DECIMOQUINTO INFORME ANUAL sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario - 1997 - (98/C 250/01) COM(1998) 317 final

(Presentado por la Comisión el 27 de mayo de 1998)

ÍNDICE

Página

PRÓLOGO .......... 8

ESPACIO SIN FRONTERAS

1. Introducción .......... 12

2. Situación en los distintos sectores .......... 14

2.1. Eliminación de las fronteras físicas .......... 14

2.1.1. Asuntos aduaneros .......... 14

2.1.1.1. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los asuntos aduaneros .......... 14

2.1.2. Libre circulación de productos agrícolas .......... 14

2.2. Eliminación de las fronteras técnicas .......... 15

2.2.1. Libre circulación de mercancías .......... 15

2.2.1.1. Artículos 30 y siguientes del Tratado .......... 15

2.2.1.2. Las normas de prevención previstas en la Directiva 83/189/CEE .......... 18

2.2.2. Balance por sectores en materia de aplicación de las directivas pertenecientes al sector de la libre circulación de mercancías .......... 18

2.2.2.1. Productos alimenticios .......... 18

2.2.2.2. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los productos alimenticios .......... 19

2.2.2.3. Productos farmacéuticos .......... 19

2.2.2.4. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los productos farmacéuticos .......... 19

2.2.2.5. Productos químicos .......... 19

2.2.2.6. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los productos químicos .......... 20

2.2.2.7. Vehículos de motor, tractores y ciclomotores .......... 20

2.2.2.8. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los vehículos de motor, tractores y ciclomotores .......... 20

2.2.2.9. Productos de construcción .......... 21

2.2.2.10. Bienes de equipo (mecánica, equipos de protección individual, preenvasados, metrología, electrotécnica y aparatos médicos) .......... 21

2.2.2.11. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los bienes de equipo (mecánica, electromecánica, equipos de protección individual, aparatos de gas, aparatos de presión, preenvasado, metrología legal, dispositivos médicos y barcos de recreo) .......... 22

2.2.2.12. Productos cosméticos .......... 22

2.2.2.13. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los productos cosméticos .......... 22

2.2.2.14. Productos textiles .......... 22

2.2.2.15. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicable en el sector de los productos textiles .......... 23

2.2.2.16. Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos .......... 23

2.2.3. Libre circulación de las personas, derecho de establecimiento y derecho de voto .......... 23

2.2.3.1. Prohibición de discriminaciones .......... 23

2.2.3.2. Entrada y residencia .......... 23

2.2.3.3. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector del derecho de residencia .......... 24

2.2.3.4. Derecho de voto y de eligibilidad .......... 24

2.2.3.5. Reconocimiento de diplomas .......... 24

2.2.3.6. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector del reconocimiento de diplomas .......... 25

2.2.3.7. Agentes comerciales independientes .......... 26

2.2.4. Libre prestación de servicios .......... 26

2.2.4.1. Artículos 59 y siguientes .......... 26

2.2.4.2. Sector Audiovisual/Medios de Comunicación .......... 26

2.2.4.3. Telecomunicaciones .......... 27

2.2.4.4. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de las telecomunicaciones .......... 28

2.2.4.5. Servicios financieros .......... 28

2.2.4.6. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los servicios financieros .......... 31

2.2.4.7. Comunicaciones comerciales .......... 31

2.2.5. Libre circulación de capitales .......... 31

2.2.6. Derecho de sociedades .......... 31

2.2.6.1. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector del derecho de sociedades .......... 32

2.2.7. Propiedad intelectual e industrial .......... 32

2.2.7.1. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de la propiedad intelectual e industrial .......... 33

2.2.8. Contratos públicos .......... 33

2.2.8.1. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de los contratos públicos .......... 34

2.3. Supresión de las fronteras fiscales .......... 34

2.3.1. Fiscalidad directa .......... 34

2.3.1.1. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de la fiscalidad directa .......... 35

2.3.2. Fiscalidad indirecta .......... 35

2.3.2.1. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de la fiscalidad indirecta .......... 37

POLÍTICA DE LOS CONSUMIDORES Y PROTECCIÓN DE SU SALUD

3. Introducción .......... 37

4. Situación en los distintos sectores .......... 37

4.1. Seguridad y salud .......... 37

4.2. Protección de los intereses económicos de los consumidores .......... 38

4.3. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de la política de los consumidores y de la protección de su salud .......... 38

COMPETENCIA

5. Introducción .......... 39

6. Situación en los distintos sectores .......... 39

6.1. Empresas públicas .......... 39

6.2. Monopolios .......... 40

6.3. Comunicación de las medidas de ejecución en el sector de la política de competencia .......... 41

POLÍTICA SOCIAL

7. Introducción .......... 41

8. Situación en los distintos sectores .......... 41

8.1. Libre circulación de trabajadores .......... 41

8.1.1. Prohibición de discriminaciones .......... 41

8.1.2. Acceso al empleo en la función pública .......... 42

8.1.3. Seguridad social .......... 42

8.2. Igualdad de trato a hombres y mujeres .......... 43

8.3. Condiciones de trabajo .......... 43

8.4. Salud y seguridad en el lugar de trabajo .......... 43

8.5. Salud pública .......... 44

8.6. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas del sector social .......... 44

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN .......... 44

AGRICULTURA

9. Situación en los distintos sectores .......... 44

9.1. Mercados .......... 44

9.2. Armonización .......... 45

9.3. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de la agricultura .......... 48

PESCA

10. Introducción .......... 48

11. Situación en los distintos sectores .......... 48

11.1. Mercados .......... 48

11.2. Recursos .......... 48

11.3. Compatibilidad con el Derecho comunitario de las leyes nacionales en materia de concesión de pabellón a los buques pesqueros .......... 49

MEDIO AMBIENTE

12. Introducción .......... 49

12.1. Situación general .......... 49

12.2. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución .......... 51

12.3. Conformidad de las medidas nacionales de ejecución .......... 52

12.4. Correcta aplicación de las directivas .......... 53

12.5. Libertad de acceso a la información .......... 54

12.6. Evaluación de impacto medioambiental .......... 55

12.7. Acciones que deben llevarse a cabo .......... 56

13. Situación en los distintos sectores .......... 57

13.1. Aire .......... 57

13.2. Química y biotecnologías .......... 58

13.3. Agua .......... 60

13.4. Ruido .......... 63

13.5. Residuos .......... 64

13.6. Naturaleza .......... 67

13.7. Radioprotección .......... 70

13.8. Comunicación de las medidas de ejecución de las directivas aplicables en el sector del medio ambiente .......... 70

TRANSPORTES

14. Introducción .......... 71

15. Situación en los distintos sectores .......... 71

15.1. Transportes por carretera .......... 71

15.2. Transportes combinados .......... 72

15.3. Transporte por vía navegable .......... 72

15.4. Transporte por ferrocarril .......... 73

15.5. Transporte marítimo .......... 73

15.6. Transporte aéreo .......... 74

15.7. Hora de verano .......... 75

15.8. Comunicación de las medidas de ejecución de las directivas en el sector de los transportes 75

ENERGÍA

16. Introducción .......... 75

17. Situación en los distintos sectores .......... 75

17.1. Mercado interior de la electricidad y el gas natural .......... 75

17.2. Eficacia energética .......... 75

17.3. Hidrocarburos .......... 76

17.4. Comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas aplicables en el sector de la energía .......... 76

FONDOS ESTRUCTURALES Y DERECHO COMUNITARIO .......... 76

CUESTIONES PRESUPUESTARIAS .......... 78

PERSONAL DE LAS COMUNIDADES .......... 78

ESTADÍSTICAS .......... 79

ANEXOS

Anexo I: Infracciones presuntas de 1993 a 1997 .......... 80

Anexo II: Infracciones comprobadas de 1993 a 1997 .......... 87

Anexo III: Infracciones a los Tratados, Reglamentos y Decisiones .......... 95

Anexo IV: Aplicación de las Directivas .......... 110

Anexo V: Sentencias del Tribunal dictadas hasta el 31 de diciembre de 1997 y aún no ejecutadas 190

Anexo VI: Aplicación del Derecho comunitario por los órganos jurisdiccionales nacionales .......... 195

PRÓLOGO

El año 1997 se caracterizó por los siguientes elementos principales:

- desde el punto de vista estadístico, en 1997 se produjo un fuerte aumento del número de cartas de emplazamiento enviadas a los Estados miembros

- el porcentaje de incorporación de directivas aumentó en 1997 en todos los Estados miembros, en algunos de ellos con resultados muy significativos

- desde el punto de vista del procedimiento, en 1997 la Comisión propuso por primera vez al Tribunal que declarara el incumplimiento por parte de un Estado miembro y que impusiera una multa diaria hasta el cese de dicho incumplimiento. La Comisión ha aprobado ya ocho propuestas de ese tipo, dos de las cuales se encuentran ya ante el Tribunal de Justicia

- también en 1997, a raíz de la investigación por iniciativa propia del Defensor del Pueblo sobre los procedimientos de infracción, la Comisión decidió informar mejor al demandante en el marco de estos procedimientos

- las consecuencias del Consejo Europeo de Amsterdam, celebrado el 16 y el 17 de junio de 1997, sobre todo la propuesta de Reglamento de 18 de noviembre de 1997 por el que se establece un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de determinados obstáculos a los intercambios (1)

- las preguntas parlamentarias y las peticiones desempeñan un papel importante en la detección de las infracciones y son la causa de la apertura de nuevos procedimientos cada año

- finalmente, en 1997 la Comisión presentó una propuesta de decisión del Parlamento y del Consejo por la que se establece un programa de acción para la mejora de la sensibilización de las profesiones jurídicas al Derecho comunitario (acción Robert Schuman).

Como puede verse, todos estos elementos demuestran que, para la Comisión, el control de la aplicación del Derecho comunitario constituye el núcleo de su acción, tal como el Presidente Santer prometió en su discurso de investidura.

Análisis estadístico: los primeros efectos de la reforma de los procedimientos de 1996 han supuesto un aumento espectacular del número de emplazamientos y de casos archivados

El número de nuevas quejas pasó de 819 en 1996 a 957 en 1997 (+ 17 %), lo que significa una inversión de la tendencia a la baja observada en los años anteriores. El número de casos detectados de oficio por los servicios de la Comisión permanece estable (261).

El número total de cartas de emplazamiento efectivamente enviadas a los Estados miembros ha aumentado (1 460 en 1997 frente a 1 168 en 1996, es decir, un 23 % más). Este aumento se debe sobre todo a cartas de emplazamiento que no se refieren a casos de no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas (47 %). Sólo el número de dictámenes motivados enviados ha disminuido, habiendo pasado 436 en 1996 a 343 en 1997, es decir, un 21 % menos.

El fuerte aumento del número de emplazamientos decididos es el primer fruto de la reforma de los procedimientos aprobada en julio de 1996: un mayor respeto del plazo interno de un año para tomar una decisión sobre el fondo, junto al nuevo enfoque del emplazamiento (considerado como una solicitud de observaciones «desdramatizada»), han acortado claramente el plazo entre el registro de la queja o del caso detectado de oficio y la primera decisión sobre el fondo. Cabe indicar, a este respecto, que el número de casos archivados también ha aumentado, pasando de 1 765 a 2 151, lo que representa un aumento del 22 %, y que en total el número de expedientes en curso (el «stock») está disminuyendo.

