Aunque algunas de estas iniciativas sí recogen disposiciones que atañen a la prestación de servicios públicos (por ejemplo, las normas de la Ley de Gobernanza de Datos sobre reutilización de datos protegidos de titularidad pública), no establecen un marco global en materia de interoperabilidad de las redes y sistemas de información utilizados para prestar o gestionar servicios públicos en la Unión. Los Estados miembros y las instituciones, agencias y organismos de la UE, como proveedores de redes y sistemas de información para servicios públicos, acordarán soluciones de interoperabilidad a través de un órgano de gobernanza específico (el «Comité de la Europa Interoperable»). En particular, el consenso acelerará y facilitará la ejecución de otras políticas digitales, garantizando así la interoperabilidad entre las distintas medidas de ejecución. Además, una «Comunidad para la Europa Interoperable» garantizará la coordinación y cooperación entre las partes interesadas en el ámbito de la interoperabilidad transfronteriza e intersectorial. El portal de la Europa Interoperable será el punto de entrada único para la información relacionada con la interoperabilidad de las redes y sistemas de información, y el Programa de la Europa Interoperable establecerá un programa en toda Europa que acoja sugerencias de mejora, incluidas medidas coordinadas de apoyo.

El ámbito de la interoperabilidad del sector público no está actualmente contemplado en normativa alguna vinculante dentro de las políticas de la UE. Ahora bien, el Marco Europeo de Interoperabilidad, de carácter no vinculante, forma parte de la política de interoperabilidad de la UE desde 2010. La Comisión adoptó su última versión a través de una Comunicación publicada en 2017. La ejecución del marco contaba y sigue contando con el apoyo de una serie de instrumentos de financiación, tales como el programa ISA2 y, en la actualidad, el programa Europa Digital. Al observarse la necesidad de una actuación más enérgica en este campo, se anunciaron medidas concretas a través de varias comunicaciones de la Comisión: «Configurar el futuro digital de Europa», «Una estrategia europea de datos», «Determinar y abordar las barreras al mercado único» y « La digitalización de la justicia en la UE – Un abanico de oportunidades». La presente propuesta también responde al mandato político del Consejo Europeo, que ha abogado por un marco de interoperabilidad propiciatorio. Esta iniciativa se incluye en el programa de trabajo de la Comisión para 2022 (anexo REFIT). Para garantizar la coherencia con el enfoque seguido hasta ahora, la presente propuesta se basa en las evaluaciones del Marco Europeo de Interoperabilidad, marco político no vinculante, y del programa ISA2.

La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta se basa, entre otras cosas, en la evaluación del Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF), realizada en paralelo y publicada con la presente propuesta. Su principal conclusión es que puede lograrse de manera más eficiente y eficaz la interoperabilidad transfronteriza a través de medidas de la UE que solo a través de medidas nacionales o subnacionales. En su concepto, algunas recomendaciones del Marco Europeo de Interoperabilidad ya se aplican en los Estados miembros. Se esperaba que los costes de elaborar marcos nacionales de interoperabilidad acordes con el Marco Europeo de Interoperabilidad fueran relativamente bajos. Sin embargo, el actual Marco Europeo de Interoperabilidad no permite en medida suficiente la ejecución práctica de servicios públicos digitales europeos interoperables. Es necesario un nuevo mecanismo que lo haga más viable. La evaluación de impacto destaca, en particular, la necesidad de: i) mejorar la gobernanza de la interoperabilidad en la UE; ii) más normas comunes y, en su caso, vinculantes y iii) una mayor armonización con el Marco Europeo de Interoperabilidad, sobre todo de las políticas y programas de financiación de la UE.

Los participantes consideraron que los objetivos exactos esbozados en la evaluación de impacto eran en su mayoría significativos, y que muchos, por estar relacionados entre sí, no pueden alcanzarse por separado.

Las partes interesadas enumeraron una serie de objetivos adicionales: i) desarrollar e impulsar normas y directrices específicas, que orienten a las administraciones públicas al objetivo de la interoperabilidad desde la fase de diseño; ii) avanzar hacia unos servicios proactivos y autosoberanos; iii) aumentar la transparencia aplicando el principio de «solo una vez»; iv) un marco que centralice la información de los usuarios y v) poner de relieve el valor que reviste la interoperabilidad para los derechos civiles, la participación digital para todos, la diversidad y la democratización de los conocimientos públicos.

La mayoría de las partes interesadas mencionó explícitamente la necesidad de normas y especificaciones consensuadas y abiertas. Algunas destacaron, además, la necesidad de una participación más coordinada del sector público en las organizaciones de normalización. La mayoría de las partes interesadas tiene puntos de vista similares en cuanto a incentivar el reparto de los costes de diseño en soluciones de fácil manejo, fiables y seguras (también entre las partes interesadas públicas y privadas) y fomentar el intercambio y reutilización en toda la UE de soluciones maduras, reutilizables, interoperables y de código abierto para las administraciones públicas. También sostienen que estas soluciones deben ir acompañadas de orientaciones claras sobre el uso de normas abiertas y código abierto (incluidas definiciones claras) y que debe cubrirse la asistencia técnica en todos los niveles (incluidos los recursos de formación que correspondan).

Además, las partes interesadas abogan por que la política de interoperabilidad sea más práctica y coherente con las demás políticas de la UE, para lo que proponen la idea de aplicaciones de referencia. Estas aplicaciones unen a las propuestas políticas una serie de «reglas de oro» no vinculantes sobre cómo podría funcionar la implementación interoperable en todos los niveles administrativos y cómo pueden aplicarse las propuestas.

•Obtención y uso de conocimientos especializados

La propuesta se elaboró conjuntamente con el grupo de expertos sobre interoperabilidad de los servicios públicos europeos. Dentro de este proceso, el Grupo de Expertos formuló recomendaciones de cara a la futura política europea de interoperabilidad, prevista para octubre de 2021.

Se han llevado a cabo diversos estudios a fin de apoyar los trabajos sobre la iniciativa. Entre ellos figuran los siguientes:

•Estudio de apoyo a la evaluación de la aplicación del Marco Europeo de Interoperabilidad;

•Study supporting the final evaluation of the programme on interoperability solutions for European public administrations, businesses and citizens (ISA²) [Estudio de apoyo a la evaluación final del programa sobre soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (ISA²)];

•JRC Technical Report – Quantifying the Benefits of Location Interoperability in the European Union (Informe técnico del CCI – Cuantificar los beneficios de la interoperabilidad de la ubicación en la Unión Europea).

•Evaluación de impacto

La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta fue examinada por el Comité de Control Reglamentario el 19 de enero de 2022. El Comité emitió un dictamen favorable con reservas. La Comisión atendió a las observaciones en la versión final de la evaluación de impacto (los detalles figuran en su anexo 1).

La evaluación de impacto compara tres opciones, además de la opción básica (no actuar).

La opción 1 es la de un desarrollo gradual y continuo del Marco Europeo de Interoperabilidad.

La opción 2, que mantiene el marco voluntario actual, plantea una acción legislativa centrada en la creación de un mecanismo de cooperación estructural, dotado un mandato flexible, con vistas a garantizar el desarrollo y mantenimiento continuos de soluciones comunes de interoperabilidad adoptadas de común acuerdo y a planear una experimentación común e iniciativas de apoyo específicas.

Al igual que la opción 2, la opción 3 plantea medidas legislativas, si bien de mayor alcance. Se centra en plasmar en la legislación unos requisitos mínimos y directamente aplicables de interoperabilidad europea que se revisarían mediante decisiones de ejecución.

Según la evaluación del impacto previsto, la opción 1 y la opción básica no atienden eficazmente a las deficiencias observadas en la evaluación del Marco Europeo de Interoperabilidad. Dada la falta de incentivos suficientes a la cooperación, ninguna de las dos opciones satisface las expectativas políticas y operativas de las partes interesadas, y sobre todo de los Estados miembros. Tampoco es muy probable que la opción 3 recabe apoyo político, dado su amplio alcance y su alto grado de sensibilidad a la subsidiariedad (por ejemplo, en lo que respecta a los sistemas heredados de la UE y los Estados miembros). Aunque se espera que la introducción de requisitos mínimos y directamente aplicables de interoperabilidad en la legislación de la UE sea eficiente, será un proceso largo y que requerirá importantes costes y esfuerzos de ejecución. Por tanto, cabe inferir que esta opción tiene menores efectos en cuanto a garantizar una reacción flexible y eficaz ante unas necesidades tecnológicas y políticas que cambian con rapidez.

En la evaluación de impacto se ha determinado que la opción 2 es la más preferible. Cabe esperar que la decisión de crear un mecanismo de cooperación estructurada garantice a los Estados miembros la estabilidad y previsibilidad (jurídica) que necesitan y, al mismo tiempo, permita la flexibilidad necesaria para seguir desarrollando soluciones de interoperabilidad compartidas en respuesta a los cambios en las necesidades políticas. La opción 2 también se centra en el desarrollo de procesos participativos, más pertinentes al acelerarse el progreso tecnológico. También son menos intrusivos en cuanto al impacto en los sistemas heredados, ya que la legislación no especifica directamente los requisitos (mínimos) de compatibilidad (como es el caso en la opción 3). Hoy por hoy, es menos probable que la opción 3 recabe apoyo político debido a su amplio alcance y su alto grado de sensibilidad a la subsidiariedad (sobre todo en lo que respecta a los sistemas heredados de la UE y los Estados miembros). Por tanto, cabe inferir que la opción 2 tiene menores efectos en cuanto a garantizar una reacción flexible y eficaz ante unas necesidades tecnológicas y políticas que cambian con rapidez. Además, con el tiempo la opción 2 puede gradualmente convertirse en la opción 3.

Se plantea una gobernanza unificada de la interoperabilidad transfronteriza de la UE que favorezca la colaboración de arriba abajo y la apropiación de abajo a arriba entre las principales partes interesadas de los Estados miembros, lo que dará lugar a un ecosistema de interoperabilidad compartido. En la fase inicial, esto facilita la participación en la elaboración de políticas y la identificación de necesidades de (co)inversión, además de mejorar la ejecución de las políticas. Por estas razones, la opción 2 no es una amenaza, sino algo que contribuye a la subsidiariedad, refuerza la resiliencia de las administraciones públicas y fomenta la soberanía digital.

Por último, las medidas propuestas en la opción 2 tendrán un impacto probablemente limitado, pero positivo, en la consecución de los objetivos climáticos y energéticos de la UE. Una mayor interoperabilidad transfronteriza podría suponer menores cargas, por ejemplo, al facilitar la notificación de las emisiones de carbono, reducir el uso de papel y limitar los desplazamientos físicos para los usuarios de los servicios públicos a fin de completar los procedimientos administrativos.