Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo»

[COM(2021) 346 final — 2021/0170 (COD)]

(2022/C 105/15)

Ponente:

Mordechaj Martin SALAMON

Consulta Parlamento Europeo, 13.9.2021 Consejo, 23.8.2021 Fundamento jurídico Artículo 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Sección competente Mercado Único, Producción y Consumo Aprobado en sección 30.9.2021 Aprobado en el pleno 20.10.2021 Pleno n.o 564 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 231/0/6

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento relativo a la seguridad general de los productos (RSGP), ya que actualiza y puede mejorar la actual Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ) relativa a la seguridad general de los productos (DSGP), especialmente en lo que se refiere a los retos y la evolución de los mercados y la tecnología.

1.2. El CESE señala que el marco propuesto integra muchas de las lecciones aprendidas a lo largo de los veinte años de aplicación de la DSGP, lo que permite albergar la esperanza de que los consumidores gocen de una mayor protección, en particular cuando un producto resulte no ser seguro. Al mismo tiempo, es muy probable que los operadores económicos y los mercados en línea se beneficien de una normativa más clara y armonizada.

1.3. El CESE apoya la propuesta de RSGP, ya que reconoce la necesidad de restablecer la igualdad de condiciones entre los distintos operadores económicos, en particular entre los fabricantes y pymes europeos y las empresas extranjeras en lo que respecta a las ventas en línea.

1.4. El CESE constata que las definiciones de los conceptos de «seguridad» y «producto» se han actualizado para reflejar la naturaleza evolutiva de los mercados y la tecnología, lo que permitirá mitigar las amenazas para la seguridad derivadas de los productos conectados susceptibles de sufrir ciberataques, de la falta de actualizaciones de los programas informáticos y de las sustancias químicas nocivas. Para aumentar la seguridad jurídica, el CESE propone una definición más clara de los productos seguros y de algunos de los criterios utilizados para evaluar la seguridad.

1.5. El CESE apoya las nuevas obligaciones que se imponen a los mercados en línea, pero duda mucho de que la protección sea suficiente para los consumidores si la labor de ejecución sigue recayendo principalmente en las autoridades nacionales garantes del cumplimiento y no en las plataformas.

1.6. El CESE destaca la necesidad de garantizar una interacción fluida con el resto de actos legislativos principales que abarcan temas idénticos o adyacentes, como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), así como la próxima revisión de la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, especialmente en lo que se refiere a la exigencia de responsabilidades a los diferentes tipos de mercados en línea.

1.7. El CESE lamenta que el RSGP no especifique que los mercados en línea son importadores o distribuidores de productos —en función de su actividad y su papel en la cadena de suministro (digital)— y no establezca para ellos obligaciones y responsabilidades similares a las de los comercios físicos. El CESE desearía una mayor claridad en cuanto a la delimitación de las responsabilidades.

1.8. El CESE considera que los esfuerzos de vigilancia del mercado deben ampliarse a todos los bienes de consumo y constituir una labor compartida, coordinada, adecuadamente financiada y optimizada en toda Europa.

1.9. El CESE lamenta que los Estados miembros no estén obligados a recopilar y facilitar mejores datos sobre accidentes y lesiones. Sin una base de datos sobre lesiones a escala de la UE será difícil garantizar una aplicación eficiente desde el punto de vista de los costes del RSGP y, posteriormente, llevar a cabo evaluaciones correctas del mismo. Por consiguiente, el RSGP debe establecer la obligación de que los Estados miembros recopilen y compartan datos sobre lesiones relacionadas con productos de consumo, utilizando una metodología común.

1.10. El CESE desearía que se adoptasen medidas para ayudar a las pymes, y en particular a las microempresas, a cumplir sus obligaciones —por ejemplo, mediante apoyo financiero temporal— y que se les proporcionasen orientaciones claras y útiles, asesoramiento y formación adecuada para que no estén en desventaja respecto a los operadores de mayor tamaño a la hora de cumplir la normativa.

