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Bruselas, 28.1.2009

COM(2009) 15 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Tercer examen estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea

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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Tercer examen estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea

I. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos cuatro años, esta Comisión ha realizado progresos significativos en la aplicación de su agenda para «Legislar mejor». Está simplificando la legislación que ya está publicada para velar por que esté actualizada y sea más accesible. Está reduciendo la burocracia y aplicando un programa dedicado a reducir las cargas administrativas de las empresas. Para garantizar que la nueva legislación y las políticas sean de la mayor calidad posible, ha desarrollado un amplio y ambicioso sistema de evaluación de su impacto. Además, está desarrollando, junto con los Estados miembros, unos enfoques más eficientes y efectivos para velar por la correcta aplicación del Derecho comunitario.

La reglamentación es necesaria y beneficiosa por muchas razones: para asegurarse de que los mercados funcionen correctamente; para crear una igualdad de condiciones para las empresas e instituciones financieras que compiten en el mercado único; para proteger a los trabajadores y consumidores y velar por la salud y el medio ambiente. Al mismo tiempo la reglamentación entraña un coste – para las empresas, los poderes públicos y los ciudadanos – que debe limitarse al mínimo. En su desarrollo del programa «Legislar mejor», la Comisión ha pretendido garantizar que el marco regulador contribuya a fomentar el espíritu empresarial y la innovación y permita que las empresas compitan con más eficacia y se beneficien plenamente del potencial del mercado interior. De este modo, el programa «Legislar mejor» contribuye a crear crecimiento y empleo manteniendo al mismo tiempo unos niveles muy rigurosos sociales, medioambientales y de salud y protección del consumidor. El Plan europeo de recuperación económica subrayaba que en el contexto actual de dificultades económicas y financieras, con una presión cada vez mayor sobre las empresas y las economías domésticas, la calidad de las normas reguladoras es más importante que nunca[1].

En los últimos cuatro años la forma en que la Comisión aplica el programa «Legislar mejor» ha sufrido un cambio radical. Gracias a ello la Unión se encuentra en una posición adecuada para hacer frente a los desafíos futuros. La experiencia ha demostrado que una legislación mejor tiene más éxito si todas las instituciones y Estados miembros europeos comparten la responsabilidad y actúan juntos. Esta experiencia es un activo inestimable en la escena internacional. La cumbre del G20 celebrada en noviembre de 2008 hizo hincapié en que algunos aspectos de la regulación sólo pueden resolverse junto con nuestros socios internacionales y puso de relieve el cometido cada vez mayor que la UE puede desempeñar cuando actúa unida.

La presente Comunicación repasa los progresos realizados y destaca aquellas áreas en las que son necesarios nuevos esfuerzos. Constituye una contribución al balance del programa «Legislar mejor» de cara al Consejo Europeo que se celebrará en marzo de 2009 bajo la Presidencia checa.

II. MEJORAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Desde 2005, esta Comisión ha emprendido la que indudablemente es hasta la fecha la iniciativa más ambiciosa y firme para actualizar, modernizar y simplificar el corpus legislativo comunitario (el «acervo»). Una gama de actividades – el Programa de simplificación permanente, el estudio del acervo para descubrir las posibilidades de simplificación, las actividades de codificación, la disponibilidad sistemática de las versiones consolidadas de los textos legales, y el programa de reducción de las cargas administrativas - está reportando beneficios tangibles para las empresas, los ciudadanos y los poderes públicos.

1. La legislación es ahora más sencilla, más clara y supone menos papeleo

Durante el mandato de esta Comisión, la simplificación ha pasado de ser un conjunto bastante limitado de medidas de simplificación en gran parte independientes a formar parte inherente de cualquier revisión política en todos los ámbitos políticos. En octubre de 2005, la Comisión elaboró un «Programa de simplificación permanente» compuesto por cien iniciativas hasta el año 2008. Ha actualizado el programa cada año con nuevas iniciativas y lo ha ido extendiendo progresivamente a todos los ámbitos políticos. Las sugerencias de los ciudadanos, de los interesados y de los Estados miembros han formado parte importante de este proceso. El programa consta ahora de ciento ochenta y cinco iniciativas y, aunque inicialmente se avanzase con lentitud, la Comisión ha presentado ahora propuestas para simplificar ciento treinta y dos de ellas[2]. Se han adoptado setenta y cinco de estas propuestas y otras cincuenta están pendientes ante el Consejo y Parlamento.

