ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
3.10.

El nuevo régimen no contiene disposiciones sobre la posibilidad, o no, de que algunos inversores y suscriptores adquieran estos instrumentos de deuda no garantizada. Incluir un sistema de este tipo en la BRRD probablemente sea menos oportuno y, además, lo importante es que la protección de los consumidores (12) en este ámbito se aplique íntegramente y que sea plenamente eficaz en la práctica.
4.2.2.

La seguridad energética sigue siendo un objetivo crucial, ya que la economía moderna y la sociedad moderna no pueden funcionar, ni siquiera por poco tiempo, sin energía. Los principales contribuyentes a la seguridad energética son una suficiente y fiable infraestructura y capacidad para la producción de energía, el buen funcionamiento de los mercados energéticos y la eficiencia energética. La seguridad energética no debería considerarse un sinónimo de autosuficiencia energética. Al igual que con otras materias primas, los intercambios transfronterizos realmente mejoran, tanto interna como externamente, la seguridad del suministro, al tiempo que contribuyen a mantener los precios a un nivel competitivo. No excluye el hecho de que hay razones políticas para evitar la gran dependencia de la energía importada. El desarrollo de las fuentes autóctonas de energía también es importante para la creación de empleo.
2.3.

Según las conclusiones de octubre de 2014, los sectores sujetos al RCDE deben reducir las emisiones un 43 % y los sectores no sujetos, incluido el transporte no aéreo, un 30 %, en un esfuerzo compartido por todos los Estados miembros, conciliando consideraciones de equidad y solidaridad. Las conclusiones no mencionan específicamente al transporte.
2.2.

La Comunicación no establece nuevas normas legislativas, sino que incluye la interpretación de la Comisión sobre las normas que cubren: i) la contratación de infraestructura (es decir, la vivienda), que se puede proporcionar mediante el arrendamiento de edificios existentes que no requieran grandes adaptaciones (es decir, obras) o mediante la construcción de nuevos edificios o la renovación de edificios existentes, con un umbral máximo de 5 186 000 EUR; ii) la contratación de suministros (tiendas de campaña, contenedores, ropa, mantas, camas, alimentos), con un umbral máximo de 135 000 (antes 134 000) EUR o 209 000 (antes 207 000) EUR, en función del tipo de poder adjudicador, y iii) la contratación de servicios como limpieza, sanidad, restauración, seguridad, etc., con los mismos umbrales que la contratación de suministros. La Directiva se aplica en su totalidad a todos los servicios, aunque los servicios sociales y otros servicios específicos están sujetos a unas normas especiales de contratación pública según el denominado «régimen simplificado». Para estos servicios, el umbral de aplicación se ha fijado en 750 000 EUR.
1.1.

El CESE acoge con satisfacción el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) para 2015 (1), cuyo objetivo conceptual es impulsar los niveles de crecimiento requeridos para sostener la recuperación en Europa. El planteamiento de los tres pilares (impulsar las inversiones, promover las reformas estructurales y lograr un saneamiento presupuestario reactivo) parece ser una respuesta adecuada a las necesidades de Europa; el CESE apoya el plan de aplicación conjuntamente con una mayor efectividad en el Semestre Europeo. No obstante, el CESE también destaca que el proceso adolece aún de algunas deficiencias, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el EPAC no abarca los aspectos sociales y medioambientales y que, en particular, debería señalar de manera explícita como prioridades políticas la lucha contra el desempleo, que sigue siendo exorbitantemente elevado, y la gestión de la crisis social. El EPAC constituye una condición previa para un semestre europeo fructífero; por ello, el CESE considera que deberían asumirse mayores compromisos en cuanto a calendario con el fin de obtener una participación más activa y unos mejores resultados.
1.8

El CESE acoge favorablemente la intención de facilitar, en particular a las pymes (incluidas las empresas nuevas y las microempresas), el desarrollo de su actividad en el mercado único mediante una nueva forma de sociedad. Para garantizar el fomento de las pymes en el marco de la propuesta de Directiva, es necesario limitar su ámbito de aplicación a este tipo de empresas. Este instrumento no está pensado para ofrecer a las corporaciones que operan a escala internacional la posibilidad de dirigir filiales de cientos o miles de trabajadores bajo la forma de una SUP. Por ello, el CESE propone que las SUP solo estén abiertas a empresas que cumplan los criterios del artículo 3, apartado 2 (2), de la Directiva 2013/34/UE (Directiva sobre contabilidad) (3). Esto implica que la SUP debe adoptar otra forma jurídica al alcanzar cierto tamaño.
2.21

