ES

Bruselas, 4.7.2007

COM(2007) 372 final

2007/0138 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola

y se modifican determinados Reglamentos

(presentada por la Comisión)

{SEC(2007) 893}

{SEC(2007) 894}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto de la propuesta

La Unión Europea (UE) es el principal productor, consumidor, exportador e importador de vino del mundo. La producción vitivinícola de la UE-27, cuya calidad goza de prestigio mundial, representaba en 2006 el 5 % del valor total de la producción agrícola de la UE. El sector vitivinícola constituye una actividad económica vital de la UE, sobre todo en lo referente al empleo y los ingresos por exportación.

No obstante, el consumo de vino en la UE ha experimentado un descenso considerable y continuo en las últimas décadas y, a pesar de la recuperación que se ha producido recientemente, desde 1996 el volumen de las exportaciones comunitarias de este producto aumenta a un ritmo mucho menor que el de las importaciones. El deterioro del equilibrio entre la oferta y la demanda en el sector vitivinícola y los problemas, cada vez más numerosos, inherentes a la existencia de un mercado vitivinícola europeo e internacional, se dejan sentir en el precio de producción y en la renta de los productores. Con todo, muchos productores vinícolas son competitivos y otros pueden llegar a serlo.

Tal como queda reflejado en su Comunicación Hacia un sector vitivinícola europeo sostenible, de 22 de junio de 2006 [1], la Comisión Europea considera que es necesaria una reforma a fondo de la organización común del mercado vitivinícola para sustituir los instrumentos normativos que no son rentables por un marco jurídico más sostenible y coherente. Lo que se pretende con ello es garantizar una mejor utilización del presupuesto asignado actualmente —unos 1 300 millones de euros, que equivalen aproximadamente al 3 % del total dedicado a la agricultura—.

La OCM actual se establece en el Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999. La adopción de la propuesta lleva aparejada la derogación de la normativa vigente. Asimismo, de acuerdo con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, con sus artículos 36 y 37, una vez adoptado, el reglamento propuesto entrará en vigor el 1 de agosto de 2008 y será competencia exclusiva de la Comunidad. Ahora bien, muchas de las medidas que habrá que financiar al amparo de la presente propuesta permitirán a los Estados miembros abordar las situaciones específicas de sus regiones vitivinícolas con arreglo al principio de subsidiariedad.

De conformidad con los compromisos asumidos por la Comisión sobre como legislar mejor, la propuesta se acompaña de un análisis actualizado de los aspectos económicos, sociales y medioambientales de los problemas vinculados a la OCM y de las repercusiones, ventajas e inconvenientes de la propuesta en relación con estas cuestiones. En la propuesta se tienen en cuenta también los resultados de los debates celebrados con las partes interesadas y las autoridades nacionales, así como en las instituciones comunitarias.

El presente proyecto de reglamento es una iniciativa emprendida por la Comisión como continuación de las reformas de la Política Agrícola Común (PAC) de 2003 [2] (cultivos herbáceos y ganado), 2004 [3] (aceite de oliva, tabaco y algodón) y 2006 [4] (azúcar) y de la propuesta de reforma de enero de 2007 (frutas y hortalizas), que abarcan todos los sectores principales excepto el vino. La propuesta también tiene en cuenta las políticas comunitarias sobre desarrollo sostenible, aprobadas en el Consejo Europeo de Gotemburgo, sobre una mayor competitividad, fruto de la Estrategia de Lisboa renovada, y sobre como simplificar y legislar mejor en el marco de la Política Agrícola Común.

2. Consulta de las partes interesadas y evaluación de impacto

· Participación de especialistas externos

Para preparar el terreno para la reforma de la organización común del mercado vitivinícola, la Comisión ha financiado una evaluación posterior del régimen vigente, que ha sido realizada por un grupo de profesores universitarios europeos. En noviembre de 2004 se publicó el informe de la evaluación, que puede consultarse en la página web de la Comisión [5].

Además, al realizar las previsiones a medio plazo del mercado vitivinícola, la Comisión presentó sus supuestos, metodología y resultados a un comité técnico compuesto por profesores universitarios de Francia, España, Italia y Alemania, especializados en los aspectos económicos de este sector.

· Seminario vitivinícola

Con el fin de ofrecer a las partes interesadas la oportunidad de presentar sus opiniones e ideas sobre la situación actual y las perspectivas futuras del sector vitivinícola, el 16 de febrero de 2006 se celebró el seminario Desafíos y oportunidades para los vinos europeos, al que asistió más de un centenar de personas que representaban a un grupo amplio de interesados [6].

· Comunicación de la Comisión y evaluación de impacto

En junio de 2006, tras extraer sus primeras conclusiones del debate, la Comisión aprobó una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo en la que presentaba cuatro posibles opciones para reformar la OCM. La Comisión invitó a todas las partes interesadas a participar en un debate abierto sobre la futura organización común del mercado vitivinícola y anunció que propondría una reforma de esta OCM basándose en esas conversaciones.

Teniendo en cuenta la situación del sector y los objetivos políticos perseguidos, la Comisión se centró en cuatro posibles opciones para la reforma de la organización común del mercado vitivinícola. Tres de esas opciones —el mantenimiento del statu quo, la reforma de la OCM de acuerdo con el modelo seguido para la reforma de la PAC y la desregulación total— no aportan soluciones adecuadas a los problemas, necesidades y particularidades del sector vitivinícola.

La Comisión realizó una evaluación de impacto, que figura en el programa de trabajo y cuyo informe puede consultarse en la página web de la Comisión [7].

· Instituciones europeas

Entre julio y octubre de 2006, se llevaron a cabo intensos debates en el Consejo, especialmente en las tres reuniones del Consejo de Agricultura y Pesca.

En diciembre de 2006, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones adoptaron sus informes sobre la reforma del sector vitivinícola.

En febrero de 2007, el Parlamento Europeo adoptó su informe de propia iniciativa sobre la Comunicación.

· Consulta de las partes interesadas

La Comisión se reunió en diversas ocasiones con los interesados y se celebraron debates en el seno del Grupo Consultivo Vitivinícola.

Además, con el fin de garantizar un diálogo directo y concreto con este sector europeo, el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural ha visitado desde febrero de 2006 muchas de las regiones vitivinícolas de la Unión Europea.

· Principales preocupaciones manifestadas

En todos los debates celebrados desde que se aprobó la Comunicación de la Comisión, los Estados miembros y muchas partes interesadas han tenido la oportunidad de manifestar sus preocupaciones. A pesar de sus divergencias, numerosos puntos de vista comparten las preocupaciones que se citan a continuación:

– la urgente necesidad de una reforma profunda habida cuenta del análisis económico, diagnóstico de los problemas y objetivos de la reforma presentados por la Comisión;

– los riesgos sociales y económicos que puede entrañar un arranque demasiado rápido y demasiado amplio;

– la urgente necesidad de mejorar la comercialización y promoción del vino;

– el riesgo que puede correr la calidad en caso de levantarse la prohibición de importar mostos para vinificación y de mezclar vinos de la EU y vinos importados.

Los países que no son productores de vino han hecho hincapié en la necesidad de establecer medidas más rentables y orientadas al consumidor.

La Comisión ha tenido debidamente en cuenta en su propuesta las preocupaciones anteriores.

3. elementos jurídicos de la propuesta

· Objetivos de la reforma

Los objetivos de la reforma son los siguientes:

– aumentar la competitividad de los viticultores de la UE; mejorar la fama que tiene el vino de calidad de la UE de ser el mejor del mundo; recuperar antiguos mercados y conquistar otros nuevos en la UE y a escala mundial;

– crear un régimen vitivinícola que funcione con normas claras y sencillas, que resulten eficaces para equilibrar la oferta y la demanda;

– crear un régimen vitivinícola que preserve las mejores tradiciones vitivinícolas de la UE, potencie el tejido social de numerosas zonas rurales y garantice que toda producción respeta el medio ambiente.

Asimismo, la nueva política vitivinícola de la UE ha de tener debidamente en cuenta las crecientes preocupaciones de la sociedad por la salud y la protección de los consumidores, la necesidad de compatibilidad con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de coherencia con la PAC reformada (primer y segundo pilar) y la conformidad con las perspectivas financieras.

Por último, hay que señalar que esta propuesta se ha elaborado a la luz de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una organización común de mercados agrícolas, presentada por la Comisión. Algunas disposiciones de carácter horizontal se han actualizado, simplificado y racionalizado con el fin de que la OCM del vino pueda incorporarse fácilmente en la OCM única cuando proceda.

· Resumen de las medidas propuestas

La Comisión reconoce tanto los problemas como el potencial del sector y sus particularidades y, de acuerdo con el análisis pormenorizado que se hace en la evaluación de impacto, considera que es necesario mantener una organización común del mercado vitivinícola específica, que, sin ninguna duda, debe reformarse a fondo.

Lo que se persigue es adaptar la estructura productiva y el marco normativo para lograr un sector vitivinícola europeo sostenible y competitivo con perspectivas a largo plazo, garantizando al mismo tiempo una utilización de los medios presupuestarios lo más rentable posible. Para ello habrá que suprimir desde el principio todas las medidas que hayan demostrado ser ineficaces; es decir, las ayudas a la destilación de subproductos, de alcohol de boca y de vino procedente de uvas de doble uso, así como las ayudas al almacenamiento privado y las restituciones por exportación. Las ayudas al mosto vinculadas al aumento artificial del grado alcohólico natural, que se introdujeron para compensar los costes adicionales que se producen en comparación con los del aumento artificial con azúcar, se suprimirán por coherencia con la prohibición de utilizar azúcar para aumentar artificialmente el grado alcohólico natural. Por su parte, la destilación de crisis será sustituida por dos medidas de gestión de crisis incluidas en la dotación nacional.

Una característica importante de esta amplia reforma es que tendrá que compatibilizar la nueva organización común del mercado vitivinícola con la OMC. Así, habrá que eliminar las actuales medidas de intervención que distorsionan el comercio (el «compartimento ámbar») y, cuando se mantengan medidas de apoyo internas, se dará preferencia a las del «compartimento verde».

El planteamiento propuesto comprende dos fases: en la primera, de 2008 a 2013, se quiere restablecer el equilibrio del mercado a la vez que se ayuda a abandonar el sector con dignidad a quienes no puedan competir. A lo largo de ese período se adoptarán nuevas medidas para mejorar la competitividad, entre las cuales, y ya en una segunda fase, la supresión de los derechos de plantación a partir del 1 de enero de 2014.

3.1. Nuevas medidas normativas, simplificadas y más sencillas

Menos obstáculos para los productores

El régimen de restricciones de los derechos de plantación se ampliará de 2010 a 2013.

