RESOLUCIÓN (UE) 2022/1814 DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 4 de mayo de 2022

que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común para las Bioindustrias (actualmente Empresa Común para una Europa Circular de Base Biológica) para el ejercicio 2020

EL PARLAMENTO EUROPEO,

— Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común para las Bioindustrias para el ejercicio 2020,

— Vistos el artículo 100 y el anexo V de su Reglamento interno,

— Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0074/2022),

A. Considerando que la Empresa Común para las Bioindustrias (en lo sucesivo, «Empresa Común») fue creada como una asociación público-privada por el Reglamento (UE) n.o 560/2014 del Consejo (1) para un período de diez años con objeto de reunir a todos los agentes pertinentes y contribuir a que la Unión se convierta en un actor clave en la investigación, demostración e implantación de bioproductos y biocombustibles avanzados;

B. Considerando que los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión, representada por la Comisión, y los socios industriales, representados por el Consorcio de Bioindustrias («BIC»);

C. Considerando que la contribución máxima de la Unión a las operaciones de la Empresa Común en el marco de Horizonte 2020 es de 975 000 000 EUR, incluidos los créditos de la AELC (de los que hasta 29 250 000 EUR corresponden a gastos administrativos), y que se espera que los miembros de la Empresa Común distintos de la Unión realicen una aportación total de al menos 2 730 000 000 EUR a lo largo de sus diez años de duración, de los que 182 500 000 EUR son la aportación financiera mínima para los gastos de explotación; que, además, se realizarán aportaciones en especie de al menos 1 755 000 000 EUR por miembros distintos de la Unión o sus entidades constitutivas, consistentes en los gastos que hayan contraído para llevar a cabo actividades adicionales no incluidas en el plan anual de trabajo de la Empresa Común y que contribuyan al logro de sus objetivos;

Gestión presupuestaria y financiera

1. Constata que, según el Informe del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») sobre las cuentas anuales de la Empresa Común (en lo sucesivo, «informe del Tribunal») relativas al ejercicio 2020, dichas cuentas presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Empresa Común a 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha fecha, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Financiero de la Empresa Común y las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión; advierte, además, que las operaciones subyacentes a las cuentas son legales y regulares en todos los aspectos significativos;

2. Constata que el presupuesto final disponible de 2020, incluidos los créditos no utilizados reincorporados de ejercicios anteriores, los ingresos afectados y las reasignaciones al ejercicio siguiente, incluye créditos de compromiso por valor de 111 733 166 EUR (de los que 67 604 259 EUR proceden del presupuesto de la Unión) y créditos de pago por un importe de 196 631 962 EUR (184 010 322 EUR del presupuesto de la Unión);

3. Constata que, en cuanto al presupuesto de 2020 de la Empresa Común disponible para proyectos de Horizonte 2020, los porcentajes de ejecución de los créditos de compromiso y de pago se situaron en un 100 % y en un 85 %, respectivamente;

4. Observa que el presupuesto original de la Empresa Común incluía un excedente relativamente grande del presupuesto no utilizado de ejercicios anteriores (fundamentalmente, 2018 y 2019), de un valor en torno a 1 000 000 EUR en créditos de compromiso y créditos de pago y, en el ámbito operativo, unos 20 400 000 EUR en créditos de compromiso y 28 800 000 EUR en créditos de pago; advierte, además, que en el contexto de un gran excedente remanente de créditos de pago, exacerbado por la crisis de la COVID-19, se adoptó la decisión de devolver 25 300 000 EUR de créditos de pago operativos a los ejercicios de origen, para su reactivación en ejercicios posteriores en los que resulten más necesarios (con arreglo a la norma N+3);

5. Señala que, a finales de 2020, la Unión aportó 603 176 000 EUR, y la agrupación sectorial realizó una contribución en especie validada de 41 927 000 EUR, y una contribución en efectivo de 12 465 000 EUR para gastos administrativos, y de 3 250 000 EUR para gastos de explotación; constata que, a finales de 2020, se certificó una contribución en especie para actividades adicionales por un total de 929 212 506 EUR;

6. Toma nota de que el Informe anual del Tribunal sobre las empresas comunes de la UE correspondiente a 2020 no disponía de todos los datos relativos a las contribuciones en especie validadas; pide a la Empresa Común que reduzca los plazos de notificación de las contribuciones en especie;

