Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas presentada por la Comisión

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un nuevo marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas para un mercado en rápida transformación

La presente es una de las seis propuestas cuyo conjunto crea un nuevo marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Se trata de las seis propuestas siguientes:

- Directiva relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas - contiene las disposiciones horizontales del nuevo marco regulador de las comunicaciones electrónicas de la Unión Europea.

- Directiva relativa a la autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas - pretende instaurar un mercado único europeo de servicios de comunicaciones electrónicas armonizando las normas por las que se autoriza la prestación de tales servicios.

- Directiva relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión - establece un marco para los acuerdos de acceso e interconexión en toda la UE.

- Directiva relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas - fija los derechos de que disfrutan los usuarios con respecto a los servicios de comunicaciones electrónicas, en particular en relación con el servicio universal.

- Directiva relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas - pone al día la actual Directiva para garantizar su neutralidad tecnológica e incluir en su ámbito de aplicación los nuevos servicios de comunicaciones.

- Reglamento sobre el acceso desagregado al bucle local - introduce la exigencia de desagregación del bucle local, que debe entrar en vigor como muy tarde el 31 de diciembre de 2000, antes de la entrada en vigor del resto de las medidas.

Además de este conjunto de medidas, la Comisión ha adoptado una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea [1], que establece un marco político y jurídico en la Comunidad para conseguir la armonización del uso del espectro radioeléctrico.

[1] COM(2000)...

Estas propuestas son consecuencia de una amplia consulta pública, incluidos el Libro Verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información y sobre sus consecuencias para la reglamentación en la perspectiva de la sociedad de la información (COM(97) 623) [2], el Libro Verde sobre la política en materia de espectro radioeléctrico en el contexto de las políticas de telecomunicaciones, radiodifusión, transportes e I+D de la Comunidad Europea (COM(98) 596) [3] y la Revisión de 1999 [4] del actual marco regulador de las comunicaciones y de la consulta pública subsiguiente. La Comunicación [5] en la que se informa sobre los resultados de esta última consulta se publicó en abril del presente año, y en ella figuraban una serie de orientaciones clave para las seis propuestas.

[2] Los resultados de esta consulta figuran en la Comunicación de la Comisión sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información y sus consecuencias para la reglamentación - Resultados de la consulta pública sobre el Libro Verde (COM(1999) 108).

[3] Los resultados de esta consulta se resumen en la Comunicación de la Comisión sobre los próximos pasos en la política del espectro radioeléctrico Resultados de la consulta pública sobre el Libro Verde (COM(1999) 538).

[4] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones Hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados - Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones (COM(1999) 539).

[5] Comunicación sobre los resultados de la consulta pública sobre la Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones (COM(2000) 239).

El marco legislativo actual se creó fundamentalmente para efectuar la transición de una situación monopolista a otra de competencia, por lo cual se centró en la creación de un mercado competitivo y en los derechos de los nuevos operadores. En el logro de estos objetivos, se ha visto coronado por el éxito. Pero actualmente el mercado, en parte a causa del éxito de la liberalización a nivel europeo, se está transformando a un ritmo cada vez más acelerado. Era algo ya previsto en el actual marco legislativo, que solicitaba a la Comisión que revisara el funcionamiento de las directivas que componían el marco regulador a la luz de la evolución del mercado y de la tecnología y de las nuevas demandas de los usuarios.

El nuevo marco político debe tener presente esta evolución, y en particular la convergencia entre los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y TI. Su objetivo es reforzar la competencia en todos los segmentos del mercado, al tiempo que se garantiza el mantenimiento de la protección de los derechos básicos de los consumidores. Por consiguiente, está pensado para hacer frente a unos mercados nuevos, dinámicos y en buena medida imprevisibles, en los que interviene un número de agentes muy superior al actual.

El Consejo Europeo de Lisboa de 23-24 de marzo de 2000 subrayó las perspectivas de crecimiento, competitividad y creación de puestos de trabajo que ofrece el paso a una economía digital y basada en el conocimiento. En particular, se insistió en la importancia de que las empresas y los ciudadanos de Europa puedan acceder a una infraestructura de comunicaciones de primera línea y poco costosa, así como a una amplia gama de servicios. También se puso de relieve el dinamismo con que evolucionan la tecnología y el mercado en este sector, ilustrado por la convergencia tecnológica de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología de la información, así como por la expansión de Internet.

Para proporcionar seguridad jurídica en la transición del marco actual al nuevo marco regulador, se prevé que las cinco primeras nuevas Directivas de la lista precedente (marco, de acceso, de autorizaciones, de servicio universal y de protección de datos) entren en vigor en la misma fecha. En ese momento, quedarían derogadas las Directivas correspondientes actualmente vigentes.

Finalidad y objetivos de la Directiva propuesta

Esta propuesta de Directiva pretende establecer un marco regulador armonizado en materia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en toda la UE. Se trata de incluir en su ámbito de aplicación, en respuesta al fenómeno de la convergencia, todos los servicios y las redes de comunicaciones electrónicas. Establece varios principios y objetivos que los organismos reguladores deben utilizar, así como una serie de tareas en relación con la gestión de recursos escasos tales como el espectro radioeléctrico y la numeración. Contiene, por último, diversas disposiciones horizontales comunes a más de una medida del paquete.

Resumen del contenido de la Directiva propuesta

Capítulo I - Ámbito de aplicación, objetivos y definiciones

El artículo 1 expone la finalidad y el ámbito de aplicación del nuevo marco: establecer un marco armonizado para la regulación de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, esto es, incluyendo todas las redes satelitales y terrenales, tanto fijas como inalámbricas (es decir, la red telefónica pública conmutada, las redes que usan el protocolo Internet (IP), la televisión por cable y las redes de radiodifusión terrenal y móviles). Aclara que la Directiva propuesta no es aplicable a servicios tales como los contenidos radiodifundidos o los servicios de comercio electrónico, y que tampoco los equipos terminales de telecomunicaciones entran en el ámbito de aplicación del nuevo marco.

El artículo 2 contiene las definiciones del nuevo marco. Las nuevas definiciones clave son las de "red de comunicaciones electrónicas", "servicio de comunicaciones electrónicas" y "recursos asociados".

Capítulo II - Autoridades nacionales de reglamentación

Este capítulo cubre los artículos 3 a 6, que establecen los principios para el establecimiento de las autoridades nacionales de reglamentación (ANR), así como determinados procedimientos a los que están sometidas (p. ej., consulta o publicación de información).

El artículo 3 (autoridades nacionales de reglamentación) establece los requisitos de independencia de las ANR y de publicación de qué organismos son responsables de las distintas tareas contempladas en las Directivas. Estos requisitos no difieren mucho de las obligaciones ya impuestas a las ANR en virtud del actual marco de las telecomunicaciones. Exige asimismo la imparcialidad en la adopción de decisiones.

El artículo 4 (derecho de recurso) establece un derecho de recurso, dejando claro que deberá ejercerse ante un organismo independiente de la administración. Dicho organismo podrá examinar los hechos del asunto, no sólo el procedimiento aplicado, y la decisión de la ANR será vinculante mientras no se resuelva el recurso.

El artículo 5 (intercambio y suministro de información a las autoridades nacionales de reglamentación y a la Comisión) establece el derecho de una ANR a recabar información de los agentes del mercado, pero garantizando que el proceso esté justificado y resulte proporcionado. También permite a la Comisión solicitar a las ANR la información que necesite en el marco de su misión, p. ej. para utilizarla en procedimientos referidos a litigios de tipo comercial. Por último, el artículo permite el intercambio de información confidencial siempre que se respete su confidencialidad.

El artículo 6 (mecanismo de consulta y transparencia) impone a las ANR obligaciones de consulta cuando adopten decisiones que afecten a terceros. Establece asimismo un procedimiento que da a la Comisión la posibilidad de exigir que la ANR modifique o retire la medida si no está justificada al amparo del marco regulador.

Capítulo III - Obligaciones y misiones de las autoridades nacionales de reglamentación (ANR)

Este capítulo (artículos 7 a 12) expone las misiones de las ANR en relación con la atribución y asignación de recursos escasos (espectro radioeléctrico y números) y el otorgamiento de derechos de paso.

El artículo 7 (objetivos políticos y principios reglamentarios) exige que las ANR se atengan a un conjunto definido de objetivos y principios. Los objetivos y principios son en esencia los contenidos en la Comunicación sobre la revisión de 1999 y confirmados en la consulta, aunque dos principios (los referidos a seguridad jurídica y ejecución) se aplicarán a través de la legislación comunitaria en su conjunto, más que a través de los organismos reguladores, y por consiguiente no se incluyen como objetivos de éstos.

El artículo 8 (atribución y asignación de espectro radioeléctrico) establece diversas obligaciones relativas a la atribución y asignación de espectro radioeléctrico. En particular, exige a las ANR que gestionen el espectro con eficacia e introduce el derecho de las ANR, mediando determinadas salvaguardias, a permitir el comercio de asignaciones de frecuencias.

El artículo 9 (gestión de los recursos de numeración) establece obligaciones en materia de numeración. En particular, mantiene la disposición existente que exige que las ANR velen por que existan suficientes números para todos los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas. Dispone la armonización de los recursos de numeración cuando resulte necesario para los servicios paneuropeos. También impone que las ANR velen por que todos los usuarios de la Comunidad puedan acceder a los números no geográficos (p. ej. de llamada gratuita o de tarifa superior), salvo en el caso de que la parte llamada haya decidido restringir dicho acceso por razones comerciales. El último apartado exige a los Estados miembros que coordinen sus posiciones en materia de numeración, denominación y direccionamiento en los foros y organizaciones internacionales.