Grado de incorporación de las directivas en 1997

El siguiente cuadro ofrece una visión general del grado de comunicación de las medidas nacionales de ejecución del conjunto de directivas aplicables al 31 de diciembre de 1997.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Al 31 de diciembre de 1997, los Estados miembros habían comunicado por término medio un 94 % de las medidas nacionales de ejecución necesarias para la aplicación del conjunto de directivas comunitarias aplicables. Esta cifra ha aumentado con respecto a 1996 (93 %). No obstante, los resultados individuales varían según los Estados miembros.

Cabe resaltar la considerable mejora de Suecia, cuyo porcentaje de comunicación de las medidas nacionales de ejecución aumenta 3 puntos en relación con 1996, lo que mejora aún más su posición (pasando del 5 al primer puesto). Igual de significativos son los resultados de Finlandia, que aumenta su porcentaje de comunicación del 81 % al 96,3 %, una vez que han podido resolverse los problemas de incorporación de las directivas por las islas Åland (en particular, en el sector agrícola) que se mencionaban en el Decimocuarto Informe anual.

Estos elevados porcentajes de incorporación ocultan una realidad de contrastes. El cuadro que se incluye al final del Anexo IV del presente informe permite tener una visión detallada, por Estado miembro y por sector, del grado de incorporación alcanzado en 1997.

Por último, por lo que se refiere a la calidad de la incorporación (conformidad de las medidas nacionales de ejecución con las directivas comunitarias y correcta aplicación de las mismas) el análisis por sectores que se incluye más adelante permite observar un balance detallado.

La aplicación del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 171 del Tratado CE

En 1997, la Comisión hizo, por primera vez, uso del derecho que le reconoce el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 171 del Tratado de Maastricht, según el cual:

Si el Estado miembro afectado no hubiere tomado las medidas que entrañe la ejecución de la sentencia [por incumplimiento] en el plazo establecido por la Comisión, ésta podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia. La Comisión indicará el importe que considere adecuado a las circunstancias para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado.

Si el Tribunal de Justicia declarare que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.

Al proponer al Tribunal que condene a los Estados miembros afectados a pagar una multa por no haber ejecutado la primera sentencia del Tribunal, la Comisión propone aplicar una medida que permitirá mejorar de manera decisiva el control de la aplicación del Derecho comunitario por los Estados miembros.

El 28 de enero y el 10 de diciembre de 1997, la Comisión adoptó ocho decisiones de recurso ante el Tribunal en otros tantos procedimientos de infracción que habían llegado a la fase de segundo recurso, acompañando esas decisiones de una solicitud de multa. La amenaza de multa tuvo un efecto especialmente disuasorio, puesto que dos de esos expedientes fueron rápidamente archivados, y otros dos están en vías de solución. En dos casos, la Comisión mantuvo el recurso ante el Tribunal con solicitud de multa: se trata de los expedientes contra Alemania por las aguas de superficie (aplicación de las directivas 75/440/CEE y 79/869/CEE, respectivamente).

La investigación por iniciativa del Defensor del Pueblo sobre los procedimientos de infracción

Las investigaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo a raíz de varias quejas relativas al funcionamiento de los procedimientos de infracción (en particular, el caso de la circunvalación de Newbury en el sector del medio ambiente), le llevaron a la conclusión de que era necesario revisar de manera más general la situación de procedimiento de los demandantes privados en el marco del procedimiento del artículo 169 (2), por lo que puso en marcha una investigación por iniciativa propia.

En el marco de esa investigación, el Defensor del Pueblo invitó a la Comisión a solicitar la opinión del demandante cuando tenga previsto archivar una queja. Ello permitiría al mismo tiempo implicar aún más a los ciudadanos en el desarrollo del procedimiento de infracción (la decisión de la Comisión de archivar una queja es inapelable) y hacer todo el proceso más transparente.

La Comisión aceptó esta recomendación. En su respuesta en nombre de la Comisión enviada el 24 de julio de 1997 al Defensor del Pueblo, el Secretario General de la Comisión indicaba:

«La información previa al demandante, se aplica ya en varios casos, en el marco del diálogo establecido con el demandante para la instrucción de la queja.

La Comisión está dispuesta a ampliar esta práctica. So reserva de los casos en los que la queja carezca obviamente de fundamento y de los casos en los que el demandante no vuelva a dar noticias suyas, la Comisión se encargará de informar al demandante de su intención de archivar el caso.».

El Defensor del Pueblo tomó nota de este compromiso y, mediante carta de 13 de octubre de 1997, notificó a la Comisión el archivo de su investigación por iniciativa propia, constatando la mejora de la posición de procedimiento del demandante en la fase precontenciosa del procedimiento de infracción y la ausencia de hipótesis de mala administración.

Las consecuencias del Consejo Europeo de Amsterdam: nuevos medios jurídicos para luchar contra los obstáculos manifiestos a la libre circulación de mercancías

Las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Amsterdam del 16 y el 17 de junio de 1997 indican que:

«El Consejo Europeo hace hincapié en la importancia capital de la incorporación correcta y a su debido tiempo al Derecho nacional, de toda la legislación adoptada y destaca la necesidad de informar plenamente a los ciudadanos a y las empresas sobre el mercado único, de aplicar activamente el Derecho comunitario en los Estados miembros y de establecer procedimientos que permitan solucionar los problemas de una manera más rápida y eficaz, previendo, en particular, que el Consejo delibere al respecto en caso de problemas recurrentes. El Consejo Europeo pide a la Comisión que examine los medios de garantizar eficazmente la libre circulación de mercancías, incluida la posibilidad de imponer sanciones a los Estados miembros. El Consejo Europeo invita a la Comisión a que le presente propuestas a tal efecto antes de su próxima reunión en diciembre de 1997».

La Comisión siguió estas conclusiones, adoptando el 18 de noviembre de 1997 una propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de algunos obstáculos a los intercambios (3). Este mecanismo permitía a la Comisión, cuando observa un obstáculo especialmente grave a la libre circulación de mercancías (4), tomar una decisión con efectos jurídicos vinculantes. Los particulares perjudicados podrán invocar esa decisión ante los órganos jurisdiccionales nacionales, en particular, para obtener medidas provisionales o daños y perjuicios. Si el Estado miembro no se ajusta a esta decisión en el corto plazo que la Comisión establezca, ésta podrá incoar un procedimiento 169 por incumplimiento, que permite recurrir al Tribunal de Justicia en un plazo extremadamente breve.

El papel de las preguntas parlamentarias y de las peticiones en el inicio de nuevos procedimientos de infracción

En 1997, las preguntas parlamentarias y las peticiones dieron lugar al inicio de 17 nuevos procedimientos de infracción, que afectaban fundamentalmente a los siguientes sectores: discriminaciones basadas en la nacionalidad y medio ambiente.

La acción Robert Schuman: formar a jueces y abogados en Derecho comunitario

La declaración n° 19, relativa a la aplicación del Derecho comunitario, aneja al acta final del Tratado de la Unión Europea, adoptada por la conferencia de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros el 7 de febrero de 1992, destaca que «para el buen funcionamiento de la Comunidad, es esencial que las medidas adoptadas en los distintos Estados miembros hagan que el Derecho comunitario se aplique con el mismo rigor y eficacia que su Derecho nacional».

En línea con ésta declaración, la Comisión presentó una propuesta de decisión del Parlamento y del Consejo por la que se establece un programa de acción en pro de una mayor sensibilización de las profesiones jurídicas al Derecho comunitario (Acción Robert Schuman) (5). En la exposición de motivos, la Comisión subraya que «los ciudadanos, los consumidores y las empresas sólo podrán hacer valer la totalidad de los derechos que les otorga el ordenamiento jurídico comunitario ante cualquier jurisdicción nacional de la Unión, si los profesionales del derecho que más directamente participan en esa aplicación de la norma de Derecho comunitario, es decir los jueces, los fiscales y los abogados, están suficientemente informados y formados para ello (2)

(2) Considerando n° 5 de la propuesta modificada.».

Por otra parte, siguiendo con ello las enmiendas del Parlamento, la Comisión amplió esta acción de sensibilización al conjunto de los profesionales del derecho que participan en la administración de la justicia.

El programa deberá plasmarse en acciones de formación (inicial o continua), por una parte, y de apoyo al desarrollo de los medios de información en Derecho comunitario por otra. El informe de evaluación sobre la aplicación del programa deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 1999.

Estos ejemplos ponen de manifiesto que la actividad de la Comisión como «guardiana del Tratado» no puede en modo alguno limitarse al envío de cartas de emplazamiento o de dictámenes motivados. En efecto, la Comisión realiza también un importante trabajo para prevenir las infracciones al Derecho comunitario. Ese trabajo de prevención se lleva a cabo en la fase de preparación de las propuestas legislativas y previo al procedimiento precontencioso del artículo 169 para evitar los procedimientos de infracción. Tal como l Comisión ha indicado anteriormente, «. . . legislar mejor es también adoptar, a escala comunitaria, textos fáciles de incorporar y de aplicar a nivel nacional (3)

(3) Véase el último párrafo de la primera página de Legislar mejor 1997. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, COM(97) 626, de 26 de noviembre de 1997.».

Este rápido repaso a las actividades de la Comisión no estaría completo si no se recordase el papel desempeñado por el Parlamento Europeo, cuyas Resoluciones sobre el informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario han contribuido a mejorarlo.

En conclusión, la Comisión desea llamar la atención sobre la importancia de algunos datos que figuran en el presente informe: el número de quejas y el de procedimientos de infracción aumentaron considerablemente en 1997. En opinión de la Comisión, este doble aumento pone de manifiesto que, por una parte, los ciudadanos de la Unión han expresado aún más claramente su necesidad de que se apliquen correctamente sus derechos y, por otra, que la Comisión ha asumido la parte de responsabilidad que le incumbe en el control del respeto de las reglas del juego. No obstante, hay que recordar que la Comisión no puede actuar sola: la aplicación correcta de estas normas, objetivo político fundamental de la integración europea, requiere la cooperación tanto de los Estados miembros como del conjunto de las instituciones.

ESPACIO SIN FRONTERAS

1. INTRODUCCIÓN

La Comunicación sobre el impacto y la eficacia del mercado único (6), que la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo el 26 de noviembre de 1996, permitió hacer un primer balance del funcionamiento del mercado único, de su impacto económico y de los desafíos futuros. Ese primer balance, sin duda positivo, puso sin embargo de manifiesto la existencia de numerosos fallos en el funcionamiento del mercado único, fallos que le impiden funcionar a pleno rendimiento. Europa necesita un gran mercado más eficaz para estimular el crecimiento, la innovación y el empleo. Así pues, en el Consejo Europeo de Dublín de diciembre de 1996, la Comisión anunció su intención de preparar un Plan de Acción en favor del mercado único, destinado a mejorar sus resultados en los próximos años.

