En particular, la evaluación calificó positivamente el valor añadido europeo del proyecto piloto y la acción preparatoria anteriores: las organizaciones nacionales responsables de atender todo tipo de problemas de los consumidores carecen de conocimientos técnicos especializados y no pueden abarcar una variedad de esferas de política tan amplia como la relativa a los servicios financieros. Además, no se han identificado otras organizaciones similares a nivel de la UE.

El programa de la Unión ofrece la posibilidad de cofinanciar las actividades que desarrollan dos entidades beneficiarias con el objetivo de mejorar la participación de los consumidores y de otros usuarios finales, así como de las partes interesadas que representan sus intereses en el ámbito de los servicios financieros. La propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad, conforme al artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, puesto que sus objetivos no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, a nivel de la Unión.

(2)• Subsidiariedad (para competencias no exclusivas)

La base jurídica es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 169, apartado 2, letra b). El programa de la Unión propuesto contribuirá a garantizar un alto nivel de protección y a situar a los consumidores en el centro del mercado único en el ámbito de los servicios financieros; el programa respaldará y complementará las políticas de los Estados miembros en sus esfuerzos por asegurar que los ciudadanos puedan aprovechar al máximo los beneficios del mercado interior y que, de esa manera, sea posible abordar y defender adecuadamente sus intereses jurídicos y económicos. De conformidad con la política legislativa de la Comisión adoptada en el contexto del marco financiero plurianual, se propone que el presente programa de financiación adopte la forma de reglamento.

La evaluación llegó a la conclusión de que, en general, se habían logrado los objetivos estratégicos del proyecto piloto y de la acción preparatoria. Sin embargo, también destacó que ambas organizaciones serían inviables desde el punto de vista financiero si no contaran con la financiación de la Unión, pese a los esfuerzos realizados para diversificar sus recursos a lo largo de esos tres años. Si se dejara de aportar fondos a estas organizaciones en 2017, se verían obligadas a reducir drásticamente o incluso cesar sus actividades, lo que significa que ya no sería posible seguir logrando los objetivos de la política. En ese mismo sentido, sería arriesgado reducir el nivel de cofinanciación, puesto que ambas organizaciones tendrían que recortar inmediatamente sus plantillas. Esto limitaría sus actividades ya en 2017, y es probable que tuvieran que interrumpirlas al cabo de poco tiempo.

En ese contexto, la Comisión puso en marcha a finales de 2011 un proyecto piloto cuya finalidad era conceder subvenciones para respaldar el desarrollo de un centro de especialización financiera en beneficio de los usuarios finales y de las partes interesadas ajenas al sector, y mejorar la capacidad de estos agentes para participar en la formulación de políticas en el ámbito de los servicios financieros a escala de la Unión. Tras sucesivas convocatorias de propuestas, entre 2012 y 2015 la Comisión adjudicó subvenciones de funcionamiento a dos organizaciones de la sociedad civil con sede en Bruselas, Finance Watch y Better Finance.

La Comisión también había identificado la escasez de recursos y de conocimientos especializados entre las organizaciones que representan a estas partes interesadas como un obstáculo para su participación activa en los debates sobre la formulación de políticas a escala de la Unión en la esfera de los servicios financieros. Los organismos de defensa de los consumidores y las organizaciones de la sociedad civil carecían de los recursos necesarios para abarcar una amplia variedad de temas que, a menudo, presentan una gran complejidad técnica, y realizar aportaciones pertinentes a la formulación de políticas de la Unión sobre los servicios financieros. Esto generaba insatisfacción, ya que la Comisión no podía beneficiarse de la mayor diversidad posible de puntos de vista y contribuciones, y algunas organizaciones de la sociedad civil percibían que la Comisión se encontraba bajo una influencia indebida del sector.

El concepto de «consumidores de servicios financieros» engloba una amplia variedad de personas físicas que utilizan o solicitan este tipo de servicios, entre las que figuran inversores minoristas, ahorradores, tomadores de seguros, participantes en fondos de pensiones y prestatarios. Si bien la presente propuesta se centra fundamentalmente en los consumidores, sus objetivos también pueden ser pertinentes para otros usuarios finales de servicios financieros que utilizan o solicitan este tipo de servicios para fines propios de su profesión o de su actividad comercial o mercantil. La Comisión Europea ha adoptado diversas medidas encaminadas a garantizar que se escuchen los puntos de vista de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros, en particular: i) la creación, en 2010, del Grupo de Usuarios de Servicios Financieros (GUSF), un foro en el que representantes de las partes interesadas ajenas a este sector reciben información periódica acerca de cuestiones relacionadas con la política de servicios financieros en curso de elaboración, y se les invita a expresar sus opiniones, preocupaciones y sugerencias sobre las iniciativas legislativas previstas, y ii) la inclusión sistemática de representantes de las organizaciones de consumidores y de la sociedad civil en los diversos grupos de expertos constituidos para ayudar a la Comisión o a las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) en la labor que llevan a cabo en el ámbito de los servicios financieros.

