•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Sin embargo, los instrumentos fiscales existentes a nivel de la UE no contienen medidas para corregir el sesgo en favor del endeudamiento en el mercado único equilibrando el tratamiento fiscal de la deuda y de los fondos propios en toda la UE.

En 2016, se adoptó la Directiva contra la elusión fiscal (DEF) para garantizar un entorno fiscal más equitativo mediante la ejecución coordinada en los Estados miembros de medidas clave contra la elusión fiscal derivadas en su mayor parte del proyecto internacional sobre erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios. Aunque la lucha contra la elusión fiscal no es su objetivo preponderante, la presente propuesta incluye también una norma relativa a la limitación de los intereses. Teniendo en cuenta la diferencia de objetivos entre la presente propuesta y la norma de la DEF relativa a la limitación de los intereses, las dos normas relativas a la limitación de la deducibilidad de los intereses deben aplicarse en paralelo.

Los sistemas tributarios de la UE permiten que se deduzcan los pagos de intereses sobre la deuda al calcular la base imponible a efectos del impuesto sobre la renta de las sociedades, mientras que los costes relacionados con la financiación mediante fondos propios, como el pago de dividendos, no suelen ser deducibles fiscalmente. Esta asimetría en el tratamiento fiscal es uno de los factores que favorecen el recurso a la deuda frente a los fondos propios para financiar las inversiones. En la actualidad, solo seis Estados miembros corrigen el sesgo en favor del endeudamiento desde una perspectiva tributaria y las medidas nacionales correspondientes difieren significativamente. A menos que el sesgo en favor del endeudamiento inducido por la fiscalidad se aborde de manera efectiva en todo el mercado único, las empresas de la UE seguirán teniendo incentivos insuficientes para preferir la financiación mediante fondos propios a la financiación mediante deuda y las consideraciones pertinentes a efectos de la planificación tributaria continuarán distorsionando la distribución de la inversión y el crecimiento.

El 18 de mayo de 2021, la Comisión Europea adoptó una Comunicación sobre «La fiscalidad de las empresas para el siglo XXI» con el fin de propiciar un sistema de tributación empresarial sólido, eficiente y equitativo en la Unión Europea. En ella se establece una estrategia a corto y a largo plazo para apoyar la recuperación de Europa tras la pandemia de COVID-19 y garantizar que haya suficientes ingresos públicos en los próximos años. En la misma línea, el plan de acción para la unión de los mercados de capitales (UMC) de la UE tiene por objeto ayudar a las empresas a obtener el capital que necesitan y a mejorar su posición de capital, especialmente durante un período de recuperación que implica niveles más altos de déficit y de deuda, así como una mayor necesidad de inversión en capital. En particular, la acción 4 de la UMC incentiva a los inversores institucionales para que realicen más inversiones a largo plazo y, por tanto, apoya la recapitalización del sector empresarial, con vistas a fomentar la transición sostenible y digital de la economía de la UE. Una iniciativa a nivel de la UE para corregir el sesgo en favor del endeudamiento complementa la citada acción 4, con el objetivo de crear un entorno empresarial equitativo y estable, capaz de impulsar un crecimiento sostenible y generador de empleo en la Unión.

No existe legislación de la UE que aborde el sesgo en favor del endeudamiento. Por lo tanto, la evaluación no es pertinente.

•Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

De este modo, la Directiva proporciona solo el grado esencial de coordinación dentro de la Unión para la realización de sus objetivos. Habida cuenta de lo anterior, la propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos y es conforme, por tanto, con el principio de proporcionalidad.

Las medidas previstas no van más allá de lo necesario para garantizar el nivel de mínimo de protección que requiere el mercado interior. La Directiva establece normas para prever, en toda la UE y para todos los contribuyentes de la UE, la deducibilidad del importe de una bonificación sobre los costes de financiación mediante fondos propios, complementadas con una norma que limita la deducibilidad de los intereses de los instrumentos de financiación mediante deuda. La Directiva garantiza también la sostenibilidad de las medidas para los presupuestos de los Estados miembros en virtud de una norma general que limita la deducibilidad de los costes de financiación de la base imponible de los contribuyentes. Al establecer un marco común a nivel de la UE, la Directiva ofrece seguridad jurídica en todo el mercado único y contribuye a reducir los costes de cumplimiento para los contribuyentes.

