Bruselas, 14.9.2006

COM(2006)473 final

2004/0172 (COD)

Propuesta modificada de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a la asistencia mutua administrativa a fin de proteger los intereses financieros de la Comunidad contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal

(presentada por la Comisión con arreglo al artículo 250, apartado 2 del Tratado CE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

1. El 20 de julio de 2004, la Comisión adoptó una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la asistencia mutua administrativa a fin de proteger los intereses financieros de la Comunidad contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal[1].

2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 25 de mayo de 2005[2].

3. El Tribunal de Cuentas Europeo emitió su dictamen el 27 de octubre de 2005[3].

Objetivo de la propuesta modificada

La lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Comunidad es una competencia compartida entre las Comunidad y los Estados miembros. En los casos de fraude transnacional especialmente complejos en el ámbito del IVA, las redes de delincuencia organizada blanquean el producto de la actividad delictiva aprovechándose de las libertadas que proporciona la integración europea. La presente iniciativa tiene por objeto crear un marco para una asistencia mutua administrativa, necesaria para reforzar la protección de los intereses financieros comunitarios. A estos efectos, los Estados miembros y la Comisión cooperarán, coordinarán, se proporcionarán asistencia mutua e intercambiarán información con objeto de contribuir a la rapidez de las investigaciones y a la ejecución de las medidas adecuadas.

La presente propuesta modificada incorpora enmiendas realizadas por el Parlamento Europeo y sugerencias presentadas por los Estados miembros que reaccionaron a la propuesta. El dictamen del Tribunal de Cuentas también se ha tenido debidamente en cuenta, pero no ha dado lugar a cambios específicos en el texto de la propuesta. El dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos[4] no sugirió ningún cambio relacionado con la protección de datos.

En virtud del presente Reglamento, la Comisión no obtiene poderes de investigación propios, sino que pone su ayuda (plataforma de servicios) a disposición de los Estados miembros.

La propuesta no aspira a controlar los servicios de los Estados miembros por lo que se refiere a sus competencias operativas específicas ni a introducir obligaciones generales de comunicación más allá del intercambio de información sobre casos de especial relevancia a nivel comunitario. Las formas y métodos concretos para el uso de la plataforma de servicios de la OLAF en la lucha contra el fraude en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad Europea quedan a la discreción de los Estados miembros (véase el nuevo artículo 5). Sin embargo, la presente propuesta establece una base jurídica inequívoca para el uso de la plataforma de servicios de la OLAF en apoyo de la cooperación con los servicios de otros Estados miembros participantes. El papel de la Comisión por lo que se refiere al apoyo operativo y de inteligencia es el de facilitador, es decir, plataforma de servicios para los servicios de los Estados miembros.

Modificaciones A RAÍZ DEL DICTAMEN SOBRE LAS ENMIENDAS ADOPTADAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO

El 23 de mayo de 2005, el Parlamento Europeo adoptó 12 enmiendas. La Comisión considera que un gran número de las enmiendas del Parlamento Europeo son aceptables íntegramente, en principio o en parte, pues mejoran su propuesta y mantienen los objetivos y la viabilidad política de la propuesta. Por otra parte, la Comisión también tiene en cuenta los resultados de las negociaciones de la propuesta en el grupo de trabajo de lucha contra el fraude del Consejo, así como el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo, al que se consultó de conformidad con el artículo 280, apartado 4, del Tratado CE.

Las modificaciones de la propuesta tienen los siguientes objetivos:

4. Tranquilizar a los Estados miembros en el sentido de que la propuesta no confiere nuevos poderes de investigación a la Comisión;

5. especificar la discrecionalidad de los Estados miembros en cuanto a las formas y métodos de cooperación;

6. señalar el papel de la Comisión como plataforma de servicios en contraposición a sus tareas de investigación;

7. aclarar el alcance de la ayuda mutua administrativa en virtud de la propuesta por lo que respecta a los gastos comunitarios directos e indirectos;

8. aclarar más la delimitación con el Derecho penal y otros instrumentos de cooperación administrativa (Reglamento 1798/2003/CE);

9. resaltar la función de coordinación de las oficinas centrales de enlace a nivel nacional (véase la supresión de la referencia a las Administraciones competentes en materia de impuestos especiales);

10. hacer más hincapié en el valor operativo añadido que la Comisión (OLAF) puede aportar;

11. señalar los elementos de una plataforma de servicios para los Estados miembros por lo que se refiere a la actividad de asistencia espontánea y de análisis de riesgo de la Comisión;

12. suprimir las disposiciones sobre la “vigilancia especial”, que contemplaban la vigilancia a raíz de una sospecha de irregularidades, ya fuera previa solicitud o sin necesidad de ella;

13. delimitar el ámbito del presente Reglamento y el papel de coordinación de la Comisión en relación con los terceros países;

14. aclarar hasta qué punto los Estados miembros pueden tener flexibilidad en la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Reglamento;

15. combinar la designación de las autoridades competentes por los Estados miembros con el establecimiento de una lista de dichas autoridades por la Comisión;

16. reforzar la posibilidad de recuperar los ingresos obtenidos ilegalmente, y la obligación de proporcionar información al respecto;

17. introducir disposiciones proporcionadas y disuasorias relativas a la recuperación;

18. despejar los recelos de los Estados miembros respecto a que sus servicios puedan verse obligados a realizar actividades que no pueden realizar conforme al Derecho nacional (se suprime el instrumento de vigilancia especial de la propuesta modificada; es decir, queda a la discreción de los Estados miembros la posibilidad de utilizar o no este instrumento particular);

19. poner de relieve que la información sobre transacciones sospechosas recabada por las unidades de información financiera de los Estados miembros a través de los mecanismos de información establecidos de conformidad con las directivas sobre blanqueo de dinero, no podrá utilizarse en virtud de la presente propuesta de Reglamento para perseguir el blanqueo de dinero, sino para recabar datos para que un indicador de información detecte la posible existencia de fraude comunitario que pueda requerir el inicio de la actividad de asistencia mutua administrativa;

20. confirmar una excepción para la obligación de cooperar por razones de orden público (véase el nuevo artículo 22).

OPINIÓN DE LA COMISIÓN RESPECTO DE LAS ENMIENDAS ADOPTADAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO

De forma más específica, la Comisión adopta la siguiente posición sobre cada enmienda:

La enmienda nº 1 relativa a una referencia al dictamen del SEPD[5] se ha aceptado con una ligera modificación.

Las referencias introductorias “visto” sólo hacen referencia a disposiciones primarias sobre el procedimiento legislativo. En cuanto a los considerandos, la referencia a las normas sobre protección de datos del artículo 286 del Tratado CE y en el Reglamento 45/2001 ya existe.

