INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre la política de competencia 2013 /* COM/2014/0249 final */





INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre la política de competencia 2013 INTRODUCCIÓN - LA POLÍTICA DE COMPETENCIA DE LA UE, UN INSTRUMENTO PARA RECUPERAR LA COMPETITIVIDAD EUROPEA En 2013, ha habido signos esperanzadores de que en Europa está en marcha una recuperación económica. Las medidas políticas emprendidas a nivel de la UE contribuyeron a que se empezara a restablecer la confianza y a crear las bases para volver a la senda del crecimiento. No obstante, no hay que bajar la guardia. Si la UE quiere dejar atrás las secuelas de la crisis y reactivar la economía europea, tiene que ir más allá. Lo que Europa necesita son ajustes estructurales, una distribución eficiente de recursos y un crecimiento de la productividad. El crecimiento inteligente, sostenible e integrador sigue siendo el núcleo de la agenda política de Europa para la década. Estimular la competitividad en toda la UE es primordial para alcanzar ese objetivo. La competitividad es un concepto múltiple y pluridimensional. El Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial la define como «el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país»[1]. Según el Informe sobre la competitividad europea de la Comisión Europea, en la raíz misma de la competitividad están los acuerdos políticos institucionales y microeconómicos que crean las condiciones para que las empresas puedan surgir y prosperar, y se premie la creatividad y el esfuerzo individual.[2] Los instrumentos de la política de competencia entran de lleno en ambas descripciones. Además, el Estudio del Parlamento Europeo de 2013[3] sobre la política de competencia concluía: «La competencia desempeña un papel crucial en el fomento de la productividad y la innovación como motores del crecimiento económico. Esto significa que la política de competencia, que intensifica la competencia, estimulará el crecimiento». Este principio se aplica a todos los instrumentos de la política de competencia. La ejecución de la normativa de defensa de la competencia puede frustrar los intentos de las empresas dominantes de mantener a los nuevos competidores fuera del mercado e impedirles competir efectivamente como ellos. También puede crear las condiciones para bajar los precios de los insumos de la industria de la UE. El control de las fusiones puede mantener los mercados abiertos y eficientes. La política de ayudas estatales protege el mercado interior frente a los falseamientos y contribuye a encaminar los fondos públicos hacia objetivos que aumenten la competitividad. Además, la competencia y la política de competencia son parte integrante de las condiciones generales requeridas para que prospere la innovación. Ofrecen incentivos a empresas innovadoras y de nueva creación, impulsan a las empresas a ser más eficientes y fomentan las subvenciones concebidas para estimular la I+D y la innovación. La política de competencia fomenta la competitividad en un contexto global. Una sana competencia en el Mercado Único prepara a las empresas europeas para hacer negocios y triunfar en mercados mundiales. Sustenta también una política industrial moderna, reflejada en las disposiciones correspondientes del Tratado de Lisboa (artículo 173 TFUE) que establecen que la acción adoptada por la UE y los Estados miembros estará «dentro de un sistema de mercados abiertos y competitivos». Por otra parte, la política de competencia es la contrapartida necesaria de la regulación del Mercado Único. El impacto de las medidas regulatorias sobre la estrategia y las inversiones de las empresas puede verse debilitado si no se aplican adecuadamente las normas de competencia y del Mercado Único. La aplicación de las normas sobre ayudas estatales y competencia tiene también un papel importante que desempeñar en la Estrategia Europa 2020 y en el logro de sus iniciativas emblemáticas. En particular, las acciones de política de competencia están contribuyendo a las iniciativas «Unión por la innovación», «Una política industrial para la era de la globalización», «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» y «Una Agenda Digital para Europa». En 2013, todos los instrumentos de ejecución de las normas de competencia han contribuido a promover el crecimiento y la competitividad en la economía europea. La ejecución de la normativa de defensa de la competencia ha desalentado y castigado la fragmentación artificial del mercado interior. La modernización de las ayudas estatales ha sido desarrollada para impulsar un diseño del gasto público que fomente el crecimiento. Se han adoptado decisiones importantes en sectores de importancia estratégica, como los servicios financieros, las telecomunicaciones, la economía digital y la energía. La cooperación internacional en la elaboración y aplicación de políticas de competencia ha ayudado a hacer frente a los retos que plantea la cada vez mayor internacionalización empresarial. Por último, 2013 estuvo marcado por dos hitos importantes para la política de competencia de la UE. En primer lugar, el Reglamento 1/2003[4], cuando se adoptó, dio paso a una nueva era en la aplicación de las normas de defensa de la competencia de la UE y ahora, después de una década, ha llevado a un análisis y reflexión para posteriores mejoras. En segundo lugar, el 11 de junio, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva relativa a las demandas por daños y perjuicios[5] – una medida largo tiempo esperada por las partes interesadas y una prioridad política para la actual Comisión. El debate sobre estas cuestiones – y las que se abordarán en el presente informe – ha nutrido el diálogo estructurado entre la Comisión y el Parlamento Europeo a lo largo de todo el año (véase la sección 8 sobre Diálogo con otras instituciones en materia de competencia y, para más detalles, el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al presente informe). 1. FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE LA LUCHA CONTRA LOS CÁRTELES El éxito de las empresas europeas depende en gran medida de la competitividad de sus precios. Los costes de los insumos artificialmente aumentados por conductas contrarias a la competencia y a las estructuras del mercado tienen efectos perjudiciales para la competitividad de Europa en los mercados mundiales y en sus perspectivas globales de crecimiento. Huelga decir que unos costes más elevados de los insumos se traducen también en precios finales más elevados para los consumidores europeos. Una ejecución contundente de la normativa sobre cárteles es vital a este respecto. Los cárteles suelen afectar a los insumos y bienes intermedios y la Comisión ha centrado sus esfuerzos de aplicación de la normativa en este ámbito. En los últimos años, varias investigaciones han logrado desmantelar cárteles que habían exagerado los precios de los insumos y perjudicado seriamente a la competitividad de la UE[6]. La Comisión también concluyó uno de esos asuntos en 2013. En julio, la Comisión multó a cinco proveedores de recambios para el automóvil, Sumitomo, Yazaki, Furukawa, S-Y Systems Technologies (SYS) y Leoni, por un total de 141 791 000 EUR por su participación en uno o varios cárteles para el suministro de cableado a Toyota, Honda, Nissan y Renault. Los cárteles cubrían todo el Espacio Económico Europeo (EEE)[7]. El cableado es un sistema de cables que transmite señales o conduce la energía eléctrica de los ordenadores a diversos componentes del vehículo y suele describirse como el «sistema nervioso central» del vehículo. La aplicación de la normativa en materia de cárteles hace más transparente el sector de servicios financieros: los asuntos de derivados sobre tipos de interés Los derivados sobre tipos de interés son productos financieros utilizados por bancos o compañías para gestionar el riesgo de las fluctuaciones de los tipos de interés. Derivan su valor del nivel de un tipo de interés de referencia, como el Tipo interbancario de oferta de Londres (LIBOR) – utilizado por varias divisas incluido el yen japonés (JPY) – o el Tipo de interés de oferta en el mercado interbancario del euro (EURIBOR), para el euro. El cártel de derivados sobre tipos de interés en euros (EIRD) funcionó entre septiembre de 2005 y mayo de 2008. Las partes del procedimiento de transacción son Barclays, Deutsche Bank, RBS y Société Générale. El cártel pretendía falsear la evolución normal de los componentes de precios de dichos derivados. Los corredores de diferentes bancos discutieron los tipos presentados por sus bancos para calcular el EURIBOR así como sus estrategias de negociación y de tarificación. También se incoó un procedimiento contra Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan y proseguirá la investigación en relación con la conducta de estas tres sociedades en el procedimiento normal de cártel. En el sector de los derivados sobre tipos de interés denominados en yenes japoneses (YIRD), la Comisión descubrió siete infracciones bilaterales distintas que duraron entre uno y diez meses en el periodo de 2007 a 2010. La colusión incluía negociaciones entre corredores de los bancos participantes sobre determinados tipos del LIBOR en yenes japoneses. Los corredores implicados también intercambiaron, en ocasiones, información comercial sensible relacionada con las posiciones de negociación o con futuras presentaciones de tipos del LIBOR en yenes japoneses (en una ocasión, en relación también con futuras presentaciones de tipos del Euroyen TIBOR – Tipo interbancario de oferta de Tokyo). Los bancos implicados en una o varias de las infracciones son UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup y JPMorgan. El corredor bursátil RP Martin facilitó una de las infracciones al utilizar sus contactos con algunos bancos del grupo LIBOR en yenes que no