A4-0327/95

Resolución sobre el XXIV informe de la Comisión sobre la política de competencia

El Parlamento Europeo,

- Visto el XXIV informe de la Comisión sobre la política de competencia (COM(95)0142 - C4-0165/95),

- Vista la respuesta de la Comisión a la Resolución del Parlamento de 16 de marzo de 1995 sobre el XXIII informe ((DO C 89 de 10.4.1995, pág. 146.)),

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores (A4-0327/95),

A. Considerando la extensa liberalización de las corrientes de mercancías y servicios como consecuencia de la aplicación de los resultados de la Ronda de Uruguay, que facilita a las empresas internacionales unos márgenes de maniobra cada vez mayores en todo el mundo,

B. Considerando que el esfuerzo por conseguir una competencia libre y leal, mediante un conjunto de normas, es uno de los elementos clave del proyecto de mercado único y de la integración europea como tal;

C. Considerando que el objetivo de la política de competencia debe ser el de promover la eficacia y la competitividad de la producción y distribución, contribuyendo de esta manera a la creación de empleo y protegiendo al mismo tiempo los intereses de todos los que participan en el proceso de producción y distribución (empresarios, empleados, consumidores, así como el medio ambiente);

1. Acoge con satisfacción el XXIV informe de la Comisión sobre la política de competencia y la acertada aplicación de las normas de competencia comunitarias de la que el informe da testimonio, así como el resumen publicado separadamente, en el que figuran de una forma fácilmente legible las decisiones y acontecimientos del año;

2. Acoge con satisfacción la considerable reducción del número de casos pendientes en el ámbito de los artículos 85 y 86 en comparación con 1993, así como la vigorosa acción de la Comisión contra ciertos grandes monopolios en sectores económicos clave;

3. Destaca la creciente complejidad de la tarea de la Comisión debido al galopante aumento del número de acuerdos estratégicos y las dificultades que conlleva aunar sus aspectos positivos y la necesidad de preservar la libre competencia;

4. Destaca también el considerable aumento del número de concentraciones notificadas, así como el incremento del número de casos que requieren un examen más a fondo;

La autoridad en materia de competencia

5. Expresa su preocupación por la gran acumulación de decisiones de la DG IV no publicadas, en parte debido, al parecer, a problemas de traducción; pide que se asignen mayores recursos a esta DG para poder mejorar la estructura de la organización y el acceso a las tecnologías de la información; elogia, no obstante, la rapidez y eficacia con la que especialmente el grupo encargado de las concentraciones transmite sus decisiones;

6. Lamenta profundamente la división de competencias entre las Direcciones Generales de la Comisión, lo que significa que determinados casos de ayudas estatales son examinados por Direcciones Generales distintas de las DG IV, y propone que todos los casos de ayudas estatales sean tratados por la DG IV con el fin de que esta DG pueda verdaderamente llegar a ser la autoridad de la Unión Europea en materia de competencia;

Transparencia y subsidiariedad

7. Considera que la apertura y la transparencia son de vital importancia para la aceptación por el público de la política de competencia; acoge con satisfacción, en este sentido, la iniciativa de la Dirección General de Competencia de la Comisión de publicar un boletín periódico sobre expedientes en curso en asuntos de competencia, pero pide a la Dirección General de Competencia que mejore la información, en particular en los casos de ayudas estatales;

8. Considera que, con frecuencia, las pequeñas y medianas empresas carecen de información y tienen dificultades para obtener información sobre las decisiones que las afectan y propone una especie de línea de urgencia de la DG IV a la que puedan llamar las PYME para obtener tal información;

9. Respalda los intentos de fomentar la descentralización de la aplicación de las normas de competencia, siempre que se respete el equilibrio esencial entre subsidiariedad y un campo de acción uniforme; advierte firmemente, no obstante, contra cualquier tendencia hacia una renacionalización de la política de competencia;

10. Pide que se refuerce el control democrático de la política de competencia en la Unión Europea y, para ello, pide que el miembro de la Comisión responsable de la política de competencia comparezca personalmente para informar a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial de las últimas decisiones y acontecimientos en el ámbito de la política de competencia; esta información debe proporcionarse regularmente a un ritmo definido en común con la comisión interesada;

