos, pues bajará la presión fiscal. El programa de estabilidad actualizado prevé, sin embargo, un aumento transitorio del déficit al 1,5 por ciento del PIB en 2001 a consecuencia de la reforma fiscal. La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas mejorará gracias a la reforma de las pensiones en curso. Subsisten, sin embargo, riesgos presupuestarios a largo plazo, ya que los sistemas de salud y de prestaciones aún no afrontan debidamente las consecuencias del envejecimiento de la población. Por tanto, y teniendo en cuenta que Alemania es miembro de la zona euro, la política presupuestaria deberá procurar:

i. alcanzar un déficit de las administraciones públicas del 1,5 por ciento del PIB en 2001; para ello, el crecimiento del gasto público en 2001 debería respetar las previsiones establecidas en el marco del Finanzplanungsrat de noviembre de 2000;

ii. en la elaboración del presupuesto de 2002, mantener la prevista reducción del déficit de las administraciones públicas al 1 por ciento del PIB, incluso si el crecimiento económico en 2001-02 fuera inferior a lo previsto en el programa de estabilidad actualizado de octubre de 2000, con el fin de asegurar el objetivo a medio plazo de un presupuesto equilibrado en 2004; si la recaudación fiscal resultara superior a las previsiones, debería utilizarse para reducir el déficit por debajo del objetivo;

iii. reforzar a partir de 2001 la coordinación de la política presupuestaria entre los diversos niveles de las administraciones públicas, consolidando el papel del Finanzplanungsrat y, en lo posible, en el marco de un pacto nacional de estabilidad; y

iv. para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, seguir ejecutando la reforma de las pensiones e iniciar en 2001 la elaboración de reformas de los sistemas de salud y de prestaciones, en especial la atención de los ancianos a largo plazo.

Mercado laboral

La situación del mercado laboral en Alemania siguió mejorando en 2000. El crecimiento del empleo se aceleró y la creación de empleo aumentó a ritmos desconocidos en la última década, cayendo el desempleo al 8,1 por ciento. Sin embargo, la mejoría general aún no ha llegado al este del país, donde el empleo disminuyó aún más y el desempleo sigue estable (16,7 por ciento). La reciente reforma fiscal contiene medidas significativas de reducción de la presión fiscal sobre el trabajo. Si bien el paquete de reforma de las pensiones aún no ha sido aprobado por la segunda cámara, las contribuciones se redujeron marginalmente en 2000. Sin embargo, los efectos combinados de la fiscalidad y los sistemas de prestaciones pueden aún desincentivar el trabajo. El mercado laboral alemán se caracterizada por un grado relativamente elevado de regulación. Los programas activos del mercado laboral (PAML), especialmente en el este del país, parecen ineficaces en términos de reintegración al mercado laboral, y tienden a utilizarse, incorrectamente, como instrumentos de política social. La fuerte dimensión regional del desempleo prueba la necesidad de nuevas medidas para aumentar la movilidad y la adaptabilidad de los salarios Teniendo en cuenta lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre el Empleo, las principales prioridades para Alemania deben ser:

i. enfocar los PALM hacia los grupos más expuestos al paro de larga duración y asegurar una formación más ajustada a la demanda del mercado laboral. Mejorar la eficacia de los PALM, en especial en los nuevos Länder. Seguir fomentando un proceso de formación de salarios que refleje mejor la productividad y la situación local del mercado laboral;

ii. complementar la reforma del impuesto sobre la renta con otras reformas de los sistemas de impuestos y prestaciones para incentivar la incorporación al trabajo. Deberán adoptarse nuevas medidas para reducir el nivel, todavía elevado, de los costes no salariales de la mano de obra, en especial en los empleos peor remunerados; y

iii. tomar medidas, si posible en el marco del "Pacto por el Empleo", de flexibilización de los contratos y de la jornada laboral, y de mejora de las condiciones para la formación continua.

