COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 14.7.2021 COM(2021) 564 final 2021/0214(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2021) 564 final} - {SWD(2021) 643 final} - {SWD(2021) 644 final} - {SWD(2021) 647 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta El mundo se enfrenta a una profunda crisis climática y los retos del cambio climático requieren una respuesta mundial. Una cooperación internacional estrecha permitirá reforzar la acción conjunta por el clima que todas las Partes en el Acuerdo de París necesitan para alcanzar el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 °C respecto de los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC respecto de los niveles preindustriales. El liderazgo internacional de la Unión Europea debe ir de la mano de una actuación interna audaz. Para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la UE de aquí a 2050, en consonancia con el Acuerdo de París, la Unión deberá ser más ambiciosa de cara a la próxima década y actualizar su marco de actuación en materia de clima y energía. El inicio de este proceso ya está previsto en la legislación vigente de la UE. Además, tal como se anunció en el Pacto Verde Europeo, la Comisión ha propuesto un nuevo objetivo para la UE de aquí a 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero («GEI») en al menos un 55 % en relación a los niveles de 1990, sobre la base de una evaluación de impacto exhaustiva. Este objetivo ha sido refrendado por el Consejo Europeo y comunicado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por lo que es vinculante a nivel internacional. La Ley Europea del Clima, acordada con los colegisladores, establece el nuevo objetivo para 2030, al tiempo que hace jurídicamente vinculante el objetivo de neutralidad climática de la UE. Para lograr esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con la Legislación europea sobre el clima, la Comisión propone revisar cuando proceda todos los instrumentos políticos pertinentes antes de julio de 2021 en un paquete de medidas «Objetivo 55» que incluye, en particular, la revisión de legislación sectorial en materia de clima, energía, transporte y fiscalidad. Dentro de este paquete, tal y como se anunció en el Pacto Verde Europeo, se incluye un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono («MAFC») que será un elemento fundamental del conjunto de herramientas de que dispone la Unión para cumplir el objetivo de neutralidad climática de la UE de aquí a 2050, de acuerdo con el Acuerdo de París, ya que aborda los riesgos de fuga de carbono derivados de la mayor ambición climática de la Unión. En marzo de 2021, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución en la que abogaba por la introducción de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono compatible con la OMC. En su Plan de Acción de la UE: «Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo», la Comisión también anunció la promoción de los instrumentos e incentivos pertinentes para aplicar mejor el principio de «quien contamina paga» y poner fin así a la era de la «contaminación gratuita», con vistas a maximizar las sinergias entre la descarbonización y el objetivo de contaminación cero. La Comisión anunció su intención de proponer un MAFC en el Pacto Verde Europeo. Como se indica en la Comunicación «Si, a medida que la UE eleva su nivel de ambición climática, persisten diferencias a este respecto a nivel mundial, la Comisión propondrá un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono, para sectores específicos, con el fin de atenuar el riesgo de fuga de carbono. De este modo se garantizaría que el precio de las importaciones reflejara con más precisión su contenido de carbono. Esta medida se configurará de manera que respete la normativa de la Organización Mundial del Comercio y otras obligaciones internacionales de la UE». Este mecanismo es una alternativa a las medidas de lucha contra el riesgo de fuga de carbono del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE («RCDE UE») y tiene por objeto evitar que los esfuerzos de reducción de emisiones de la Unión se vean contrarrestados por un aumento de las emisiones fuera de la Unión, bien por la deslocalización de la producción, bien por un aumento de importaciones de productos más intensivos en carbono. Sin este mecanismo, la fuga de carbono podría dar lugar a un aumento global de las emisiones a escala mundial. El Acuerdo de París obliga a la comunidad internacional a una acción por el clima cada vez más ambiciosa para limitar el aumento de la temperatura media global con el fin de reducir significativamente los riesgos y los efectos del cambio climático. Cada Parte debe preparar su propia contribución determinada a nivel nacional («CDN») para alcanzar este objetivo mundial, reflejando su «mayor ambición posible», así como sus «responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales». Mientras siga habiendo un número significativo de socios internacionales de la UE con planteamientos políticos que no generan el mismo nivel de ambición climática que la Unión, y persistan diferencias en el precio aplicado a las emisiones de GEI, existe un riesgo de fuga de carbono. La fuga de carbono se produce cuando, por diferencias de ambiciones en materia de políticas climáticas, las empresas de determinados sectores o subsectores industriales trasladan su producción a otros países menos restrictivos en cuestión de emisiones, o cuando las importaciones procedentes de estos países sustituyen a productos equivalentes pero menos intensivos en GEI por las diferencias en política climática. Esto podría mermar la eficacia de las políticas de reducción de emisiones de la UE y dar lugar incluso a un aumento de las emisiones totales a escala mundial, lo que haría peligrar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se necesita urgentemente si el mundo quiere mantener la temperatura media global muy por debajo de los 2 °C respecto de los niveles preindustriales. En la actualidad, el riesgo de fuga de carbono se está abordando en la Unión en el marco del RCDE UE. Se trata del primer régimen internacional de comercio de derechos de emisión de GEI del mundo y está vigente desde 2005. Para los sectores cubiertos por este sistema y que presentan mayor riesgo de fuga de carbono, ese riesgo se gestiona actualmente mediante la concesión de derechos de emisión gratuitos y compensaciones por el aumento de los costes de la electricidad en el marco de la normativa sobre ayudas estatales. Sin embargo, la asignación gratuita de derechos de emisión en el marco del RCDE UE debilita la señal de precios que el sistema transmite a las instalaciones beneficiarias en comparación con la subasta de la totalidad de los mismos, y afecta por tanto a la incentivación de las inversiones en una mayor reducción de las emisiones de GEI. Al mismo tiempo, a medida que la Unión incrementa sus ambiciones climáticas, es previsible que aumente el desfase con el nivel de acción por el clima de terceros países, lo que supone un mayor riesgo de fuga de carbono para la UE. Este se derivaría de los objetivos cada vez más ambiciosos de reducción de las emisiones de GEI de la UE, que reducirían el número global de derechos de emisión del RCDE. En consecuencia, se refuerza la señal de precio del carbono del RCDE UE, incentivando a los productores de la Unión a reducir sus emisiones, pero aumenta el desfase con los países que carecen de mecanismos de fijación del precio del carbono. Además, el volumen de asignaciones gratuitas también disminuirá con el tiempo, en consonancia con la reducción del límite máximo de emisiones. Teniendo en cuenta los problemas antes descritos, la presente propuesta aborda el problema de la reducción de las emisiones de GEI en la Unión, evitando al mismo tiempo que estos esfuerzos de reducción de emisiones se vean contrarrestados con un aumento de las emisiones fuera de la Unión. En este contexto, se propone un MAFC con el objetivo general de abordar el riesgo de fuga de carbono para luchar contra el cambio climático reduciendo las emisiones de GEI en la Unión y a escala mundial. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial En el contexto del paquete de medidas «Objetivo 55», el MAFC no constituye una medida aislada. Se trata de una medida de política climática encaminada a preservar íntegra la ambición climática de la UE hacia el objetivo último de neutralidad climática. El papel del MAFC es abordar el riesgo de fuga de carbono y reforzar el RCDE UE. Así pues, existe una estrecha relación entre el RCDE UE y el MAFC. Dentro del paquete de medidas «Objetivo 55» también se propone una revisión del RCDE UE, que consiste en ampliar el RCDE UE al transporte marítimo e introducir el comercio de derechos de emisión en los sectores de la construcción y el transporte por carretera. En este caso, la mayor ambición climática de las propuestas de modificación del RCDE UE se traduce en un límite máximo de emisiones más estricto, que supondrá una disminución del número total de derechos de emisión disponible. Un límite más estricto implica una señal de precio del carbono más fuerte. El objetivo de neutralidad climática de la UE y la decisión de incrementar su ambición climática para 2030 también conducen a una amplia revisión de las medidas existentes contra el riesgo de fuga de carbono. En particular, aunque la asignación gratuita de derechos previene efectivamente los riesgos de fuga de carbono, debilita la señal de precio del carbono para la industria de la Unión en comparación con la subasta de la totalidad de los mismos. Como se señala en el Pacto Verde Europeo, el MAFC debería garantizar que el precio de las importaciones refleje con mayor exactitud su contenido en carbono. Esta medida se ha formulado de manera que respete las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras obligaciones internacionales de la UE. Más aún, la presidenta Von der Leyen subrayó que «El carbono debe tener su precio; la naturaleza no puede seguir pagándolo. Este mecanismo de ajuste en frontera por las emisiones de carbono debería animar a los productores extranjeros y a los importadores de la UE a reducir sus emisiones de carbono». Para ello sería importante desarrollar una labor activa de divulgación para con terceros países centrada en la comprensión y el cumplimiento de los requisitos del MAFC. Además, la UE colaborará con terceros países cuyo comercio con la UE se vea afectado por el presente Reglamento para explorar posibilidades de diálogo y cooperación en relación con la aplicación de determinados elementos del Mecanismo. También deberían explorarse las posibilidades de celebrar acuerdos para tener en cuenta sus mecanismos de fijación del precio del carbono.

