Se eligió a un Fiscal General y a un Fiscal Especial mediante un nuevo procedimiento. En septiembre de 2020, el Parlamento aprobó una ley que introducía varios cambios en el proceso de elección del Fiscal General y del Fiscal Especial. Dicha ley ampliaba la lista de personas con derecho a proponer un candidato a la Fiscalía General, abría la candidatura a la Fiscalía también a no fiscales e introducía el requisito de que los candidatos a Fiscal General y a Fiscal Especial se sometiesen a una audiencia pública en el Parlamento. Estas normas nuevas se aplicaron ya en diciembre de 2020 y febrero de 2021 durante la elección de los candidatos a Fiscal General y Fiscal Especial. Los medios de comunicación siguieron de cerca ambas elecciones y las partes interesadas señalaron el aumento de transparencia del proceso.

Se está preparando un proyecto de reforma de la planta judicial. A raíz de las recomendaciones de un informe de la Comisión para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa relativas, entre otras cosas, a reflexionar sobre la mejora de la especialización de los jueces y sobre un cambio de la planta judicial, en concreto sobre la reducción del número de tribunales de distrito, el Ministerio de Justicia ha organizado grupos de trabajo compuestos por jueces, entre otros miembros, con el fin de preparar un proyecto de reforma. El objetivo de la reforma es aumentar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y mejorar su eficacia y su calidad. El proyecto de nueva planta judicial se basa en la necesidad de que los órganos jurisdiccionales tengan un tamaño suficiente para que los jueces y magistrados puedan especializarse más, facilitar el respeto de las identidades culturales y regionales y mejorar la accesibilidad de la justicia. Sobre la base de los datos relativos a la carga de trabajo de los tribunales actuales, así como a la infraestructura y la accesibilidad de los tribunales, el proyecto de reforma proponía reducir el número de tribunales de distrito y regionales de 54 a 30 y de 8 a 3 respectivamente. Los jueces, el personal al servicio de la administración de justicia y los asuntos de los tribunales disueltos se trasladarían a los restantes tribunales sucesores. Entre septiembre y diciembre de 2020, se presentó el proyecto de reforma a jueces y otras partes interesadas; los debates se sucedieron en enero y febrero de 2021. El Ministerio de Justicia está evaluando ahora los comentarios presentados en la consulta pública, que tuvo lugar desde mediados de diciembre de 2020 hasta principios de marzo de 2021. El proyecto de reforma se topó con críticas de varias partes interesadas, que informaron, entre otras cosas, de su falta de participación en el proceso de redacción y expresaron su preocupación por la accesibilidad de los tribunales. Tras las críticas, el Ministerio de Justicia decidió continuar con las consultas a los jueces hasta septiembre de 2021, tras las que someterá de nuevo a consulta pública una propuesta reformulada de reforma del mapa judicial. Dado que la reforma implicará el traslado de jueces, cabe señalar que, de acuerdo con las normas europeas, los jueces que se trasladen en el curso de la reforma sin su consentimiento deben beneficiarse de garantías procesales que aseguren que su independencia no se vea comprometida (véase más arriba). Una revisión del proyecto de reforma realizada por la CEPEJ concluyó que la metodología utilizada se ajusta a sus directrices y a su informe de evaluación y puso de relieve el enfoque basado en pruebas adoptado por las autoridades eslovacas. Formuló asimismo otras recomendaciones, como la reflexión sobre un aplazamiento de su aplicación.

La reciente reforma constitucional modificaba el régimen de traslado de jueces sin su consentimiento. La reciente reforma constitucional estipulaba la posibilidad de trasladar a jueces, sin su consentimiento, en caso de un cambio en el mapa judicial, si dicho traslado es necesario para garantizar el correcto funcionamiento del poder judicial. De conformidad con las normas europeas, en casos excepcionales es posible trasladar a jueces sin su consentimiento, siempre que existan garantías suficientes. Entre estas garantías están los requisitos de no poder trasladar a los jueces a un tribunal de instancia inferior y de permitirles recurrir a la revisión judicial. Es importante que la legislación de aplicación ofrezca garantías suficientes teniendo en cuenta las normas europeas.

