A4-0297/98

Resolución sobre la independencia, el papel y el estatuto de la Unidad de coordinación de la lucha contra el fraude (UCLAF) (Informe especial n° 8/98 del Tribunal de Cuentas, sobre los servicios de la Comisión encargados de combatir el fraude) (C4-0483/98).

El Parlamento Europeo,

- Visto el artículo 206 del Tratado CE,

- Vista su Resolución de 22 de octubre de 1997 sobre el informe anual 1996 de la Comisión (COM(97)0200 - C4-0230/97) y su programa de trabajo 1997/1998 para la protección de los intereses financieros de la Comunidad y la lucha contra el fraude (COM(97)0199 - C4-0231/97) ((DO C 339 de 10.11.1997, pág. 68)),

- Visto el Informe especial n° 8/98 del Tribunal de Cuentas, sobre los servicios de la Comisión encargados de combatir el fraude, en particular, la Unidad de coordinación de la lucha contra el fraude (UCLAF), acompañado de las respuestas de la Comisión, (C4-0483/98) ((DO C 230 de 22.7.1998, pág. 1)),

- Vista la Comunicación de la Comisión sobre una gestión financiera y administrativa adecuada: una mejor actuación en contra de las insuficiencias profesionales, las irregularidades financieras, el fraude y la corrupción (SEC(97)2198-C4-0001/98),

- Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores (A4-0297/98),

A. Considerando con preocupación los resultados de la investigación del Tribunal de Cuentas, que muestran que, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, la Unidad de la Comisión con competencias en materia de lucha contra el fraude solamente es operativa en una medida limitada,

B. Considerando que los resultados alcanzados hasta la fecha por la UCLAF en la lucha contra el fraude, a pesar de una serie de éxitos puntuales, están muy por debajo de sus propias expectativas y también de los objetivos fijados por la propia Comisión, y que no están a la altura de los retos cada vez mayores que plantea este campo,

C. Considerando que de los aproximadamente 130 agentes de la UCLAF sólo pueden dedicarse a labores de investigación unos 30 y que, por ello, las deficiencias a las que ha hecho referencia el Tribunal de Cuentas están relacionadas, fundamentalmente, con la falta de personal en la UCLAF, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo,

D. Considerando que las deficiencias a las que ha hecho referencia el Tribunal de Cuentas también se deben a que el marco jurídico y organizativo en el que debe realizar sus funciones la UCLAF sigue siendo insuficiente,

E. Considerando que parte de las anomalías a las que ha hecho referencia el Tribunal de Cuentas se deben a deficiencias en la dirección política y administrativa de la UCLAF,

F. Considerando que la política de la Comisión en relación con los casos de corrupción en su propio seno sigue sin estar clara y sin ser coherente y que, por lo tanto, hay una tendencia a encubrirlos en la medida de lo posible,

G. Considerando que todos estos hechos desmoralizan a los agentes que prestan sus servicios en el ámbito de la lucha contra el fraude, y que pueden dar la impresión de que, en realidad, la UCLAF no es más que una fachada,

H. Considerando que siempre ha pedido a la UCLAF que, además de coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, realice investigaciones por cuenta propia, en particular en relación con los casos de delincuencia organizada transnacional que perjudican a los intereses financieros de la Unión o cuando se trata de esclarecer delitos en los que están involucrados funcionarios de la UE,

I. Considerando la necesidad urgente de proteger eficazmente al euro desde un principio de falsificaciones y otros fraudes, y que para ello es necesario un esfuerzo concertado a nivel comunitario,

J. Considerando que la ampliación de la Unión, ya antes de que ésta se produzca, debe ir acompañada de acciones verosímiles en materia de lucha contra el fraude para tener efectos disuasorios desde un principio,

K. Considerando que las labores de la UCLAF y de Europol en el ámbito de la delincuencia organizada contra los intereses de la Unión Europea se complementan,

L. Considerando que la protección de los intereses financieros de la Unión exige el desarrollo de un espacio penal europeo y la creación de una Fiscalía de la UE,

