COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 21.05.1997 
COM(97) 192 final 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO 
SOBRE 
UNA POLÍTICA DE LA UNIÓN EN MATERIA DE 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

INDICE 
Parte I: INTRODUCCIÓN 
1.1 NECESIDAD DE UNA POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA MÁS ENÉRGICA EN MATERIA DE 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
1.2 DIMENSIONES DE LA CORRUPCIÓN 
Parte H: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN DETERMINADOS ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN 
II. 1 CORRUPCIÓN Y DERECHO PENAL 
D.2 DESGRAVACIÓN FISCAL 
n.3 EL MERCADO ÚNICO Y OTRAS POLÍTICAS INTERNAS 
H. 3.1 Directivas sobre contratos públicos 
n.3.2 Transacciones financieras 
n.3.2.a Cuentas de sociedades 
ü.3.2.b Instituciones financieras 
n.3.3 Otras medidas y acciones 
II.3.3.a Las listas negras 
II3.3b Compromiso contra la corrupción 
Ü.3.3.C Acciones civiles 
n.3.3.d Confidentes 
n.4 AYUDA EXTERIOR Y COOPERACIÓN 
n.4.1 Prevención de la corrupción en los terceros países que reciben ayuda GE 
U.4.2 Programas contra la corrupción 
n.4.3 Principio de "buena administración'' y cláusulas contra la corrupción 
n.5 COOPERACIÓN EN LOS FOROS INTERNACIONALES 
ANEXO 1 INICIATIVAS INTERNACIONALES 
P< 
PARTE I: INTRODUCCIÓN 
1.1 NECESIDAD DE UNA POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA MÁS ENÉRGICA EN 
MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
1. El propósito de esta comunicación es definir los principales elementos de una política global 
de la Unión contra la corrupción. La necesidad de combatir la corrupción al nivel comunitario ya 
está reconocida puesto que se han adoptado una serie de iniciativas relacionadas con la lucha contra 
la corrupción. Ño obstante, estas iniciativas no abarcan todos los aspectos ni constituyen un 
enfoque integrado. Una serie de acontecimientos recientes ha acentuado la necesidad de una acción 
más enérgica y coordinada: 
El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre la corrupción de 15 de diciembre de 1995 
(ponente Sr. Salisch), instó a la Comisión, así como al Consejo y a los Estados miembros, a que 
emprendieran acciones contra la corrupción en una amplia variedad de sectores. Dicho informe, 
que no se limitaba a la corrupción en detrimento de los intereses financieros de la CE, hace hincapié 
en la amenaza que plantea la corrupción, sus vínculos con la delincuencia organizada y la necesidad 
de una política de la Unión contra la corrupción. 
El informe del Grupo de Alto Nivel sobre la delincuencia organizada encargado por el 
Consejo Europeo destaca la importancia de reforzar la lucha contra la corrupción. 
La cuestión de la corrupción está en la actualidad siendo objeto de discusión en numerosos 
foros internacionales, entre los que se cuentan el G7, Consejo de Europa, Naciones Unidas y la 
Organización Internacional del Comercio (véase el Anexo 1). El resultado de estas discusiones 
tendrá una repercusión en la Unión, de manera que cada vez resulta más evidente que la Unión 
tiene que actuar de manera coordinada si quiere defender sus intereses de manera eficaz. 
2. Los intereses de la Unión se ven afectados por la corrupción ya que ésta: 
mina los procesos de adopción de decisiones 
distorsiona la competencia y pone en entredicho los principios de libertad y apertura de 
mercados, en concreto, el adecuado funcionamiento del mercado interior 
perjudica los intereses financieros de las Comunidades Europeas 
afecta negativamente a la política exterior en relación con numerosos Estados receptores de 
ayuda y 
es contraria a la transparencia y apertura propias del comercio internacional 
3. Para la Unión presenta gran interés la definición de una estrategia coherente en 
materia de corrupción, tanto en su territorio como fuera de sus fronteras, y siempre dentro 
del respeto de las normas de Derecho internacional sobre la jurisdicción aplicable. En dicha 
estrategia deben incluirse la competencia y el mercado internacionales, el gasto comunitario 
en el extranjero, los recursos propios comunitarios, las políticas de cooperación al desarrollo 
y la estrategia previa a la adhesión. 
a 
1.2 DIMENSIONES DE LA CORRUPCIÓN 
1. La corrupción está relacionada con los actos de abuso de poder o incorrección en el proceso 
de toma de decisiones cometidos por motivos indebidos o para obtener beneficios injustificados. 
Esta noción general de corrupción ha de considerarse en un contexto en el que interviene un 
conjunto de parámetros. 
Diversas tipos de conductas desviadas pueden afectar al proceso de adopción de decisiones. 
En términos jurídicos, pueden definirse acudiendo a distintas nociones legales, como abuso, fraude, 
tráfico de influencias, sobornos o comisiones. No todas éstas, prácticas constituyen necesariamente 
delitos en todos los Estados miembros ni existe una definición uniforme de todos los elementos 
constitutivos de la corrupción. Existen ejemplos de prácticas que no son delitos en un Estado 
Miembro pero que, sin embargo, se consideran corruptas en otros Estados miembros, como la 
realización de regalos cuando la persona que efectúa el regalo tiene la tácita esperanza de recibir un 
trato favorable 
En todos los actos de corrupción están implicadas, como mínimo, dos partes, la que ofrece el 
soborno - la infracción de corrupción activa - y la que acepta el soborno - la infracción de 
corrupción pasiva. La corrupción activa puede suponer el ofrecimiento de un soborno por parte de 
una persona física o una jurídica (una empresa, por ejemplo), La corrupción pasiva puede suponer la 
aceptación de sobornos por parte de funcionarios públicos, políticos o empleados. En ella pueden 
intervenir personas que no adoptan, ellas mismas, las decisiones, pero tienen influencia sobre quien 
las adopta. 
La corrupción no se limita al sector público. También en el sector privado un soborno 
puede inducir a una persona a actuar incumpliendo una obligación de naturaleza contractual, 
administrativa o ética. 
La corrupción puede ser internacional. Los sobornos pueden suponer pagos en otros 
Estados. Pueden igualmente suponer pagos, dentro del territorio nacional, a funcionarios 
extranjeros o a funcionarios de la CE u otras organizaciones internacionales. 
