Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados"

(COM(2002) 159 final - 2002/0090 (CNS))

(2003/C 85/01)

El 15 de abril de 2002, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 27 de noviembre de 2002 (ponente: Sr. Ravoet).

En su 395o Pleno de los días 11 y 12 de diciembre de 2002 (sesión del 11 de diciembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 79 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

Síntesis de las conclusiones

El Comité suscribe la propuesta de Reglamento que suprime el requisito del otorgamiento del exequátur para los créditos no impugnados. La propuesta de Reglamento se fundamenta en los instrumentos comunitarios existentes, en particular el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo relativo a la notificación. El punto débil de la propuesta lo constituye el hecho de que se deje a la discreción de los Estados miembros la opción de adaptar su legislación nacional a las normas mínimas de procedimiento exigidas para el otorgamiento de un Título Ejecutivo Europeo. Para crear un auténtico espacio judicial europeo es urgente avanzar en la armonización de las legislaciones de los Estados miembros.

1. Síntesis del documento de la Comisión

1.1. La reunión del Consejo Europeo de Tampere del 15 y 16 de octubre de 1999 aprobó el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones y otras decisiones de las autoridades judiciales como la piedra angular de la cooperación judicial que debe establecerse en la Unión. En materia civil, el Consejo Europeo pidió una nueva reducción de las medidas intermedias requeridas para permitir el reconocimiento y la ejecución en un Estado miembro de una resolución dictada en otro Estado miembro.

1.1.1. El programa conjunto elaborado a instancias del Consejo Europeo por la Comisión y el Consejo de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(1), y adoptado por el Consejo el 30 de noviembre de 2000, destacaba como una de las prioridades de la Comunidad la supresión del exequátur para los créditos no impugnados(2).

1.1.2. La introducción del Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados constituye el proyecto piloto para la supresión del exequátur.

1.2. El Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2002, representa un avance significativo en la simplificación del procedimiento para obtener el otorgamiento de la ejecución (exequátur) con respecto al Convenio de Bruselas de 1968 sobre la jurisdicción y la aplicación de resoluciones en materia civil y mercantil.

1.3. Con su propuesta de Reglamento por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados, el Consejo desea dar un paso más con respecto al Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo.

1.3.1. Cabe señalar que el término "Título Ejecutivo Europeo" tiene dos acepciones en las que queda patente su doble finalidad. En un sentido restrictivo se refiere a la supresión del exequátur. En un sentido más amplio hace referencia al establecimiento de un procedimiento uniforme para obtener una resolución que después pudiera ejecutarse sin exequátur en todos los Estados miembros. En materia de créditos no impugnados, la Comisión persigue activamente ambos objetivos, si bien no en el mismo instrumento legal.

1.4. La actual propuesta aspira exclusivamente a realizar el primer objetivo, es decir la eliminación del exequátur como requisito previo para la ejecución en otro Estado miembro de las resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva alcanzadas en ausencia comprobable de todo litigio por parte del deudor acerca de la naturaleza o el alcance de la deuda. Se supone que la actitud pasiva del deudor se deriva, bien de una decisión consciente que responde a su reconocimiento de la justificación del crédito en cuestión, bien de una desconsideración deliberada de la actuación de tribunal. Esta supresión debería en principio proporcionar un beneficio tangible a los acreedores que obtienen una ejecución rápida y eficaz en el extranjero. El Título Ejecutivo Europeo, según lo concebido en esta propuesta, constituye un certificado completo y transparente de resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, que garantiza el cumplimiento de todas las condiciones para la ejecución sin medidas intermedias en todo el territorio de la Comunidad.

1.5. La Comisión pretende alcanzar el segundo objetivo, más ambicioso, mediante un Libro Verde sobre el establecimiento de un procedimiento uniforme o armonizado para un requerimiento de pago europeo, cuya presentación está prevista para 2002.

