Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión sobre el trabajo no declarado»

(1999/C 101/09)

El 17 de abril de 1998, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la comunicación mencionada.

La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de enero de 1999 (ponente: Sr. Giron).

En su 360° Pleno de los días 27 y 28 de enero de 1999 (sesión del 27 de enero) el Comité Económico y Social ha aprobado por 119 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

El Comité acoge muy favorablemente la voluntad de la Comisión de entablar una reflexión sobre el trabajo no declarado, que permita a la Unión Europea elaborar una estrategia de lucha contra este fenómeno que afecta a todos los Estados miembros.

El Comité aprueba el planteamiento de la Comisión, que aborda el problema del trabajo no declarado desde el punto de vista del empleo. En efecto, es innegable que el trabajo no declarado constituye una carga para la financiación de los servicios públicos y de la protección social, que debilita el funcionamiento de otros sistemas sociales paritarios (fondos de formación, cajas de pensión y de vacaciones retribuidas, etc.) y que, globalmente, falsea la competencia. Por ello, la reducción de este fenómeno debe permitir, por una parte, integrar a los trabajadores no declarados en la economía formal y, por otra parte, reducir el peligro que supone para los empleos declarados existentes.

El Comité considera que este planteamiento se justifica tanto más cuanto que el trabajo no declarado afecta principalmente a las pequeñas empresas y al sector de la artesanía que, como destacaba la Comisión en su Comunicación de 26 de octubre de 1995, son las claves del crecimiento y el empleo en Europa.

El Comité toma nota de la invitación de la Comisión a una fuerte movilización del conjunto de los Estados miembros, de las instituciones comunitarias y de los interlocutores sociales, en aras de una mayor sensibilización a las causas y el alcance del trabajo no declarado, de la determinación de las mejores prácticas en materia de lucha y de la posibilidad de una acción coordinada a nivel de la Unión Europea.

El Comité también aprueba la orientación que consiste en prever la posibilidad de adoptar medidas diferentes según los Estados miembros, para adaptarse a las distintas situaciones.

2. Observaciones generales

2.1. Definición del trabajo no declarado

2.1.1. El Comité considera que la definición del «trabajo no declarado» como «cualquier actividad remunerada que es legal en cuanto a su naturaleza pero que no se declara a las autoridades públicas» es aceptable, habida cuenta de la necesidad de adoptar una definición común a todos los Estados miembros.

2.1.2. El Comité considera que esta definición debe aproximarse a la noción más común de trabajo negro, para evitar confusiones con el voluntariado y las actividades de solidaridad, por ejemplo, o con el trabajo realizado con miembros de la familia, sobre todo, en la economía doméstica.

2.1.3. Por el contrario, es evidente que el hecho, para el empresario y el trabajador, de no declarar una parte del trabajo realizado, constituye una forma de trabajo no declarado.

2.1.4. No obstante, el Comité desea subrayar que pueden existir otras formas de actividad remunerada, en principio legales pero que, por la forma en que se ejercen, dejan de serlo y, en consecuencia, no son declarables, por lo que requieren un tratamiento adecuado.

2.1.5. Habida cuenta de los debates celebrados en la OIT sobre el trabajo de los niños y del proyecto de convenio pendiente de aprobación para 1999, convendría que la Comisión prestara más atención a esta cuestión en el análisis propuesto sobre el trabajo no declarado ().

2.1.6. En cualquier caso, el Comité reitera su hostilidad frente a cualquier forma de explotación infantil y su apoyo a un marco estrictamente fijado por las legislaciones nacionales y las normas internacionales.

2.1.7. Por otra parte, el Comité desea plantear el problema de la subcontratación () que, en la práctica, si se utiliza de manera incorrecta, podría provocar un verdadero fenómeno de evasión fiscal y social y de trabajo en negro estructurado o independiente.

2.1.8. A este respecto, el Comité sugiere a la Comisión que entable una reflexión sobre este problema que hasta ahora nunca se ha tratado de forma específica.

2.2. Las características del trabajo no declarado

En primer lugar, el Comité celebra que la Comisión trate la cuestión del trabajo no declarado tanto a nivel de las empresas como de las personas. En efecto, conviene subrayar las dos facetas del trabajo no declarado: la persona (física o jurídica) que trabaja clandestinamente y la que la emplea (empresa o particular).

