ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2.6.9

Por último, la Comisión ha elaborado una estrategia para un desarrollo urbano sostenible que pretende alentar a las ciudades a reflexionar sobre su desarrollo, en particular en el ámbito de las políticas de transporte. Sin embargo, esta estrategia es meramente indicativa y podría no dar los resultados previstos si no toma en consideración la dimensión social del desarrollo urbano sostenible.
3.1.2

En esta sección se abordan todos los elementos del concepto de trabajo digno. Lo que llama la atención es que sólo se aborda de pasada la salud y la seguridad en el trabajo (breve mención de la «calidad del empleo»). Parece que no es por casualidad, ya que la salud y la seguridad en el trabajo no ocupan un lugar relevante en el texto de la Comunicación. Esto puede guardar relación con la posición problemática de la Comisión y de los Estados miembros ante los Convenios de la OIT en este ámbito. Apenas han sido ratificados por los Estados miembros de la UE, aunque el nivel de protección de los trabajadores que ofrece la legislación comunitaria relevante es — comprensiblemente — por lo general más elevado que el que ofrecen los correspondientes instrumentos de la OIT. Esta escasa ratificación no sirve de recomendación a otros países para que ratifiquen los convenios de la OIT en materia de salud y seguridad en el trabajo. Por eso, la UE no está promoviendo la agenda del trabajo digno a este respecto. El Comité pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen la situación insatisfactoria actual con miras a mejorarla de manera importante en un futuro próximo. El Comité estima igualmente que los Estados miembros solo deberían denunciar los convenios de la OIT en materia de salud y seguridad en el trabajo una vez que hayan decidido ratificar un convenio más actualizado sobre la misma materia.
6.2.1

La Comunicación de la Comisión (punto 3) parece, no obstante, relativamente optimista al inventariar los instrumentos jurídicos de que disponen los Estados miembros para alcanzar los objetivos contenidos en la Directiva marco de aguas para las sustancias prioritarias, en particular, porque varias fuentes importantes de contaminación no están cubiertas por una reglamentación adecuada, como la contaminación difusa causada por los productos domésticos o las actividades de servicio, lo que requeriría la adopción de nuevas directivas sobre los productos.
2.4

El CESE ha repetido en numerosas ocasiones que no es aceptable que las instituciones y los Estados miembros establezcan plazos que ellos mismos no pueden cumplir. De este modo se pierde el respeto a las disposiciones comunitarias y la confianza en ellas, lo que lleva a que los demás interesados no se sientan obligados al cumplimiento de los plazos.
5.3

La distinción entre carácter económico y no económico sigue siendo vaga e incierta. Prácticamente todas las prestaciones de interés general, incluso las de carácter no lucrativo o voluntario, representan un cierto valor económico, pero no por ello han de someterse al Derecho de la competencia. Por otra parte, un mismo servicio puede ser a un tiempo comercial y no comercial, y también puede tener un carácter comercial sin que el mercado pueda garantizar tal servicio aplicando la lógica y los principios que rigen los servicios de interés general.
3.5

El Comité toma nota del elevado potencial que se moviliza en términos de mercado de empleo sólo con la aplicación del plan de acción sobre la biomasa. El Informe de Síntesis MITRE (Monitoring and Modelling Initiative on the Targets for Renewable Energy) de 2003 calcula que, con una ambiciosa estrategia comunitaria de materias primas basada en las energías renovables, sólo en el ámbito de la UE–15 se tendrán en cifras netas casi 2,5 millones de puestos de trabajo adicionales hasta 2020. Ello supondrá nuevas necesidades de mano de obra altamente cualificada, especialmente en I+D. Se baraja al respecto la cifra de 400 000 puestos de trabajo. Al mismo tiempo se originarán también necesidades de mano de obra con baja o escasa cualificación inicial. El Comité pide a la Comisión que estudie las perspectivas de mercado laboral en la UE hasta 2020 con la hipótesis de un aumento ambicioso del uso de la biomasa y de las fuentes de energía renovables.
2.7