Algunos sectores pueden considerarse especialmente propicios a la corrupción. Puede que el 
legislador prefiera concentrarse en dichos sectores, que presentan características especiales. Ejemplo 
de ello es el instrumento de la UE que se refiere únicamente a la corrupción que perjudica los 
intereses financieros de la CE. Aquí se necesitaba claramente un enfoque al nivel de la Unión. El 
trabajo de la OCDE se ha concentrado en la corrupción en las transacciones comerciales 
internacionales porque este tipo de corrupción tiene unas repercusiones especiales para las 
transacciones económicas efectuadas en los Estados miembros de la OCDE. 
5. Todos los Estados miembros tipifican penalmente el soborno de sus funcionarios públicos1, 
pero no de la misma manera. 
Las siguientes definiciones de corrupción pasiva y activa se han 
utilizado en el proyecto de convenio sobre la lucha contra la corrupción 
que afecta a funcionarios de la CE o a funcionarios de los Estados miembros 
En algunos Estados miembros, si el soborno se paga en nombre de una empresa, la propia 
empresa puede ser penalmente responsable. En otros Estados, la empresa no será responsable, sino 
únicamente las personas físicas implicadas que hayan cometido el delito, aun cuando fuere en 
nombre de la empresa. 
En determinados Estados, los cargos electos, los Ministros o los miembros del Parlamento no 
se consideran funcionarios públicos, ni por consiguiente, están sujetos a las mismas leyes contra la 
corrupción. 
En ciertos Estados pagar un soborno a una persona que tiene influencia sobre un funcionario 
no es necesariamente delito ya que, para que exista delito, el soborno ha de pagarse al funcionario 
que realmente toma la decisión. 
En algunos Estados la actuación de los funcionarios ha de suponer una infracción de sus 
obligaciones oficiales, de manera que puede que no se cometa ningún delito cuando un funcionario 
acepta un soborno para la concesión de un contrato a una empresa que en cualquier supuesto habría 
obtenido el contrato. 
6. En la actualidad, en la mayoría de los Estados miembros, no constituye delito el soborno de 
un funcionario extranjero o de un funcionario de una organización internacional, en ningún 
supuesto. Incluso en los cuatro Estados miembros en los que se persigue el soborno de los 
funcionarios extranjeros, los enfoques son diferentes: 
Un enfoque es la aplicación del criterio de la territorialidad. Si la corrupción de un 
funcionario extranjero tiene lugar en el territorio del Estado miembro, tanto la parte activa como la 
pasiva pueden ser perseguidos penalmente, aun cuando el soborno no constituya un delito según la 
legislación del país del funcionario extranjero. En cambio, no se comete ningún delito en ese Estado 
miembro si el acto de corrupción tiene lugar en el extranjero. 
Algunos países mantienen un enfoque amplio en la cuestión de la territorialidad y actúan si un 
elemento del delito se ha cometido en su territorio. Otros países tienen un enfoque más estricto y 
exigen para poder actuar que una parte sustancial del delito se haya cometido en su territorio. 
Otro enfoque, que puede ser complementario al enfoque territorial, consiste en actuar sobre la 
base de la nacionalidad. En este caso, comete un delito el nacional del Estado miembro que haya 
de la Unión Europea, en las que se indican los elementos constitutivos 
comunes a los 15 Estados miembros. 
"Constituirá corrupción pasiva el hecho intencionado de que un 
funcionario, directamente o por medio de terceros, solicite o reciba 
ventajas de cualquier naturaleza, para si mismo o para un tercero, o 
el hecho de aceptar la promesa de tales ventajas, por cumplir o no 
cumplir, de forma contraria a sus deberes oficiales, un acto propio 
de su función o un acto en el ejercicio de su función. 
Constituirá corrupción activa el hecho intencionado de que cualquier 
persona prometa o dé, directamente o por medio de terceros, una 
ventaja de cualquier naturaleza a un funcionario, para éste o para un 
tercero, para que cumpla o se abstenga de cumplir, de forma contraria 
a sus deberes oficiales, un acto propio de su función o un acto en el 
ejercicio de su función." 
sobornado a un funcionario extranjero, aun cuando ningún elemento del delito se haya cometido en 
su territorio. El delito puede limitarse al pago del soborno por parte del nacional del Estado 
miembro (corrupción activa únicamente) o puede exigirse el requisito de que la conducta constituya 
también un delito en la legislación del Estado del funcionario extranjero que haya sido sobornado 
(doble tipificación). 
7. En numerosos Estados miembros existen delitos relacionados con la corrupción en el sector 
privado, pero las diferencias de enfoque entre Estados miembros son aún más marcadas que las 
constatadas en materia de corrupción de los funcionarios públicos. 
8. Aunque la presente comunicación no aboga por una completa armonización de las 
legislaciones y prácticas en materia de corrupción de los distintos Estados miembros, no obstante, 
pueden señalarse determinadas áreas clave, en las que parece conveniente un enfoque común. 
PARTE H: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN DETERMINADOS ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN 
III CORRUPCIÓN Y DERECHO PENAL 
9. Las sanciones penales constituyen un elemento esencial de la lucha contra la corrupción. 
Además de su efecto disuasorio y represivo, tales sanciones indican clara e inequívocamente que 
algunos tipos de comportamiento no son aceptables y son contrarios al interés general. La situación 
ideal sería que el Derecho penal regulara en la Unión el soborno de fiíncionarios de la CE, el 
soborno de funcionarios de otros Estado miembros, el soborno de funcionarios procedentes de 
terceros países y la corrupción en el sector privado. 
10. En la mayoría de los Estados miembros no constituye delito el soborno de funcionarios de la 
CE o de fiíncionarios de otros Estados, lo que plantea un problema específico en los casos en los 
que el presupuesto de la CE se ve afectado. En 1995, España propuso lo que posteriormente se 
convertiría en el Primer Protocolo del Convenio sobre Protección de los Intereses Financieros 
de las Comunidades Europeas2. En virtud de este Protocolo, en todos los Estados miembros, 
constituye un delito la corrupción activa o pasiva en la que esté implicado un funcionario de la 
Comunidad o de cualquier Estado miembro si supone un perjuicio para los intereses financieros de 
la CE. El Protocolo todavía no ha entrado en vigor ni se ha acordado ninguna fecha para su 
aplicación. Su ratificación está a todas luces vinculada con la del Convenio sobre la Protección de 
los Intereses Financieros de la Unión. 
11. Los Estados miembros deberían comprometerse a ratificar y aplicar el Primer Protocolo 
antes de mediados de 1998 
12. El Primer Protocolo únicamente abordaba los actos de corrupción contrarios a los intereses 
financieros de la Unión. En consecuencia, Italia propuso un proyecto de convenio que garantizara 
la penalización de cualquier tipo de corrupción activa o pasiva en que estuvieran implicados 
funcionarios de las instituciones de la UE o de otro Estado miembro de la Unión, aun cuando no 
estuvieran enjuego los intereses financieros de la UE. Se alcanzó rápidamente un acuerdo sobre los 
aspectos esenciales de ese proyecto de convenio, si bien éste no ha sido todavía adoptado 
oficialmente. 
