Por tanto, al igual que el Reglamento (UE) 2020/698, el Reglamento que aquí se propone también incluye la posibilidad de exclusión voluntaria cuando los Estados miembros no se hayan enfrentado, ni probablemente vayan a enfrentarse, a dificultades que hagan impracticable la renovación de permisos, licencias, certificados y autorizaciones o el aplazamiento de controles periódicos y formación continua durante el período de referencia, como consecuencia de las circunstancias extraordinarias causadas por el brote de COVID-19, o cuando hayan adoptado las medidas nacionales adecuadas para paliar tales dificultades. El Estado miembro que haya decidido no aplicar tales excepciones no debe obstaculizar las actividades transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya acogido a las excepciones aplicables en otro Estado miembro. Se propone ampliar esta posibilidad a las excepciones (correspondientes a actos legislativos específicos) para las que no se había establecido en el Reglamento (UE) 2020/698. A fin de garantizar la seguridad jurídica, los Estados miembros deben informar a la Comisión de sus decisiones de no aplicar las excepciones establecidas en el presente Reglamento antes de que sus disposiciones sustantivas sean aplicables.

El Reglamento (CE) n.º 1071/2009 establece las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera. En las circunstancias actuales, es probable que un número mayor de empresas de transporte corran el riesgo de no cumplir los requisitos relativos al vehículo o vehículos que deben tener a su disposición y utilizar o el requisito de capacidad financiera, habida cuenta del reducido nivel de actividad y, por consiguiente, de volumen de negocio, lo que puede dar lugar a una disminución del nivel de recursos propios. Como consecuencia de ello, empresas que, en principio, son estructuralmente viables podrían correr el riesgo de perder su licencia de explotación, lo que implicaría el fin de su actividad como transportistas. En concreto, cabe prever que las empresas tardarán más tiempo de lo habitual en demostrar que cumplen de nuevo de forma permanente los requisitos relativos al vehículo o vehículos que deben tener a su disposición y utilizar o el requisito de capacidad financiera. Procede, por tanto, ampliar de seis a doce meses los plazos máximos establecidos para esos fines en el artículo 13, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.º 1071/2009, por lo que respecta a la evaluación de los requisitos relativos al vehículo o vehículos que deben tener a su disposición y utilizar las empresas de transporte por carretera en cuestión, contemplados en el artículo 5, letras b) y c), de dicho Reglamento, y del requisito relativo a la capacidad financiera de dichas empresas, en la medida en que tales evaluaciones abarquen total o parcialmente el período de referencia, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021. Cuando ya se haya constatado el incumplimiento de alguno de estos requisitos y el plazo fijado por la autoridad competente no haya expirado aún, dicha autoridad competente debe poder ampliar el plazo hasta un total de doce meses.

Con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 96/50/CE, al cumplir los 65 años, los titulares de un título de patrón de embarcaciones deben someterse a un examen médico en los tres meses siguientes y posteriormente cada año. No obstante, dado que, como consecuencia de las medidas adoptadas en relación con la persistencia de la COVID-19, el acceso a los servicios médicos está limitado para los exámenes que no tengan carácter urgente, los titulares de un título de patrón de embarcaciones no pueden someterse al examen médico en cuestión durante el período afectado por dichas medidas. Por tanto, en los casos en que el plazo para someterse a los exámenes médicos concluiría durante el período de referencia, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, dicho plazo debe ampliarse siete meses en cada uno de los casos afectados.

Por tanto, se propone permitir temporalmente a los Estados miembros que mantengan como están las licencias vigentes, es decir, que se abstengan de revocarlas o suspenderlas y de expedir licencias temporales, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad. Los Estados miembros seguirían pudiendo controlar la capacidad financiera de las empresas ferroviarias en cuestión, en particular para proteger a los pasajeros de riesgos de seguridad indebidos. Como consecuencia de ello, las empresas ferroviarias no estarían sujetas a restricciones indebidas y estarían en mejores condiciones para recuperarse financieramente.

Con arreglo a la Directiva 2012/34/UE, las autoridades otorgantes pueden suspender o revocar la licencia de toda empresa ferroviaria que no pueda cumplir los requisitos de capacidad financiera. En tal caso, tras la revocación o suspensión, las autoridades pueden conceder una licencia temporal a la empresa ferroviaria en cuestión. La licencia temporal tiene por objeto permitir a la empresa ferroviaria restructurarse y continuar con su actividad, siempre que no comprometa la seguridad. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que dicha licencia temporal también envía al mercado una señal muy negativa sobre la capacidad de la empresa ferroviaria para sobrevivir, lo que a su vez agrava sus problemas financieros, en particular en términos de flujo de tesorería. Es probable que muchas empresas ferroviarias que antes de la crisis tenían una situación financiera estable acaben en una situación financiera que haga necesaria la revocación o suspensión de su licencia. En el contexto de la crisis actual, esto puede resultar injustificado, en particular desde el punto de vista económico y de la seguridad. Por otro lado, las empresas ferroviarias podrían necesitar más tiempo para estabilizar sus finanzas en el período posterior a la contención de la COVID-19.