participaron en esta infracción, con el fin de influir en los datos que suministraban sobre el LIBOR para el yen. En el contexto de la misma investigación, la Comisión ha incoado también un procedimiento contra el corredor ICAP. Esa investigación continúa según el procedimiento normal de cártel. Esas decisiones envían el claro mensaje de que la Comisión está decidida a perseguir y reprimir este tipo de cárteles en el sector financiero. La sana competencia y la transparencia son cruciales para que los mercados financieros trabajen adecuadamente, al servicio de la economía real y no en interés de unos pocos. Otra tendencia de los últimos años ha sido la detección de cárteles en sectores de servicios. La Comisión está tramitando una serie de asuntos en el ámbito de los servicios financieros. El 4 de diciembre, la Comisión multó a ocho bancos con un total de 1 712 468 000 EUR por participar en cárteles en mercados de productos derivados financieros en el EEE[8]. Cuatro de ellos participaron en un cártel relacionado con los derivados sobre tipos de interés denominados en euros. Seis de ellos participaron en uno o varios cárteles bilaterales relacionados con los derivados sobre tipos de interés denominados en yen japoneses. Estas colusiones están prohibidas por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ambas decisiones se adoptaron con arreglo al procedimiento de transacción, y las multas impuestas a las partes se redujeron un 10 % dado su acuerdo de transacción. La Comisión tiene también varios asuntos en curso en el sector alimentario, un ámbito que afecta directamente a los consumidores. En noviembre, la Comisión multó a cuatro comerciantes europeos de quisquillas del mar del Norte - Heiploeg, Klaas Puul, Kok Seafood (todos establecidos en los Países Bajos) y Stührk (establecido en Alemania) - con un total de 28 716 000 EUR por operar un cártel[9]. Entre junio de 2000 y enero de 2009, Heiploeg y Klaas Puul acordaron fijar los precios y repartirse el volumen de ventas de quisquillas del mar del Norte en Bélgica, Francia, Alemania y los Países Bajos. Además de esas decisiones, en abril la Comisión envió un pliego de cargos a varios proveedores de circuitos integrados para tarjetas inteligentes por su presunta participación en un cártel[10]. Los circuitos integrados para tarjetas inteligentes tienen innumerables aplicaciones, tales como tarjetas SIM, tarjetas bancarias, tarjetas de identidad y muchos otros dispositivos. La Comisión considera de manera preliminar que algunos proveedores podrían haber coordinado su comportamiento en el EEE para sostener los precios. La Comisión en un principio entabló conversaciones para llegar a una transacción con algunas empresas presuntamente implicadas. Sin embargo, posteriormente la Comisión volvió al procedimiento normal de defensa de la competencia al no conseguirse avances. Por último, cabe recordar que los cárteles pueden fragmentar el mercado interior y obstaculizar la adaptación del sector a los cambios de las condiciones del mercado. Por consiguiente, el daño que causan no se limita a los mercados en los que operan las compañías implicadas sino que pueden afectar a la competitividad de la economía en su conjunto. 2. Garantizar la efectividad de la ejecución de la normativa de defensa de la competencia y del control de las concentraciones en interés de empresas y consumidores. El Reglamento 1/2003, el principal instrumento de procedimiento para la aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE, entró en vigor el 1 de mayo de 2004. El Reglamento marcó un punto de inflexión ya que facultó a todos los organismos de aplicación en la UE (Comisión, autoridades nacionales de competencia y órganos jurisdiccionales nacionales) para aplicar las normas de defensa de la competencia de la UE a los acuerdos y prácticas capaces de incidir en el comercio entre Estados miembros, respetando, al mismo tiempo, los derechos fundamentales de las partes interesadas afectadas, protegidos por la Carta Europa de Derechos Fundamentales. Se creó la Red Europea de Competencia (REC) y se introdujeron instrumentos de cooperación para garantizar la aplicación efectiva y coherente de las normas comunes. Sobre esta base, la Comisión y las Autoridades Nacionales de Competencia (ANC) han recorrido una importante trayectoria común de aplicación de la normativa, respaldada por una variada labor de iniciativas políticas. Desde mayo de 2004, la Comisión ha examinado prácticas potencialmente contrarias a la competencia prácticamente en todos los sectores económicos, y ha adoptado más de 120 decisiones. Las ANC, por su parte, han investigado más de 1 600 asuntos durante el mismo periodo, que han dado lugar a más de 600 decisiones de ejecución. En 2013 la Comisión comenzó a examinar retrospectivamente la experiencia de estos 10 años para analizar el trabajo de las autoridades de competencia de la UE en los diferentes sectores y tipos de infracción. Evaluar las prioridades y logros pasados ayudará a reforzar la ya excelente coordinación entre la Comisión y las ANC. El Reglamento 1/2003 en acción Estructuras de las autoridades nacionales de competencia La legislación de la UE depende de los Estados miembros para garantizar que haya autoridades nacionales de competencia efectivas y bien equipadas y les deja mucho margen en el diseño de los regímenes nacionales de aplicación de las normas de competencia. El único requisito explícito es que los Estados miembros designen a sus respectivas autoridades responsables para la aplicación del artículo 101 y del artículo 102 del TFUE de manera que las disposiciones del Reglamento se respeten efectivamente. En los últimos años, se han producido reformas estructurales en numerosos Estados miembros. Las estructuras de las ANC en la Red Europea de Competencia (REC) generalmente han evolucionado hacia un mayor grado de autonomía y efectividad. No obstante, han surgido dudas en cuanto a la independencia y recursos de algunas de las ANC. Debe evitarse un retroceso de los logros. Convergencia de los organismos de ejecución El Reglamento dejó a los Estados miembros libertad para determinar sus propios procedimientos y sanciones en la aplicación en su territorio de las normas de competencia de la UE. Aparte de una obligación general de que los Estados miembros garanticen la ejecución efectiva, en particular mediante la aplicación de los principios de efectividad y equivalencia, la legislación de la UE no regula ni armoniza estas cuestiones. Como resultado, la Comisión y las ANC aplican las mismas normas sustantivas con diferentes procedimientos y sanciones. La convergencia de los organismos de ejecución ha sido central en el trabajo de la REC durante varios años. La REC ha presentado sobre todo informes comparativos detallados sobre autoridades de investigación y decisorias así como una serie de recomendaciones sobre autoridades de investigación y decisorias. Por lo que se refiere a las sanciones por las infracciones a la legislación de competencia, la mayoría de las ANC pueden imponer multas disuasorias civiles o administrativas y aplicar una metodología básica similar al fijar las multas. La reformas para aumentar la convergencia de los procedimientos se han impulsado mediante recomendaciones por país en el marco de la Estrategia Europa 2020 (Semestre Europeo) y en el contexto de Programas de Ajuste Económico. Convergencia de los programas de clemencia e interfaz con otros ámbitos de la legislación Generalmente se reconoce que los programas de clemencia son un instrumento importante para detectar cárteles secretos. Desde un principio, en la REC ha sido una prioridad impulsar la convergencia y una interacción fluida en este ámbito. Principalmente, el Programa modelo de la REC en materia de clemencia (PMC), desarrollado en la propia REC, proporciona a los Estados miembros y a las ANC una serie coherente de normas y procedimientos modelo en los que poder inspirarse al redactar las medidas nacionales. Como resultado, prácticamente todos los Estados miembros han introducido programas de clemencia y se ha producido un proceso importante de alineamiento con el PMC. A finales de 2012 se ratificaron algunos ajustes del PMC. La Comisión seguirá prestando mucha atención al funcionamiento del marco general de aplicación pública de las normas de competencia de la UE. La Comisión adoptó en 2013 una iniciativa clave adicional para el entorno regulatorio de defensa de la competencia: la propuesta de Directiva sobre cómo pueden los ciudadanos y las empresas reclamar daños y perjuicios cuando son víctimas de infracciones de las normas de defensa de la competencia de la UE, tales como cárteles y abusos de posición dominante en el mercado[11]. La propuesta se hace para eliminar una serie de dificultades prácticas a las que se suelen enfrentar las víctimas cuando intentan obtener una compensación justa por los daños que han sufrido como consecuencia de infracciones de la legislación de competencia de la UE. Suprimir obstáculos a la compensación efectiva para las víctimas de infracciones de las normas de defensa de la competencia La propuesta legislativa El 11 de junio, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre demandas por daños y perjuicios ocasionados por infracciones de la legislación de competencia de la UE. En virtud de la legislación de la UE, cualquier persona o empresa que haya sufrido daños por una infracción de la legislación de competencia de la UE tiene derecho al pleno resarcimiento. La propuesta tiene dos objetivos complementarios. En primer lugar, hacer realidad el derecho de la UE al resarcimiento en todos los Estados miembros suprimiendo las dificultades prácticas clave a las que suelen enfrentarse los consumidores y las empresas cuando solicitan una compensación. En segundo lugar, la propuesta pretende optimizar la interacción de esas demandas