Los mecanismos existentes para prevenir el riesgo de fuga de carbono son la asignación gratuita de derechos de emisión del RCDE UE y, en algunos casos, medidas financieras para compensar los costes de las emisiones indirectas producidos por los aumentos de precios de la electricidad debidos al RCDE de la UE (costes de emisiones indirectas). El MAFC es una alternativa a estas medidas y, por tanto, debería sustituirlas con el tiempo. No obstante, para que los productores, importadores y comerciantes puedan adaptarse al nuevo régimen, la reducción de las asignaciones gratuitas debería hacerse gradualmente, a medida que se vaya implantando en MAFC, de manera que no sean acumulativos. •Coherencia con otras políticas de la Unión La Unión es muy activa en los foros internacionales a la hora de reforzar las normas medioambientales mundiales y acompañar a los socios comerciales y los países menos desarrollados hacia la descarbonización. El MAFC complementará la acción ambiental internacional de la Unión y favorecerá la descarbonización en terceros países. Desde 1992, la UE ha trabajado para desarrollar soluciones conjuntas e impulsar medidas globales para combatir el cambio climático. Más concretamente, la actuación de la UE debería tener por objeto propiciar la consecución rentable de los objetivos climáticos a largo plazo, al tiempo que se garantiza la equidad y la integridad del medio ambiente. El establecimiento de una gobernanza sólida del objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050 contribuirá a garantizar que la Unión siga avanzando hacia su consecución. La Comisión anunció asimismo la promoción de los instrumentos e incentivos pertinentes para aplicar mejor el principio de «quien contamina paga» y poner fin así definitivamente a la era de la «contaminación gratuita» en el Plan de Acción de la UE: «Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo» con vistas a maximizar las sinergias entre descarbonización y la ambición de contaminación cero. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica Los artículos 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) confirman y especifican las competencias de la UE en el ámbito del cambio climático. La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 192, apartado 1, del TFUE. De conformidad con el artículo 191 y con el artículo 192, apartado 1, del TFUE, la Unión Europea debe contribuir a alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar contra el cambio climático. •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) El cambio climático es, por su propia naturaleza, un problema transfronterizo que no puede resolverse exclusivamente con medidas nacionales o locales. La acción coordinada de la UE puede complementar y reforzar eficazmente la de ámbito nacional y local y mejora la acción por el clima. La coordinación de la acción por el clima es necesaria a nivel europeo y, en lo posible, a nivel mundial, y la actuación de la UE está justificada por razones de subsidiariedad. La introducción de un MAFC a escala de la UE creará un marco común y uniforme que hará equiparables la política de fijación del precio del carbono aplicada en el mercado interior de la UE y la aplicada a las importaciones. Su objetivo es puramente ambiental y tiene una dimensión transfronteriza, por lo que los Estados miembros no pueden gestionarlo de forma independiente. Dada su naturaleza ambiental, y para evitar desvíos comerciales, el MAFC debería ser más eficaz si se aplica de manera uniforme en toda la Unión, imitando al RCDE UE y de forma que sea compatible con las normas de la OMC. Es más, si el MAFC no se aplica de manera uniforme, inducirá comportamientos que generarán desvíos comerciales y la búsqueda de foros de conveniencia, ya que los exportadores de terceros países importarán las mercancías a través de las jurisdicciones de la UE que apliquen el MAFC de la manera más laxa. Esto no es óbice para que la aplicación y la ejecución se encomiende a las autoridades nacionales competentes, aunque sí conviene que esta delegación se limite a la aplicación y la ejecución. ·Proporcionalidad La presente propuesta busca afrontar el reto de reducir las emisiones de GEI en la Unión, evitando al mismo tiempo que los esfuerzos en este sentido se vean contrarrestados por un aumento de estas emisiones fuera de la Unión. Las opciones estratégicas vienen pues claramente dictadas por el propósito de cumplir el objetivo del MAFC, a saber, abordar el riesgo de fuga de carbono para luchar contra el cambio climático reduciendo las emisiones de GEI en la Unión y a escala mundial. La cobertura de productos propuesta para el MAFC se encuadra en los sectores y emisiones cubiertos por el RCDE UE, cuyo ámbito sectorial se basa, a su vez, en diversos criterios cuantitativos y cualitativos relacionados con los objetivos medioambientales del RCDE UE. Es conveniente establecer el ámbito de aplicación del MAFC en relación con mercancías específicas utilizando su clasificación en la nomenclatura combinada. Esto contribuye a la justificación de la medida, a saber, garantizar que se mitiguen los riesgos de fuga de carbono en determinados sectores intensivos en energía. El MAFC sigue la lógica climática del RCDE UE al empezar por aquellos sectores en los que las emisiones son las más elevadas en términos absolutos y, por tanto, en los que su impacto puede ser mayor. El contenido de carbono de los productos es un elemento esencial del MAFC, ya que indica las emisiones de GEI (en equivalente de dióxido de carbono, «CO2e») liberadas durante su producción en el extranjero. Este dato se utiliza para garantizar que los productos importados no reciban un trato menos favorable que los productos nacionales producidos en instalaciones sujetas al RCDE UE. Dado que las instalaciones cubiertas por el RCDE UE están sometidas a un precio del carbono fijado en función de sus emisiones reales, los productos importados incluidos en el ámbito de aplicación del MAFC también deben evaluarse en función de sus emisiones reales de GEI. No obstante, para que las empresas puedan ir adaptándose a este sistema, se propone empezar con un período transitorio sin ajuste financiero. Por lo que se refiere a la administración de la medida, facultar a las autoridades nacionales competentes potenciará la máxima efectividad en la aplicación y ejecución de la medida, aprovechando la experiencia adquirida en la gestión nacional del RCDE UE. Una estructura en la que las autoridades nacionales competentes en materia climática desempeñen un papel clave reproduce en buena medida la estructura utilizada con éxito durante cerca de una década en el RCDE UE. • Elección del instrumento La mejor forma de lograr los objetivos perseguidos por la presente propuesta es un reglamento. Así se garantizará la aplicabilidad directa de una serie de disposiciones relativas a las mercancías importadas en la Unión Aduanera. Por otra parte, el presente Reglamento requiere una aplicación y ejecución uniformes y coherentes en toda la Unión para cumplir los objetivos de los artículos 32 y 207 del TFUE.

Las diferencias de exposición al riesgo de fuga de carbono no justificarían suficientemente una actuación a nivel nacional. Las emisiones de carbono no están localizadas y, al igual que el RCDE UE, el MAFC puede resultar más eficaz si se aplica de manera uniforme a mayor escala. Por esta razón, la mejor forma de lograr los objetivos perseguidos por la presente propuesta es un reglamento. De ese modo se garantiza la aplicabilidad directa de sus disposiciones. Además, la asignación de determinadas tareas de aplicación y ejecución a las autoridades competentes en materia de clima y aduanas en los Estados miembros evitará dificultades técnicas y metodológicas y permitirá mayor eficacia. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO ·Consultas con las partes interesadas Para preparar la presente propuesta, la Comisión diseñó y llevó a cabo una estrategia de consultas de las partes interesadas, que incluía consultas públicas y específicas. El 4 de marzo de 2020 se publicó una evaluación de impacto inicial abierta a observaciones. Se realizó una consulta hasta el 1 de abril de 2020 con el fin de recopilar información sobre las consideraciones preliminares del proyecto. Durante la consulta se recibieron en total 219 respuestas, desglosadas en unas 150 respuestas de federaciones comerciales, asociaciones empresariales y empresas particulares, 20 ONG, 20 ciudadanos, y el resto procedentes de grupos de reflexión, instituciones académicas o centros de investigación, sindicatos y autoridades públicas. La mayoría de las respuestas fueron de la UE y 24 de terceros países. En líneas generales, la mayor parte de las respuestas expresaron su apoyo al MAFC, repartiéndose el resto aproximadamente a partes iguales entre respuestas poco favorables y contrarias al mecanismo. La gran mayoría de las respuestas manifestaron cautela en el diseño de la medida, pidiendo que se consideraran todas las opciones posibles. Entre otras consideraciones, los principales aspectos señalados fueron el impacto en las cadenas de valor y la dependencia de las importaciones de materias primas, la prevención de una excesiva repercusión en el consumidor final, los vínculos con el RCDE UE y los derechos de emisión gratuitos, el impacto distributivo en los sectores afectados y en los diferentes países, especialmente en las economías en desarrollo, y la interacción con las medidas de defensa comercial vigentes en relación con las materias primas. En consonancia con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación, también se realizó una consulta pública abierta entre el 22 de julio y el 28 de octubre de 2020. La consulta tenía por objeto recabar opiniones de ciudadanos y organizaciones sobre las justificaciones, los objetivos, el posible diseño y ámbito de aplicación, así como sobre las repercusiones de la iniciativa. También se permitió a los encuestados enviar documentos de posición. La consulta pública recogió un total de 615 respuestas. Entre estas hubo 6 respuestas duplicadas, por lo que se contabilizaron 609 contribuciones válidas. En relación con el problema de la fuga de carbono, la mayoría de los encuestados afirma que es un problema real y que el MAFC puede servir para atajarlo, fomentar el consumo de productos hipocarbónicos en la UE y promover el despliegue de tecnologías hipocarbónicas y políticas climáticas ambiciosas en terceros países. Respecto a la eficacia de las medidas vigentes en el marco del RCDE UE y las normas sobre ayudas estatales para limitar la fuga de carbono, y sobre la capacidad de otras medidas reglamentarias para reducir las emisiones de GEI, las asociaciones empresariales y las autoridades públicas tienen una opinión positiva, mientras que los ciudadanos y otras partes interesadas son más críticos. Los encuestados sugieren que el MAFC debería centrarse en los productos de actividades ya incluidas en el RCDE UE (especialmente los que presentan el mayor riesgo de fuga de carbono) y tener en cuenta las cadenas de valor en su totalidad. Además de lo anterior, los servicios de la Comisión entablaron amplias consultas bilaterales con autoridades públicas de la UE y de terceros países, asociaciones empresariales, empresas individuales y ONG. Simultáneamente, un contratista externo inició una serie de consultas específicas y realizó un total de 25 entrevistas en profundidad con altos directivos y asociaciones de los sectores de materiales básicos, fabricantes, ONG y responsables políticos. Se celebraron dos rondas de entrevistas. En primer lugar, se llevaron a cabo 17 entrevistas informales en una fase temprana que sirvieron para identificar los principales temas de preocupación y las cuestiones abiertas que requerían más investigación. En una segunda fase, se realizaron otras ocho entrevistas para comprobar si las opiniones y preocupaciones manifestadas en las entrevistas informales eran compartidas por un grupo más amplio de partes interesadas. 17 partes interesadas procedían de la industria, cinco de ONG y tres de instituciones de los Estados miembros. Los resultados de las consultas públicas y específicas permitieron a la Comisión recabar un número significativo de posiciones y opiniones sobre la iniciativa. Tanto las consultas públicas como las específicas pusieron de manifiesto un consenso sobre la necesidad de un MAFC para abordar el riesgo de fuga de carbono y ayudar a la Unión a cumplir sus mayores ambiciones climáticas. Los comentarios recibidos a lo largo de estas consultas se han utilizado para fundamentar la elección de los elementos de diseño y las opciones preferidas. El resultado de la consulta con las partes interesadas se resume en el anexo correspondiente de la evaluación de impacto. •Obtención y uso de asesoramiento especializado Las etapas preparatorias de la propuesta se apoyaron en una serie de estudios y asesoramiento especializado para analizar el posible diseño y alcance del MAFC, así como su impacto ambiental, social y económico. En particular, se llevó a cabo un estudio sobre el diseño óptimo del mecanismo y su cobertura sectorial con ayuda de asesoramiento externo a la Comisión. El estudio examinó la lógica de la intervención, evaluó una serie de opciones alternativas y su viabilidad, proporcionó asesoramiento técnico sobre los elementos de diseño técnico y ayudó a elegir los sectores que abarcaría el mecanismo. La evaluación de impacto recoge algunos elementos de dicho estudio, que ha sido publicado en su integridad por la Comisión. Además del estudio cualitativo del MAFC, también se llevó a cabo una evaluación cuantitativa específica de impacto con apoyo del Centro Común de Investigación de la Comisión y de expertos externos, el primero centrado en el impacto del MAFC en los productos materiales y el último en el impacto del MAFC en la electricidad. Estas evaluaciones cuantitativas aportaron información sobre el impacto ambiental, económico y social de la iniciativa y se han puesto a disposición del público como parte de la evaluación de impacto. Por último, el análisis se fundamenta asimismo en la bibliografía existente, estudios y documentos de investigación presentados por académicos en la consulta pública abierta y otros estudios independientes. •Evaluación de impacto El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable con reservas sobre la evaluación de impacto y formuló propuestas de mejora. Así, el informe de evaluación de impacto se revisó en este sentido y, en particular, se hizo un esfuerzo para garantizar su autonomía respecto del problema de la fuga de carbono, reforzando a la vez su coherencia con la propuesta de revisión del RCDE UE, y presentando con mayor claridad las principales repercusiones y opciones institucionales y con más detalle los puntos de vista de los distintos grupos de partes interesadas. El problema que aborda el MAFC es cómo reducir las emisiones de GEI en la UE, evitando al mismo tiempo que esos esfuerzos por disminuir las emisiones se vean contrarrestados con un aumento de estas fuera de la Unión (fuga de carbono). Para reflejar este marco dinámico, la base sobre la que se elaboró la evaluación de impacto reflejaba el hecho de que el MAFC se presenta de cara al nuevo objetivo acordado por la UE de reducir las emisiones netas de GEI en al menos un 55 % (con respecto a 1990).

Se evaluaron seis opciones diferentes en relación con este marco dinámico, todas ellas formuladas para tener en cuenta los requisitos de la OMC y los compromisos internacionales de la UE como, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio celebrados por la UE o el Tratado de la Comunidad de la Energía. La primera opción de MAFC es un impuesto sobre el carbono a la importación, que pagaría el importador a la entrada de los productos en la UE. El impuesto sería recaudado por las aduanas en la frontera sobre la base de un impuesto que reflejara el precio del carbono en la Unión, combinado con una intensidad de carbono por defecto de los productos. Los importadores podrían solicitar una reducción del MAFC sobre la base de su huella de carbono particular y del precio del carbono pagado en el país de producción. La segunda opción consiste en aplicar a las importaciones un sistema similar al régimen del RCDE UE aplicable a la producción nacional. Esta opción implica — al igual que el régimen de derechos de emisión del RCDE UE — la entrega de certificados («certificados MAFC») por parte de los importadores, en función de la intensidad de emisiones implícita de los productos que importan en la Unión y adquiridos a un precio equivalente al de los derechos de emisión del RCDE UE en un momento dado. Dichos certificados no estarían vinculados al régimen de derechos de emisión del RCDE UE, sino que reflejarían el precio de estos derechos para garantizar un planteamiento de precios coherente con el RCDE UE. Las autoridades nacionales competentes en materia climática gestionarían la venta de los certificados MAFC. Por su parte, los importadores presentarían declaraciones de emisiones implícitas verificadas en los productos importados a dichas autoridades, encargadas de gestionar el MAFC, y entregarían los certificados MAFC correspondientes a las emisiones declaradas. Dichas declaraciones y entregas se realizarían — de la misma manera que en el RCDE UE — en un ejercicio de conciliación anual que tendría lugar el año siguiente al de importación y se basaría en los volúmenes de importación comerciales anuales. La intensidad de las emisiones de carbono de los productos se basaría en valores por defecto. Sin embargo, en el ejercicio anual de conciliación, los importadores podrían solicitar una reducción del MAFC en función de los resultados individuales de emisiones que hubieran registrado. También tendrían derecho a solicitar una reducción del MAFC por el precio del carbono que hubieran pagado en el país de producción (siempre que no se hubieran acogido a deducciones u otras compensaciones a la exportación). La opción 3 funciona del mismo modo que la opción 2, aunque el precio del carbono de las importaciones se basa en las emisiones reales de los productores de terceros países y no en un valor por defecto basado en los promedios de los productores de la UE. En este caso, el importador tendría que notificar las emisiones reales implícitas en el producto y entregar el correspondiente número de certificados MAFC. La opción 4 se aplicaría del mismo modo que la opción 3. Consiste en entregar certificados MAFC en función de los productos importados. Sin embargo, esta opción también contempla un período de introducción paulatina de 10 años, a partir de 2026, durante el cual las asignaciones gratuitas de derechos en el marco del RCDE UE se irían eliminando gradualmente, en 10 puntos porcentuales cada año, y el MAFC se introduciría progresivamente. Durante ese período de introducción paulatina, el MAFC se reduciría en proporción a la cantidad de derechos de emisión gratuitos distribuidos en un sector determinado. La opción 5 es una variante de la opción 3 con un ámbito de aplicación más amplio en la cadena de valor. Los materiales intensivos en carbono que forman parte de productos semiacabados y acabados quedarían cubiertos a lo largo de toda la cadena de valor. En el caso de las importaciones, el MAFC se basaría de nuevo en las emisiones reales de los productores de terceros países. La opción 6 consiste en un impuesto especial sobre los materiales intensivos en carbono que abarcaría el consumo en la Unión de productos tanto nacionales como importados, pero el RCDE UE se mantendría, incluida la asignación gratuita de derechos de emisión para la producción de la UE. Por lo que se refiere a la eficacia del MAFC en relación con su objetivo general de abordar el riesgo de fuga de carbono para luchar contra el cambio climático reduciendo las emisiones de GEI en la Unión y a escala mundial, la evaluación de impacto puso de manifiesto que todas las opciones tendrían un efecto positivo. En este sentido, se observó que todas las opciones de MAFC lograrían una mayor reducción de las emisiones en los sectores cubiertos por el MAFC en la Unión, si se compara con una situación de mayor ambición climática combinada con la asignación gratuita de derechos de emisión. Por lo que se refiere a incentivar a los productores de terceros países a adoptar procesos de producción más limpios, todas las opciones dan resultados positivos. Sobre la base de estos criterios, las opciones que permiten acreditar las emisiones reales resultan especialmente eficaces, y las opciones 3, 4 y 5 también dan buenos resultados. Todas las opciones se consideraron coherentes con el RCDE UE. En cuanto a la protección contra la fuga de carbono, la opción 4, seguida de las opciones 3 y 5, tienen un impacto más positivo, mientras que las opciones 1, 2 y 6 serían menos eficaces. Todas las opciones políticas están diseñadas de manera que se respeten los compromisos internacionales de la UE. El MAFC se aplicará a las importaciones de mercancías al precio del carbono determinado por el RCDE UE mediante el sistema de subastas. Se cobraría a los importadores bien sobre la base de un valor por defecto, o bien sobre la base de las emisiones reales implícitas en las importaciones. La posibilidad de demostrar que la eficiencia en carbono de su producto es mejor que el valor por defecto incrementaría la complejidad del sistema, pero también incentivaría la reducción de las emisiones de la fracción de materiales exportada a la UE. En general, el impacto del MAFC en el empleo es limitado. Las variaciones en el empleo dependen en gran medida de la presencia (o no) de asignaciones gratuitas. El mantenimiento de las asignaciones gratuitas produce un ligero aumento del empleo en los sectores MAFC. La eliminación total de las asignaciones gratuitas en ausencia de un MAFC genera las mayores pérdidas de empleo. Es probable que la aplicación del MAFC a productos industriales materiales tenga un impacto limitado en los precios al consumo, ya que la medida se dirige a productos situados en fases anteriores de la cadena de valor y afecta solo de manera indirecta a las mercancías destinadas al consumo final. Se presupone que los importadores establecidos en la Unión que queden sujetos a las obligaciones del MAFC tendrán que asumir costes de conformidad. Estos podrían determinarse sobre la base de un valor por defecto o facilitando información verificada sobre las emisiones reales. Aunque el seguimiento de dichas emisiones reales se realizaría fuera de la Unión, la responsabilidad, y por tanto los costes, de proporcionar a las autoridades la verificación de ese seguimiento recaería en los importadores. En el caso de las opciones 1, 2, 3, 4 y 5, cuando las emisiones se declaran al valor por defecto, no es necesario el seguimiento de las emisiones del proceso de producción y, por tanto, también son menos los costes generados. Sin embargo, si los importadores optan por solicitar que se utilicen las emisiones reales del proceso de producción, el seguimiento genera más costes para la empresa. En el caso de la opción 6, los valores por defecto deberían fijarse tanto para los materiales como para los productos manufacturados. La tarea administrativa es relativamente reducida para los productores de materiales de la UE, ya que los productores no tienen que demostrar la intensidad de carbono de su producción. La generación de electricidad se aborda aparte de los productos materiales. La aplicación de un MAFC al sector de la electricidad exige tener en cuenta la singularidad que lo distingue de los materiales básicos, incluidos los métodos de transporte, a través de redes monopolísticas y limitadas, y el amplio abanico de tecnologías que se emplean para su producción. En consonancia con los planteamientos seguidos con los productos materiales, es preciso establecer un valor de referencia de las emisiones implícitas en la electricidad importada para poder determinar la obligación correspondiente en el marco del MAFC. Se utilizan dos alternativas para determinar el valor de referencia de las emisiones implícitas en la electricidad, a saber: a) la intensidad media de las emisiones de GEI de la combinación eléctrica de la UE y b) el factor medio de emisión de GEI de la combinación eléctrica de la UE. No obstante, al igual que en otras opciones, los importadores seguirían teniendo la posibilidad de demostrar que las emisiones de su instalación son inferiores a los valores de referencia anteriores. Sobre la base de lo que precede, la evaluación de impacto concluyó que la opción 4 es claramente más beneficiosa que todas las demás opciones consideradas. Por lo tanto, se propone introducir un MAFC sobre determinados productos en forma de certificados MAFC basados en las emisiones reales. También se sugiere introducir progresivamente el MAFC a medida que se vaya reduciendo la asignación gratuita de derechos en las correspondientes instalaciones del RCDE UE. Esta opción garantiza un alto nivel de eficacia del MAFC. Un sistema basado en las emisiones reales de los bienes importados asegura un trato justo y equitativo de todas las importaciones y una estrecha correlación con el RCDE UE. No obstante, el sistema MAFC deberá complementarse con la posibilidad de basar los cálculos en una serie de valores por defecto que se utilizarán en aquellas situaciones en que no se disponga de suficientes datos sobre las emisiones. Además, durante la fase inicial de transición, en la que es posible que los importadores no puedan aportar aún los datos que exige el sistema sobre las emisiones reales, también podría aplicarse un valor por defecto. Esta opción deberá formularse de manera que respete plenamente los compromisos internacionales de la UE, en particular las normas de la OMC, por lo que será necesario garantizar que, si se aplica un valor por defecto, los importadores tengan siempre la posibilidad de demostrar que obtienen mejores resultados que dicho valor sobre la base de sus emisiones reales. Por otra parte, por lo que se refiere a la introducción del MAFC y la correspondiente eliminación gradual de los derechos gratuitos, deberá garantizarse que en ningún momento durante dicho período las importaciones reciban un trato menos favorable que la producción interna de la UE. Además, la implantación de certificados MAFC basados en las emisiones reales protegerá del riesgo de fuga de carbono, al tiempo que incentivará a los productores de terceros países a avanzar hacia procesos de producción más limpios, con el apoyo de la ayuda oficial al desarrollo cuando proceda. Por lo que respecta a la electricidad, la opción preferida es aplicar el MAFC sobre la base del factor de emisión de carbono, incluyendo la posibilidad de que los importadores acrediten emisiones más bajas. Ambas alternativas contribuyen a mitigar los riesgos de fuga de carbono al desincentivar a medio plazo la acumulación de fuentes de generación de electricidad intensivas en carbono cerca de las fronteras de la UE, que pudieran sustituir a los productores establecidos en la UE expuestos a costes del carbono en aumento. Sin embargo, la opción basada en el factor de emisión de carbono parece más eficaz a la hora de evitar la fuga de carbono, al tiempo que mantiene los costes administrativos en niveles bajos. La elección de la opción 4 para los productos materiales y del factor de emisión de carbono para la electricidad introduciría un mecanismo proporcionado para hacer frente al cambio climático, reduciendo las emisiones de GEI en la Unión y evitando que estas emisiones se sustituyan por emisiones producidas fuera de la Unión. Además, la eliminación progresiva de las asignaciones gratuitas en el marco del RCDE UE en los sectores afectados, combinada con la implantación gradual del MAFC, garantizaría una transición prudente y previsible para las empresas y las autoridades. •Adecuación regulatoria y simplificación

La evaluación de impacto indica que el MAFC supondrá costes de conformidad relativamente más elevados para las pymes que para las grandes empresas. La diferencia exacta entre los dos grupos no ha podido cuantificarse a partir de los datos disponibles actualmente. El hecho de que se introduzca inicialmente un MAFC a la importación de algunos materiales básicos y productos materiales básicos da lugar a que las grandes empresas sean las principales afectadas. Por lo tanto, la incidencia práctica de las medidas relacionadas con la importación en las pymes sería reducida, aunque sí relativamente mayor que en el caso de las grandes empresas si se tiene en cuenta el volumen importado. Por este motivo, la evaluación de impacto no realizó una prueba de las pymes, ni una consulta específica para las pymes, aunque las posiciones de las pymes y las implicaciones para estas se han evaluado en el marco de la consulta pública en línea de la Comisión, Por estas razones, el presente Reglamento tampoco prevé medidas especiales para las pymes. •Derechos fundamentales La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, contribuye al objetivo de garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente con arreglo al principio de desarrollo sostenible consagrado en el artículo 37 de la Carta. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La mayor parte de los ingresos generados por el MAFC se destinarán al presupuesto de la UE. En el Consejo Europeo extraordinario de los días 17 y 21 de julio de 2020, los dirigentes de la UE acordaron el instrumento de recuperación NextGenerationEU. Este instrumento dotará a la UE de los medios necesarios para hacer frente a los retos que plantea la pandemia de COVID-19 y apoyará además la inversión en las transiciones ecológica y digital. Para financiarlo, la Comisión podrá tomar prestados fondos en los mercados financieros por un importe máximo de 750 000 millones de euros. En este contexto, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acordaron que «las instituciones colaborarán para introducir nuevos recursos propios suficientes, con vistas a cubrir el importe correspondiente a los gastos previstos en relación con el reembolso» de NextGenerationEU. La Comisión se comprometió a presentar propuestas sobre nuevos recursos propios, que incluirían el MAFC en el primer semestre de 2021. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información En el marco del paquete global de medidas medioambientales adoptado y aplicado por la UE, que ilustra la constante búsqueda por parte de la UE de un nivel de ambición ambiental más elevado que muchos de nuestros socios comerciales, se considera conveniente empezar a pasar de un sistema en el que la fuga de carbono se previene mediante derechos de emisión gratuitos a un sistema en el que estas fugas se aborden, en lo que respecta a las importaciones, a través un mecanismo de ajuste en frontera por carbono, tan pronto como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica, incluidas las limitaciones administrativas y las expectativas legítimas de todos los agentes económicos y de manera ecuánime. La necesidad de un equilibrio concomitante entre estos múltiples objetivos aboga por la introducción paulatina de un mecanismo de ajuste en frontera por carbono tan pronto como sea razonablemente posible, de modo que, durante una fase piloto inicial y relativamente corta, sin ningún ajuste financiero, los operadores puedan adaptarse al nuevo sistema, incluidos los nuevos requisitos administrativos, y las autoridades puedan ir adquiriendo experiencia sobre el funcionamiento del nuevo sistema. Una vez completada esa fase piloto, la transición de los derechos de emisión gratuitos a un mecanismo de ajuste en frontera por carbono se acelerará considerablemente y de manera que no se produzcan discriminaciones entre las mercancías nacionales y las importadas, o entre las mercancías importadas de diferentes países, respetando plenamente las obligaciones y derechos internacionales de la UE. La Comisión velará por que existan mecanismos para evaluar y hacer un seguimiento del funcionamiento del MAFC, incluidas medidas para luchar contra prácticas fraudulentas, y para evaluar el mecanismo en relación con los principales objetivos políticos. Dado que el MAFC es una de las propuestas del paquete «Objetivo 55», el seguimiento y la evaluación podrían llevarse a cabo en consonancia con las demás medidas del paquete. Antes de que finalice el período transitorio, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento. En su caso, presentará una propuesta legislativa para ampliar el MAFC a otras mercancías distintas de las recogidas en el anexo I y posiblemente también a otras emisiones, e introducirá otros posibles cambios para mejorar su funcionamiento. Para ello, será necesario en primer lugar hacer un seguimiento de los efectos del MAFC. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta El capítulo I establece disposiciones generales, incluido el objeto, el ámbito de aplicación de la propuesta (artículos 1 y 2) y las definiciones de los términos clave (artículo 3). El anexo I pormenoriza el ámbito de aplicación de la propuesta con una lista de las mercancías contempladas y las emisiones de GEI correspondientes a cada una de ellas. El anexo II indica los países y territorios de origen excluidos de la aplicación de la medida. El capítulo II establece los derechos y obligaciones de los declarantes de las mercancías. Concretamente recoge las condiciones para solicitar una autorización de importación de mercancías MAFC (artículos 4 y 5), la obligación del declarante autorizado de presentar anualmente una declaración MAFC, a más tardar el 31 de mayo, y el contenido de dicha declaración (artículo 6); los principios de cálculo de las emisiones implícitas en las mercancías importadas en la UE en el año natural anterior (artículo 7, detallado en el anexo III) y el proceso de verificación de estas emisiones por verificadores acreditados (artículo 8, complementado por los requisitos de notificación y principios de verificación establecidos en los anexos IV y V). También establece los principios para tener en cuenta el precio del carbono pagado en terceros países (artículo 9). Por último, con arreglo al artículo 10, el titular de una instalación situada en un tercer país tiene la posibilidad de solicitar a la Comisión su inclusión en una base de datos central. Una vez registrado, el titular podrá optar por informar a un declarante autorizado sobre las emisiones implícitas verificadas. El declarante autorizado podrá utilizar esa información para cumplir la obligación de declarar información verificada sobre las emisiones implícitas al importar a la Unión las mercancías producidas en la instalación registrada en la base de datos central. En el capítulo III se recogen las disposiciones generales sobre la organización administrativa de las autoridades nacionales competentes, el papel de la Comisión —también como administrador central— y la revelación de información (artículos 11, 12, 13 y 15). También se incluyen disposiciones sobre las principales características de los registros nacionales y sus cuentas (artículos 14 y 16), las decisiones de las autoridades relativas a la autorización de importación (artículo 17), la acreditación de los verificadores (artículo 18) y la revisión de las declaraciones MAFC (artículo 19). El capítulo IV contiene disposiciones relativas a los certificados MAFC. Los artículos 20 a 24 establecen normas detalladas sobre el ciclo de vida de los certificados MAFC, desde su venta hasta el control de su entrega o, en su caso, de su recompra, y su cancelación final. El artículo 20 trata en detalle la venta de certificados por parte de las autoridades competentes. El artículo 21 se refiere al cálculo del precio de los certificados, efectuado por la Comisión semanalmente. El artículo 22 establece los procedimientos para garantizar que todo declarante autorizado cumpla su obligación de entregar los certificados en el registro nacional. El artículo 23 establece el derecho de un declarante autorizado a solicitar a la autoridad competente la recompra de un número limitado de certificados MAFC remanentes en su cuenta después de la entrega. Por último, el artículo 24 especifica que, a más tardar el 30 de junio de cada año, la autoridad competente deberá cancelar los certificados remanentes en la cuenta de cada declarante tras la entrega y la recompra, en su caso. El capítulo V se ocupa de los diferentes procedimientos que corresponden a las autoridades aduaneras para la administración de las mercancías en la frontera (artículo 25). En el capítulo VI, las sanciones por incumplimiento se establecen en el artículo 26 y se incluye una disposición especial sobre elusión en caso de que se produzcan cambios en las pautas comerciales (artículo 27).

