A4-0001/96

Resolución sobre el Duodécimo Informe Anual de la Comisión al Parlamento Europeo sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario - 1994 (COM(95)0500 - C4-0233/95)

El Parlamento Europeo,

- Vista la declaración nº 19 relativa a la aplicación del Derecho comunitario, aneja al Acta Final del Tratado de la Unión Europea y aprobada por la Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 7 de febrero de 1992,

- Vista la resolución del Consejo de 7 de diciembre de 1992 sobre el funcionamiento del mercado único ((DO C 334 de 18.12.1992, pág. 1)),

- Vista la resolución del Consejo de 8 de junio de 1993 relativa a la calidad de la redacción de la legislación comunitaria ((DO C 166 de 17.6.1993, pág. 1)),

- Vista la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 16 de febrero de 1994 sobre el desarrollo de la cooperación administrativa para la aplicación de la legislación comunitaria en el marco del mercado interior (COM(94)0029 - C3-0108/94),

- Vista la resolución del Consejo de 16 de junio de 1994 sobre el desarrollo de la cooperación administrativa para la aplicación y el cumplimiento de la legislación comunitaria en el mercado interior ((DO C 179 de 1.7.1994, pág. 1)),

- Vista la resolución del Consejo de 20 de junio de 1994 relativa a la difusión electrónica del Derecho comunitario y de los Derechos nacionales de ejecución y a la mejora de las condiciones de acceso ((DO C 179 de 1.7.1994, pág. 3)),

- Visto el acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 sobre el método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos ((DO C 293 de 8.2.1995, pág. 2)),

- Vistas determinadas disposiciones contenidas en el informe del «grupo MOLITOR» sobre la simplificación legislativa y administrativa, presentado al Consejo Europeo de Cannes de junio de 1995,

- Vista la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 3 de mayo de 1995 sobre la función de las sanciones en relación con la aplicación de la legislación comunitaria sobre el mercado interior (COM(95)0162),

- Vista la resolución del Consejo de 29 de junio de 1995 sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior ((DO C 188 de 22.7.1995, pág. 1)),

- Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de junio de 1995: El Mercado Único en 1994 (COM(95)0238 - C4-0239/95),

- Vistos los debates que tuvieron lugar el 21 de junio de 1995 en Bruselas con ocasión del simposio de su Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos sobre las relaciones entre el Derecho Internacional Público, el Derecho comunitario y el Derecho nacional de los Estados miembros,

- Vistas algunas peticiones dirigidas a su Comisión de Peticiones sobre una defectuosa transposición de determinadas directivas comunitarias,

- Vistos los debates mantenidos en la reunión de los días 27 y 28 de septiembre de 1995 en Bruselas entre su Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y los representantes de los Parlamentos nacionales, en particular en relación con el control de la aplicación del Derecho comunitario,

- Visto el XII Informe Anual de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario por los Estados miembros (1994) (COM(95)0500 - C4-0233/95) ((DO C 254 de 29.9.1995, pág. 1)),

- Vistos el código de conducta adoptado por el Consejo el 2 de octubre de 1995 relativo a la publicidad de las actas y de las declaraciones sobre las actas del Consejo, y la resolución del Parlamento Europeo de 12 de octubre de 1995 ((DO C 287 de 30.10.1995, pág. 179)) sobre la transparencia de las decisiones del Consejo y los procedimientos legislativos de la Comunidad,

- Visto el art. 44 de su Reglamento,

- Vistos el informe de su Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Peticiones y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor (A4-0001/96),

A. Considerando que, puesto que la Comunidad Europea es una «comunidad de Derecho», su legislación debe ser el resultado de un proceso de toma de decisiones transparente, caracterizado por una calidad intrínseca de sus textos que facilite la comprensión a sus destinatarios,

B. Considerando que, indiscutiblemente, las instituciones están obligadas a realizar un importante esfuerzo para mejorar la calidad de los textos legislativos comunitarios,

C. Considerando, en este contexto, que los esfuerzos realizados en materia de transparencia del proceso de toma de decisiones y también en materia de simplificación y codificación del Derecho comunitario resultan todavía insuficientes,