privadas por daños y perjuicios con la aplicación pública de las normas por parte de la Comisión y las autoridades nacionales de competencia, para salvaguardar una sólida aplicación pública y lograr una aplicación general más efectiva. Para lograr estos objetivos, la propuesta incluye normas sustantivas y de procedimiento sobre aspectos cruciales de las demandas por daños y perjuicios, tales como el acceso a los medios de prueba, los plazos de prescripción para interponer una demanda, la legitimación y la carga de la prueba por lo que se refiere a la compensación por los costes excesivos repercutidos en la cadena de distribución. La propuesta pretende crear o aportar seguridad jurídica en lo referente a la admisibilidad y exhibición de los medios de prueba presentados a efectos de aplicación pública. Por ejemplo, para salvaguardar el atractivo de los programas de clemencia, dispone que las declaraciones de empresas en las solicitudes de clemencia nunca deberán ser exhibidas en litigios privados por daños y perjuicios. La propuesta facilita el seguimiento de las demandas por daños y perjuicios al establecer que las decisiones definitivas sobre las infracciones adoptadas por las autoridades nacionales de competencia tienen efecto probatorio. Medidas de acompañamiento En paralelo a la propuesta, la Comisiona adoptó una Comunicación sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para ofrecer orientaciones a los órganos jurisdiccionales y a las partes en las demandas por daños y perjuicios. La Comunicación va acompañada de una Guía práctica más exhaustiva elaborada por los servicios de la Comisión y traducida a todas las lenguas oficiales de la UE. Por último, la propuesta se complementa con la Recomendación de la Comisión sobre el recurso colectivo, que recomienda que todos los Estados miembros introduzcan mecanismos de recurso colectivo para facilitar el ejercicio de los derechos que tienen todos los ciudadanos de la Unión en virtud del Derecho de la Unión, incluido el derecho al resarcimiento por los perjuicios causados por el comportamiento contrario a la competencia. Por otra parte, el 5 de diciembre la Comisión adoptó el paquete de la «iniciativa de simplificación de las concentraciones». El paquete incluye la modificación del Reglamento de Ejecución de las concentraciones[12] y la adopción de una nueva Comunicación sobre el Procedimiento Simplificado[13]. Como resultado, se espera que el porcentaje de asuntos tramitados por el procedimiento simplificado aumente sustancialmente. La iniciativa de simplificación es un ejemplo concreto del compromiso de la Comisión con los objetivos del programa de Adecuación y eficacia de la normativa (REFIT),[14] que busca promover el crecimiento y la competitividad reduciendo las cargas regulatorias para las empresas y ciudadanos de la UE. 3. Modernización de las ayudas estatales para encauzar los recursos públicos hacia objetivos que incrementen la competitividad Al igual que las prácticas empresariales contrarias a la competencia como los cárteles, las subvenciones gubernamentales ilegales puede desnivelar las condiciones equitativas, levantar barreras innecesarias y derrochar el crecimiento potencial del mercado interior. Sin embargo, el apoyo gubernamental también puede tener un impacto positivo cuando está cuidadosamente canalizado, aborda las deficiencias de mercado y crea incentivos para inversiones y empresas que de otro modo no se producirían. Las «buenas» ayudas estatales pueden estimular la innovación y el desarrollo del capital humano. La política de ayudas estatales de la UE puede también ayudar a las autoridades nacionales a sacar el máximo partido de los recursos menguantes en tiempos de restricciones presupuestarias. Impulsar políticas de gasto público orientadas al crecimiento es una prioridad clave para la UE en este contexto económico, y el principal argumento de la estrategia de Modernización de las ayudas estatales[15]. El proceso de reforma de la estrategia se está completando; a continuación figuran los principales elementos en los que ha trabajado la Comisión en 2013. Abordar los déficits de competitividad en la UE con ayuda regional específica En junio de 2013, la Comisión adoptó las nuevas Directrices sobre ayudas de finalidad regional para el período 2014-2020[16]. La adopción se produjo tras extensas consultas con las partes interesadas (Estados miembros, autoridades regionales y locales, asociaciones empresariales, grupos de interés, empresas individuales y ciudadanos), el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. Las Directrices sobre ayudas de finalidad regional ayudan a reducir los déficits de competitividad en la UE, apoyando las inversiones productivas en proyectos con valor añadido, especialmente en las regiones más desfavorecidas de Europa. Adaptarse a los retos del desarrollo de infraestructura de banda ancha: nuevas Directrices sobre ayudas estatales a la banda ancha En enero entraron en vigor las Directrices revisadas para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales de la UE al sector de la banda ancha[17]. Las Directrices ayudan a los Estados miembros a lograr los objetivos de la Agenda Digital para Europa, refuerzan las obligaciones de acceso abierto, mejoran la transparencia y facilitan ayuda cuidadosamente seleccionada, a la vez que simplifican las normas para permitir decisiones más rápidas. Además, la adopción de un Reglamento de ejecución[18] introduce determinadas infraestructuras de banda ancha entre las nuevas categorías de ayuda que la Comisión puede decidir eximir de la obligación de notificación previa, contribuyendo a facilitar la ejecución de los proyectos de banda ancha. Promover un marco de financiación sólido y estable: nuevas normas sobre ayudas estatales para el acceso a financiación Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son la columna vertebral de la economía europea: dos de cada tres empleos en el sector privado, así como más de la mitad del total del valor añadido creado por las empresas en la UE, procede de las PYME. Son también un motor de la competitividad europea, con un papel clave en la innovación. Pero esas empresas suelen encontrarse con dificultades para acceder a la financiación. Ante esta situación, la Comisión revisó las Directrices sobre ayudas estatales para la promoción de las inversiones de capital riesgo en las PYME. Las Directrices sobre financiación de riesgos establecen las condiciones que los Estados miembros deben respetar al conceder ayudas destinadas a favorecer el acceso al capital riesgo de las PYME en sus primeras fases de desarrollo, en particular, con vistas a garantizar que tales ayudas tengan por objetivo colmar un déficit de capital real y demostrado y que no desplacen a los operadores financieros. Las nuevas Directrices sobre financiación de riesgos se adoptaron en enero de 2014, tras dos consultas públicas, un taller y una reunión multilateral con los Estados miembros. Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración para apoyar a empresas temporalmente en crisis En noviembre, la Comisión inició una consulta pública con vistas a revisar las Directrices sobre ayudas estatales de ayuda a empresas no financieras en crisis. Las nuevas normas sobre salvamento y reestructuración serán adoptadas en 2014 y mantendrán el delicado equilibrio entre limitar la reducción de capacidad ocasionada por los problemas y minimizar el daño económico que ocasiona mantener en el mercado empresas inviables. Mantener con vida empresas ineficientes tiene un impacto negativo sobre los presupuestos públicos y puede obstaculizar seriamente la competitividad y el crecimiento económico. Los principios que inspiran las nuevas Directrices buscan proteger los empleos y el know-how de empresas que son viables una vez reestructuradas y aportarles el apoyo que necesitan para reducir paulatinamente las operaciones no viables. Estimular el crecimiento innovador: nuevas Directrices sobre ayudas estatales de I+D+i La Comisión también está en proceso de revisar las Directrices sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), con vistas a adoptar nuevas normas en 2014. La inversión en I+D es crucial para la competitividad y es uno de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020. El nivel de investigación y desarrollo en Europa sigue limitado por deficiencias de mercado: el marco revisado de I+D+i ayudará a traducir las medidas de ayuda estatal en niveles más altos de investigación e innovación, aportando más flexibilidad y menos burocracia para los Estados miembros al ejecutar ayudas I+D+i. En particular, se hará más hincapié en actividades próximas al mercado, tales como el desarrollo experimental (incluidos los proyectos piloto y demostradores), infraestructuras de investigación e innovación (incluida la innovación no tecnológica). Desde 2007, la Comisión ha autorizado más de 200 regímenes nacionales en investigación, desarrollo e innovación. Las futuras Directrices sobre ayudas estatales para la energía y el medio ambiente La política de ayudas estatales contribuye a la estrategia a largo plazo de la UE para la energía y el cambio climático basada en la seguridad del suministro, la sostenibilidad y la competitividad. Y lo hace abriendo los mercados de la energía, manteniendo condiciones equitativas y creando incentivos y un marco adecuado para las importantes inversiones que se necesitan en las próximas décadas. La revisión actual de la Comisión de las Directrices sobre ayudas estatales a la energía y el medio ambiente pretende adoptar nuevas normas en 2014. Las nuevas Directrices complementarán las Directrices sobre ayudas estatales RCDE de mayo de 2012. Si bien los elementos tradicionales de las ayudas de medio ambiente se mantendrán en las nuevas Directrices, el proceso de modernización de las ayudas estatales pretende garantizar una estrecha sinergia con la Estrategia Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas. El objetivo estratégico global de la revisión es ayudar a los países de la UE a invertir mejor para cumplir los objetivos de la política energética de la UE y facilitar un apoyo eficiente que consiga un nivel superior de protección del medio ambiente. Esto conlleva fomentar inversiones en eficiencia energética, un apoyo público más específico para las fuentes de energía renovable y fomentar el uso de subsidios para mejorar las interconexiones y desarrollar redes transfronterizas. Estos dos últimos puntos son algunas de las principales innovaciones de las nuevas Directrices. Las nuevas Directrices aspirarán a minimizar los falseamientos de la competencia de las medidas de ayuda estatal de medio ambiente y energía, en particular limitando las ayudas al mínimo e incentivando instrumentos favorables al mercado. Las nuevas Directrices serán plenamente coherentes con los objetivos de energía y cambio climático de la UE en la línea de la Estrategia Europa 2020 y apoyarán a los Estados miembros en su esfuerzo por alcanzarlos. 4. promover un sector financiero justo y estable para apoyar a la economía real La crisis económica que se originó en el sector financiero ha hecho mella en la confianza en los mercados financieros. Sin embargo, unos mercados financieros estables, seguros, abiertos, competitivos y justos son absolutamente necesarios para mantener una fase de expansión económica equilibrada y sostenible. La Comisión ha emprendido un esfuerzo regulatorio de gran alcance para reducir los riesgos sistémicos e incrementar la transparencia de los mercados financieros. No puede atacarse a la raíz de las causas de la crisis y los retos que plantea la actual coyuntura económica sin combinar distintos instrumentos políticos. A este respecto, la ejecución de la normativa de defensa de la competencia para promover un sector financiero justo y competitivo opera en conjunción con el control de las ayudas estatales a la reestructuración bancaria. Además de la ejecución de las normas en materia de competencia, hay propuestas legislativas cuyo objetivo es mejorar el entorno regulatorio. Los esfuerzos en la política de competencia de la Comisión por un sector financiero más transparente: prestar atención a los derivados y tipos de referencia Gran parte del esfuerzo se ha dirigido hacia el mercado de derivados, dada su magnitud y su papel en la cobertura de la exposición al riesgo para las instituciones, tales como bancos, fondos de pensiones y empresas industriales. El Reglamento de regulación de infraestructuras del mercado europeo (EMIR), que entró en vigor el año pasado, exige que los contratos de derivados normalizados se compensen de forma centralizada[19]. En la revisión de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MIFID), la Comisión propuso que esos derivados debían negociarse en plataformas de negociación transparentes y organizadas.[20] Los instrumentos de la Comisión para la defensa de la competencia son complementarios a estas medidas regulatorias. Esto significa, en particular, que a las empresas que tengan previsto ofrecer negociación bursátil no debe impedírseles hacerlo por el comportamiento contrario a la competencia de otros. Esto es especialmente importante para las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (CDS), dado el papel que desempeñan estos productos en el sector financiero: en 2013, el valor nocional bruto de casi 2 millones de contratos activos CDS superaron los 10 trillones EUR. La Comisión inició una investigación en el mercado de CDS en 2011, que dio lugar a que se emitiera un pliego de cargos el 1 de julio de 2013. Los destinatarios del pliego de cargos eran el Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bear Stearns, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS así como International Swaps and Derivatives Association (ISDA) y el proveedor de servicios de datos Markit[21]. A raíz de la investigación, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que esas compañías y asociaciones podrían haber coordinado su comportamiento para impedir conjuntamente a sociedades bursátiles entrar en el mercado CDS entre 2006 y 2009, infringiendo así las normas de defensa de la competencia de la UE, que prohíben acuerdos contrarios a la competencia, prácticas concertadas y decisiones de asociaciones de empresas. En paralelo, en el mes de diciembre, la Comisión concluyó la investigación de los asuntos de defensa de la competencia relativos a los tipos de referencia Libor, Euribor y Tibor por lo que se refiere a las partes del procedimiento de transacción (véase la página 4). Las investigaciones comenzaron en 2011 y la Comisión las ha tramitado con la máxima prioridad[22]. Estos asuntos de defensa de la competencia ponen de manifiesto tanto la importancia como la vulnerabilidad de los tipos de referencia. Los tipos de referencia afectan al valor de numerosos instrumentos financieros, tales como permutas de tipos de interés y acuerdos de tipos de interés a plazo, así como contratos comerciales y no comerciales, por ejemplo, acuerdos de suministro, préstamos e hipotecas. Desempeñan también un papel importante en la gestión del riesgo. En septiembre, la Comisión propuso un proyecto de Reglamento para restablecer la confianza en los tipos de referencia[23]. El fin último de la propuesta es garantizar la integridad de los tipos de referencia asegurando que no estén sujetos a conflictos de interés, que reflejen la realidad económica que pretenden medir y que se utilicen adecuadamente. La política de ayudas estatales marca la vía de la reestructuración disciplinada y los ajustes de balances en el sector bancario Sin unas normas de la UE sobre rescate y resolución, establecidas ahora en la Directiva sobre rescate y resolución bancarios[24], las normas sobre ayudas estatales para el sector bancario determinaron efectivamente las condiciones para la resolución bancaria a nivel de la UE. Desde el comienzo de la crisis, los gobiernos de la UE respondieron a las amenazas a la estabilidad financiera aportando un ingente apoyo público a sus respectivas instituciones bancarias. En los últimos cinco años, se ha utilizado la política de ayudas estatales para coordinar la respuesta de los Estados miembros, preservar unas condiciones equitativas en el sector bancario y garantizar que los rescates se lleven a cabo en condiciones similares en toda la Unión. Los elementos principales de las decisiones de reestructuración eran el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo de los bancos beneficiarios, garantizar el reparto de las cargas y eliminar falseamientos de la competencia. La Comunicación bancaria puso al día estas normas sobre ayudas estatales a partir del 1 de agosto[25]. Si no hay contraorden, las nuevas normas seguirán garantizando una respuesta política coherente a la crisis financiera en toda la UE y limitando los falseamientos de la competencia en el mercado interior. Durante el año, la Comisión adoptó varias decisiones sobre reestructuración bancaria con arreglo a las nuevas normas. El 6 de septiembre, la Comisión autorizó temporalmente como ayuda de salvamento, con arreglo a las nuevas normas sobre ayudas estatales, garantías estatales sobre los pasivos de nueva emisión de los dos bancos eslovenos Factor banka d.d. y Probanka d.d. El 18 de diciembre, la Comisión autorizó decisiones sobre medidas de ayuda estatal en favor de cinco bancos eslovenos. La Comisión autorizó los planes de reestructuración de Nova Ljubljanska banka d.d. (NLB) y de Nova Kreditna Banka Maribor d. d. (NKBM), debido, en particular, a que permiten que los bancos sean viables a largo plazo sin falsear indebidamente la competencia. La Comisión también autorizó ayudas a la liquidación ordenada de Factor Banka d.d. y Probanka d.d., debido, en particular, a que los falseamientos de la competencia creados por la ayuda se minimizarán con el abandono completo del mercado de los dos bancos. Por último, la Comisión autorizó temporalmente ayuda de salvamento en favor de Abanka Vipa d.d., por razones de estabilidad financiera. En el contexto del Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico, Eslovenia tuvo que efectuar una revisión de la calidad de los activos y un test de resistencia del sector bancario esloveno (AQR/ST). La evaluación de los resultados de la AQR/ST, publicada por Eslovenia el 12 de diciembre, se incorporó en las cinco decisiones de la Comisión adoptadas el 18 de diciembre. Decisiones sobre reestructuración bancaria notificadas antes del 1 de agosto de 2013 En el caso de Hypo Alpe Adria Group (HGAA), la Comisión autorizó en agosto de 2013 un plan según el cual las partes operativas del banco en Austria y el sudeste de Europa se habrán vendido para mediados de 2015, como máximo, mientras que el resto no viable se someterá a un proceso de liquidación ordenada. Hasta que se complete el proceso de venta, Austria se compromete a una serie de restricciones de nuevos negocios, en particular relacionadas con el control de riesgo, garantizando así la mejora de las posibilidades de venta de las filiales y la reducción al mínimo del falseamiento de la competencia. En el caso de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), el Gobierno italiano aportó 2 000 millones EUR para cubrir un déficit de capital detectado en la prueba de resistencia realizada en diciembre de 2011 por la Autoridad Bancaria Europea. Tras asegurar que el modelo empresarial del banco es menos arriesgado y permite su viabilidad a largo plazo, la Comisión autorizó el plan de reestructuración de MPS en noviembre de 2013. Además, el control de las ayudas estatales es una herramienta importante para contribuir a garantizar que los bancos vuelvan a su función económica primordial como prestadores a la economía real, imponiendo