ES Diario Oficial de la Unión Europea C 100/114

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos públicos de obras, de suministro y de servicios en los ámbitos de la defensa y la seguridad»

COM(2007) 766 final — 2007/0280 (COD)

2009/C 100/18

El 24 de enero 2008, de conformidad con los artículos 47 (2), 55 y 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar el Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos públicos de obras, de suministro y de servicios en los ámbitos de la defensa y la seguridad»

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 1 de octubre de 2008 (ponente: Sr. OPRAN).

En su 448o Pleno, celebrado los días 21, 22 y 23 de octubre de 2008 (sesión del 23 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado el presente dictamen por 46 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.

1. Conclusiones

1.1. Diálogo amplio con los interlocutores sociales

1.1.1. El Comité toma nota con gran satisfacción de que en la preparación de la propuesta de Directiva desempeñaron un papel activo expertos de los Estados miembros así como representantes del sector de la defensa, incluidas las partes interesadas y, por vez primera, líderes de los interlocutores sociales, participando estrechamente en la redacción del documento aprobado por la Comisión el 5 de diciembre de 2007. Las consultas —multilaterales y bilaterales— con representantes de la sociedad civil organizada de la UE abordaron todos los aspectos de los contratos de defensa (demanda, oferta, marco normativo y productos).

1.2. Restringir la aplicación del «artículo 296»

1.2.1. El Comité está firmemente convencido (1) de que la solución de la Comisión, a la vez que respeta plenamente las prerrogativas de los Estados miembros en el ámbito de la defensa, garantiza —de manera innovadora— el cumplimiento, por una parte, del artículo 296 del Tratado (defensa) y del artículo 14 de la actual Directiva de contratos públicos (seguridad), que reconocen a los Estados miembros el derecho a establecer excepciones en contratos de estos ámbitos cuando lo consideren necesario para la protección esencial de su seguridad, y, por otra, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y su petición expresa de que el recurso a excepciones al Derecho comunitario en los contratos de defensa se limite a casos extraordinarios (2).

1.2.2. La Directiva propuesta sobre contratos públicos de defensa tiene por objeto reducir el número de casos en que los Estados miembros recurren al artículo 296, al considerarse que las normas vigentes sobre contratos públicos de la UE no se adaptan a las particularidades de las armas, las municiones y el material de guerra.

1.2.3. El artículo 296 continúa en vigor, lo que significa que los Estados miembros seguirán teniendo la posibilidad de invocar dicho artículo cuando consideren que los contratos son tan sensibles/secretos que ni siquiera las disposiciones de la nueva Directiva bastan para proteger sus intereses de seguridad. Por tanto, existe una estrecha vinculación entre la nueva Directiva y el artículo 296.

1.2.4. En aras de la coherencia entre el derecho primario de la UE (el Tratado) y el derecho derivado (la Directiva), ambos deben tener el mismo ámbito de la aplicación. De otro modo, se crearía inseguridad jurídica.

1.3. La confusión actual creada por la existencia paralela y el uso aleatorio de dos «Listas Militares» activas por parte de los poderes adjudicadores de los Estados miembros y de la industria debería eliminarse cuanto antes, seleccionando una lista común que sea válida para todos los procedimientos de adjudicación de contratos y comerciales. La solución óptima podría ser la de adoptar y utilizar una Lista Militar común para todo el ámbito de aplicación cubierto por las dos nuevas Directivas propuestas por la Comisión. Por el momento, las dos opciones más importantes son las siguientes:

1.3.1. Opción 1: seguir utilizando la «Lista de 15 de abril de 1958» para estas actividades: principalmente por razones de continuidad, porque es conocida y de fácil acceso para los usuarios con experiencia en ese terreno; al mismo tiempo, es sabido que la versión actual de esta lista es demasiado general y demasiado amplia, que no se ha actualizado desde su aprobación hace 50 años y que no cubre enteramente las nuevas tecnologías necesarias para enfrentarse a amenazas que son reales y complejas;

1.3.2. Opción 2: empezar a utilizar la «Lista Común Militar de la Unión Europea», aprobada por el Consejo el 19 de marzo de 2007 y actualizada el 10 de marzo de 2008, incluido el equipo contemplado por el «Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas», aprobado por el Consejo el 7 de julio de 2000; este mismo Código se utilizará también con la nueva Directiva sobre las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad.