Mercados de productos y economía del conocimiento

Los mercados alemanes de productos están abiertos a la competencia internacional. Los niveles de productividad se sitúan en torno a la media de la UE, pero los niveles de precios relativos están ligeramente por encima de lo que cabría esperar en un país con su nivel de vida. Alemania ha tomado medidas para mejorar el funcionamiento de sus mercados de productos, generando así un entorno más favorable para las empresas. En especial, se ha avanzado en la mejora del marco de competencia en los sectores profesional y artesano. Además, la reforma fiscal, la agilización de los mecanismos de apoyo a las empresas y la liberalización del sector de las telecomunicaciones empiezan a exhibir un impacto positivo. Se ha liberalizado el mercado de la electricidad, estableciéndose un sistema de acceso negociado de terceros a la red eléctrica. Sin embargo, subsisten aún grandes diferencias regionales en las tarifas de acceso. La Directiva del gas todavía no se ha incorporado plenamente a la legislación alemana, lo que obstaculiza la introducción de competencia. Las ayudas estatales disminuyen poco a poco, pero sus niveles siguen por encima de la media de la UE. Las normas sobre contratación pública aún no son suficientemente aplicadas por algunos poderes públicos. El crecimiento económico de los nuevos Länder se ve frenado por el subdesarrollado del sector de los servicios a las empresas y la falta de capacidad innovadora, entre otros factores. La penetración de las TIC crece con rapidez y se han tomado medidas para evitar que una parte de la población quede excluida. Se observa una grave escasez de personal especializado en TI. Por tanto, Alemania debe dar prioridad a los siguientes aspectos:

i. reformar el sistema de enseñanza superior y reducir la escasez de especialistas en TI mediante la educación y la formación;

ii. reforzar la competencia en los mercados de productos asegurando una apertura cada vez mayor de la contratación pública, manteniendo la política de reducción gradual de las ayudas estatales, y aligerando aún más la regulación de las profesiones y del sector artesanal; y

iii. reducir las grandes diferencias regionales de tarifas por el uso de las redes de distribución local de electricidad; establecer una autoridad reguladora para el sector de la energía.

Mercados de capitales

Se han adoptado medidas de mejora del funcionamiento del marco regulador de los mercados de los capitales. En especial, el proyecto de cuarta Ley de Fomento del Mercado Financiero (Finanzmarktfûrderungsgesetz) se presentará en junio de 2001 y entrará en vigor en 2002. Propone medidas de desregulación del mercado de valores, de mejora de la normativa sobre manipulación del mercado de valores, y de mayor seguridad jurídica para los mercados de futuros. Además, Alemania ha anunciado una reforma de la regulación de los servicios financieros, mediante un organismo federal único para la supervisión de la banca, los seguros y los valores, con el fin de hacer frente a los retos de la actual integración de los mercados financieros. Se han tomado medidas para racionalizar y simplificar los programas destinados a suministrar capital de riesgo a las PYME y a las nuevas empresas. En general, la reforma del sistema de impuestos de sociedades y la propuesta de reforma del sistema de pensiones contribuirán a desarrollar los mercados de capitales, y se ha presentado un proyecto de ley sobre ofertas de adquisición. Se ha creado a una comisión de expertos que elaborará un código de buena conducta en materia de gobernanza corporativa, y se ha presentado un proyecto de ley para facilitar la introducción de acciones nominativas (Namensaktien). Por tanto, Alemania debe dar prioridad a los siguientes aspectos:

i. desarrollar más el mercado de capital de riesgo mediante esfuerzos sostenidos para establecer un marco fiscal y regulador más propicio para la inversión y el espíritu emprendedor.

4. Grecia

La actividad económica fue brillante en Grecia en 2000 y se espera que se acelere en 2001 y 2002, aumentando el PIB real alrededor del 4,8 por ciento en 2002. La fuerte demanda nacional estará principalmente sostenida por la inversión; la inversión en la construcción, en particular, se acelerará con vistas a los Juegos Olímpicos de 2004. Por otra parte, la bajada de los tipos de interés impulsada por la participación en la zona euro impulsará la actividad. Se prevé que la balanza exterior se deteriore por el impacto del fuerte aumento de las importaciones en razón de la fuerte demanda nacional y la ralentización de la demanda de bienes de exportación. Los precios al consumo se aceleraron en 2000, llegando al 4,2 por ciento en diciembre. Ante la moderación de los precios de las importaciones, se espera que la inflación caiga en 2001 y 2002; sin embargo, existen graves riesgos de recalentamiento en este contexto de actividad boyante y condiciones monetarias propicias. La aceleración de la actividad económica contribuirá a mejorar poco a poco la situación del mercado laboral; aún así, se prevé que la tasa de desempleo se mantendrá elevada.

