INFORME DE LA COMISIÓN Respuestas de los Estados miembros al Informe Anual de 2011 del Tribunal de Cuentas /* COM/2013/0118 final */





ÍNDICE Respuestas de los Estados miembros al Informe Anual de 2011 del Tribunal de Cuentas. 2 RESUMEN.. 2 Respuestas de los Estados miembros al Informe Anual de 2011 del Tribunal de Cuentas. 4 1. Ámbito del informe.. 4 2. Presentación y mensajes clave del Informe de 2011 del Tribunal 4 3. Hacia la mejora en la gestión compartida por los Estados miembros. 6 3.1 Controles de primer nivel, normas nacionales y auditorías de sistemas. 7 3.2 Autoridades de auditoría.. 10 3.3 Contratación pública. 11 3.4. Condicionalidad. 12 4. Conclusión. 14 INFORME DE LA COMISIÓN Respuestas de los Estados miembros al Informe Anual de 2011 del Tribunal de Cuentas RESUMEN El presente informe constituye un análisis de las respuestas de los Estados miembros al Informe Anual del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio presupuestario de 2011. Está en consonancia con las disposiciones del artículo 162, apartado 5, del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Unión Europea. En 2011, el Tribunal introdujo nuevas modificaciones en la presentación de su informe, principalmente mediante el añadido de dos nuevos capítulos. El Tribunal emitió un dictamen claro sobre las cuentas y estimó el porcentaje de error más probable en el conjunto del presupuesto en un 3,9 %, que es similar al porcentaje de error global del año pasado, del 3,7 %. Ese 3,9 % incluye ahora los errores en la condicionalidad tanto en «Agricultura: medidas de mercado y ayudas directas» como en «Desarrollo rural», como consecuencia de un cambio en la metodología del Tribunal. Sin ese cambio, la cifra hubiera sido del 3,8 %. La mayoría de las respuestas de los Estados miembros se recibieron dentro del calendario previsto[1]. Como en años anteriores, la calidad varía considerablemente de un Estado miembro a otro. En algunos casos las respuestas eran de muy alto nivel, mientras que, en otros, estaba claro, por la calidad de las respuestas, que se había dedicado muy poco tiempo a las mismas. Los Estados miembros reiteran su compromiso de colaborar con la Comisión y con el Tribunal a fin de garantizar la buena gestión financiera de los fondos de la UE. Por ejemplo, las tres cuartas partes de los Estados miembros manifiestan su interés en ampliar las reuniones tripartitas (que ya existen en el ámbito de la política de cohesión), al desarrollo rural. Tanto la Comisión como los Estados miembros han expresado su compromiso de abordar las cuestiones relacionadas con el desarrollo rural, con el fin de reducir la tasa de error. La DG AGRI ha puesto en marcha un Plan de Acción y, tal como indican en sus respuestas, los Estados miembros ya están adoptando algunas medidas correctoras para abordar las cuestiones relacionadas con el desarrollo rural. Por lo que se refiere a la política de cohesión en su conjunto, si bien ha habido mejoras significativas, los Estados miembros y la Comisión deben adoptar medidas concretas y firmes para garantizar mejores resultados. En el presente período de programación, la DG REGIO y la DG EMPL continuarán con acciones selectivas, tales como centrar las auditorías en las zonas y los agentes financieros de mayor riesgo, realizar un seguimiento meticuloso de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales de interrupción o suspensión de los pagos y aplicar correcciones financieras cuando esté justificado. Para el próximo período de programación, la Comisión ha propuesto varias medidas que se están debatiendo en el proceso interinstitucional. Entre ellas, cabe citar un mayor recurso a los costes simplificados, informes trimestrales de los Estados miembros a la Comisión, unas normas de admisibilidad más estrictas y la introducción de correcciones financieras netas y de declaraciones de gestión. INFORME DE LA COMISIÓN Respuestas de los Estados miembros al Informe Anual de 2011 del Tribunal de Cuentas 1. Ámbito del informe El Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Unión Europea establece en su artículo 162, apartado 5, que tan pronto como el Tribunal de Cuentas Europeo («el Tribunal») le remita el informe anual, la Comisión comunicará