Dictamen sobre el Informe de la Comisión al Consejo relativo a la aplicación del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración (94/C 388/09)

El 23 de noviembre de 1993, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el Informe de la Comisión al Consejo relativo a la aplicación del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de junio de 1994 (Ponente : Sr. Petersen).

En su 317o Pleno (sesión del 6 de julio de 1994), el Comité Económico y Social ha aprobado por gran mayoría y 2 abstenciones el siguiente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La política y la economía en la Unión Europea se ven enfrentadas a grandes retos. Han de superarse graves problemas de crecimiento y empleo, lograrse la integración de cuatro países candidatos a la adhesión a la UE y fortalecerse de modo eficaz los procesos de reforma en las jóvenes democracias de Europa central y oriental. La globalización de los mercados y la creciente interdependencia económica de las economías nacionales provocan en la Unión Europea procesos dinámicos de cambio, urgen imperativamente nuevas estructuras de cooperación económica y llevan a las empresas a efectuar reestructuraciones que repercuten de múltiples maneras en los puestos de trabajo.

1.2. A la vista de dicha situación y del aumento de la presión competitiva se hace más necesaria que nunca una conjunción duradera y eficacia de las políticas nacionales y comunitaria en materia de competencia. Ello debería resultar tanto mas fácil cuanto que últimamente se han registrado grandes progresos en el proceso de aproximación de las legislaciones nacionales en dicha materia. Así, por ejemplo, Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España ya han armonizado sus reglamentaciones en materia de competencia según el modelo europeo. Se daría un gran paso adelante si también los demás Estados miembros de la Unión Europea se mostraran más dispuestos a aproximar sus normas de competencia a la normativa comunitaria.

1.3. A este respecto, resulta indiscutible la necesidad de verificar y ampliar continuamente el ámbito de aplicación del control europeo de las operaciones de concentración. La gran ventaja de dicho control reside ante todo en que el examen de la situación es llevado a cabo exclusivamente por la Comisión Europea (principio de autoridad única), que posee la mejor competencia técnica a ese respecto. Desde el punto de vista de la política de integración es totalmente absurdo que las concentraciones de carácter transfronterizo sean controladas por diversas autoridades según sistemas jurídicos y criterios diferentes. Hasta que la operaciones de concentración que tengan repercusiones transfronterizas no sean evaluadas por una única autoridad seguirá existiendo el peligro de que se tomen decisiones divergentes, de que la seguridad jurídica se vea amenazada y de que los procedimientos tengan una duración excesiva. La probable adhesión a la Unión Europea de cuatro Estados de la AELC y la existencia de relaciones más intensas con los Estados asociados de Europa central y oriental harán aumentar aún más la complejidad del laberinto de reglamentaciones. También debería tenerse en cuenta que la consiguiente burocratización de los procedimientos conducirá a una elevación de los costes, lo que significa una desventaja local para la industria europea. La diversidad de los sistemas jurídicos y los minuciosos datos sobre las condiciones de mercado exigidos por las autoridades con ocasión de las operaciones de concentración de carácter transfronterizo ocasionan ya hoy un gasto administrativo desproporcionadamente elevado en las empresas europeas. Dicha circunstancia no sólo repercute en una medida apenas justificable sobre las empresas que notifican una operación, sino también sobre terceras empresas (con frecuencia pequeñas y medianas empresas) que o bien forman parte de la competencia o bien son clientes.

1.4. En su último informe sobre la competencia la Comisión señalaba con razón que, con respecto a las operaciones de concentración, durante 1993 se producirían cambios importantes, dado que se procedería a la primera revisión del reglamento en dicha materia. El Comité lamenta profundamente que dicha expectativa no se haya visto cumplida en la realidad y que haya sido decepcionante sobre todo la falta de disposición de algunos Estados miembros de la Unión para revisar ahora -a pesar de los serios trabajos presupuestarios realizados por la Comisión Europea- el Reglamento (CEE) no 4064/89 () y rebajar los umbrales. A pesar de que en el tercer apartado del artículo 1 y en el décimo apartado del artículo 9 se indica el plazo de manera inequívoca, la revisión deberá aplazarse por tres años y sólo se llevará a cabo a finales de 1996. Ello confirma el temor ya expresado por el Comité en 1990 de que algunos Estados miembros quieran hacer permanente el compromiso político previsto para la fase inicial del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración ().