Por lo tanto, es necesaria una iniciativa a nivel de la UE en forma de propuesta legislativa vinculante para hacer frente de manera coordinada y eficaz a un problema que es común a toda la UE. Una iniciativa de la UE evitaría posibles resquicios entre iniciativas nacionales divergentes y aseguraría que la ubicación de las empresas y la inversión no se vean negativamente afectadas.

Las normas de la presente Directiva tienen por objeto abordar el sesgo en favor del endeudamiento en el sector empresarial de la UE desde la perspectiva tributaria y proporcionar un marco común que deberá incorporarse a las legislaciones nacionales de los Estados miembros de manera coordinada. Los objetivos perseguidos no pueden alcanzarse de manera satisfactoria mediante una acción emprendida por cada Estado miembro por sí solo.

Los costes relacionados con la opción seleccionada consisten esencialmente en un aumento de los costes de cumplimiento para las empresas y las administraciones tributarias. Se espera que el aumento de los costes de cumplimiento de las obligaciones tributarias para las empresas sea limitado. En conjunto, los costes deberían ser relativamente limitados, ya que los datos adicionales que habrán de comunicarse para poder optar a la bonificación deberían ser relativamente sencillos de proporcionar. Para las administraciones tributarias, también se espera que los costes aumenten moderadamente. La presente propuesta no incrementa significativamente la carga de cumplimiento para las empresas ni para las administraciones tributarias.

Las distintas opciones se compararon con los siguientes criterios: a) neutralidad del sistema tributario para las decisiones de financiación; b) mejora de la equidad del sistema tributario; c) reducción de las distorsiones en el mercado único; y d) fomento del crecimiento y la inversión en la UE. La comparación puso de manifiesto que cabe esperar que las opciones 1, 2, 3 y 4 sean, en cierta medida, eficaces para alcanzar algunos de los objetivos de esta iniciativa. Sin embargo, la opción 5 es la preferida, ya que corrige de manera satisfactoria el sesgo en favor del endeudamiento, al mismo tiempo que equilibra las repercusiones presupuestarias y tiene en cuenta los aspectos de equidad del sistema tributario. Se espera que tenga una repercusión positiva en la inversión y en el PIB, así como efectos moderados en el empleo.

El 17 de marzo de 2022, el Comité de Control Reglamentario (CCR) emitió un dictamen favorable con reservas sobre la evaluación de impacto presentada en relación con esta propuesta, que incluía varias sugerencias de mejora. Se revisó el informe de evaluación de impacto teniendo en cuenta estas observaciones, como se explica a continuación. La evaluación de impacto examina cinco opciones de actuación además del escenario de referencia, es decir, no tomar medidas.

La Comisión tuvo en cuenta los resultados de la consulta al elaborar su propuesta. En concreto, de entre las distintas opciones de actuación, la Comisión decidió seguir adelante con una propuesta encaminada a conceder una bonificación solo a los nuevos fondos propios y no considerar la posibilidad de eliminar toda deducibilidad de la deuda. Por otra parte, la Directiva establece un marco sólido contra las prácticas abusivas, cuya necesidad pusieron de relieve los consultados.

El tipo de interés nocional pertinente se basa en dos componentes: el tipo de interés sin riesgo y una prima de riesgo. El tipo de interés sin riesgo es el tipo de interés sin riesgo con un vencimiento de diez años, tal como se establezca en los actos de ejecución del artículo 77 sexies, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE, en que se solicita la bonificación, para la moneda del contribuyente. La prima de riesgo se fija en el 1 % para tener mejor en cuenta la prima de riesgo que pagan realmente los inversores y mitigar mejor el sesgo. La prima de riesgo se fija en el 1,5 % en el caso de los contribuyentes que reúnan las condiciones para ser considerados pequeñas o medianas empresas, a fin de reflejar mejor la prima de riesgo más elevada que se les aplica para obtener financiación. Los Estados miembros no deberían tener ningún margen de discrecionalidad en cuanto a la posibilidad de aplicar este tipo más elevado a las pymes o a qué tipo aplicar como complemento para las PYME, con el fin de evitar problemas de selectividad por lo que respecta a las normas sobre ayudas estatales de la UE y garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las pymes en la UE, con independencia de su domicilio.

Incluye dos medidas distintas que se aplican de forma independiente: 1) una bonificación por fondos propios; y 2) una limitación de la deducción de los intereses. Las sociedades financieras no entran en el ámbito de aplicación de las medidas. Algunas sociedades financieras están sujetas a requisitos reglamentarios en materia de fondos propios que impiden la infracapitalización. Además, muchas de ellas es poco probable que se vean afectadas por la limitación compensatoria de la deducción de los intereses aplicable a los costes de endeudamiento excedentarios. Por lo tanto, si se incluyera a las sociedades financieras en el ámbito de aplicación, la carga económica de las medidas se distribuiría de forma desigual a expensas de las sociedades no financieras.