El considerando 13 queda modificado de la siguiente manera:

“… En la elaboración del presente Reglamento se ha tenido debidamente en cuenta el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos [6] ”

La enmienda nº 2 se ha incorporado en el artículo 3, apartado 1, como una aclaración adicional con una modificación de la redacción.

La tarea de la Comisión y de los Estados miembros de proteger los intereses financieros de la Comunidad no se limita al territorio comunitario:

“ 1. (…)

a) Irregularidad: el fraude (…), incluidas las irregularidades cometidas total o parcialmente en terceros países .”

La enmienda nº 3 relativa al artículo 3, apartado 1, letra a), inciso (i), se ha aceptado con una leve modificación que constituye una aclaración útil.

La redacción se ha revisado, sustituyendo “financiación” por “gastos”, pues no se trata de recursos propios sino de gastos comunitarios:

“…infracciones relativas a áreas de ingresos así como de gastos, ya estén éstos gestionados de forma centralizada por las instituciones, o ya sean objeto de gestión compartida, descentralizada o conjunta, (…)”

La enmienda nº 4 relativa al artículo 3, apartado 1, letra b), inciso (i), se ha aceptado con una modificación, que de esta forma proporcionaría una base para la asistencia mutua administrativa en el ámbito de los gastos directos también en los casos en los que no existe un contexto transnacional, lo que supone un importante elemento que falta actualmente en el marco legislativo. Se trataría por tanto de una modificación a la propuesta y no de una simple aclaración.

La Comisión ha adaptado el texto con la siguiente redacción:

“ (i) que — en el caso de las infracciones relativas a áreas de ingresos o de las infracciones contempladas en la letra a), inciso ii), de este artículo, y sin perjuicio de las infracciones cubiertas por la letra a), inciso iii), de este artículo — tenga o pudiera tener ramificaciones en otros Estados miembros o vínculos concretos con operaciones efectuadas en otros Estados miembros; y ”

La enmienda nº 5 relativa al artículo 3, apartado 1, letra b), inciso (ii), se ha aceptado.

“b) Irregularidades de interés particular a nivel comunitario: toda irregularidad:

(i) que (…), y

(ii) que , independientemente de si se ha descubierto en una única o en varias operaciones ligadas entre sí, se considere (…)”

La enmienda nº 6 relativa al artículo 4 se ha aceptado con una redacción modificada, con un alcance limitado al fraude transnacional del IVA y limitado a los funcionarios competentes, con el fin de mantener la coherencia con las disposiciones del Reglamento 1798/2003, y ha llevado a la introducción del artículo 4, apartado 4.

“ En el ámbito de las irregularidades en virtud del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso (ii), la Comisión y los funcionarios competentes designados conforme al Reglamento (CE) n° 1798/2003 podrán ponerse en contacto, cooperar o intercambiar información entre sí.

En los casos en que un funcionario competente o una autoridad competente distintos de los enumerados en el Reglamento (CE) n° 1798/2003 o una oficina central de enlace reciba o envíe una petición o una respuesta a una petición de ayuda en virtud del presente reglamento, informará a la oficina central de enlace de su Estado miembro .”

La enmienda nº 7 se ha incorporado modificada en el artículo 4, apartado 3.

Un amplio registro de las autoridades competentes de conformidad con el reglamento propuesto tendría un gran valor añadido. Sin embargo, este registro no puede establecerlo la Comisión por sí sola, sino que necesita la cooperación de los Estados miembros, que deberán proporcionar a la Comisión la información necesaria. Esta medida permitirá a los Estados miembros aumentar la sensibilización de las autoridades competentes, con total transparencia. El uso práctico de su publicación en Internet no es evidente. Es necesaria una actualización regular, que exige que los Estados miembros proporcionen la información necesaria.

“Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión información sobre sus autoridades competentes conforme al presente Reglamento, y actualizarán dicha información. Sobre la base de esta información, la Comisión publicará un registro que se actualizará regularmente para su uso por las autoridades de los Estados miembros.”

La enmienda nº 8 relativa al artículo 11 no se ha aceptado .

La enmienda propuesta por el Parlamento Europeo, relativa al deber de información de los Estados miembros a la Comisión en virtud de la presente propuesta por lo que respecta a los suministros de mercancías en virtud del sistema de intercambio de información del IVA conforme al Reglamento 1798/2003, iría más allá del marco establecido por este último Reglamento.

La enmienda nº 9 relativa al artículo 18 se ha aceptado con una redacción modificada.

Como la Comisión (OLAF) está mejor situada para coordinar la cooperación con los terceros países, esta enmienda se incorpora a la propuesta con una redacción modificada. El papel de coordinación sólo puede atribuirse a la Comisión como tal, y no a la OLAF sobre la base de un Reglamento adoptado por el PE y el Consejo, pues esto interferiría con la autonomía organizativa de la Comisión.

“La información obtenida por un Estado miembro o por la Comisión de un tercer país y regulada por lo dispuesto en el presente Reglamento se transmitirá a las autoridades competentes de un Estado miembro y a la Comisión cuando pueda permitirles prevenir o combatir irregularidades. Por lo que respecta al intercambio de tal información, la Comisión desempeñará un papel de coordinación .”

La enmienda nº 10 relativa a la introducción de un nuevo artículo sobre la modificación de las obligaciones legales existentes no se ha aceptado.

El Reglamento propuesto no afectará al Reglamento 1798/2003 y no cubre el Derecho penal. Por tanto, el Reglamento propuesto no puede hacer referencia a las enmiendas al Reglamento (CE) n° 1798/2003 y a la Decisión 2000/642/JAI.

La enmienda nº 11 relativa a la introducción de una nueva disposición sobre la recuperación se ha aceptado con una redacción modificada.

Esta enmienda aspira a dar la posibilidad de utilizar la información financiera del sector de la lucha contra el blanqueo de dinero para facilitar el éxito de las medidas de recuperación en una fase previa. Por tanto, complementa - en la medida en que se encuentra en el ámbito de esta propuesta - las normas sobre recuperación conforme a la Directiva CEE 76/308[7] modificada por la Directiva 2001/44[8].

Las enmiendas propuestas 11 y 12 deben contemplarse en el contexto de la resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude (n° 9, 11, 12, 24, 25, 28)[9]. Estas disposiciones pueden completar y desarrollar, pero no afectan a las normas de los Estados miembros sobre recuperación en el ámbito de los derechos de aduana, las exacciones reguladoras agrícolas y el IVA (Directiva 76/308 modificada por la Directiva 2001/44). Deben estar alineadas con las normas correspondientes del tercer pilar y no afectarán a los derechos fundamentales, en especial el derecho de propiedad.

