COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 27.11.1996 
COM(96) 583 final 
LIBRO VERDE 
LA CONTRATACIÓN PUBLICA 
EN LA UNIÓN EUROPEA: 
REFLEXIONES PARA EL FUTURO 
(presentado por la Comisión) 

INDICE 
1. INTRODUCCIÓN 
2 CONTEXTO DEL DEBATE 
I. Objetivos de la política de contratación pública de la Unión 
H. Efectos hasta el presente 
HI. Preguntas 
3. APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA CONTRATACIÓN PUBLICA: 
SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS 
I. Introducción 
II. Obligación de incorporar las directivas en el ordenamiento jurídico 
nacional 
in. Obligación de aplicar correctamente el derecho de la contratación 
pública 
A. Problemas de aplicación incorrecta de las directivas 
a) Definiciones de base contenidas en las directivas 
b) Recurso excesivo al procedimiento negociado 
c) Insuficiente calidad de los anuncios 
d) Recurso excesivo al procedimiento acelerado y plazos de 
participación demasiado cortos 
e) Criterios de selección y adjudicación 
B. Problemas vinculados a situaciones que no se incluyen en el 
ámbito de aplicación de las directivas 
a) Concesiones y contratos similares 
b) Contratos públicos inferiores a los umbrales previstos 
en las directivas 
c) Modificación de las condiciones durante los 
procedimientos 
C. Conclusiones preliminares 
l^ 
IV. Control de la aplicación del derecho de la contratación pública 
A. Directivas de recursos 
B. Sanciones apropiadas 
C. Denuncias 
a) A escala comunitaria 
b) A escala nacional 
D. Otras maneras de resolver conflictos 
a) Certificación 
b) Conciliación 
V Preguntas 
4. MEJORAR EL ACCESO A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS, INFORMACIÓN, 
FORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS 
I. Seguimiento de la contratación pública 
II. Información 
a) Un marco jurídico más inteligible 
b) Difusión de los anuncios 
III. Formación 
IV. Procedimientos electrónicos de adjudicación de contratos 
a) Situación actual 
b) Notificación electrónica 
c) Difusión electrónica 
d) Sistema de adjudicación de coniratos enteramente electrónico 
e) Experiencias fuera de la Unión Europea 
f) Conclusión 
V. Preguntas 
/ b 
5. CONTRATACIÓN PUBLICA Y OTRAS POLÍTICAS COMUNITARIAS 
I. PYME 
H. Normalización 
Lu. Redes transeuropeas (RTE) y transportes en particular 
a) Fase previa a la licitación 
b) Concesiones otorgadas a grupos de empresas 
c) Utilización del procedimiento negociado 
IV. Contratos con fondos de la Unión 
a) Fondos Estructurales y de Cohesión 
b) Licitaciones convocadas por las Instituciones europeas o 
financiadas con recursos comunitarios 
V. Contratación pública y aspectos sociales 
VI. Contratación pública y medio ambiente 
VIL Contratación pública en el sector de la defensa 
Vin. Contratación pública y política de los consumidores 
IX. Preguntas 
6. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TERCEROS PAÍSES 
I. Acceso a los contratos a escala mundial; una nueva baza para Europa 
II. Sentar las bases de una apertura de la contratación en los países de 
Europa central y oriental y en los países mediterráneos 
III. Preguntas 
c 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Una política eficaz en materia de contratos públicos es vital para el éxito del 
mercado interior en todos sus aspectos. En la Unión Europea, las administraciones 
dedican unos 720 000 millones de ecus anuales a adquirir bienes y servicios, lo que 
representa el 11% del producto interior bruto de la Unión. Con la implantación del marco 
jurídico comunitario de contratación pública, es importante iniciar un proceso de reflexión 
sobre la mejor forma de aprovechar todas sus posibilidades, para seguidamente someter la 
materia a debate entre los Estados miembros, el Parlamento Europeo, las entidades y 
poderes adjudicadores —cuya contribución es esencial—, y las propias empresas. 
1.2 La Unión Europea ha avanzado ya mucho en la puesta en marcha de su política 
de contratación pública. Así, ya se ha creado el marco normativo destinado a abrir estos 
contratos a la competencia, y los Estados miembros lo están incorporando a sus 
ordenamientos jurídicos nacionales; por su parte, los diversos operadores van adaptándose 
gradualmente a la nueva situación. Tal marco seguirá siendo un factor de transformación 
de las prácticas nacionales tradicionales en materia de adquisiciones, contribuyendo así a 
la creación de un entorno propicio al desarrollo económico en toda Europa. La 
contratación pública está más abierta a la competencia que nunca; un mayor acceso a las 
licitaciones de otros países, dentro y fuera de la Unión, ofrece ahora nuevas y 
considerables zonas de ventas. 
1.3 Nuestra política de contratos públicos abre posibilidades nuevas, pero también 
plantea un desafío formidable. La implantación de nuevas normas supone un esfuerzo de 
adaptación de los métodos tradicionales de trabajo. Para las entidades y poderes 
adjudicadores, el cambio obliga a prever, desde el inicio, la negociación con nuevas 
empresas, con frecuencia de otro Estado miembro. Para las empresas, el cambio significa 
exponerse a la competencia creciente, aventurarse en nuevos mercados y, a toda costa, 
seguir siendo competitivo a nivel internacional. También los Gobiernos de los Estados 
miembros se enfrentan a un reto tangible: en su calidad de principales compradores, deben 
respetar las normas, son responsables de la transparencia del sistema y están obligados a 
garantizar la incorporación de las directivas en su legislación nacional, respetando sus 
compromisos políticos. 
1.4 Ha llegado el momento de revisar lo conseguido y lo que aún nos queda por 
hacer: estamos en plena transformación. Gracias a la adopción de directivas comunitarias 
en la materia y a su incorporación, aunque sea parcial, y gracias también a la acción de la 
Comisión encaminada al respeto de los derechos que se derivan de aquéllas, se están 
sentando las bases de una política de compras eficaz. Se trata, sin embargo, de un proceso 
difícil y a veces doloroso, especialmente donde antes reinaban las relaciones basadas en 
costumbres, vínculos privilegiados y preferencias nacionales. Se están abandonando 
prácticas adquisitivas muy arraigadas pero ineficaces; algunos organismos compradores 
han podido comprobar ya que aplicando las normas comunitarias se obtiene la mayor 
calidad al mejor precio posible. Comienza a abrirse la contratación pública de otros 
Estados miembros, se intensifica la competencia, y nuestras empresas están cada vez 
mejor preparadas para enfrentarse a los retos internacionales. Sin embargo, aún queda 
camino por recorrer hasta llegar al aprovechamiento pleno de nuestra política de 
contratación pública. 
JL 
1.5 Indudablemente, el éxito de todo este proceso depende en primer lugar de los 
organismos compradores y de las empresas, independientemente de su tamaño. Sin 
embargo, la Comisión y los Estados miembros también tienen una importante función: 
deben cooperar a la creación de unas condiciones que garanticen tanto el buen 
funcionamiento de la competencia en la contratación pública como la prosperidad de 
nuestras empresas. Si no se eliminan los obstáculos al suministro transfronterizo de bienes 
y servicios, estas favorables circunstancias no dejarán sentir plenamente sus efectos sobre 
el crecimiento económico, y en última instancia sobre el empleo. De esta manera el buen 
funcionamiento del mercado interior en el ámbito de la contratación pública entronca con 
el actual debate sobre un Pacto de confianza para el empleo. 
1.6 El presente Libro Verde se propone sentar las bases de un amplio debate. En los 
capítulos siguientes se expondrán los fundamentos de la reflexión inicial de la Comisión en 
torno a varias cuestiones esenciales para la política presente y futura de contratación 
pública de la Comunidad. Se abordará la incorporación y aplicación efectiva de la 
legislación, las posibilidades de mejorar el acceso al mercado mediante la información, 
formación y desarrollo de procedimientos informatizados de adjudicación de contratos; se 
tratará asimismo la manera de conjugar la correcta aplicación del derecho de contratación 
pública con el resto de las políticas comunitarias, sobre todo con respecto a la pequeña y 
mediana empresa (PYME), redes transeuropeas (RTE), normalización, Fondos de 
Cohesión y Estructurales, contratos adjudicados por las instituciones europeas o 
financiados con fondos comunitarios, ámbitos social y medioambiental y consumidores; 
por último, nos ocuparemos del acceso a los contratos públicos de otros países. Para 
facilitar la tarea del lector se incluye al principio y al final de cada capítulo, 
respectivamente, un breve resumen y una lista de las principales cuestiones que se 
plantean. 
1.7 La Comisión desearía recibir las opiniones de todos los interesados (Consejo, 
Parlamento Europeo, Comité Económico y Social, Comité de las Regiones, asociaciones 
profesionales, entidades y poderes adjudicadores, empresas, consumidores). Las 
respuestas al conjunto o a parte de las cuestiones planteadas en el presente Libro Verde 
deben enviarse por escrito, antes del 31.3.1997, a la siguiente dirección: 
a la atención del 
Director General - DG XV 
Mercado interior y servicios financieros 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Bruselas 
Telefax: (+32 2) 295.65.00 
Correo electrónico: John.MOGG@DG15.cec.be 
Tras esta fase de consultas escritas, la Comisión decidirá sobre la conveniencia de 
organizar una audiencia con las partes interesadas. 
1.8 Sobre la base de las colaboraciones al Libro Verde, al tiempo que sobre la base 
del análisis y las reflexiones sobre contratación pública suscitadas por la Comunicación 
sobre el impacto y la eficacia del mercado interior1 la Comisión elaborará una 
comunicación específica sobre la contratación pública. Dicha comunicación, que expondrá 
un programa de actuación, definirá las medidas necesarias para aumentar la eficacia del 
marco normativo y para conseguir los objetivos de la política comunitaria de contratación 
pública. 
Documento COM (96)520 
2. CONTEXTO DEL DEBATE 
El objeto de la política de contratación pública de la Unión es establecer en el sector 
una competencia leal y abierta, que permita a las empresas sacar plenamente partido del 
Mercado único, y a las entidades adjudicadoras elegir libremente entre ofertas más 
competitivas y numerosas. Ya se ha establecido la legislación comunitaria de base 
necesaria para alcanzar tales objetivos; este marco normativo representa un equilibrado 
balance entre los imperativos de seguridad jurídica y flexibilidad. Por cuanto hace a la 
transparencia, se han obtenido ya resultados muy alentadores; en cambio, los datos 
disponibles sobre impacto económico son menos positivos, y demuestran que la 
legislación vigente sigue experimentando problemas de eficacia en la práctica, a pesar 
de que se observan algunos avances positivos. 
I. Objetivos de la política de contratación pública de la Unión 
2.1 Las normas comunitarias de apertura de contratos públicos tienen su fundamento 
jurídico en el Tratado; en particular, en aquellas disposiciones que garantizan la libre 
circulación de productos, servicio? y capitales, las que establecen los principios 
fundamentales (igualdad de trato, transparencia y reconocimiento mutuo) y las que 
prohiben toda discriminación por razón de nacionalidad. Para dotar de mayor eficacia a 
estas disposiciones fundamentales del Tratado, era necesaria la creación de un 
pormenorizado derecho derivado, adoptado en forma de directivas; estos actos rigen la 
adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios por parte de los 
poderes adjudicadores (sectores clásicos) y por parte de las entidades de los sectores del 
agua, energía, transportes y telecomunicaciones (sectores especiales). En las directivas se 
establecen también los medios de recurso para las empresas (para más información, véase 
el Anexo 1). 
2.2 Antes de la creación del actual marco normativo comunitario, en los Estados 
miembros las adquisiciones públicas se concentraban, por lo general, en el mercado 
nacional. Los proveedores nacionales recibían a veces un grado elevado de protección; se 
les atribuía una importante proporción de los contratos públicos, las más de las veces 
obviando en gran medida los criterios de relación entre calidad y precio. En tales 
condiciones, los proveedores nacionales del sector público tenían escasos incentivos para 
mejorai su competitividad: con demasiada frecuencia, las políticas de compra no se 
basaban lo suficiente en consideraciones comerciales, de manera que el 
contribuyente/consumidor pagaba —probablemente sin saberio— los costes excesivos y la 
ineficienc'a resultantes de estas prácticas. 
2.3 En este contexto se inserta la acción comunitaria en el ámbito de la contratación 
pública, que sigue teniendo los mismos objetivos fundamentales: crear las condiciones de 
competencia necesarias para que los contratos públicos se adjudiquen sin discriminación, 
conseguir una utilización racional del erario público mediante la elección de la mejor 
oferta, facilitar a las empresas el acceso a un mercado único que ofrezca extensas zonas de 
ventas, y reforzar la competitividad de las empresas europeas como resultado de todo el 
proceso. Una eficaz política europea de contratación pública es esencial para que el 
mercado único genere un crecimiento sostenido a largo plazo y cree empleo, fomente el 
desarrollo de empresas capacitadas para aprovechar las posibilidades que les ofrece el 
mayor mercado integrado del mundo y para hacer frente a la competencia en los mercados 
mundiales, y permita al contribuyente y al usuario obtener servicios públicos de mejor 
calidad a menor coste. Las administraciones y las empresas de servicios públicos de la 
Unión Europea gastan anualmente unos 720 000 millones de ecus en bienes y servicios, lo 
que en 1994 representaba el 11,5 % del PIB de los 15 Estados miembros, equivalente al 
conjunto de las economías belga, danesa y española, es decir, casi 2 000 ecus por 
ciudadano. Dada la gran dimensión de la contratación pública en Europa, el 
establecimiento de sistemas de compra eficaces puede representar ahorros considerables 
para los gobiernos, y con ello para los contribuyentes. Este tipo de consideraciones cobra 
especial significación dentro de las políticas de reducción de déficit presupuestarios 
dictadas por los criterios de convergencia de Maastricht. 
2.4 Naturalmente, una política más abierta en materia de contratación pública 
presenta muchas otras ventajas, quizá menos evidentes. Una adjudicación de contratos 
públicos limpia, no discriminatoria y transparente reduce el peligro de fraude y corrupción 
en las administraciones. Si la transparencia no basta por sí sola para erradicar totalmente 
el fraude y la corrupción, un mecanismo de seguimiento y control de los procedimientos 
con capacidad sancionadora proporcionada, efectiva y disuasiva ayuda a prevenir el riesgo 
de perjudicar el interés público. Ha de hacerse notar que, en relación con el problema del 
fraude y la corrupción, existen instrumentos que crean los niveles de protección 
adecuados cuando los fondos comunitarios entran en juego, y que podrían servir como 
elementos de reflexión útiles para un debate más profundo. 
II. Efectos hasta el presente 
2.5 Según el Informe Cecchini , el aumento de transparencia y apertura de la 
contratación pública puede significar un ahorro de unos 22 000 millones de ecus. Hasta el 
presente no existen pruebas de que se hayan conseguido ahorros de tal calibre; lo mismo 
ocurre con respecto a la convergencia de los precios o al crecimiento de los flujos 
comerciales intracomunitarios vinculados a los contratos públicos en los sectores 
sensibles. Se ha elaborado, en cooperación con Eurostat, un método de investigación para 
medir de manera armonizada y comparable la importancia y la estructura de la 
contratación pública en los diferentes Estados miembros. Este método ha sido ya probado 
con dos Estados miembros voluntarios (Portugal4 y Grecia5) y ha permitido la 
cuantificación de la importancia de la contratación pública en esos dos países mediante la 
recogida de informaciones diversas (montante y número de contratos adjudicados por las 
entidades públicas, tipo de procedimiento de adjudicación, productos adquiridos, 
características de las empresas que han obtenido los contratos...). Un ejercicio similar 
comenzará con Alemania antes de final de año. 
Véast en materia de sanciones administrativas comunitarias, el reglamento relativo a la protección de los intereses financieros, 
n° 2988/95, DO n° L312, 8.12.1995, p.l; y en materia de sanciones penales, la convención relativa a la protección de los 
intereses financieros comunitarios (contra el fraude), 26.7.1995, DO n° C316, 27.11.1995, p.48; así como el primer protocolo 
adicional (relativo a la corrupción), 27.9.1996, DO n°C313, 23.10.1996. p.l. 
"The cost of Non-Europe in Public Sector Procurement", \VS Atkins Management Consultants, 1987. 
Instituto Nacional de Estadística, Portugal, marzo 1995 
National Statistical Service of Greece, febrero 1995 
4 
2.6 La Comisión ha presentado una comunicación sobre los efectos y eficacia de la 
legislación en materia del mercado interior ("1996 Review")6. La liberalización de la 
contratación pública es uno de los temas abordados. Se trata de determinar si se han 
logrado algunos de los efectos positivos previstos, analizando el impacto de la legislación 
sobre oferta y demanda,. penetración de las importaciones, evolución de los precios y 
estimaciones del ahorro conseguido. Las conclusiones muestran que los contratos 
públicos están atravesando una transformación importante en toda Europa, a pesar de que 
la política de contratación pública no ha dado todos sus frutos, debido en especial a la 
falta de incorporación de las directivas por los Estados miembros. 
2.7 Así, el efecto más visible de las directivas es sin duda alguna una transparencia 
mucho mayor en los procedimientos de adjudicación de contratos. El número de anuncios 
de contratos publicados en el Diario Oficial (y en su versión electrónica, Tenders 
Electronic Daily) no ha cesado de aumentar. El número total de anuncios publicados ha 
pasado de 12 000 en 1987, a cerca de 95 000 en 1995. Las proyecciones para los dos 
años próximos indican nuevos crecimientos, que sitúan en cerca de 200 000 el número 
anual de anuncios. Por sí solas, estas cifras constituyen una útil indicación de los efectos 
de las directivas de contratación pública sobre la transparencia de los procedimientos de 
atribución de los contratos. Además, una encuesta a 1 600 empresarios muestra índices de 
respuesta elevados ante las nuevas oportunidades de negociar (90 % en los contratos 
locales, y 70 % en los contratos fuera de sus fronteras). Sin embargo, hay que añadir que, 
entre los cerca de 110 000 entidades y poderes adjudicadores sometidos a las directivas 
sobre contratación pública, alrededor del 85 %, sobre todo entre las autoridades locales, 
no se ajustan a las exigencias de las directivas en materia de publicidad y de transparencia. 
2.8 Las empresas que suministran equipos de transportes, telecomunicaciones, 
electricidad y sanidad —que sin excepción cuentan con grandes clientes en el sector 
público— han atravesado transformaciones estructurales debido a diversos factores, entre 
los cuales no es descabellado contar las normas de adjudicación de contratos públicos. 
Hemos asistido a la creación de nuevas participaciones y fusiones, operaciones que 
permiten desarrollar conjuntamente actividades de investigación y desarrollo. En conjunto, 
el resultado es indudablemente una industria europea más competente, mejor capacitada 
para aprovechar las economías de escala facilitadas por el mercado interior y más 
preparada para hacer frente a la competencia mundial. 
2.9 A pesar de estos alentadores signos, persiste un grave problema de 
incumplimiento de las normas: la falta de incorporación de las directivas por los Estados 
miembros. En efecto, solamente tres Estados han incorporado completamente todos los 
textos. Hay que subrayar que la Comisión ha iniciado 39 procedimientos de infracción 
contra los Estados miembros afactados por la falta de incorporación de las directivas. Se 
trata de un problema vinculado a las posibilidades de conseguir un mayor respeto de la 
legislación que se examinará en el capítulo siguiente. 
2.10 Además, parece que en varios sectores, las entidades y poderes adjudicadores no 
perciben que los resultados compensen el gran esfuerzo necesario para cumplir las 
obligaciones impuestas por las directivas, y observan la reticencia de los contratistas 
potenciales (en particular de otros Estados miembros) a licitar para sus contratos. Esto 
puede indicar que los operadores económicos tardan algún tiempo en adaptar sus 
Véase la nota n° 1, supra. 
costumbres a las nuevas normas y a las nuevas zonas de venta. Determinados operadores 
han tenido una reacción defensiva ante los riesgos competitivos que han experimentado o 
percibido, en lugar de tratar de introducirse en otros Estados miembros y conseguir una 
cuota de mercado en sus territorios con una estrategia activa. 
2.11 Por último, las importaciones en las adquisiciones públicas en Europa siguen 
siendo modestas, pasando del 1,4 % en 1987 al 3 % en 1995 en las transacciones 
directamente transfronterizas, y del 4 % al 7 % en las adquisiciones realizadas vía los 
importadores o las filiales locales. 
111. Preguntas 
1. ¿Dispone usted de otras cifras para evaluar el impacto de las directivas y su 
incidencia sobre el empleo? 
2. ¿Por qué los operadores económicos no se deciden a participar en las licitaciones 
en otros Estados miembros? 
3. APLICACIÓN DEL DERECHO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: 
SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS 
Se ha instaurado ya un marco legal para la contratación pública. La Comisión reconoce 
la necesidad de un período de estabilidad de tal legislación, y por tanto no tiene 
intención de hacer cambios fundamentales. Sin embargo, no renuncia a su derecho de 
iniciativa y se declara dispuesta a adoptar o proponer en caso necesario las medidas 
oportunas. 
La Comisión subraya que conviene redoblar el esfuerzo en materia tanto de 
incorporación como de aplicación del marco legal, para que todos los operadores de la 
Unión puedan participar en las licitaciones públicas en un plano de igualdad. 
Actuando de acuerdo con su misión de supervisar la aplicación del derecho 
comunitario, la Comisión ha hallado varios probiemas tanto en la incorporación de las 
directivas como en su aplicación por parte de los poderes y entidades adjudicadores. Se 
trata de los primeros componentes del análisis de la aplicación de las normas vigentes 
que está obligada a realizar de conformidad con las directivas. 
Para garantizar la correcta aplicación del derecho de contratación pública, es 
imprescindible que funcionen adecuadamente unos procedimientos de recurso rápidos y 
eficaces, a nivel tanto comunitario cerno nacional. Ahora bien, la aplicación práctica de 
estos procedimientos no reúne siempre estas condiciones. Actualmente, tras la entrada 
en vigor de las directivas de s recursos, la mayor parte de los problemas deben 
solucionarse en el plano nacional. Otros puntos importantes que habrá que abordar son 
fomentar la práctica de la certificación y hacer más accesible el procedimiento de 
conciliación. 
I. Introducción 
3.1 Ya está en vigor un marco legislativo comunitario en materia de contratación 
pública (véase el Anexo I). En esta fase, la Comisión reconoce que es necesario un 
período de estabilidad de tal legislación, que aún no ha podido surtir todos sus efectos. 
Tal estabilidad debe ofrecer a todos los interesados el tiempo necesario para adaptarse a 
las nuevas normas y prácticas en materia de contratos públicos. Por ello —sin que ello 
signifique renunciar a su derecho de iniciativa—, la Comisión no tiene la intención de 
cambiar fundamentalmente el régimen existente, y confirma su voluntad de continuar 
actuando en este sector a partir de los principios ya establecidos tanto para e1 método 
escogido como para el fondo de la normativa. Naturalmente, si surgen nuevos problemas 
en sectores específicos o se pone de manifiesto alguna carencia del dispositivo vigente, la 
Comisión no dudaría en tomar las medidas más adecuadas para lograr que los 
compradores europeos sigan beneficiándose de una oferta abierta y sujeta a la 
competencia, y que los proveedores sigan disfrutando de un auténtico acceso a la 
contratación pública, y mejorando al mismo tiempo su competitividad. Se está 
produciendo una liberalización en el sector de las telecomunicaciones, así como en otros 
de los llamados sectores especiales. Desde la perspectiva de la aplicación de las directivas 
de contratación pública, la Comisión verificará si esta liberalización conlleva la 
instauración de condiciones de competencia efectiva en este sector. En este caso, 
examinaría la manera de dar una respuesta a esta situación. Conviene igualmente observar 
que, en virtud de la mayor parte de las directivas, la Comisión está obligada a revisar la 
puesta en vigor de la legislación; para ello, en un futuro próximo, deberá proceder a un 
detallado análisis de su aplicación. El debate generado por el presente Libro Verde 
ofrecerá elementos útiles para este ejercicio. 
