COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adoptión de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario

1- ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE

>SITIO PARA UN CUADRO>

2- OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Revisar la Directiva 80/987/CEE del Consejo a fin de adaptarla y mejorarla teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal y los cambios que han puesto de manifiesto lagunas o carencias del texto adoptado en 1980.

3- COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. El 18.2.2002, el Consejo adoptó por unanimidad una posición común sobre la propuesta de Directiva de que se trata. En dicho texto, el Consejo retoma las mismas enmiendas que la Comisión había aprobado en su propuesta modificada que presentó oralmente (a saber, las enmiendas 2, 4, 6, 9, 14 y 15), con excepción de la enmienda 11.

La Comisión considera que las enmiendas introducidas en el texto refuerzan la protección que ofrece la propuesta de Directiva y considera que la posición común responde perfectamente a los objetivos perseguidos por la revisión de la Directiva de 1980.

3.2. Enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo, aceptadas por la Comisión e incluidas en la posición común

La posición común integra algunas enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, que también la Comisión había aprobado e incorporado en su propuesta modificada. Se trata de las enmiendas nos 2, 4, 6 (en cuanto al fondo), 9, y 14 y 15 en parte. Algunas de esas enmiendas se han incluido en el texto de la posición común, con una ligera adaptación del texto.

3.2.1. La enmienda 2 introduce, en el apartado 3 del artículo 1 del texto, una limitación de las posibilidades de exclusión del ámbito de aplicación a las exclusiones ya existentes en los Estados miembros. En su nueva versión, este apartado establece que los Estados miembros podrán seguir excluyendo del ámbito de aplicación de la presente Directiva, si se aplica ya en su legislación nacional respectiva una disposición en tal sentido, las dos categorías de trabajadores asalariados contempladas en las letras a) y b).

3.2.2. La enmienda 4 amplía la definición de los procedimientos de insolvencia que dan lugar a la intervención de la institución de garantía; a tal fin, en el apartado 1 del artículo 2, después de la palabra «síndico», se añaden los términos «o persona que ejerza una función similar».

3.2.3. La enmienda 6 introduce en el apartado 4 del artículo 2 de la posición común la facultad de los Estados miembros de extender la protección de los trabajadores asalariados a otras situaciones de insolvencia establecidas mediante otros procedimientos, distintos de los señalados en el apartado 1, previstos en el Derecho nacional.

La Comisión recuerda que no había aceptado la obligación general impuesta a los Estados miembros de establecer otros procedimientos que impliquen la intervención del mecanismo de garantía, por las razones que se indican a continuación. La nueva noción de insolvencia de la Directiva revisada es la del Reglamento 1346/2000 relativo a los procedimientos de insolvencia. En lo sucesivo, esta noción abarca el mayor número posible de los procedimientos existentes en los Estados miembros (de liquidación y otros), que se hallen reconocido en el Reglamento 1346/2000. Si en algunos Estados miembros existen otros procedimientos específicos, la Comisión considera que corresponde a esos Estados miembros determinar si ese procedimiento específico permite determinar la situación de insolvencia del empresario con arreglo a lo establecido en la Directiva y si ese procedimiento permite la intervención de la institución de garantía. En el contexto de las situaciones transnacionales (artículo 8 bis), resultaría difícil llevar a la práctica la obligatoriedad de tener en cuenta, en todos los Estados miembros, esos procedimientos y las situaciones de facto. Por consiguiente, se ha precisado que dichos procedimientos no crearán obligaciones para las instituciones de los demás Estados miembros en los casos contemplados en la sección III bis de la Directiva.

3.2.4. La enmienda 9 se inserta en el apartado 3 del artículo 2, que establece que los Estados miembros no podrán someter la apertura del derecho de los trabajadores a beneficiarse de las disposiciones de la presente Directiva a un período mínimo de trabajo. La Comisión considera que el elemento del «volumen» del contrato ya se contempla en la letra a) del apartado 2 del artículo 2, que prohíbe excluir del ámbito de la aplicación de la Directiva a los trabajadores a tiempo parcial.

3.2.5. La enmienda 14, que está dirigida a suprimir la posibilidad de establecer un límite para los pagos efectuados por la institución de garantía, se ha aprobado en cuanto al fondo, es decir, el Consejo ha aceptado delimitar esta posibilidad de limitación a fin de evitar que el establecimiento del límite dé lugar a un nivel socialmente inaceptable.