El texto de la propuesta se ha modificado de la siguiente manera:

“CAPÍTULO 3

FACILITACIÓN DE LA RECUPERACIÓN

ARTÍCULO 20

Obligación de proporcionar información

1. Con el fin de facilitar la recuperación de los ingresos resultantes de irregularidades, la autoridad requerida recabará, de conformidad con la ley nacional de las instituciones y personas mencionadas en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2005/60/CE, la información financiera pertinente destinada a facilitar la aplicación de las medidas mencionadas en el artículo 20 del presente Reglamento. El intercambio de información conforme al presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las normas sobre cooperación entre las unidades de información financiera conforme a la Decisión del Consejo 2000/642/JAI.

2. La autoridad requirente resumirá los hechos pertinentes en una declaración, incluyendo las razones de la sospecha grave de irregularidad. Cuando sean consultadas por las autoridades de su Estado miembro con vistas a recabar la información pertinente, las instituciones y las personas mencionadas en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2005/60/CE se asegurarán de que se mantenga la confidencialidad de esta información.”

La enmienda nº 12 relativa a la introducción de una nueva disposición sobre la recuperación ha sido aceptada con algunas modificaciones. A raíz de la definición de fraude grave en el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas[10] a que hace referencia la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo[11], los Estados miembros aplicarán medidas específicas, incluidas medidas administrativas adecuadas contra el fraude y el blanqueo de capitales, tales como la recuperación, al menos de los importes superiores a los 50.000 euros.

El texto de la propuesta se ha modificado de la siguiente manera:

“Artículo 21

Medios de recuperación

1. Para garantizar la recuperación efectiva, los Estados miembros, a petición de las autoridades competentes, tomarán las medidas necesarias para congelar, incautar y confiscar, de acuerdo con el Derecho nacional, todo ingreso obtenido ilegalmente procedente de irregularidades. Esta disposición se aplicará a los ingresos superiores a 50.000 EUR procedentes de cualquier irregularidad, o a bienes, según lo mencionado en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2005/60/CE, cuyo valor corresponda al de los productos del delito.

2. Las medidas mencionadas en el apartado 1 podrán imponerse a una persona natural o jurídica que haya cometido o sea sospechosa de haber cometido una irregularidad, o que haya contribuido a la misma. Estas medidas también podrán aplicarse a las personas naturales o jurídicas que se hayan beneficiado de los ingresos procedentes de la irregularidad.”

CONCLUSIÓN

Visto el artículo 250, apartado 2, del Tratado CE, la Comisión modifica su propuesta del siguiente modo:

2004/0172 (COD)

Propuesta modificada de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a la asistencia mutua administrativa a fin de proteger los intereses financieros de la Comunidad contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 280, apartado 4,

Vista la propuesta de la Comisión[12],

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas[13],

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado,

Considerando lo siguiente:

21. La Comunidad y los Estados miembros otorgan gran importancia a la protección de los intereses financieros de la Comunidad y a la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad.

22. El marco comunitario de asistencia mutua debe permitir una cooperación estrecha y periódica entre las autoridades competentes de los Estados miembros, así como entre éstas y la Comisión, a fin de proteger los intereses financieros de la Comunidad en todos los ámbitos de sus recursos financieros y de su gasto.

23. Lo dispuesto en el presente Reglamento no afecta a la realización de investigaciones por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en virtud de sus competencias de investigación y de conformidad con las garantías previstas en el Reglamento (CE) n° 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)[14]. El ámbito del presente Reglamento debe limitarse a determinadas formas de asistencia, intercambio de información y coordinación que pueden preceder, seguir o acompañar a las actividades de investigación de la OLAF . La Comisión deberá prestar ayuda a las autoridades de los Estados miembros facilitando su cooperación y los intercambios de información, y generando alertas para analizar y prevenir los riesgos de fraude y cualquier otra irregularidad en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad Europea. Las autoridades de los Estados miembros deberán contar con un cierto grado de discrecionalidad en cuanto a las medidas que deben adoptarse para la protección de los intereses financieros de la Comunidad, dependiendo de lo que sea necesario para la eficacia del Derecho comunitario en el ámbito en cuestión.

24. La introducción de nuevas medidas comunitarias no debe afectar a la aplicación del Derecho penal nacional ni a las normas relativas a la asistencia mutua en materia penal o a la administración de justicia en los Estados miembros.

25. En la medida en que el intercambio de información sobre transacciones sospechosas según lo previsto en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo [15] , complementada por el Reglamento (CE) nº 1889/2005 [16] , de 26 de octubre de 2005 , relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad puede contribuir a la detección del fraude en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad, deberán aplicarse estas normas sobre asistencia mutua administrativa conforme al presente Reglamento.

26. La lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecten a los intereses financieros de la Comunidad requiere una mayor coordinación en el ámbito comunitario, así como una cooperación pluridisciplinar con las autoridades de los Estados miembros en el ámbito del fraude y demás actividades ilegales, las cuales, en buen número de casos, poseen vínculos con las estructuras de la delincuencia organizada y van en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad. El presente Reglamento debe apoyar una mayor cooperación entre todas las autoridades competentes de los Estados miembros, así como entre éstas y la Comisión.

27. En la lucha contra el fraude del impuesto sobre el valor añadido, las oficinas centrales de enlace de los Estados miembros, según lo mencionado en el Reglamento (CE) n° 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 218/92 [17] , desempeñan un papel de coordinación en la cooperación contra el fraude. En la medida en que la ayuda para la detección y la prevención de irregularidades puede requerir una cooperación directa con las autoridades y agentes regionales y locales responsables de la lucha contra el fraude, toda la información comunicada deberá notificarse paralelamente a las oficinas centrales de enlace.

28. El presente Reglamento no debe afectar a la legislación comunitaria que establece una cooperación de carácter más amplio o más específico entre los Estados miembros, así como entre éstos y la Comisión, y, en particular, el Reglamento (CE) nº 515/97 del Consejo de 13 de marzo de 1997 relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria[18], y el Reglamento (CE) n° 1798/2003, de 7 de octubre de 2003 , relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 218/92[19].

29. El intercambio de información es un elemento clave en la lucha contra el fraude y demás actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Comunidad. La información comunicada por los Estados miembros a la Comisión debe ser utilizada por ésta a fin de elaborar un panorama global del fenómeno en toda Europa para, a continuación, ponerla a disposición de los Estados miembros.

30. El fraude y demás actividades ilegales que afecten a de los intereses financieros de la Comunidad, en particular en casos trasnacionales, en los que, a menudo, intervienen mecanismos internacionales de delincuencia organizada presentes en dos o más Estados miembros, pueden prevenirse y combatirse con la máxima eficacia si la información de carácter operativo, estadístico o general se analiza y somete a un análisis de riesgo a nivel europeo, empleando para ello la capacidad de inteligencia y análisis de riesgo de que dispone la Comisión, así como la OLAF.

31. La lucha contra el fraude y demás actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Comunidad requiere asimismo un seguimiento coherente; por consiguiente, la información recopilada o comunicada por la Comisión debe poder admitirse como elemento de prueba en procedimientos administrativos y judiciales.

