[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 24.9.2007

COM(2007) 548 final

INFORME DE LA COMISIÓN

sobre la aplicación, durante el año 2005, del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

PRÓLOGO

El Reglamento (CE) n° 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión[1] estipula en su artículo 17, apartado 1, que cada institución publicará anualmente un informe en el que figure el número de casos en los que haya denegado el acceso solicitado a los documentos y expondrá las razones de esas denegaciones. El informe indicará también el número de documentos sensibles no incluidos en el registro público.

El presente Informe, que abarca el año 2005, es el cuarto presentado por la Comisión en aplicación de esta disposición.

El Anexo del presente Informe contiene datos estadísticos sobre la tramitación de las solicitudes de acceso. Una serie de cuadros muestran las cifras relativas a los cuatro años de aplicación del Reglamento, permitiendo así seguir su evolución. En este sentido, conviene destacar que las estadísticas se refieren solamente a las solicitudes de acceso para documentos no publicados y no incluyen ni las solicitudes de documentos ya publicados ni las solicitudes de información.

1. Política de transparencia

En el año 2005 se puso en marcha una «Iniciativa europea en favor de la transparencia» que se inscribe en los objetivos estratégicos de la Comisión para el periodo 2005-2009. Tras un primer debate orientativo durante su reunión de 18 de mayo de 2005[2], la Comisión decidió el 9 de noviembre de 2005 lanzar esta iniciativa que incluye tres series de medidas.

1.1. Mejora del acceso a la información

- publicación de datos sobre los beneficiarios finales de los fondos comunitarios;

- mejor sinergia entre las bases de datos, a fin de ampliar el campo de cobertura del registro.

1.2. Publicación en 2006 de un Libro Verde destinado a poner en marcha un debate sobre:

- la obligación jurídica de publicación, por parte de los Estados miembros, de las informaciones relativas a los beneficiarios finales de los fondos comunitarios en gestión compartida;

- las actividades de los grupos de interés;

- las prácticas de la Comisión en materia de consulta.

1.3. Puesta en marcha de un debate interinstitucional sobre la legislación relativa al acceso del público a los documentos, partiendo del Informe de la Comisión sobre la aplicación de los principios del Reglamento n° 1049/2001[3] y de una consulta pública sobre una eventual revisión de dicho Reglamento.

2. Registros y páginas en Internet

2.1. Al final de 2005, el registro de documentos de la Comisión comprendía 61 085 documentos. (véase el cuadro en anexo).

2.2. El Reglamento prevé en su artículo 9, apartado 3, que los documentos denominados «sensibles»[4] únicamente se incluirán en el registro con el consentimiento del emisor. En 2005 el registro no incluía ningún documento sensible en el sentido de esta disposición.

2.3. Como consecuencia de un compromiso del Presidente de la Comisión con el Parlamento Europeo, el 3 de octubre de 2005 se creó un registro específico de grupos de expertos. Este registro ofrece una visión general de los organismos consultivos que ayudan a la Comisión y a sus servicios en la preparación de propuestas legislativas y de iniciativas políticas. Se suma al registro sobre los trabajos de los Comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución que les ha conferido el legislador, creado en 2003.

2.4. Los datos sobre la consulta del sitio relativo a la transparencia y el acceso a los documentos, accesible en el servidor EUROPA se presentan como sigue:

Número de visitantes | Número de sesiones | Páginas visualizadas |

Total | 98 804 | 151 176 | 203 159 |

Media mensual | 8 234 | 12 598 | 16 930 |

3. Cooperación con las demás instituciones y los Estados miembros

El Comité interinstitucional , previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento, no se reunió a nivel político durante el año 2005. No obstante, los altos funcionarios encargados de la aplicación del Reglamento en las tres instituciones[5] se reunieron el 11 de noviembre de 2005 y decidieron consolidar y formalizar la cooperación interinstitucional en los servicios creando dos grupos de trabajo específicos:

- un grupo encargado de coordinar los registros y las demás herramientas de información;

- un foro de intercambio sobre las cuestiones de naturaleza jurídica relativas a la aplicación del Reglamento.

4. Análisis de las solicitudes de acceso

4.1. El incremento constante del número de solicitudes iniciales que se viene observando desde la adopción del Reglamento se confirmó durante el año 2005, aunque con menor intensidad que en 2004. En el año 2005 se registraron 3 173 solicitudes iniciales, es decir, 573 más que en 2004, lo que representa un aumento del 22,1 %. En 2003 y 2004 el número de solicitudes había aumentado un 53,7 % y un 70,72 %, respectivamente.