13. Los Estados miembros deberían comprometerse a adoptar el proyecto de convenio 
sobre la lucha contra la corrupción en que estén implicados funcionarios de la UE o de sus 
Estados miembros lo más rápidamente posible, con vistas a su ratificación antes de fínales 
del año 1998. 
14. Las iniciativas adoptadas hasta la fecha no contemplan la corrupción de funcionarios de 
terceros países, aun cuando estén en juego los intereses financieros de la Comunidad. Por lo que 
respecta a la corrupción fuera de la Unión, un paso adelante sería la tipificación penal de la 
corrupción activa de un funcionario extranjero. Ello afectaría a aquellas personas dentro de la 
Firmado el 27/9/96 
Unión que sobornan a funcionarios de terceros países, aunque cualquier propuesta debería respetar 
las normas internacionales sobre la jurisdicción aplicable. Por consiguiente, deberían contemplarse 
los delitos cometidos, en parte o en todo, en el territorio de un Estado miembro y, a ser posible, 
también los delitos cometidos en el extranjero por un nacional de un Estado miembro. Las 
cuestiones de la doble tipificación y la definición que debe utilizarse requieren una consideración 
ulterior. 
15. Es importante que cualquier acuerdo sobre la tipificación penal del soborno de funcionarios 
extranjeros esté suscrito por cuantos más países fuera posible. De esta manera, las empresas de la 
Unión sujetas a una legislación contraria al soborno de funcionarios públicos no se encontrarían en 
situación de desventaja en comparación con los competidores de otros países. En 1978 y 1979 se 
realizaron algunas intentos de redactar un convenio de las Naciones Unidas. El Consejo de Europa 
está elaborando actualmente un convenio global que regulará este tema. La OCDE también está 
estudiando el problema y un proyecto de instrumento se ha de discutir en la reunión ministerial de 
la OCDE de este año, si bien se limita a la corrupción que afecta a las transacciones comerciales 
internacionales. Aun cuando no deja de constituir un valioso paso hacia adelante, no obstante, no 
contempla todos los tipos de corrupción posibles, en particular, la que afecta a la ayuda exterior, 
financiera y técnica, de la UE. 
16. La Comisión propondrá la adopción de una posición común sobre la base del Título VI 
del TUE a favor de la tipifícaicón penal del soborno de funcionarios extranjeros, objetivo 
que deberá perseguirse en el Consejo de Europa y la OCDE. 
17. La corrupción en el sector privado es un problema que todavía no ha sido estudiado en la 
UE. Se produce cuando se soborna a una persona de una entidad económica privada para que 
realice una acción incompatible con sus obligaciones. Algunos Estados miembros tipifican 
penalmente la corrupción privada hasta cierto punto3, pero en otros Estados miembros los únicos 
medios aplicables son generalmente las medidas civiles o administrativas. En el Consejo de Europa 
se está en la actualidad discutiendo sobre la corrupción privada Dados sus efectos, especialmente 
en la competencia, la Unión tiene interés en luchar contra esta forma de corrupción. 
18. La Comisión aboga a favor de la tipificación penal de la corrupción privada sobre la 
base del Título VI del TUE y, como punto de partida, tiene previsto proponer la adopción de 
En 7 Estados miembros existen disposiciones por las que se tipifica « 
penalmente el soborno de empleados o agentes de empresas del sector 
privado. En algunos, aunque es un delito, se regula por el Derecho del 
Trabajo o el de la competencia desleal o prácticas comerciales desleales. 
Ejemplo de ello es el Code du Travail Français, article L.152-6, según el 
cual comete un delito el directivo o empleado que solicita o acepta, 
directa o indirectamente, sin el conocimiento ni la autorización de su 
empleador, ofertas o promesas de regalos, descuentos o consideraciones por 
realizar, o abstenerse de realizar, un acto derivado de su posición o 
facilitado por la misma. En otros, se aplica a la corrupción el 
ordenamiento penal general, tanto en el sector público como privado, Por 
ejemplo, el articulo 1(1) de la ley del Reino Unido, Prevention and 
Corruption Act 1906, se aplica a todos los "agentes", tanto del sector 
público como privado. 
una posición común con miras a las negociaciones actualmente en curso en el Consejo de 
Europa. 
19. Las meras sanciones penales no bastan para luchar contra la corrupción. El porcentaje de casos 
de corrupción perseguidos por los tribunales es muy pequeño. También es necesaria una amplia 
gama de medidas como, por ejemplo, una mayor transparencia y unas mejores condiciones 
socioeconómicas. A continuación se exponen las medidas no penales de lucha contra la corrupción 
más importantes. 
n.2. DESGRAVACION FISCAL 
20. A la hora de calcular los beneficios de las empresas sujetos a impuestos, normalmente resulta 
admisible desgravar los gastos en que se ha incurrido para obtener tales beneficios, lo que 
constituye un principio impositivo generalmente aceptado. Sin embargo, no todos los gastos son 
desgravables, por ejemplo, algunos países prohiben específicamente las desgravaciones fiscales de 
determinadas categorías de gastos, como los pagos que sean ilegales de acuerdo con la legislación 
de dicho país o los gastos promocionales. 
21. Únicamente en las legislaciones fiscales de unos pocos Estados miembros se establece una 
prohibición absoluta de los pagos con fines de corrupción a funcionarios extranjeros. Aparte de 
estos casos de prohibición total, las principales fundamentos existentes en la actualidad para 
prohibir las desgravaciones fiscales en algunos países hacen referencia a la naturaleza de los mismos 
pagos (los regalos o gastos de promoción pueden no ser desgravables, con independencia de que su 
aceptación sea o no de naturaleza corrupta), la dificultad de probar dichos pagos o su ilegalidad 
(bien en el país del pagador, bien en el del receptor). 
22. Algunos Estados miembros autorizan específicamente las desgravaciones fiscales por soborno 
a funcionarios extranjeros si dichos sobornos están consideradas como prácticas comerciales 
habituales en el territorio en cuestión. En tales circunstancias, la concesión de la desgravación fiscal 
puede estar sometida a la condición de comunicar a las autoridades fiscales el nombre del receptor. 