Junto con la simplificación, la Comisión ha codificado su legislación, reuniendo en un texto la legislación de base y las subsiguientes enmiendas. Gracias a ello, las leyes son más claras y el volumen de legislación ha disminuido. En 2008, la Comisión concluyó la codificación de doscientos veintinueve actos de un total de cuatrocientos treinta y seis. Se adoptaron y se publicaron en el Diario Oficial ciento cuarenta y dos actos. Mediante la simplificación y codificación de la legislación, esta Comisión ha tomado medidas que reducirán el acervo casi un 10 % - alrededor de 1 300 actos jurídicos y 7 500 páginas del Diario Oficial.

La Comisión también ha realizado un ejercicio anual desde 2005 para retirar las propuestas que ya no son pertinentes. Se han retirado ciento ocho propuestas en total, de ellas treinta en 2008.

La Comisión tiende a un enfoque de la simplificación más integrado cuyo objetivo es examinar todo el corpus legislativo que afecte a un ámbito político para descubrir los solapamientos, diferencias e incoherencias, las medidas anticuadas y la posibilidad de reducir las cargas reglamentarias. Este proceso comenzó con el segundo examen estratégico del programa «Legislar mejor» en el que la Comisión se comprometió a llevar a cabo un inventario completo del acervo antes del fin de su mandato. Con ello se ha preparado el terreno para las medidas de simplificación posteriores a 2009 y se han identificado unas ochenta y un medidas que la próxima Comisión podría incorporar a las futuras actividades de simplificación[3].

Resultados

Estas iniciativas hacen que la legislación sea más clara y accesible y producen beneficios tangibles para las empresas y los ciudadanos.

Cuando se adopte la Directiva sobre derechos del consumidor, los consumidores podrán comprar más fácilmente en la UE, especialmente por internet. Esta Directiva refunde cuatro Directivas existentes en un conjunto de normas plenamente armonizadas.

Los consumidores también se beneficiarán de la revisión del marco de la UE aplicable a los fondos de inversión, que sustituirá las 10 directivas existentes por un único texto que permitirá tener acceso a inversiones gestionadas en condiciones asequibles y de forma profesional[4].

Las empresas que prestan servicios en la UE dispondrán de normas más simplificadas gracias al nuevo «Paquete IVA».

Las pequeñas empresas se beneficiarán del nuevo Reglamento general de exención por categorías que incrementa las posibilidades de que los Estados miembros concedan ayuda estatal a las pequeñas empresas en ámbitos tales como la formación, la innovación, y el rendimiento energético. También codifica cinco reglamentos diferentes en un único texto.

La modernización y simplificación de las normas sobre transporte aéreo, que reúne tres reglamentos existentes en uno, contribuirán a que los consumidores tengan más posibilidades de elección, unos precios más bajos y una mayor competencia. Los requisitos más estrictos y la mejor supervisión de las nuevas aerolíneas reducirán el riesgo de quiebra y las consecuencias negativas para los consumidores.

Los agricultores ahorrarán costes gracias a una nueva simplificación del régimen de pago único tras la adopción del chequeo de la Política Agrícola Común[5].

2. Se está reduciendo la carga administrativa para las empresas [6]

Si bien la simplificación y la codificación reportan beneficios concretos a las empresas y los ciudadanos, la Comisión decidió que también se necesitaban unas medidas más dirigidas a eliminar las cargas administrativas de las empresas. En 2007 identificó cuarenta y dos textos legislativos en trece áreas prioritarias que representan unos costes administrativos estimados entre 115 000 y 130 000 millones EUR. Sobre esta base ha establecido un programa para reducir estas cargas administrativas un 25 % antes de 2012, el objetivo aprobado por el Consejo Europeo en marzo de 2007. La Comisión está en vías de alcanzar este objetivo a través de diversas medidas.