2. La propuesta de la Comisión

2.1. El RSGP ( 2 ) está en consonancia con la Nueva Agenda del Consumidor de 2020 ( 3 ) y tiene por objeto: — actualizar y modernizar el marco general para la seguridad de los productos de consumo no alimentarios; — preservar su función de red de seguridad para los consumidores; — adaptar las disposiciones a los retos que plantean las nuevas tecnologías y la venta en línea; y — garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las empresas.

2.2. Aunque la propuesta sustituye ( 4 ) a la DSGP, seguirá siendo aplicable a los productos de consumo manufacturados no alimentarios. El Reglamento propuesto también garantizará la continuidad con la DSGP al: — exigir que los productos de consumo sean «seguros»; — establecer determinadas obligaciones para los operadores económicos; y — contener disposiciones que prevén la elaboración de normas en apoyo de la obligación general de seguridad.

2.3. El Reglamento propuesto tiene por objeto actualizar las normas contenidas actualmente en la Directiva 2001/95/CE con el fin de garantizar una red de seguridad para todos los productos y, al mismo tiempo, garantizar una mayor coherencia del régimen armonizando las normas de vigilancia del mercado para los productos que quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación de armonización de la UE («productos no armonizados») con las normas aplicables a los productos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha legislación de armonización («productos armonizados»), tal como se establece en el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 5 )

3. Observaciones generales

3.1. El CESE acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de revisar y modernizar la DSGP como parte de la Nueva Agenda del Consumidor para el período 2020-2025. La DSGP supuso un hito legislativo en materia de protección de los consumidores en el mercado único, que exigía que solo se comercializasen productos seguros y actuaba como red de seguridad para los consumidores no protegidos por una legislación sectorial más específica. El RSGP preserva este papel crucial.

3.2. Teniendo en cuenta las experiencias extraídas de la aplicación de la Directiva y los cambios fundamentales que se han producido en los productos y los mercados desde su adopción en 2001, hacía tiempo que resultaba necesario revisarla. El CESE apoya la revisión porque, si bien la Directiva ha servido como instrumento importante en favor de la igualdad de condiciones entre los fabricantes y pymes europeos con respecto a las empresas extranjeras, es necesario proseguir los esfuerzos para asegurar dicha igualdad de condiciones, en particular en lo que se refiere a las ventas en línea (una necesidad que se reconoce en el RSGP).

3.3. La naturaleza de los productos vendidos a los consumidores ha experimentado cierta evolución, que hace que las antiguas definiciones de «seguridad» y de «producto» ya no sean válidas. La definición de seguridad que solo abarca la «salud» y la «integridad física» ya no se corresponde con los riesgos reales a los que pueden estar expuestos los consumidores. El CESE acoge favorablemente la inclusión en el artículo 7 de una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta para evaluar la seguridad de los productos. Sin embargo, lamenta que el artículo 3, apartado 2, no indique claramente su vínculo con el artículo 7, lo que mejoraría la seguridad jurídica.

3.4. El CESE acoge con satisfacción la atención prestada a la seguridad frente a actuaciones malintencionadas y la inclusión de la «ciberseguridad» como requisito para que un producto se considere «seguro». No obstante, para aumentar la seguridad jurídica, el CESE propone que se establezca que la ciberseguridad se evalúe en todas las circunstancias y a lo largo de la vida útil del producto. Además, cuando los productos de uso cotidiano contienen sustancias químicas nocivas, la actual DSGP tiene dificultades para proteger a los consumidores. El CESE considera obvio e inevitable que cualquier futuro marco regulador también debe proteger a los consumidores frente a las amenazas para su seguridad derivadas de los productos conectados susceptibles de sufrir ciberataques, de la falta de actualizaciones de los programas informáticos y de las sustancias químicas nocivas, y acoge con satisfacción los cambios en ese sentido.

