INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES UN MERCADO ÚNCO ÚNICO EN FAVOR DEL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO: ANÁLISIS DE LOS PROGRESOS REGISTRADOS Y DE LOS OBSTÁCULOS SUBSISTENTES EN LOS ESTADOS MIEMBROS - Contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2014 - /* COM/2013/0785 final */





Introducción La crisis financiera y económica ha puesto de manifiesto la necesidad de emprender reformas estructurales profundas en Europa. En respuesta a esta situación, la Comisión ha implantado un ambicioso programa con miras a mejorar el funcionamiento del mercado único. Las Actas del Mercado Único I y II establecen un conjunto de propuestas legislativas y medidas de otra índole encaminadas a impulsar el crecimiento y el empleo en Europa. Recientemente, la Comisión ha adoptado una serie de propuestas para completar el mercado único digital. La rápida adopción de todas las propuestas pendientes es necesaria para liberar efectivamente todo el potencial que encierra el mercado único y hacerlo apto para el siglo XXI. No obstante, para que el mercado único funcione correctamente, no basta con reformar el marco legislativo de la UE. Si queremos que los ciudadanos, los consumidores y las empresas aprovechen efectivamente las ventajas que ofrece el mercado único, es preciso que las normas funcionen en la práctica. Hay que desplegar esfuerzos enérgicos y coherentes para asegurar que los mercados funcionan bien y se suprimen los obstáculos subsistentes. Transcurridos cinco años desde el inicio de la crisis, se aprecian signos de recuperación. Pese a la tendencia a corto plazo a proteger los mercados nacionales, muchos Estados miembros han tomado medidas para introducir reformas y crear mejores condiciones de mercado. El presente informe tiene por objeto analizar, en el contexto de la Estrategia Europa 2020, el funcionamiento del mercado único en los diferentes Estados miembros. Pasa revista a los ámbitos en los que se han registrado progresos desde que empezó la crisis, trata de determinar dónde siguen existiendo cuellos de botella y define, sobre esa base, una serie de prioridades de actuación. El informe contribuye pues a las prioridades generales establecidas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el crecimiento 2014 de la Comisión y a la formulación de recomendaciones específicas por país en el marco del Semestre Europeo. Al igual que ocurría en la edición del año pasado, el presente informe se centra en los ámbitos clave con mayor potencial de crecimiento: servicios, redes y economía digital. El sector de los servicios está creciendo rápidamente y es el que genera más empleo. Aunque se han registrado avances, es preciso adoptar nuevas medidas para liberar todo el potencial que encierra el sector. Paralelamente, y dado que los servicios están fuertemente interrelacionados con otros sectores de la economía, en particular el sector manufacturero, es necesario seguir mejorando el funcionamiento del mercado interior de productos industriales. El mercado interior de bienes es, en efecto, un éxito, pero la UE debe velar por que su marco jurídico esté preparado para funcionar en un mundo globalizado, en el que la innovación es crucial y los productos evolucionan con rapidez. A tal fin, la Comisión presentará a finales de año un reexamen del mercado interior de productos industriales. El informe de este año analiza asimismo el funcionamiento del sector financiero, ya que un mejor acceso a la financiación y una mejor integración de los mercados financieros son indispensables para restaurar la confianza y financiar la economía real. Las redes siguen siendo la espina dorsal de la economía. Las comunicaciones electrónicas, la energía y el transporte representan en conjunto el 8,9 % del valor añadido y el 6,1 % del empleo en EU-27 y su importancia sigue creciendo[1]. Además, ofrecen insumos esenciales a otros sectores de la economía. El sector digital es igualmente uno de los grandes motores de productividad, creatividad e innovación. En algunas grandes economías (los países del G8, Corea del Sur y Suecia), la economía de Internet[2] ha aportado aproximadamente el 21 % del crecimiento del PIB en el período 2006-2011[3]. La parte I del presente informe analiza los sectores clave antes mencionados y define una serie de prioridades de actuación. La parte II presenta más conclusiones horizontales sobre el funcionamiento del mercado único, basadas en un análisis de las cadenas de valor dentro y fuera de la UE. Parte I – Estado del mercado único en los sectores clave con mayor potencial de crecimiento 2.1. Aplicación y ejecución: panorama general · La Comunicación sobre la mejora de la gobernanza de junio de 2012[4] anunció un conjunto de medidas para avanzar rápidamente en ámbitos clave para el crecimiento. Pedía, en primer lugar, un enfoque de «tolerancia cero»: los Estados miembros debían transponer y aplicar rápida y correctamente los textos legislativos de la UE recogidos en el anexo de la Comunicación a fin de reducir el déficit de transposición y cumplimiento al 0 %. · Un año y medio más tarde, hay algunos buenos resultados (véase el anexo). En lo que respecta a los actos legislativos recogidos en el anexo de la Comunicación y relacionados con los servicios financieros, el mercado único digital y el transporte, se respeta la meta del 0 % de déficit de transposición. En el otro extremo del espectro, en cambio, se sitúa el sector de la energía. Aunque algunos Estados miembros han mejorado sus resultados, muchos siguen sin respetar los plazos de transposición, y cuatro de ellos no han incorporado tres de las cuatro Directivas en cuestión. · La Comunicación pedía asimismo un planteamiento y una ejecución más vigorosos en ámbitos clave. Cuando existan indicios de que se infringen actos legislativos fundamentales, los procedimientos de infracción no deberían durar más de dieciocho meses por término medio, y el pleno cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia no debería tardar, por término medio, más de doce meses. En varios ámbitos, se han tomado medidas para perseguir con severidad posibles infracciones de la legislación de la UE, y los resultados de dicho enfoque son claramente visibles, por ejemplo en el sector de los servicios (cf. infra). Dicho esto, la duración media de los procedimientos de infracción es aún de 29,4 meses, y en algunos casos supera los 50 o hasta los 84 meses. La situación es mucho mejor en los sectores de la energía (15 meses) y el transporte (15,4 meses). 2.2. Mercados de servicios Funcionamiento de los mercados y obstáculos a la integración de la UE Muchos Estados miembros están emprendiendo reformas en el sector de los servicios con miras a mejorar su funcionamiento. Así ha sucedido el año pasado, en particular, en PT, ES, IT, EL y PL, y, en menor medida, en SI y CZ. Estas reformas se han visto alentadas por las recomendaciones específicas por país o por los programas acordados con los gobiernos respectivos. Sin embargo, son necesarias reformas en varios Estados miembros, en particular AT, BE, DE y FR, que también recibieron recomendaciones específicas en relación con los servicios. Otro acicate para la reforma ha sido el ejercicio de tolerancia cero de la Comisión para garantizar el pleno cumplimiento de la Directiva de servicios. A lo largo del año pasado, trece Estados miembros emprendieron nuevas reformas en respuesta a los procedimientos EU Pilot o de infracción incoados por la Comisión. Estas reformas atañían, en su mayoría, a las restricciones a las comunicaciones comerciales, el requisito de residencia o la limitación territorial de las autorizaciones. En muchos Estados miembros se han seguido desarrollando ventanillas únicas en el marco de sus esfuerzos de carácter más general encaminados a ofrecer servicios de administración electrónica globales a las empresas (las cuestiones de administración electrónica se abordan más ampliamente en la sección «Mercados digitales», más adelante). Para que las empresas puedan prosperar, necesitan información fiable y fácilmente accesible sobre los requisitos regulatorios y poder despachar en línea los trámites administrativos pertinentes. Este es el objetivo de las ventanillas únicas y de la Carta de las ventanillas únicas, recientemente aprobada. Algunas ventanillas únicas son ya parte de estructuras de administración electrónica integradas (EE, ES, DK, NL, UK, SE y LU). Otros países han hecho progresos en el último año (BG, EL y FR). Con todo, esta cuestión sigue requiriendo especial atención en BE, DE, LV, PL y RO, especialmente en lo que respecta al despacho de los trámites en línea. Dicho esto, el potencial del mercado único para impulsar el desarrollo del sector de los servicios sigue siendo fuerte. Las tendencias presentadas en el informe del año pasado, que mostraban que la integración en el mercado de servicios era significativamente menor que en el mercado de bienes, siguen estando vigentes. De hecho, la integración comercial en el mercado único de bienes se cifra en aproximadamente un 22 %, mientras que en el de servicios se sitúa en torno al 5 %[5]. Del mismo modo, los consumidores valoran los resultados del mercado único de servicios de forma menos positiva que los del mercado de bienes[6]. Un enfoque más ambicioso en la aplicación de la Directiva de servicios podría reportar beneficios en términos de crecimiento y empleo en la UE. Las medidas adoptadas por los Estados miembros con miras a la aplicación de la Directiva de servicios reforzarán el PIB en aproximadamente un 0,8 % de aquí a entre cinco y diez años. Una aplicación más ambiciosa de la Directiva de servicios podría generar, por sí sola, una subida del PIB de entre un 0,6 % y un 2,6 %[7]. Al mismo tiempo, la reciente revisión inter pares de la aplicación de la Directiva de servicios ha confirmado la apreciación que ya se tenía[8] de que muchos Estados miembros no han realizado pruebas de proporcionalidad significativas sobre los requisitos pendientes en el sector de los servicios[9]. La realización de dichas pruebas es necesaria para saber si estas restricciones están justificadas y si los mismos objetivos de interés público no pueden alcanzarse mediante medidas menos restrictivas. Como consecuencia de ello, aún