3.2 Las directivas comunitarias deben ser incorporadas en el ordenamiento jurídico 
nacional. Su aplicación —sea por parte de administraciones nacionales, regionales o 
locales, o de entidades adjudicadoras en los sectores especiales— no debe poner en 
peligro el objetivo global de aplicar a todos las mismas normas en materia de contratación 
pública en todo el territorio de la Unión. La idea de que las reglas del juego no son las 
mismas para todo el mundo puede suponer un poderoso freno para la apertura de la 
contratación pública. 
II. Obligación de incorporar las directivas en el ordenamiento jurídico 
nacional 
3.3 Las directivas constituyen el instrumento esencial de nuestro sistema de 
contratación pública: sirven para aumentar la eficiencia económica y lograr el buen 
funcionamiento del mercado interior. La Comisión publica informes periódicos sobre el 
avance de la aplicación de la normativa del mercado interior, que se analizan con los 
Estados miembros, incluso al nivel de los Ministros competentes. La Comisión ha 
expresado en varias ocasiones su preocupación sobre el nivel aún insuficiente de 
incorporación de las directivas sobre contratación pública (cuadro 1). La contratación 
pública es uno de los sectores del mercado interior que más problemas plantea tanto en la 
notificación de las medidas de incorporación como en la calidad de la misma. 
Especialmente problemáticas son la directiva de servicios y las directivas modificadas de 
suministros y sectores especiales. 
3.4 Aunque, desde el punto de vista jurídico, la mayor parte de las disposiciones de 
las directives tienen un efecto directo, la ausencia de incorporación o la mala calidad de la 
riisma impiden que los ciudadanos y empresas de la Comunidad obtengan todos los 
beneficios del mercado interior en el ámbito de la contratación pública. Así, a título de 
ejemplo, se dan disparidades importantes entre, por una parte, la proporción del producto 
nacional bruto comunitario correspondiente a algunos de los Estados miembros que no 
han incorporado adecuadamente las directivas y, por la otra, el número de anuncios 
publicados con respecto al volumen total de anuncios en la Comunidad. En otras palabras, 
en estos Estados miembros, el volumen de anuncios publicado parece escaso en 
comparación con su importancia económica. En consecuencia, la Comisión insta una vez 
más a los Estados miembros a velar por que, ante todo, se incorpore la legislación en 
materia de contratación pública. En efecto, la ausencia total de medidas de incorporación 
puede constituir una fácil justificación para que las entidades y poderes adjudicadores se 
sustraigan a la aplicación de las normas vigentes. 
3.5 Además, es imprescindible que los Estados miembros presten la mayor atención 
posible a la formulación de las disposiciones nacionales, de forma que la incorporación sea 
de la calidad suficiente para asegurar la realización total de los objetivos de la legislación 
comunitaria. En efecto, en determinados casos, una incorporación deficiente puede, por 
una parte, debilitar los derechos que las directivas reconocen a los operadores y, por otra 
parte, poner a los organismos que deben aplicar las normas en una situación de conflicto 
entre la legislación comunitaria y la nacional, y consecuentemente, llevarles a aplicar 
incorrectamente la reglamentación comunitaria en vigor. Esta situación reviste la misma 
gravedad que la ausencia total de incorporación, dado que tiene las mismas consecuencias 
en la práctica. También es necesario que, independientemente del método de 
incorporación de las disposiciones de las directivas en los ordenamientos jurídicos 
internos, los Estados miembros se esfuercen por suprimir toda contradicción entre las 
normas nacionales previas y los principios y disposiciones comunitarias, de forma que se 
garantice una correcta interpretación y aplicación por parte de los operadores. 
Igualmente, la Comisión invita a los Estados miembros a hacer todo lo posible para que 
los marcos legislativos nacionales en que se insertan las directivas sean más claros, 
limitando por ejemplo las referencias a otros textos normativos y tratando de recoger en 
un solo texto todas las disposiciones pertinentes. Ello facilitará la aplicación de las normas 
por parte de los órganos de contratación y el acceso a los contratos para los operadores 
interesados. 
3.6 La Comisión es consciente de la complejidad de los textos comunitarios, que 
puede explicar determinadas dificultades de incorporación y, sobre todo, de aplicación: se 
trata de una consecuencia directa de la propia complejidad de los aspectos que se desea 
resolver para conseguir los objetivos fijados. La Comisión está dispuesta a ofrecer a los 
Estados miembros que así lo soliciten toda la asistencia necesaria para facilitar la adecuada 
comprensión y la simplificación de los textos existentes en el marco de la incorporación de 
las directivas. 
3.7 Por otra parte, según algunos datos de la Comisión, la incorporación ha sufrido 
retrasos inexplicables, a pesar de que los proyectos se habían preparado a tiempo. En 
otros casos se da un rechazo a incorporar determinadas disposiciones del derecho 
comunitario. La Comisión se pregunta los motivos de este tipo de situaciones y se 
manifiesta interesada por conocer cualesquiera otras razones que hayan podido causar los 
problemas experimentados. 
3.8 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictado sentencia en 
varios asuntos relativos a la protección de los derechos de los particulares dentro del 
derecho comunitario en caso de que los Estados miembros falten a sus obligaciones, sobre 
7 
todo en materia de incorporación de directivas. En la sentencia Francovich , el Tribunal 
sentó el principio según el cual los Estados miembros son responsables de los daños 
sufridos por los particulares a causa de la no incorporación de una directiva cuyas 
disposiciones pueden ser invocadas por los particulares, sin que para ello sea necesario 
que dichas disposiciones tengan efecto directo. En la sentencia Brasserie du Pêcheur-
ft 
Factortame el Tribunal fue aún más lejos al reconocer que, en determinadas condiciones, 
el Estado puede ser responsable de los perjuicios causados por una infracción al derecho 
comunitario, independientemente del organismo público cuyo acto u omisión dé origen a 
la infracción. Es por lo tanto probable que los particulares invoquen esta jurisprudencia 
ante los jueces nacionales para ser indemnizados por los perjuicios —entre los que se 
cuenta el lucro cesante—, y puedan por tanto ver protegidos sus derechos de una manera 
efectiva. 
7 Sentencia de 19.11.91, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Rea 1991-1 5403. 
8 Sentencia de 5.3.96, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93.|1996] Rec 1-1029. Véase también la sentencia British Telecom 
de 26.3.96, asunto C-392/93, [1996] Rec I-I-1631. 
9 
lu. Obligación de aplicar correctamente la legislación comunitaria 
3.9 Es esencial que se disponga de un marco legislativo correctamente establecido 
mediante una incorporación fiel de las directivas; pero no menos importante es que los 
poderes y entidades adjudicadores apliquen correctamente tal legislación. 
3.10 Cumpliendo su obligación de velar por el respeto del derecho comunitario en 
virtud del artículo 155 del Tratado CE, la Comisión ha observado algunos supuestos que 
ponen de manifiesto un problema de aplicación de las normas por parte de los órganos de 
contratación. Sin pretender ser exhaustivos, los epígrafes que siguen presentan de manera 
agrupada algunos casos ilustrativos de estos problemas de deficiente aplicación del 
derecho comunitario. 
A. Problemas de aplicación incorrecta de las directivas 
a) Definiciones de base contenidas en las directivas 
3.11 El primer tipo de problema es la interpretación correcta del alcance de los 
diferentes conceptos que figuran en las directivas. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia ha 
intervenido para definir mejor el concepto de "poder adjudicador" recogido en las 
directivas (sentencia Beentjes ), afirmando la necesidad de hacer una interpretación 
funcional. Además, la práctica ha demostrado que es difícil delimitar la noción de "entidad 
adjudicadora" definida en la directiva de sectores especiales, ya que se refiere 
simultáneamente a la naturaleza subjetiva de las entidades y a la actividad ejercida en uno 
de los sectores especiales. De hecho, esta directiva prevé toda una serie de casos 
particulares en los cuales los órganos de contratación aun siendo definidos como 
entidades adjudicadoras, no están sometidos a las reglas de esta directiva. 
3.12 Del mismo modo, en muchos casos no ha sido fácil delimitar el concepto de 
"contrato público". Las directivas definen esta idea con gran laxitud, de forma que se 
someta al régimen comunitario toda clase de contratos escritos y a título oneroso 
celebrados entre un poder adjudicador y una empresa. A pesar de esta amplia definición, 
algunos poderes adjudicadores han tratado de sustraerse a los procedimientos de las 
directivas. 
3.13 Similares observaciones pueden formularse respecto a otros conceptos de las 
directivas, sobre todo la noción de "obra"; los textos contienen algunos elementos de 
interpretación, pero en algunos casos se prestan a interpretaciones diversas. En el caso de 
otros conceptos, como por ejemplo los de "suministros" y "servicios", la Comisión ha 
observado que algunos órganos de contratación tratan de aprovechar la imprecisión de 
estas nociones para no cumplir las normas de las directivas, separando artificialmente 
contratos que en realidad forman un conjunto unitario. 
Sentencia de 20.9.88, Asunlo 31/87, Rec. 1987. 
10 
3.14 El carácter algo genérico de estos conceptos viene impuesto por la necesidad de 
aplicarlos en situaciones y ordenamientos jurídicos nacionales muy diferentes. El 
legislador comunitario ha tenido que hacer un esfuerzo para tener en cuenta esta variedad. 
Por lo tanto, hay que velar por que la interpretación de dichos conceptos sea fiel a la 
intención y a los objetivos del legislador. 
b) Recurso excesivo al procedimiento negociado 
3.15 Un segundo tipo de problema se plantea en torno a la elección de los 
procedimientos de adjudicación, y fundamentalmente al recurso al procedimiento 
negociado. En las directivas de los sectores clásicos, el procedimiento negociado, sobre 
todo si ,es sin previa publicación de un anuncio, es un procedimiento de carácter 
excepcional, que sólo puede utilizarse en unos casos muy concretos. El Tribunal de 
Justicia ha precisado (sentencia Comisión/Italia ) que las disposiciones que rigen este 
procedimiento deben ser objeto de una interpretación estricta, y que es a la parte que 
desea aplicarlas a quien corresponde la carga de la prueba de que existen circunstancias 
excepcionales que justifican la concesión de una excepción. Ahora bien, tanto numerosos 
procedimientos de infracción incoados por la Comisión como muchas sentencias del 
Tribunal prueban que el recurso a este procedimiento por parte de los poderes 
adjudicadores rebasa los rigurosos limiter existentes, invocando esencialmente razones de 
urgencia imperiosa, inexistentes o atribuibles a los propios poderes, o bien alegando de 
forma injustificada la existencia de una única empresa capacitada para cumplir los 
contratos en cuestión. 
3.16 En los casos en que se admite, el procedimiento negociado parece permitir unos 
resultados económicos más satisfactorios que la convocatoria de concurso tradicional, lo 
que le convierte en un medio racional para disminuir los costes del comprador público 
logrando al mismo tiempo los objetivos fijados. Pero tampoco puede negarse que este tipo 
de procedimiento contribuye menos al objetivo de transparencia de los contratos. 
c) Insuficiente calidad de los anuncios 
3.17 El tercer tipo de problema se refiere a la publicidad de los contratos públicos. En 
un número importante de anuncios de licitación publicados .en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, no figuran algunos de los datos exigidos por los modelos de 
anuncio establecidos en las directivas. Además, la verificación de los anuncios publicados 
ha puesto de manifiesto que sigue sin ser respetada en buena medida la obligación de 
publicar tanto los anuncios de información previa como los anuncios de contratos 
adjudicados. 
3.18 Sin embargo, la transparencia exige anuncios de licitaciones completos, y es 
necesaria para conseguir la apertura de la contratación pública. La ausencia de publicidad 
imposibilita cualquier competencia efectiva, y con ello los beneficios derivados de la 
misma. Cada categoría de anuncio prevista por las directivas responde a una lógica muy 
precisa: los anuncios de información previa (o los anuncios periódicos indicativos de la 
directiva de sectores especiales) tienen el objetivo de permitir a las empresas, sobre todo a 
las PYME, conocer con el tiempo suficiente las necesidades de los órganos de 
contratación y organizarse para presentar ofertas de mejor calidad. Los anuncios de 
10 Sentencia de 10.3.87, asunto 199/85, Rec. 1987. 
11 
licitación propiamente dichos tienen el objeto de dar a conocer a los operadores 
económicos toda la información necesaria para que decidan si participarán en un concurso 
dado y cómo hacerlo. Por su parte, los anuncios de contratos adjudicados dan a las 
empresas participantes en un procedimiento la ocasión de verificar de alguna manera si se 
han respetado sus derechos, al tiempo que ofrecen datos útiles para analizar las tendencias 
del mercado en los diferentes sectores. 
d) Recurso excesivo al procedimiento acelerado y plazos de participación 
demasiado cortos 
3.19 Un cuarto tipo de dificultad es la utilización de plazos más cortos, por medio del 
procedimiento acelerado. El análisis de los anuncios publicados en la serie S del Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas en virtud de la directiva 92/50/CEE muestra que 
una considerable proporción de los contratos objeto de estos anuncios se adjudica 
siguiendo el procedimiento acelerado; por tanto los plazos de recepción tanto de las 
solicitudes de participación como de las ofertas se acortan de manera importante. Dado 
que estos plazos son respectivamente de 15 y 10 días como mínimo, para las empresas de 
los demás Estados miembros resulta muy difícil participar en estos procedimientos. En los 
casos de procedimientos restringidos o negociados, las directivas relativas a los sectores 
clásicos sólo permiten acortar los períodos cuando la urgencia hace inviables los plazos 
normales, a diferencia de la directiva de sectores especiales. Por tanto, el procedimiento 
acelerado es de carácter exclusivamente excepcional: sin embargo, considerando los 
hechos, no parece que los poderes adjudicadores lo consideren como tal. 
3.20 Un problema similar, pero aún más grave, se presenta en los casos (bastante 
numerosos) en que los órganos de contratación fijan plazos de participación inferiores a 
los mínimos previstos en las directivas. Está claro que este tipo de actuación, que 
conculca la legislación vigente, limita sensiblemente, cuando no impide, una auténtica 
competencia entre todos los contratistas interesados. 
e) Criterios de selección y adjudicación 
3.21 Existe un quinto tipo de problema en torno a los criterios utilizados por los 
poderes adjudicadores para verificar la aptitud de los candidatos en los procedimientos de 
adjudicación de contratos, esto es, criterios de selección; así como para atribuir los 
contratos, o lo que es lo mismo, criterios de adjudicación. 
3.22 En algunos casos, la Comisión ha recurrido contra el hecho de que los poderes 
adjudicadores fijen criterios de capacidad técnica de los candidatos distintos de los 
exhaustivamente enumerados en las directivas, y el Tribunal de Justicia lo ha condenado 
(sentencia Transporoute ). Además, se ha comprobado que, en determinados 
procedimientos de adjudicación de contratos, la aptitud de los candidatos se ha 
determinado a partir de cláusulas que no podían considerarse criterios de selección. 
3.23 Por otra parte, aunque el Tribunal se ha pronunciado ya claramente sobre la 
diferenciación existente entre las fases de selección y adjudicación de un contrato, y ha 
afirmado en consecuencia que no deben confundirse las normas y criterios utilizados en 
11 Sentencia de 10.2.82, asunto 76/81, Rec. 471. 
12 
12 
estas dos fases (sentencia Beentjes ), la práctica demuestra que numerosos poderes 
adjudicadores siguen tomando en consideración elementos relacionados con criterios de 
selección en la fase de adjudicación, lo que puede conducir, en determinados casos, a que 
un contrato no se atribuya a la oferta aparentemente mejor, sino a la presentada por un 
candidato con más experiencia o peso financiero que los demás. Análogos problemas 
surgen cuando los órganos de contratación, a veces basándose en disposiciones nacionales 
no conformes con el derecho comunitario, utilizan criterios de adjudicación fundados en 
elementos ajenos a los previstos en las directivas, y por tanto inaceptables. Un caso 
ilustrativo es aquél en que los criterios de adjudicación reposan, sin demasiadas 
precisiones, sobre aspectos regionales, sociales o medioambientales . 
B. Problemas vinculados a situaciones que no se incluyen en el ámbito de aplicación 
de las directivas 
3.24 El derecho de contratación pública está basado en un conjunto de normas y 
principios, entre los cuales figuran en primer lugar los principios de no discriminación, 
igualdad de trato, transparencia y reconocimiento mutuo. Tal como ha subrayado el 
Tribunal de Justicia (sentencia Comisión/Italia ), las directivas están encaminadas 
únicamente a garantizar la efectividad de estos principios; sin embargo, es evidente que, 
dada su naturaleza, estos principios se aplican en todas las situaciones relativas a 
licitaciones públicas y contratos similares, y en especial a aquellas que no quedan cubiertas 
por las directivas. A título de ejemplo, se citan a continuación algunas situaciones que 
parecen particularmente significativas. 
a) Concesiones y contratos similares 
3.25 Para la realización y gestión de grandes infraestructuras, así como para la 
prestación de determinados servicios, las entidades y poderes adjudicadores recurren cada 
vez más a mecanismos jurídicos tales como las concesiones o contratos similares, o a 
otras formas de derechos especiales o exclusivos. Si bien, en muchos casos, el recurso a 
estos instrumentos se debe a las restricciones presupuestarias a que están sometidos los 
poderes adjudicadores, también responde a su preocupación por garantizar una mejor 
gestión de los servicios. Numerosos proyectos relativos a las redes transeuropeas ilustran 
esta circunstancia1 . De hecho, muchas de las denuncias recibidas por la Comisión se 
refieren a concesiones, contratos análogos u otros mecanismos de otorgamiento de 
derechos especiales o exclusivos. 
3.26 Los poderes adjudicadores parecen considerar que el derecho comunitario no es 
aplicable a la adjudicación de este tipo de contratos o de derechos y, en numerosos casos, 
no aplican las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la apertura a la 
competencia. En realidad, en este tipo de situación los poderes adjudicadores sí deben 
respetar las disposiciones del Tratado CE; en particular, las normas de libre circulación de 
bienes y servicios, y los principios fundamentales de no discriminación, igualdad de trato, 
transparencia y reconocimiento mutuo. Además, en virtud de la directiva de obras, los 
Estados miembros están igualmente obligados por las normas de publicidad en caso de 
12 Véase la nota a pie de página n° 9. 
13 Volveremos sobre estos problemas en el capítulo 5. 
14 Véase la nota a pie de página n° 10. 
15 Véase también el capítulo 5, punto III. 
13 
concesión de obras públicas. La Comisión no considera aceptable la ausencia de respeto 
de estos principios fundamentales del Tratado, que obstaculiza el buen funcionamiento del 
mercado interior impidiendo la apertura de los contratos (o derechos) a la competencia y 
amenazando así importantes intereses económicos. 
3.27 En el futuro, y para reforzar aún más esta apertura a la competencia, podrían 
contemplarse convocatorias de concurso para la atribución de derechos exclusivos de 
prestación de servicios públicos, a través de un sistema de concesiones. Al mismo tiempo 
que mantendría la posibilidad de recurrir a la concesión de derechos exclusivos cuando 
son necesarios para el mantenimiento de un servicio de interés económico general, la 
introducción de este tipo de normas tendría por objetivo facilitar el acceso de nuevos 
operadores, públicos o privados, a los contratos de servicios públicos, e instaurar entre los 
operadores existentes una dinámica empresarial próxima a las demandas de los usuarios. 
Este enfoque permitiría a los Estados miembros seleccionar, en beneficio de los 
ciudadanos, a los operadores de servicios públicos más eficaces, tanto en términos de 
rentabilidad como de calidad. Con respecto a los servicios de transporte terrestre, la 
Comisión ya expuso este enfoque en su Libro Verde "La red de ciudadanos"16. 
b) Contratos públicos inferiores a los umbrales previstos en las directivas 
3.28 Los procedimientos previstos por las directivas comunitarias son aplicables 
exclusivamente a los contratos públicos de un importe estimado superior a los umbrales 
establecidos. Algunos poderes adjudicadores consideran que los contratos públicos que no 
alcanzan estos umbrales no están sometidos a ninguna disposición comunitaria, de manera 
que en ocasiones estos contratos se adjudican sin haber convocado previamente un 
concurso público. Muchos de estos contratos son de una importancia considerable, en 
particular para la pequeña y mediana empresa. Al igual que el otorgamiento de 
concesiones y contratos similares, la adjudicación de estos contratos debe efectuarse 
repetando las disposiciones del Tratado CE sobre la libre circulación de las mercancías y 
servicios y los principios fundamentales de no discriminación, igualdad de trato y 
transparencia, que se hallan en su base. 
c) Modificación de las condiciones durante los procedimientos 
3.29 Varios casos presentados a la Comisión ilustran la situación en que, para 
contratos públicos cuyos importes superan los umbrales de las directivas, los poderes y 
entidades adjudicadores adoptan decisiones y actuaciones que, aun sin quedar 
explícitamente reguladas o prohibidas en las directivas, son contrarias al derecho 
comunitario. Un ejemplo es la modificación sustancial del pliego de condiciones durante el 
procedimiento: en uno de los casos, el poder adjudicador cambió el emplazamiento de la 
obra durante el curso del procedimiento; en otro asunto, se suprimió una parte importante 
de las obras inicialmente previstas; en un tercer caso, se modificaron las condiciones de 
financiación. La Comisión mantuvo que todos estos cambios eran sustanciales y exigían la 
anulación del procedimiento en curso y el inicio de un nuevo procedimiento, mediante la 
publicación de un nuevo anuncio de licitación. Determinados casos han puesto de 
manifiesto otro problema, relativo al recurso a la negociación con uno o más candidatos, 
en procedimientos abiertos o restringidos. La Comisión consideró que este tipo de 
16 COM (95) 601 final de 29.11.95. 
14 
negociación no era lícita, ya que era contraria al principio de igualdad de trato. Hay que 
subrayar que estas interpretaciones ofrecidas por la Comisión se ven confirmadas por la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia . Las consideraciones anteriormente expuestas a 
propósito de las concesiones y de los contratos inferiores a los umbrales son igualmente 
válidas para estos casos, puesto que, aunque tales situaciones no queden expresamente 
recogidas en las directivas, no por ello están menos sujetas a los principios generales del 
derecho comunitario. 
C. Conclusiones preliminares 
3.30 Los ejemplos citados demuestran que la aplicación del marco jurídico 
comunitario en los Estados miembros aún adolece de una cierta incoherencia. Es pues, 
necesario explicar y aclarar en mayor medida las normas aplicables; a tal efecto, la 
Comisión considera llegado el momento de intervenir para aclarar algunos de los puntos 
mencionados anteriormente, mediante comunicaciones interpretativas o líneas directrices, 
sin que ello excluya otros medios (o nuevas normas). 
3.31 Evidentemente, esta situación no es satisfactoria; conseguir una incorporación 
completa y correcta de las directivas sería inútil si la posterior aplicación práctica no es 
adecuada. La Comisión no va a permanecer pasiva frente a estos problemas. En el 
prosente Libro Verde (especialmente en este capítulo y el siguiente) se preven algunas 
posibilidades para conseguir una mejor aplicación de las normas en materia de contratos 
públicos. Para la Comisión es importante saber si los medios imeresados consideran que 
estas opciones pueden resolver satisfactoriamente los problemas citados o si existen otras 
soluciones posibles. 
IV. Control de la aplicación del derecho de la contratación pública 
3.32 Para hacer frente a los problemas de incorporación y aplicación del derecho 
comunitario, y para alcanzar con ello los objetivos fijados, es indispensable que todas las 
instancias interesadas desempeñen su función y adopten las iniciativas más adecuadas, en 
primer lugar con respecto a los sistemas de supervisión y control de los poderes y 
entidades adjudicadoras, y en segundo lugar en cuanto a los medios de intervención rápida 
para el restablecimiento de la legalidad. Tales sistemas y medios ya existen a escala tanto 
comunitaria como nacional, pero deben ser reforzados. 
3.33 Los Estados miembros y la Comisión Europea deben asumir sus 
responsabilidades. Los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la legislación comunitaria, fundamentalmente mediante sistemas 
de control y sanciones eficaces desde un punto de vis' práctico, y que ejerzan un efecto 
disuasorio (artículo 5 del Tratado CE). Por su paru, en virtud del artículo 155 del 
Tratado CE, la Comisión está obligada a velar por que los Estados miembros respeten y 
cumplan estas obligaciones tomando en consideración no solamente la letra de la ley, sino 
también los objetivos a que ésta apunta. Las medidas de ejecución deben mejorar el 
respeto de las normas y consolidar la confianza de los contratistas en el buen 
funcionamiento del sistema. 
17 Véase las sentencias Comisión/Dinamarca de 22.6.93, asunto C-243/89, Rec. 1993-1, 3385, y Comisión/Bélgica de 25.4.96, 
asunto C-87/94, aún no publicado. 
15 
A. Directivas de recursos 
3.34 Evidentemente, las reacciones de las empresas son el medio más seguro de 
cerciorarse de que los poderes adjudicadores recurren a prácticas de adjudicación de 
contratos abiertas y competitivas. Los contratistas son quienes mejor situados están para 
comprobar si se respetan las normas de contratación pública, y pueden indicar con rapidez 
las infracciones cometidas a los órganos de contratación. A veces, las infracciones se 
corrigen inmediatamente, en cuanto son señaladas a la entidad o poder adjudicador. En 
caso contrario, existen vías formales de recurso, entre las que se cuenta la acción judicial. 
3.35 Con la adopción de las directivas de recursos, los operadores económicos de 
todos los Estados miembros pueden presentar un recurso ante una instancia judicial 
nacional —o una instancia cuyas decisiones puedan ser objeto de recurso jurisdiccional— 
por incumplimiento de lo dispuesto en las directivas por parte de los órganos de 
contratación. Las directivas de recursos exigen que las instancias en cuestión estén 
facultadas para "adoptar medidas provisionales (destinadas por ejemplo a suspender el 
procedimiento de adjudicación del contrato), pronunciarse sobre la compatibilidad de los 
procedimientos con las normas y, en su caso, anular o hacer anular las decisiones ilegales, 
exigir la retirada de determinadas condiciones recogidas en los anuncios de licitación y 
conceder daños y perjuicios. Dada la variedad de medios a disposición de las empresas, el 
recurso a los mismos debería ser la vía más segura de proteger los derechos de los 
participantes en concursos. 
3.36 Las empresas deben recibir toda la información necesaria sobre los derechos que 
las directivas de recursos les garantizan con respecto a los procedimientos de adjudicación 
de contratos en otros Estados miembros. La Comisión publicará una serie de guías 
destinadas a informar a los operadores económicos de las vías de recurso existentes en 
caso de presunta conculcación de las normas en otros Estados miembros, incluidos los 
procedimientos disponibles, la forma de recurrir a ellos y los posibles derechos de 
indemnización de los contratistas perjudicados. A tal efecto, deben mencionarse 
igualmente las posibilidades que ofrece la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia 
en caso de lesión de los derechos de los particulares ante una infracción al derecho 
comunitario por parte de los Estados miembros (véase el punto 3.8). 
B. Sanciones apropiadas 
3.37 Un elemento esencial de la aplicación de las normas de contratación pública por 
parte de las autoridades nacionales es el establecimiento de sanciones apropiadas. En su 
• 18 
comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la función de las sanciones , la 
Comisión ya manifestó que la contratación pública era uno de los sectores en que podría 
contemplarse el establecimiento de un sistema común de sanciones para mantener la 
integridad de la legislación, ya que la disparidad de las sanciones aplicadas por los 
diversos Estados miembros en caso de incumplimiento del derecho comunitario podía 
menoscabar la eficacia de esta política. Por su parte, en su resolución de 29 de junio de 
• -19 
1995 sobre las sanciones aplicables por incumplimiento del derecho comunitario , el 
18 COM(95) 162 final de 3.5.95. 
19 DOCE C 188 de 22.7.95, p. I. 
16 
Consejo reconoció igualmente la importancia de esta cuestión, instando a la Comisión a 
velar por una aplicación efectiva de la legislación comunitaria, incluidas las sanciones y, en 
su caso, a incluir en sus futuras propuestas disposiciones en materia de sanciones. 
Además, el Consejo solicitó a los Estados miembros que apoyaran activamente la 
actuación de la Comunidad en este ámbito. 
3.38 La Comisión expresa su preocupación ante el hecho de que, en la práctica, la 
aplicación de las directivas de recursos puede variar significativamente de un Estado 
miembro a otro, y a veces incluso en el interior del mismo Estado miembro. Asimismo, 
han llamado su atención las importantes diferencias que existen entre Estados miembros 
en materias tales como la obligación de que el denunciante aporte la prueba de la 
infracción para obtener reparación, así como el importe de las indemnizaciones por daños 
y perjuicios concedidas. En determinados casos, los tribunales sólo han reconocido a la 
parte ganadora un importe puramente simbólico; en otros se ha concedido a los 
denunciantes un importe equivalente a los costes de preparación de su oferta (los costes 
pueden ser importantes, pero su reembolso está muy lejos de constituir una compensación 
integral del perjuicio que representa la pérdida de un contrato). La Comisión manifiesta su 
deseo de que los Estados miembros y demás interesados presenten sus observaciones 
sobre la eficacia de los recursos existentes en los Estados miembros y sobre cualquier 
disparidad de las sanciones aplicadas. Además de la obligación de prever en todo caso una 
indemnización completa por los daños sufridos, la Comisión desearía igualmente recibir 
comentarios sobre si sería deseable el reconocimiento de daños y perjuicios por un 
importe disuasorio que vaya más allá del simple perjuicio. 
C. Denuncias 
a) A escala comunitaria 
3.39 En su calidad de guardiana del Tratado, la Comisión instruye las denuncias de los 
operadores que se consideran perjudicados, y hace todo lo posible por solucionar los 
conflictos. Así, numerosos casos se han resuelto gracias a la intervención de la Comisión, 
sin que haya sido necesario apelar al Tribunal de Justicia. Sin embargo, cuando la 
Comisión se ve obligada a recurrir al Tribunal, la experiencia demuestra que el 
procedimiento por incumplimiento previsto en el artículo 169 del Tratado CE no garantiza 
una resolución rápida y eficaz. Aunque la Comisión se ha comprometido a acelerar sus 
procedimientos internos, las diferentes fases del procedimiento que desemboca en una 
sentencia del Tribunal (que comprende, en primer lugar, el envío de una carta de 
emplazamiento a las autoridades del Estado miembro interesado y, en segundo lugar, la 
adopción de un dictamen motivado) pueden durar hasta tres años y, en determinados 
casos, aún más tiempo sobre todo debido a la dificultad de obtenir a tiempo la información 
necesaria. En el ámbito de la contratación pública, estos procedimientos tan prolongados 
frecuentemente pueden resultar ineficaces. 
3.40 Tal como ha indicado en su dictamen "Reforzar la unión política y preparar la 
ampliación" sobre la conferencia intergubernamental, la Comisión considera que deben 
dotarse de mayor eficacia los medios de garantizar la aplicación del derecho, sobre todo 
en lo referente al mercado interior. Asimismo, la Comisión estima que debería reforzarse 
la función del Tribunal de Justicia, en particular para la ejecución de sentencias. 
17 
3.41 En esta perspectiva, algunos autores han expuesto la posibilidad de explorar 
determinados medios para conseguir estos objetivos. Una de estas posibilidades consiste 
en atribuir a la Comisión facultades de investigación más efectivas que las que posee en la 
actualidad, que limitan considerablemente la eficacia y rapidez de su actuación en materia 
de contratación pública. El sistema basado en el Reglamento (CEE) 17/62 en materia de 
competencia puede constituir un ejemplo válido de este enfoque. Asimismo, algunos 
observadores pretenden la extensión a la contratación pública del conjunto de 
procedimientos y medios de control previstos en el reglamento (Euratom, CE) 2185/9620 
para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. En efecto, 
estas disposiciones se aplican a los contratos públicos que recurren a financiación 
comunitaria, como por ejemplo, las adjudicaciones en el marco de las redes transeuropeas 
(RTE), de los Fondos estructurales y de Cohesión, o de los acuerdos con países terceros 
(véase el capítulo 5). 
b) A escala nacional 
3.42 La Comisión no dispone de los recursos ni de la información necesarios para 
detectar y resolver cada uno de los casos de infracción a las normas comunitarias en todo 
el territorio de la Unión Europea. Desde un punto de vista práctico, debería resolverse a 
nivel nacional la gran mayoría de los problemas de los operadores económicos. No 
obstante, huelga decir que la Comisión no dudará en intervenir siempre que sea necesario 
para mantener la integridad del derecho comunitario en materia de contratación pública. 
La Comisión confirma asimismo su determinación de desempeñar plenamente su función 
en la aplicación de la legislación, y en particular en la resolución de asuntos que afecten a 
intereses económicos o cuestiones jurídicas importantes. 
3.43 La voluntad de la Comisión de enfatizar una plena y efectiva aplicación nacional 
de las reglas sobre contratación pública ha encontrado ya eco en algunos Estados 
miembros. Así, por ejemplo, Suecia ha confiado el control de sus poderes adjudicadores a 
una autoridad independiente. La experiencia parece indicar que esta autoridad, además de 
ocuparse de las denuncias, con su sola existencia impide que se produzcan hechos que 
desemboquen en denuncias, y por tanto reduce la cantidad potencial de conflictos 
presentados ante las jurisdicciones nacionales e instituciones comunitarias. En vista de la 
mejora del control de la aplicación de las normas a nivel nacional, puede ser interesante 
reproducir esta experiencia en otros Estados miembros. 
3.44 Para ser eficaces y reconocidas como tales, estas autoridades deben ser realmente 
independientes y estar facultadas para obligar a los órganos de contratación a corregir 
cualesquiera errores en los procedimientos. Sin embargo, su eventual contribución no 
debería evaluarse, en un principio, en función de la cantidad de errores detectados, sino de 
las mejoras aportadas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Estas 
autoridades pueden tener una función de primerísima magnitud para mejorar los sistemas 
de adjudicación: ofrecer un asesoramiento útil a los órganos de contratación, verificar las 
prácticas de adjudicación de contratos en pro de la eficacia y velar por que exista un 
sistema de declaraciones obligatorias que permita a los Estados miembros comunicar a la 
Comisión todos los datos estadísticos necesarios. Además, puede ser útil prever un 
intercambio regular de información entre organismos análogos; de esta manera podría 
crearse una red administrativa permanente entre los Estados miembros. La creación de 
este tipo de autoridades no puede perjudicar al sistema actual de distribución de 
20 DOCE.de 15.11.1996. 
facultades, sean las de la Comisión, guardiana del Tratado, o las de las jurisdicciones 
nacionales, encargadas, fundamentalmente en virtud de las directivas de recursos, de 
proteger los derechos de las empresas. Cualquier conflicto que pueda surgir entre la 
Comisión y estas autoridades debería ser resuelto por el Tribunal de Justicia, el cual, en 
virtud el artículo 164 del Tratado CE, asegura la interpretación unívoca y la correcta 
aplicación del derecho comunitario. 
3.45 La Comisión invita a los Estados miembros a considerar la creación o 
nombramiento de una autoridad independiente de este tipo. La Comisión considera que, 
en algunos casos, los organismos ya existentes podrían desempeñar esta función. Las 
tareas de esta autoridad podrían inscribirse en el marco de las funciones asumidas por el 
Tribunal de Cuentas del Estado miembro o una autoridad equivalente que disfrute de una 
independencia real e incontestable. La Comisión prestará particular atención a las 
opiniones que expresen todos los interesados respecto a la idea de nombrar autoridades 
nacionales independientes para la contratación pública, e invita a todos los Estados 
miembros interesados a iniciar un proyecto experimental para establecer la viabilidad del 
sistema. 
D. Otras maneras de resolver conflictos 
a) Certificación 
3.46 Dentro del análisis de las medidas que pueden garantizar una mejor aplicación de 
las normas vigentes, la Comisión considera aconsejable utilizar en mayor medida los 
procedimientos de certificación y conciliación, que ya están previstos en la directiva de 
recursos para los sectores especiales, pero que hasta ahora no han sido utilizados. 
3.47 Las entidades adjudicadoras que observan prácticas adecuadas en materia de 
contratos públicos y establecen procedimientos internos correctos tienen más 
posibilidades de beneficiarse en mayor medida del régimen comunitario en vigor. Por esta 
razón, la directiva de recursos en los sectores especiales prevé la creación de un sistema 
de certificación que permita a las entidades adjudicadoras someter sus procedimientos de 
adjudicación de contratos a un examen efectuado por un certificador independiente, 
encargado de verificar su conformidad con la directiva y de comprobar que estén basados 
en una utilización racional del erario público. A semejanza de un control financiero, este 
examen es realizado por un organismo independiente, cualificado y habilitado a tal efecto. 
La directiva de recursos en los sectores clásicos no contiene una disposición análoga. 
3.48 Para obtener un certificado de buenas prácticas en materia de contratación 
pública, las entidades adjudicadoras deben demostrar que siguen procedimientos que han 
demostrado en la práctica su conformidad a las normas. Aunque el análisis de 
procedimientos pasados no ofrece una garantía absoluta con respecto a los futuros 
contratos, sí da a la entidad adjudicadora algún grado de confianza en la validez de sus 
procedimientos. La publicación del certificado en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas podría contribuir a convencer a los potenciales proveedores de la conveniencia 
de presentar ofertas, puesto que la entidad titular ha podido demostrar que recurre a 
prácticas abiertas y sujetas a la competencia de adjudicación de contratos públicos. Con 
ello, las entidades adjudicadoras que aceptan y observan las normas se beneficiarían de un 
mayor campo de elección de contratistas, así como de ofertas más competitivas, lo que les 
permitiría obtener la mejor calidad posible por el precio pagado. 
19 
3.49 De conformidad con el mandato de la Comisión a los organismos europeos de 
normalización CEN y CENELEC, en junio de 1995 se adoptó una norma europea de 
certificación21. Los Estados miembros deben adoptar ahora las disposiciones necesarias 
para designar responsables de la emisión de los certificados, y para que éstos asuman sus 
funciones inmediatamente. La Comisión considera muy importante que las entidades de 
los sectores especiales soliciten la certificación. Además, teniendo en cuenta las ventajas 
inherentes a los procedimientos de certificación, la Comisión estima que sería útil ampliar 
el ámbito de aplicación de estas disposiciones a los poderes adjudicadores en los demás 
sectores, y manifiesta su deseo de que se inicie un debate sobre esta cuestión. Asimismo, 
entre las prioridades de la Comisión figura la aplicación de un régimen de certificación a 
los poderes adjudicadores que atribuyen contratos financiados parcialmente con fondos 
comunitarios (véase el capítulo 5). 
b) Conciliación 
3.50 Siempre es preferible resolver amistosamente los litigios. La directiva de recursos 
para los sectores especiales prevé a este respecto un procedimiento de conciliación, con 
arreglo al cual los proveedores y las entidades adjudicadoras pueden acordar el examen y 
la resolución de litigios sobre la aplicación del derecho comunitario recurriendo a 
conciliadores independientes. Sin embargo este procedimiento, que existe desde hace tres 
años, aún no se ha utilizado nunca; lo que puede atribuirse parcialmente a que ni las 
empresas ni las entidades adjudicadoras están lo suficientemente informadas de su 
funcionamiento. La Comisión considera aconsejable que se sometan a debate entre 
Estados miembros, conciliadores experimentados, entidades adjudicadoras y empresas las 
posibilidades de mejorar el procedimiento de conciliación y de hacerlo más accesible y 
operativo. 
V. Preguntas 
1. ¿Desea hacer algún comentario sobre la eficacia de la incorporación de las 
directivas en los Estados miembros? En su opinión, ¿cuáles son las razones de los 
problemas de incorporación experimentados en los Estados miembros? 
2. ¿Está de acuerdo con la enumeración expuesta de los problemas de aplicación de 
la legislación comunitaria? ¿Deben incluirse otros errores de aplicación? 
¿Considera que existen otros motivos, aparte de los mencionados, para los 
problemas que han surgido? 
3. En su opinión, ¿en qué puntos resultaría útil la adopción de comunicaciones 
interpretativas o de líneas directrices para explicar y aclarar en mayor medida las 
normas aplicables? 
4. ¿Cuál es el grado de eficacia de las vías de recurso existentes en los Estados 
miembros? ¿Estima usted que, dentro del mismo Estado miembro o entre 
Estados miembros distintos, la aplicación de medios de recurso y de sanciones 
presenta divergencias que inciden sobre el buen funcionamiento del mercado 
interior en este ámbito? En tal caso, ¿deben tomarse medidas? 
21 Norma E N45503: 1996, publicada por CEN/CENELEC, 24.1.1996. 
20 
5. ¿Serían útiles las indemnizaciones superiores a los simples daños y perjuicios 
sufridos? 
6. ¿Considera usted que, para cumplir más eficaz y rápidamente su misión de 
control del respeto del derecho comunitario, la Comisión debe disponer de 
facultades de investigación más eficaces que las que actualmente posee, como las 
previstas en el Reglamento 17/62 en materia de competencia? 
7. El establecimiento de una autoridad independiente de control en cada Estado 
miembro, ¿podría mejorar los sistemas de adjudicación de contratos públicos y 
favorecer la aplicación efectiva de las normas? ¿Debería la Comisión establecer, a 
escala comunitaria, mecanismos de cooperación entre dichas autoridades 
independientes con el fin de favorecer una aplicación homogénea de las reglas de 
contratación pública y un acceso a la demanda pública más equitativo para 
todos? 
8. ¿Está usted de acuerdo en la conveniencia de fomentar el sistema de certificación 
como medio eficaz de garantizar unos procedimientos correctos de adjudicación 
de contratos públicos? ¿debería la certificación ampliarse a los poderes 
adjudicadores fuera de los sectores especiales? En caso afirmativo, ¿cuál sería la 
mejor manera de introducirlo (por ejemplo, sobre una base voluntaria)? 
9. ¿Cuál es su opinión sobre las razones por las cuales no se ha utilizado nunca el 
procedimiento de conciliación previsto en la directiva de recursos para los 
sectores especiales ? 
21 
4. MEJORAR EL ACCESO A LA CONTRATACIÓN PUBLICA: 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS, INFORMACIÓN, 
FORMACIÓN, PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS 
Una vez en vigor la normativa, tanto los poderes adjudicadores como las empresas 
deben utilizar las posibilidades que ésta ofrece y aprovechar al máximo sus ventajas. 
Por una parte, el seguimiento de los contratos servirá para reunir los datos necesarios 
para evaluar el impacto económico del régimen y permitir a los proveedores analizar las 
características específicas de la demanda en la contratación pública de toda la Unión. 
Por otra parte, este seguimiento es necesario para que la Comisión pueda ejercer un 
control coherente sobre la aplicación de las normas. La información y la formación 
pueden contribuir decisivamente a asegurar las mejores condiciones de eficacia y costes 
para los procedimientos de compra pública. Sin embargo, numerosos compradores 
públicos parecen no tener un conocimiento detallado de sus obligaciones legales; por su 
parte, los proveedores, y en particular la pequeña y mediana empresa, parecen ignorar 
frecuentemente el potencial que ofrece el mercado. Es precisamente en estos planos 
donde se deben aprovechar plenamente las posibilidades que ofrecen la formación y la 
información: la formación puede modificar los antiguos hábitos de pensamiento y 
actuación y conducir a la instauración de una contratación pública basada tanto en la 
transparencia y la apertura en la elección de proveedores como en los criterios 
comerciales más exigentes. La información es la fuerza motriz de la eficacia: si se 
mejora la calidad de aquélla, tanto los poderes adjudicadores como sus contratistas 
aprovecharán más fácilmente sus posibilidades. Por otro lado, en el futuro, podemos 
esperar que el desarrollo de procedimientos electrónicos desempeñe una función clave 
para acrecentar la transparencia y mejorar el acceso a los contratos públicos. 
I. Seguimiento de la contratación pública 
4.1 El control de la correcta aplicación de la normativa vigente debe completarse con 
un constante seguimiento de la contratación pública, para que ello permita disponer de un 
conocimiento profundo de las realidades económicas subyacentes a la adjudicación de 
estos contratos. En efecto, la normativa comunitaria, relativamente homogénea, se aplica 
a sectores cada vez más heterogéneos. El seguimiento es particularmente necesario para 
los contratos públicos de servicios, que son objeto de normas comunitarias desde hace 
poco tiempo. Tal seguimiento podría tener por objeto, por ejemplo, la obtención regular 
de datos sobre la clasificación de los contratos según los anexos IA e IB de la Directiva 
92/50/CEE, y sobre la actuación de los poderes adjudicadores en este ámbito. Para que el 
seguimiento dé una idea exacta del impacto económico de la normativa comunitaria en 
materia de contratos públicos, convendrá apoyarse, por una parte, en el análisis de la 
competencia y de los precios abonados por los poderes adjudicadores y, por otra, en una 
mejor comprensión de la dimensión y estructura de la demanda y de las necesidades de 
información de la oferta. Ello hará posible evaluar en qué medida responde el sistema 
actual a las necesidades de los poderes adjudicadores y operadores económicos. 
22 
4.2 La Comisión tiene la intención de establecer un dispositivo de seguimiento del 
impacto económico de los contratos públicos; actualmente estudia las posibilidades de 
utilizar para ello de la mejor manera posible los datos recogidos en varias fuentes (base de 
datos de licitaciones o TED (Tenders Electronic Daily), Eurostat). Concretamente, este 
ejercicio de seguimiento debe desembocar en la elaboración de indicadores de precios 
aplicables a una combinación representativa de bienes adquiridos por las entidades 
sometidas a las normas. Como ya se ha señalado, los poderes adjudicadores sólo podrán 
ofrecer al público un mejor servicio si seleccionan a los candidatos más cualificados y 
competitivos. 