2.2.1. Motivos principales

2.2.1.1. El Comité comparte plenamente el análisis de la Comisión, que considera que el principal incentivo del trabajo no declarado es de origen económico.

2.2.1.2. Este enfoque permitirá, con toda probabilidad, determinar el peso de la fiscalidad y de las cotizaciones sociales sobre la mano de obra que recaen sobre los trabajadores y las empresas, sobre todo las más pequeñas, así como poner de relieve la carga fiscal asumida por los particulares, que son a menudo los «compradores» del trabajo no declarado.

A este respecto, el Comité ya ha reconocido la necesidad de invertir la tendencia de las estructuras impositivas a hacer recaer sobre el trabajo una carga cada vez mayor en comparación con otras bases de imposición ().

En este contexto, es evidente que, aunque hay que reconocer que se trata de un problema común a todo el mercado de trabajo ilegal, cuanto menores sean las diferencias financieras entre la realización de las prestaciones declaradas y las no declaradas, menos atractivo será el recurso al trabajo no declarado. Mientras tanto, una de las vías que debe explorarse con prioridad es la que, al menos, permita reducir las cargas fiscales y sociales que recaen sobre las empresas con fuerte proporción de mano de obra.

2.2.1.3. Aunque reconoce que una serie de factores históricos pudieron o pueden aún influir en el trabajo no declarado, el Comité considera que las causas del trabajo no declarado radican principalmente en:

- el peso de las cargas sociales y fiscales;

- las cargas reguladoras y administrativas;

- la incapacidad para adaptarse de la legislación laboral;

- la llegada de inmigrantes clandestinos.

2.2.1.4. El Comité recuerda que el trabajo no declarado se ejerce principalmente en sectores de actividades (artesanía, comercio, servicios, etc.) en los que existe una gran mayoría de pequeñas empresas, para las cuales el entorno fiscal, social, reglamentario y administrativo supone una carga desproporcionada, como lo destacaba el Libro Blanco del Presidente Delors ().

2.2.1.5. Como señala la Comisión, muchos otros factores pueden favorecer o facilitar el desarrollo del trabajo no declarado (aceptación cultural, baja competitividad, la falta de atractivo del servicio requerido).

No obstante, el Comité no comparte la opinión de la Comisión según la cual «la existencia de corporaciones profesionales también puede inducir al trabajo no declarado», () tanto más cuanto que, por lo general, se trata de organizaciones privadas y que la adhesión a las mismas no es en absoluto obligatoria para ejercer una actividad comercial.

2.2.1.6. El Comité considera asimismo que la Comisión no trata con suficiente atención la cuestión de la aparición sistemática del trabajo en negro y de las consecuencias que ello puede tener para sectores enteros de actividad. Por ejemplo, el sector de la construcción (edificios y obras públicas) tiene que enfrentarse periódicamente y a gran escala, al menos en algunos Estados miembros, con proveedores de trabajo ilegal, incluso a nivel transnacional.

2.2.2. ¿Quiénes son los trabajadores no declarados?

2.2.2.1. El Comité observa que la Comisión propone como campo de análisis la clasificación en cuatro grupos de trabajadores no declarados:

- las personas que acumulan varios empleos;

- las personas económicamente inactivas;

- los parados;

- los ciudadanos de terceros países.

2.2.2.2. Sin embargo, el Comité considera que sería necesario establecer asimismo una distinción entre las personas que deberían tener un estatuto de empleado y las que han decidido no declarar sus actividades.

Esta clasificación permitirá discernir mejor las respuestas más adecuadas.

2.2.3. ¿Cuáles son los sectores más afectados?

2.2.3.1. La Comisión señala que los sectores tradicionales, caracterizados por una producción que utiliza mucha mano de obra y circuitos económicos locales, constituyen uno de los grupos de actividad más afectados por el trabajo no declarado, sobre todo para la producción y actividades realizadas a domicilio en familia.

2.2.3.2. El Comité añade que habría que asociar a estas actividades tradicionales los servicios prestados a personas (cuidados, cuidado de niños, ayuda a los ancianos, etc.) que actualmente no constituyen un sector realmente estructurado en términos de oferta.

2.2.3.3. Por otra parte, el Comité considera que habrá que ser prudente con el teletrabajo, cuyas condiciones de ejercicio pueden facilitar la no declaración de actividades.