1.4. El artículo 296: sigue vigente en casos especiales (3)

1.4.1. Al Comité no le convencen las medidas adoptadas por la Comisión para no reproducir en la presente Directiva el artículo 14 de la Directiva 18/2004 sobre contratación pública (contratos secretos), y que la Comisión haga en cambio referencia directa a los artículos pertinentes del Tratado sobre seguridad pública (en concreto, a los artículos 30 y 296). Esto puede dar lugar a confusión en los poderes adjudicadores acerca de lo que se considera o no apropiado.

1.4.2. Dado que la mayor parte de los contratos de adquisición de equipos sensibles de defensa y seguridad contiene al menos un cierto grado de información secreta o confidencial, la Comisión decidió incluir en la nueva Directiva disposiciones específicas para la seguridad de la información. Excluir explícitamente todos los «contratos secretos» y todos los contratos que contienen «medidas de seguridad especiales» sin definirlos podría reducir drásticamente el ámbito de aplicación de la nueva Directiva, con el grave riesgo de que esa reducción alteraría de manera fundamental la naturaleza de la propuesta.

1.4.3. Por una parte, el Comité acepta el planteamiento en dos fases propuesto por la Comisión para solucionar este delicado asunto:

— los contratos secretos no deben excluirse per se del ámbito de aplicación de la nueva directiva, si bien …

— en caso necesario, pueden ser excluidos por los Estados miembros

y considera que el procedimiento propuesto por la Comisión es una solución razonable para todas las partes implicadas; pero, por otra parte, recomienda también que se incluyan, como componente adecuado, los aspectos pertinentes del artículo 14 de la directiva de contratos de defensa.

1.5. Un marco jurídico para la adjudicación de contratos públicos

1.5.1. De acuerdo con la valoración del Comité, la nueva Directiva se adecua perfectamente a las características específicas de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos (de obras, suministro y servicios (4) en el ámbito de la defensa y la seguridad, por las siguientes razones:

1.5.1.1. los contratos de adquisición de armas, municiones y material de guerra celebrados por poderes adjudicadores quedan excluidos del ámbito del Acuerdo sobre Contratación Pública suscrito en la Organización Mundial del Comercio (OMC);

1.5.1.2. en cada Estado miembro existe un solo contratista: el gobierno (5);

1.5.1.3. existe el requisito de garantizar la seguridad de abastecimiento a largo plazo (6);

1.5.1.4. existe la necesidad de garantizar un elevado nivel de libertad en el proceso de adjudicación de contratos a nivel de los Estados miembros;

1.5.2. con respecto a la I+D, el Comité está de acuerdo en que los mecanismos de mercado y las licitaciones públicas no siempre son soluciones realistas, dado que los Estados miembros realizan ellos mismos parte de este trabajo y a menudo establecen acuerdos a largo plazo con centros de investigación y tecnología y con empresas para desarrollar los sistemas que necesitan las fuerzas armadas.

— Estas relaciones pueden adoptar la forma de un desarrollo en espiral u otros mecanismos a fin de asegurar continuidad y crecimiento del proceso de desarrollo.

— El Comité no está convencido de que la redacción actual del proyecto de Directiva refleje suficientemente estas realidades y teme efectos adversos para los Estados miembros y para el sector si se establecieran cortes artificiales entre la I+D y el proceso de producción.

1.6. Preferencia europea: una decisión que corresponde a cada Estado miembro

1.6.1. En lo que respecta a la propuesta de evitar el principio de la «preferencia europea» («Compre productos europeos») o la cláusula de «reciprocidad», el Comité considera que el planteamiento de la Comisión es aceptable para los Estados miembros, si se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

1.6.1.1. La Directiva establecerá normas sobre cómo adjudicar equipos de defensa, pero no determinará qué equipo debe adjudicarse. Esto será decisión de los clientes, es decir, de los Estados miembros.

1.6.1.2. Sigue siendo prerrogativa de cada Estado miembro abrir o no el procedimiento a proveedores no pertenecientes a la UE, de conformidad con el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP).

1.6.1.3. Los poderes adjudicadores seguirán siendo libres de invitar exclusivamente a empresas de la UE, o incluir a empresas fura de la UE.

1.6.2. En conclusión, el Comité considera que hablar de preferencia europea no es sinónimo de proteccionismo, sino más bien un paso necesario para «reequilibrar» la cooperación internacional industrial y tecnológica en materia de defensa, especialmente, en relación con los Estados Unidos.

1.7. Intercambios comerciales con terceros países

1.7.1. En lo que respecta al comercio de productos de defensa con terceros países, el Comité considera que la nueva Directiva no modificará la situación actual y que representa una solución correcta.