Dicho Plan de Acción (7) incluía cuatro objetivos necesarios para comprender de manera clara y estratégica las acciones que deben llevarse a cabo de ahora en adelante:

- hacer que la legislación resulte más eficaz, mejorando la incorporación y la aplicación de las reglas comunes, y simplificando las normativas tanto comunitarias como nacionales

- suprimir las principales distorsiones que afectan al mercado, fundamentalmente combatiendo las barreras fiscales y los comportamientos contrarios a las normas de competencia

- suprimir los obstáculos sectoriales a la integración de los mercados, colmando sobre todo las lagunas del marco reglamentario del mercado único

- crear un mercado único al servicio de todos los ciudadanos, garantizando que los ciudadanos puedan gozar plenamente de sus derechos y desarrollando la dimensión social del mercado único.

El Consejo Europeo de Amsterdam, que se celebró el 16 y el 17 de junio de 1997, reiteró su pleno apoyo a las prioridades aprobadas en el marco del Plan de Acción, haciendo especial hincapié en la necesidad de emprender sin demora el primer objetivo estratégico encaminado a incrementar la eficacia de las normas comunitarias mediante una mejor incorporación y una aplicación más eficaz de las normas relativas al mercado único. A tal efecto, los Estados miembros han sido invitados a presentar un calendario detallado de su programa de incorporación y a informar a la Comisión de la creación de centros de coordinación para facilitar los contactos entre Administraciones nacionales y de puntos de contacto destinados a las empresas y a los ciudadanos.

En el ámbito de la cooperación administrativa, el programa Karolus (8), que se puso en marcha en 1993, permite el intercambio de funcionarios entre administraciones de los Estados miembros. Dicho programa contempla la armonización de la interpretación y la aplicación homogénea de la legislación comunitaria en el ámbito del mercado interior. Todos los Estados miembros han participado en el programa como países de origen y/o de recepción de funcionarios. Al 31 de diciembre de 1997, 417 funcionarios han participado en los ciclos de intercambio, que incluyen un seminario de formación, un período de intercambio de cerca de dos meses en una administración similar de otro Estado miembro y un seminario de evaluación del intercambio. El programa, de una duración de cinco años, concluye el 31 de diciembre de 1997. El Parlamento y el Consejo están estudiando una propuesta de decisión de ambas instituciones que contempla la prolongación del programa por un período de dos años y su apertura a los PECO asociados, a los países de la AELC miembros del EEE y a Chipre. El 27 de noviembre de 1997, el Consejo llegó a un acuerdo político sobre esta propuesta en primera lectura, por lo que cabe esperar una decisión rápida en segunda lectura.

Otros dos programas similares, el programa Matthaeus (9), que se puso en marcha en 1991, y el programa Matthaeus-Tax (10), iniciado en 1993, tienen por objetivo el intercambio de funcionarios, el primero en el sector aduanero y el segundo en el ámbito de la fiscalidad. Por otro lado, el Consejo aprobó dos acciones comunes en 1996: una se refiere a un programa de fomento y de intercambios para profesionales de la justicia (programa Grotius) (11) y otro un programa de formación, de intercambios y de cooperación en el ámbito de los documentos de identidad (programa Sherlock) (12).

La Comisión, como guardiana del Tratado, ejerce un control permanente de la incorporación y de la aplicación efectiva de la legislación de mercado interior a nivel nacional. A raíz de la adopción del plan de Acción, la Comisión se comprometió a publicar un informe sobre la aplicación de esta legislación y la puesta en práctica del plan de Acción. En el primer informe, presentado al Consejo de Mercado Interior de noviembre de 1997, se hace balance del estado actual de la incorporación al Derecho nacional por Estado miembro y por sector, del número de infracciones y de la aplicación del Plan de Acción.

Por otra parte, continúa presentándose un informe detallado sobre la incorporación en cada Consejo de Ministros de mercado interior, informe en el que se hace balance del estado actual de la incorporación al Derecho nacional de las directivas que revisten una gran importancia para el funcionamiento del mercado único. Al 1 de enero de 1998, de las 1 374 directivas de mercado interior vigentes, los Estados miembros habían comunicado el 93 % de las disposiciones legales necesarias.

A pesar de este porcentaje bastante elevado, subsisten retrasos considerables en algunos sectores importantes, como los contratos públicos, los servicios financieros y la propiedad intelectual e industrial. Esos retrasos se explican a menudo por dificultades vinculadas al proceso nacional de toma de decisiones o también por la complejidad técnica de los textos comunitarios que conduce a veces a una aprobación solamente parcial de las medidas nacionales de ejecución.

La Comisión considera también especialmente importante la calidad de la incorporación, puesto que una incorporación incompleta o incorrecta de las disposiciones comunitarias podría implicar una desigualdad de trato entre los distintos Estados miembros y crear, de facto, los obstáculos a la libre circulación que el mercado único se propone realmente eliminar.

Otra cuestión prioritaria es la de completar el marco legislativo del mercado único. La legislación comunitaria en materia de derecho de sociedades, por ejemplo, es incompleta y crea por ello obstáculos a la movilidad de las empresas europeas. Es imperativo que los Estados miembros lleguen a un acuerdo sobre el estatuto de la Sociedad europea. Tras la publicación del Informe del Grupo presidido por Etienne Davignon, se han elaborado al respecto diversos proyectos. En el marco de la imposición indirecta, los problemas existentes se resolverían sin duda con la adopción de un régimen definitivo. En otro plano, la libre circulación de las personas no se conseguirá plenamente mientras no se hayan establecido las medidas esenciales de seguridad. A ello se añade la necesidad de adaptar el mercado único a los nuevos desafíos tecnológicos, es decir la realización de la sociedad de la información y la instauración de las redes transeuropeas mediante la ejecución de proyectos prioritarios.

No obstante, completar el marco legislativo no basta. La creación de un verdadero espacio único, sin fronteras internas, exige también un esfuerzo de simplificación legislativa. En este sentido, la Comisión lanzó en 1996 el proyecto piloto SLIM (Simpler Legislation for the Single Market) (13) cuyo objetivo es explorar, a través de la simplificación legislativa y administrativa, los medios de reducir las dificultades y el papeleo a los que tienen que hacer frente las empresas a causa de la complejidad de algunas legislaciones. En mayo de 1997 se llevó a cabo una segunda fase del ejercicio, dedicada a la legislación bancaria, la nomenclatura combinada del comercio exterior, las obligaciones IVA y los abonos. Las recomendaciones de estos grupos de trabajo fueron objeto de una comunicación al Consejo de Mercado Interior del 27 de noviembre de 1997.

La eficacia del mercado interior depende asimismo de una aplicación correcta y amplia de sus normas en las jurisdicciones de la Unión. La Acción Robert Schuman tiene por objetivo mejorar la aplicación del Derecho comunitario mediante una mayor formación e información de los jueces y de los abogados. Al estimular la sensibilización de las profesiones jurídicas a los aspectos prácticos del Derecho comunitario, la Acción Robert Schuman contribuye a la realización del potencial del mercado interior, en beneficio de los ciudadanos, de los consumidores y de las empresas. La Acción actúa en colaboración con las instituciones responsables de la formación de jueces y abogados, que pueden solicitar un apoyo financiero para proyectos específicos de formación o información en Derecho comunitario. En la fase Piloto de 1997, más de cuarenta proyectos, elaborados a escala local, han sido seleccionados para recibir apoyo de la Acción Robert Schuman.

Por último, el éxito del mercado único presupone que los ciudadanos conozcan sus derechos y la manera de ejercerlos en la práctica. Los derechos que la Unión Europea confiere a los ciudadanos en el ámbito de la igualdad de trato a hombres y mujeres, de la protección de los consumidores, de la compra de bienes y servicios en otros Estados miembros y de los viajes dentro de la Unión Europea constituyen el núcleo de la segunda fase de la iniciativa «Ciudadanos de Europa» que la Comisión lanzó en 1997. En esta fase se recoge la estrategia seguida con éxito en la primera fase (noviembre de 1996: trabajar, residir o estudiar en un Estado miembro distinto del de origen), difundiendo entre un público lo más amplio posible información clara y concreta sobre los derechos y posibilidades que ofrece la Unión Europea a los ciudadanos y sobre lo que conviene hacer cuando alguien no respeta esos derechos.

2. SITUACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES

2.1. Eliminación de las fronteras físicas

2.1.1. Asuntos aduaneros

La Comisión incoó un procedimiento contra Francia por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Código Aduanero Comunitario. En efecto, la Comisión considera que la legislación francesa, al reservar a los agentes marítimos la representación para la realización de los actos y gestiones vinculados a la presentación en aduana y al limitar, tanto para la representación directa como para la representación indirecta, el derecho a hacer las declaraciones a los agentes de aduanas homologados y a los titulares de una autorización de despacho de aduana, no se ajusta al Código Aduanero Comunitario, que impone, en particular, que el ejercicio de la representación no reservada sea libre.

En 1995, la Comisión envió a Italia una carta de emplazamiento en virtud del artículo 171 del Tratado por incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de febrero de 1994 (14), relativa al mantenimiento por las autoridades nacionales, en contra de la normativa comunitaria, por una parte, de un monopolio de representación en favor de los expedidores de aduana italianos, sin ofrecer a nadie más la posibilidad de hacer una declaración en nombre propio y por cuenta de otros y, por otra, de la exigencia de las mismas calificaciones a los asalariados encargados de hacer estas declaraciones que a los profesionales independientes. Este procedimiento pudo ser archivado dado que Italia admite ya ambos tipos de representación, de acuerdo con la sentencia antes citada.

Otro expediente relativo al incumplimiento por Italia de las normas de tránsito comunitario fue también archivado después de que una nueva circular italiana ajustara las disposiciones nacionales a la normativa aduanera en la materia [Reglamentos (CEE) n° 2913/92 y n° 2454/93] (15). Así, Italia ya no recurre al tránsito externo en las situaciones en litigio, dado que este tipo de tránsito sólo puede afectar a mercancías comunitarias en un número limitado de casos en los que hay en juego medidas comunitarias con motivo de la exportación.

2.1.1.1. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.1.2. Libre circulación de productos agrícolas

Uno de los principios básicos del funcionamiento de la política agrícola común (PAC) y de sus organizaciones comunes de mercado consiste en garantizar la libre circulación de los productos agrícolas en un mercado único.

El Tribunal de Justicia ha recordado en varias ocasiones que los artículos 30 y 34 del Tratado CE forman parte integrante de las organizaciones comunes de mercado, aunque su mención expresa en el cuerpo de las mismas resulte superflua desde el 1 de enero de 1970.

La Comisión ha mantenido una vigilancia permanente con el fin de eliminar rápidamente los obstáculos a los intercambios de productos agrícolas en la Comunidad.

La tendencia observada el año pasado de reducción del número de nuevos casos de obstáculos clásicos a la libre circulación de productos agrícolas, tales como los controles sistemáticos a la importación o la exigencia de certificados, se ha confirmado este año.

El asunto ante el Tribunal de Justicia contra Alemania, relativo a algunas carnes frescas de cerdos procedente de Dinamarca, sigue pendiente (16).