23. Los dos principales socios comerciales de la UE -los Estados Unidos y Japón- se basan en 
diferentes fundamentos para no autorizar las desgravaciones fiscales por sobornos a funcionarios 
extranjeros. Los Estados Unidos no autorizan las desgravaciones fiscales por sobornos a 
funcionarios extranjeros si los pagos son constitutivos de delito de conformidad con su Foreign 
Corrupt Practices Act de 1977. En cambio, en Japón los sobornos no se autorizan por otras 
razones. 
24. Tradicionalmente, la política fiscal se considera neutral desde un punto de vista moral. Esta 
opinión carece de justificación cuando se conceden desgravaciones por actuaciones que son 
delictivas en el Estado en el que se acepta el soborno. Esto puede considerarse un refrendo de actos 
delictivos cometidos en otras jurisdicciones. Además, las desgravaciones fiscales que pueden 
inducir al soborno tienen repercusiones en la competencia y pueden distorsionar el mercado único y 
el comercio internacional, afectando igualmente al desarrollo social y económico de los terceros 
países. Dicha práctica puede infundir en los candidatos y los terceros países cierto escepticismo en 
cuanto a los fines de la Unión, al obtener las empresas de la UE desgravaciones fiscales por 
sobornar a funcionarios extranjeros en la gestión de sus negocios. 
25. La tipificación penal del soborno a funcionarios tiene necesariamente efectos positivos. En 
aquellos países en los que los pagos son desgravables siempre que no sean ilegales, la tipificación 
pondrá automáticamente fin a la desgravación fiscal. Sin embargo, puede que transcurra algún 
tiempo hasta que dicha tipificación se lleve a cabo y, aún entonces, ésta no resolverá 
necesariamente todos los temas. 
Un Estado puede autorizar la desgravación fiscal siempre que no se haya probado la comisión 
de un delito. En ia práctica, este requisito de la prueba puede significar una escasa mejoría respecto 
de la situación ae nial. 
Por otro lado, habrá casos en que el soborno pagado a un funcionario de un tercer país 
constituya delito en dicho país, pero no en el Estado miembro de la UE, lo que puede ocurrir 
cuando una parte sustancial del delito se haya cometido en el extranjero o porque no se cumple el 
requisito de la doble tipificación. 
Existen prácticas dudosas que, por diversas razones no constituyen delito. La falta de 
tipificación penal no anula las razones morales para prohibir la desgravación fiscal en tales pagos. 
Por lo tanto, no deben subestimarse las dificultades que para ello se presentan en la práctica. 
26. Varios foros han abogado por la supresión de las disposiciones fiscales que pueden favorecer 
los sobornos (ONU, Consejo de Europa, OCDE y Parlamento Europeo). Los quince Estados 
miembros han aprobado una recomendación de la OCDE según la que "los países que autoricen la 
desgravación fiscal de las gratificaciones ilícitamente abonadas a funcionarios extranjeros deberían 
replantearse tales prácticas a fin de acabar con ellas". Por consiguiente, parece que todos los 
Estados miembros están de acuerdo, en principio, en rechazar esa desgravación fiscal. No obstante, 
algunos Estados miembros temen verse en una situación de competencia des^ sntajosa si otros 
grandes socios comerciales siguen admitiéndola. Por otra parte, desde el punto de vista político a 
los Estados miembros afectados les puede resultar más fácil introducir cambios en respuesta a un 
instrumento comunitario que iniciar una reforma por iniciativa propia a escala nacional. 
27. A la Unión le interesa un enfoque común para la abolición de las desgravaciones fiscales que 
puedan inducir a la corrupción. 
El hecho de que la corrupción puede distorsionar la competencia ya está reconocido por las 
organizaciones internacionales, como la OCDE y el Consejo de Europa, habiéndose asimismo 
reflejado en alguna medida en las legislaciones de determinados Estados miembros (por ejemplo, la 
legislación alemana y austríaca contra la corrupción). 
Las medidas estatales, que efectivamente fomenten el recurso al soborno al autorizar la 
desgravación de sobornos a funcionarios extranjeros, están proporcionando a las empresas 
exportadoras de esos Estados miembros una ventaja desleal, tanto respecto de los competidores 
orientados al mercado nacional como respeto de las empresas de otros Estados miembros en los 
que no se autorice dicha desgravación. Por consiguiente, hay que tomar en consideración la 
dimensión extema de las acciones contra el soborno. 
La cuestión de la desgravación fiscal del soborno a funcionarios extranjeros no sólo incide en 
la libre competencia y el comercio. Con toda evidencia, las medidas relacionadas con el soborno de 
funcionarios extranjeros tienen repercusiones en la cooperación al desarrollo y afectan 
potencialmente a los países en vías de desarrollo. 
28. La Unión asimismo debe explotar al máximo los canales existentes de intercambio de 
información entre autoridades fiscales en lo relativo a pagos con fines de corrupción. En lo relativo 
a si un soborno puede afectar las obligaciones fiscales del receptor, la Directiva de Asistencia 
Mutua4 ofrece un marco adecuado para la comunicación de información a las autoridades fiscales 
del Estado miembro en el que reside el receptor de un soborno. El que el receptor, por lo menos, 
sea gravado por las sumas recibidas puede constituir un elemento disuasorio del soborno, aun 
cuando las autoridades fiscales no puedan pasar la información a las autoridades judiciales del 
Estado de que se trate. 
29. Como enfoque inicial, la Comisión planteará la cuestión de la desgravación fiscal por 
soborno a los Estados miembros en los foros adecuados, con la intención de alcanzar un 
consenso para la abolición de las disposiciones de que se trate en el marco de una actuación 
concertada 
4 (Directiva 77/99/CEE] 
H.3 EL MERCADO ÚNICO Y OTRAS POLÍTICAS INTERNAS 
30. La libre circulación de bienes y servicios tiene por corolario los principios de no 
discriminación y de libre competencia. La corrupción va en contra de dichos principios. 
Conviene examinar las normas que protegen la libre circulación en toda una serie de sectores, 
con objeto de proponer en su caso medidas específicas contra la corrupción. 
II 3.1 Directivas sobre contratos públicos 
31. Estas directivas pretenden garantizar la transparencia y la igualdad de acceso en materia 
de contratos públicos 
Las directivas5 sobre contratos públicos establecen en su parte "Criterios cualitativos de 
selección" que podrá ser excluido de la participación en el contrato, todo proveedor: 
- que haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que afecte a su moralidad 
profesional 
- que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada por 
algún medio que los poderes adjudicadores puedan justificar. 
La corrupción está incluida en estos supuestos. 