Los riesgos de inflación podrían persistir en 2001 y exigir medidas políticas de estabilización. En este contexto, la política presupuestaria será un importante instrumento económico para la contención de las presiones inflacionistas. La evolución salarial será también crucial en este punto. Además son precisos esfuerzos sostenidos de consolidación presupuestaria con objeto de bajar el elevado coeficiente de deuda estatal y prepararse para los desafíos a largo plazo que plantea el envejecimiento de la población. La reforma estructural de los mercados de trabajo, productos y capitales sigue siendo prioritaria para aumentar la productividad, facilitar la creación de empleo y mejorar la competitividad exterior de la economía.

Política presupuestaria

En 2000, el déficit de las administraciones públicas se redujo al 0,9 por ciento del PIB (1,8 por ciento del PIB en 1999). El programa de estabilidad 2000 prevé el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, que se convertiría en un superávit del 0,5 por ciento del PIB en 2001 y del 1,5 por ciento del PIB en 2002; las previsiones presupuestarias del programa están basadas en elevadas hipótesis de crecimiento del PIB real, alrededor del 5 por ciento anual. La estrategia presupuestaria se centra en la obtención de fuertes excedentes primarios, de alrededor del 7 por ciento del PIB en 2001 y 2002, aprovechando además la reducción de los pagos de intereses por la caída de los tipos y del coeficiente de deuda. Sin embargo, el programa propone una reducción significativa del gasto primario corriente de las administraciones públicas sólo en 2002. Por tanto, y teniendo en cuenta que Grecia es miembro de la zona euro, la política presupuestaria deberá procurar:

i. asegurar el cumplimiento del objetivo presupuestario de un superávit del 0,5 por ciento del PIB en 2001, y estar preparada para un mayor rigor presupuestario en 2001 de persistir las presiones inflacionistas;

ii. mantener en el presupuesto de 2002 un claro objetivo de estabilidad de precios; para ello, respetar el objetivo de un excedente primario de las administraciones públicas del 7 por ciento del PIB, en particular mediante una rápida reducción del gasto primario corriente, aplicando normas claras y obligatorias;

iii. reformar el sector público para reducir su tamaño a medio plazo, con objeto de mejorar la competitividad de la economía

y aligerar la carga de las finanzas públicas; y

iv. acelerar la ejecución de la reforma de la seguridad social para asegurar la sostenibilidad del sistema; en particular, iniciar en 2001 la reforma del sistema de pensiones, necesaria para hacer frente a los desafíos que plantea el envejecimiento de la población.

Mercado laboral

Tras una caída del empleo en 1999, a pesar de la firme actividad económica, en 2000 se registro un crecimiento del 1,2 por ciento, que permitió reducir la tasa de desempleo. A pesar de este dato positivo, el mercado laboral en Grecia se caracteriza aún por una baja tasa de ocupación (55,4 por ciento en 2000), una elevada tasa de desempleo y una fuerte segmentación del mercado laboral, que se expresa en el elevado paro femenino y juvenil. Se ha intentado mejorar la situación del mercado laboral a través de distintas medidas recientes, entre ellas la modificación de algunos impuestos y prestaciones, y de la aprobación de un segundo paquete de medidas del mercado laboral. Por otra parte, prosigue la ejecución de programas activos del mercado laboral y la modernización del servicio público de empleo. A pesar estas medidas, el mercado laboral aún presenta rigideces: normativa compleja y gravosa, descentralización insuficiente de la negociación salarial, y distorsiones importantes en el sistema de impuestos y prestaciones, que desincentivan la participación. Por otra parte, el sistema educativo no parece equipar adecuadamente a la población para el empleo. Teniendo en cuenta lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre el Empleo, las principales prioridades para Grecia deben ser:

i. asegurar la plena ejecución de los recientes paquetes de reforma del mercado laboral, y prolongar estos esfuerzos, en particular, suavizando las restricciones que provoca la legislación de protección del empleo;

ii. eliminar las importantes distorsiones generadas por la fiscalidad del trabajo y los derechos de pensión, mejorando así los incentivos al empleo, en especial en el sector formal;

iii. asegurar que los salarios reflejen mejor la productividad y la situación local del mercado laboral, en particular creando posibilidades prácticas de aplicar las opciones de opting-out incluidas en los pactos territoriales de empleo; y

iv. aumentar la inversión y mejorar los sistemas educativos y de formación para aumentar la cualificación de la mano de obra.

