A4-0396/96

Resolución relativa al informe del Consejo Europeo al Parlamento Europeo sobre los progresos de la Unión Europea en 1995 (de conformidad con el artículo D del Tratado de la Unión Europea) (C4-0409/96)

El Parlamento Europeo,

- Visto el artículo D del Tratado de la Unión Europea,

- Visto el informe del Consejo Europeo al Parlamento Europeo sobre los progresos de la Unión Europea en 1995 (C4-0409/96), y teniendo en cuenta las actividades del Consejo Europeo en 1996,

- Vista su Resolución de 18 de julio de 1996 sobre los progresos realizados en el desarrollo de la política exterior y de seguridad común (enero-diciembre 1995) ((DO C 261 de 9.9.1996, pág. 154)),

- Vista su Resolución de 17 de mayo de 1995 sobre el funcionamiento del Tratado de la Unión Europea en la perspectiva de la Conferencia Intergubernamental de 1996 - Realización y desarrollo de la Unión ((DO C 151 de 19.6.1995, pág. 56)),

- Vista su Resolución de 14 de diciembre de 1995 sobre el orden del día de la Conferencia Intergubernamental de 1996 con ocasión del Consejo Europeo de Madrid ((DO C 17 de 22.1.1996, pág. 149)),

- Vista su Resolución de 14 de diciembre de 1995 sobre los progresos realizados en 1995 en el desarrollo de la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior, conforme al Título VI del Tratado de la Unión Europea ((DO C 17 de 22.1.1996, pág. 179)),

- Visto el informe final del Grupo de Reflexión,

- Vista su Resolución de 13 de marzo de 1996 que contiene (i) el dictamen del Parlamento sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental y (ii) la evaluación de los trabajos del Grupo de Reflexión y la definición de las prioridades políticas del Parlamento Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental ((DO C 96 de 1.4.1996, pág. 77)),

- Vista su Resolución de 27 de marzo de 1996 sobre el informe del Consejo Europeo al Parlamento Europeo sobre los progresos de la Unión Europea en 1994 (de conformidad con el artículo D del Tratado de la Unión Europea) ((DO C 117 de 22.4.1996, pág. 16)),

- Vista su Resolución de 19 de junio de 1996 sobre el Consejo Europeo de Florencia y la Conferencia Intergubernamental ((DO C 198 de 8.7.1996, pág. 78)),

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales (A4-0396/96),

A. Considerando el hecho de que el reto principal del Tratado ha sido basar la Unión en el refuerzo de la legitimidad democrática de la que el Parlamento Europeo es la expresión más evidente, y de la legitimidad estatal, de la cual el Consejo Europeo constituye la más elevada expresión,

B. Considerando, pues, que el diálogo entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, consagrado en el artículo D del Tratado de la Unión Europea, constituye un elemento esencial de la nueva arquitectura europea,

C. Considerando que la puesta en práctica de esta arquitectura exige un refuerzo de la ciudadanía europea, así como de una auténtica subsidiariedad entre los Estados miembros y las instituciones europeas,

D. Considerando que la celebración en sesión plenaria de los debates sobre el estado de la Unión no debe servir de pretexto al Consejo Europeo para incumplir sus obligaciones formales con el Parlamento Europeo,

E. Considerando que el balance del funcionamiento del Tratado en materia de política social es bastante negativo y que la reactivación económica de Europa debe producirse en un marco socialmente integrado,

F. Considerando que las actuales dudas derivadas de la difícil situación económica y social agudizan los peligros del nacionalismo, por consiguiente, la intensificación de la integración europea es la única respuesta apropiada,

G. Considerando que la realización necesaria de la UEM parece acentuar las políticas monetaristas; por consiguiente; un gobierno democrático de la economía es cada vez más necesario,

1. Lamenta profundamente que el informe presentado por el Consejo Europeo se limite a enumerar de manera puramente formal los actos, legislativos o de otra índole, adoptados durante el período de referencia; considera que, de este modo, el Consejo Europeo está ignorando el mandato establecido en el tercer párrafo del artículo D del Tratado;

2. Recuerda que, con arreglo al Tratado, la misión del Consejo Europeo es la de dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo, así como definir sus orientaciones políticas generales; las funciones del Consejo Europeo son por consiguiente distintas de las del Consejo de la Unión;

3. Considera que la naturaleza del informe anual que el Consejo Europeo ha de presentar al Parlamento Europeo debe responder a las funciones así definidas; pide por ello al Consejo Europeo que en lo sucesivo incluya en su informe anual una valoración política de los avances realizados y de los problemas que hayan surgido;