La obligación impuesta por las autoridades de la región de Valencia, de utilizar exclusivamente la lengua española en el etiquetado de manzanas procedente de otros Estados miembros, fue objeto de un dictamen motivado porque el artículo 30 del Tratado CEE y el Reglamento (CEE) n° 1035/72, por el que se establece una organización común de mercados se oponen a la imposición por una reglamentación nacional de la utilización exclusiva de una lengua determinada en el etiquetado de los productos alimenticios en la fase del comercio al por mayor (es decir, en una fase en la que no interviene el consumidor español, sino los profesionales del sector). Al haber aceptado las autoridades españolas la posición de la Comisión, el procedimiento fue archivado.

Por lo que se refiere a obstáculos menos clásicos como la repetición de las acciones de violencia cometidas en Francia por particulares contra las frutas y hortalizas procedentes de otros Estados miembros, sobre todo de España, y la abstención de las autoridades públicas de adoptar las medidas requeridas para hacerles frente, la Comisión acogió con satisfacción la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-265/95, en la que el Tribunal declara que «al no adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas para que las acciones de particulares no obstaculicen la libre circulación de las frutas y hortalizas, la República Francesa ha faltado a las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CE, en relación con el artículo 5 del mismo Tratado, y de las organizaciones comunes de mercados agrícolas».

2.2. Eliminación de las fronteras técnicas

2.2.1. Libre circulación de mercancías

2.2.1.1. Artículos 30 y siguientes del Tratado

Dado que el respeto del principio de libre circulación de las mercancías es esencial para el buen funcionamiento del mercado interior, la Comisión presta una atención muy especial a la aplicación de los artículos 30 a 36 del Tratado CE. El número de expedientes en los que se examinan las disposiciones de los Estados miembros que pueden representar un obstáculo para los intercambios sigue siendo significativo. En 1997, el número de nuevas quejas registradas por la Comisión ascendió a 143. El número de expedientes de infracción no archivados al 31 de diciembre de 1997 asciende a 444.

Un año más, las «reuniones paquete» organizadas en los Estados miembros han permitido resolver un gran número de casos de obstáculos a los intercambios (véanse los ejemplos que se citan más adelante). Las «reuniones paquete», que se utilizan desde hace varios años para llegar a soluciones no contenciosas siempre que se plantea un caso de aplicación del artículo 30, resultan un valioso instrumento de diálogo y de cooperación administrativa entre los servicios de la Comisión y las Administraciones nacionales. Con el fin de mejorar su eficacia, a principios de 1997 se constituyó una «red» con los Presidentes responsables en cada país de las «reuniones paquete». Esta decisión se tomó tras una reunión en Bruselas de dichos Presidentes, que puso de manifiesto lo mucho que interesa, tanto a los Estados miembros como a la Comisión, compartir su experiencia de la gestión del contencioso por medio de la cooperación. Esta «red» permitirá asimismo facilitar el intercambio de información y aprovechar las soluciones que se hayan encontrado con un Estado miembro que pueden aplicarse con otros Estados miembros.

En 1997, se organizaron «reuniones paquete» con Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia e Irlanda. Entre los casos de infracción comprobados en los distintos sectores de la economía europea que encontraron solución gracias a esas reuniones, cabe citar los ejemplos siguientes:

En el sector de las telecomunicaciones, el procedimiento de infracción acelerado incoado contra una norma española que regulaba la comercialización de los decodificadores de señales de televisión numérica por satélite condujo a las autoridades españolas a modificar su normativa, que garantiza ya el acceso al mercado de los decodificadores que responden a las distintas tecnologías disponibles. En este mismo ámbito, también a raíz de la intervención de la Comisión, las autoridades griegas e italianas ha adoptado normativas que permiten garantizar el reconocimiento mutuo de los certificados de pruebas de los aparatos de radiocomunicación suministrados por organismos autorizados de los otros Estados miembros.

En el sector de los productos alimenticios, cabe recordar la modificación de la normativa británica relativa a la explotación de despachos de bebidas en régimen de alquiler a las fábricas de cerveza. La nueva normativa permite a los arrendatarios vender en esos locales cervezas distintas de la elaborada por el dueño de los locales. Esta excepción, reservada antes únicamente a las cervezas fabricadas según el método «cask conditioned», se ha ampliado ahora a cervezas tradicionales en botella. De esta forma, cervezas procedentes de otros Estados miembros tienen ya acceso a esos despachos de bebidas en el Reino Unido.

En el sector de la industria farmacéutica, el principio de autorización de las importaciones paralelas condujo a las autoridades italianas a adoptar, a petición de la Comisión, una normativa que establece un procedimiento simplificado para la autorización de productos farmacéuticos importados por vía paralela.

También se han conseguido éxitos en el sector del automóvil, que representa aún una parte importante de las quejas dirigidas a la Comisión. Así por ejemplo, las autoridades finlandesas modificaron su normativa sobre la puesta en servicio de los vehículos de motor de segunda mano, que imponía determinadas exigencias en materia de frenado y de emisiones contaminantes o sonoras. Estas exigencias eran, por una parte, discriminatorias, ya que sólo se aplicaban a los vehículos importados y, por otra, desproporcionadas, ya que sobrepasaban el nivel necesario para garantizar la protección de la seguridad y del medio ambiente. La nueva normativa ya no es discriminatoria y permite garantizar la protección del medio ambiente y de la seguridad sin impedir la libre circulación de mercancías.

Las normativas sobre contratos públicos pueden ser contrarias al artículo 30 del Tratado cuando tienen como consecuencia reservar esos contratos a la industria nacional. Así pues, una normativa italiana relativa a las subvenciones para compras de autobuses, tranvías y trolebuses por los municipios, imponía la compra exclusiva de vehículos que se ajustaran a las prescripciones técnicas italianas para obtener una subvención pública. Tal disposición era discriminatoria para los vehículos importados puesto que tenía como efecto hacer más difícil o más costosa la compra de esos vehículos fabricados según las prescripciones de otros Estados miembros o ya comercializados en otro Estado miembro. A raíz de las gestiones realizadas por la Comisión ante las autoridades italianas, éstas aprobaron un decreto que suprime los aspectos discriminatorios de la normativa.

Por último, en el sector de las labores de metales preciosos, la Comisión archivó los procedimientos de infracción en curso contra la normativa española y danesa después de su modificación. Dichas disposiciones limitaban la gama de títulos admitidos y no reconocían el marcado efectuado en otros Estados miembros, lo que daba lugar a una protección desproporcionada de los mercados español y danés. La ampliación del número de títulos admitidos por las autoridades españolas y danesas así como el reconocimiento del marcado efectuado por organismos acreditados pusieron fin al carácter excesivamente restrictivo de las normativas española y danesa.

Cuatro años después de la apertura de las fronteras interiores de la Comunidad, el número de infracciones a la libre circulación de mercancías sigue siendo muy importante. Esta es la razón por la que, en su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo de septiembre de 1996, la Comisión llamó la atención del Parlamento y de los Estados miembros sobre estas dificultades. En respuesta a estas preocupaciones, el Consejo Europeo de Amsterdam de los días 16 y 17 de junio de 1997 pidió a la Comisión que examinara las vías y medios de hacer más efectivo la libre circulación de mercancías y que le presentara propuestas, en su caso combinadas con sanciones, en su reunión del mes de diciembre en Luxemburgo. Para responder a este mandato, el 18 de noviembre de 1997, la Comisión adoptó una propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece un mecanismo de intervención destinado a eliminar determinados obstáculos a los intercambios [COM(97) 319 de 18 de noviembre de 1997].

El 1 de enero de 1997 entró en vigor un nuevo instrumento cuyo objetivo es permitir un tratamiento rápido y no contencioso basado en la transparencia y la confianza mutua. El procedimiento de información que establece la Decisión 3052/95 organiza la transparencia de las excepciones al principio de libre circulación de mercancías, obligando a los Estados miembros a notificar a la Comisión las medidas que impiden la circulación de un producto que haya sido fabricado o comercializado legalmente en un Estado miembro. En 1997 se notificaron (35) medidas nacionales.

La Comisión decidió recurrir ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en un caso de obstáculos a la libre circulación de mercancías por la normativa italiana sobre metales preciosos. Dicha normativa contiene una serie de disposiciones contrarias a las normas comunitarias en materia de libre circulación de mercancías. En primer lugar, sólo permite la comercialización en Italia de labores que corresponden a una gama limitada de títulos. Además, obliga a los fabricantes extranjeros a que tengan un representante en Italia e impone un marcado suplementario sin ofrecer la posibilidad de que se reconozcan las marcas ya puestas en el artículo importado. Tras numerosos contactos, y debido a la ausencia de reacción de las autoridades italianas al envío del dictamen motivado, la Comisión decidió proseguir el procedimiento previsto en el artículo 169 CE recurriendo ante el Tribunal de Justicia.

En su sentencia de 13 de marzo de 1997 (asunto C-358/95, Morellato) el Tribunal reafirma que la aplicación de una ley nacional relativa a la composición de un producto, en este caso una ley italiana que prohibía la comercialización del pan debido a su grado de humedad y de su contenido en cenizas y salvado, constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa según lo dispuesto en el artículo 30 que no puede justificarse por la necesidad de proteger la salud pública.

En su sentencia de 20 de marzo de 1997 (asunto C-352/95, Phytheron Internacional), el Tribunal se pronuncia sobre la interpretación del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a las marcas, precisando así las normas aplicables a las importaciones paralelas. En primer lugar, el Tribunal recuerda que, puesto que dicha disposición regula de manera completa la cuestión del agotamiento del derecho de marca de los productos comercializados en la Comunidad, toda medida nacional al respecto debe valorarse en relación con esa disposición, no con los artículos 30 y 36 del Tratado. No obstante, al destacar que el mencionado artículo 7 está redactado en términos que corresponden a los utilizados en la jurisprudencia anterior en materia de artículos 30 y 36, en la que el Tribunal desarrolla el principio del agotamiento, el Tribunal confirma su interpretación según la cual el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede invocar dicha ley para impedir la importación de un producto puesto en circulación en otro Estado miembro por el titular del derecho incluso con su consentimiento.

En su sentencia de 20 de marzo de 1997 (asunto C-13/96, Bic Benelux), el Tribunal precisa el concepto de «especificación técnica» según el artículo 1 n° 1 de la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1989. Respecto a una medida que exigía un marcado distinto de un producto que indicaba el importe de un impuesto ecológico, el Tribunal concluye que constituía una prescripción técnica según lo dispuesto en la Directiva (y no una medida complementaria fiscal) que debía notificarse a la Comisión para la evaluación de su compatibilidad con las normas del Tratado, en particular, con el artículo 30.

En su sentencia de 7 de mayo de 1997 (asuntos acumulados C-321/94, C-322/94 y C-324/94, Pistre), que se refería a productos que llevaban la mención «montaña» en su etiqueta, el Tribunal reafirma que las legislaciones nacionales sobre las denominaciones no debían utilizarse para obstaculizar el comercio intracomunitario. En efecto, tales denominaciones no deben confundirse con una indicación de procedencia susceptible de ser protegida por el derecho de la propiedad industrial y comercial.