Los artículos 10 (derechos de paso) y 11 (instalaciones compartidas y coubicación) se refieren al otorgamiento de derechos de paso y los mecanismos de compartición de instalaciones y coubicación, por ejemplo cuando los derechos de paso están limitados por motivos relacionados con el medio ambiente, la salud pública, la seguridad pública o la ordenación.

El artículo 12 (separación de cuentas) mantiene la exigencia, previamente contenida en la Directiva de interconexión, de que las empresas que disfrutan de derechos especiales o exclusivos en otros mercados mantengan la separación entre la contabilidad referida a estas actividades y la referida a las de suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, y exige a todos los suministradores de redes de comunicaciones públicas y servicios de comunicaciones disponibles al público que publiquen sus cuentas auditadas.

Capítulo IV - Disposiciones generales

El capítulo IV cubre los artículos 13 a 25. Se trata de las disposiciones comunes a más de una Directiva del marco regulador.

El artículo 13 (peso significativo en el mercado) define el concepto de peso significativo en el mercado, al que hacen referencia las Directivas de usuarios y de acceso, obligando a las ANR a imponer obligaciones definidas a determinadas empresas. Conviene señalar que, aunque en el actual marco regulador se utilice el mismo término, su definición queda modificada en esta sección, refiriéndose en adelante al operador dominante.

El artículo 14 (análisis del mercado) contiene el procedimiento que tiene que aplicar una ANR para decidir si debe imponer obligaciones a determinadas empresas, mantenerlas o retirarlas. La Comisión elaborará unas directrices para ayudar a las ANR a definir los mercados y evaluar el nivel de competencia. La Comisión adoptará asimismo anualmente una Decisión en el que se enumerarán los mercados cuyas características podrían justificar una intervención reguladora ex ante. Las ANR no podrán imponer tales obligaciones en mercados que no figuren en dicha Decisión sin la aprobación previa de la Comisión. El artículo exige que las ANR evalúen el grado de competencia en un mercado dado de conformidad con las directrices e impongan o mantengan obligaciones solamente cuando la competencia no sea efectiva. En caso contrario, deberán suprimirse las obligaciones. Las decisiones que se adopten en virtud de este procedimiento deberán ser notificadas a la Comisión y a las demás ANR de conformidad con el mecanismo de transparencia del artículo 6.

El artículo 15 (normalización) recoge en su mayor parte las disposiciones del marco actual en virtud de las cuales la normalización será un proceso dirigido por la industria, incluyendo la posibilidad de que resulte obligatoria la aplicación de determinadas normas.

El artículo 16 (procedimientos de armonización) cubre dos procedimientos relacionados con la armonización del mercado único europeo. El primero se refiere a la elaboración de orientaciones por la Comisión (p. ej., recomendaciones), con el objetivo de incrementar la armonización en la aplicación de determinadas obligaciones contenidas en el nuevo marco regulador. El segundo permite a la Comisión proponer medidas vinculantes de armonización utilizando procedimientos de comitología cuando considere que la divergencia entre las medidas nacionales constituye un obstáculo para el mercado único europeo.

El artículo 17 (resolución de litigios entre empresas) introduce un procedimiento de resolución de litigios entre empresas, basado en la actual Directiva de interconexión.

El artículo 18 (resolución de litigios en los que intervienen partes de diferentes Estados miembros) establece un procedimiento para abordar los litigios transfronterizos, tanto para usuarios como para empresas.

El artículo 19 (Comité) establece el Comité de Comunicaciones y fija los dos procedimientos de comitología (consultivo y de reglamentación) propuestos, de conformidad con la nueva Decisión sobre comitología.

El artículo 20 (intercambio de información) cubre el intercambio de información en el marco del Comité.

El artículo 21 (Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones) establece el Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones, determinando su composición y cometido.

El artículo 22 (publicación de información) exige que los Estados miembros hagan accesible la información relativa a la aplicación de la presente Directiva y de las medidas específicas.

El artículo 23 (procedimientos de revisión) dispone la revisión de la presente Directiva.

Capítulo V - Disposiciones finales

El artículo 24 (derogación), el artículo 25 (transposición), el artículo 26 (entrada en vigor) y el artículo 27 (destinatarios) constituyen medidas de procedimiento.

2000/0184 (COD)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión [6],

[6] DO C [...], [...], p. [...].

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [7],

[7] DO C [...], [...], p. [...].

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [8],

[8] DO C [...], [...], p. [...].

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [9],

[9] DO C [...], [...], p. [...].

Considerando lo siguiente:

(1) El actual marco regulador de las telecomunicaciones ha conseguido crear las condiciones necesarias para una competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones durante la transición del régimen de monopolio al de plena competencia.

(2) El 10 de marzo de 1999, la Comisión presentó una Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información y sus consecuencias para la reglamentación - Resultados de la consulta pública sobre el Libro verde [10].

[10] COM(1999) 108.

(3) El 10 de noviembre de 1999, la Comisión presentó una Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los próximos pasos en la política del espectro radioeléctrico - Resultados de la consulta pública sobre el Libro Verde [11].

[11] COM(1999) 538.

(4) El 10 de noviembre de 1999, la Comisión presentó una Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada "Hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados. Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones [12]". En esta Comunicación la Comisión pasaba revista al actual marco regulador de las telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones [13], modificada por la Directiva 97/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [14], y se presentaba para consulta pública una serie de propuestas políticas relativas a un nuevo marco regulador de la infraestructura de las comunicaciones electrónicas y los servicios asociados.

[12] COM(1999) 539.

[13] DO L 192, de 24.7.1990, p. 1.

[14] DO L 295, de 29.10.1997 p. 23.

(5) El 26 de abril de 2000, la Comisión presentó una Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los resultados de la consulta pública sobre la Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones y las orientaciones para el nuevo marco regulador [15]. En esta Comunicación se resumía la consulta pública y se establecían algunas orientaciones clave para la preparación de un nuevo marco en materia de infraestructura de comunicaciones electrónicas y servicios asociados.

[15] COM(2000) 239.

(6) El Consejo Europeo de Lisboa de 23-24 de marzo de 2000 subrayó las perspectivas de crecimiento, competitividad y creación de puestos de trabajo que ofrece el paso a una economía digital y basada en el conocimiento. En particular, insistió en la importancia de que las empresas y los ciudadanos de Europa puedan acceder a una infraestructura de comunicaciones de primera línea y poco costosa, así como a una amplia gama de servicios.

(7) La convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información supone que todos los servicios y las redes de transmisión estén sometidos a un único marco regulador. Dicho marco regulador consta de la presente Directiva y de cuatro Directivas específicas: Directiva [../../CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa a la autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas [16]], Directiva [../../CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión [17]], Directiva [../../CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas [18]], Directiva [../../CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas [19]], así como del Reglamento (CE) n° del Parlamento Europeo y del Consejo [sobre el acceso desagregado al bucle local [20]] (en lo sucesivo denominado las medidas específicas). Es necesario separar la regulación de la transmisión de la regulación de los contenidos. Por consiguiente, este marco no cubre el contenido de los servicios prestados a través de las redes de comunicaciones electrónicas utilizando los servicios de comunicaciones electrónicas, tales como los contenidos radiodifundidos, los servicios financieros y determinados servicios de la sociedad de la información. Los contenidos de los programas de televisión están cubiertos por la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva [21], modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [22]. La separación entre la regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en cuenta los vínculos que existen entre ambas.

[16] DO L , , p..

[17] DO L , , p..

[18] DO L , , p..

[19] DO L , , p..

[20] DO L , , p..

[21] DO L 298, de 17.10.1989, p. 23.

[22] DO L 202, de 30.7.1997, p. 60.

(8) La presente Directiva no se aplica a los equipos que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad [23], pero sí a los equipos de consumo utilizados para la televisión digital.

[23] DO L 91, de 7.4.1999, p. 10.

(9) Los servicios de la sociedad de la información entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico [24]).

[24] DO L 178, de 17.7.2000, p. 1.

(10) De conformidad con el artículo 14 del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que el libre movimiento de servicios de comunicaciones electrónicas está garantizado.

(11) De conformidad con el principio de separación de las funciones de reglamentación y de explotación, los Estados miembros deben garantizar la independencia de la autoridad o las autoridades nacionales de reglamentación con el fin de asegurar la imparcialidad de sus decisiones. Este requisito de independencia se entiende sin perjuicio de la autonomía institucional y de las obligaciones constitucionales de los Estados miembros, ni del principio de neutralidad con respecto a las normas de los Estados miembros por las que se rige el régimen de la propiedad establecido en el artículo 295 del Tratado. Las autoridades nacionales de reglamentación deben disponer de todos los recursos necesarios en cuanto a personal, competencia y medios financieros para el cumplimiento de sus misiones.

(12) Cualquier parte afectada por las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación debe tener derecho a recurrir ante un organismo independiente establecido por los Estados miembros. Dicho organismo debe poder examinar los hechos del asunto y, mientras se resuelve el recurso, debe prevalecer la decisión de la autoridad nacional de reglamentación. Este procedimiento de recurso debe entenderse sin perjuicio de los derechos de las personas físicas o jurídicas en virtud del Derecho nacional.