D. Considerando las reflexiones y las posiciones hechas públicas por determinados Parlamentos nacionales y responsables políticos en relación con la Conferencia Intergubernamental de 1996,

E. Considerando que dichas reflexiones no pueden, sin embargo, cuestionar el acervo comunitario ni los principios básicos del ordenamiento jurídico comunitario contenidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,

F. Considerando las sentencias dictadas por los tribunales constitucionales nacionales en relación con el Tratado de la Unión Europea,

G. Considerando que los informes anuales sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario no sólo constituyen una ocasión de evaluar las actividades de la Comisión en tanto que guardiana de los tratados, sino que también permiten una reflexión sobre la evolución de dicho Derecho y la manera en que lo aplican los jueces nacionales, que son los jueces comunitarios de Derecho común,

H. Recordando que los tratados comunitarios establecieron un nuevo ordenamiento jurídico, en beneficio del cual los Estados han limitado sus derechos soberanos en ámbitos cada vez más amplios y cuyos súbditos son no solamente los Estados miembros sino sus ciudadanos,

I. Recordando que las características esenciales del ordenamiento jurídico comunitario son, en particular, la primacía del Derecho comunitario en relación con los Derechos de los Estados miembros y el efecto directo de toda una serie de disposiciones aplicables a los ciudadanos de dichos Estados y a los propios Estados,

J. Considerando que es voluntad expresa del Tratado de la Unión Europea mantener íntegro el acervo comunitario y desarrollarlo, creando una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la que las decisiones se adopten al nivel más cercano posible a los ciudadanos,

K. Considerando que la experiencia de los últimos años ha demostrado que la vigilancia de los ciudadanos en la salvaguardia de sus derechos constituye un medio esencial para la aplicación correcta del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros, pues dicha vigilancia implica un control eficaz que se añade al control confiado a la diligencia de la Comisión por el artículo 169 del Tratado CE,

L. Reconociendo a este respecto la función fundamental del Tribunal de Justicia, en particular por medio de las sentencias dictadas en aplicación del artículo 177 del Tratado CE,

Naturaleza del Derecho comunitario

1. Llama la atención sobre el hecho de que el control que ejercen los tribunales constitucionales sobre la validez de los actos normativos comunitarios en relación con sus respectivas constituciones comporta riesgos para la aplicación e interpretación uniformes del Derecho comunitario;

2. Recuerda que las Comunidades se fundamentan en el principio de competencia de atribución establecido en los artículos A del Tratado de la Unión Europea y 3 B del Tratado CE y que se da por supuesto que nuevas competencias en favor de la Unión sólo podrán decidirse mediante la revisión de los tratados (artículo N TUE) y ulterior ratificación por parte de los Parlamentos nacionales;

3. Hace hincapié en que, en la hipótesis de que un acto comunitario rebasara el marco de las competencias comunitarias, tal y como establecen los tratados, correspondería, en último término al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, guardián de la legalidad de sus actos, su anulación; las relaciones de cooperación que existen entre las jurisdicciones nacionales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constituyen un remedio eficaz al respecto; igualmente, corresponde al Tribunal de Justicia controlar el respeto de los derechos fundamentales y de los principios generales del Derecho por parte de las Instituciones, así como por parte de los Estados miembros cuando sus actividades se sitúen en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario;

4. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para lograr una interpretación dinámica de las normas del Derecho comunitario, incluso ante el Tribunal de Justicia, con el fin de explotar al máximo todas sus potencialidades en beneficio de los ciudadanos de la Unión y de las demás personas residentes en los Estados miembros.