Antes de diciembre de 2008 la Comisión ya había presentado varias medidas que darán lugar a una reducción importante de las cargas administrativas de las empresas[7]. Entre estas medidas se incluyen la modernización de la legislación aduanera de la UE y la creación de un entorno sin soporte de papel que deben generar para los comerciantes unos beneficios que se calculan en 2 500 millones EUR al año. En el sector de las estadísticas, las propuestas de reducción relativas al comercio intracomunitario de mercancías adoptadas desde 2004 o pendientes ante los legisladores permitirán a los Estados miembros eximir a cerca de 370 000 empresas de las obligaciones de informar. Esto supone una reducción potencial de la población de empresas encuestadas cercana al 56 % en seis años (de 2004 a 2010), o un ahorro de más de 100 millones EUR al año hasta 2010 y más de 200 millones EUR al año a partir de 2010, en especial para las PYME.

Como próxima fase, la Comisión está identificando las reducciones concretas que pueden hacerse en cada una de las áreas prioritarias. Este ejercicio está bien avanzado en dos áreas prioritarias fundamentales. En el caso del Derecho de sociedades, la Comisión planea proponer que se permita a Estados miembros excluir a las microempresas del ámbito de aplicación de las Directivas contables de la UE. El principio de «pensar primero a pequeña escala» se está aplicando en general a estas Directivas para adecuar el régimen a las necesidades de las PYME. Estas revisiones podrían generar unos ahorros totales de cerca de 8 000 millones EUR. La Comisión propondrá una revisión ambiciosa de la Directiva IVA para eliminar las barreras a la facturación electrónica y modernizar las normas sobre facturación. Esto reportará importantes beneficios económicos a las empresas y reducirá perceptiblemente los costes resultantes de la observancia de las normas sobre el IVA. Se ha calculado que la reducción potencial máxima a medio plazo de la eliminación de los obstáculos de la normativa sobre el IVA a la facturación electrónica ascendería a 18 000 millones EUR si todas las facturas se enviaran electrónicamente.

Hasta la fecha las medidas de reducción presentadas o previstas suponen un ahorro superior a 30 000 millones EUR.

Este programa de reducción se basa en un ejercicio de gran alcance para describir y evaluar las cargas administrativas producidas por la legislación de la UE en los veintisiete Estados miembros y en trece áreas prioritarias. Gracias a ello la UE se sitúa en vanguardia de los esfuerzos para reducir el papeleo resultante de las llamadas «obligaciones de información». Esto ha permitido comprender mucho mejor la forma en que los Estados miembros transponen y aplican la legislación de la UE y lo que ello supone para las empresas en términos de obligaciones de información[8]. El ejercicio ha aumentado la concienciación de los poderes públicos ante las cargas administrativas y les ha dado la oportunidad de revisar la eficacia y eficiencia de las normas vigentes.

El ejercicio se apoya en gran medida en la experiencia externa y en las contribuciones de los interesados. Las opiniones positivas del Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes sobre Cargas Administrativas relativas a la exención de las microempresas y a la reforma del IVA en relación con las normas sobre facturación electrónica son buenos ejemplos de ello. El grupo también está impulsando este proceso en otras áreas prioritarias. Se han efectuado más de trescientas cincuenta presentaciones a través de las consultas en línea y fuera de línea. Finalmente, los Estados miembros han aceptado hacer esfuerzos comparables y, a finales de 2008, veintiún Estados miembros habían fijado unos objetivos nacionales de reducción, mientras que a finales de 2006 el número de Estados ascendía a siete. Algunos Estados miembros ya han realizado cambios importantes en la transposición de la legislación de la CE. La Comisión está cooperando estrechamente con las autoridades nacionales que transponen la legislación de la UE para difundir las buenas prácticas que permitan reducir rápidamente las cargas administrativas. La Comisión invita a los Estados miembros a beneficiarse plenamente del paquete inicial que se ha desarrollado para el futuro trabajo de medición y reducción y para fomentar la armonización y comparabilidad de los datos. La Comisión también los invita a acordar un conjunto de principios para supervisar la evolución de la reducción de cargas administrativas al nivel de la UE y del Estado miembro.

3. Próximos pasos

En las actuales circunstancias económicas difíciles, la mejora de la calidad de la legislación existente y la supresión de cargas administrativas innecesarias cobran más importancia para las empresas. La Unión debe, por lo tanto, aplicar estos programas con firmeza.