3.5. Aunque existen iniciativas de autorregulación para mejorar la protección frente a productos no seguros vendidos en línea, un estudio ( 6 ) reciente (de 2020) puso de manifiesto que dos tercios de los 250 productos adquiridos sometidos a ensayo incumplían la legislación y las normas técnicas de la UE en materia de seguridad poniendo en peligro a los consumidores. Esto apunta a la necesidad de una regulación eficaz en este terreno en lugar de una autorregulación. El CESE apoya la adopción de normativa en este ámbito y acoge con satisfacción las nuevas obligaciones impuestas a los mercados en línea, aunque advierte de que tal vez no sean plenamente adecuadas para proteger a los consumidores, ya que gran parte de la detección y la ejecución sigue siendo responsabilidad de las autoridades garantes del cumplimiento y no de las plataformas. El CESE lamenta asimismo que el RSGP no especifique que los mercados en línea son importadores de productos, o en su caso distribuidores —en función de su actividad y su papel en la cadena de suministro (digital)—, y no establezca para ellos obligaciones y responsabilidades similares a las de los comercios físicos. El CESE pide que se aclare la responsabilidad de las plataformas en los casos en que ningún otro agente de la cadena de suministro tome medidas contra un producto no seguro.

3.6. Los consumidores compran más en línea, realizan más transacciones transfronterizas y operan a través de cadenas de suministro más largas y complicadas. El actual régimen de control del mercado tiene competencias internacionales y transfronterizas débiles, y constituye un mosaico mal financiado que solo cubre determinados tipos de mercancías, lo que indica claramente la necesidad de actuar. El CESE considera que los esfuerzos de vigilancia del mercado deben ampliarse a todos los bienes de consumo y constituir una labor compartida, coordinada, adecuadamente financiada y optimizada en toda Europa. El CESE acoge favorablemente la creación de un mecanismo de arbitraje —así como el papel de la Comisión en dicho mecanismo— para resolver cualquier diferencia persistente entre países en cuanto a la interpretación o la aplicación. El CESE también respalda el desarrollo de vínculos de cooperación sólidos en todo el mundo y alienta la participación en iniciativas internacionales.

3.7. El RSGP solo cumplirá su objetivo de proteger a los consumidores si interactúa de manera fluida con el resto de los principales actos legislativos que abarcan temas idénticos o adyacentes. Especialmente por lo que se refiere a la exigencia de responsabilidades a distintos tipos de mercados en línea, cualquier versión satisfactoria del RSGP tendrá que coordinarse con la Ley de Servicios Digitales y la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, y requerirá los correspondientes ajustes en dichas normas. También debe garantizarse la coherencia con respecto a la propuesta legislativa en materia de inteligencia artificial, a la estrategia para las sustancias químicas y al Plan de Acción para la Economía Circular. Si bien estos vínculos están claramente reconocidos en el RSGP, el CESE desearía que se detallase más concretamente la interoperabilidad de los distintos actos legislativos para garantizar una protección eficaz sobre el terreno. Sería inaceptable que quedasen lagunas. El CESE también pide que se preste atención a iniciativas internacionales como las de la OCDE, la UNCTAD y la OMC en materia de cooperación internacional, y anima a que la UE asuma un papel de liderazgo en ese ámbito.

3.8. La DSGP se basaba en el principio de precaución, y el CESE celebra que este siga siendo un pilar de la arquitectura del nuevo Reglamento. El citado principio permite establecer los niveles más elevados de protección de los consumidores. El CESE considera que afianzar el principio de precaución resulta fundamental para garantizar la protección de los consumidores y, al mismo tiempo, ofrece un concepto flexible que permite al RSGP adaptarse a los nuevos retos. En consecuencia, deben adoptarse siempre medidas de precaución cuando, aunque exista incertidumbre acerca de las pruebas científicas sobre un peligro para el medio ambiente o la salud humana, las posibles consecuencias sean graves. Esto también hace más eficaz la función de red de seguridad de la DSGP: esto es, aportar soluciones cuando exista un riesgo para los consumidores y la legislación sectorial presente lagunas. La aplicación del principio de precaución también hace que la vigilancia del mercado sea más completa.