Mercados de productos y economía del conocimiento

Grecia está relativamente poco integrada en los mercados de productos de la UE, debido especialmente a su situación geográfica. La productividad laboral mejora, pero sigue por debajo de la media de la UE. Los niveles de precios están por debajo de la media de la UE, pero son algo más altos de lo que cabría esperar en un país con su nivel de vida. Las reformas en curso de los mercados de productos siguen siendo relativamente lentas. Se ha avanzado en el marco regulador e institucional para la apertura de las industrias de red, pero el ritmo de la liberalización sigue siendo lento, en especial en los sectores del gas y del transporte marítimo. En 2000 prosiguió la privatización de empresas de propiedad estatal, aunque con menos vigor que en años anteriores, y se adoptaron medidas para fomentar la creación de empresas. El nivel de transposición de la legislación del mercado interior sigue siendo el más deficiente de toda la UE, y en la mejora del entorno para las empresas

los avances son modestos. A pesar del rápido aumento en gasto y penetración de las TIC en los últimos años, Grecia sigue rezagada comparativamente en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Por tanto, Grecia debe dar prioridad a los siguientes aspectos:

i. seguir reduciendo la carga reguladora y administrativa de las empresas, mejorar el servicio de la administración pública y mejorar la coherencia del sistema tributario para las empresas;

ii. adoptar medidas adicionales para aumentar el gasto en I+D;

iii. seguir promoviendo la difusión de las TIC y el uso del comercio electrónico;

iv. mejorar la transposición de la legislación del mercado interior, en particular en materia de contratación pública; y

v. acelerar la anunciada liberalización de los sectores del gas y del transporte marítimo y reforzar la competencia en los servicios públicos ya liberalizados.

Mercados de capitales

Los mercados de capitales siguen en rápido desarrollo, merced a la mejora del marco regulador y de la infraestructura. En concreto, el desarrollo del mercado de capital de riesgo se ha visto facilitado por la creación de un nuevo mercado de valores para las PYME, por la creación de un fondo de fomento de la inversión inicial en las PYME y por nuevos recortes de impuestos sobre los beneficios. Sin embargo, sería deseable un mayor desarrollo del mercado de capital de riesgo. La privatización está incrementando la competencia en el sector bancario. Los cambios en la estructura del sistema bancario y el proceso de integración financiera con el resto de la UE hacen que la cooperación intersectorial y transfronteriza entre autoridades de supervisión sea cada vez más importante. Por tanto, Grecia debe dar prioridad a los siguientes aspectos:

i. desarrollar el mercado de capital de riesgo, suavizando las restricciones cuantitativas a la inversión institucional en acciones ordinarias y estableciendo un marco fiscal propicio para la inversión y el espíritu emprendedor, el cual deberá ser asimismo estimulado mediante un ajuste del derecho de quiebra; y

ii. asegurar que los mecanismos intersectoriales y transfronterizos de supervisión se acompasen al ritmo de los avances del sistema financiero.

5. España

El crecimiento del PIB mantuvo un buen ritmo en 2000, si bien con una clara tendencia a la desaceleración en el segundo semestre del año debido a la ralentización de la demanda nacional, compensada en parte por una contribución exterior positiva. Las perspectivas de 2001 y 2002 apuntan a un crecimiento más débil, pero más equilibrado. En 2001 se espera que la demanda nacional se ralentice más aún, con una ligera reducción del déficit exterior y una inflación más baja. En 2002, se prevé un crecimiento del PIB en ligera recuperación, principalmente debido a un consumo privado que se beneficiará del aumento de la renta disponible real, gracias a una evolución de los precios más favorables, y una creación de empleo constante.