Transparencia del proceso de toma de decisiones

5. Considera que la transparencia del proceso de toma de decisiones constituye un elemento inherente al carácter democrático de la Unión Europea y que condiciona la plena confianza de los ciudadanos hacia las instituciones y los proyectos de futuro para la Unión;

6. Estima que todas las Instituciones deben ser conscientes de esta exigencia de transparencia y tener la voluntad política de aplicarla;

7. Reitera sus anteriores peticiones de que el Consejo legisle públicamente en lo sucesivo;

8. Condena la práctica del Consejo de incluir en sus actas declaraciones unilaterales sobre la legislación en curso de aprobación, en particular en el marco del procedimiento de codecisión; manifiesta su perplejidad por el hecho de que la Comisión haya estimado que puede asociarse al Consejo en estas declaraciones y le pide que ponga fin a esta práctica contraria a sus repetidas declaraciones relativas a la construcción de una «Comunidad próxima a sus ciudadanos» (Boletín CE 10.1992, pág. 9);

9. Estima que las instituciones no deben negar el acceso público a los documentos relativos al proceso legislativo comunitario, salvo en casos completamente excepcionales en los que su divulgación pudiera perjudicar la protección del interés público o de la vida privada de los individuos, en el entendimiento de que la institución a la que se solicite la publicación de los documentos debe motivar su negativa e interpretar estos conceptos de forma restrictiva;

10. En este contexto, toma nota del citado código de conducta adoptado por el Consejo el 2 de octubre de 1995 relativo a la publicidad de las actas y de las declaraciones sobre las actas del Consejo cuando actúa como legislador y considera que, manifiestamente, este texto no alcanza en forma alguna el objetivo perseguido, a saber asegurar la transparencia necesaria de los trabajos legislativos del Consejo y hacer estos trabajos más accesibles a los ciudadanos de la Comunidad (véanse los términos de la carta del Consejo al Parlamento Europeo de 4 de octubre de 1995); en consecuencia, pide al Consejo que vuelva a examinar su posición a la mayor brevedad y se declare dispuesto a partir de ahora a la elaboración conjunta de un acuerdo interinstitucional sobre el tema;

Calidad de la legislación comunitaria

11. Insiste en que la Comisión presente a la mayor brevedad todas las propuestas de codificación constitutiva previstas en el programa legislativo de 1995;

12. Pide a la Comisión que a partir de ahora, con vistas a mejorar la calidad de la legislación, al remitir propuestas de modificación de legislación comunitaria vigente haga constar, uno al lado del otro, el texto íntegro existente y el texto íntegro por ella propuesto y que presente el texto consolidado al Consejo y al Parlamento Europeo;

Contenido del informe anual

13. Lamenta que la Comisión no haya transmitido el Duodécimo informe anual al Parlamento Europeo hasta el 19 de junio de 1995 y que no haya sido publicado en el Diario Oficial hasta el 29 de septiembre de 1995; considera que este retraso reduce parcialmente la utilidad del examen de estos informes y que la Comisión debería ser consciente de este hecho; en consecuencia, pide de nuevo que el informe anual relativo a 1995 se transmita al Parlamento, a más tardar, el mes de marzo de 1996;

14. Constata que en este informe anual la Comisión no ha realizado una evaluación global del estado de la transposición del Derecho comunitario, a diferencia de los informes anteriores; tal evaluación debería contener los datos principales que han caracterizado el estado de la aplicación del Derecho comunitario durante el año en cuestión y, sobre todo, las propuestas concretas de la Comisión para mejorar la situación en los sectores más problemáticos y las medidas que deberían adoptar los Estados miembros así como el Parlamento Europeo y el Consejo; solamente de este modo se podría establecer un auténtico diálogo político constructivo entre las Instituciones y los Estados miembros, en vez de examinar con retraso un texto que reviste, en palabras de la Comisión, un «inevitable carácter rutinario» (véase prólogo, tercer párrafo); considera que, en el marco de los esfuerzos que realiza actualmente la Comisión para construir una auténtica política de información, el texto de evaluación global a que se hace referencia más arriba debería formar parte de estos esfuerzos y tener una amplia difusión entre la opinión pública, vistas las repercusiones negativas de una defectuosa transposición del Derecho comunitario;

15. Constata que se percibe una cierta mejora en la transposición del Derecho comunitario pero lamenta que en determinados sectores (medio ambiente, mercado público, seguros, propiedad intelectual y productos farmacéuticos) siga habiendo retrasos;