Con arreglo al artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2012/34/UE, cuando una licencia es suspendida o revocada por incumplimiento del requisito de capacidad financiera, la autoridad otorgante puede conceder a la empresa ferroviaria una licencia temporal mientras dure su reorganización, siempre que no comprometa la seguridad. No obstante, el período máximo de validez de una licencia temporal es de siete meses. Debido a las circunstancias extraordinarias causadas por la persistencia de la COVID-19, las autoridades están teniendo serias dificultades para tomar las decisiones pertinentes, en particular por lo que respecta a la expedición de nuevas licencias para el período posterior a la caducidad de una licencia temporal. Por tanto, la validez de las licencias temporales en cuestión, expedidas o que caduquen durante el período de referencia, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, debe prorrogarse siete meses.

(18)Las empresas ferroviarias que tenían una situación financiera estable antes del brote de COVID‐19 se enfrentan a problemas de liquidez que podrían dar lugar a la suspensión o la revocación de sus licencias de explotación o a la sustitución de estas por licencias temporales, sin que exista una necesidad económica estructural de que esto suceda. La concesión de una licencia temporal con arreglo al artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2012/34/UE podría enviar al mercado una señal negativa sobre la capacidad de supervivencia de la empresa ferroviaria, lo que, a su vez, agravaría sus problemas financieros en principio transitorios. Con relación al Reglamento (UE) 2020/698 y dada la persistencia de la COVID-19 después del 31 de agosto de 2020, cabe establecer, por tanto, que, cuando la autoridad otorgante determine, sobre la base de la comprobación efectuada durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, que una empresa ferroviaria ya no puede cumplir los requisitos relativos a la capacidad financiera, debe poder decidir, antes del 30 de abril de 2021, no suspender ni revocar la licencia de dicha empresa ferroviaria, siempre que no se comprometa la seguridad y que existan perspectivas realistas de un saneamiento financiero satisfactorio de la empresa ferroviaria en los siete meses siguientes. Después del 30 de abril de 2021, deben aplicarse a la empresa ferroviaria las normas generales del artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2012/34/UE.

(11)El Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo establece las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera. Como consecuencia del brote de COVID-19 y de la consiguiente crisis de salud pública que ha persistido después del 31 de agosto de 2020, algunas empresas de transporte han dejado de cumplir los requisitos relativos al vehículo o vehículos que deben tener a su disposición y utilizar. El sector financiero también ha sufrido graves repercusiones y algunas empresas de transporte han dejado de cumplir el requisito de capacidad financiera. Habida cuenta del reducido nivel de actividad resultante de la crisis de salud pública, cabe prever que las empresas tardarán más tiempo de lo habitual en demostrar que cumplen de nuevo de forma permanente los requisitos relativos al vehículo o vehículos que deben tener a su disposición y utilizar o el requisito de capacidad financiera. Procede, por tanto, ampliar de seis a doce meses los plazos máximos establecidos para esos fines en el artículo 13, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.º 1071/2009, por lo que respecta a la evaluación de los requisitos relativos al vehículo o vehículos que deben tener a su disposición y utilizar las empresas de transporte por carretera en cuestión, contemplados en el artículo 5, letras b) y c), de dicho Reglamento, y del requisito relativo a la capacidad financiera de dichas empresas, en la medida en que tales evaluaciones abarquen total o parcialmente el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021. Cuando ya se haya constatado el incumplimiento de alguno de estos requisitos y el plazo fijado por la autoridad competente no haya expirado aún, dicha autoridad competente debe poder ampliar el plazo hasta un total de doce meses.

(23)El brote de COVID‐19 ha afectado a toda la Unión, pero no de manera uniforme. Los Estados miembros se han visto afectados en distinto grado y momento. Dado que las excepciones a las normas que se aplicarían habitualmente deben limitarse a lo necesario, por lo que respecta a la Directiva 2003/59/CE, la Directiva 2006/126/CE, el Reglamento (UE) n.º 165/2014, la Directiva 2014/45/UE, el Reglamento (CE) n.º 1072/2009, el Reglamento (CE) n.º 1073/2009, la Directiva (UE) 2016/798, la Directiva 2004/49/CE, la Directiva 2007/59/CE, la Directiva 2012/34/UE, la Directiva 96/50/CE, la Directiva (UE) 2016/1629, el Reglamento (CE) n.º 725/2004 y la Directiva 2005/65/CE, los Estados miembros deben poder seguir aplicando estos actos legislativos sin aplicar las excepciones establecidas en el presente Reglamento cuando la aplicación de dichos actos siga siendo posible. Lo mismo debe ser de aplicación cuando un Estado miembro se haya encontrado con esas dificultades, pero haya adoptado medidas nacionales adecuadas para paliarlas. No obstante, los Estados miembros que opten por esta posibilidad no deben impedir que cualquier operador económico o persona se acoja a las excepciones establecidas en el presente Reglamento aplicables en otro Estado miembro y, en concreto, deben reconocer todo permiso, licencia, certificado o autorización cuya validez haya sido prorrogada por el presente Reglamento. A fin de garantizar la seguridad jurídica, los Estados miembros deben informar a la Comisión de sus decisiones de no aplicar las excepciones establecidas en el presente Reglamento antes de que este sea plenamente aplicable el [fecha de aplicación del presente Reglamento].