- La Comisión, basándose en la medida de referencia de la UE, identificará las reducciones concretas que deben hacerse en cada una de las trece áreas prioritarias y presentará propuestas derivadas del presente programa de acción para reducir las cargas administrativas en la legislación de la UE. Se hará todo lo posible para adoptar estas propuestas antes del final de este mandato de la Comisión.

- La Comisión presentará en 2009 treinta y tres nuevas iniciativas de simplificación que estarán dirigidas, por ejemplo, a luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, eximir a las microempresas de los requisitos contables o garantizar el reconocimiento y ejecución de sentencias en asuntos civiles y mercantiles.

- Basándose en el inventario del acervo, la Comisión ha identificado ochenta y una nuevas acciones que la próxima Comisión puede considerar para un futuro programa de simplificación.

- Se invita al Consejo y al Parlamento a adoptar lo más rápidamente posible las cincuenta iniciativas de simplificación pendientes, y todas las propuestas administrativas de reducción pendientes.

- Teniendo en cuenta las respuestas recibidas a la consulta, la Comisión propone ampliar el programa de acción para incluir otros treinta actos legislativos.

- La Comisión continuará cooperando estrechamente con las autoridades nacionales responsables de la transposición de la legislación de la UE para difundir las buenas prácticas para reducir las cargas administrativas rápidamente.

- Se invita a los Estados miembros que no se habían fijado un objetivo nacional de reducción el 31 de diciembre a que lo hagan antes del Consejo Europeo de la primavera de 2009. Se invita a todos los Estados miembros a tomar medidas concretas a su nivel y a comunicarlas en los informes provisionales nacionales anuales sobre la estrategia de Lisboa.

III. MEJORAR LA CALIDAD DE LAS NUEVAS INICIATIVAS

1. Un planteamiento de gran alcance y ambicioso

La mejora de la calidad de las nuevas iniciativas es una parte esencial del programa «Legislar mejor». Conforme a las buenas prácticas internacionales, la Comisión cree que la manera más efectiva de crear una cultura de «Legislar mejor» consiste en hacer que los responsables de desarrollar las políticas sean también responsables de evaluar los impactos de sus propuestas. Éste ha sido un aspecto fundamental del sistema de evaluación de impacto que la Comisión ha desarrollado desde 2002, y que en su opinión está cambiando fundamentalmente la cultura de trabajo de la institución. Desde 2002, la Comisión ha finalizado más de cuatrocientas evaluaciones de impacto. Solo en 2008 se realizaron ciento treinta y cinco. El sistema tiene varias características que merecen ser destacadas.

En primer lugar, la Comisión está convencida de que un planteamiento integrado de la evaluación de impacto es la forma más apropiada de garantizar la necesidad de las medidas que proponga y de producir políticas de gran calidad. Por consiguiente, las evaluaciones de impacto analizan tanto los beneficios como los costes y afrontan de forma equilibrada todas las consecuencias económicas, sociales y medioambientales significativas de las posibles iniciativas. Este planteamiento garantiza que se utilice toda la experiencia adecuada de la Comisión, así como las contribuciones de los interesados y con ello mejora la coherencia de las iniciativas en todas las áreas políticas.

En segundo lugar, la Comisión ha ampliado el requisito de efectuar evaluaciones de impacto más allá de las iniciativas del programa legislativo y de trabajo anual, para cubrir todas las iniciativas que pudieran tener un impacto significativo, lo que incluye temas de comitología con repercusiones significativas.

En tercer lugar, para contribuir a velar por que las evaluaciones de impacto se ajusten a los procedimientos y normas de calidad, la Comisión ha creado una función central de control de calidad exigente en forma de Comité de evaluación de impacto (CEI) que es independiente de los departamentos de formulación de políticas. El CEI ha examinado y emitido dictámenes sobre las evaluaciones de impacto de toda la Comisión desde su creación a finales de 2006. Ha mejorado la calidad de las políticas solicitando que se presentasen nuevas evaluaciones de impacto en un 32 % de los casos en 2008, y mediante las recomendaciones ha logrado que la calidad de las evaluaciones de impacto de la Comisión mejorara. En 2008, ha hecho mayor hincapié en la necesidad de cuantificar los impactos más sistemáticamente y de abordar claramente el problema de las cargas administrativas. También ha ayudado a los servicios de la Comisión a producir sus evaluaciones de impacto, en especial en lo relativo a la metodología que utilizan.