4.3 La Comisión confirma su compromiso por velar de forma constante por el 
respeto de las directivas comunitarias, de conformidad con los principios consagrados por 
el Tratado. A este respecto, el seguimiento económico debe igualmente posibilitar un 
análisis de mercado de determinados sectores específicos en todos los Estados miembros. 
Por este procedimiento, la Comisión podrá determinar sistemáticamente los sectores 
problemáticos y ejercer el control de una manera más coherente que limitándose a 
reaccionar ante denuncias concretas. Las bases de datos (incluida la base de datos de 
licitaciones - TED) son valiosos instrumentos de recogida, análisis y difusión de datos, y 
pueden ser muy útiles para el control de la aplicación del derecho. Se ha establecido 
asimismo un sistema de controles periódicos, encaminado a determinar los casos más 
significativos de no publicación de anuncios de licitación. No obstante, dada la enorme 
cantidad de contratos públicos adjudicados (y el número y diversidad de compradores 
públicos), la Comisión no está en condiciones de realizar por sí sola un seguimiento 
detallado, especialmente cuando se trata de verificar si los compradores públicos publican 
información sobre todos los contratos públicos. En este contexto, la Comisión manifiesta 
su deseo de recibir sugerencias encaminadas a mejorar el seguimiento de los 
procedimientos de contratación pública, a nivel tanto comunitario como nacional; desearía 
igualmente recoger observaciones sobre la posibilidad de analizar nuevamente el 
funcionamiento del observatorio europeo. El Comité consultivo para los contratos 
públicos creó este obervatorio para velar por la correcta aplicación de las reglas sobre 
contratación pública por parte de los poderes adjudicadores de los Estados miembros, 
pero aún no ha sido nunca plenamente operativo. Sin embargo, esta iniciativa no se ha 
concebido para convertirse en una oficina de asistencia técnica o una agencia. En este 
contexto podría estudiarse asimismo la posibilidad de establecer procedimientos de 
verificación cruzada. 
II. Información 
4.4 Ya sea sobre las normas jurídicas aplicables, sobre los diversos contratos 
públicos o sobre las irregularidades o disfuncionamientos constatados, la información es 
vital para garantizar que los procedimientos de contratación reúnen las mejores 
condiciones de limpieza, eficacia y costes. 
a) Un marco jurídico más inteligible 
4.5 Es esencial que los esfuerzos por mejorar las prácticas en materia de contratos 
públicos se vean apoyados por avances en la transparencia y en la difusión de información. 
La Comisión ha tomado ya varias medidas destinadas a mejorar, cualitativa y 
cuantitativamente, la información sobre las normas comunitarias que reconocen los 
23 
derechos de los contratistas y establecen las obligaciones de los poderes adjudicadores. 
Aunque todas las directivas comunitarias sobre contratos públicos han sido agrupadas y 
publicadas en un único volumen, las normas serían más comprensibles si cada directiva 
fuera objeto de una codificación que reagrupase todas las disposiciones.aplicables a los 
contratos públicos en un sector determinado. Para los contratos públicos de suministros y 
obras, así como para los relativos a los sectores especiales, la adopción de las Directivas 
93/36/CEE, 93/37/CEE y 93/38/CEE ha permitido llegar a una codificación formal. Sin 
embargo, no puede garantizarse que se efectuará una codificación formal cada vez que se 
modifique una directiva de contratos públicos; si ello resultase imposible, será necesario 
prever otros medios. 
4.6 Para facilitar la comprensión de las reglas sobre contratos públicos, la Comisión 
se ha comprometido a publicar varios vademécum (comunicaciones interpretativas) con 
explicaciones y aclaraciones sobre diversos aspectos de la aplicación de las directivas. 
Algunos de estos vademécum actualizarán el que fue publicado por primera vez en 1987 
(directivas de obras y suministros), y los demás ofrecerán textos equivalentes para las 
directivas de los servicios y sectores especiales. La Comisión confirma igualmente su 
intención de publicar guías sobre las vías nacionales de recurso y los medios de que 
disponen los contratistas para ver reconocidos sus derechos. 
b) Difusión de las notificaciones 
4.7 Es importante ofrecer explicaciones que aclaren la normativa aplicable, pero no 
lo es menos poner a disposición de los contratistas toda la información necesaria para 
licitar. Para poder aprovechar todo el potencial que ofrecen los contratos públicos, es 
indispensable disponer de datos fiables y de fácil acceso. Sin embargo, cada año se 
publican más de 130 000 anuncios de licitaciones en la Serie S del Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, y para los proveedores no resulta fácil seleccionar los anuncios 
que puedan interesarles. La Comisión es consciente de la dificultad de difundir tal 
volumen de información de manera transparente por medio del suplemento de papel del 
Diario Oficial. Se está contemplando la posibilidad de establecer a medio plazo un sistema 
de publicación que permita prescindir en alguna medida del soporte de papel. 
4.8 La Comisión ha realizado ya un estudio de mercado entre los suscriptores del 
suplemento del Diario Oficial y de la base TED, a fin de hacerse una idea más exacta de 
las posibilidades de mejorar el contenido y la presentación de los datos. Este estudio ha 
mostrado que sólo una pequeña parte de los abonados prefiere las actuales formas de 
publicación a otras opciones: en su mayoría, desearían que la información estuviera 
disponible en el World Wide Web o en forma de un CD-ROM dotado de ayudas a la 
búsqueda. Pueden contemplarse igualmente abonos selectivos a la Serie S, que hagan 
llegar a los usuarios únicamente la información sobre los contratos públicos que les 
interesan. Aunque es cierto que estas mejoras pueden contribuir a abrir la contratación 
pública a las empresas, es conveniente hacer gala de mayor ambición y lograr que cada 
avance tecnológico se traduzca en un paso adelante en el acceso a la información. 
4.9 Por otra parte, en la actualidad los anuncios de licitación presentan con 
frecuencia problemas de calidad. Aunque en varias directivas queda recogida la obligación 
de describir la naturaleza del contrato utilizando las nomenclaturas CPA (clasificación de 
los productos en función de las actividades) o CPC (clasificación común de productos), 
24 
son escasos los poderes adjudicadores que lo hacen, con el consiguiente perjuicio 
económico del contribuyente europeo. La Comisión ha elaborado un vocabulario común 
de contratación pública (CPV) que consiste en una lista de códigos inspirada en la CPA 
pero adaptada a las necesidades específicas de los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos. Recientemente se ha publicado una versión revisada del CPV22, al 
mismo tiempo que una recomendación23 que insta a los poderes adjudicadores a 
emplearlo, de forma que el objeto del contrato pueda ser satisfactoriamente definido en 
términos extraídos del CPV. Si la utilización del CPV pudiera generalizarse a todo el 
conjunto de las entidades y poderes adjudicadores, los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos en la Unión ganarían en transparencia; la simplificación del proceso de 
publicación redundaría en un beneficio económico para el contribuyente, especialmente en 
el capítulo de traducción a las once lenguas oficiales. En este contexto, la Comisión desea 
conocer la opinión de todas los interesados sobre la conveniencia de hacer obligatorio el 
uso del CPV. Otra solución podría consistir en facturar a los poderes adjudicadores que 
no utilicen el CPV y los formularios electrónicos normalizados para describir el objeto de 
sus contratos un importe proporcional a los costes añadidos de tratamiento de sus 
anuncios de licitación. 
III. Formación 
4.10 Las prácticas tradicionales en materia de contratos públicos sólo podrán 
modificarse si se consigue que evolucione la cultura administrativa, que la Administración 
se independice de su estrecha vinculación con los proveedores nacionales y acceda a un 
entorno transparente y verdaderamente comercial, abierto a otros licitadores, y se 
pretenda ante todo obtener la mejor relación entre calidad y precio. Cabe dentro de lo 
posible que la mejor forma de conseguir este cambio —y la menos costosa— sea 
conceder la mayor importancia a la formación sobre las normas de adjudicación de 
contratos públicos y las prácticas recomendadas en la materia. Pese a todo, algunos 
gobiernos parecen ver la formación como un lujo costoso, y los presupuestos destinados a 
este tipo de medidas son los primeros en sufrir las consecuencias de la austeridad 
presupuestaria. Sin embargo, para conseguir que las nuevas técnicas en el sector de los 
contratos públicos, como son por ejemplo los procedimientos electrónicos de notificación 
y adjudicación de contratos, sean aprovechadas en todo su potencial de eficacia y 
reducción de costes, es imprescindible que los responsables de la adjudicación de 
contratos sepan utilizarlas. 
4.11 Se perciben alentadores signos de cambio. Los actuales debates sobre la mejora 
de la competitividad europea subrayan cada vez más la importancia de la formación 
continua y de la aplicación de los conocimientos acumulados. En el sector de la 
contratación pública, esto requiere unos esfuerzos aún más constantes por garantizar una 
formación sistemática y rigurosa del personal correspondiente, para ofrecerles los medios 
necesarios para asegurar la eficacia de los procedimientos de adjudicación. 
22 DOCES 169, de 3.9.96. 
23 DOCE L 222, de 3.9.96 
25 
4.12 Independientemente del grado de urgencia de las necesidades, sería ilusorio creer 
que prácticas tradicionales muy arraigadas pueden modificarse de un día a otro. Para 
poner en práctica una política óptima de contratación pública, conviene tener plena 
consciencia de lo que significa buscar los mejores criterios comerciales. Por esta razón, la 
Comisión considera llegado el momento de tomar medidas en apoyo de la formación de 
los responsables de la contratación pública, para dotarles de la capacitación necesaria para 
gestionar las transformaciones, y ayudarles a comprender mejor su nueva función. Sin 
embargo, si se desea llegar a un auténtico cambio habrá que aplicar un programa que, 
garantizando tal formación en todo el territorio de la Comunidad, se centre en el 
aprendizaje de las mejores prácticas de contratación pública, sin limitarse a una mera 
formación parcial. Tal programa podría comprender ámbitos tales como la aplicación de 
las tecnologías de la información al sector de los contratos públicos y el intercambio de 
información sobre las prácticas más recomendables. Para elaborar un programa de este 
tipo sería necesaria la intervención de numerosas instancias, como la Comisión, los 
Estados miembros, los organismos nacionales del sector, las empresas, las universidades y 
demás partes interesadas. 
TV. Procedimientos electrónicos de contratación publicación 
4.13 Los actuales procedimientos de adjudicación de contratos públicos se basan en 
usos administrativos y medios de comunicación tradicionales: fundamentalmente, se trata 
de un sistema de notificación y difusión de anuncios y de presentación de ofertas en 
soporte de papel. Sin embargo, el progreso de la informática y de las telecomunicaciones 
hacen innecesario mantener estos sistemas; es hora de que la política comunitaria de 
contratación pública mire al futuro y recoja todas las posibilidades que ofrece el progreso 
tecnológico. A corto plazo, las nuevas tecnologías harán posible introducir 
procedimientos electrónicos para la notificación de los anuncios de licitaciones y la 
difusión de la información a las empresas. A más largo plazo, es probable que las 
telecomunicaciones y los sistema." informáticos revolucionen la adjudicación de contratos 
públicos: podría considerarse la creación de un sistema informatizado en el que las 
empresas publiquen la gama de productos y los precios, en forma de catálogos 
electrónicos; los órganos de contratación podrían así comparar los precios y las 
condiciones antes de decidirse por los productos cuyo precio sea más interesante. La 
generalización de la electrónica en el sector de los contratos públicos beneficiará a todos 
los participantes: en comparación con sistema actual en soporte de papel, los 
procedimientos serán más transparentes, más abiertos al diálogo con los contratistas y 
mucho más eficaces. 
4.14 La Unión Europea no puede permitirse el lujo de quedarse cada vez más atrás en 
este terreno. En las recomendaciones al Consejo Europeo del informe del grupo presidido 
por el Sr. Bangemann , los contratos públicos figuran entre los ámbitos del sector público 
en que es prioritario aplicar las tecnologías de la información; uno de los objetivos 
propuestos en el informe es que al menos el 10% de todos los poderes adjudicadores se 
doten de procedimientos electrónicos de adjudicación de contratos en un plazo de dos a 
tres años. Dos años después, parece claro que para lograr este objetivo es necesario un 
esfuerzo sostenido a todos los niveles. En 1995, en la conferencia del G7 sobre la 
24 Europa y la sociedad global de la información: recomendaciones al Consejo Europeo de Corfu, Bruselas, 26.5.94. 
26 
sociedad de la información, los participantes hicieron un llamamiento al sector privado 
para que adoptase iniciativas en este ámbito y se comprometieron a apoyar sus esfuerzos 
por desarrollar redes de información y prestar nuevos servicios vinculados a la 
información. 
a) Situación actual 
4.15 En el sector de la contratación pública, los planos en que resulta más apropiado 
valerse de las tecnologías de la información son los de procedimientos de notificación y 
difusión de los anuncios de licitación. Las directivas comunitarias obligan a los poderes 
adjudicadores a publicar sus anuncios de licitaciones en la Serie S del Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. Este suplemento cuenta ya con más de 300 páginas al día, y se 
espera que aumente aún más en los próximos doce meses; no es sorprendente que los 
proveedores tengan dificultades para seleccionar los anuncios que les interesan. Es 
preciso, simple y llanamente, que el sistema sea más eficaz y más fácil de utilizar. 
4.16 Se han realizado ya considerables progresos. Hace diez años se creó la base de 
datos TED, recientemente actualizada con la introducción de una aplicación más fácil, del 
vocabulario común de contratación pública (CPV) v de un acceso a Internet. En la 
actualidad se estudian otras mejoras . 
b) Notificación electrónica 
4.17 Las actuales tecnologías multiplican las posibilidades de incrementar la 
transparencia, limitar los costes de funcionamiento y reducir los plazos. Al objeto de 
concretar estas posibilidades, la Comisión ha iniciado un programa ambicioso denominado 
SIMAP (Sistema de información sobre contratos públicos), que parte de la experiencia 
acumulada gracias a la base TED e incluye varios proyectos diferentes. Su objetivo más 
inmediato es aumentar la capacidad del actual sistem? de publicación, de manera que 
pueda tratar sin problemas el creciente número de anuncios de licitaciones que hay que 
publicar. De hecho, es de esperar que con el programa SIMAP se consiga una mejor 
información sobre anuncios de contratos en unos plazos menores; es ésta una mejora que, 
además de ser ya urgente dado el rápido aumento del número de anuncios publicado, 
resulta esencial para acrecentar la transparencia de los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos en Europa. El programa SIMAP abre la posibilidad de mejorar los 
procedimientos de seguimiento y análisis de contratos, así como el intercambio de otros 
muchos datos útiles para que los proveedores seleccionen más fácilmente los contratos 
que les interesan. 
4.18 Dentro del programa SIMAP, se han puesto en marcha ya varios proyectos 
experimentales en los que participa un número limitado de compradores públicos y de 
proveedores de información. Se trata fundamentalmente de que los compradores públicos 
comuniquen electrónicamente los anuncios de contratos al Diario Oficial y a la base TED, 
y de dar a los proveedores un acceso en línea a los datos. Si estos proyectos se ven 
coronados por el éxito —y los primeros resultados son alentadores— podrán ser objeto 
de un desarrollo ulterior y dar origen a un sistema electrónico de notificación y difusión 
realmente operativo, al que tendrán acceso todas las entidades interesadas de la Unión 
(por medio de un quiosco electrónico de anuncios de licitaciones que comprenda toda la 
Comunidad). 
25 Véanse también los puntos 4.7 a 4.9. 
27 
4.19 Con este sistema, los poderes adjudicadores podrían transmitir sus anuncios 
electrónicamente en lugar de en papel. Queda por resolver la fundamental cuestión de 
cómo pasar del soporte de papel a la transmisión electrónica. Las últimas modificaciones 
de los textos legislativos prevén ya dispositivos de autorización de la transmisión 
electrónica de los anuncios de contratos; al principio, ambos sistemas coexistirán durante 
varios años. En estos momentos, es conveniente determinar si estos cambios deben 
introducirse de manera voluntaria o si es necesario prever una disposición legal que 
obligue a los compradores públicos a transmitir sus anuncios en soporte electrónico. En 
este último caso, conviene igualmente decidir si dicha obligación debe limitarse en un 
principio a las administraciones centrales y a los sectores especiales, antes de ampliarse. 
Es posible que gracias a la notificación electrónica de los anuncios de licitaciones puedan 
reducirse los plazos necesarios para la difusión de la información y quizás también, más 
tarde, los plazos de presentación de ofertas. La Comisión desearía recibir observaciones a 
este respecto. 
c) Difusión electrónica 
4.20 Dado el constante aumento de los anuncios de contratos publicados y los avances 
de las técnicas de publicación electrónica, es evidente que la versión sobre papel del 
suplemento del DOCE terminará por ser sustituida por versiones electrónicas. Fl estudio 
dt mercado realizado entre los suscriptores ha confirmado que la mayoría preferiría 
disponer de la información en el World Wide Web y que muchos estarían interesados por 
un CD-ROM. Ya se está estudiando un proyecto de CD-ROM, y es innegable que algunas 
rrejoras a la base TED, como por ejemplo la introducción de un accesp por Internet, 
aumentarían su atractivo. 
4.21 Actualmente, el suplemento del Diario Oficial cuenta con unos 13 000 
suscripto res; puede afirmarse que se trata sólo de una pequeña parte de las empresas 
potencialmente interesadas. Por lo tanto, conviene concebir versiones electrónicas o en 
línea para atraer a nuevos suscriptores, y para sustituir h versión en papel que reciben los 
actuales, cuya utilización es cada vez más complicada. 
4.22 Una vez qut estos sistemas de sustitución sean operativos y hayan sido aceptados 
por los suscriptores, se podrían modificar las disposiciones que obligan a publicar en el 
suplemento en papel del DO, con la introducción de una referencia a los medios 
electrónicos, de tal manera que la versión en papel pueda ser gradualmente abandonada a 
medida que vaya perdiendo popularidad. 
4.23 Dados los resultados del estudio de mercado, la Comisión tiene la intención de 
publicar únicamente breves resúmenes de los anuncios de contratos en una serie del 
DOCE mucho menos voluminosa, y de poner a disposición del público la información 
completa en una base de datos, propuesta igualmente en forma de CD-ROM o accesible a 
través de Internet. Se examinará igualmente la posibilidad de producir únicamente la 
versión en base de datos o de ofrecer la información exclusivamente por medio de 
terceros autorizados para ello. 
4.24 La Comisión expresa su deseo de que todos los interesados, Estados miembros, 
poderes adjudicadores y proveedores, le hagan llegar sus observaciones o comentarios a 
las diversas posibilidades expuestas. 
28 
d) Sistema de contratación pública enteramente electrónico 
4.25 La tecnología ofrece posibilidades mucho más amplias que las aplicaciones, 
relativamente simples, relativas a la transmisión y difusión electrónica de los anuncios de 
licitación. A largo plazo, el porvenir de la informatización de los contratos públicos pasará 
inevitablemente por la puesta en marcha de un sistema de adjudicación de contratos 
enteramente electrónico. El empleo de procedimientos electrónicos podría no solamente 
ampliarse para el cumplimiento de todas las obligaciones actualmente impuestas por las 
directivas (por ejemplo la obligación de publicación), sino también, de manera mucho más 
radical, a todas las demás etapas de la adjudicación y ejecución de contratos públicos. De 
esta manera podrían efectuarse mediante un sistema enteramente electrónico la 
comunicación de los pliegos de condiciones y la presentación de ofertas, así como los 
intercambios de información durante la ejecución del contrato (incluidas facturas y pagos). 
Sin embargo, hay que señalar que, a diferencia de la publicación de anuncios de licitación, 
este tipo de aplicaciones no son competencia directa de la Comisión: estas cuestiones se 
dejan a la libre apreciación comercial de los poderes adjudicadores y operadores 
económicos. Naturalmente, la Comisión tiene la intención de seguir estrechamente 
asociada al desarrollo de estas aplicaciones, que indudablemente afectarán mucho a la 
normativa comunitaria en el sector de la contratación pública, y conviene no desdeñar el 
riesgo de que unos sistemas nacionales incompatibles originen nuevos e importantes 
obstáculos a los intercambios interiores (y exteriores). 
4.26 El sistema que hay que poner en marcha debe estar dotado de la flexibilidad 
suficiente para responder al reto de la constante evolución del sector de la contratación 
pública. Dado que las directivas sobre contratos públicos no contienen disposiciones 
específicas sobre tecnología de la información, las normas existentes serán, en la medida 
de lo posible, interpretadas para adaptar su aplicación a las posibles innovaciones. Aunque 
la Comisión ha partido de la hipótesis de que no va a proponer ninguna modificación del 
marco legal de los contratos públicos, no se excluye que, en determinados ámbitos, los 
avances técnicos, aun sin poner en tela de juicio los principios fundamentales del sistema 
actual, hagan sin embargo necesaria la presentación de propuestas legislativas específicas. 
Uno de estos ámbitos- podría ser el de procedimientos electrónicos de adjudicación de 
contratos públicos. 
e) Experiencia fuera de la Unión Europea 
4.27 A pesar de la natural incertidumbre en torno a la forma en que las tecnologías de 
la información se integrarán en el sector de los contratos públicos en los próximos años, 
es posible exponer algunos casos ilustrativos importantes. Por ejemplo, la administración 
norteamericana ha confiado la difusión de la información sobre anuncios de licitaciones a 
una docena de empresas privadas, autorizadas a tal efecto, que han desarrollado las 
denominadas Redes de Valor Añadido (RVA). Estas redes ofrecen datos de excelente 
calidad sobre las posibilidades abiertas por la contratación pública en los Estados Unidos y 
en el extranjero; otro caso similar de participación del sector privado puede verse en 
Canadá. Teniendo en cuenta el valor comercial de los datos sobre contratos públicos, el 
sector privado europeo podría igualmente estar interesado por su difusión, pese a que el 
multilingüismo en la Unión puede representar un freno. A este respecto, la Comisión 
26 Véase igualmente el capitulo 6. 
29 
acogerá favorablemente cualquier manifestación de interés por parte de los operadores del 
sector privado. Conviene reflexionar sobre los medios de mejorar la información 
disponible sobre los proveedores potenciales de productos y servicios, así como sobre la 
manera de incentivar al sector privado para ofrecer la infraestructura necesaria para que 
las relaciones comerciales con los poderes adjudicadores se lleven a cabo por vía 
electrónica. Estas cuestiones exigen una profunda reflexión de todas las partes 
interesadas, esencialmente para definir las modalidades de cooperación en la concepción 
de los útiles y servicios necesarios. 
4.28 La introducción de la electrónica en el sector de la contratación pública es un 
fenómeno mundial. Nuestros principales interlocutores comerciales han iniciado ya 
ambiciosos programas al objeto de, por un lado, crear accesos electrónicos integrados a la 
información sobre sus contratos públicos y, por otro, generalizar el recurso a los 
procedimientos electrónicos de licitación para sus adquisiciones. Al igual que muchas 
otras innovaciones tan recientes como fascinantes, estos avances albergan tanto una 
multitud de nuevas posibilidades como un considerable potencial de problemas. En cuanto 
al número de posibilidades, citaremos fundamentalmente la mayor disponibilidad de los 
datos sobre contratos públicos: nuevas y perfeccionadas aplicaciones informáticas hacen 
ya posible que las empresas accedan a toda la información deseada pulsando un simple 
botón, independientemente de su localización geográfica. Con respecto a los peligros, es 
de temer que las consideraciones de política nacional y los intereses nacionales pesen 
demasiado sobre los gobiernos; ello podría traer consigo la implantación de sistemas cuya 
incompatibilidad técnica dificulte la comunicación, lo que impediría aprovechar todo el 
potencial de los procedimientos electrónicos de adjudicación de contratos. Con el apoyo 
de la Comisión, el comité de contratos públicos de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) —que se ocupa de aspectos de la aplicación del Acuerdo sobre contratación 
pública— ha comenzado a examinar el problema de la aplicación de las tecnologías de la 
información en el sector de la contratación pública. Existen también invitaciones de la 
industria para examinar la posibilidad de establecer un sistema de adquisiciones públicas 
por'vía electrónica compatible entre la Unión Europea y Estados Unidos. Mediante este 
debate en el seno del Comité del ACP se pretende conseguir un acuerdo entre todos los 
países signatarios del ACP sobre los sistemas compatibles; de esta forma, se tratarán 
también las cuestiones esenciales de la definición de normas y de procedimientos técnicos 
internacionalmente aceptados. 
f) Conclusión 
4.29 Tras haber analizado las reacciones al presente Libro Verde, la Comisión tiene la 
intención de publicar un documento orientativo sobre los procedimientos electrónicos de 
contratación pública, que tendrá especialmente en cuenta las reflexiones sobre el comercio 
electrónico y la sociedad de la información. El objetivo es elaborar, con ayuda de los 
Estados miembros, un programa de medidas que precise las modalidades de desarrollo de 
los procedimientos electrónicos en los próximos cinco años. 
30 
V. Preguntas 
1. ¿Se ha concedido la suficiente importancia al seguimiento de la correcta 
aplicación de las normas de adjudicación de contratos públicos como medio de 
prevenir los problemas o de detectar posibles infracciones? ¿Desea formular 
alguna sugerencia para mejorar los sistemas de seguimiento de la Comunidad y 
de los Estados miembros? ¿Considera conveniente desarrollar más la idea de un 
seguimiento transfronterizo, por ejemplo mediante un observatorio europeo que 
evalúe la conformidad de la adjudicación de contratos con la normativa sobre 
contratación pública? 
2. Es esencial disponer de incentivos para fomentar la eficacia de los 
procedimientos de seguimiento en el sector. ¿Qué tipo de medidas (verificaciones 
cruzadas, publicación de los resultados obtenidos, primas, etc.) podrían aplicarse 
a escala nacional? 
3. ¿Está usted satisfecho de la información ofrecida por la Comisión o los Estados 
miembros sobre la contratación pública? En su opinión, ¿hasta qué punto sería 
útil publicar un boletín informativo que resuma regularmente los avances más 
recientes del sector y estimule los intercambios de opiniones y experiencias a 
nivel europeo? 
4. ¿Qué otras fuentes de información existen? ¿Cuál es la información de tipo 
estadístico que podría responder a la necesidad de información y de 
transparencia? 
5. En el marco de las reglas sobre protección de los intereses financieros, existen 
disposiciones reglamentarias que prevén la obligación de los Estados de 
comunicar regularmente a la Comisión los casos de fraude o de irregularidad. 
Estas obligaciones se aplican ya en los casos de contratos públicos con 
financiación comunitaria. ¿Podría extenderse este sistema de información al 
conjunto de los contratos públicos? 
6. ¿Ha tomado su Estado miembro alguna iniciativa en materia de formación? (en 
caso afirmativo, explicar los detalles) ¿Se dedica la suficiente atención a la 
formación sobre la aplicación de las tecnologías de la información a los contratos 
públicos? 
7. ¿Es necesario un programa comunitario para fomentar las actividades de 
formación y asegurar que se generalizan las prácticas más adecuadas en materia 
de adjudicación de contratos públicos? ¿Qué rma y duración debería tener? 
¿Cómo podría conseguirse la plena participación de los Estados miembros, los 
profesionales del sector, las universidades y las empresas en este tipo de 
programa? 
8. ¿Qué mejoras es conveniente introducir en la Serie S del Diario Oficial y en la 
base de datos de licitaciones (TED)? 
31 
9. ¿Pueden los sistemas electrónicos de notificación y difusión de anuncios 
aumentar la eficacia de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 
y hacer que estos últimos sean más accesibles para las empresas? ¿Pueden 
contribuir a la apertura de los contratos públicos? 
10. ¿Cuál es -la mejor forma de motivar a los poderes adjudicadores para que 
transmitan sus anuncios de licitación por vía electrónica (base voluntaria u 
obligación legal)? ¿Qué incentivos pueden contemplarse en este ámbito? 
11. ¿Qué factores considera usted esenciales para aprovechar plenamente las 
posibilidades de los sistemas electrónicos en materia de contratos públicos? 
¿Cuáles deben ser las funciones respectivas de la Comisión, Estados miembros, 
poderes adjudicadores, contratistas y diseñadores de aplicaciones informáticas? 
12. ¿Se interesa el sector privado por la prestación de servicios de información sobre 
contratos públicos en la Unión? 
13. ¿Debe darse especial prioridad a la celebración de debates encaminados a lograr 
un acuerdo con nuestros principales interlocutores comerciales sobre la 
compatibilidad técnica de los sistemas electrónicos de adjudicación de contratos 
públicos? 
32 
5. CONTRATACIÓN PUBLICA Y OTRAS POLÍTICAS COMUNITARIAS 
La política de contratos públicos incide positivamente sobre el resto de las políticas 
comunitarias. Por ejemplo, al aumentar la transparencia del acceso al mercado, abre a 
las PYME nuevas zonas de venta; sin embargo, este tipo de empresas sigue 
experimentando ciertas dificultades para participar con eficacia en los contratos 
públicos. La Comisión presenta a continuación algunas medidas que podrían mejorar 
esta situación. 
En el ámbito de la normalización, la Comisión piensa profundizar en los esfuerzos, que 
está realizando conjuntamente con las empresas, para que los organismos de 
normalización establezcan normas europeas utilizables en los pliegos de condiciones, 
que contribuyan a la apertura efectiva de la contratación pública. 
Las importantes obligaciones financieras que supone la construcción de las redes 
transeuropeas tienen un elemento de apoyo en los procedimientos de adjudicación 
previstos en las directivas, que garantizan a los inversores un nivel satisfactorio de 
rentabilidad. La Comisión se declara dispuesta a aclarar la normativa en aquellos casos 
en que tal medida sea necesaria para garantizar una colaboración entre el sector público 
y el privado. 
La correcta aplicación de las normas comunitarias posibilita asimismo una óptima 
distribución de los recursos comunitarios de los Fondos Estructurales y Regionales. 
Con tal intención, la Comisión propone algunas medidas que pueden mejorar el respeto 
de estas normas en los procedimientos de adjudicación de contratos cofinanciados por 
tales fondos. El Libro Verde describe la situación con respecto a los contratos 
adjudicados por las instituciones de la Unión o por terceros países beneficiarios de 
recursos comunitarios. 
La normativa de contratación pública puede contribuir a lograr los objetivos de las 
políticas social y medioambiental. En el presente capítulo se describen las posibilidades 
que las directivas de contratos públicos aportan a tales objetivos. Tras el debate 
iniciado por el presente Libro Verde, la Comisión analizará de qué manera pueden 
integrarse mejor los aspectos sociales y medioambientales en la aplicación de esta 
normativa. 
Por último, la Comisión da la bienvenida a cualquier iniciativa que tenga por objeto 
reforzar la competencia en el sector de los contratos en el sector de defensa, para 
contribuir a que la política de seguridad y defensa se vea dotada de una identidad 
europea, al tiempo que se fomenta la competitividad de nuestra industria. 
I. PYME 
5.1 En estos momentos, la mayor parte de nuestras grandes empresas han acumulado 
ya una experiencia considerable en la adjudicación de contratos públicos en el extranjero. 
En general, no tienen dificultades para reunir datos sobre un anuncio determinado, y 
cuentan con la suficiente experiencia para participar en ellos. Sigue siendo frecuente la 
presentación de ofertas a través de filiales o de asociaciones de empresas cuyo responsable 
procede del mismo Estado miembro que el del órgano de contratación. Todavía es 
33 
limitado el número de contratos adjudicados directamente en otro Estado miembro. Lo 
mismo ocurre con la pequeña y mediana empresa (PYME), cuya dimensión le plantea más 
dificultades. En efecto, a pesar de que una encuesta sobre las PYME realizada en 1994 
por las Euroventanillas indicaba algunas empresas que habían obtenido contratos en otros 
Estados miembros, se trata de casos aislados que no permiten generalizar. 
5.2 Sin embargo, es necesaria una participación más amplia de las PYME en la 
contratación pública, dada su importancia en la economía europea: estas empresas 
facturan más del 65% del volumen de negocios generado por el sector privado en la 
Unión. El aumento de su participación tendría por efecto la creación de un núcleo de 
PYME capacitadas para aprovechar la apertura de los contratos públicos, no solamente en 
la Unión Europea, sino también en los países contemplados en el acuerdo GATT sobre 
contratos públicos (véase el capítulo 6) y, al mismo tiempo, permitiría a estas empresas 
contribuir más al crecimiento, a la competitividad y al empleo. Los objetivos 
fundamentales de un mercado interior en la contratación pública (ampliación de la gama 
de contratistas a los que pueden recurrir los poderes adjudicadores y aumento de la 
competitividad de la industria comunitaria) sólo podrán alcanzarse si las PYME disponen 
de un acceso real a los contratos europeos. 
5.3 Tras la publicación de diversas comunicaciones y resoluciones sobre las PYME y 
el mercado interior , se han emprendido tareas que han conducido a la determinación de 
una serie de problemas que se plantean a las PYME, no solamente en el curso del 
procedimiento de adjudicación, sino también antes y después del mismo. 
5.4 De este modo, desde la propia fase de programación de su actividad empresarial, 
las PYME no pueden organizarse fácilmente para participar con eficacia en los contratos 
que podrían interesarles. Esto es debido a numerosos factores: la dificultad de adaptar sus 
actividades a las necesidades del mercado, la falta de datos prácticos sobre los contratos 
existentes en su sector, la carencia de personal formado y de la asistencia técnica necesaria 
para dominar los procedimientos de calificación previa, sobre todo en los sectores 
especiales y, en algunas ocasiones, la preparación de las ofertas; se debe igualmente a los 
problemas que plantea cumplir los requisitos de certificación de la calidad, al hecho de que 
con frecuencia existe demasiada desproporción entre la dimensión de estas empresas y la 
de los contratos sujetos a las directivas, para los que se convoca un concurso a escala 
comunitaria. A este último problema hay que añadir la dificultad de llegar a formas de 
asociación eficaces y ventajosas entre las PYME. 
27 Encuesta sobre los efectos del mercado interior realizada entre más de 140 PYME en doce Estados miembros. Véase el 
comunicado de prensa de la Comisión IP(95) de 10.4.95. 
28 Véanse, por ejemplo, las comunicaciones de la Comisión: COM(90)166 de 7.5.90, "Sobre el fomento de la participación de las 
pequeñas y medianas empresas en la contratación pública de la Comunidad"; SEC(92)722 de 1.6.92, "La participación de las 
PYME en la contratación pública en la Comunidad", SEC(92)1052 de 3.6.92, "Comunicación de la Comisión al Consejo 
relativa a las medidas en favor de las industrias suministradoras de los sectores de servicios públicos en las regiones 
estructuralmente menos avanzadas de la Comunidad"; SEC(92) 2214 de 18.11.92, "sobre los plazos de pago en las 
transacciones comerciales"; COM(93) 632 de 22.12.93, ""Aprovechar al máximo el mercado interior: Programa estratégico"; 
COM(94) 207 de 3.6.94, "Programa integrado en favor de las PYME y del artesanado"; las resoluciones del Consejo de 
22.11.93, DOCE C 326/1, "sobre el fortalecimiento de la competitividad de las empresas, en particular de las pequeñas y 
medianas empresas y del artesanado, para fomentar el empleo" y de 22.4.96, DOCE C 130/1, "sobre la coordinación de las 
actividades comunitarias en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y del artesanado"; la resolución del 
Parlamento de 21.4.93, DOCE C 150/71, sobre las comunicaciones de la Comisión al Consejo "Hacia el mercado europeo de 
la subcontratación" y sobre "la participación de las PYME en la contratación pública en la Comunidad". 
34 
5.5 También se plantean problemas a las PYME en la fase de adjudicación de 
contratos. Por ejemplo, es difícil acceder rápidamente a la información necesaria para 
elaborar las ofertas; especialmente, hallar e interpretar los anuncios de licitaciones que 
pueden ser interesantes, el objeto del contrato, las normativas aplicables (incluidas las 
normas nacionales), las normas y especificaciones técnicas. Según un estudio reciente29, el 
retraso en enviar los pliegos de condiciones por parte de los poderes adjudicadores 
plantea un auténtico problema para la participación de las PYME, ya que, en numerosos 
casos (más del 50% de los examinados), hace imposible presentar una oferta válida dentro 
de plazo. Los costes de presentación de las ofertas, así como la búsqueda de garantías 
financieras a unos tipos competitivos, constituyen igualmente obstáculos no desdeñables 
para estas empresas. 
5.6 Surgen igualmente dificultades para las PYME en la fase de ejecución de los 
contratos: responder a los requisitos de garantías de buena ejecución aceptados en el 
momento de la firma del contrato, obtener sin retrasos el pago de sus prestaciones o de 
sus suministros, resolver los posibles litigios mediante procedimientos rápidos y poco 
costosos, o disponer de una protección adecuada en su calidad de subcontratantes. 
5.7 Ante estos problemas, ya se han tomado medidas a nivel comunitario. Por cuanto 
hace al aspecto "información", determinadas redes creadas con el apoyo de la Comunidad 
(incluido un núcleo de Euroventanillas especializadas en la contratación pública) proponen 
ya servicios de información y apoyo, en cooperación con consultores privados. Estas 
redes, a las que se añaden varios servicios locales, sectoriales o nacionales, ofrecen 
también datos sobre los contratos de importes inferiores a los límites establecidos en las 
directivas, así como información adicional sobre los proyectos de contratos públicos de 
determinados poderes adjudicadores. Además, la nueva presentación de los anuncios de 
contratos publicados diariamente en el Diario Oficial facilita sin duda alguna la tarea de las 
PYME que tienen acceso al mismo, permitiéndoles hacerse con la suficiente información 
sobre las posibilidades de contratos, en particular en otros Estados miembros. 
5.8 Asimismo, la Comisión ha adoptado algunas medidas encaminadas a ofrecer 
información y asistencia técnica a las PYME de regiones desfavorecidas, para permitirles 
participar en los contratos públicos europeos. Entre ellas figuran la iniciativa PRISMA 
(preparación de las empresas para el mercado interior) hasta 1994 y las nuevas iniciativas 
PYME e INTERREG II , que comprenden también el fomento de la asociación entre 
PYME de Estados miembros diferentes, así como la formación especializada. 
5.9 La Comisión considera recomendable adoptar otras iniciativas, y acogerá 
favorablemente cualesquiera observaciones sobre las posibilidades que, en esta 
perspectiva, se exponen a continuación. 
5.10 En el plano de la información general, podría ser útil la publicación de una guía 
práctica que explique a las PYME los medios de prepararse para participar en contratos 
públicos, así como la elaboración de documentos interpretativos sobre aspectos de la 
aplicación de las directivas particularmente interesantes para estas empresas, como el 
29 Euroventanilla Aarhus County, "Analysis of irregularities occurring in tender notices published in the Official Journal of the 
European Communities 1990-1993", estudio presentado a la Comisión en 1996. 
30 PRISMA (91/C 33/05), DOCE C 33/9 de 8.2.91. 
31 Iniciativas PYME (94/C 180/13), DOCE C 180/10 de 1.7.94. 
32 INTERREG II (94/C 180/13), DOCE C 180/60 de 1.7.94. 
35 
fraccionamiento de los contratos en lotes, la publicación de anuncios indicativos o el 
problema de los plazos de difusión de la documentación sobre los contratos. 
5.11 En cuanto a la información sobre contratos concretos, podría contemplarse la 
adaptación de la base TED a las necesidades específicas de las PYME Otra posibilidad 
sería aprovechar la creciente popularidad de la red Internet y del World Wide Web para 
permitir a un público mucho más amplio acceder a estas informaciones. A este tipo de 
iniciativas no se oponen obstáculos técnicos reales, pero su é\ito exigirá, sin duda, cierta 
coordinación a nivel europeo. Además, podría resultar útií exigir más transparencia por 
parte de los poderes adjudicadores, fomentando la utilización del vocabulario común de 
contratación pública (CPV) y de formularios normalizados para los documentos del 
procedimiento dentro de lo posible, lo que facilitaría el intercambio de datos 
informatizados . 
5.12 Por cuanto hace a la preparación de los procedimientos de contratación, las 
PYME verían indudablemente facilitada su participación si los poderes adjudicadores 
simplificasen y diesen mayor apertura a sus prácticas, mediante la formación de las 
personas responsables de la gestión de los contratos públicos, y el intercambio de 
funcionarios y de información sobre las prácticas más adecuadas en la materia. 
5.13 Dada su dimensión, se facilitaría la participación efectiva de las PYME en un 
mercado cada vez más internacionalizado si se estableciesen formas de cooperación entre 
tales empresas. Por esta razón, podría ser útil profundizar en la adecuación de la 
Agrupación europea de interés económico (AEIE) para fomentar la cooperación entre 
PYME, sobre todo en los contratos públicos transfronterizos. 
5.14 Un aspecto muy importante para las PYME, que las directivas no tratan 
directamente, es la subcontratación. Hay que recordar que la Comisión está llamada "a 
continuar desempeñando, en concertación con los Estados miembros, las funciones 
generales de impulsión, iniciativa y coordinación de medidas destinadas a la creación de 
unas condiciones favorables para la subcontratación" . En esta perspectiva, podrían 
iniciarse medidas en este ámbito, como por ejemplo mejorar la actual red de bases de 
datos que ofrecen informaciones sobre la subcontratación, o fomentar la elaboración de 
códigos de buenas prácticas y de cláusulas contractuales tipo. Con el fin de cuantificar la 
importancia económica de la subcontratación en Europa, investigaciones piloto han sido 
realizadas en diez Estados miembros sobre la base de un método común elaborado por 
Eurostat. Se han hecho estas investigaciones a empresas subcontratadas y empresas 
mandantes de tres sectores económicos (automóvil, electrónica, textil) y los resultados 
serán publicados antes del final de 1996. 
5.15 Otro aspecto que afecta muy de cerca a las PYME es el de los plazos de pago. A 
este respecto, la Comisión, tras amplias consultas, ha dirigido una recomendación a los 
Estados miembros , invitándoles a asegurarse de que sus poderes adjudicadores observan 
una cierta disciplina en materia de pagos. Así, por ejemplo, se prevé un plazo para 
33 A este respecto, véanse los argumentos desarrollados en el capítulo 4. 
34 Véase la Resolución del Consejo de 26 de septiembre de 1989 relativa al desarrollo de la subcontratación en la Comunidad, 
DOCE C 254/1 de 7.10.89. 
35 Recomendación de la Comisión relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales, DOCE L 127/19 de 10.6.95 y C 
144/3 de 10.6.95. 
36 
efectuar los pagos, así como el abono de intereses de demora. Los Estados miembros 
deben presentar un informe sobre la aplicación de esta recomendación antes de finales de 
1997. Actualmente, la Comisión se manifiesta interesada en recibir cualesquiera 
observaciones de los operadores sobre esta cuestión. 
5.16 Más en general, la Comisión considera que las PYME podrían acceder 
efectivamente a los contratos públicos gracias a una serie de medidas concretas, basadas 
en un análisis en profundidad de las necesidades y posibilidades prácticas de estas 
empresas, y sobre todo gracias al desarrollo de redes de servicios que apoyen su actividad 
ofreciendo la información necesaria, asistencia técnica, y la formación adecuada. Tras el 
proceso de consultas iniciado por el presente Libro Verde, la Comisión tiene la intención 
de presentar una comunicación sobre las medidas que propone en este ámbito. 
II. Normalización 
5.17 Las normas y especificaciones técnicas que describen las características de las 
obras, suministros o servicios objeto del contrato son un elemento fundamental de los 
esfuerzos de apertura de la contratación pública. La utilización de normas nacionales 
puede limitar en gran medida el acceso de los proveedores no nacionales a estos 
contratos. A este respecto, las directivas prevén que los poderes adjudicadores recurran a 
una definición de las especificaciones técnicas por referencia a las normas o acuerdos 
técnicos europeos, sin perjuicio de las reglas técnicas nacionales obligatorias, siempre que 
sean compatibles con el derecho comunitario. En las directivas se ha hecho un esfuerzo 
por resolver este problema, obligando a los poderes adjudicadores a referirse a normas 
europeas siempre que éstas existan. Tras los mandatos de la Comisión en el marco de la 
resolución del Consejo de 1985 sobre un nuevo enfoque en materia de armonización 
técnica y de normalización , los organismos europeos de normalización (CEN, 
CENELEC, ETSI) han elaborado numerosas normas europeas, posteriormente 
incorporadas a nivel nacional. Además, en determinados casos se confiaron mandatos 
relacionados con la contratación pública. Este esfuerzo debe intensificarse, puesto que aún 
hoy se da defacto en la práctica la compartimentación de determinados contratos, debido 
esencialmente a la insuficiencia de los esfuerzos de normalización. Actualmente, y en 
concertación con las empresas, la Comisión está analizando en qué ámbitos serán 
necesarios nuevos mandatos; da la bienvenida a cualesquiera observaciones de las partes 
interesadas sobre la cuestión general de la normalización y de las especificaciones técnicas 
en el ámbito de los contratos públicos, así como a aquellas encaminadas a identificar los 
sectores en los que la ausencia de normas europeas plantea problemas para la apertura de 
los contratos públicos. 
III. Redes transeuropeas (RTE) y transportes en particular 
5.18 Según el Tratado de Maastricht, la Unión Europea debe fomentar la creación de 
un conjunto de redes transeuropeas (RTE) en los sectores de transporte, energía y 
telecomunicaciones. Llevando a buen puerto esta tarea se contribuirá al óptimo 
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el mercado interior: invertir en las RTE 
es invertir en nuestro futuro. Esta política es crucial para la competitividad general de la 
economía de la Unión y, a la vez directa e indirectamente, para la creación de empleo. Ya 
36 Resolución de 7.4.85, DOCE C 136/1, de 4.6.85. 
37 
están en curso varios grandes proyectos, como la construcción del tramo ferroviario y 
viario del Oresund entre Dinamarca y Suecia, la modernización del aeropuerto de 
Malpensa en Milán y la construcción de un vínculo ferroviario entre Cork y Stranraer, 
aunque en otros proyectos prioritarios se avanza con lentitud. 
5.19 En un entorno de creciente restricción de los presupuestos nacionales, el Consejo 
Europeo ha subrayado la importancia de la financiación privada en los esfuerzos de la 
Unión por aumentar la inversión en infraestructuras de RTE. Es cada vez más improbable 
que los proyectos de inversión se financien exclusivamente mediante subvenciones de las 
administraciones locales o nacionales. Dado que estos proyectos exigen cuantiosas 
obligaciones financieras, es necesario encontrar nuevas maneras de reunir capital. 
