Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 77/388/ CEE con objeto de simplificar, modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la facturación en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

La factura es uno de los documentos más importantes en las relaciones comerciales. Está sujeta a distintas normativas, contables, fiscales, comerciales e incluso lingüísticas. El núcleo de esta normativa está vinculado a la legislación relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido.

La obligación de facturación tiene, en efecto, una enorme importancia en el sistema comunitario del Impuesto sobre el Valor Añadido. En este marco la factura desempeña tres funciones: contiene las informaciones relativas al régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable, permite a la administración fiscal efectuar su control y, por último, permite al cliente justificar, cuando proceda, su derecho a deducción.

Pero la facturación está sujeta a normas muy distintas en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Las menciones obligatorias en las facturas son tan variadas como su número. Por otra parte, no existe un marco jurídico comunitario en cuanto a facturación electrónica y autofacturación, por lo que las legislaciones adoptadas por los distintos Estados de la Comunidad difieren: van de la prohibición total a la máxima flexibilidad.

El resultado de esas diferencias es, por una parte, una situación de una gran complejidad para los operadores y, por otra, una clara inadaptación a la reciente evolución tecnológica. Esta es la razón por la que, en el marco de la segunda fase del ejercicio SLIM [1], los operadores han considerado esta ausencia de armonización un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior. Los resultados de estos trabajos se recogen en el informe de la Comisión relativo a la iniciativa SLIM [2]. Este informe, cuyas conclusiones aprobó el Consejo de Mercado Interior de 27 de noviembre de 1997, incluye un compromiso de estudiar las menciones necesarias para el establecimiento de una factura a efectos del IVA y de precisar los requisitos jurídicos y técnicos en cuanto a facturación electrónica.

[1] Simplificar la Legislación sobre el Mercado Interior.

[2] COM(97) 618 final, de 24.11.1997.

Además, en el marco del trabajo realizado para adaptar el sistema comunitario del IVA a las exigencias del comercio electrónico, se juzgó urgente permitir la utilización de la facturación electrónica de manera amplia y sin trabas superfluas. El propio Consejo ECOFIN destacó en junio de 1998 la importancia de crear un marco jurídico para la utilización de la facturación electrónica, salvaguardando al mismo tiempo las posibilidades de control de las administraciones fiscales.

En consecuencia, a finales de diciembre de 1998, la Comisión inició un estudio relativo a las condiciones exigibles a la facturación en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido.

El objetivo de este estudio era en primer lugar presentar las distintas menciones obligatorias en las facturas en cada uno de los Estados miembros de la Comunidad, así como las condiciones en las que están permitidas la facturación electrónica y la autofacturación. El segundo objetivo del estudio consistía en considerar la necesidad de una armonización y modernización de la legislación comunitaria, con objeto, entre otras cosas, de hacer posible a escala comunitaria la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la facturación.

Estas recomendaciones debían tener en cuenta la necesidad de simplificar las obligaciones de los operadores, destacada sobre todo en el marco del ejercicio SLIM, y, al mismo tiempo, la de ejercer un control eficaz del Impuesto sobre el Valor Añadido por parte de las administraciones fiscales.

El informe final relativo a este estudio [3] fue presentado a la Comisión a finales del mes de agosto de 1999. Por lo que se refiere a la facturación electrónica, el informe concluye que esta práctica debería ser autorizada expresamente por la legislación comunitaria y que debiera admitirse incluso entre operadores de países miembros diferentes. Las condiciones que se le impondrán deben ser neutras desde el punto de vista técnico y han de tener en cuenta los trabajos ya emprendidos en el ámbito de la firma electrónica. No se debería admitir la posibilidad de imponer la autorización ni la notificación previa (la administración debería poder ejercer solamente un control a posteriori, que podría dar lugar a una prohibición en caso necesario). También debería autorizarse el almacenamiento de las facturas en un medio electrónico con condiciones similares. Por último, se detallan unas condiciones mínimas con objeto de hacer estos nuevos métodos tan seguros para la administración como puedan serlo los tradicionales.

[3] Se puede acceder a este informe, redactado por PriceWaterhouse&Coopers, en el sitio Internet de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, en la dirección siguiente: http://europa.eu.int/comm/ taxation_customs/french/publications/reports_studies/taxation/final_report_pwc.pdf.

Por lo que se refiere a las menciones que deben figurar en las facturas, el informe concluía que la legislación comunitaria debería mencionar una lista obligatoria armonizada (fecha de entrega, número secuencial, número del Impuesto sobre el Valor Añadido intracomunitario del operador, identidad del cliente, fecha de la entrega o la prestación, descripción de los bienes o servicios, tipo impositivo e importe devengado). Por otro lado, se sugiere un enfoque bastante flexible por lo que se refiere a la moneda y la lengua que se han de utilizar.

A raíz del examen detenido de estas sugerencias y después de haberlas discutido tanto con los operadores como con las Administraciones nacionales, la Comisión decidió proponer una modificación del apartado 3 del artículo 22 de la sexta Directiva IVA [4], que trata de la obligación de facturación, con objeto, por una parte, de armonizar las menciones que deben figurar en las facturas y, por otra, de crear un marco jurídico comunitario para la facturación electrónica y la autofacturación. En estos dos ámbitos, la Comisión ha intentado encontrar un equilibrio entre la simplificación de las obligaciones de los operadores y las necesidades legítimas de las administraciones en términos de control fiscal.

[4] DO L 145, de 13.6.1977, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/17/CE (DO L 84, de 5.4.2000, p. 24).

2. La necesidad de simplificar, modernizar y armonizar las disposiciones de la sexta Directiva relativas a la obligación de facturación

Las disposiciones actuales de la sexta Directiva relativas a la obligación de facturación, reunidas en el apartado 3 del artículo 22, están bastante poco desarrolladas y dejan a los Estados miembros una gran libertad de apreciación. Pero este apartado se concibió en una fecha en la que la factura solamente podía imaginarse en forma de documento en papel; la idea de facturación electrónica es, por tanto, completamente ajena a estas disposiciones. Además, las obligaciones impuestas a la facturación se basan solamente en este concepto de factura en papel y no son fácilmente transferibles a una factura electrónica. Es el caso, por ejemplo, de la obligación de conservar una copia de los documentos, de difícil interpretación cuando se refiere a una factura transmitida en soporte inmaterial.