7. Observa que las contribuciones en especie totales de los miembros sectoriales para actividades adicionales, estimadas a finales de 2020, solo alcanzaron en torno a la mitad del importe objetivo mínimo establecido en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento constitutivo de la Empresa Común; observa, además, que, aunque su Reglamento constitutivo se modificó expresamente en 2018 para permitir a los miembros sectoriales contabilizar sus contribuciones en efectivo a escala de proyecto por un importe mínimo de 182 500 000 EUR, dichos miembros no realizaron ninguna contribución adicional en efectivo a los gastos de explotación de la Empresa Común en 2020, lo que indica que esta se enfrenta a obstáculos significativos para obtener tales contribuciones de los miembros privados, y que el objetivo mínimo no se alcanzará a la conclusión del programa Horizonte 2020; toma nota de que, por este motivo, la Comisión (DG RTD) redujo sus contribuciones en efectivo a la Empresa Común en 140 000 000 EUR; señala que esta reducción significativa de las contribuciones de los miembros supuso un riesgo para el cumplimiento de la agenda de investigación e innovación de la Empresa Común para el programa Horizonte 2020; pide a la Empresa Común que informe al Parlamento Europeo sobre un plan de acción a este respecto;

8. Observa con preocupación que en el informe del Tribunal sobre las cuentas de la Empresa Común se llama la atención respecto a que el total de las contribuciones en especie de los miembros sectoriales para actividades adicionales solo alcanzó el 53 % del importe mínimo de 1 755 000 000 EUR, establecido en el Reglamento (UE) n.o 560/2014; señala, además, que, a finales de 2020, los miembros sectoriales declararon unos 95 700 000 EUR de contribuciones en especie para actividades operativas, de los 433 000 000 EUR comprometidos tras la puesta en marcha de todas las convocatorias de Horizonte 2020; señala, por tanto, que esta situación indica un riesgo elevado de que, a la conclusión del programa Horizonte 2020, la Empresa Común no alcance los objetivos previstos respecto a las contribuciones en especie de sus miembros sectoriales establecidas en el Reglamento (UE) n.o 560/2014 y los planes de trabajo anuales adoptados; toma nota de la respuesta de la Empresa Común de que, en su opinión, esta brecha se reducirá significativamente en los próximos años, dado que la declaración y la certificación de las contribuciones en especie aumentarán significativamente en consonancia con el cierre de los proyectos de la Empresa Común y que, por otra parte, los miembros sectoriales asumieron compromisos respecto a objetivos de inversión adicionales para 2021 y ejercicios posteriores en sus perspectivas financieras presentadas al Consejo de Administración de la Empresa Común; pide a la Empresa Común que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de cualquier novedad a este respecto; señala que el importe total de contribuciones en especie para actividades adicionales de 916 000 000 EUR al final de 2019 incluía alrededor de 216 000 000 EUR de contribuciones notificadas respecto a 2019, pero cuyo proceso de certificación no se había completado debido a la pandemia de COVID-19, y que la tarea continúa llevándose a cabo, como se indica en el informe del Tribunal; pide a la Empresa Común que concluya el proceso de certificación para el año 2019 a más tardar en junio de 2022;

9. Observa que existen diferentes procedimientos en las empresas comunes en relación con el cálculo de las contribuciones en especie y pide su armonización;

Rendimiento

10. Observa que, en total, la cartera de proyectos de la Empresa Común consta de 124 proyectos (64 acciones de investigación e innovación (AII), 35 acciones de demostración (DEMO), 11 proyectos de referencia y 14 acciones de coordinación y apoyo (ACA), como resultado de las convocatorias de 2014 a 2019; toma nota, además, de que, tras la finalización del proceso de preparación del acuerdo de subvención (PAS) correspondiente a la convocatoria de 2020, se espera que se añadan a la cartera de proyectos de la Empresa Común siete AII, cuatro DEMO, tres proyectos de referencia y cuatro ACA; pide a la Empresa Común que publique el número de proyectos finalizados y en curso en su informe anual en aras de una mayor claridad;