32. El Libro Verde de la Comisión titulado "La Contratación pública en la Unión Europea: 
Reflexiones para el futuro", de noviembre de 1996, reconoce que unos procedimientos de 
adjudicación justos, trasparentes y no discriminatorios, así como la posibilidad de que los 
proveedores puedan recurrir ante los tribunales nacionales para hacer valer sus derechos, 
reducen los riesgos de fraude y de corrupción. Incluso si la lucha contra la corrupción no 
constituye su primer objetivo, toda mejora de las normas aplicables en materia de contratación 
pública puede ser beneficiosa. Una idea especialmente interesante que se propone en el Libro 
Verde consiste en que el funcionario nacional competente se comprometa personalmente al 
declarar que las normas de la Unión en materia de contratos públicos se han respetado. 
33. Otras vías que también podrían explorarse en el contexto de la lucha contra la 
corrupción, son: las listas "blancas" o "negras" , compromisos anticorrupción y las acciones 
civiles. En la actualidad existen en las directivas sobre contratos públicos6 disposiciones sobre 
las listas "blancas" (certificaciones) y las sanciones civiles, pero sólo en relación con los 
poderes adjudicadores. 
Al nivel internacional, la Unión tiene interés en fomentar una mayor trasparencia en materia de 
contratación pública. La OCDE y la OMC, organizaciones en las que actualmente se debate 
esta cuestión, podrían ser los foros adecuados para llevar a cabo este tipo de análisis. 
5 93/36/CEE, 93/37/CEE y 92/50/CEE. 
6 Directiva 92/13/CEE 
10 
34. Al término de las consultas lanzadas por el Libro Verde, la Comisión examinará 
de qué manera se puede mejorar la aplicación de las disposiciones sobre contrato* 
públicos válidas para luchar contra la corrupción. 
II.3.2 Transacciones financieras 
35. La corrupción conlleva irremisiblemente una trasferencia en metálico o en especie. Las 
transacciones en metálico, sobre todo aquéllas en las que se barajan grandes sumas de dinero, 
pueden dejar un rastro dado que el dinero circula del organismo que paga a la persona que lo 
recibe. El dinero abonado procede de alguna mente, desde la que se transfiere, y el beneficiario 
tiene que depositarlo en alguna parte (en una cuenta bancaria, por ejemplo) o adquirir con él bienes, 
servicios o propiedades. Como, en general, el cohecho es ilegal, cualquier medida que permita 
revelar su existencia sirve como medida preventiva, desalentando el uso de dichas prácticas, y 
facilitando el decomiso del dinero pagado a los funcionarios públicos. 
n.3.2a Cuentas de sociedades 
36. Todo pago ilegal efectuado por una sociedad debe ser contabilizado de una manera o de otra. 
La existencia de "cajas negras" en las sociedades reviste una importancia decisiva en el proceso de 
corrupción. Se puede poner freno a esta práctica mediante normas sobre la transparencia de las 
cuentas de las sociedades. En el curso de sus trabajos, el Consejo de Europa ha subrayado la 
importancia de la auditoría de las cuentas de las sociedades en la lucha contra la corrupción. La 
OCDE ha recomendado la adopción de normas y prácticas contables que permitan un registro 
adecuado de los pagos en cuestión. En julio de 1996, la Comisión presentó un Libro verde titulado 
"Función, posición y responsabilidad civil del auditor legal en la Unión Europea". En él se aborda 
también la cuestión del papel que juegan los contables de las sociedades en la detección de la 
corrupción. El Comité de contacto de las directivas contables emprenderá diversas iniciativas de 
control sobre la base de una estrecha cooperación con las organizaciones profesionales de auditores 
y contables. 
37. Al término de la fase de consultas sobre el Libro Verde, la Comisión formulará, a través 
de una comunicación, propuestas concretas sobre la manera de aumentar la eficacia de las 
directivas contables y de su aplicación en la lucha contra la corrupción. 
n.3.2b Instituciones financieras 
38. Por regla general, un pago ilegal pasa, en un momento u otro de la transacción, por una 
institución financiera. La OCDE recomienda que las instituciones crediticias y otras instituciones 
financieras lleven registros que hagan posible llevar a cabo inspecciones e investigaciones en 
relación con los casos de corrupción. La Segunda Directiva bancaria exige que toda institución 
crediticia disponga de procedimiento administrativos y contables adecuados y de mecanismos de 
control interno suficientes. El problema del acceso de las autoridades judiciales o policiales a esos 
registros se rige, en principio, por el ordenamiento jurídico nacional. 
39. La Directiva sobre el blanqueo de capitales es aplicable a los procedimientos de los delitos 
relacionados con las drogas o a los de otros delitos designados por los Estados miembros Los 
11 
bancos y otras instituciones financieras tendrían la obligación de conservar y poner a disposición de 
la justicia los datos de identificación de sus clientes y los pormenores de las transacciones, datos 
que tendrían valor de prueba en toda investigación relativa al blanqueo de dinero, estando asimismo 
obligados a señalar las transacciones sospechosas. La Comisión ya ha propuesto un "Segundo 
Protocolo" al Convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad, en virtud 
del cual consideraría delito el blanqueo de ingresos procedentes de la corrupción en detrimento del 
presupuesto CE. 
t 
40. Los Estados miembros deberían considerar el blanqueo de los ingresos procedentes de la 
corrupción como un delito. La Comisión ha incluido en el proyecto de "Segundo Protocolo" 
una propuesta oficial en ese sentido en lo que atañe a la corrupción que lesiona los intereses 
financieros de la Comunidad. 
n.3.3 Otras medidas y acciones 
41. La adopción de medidas específicas en determinados sectores: agricultura, fondos 
estructurales, régimen de tránsito, etc. puede ser de utilidad en la lucha contra la corrupción. El 
presente Capítulo analiza una serie de medidas contra la corrupción cuya aplicación podría resultar 
de utilidad en diversos ámbitos en los que las políticas comunitarias implican gastos de una gran 
cuantía, que pueden fomentar la corrupción u otros abusos. 
0.3.3.a Las listas negras 
42. Las listas negras constituyen un instrumento que permite conocer las empresas que han sido 
condenadas por haber cometido una irregularidad, pudiéndose, en este sentido contemplar la 
posibilidad de conocer las empresas que son sospechosas de corrupción. Las listas negras pueden 
utilizarse para impedir que una de esas empresas solicite nuevos contratos o subvenciones, o 
simplemente para advertir a los interesados de los posibles riegos que supone una transacción con 
este tipo de empresas. 