(13) Las autoridades nacionales de reglamentación necesitan recabar información de los agentes del mercado para desempeñar eficazmente su cometido. También puede resultar necesario recoger tal información por cuenta de la Comisión, para que ésta pueda cumplir las obligaciones que le impone la legislación comunitaria. Las solicitudes de información deben ser proporcionadas y no suponer una carga excesiva para las empresas. La información recogida por las autoridades nacionales de reglamentación debe estar a disposición del público, salvo en la medida en que tenga carácter confidencial. Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener los mismos derechos y obligaciones en materia de confidencialidad con respecto al intercambio de información que la «autoridad competente» a efectos del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado [25], cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1216/1999 [26].

[25] DO 13, de 21.2.1962, p. 204/62.

[26] DO L 148, de 15.6.1999, p. 5.

(14) Es importante que las autoridades nacionales de reglamentación consulten con todas las partes interesadas las decisiones propuestas y tengan en cuenta sus observaciones antes de adoptar una decisión definitiva. A fin de garantizar que las decisiones adoptadas a nivel nacional no tengan efectos adversos sobre el mercado único u otros objetivos del Tratado, las autoridades nacionales de reglamentación deben también notificar determinados proyectos de decisiones a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación para darles oportunidad de formular observaciones y permitir a la Comisión, si es preciso, pedir la modificación o suspensión de estas decisiones. Este procedimiento debe entenderse sin perjuicio del procedimiento de notificación previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información [27] modificada por la Directiva 98/48/CE [28], ni de las prerrogativas de la Comisión en virtud del Tratado en caso de infracción de la legislación comunitaria.

[27] DO L 204, de 21.7.1998, p. 37.

[28] DO L 217, de 5.8.1998, p. 18.

(15) Las autoridades nacionales de reglamentación deben contar con un conjunto armonizado de objetivos y principios que fundamenten su actuación. Estos objetivos y principios deben ser los únicos que informen la actuación de las autoridades nacionales de reglamentación en el cumplimiento de sus misiones al amparo de este marco regulador.

(16) El espectro radioeléctrico es un elemento esencial para los servicios de comunicaciones electrónicas basados en las radiocomunicaciones y, en la medida en que está relacionado con estos servicios, debe ser, por consiguiente, atribuido y asignado por las autoridades nacionales de reglamentación con arreglo a criterios transparentes, no discriminatorios y objetivos. Es importante que la atribución y asignación del espectro radioeléctrico se gestionen con tanta eficiencia como sea posible, de forma coherente con la necesidad de llegar a un equilibrio entre las demandas de uso comercial y no comercial del espectro radioeléctrico. El comercio secundario del espectro radioeléctrico puede constituir un medio eficaz de potenciar el uso eficiente del espectro, siempre que existan suficientes salvaguardias para proteger el interés público, en particular la necesidad de garantizar la transparencia y la vigilancia reglamentaria de tales transacciones. La Decisión [...] del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad [29] establece un marco para la armonización del espectro radioeléctrico, y cualquier medida adoptada en virtud de la presente Directiva debe ir encaminada a facilitar los trabajos realizados al amparo de dicha Decisión.

[29] DO L, , p..

(17) Para que las empresas puedan competir en el sector de las comunicaciones electrónicas, resulta esencial que el acceso a los recursos de numeración se base en criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios. Todos los elementos de los planes nacionales de numeración deben ser gestionados por las autoridades nacionales de reglamentación, incluidos los códigos de punto utilizados en el direccionamiento de las redes. Cuando exista una necesidad de armonización de los recursos de numeración en la Comunidad, debe efectuarla la Comisión en uso de sus competencias de ejecución. El acceso por los usuarios finales a todos los recursos de numeración en la Comunidad constituye una condición previa esencial para que exista un mercado único. Debe incluir los números de llamada gratuita, los de tarifa superior y otros números no geográficos, salvo cuando el abonado al que se llama haya decidido limitar el acceso a partir de determinadas zonas geográficas. Las tarifas aplicadas a las partes que efectúan una llamada desde fuera del Estado miembro afectado no tienen por qué ser iguales a los aplicadas a las partes que efectúan la llamada desde dicho Estado miembro. Los requisitos de numeración en Europa, la necesidad de prestar nuevos servicios y servicios paneuropeos y la mundialización y la sinergia del mercado de las comunicaciones electrónicas hacen necesario que la Comunidad armonice las posiciones nacionales de conformidad con lo dispuesto en el Tratado en las organizaciones y foros internacionales donde se toman decisiones en materia de numeración.

(18) Debe contarse con procedimientos rápidos y no discriminatorios para el otorgamiento de derechos de paso, con el fin de garantizar que se dan las condiciones para una competencia leal y efectiva. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la legislación nacional relativa a la expropiación de propiedades.

(19) El uso compartido de instalaciones puede resultar beneficioso por motivos urbanísticos, de salud pública o medioambientales y las autoridades nacionales de reglamentación deben fomentarlo sobre la base de acuerdos voluntarios. En algunas circunstancias puede resultar adecuado imponer la obligación de compartir instalaciones, pero sólo debe imponerse a las empresas tras una completa consulta pública.

(20) Existe la necesidad de imponer obligaciones ex ante en determinadas circunstancias para garantizar el desarrollo de un mercado competitivo. La definición de peso significativo en el mercado contenida en la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) [30], modificada por la Directiva 98/61/CE [31], ha demostrado su eficacia en las primeras fases de la apertura del mercado en tanto que umbral de las obligaciones ex ante, pero debe adaptarse ahora para ajustarla a unos mercados más complejos y dinámicos. Por esta razón, la definición utilizada en la presente Directiva debe basarse en el concepto de dominación, según se define en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades. Salvo en otros casos exigidos por las obligaciones internacionales de la Comunidad y sus Estados miembros, las obligaciones reglamentarias ex ante pensadas para garantizar la competencia efectiva sólo están justificadas para las empresas que han financiado infraestructuras sobre la base de derechos especiales o exclusivos en áreas en las que existen obstáculos legales, técnicos o económicos que se oponen a la entrada en el mercado, en particular para la construcción de infraestructura de red, o que son entidades verticalmente integradas propietarias o explotadoras de infraestructura de red para la entrega de servicios a los clientes que prestan también servicios a través de dicha infraestructura, a la cual forzosamente deben acceder sus competidoras.

[30] DO L 199, de 26.7.1997, p. 32.

[31] DO L 268, de 3.10.1998, p. 37.

(21) Resulta esencial que estas obligaciones reglamentarias solamente puedan imponerse cuando no exista competencia efectiva y cuando las soluciones previstas en la legislación sobre competencia nacional y comunitaria no basten para remediar el problema. Resulta necesario, por consiguiente, que la Comisión elabore unas directrices a nivel comunitario a las que deban ajustarse las autoridades nacionales de reglamentación a la hora de evaluar si existe competencia efectiva en un mercado dado, así como el peso significativo en el mercado. Tales directrices deben abordar asimismo el tema de los nuevos mercados emergentes, en los que es probable que el líder del mercado posea de hecho una cuota de mercado sustancial, pero que no deben estar sometidos a obligaciones inadecuadas. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán que cooperar entre sí cuando el mercado afectado tenga carácter transnacional.

(22) La Comunidad y los Estados miembros han contraído compromisos en relación con las normas y con el marco regulador de las redes y servicios de telecomunicaciones en la Organización Mundial del Comercio.

(23) La normalización debe seguir siendo un proceso impulsado fundamentalmente por el mercado. No obstante, pueden darse aún situaciones en que convenga exigir el cumplimiento de determinadas normas a nivel comunitario para garantizar la interoperabilidad en el mercado único. A nivel nacional, los Estados miembros están sujetos a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE. La Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión [32] no imponía un servicio o sistema de televisión digital específico. A través del Digital Video Broadcasting Group, los agentes del mercado europeo han desarrollado una familia de sistemas de transmisión de televisión que han sido normalizadas por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) y se han convertido en Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

[32] DO L 281, de 23.11.1995 p. 51.

(24) En caso de litigio entre empresas de un mismo Estado miembro en algún área regulada por la presente Directiva o por las Medidas específicas, la parte perjudicada debe poder acudir a la autoridad nacional de reglamentación para resolver el litigio. Las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer una solución a las partes.

(25) Además de los recursos previstos en la legislación nacional o comunitaria, es necesario que exista un procedimiento simple para la resolución de litigios transfronterizos que queden fuera de la competencia de una única autoridad nacional de reglamentación. Dicho procedimiento, que debe iniciarse a instancia de una de las partes en el litigio, pero con el acuerdo de todas, debe ser rápido, poco costoso y transparente. Cuando la Comisión decida establecer un grupo de trabajo para asistir en la resolución de litigios transfronterizos, debe velar por que sus miembros sean independientes de las partes implicadas.

(26) Debe sustituirse por un comité único al Comité ONP instituido por el artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE y al Comité de licencias instituido por el artículo 14 de la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones [33].

[33] DO L 117, de 7.5.1997 p. 15.

(27) Las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades nacionales en materia de competencia deben tener derecho a intercambiar información para poder establecer una cooperación plena.