1.5. Ante el creciente número de sistemas nacionales de control de las concentraciones sería desastroso que un criterio mal entendido de subsidiariedad pudiera fomentar una fragmentación del control de la competencia en la Unión Europea y obligar a la Comisión a permanecer inactiva en el ejercicio de su derecho de formular propuestas. Por lo demás, el principio de subsidiariedad -como destaca el Comité en su dictamen sobre el XXI Informe sobre la política de competencia ()- está establecido desde el principio en las normas sobre competencia incluidas en el Tratado de Roma. Los artículos 85, 86 y 92 -y también el artículo 90- del Tratado CE sólo son aplicables cuando los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas puedan « afectar al comercio entre los Estados miembros ». Lo mismo vale para el control europeo de las operaciones de concentración, que prevé una delimitación (orientada a los umbrales) entre el control europeo y nacional en dicha materia y por tanto tiene suficientemente en cuenta el criterio de subsidiariedad. A este respecto, el Comité es partidario de que se mantenga la llamada « Dutch clause » (cláusula neerlandesa - tercer apartado del artículo 22 del Reglamento). Asimismo, en el futuro debería ser posible aplicar dicha cláusula también a solicitud de las empresas afectadas.

2. Observaciones sobre el informe de la Comisión relativo a la aplicación del Reglamento sobre el control de la operaciones de concentración

2.1. El Comité estima que, en contra de los temores iniciales, las prácticas administrativas llevadas a cabo hasta ahora por la Comisión Europea han mostrado ser eficaces. La Comisión ha conseguido dar un contenido concreto al Reglamento sobre las operaciones de concentración. Dado el gran número de dificultades jurídicas y fácticas que comporta un instrumento semejante, totalmente nuevo, es considerable la labor llevada a cabo por la Comisión Europea, y concretamente por el correspondiente « merger task force ». Debe destacarse que se han observado los plazos establecidos por el Reglamento. No obstante, los procedimientos abreviados resultan también necesarios para todas las formas de cooperación contempladas en los artículos 85 y 86 del Tratado CE. La Dirección General de Competencia ha dado un primer paso en lo que respecta a las empresas comunitarias en régimen de cooperativa (véase punto 2.15). El Comité considera que ello representa un efecto positivo de la actividad llevada a cabo por el « merger task force » en cuestión y que repercute en los demás servicios de la Dirección General de Competencia.

2.2. El control europeo de las operaciones de concentración se centra básicamente en la constitución o el fortalecimiento de una posición dominante en el mercado. No obstante, la prohibición expresada en el tercer apartado del artículo 2 del Reglamento presupone que la creación o el fortalecimiento de una posición dominante constituye un obstáculo significativo para una competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. En su evaluación de las condiciones de competencia la Comisión no sólo ha analizado las actuales cuotas de mercado de las empresas sino también un buen número de otros criterios (primer apartado del artículo 2 del Reglamento) a fin de determinar si el proyecto de una operación de concentración perjudica de modo duradero la estructura del mercado. En dicha valoración la Comisión ha puesto de manifiesto una manera dinámica de considerar las cosas. En particular, la posición de los otros competidores y de los clientes, así como las relaciones de carácter vertical (como, por ejemplo, los problemas específicos de los suministradores) en los sectores afectados constituyen importantes criterios para el pronóstico de la Comisión. El Comité subraya sin embargo que sigue siendo la Comisión la encargada de evaluar si la empresa manifiesta tras la realización de la operación de concentración un comportamiento no sujeto al juego de la competencia.

2.3. En cualquier caso, la Comisión tiende a delimitar de manera demasiado estrecha el mercado, tanto desde el punto de vista material como geográfico. Desde un punto de vista espacial (geográfico), la Comisión, debido a un especial comportamiento de los consumidores, por lo general de orientación « nacional », ha tomado muchas veces como base el mercado nacional. Dicho modo de ver las cosas es demasiado estrecho. El Comité ha señalado en repetidas ocasiones que la dimensión geográfica de la Comunidad constituye ya hoy día un marco de referencia mínimo y que no debería perderse de vista la dimensión mundial (). Los Estados Unidos y el Japón han orientado desde hace tiempo sus modelos de competencia a los mercados transfronterizos, incluso a nivel mundial. A este respecto, el Comité recuerda lo dispuesto en el primer apartado del artículo 2 del Reglamento, a saber, que en la evaluación de las operaciones de concentración la Comisión deberá tener en cuenta la « competencia real o potencial de empresas situadas dentro o fuera de la Comunidad ». Según el Comité, ello implica forzosamente que la Comisión, antes de tomar una decisión sobre un proyecto de concentración, analice a fondo el mercado internacional en cuestión e intente comprender asimismo las respectivas posiciones sustentadas por las empresas que operan en dicho mercado internacional. Al mismo tiempo, la Comisión Europea debería tener más en cuenta que hasta ahora los continuos cambios y ampliaciones de los mercados de referencia.