11. Constata, además, que en el marco de los 124 proyectos financiados correspondientes a las convocatorias de 2014-2019 de la Empresa Común, así como de los 18 proyectos aún incluidos en la PAS de la convocatoria de 2020, 1 006 beneficiarios representan el sector privado con ánimo de lucro, lo que equivale al 59,5 % del total de los beneficiarios de la Empresa Común; observa, además, que en la convocatoria de 2020, esta tendencia se confirma con una participación privada con ánimo de lucro que equivale al 56 % del número total de los participantes en las propuestas mantenidas;

12. Lamenta que el diseño de la convocatoria de propuestas de 2020 de la Empresa Común no garantizase una cobertura completa de los cuatro temas de demostración estratégica en consonancia con su agenda de investigación en el plan de trabajo anual; señala, además, que fue preciso rechazar algunas propuestas admisibles y de alta puntuación relativas a uno de los temas de demostración en beneficio de otro tema de demostración, respecto al que se aceptaron varias propuestas de cofinanciación;

13. Observa que la Empresa Común utiliza los indicadores clave de rendimiento (ICR) comunes de Horizonte 2020 para el seguimiento de cuestiones transversales, y ocho indicadores específicos propios;

14. Señala que, en 2020, se confirmó el desempeño eficaz de la Empresa Común en las operaciones esenciales, continuando con las tendencias positivas observadas en ejercicios anteriores: el plazo para informar a los solicitantes de la convocatoria de 2020 se cumplió en enero de 2021, al situarse en 137 días, frente al objetivo de 153 días; el plazo de subvención para los proyectos mantenidos en el marco de la convocatoria de 2019 fue de 237 días por término medio, frente al objetivo de 245 días (96 % en plazo); refiere, además, que todos los acuerdos de subvención se firmaron en plazo, excepto uno, que se retrasó debido a cambios en el consorcio y restricciones relacionadas con la COVID-19; señala que el plazo de pago para la prefinanciación de proyectos mantenidos de la convocatoria de 2019 fue de 12 días por término medio, frente al objetivo de 30 días (100 % en plazo); añade que el plazo de pago, en el caso de los pagos periódicos, fue de 72 días por término medio, frente al objetivo de 90 días (93 % en plazo);

15. Deduce del informe anual de actividades de la Empresa Común que, en general, esta ha funcionado eficazmente y su rendimiento medio respecto a los tres principales ICR de Horizonte 2020 supera los objetivos fijados, a pesar de las difíciles condiciones que se dieron en 2020;

16. Considera que la cuestión de los derechos de propiedad intelectual debe abordarse en todos los contratos cuya ejecución pueda producir un efecto del rendimiento o un resultado previsto, como estudios, análisis o evaluaciones; señala que su objetivo es salvaguardar los derechos de los creadores individuales, pero también proporciona detalles sobre cómo se utilizarán los derechos en el futuro; señala que, dado que se efectúan compras con fondos públicos, los resultados deben ser transparentes y accesibles al público; pide a la Empresa Común que aclare los derechos de propiedad intelectual y que aumente la transparencia en lo que respecta a los resultados de la investigación;

Procedimientos de contratación pública y de selección de personal

17. Señala que el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) exige que todas las instituciones y órganos de la Unión, incluidas las empresas comunes, elaboren y apliquen soluciones para la presentación, la conservación y el tratamiento de los datos transmitidos en los procedimientos de adjudicación y, a tal efecto, establezcan un «espacio de intercambio de datos electrónicos» único destinado a los participantes; observa que la Comisión está desarrollando la solución de contratación pública electrónica (eProcurement) con el Portal de Financiación y Licitaciones integrado y el TED de licitación electrónica eTendering, en el que todas las licitaciones publicadas se ponen a disposición del público; toma nota de que la solución de contratación electrónica eProcurement ofrece un planteamiento armonizado y prácticas institucionales consolidadas para los procesos de contratación, apoyando estos mediante un enfoque plenamente integrado; señala, no obstante, que la Empresa Común no tiene previsto utilizar todos los módulos de la plataforma debido a su escaso número de procedimientos de contratación de alto valor; invita a la Empresa Común a adherirse a la solución de contratación electrónica eProcurement de la Comisión en consonancia con el principio de intercambio de datos electrónicos único, previsto por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, garantizando así que sus contrataciones públicas se sometan a la competencia más amplia posible; pide a la Empresa Común que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de cualquier avance a este respecto;