4. Observaciones específicas

El CESE:

4.1. apoya que la Directiva relativa a la seguridad general de los productos se transforme en un Reglamento, puesto que dicha opción permite una aplicación más rápida y coherente en toda la UE. Si bien la utilización de una Directiva habría permitido adaptar las normas a la legislación local, incrementaría los costes de cumplimiento y aumentaría la inseguridad jurídica para las empresas que comercian de manera transfronteriza o producen para múltiples mercados. Según la experiencia hasta la fecha, dos de cada cinco empresas señalan costes adicionales relacionados con la aplicación no uniforme de la DSGP ( 7 )

4.2. acoge con satisfacción el ámbito de aplicación más claro y amplio de la legislación, en particular la mención de los mercados secundarios y la aclaración al respecto (considerando 16), la aclaración de que el riesgo medioambiental debe formar parte de la evaluación de la seguridad de los productos (considerando 11) y la inclusión de los prestadores de servicios logísticos en el ámbito de aplicación del Reglamento, que permite una vigilancia más eficaz del mercado;

4.3. valora positivamente las obligaciones específicas que el RSGP establece para los mercados en línea. Advierte, no obstante, de que quedan lagunas por subsanar. Es necesario definir con mayor precisión las obligaciones y, en particular, considerar la posibilidad de aplicar el artículo 5 a los mercados y aumentar la responsabilidad de estos a la de un importador (o, en su caso, un distribuidor) para evitar que las plataformas eludan el RSGP y la actual propuesta de Ley de Servicios Digitales. Recomienda que los mercados en línea también tengan la obligación de controlar (notificación y no reposición) los productos vendidos a través de sus intermediarios, tal como se ha introducido en la Ley de Servicios Digitales, para que la carga de las medidas de notificación y retirada deje de recaer en las autoridades nacionales garantes del cumplimiento. El CESE también consideraría deseable aclarar cómo se aplicarán las obligaciones derivadas de la Ley de Servicios Digitales con carácter adicional o complementario al RSGP;

4.4. apoya el establecimiento de requisitos más estrictos en materia de trazabilidad y hace hincapié en que los Estados miembros deben disponer de los instrumentos adecuados para lograr una trazabilidad efectiva. A este respecto, las nuevas competencias de la Comisión para adoptar medidas de ejecución y establecer requisitos de trazabilidad específicos también refuerzan potencialmente la protección de los consumidores;

4.5. apoya el refuerzo de los procesos de retirada de producto, pero considera que debería ser obligatorio que las notificaciones de retirada se publiquen siempre. En los casos en que los consumidores hayan comprado un artículo y lo hayan regalado, o lo hayan comprado en un mercado de segunda mano, un sistema basado en notificaciones directas de retirada a los compradores que por lo demás funcione correctamente podría fallar porque el usuario real del producto no recibe la notificación directa de retirada;

4.6. lamenta que los Estados miembros no estén obligados a recopilar y proporcionar mejores datos sobre accidentes y lesiones, cuando una base de datos de lesiones a escala de la UE facilitaría la aplicación económicamente eficiente del RSGP y, posteriormente, unas evaluaciones correctas del mismo. El uso de datos del sistema RAPEX para medir la cantidad de lesiones sufridas por los consumidores resulta problemático, ya que los grupos de productos relacionados con el mayor número de lesiones no muestran demasiada correlación con las notificaciones en el sistema RAPEX. Este problema se subraya aún más en el estudio de contexto para la evaluación de impacto, según el cual «los datos de RAPEX no pueden utilizarse simplemente como equivalentes de las tendencias en cuanto a la seguridad de los productos de consumo…» ( 8 ) . Por consiguiente, el RSGP debe establecer la obligación de que los Estados miembros recopilen y compartan datos sobre lesiones relacionadas con productos de consumo, utilizando una metodología común, para crear una base de datos representativa que abarque todo el mercado único. El Programa para el Mercado Único podría proporcionar una sólida base financiera para la vigilancia paneuropea de las lesiones relacionadas con los productos. Es probable que trasladar esta carga a los operadores económicos, como se hace en la propuesta, resulte insatisfactorio si no existe una estrategia paneuropea clara para controlar el cumplimiento;

4.7. considera que el RSGP debe permitir el establecimiento de criterios de seguridad relacionados con las sustancias químicas para aquellos productos incluidos en su ámbito de aplicación. La actual DSGP no establece lo que es un producto «seguro» en relación con las sustancias químicas. No está claro si el Reglamento aportará más claridad a este respecto. Por ejemplo, la UE prohíbe las sustancias químicas cancerígenas en los juguetes, pero no en los artículos de puericultura, a pesar de que el riesgo de exposición es a menudo similar. El objetivo de la Comisión de avanzar hacia un entorno sin sustancias tóxicas, expresado en la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas y respaldado por el CESE ( 9 ) , debe cumplirse al aplicar el RSGP ( 10 )