subsisten demasiadas restricciones al derecho de establecimiento, como la obligación de que las empresas tengan una forma jurídica determinada o los requisitos en materia de participaciones y capital. Estos obstáculos pueden restringir el establecimiento de empresas de servicios en el mercado único, dificultar el desarrollo de ciertos modelos de actividad empresarial o limitar la inversión en el sector, con los consiguientes efectos negativos en el crecimiento y la innovación. La fragmentación de las normas nacionales en materia de empleo, fiscalidad, salud y seguridad, protección de los consumidores y Derecho contractual sigue siendo un problema. En un contexto transfronterizo, genera costes de conformidad que afectan en particular a las microempresas y a las pequeñas empresas. En lo que respecta al acceso a las actividades profesionales, varios Estados miembros han emprendido reformas, pero persisten barreras a la entrada en una serie de actividades profesionales. Las barreras a la entrada suelen adoptar la forma de requisitos de cualificación profesional o de restricciones en el número de proveedores de servicios permitidos en el mercado. Tales medidas pueden estar justificadas por la necesidad de salvaguardar la calidad de los servicios, garantizar que los profesionales poseen los conocimientos técnicos adecuados y proteger a los consumidores contra las malas prácticas. Al mismo tiempo, provocan importantes restricciones al acceso y ejercicio de actividades profesionales. Varios Estados miembros han reexaminado la situación para determinar si no es posible preservar los intereses de las políticas públicas sin imponer restricciones al acceso al mercado y a la competencia. PT está llevando a cabo un análisis y una reforma exhaustivos de las profesiones reguladas. IT ha revisado su marco regulatorio horizontal. ES ha presentado un proyecto de ley por el que se delimitan las competencias de los colegios profesionales en todos los sectores. También se han emprendido reformas sectoriales en PL, CZ y SI y se han anunciado en DK. La Comisión facilitará, a su vez, estos reexámenes mediante un ejercicio de evaluación mutua en virtud de la Directiva revisada sobre las cualificaciones profesionales[10], en particular en los países con margen para nuevas reformas, como AT, DE o FR. Por lo que se refiere a los servicios de salud, muchos Estados miembros aún tienen que crear ventanillas nacionales con recursos suficientes para ayudar a los pacientes a ejercer su derecho a una asistencia sanitaria transfronteriza. Más allá de los pacientes, la libre circulación de profesionales y proveedores en el ámbito de los servicios de salud encierra un potencial considerable. En el sector de los servicios al por menor, se han emprendido algunas reformas, pero estas deben proseguir para suprimir los obstáculos subsistentes que afectan a la competencia, en particular los que se refieren al establecimiento comercial. FI ha iniciado reformas para reforzar la competencia en el sector minorista. ES ha llevado a cabo reformas en relación con los pequeños puntos de venta al por menor, pero siguen existiendo restricciones para los grandes puntos de venta. Mientras que algunas restricciones pueden justificarse por objetivos de interés público (p. ej. impacto medioambiental), otras son más difíciles de justificar, ya que, en particular, atenúan la competencia, con los consiguientes efectos negativos tanto para la industria (modernización, eficiencia), como para los consumidores (menos posibilidades de elección, precios más altos). Pese a que están prohibidas por la Directiva de servicios, las pruebas de necesidad económicas siguen practicándose en HU, NL, y en ciertas regiones de DE y ES. La Comisión ha dirigido recomendaciones específicas a BE, DK, FI, FR, DE y HU para que sigan haciendo reformas. Tal como se anunciaba en el Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista[11], la Comisión está abriendo un debate más amplio y procediendo al intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros en materia de establecimiento comercial. Las restricciones al suministro transfronterizo de bienes también pueden afectar a la competencia en los mercados minoristas. Los minoristas no siempre tienen libertad para ofrecer sus productos al mejor precio en toda Europa. Existen motivos válidos para ciertas diferencias de precios entre mercados nacionales, pero también hay indicios de restricciones territoriales de suministro que impiden fijar precios más bajos en algunos mercados nacionales (LU y BE), especialmente en el caso de los productos de marca. La Comisión se propone estudiar más a fondo esta cuestión en 2014, consultando a las partes interesadas sobre las supuestas restricciones territoriales de suministro, con el fin de decidir cuáles podrían ser sus próximos pasos. En ocasiones, los consumidores se siguen viendo confrontados a situaciones en las que, por su nacionalidad o su lugar de residencia, ven mermada su capacidad para adquirir productos y servicios en el mercado único o han de pagar un precio más elevado, sobre todo en el entorno en línea. Esta situación de discriminación percibida no siempre es resultado de condiciones de mercado objetivas y afecta a la confianza de los consumidores en el mercado único. Las autoridades públicas son uno de los principales consumidores de servicios en Europa. La aplicación correcta, eficiente y transparente de las normas de contratación pública comporta importantes beneficios. Varios Estados miembros han emprendido reformas en el ámbito de la contratación pública[12], entre ellos IT, EL, PT y ES. En muchos Estados miembros, los proveedores de servicios y los presupuestos públicos podrían verse también beneficiados si se redujera la duración de los procedimientos, se reforzara la competencia y la transparencia en las licitaciones públicas y se previnieran las irregularidades (p. ej. invirtiendo en la profesionalización de los funcionarios responsables de la contratación pública o aumentando el nivel de publicación de anuncios de contratos) y, de manera más general, se mejorara la gobernanza en este ámbito (p. ej. mediante un mejor seguimiento, una mejor información y la difusión de mejores prácticas). Las reformas son particularmente necesarias (pero no únicamente) en BG, DE, HU, IT, MT y RO, como se indica en las recomendaciones específicas por país dirigidas a estos países en 2013. Además, dada su importancia económica[13], un mejor cumplimiento de las normas en materia de contratación pública en la gestión de residuos y el sector de las TIC podría conllevar particulares ahorros como consecuencia de la mejora de la competencia en estos mercados. Prioridades de actuación A la vista de lo que antecede, los Estados miembros deberían centrarse en las siguientes prioridades clave: · Adoptar un enfoque más ambicioso con respecto a la aplicación de la Directiva de servicios, analizando sistemáticamente los marcos reguladores con el fin de evaluar la necesidad y proporcionalidad de los obstáculos subsistentes. Debe prestarse especial atención a las restricciones relativas a las formas jurídicas y las participaciones detectadas en el marco del reciente examen inter pares. · Tener debidamente en cuenta los principios del mercado único al adoptar normas nacionales que incidan en la prestación de servicios y el establecimiento, como, por ejemplo, la fiscalidad nacional, el Derecho del trabajo y las normas de protección de los consumidores. Solo un enfoque global con respecto a los servicios permitirá avances importantes en la integración del mercado único de servicios. · Simplificar la legislación en el sector de los servicios, de manera que conduzca a una simplificación de los procedimientos administrativos para las empresas, especialmente las PYME. La administración electrónica es un potente instrumento para alcanzar este objetivo. Por consiguiente, los Estados miembros deben seguir mejorando el funcionamiento de las ventanillas únicas, integrándolas en los servicios de administración electrónica (véanse también, infra, la sección «Mercados digitales»). · Aprovechar la oportunidad que ofrece el ejercicio de transparencia y evaluación mutua, llevando a cabo un análisis en profundidad de las restricciones impuestas a nivel nacional que tengan incidencia en el acceso a las profesiones reguladas y examinando las justificaciones para mantenerlas habida cuenta de sus repercusiones en otros mercados. Explorar la posibilidad de introducir mecanismos menos restrictivos para garantizar el interés público y el de los consumidores. · Reforzar la competencia en el sector de los servicios, incluidos los servicios al por menor, suprimiendo las barreras. Deberían suprimirse, en particular, las restricciones al establecimiento comercial que no sean necesarias ni proporcionadas, y deberían eliminarse sistemáticamente las pruebas de necesidad económica subsistentes. · Fomentar la transparencia y la concienciación sobre las diferencias de precios y los derechos de los consumidores en el mercado único, en particular a través de los centros europeos de los consumidores y otras autoridades competentes. Trabajar para reducir la discriminación injustificada de los consumidores. · Crear ventanillas nacionales para ayudar a los pacientes que buscan asistencia sanitaria en el extranjero. · Trabajar para reducir la complejidad y la duración de los procedimientos, mejorar la competencia en las licitaciones públicas, entre otras cosas reforzando la transparencia y los niveles de publicación, e invertir en la profesionalización de los funcionarios responsables de la contratación pública. También se deberían prevenir activamente las irregularidades y mejorar la gobernanza de la contratación pública. Debería prestarse especial atención a la correcta aplicación de las normas de contratación pública en la gestión de residuos y el sector de las TIC. 2.3. Servicios financieros Funcionamiento de los mercados y obstáculos a la integración de la UE En general, la fragmentación del mercado financiero —entendida como las diferencias en el funcionamiento y los resultados de los mercados nacionales provocadas por obstáculos a la libre circulación de capitales o servicios financieros— ha aumentado durante la crisis. Aunque