Si bien el desempleo siguió disminuyendo en 2000, persisten los problemas en el mercado de trabajo. Los contratos de duración determinada representan casi un tercio del empleo total. Se observan aún grandes disparidades regionales en cuanto a desempleo. Por otra parte, la evolución de los precios en 2000 fue peor de lo previsto debido tanto al comportamiento de los factores más volátiles (energía y alimentos no procesados) como a la aceleración de la inflación subyacente. Se espera que la consolidación fiscal continúe a medio plazo según lo previsto en el programa de estabilidad actualizado para el 2001, pero son necesarios pasos más decisivos para hacer frente a las consecuencias presupuestarias del envejecimiento demográfico. Por último, la política económica debe atender a la necesidad de potenciar la sociedad del conocimiento a fin de mejorar las perspectivas a medio plazo de la economía española.

Política presupuestaria

En 2000, el presupuesto del Estado registró un déficit de 0,3 % del PIB, un 0,9% menos que en 1999. Según el programa de estabilidad actualizado para 2001, se prevé un equilibrio en el sector de las administraciones públicas en 2001 y un superávit del 0,3 % del PIB antes de 2004. La estrategia fiscal expuesta en la actualización es semejante a la de los dos programas anteriores. Se basa en el frenar el crecimiento de los gastos corrientes primarios, permitir una mayor inversión pública y, después de 2002, reducir la presión fiscal. Dado el perfil demográfico de España, que entraña particulares riesgos, y las adversas consecuencias presupuestarias del envejecimiento demográfico, la continuidad de las finanzas públicas es motivo de preocupación. En consecuencia, y dado que España es miembro de la zona del euro, la política presupuestaria debe procurar:

i. alcanzar una situación presupuestaria en equilibrio para el 2001, según lo previsto en el programa de estabilidad actualizado, en particular a través de la restricción del gasto corriente primario. Por otra parte, debe haber disposición a endurecer la política fiscal a fin de contrarrestar nuevas presiones inflacionistas;

ii. preparar el presupuesto de 2002 considerando como un mínimo el objetivo del programa de estabilidad actualizado para 2001, conservando todo resultado mejor de lo previsto en el 2001 y teniendo en cuenta la necesidad de contrarrestar las presiones inflacionistas. Por otra parte, debe garantizarse que la reforma fiscal prevista durante 2002 se oriente a la oferta y no ponga en riesgo los objetivos presupuestarios del programa de estabilidad; y

iii. aumentar el fondo público de reserva de pensiones creado en virtud de la ley de presupuestos de 2000 al menos a un 1 % del PIB antes de 2004 según lo previsto en el último programa de estabilidad actualizado. Además, a partir de 2001 deberá legislarse con vistas a una revisión completa del sistema público de pensiones a fin de garantizar su futura viabilidad.

Mercados laborales

El rendimiento del mercado de trabajo ha mejorado notablemente en España durante los últimos años, con un fuerte crecimiento del empleo y un fuerte descenso del desempleo, de 24 % en 1994 a 14 % en 2000. Sin embargo, el país adolece aún de un desempleo estructural muy elevado, con graves disparidades regionales, y de un nivel de empleo muy bajo, especialmente entre las mujeres (40,3 % en 2000). Entre los problemas estructurales fundamentales cabe citar la incapacidad de ajustar los costes de mano de obra a la productividad y a las condiciones locales del mercado de trabajo y la escasa movilidad laboral, debida en parte a rigideces del mercado inmobiliario y al funcionamiento de determinados regímenes de prestaciones regionales. Las recientes propuestas de reforma de los contratos de trabajo parecen en cierto modo resolver las rigideces en este ámbito, si bien la experiencia de anteriores reformas indica que mucho depende de su aplicación. Así como en los últimos años ha aumentado sustancialmente el gasto en políticas activas del mercado de trabajo, parece dedicarse menos atención a garantizar la eficacia de este tipo de medidas, que pueden desempeñar un papel importante en la ulterior reducción del desempleo de larga duración. Teniendo en cuenta lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre el Empleo, las principales prioridades para España deben ser:

i. fomentar la reforma de la formación de los salarios a fin de atender mejor a la productividad y las condiciones locales del mercado de trabajo y reducir los obstáculos a la movilidad laboral, por ejemplo, a través de mejoras del funcionamiento del mercado inmobiliario y los regímenes de prestaciones regionales;