Finalmente, la Comisión ha creado un sistema transparente y responsable. Está fomentando una mayor transparencia en el proceso de formulación de políticas y una implicación más plena de los interesados. Todas las evaluaciones de impacto y todas las opiniones del CEI están disponibles públicamente una vez que la Comisión ha adoptado la propuesta correspondiente[9].

2. Se mejorarán más las evaluaciones del impacto

La Comisión ha establecido un sistema de evaluación de impacto que por lo general se considera, en términos de exhaustividad y transparencia, de gran calidad tanto a nivel europeo como internacional. Sin embargo, aún se puede mejorar la calidad de las propias evaluaciones de impacto. En su informe de 2008, el CEI recomendó reforzar el control de calidad antes de presentarle las evaluaciones de impacto. La Comisión tomará varias medidas a este efecto. Concretamente, consolidará la función de la unidad de evaluación de impacto en cada Dirección General y la de los grupos de control de la evaluación de impacto para garantizar que se tenga en cuenta toda la experiencia pertinente en la Comisión. Incrementará la asunción de las evaluaciones de impacto mediante la aprobación definitiva de los directores generales.

La Comisión ha identificado cierto número de nuevas mejoras basándose en la experiencia del CEI, las contribuciones del Grupo de alto nivel de expertos nacionales en «Legislar mejor» y la consulta pública sobre las Directrices de evaluación de impacto realizada a mediados de-2008. Muchas de estas contribuciones se reflejan en las Directrices revisadas que están en vigor desde comienzos de 2009. El sistema de evaluación de impacto:

- Estará más centrado : la Comisión centrará más las evaluaciones de impacto tanto en las propuestas legislativas del programa legislativo y de trabajo como en las que transciendan de éste, incluyendo los temas de comitología que tengan impactos significativos.

- Consultará mejor a los interesados : las normas mínimas aplicables a las consultas iniciadas por la Comisión deben aplicarse sin falta. Para las propuestas complejas o delicadas, se anima a los departamentos de la Comisión a superar el período mínimo de consulta de 8 semanas; se harán nuevos esfuerzos para garantizar que todos los interesados conocen las consultas y pueden contribuir a ellas; las evaluaciones de impacto deben contener una reseña más clara de la información solicitada a los interesados, de lo que se recibió y de cómo se utilizó.

- Analizará la subsidiariedad con más rigor : en la actualidad, las Directrices establecen una lista de preguntas explícitas que los servicios deben plantear para analizar el problema, y ofrecen una mayor orientación para analizar la proporcionalidad y el valor añadido de la UE para todas las opciones políticas que se presentan.

- Evaluará más exhaustivamente determinados impactos : como parte del enfoque integrado de beneficios y costes en los ámbitos económico, social y ambiental, se ofrece orientación adicional sobre determinados aspectos de estos impactos. Este es el caso del impacto en las PYME, que debe evaluarse conforme a la Ley de la pequeña empresa (mediante la denominada «Prueba de las PYME»), de los aspectos relacionados con derechos fundamentales y de los impactos en los consumidores y la salud pública. Se tendrán en cuenta los impactos a nivel regional y local.

- Realizará más pruebas y análisis cuantitativos : las Directrices ofrecen una orientación más clara en cuanto a la cuantificación y a las referencias a buenas prácticas para evaluar los diversos tipos de costes de cumplimiento.

- Evaluará mejor las cargas administrativas: la Comisión ha mejorado la orientación para calcular las cargas administrativas, en especial para las empresas.

- Presentará los resultados con mayor transparencia : los documentos de síntesis presentarán una descripción clara de cualesquiera beneficios y costes cuantificados de las diversas opciones, incluidos los costes administrativos para las empresas y los ciudadanos, otros costes de cumplimiento y los costes para las administraciones.

