DECLARACIÓN DE FIABILIDAD PRESENTADA POR EL TRIBUNAL AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO — INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

(2018/C 348/02)

Opinión

I. El Tribunal ha fiscalizado: a) las cuentas consolidadas de la Unión Europea, que comprenden los estados financieros consolidados (1) y los informes de ejecución presupuestaria (2) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2017, aprobados por la Comisión el 27 de junio de 2018; b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Fiabilidad de las cuentas

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas II. En opinión del Tribunal, las cuentas consolidadas de la Unión Europea del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Unión a 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en sus activos netos del ejercicio finalizado a dicha fecha, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Financiero y las normas contables para el sector público internacionalmente aceptadas.

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas

Ingresos

Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas III. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2017 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

Pagos

Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas IV. En opinión del Tribunal, salvo los efectos de la cuestión descrita en el párrafo de fundamento de una opinión con reservas sobre la legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos.

Fundamento de la opinión

V. El Tribunal ha realizado la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales INTOSAI de las entidades fiscalizadoras superiores. En la sección «Responsabilidades del auditor» del presente informe se describen con más detalle las responsabilidades del Tribunal con arreglo a dichas normas. Según establece el Código de Ética para Contables Profesionales promulgado por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contables (Código IESBA), y a los requisitos éticos pertinentes para su fiscalización, el Tribunal es independiente y ha cumplido sus restantes obligaciones éticas de conformidad con estos requisitos y con el Código IESBA. El Tribunal ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada en apoyo de la opinión que se expone a continuación. Fundamento de la opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas VI. Los gastos registrados en 2017 que abarcan gastos sujetos a reembolso ( 3 ) están significativamente afectados por errores. El Tribunal estima que el porcentaje de error en los pagos correspondientes a reembolsos es del 3,7 %. El nivel global de error estimado (2,4 %) sigue siendo superior al umbral de materialidad, pero no está generalizado. Los pagos basados en derechos no están afectados por un nivel material de error ( 4 )

Cuestiones clave de auditoría

VII. Las cuestiones clave de auditoría son aquellas que, según el criterio profesional del Tribunal, revistieron mayor importancia en la auditoría de las cuentas consolidadas de la Unión Europea del período corriente. Si bien examinó estas cuestiones al fiscalizar y formarse una opinión sobre los estados financieros en su conjunto, el Tribunal no emite una opinión específica sobre ellas. Evaluación del tratamiento contable de la garantía de las carteras de capital del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) VIII. En 2015 ( 5 ) se lanzó el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que fue creado como iniciativa conjunta de la UE y el Grupo BEI para fomentar las inversiones en la Unión mediante el incremento de la capacidad de absorción de riesgos del Grupo BEI. En el marco de esta iniciativa, el presupuesto de la UE proporcionará una garantía de hasta 16 000 ( 6 ) millones de euros para cubrir las posibles pérdidas derivadas de las operaciones del FEIE en el «Marco para infraestructura e innovación» y el «Marco para las pymes» ( 7 ) IX. El Tribunal examinó este ámbito en ejercicios anteriores porque la creación del FEIE había suscitado una serie de complejas cuestiones contables derivadas de los acuerdos entre la UE y el BEI. En noviembre de 2017, el contable de la Comisión consultó al Grupo de expertos asesores sobre el correcto tratamiento contable de las operaciones de capitales del marco para las pymes garantizadas por la UE. Conforme al asesoramiento recibido, y aplicando su criterio profesional, el contable de la Comisión decidió que la Comisión ni ejerce control sobre el FEIE ni comparte dicho control con el BEI ( 8 ) . Para las cuentas anuales consolidadas de la UE de 2017, esto implica que la garantía de la UE concedida al Grupo BEI se trata: a) como un pasivo por garantía financiera para la cartera de deuda del marco para infraestructura e innovación; b) como una provisión financiera para la cartera de deuda del marco para las pymes; c) como un derivado (un activo financiero o un pasivo financiero al valor razonable en superávit o déficit) para ambas carteras de capital. X. El Tribunal ha evaluado el tratamiento contable de la garantía de las carteras de capital del FEIE, y considera que no afecta a la imagen fiel reflejada en las cuentas anuales consolidadas de la UE de 2017. El Tribunal evaluó el pasivo por pensiones y otras prestaciones a empleados XI. En el balance de la UE figura un pasivo por pensiones y otras prestaciones a empleados por un importe de 73 100 millones de euros al final de 2017. Se trata de uno de los principales elementos del pasivo del balance, que representa casi un tercio del pasivo total de 2017, de 236 500 millones de euros. XII. La mayor parte de este pasivo por pensiones y otras prestaciones a empleados (64 000 millones de euros) corresponde al régimen de pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea. Este pasivo por pensiones cubre las «prestaciones definidas» garantizadas por el artículo 83 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas («Estatuto») y el artículo 4, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea («TUE»). El pasivo registrado en las cuentas refleja el importe que se habría incluido en un fondo de pensiones de haberse creado uno para pagar las actuales obligaciones en materia de pensiones de jubilación ( 9 ) . Además de las pensiones de jubilación, cubre las pensiones de invalidez y las pensiones a los viudos y huérfanos del personal de la UE. Con arreglo al artículo 83 del Estatuto de los funcionarios, el pago de las prestaciones previstas en el sistema de pensiones se hará con cargo al presupuesto de la Unión, los Estados miembros garantizan conjuntamente el pago de las prestaciones, y los funcionarios contribuyen con una tercera parte del coste de financiación del régimen de pensiones. XIII. El régimen de pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea es un régimen obligatorio de pensiones para funcionarios de la UE, en virtud del cual las contribuciones del personal y de las instituciones y organismos a las que prestan sus servicios se utilizan para financiar las futuras pensiones. Está concebido para mantener el equilibrio actuarial por defecto mediante la adaptación del porcentaje de la contribución al régimen y la edad de jubilación. El número y la variedad de parámetros empleados para calcular una previsión a largo plazo del gasto en pensiones subraya el carácter actuarial de este cálculo, que es realizado por Eurostat anualmente. XIV. En su auditoría anual, el Tribunal evaluó las hipótesis actuariales y la valoración resultante de los compromisos para el régimen de pensiones, y examinó los datos cuantitativos, los parámetros actuariales, y el cálculo del pasivo, así como la presentación efectuada en el balance consolidado y en las notas de los estados financieros consolidados. Como se indica en la nota 2.9 a los estados financieros consolidados, la Comisión continúa trabajando en el refuerzo de sus procedimientos para calcular el pasivo por prestaciones a empleados, y el Tribunal los examinará de forma periódica. El Tribunal evaluó el aumento de los gastos devengados presentados en las cuentas XV. Al final del ejercicio 2017, el valor estimado de los gastos admisibles contraídos adeudados a los beneficiarios pero aún no declarados ascendían a 101 000 millones de euros (106 000 millones de euros al final del ejercicio 2016) y se registraron como gastos devengados ( 10 ) XVI. El Tribunal examinó las metodologías y los sistemas de control aplicados para las estimaciones de final del ejercicio en las principales direcciones generales, extrajo muestras de facturas y prefinanciaciones, y trabajó con estos elementos para valorar el riesgo de inexactitudes en el devengo. Asimismo, solicitó explicaciones adicionales a los servicios contables de la Comisión sobre la metodología general. XVI. El Tribunal ha llegado a la conclusión de que el importe global de los gastos devengados presentado en los estados financieros definitivos consolidados es correcto. El Tribunal evaluó el impacto potencial de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en las cuentas de 2017 XVII. El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea (UE). El 22 de mayo de 2017 comenzaron las negociaciones del acuerdo de retirada entre la UE y el Reino Unido. XIX. La quinta parte (Disposiciones financieras) del proyecto de acuerdo de retirada de 19 de marzo de 2018 sobre la liquidación financiera establece que el Reino Unido pagará todas sus obligaciones, contraídas tanto en el anterior marco financiero plurianual como en el actual, como si todavía fuera un Estado miembro. XX. Sobre esta base, el Tribunal llega a la conclusión de que las cuentas al 31 de diciembre de 2017 reflejan correctamente el proceso de retirada.

Otras cuestiones

XXI. La dirección se encargada de facilitar «otra información», término que abarca el Debate y análisis de los estados financieros, pero no las cuentas consolidadas o el informe del Tribunal sobre estas. La opinión del Tribunal sobre las cuentas consolidadas no abarca esta otra información, ni formula ninguna conclusión de garantía sobre la misma. En relación con su fiscalización de las cuentas consolidadas, el Tribunal tiene la responsabilidad de leer la otra información y, a partir de dicha lectura, valorar si esta es esencialmente incompatible con las cuentas consolidadas o con las conclusiones extraídas de su fiscalización, o si parece presentar alguna inexactitud significativa. Si el Tribunal llega a la conclusión de la existencia de una inexactitud significativa en esta información, es su obligación notificarlo en consecuencia. El Tribunal no tiene nada que notificar en este sentido.

Responsabilidades de la dirección

XXII. De conformidad con los artículos 310 a 325 del TFUE y con el Reglamento Financiero, la dirección es responsable de la preparación y presentación de las cuentas anuales de la UE con arreglo a las normas de contabilidad internacionalmente aceptadas para el sector público, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. Esta responsabilidad consiste en crear, aplicar y mantener un sistema de control interno apropiado para la preparación y presentación de unos estados financieros libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. La dirección también es la responsable de garantizar que las actividades, las operaciones financieras y la información reflejada en los estados financieros se ajustan a las normas por las que se rigen. La Comisión es responsable en última instancia de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de la UE (artículo 317 del TFUE). XXIII. Al preparar las cuentas consolidadas, la dirección debe evaluar la capacidad de la UE para continuar como empresa en funcionamiento, lo que incluye presentar cualquier cuestión pertinente y aplicar el principio contable de empresa en funcionamiento, a menos que pretenda liquidar la entidad o cesar su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. XXIV. La Comisión supervisa el proceso de elaboración de informes financieros de la UE. XXV. De conformidad con el Reglamento Financiero (Título IX), el contable de la Comisión deberá presentar para su auditoría las cuentas consolidadas de la UE, en primer lugar como cuentas provisionales el 31 de marzo del año siguiente a más tardar, y como cuentas finales el 31 de julio a más tardar. Las cuentas provisionales de la Unión Europea ya deberían reflejar fielmente la situación financiera. Por ello, es imperativo que todos los elementos de las cuentas provisionales se presenten como cálculos finales que permitan al Tribunal realizar su tarea de conformidad con el título X del Reglamento Financiero y en los plazos fijados. Las modificaciones entre las cuentas provisionales y finales normalmente solo deberían resultar de las observaciones del Tribunal.

Responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y las operaciones subyacentes

XXVI. Los objetivos del Tribunal son, por un lado, obtener garantías razonables de que las cuentas consolidadas de la UE estén exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares y, por otro, proporcionar al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la base de la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. Aunque las garantías razonables ofrecen un elevado nivel de fiabilidad, esto no significa que la auditoría haya detectado necesariamente todos los casos de incorrecciones materiales o de incumplimiento que hayan podido producirse. Las incorrecciones pueden ser consecuencia de fraude o error, y reciben la consideración de materiales cuando, ya sea de forma individual o conjunta, puedan influir las decisiones económicas de los usuarios, fundadas en estas cuentas consolidadas. XXVII. En el ámbito de los ingresos, la fiscalización que el Tribunal realiza de los recursos propios basados en el impuesto sobre el valor añadido y en la renta nacional bruta toma como punto de partida los agregados macroeconómicos pertinentes sobre los que se calculan dichos recursos propios, y prosigue con la evaluación de los sistemas establecidos por la Comisión para procesar los datos hasta la recepción de las contribuciones de los Estados miembros y su inclusión en las cuentas consolidadas. En cuanto a los recursos propios tradicionales, el Tribunal examina las cuentas de las autoridades aduaneras y analiza el flujo de derechos hasta el momento en que los importes son contabilizados en las cuentas y recibidos por la Comisión. XXVIII. En el caso de los gastos, el Tribunal examina las operaciones de pagos cuando los gastos se han efectuado, registrado y aceptado. El examen abarca todas las categorías de pagos (incluidos los de adquisición de activos), con exclusión de los anticipos, en el momento en que se efectúan. Los pagos de anticipos se examinan cuando el receptor de los fondos justifica su utilización adecuada y la institución u organismo acepta dicha justificación liquidando el pago del anticipo, lo cual puede producirse en un ejercicio posterior. XXIX. Como parte de una auditoría llevada a cabo de conformidad con las NIA y a las ISSAI, el Tribunal aplica su juicio profesional y mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Además: a) Identifica y valora los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en las cuentas consolidadas, o de que las operaciones subyacentes incumplan de manera significativa los requisitos de la normativa de la UE, ya sea por fraude o por error. Diseña y aplica procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos, y obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y apropiada para expresar su opinión. Los casos de incorrecciones materiales o de incumplimientos debidos a fraude son más difíciles de detectar que los que se deben a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión deliberada, manifestaciones intencionadamente erróneas o elusión de los procedimientos de control interno. Por tanto, hay un mayor riesgo de que no se detecten estos casos. b) Adquiere un conocimiento suficiente de los controles internos pertinentes para la fiscalización con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias, pero no de expresar una opinión sobre la eficacia de los controles internos. c) Evalúa la idoneidad de las políticas contables utilizadas por la dirección y el carácter razonable de las estimaciones contables y revelaciones de información relacionada efectuadas por la dirección. d) Llega a conclusiones sobre si es apropiado que la dirección utilice la hipótesis de empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, sobre la existencia o no de una incertidumbre significativa relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si llega a la conclusión de que existe incertidumbre significativa, el Tribunal debe llamar la atención en su informe de fiscalización sobre los correspondientes datos presentados en las cuentas consolidadas o, si dichos datos presentados no son adecuados, modificar su opinión. Las conclusiones del Tribunal se basan en evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de su informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden dar lugar a que una entidad cese en su funcionamiento. e) Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas consolidadas representan las operaciones y eventos subyacentes de manera fiel. f) Obtiene pruebas de auditoría suficientes y apropiadas sobre la información financiera de las entidades incluidas en el ámbito de la consolidación de la Unión Europea para formular una opinión sobre las cuentas consolidadas y las operaciones subyacentes. El Tribunal se encarga de dirigir, supervisar y llevar a cabo la fiscalización, y es el único responsable de su opinión de auditoría. XXX. El Tribunal comunica a la dirección, entre otras cosas, el alcance y el momento previstos de realización de la auditoría y las constataciones significativas, así como cualquier deficiencia significativa del control interno. XXXI. El Tribunal determina cuáles de las cuestiones debatidas con la Comisión y otras entidades auditadas revistieron mayor importancia en la auditoría de las cuentas consolidadas y por tanto constituyen las cuestiones clave de auditoría del período actual. El Tribunal describe estas cuestiones en su informe excepto cuando las disposiciones legales o reglamentarias prohíben revelar públicamente la cuestión o cuando, en circunstancias muy excepcionales, determine que la cuestión no se debería comunicar en su informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo sobrepasarían los beneficios en el interés público que dicha comunicación tendría.

12 de julio de 2018 Klaus-Heiner LEHNE Presidente Tribunal de Cuentas Europeo 12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxemburgo, LUXEMBURGO

(1) Los estados financieros consolidados comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las políticas contables significativas, además de otras notas explicativas (como la información financiera por segmentos).

(2) Los estados de la ejecución presupuestaria incluyen asimismo las notas explicativas.

(3) Ascendieron a 46 700 millones de euros. Para más información, véase el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a 2017, apartados 1.19 a 1.21.

(4) Ascendieron a 53 500 millones de euros. Para más información, véase el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a 2017, apartado 1.18.

(5) Reglamento (UE) n.o 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1291/2013 y (UE) n.o 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1) («Reglamento FEIE»).

(6) La garantía se aumentó hasta 26 000 millones de euros, de conformidad con el Reglamento FEIE de diciembre de 2017 [Reglamento (UE) n.o 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) n.o 2015/1017 (DO L 345 de 27.12.2017, p. 34)], y Acuerdo del FEIE modificado en marzo de 2018.

(7) Véase el Informe Anual relativo al ejercicio 2015, apartados 1.12 a 1.16.

(8) Podría considerarse, a juzgar por la estructura de gobernanza del mecanismo del FEIE y por la utilización y la asignación de la garantía de la UE, que este es objeto de un control conjunto. No obstante, según la Comisión, no se necesita un consentimiento unánime para la adopción de decisiones sobre las actividades más relevantes relativas a los productos de capital dentro del marco para las pymes o a la iniciativa FEIE en su conjunto, por lo que el contable de la Comisión concluyó que no puede existir un control conjunto.

(9) Véase la Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) n.o 25 — Prestaciones a los empleados. Para el régimen de pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea, la obligación de prestaciones definidas refleja el valor presente de los de los pagos futuros esperados que la UE deberá realizar para cumplir con las obligaciones derivadas de los servicios prestados por los empleados en el ejercicio corriente y en los anteriores.

(10) Esta cantidad se compone de 64 000 millones de euros de gastos devengados en el pasivo del balance, y de 37 000 millones de euros que reducen el valor de la prefinanciación en el activo.