(28) Debe crearse un grupo de alto nivel compuesto por las autoridades nacionales de reglamentación. La función primordial de este grupo debe ser asistir a la Comisión a la hora de conseguir una aplicación uniforme de la presente Directiva y de las medidas específicas para garantizar la coherencia entre los Estados miembros. Podrán establecerse grupos de expertos para examinar asuntos concretos, por ejemplo en relación con la protección del consumidor.

(29) Deben revisarse periódicamente las disposiciones contenidas en la presente Directiva, en particular con vistas a determinar la necesidad de modificarlas a la luz de la cambiante situación de la tecnología o el mercado.

(30) De conformidad con el artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [34], conviene que las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva sean adoptadas con arreglo al procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de dicha Decisión o al procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de dicha Decisión, según proceda.

[34] DO L 184, de 17.7.1999, p. 23.

(31) De conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, enunciados en el artículo 5 del Tratado, el objetivo de conseguir un marco armonizado para la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, por la dimensión y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a nivel comunitario. La presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar dicho objetivo y no excede de lo necesario a tal fin.

(32) Deben derogarse las siguientes Directivas y Decisiones:

- Directiva 90/387/CEE;

- Decisión 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la creación de un número de llamada de urgencia único europeo [35];

[35] DO L 217, de 6.8.1991, p. 31.

- Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas [36]; cuya última modificación la constituye la Decisión 98/80/CE de la Comisión [37];

[36] DO L 165, de 19.6.1992, p. 27.

[37] DO L 14, de 20.1.1998, p. 27.

- Decisión 92/264/CEE del Consejo, de 11 de mayo de 1992, relativa a la introducción de un prefijo común de acceso a la red telefónica internacional en la Comunidad [38];

[38] DO L 137, de 20.5.1992, p. 21.

- Directiva 95/47/CE;

- Directiva 97/13/CE;

- Directiva 97/33/CE;

- Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones [39];

[39] DO L 24, de 30.1.1998, p. 1.

- Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo [40].

[40] DO L 101, de 1.4.1998, p. 24.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVO Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ámbito de aplicación y objetivo

1. La presente Directiva establece un marco armonizado para la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, las redes de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados. Fija las misiones de las autoridades nacionales de reglamentación e instaura una serie de procedimientos para garantizar la aplicación armonizada del marco regulador en el conjunto de la Comunidad.

2. La presente Directiva, así como las Medidas específicas, se entenderá sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la legislación nacional de conformidad con la legislación comunitaria o por la legislación comunitaria en relación con los servicios prestados utilizando redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

3. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 1999/5/CE.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «red de comunicaciones electrónicas», los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes satelitales, redes terrenales fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluyendo Internet) y móviles, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada;

b) «servicio de comunicaciones electrónicas», el prestado contra remuneración que consiste, en su totalidad o principalmente, en la transmisión y encaminamiento de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión, pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante el uso de redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos;

c) «red pública de comunicaciones», una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o en parte, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público;

d) «recursos asociados», los recursos asociados con una red de comunicaciones electrónicas y/o un servicio de comunicaciones electrónicas a los que es necesario tener acceso para la prestación competitiva de servicios de comunicaciones electrónicas en igualdad de condiciones.

e) «autoridad nacional de reglamentación», el organismo u organismos al cual o a los cuales ha encomendado un Estado miembro cualquiera de las misiones reguladoras asignadas en la presente Directiva y en las Medidas específicas;

f) «usuario», una persona física o jurídica que utiliza o solicita servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público;

g) «consumidor», cualquier persona física que utilice un servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público para fines ajenos a su oficio, negocio o profesión;

h) «servicio universal», un conjunto de servicios, definido en la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas], de una calidad determinada disponible para todo usuario con independencia de su localización geográfica y, a la vista de las condiciones nacionales específicas, a un precio asequible;

i) «abonado», cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un prestador de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público para la prestación de dichos servicios;

j) «Medidas específicas», las Directivas y el Reglamento siguientes: Directiva [../../CE] relativa a la autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, Directiva [../../CE] relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión, Directiva [../../CE] relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, Directiva [../../CE] relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y Reglamento (CE) n° sobre al acceso desagregado al bucle local;

k) «Comité de Comunicaciones», el comité instituido de conformidad con el artículo 19;

l) «Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones», el grupo instituido de conformidad con el artículo 21.

CAPÍTULO II

AUTORIDADES NACIONALES DE REGLAMENTACIÓN

Artículo 3

Autoridades nacionales de reglamentación

1. Los Estados miembros velarán por que cada una de las misiones asignadas a las autoridades nacionales de reglamentación en la presente Directiva y en las Medidas específicas sea atendida por un organismo competente.

2. Los Estados miembros garantizarán la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación velando por que estas autoridades sean jurídicamente distintas y funcionalmente independientes de todas las entidades suministradoras de redes, equipos o servicios de comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros que mantengan la propiedad o el control de empresas suministradoras de redes y/o servicios de comunicaciones electrónicas velarán por que exista una separación estructural plena y efectiva entre la función de reglamentación y las actividades asociadas con la propiedad o el control.

3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación ejerzan sus competencias con imparcialidad y transparencia.

4. Los Estados miembros publicarán las misiones que corresponden a las autoridades nacionales de reglamentación de forma fácilmente accesible, en particular cuando dichas misiones se asignen a más de un organismo. Los Estados miembros publicarán además los procedimientos de consulta y cooperación, en asuntos de interés común, tanto entre estas autoridades como entre estas autoridades las autoridades nacionales a las que se haya confiado la aplicación de la legislación sobre competencia y las autoridades a las que se haya confiado la aplicación de la legislación sobre los consumidores. Los Estados miembros velarán por que no exista superposición entre las misiones de estas autoridades.

5. Las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades nacionales en materia de competencia tendrán derecho a intercambiar información. Con vistas a facilitar la cooperación y el intercambio de información, las autoridades nacionales de reglamentación tendrán los mismos derechos y obligaciones en materia de confidencialidad, con respecto al intercambio de información, que la «autoridad competente» a efectos del Reglamento nº 17.

6. Los Estados miembros notificarán a la Comisión todas las autoridades nacionales de reglamentación que tengan asignadas misiones con arreglo a la presente Directiva y a las Medidas específicas, así como sus respectivas responsabilidades.

Artículo 4

Derecho de recurso

1. Los Estados miembros velarán por que exista a nivel nacional un mecanismo en virtud del cual un usuario o una empresa suministradora de redes o servicios de comunicaciones electrónicas tengan derecho a recurrir una decisión de una autoridad nacional de reglamentación ante un organismo independiente del Gobierno y de la autoridad nacional de reglamentación de que se trate. Dicho organismo podrá examinar no solamente el procedimiento con arreglo al cual se adoptó la decisión, sino también los hechos del asunto. Mientras se resuelvan estos recursos, prevalecerá la decisión de la autoridad nacional de reglamentación.

2. Los Estados miembros velarán por que las decisiones adoptadas por dichos organismos puedan aplicarse realmente.

3. Cuando estos organismos no tengan carácter judicial, deberán aducir siempre por escrito los motivos de sus decisiones. Además, en tal caso, estas decisiones podrán ser revisadas por un órgano jurisdiccional.

4. Los miembros de dichos organismos serán nombrados y cesarán en su cargo en las mismas condiciones que los miembros del poder judicial en lo que se refiere a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración del mismo y el cese en el cargo. Por lo menos el miembro que presida el organismo deberá tener la misma cualificación jurídica y profesional que los miembros del poder judicial. El organismo adoptará sus decisiones siguiendo un procedimiento en el que serán oídas ambas partes, y sus decisiones serán legalmente vinculantes por los medios que determine cada Estado miembro.

Artículo 5

Suministro de información

1. Los Estados miembros velarán por que las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas faciliten toda la información necesaria para que las autoridades nacionales de reglamentación puedan comprobar el cumplimiento de la legislación comunitaria. La información solicitada por la autoridad nacional de reglamentación deberá guardar proporción con el cumplimiento de esta misión. La autoridad nacional de reglamentación deberá motivar su petición de información.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación faciliten a la Comisión, cuando ésta lo solicite, la información necesaria para desempeñar las misiones que le asigna el Tratado. La información solicitada por la Comisión deberá guardar proporción con el cumplimiento de dichas misiones. Cuando proceda, la Comisión pondrá la información facilitada a una autoridad nacional de reglamentación a disposición de otra de estas autoridades del mismo o de otro Estado miembro. Cuando la información se haya facilitado con carácter confidencial, la Comisión y las autoridades nacionales de reglamentación afectadas mantendrán la confidencialidad de la información facilitada.

3. Los Estados miembros velarán por que, de conformidad con la normativa nacional sobre acceso público a la información y sin perjuicio de la normativa comunitaria y nacional sobre confidencialidad comercial, las autoridades nacionales de reglamentación publiquen la información que contribuya a un mercado abierto y competitivo.

4. Las autoridades nacionales de reglamentación publicarán las condiciones en que el público pueda acceder a la información a que se refiere el apartado 3, incluyendo las directrices y los procedimientos detallados para obtener dicho acceso. Deberá motivarse y publicarse cualquier decisión por la que se deniegue el acceso a la información.

Artículo 6

Mecanismo de transparencia y consulta

1. Los Estados miembros velarán por que, cuando las autoridades nacionales de reglamentación tengan intención de adoptar medidas con arreglo a la presente Directiva o a las Medidas específicas, den a las partes interesadas oportunidad de formular observaciones en un plazo razonable. Las autoridades nacionales de reglamentación publicarán sus procedimientos de consulta nacionales.