Artículo 5

Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 2014/45/UE

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2014/45/UE, y en el punto 8 del anexo II de esa misma Directiva, los plazos para llevar a cabo las inspecciones técnicas que, de conformidad con dichas disposiciones, en principio, hubieran tenido que haberse llevado a cabo o tengan que llevarse a cabo entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se considerarán ampliados por un período de siete meses.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 2014/45/UE y en el punto 8 del anexo II de dicha Directiva, la validez de los certificados de inspección técnica cuya fecha de caducidad se encuentre entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se considerará prorrogada por un período de siete meses.

3. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la realización de las inspecciones técnicas o su certificación siga siendo inviable después del 30 de abril de 2021, debido a las medidas que haya adoptado para prevenir o contener la propagación de la COVID‐19, podrá presentar una solicitud motivada de autorización para ampliar los períodos especificados en los apartados 1 y 2, según corresponda. Dicha solicitud podrá referirse al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, al período de siete meses o a ambos. Se enviará a la Comisión el 1 de abril de 2021 a más tardar.

4. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 3, la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los períodos especificados en los apartados 1 y 2, respectivamente, según proceda en cada caso. Se limitará la ampliación para que refleje el período durante el cual es probable que la realización de las inspecciones técnicas o su certificación siga siendo inviable, sin que, en cualquier caso, se superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.

5. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a enfrentarse a dificultades que hagan inviable la realización de las inspecciones técnicas o su certificación durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, como consecuencia de las circunstancias extraordinarias causadas por el brote de COVID‐19, o en el caso de que haya adoptado medidas nacionales adecuadas para paliar esas dificultades, dicho Estado miembro podrá decidir no aplicar lo dispuesto en los apartados 1 y 2. El Estado miembro informará a la Comisión de su decisión antes del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento + 5 días hábiles]. La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros y publicará un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar los apartados 1 y 2, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, no obstaculizará las actividades transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya acogido a las excepciones establecidas en los apartados 1 y 2 aplicables en otro Estado miembro.

Artículo 6

Ampliación de los plazos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1071/2009

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.º 1071/2009, cuando una autoridad competente determine, con respecto al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, que no se cumplen los requisitos relativos al vehículo o vehículos que deben tener a su disposición y utilizar las empresas de transporte por carretera establecidos en el artículo 5, letras b) y c), de dicho Reglamento, o determine, basándose en las cuentas anuales y los certificados a que se refiere el artículo 7, apartados 1 y 2, de ese mismo Reglamento correspondientes a los ejercicios contables que abarquen la totalidad o parte del período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, que una empresa de transporte no cumple el requisito de capacidad financiera establecido en el artículo 3, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, los plazos fijados por la autoridad competente a efectos del artículo 13, apartado 1, letras b) y c), de ese mismo Reglamento no excederán de doce meses.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.º 1071/2009, cuando la autoridad competente haya determinado, entre el 28 de mayo de 2020 y el [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], que una empresa de transporte no cumple los requisitos relativos al vehículo o vehículos que debe tener a su disposición y utilizar establecidos en el artículo 5, letras b) y c), de dicho Reglamento, o el requisito de capacidad financiera establecido en el artículo 3, apartado 1, letra c), de ese mismo Reglamento, y haya fijado un plazo para que la empresa de transporte regularice la situación, podrá ampliar dicho plazo siempre y cuando este no haya expirado en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. El plazo así ampliado no podrá superar los doce meses.

Artículo 7

Ampliación de los plazos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1072/2009

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1072/2009, la validez de las licencias comunitarias que, en principio, hubieran caducado o caduquen entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se considerará prorrogada por un período de siete meses. Las copias auténticas seguirán siendo válidas en consecuencia.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 7, del Reglamento (CE) n.º 1072/2009, la validez de los certificados de conductor que, en principio, hubieran caducado o caduquen entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se considerará prorrogada por un período de siete meses.

3. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la renovación de las licencias comunitarias o los certificados de conductor siga siendo inviable después del 30 de abril de 2021, debido a las medidas que haya adoptado para prevenir o contener la propagación de la COVID‐19, podrá presentar una solicitud motivada de autorización para ampliar los períodos especificados en los apartados 1 y 2, según corresponda. Dicha solicitud podrá referirse al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, al período de siete meses o a ambos. Se enviará a la Comisión el 1 de abril de 2021 a más tardar.

4. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 3, la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los períodos especificados en los apartados 1 y 2, respectivamente, según proceda en cada caso. Se limitará la ampliación para que refleje el período durante el cual es probable que la renovación de las licencias comunitarias o de los certificados de conductor siga siendo inviable, sin que, en cualquier caso, se superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.