Iniciativa de la República Italiana con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo relativa a la organización de vuelos conjuntos de dos o más Estados miembros para la expulsión de nacionales de terceros países presentes ilegalmente en sus territorios

(2003/C 223/04)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra b) del punto 3 del artículo 63,

Vista la iniciativa de la República Italiana,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1) El Plan global para la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos en la Unión Europea(1), adoptado el 28 de febrero de 2002, establece que la política de readmisión y repatriación es parte integrante y crucial de la lucha contra la inmigración ilegal. Para ello, el Plan subraya la necesidad de destacar algunas acciones concretas, entre ellas el establecimiento de un enfoque común y la cooperación entre los Estados miembros de cara a la ejecución de las medidas de repatriación. Por consiguiente, deben adoptarse normas comunes para los procedimientos de repatriación.

(2) El Plan para la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea, aprobado por el Consejo el 13 de junio de 2002, dispone operaciones de repatriación racionales en el ámbito de las "medidas y acciones para una gestión integral de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea".

(3) El Programa de acción sobre la repatriación, aprobado por el Consejo de 28 de noviembre de 2002, entre las medidas y acciones para mejorar la cooperación operativa entre Estados miembros, recomienda reunir las capacidades de expulsión para repatriar del modo más eficaz posible a los nacionales de terceros países en situación ilegal en un Estado miembro.

(4) Los Estados miembros aplicarán la presente Decisión respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950; la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 10 de diciembre de 1984; la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, y el Protocolo de Nueva York, de 31 de enero de 1967; la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 18 de diciembre de 2000(2).

(5) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y, por lo tanto, ésta no le será vinculante ni aplicable. Habida cuenta de que la presente Decisión desarrolla el acervo de Schengen con arreglo a las disposiciones del Título IV de la Tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 del citado Protocolo, decidirá, en un plazo de seis meses a partir de la adopción de la presente Decisión por parte del Consejo, si la incorpora a su legislación nacional.

(6) En lo que respecta a la República de Islandia y el Reino de Noruega, la presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen conforme a lo dispuesto en el Acuerdo celebrado el 18 de mayo de 1999 entre el Consejo de la Unión Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen(3), que entran dentro del ámbito a que se refiere la letra c) del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo(4). Al término de los procedimientos que prevé dicho Acuerdo, los derechos y obligaciones derivados de la presente Decisión se aplicarán asimismo a ambos países y a sus relaciones con los Estados miembros de la Comunidad Europea destinatarios de la presente Decisión.

(7) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Decisión y, por lo tanto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, ésta no les será vinculante ni aplicable.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Objetivo

El objetivo de la presente Decisión es conseguir racionalizar, mediante la organización de vuelos conjuntos, las operaciones de expulsión de los nacionales de terceros países a los que se apliquen las correspondientes medidas adoptadas por dos o más Estados miembros.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Decisión se entenderá por:

a) "nacional de un tercer país": la persona que no posee la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, de la República de Islandia o del Reino de Noruega;

b) "autoridad nacional": la autoridad de cada Estado miembro encargada de la organización de vuelos para la expulsión de nacionales de terceros países a los que se apliquen medidas de expulsión;

c) "vuelo conjunto": las operaciones de transporte de los nacionales de terceros países a los que se apliquen las medidas de expulsión adoptadas por dos o más Estados miembros, realizadas por el transporte aéreo que se designe a tal fin;

d) "escolta": el personal de dos o más Estados miembros encargado de acompañar a bordo del vuelo conjunto a los nacionales de terceros países a los que se apliquen medidas de expulsión, incluidas las personas encargadas de la asistencia médica y los intérpretes.

Artículo 3

Designación de las autoridades nacionales

Cada Estado miembro designará, dentro de las administraciones nacionales competentes, una autoridad encargada de la organización de los vuelos conjuntos para los nacionales de terceros países a los que se apliquen las medidas de expulsión de su territorio.

Artículo 4

Organización de los vuelos conjuntos

Las autoridades nacionales adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los vuelos conjuntos se realicen con normalidad. En particular se encargarán de lo siguiente:

a) informar a los demás Estados miembros, con la debida anticipación, sobre la organización de vuelos conjuntos, indicando las plazas libres que haya en la aeronave utilizada;

b) comunicar a la autoridad nacional que ha organizado el vuelo su aceptación o negativa a participar en el vuelo conjunto;

c) si fuera necesario para organizar los vuelos conjuntos convocar, previo contacto con las demás autoridades nacionales, una reunión preparatoria con los representantes de los Estados miembros que participen;

d) establecer las modalidades de organización, los procedimientos a seguir y el número de nacionales de terceros países a los que se apliquen medidas de expulsión y de personal de escolta, incluido personal médico e intérpretes, que se ha de transportar en el vuelo conjunto;

e) buscar la aeronave que se vaya a utilizar para la expulsión conjunta de dichos nacionales de terceros países;

f) obtener de las autoridades competentes del tercer país de destino del vuelo la autorización necesaria para efectuar el vuelo conjunto;

g) determinar el coste de la repatriación con el transporte elegido, indicando las partidas correspondientes a alquiler de la aeronave, comida a bordo, posibles gastos accesorios ulteriores, y llegar directamente a un acuerdo sobre el reparto del coste entre los Estados miembros que participen en el vuelo conjunto;

h) designar al jefe de escolta del vuelo conjunto;

i) garantizar que el transporte aéreo elegido presente el plan de vuelo correspondiente y consiga previamente las autorizaciones necesarias de sobrevuelo, aterrizaje y, si fuera necesario, tránsito y garantice la asistencia a dichos nacionales de terceros países y al personal de escolta durante toda la operación de transporte.

Artículo 5

Elección del personal de escolta

1. Antes de la organización del vuelo, las autoridades nacionales dispondrán de la información siguiente:

- posibles antecedentes penales del nacional del tercer país, teniendo en cuenta, en particular, los tipos de delito que haya cometido;

- conducta del nacional del tercer país durante el período de detención en los centros previstos en las respectivas legislaciones nacionales antes de la expulsión o durante el período transcurrido en espera de la adopción de las medidas de expulsión (por ejemplo, agresividad, insubordinación a la autoridad o conducta violenta).

2. Una vez obtenida la información a que se refiere el apartado 1, las autoridades nacionales evaluarán el nivel de riesgo que puede presentar la operación de vuelo. En función de dicha evaluación, se determinará el número y la preparación del personal, recurriendo a personal especialmente preparado previamente.

En el caso de que los nacionales de terceros países puedan perturbar gravemente el vuelo, será preciso prever un servicio de escolta adecuado capaz de hacer frente a conductas violentas que puedan poner en peligro la seguridad del vuelo.

Artículo 6

Verificación del estado de aplicación

Los Estados miembros designarán a sus propios representantes para participar en los trabajos de un comité ad hoc cuya misión será verificar el estado de aplicación de la presente Decisión.

Artículo 7

Aplicación

La presente Decisión será aplicable a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 8

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en ...

Por el Consejo

El Presidente

...

(1) DO C 142 de 14.6.2002, p. 23.

(2) DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

(3) DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

(4) DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.