2.1. La obligación de expedir factura:

En primer lugar se indica que es el propio sujeto pasivo el que debe expedir la factura. Al mismo tiempo, en el punto c) del mismo apartado se prevé que "los Estados miembros fijarán los criterios en virtud de los cuales un documento se puede considerar sustitutivo de una factura", lo cual se ha de interpretar como apertura de la posibilidad de considerar una factura entregada por un tercero o una autofactura como una factura válida [5].

[5] Por otra parte. esta interpretación ha sido confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 17.9.1997 (Finanzamt Osnabrück-Land contra Bernhard Langhorst).

Aunque la legislación comunitaria no las cita explícitamente, estas prácticas son muy frecuentes desde hace mucho tiempo.

La subcontratación de las operaciones de facturación se admite en casi toda Europa, aunque la legislación comunitaria no lo prevea expresamente. Por lo tanto, conviene aprovechar la oportunidad de la presente propuesta de Directiva para aclarar este punto.

La autofacturación es también una técnica a la que recurren numerosos sectores de manera habitual. Es, por ejemplo, el caso en el sector del automóvil, ya que permite al cliente que recibe repuestos en grandes cantidades expedir la factura después de haber comprobado la calidad de dichos repuestos. Este sistema presenta un enorme interés económico en estos sectores y sería perjudicial prohibir la práctica del mismo a escala comunitaria, sobre todo teniendo en cuenta que eso no parece crear problemas importantes de riesgo de fraude fiscal. La Comisión opina, pues, que conviene establecer modalidades comunes que permitan, en determinadas condiciones, recurrir a la práctica de la autofacturación.

Por último, en lo que se refiere a los casos en los que es obligatorio expedir factura, la sexta Directiva IVA prevé que los sujetos pasivos deberán expedir factura por las entregas de bienes o prestaciones de servicios que efectúen para otros sujetos pasivos o para personas jurídicas que no sean sujetos pasivos y por los correspondientes pagos anticipados. Solamente en el caso de algunas ventas a distancia ( incluidas en el apartado 1 del título B del artículo 28 ter), o entregas de medios de transporte nuevos ( título A del artículo 28 quarter) es obligatoria una factura por toda entrega efectuada a una persona jurídica que no sea sujeto pasivo. Los Estados miembros tienen, no obstante, la facultad de prever, en virtud de otras legislaciones, otros casos en los que es obligatorio emitir una factura.

La Comisión no tiene conocimiento de dificultades importantes en relación con la aplicación de estas disposiciones, y por lo tanto no considera que proceda modificarlas en esta fase. Además, si las propias menciones deben armonizarse según ella, esta nueva lista obligatoria sólo debería ser aplicable cuando la facturación sea obligatoria en virtud de la sexta Directiva IVA, y no en los otros casos hipotéticos que pudieran prever algunas legislaciones nacionales.

2.2. El contenido de las facturas:

Por lo que se refiere a las menciones obligatorias en la factura, el apartado 3 del artículo 22 se limita a fijar una lista no restrictiva. Los Estados miembros pueden, en su caso, ampliar esta lista con otros elementos que juzguen útiles, pero a condición de respetar el principio de proporcionalidad (sentencia de 14 de julio de 1988 - asuntos acumulados 123 y 330/87).

Según este apartado, toda factura deberá mencionar:

- el precio libre de impuestos y el impuesto correspondiente,

- la exención, cuando proceda,

- el número de Impuesto sobre el Valor Añadido intracomunitario del sujeto pasivo y del adquirente en el marco de las operaciones contempladas en los títulos C, D, E y F del artículo 28 ter [6],

[6] Prestaciones de servicios de transporte intracomunitario de bienes, prestaciones de servicios accesorias a prestaciones de transporte intracomunitario de bienes, prestaciones de servicios efectuadas por los intermediarios y prestaciones de servicios en caso de informes periciales o trabajos realizados con bienes muebles corporales.

- el número de Impuesto sobre el Valor Añadido intracomunitario del sujeto pasivo y el comprador en el marco de las operaciones contempladas en la letra a) de la parte A del artículo 28 quater [7],

[7] Entrega de bienes.

- los datos enumerados en el apartado 2 del artículo 28 bis para las entregas de medios de transporte nuevos [8],

[8] Datos que permiten determinar si se trata efectivamente de un "medio de transporte" nuevo según lo dispuesto en la sexta Directiva y que por lo tanto se gravan en el lugar de la adquisición. Estos datos se refieren, en particular, a la edad y al kilometraje del vehículo.

- en caso de aplicación de las disposiciones sobre las operaciones triangulares [9], el número de identificación a efectos del IVA del sujeto pasivo que efectúa la adquisición intracomunitaria y la entrega subsiguiente de los bienes, así como la referencia explícita al apartado 3 del título E del artículo 28 quater.

[9] Se habla de operación triangular cuando una empresa A establecida en un Estado miembro A vende un bien a una empresa B establecida en un Estado miembro B, que a su vez la vende a una empresa C establecida en un Estado miembro C y cuando este bien se transporta directamente desde el Estado miembro A al Estado miembro C en este caso, y en determinadas condiciones, la empresa B está eximida de registrarse a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el Estado miembro C, dado que entonces se designa a la empresa C como deudor del impuesto.

Aun aceptando la utilidad de estas menciones obligatorias, todo indica que es insatisfactorio tener una lista mínima de este tipo, incompleta por definición, que se traduce en la práctica, como bien lo ha destacado el informe suministrado a la Comisión por el asesor, en una extrema variedad de menciones en cada Estado miembro, fuente de dificultades para los operadores con actividad en varios Estados de la Comunidad.

2.3. La facturación electrónica:

El concepto mismo de facturación electrónica está completamente ausente de la Sexta Directiva IVA.

La letra c) del apartado 3 del artículo 22 permite, no obstante, la aceptación por los Estados miembros de este tipo de facturas. Pero está claro que este fundamento es insuficiente, ya que se limita a prever una facultad para los Estados miembros.

El resultado de todo ello es, por lo tanto, no sólo una libertad total para instituir o no este marco jurídico y, en consecuencia, permitir o prohibir esta práctica, sino también una diversidad extrema de las condiciones en las cuales se puede ejercer esa libertad. En ausencia de condiciones mínimas impuestas a escala comunitaria, puede ser difícil para algunos Estados miembros aceptar el desarrollo de estas nuevas tecnologías de facturación a nivel transfronterizo, sobre todo teniendo en cuenta que la factura es esencial en el sistema de control del IVA.