Posteriormente, a partir del 1 de enero de 2014, se podrá plantar libremente vides para mejorar la competitividad. Lo que se persigue con ello es que los productores vitivinícolas competitivos puedan ampliar su producción con el fin de recuperar antiguos mercados y conquistar otros nuevos en la UE y en terceros países. Ahora bien, las nuevas realidades del mercado y las nuevas competencias de los Estados miembros con respecto a la utilización de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas, por ejemplo, la delimitación de superficies, la fijación de rendimientos máximos y otras normas más estrictas aplicables a la producción, transformación y etiquetado, junto con el fin del recurso sistemático a la red de seguridad que son las destilaciones, limitarán de hecho el número de hectáreas y evitarán el exceso de producción. Toda nueva decisión vinculada a la producción reflejará plenamente la capacidad de los productores para encontrar salidas económicas para sus productos.

Prácticas enológicas más adaptables gracias a lo siguiente:

– traspaso del Consejo a la Comisión de la competencia para aprobar nuevas prácticas enológicas o modificar las existentes, incluida la adopción del acervo, salvo el aumento artificial del grado alcohólico natural y la acidificación;

– evaluación por la Comisión de las prácticas enológicas adoptadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y posterior incorporación en un reglamento de la Comisión;

– autorización del empleo en la UE de prácticas enológicas que ya se hayan aprobado en otros países para la elaboración de vino que vaya a exportarse a esos destinos;

– supresión de los requisitos mínimos que debe reunir el vino en lo relativo al alcohol natural.

Clasificación y etiquetado del vino más claros, coherentes y, por consiguiente, más orientados al mercado

El concepto del vino de calidad de la UE se basa en un planteamiento centrado en el origen geográfico (vino de calidad producido en una región determinada). La UE desea confirmar, adaptar, fomentar y mejorar este concepto a escala mundial.

La política de calidad se hará más clara, sencilla, transparente y, por lo tanto, más efectiva gracias a lo siguiente:

– establecimiento de un marco claro para los vinos con una indicación geográfica (IG) que sea coherente con la política horizontal de calidad (Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo); los vinos con una indicación geográfica se dividirán en vinos con una indicación geográfica protegida (IGP) y vinos con una denominación de origen protegida (DOP); se establecerá un procedimiento para el registro y la protección de las indicaciones geográficas;

– mantenimiento de la prohibición del sobreprensado de las uvas con el fin de garantizar la calidad del vino; se aplicará en virtud del principio de subsidiariedad;

– ampliación de la función de las organizaciones interprofesionales con el fin de controlar y gestionar la calidad del vino producido en sus territorios; se refuerzan asimismo los instrumentos de control, en concreto para la producción de vinos varietales.

La Comisión propone simplificar las disposiciones sobre etiquetado estableciendo un marco jurídico único que se aplicará a todas las categorías de vino y a las indicaciones relacionadas con ellas. Así se satisfarán las necesidades de los consumidores y se logrará una mayor coherencia con la política de calidad del vino. Ello implica lo siguiente

– trasladar las competencias del Consejo a la Comisión;

– utilizar un instrumento jurídico único para todos los vinos, complementando como convenga las disposiciones de la Directiva horizontal sobre etiquetado (2000/13/CE) para satisfacer las necesidades particulares del sector vitivinícola en lo relativo al etiquetado obligatorio y facultativo;

– mejorar la flexibilidad de la política de etiquetado, teniendo en cuenta las políticas de la OMC; para ello habrá que suprimir la distinción entre las normas de etiquetado de los vinos con denominación de origen o indicación geográfica protegida y sin ella, y, lo que es más importante, facilitar la indicación de la variedad de vid y la cosecha de los vinos sin denominación de origen o indicación geográfica protegida que cumplan unos requisitos sobre trazabilidad apropiados;

– garantizar la información y protección de los consumidores, proporcionándoles datos precisos sobre el origen del producto; para ello se necesitan unas normas apropiadas de etiquetado en materia de trazabilidad.

3.2. Fijar dotaciones nacionales que permitan a los Estados miembros mejorar su situación específica

De acuerdo con la ficha de financiación, el presupuesto global asignado a este tipo de medidas pasará de 623 millones de euros en 2009 a 830 millones de euros a partir de 2015.

Cada Estado miembro productor de vino dispondrá de una dotación presupuestaria, que se calculará teniendo en cuenta tres criterios objetivos; a saber, la parte de superficie, producción y gasto histórico que le corresponde, con las ponderaciones respectivas siguientes: 25 %, 25 % y 50 %, salvo la parte consagrada a la promoción, en la que la ponderación será una mitad para la parte correspondiente a las superficies y la otra mitad para la parte correspondiente a la producción.

Cada Estado miembro podrá financiar con su dotación las medidas que, según sus preferencias, escoja entre las incluidas en una lista, en la que figurarán, por ejemplo, las siguientes:

– nuevas ayudas para promoción en terceros países;

– régimen de reestructuración y reconversión del viñedo;

– nuevas ayudas para cosechas en verde;

– nuevas medidas de gestión de crisis, es decir, los seguros contra las catástrofes naturales y los costes administrativos derivados de la creación de mutualidades específicas del sector.

La utilización de esa dotación presupuestaria estará supeditada al cumplimiento de determinadas disposiciones comunes, como, por ejemplo, unas normas medioambientales mínimas que se aplicarán de acuerdo con los principios de condicionalidad para evitar el falseamiento de la competencia; también estará supeditada a la notificación a la Comisión del programa nacional específico.

3.3. Crear un sector más sostenible utilizando más medidas de desarrollo rural

Muchas medidas que ya forman parte del Reglamento sobre desarrollo rural [8] y que se han incorporado a los programas adoptados por los Estados miembros podrían resultar interesantes para el sector vitivinícola ya que podrían estimular y beneficiar considerablemente a los viticultores, transformadores y comerciantes. Entre ellas cabe citar:

– instalación de jóvenes agricultores e inversiones en instalaciones técnicas y para mejoras de la comercialización;

– formación profesional;

– ayudas a la información y la promoción para las organizaciones de productores que adopten un régimen de calidad;

– ayudas agroambientales para sufragar los costes adicionales y el lucro cesante resultantes de crear y mantener entornos agrícolas y terrenos dedicados a la vid;

– jubilación anticipada: se concederá en su día a los agricultores que decidan abandonar definitivamente toda actividad comercial agrícola con el fin de transferir la explotación a otros agricultores.

La supresión del uso del azúcar para aumentar artificialmente el grado alcohólico natural del vino obligará a algunos viticultores que lo han empleado tradicionalmente a realizar inversiones para introducir el uso del mosto para tal fin. En virtud del desarrollo rural, los Estados miembros tendrán la posibilidad de ofrecer una ayuda a la inversión a los viticultores que tengan que abandonar el uso del azúcar en beneficio del mosto para aumentar artificialmente el grado alcohólico natural del vino.

Dado que el programa de desarrollo rural para el período 2007-2013 está en fase de estudio, y con el fin de fomentar estas medidas, será preciso transferir fondos entre partidas presupuestarias (mercado y pagos directos, por un lado, y desarrollo rural, por otro) y destinarlos a las regiones vitivinícolas, tal como se ha hecho en otros dos sectores (tabaco y algodón).

El presupuesto transferido pasará de 100 millones de euros en 2009 a 400 millones de euros a partir de 2014. Dado que los planes de desarrollo rural ya se habrán adoptado, los Estados miembros tendrán la oportunidad de adaptarlos para que puedan desempeñar en el futuro un papel importante en el bienestar económico de las partes interesadas del sector vitivinícola y en la protección del medio ambiente de las regiones vitícolas.

3.4. Propiciar un mejor conocimiento de los vinos europeos por el consumidor

Algunas partes interesadas han subrayado, en concreto en el seminario que se celebró el 16 de febrero de 2006, la necesidad de hacer más hincapié en la comercialización y promoción del vino. La Comisión tiene la intención de aplicar con energía una política responsable de promoción e información. Deben aprovecharse todas las disposiciones de la normativa comunitaria y establecerse otras nuevas con los fines siguientes:

– realizar nuevos proyectos de promoción fuera de la UE utilizando las dotaciones nacionales, para lo que se contará con un ambicioso presupuesto de 120 millones de euros, que representan aproximadamente el 9 % del presupuesto asignado al sector; esas medidas serán cofinanciadas al 50 % por el presupuesto comunitario;

– llevar a cabo proyectos de promoción mejorados utilizando fondos de desarrollo rural de las organizaciones de productores que opten por regímenes de calidad;

– financiar en la UE nuevas campañas de información sobre el consumo responsable y moderado del vino, para lo que se utilizará el marco jurídico horizontal de promoción aplicando un porcentaje de cofinanciación aumentado (fijado en el 60 %); también se mejorarán las actuales campañas de información sobre la clasificación de las indicaciones geográficas europeas; con este fin, se modificará el Reglamento (CE) nº 2826/2000 del Consejo y se pondrán a disposición más fondos.

3.5. Evitar los riesgos medioambientales

En la producción y comercialización de vino se deben tener plenamente en cuenta los aspectos medioambientales, desde las prácticas de cultivo hasta los métodos de transformación. La Comisión tiene la intención de garantizar que la reforma del régimen vitivinícola reduce las repercusiones medioambientales de la vitivinicultura, sobre todo en lo referente a la erosión y contaminación del suelo, la utilización de productos fitosanitarios y la gestión de los residuos.

Con este fin, la Comisión propone lo siguiente:

– la participación de todas las zonas vitivinícolas en el régimen de pago único implicará que las normas de condicionalidad serán obligatorias para un número de productores cada vez mayor;

– la inclusión automática en el régimen de pago único de las zonas en las que se hayan arrancado viñas supondrá que las normas de condicionalidad serán obligatorias en esas zonas;

– la prima por arranque llevará aparejados unos requisitos medioambientales mínimos para evitar la degradación de la tierra, al igual que las medidas de reestructuración y cosecha en verde financiadas con las dotaciones nacionales;

– el establecimiento, para el proceso de vinificación, de un nivel mínimo de cuidados medioambientales que resulte aceptable;

– un aumento de los fondos en los programas de desarrollo rural, por ejemplo en el eje 2, para medidas de apoyo destinadas a mejorar el medio ambiente y el entorno rural.

3.6. Alternativas para los productores menos competitivos

Aunque muchos productores ya son competitivos o podrán mejorar su competitividad gracias a las nuevas medidas propuestas en la reforma, algunos se encuentran actualmente en una situación muy difícil. Sus rentas son ya con frecuencia negativas y pasarán grandes apuros para evitar quiebras en un mercado cada vez más competitivo. Con el fin de ofrecerles una salida digna del sector, es preciso mantener un régimen de abandono definitivo.