2. Cuando una autoridad nacional de reglamentación tenga intención de adoptar medidas en virtud del artículo 8 o de los apartados 4 y 5 del artículo 14 de la presente Directiva, o del apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2000/.../CE [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión], comunicará el proyecto de medida a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación de los demás Estados miembros, junto con el razonamiento en que se basa la medida. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán formular observaciones a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate en el plazo de consulta que se determine de conformidad con el apartado 1.

3. La autoridad nacional de reglamentación de que se trate tendrá en cuenta en la mayor medida posible las observaciones de otras autoridades nacionales de reglamentación y comunicará sin dilación a la Comisión el proyecto de medida resultante.

4. La medida surtirá efecto un mes después de la fecha de comunicación a la Comisión, salvo que la Comisión notifique a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate que mantiene serias dudas sobre la compatibilidad de la medida con el Derecho comunitario, y en particular con las disposiciones del artículo 7. En tales casos, la medida no surtirá efecto durante otros dos meses. En este plazo, la Comisión adoptará una decisión definitiva y, si es preciso, pedirá a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate que modifique o retire el proyecto de medida. Si la Comisión no adopta ninguna decisión transcurrido dicho plazo, la autoridad nacional de reglamentación podrá adoptar el proyecto de medida.

5. En circunstancias excepcionales, cuando una autoridad nacional de reglamentación considere que existe una necesidad urgente de actuar de inmediato, sin remitirse al procedimiento establecido en los apartados 1 a 4, para salvaguardar la competencia y proteger los intereses de los usuarios, podrá adoptar medidas de inmediato. Comunicará sin demora dichas medidas, plenamente justificadas, a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación. La Comisión comprobará la compatibilidad de estas medidas con el Derecho comunitario y en particular con las disposiciones del artículo 7. Si resulta necesario, la Comisión pedirá a la autoridad nacional de reglamentación que modifique o suprima las medidas.

6. El hecho de que la Comisión omita actuar al amparo de los apartados 4 y 5 no menoscabará ni limitará en modo alguno su derecho a actuar al amparo del artículo 226 del Tratado en relación con cualquier decisión o medida de una autoridad nacional de reglamentación.

CAPÍTULO III

OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE REGLAMENTACIÓN

Artículo 7

Objetivos políticos y principios reglamentarios

1. Los Estados miembros velarán por que, al desempeñar las funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva y en las Medidas específicas, las autoridades nacionales de reglamentación adopten todas las medidas razonables que estén encaminadas exclusivamente a la consecución de los objetivos enumerados en los apartados 2, 3 y 4. Tales medidas deberán guardar proporción con dichos objetivos.

Los Estados miembros velarán por que, al desempeñar las funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva y en las Medidas específicas, en particular las destinadas a garantizar una competencia leal, las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible la necesidad de que la reglamentación sea neutra con respecto a la tecnología, es decir, que no imponga el uso de un tipo de tecnología particular ni discrimine en su favor.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán un mercado de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos asociados abierto y competitivo:

a) velando por que los usuarios obtengan el beneficio máximo en términos de posibilidades de elección, precio, calidad y rentabilidad del gasto;

b) velando por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas;

c) promoviendo una inversión eficiente en infraestructura; y

d) velando por una atribución y asignación eficientes del espectro radioeléctrico.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación contribuirán al desarrollo del mercado interior:

a) suprimiendo los obstáculos que aún se opongan al suministro de redes de comunicaciones electrónicas, recursos asociados y servicios de comunicaciones electrónicas a nivel europeo;

b) fomentando el establecimiento y desarrollo de las redes transeuropeas y la interoperabilidad de los servicios paneuropeos; y

c) garantizando que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

4. Las autoridades nacionales de reglamentación promoverán los intereses de los ciudadanos europeos:

a) velando por que todos los ciudadanos dispongan de un acceso asequible a un servicio universal especificado en la Directiva 2000/.../CE [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas];

b) garantizando a los consumidores un elevado nivel de protección en su relación con los suministradores, en particular garantizando la disponibilidad de procedimientos sencillos y poco onerosos de resolución de litigios;

c) garantizando un elevado nivel de protección de los datos personales y de la intimidad;

d) exigiendo la transparencia de las tarifas y condiciones de uso de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público; y

e) teniendo en cuenta las necesidades de grupos sociales específicos, en particular de los usuarios con discapacidades.

Artículo 8

Gestión del espectro radioeléctrico

1. Los Estados miembros velarán por la gestión efectiva del espectro radioeléctrico para los servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio. Velarán asimismo por que la atribución y asignación de espectro radioeléctrico por las autoridades nacionales de reglamentación se base en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán la armonización del uso del espectro radioeléctrico en toda la Comunidad, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso efectivo y eficiente del mismo.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán recurrir a subastas y a la fijación administrativa del precio del espectro con vistas a la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 7.

4. Los Estados miembros podrán autorizar que las empresas intercambien derechos de uso del espectro radioeléctrico con otras empresas solamente cuando tales derechos de uso del espectro radioeléctrico hayan sido asignados por las autoridades nacionales de reglamentación a través de una subasta. Las decisiones de autorizar el intercambio de tales derechos de uso en determinadas bandas de frecuencias estarán sujetas al procedimiento establecido en el artículo 6.

5. Los Estados miembros velarán por que la intención de una empresa de intercambiar derechos de uso del espectro radioeléctrico se notifique a la autoridad nacional de reglamentación responsable de la asignación del espectro y por que todas las transacciones tengan lugar bajo la supervisión y con el consentimiento de dicha autoridad. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las partes interesadas estén informadas de cualquier venta de derechos de uso del espectro radioeléctrico prevista, de manera que tengan oportunidad de presentar una oferta por tales derechos. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que no se falsee la competencia de resultas de este tipo de transacciones. Cuando se haya armonizado el uso del espectro radioeléctrico a través de la Decisión 2000/.../CE [relativa a un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea] u otra medida comunitaria, este tipo de transacciones no podrán suponer modificación del uso de ese espectro radioeléctrico.

6. Las decisiones de atribución de derechos de uso del espectro estarán sujetas al procedimiento establecido en el artículo 6.

Artículo 9

Numeración, denominación y direccionamiento

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación controlen la atribución y asignación de todos los recursos de numeración nacionales y la gestión del plan nacional de numeración. Los Estados miembros velarán por que se proporcionen números e intervalos de numeración adecuados para todos los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los planes y procedimientos de numeración se apliquen de forma que exista igualdad de trato entre todos los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. En particular, los Estados miembros garantizarán que las empresas a las que se haya atribuido un intervalo de números no discriminen a otros prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas en lo que se refiere a las secuencias de números utilizados para dar acceso a sus servicios.

3. Los Estados miembros velarán por que sean publicados los planes nacionales de numeración y todas las adiciones o modificaciones de que sean objeto posteriormente, con supeditación únicamente a las restricciones impuestas por razones de seguridad nacional.

4. Las autoridades nacionales de reglamentación apoyarán la armonización de los recursos de numeración dentro de la Comunidad cuando resulte necesario para sostener el desarrollo de servicios paneuropeos. Cualquier armonización deberá efectuarse con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 19.

5. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los usuarios de otros Estados miembros puedan acceder a los números no geográficos dentro de su territorio, excepto en el caso de que el abonado llamado haya decidido por motivos comerciales limitar el acceso de quienes efectúan llamadas desde determinadas zonas geográficas.

6. Para garantizar la plena interoperabilidad mundial de los servicios, la Comunidad adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la coordinación de las posiciones de los Estados miembros en las organizaciones y foros internacionales en que se adopten decisiones referentes a la numeración, denominación y direccionamiento de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 10

Derechos de paso

1. Los Estados miembros velarán por que los procedimientos utilizados para otorgar el derecho a montar instalaciones en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, estén a disposición de todos los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas disponibles al público sobre las base de unas condiciones transparentes y accesibles al público y aplicadas sin discriminaciones y sin demora.

2. Los Estados miembros velarán por que cuando las autoridades locales mantengan la propiedad o el control de las empresas suministradoras de redes y/o servicios de comunicaciones electrónicas, exista una separación estructural efectiva entre la función responsable de otorgar los derechos de paso y las actividades asociadas con la propiedad o el control.

Artículo 11

Coubicación e instalaciones compartidas

1. Cuando una empresa suministradora de redes comunicaciones electrónicas disfrute, con arreglo a la legislación nacional, del derecho a montar instalaciones en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, o pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o utilización de una propiedad, las autoridades nacionales de reglamentación favorecerán el uso compartido de tales instalaciones o propiedades, en particular cuando las empresas no tengan acceso a alternativas viables dada la necesidad de proteger el medio ambiente, la salud pública o la seguridad pública o de alcanzar objetivos de ordenación territorial.

2. Los acuerdos de coubicación o uso compartido de instalaciones serán normalmente objeto de acuerdo técnico y comercial entre las partes afectadas. La autoridad nacional de reglamentación podrá intervenir para resolver litigios, según prevé el artículo 17.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación sólo podrán imponer el uso compartido de instalaciones o propiedades (incluida la coubicación física) a una empresa que explote una red de comunicaciones electrónicas solamente después de transcurrido un período adecuado de consulta pública durante el cual todas las partes interesadas deberán tener oportunidad de expresar sus opiniones. Tales acuerdos podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de las instalaciones o propiedades.

Artículo 12

Separación de cuentas e informes financieros

1. Los Estados miembros exigirán a las empresas suministradoras de redes públicas de comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que posean derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otros sectores, en el mismo o en otro Estado miembro, que:

a) lleven una contabilidad separada para sus actividades asociadas con el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, en la misma medida en que se exigiría si dichas actividades fueran desempeñadas por empresas jurídicamente independientes, de manera que se identifiquen todos los elementos de costes e ingresos, con su base de cálculo y los métodos de asignación detallados utilizados, relacionados con sus actividades asociadas con el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, incluido un desglose pormenorizado del activo fijo y de los costes estructurales, o

b) establezcan una separación estructural para las actividades asociadas con el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas.

Los Estados miembros podrán decidir la no aplicación de los requisitos mencionados en el párrafo primero a las empresas cuyo volumen de negocios anual en actividades asociadas con las redes o servicios de comunicaciones electrónicas en el Estado miembro sea inferior a 50 millones de euros.

2. Las empresas suministradoras de redes públicas de comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público proporcionarán información financiera a su autoridad nacional de reglamentación en cuanto ésta lo solicite y con el detalle exigido. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán publicar tal información en la medida en que contribuya a la consecución de un mercado abierto y competitivo, respetando siempre la normativa nacional y comunitaria en materia de confidencialidad comercial.

3. Los informes financieros de las empresas suministradoras de redes públicas de comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público serán elaborados, sometidos a una auditoría independiente y publicados. Dicha auditoría se efectuará con arreglo a la normativa nacional y comunitaria aplicable.

Este requisito se aplicará asimismo a las cuentas separadas exigidas en la letra a) del apartado 1.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES Y GENERALES

Artículo 13

Empresas con peso significativo en el mercado

1. Cuando las Medidas específicas exijan a las autoridades nacionales de reglamentación que determinen si los operadores tienen peso significativo en el mercado, serán de aplicación los apartados 2 y 3.

2. Se considerará que una empresa tiene peso significativo en el mercado si, individual o conjuntamente con otras, disfruta de una posición de fuerza económica que permite que su comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de los competidores, los clientes y, en última instancia, los consumidores.

3. Cuando una empresa tenga peso significativo en cierto mercado, podrá también considerarse que tiene peso significativo en un mercado estrechamente relacionado con el anterior cuando los vínculos entre ambos mercados sean tales que resulte posible hacer que el peso que se tiene en un mercado se deje sentir en el otro, reforzando de esta manera el peso en el mercado de la empresa.

Artículo 14

Procedimiento de análisis del mercado

1. Previa consulta con las autoridades nacionales de reglamentación a través del Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones, la Comisión emitirá una Decisión sobre mercados de productos y servicios pertinentes (en lo sucesivo denominada "la Decisión"), dirigida a los Estados miembros. En la Decisión se enumerarán los mercados de productos y servicios del sector de las comunicaciones electrónicas cuyas características pueden justificar la imposición de las obligaciones reglamentarias establecidas en las Medidas específicas, sin perjuicio de los mercados que puedan definirse en casos concretos con arreglo a la legislación sobre competencia. La Comisión publicará asimismo unas directrices sobre análisis del mercado y cálculo del peso significativo en el mercado (en lo sucesivo denominadas "las Directrices").

La Comisión podrá indicar en la Decisión cuáles de los mercados son transnacionales. En tales mercados, las autoridades nacionales de reglamentación afectadas llevarán a cabo conjuntamente el análisis de mercado y decidirán la eventual imposición de obligaciones reglamentarias de los apartados 2 a 5 de forma concertada.

Las autoridades nacionales de reglamentación deberán solicitar y recibir la autorización previa de la Comisión para utilizar definiciones de mercado distintas de las contenidas en la Decisión y para imponer obligaciones reglamentarias sectoriales en mercados distintos de los enumerados en la Decisión.

La Comisión revisará periódicamente la Decisión.

2. En un plazo de dos meses a partir de la fecha de adopción de la Decisión o de cualquier actualización de la misma, las autoridades nacionales de reglamentación efectuarán un análisis de los mercados de productos y servicios enumerados en la Decisión, de conformidad con las Directrices. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales en materia de competencia estén plenamente asociadas a dicho análisis. El análisis de cada mercado efectuado por las autoridades nacionales de reglamentación será objeto de publicación.

3. Cuando, en virtud de los artículos 16, 25 o 27 de la Directiva 2000/.../CE [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas], o de los artículos 7 u 8 de la Directiva 2000/.../CE [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión], las autoridades nacionales de reglamentación deban determinar si procede imponer, mantener o suprimir determinadas obligaciones a las empresas, determinarán, sobre la base de su análisis de mercado al que se refiere el apartado 2, si cada uno de los mercados enumerados en la Decisión es realmente competitivo en una zona geográfica específica de conformidad con las Directrices.

4. Cuando una autoridad nacional de reglamentación llegue a la conclusión de que un mercado es realmente competitivo, no deberá imponer las obligaciones reglamentarias sectoriales establecidas en las Medidas específicas. Si en ese mercado concreto existen ya obligaciones reglamentarias sectoriales impuestas a las empresas, deberá suprimir dichas obligaciones. Esta supresión de obligaciones deberá notificarse a las partes afectadas por ella con la antelación adecuada.

5. Cuando una autoridad nacional de reglamentación determine que uno de los mercados enumerados en la Decisión no es realmente competitivo en una zona geográfica especifica de conformidad con las Directrices, impondrá las obligaciones reglamentarias sectoriales establecidas en las Medidas específicas, o mantendrá dichas obligaciones si ya existen.

6. Las medidas que se adopten con arreglo a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 estarán sometidas al procedimiento establecido en el artículo 6.

Artículo 15

Normalización

1. La Comisión elaborará y publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una relación de normas y especificaciones que sirva de base para fomentar el suministro armonizado de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos asociados. Cuando proceda, la Comisión podrá, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 19, solicitar que los organismos europeos de normalización elaboren normas.

2. Los Estados miembros fomentarán el uso de las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1, para el suministro de servicios, interfaces técnicas y funciones de red, en la medida estrictamente necesaria para garantizar interoperabilidad y para potenciar la libertad de elección de los usuarios.

En tanto no se hayan publicado de conformidad con el apartado 1 normas o especificaciones, los Estados miembros promoverán la aplicación de las normas y especificaciones aprobadas por organismos europeos de normalización tales como el ETSI o la institución europea común de normalización CEN/CENELEC.

En ausencia de tales normas o especificaciones, los Estados miembros promoverán la aplicación de las normas o recomendaciones internacionales aprobadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Cuando existan normas internacionales, los Estados miembros adoptarán todas las medidas razonables para garantizar que los organismos europeos de normalización, tales como ETSI o CEN/CENELEC, utilicen tales normas, o las partes pertinentes de las mismas, como base de las normas que elaboran, salvo cuando tales normas internacionales o partes pertinentes resultarían ineficaces.

3. Si las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1 no se han aplicado adecuadamente y no puede garantizarse la interoperabilidad de los servicios en uno o más Estados miembros, podrá convertirse en obligatoria la aplicación de tales normas y especificaciones con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 4, con el alcance estrictamente necesario para garantizar dicha interoperabilidad y mejorar la libre elección del usuario.

4. Cuando la Comisión tenga intención de convertir en obligatoria la aplicación de determinadas normas o especificaciones, publicará un anuncio a tal efecto en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas e invitará a todas las partes afectadas a formular observaciones. La Comisión, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 3 del artículo 19, hará obligatoria la aplicación de las normas pertinentes haciendo referencia a las mismas y a su condición de obligatorias en la relación de normas y especificaciones contemplada en el apartado 1.

5. Cuando la Comisión considere que las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1 no contribuyen ya a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados, las retirará de la relación de normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 19.

6. Cuando la Comisión considere que las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 4 no contribuyen ya a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados, las retirará de la relación de normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 19.

Artículo 16

Medidas de armonización

1. La Comisión, cuando proceda y de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 19, podrá formular recomendaciones a los Estados miembros. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible estas recomendaciones en el cumplimiento de sus misiones. Cuando una autoridad nacional de reglamentación decida no seguir una recomendación, deberá hacer públicas las razones en que se basa.

2. Si la Comisión considera, entre otros aspectos, que las reglamentaciones divergentes a nivel nacional crean un obstáculo al mercado único, o si el Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones estima necesaria una medida vinculante de armonización, la Comisión, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 19, podrá adoptar medidas de armonización vinculantes.

Artículo 17

Resolución de litigios entre empresas

1. En caso de litigio surgido en el ámbito regulado por la presente Directiva o las Medidas específicas entre empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro, la autoridad nacional de reglamentación afectada publicará, a petición de cualquiera de las partes, una decisión vinculante en el plazo de dos meses para resolver el litigio. Los Estados miembros velarán por que todas las partes cooperen plenamente con la autoridad nacional de reglamentación.

2. Al resolver un litigio, la autoridad nacional de reglamentación tendrá en cuenta, en particular:

a) los intereses del usuario,

b) las obligaciones o restricciones reglamentarias impuestas a cualquiera de las partes,

c) la conveniencia de fomentar ofertas innovadoras en el mercado y de dotar a los usuarios de una amplia gama de servicios de comunicaciones electrónicas a nivel nacional y comunitario,

d) cuando proceda, la disponibilidad de alternativas técnica y comercialmente viables a los servicios o instalaciones solicitados,

e) la necesidad de mantener la integridad de las redes de comunicaciones electrónicas y la interoperabilidad de los servicios,

f) la naturaleza de la solicitud en relación con los recursos disponibles para satisfacerla,

g) las posiciones relativas de las partes en el mercado,

h) el interés público (p. ej., la protección del medio ambiente, la salud y la seguridad pública),

i) la promoción de la competencia,

j) la necesidad de mantener un servicio universal.

