La llegada masiva de solicitantes de asilo requerirá también la provisión urgente de suministros (tiendas de campaña, contenedores, ropa, mantas, camas, alimentos, etc.).

Por debajo de este umbral, se aplica el Derecho nacional. No obstante, si el proyecto en cuestión reviste cierto interés transfronterizo, son de aplicación los principios básicos del Derecho de la Unión en este ámbito, a saber, los principios de no discriminación por razones de nacionalidad, igualdad de trato y transparencia .

Para que la Directiva sea aplicable, el valor estimado del proyecto concreto de construcción, renovación o adaptación debe ser igual o superior al umbral vigente de 5 186 000 EUR. Esta condición se aplica a cada proyecto independiente desde un punto de vista funcional. En general, los municipios que tengan previsto llevar a cabo varios programas de vivienda diferentes calcularán el valor de cada programa por separado para determinar si se alcanza el umbral. No está permitido fraccionar los proyectos de obra con vistas a sustraerlos a la aplicación de la Directiva (artículo 9, apartado 3, de la Directiva).

El arrendamiento de edificios existentes no está sujeto a las normas de contratación pública [véase el artículo 16, letra a), de la Directiva ]. Siempre que esté disponible, la vivienda podrá proporcionarse sin necesidad de recurrir a los procedimientos de contratación pública, bien mediante el arrendamiento de edificios existentes en el mercado, bien asignando infraestructura pública (barracones, escuelas, instalaciones deportivas, etc.) a tal uso. Cuando resulte necesario construir nuevos edificios o renovar o adaptar de otro modo edificios existentes, pueden ser de aplicación las normas de contratación pública .

La infraestructura (es decir, la vivienda) se puede proporcionar mediante el arrendamiento de edificios existentes que no requieran grandes adaptaciones (es decir, obras) o mediante la construcción de nuevos edificios o la renovación de edificios existentes.

La presente Comunicación no establece nuevas normas legislativas, sino que refleja la interpretación que hace la Comisión de los Tratados, las Directivas sobre contratación pública y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea («el Tribunal»). Cabe señalar que, en cualquier caso, la interpretación vinculante del Derecho de la Unión corresponde en última instancia al Tribunal.

La Unión Europea afronta en la actualidad numerosos retos debido a un fuerte aumento repentino de la afluencia de solicitantes de asilo. En particular, los Estados miembros tienen que satisfacer adecuadamente y con rapidez las necesidades más inmediatas de los solicitantes de asilo (vivienda, suministros y servicios).

Por último, la llegada de solicitantes de asilo también requerirá la contratación de servicios (limpieza, sanidad, catering, seguridad, etc.).

En el caso de los contratos de servicios, las disposiciones de la Directiva vigente y de la Directiva 2014/24/UE son radicalmente diferentes.

Según la Directiva 2004/18/CE, solo están sujetos a la Directiva en su totalidad los servicios que figuran en la lista exhaustiva. De ellos, pueden ser necesarios para los solicitantes de asilo el transporte en autobús y los servicios de limpieza en particular. Para cualquier otro servicio que no figure en la lista exhaustiva, la Directiva solo exige transparencia ex post y la aplicación de las disposiciones que regulan las especificaciones técnicas.

Los umbrales a partir de los cuales los contratos de servicios están sujetos a la Directiva son los mismos que en el caso de los contratos de suministro. Además, los principios básicos del Derecho de la Unión se aplican a los contratos de servicios cuando estos revisten cierto interés transfronterizo en las mismas condiciones que en el caso de los contratos de obras.

En principio, la Directiva 2014/24/UE se aplica en su totalidad a todos los servicios. Sin embargo, los «servicios sociales y otros servicios específicos» están sujetos a unas normas especiales de contratación pública: el «régimen simplificado». El régimen simplificado, en el contexto de la prestación de servicios a los solicitantes de asilo, podría ser pertinente, por ejemplo, en relación con los servicios de catering, de salud y sociales. Algunos servicios están totalmente excluidos de la aplicación de la Directiva 2014/24/UE. Por ejemplo, los servicios de rescate y ambulancia en determinadas condiciones.

En general, el umbral a partir del cual será aplicable la Directiva 2014/24/UE es el mismo que para la Directiva anterior . Por lo que respecta a los servicios sujetos al régimen simplificado, el umbral de aplicación se ha fijado en 750 000 EUR.

El régimen simplificado obliga a los poderes adjudicadores a garantizar la publicidad a nivel de la UE, tanto antes como después de la adjudicación del contrato, y a respetar algunas obligaciones procedimentales básicas (en particular para garantizar el principio de no discriminación). Los procedimientos para la adjudicación de estas categorías de servicios se regularán con arreglo al Derecho nacional. Los principios generales del Derecho de la Unión se aplicarán a los servicios que se encuentren por debajo del umbral siempre que revistan cierto interés transfronterizo .