Los viticultores deben poder decidir libremente el arranque de viñas. No obstante, para evitar problemas sociales y medioambientales, los Estados miembros estarán autorizados para limitar el arranque en zonas de montaña y terrenos muy inclinados y en regiones con limitaciones medioambientales específicas, así como para suspender su aplicación si la superficie total sometida a esta medida supera en conjunto el 10 % de la superficie plantada de vid.

Se aumentará la prima por arranque hasta un importe que resulte atractivo. Para animar a los productores a adoptar esta medida desde el primer momento, se fijará un baremo decreciente que habrá que aplicar a la prima durante el resto del período en que se restrinja la plantación. El presupuesto asignado permitirá arrancar unas 200 000 ha en la UE durante un período de cinco años. Esta superficie corresponde a la parte del excedente estructural que hay que eliminar habida cuenta de las mejoras que ha experimentado el comercio últimamente y de los efectos positivos que se espera de las demás medidas propuestas para lograr el equilibrio del mercado, en concreto el fin del aumento artificial del grado alcohólico natural mediante azúcar, la promoción, las cosechas en verde y las ayudas al desarrollo rural.

Una vez efectuado el arranque, la antigua superficie vitícola podrá acogerse al régimen de pago único y recibir una prima directa disociada, cuyo importe equivaldrá a la media regional.

3.7. Intercambios comerciales con terceros países

Teniendo en cuenta que las negociaciones de la OMC no han concluido aún y que se desconoce cuáles serán sus resultados, la propuesta de reforma no modifica en absoluto el marco jurídico que se aplica actualmente al comercio exterior, salvo en lo relativo a las restituciones por exportación.

No obstante, se han analizado las repercusiones y la función de las restituciones por exportación de vino. Sus efectos económicos han disminuido considerablemente. De hecho, las exportaciones con restituciones representan menos del 15 % de las exportaciones totales en volumen. El valor de las restituciones por exportación representan el 3,4 % del valor de los productos con derecho a restitución, por lo que se considera que cabe hacer un mejor uso de los fondos asignados a este instrumento, como, por ejemplo, dedicarlos en parte a campañas de promoción. Se propone, pues, la supresión de las restituciones.

3.8. Lograr una PAC más coherente, simplificar la normativa comunitaria y mejorar su cumplimiento

La ampliación a todas las zonas vitivinícolas del derecho a participar en el régimen de pago único supone un avance importante en el intento de ofrecer a los productores vitivinícolas un grado de flexibilidad elevado y garantizarles un trato en pie de igualdad con otros agricultores. Para ello habrá que modificar el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo.

La propuesta contempla la simplificación de la normativa y de los trámites administrativos que deben seguir las autoridades públicas (comunitarias, nacionales o regionales) y los particulares. Por ejemplo, la simplificación administrativa derivada de la supresión de las medidas de mercado y de los derechos de plantación a partir de 2014 representa una importante ventaja de la reforma propuesta. Asimismo, se fomentará la simplificación y el envío electrónico de los documentos de acompañamiento.

Independientemente de la supresión de las restricciones de plantación, los agentes económicos y los Estados miembros tienen que cumplir la normativa comunitaria vigente relativa a los denominados viñedos irregulares y viñedos ilegales. El cumplimiento de estas normas es fundamental para el funcionamiento de la OCM. De no hacerse así, la Comisión deberá tomar las medidas oportunas en el marco de los procedimientos de liquidación de cuentas o, en caso necesario, incoar procedimientos de infracción al amparo del artículo 226 del Tratado.

4. Repercusiones presupuestarias

La reforma propuesta no conlleva un aumento de los costes por encima de los 1 300 millones de euros que se destinan actualmente al sector. El presupuesto se destinará a lo siguiente:

– dotaciones nacionales de la nueva OCM, incluidos la promoción en terceros países, por un lado, y el arranque, por otro;

– transferencias para medidas de desarrollo rural en las regiones vitivinícolas;

– transferencias al régimen de pago único para las superficies en que se hayan arrancado viñas.

Se espera que las modificaciones e innovaciones del régimen permitan una utilización más eficiente del presupuesto.

Además, los fondos destinados a realizar en el mercado interior campañas de información sobre vinos con denominación de origen o indicación geográfica protegida, vinos de una sola variedad y consumo responsable se aumentarán en 3 millones de euros.

ÍNDICE

Título I Disposiciones preliminares (...)24

Título II Medidas de apoyo (...)25

Capítulo I Programas de apoyo (...)25

Sección 1 Disposiciones preliminares (...)25

Sección 2 Programas de apoyo (...)25

Sección 3 Medidas de apoyo específicas (...)27

Sección 4 Disposiciones generales (...)31

Capítulo II Transferencia financiera (...)31

Título III Medidas reglamentarias (...)32

Capítulo I Normas generales (...)32

Capítulo II Prácticas enológicas y restricciones (...)33

Capítulo III Denominaciones de origen e indicaciones geográficas (...)36

Sección 1 Ámbito de aplicación y definiciones (...)36

Sección 2 Solicitud de protección (...)37

Sección 3 Procedimiento de concesión de la protección (...)38

Sección 4 Situaciones específicas (...)40

Sección 5 Protección y control (...)42

Sección 6 Disposiciones generales (...)45

Capítulo IV Etiquetado (...)46

Capítulo V Organizaciones de productores e interprofesionales (...)48

Título IV Comercio con terceros países (...)52

Capítulo I Disposiciones comunes (...)52

Capítulo II Certificados de importación y exportación (...)53

Capítulo III Medidas de salvaguardia (...)55

Capítulo IV Normas aplicables a las importaciones (...)57

Título V Potencial productivo (...)58

Capítulo I Plantaciones ilegales (...)58

Capítulo II Régimen transitorio de derechos de plantación (...)61

Capítulo III Régimen de arranque (...)65

Título VI Disposiciones generales (...)69

Título VII Disposiciones transitorias y finales (...)72

Capítulo I Modificaciones (...)72

Capítulo II Disposiciones transitorias y finales (...)75

2007/0138 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola

y se modifican determinados Reglamentos

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, sus artículos 36 y 37,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1) El régimen actual que se aplica al sector vitivinícola se establece en el Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola [9].

(2) El consumo de vino en la Comunidad disminuye de manera continua y desde 1996 el volumen de las exportaciones comunitarias de este producto aumenta a un ritmo mucho menor que el de las importaciones. Ello ha dado lugar a un deterioro del equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que a su vez repercute en los precios de producción y las rentas de los productores.

(3) No todos los instrumentos de que consta actualmente el Reglamento (CE) nº 1493/1999 han demostrado su eficacia para lograr un sector competitivo y sostenible. Los mecanismos de mercado, como la destilación de crisis, han resultado ser poco rentables, hasta el punto de haber fomentado los excedentes estructurales sin exigir mejoras de las estructuras competitivas. Además, algunas de las medidas normativas vigentes han restringido excesivamente las actividades de los productores competitivos.

(4) No parece que el marco jurídico vigente permita alcanzar, de manera sostenible, los objetivos del artículo 33 del Tratado y, en particular, estabilizar el mercado vitivinícola y garantizar un nivel de vida justo para este sector agrícola.

(5) Teniendo presente la experiencia adquirida, procede, pues, modificar a fondo el régimen comunitario que se aplica al sector vitivinícola con el fin de alcanzar los objetivos siguientes: aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas comunitarios; consolidar la fama que tienen los vinos comunitarios de calidad de ser los mejores del mundo; recuperar antiguos mercados y conquistar otros nuevos tanto en la Comunidad como a escala mundial; crear un régimen vitivinícola basado en normas claras, sencillas y eficaces que permita equilibrar la oferta y la demanda y que preserve las mejores tradiciones de la producción vitivinícola comunitaria, potencie el tejido social de numerosas zonas rurales y garantice que toda la producción respeta el medio ambiente. Procede, pues, derogar el Reglamento (CE) nº 1493/1999 y sustituirlo por este nuevo Reglamento.

(6) El presente Reglamento ha ido precedido de una evaluación y una consulta encaminadas a conocer y determinar las necesidades del sector vitivinícola. En noviembre de 2004 se publicó el informe de la evaluación externa que se había encargado. El 16 de febrero de 2006, la Comisión organizó un seminario con el fin de dar a las partes interesadas la oportunidad de expresar sus opiniones. El 22 de junio de 2006 se publicó la Comunicación de la Comisión Hacia un sector vitivinícola europeo sostenible [10], junto con una evaluación de impacto en la que se presentaban diversas opciones para reformar el sector.

(7) Entre julio y noviembre de 2006 se celebraron debates en el Consejo. En diciembre de 2006, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones adoptaron sendos informes sobre las opciones de reforma del sector vitivinícola propuestas en la Comunicación de la Comisión. El 15 de febrero de 2007, el Parlamento Europeo adoptó su informe de propia iniciativa sobre la Comunicación, en el que se perfilan algunas conclusiones que se han tenido en cuenta en el presente Reglamento.

(8) El Reglamento del Consejo [el nombre, el título completo y las referencias de publicación se añadirán si se conocen antes de la adopción del presente Reglamento] por el que se establece la organización común de los mercados agrícolas («la organización común de mercados única») también se aplicará al sector vitivinícola. La organización común de mercados única incluye disposiciones de carácter horizontal, en particular en materia de comercio con terceros países, normas de competencia, controles y sanciones, intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros. Para facilitar la futura incorporación del presente Reglamento en la organización común de mercados única, conviene alinear, en la medida de lo posible, las disposiciones del presente Reglamento relacionadas con cuestiones horizontales con las de la organización común de mercados única.

(9) Es fundamental establecer medidas de apoyo que refuercen las estructuras competitivas. Esas medidas las debe financiar y determinar la Comunidad, dejando que sean los Estados miembros quienes seleccionen las que convengan mejor a las necesidades de sus respectivos territorios, habida cuenta, en su caso, de las especificidades regionales, y las integren en programas nacionales de apoyo. La aplicación de los programas debe incumbir a los Estados miembros.

(10) La clave financiera para la distribución entre los Estados miembros de los fondos destinados a los programas nacionales de apoyo debe basarse en tres criterios, siendo el principal de ellos el porcentaje histórico del presupuesto vitivinícola, y los otros dos la superficie vitícola y la producción histórica.

(11) Una medida fundamental de este tipo de programas es la promoción y comercialización de los vinos comunitarios en terceros países, por lo que debe contar con un determinado importe presupuestario. Asimismo, se deben mantener las actividades de reestructuración y reconversión, vistos sus efectos estructurales positivos en el sector. Por otro lado, conviene que instrumentos preventivos como los seguros de las cosechas, las mutualidades y las cosechas en verde puedan acogerse a los programas de apoyo con el fin de fomentar un planteamiento responsable para las situaciones de crisis.

(12) La financiación comunitaria de las medidas subvencionables debe supeditarse, cuando ello sea viable, al cumplimiento por los productores de determinadas disposiciones medioambientales. La inobservancia de esas disposiciones debe entrañar la correspondiente reducción de las primas.

(13) El sector debe recibir asimismo el respaldo de las medidas estructurales que se establecen en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) [11].

(14) Las siguientes medidas contempladas en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 son de interés para el sector vitivinícola: instalación de jóvenes agricultores, inversiones en instalaciones técnicas y para mejoras de la comercialización, formación profesional, ayudas a la información y la promoción para las organizaciones de productores que adopten un régimen de calidad, ayudas agroambientales y jubilación anticipada que se concederá a los agricultores que decidan abandonar definitivamente toda actividad comercial agrícola para transferir la explotación a otros agricultores.

(15) Con el fin de aumentar los medios financieros disponibles al amparo del Reglamento (CE) nº 1698/2005, es preciso transferir gradualmente fondos al presupuesto en virtud de ese Reglamento.

(16) Es aconsejable la aplicación de determinadas medidas reglamentarias en el sector vitivinícola por motivos relacionados con la salud, la calidad y las expectativas de los consumidores.

(17) Es conveniente que sean los Estados miembros los que clasifiquen las variedades de uvas de vinificación con las que pueden elaborar vino en sus territorios. Por otro lado, conviene excluir algunas de esas variedades.

(18) Algunos productos regulados por el presente Reglamento se podrán comercializar si se ajustan a una clasificación específica de productos vitivinícolas y a las características correspondientes.

(19) Los productos a que se refiere el presente Reglamento deben elaborarse respetando determinadas prácticas enológicas y restricciones que garanticen la asunción de las consideraciones relacionadas con la salud y las expectativas de los consumidores en lo que atañe a la calidad y los métodos de producción. Por motivos de flexibilidad, conviene que sea la Comisión la que se ocupe de actualizar esas prácticas y de aprobar otras nuevas, salvo en lo relativo al aumento artificial del grado alcohólico natural y la acidificación, ámbitos políticamente sensibles en los que las modificaciones deben seguir siendo competencia del Consejo.

(20) El aumento del grado alcohólico del vino debe estar supeditado a determinados límites y, en su caso, se debe conseguir añadiendo al vino mosto de uva concentrado y rectificado. La adición de sacarosa al vino debe dejar de autorizarse.

(21) Habida cuenta de la escasa calidad del vino obtenido por sobreprensado de la uva, conviene prohibir esta práctica.

(22) Con el fin de cumplir las normas internacionales aplicables en este ámbito, conviene que la Comisión se base en general en las prácticas enológicas aprobadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Estas normas deben aplicarse asimismo a los vinos comunitarios destinados a la exportación, independientemente de la utilización en la Comunidad de normas más restrictivas, para no entorpecer la actuación de los productores comunitarios en los mercados exteriores.

(23) Debe seguir prohibiéndose en la Comunidad la mezcla de vino originario de un tercer país con vino comunitario y la mezcla de vinos originarios de terceros países. Por la misma razón, no debe admitirse en el territorio de la Comunidad la utilización de determinados tipos de mosto de uva, de zumo de uva y de uvas frescas originarios de terceros países con vistas a la vinificación o la adición al vino.

(24) El concepto de vino comunitario de calidad se basa, entre otras cosas, en las características específicas atribuibles al origen geográfico del vino. Para que los consumidores puedan reconocer ese tipo de vino se recurre a las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, si bien el sistema actual no se ha desarrollado plenamente al respecto. Con el fin de dar cabida a un marco transparente y más elaborado que favorezca el reconocimiento de los productos de calidad, conviene establecer un régimen de acuerdo con el cual las solicitudes de denominación de origen o de indicación geográfica se examinen conforme al planteamiento que, de acuerdo con la política comunitaria horizontal aplicable en materia de calidad a los productos alimenticios distintos del vino y las bebidas espirituosas, se utiliza en el Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios [12].

(25) Con el fin de preservar las características especiales de calidad de los vinos con denominación de origen o indicación geográfica, se debe permitir a los Estados miembros la aplicación de normas más estrictas sobre ese particular.

(26) Para poder disfrutar de protección en la Comunidad, es preciso que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se reconozcan y registren a escala comunitaria. Con el fin de garantizar que los respectivos nombres cumplen las condiciones establecidas en el presente Reglamento, conviene que las solicitudes sean examinadas por las autoridades nacionales del Estado miembro de que se trate, sin perjuicio de la observancia de unas disposiciones comunes mínimas, entre ellas un procedimiento nacional de oposición. Conviene que la Comisión supervise posteriormente estas decisiones para cerciorarse de que las solicitudes respetan las condiciones establecidas en el presente Reglamento y que el planteamiento es uniforme en todos los Estados miembros.

(27) La protección debe estar abierta a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de terceros países que estén protegidas en los países de origen.

(28) El procedimiento de registro debe posibilitar a toda persona física o jurídica con intereses legítimos en un Estado miembro o un tercer país ejercer sus derechos mediante la notificación de sus objeciones.

(29) Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas deben protegerse de los usos que supongan un aprovechamiento indebido de la fama que merecen los productos conformes. Con el fin de fomentar la competencia leal y no inducir a error a los consumidores, es preciso que esta protección englobe asimismo a productos y servicios que no se regulan mediante el presente Reglamento, ni se recogen en el anexo I del Tratado.

(30) Deben establecerse procedimientos que permitan la modificación del pliego de condiciones de los productos que ya gocen de protección y la cancelación de la denominación de origen o la indicación geográfica, en particular si ya no se garantiza el cumplimiento del correspondiente pliego de condiciones del producto.

(31) Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que cuenten con protección en el territorio comunitario deben someterse a controles conformes, en la medida de lo posible, con el Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales [13], incluido un sistema de comprobaciones que garantice el cumplimiento de los pliegos de condiciones de los vinos de que se trate.

(32) Se debe autorizar a los Estados miembros a cobrar una tasa para sufragar los costes en que incurran.

(33) Por motivos de seguridad jurídica, se debe eximir a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas existentes en la Comunidad de la aplicación del nuevo procedimiento de examen. No obstante, los Estados miembros interesados deben facilitar a la Comisión la información y normas básicas en virtud de las cuales se haya otorgado el reconocimiento a escala nacional, so pena de que las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas pierdan la protección de que gocen. Asimismo, es conveniente, por motivos de seguridad jurídica, limitar el ámbito de aplicación para la cancelación de denominaciones de origen e indicaciones geográficas ya existentes.

(34) Conviene suprimir la posibilidad de proteger nombres geográficos a escala nacional equiparándolos a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

(35) La descripción, la designación y la presentación de los productos regulados por el presente Reglamento pueden influir considerablemente en sus perspectivas de comercialización. Las diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado de los productos vinícolas pueden dificultar el buen funcionamiento del mercado interior.

(36) Es conveniente, pues, establecer normas que tengan en cuenta los intereses legítimos de los consumidores y los productores. Por tal motivo, resultan apropiadas las normas comunitarias de etiquetado.

(37) Esas normas deben imponer la utilización de determinados términos que permitan identificar el producto en función de las categorías comerciales y facilitar a los consumidores determinados datos de importancia. La utilización de otros datos facultativos debe abordarse dentro del marco comunitario.

(38) Salvo disposición en contrario, las normas de etiquetado aplicables en el sector vitivinícola deben ser complementarias de las establecidas en la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios [14], que se aplican horizontalmente. La experiencia demuestra que no es oportuno establecer una diferenciación entre las normas de etiquetado según la categoría de los productos vinícolas. Las normas se deben aplicar a las diferentes categorías de vino, incluidos los productos importados, y deben permitir, en particular, la indicación de la variedad de uva de vinificación y de la cosecha en el caso de los vinos sin denominación de origen o indicación geográfica, sin perjuicio de los requisitos relativos a la veracidad de los datos del etiquetado y a las comprobaciones correspondientes.

(39) La existencia y constitución de organizaciones de productores sigue siendo un modo de contribuir a la satisfacción de las necesidades del sector vitivinícola determinadas a escala comunitaria. La utilidad de tales organizaciones debe residir en el alcance y la eficacia de los servicios que ofrezcan a sus miembros. Lo mismo cabe decir de las organizaciones interprofesionales. Los Estados miembros deben reconocer, por lo tanto, aquellas organizaciones que cumplan determinados requisitos establecidos a escala comunitaria.

(40) Con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado de los vinos con denominación de origen o indicación geográfica, los Estados miembros deben poder aplicar las decisiones adoptadas por las organizaciones interprofesionales. No obstante, las prácticas que puedan falsear la competencia deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de esas decisiones.

(41) La creación del mercado único comunitario lleva aparejada la implantación de un régimen comercial en las fronteras exteriores de la Comunidad. Ese régimen comercial entraña la aplicación de derechos de importación y, en principio, debe contribuir a estabilizar el mercado comunitario. El régimen comercial debe basarse en las obligaciones internacionales de la Comunidad, en particular las derivadas de los acuerdos celebrados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

(42) El seguimiento de los flujos comerciales es ante todo un asunto de gestión que debe abordarse de manera flexible. En consecuencia, la Comisión debe adoptar una decisión sobre el establecimiento de los requisitos que deben cumplir los certificados teniendo en cuenta la necesidad de contar con certificados de importación y exportación para la gestión de los mercados de que se trate y, en particular, para el seguimiento de las importaciones de los productos en cuestión. No obstante, las condiciones generales aplicables a esos certificados deben establecerse en el presente Reglamento.

(43) El establecimiento de un régimen de certificados de importación y exportación debe llevar aparejada la constitución de una garantía que avale la realización de las transacciones para las que se conceden esos certificados.

(44) El régimen de derechos de importación permite prescindir de todas las demás medidas protectoras en las fronteras exteriores de la Comunidad. En circunstancias excepcionales, el mecanismo del mercado interior y los derechos de aduana puede resultar insuficiente. En tales casos, para que el mercado comunitario no se quede sin defensas frente a las perturbaciones que puedan producirse, la Comunidad debe estar en condiciones de adoptar sin dilación todas las medidas necesarias que sean conformes con los compromisos internacionales contraídos por aquella.

(45) Con el fin de evitar o contrarrestar los efectos negativos que puedan producir en el mercado comunitario las importaciones de zumo de uva y mosto de uva, esas importaciones deben estar supeditadas al pago de un derecho adicional, si se cumplen determinadas condiciones.