En el mismo asunto, el Tribunal, entre otras cosas, desestima la alegación del Gobierno francés según la cual los hechos de los litigios principales, es decir las actuaciones penales contra nacionales franceses y referidas a productos franceses comercializados en territorio francés, deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de los artículos 30 y 36 del Tratado. A este respecto, el Tribunal precisa que, en una situación semejante, la citada medida nacional, que favorece la comercialización de mercancías nacionales en detrimento de mercancías importadas, crea y mantiene por misma una disparidad de trato susceptible de obstaculizar, al menos potencialmente, el comercio intracomunitario.

En una sentencia de 5 de junio de 1997 (asunto C-105/94, Celestini), el Tribunal considera que los artículos 30 a 36 del Tratado CE no se oponen a que un Estado miembro someta el vino producido en otro Estado miembro a un control conveniente con el fin de examinar su conformidad con las normas comunitarias, aunque dicho vino vaya acompañado de certificados de análisis regulares expedidos por laboratorios debidamente autorizados en el Estado miembro de origen, en la medida en que esos controles se apliquen de manera no discriminatoria, respeten el principio de proporcionalidad y tengan en cuenta los controles ya efectuados en el Estado miembro de origen.

La sentencia dictada el 26 de junio de 1997 (asunto C-368/95, Vereinigte Familiapress) permitió al Tribunal aclarar el alcance del concepto de «modalidad de venta», que estableció en su jurisprudencia Keck (sentencia de 24 de noviembre de 1993, asuntos C-267/91 y C-268/91). Se trataba de la prohibición prevista en el derecho austríaco de vender en el territorio nacional publicaciones periódicas que contuvieran juegos y/o concursos dotados de premios, incluso los legalmente producidos y comercializados en otro Estado miembro. El Gobierno austríaco mantenía que dicha prohibición quedaba fuera del ámbito de aplicación del artículo 30 del Tratado porque contemplaba un método de promoción de ventas y, por consiguiente, una modalidad de venta acorde con la sentencia Keck. El Tribunal desestimó esta alegación declarando que aun cuando se tratara de un método de promoción de ventas, dicha ley afectaba al contenido mismo de los productos, de los que los juegos en cuestión formaban parte integrante y que, en cualquier caso, comprometía el acceso del producto en cuestión al mercado del Estado de importación y, por consiguiente, obstaculizaba la libre circulación de mercancías. En cuanto a las justificaciones invocadas por el Gobierno austríaco en apoyo de la medida en litigio, el Tribunal recordaba que el mantenimiento del pluralismo de la prensa puede constituir una exigencia imperativa que justifique una restricción a la libre circulación de mercancías, si bien una medida oficial adoptada en virtud de tal exigencia debe ser proporcionada y que debe comprobarse que ese objetivo no puede alcanzarse con medidas menos restrictivas tanto para los intercambios intracomunitarios como para la libertad de expresión.

2.2.1.2. Las normas de prevención previstas en la Directiva 83/189/CEE (17)

El procedimiento de información que establece la Directiva 83/189/CEE es un instrumento fundamental de prevención de los obstáculos a los intercambios y de información mutua. Esta Directiva obliga a los Estados miembros a que presenten los proyectos de normativa técnica a un control previo a su aprobación definitiva en el marco del procedimiento de información, quedando excluidas del procedimiento en particular las normativas técnicas adoptadas para ajustarse a las obligaciones derivadas de actos comunitarios.

En 1997, la Comisión recibió 900 (18) proyectos de normativas técnicas que fueron examinados por sus servicios correspondientes. En 1995 y 1996 fueron 439 (19) y 523 (20), respectivamente. Estas cifras ponen de manifiesto que, a pesar de la realización del mercado interior a finales de 1992, los Estados miembros continúan adoptando una multitud de normativas técnicas. El elevado número de proyectos recibidos en 1997 se explica también por el hecho de que las autoridades neerlandesas se lanzaron a una operación de «recuperación» por la que comunicaron a la Comisión 230 textos que habían adoptado sin pasar por el procedimiento de notificación. Esto permitió corregir muchos de esos textos, que contenían disposiciones contrarias al Derecho comunitario.

De las 900 notificaciones de 1997, 102 (21) fueron objeto de un dictamen detallado de la Comisión según el cual la medida considerada debía modificarse con el fin de eliminar los obstáculos a la libre circulación de bienes a los que, en su caso, pudiera dar lugar. Los Estados miembros emitieron, por su parte, 103 (22) dictámenes detallados. Una (23) notificación fue objeto de una solicitud de la Comisión destinada a prorrogar un año la aprobación de la medida nacional notificada anunciando su intención de proponer un acto de armonización comunitaria y dos (24) fueron también objeto de un aplazamiento de un año debido a que se referían a una materia cubierta por una propuesta de Directiva o Reglamento presentado al Consejo.

Desde 1989, la Comisión garantiza el respeto de la obligación de notificación mediante el examen sistemático de las publicaciones oficiales de todos los Estados miembros. La constatación por la Comisión de una violación de la Directiva 83/189/CEE se traduce en el inicio de un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 169 del Tratado CE. A finales de 1997, estaban en curso de instrucción unos 70 procedimientos de este tipo.

2.2.2. Balance por sectores en materia de aplicación de las directivas pertenecientes al sector de la libre circulación de mercancías

2.2.2.1. Productos alimenticios

En general, en el sector de los productos alimenticios, los Estados miembros adoptan las medidas nacionales de ejecución de las directivas sin respetar estrictamente los plazos que establecen dichas directivas.

Con respecto a los casos de no comunicación de las medidas nacionales de ejecución, la Comisión decidió en 1997 el envío de 62 cartas de emplazamiento. Paralelamente, la Comisión decidió el envío de 19 dictámenes motivados, habiéndose archivado 71 casos de infracción.

Así pues, la Directiva 93/43/CEE, relativa a la higiene de los productos alimenticios fue incorporada con retraso en una serie de Estados miembros. Esta Directiva, adoptada por unanimidad en 1993, debía incorporarse a más tardar en diciembre de 1995. Al 1 de enero de 1997, 7 Estados miembros aún no habían incorporado la Directiva 93/43/CEE. Tras el envío de un dictamen motivado, 3 Estados miembros aprobaron finalmente sus medidas nacionales de ejecución de la Directiva.

Con respecto a los casos de aplicación incorrecta de las Directivas y Reglamentos relativos a los productos alimenticios, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia en relación con un expediente. Paralelamente, la Comisión decidió el envío de un dictamen motivado y de una carta de emplazamiento.

Al mismo tiempo, se han presentado cerca de una decena de expedientes de quejas. Unos cuantos de esos asuntos pudieron solucionarse tras un intercambio de cartas entre los servicios de la Comisión y las autoridades nacionales.

2.2.2.2. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.2.3. Productos farmacéuticos

En 1997, la Comisión recibió la notificación de un número considerable medidas de incorporación. En algunos casos, la notificación sólo se produjo después de que la Comisión incoara el procedimiento del Artículo 169 contra los respectivos Estados miembros. Hasta la fecha, nueve de los quince Estados miembros han incorporado todas las directivas aplicables en el sector de los productos farmacéuticos. La situación relativa a la incorporación de las Directivas sobre la homeopatía (92/73/CEE y 92/74/CEE) y a las Directivas por las que se establece un «nuevo sistema» de reconocimiento mutual (93/39/CEE y 93/40/CEE) ha mejorado de manera significativa, habiéndose archivado varios procedimientos de infracción después de que los Estados miembros notificaran la incorporación - tardía - de las mencionadas Directivas. En todos los demás casos de no incorporación, los procedimientos de infracción siguen su curso, curso que la Comisión sigue de cerca.

Existen también algunos problemas de carácter general relativos a la interpretación y a la aplicación de las Directivas farmacéuticas por los Estados miembros. Tales casos se refieren principalmente a las distintas interpretaciones que dan los Estados miembros al término «producto médico» (lo que a veces da lugar a obstáculos a la libre circulación de mercancías) y a quejas relativas al supuesto incumplimiento por las autoridades nacionales competentes de los plazos u otros requisitos. La incorporación y la aplicación de la letra a) del apartado 8 del artículo 4 de la Directiva 65/65/CEE por los Estados miembros ha dado también lugar a varias quejas recientes.

La Comisión está examinando cuidadosamente tales casos y quejas pero, por el momento, no hay prevista ninguna medida legislativa. No obstante, cabe resaltar que existe un proyecto bastante avanzado de codificación de la legislación farmacéutica (tanto humana como veterinaria) y que tal codificación incrementará el grado de claridad de la legislación y, en último término, la eficacia de su aplicación.

2.2.2.4. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.2.5. Productos químicos

Los procedimientos de infracciones incoados por no comunicación por producto químico y por Directiva son los siguientes:

En materia de sustancias y preparados peligrosos (93/18/CEE), se envió un dictamen motivado a Italia, esperándose que Portugal regularice la incorporación en los próximos meses.

En el ámbito de la limitación de la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (94/60/CE), se esperan las leyes nacionales de Bélgica, Irlanda, Italia y Portugal.

Por lo que se refiere a los abonos, se han enviado dictámenes motivados por no incorporación de la Directiva 93/69/CEE a Bélgica, Grecia y Francia, país cuya regularización se espera en breve. Luxemburgo debe también incorporar la Directiva 95/8/CE. Se esperan las medidas de incorporación de la Directiva 96/28/CE por Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria y Suecia.

La Comisión no ha recibido nuevas solicitudes con arreglo al apartado 4 del artículo 100a en relación con disposiciones más estrictas que las que prevén las directivas del sector de los productos químicos.

Los servicios competentes de la Comisión siguen examinando cuatro solicitudes con arreglo al apartado 4 del artículo 100a, todas las cuales se refieren a la «creosota» regulada por la Directiva 94/60/CE.

2.2.2.6. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.2.7. Vehículos de motor, tractores y ciclomotores

El 1 de enero de 1996, el procedimiento de homologación comunitario se convirtió en obligatorio para los vehículos de la categoría M1, por lo que las directivas correspondientes son ya vinculantes.

En 1997, la incorporación de estas Directivas, tan importante en un contexto de armonización general, se produjo también sin problemas, gracias a la experiencia adquirida por las autoridades nacionales competentes.

Dado el carácter técnico y detallado de las disposiciones de este sector, muchos Estados miembros se limitan a incorporar automáticamente a su legislación nacional el texto publicado en el Diario Oficial, lo que, en la práctica, facilita y acelera tanto el proceso de incorporación como el control de conformidad con el Derecho comunitario. Hay algunos retrasos de incorporación, pero rara vez exceden de algunos meses y en general se deben a que la fecha en que termina el plazo de incorporación es una fecha cercana a la de aprobación de la Directiva.

2.2.2.8. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.2.9. Productos de construcción

La Comisión presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia contra Bélgica por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva 89/106/CEE.

También existen problemas con Austria, que no ha incorporado la Directiva correctamente.

La Comisión está utilizando el mecanismo que establece la Directiva para llevar a cabo el seguimiento de las quejas sobre obstáculos al libre comercio y para verificar que dichas prácticas se ajustan al Derecho comunitario. Antes, tales casos sólo se examinaban a la luz de los artículos 30 a 36 del Tratado.