18. Observa que, a finales de 2020, la Oficina del Programa de la Empresa Común contaba con veintitrés miembros en plantilla y que en dicho ejercicio se puso en marcha un procedimiento de contratación que dio lugar a la incorporación del jefe de Programa (agente temporal); constata que, debido a la pandemia de COVID-19, todo el procedimiento de contratación, incluido el centro de evaluación, pasó a ejecutarse de manera remota; señala, además, que el coordinador de convocatorias adjunto (agente temporal), el responsable de comunicación (agente temporal), un responsable de proyectos (agente contractual) y un asistente financiero (agente contractual) se incorporaron a la Empresa Común en 2020;

19. Refiere que estas contrataciones concluyeron en los últimos años y que el uso eficiente de las listas de reserva fue fundamental para garantizar la sustitución oportuna del personal que abandonó la Empresa Común en 2019; señala, además, que para hacer frente al período de mayor carga de trabajo, la Empresa Común celebró, a través del contrato marco de la Comisión relativo a los servicios provisionales, varios contratos de corta duración para la prestación de dichos servicios, con el fin de atender necesidades específicas de la Oficina del Programa; hace hincapié, no obstante, en que el recurso a personal interino debe seguir siendo una solución temporal, de lo contrario, podría afectar negativamente al rendimiento global de la Empresa Común, por ejemplo, en términos de retención de competencias clave, falta de claridad de los canales de rendición de cuentas y una menor eficiencia del personal;

20. Acoge con satisfacción la iniciativa de encuesta de la Empresa Común, que permitió detectar el impacto de la COVID-19 en los empleados y puso de manifiesto la existencia de una fatiga generalizada debido al aislamiento, la tensión familiar, las restricciones a los desplazamientos fuera del hogar, el insomnio y la falta de interacción social y de comunicación con los compañeros de trabajo; sugiere prestar atención al bienestar, a la gestión del estrés y al equilibrio entre la vida profesional y la vida privada de los empleados; lamenta que no exista una estructura de apoyo para garantizar el bienestar psicológico del personal de la Empresa Común;

21. Observa que, a finales de 2020, según el informe anual de actividades, la Empresa Común contaba con veintitrés empleados procedentes de diez Estados miembros (un 26 % de hombres y un 74 % de mujeres);

Controles y auditoría internos

22. Constata que la Empresa Común ha establecido procedimientos fiables de control ex ante basados en comprobaciones documentales financieras y operativas; observa, además, que la Empresa Común implantó en 2020 el marco de control interno (MCI) de la Comisión, que se basa en diecisiete principios de control interno, y que, para la autoevaluación anual y el seguimiento de la eficacia de las actividades de control requeridas por el MCI, desarrolló los indicadores pertinentes respecto a todos los principios de control interno y las características relacionadas; señala, además, que todos los principios del nuevo modelo de control se integran en toda la estructura organizativa de la Empresa Común y se basan en una combinación de controles ex ante y ex post, la separación de funciones, procesos y procedimientos documentados, el control de desviaciones y la promoción del comportamiento ético;

23. Constata que, de acuerdo con el informe del Tribunal, el Servicio Común de Auditoría de la Comisión es responsable de la auditoría ex post de los pagos de Horizonte 2020 realizados por la Empresa Común y que, sobre la base de los resultados de la auditoría ex post disponibles a finales de 2020, comunicó una tasa de error representativa del 1,47 % y una tasa de error residual del 1,06 % para los proyectos de Horizonte 2020 (autorizaciones y pagos finales); señala, a partir de la propuesta de la Comisión respecto a Horizonte 2020, que el objetivo es alcanzar en última instancia un nivel de error residual lo más cercano posible al 2 % en el momento de cierre de los programas, una vez tenida en cuenta la incidencia financiera de todas las auditorías y medidas de corrección y recuperación;

24. Toma nota de que, como parte de los controles de pago operativos, el Tribunal auditó pagos de una muestra aleatoria de Horizonte 2020 efectuados en 2020 en los beneficiarios finales para corroborar los porcentajes de error de la auditoría ex post; señala que las auditorías detalladas revelaron en un caso un error superior al 1 % de los costes auditados relacionado con la corrección injustificada de los costes de personal previamente declarados y aceptados en el período de notificación posterior;