La Comisión recuerda que no podía aceptar una supresión total de límite, por varias razones. En primer lugar, se recuerda que el apartado 1 del artículo 4 autoriza la limitación de las obligaciones de pago. El apartado 2 de dicho artículo contempla la posibilidad de establecer un límite en el tiempo, y el apartado 3 permite el establecimiento de un límite. Varios Estados miembros han optado por establecer un límite como único método de limitación, sin utilizar la posibilidad de establecer límites temporales. En consecuencia, la supresión total de esta opción desfavorecería claramente a dichos Estados. Además, en determinadas situaciones, el establecimiento de un límite puede estar justificado y también puede ser necesario para asegurar el correcto funcionamiento de la institución de garantía.

El Consejo ha mantenido la posibilidad de establecer un límite, pero ha reconocido que éste no debe dar lugar a una reducción demasiado importante de los créditos, ya que ello sería inaceptable con respecto al objetivo de la Directiva. En consecuencia, el Consejo ha incluido en el apartado 3 del artículo 4 una disposición según la cual ese límite no deberá ser inferior a un umbral socialmente compatible con el objetivo social de la Directiva.

3.2.6. La enmienda 15 se ha incluido en el texto de la posición común sin la nueva formulación de la letra b). El Consejo ha aceptado la propuesta de la Comisión y ha reintroducido el antiguo artículo 5 de la Directiva 80/987/CEE en su versión de 1980. Habida cuenta de que se trata de una Directiva que se halla dentro del ámbito de la protección de los trabajadores, el método de financiación de la institución de garantía puede dejarse a cargo de los Estados miembros, siempre que la carga de la financiación no se imponga íntegramente a los trabajadores asalariados.

3.3. Enmienda del Parlamento Europeo aprobada por la Comisión y no incluida en la posición común

Sólo una enmienda aprobada por la Comisión no se ha incluido en la posición común. Se trata de la enmienda 11, en la que se propone añadir en el apartado 1 del artículo 3 los términos «o de las indemnizaciones debidas a los trabajadores tras el cese de la relación laboral». El Consejo considera que el hecho de añadir esos términos no lleva consigo ningún elemento protector adicional: en la medida en que dichas indemnizaciones son parte de la remuneración, tal como se define en virtud del apartado 2 del artículo 2, éstas ya se contemplan en el texto del artículo 3, que obliga a las instituciones de garantía a asegurar el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales.

3.4. Nuevas disposiciones introducidas en la posición común

El Consejo ha insertado un nuevo párrafo en el apartado 2 del artículo 4, con arreglo al cual, en determinadas condiciones, podrá limitarse el período de garantía salarial a ocho semanas. La nueva disposición es el resultado de un largo debate sobre la interacción de los tres elementos que figuran en el artículo 4: el período que da lugar al pago de los créditos, el período de referencia y el límite de los pagos. Finalmente fue posible un acuerdo sobre este punto, debido a que todos estos elementos ya se tienen en cuenta en la nueva versión del artículo 4 y a que la posibilidad de establecer un límite de ocho semanas está muy bien delimitada. En primer lugar, la posibilidad de limitar el período de garantía a ocho semanas está sujeta a la condición de que se establezca un período de referencia de al menos dieciocho meses. Además, los Estados miembros que utilicen esta posibilidad estarán obligados a tener en cuenta, para calcular las ocho semanas, los períodos más favorables para el trabajador asalariado. Por último, esta solución se ve reforzada por la introducción de la cláusula de no-regresión en el párrafo segundo del artículo 9, que establece que la aplicación de la presente Directiva no podrá constituir, en ningún caso, motivo para justificar una regresión respecto de la situación ya existente en los Estados miembros en lo relativo al nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por la misma.

Además, en el primer apartado del artículo 8 ter, el Consejo ha precisado el objetivo y el contenido de la cooperación administrativa entre los Estados miembros en situaciones transnacionales. En aras de la transparencia, se ha añadido un nuevo apartado 2, que se refiere a las obligaciones de comunicación entre los Estados miembros y la Comisión.

Por último, se ha añadido una nueva letra c) en el artículo 10, en virtud de la cual los Estados miembros podrán rechazar o reducir la obligación de pago en caso de que un trabajador sea propietario de una parte esencial de la empresa y ejerza una considerable influencia en las actividades de la empresa. La Comisión considera que esta norma no es sino una precisión de la letra b) del mismo artículo 10 y, en consecuencia, no constituye una nueva autorización concedida a los Estados miembros.

Por las razones anteriormente expuestas, la Comisión puede aprobar esos cambios introducidos por el Consejo.

4- CONCLUSIONES

La Comisión se congratula de la calidad del texto resultante de la posición común. Considera que el texto es equilibrado y puede contribuir a incrementar la protección de los trabajadores. En consecuencia, la Comisión aprueba el texto de la posición común del Consejo en su totalidad.

La Comisión espera que se produzca un progreso rápido en segunda lectura con vistas a una adopción de la Directiva lo antes posible.