2.4. Por lo demás, el Comité recuerda que en sus dictámenes sobre el control de las operaciones de concentración ha reclamado repetidas veces que la evaluación de un proyecto de concentración se lleve a cabo desde la perspectiva de una política global a nivel comunitario y velando por la salvaguardia de los valores sociales y del empleo. A este respecto, el Comité es consciente por supuesto de que « los numerosos problemas ligados a la organización económica y social de los diferentes Estados miembros que podrían derivarse de las concentraciones no se resolverán todos mediante un reglamento sobre el control de las concentraciones basado en la política de competencia » (). Cada vez se hace más urgente que la legislación en materia de competencia esté en sintonía con otras políticas, como la política estructural a nivel regional y sectorial, la política de investigación y desarrollo o la política de consumidores. Por otra parte, el Consejo y la Comisión deberían seguir impulsando los trabajos de aproximación de las diferentes legislaciones existentes. En lo que respecta principalmente al derecho de sociedades, el Comité considera que el estatuto de sociedad anónima europea es adecuado para mejorar la cooperación transfronteriza de las empresas e impulsar la integración económica en la Unión Europea (). En este contexto, el Comité supone que la sociedad anónima europea ofrecerá también a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de utilizar el mencionado estatuto.

2.5. A la luz de la experiencia adquirida hasta ahora con el Reglamento, el Comité comenta a continuación el informe de la Comisión al Consejo :

Propuestas de revisión del Reglamento

2.6.

Umbrales de volumen de negocios

2.6.1. El Comité ya ha criticado en el pasado el nivel extremadamente elevado de los umbrales de volumen de negocios (). El Comité ha considerado dicho fenómeno como un compromiso político difícilmente justificable en términos económicos y, por consiguiente, competitivos.

2.6.2. El Comité no comprende muy bien la actitud de la Comisión de no enviar en este momento al Consejo una propuesta formal de revisión del Reglamento sobre el control de las concentraciones, especialmente en lo que respecta a una reducción de los umbrales de volumen de negocios. No resulta convincente la alusión de la Comisión a los resultados obtenidos a partir de un « amplio proceso de consultas », máxime cuando las consideraciones expresadas por las administraciones nacionales y los organismos responsables de la defensa de la competencia (en lo que respecta a la subsidiariedad, la inflación o la ampliación de la Unión Europea) apenas tienen que ver con el estado de cosas subyacente. Con razón la propia Comisión ha reconocido que « sería un error aplazar la revisión de los umbrales indefinidamente » (). En opinión del Comité, la Comisión debería enviar al Consejo con la suficiente antelación sus propuestas de revisión e influir en los Estados miembros con la presión necesaria a fin de que los umbrales de volumen de negocios puedan todavía reducirse antes de iniciarse la conferencia de seguimiento sobre el Tratado de la Unión Europea. De otro modo existiría el riesgo que vuelva a aplazarse la necesaria revisión del Reglamento sobre las operaciones de concentración (lo que ahora se justifica apelando a una presunta sobrecarga de trabajo de los Estados miembros).

2.6.3. Debe intentarse reducir el umbral principal (volumen de negocios total a nivel mundial) de 5 000 millones a 2 000 millones de ecus. Este umbral corresponde a la propuesta inicial de la Comisión de 1989 y garantiza una delimitación practicable entre aquellas concentraciones que por regla general tienen importancia a nivel comunitario y aquellas que no revisten esa importancia. Cabría pensar también en una reducción progresiva del umbral principal. No obstante -estima el Comité- para ello sería necesario que en el Reglamento se reglamentara de manera vinculante la reducción progresiva (por ejemplo de 5 000 millones a 3 000 millones y después a 2 000 millones ecus) y el calendario de la misma. Para las concentraciones que, a pesar de haber superado el umbral de 2 000 millones de ecus, sólo tienen repercusiones en los mercados locales o regionales, el primer apartado del artículo 9 del Reglamento ofrece una solución adecuada.