32. En aras de una fructífera cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión, es necesario facilitar el intercambio de información respetando la confidencialidad de los datos amparados por el secreto profesional y garantizando que los datos personales tratados con arreglo a las nuevas disposiciones gocen de una protección adecuada.

33. Deben tenerse en cuenta las normas sobre protección de datos aplicables a las instituciones comunitarias que figuran en el artículo 286 del Tratado y en el Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[20], así como las normas aplicables a los Estados miembros con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[21]. E n la elaboración del presente Reglamento se ha tenido debidamente en cuenta el dictamen del S upervisor Europeo de Protección de Datos [22] .

34. Deberán adoptarse las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión[23].

35. Dado que los objetivos de la medida propuesta, a saber, la lucha contra el fraude y demás actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Comunidad, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros actuando individualmente y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a las dimensiones o efectos de la medida, a nivel comunitario, esto es, a través de la cooperación de los Estados miembros y de la Comisión, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

36. El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Título I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Objeto

El presente Reglamento establece el marco legal de la asistencia mutua administrativa, incluyendo, en particular , el intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros y entre dichas autoridades y la Comisión a fin de garantizar una protección equivalente y eficaz de los intereses financieros de la Comunidad frente al fraude y demás actividades ilegales.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará en caso de fraude o de cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad y presente interés particular a nivel comunitario.

Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán asimismo utilizar los instrumentos de la asistencia mutua administrativa establecidos por el presente Reglamento en otras circunstancias cuando consideren necesario dicho intercambio de información y asistencia a nivel comunitario a fin de combatir el fraude y demás actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Comunidad.

2. Lo dispuesto en el presente Reglamento no se aplicará en la medida en que la legislación comunitaria establezca una cooperación más específica entre los Estados miembros, así como entre éstos y la Comisión, o contemple un acceso más amplio a la información por parte de la Comisión.

En particular, el presente Reglamento no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) n° 515/97. No afectará a la cooperación entre los Estados miembros con arreglo al Reglamento (CE) n° 1798/2003 relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 218/92[24] .

3. El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) n° 1073/1999.

4. El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Derecho penal nacional ni de las normas relativas a la asistencia mutua en materia penal o a la administración de justicia en los Estados miembros.

5. La obligación de proporcionar asistencia establecida en el presente Reglamento no incluye la comunicación de información o de documentos obtenidos por las autoridades administrativas cuando éstas actúen con la autorización o a petición de la autoridad judicial.

Sin embargo, en caso de solicitud de asistencia, dicha información o documentos deberán facilitarse siempre que la autoridad judicial, que deberá ser consultada a este efecto, dé su consentimiento.

Artículo 3 Definiciones

1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)1. Irregularidad: el fraude o cualquier otra actividad ilegal de interés particular a nivel comunitario que afecte a los intereses financieros de la Comunidad, incluidas las irregularidades cometidas total o parcialmente en terceros países , y en particular:

(i)a) infracciones relativas a áreas de ingresos así como de gastos, ya estén éstos gestionados de forma centralizada por las instituciones, o ya sean objeto de gestión compartida, descentralizada o conjunta, incluida toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico, incluidas las violaciones de contratos celebrados en virtud de disposiciones de Derecho comunitario, toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico, incluidas las violaciones de contratos celebrados en virtud de disposiciones de Derecho comunitario, que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de la Comunidad o a los presupuestos administrados por ésta, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de la Comunidad, bien mediante un gasto indebido ;

(ii)b) toda infracción a la normativa en materia de impuesto sobre el valor añadido (IVA) contemplada en la Directiva del Consejo 77/388/CEE[25] que tenga o tendría por efecto reducir los recursos propios de la Comunidad a efectos de lo dispuesto en el Reglamento del Consejo (CEE, Euratom) n° 1553/89[26], o

(iii)c) el blanqueo de capitales a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva 91/308/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo [27] en relación con el producto de las infracciones contempladas en los incisos i) y ii) de este apartado que constituyan fraude o corrupción en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad, complementada por el Reglamento (CE) 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad [28] el blanqueo de capitales a efectos de lo dispuesto en el punto c) del artículo 1 de la Directiva 91/308/CEE del Consejo[29] en relación con el producto de las infracciones contempladas en las letras a) y b).

b)2. Irregularidades de interés particular a nivel comunitario: toda irregularidad:

(i)a) que — en el caso de las infracciones relativas a áreas de ingresos o de las infracciones contempladas en la letra a), inciso ii), de este artículo, y sin perjuicio de las infracciones cubiertas por la letra a), inciso iii), de este artículo— tenga o pudiera tener ramificaciones en otros Estados miembros o vínculos concretos con operaciones efectuadas en otros Estados miembros y

(ii)b) que, independientemente de si se ha descubierto en una única o en varias operaciones ligadas entre sí, ocasione a los Estados miembros afectados un perjuicio fiscal de un importe global estimado en más de 500 000 euros en el ámbito del IVA o que ocasione a los intereses financieros de la Comunidad un perjuicio estimado en un mínimo de 100 000 euros en los demás casos contemplados en el presente Reglamento. En caso de blanqueo de capitales, el umbral se aplicará a la presunta infracción ; al delito subyacente y

(ii) que tenga o pudiera tener ramificaciones en otros Estados miembros o vínculos concretos con operaciones efectuadas en otros Estados miembros, o

(iii) que afecte a áreas de ingresos así como de gastos, ya estén éstos gestionados de forma centralizada por las instituciones, o ya sean objeto de gestión compartida, descentralizada o conjunta.

c)3. Legislación relativa al IVA: toda disposición comunitaria que regule el impuesto sobre el valor añadido, así como las disposiciones legales y reglamentarias adoptadas por los Estados miembros a fin de dar cumplimiento a dichas disposiciones comunitaria:

d)4. Autoridad requirente: la autoridad competente que formule una solicitud de asistencia;

e)5. Autoridad requerida: la autoridad competente a la que se dirija una solicitud de asistencia mutua.

f) Oficina central de enlace: oficina designada de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 1798/2003, cuya principal responsabilidad son los contactos con otros Estados miembros en materia de cooperación administrativa.

g) Servicio de enlace: cualquier oficina, distinta de la oficina central de enlace, con competencia territorial específica o responsabilidad operativa especializada, que haya sido designada por la autoridad competente conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3 del Reglamento (CE) nº 1798/2003 para intercambiar directamente información con arreglo a dicho Reglamento;

h) F uncionario competente: todo funcionario que pueda intercambiar directamente información con arreglo al Reglamento (CE) n° 1798/2003, por haber sido autorizado para ello en virtud del artículo 3, apartado 4 de dicho Reglamento.

i)6. Investigación administrativa: todos los controles, comprobaciones y acciones emprendidas por las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones a fin de determinar si se han cometido irregularidades, exceptuadas las acciones emprendidas a instancia de una autoridad judicial o bajo el control directo de ésta.

j)7. Información financiera: toda información relativa a operaciones sospechosas recibida por los puntos de contacto nacionales competentes con arreglo a la Directiva 2005/60/CE , así como cualquier otra información pertinente con vistas a identificar las operaciones financieras vinculadas a irregularidades contempladas en el presente Reglamento.

k)8. Autoridades competentes: las autoridades nacionales o comunitarias contempladas en el artículo 4, apartado 1.