La Comisión recuerda que la incorporación de los requisitos JAR-OPS a la legislación comunitaria, mediante la modificación todavía pendiente del Reglamento (CEE) no 3922/91 (EU-OPS-1), representará un avance incuestionable pero no permitirá alcanzar un nivel de armonización suficiente, ya que sólo afectará al transporte aéreo comercial. Los demás tipos de aeronaves y de operaciones comerciales, así como las operaciones no comerciales, quedarán al margen de estas normas comunes, que tampoco afectarán a la autorización del personal de vuelo ni a las aeronaves de terceros países. Por ello se ha presentado la propuesta de modificación del Reglamento (CE) no 1592/2002.
4.1.7

Los cuatro instrumentos financieros que propone la Comisión para apoyar la actuación de los Estados miembros en materia de inmigración deberían permitir la aplicación de una política coordinada en este ámbito que incluya, además de una gestión adecuada de los flujos migratorios, la integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales. El Comité aprovecha la ocasión para denunciar el dumping social que puede derivarse de la prestación de servicios transfronterizos, dado que constituye la principal vía de inmigración legal, al tiempo que también afecta a los trabajadores de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea como consecuencia de las normas transitorias a las que están sometidos. A este respecto, la labor de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil es esencial, por lo que debe apoyarse y reconocerse. «Movimientos secundarios» ilegales: Debido a una reglamentación muy restrictiva (como recuerda el Comité) de la Directiva «sobre condiciones de entrada» que el Consejo no adoptó en 2002, a pesar del apoyo del Comité y del Parlamento, los movimientos secundarios «legales» son, de acuerdo con la legislación y la práctica, los de residentes con más de cinco años de residencia que presentan una segunda solicitud de residencia en otro Estado miembro o los de residentes con menos de cinco años que presentan una solicitud de estancia de corta duración en otro Estado miembro. Por lo tanto, el Comité supone que por «movimientos secundarios»ilegales en la Comunicación se quiere hacer referencia a los desplazamientos de personas que residen ilegalmente y a los solicitantes de asilo a quienes se haya denegado la solicitud en un primer país de acogida. Ahora bien, éstos no sólo tienen derecho a presentar una solicitud de asilo, aunque no siempre se les permite en todos los Estados miembros, sino también a un examen individual y a presentar un recurso judicial suspensivo. En determinados Estados miembros estos recursos no existen, se impiden o no tienen carácter suspensivo. El Comité comprende que la aplicación de los acuerdos de Dublín y Dublín II, sobre los que ya se pronunció, debe verse facilitada por medio de un instrumento financiero. En esta óptica, incluso si la Comisión debe garantizar una distribución equitativa de los fondos y facilitar un reparto justo de las responsabilidades, también debería conceder especial atención a los Estados miembros más afectados por la presión migratoria teniendo en cuenta no sólo su posición fronteriza sino también su tamaño (por ejemplo, Chipre, Malta, etc.), su capacidad general de acogida (asilo, reinstalación e inmigración) y las mejores prácticas en el cumplimiento de sus obligaciones. La Comunicación no establece orientaciones suficientemente precisas para establecer un reparto equitativo de responsabilidades. No debería concederse apoyo financiero a los Estados miembros que cierran centros de acogida o reducen su capacidad.
1.1

La Comisión Europea formula una Propuesta de Reglamento con vistas a uniformizar los procedimientos de nombramiento de los directores y directores adjuntos de las agencias, mediante la modificación en particular del Reglamento (CE) no 2007/2004 del Consejo. La Propuesta de Reglamento encaminada a modificar los reglamentos existentes se refiere a dieciocho agencias y afecta a determinadas disposiciones relativas a los mandatos de sus directores ejecutivos y directores ejecutivos adjuntos. A tenor de su Propuesta de Reglamento con vistas a modificar los reglamentos existentes, la Comisión no considera necesario enmendar el Reglamento (CE) no 2667/2000 del Consejo relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción ni el Reglamento (CE) no 460/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información. La justificación que ofrece al respecto es que, debido al período de existencia limitado de dichas agencias, los reglamentos que les conciernen no prevén la posibilidad de renovar el mandato de sus directores y directores adjuntos. Los Reglamentos propuestos para crear la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos y la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca se hallan en vías de aprobación; la Comisión prevé la posibilidad de formular una propuesta de modificación con vistas a armonizar la normativa correspondiente.
1.3