Esta ausencia de armonización de las condiciones impuestas a la facturación electrónica es un obstáculo importante para su utilización a gran escala, pues algunas grandes empresas acaso deseen confiar sus operaciones de facturación a una sola de sus entidades (o a un tercero) que actúe por cuenta de varias de sus sucursales establecidas en distintos Estados de la Comunidad y sujetas a distintas legislaciones.

Ahora bien, la creciente especialización de las actividades de las distintas ramas de las empresas en toda Europa precisamente ha conducido a grandes grupos en los últimos tiempos a confiar a una sola de sus ramas el cuidado de presentar las facturas por cuenta del conjunto del grupo, cualquiera que sea el lugar de establecimiento de aquellas ramas. La existencia de quince legislaciones diferentes en cuanto a facturación puede ser un obstáculo importante para el desarrollo de este fenómeno, que es, sin embargo, favorable a la reducción de los costes de gestión de las empresas europeas y en consecuencia al refuerzo de su competitividad con relación a las empresas de terceros países.

Por otra parte, la reciente evolución tecnológica exige con urgencia la creación de un marco jurídico comunitario sobre este tema. Además del desarrollo de la tecnología EDI [10], que permite la facturación electrónica de una manera garantizada y hoy aceptada en numerosos países europeos, pero que se limitaba a algunas grandes empresas, asistimos actualmente a la aparición de una tecnología mucho más flexible, accesible también a las pequeñas y medianas empresas y basada en la utilización de Internet. Inevitablemente, esta tecnología plantea problemas de seguridad técnica, pues la transmisión de facturas por una red no protegida, como es Internet, crea riesgos en relación con la autenticidad del origen de las facturas o con la integridad de su contenido. Con estas tecnologías, además de haberse operado un cambio de escala, la facturación electrónica -que durante mucho tiempo fue la excepción- va a convertirse con toda certeza en la norma, sobre todo teniendo en cuenta que su utilización significa una reducción sustancial de los costes. Así, el estudio presentado a la Comisión destacó que el coste de una factura electrónica suponía por término medio entre 0,28 y 0,47 euros, en contraste con las cantidades de 1,13 a 1,65 euros de una factura tradicional.

[10] Electronic Data Interchange.

Para terminar, hay que añadir que este cambio radical de las prácticas comerciales no constituye en absoluto una amenaza para las administraciones fiscales, sino que, por el contrario, si se aplica adecuadamente, su naturaleza favorece un control fiscal más eficaz. Gracias a los nuevos programas informáticos de control fiscal hoy disponibles en el mercado, las facturas electrónicas son, en efecto, más rápidas y más fáciles de comprobar que las voluminosas carpetas llenas de facturas en papel.

2.4. El almacenamiento de las facturas:

Por lo que se refiere al almacenamiento de las facturas, la sexta Directiva prevé actualmente una obligación de conservar un duplicado de todos los documentos emitidos, cosa que tiene poco sentido en el marco de un sistema de facturación electrónico. Es, por lo tanto, necesario modernizar esta obligación, convirtiéndola en una obligación más general de almacenamiento de las informaciones, con independencia del medio utilizado.

3. Las modificaciones propuestas:

3.1. Artículo 1, apartado 1:

3.1.1. La obligación de emitir factura (letra a) del apartado 3 del artículo 22):

En primer lugar, conviene tener en cuenta que la determinación de los casos en los cuales existe, a escala comunitaria, obligación de facturación no experimenta cambios. A efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, los casos actualmente previstos por la sexta Directiva son suficientes, pero no se excluye que otras legislaciones puedan requerir la obligación de presentar una factura o un documento que haga las veces de factura en otros casos. Las condiciones comunitarias impuestas a la facturación, y, en particular, la lista obligatoria de menciones, por supuesto solamente podrían aplicarse a los casos en los que la propia legislación comunitaria impone una obligación de facturación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. En los otros casos (por ejemplo, en el caso de una facturación a particulares en casos diferentes de los de la venta a distancia o los medios de transporte nuevos), corresponderá a los propios Estados miembros fijar estas condiciones. En efecto, en estas situaciones no es necesario imponer todas las menciones previstas en la presente legislación ya que no todas serán útiles y añadirían una dificultad superflua para los operadores.

En cambio, en adelante está previsto explícitamente que la obligación de facturación se pueda delegar en un tercero (subcontratación) o en el cliente (autofacturación). La Comisión propone, por lo tanto, que el sujeto pasivo que efectúa la operación sea en adelante responsable de la emisión de las facturas y no esté obligado -en sentido estricto- a emitirlo él mismo. Conviene, no obstante, tener en cuenta que en cualquier caso y cualquiera que sea el autor de la factura, el único responsable de su emisión debe seguir siendo el sujeto pasivo que efectúa la operación. Por otra parte, es indispensable que exista un acuerdo explícito previo al que puedan remitirse ambas partes si así lo solicitara la administración fiscal así como un procedimiento de aceptación implícita o explícita de cada factura por el sujeto pasivo que realiza la operación..

Por lo que se refiere a la autofacturación, los Estados miembros podrán imponer otras condiciones. Esta técnica de facturación, si bien es de un interés comercial evidente, presenta al mismo tiempo algunos riesgos en la medida en que equivale a hacer emitir las facturas por el detentador del derecho a deducción, lo cual contradice la división de las competencias entre cliente y proveedor, que es esencial en el sistema de control del IVA. No hay que ignorar el riesgo de facturación abusiva por parte del cliente con el fin de deducir un impuesto que nunca se pagó. Este riesgo es aún mayor, por otra parte, en el marco de una entrega de bienes intracomunitaria, ya que en este caso el cliente es al mismo tiempo el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La Comisión considera, no obstante, que en cualquier caso estas condiciones no deben ser discriminatorias con respecto a los clientes establecidos en otro Estado miembro. Por lo tanto, no debe ser posible imponer condiciones más restrictivas a la autofacturación transfronteriza que a la autofacturación dentro de un Estado miembro.

Pero en el caso en que el tercero o el cliente emisor de la factura por cuenta del sujeto pasivo estuviera establecido en un Estado tercero con el cual no exista ningún marco jurídico que permita la asistencia mutua, puede estar justificado (a causa de las dificultades suplementarias para obtener informaciones de este cliente o este tercero) prever condiciones más severas. Se trata, por supuesto, de una simple facultad de los Estados miembros.