Como ha afirmado repetidamente el Comité, es indudable que la UE, incluido el CESE, puede facilitar este proceso. Señala en particular: — el apoyo de las agencias europeas — entre otras Cedefop y Eurofound — para la difusión de datos y estudios; — el apoyo de la Comisión, en particular la DG Empleo, a fin de debatir sobre las buenas prácticas en toda Europa tanto en publicaciones como en conferencias especializadas, en particular en el marco de los diálogos sociales, y difundir sus propios estudios y propuestas prácticas, elaborados por el mundo académico y expertos europeos; — proyectos específicos de los Fondos Europeos, a saber, el Fondo Regional y de Cohesión y el Fondo Social Europeo.
3.1

El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión, en un contexto de crisis económica y de preocupación creciente sobre la competitividad de las industrias europeas. Los retos que afronta la industria no disminuyen sino todo lo contrario. El entorno empresarial mundial está cambiando continuamente, y a una velocidad cada vez mayor a la que nuestras empresas deben poder responder. Sin una industria competitiva, Europa no va a ser capaz de lograr un mayor crecimiento y más empleo. Asimismo, un planteamiento que solo se base en las funciones de diseño e ingeniería, sin disponer de producción ni contacto con los clientes finales, no es probable que tenga éxito a largo plazo.
2.2.2

En otoño de 2013, la Comisión evaluó por primera vez los proyectos de presupuestos nacionales de los países de la zona euro, antes de que fueran debatidos y adoptados por los parlamentos nacionales. La Comisión no ha solicitado la revisión de ninguno de los proyectos de los trece Estados afectados de la zona euro, lo que evita de momento posibles conflictos de legitimidad. No obstante, el informe sobre el mecanismo de alerta que analiza aproximadamente diez indicadores macroeconómicos (7) revela que este año dieciséis países se someterán a un estudio pormenorizado cuyo propósito es determinar si existen desequilibrios y si son excesivos o no.
4.3

En lo relativo a la iniciativa FCH 2 «Pilas de combustible e hidrógeno», el CESE considera importante que se incluya entre los objetivos, en particular, el desarrollo de tecnologías que no generen CO 2 para la generación de hidrógeno.
2.3.2

Las propuestas de la Comisión Europea se derivan de varios estudios, en particular de los elaborados por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), a saber: — «Towards efficient use of water ressources in Europe», Informe no 1/2012, 68 páginas; — «- European waters – assessment of status and pressures», Informe no 8/2012, 96 páginas; — «European waters – current status and future challenges», documento de síntesis, 51 páginas; — «Water resources in Europe in the context of vulnerability», Informe no 11/2012, 92 páginas.
4.6

El CESE acoge con satisfacción todas las mejoras relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones sobre los derechos de los pasajeros con discapacidad y los pasajeros con movilidad reducida ya que permiten alinearse con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En tal contexto, el CESE propone las modificaciones que se exponen a continuación. 4.6.1 La expresión «personas con discapacidad o movilidad reducida» que figura en el Reglamento (CE) no 1107/2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo debe reemplazar la expresión general «persona con movilidad reducida» empleada en la propuesta. 4.6.2 La expresión «equipos de movilidad» empleada en el artículo 6 bis debería reemplazarse por «equipos de movilidad o dispositivos de asistencia». 4.6.2.1 El CESE recomienda firmemente velar por una gestión más profesional de los equipos de movilidad o dispositivos de asistencia durante el transporte aéreo. A tal efecto, todo el personal que gestione estos equipos deberá estar más informado y formado al respecto. La legislación de la UE sobre los derechos de los pasajeros con discapacidad deberá modificarse en consecuencia. Un incremento de la profesionalidad redundará simultáneamente en beneficio de las empresas de asistencia en tierra, las compañías aéreas, los aeropuertos y los pasajeros. 4.6.3 En el nuevo artículo 6 de la propuesta se debe aclarar que, en caso de grandes retrasos ocasionados por cualquier motivo, debe prestarse a los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida la misma asistencia descrita en los anexos I y II del Reglamento (CE) no 1107/2006. 4.6.4 Se debe especificar claramente que el alojamiento ofrecido, el transporte hasta él, la información sobre las modalidades prácticas y los medios (incluidas las páginas web y otros medios electrónicos) empleados para difundirla, así como la información sobre cómo incoar procedimientos de reclamación y realizar declaraciones de interés en caso necesario, han de ser accesibles para las personas con discapacidad. Además, se debería atender a las necesidades de los perros guía y de asistencia. En este contexto, las disposiciones del artículo 14 de la propuesta sobre la obligación de informar a los pasajeros deben ampliarse a todas las categorías de personas con discapacidad y no limitarse a las personas invidentes o con problemas de vista (véase el artículo 14, apartado 3). 4.6.5 El Reglamento determina que no se podrá denegar el embarque, alegando la discapacidad o movilidad reducida de un pasajero, pero en su artículo 4 establece una excepción al principio atendiendo a los requisitos de seguridad y dimensiones de la aeronave o al hecho de que sus puertas imposibiliten el embarque o transporte de la persona con discapacidad o movilidad reducida. Sobre esta materia sería necesaria, como mínimo, una política de transparencia sobre las posibilidades de accesibilidad a las aeronaves mediante información clara y transparente a la hora de contratar un billete, lo cual no es práctica habitual.
2.3