2.Elección de procedimientos y plazos con arreglo a las normas de contratación pública de la UE

2.1.Generalidades

Los poderes adjudicadores pueden optar por adjudicar los contratos que entran en el ámbito de la Directiva mediante un procedimiento abierto o mediante un procedimiento restringido (artículo 28 de la Directiva) . El plazo mínimo para presentar una oferta en un procedimiento abierto es de 52 días, pero este plazo puede reducirse a 40 días cuando se utilizan medios electrónicos (artículo 38 de la Directiva). En los procedimientos restringidos, los plazos generales para presentar una solicitud de participación son de 37 días, y de 40 días adicionales para presentar una oferta tras la selección por parte del poder adjudicador de los licitadores admitidos a presentarla (artículo 38, apartado 3, de la Directiva; estos plazos pueden fijarse en 30 y 35 días, respectivamente, cuando se utilizan medios electrónicos).

Por lo que respecta a los procedimientos abiertos sujetos a la Directiva 2014/24/UE, se aplica un plazo de 35 días para la presentación de las ofertas. En el caso de los procedimientos restringidos, la Directiva 2014/24/UE prevé un plazo de 30 días para la presentación de las solicitudes de participación, seguido de un plazo adicional de 30 días para la presentación de las ofertas. Cuando la legislación nacional ha implementado esta opción, este último plazo puede ser acordado entre los poderes adjudicadores subcentrales, como las autoridades regionales o locales, y los participantes; si no se llega a un acuerdo, puede aplicarse un plazo mínimo de 10 días.

2.2.Urgencia

Para las situaciones de urgencia, la Directiva prevé una reducción sustancial de los plazos generales. En este caso, los poderes adjudicadores pueden optar por un «procedimiento restringido acelerado», en el que los plazos para presentar una solicitud de participación sean de 15 días y para presentar una oferta, de 10 . De este modo, es posible adjudicar el contrato rápidamente.

La Directiva 2014/24/UE mantiene este procedimiento, e introduce además un «procedimiento abierto acelerado» en virtud del cual el plazo para la presentación de las ofertas puede reducirse a 15 días en los casos de urgencia debidamente justificados.

Recurrir al procedimiento restringido acelerado implica aplicar un mínimo de igualdad de trato y de transparencia, lo que permite garantizar cierta competencia incluso en las situaciones de urgencia. En muchos casos, podría ser posible adjudicar los contratos necesarios recurriendo a tales procedimientos restringidos acelerados (o, en el marco de la Directiva 2014/24/UE, a los procedimientos abiertos acelerados).

3.Procedimiento negociado sin publicación en casos de extrema urgencia

Por medio del procedimiento negociado sin publicación, el Derecho de la Unión proporciona un instrumento adicional, que permite adjudicar contratos para responder a las necesidades de los solicitantes de asilo también en los casos más urgentes.

Los poderes adjudicadores pueden adjudicar contratos públicos por procedimiento negociado sin publicación «en la medida en que sea absolutamente necesario, cuando la urgencia imperiosa, consecuencia de hechos imprevisibles para los poderes adjudicadores en cuestión no es compatible con los plazos exigidos para los procedimientos abiertos, restringidos o negociados. Las circunstancias alegadas para justificar la urgencia imperiosa no deberán en ningún caso ser imputables a los poderes adjudicadores» [artículo 31, apartado 1, letra c), de la Directiva ].

Dado que, en estos casos, los poderes adjudicadores se apartan del principio básico del Tratado relativo a la transparencia, el Tribunal exige que el recurso a este procedimiento tenga carácter excepcional. Todas las condiciones han de cumplirse de manera acumulativa y deben interpretarse restrictivamente (véanse, por ejemplo, los asuntos C275/08, Comisión/Alemania, y C352/12, Consiglio Nazionale degli Ingegneri). Los procedimientos negociados sin publicación permiten a los poderes adjudicadores negociar directamente con contratistas potenciales; no permiten la adjudicación directa a un operador económico preseleccionado, a menos que solo uno pueda cumplir pese a los condicionantes técnicos y temporales que impone la extrema urgencia.

Los distintos poderes adjudicadores deberán determinar si se cumplen las condiciones para recurrir al procedimiento negociado sin publicación previa. Deberán justificar su elección de recurrir a dicho procedimiento en un informe individual. En la evaluación individual de cada caso, deberán cumplirse los siguientes criterios acumulativos: