P6_TA(2005)0136

Bangladesh

Resolución del Parlamento Europeo sobre Bangladesh

El Parlamento Europeo,

- Visto el Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y la República Popular de Bangladesh sobre colaboración y desarrollo [1],

- Vistas las crecientes denuncias de reiteradas y cada vez más graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado y las organizaciones religiosas fundamentalistas expresadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en febrero de 2005 (E/CN. 4/2005/NGO/32), por el Departamento de Estado estadounidense en febrero de 2005 (Country Report on Human Rights Practices in Bangladesh 2004) y por la organización Amnistía Internacional (por ejemplo, en Acción Urgente 061/2005),

- Vista la Declaración de la Presidencia, efectuada en nombre de la UE, sobre el atentado de Habiganj (Bangladesh) el 29 de enero de 2005,

- Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento,

A. Preocupado por los reiterados atentados con explosivos perpetrados contra políticos de la oposición emblemáticos, grupos de minorías religiosas, periodistas y representantes de ONG, y en particular por los dos recientes ataques con granadas dirigidos contra dos destacados políticos de la oposición, la dirigente de la Liga Awami y antigua Primera Ministra, Sheij Hasina, el 21 de agosto de 2004, y el antiguo Ministro de Hacienda Shah Mohammad Kibria, que fue asesinado el 27 de enero de 2005,

B. Preocupado por la reciente evolución de la situación política en Bangladesh, donde el peligro del fundamentalismo parece cada vez más acuciante y donde la mala administración, la corrupción y el nepotismo han deteriorado gravemente el Estado de Derecho, incluidas las garantías constitucionales en favor de los derechos fundamentales en el país,

C. Preocupado por el escaso éxito del Gobierno de Bangladesh en atajar los brotes de violencia así como por la persistencia de las amenazas de los grupos extremistas; observando que grupos paramilitares siguen operando en las zonas rurales con el apoyo, en algunos casos, de las autoridades locales,

D. Constatando con preocupación que las minorías religiosas, incluida la hindú pero también los grupos musulmanes moderados así como las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, han sido víctimas de numerosas intimidaciones y ataques violentos a lo largo de los últimos años,

E. Reconociendo que el subsiguiente clima de temor ha sido provocado por el abuso de poder por parte de los partidos musulmanes fundamentalistas del Gobierno,

F. Considerando que, si bien Bangladesh ha hecho algunos progresos en diversos sectores socioeconómicos como por ejemplo la salud, la higiene, la educación, la participación de las mujeres, la planificación familiar y el autoabastecimiento alimentario, se ha quedado atrás en lo que se refiere a la mejora de la gobernanza global y a la promoción de los derechos humanos, aspectos que, de llevarse a la práctica, podrían seguir impulsando el crecimiento socioeconómico en beneficio del pueblo bangladeshí,

G. Preocupado por la incapacidad del Gobierno de Bangladesh hasta la fecha para llevar ante la justicia a los autores de los citados atentados, así como por el deterioro general de la legalidad y el orden público en Bangladesh a lo largo del último año; destacando, no obstante, que el 22 de febrero de 2005 el Gobierno de Bangladesh prohibió las actividades y congeló los activos de dos organizaciones criminales musulmanes,

H. Destacando que el Acuerdo de Cooperación CE-Bangladesh se basa en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, y que el incumplimiento de su artículo 1 constituye una infracción susceptible de amenazar la continuidad del mismo,

I. Considerando que la Comisión debe garantizar que la situación de los derechos humanos en Bangladesh es objeto de seguimiento y que se mantiene al Parlamento informado del mismo,

J. Destacando que, en virtud del Derecho internacional, Bangladesh está obligada, en su calidad de Estado Parte, tanto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pese a lo cual todavía no ha aprobado la oportuna legislación al respecto,

1. Condena los reiterados atentados con explosivos e insta al Gobierno de Bangladesh a asegurar que los investigadores internacionales que asisten a los servicios de inteligencia de Bangladesh dispondrán de pleno acceso a todas las pruebas relacionadas con los atentados, de acuerdo con lo prometido por el propio Gobierno; insta al Gobierno de Bangladesh a publicar en su totalidad el informe de la investigación;

2. Insta al Gobierno de Bangladesh a que respete las instrucciones dadas por su Tribunal Supremo de evitar los abusos de instrumentos jurídicos en las detenciones de manifestantes de la oposición y a que se abstenga de reprimir las protestas políticas de carácter pacífico mediante detenciones y torturas;

3. Insta al Gobierno de Bangladesh en particular a que pongan fin a las operaciones antidelincuencia a cargo de las fuerzas paramilitares RAB (Batallón de Acción Rápida), cuya actividad se reduce a ejecuciones extrajudiciales; señala que, según la prestigiosa organización de defensa de los derechos humanos Odhikar, en 2004 se comunicó públicamente el fallecimiento de noventa personas encarceladas que fueron objeto de torturas;

4. Alienta al Gobierno de Bangladesh a permitir que la población participe en los eventos culturales tradicionales y a disponer las oportunas medidas para que dichos eventos, que reflejan una tradición de tolerancia y secularismo, puedan desarrollarse con total seguridad;

5. Insta al Gobierno de Bangladesh a que tome medidas preventivas contra los grupos paramilitares musulmanes que han extendido la violencia y la intimidación por las regiones rurales de Bangladesh;

6. Se reafirma en su apoyo a la petición de que respondan ante la justicia todos aquellos que tomaron parte en la matanza de ciudadanos bangladeshíes y otros crímenes de guerra durante la guerra de liberación de Bangladesh en 1971;

7. Considera que, ante las elecciones parlamentarias previstas para finales de 2006 o principios de 2007, serán necesarias reformas de fondo para restablecer los principios de buena gobernanza, de manera que la comisión electoral y el gobierno provisional puedan funcionar de manera independiente la una del otro;

8. Considera que, para respaldar dichas reformas, será necesario un enfoque coordinado por parte de los donantes de todo el mundo;

9. Pide a todas las partes que se abstengan de recurrir a prácticas antidemocráticas y que inicien un diálogo multilateral mediante la plena participación de las partes en el proceso democrático en el Parlamento; pide a los partidos de la oposición, en particular, que pongan fin al boicot a la actividad parlamentaria, dados los sufrimientos que la agitación y la violencia están causando al pueblo de Bangladesh;

10. Expresa su apoyo a las medidas de principio que los representantes de la UE han adoptado a lo largo del último año en defensa de los derechos de las minoría religiosas en Bangladesh, como por ejemplo su asistencia a una concentración de musulmanes Ahmadiyya en octubre de 2004, cuando los fundamentalistas tenían preparado un ataque en masa contra la misma;

11. Pide al Consejo que revise la aplicación de la cláusula de derechos humanos y democracia del Acuerdo de Cooperación CE-Bangladesh y que se cerciore de si el Gobierno de Bangladesh está haciendo lo suficiente por mejorar en lo esencial la situación de los derechos humanos en el país;

12. Destaca las modestas medidas adoptadas recientemente por el Gobierno de Bangladesh para mejorar la situación política en el país; está dispuesto a alentar al Gobierno de Bangladesh a que instaure una situación donde se respeten la legalidad y el orden público, y a apoyar cualquier progreso importante en aspectos como la buena gobernanza, la libertad de prensa, la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y países candidatos, al Secretario General de las Naciones Unidas y al Gobierno de Bangladesh.

[1] DO L 118 de 27.4.2001, p. 48.

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