El capítulo VII recoge las disposiciones relativas al ejercicio de la delegación en la Comisión para adoptar actos delegados (artículo 28) y el procedimiento de examen de los actos de ejecución (artículo 29). Los poderes para adoptar actos delegados se mencionan en los artículos 2, 18 y 27. Los artículos 2, 5 a 9, 21, 25, 31, 33 y 35 establecen disposiciones sobre las competencias de ejecución. El capítulo VIII dispone en su artículo 30 la evaluación del Reglamento y su revisión. El capítulo IX (artículo 31) contempla la reducción de la obligación MAFC para reflejar la asignación transitoria de derechos de emisión gratuitos del RCDE UE en aquellas instalaciones que producen en la Unión los mismos tipos de mercancías que los cubiertos por la presente propuesta. El capítulo X contiene las disposiciones específicas que se aplicarán durante el período transitorio inicial. Con arreglo a estas, en los primeros años se aplicará un MAFC sin ajuste financiero destinado a recoger datos y sensibilizar a los declarantes. Dicho período transitorio tendrá una duración de tres años, del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2025, tal como se establece en el artículo 32. Los declarantes informarán trimestralmente de las emisiones implícitas en sus importaciones del trimestre anterior, especificando las emisiones directas e indirectas y el precio del carbono pagado en el extranjero. Las autoridades aduaneras informarán a los declarantes de sus obligaciones con arreglo al MAFC e intercambiarán información con las autoridades competentes. Por último, el capítulo XI se indica la entrada en vigor de la propuesta, y se especifica que algunas de las disposiciones solo se aplicarán durante el período transitorio y otras empezarán a aplicarse en 2026 (artículo 36). 2021/0214 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)La Comisión, en su Comunicación «El Pacto Verde Europeo», estableció una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas (emisiones una vez deducidas las absorciones) de gases de efecto invernadero («emisiones de GEI») en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. El Pacto Verde Europeo aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Al mismo tiempo, esa transformación debe ser justa e integradora, sin dejar a nadie atrás. En su Plan de Acción de la UE: «Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo», la Comisión también anunció la promoción de los instrumentos e incentivos pertinentes para aplicar mejor el principio de «quien contamina paga», establecido en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), y poner fin así a la era de la «contaminación gratuita», con vistas a maximizar las sinergias entre la descarbonización y la ambición de contaminación cero. (2)El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), entró en vigor en noviembre de 2016. En el artículo 2 del Acuerdo de París, la Partes acordaron mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales.

(3)Los desafíos relacionados con el clima y el medio ambiente y el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París son el núcleo del Pacto Verde Europeo. La importancia del Pacto Verde Europeo se ha hecho aún más patente ante los graves efectos de la pandemia de COVID-19 en la salud y el bienestar económico de los ciudadanos de la Unión. (4)La Unión se ha comprometido a reducir sus emisiones de GEI en el conjunto de la economía en al menos un 55 % para 2030 con respecto a los niveles de 1990, como se establece en la presentación a la CMNUCC, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, de la actualización de la contribución determinada a nivel nacional de la Unión Europea y sus Estados miembros. (5)El Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo ha consagrado en la legislación el objetivo de neutralidad climática para el conjunto de la economía de aquí a 2050. Dicho Reglamento también establece un compromiso vinculante de reducción de GEI de la Unión de al menos un 55 % por debajo de los niveles de 1990 para 2030. (6)El Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) relativo a los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero ofrece una base científica sólida para hacer frente al cambio climático e ilustra la necesidad de intensificar la acción por el clima. Dicho informe confirma que, para reducir la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos, es necesario reducir urgentemente las emisiones de GEI y limitar el cambio climático a un aumento de la temperatura mundial de 1,5 °C. (7)La Unión ha desarrollado una ambiciosa política de acción por el clima y ha establecido un marco reglamentario para alcanzar su objetivo de reducción de las emisiones de GEI para 2030. La legislación adoptada para conseguir dicho objetivo comprende, entre otros actos, la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de GEI dentro de la Unión («RCDE UE») y que prevé un sistema armonizado de fijación del precio de las emisiones de GEI a escala de la Unión para los sectores y subsectores intensivos en energía, el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, que fija objetivos nacionales de reducción de las emisiones de GEI para 2030, y el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, que exige a los Estados miembros compensar las emisiones de GEI resultantes del uso de la tierra con la absorción de emisiones de la atmósfera. (8)Mientras siga habiendo un número significativo de socios internacionales de la Unión con planteamientos políticos que no generan el mismo nivel de ambición climática, existe un riesgo de fuga de carbono. La fuga de carbono se produce cuando, por razón de costes derivados de políticas climáticas, las empresas de determinados sectores o subsectores industriales trasladan su producción a otros países, o cuando las importaciones procedentes de estos países sustituyen a productos equivalentes pero menos intensivos en GEI. Esto podría dar lugar a un aumento de las emisiones totales a escala mundial, lo que haría peligrar la reducción de emisiones de GEI que se necesita urgentemente si el mundo quiere mantener la temperatura media global muy por debajo de los 2 °C respecto de los niveles preindustriales. (9)La iniciativa de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono («MAFC») forma parte del paquete «Objetivo 55». Dicho mecanismo será un elemento esencial del conjunto de instrumentos de la Unión para cumplir el objetivo de neutralidad climática de la UE de aquí a 2050, en consonancia con el Acuerdo de París, ya que aborda los riesgos de fuga de carbono derivados del mayor nivel de ambición climática de la Unión. (10)Los mecanismos existentes para hacer frente al riesgo de fuga de carbono en sectores o subsectores expuestos a ese riesgo son la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión del RCDE UE y las medidas financieras para compensar los costes de las emisiones indirectas derivados de los costes de las emisiones de GEI repercutidos en los precios de la electricidad, que se establecen respectivamente en los artículos 10 bis, apartado 6, y 10 ter de la Directiva 2003/87/CE. Sin embargo, la asignación gratuita en el marco del RCDE UE debilita la señal de precios que el sistema transmite a las instalaciones beneficiarias en comparación con la venta completa en subasta, por lo que afecta a los incentivos de inversión en una mayor reducción de las emisiones. (11)El objetivo del MAFC es sustituir los mecanismos existentes abordando el riesgo de fuga de carbono de una manera diferente, especialmente garantizando un sistema de fijación del precio del carbono equivalente para las importaciones y los productos nacionales. Para garantizar una transición progresiva del actual sistema de derechos gratuitos al MAFC, este debe implantarse paulatinamente, a medida que se vayan eliminando los derechos de emisión gratuitos en los sectores cubiertos por el MAFC. La aplicación combinada y transitoria de los derechos de emisión del RCDE UE gratuitos y del MAFC no debe en ningún caso dar lugar a un trato más favorable a las mercancías de la Unión en comparación con las mercancías importadas en el territorio aduanero de la Unión. (12)Aunque el objetivo del MAFC es prevenir el riesgo de fuga de carbono, el presente Reglamento permitirá fomentar también el uso de tecnologías más eficientes en cuanto a emisiones de GEI por parte de productores de terceros países, de modo que se generen menos emisiones por unidad de producción. (13)Al ser un instrumento para prevenir la fuga de carbono y reducir las emisiones de GEI, el MAFC debe garantizar que los productos importados estén sujetos a un régimen regulador que aplique costes del carbono equivalentes a los que de otro modo habrían soportado en el marco del RCDE UE. El MAFC es una medida por el clima que debe prevenir el riesgo de fuga de carbono y ayudar a lograr la ambición incrementada de la Unión para paliar el cambio climático, garantizando al mismo tiempo la compatibilidad con la OMC. (14)El presente Reglamento debe aplicarse a las mercancías importadas en el territorio aduanero de la Unión procedentes de terceros países, excepto cuando su producción ya esté sujeta al RCDE UE, en la medida en que se aplica a terceros países o territorios, o a un sistema de fijación del precio del carbono totalmente vinculado al RCDE UE. (15)Con objeto de excluir del MAFC a terceros países o territorios plenamente integrados en el RCDE UE o vinculados a él en futuros acuerdos, procede delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE respecto a la modificación de la lista de países del anexo II. Dichos terceros países o territorios deberían excluirse en cambio de la lista del anexo II y quedar sujetos al MAFC, cuando no repercutan efectivamente el precio del RCDE en las mercancías exportadas a la Unión. (16)El presente Reglamento debe aplicarse a la plataforma continental y a la zona económica exclusiva declarada por los Estados miembros, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el fin de evitar el riesgo de fuga de carbono en las instalaciones en alta mar. (17)Las emisiones de GEI que regulará el MAFC deben coincidir con las emisiones de GEI cubiertas por el anexo I del RCDE UE de la Directiva 2003/87/CE, a saber, el dióxido de carbono («CO2») y, en su caso, el óxido nitroso («N2O») y perfluorocarburos («PFC»). Es conveniente que el MAFC se aplique en un principio a las emisiones directas de dichos GEI desde la producción de las mercancías hasta el momento de su importación en el territorio aduanero de la Unión y, una vez finalizado el período transitorio y tras una nueva evaluación, también a las emisiones indirectas, reproduciendo el ámbito de aplicación del RCDE UE. (18)El RCDE UE y el MAFC tienen como objetivo común fijar el precio de las emisiones de GEI implícitas en los mismos sectores y mercancías mediante el uso de derechos o certificados específicos. Ambos sistemas tienen carácter reglamentario y se justifican por la necesidad de reducir las emisiones de GEI, en consonancia con el objetivo ambiental establecido en la Unión. (19)Sin embargo, mientras que el RCDE UE establece un límite absoluto de emisiones de GEI para las actividades incluidas en su ámbito de aplicación y permite negociar con los derechos de emisión (el llamado «sistema de limitación y comercio»), el MAFC no fijará límites cuantitativos a la importación, a fin de garantizar que no se restrinjan los flujos comerciales. Además, si el RCDE UE se aplica a las instalaciones situadas en la Unión, el MAFC se aplicará a determinadas mercancías importadas en el territorio aduanero de la Unión. (20)El sistema MAFC presenta algunas características específicas en comparación con el RCDE UE, en lo que respecta al cálculo del precio de los certificados MAFC, las posibilidades de negociar certificados y su período de validez. Esto se debe a la necesidad de preservar la eficacia del MAFC como medida de prevención de la fuga de carbono en el tiempo y de garantizar que la gestión del sistema no resulte excesivamente gravosa en términos de obligaciones para los titulares y de recursos para la administración, manteniendo a la vez para los titulares un nivel de flexibilidad equivalente al que ofrece el RCDE UE. (21)Para preservar su eficacia como medida de lucha contra la fuga de carbono, el MAFC debe reflejar fielmente el precio del RCDE UE. Mientras que en el mercado del RCDE UE el precio de los derechos de emisión se fija por subastas, el precio de los certificados MAFC debería reflejar razonablemente el precio de estas subastas mediante medias calculadas semanalmente. Estos precios medios semanales reflejan fielmente las fluctuaciones de los precios del RCDE UE y ofrecen a los importadores un margen razonable para aprovechar las variaciones de precios del RCDE UE, permitiendo a la vez que el sistema siga siendo manejable para las autoridades administrativas. (22)En el RCDE UE, el número total de derechos de emisión expedidos (el «límite máximo») determina la oferta de derechos de emisión y garantiza el máximo de emisiones de GEI. El precio del carbono viene determinado por el equilibrio entre esta oferta y la demanda del mercado. La escasez es necesaria para que el precio sea un incentivo. Dado que no es posible poner un límite máximo al número de certificados MAFC disponibles para los importadores, si los importadores tuvieran la posibilidad de prorrogar y negociar los certificados MAFC, podrían generarse situaciones en las que el precio de los certificados MAFC ya no reflejara la evolución del precio del RCDE UE. Ello debilitaría el incentivo a la descarbonización entre las mercancías nacionales y las importadas, favoreciendo la fuga de carbono y menoscabando el objetivo climático general del MAFC. También podría dar lugar a divergencias de precios entre los operadores de distintos países. Así, las limitaciones a las posibilidades de negociar certificados MAFC y de prorrogarlos se justifican por la necesidad de no comprometer la eficacia y el objetivo climático del MAFC y de garantizar la igualdad de trato a los operadores de diferentes países. No obstante, para que los importadores tengan la posibilidad de optimizar sus costes, el presente Reglamento ha de prever un sistema por el que las autoridades puedan recomprarles una cantidad determinada de certificados excedentarios. Esa cantidad se fija a un nivel que deja a los importadores un margen razonable para optimizar sus costes durante el período de validez de los certificados, preservando al mismo tiempo el efecto global de transmisión de precios y garantizando que se preserve el objetivo ambiental de la medida.