actualmente se observan signos de estabilización, esta tendencia debería invertirse. La fragmentación es evidente en las respuestas dadas por las empresas a la encuesta SAFE[14], que ponen de manifiesto considerables diferencias entre países. La fragmentación se pone igualmente de manifiesto cuando se comparan los distintos tipos de interés aplicables a los préstamos bancarios (por lo general, importantes para los hogares y las PYME) en los diferentes Estados miembros, como se muestra en el gráfico 1. Gráfico 1: Tipos de interés, préstamos a entidades no financieras (hasta 1 año de vencimiento; saldo vivo, tipos medios de enero a agosto de 2013) Fuente: Banco Central Europeo. No se dispone de datos de Dinamarca ni de Croacia. También se observan notables diferencias en relación con los volúmenes de préstamo (véase el gráfico 2). Además, y aunque los datos no son estrictamente comparables debido a las diferencias en la evolución cíclica y a las medidas concretas adoptadas en algunos Estados miembros (en ES, por ejemplo, ciertos préstamos han sido transferidos a un «banco malo» que no es una IFM), sigue siendo obvio que la limitada u onerosa concesión de crédito ha contribuido a caídas sustanciales en el volumen total del crédito canalizado a través de los bancos hacia la economía real en la UE. Gráfico 2: Préstamos a entidades no financieras, saldo vivo, balance de las IFM, (tasas de crecimiento interanual, agosto de 2013) Fuente: Banco Central Europeo. No se dispone de datos de Dinamarca, Reino Unido ni Croacia. Por último, la fragmentación también se refleja en las apreciaciones de los consumidores. Los consumidores evalúan los servicios financieros[15] como un grupo de mercados con resultados particularmente malos, siendo además el ámbito que registra mayores diferencias de evaluación entre los diferentes Estados miembros. Reciben puntuaciones particularmente bajas los Estados miembros del sur y del este de Europa[16]. En ocasiones, la fragmentación se ha visto agravada por la práctica de algunos supervisores nacionales tanto en los Estados miembros de la zona del euro, como en los que no pertenecen a ella. Con el fin de responder a los posibles problemas de estabilidad ocasionados por la crisis de la deuda soberana, algunos Estados miembros han tomado medidas prudenciales que tienen efectos de «compartimentación», como las medidas encaminadas a mantener la liquidez, los dividendos y otros activos bancarios dentro de las fronteras nacionales[17]. Si bien es cierto que las medidas prudenciales restrictivas pueden estar justificadas para mantener la estabilidad de los mercados financieros, las autoridades nacionales de supervisión han de garantizar que cualquier medida que pueda limitar la libre circulación de capitales no es discriminatoria y es proporcionada a su objetivo. A tal fin, una cooperación estrecha y leal entre las autoridades nacionales de supervisión, bajo los auspicios de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), es un requisito previo para mitigar los riesgos de fragmentación del mercado interior. Gracias a la reciente adopción del paquete de medidas sobre los requisitos de capital de los bancos[18], las entidades bancarias de la UE serán más sólidas y tendrán más capacidad para gestionar adecuadamente los riesgos asociados a sus actividades y absorber las pérdidas en que puedan incurrir en sus actividades. Los veintiocho Estados miembros han de velar por que esas normas se apliquen a más tardar el 1 de enero de 2014. La elaboración de un código normativo único, que garantizará la existencia de normas, una supervisión y una resolución uniformes en toda la UE, y la creación de la Unión Bancaria tienen por objeto restablecer la confianza y, de esta forma, facilitar la financiación, promoviendo el mercado interior de servicios financieros. La realización de todos sus componentes básicos[19] y su aplicación rápida y efectiva revisten, por consiguiente, la mayor importancia. Del mismo modo, es de vital importancia garantizar la aplicación correcta, rápida y uniforme de otros elementos esenciales de la agenda de reforma financiera en el momento de su entrada en vigor, con el fin de preservar la estabilidad financiera y restaurar la certidumbre y la confianza de los consumidores. En este contexto, el Reglamento sobre el mecanismo único de supervisión exige que, antes de la supervisión directa por parte del nuevo supervisor único que es el BCE, se proceda a una revisión de la calidad de los activos. Esta revisión formará parte de un ejercicio de mayor calado, en el que participa la Autoridad Bancaria Europea, y que incluirá igualmente evaluaciones de los balances de los bancos y pruebas de resistencia[20]. Este ejercicio debería mejorar la confianza de los mercados y contribuir a aliviar la fragmentación financiera. Por esta razón, es importante que los Estados miembros se preparen minuciosamente para estos ejercicios sin escatimar esfuerzos, incluido el establecimiento de mecanismos de protección antes de la finalización del ejercicio y la preparación con miras a la aplicación de las normas revisadas para las ayudas estatales a los bancos. Antes de la entrada en vigor de la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos (Directiva GFIA)[21], las actividades de los GFIA en Europa no eran suficientemente transparentes y los riesgos asociados no se abordaban suficientemente en los regímenes regulatorios y de supervisión. El plazo para la transposición de la Directiva expiró en julio de 2013, pero, hasta la fecha, no todos los Estados miembros la han incorporado a su ordenamiento jurídico. Un mercado de pagos integrado en la zona del euro hará que los pagos sean más baratos, fáciles y seguros. Transcurridos más de diez años desde la introducción del euro como moneda común y medio común de pago, siguen en vigor veintiocho sistemas de pago diferentes. El Reglamento SEPA[22] fija el 1 de febrero de 2014 como fecha límite para la migración de las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, tanto nacionales como intraeuropeos, hacia las transferencias SEPA y los adeudos domiciliados SEPA, respectivamente. Se verán directamente afectados más de 35 000 millones de transferencias y adeudos domiciliados, anualmente tratados en la zona del euro. Según el indicador SEPA del BCE, la tasa de migración global en la zona del euro era, en julio, del 50 % para las transferencias (frente a un 38,2 % en febrero), y del 4,8 % para los adeudos domiciliados (frente a un 2,3 % en febrero). Esto significa que para cumplir el plazo de migración a la SEPA, todas las partes interesadas han de reforzar considerablemente y sin demora la preparación de la SEPA, los esfuerzos de comunicación y las medidas de aplicación. Se han adoptados varias medidas a escala de la UE para mejorar el acceso a la financiación de las PYME[23]. A nivel nacional, los Estados miembros deben intensificar su apoyo al acceso de las PYME a la financiación, aprovechando asimismo las vías de trabajo abiertas a nivel de la UE, que incluyen medidas regulatorias, instrumentos financieros de la UE, nuevas normas sobre ayudas estatales para la financiación de riesgo y otras medidas destinadas a mejorar el entorno de las PYME. El acceso de las empresas a la información en el mercado interior es igualmente un factor fundamental para las PYME, ya que facilita sus actividades transfronterizas y su financiación. En este contexto, reviste gran importancia, como primer paso indispensable, la transposición dentro del plazo previsto de la Directiva sobre la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades[24], cuyo plazo expira el 7 de julio de 2014, y que exige que todos los Estados miembros conecten electrónicamente sus registros mercantiles. Los siguientes pasos serán la interconexión de los registros de insolvencia a través del portal europeo e-Justice[25] y la modernización de la legislación sobre insolvencia en la UE[26]. Prioridades de actuación A la vista de lo que antecede, los Estados miembros deberían centrarse en las siguientes prioridades: · Velar por que las nuevas normas sobre los requisitos de capital de los bancos se apliquen a más tardar el 1 de enero de 2014. · Adoptar todas las medidas necesarias, incluido el establecimiento de mecanismos de protección y la preparación con miras a la aplicación de las normas revisadas para las ayudas estatales a los bancos, antes de los ejercicios de revisión de la calidad de los activos, las evaluaciones de los balances y las pruebas de resistencia. · Garantizar el pleno cumplimiento por parte de las autoridades nacionales de supervisión de los requisitos de cooperación establecidos en la legislación bancaria, a fin de evitar acciones descoordinadas o desproporcionadas en el contexto de las medidas prudenciales de carácter restrictivo adoptadas por los supervisores nacionales. Este aspecto reviste particular importancia antes de que el mecanismo único de supervisión esté plenamente operativo. · Ultimar la aplicación de la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos (Directiva GFIA). · Garantizar que todos los participantes en el mercado concluyan su migración a la SEPA antes del 1 de febrero de 2014. Es preciso redoblar los esfuerzos en materia de comunicación y ampliar las actividades de sensibilización a nivel nacional, en particular por lo que se refiere a las PYME, las administraciones públicas de pequeño tamaño y las autoridades locales. · Fomentar y apoyar el acceso de las PYME a la financiación, en particular: o desarrollando alternativas a la financiación bancaria, así como fuentes de financiación innovadoras, por ejemplo opciones para el desarrollo de bonos PYME y mercados de valores alternativos, promoción de la emergencia de mercados de valores especializados en la cotización de PYME de alto crecimiento, microfinanciación colectiva y capital riesgo; esto último es ahora posible gracias a los Reglamentos sobre los fondos de capital riesgo europeos[27] y los fondos de emprendimiento social europeos[28]; las normas de ayudas estatales sobre financiación de riesgo, de próxima aprobación, crearán asimismo unas condiciones más equitativas entre los Estados miembros y facilitarán el acceso de las PYME al capital riesgo; o mejorando la calidad de la atribución de calificaciones crediticias a las PYME y facilitando el acceso transfronterizo de las empresas a la información para lograr que estas dispongan de datos a escala de la UE; un primer paso en este sentido es la transposición dentro de plazo de la Directiva sobre la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades; o mejorando los flujos de financiación dentro de la cadena de suministro, en particular el financiamiento comercial, y combatiendo los retrasos en los pagos, lo que contribuiría a aliviar los problemas de liquidez de las PYME y a mejorar el desarrollo de su capital circulante. 