En el momento actual, el Comité desea manifestar su honda preocupación ante la falta de decisión sobre la aprobación del presupuesto para el período 2007-2013. Considera que la Unión Europea se enfrenta a una situación muy grave que requiere un máximo esfuerzo político para su resolución. La financiación de la PCP no se podría acometer si no se mantienen los presupuestos para la presente propuesta de Reglamento y para la del Fondo Europeo de la Pesca. El Comité insta al Consejo a adoptar decisiones políticas que no afecten a la financiación de la PCP, es decir, que garanticen una explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. En este sentido, el CESE también lamenta que, hasta la fecha, el Consejo no haya adoptado ninguna decisión sobre la propuesta de Reglamento sobre el Fondo Europeo de la Pesca.
2.5.2

El Comité, no obstante, desearía señalar en este contexto algunas dificultades que surgen en el paso de programas específicos claramente definidos a un único programa, mucho mayor y, potencialmente, menos fácilmente gestionable. ¿Es realmente posible y oportuno, desde el punto de vista de la gama de contenidos mucho más amplia que brinda este nuevo programa, fijar objetivos operacionales similares en cada sección del programa? ¿Son suficientes a tal efecto los recursos financieros estimados? En cualquier caso, conviene adoptar medidas para que, a la vista del abanico de acciones, la simplificación administrativa no vaya acompañada de una pérdida de los necesarios enfoques específicos en los diversos sectores del programa. Es necesario garantizar que la simplificación administrativa proclamada no sólo produce una mejor gestión técnica del programa, sino también una adecuada estructuración de los contenidos que no se opone a los objetivos de cada sección.
3.5.2.

La validez básica del principio del país de origen prevista en el artículo 16 de la propuesta de Directiva, junto con las excepciones al principio del país de origen enumeradas en el artículo 17 de dicha propuesta, constituyen la pieza fundamental de la propuesta de Directiva. No obstante, esto sólo será posible cuando los servicios puedan normalizarse como los bienes o la armonización de las normas se haya llevado adelante de modo que no existan distorsiones de la competencia, prácticas de dumping social ni desconfianza de los consumidores. En caso de que no existan normas o no pudieran elaborarse en absoluto (las denominadas prestaciones no especificables), deberían tenerse en cuenta estas especificidades.
4.3.1

La unión monetaria no ha ido acompañada del crecimiento económico dinámico que debería haber favorecido. Un motivo fundamental para ello es que aún no se ve acompañada de una verdadera unión económica. El embrión constituido por el pacto de crecimiento y estabilidad también planteó problemas recientemente. Varios Estados no lo cumplen adecuadamente, incluidas Alemania y Francia, cuyos déficit públicos superan el 3 %. Por otra parte, surgen dudas acerca de los efectos del pacto (cuyo componente de estabilidad es mucho más preciso que el componente de crecimiento) en la atonía de la actividad económica. Para compensar las limitaciones y restricciones del pacto ha de adoptarse una orientación económica más integrada, lo cual no es precisamente el caso habida cuenta que la coordinación actual de las Orientaciones generales de la política económica (OGPE) aún es mínima.
2.5

La propuesta de Reglamento del Consejo establece que la coordinación operativa de la Agencia abarcará la inspección y el control, hasta el primer punto de venta de los productos de la pesca, de las actividades pesqueras efectuadas en el territorio de los Estados miembros, en aguas comunitarias o fuera de las aguas comunitarias, por buques pesqueros comunitarios. El CESE considera que el ámbito de aplicación de la coordinación operativa de la Agencia debe ser más amplio. Por un lado, debería abarcar la inspección y el control no sólo hasta el primer punto de venta de los productos de la pesca, sino de toda la cadena alimentaria; es decir, desde que se pesca hasta que llega al consumidor final. Por otro lado, debería incluir entre sus funciones la coordinación del control sobre los productos de la pesca procedentes de buques pesqueros abanderados en terceros países, en especial de aquellos que practican la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
1.1