inmediatamente a los Estados miembros afectados los elementos de dicho informe relativos a la gestión de los fondos sobre los cuales tengan competencia en virtud de la normativa aplicable. Los Estados miembros remitirán sus respuestas a la Comisión en un plazo de 60 días, y esta enviará una síntesis al Tribunal de Cuentas, al Consejo y al Parlamento Europeo antes del 28 de febrero del año siguiente. Tras la publicación, el 6 de noviembre de 2012, del Informe Anual del Tribunal de Cuentas del ejercicio presupuestario de 2011, la Comisión informó debidamente a los Estados miembros de los detalles del Informe. Dicha información se presentó en forma de una carta y tres cuestionarios (presentados como anexos) que los Estados miembros debían rellenar: el anexo I era un cuestionario sobre los apartados del informe que se refieren a los distintos Estados miembros; el anexo II era un cuestionario sobre las conclusiones de la auditoría que se refieren a cada Estado miembro[2] y el anexo III un cuestionario sobre las conclusiones generales relacionadas con las políticas y los programas en gestión compartida. El presente informe constituye un análisis de las respuestas de los Estados miembros y se acompaña de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, que incluye las respuestas de los Estados miembros al anexo I y al anexo III[3]. 2. Presentación y mensajes clave del Informe de 2011 del Tribunal El Tribunal aportó nuevas modificaciones en la presentación del Informe Anual de 2011. Se introdujeron dos nuevos capítulos –uno referente a la Agricultura y otro a la Cohesión– con el fin de proporcionar un análisis más detallado de los resultados de la auditoría de estos dos ámbitos de actuación. «Agricultura y recursos naturales» se sustituye por «Agricultura: medidas de mercado y ayudas directas» y «Desarrollo rural, medio ambiente, pesca y salud». El anterior capítulo de Cohesión, energía y transporte se sustituye por «Política regional, energía y transportes» y «Empleo y asuntos sociales». Además de los nuevos capítulos, el Tribunal aportó también cifras comparativas del porcentaje de error más probable (EMP) relativas a 2010 y a 2011 en el presupuesto en su conjunto, así como en los ámbitos políticos concretos. Por último, el Tribunal destacó asimismo la gestión del rendimiento de la UE en el Capítulo 10 «la obtención de resultados a partir del presupuesto de la UE», que se introdujo por primera vez en el Informe Anual de 2010. En su declaración de fiabilidad, el Tribunal observó que las cuentas presentan fielmente la situación financiera de la Unión y los resultados de sus actividades y sus flujos de efectivo. Ingresos y compromisos no mostraban errores materiales. Los pagos para gastos administrativos y otros gastos han sido considerados como carentes de errores materiales. Los pagos de «Relaciones exteriores y ampliación» también carecían de errores materiales, excepto en lo que se refiere a los pagos intermedios y finales. Todos los demás ámbitos políticos se vieron afectados por errores materiales. Por otro lado, el Tribunal estimó que los sistemas de control se califican como «parcialmente eficaces», excepto en los ámbitos políticos de los gastos administrativos y otros gastos e ingresos, que fueron considerados «efectivos». Los ámbitos políticos afectados por errores materiales son los siguientes: desarrollo rural y medio ambiente, pesca y salud, con un porcentaje de error más probable (EMP) del 7,7 %. En «Agricultura: medidas de mercado y ayudas directas» el error más probable fue del 2,9 %. La situación de la política de cohesión en su conjunto mejoró significativamente con un error más probable del 5,1 % en comparación con el 7,7 % correspondiente a 2010. No obstante, los dos capítulos de la política de cohesión contenían errores materiales, la «Política regional, energía y transportes» con un error más probable del 6,0 % y «Empleo y asuntos sociales» con un error más probable del 2,2 %. Por último, la investigación y otras políticas internas tuvieron un error más probable del 3,0 %. Según el Tribunal, el error más probable en 2011 en el presupuesto de la UE en su conjunto fue del 3,9 %, cifra comparable al 3,7 % de 2010. Ese 3,9 % incluye los errores