4. Pide además que dicho informe se transmita al Parlamento Europeo antes del mes de marzo de cada año, y que se acompañe de una descripción de las medidas adoptadas para poner remedio a las carencias que haya señalado el Parlamento Europeo en su resolución relativa al informe del año precedente;

5. Considera que los ámbitos mencionados anteriormente merecen una evaluación específica, dado que la ausencia de las medidas necesarias para su funcionamiento perjudica la credibilidad de la Unión y de sus instituciones;

Unión Económica y Monetaria

6. Acoge con satisfacción las decisiones tomadas para la instauración de la moneda única por el Consejo Europeo; considera que dichas decisiones confirman la irreversibilidad del proceso de creación de la Unión Económica y Monetaria con arreglo a los criterios de convergencia, al calendario y a los procedimientos previstos en el Tratado; estima asimismo que es necesario reforzar los mecanismos que permitan una mayor cooperación en los ámbitos económico, social y fiscal;

Empleo

7. Reafirma su convencimiento de que constituirá un instrumento eficaz en la lucha conjunta contra el paro la inclusión en el Tratado de un capítulo sobre el empleo que establezca los objetivos, principios y procedimientos necesarios para garantizar que la Comunidad y los Estados miembros tengan debidamente en cuenta el empleo al aplicar todas sus políticas, y que cree un Comité para el empleo con un estatuto similar al del Comité monetario; reitera asimismo su convencimiento de que hay que rebasar la simple coordinación entre Estados miembros y atribuir a la Unión los medios necesarios para aplicar políticas comunes en este ámbito;

Mercado interior

8. Considera que el mercado interior sigue siendo una baza fundamental de la Unión y que hay que aprovecharlo al máximo mediante la supresión de los obstáculos subsistentes; el Consejo debe tomar por fin una decisión sobre el estatuto de la sociedad europea y el marco jurídico para las invenciones biotecnológicas;

9. Opina que las administraciones nacionales deben simplificar la vida de los empresarios mediante la eliminación de las trabas burocráticas y costosas que obstaculizan la creación de empleo;

10. Considera que la liberalización no debe llevarse a cabo en detrimento del acervo de nuestra sociedad y que el fomento de los servicios de interés general debe figurar como objetivo en el texto del Tratado;

11. Lamenta que se cuestione la comunidad de derecho que es y debe seguir siendo nuestra Unión y que los trabajos de las instituciones adolezcan de parálisis, práctica convertida en método de gobierno durante la crisis de la EEB;

Lucha contra el fraude y protección de los intereses financieros de la Comunidad

12. Considera que la eficacia de la lucha contra la utilización fraudulenta de los fondos comunitarios requiere la introducción en el Tratado de las normas necesarias para que la Unión pueda adoptar, mediante un procedimiento democrático, las medidas, sancionadoras o de cualquier otro tipo, que se impongan;

Transparencia

13. Considera que la transparencia del proceso de toma de decisiones y el acceso del público a la información que le concierne constituyen derechos esenciales de la democracia que deben quedar consagrados explícitamente en el nuevo Tratado; pide la publicidad de las votaciones en el Consejo y que éste celebre reuniones públicas cuando se pronuncie sobre la legislación;

Ciudadanía

14. Se congratula por la decisión adoptada en aplicación del artículo 8 C del Tratado CE sobre la protección de los ciudadanos de la Unión por parte de las autoridades diplomáticas y consulares, y recuerda que la noción de ciudadanía debe tener un contenido jurídico preciso y, por lo tanto, debe estar mejor definida;

15. Recuerda que, en virtud del artículo 8 A del Tratado CE, «todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y a residir libremente en el territorio de los Estados miembros», que las medidas de acompañamiento indispensables que debían haberse adoptado mediante el procedimiento intergubernamental previsto en el Título VI del Tratado UE siguen sin adoptarse, y que ni siquiera ha sido posible alcanzar el objetivo de la libre circulación de personas previsto en el Artículo 7 A del Tratado CE para la fecha del 1 de enero de 1993, lo que ha obligado al Parlamento a someter el asunto al Tribunal de Justicia;

16. Considera que es necesario establecer normas sobre las relaciones con terceros países, definir los derechos y deberes de los ciudadanos de terceros países que residan en la Unión, favorecer su integración y hacer frente al racismo, la xenofobia, la intolerancia y a cualquier tipo de discriminación basada en la religión, las creencias o el sexo;

Proceso legislativo y relaciones interinstitucionales

17. Considera que es necesario volver a definir el proceso de toma de decisiones, que se ha convertido en algo demasiado complejo e ineficaz, mediante la reducción de los procedimientos previstos actualmente en el Tratado a la codecisión, el dictamen conforme y la consulta;

18. Reitera la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de la codecisión a todos los actos legislativos para asegurar la democratización y simplificación del proceso legislativo europeo;

19. Opina que el balance del procedimiento de codecisión durante el año contemplado puede ser considerado positivo y alentador, lo que demuestra la vitalidad y las potencialidades de este procedimiento; no obstante, habría que mejorar y simplificar el procedimiento de codecisión sin modificar su carácter;

20. Señala que los problemas relacionados con la codecisión se refieren en la mayor parte de los casos al procedimiento de conciliación, y recuerda que la delegación del Parlamento se ha visto a menudo enfrentada a un Consejo incapaz de dialogar y unido por una «solidaridad» muy acusada cuando los intereses de un país o del propio Consejo estaban en juego;

21. Lamenta que el Consejo busque el consenso incluso en los casos en que podría votar por mayoría cualificada, actitud que complica considerablemente las negociaciones;

22. Lamenta profundamente que la presencia de los ministros en el Comité de conciliación sea irregular y que envíen en su nombre a los representantes permanentes;

Acción exterior

23. Señala que la Unión es el más importante donante en forma de ayuda multilateral al desarrollo y de ayuda humanitaria y que es la primera que envía fuerzas para las operaciones de mantenimiento de la paz, pero que, finalmente, su visibilidad es muy limitada en el contexto internacional debido a la insuficiencia de las competencias de la Unión para aplicar una verdadera política exterior y de seguridad común;

24. Considera que ha de reforzarse la identidad exterior de la Unión; que debe pronunciarse al unísono en las cuestiones económicas y dejar de tratar de manera diferente el comercio de mercancías y el comercio de servicios;

PESC

25. Considera que 1995 ha representado un retroceso en la aplicación de la PESC tanto más evidente cuanto que la actividad exterior de la Unión ha sido particularmente intensa; lamenta que las posiciones y las acciones comunes hayan sido incluso inferiores, en calidad y en cantidad, a las de 1994;

26. Constata que será necesario crear un centro de análisis capaz de evaluar los riesgos y las amenazas desde un punto de vista europeo;

27. Lamenta que haya sido imposible llegar a un acuerdo interinstitucional sobre la aplicación del artículo J.7 del Tratado UE y pide al Consejo que informe regularmente al Parlamento acerca de la evolución de la PESC y que le consulte con carácter preventivo sobre las posiciones y acciones comunes que tenga la intención de adoptar;

Justicia y asuntos de interior

28. Constata que la acción de la Unión en este ámbito sigue poniendo de manifiesto las carencias del régimen actual : falta de control democrático (el artículo K.6 del Tratado es sistemáticamente conculcado), inexistencia de control judicial y exigencia de unanimidad que dificulta la toma de decisiones;

29. Subraya que las decisiones que se adoptan en aplicación del Título VI del Tratado UE afectan directamente a los ciudadanos y que por tanto es imprescindible que todas ellas sean hechas públicas;

30. Lamenta que en el Convenio por el que se crea Europol, cuya adopción sufrió continuos retrasos, se haya admitido el principio del «opt-out» por lo que se refiere a la competencia del Tribunal de Justicia;

31. Se congratula por los esfuerzos realizados para la coordinación de la lucha contra el terrorismo (declaración de la Gomera y Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea) y considera que dichos esfuerzos deben continuar en el futuro; considera que se han de hacer esfuerzos suplementarios para coordinar la lucha contra el terrorismo;

Ampliación

32. Considera que la ampliación constituye una oportunidad extraordinaria para la unificación política de Europa, así como para el fortalecimiento de los principios rectores de la Unión: la libertad, la paz, la democracia, la protección de los derechos humanos y un desarrollo económico y social armónico; subraya no obstante que la Conferencia Intergubernamental debe dotar a la Unión de los instrumentos necesarios para que pueda llevarse a cabo dicha ampliación; considera además que los Estados candidatos a la adhesión deben tener presente que la Unión Europea no se limita al mercado único, sino que representa también un proceso de unidad política, económica y monetaria entre los Estados miembros;

Conferencia Intergubernamental

33. Lamenta por ello que el Consejo decidiera excluir al Parlamento Europeo, única institución comunitaria elegida directamente por los ciudadanos por sufragio universal y directo, del desarrollo de los trabajos de la CIG, siquiera para participar como mero observador, y ello a pesar de los esfuerzos desplegados por la Presidencia italiana;

34. Deplora la falta de voluntad mostrada hasta la fecha por los negociadores de la CIG, así como las continuas declaraciones de responsables gubernamentales que desestabilizan el desarrollo de la Conferencia;

35. Reitera que no podrá haber ampliación sin una vasta reforma institucional de la Unión y rechaza categóricamente todo intento de aplazar los verdaderos retos de la CIG a una reforma posterior;

36. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.