43. Un reglamento del Consejo7 establece una serie de medidas contra los agentes económicos que 
figuran en una lista negra, por ejemplo, la exclusión de determinados derechos en los ámbitos 
cubiertos por el FEOGA-Garantía,. Dicho reglamento contempla las irregularidades relativas a las 
disposiciones comunitarias, pero no cubre todas las formas de corrupción efectuadas en detrimento 
de los recursos del FEOGA. Por lo tanto, nada impide a una empresa dada, que haya sido excluida 
de conformidad con el Reglamento del FEOGA por corrupción, solicitar un contrato u optar a una 
ventaja que se financian con cargo a otra parte del presupuesto comunitario. 
44. Las disposiciones de las directivas sobre contratos públicos establecen en su parte "criterios 
de selección cualitativa" que se puede excluir de la participación en un contrato a todo proveedor 
que haya cometida determinadas infracciones8. Estas disposiciones cubren la corrupción y se 
aplican asimismo a los contratos adjudicados por la Comisión o sus servicios. 
7Reglamento n° 1469/95 del Consejo, Reglamento n° 745/% de la Comisión 
8Según los criterios de selección cualitativa puede excluirse de la participación en un contrato a todo proveedor 
12 
45. Por consiguiente, convendría introducir, bajo una u otra forma, un sistema general de lista 
negra aplicable a todos los sectores que pueden ser objeto de una financiación comunitaria, entre 
los debe incluirse el sector de la ayuda exterior. El uso que se daría a una lista negra de tales 
características podría, por supuesto, variar de una sector a otro. En determinados casos, puede 
resultar adecuada la exclusión automática de toda empresa incluida en una lista negra de 
determinados beneficios durante un período dado, mientras que en otros, como en el de los 
contratos públicos, las listas negras sólo tendrían una función de información y los organismos 
adjudicadores, informados de los antecedentes, podrían elegir la línea de conducta oportuna. Otra 
posibilidad consistiría en establecer un registro de las personas físicas o jurídicas que figuran en la 
lista negra, con objeto de prevenir del peligro a las autoridades nacionales y a los servicios de la 
Comisión. Unas bases de datos a las que se pueda acceder directamente deberían permitir 
identificar a los responsables que se esconden detrás de las sociedades. 
46. A la hora de analizar la posibilidad de establecer un sistema o un registro general de lista negra, 
habría que tener en cuenta un aspecto importante: el respeto de la protección de datos9, así como 
los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, así como los derechos del individuo. 
n.3.3.b Compromiso contra la corrupción 
47. Se podría exigir a todos los licitadores que se comprometan por escrito a no recurrir a la 
corrupción para obtener la adjudicación del contrato. Un compromiso de esta naturaleza supone un 
freno a la corrupción y permite presentar una demanda por daños y perjuicios u obtener la 
imposición de una multa contractual. Otro posible vía consistiría en limitar determinadas licitaciones 
a las empresas que hayan adoptado códigos de conducta especiales contra la corrupción en materia 
de contratos. A este respecto, se impone una cierta prudencia para evitar toda restricción excesiva 
de la libre competencia en materia de licitaciones. 
48. La Comisión estudiará la posibilidad de establecer un sistema normalizado de listas 
negras o de listas de los agentes económicos que hayan suscrito un compromiso contra la 
corrupción, aplicable a los sectores en los que las finanzas comunitarias corren peligro, que 
permita unos amplios intercambios intersectoriales sobre las personas o empresas culpables 
de corrupción, siempre dentro del respeto de la obligación de protección de los datos. 
Ü.3.3.C Acciones civiles 
- que haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que afecte a su moralidad 
profesional 
- que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada por algún 
medio que los poderes adjudicadores puedan justificar. 
Directiva 95/46/CE. 
13 
49. Una sanción penal o administrativa no resarce de los daños sufridos a las empresas que han 
perdido un contrato debido a las prácticas corruptas de un competidor. Una acción civil 
indemnizaría en ese caso y permitiría asimismo al licitador perjudicado perseguir al licitador 
corrupto por propia iniciativa, haciendo de esta manera menos necesaria una sanción 
administrativa. Una acción de este tipo tendría pues una función autorreguladora. 
50. Las empresas que no hayan podido obtener un contrato debido a una irregularidad en los 
procedimientos seguidos para su adjudicación pueden, con arreglo a las directivas sobre contratos 
públicos, interponer un recurso, no específicamente dirigido contra la corrupción. No obstante, este 
tipo de acciones se limita al sector de los contratos públicos, y se dirigen contra los poderes 
adjudicadores y no contra los lidiadores que efectúan los pagos ilegales. El Consejo de Europa está 
estudiando una estrategia más general de acciones civiles contra los lidiadores que efectúen pagos 
ilegales 
51. En el contexto de los debates que se están llevando actualmente a cabo en el Consejo de 
Europa, la Comisión propondrá, en el momento oportuno, la adopción de una posición 
común sobre la cuestión de las acciones civiles para luchar contra la corrupción. 
II.3.3.d. Confidentes 
52. Los confidentes son personas que denuncian a las autoridades la existencia de prácticas 
corruptas dentro de sus empresas. Los confidentes carecen con frecuencia de toda protecdón legal, 
pudiendo ser víctimas de represalias. El informe titulado " Whistleblowing, fraud and the European 
Union", publicado, en febrero de 1996, por "Public Concern at Work" (Londres) a iniciativa del 
Parlamento Europeo y con la ayuda de la Comisión analiza los temas más importantes. La 
Comisión está preparando un estudio sobre las legislaciones y prácticas nacionales en materia de los 
derechos de los trabajadores a ser consultados sobre los asuntos internos de la empresa, incluidos 
los derechos de los trabajadores a ser protegidos de cualquier perjuido derivado de una queja 
legítima formulada por el trabajador ante una autoridad pública. 
53. Los Estados miembros deberían examinar y, en su caso, modificar la normativa actual 
para que las personas que denuncien prácticas de corrupción gocen de suficiente protección 
contra eventuales represalias. 
n.4 AYUDA EXTERIOR Y COOPERACIÓN 
n.4.1 Prevendón de la corrupdón en los terceros países que redben avuda CE 
54. La Comisión ha incluido la lucha contra la corrupdón en sus políticas de cooperadón y ayuda 
exteriores. Se asignan recursos a una serie de proyectos de lucha contra la corrupdón, bien 
directamente (seminarios regionales sobre la corrupdón), bien indirectamente (mejora de las 
estructuras judiciales y transparenda administrativa). Diversas inidativas pretenden combatir la 
corrupdón, como la organización de seminarios sobre las normas de origen y de talleres sobre 
cómo mejorar la gestión finandera y la lucha contra el fraude 
14 
55. La lucha contra la corrupción exige un planteamiento equilibrado. El hecho de subordinar los 
programas de ayuda a la lucha contra el fraude y la corrupción debe integrarse dentro de una 
estrategia de desarrollo coherente. Se requiere una mayor coherencia entre las políticas 
anticorrupdón de la Unión, de manera que las diferencias regionales se tengan en cuenta. 