1.7.2. En general, el sector seguirá estando regido por las normas de la OMC y, en concreto, por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP).

1.8. Establecer el Mercado Europeo de Equipos de Defensa (MEED)

1.8.1. El Comité está convencido de que la nueva Directiva representa un paso importante hacia el establecimiento del tan deseado Mercado Europeo de Equipos de Defensa (MEED) porque:

1.8.1.1. abrir el mercado interior a los productos de defensa mejorará la competitividad del MEED;

1.8.1.2. el Comité considera que introducir normas de adjudicación que sean transparentes, competitivas y aplicables en toda la Unión resulta esencial para el éxito de la puesta en marcha del MEED. Esto conducirá a una mayor apertura de los mercados de defensa entre los Estados miembros, lo que redundará en beneficio de todos: las fuerzas armadas, el contribuyente y las empresas.

1.9. Política de compensaciones (7)

1.9.1. La Comisión ha evitado hacer propuestas concretas y directas relativas a las compensaciones por considerarlo poco productivo y que perturba los mecanismos del mercado; sin embargo, la Comisión reconoce que hay diversos puntos de vista al respecto.

1.9.2. De hecho, los Estados miembros y las empresas del sector tienen experiencias dispares con este instrumento, y no comparten la misma opinión sobre el asunto. Actualmente la Agencia Europea de Defensa (AED) analiza modos de hacer frente a esta práctica, adaptándola en beneficio de la base tecnológica e industrial de la defensa europea (BTID) mientras se siga utilizando esta práctica y reconociendo a la vez que en un MEED que funcione correctamente ya no será necesaria esta práctica.

2. Propuestas

2.1. El Comité recomienda encarecidamente que todas las iniciativas de la UE en los ámbitos de la defensa y la seguridad se emprendan al más alto nivel político: Consejo Europeo, Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y comité de dirección de la AED a nivel ministerial (ED-SBMF).

2.2. El Comité considera que las instituciones europeas deberían concentrar su apoyo en los principales objetivos de la industria de la defensa, que son los siguientes:

2.2.1. apoyar los resultados y la competitividad de la BTID en un contexto mundial, para garantizar la detección precoz de los verdaderos objetivos industriales y militares de máximo interés, tanto para las grandes empresas como para las PYME;

2.2.2. dar visibilidad internacional a los principales programas de este importante sector industrial;

2.2.3. apoyar las inversiones actuales y futuras en el desarrollo de tecnologías innovadoras;

2.2.4. garantizar el empleo a nivel europeo en la industria de la defensa ya que el mantenimiento del capital humano, es decir, de los profesionales cualificados de este sector, es condición previa para el crecimiento sostenible del sector y para el desarrollo y la aplicación de tecnologías punta;

2.2.5. impulsar el sector creando condiciones de competencia idénticas para todos los protagonistas, suprimiendo, entre otras cosas, la interferencia estatal en las actividades de las empresas;

2.2.6. fomentar los proyectos de la Agencia Europea de Defensa, que debe estar en condiciones de desempeñar el papel de catalizador de las iniciativas adoptadas por uno o varios Estados miembros. La AED puede contribuir a ampliar el grupo de Estados miembros que participan en los programas (como por ejemplo en el caso del futuro helicóptero europeo de transporte pesado, vehículos aéreos sin piloto, software para radio táctica, etc.);

2.3. El Comité recomienda al Consejo Europeo, al Alto Representante para la PESC y al Comité de dirección de la AED-SBMF que evalúen, seleccionen y hagan pública la decisión final sobre la lista de equipos y productos de defensa que deba utilizarse por todos los participantes de la UE en el MEED y la BTID, eligiendo entre:

2.3.1. seguir utilizando la «Lista de 1958» principalmente por razones de continuidad, aun cuando es demasiado general y demasiado amplia y no se ha actualizado desde su aprobación hace 50 años;

2.3.2. sustituir la antigua lista, todavía en vigor, por «Lista Común Militar de la Unión Europea», aprobada por el Consejo el 19 de marzo de 2007 y actualizada el 10 de marzo de 2008 incluyendo el equipamiento que cubre el «Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas», que ahora recibe el nombre de Lista Común Militar de la Unión Europea. Este mismo código de la UE fue aprobado ya para servir como referencia de la nueva Directiva sobre las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad.