M. Considerando que el objetivo relativo a la institución de una Fiscalía Europea, recogido en el apartado 7 de su Resolución de 31 de marzo de 1998 ((DO C 138 de 4.5.1998, pág. 61)) sobre las acciones judiciales para la protección de los intereses financieros de la Unión, por razones políticas no se puede llevar a la práctica de forma inmediata; que, no obstante, es necesario y posible adoptar medidas a corto plazo en ese sentido, y que la UCLAF debe participar desde un principio en este proceso,

N. Considerando que las dificultades a las que ha hecho referencia el Tribunal de Cuentas en los casos de investigaciones dirigidas contra funcionarios de la UE también se deben a que la UCLAF, hoy por hoy, es un grupo operativo supeditado a la Secretaría General de la Comisión, y que, por consiguiente, carece de la independencia necesaria para llevar a cabo este tipo de investigaciones,

O. Considerando la Recomendación del Consejo de 9 de marzo de 1998 relativa a la aprobación de la gestión de la Comisión sobre la ejecución del presupuesto para 1996 (C4-0168/98), en la que el Consejo se refiere a la necesidad de que, en su caso, la UCLAF tenga competencias para realizar investigaciones en todas las instituciones europeas,

P. Considerando que estas investigaciones no deberían ni improvisarse ni ser ad hoc, sino que deberían realizarse según una normativa y unos procedimientos claramente definidos,

Q. Considerando que los funcionarios encargados de la lucha contra el fraude, la corrupción y otros delitos que perjudican a los intereses financieros de la Unión deberían disfrutar de un grado elevado de independencia y de libertad para adoptar decisiones, con objeto de poder actuar de manera rápida, flexible y eficaz,

R. Considerando que, además, hay que garantizar que su actuación esté sometida a supervisión y control democráticos y judiciales,

S. Considerando que el éxito de su trabajo depende en gran medida de una colaboración estrecha y de confianza con los interventores financieros de las instituciones,

T. Considerando que en el marco de sus competencias en relación con la aprobación de la gestión debe garantizarse una auténtica obligación política de rendir cuentas,

U. Considerando la autonomía organizativa de la Comunidad, confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que permite la creación de organismos y servicios subordinados mediante la adopción de actos de Derecho comunitario derivado,

V. Considerando que el artículo 280 del Tratado de Amsterdam abre nuevas posibilidades para mejorar claramente las condiciones para una lucha eficaz contra el fraude a nivel comunitario, y que, por lo tanto, es realista volver a examinar los convenios y protocolos adicionales no ratificados relativos a la protección de los intereses financieros de la Comunidad, con el fin de que algunas partes de éstos se adopten en virtud del nuevo artículo 280,

1. Lamenta que el citado informe especial n° 8/98 del Tribunal de Cuentas haya puesto de relieve graves deficiencias en el funcionamiento de la UCLAF y constata que las propuestas realizadas por la Comisión en su Comunicación sobre una gestión financiera y administrativa adecuada: una mejor actuación en contra de las insuficiencias profesionales, las irregularidades financieras, el fraude y la corrupción no cubren la totalidad de las necesidades apreciadas;

2. Pide, en consecuencia, a la Comisión que le presente antes del 1 de diciembre de 1998 una propuesta de decisión común del Parlamento Europeo, del Consejo, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de Justicia sobre la creación de una (OLAF) Oficina de Lucha contra el Faude;