11. Se propone examinar la evolución de la política de competencia una vez al año y, en particular, con ocasión del debate del informe anual sobre la política de competencia presentado por la Comisión, y expresar su juicio político a este respecto en sesión plenaria;

12. Pide a la Comisión que elabore un informe anual sobre la política industrial que ha de examinarse junto con el Informe anual sobre la política de competencia y el mercado único;

13. Pide que se realicen mayores esfuerzos en el marco del Informe anual con objeto de evaluar el impacto de la política de competencia sobre otras áreas políticas, en particular sobre la política social, regional y de medio ambiente;

Los retos a los que se enfrenta la política de competencia

14. Considera que la Unión Económica y Monetaria creará un medio competitivo completamente nuevo en el que la devaluación no existirá como instrumento de política económica; pide a la Comisión que asegure que las ayudas estatales no se consideren una alternativa a la devaluación con el fin de favorecer a industrias o sectores determinados y que, por el contrario, los límites presupuestarios se consideren un límite a las posibilidades de los Estados miembros de conceder ayudas estatales;

15. Recuerda que el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo subrayó el importante papel que debe desempeñar la política de competencia en la reestructuración industrial y pide que se consideren desde esta perspectiva los casos de competencia que se presenten a la Comisión y que pudieran servir para crear empleo;

16. Considera que la Comisión podría evaluar más favorablemente los acuerdos entre empresas en mercados como el de las telecomunicaciones y el de la tecnología de la información, inmersos en un proceso de liberalización y a una globalización, y los acuerdos que pudieran mejorar sustancialmente los esfuerzos de investigación y desarrollo de las empresas;

17. Pide una revisión a fondo del Reglamento nº 17/62 de aplicación de los artículos 85 y 86 ((DO L 13 de 21.2.1962, pág. 204 (EE 08 V1 pág. 22))) y propone, en este contexto, que la Comisión adopte una actitud más benevolente hacia los acuerdos verticales en los sectores, que, por lo general, son más transparentes que los acuerdos horizontales y, ciertamente, serán más habituales con la realización del mercado único;

18. Pide una vez más que se progrese en la reducción de los niveles de volumen de negocios por encima de los cuales una operación de concentración puede ser considerada de dimensión comunitaria, observando que el avanzado estado de integración del mercado único exige niveles más bajos;

19. Acoge con satisfacción la creación de una unidad especializada en los cárteles en la DG IV de la Comisión, cuya única tarea será la detección de cárteles y la preparación de decisiones destinadas a su prohibición, así como la imposición de sanciones;

20. Acoge con satisfacción los pasos ya dados para introducir la competencia en sectores hasta ahora protegidos por los gobiernos nacionales; pide que se continúe este proceso, pero recuerda la necesidad de disponer de un marco reglamentario que salvaguarde los intereses públicos y respete en los sectores de las telecomunicaciones y la energía los principios de universalidad, continuidad y transparencia, que son fundamentales en la idea de suministro público de servicios;

21. Pide a la Comisión que elabore propuestas para la definición y financiación de los servicios públicos y pide que se incluya una definición de los servicios públicos en el Tratado durante la Conferencia Intergubernamental de 1996;

22. Se opone al empleo del apartado 3 del artículo 90 del Tratado cuando la Comisión haya adoptado una directiva sin someterla al control democrático del Parlamento Europeo;

23. Pide que el proceso de transformación estructural en el ámbito de los servicios públicos se considere adecuadamente en el marco de la política de competencia, respetando los principios que caracterizan la idea de servicios públicos;

24. Recuerda que la política de competencia debe ir acompañada de la realización de una política eficaz para la financiación y la definición precisa de un servicio universal en dichos sectores que garantice determinados servicios al conjunto de ciudadanos europeos independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su situación social y pide que se suspenda en este ámbito el recurso al apartado 3 del artículo 90;

25. Pide a la Comisión que integre en el ámbito de aplicación de la ley de competencia otros sectores de la política, tales como el desarrollo del mercado interior y el crecimiento económico, el empleo y la competitividad internacional de la Unión Europea;