2.6.4. Al mismo tiempo, debería reducirse de 250 millones a 100 millones de ecus el umbral para el volumen de negocios a nivel comunitario. El criterio de dos terceras partes (segundo apartado del artículo 1 del Reglamento) debería suprimirse. La regla de los dos tercios, en efecto, permite la concentración incluso de grandes empresas en un Estado miembro de la Unión Europea, sin que la Comisión pueda oponerse a dicha operación. No resulta difícil ver que dicho tipo de concentración se presta totalmente a obstaculizar de modo considerable una competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.

2.7.

Razones para una reducción de los umbrales

2.7.1. En la actualidad, y según sus propios datos, la Comisión controla únicamente el 20 % de las concentraciones a nivel comunitario. Ello significa que el 80 % de las concentraciones transfronterizas se controla -cuando se controla- siguiendo criterios divergentes y -lo que complica aún más la situación- utilizando procedimientos dispares. Según indica la Comisión en su informe, de las 282 concentraciones llevadas a cabo a nivel comunitario y mencionadas en el informe anual sobre la política de competencia (1991/1992), sólo 50 ó 60 fueron sometidas al control europeo de las operaciones de concentración. Por otra parte, la Comisión señala que las concentraciones son permitidas probablemente sin tenerse en cuenta los supuestos efectos negativos a nivel comunitario. Además existe el riesgo de que en diversos Estados miembros no se tome en consideración el efecto acumulativo de estas concentraciones.

2.7.2. Los problemas que se derivan para el funcionamiento del mercado interior son múltiples y tienen un peso considerable :

- Las actividades llevadas a cabo en el marco de la política industrial de algunos Estados miembros fomentan en parte la creación de importantes obstáculos para acceder al mercado. Esos obstáculos no son compatibles con los principios de una política industrial abierta y orientada a la competencia. Representan sobre todo una desventaja para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Con frecuencia, estas empresas se enfrentan en otros mercados con empresas « gigantes » que, gracias a sus recursos de personal y capital, consiguen impedir todo posible acceso al mercado a otro tipo de empresas. Un ejemplo destacado es el todavía insuficiente acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos. Por ello es tan importante que en los proyectos de concentración transfronterizos la decisión sea tomada por una autoridad única para todo el mercado interior.

- La regla de los dos tercios contenida en el Reglamento, según la cual una concentración no se consideraría de dimensión comunitaria cuando cada una de las empresas afectadas por la concentración realizara más de las dos terceras partes de su volumen de negocios total en la Comunidad, en un mismo Estado miembro, resulta cuestionable desde el punto de vista de una política orientada a la integración y la competencia. Como ya se indicó anteriormente, con dicha regla escaparían al control de la Comisión sectores enteros. En el informe de la Comisión se citan a título de ejemplo los sectores siderúrgico, textil, de componentes de automóvil, de máquina herramienta y de equipamiento eléctrico para ferrocarriles. Con la supresión de esta regla, tal como propone el Comité, se garantizaría que ya no quedaran excluidos los proyectos de concentración con un mercado geográfico de referencia « normalmente más amplio que el nacional » ().

- La política europea de desnacionalización, sobre todo en los sectores bancario, de los seguros, la energía, los transportes y las comunicaciones, requiere también un considerable control de la competencia a nivel europeo. Las empresas que operan en estos sectores son en parte, al menos durante un período transitorio, monopolios fácticos en un determinado Estado miembro. Sería sumamente importante, no sólo para los usuarios sino también para la configuración de las futuras estructuras competitivas, controlar el comportamiento de dichas empresas a nivel europeo. Pero precisamente ello no es posible en el momento actual debido a los elevados umbrales del volumen de negocios y a la aplicación de la regla de los dos tercios.

- No cesa de aumentar el porcentaje de participación de los servicios en el producto interior bruto. Según afirma la Comisión, algunas actividades fundamentales en el sector de servicios, como la edición, la publicidad o los servicios informáticos, van estructurándose progresivamente a través de las fronteras pero, con los umbrales actuales, permanecen fuera del ámbito de competencia comunitaria. La existencia de posiciones dominantes en estos mercados -fenómeno que dificulta considerablemente una competencia eficaz- puede dañar sensiblemente los intereses de los consumidores intermedios y finales así como el desarrollo del progreso técnico y económico.