4.2. El número de solicitudes confirmatorias se mantuvo prácticamente constante: en 2005 se registraron 167, frente a 162 en 2004.

4.3. Se han producido pocos cambios en la distribución de las solicitudes por ámbitos de interés . Los ámbitos de la competencia, los derechos de aduana y los impuestos indirectos, el mercado interior y el medio ambiente suman cerca del 35 % de las solicitudes. Sin embargo, se observa un interés creciente por la política de empresa, los transportes y la energía, la política regional y la cooperación en materia de justicia.

4.4. La distribución de las solicitudes por categorías socioprofesionales no varió significativamente. Los distintos grupos de interés, las ONG y las empresas representan más del 40 % de las solicitudes.

4.5. Por último, la distribución geográfica de las solicitudes también se ha mantenido constante. Cerca de una cuarta parte (22,63 %) proceden de personas u organismos establecidos en Bélgica, debido al número de empresas, bufetes de abogados y asociaciones u ONG que operan a nivel europeo. Aparte de ello, la mayoría de las solicitudes procede de los Estados miembros más poblados: Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido, España y los Países Bajos, que suman un poco más de la mitad de las solicitudes. Incluso en 2005, el número de solicitudes procedentes de los nuevos Estados miembros ha seguido siendo modesto (4,58 %).

5. Aplicación de las excepciones al derecho de acceso

5.1. El porcentaje de respuestas positivas en la fase inicial de las solicitudes se sitúa prácticamente en el mismo nivel que en años anteriores, a saber, un 68,24 %.

En el 64,67 % de los casos los documentos fueron divulgados íntegramente y en el 3,57 % de los casos se concedió un acceso parcial a los documentos solicitados.

Este porcentaje no tiene en cuenta el gran número de solicitudes de acceso relativas a documentos que ya han sido divulgados (cerca de una solicitud de cada cinco). Por otra parte, hay que señalar que, en alrededor del 2% de los casos, la solicitud se refería a un documento inexistente.

5.2. El porcentaje de confirmaciones de las decisiones iniciales se redujo ligeramente, pasando del 73,21 % al 68,44 % de los casos. En consecuencia, en el 31,56 % de los casos el solicitante obtuvo un acceso más amplio tras haber presentado una solicitud confirmatoria.

El porcentaje de respuestas totalmente positivas tras una denegación inicial se redujo ligeramente, pasando del 9,09 % al 8 %. En cambio, el porcentaje de decisiones por las que se concede un acceso parcial tras una denegación inicial aumentó notablemente, pasando de un 17,7 % a un 23,56 %.

El porcentaje de respuestas positivas una vez finalizado el proceso de tramitación de las solicitudes se mantuvo prácticamente igual que en 2004 (69,87 % frente al 70 % en 2004). En el 65,08 % de los casos los documentos se divulgaron íntegramente y en el 4,79 % se concedió un acceso parcial.

5.3. En la fase inicial, el principal motivo de denegación siguió siendo la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría (artículo 4, apartado 2, tercer guión). El porcentaje de denegaciones basadas en esta excepción fue del 41 %, frente al 31,81 % en 2004. Se trataba, en la mayoría de los casos, de solicitudes de acceso a expedientes en materia de política de competencia o a documentos relativos a procedimientos de infracción pendientes.

El segundo motivo de denegación se refería a la protección del proceso de toma de decisiones de la Comisión (artículo 4, apartado 3), y presentó un porcentaje del 26,74 %, frente al 25,44 % en 2004.

En un 7,39 % de los casos de denegación en la fase inicial se invocó la protección de intereses comerciales, frente a un 8,33 % en 2004.

5.4. Los principales motivos para justificar la confirmación de una denegación de acceso fueron los mismos que en la fase inicial:

- la protección del objetivo de las actividades de investigación (29,77 %);

- la protección del proceso de toma de decisiones (21,10 %).

No obstante, hay que observar que la protección de los intereses comerciales se invocó con más frecuencia en la tramitación de las solicitudes confirmatorias (13,9 %).

6. Reclamaciones presentadas al Defensor del Pueblo Europeo

6.1. Durante el año 2005, el Defensor del Pueblo archivó nueve expedientes de reclamación contra la Comisión en relación con la denegación de acceso a los documentos. Una reclamación dio lugar a un proyecto de recomendación que fue seguida parcialmente por la Comisión; el Defensor del Pueblo archivó el expediente con un comentario crítico. Cinco casos pudieron solucionarse a satisfacción del demandante. En uno de ellos, el Defensor del Pueblo formuló un comentario crítico, pero se refería a otro aspecto de la reclamación. En un caso el reclamante renunció a su solicitud de acceso. Por último, se archivaron dos casos sin que se hubiese constatado la existencia de mala administración.