26. Lamenta que hasta la fecha no se haya llevado a cabo ninguna revisión del reglamento (CEE) nº 4064/89 sobre el control de las concentraciones de empresas ((DO L 365 de 30.12.1989, pág. 1.)), y pide la inmediata realización de esta revisión;

27. Solicita a la Comisión que aplique estrictamente las normas relativas a la concesión de ayudas estatales, y que coordine esta aplicación con los principios de cohesión económica y social y de protección de los intereses comunitarios en su política regional;

28. Pide a la Comisión que proceda a abrir plenamente a la competencia los sectores postal y de las telecomunicaciones, y que garantice al mismo tiempo que los consumidores en todas las zonas de la Comunidad continúan beneficiándose de un servicio eficiente;

29. Reconoce que, si bien se debería examinar regularmente la aplicación de las normas de competencia, al mismo tiempo se habría de garantizar el mantenimiento de un nivel de los servicios idéntico al que los ciudadanos de la Unión tienen derecho a esperar;

30. Pide a la Comisión que coopere estrechamente con las autoridades nacionales de los Estados miembros y con otros organismos, tales como las autoridades de los EE UU y de la Organización Mundial del Comercio, con vistas a la creación de un marco mundial para el desarrollo sostenible y una competencia equitativa, al tiempo que cumple su obligación de vigilar los propios intereses comunitarios en el ámbito de su política de competencia a nivel internacional;

Relación entre la política de competencia, la competitividad y el empleo

31. Observa que, mientras que la fórmula del mercado único -supresión de las barreras comerciales entre los Estados miembros en conjunción con una fuerte política de competencia- ha aportado considerables ventajas, no ha resuelto los problemas subyacentes de Europa, la falta de competitividad y el desempleo estructural;

32. Pide, por consiguiente la elaboración de un detallado estudio sobre las relaciones entre la política de competencia, la competitividad y el empleo;

33. Pide a la Comisión que ponga en práctica, utilizando todos los instrumentos disponibles del Tratado, una política industrial activa a fin de garantizar una combinación equilibrada de políticas a nivel de la UE;

34. Acoge con satisfacción el reconocimiento del Informe anual de que, dada la creciente mundialización, las definiciones de los mercados relevantes o competidores actuales o potenciales deberían considerar los terceros países;

35. Acoge también con satisfacción la actitud favorable de la Comisión hacia las formas de cooperación que fortalezcan la eficiencia y, por consiguiente, la competitividad de las empresas afectadas;

36. Acoge con satisfacción los esfuerzos por estimular las transferencias de tecnología mediante la simplificación del marco legal para los acuerdos relativos a las patentes y a las licencias de conocimientos técnicos;

37. Pide una mayor clarificación en lo relativo a la perspectiva de cooperación entre las PYME en el marco de la política de competencia;

Ayudas estatales

38. Expresa su preocupación, en particular, ante el nivel de las ayudas concedidas a las líneas aéreas europeas y pide una aplicación estricta del principio «una vez, última vez»;

39. Insiste, no obstante, en que siga existiendo la posibilidad de las ayudas estatales concedidas para la reconversión de industrias afectadas por cambios estructurales, así como de las ayudas transitorias para los trabajadores en cuestión;

40. Esta de acuerdo con que las ayudas estatales no deberían concederse únicamente para defender los intereses nacionales sino para impulsar los intereses comunitarios y cree que el punto de intervención efectiva se ha trasladado en cierta medida al plano europeo;

41. Considera que las empresas poseen el derecho fundamental de defenderse contra las incursiones arbitrarias del Estado, que no puede dejar sin efecto los derechos de propiedad mediante distorsiones de la competencia. Deberían reforzarse los derechos de terceros con objeto de crear una nueva cultura basada en:

- el derecho a la información,

- el derecho a ser escuchado,

- el derecho a expresar la opinión antes de que se adopten las decisiones,

- el derecho a recibir asistencia jurídica;

42. Acoge con satisfacción el reconocimiento de la Comisión de que no puede reducirse la ayuda a la investigación y al desarrollo y a las PYME y pide una clarificación en lo relativo a la ayuda al empleo, en particular debido a las políticas activas de mercado de trabajo propuestas en el Libro blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo (COM(93)0700 - C3-0509/93);