(46) Para garantizar el correcto funcionamiento del mercado vitivinícola y, en particular, evitar las perturbaciones, debe contemplarse la posibilidad de prohibir la utilización de los regímenes de perfeccionamiento activo y pasivo. Para que este tipo de instrumento de gestión del mercado funcione bien, en general es necesario aplicarlo sin dilación. Por consiguiente, conviene otorgar a la Comisión las competencias pertinentes.

(47) Los productos importados de terceros países deben cumplir las normas comunitarias sobre categorías de productos, etiquetado, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, y deben ir acompañados de un informe de análisis.

(48) Resulta conveniente, en determinadas condiciones, otorgar a la Comisión la facultad de abrir y gestionar contingentes arancelarios derivados de acuerdos internacionales celebrados con arreglo al Tratado o de otros actos del Consejo.

(49) Se ha producido un empeoramiento de la producción excedentaria de vino comunitario debido a las violaciones de la prohibición transitoria de efectuar nuevas plantaciones. Hay en la Comunidad un número importante de plantaciones ilegales que constituyen una fuente de competencia desleal y agravan los problemas del sector.

(50) Con respecto a las zonas ilegales, debe establecerse una diferencia entre las plantaciones anteriores al 1 de septiembre de 1998 y las posteriores a esa fecha, en lo que se refiere a las obligaciones de los productores para con esas zonas.

(51) Las zonas ilegales anteriores al 1 de septiembre de 1998 no están, hasta ahora, sometidas a ninguna obligación de arranque. Debe obligarse a los productores afectados a regularizar la situación mediante el pago de una tasa. En caso de que esas zonas no se regularicen el 31 de diciembre de 2009, como muy tarde, se debe obligar a los productores a efectuar el arranque a su costa. El incumplimiento de este arranque obligatorio debe entrañar el pago de una multa.

(52) De conformidad con la sanción prevista en el Reglamento (CE) nº 1493/1999, debe procederse al arranque de las zonas que se hayan plantado con posterioridad al 1 de septiembre de 1998 infringiendo la prohibición pertinente. El incumplimiento de este arranque obligatorio debe entrañar el pago de una multa.

(53) En espera de la aplicación de las medidas de regularización y arranque, el vino obtenido en las zonas que se hayan plantado infringiendo la prohibición y que no se hayan regularizado de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1493/1999 no debe sacarse al mercado más que para efectuar su destilación a costa del productor interesado. La presentación de contratos de destilación por los productores debe garantizar un mejor seguimiento de esta norma que el logrado hasta ahora.

(54) La prohibición transitoria de efectuar nuevas plantaciones ha producido algunos efectos sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola, si bien al mismo tiempo ha supuesto un nuevo obstáculo para los productores competitivos que desean responder con flexibilidad al aumento de la demanda.

(55) Dado que no se ha alcanzado aún un equilibrio en el mercado y que las medidas complementarias, como el régimen de arranque, necesitan tiempo para que surtan efecto, es oportuno mantener la prohibición de realizar nuevas plantaciones hasta el 31 de diciembre de 2013, momento en el que, no obstante, se debe levantar definitivamente para permitir a los productores competitivos responder libremente a las condiciones de mercado.

(56) La vigente autorización de nuevas plantaciones destinadas a viñas madres de injertos, concentración parcelaria y expropiación, así como a experimentación vitícola, ha demostrado que no altera excesivamente el mercado vitivinícola, por lo que debe prolongarse, bajo los controles necesarios.

(57) Conviene seguir concediendo derechos de replantación siempre que los productores se comprometan a arrancar superficies equivalentes a las plantadas con vides, ya que el efecto de esas plantaciones en la producción suele ser nulo.

(58) Asimismo, los Estados miembros deben poder autorizar la transferencia a otra explotación de los derechos de replantación, bajo controles estrictos, siempre que esta transferencia persiga la calidad, se refiera a las zonas destinadas a viñas madres de injertos o esté relacionada con la transferencia de parte de la explotación. Es conveniente mantener dichas transferencias dentro del mismo Estado miembro.

(59) Con el fin de mejorar la gestión del potencial vitícola y fomentar el uso eficaz de los derechos de plantación, y de este modo reducir aún más el efecto de la restricción transitoria de efectuar plantaciones, conviene mantener el sistema de reservas nacionales o regionales.

(60) Los Estados miembros deben tener amplias competencias en la gestión de las reservas, bajo los controles necesarios, para que puedan adecuar mejor el uso de los derechos de plantación de dichas reservas a las necesidades locales. Esas competencias deben englobar la posibilidad de adquirir derechos de plantación para abastecer la reserva y vender derechos de plantación procedentes de ésta. Con este fin, conviene seguir permitiendo que los Estados miembros no apliquen el sistema de reserva, siempre que puedan demostrar que ya disponen de un sistema eficaz de gestión de los derechos de plantación.

(61) La concesión de ventajas especiales a los jóvenes viticultores puede facilitar no sólo su instalación sino también, posteriormente, la adaptación estructural de sus explotaciones; conviene, pues, que se les pueda otorgar derechos de las reservas a título gratuito.

(62) Para garantizar que los recursos se utilizan de la forma más eficaz y ajustar mejor la oferta y la demanda, los derechos de plantación deben ser utilizados por sus titulares dentro de un plazo razonable. En su defecto, deben asignarse o reasignarse a las reservas. Por las mismas razones, los derechos asignados a las reservas deben concederse dentro de un plazo razonable.

(63) La producción en los Estados miembros que elaboran menos de 25 000 hectolitros de vino al año no afecta gravemente al equilibrio del mercado. En consecuencia, tales Estados miembros deben quedar exentos de la prohibición transitoria de efectuar nuevas plantaciones, pero no deben tener acceso al régimen de arranque.

(64) Es conveniente implantar un régimen de arranque como medida complementaria encaminada a crear un sector acorde con las condiciones del mercado. Cuando los productores consideren que las condiciones existentes en determinadas zonas no favorecen una producción viable, se les debe dar la oportunidad de reducir sus costes y retirar permanentemente esas zonas de la producción vitivinícola, permitiéndoles realizar actividades alternativas en las parcelas en cuestión o retirarse totalmente de la producción agrícola.

(65) La experiencia demuestra que, en caso de ser los Estados miembros los que autorizan el arranque a cambio del pago de una prima, se corre el riesgo de que tanto la medida como los efectos previstos sobre la oferta resulten ineficaces. Así pues, a diferencia de lo que sucede con el régimen actual, conviene que en general los productores puedan participar en el régimen de arranque y decidan en exclusiva si desean solicitar su aplicación. A cambio se les debe conceder una prima por hectárea de viñas arrancadas.

(66) Es conveniente que los Estados miembros puedan fijar, en función de criterios objetivos, los niveles específicos de la prima por arranque, de acuerdo con determinados baremos establecidos por la Comisión.

(67) Con el fin de garantizar un trato responsable de las zonas sometidas a arranques, el derecho a recibir la prima debe depender del cumplimiento por los productores interesados de las normas medioambientales aplicables. En caso de incumplimiento comprobado, se debe reducir proporcionalmente la prima por arranque.

(68) Para evitar problemas medioambientales, conviene que los Estados miembros puedan decidir no aplicar el arranque en zonas de montaña o en terrenos muy inclinados, así como en caso de problemas medioambientales, con arreglo a condiciones específicas. Los Estados miembros deben poder suspender el arranque cuando la superficie total sometida a esta medida alcance el 10 % de la superficie plantada de vid.

(69) La superficie agrícola dedicada anteriormente a la viticultura, una vez arrancadas las viñas, debe poder optar al régimen de pago único y recibir una ayuda directa disociada de ámbito regional, cuyo importe medio, por motivos presupuestarios, no debe ser superior a 350 euros por hectárea.

(70) El correcto funcionamiento del mercado único se vería comprometido por la concesión de ayudas nacionales. Las disposiciones del Tratado que regulan las ayudas estatales deben aplicarse, por tanto, a los productos incluidos en la organización común del mercado vitivinícola. No obstante, las disposiciones sobre las primas por arranque y determinadas medidas de los programas de apoyo no deben ser obstáculo en sí para la concesión de ayudas nacionales con el mismo objetivo.

(71) Para lograr una mejor gestión del potencial vitícola, es deseable que los Estados miembros faciliten a la Comisión un inventario de su potencial productivo. Esta información debe basarse en el registro vitícola vigente. Para animar a los Estados miembros a notificar dicho inventario, las ayudas para reestructuración y reconversión deben limitarse a los que hayan cumplido este requisito.

(72) Con el fin de disponer de la información necesaria para poder adoptar las decisiones políticas y administrativas pertinentes, los productores de uvas para vinificación, de mosto y de vino deben presentar declaraciones de cosecha. Los Estados miembros deben estar en condiciones de exigir a los comerciantes de uva destinada a la vinificación que declaren anualmente las cantidades comercializadas de la última cosecha. Los productores de mosto y de vino y los comerciantes que no sean minoristas deben declarar sus existencias de mosto y de vino.

(73) Con el fin de establecer un nivel satisfactorio de trazabilidad de los productos en cuestión, y en particular para proteger a los consumidores, debe disponerse que todos los productos regulados por el presente Reglamento lleven un documento de acompañamiento cuando circulen por la Comunidad.

(74) Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben adoptarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [15].

(75) Los gastos en que incurran los Estados miembros como resultado de las obligaciones derivadas de la aplicación del presente Reglamento debe financiarlos la Comunidad con arreglo al Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común [16].

(76) Los Estados miembros y la Comisión deben facilitarse la información necesaria para la aplicación del presente Reglamento.

(77) Para garantizar la observancia de las obligaciones establecidas por el presente Reglamento, es necesario establecer controles y aplicar sanciones en caso de incumplirse aquellas. Debe atribuirse, pues, a la Comisión la potestad para aprobar las normas correspondientes, incluidas las referidas a la recuperación de las sumas pagadas indebidamente y a las obligaciones de los Estados miembros en materia de información.

(78) Las autoridades de los Estados miembros son quienes deben garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, debiendo adoptarse las disposiciones pertinentes para que la Comisión pueda supervisar y garantizar ese cumplimiento.

(79) Con el fin de disponer la incorporación del sector vitivinícola en el régimen de pago único, es conveniente que todas las zonas vitivinícolas sometidas a un cultivo activo puedan optar al régimen de pago único establecido en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores [17].

(80) Los viticultores de Bulgaria, la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia deben poder disfrutar de la inclusión del componente vino en el régimen de pago único en las mismas condiciones que los viticultores de la Comunidad en su composición de 30 de abril de 2004. Por consiguiente, el componente vino del régimen de pago único no debe estar sujeto a la aplicación del programa de incrementos previsto en el artículo 143 bis del Reglamento (CE) nº 1782/2003.

(81) El Reglamento (CE) nº 2702/1999 del Consejo, de 14 de diciembre de 1999, relativo a acciones de información y promoción en favor de productos agrícolas en terceros países [18], el Reglamento (CE) n° 2826/2000 del Consejo, de 19 de diciembre de 2000, sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior [19] y el Reglamento (CE) nº 1782/2003 deben modificarse en consecuencia.

(82) La transición de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1493/1999 y de los otros Reglamentos del sector vitivinícola a las establecidas en el presente Reglamento puede originar dificultades que no se abordan en éste. Para hacer frente a tal posibilidad, es preciso que la Comisión pueda adoptar las medidas transitorias necesarias. La Comisión debe también estar autorizada para resolver problemas prácticos específicos,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Título I

Disposiciones preliminares

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece normas específicas que se aplican a la producción y comercialización de los productos siguientes:

Código NC | Designación de la mercancía |

0806 10 90 | Uvas frescas, excepto las de mesa |

2009 61 2009 69 | Jugo (zumo) de uva (incluido el mosto) |

2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98 | Los demás mostos de uva, excepto los parcialmente fermentados, incluso «apagados» sin utilización del alcohol |

2204 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, con excepción de otros mostos de uva de las subpartidas 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 y 2204 30 98 |

2206 00 10 | Piquetas |

2209 00 11 | Vinagre de vino |

2209 00 19 | |

2307 00 11 | Lías de vino |

2307 00 19 | |

2308 90 11 | Orujo de uvas |

2308 90 19 | |

2. Con respecto a los productos mencionados en el apartado 1, el presente Reglamento establece:

a) medidas de apoyo,

b) medidas reglamentarias,

c) normas sobre los intercambios comerciales con terceros países,

d) normas que regulan el potencial productivo.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones establecidas en el anexo I.

Título II

Medidas de apoyo

Capítulo I

Programas de apoyo

Sección 1

Disposiciones preliminares

Artículo 3

Ámbito de aplicación

El presente capítulo establece las normas que regulan la atribución de fondos comunitarios a los Estados miembros y su utilización por éstos a través de programas nacionales de apoyo (en adelante, «programas de apoyo») para financiar medidas de apoyo específicas destinadas al sector vitivinícola.

Artículo 4

Compatibilidad y coherencia

1. Los programas de apoyo deberán ajustarse a la normativa comunitaria y ser coherentes con las actividades, políticas y prioridades de la Comunidad.

2. Los Estados miembros se ocuparán de los programas de apoyo y se cerciorarán de que se elaboran y aplican de manera objetiva, teniendo en cuenta la situación económica de los productores interesados y la necesidad de evitar un trato desigual injustificado entre productores.

3. No se concederá apoyo:

a) a los proyectos de investigación ni a las medidas de sostenimiento de los proyectos de investigación;

b) a las medidas reguladas por el Reglamento (CE) nº 1698/2005.

Sección 2

Programas de apoyo

Artículo 5

Presentación de los programas de apoyo

1. Cada Estado miembro productor mencionado en el anexo II presentará a la Comisión, por primera vez el 30 de abril de 2008 a más tardar, un proyecto de programa de apoyo de cinco años que comprenda medidas conformes con el presente capítulo.

Las medidas de apoyo se elaborarán al nivel geográfico que los Estados miembros consideren más adecuado. Antes de su envío a la Comisión, el programa de apoyo deberá ser objeto de consulta con las autoridades y organizaciones competentes al nivel territorial adecuado.

Cada Estado miembro presentará un único proyecto de programa que podrá tener en cuenta las particularidades regionales.

2. Los programas de apoyo serán aplicables a los tres meses de su presentación a la Comisión.

No obstante, en caso de que el programa presentado no cumpla las condiciones establecidas en el presente capítulo, la Comisión informará de ello al Estado miembro, que deberá presentarle un programa corregido. El programa corregido será aplicable a los dos meses de su notificación, salvo que persista la incompatibilidad, en cuyo caso se aplicará el presente párrafo.

3. El apartado 2 se aplicará mutatis mutandis a las modificaciones de los programas de apoyo presentados por los Estados miembros.

Artículo 6

Contenido de los programas de apoyo

Los programas de apoyo constarán de los elementos siguientes:

a) una descripción pormenorizada de las medidas propuestas y de los objetivos cuantificados;

b) los resultados de las consultas celebradas;

c) una evaluación en la que se presenten las repercusiones técnicas, económicas, medioambientales y sociales previstas;

d) el calendario de aplicación de las medidas;

e) un cuadro general de financiación en el que figuren los recursos que se vayan a utilizar y su distribución entre las medidas con arreglo a los límites previstos en el anexo II;

f) pruebas de la compatibilidad y coherencia de las diferentes medidas del programa;

g) los criterios e indicadores cuantitativos que vayan a utilizarse para el seguimiento y la evaluación, así como las medidas adoptadas para garantizar una aplicación apropiada y eficaz de los programas;

h) los criterios e indicadores que vayan a utilizarse para comprobar que los programas de apoyo se presentan y se aplican de manera objetiva, teniendo en cuenta la situación económica de los productores interesados y la necesidad de evitar un trato desigual injustificado entre productores;

i) las disposiciones sobre controles y sanciones;

j) las autoridades y organismos competentes designados para aplicar el programa.

Artículo 7

Medidas admisibles

Los programas de apoyo constarán de medidas de promoción en los mercados de terceros países según lo dispuesto en el artículo 9.

Asimismo, los programas abarcarán al menos una de las medidas siguientes:

a) reestructuración y reconversión de viñedos;

b) cosecha en verde;

c) mutualidades;

d) seguros de cosechas.

Artículo 8

Normas generales aplicables a los programas de apoyo

1. En el anexo II figuran la distribución de los fondos comunitarios disponibles así como los límites presupuestarios aplicables.

2. El apoyo comunitario tendrá por objeto únicamente el gasto subvencionable realizado tras la presentación del programa de apoyo pertinente a que se refiere el artículo 5, apartado 1.

3. Los Estados miembros no podrán contribuir a los costes de las medidas (co)financiadas por la Comunidad incluidas en los programas de apoyo.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, los Estados miembros podrán conceder ayudas nacionales para las medidas a que se refieren los artículos 9 y 13 de conformidad con las normas comunitarias pertinentes sobre ayudas estatales.

A la (co)financiación pública global, incluidos los fondos comunitarios y nacionales, se le aplicará el importe máximo de la ayuda que fijan las normas comunitarias pertinentes sobre ayudas estatales.

Sección 3

Medidas de apoyo específicas

Artículo 9

Promoción en los mercados de terceros países

1. El apoyo previsto en virtud del presente artículo consistirá en medidas de información o promoción de los vinos comunitarios en terceros países, tendentes a mejorar su competitividad en estos últimos.

2. Las medidas a que se refiere el apartado 1 tendrán por objeto vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida o vinos en los que se indique la variedad de uva de vinificación.

3. Las medidas mencionadas en el apartado 1 podrán consistir en lo siguiente:

a) relaciones públicas y medidas de promoción y publicidad que destaquen en particular las ventajas de los productos comunitarios en términos de calidad, seguridad alimentaria y respeto del medio ambiente;

b) participación en manifestaciones, ferias y exposiciones de importancia internacional;

c) campañas de información sobre los sistemas comunitarios de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y producción ecológica;

d) estudios de nuevos mercados, necesarios para la búsqueda de nuevas salidas comerciales;

e) estudios para evaluar los resultados de las medidas de promoción e información.

4. La contribución comunitaria para actividades de promoción no podrá ser superior al 50 % de los gastos subvencionables.

5. Los Estados miembros deberán reservar al menos los fondos comunitarios fijados en el anexo II para las medidas de promoción en los mercados de terceros países. Los fondos así reservados no podrán utilizarse para otras medidas.

Artículo 10

Reestructuración y reconversión de viñedos

1. Las medidas de reestructuración y reconversión de viñedos tienen como finalidad aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas.

2. El apoyo para la reestructuración y reconversión de viñedos en virtud del presente artículo se prestará únicamente si los Estados miembros presentan el inventario de su potencial productivo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100.

3. El apoyo para la reestructuración y reconversión de viñedos podrá englobar una o varias de las actividades siguientes:

a) reconversión varietal, incluso mediante sobreinjertos;

b) reimplantación de viñedos;

c) mejoras de las técnicas de gestión de viñedos.

No se prestará apoyo para la renovación normal de los viñedos que hayan llegado al término de su ciclo natural.

4. El apoyo para la reestructuración y reconversión de viñedos podrá revestir las formas siguientes:

a) compensación a los productores por la pérdida de ingresos derivada de la aplicación de la medida;

b) contribución a los costes de reestructuración y reconversión.

5. La compensación a los productores por la pérdida de ingresos a que se refiere el apartado 4, letra a), podrá llegar hasta el 100 % de la pérdida en cuestión y revestir una de las formas siguientes:

a) no obstante lo dispuesto en el título V, capítulo II, la autorización para que coexistan vides viejas y nuevas durante un período fijo que no podrá exceder de tres años, hasta el final del régimen transitorio de derechos de plantación, es decir, el 31 de diciembre de 2013, como muy tarde;

b) compensación financiera.

6. La contribución comunitaria para los costes reales de reestructuración y reconversión de viñedos no podrá exceder del 50 %. En las regiones de convergencia, según la clasificación del Reglamento (CE) nº 1083/2006, la contribución comunitaria para los costes de reestructuración y reconversión no podrá exceder del 75 %.

Artículo 11

Cosecha en verde

1. A efectos del presente artículo se entenderá por cosecha en verde la destrucción o eliminación total de los racimos de uvas cuando todavía están inmaduros, reduciendo así a cero el rendimiento de la parcela en cuestión.

2. El apoyo a la cosecha en verde deberá contribuir a recobrar el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola comunitario con el fin de evitar las crisis de mercado.

3. El apoyo a la cosecha en verde podrá consistir en una compensación en forma de prima a tanto alzado por hectárea cuyo importe habrá de determinar el Estado miembro interesado.

La prima no podrá superar el 50 % de la suma de los costes directos de destrucción o eliminación de los racimos de uvas más la pérdida de ingresos vinculada a la destrucción o eliminación de los racimos de uvas.

4. Los Estados miembros interesados crearán un sistema basado en criterios objetivos que les permita garantizar que la compensación que reciban los productores vitivinícolas por la cosecha en verde no supera los límites mencionados en el apartado 3, párrafo segundo.