2.2.2.10. Bienes de equipo (mecánica, equipos de protección individual, preenvasados, metrología, electrotécnica y aparatos médicos)

Los sectores a los que afecta la legislación comunitaria del sector de los bienes de equipo (mecánica, electrotécnica, equipos de protección individual, gas, presión, preenvasados, metrología legal, productos médicos y barcos de recreo) cuentan con 100 directivas cuyo plazo de incorporación vencía el 31 de diciembre de 1997.

El porcentaje de incorporación es satisfactorio, habida cuenta de la objetiva complejidad de la incorporación de esas directivas (la mayoría de ellas del tipo «nuevo enfoque»). En cualquier caso, incluso en los casos de retraso de incorporación o de incorporación incompleta, todo indica que la libre circulación de productos conformes no se ve amenazada. Los retrasos están en general relacionados con razones de orden interno de los Estados miembros (dictamen pendiente del Consejo de Estado, competencia de varios Ministerios, incorporación del acervo comunitario en los casos de adhesión de un nuevo Estado miembro, lentitud del proceso legislativo, etc.).

Se han planteado algunos problemas de interpretación de los textos, tal como el de los productos comercializados al final de los períodos transitorios previstos en las directivas. En estos casos, los servicios actúan tanto a nivel formal (apertura de procedimientos con arreglo al artículo 169) como informal (reuniones de «Grupos de expertos», fichas interpretativas, etc.), lo que ha permitido evitar o incluso solucionar algunas diferencias.

Por otro lado, los servicios competentes en algunos sectores han examinado varias cláusulas de salvaguardia notificadas por los Estados miembros en el marco de la vigilancia del mercado, en particular en el sector de las «máquinas», los «aparatos de gas» y los «aparatos de presión simple». Tales notificaciones llevaron a la Comisión a pronunciarse sobre el fundamento o no de las medidas nacionales restrictivas.

En materia de etiquetado de los materiales utilizados en el calzado (Directiva 94/11/CE), de los cuatro procedimientos incoados por no comunicación de las medidas nacionales se han archivado tres, correspondientes a Bélgica, Francia e Irlanda, habiéndose enviado un dictamen motivado a Luxemburgo.

La Directiva 93/68/CEE modifica las Directivas 87/404/CEE (recipientes a presión simples), 88/378/CEE (seguridad de los juguetes), 89/106/CEE (productos de construcción), 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética), 89/392/CEE (máquinas), 89/686/CEE (equipos de protección individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático), 90/385/CEE (productos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas), 91/263/CEE (equipos terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos), y 73/23/CEE (material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión)

El Reino Unido, España, Portugal, Grecia, Dinamarca y Suecia han incorporado todas las Directivas.

Francia, Alemania y Finlandia han incorporado todas las Directivas, excepto la Directiva 92/42/CEE.

Los Países Bajos han incorporado todas las Directivas, excepto la Directiva 91/263/CEE.

Bélgica ha incorporado todas las Directivas, excepto las Directivas 89/106/CEE y 90/385/CEE.

Luxemburgo ha incorporado todas las Directivas, excepto las Directivas 91/263/CEE y 92/42/CEE.

Italia ha incorporado todas las Directivas, excepto las Directivas 89/106/CEE, 90/396/CEE, 92/42/CEE y 73/23/CEE.

Irlanda ha incorporado todas las Directivas, excepto las Directivas 89/106/CEE, 89/336/CEE, 90/385/CEE, 91/263/CEE y 92/42/CEE.

Austria ha incorporado todas las Directivas, excepto las Directivas 88/378/CEE, 89/106/CEE, 89/392/CEE, 89/686/CEE, 90/385/CEE, 90/396/CEE y 92/42/CEE.

2.2.2.11. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.2.12. Productos cosméticos

En 1997 se registraron una serie de medidas nacionales de incorporación de las directivas relativas a los productos cosméticos. Sin embargo, sigue habiendo problemas de incorporación en este sector, en particular por lo que se refiere a la Directiva 93/35/CEE por la que se modifica por sexta vez la Directiva 76/768/CEE.

En efecto, en espera de que la Comisión publicara el inventario previsto en el artículo 5 bis de la mencionada Directiva se había dado un plazo suplementario a los Estados miembros. Dicho inventario se publicó el 1 de junio de 1996 (Decisión 96/335/CE). No obstante, ninguno de los cinco casos de infracción en curso por no incorporación de la Directiva 93/35/CEE ha sido reabierto. La DG III, que desde el mes de julio de 1997 está encargada de los expedientes sobre cosméticos, va pues a proceder cuanto antes al envío de dictámenes motivados a los Estados miembros que no hayan incorporado esta Directiva.

2.2.2.13. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.2.14. Productos textiles

La Directiva 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, relativa a determinados métodos de análisis cuantitativo de mezclas binarias de fibras textiles y la Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, relativa a las denominaciones textiles, entraron en vigor en 1997. La Directiva 96/73/CE codifica y deroga las Directivas 72/276/CEE, 79/76/CEE, 81/75/CEE y 87/184/CEE, y la Directiva 96/74/CE codifica y deroga las Directivas 71/307/CEE, 75/36/CEE, 83/623/CEE y 87/140/CEE.

2.2.2.15. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.2.16. Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos

El Tribunal de Justicia desestimó el recurso que la Comisión interpuso contra el Reino Unido con arreglo al artículo 169 del Tratado (asunto C-300/95) (25). La Comisión había impugnado la incorporación del Reino Unido de la causa de exención de responsabilidad del productor, prevista en el artículo 7 e) de la Directiva 85/374/CEE, relativa a la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (riesgo de desarrollo). El Tribunal basa su decisión en la ausencia de prueba suficiente para constatar el incumplimiento. No obstante, el concepto de estado de los conocimientos técnicos y científicos fue aclarado en el sentido sugerido por la Comisión.

2.2.3. Libre circulación de las personas, derecho de establecimiento y derecho de voto

2.2.3.1. Prohibición de discriminaciones

En materia de procedimiento civil y acceso a la justicia, la Comisión vela por que las autoridades nacionales respeten la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en los asuntos C-43/95 (Data Delecta) (26), C-323/95 (Hayes) (27) y C-122/96 (Saldanha) (28) relativa a la prohibición de la «cautio judicatum solci» discriminatoria (la obligación de que los demandantes comunitarios que comparecen ante los tribunales de un Estado miembro distinto del de origen depositen una cantidad destinada a garantizar el importe de los gastos de justicia). En efecto, la compatibilidad con el Derecho comunitario se impone a cualquier norma de Derecho nacional, cualquiera que sea el alcance de ésta. La primacía del Derecho comunitario se ejerce, pues, en su caso, frente a normas nacionales de Derecho privado (29).

2.2.3.2. Entrada y residencia

Todos los Estados miembros, incluida Alemania, han incorporado ya las directivas relativas al derecho de residencia de los estudiantes (93/96/CEE), jubilados (90/365/CEE) y demás personas inactivas (90/364/CEE). Previamente, en una sentencia de 20 de marzo de 1997 (asunto C-96/95), el Tribunal de Justicia había condenado a Alemania, al considerar que, al no haber adoptado en los plazos requeridos las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para incorporar las directivas 90/364/CEE y 90/365/CEE, ese país había faltado a sus obligaciones. El Tribunal llegó a esta conclusión al observar, en particular, que la información de las circulares que se habían enviado a las autoridades competentes de los Estados Federados no responde a las exigencias de publicidad, claridad y certeza en cuanto a las situaciones jurídicas reguladas por las directivas.

Alemania se ajustó a la sentencia mediante un decreto de 17 de julio de 1997 que incorpora las Directivas 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

Los procedimientos de infracción relativos a la incorporación incorrecta de las tres directivas mencionadas prosiguen su curso.

La Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia en relación con la incorporación de las disposiciones de las directivas relativas a la declaración de recursos de los estudiantes (España, Francia e Italia), a los recursos de los pensionistas y personas inactivas (Francia e Italia), al seguro de enfermedad de los estudiantes, jubilados y personas inactivas (Francia e Italia) y al periodo de validez del permiso de residencia de los jubilados inactivos (España y Portugal).

Otros procedimientos relativos a la incorporación incorrecta de las tres directivas se encuentran en una fase menos avanzada.

Cabe resaltar que se archivaron varios procedimientos de infracción por incorporación incorrecta gracias a la modificación de las legislaciones nacionales correspondientes (Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos).

Finalmente, la Comisión decidió presentar un recurso contra Grecia ante el Tribunal de Justicia. El objeto de este recurso es la práctica de las autoridades griegas de someter la expedición de los permisos de residencia de los nacionales de terceros países, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, a la percepción de un derecho superior al que se aplica a la expedición del permiso de residencia de los ciudadanos de la Unión. La Comisión opina que esta diferencia de trato es contraria a las directivas en materia de derecho de residencia.

2.2.3.3. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.3.4. Derecho de voto y de eligibilidad

A raíz de la entrada en vigor de la Directiva 94/80/CE, el 1 de enero de 1996, los ciudadanos de la Unión que residen en un Estado miembro del que no son nacionales pudieron participar este año en las elecciones municipales que se celebraron en Alemania (Hamburgo y Hesse), Austria (Burgenland, Kärnten y Oberösterreich), Italia, Dinamarca, Portugal y el Reino Unido.

Como guardiana de los Tratados, la Comisión continuó en 1997 con los procedimientos destinados a garantizar que todos los Estados miembros incorporaban la Directiva 94/80/CE. Así, los procedimientos de infracción contra Grecia, Finlandia, Suecia y España fueron archivados a raíz de la adopción por dichos Estados miembros de las leyes de incorporación. Paralelamente, el 26 de junio la Comisión decidió recurrir ante el Tribunal de Justicia contra Bélgica por no comunicación de las medidas nacionales de incorporación (asunto C-323/97).

El 7 de enero de 1998, la Comisión aprobó un informe sobre la aplicación de la Directiva 93/109/CEE, relativa al derecho de voto y de admisibilidad a las elecciones del Parlamento Europeo de los ciudadanos de la Unión que residen en un Estado miembro cuya nacionalidad no poseen [COM(97) 371]. Aunque el informe no propone ninguna modificación de las disposiciones de la Directiva, indica sin embargo las disposiciones cuya aplicación es susceptible de mejora.

2.2.3.5. Reconocimiento de diplomas

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

En el marco de los procedimientos de infracción incoados sobre la base del artículo 171 del Tratado CEE (incumplimiento de una sentencia del Tribunal), cabe señalar:

El procedimiento incoado contra Bélgica por incumplimiento de la sentencia de 16 de mayo de 1991 (asunto C-167/90), en la que se le condenaba por no conformidad de las medidas de incorporación de las Directivas 85/432/CEE y 85/433/CEE (farmacéuticos) fue archivado a raíz de la aprobación de una nueva ley.

En el asunto de los «Frontistiria» (asunto de las escuelas privadas en Grecia), el Tribunal condenó por primera vez a Grecia, en la sentencia dictada en el asunto C-147/86 (Comisión/Grecia), por violación de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado CEE por haber prohibido a los nacionales de los demás Estados miembros la creación de «Frontistiria» y de escuelas privadas de música y de danza. A raíz de una segunda sentencia de 30 de enero de 1992 (asunto C-328/90), Grecia modificó su legislación, lo que permitió archivar el asunto.