3. Próximos pasos

- En 2009 la Comisión espera realizar más de cien evaluaciones de impacto conforme a las Directrices de evaluación de impacto revisadas.

- La Comisión mejorará más la orientación referente a las cargas administrativas en las Directrices de evaluación de impacto instaurando a comienzos de 2009 nuevas herramientas de TI accesibles a todos sus servicios.

- La Comisión continuará mejorando la calidad de sus evaluaciones de impacto mediante un control de calidad más estricto tanto por parte de los servicios responsables como del Comité de evaluación de impacto.

IV. TODAS LAS INSTITUCIONES COMPARTEN LA RESPONSABILIDAD DE «LEGISLAR MEJOR»

1. «Legislar mejor» a todos niveles de la UE

Para que el ejercicio de «Legislar mejor» tenga éxito es esencial que cada una de las instituciones europeas asuma su responsabilidad. Las normas de la UE son propuestas por la Comisión, adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, y los Gobiernos y los Parlamentos nacionales las transponen a su Derecho interno. A menudo se complementan con normas regionales y locales. Todos estos actores tienen un cometido que desempeñar en la mejora del marco regulador.

El proceso de adopción y aplicación de la legislación de la UE lleva tiempo. Los programas de simplificación y reducción de la carga administrativa de la Comisión contienen enseñanzas valiosas sobre las mejoras que pueden llevarse a cabo para ofrecer beneficios concretos para las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, hay que avanzar en agilizar la adopción de las propuestas concretas de la Comisión en el Consejo y el Parlamento y en garantizar que los elementos que simplifican la legislación y reducen las cargas administrativas se mantienen.

En 2009 debe ser prioritario para las tres instituciones finalizar la revisión del Planteamiento común de la evaluación de impacto. La Comisión está convencida que este Planteamiento común proporciona a cada una de las instituciones una base sólida para desarrollar sus planteamientos de las evaluaciones de impacto. Los esfuerzos deberían centrarse en la identificación de formas concretas de mejorar la aplicación. La Comisión está dispuesta a ayudar a las otras instituciones a desarrollar su capacidad de proceder a las evaluaciones de impacto de la Comisión y de realizar su propio análisis adicional de las modificaciones sustantivas que introduzcan. Tal como se recoge en el Segundo análisis estratégico del programa «Legislar mejor», la Comisión también responderá constructiva e individualmente al Consejo y al Parlamento cuando soliciten un análisis más detallado de ciertos aspectos de sus evaluaciones de impacto originales.

2. Aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros

En 2007 la Comisión presentó una estrategia para mejorar la aplicación del Derecho comunitario[10]. Ha lanzado, en estrecha cooperación con los 15 Estados miembros voluntarios, el proyecto piloto de la UE para agilizar y mejorar la solución de problemas para los ciudadanos. Ahora adopta decisiones sobre infracciones con más frecuencia. Ha progresado adecuadamente en la tramitación de asuntos en función de su prioridad según se refleja en el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, al igual que otras iniciativas ya adoptadas o en fase de desarrollo relativas al incremento de la transparencia y el diálogo[11]. La experiencia de la aplicación de la ley puede llevar a corregir o desarrollar la legislación para lograr mejor los objetivos comunitarios. Se tomarán otras medidas en 2009 con objeto de aplicar y reforzar esta estrategia.

3. Próximos pasos

- Se invita al Parlamento y al Consejo a adoptar las propuestas pendientes relativas a la carga y la simplificación administrativas tan pronto como sea posible según lo previsto en el Acuerdo interinstitucional de 2003 «Legislar mejor».

- El Parlamento, el Consejo y la Comisión concluirán el estudio conjunto del «Planteamiento común de la evaluación de impacto».

- La Comisión velará por una mejor aplicación del Derecho comunitario introduciendo medidas preventivas, entre ellas prestar una atención cada vez mayor a los problemas de aplicación y ejecución de las evaluaciones de impacto, planificando mejor la aplicación de la nueva legislación, creando redes de aplicación y ayudando a los Estados miembros con cuadros de correspondencias.

- Conforme a la Ley de la pequeña empresa en Europa, la Comisión aplicará, cuando sea posible, unas fechas de comienzo comunes a los futuros Reglamentos y Decisiones que afecten a las empresas[12]. De este modo, las PYME podrían prepararse mejor y adaptarse a los cambios legislativos.