2. Los umbrales recogidos en el punto 2 b) apartado 1, letra b), inciso (i), de este artículo podrán incrementarse con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 24 , apartado 2.

Artículo 4 Autoridades competentes

1. En la cooperación prevista en el presente Reglamento participarán las siguientes autoridades competentes, las cuales actuarán en sus respectivos ámbitos de competencia:

(a) Las autoridades de los Estados miembros:

(i) directamente responsables de la gestión de fondos procedentes del presupuesto comunitario y designados como tales en las disposiciones pertinentes de Derecho comunitario y de Derecho nacional; ó

(ii) responsables, en virtud de las disposiciones administrativas de Derecho nacional pertinentes, de la prevención y lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad; ó

(iii) competentes que figuren en la lista del Reglamento (CE) n° 1798/2003, las oficinas centrales de enlace, servicios de enlace designados en virtud de dicho Reglamento, demás autoridades de investigación fiscal competentes para investigar el fraude del IVA; así como las autoridades competentes designadas por la Directiva del Consejo 92/12/CEE[30], siempre y cuando la información recogida pueda facilitar pruebas de fraude en el IVA; ó

(iv) establecidas como “células de información financiera” por los Estados miembros en virtud del artículo 21 de la Directiva 2005/60/CE con vistas a recoger y analizar la información recibida .

(b) La Comisión, incluida la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar el intercambio de información entre sus autoridades competentes, así como entre éstas y la Comisión, con independencia de sus competencias y de su estatuto nacional.

3. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión información sobre sus autoridades competentes conforme al presente Reglamento, y actualizarán dicha información. Sobre la base de esta información, la Comisión publicará un registro que se actualizará regularmente para su uso por las autoridades de los Estados miembros. [ LS ]

4. En el ámbito de las irregularidades en virtud del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso (ii), la Comisión y los funcionarios competentes designados conforme al Reglamento (CE) n° 1798/2003 podrán ponerse en contacto, cooperar o intercambiar información entre sí.

En los casos en que un funcionario competente o una autoridad competente distintos de los enumerados en el Reglamento (CE) n° 1798/2003, o una oficina central de enlace reciba o envíe una petición o una respuesta a una petición de ayuda en virtud del presente reglamento, informará a la oficina central de enlace de su Estado miembro.

Título II OBLIGACIONES DE COOPERACIÓN

CAPÍTULO 1 ASISTENCIA MUTUA ADMINISTRATIVA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Sección 1

Artículo 5 Formas y métodos de cooperación

Los Estados miembros podrán ejercer su discreción en cuanto a las formas y métodos más apropiados para la cooperación. Sin embargo, proporcionarán la información y ayuda necesarias para garantizar una protección proporcionada y disuasoria eficaz de los intereses financieros de la Comunidad.

Sección 2 Instrumentos de asistencia previa solicitud

Artículo 6 Asistencia previa solicitud

1. Las autoridades competentes se prestarán asistencia mutua previa solicitud a fin de prevenir y descubrir irregularidades. Previa solicitud de la autoridad requirente, la autoridad requerida, en la medida en que sea necesario a fin de responder a la solicitud y de conformidad con los objetivos del presente Reglamento, remitirá a la autoridad requirente toda la información pertinente para la prevención y descubrimiento de irregularidades. Ésta incluirá toda información sobre las operaciones constitutivas de irregularidad, así como información financiera tanto sobre las operaciones subyacentes como sobre las personas físicas o jurídicas implicadas.

2. Toda solicitud de asistencia e intercambio de información irá acompañada de una sucinta exposición de los hechos pertinentes que obren en conocimiento de la autoridad requirente.

3 . Para obtener los datos solicitados, la autoridad requerida, o la autoridad administrativa a quien haya recurrido esta última, procederá como si actuase por cuenta propia o a instancia de otra autoridad de su propio país.

4 . La autoridad requerida comunicará todos los datos de que disponga o que obtenga, sobre operaciones o transacciones realizadas o proyectadas que sean o que, a juicio de la autoridad requirente, parezcan constituir irregularidades.

Facilitará a la autoridad requirente todos los certificados y documentos o copias autenticadas de documentos de que disponga o que obtenga. Sin embargo, la comunicación de documentos originales y de objetos sólo se efectuará cuando las disposiciones vigentes en el Estado miembro en que la autoridad requerida tenga su sede no se opongan a ello.

5 . Cuando la autoridad requirente dirija su solicitud a una autoridad que no sea competente para la asistencia solicitada, esta última la transmitirá sin demora a una autoridad competente, a la oficina central de enlace o al servicio de enlace e informará de ello a la autoridad requirente.

Artículo 7 Investigaciones administrativas previa solicitud

1. Previa solicitud de la autoridad requirente, la autoridad requerida procederá o hará proceder a investigaciones administrativas sobre las operaciones que sean o que, a juicio de la autoridad requirente, parezcan ser constitutivas de irregularidad.

Para realizar estas investigaciones administrativas, la autoridad requerida o la autoridad administrativa a la que haya recurrido esta última procederán como si actuasen por cuenta propia o a instancia de otra autoridad de su propio país. Comunicarán los resultados de la investigación a la autoridad requirente.

2. Por acuerdo entre la autoridad requirente y la autoridad requerida, podrán estar presentes en las investigaciones administrativas mencionadas en el apartado 1 agentes designados por la autoridad requirente. Los agentes de la autoridad requerida se harán cargo en todo momento de realizar la investigación.

Los agentes de la autoridad requirente no podrán, por propia iniciativa, hacer valer la facultad de control que se reconoce a los agentes de la autoridad requerida; sin embargo, tendrán acceso a los mismos locales y documentos que estos últimos, por m0ediación de los agentes del Estado miembro requerido y al solo efecto de la investigación administrativa en curso.

3. Los agentes de la autoridad requirente no participarán en los actos que las disposiciones nacionales en materia de procedimiento penal reserven para agentes designados específicamente por la legislación nacional. Bajo ninguna circunstancia participarán ni en los registros domiciliarios ni en el interrogatorio oficial de personas en el ámbito del Derecho penal.

Artículo 8 Actividades de agentes en otro Estado miembro o en misión en un Estado miembro

Por acuerdo entre la autoridad requirente y la autoridad requerida, y según las modalidades fijadas por esta última, los agentes debidamente autorizados por la autoridad requirente podrán recoger, en las oficinas donde ejerzan sus funciones las autoridades administrativas del Estado miembro en que la autoridad requerida tenga su sede, información relativa a las irregularidades.