Artículo 12

Mutualidades

1. El apoyo para el establecimiento de mutualidades se traducirá en la prestación de ayudas a los productores que deseen asegurarse contra las fluctuaciones del mercado.

2. El apoyo para el establecimiento de mutualidades podrá consistir en ayudas temporales y decrecientes destinadas a sufragar los costes administrativos correspondientes.

Artículo 13

Seguro de cosecha

1. El apoyo al seguro de cosecha contribuirá a salvaguardar las rentas de los productores que se vean afectadas por catástrofes naturales, fenómenos climáticos, enfermedades o infestaciones parasitarias.

2. El apoyo al seguro de cosecha podrá consistir en una contribución financiera comunitaria por un importe no superior:

a) al 80 % del coste de las primas de seguro pagadas por los productores en concepto de seguro contra las pérdidas debidas a fenómenos climáticos adversos asimilables a catástrofes naturales;

b) al 50 % del coste de las primas de seguro pagadas por los productores en concepto de seguro contra:

– las pérdidas mencionadas en la letra a) y otras pérdidas causadas por fenómenos climáticos;

– las pérdidas causadas por enfermedades animales o vegetales o por infestaciones parasitarias.

3. El apoyo al seguro de cosecha sólo podrá concederse si los importes que abonen los seguros a los productores no suponen una compensación superior al 100 % de la pérdida de renta sufrida, teniendo en cuenta todas las compensaciones que puedan recibir los productores de otros regímenes de ayuda vinculados al riesgo asegurado.

4. El apoyo al seguro de cosecha no deberá falsear la competencia en el mercado de los seguros.

Artículo 14

Condicionalidad

Si se constata que un agricultor, en cualquier momento a lo largo de los cinco años siguientes al pago de la ayuda recibida en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión o durante el año siguiente al pago de la ayuda recibida al amparo de los programas de apoyo a la cosecha en verde, no ha cumplido en su explotación los requisitos legales en materia de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales indicadas en los artículos 3 a 7 del Reglamento (CE) nº 1782/2003, el importe de la prima, en caso de que el incumplimiento se deba a una acción u omisión achacable directamente al agricultor, se reducirá o cancelará, parcial o totalmente, dependiendo de la gravedad, alcance, persistencia y repetición del incumplimiento, y el agricultor deberá reintegrarla, si procede, con arreglo a lo establecido en las citadas disposiciones

Se establecerán normas, con arreglo al procedimiento indicado en el artículo 144, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1782/2003, para la reducción o recuperación total o parcial de la ayuda por el Estado miembro.

Sección 4

Disposiciones generales

Artículo 15

Informes y evaluación

1. Los Estados miembros presentarán anualmente a la Comisión, no más tarde del 1 de marzo, un informe sobre la aplicación de las medidas previstas en sus programas de apoyo durante el año anterior.

Dichos informes enumerarán y describirán las medidas que hayan recibido financiación comunitaria en virtud de los programas de ayuda y ofrecerán, en particular, detalles sobre la aplicación de las medidas de promoción contempladas en el artículo 9.

2. Los Estados miembros presentarán a la Comisión, no más tarde del 1 de marzo de 2011 y, por segunda vez, no más tarde del 1 de marzo de 2014, una evaluación de los costes y beneficios de los programas de apoyo, en la que indicarán asimismo el modo de aumentar su eficacia.

La Comisión presentará, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de las medidas de promoción contempladas en el artículo 9.

Artículo 16

Normas de desarrollo

Las normas de desarrollo de este capítulo se adoptarán conforme al procedimiento indicado en artículo 104, apartado 1.

Esas normas podrán incluir:

a) el modelo de presentación de los programas de apoyo;

b) normas sobre la modificación de los programas de apoyo una vez que sean aplicables;

c) normas de desarrollo de las medidas previstas en los artículos 9 a 13;

d) condiciones en que debe comunicarse y hacerse pública la ayuda de los fondos comunitarios;

e) disposiciones sobre la elaboración de los informes.

Capítulo II

Transferencia financiera

Artículo 17

Transferencia financiera para el desarrollo rural

1. A partir del ejercicio presupuestario 2009, los importes fijados en el apartado 2 sobre la base del gasto histórico en virtud del Reglamento (CE) nº 1493/1999 para las intervenciones destinadas a la regularización de los mercados agrarios a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 1290/2005, estarán disponibles como fondos comunitarios complementarios destinados a la aplicación, en las regiones vitivinícolas, de medidas incluidas en la programación del desarrollo rural y financiadas al amparo del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

2. Podrá disponerse de los importes siguientes en los años civiles que se citan:

– 100 millones de euros en 2009,

– 150 millones de euros en 2010,

– 250 millones de euros en 2011,

– 300 millones de euros en 2012,

– 350 millones de euros en 2013,

– 400 millones de euros a partir de 2014.

3. Los importes que figuran en el apartado 2 se distribuirán entre los Estados miembros según lo dispuesto en el anexo III.

Título III

Medidas reglamentarias

Capítulo I

Normas generales

Artículo 18

Clasificación de las variedades de uvas de vinificación

1. Los Estados miembros deberán clasificar las variedades de uvas de vinificación que se podrán plantar, replantar o injertar en sus territorios.

Las variedades clasificadas deberán pertenecer a la especie Vitis vinifera o proceder de un cruce entre esta especie y otras especies del género Vitis.

2. Los Estados miembros no clasificarán las variedades de uvas de vinificación siguientes:

a) Noah;

b) Othello;

c) Isabelle;

d) Jacquez;

e) Clinton;

f) Herbemont.

3. La plantación, la replantación o el injerto de variedades de uvas de vinificación no clasificadas se autorizarán únicamente para investigación científica o experimentación.

4. Las superficies plantadas con variedades de uvas de vinificación no clasificadas deberán arrancarse, salvo en el caso de que la producción se destine exclusivamente al consumo familiar del viticultor.

5. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para comprobar el cumplimiento por parte de los productores de lo dispuesto en los apartados 3 y 4.

6. En caso de que se supriman variedades de uvas de vinificación de la clasificación, se procederá a su arranque en el plazo de quince años desde su supresión.

Artículo 19

Producción y comercialización

1. Los productos enumerados en el anexo IV y producidos en la Comunidad deberán elaborarse con uvas de vinificación de las variedades que figuran en la clasificación establecida por los Estados miembros de conformidad con el artículo 18, apartado 1, párrafo primero.

2. Las categorías de productos vitícolas previstas en el anexo IV sólo podrán utilizarse en la Comunidad para la comercialización de productos que se ajusten a las condiciones pertinentes establecidas en ese anexo.

La Comisión podrá decidir añadir categorías de productos vitícolas a las que figuran en el anexo IV.

3. Salvo los vinos embotellados de los que pueda suministrarse la prueba de que el embotellado es anterior al 1 de septiembre de 1971, el vino elaborado con variedades de uvas de vinificación que figuren en las clasificaciones establecidas con arreglo al artículo 18, apartado 1, párrafo primero, pero que no corresponda a ninguna de las categorías establecidas en el anexo IV, sólo podrá utilizarse para el consumo familiar del viticultor, la producción de vinagre de vino o la destilación.

Capítulo II

Prácticas enológicas y restricciones

Artículo 20

Ámbito de aplicación

El presente capítulo establece las prácticas enológicas autorizadas y las restricciones aplicables, así como el procedimiento mediante el cual la Comisión podrá adoptar decisiones sobre las prácticas y restricciones aplicables a la producción y comercialización de los productos regulados por el presente Reglamento.

Artículo 21

Prácticas enológicas y restricciones

1. Para la producción en la Comunidad de los productos regulados por el presente Reglamento sólo podrán utilizarse las prácticas enológicas autorizadas por la normativa comunitaria.

El párrafo primero no se aplicará:

a) al zumo de uva y el zumo de uva concentrado;

b) al mosto de uva y el mosto de uva concentrado destinados a la elaboración de zumo de uva.

2. Las prácticas enológicas autorizadas sólo podrán utilizarse para garantizar una buena vinificación, una buena conservación o una crianza adecuada del producto.

3. Los productos regulados por el presente Reglamento deberán producirse en la Comunidad con arreglo a las restricciones pertinentes establecidas en el anexo VI.

4. Los productos regulados por el presente Reglamento que se hayan sometido a prácticas enológicas comunitarias no autorizadas o, cuando proceda, prácticas enológicas nacionales no autorizadas o que infrinjan las restricciones establecidas en el anexo VI no podrán comercializarse en la Comunidad.

5. No obstante, a los productos regulados por el presente Reglamento que se elaboren para la exportación se les aplicarán las prácticas enológicas y las restricciones reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y no las prácticas enológicas y las restricciones autorizadas por la Comunidad.

Los productores notificarán esa producción a los Estados miembros, que deberán comprobar su conformidad con los requisitos de exportación.

Artículo 22

Prácticas enológicas más estrictas decididas por los Estados miembros

Los Estados miembros podrán limitar o excluir la utilización de determinadas prácticas enológicas autorizadas por la normativa comunitaria para los vinos producidos en su territorio, con el fin de asegurar el mantenimiento de las características esenciales de los vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, de los vinos espumosos y los vinos de licor.

Los Estados miembros comunicarán esas limitaciones y exclusiones a la Comisión, que las transmitirá a los demás Estados miembros.

Artículo 23

Autorización de prácticas enológicas y restricciones

1. Salvo las prácticas enológicas relativas al aumento artificial del grado alcohólico natural, la acidificación y la desacidificación que se relacionan en el anexo V y las restricciones que se enumeran en el anexo VI, la autorización de las prácticas enológicas y las restricciones referentes a la producción y conservación de los productos regulados por el presente Reglamento se decidirá de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 104, apartado 1.

2. Los Estados miembros podrán permitir el uso experimental de prácticas enológicas no autorizadas en condiciones que habrá que determinar con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 104, apartado 1.

Artículo 24

Criterios de autorización

Cuando autorice prácticas enológicas con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 104, apartado 1, la Comisión deberá:

a) basarse en las prácticas enológicas reconocidas por la OIV y en los resultados del uso experimental de prácticas enológicas que no estén autorizadas todavía;

b) tener en cuenta la protección de la salud humana;

c) tener presente los posibles riesgos de inducir a error al consumidor debido a las expectativas y percepciones que se haya creado, teniendo en cuenta la disponibilidad y viabilidad de los medios de información que permitan excluir esos riesgos;

d) permitir la preservación de las características naturales y fundamentales del vino sin que se produzca una modificación importante en la composición del producto de que se trate;

e) garantizar un nivel mínimo aceptable de protección medioambiental;

f) respetar las normas generales sobre prácticas enológicas y restricciones establecidas en los anexos III y IV, respectivamente.