Por último, en lo que se refiere a los documentos que pueden sustituir a la factura, la presente propuesta proporciona un fundamento claro a la facturación periódica y al envío de las notas de crédito o de débito.

La práctica de la facturación periódica debe autorizarse expresamente, pues puede resultar económicamente ventajosa, por ejemplo en los casos en que se suministran regularmente recambios en grandes cantidades, a condición de que el período en cuestión no pase de un mes.

Por lo que se refiere a las notas de crédito y débito, la Comisión sugiere asimilarlas completamente, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, a las facturas a las que corrigen. En consecuencia, les sería también aplicable el conjunto de las disposiciones del apartado 3 (menciones obligatorias, posibilidad de transmisión electrónica y obligación de almacenamiento).

3.1.2. El contenido de las facturas (letra b) del apartado 3 del artículo 22):

El planteamiento de la Comisión en cuanto a las menciones que deben figurar en las facturas es que la internacionalización creciente de las economías y el desarrollo del comercio electrónico hacen indispensable una armonización de esas menciones. Estas dos tendencias exigen cada vez con más frecuencia que una única entidad establecida en un Estado miembro emita facturas por cuenta de varios sujetos pasivos establecidos en distintos países o, más sencillamente, que un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro haya de emitir facturas conformes con las legislaciones de varios Estados miembros (porque ejerce actividades imponibles en varios países).

No obstante, esta armonización se limita a las condiciones necesarias desde el punto de vista del IVA, lo cual significa que las administraciones fiscales no deberían poder imponer otras menciones a efectos de dicho impuesto. Concretamente, eso se traduce en que esta lista se aplicará siempre que la emisión de una factura sea obligatoria en virtud de la legislación sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido. En cualquier caso, el respeto de las menciones impuestas por la presente propuesta debería bastar para justificar el derecho a deducción. En cambio, esta propuesta no podría tener como efecto la prohibición de otras menciones obligatorias con fines no fiscales, cuya armonización no podría resultar de una iniciativa de la Comisión en materia de IVA.

La lista sugerida por la Comisión está formada por doce menciones generales, pero debe leerse a la luz de otras disposiciones particulares contenidas en la sexta Directiva. Es el caso, por ejemplo, del apartado 9 del artículo 26 bis B, que prohibe toda mención del impuesto pagadero (porque no es deducible) correspondiente a las entregas de bienes sujetas al régimen de imposición del margen; por supuesto que tal disposición será siempre aplicable.

Esta lista de menciones sería obligatoria para los operadores en cada Estado miembro y ninguna otra mención sería obligatoria (a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido), lo cual no excluye, por supuesto, cualquier otra mención que deseen los propios operadores, en particular cuando el cliente necesite informaciones suplementarias.

Obviamente, esta lista no recoge todas las menciones que exige actualmente cada uno de los quince Estados miembros; se trata, pues, de un difícil compromiso entre la tentativa de simplificación, la necesidad de control por parte de las administraciones y también las necesidades de los operadores, obligados a aplicar correctamente la legislación relativa al IVA. Una lista demasiado breve sería al mismo tiempo fuente de dificultades para las administraciones fiscales y fuente de incertidumbre para los sujetos pasivos; una lista demasiado larga constituiría una dificultad para los operadores.

Por otro lado, la Comisión considera que debe ser posible para los Estados miembros derogar esta lista obligatoria en el caso de facturas de un importe menor, y en casos que habrán de determinar ellos mismos, siempre que se trate de suprimir y no de añadir menciones.

Además, conviene recordar que, en virtud de las disposiciones previstas en la letra a) del apartado 9 del artículo 22 y en el apartado 4 del artículo 25, los Estados miembros podrán prever medidas de simplificación. En efecto, estas disposiciones permiten a los Estados miembros suprimir algunas menciones obligatorias en los casos en que el sujeto pasivo sólo efectúa operaciones exoneradas con arreglo a los artículos 13 y 15, cuando se beneficia del régimen de franquicia concedido a las pequeñas y medianas empresas, cuando es un agricultor en régimen de tanto alzado o cuando no efectúa ninguna operación intracomunitaria.

También se prevé explícitamente la posibilidad de que en el envío simultáneo de facturas por lotes a un mismo destinatario estas menciones obligatorias figuren una sola vez cuando son comunes a todas las facturas. Esta práctica es, en efecto, relativamente corriente en el marco de la facturación electrónica en la medida en que permite simplificar el proceso de facturación mencionando una sola vez los elementos comunes (como el nombre, la dirección y el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido).

Se excluye la posibilidad de que los Estados miembros impongan condiciones relativas a la firma de las facturas, a excepción de las fijadas en la letra c), cuyo único objetivo es garantizar la seguridad técnica de la facturación electrónica. En efecto, la firma no es necesaria como instrumento jurídico para la facturación. Por otra parte, sería difícil que los operadores se sometieran a tal obligación únicamente en algunos Estados miembros, pues esta obligación no sólo tendría consecuencias sobre la presentación de las facturas en papel, sino que tendría también el efecto de entorpecer las condiciones técnicas de la facturación electrónica y malograr así el actual esfuerzo de armonización de estas condiciones.

Por lo que se refiere a la moneda que podía utilizarse, se ha adoptado un enfoque muy flexible. La Comisión no ve, en efecto, ninguna dificultad especial para que se pueda utilizar cualquier moneda, nacional [11] o no, comunitaria o no, a condición, por supuesto, de que el importe del impuesto que debe pagarse esté convertido a la moneda nacional, utilizando los mecanismos de conversión previstos en el apartado 2 del artículo 11 C.

[11] El euro se considera, por supuesto, la moneda nacional de los países de la zona euro, igual que la moneda nacional, que sigue coexistiendo con el euro durante el período transitorio.

Por lo que se refiere a la lengua que puede utilizarse, el principio de subsidiariedad implica, en cambio, que les corresponda a los propios Estados miembros determinar las posibles condiciones lingüísticas que deben imponerse a la facturación, a condición, por supuesto, de que estas condiciones sólo se apliquen a las facturas emitidas por sus propios operadores y no a las que éstos reciben.

Por último, la Comisión considera que la presente armonización del contenido de las facturas en la Comunidad facilitará la aparición, a escala europea o mundial, de formatos electrónicos estandarizados para la facturación, y facilitará asimismo su interoperatividad.