Siguen pendientes los dos procedimientos 171 relativos a la libre prestación de servicios por los guías turísticos en Italia y en Francia (sentencia dictada el 26 de febrero de 1991). Francia remitió un proyecto de decreto e Italia comunicó la aprobación de un nuevo texto legislativo.

Por lo que se refiere a las demás sentencias del Tribunal aún no ejecutadas, cabe resaltar sobre todo lo siguiente:

A raíz de la sentencia de 22 de marzo de 1994 (asunto C-375/92) contra España, relativa a la libre prestación de los guías turísticos, algunas comunidades autónomas adoptaron nuevos decretos relativos al ejercicio de esa profesión. A raíz de las observaciones de la Comisión, España comunicó nuevos textos legislativos, que están siendo analizados.

Grecia comunicó las medidas destinadas a ajustar su legislación a la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 1991, relativa a la libre prestación de los guías turísticos. Tras haber examinado estas nuevas medidas, la Comisión decidió archivar el asunto.

Medidas nacionales de ejecución

El asunto relativo a la no comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 89/48/CEE (primer sistema general) por Grecia, que fue objeto de una sentencia del Tribunal de Justicia (sentencia C-365/93 de 23 de marzo de 1995) sigue su curso. La Comisión ha decidido recurrir de nuevo al Tribunal. Por lo que se refiere a Bélgica, el procedimiento fue archivado después de que las autoridades belgas comunicaran las medidas nacionales de incorporación.

Por lo que se refiere a la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, por la que se completa la Directiva 89/48/CEE, se incoó también contra Grecia un procedimiento en virtud del artículo 169 del Tratado.

Por lo que se refiere a la Directiva 94/38/CE, por la que se modifica la Directiva 92/51/CEE en lo que se refiere al nivel de algunas cualificaciones, hay también procedimientos en curso contra varios Estados miembros.

No conformidad y aplicación incorrecta de las directivas

En 1997, la Comisión recibió unas cincuenta quejas por restricciones contrarias a los artículos 52 y 59 del Tratado CEE así como a las directivas que facilitan el reconocimiento mutuo de los diplomas con fines profesionales. Algunas de ellas dieron lugar al inicio de procedimientos de infracción, otras fueron archivadas por infundadas.

La Comisión prosiguió con los procedimientos incoados contra algunos Estados miembros por incorporación o aplicación incorrectas de las directivas. Cabe citar, por ejemplo, el caso relativo a la incorporación de la Directiva 89/48/CEE, relativa a un «primer sistema general», por lo que se refiere a la profesión de profesor en Alemania.

Asimismo, sigue abierto el procedimiento en curso contra Alemania por el acceso a la profesión de dentista (requisitos no previstos en las directivas sobre los dentistas para admitir en el registro de la Seguridad Social a los dentistas poseedores de títulos distintos de los alemanes pero que se ajustan a estas directivas).

En el procedimiento incoado contra España, que reconocía el establecimiento en su territorio de dentistas que tenían una formación manifiestamente inferior a la prevista en la Directiva, obtenida en países iberoamericanos, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia.

La Comisión prosiguió el procedimiento contra España por lo que se refiere a la legislación española que incorpora las directivas sobre los arquitectos, que establece una restricción por lo que se refiere a la duración máxima de las prestaciones de servicios en España.

2.2.3.6. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.3.7. Agentes comerciales independientes

La Comisión archivó el procedimiento incoado en virtud del artículo 169 contra Irlanda, tras la aprobación de las medidas adicionales de incorporación de la Directiva 86/653/CEE, relativa a los agentes comerciales independientes. La Comisión había enviado un dictamen motivado para incorporación incorrecta. También archivó el procedimiento incoado contra Portugal tras la satisfactoria respuesta de las autoridades portuguesas a la carta de emplazamiento.

Por último, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a las autoridades italianas por incorporación incorrecta de la Directiva.

2.2.4. Libre prestación de servicios

2.2.4.1. Artículos 59 y siguientes

Los artículos 59 y siguientes del Tratado establecen el principio de la libre circulación de servicios, a saber los intercambios transfronterizos de servicios que tienen un carácter temporal. Al haberse convertido éste en principio de aplicación directa e incondicional al término del período de transición, la Comisión vela por que se respete su correcta aplicación, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

En efecto, el Tribunal no ha condenado simplemente la existencia de discriminaciones sino también de restricciones, incluso si éstas resultan de la aplicación indistinta de una norma nacional.

En el ámbito de las actividades de servicios no reguladas a escala comunitaria, la Comisión vela por que se corrijan las situaciones en las que existen discriminaciones o restricciones que no estén justificadas por razones imperiosas de interés general.

Por eso, la Comisión envió un dictamen motivado a las autoridades italianas en relación con la ley n° 82 de 25 de enero de 1994 que condiciona las actividades de limpieza a la inscripción en dos registros oficiales. Se trata, en este caso, de un obstáculo no justificado que conduce incluso a la negación de la libre prestación de servicios.

Asimismo, la negativa de las autoridades belgas a conceder autorizaciones de vuelo a agentes económicos que desean hacer fotografía aérea si no disponen de aviones registrados en Bélgica constituye una restricción injustificada y condujo a la Comisión a enviar un dictamen motivado a las autoridades belgas.

Por lo que se refiere a los servicios de seguridad privados (detectives privados, transporte de valores mobiliarios, instalación y mantenimiento de aparatos de alarma), la Comisión inició sendos procedimientos de infracción contra tres Estados miembros. En marzo de 1997, recurrió ante al Tribunal de Justicia por las restricciones discriminatorias basadas en la nacionalidad en la normativa española, que considera incompatible entre otras cosas con el artículo 59 del Tratado. En el mismo contexto, la Comisión envió un dictamen motivado a Portugal y a Bélgica en junio de 1997.

La discriminación puede basarse en el lugar de establecimiento, como en el caso de la aplicación de un acuerdo bilateral de subcontratación entre un Estado miembro y un tercer país. Así por ejemplo, las autoridades alemanas sólo permiten a las empresas establecidas en Alemania subcontratar con sociedades polacas y llevar a cabo la subcontratación mediante el traslado de mano de obra polaca a territorio alemán. Por el contrario, empresas establecidas en otro Estado miembro no cuentan con esa posibilidad. La Comisión considera la situación incompatible con el artículo 59 y envió un dictamen motivado en octubre de 1997.

2.2.4.2. Sector Audiovisual/Medios de Comunicación

En el sector de los medios de comunicación, la violación de los artículos 52 y 59 del Tratado fue objeto de un procedimiento por presunta infracción. El procedimiento se abrió a raíz de las quejas presentadas a la Comisión. En este asunto, el procedimiento ha alcanzado la fase de dictamen motivado, a raíz del cual el Estado miembro afectado ajustó su legislación al Derecho comunitario. En este caso, se trataba de algunas disposiciones de la ley portuguesa relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, según las cuales, la participación extranjera en el capital social de un organismo de radiodifusión no podía superar el 15 % del capital de la sociedad; además, el candidato a una autorización de radiodifusión debía estar establecido en Portugal.

Por lo que se refiere al sector audiovisual, cabe resaltar que todos los Estados miembros han comunicado su ley nacional de incorporación de la Directiva 89/552/CEE, relativa a la televisión sin fronteras.

Dos procedimientos de infracción contra Bélgica y el Reino Unido están en vías de solución tras haber sido objeto de dos sentencias del Tribunal de Justicia el 10 de septiembre de 1996.

Estos dos importantes asuntos afectan sobre todo a la disposición central de la Directiva, a saber su artículo 2 (libertad de recepción y retransmisión, legislación aplicable). El Tribunal precisa ante todo, de acuerdo con las tesis de la Comisión, que un régimen de autorización previo de las emisiones procedentes de otro Estado miembro, es contrario al principio de libre retransmisión y recepción de las emisiones televisadas previsto en la Directiva. En la segunda sentencia, el Tribunal declara contrario a la Directiva el incumplimiento de la jerarquía de criterios que determinan la competencia de un Estado miembro, así como la instauración de un doble régimen aplicable a los organismos de radiodifusión según la audiencia a la que se dirigen.

También hay procedimientos de infracción en curso también contra Finlandia, Francia, Grecia e Italia.

El 30 de julio de 1997, entró en vigor la nueva Directiva sobre la Televisión sin Fronteras (Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, DO L 202 de 30.7.1997, p. 60).

Esta Directiva modifica la Directiva de 1989 que regula el ejercicio de las actividades de radiodifusión televisiva con el fin de poner al día y clarificar las disposiciones. Las principales modificaciones tienden a precisar algunas definiciones, tales como los conceptos de «publicidad televisada», «televenta», «obras europeas», de retransmisión de «acontecimientos importantes para la sociedad», a introducir normas relativas a la televenta y a las cadenas dedicadas exclusivamente a la autopromoción, a reforzar la protección de los menores, sobre todo convirtiendo en obligatoria una advertencia que identifique los programas no codificados capaces de hacerles daño y solicitando a la Comisión que lleve a cabo una investigación sobre la eficacia de los sistemas de filtrado de tipo «v-chip» (chip antiviolencia), y a crear un foro de consulta entre los Estados miembros y la Comisión sobre la aplicación y la evolución de la normativa en este ámbito, con respecto a la cual la Comisión elaborará un informe periódico en el que se tendrán en cuenta los progresos tecnológicos que se hayan producido.

La Comisión velará por la correcta incorporación de esta Directiva, en particular, por medio de su Comité de contacto, en el plazo previsto, es decir, el 30 de diciembre de 1998.

2.2.4.3. Telecomunicaciones

Las directivas de las que se compone la normativa comunitaria en materia de telecomunicaciones establecen el 1 de enero de 1998 como fecha de creación de un mercado europeo de telecomunicaciones liberalizado y armonizado. En 1997 estaban aprobadas la casi totalidad de las directivas, que debían incorporarse al Derecho nacional a más tardar a finales de ese año.

La importancia primordial de la aplicación del marco reglamentario es reconocida en toda la Unión. Por una parte, un mercado de telecomunicaciones único y liberalizado es indispensable para la implantación de la sociedad de la información en Europa, con todo lo que eso implica en términos de crecimiento, empleo y calidad de vida. Por otra, la fecha del 1 de enero de 1998 es de la mayor importancia debido al compromiso asumido por la Comunidad de abrir su mercado con arreglo al acuerdo OMC sobre los servicios de telecomunicaciones de base.

El 29 de mayo de 1997, la Comisión adoptó una primera comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de Regiones sobre el estado actual de su aplicación (30). El objeto de ese documento era examinar la situación del conjunto de directivas, incluidas las que aún no estaban en vigor; definir la manera en que la Comisión preveía la tarea de garantizar al mismo tiempo la incorporación y la aplicación efectiva de la legislación, haciendo hincapié en el recurso a medidas de carácter informal, combinadas con la plena aplicación del procedimiento de infracción; y, en particular, examinar de cerca varios aspectos esenciales de la legislación que podían considerarse como indicativos de los progresos en la incorporación del marco reglamentario en la fecha fijada para la liberalización completa.

En su reunión de 27 de junio de 1997, el Consejo examinó la comunicación y pidió a la Comisión que consultara rápidamente a los Estados miembros y le informara de los progresos en su próxima reunión y en sus reuniones posteriores.