Numerosas organizaciones del sector privado han indicado claramente su creciente 
disposición a invertir considerablemente en los proyectos de RTE y a hacerlo mediante la 
aportación de capital riesgo, pero aún quedan por superar algunos obstáculos. 
5.20 En su informe el Consejo Europeo de Madrid (diciembre de 1995), la Comisión 
describió diversos medios de eliminar los obstáculos a la financiación privada de los 
proyectos de RTE. Además de la dificultad de garantizar una rentabilidad aceptable, se 
mencionaba también el problema de los riesgos no comerciales vinculados al cambio de 
política de los poderes públicos; la Comisión está examinando actualmente esta cuestión. 
Por su parte, el sector privado se ha mostrado preocupado por la aplicación de las normas 
comunitarias de contratación pública, y determinados medios consideran que las directivas 
pueden constituir un freno a la participación del sector privado. 
5.21 El objetivo último de las directivas comunitarias de contratación pública es crear 
las condiciones de una competencia leal y abierta para estos contratos en el mercado 
interior. Su objetivo es facilitar, y no obstaculizar, la participación del sector privado en 
los proyectos. La Comisión considera que las normas comunitarias en materia de 
contratos públicos tienden a facilitar la participación de dicho sector en las redes 
transeuropeas, sin que sea necesario, en la situación actual, modificar el marco jurídico 
existente. En el caso de que sea necesario aclarar este marco, la Comisión está dispuesta a 
abordar las diversas cuestiones conjuntamente con las partes interesadas, para eliminar 
cualesquiera trabas a la colaboración entre el sector público y el privado. Además, tal y 
como indica en su informe al Consejo Europeo de Madrid, la Comisión ha establecido una 
ventanilla de información especial "RTE" que puede de responder a las preguntas de 
asociados privados que participen en las RTE. 
5.22 En la actualidad, las empresas han señalado tres grandes problemas que, sin estar 
exclusivamente relacionados con los proyectos RTE, son indudablemente de primerísima 
importancia en este ámbito. Se trata de la fase previa a la convocatoria del concurso 
público, las concesiones a grupos de empresas y la utilización del procedimiento 
negociado3 . 
a) Fase previa al concurso 
5.23 El sector privado, que teme la posible infracción del principio de igualdad de 
trato, ha dado a conocer su reticencia a comprometerse en estudio o debate alguno antes 
37 Véase la exposición del capítulo 3. 
de la convocatoria del concurso sin tener la garantía de que no se verá posteriormente 
excluido de los procedimientos de adjudicación. La Comisión reconoce que, dada la 
complejidad de la mayor parte de los proyectos —algunos de los cuales pueden exigir 
soluciones enteramente novedosas—, puede ser necesario un diálogo técnico entre los 
poderes adjudicadores y las empresas privadas interesadas antes de la publicación del 
concurso. Si los poderes adjudicadores establecen barreras específicas —relativas tanto al 
fondo como al procedimiento— que eviten solicitar o aceptar informaciones que puedan 
restringir la competencia, el principio de la igualdad de trato no se verá conculcado. 
b) Concesiones otorgadas a grupos de empresas 
5.24 Como se ha indicado previamente (véase el capítulo 3), la concesión de una obra 
pública es la forma habitual de participación del sector privado (bajo su propia 
responsabilidad) en la construcción y explotación de infraestructuras en colaboración con 
el sector público. La Comisión observa que, conforme a las normas comunitarias 
aplicables en la materia, es esencial que los grupos de empresas, que participan bajo su 
propia responsabilidad, puedan licitar para concesiones sabiendo que podrán celebrar 
contratos con sus asociados para los suministros, servicios y obras necesarios. Las 
disposiciones de la directiva de obras en materia de concesiones aplicables a la 
construcción de infraestructuras públicas de transporte autorizan al grupo de empresas 
adjudicatario del contrato a actuar de esta manera. 
c) Utilización del procedimiento negociado 
5.25 La adjudicación de contratos de obras y servicios complejos puede justificar en 
determinados casos el recurso al procedimiento negociado. De conformidad con la 
directiva de sectores especiales, las entidades adjudicadoras pueden elegir libremente entre 
tres procedimientos (abierto, restringido o negociado) que exigen una convocatoria de 
concurso previa. En cambio, tal como se ha expuesto (véase el capítulo 3), en los sectores 
clásicos sólo es posible recurrir al procedimiento negociado en supuestos muy específicos, 
exhaustivamente enumerados. Por ejemplo, la directiva de servicios permite atribuir un 
contrato por mediu del procedimiento negociado cuando un servicio es demasiado 
complejo para ser descrito con la suficiente precisión, especialmente en el campo de los 
servicios intelectuales. Por si! parte, la directiva de obras autoriza el empleo del 
procedimiento negociado en determinados casos excepcionales, por ejemplo, cuando las 
obras presentan características o imponderables que hacen imposible fijar un precio global 
desde el comienzo. 
IV. Contratos con fondos de la Unión 
a) Fondos Estructurales y de Cohesión 
5.26 Durante los dos últimos años, la participación de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión en las inversiones de las administraciones de los Estados miembros se ha 
elevado a más de 50 000 millones de ecus. Se han aportado otros 34 000 millones de ecus 
por medio de otros instrumentos financieros (como préstamos del Banco Europeo de 
Inversiones y subvenciones procedentes de otras fuentes comunitarias). Además, la Unión 
tiene previsto gastar 57 000 millones de ecus de los fondos comunitarios en los dos años 
próximos. Es evidente la importancia de que los Estados confien en el respeto de las 
. 39 
normas y estén convencidos de que el dinero del contribuyente se emplea con la mayor 
eficacia posible, y de que se reduce al mínimo el riesgo de fraude. La normativa 
comunitaria de contratación pública y la de protección de los intereses financieros de la 
Comunidad tienen una función esencial que desempeñar a este respecto, teniendo en 
cuenta que para su aplicación no puede discriminarse según que se trate de contratos 
financiados por recursos nacionales o contratos para los que una participación de fondos 
estructurales o de cohesión sea requerida. 
5.27 El actual sistema de control de los Fondos Estructurales se basa en una 
• • 38 
Comunicación de 1989 de la Comisión al Consejo , que establece la obligación de los 
Estados miembros de verificar sistemáticamente el respeto de las normas de contratación 
pública y de confirmar, para cada una de las solicitudes de pago dirigidas a la Comisión, 
que éste ha sido efectivamente el caso. Sin embargo, son muy pocos los Estados 
miembros que se han dotado de un mecanismo de control sistemático y completo en la 
materia. Por su parte, la Comisión sólo puede liberar los fondos previa confirmación 
expresa de que se han respetado dichas normas. En caso contrario (por ejemplo, si los 
anuncios de licitación no han recibido la publicidad necesaria), la financiación puede ser 
suspendida, o incluso retirada, y puede iniciarse un procedimiento de infracción. Conviene 
precisar que, en el caso del Fondo de Cohesión, así como en los grandes proyectos del 
FEDER se realiza sistemáticamente una verificación previa en el momento de la 
instrucción de los expedientes de concesión de cofinanciación. 
5.28 La Comisión debe confiar cada vez más en que los Estados miembros cumplen 
sus obligaciones, particularmente teniendo en cuenta el constante aumento del número de 
proyectos. El problema se ha agudizado y es necesario hallar una solución: efectivamente, 
desde la reforma de los Fondos Estructurales, la gestión de los recursos (sobre todo la 
selección y seguimiento de los proyectos financiados) es competencia de los Estados 
miembros. Sin embargo, es evidente que este aumento del control de la gestión de los 
fondos debe acompañarse de una mayor responsabilidad en cuanto al respeto de las 
normas de contratos públicos. Por tanto, es esencial mejorar los actuales sistemas de 
control en el plano nacional. Conviene recordar que una importante reflexión se ha 
iniciado en el marco del ejercicio SEM 2000 sobre la necesidad de más transparencia y 
rigor en la utilización de los fondos estructurales. Proposiciones concretas en este sentido 
serán transmitidas al Consejo Europeo de Dublin, con la intención de clarificar ciertos 
criterios al tiempo que se favorece la cooperación y el diálogo entre los Estados y la 
Comisión respetando el interés de los beneficiarios. Se aborda igualmente las condiciones 
de aplicación de la corrección financiera en caso de fraude y de irregularidades, incluido el 
caso de corrección neta cuando un Estado persista en no cumplir con sus obligaciones de 
control. Los trabajos continuarán en 1997. Deben igualmente recordarse y subrayarse las 
obligaciones reglamentarias de transparencia en caso de irregularidades o de fraudes 
mediante la comunicación a la Comisión de los casos constatados. 
5.29 Aunque, en última instancia, mejorar los procedimientos es responsabilidad de los 
Estados miembros, la Comisión hará todo cuanto esté en su mano para que se establezcan 
cuanto antes unos sistemas de control mejores. Cualquier solución que se adopte debe ir 
más lejos que la mera detección de los problemas específicos planteados por los proyectos 
concretos. El objetivo debe ser crear un régimen que aporte un valor añadido. La 
38 COM(88)2510. DOCE C 22 de 28.1.89. 
40 
justificación del uso de los fondos, la eficacia y los resultados deben ser los aspectos clave 
de la gestión de los Fondos Estructurales. Las ventajas son evidentes: ahorros 
considerables a todos los niveles, una utilización más eficaz de recursos limitados, la 
mejora de la situación del empleo en las regiones afectadas, unos ciudadanos más seguros 
de que el erario comunitario se emplea provechosamente, y unos proyectos que satisfacen 
a sus usuarios. Para mostrar nuestra preocupación por la correcta utilización de los fondos 
públicos y por ganar la adhesión del público, la Comisión piensa que los Estados 
miembros deberían, en cada uno de los proyectos, dar a conocer que se ha hecho el mejor 
uso posible de los fondos desembolsados. 
5.30 El propio régimen puede ser perfeccionado gracias a modificaciones 
relativamente leves de los procedimientos. Por ejemplo, se podría prever que el 
funcionario nacional responsable de cada proyecto firme una declaración de que se han 
respetado las normas comunitarias de contratos públicos. Este tipo de declaración de 
responsabilidad personal ya se ha utilizado en otros ámbitos, al igual que en otros países 
no comunitarios, fundamentalmente en Estados Unidos; ha resultado ser uno de los 
medios más eficaces para obtener la mejor relación calidad precio y para evitar el fraude. 
Más en general, podría contemplarse la elaboración de un código de buenas prácticas que 
los funcionarios nacionales se comprometan a respetar. Naturalmente, la viabilidad de 
estas medidas debe estudiarse partiendo de las diferentes disposiciones nacionales relativas 
al estatuto de los funcionarios. 
5.31 La idea de la responsabilidad individual está inspirada en la noción de prevención. 
Para la gestión de los Fondos Estructurales, nuestra política debe ser anticipar: en efecto, 
más vale prevenir que curar. La aplicación del sistema de certificación (véase el capítulo 
3) a los poderes adjudicadores que reciben fondos comunitarios mejoraría 
considerablemente la situación y garantizaría que los beneficiarios disponen de 
mecanismos que permiten justificar que se ha hecho el mejor uso del dinero empleado con 
la misma eficacia que en el sector privado. Se trata del interés común de todos. La 
expedición de un certificado que dé fe de la existencia de un sistema eficaz de 
adjudicación de contratos no requiere un gran esfuerzo de los poderes públicos, con 
respecto a la ventaja que representan los considerables ahorros en fondos comunitarios. 
5.32 Recurrir a autoridades independientes (véase el capítulo 3) para velar por el 
respeto de la normativa de contratos públicos por lo que respecta a los fondos 
comunitarios sería una propuesta de mayor envergadura. Sin perjuicio de las competencias 
de la Comisión, estos organismos podrían desempeñar un papel importantísimo, no 
solamente supervisando la actuación de las autoridades públicas, sino también 
aconsejando. Estas funciones podrían igualmente ser confiadas a un Tribunal de Cuentas 
nacional o a una autoridad independiente análoga. 
5.33 Todos los problemas que se plantean no pueden ser resueltos mediante 
propuestas relativas únicamente a la aplicación del régimen. Sólo se conseguirá 
transformar permanente y estructuralmente la adjudicación de contratos públicos en que 
existe financiación comunitaria si las soluciones específicas se ven acompañadas de un 
proceso de adaptación permanente, en estrecha cooperación con los Estados miembros. 
Para obtener cambios reales y duraderos puede ser necesario hacer oficiales estas 
iniciativas (por ejemplo, para instaurar el principio de la responsabilización). Esto es por 
otra parte conforme al espíritu y a los objetivos perseguidos mediante el ejercicio de la 
"buena y sana gestión financiera" (SEM 2000) llevada a cabo por la Comisión y por los 
41 
Representantes personales de los Estados miembros, a partir del impulso dado por el 
Consejo europeo de Madrid en 1995 sobre este tema. Las conclusiones de ese grupo 
acomodan estas preocupaciones de rigor, de transparencia en la buena utilización de los 
créditos y de reparto de las responsabilidades, y serán presentadas al Consejo europeo de 
Dublin en diciembre de 1996. 
5.34 Con el establecimiento de un mejor sistema nacional de control, la Comisión 
podría, por su parte, concentrarse en un control a posteriori de los proyectos (por 
ejemplo, en estrecha colaboración con el organismo independiente designado en cada 
Estado miembro); podría igualmente ser invitada a realizar una auditoría de los sistemas 
de control instituidos en cada país. Además, la Comisión se esforzará por mejorar, 
fundamentalmente mediante el recurso a las tecnologías de la información, los flujos de 
información entre sus servicios y los Estados miembros con respecto a los proyectos en 
curso. 
b) Concursos convocados por las instituciones europeas o financiados con 
recursos comunitarios 
5.35 Para adjudicar los contratos públicos relativos a su propio funcionamiento, así 
como para aplicar las diversas políticas que son responsabilidad de la Comunidad, las 
instituciones europeas están obligadas a cumplir los mismos requisitos que las entidades 
de los Estados miembros en virtud de las directivas de contratación pública, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 del Reglamento Financiero . Además, sólo 
los contratos adjudicados por el Consejo y por la Comisión están sometidos a las 
disposiciones del Acuerdo sobre contratación pública (ACP) de la Organización Mundial 
del Comercio (véase el capítulo 6). Las excepciones a las obligaciones impuestas por estos 
textos son: a) para el acuerdo ACP, los contratos adjudicados en el marco de ayudas 
alimentarias; b) para las obligaciones derivadas del artículo 56 del Reglamento Financiero, 
las mismas excepciones previstas en las directivas, a las que hay que añadir, en virtud del 
Título IX del Reglamento Financiero, los contratos adjudicados en el ámbito de las ayudas 
exteriores financiadas con los presupuestos de las Comunidades, a excepción de los 
contratos públicos de servicios adjudicados en el interés de la Comisión, a los cuales se 
aplica el régimen ordinario. Naturalmente, para todos estos contratos financiados con 
recursos comunitarios (Presupuesto general, FEOGA) en el marco de programas 
comunitarios (como PHARE, TACIS, MEDA, etc.), y en el marco del FED, que no 
pertenecen al ámbito de aplicación de las directivas, se aplican normas específicas, al igual 
que los principios fundamentales en materia de adjudicación de contratos, esencialmente 
los de transparencia y de igualdad de trato. 
5.36 Estas obligaciones, de alcance general muy amplio, han sido precisadas mediante 
recientes modificaciones del Reglamento Financiero, y van a seguir siéndolo con otras 
modificaciones previstas por la Comisión para precisar las excepciones citadas; todo ello 
con el objeto de asegurar una interpretación restrictiva de las mismas. Estas medidas de la 
Comisión responden a su preocupación por mejorar la gestión financiera, en conformidad 
con las orientaciones de la operación SEM 2000. 
39 Reglamento financiero de 21.12.77, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. Ultima modificación: 
Reglamento (CEE-Euratom-CECA) 2335/95 del Consejo de 18.09.95 (DOCE L 240 de 07.10.95). 
5.37 A la vez que favorece el recurso a la competencia, esta normativa se encamina a 
permitir una mejor utilización del presupuesto general de las Comunidades y de los 
Fondos de cooperación. En consecuencia, los servicios afectados deben esforzarse por 
aplicarla de la manera más completa. La Comisión desearía saber si las medidas previstas 
son suficientes para asegurar un acceso igualitario tanto a los contratos adjudicados por 
las instituciones europeas como a los contratos adjudicados por otros órganos o por 
terceros países sobre la base de los programas y recursos comunitarios. A este respecto, 
los países terceros que benefician de ayuda financiada por el presupuesto de las 
Comunidades deberían además ser invitados a comprometerse a respetar ciertas 
obligaciones, en especial en materia de control directo con el fin de descubrir 
irregularidades y malversaciones, de recuperar las cantidades malversadas y de sancionar 
los actos irregulares. 
V. Contratación pública y aspectos sociales 
5.38 La política social de la Unión Europea contribuye a velar por un elevado nivel de 
empleo y de protección social (artículo 2 del Tratado CE), la libre circulación de 
trabajadores, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el refuerzo de la 
cohesión económica y social, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, un nivel 
elevado de protección de la salud, el fomento de una educación y una formación de 
calidad y la inserción social de personas con minusvalías y otras categorías desfavorecidas. 
5.39 Los poderes y entidades adjudicadoras pueden verse obligados a aplicar los 
diferentes aspectos de la política social en el momento de adjudicación de sus contratos, 
ya que las adquisiciones públicas pueden constituir un importante medio de orientar la 
actuación de los operadores económicos. Entre los ejemplos que ilustran esta situación, 
pueden citarse las exigencias legales en materia de protección del empleo y de las 
condiciones de trabajo, cuya aplicación es obligatoria en el lugar en que se ejecuta un 
contrato de trabajo, o las denominadas "acciones positivas", es decir, la utilización de un 
contrato público como medio de conseguir el objetivo deseado, por ejemplo la 
constitución de un mercado cautivo para un taller protegido, del cual no cabe esperar que 
haga frente a la competencia de empresas comerciales tradicionales con una productividad 
normal. 
5.40 En estas situaciones, es de aplicación la normativa derivada del Tratado CE y de 
las directivas. Esta es la razón por la cual, desde el momento de la entrada en vigor de las 
directivas de contratos públicos, se ha planteado constantemente la viabilidad y 
conveniencia de perseguir estos objetivos sociales, teniendo en cuenta las limitaciones 
específicas que imponen las directivas para evitar que peligre su motivación esencial. 
5.41 Determinadas disposiciones, contenidas en todas las directivas, ofrecen una 
primera posibilidad al permitir la exclusión de los empresarios que hayan sido condenados 
por delitos relativos a su moralidad profesional o que, en su actividad, hayan cometido 
una falta grave. Evidentemente, esto también es válido cuando el delito o la falta grave se 
derivan de la violación de una legislación encaminada a fomentar objetivos sociales. Por 
tanto, en estos casos, las disposiciones citadas permiten indirectamente a los poderes 
adjudicadores perseguir objetivos sociales, excluyendo de los procedimientos de 
adjudicación de contratos a los candidatos que no hayan respetado este tipo de 
legislación. 
43 
5.42 Una segunda posibilidad consiste en imponer como condición de ejecución de los 
contratos públicos adjudicados el respeto de obligaciones de carácter social, encaminadas 
por ejemplo a fomentar el empleo de ias mujeres o a favorecer la protección de 
determinadas categorías desfavorecidas. A este respecto, la verificación de una condición 
de este tipo debería tener lugar fuera del procedimiento de adjudicación del contrato 
(véase la sentencia Beentjes citada, así como la Comunicación de la Comisión sobre los 
aspectos sociales y regionales de los contratos públicos ). Naturalmente, sólo se 
autorizan condiciones que no tengan efectos discriminatorios, directos o indirectos, con 
respecto a licitadores procedentes de otros Estados miembros. Además, debe asegurarse 
una transparencia adecuada mediante la mención de estas condiciones en los anuncios de 
licitación o en los pliegos de condiciones. 
5.43 En cambio, en estos momentos, las disposiciones de las directivas no tienen en 
cuenta las preocupaciones de orden social en la fase de verificación de la aptitud de los 
licitadores o candidatos a partir de los criterios de selección, que se refieren a la capacidad 
económica, financiera o técnica, ni tampoco en la fase de atribución de los contratos a 
partir de los criterios de adjudicación, que deben corresponder a las cualidades 
económicas inherentes a la prestación objeto del contrato. Por el contrario, hay que añadir 
que, con respecto a los contratos inferiores a los umbrales de aplicación de las directivas, 
los órganos de contratación pueden incluir en los criterios de adjudicación preferencias de 
carácter social, siempre que se extiendan, sin discriminación alguna, a todas las entidades 
comunitarias que presenten las mismas características. 
5.44 En este contexto, se plantea ante todo la cuestión de si es necesario aclarar, por 
medio de una comunicación interpretativa, las posibilidades que el derecho de 
contratación pública ofrece a las diversas categorías afectadas para realizar los objetivos 
comunitarios y nacionales de política social. Asimismo, es necesario determinar si estas 
posibilidades son suficientes para responder a las necesidades, o si serán necesarias otras 
medidas para garantizar la consecución de estos objetivos en la aplicación de las normas 
comunitarias sobre los contratos públicos, al tiempo que se salvaguarda una competencia 
leal. 
VI. Contratación pública y medio ambiente 
5.45 La política de protección del medio ambiente se ha convertido en una de las 
políticas comunitarias más importantes, en primer lugar tras las modificaciones del 
Tratado CE en virtud del Acta Única, y seguidamente las del Tratado de Maastricht. Se 
han adoptado más de 200 actos legislativos, sobre, entre otras cosas, la lucha contra la 
contaminación del aire, de las aguas y de la tierra, la gestión de residuos, las normas de 
seguridad de los productos, la evaluación del impacto ambiental y la protección de la 
naturaleza. Además, el artículo 13OR del Tratado CE prevé que las exigencias de 
protección del medio ambiente deben ser integradas en la definición y aplicación de las 
demás políticas de la Comunidad. Por su parte, algunos Estados miembros han 
desarrollado políticas muy avanzadas de protección del medio ambiente. 
40 Comunicación de la Comisión de 22.9.89, COM(X9) 400 final, DOCE C 311 de 12.12.89. 
44 
5.46 En este terreno, se observa que los Estados miembros (y sus órganos) integran 
cada vez más las consideraciones medioambientales en sus prácticas de contratación 
pública. Debido a sus dimensiones, estos contratos pueden incidir en gran medida sobre 
algunas actividades económicas, e incluso resultar determinantes para el desarrollo 
comercial de algunos productos. Así, por ejemplo, el Gobierno danés ha adoptado 
recientemente un "Plan de acción para una política "verde" en el ámbito de los contratos 
públicos". Otros Estados miembros estudian igualmente posibilidades de fomentar la 
compra de productos y servicios "verdes". Además, la OCDE ha aprobado recientemente 
una Recomendación sobre la mejora de la eficacia de las políticas nacionales de protección 
del medio ambiente41, según la cual los Estados miembros, y sobre todo sus gobiernos, 
deberían establecer y aplicar políticas de adquisición de bienes y servicios respetuosos con 
el medio ambiente. 