6.1.1. Reclamación 2229/2003/MHZ

Esta reclamación se refería a un procedimiento de infracción en el ámbito del medio ambiente, iniciado como consecuencia de una reclamación presentada por una ONG. En este contexto, la ONG alegaba que se le habían denegado documentos intercambiados con las autoridades españolas en el marco del procedimiento.

El Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que la denegación de acceso no constituía un caso de mala administración, pero formuló un comentario crítico sobre la duración excesiva del procedimiento de infracción.

6.1.2. Reclamación 2403/2003/MF

Un Miembro del Parlamento Europeo deseaba que se le transmitiesen los documentos sobre dos casos de infracción relativos a la exención del IVA concedida a la Iglesia católica en España y en Portugal. La Comisión le transmitió los documentos relativos a esos dos expedientes de infracción, con la excepción de un dictamen de su Servicio Jurídico y de los documentos enviados por los Estados miembros en cuestión, que se habían opuesto a su divulgación. El Defensor del Pueblo archivó el expediente sin constatar mala administración por parte de la Comisión.

6.1.3. Reclamación 948/2004/OV

Una ONG deseaba obtener el Tercer Informe de la Comisión sobre la Cohesión Económica y Social antes de su adopción. Un problema administrativo retrasó la tramitación de la solicitud. Puesto que el Informe se publicó entretanto, la reclamación ya no tenía objeto.

6.1.4. Reclamación 1368/2004/GG

La reclamante, una empresa que participaba en un proyecto medioambiental en China y cuyo contrato había sido rescindido por la Comisión, protestaba contra la negativa a transmitirle los documentos sobre las prestaciones del experto que había enviado. La negativa se basaba en la protección de los datos personales y de los intereses comerciales de dicho experto. El Defensor del Pueblo invitó a la Comisión a reconsiderar su posición y la Comisión divulgó parcialmente trece documentos, expurgados de los datos de carácter personal, y mantuvo su negativa a transmitir los otros tres documentos. El Defensor del Pueblo archivó el asunto con un comentario crítico.

6.1.5. Reclamación 1798/2004/PB

El reclamante había presentado dos solicitudes de acceso a documentos. Una de ellas se refería a las medidas de seguridad adoptadas como consecuencia de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y la otra a los debates sobre la armonización de la duración de las penas de prisión. La reclamación no se refería al contenido de las respuestas, sino a que se había sobrepasado el plazo de quince días laborables en la tramitación de su primera solicitud. Habiendo constatado que el asunto había sido solucionado, el Defensor del Pueblo archivó el expediente formulando un comentario.

6.1.6. Reclamación 2821/2004/OV

Una ONG griega dedicada a la defensa del medio ambiente presentó una reclamación porque la Comisión sólo le había concedido acceso parcial a un informe de misión sobre la aplicación de una sentencia del Tribunal en un procedimiento de infracción. Puesto que la Comisión había iniciado un nuevo procedimiento de infracción con arreglo al artículo 228 del Tratado, había tapado una parte del documento para no perjudicar a las negociaciones en curso con las autoridades griegas. El Defensor del Pueblo archivó el expediente concluyendo que no había existido mala administración por parte de la Comisión.

6.1.7. Reclamación 3381/2004/TN

Esta reclamación se refería también a un procedimiento de infracción en el ámbito del medio ambiente, iniciado como consecuencia de una reclamación presentada por una asociación de vecinos. Durante la investigación la Comisión había denegado el acceso a los documentos intercambiados con las autoridades británicas. Una vez archivado el procedimiento de infracción, la Comisión divulgó sus propios documentos y, previa consulta, las respuestas de las autoridades británicas. Puesto que el asunto se había solucionado a satisfacción de los demandantes, el Defensor del Pueblo archivó el expediente.

6.1.8. Reclamación 116/2005/MHZ

Se había denegado a un Miembro del Parlamento Europeo el acceso a una carta enviada por el Ministerio de Hacienda de Portugal en el marco de un procedimiento de déficit excesivo. El Defensor del Pueblo se dirigió al nuevo Gobierno portugués, que no planteó objeciones a la divulgación de la carta. Siguiendo el proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo, la Comisión hizo pública la carta.

6.1.9. Reclamación 1777/2005/GG

Un abogado alemán presentó una reclamación contra la negativa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de transmitirle una copia del expediente relativo a una investigación en curso sobre un proyecto en Lesotho. Como la OLAF sobreseyó la investigación, el demandante renunció a su solicitud.