- La Comisión cooperará estrechamente con las autoridades nacionales para mejorar la claridad y coherencia de los proyectos de legislación nacional en el contexto del procedimiento de notificación basado en la Directiva 98/34/CE[13].

V. CONFIGURAR LA REGULACIÓN MUNDIAL

La Comisión ha seguido dialogando sobre la regulación con sus socios comerciales importantes. En el caso de los EE.UU., elaboró un documento conjunto con la Oficina de administración y presupuesto de EE.UU. en el marco del Consejo Económico Transatlántico para comparar los respectivos sistemas de evaluación de impacto en el comercio y la inversión internacionales en la UE y los EE.UU.[14]. Las recomendaciones formuladas en el documento se han integrado en las Directrices de evaluación de impacto de la Comisión. Las autoridades de EE.UU. han aceptado hacer otro tanto en sus Directrices para la evaluación del impacto de la regulación.

La Comisión continuará cooperando con sus socios comerciales en materia de regulación, tanto en organizaciones multilaterales, tales como la ONU, la OCDE y el Banco Mundial, como en los diálogos bilaterales para reducir los obstáculos al comercio y la inversión reforzando al mismo tiempo la protección ambiental y social. La cumbre del G20 de noviembre de 2008 demostró la importancia de la cooperación internacional en el actual contexto económico y financiero y el impacto positivo que la Unión puede tener cuando actúa unida. En diciembre de 2008, la Comisión estableció un marco estratégico para la cooperación internacional en materia legislativa e identificó las futuras acciones prioritarias[15].

VI. CONCLUSIÓN

La Unión Europea y sus Estados miembros se enfrentan a desafíos importantes a la hora de hacer frente a la situación económica y financiera actual. El programa «Legislar mejor» debe seguir siendo parte esencial de nuestra respuesta, regulando cuando sea necesario, de la forma más sencilla posible, basándose en el diálogo con los interesados, y de tal modo que las cargas para las empresas y los ciudadanos se limiten al mínimo necesario. La experiencia del programa «Legislar mejor» durante los últimos cuatro años constituye una buena base para afrontar los nuevos retos. La Comisión ha identificado los próximos pasos en los que hay que seguir trabajando y que necesitan el apoyo político permanente de las otras instituciones europeas, los Estados miembros, las autoridades locales y regionales y los interesados.

[1] COM (2008) 800.

[2] Siete de estas propuestas eran estudios que concluían que no era necesaria ninguna actividad legislativa, o se fusionaron con otras iniciativas.

[3] Documento de trabajo de la Comisión: Tercer informe de evolución sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador COM (2009) 17.

[4] Denominados fondos OICVM - organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.

[5] En la primavera de 2009 se ofrecerá más información sobre las iniciativas de simplificación en el sector agrario en un Informe de situación elaborado por la Comisión.

[6] Documento de trabajo de la Comisión – Reducir las cargas administrativas en la UE, COM (2009) 16.

[7] Algunas de estas propuestas son «acciones rápidas» que el Consejo y el Parlamento han tardado en adoptar (tres de seis propuestas presentadas en 2007, y solamente una de siete en el paquete de 2008).

[8] El ejercicio identificó trescientas cincuenta y seis obligaciones de la UE y más de [nueve mil quinientas] obligaciones nacionales en la UE27. Incluyó alrededor de tres mil entrevistas con empresas y más de cincuenta talleres con asociaciones empresariales locales y ministerios nacionales.

[9] http://ec.europa.eu/governance/impact/cia_2008_en.htm

[10] «Una Europa de resultados», COM (2007) 502.

[11] XXV Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, COM (2008) 777.

[12] En un sistema de fechas de comienzo comunes, cierta legislación se promulga en un pequeño número de fechas fijas durante el año.

[13] Esta Directiva obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión todos los proyectos de reglamentos técnicos aplicables a productos y servicios de la sociedad de la información antes de su adopción en el derecho nacional. Esto ayuda a reducir el riesgo de crear barreras injustificadas entre los Estados miembros.

[14] http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/impact_en.htm

[15] COM (2008) 874.