Dicha información deberá ser necesaria para la autoridad requirente e inferirse de la documentación a la que los agentes de dichas oficinas puedan tener acceso.

Se autorizará a los agentes de la autoridad requirente a efectuar copias de dicha documentación.

Artículo 9 Mandato escrito de los agentes

Los agentes de la autoridad requirente que estén presentes en otro Estado miembro o en misión en un Estado miembro en aplicación de los artículos 6 y 7 deberán poder presentar en todo momento un mandato escrito en el que se consignen su identidad y su condición oficial.

Artículo 10 Plazo de asistencia y comunicación

1. La autoridad requerida prestará la asistencia y comunicará la información contempladas en los artículos 6 y 7 lo antes posible y, a más tardar, seis semanas después de la recepción de la solicitud. No obstante, cuando la información en cuestión ya esté a disposición de la autoridad requerida, el plazo se reducirá a cuatro semanas.

2. En casos especiales, la autoridad requirente y la autoridad requerida podrán acordar plazos distintos de los previstos en el apartado 1.

3. Si la autoridad requerida no puede responder a la solicitud en el plazo previsto, informará inmediatamente a la autoridad requirente de los motivos que le impiden respetar este plazo y le comunicará cuándo podrá responder

Artículo 11 Datos relativos al impuesto sobre el valor añadido

1. A fin de proporcionar asistencia técnica y operativa, así como, en su caso, ayudar a las autoridades competentes de los Estados miembros a descubrir e investigar irregularidades a efectos de la letra b) del punto 1) del párrafo primero del artículo 3, se podrá facilitar a la Comisión el acceso a los registros de los Estados miembros conservados en las bases de datos nacionales contempladas en el artículo 22 del Reglamento (CE) n° 1798/2003.

2. Las normas detalladas relativas a dicho acceso, incluidas las relativas a la confidencialidad y la protección de datos, así como al uso de la información obtenida en los registros de los Estados miembros, se establecerán de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 24 , apartado 2.

Sección 3 Asistencia espontánea

Artículo 12 Comunicación de información sobre operaciones o transacciones

1. Las autoridades competentes de los Estados miembros facilitarán a la Comisión, sin solicitud previa por parte de ésta, toda la información pertinente en relación con operaciones o transacciones que constituyan o parezcan constituir irregularidades.

2. La Comisión, con ayuda de los medios tecnológicos adecuados, analizará la información facilitada y comunicará a los Estados miembros los correspondientes resultados a fin de proporcionar asistencia técnica y operativa con vistas al descubrimiento e investigación de irregularidades. Cuando la Comisión considere que se han cometido irregularidades en uno o varios Estados miembros informará de ello al Estado o Estados miembros de que se trate..

3. La información financiera se intercambiará espontáneamente entre los Estados miembros y la Comisión con independencia de que la transacción se lleve a cabo en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación.

4. Las normas relativas a la confidencialidad y la protección de datos se adoptarán de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 24 , apartado 2.

Artículo 13 Comunicación de información general

1. Las autoridades competentes de los Estados miembros comunicarán a la Comisión, en cuanto esté a su disposición, toda la información general de que dispongan sobre nuevos medios, modos y métodos empleados para cometer irregularidades, así como sobre su descubrimiento y prevención, que pueda contribuir a la resistencia de la legislación aplicable frente al fraude.

2. La Comisión comunicará a las autoridades competentes de cada Estado miembro, en cuanto esté a su disposición, toda la información que les permita prevenir irregularidades y asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable.

Capítulo 2 USO DE LA INFORMACIÓN

Artículo 14 Uso como elemento de prueba

Las comprobaciones, certificados, informaciones, documentos, copias autenticadas y todos los datos transmitidos a una autoridad competente en ejercicio de la asistencia contemplada en los artículos 6, 7, 8 y 13 constituirán elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales en los mismos términos que si hubieran sido obtenidos en el Estado miembro en que se desarrollen los procedimientos.

Artículo 15 Intercambio de información

La información obtenida en aplicación del presente Reglamento y de otras disposiciones comunitarias podrá ser objeto de intercambio entre la Comisión y otras autoridades competentes de conformidad con el presente Reglamento y a los efectos del mismo siempre y cuando dicho intercambio sea acorde con las disposiciones comunitarias en virtud de las cuales se haya obtenido la información.

Artículo 16 Seguimiento

Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán a la Comisión de toda actualización pertinente de la información transmitida y de las investigaciones administrativas efectuadas con arreglo al Reglamento, así como, en particular, de los procedimientos administrativos o judiciales incoados, siempre y cuando ello sea acorde con el Derecho penal nacional.

Artículo 17 Normas sobre confidencialidad y protección de los datos

1. La información comunicada u obtenida en virtud del presente Reglamento, sea cual fuese su forma, estará protegida por el secreto profesional y se beneficiará de la protección concedida a la información análoga por la ley nacional del Estado miembro que la haya recibido y por las disposiciones correspondientes aplicables a las instituciones y organismos comunitarios.

Dichos datos no podrán comunicarse a personas o autoridades distintas de aquellas a las que, en las instituciones y organismos de la Comunidad o en los Estados miembros, les corresponda conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos al de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Comunidad.

2. La Comisión y los Estados miembros, cuando traten datos personales en aplicación del presente Reglamento, velarán por que se cumplan las disposiciones comunitarias y nacionales en materia de protección de datos y, en particular, las establecidas en la Directiva 95/46/CE y, en su caso, el Reglamento (CE) n° 45/2001.

Se consultará al Supervisor Europeo de Protección de Datos antes de adoptar las disposiciones de aplicación contempladas en el artículo 11 , apartado 2, en el artículo 12 , apartado 4, y en el artículo 23 .

Artículo 18 Relaciones con terceros países

1. La información obtenida por un Estado miembro o por la Comisión de un tercer país y regulada por lo dispuesto en el presente Reglamento se transmitirá a las autoridades competentes de un Estado miembro y a la Comisión cuando pueda permitirles prevenir o combatir irregularidades. Por lo que respecta al intercambio de tal información , la Comisión desempeñará un papel de coordinación.

2. Siempre que el país tercero afectado se haya comprometido jurídicamente a proporcionar la asistencia necesaria para reunir todos los elementos de prueba del carácter irregular de operaciones que parezcan constituir irregularidades, la información obtenida en aplicación del presente Reglamento podrá comunicársele, con el acuerdo de las autoridades competentes que la proporcionaron y respetando sus disposiciones internas aplicables a la comunicación a terceros países de datos de carácter personal, así como lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Directiva 95/46/CE y, cuando proceda, el artículo 9 del Reglamento (CE) 45/2001.