2.2.3.4. El Comité insta a que la Comisión defina más claramente los llamados sectores innovadores.

2.2.4. Inmigrantes clandestinos

El Comité considera que aunque el trabajo de los inmigrantes clandestinos debe tratarse en cada Estado miembro en el marco de la estrategia general de lucha contra la inmigración clandestina, éste forma parte integrante del trabajo no declarado.

En consecuencia, el Comité considera que esta cuestión debería tratarse también a nivel europeo, con el fin de examinar la posibilidad de una mayor convergencia en la materia.

2.3. Efectos del trabajo no declarado

2.3.1. Seguridad social e incidencia sobre la hacienda pública

El Comité destaca las implicaciones verdaderamente dañinas del trabajo no declarado sobre la hacienda pública, tanto en lo referente a las pérdidas fiscales como sociales.

El círculo vicioso que genera es inaceptable en la medida en que, en definitiva, recae sobre los trabajadores declarados y las empresas. Además, dado que el acceso a estos servicios o prestaciones es en la mayoría de los casos, público, resulta muy difícil excluir a los defraudadores.

2.3.2. Repercusiones sobre los particulares

2.3.2.1. El recurso al trabajo no declarado pone a las personas implicadas en una situación de precariedad social con respecto a los trabajadores declarados. No obstante, los efectos de esta precariedad respecto a la protección social o al trabajo pueden ser limitados, en función de los diferentes grupos de trabajadores no declarados establecidos por la Comisión.

2.3.2.2. Por otra parte, todo parece indicar que, en algunos casos, la situación individual de un trabajador no declarado no es muy diferente de la de un trabajador declarado en lo referente a la protección social. Además, los trabajadores no declarados «altamente cualificados» no parecen perjudicados por su situación, puesto que desempeñan estas actividades voluntariamente y se benefician con frecuencia de condiciones de trabajo más bien favorables.

2.3.2.3. Así pues, el Comité destaca que el trabajo no declarado puede representar una verdadera oportunidad financiera para una serie de personas, mientras que para otras, ya sean inmigrantes clandestinos o no, puede ser una necesidad «vital».

Ello explica que se den muchos casos de personas que acumulan dos empleos, declarando sólo uno de ellos.

2.3.2.4. Por otra parte, el Comité celebra que la Comisión haya tenido en cuenta la incidencia del trabajo no declarado sobre los consumidores que, en este contexto, no se benefician de las mismas protecciones y garantías en cuanto a la calidad de las prestaciones y servicios. No obstante, conviene señalar que el recurso al trabajo no declarado es por lo general el resultado de un cálculo, o incluso de una necesidad para el consumidor: ¿hubiera podido permitirse el bien o el servicio en cuestión en las condiciones normales del mercado? Esta pregunta replantea el problema del coste del trabajo.

2.3.2.5. Por último, el Comité desea destacar la gran injusticia que representa con respecto a los contribuyentes que pagan todas sus cargas fiscales y sociales.

2.3.3. Repercusiones sobre la competencia

2.3.3.1. El Comité comparte el análisis de la Comisión, que considera que a nivel internacional el trabajo no declarado desempeña un papel de relativa entidad. Efectivamente, resulta bastante difícil tener relaciones comerciales basadas en trabajos no declarados. Además, es probable que a nivel internacional los controles sean más fáciles que en el marco de intercambios locales. Así pues, el trabajo no declarado parece llevarse a cabo principalmente en los servicios de proximidad.

2.3.3.2. El Comité indica que las empresas que recurren al trabajo no declarado sólo lo hacen para una fracción de su actividad, que puede variar según los casos. Asimismo, conviene hacer hincapié en las personas solas o grupos de personas no declarados cuya actividad compite directamente con la de empresas registradas. En cualquier caso, el Comité señala la grave distorsión de competencia en términos de coste, en particular de los productos y servicios, que existe entre el suministro de un bien o de una prestación declarada o no declarada.

2.3.3.3. Aunque el Comité considera que es la hacienda pública la que se ve perjudicada por el trabajo no declarado, es preciso decir también que el trabajo no declarado puede significar una verdadero falseamiento de la competencia en detrimento de las empresas declaradas. Efectivamente, es patente que un gran número de empresas pierden mercados a medida que el trabajo no declarado se desarrolla, con lo que pueden verse amenazadas de desaparición.