56. Cualquier estrategia debería: 
Coadyuvar al establecimiento de una normativa, unos mecanismos de control y unas 
instituciones adecuados, mediante la prestación de la asistencia técnica necesaria. 
Mejorar el fimcionamiento y la transparenda de la contratación pública. 
Tomar en consideradón los resultados en términos de gestión general de los recursos 
públicos, antes de tomar iniciativas financiadas con cargo a los fondos 
comunitarios. 
Coadyuvar a la mejora de los parámetros socioeconómicos 
57. La Comisión establecerá una estrategia coherente contra la corrupción en el ámbito de la 
cooperación con los terceros países que reciben ayuda CE o han celebrado acuerdos de 
cooperación o asistencia. 
La Comisión tiene intención de intensificar el apoyo que concede a las medidas para 
combatir la corrupción, fundamentalmente, fomentando condiciones que favorezcan la 
transparencia, la buena administración y una justicia independiente, así como facilitando 
asistencia técnica para la adopción de una normativa apropiada y de mecanismos de control 
y de contratación pública eficaces. 
La Comisión revisará sus normas sobre contratos públicos y otros contratos en materia de 
ayuda a países terceros con objeto de adoptar medidas más eficaces contra la corrupción. 
Asimismo, hará lo posible por armonizar las normas aplicables a los diferentes grupos de 
países. Esa revisión incluirá la cuestión de las sanciones a las empresas que sigan prácticas 
de corrupción. 
II.4.2 Programas contra la corrupción 
58. Un derto número de países candidatos a la adhesión de Europa Central y Oriental tienen que 
hacer frente a problemas de corrupdón durante el período de transidón. Es importante que la 
Unión ayude a esos países a superar esos problemas tanto en beneficio de esos países como para 
evitar que la corrupdón se extienda por la Unión ampliada. 
59. Además de las preocupadones que susdtan los efectos de la corrupción en los países terceros, 
la Unión, que es una gran suministradora de ayuda, tiene que saber si la ayuda financiera que 
concede se destina a objetivos distintos de los previstos debido a la corrupdón. El Parlamento 
Europeo, el Tribunal de Cuentas y los Estados miembros desean un mayor control de la gestión y 
una mejor reladón coste-eficada. El Grupo de Representantes Personales está analizando esta 
15 
cuestión en el contexto del programa SEM 2000. El reciente cambio de orientación del programa 
PHARE hace hincapié en la lucha contra las irregularidades y el fraude. 
60. El programa PHARE ha permitido ofrecer una asistenda técnica limitada para frenar la 
corrupdón en el sector público en Europa Oriental (véase por ejemplo el programa conjunto 
OCTOPUS del Consejo de Europa y de la UE sobre la corrupdón y la delincuenda organizada en 
Europa Central y Oriental). El proyecto SIGMA, realizado conjuntamente con la OCDE, analiza 
asimismo el problema desde el ángulo de los contratos públicos. Los Nuevos Estados 
Independientes tienen sus propios problemas de corrupdón, que afectan a su proceso de transición 
económica y democrática. Una inidativa específica dentro del programa TACIS podría ser 
interesante a este respecto. 
61. En el caso de los terceros países mediterráneos, se dibuja un movimiento en favor del libre 
comerdo y del fortalecimiento de los lazos con el mercado único. Los 27 sodos EUROMED se 
comprometieron específicamente en la Declaradón de Barcelona de 28 de noviembre de 1995 a 
luchar contra la corrupdón. Además* el Reglamento MEDA del Consejo10, en el que se establecen 
unos procedimientos de cooperación, define unas normas precisas y estrictas para una gestión 
transparente de la asistencia financiera y técnica a los terceros países mediterráneos. 
62. Convendría poner en marcha una serie de programa especiales contra la corrupción, en 
especial en los países candidatos de Europa Central y Oriental, en la línea de lo protocolos a 
los acuerdos europeos sobre la apertura de los programas y en relación con la prevista 
colaboración para la adhesión en torno a un programa nacional establecido para la 
aplicación del acervo. 
n.4.3 Prindpio de "buena administración" y cláusulas contra la corrupdón 
63. El Convenio de Lomé IV, en su versión revisada por el acuerdo suscrito en Maurido, el 4 de 
noviembre de 1995, incluye entre sus principios básicos el concepto de "buena administration". 
Una aplicación más sistemática de este prindpio resulta necesaria para que la Comisión pueda 
establecer una estrategia global. 
64. Debería incluirse una cláusula de "buena administración" en todos los acuerdos 
internacionales de asistencia, cooperación y desarrollo. 
65. La inclusión de cláusulas contra la corrupdón en todos los contratos finandados por la ayuda 
podría œristituir una medida oportuna. En marzo de 1990, por ejemplo, se acordó con los Estados 
ACP la inclusión de este tipo de cláusulas entre las condidones generales de todos los contratos 
financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo. La Comisión está estudiando estas cláusulas con 
objeto de intentar mejorar su eficada. 
Este problema está estudiándose a escala intemadonal. El Banco Mundial ha reforzado su 
estrategia en este ámbito y el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE formuló en 1996 una 
(n°1488/96) 
16 
serie de recomendaciones dirigidas a induir cláusulas contra la corrupdón en los contratos 
financiados con la ayuda al desarrollo, 
66. La Comisión, en cooperación con la OCDE, el Banco Mundial y otros donantes 
multilaterales, velará por que se incluyan cláusulas contra la corrupción en los contratos 
financiados con la ayuda al desarrollo. 
H.5 COOPERACIÓN EN LOS FOROS INTERNACIONALES 
67. Si la Unión Europea pretende adoptar medidas más eficaces contra la corrupdón, capaces de 
surtir efectos sobre el comerdo, le convendría que una medida de este tipo se inscribiera en un 
acuerdo a escala mundial para aprovechar así los efectos positivos de una acdón coordinada a gran 
escala y evitar las desventajas competitivas. 
La Unión Europea debe asimismo velar por que exista una compatibilidad entre sus normas 
internas, dirigidas fimdamentalmente a regular el mercado único, y su acdón exterior, cuyo primer 
objetivo es reforzar el sistema comerdal multilateral abierto. Su incompatibilidad podría resultar 
costosa para la industria y el comerdo. 