El CCR emitió un dictamen favorable con reservas sobre la evaluación de impacto. En concreto, señaló que la evaluación de impacto debía destacar mejor de qué manera la opción preferida era la idónea para alcanzar los objetivos. Además, el CCR señaló que la evaluación de impacto debía perfeccionarse en lo que respecta a la posibilidad de utilizar medidas no reglamentarias y debía reflejar mejor las opiniones de las distintas partes interesadas tanto en el análisis principal como en los anexos. En el anexo I de la evaluación de impacto se explica cómo se respondió a los comentarios del CCR. Se revisaron varias partes de la evaluación de impacto. En primer lugar, se revisó para aclarar que una opción no reglamentaria no podía ser eficaz. En segundo lugar, se amplió para exponer con detalle la magnitud de los efectos previstos sobre la inversión en fondos propios y las repercusiones de la opción preferida sobre los ingresos fiscales en términos absolutos. Además, se reforzó la evaluación de impacto con un análisis más pormenorizado de las razones por las que se había considerado que una opción que actuara tanto sobre los fondos propios como sobre la deuda sería adecuada para los objetivos perseguidos. En tercer lugar, se revisaron varias secciones de la parte principal de la evaluación de impacto para incluir observaciones pertinentes de las partes interesadas, recogidas a través del procedimiento de consulta pública abierta.

El tipo de interés nocional es, por tanto, igual al tipo sin riesgo específico de la moneda más el 1 % o el 1,5 % (TIN = tipo sin riesgo + 1 % o, en el caso de las pymes, TIN = tipo sin riesgo + 1,5 %). Este enfoque garantiza que la medida tenga una repercusión y, al mismo tiempo, que siga siendo sencilla de aplicar y no perjudique a los presupuestos de los Estados miembros. Garantiza también que se tengan en cuenta las circunstancias específicas de las distintas empresas. Un tipo de cambio específico asegura mejor el equilibrio del tratamiento fiscal entre el capital y la deuda, ya que tiene en cuenta el riesgo de tipo de cambio por separado para cada moneda y refleja la situación específica de cada contribuyente.

La bonificación se concede por un período de diez años para aproximarse al vencimiento de la mayor parte de la deuda y, al mismo tiempo, mantener bajo control el coste presupuestario global de la bonificación por fondos propios. Esto significa que, si un incremento de fondos propios de un contribuyente puede acogerse a una bonificación por fondos propios con arreglo a la presente propuesta, el importe de la bonificación aplicable, calculada como se ha indicado anteriormente, será deducible en el ejercicio en que se haya registrado (EF) y en los nueve ejercicios sucesivos siguientes (EF + 9). Si, en el ejercicio siguiente (EF + 1), un nuevo incremento de los fondos propios de un contribuyente puede acogerse también a una bonificación por fondos propios con arreglo a la presente propuesta, el importe de la nueva bonificación por fondos propios será deducible también para el ejercicio fiscal en que se haya registrado y los nueve ejercicios siguientes a partir de su registro (hasta EF + 10).

A modo de ejemplo, si una empresa que tiene unos fondos propios de 100 decide incrementar en el año t sus fondos propios en 20, se deducirá de su base imponible cada año durante diez años (hasta t + 9) una bonificación calculada como 20 veces el tipo de interés nocional, es decir, 20 veces el tipo de interés sin riesgo para la moneda de que se trate más 20 (20 veces la prima de riesgo definida como 1).

Año t t - 1

Fondos propios de la empresa A 120 100

Base de la bonificación = 120 – 100 = 20

Bonificación = base de la bonificación X TIN = 20 X TIN

La bonificación podrá aplicarse durante diez años consecutivos: t, t + 1, t + 2, ....t + 9

Si la empresa es una pequeña o mediana empresa, la bonificación se calculará de la misma manera. Simplemente el TIN será diferente, ya que la prima de riesgo es más elevada (1,5 % en lugar del 1 %).

Para evitar abusos fiscales, la deducibilidad del importe de la bonificación se limita a un máximo del 30 % del EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) del contribuyente para cada ejercicio fiscal. Un contribuyente podrá traspasar, sin límite temporal, la parte de la bonificación por fondos propios que no se deduzca en un ejercicio fiscal por ser insuficientes los beneficios imponibles. Además, el contribuyente podrá traspasar, por un período máximo de cinco años, la capacidad de bonificación no utilizada, cuando la bonificación por fondos propios no alcance el importe máximo mencionado.