2.7.3. Es cierta la afirmación de la Comisión de que la aplicación de umbrales cuantitativos fijos es un método aproximativo y, en cierta medida, imperfecto para repartir las competencias entre la Comunidad y los Estados miembros. No obstante, el Comité está convencido de que, por razones de seguridad jurídica, no puede renunciarse al criterio de los umbrales. Otros criterios, como la cuota de mercado o el tamaño de las empresas (por ejemplo, el número de trabajadores), resultan -como muestran las experiencias nacionales- impracticables.

2.8.

¿ Aplicación descentralizada de la legislación europea en materia de competencia ?

2.8.1. Es indudable que una reducción de los umbrales traerá consigo que se doble aproximadamente el número de casos que deberán tratarse. Por ello se observa alguna preocupación ante la posibilidad de que la creciente carga de trabajo de la Comisión limite de modo permanente la eficacia de los actuales procedimientos de control.

2.8.2. En opinión del Comité no tiene fundamento la desconfianza de los Estados miembros ante las capacidades de la Comisión. Justamente la creación del « merger task force » y su manera de funcionar constituyen una prueba de las capacidades organizativas de la Comisión cuando se establecen plazos breves. En lo que respecta a la creciente carga de trabajo, la Comisión estima que el incremento de personal necesario para hacer frente al mayor número de expedientes que generaría la reducción de los umbrales sería significativamente menor que el del aumento del número de casos (entre 60 y 110 al año, aproximadamente). Por lo demás, el Comité ha señalado en varias ocasiones -y últimamente en su dictamen sobre el XXII Informe de la Comisión sobre la competencia- que un aumento de los efectivos de la Dirección General de Competencia es de todos modos deseable y factible. « A pesar de encontrarnos en un tiempo de intensa gestión -señalaba el Comité en el citado dictamen-, esta preocupación puede ser atendida mediante una mejor utilización de los recursos ya existentes (en la Comisión) » ().

2.9.

Oficina europa de cárteles

2.9.1. El debate sobre la creación de una Oficina europea de cárteles suscita cuestiones muy complejas al respecto. La implantación de dicha oficina depende especialmente de la futura estructura institucional de la Unión Europea. Cuestiones centrales como la función del Comisario en materia de competencia o la inclusión de otros parámetros de carácter no competitivo (como la política estructural y de cohesión) a través de una instancia política de control requieren un debate en profundidad llevado a cabo por expertos. Por ello, en opinión del Comité, cuando se revise próximamente el Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración, la cuestión relativa a la creación de una Oficina europea de cárteles deberá distinguirse cuidadosamente de la cuestión relativa a una reducción de los umbrales de volumen de negocios.

Otras propuestas de mejora

2.10.

Reenvío en virtud del segundo apartado del artículo 9 del Reglamento

2.10.1. En su informe la Comisión no ve ningún motivo para proponer una modificación de los procedimientos de reenvío en términos del artículo 9 del Reglamento. No obstante, aborda la cuestión de si no sería necesario adoptar un enfoque -expuesto en el informe- más flexible al respecto. En virtud del segundo apartado del artículo 9 del Reglamento, la Comisión, a petición de un Estado miembro, podrá remitir un proyecto de concentración a la correspondiente autoridad nacional responsable en materia de competencia en caso de que dicho proyecto amenace con crear o reforzar una posición dominante en un determinado mercado, de la que resultaría la obstaculización de manera significativa de una competencia efectiva. Según la Comisión, en la futura revisión de los umbrales de volumen de negocios podría perfectamente tomarse en consideración una flexibilización de los procedimientos de reenvío.

2.10.2. El Comité recuerda a la Comisión que lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento constituye una normativa de excepción de exclusiva competencia comunitaria. Por ello, en tanto que normativa de excepción, debe interpretarse en sentido estricto. El Comité ha afirmado en varias ocasiones el principio de primacía del derecho comunitario con respecto al derecho nacional. Todo proyecto de concentración que alcance los umbrales de volumen de negocios establecidos en el Reglamento (a efectos del segundo apartado del artículo 1) es considerado a priori « de dimensión comunitaria ». Por ello, el Comité apoya expresamente la actual interpretación restrictiva de la disposición e insta a la Comisión a que tampoco en el futuro proponga una flexibilización de la misma.

2.11.