2.4. Posibilidades de acción propuestas por la Comisión

La Comisión considera que, dependiendo de la forma de abordar el trabajo no declarado, pueden considerarse dos tipos de intervención: las medidas coercitivas y las preventivas.

2.4.1. Intervenciones coercitivas

Las acciones coercitivas van dirigidas a las personas o empresas que se aprovechan del sistema. Las medidas contempladas son las siguientes:

- garantizar un cumplimiento más estricto de las normas;

- favorecer los sistemas en donde los derechos a los beneficios de protección social están ligados a las contribuciones efectivamente aportadas;

- lanzar campañas de sensibilización.

2.4.2. Intervenciones preventivas

La prevención consiste en adaptar la legislación existente a las nuevas formas de trabajo. En este contexto, la Comisión enumera:

- la liberalización de los mercados de productos y servicios y la simplificación de los procedimientos para crear pequeños negocios;

- apoyo a la estructuración de los servicios en algunos sectores (cuidados, limpieza, etc.) y el reconocimiento de nuevos empleos y competencias;

- una mayor participación de los interlocutores sociales en la información, la aplicación y el control;

- adaptación de la legislación laboral inadecuada, de acuerdo con la evolución de nuevos tipos de trabajo;

- reforma del sistema de protección social para cubrir periodos de trabajo limitados, el trabajo irregular, a las personas que trabajan de forma intermitente, al trabajo asistencial, etc.;

- disminución de los impuestos sobre el trabajo, tanto para el empresario como para el trabajador;

- reducción de los tipos de IVA para los servicios que utilizan mucha mano de obra ().

2.4.3. La Comisión pone de relieve dos aspectos del trabajo no declarado que requieren dos formas de intervención correspondientes pero distintas:

- las personas que se aprovechan del sistema y ponen en peligro la solidaridad requieren una intervención orientada a la represión y campañas de sensibilización;

- la consecuencia de la mayor flexibilidad del mercado del trabajo y de la adaptación menos rápida de la legislación existente requiere, por una parte, una acción centrada en la prevención, mediante la adaptación de la legislación inadecuada para tener en cuenta las nuevas realidades del mercado del trabajo y, por otra parte, la reducción de las cargas y de los obstáculos.

2.4.4. El Comité considera que el enfoque de la Comisión puede ser fuente de contradicción:

2.4.4.1. En el apartado 4.1, la Comisión insta, por una parte, a «un mayor cumplimiento de las normas», mientras que, por otra parte, defiende un enfoque opuesto, es decir que afirma que la adaptación de la legislación laboral no responde a la evolución de las nuevas formas de trabajo.

2.4.4.2. ¿Puede la Comisión destacar y debilitar a la vez la necesidad de una legislación básica? ¿Cuáles son, por otra parte, los criterios que llevan a la Comisión a juzgar la legislación laboral existente inadecuada con respecto a las nuevas actividades o formas de actividades?

2.4.4.3. Además, cuando todos los Estados miembros han reforzado sus controles en los últimos años, ¿podemos conformarnos simplemente con medidas de represión hacia los que se aprovechan del sistema? ¿Podemos seguir considerándolos como los únicos responsables del trabajo no declarado?

2.4.5. El Comité no comparte la opinión de la Comisión según la cual las medidas de adaptación y de prevención se refieren exclusivamente a las nuevas actividades o formas de actividades.

¿No significaría eso dejar a un lado con demasiada rapidez el hecho de que, en la actualidad, deben preverse adaptaciones indispensables de forma general? De hecho, la Comisión no define en ningún momento lo que entiende por «nuevas actividades».

2.4.6. Por lo que se refiere al conjunto de las acciones propuestas en el capítulo 4, el Comité sugiere a la Comisión presentarlas de forma más estructurada, formulando con mayor claridad y precisión las diferentes intervenciones y el nivel en que deben preverse, incluida una intervención o acciones a nivel europeo.

2.4.6.1. En caso afirmativo, las competencias de la Comunidad Europea en la materia y su posible fundamento jurídico podrían ser, por ejemplo:

- artículo 100A (funcionamiento del mercado interior), con el fin de evitar un falseamiento de la competencia provocado por el trabajo no declarado;

- o los Artículos 118 y 118A (condiciones de trabajo, seguridad y salud de los trabajadores), con el fin de promover condiciones de trabajo adecuadas.

3. Observaciones específicas

En términos generales, el Comité valora positivamente el análisis que hace la Comisión del mercado de trabajo no declarado.

Pese a ello y como observación preliminar, el Comité considera que el trabajo no declarado es el resultado de una reglamentación inadecuada y del coste de la mano de obra. De hecho, el Comité ya ha destacado este punto en varias ocasiones en dictámenes anteriores.

En casi todos los casos, el trabajo no declarado se desarrolla por razones financieras impulsadas, bien por la demanda, bien por la oferta.

Por lo tanto, es importantísimo elaborar una estrategia que contribuya a la reducción de las ventajas financieras derivadas del recurso al trabajo no declarado.

También es importante reflexionar a la vez sobre la estructuración de los servicios prestados a personas, mediante el fomento del espíritu empresarial y la adaptación de determinadas reglamentaciones.

A este respecto, el Comité considera que sería más coherente contemplar la adopción de medidas preventivas antes que represivas. Efectivamente, el análisis que hace la Comisión del trabajo no declarado pone de manifiesto la necesidad de adaptar la legislación a la realidad económica y social. Sólo en una segunda etapa podrán desempeñar las medidas de represión un papel eficaz en la lucha contra el trabajo no declarado.

3.1. Medidas de prevención

3.1.1. Liberalización de los mercados de productos y servicios y simplificación de los procedimientos para crear pequeñas empresas

El Comité se ha pronunciado ya repetidamente en favor del espíritu empresarial y de la inversión en PYME y microempresas creadoras de empleos, y celebra la adopción del «programa de acción especial Amsterdam» por el Banco Europeo de Inversiones.

Por tanto, aunque el Comité es favorable a la simplificación de los procedimientos de creación de pequeñas empresas, también considera necesario mejorar el conjunto del entorno jurídico y administrativo de las pequeñas empresas en el espíritu del Libro Blanco.

Por otra parte, el Comité también ha propuesto programas de formación específicos destinados a ayudar a las PYME y a las microempresas a comprender mejor y adaptarse a las directivas comunitarias que les atañen.

3.1.2. Apoyo a la estructuración de los servicios para algunos sectores (cuidados, limpieza, etc.) y reconocimiento de nuevos empleos y competencias

El Comité ya ha manifestado su apoyo a la propuesta destinada a estructurar mejor los sectores creadores de empleos, que con frecuencia siguen siendo informales, como por ejemplo los cuidados, la ayuda o atención a domicilio o las actividades culturales.

En efecto, resulta indispensable impedir que se desarrolle una economía paralela y un «mercado sumergido» de trabajo.

3.1.3. Una mayor participación de los interlocutores sociales en la información, la aplicación y el control

El Comité considera que debe reforzarse la participación de todos los interlocutores sociales representativos en las acciones de información y prevención del trabajo no declarado.

En cambio, el Comité se pregunta si cabe justificar siempre una acción de los interlocutores sociales representativos en materia de control. Sin embargo, los interlocutores sociales pueden contribuir a desenmascarar formas de trabajo no declarado y ayudar, a través de la colaboración con las autoridades competentes, a que se respeten las normas legales y el convenio colectivo. Asimismo, pueden asumir sus propias responsabilidades, por ejemplo, mediante la creación de órganos de arbitraje y de disciplina interna o el desarrollo de nuevos procedimientos preventivos o de mecanismos de control con los poderes públicos.

Así pues, como ya se ha señalado más arriba, la Comisión podría ser más precisa en lo que se refiere a las acciones de aplicación y de control propugnadas a nivel sectorial, local y europeo. También debería tener en cuenta el papel de otros actores y agentes socioeconómicos en las acciones que deben promoverse.

3.1.4. Adaptación de la legislación laboral inadecuada, de acuerdo con la evolución de nuevos tipos de trabajo

El Comité desearía que la Comisión se expresara de forma más prudente, o más precisa, sobre el concepto de legislación laboral inadecuada.

¿Por qué es mayor la inadecuación de la legislación laboral con respecto a las nuevas formas de trabajo que a las actividades tradicionales? ¿Debe plantearse esta cuestión exclusivamente para las nuevas formas de trabajo?

En este contexto, la Comisión podría incitar aún más a los interlocutores sociales a entablar una reflexión en los Estados miembros sobre la evolución de la legislación laboral, en particular, en relación con las pequeñas empresas.

Tal como se afirma en la Comunicación de la Comisión, el trabajo no declarado afecta principalmente a las empresas de pequeña dimensión, por lo que la reflexión debe situarse en ese nivel. Actualmente, es evidente que muchas empresas de pequeña dimensión tienen miedo a contratar.

De forma más general, conviene preguntarse si el entorno jurídico, fiscal, administrativo y reglamentario está adaptado a la realidad de las pequeñas empresas.

3.1.5. Reforma del sistema de protección social para cubrir periodos de trabajo limitados, el trabajo irregular, a las personas que trabajan de forma intermitente, al trabajo asistencial, etc.

En el Libro Blanco del Presidente Delors ya se mencionaba la conveniencia de una mejor integración de los sistemas de protección social en el trabajo irregular de corta duración. El Libro Blanco propugnaba, en particular, «una reestructuración de los sistemas nacionales de complemento de ingresos, de manera que se puedan completar los ingresos del trabajo con ingresos de la seguridad social desarrollando sistemas integrados de imposición y de complemento de ingresos» (). La declaración en la cumbre de Dublín sobre el empleo también proponía a los Estados miembros el desarrollo de sistemas de protección social susceptibles de adaptación a los nuevos modelos de trabajo y de proporcionar una protección social adecuada a las personas que desempeñan ese tipo de trabajo.

El Comité Económico y Social también se ha pronunciado en la materia. Ha propuesto, en particular, la promoción y el reconocimiento de empleos declarados sobre la base de una cooperación pública y privada en los sectores sanitario, de transporte, energía y medio ambiente, apoyados por mecanismos de ayuda de carácter no salarial y asistencia complementaria, mediante la participación de los interlocutores sociales, de la economía social, de ONG cualificadas y de los entes territoriales ().

No obstante, esta orientación no puede conducir a competir con el sector comercial. Lo mismo sucede con la actividad de las empresas de inserción y de otras asociaciones intermediarias.

3.1.6. Disminución de los impuestos sobre el trabajo, tanto para el empresario como para el trabajador

El Comité considera que esta propuesta responde en gran medida a las causas principales del trabajo no declarado.

De hecho, el Libro Blanco ha propuesto reducir o suprimir las cotizaciones patronales de seguridad social para la mano de obra menos cualificada y con bajo sueldo. El coste de estas medidas se compensaría, por ejemplo, con impuestos ecológicos, impuestos sobre consumos específicos, como productos perjudiciales para la salud, e impuestos destinados a atraer las inversiones productivas ().

Los dictámenes del Comité de noviembre de 1996 sobre «El futuro de la protección social» () y de 9 de julio de 1997 sobre «la fiscalidad en la Unión Europea» () eran favorables a este tipo de fuentes financieras alternativas.

El Comité destaca también otra posibilidad, consistente en examinar hasta qué punto es conveniente modificar la base de las cotizaciones de seguridad social.

Naturalmente, esta orientación no debe llevar aparejada la sustitución de empleos estables por empleos precarios, ni debilitar los derechos de los beneficiarios de la seguridad social ().

3.1.7. Reducción de los tipos de IVA para los servicios que utilizan mucha mano de obra

El Comité ya se ha pronunciado en varias ocasiones en favor de la reducción de los tipos de IVA para los productos, actividades y servicios que utilizan mucha mano de obra y que pueden ofrecer perspectivas en términos de creación de empleo.

El Comité reitera su apoyo a este planteamiento, cuya finalidad consiste en crear empleo y hacer que el trabajo no declarado sea económicamente menos atractivo.

Por otro lado, en las conclusiones de la Cumbre de Viena de 12 de diciembre de 1998 se señala que «se ha invitado además a la Comisión a que permita, a los Estados miembros que lo deseen, probar tipos reducidos del IVA en servicios con gran intensidad de mano de obra que no estén expuestos a la competencia transfronteriza ().»

3.2. Medidas de represión

3.2.1. Garantizar un mayor cumplimiento de las normas

El Comité considera que, indudablemente, es importante proseguir y reforzar los controles, sobre todo a través de los servicios de aduanas.