6.2. Además de las reclamaciones 116/2005/MHZ y 1777/2005/GG, descritas más arriba, el Defensor del Pueblo recibió durante 2005 otras trece reclamaciones en relación con la negativa a entregar documentos.

7. Recursos jurisdiccionales

7.1. El Tribunal de Primera Instancia dictó dos sentencias y tres autos en asuntos relativos a decisiones de la Comisión en las que se denegaba, total o parcialmente, el acceso a documentos sobre la base del Reglamento 1049/2001.

7.1.1. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2005 en el asunto T-187/03, Isabella Scippacercola contra Comisión:

El Tribunal confirmó que el derecho de un Estado miembro a oponerse a la divulgación de un documento originario de dicho Estado miembro, en aplicación del artículo 4, apartado 5, del Reglamento, se aplica también a los documentos transmitidos por dicho Estado miembro a una institución que no han sido redactados por un órgano de dicho Estado.

7.1.2. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de abril de 2005 en el asunto T-2/03, Verein für Konsumenteninformation contra Comisión:

El Tribunal anuló la Decisión de la Comisión por la que se denegaba el acceso al expediente relativo a un asunto de cártel, recordando que la institución está obligada a proceder a un examen concreto e individual de los documentos solicitados. No obstante, y con carácter extraordinario, la institución puede, basándose en el principio de proporcionalidad, no proceder a dicho examen concreto e individual, pero únicamente tras haber considerado todas las demás opciones de que dispone y explicado detalladamente los motivos por los que tales opciones alternativas implican también una carga administrativa extremadamente gravosa.

7.1.3. Auto del Tribunal de Primera Instancia de 8 de junio de 2005 en el asunto T-287/03, Società imballaggi metallici Salerno Srl contra Comisión:

Este asunto se refería al acceso a la correspondencia intercambiada con las autoridades italianas en el marco de una ayuda de Estado. El objeto del litigio era idéntico al del asunto T-76/02, Messina/Comisión, en el que el Tribunal había sentenciado que, como consecuencia de la oposición de las autoridades italianas a la divulgación de las cartas que habían dirigido a la Comisión, esta última estaba obligada a denegar el acceso a esos documentos. El Tribunal desestimó el recurso por considerarlo manifiestamente infundado.

7.1.4. Auto del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2005 en el asunto T-98/04 (mismo demandante que en el asunto precedente, junto con otras empresas italianas):

Este asunto estaba vinculado al precedente, si bien el recurso se refería a la anulación de la Decisión de la Comisión por la que se declara compatible con el mercado común una ayuda de Estado. En el marco de este procedimiento los demandantes solicitaron, como diligencias de organización del procedimiento, la transmisión de las cartas dirigidas a la Comisión por las autoridades italianas en relación con el régimen de ayuda. El recurso fue declarado inadmisible.

7.1.5. Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de 2 de junio de 2005 en el asunto T-237/04 Ultradent Products Inc contra Comisión:

Debido a la retirada de la parte demandante, el asunto se archivó.

7.2. En 2005 se interpusieron trece nuevos recursos contra decisiones de la Comisión en aplicación del Reglamento 1049/2001. Once de ellos todavía están pendientes de resolución, uno se archivó y otro fue declarado inadmisible.

7.2.1. A.S.TER, asunto T- 409/05 [6] :

La demandante, una sociedad cuyo principal accionista es el municipio de Génova, deseaba obtener acceso a los documentos que dieron origen a una investigación sobre una presunta infracción a las reglas comunitarias de adjudicación de contratos públicos. El acceso se denegó alegando que la divulgación podría tener un efecto negativo sobre el desarrollo de la investigación en curso. La demandante se opone a la aplicación de esta excepción y alega además una violación del principio de contradicción.

7.2.2. Borax Europe Ltd, asuntos T-121/05 y T-166/05 [7] :

Estos recursos fueron presentados por una empresa que se opone a la decisión de la Comisión por la que se le denegó el acceso a ciertos documentos y, en particular, a las grabaciones de una reunión de un grupo de expertos para preparar la 30ª adaptación al progreso técnico de la Directiva en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas. Más concretamente, los documentos se refieren a la clasificación del ácido bórico los y boratos.

7.2.3. Editions Odile Jacob, asunto T-237/05 [8] :

La demandante, que había interpuesto dos recursos solicitando la anulación de decisiones de la Comisión sobre una operación de concentración, presentó también una solicitud de acceso a los documentos relativos a esta operación. Mediante este recurso, la demandante se opone a la decisión en la que se desestimaba su solicitud.

7.2.4. Internationaler Hilfsfonds eV, asunto T-141/05 [9] :

El demandante es una ONG que trabaja en el ámbito humanitario. Tras la rescisión de un contrato por parte de la Comisión, solicitó acceso ilimitado al expediente relativo al mismo. Aunque la Comisión le concedió acceso a la mayor parte del expediente, mantuvo el carácter confidencial de algunos documentos. El demandante presentó una reclamación al Defensor del Pueblo, que archivó el asunto con un comentario crítico. Posteriormente el demandante reiteró su solicitud de acceso ilimitado al expediente. Como la Comisión mantiene su posición, el demandante interpuso un recurso jurisdiccional.

7.2.5. Muñiz, asunto T-144/05 [10] :

Esta demanda, presentada por un abogado especializado, se refería al acceso a las actas de las reuniones de un grupo de trabajo creado dentro del Comité del Código Aduanero, así como a otros documentos presentados a dicho Comité. La Comisión denegó el acceso a estos documentos alegando que se referían a cuestiones sobre las que todavía no se había tomado una decisión.

7.2.6. MyTravel, asunto T-403/05 [11] :

La demandante, que entonces se llamaba «Airtours plc», había obtenido la anulación de la Decisión de la Comisión acerca de una operación de concentración[12]. En el marco de otra demanda para reclamar los daños que alegaba haber sufrido[13], la demandante solicitó acceder al informe elaborado por los servicios de la Comisión a raíz de dicha anulación, así como a varios otros documentos relativos a ella. El recurso pedía la anulación de la Decisión por la que se denegaba a la demandante el acceso a algunos de estos documentos.

7.2.7. Navigazione Libera del Golfo, asuntos T-109/05 et T-444/05 [14] :

Mediante estos dos recursos una empresa de navegación deseaba obtener acceso a datos relativos a los sobrecostes ocasionados por la explotación de los servicios de transporte marítimo efectuados en régimen de obligaciones de servicio público por una empresa de la competencia. Estos datos figuraban en la versión confidencial de la Decisión relativa a una ayuda notificada por las autoridades italianas, pero fueron eliminados en la versión pública de dicha Decisión.

7.2.8. Nomura, asunto T- 233/05 [15] :

La demandante interpuso un recurso contra una Decisión de la Comisión relativa a una ayuda de Estado en la República Checa y solicitó acceso al expediente compilado en la preparación de dicha Decisión. La Comisión desestimó esta solicitud basándose en diversas excepciones: protección de la investigación, que aún no ha sido archivada debido a la interposición de un recurso contra la Decisión; oposición de las autoridades checas a la divulgación de los documentos transmitidos a la Comisión y protección de las deliberaciones internas. La demandante impugnó la motivación de la denegación e invocó un interés público superior para la divulgación.

7.2.9. Verband der Internationalen Caterer in Deutschland eV, asunto T-5/05 [16] :

La demandante solicitó la anulación de la decisión por la que la Comisión, basándose en la oposición de las autoridades alemanas, le había denegado el acceso a la solicitud de la República Federal de Alemania relativa a una autorización para adoptar medidas especiales con arreglo a disposiciones de la Sexta Directiva IVA.

Este asunto fue archivado por auto del Tribunal de 27 de enero de 2007[17].

7.2.10. Weber, asunto T-290/05 [18] :

Este recurso se refería al acceso al expediente relativo a un procedimiento sobre la financiación concedida a los organismos públicos de radiodifusión en Alemania. Hay que observar que el demandante solicitó al Tribunal que enviase un requerimiento a la Comisión para que ésta le transmitiera los documentos solicitados.

Por auto del Tribunal de 11 de diciembre de 2006 se declaró la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

7.2.11. Williams, asunto T-42/05 [19] :

La demandante es una doctoranda que presentó una solicitud de acceso a los documentos relativos a la elaboración de la normativa sobre organismos modificados genéticamente. Interpuso un recurso contra el acceso parcial que le había sido concedido.

8. Conclusiones

Durante el año 2005 se confirmó el interés creciente del público por acceder a los documentos no publicados de la Comisión. Al igual que en los años anteriores, las solicitudes emanaron en gran parte (más del 40%) de empresas, ONG, bufetes de abogados o distintos grupos de interés.