3.1.3. La facturación electrónica (letra c) del apartado 3 del artículo 22):

El futuro marco jurídico en materia de facturación debe también tener en cuenta el desarrollo de las nuevas tecnologías. Esta es la razón por la que la letra c) del apartado 3 del artículo 22 sienta el principio general según el cual una factura se puede transmitir en cualquier soporte, ya sea material o electrónico (en este último caso, bajo reserva de información previa del destinatario en el momento de la conclusión de la transacción), con el fin de garantizar la mayor neutralidad posible.

Esta aceptación de principio, que ahorra la exposición de una lista de tecnologías o métodos aceptables, es el único procedimiento que permite construir un marco jurídico neutro desde el punto de vista tecnológico y en consecuencia duradero. Hoy día, la tecnología más corriente es la tecnología EDI [12], pero disponemos de otras tecnologías basadas en Internet que son aceptadas por algunas administraciones fiscales.

[12] Electronic Data Interchange.

Una vez implantado este principio de aceptación general, la letra c) precisa el contexto jurídico en el que se pueden aceptar las facturas transmitidas por medio electrónico.

En primer lugar, está previsto en el nuevo dispositivo que no pueda existir ningún sistema de autorización previa, pues sería un obstáculo demasiado gravoso para el desarrollo de la facturación electrónica. Solamente se podría prever una simple notificación previa -a elección de cada Estado miembro-, sin ninguna posibilidad de rechazo a priori ni de imposición de plazo suspensivo alguno por parte de la administración fiscal, puesto que se trata de una práctica poco onerosa. La Comisión no es en absoluto favorable a ese sistema de notificación previa, pues no ve la necesidad de la misma a largo plazo; sin embargo, es consciente de que el desarrollo de la facturación electrónica es un fenómeno relativamente nuevo en algunos Estados miembros y de que tal sistema puede resultar necesario en un primer momento para acompañar el desarrollo. Por otra parte, la experiencia ha puesto de manifiesto que los Estados miembros que hoy están relativamente avanzados en esta materia a menudo han pasado sucesivamente por un sistema de autorización previa antes de transformarlo en sistema de simple notificación previa, que en muchos casos está previsto suprimir. Sin embargo, a largo plazo este sistema de notificación previa debería resultar inútil, por eso la Comisión propone que después del 31 de diciembre de 2005 no sea ya posible recurrir a él.

Más allá de este aspecto puramente de procedimiento, el núcleo del marco jurídico así propuesto está constituido por las condiciones de fondo impuestas a la facturación electrónica, condiciones cuyo objetivo consiste en garantizar la seguridad técnica del método. Por otra parte, estas condiciones no redundan solamente en el interés de las administraciones fiscales sino también en el de los operadores, conscientes de la necesidad de asegurar la transmisión electrónica de sus facturas.

Estas condiciones son las siguientes:

- la garantía de la autenticidad del origen de la factura, de tal modo que el destinatario de la factura esté seguro de que ésta procede realmente del emisor.

- la garantía de la integridad del contenido de las facturas (el conjunto de las menciones, incluido el número de la factura).

Para cumplir estas dos condiciones, toda factura electrónica deberá ser objeto de una firma electrónica avanzada, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2) de la Directiva 1999/93/ CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica [13]. Según el apartado 2 del artículo 2 de esta Directiva, una firma electrónica avanzada es la que satisface las exigencias siguientes: estar vinculada al firmante de manera única, permitir la identificación del firmante, haber sido creada utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control y estar vinculada a los datos a que se refiere de modo que cualquier cambio ulterior de los mismos sea detectable.

[13] DO L 13, de 19.1.2000, p. 12.

Por lo que se refiere a la aceptación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido de facturas transmitidas por medio electrónico a partir de un país con el cual no existe marco jurídico que permita la asistencia mutua, los Estados miembros deberán poder imponer condiciones suplementarias.

Corresponderá finalmente a las administraciones fiscales velar por que el conjunto de los sujetos pasivos que efectúan operaciones en su territorio reúnan estas condiciones; para ello recurrirá todos los medios de control convenientes, incluso a las disposiciones relativas a la asistencia mutua cuando la emisión de las facturas se subcontratara a un tercero no establecido en el país.

El objetivo de esta lista de condiciones es no sólo garantizar un nivel de seguridad técnica satisfactorio para las administraciones fiscales, sino también transmitir a los operadores un mensaje enérgico destinado a determinar a qué criterios deben responder en adelante los programas informáticos de facturación, lo cual no podrá menos que favorecer la aparición de programas informáticos conformes, así como la reducción de su coste. Además, debería facilitar el trabajo de normalización actualmente en curso en este ámbito a nivel europeo e internacional.

Por supuesto, los operadores que lo deseen podrán imponerse condiciones más severas. Por ejemplo, podrán acompañar la firma electrónica avanzada de un certificado cualificado que dará así a la firma electrónica un valor jurídico equivalente al de una firma manuscrita. Ese certificado podrá también contener informaciones sobre el número de identificación del sujeto pasivo a efectos del IVA. No obstante, la Comisión considera que no debe tratarse de una obligación; eso constituiría un requisito suplementario y costoso para la facturación electrónica, y además no es indispensable, pues ni siquiera las facturas en papel requieren firma.

También será posible que los operadores vayan más allá en la protección del contenido del mensaje transmitido, utilizando técnicas de codificación [14]. Pero la utilización de estas técnicas no debe transformarse en obligación, puesto que el objetivo de la codificación consiste esencialmente en garantizar la confidencialidad de las informaciones transmitidas, lo cual no es indispensable en el proceso de facturación.

[14] La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada "El fomento de la seguridad y la confianza en la comunicación electrónica - Hacia un marco europeo para la firma digital y el cifrado" (COM (1997) 503 de 8.10.1997) proporciona detalles más amplios sobre estas técnicas.

3.1.4. El almacenamiento de las facturas previsto en la letra d) del apartado 3 del artículo 22:

El concepto de obligación de "conservación de un duplicado" se sustituye por una obligación más general de "almacenamiento" de las facturas emitidas y recibidas, con el fin de adaptar esta obligación al desarrollo de la facturación electrónica.

No obstante, el tiempo durante el cual el almacenamiento es obligatorio solamente puede ser fijado por los propios Estados miembros, pues es algo que depende de procedimientos puramente nacionales en cuanto a derecho de control.