1.6. La confianza mutua entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros es la condición previa para la supresión del exequátur. Debe asimismo asegurarse la estricta observancia de los requisitos para un juicio justo de acuerdo con el artículo 6 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como el artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. En este sentido, la Comisión considera esencial fijar unas normas procesales mínimas comunes sobre la notificación de documentos (más concretamente las que se refieren a los métodos admisibles de notificación y los plazos de notificación) que ofrezcan garantías al deudor de que es debidamente informado de la acción judicial contra él y que le permitan la preparación de su defensa. Solamente el cumplimiento de estas normas mínimas justifica la abolición del control de la observación de los derechos de la defensa en el Estado miembro en el que se debe ejecutar la resolución.

1.7. La utilización de la posibilidad que se establece en la propuesta de Reglamento para facilitar la ejecución es, desde un punto de vista doble, facultativa. En primer lugar, los Estados miembros podrán decidir si es o no oportuno ajustar su legislación nacional a las normas mínimas para asegurar que se pueda aceptar el mayor número posible de resoluciones sobre créditos no impugnados para su certificación como Título Ejecutivo Europeo. En segundo lugar, los acreedores pueden elegir entre la declaración de ejecución clásica en virtud del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo o la certificación como Título Ejecutivo Europeo.

2. Detalles de la propuesta

2.1. El Capítulo I de la propuesta contiene una clara descripción del objeto (artículo 1), a saber, la creación de un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados en materia civil y mercantil, que permita la libre circulación en todos los Estados miembros de resoluciones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva. El ámbito de aplicación (artículo 2) coincide con el del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo.

2.1.1. En el artículo 3 de la propuesta figuran las definiciones de los conceptos: resolución, crédito, crédito no impugnado, resolución que ha adquirido autoridad de cosa juzgada, recurso ordinario, documento público con fuerza ejecutiva, Estado miembro de origen, Estado miembro de ejecución y órgano jurisdiccional de origen.

2.2. El Capítulo II trata del Título Ejecutivo Europeo. Si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 5, una resolución dictada por el órgano jurisdiccional de origen en un Estado miembro deberá ser certificada como Título Ejecutivo Europeo a petición del acreedor, de modo que sea reconocida y ejecutada en los demás Estados miembros sin necesidad de un procedimiento específico en el Estado miembro de ejecución. El certificado de Título Ejecutivo Europeo se expedirá con arreglo al modelo de formulario normalizado que figura en el anexo I (artículo 7).

2.2.1. Los requisitos acumulativos establecidos en el artículo 5 son los siguientes:

- cuando la resolución haya adquirido autoridad de cosa juzgada y sea ejecutoria en el Estado miembro de origen; y

- cuando la resolución no sea incompatible con lo dispuesto en las secciones 3, 4 ó 6 del capítulo II del Reglamento (CE) no 44/2001; y

- en el caso de un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 3 del Reglamento, cuando los procedimientos judiciales en el Estado miembro de origen cumplan los requisitos procesales previstos en el capítulo III; y

- cuando la notificación de escritos que exige el capítulo III del Reglamento deba efectuarse en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, dicha notificación se haya realizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil(3).

2.2.2. Cuando un título no cumpla todos los requisitos, el artículo 6 prevé la posibilidad de emitir un certificado parcial como Título Ejecutivo Europeo.

2.2.3. El artículo 7 especifica el contenido del certificado de Título Ejecutivo Europeo.

2.2.4. No cabrá recurso alguno contra una resolución relativa a una solicitud de certificado de Título Ejecutivo Europeo (artículo 8), teniendo en cuenta sobre todo las garantías para el deudor que se estipulan en el artículo 15.

2.2.5. Cuando una resolución no haya adquirido todavía autoridad de cosa juzgada pero se cumplan todas las demás condiciones del artículo 5, se podrá conceder un certificado de Título Ejecutivo Europeo de medidas cautelares (artículo 9).

2.3. Sólo podrá otorgarse el Título Ejecutivo Europeo cuando en el procedimiento encaminado a obtener la resolución judicial que se halla en la base del mismo se garantizan suficientemente los derechos de la defensa. Por ello, en la propuesta de Reglamento se establecen los requisitos procesales mínimos que deben cumplir los procedimientos judiciales del Estado miembro de origen. Se deja a la discreción de los Estados miembros la opción de adaptar su legislación nacional a estas normas mínimas en caso de que las consideren necesarias o deseables.

2.3.1. En primer lugar, los requisitos procesales mínimos prestan mucha atención a la notificación del escrito de incoación (o documento equivalente). Ésta deberá haberse notificado al deudor demandado (el destinatario) con la suficiente antelación para que pueda preparar su defensa, si así es su deseo (artículos 11-15). Además, el deudor deberá ser debidamente informado respecto del crédito (artículo 16), sobre los requisitos procesales necesarios para impugnar el crédito (artículo 17) y sobre los requisitos procesales para evitar una resolución en caso de incomparecencia en la vista (artículo 18).

2.3.2. Si el demandado tiene conocimiento del procedimiento judicial en su contra no podrá lisa y llanamente argüir que un defecto procesal en el inicio del procedimiento tiene un efecto automático en la ejecución en el extranjero. En el artículo 19 se determina cómo subsanar, en caso necesario, el incumplimiento de las normas mínimas.

2.3.3. Es posible que, en circunstancias excepcionales, el deudor pueda, sin ninguna falta por su parte, no haber tenido conocimiento de los escritos que debían serle notificados. Siempre que se cumplan las condiciones que se establecen en el artículo 20, el deudor tendrá derecho a acogerse a una exención de los efectos derivados de la expiración del plazo para interponer un recurso ordinario contra la resolución del órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen.

2.4. El Capítulo IV de la propuesta trata sobre la ejecución propiamente dicha. Los procedimientos de ejecución se regirán por la legislación del Estado miembro de ejecución (artículo 21). Únicamente será necesario facilitar una copia de la resolución, una copia del certificado de Título Ejecutivo Europeo y, en su caso, una traducción.

2.4.1. Bajo estrictas condiciones, el deudor tendrá la posibilidad de una revisión judicial en el Estado miembro de ejecución cuando la resolución que debe ejecutarse es incompatible con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un tercer país. El Título Ejecutivo Europeo y la resolución en que se base no podrán en ningún caso ser objeto de revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro de ejecución (artículo 22).

2.4.2. Únicamente si concurren las circunstancias excepcionales descritas en los artículos 20 y 22 será posible la suspensión o la limitación de la ejecución (artículo 23).

2.4.3. La supresión del procedimiento de exequátur facilita la ejecución de una resolución en otro Estado miembro. Ello no salva el problema que suponen las considerables diferencias que en el procedimiento de ejecución subsisten en la legislación de los Estados miembros. Por este motivo, se establece que los Estados miembros colaboren para intercambiar información sobre estos procedimientos, en particular a través de la Red Judicial Europea (artículo 24).

2.5. El Capítulo V trata de la certificación como Título Ejecutivo Europeo de las transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, para la cual deberá cumplimentarse un formulario normalizado. Se establece la obligación de informar de su ejecutoriedad directa en todos los Estados miembros (artículo 26).

2.6. La determinación del domicilio tanto de las personas físicas como de las sociedades y demás personas jurídicas se llevará a cabo de conformidad con las normas del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo (capítulo VI, artículos 27 y 28).

2.7. El artículo 29 del capítulo VII de la propuesta regula en detalle los plazos de aplicación.

2.8. El capítulo VIII incluye disposiciones sobre las relaciones con otros instrumentos comunitarios, concretamente el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1348/2000 que siguen estando vigentes (artículos 30 y 31). Queda a la discreción del acreedor optar por un otorgamiento de la ejecución de conformidad con el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo.

2.9. Los formularios normalizados que figuran como anexo a la propuesta de Reglamento podrán actualizarse con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 33. Está previsto que el Reglamento propuesto entre en vigor el 1 de enero de 2004.