4.8. respalda que los riesgos de ciberseguridad que afecten a la seguridad de los consumidores queden ahora cubiertos por el concepto de seguridad. Esto incluye la oportuna introducción del concepto de «conformidad durante la utilización»: las actualizaciones de los programas informáticos suponen una modificación del producto, por lo que este debe ser examinado a lo largo del tiempo. Ello se hace cada vez más pertinente a medida que aumenta el número de productos de consumo conectados, que plantean riesgos de ciberataque y uso indebido, con las consiguientes amenazas para la seguridad. No obstante, las definiciones de un producto seguro deben hacer una referencia clara a los requisitos y criterios en ese sentido;

4.9. considera que, en la medida de lo posible, el nivel de vigilancia del mercado debe ser el mismo en todos los sectores. Es necesario examinar cuidadosamente los cambios a este respecto para garantizar que las autoridades garantes del cumplimiento (en todos los sectores abarcados) dispongan de un conjunto de herramientas adecuado y que, además, exista un fuerte vínculo con la unión aduanera. Si bien se acoge con satisfacción el énfasis en la vigilancia del mercado basada en el riesgo, será fundamental que las autoridades también lleven a cabo controles aleatorios adecuados para optimizar la protección y prevenir daños a los consumidores. De lo contrario, aquellos productos peligrosos cuya falta de seguridad no sea conocida solo se detectarán después de que hayan causado daños a los consumidores;

4.10. considera que las definiciones, los términos y los sistemas deben ser coherentes entre los distintos instrumentos relativos a la seguridad de los productos, permitiendo no obstante las variaciones necesarias en función de la categoría de productos (juguetes, cosméticos, electrónica, etc.);

4.11. celebra que se refuercen las definiciones de normas seguras a lo largo de todo el proceso de normalización, de modo que las normas se elaboren con suficiente antelación y los Estados miembros puedan oponerse a aquellas normas que no garanticen la seguridad de los consumidores y, por tanto, no cumplan el mandato establecido. Para garantizar que la normalización responda a las necesidades de los consumidores y no se utilice para expulsar del mercado a los operadores de pequeño tamaño es de gran importancia mantener el apoyo a la representación efectiva de los consumidores y del sector de las pymes en la normalización europea ( 11 )

4.12. acoge con satisfacción que las obligaciones establecidas en el RSGP vayan a aplicarse a todas las empresas independientemente de su tamaño, afianzando así el principio de que la seguridad no puede estar sujeta a regímenes «más laxos» y de que todos los productos de consumo deben ser seguros. Lamenta, no obstante, que los puntos de vista de las pymes hayan estado insuficientemente representados en la fase de consulta, lo que agrava las distorsiones que ya existen en el mercado. Observa, además, que las cifras del capítulo 3 «Impacto financiero» de la evaluación de impacto son aproximadas. Para evitar futuras distorsiones, el CESE recomienda que los indicadores clave de rendimiento utilizados en los informes anuales de los Estados miembros (de conformidad con el artículo 22, apartado 1) cuantifiquen el impacto en las pymes y las microempresas;

4.13. reconoce que las pymes, y en particular las microempresas, pueden verse afectadas de manera desproporcionada por estas medidas al tener un volumen de negocios menor y menos capital humano para cumplir las obligaciones ( 12 ) . Celebra que el actual marco legislativo aborde algunas de las necesidades específicas de estas empresas, en particular mediante: un régimen sancionador que tiene en cuenta el tamaño de la empresa a la hora de imponer sanciones [artículo 40, apartado 2, letra h)] y propugna sanciones proporcionadas; y un sistema de vigilancia del mercado basado en el riesgo que no perjudica a las empresas de menor tamaño ( 13 ) . No obstante, el CESE desearía que se adoptasen medidas para ayudar a las pymes, y en particular a las microempresas, a cumplir sus obligaciones —por ejemplo, mediante apoyo financiero temporal— y que se les proporcionasen orientaciones claras y útiles, asesoramiento y formación pertinente para que a la hora de cumplir la normativa no estén en desventaja respecto a los operadores de mayor tamaño;