Mediante medidas sólidas contra las prácticas abusivas se garantizará que las normas sobre la deducibilidad de una bonificación por fondos propios no se utilicen para fines espurios. Estas normas contra las prácticas abusivas se inspiran en las Orientaciones sobre los regímenes de deducción del interés nocional, adoptadas por el Grupo «Código de Conducta» en 2019, y hacen frente a regímenes existentes bien conocidos, como el uso en cascada de la bonificación dentro de un grupo.

Una primera medida excluiría de la base de la bonificación los incrementos de fondos propios que tengan su origen en i) préstamos intragrupo, ii) transferencias intragrupo de participaciones o actividades empresariales existentes y iii) aportaciones en efectivo en determinadas condiciones. Así, por ejemplo, por lo que se refiere a los préstamos intragrupo, la medida debe evitar que una inyección de fondos propios concedida a la empresa A situada en el Estado miembro A se utilice para conceder un préstamo a una empresa vinculada B situada en el Estado miembro B. La justificación es que, en tal caso, la empresa B utilizaría a su vez este dinero para inyectar fondos propios en otra empresa vinculada C, situada en el Estado miembro C. La consecuencia sería que se multiplicaría la bonificación por fondos propios con un único aumento real de los fondos propios a nivel del grupo.

Otra medida establece condiciones específicas para tener en cuenta los incrementos de fondos propios originados por aportaciones en especie o inversiones en activos. El objetivo es evitar la sobrevaloración de activos o la compra de artículos de lujo con el fin de incrementar la base de la bonificación. Así, por ejemplo, el valor de un activo y los costes correspondientes no deben superar las necesidades profesionales razonables, y cualquier parte del valor del activo consignada o registrada en la contabilidad del contribuyente por encima de su valor de mercado debe deducirse de la base de la bonificación.

Una tercera medida se centra en la reclasificación de capital antiguo como nuevo capital, lo que podría considerarse un incremento de los fondos propios a efectos de la bonificación. Esta reclasificación podría lograrse mediante una liquidación y la creación de empresas emergentes. Por ejemplo, si una empresa existente, con beneficios no distribuidos, se liquida, se producirá un aumento de los fondos propios de la sociedad matriz debido a la incorporación de los beneficios no distribuidos. Si posteriormente se crea una nueva filial y deja de depender de la matriz, la base de la bonificación previamente aumentada de la matriz no se vería reducida por el valor de la participación en la filial.

•Limitación de la deducción de los intereses

En el lado de la deuda, la bonificación por los intereses nocionales sobre los fondos propios se complementa con una limitación de la deducibilidad fiscal de los pagos de intereses relacionados con la deuda. En concreto, una restricción proporcional limitará la deducibilidad de los intereses al 85 % de los costes de endeudamiento excedentarios (es decir, los intereses pagados menos los intereses percibidos). Este enfoque permite corregir el sesgo en favor del endeudamiento al mismo tiempo tanto desde el lado de los fondos propios como desde el lado de la deuda, que es lo más eficiente y preserva la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros.

Dado que ya se aplican en la UE normas de limitación de los intereses en virtud del artículo 4 de la DEF, el contribuyente aplicará la norma del artículo 6 de la presente propuesta como primer paso y, a continuación, calculará la limitación aplicable de conformidad con el artículo 4 de la DEF. Si el resultado de la aplicación de la norma de la DEF es un importe deducible inferior, el contribuyente tendrá derecho a traspasar o volver a incorporar la diferencia de conformidad con el artículo 4 de la DEF.

A modo de ejemplo, si la empresa A tiene unos costes de endeudamiento excedentarios de 100, debe:

1)En primer lugar, aplicar el artículo 6 de la presente propuesta de Directiva, que limita la deducibilidad al 85 % de 100 = 85, lo que deja un importe no deducible de 15.

2)En segundo lugar, calcular el importe que sería deducible con arreglo al artículo 4 de la DEF. Si el importe deducible es inferior, por ejemplo, 80 (y, por consiguiente, el no deducible es superior, a saber, de 20), la diferencia en la deducibilidad, es decir, el importe adicional no deducible (es decir, 85-80 = 5), se traspasaría o se volvería a incorporar de conformidad con las condiciones del artículo 4 de la DEF, tal como se haya transpuesto en la legislación nacional.