de condicionalidad tanto en «Agricultura: medidas de mercado y ayudas directas» como en «Desarrollo rural» después del cambio en la metodología del Tribunal. Sin ese cambio, el porcentaje hubiera sido del 3,8 %. El gráfico siguiente muestra la evolución de la tasa de error en el conjunto del presupuesto desde 2006. (1) A diferencia de años anteriores, el incumplimiento de las obligaciones de la condicionalidad por los beneficiarios de los pagos de la PAC ha sido incluido en el cálculo del error más probable de 2011. Los errores encontrados representan alrededor del 0,1 % del error más probable estimado por el Tribunal en relación con los pagos en su conjunto. 3. Hacia la mejora en la gestión compartida por los Estados miembros Tal como se indica en la introducción, además de su carta, la Comisión facilitó tres anexos a cada Estado miembro: el anexo I es un cuestionario sobre los apartados del Informe que se refieren a cada uno de los Estados miembros; el anexo II es un cuestionario sobre las conclusiones de la auditoría que se refieren a cada Estado miembro y el anexo III un cuestionario sobre los resultados generales relacionados con la gestión compartida en la DAS relativa al ejercicio de 2011. En el caso de los anexos I y II, se solicitó a los Estados miembros, en su caso, que proporcionaran detalles de las medidas adoptadas para rectificar los errores, así como el calendario, el contenido y el resultado esperado. La presente sección del informe analiza las respuestas facilitadas por los Estados miembros a los anexos I, II y III en cuatro grandes apartados temáticos: 1) los controles de primer nivel, las normas nacionales y las auditorías de los sistemas, 2) las autoridades de auditoría, 3) la contratación pública y 4) la condicionalidad. La mayoría de las respuestas de los Estados miembros se recibieron dentro del calendario previsto[4]. Como en años anteriores, la calidad varía considerablemente de un Estado miembro a otro. En algunos casos las respuestas eran de muy alto nivel, mientras que, en otros, estaba claro, por la calidad de las respuestas, que se les había dedicado muy poco tiempo. Sin embargo, en general, casi todos los Estados miembros han notificado y descrito iniciativas de mejora ya adoptadas o que se adoptarán en el futuro. Algunos Estados miembros han reiterado su compromiso de colaborar con la Comisión y con el Tribunal, a fin de garantizar la buena gestión financiera de los fondos de la UE[5]. Por ejemplo, las tres cuartas partes de los Estados miembros han manifestado su interés en que se amplíen las reuniones tripartitas (que ya existen en el ámbito de la política de cohesión) al desarrollo rural[6] (véase el gráfico 1.2, que proporciona información relativa a la pregunta 5 del anexo III del cuestionario). Esa iniciativa sobre reuniones tripartitas coincide también con la recomendación del Consejo relativa a la aprobación de la gestión del ejercicio 2011[7]. Gráfico 1.2 Por lo que se refiere al capítulo 5 -Política regional, energía y transportes-, y al capítulo 6 -Empleo y asuntos sociales-, se organizan periódicamente reuniones tripartitas con el Tribunal, la Comisión y los Estados miembros. En lo que concierne a esos capítulos, las reuniones han demostrado ser un gran éxito en lo que se refiere a evitar las contradicciones referentes a la evaluación de errores. En el caso de la agricultura y el desarrollo rural, solo se organizó una reunión en 2012. ¿Estaría su Estado miembro interesado y dispuesto a participar en reuniones tripartitas sobre los capítulos de la agricultura y el desarrollo rural? 3.1 Controles de primer nivel, normas nacionales y auditorías de sistemas. Por lo que se refiere a los controles de primer nivel y a las normas nacionales, el Tribunal observó, en su informe, ciertas carencias en los controles realizados por las autoridades nacionales e identificó algunos casos en los que las autoridades nacionales no habían examinado si efectivamente los costes reclamados se ajustaban a las normas aplicables. En cuanto a la política regional, por ejemplo, el Tribunal considera que en el 62 % de las operaciones afectadas por error «se disponía de suficiente información para que las autoridades de los Estados miembros