La cofinanciación por la UE de las campañas de información y de las actividades de promoción en favor de productos agrícolas en el interior y en el exterior de la UE se produjo hasta 1999 en el marco de las diferentes organizaciones comunes de mercado. A partir de esa fecha, las disposiciones sectoriales fueron sustituidas por una estrategia más horizontal, en virtud de los Reglamentos (CE) no 2702/1999 y (CE) no 2826/2000, para las medidas que afectaban respectivamente a terceros países y al mercado interior y que tenían por objeto respaldar las acciones de promoción de los Estados miembros y de las propias empresas. Si no se prorroga su vigencia, dichos reglamentos dejarán de estar en vigor a finales del año 2004. En cumplimiento de la obligación que se recoge en los reglamentos, la Comisión presentó en marzo de 2004 un informe detallado sobre el modo en que se habían aplicado dichos Reglamentos, al tiempo que recogía diversas propuestas de simplificación y mejoras.
2.1.2.

Pero la cultura no es un ente abstracto, es algo que parte de la propia existencia de quienes la hacen posible. No existe cultura si no existen creadores, artistas, intérpretes, etc. que con su inspiración pongan a disposición de los ciudadanos obras que quedan en el acervo cultural de la humanidad, de una humanidad que las contempla y valora en toda su dimensión.
5.1

En su informe al Consejo Europeo de Laeken, la Comisión señaló su intención de establecer un marco comunitario para las ayudas concedidas a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. Con posterioridad, no obstante, el Tribunal de Justicia falló en el asunto Ferring –apartándose en ello de la jurisprudencia en ese momento existente del Tribunal de Primera Instancia– que las compensaciones por prestación de servicios públicos no constituyen ayudas estatales si las empresas afectadas no se ven favorecidas por importes superiores a los requeridos para la prestación. Hasta finales de 2002 no se sabía si el Tribunal de Justicia confirmaría o no esta modificación de la jurisprudencia. En su sentencia de 24 de julio de 2003 sobre el asunto Altmark, el Tribunal de Justicia ha confirmado por el momento su jurisprudencia anterior en el asunto Ferring, pero ha introducido cuatro nuevas condiciones que precisan la exclusión. En primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y estas obligaciones deben haberse definido claramente; en segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben haberse establecido previamente de forma objetiva y transparente; en tercer lugar, la compensación no debe superar el nivel necesario para cubrir los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable; en cuarto lugar, cuando la elección de la empresa no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública, el nivel de la compensación necesaria debe haberse calculado sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada habría soportado para ejecutar estas obligaciones. Puesto que las compensaciones que no cumplan las condiciones impuestas por el Tribunal de Justicia constituyen ayudas estatales, las clarificaciones anunciadas del marco comunitario siguen siendo necesarias. El Comité toma nota del debate celebrado con los expertos de los Estados miembros sobre la base de un documento no oficial, de 12 de noviembre de 2002, y propone que se llegue a una conclusión rápidamente integrando en ella la sentencia Altmark, con el fin de ofrecer lo antes posible seguridad jurídica a las empresas europeas aprobando las clarificaciones necesarias.
2.1

La exigencia contenida en al artículo 17 –adopción de medidas específicas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas, con el fin de lograr el buen estado químico de estas– ha dado lugar a la presentación de esta propuesta de Directiva, ante la exigencia de estar en disposición de aplicación, lo más tarde, a los dos años (2006) de entrada en vigor de la DMA. No obstante, conviene recordar que las normas de esta propuesta de Directiva quedan encuadradas dentro del ámbito de aplicación de la DMA, de forma que no es necesario reiterar las disposiciones en ella contenidas, especialmente las referidas a los objetivos ambientales; a las administraciones coordinadas de las cuencas hidrográficas en las que debe figurar el inventario de las aguas subterráneas, así como la determinación de las zonas de captación para uso humana y sus perímetros de protección; a las disposiciones sobre información y consulta pública de los interesados, etc.
5.1