ii. aumentar la inversión y mejorar la educación y la formación, así como garantizar que las medidas activas del mercado de trabajo sean eficaces y adecuadas para las necesidades de las personas con mayor riesgo de desempleo de larga duración y a las demandas del mercado de trabajo; y

iii. tomar medidas, conjuntamente con los interlocutores sociales, con vistas a garantizar un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad mediante la aplicación efectiva de las reformas recientemente aprobadas de los contratos de trabajo a fin de avanzar cuanto antes hacia la reducción de los contratos de duración determinada, así como un mayor uso de los contratos por horas y una mayor cuota de empleo femenino.

Mercados de productos y economía del conocimiento

Si bien la integración de España en los mercados de bienes europeos ha aumentado continuamente a lo largo de los años 90, la apertura de la economía española es aún menor que en otros grandes Estados miembros. Asimismo, la productividad laboral es relativamente baja. En 2000 España tomó varias medidas a fin de mejorar el funcionamiento de sus mercados de productos. Se aceleró la transposición de la legislación del mercado interior y la liberalización de los mercados de telecomunicaciones y energía; se aplicaron más eficazmente las normas comunitarias sobre contratación pública y se redujo el nivel de las ayudas estatales. Se tomado nuevas medidas a fin de reducir las relativamente altas cargas administrativas para las empresas, sobre todo las PYME. Para resolver el problema del bajo nivel de gastos en I+D, se ha lanzado un Plan Nacional de I+D e innovación de tres años de duración. Sin embargo, el gasto público en educación también es relativamente bajo en comparación con otros países de la UE y la penetración de Internet es la segunda más baja de la Unión. Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, las principales prioridades para España deben ser:

i. tomar medidas a fin de mejorar las capacidades básicas de TIC de la población y aumentar el suministro de personal altamente cualificado de investigación y TIC; y

ii. proseguir la aplicación del plan de simplificación de la normativa aplicable a las PYME.

Mercados de capitales

Los mercados de capitales de España se han caracterizado por un importante programa de privatización y por medidas reglamentarias a fin de aumentar la transparencia. La eficacia del mercado se ha visto beneficiada por la consolidación de varios sistemas nacionales de compensación y liquidación. También está en

curso la consolidación del sector bancario, que ha traído consigo una mayor rentabilidad y ha estimulado el uso de tecnologías más avanzadas. El mercado de capital de riesgo se está extendiendo gracias a medidas fiscales favorables y a la creación del Nuevo Mercado, pero sigue poco desarrollado, sobre todo en cuanto a inversiones en fase temprana. Por tanto, es conveniente aplicar medidas a fin de potenciar este mercado. Así, la principal prioridad para España debe ser:

i. desarrollar más el mercado de capital de riesgo, reduciendo las limitaciones a los inversores institucionales en sus posibilidades de invertir en capital en acciones y establecer un marco fiscal más favorable a la inversión y el espíritu empresarial; este último debe también fomentarse mediante la reforma de la legislación de quiebras.

6. Francia

Pese a cierta desaceleración debida al debilitamiento de la demanda externa, se espera que se mantenga la actividad económica; las previsiones actuales anuncian un crecimiento del PIB real ligeramente inferior al 3% para 2001 y 2002. Durante estos dos años, el vigoroso crecimiento económico iniciado hace tres años seguirá reposando sobre todo en la demanda interna; los efectos negativos del reciente aumento de los precios del petróleo en el poder adquisitivo de los hogares desparecerán gradualmente, y las reducciones de impuestos previstas en 2001 y 2002 contribuirán a acelerar el consumo privado. Ante estas favorables perspectivas en cuanto a la demanda, cabe esperar que la inversión productiva siga siendo dinámica. La expansión económica seguirá creando numerosos puestos de trabajo, lo que permitirá una rápida reducción de la tasa de desempleo.