3. Observaciones generales

3.1. El Comité suscribe el objetivo de la propuesta de Reglamento a examen ya que ofrece ventajas considerables respecto del procedimiento encaminado al otorgamiento de la ejecución con arreglo al Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo. La supresión del exequátur hace innecesaria la participación de la judicatura del Estado miembro en el que se persigue la ejecución. Se evitan de este modo los consiguientes retrasos y gastos de seguimiento. Dado que para el certificado se utiliza un formulario normalizado multilingüe, por regla general su traducción será innecesaria. Tampoco son desdeñables las ventajas económicas, teniendo en cuenta que, según las estimaciones, el 90 % de las sentencias judiciales cuya ejecución se persigue en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, tienen como objeto los créditos no impugnados, tal como se señala en la propuesta de Reglamento.

3.2. Condición fundamental para la introducción del Título Ejecutivo Europeo es la confianza mutua entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Debe asegurarse la estricta observancia de los requisitos para un juicio justo, en particular la protección de los derechos de la defensa. Con tal fin, en la propuesta de Reglamento se fijan unas normas procesales mínimas.

3.2.1. Está justificado que en la propuesta se preste especial atención a la notificación de los escritos judiciales principales, puesto que lo que caracteriza a las sentencias sobre créditos no impugnados es que este tipo de resoluciones se dicta tras un procedimiento en el que el deudor o bien ha aceptado de manera expresa el crédito(4) o bien no ha participado en el procedimiento. Para estar seguro, en este último caso, de que esta actitud pasiva se deriva de una decisión consciente del deudor, es necesario que existan suficientes garantías sobre la notificación de los documentos, que deberá realizarse de forma adecuada y con tiempo suficiente para permitir al demandado preparar su defensa, si así lo desea. Únicamente cuando el deudor haya sido citado de manera adecuada, de conformidad con las normas mínimas, su no comparecencia en el procedimiento judicial podrá interpretarse como una completa ausencia de toda impugnación del crédito.

3.2.2. Además, los derechos de la defensa quedan garantizados con la obligación de informar debidamente al deudor, mediante el escrito de incoación o un documento equivalente, sobre el crédito, sobre los requisitos para impugnar el crédito y sobre los requisitos para evitar que se dicte una resolución en rebeldía.

3.2.3. En la propuesta no se opta por la armonización de las normas de procedimiento de los Estados miembros. Tampoco se imponen obligatoriamente las normas mínimas de procedimiento mencionadas anteriormente. Se deja a la discreción de cada Estado miembro la opción de adaptar su legislación nacional a las normas mínimas establecidas en la propuesta. La única consecuencia de la no conformidad de la legislación nacional con las normas mínimas es que las resoluciones dictadas sobre créditos no impugnados en dicho Estado miembro no reunirán las condiciones para ser certificadas como Título Ejecutivo Europeo. En tanto en cuanto su legislación no cumpla los requisitos mínimos de procedimiento, quedará a discreción del Estado miembro realizar los objetivos de la propuesta de Reglamento. El objetivo, a primera vista modesto, de esta propuesta de instrumento jurídico no puede hacer perder de vista sus ventajas para los residentes de los Estados miembros cuya legislación nacional sea conforme o se adapte posteriormente a las normas mínimas. Es de esperar que los resultados de la propuesta de Reglamento fomenten la armonización de las normas de procedimiento de los Estados miembros.

3.3. En la propuesta de Reglamento el concepto de "crédito" se define de forma más bien estricta como "un crédito pecuniario por un importe determinado que haya vencido". Ello implica que el importe del crédito debe estar fijado antes del inicio del procedimiento judicial, o, en su caso, debe estar calculado con exactitud en el documento público con fuerza ejecutiva sobre cuya base se podrá solicitar posteriormente el certificado como Título Ejecutivo Europeo. Se plantea la cuestión de si, dadas las numerosas garantías que se requieren para el certificado como Título Ejecutivo Europeo, no sería aconsejable ampliar su ámbito de aplicación a los créditos pecuniarios por un importe determinable que hayan vencido. En tal caso, bastaría con que el escrito o escritos con los que se documenta el crédito permitan establecer su importe exacto.