Se ha modificado el régimen de responsabilidad penal de los jueces. En octubre de 2020 se aprobó una modificación del Código Penal, a la que siguió una modificación de la disposición constitucional sobre la inmunidad de los jueces. Según ambas reformas, a los jueces no se les puede considerar responsables de una opinión expresada durante su toma de decisiones, a menos que la toma de decisiones de un juez pueda calificarse de delito. A este respecto, se introducía en el Código Penal un nuevo delito de «abuso de Derecho». Con arreglo a esta disposición, a los jueces se les puede procesar por cualquier decisión arbitraria que cause un perjuicio o un beneficio a otra persona. Se prevé que la disposición solo se aplique en caso de decisiones manifiestamente arbitrarias e incorrectas. Los procesos penales están dirigidos por el Fiscal Especial y un Tribunal Penal Especial. Un juez acusado de este delito tendrá derecho a solicitar al Consejo del Poder Judicial que manifieste su desacuerdo con la continuación de la acción penal, lo que, si se concede, equivaldría a la suspensión del procedimiento. El juez inculpado solo podrá ser suspendido temporalmente por decisión de un tribunal disciplinario. Si bien las normas europeas establecen que solo puede responsabilizarse a un juez por su toma de decisiones en casos excepcionales de malevolencia y negligencia grave, todo régimen de responsabilidad de los jueces debe ofrecer de manera clara y precisa las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de presión sobre la actividad judicial o como sistema de control político del contenido de las resoluciones judiciales. Es importante que, al poner en práctica estas nuevas disposiciones, dichas garantías se respeten debidamente en consonancia con las normas europeas. Algunas partes interesadas han expresado su preocupación por la modificación constitucional de la inmunidad de los jueces y han señalado que su redacción, amplia y vaga, podría entrañar un riesgo potencial de abuso.

Pese a que algunas características de la reforma relativas al Consejo del Poder Judicial se acogieron de manera favorable, se plantearon ciertas preocupaciones con respecto al régimen de destitución de sus miembros. La reforma constitucional introdujo cambios en el método de nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial, amplió las competencias de dicho Consejo y modificó la disposición relativa a la destitución de sus miembros. Con la reforma se incorporaba una norma según la cual los miembros del Consejo se elegirían en varios distritos electorales. Según el Gobierno, el objetivo de esa modificación es aumentar la legitimidad del Consejo garantizando una representación más diversa de los jueces. Este objetivo se ajusta a las recomendaciones del Consejo de Europa. La reforma amplía asimismo las competencias del Consejo del Poder Judicial. Además, la reforma prevé explícitamente que los miembros del Consejo del Poder Judicial, incluidos su presidente y vicepresidente, puedan ser destituidos en cualquier momento por la autoridad que los haya nombrado. Según la exposición de motivos, esto implica que no es necesario que tal propuesta de destitución se base en ningún criterio legalmente dispuesto y que, por el contrario, pueda motivarse en una falta de confianza. Las partes interesadas han expresado su preocupación por el hecho de que este aspecto de la reforma pueda tener un impacto negativo en la independencia del Consejo del Poder Judicial. Dichas preocupaciones se han reflejado asimismo en un dictamen de la Mesa del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) de 9 de diciembre de 2020.Un miembro destituido puede impugnar la decisión de la destitución ante el Tribunal Constitucional interponiendo un recurso de inconstitucionalidad. Es importante que el Consejo del Poder Judicial esté sujeto a garantías suficientes en cuanto a su independencia con respecto al poder legislativo y al poder ejecutivo, incluida la forma en que puede destituirse a sus miembros.

El nivel percibido de independencia del poder judicial ha mejorado entre las empresas, pero sigue siendo bajo y muy bajo entre el público en general. El 30 % de las empresas perciben el nivel de independencia judicial como «bastante o muy bueno», lo que supone una mejora considerable con respecto a 2020 (15 %). Por el contrario, no ha habido tal mejora en la percepción de la independencia de los tribunales y jueces entre el público en general, ya que el 28 % considera que la independencia judicial es «bastante o muy buena» y el 65 % «bastante o muy mala», en consonancia con la tendencia a largo plazo, ya señalada en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020. Las razones que con más frecuencia se alegan para la percepción de una falta de independencia están relacionadas casi a partes iguales con la interferencia o presión del Gobierno y los políticos y con la interferencia o presión de intereses económicos u otros intereses específicos.

En lo que respecta al sistema de contrapoderes institucionales, cabe mejorar el proceso legislativo y, para ello, es necesario reforzar la participación de las partes interesadas y de la sociedad civil, como ya se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020. La reforma constitucional de diciembre de 2020 excluye explícitamente la competencia del Tribunal Constitucional para revisar las leyes constitucionales, lo que ha provocado la revisión de dicha disposición por parte de ese Tribunal. El estado de excepción relacionado con la pandemia de COVID-19 duró la mayor parte de 2020 y finalizó en mayo de 2021, tras un cambio de legislación efectuado en diciembre de 2020 para permitir su prórroga. El Defensor Público de Derechos y el Centro Nacional de Derechos Humanos asumieron un papel activo en la defensa de los derechos fundamentales durante la pandemia. La preocupación por la financiación de determinadas ONG va en aumento, en particular por los recortes aplicados a las ONG que trabajan en el ámbito de la igualdad de género.

La Constitución de la República Eslovaca y el Derecho derivado establecen el marco jurídico para la protección de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública, el pluralismo de los medios de comunicación y los derechos de prensa. Se espera que un proyecto de ley, que se está debatiendo y cuya aprobación está prevista para septiembre de 2021, introduzca un marco para garantizar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Se han aplazado los planes del Gobierno de proponer una legislación orientada a garantizar un entorno más favorable para los periodistas. La distribución de publicidad estatal sigue sin estar regulada. Hubo una serie de condenas para personas implicadas en el asesinato del periodista Ján Kuciak y de su prometida en 2018. Las absoluciones de los presuntos autores intelectuales del asesinato fueron anuladas por el Tribunal Supremo, que devolvió el caso al Tribunal Penal Especial. Se confirmó una condena. No se ha incorporado ningún sistema de apoyo a los medios de comunicación para contrarrestar el impacto de la pandemia de COVID-19.

Los esfuerzos de Eslovaquia por reprimir la corrupción han aumentado considerablemente y han demostrado hacer efecto, con la investigación y el enjuiciamiento de una serie de casos de corrupción de alto nivel. También se ha seleccionado y nombrado a diversos altos funcionarios, entre ellos el jefe de la nueva Oficina de Protección de Denunciantes de irregularidades, que asumirá sus funciones a partir del 1 de septiembre de 2021. La capacidad de detectar e investigar los delitos de corrupción puede seguir reforzándose mediante inversiones en especialización, conocimientos técnicos analíticos específicos y formación en materia de integridad para el Organismo Nacional de Lucha contra la Delincuencia. Los avances en la prevención de la corrupción son lentos. Hasta ahora han fracasado varios intentos de regular la actividad de los grupos de presión. No obstante, hay varios proyectos legislativos previstos o en fase inicial sobre grupos de interés, «puertas giratorias», declaraciones de patrimonio, conflictos de intereses de los diputados y contratación pública.

Han seguido haciéndose importantes esfuerzos para mejorar la independencia, la integridad, la calidad y la eficiencia del sistema judicial eslovaco, según se indicó ya en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020. En diciembre de 2020, el Parlamento aprobó una amplia reforma de la Constitución y de la legislación de aplicación del sistema judicial, en particular en lo referente al Tribunal Constitucional y al Consejo del Poder Judicial. Las autoridades también han intensificado los esfuerzos para hacer frente a la corrupción en el poder judicial. Se está preparando una reforma del mapa judicial en la que estará implicado el Consejo de Europa y que ha generado una serie de comentarios de las partes interesadas. Se ha creado un Tribunal Supremo Administrativo. Se ha elegido a un nuevo Fiscal General y a un Fiscal Especial mediante un nuevo procedimiento transparente. Estas reformas reflejan los esfuerzos por mejorar el sistema judicial y es importante que su aplicación tenga en cuenta las normas europeas pertinentes para salvaguardar la independencia judicial. Esto también es importante si se tiene en cuenta que el nivel de independencia del poder judicial que se percibe sigue siendo muy bajo entre el público en general, pese a haber mejorado entre las empresas.

Se espera que se introduzca un marco para garantizar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación a través de un proyecto de ley por el que se modificará la Ley de radiodifusión y retransmisión. A la espera de la adopción de dicho proyecto de ley, cuya adopción está prevista para septiembre de 2021 y que habría de introducir disposiciones sobre la transparencia de la estructura de propiedad y la titularidad real, tal como se prevé en la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, el Media Pluralism Monitor considera una vez más en su informe de 2021 que la falta de regulación significa que este sigue siendo un ámbito de riesgo elevado La Ley de radiodifusión y retransmisión incluye topes y limitaciones para evitar un alto grado de concentración horizontal de la propiedad en los mercados de la televisión y la radio. No obstante, la falta de datos en relación con los ingresos y los índices audiencia del mercado dificulta la evaluación de la situación real.

Según el Ministerio Fiscal, la pandemia de COVID-19 no tuvo ningún impacto específico en la incidencia de la corrupción, en la detección de la corrupción ni en los esfuerzos por combatir la corrupción en Eslovaquia. Debido a la pandemia de COVID-19, se aplazaron algunos juicios, lo que ha contribuido a la acumulación de casos pendientes . Los sectores de alto riesgo que estaban expuestos a la corrupción antes de la pandemia siguieron siendo en gran medida proclives a la corrupción durante la pandemia, como la contratación pública y el sector de la asistencia sanitaria; en este último el riesgo se vio aumentado y aparecieron además sistemas de fraude de subvenciones relacionados con la pandemia . En el marco del programa sectorial de lucha contra la corrupción del Ministerio de Sanidad , se creó un grupo de trabajo específico para evaluar los riesgos de corrupción en el contexto de la pandemia de COVID-19, que identificó dos ámbitos de riesgo relacionados con solicitudes para gastos no subvencionables y duplicación de solicitudes de reembolso . En un esfuerzo por reducir el período necesario para la adquisición de bienes, servicios y obras de construcción durante la pandemia, el Gobierno preparó una propuesta legislativa para modificar su legislación en materia de contratación pública. Sin embargo, la propuesta se revisó en mayo de 2021 a raíz de una petición pública y de críticas por excluir a la Oficina de Contratación Pública del procedimiento de revisión previsto inicialmente y, por lo tanto, excluir del control público las comisiones de valor excesivo . Según la sociedad civil, la propuesta legislativa revisada aborda las preocupaciones planteadas en la petición, dado que aumenta la transparencia y el control público y reduce así los riesgos de corrupción .

Las finanzas de los partidos políticos son transparentes, pero su supervisión podría reforzarse. La principal ley que regula la financiación de los partidos políticos en Eslovaquia es la Ley sobre partidos y movimientos políticos . Las donaciones a los partidos políticos están limitadas a 5 000 EUR en efectivo por año civil, aunque no existe tal límite durante los períodos electorales. Se prohíben las donaciones de entidades extranjeras y donantes anónimos. El incumplimiento puede dar lugar a una multa por parte de la Comisión Nacional para las Elecciones y el Control de la Financiación de los Partidos Políticos por un importe equivalente al doble de los ingresos procedentes de la donación o del servicio gratuito. Los partidos están obligados a informar anualmente a la Comisión del Estado sobre sus finanzas. Los informes financieros se ponen a disposición del público. Los informes los supervisa el Consejo Nacional de la República Eslovaca y deben revelar información financiera sobre las campañas electorales y la identidad de los donantes . Los organismos de supervisión tienen recursos humanos limitados y se han planteado preocupaciones en cuanto a las candidaturas políticas dentro de ellos . Para las elecciones de 2020, se aprobó en un plazo de dos días un proyecto de ley que endurecía las normas de financiación de la campaña electoral y que afectaba especialmente a partidos de reciente creación, algo que suscitó la preocupación entre los partidos nuevos, la sociedad civil y los medios de comunicación en cuanto a la competencia leal entre partidos.

Eslovaquia se comprometió a presentar un proyecto de ley sobre los grupos de presión en noviembre de 2021. El proceso dirigido por la Oficina del Gobierno se encuentra en la fase preparatoria inicial . Ha habido varios intentos de adoptar una legislación en este sentido, pero hasta la fecha la actividad de los grupos de presión sigue sin estar regulada en Eslovaquia. Como consecuencia de ello, no existen definiciones jurídicas de los grupos de presión ni de las actividades y los objetivos de dichos grupos, ni tampoco sanciones efectivas para las actividades indebidas de los grupos de presión ni una huella legislativa . Sin embargo, sí hay instrumentos legislativos y de otro tipo a este respecto que permiten hacer un seguimiento de los comentarios vertidos por las partes interesadas y de la medida en que estos se han incorporado a un proyecto legislativo . También está previsto crear un código deontológico para los diputados e introducir un reglamento legislativo sobre las normas posteriores al empleo («puertas giratorias») de cara a 2021 . Han entrado en vigor modificaciones de la Ley de protección del interés público que establecen la obligación de declarar las donaciones u otras prestaciones, así como el uso de bienes muebles o inmuebles .

El marco jurídico penal se ha complementado con la entrada en vigor de una nueva ley sobre embargo de bienes. Entre otras cosas, la Ley sobre el embargo , que entró en vigor en enero de 2021, impide la legalización de los activos de origen delictivo mediante transferencias a terceros y modifica el Código Penal con la introducción de nuevos delitos, como el delito de aceptar u ofrecer beneficios o ventajas injustificados y el delito de corrupción indirecta . Asimismo, la ley introduce una definición de producto del delito. En particular, la ley estipula la creación de una nueva Oficina para la Gestión de Bienes Embargados . Sin embargo, existen deficiencias legislativas en lo que respecta a la autorización de la policía para solicitar información financiera de sospechosos a los bancos en la fase de investigación de estos delitos , así como en lo que se refiere a la tipificación como delito del tráfico de influencias .

El marco estratégico para la lucha contra la corrupción está constituido por la política anticorrupción para el período 2019-2023. Dicha política se centra principalmente en la prevención a través de medidas blandas y va acompañada por un plan de acción, el Programa Nacional Anticorrupción , y por varios programas sectoriales . Al ser esencialmente idéntico al documento político, el plan de acción actual no propone medidas operativas concretas para facilitar la aplicación de las prioridades políticas. El Programa Nacional Anticorrupción se encuentra actualmente en proceso de actualización . El Departamento de Prevención de la Corrupción de la Oficina del Gobierno supervisa la aplicación de la política y del plan de acción. La supervisión de la ejecución de los programas sectoriales es competencia de los órganos centrales de la administración estatal pertinentes .

La eficiencia de los procedimientos contenciosos-administrativos se ha deteriorado aún más. En 2019 continuó la tendencia al aumento de la duración media de los procedimientos contencioso-administrativos, que ya era larga desde el punto de vista de la UE, y alcanzó los 518 días, frente a los 157 días de 2018. Al mismo tiempo, la tasa de resolución también ha seguido disminuyendo, hasta un 81,4 % en 2019 (frente al 96,1 % de 2018). Esto sugiere que el sistema no consigue hacer frente de manera eficiente a la carga de trabajo en los asuntos contencioso-administrativos. Por lo que se refiere a los asuntos civiles y mercantiles, la duración media estimada de los procedimientos en contenciosos civiles y mercantiles aumentó en 2019 en comparación con 2018 y llegó a los 170 días (frente a los 157 de 2018). El Consejo de Europa ha examinado varios grupos de casos relativos a la excesiva duración de los procedimientos civiles.

Aunque la pandemia tuvo un impacto notable en el sistema judicial, los tribunales y abogados en general pudieron continuar con su trabajo. El número de audiencias celebradas por los tribunales de distrito y regionales sí disminuyó. Cuando se celebraron audiencias, se hicieron por videoconferencia o en persona, de ser necesario, en cuyo caso se cumplieron las debidas medidas de seguridad. El Tribunal Supremo se vio menos afectado, entre otras cosas porque la mayoría de sus procedimientos son por escrito. Los abogados también se vieron afectados por la pandemia, pero no han comunicado obstáculos importantes en el ejercicio de su trabajo. El Consejo del Poder Judicial ha seguido de cerca la situación en los tribunales. El Ministerio de Justicia ha publicado directrices e información sobre las restricciones, que los tribunales han agradecido.

Los esfuerzos por avanzar en la digitalización están dando resultados, pero en la práctica surgen deficiencias. El compromiso activo para avanzar en la digitalización del sistema judicial de los últimos años ha empezado a dar resultados. Eslovaquia está bien equipada en cuanto a normas procesales que permiten el uso de tecnología digital en los tribunales, además de disponer de una serie de herramientas e infraestructuras que facilitan la comunicación a distancia y un acceso remoto seguro al lugar de trabajo, la comunicación electrónica segura entre los servicios judiciales y los profesionales e instituciones del Derecho o la posibilidad de que los usuarios inicien y sigan procedimientos en asuntos civiles, mercantiles y administrativos. Se observan lagunas, en particular, en lo que respecta a la Fiscalía y a las soluciones digitales para los procedimientos judiciales en asuntos penales. Sin embargo, hay indicios de que, si bien existen herramientas e infraestructuras, su uso en la práctica podría verse obstaculizado, por ejemplo, por la poca facilidad de uso, la incompatibilidad de los diferentes sistemas de información utilizados o la falta de competencias de los usuarios. Aunque la pandemia de COVID-19 ha contribuido en general al impulso del proceso de digitalización, también ha puesto de manifiesto algunas de estas deficiencias prácticas. Hay en marcha varios proyectos para abordar las necesidades del sistema judicial, dirigidos por un nuevo departamento informático del Ministerio de Justicia y entre los que se encuentra el desarrollo de un nuevo sistema de gestión de casos y un nuevo registro comercial, que también se han incluido en el Plan de recuperación y resiliencia de Eslovaquia.