Compromisos en la primera fase

2.11.1. En su informe la Comisión prevé algunas posibilidades de mejora en el ejercicio de los compromisos suscritos en la primera fase, de un mes de duración. Según la Comisión, el actual procedimiento carece de transparencia, no tiene en cuenta la opinión de los terceros interesados y los compromisos no llegan a publicarse. Además, falta una norma que permita una posible imposición de las obligaciones; el segundo apartado del artículo 8 sólo se refiere a las cargas durante la segunda fase. Por ello, la Comisión considera la posibilidad de prolongar el plazo previsto para la primera fase por un período adicional de un mes y de estipular que lo dispuesto en el segundo apartado del artículo 8 se aplique análogamente también durante la primera fase del procedimiento.

2.11.2. El Comité apoya la intención de la Comisión de aclarar -de modo explícito- que el segundo apartado del artículo 8 se aplicará análogamente también durante la primera fase. Sin embargo, el Comité no considera necesario prolongar la primera fase por un período adicional de un mes. Dicha prolongación supondría un grave intervención contra uno de los pilares básicos del Reglamento, a saber, la brevedad de los plazos. Si el caso en cuestión provocara notorias dificultades y éstas no pudieran eliminarse mediante la imposición de obligaciones en la primera fase, la Comisión debería avanzar hacia la segunda fase de evaluación, de mayor profundidad. De todos modos, según el principio de aceleración de los procedimientos, la Comisión está obligada a tomar una decisión en el plazo más breve posible (segundo apartado del artículo 10). En la segunda fase, de cuatro meses de duración, la Comisión dispone de tiempo suficiente para oír la opinión de los terceros interesados y de los Estados miembros.

2.12.

Mayor transparencia de los compromisos en la segunda fase

2.12.1. En su informe la Comisión aboga por una mayor transparencia también en la segunda fase. Según la Comisión, normalmente las empresas proponen sus compromisos en un momento tardío, lo que dificulta la consulta de los terceros interesados y de los Estados miembros. Por ello, la Comisión sugiere que se prolongue también para la segunda fase el plazo de cuatro meses por un período adicional máximo de un mes. Además, prosigue la Comisión, en el Reglamento podría preverse de modo explícito la posibilidad de publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas los compromisos propuestos por las empresas antes de que se adopte una decisión favorable.

2.12.2. El Comité tiene serias objeciones contra estas propuestas. Por razones de ahorro de trabajo administrativo, tampoco en este caso debería prolongarse el procedimiento. La consulta no tiene tanto valor como el interés de las empresas en obtener en un breve plazo claridad jurídica sobre sus proyectos. Por otra parte, es la Comisión la que decide informar lo antes posible de las correspondientes cargas y condiciones. Siendo así, hay tiempo suficiente para consultar a los Estados miembros y a las empresas competidoras. Una excesiva multiplicación de normas complicadas sólo iría en perjuicio de las empresas y de la seguridad jurídica. Por lo demás, en la segunda fase los compromisos de las empresas ya están publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas; ello es suficiente, ya que permite a los terceros afectados por la decisión interponer un recurso ante el Tribunal de primera instancia. Gracias a la publicación de la decisión y de las obligaciones en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, los terceros interesados toman conocimiento al mismo tiempo de las condiciones y obligaciones.

2.12.3. No obstante, el Comité apoya el esfuerzo de la Comisión por obtener una mayor transparencia en general. Concretamente, en la primera y segunda fases del procedimiento debería aumentarse la calidad y la cantidad de las informaciones. En opinión del Comité, sería de particular importancia que las partes afectadas puedan acceder más fácilmente a los expedientes y dispongan del anteproyecto de decisión tal como se haya transmitido al comité consultivo para el control de las operaciones de concentración. Ello les permitiría defender su posición ante dicho comité, de conformidad con el derecho que tiene todo ciudadano a ser escuchado. Por otra parte, como ya propuso el Comité (), los « comunicados » de prensa deberían ser más completos y reproducir los puntos de vista de las empresas afectadas.