3. Pide a la Comisión que incluya en esta propuesta los puntos que figuran a continuación:

a) Además de las competencias de las que disfruta en la actualidad la UCLAF, a la OLAF se le concederán expresamente competencias en materia de lucha contra la corrupción y el fraude internos en todas las Instituciones de la Unión Europea que hayan adoptado la decisión;

b) El director de la OLAF será el que decida sobre la realización de una investigación interna, y adoptará esta decisión a propuesta de la institución interesada o por iniciativa propia;

c) Las instituciones harán todo lo que esté en su mano para apoyar a la OLAF en el ejercicio de sus funciones; cuando sea necesaria una investigación interna, las instituciones de la UE facilitarán todas las informaciones que la OLAF considere necesarias;

d) El resultado de las investigaciones se transmitirá a las autoridades judiciales competentes. Para ello, en la OLAF se creará una unidad con los expertos enviados por los ministerios fiscales nacionales, que elaborarán los informes que deban enviarse y que prestarán asistencia judicial, en caso de necesidad, a las autoridades judiciales nacionales. Se consultará a esta unidad al adoptar una decisión sobre el inicio de una investigación;

e) Pide a la OLAF que aplique con carácter inmediato normas comunes de registro y archivo de expedientes, para que no exista la posibilidad de destruir expedientes de manera arbitraria;

f) Las labores de la OLAF estarán dirigidas por un Comité ejecutivo, cuyos miembros serán nombrados por las instituciones;

g) Las labores de la OLAF estarán supervisadas por una comisión de control constituida por cinco personalidades, designadas por el Parlamento previo acuerdo de las restantes instituciones, que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia;

h) La Comisión será la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y adoptará todas las decisiones relativas a los nombramientos, las medidas disciplinarias, los destinos y las transferencias de personal de la OLAF, a propuesta del director y previa aprobación por parte del Comité ejecutivo;

i) El director de la OLAF será nombrado por la Comisión, previa aprobación por parte del Parlamento Europeo. En este contexto, la Comisión presentará al Parlamento una lista en la que figurarán un mínimo de tres candidatos adecuados. Las restantes instituciones de la Unión también podrán proponer candidatos;

j) La duración del mandato del director de la OLAF será de cinco años y podrá prorrogarse de conformidad con el procedimiento recogido en la letra i). El director sólo podrá ser apartado de su cargo antes de cumplir su mandato si así lo decide el Comité ejecutivo;

k) El director de la OLAF informará regular y extensamente sobre sus labores a la comisión del Parlamento Europeo con competencias en la materia. El Parlamento Europeo fijará en su Reglamento las modalidades de estos informes;

l) El presupuesto de la OLAF que, entre otras cosas, cubrirá los costes administrativos y de personal, se publicará como anexo a la Parte A del presupuesto de la Comisión;

m) En el organigrama de la OLAF se preverán 300 puestos, la mitad de los cuales serán primero temporales y un porcentaje adecuado de la categoría B. Se procurará que para ocupar estos puestos se designen prioritariamente investigadores experimentados y especialistas en procedimientos penales de los servicios correspondientes de los Estados miembros. A tal fin, será necesario prever formas específicas de reclutamiento;

n) La OLAF desempeñará sus funciones de acuerdo con el principio de la descentralización y tendrá servicios en Bruselas y Luxemburgo. En caso necesario, se crearán antenas permanentes o temporales en los Estados miembros o en terceros países;

4. Pide a la Comisión que, inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, presente propuestas de Reglamento basadas en el nuevo artículo 280 del Tratado CE que estipulen:

a) la colaboración de las Instituciones de la Unión con las autoridades judiciales nacionales,

b) el ejercicio de los poderes de la OLAF que todavía no se encuentren explícitamente reglamentados, en particular, en materia de competencia para emplazar ante la justicia, de salvaguarda de los expedientes y de adopción de actos limitativos de los derechos de libertad,

c) la cuestión del control judicial de las labores de la OLAF;

d) la obligación de los agentes de la OLAF de prestar juramento;

5. Pide a la Comisión que, sobre la base del nuevo artículo 280 del Tratado CE, presente propuestas de reglamento aptas para sustituir a los convenios y protocolos adicionales no ratificados;

6. Señala a la atención de la Comisión que en un informe específico tratará el tema de los puntos en los que en el futuro deberá centrarse la lucha contra el fraude;

7. Pide a la Comisión y a Europol que le presenten propuestas para poder establecer una colaboración más intensa y eficaz;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y a las restantes Instituciones de la Unión.