2.4. Mercados de la energía Funcionamiento de los mercados y obstáculos a la integración de la UE El tercer paquete energético tiene por objeto completar el mercado interior del gas y la electricidad. Sin embargo, más de dos años después de expirado el plazo, siguen produciéndose retrasos en su transposición, ejecución y aplicación efectiva sobre el terreno. A 25 de octubre de 2013, siguen pendientes doce casos contra siete Estados miembros (PL, SI, FI, EE, RO, IE y LT) por no transposición de las Directivas, nueve de los cuales fueron llevados por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la UE y tres se encuentran en fase de dictamen motivado. Además, la Comisión está aún evaluando el cumplimiento de la legislación nacional, ya que muchas de las notificaciones solo se han recibido recientemente. Sigue siendo necesaria una inversión importante en infraestructuras energéticas, como gasoductos y redes eléctricas, almacenamiento y proyectos GNL, para que la energía fluya libremente y se comercialice a través de las fronteras, garantizándose así la seguridad del suministro. En 2013 se formularon recomendaciones específicas a trece Estados miembros (BG, EE, FR, DE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SK, ES y UK) sobre la necesidad de aumentar las interconexiones de electricidad y/o de gas. Desde entonces, han mejorado las interconexiones de gas y electricidad (p. ej. las interconexiones de gas en el corredor África-España-Francia, las interconexiones de electricidad entre PT y ES, UK, IE y la región del Báltico, y el desarrollo de proyectos de inversión del flujo de gas, especialmente en Europa Central y Oriental). Estos proyectos han contribuido a un mejor funcionamiento de los mercados. En octubre de 2013, la Comisión Europea adoptó una lista de 248 proyectos clave de infraestructuras energéticas de interés común, que se beneficiarán de procedimientos de concesión de autorizaciones más rápidos y eficientes y de la mejora del tratamiento regulatorio y podrán tener también acceso a la ayuda financiera del mecanismo «Conectar Europa» (MCE). El mercado de la producción de energía sigue estando muy concentrado. En ocho Estados miembros, el operador histórico controla aún más del 70 % de la generación de electricidad[29]. Se observa un grado de concentración particularmente elevado (con una cuota de mercado superior al 75 %) en EE, LV, FR, LU y SK. La cuota de mercado más baja de la mayor empresa de generación de electricidad a nivel nacional se registra en PL y ES. Por lo que respecta al sector minorista del gas, aparte de LV, país en el que una sola entidad domina el mercado de ventas nacional, en LT, PL y EE se registran cifras por encima del 90 % para la mayor empresa minorista. En DE, HU e IT la penetración en el mercado de la mayor empresa minorista a nivel nacional es relativamente pequeña (menos del 30 %). Los consumidores sitúan los mercados del gas y la electricidad entre los mercados con un funcionamiento deficiente[30]. Ambos mercados reciben una puntuación inferior a la media en oferta, comparabilidad, cambio de suministrador y tarifas, lo que sugiere que los consumidores no participan activamente en el mercado. En conjunto, los mercados del gas y la electricidad han mejorado, sobre todo en BE, mientras que los países en los que más se ha deteriorado el mercado de la electricidad son EE y BG. El despliegue de sistemas de contadores inteligentes permitirá a los consumidores obtener información más precisa y frecuente sobre su consumo de energía, minimizará los errores, facilitará la facturación o el cambio de operador y reducirá las infraestructuras. Dieciséis Estados miembros ya han decidido desplegar sistemas de contadores inteligentes de aquí a 2020, lo que supone alrededor del 84 % de los consumidores de la UE y una inversión de aproximadamente 35 000 millones EUR. En el caso del gas, siete Estados miembros ya han decidido desplegar estos sistemas, lo que representa en torno al 30 % de los usuarios y una inversión de aproximadamente 15 000 millones EUR. Para que estas iniciativas se vean coronadas con éxito, reviste especial importancia la confianza de los consumidores, como fue el caso en el despliegue en SE y FI. Es preciso prestar atención a los problemas existentes en materia de seguridad y protección de datos. Los Estados miembros deberían suprimir gradualmente la regulación de los precios al por menor. Esta regulación tiende a disuadir la entrada en el mercado de competidores y la inversión tanto por parte de los operadores recién llegados como de los operadores ya establecidos. En ausencia de regulación de los precios al por menor, el refuerzo de la competencia, la actuación de los Estados miembros en favor de una mayor transparencia en los mercados minoristas de la energía y unos mejores instrumentos de información para los consumidores mantendrían los precios bajo control y potenciarían el papel de los consumidores a la hora de elegir y aprovechar los beneficios de la competencia. Como consecuencia de la regulación de los precios al por menor, la calidad de los servicios y la innovación tienden a ser inferiores. Como la regulación de los precios se está suprimiendo progresivamente, es preciso reforzar el apoyo a los consumidores vulnerables, mediante la aplicación de medidas de eficiencia energética, combinadas con medidas de apoyo específicas (por ejemplo, mejor información, transparencia en la fijación de precios y asistencia financiera para ayudar a los consumidores vulnerables a pagar sus facturas). Se han dado pasos en la buena dirección en AT, DE, NL y SE, donde el apoyo está vinculado al precio de mercado de la energía. BG, FR, HU, PL y RO han recibido una recomendación específica sobre precios regulados en 2013. Para que los Estados miembros puedan alcanzar las metas sobre energías renovables vinculantes para 2020 —en conjunto, el 20 % del consumo final bruto de energía debe generarse a partir de fuentes renovables— también son necesarias inversiones importantes en el sector de la producción de energía. Aunque la mayoría de los Estados miembros ya había alcanzado en 2011 su meta intermedia para 2011/2012 (excepto BE, FR, LV, MT, NL y UK), no hay lugar para la autocomplacencia. A corto y medio plazo, sigue siendo necesario apoyar muchas de las tecnologías de energías renovables. Esta medida debería aplicarse en consonancia con la guía de buenas prácticas publicada por la Comisión[31]. En ocasiones son necesarios mecanismos de remuneración de la capacidad para garantizar la continuidad de la capacidad de generación de electricidad, dada la creciente cuota de las energías renovables (eólica, solar). Sin embargo, dichos mecanismos podrían distorsionar considerablemente el mercado, por lo que deberían ser solo una opción de último recurso, después de haber hecho pleno uso de las medidas de respuesta a la demanda, eficiencia energética y cooperación transfronteriza. Prioridades de actuación A la vista de lo que antecede, los Estados miembros deberían centrarse en las siguientes prioridades: · Transposición completa y dentro de plazo de las Directivas del tercer paquete energético y adecuada aplicación de los Reglamentos de dicho paquete. · Adopción y aplicación de los códigos de red de la electricidad y del gas, que regulan el funcionamiento cotidiano del mercado al objeto de facilitar el comercio y el funcionamiento de las redes transfronterizas. · Aumento de la capacidad de interconexión con los países vecinos, en particular mediante la plena aplicación del Reglamento que contiene las directrices para las infraestructuras transeuropeas. Al mismo tiempo, los Estados miembros deberían adoptar una perspectiva transfronteriza de mayor calado a la hora de hacer frente a los desafíos en materia de seguridad de abastecimiento. · Refuerzo del papel de los consumidores, garantizando que tengan un mejor acceso a información transparente y sencilla, estén mejor preparados para participar en los mercados abiertos y puedan hacer uso de los datos resultantes de las mediciones frecuentes que estarán disponibles gracias al despliegue de los sistemas de contadores inteligentes. · Eliminación gradual de los precios regulados, garantizando al mismo tiempo la protección de los consumidores vulnerables. El apoyo debería centrarse en las necesidades específicas de los consumidores vulnerables, sin que ello afecte desproporcionadamente a la competencia en los mercados de la energía. · Replanteamiento de la intervención del Estado en consonancia con las buenas prácticas identificadas por la Comisión[32], a fin de evitar las subvenciones, los regímenes de apoyo, los impuestos o gravámenes en el sector energético que tengan efectos distorsionadores en el funcionamiento del mercado o que incidan de forma innecesaria y desproporcionada en la asequibilidad de la energía para los hogares y las empresas. 