En 2007, la confianza de los usuarios finales de servicios financieros y, en particular, la de los consumidores en el ámbito de los servicios financieros se vio sacudida por la crisis económica y financiera. En consecuencia, los legisladores europeos consideraron que era necesario tener en cuenta de manera sistemática y adecuada las preocupaciones de los consumidores y de otros usuarios finales de servicios financieros con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía en la solvencia del sector financiero.

(3)• Proporcionalidad

La propuesta respeta el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Tal como se apreció en el marco de la evaluación ex ante que acompañaba a la propuesta de Reglamento de financiación de la Comisión, este Reglamento se limita a aquellos aspectos estrictamente necesarios para mantener los efectos y la repercusión logrados hasta el momento a través del proyecto piloto y la acción preparatoria anteriores. Se propone conceder fondos de la Unión a dos entidades beneficiarias convenientemente identificadas cuyas actividades, resultados y efectos se evaluaron en 2015. En el actual marco institucional, los nuevos mecanismos de financiación dotarán a estas entidades de fondos estables, adecuados y suficientes para lograr los objetivos de la política. La ayuda financiera se otorgará conforme a las condiciones establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, y el Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

(4)• Elección del instrumento

A tenor del artículo 169, apartado 2, letra b), el instrumento jurídico más adecuado en este caso para crear un programa de la Unión dirigido a respaldar determinadas actividades cuyo objetivo es mejorar la participación de los consumidores y otros usuarios finales, así como de las partes interesadas que representan sus intereses, en la formulación de políticas de la Unión en el ámbito de los servicios financieros, es un reglamento.

(3)3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS A LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

(1)• Evaluaciones ex post de la legislación existente

De acuerdo con la evaluación ex post, la Comisión considera que, en términos generales, se han logrado los objetivos definidos para el proyecto piloto y la posterior acción preparatoria. El objetivo general de crear un centro europeo de especialización financiera se ha cumplido con la aparición de dos centros complementarios de estas características. Las actividades que llevaron a cabo ambas entidades beneficiarias contribuyeron a proporcionar a los responsables de la formulación de políticas a nivel europeo puntos de vista diferentes de los expresados por el sector financiero en dicho período, así como a ayudarles a comunicar adecuadamente dichos puntos de vista a la población en general. Tanto Finance Watch como Better Finance han mantenido estrechos contactos con los responsables políticos de la Unión desde 2012, como queda de manifiesto a través de su participación en varias reuniones y audiencias celebradas en parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo. La experiencia de estas entidades, que se ha compartido a través de diversas publicaciones y de respuestas a consultas, les ha permitido añadir una voz más al debate público. Por último, ambas desarrollaron una eficaz capacidad de comunicación que les permitió informar a sus miembros e incluso al conjunto de la ciudadanía sobre las cuestiones que se planteaban en el sector financiero. Finance Watch y Better Finance han trabajado en esferas de política diferentes y dirigido su labor a audiencias distintas, pero juntas han abordado desde 2012, a través de sus actividades, la mayoría de los temas incluidos en el programa político de la Unión en el ámbito financiero.

Finance Watch se constituyó gracias a estas subvenciones de la Unión; entre 2012 y 2014 recibió una aportación financiera total de 3,04 millones EUR. La evaluación llegó a la conclusión de que su organización, su personal y sus actividades resultan muy pertinentes de cara al logro de los objetivos del proyecto piloto y de la acción preparatoria. Finance Watch se centró claramente en la agenda de reforma financiera tras la crisis y sus actividades abarcaron gran parte de la agenda política de la Unión entre 2012 y 2014. Los conocimientos especializados que generó en dicho período (informes de investigación, documentos de posición, respuestas a consultas, comunicados de prensa, etc.) han recibido, en general, una acogida positiva. En lo que concierne a la comunicación, Finance Watch creó un sitio web específico y logró tener una presencia relativamente importante en los medios de comunicación y organizar dos conferencias anuales de alto nivel a partir de 2012. Resultó menos eficaz en cuanto a la mejora de la capacidad de los usuarios finales y los consumidores para participar en la formulación de políticas a escala de la Unión relativas al sector financiero, un aspecto que podría estar relacionado con la heterogeneidad de su composición (con escasa influencia fuera de Bruselas). En promedio, su presupuesto anual ascendió a 1,8 millones EUR; casi dos terceras partes de sus recursos se dedicaron a la contratación de personal con alta cualificación (14 empleados) para la realización de sus actividades. La relación coste-producto de la organización (publicaciones, eventos y reuniones, comunicación, etc.) se evaluó como estable entre 2012 y 2014.