La visión de conjunto que se desprende del análisis de las solicitudes de acceso es que una proporción importante de éstas se refiere a las actividades de la Comisión en materia de control de la aplicación del Derecho comunitario. En muchos casos, estas solicitudes de acceso se hacen con el fin de obtener documentos susceptibles de apoyar la posición del solicitante en el marco de una reclamación relativa, por ejemplo, a una supuesta infracción del Derecho comunitario o de un recurso administrativo o jurisdiccional. Hay que tener en cuenta que estas solicitudes se refieren en general a volúmenes importantes de documentos, cuyo examen genera un trabajo administrativo considerable.

Los motivos de denegación alegados más frecuentemente tienen que ver con la protección de los intereses siguientes: los objetivos de las investigaciones, los intereses comerciales de empresas y el proceso de toma de decisiones de la Comisión. Esta última excepción se alega más con el fin de proteger la toma de decisiones de carácter individual que el procedimiento legislativo. En el ámbito legislativo, hay una tendencia a hacer públicos cada vez más documentos sin esperar una solicitud de acceso. Las Direcciones Generales de la Comisión han desarrollado sus páginas en Internet sobre las políticas específicas, haciendo así públicos un número considerable de documentos.

Las reclamaciones archivadas en 2005 por el Defensor del Pueblo se solucionaron, en su mayoría, a satisfacción del reclamante. El número de reclamaciones presentadas al Defensor del Pueblo en relación con la aplicación del Reglamento nº 1049/2001 se mantuvo estable en 2005, a pesar del aumento del número de solicitudes.

El Tribunal de Primera Instancia confirmó su jurisprudencia en dos puntos:

- la facultad de los Estados miembros de oponerse a la divulgación de los documentos transmitidos por ellos a una institución;

- la obligación, en principio, de proceder a un examen concreto e individual de los documentos solicitados.

Además, el Tribunal aclaró que el Reglamento 1049/2001 se refiere al acceso del público a los documentos y que el interés particular que pueda hacer valer un solicitante carece de pertinencia para evaluar la validez de una decisión denegatoria.

* * * * *

ANNEX Statistics relating to the application of Regulation No 1049/2001 2002-2005

CONTENTS OF THE REGISTER

2002 | 2.095 | 6.478 | 134 | 116 | 3.066 | 11.889 |

2003 | 2.338 | 6.823 | 135 | 113 | 2.467 | 11.876 |

2004 | 2.327 | 7.484 | 134 | 145 | 2.718 | 12.808 |

2005 | 2.152 | 7.313 | 129 | 126 | 2.674 | 12.394 |

Total | 10.868 | 33.487 | 532 | 500 | 15.698 | 61.085 |

INITIAL REQUESTS

1. Number of initial requests

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

991 | 1 523 | 2 600 | 3 173 |

2. Number of identifiable documents taken into consideration

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

2 150 | 2 936 | 4 051 | 4 534 |

3. Number of initial requests for which partial access was granted

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

44 | 64 | 105 | 122 |

4. Rate of positive replies during the initial stage

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

Full access | 66.83 | 64.8 | 64.67 |

Partial access | 2.48 | 3.39 | 3.57 |

Total | 66.5 | 69.31 | 68.19 | 68.24 |

CONFIRMATORY REQUESTS

5. Number of confirmatory requests

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

96 | 143 | 162 | 167 |

6. Breakdown of decisions on confirmatory requests (%)

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

Confirmation | 66.9 | 61.57 | 73.21 | 68.44 |

Partial revision | 9.2 | 8.29 | 17.70 | 23.56 |

Full revision | 23.9 | 30.13 | 9.09 | 8.0 |

7. Rate of positive replies for the procedure as a whole

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

Full access | 62.4 | 69.5 | 65.45 | 65.08 |

Partial access | 8.3 | 3.32 | 4.58 | 4.79 |

Total | 70.7 | 72.82 | 70.00 | 69.87 |

BREAKDOWN OF REQUESTS

8. According to professional profile of requesters (%)

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

Members of the public whose professional profile was not indicated | 31.8 | 30.16 | 32.15 | 31.89 |

Civil society (interest groups. industry, NGOs. etc.) | 17.8 | 23.48 | 27.31 | 29.44 |

Lawyers | 22.4 | 20.46 | 13.65 | 11.00 |

Academics | 12.3 | 11.15 | 11.23 | 10.49 |

Other EU institutions | 3.1 | 6.16 | 5 | 3.78 |

Public authorities (other than the EU institutions) | 8.6 | 5.57 | 10.15 | 12.32 |