condiciones en las decisiones de reestructuración. En España, 2013 fue el primer año completo de ejecución de los diversos planes de reestructuración aprobados para los bancos que recibieron ayudas estatales en virtud del programa de asistencia financiera de 18 meses concedido en julio de 2012. Los planes de reestructuración tenían por objetivo encauzar a los bancos, desviándolos de actividades más arriesgadas hacia las PYME y otros préstamos a empresas. Durante el primer semestre de 2013, se completaron los denominados ejercicios de responsabilidad subordinada para los bancos que recibieron ayudas estatales, generando casi 13 000 millones EUR de capital en dichos bancos y reduciendo la necesidad de fondos públicos adicionales. En 2013 la Comisión, junto con el BCE y el FMI, también siguió aportando asistencia financiera a los Estados miembros que la habían solicitado. El control de las ayudas estatales contribuyó a los programas de ajuste económico en Irlanda, Grecia, Portugal y Chipre. La reestructuración de los sectores bancarios, incluida la imposición de condiciones detalladas al sector financiero, era uno de los principales requisitos políticos exigidos a estos países. Un Mercado Único abierto, eficiente y seguro para los pagos La Comisión centró también su esfuerzo regulatorio y de ejecución en el ámbito de los pagos. Un ejemplo es la investigación de defensa de la competencia abierta en septiembre de 2011 para examinar la normalización del proceso de pagos por internet realizada por el Consejo Europeo de Pagos (EPC) y archivada en junio de 2013.[26] Tomar medidas para que los procesos de normalización no afecten a la entrada al mercado y la innovación El EPC es el órgano decisorio y de coordinación del sector bancario europeo en lo relativo a los pagos. A la Comisión le preocupaba que, mediante sus trabajos sobre la normalización de los pagos electrónicos y, en particular el marco para los pagos por vía electrónica, el EPC pudiera excluir a los proveedores no bancarios del mercado de pagos electrónicos. Los pagos por internet son vitales para el desarrollo del comercio electrónico y el buen funcionamiento del mercado interior en la UE. Durante la investigación, el EPC anunció su decisión de interrumpir el desarrollo del marco para los pagos por vía electrónica y de cualquier otra iniciativa de normalización que tuviera el mismo objeto o efecto. Como resultado, el denunciante en este asunto, Sofort AG, retiró su denuncia. En estas circunstancias, la Comisión decidió archivar su investigación. La Directiva de servicios de pago revisada[27] permitirá explícitamente a los agentes no bancarios operar en competencia con los bancos en los pagos por internet y con tarjeta. En este caso, la regulación complementó efectivamente la ejecución de la normativa de defensa de la competencia. Otro ejemplo de sinergia entre regulación ex-ante y ejecución de las normas en materia competencia ex-post es la propuesta de Reglamento sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta[28], que tiene en cuenta dos décadas de procedimientos de competencia relacionados con compañías de tarjetas. Las tasas de intercambio han estado con frecuencia bajo el escrutinio de autoridades y reguladores de la competencia. La Comisión ha adoptado varias decisiones en virtud de las normas de la UE de defensa de la competencia, incluida la decisión MasterCard de diciembre de 2007[29]. También ha habido una serie de procedimientos nacionales, entre ellos los de Polonia, Hungría, Italia, Letonia, Reino Unido, Alemania y Francia. No obstante, el mercado europeo de pagos con tarjeta sigue estando bastante fragmentado y las tasas de intercambio varían enormemente. Para dar solución a esta cuestión, la Comisión propuso la adopción del Reglamento sobre las tasas de intercambio. El objetivo de la propuesta es desarrollar un mercado de pagos a escala de la UE que permita a consumidores, minoristas y otras empresas aprovechar plenamente los beneficios del mercado interior de la UE, en consonancia con la Estrategia Europa 2020 y con la Agenda Digital. La prohibición prevista por la Directiva revisada de servicios de pago que impide el cobro de recargos por pago con tarjeta para las tarjetas reguladas por las tasas de intercambio complementa las disposiciones de la Directiva sobre los derechos de los consumidores,[30] que debe ser de aplicación en toda la UE desde el 13 de junio de 2014. Las nuevas normas impedirán que los comerciantes apliquen recargos en el pago por cualquier medio de pago que superen el coste asumido por el comerciante por el uso de ese medio. 5. Energía: el sector en el que se necesita «más Europa» La energía es uno de los sectores en los que completar el Mercado Único aportará los mayores beneficios a las empresas y los ciudadanos de Europa. Sin embargo, los esfuerzos de reforma diseñados para ultimar un mercado interior de la energía, incluido el Tercer paquete de la energía adoptado en 2007[31], están necesitando más tiempo del esperado para tener un impacto sobre el terreno. Los tres retos clave identificados en 2013 son la dependencia cada vez mayor de la UE de las importaciones de energía, el aumento de los precios de la energía y la falta de inversiones.[32] Las energías renovables desempeñan un papel fundamental en la transición a un sistema energético competitivo, seguro y sostenible. Los mercados de la energía son un factor esencial en la economía europea. La energía es un insumo clave para la industria y afecta a prácticamente cualquier aspecto de la vida cotidiana de los consumidores. Los costes de la energía tienen un impacto considerable en la actividad económica. El precio de la energía es una gran fuente de preocupación para la competitividad europea, especialmente en sectores muy energívoros, y amenaza el liderazgo de Europa de diez años en descarbonización Hay, sin embargo, un amplio consenso en cuanto a lo que se requiere para hacer frente a estos retos: dotar a la UE de un marco común para la energía, investir en infraestructura de banda ancha, aumentar la eficiencia energética y fomentar unas ayudas a las energías renovables más eficientes y mejor integradas en el mercado. La competencia forma parte del arsenal de medidas que puede dar respuesta a estos retos. La legislación de la UE en materia de energía ha contribuido al desmantelamiento de los monopolios legales, la armonización de las normas y ha introducido medidas de apoyo a la integración y la liberalización del mercado. La política de competencia, por su parte, pretende garantizar que las empresas no mantengan o vuelvan a poner barreras a la competencia. Por tanto, las medidas de ejecución, regulación y liberalización de las normas de competencia contribuyen todas ellas a los tres pilares de la política energética de la UE: sostenibilidad, competitividad y seguridad de suministro. Aun así, en algunos Estados miembros la competencia en los mercados del gas y de la electricidad sigue siendo limitada, no solo por la lenta aplicación de la legislación, sino también por la naturaleza de esos sectores, que se caracterizan por las elevadas inversiones para la entrada y la limitada capacidad de infraestructuras físicas. Aunque los mercados de la energía de la UE siguen siendo mayormente de carácter nacional o regional, su integración ha aumentado. Una mayor integración podría mitigar las fluctuaciones de precios y mejorar la eficiencia y la competencia en general. En ese sentido, la ejecución contundente de la normativa de defensa de la competencia sustenta la efectividad de la regulación ex-ante y la intervención estatal debe estar hecha a medida para limitar el impacto sobre los precios de la energía. Desde el 1 de enero, son de aplicación las nuevas Directrices sobre ayudas estatales a los regímenes de comercio de derechos de emisión (RCDE). El nuevo marco permite a los Estados miembros liberar a las industrias energívoras de los costes indirectos del CO2 en su precio de la electricidad y da respuesta al riesgo de deslocalización en países fuera de la UE en los que la normativa sobre medio ambiente es menos estricta[33]. En 2013 la Comisión autorizó regímenes de este tipo en cinco Estados miembros: Bélgica, Alemania, los Países Bajos, España y el Reino Unido[34]. En cambio, los planes de las autoridades alemanas de conceder este apoyo a determinados productores de metales no férreos se declararon incompatibles, ya que habrían implicado graves falseamientos de la competencia en detrimento de los productores de otros Estados miembros[35]. Promover mercados de la energía abiertos y competitivos garantizando el acceso no discriminatorio y unas condiciones equitativas En 2013, las acciones de ejecución de la normativa de defensa de la competencia han contribuido o contribuirán en el futuro a controlar los precios de la energía, combatiendo el comportamiento abusivo o colusorio que produce segmentación de los mercados y una distribución ineficiente de la energía. Algunos asuntos que está investigando la Comisión han examinado el comportamiento de compañías de los sectores del petróleo crudo, los productos de petróleo refinado y los biocombustibles[36]; Gazprom, en relación con el suministro de gas a Europa Central y Oriental[37]; BEH, en relación con el suministro de gas en Bulgaria[38]; y las bolsas de electricidad[39]. En abril, la Comisión aceptó y adoptó una decisión que convierte en vinculantes los compromisos de ČEZ, el operador histórico de electricidad checo.