Artículo 19 Análisis de riesgos por la Comisión

Para facilitar, en particular, el trabajo de las autoridades competentes en los Estados miembros, la Comisión podrá hacer uso de toda información de carácter general u operativo que le faciliten los Estados miembros con arreglo al presente Reglamento a fin de efectuar, con ayuda de medios adecuados de tecnología de la información, análisis de riesgos tanto estratégicos como tácticos tales que permitan emitir, a partir de la información obtenida, informes y alertas con vistas a una mayor sensibilización a las amenazas observadas y, de ese modo, a una mayor eficacia de las medidas operativas adecuadas que adopten las autoridades nacionales competentes y, dentro de su ámbito de competencia, la Comisión.

CAPÍTULO 3

FACILITACIÓN DE LA RECUPERACIÓN

Artículo 20 Obligación de proporcionar información

1. Con el fin de facilitar la recuperación de los ingresos resultantes de irregularidades, la autoridad requerida recabará, de conformidad con la ley nacional de las instituciones y personas mencionadas en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2005/60/CE, la información financiera pertinente destinada a facilitar la aplicación de las medidas mencionadas en el artículo 20 del presente Reglamento. El intercambio de información conforme al presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las normas sobre cooperación entre las unidades de información financiera conforme a la Decisión del Consejo 2000/642/JAI. [31] .

2. La autoridad requirente resumirá los hechos pertinentes en una declaración, incluyendo las razones de la sospecha grave de irregularidad. Cuando sean consultadas por las autoridades de su Estado miembro con vistas a recabar la información pertinente, las instituciones y las personas mencionadas en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2005/60/CE se asegurarán de que se mantenga la confidencialidad de esta información.

Artículo 21 Medios de recuperación

1. Para garantizar la recuperación efectiva, los Estados miembros, a petición de las autoridades competentes, tomarán las medidas necesarias para congelar, incautar y confiscar, de acuerdo con el Derecho nacional, todo ingreso obtenido ilegalmente procedente de irregularidades. Esta disposición se aplicará a los ingresos superiores a 50.000 EUR procedentes de cualquier irregularidad, o a bienes, según lo mencionado en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2005/60/CE, cuyo valor corresponda al de los productos del delito.

2. Las medidas mencionadas en el apartado 1 podrán imponerse a una persona natural o jurídica que haya cometido o sea sospechosa de haber cometido una irregularidad, o que haya contribuido a la misma. Estas medidas también podrán aplicarse a las personas naturales o jurídicas que se hayan beneficiado de los ingresos procedentes de la irregularidad.

TÍTULO III DISPOSICIONES FINALES

Artículo 22 Orden público

1. La cooperación podrá suspenderse si la autoridad requerida considera que la ejecución de la solicitud atenta a su soberanía, seguridad, orden público o a otros intereses fundamentales del Estado miembro en cuestión .

El secreto fiscal o el secreto bancario no constituirán razones para denegar la asistencia mutua en el sentido de este artículo.

2. La denegación de asistencia deberá motivarse. La autoridad requerida comunicará cuanto antes a la Comisión cualquier denegación de asistencia, así como sus motivos .

Artículo 23 Disposiciones de aplicación

De conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 24 , apartado 2, se adoptarán disposiciones de aplicación a fin de establecer normas detalladas que regulen la asistencia mutua y el intercambio de información contemplados en el Capítulo 1 del Título II.

Además de lo previsto en el artículo 11, apartado 2, y en el artículo 12, apartado 4, dichas disposiciones podrán contemplar, en particular:

a) las irregularidades a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii);

b) las irregularidades a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iii);

c) las irregularidades en el ámbito de los fondos estructurales.

Artículo 24 Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité creado por el artículo 43 del Reglamento (CE) n° 515/97, denominado en lo sucesivo “Comité”.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 25 Informe de evaluación

Cada tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo sobre su aplicación.

Artículo 26 Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Anti-fraud Activities: Mutual administrative cooperation and exchange of information |

TITLE OF ACTION: PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PROTECTION OF THE FINANCIAL INTERESTS OF THE COMMUNITY AGAINST FRAUD AND ANY OTHER ILLEGAL ACTIVITIES |

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

24.0106 (fight against fraud)

2. OVERALL FIGURES:

2.1. Total allocation for action (Part B): EUR million for commitment: -

2.2. Period of application: From entering into force on.

2.3. Overall multi-annual estimate of expenditure

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1) - (not applicable see point 5.1.1)

EUR million ( to three decimal places)

Year [n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 and subs. Years] | Total |

Commitments |

Payments |

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2)

Commitments |

Payments |

Subtotal a+b |

Commitments |

Payments |

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3)

Commitments/ payments | 1.851 | 1.851 | 1.751 | 1.751 | 1.751, | 1.751 |

(The first two years include each an amount of EUR 100 000 for the development of information systems for internal use of the Commission, see point 7.3)

TOTAL a+b+c |

Commitments | 1.851 | 1.851 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 |

Payments | 1.851 | 1.851 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 |

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

[ X ] Proposal is compatible with existing financial programming.

2.5. Financial impact on revenue:

[ X ] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

Non-comp | Non-diff | NO | NO | NO | 5 |

4. LEGAL BASIS

Article 280(4) of the EC Treaty.

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

The initiative for a regulation on the basis of article 280 of the EC Treaty concerns a framework dedicated to administrative mutual assistance necessary to strengthen the protection of the financial interests of the Community.

For the purpose of the protection of the financial interests of the Community the Member States and the Commission shall assist each other and exchange information in particular in the field of money laundering of the proceeds of EC fraud, of fraud on VAT and any other illegal activities detrimental to the Community’s financial interests in particular those in the field of structural funds.

Background

Fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Community warrant a more comprehensive framework for administrative cooperation between Member States authorities and with the Commission. This is reflected by the Commission’s firm commitment to the fight against fraud in order to protect the Community’s financial interests which is clearly demonstrated in its Communication, adopted on 28 June 2000, on an overall strategic approach for the protection of the Community’s financial interests and the fight against fraud[32]. This approach underlines the importance of an overall anti-fraud legislative policy by following a horizontal and cross-pillar legislative approach. This legislative policy must be given concrete expression with the drawing up of specific rules, in particular for information exchanges, and close and regular cooperation between the Member States and between the latter and the Commission.

On the basis of this legislative policy the Commission mentions in its working programme for 2003 the preparation of a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a cooperation mechanism between the competent authorities of the member States and the Commission in order to ensure the protection of the Community’s financial interests against illegal activities including matters such as VAT fraud, money laundering and other financial transactions in relation to the proceeds of EC fraud as well as any other illegal activities detrimental to the Community’s financial interests in particular concerning fraud concerning structural funds.