2.5. Mercados de transporte Funcionamiento de los mercados y obstáculos a la integración de la UE Habida cuenta de los limitados avances registrados en la integración de los servicios de transporte, la Comisión propuso en 2013 una serie de importantes iniciativas destinadas a los sectores ferroviario y aeronáutico[33]. No obstante, aún queda mucho por hacer a escala de los Estados miembros para lograr un verdadero mercado interior de servicios de transporte, ya que las divergentes prioridades nacionales y la fragmentación del mercado de transportes siguen afectando negativamente a la calidad de los servicios de transporte en Europa. Según la percepción de los consumidores, el mercado de servicios ferroviarios es uno de los que peores resultados obtiene. En 2013, ocupó el vigesimoquinto puesto entre los treinta y un mercados de servicios. Por el lado positivo, cabe destacar que ha mejorado ligeramente desde 2012, cuando ocupó el puesto vigesimoséptimo[34]. Si bien el mercado de servicios aeronáuticos recibe, en conjunto, una evaluación relativamente positiva, una quinta parte de todas las reclamaciones transfronterizas estaban relacionadas con el transporte aéreo de pasajeros o equipaje[35]. Por lo que respecta a los indicadores de referencia en materia de cumplimiento (véanse los detalles en el anexo), la puntuación obtenida en el sector del transporte es buena, y todos los Estados miembros han transpuesto finalmente las siete Directivas relacionadas. No obstante, persisten dificultades en la transposición y aplicación adecuadas de la legislación clave en este ámbito. Como consecuencia de ello, siguen abiertos veinte casos de infracción contra catorce Estados miembros, por no conformidad con la legislación en materia de transporte. En cuanto a los modos de transporte específicos, los cuellos de botella que frenan la integración en el sector de los servicios ferroviarios son los más persistentes. El acceso al mercado sigue siendo un problema grave, pese a la apertura a la competencia de los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril en 2007 y de los servicios internacionales de transporte de viajeros en 2010. Varios Estados miembros mantienen un monopolio legal en el mercado nacional de viajeros (FI, FR, ES, BE y NL[36]). Muchos otros Estados miembros adjudican directamente contratos de servicio público sin procedimiento abierto de licitación (BE, CZ, EL, ES, FR, HR, IE, LU, RO y SI)[37]. Además, en algunos países la apertura de iure del mercado no ha alterado la situación, ya que tras las licitaciones de servicios públicos no entraron al mercado nuevos operadores (BG, LT, LV y SK). Otro obstáculo a la entrada de nuevos operadores y a la eficiente prestación de servicios de ferrocarril es la insuficiente independencia y la falta de transparencia financiera entre los administradores de las infraestructuras y los operadores de los servicios, que pueden dar lugar a comportamientos discriminatorios y distorsiones del mercado. En junio de 2013, estaban abiertos cuarenta y dos procedimientos de infracción contra casi todos los Estados miembros en relación con los servicios ferroviarios, aunque también se han presentado una serie de denuncias en virtud de las normas de competencia. La falta de avances en el establecimiento de mercados ferroviarios abiertos y competitivos puede ser especialmente nociva para el conjunto de la economía europea cuando atañe a los países de tránsito o a los grandes mercados con mayor potencial de entrada. Esta preocupación se refleja en las recomendaciones específicas de 2013 dirigidas a AT, DE, ES y FR, en las que se recomendaba a estos países reforzar la competencia en el mercado del transporte ferroviario, mientras que BE, BG, IT, PL y RO recibieron la recomendación de reforzar el papel del organismo o los organismos reguladores. Alrededor del 40 % de los bienes del mercado único se transporta por mar en trayectos cortos entre puertos de la UE. Sin embargo, los servicios de transporte marítimo entre los Estados miembros se rigen por procedimientos lentos y rígidos, pues se se equipara al transporte á más allá de las fronteras exteriores. Con la iniciativa «Cinturón Azul»[38], la Comisión Europea quiere establecer un verdadero mercado único del transporte marítimo, en el que las mercancías de la UE transportadas entre puertos de la UE no tendrían que someterse a los trámites administrativos que se aplican a las mercancías procedentes de puertos de ultramar, sino que seguirían procedimientos simplificados. De esta manera se hace más atractivo este modo de transporte. La evolución en el sector de la aviación pone de manifiesto los beneficios potenciales que encierra la liberalización del mercado. El número de pasajeros en el interior de la UE ha venido creciendo regularmente desde los años noventa, mientras que las tarifas se han reducido considerablemente. Entre 1995 y 2011, el número de pasajeros/km recorridos por aire en la UE aumentó más del 66 %, y el transporte aéreo representa en la actualidad casi el 9 % del mercado de pasajeros de la UE. No obstante, el espacio aéreo de la UE sigue estando fragmentado, lo que conlleva costes más elevados y coloca a los operadores de la UE en una posición de desventaja en comparación con sus competidores extranjeros. En este contexto, los beneficios operativos resultantes de la aplicación de los bloques funcionales de espacio aéreo y un gestor de la red de la UE fuerte son elementos necesarios para seguir avanzando en la integración del mercado. Además, la prestación de servicios de navegación aérea (PSNA) permanece cerrada a la competencia y requiere mejoras en términos de calidad y rentabilidad. En junio de 2013, la Comisión Europea presentó propuestas para acelerar la reforma del sistema de control aéreo europeo[39]. En cuanto al cumplimiento, la correcta aplicación de la Directiva sobre las tasas aeroportuarias sigue planteando problemas en varios Estados miembros, como lo demuestran especialmente los casos de tasas aeroportuarias discriminatorias. En 2012/2013 se abrieron procedimientos de investigación en materia de ayudas estatales en particular en DE, FR e IT, pero también en RO, PL, DK y SE, para garantizar que la financiación pública concedida a los aeropuertos y las líneas aéreas no impide la competencia leal en el sector de la aviación. La apertura del mercado también ha resultado fructífera en el transporte internacional por carretera. El transporte internacional de mercancías por carretera aumentó un 32 % entre 2000 y 2011 y representa cerca del 33 % del transporte total de mercancías. No obstante, una correspondencia óptima entre la oferta y la demanda de transporte se ve obstaculizada por el mantenimiento de las restricciones a las prestaciones temporales de servicios de transporte de mercancías por carretera y las restricciones al acceso permanente a los mercados nacionales de transporte por carretera[40]. Los mercados nacionales de transporte por carretera siguen estando protegidos de la competencia[41]. Las restricciones operativas y temporales al cabotaje limitan la libertad de los operadores de transporte por carretera a la hora de prestar servicios. Como consecuencia de ello, el cabotaje sigue constituyendo un segmento menor del mercado del transporte de mercancías por carretera de la UE (alrededor del 2 % de todo el volumen de transporte). Además, algunos Estados miembros (FI, DK) han adoptado medidas adicionales para proteger sus mercados frente a la competencia de los transportistas no residentes. Otros Estados miembros, como ES, siguen imponiendo restricciones al establecimiento permanente de pequeñas empresas. A este respecto, la Comisión se centrará igualmente en una interpretación clara y una ejecución más uniforme de la legislación en vigor, tanto por lo que respecta al acceso al mercado como a las normas sociales. La supresión de las restricciones a las actividades de los transportistas de mercancías de EU-12, por su parte, se ha traducido en un fuerte aumento de su participación en el mercado del transporte internacional de mercancías por carretera (dos tercios de su volumen de transporte se realiza a nivel internacional). Los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos encaminados a completar y mejorar las conexiones e infraestructuras transfronterizas para el transporte europeo de mercancías y pasajeros. Este objetivo podría conseguirse, en particular, mediante la aplicación de los nuevos corredores de la red principal RTE-T, el despliegue de los sistemas de transporte inteligente (STI), y la mejora de la gestión de la congestión en el transporte transfronterizo[42]. Además, la tarificación del uso de las infraestructuras debería evitar la discriminación potencial de los usuarios ocasionales mediante la aplicación de tarifas basadas en la distancia recorrida. Este sistema se ha venido utilizando hasta la fecha únicamente en AT, CZ, DE, PL, SI y SK, para el transporte pesado, y en EL, ES, FR, IE, IT, PL y PT, para todos los usuarios de carreteras en partes determinadas de la red de carreteras[43]. Prioridades de actuación A la vista de lo que antecede, los Estados miembros deberían centrarse en las siguientes prioridades: · Garantizar una transposición de alta calidad y dentro de plazo del acervo en materia de transporte, especialmente en el sector ferroviario. · Abrir los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril a la competencia y velar por que los contratos de servicio público estén bien definidos y se adjudiquen siguiendo procedimientos de licitación equitativos, abiertos y transparentes. La estructura institucional debería garantizar la independencia del administrador de la infraestructura con el fin de permitir la competencia efectiva en los mercados ferroviarios, asegurando y garantizando la igualdad de acceso a las infraestructuras. · Eliminar los trámites innecesarios en los puertos, facilitando los trámites aduaneros para el transporte marítimo dentro de la UE, así como para los buques que atraquen en puertos de terceros países. · Acelerar la implantación del Cielo Único Europeo (CUE) (p. ej. avanzando en la desfragmentación de la red de gestión del tráfico aéreo mediante la implantación de los bloques funcionales de espacio aéreo y cumpliendo las metas de resultados para el período 2012-2014), a fin de mejorar la seguridad, la capacidad, la eficiencia y el impacto medioambiental de la aviación. · Reexaminar cualquier restricción nacional subsistente al acceso a los mercados nacionales de transporte de mercancías y viajeros por carretera, con el fin de garantizar su plena compatibilidad con la legislación de la UE en vigor con respecto a la libertad de los transportistas extranjeros de mercancías y viajeros para efectuar ciertas operaciones de cabotaje y establecerse en cualquier Estado miembro. · Eliminar los cuellos de botella y modernizar las infraestructuras de transporte completando los corredores RTE-T, mejorando las conexiones transfronterizas, el despliegue coherente de STI y la aplicación de tarifas no discriminatorias basadas en la distancia recorrida, evitando al mismo tiempo invertir en infraestructuras de transporte mal integradas en la red que corran el riesgo de ser infrautilizadas y generar costes elevados de mantenimiento. 