3. Deberá publicarse la decisión adoptada por la autoridad nacional de reglamentación. Deberán exponerse detalladamente a las partes interesadas los motivos en que se basan.

4. El procedimiento a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 no impedirá que cualquiera de las partes pueda emprender acciones por daños y perjuicios ante los tribunales nacionales.

Artículo 18

Resolución de litigios transfronterizos

1. En caso de litigio transfronterizo surgido en el ámbito regulado por la presente Directiva o las Medidas específicas entre partes ubicadas en diferentes Estados miembros, que quede fuera de la competencia de una única autoridad nacional de reglamentación, será aplicable el procedimiento establecido en los apartados 2 a 5.

2. Cualquiera de las partes podrá someter el litigio a las autoridades nacionales de reglamentación afectadas. Las autoridades nacionales de reglamentación coordinarán sus esfuerzos para encontrar una solución al litigio, de conformidad con el apartado 2 del artículo 17.

3. Si el litigio no se resuelve en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que fue sometido a las autoridades nacionales de reglamentación afectadas, cualquiera de las partes podrá, con el acuerdo de todas las partes, remitir a la Comisión, con copia a todas las partes implicadas, una solicitud de decisión sobre el litigio. Al hacerlo, las partes renuncian a cualquier acción ulterior al amparo de la legislación nacional.

4. Cuando la Comisión reciba una de las solicitudes a que se refiere el apartado 3, examinará el asunto asistida, cuando lo considere apropiado, por un grupo de trabajo compuesto por expertos, y emitirá una decisión en el plazo de tres meses. Los Estados miembros velarán por que todas las partes apliquen en su integridad dicha decisión.

5. En caso de no emitirse ninguna decisión con arreglo al apartado 4, las partes serán libres de emprender otras acciones con arreglo a la legislación nacional.

Artículo 19

Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión, el "Comité de Comunicaciones".

2. Cuando se haga referencia a este apartado, se aplicará el procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.

3. Cuando se haga referencia a este apartado, se aplicará el procedimiento de reglamentación establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.

El período previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

Artículo 20

Intercambio de información

1. Cuando proceda, la Comisión informará al Comité de Comunicaciones del resultado de las consultas celebradas periódicamente con los representantes de los operadores de redes, los prestadores de servicios, los usuarios, los consumidores, los fabricantes y los sindicatos.

2. El Comité de Comunicaciones, teniendo en cuenta la política de comunicaciones electrónicas de la Comunidad, fomentará el intercambio de información entre los Estados miembros y entre los Estados miembros y la Comisión sobre la situación y la evolución de las actividades reglamentarias en materia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 21

Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones

1. Se crea el Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones. El Grupo tendrá carácter consultivo y actuará con independencia.

2. El Grupo estará compuesto por representantes designados por las autoridades nacionales de reglamentación. El presidente será elegido por el Grupo. Las tareas de secretariado del Grupo correrán a cargo de la Comisión. El Grupo elaborará su propio reglamento interno, con el acuerdo de la Comisión.

3. Algunas de las misiones a que se refiere el apartado 4 podrán correr a cargo de grupos de expertos creados al efecto. Cuando proceda, se invitará a representantes de las autoridades nacionales en materia de competencia y de otras autoridades pertinentes a participar en los trabajos del Grupo y de los grupos de expertos.

4. El Grupo, los grupos de expertos, o ambos:

a) examinarán cualquier asunto relativo a la aplicación de las medidas nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y de las Medidas específicas con vistas a promover la aplicación uniforme de estas medidas en todos los Estados miembros;

b) adoptarán posiciones acordadas sobre la aplicación detallada de la legislación comunitaria, con vistas a facilitar los servicios paneuropeos;

c) asesorarán a la Comisión en la preparación de la Decisión sobre mercados de productos y servicios pertinentes a que se refiere al artículo 14;

d) examinarán los asuntos que les señalen los Estados miembros, las autoridades nacionales de reglamentación, los agentes del mercado o los usuarios, proponiendo soluciones cuando proceda;

e) informarán a la Comisión de cualquier dificultad que se encuentre en la aplicación de la presente Directiva y de las Medidas específicas;

f) aprobarán códigos de prácticas, elaborados por el Grupo o los grupos de expertos o por cualquier otra parte interesada, para su uso en los Estados miembros, sobre asuntos relacionados con la aplicación de la legislación comunitaria en el sector;

g) efectuarán un seguimiento de las actividades de las autoridades nacionales de reglamentación y las hará públicas, si procede mediante una base de datos, en toda la Comunidad, en particular las consultas nacionales sobre asuntos reglamentarios específicos y las posteriores decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación.

5. El Grupo informará a la Comisión de cualquier divergencia entre las legislaciones o prácticas de los Estados miembros que pueda afectar al mercado comunitario de redes o servicios de comunicaciones electrónicas,. El Grupo podrá, por propia iniciativa, emitir dictámenes o formular recomendaciones sobre cualquier asunto relacionado con las redes o los servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad.

6. Los dictámenes y recomendaciones del Grupo serán remitidos a la Comisión y al Comité de Comunicaciones. Si la Comisión tiene intención de adoptar medidas en respuesta a sus dictámenes y recomendaciones, informará de ellas al Grupo.

7. El Grupo y los grupos de expertos tendrán en cuenta en la mayor medida posible las opiniones de las partes interesadas, incluidos los consumidores, los usuarios, los operadores de redes, los prestadores de servicios, los fabricantes y las asociaciones pertinentes a nivel comunitario.

8. El Grupo remitirá un informe anual sobre sus actividades y las de los grupos de expertos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. El informe se hará público asimismo.

Artículo 22

Publicación de información

1. Los Estados miembros velarán por que se ponga a disposición del público una información actualizada relativa a la aplicación de la presente Directiva y de las Medidas específicas, de manera tal que se garantice a todas las partes interesadas un fácil acceso a dicha información. Publicarán un anuncio en su boletín oficial nacional en el que se describa cómo y dónde se publica esta información. El primero de estos anuncios se publicará antes del 1 de enero de 2002, y posteriormente se publicará un nuevo anuncio siempre que la información en él contenida haya experimentado alguna modificación.

2. Los Estados miembros remitirán a la Comisión una copia de todos estos anuncios en el momento en que se publiquen. La Comisión distribuirá la información al Comité de Comunicaciones y al Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones, según proceda.

Artículo 23

Procedimientos de revisión

La Comisión examinará periódicamente el funcionamiento de la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, por vez primera, no más tarde de tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. A tal efecto, la Comisión podrá solicitar información a los Estados miembros, que deberán facilitársela sin dilación.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24

Derogación

Quedan derogadas con efectos a partir de 1 de enero de 2002 las siguientes Directivas y Decisiones:

- Directiva 90/387/CEE;

- Decisión 91/396/CEE.

- Directiva 92/44/CEE, sin perjuicio de sus artículos 3, 4, 6, 7, 8 y 10;

- Decisión 92/264/CEE;

- Directiva 95/47/CE;

- Directiva 97/13/CE;

- Directiva 97/33/CE, sin perjuicio de sus artículos 4, 6, 7, 8, 11, 12 y 14;;

- Directiva 97/66/CE;

- Directiva 98/10/CE, sin perjuicio de sus artículos 16 y 17;

Artículo 25

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2001. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva y de cualquier modificación ulterior de las mismas.

Artículo 26

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 27

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

Anexo - Lista de mercados que deberán incluirse en la Decisión inicial de la Comisión sobre mercados de productos y servicios (artículo 14)

1. Mercados a que se refiere la Directiva [...] sobre servicio universal y derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

Artículo 16 (regulación de tarifas al por menor) y apartado 2 del artículo 25 (selección del operador)

- suministro de la conexión a la red telefónica pública y del uso de la misma en ubicaciones fijas

Artículo 27 (líneas arrendadas)

- suministro de líneas arrendadas a usuarios finales

2. Mercados a que se refiere la Directiva [...] relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión

Artículo 7 - mercados definidos con arreglo al anterior marco regulador en los que deben revisarse las obligaciones

Interconexión (Directiva 97/33/CE modificada por la Directiva 98/61/CE)

- originación de llamadas en la red telefónica pública fija

- terminación de llamadas en la red telefónica pública fija

- servicios de tránsito en la red telefónica pública fija

- originación de llamadas en las redes telefónicas públicas móviles

- terminación de llamadas en la red telefónica pública móvil

- interconexión de líneas arrendadas (interconexión de circuitos parciales)

Acceso a la red y acceso especial a la red (Directiva 97/33/CE, Directiva 98/10/CE)

- acceso a la red telefónica pública fija, incluido el acceso desagregado al bucle local

- acceso a las redes telefónicas públicas móviles, incluida la selección del operador

Capacidad de líneas arrendadas al por mayor (Directiva 92/44/CEE modificada por la Directiva 97/51/CE)

- suministro al por mayor de capacidad de líneas arrendadas a otros proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas

3. Mercados a que se refiere el Reglamento [...] sobre al acceso desagregado al bucle local

- Servicios prestados a través de bucles (de cobre) desagregados.