Journalists | 3.8 | 3.02 | 0.5 | 1.07 |

9. According to geographical origin (%)

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

Belgium | 23 | 25.05 | 26.42 | 22.63 |

Germany | 10.9 | 12 | 12.77 | 13.24 |

Italy | 9.6 | 8.85 | 10.35 | 9.77 |

France | 10.3 | 7.80 | 8.62 | 9.71 |

Not specified | 12.3 | 12.59 | 5.65 | 7.44 |

United Kingdom | 8.8 | 7.87 | 8 | 6.62 |

Spain | 5.4 | 5.25 | 5.69 | 5.52 |

Netherlands | 6.4 | 6.30 | 4.96 | 5.29 |

Denmark | 1.6 | 2.36 | 2.08 | 2.14 |

Austria | 2.1 | 0.98 | 1.73 | 1.92 |

Greece | 1.2 | 1.97 | 1.54 | 1.92 |

Ireland | 2 | 1.38 | 1.19 | 1.70 |

Portugal | 1.2 | 0.59 | 1.38 | 1.54 |

Poland | 1.58 | 1.48 |

Sweden | 1.3 | 1.18 | 1.19 | 1.10 |

Finland | 0.5 | 0.59 | 0.69 | 0.88 |

Switzerland | 0.62 | 0.85 |

United States | 0.92 | 0.69 |

Luxembourg | 0.4 | 1.11 | 0.65 | 0.66 |

Czech Republic | 0.5 | 0.63 |

Hungary | 0.73 | 0.60 |

Norway | 0.35 | 0.44 |

Slovakia | 0.27 | 0.38 |

Malta | 0.27 | 0.35 |

Lithuania | 0.19 | 0.28 |

Latvia | 0.08 | 0.28 |

Bulgaria | 0.04 | 0.25 |

Slovenia | 0.23 | 0.19 |

Cyprus | 0.31 | 0.16 |

Canada | 0.12 | 0.16 |

Romania | 0.12 | 0.16 |

Estonia | 0.15 | 0.13 |

Liechtenstein | 0.15 | 0.09 |

Turkey | 0.12 | 0.09 |

Croatia | 0.04 | 0.09 |

Russia | 0.12 | 0.06 |

Brazil | 0.06 |

China (incl. Hong Kong) | 0.06 |

Israel | 0.06 |

Mexico | 0.06 |

Albania | 0.03 |

Egypt | 0.03 |

Iceland | 0.03 |

India | 0.03 |

Japan | 0.04 | 0.03 |

Macedonia (FYROM) | 0.04 | 0.03 |

Taiwan | 0.03 |

Ukraine | 0.03 |

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

EU countries | 84.7 | 83.35 | 91.58 | 89.13 |

Not specified | 12.3 | 12.59 | 5.65 | 7.50 |

European countries not members of the EU (including candidate countries) | 1.7 | 0.93 | 1.24 | 2.10 |