Por lo que se refiere al lugar de almacenamiento, la Comisión considera en cambio que corresponde al propio operador determinar libremente el lugar de almacenamiento de estas facturas y que éste último puede situarse fuera del territorio nacional, en particular, cuando las facturas fueron transmitidas por un tercero establecido en otro país.

Pero esta libertad debe ir acompañada de las dos condiciones siguientes:

- el operador debe tener un acceso inmediato y en cualquier momento desde sus locales al conjunto de las informaciones contenidas en la factura, para responder a cualquier posible solicitud de las autoridades fiscales de su país. Es claro que esta condición sólo podría cumplirse en caso de almacenamiento electrónico, ya que un sistema de almacenamiento en carpetas fuera de los locales de la empresa no podría nunca permitir este acceso inmediato y en cualquier momento.

- la integridad de los datos (el conjunto de las menciones incluido el número de la factura) y su legibilidad deben quedar garantizada durante todo el período de almacenamiento.

Cuando la factura se transmite por medio electrónico, será finalmente obligatorio, con el fin de permitir un control eficaz y de garantizar la integridad de los datos, que el almacenamiento se efectúe en soporte electrónico y que la firma electrónica avanzada se almacene al mismo tiempo que la factura.

Cuando el almacenamiento de las informaciones, es decir, concretamente el soporte informático (por ejemplo, un disco duro o un disco compacto) en el que esos datos se encuentran, esté situado físicamente en un país con el cual no hay ningún marco jurídico comparable al existente en la Comunidad para la asistencia mutua en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido, los Estados miembros podrán imponer condiciones suplementarias si lo consideran necesario.

3.1.5. La definición de la transmisión y del almacenamiento electrónico de las facturas (letra e) del apartado 3 del artículo 22):

El punto e) define el concepto de transmisión y almacenamiento de las facturas "por medio electrónico" a efectos de la aplicación de los puntos c) y d). La definición utilizada se inspira en la contenida en la Directiva 98/48/ CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 20 de julio de 1998 [15], que modifica la Directiva 98/34/ CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas.

[15] DO L 217, de 5.8.1998, p. 18.

3.2. Punto 2 del artículo 1:

El apartado 8 del artículo 22 permite actualmente a los Estados miembros prever las obligaciones suplementarias que juzguen necesarias para garantizar la exacta recaudación del impuesto y para evitar el fraude.

Se propone, pues, enmendar este apartado con el fin de indicar que no podrá ser utilizado para imponer obligaciones suplementarias en cuanto a facturación, dado que en adelante dichas obligaciones estarán armonizadas.

4. Conclusión

Las disposiciones de la presente propuesta constituyen un conjunto coherente destinado a simplificar y modernizar las condiciones impuestas a la facturación en la Comunidad Europea mediante la creación de un marco jurídico armonizado.

No obstante, la armonización se limita a los aspectos de la facturación en los que dicha armonización es realmente necesaria y encomienda a los propios Estados miembros, en la medida de lo posible, la tarea de fijar el conjunto de las condiciones complementarias que no es necesario determinar a escala comunitaria. Respeta, pues, perfectamente el principio de subsidiariedad. Desde luego, es evidente que esta libertad de la que disfrutan los Estados miembros queda circunscrita y delimitada por las libertades establecidas en el Tratado y debe, por lo tanto, ejercerse de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, respetando el principio de "proporcionalidad".

Por otra parte, se limita a las condiciones que la legislación impone a la facturación en relación con el IVA. Está claro que existen otras condiciones que la presente propuesta de modificación de la sexta Directiva no podría simplificar ni armonizar. Su objetivo consiste, pues, en procurar que estas condiciones sean suficientes a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y permitan la concesión del derecho a deducción. No obstante, eso no prejuzga la posible necesidad de simplificar, a escala comunitaria o a nivel nacional, las otras obligaciones impuestas a la facturación.

Pero como el Impuesto sobre el Valor Añadido es esencial en el marco reglamentario que rodea la facturación, esta propuesta debería permitir una simplificación sustancial de las obligaciones de los operadores, en particular, los que tienen actividades transfronterizas.

Por otro lado, la propuesta debería favorecer el desarrollo de la facturación electrónica, y por ende el del comercio electrónico, proporcionando al mismo tiempo garantías suficientes a las administraciones fiscales en cuanto a seguridad.

Se inscribe, pues, perfectamente en el marco de la nueva estrategia de la Comisión en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido [16] destinada a favorecer a corto plazo la simplificación y la modernización del sistema comunitario del IVA.

[16] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Estrategia para mejorar el funcionamiento del régimen del IVA en el marco del mercado interior. (COM(2000) 348, de 7.6.2000).

La presente propuesta no tiene incidencia sobre los recursos propios de las Comunidades Europeas procedentes del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2000/0289 (CNS)

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 77/388/ CEE con objeto de simplificar, modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la facturación en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 93,

Vista la propuesta de la Comisión [17],

[17] DO C de , p. .

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [18],

[18] DO C de , p. .

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [19],

[19] DO C de , p. .

Considerando lo siguiente:

(1) Las condiciones actuales impuestas a la facturación enumeradas en el apartado 3 del artículo 22, en la versión que figura en el artículo 28 nono de la sexta Directiva 77/388/ CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en cuanto a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme [20], cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/17/CE [21], son relativamente poco numerosas, lo cual deja a los Estados miembros el cuidado de determinar las condiciones esenciales. Por otra parte, esas condiciones son inadecuadas para el futuro desarrollo de las nuevas tecnologías y métodos de facturación.

[20] DO L 145, de 13.6.1977, p. 1.

[21] DO L 84, de 5.4.2000, p. 24.

(2) El informe de la Comisión relativo a la segunda fase de la iniciativa SLIM [22] (Simplificación de la Legislación sobre el Mercado Interior) recomienda estudiar cuáles son las menciones necesarias en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido para el establecimiento de una factura y cuáles son las exigencias jurídicas y técnicas en cuanto a la facturación electrónica.

[22] COM(97) 618 final, de 24.11.1997.

(3) Las conclusiones del Consejo ECOFIN de junio de 1998 destacaron que el desarrollo del comercio electrónico requería la creación de un marco jurídico para la utilización de la facturación electrónica que permita la protección de las posibilidades de control de las administraciones fiscales.