En efecto, incumbe al Comité defender los valores esenciales de la sociedad mencionados por la Comisión. La cuestión que se plantea es la de saber en qué nivel debe garantizarse el cumplimiento de las citadas normas y cuál debe ser el papel de la Unión Europea.

Aunque es fundamental incitar a las personas y a las empresas a erradicar el trabajo no declarado, igualmente importante es mantener o reforzar las sanciones. De hecho, estas medidas deben aplicarse tanto a la persona que ofrece trabajo no declarado como a la que lo solicita o acepta.

El trabajo no declarado no sólo falsea la competencia sino que también tiene repercusiones en el mercado de trabajo legal, así como en la situación de las empresas y de los trabajadores honrados. Los representantes de las empresas y de los trabajadores tratan de erradicar el trabajo no declarado, por una parte, elaborando códigos de conducta y, por otra, defendiendo la imposición de sanciones más fuertes.

Los acuerdos se integran en el marco de referencia de los convenios de la OIT. En lo referente a las sanciones, el Comité considera que podrían excluirse las empresas que no cumplan las obligaciones sociales relativas a las ofertas de contratación pública y adoptarse medidas en materia de responsabilidad social (en toda la cadena de producción).

No obstante, el Comité desea poner en guardia a la Comisión sobre un posible exceso de rigor administrativo que sería perjudicial. A este respecto, se observa con demasiada frecuencia que se dedican muchos medios al control de las empresas declaradas mientras que las actividades no declaradas no son objeto de verdaderas investigaciones.

3.2.2. Favorecer los sistemas en que los derechos a los beneficios de protección social están ligados a las contribuciones efectivamente aportadas

El Comité está de acuerdo en considerar esencial el vínculo entre cotizaciones y prestaciones, incluso parcial.

No obstante, ¿se puede volver a un sistema de este tipo en los países en que ya existe una cobertura social universal?

Por otra parte, el Comité señala que el trabajo no declarado puede concernir a personas que, en ocasiones, están ya cubiertas: desempeñan varios empleos o perciben el subsidio de paro o han percibido una indemnización.

Por último, es necesario proceder a un mejor análisis del problema de los trabajadores inactivos y económicamente excluidos de la sociedad.

3.2.3. Lanzar campañas de sensibilización

El Comité podría apoyar esta propuesta, a nivel político, a través de las «fuerzas vivas» representadas en su seno. Por cierto, la Comisión debería prever un papel específico para los interlocutores sociales y demás agentes económicos en la promoción de campañas coordinadas. La Comisión también podría apoyar o cofinanciar tales campañas, e introducir el concepto de sensibilización y prevención del trabajo no declarado como procedimiento de «comparación de resultados» (benchmarking) en las «directrices» para el empleo. ¿Por qué no menciona este punto en su reciente Comunicación en la materia ()?

Bruselas, el 27 de enero de 1999.

La Presidenta

del Comité Económico y Social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

() DO C 284 de 14.9.1998.

() DO C 126 de 23.5.1989; DO C 159 de 17.6.1991; DO C 49 de 24.2.1992; DO C 133 de 31.5.1995; DO C 157 de 25.5.1998.

() DO C 73 de 9.3.1998, punto 2.2.5.1.

() Libro Blanco «Crecimiento, competitividad, empleo - Retos y pistas para entrar en el siglo XXI», COM(93) 700 final, punto 8.8, letra d), cuarto párrafo.

() COM(1998) 219 final, punto 2.2, 2° guión, p. 6.

() Como ha sido ya propuesto por el Sr. Monti, miembro de la Comisión.

() Libro Blanco «Crecimiento, competitividad, empleo - Retos y pistas para entrar en el siglo XXI», COM(93) 700 final, punto 8.8, la letra c), tercer párrafo.

() DO C 73 de 9.3.1998, p. 85, punto 2.2.2.

() Libro Blanco, op. cit., puntos 9.4 y 9.5.

() DO C 66 de 3.3.1997, p. 58, punto 5.

() DO C 296 de 29.9.1997, p. 37, punto 2.2.3, cuarto párrafo.

() DO C 73 de 9.3.1998, p. 85, op. cit., punto 2.2.5.

() Conclusiones de la Presidencia SN 300/98, punto 35.

() Comunicación de la Comisión «De las directrices a la acción: los planes nacionales de acción para el empleo».