3.4. Completamente en la línea de un planteamiento moderno y eficaz sobre las normas de procedimiento, la propuesta no aspira a introducir un enfoque puramente formal sobre los requisitos procesales estrictos. En particular, el artículo 19 de la propuesta ejemplifica la preocupación por que el otorgamiento de un Título Ejecutivo Europeo no se vea obstaculizado por una interpretación demasiado estricta de los requisitos procesales, que con frecuencia puede obedecer a mala fe por parte del deudor. Además, este planteamiento se ajusta a la evolución que ya se puso en evidencia en la sustitución del Convenio de Bruselas de 1968 por el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo(5).

3.5. La propuesta tiene debidamente en cuenta y se adhiere sin reservas a los nuevos instrumentos jurídicos comunitarios que se han creado después de la ampliación de competencias de la Unión Europea, en particular el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo relativo a la notificación.

3.6. La propuesta de Reglamento tampoco prevé una uniformización de la legislación de los Estados miembros relativa a la ejecución. La ejecución forzosa del Título Ejecutivo Europeo deberá llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones vigentes al respecto en cada Estado miembro de ejecución. Para el demandante, esto resulta poco transparente y quizá también difícil de comprender. A ello se añade que la legislación en materia de quiebras y endeudamiento excesivo, junto con la protección que representa para el deudor, es muy diferente en cada uno de los Estados miembros. Aunque la armonización de todas esta normas queda manifiestamente fuera del objeto de esta propuesta, el Comité quiere llamar la atención sobre este difícil problema.

4. Observaciones específicas

4.1. Una resolución judicial sólo podrá ser certificada como Título Ejecutivo Europeo si es ejecutoria y ha adquirido autoridad de cosa juzgada en el Estado miembro de origen (letra a) del artículo 5). En la propuesta, el concepto de "recurso ordinario" (apartado 6 del artículo 3) adquiere un sentido comunitario propio con arreglo a la definición del mismo dada por el Tribunal de Justicia en el asunto Industrial Diamond Supplies t./Riva(6). En esa definición se hace referencia a la legislación nacional por lo que respecta al período fijado por ley para la interposición de un recurso. Esta definición ofrece muy poca seguridad jurídica sobre el momento en que se inicia este período. Por ello, en línea con la doctrina de la sentencia anteriormente citada, se recomienda modificar la formulación como sigue: "se entenderá por 'recurso ordinario', cualquier recurso que pueda dar lugar a la anulación o a la modificación de la resolución objeto del procedimiento de certificación como Título Ejecutivo Europeo, cuya interposición esté sujeta a un período fijado por ley que se inicie como consecuencia de la propia resolución cuya ejecución se persigue o como consecuencia de una notificación de la resolución".

4.1.1. Para determinar más claramente qué tipo de recursos responden exactamente a esta definición, se recomienda que en la definición de la propuesta de Reglamento se incluya una precisión suplementaria que también figura en la sentencia del Tribunal de Justicia mencionada anteriormente. Debería decirse "cualquier recurso propio del curso normal de un procedimiento y que como tal constituye un desarrollo del procedimiento judicial, que lógicamente debe ser tenido en cuenta por todas las partes"(7). La inclusión en la propuesta de Reglamento de una definición negativa, como la formulada por el Tribunal de Justicia en la sentencia citada anteriormente, podrá evitar discusiones y dificultades en la certificación como Título Ejecutivo Europeo, ya que el Tribunal precisa(8) más adelante que los recursos "que dependen de acontecimientos imprevisibles en la época de la resolución original o de la aparición de terceros en casos en los que no se pueden detener los períodos iniciados como consecuencia de la resolución original" no pueden calificarse de "recurso ordinario". Completada de esta manera, la definición responde al objetivo del Reglamento, a saber una ejecución rápida de las resoluciones, en la que al mismo tiempo se tenga en cuenta el destino final de la resolución cuya ejecución se persigue.