4.14. acoge con satisfacción que todos los consumidores puedan tener acceso a la información sobre la identificación de los productos, la naturaleza del riesgo y las medidas adoptadas ( 14 ) , en particular mediante la consulta del portal Safety Gate ( 15 ) , pero advierte de que esto no debe abrir la puerta a que se exija a los consumidores que mitiguen sus riesgos obteniendo dicha información antes de una compra (en el contexto de lo que cabe interpretar como la «seguridad que pueden esperar razonablemente los consumidores» [artículo 7, apartado 3, letra i)]). Además, las bases de datos y las notificaciones deben ser fácilmente accesibles para los consumidores vulnerables y los consumidores con discapacidad;

4.15. observa que el artículo 8, apartado 11, obliga a los fabricantes a utilizar el portal Safety Business Gateway para alertar inmediatamente a los consumidores de los riesgos para su salud y seguridad e informar a las autoridades de vigilancia del mercado. Reitera que el Reglamento debería garantizar específicamente que el hecho de comunicar esta información no imponga directa o indirectamente a los consumidores una obligación de consultar la base de datos que pueda afectar a que un producto se considere o no inseguro. Además, las notificaciones deben ser fácilmente accesibles para los consumidores vulnerables y los consumidores con discapacidad;

4.16. desearía una delimitación más clara y una información detallada sobre la diferencia entre el portal «Safety Gate» contemplado en el artículo 24 (en el que los Estados miembros emiten notificaciones) y el portal «Safety Business Gateway» contemplado en el artículo 25 (en el que los operadores económicos facilitan información sobre la seguridad de sus productos a las autoridades garantes del cumplimiento y a los consumidores) y sobre el modo en que ambos portales pueden interactuar;

4.17. acoge con satisfacción que se otorgue a los consumidores la capacidad de presentar reclamaciones a las autoridades nacionales ( 16 ) y de informar sobre riesgos en el portal Safety Gate ( 17 ) , debiéndose dar seguimiento a dichas reclamaciones e informaciones. Pide que se facilite una financiación adecuada para que todas estas reclamaciones puedan investigarse adecuadamente con el fin de ayudar a proteger eficazmente a los consumidores. Acoge con satisfacción que el citado mecanismo de reclamaciones se combine con la obligación de los fabricantes de investigar las reclamaciones recibidas (artículo 8, apartado 2) y de adoptar medidas correctivas cuando consideren o tengan motivos para pensar que un producto que han introducido en el mercado pueda no ser seguro (artículo 8, apartado 10).

Bruselas, 20 de octubre de 2021. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Christa SCHWENG

(1) Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4).

(2) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 2021/0170 (COD).

(3) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Nueva Agenda del Consumidor — Reforzar la resiliencia del consumidor para una recuperación sostenible, COM(2020) 696 final.

(4) Considerando 2 del Reglamento relativo a la seguridad general de los productos.

(5) Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.o 765/2008 y (UE) n.o 305/2011 (DO L 169 de 25.6.2019, p. 1).

(6) https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-004_is_it_safe_to_shop_on_online_marketplaces.pdf, p. 15.

(7) Reglamento relativo a la seguridad general de los productos, p. 13.

(8) https://ec.europa.eu/info/files/study-support-preparation-evaluation-gpsd-well-impact-assessment-its-revision-part-1-evaluation_en, p. 40.

(9) DO C 286 de 16.7.2021, p. 181.

(10) https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2020-05343-00-00-ac-tra-es.docx/content

(11) DO L 316 de 14.11.2012, p. 12, anexo III.

(12) Study to support the preparation of an evaluation of the General Product Safety Directive as well as of an impact assessment on its potential revision, pp. 11 y 320. Véase también la propuesta de Reglamento (COM(2021) 346 final), p. 13.

(13) DO L 316 de 14.11.2012, p. 12, anexo III.

(14) Artículo 31.

(15) Artículo 32, apartado 1.

(16) Artículo 31, apartado 4.

(17) Artículo 32, apartado 2.