detectasen y corrigiesen al menos alguno de los errores antes de certificar el gasto a la Comisión»[8]. En el ámbito de la política de empleo y asuntos sociales, el Tribunal hace una observación similar respecto al 76 % de las transacciones afectadas por errores[9]. En el ámbito del desarrollo rural, el Tribunal constató que cuatro de las seis autoridades nacionales auditadas no habían controlado de modo efectivo si los costes aducidos eran razonables y que los organismos pagadores no siempre habían llevado a cabo correctamente los controles sobre el terreno[10]. Además, el Tribunal señala que el incumplimiento de las normas nacionales constituye uno de los riesgos a los que se enfrenta la regularidad de los pagos[11]. Por lo que respecta a la adecuación de los controles de primer nivel, los Estados miembros aportan una gran variedad de respuestas. Austria y Bélgica señalan que, en todos los casos, esos controles fueron satisfactorios, y Austria destaca como prueba el hecho de que los tipos de error giran en torno al umbral de importancia relativa de los dos programas del Fondo Social Europeo (FSE) auditados por las autoridades nacionales[12]. Dos Estados miembros (Finlandia y Letonia) afirman que las complejas normas legislativas y de admisibilidad dieron lugar ocasionalmente a diferentes interpretaciones que, a su vez, influyeron en la calidad de los controles de primer nivel[13]. Eslovaquia y Finlandia citan la rotación de personal, con la consiguiente pérdida de conocimientos, como un factor que contribuyó a la inadecuación de los controles de primer nivel[14]. Por último, Grecia resume la situación afirmando que «las razones son complejos y dependen, sobre todo, de quién lleva a cabo el control de primer nivel. Los controles de primer nivel son realizados bien por las autoridades administrativas, bien por los órganos intermedios autorizados a tal fin y que tienen una forma diferente»[15]. Más de la mitad de los Estados miembros están de acuerdo en que es necesario simplificar las normas nacionales a fin de reducir la carga administrativa y, por consiguiente, reducir el número de errores. No obstante, los Estados miembros indican que las Directivas de la UE deben también simplificarse, al objeto de contribuir a una reducción de los errores. Luxemburgo resume la situación en la siguiente declaración: «las normas nacionales siempre pueden simplificarse, pero sería de agradecer que antes se simplificaran las normas establecidas en las Directivas (de la UE)»[16]. Finalmente, en respuesta a una pregunta sobre las auditorías de sistemas de los controles de primer nivel (véase la pregunta 2 del cuestionario del anexo III y el gráfico 1.3) algo más del 40 % de los Estados miembros señalan que, en algunos casos, estaban ya realizando tales auditorías. A título de ejemplo, Dinamarca señala que, tanto en la política regional como en el desarrollo rural, la Autoridad Danesa de Auditoría de las Empresas y la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Danesa Agrifish, respectivamente, habían realizado auditorías de sistemas. En el caso de la «Agencia Danesa Agrifish», la Unidad de Auditoría Interna ya había llevado a cabo una auditoría de los regímenes de los grupos de acción local en virtud del Programa de las Zonas Rurales e iba a realizar una auditoría de seguimiento del mismo programa en 2013[17]. Lituania, Letonia, la República Checa y Grecia indican que las auditorías de sistemas eran ya parte integrante de su calendario de auditoría y que se llevan a cabo de modo regular[18]. Otros Estados miembros llegan a la conclusión de que no eran necesarias auditorías específicas de sistemas, ya que su estrategia de auditoría es global. Alemania manifiesta que las auditorías de controles de primer nivel ya eran parte integrante de las auditorías de sistemas y que las zonas de riesgo específicas pueden comprobarse por separado[19]. Eslovaquia resume su situación en términos similares[20]. Las carencias en los controles de primer nivel y, en particular, las infracciones a la normativa nacional en materia de admisibilidad han contribuido a la tasa de error en el ámbito de la política de cohesión. La Comisión está animando activamente a los Estados miembros a abordar