4.2. En la explicación del apartado 3 del artículo 7 de la propuesta se señala que el número de copias del certificado de Título Ejecutivo Europeo que se faciliten al acreedor deberá ser el mismo que el número de copias ejecutorias de la resolución que se faciliten al acreedor de conformidad con la legislación del Estado miembro de origen. Sin embargo, en el texto mismo de la propuesta se habla de "copias autenticadas", lo que sin duda quiere decir "copias ejecutorias". Se recomienda que en el texto se haga una referencia explícita a las copias ejecutorias de la resolución que puede certificarse como Título Ejecutivo Europeo. Por un lado, la legislación de los distintos Estados miembros contempla diferentes tipos de copias de resoluciones judiciales que, sin embargo, no siempre pueden servir como base para una ejecución forzosa(9). Por otro lado, está justificada la intención de facilitar tantas copias del certificado de Título Ejecutivo Europeo como copias ejecutorias de una resolución puedan emitirse. Además, sería conveniente definir también con más precisión el concepto de "copia ejecutoria" en las definiciones del artículo 3.

4.3. Deben completarse las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 11 añadiendo respectivamente "o de que se negó a recibirlo" y "o de rechazo del envío". El rechazo del acreedor a recibir una notificación de la que es destinatario no debe obstaculizar los trámites de la justicia encaminados a obtener una resolución que cumple los requisitos para ser certificada como Título Ejecutivo Europeo(10). El mismo problema se plantea por otra parte en relación con la letra d) del apartado 1 del artículo 11, para el que, teniendo en cuenta tanto la particularidad de los medios técnicos empleados como el desarrollo que puedan experimentar en el futuro (por ejemplo, puede generarse un aviso de recepción automático), habrá que buscar una solución apropiada.

4.4. Los conceptos "representante legal" y "representante autorizado" que figuran en el apartado 2 del artículo 11 de la propuesta, para los casos en los que la notificación del escrito sea transfronteriza, deberían figurar entre las definiciones del artículo 3 y ser aclarados de conformidad con lo que figura en la explicación del articulado. Ninguno de estos conceptos está definido en el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo relativo a la notificación.

4.5. En el apartado 1 del artículo 12 aparecen varias definiciones y conceptos vagos que, si no se definen con más precisión, podrían dar lugar a interpretaciones divergentes, al menos en caso de que la notificación del escrito sea de carácter transfronterizo. Se trata de la expresión "un esfuerzo razonable por notificar" (encabezamiento del apartado 1 del artículo 12) y el concepto de "adultos" (letras a) y b) del apartado 1 del artículo 12). En este caso, también debería procurarse establecer una definición uniforme. También es vaga y deja margen a interpretaciones divergentes la frase "si el buzón es conveniente para la custodia segura del correo" (letra d) del apartado 1 del artículo 12). Por lo que se refiere al apartado 2 del artículo 12, cabe remitirse a las observaciones anteriores sobre el apartado 2 del artículo 11.

4.6. El apartado 1 del artículo 15 proporciona un contenido concreto al requisito de "notificación con suficiente antelación para preparar la defensa". Estos plazos deben empezar a contar "a partir de la fecha de notificación del escrito de incoación o documento equivalente" (parte final del apartado 1 del artículo 15). Los mismos términos y plazos figuran en el apartado 2 del artículo 15. Dependiendo de la situación concreta del procedimiento, el momento exacto en el que tenga lugar la notificación y la forma en la que deben empezar a contar estos plazos deberán regirse por la legislación del Estado miembro competente para dictar una resolución sobre el crédito (cuando la notificación al deudor tenga lugar en el mismo Estado miembro) o por la legislación del Estado miembro al que se solicita que lleve a cabo la notificación (cuando la notificación sea transfronteriza). En este último caso, la precisión con que se fija este plazo en el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo relativo a la notificación demostrará su utilidad. Ello no es óbice para que, a fin de evitar toda discusión y la consiguiente inseguridad jurídica, en la propuesta de Reglamento se precise con más exactitud de conformidad con qué legislación, en caso de notificación transfronteriza, deberá empezar a contar el plazo de 28 días (es decir, de conformidad con la legislación del Estado miembro en el que se realizan los trámites judiciales encaminados a obtener el Título Ejecutivo Europeo, o de conformidad con la legislación del Estado miembro al que se solicita que lleve a cabo la notificación).