2.6. Mercados digitales Funcionamiento de los mercados y obstáculos a la integración de la UE Varios factores interrelacionados contribuyen a los buenos resultados de los mercados digitales. Los países avanzados en el ámbito del comercio electrónico registran, por lo general, una economía electrónica de alta intensidad. Los países aventajados en este campo, como SE, DK y UK[44], disfrutan de altos niveles de penetración de la banda ancha y de uso de Internet, y su población posee sólidas competencias de Internet. La confianza en Internet como canal de venta[45] y la sensibilización acerca de los derechos y obligaciones en línea[46] son igualmente altas en estos Estados miembros. En SE y DK puede observarse una fuerte correlación entre las ventas en línea y el PIB per cápita. La disponibilidad de infraestructuras de banda ancha fija, un aspecto que es esencial para los mercados digitales, ha progresado moderadamente pero a ritmo constante. No obstante, la cobertura fija rural aún se sitúa por debajo del 80 % en diez Estados miembros, y sigue siendo un reto en Estados miembros como PL, SK, SI, LV y RO, mientras que en LT y CZ se han registrado algunos avances. Aunque más de la mitad de los hogares de la UE están cubiertos por la banda ancha de alta velocidad, IT, HR, EL, FR, IE y PL tienen que modernizar sus redes para no quedar rezagados[47]. El sector de las comunicaciones móviles, en general, se ha beneficiado de la competencia y del continuo crecimiento de la banda ancha móvil[48], pero su desarrollo se ve obstaculizado por retrasos en la liberación de frecuencias. La cobertura de las redes móviles de banda ancha de cuarta generación se triplicó en tan solo un año, para situarse en un 26 %, pero el continuo crecimiento de la banda ancha inalámbrica requerirá grandes inversiones en las redes habilitadoras. Esto solo será posible si están disponibles frecuencias suficientes. Sin embargo, más de la mitad de los Estados miembros aún no han completado la liberación de la banda de 800 MHz para los servicios de banda ancha inalámbrica, que estaba prevista, como muy tarde, para el 1 de enero de 2013[49]. El uso compartido de la red móvil, de conformidad con las normas de competencia, puede permitir un mejor uso de las frecuencias ya asignadas. Es igualmente necesario suprimir las restricciones injustificadas al despliegue de redes de banda ancha inalámbrica. Las diferencias de precios entre los Estados miembros siguen siendo, en general, grandes[50] y han sido persistentes en el tiempo[51]. Esta circunstancia, combinada con la persistencia de los obstáculos al cambio de operador[52], pone de relieve la necesidad de reforzar el mercado único de las comunicaciones electrónicas, un ámbito en el que son indispensables la adecuada asignación de recursos a los reguladores nacionales y su independencia, así como la correcta puesta en práctica del marco regulador, La reciente propuesta de un paquete legislativo con miras a la implantación de un mercado único de las comunicaciones electrónicas reducirá los obstáculos subsistentes y aportará la seguridad reglamentaria requerida para la realización de inversiones en infraestructuras. En caso de deficiencias del mercado, será necesario, sin embargo, seguir prestando una ayuda pública específica, procedente sobre todo de los Fondos Estructurales, que, en algunos Estados miembros, han sido infrautilizados y/o han hecho frente a graves problemas de absorción. Como promedio en la UE, el comercio en línea sigue creciendo a nivel nacional, así como a escala transfronteriza. Sin embargo, sigue siendo principalmente de ámbito nacional. El número de particulares que han realizado pedidos o comprado a través de Internet en los doce meses anteriores aumentó al 45 % en 2012, frente al 43 % en 2011 y al 40 % en 2010[53], siendo los Estados miembros que partían de un nivel particularmente bajo (países «en vías de recuperación») los que registraron un crecimiento más rápido. Sin embargo, muchos de ellos siguen registrando niveles de comercio electrónico interior inferiores a la media (25 % o menos en HU, EE, HR, PT, CY, EL, LT, IT, BG y RO). El comercio electrónico transfronterizo sigue siendo limitado, registrándose un aumento marginal (del 10 % al 11 %) del porcentaje de ciudadanos de la UE que efectúa compras en otros Estados miembros de la UE[54]. Mientras que, en términos generales, la aplicación de la Directiva de comercio electrónico es adecuada, en algunos Estados miembros siguen planteándose problemas en cuanto a los requisitos de autorización previa y la aplicación de las obligaciones en materia de información de los comerciantes. Además, varios ámbitos requieren mayor atención, como la disponibilidad y la seguridad de los pagos, la protección de los datos personales, la entrega de los bienes encargados, la información relativa a los contratos en línea y la facilidad de acceso a las vías de recurso, así como la legislación relativa a los contratos y la protección de los consumidores en general. Los costes de acceso de las empresas y los consumidores a la economía en línea podrían reducirse más por medio de estrategias de ciberseguridad eficaces. Sin embargo, estas estrategias solo se han implantado en la mitad de los Estados miembros de la UE (AT, CZ, EE, FI, FR, DE, HU, LT, LU, NL, PL, RO, SK y UK)[55]. AT, DE, DK, FI, FR, NL, SE y UK[56] poseen capacidades nacionales particularmente sólidas. La utilización de las TIC con miras a mejorar la eficiencia del sector público es una forma subestimada de favorecer el saneamiento presupuestario y las reformas estructurales favorables al crecimiento, especialmente a través de la administración electrónica, los servicios basados en la nube[57], la sanidad en línea y las redes inteligentes e interoperables de energía y transporte, así como de la difusión de la información procedente del sector público. Desde el año pasado se avanza a ritmo constante en la modernización del sector público: el 87 % de las empresas utilizan los servicios de la administración electrónica y varios Estados miembros están introduciendo servicios en línea obligatorios. El porcentaje de ciudadanos que utilizan la administración electrónica también aumentó el año pasado hasta situarse en el 44 % (un incremento de tres puntos porcentuales). IT, HR, BG, CY, CZ, RO, PL y EL se beneficiarían de una mayor utilización de estos servicios. Aunque el uso de herramientas electrónicas en la contratación pública sigue siendo limitado, algunos Estados miembros han aprovechado la oportunidad, especialmente PT (presentación electrónica obligatoria para la mayoría de los procedimientos), LT, IE, SE y UK. La facturación electrónica ya es obligatoria en la mayoría de las autoridades públicas de DK y SE, y debería convertirse en la norma en toda la UE. Es preciso reforzar la «infraestructura de propiedad intelectual»[58] de la UE. El sector de las TIC, así como los que optan cada vez más por Internet como canal de distribución, son a menudo muy dependientes de los derechos de propiedad intelectual, lo que aumenta su atractivo para la financiación y asegura la necesaria rentabilidad de las inversiones. Los sistemas de registro de los derechos nacionales deben ser asequibles y accesibles[59]. Además, la existencia de cámaras especializadas en propiedad intelectual en los tribunales nacionales puede acelerar considerablemente los procedimientos y mejorar la calidad de las sentencias. Ni siquiera las redes y tecnologías avanzadas pueden desplegar todo su potencial de crecimiento y empleo si las empresas y los ciudadanos no las utilizan plenamente[60]. En la actualidad, este potencial de crecimiento y empleo se ve frenado debido en particular, a la falta de competencias en TIC de la población activa. Aproximadamente el 50 % de los ciudadanos de la UE no disponen o disponen de escasas competencias informáticas[61]; sin embargo, se prevé que de aquí a 2015 el 90% de todos los empleos requerirán algún conocimiento en el ámbito de las TIC[62]. Las competencias en TIC han de estar integradas en el sistema educativo general a todos los niveles. Además, es necesario establecer una interacción más estrecha entre los círculos educativo y empresarial, dada la grave carencia de profesionales en TIC que sufre actualmente la UE[63]. Prioridades de actuación A la vista de lo que antecede, los Estados miembros deberían centrarse en las siguientes prioridades: · Garantizar el buen funcionamiento de los mercados de las comunicaciones electrónicas, reforzando sus autoridades reguladoras nacionales y poniendo en práctica una reglamentación que propicie un despliegue competitivo de la banda ancha de alta velocidad, con la ayuda, en su caso, de un apoyo público específico, especialmente mediante un uso eficiente de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos. · Completar lo antes posible la asignación de las bandas de frecuencias de 800 MHz, poner al menos 1 200 MHz del espectro radioeléctrico a disposición de la banda ancha inalámbrica y suprimir los obstáculos al despliegue y uso eficientes de las redes de banda ancha inalámbrica. · Establecer condiciones favorables en los distintos ámbitos que afectan a los servicios en línea, en particular poniendo en práctica, de manera correcta y dentro de los plazos previstos, la legislación pertinente en ámbitos que van desde el comercio electrónico — como elemento legislativo crucial para la prestación de servicios en línea— hasta la fiscalidad, pasando por el reparto de paquetes y los pagos, y de la legislación relativa a la protección de los consumidores, como la Directiva sobre los derechos de los consumidores[64], a los mecanismos de resolución de litigios, como la legislación RAL/RLL[65]. · Respaldar el uso de las TIC y, en particular, de Internet de banda ancha, mejorando el acceso de las PYME a la financiación que les permita su conexión y utilización. Los Estados miembros deberían invertir asimismo en las capacidades en TIC, en particular a través del Fondo Social Europeo, integrándolas más y mejor en sus sistemas