2.3.2.1. El Comité considera que una solución posible sería fusionar la «Lista de 1958» actualizada, que determina qué equipamientos y tecnologías se hallan excluidos, con la «Lista Común Militar de la Unión Europea», de acuerdo con la definición del «Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas».

2.3.3. El Comité considera que la Agencia Europea de Defensa debería convertirse en una de las principales fuerzas motrices del sector, actuando como foro de debate intergubernamental acerca del futuro del sector de la defensa, de la I+D en el sector de la defensa y de la extensión de la base tecnológica e industrial de la defensa europea (BTID).

2.3.4. Al mismo tiempo, el Comité reconoce la competencia de la Comisión Europea y el destacado papel que desempeña en el ámbito de los contratos públicos así como en la activación y refuerzo de la base tecnológica e industrial de la defensa europea, y considera que la experiencia de la Comisión Europea será útil en el marco de su esfuerzo por reestructurar y desarrollar la industria de defensa de los Estados miembros.

2.3.5. El Comité reconoce que es importante tener en cuenta los intereses y las propuestas del propio sector de la defensa en el proceso de desarrollo de una política europea en materia de equipamiento de defensa. Considera sin embargo que las actividades de la AED se podrían mejorar considerablemente si se acepta una participación oficial, más estrecha, de representantes de la industria de la defensa y de profesionales expertos no gubernamentales del sector en los trabajos de la dirección de la AED. Estos representantes y expertos (miembros de la sociedad civil organizada) deberían estar representados en el comité director de la AED, en unas condiciones, por lo que respecta a su calidad, voz y voto y demás, que deberán definirse.

2.3.6. En lo que respecta, una vez más, a la aplicación del código de conducta en materia de contratos públicos de defensa, el Comité señala que todos los Estados miembros de la UE y los países europeos miembros de la OTAN deberían poder participar en programas de cooperación, siempre que su capacidad financiera, industrial y tecnológica lo permitan, y que conviene también tener debidamente en cuenta los intereses de los Estados «pequeños/medianos».

2.4. Con vistas a la evaluación estadística y a una correcta comparación de resultados, el Comité considera que la Comisión debería presentar periódicamente un informe sobre los avances en materia de aplicación de la Directiva, estructurado tanto por países como a nivel comunitario.

2.5. El Comité considera que la Directiva propuesta debería hacerse extensiva a todo el Espacio Económico Europeo (EEE).

3. Información general

3.1. Situación actual

3.1.1. Muchos Estados miembros han hecho uso abundante del artículo 296 (8) del TCE y del artículo 14 de la Directiva de contratación pública (2004/18), eximiendo de manera casi automática la adquisición de equipo militar y de seguridad de la aplicación de las normas comunitarias. Dicho de otro modo: «lo que debería ser la excepción se ha convertido de hecho en la norma».

3.1.2. En el campo de la contratación pública no existe una legislación europea bien adaptada a la adjudicación de contratos públicos sensibles en los ámbitos de la defensa y la seguridad.

3.1.3. El uso de normas no armonizadas obstaculiza la cooperación en materia de programas de I+D, adquisición y producción.

3.1.4. Desde el punto de vista de la demanda, 27 clientes nacionales tienen grandes dificultades para armonizar sus exigencias militares y unir su poder de compra en proyectos de adquisición comunes.

3.1.5. A nivel de la UE, el marco regulador integrado por 27 normativas y procedimientos nacionales diferentes para todos los ámbitos en cuestión (exportaciones, transferencias, contratos públicos, etc.) supone un gran obstáculo para la competencia y la cooperación, y genera considerables costes suplementarios (9).

3.1.6. La creación de un MEED es un factor clave para lograr los objetivos de la política europea de seguridad y defensa.

3.2. La convergencia «defensa-seguridad»

3.2.1. El Comité se congratula de que la iniciativa de la Comisión incluya en el ámbito de aplicación de la nueva Directiva las adquisiciones sensibles en el terreno de la seguridad no militar, por las siguientes razones:

3.2.1.1. En el entorno estratégico actual las amenazas han pasado a ser transnacionales y asimétricas (10); la línea divisoria entre seguridad militar y no militar, interna y externa se desdibuja cada vez más y exige una respuesta global.

3.2.1.2. Las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad suelen operar en estrecha colaboración y utilizar un equipo similar, desarrollado con las mismas tecnologías y producido por las mismas empresas.

3.2.1.3. En determinados ámbitos, la adquisición de material no militar —por ejemplo, para la lucha contra el terrorismo— puede ser tan sensible como la adquisición de material militar, y exige las mismas o mayores salvaguardias de seguridad durante el proceso de adjudicación.