4.7. En el artículo 18 debería suprimirse el término "de rechter" (en la versión neerlandesa, el juez, en la versión española se emplea el término "el órgano jurisdiccional"). En la normativa de los distintos Estados miembros existen muchas diferencias en lo que respecta a la elaboración de la citación y a la intervención o no en la misma del juez o del tribunal. La propuesta de Reglamento no aspira a la armonización de las normas de procedimiento en los Estados miembros y la información que quiere garantizar el artículo 18 puede facilitarse por otro canal (por ejemplo, a través del propio acreedor o del agente judicial que lo represente) con la misma eficacia que con la intervención de un juez u órgano jurisdiccional(11).

4.8. El inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 20 de la versión neerlandesa de la propuesta que reza "de schuldenaar heeft buiten zijn schuld niet tijdig genoeg van de beslissing tot instelling van een gewoon rechtsmiddel kennis kunnen nemen, of" (versión española: "que el deudor, sin culpa por su parte, no tuviera conocimiento de la resolución con la suficiente antelación para interponer recurso, o") es una formulación desafortunada e imprecisa del contenido(12) que se quiere transmitir, que en inglés se formula como sigue: "did not have knowledge of the judgement in sufficient time to lodge an ordinary appeal; or" (véase también la version francesa: "n'a pas eu connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours ordinaire, ou"). Deberían suprimirse las palabras "tot instelling van een gewoon rechtsmiddel" ("para interponer recurso").

4.9. Da la impresión de que son contradictorias las condiciones (que figuran respectivamente en el encabezamiento del apartado 1 del artículo 20, en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 20 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 20) con arreglo a las que se podrá solicitar una exención de los efectos derivados de la expiración del plazo para interponer recurso ordinario contra la resolución dictada sobre un crédito no impugnado. Es imposible saber cómo se podrá cumplir el requisito que figura en la letra b) del apartado 1 del artículo 20 ("que el deudor haya articulado una defensa inicial contra la demanda en cuanto al fondo") si el deudor no ha tenido conocimiento del escrito de incoación o del documento equivalente con la antelación suficiente para defenderse (inciso ii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 20) o no ha tenido conocimiento de la citación judicial con la antelación suficiente para comparecer en la vista (inciso iii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 20). Ello es aún más flagrante en el caso previsto en la letra b) del apartado 4 del artículo 3 a la que se hace referencia en el encabezamiento del apartado 1 del artículo 20.

4.10. En aras de una mayor claridad el término "transacciones judiciales" (artículo 25), que ya se utilizó también, sin definir, en el artículo 58 del Reglamento (CE) no 44/2201, debería figurar entre las definiciones del artículo 3 (en el que, por otra parte, está ya implícito en la letra d) del apartado 4 del artículo 3).

4.11. Al contrario que en otros instrumentos comunitarios recientes en el ámbito del derecho procesal, la propuesta de Reglamento a examen no prevé un informe sobre su aplicación ni menciona referencia alguna a las habituales propuestas de adaptación (compárese con el artículo 73 del Reglamento (CE) no 44/2001 o con el artículo 24 del Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo relativo a la notificación). Dado que precisamente la propuesta de Reglamento constituye un primer paso de un plan para aumentar la eficiencia de las medidas de ejecución de resoluciones, es muy recomendable que se incluya este tipo de disposiciones de evaluación.

5. Conclusiones

5.1. El Comité suscribe la propuesta de Reglamento por los motivos siguientes:

- La introducción del Título Ejecutivo Europeo ofrece ventajas considerables respecto del procedimiento actual del exequátur. De este modo se hace innecesaria la participación de la judicatura del Estado miembro en el que se persigue la ejecución y se evitan los consiguientes retrasos y gastos. Las amplias garantías mínimas relativas a los derechos de la defensa permiten la abolición del control. Dado que para el certificado se utiliza un formulario normalizado multilingüe, supone una simplificación adicional el hecho de que la traducción resulte generalmente innecesaria.

- La propuesta de Reglamento tiene en cuenta y es conforme con el Reglamento (CE) no 44/2001 y con el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo relativo a la notificación, lo que favorece la consolidación del espacio judicial europeo.