Better Finance recibió subvenciones de funcionamiento por un importe de 900 000 EUR a lo largo de tres años. Consiguió conformar un centro de especialización financiera centrado fundamentalmente en los intereses de los inversores privados, los accionistas individuales, los ahorradores y otros usuarios finales de servicios financieros, una orientación coherente con su composición y con los limitados recursos de los que disponía. Se valoró que la organización, los miembros y las actividades de Better Finance eran muy pertinentes para el logro de los objetivos del proyecto piloto en determinadas esferas políticas. Sin embargo, se identificaron ciertas debilidades en su secretaría: su limitado tamaño (5 personas), el reducido número de expertos financieros y las dificultades que tuvo en dicho período para conseguir mantener la estabilidad de sus recursos. En cuanto a su incidencia real en la formulación de políticas a nivel de la Unión, la entidad se consideró eficaz por lo que respecta a los responsables políticos de la Unión basados en Bruselas en relación con una serie de temas concretos, e incluso más eficaz por lo que se refiere a las AES y la legislación de segundo y tercer nivel. Gracias a las subvenciones de funcionamiento de la Unión, Better Finance fue capaz de mejorar su potencial de comunicación, desarrollar un sitio web profesional y contratar personal especializado. En el período en que recibió dichas subvenciones, su labor de investigación se centró en gran medida en las pensiones.

Desde 2012, ambas entidades beneficiarias han recibido financiación que les ha permitido sufragar hasta un 60 % de sus gastos subvencionables a través de subvenciones de la Unión; en la actualidad, siguen presentando una elevada dependencia con respecto a los fondos de la Unión. A pesar de sus constantes esfuerzos, Finance Watch solamente consiguió atraer a otro donante estable y significativo, la fundación Adessium, cuya contribución no está confirmada con posterioridad a 2016. No es probable que los miembros de Finance Watch compensen esta pérdida. La situación parece aún menos halagüeña en el caso de Better Finance. Además de la subvención, la organización recibió durante el período evaluado (2012-2014) una contribución recurrente y significativa de uno de sus miembros. La importante reducción de esta aportación en 2015 puede constituir una amenaza para la sostenibilidad de Better Finance.

Por último, en lo que respecta al valor añadido para la Unión de este proyecto piloto y de la acción preparatoria subsiguiente, la evaluación concluyó que era evidente que ambas organizaciones habían aportado valor añadido a la formulación de políticas a escala de la Unión en el ámbito de los servicios financieros. A nivel de la Unión, son pocas las organizaciones que representan el interés general de los consumidores, y ninguna organización de la sociedad civil se centra específicamente en el sector financiero y su regulación. Entre 2012 y 2014, en el contexto de las convocatorias de propuestas anuales, no se ha dado a conocer ninguna iniciativa alternativa a Finance Watch y Better Finance. La evaluación determinó que ambas organizaciones, a través de sus respectivas acciones, añadieron valor a las actividades de sus miembros nacionales y beneficiaron a los usuarios finales europeos de un modo que los grupos nacionales de defensa de los consumidores no habían sido capaces de conseguir.

(2)• Consultas a las partes interesadas

La evaluación ex post incluyó una consulta dirigida, para la que se utilizaron una amplia encuesta en línea y entrevistas selectivas a todas las partes interesadas pertinentes:

–todos los miembros de las entidades beneficiarias (tanto organizaciones como personas físicas),

–diversos responsables políticos, incluidos diputados al Parlamento Europeo (pertenecientes, sobre todo, a la comisión ECON), funcionarios de la Comisión (FISMA y JUST), representantes de las tres AES y representantes de las autoridades nacionales,

–donantes y otras entidades financiadoras de los beneficiarios,

–organizaciones de consumidores,

–representantes del sector bancario,

–expertos financieros,

–grupos de reflexión sobre el sector financiero.