[40] En junio de 2011 se abrió una investigación pormenorizada en el sector de la electricidad checo, tras unas inspecciones por sorpresa en 2009. Después de que ČEZ ofreciera compromisos para disipar las dudas de la Comisión, se realizó una prueba de mercado en julio de 2012 y su resultado se consideró satisfactorio. ČEZ cederá entre 800 y 1 000 MW de su capacidad de generación. Esa cesión permitirá a un nuevo operador entrar en el mercado checo de la electricidad y competir con el operador histórico. La Comisión incoó también un procedimiento formal contra la bolsa de electricidad rumana OPCOM[41], que, junto con su compañía matriz CNTEE Transelectrica, recibió un pliego de cargos en mayo. La Comisión consideró de manera preliminar que OPCOM, el operador de la única bolsa de electricidad en Rumanía, discrimina a las compañías según el lugar en que estén establecidas. Las bolsas de electricidad desempeñan un papel importante facilitando al público información sobre los precios: las prácticas empresariales restrictivas, al aumentar los costes para ejercer la actividad a los operadores extranjeros, limitan la liquidez y la eficiencia de los mercados de la electricidad. El acceso a los mercados de la energía es crucial para lograr precios de la electricidad transparentes y fiables en el mercado mayorista y en el minorista. En cuanto al control de las ayudas estatales, la Comisión abrió una investigación pormenorizada en las concesiones de recursos hídricos a Electricidade de Portugal (EDP) para la generación de electricidad, a fin de verificar si el precio pagado por el operador histórico de electricidad portugués EDP en 2007 por la ampliación de su derecho a utilizar recursos hídricos públicos para la generación de electricidad se ajustaba a las normas sobre ayudas estatales de la UE[42]. La Comisión también ha iniciado investigaciones sobre las normas y prácticas que rigen el otorgamiento o ampliación de concesiones similares en otros Estados miembros. 6. ejecución de las normas de competencia en la economía digital para respaldar la agenda digital para Europa La revolución digital ha entrado en tromba prácticamente en todos los sectores de la economía, determinando la manera de vivir y hacer negocios de particulares y empresas, trayendo gran variedad de bienes y servicios digitales, y ofreciendo a otros sectores insumos esenciales, ahorros prospectivos e información y canales de distribución novedosos. Los sectores digitales son grandes motores de creatividad e innovación, al fomentar la competitividad en toda la economía. Aunque es extremadamente difícil identificar medidas fiables para captar la magnitud de la economía digital, su contribución al crecimiento del PIB en los últimos años se ha hecho cada vez más importante. Teniendo esto presente, la Comisión lanzó en 2010 su Iniciativa Emblemática «Una Agenda Digital para Europa»[43], que se revisó con una serie de prioridades actualizadas en diciembre de 2012. Aunque los principios y objetivos básicos de la política de competencia siguen siendo los mismos en todos los sectores, algunos rasgos son muy específicos de la economía digital. Uno de ellos es que en este sector los procesos de transformación son muy rápidos. Otro rasgo de los mercados digitales es la velocidad del cambio tecnológico, que constantemente trae consigo nuevos dispositivos y bienes inmateriales, como servicios, aplicaciones y ecosistemas al mercado. Por último, los modelos empresariales y las fuentes de ingresos cambian con más rapidez en los mercados digitales que en ningún otro mercado. Combinar los instrumentos de la política de competencia para hacer frente a los retos de un mercado en rápida evolución En mercados en rápida evolución como ICT y las comunicaciones electrónicas, es necesaria la aplicación conjunta de la regulación ex-ante y la ejecución de las normas de competencia ex-post para salvaguardar el correcto funcionamiento del sector y ayudarle a que despliegue todo su potencial de crecimiento. La vigilancia efectiva de las empresas dominantes, así como una reacción rápida en caso de abuso, es especialmente importante, puesto que las prácticas ilegales pueden causar la salida anticipada del mercado de competidores pequeños e innovadores. Facilitar la divulgación de la propiedad intelectual y el conocimiento es también importante en las industrias digitales. Para ello, la Comisión está revisando su marco de política de defensa de la competencia sobre acuerdos de transferencia de tecnología. Los acuerdos que promueven la transferencia de tecnología entre competidores o no competidores fomentan la innovación y la competitividad. La divulgación de la tecnología puede favorecer la competencia e incrementar la innovación continuada. Entre febrero y mayo tuvo lugar una consulta pública sobre la revisión de las Directrices y el Reglamento de exención por categorías existentes para acuerdos de transferencia de tecnología (RECATT) con vistas a adoptar los textos definitivos en la primavera de 2014. Normas de ejecución de la defensa de la competencia en el mercado digital en rápida evolución: el asunto Google A la Comisión le preocupaba que Google pudiera estar abusando de su posición dominante en los mercados de búsqueda en la web, publicidad en línea e intermediación de publicidad en línea en el EEE. La Comisión consideró que tales prácticas podrían perjudicar a los consumidores al reducir su margen de elección y ahogar la innovación en los campos de servicios de búsqueda especializada y publicidad en línea. Para disipar las dudas de la Comisión en materia de competencia, Google presentó una primera serie de compromisos en abril y una serie de compromisos revisados en octubre. La Comisión solicitó opiniones sobre los compromisos revisados de Google mediante solicitudes formales de información. A la vista de las opiniones recibidas, la Comisión llegó a la conclusión de que los compromisos revisados todavía eran insuficientes para resolver adecuadamente los problemas en materia de competencia expuestos por la Comisión en su evaluación preliminar. La Comisión informó a Google de que si deseaba presentar otra serie de compromisos revisados que resolvieran adecuadamente los problemas en materia de competencia expuestos por la Comisión, solo disponía de un plazo muy corto para hacerlo, después del cual la Comisión pasaría al procedimiento en virtud del artículo 7 del Reglamento 1/2003. Fomentar la conectividad y atajar la fragmentación del Mercado Único en el sector de las telecomunicaciones La falta de un verdadero Mercado Único para las comunicaciones electrónicas obstaculiza el desarrollo de nuevos servicios accesibles en todo el mercado interior en detrimento de los consumidores europeos. Completar el Mercado Único de las comunicaciones electrónicas reportaría importantes beneficios a las empresas y a los consumidores europeos. El 11 de septiembre, la Comisión adoptó un paquete legislativo denominado «Connected Continent: Building a Telecoms Single Market» (Un Continente Conectado: Construir un Mercado Único en el sector de las telecomunicaciones). El paquete consta de una Comunicación sobre el Mercado Único de las telecomunicaciones y una propuesta de Reglamento que establece medidas relativas al Mercado Único europeo para las comunicaciones electrónicas así como medidas para lograr un Continente Conectado; incluye además una Recomendación de la Comisión relativa a la coherencia en las obligaciones de no discriminación y en las metodologías de costes para promover la competencia y potenciar el entorno de la inversión en banda ancha. [44] En 2013 la ejecución de las normas de competencia ha sido muy activa en el sector de las telecomunicaciones, impidiendo que los operadores históricos protegieran su negocio mediante prácticas ilegales y garantizando que las concentraciones no dieran lugar a precios más elevados, peor calidad o menores niveles de innovación. En virtud del Reglamento de concentraciones, la Comisión está en proceso de revisión de una serie de grandes operaciones, incluidas dos operaciones propuestas que consolidarían una red de operadores de móviles en Irlanda y Alemania respectivamente. El 1 de octubre, Hutchison 3G UK notificó a la Comisión su intención de adquirir el control exclusivo de Telefónica Ireland y, el 6 de noviembre, la Comisión inició una investigación pormenorizada de dicha fusión.[45] De igual manera, el 31 de octubre, Telefónica Deutschland notificó a la Comisión su intención de adquirir el control exclusivo de las operaciones móviles de KPN en Alemania denominadas E Plus y, el 20 de diciembre, la Comisión inició una investigación pormenorizada de la operación.[46] Puesto que de ambas operaciones resultaría un menor número de operadores en el mercado mayorista y en el minorista, que están ya muy concentrados, tendrán que examinarse pormenorizadamente durante 2014. La Comisión también analizó y aprobó sin condiciones en fase I la adquisición por parte de Liberty Global, en 23 300 millones USD, de Virgin Media[47] – el mayor operador de cable en Reino Unido – y la adquisición por parte de Vodafone, en 8 000 millones EUR, de Kabel Deutschland, el mayor operador de cable en Alemania[48]. En el capítulo de defensa de la competencia, el 23 de enero la Comisión impuso una multa de 66 894 000 EUR a Telefónica, y de 12 290 000 EUR a Portugal Telecom, por acordar no competir entre sí en los mercados de telecomunicaciones de la península ibérica[49]. Al mantener la situación existente en España y Portugal, el acuerdo contribuyó a mantener la fragmentación en el sector de las telecomunicaciones de la UE. Los acuerdos de inhibición de la competencia constituyen una de las infracciones más graves contra la normativa sobre competencia de la UE, ya que las consecuencias pueden ser unos precios más elevados y menos capacidad de elección para los consumidores. Esa decisión específica es especialmente relevante, ya que afectaba a un acuerdo de reparto de mercado transfronterizo. Suprimir los obstáculos a la innovación en la economía del conocimiento En 2013, la Comisión ha estado trabajando en lo referente a las patentes esenciales. Las patentes esenciales son patentes que protegen tecnología esencial para la aplicación de un estándar del sector