educativos, promoviendo asociaciones con las empresas, atrayendo la movilidad transfronteriza y adoptando el marco de competencias electrónicas. · Adoptar una estrategia de ciberseguridad global y actualizada y designar a una entidad para su aplicación y para la cooperación con otros Estados miembros. · Aumentar la disponibilidad de servicios públicos en línea de fácil uso, en particular a través de interconexiones e infraestructuras transfronterizas, hacer la contratación pública electrónica interoperable y desplegarla a mayor escala en los diferentes niveles de administración, y promover un uso más frecuente de la facturación electrónica. Los Estados miembros deberían promover servicios abiertos basados en la nube para desarrollar infraestructuras de servicios digitales y estimular la demanda. Asimismo, deberían desplegar soluciones interoperables de sanidad electrónica, en particular historiales médicos y recetas electrónicos, para una sanidad pública y una investigación clínica más eficiente, y fomentar en mayor medida el uso de las TIC para la interoperabilidad de las redes inteligentes de energía y de transporte. · Sin comprometer la calidad de las patentes y las marcas comerciales concedidas, los Estados miembros deberían considerar posibles reducciones de los costes y los plazos medios para el registro de las patentes y las marcas comerciales nacionales. Además, deberían velar por que se implanten cámaras especializadas en PI dotadas de los recursos necesarios. Parte II – Integración del mercado único desde la perspectiva de la integración de la cadena de valor Esta parte del documento presenta una serie de conclusiones horizontales acerca del estado de integración del mercado único, basadas en un análisis de las cadenas de valor, es decir, la oferta y la demanda de insumos. Un informe completo sobre este análisis está disponible en este enlace. El refuerzo de las cadenas de producción transfronterizas es un medio importante de estimular la competitividad y el crecimiento[66], y es probable que sus efectos generales a largo plazo sobre el empleo sean también positivos. Además, el refuerzo de la integración de la cadena de valor en la UE puede contribuir a restablecer las balanzas exteriores, ya que abre mercados en los Estados miembros con una balanza exterior excedentaria. El análisis muestra que, en general, han aumentado los insumos transfronterizos en la producción europea, tanto de dentro como de fuera de la UE. Ello indica que ha proseguido el ritmo de integración del mercado único. Pese a estas tendencias globalmente positivas, se observan notables diferencias entre los Estados miembros[67]. Gráfico 1: La importancia de los insumos de producción intersectoriales en la UE Las etiquetas sectoriales se explican en el cuadro que figura en anexo del informe completo, que puede consultarse en el siguiente enlace. Las cifras representan la parte de los insumos de dentro de la UE (transfronterizos y nacionales) en relación con la producción del sector destinatario (en %). El análisis sugiere igualmente que los intercambios de insumos de producción dentro y fuera de la UE son complementarios[68]. Ello prueba que los esfuerzos desplegados para seguir desarrollando el mercado único y para fomentar los acuerdos europeos de libre comercio con economías asociadas fuera de la UE se refuerzan mutuamente. Además, el sector servicios proporciona el insumo más importante a las actividades de otros sectores, en particular el sector manufacturero. Por consiguiente, el buen funcionamiento de los mercados de servicios tiene efectos positivos en la industria manufacturera de la UE y viceversa, como se ilustra en el gráfico 1. Del análisis se desprende igualmente que, para maximizar los beneficios que encierra el mercado único, los Estados miembros deberían concentrar sus esfuerzos de reforma en la reducción de los obstáculos al comercio en los sectores que son relativamente importantes, pero que aún no están muy bien integrados. Esto es especialmente cierto para los sectores en los que la integración fuera de la UE es elevada con respecto a la integración dentro de la UE, ya que ello puede indicar que la capacidad de cooperación dentro de la UE no se aprovecha suficientemente, y que subsisten, por tanto, importantes obstáculos. Gráfico 2: Principales relaciones de producción dentro de la UE (nacionales y transfronterizas) entre sectores El grosor de las flechas corresponde al valor del coeficiente: insumos de un sector hacia otro como % de una media de los productos de ambos sectores. Los coeficientes respectivos se indican en el medio de cada flecha. Las etiquetas sectoriales se explican en enlace. Desde esta perspectiva (es decir, centrándose en los flujos comerciales en las cadenas de valor de la producción), aún parece haber margen para reducir los obstáculos en los servicios no comerciales,[69] las actividades inmobiliarias y la venta al por menor[70]. Además, sería realizable un mayor crecimiento económico si los Estados miembros pusieran en práctica políticas encaminadas a mejorar la productividad en sectores que ya están altamente integrados. Tales reformas tendrían probablemente efectos positivos en la productividad en los sectores asociados, especialmente cuando existen fuertes interrelaciones entre sectores. Como se muestra en el gráfico 2, en los servicios, son el alquiler de maquinaria y equipos y otras actividades empresariales los que tienen relaciones más estrechas con el mayor número de sectores asociados. El sector manufacturero es el que tiene relaciones más estrechas con el alquiler y otras actividades empresariales, así como con el comercio al por mayor y al por menor del lado de los insumos, y, del lado de los productos, con la construcción. El sector de los transportes es el que está más estrechamente relacionado con los mercados al por mayor. Anexo [1] European Commission Occasional Papers 129 «Market Functioning in Network Industries – Electronic Communications, Energy and Transport», febrero de 2013. [2] Conjunto de actividades vinculadas a la creación y explotación de las redes de acceso a Internet, así como los servicios propuestos en Internet (telecomunicaciones sobre IP, fabricación y mantenimiento de material informático destinado a la web, actividades de servicios basadas en Internet y todas las actividades que tienen Internet como soporte, del comercio electrónico a la publicidad en línea). [3] McKinsey Global Institute, «Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity», mayo de 2011. Este estudio abarca esos países, además de Brasil, China y la India. [4] Comunicación de la Comisión Europea «Mejorar la gobernanza del mercado único», COM(2012) 259 final, junio de 2012. [5] La integración comercial se mide calculando la media de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios y dividiéndola por el PIB. [6] Véase la Encuesta de Seguimiento de los Mercados de Consumo de 2013, encargada por la DG SANCO, que se va a utilizar en el Décimo Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo, de próxima aparición http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/consumer_market_monitoring_survey_en.htm. [7] European Commission Economic Paper 456: «The economic impact of the Services Directive: A first assessment following implementation», junio de 2012. [8] Comunicación de la Comisión Europea sobre la implementación de la Directiva de servicios «Colaboración para un nuevo crecimiento de los servicios 2012-2015», COM(2012) 261 final, junio de 2012. [9] Comunicación de la Comisión sobre la evaluación de las regulaciones nacionales del acceso a las profesiones, COM(2013) 676 final, de octubre de 2013, y Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las conclusiones de la revisión inter pares de los requisitos relativos a la forma jurídica, la participación en el capital y las tarifas, elaborado en virtud de la Directiva de Servicios, SWD(2013) 402 final, de octubre de 2013. [10] http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm#maincontentSec1 [11] Comunicación de la Comisión «Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista», COM(2013) 36 final, de enero de 2013. [12] Los aspectos de contratación electrónica se tratan en la sección «Mercados digitales». [13] El valor de los contratos de recogida y tratamiento de residuos adjudicados en 2010 fue de 12 674 millones EUR , es decir, un 10 % del volumen de negocios total del sector en el mismo año o alrededor de un tercio del gasto de las administraciones públicas en bienes, obras y servicios para la gestión de los residuos. El valor de los anuncios de adjudicación de contratos en relación con los equipos, programas o servicios de TIC en EU-27 en 2010 ascendió a 22 483 millones EUR. Puede encontrarse más información en: «Sector analysis of Public Procurement, criteria for selecting sectors and initial analysis of two sectors: waste collection & treatment and ICT contracts», 25 de junio de 2013. [14] http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/sme/html/index.en.html. [15] Mercados de préstamos, créditos y tarjetas de crédito, cuentas bancarias, hipotecas, productos de inversión, pensiones privadas y valores y fondos de pensiones individuales. [16] Encuesta de Seguimiento de los Mercados de Consumo de 2013, encargada por la DG SANCO, que se va a utilizar en el Décimo Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo, de próxima aparición, http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/consumer_market_monitoring_survey_en.htm. La evaluación se refiere al indicador de funcionamiento del mercado (IFM), un índice compuesto que incluye las evaluaciones de los consumidores sobre comparabilidad, confianza, problemas y reclamaciones, y satisfacción de mercados específicos. [17] Los servicios de la Comisión han recibido información confidencial de los supervisores nacionales sobre las medidas prudenciales adoptadas en diferentes Estados miembros para hacer frente a los problemas de estabilidad financiera, que pueden tener efectos de compartimentación. [18] Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, y Reglamento (UE) nº 575/2013, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012. [19] Entre otros, el mecanismo único de resolución, con un fondo único de