43. Destaca que de las adquisiciones y fusiones pueden surtir unos efectos graves para quienes trabajan en las empresas en cuestión y pide una redefinición de la política de competencia para que se tengan en cuenta los factores sociales;

44. Observa que la Directiva 94/45 CE del Consejo de 22.9.1994 sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión europea ((DO L 254 de 30.9.1994, pág. 64)) recientemente aprobada demuestra la determinación de la Comisión para proteger el derecho de los trabajadores a una representación independiente dentro de las empresas transfronterizas de la UE;

45. Pide a la Comisión que realice todas las gestiones posibles para garantizar que este principio democrático básico también será respetado en caso de fusión o agrupación de empresas de la UE y empresas de fuera de la UE;

Aspectos internacionales

46. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por introducir normas para el juego de la competencia a nivel internacional y considera que el nuevo Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, así como el Acuerdo de la OCDE sobre construcción naval son importantes avances para una cooperación internacional más estrecha;

47. Señala que tal liberalización sólo contribuirá a aumentar el bienestar de los ciudadanos en general y de los consumidores en particular, si al mismo tiempo se crea a nivel internacional una normativa única y obligatoria que regule la actuación empresarial;

48. Se manifiesta a favor, por lo tanto, del pronto inicio de negociaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con objeto de incluir en el sistema multilateral de comercio mundial normas mínimas relativas a la política de competencia y a la protección social y medioambiental;

49. Insta a la Comisión a que presente al Consejo el proyecto del correspondiente mandato de negociación;

50. Opina que los elementos más importantes de un ordenamiento internacional de la competencia lo constituyen la prohibición de arreglos entre empresas (cárteles) para limitar la competencia, el control de las fusiones transfronterizas y un código que regule las ayudas estatales, teniendo especialmente en cuenta los plazos de transición y las excepciones para países en desarrollo previstos por la OMC;

51. Resalta especialmente la importancia del intercambio de información confidencial entre las autoridades responsables de la UE y de los países terceros, intercambio que constituye una condición indispensable de la aplicación eficaz de las disposiciones relativas a la competencia;

52. Reconoce que los acuerdos bilaterales de cooperación existentes entre la UE y un gran número de países terceros en el ámbito de la política de competencia constituyen una contribución útil a la mejora de la competencia internacional; está convencido, sin embargo, de que tales acuerdos bilaterales no pueden sustituir a un ordenamiento de la competencia multilateral;

53. Expresa su convencimiento de que un acuerdo multilateral contribuirá a que disminuya la utilización en el ámbito de la política comercial de medidas protectoras, como, por ejemplo, las medidas antidumping;

54. Subraya que la liberalización que se pretende de las inversiones directas internacionales hace que sea aún más necesaria la existencia de una normativa única sobre la política de competencia y recuerda, en este contexto, la obligación contraída por los Estados miembros de la OMC de estudiar, al examinar el convenio sobre las medidas relativas a las inversiones en el ámbito comercial, la posibilidad de completar éstas con disposiciones relativas a la política de competencia.

55. Señala que la mayor flexibilidad de las relaciones comerciales con los países de la Europa central y oriental exigirá una atenta coordinación de las normas de competencia entre la Unión Europea y los países en cuestión, con el fin de que las empresas de la Unión Europea no tengan que hacer frente a una competencia desleal por parte de empresas de países con normas de competencia menos rigurosas;

56. Subraya que la realización del mercado interior sin fronteras de la Unión ha eliminado prácticamente toda perspectiva de períodos transitorios largos y exenciones para los países de la Europa Central y Oriental con objeto de permitir su temprana adhesión e insiste en que estos países deberán cumplir en primer lugar toda la legislación relativa al mercado interior, incluidas las normas sobre la competencia, con objeto de no socavar el propio fundamento de la Unión;

57. Coincide en señalar que se precisa un nuevo conjunto de normas relativas a la competencia a nivel internacional y que éstas deberán perseguir la eliminación de los obstáculos comerciales del sector privado y del sector público; subraya que tales normas internacionales de competencia deberán ser elaboradas de tal forma que permitan considerar las cuestiones sociales y medioambientales;

58. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a las autoridades correspondientes de los Estados miembros y de los Estados de la AELC, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los Estados de la AELC.