Non-European countries | 1.3 | 0.99 | 1.24 | 1.24 |

Candidate countries | 2.14 | 0.27 | 0.54 |

10. According to areas of interest (%)

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

Competition | 12.7 | 13.7 | 14.58 | 12.70 |

Secretariat-General, Cabinets and Policy advisors | 15.9 | 10.62 | 8.66 | 9.41 |

Environment | 6.2 | 7.41 | 7.23 | 8.19 |

Internal market | 10.3 | 8.79 | 8.5 | 8.01 |

Transport and energy | 2.9 | 3.54 | 5.54 | 6.37 |

Taxation and customs union | 10.6 | 10.82 | 7.5 | 6.27 |

Justice, freedom and security | 2.2 | 2.3 | 3.81 | 4.70 |

Enterprise policy | 3.9 | 3.08 | 3.31 | 4.63 |

Agriculture | 4.8 | 4.59 | 5.15 | 4.44 |

Regional policy | 0.8 | 2.16 | 2.96 | 3.91 |

External aid and development | 0.9 | 2.56 | 2.39 | 3.06 |

Health and consumer protection | 4.4 | 4 | 2.38 | 2.68 |

Employment and social affairs | 3.2 | 3.48 | 4.15 | 2.62 |

Administration, personnel and recruitment | 3.2 | 3.21 | 2.35 | 2.23 |

Budget and internal audit | 2.9 | 2.82 | 2.19 | 2.11 |

Enlargement | 1 | 1.25 | 1.31 | 1.99 |

Economic and financial affairs | 1.1 | 1.57 | 1.92 | 1.92 |

External relations | 2.1 | 2.16 | 2.5 | 1.92 |

Legal questions | 3 | 2.3 | 2.81 | 1.92 |

Information technology and media | 0.88 | 1.83 |

External trade | 1.1 | 2.03 | 2.27 | 1.67 |

Fisheries | 0.6 | 0.72 | 1 | 1.64 |

Fraud protection | 2.4 | 2.23 | 2.12 | 1.39 |

Research and technology | 1.7 | 1.97 | 1.92 | 1.36 |

Education and culture | 0.5 | 1.18 | 1.38 | 1.07 |

Press and communication | 0.8 | 1.05 | 0.69 | 0.69 |

Statistics | 0.1 | 0.39 | 0.15 | 0.32 |

Interpretation and translation | 0.8 | - | 0.31 | 0.25 |

Official publications | - | 0.07 | 0.04 | 0.03 |

BREAKDOWN OF REFUSALS OF ACCESS ACCORDING TO THE EXCEPTION APPLIED

11. Initial requests (%)

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

Public security | - | 0.21 | 0.36 | 0.29 |

Defence and military matters | 0.46 | 0.31 | 0.72 | 0.14 |

International relations | 1.8 | 5.33 | 4.84 | 4.08 |

Financial, monetary or economic policy | 0.46 | 1.05 | 8.06 | 2.53 |

Personal data | 5.2 | 4.39 | 5.20 | 3.31 |

Commercial interests | 3.7 | 8.89 | 8.33 | 7.39 |

Court proceedings and legal advice | 3.7 | 9 | 8.15 | 8.59 |

Inspections, investigations and audits | 35.9 | 37.55 | 31.81 | 41.03 |

Decision not taken | 8.6 | 11.82 | 10.57 | 12.60 |

Internal deliberations | 9.10 | 14.87 | 14.50 |

Confidentiality requested by the Member State from which the document originates | 2.1 | 5.96 | 2.6 | 3.73 |

No reply or inadequate motivation | 19.6 | 6.07 | 4.48 | 2.68 |

Note : In the column for 2002, the cases in which several exceptions were applied are not included in the breakdown according to the exception applied; in the other columns all the exceptions are identified.

12. Confirmatory requests (%)

2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

Public security | - | - | 0.35 | - |

Defence and military matters | - | - | - |

International relations | 7.2 | 7.76 | 4.21 | 5.01 |

Financial, monetary or economic policy | - | - | 8.07 | 0.56 |

Personal data | 0.6 | 6.85 | 9.12 | 10.31 |

Commercial interests | 3.3 | 11.87 | 15.79 | 13.09 |

Court proceedings and legal advice | 4.4 | 14.61 | 5.61 | 11.14 |

Inspections, investigations and audits | 29.4 | 30.14 | 26.32 | 29.25 |

Decision not taken | 1.6 | 3.65 | 12.98 | 8.08 |

Internal deliberations | 14.61 | 8.77 | 12.81 |

Confidentiality requested by the Member State from which the document originates | 4.4 | 10.5 | 8.77 | 9.75 |

Note : In the column for 2002, the cases in which several exceptions were applied are not included in the breakdown according to the exception applied; in the other columns all the exceptions are identified.

[1] DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

[2] Véase el acta de la reunión 1702 de la Comisión.

[3] Informe de 30 de enero de 2004, COM(2004)45.

[4] «Se entenderá por «documento sensible» todo documento que tenga su origen en las instituciones o en sus agencias, en los Estados miembros, en los terceros países o en organizaciones internacionales, clasificado como «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» o «CONFIDENTIEL», en virtud de las normas vigentes en la institución en cuestión que protegen intereses esenciales de la Unión Europea o de uno o varios Estados miembros en los ámbitos a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 4, en particular la seguridad pública, la defensa y los asuntos militares» (art. 9, apartado 1).

[5] El Secretario General adjunto del Parlamento Europeo, el Director General encargado de información y protocolo en la Secretaría del Consejo y el Secretario General adjunto de la Comisión.

[6] DO C 22 de 28.1.2006, p. 19.

[7] DO C 143 de 11.6.2005, p. 38 y DO C 155 de 25.6.2005, p. 29.

[8] DO C 205 de 20.8.2005, p. 32.

[9] DO C 143 de 11.6.2005, p. 40.

[10] DO C 132 de 28.5.2005, p. 36.

[11] DO C 10 de 14.1.2006, p. 29.

[12] Asunto T-342/99 Airtours/Comisión.

[13] Asunto T-212/03 MyTravel/Comisión.

[14] DO C 106 de 30.4.2005, p. 43 y DO C 48 de 25.2.2006, p. 40.

[15] DO C 217 de 3.9.2005, p. 46.

[16] DO C 82 de 2.4.2005, p. 32.

[17] DO C 69 de 24.3.2007, p. 29.

[18] DO C 257 de 15.10.2005, p. 12.

[19] DO C 93 de 16.4.2005, p. 34.