25. Subraya que, en el informe anual del Tribunal sobre las empresas comunes de la UE correspondiente a 2020, el Tribunal detectó errores sistémicos persistentes en los costes de personal declarados por los beneficiarios, en particular por parte de las pymes y los nuevos beneficiarios; señala que estos errores también se han indicado periódicamente en las auditorías ex post del Servicio Común de Auditoría y de sus auditores contratados; destaca que en la página 39 del informe, el Tribunal declara que la optimización de las normas de Horizonte 2020 en cuanto a la declaración de los costes de personal y el uso más amplio de opciones de costes simplificados constituyen una condición previa para futuros programas marco de investigación, a fin de estabilizar los porcentajes de error por debajo del nivel de importancia relativa; anima a la Empresa Común a reforzar sus sistemas de control interno, dado que las pymes y los nuevos beneficiarios son más propensos a errores;

26. Observa que, hasta 2020, el Servicio de Auditoría Interna (SAI) llevó a cabo dos auditorías de garantía sobre la Empresa Común respecto a una revisión limitada de la ejecución de las normas de control interno, y al proceso de subvención de Horizonte 2020; observa asimismo que, en febrero de 2020, el SAI finalizó su Plan estratégico de auditoría interna correspondiente al período 2021-2023;

Gestión y prevención de conflictos de intereses y riesgos de fraude

27. Lamenta que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) cerrase una investigación en el primer semestre de 2020 en la que se detectaron indicios de irregularidades y fraude en las actividades de dos beneficiarios participantes en proyectos de Horizonte 2020, incluidos proyectos cofinanciados por la Empresa Común; constata que, en 2020, la Empresa Común ha aplicado en gran medida las recomendaciones de la OLAF respecto a tales beneficiarios, lo que comprende el procesamiento de las recuperaciones, la terminación de la participación de los beneficiarios afectados en la mayoría de los acuerdos de subvención, y la consideración activa de otros beneficiarios potencialmente problemáticos; observa, además, que el informe de la OLAF no incluyó ningún hallazgo o conclusión relacionados con deficiencias en los sistemas de control interno de la Empresa Común, y que la repercusión financiera de este caso se sitúa por debajo de los niveles de importancia relativa; pide a la Empresa Común que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de cualquier avance a este respecto;

28. Constata que la Empresa Común cuenta con normas sobre conflictos de intereses para todo su personal y sus órganos de dirección con arreglo al modelo acordado por la Comisión; señala además que la Oficina del Programa ha desarrollado un conjunto exhaustivo de normas y procedimientos que se aplican eficazmente en toda su estructura de gobernanza; pide a la Empresa Común que publique los currículos de los miembros de su Consejo de Administración;

29. Observa que existe una estrategia de lucha contra el fraude que abarca la prevención y detección de posibles casos de fraude, así como las condiciones para su investigación; señala que la estrategia de lucha contra el fraude respecto a la gestión de subvenciones se formula y aplica en colaboración con los servicios de la Comisión, las agencias ejecutivas y las empresas comunes que ejecutan el programa marco Horizonte 2020; refiere, además, que se informa continuamente al personal de la Empresa Común sobre la identificación de riesgos de fraude, y que se dispone de herramientas específicas para la prevención, detección y notificación de casos sospechosos; pide a la Empresa Común que considere la aplicación de un sistema de formación permanente y sólido para sus empleados, especialmente aquellos que trabajan directamente con convocatorias de propuestas y subvenciones, con el fin de reforzar las normas éticas y minimizar el riesgo de que se produzcan comportamientos poco éticos que repercutan negativamente en la buena gestión financiera;

30. Señala que la Oficina del Programa designó a su corresponsal en la OLAF para todas las actividades relacionadas con la denuncia de fraudes, el apoyo a la OLAF en materia de investigación, el seguimiento de sus recomendaciones y la cooperación en lo que atañe a la prevención del fraude; constata que, en el transcurso de 2020, la Oficina del Programa recibió las primeras solicitudes de la OLAF para respaldar sus selecciones e investigaciones.

(1) Reglamento (UE) n.o 560/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, por el que se establece la Empresa Común para las Bioindustrias (DO L 169 de 7.6.2014, p. 130).

(2) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1)