(23)Dado que el MAFC se aplica a las importaciones de mercancías en el territorio aduanero de la Unión y no a instalaciones, también convenía realizar algunas adaptaciones y simplificaciones. Una de estas simplificaciones consiste en un sistema declarativo por el que los importadores deben notificar el total de las emisiones de GEI verificadas implícitas en las mercancías importadas en un año natural determinado. También procede aplicar un calendario diferente al ciclo de cumplimiento del RCDE UE para evitar cualquier posible estrangulamiento derivado de las obligaciones de los verificadores acreditados en virtud del presente Reglamento y del RCDE UE. (24)En cuanto a las sanciones, los Estados miembros deben multar las infracciones al presente Reglamento y velar por su ejecución. El importe de dichas multas debe ser el mismo que el de las multas que se imponen actualmente en la Unión en caso de infracción al RCDE UE, en virtud del artículo 16, apartados 3 y 4 de la Directiva 2003/87/CE. (25)Si el RCDE UE se aplica a determinados procesos y actividades de producción, el MAFC se aplicará a las correspondientes importaciones de mercancías. Por eso es preciso identificar claramente las mercancías importadas mediante su clasificación en la nomenclatura combinada (en lo sucesivo, «NC») y vincularlas a emisiones de GEI implícitas. (26)La gama de productos cubiertos por el MAFC debe reflejar las actividades cubiertas por el RCDE UE, ya que dicho régimen se basa en criterios cuantitativos y cualitativos ligados al objetivo ambiental de la Directiva 2003/87/CE y es el sistema regulador de emisiones de GEI más completo de la Unión. (27)Al establecer un ámbito de productos para el MAFC que refleja las actividades cubiertas por el RCDE UE también se contribuirá a garantizar que los productos importados gocen de un trato no menos favorable que el otorgado a los productos similares de origen nacional. (28)Aunque el objetivo último del MAFC es cubrir un amplio abanico de productos, sería prudente empezar con un número reducido de sectores con productos relativamente homogéneos que presentan riesgo de fuga de carbono. Los sectores de la Unión que se consideran expuestos a riesgo de fuga de carbono están recogidos en la Decisión Delegada 2019/708 de la Comisión. (29)Las mercancías incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben seleccionarse tras analizar detenidamente su relevancia en términos de emisiones acumuladas de GEI y riesgo de fuga de carbono en los sectores correspondientes del RCDE UE, limitando a la vez la complejidad y la carga administrativa. En particular, el proceso de selección ha de tener en cuenta los materiales y productos básicos cubiertos por el RCDE UE para garantizar que las importaciones de productos intensivos en energía en la Unión estén en pie de igualdad con los productos de la UE en términos de precio del carbono en el RCDE UE y para mitigar los riesgos de fuga de carbono. Otros criterios pertinentes para limitar la selección son, en primer lugar, la importancia del sector en cuestión en términos de emisiones, es decir, si el sector es uno de los mayores emisores agregados de emisiones de GEI; en segundo lugar, la exposición del sector a un riesgo significativo de fuga de carbono, con arreglo a la Directiva 2003/87/CE; en tercer lugar, la necesidad de equilibrio entre lograr una amplia cobertura en términos de emisiones de GEI y limitar la complejidad y el esfuerzo administrativo. (30)La aplicación del primer criterio lleva a seleccionar los siguientes sectores industriales en términos de emisiones acumuladas: siderurgia, refinerías, cemento, productos químicos orgánicos de base y fertilizantes. (31)Sin embargo, en esta fase no conviene incluir en el ámbito del presente Reglamento algunos de los sectores enumerados en la Decisión Delegada (UE) 2019/708 de la Comisión por sus particulares características. (32)En particular, los productos químicos orgánicos no se incluyen en el ámbito de aplicación del presente Reglamento por limitaciones técnicas que no permiten definir claramente las emisiones implícitas en las mercancías importadas. En el caso de estas mercancías, el valor de referencia aplicable en el marco del RCDE UE es un parámetro básico, que no permite una asignación clara de emisiones implícitas a cada una de mercancías importadas. Se necesitarán más datos y análisis para determinar una asignación más específica para las sustancias químicas orgánicas. (33)De la misma manera en el caso de los productos de refinería, las limitaciones técnicas no permiten determinar claramente las emisiones de GEI de los diferentes productos. Por otra parte, el valor de referencia correspondiente del RCDE UE no se aplica directamente a productos específicos, como la gasolina, el gasóleo o el queroseno, sino a todos los productos de refinería. (34)No obstante, los productos de aluminio sí deben incluirse en el MAFC, ya que están muy expuestos a fugas de carbono. Además, en varias aplicaciones industriales compiten directamente con los productos siderúrgicos por tener características muy parecidas a estos. También es conveniente incluir el aluminio puesto que el ámbito de aplicación del MAFC podría ampliarse a las emisiones indirectas en el futuro. (35)Del mismo modo, los accesorios de tubos deben incluirse en el ámbito de aplicación del MAFC a pesar de su bajo nivel de emisiones implícitas, ya que su exclusión aumentaría la probabilidad de eludir la inclusión de productos siderúrgicos en el MAFC derivando el comercio hacia productos transformados. (36)Por el contrario, el presente Reglamento no debería aplicarse a determinados productos cuya producción no genera emisiones significativas, como la chatarra férrica (código NC 7204), las ferroaleaciones (código NC 7202) y determinados abonos (código NC 3105 60 00). (37)La importación de electricidad sí ha de incluirse en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, ya que este sector es responsable del 30 % del total de emisiones de GEI en la Unión. La mayor ambición climática de la Unión aumentará la brecha de los costes del carbono entre la producción de electricidad de la Unión y la de fuera. Este aumento, combinado con los progresos en la conexión de la red eléctrica de la Unión a la de sus vecinos, aumentaría el riesgo de fuga de carbono como consecuencia del aumento de las importaciones de electricidad, de la que una parte significativa se produce en centrales eléctricas de carbón. (38)Dado que los importadores de mercancías cubiertas por el presente Reglamento no deben cumplir las obligaciones del MAFC que establece el presente Reglamento en el momento de la importación, procede aplicar medidas administrativas específicas para garantizar que esas obligaciones se cumplan en una fase posterior. Así, los importadores solo deben ser autorizados a importar mercancías MAFC una vez que las autoridades competentes responsables de la aplicación del presente Reglamento les hayan concedido una autorización. (39)El MAFC debe basarse en un sistema declarativo por el cual un declarante autorizado, que puede representar a más de un importador, presente anualmente una declaración de las emisiones implícitas en las mercancías importadas al territorio aduanero de la Unión y entregue una serie de certificados MAFC correspondientes a las emisiones declaradas. (40)El declarante autorizado debe poder solicitar una reducción del número de certificados MAFC a entregar correspondiente al precio del carbono ya abonado por esas emisiones en otras jurisdicciones. (41)Las emisiones implícitas declaradas deben ser verificadas por una persona acreditada por un organismo nacional de acreditación designado de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo o con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 de la Comisión. (42)El sistema debe permitir a los operadores de instalaciones de producción de terceros países registrarse en una base de datos central y poner a disposición de los declarantes autorizados sus emisiones de GEI implícitas verificadas procedentes de la producción de mercancías. El titular debe poder elegir que su nombre, dirección y datos de contacto registrados en la base de datos central no sean de acceso público.