Sigue existiendo un marco jurídico propicio para las organizaciones de la sociedad civil, pero preocupa ahora la limitación de la financiación de determinadas ONG. El nuevo Gobierno ha asumido el compromiso de seguir reforzando la sociedad civil. En diciembre de 2020 se puso en marcha un nuevo registro de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. Dicho mecanismo representa un registro público único de todas las organizaciones definidas en la Ley correspondiente que operan en Eslovaquia y tiene por objeto mejorar aún más la transparencia. Las partes interesadas han manifestado su preocupación por los ataques verbales dirigidos por autoridades públicas y políticos contra activistas y organizaciones de la sociedad civil y por la limitación deliberada de la financiación pública de organizaciones que promueven la igualdad de género. Asimismo, la pandemia de COVID-19 ha llevado al límite la actividad de una serie de organizaciones de la sociedad civil y las partes interesadas han expresado su especial preocupación por lo que respecta a las repercusiones generales de la pandemia en la situación financiera de las ONG.

El Parlamento modificó la legislación relativa al estado de excepción para permitir una prórroga más allá de los noventa días. El Parlamento continuó sus actividades durante el estado de excepción sin alteraciones importantes. El estado de alarma permite al Gobierno adoptar ordenanzas que limiten determinados derechos y libertades, como la libertad de circulación. El Gobierno está facultado para declarar el estado de alarma con una duración máxima de noventa días, en las condiciones establecidas por una ley constitucional. Tras la aplicación del estado de alarma desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 13 de junio de 2020, el Gobierno declaró un nuevo estado de alarma a partir del 1 de octubre de 2020. En diciembre de 2020, el Parlamento modificó la legislación pertinente para permitir la prórroga repetida del estado de alarma por parte el Gobierno en plazos de cuarenta días, a condición de su aprobación por el Parlamento. El estado de excepción finalizó el sábado, 15 de mayo de 2021. El Tribunal Constitucional tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de una declaración y prórroga del estado de excepción. Sin embargo, las partes interesadas han observado que los plazos para dicha revisión son escasos. Se solicitó al Tribunal Constitucional que examinara la constitucionalidad de la declaración y de una de las prórrogas, y en ambas ocasiones el Tribunal declaró su conformidad con la legislación pertinente. El Tribunal Constitucional también ha examinado varias medidas adoptadas en el contexto de la pandemia y ha aclarado cuestiones relativas a la competencia de los tribunales ordinarios para pronunciarse sobre tales medidas. No obstante, a raíz de posteriores cambios legislativos, se planteó la preocupación de que el derecho a la revisión judicial de determinadas medidas pudiera no estar suficientemente garantizado.

La reforma constitucional establece expresamente que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para revisar las leyes constitucionales. En el pasado, el Tribunal Constitucional ha hecho valer su facultad de evaluar la constitucionalidad de las leyes constitucionales, algo que utilizó en una ocasión para proteger la independencia judicial. La reciente reforma constitucional (véase la sección I) ha modificado la redacción de la Constitución para prohibir expresamente a este Tribunal revisar la constitucionalidad de dichas leyes. Las partes interesadas han criticado dicha modificación. La constitucionalidad de esta enmienda se ha impugnado ante el Tribunal Constitucional, donde aún está pendiente de resolverse.

Aún no se han materializado los planes anunciados en 2020 para mejorar el proceso legislativo y reforzar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas de la administración pública. El nuevo Gobierno, en vigor desde abril de 2021, incluyó en su Declaración programática los compromisos del anterior Gobierno de mejorar el proceso de elaboración y promulgación de legislación, reforzar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas de la administración pública, ampliar el acceso a la información y ampliar la aplicación del gobierno abierto. Asumió asimismo el compromiso de reforzar las competencias de la Oficina Superior de Auditoría. Aún no se han presentado propuestas a estos efectos ni se han iniciado consultas con las partes interesadas. El Gobierno tiene en fase preparatoria una enmienda a la Ley de libre acceso a la información.