3.2.1.4. En los casos en que la adquisición de material de seguridad y la de material de defensa tienen las mismas características, parece lógico establecer las mismas normas de adquisición.

3.2.2. El Comité considera también que la solución óptima es ofrecer igualdad de trato a todas las instituciones europeas con responsabilidades en los ámbitos de la defensa, la seguridad nacional y los servicios de inteligencia.

3.3. Introducir soluciones innovadoras

3.3.1. A fin de satisfacer los requisitos propios del sector, que son únicos, la nueva Directiva presenta tres métodos competitivos y una solución pragmática.

— se autoriza, sin necesidad de justificación específica, el procedimiento negociado con publicación de un anuncio de licitación (11);

— puede recurrirse también al procedimiento restringido (12) y al diálogo competitivo (13),

— en cambio, teniendo en cuenta los requisitos de confidencialidad y seguridad de la información que exigen estos contratos, se consideró inadecuado el procedimiento abierto, que implica la distribución del pliego de condiciones a todo operador económico que lo solicite.

3.3.1.1. En los procedimientos se incluyen disposiciones específicas sobre seguridad de la información (14), con el fin de garantizar la protección de la información sensible contra todo acceso no autorizado.

3.3.1.2. La inclusión en el procedimiento de cláusulas especiales sobre seguridad del abastecimiento garantiza que las fuerzas armadas obtengan los suministros a tiempo, especialmente, en caso de crisis o de conflicto armado:

a) el procedimiento establece un régimen común de garantías adecuadas, apoyado por un método claro de comparación de resultados;

b) el Comité considera correcta la decisión de la Comisión de que la nueva Directiva sólo cubra contratos específicos en los ámbitos de seguridad y defensa para los que no sirve la Directiva actual sobre contratación pública;

c) dichos contratos se refieren a la adquisición de equipo militar (es decir, armas, municiones y material de guerra) y equipos de seguridad particularmente sensibles y asimilables por su naturaleza a los equipos de defensa;

d) la adquisición de equipos no sensibles y no militares sigue estando cubierta por la actual Directiva de contratación pública (2004/18), incluso si es adjudicada por los poderes adjudicadores en el ámbito de la defensa y de la seguridad.

3.4. Los fundamentos jurídicos de la propuesta de Directiva son:

3.4.1. El principio contributivo: necesidad de poner fin a situaciones de infracción provocadas por la inexistencia de disposiciones comunitarias de coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos actualmente aplicables.

3.4.2. El principio de proporcionalidad: siempre que se cumplan plenamente las disposiciones de la Directiva, su transposición a las legislaciones nacionales permitirá a cada Estado miembro tener en cuenta los rasgos y características específicos de las adquisiciones sensibles realizadas en los sectores de la defensa y la seguridad.

3.5. Instrumentos elegidos

3.5.1. Al transponer la Directiva los Estados miembros podrán, si así lo desean, promulgar legislación aplicable a todos sus contratos públicos, incluidas las compras sensibles en los sectores de la defensa y la seguridad.

3.5.2. El nuevo instrumento debe ofrecer un alto grado de flexibilidad, garantizar el nivel correcto de transparencia y mejorar el acceso al contrato de los proveedores no nacionales y, en particular, de las PYME.

3.5.3. Para ser plenamente operativa, la Directiva debe basarse en la normalización y en un régimen de circulación intracomunitario conveniente.

3.6. Las PYME y el sector europeo de la defensa

3.6.1. En lo que respecta a la aplicación práctica del código de conducta en materia de contratos públicos de defensa, el Comité destaca el papel esencial que los pequeños y medianos proveedores de equipamientos y tecnologías de defensa —tanto por su contribución en materia de investigación que por el empleo que generan— desempeñan en el desarrollo de las capacidades militares nacionales y europeas.

3.7. Consideración final

3.7.1. Como sucede con todas las reformas, se corre el riesgo de que todos los protagonistas estén de acuerdo en principio en la necesidad de «hacer algo» pero no adopten medidas concretas ni suscriban ningún documento o acuerdo que permita avances en ese ámbito.

3.7.2. La cuestión principal es: ¿cuánto tiempo podrá sobrevivir la BTID si Europa continúa rechazando reformas que se consideran inevitables?