(43)Los certificados MAFC difieren de los derechos de emisión del RCDE UE, que se caracterizan fundamentalmente por la subasta diaria. La necesidad de fijar un precio claro de los certificados MAFC hace que una publicación diaria resulte excesivamente gravosa y confusa para los titulares, ya que los precios diarios pueden quedar obsoletos nada más publicarse. En cambio, una publicación semanal de los precios del MAFC permitiría reflejar adecuadamente la tendencia de precios de los derechos de emisión del RCDE UE y perseguiría el mismo objetivo climático. En consecuencia, es conveniente que el precio de los certificados MAFC se calcule sobre la base de un período de tiempo más largo (semanal) que el previsto en el RCDE UE (diario) y procede encomendar a la Comisión el cálculo y la publicación de dicho precio medio. (44)Con el fin de que los declarantes autorizados gocen de cierta flexibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones MAFC y puedan beneficiarse de las fluctuaciones de precio de los derechos de emisión del RCDE UE, los certificados MAFC tendrán una validez de dos años a partir de la fecha de compra. El declarante autorizado tendrá derecho a revender a la autoridad nacional una parte de los certificados comprados en exceso. El declarante autorizado acumulará durante el año la cantidad de certificados requerida en el momento de la entrega, con umbrales que se fijarán al final de cada trimestre. (45)Las características físicas de un producto como la electricidad, particularmente la imposibilidad de seguir el flujo real de electrones, justifican una configuración del MAFC algo distinta. Es conveniente que el método estándar sea la utilización de valores por defecto y permitir a los declarantes autorizados solicitar que sus obligaciones MAFC se calculen sobre la base de las emisiones reales. El comercio de la electricidad difiere del comercio de otros productos sobre todo porque se comercializa a través de redes eléctricas interconectadas, utilizando intercambios de energía y formas específicas de negociación. El acoplamiento de mercados es una forma de comercio de la electricidad muy regulada que permite agregar las ofertas y las demandas de electricidad en toda la Unión. (46)Para evitar los riesgos de elusión y mejorar la trazabilidad de las emisiones reales de CO2 procedentes de la importación de electricidad y su utilización en las mercancías, el cálculo de las emisiones reales solo debe permitirse bajo estrictas condiciones. En particular, debe exigirse la acreditación de una nominación firme de la capacidad de interconexión asignada y la existencia de una relación contractual directa entre el comprador y el productor de electricidad renovable, o entre el comprador y el productor de electricidad cuyas emisiones sean inferiores a los valores por defecto establecidos. (47)Las Partes Contratantes del Tratado por el que se establece la Comunidad de la Energía o las Partes en Acuerdos de Asociación, incluidas las zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo, están comprometidas con procesos de descarbonización que deberían conducir a la adopción de mecanismos de fijación del precio del carbono similares o equivalentes al RCDE UE o a su participación en el RCDE UE. (48)La integración de terceros países en el mercado de la electricidad de la Unión es un importante impulso para que estos países aceleren su transición hacia sistemas energéticos con elevadas cuotas de energías renovables. El acoplamiento de mercados de la electricidad que establece el Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión permite a terceros países integrar mejor la electricidad procedente de energías renovables en el mercado de la electricidad, intercambiar esa electricidad de manera eficiente en una zona más amplia, equilibrar la oferta y la demanda con el mercado más amplio de la Unión y reducir el consumo de carbono de su producción eléctrica. La integración de terceros países en el mercado de la electricidad de la Unión también contribuye a la seguridad de suministro eléctrico de dichos países y de los Estados miembros vecinos. (49)Una vez que los terceros países queden estrechamente integrados en el mercado de la electricidad de la Unión mediante el acoplamiento de mercados, deberán buscarse soluciones técnicas para garantizar la aplicación del MAFC a la electricidad exportada desde dichos países al territorio aduanero de la Unión. Si no se pueden encontrar soluciones técnicas, procederá aplicar a los terceros países acoplados al mercado una exención temporal del MAFC hasta 2030, como máximo, en lo que se refiere exclusivamente a la exportación de electricidad, siempre que se cumplan determinadas condiciones. No obstante, dichos terceros países habrán de elaborar una hoja de ruta y comprometerse a aplicar un mecanismo de fijación del precio del carbono que establezca un precio equivalente al del RCDE UE, a alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2050, así como a adecuarse a la legislación de la Unión en materia de medio ambiente, clima, competencia y energía. Dicha exención deberá retirarse en cualquier momento si existen razones para creer que el país en cuestión no cumple sus compromisos o si no hubiera adoptado un RCDE equivalente al RCDE UE para 2030. (50)Procede establecer un período transitorio entre 2023 y 2025 en el que se aplicará un MAFC sin ajuste financiero, con el fin de facilitar un despliegue paulatino del mecanismo, reduciendo así el riesgo de alteraciones comerciales. Los declarantes deberán informar trimestralmente de las emisiones implícitas en las mercancías importadas durante el período transitorio, especificando las emisiones directas, indirectas y el precio del carbono abonado en el extranjero. (51)Para facilitar y garantizar el correcto funcionamiento del MAFC, la Comisión habrá de prestar apoyo a las autoridades competentes responsables de la aplicación del presente Reglamento en el cumplimiento de sus obligaciones. (52)La Comisión debería evaluar la aplicación del presente Reglamento antes de que finalice el período transitorio e informar al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe de la Comisión deberá centrarse, en particular, en las posibilidades de mejorar las acciones por el clima con vistas al objetivo de neutralidad climática de la UE de aquí a 2050. En el marco de dicha evaluación, la Comisión comenzará a recopilar la información necesaria para ampliar el ámbito de aplicación a las emisiones indirectas, así como a otras mercancías y servicios en riesgo de fuga de carbono, y a desarrollar métodos de cálculo de las emisiones implícitas basados en los métodos de huella ambiental. (53)En vista de lo anterior, conviene proseguir el diálogo con terceros países e instituir un espacio para la cooperación en posibles soluciones que puedan orientar futuras opciones específicas sobre los detalles de diseño de la medida durante su ejecución, en particular durante el período transitorio. (54)La Comisión debe esforzarse por comprometerse de manera ecuánime y respetando las obligaciones internacionales de la UE con los terceros países cuyo comercio con la UE se vea afectado por el presente Reglamento, a fin de explorar las posibilidades de diálogo y cooperación en relación con la aplicación de determinados elementos del Mecanismo establecidos en el presente Reglamento y en los actos de ejecución conexos. También deberían explorarse las posibilidades de celebrar acuerdos para tener en cuenta sus mecanismos de fijación del precio del carbono. (55)Dado que el objetivo del MAFC es fomentar procesos de producción más limpios, la UE está dispuesta a trabajar con los países de renta baja y media con vistas a la descarbonización de sus industrias manufactureras. Además, la Unión ha de apoyar a los países menos desarrollados con la asistencia técnica necesaria para facilitar su adaptación a las nuevas obligaciones establecidas por el presente Reglamento. (56)Las disposiciones del presente Reglamento se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el Reglamento 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo. (57)En aras de la eficiencia, procede aplicar lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo. (58)Con objeto de evitar la elusión de lo dispuesto en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 290 del TFUE con el fin de completar la lista de mercancías recogida en el anexo I. (59)Es especialmente importante que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. (60)A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (61)Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, detección e investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas y financieras. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones Artículo 1

Objeto 1.El presente Reglamento establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono («MAFC») para hacer frente al problema de las emisiones de gases de efecto invernadero implícitas en las mercancías contempladas en el anexo I, en el momento de su importación en el territorio aduanero de la Unión, con el fin de evitar el riesgo de fuga de carbono. 2.El MAFC complementa el régimen establecido por la Directiva 2003/87/CE para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión aplicando una serie de normas equivalentes a las importaciones, en el territorio aduanero de la Unión, de las mercancías a que se refiere el artículo 2. 3.El mecanismo sustituirá progresivamente a los mecanismos establecidos en la Directiva 2003/87/CE para prevenir el riesgo de fuga de carbono, en particular la asignación gratuita de derechos de emisión contemplada en el artículo 10 bis de dicha Directiva. Artículo 2

Ámbito de aplicación 1.El presente Reglamento se aplicará a las mercancías enumeradas en el anexo I, originarias de un tercer país, cuando dichas mercancías, o los productos transformados a partir de dichas mercancías como resultado del régimen de perfeccionamiento activo a que se refiere el artículo 256 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, se importen en el territorio aduanero de la Unión. 2.El presente Reglamento se aplicará a las mercancías a que se refiere el apartado 1 cuando dichas mercancías se introduzcan en la plataforma continental o la zona económica exclusiva de un Estado miembro. 3.No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, el presente Reglamento no se aplicará a las mercancías originarias de los países y territorios enumerados en la sección A del anexo II. 4.Las mercancías importadas se considerarán originarias de terceros países de conformidad con las normas de origen no preferenciales definidas en el artículo 59 del Reglamento (UE) n.º 952/2013. 5.Los países y territorios se enumerarán en la sección A del anexo II, siempre que se cumplan cada una de las siguientes condiciones: a)que el RCDE UE establecido en virtud de la Directiva 2003/87/CE se aplique a ese país o territorio o se haya celebrado un acuerdo entre dicho tercer país o territorio y la Unión que vincule plenamente el RCDE UE con el régimen de comercio de derechos de emisión del tercer país o territorio; b)que el precio pagado en el país del que son originarias las mercancías se aplique efectivamente a dichas mercancías sin más descuentos que los aplicados en el RCDE UE. 6.La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución a fin de determinar las condiciones de aplicación del MAFC a las mercancías a que se refiere el apartado 2. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 29, apartado 2. 7.Cuando un tercer país o territorio tenga un mercado de la electricidad integrado en el mercado interior de la electricidad de la Unión mediante el acoplamiento de mercado, y no haya sido posible encontrar una solución técnica a la aplicación del MAFC a la importación de electricidad en la Unión desde ese tercer país o territorio, la importación de electricidad desde dicho país o territorio quedará exenta de la aplicación del MAFC, siempre que se cumplan cada una de las siguientes condiciones: a)que el tercer país o territorio haya celebrado un acuerdo con la Unión en el que se establezca la obligación de aplicar el Derecho de la Unión en el ámbito de la electricidad, incluida la legislación sobre el desarrollo de fuentes de energía renovables, así como otras normas en el ámbito de la energía, el medio ambiente y la competencia; b)que la legislación nacional de ese tercer país o territorio aplique las principales disposiciones de la legislación de la Unión sobre el mercado de la electricidad, en particular sobre el desarrollo de fuentes de energía renovables y el acoplamiento de mercados de la electricidad; c)que el tercer país o territorio haya presentado a la Comisión una hoja de ruta con un calendario para la adopción de medidas de aplicación de las condiciones establecidas en las letras d) y e); d)que el tercer país o territorio se haya comprometido a alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y, por tanto, haya formulado y comunicado formalmente, en su caso, a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático una estrategia a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a mediados de siglo, en consonancia con dicho objetivo, y haya incorporado esa obligación a su legislación nacional; e)que el tercer país o territorio haya demostrado, al aplicar la hoja de ruta contemplada en la letra c), avances sustanciales en la adecuación de la legislación nacional al Derecho de la Unión en el ámbito de la acción por el clima sobre la base de dicha hoja de ruta, también en materia de fijación de precios del carbono a un nivel equivalente al de la Unión, al menos en lo que respecta a la producción de electricidad. La aplicación de un régimen de comercio de derechos de emisión para la electricidad, con un precio equivalente al RCDE UE, finalizará a más tardar el 1 de enero de 2030;