FICHA DE FINANCIACIÓN

1. Denominación de la medida

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

2. Línea presupuestaria

B5-302

3. Fundamento jurídico

Artículo 95 del Tratado CE

4. Descripción de la medida

4.1 Objetivo general

El conjunto consta de seis propuestas de medidas comunitarias. Su finalidad es actualizar y modificar el marco regulador del suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en la comunidad. El marco legislativo actual se creó fundamentalmente para efectuar la transición de una situación monopolista a otra de competencia, por lo cual se centró en la creación de un mercado competitivo y en los derechos de los nuevos operadores. El nuevo marco tiene que tener en cuenta la convergencia entre los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y TI. Su objetivo es reforzar la competencia en todos los segmentos del mercado, al tiempo que se garantiza el mantenimiento de la protección de los derechos básicos de los consumidores.

Las 6 propuestas son las siguientes:

- Directiva marco - contiene las disposiciones horizontales del nuevo marco regulador de las comunicaciones electrónicas de la Unión Europea.

- Directiva de autorizaciones - pretende instaurar un mercado único europeo de servicios de comunicaciones electrónicas armonizando las normas por las que se autoriza la prestación de tales servicios.

- Directiva de acceso e interconexión - establece un marco para los acuerdos de acceso e interconexión en toda la UE.

- Directiva de servicio universal y derechos de los usuarios- fija los derechos de que disfrutan los usuarios con respecto a los servicios de comunicaciones electrónicas, en particular en relación con el servicio universal.

- Directiva de protección de datos e intimidad en las comunicaciones electrónicas - actualiza la actual Directiva para garantizar su neutralidad con respecto a la tecnología e incluir en su ámbito de aplicación los nuevos servicios de comunicaciones.

- Reglamento sobre el acceso desagregado al bucle local - introduce la exigencia de desagregación del bucle local, que debe entrar en vigor lo antes posible, y antes de la entrada en vigor del resto de las medidas.

La presente Ficha de Financiación se refiere al conjunto de las 6 medidas.

4.2 Periodo abarcado y modalidades previstas para su renovación o su prórroga

No existe límite temporal en la aplicación de estas medidas.

5. Clasificación del gasto o del ingreso

5.1 Gasto no obligatorio

5.2 Créditos disociados

5.3 Categorías de ingresos

No procede.

6. Naturaleza del gasto o del ingreso

- Subvención del 100%

- En caso de resultado económico satisfactorio de la medida, ¿se prevé el reembolso parcial o total de la aportación financiera comunitaria- No procede.

- ¿Implica la medida propuesta una modificación del nivel del ingresos- En caso afirmativo, indíquese cuál es la naturaleza de dicha modificación y la categoría de ingresos. No procede.

7. Incidencia financiera

7.1 Método de cálculo del coste total (vínculo entre los costes individuales y el coste total)

El presupuesto requerido es el que exigen el Comité de Comunicaciones creado en virtud del artículo 19 de la Directiva y el Grupo de Alto nivel de Comunicaciones creado en virtud del artículo 21 de la Directiva.

El importe solicitado cubre:

- las reuniones periódicas del Comité, del Grupo de Alto Nivel y de sus grupos de expertos.

El coste se ha evaluado en unos 20 000 euros por reunión.

7.2 Desglose del coste por elementos

Créditos de compromiso en millones de euros (a los precios actuales)

>SITIO PARA UN CUADRO>

7.3 Gastos operativos de estudios, expertos etc. incluidos en la Parte B del presupuesto

Créditos de compromiso en millones de euros (a los precios actuales)

>SITIO PARA UN CUADRO>

7.4 Calendario de créditos de compromiso y de pago

Millones de euros

>SITIO PARA UN CUADRO>

8. Disposiciones antifraude previstas

- Antes de abonar su contribución, la Comisión controlará el pago de cualquier servicio teniendo en cuenta las obligaciones contractuales aplicables, los principios económicos y las buenas prácticas de financiación o gestión. Todos los acuerdos y contratos celebrados entre la Comisión y los beneficiarios de los pagos incluirán disposiciones contra el fraude.

- Además, los servicios de la Comisión o el Tribunal de Cuentas podrán llevar a cabo auditorías internas o externas de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

9. Elementos de análisis coste-eficacia

9.1 Objetivos específicos y cuantificables, población destinataria

- El Comité de Comunicaciones y el Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones y sus grupos de expertos constituyen un elemento esencial del nuevo marco regulador.

- Población destinataria: asistirán a las reuniones expertos y funcionarios nacionales.

9.2 Justificación de la medida

- Necesidad de la intervención presupuestaria comunitaria, teniendo especialmente en cuenta el principio de subsidiariedad

Se precisa el compromiso financiero de la Comunidad para el funcionamiento de un Comité de Comunicaciones, que desempeñará funciones consultivas y de reglamentación, así como de un Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones y sus grupos de expertos.

El nuevo Comité de Comunicaciones sustituirá a dos comités actualmente existentes (Comité de la ONP creado por la Directiva 90/387/CE y el Comité de Licencias creado por la Directiva 97/13/CE).

Además, el nuevo marco prevé el uso de comités de expertos dentro de la estructura del Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones para contribuir a garantizar una aplicación uniforme del nuevo marco regulador en los Estados miembros. Se prevé que en un momento dado estarán en funcionamiento, en promedio, dos grupos de expertos, cada uno de los cuales se reunirá de 4 a 5 veces al año.

Harán falta recursos para sufragar los costes de las reuniones.

- Elección de las modalidades de intervención

- ventajas con respecto a otras alternativas posibles (ventajas comparativas): la experiencia con los actuales comités de representantes de los Estados miembros ha demostrado que estas reuniones resultan muy valiosas a la hora de garantizar una aplicación adecuada del marco regulador.

- referencia explicativa a medidas comunitarias o nacionales similares: basadas en los actuales comités y en el actual Grupo especial de alto nivel de organismos reguladores.

- beneficios indirectos y efectos multiplicadores previstos: mejora de la relación con los usuarios y los agentes del mercado.

- Principales factores de incertidumbre que pueden afectar a los resultados específicos de la medida: estas disposiciones están sujetas a que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten las propuestas de la Comisión.

9.3 Seguimiento y evaluación de la medida

Todos los años, el Grupo de Alto Nivel de Comunicaciones presentará un informe sobre sus actividades al Parlamento Europeo y al Consejo.

10. Gastos administrativos (Sección III, Parte A del presupuesto)

La movilización real de los recursos administrativos necesarios dependerá de la decisión anual de la Comisión sobre la asignación de recursos, teniendo en cuenta los efectivos humanos y los importes adicionales autorizados por la autoridad presupuestaria.

10.1 Incidencia sobre el número de puestos

>SITIO PARA UN CUADRO>

Si se precisan recursos adicionales, indicar a qué ritmo tendrán que quedar disponibles.

10.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos adicionales

euros

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes indicados deben expresar el coste total de los puestos adicionales durante toda la duración de la medida, si esta duración está prefijada, o durante 12 meses si es indefinida.

10.3 Incremento de otros gastos administrativos de resultas de la medida

euros

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes indicados deben corresponder al gasto total resultante de la medida si su duración está prefijada o al gasto correspondiente a 12 meses si es indefinida.

FICHA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO REPERCUSIÓN DE LA PROPUESTA EN LAS EMPRESAS CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

Título de la propuesta

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

Número de referencia del documento

La propuesta

1. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, expóngase la necesidad de un acto legislativo comunitario en este campo y sus principales objetivos

La Directiva constituye un elemento de un nuevo marco regulador que pretende garantizar que el sector de las comunicaciones electrónicas siga desarrollándose como mercado competitivo que genera beneficios a todas las empresas y particulares de la Comunidad que utilizan los servicios de comunicaciones electrónicas.

Existe un amplio consenso sobre la importancia de consolidar el mercado único en esta área, reconociéndose que la adaptación de las actuales medidas comunitarias constituye la manera más eficaz de conseguirlo.

Impacto sobre las empresas

2. Precísese qué empresas se verán afectadas por la propuesta

Las empresas usuarias de todos los tamaños se beneficiarán de la mayor competencia, las ofertas innovadoras en el mercado y mejor relación calidad/precio que propiciará el nuevo marco regulador en su conjunto.

Los suministradores de redes y servicios electrónicos que tengan peso significativo en el mercado (sobre la base del concepto de posición dominante de la legislación sobre competencia), tales como los antiguos monopolios, serán los más afectados por la propuesta. Las obligaciones (p. ej., la de interconectarse con otras empresas y otorgarles acceso a sus redes) están contenidas en otras directivas del conjunto de medidas.

No existe ninguna zona geográfica concreta de la Comunidad donde se hallen ubicadas dichas empresas.

3. Explíquese qué tendrán que hacer las empresas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la propuesta

Esta propuesta impone obligaciones principalmente a los Estados miembros o a las autoridades nacionales de reglamentación. Solo el artículo sobre separación de cuentas afecta directamente a las empresas. Este artículo exige que las empresas que suministran redes públicas de comunicaciones y/o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que disfruten de derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otros sectores en el mismo u otro Estado miembro mantengan cuantas separadas para las actividades de comunicaciones electrónicas.

4. Efectos económicos probables de la propuesta

El objetivo de la propuesta es estimul