2.12.4. Si el Comité se muestra favorable a la propuesta de la Comisión de mejorar su política informativa es, entre otras cosas, porque desea que los « terceros » que justifiquen tener un interés suficiente en un proyecto de concentración puedan solicitar a tiempo ser escuchados y que se acceda a su solicitud. Entre estos « terceros » deben figurar también, y de modo eminente, los « representantes reconocidos de los trabajadores » de las empresas afectadas. El Comité ya había puesto de relieve esta exigencia en su dictamen sobre la propuesta modificada de un Reglamento (CEE) del Consejo sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (). No obstante, en algunos casos la omisión o el retraso en el envío de la información por parte de las empresas afectadas tuvieron como efecto que los representantes legales de los trabajadores no pudieran presentar a tiempo la solicitud de consulta prevista en el cuarto apartado del artículo 18 del Reglamento, por lo que sólo pudieron defender de manera informal ante la Comisión los intereses de los trabajadores afectados. A la luz de estas experiencias, la Comisión debería elaborar, en cooperación con los Estados miembros, una propuesta que garantice que los representantes legalmente reconocidos de los trabajadores de las empresas que participen en una operación de concentración puedan comunicar a tiempo a la Comisión su deseo de ser oídos y de emitir su opinión, en el transcurso de una consulta formal, sobre el correspondiente proyecto de concentración. A este respecto, también convendría estudiar la sugerencia hecha a la Comisión por la Confederación Europea de Sindicatos con vistas a mejorar el procedimiento de consulta. En este contexto, la CES se remite principalmente a la práctica ejercida por la Oficina de control de monopolios privados y fusiones (Monopolies and Mergers Commision - MMC) del Reino Unido.

2.13.

Modificaciones con respecto a entidades bancarias y de crédito (letra « a » del tercer apartado del artículo 5 del Reglamento)

2.13.1. En su informe la Comisión defiende el punto de vista de que los criterios definidos como proporción de los balances deberían ser sustituidos por un concepto de « ingresos bancarios » similar al definido en la Directiva 86/635/CEE.

2.13.2. En opinión del Comité, dicha sugerencia presenta ciertas ventajas. La utilización del concepto de ingresos bancarios parece más coherente y lógica que la actual reglamentación. No obstante, las modalidades técnicas del cálculo de ingresos bancarios deberán aún examinarse a fondo. Por ello, de momento el Comité no se pronuncia sobre dicha cuestión.

2.13.3. En virtud del segundo párrafo del primer apartado del artículo 5 del Reglamento, el volumen de negocios se establece en función de la localización del que adquiere un determinado producto o servicio. En opinión del Comité, sería extremadamente oneroso, o incluso imposible, establecer los ingresos bancarios en función de dicha localización. Sería preferible, con mucho, establecer el volumen de negocios de las entidades de crédito y otras entidades financieras en función de la localización de la entidad (sucursal o filial) bancaria que haya inscrito la operación en sus libros y que, por tanto, haya obtenido el ingreso.

2.14.

Criterios de evaluación

2.14.1. La Comisión subraya que el objetivo prioritario del Reglamento es garantizar la libre competencia en una economía de mercado abierta. Pero el Reglamento postula también que la Comisión, a la hora de evaluar las operaciones de concentración de dimensión comunitaria, debe situar su apreciación en el marco general de la realización de los objetivos fundamentales establecidos en el Tratado de la Unión Europea (considerando no 13 del Reglamento). El Comité espera que, en las previsiones sobre la futura evolución de los mercados, la Comisión tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, los citados objetivos comunitarios, respetando su objetivo primario de garantizar una competencia efectiva.

2.14.2. A este respecto, el Comité destaca el punto de vista de la Comisión de que no sería correcto permitir que se creen posiciones dominantes que dificulten una competencia efectiva en el mercado comunitario. Semejante política podría perjudicar en primer lugar a los consumidores, provocaría una desintegración de los mercados y no sólo iría en detrimento de la propia industria europea, sino que amenazaría también al empleo. Por lo demás, como ya lo ha expuesto el Comité, el primer apartado del artículo 2 del Reglamento proporciona un marco flexible que permite tener en cuenta también los futuros cambios estructurales, la competencia efectiva o potencial de empresas establecidas en el exterior o el interior de la Comunidad, y los cambios registrados en el progreso técnico y económico.

2.15.

Empresas en participación

2.15.1. El Comité comparte la opinión de la Comisión de que actualmente no es satisfactoria la distinción entre empresas en participación que constituyen una concentración y empresas en participación de carácter cooperativo. La Comisión ha intentado solucionar el problema mediante una serie de medidas (ampliación del ámbito de aplicación de las exenciones colectivas y publicación de líneas directrices). Por otra parte, al agilizar los procedimientos para las empresas en participación de carácter « estructural », la Comisión ha realizado un esfuerzo a fin de dar el mismo tratamiento a todas las formas de empresas en participación (ya sea que constituyan una concentración o que tengan carácter cooperativo) (cf. asimismo el punto 2.1).

2.15.2. En opinión del Comité, estas medidas constituyen un importante avance en la buena dirección. No obstante, las empresas en participación presentan el grave inconveniente de que no se benefician plenamente de la « competencia » exclusiva de la Comisión. Es sabido que este tipo de empresas son evaluadas en función de los principios contenidos en los artículos 85 y 86 del Tratado CE y de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 17/62. Dado que en la mayoría de los casos la Comisión toma sus decisiones mediante una carta administrativa (« comfort letter »), existe una gran inseguridad jurídica para las empresas, toda vez que las empresas las cartas administrativas no son reconocidas ni por los tribunales nacionales ni por las autoridades nacionales en materia de competencia. Por ello, el Comité sugiere a la Comisión que vuelva a dar un valor a sus cartas administrativas o que modifique el Reglamento (CEE) no 17/62. Sería conveniente establecer un paralelismo entre el Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración (letra « b » del primer apartado del artículo 6 de dicho Reglamento) y una disposición correspondiente en el Reglamento (CEE) no 17/62.

2.15.3. También sería conveniente, tal como indica el Comité en su dictamen sobre el XXII Informe sobre la política de competencia, que la Comunicación de la Comisión sobre las operaciones de concentración y de cooperación en los términos del Reglamento (CEE) no 4064/89 se actualice a la luz de los últimos cambios registrados en las prácticas administrativas.

2.16.

Empresas en participación « de minimis »

2.16.1. El Comité acoge favorablemente la idea de la Comisión de introducir procedimientos simplificados de notificación y evaluación para empresas menores, llamadas « de minimis ». A este respecto, el Comité supone que en el futuro seguirá garantizándose la consulta de terceros. La simplificación de los procedimientos de notificación hace que disminuya la burocracia de las empresas y se reduzca la labor de la Comisión en ese sentido. Al mismo tiempo, con ello adquiere mayor validez la teoría de los efectos, que constituye uno de los principios del Derecho internacional; en efecto, la Comisión sólo debería evaluar las concentraciones transfronterizas que repercutan considerablemente sobre las condiciones de competencia en el mercado común.

2.16.2. Por otra parte, el Comité considera necesario que se proceda a una simplificación general de todas las normas de notificación. Dada la creciente globalización de la economía y el consiguiente aumento de los procedimientos, las autoridades en materia de competencia deberían distinguir entre los casos importantes y los que no lo son. La simplificación de los procedimientos y el principio de la centralización deberían revestir la máxima importancia. Los formularios simplificados de notificación (en su informe la Comisión hace alusión a las secciones 1 y 2 del formulario CO y a alguna información complementaria sobre el mercado) no deberían limitarse a las empresas en participación que constituyen concentración. Por el contrario, un procedimiento (de notificación) en dos etapas de este tipo debería extenderse a todas las empresas en participación de carácter cooperativo evaluadas en los términos del Reglamento (CEE) no 17/62, respetando los principios establecidos en los artículos 85 y 86 del Tratado CE. Ello aliviaría especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que aprovecharían las ventajas resultantes a nivel de los costes. También contribuiría a reforzar el necesario paralelismo entre los procedimientos de concentración y de cooperación.

2.17.

Cálculo del volumen de negocios de las empresas en participación

2.17.1. El Comité comparte el parecer de la Comisión de que no es necesaria una modificación del quinto apartado del artículo 5 del Reglamento, en relación con el cálculo del volumen de negocios de las empresas en participación. La Comisión cuenta con suficientes instrumentos en sus prácticas administrativas para hacer frente al problema de la imputación. Por otra parte, la estabilidad jurídica aumenta el valor del Reglamento y la aceptación de las prácticas administrativas en su conjunto.

Hecho en Bruselas, el 6 de julio de 1994.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN

() DO no L 395 de 30. 12. 1989.

() DO no C 225 de 10. 9. 1990, p. 60.

() DO no C 34 de 2. 2. 1994, p. 83.

() DO no C 333 de 29. 12. 1986, p. 86.

() DO no C 208 de 8. 8. 1988, pp. 12 y 15.

() DO no C 23 de 30. 1. 1989, p. 37.

() DO no C 208 de 8. 8. 1988, p. 12 y DO no C 225 de 10. 9. 1990, p. 60.

() Doc. COM(93) 385 final, p. 23.

() Doc. COM(93) 385 final, p. 11.

() DO no C 34 de 2. 2. 1994, p. 83.

() DO no C 34 de 2. 2. 1994, p. 83.

() DO no C 208 de 8. 8. 1988.