5.47 Indudablemente, la aplicación de las directivas de contratación pública deja a las 
autoridades públicas un margen de maniobra para fomentar la defensa del medio ambiente. 
A este respecto, es sin duda oportuno aclarar las posibilidades que abren las disposiciones 
generales de la legislación actual para tener en cuenta las preocupaciones 
medioambientales y, al mismo tiempo, precisar los límites de estas posibilidades. 
5.48 En primer lugar, al igual que en el caso de los aspectos sociales, la salvaguardia 
del meció ambiente puede asegurarse mediante disposiciones específicas cuya 
conculcación lleva aparejada la condena del empresario por un delito que afecta a su 
moralidad profesional o el reconocimiento de una falta profesional grave por su parte. En 
estos casos, las directivas permiten a las autoridades y entidades adjudicadoras excluir de 
procedimientos de adjudicación de contratos a todo empresario que haya infringido estas 
normas. 
5.49 En segundo lugar, la protección medioambiental puede integrarse en las 
prescripciones técnicas relativas a las características de las obras, suministros o servicios 
objeto de los contratos, es decir, las especificaciones técnicas que los órganos de 
contratación deben indicar en los documentos generales de los contratos y a las cuales 
deben conformarse los licitadores, en virtud de las directivas. Debería hacerse un esfuerzo 
por desarrollar norm-as europeas o especificaciones técnicas comunes encaminadas a 
incorporar y revalorizar los aspectos medioambientales, y a evitar simultáneamente los 
perjuicios que para el mercado interior puede significar el establecimiento de criterios 
demasiado diferenciados. Un ejemplo de estas especificaciones podría ser una eco-etiqueta 
europea, conforme al derecho comunitario. En todo caso, los órganos de contratación 
pueden alentar una aproximación activa de las empresas al medio ambiente, evitando 
denegar en sus contratos —como ha ocurrido— las ofertas de productos que contienen 
piezas reacondicionadas o materiales reciclados, cuando los resultados técnicos de estos 
productos responden a las exigencias incluidas en el pliego de condiciones. 
5.50 En tercer lugar, las disposiciones de las directivas permiten, en determinadas 
condiciones, integrar el objetivo de protección del medio ambiente en los criterios de 
selección de los candidatos. Dado que tales criterios están encaminados a poner a prueba 
las capacidades económicas, financieras y técnicas de los licitantes, pueden incorporar 
aspectos medioambientales en la capacidad exigida para cada uno de los contratos. 
41 Recomendación del Consejo de la OCDE C (596)39 Final de 20.2.96. 
45 
5.51 En cuarto lugar, en la fase de la adjudicación de los contratos, podría darse 
importancia a elementos medioambientales al determinar cuál es la oferta más ventajosa 
económicamente, pero sólo en el caso de que la referencia a estos elementos permita 
medir una ventaja económica, propia de la prestación objeto del contrato, en beneficio 
directo del poder o entidad adjudicadores. Para los contratos inferiores a los umbrales de 
aplicación de las directivas, las preferencias medioambientales pueden constituir el criterio 
de adjudicación, con la condición de que no sean discriminatorias sino abiertas a todos los 
licitadores comunitarios, sobre la base del reconocimiento mutuo. 
5.52 En quinto lugar, los órganos de contratación pueden garantizar la protección del 
medio ambiente por medio de condiciones de ejecución impuestas a los adjudicatarios de 
los contratos sobre una base contractual. En otras palabras, un poder adjudicador puede 
pedir al adjudicatario que la prestación objeto del contrato se lleve a cabo respetando 
determinadas condiciones de protección del medio ambiente. Naturalmente, estas 
condiciones de ejecución no deben presentar un carácter discriminatorio ni afectar en 
modo alguno al buen funcionamiento del mercado interior. Además, hay que asegurar que 
los participantes en concursos dispogan de un adecuado conocimiento de su existencia a 
través de la publicación en los anuncios de licitación o en los pliegos de condiciones. Por 
último, la verificación de la capacidad del adjudicatario para garantizar la ejecución del 
contrato dentro del respeto de estas condiciones debería tener lugar fuera del 
procedimiento de adjudicación del contrato. 
5.53 En el marco de las posibilidades expuestas, la Comisión manifiesta su deseo de 
recibir datos sobre la experiencia acumulada por los Estados miembros o por los propios 
poderes adjudicadores sobre la forma de integrar en sus compras las preocupaciones 
medioambientales. La Comisión, en su propuesta de decisión sobre la revisión del 5o 
Programa de acción para el Medio Ambiente, ha indicado ya que podrían ser necesarias 
acciones complementarias para integrar mejor las consideraciones medioambientales en la 
aplicación de las reglas comunitarias de contratación pública salvaguardando, al mismo 
tiempo el respeto a la competencia. 
VIL Contratación pública en el sector de la defensa 
5.54 En 1990, los gastos de los ministerios de defensa de la Unión Europea en 
contratos se elevaron a una cifra de 65 000 a 70 000 millones de ecus. Aunque una gran 
parte (aproximadamente un tercio) de estas adquisiciones ya se encuentran contempladas 
en las directivas de contratación pública, aún no se han aprovechado plenamente las 
ventajas de la apertura de los contratos en este sector. Un estudio efectuado para la 
Comisión en 1992 sobre los costes de la no Europa para los contratos de defensa, 
incluidos los contratos de equipamiento militar, mostraba la posibilidad de realizar ahorros 
muy importantes (del orden de 5 000 a 11 000 millones de ecus en 1990, en función de los 
casos) en este sector. La Comisión acogerá favorablemente cualquier iniciativa tendente a 
reforzar la competencia en este ámbito, lo qué permitirá no solamente ahorros directos, 
sino también economías de escala, gracias a la ampliación de las series de producción, y 
desembocará en un reforzamiento de la competitividad de la industria europea en el sector 
de la defensa. A fin de contribuir al debate, la Comisión publicó recientemente una 
comunicación titulada "Problemas de la industria europea relacionada con la defensa: 
46 
propuestas de actuación a nivel europeo" . Dado que la industria de la defensa se nutre 
casi exclusivamente de la contratación pública, esta comunicación trata de manera 
extensiva el problema de los contratos públicos. Sin embargo, dado que una industria 
europea competitiva en el sector de la defensa es también una condición indispensable 
para asegurar una identidad europea en la política de seguridad y de defensa, es necesario 
tener en cuenta la naturaleza particular de este sector, lo que podría exigir algunas 
modificaciones de los procedimientos previstos en las directivas de contratación pública. 
Además, tampoco hay que olvidar las iniciativas de la Unión Europea Occidental (UEO) y 
otras organizaciones similares que actúan en el ámbito de la cooperación en materia de 
armamento. 
VTII. Contratos públicos y política de los consumidores 
5.55 La aplicación de una política eficaz de contratación pública que mejore el acceso 
a los mercados y la transparencia en el marco de la integración creciente del mercado 
interior puede aportar beneficios importantes para los consumidores en términos de mejor 
calidad de los servicios y de las infraestructuras puestas a su disposición, así como de una 
mayor eficacia económica. A este respecto, es importante integrar mejor la política 
comunitaria de los consumidores con la de contratación pública. En especial, sería 
deseable la promoción de un aumento de transparencia y de diálogo con las 
organizaciones de consumidores. 
IX. Preguntas 
1. ¿Estima usted que en el plano de la información general, sería útil contemplar la 
redacción de una guía práctica que explique a las PYME los medios de 
prepararse para la participación en los contratos públicos, así como la 
elaboración de documentos interpretativos sobre aspectos de la aplicación de las 
directivas que afectan más particularmente a estas empresas? ¿Cuáles son, en su 
opinión, los temas en que hay que profundizar especialmente en estos 
documentos? 
2. Dado que determinadas redes creadas con el apoyo de la Comunidad ofrecen ya 
información complementaria sobre los contratos públicos, sobre todo con 
respecto a las PYME, ¿es conveniente reforzar su función, y, en caso afirmativo, 
de qué modo? 
3. ¿Cuál es su opinión sobre las opciones expuestas (adaptación de la base TED, 
utilización de Internet, del CPV y de formular' )s normalizados) para mejorar la 
información de las PYME sobre los contratos . oncretos? ¿Estima usted que hay 
otras posibilidades que se pueden explorar a tal fin? 
4. ¿Es el AEIE un instrumento adecuado para fomentar la cooperación entre 
PYME, sobre todo en los contratos públicos transfronterizos? 
42 Comunicación de la Comisión (COM(96)10 final) de 24.1.96. 
47 
5. ¿Estima usted que para fomentar una mayor participación de las PYME en los 
contratos públicos es necesario adoptar otras medidas comunitarias, sobre todo 
con respecto a la subcontratación y los plazos de pago? En caso afirmativo, ¿qué 
tipo de medidas? Por ejemplo, ¿puede tomarse en consideración el 
establecimiento de plazos de pago obligatorios, que agotados, diesen lugar al 
pago de intereses de demora, y en su caso daños y perjuicios? 
6. ¿Cuáles son, en su opinión, los medios más adecuados de desarrollar redes de 
servicios de apoyo a las PYME? ¿Qué tipo de servicios concretos deberían 
ofrecerse en tales redes? 
7. En su opinión, ¿en qué medida la política de normalización de los organismos de 
normalización europea (CEN, CENELEC, ETSI) a partir de mandatos de la 
Comisión ha eliminado obstáculos a la apertura de los contratos públicos? 
8. ¿A qué sectores de productos convendría dar prioridad para decidir nuevos 
mandatos de normas europeas? 
9. Algunas preocupaciones formuladas por el sector privado se tratan en la parte del 
presente capítulo dedicada a las RTE. Las explicaciones expuestas sobre las 
disposiciones en cuestión, ¿son suficientes para responder a estas 
preocupaciones, o convendría prever nuevas orientaciones escritas sobre la 
aplicación de las directivas a los contratos de RTE u otros grandes proyectos 
(por medio, por ejemplo, de una comunicación interpretativa)? 
10. ¿Tiene usted conocimiento de otras cuestiones sobre los procedimientos de 
adjudicación de contratos que exijan aclaración o solución para facilitar la 
participación de empresas privadas en RTE, u otras asociaciones entre el sector 
público y el privado? 
11. A fin de incentivar una gestión más eficaz de los Fondos Estructurales, ¿piensa 
usted que los Estados miembros y los poderes adjudicadores deberían dar una 
publicidad bastante amplia al hecho de que en los contratos sobre proyectos 
cofinanciados por la Unión Europea se ha obtenido la mejor relación entre 
calidad y precio? 
12. ¿Sería útil exigir que las personas responsables firmen una declaración personal 
certificando que para un proyecto dado se ha obtenido la mejor relación entre 
calidad y precio, y que se han respetado las normas de adjudicación de contratos 
públicos? 
13. ¿Qué otras soluciones podrían concebirse para hacer más eficaz la aplicación de 
las reglas de adjudicación de los contratos públicos cuando hay intervención de 
los fondos estructurales? 
14 ¿Opina usted que convendría incitar a los poderes adjudicadores que reciben 
fondos de la Unión a someterse a un procedimiento de certificación para 
garantizar la existencia de un sistema eficaz de adjudicación de contratos? 
48 
15. ¿Piensa usted que podría ser útil y eficaz que, en estrecha cooperación con la 
Comisión, una autoridad nacional independiente asista a los poderes 
adjudicadores en contratos que reciben financiación comunitaria? 
16. ¿Estima usted que las disposiciones previstas en materia de contratos adjudicados 
por las instituciones comunitarias, así como las relativas a los contratos 
adjudicados por otros organismos o por terceros países dentro de programas y 
con recursos comunitarios, son suficientes para garantizar un acceso igualitario 
de todos los interesados a estos concursos? 
17. ¿Existe, a su entender, la necesidad de aclarar, por ejemplo mediante una 
comunicación interpretativa, las posibilidades que ofrece la legislación sobre 
contratación pública para alcanzar los objetivos comunitarios y nacionales de 
política social? 
18. ¿Estima usted que estas posibilidades son suficientes para responder a las 
necesidades existentes? En caso negativo, ¿qué medidas podrían, en su opinión, 
tomarse para mejor asegurar la realización de IQS objetivos de la política social en 
la aplicación de las normas comunitarias de contratos públicos, al tiempo que se 
salvaguarda una competencia leal? 
19. En su opinión, ¿se tienen en cuenta lo suficiente las obligaciones de seguridad e 
higiene en el lugar de trabajo en la fase de preparación de anuncios de licitación y 
de pliegos de condiciones? ¿Qué mejoras sugiere? 
20. ¿Qué experiencia tiene usted del incentivo a la adjudicación de contratos sujetos 
a las directivas comunitarias y relativos a productos y servicios "verdes"? ¿Estima 
usted necesario que la Comisión aclare en mayor medida las posibilidades de 
integrar la protección del medio ambiente en la aplicación de las directivas 
"contratos públicos" (por ejemplo en forma de una comunicación)? 
21. ¿Estima usted que las posibilidades ofrecidas son suficientes para alcanzar los 
objetivos deseados? En caso contrario, ¿qué medidas podrían adoptarse, a su 
entender, para asegurar mejor la protección del medio ambiente en la aplicación 
de las normas comunitarias de contratación pública, al tiempo que se salvaguarda 
una competencia leal? En esta perspectiva, ¿podrían considerarse medias 
apropiadas la inclusión de una eco-etiqueta entre las especificaciones técnicas 
incluidas en los documentos generales de los contratos públicos, o la solicitud de 
registro en el "Environmental Management and Audit Scheme" entre los criterios 
de selección? 
22. Teniendo en cuenta la ausencia de competencia en el sector del equipamiento 
militar, ¿no sería necesario prever un régimen de contratación pública si 
determinados Estados miembros lo desean? 
49 
6. LA CONTRATACIÓN PUBLICA EN TERCEROS PAÍSES 
Desde la entrada en vigor del nuevo Acuerdo sobre contratos públicos (ACP) de la 
Organización Mundial del Comercio, la internacionalización de los contratos públicos 
va bien encaminada. Las empresas comunitarias deben enfrentarse resueltamente a este 
desafío. Ante una competencia internacional cada vez más encarnizada, el éxito vendrá 
determinado por la innovación y por una visión internacional de los retos. Debe 
perseguirse activamente la apertura de los contratos: es imperativo establecer un 
diálogo permanente y constructivo con los medios comunitarios afectados, para 
descubrir nuevas zonas de venta y definir objetivos de ulteriores negociaciones. A tal 
fin, la Comisión insta a los Estados miembros y a los medios interesados a hacerle llegar 
datos sobre todos los problemas que puedan plantearse a determinados contratos y a 
proponer soluciones, sobre todo con respecto a los contratos para los que se estén 
negociando acuerdos de apertura. 
Preparar a los países asociados de la Europa central y oriental a la adhesión a la Unión 
sigue siendo una de las principales prioridades. El Libro Blanco de la Comisión presenta 
las grandes líneas de las políticas aplicadas en el marco del mercado interior, y en 
concreto en materia de contratos públicos. La Comisión y los Estados miembros han 
avanzado ya mucho en sentar las bases de un sistema eficaz de adjudicación de 
contratos públicos. Conviene multiplicar estos esfuerzos. Es de la mayor importancia 
garantizar la formación sobre las prácticas de adjudicación de contratos más adecuadas 
y un acceso fácil a los servicios de asesoramiento jurídico. Igualmente, en la línea de los 
esfuerzos desplegados para reforzar los lazos con los países mediterráneos y de 
conformidad con lo previsto en los acuerdos firmados con Turquía, Marruecos y 
Túnez, la Comisión examinará la manera de ayudar a estos países a desarrollar las 
prácticas competitivas en materia de contratación pública. 
I. Acceso a los contratos a escala mundial; una nueva baza para Europa 
6.1 La creciente liberalización de los contratos de la Unión Europea debe servir de 
modelo, en la medida de lo posible, en todos los demás países, para maximizar los 
beneficios que una contratación pública abierta a la competencia supone para las empresas 
comunitarias. La Unión Europea ha contribuido a una gran liberalización de los contratos 
públicos con sus principales interlocutores comerciales, en primer lugar firmando el primer 
Acuerdo relativo a los contratos públicos del GATT de 1979, a continuación con el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), los acuerdos europeos y, por 
último, el Acuerdo sobre contratación pública (ACP) de la OMC, en el marco de las 
negociaciones de la ronda Uruguay. 
6.2 El ACP entró en vigor el 1 de enero de 1996. Además de la Unión Europea, 
entre los signatarios del acuerdo se cuentan Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, Corea 
del Sur, Noruega y Suiza. Aruba y Lichtenstein se han adherido recientemente, y se está 
negociando actualmente la adhesión de Singapur. El ámbito de aplicación del ACP se 
extiende a los contratos adjudicados por las instancias inferiores de la administración 
(como los Estados federados en el caso de países federales, las provincias y los 
ayuntamientos), y por entidades que operan en determinados sectores especiales 
50 
(electricidad, transportes urbanos, aguas, puertos y aeropuertos). Mientras que el 
Acuerdo relativo a los contratos públicos de 1979 se limitaba a los contratos públicos de 
suministros, en el ámbito de aplicación del ACP están igualmente incluidos los contratos 
públicos de obras y servicios. Otra circunstancia significativa es que los proveedores 
tendrán derecho a recurrir contra la adjudicación de contratos cuando se sientan víctimas 
de una discriminación. La Comisión estima que, globalmente, el nuevo acuerdo abrirá a la 
competencia internacional contratos públicos por importe de unos 450 000 millones de 
ecus al año, cantidad unas diez veces superior al valor de los contratos abiertos a la 
competencia en virtud del acuerdo de 1979. 
6.3 A principios de este año se han eliminado numerosas disposiciones 
discriminatorias de terceros países, que excluían a las empresas comunitarias de 
procedimientos de adjudicación de contratos que representan sumas ingentes. Se han 
abierto nuevas zonas de venta en sectores tales como los servicios bancarios y la 
ingeniería pesada. En Estados Unidos, el Gobierno federal ha eliminado la mayor parte de 
las disposiciones discriminatorias de la legislación que impone la preferencia nacional 
("Buy American"), algunas de las cuales se remontan a los años 30; lo mismo han hecho 
39 de los 50 Estados federados (principalmente California, Nueva York, Texas, Illinois y 
Florida). Las empresas de la Unión Europea tendrán con ello acceso a nuevos mercados, 
por un valor anual de unos 100 000 millones de ecus. El ACP supone igualmente un 
importante avance en la apertura de los contratos públicos del sudeste asiático; por 
ejemplo, Japón ha aceptado que el acuerdo se aplique a los contratos adjudicados por sus 
47 prefecturas, que dan origen a la mayor parte de las compras públicas, en especial en el 
sector de la construcción y de la ingeniería civil. En Corea del Sur, que aplicará el ACP a 
partir de 1997, las empresas comunitarias podrán licitar en todo el sector público sin 
someterse a los acuerdos obligatorios de transferencia de tecnología, de intercambios de 
compensación o de utilización de los recursos locales que eran aplicables en el pasado. 
6.4 Pero no podemos quedarnos aquí. A pesar de los importantes avances realizados 
hasta ahora, aún no se han suprimido todas las restricciones a las posibilidades de licitar: 
siguen existiendo limitaciones importantes en los países signatarios del ACP (lo que ha 
conducido a la Comunidad a aplicar el principio de reciprocidad). Además, el ACP, que 
por el momento es un acuerdo plurilateral, tiene vocación de convertirse en un acuerdo 
multilateral, lo que implica que se adherirán además muchos otros países. En la medida en 
que el mercado de la Unión Europea está abierto en general a los proveedores de terceros 
países, las empresas comunitarias saldrán beneficiadas si, en las negociaciones con tales 
países, la Unión Europea se esfuerza por celebrar acuerdos que aseguren una 
liberalización total y recíproca de los contratos. 
6.5 Por tanto, nuestro primer objetivo seguirá siendo obtener una mayor apertura de 
los contratos públicos a escala mundial por medio, fundamentalmente en el marco 
multilateral de la OMC, de la ampliación del ámbito de aplicación del ACP entre los países 
ya signatarios del acuerdo y de la adhesión de otros países. Es recomendable adoptar el 
principio de que los futuros candidatos a la adhesión a la OMC, tales como China o 
Taiwan, deban también adherirse al ACP, si es necesario tras un período de transición 
(Taiwan ya ha presentado su candidatura). La Comisión anima vigorosamente a los 
actuales miembros de la OMC a adherirse al ACP, en particular a aquellos a los que el 
acuerdo confiere el estatuto de observadores. El enfoque multilateral de la OMC sigue 
constituyendo el marco prioritario de nuestros esfuerzos. Un proceso paralelo de 
negociaciones debe abrirse para alcanzar un acuerdo sobre la transparencia, la apertura y 
51 
los mecanismos de recurso en la contratación pública. El objetivo final es el trato nacional 
y la aplicación efectiva de la cláusula de nación más favorecida en todos los contratos de 
todos los miembros de la OMC. Para facilitar este proceso, la Unión Europea propone 
igualmente una revisión anticipada del ACP de 1994 que incluiría la extensión del 
acuerdo, la eliminación de las medidas y prácticas discriminatorias, así como la 
simplificación y la mejora del acuerdo. Sin embargo, no hay que olvidar las negociaciones 
bilaterales. En este terreno, la Comisión ha iniciado ya negociaciones con Suiza y Corea 
del Sur. Asimismo, la Comisión trata de obtener para los proveedores de la Unión 
Europea el acceso a los contratos mediterráneos. En el contexto de la declaración de 
Barcelona, encaminada a establecer una zona de libre cambio entre la Comunidad y los 
países mediterráneos antes del inicio del siglo XXI, se ha concluido con Israel un acuerdo 
europeo de asociación, correspondiente al artículo XXIV del acuerdo OMC. Este acuerdo 
viene complementado por otros dos acuerdos sobre contratos públicos, que aún no están 
ratificados, pero cuyo objeto es ampliar la cantidad de ofertas presentadas partiendo de la 
reciprocidad en virtud del ACP, y abrir los contratos de telecomunicaciones de las dos 
partes signatarias. Asimismo, se ha concluido con Turquía un acuerdo de unión aduanera 
que prevé la futura apertura de los contratos públicos en condiciones de reciprocidad. Los 
dos acuerdos euromediterráneos de asociación concluidos con Marruecos y Túnez se 
inspiran igualmente en este enfoque. 
6.6 Las empresas europeas ya están bien informadas de los problemas que plantea 
licitar en terceros países. Como ya lo ha indicado en su comunicación sobre una Estrategia 
de acceso a los mercados43, la Comisión debe disponer de datos actualizados y de primera 
mano sobre las dificultades de los proveedores en terceros países, para conseguir eliminar 
los obstáculos más perjudiciales para los intereses europeos. Sería útil disponer de 
ejemplos concretos extraídos de la experiencia de las empresas en este campo. La nueva 
base de datos interactiva, accesible por Internet, permite a la industria informar 
directamente a la Comisión sobre los problemas de acceso a los mercados. Esto permitirá 
a la Comisión evaluar los problemas, y examinar y decidir qué acciones pueden tomarse 
para resolverlos. Por otro lado, para delimitar las dificultades de acceso y contribuir a la 
definición de objetivos para las próximas negociaciones con terceros países, la Comisión 
ha puesto en marcha un amplio estudio de los sistemas de adjudicación de contratos 
públicos en diecinueve países de Asia, Medio Oriente y América Latina. Los resultados de 
este estudio se darán a conocer en el próximo futuro. Serán bienvenidas todas las 
contribuciones de los medios europeos afectados. 