5.2. El hecho de que se deje a la discreción de los Estados miembros la opción de adaptar su legislación nacional a las normas mínimas de procedimiento que se establecen en la propuesta de Reglamento constituye el talón de Aquiles de esta misma propuesta. Es de esperar que los Estados miembros se den cuenta rápidamente de que un Título Ejecutivo Europeo sólo puede reportar ventajas a los acreedores residentes en su territorio y que, por consiguiente, adapten su legislación a las normas mínimas de procedimiento de forma rápida y adecuada en los casos que sea necesario.

5.3. Aunque la propuesta de Reglamento constituye sin duda un nuevo paso para la creación de un espacio judicial europeo, debe subrayarse que queda mucho camino por recorrer para que ello se haga realidad. Es urgente avanzar en la armonización de las normas de procedimiento nacionales (incluidas las normas del proceso de ejecución). El Comité es plenamente consciente de los retos que esto plantea, debido a la repercusión de estas normas en cuestiones complejas y delicadas como la igualdad de trato a los acreedores, la protección del consumidor y la legislación relativa a las empresas con dificultades, quiebras y endeudamiento excesivo.

5.4. El Comité recomienda asimismo que se examine la posibilidad de elaborar una legislación equivalente para las modalidades alternativas de solución de conflictos ("Alternative Dispute Resolution", ADR). Las ADR representan, con razón, una prioridad política para las instituciones de la Unión Europea y el interés renovado por estas técnicas queda patente en la publicación de un Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil (Bruselas, 19 de abril de 2002)(13).

Bruselas, 11 de diciembre de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) DO C 12 de 15.1.2001.

(2) DO C 12 de 15.1.2001.

(3) DO L 160 de 30.6.2000.

(4) Esta aceptación, en un procedimiento judicial, puede adoptar la forma de un acuerdo expreso con el crédito, la aceptación de la existencia de la deuda o de una transacción sancionada por el órgano jurisdiccional. La aceptación del crédito puede hacerse también en un procedimiento extrajudicial, por ejemplo en un documento público con fuerza ejecutiva.

(5) Véase el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo y compárese con la Sentencia del Tribunal de Justicia de las CE de 12 de noviembre de 1992 (Minalmet/Brandeis, asunto C-123/91, Recopilación de Jurisprudencia 1992 página I-5661).

(6) Sentencia del Tribunal de Justicia de las CE de 22 de noviembre de 1977, (Industrial Diamond Supplies t./Riva, asunto 43/77, Recopilación de Jurisprudencia 1977, página I-2175), puntos 37 y 38.

(7) Sentencia del Tribunal de Justicia de las CE de 22 de noviembre de 1977, (Industrial Diamond Supplies t./Riva, asunto 43/77, Recopilación de Jurisprudencia 1977, página I-2175), punto 37.

(8) Sentencia del Tribunal de Justicia de las CE de 22 de noviembre de 1977, (Industrial Diamond Supplies t./Riva, asunto 43/77, Recopilación de Jurisprudencia 1977, página I-02175), punto 39.

(9) En el Derecho belga se distingue entre niet ondertekende afschriften (copia no autenticada), eensluidend verklaarde afschriften (copia convalidada) y uitvoerbare uitgifte van een uitspraak (copia ejecutoria de una resolución). En principio, de conformidad con el Derecho belga, solo se envía una copia ejecutoria de una sentencia o de una resolución a cada una de las partes (véase el artículo 1379 del Código Procesal judicial).

(10) Véase además la letra a) del artículo 13 en la que, con razón, no figura la hipótesis prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 11. Compárese con el inciso iii) de la letra b) del artículo 13: "cuando el escrito se haya notificado a una persona distinta del deudor (...)".

(11) En la legislación belga la intervención de un juez o de un órgano jurisdiccional está prevista antes de que se notifique la citación judicial al demandado.

(12) Véase también la explicación sobre el artículo 20: "Si el deudor no ha recibido a tiempo la resolución (...)".

(13) COM(2002) 196 final.