Bruselas, 23 de octubre de 2008. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Mario SEPI

(1) En el dictamen el Comité expone su postura y señala que: (1) los países que representan el núcleo central de la capacidad económica, industrial y tecnológica en materia de defensa están a favor de mantener la excepción de seguridad nacional recogida en el artículo 296 del TCE; (2) la aplicación del artículo 296 del TCE está restringida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

(2) Los contratos públicos adjudicados en los sectores de la defensa y la seguridad entran actualmente en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18/CE, salvedad hecha de las excepciones correspondientes a los supuestos previstos en los artículos 30, 45, 46, 55 y 296 del Tratado. El Tribunal de Justicia ha dictaminado con claridad, según jurisprudencia reiterada, que el recurso a excepciones al Derecho comunitario, incluida la prevista en el artículo 296 del Tratado, debe limitarse a casos extraordinarios y claramente definidos.

(3) Según el Tribunal, esta exención se limita «a casos extraordinarios y claramente definidos» y «no se presta a una interpretación amplia».

(4) Un contrato debe considerarse un contrato público de obras sólo si su objeto se refiere específicamente a la ejecución de alguna de las actividades pertenecientes a la división 45 del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV).

(5) Excepto para adquisiciones de cantidades no significativas por parte de compañías de seguridad privada y gobiernos locales.

(6) Seguridad del abastecimiento: las necesidades concretas de los Estados miembros en cuanto a seguridad de abastecimiento para contratos públicos sensibles en los ámbitos de la defensa y la seguridad justifican la existencia de disposiciones específicas, tanto en lo que respecta a exigencias contractuales como en cuanto a los criterios para seleccionar a los candidatos.

(7) Procedimiento que exige que, en el caso de suministros cuyo valor estimado sobrepase el importe fijado por el gobierno del país de la entidad adjudicadora, el vendedor extranjero de equipamientos de defensa asuma un compromiso global de beneficios industriales expresados en términos de un porcentaje mínimo del valor añadido del país adjudicador, proporcional al valor total del contrato. Las contrapartidas propuestas por el vendedor (la empresa compensadora) a la industria nacional del país adjudicador deben ser de un elevado nivel tecnológico y crear nuevos flujos económicos o suplementarios para las empresas nacionales que se benefician de la compensación (beneficiarios de la compensación). El vendedor debe respetar su compromiso económico a lo largo de un período determinado y de una duración razonable o, en caso de no hacerlo, pagar una penalización por los compromisos económicos no respetados durante este período. Los beneficios industriales se consideran realizados una vez que se han facturado, dentro del plazo establecido, las prestaciones por parte de las empresas beneficiarias.

(8) Texto del artículo 296: «1. Las disposiciones del presente Tratado no obstarán a las normas siguientes: (a) Ningún Estado miembro estará obligado a facilitar información cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad; (b) Todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra; estas medidas no deberán alterar las condiciones de competencia en el mercado común respecto de los productos que no estén destinados a fines específicamente militares. 2. El Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, podrá introducir modificaciones en la lista, que estableció el 15 de abril de 1958, de los productos sujetos a las disposiciones de la letra b) del apartado 1.»

(9) Por ejemplo, en 2003 los costes adicionales generados únicamente por obstáculos a las transferencias intracomunitarias se estimaban en 3 160 millones de euros. Unisys, Intra-Community Transfers of Defence Products, Comisión Europea, Bruselas, 2005, p. 6.

(10) Comunicación de la Comisión Europea «Hacia una política de la UE en materia de equipo de defensa», COM(2003) 113 final, de 11.3.2003; dictamen del CESE: DO C 10, p. 1 de 10.01.2004 (ponente: Sr. Wilkinson).

(11) Los procedimientos en los que los poderes adjudicadores consultan con los operadores económicos de su elección y negocian las condiciones del contrato con uno o varios de ellos.

(12) Los procedimientos en los que todo operador económico puede solicitar su participación y en los que únicamente los operadores económicos invitados por los poderes adjudicadores pueden presentar ofertas.

(13) El poder adjudicador puede limitar el número de candidatos en el procedimiento restringido, en el negociado con publicación de un anuncio de licitación y en el diálogo competitivo. Toda reducción del número de candidatos debe basarse en criterios objetivos que se hallen especificados en el anuncio de contrato.

(14) Seguridad de la información: el carácter a menudo confidencial de la información vinculada a los contratos públicos sensibles de defensa y seguridad exige (1) salvaguardas aplicables al propio procedimiento de adjudicación; (2) criterios de selección de los candidatos y (3) exigencias contractuales impuestas por los poderes adjudicadores.