En la estrategia de la Comisión para «para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y los servicios en línea» (4) se determinaban «los cinco principales obstáculos al mercado único digital» y «un plan de acción para eliminarlos»: Entre ellos figuran «sistemas de pago y de entrega inadecuados», a lo que se añade que hoy en día «el 10 % de las personas no compra en línea (5) por el recelo que les inspiran el coste de los servicios de entrega, en particular los transfronterizos, y la calidad del servicio», por lo que se defiende que: — «es preciso ampliar las posibilidades de elección que se ofrecen al consumidor y divulgar y explotar en los distintos Estados miembros las mejores prácticas europeas en materia de entrega a domicilio en horarios precisos, recogida en un comercio asociado o en sistemas automatizados con horarios amplios, etc.»; — «tanto desde el punto de vista de los clientes como del de las empresas, debe aclararse la cuestión de la responsabilidad en caso de paquetes dañados, robados o perdidos»; — «hay que velar por que los servicios de entrega de envíos sean eficaces y asequibles también en las zonas rurales o aisladas y en las regiones ultraperiféricas de la Unión, para que el comercio electrónico pueda contribuir a reducir y no a acentuar las desigualdades desde el punto de vista de la cohesión territorial»; — respecto de los medicamentos falsificados o imitados, debe garantizarse «una protección adecuada de los pacientes que compran medicamentos en línea».
2.5

El resultado de los sistemas CUE I y CUE II (introducidos en 2004 y 2009, respectivamente) demuestra que los principios y la orientación general de la iniciativa CUE son válidos, y que se han realizado esfuerzos para optimizar las normas GTA, que empiezan a dar fruto. No obstante, estos sistemas también han puesto de manifiesto una serie de deficiencias, en gran parte debidas al hecho de que los Estados miembros no hayan sido capaces de esbozar claramente sus prioridades actuales en materia de transporte aéreo. Estas prioridades van de cuestiones como crear valor añadido para los usuarios del espacio aéreo a otras como incrementar al máximo los ingresos procedentes de las operaciones aéreas o utilizar el transporte aéreo como instrumento para el desarrollo regional y microeconómico. Como resultado de ello, la oferta de servicios de navegación aérea en Europa sufre todavía una serie de deficiencias en lo que a eficacia y calidad se refiere, aunque el porqué de esta situación no está claro. Además, la actual configuración institucional dista de ser óptima, ya que adolece de numerosos solapamientos, lagunas y una falta de orientación común para las diferentes partes interesadas. Por consiguiente, es preciso reforzar el marco institucional aplicable a los servicios de navegación aérea.
2.3

En la Unión Europea (UE) la reducción del desvío de precursores de drogas es un objetivo importante tanto de la Estrategia europea en materia de lucha contra la droga (2005-2012) como del Plan de Acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2009-2012). El marco legal para el comercio interior lo proporciona actualmente el Reglamento (CE) no 273/2004, gestionado por la DG ENTR (Dirección General de Empresa e Industria), y para el comercio exterior el Reglamento (CE) no 111/2005, gestionado por la DG TAXUD (Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera). El Reglamento (CE) no 1277/2005, modificado por el Reglamento (CE) no 297/2009 y (UE) no 225/2011, establece las disposiciones detalladas de aplicación para las autoridades competentes y los operadores económicos.
1.9