resolución, y la Directiva sobre rescate y resolución bancarias. [20] http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131023.en.html. [21] Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n° 1060/2009 y (UE) nº1095/2010. [22] Reglamento (UE) nº 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n° 924/2009. [23] A escala de la UE, la Comisión puso en marcha en 2011 un Plan de acción sobre el acceso a la financiación de las PYME, y en marzo de 2013 se abrió una consulta pública sobre la financiación a largo plazo, incluido el acceso a la financiación de las PYME; ya se han adoptado y están en vigor desde el 22 de julio de 2013 dos Reglamentos por los que se establecen un pasaporte europeo para los fondos de inversión orientados a las PYME no cotizadas y las empresas sociales. La Comisión y el BEI están cooperando estrechamente con miras al desarrollo de una iniciativa encaminada a ampliar los instrumentos de riesgo compartido entre la Comisión Europea, el BEI y el FEI, con el apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, para fomentar las inversiones de los mercados de capitales del sector privado en las PYME. Esta iniciativa PYME fue refrendada por el Consejo Europeo de octubre y está siendo examinada en estos momentos por el Parlamento Europeo. El apoyo a las PYME, en particular a través de los instrumentos financieros, se cifra actualmente en casi 70 000 millones EUR del FEDER y el FSE a través de la política de cohesión, y seguirá siendo una prioridad clave para los Fondos Estructurales y los Fondos de Inversión europeos durante el período 2014-2020. [24] Directiva 2012/17/UE, de 13 de junio de 2012, por la que se modifican la Directiva 89/666/CEE del Consejo y las Directivas 2005/56/CE y 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades. [25] Con ello se da curso al proyecto piloto con un grupo de Estados miembros y a la propuesta de la Comisión por la que se modifica el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia; para más detalles véase la propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia, COM(2012) 744 final, de diciembre de 2012. [26] Comunicación sobre un nuevo enfoque europeo frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, COM(2012) 742, de diciembre de 2012. [27] Reglamento (UE) nº 345/2013, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos. [28] Reglamento (UE) nº 346/2013, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos. [29] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Electricity_market_indicators http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Natural_gas_market_indicators [30] Encuesta de Seguimiento de los Mercados de Consumo de 2013, encargada por la DG SANCO, que se va a utilizar en el Décimo Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo, http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/consumer_market_monitoring_survey_en.htm [31] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «European Commission guidance for the design of renewables support schemes» http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/com_2013_public_intervention_swd04_en.pdf [32] Comunicación de la Comisión Europea «Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention» http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/com_2013_public_intervention_en.pdf [33] 4º paquete ferroviario (enero de 2013), Cielo Único Europeo 2+ (junio de 2013), consulta acerca del proyecto de directrices sobre la ayuda estatal a aeropuertos y compañías aéreas (julio de 2013). [34] Encuesta de Seguimiento de los Mercados de Consumo de 2013, encargada por la DG SANCO, que se va a utilizar en el Décimo Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo, de próxima aparición, http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/consumer_market_monitoring_survey_en.htm [35] Registradas por la red de centros europeos del consumidor en 2012 (http://ec.europa.eu/consumers/ecc/ecc_key_statistics_en.htm) [36] Los contratos sacados a concurso o el acceso abierto a los servicios comerciales representan menos del 5 % del mercado total. [37] Los contratos sacados a concurso o el acceso abierto a los servicios comerciales representan menos del 5 % del mercado total. [38] Comunicación de la Comisión - El «Cinturón Azul», un espacio único para el transporte marítimo, COM(2013) 510 de 8 de julio de 2013 [39] http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/ses2plus_en.htm [40] Aunque las condiciones de establecimiento se definen en el Reglamento (CE) nº 1071/2009, el mismo Reglamento permite también a los Estados miembros imponer requisitos adicionales para la creación de una empresa de transporte por carretera. [41] Las operaciones de transporte nacional por carretera llevadas a cabo por transportistas de otros Estados miembros —lo que se conoce también con el nombre de cabotaje—, están limitadas a tres operaciones en los siete días siguientes a una operación de transporte internacional con arreglo al Reglamento (CE) nº 1072/2009. [42] A este respecto, la Comisión ha propuesto, y los colegisladores han aprobado, dos grandes actos legislativos —el Reglamento RTE-T y el Reglamento sobre el Mecanismo «Conectar Europa»— que tienen por objeto implantar una red paneuropea de transporte plenamente funcional, que sería la espina dorsal del mercado único. [43] CE Delft et al. (2012), «An inventory of measures for internalising external costs in transport». [44] En estos Estados miembros, el 74 %, el 73 % y el 73 %, respectivamente, de los ciudadanos compraron en línea al menos una vez en 2012 (fuente: Eurostat). [45] En DK, UK y SE, el 80 %, el 75 % y el 71 % de los participantes en encuestas recientes declaró tener confianza en las compras hechas en Internet a minoristas nacionales, frente a una media del 59 % en la UE. [46] http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_358_en.pdf [47] En relación con los datos de mercado en esta sección, véase, en particular, el Marcador de la Agenda Digital en: https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf [48] La penetración de la banda ancha móvil aumentó once puntos porcentuales entre enero de 2012 y enero de 2013. [49] Entre julio y octubre de 2013, la Comisión concedió excepciones (nuevos plazos) a once Estados miembros (AT, CY, FI, EL, HU, LV, LT, MT, PL, RO y ES). En países como BE, EE, SI y SK, la disponibilidad se ha visto obstaculizada por retrasos administrativos. [50] Por ejemplo, el precio medio por minuto de una llamada móvil nacional en el Estado miembro más caro (NL) es siete veces mayor que en el Estado miembro menos caro (LT). [51] Para una relación completa de la evolución en el tiempo de estas disparidades de tarificación y de otra índole en los mercados de telefonía fija y móvil, véase European Economy Occasional Papers 129: «Market Functioning in Network Industries - Electronic Communications, Energy and Transport», febrero de 2013. [52] «Consumer market study on the functioning of the market for internet access and provision from a consumer perspective» (2012) – Estudio realizado para la Comisión Europea por Civic Consulting. http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/internet_services_provision_study_en.htm [53] Eurostat - Encuesta comunitaria sobre el uso de las TIC en el hogar y por los particulares – Indicador clave de resultados de la Agenda Digital para Europa. [54] Eurostat - Encuesta comunitaria sobre el uso de las TIC en el hogar y por los particulares – Indicador clave de resultados de la Agenda Digital para Europa. [55] Cartografía de la ENISA de las estrategias nacionales de ciberseguridad en el mundo, abril de 2013. [56] Informe de evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de Directiva relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión, SWD(2013) 32 final, febrero de 2013. [57] Véase la estrategia de computación en nube de la Comisión, COM(2012) 529 final, de septiembre de 2012. [58] Que abarca los sistemas nacionales y de la UE de reconocimiento, registro, explotación y aplicación de los derechos de propiedad intelectual. [59] Por ejemplo, el coste de solicitud y registro de una marca comercial en tres categorías varía dentro de la UE y va desde 78 EUR en CY a 419 EUR en SE. [60] A este respecto, uno de cada cinco europeos no ha utilizado nunca Internet y los índices de no utilización están por encima del 40 % en algunos Estados miembros. [61] Eurostat, sobre la base de una muestra representativa de la población adulta (de 16 a 74 años) en la UE. Las diferencias entre países son considerables; el porcentaje de individuos que no poseen ninguna o solo poseen escasas competencias va del 26 al 79 %. [62] Libro Blanco de IDC «Post Crisis: e-Skills Are Needed to Drive Europe's Innovation Society» (noviembre de 2009). [63] De 2011 a 2012, se crearon más de 100 000 puestos de trabajo en el sector de la ingeniería de programación. Combinado con el estancamiento del número de titulados en TIC, el resultado es una creciente penuria en el mercado laboral. [64] Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE y la Directiva 1999/44/CE y se derogan la Directiva 85/577/CEE y la Directiva 97/7/CE. [65] Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE, y Reglamento (UE) nº 524/2013, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE. [66] Véase el capítulo 2 en http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-competitiveness-report/comprep2012_en.htm. [67] Para un análisis específico por país de los cambios en la intensidad de la integración, véase el informe completo en el siguiente enlace. [68] En 2006-2009, la proporción media de los insumos de producción no nacionales de dentro de la UE estaba positivamente correlacionada con la proporción media de los insumos de producción de fuera de la UE en los Estados miembros. [69] Administración pública, defensa, educación y salud. [70] Este análisis tiene en cuenta la integración fuera de la UE en estos servicios como valor de referencia. Sin embargo, al evaluar la integración global de los mercados de servicios en la UE, deberían tenerse en cuenta otros canales de integración que no entran en el ámbito del presente capítulo (en particular, la prestación de servicios mediante establecimiento) para completar estas conclusiones.