6.7 Sin embargo, todo ello no es óbice para admitir que la recogida y el análisis de 
información constituyen sólo una victoria a medias. Los acuerdos sólo son útiles en tanto 
en cuanto se aplican efectivamente. Por tanto, la Comisión tomará medidas para velar por 
la aplicación efectiva del ACP; en esta tarea se apoyará en su red de delegaciones en los 
terceros países. La Comisión insta igualmente a los Estados miembros a que le presten 
toda la asistencia posible para velar por que estos proveedores sean tratados de manera 
igualitaria. En su caso, la Comisión no dudará en recurrir a los procedimientos de consulta 
previstos por el ACP. En caso de fracaso de estas consultas, la Comunidad podría verse 
obligada a iniciar los procedimientos de la OMC sobre la resolución de litigios. 
43 Doc. COM(96)53 final 
52 
6.8 Por otro lado, la competencia no es un esfuerzo de sentido único. La Comunidad 
y los Estados miembros pueden contribuir a crear las condiciones para que se dé, pero es 
también necesario que las empresas europeas estén dispuestas a enfrentarse a la intensa 
competencia de los proveedores de los terceros países, que se benefician ahora de las 
disposiciones del ACP para la adjudicación de contratos públicos en el territorio de la 
Unión Europea. Las empresas deben esforzarse a tiempo por aprovechar las nuevas zonas 
de venta a que les da acceso el acuerdo para aumentar sus exportaciones hacia terceros 
países y reforzar así sus cuotas de adjudicación de contratos públicos en dichos países. 
Como es lógico, las empresas que saldrán con éxito de este reto serán las que sepan 
adaptarse al cambio y buscar nuevos mercados, mientras que las que se den por 
satisfechas con su inmovilismo correrán los mayores riesgos. 
II. Sentar las bases de una apertura de la contratación en los países de Europa 
central y oriental y en los países mediterráneos 
6.9 Desde la entrada en vigor de los acuerdos europeos, derivados del artículo XXIV 
del acuerdo OMC, las empresas de Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, 
Bulgaria, Rumania, Eslovenia (y, próximamente, los Estados bálticos) tienen acceso a 
licitaciones de la Unión Europea. Tras un período de transición de diez años, las empresas 
con sede en el territorio de la Unión Europea tendrán igualmente acceso a licitaciones de 
los países asociados. Por tanto, es vital que las empresas de los países asociados hagan 
frente al desafío de participar en procedimientos de adjudicación de contratos públicos en 
la Unión Europea. Es igualmente necesario que aumente su competitividad para que, 
pasado el período de transición, puedan enfrentarse en condiciones competitivas con las 
empresas comunitarias en los procedimientos nacionales de licitación. Asimismo, dentro 
de sus esfuerzos por reforzar los vínculos con los países mediterráneos y conforme a lo 
previsto en los acuerdos con Turquía, Marruecos y Túnez, la Comisión estudiará la forma 
de ayudar a estos países a desarrollar sus prácticas de adjudicación de contratos públicos. 
6.10 Uno de los desafios más importantes a los que se enfrenta la Unión Europea es 
ayudar a los países de la Europa central y Oriental (PECO) a preparar su adhesión a la 
Unión. Entre las medidas clave de la fase de preadhesión se cuenta la obligación de los 
PECO de modificar sus legislaciones en torno a la normativa comunitaria de mercado 
interior. A solicitud del Consejo Europeo de Essen, la Comisión ha sentado las bases de 
su estrategia en el Libro Blanco titulado "Preparación de los países asociados de Europa 
central y oriental para su integración en el mercado interior de la Unión" . Presentado en 
junio de 1995 ante el Consejo Europeo de Cannes, el Libro Blanco ofrece algunas 
recomendaciones sobre las medidas legislativas que deben adoptarse para crear, en estos 
países, la estructura reglamentaria necesaria antes de su adhesión a la Unión Europea. La 
Comisión precisa que, en el ámbito de los contratos públicos, la ley debe establecer los 
procedimientos administrativos adecuados para favorecer la apertura de los 
procedimientos de adjudicación de contratos a la competencia y fomentar la competencia 
entre empresas en la participación en tales contratos. 
6.11 Unos procedimientos abiertos y competitivos de adjudicación de contratos 
públicos son un fenómeno relativamente reciente para la mayor parte de las empresas y los 
poderes adjudicadores de los PECO. La sola modificación de su legislación nacional en 
44 COM(95)163de3y 10.05.96. 
53 
torno a la relativa al mercado interior no bastará para permitir a las empresas y poderes 
adjudicadores adaptarse lo suficiente como para establecer un sistema eficaz de 
adjudicación de contratos. La normativa que se está estableciendo se verá reforzada por 
una asistencia técnica apropiada y orientada. Será necesario que los responsables de la 
adjudicación de contratos reciban una formación adecuada para definir lo más eficazmente 
posible, y basándose en una perfecta comprensión de las repercusiones económicas y 
financieras, los productos y servicios cuya adquisición contemplan. Esta formación servirá 
igualmente para reforzar sus competencias en materia de administración para gestionar 
eficazmente el sistema de adjudicación de contratos públicos y los contratos celebrados en 
este marco. Por su parte, las empresas tendrán que adaptarse al suministro de productos y 
servicios que respondan a las expectativas de sus clientes del sector público, y mejorar su 
capacidad de preparar y presentar ofertas. 
6.12 La Unión Europea está apoyando a los PECO en sus esfuerzos iniciales por 
sentar las bases de un sistema eficaz y abierto de adjudicación de contratos públicos. De 
esta forma se les ofrece un valioso auxilio, concretamente en la elaboración de leyes y 
marcos administrativos, dentro del programa PHARE y, sobre todo, del programa 
SIGMA , financiado esencialmente con los fondos de PHARE, que funciona bajo los 
auspicios de la OCDE. La Comisión ha creado un nuevo instrumento igualmente 
multinacional, la oficina de intercambio de datos sobre asistencia técnica, que centralizará 
las solicitudes de ayuda y asesoramiento dirigidas a la Comisión y funcionará como 
"ventanilla única" para el suministro e intercambio de datos sobre la asistencia técnica 
relativa al mercado interior. 
III. Preguntas 
1. ¿Qué consecuencias ha tenido el Acuerdo sobre los Contratos Públicos en 
términos de apertura de los contratos? ¿Son necesarias otras iniciativas? 
2. Desde el punto de vista de las empresas, ¿qué países (o grupo de países) y 
sectores de actividad deben considerarse prioritarios dentro de las futuras 
iniciativas de apertura de la contratación? 
3. ¿Estima usted que una serie de principios comunes (tales como el de la 
transparencia y el de no discriminación) bastarían para asegurar en el futuro una 
apertura real de los contratos en los países en desarrollo? 
4. ¿Existen otros obstáculos (normativos o de otro tipo) a la participación en 
contratos públicos de terceros países y que no quedan cubiertos por el Acuerdo 
de Contratos Públicos? 
5. ¿Sería útil crear un grupo consultivo integrado por representantes de los medios 
afectados, para ayudar a la Comisión en lo relativo al acceso a los contratos 
públicos de terceros países? 
45 Support for the Improvement of Governance and Management in Central and Eastern European Countries. 
54 
6. ¿Qué otras medidas pueden adoptar la Comunidad o los Estados miembros para 
ayudar a las empresas a hacer respetar los derechos que les confiere el ACP y 
para cerciorarse de que las demás partes contratantes aplican las reglas del 
juego? 
7. ¿Piensa usted que la Comunidad debe considerar prioritaria la asistencia a los 
PECO para ayudarles a desarrollar sus competencias en materia de contratos 
públicos? En caso afirmativo, ¿cuáles serían los medios de formación más 
eficaces para estos países? 
8. ¿Estarían los expertos en contratos públicos dispuestos a tomar parte activa en la 
asistencia a los PECO y a transmitirles los conocimientos necesarios en materia 
de contratos públicos? ¿Ha participado usted ya en un programa de formación? 
En caso afirmativo, ¿qué conclusiones sacaría para los programas futuros? 
9. Dado que la Comisión busca medios de ayudar al desarrollo de prácticas de 
adjudicación de contratos públicos en los países mediterráneos, ¿qué iniciativas le 
parecerían apropiadas en la materia? 
Anexo I 
Las primeras directivas comunitarias sobre contratos públicos, que son las directivas de 
obras (71/305/CEE) y suministros (77/62/CEE), contribuyeron positiva pero 
limitadamente a abrir los contratos públicos a la competencia. El ámbito de aplicación de 
estas directivas es demasiado restringido, ya que no se incluían sectores enteros de los 
contratos públicos, tales como los de aguas, energía, transportes y telecomunicaciones, y 
los contratos de servicios. Además, no existía ningún grado de armonización de los 
procedimientos de recurso, lo que llevaba a que, con frecuencia, las empresas excluidas de 
los contratos en conculcación de las disposiciones de las directivas no tuvieran ninguna vía 
de recurso contra las adjudicaciones dudosas, ni tampoco de reclamar indemnización e 
intereses. Por otro lado, las disposiciones comunitarias contenían igualmente demasiados 
fisuras que los poderes adjudicadores aprovechaban para no utilizar procedimientos 
abiertos por motivos que no estaban objetivamente justificados. Por lo tanto, la legislación 
comunitaria de contratos públicos ha sido modificada en función de las reacciones 
políticas y de los medios afectados frente a los abusos y a las lagunas detectadas en el 
sistema. 
El marco jurídico comunitario aplicable a los contratos públicos se vio completado entre 
1987 y 1993 dentro del programa de realización del mercado interior de 1985. Las 
directivas de suministros y obras se actualizaron, respectivamente, en 1988 y 1989, y 
después se codificaron en 1993 (en las directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE). Los contratos 
públicos de servicios se han integrado en el sistema comunitario de procedimientos 
abiertos para la adjudicación de contratos públicos en virtud de la directiva 92/50/CEE, 
vigente desde el 1 de julio de 1993. El Consejo adoptó en 1990 una directiva sobre los 
contratos de suministros y de obras adjudicados por entidades que operan en los sectores 
del agua, energía, transportes y telecomunicaciones (directiva de sectores especiales), que 
abarca a la vez las empresas públicas y las empresas a las cuales los Estados miembros 
conceden derechos especiales o exclusivos (directiva 90/531/CEE). En junio de 1993 se 
adoptó una versión codificada (directiva 93/38/CEE) de esta directiva, que incluye los 
contratos de servicios y sustituyó a la directiva 90/531/CEE a partir de su entrada en 
vigor el 1 de julio de 1994 (1 de enero de 1997 en España y 1 de enero de 1998 en Grecia 
y Portugal). Se adoptaron asimismo dos directivas específicas de recursos; una para los 
sectores "clásicos" (Directiva 89/665/CEE, modificada por la directiva de servicios 
92/50/CEE), y la otra para los llamados "sectores especiales" (Directiva 92/13/CEE). Las 
directivas de recursos imponen a los Estados miembros la obligación de garantizar vías de 
recurso administrativas o judiciales para las empresas que sean víctimas de una infracción 
de las disposiciones de derecho positivo en materia de apertura de los contratos públicos. 
Las directivas establecen que los Estados miembros deberán velar por la transparencia y 
apertura a la competencia de los procedimientos de adjudicación de contratos superiores a 
unos determinados umbrales. Contienen disposiciones sobre la publicación de anuncios de 
licitaciones, sobre los procedimientos de adjudicación de contratos (por ejemplo, las 
especificaciones técnicas deben referirse a las normas europeas siempre que éstas existan 
o, en ausencia de tales normas, a normas nacionales que a su vez hagan referencia a 
normas internacionales) y sobre los criterios de selección y atribución que pueden 
aplicarse. Los límites a partir de los cuales los contratos públicos quedan incluidos en el 
56 
ámbito de aplicación de las directivas son de 200 000 ecus para los contratos de 
suministros y de servicios (400 000 ecus para los contratos adjudicados en los sectores 
especiales y aproximadamente 130 000 ecus que caen bajo el ámbito de aplicación del 
acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio) y de 5 
millones de ecus para los contratos de obras. Estos límites se han fijado de tal manera que 
las disposiciones sobre contratos públicos abiertos a la competencia sean aplicables a los 
contratos que puedan interesar a las empresas de otros Estados miembros, y que no 
aumenten los gastos administrativos y procedimentales que ya pesan sobre los contratos 
de un importe inferior. 
57 
SITUACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LAS DIRECTIVAS SOBRE 
CONTRATOS PÚBLICOS 
DIRECTIVAS 
89/440/CEE 
Obras de 18.07.1989 
Vigente desde el 19.07.1990 
EL, ES, P: 01.03.1992 
Aut, SF.SU: 1.1.1994 
sustituida por 93/37/CEE 
88/295/CEE 
Suministros de 02.03.1988 
Vigente desde el 01.01.1989 
EL, ES, P: 01.03.1992 
Aut, SF, SU: 1.1.1994 
89/66S/CEE 
Recursos de 21.12.1989 
Vigente desde el 21.12.1991 
Aut, SF.SU: 1.1.1994 
90/531/CEE 
Sectores excluidos de 
17.09.1990 
Vigente desde el 01.01.1993 
ES: 01.01.1996 
EL,P: 01.01.1998 
Aut, SF.SU: 1.1.1994 
92/13/CEE 
Recursos sectores excluidos de 
25.02.1992 
Vigente desde el 01.01.1993 
Aut, SF.SU: 1.7.1994 
ES: 30.06.1995 
EL, P: 30.06.1997 
92/50/CEE 
Servicios de 18.06.1992 
Vigente desde el 01.07.1993 
Aut. SF.SU: 1.7.1994 
93/36/CEE 
Suministros de 14.6.1993 
Vigente desde el 14.06.1994 
Aut, SF.SU: 1.7.1994 
93/38/CEE 
Sectores excluidos de 
14.06.1993 
Vigente desde el 01.07.1994 
Aut, SF.SU: 1.7.1994 
ES: 01.01.1997 
EL. P: 01.01.1998 BE I 
1 DK DE EL 
£ 
E 
E ES 
E FR IRL 
1 IT 1 
1 
1 LU NL PT 
E 
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E UK 
1 1 AUT SF SU 
Explicación de las abreviaturas: 
No comunicación o comunicación parcial de las medidas nacionales de ejecución (MNE) 
MNE comunicadas y verificadas; procedimiento de infracción por no conformidad incoado 
MNE comunicadas 
Excepción concedida al Estado miembro 
58 
Ficha financiera 
1. DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA 
Libro verde "La contratación pública en la Unión Europea: Reflexiones para el futuro" 
2. LÍNEA(S) PRESUPUESTARIA(S) 
Ver apartado 10. 
3. FUNDAMENTO JURÍDICO 
Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE, 93/38/CEE, 89/665/CEE, 92/13/CEE. 
4. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: 
4.1 Objetivo general 
Gracias a las directivas mencionadas, que constituyen la base jurídica de este Libro 
Verde, se ha podido establecer un marco legal exhaustivo para los contratos 
públicos a escala comunitaria. La aplicación completa y eficaz de dicho marco 
para alcanzar las metas propuestas es un proceso difícil. Los Estados miembros 
comienzan a abrir sus procedimientos de contratación pública, se intensifica la 
competencia y las prácticas adquisitivas de los poderes adjudicadores son cada vez 
más eficaces. Sin embargo, si se quiere sacar el máximo partido de la política 
comunitaria en este terreno, queda todavía mucho por hacer por parte de todos los 
sectores implicados. 
El Libro verde está destinado a servir de marco a un amplio debate. La Comisión 
está desarrollando su reflexión inicial sobre algunas cuestiones esenciales para su 
política actual y futura e invita a todas las partes interesadas (autoridades de los 
Estados miembros, instituciones comunitarias, organizaciones profesionales, 
entidades y poderes adjudicadores, proveedores, etc. ) a presentar su punto de 
vista. 
Por sus características, el Libro Verde no contiene, en principio, propuestas de la 
Comisión con incidencia presupuestaria directa. En la mayoría de los casos, la 
Comisión se limita a plantear la posibilidad de adoptar o liderar determinadas 
iniciativas, siempre que el debate con los interlocutores afectados las haga 
aparecer como útiles o incluso esenciales para la realización de los objetivos de la 
política comunitaria de contratación pública. 
La única acción con incidencia presupuestaria prevista en el Libro Verde se refiere 
a la posible organización en Bruselas, tras un primer análisis de las respuestas 
recibidas, de una reunión con los sectores interesados más representativos de los 
Estados miembros. 
T\ 
4.2 Período abarcado y modalidades previstas para su renovación. 
Los gastos ocasionados por la acción prevista en el número 1 del apartado 
4 (organización de una reunión en Bruselas) se comprometerán en el 
ejercicio presupuestario de 1997 
5. CLASIFICACIÓN DEL GASTO O DEL INGRESO 
5.1 GO/GNO 
5.2 CD/CND 
5.3 Categorías de ingresos - Nada 
6. NATURALEZA DEL GASTO O DEL INGRESO 
Reembolso de los gastos de viaje (y, en su caso, de estancia), en el supuesto de que se 
organice en Bruselas una reunión con los sectores interesados más representativos de 
los Estados miembros, una vez efectuado un primer análisis de las respuestas recibidas. 
7. INCIDENCIA FINANCIERA 
Nada 
8. DISPOSICIONES ANTIFRAUDE PREVISTAS 
La medida prevista en el punto 4.1 se ejecutará directamente por los servicios de la 
Comisión, siendo de aplicación las disposiciones relativas al reembolso de los gastos de 
viaje y estancia así como de los gastos originados con ocasión del viaje de personal 
ajeno a la Comisión convocado en calidad de experto. 
9. ELEMENTOS DE ANÁLISIS COSTE-EFICACIA 
9.1 Objetivos específicos y cuantificables, población destinataria 
El objetivo específico es el de poner en conocimiento de todos los sectores 
interesados las reflexiones y alternativas propuestas por la Comisión en relación 
con diferentes aspectos de su política de contratación pública, a fin de abrir un 
amplio debate sobre las vías a seguir en el futuro. En su caso, al término de la 
fase de consulta escrita se podría organizar en Bruselas una reunión para que los 
representantes de los sectores más interesados que hubiesen participado en dicha 
consulta pudiesen tener la ocasión de precisar sus puntos de vista y ayudar a la 
Comisión a definir el seguimiento más oportuno del Libro Verde. 
La población destinataria la constituyen los interlocutores institucionales de los 
Estados miembros, las entidades compradoras, las organizaciones profesionales y 
las empresas que operan en los sectores de los contratos públicos. 
Gó 
9.2 Justificación de la medida 
Incumbe a la Comunidad llevar a cabo las políticas relacionadas con la 
realización y funcionamiento del Mercado interior, entre las que se encuentra la 
política de contratación pública. Tal como ya se ha explicado, el Libro Verde está 
destinado a abrir un debate que permita identificar las iniciativas convenientes, o 
incluso necesarias, para sacar pleno partido a la política comunitaria en la 
materia. Dada la naturaleza de las iniciativas concretas que se proponen en el 
Libro Verde, corresponde a la Comisión gestionarlas directamente. 
En lo que se refiere al objetivo de abrir un debate sobre determinadas cuestiones 
relativas a los contratos públicos, la publicación y difusión de un Libro Verde es 
el instrumento utilizado normalmente por la Comisión. 
Hasta ahora, no se ha emprendido ninguna medida similar o de alcance parecido 
a las que se proponen en el presente texto, ni a escala comunitaria ni a escala 
nacional. 
Esta iniciativa se ha planteado a partir de la necesidad expresada de diferentes 
maneras por los sectores afectados. En consecuencia, es de esperar que el Libro 
Verde reciba una buena acogida por parte del público y que se alcancen los 
resultados específicos que se persiguen. 
9.3 Seguimiento y evaluación de la medida 
- Los indicadores del éxito de las medidas propuestas serán: 
a) La apertura de un amplio debate sobre los temas abordados en el Libro Verde; 
b) una mejor aplicación de la legislación por parte de los sectores afectados; 
c) un conocimiento más profundo de las tendencias y estructuras de la 
contratación pública; 
d) una mayor eficacia de las. reglas existentes. 
La Dirección XV/B será la encargada de seguir en detalle las reacciones 
suscitadas por el Libro Verde y por las diferentes iniciativas propuestas. Tal 
como ya se ha mencionado, una vez finalizada la fase de consulta escrita de los 
sectores afectados, se analizará la oportunidad de organizar en Bruselas una 
reunión con todas las partes interesadas. 
A partir de las contribuciones recibidas, la Comisión elaborará una comunicación 
sobre los contratos públicos destinada a las instituciones comunitarias. Dicha 
comunicación incluirá un plan de acción y definirá las medidas a adoptar para 
fortalecer el marco jurídico y realizar mejor en el futuro los objetivos de la 
política comunitaria de contratación pública 
ty 
10. GASTOS ADMINISTRATIVOS (PARTE A DE LA SECCIÓN ffl DEL 
PRESUPUESTO GENERAL) 
La movilización efectiva de los recursos administrativos necesarios dependerá de la 
decisión anual de la Comisión sobre asignación de recursos, habida cuenta, en particular, 
de los puestos de trabajo y los importes suplementarios que haya autorizado la Autoridad 
Presupuestaria. 
10.1 Incidencia en el número de puestos de trabajo 
Categorí 
as 
Funcionario 
s o agentes 
temporales A 
B 
C 
Otros recursos 
Total Puestos que se 
destinarán a la gestión 
de la medida 
Puestos 
permanent 
es 
2 
1 
1 
4 Puestos 
temporale 
s de ellos 
se cubrirán 
con los 
recursos 
existentes en 
la DG o en el 
servicio 
correspondien 
te 
2 
1 
1 
4 se cubrirán 
con recursos 
suplementari 
os duración 
1 año 
1 año 
1 año 
10.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos suplementarios 
(ecus) 
Importes Método de cálculo 
Funcionarios 
Agentes temporales 
Otros recursos 
Total 
Nada ' 
Los gastos relacionados con los recursos humanos necesarios para la ejecución de esta 
medida se cubrirán con cargo a la reasignación de recursos existentes, como se indica a 
continuación: 
Funcionarios (Categorías Al, A2, A4 y A5): 400.000 ecus/año 
02. 
10.3 Aumento de otros gastos de funcionamiento derivados de la medida 
(ecus) 
Línea presupuestaria 
(n y denominación) Importes Método de cálculo 
Nada 
Total 
A250 Reuniones generales: 22.000 ecus - ejercicio de 1997 
(calculados sobre la base de +/- 30 participantes a razón de +/- 695 ecus/participante). 
A3410 Publicación del Libro Verde 12.130 ecus - ejercicio de 1996 
(calculados sobre la base de +/- 9.300 ejemplares) 
Los fondos necesarios para cubrir los gastos administrativos supra-mencionados se 
obtendrán por reasignación de recursos financieros existentes y no requieren aportaciones 
suplementarias. 
03 

ISSN 0257-9545 
COM(96) 583 final 
DOCUMENTOS 
ES 08 10 
N° de catálogo : CB-CO-96-627-ES-C 
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