El CESE considera que la propuesta sobre «responsabilidad solidaria» en situaciones de subcontratación es un elemento fundamental de la Directiva presentada ya que prevé la protección de los trabajadores en el sector donde la subcontratación está más generalizada, al tiempo que tiene en cuenta la necesidad de los empresarios de saber con seguridad cuáles son sus responsabilidades. No obstante, el CESE subraya que la propuesta debería respetar los sistemas de responsabilidad vigentes en los Estados miembros. El CESE recomienda encarecidamente a los Estados miembros que no posean sistemas de este tipo introducirlos tras haber consultado a los interlocutores sociales. No obstante, el CESE insta a la Comisión a que, junto con los interlocutores sociales, ofrezca una definición más precisa de «diligencia debida», tal y como se ha hecho en algunos Estados miembros. El CESE entiende que, sin perjuicio del diálogo social a nivel nacional, el concepto de «diligencia debida» significa que las empresas que realicen comprobaciones y controles adecuados de los subcontratistas no deberían considerarse responsables.
4.9

No obstante, el CESE está convencido de que las propuestas de la Comisión, cuyo ámbito de aplicación no incluye a las cooperativas lecheras, que producen el 58 % de la leche, no podrán solventar todas las dificultades del mercado de productos lácteos. El CESE lamenta que las propuestas objeto de examen no abarquen a la industria ni a los grandes distribuidores de productos lácteos que desempeñan un papel determinante en cuanto al equilibrio del mercado de los productos lácteos y a la formación de los precios.
1.8

Puesto que cualquier avance en la legislación sobre emisiones de escape de los motores de máquinas móviles no de carretera en la Directiva 97/68/CE se incorpora automáticamente a la Directiva equivalente sobre tractores (Directiva 2000/25/CE), el CESE recomienda que la Comisión Europea tenga en cuenta las características específicas de los tractores en general, y de los tractores de vía estrecha en particular, como parte de cualquier evaluación de impacto, aun cuando no estén incluidas en el ámbito de la Directiva 97/68/CE.
5.5

El CESE cree que la masa máxima propuesta para los cuatriciclos L6e y L7e que se indica en el anexo I es prematura. Aunque la masa máxima no se ha cambiado, ahora se denomina masa en orden de marcha. No solo es un límite más estricto en sí mismo, sino que no tiene en cuenta la influencia del peso añadido en virtud de los nuevos requisitos que se proponen en el anexo II, en particular las «estructuras de protección delanteras y traseras», aunque no exclusivamente. Puesto que las características técnicas de estos nuevos requisitos han de establecerse en los actos delegados, el CESE considera que los límites de la masa máxima deberían fijarse a la luz de los requisitos técnicos.
4.4

No es posible cuantificar las numerosas intervenciones del FSE en el ámbito de los empleos verdes y el desarrollo de las competencias, ya que no constituyen ni una prioridad ni una categoría de gasto (en el sentido del artículo 2 del Reglamento del FSE). El CESE, teniendo en cuenta la extrema generalidad de las definiciones de los empleos verdes (todos los empleos pueden hacerse más «verdes»), no considera fundamental crear una sexta categoría específica para los empleos verdes, sino que más bien aboga por reforzar las indicaciones relativas a los programas de adaptación y reconversión profesional.
—

garantizar que el poder económico no ponga en peligro las estructuras democráticas y las libertades (too big to fail),
1.4

El CESE considera positivo el objetivo consistente en asociar directamente a las actividades de farmacovigilancia a todas las partes interesadas; es decir, no sólo a los profesionales del sector y los órganos públicos competentes, sino también a los propios pacientes, que pueden así convertirse en protagonistas de la reducción de riesgos e intervenir cada vez más en las decisiones terapéuticas más idóneas para proteger su salud. El CESE considera que los nuevos elementos que introducen las propuestas no deben cuestionar ni debilitar las estructuras y los procedimientos existentes a nivel local, en particular, los que prevén la participación del paciente y los profesionales de la salud, siempre que se garanticen parámetros comunes para datos comparables mediante un procedimiento transparente y rápido.
2.9