16. Considera que cada Parlamento podría elaborar procedimientos internos destinados a controlar la aplicación del Derecho comunitario y, en su caso, a intervenir eficazmente ante el Gobierno cuando éste sea responsable de la transposición o de la ejecución de las obligaciones comunitarias, especialmente cuando se presente un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia o cuando este último haya pronunciado una sentencia condenatoria; en este contexto, conviene recordar la Declaración 14 aneja al Acta Final del Tratado de la Unión relativa a la convocatoria de la Conferencia de los Parlamentos con el fin de establecer un diálogo político regular entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales;

17. Toma nota del anexo 15 de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Madrid, según el cual, en la perspectiva de una mayor transparencia en el seno de la Unión, cuando se presente una propuesta legislativa importante, los Parlamentos nacionales deberán estar debidamente informados y recibir los documentos en las lenguas oficiales del país, con antelación suficiente para permitirles proceder a un debate desde el principio del proceso legislativo;

18. En el sector del mercado interior, los mercados públicos constituyen sin duda alguna un ámbito problemático, al registrar un considerable aumento del número de procedimientos por infracción; lo mismo puede decirse del impuesto sobre el valor añadido, en el que siguen proliferando los casos de incumplimiento de la legislación comunitaria correspondiente; estos y otros problemas han sido señalados en su resolución de 15 de noviembre de 1995 sobre el informe de la Comisión sobre el mercado único en 1994 ((Acta de esa fecha, parte II, punto 10)); por otra parte, hay sectores en los que aún no existe legislación comunitaria y en los que sigue habiendo un vacío en lo que se refiere a la legislación sobre el mercado único, como ejemplo, en cuanto a la armonización de la imposición indirecta;

19. En el sector del medio ambiente, comprueba que la aplicación práctica de varias directivas en determinados Estados miembros es deficiente y pide a la Comisión que en su próximo informe anual incluya información detallada sobre las causas de la aplicación defectuosa de estas directivas;

20. Una vez más, en 1994 la mayor parte de los problemas resultarían de la aplicación de la Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ((DO L 175 de 5.7.1985, pág. 40 (EE 15 V 6, pág. 9))); este resultado, francamente decepcionante, se debe en parte a la falta de precisión en el texto de la directiva. Por ello, cabe insistir en la necesidad de que el texto modificado de la directiva sea claro desde el punto de vista jurídico; por lo que se refiere a las directivas relativas al agua, debe constatarse que su cumplimiento es en muchos casos lamentable a pesar de que están en vigor desde hace ya veinte años;

21. En el sector de la agricultura, considera que varios Estados miembros deberán renovar sus esfuerzos para acelerar la transposición de las directivas que afectan a los aspectos más importantes de la reglamentación agrícola, a saber: los alimentos destinados al ganado, las normas veterinarias y fitosanitarias y las simientes; de lo contrario, el mercado único y la libre circulación de los productos agrícolas se enfrentarán a dificultades y obstáculos derivados de una tramitación burocrática y administrativa compleja o creados, utilizando esta tramitación como pretexto, para proteger el mercado nacional frente a las importaciones procedentes de otros países de la Unión;

22. En el sector de los transportes, los principales problemas han surgido en la incorporación de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados ((DO L 158, de 23.6.90, pág. 59)) de la Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991 sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios ((DO L 237 de 24.8.1991, pág. 25)) y de la Directiva 92/106/CEE del Consejo de 7 de diciembre de 1992 relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros ((DO L 368 de 17.12.1992, pág. 38));

23. En el sector del desarrollo tecnológico, pide a la Comisión que vele atentamente por que los Estados miembros transpongan las Directivas 90/219/CEE del Consejo de 23 de abril de 1990, sobre la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente ((DO L 117 de 8.5.1990, pág. 1)) y 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de microorganismos modificados genéticamente ((DO L 117 de 8.5.1990, pág. 15)), ya en vigor en el ordenamiento jurídico comunitario desde hace varios años pero que no han sido incorporadas aún en la legislación de los Estados miembros;

24. En el sector de las relaciones económicas y comerciales exteriores de la Unión, desea que la Comisión revise la nomenclatura de su informe, que debe integrar el estado de aplicación de esta parte de Derecho comunitario;