La Comisión aprobó una actualización de esa primera comunicación el 8 de octubre de 1997 (31) en la que consideraba alentadores los grandes progresos registrados en la incorporación de la normativa. Sin embargo, en un reducido número de Estados miembros, es necesario hacer un mayor esfuerzo, mientras que en otros Estados, queda aún trabajo por hacer en algunos aspectos específicos.

La Comisión piensa presentar un informe actualizado a principios de 1998, sobre la base de sus contactos bilaterales con los Estados miembros. En ese informe está previsto incluir un cuadro más completo del estado de incorporación del marco reglamentario, así como una serie de indicadores del estado de la aplicación real y efectivo de las medidas incorporadas al Derecho nacional, y una primera valoración del funcionamiento del mercado europeo de telecomunicaciones sobre la base de indicadores económicos pertinentes.

Por lo que se refiere al estado de incorporación de las distintas directivas y decisiones la situación se presenta del modo siguiente:

Todos los Estados miembros han incorporado la directiva marco ONP (90/387/CEE), relativa a los principios que deben aplicarse para el suministro de una red abierta de telecomunicaciones.

Por lo que se refiere a la Directiva 92/44/CEE (líneas arrendadas), todos los Estados miembros han comunicado a la Comisión sus medidas nacionales de incorporación, si bien las de Grecia y Luxemburgo tienen carácter parcial. En 1997, se envió a este último Estado una carta de emplazamiento en aplicación del artículo 171 CE. La Comisión sigue analizando la incorporación de la Directiva en Bélgica y en Portugal. El procedimiento incoado en 1997 contra Austria fue archivado tras la comunicación de las medidas de ejecución.

Por lo que se refiere a la Directiva 95/62/CE, relativa a la aplicación del suministro de una red abierta (ONP) a la telefonía vocal, todos los Estados miembros, excepto Grecia, han notificado sus medidas de incorporación, aunque parciales en el caso de Bélgica y Luxemburgo. La comunicación de las medidas nacionales dio lugar en 1997 al archivo de los procedimientos de infracción abiertos contra Francia, Irlanda, Italia y el Reino Unido.

El Parlamento y el Consejo aprobaron en 1997 tres directivas cuyo plazo de incorporación expiraba el 31 de diciembre de 1997. Se trata de las directivas 97/51/CE (modificación de las directivas marco y líneas arrendadas), 97/13/CE (licencias) y 97/33/CE (interconexión). Algunos Estados miembros ya han comunicado sus medidas de incorporación (véase el Anexo 4), pero el análisis de las mismas se incluirá en el próximo informe anual.

Todos los Estados miembros han incorporado la Directiva 91/263/CEE, relativa a los equipos terminales de telecomunicaciones. Los Países Bajos, que recibieron en 1997 un dictamen motivado, notificaron las medidas de incorporación en diciembre de 1997. Los procedimientos de infracción contra los cuatro Estados a quienes el Tribunal de Justicia había condenado por incumplimiento en 1995 (Bélgica y Grecia) y en 1996 (Irlanda y Luxemburgo) fueron archivados tras la aprobación de las medidas nacionales de ejecución.

Por lo que se refiere a la Directiva 93/97/CEE, que amplía el ámbito de aplicación de la Directiva 91/263/CEE a los equipos de las estaciones terrestres de comunicaciones por satélite, diez Estados miembros (Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, los Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y el Reino Unido) han comunicado sus medidas de incorporación. En 1997 se enviaron cinco dictámenes motivados (Bélgica, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos) y un emplazamiento (Austria) a los Estados que no habían notificado sus textos de incorporación. Como en el caso de la Directiva 91/263/CEE, los Países Bajos notificaron las medidas de incorporación en diciembre de 1997.

Por lo que se refiere a las tres directivas sobre bandas de frecuencia, es decir las directivas 87/372/CEE (GSM), 90/544/CEE (Ermes) y 91/287/CEE (DECT), todos los Estados miembros han notificado sus medidas nacionales de ejecución. La Comisión está revisando el texto de incorporación de la Directiva 90/544/CEE por el Reino Unido.

Por lo que se refiere a la Decisión 91/396/CEE, relativa a la introducción del «112» como número de llamada de urgencia único europeo, todos los Estados miembros, excepto Grecia, han tomado las medidas requeridas en esa decisión. España y Portugal lo hicieron en 1997, por lo que se archivaron los procedimientos de infracción incoados en su contra.

Por otra parte, todos los Estados miembros han incorporado ya la Decisión 92/264/CEE, relativa a la adopción del prefijo «00» como prefijo común para el acceso a la red telefónica internacional en la Comunidad.

Por último, cinco Estados miembros (Dinamarca, España, Luxemburgo, Finlandia y el Reino Unido) han notificado las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 95/47/CE, relativa a la utilización de normas para la transmisión de señales de televisión. En 1997 se incoaron procedimientos de infracción contra los demás Estados miembros.

2.2.4.4. >SITIO PARA UN CUADRO>

2.2.4.5. Servicios financieros

Con el fin de reforzar la cooperación administrativa y aportar soluciones rápidas a los problemas detectados, la Comisión mantuvo en 1997 contactos regulares con las autoridades nacionales, tanto en el marco de los Comités Institucionales (Comité Consultivo Bancario, Comité de Seguros, Comité de Contacto OPCVM) como en el marco de grupos de interpretación ad hoc (GTIAD en materia bancaria, Grupo de Trabajo de interpretación en materia de seguros, Grupo de interpretación de la Directiva sobre la «adecuación de los fondos propios» etc), o de grupos de alto nivel (HLSSC en el sector de los valores mobiliarios).

En el sector de los seguros, la violación de los artículos 52 y 59 del Tratado CE, así como de las directivas, fue objeto en 1997 de 4 nuevos procedimientos por presuntas infracciones incoados por la Comisión sobre la base del artículo 169 del Tratado. Todos ellos eran casos detectados de oficio. Con respecto a los procedimientos iniciados en 1996, uno de ellos fue archivado porque el Estado miembro afectado se ajustó a los requisitos del Derecho comunitario. En el sector bancario, la Comisión incoó dos nuevos procedimientos en 1997, uno a raíz de una queja y otro detectado de oficio.

En cuanto a las infracciones comprobadas, un gran número de procedimientos de infracción alcanzó en 1997 la fase de dictamen motivado. Por lo que se refiere al sector de los seguros, cabe indicar que el número de procedimientos por no conformidad o aplicación incorrecta oficialmente incoados en 1997 aumentó considerablemente en relación con 1996. Ello se explica porque, dada la gran complejidad que presenta el sector de los seguros, las conversaciones mantenidas con las Administraciones nacionales en el marco de los procedimientos incoados en 1996 aún no han dado sus frutos. En el sector bancario, la no incorporación de la Directiva 95/26/CEE («post BCCI») condujo a la Comisión a enviar dictámenes motivados a 8 Estados miembros.

En el sector bancario, el procedimiento incoado contra Italia por el trato fiscal discriminatorio que ese Estado miembro daba, en materia de crédito hipotecario, a los bancos no establecidos en Italia (véase el 13a Informe) fue archivado, al ajustarse el Estado miembro al dictamen motivado de la Comisión.

En el sector de los valores mobiliarios, se presentó un recurso ante el Tribunal contra Alemania por infringir los artículos 52 y 59 del Tratado CE en relación con los «investement trusts» británicos, por una parte, por lo que se refiere a la oferta pública de sus acciones en Alemania y, por otra parte, en el plano fiscal.

En el sector bancario, se enviaron sendos dictámenes motivados por no incorporación de la Directiva 95/26/CEE (denominada «post BCCI») contra Alemania, España, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Francia y Grecia, habiéndose presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia contra Alemania por no incorporación de la Directiva 94/19/CE, relativa a la garantía de depósitos. En cuanto a la Directiva 93/6/CEE , relativa a la adecuación de los fondos propios de los bancos y entidades de inversión, el recurso contra Alemania ha quedado en suspenso, ya que dicho Estado miembro ha incorporado la Directiva, pero todavía no ha informado oficialmente de ello a la Comisión.

En materia de valores mobiliarios, la Comisión envió un dictamen motivado por no incorporación de la Directiva 93/22/CEE (servicios de inversión en el ámbito de los valores mobiliarios) a Grecia, España, Portugal y Luxemburgo y por incorporación parcial a Alemania, habiéndose recurrido posteriormente contra España, Luxemburgo y Alemania.

En cuanto a las Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE (terceras directivas sobre el seguro «no de vida» y de «vida») la Comisión retiró el recurso que había presentado ante el Tribunal contra Grecia por no comunicación de las medidas nacionales de incorporación de ambas directivas, mientras que el Tribunal se pronunció contra España en relación con la Directiva 92/49/CEE. No obstante, si bien la mayoría de los Estados miembros ya ha comunicado las medidas relativas a estas dos directivas, su incorporación o aplicación no están exentas de problemas. Cabe, en efecto, indicar varios casos de incorporación parcial o no conforme.

La Comisión suspendió su decisión de recurrir al Tribunal contra España por no comunicación de las MNE de la Directiva 92/96/CEE en espera de la sentencia en el asunto relativo a la Directiva 92/49/CEE. Por otro lado, se envió un dictamen motivado a España por la Directiva 91/674/CEE (cuentas anuales y cuentas consolidadas de las compañías de seguros). España ha sido también condenada por no incorporación de la Directiva 91/371/CEE (Acuerdo con Suiza).

Cabe, por último, mencionar el archivo de los procedimientos por no incorporación de las Directivas 91/674/CEE por Italia, 90/618/CEE (seguro de responsabilidad civil resultante de los vehículos automóviles), 90/619/CEE (segunda Directiva sobre el seguro de vida) por España y 93/22/CEE por Grecia y Portugal (servicios de inversión en el sector de los valores mobiliarios).

En el sector bancario, se presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia contra Austria, al considerarse incompatible el mantenimiento de cuentas anónimas en su territorio con la obligación de identificación de los clientes en la apertura de una cuenta prevista en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 91/308/CEE (blanqueo de capitales).

En el sector de los seguros, la Comisión envió un dictamen motivado a Francia por incorporación incompleta de las Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE, habida cuenta de que dicho país no ha comunicado hasta ahora ninguna medida que modifique el código de la Mutualidad con el fin de adaptarlo a las terceras directivas de seguros.

También se envió un dictamen motivado a Bélgica porque la legislación belga relativa al control de las compañías de seguros excluye la aplicación de la Directiva 92/49/CEE al seguro contra los accidentes en el trabajo. La Comisión considera que estos riesgos están cubiertos por la Directiva en cuestión cuando son objeto de actividad de las empresas privadas de seguro. La misma infracción se constató también respecto a Finlandia, contra la cual se envió una carta de emplazamiento en 1996.

Por otra parte, la Comisión debe aún ejecutar el envío de un dictamen motivado a Alemania, decidido en 1996, por aplicación incorrecta de la Directiva 92/49/CEE. Más concretamente, Alemania suprimió formalmente en el texto de incorporación de la Directiva la prohibición de acumular el seguro enfermedad con otras ramas de seguros en lo que se refiere a las empresas no alemanas que desean crear una sucursal en territorio alemán u operar en él