(4) En consecuencia, para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario fijar a escala comunitaria una lista armonizada de menciones obligatorias en las facturas en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y establecer algunas modalidades comunes del recurso a la facturación electrónica y al almacenamiento electrónico de las facturas, así como a la autofacturación y a la subcontratación de las operaciones de facturación. La autenticidad del origen de dicha facturación electrónica deberá garantizarse por medio de una firma electrónica avanzada, según lo dispuesto en el apartado 2) del artículo 2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 13 de diciembre de 1999 por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica [23].

[23] DO L 13, de 19.1.2000, p. 12.

(5) Conviene prever que en adelante los Estados miembros no puedan exigir de sus operadores el envío de sus facturas o de un documento recapitulativo de éstas en soporte papel cuando dichos operadores transmitan las facturas por vía electrónica.

(6) Finalmente, será conveniente, en lo relativo al almacenamiento de las facturas, respetar las condiciones impuestas por la Directiva 1995/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [24].

[24] DO L 281, de 23.11.1995, p. 31.

(7) Procede modificar la Directiva 77/388/CEE consecuentemente.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA

Artículo 1

En el artículo 28 nono de la Directiva 77/388/CEE, el artículo 22 quedará modificado del siguiente modo:

1) el apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente:

"3. a) Los sujetos pasivos deberán expedir, por sí mismos o por un tercero, en su nombre y por su cuenta, factura, o documento que la sustituya, por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que efectúen para otros sujetos pasivos o para personas jurídicas que no sean sujetos pasivos. Los sujetos pasivos deberán también garantizar la expedición, por sí mismos o por un tercero, en su nombre y por su cuenta, de una factura, o documento que la sustituya, por las entregas de bienes a que hace referencia el apartado 1 de la parte B del artículo 28 ter, y por las entregas de bienes que efectúen en las condiciones que establece la parte A del artículo 28 quater,

Igualmente, los sujetos pasivos deberán garantizar la expedición, por sí mismos o por un tercero, en su nombre y por su cuenta, de una factura por los pagos anticipados anteriores a la realización de las entregas de bienes a que se refiere el párrafo primero y por los pagos anticipados, efectuados por otros sujetos pasivos o por personas jurídicas que no sean sujetos pasivos antes de la realización de las prestaciones de servicios.

Las notas de abono o de adeudo se asimilarán a la factura y deberán reunir las mismas condiciones.

Podrán extenderse facturas periódicas a condición de que la periodicidad no sobrepase un mes.

Se autoriza la expedición de facturas en nombre del sujeto pasivo por una tercera persona o por su cliente siempre que exista un acuerdo explícito previo entre ambas partes que éstas puedan invocar a solicitud de la administración fiscal y a condición de que cada factura sea objeto de un procedimiento de aceptación implícita o explícita por el sujeto pasivo que realice la operación.

Los Estados miembros podrán imponer a los sujetos pasivos que efectúan operaciones en su territorio otras condiciones para la expedición de facturas, en su nombre y por su cuenta, por sus clientes, a condición de que informen previamente a la Comisión. En cualquier caso, estas condiciones deberán ser las mismas cualquiera que sea el lugar de establecimiento del cliente.

Además, siempre y cuando se informe previamente a la Comisión ,se podrán prever condiciones suplementarias cuando la tercera persona o el cliente que expide las facturas a nombre y por cuenta del sujeto pasivo estuviera establecido en un país con el cual no existe ningún acuerdo que articule una asistencia mutua similar a la existente en la Comunidad.

b) Sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas por la presente Directiva, solamente serán obligatorias las menciones siguientes a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en las facturas emitidas en aplicación de las disposiciones de la letra a):

- la fecha de expedición,

- un número único,

- cuando proceda, el número de identificación del sujeto pasivo y su cliente a efectos del IVA, citado en la letra c) del apartado 1,

- el nombre y la dirección completa del sujeto pasivo y de su cliente,

- una descripción de los bienes o servicios,

- la cantidad de bienes suministrados o, en caso necesario, de servicios prestados,

- la fecha de la entrega de bienes o de la prestación de servicios,

- el lugar de la entrega de bienes o de la prestación de servicios,

- la base de imposición para cada tipo,

- el tipo aplicable,

- el importe del impuesto pagadero,

- el importe total que debe abonarse,

- en caso de exención, la referencia a la disposición de la presente Directiva que justifica la exención,

- en caso de entrega de medios de transporte nuevos, los datos enumerados en el apartado 2 del artículo 28 bis,

- en caso de aplicación del régimen especial de imposición del margen, la referencia al artículo 26 ó 26 bis,

- en caso de aplicación de las disposiciones previstas en el apartado 3 de la parte E del artículo 28 quater, una referencia explícita a esas disposiciones, así como el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido bajo el cual el sujeto pasivo efectuó la adquisición intracomunitaria y la entrega subsiguiente de los bienes y el número con el cual se identifica al destinatario de esta entrega de bienes a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

No obstante, los Estados miembros, siempre y cuando informen previamente a la Comisión, podrán eximir a las facturas de un importe menor de algunas menciones obligatorias previstas en el primer párrafo, en los casos que ellos mismos determinen.

Aceptarán que en el caso de lotes que incluyen varias facturas transmitidas simultáneamente al mismo destinatario, los detalles comunes a las distintas facturas puedan mencionarse una sola vez.

Sin perjuicio de las disposiciones de la letra c), no impondrán ninguna condición relativa a la firma de las facturas.

Aceptarán que los importes que figuran en la factura puedan indicarse en cualquier moneda, a condición de que el importe del impuesto pagadero se convierta a la moneda nacional.

A condición de informar previamente a la Comisión, podrán fijar condiciones suplementarias relativas a la lengua que, los sujetos pasivos que efectúen operaciones en su territorio o los que las expidieran por cuenta de los mismos, habrán de utilizar para la expedición de las facturas.

c) Las facturas emitidas en aplicación de las disposiciones de la letra a) podrán transmitirse en soporte papel o, a condición de que el destinatario haya sido informado con anterioridad a la conclusión de la transacción, por medio electrónico.

Por lo que se refiere a las facturas transmitidas por medio electrónica, deberán garantizarse la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido por medio de una firma electrónica avanzada según lo dispuesto en el apartado 2) del artículo 2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*.

Los Estados miembros no podrán imponer a los sujetos pasivos que efectúan operaciones en su territorio ninguna otra obligación o formalidad relativa a la utilización de un sistema de transmisión de facturas por medio electrónico. No obstante, hasta el 31 de diciembre de 2005 podrán prever que la utilización de dicho sistema sea objeto de una notificación previa sin efecto suspensivo. Informarán a la Comisión cuando dejen de imponer esta obligación de notificación.