The Commission has reiterated in its Communication containing an Action Plan for 2001-2003[33], the importance of reinforcing cooperation to prevent money laundering of proceeds from fraud and any other illegal activities detrimental to the Community’s financial interests and VAT fraud in order to be able to realise an effective action against organised crime, particularly economic and financial crime (including fraud and money laundering). To combat this type of crime, the European Union should take co-ordinated action and have a strategy of cooperation and mutual information between all public partners in addition to existing programmes as Fiscalis in the sector of VAT.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation NOT APPLICABLE

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation NOT APPLICABLE

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

NOT APPLICABLE: see point 5.1.1.

5.3. Methods of implementation

NOT APPLICABLE: see point 5.1.1.

6. FINANCIAL IMPACT

NOT APPLICABLE: see point 5.1.1.

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2.)

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in EUR million to three decimal places)

Breakdown | [Year n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 and subs. Years] | Total |

Action 1 |

Action 2 |

etc. |

TOTAL |

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations) |

[Year n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 and subs. years] | Total |

1) Technical and administrative assistance |

a) Technical assistance offices |

b) Other technical and administrative assistance: - intra muros: - extra muros: of which for construction and maintenance of computerised management systems |

Subtotal 1 |

2) Support expenditure |

a) Studies |

b) Meetings of experts |

c) Information and publications |

Subtotal 2 |

TOTAL |

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

Types of post | Staff to be assigned to management of the action using existing and additional resources | Total | Description of tasks deriving from the action |

Number of permanent posts | Number of temporary posts |

Officials or temporary staff | A B C | 2 (1 already occupied) 2 (1 already occupied) 1 | 2 (1 already occupied) 3 (1/2 - 1 already occupied) 1 | 11 | Coordination of investigations and intelligence work in the field of fraud in particular on VAT and structural funds and money laundering of proceeds of fraud detrimental to the Community’s financial interests. |

Other human resources | 4 END | 4 | Coordination of investigations in the field of VAT, structural funds and money laundering of proceeds of fraud detrimental to the Community’s financial interests. |

Total | 5 | 10 | 15 |

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources | Amount (EUR) | Method of calculation * |

Officials Temporary staff | 1 188 000 | 11 x EUR 108 000 |

Other human resources (specify budget line) | 173 340 | 4 (END) x EUR 43 335 |

Total | 1 361 340 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

Budget line (number and heading) | Amount EUR | Method of calculation |

Overall allocation (Title A7) Overall allocation 24.0106 (fight against fraud) A3.010211 Other management expenditure (missions) A3.0201 Control, studies, analysis and activities specific to the European anti-fraud office Total per year | 117 000 60 000 208 000 385 000 | 13 (operational and intelligence staff) x missions per year x 1.500 (average costs of Anti-fraud—missions) 2 x (each year) a meeting of the Committee (30.000 costs per meeting)[34] 13 (operational and intelligence staff) x 2 (average No. of investigation coordination meetings) x 8,000 (average costs of such a meeting) |

A3.0103 Buildings and related expenditure of policy area | EUR 100 000 | Two information systems have to be developed: one for VAT and one for money laundering. The development of each system entails the following costs: system specification: EUR 25 000 development: EUR 35 000 tests: EUR 10 000 user manuals and training: EUR 15 000 installations: EUR 15 000 total (1): EUR 100 000 Total:2 systems: EUR 200 000 cost to be spread over two years |

A3 01 60 Documentation and library expenditure | 5 000 | special library, documentation and purchase of books, subscription to specialised periodicals |

Total | 1 851 340 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total (7.2 + 7.3) | EUR 1 851 340 (year 1 and 2) EUR 1 751 340 (from year 3) |

II. Duration of action | does not apply |

III. Total cost of action (I x II) | does not apply |

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

The Committee shall adopt an implementing regulation following the comitology procedure in order to determine the relevant implementing modalities of mutual assistance and exchange of information in specific areas covered by the proposed regulation.

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

Every three years after the date of entry into force of the regulation, the Commission shall report to the European Parliament, the Court of Auditors and the Council on the application of the measures provided for in the regulation.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

NOT APPLICABLE.

[1] DO 290 de 27.11.2004, p. 5; COM (2004) 509.

[2] Bol. 7/8/2004, punto 1.6.26.

[3] DO C 313 de 9.12.2005, p. 1.

[4] DO C 301 de 7.12.2004, p. 4.

[5] DO C 301 de 7.12.2004, p. 4.

[6] DO C 301 de 7.12.2004, p. 4.

[7] Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1976, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana, DO L 73 de 19 de marzo de 1976, p. 18.

[8] Directiva 2001/44/CE del Consejo, de 15 de junio de 2001, por la que se modifica la Directiva 76/308/CEE, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana, y en relación con el impuesto sobre el valor añadido y determinados impuestos especiales, DO L 175 de 28. 6.2001, p. 17.

[9] Resolución de Parlamento Europeo de 7 de junio de 2005 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude (2004/2198(INI)).

[10] Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas , DO C 316 de 27.11.1995, p. 49.

[11] DO L 309 de 25.11.2005, p. 15, véanse los artículos 3, apartado 5 y 39, apartado 2.

[12] DO C 290 de 27.11.2004, p. 5; COM (2004) 509.

[13] DO C 313 de 9.12.2005, p. 1.

[14] DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.

[15] Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, DO L 309 de 25.11.2005, p. 13.

[16] Reglamento (CE) n o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 , relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad, DO L 309 de 25.11.2005, p. 9.

[17] DO L 264 de 15.10.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 885/2004 (DO L 168 de 1.5.2004, p. 1).

[18] DO L 82 de 22.3.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 807/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 36).

[19] DO L 264 de 15.10.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 885/2004 (DO L 168 de 1.5.2004, p. 1).

[20] DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

[21] DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

[22] DO C 301 de 7.12.2004, p. 4 .

[23] DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

[24] DO L 264 de 15.10.2003, p. 1 .

[25] DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.

[26] DO L 155 de 7.6.1989, p. 9.

[27] DO L 309 de 26.6.2005, p. 13.

[28] Reglamento (CE) nº 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 , relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad, DO L 309 de 25.11.2005, p. 9.

[29] DO L 166 de 28.6.1991, p. 77.

[30] DO L 76 de 23.3.1992, p. 1.

[31] DO L 271 de 24.10.2000, p. 4 .

[32] Communication from the Commission, Protection of the Communities’ financial interests, The fight against fraud - For an overall strategic approach, COM(2000) 358 final. See especially paragraph 1 and 1.2.2 of this communication. The Council (ECOFIN) adopted this communication on 17 July 2000 and the European Parliament, which approved the guidelines. The Parliament approved the guidelines presented in its Resolution of 13 December 2000.

[33] Adopted by the Commission on 23 May 2001, COM(2001) 254 final. See especially paragraph 2.2.1.

[34] Where multidisciplinary (e.g. Customs and VAT) issues are discussed by the Committee envisaged by this Regulation, the travel costs of two delegates per Member State will be reimbursed by the Commission.