68. El problema de la corrupdón y de la transparencia se analiza con regularidad en los foros 
intemadonales, como el G-7, la Organization mundial del Comercio (OMC), la Organización de 
las Nationes Unidas, la OCDE y el Consejo de Europa. Es una de las principales prioridades de los 
socios comerciales de la Unión Europea, en particular, de los Estados Unidos. Las Naciones 
Unidas adoptaran la declaración "La Corrupción y sus formas en las transacciones comerciales 
internacionales" (diciembre de 1996), en la que se invitaba a los Estados miembros a tipificar como 
delito la corrupción (tanto fuera como dentro de sus fronteras) y a prohibir la desgravación fiscal de 
los pagos ilegales. Se ha elaborado una Ley modelo aplicable a los contratos públicos en el seno de 
la Comisión de las Nationes Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). 
69. El nuevo Acuerdo sobre Contratos Públicos de la OMC entró en vigor el 1 d enero de 1996. 
Como dicho acuerdo es "plurilateral", no son signatarios todos los miembros de la OMC. En la 
actualidad no cubre importantes mercados de Asia, América, Europa Central y Oriental y África. 
En su reunión ministerial de diciembre de 1996, en Singapur, los Ministros de la OMC acordaron la 
constitución de un grupo de trabajo sobre el tema de la transparencia en materia de contratos 
públicos con vistas a elaborar, sobre la base de dicho estudio, los elementos de un acuerdo 
apropiado. 
70. La Comisión impulsará una política ambiciosa y coordinada de lucha contra la 
corrupción en todos los foros internacionales pertinentes, incluido el G-7 en su reunión de 
julio de 1997, en Denver. 
* * * 
17 
ANEXO 1 
INICIATIVAS INTERNACIONALES 
Los Jefes de Estado del G7 declararon el 28 de junio de 1996 en Lyon lo siguiente: 
"... estamos resueltos a luchar contra la corrupción en las transacciones económicas internacionales, 
ya que ésta va en detrimento de la transparencia y la equidad e impone elevadísimos costes 
económicos y políticos. De acuerdo con el compromiso de los ministros de la OCDE de penalizar 
el soborno de manera eficaz y coordinada, instamos a la OCDE a que estudie pormenorizadamente 
las modalidades y los instrumentos internacionales adecuados para facilitar la penalization, y a que 
estudien propuestas de acción en 1997. " 
Los Ministros de Hacienda del G7 en su reunión del 27 de abril de 1997 se refirieron a la cuestión 
de la corrupción y el problema se volverá a abordar en la cumbre del G7/P8 que se celebrará en 
Denver en junio de 1997. 
El Consejo de Ministros de la OCDE aprobó el 11 de abril de 1996 una recomendación en 
contra de la desgravación fiscal de las gratificaciones abonadas para sobornar a los funcionarios 
extranjeros. Esta recomendación se añadía a las relativas a la corrupción aprobadas anteriormente 
en mayo de 1994. El citado Consejo solicitó asimismo que en 1997 se le presentaran un informe y 
propuestas sobre la tipificación penal del soborno de funcionarios extranjeros, de conformidad con 
la declaración de la Cumbre del G7/P8 de Lyón. Este tema figura en el orden del día del Consejo de 
Ministros de mayo de 1997. 
El 1 de enero de 1996 entró en vigor un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio 
relativo a la contratación pública en el que se establecían diversas disposiciones sobre 
transparencia, apertura y vías de recurso que contribuirán a atenuar el problema de la corrupción en 
el ámbito de la contratación pública. No obstante, dicho acuerdo, que se aplica a los principales 
socios comerciales de la Comunidad, no ha sido suscrito por todos los países miembros de la 
OMC. En consecuencia, los países de la QUAD han intentado mejorar la situación dentro de la 
OMC. En la Conferencia Ministerial de Singapur de diciembre de 1996 se entablaron negociaciones 
sobre un nuevo acuerdo provisional relativo a la transparencia, la apertura y el tratamiento justo 
(vías de recurso). Estos esfuerzos proseguirán a través de las nuevas actividades que emprenderá la 
OMC para establecer un acuerdo sobre la transparencia. 
El Consejo de Europa ha creado un grupo especial pluridistiplinario sobre la corrupción 
(CMC). Se ha aprobado un programa de acción detallado. En estos momentos el grupo está 
estudiando proyectos de instrumentos de Derecho civil, penal y administrativo. El tema prioritario 
que se abordará en la próxima reunión de Ministros de Justicia en Praga (junio de 1997) será la 
corrupción y la delincuencia organizada. 
Las Naciones Unidas han estudiado en varias ocasiones el problema de la corrupción. Más 
retientemente, en diciembre de 1996, dentro de una resolución sobre la lucha contra la corruption, 
la Asamblea General adoptó un Código Internacional de Conducta de la Función Pública. Adoptó 
18 
asimismo una Declaración sobre la Corrupción y el Soborno en las Transacciones Comerciales 
Internacionales que aborda, entre otros temas, el problema del soborno de los funcionarios 
extranjeros, la desgravación fiscal de las gratificaciones, la jurisdicción extraterritorial y el secreto 
bancario. 
En agosto de 1996 el Banco Mundial introdujo en sus directrices sobre contratación pública 
disposiciones específicas de lucha contra la corrupción que se aplican a todos los bienes y servicios 
financiados por el Banco. Posteriormente, en ese mismo año se decidió que el Banco había de 
considerar la corrupción como un fenómeno contrario al desarrollo, creándose grupos internos para 
examinar una serie de aspectos de la situación. 
El Fondo Monetario Internacional ha destacado recientemente la importancia de la lucha 
contra la corrupción, insistiendo más concretamente en el fomento de prácticas administrativas 
correctas. 
En marzo de 1996 la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó un Convenio 
contra la corrupción. 
En el marco del diálogo transatlántico y del Plan de Acción Conjunto UE - Estados Unidos 
se ha suscrito un compromiso específico para luchar contra la corrupción y el soborno. Los medios 
empresariales estadounidenses y europeos se reunieron en Chicago los días 8 y 9 de noviembre de 
1996 en el marco del diálogo comercial transatlántico, denunciando la corrupción y el soborno 
en su declaración e indicando que en 1997 seguirían estudiando este tema. 
En mayo de 1996 la Cámara de Comercio Internacional reforzó sus normas de conducta 
sobre soborno en las transacciones comerciales internacionales e insistió en que se adoptaran más 
medidas de lucha contra la corrupción a escala nacional e internacional. 
Transparency International, organización no gubernamental dedicada a la lucha contra la 
corrupción en las transacciones comerciales internacionales, ha preparado un documento en el que 
aboga por que la Unión Europea adopte medidas contra la corrupción en una serie de sectores. 
19 

ISSN 0257-9545 
COM(97) 192 final 
DOCUMENTOS 
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