Se podrán prever condiciones suplementarias para la expedición de facturas por los sujetos pasivos que efectúen operaciones en su territorio, desde un país con el cual no exista ningún acuerdo organizador de una asistencia mutua similar a la existente en la Comunidad a condición de que previamente se informe de ello a la Comisión.

d) Todo sujeto pasivo deberá velar por que se almacenen las facturas emitidas por sí mismo o por un tercero, en su nombre y por su cuenta, así como las facturas por él recibidas.

Los Estados miembros determinarán el período durante el cual los sujetos pasivos que efectúan operaciones en su territorio habrán de someterse a esta obligación de almacenamiento e informarán de ello a la Comisión..

Este almacenamiento podrá efectuarse en cualquier lugar y en cualquier soporte, con la condición de que el sujeto pasivo pueda acceder a todas las informaciones así almacenadas en cualquier momento y sin demora y que la integridad de los datos así como su legibilidad estén garantizadas durante todo el periodo de almacenamiento. Por otro lado, cualquier factura transmitida por medio electrónico deberá almacenarse por medio electrónico, acompañada de su firma electrónica avanzada.

Siempre y cuando la Comisión sea previamente informada, los Estados miembros podrán imponer condiciones suplementarias por lo que se refiere al almacenamiento, por los sujetos pasivos que efectúan operaciones en su territorio, de las facturas en un país con el cual no existe ningún acuerdo organizador de una asistencia mutua similar a la existente en la Comunidad.

e) A efectos de las letras c) y d), se entienden por transmisión y almacenamiento de una factura "por medio electrónico" una transmisión y almacenamiento efectuados por medio de equipamientos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión numérica) y almacenamiento de datos, y utilizando el teléfono, la radio, los medios ópticos u otros medios electromagnéticos.

____________________

* DO L 13, de 19.1.200, p. 12."

2) En el apartado 8 se añadirá el párrafo siguiente:

"No podrá utilizarse la facultad prevista en el primer párrafo para imponer obligaciones suplementarias a las fijadas en el apartado 3."

Artículo 2

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 1 de julio de 2001. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando adopten estas disposiciones, los Estados miembros se asegurarán de que hacen referencia a la presente Directiva o van acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

FICHA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO IMPACTO DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS Y, EN PARTICULAR, SOBRE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

Título de la propuesta

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/ CEE con objeto de simplificar, modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la facturación en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Número de referencia del documento

Propuesta:

1. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ¿por qué es necesaria una legislación comunitaria en este ámbito y cuáles son sus principales objetivos-

Es necesaria una armonización de las condiciones impuestas a la facturación, ya sea en soporte papel o electrónico, para garantizar el buen funcionamiento del mercado único. El desarrollo de las actividades transfronterizas implica, en efecto, la multiplicación de los casos en los que un operador determinado debe hacer frente a varias legislaciones fiscales diferentes en sus operaciones de facturación. Tal como se ha destacado en el marco del ejercicio SLIM II (Simplificar la Legislación para el Mercado Interior), la existencia de quince legislaciones diferentes constituye una dificultad importante para los operadores. Por otro lado, la creación de un marco jurídico armonizado para la facturación electrónica puede favorecer el desarrollo del comercio electrónico en Europa.

Por lo tanto, es indispensable una acción a escala comunitaria. La presente propuesta de Directiva se ajusta perfectamente al principio de subsidiariedad, sobre todo teniendo en cuenta que intenta, siempre que sea posible, confiar a las instancias nacionales la tarea de determinar el conjunto de las condiciones cuya fijación a escala comunitaria no es absolutamente necesario.

Impacto en las empresas

2. ¿Quién se verá afectado por la propuesta-

- ¿Qué sectores de empresas- Concierne a todos los sectores.

- ¿Qué tamaños de empresas (parte de las pequeñas y medianas empresas)- Concierne a empresas de todos los tamaños.

- ¿Hay en la Comunidad zonas geográficas específicas donde radiquen estas empresas- No.

3. ¿Qué medidas deberán adoptar las empresas para ajustarse a la propuesta-

Es posible que las empresas hayan de adaptar sus programas informáticos de facturación con el fin de ajustarse a la nueva lista de menciones obligatoria en las facturas.

4. ¿Qué efectos económicos puede tener la propuesta-

- sobre el empleo:

la presente propuesta disminuirá los costes de facturación de las empresas, pues simplificará y armonizará las condiciones de la misma.

Por otra parte, favorecerá el desarrollo del comercio electrónico.

Su impacto sobre el empleo, sin embargo, es imposible de determinar

- sobre las inversiones y la creación de nuevas empresas:

al favorecer el desarrollo del comercio electrónico y al disminuir los costes de las empresas, el efecto de la presente propuesta sobre las inversiones y la creación de nuevas empresas no puede menos de resultar positivo.

- sobre la competitividad de las empresas:

el efecto de la presente propuesta sobre la competitividad será muy positivo, pues favorecerá el desarrollo del comercio electrónico y disminuirá los costes de las empresas.

5. ¿Contiene la propuesta medidas destinadas a tener en cuenta la situación específica de las pequeñas y medianas empresas (exigencias reducidas o diferentes, etc.)-

El conjunto de las medidas de simplificación existentes para las pequeñas empresas contempladas en el artículo 24 sigue vigente, pues no se modifica el apartado 9 del artículo 22.

Consultas

6. Lista de las organizaciones a las que se consultó en relación con la propuesta, y que expusieron los elementos esenciales de su posición.

En el grupo SLIM-IVA, estaban representadas las organizaciones siguientes: Confederación fiscal europea, Eurocommerce, Federación de Expertos Contables Europeos, UEAPME, UNICE.

Estas organizaciones se pronunciaron en favor de una simplificación y una modernización de las condiciones impuestas a la facturación en Europa.

Además, el informe final sobre la facturación suministrado a la Comisión en agosto de 1999 fue objeto de una amplia difusión entre los operadores, en particular mediante el sitio Internet de la DG Fiscalidad y Unión Aduanera. De ese modo, pudieron comunicarse a los servicios de la Comisión numerosos comentarios, ampliamente positivos, sobre una base bilateral o con motivo de la participación de funcionarios de la Comisión en conferencias sobre el tema.