Entre los objetivos complementarios que el sistema EMAS puede contribuir a alcanzar cabe destacar: — la reducción de los costes, en particular de los suministros, en términos de ahorros de material, consumo de energía y agua, — la disminución de los niveles de riesgo para los trabajadores, combinado con beneficios potenciales en términos de seguridad y confianza para los empresarios e inversores, — los posibles efectos positivos sobre la competitividad, habida cuenta de su mejor aceptación por parte de los consumidores y del mercado, y del aumento de la demanda de productos certificados, — la ampliación de los mercados de los contratos públicos, en particular, en términos de técnicas específicas de excelencia medioambiental, — una mejor asociación y participación de los trabajadores en el desarrollo de la organización a medio y largo plazo, — una mayor atención por parte del sistema de crédito, y canales privilegiados para acceder a la financiación, en particular, a través de cooperativas y sistemas de garantía.
2.12

La Directiva 83/349/CEE exige a cualquier empresa matriz que confeccione cuentas consolidadas, aun cuando la única filial o todas las filiales globalmente consideradas no presenten un interés significativo a efectos de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 83/349/CEE. Como consecuencia de ello, estas empresas quedan sujetas a lo previsto en el Reglamento (CE) no 1606/2002 y, por tanto, deben elaborar sus estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF. Este requisito se considera gravoso en el supuesto de que una empresa matriz sólo tenga filiales que no presenten un interés significativo.
4.2.1

Por su cuota de participación en la movilidad, la «marcha a pie» y la bicicleta no pueden ser considerados en general, como alternativas al uso del vehículo privado, salvo que el centro de trabajo y el domicilio estén muy cercanos, y las condiciones meteorológicas sean satisfactorias. Además, el uso de la bicicleta no es universal ya que excluye a personas con movilidad reducida, discapacitadas, menores de edad y ancianos. No obstante, en conexión con el transporte colectivo, la marcha a pie y la bicicleta pueden llegar a ser alternativas en determinadas ciudades.
1.3

Esta prórroga se concederá al suministro de bienes o servicios de gran intensidad de mano de obra (construcción, restauración, etc.) y, en el caso de algunos países, de bienes de especial importancia social (productos alimenticios, libros y revistas especializadas, productos farmacéuticos, etc.) Esta opción se justifica con el hecho de que, con toda probabilidad, el tipo reducido del IVA seguirá siendo válido para todos los países incluso una vez establecidas las nuevas reglas. Las exenciones que dificultan el funcionamiento del mercado interior no se prorrogan (insumos agrícolas).
2.2

En la actualidad, cuatro Estados miembros no han enviado a Eurostat los datos, y los que se han facilitando no son siempre perfectamente comparables. En lo tocante a la recopilación de datos trimestrales, no se satisfacen del todo las exigencias del BCE y de la Comisión en términos de cobertura, actualidad y armonización.
5.4.2

Conviene señalar algunas características del territorio: — continuo: no conoce fronteras; — escaso: no es renovable; — diverso: no es homogéneo; — estable: no se improvisa; — vulnerable: no está exento de riesgos y catástrofes; — irreversible: no cambia de uso fácilmente. El territorio, como estructura física y geográfica, es, por lo tanto, de una importancia estratégica fundamental. Las evaluaciones de impacto que realiza la Comisión deben incluir este enfoque territorial, para lo que es necesaria la colaboración de ORATE.
2.1

A mediados de 2005, diecinueve Estados miembros y once representantes de federaciones industriales nacionales participaron en unas consultas cuyo objetivo era determinar si se aplicaba la directiva anteriormente mencionada y si su derogación podría tener repercusiones negativas. Los resultados de la encuesta confirmaron que la mayoría de los Estados miembros y de las federaciones industriales no aplican esa directiva al comercio de madera, y que la propia directiva no resultaba ser suficientemente precisa por no tener en cuenta los usos previstos de la madera y por no estar adaptada a las necesidades del mercado.
4.13

El CESE acoge también favorablemente la mayor flexibilidad del nuevo Reglamento de aplicación con relación al Reglamento no 574/72 de aplicación del Reglamento no 1408/72, ya que permite a los Estados miembros efectuar una mejor transposición bilateral que el Reglamento de aplicación, siempre que los intereses de los beneficiarios y el funcionamiento de la coordinación no se vean amenazados. No obstante, con respecto a esta prioridad de que la flexibilidad no debe ir en detrimento de los beneficiarios, el CESE se pronuncia a favor de formular el artículo 9 con una expresión más estricta que la actual «no vulneren los derechos de los beneficiarios». En particular, debería señalarse explícitamente que si se aplica el reglamento de modo diferente, ello no debería entrañar una ampliación de los plazos o trámites oficiales suplementarios.