el problema y ha adoptado una serie de medidas, entre ellas el apoyo a las autoridades nacionales en sus esfuerzos de simplificación, y el apoyo a las autoridades de gestión y de control. Además, está también realizando una auditoría temática basada en el riesgo sobre la eficacia de los controles de primer nivel. Gráfico 1.3 El Tribunal recomienda que la Comisión anime a las autoridades responsables de las auditorías «a llevar a cabo auditorías de sistemas específicas relativas a los "controles de primer nivel" realizados por las autoridades de gestión y los organismos intermedios» (véase, por ejemplo, el capítulo 5.73, recomendación 4). ¿Tiene previsto su Estado miembro llevar a cabo auditorías de sistemas adicionales y específicas en este ámbito? 3.2 Autoridades de auditoría En el Informe Anual de 2011, el Tribunal ofrece resultados de las evaluaciones de las autoridades de auditoría (AA) de siete Estados miembros. El Tribunal examina diversas facetas de los métodos de trabajo de la AA, incluidas las disposiciones organizativas, los documentos de trabajo, los informes anuales de control y los dictámenes. Las conclusiones de esas evaluaciones son que cuatro AA eran «eficaces», dos eran «parcialmente eficaces» y una «no era eficaz». Entre los ámbitos indicados por el Tribunal como susceptibles de mejora, cabe señalar las listas de control, el control de la calidad de las auditorías y la metodología de las mismas[21]. Así pues, el Tribunal recomienda que la Comisión proporcione orientaciones adicionales a las AA, en particular sobre los métodos de muestreo y que se anime a las AA a llevar a cabo más auditorías de sistemas[22]. En general, los Estados miembros cuyas AA fueron evaluadas negativamente por el Tribunal y que han proporcionado una respuesta indican que ya habían adoptado, o estaba en curso de adopción, medidas destinadas a corregir los fallos detectados. La República Checa, por ejemplo, señala que: «la evaluación negativa de la República Checa se basa en una evaluación de la situación en 2011, incluido un sistema que se creó originalmente en 2007 (y que, posteriormente, fue aprobado por la CE y por la empresa de auditoría PricewaterhouseCoopers). En el momento de la auditoría del Tribunal, ya se había iniciado el trabajo destinado a modificar ese sistema, a raíz de un acuerdo con la CE»[23]. Además, el Estado miembro hizo otro comentario respecto a la selección de la muestra por el Tribunal, indicando que: «el Informe del Tribunal de Cuentas no se basa en una muestra representativa de proyectos de todos los programas operativos de la República Checa (sino solo del programa operativo de transporte y del programa operativo regional del sudeste). Los auditores del Tribunal auditaron los 8 proyectos, 4 de ellos de cada uno de los programas operativos. La autoridad de auditoría examina cada año 650 proyectos de todos los programas operativos. Así pues, las conclusiones extraídas por los auditores del Tribunal sobre la base de esta muestra insignificante no son concluyentes (en particular desde un punto de vista estadístico), por lo que se refiere al sistema de control financiero y de auditoría utilizado para todos los programas operativos de la República Checa»[24]. Rumanía declara que, a la luz de las observaciones del Tribunal, sus principales AA habían revisado las conclusiones preliminares del Tribunal y expresado su voluntad de participar en una reunión tripartita (TCE, CE y AA) a fin de «presentar al TCE las medidas que se adopten respecto a las cuestiones que los auditores del Tribunal consideran que necesitan algunas mejoras.» Tal reunión tripartita se celebró en junio de 2012 y resultó de utilidad para aclarar cuestiones importantes[25]. En general, los Estados miembros han indicado que, en caso necesario, las AA tienen como objetivo mejorar continuamente la calidad de su trabajo, con el fin de garantizar que los resultados están en consonancia con las recomendaciones del Tribunal en su Informe de 2011. 3.3 Contratación pública En su informe de 2011, el Tribunal señala a la contratación pública como una de las principales fuentes de error. En el ámbito de la política regional, el Tribunal detectó la no conformidad con las normas de contratación en el 25 % de las 180 operaciones auditadas. Además, en 9 % de las operaciones fiscalizadas se detectaron graves incumplimientos de las normas, lo que representa el 44 % de todos los errores cuantificables en dicho ámbito político[26]. Del mismo modo, en los ámbitos «Desarrollo rural» y «Empleo y asuntos sociales», el incumplimiento de las normas de contratación contribuyó a la tasa de error[27]. Los Estados miembros reconocen la importancia de los errores en la contratación y continúan buscando medidas para remediar la situación. Hungría, por ejemplo, declara: «En los últimos tiempos, hemos realizado avances significativos en la supervisión de la contratación pública. Desde el 8 de diciembre de 2010, está en funcionamiento en la Agencia Nacional de Desarrollo un sistema centralizado de auditoría de la contratación pública. Se ha creado una unidad especializada, el Departamento de Supervisión de la Contratación Pública con la responsabilidad principal de realizar auditorías obligatorias ex ante y ex post de la contratación pública, de elaborar directrices y de supervisar los controles de primer nivel realizados por las organizaciones intermediarias en el caso de los contratos públicos con un bajo valor contractual[28].» España ha proporcionado también información sobre las medidas adoptadas para mejorar los procedimientos de contratación. En el ámbito de la política regional, cinco notificaciones de constataciones preliminares dirigidas al Estado miembro afectaban a las conclusiones relativas a la contratación pública. España señala que, en cuatro de los cinco casos, ya había tomado medidas concretas para mejorar la situación y que se habían reforzado los procedimientos en este ámbito o se habían introducido otros nuevos. El quinto caso era un problema menor de conformidad sin implicaciones financieras[29]. Siete Estados miembros -Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Lituania, Luxemburgo y Polonia-, señalan tres factores principales que contribuyen a los errores en la contratación[30]. Se trata de 1) la complejidad de las normas nacionales de contratación pública, 2) la complejidad de las Directivas de la UE sobre contratación pública y 3) la falta de controles de primer nivel. Luxemburgo indica además que los procedimientos de contratación representan un reto especial para los jefes de proyecto que, a menudo, carecen de experiencia en este ámbito[31]. Otros Estados miembros sugieren que las razones de los errores en la contratación son incluso más específicas. La República Checa comenta que «la principal causa de los errores (en materia de contratación pública) es la ambigua redacción de la normativa de la contratación pública y las diferentes perspectivas de los órganos de contratación respecto a esas disposiciones a que ello da lugar»[32]. Los Estados miembros continúan esforzándose por mejorar la aplicación de las normas y procedimientos de contratación pública. La Comisión es plenamente consciente de los desafíos a los que los Estados miembros se enfrentan en lo que se refiere a la contratación pública y, en diciembre de 2011, presentó una propuesta de modificación de la actual Directiva sobre contratación pública. La propuesta se está debatiendo actualmente en el Parlamento y el Consejo. Ya se ha llegado a un consenso sobre los principales elementos de la propuesta de la Comisión, incluidas las medidas de lucha contra el fraude, la simplificación y una mayor flexibilidad de las normas y los procedimientos. 3.4. Condicionalidad En su Informe Anual de 2011, el Tribunal incluyó por primera vez los errores de condicionalidad en el cálculo del índice de error tanto en «Desarrollo rural» como en «Agricultura: medidas de mercado y ayudas directas». En ambos ámbitos políticos, el Tribunal se centró en ciertas BCAM (buenas condiciones agrarias y medioambientales) y ciertos requisitos legales de gestión (RLG) y detectó algunos errores. En «Agricultura: medidas de mercado y ayudas directas», la fiscalización del Tribunal examinó también el diseño y la aplicación de los sistemas de condicionalidad en seis Estados miembros y concluyó que, de los sistemas auditados, uno era eficaz, cuatro eran parcialmente eficaces y uno no era eficaz[33]. En «Desarrollo rural» en particular, se detectaron infracciones de condicionalidad en 26 de los 73 pagos examinados por el Tribunal. Además, el Tribunal observó también problemas importantes relativos a la aplicación de los requisitos de condicionalidad en materia de identificación y registro de animales[34]. Todos los Estados miembros cuyos sistemas de condicionalidad fueron auditados y en los que el Tribunal observó carencias facilitaron respuestas a esa conclusión. Todos ellos subrayan la importancia del calendario de las comprobaciones y las posibles dificultades que ello implicaba. Finlandia señala que: «en Finlandia, las condiciones climáticas imponen limitaciones al calendario de algunos controles de condicionalidad sobre el terreno. Por ejemplo, el control sobre el terreno de las BCAM y de los RLG deben realizarse durante la temporada en la que se lleva a cabo el trabajo de cultivo en las explotaciones; en otras palabras, en la práctica, los controles se llevan a cabo principalmente entre junio y octubre»[35]. Dinamarca declara que las comprobaciones de la condicionalidad se ponen en marcha al principio del año, mientras que España señala que sus comprobaciones se realizan a lo largo de todo el año[36]. Italia ha estudiado la adaptación de «la programación de los controles de 2013 para ajustarse a las observaciones del Tribunal»[37] y, por último, Hungría parece no estar segura del impacto del calendario[38]. Además, algunos Estados miembros exponen otras posibles razones de los errores de condicionalidad (véase el gráfico 1.4 con detalles de las razones aducidas por los Estados miembros para el incumplimiento de la condicionalidad). Malta y Letonia por ejemplo, declaran que los requisitos de condicionalidad no son lo suficientemente claros y Malta añade que «los beneficiarios presentan sus solicitudes para determinadas medidas con la intención de beneficiarse de la financiación pero hacen pocos esfuerzos por enterarse de las obligaciones que adquieren con ello»[39]. Por último, Irlanda[40] señala que algunos Estados miembros pueden considerar que algunas infracciones son poco importantes y que, por lo tanto, no dan lugar a ninguna reducción. Irlanda cita también posibles problemas de comunicación entre el organismo especializado y el organismo pagador como razón de los errores de condicionalidad. Gráfico 1.4 En el capítulo «Desarrollo rural, medio ambiente, pesca y salud» (Apartado 4.32), el Tribunal de Cuentas constató que el incumplimiento de los requisitos de condicionalidad en tres de los seis Estados miembros auditados no siempre dio lugar a las necesarias reducciones de los pagos. En su opinión, ¿a qué se debió?: Con el fin de mitigar el riesgo inherente de errores en la condicionalidad, la Comisión propone, en su reciente propuesta para la Política Agrícola Común después de 2013, una mayor simplificación y racionalización de las normas de condicionalidad y de los controles respectivos[41]. 4. Conclusión La gran mayoría de las respuestas de los Estados miembros indican que los órganos competentes de los Estados miembros llevan a cabo un cuidadoso seguimiento de las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo. Los Estados miembros están de acuerdo en que unos controles de primer nivel que funcionen bien son fundamentales y que están en curso medidas correctivas, en particular en lo que respecta a los resultados obtenidos por las autoridades de auditoría. Las carencias y los errores detectados por el Tribunal muestran también que la simplificación es un proceso global que afecta tanto a las normas europeas como nacionales, aunque a veces, es difícil valorar la diferencia entre todas las normas aplicables. La Comisión desempeña un papel activo en este ámbito: en diciembre de 2011, presentó propuestas ambiciosas en lo que respecta a las normas de contratación pública que se están discutiendo actualmente en el Parlamento Europeo y el Consejo. Ya se ha llegado a un consenso sobre los principales elementos de la propuesta de la Comisión, incluidas las medidas de lucha contra el fraude, la simplificación y una mayor flexibilidad de las normas y procedimientos. De manera más general, la Comisión ha establecido una serie de medidas que incluyen el apoyo