Se han expresado ciertas preocupaciones por el carácter inclusivo del proceso legislativo. La reciente reforma constitucional (véase la sección I) se anunció en la Declaración del programa gubernamental de abril de 2020 y, tras presentarse ante varias partes interesadas y hacerse una consulta pública por escrito en julio de 2020, se presentó al Parlamento a principios de octubre de 2020 y se aprobó en diciembre de 2020. Las partes interesadas expresaron su preocupación por la ausencia de un debate amplio e informado sobre las principales características de la reforma, así como por la falta de consulta a la Comisión de Venecia, habida cuenta del alcance y la importancia de la reforma. Asimismo, las partes interesadas han subrayado la importancia de que los cambios constitucionales sean consecuencia de un debate público abierto y oportuno, en el que participen las propias partes interesadas y la sociedad civil, en consonancia con las normas europeas. Las partes interesadas han expresado además su preocupación por su falta de participación en otros procesos legislativos y por el uso de procedimientos acelerados en el Parlamento, algo que también se aplicó en el caso de legislaciones no estrictamente ligadas a la pandemia.

Tanto políticos del Gobierno como de la oposición han atacado verbalmente a periodistas y medios de comunicación. Se ha acusado a periodistas de «fastidiar» y de socavar la labor del Gobierno durante la pandemia de COVID-19. Ya en septiembre de 2020, la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas publicó una alerta para Eslovaquia por el caso del periodista de un periódico al que estaban vigilando personas no identificadas. La legislación propuesta para reforzar la protección de los periodistas se ha aplazado debido a la pandemia de COVID-19. Entre otras cosas, se proponen una definición del estatuto de los periodistas, la protección de las fuentes periodísticas y un mayor acceso a la información. El Gobierno está estudiando asimismo la posibilidad de introducir modificaciones en la estricta legislación eslovaca en materia de difamación penal con el fin de ofrecer garantías a los periodistas. No se ha incorporado ningún sistema de apoyo a los medios de comunicación para contrarrestar el impacto de la pandemia de COVID-19.

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2005), Segundo dictamen provisional sobre las reformas constitucionales en la República de Armenia, CDL-AD(2005)016.

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2010), Informe sobre la enmienda constitucional, CDL-AD(2010)001.

Consejo de Europa, Comisión de Venecia (2013), Dictamen sobre el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Tribunales de Competencia General de Georgia, CDL-AD (2013)007-e.

Consejo Consultivo de los Jueces Europeos (2007), Dictamen n.º 10.

Consejo Consultivo de Jueces Europeos (2016), Dictamen n.º 19.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 25 de julio de 2018, LM, C‑216/18 PPU.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 18 de mayo de 2021, asuntos acumulados rumanos, C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 y C-397/19.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 20 de abril de 2021, Repubblika, C-896/19.

Dirección General de Comunicación (2019), Flash Eurobarometer 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU.

Dirección General de Comunicación (2020), Special Eurobarometer 502: corruption.

Comisión Europea (2020), Informe sobre el Estado de Derecho, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Eslovaquia.

Comisión Europea (2021), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.

Comisión Europea (2021), comunicado de prensa n.º 03/2021, La OLAF archiva asuntos relativos a los fondos agrícolas de la UE en Eslovaquia ( https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/21-01-2021/olaf-closes-cases-eu-agricultural-funds-slovakia_en ).

Comisión Europea, Comisión para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (2017), Eficiencia y calidad del sistema judicial eslovaco, Evaluación y recomendaciones basadas en las herramientas de la CEPEJ, CEPEJ-COOP(2017)14.

Comisión Europea, Comisión para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (2020), Revisión por expertos de la CEPEJ de la reforma del mapa judicial en la República Eslovaca.

Comisión Europea, Comisión para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa, Estudio anual.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 24 de julio de 2012, Maxian y Maxianova, 44482/09, estado de ejecución ( http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-7711 ).

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 15 de septiembre de 2015, Javor y Javorova, 42360/10, estado de ejecución ( http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-7717 ).

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 27 de junio de 2017, Ivan, 57405/15, estado de ejecución ( http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-47309 ).

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 31 de agosto de 2018, Balogh y otros, 35142/15, estado de ejecución ( http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-51541 ).