Artículo 25

Métodos de análisis

Los métodos de análisis para determinar la composición de los productos regulados por el presente Reglamento y las normas que permitan demostrar si esos productos se han sometido a procesos contrarios a las prácticas enológicas autorizadas serán los reconocidos y publicados por la OIV. En caso de que no se disponga de métodos y normas reconocidos por la OIV ni de métodos y normas comunitarios, esos métodos y normas se adoptarán con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 104, apartado 1.

Artículo 26

Normas de desarrollo

Las normas de desarrollo de este capítulo y de los anexos III y IV se adoptarán conforme al procedimiento indicado en artículo 104, apartado 1.

Esas normas podrán incluir:

a) prácticas enológicas autorizadas y restricciones relativas a los vinos espumosos;

b) prácticas enológicas autorizadas y restricciones relativas a los vinos de licor;

c) sin perjuicio de lo dispuesto en el punto C del anexo VI, disposiciones que regulen las mezclas de mostos y vinos;

d) cuando no se disponga de normas comunitarias sobre ese particular, las características de pureza e identidad de las sustancias que se utilicen en las prácticas enológicas;

e) disposiciones administrativas para la realización de las prácticas enológicas autorizadas;

f) las condiciones que regulen la posesión, la circulación y la utilización de productos que no cumplan el artículo 21 y posibles excepciones a los requisitos que se establecen en él, y el establecimiento de criterios con el fin de evitar en casos específicos un rigor excesivo;

g) las condiciones con arreglo a las cuales los Estados miembros pueden autorizar la posesión, circulación y utilización de productos que no cumplan las disposiciones del presente capítulo, salvo el artículo 21, ni las disposiciones que lo desarrollen.

Capítulo III

Denominaciones de origen e indicaciones geográficas

Sección 1

Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 27

Denominaciones de origen e indicaciones geográficas

1. A los efectos del presente Reglamento se aplicarán las definiciones siguientes:

a) «denominación de origen»: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un vino, un vino de licor, un vino espumoso, un vino espumoso gasificado, un vino de aguja o un vino elaborado con uvas sobremaduradas que cumple los requisitos siguientes:

i) su calidad y sus características se deben básica o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales e humanos que ello conlleva;

ii) las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica;

iii) se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera;

b) «indicación geográfica»: una indicación que se refiere a una región, a un lugar determinado o, en casos excepcionales, a un país, que sirve para designar un vino, un vino de licor, un vino espumoso, un vino espumoso gasificado, un vino de aguja o un vino elaborado con uvas sobremaduradas que cumple los requisitos siguientes:

i) su calidad, sus características o su reputación son atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico;

ii) al menos el 85 % de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica;

iii) se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera o de un cruce entre esta especie y otras especies del género Vitis.

2. Se considerarán denominación de origen los nombres tradicionales que:

a) designen un vino;

b) se refieran a un nombre geográfico;

c) cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1, letra a), incisos i) a iii).

3. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, incluidas las referentes a zonas geográficas de terceros países, podrán gozar de protección en la Comunidad con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo.

Sección 2

Solicitud de protección

Artículo 28

Contenido de las solicitudes de protección

1. Las solicitudes en las que se pida la protección de ciertos nombres mediante su inclusión en la categoría de denominaciones de origen o indicaciones geográficas deberán ir acompañadas de un expediente técnico que facilite los datos siguientes:

a) nombre que se debe proteger;

b) nombre, apellidos y dirección del solicitante;

c) pliego de condiciones del producto mencionado en el apartado 2;

d) un documento único en el que se resuma el pliego de condiciones del producto mencionado en el apartado 2.

2. El pliego de condiciones deberá permitir a las partes interesadas comprobar las condiciones pertinentes de producción de la denominación de origen o la indicación geográfica.

El pliego de condiciones constará de lo siguiente:

a) descripción del vino y de sus principales características físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas;

b) en su caso, prácticas enológicas específicas utilizadas para elaborar el vino;

c) demarcación de la zona geográfica de que se trate;

d) rendimiento máximo por hectárea;

e) variedad o variedades de vid de las que procede el vino;

f) explicación detallada que confirme el vínculo con la calidad, la reputación o las características y con el entorno u origen geográfico;

g) requisitos aplicables establecidos mediante disposiciones comunitarias, nacionales o, en su caso, de organizaciones interprofesionales, que, en cualquier caso, deberán ser compatibles con la normativa comunitaria en general;

h) nombre y dirección de las autoridades u organismos encargados de comprobar el cumplimiento de las disposiciones del pliego de condiciones y sus tareas específicas.

Artículo 29

Solicitud de protección relativa a una zona geográfica de un tercer país

1. Cuando la solicitud de protección se refiera a una zona geográfica de un tercer país, además de los elementos previstos en el artículo 28 deberá aportar la prueba de que el nombre en cuestión está protegido en su país de origen.

2. La solicitud será enviada a la Comisión, bien directamente por el solicitante, bien por mediación de las autoridades de ese tercer país.

3. La solicitud de protección se presentará en una de las lenguas oficiales de la Comunidad o irá acompañada de una traducción certificada en una de esas lenguas.

Artículo 30

Solicitantes

1. Todo grupo de productores interesado o, en casos excepcionales, un solo productor podrá solicitar la protección de una denominación de origen o una indicación geográfica. En la solicitud podrán participar otras partes interesadas.

2. Los productores podrán presentar solicitudes de protección únicamente para los vinos que produzcan.

3. En el caso de un nombre que designe una zona geográfica transfronteriza o de un nombre tradicional vinculado a una zona geográfica transfronteriza, podrá presentarse una solicitud conjunta.

Sección 3

Procedimiento de concesión de la protección

Artículo 31

Procedimiento nacional preliminar

1. Las solicitudes de protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas de los vinos conformes con el artículo 27 originarios de la Comunidad deberán someterse a un procedimiento nacional preliminar con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.

2. La solicitud de protección se presentará en el Estado miembro de cuyo territorio se derive la denominación de origen o la indicación geográfica.

3. El Estado miembro examinará la solicitud de protección para comprobar si cumple las condiciones establecidas en el presente capítulo.

El Estado miembro incoará un procedimiento nacional que garantice una publicación adecuada de la solicitud y en el que se fije un plazo mínimo de dos meses desde la fecha de publicación, durante el cual cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en su territorio podrá impugnar la protección propuesta presentando una declaración debidamente motivada en el Estado miembro.

4. En caso de que el Estado miembro considere que la denominación de origen o la indicación geográfica no cumple los requisitos pertinentes, incluida la posibilidad de que sea incompatible con la normativa comunitaria en general, rechazará la solicitud.

5. En caso de que el Estado miembro considere que se cumplen los requisitos pertinentes, tomará una decisión favorable que contemple la concesión de protección nacional transitoria con efecto desde la fecha en que se presente una solicitud de protección a la Comisión de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7. El Estado miembro publicará el documento único y el pliego de condiciones del producto en Internet.

6. El Estado miembro se cerciorará de que las decisiones a que se refiere el apartado 5 se dan a conocer públicamente y de que toda persona física o jurídica del Estado miembro que ostente un interés legítimo dispone de vías de recurso.

7. Con respecto a las decisiones favorables a que se refiere el apartado 5, los Estados miembros interesados enviarán a la Comisión una solicitud de protección que comprenda lo siguiente:

a) el nombre, los apellidos y la dirección del solicitante;

b) el documento único mencionado en el artículo 28, apartado 1, letra d);

c) una declaración del Estado miembro en la que conste que la solicitud presentada por el interesado cumple las condiciones del presente Reglamento;

d) la referencia de la publicación a que se refiere el apartado 6.

Estos documentos se presentarán en una de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea o irán acompañados de una traducción certificada en una de esas lenguas.

8. La protección nacional transitoria mencionada en el apartado 5 concluirá en la fecha en que la Comisión tome una decisión con arreglo al artículo 34.

9. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo no más tarde del 1 de agosto de 2009.

Artículo 32

Supervisión de la Comisión

1. La Comisión hará pública la fecha de presentación de la solicitud de protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica.

2. La Comisión comprobará si las solicitudes de protección mencionadas en el artículo 31, apartado 7, cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo.

3. En caso de que la Comisión considere que se cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo, publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea el documento único mencionado en el artículo 28, apartado 1, letra d), y la referencia de la publicación del pliego de condiciones del producto a que se refiere el artículo 31, apartado 5.

En caso contrario, se decidirá rechazar la solicitud de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 104, apartado 1.

Artículo 33

Procedimiento de oposición

En el plazo de dos meses desde la fecha de publicación prevista en el artículo 32, apartado 3, párrafo primero, cualquier Estado miembro o tercer país, o cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en un Estado miembro distinto de aquel que solicita la protección o en un tercer país, podrá impugnar la protección propuesta presentando una declaración debidamente motivada a la Comisión.

En el caso de personas físicas o jurídicas establecidas o que residan en un tercer país, esa declaración se presentará, bien directamente o por mediación de las autoridades de ese tercer país, en el plazo de dos meses mencionado en el párrafo primero.

Artículo 34

Decisión con respecto a la protección

Sobre la base de la información que posea la Comisión, y con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 104, apartado 1, deberá decidirse bien proteger las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas que cumplan las condiciones establecidas en el presente capítulo y sean compatibles en general con la normativa comunitaria, bien rechazar las solicitudes cuando no se cumplan esas condiciones.

Sección 4

Situaciones específicas

Artículo 35

Homónimos

1. Un nombre que sea homónimo de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida podrá disfrutar de protección como denominación de origen o indicación geográfica siempre que se diferencie lo suficiente del nombre protegido como para garantizar que no se induce a error a los consumidores acerca del verdadero origen geográfico de los vinos en cuestión.

2. Salvo disposición en contrario de las normas de desarrollo de la Comisión, cuando una variedad de uva de vinificación contenga o consista en una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, el nombre de esa variedad de uva de vinificación no podrá utilizarse para el etiquetado de los productos regulados por el presente Reglamento.

Artículo 36

Argumentos para el rechazo de la protección

1. Las denominaciones que hayan pasado a ser genéricas no podrán protegerse como denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «denominación que ha pasado a ser genérica» la denominación de un vino que, si bien se refiere al lugar o la región en que este producto se elaboraba o comercializaba originalmente, se ha convertido en la denominación común de un vino en la Comunidad.

Para determinar si una denominación ha pasado a ser genérica, se deberán tener en cuenta todos los factores pertinentes y en especial:

a) la situación existente en la Comunidad, principalmente en las zonas de consumo;

b) las disposiciones legales nacionales o comunitarias pertinentes.

2. Una denominación no podrá protegerse como denominación de origen o indicació