f)que el tercer país o territorio haya establecido sistemas eficaces para impedir la importación indirecta de electricidad en la Unión procedente de otros terceros países que no cumplan los requisitos establecidos en las letras a) a e). 8.El tercer país o territorio que cumpla las condiciones establecidas en el apartado 7, letras a) a f) se incluirá en el anexo II, sección B, del presente Reglamento y presentará dos informes sobre el cumplimiento de las condiciones contempladas en el apartado 7, letras a) a f), el primero antes del 1 de julio de 2025 y el segundo antes del 1 de julio de 2029. A más tardar el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2029, la Comisión evaluará, en particular sobre la base de la hoja de ruta contemplada en el apartado 7, letra c), y de los informes recibidos del tercer país o territorio, si dicho tercer país o territorio sigue cumpliendo las condiciones establecidas en el apartado 7. 9.El tercer país o territorio será eliminado de la lista recogida en el anexo II, sección B, del presente Reglamento: a)si la Comisión tiene motivos para considerar que el país o territorio no ha progresado suficientemente para cumplir alguno de los requisitos enumerados en el apartado 7, letras a) a f), o si el país o territorio ha tomado medidas incompatibles con los objetivos establecidos en la legislación de la Unión en materia de clima y medio ambiente; b)si el tercer país o territorio ha tomado medidas contrarias a sus objetivos de descarbonización, como facilitar apoyo público a la instalación de nuevas capacidades de generación que emitan más de 550 g de CO2 procedente de combustibles fósiles por kWh de electricidad. 10.La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 28, al objeto de establecer requisitos y procedimientos aplicables a los países o territorios que se eliminen de la lista del anexo II, sección B, a fin de garantizar la aplicación del presente Reglamento a sus territorios en lo que respecta a la electricidad. Si, en tales casos, el acoplamiento de mercados sigue siendo incompatible con la aplicación del presente Reglamento, la Comisión podrá decidir excluir a los terceros países o territorios en cuestión del acoplamiento del mercado de la Unión y exigir una asignación explícita de capacidad en la frontera entre la Unión y el tercer país, de modo que pueda aplicarse el MAFC. 11.La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 28 al objeto de modificar las listas del anexo II, secciones A o B, en función del cumplimiento de las condiciones establecidas en los apartados 5, 7 o 9. 12.La Unión podrá celebrar acuerdos con terceros países para tener en cuenta los mecanismos de fijación del precio del carbono en dichos países en cumplimiento del artículo 9. Artículo 3

Definiciones A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 1)«mercancías»: las mercancías enumeradas en el anexo 1; 2)«gases de efecto invernadero»: los gases de efecto invernadero especificados en el anexo I en relación con cada una de las mercancías enumeradas en dicho anexo; 3)«emisión»: la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero a partir de la producción de mercancías; 4)«importación»: el despacho a libre práctica previsto en el artículo 201 del Reglamento (UE) n.º 952/2013; 5)«RCDE UE»: el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión, en relación con las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE distintas de las actividades de aviación; 6)«tercer país»: un país o territorio situado fuera del territorio aduanero de la Unión; 7)«plataforma continental»: la plataforma continental definida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; 8)«zona económica exclusiva»: la zona económica exclusiva definida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y declarada zona económica exclusiva por un Estado miembro en virtud de dicha Convención; 9)«acoplamiento de mercados»: la asignación de capacidad de transporte a través de un sistema de la Unión que simultáneamente casa las órdenes y asigna capacidad de intercambio interzonal según lo establecido en el Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión; 10)«asignación explícita de capacidad»: la asignación de capacidad de transporte transfronteriza distinta del comercio de electricidad;

11)«autoridad competente»: la autoridad designada por cada Estado miembro de conformidad con el artículo 11 del presente Reglamento; 12)«autoridades aduaneras»: las administraciones aduaneras de los Estados miembros tal como se definen en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 952/2013; 13)«declarante»: la persona que presenta una declaración en aduana para el despacho a libre práctica en nombre propio, o la persona en cuyo nombre se presenta dicha declaración, de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 952/2013; 14)«persona»: toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el Derecho de la Unión o nacional; 15)«emisiones directas»: las emisiones procedentes de los procesos de producción de mercancías sobre los que el productor tiene un control directo; 16)«emisiones implícitas»: las emisiones directas liberadas durante la producción de mercancías, calculadas con arreglo a los métodos establecidos en el anexo III; 17)«Tonelada de CO2e»: una tonelada de dióxido de carbono o CO2, óxido nitroso y perfluorocarburos, indicada en relación con las mercancías del anexo I; 18)«Certificado MAFC»: el certificado en formato electrónico correspondiente a una tonelada de emisiones implícitas en las mercancías; 19)«entrega»: la compensación de certificados MAFC en relación con las emisiones implícitas declaradas en las mercancías importadas; 20)«procesos de producción»: los procesos químicos y físicos llevados a cabo para producir mercancías en una instalación; 21)«valor por defecto»: el valor calculado u obtenido a partir de datos secundarios que representan las emisiones implícitas en las mercancías; 22)«emisiones reales», las emisiones calculadas a partir de datos primarios de los procesos de producción de mercancías; 23)«precio del carbono»: el importe monetario pagado en un tercer país en forma de impuesto o derechos de emisión, en el marco de un régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y calculado sobre los gases de efecto invernadero contemplados por dicha medida y liberados en la producción de mercancías; 24)«instalación»: una unidad técnica fija en la que se lleva a cabo un proceso de producción; 25)«titular»: cualquier persona que opere o controle una instalación en un tercer país; 26)«organismo nacional de acreditación»: un organismo nacional de acreditación designado por cada Estado miembro de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 765/2008; 27)«Derechos de emisión del RCDE UE»: los derechos de emisión a que se refiere el artículo 3, letra a), de la Directiva 2003/87/CE en relación con las actividades enumeradas en el anexo I de dicha Directiva, distintas de las actividades de aviación; 28)«emisiones indirectas»: las emisiones procedentes de la producción de electricidad, calefacción y refrigeración que consumen los procesos de producción de mercancías. Capítulo II

Obligaciones y derechos de los declarantes de mercancías autorizados

Artículo 4

Importaciones de mercancías Las mercancías solo serán importadas en el territorio aduanero de la Unión por un declarante autorizado por la autoridad competente de conformidad con el artículo 17 («declarante autorizado»). Artículo 5

Solicitud de autorización 1.Previamente a la importación de las mercancías a que se refiere el artículo 2, el declarante deberá solicitar a la autoridad competente del lugar en el que esté establecido una autorización para importar dichas mercancías en el territorio aduanero de la Unión. 2.No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando la capacidad de transporte para la importación de electricidad se asigne mediante una asignación explícita de capacidad, la persona a la que se haya asignado capacidad para la importación y que nomine dicha capacidad para la importación se considerará, a efectos del presente Reglamento, declarante autorizado en el Estado miembro en el que la persona declare la importación de electricidad. Las importaciones deberán medirse por frontera durante períodos de tiempo no superiores a una hora y no podrá deducirse la exportación o el tránsito en la misma hora. 3.La solicitud de autorización incluirá la siguiente información del declarante, que deberá estar establecido en la Unión: a)nombre, dirección e información de contacto; b)número de registro e identificación de los operadores económicos («EORI»), de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 952/2013; c)principal actividad económica ejercida en la Unión; d)certificación por parte de la autoridad tributaria del Estado miembro en el que esté establecido el declarante de que este no está sujeto a una orden de recuperación pendiente por deudas fiscales nacionales; e)declaración jurada de que el declarante no ha estado implicado en infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera, la normativa fiscal y de las normas sobre abuso de mercado durante los cinco años anteriores al de la solicitud, en particular que no haya sido condenado por un delito grave en relación con su actividad económica; f)la información necesaria para demostrar la capacidad financiera y operativa del solicitante para cumplir sus obligaciones en virtud del presente Reglamento y, si así lo decide la autoridad competente basándose en una evaluación de riesgo, los documentos justificativos que confirmen esa información, tales como la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de, a lo sumo, los tres últimos ejercicios financieros cerrados; g)el valor monetario y volumen estimados de las importaciones de mercancías en el territorio aduanero de la Unión por tipo de mercancía, para el año natural en el que se presente la solicitud y para el año natural siguiente; h)nombre y datos de contacto de las personas en cuyo nombre actúa el declarante, si procede. 4.El solicitante podrá retirar su solicitud en cualquier momento. 5.El declarante autorizado informará sin demora a la autoridad competente de cualquier cambio en la información facilitada con arreglo al apartado 3, posterior a la adopción de la decisión, y que pueda incidir en la decisión adoptada de conformidad con el artículo 17 o en el tenor de la misma. 6.La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución sobre el formato normalizado de la solicitud y los plazos y el procedimiento que deberá seguir la autoridad competente en la tramitación de las solicitudes de autorización de conformidad con el apartado 1, así como sobre las normas aplicables a la identificación de los declarantes para la importación de electricidad por parte de la autoridad competente. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 29, apartado 2. Artículo 6

Declaración MAFC 1.A más tardar el 31 de mayo de cada año, todo declarante autorizado presentará a la autoridad competente una declaración («declaración MAFC») correspondiente al año natural anterior a la declaración. 2.La declaración MAFC deberá constar de los siguientes datos:

a)la cantidad total de cada tipo de mercancía importada en el año natural anterior a la declaración, expresada en megavatios/hora, en el caso de la electricidad, y en toneladas para las demás mercancías; b) el total de emisiones implícitas, expresadas en emisiones CO2e por megavatio/hora de electricidad o en toneladas de emisiones de CO2e por tonelada de cada tipo de mercancía para las demás mercancías, calculadas de conf