desarrollado por un organismo de determinación de estándares. Es técnicamente imposible fabricar un producto conforme a un estándar sin utilizar la tecnología protegida por las patentes esenciales. En mayo, la Comisión envió un pliego de cargos a Motorola Mobility sobre un abuso potencial de patentes esenciales para teléfonos móviles[50]. En general es una solución legítima que un titular de una patente solicite un auto a un órgano jurisdiccional nacional en caso de infracción de patentes. Sin embargo, cuando un estándar adecuado comprende tecnologías patentadas, el acceso a las patentes esenciales correspondientes es una condición previa para que cualquier compañía venda en el mercado productos conformes a un estándar. Por consiguiente, la Comisión ha llegado a la conclusión preliminar de que solicitar un auto puede constituir un abuso de posición dominante, cuando se trate de patentes esenciales y el licenciatario potencial esté dispuesto a suscribir una licencia en condiciones FRAND (condiciones justas, razonables y no discriminatorias). En esa situación, la Comisión considera que los titulares de patentes esenciales no deben solicitar un auto, que generalmente implica una prohibición de vender el producto que infringe la patente. Los titulares de patentes esenciales conservan el derecho a solicitar un auto cuando el licenciatario potencial rechace licencias que se consideren FRAND. El trabajo en el ámbito de las patentes esenciales también afectó a Samsung.[51] En septiembre, Samsung ofreció compromisos para dar respuesta a los problemas de competencia señalados por la Comisión en su pliego de cargos de diciembre de 2012. Según los compromisos ofrecidos, Samsung propone durante un periodo de cinco años no solicitar autos sobre la base de ninguna de sus patentes esenciales, presentes y futuras, relacionadas con tecnologías aplicadas en smartphones y tabletas contra ninguna compañía que acuerde respetar un proceso especificado para determinar tasas de derechos FRAND adecuadas, ya sea por un órgano jurisdiccional o un tribunal de arbitraje. 7. Cooperación internacional en política de competencia para responder a los retos de la globalización La interdependencia cada vez mayor de las economías mundiales es una tendencia irreversible: la inversión extranjera directa había superado el 30 % del PIB mundial antes de la crisis, y el comercio mundial ha crecido una media del 5,3 % anual durante las dos últimas décadas. Han aparecido nuevos gigantes económicos mientras que los grandes agentes en el entorno mundial han hecho importantes inversiones recíprocas en sus economías. La globalización de la economía exige una cooperación más estrecha entre las autoridades de competencia, no solo en Europa, sino también en todo el mundo. La cooperación internacional entre las agencias de competencia asiste en la gestión efectiva de los retos de la globalización y promueve la convergencia sobre los principios y prácticas de competencia aplicados en todo el mundo. Es esencial garantizar la cooperación entre las distintas autoridades y la coherencia en el resultado de sus actividades de aplicación de las normas. Animada por el Parlamento Europeo, la Comisión siguió entablando diálogos políticos multilaterales y bilaterales con las autoridades de otras jurisdicciones con el fin de promover la convergencia en las normas de competencia, tanto sustantivas como de procedimiento. La Comisión siguió también cooperando estrechamente con numerosas agencias de competencia en actividades de aplicación cotidiana de la normativa. Cooperación bilateral y multilateral para una ejecución más efectiva de las normas de competencia El 8 de julio, la UE inició negociaciones con los Estados Unidos sobre un Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) y, el 25 de marzo, con Japón sobre un Acuerdo de libre comercio. Ambas negociaciones incluyen disposiciones relativas a la competencia que la Comisión sigue con mucha atención. En cuanto a las relaciones bilaterales con organismos de ejecución de las normas de competencia de terceros países, en 2013 la Comisión centró sus esfuerzos mayoritariamente en los principales socios comerciales de la UE, tanto los tradicionales como las grandes economías emergentes. A este respecto, en 2013 se mantuvieron diálogos de alto nivel con representantes de algunas agencias de competencia con las que la UE suscribió un acuerdo de cooperación o un Memorándum de entendimiento. Al margen de la Conferencia BRICS de 22 de noviembre en Delhi, la DG Competencia firmó un Memorándum de entendimiento para la Cooperación en el ámbito de la legislación de competencia con la Comisión India de Competencia. El 17 de mayo, se firmó el Acuerdo de Cooperación entre la UE y Suiza. Un aspecto innovador de este último y el motivo por el que se le califica de acuerdo de segunda generación es que permitirá a ambas agencias de competencia intercambiar información que hayan obtenido en sus respectivas investigaciones. El acuerdo entrará en vigor una vez haya sido aprobado por el Parlamento Europeo y el Parlamento suizo. También han progresado satisfactoriamente las negociaciones sobre un acuerdo similar entre la UE y Canadá. Además, la Comisión siguió acometiendo actividades de cooperación técnica con otras autoridades de competencia de terceros países, en particular de China y la India. La Comisión siguió supervisando estrechamente la ejecución de las disposiciones de los anexos del acero y la construcción naval incluidas en el Acta de adhesión de Croacia[52] y el 1 de julio Croacia se convirtió en miembro de la UE. En cuanto a las negociaciones de adhesión con países candidatos, en 2013 hubo progresos considerables en el examen de la legislación de Montenegro y la identificación de criterios para la apertura de las negociaciones del capítulo de competencia. La Comisión también prosiguió su compromiso activo con foros internacionales en materia de competencia tales como la Comisión de Competencia de la OCDE, la Red Internacional de Competencia (RIC) y Unctad. En 2013, la Comisión siguió copresidiendo el Grupo de trabajo de concentraciones de la Red Internacional de Competencia y uno de los subgrupos del Grupo de trabajo de cárteles. En 2013 la Comisión también lideró el proyecto (junto con la Federal Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos) de los proyectos del Grupo de Dirección de la RIC sobre procesos de investigación en actividades de ejecución de las normas de competencia. 8. DIÁLOGO EN MATERIA DE COMPETENCIA CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES Diálogo estructurado con el Parlamento Europeo La DG Competencia mantiene un diálogo estructurado permanente sobre cuestiones de competencia con el Parlamento Europeo, y, en particular, con su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON). En 2013, el vicepresidente Almunia visitó ECON en dos ocasiones en el contexto del diálogo estructurado: el 28 de mayo, para la presentación del Informe anual sobre la política de competencia 2012, y el 26 de noviembre, para una actualización de decisiones clave y evolución de la política en 2013, con la vista puesta en los resultados del trabajo del Parlamento en el ámbito de la competencia en 2014. El vicepresidente asistió también a la Comisión de Política Regional el 30 de mayo para hablar sobre las Directrices de ayudas de finalidad regional, que estaba examinado dicha Comisión. En 2013 se adoptaron dos Resoluciones relativas a los informes anuales sobre la política de competencia. En junio, el Parlamento adoptó su Resolución sobre el informe Sánchez Presedo, relativo al Informe anual sobre la política de competencia 2011. El Informe anual sobre la política de competencia 2012 se envió a la Comisión ECON el 14 de mayo, para que los MPE pudieran preparar el diálogo con el comisario. La Resolución sobre el informe Tremosa i Balcells se adoptó el 10 de diciembre. En los últimos años, el Parlamento ha mostrado su preocupación por el tema de las multas por infracciones en materia de competencia: la Comisión considera que las Directrices sobre multas ofrecen suficiente seguridad jurídica a las empresas y flexibilidad a la Comisión si se requiere una modificación; esta estructura ha sido defendida en numerosas ocasiones por los órganos jurisdiccionales europeos. Diálogo estructurado con el Parlamento Europeo sobre modernización de las ayudas estatales El Parlamento fue consultado formalmente por el Consejo en el proceso de adopción de los Reglamentos de procedimiento y de ejecución, piedras angulares de la Modernización de las ayudas estatales, que era prioritario para la DG Competencia durante 2013. El Parlamento adoptó sus dos Resoluciones en julio, tras un trabajo pormenorizado sobre las dos propuestas. Al igual que la Comisión ECON, la Comisión TRAN emitió un dictamen sobre el Reglamento de ejecución. Además de su papel formal en el proceso legislativo, en su revisión de las Directrices en el ámbito de las ayudas estatales, la Comisión tomó en cuenta los mensajes clave del Parlamento. Según informó el vicepresidente Almunia a los MP durante el diálogo estructurado el 26 de noviembre, el proceso de Modernización de las ayudas estatales estará completado en 2014 con la adopción del resto de las Directrices sobre ayudas estatales. En paralelo y tras la adopción de los Reglamentos de procedimiento y de ejecución en julio, prosiguieron los trabajos de revisión y actualización de la legislación sobre ayudas estatales. Hubo una tercera consulta pública sobre el proyecto de Comunicación del Cine el 6 de mayo, a la que siguió el texto definitivo de la Comunicación el 14 de noviembre. ECON fue informada de dicha iniciativa, así como del inicio de la consulta pública relativa a las Directrices sobre las ayudas estatales a aeropuertos y líneas aéreas (Directrices sobre aviación) el 3 de julio, la consulta