Pese a la clara disminución del desempleo en 2000, la evolución al alza de los salarios y precios ha seguido moderada hasta ahora. No obstante, poco a poco van apareciendo problemas en el mercado de trabajo. Por otra parte, la tasa de utilización de capacidades en el sector manufacturero alcanzó máximos históricos. Por el momento, esto no parece frenar la producción, pero constituye un riesgo que requiere medidas adecuadas. La duración del actual crecimiento económico depende de la mejora de las condiciones de oferta y, en particular, de una mayor participación en el mercado de trabajo, de un entorno más favorable a las inversiones y de una mayor competencia. Además, el favorable contexto macroeconómico ofrece la ocasión de corregir más rápidamente el déficit público, lo que sería especialmente conveniente ante los futuros retos

presupuestarios, en particular vinculados al envejecimiento demográfico.

Política presupuestaria

El déficit de las administraciones públicas disminuyó en 0,3 puntos porcentuales en el 2000 para situarse en 1,4 % del PIB, es decir, por debajo del nivel fijado para este año. Según el programa de estabilidad actualizado del 2000, esta reducción del coeficiente de déficit continuará en 2001 y posteriormente. La estrategia presupuestaria francesa se basa en un riguroso control del gasto público en términos reales; cerca de la mitad de los márgenes así creados se destinarán a reducir el déficit, y el resto a reducciones fiscales. A más largo plazo, la hacienda pública se enfrentará a una presión creciente debido al envejecimiento demográfico. En 1999 se creó un fondo de reserva para las pensiones, que sólo permitirá amortiguar en parte el impacto de este fenómeno. Habida cuenta de lo anterior, y dado que Francia pertenece a la zona del euro, la política presupuestaria debe tener por objetivos:

i. alcanzar en 2001 un déficit de las administraciones públicas del 1 % del PIB (excluidos los ingresos de las licencias de UMTS) según lo previsto en el programa de estabilidad actualizado del 2000; a tal fin, garantizar que el aumento del gasto público real no supere el 1,8 % previsto para 2001;

ii. en el marco del presupuesto para 2002, contener el gasto público en términos reales dentro del límite del 1,6 a fin de asegurar la consecución del objetivo de un déficit público del 0,6 % fijado en el programa de estabilidad actualizado para el 2000; y

iii. asignar en 2002 y posteriormente, de manera prioritaria, todo margen disponible adicional a la consolidación de la situación presupuestaria a fin de prepararse para los desafíos a largo plazo, y en particular la carga que para las finanzas públicas supondrá el envejecimiento demográfico; asimismo, y a fin de garantizar cuanto antes la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, emprender una reforma completa del régimen de pensiones.

Mercados laborales

Los avances del mercado de trabajo francés siguen siendo impresionantes: en 2000, el empleo creció vigorosamente, en un 1,9 %, lo que contribuyó a una clara reducción de la tasa de desempleo al 9,5 %. La evolución salarial también fue moderada, pese a la inquietud por la nueva carencia de mano de obra en algunos sectores y profesiones, que pudiera acentuarse debido a la reducción de la jornada laboral. Pese a los buenos resultados recientes, la tasa de desempleo es aún elevada y el nivel de empleo relativamente bajo, especialmente en el caso de los trabajadores de más edad (28,3 % en 1999). También es preciso aumentar la oferta de mano de obra, en especial de trabajadores sin experiencia y trabajadores de edad más avanzada. Los altos niveles de desempleo estructural se deben en parte a las características poco favorables al empleo que aún presentan los regímenes fiscal y de seguridad social, pese a las recientes medidas a fin de reducir las trampas de inactividad, y a una regulación relativamente estricta del mercado de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre el Empleo, las principales prioridades para Francia deben ser:

i. consolidar las recientes reformas del sistema de impuestos y prestaciones, mejorando los incentivos para que los trabajadores de más edad permanezcan activos y eliminando los factores que impiden el trabajo a tiempo parcial y completo. A este respecto, debe prestarse atención particular a los regímenes de jubilación anticipada y a los sistemas de ingresos garantizados, en especial para los trabajadores no cualificados y menos remunerados;

ii. supervisar estrechamente los efectos positivos y negativos de legislación sobre la semana de 35 horas a fin de seguir garantizando que no tenga efectos adversos a medio plazo en los costes salariales, la oferta de mano de obra y la organización del trabajo; y

iii. reformar la legislación de protección del empleo a fin de fomentar