Examen de las quejas y peticiones por parte de la Comisión

25. En lo que respecta al examen por parte de la Comisión de las quejas y peticiones individuales, pide a la Comisión que acelere el examen de las mismas y controle con mayor rigor el plazo de respuesta de los Estados miembros, el plazo medio entre el escrito de requerimiento oficial y el dictamen motivado, y el plazo entre este último y el momento en que se pone término al incumplimiento o se remite al Tribunal de Justicia;

26. Por último, pide a la Comisión y a la Comisión de Peticiones que desarrollen conjuntamente nuevos métodos de trabajo para acelerar el examen de las peticiones y mejorar el nivel y la calidad de la información de que disponen los ciudadanos en lo relativo a su derecho de petición;

Procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado CE

27. Constata que de las sentencias del Tribunal de Justicia se desprende que la Comisión se retrasa excesivamente en enviar a los Estados recalcitrantes los escritos de requerimientos y los dictámenes motivados o, en su caso, en presentar los recursos por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia; al parecer, por término medio, cada fase del procedimiento pre-contencioso conlleva un año, lo que perjudica considerablemente la uniformidad del Derecho comunitario en todo el ámbito de la Unión;

Falta de ejecución por parte de los Estados miembros de las sentencias del Tribunal de Justicia

28. Condena el hecho de que algunos Estados no hayan ejecutado todavía determinadas sentencias del Tribunal de Justicia, algunas de las cuales datan de hace más de trece años, e insiste en que la Comisión haga uso sin demora y en todos los casos del apartado 2 del artículo 171 del Tratado CE, que autoriza al Tribunal a imponer multas coercitivas;

Información sobre los derechos de los individuos

29. Toma nota de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia y estima que sería aconsejable que la Comisión elaborara lo antes posible una guía práctica para los ciudadanos, traducida a todas las lenguas comunitarias, en la que se enumeraran los principales derechos y obligaciones que se derivan del Derecho comunitario y las acciones jurídicas de que disponen los ciudadanos para hacer valer dichos derechos;

Papel del Tribunal de Justicia en el marco de los procedimientos prejudiciales

30. Reconoce el papel esencial que desempeña el Tribunal de Justicia, en particular cuando las jurisdicciones de los Estados miembros recurren a él por la vía prejudicial, pero indica su preocupación sobre el problema de la lentitud del procedimiento previsto en el artículo 177 del Tratado CE;

31. Constata que en algunos Estados miembros los órganos jurisdiccionales prácticamente no plantean cuestiones prejudiciales de conformidad con el artículo 177 del Tratado CE, mientras que en otros estas cuestiones son numerosas, y pide a la Comisión que investigue las causas de estas disparidades, relacionadas en principio con un mayor o menor conocimiento del Derecho comunitario por parte de los jueces y magistrados nacionales y de los abogados;

Acceso a las jurisdicciones comunitarias

32. Es consciente de las dificultades de índole material que registran los particulares para acceder a las jurisdicciones comunitarias y pide a la Comisión que realice un estudio sobre esta cuestión y que considere la posibilidad de crear un fondo comunitario destinado a mejorar dicha situación;

Formación en Derecho comunitario

33. Lamenta que la Comisión no haga más esfuerzos en relación con la formación e información de las profesiones jurídicas en el ámbito del Derecho comunitario y le pide que presente un programa a este respecto a la mayor brevedad, partiendo lógicamente de la base de que la Comisión debería poder disponer de los recursos financieros necesarios para ello; insta, por otra parte, a la Comisión a que apoye, tanto en los Estados miembros, como en los establecimientos universitarios o de otra índole, iniciativas para fomentar la formación de juristas en materia de Derecho comunitario;

34. Recomienda a los Estados miembros que impongan la obligatoriedad del estudio de las disciplinas del Derecho comunitario para acceder a las profesiones jurídicas;

Función de las sanciones

35. Expresa su acuerdo de principio sobre el conjunto de las orientaciones contenidas en la citada Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la función de las sanciones en la aplicación de la legislación comunitaria sobre el mercado interior;

36. Encarga a su Presidente que comunique la presente resolución a la Comisión, al Consejo, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.