de minimis el 17 de julio, la consulta pública sobre el Reglamento General de Exención por Categorías el 29 de julio y las Directrices de salvamento y reestructuración el 14 de noviembre. El 16 de mayo se envió a ECON un documento informativo sobre las Directrices relativas a las ayudas de finalidad regional. Ese fue otro ámbito en el que el personal de la COMP informó a los MP y al personal del Parlamento. La Comisión REGI presentó una pregunta oral con debate sobre las Directrices de finalidad regional, en el contexto de los debates paralelos sobre los nuevos mapas de ayudas regionales y el próximo periodo de programación para los Fondos Estructurales. Demandas por daños y perjuicios [53] El vicepresidente Almunia optó por presentar primero la propuesta de la Comisión sobre demandas por daños y perjuicios a los MEP de ECON en una reunión abierta de coordinadores en Estrasburgo el 11 de junio, a la que siguió inmediatamente después la adopción por el Colegio. La Comisión adoptó la propuesta sobre la base de los artículos 103 y 114 del TFUE, lo que llevó a la Comisión a transmitir la propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo según el procedimiento legislativo ordinario. El 18 de septiembre, los servicios de la Comisión asistieron al taller sobre la propuesta organizado por el ponente ECON, y el primer intercambio de puntos de vista tuvo lugar el 17 de octubre para responder preguntas. Acuerdo suizo Los servicios de la DG Competencia informaron en primer lugar al Parlamento Europeo sobre las negociaciones con la autoridad de competencia suiza sobre un acuerdo de segunda generación en noviembre de 2010. En junio de 2013, el Consejo solicitó formalmente al Parlamento que diera su consentimiento al acuerdo. La DG Competencia ha trabajado con el ponente, participando en talleres para asistentes, una sesión pública, y una reunión con representantes de los grupos parlamentarios. Continuar estrechando la comunicación de la DG Competencia con la Comisión ECON Como en años anteriores, la DG Competencia organizó un seminario para asistentes y consejeros políticos de ECON que abarcaba los temas principales del Informe anual sobre la política de competencia 2012 que se celebró el 17 de mayo en las oficinas de la DG Competencia. Al seminario siguió una sesión informativa pormenorizada para los asistentes de los ponentes sobre aplicación de las normas de defensa de la competencia y de ayudas estatales en el sector del transporte y sobre las ayudas estatales a los bancos, y una sesión informativa de alto nivel para los MP del grupo de trabajo de competencia de ECON sobre las principales cuestiones políticas. En julio, la Comisión adoptó una nueva Comunicación bancaria para actualizar las Directrices publicadas en 2008 al comienzo de la crisis financiera y reflejar la experiencia adquirida entre tanto. La Comisión también preparó un documento sobre las cuestiones clave para la Comisión Económica y Financiera (EFC), que se envió al Presidente de ECON. La DG Competencia continuó la práctica de informar regularmente a las comisiones parlamentarias competentes de las consultas públicas y de la adopción de nuevas Directrices y documentos políticos. El personal de la DG Competencia se reunió bilateralmente con numerosos MP en 2013, en relación con el trabajo del Parlamento en los diversos expedientes de competencia. Los servicios de la Comisión prepararon respuestas a 366 preguntas parlamentarias escritas, y a 21 peticiones en las que la DG Competencia era la responsable. La DG Competencia y la Comisión ECON prosiguieron su intercambio de información en lo relativo a los estudios; los servicios de la DG Competencia informaron a la Secretaría de ECON en julio sobre los estudios encargados por la DG en 2013. Colaboración de la DG Competencia con el CESE y el CDR La Comisión también informó al Comité Económico y Social Europeo (CESE) y al Comité de las Regiones (CDR) de las principales iniciativas políticas. Asimismo participó en reuniones de grupos de estudio y de sección. El 1 de febrero, el vicepresidente Almunia asistió al Pleno del CdR sobre la reforma de las ayudas estatales y la revisión de las Directrices sobre ayudas de finalidad regional 2014-2020. [1] Foro Económico Mundial: Global Competitiveness Report 2013-2014 (Informe sobre la competitividad mundial), disponible en http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf [2] SEC(2011) 1188 final, Parte 1: Documento de trabajo de la Comisión, Informe de 2011 sobre la competitividad europea. [3] The Contribution of Competition Policy to Growth and the EU2020 Strategy, IP/A/ECON/ST/2012-25, disponible en http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/492479/IPOL-ECON_ET(2013)492479_EN.pdf [4] Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. [5] COM(2013) 404 final: Propuesta de Directiva relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, disponible en http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html. [6] Algunos ejemplos notables son las multas impuestas a fabricantes de vidrio para automóviles, DRAM (circuitos integrados de memoria utilizados en ordenadores personales, servidores y terminales), y caucho sintético. [7] Asunto AT.39748 – Cableado para el sector del automóvil. [8] Asunto 39861 – Derivados sobre tipos de interés en yenes (YIRD) y asunto 39914 – Derivados sobre tipos de interés en euros. [9] Asunto AT.39633 – Shrimps [10] Asunto 39574 – Smart card chips [11] COM(2013) 404 final: Propuesta de Directiva relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. [12] Reglamento de Ejecución (UE) nº 1269/2013 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 802/2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas. [13] Comunicación sobre un procedimiento simplificado para la tramitación de determinadas concentraciones con arreglo al Reglamento de concentraciones. [14] COM(2013) 685 final: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Adecuación y eficacia de la normativa (REFIT): Resultados y próximas etapas en http://ec.europa.eu/refit. [15] COM(2012) 209 final: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Modernización de las ayudas estatales en la UE. [16] Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 (DO C 209 de 23.7.2013, p. 1). [17] Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (DO C 25 de 26.1.2013, p. 1). [18] Reglamento (UE) nº 733/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 994/98 sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales. [19] http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm [20] http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid/index_en.htm [21] Asunto AT.39745 – CDS – Information market [22] Asunto 39861 – Derivados sobre tipos de interés en yen (YIRD) y asunto 39914 – Derivados sobre tipos de interés en euros. [23] La propuesta abarca gran variedad de tipos de referencia, no sólo los tipos de interés de referencia como el LIBOR, sino también tipos de referencia de las materias primas, tipos de referencia para los instrumentos financieros, tales como derivados energéticos y de divisas, tipos de referencia utilizados en contratos financieros y tipos de referencia utilizados para medir los resultados de los fondos de inversiones. [24] http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/#maincontentSec2 [25] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-672_es.htm [26] Asunto AT.39876 – EPC online payments [27] COM(2013) 547 final: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009/110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE. [28] COM(2013) 550 final: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta. [29] Asunto AT.34579 – MasterCard I [30] Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores. [31] El tercer paquete de la energía adoptado en 2007 identificó comportamientos contrarios a la competencia a los que dar solución con arreglo a las normas de la UE en materia de competencia. [32] Véase la Contribución de la Comisión al Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013, en la dirección http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_es.pdf [33] Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, DO C 158 de 5.6.2012, p. 4. [34] Asunto SA.37017, SA.36103, SA.37084, SA.36650 y SA.35543. [35] Asunto SA.30068 – Ayuda a los productores de metales no férreos para los costes del CO2 en los precios de la electricidad. [36] Asunto AT.40054 – Oil and Biofuel Markets, véase MEMO/13/435 de 14 de mayo de 2013 [NB: el número y el nombre del asunto todavía no están publicados en la página web]. [37]Asunto AT.39816 – Upstream Gas Supplies in Central and Eastern Europe, véase MEMO/12/937 de 4 de septiembre de 2012. [38] Asunto AT.39767 – BEH electricity, véase IP/121307 de 3 de diciembre 2012. [39] Asunto AT.39952 – Power Exchanges, véase MEMO 12/78 de 7 de febrero de 2012. [40] Asunto AT.39727 – ČEZ [41] Asunto AT.39984 – OPCOM / Romanian Power Exchange. [42] Asunto SA.35429 – Extension of use of public water resources for hydro electricity generation. [43] COM(2010) 245 final/2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Una Agenda Digital para Europa. [44] https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connected-continent-single-telecom-market-growth-jobs [45] Asunto M.6992 – Hutchison 3G UK / Telefónica Ireland. [46] Asunto M.7018 – Telefónica Deutschland / E-Plus. [47] Asunto M.6880 – Liberty Global / Virgin Media. [48] Asunto M.6990 – Vodafone / Kabel Deutschland. [49] Asunto AT.39839 Telefónica y Portugal Telecom. [50] Asunto AT.39985 – Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents. [51] Asunto AT.39939 – Samsung - Enforcement of UMTS standards essential patents. [52] Acta de adhesión al Tratado de adhesión de Croacia. [53] COM(2013) 404 final: Propuesta de Directiva relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.