a las autoridades nacionales en sus esfuerzos en pro de la simplificación y el apoyo a las autoridades de gestión y de control. Además, también está realizando una auditoría temática sobre la eficacia de los controles de primer nivel. Por lo que se refiere en concreto al desarrollo rural, la Comisión elaboró un plan de acción que incluye medidas tales como una mejor información, formación y nuevas directrices para los beneficiarios y las administraciones, así como un plan de auditoría más riguroso. Además, la Comisión ha enviado una carta a todos los Estados Miembros, en la que solicita que se adopte, entre otras cosas, un conjunto concreto de acciones destinadas a reducir los errores y que refuercen las medidas preventivas para reducir el riesgo de errores en la futura aplicación de los programas de desarrollo rural. Por último, la Comisión acoge con satisfacción el hecho de que los Estados miembros reiteran su compromiso de colaborar con el Tribunal a fin de garantizar la buena gestión financiera de los fondos de la UE. Por ejemplo, las tres cuartas partes de los Estados miembros han manifestado su interés en que se amplíen las reuniones tripartitas (TCE, Estados miembros y Comisión) que ya existen en el ámbito de la política de cohesión, a la agricultura y el desarrollo rural. Anexo A ESTADO MIEMBRO || Fecha de envío Austria || 18.12.2012 Bélgica || 21.12.2012 Bulgaria || 14.12.2012 Chipre || 14.12.2012 República Checa || 14.12.2012 Dinamarca || 11.1.2013 Estonia || Finlandia || 13.12.2012 Francia || 18.12.2012 Alemania || 18.12.2012 Grecia || 17.12.2012 Hungría || 17.12.2012 Irlanda || 18.1.2013 Italia || 13.12.2012 Letonia || 27.12.2012 Lituania || 14.12.2012 Luxemburgo || 13.12.2012 Malta || 13.12.2012 Países Bajos || 14.12.2012 Polonia || 13.12.2012 Portugal || 13.12.2012 Rumanía || 14.12.2012 ESLOVAQUIA || 14.12.2012 ESLOVENIA || 13.12.2012 ESPAÑA || 13.12.2012 Suecia || 14.12.2012 Reino Unido || 28.1.2013 [1] Véase el anexo A del presente Informe, página 16. [2] El anexo II incluye las respuestas de los Estados miembros a las notificaciones individuales de las conclusiones preliminares y no se incluye en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, pero se pone a disposición del Tribunal. [3] Véase la nota a pie de página anterior. [4] Véase el anexo A del presente informe, página 16. [5] Documento de trabajo, p. 225. [6] Documento de trabajo. Véase las respuestas de los Estado miembros a la pregunta 5 del anexo III. [7] COMBUD 17/13, p. 10. [8] Informe Anual de 2011 del TCE, 5.29, p. 127. [9] Informe Anual de 2011 del TCE, 6.15, p. 155. [10] Informe Anual de 2011 del TCE, 4.26-4.29, pp. 104-105. [11] Informe Anual de 2011 del TCE, ejemplo 5.2, p. 130; 4.26, p. 104; 5.29, p. 127. [12] Documento de trabajo, pp. 164, 166. [13] Documento de trabajo, pp. 179, 192. [14] Documento de trabajo, pp. 179, 215. [15] Documento de trabajo, p. 185. [16] Documento de trabajo, p. 198. [17] Documento de trabajo, p. 176. [18] Documento de trabajo, pp. 195, 192, 173 y 185 [19] Documento de trabajo, p. 181. [20] Documento de trabajo, p. 215. [21] Informe anual de 2011 del TCE, 5.39-5.41, pp. 132-133 [22] Informe anual de 2011 del TCE, 5.73, pp. 143-144 [23] Documento de trabajo, p. 8. [24] Documento de trabajo, p. 11 [25] Documento de trabajo, p. 123 [26] Informe anual de 2011 del TCE, 5.32, p. 128. [27] Informe anual de 2011 del TCE, ejemplo 3.1, p. 78 y ejemplo 6.3 c, p. 157. [28] Documento de trabajo, p. 3. [29] Respuesta al anexo II en el que se mencionan declaraciones de resultados preliminares. [30] Documento de trabajo, pp. 164, 176, 180, 181, 195, 198 y 203. [31] Documento de trabajo, p. 198. [32] Documento de trabajo, p. 173. [33] Informe anual de 2011 del TCE, 3.9, p. 75; 4.16-4.18, p102 y 4.30-4.31, pp. 105-106. [34] Informe anual de 2011 del TCE, 4.17-4.18 p. 102. [35] Documento de trabajo, p. 113. [36] Documento de trabajo, pp. 112 y 113. [37] Documento de trabajo, p. 115. [38] Documento de trabajo, p. 113. [39] Documento de trabajo, p. 199, p192. [40] Documento de trabajo, p. 190. [41] Reglamento sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común (Reglamento horizontal), que incluye las normas de condicionalidad – COM(2011) 628 final/2.