Hasta ahora no se han explorado suficientemente las posibilidades de una normativa menos detallada, menos puntillosa y que ofrezca un espacio para la corregulación y la autorregulación. Debe promoverse el propio papel de los destinatarios de la normativa, lo que no puede sino contribuir a generalizar y facilitar su aplicación. La base de datos PRISM del CESE (Progress Report on Initiatives in the Single Market) da ejemplos concretos de lo que se podría calificar respectivamente de «reglamentación contractual» y de «reglamentación unilateral», que requieren también mecanismos adecuados de control y evaluación (etiquetas, certificaciones, controles independientes privados o públicos). El reconocimiento mutuo, las relaciones con los consumidores, etc., brindan posibilidades para una regulación privada eficaz.
30.3.2004 ES C 80/65 Diario Oficial de la Unión Europea
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Consejo que modifica el Reglamento (CEE) no2075/92 por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del tabaco crudo»
(COM(2003) 633 final — 2003/251 (CNS))
(2004/C 80/19)
El 31 de octubre de 2003, de conformidad con el artículo 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta
mencionada.
El 28 de octubre de 2003, la Mesa del Comité Económico y Social Europeo encargó a la Sección
Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente la preparación de los trabajos en esteasunto.
Dada la urgencia de los trabajos, en su 404
oPleno de los días 10 y 11 de diciembre de 2003 (sesión del
10 de diciembre), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general al Sr. Moraleda
Quílez y ha aprobado por 69 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1. En la propuesta de Reglamento sometida a examen, el
Consejo pretende fijar el porcentaje de la retención de la primapara la cosecha de 2004 para financiar el Fondo comunitariodel tabaco. Actualmente, se está trabajando en la reforma de la
organización común de mercados en el sector del tabaco crudo
y, por consiguiente, repercutiendo directamente en el Fondocomunitario del tabaco. Dado que la aplicación de la nueva
normativa no estará vigente antes de 2005, es indispensable
fijar el porcentaje de la retención para 2004 y, en el contextodel período de transición, la Comisión opta por mantenerla en
el mismo nivel que en 2003.
Bruselas, 10 de diciembre de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH2. Observaciones generales
2.1. Dado que el Fondo comunitario del tabaco se consti-
tuye a partir de una retención en origen de un porcentaje delas subvenciones concedidas a los productores, cualquier
aumento del mismo implica una reducción de la prima y
habida cuenta de la situación transitoria actual del sector deltabaco, la propuesta presentada por la Comisión parece
razonable, máxime cuando la retención del 3 % cubrirá
satisfactoriamente las perspectivas de utilización del fondo.
3. Conclusión
3.1. El Comité es favorable a la propuesta de la Comisión
de mantener la retención para la próxima campaña al mismo
nivel de la actual, dada la situación del sector.
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la admisión de valores mobiliarios a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores (versión codificada)"

(2001/C 116/16)

El 20 de septiembre de 2000, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de noviembre de 2000 (ponente: Sr. Lehnhoff).

En su 377o Pleno de los días 29 y 30 de noviembre de 2000 (sesión del 29 de noviembre) el Comité Económico y Social ha aprobado por 112 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el presente dictamen.

1. El Comité aprueba la iniciativa de la Comisión de proceder a la codificación de la normativa comunitaria relativa a la admisión de valores mobiliarios a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores.

2. En varias ocasiones el Comité se ha manifestado en favor de hacer cada vez más simple, claro y accesible al ciudadano el derecho comunitario y ya ha podido comprobar que la aplicación de la Decisión de la Comisión de 1 de abril de 1987 y de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992 sobre esta tema va por buen camino. Siempre en esta línea, el Comité aprecia el acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 en virtud del cual el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acordaron optar por un método de trabajo acelerado que permita la rápida aprobación de los actos codificados cuando se introduzcan modificaciones sustanciales en los actos objeto de codificación.

Bruselas, 29 de noviembre de 2000.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs