Dictamen del Comité Económico y Social sobre «Las políticas de uso racional de la energía (URE) en la Unión Europea y los países candidatos a una próxima adhesión»

(98/C 407/25)

El 29 de enero de 1998, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre «Las políticas de uso racional de la energía (URE) en la Unión Europea y los países candidatos a una próxima adhesión».

La Sección de Energía, Asuntos Nucleares e Investigación, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 22 de julio 1998 (ponente: Sr. Hernández Bataller).

En su 357° Pleno de los días 9 y 10 de septiembre de 1998 (sesión del 9 de septiembre), el Comité Económico y Social ha aprobado por 95 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Recomendaciones del Comité Económico y Social sobre el desarrollo de las políticas de uso racional de la energía

El Comité,

Considerando

1.1. La importancia que el uso racional de la energía (URE) tiene para el mantenimiento de la competitividad de la industria europea, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la generación de empleo.

1.2. Que, a pesar de la multitud de iniciativas que se han aplicado para optimar el consumo energético, no se ha producido un análisis en profundidad de los resultados obtenidos que haya permitido definir prioridades y optimar los diferentes programas.

1.3. Que existe falta de coordinación de los diferentes programas nacionales y comunitarios, tanto los orientados al URE como a nivel horizontal con otras iniciativas como la IDT, la creación de empleo o el desarrollo estructural.

1.4. Que la disminución de la intensidad energética, medida en términos de energía necesaria para producir una unidad de PIB, se ha estabilizado e incluso en algunos países ha comenzado a aumentar.

1.5. Que los acuerdos de Kioto sobre disminución de emisiones de gases de efecto invernadero () exigen un esfuerzo redoblado para racionalizar el consumo energético, ya que éste es, con diferencia, la causa principal de dicho efecto.

1.6. Que la reducción/estabilización de los precios de energía, aunque coyuntural, puede afectar negativamente a la percepción que el usuario consumidor tiene de la importancia de racionalizar su consumo.

1.7. Que la liberalización del sector energético y la separación de las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad en las empresas eléctricas, aunque beneficiosa para el incremento de la eficiencia del sector, la reducción de costes y la mejora de la competitividad europea, difumina los beneficios de los programas de Gestión de la Demanda (DSM, en su terminología inglesa), ya que hace difícil trasladar a la empresa distribuidora/comercializadora los beneficios de la mejora del factor de carga del sistema ().

1.8. Que esta misma separación de actividades dificulta la implantación de la Planificación Integrada de Recursos (LCP, en la terminología inglesa) donde las externalidades ligadas a los procesos de producción, transformación y distribución de energía deben ser tenidas en cuenta.

1.9. Que el Comité se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre las estrategias para reducir las emisiones de CO2 y otros gases que provocan un efecto invernadero (), así como para la promoción de las energías renovables () y sobre la eficacia energética y el uso racional de la energía ().

1.10. Que la Comisión ha emitido recientemente la Comunicación () sobre «Eficacia energética en la Comunidad Europea: hacía una estrategia de racionalización del uso de la energía» en la que se plantea una serie de elementos que deben ser la base de discusión para la elaboración de un plan de acción coordinado para impulsar el URE ().

1.11. Que la reciente aprobación del V Programa marco de IDT, donde los proyectos de energía se integran dentro del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, supone una oportunidad reforzada para impulsar el desarrollo tecnológico intracomunitario de soluciones que supongan una mejor utilización de la energía.

Recomienda

1.12. Crear una red virtual coordinada de comités nacionales en cada uno de los Estados miembros y coordinada por la Dirección General de Energía de la Comisión Europea (), con el apoyo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que permita analizar los resultados de los diferentes programas de URE y proponer medidas correctoras.

1.13. Esta red debería ser la base para la elaboración y puesta en práctica del Plan de Acción propuesto por la Comisión en su Comunicación () antes citada. Las actividades de la red deberían ser cofinanciadas por el programa SAVE II y por cada país miembro.

1.14. Establecer criterios y procedimientos para determinar, a título indicativo, la convergencia de los indicadores energéticos de los Estados miembros y para analizar la coherencia de los programas desarrollados por los mismos, así como encontrar factores explicativos de las posibles divergencias. Estos indicadores son especialmente interesantes para los nuevos países candidatos que, por lo general, presentan una posición de partida más desfavorable.

1.15. Coordinar los diferentes programas de la CE para que se tenga en cuenta desde el principio su incidencia en los consumos energéticos, de forma análoga a lo que se realiza en la actualidad con el impacto ambiental. Los comités de los Estados miembros en estos programas deberán tener una posición más activa en cuanto a suministrar información, intercambiar experiencias y aceptar recomendaciones.

1.16. Impulsar la transposición de directivas y el desarrollo de reglamentos específicos que incorporen, desde el principio, los mecanismos de control y seguimiento apropiados. Esto es especialmente importante en el etiquetado de electrodomésticos, los edificios y el transporte.

1.17. Relanzar campañas de información general, orientadas y seguidas de forma adecuada, así como la formación en los niveles inferiores de la enseñanza, que mantengan la sensibilización de la opinión pública y le permita exigir el cumplimiento de los reglamentos.

1.18. Realizar proyectos demostrativos y promover los resultados, con implicación de los suministradores de equipos, que deben permitir consolidar y diversificar su oferta con soluciones más eficientes y que sustituyan los equipos importados.

1.19. Este carácter demostrativo y la aplicación de los reglamentos es especialmente importante en el caso de los nuevos países candidatos a la adhesión que, por lo general, presentan unos indicadores de consumo energéticos más ineficientes.

1.20. Las empresas energéticas deben mantener una política activa, tanto para disminuir sus autoconsumos, las pérdidas en el transporte y la distribución, como para introducir las soluciones de Gestión de la Demanda que induzcan los mayores beneficios económicos, a medio y largo plazo.

1.21. Impulsar esquemas de oferta de ahorro energético a las empresas distribuidoras/comercializadoras que puedan competir con las propuestas de las empresas generadoras o importadoras de energía. Estos esquemas deben incluir, en su análisis económico, los beneficios a largo plazo de las medidas orientadas a racionalizar el consumo energético.

1.22. El nuevo marco de actuación relativo al URE debe hacerse compatible con los principios del mercado interior de la energía. En este contexto, es necesario reforzar el papel institucional de la agencias nacionales/regionales que operan en este ámbito, así como favorecer la creación de empresas de servicios energéticos.

1.23. Impulsar y consolidar los acuerdos sectoriales voluntarios entre las empresas consumidoras de energía y las autoridades nacionales, donde los diagnósticos y soluciones incorporen, no sólo los beneficios energéticos/medioambientales, sino también otros ligados a la mejora de la productividad y del confort.

1.24. Impulsar que, en terceros países, se apliquen los mismos criterios de eficacia energética e impacto medioambiental que en los países miembros de la UE.

1.25. Analizar la incidencia económica a medio y largo plazo de la reducción de subvenciones al sector energético y la introducción de impuestos diferenciados en los precios finales de la energía, que tengan en cuenta las externalidades ligadas a la cadena energética, pero sin afectar negativamente a la posición competitiva de los sectores económicos, tanto a nivel intracomunitario como con terceros países, y primen los sectores más dinámicos a la hora de aplicar las soluciones más eficientes.

2. Introducción

2.1. La energía es un factor fundamental para el desarrollo de la actividad diaria con una importante incidencia en los costes de producción, la economía familiar, el impacto medioambiental, el desarrollo tecnológico y la creación de empleo.

2.2. La evolución de la demanda de energía está ligada, entre otros factores, al crecimiento del PIB y la estructura del mismo, los combustibles disponibles, las políticas de uso eficiente de la energía y la estructura de precios, cada uno con diferente grado de elasticidad.

2.3. El uso racional de la energía significa mantener la misma capacidad productiva y los mismos niveles de calidad de vida con un uso menor de energía. Este URE implica, por lo tanto, un conjunto de actuaciones que pasan por la modernización tecnológica, el uso de materiales energéticamente más eficientes o un comportamiento de los usuarios más respetuoso con el uso eficiente de la energía. En general, el URE debe entenderse como una acción coordinada sobre cada una de estas tres variables.

2.4. La UE ha mejorado su intensidad energética (medida en términos de energía necesaria para producir una unidad de PIB) en - 1,7 %/año entre 1985 y 1990 y un - 0,6 % entre 1990 y 1995, sin tener en cuenta los factores climáticos. Los sectores más eficientes han sido la industria (- 2,5 %/año para todo el periodo), aunque se ve afectada por periodos de crisis en los que no optimiza su capacidad productiva, y los sectores de servicios - doméstico (- 1,8 %/año). Por el contrario, el más ineficiente ha sido el transporte con un aumento de + 1 %/año. Se observa, por lo tanto, una ralentización de la mejora de la intensidad energética, que no es uniforme entre los países de la UE.

2.5. Las diferencias entre países se deben, entre otras razones, a su estructura económica; al desarrollo de políticas activas de promoción del URE y la sensibilización de la opinión pública; al nivel de desarrollo económico y los cambios tecnológicos y a la estructura de precios. Este es, sin duda alguna, un punto importante, ya que existen grandes diferencias como las que se observan en los casos extremos para la industria: de 82 ECU/TEP (Bélgica) a los 170 ECU/TEP (Finlandia) para el gasóleo; de los 87 ECU/TEP (Bélgica) a los 228 ECU/TEP (Irlanda) para el gas natural y de los 354 ECU/TEP (Suecia) a los 903 ECU/TEP (Italia) para la electricidad. En cualquier caso, el tema de los precios finales no es transparente, al existir acuerdos bilaterales con las principales empresas consumidoras.

2.6. En este sentido, es importante indicar que, de acuerdo con la AIE (Agencia Internacional de la Energía), los precios finales para la industria son mucho más bajos en Estados Unidos que en la UE (la mitad en los combustibles y un 60 % en la electricidad). Esta misma situación, especialmente en lo relativo a la electricidad, se da en muchos países en vías de desarrollo, lo que afecta negativamente a la estructura de costes de las empresas europeas y fomenta la deslocalización de las mismas. La situación con respecto al Japón es diferente, ya que los precios, fundamentalmente de la electricidad y el gas natural, son prácticamente el doble, pero sus productos industriales incorporan, por lo general, un mayor valor añadido.

2.7. Estos elevados precios europeos han sido un aliciente para impulsar las actuaciones ligadas al uso eficiente de la energía, pero, dado que en la actualidad tienden a estabilizarse o incluso a bajar en términos reales, podría suponer un elemento desincentivador para la continuación y consolidación de las políticas de URE que, por razones de competitividad, medio ambiente y empleo, se hace necesario mantener y reforzar.

2.8. Gran parte de los países candidatos a la adhesión presentan una estructura de tarifas energéticas más bajas que las correspondientes a los Estados miembros de la UE, sobre todo en lo relativo a los consumidores domésticos. La eliminación de subvenciones directas o cruzadas debe hacerse, por lo tanto, progresivamente e incorporando soluciones que no supongan un fuerte impacto en el nivel de vida de la población.

3. Energía y medio ambiente

3.1. La exploración, transformación y uso de los combustibles fósiles supone tres cuartas partes de la aportación humana a las emisiones de CO2, el mayor contribuyente al cambio climático potencial debido al efecto invernadero. Este gas, junto con N2O y metano, hacen que el sector energético sea, con gran diferencia, el principal causante del citado efecto. En términos generales, las emisiones de CO2 a nivel comunitario han permanecido constantes en los últimos 10 años, aunque con cierta disminución medida en términos per capita (0,2 %) en el mismo periodo. Los cuatro principales países de la UE contribuyen con un 70 % a las emisiones, ocupando el primer lugar Alemania, aunque con una tendencia a decrecer en un porcentaje del 3 % en los últimos cinco años.

3.2. El principal contribuyente a las emisiones de CO2 es la generación de electricidad, pero se mantiene prácticamente estable (crece un 0,3 % por año) a pesar de un mayor crecimiento de la generación eléctrica (un 1,5 %/año), debido a una mayor penetración de las centrales de gas, los sistemas de ciclo combinado y la cogeneración. En relación con los sectores de la demanda, sólo el transporte mantiene un crecimiento continuo, cuya contribución ha pasado de ser un 19 % en el año 1985 a un 26 % en 1995. Los demás sectores permanecen prácticamente estables.

3.3. En los Consejos de Ministros de Medio Ambiente de 3 de marzo y 19 de junio de 1997 se estableció el objetivo de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en un 15 % entre el año 1990 y el 2010, con un objetivo intermedio del 7,5 % en el 2005. Aunque dentro de los objetivos específicos de reducción de estas emisiones, conforme al acuerdo alcanzado en la Conferencia sobre cambio climático global celebrada en Kioto, este valor quedó reducido a un 8 % para la UE, se considera que el objetivo inicial es realista en el contexto actual de crecimiento económico.

3.4. Aparte del CO2, otros contaminantes ligados a la energía son el SO2 y los NOx, con problemas ligados a las lluvias ácidas, daños a la salud y contribución adicional al efecto invernadero. Por lo general, las emisiones de SO2 están disminuyendo debido a la mejora del contenido de azufre de los combustibles, la mejora de los sistemas de control y regulación de las instalaciones industriales y la sustitución de los combustibles sólidos por petróleo y gas natural. Las emisiones de NOx también están disminuyendo pero en menor medida que las de SO2, mediante la introducción de convertidores catalíticos y sistemas de regulación en los procesos de combustión, tanto móviles como estacionarios.

3.5. Por otro lado, la mayor parte de los países candidatos basan su generación, tanto de electricidad como de calefacción urbana, en el empleo del carbón, lo que va a suponer un mayor incremento de las emisiones de gases con efecto invernadero a nivel comunitario, que hace necesario incorporar soluciones tecnológicamente más eficientes y mejoras de la gestión que reduzcan estas emisiones sin afectar sensiblemente los costes de generación.

3.6. En algunos de estos países, se ha producido, además, un cambio radical de la situación de los transportes, hasta ahora basados en el ferrocarril, con un mayor crecimiento de los usos por carretera. Muchos vehículos presentan, además, un bajo nivel de eficiencia, lo que repercute negativamente en el consumo energético y la contaminación.

4. Uso racional de la energía y empleo ()

4.1. La creación de empleo viene propiciada, generalmente, por las rentas que genera la energía que no se consume y está ligada a la diversificación de los equipos, un mejor y más continuado mantenimiento de las instalaciones y una mayor dotación de servicios en las fases de diseño, ejecución y puesta a punto de las instalaciones. Por otro lado, la cogeneración y la producción independiente de electricidad suponen una oportunidad de empleo.

4.2. Algunos proyectos de mejora del consumo energético han introducido la automatización y la gestión integrada de procesos, que han supuesto, por un lado, una mayor productividad y, por otro, una reorganización interna, sin afectar negativamente al empleo, en general.

4.3. Un aspecto importante es que los proyectos de URE evitan las deseconomías ligadas a los grandes proyectos una vez concluidos éstos y hacen difícil la reconversión/reutilización de las empresas suministradoras de equipos. El menor tamaño de los equipos favorece, asimismo, la diversificación de productos por parte de las empresas con las consecuencias positivas de optimar recursos y ser menos vulnerables a posibles crisis.

4.4. En conclusión, tres reflexiones finales se imponen. Primero, toda energía no utilizada implica automáticamente, en el sector productivo de que se trate, un flujo económico positivo que eleva muy posiblemente su competitividad. Segundo, en muchos casos, al sustituirse energía por equipamientos, sustituimos en su conjunto una energía marginalmente importada (las importaciones de energía suelen cubrir de manera principal el déficit en energía propia de la UE) por tecnologías, materiales y mano de obra muy posiblemente europeos. En tercer lugar, cabe hacer una reflexión similar para el sector residencial, acentuada, en este caso, por una elevación de la renta disponible, que favorece un mayor ahorro (autoalimentador del proceso) y un mayor gasto en actividades potencialmente generadoras de empleo.

5. Políticas de uso racional de la energía

5.1. Debido a los beneficios, tanto microeconómicos como macroeconómicos, derivados de la mejora del consumo energético y con el objetivo de mantener la tendencia a la mejora de la intensidad energética, las distintas administraciones han impulsado diferentes programas orientados a racionalizar el consumo energético y que influyan en la mejora de la competitividad de las industrias, la calidad de vida de los ciudadanos, aminoren el impacto de las emisiones a la atmósfera, diversifiquen la oferta de equipos y minimicen la vulnerabilidad del crecimiento económico.

5.2. Las políticas de URE se basan fundamentalmente en tres líneas de actuación diferentes: las que tienen incidencia financiera a través de subvenciones o incrementos de tarifas (fundamentalmente vía impuestos), las que suministran información sobre las soluciones más convenientes en cada caso y, por último, las que exigen cambios de comportamiento y usos mediante un marco legal. En los cuadros adjuntos se presentan algunas medidas típicas en los países miembros de la UE que se inscriben en dichas tres líneas.

5.3. Por lo que se refiere a los nuevos países candidatos a la adhesión, existen algunos casos de entidades creadas con apoyo internacional que, desde ahora, deberían integrarse en las redes de agencias ya existentes a nivel comunitario. El reto más importante es, sin embargo, incorporar las capacidades de los antiguos servicios de inspección energética existentes en algunos países.

5.4. El abanico de actuaciones es impresionante y, aunque algunas no están vigentes, prácticamente todas ellas han sido aplicadas con mayor o menor éxito. Aunque, tal y como se ha explicado, la racionalización del consumo energético depende de diversos factores, el éxito de las acciones de URE depende en gran medida del nivel de sensibilización de la opinión pública.

5.5. Medidas orientadas al suministro de información y promoción de las soluciones más adecuadas para cada sector, que son las más comunes a todos los países. Dentro de este grupo están:

- Las auditorías, que fueron una de las piezas clave al principio de la crisis del petróleo de 1973 y 1979 y sirvieron para destacar la importancia del consumo energético, han sido reducidas a casos concretos en lugar de ser un ejercicio sistemático como en el pasado.

- Las campañas de información general, prácticamente desaparecidas debido a su elevado costo, discontinuidad y falta de seguimiento de resultados.

- Por otro lado, y en relación con las conferencias y publicaciones, se observa una cierta saturación de las últimas, sobre todo, que en muchos casos no se actualizan. Asimismo, en algunos países se ha descuidado la información a nivel básico dirigida a la opinión pública en general.

5.6. En relación con los incentivos y apoyos públicos, se pueden formular algunas observaciones:

- El desarrollo tecnológico es siempre un claro aliciente para potenciar el uso racional de la energía, aunque ha existido una cierta descoordinación entre diferentes programas y no se han buscado los posibles beneficios añadidos o inducidos en caso de fracaso de los proyectos.

- Los acuerdos sectoriales son un mecanismo adecuado si se dispone de incentivos por parte de la Administración para motivar a la contraparte, sean industrias o grandes consumidores. De la misma forma que las normas, exigen un seguimiento adecuado y una realimentación de las actuaciones dedicadas, de forma insuficiente, a la difusión de los resultados o fracasos alcanzados.

- Las subvenciones han mostrado claras limitaciones, dado que en muchos casos se trataba de proyectos que se iban a ejecutar en cualquier circunstancia y a veces es difícil separar el beneficio energético de otros beneficios inherentes al proyecto.

- A medida que se ha tendido a una mayor liberalización económica, el intervencionismo estatal ha sido más restringido y se ha orientado más a campañas de promoción que a dar subvenciones o a un estricto control del cumplimiento de algunas normas.

- En algunos casos el exceso de capacidad instalada ha dificultado la puesta en marcha de programas de Gestión de la Demanda o sólo se han impulsado tecnologías específicas para aplanar el pico de la curva de carga. Por otro lado, la separación de actividades en el sector eléctrico (generación, transporte y distribución) afecta al desarrollo de las actuaciones de DSM al no poder trasladar a la empresa distribuidora los beneficios ligados a la reducción del pico de demanda. Evidentemente, situaciones de saturación de redes en zonas concretas justifican el desarrollo de actuaciones DSM por parte de estas empresas, así como la reducción de costes en caso de tarifas subvencionadas (por ejemplo, el caso de las islas).

- Las Sociedades de Servicios Energéticos, a pesar del importante apoyo y promoción, han tenido un desarrollado limitado y han estado ligadas, en muchos casos, a proyectos de cogeneración que son más fácilmente individualizables desde el punto de vista del consumo energético.

5.7. Por lo que respecta a las normas publicadas en, prácticamente, todos los países, han supuesto un claro beneficio para los consumidores, pero ha faltado un estricto control y seguimiento de las mismas. Esta situación no ha sido evidentemente uniforme por países, ya que el cumplimiento de las normas está ligado al nivel de sensibilidad de los consumidores, lo que pone de manifiesto la importancia de las campañas de promoción e información a todos los niveles.

5.8. Por otro lado, la creciente liberalización económica y la reducción del déficit público han recortado los presupuestos asignados a las agencias públicas lo que, en cierta medida, les ha obligado a trasformarse en agentes del mercado, lo cual ha afectado a su independencia y ha distorsionado, en algunos casos, la competencia.

5.9. Por lo que respecta a la Comisión Europea, ésta ha desarrollado también importantes iniciativas encaminadas a mejorar el consumo energético, que han influido, de forma importante, en los programas nacionales y que se resumen en el siguiente cuadro:

>SITIO PARA UN CUADRO>

5.10. Es importante mencionar, asimismo, las acciones impulsadas por otros programas comunitarios como MEDA, SYNERGY, PHARE, TACIS y ALURE (), que han facilitado los intercambios de experiencias con terceros países.

5.11. También hay que citar otras iniciativas como el Libro Blanco sobre el Transporte Público y las Comunicaciones tendentes a desarrollar acuerdos voluntarios con la industria del automóvil para reducir, de manera significativa, el consumo promedio de dichos vehículos, la Comunicación de la Comisión sobre «Transportes y CO2-Elaboración de un Planteamiento comunitario (2)

(2) COM(1998) 204 final.» o el Libro Blanco de la Energía (). Asimismo, el CES () está y ha venido desarrollando dictámenes y propuestas orientadas en este mismo sentido: optimar el consumo energético para consolidar la posición competitiva de los sectores productivos europeos.

5.12. Los programas comunitarios han impulsado los avances tecnológicos, aunque el nivel de interés de algunas áreas se ha reducido en los últimos tiempos, estudios de mercado y nuevas normas reguladoras y han supuesto un evidente elemento aglutinador y de intercambio de experiencias de los programas nacionales, puestos en práctica en contextos socioculturales muy diferentes.

5.13. El nivel de coordinación entre todos los programas es, sin embargo, mejorable, ya que se observan ciertos solapamientos y repeticiones en determinados proyectos. En este sentido, los Comités Consultivos deberían jugar un papel más activo en cuanto a los intercambios de experiencias entre los diferentes Estados miembros.

5.14. Un tema de importancia fundamental es la cogeneración y, en general, la producción independiente de electricidad por su importancia en la reducción del consumo de energía primaria que incide en la mejora de costes, la generación de empleo y el impacto medioambiental.

5.15. La situación no es ni mucho menos uniforme entre países, tal y como se observa en el gráfico adjunto. Es importante indicar que, si bien la contribución de la cogeneración disminuyó relativamente a nivel comunitario entre 1974-1990, la situación ha cambiado en el pasado reciente, entre otras cosas por la existencia de un marco regulatorio apropiado en algunos países, así como por una posición más positiva de algunas compañías eléctricas.

% Total de generación eléctrica por CHP en la UE

>REFERENCIA A UN GRÁPHICO>

Fuente: Comunicación COM(97) 514 final

5.16. De acuerdo con diversos estudios mencionados en la Comunicación de la Comisión sobre la cogeneración (), el potencial existente a nivel comunitario es de 900-1 000 TWh, lo que permitiría multiplicar por cuatro la electricidad cogenerada en la UE en 1994 y permitiría reducir en un 9 % el nivel de emisiones de CO2 en el año 2010. El objetivo definido en esta Comunicación es duplicar la contribución actual de la cogeneración del 9 % de la generación actual (204 TWh) al 18 % en el año 2010, lo que supondría una eliminación de emisiones potenciales de CO2 que se estima en un 4 % de su valor actual.

6. Observaciones generales y previsiones de futuro

6.1. Todos los programas puestos en marcha tanto a nivel nacional como comunitario han supuesto no sólo una mejora del consumo energético, sino que han permitido la diversificación de las fuentes energéticas y han promovido la autogeneración de electricidad y la sustitución de compuestos fluorocarbonados aplicados a los sistemas de refrigeración.

6.2. A pesar de todo, en general, se observa una falta de coordinación de las políticas nacionales de uso racional de la energía con otras políticas sectoriales a nivel nacional o las mismas políticas a nivel comunitario, a pesar del esfuerzo realizado por la CE en este sentido. La falta de coordinación es una de las críticas más sencillas a cualquier programa de intervención pública, pero es también la más difícil de solucionar ya que choca con multitud de intereses estratégicos y profesionales.

6.3. Por otro lado, la rigidez de la demanda energética en situaciones como la actual, en la que se percibe una rebaja o estabilización de los precios, hacen necesario un refinamiento de las políticas orientadas a mejorar el consumo energético. Para ello es importante aprender de las experiencias pasadas y desarrollar mecanismos comprobados u otros nuevos que permitan mejorar la optimación del consumo energético y evitar la contaminación atmosférica.

6.4. Las razones del mantenimiento de la intensidad energética hay que ligarlas a diversos factores: crecimiento del nivel de vida que impulsa a una mayor demanda del consumo eléctrico, lo que en principio supone un mayor consumo de energía primaria, creciente penetración de los equipos de climatización, bienes de consumo con una mayor rotación e incremento de la movilidad tanto de personas como de mercancías. De hecho, se observa una creciente caída de la participación de la industria en el consumo energético de los diferentes países y un claro aumento del consumo de la edificación y del transporte. A ello contribuye, también, la terciarización de la economía.

6.5. Por otro lado, en algunos países ha disminuido el interés por los temas de URE debido a la estabilización de los precios y a una mayor tendencia a adquirir los bienes de consumo en relación con su precio de compra y no de los costes que supone el uso de los mismos. Esto es especialmente preocupante en el caso de la vivienda.

6.6. La inevitable transparencia de los precios energéticos de algunos países candidatos debe ir acompañada de las necesarias soluciones tecnológicas que mantengan los gastos energéticos y minoren los costes de producción.

7. Propuestas de acción

7.1. Una vez más, este Comité recomienda una mayor prioridad y coordinación de los diferentes programas, tanto entre los Estados miembros como entre éstos y la CE, que permita aunar esfuerzos e intercambiar experiencias.

7.2. En este contexto, la Comisión deberá jugar un papel fundamental en el desarrollo, puesta en práctica y seguimiento de esta coordinación, proponiendo mecanismos correctores para optimizar la eficacia de las políticas de URE. Así mismo, deberá publicar periódicamente las conclusiones principales sobre el avance de los diferentes programas.

7.3. La reciente Comunicación de la Comisión sobre la «Eficacia energética en la Comunidad Europea: hacía una estrategia de racionalización del uso de la energía», representa un buen punto de arranque que debe promover el debate entre los diferentes actores involucrados con el fin de elaborar un plan de acción realista y coherente.

7.4. Impulsar y mantener las campañas de promoción destinadas a la opinión pública, de coste razonable y muy bien dirigidas al público objetivo, para contrarrestar la percepción negativa que puede suponer la rebaja de los precios de los productos energéticos. La formación en la enseñanza primaria y secundaria no debe en ningún caso descuidarse.

7.5. Consolidar el etiquetado de electrodomésticos y concienciar al consumidor de la importancia de exigir la información adecuada, única forma de garantizar el cumplimiento de estos reglamentos. Promover los avances tecnológicos que supongan menor consumo a igualdad de precios.

7.6. Lo mismo es aplicable a los edificios, donde se debe dar cumplida información, tanto en lo relativo a nuevos edificios como a edificios existentes y tanto en el caso de compra como en el de alquiler. En este caso se debe reforzar el control y seguimiento de los reglamentos sobre materiales, aislamientos y construcción que existen en todos los países.

7.7. Mejorar el mantenimiento preventivo y la conservación de equipos, tanto en la industria y en los edificios como en el transporte, que preserven el rendimiento de los mismos y controlen los niveles de emisiones. Se debe impulsar la introducción de beneficios fiscales para aquellos inversores que introduzcan soluciones de menor consumo energético.

7.8. Reforzar y consolidar los acuerdos con los grandes sectores consumidores, especialmente la industria, siguiendo la evolución y el impacto de las diferentes iniciativas.

7.9. Apoyo a las Sociedades de Servicios Energéticos que deben asumir la financiación de proyectos más avanzados que hasta la fecha y en la que los riesgos puedan ser cubiertos mediante garantías suministradas por los fabricantes, así como por empresas de seguros que apliquen los esquemas de cobertura de riesgos por pérdida de beneficios debido al mal funcionamiento de los equipos.

7.10. Introducir la energía como un valor añadido adicional en otras políticas como:

- Desarrollo de nuevos sistemas para la producción y recubrimiento de piezas, tanto metálicas como de otros materiales.

- Eliminación de contaminantes en efluentes, potenciando soluciones energéticamente atractivas.

- Reciclaje o reutilización de diferentes materiales después de su uso, así como de los subproductos de diversos procesos industriales.

7.11. Un aspecto de especial importancia por su incidencia negativa en la evolución de la intensidad energética y en las emisiones de CO2 es el del transporte, donde las decisiones raramente se hacen atendiendo a criterios energéticos pero que tienen posteriormente una importante incidencia en el nivel del consumo:

- Límites de velocidad y obligación de controles periódicos.

- Disminución de la congestión en las ciudades, evitando las paradas frecuentes, el aparcamiento indiscriminado y optimizando los servicios de reparto. Apoyo al transporte público.

- Impulsar el uso extensivo de los vehículos de GNC (gas natural comprimido), bio-diesel, o híbridos, que, en la actualidad, es en muchos casos testimonial.

- Apoyo a la penetración de los vehículos de bajo consumo.

- Apoyo, en el ferrocarril, a los sistemas de transporte intermodales.

Tal y como se menciona en el Documento de Trabajo, éste es un sector especialmente difícil dado su importante peso económico y la rigidez en los cambios de usos, pero en el que se debe actuar de forma decidida si se quieren cumplir los compromisos de reducción de emisiones.

7.12. Apoyo continuado a la cogeneración, tanto a nivel industrial como para la calefacción o climatización de edificios. Apoyo a las soluciones de producción de agua potable, en las zonas del sur de la UE, que supongan un mejor rendimiento energético.

7.13. Mantenimiento y consolidación de los programas de Gestión de la Demanda y Planificación Integrada de Recursos por parte de las empresas eléctricas y de gas natural, orientados a aplanar la curva de carga y reducir el consumo de energía. Los costes de estos programas deberán ser repercutibles vía tarifas, pero los resultados deberán ser verificables.

7.14. Impulsar, tanto en los programas comunitarios como en los desarrollos tecnológicos conjuntos, tecnologías concretas donde la UE tiene cierto retraso con respecto a otros países como, por ejemplo, máquinas de absorción, depuración de agua o turbinas de baja y media potencia. Asimismo, es recomendable un esfuerzo en el desarrollo de sistemas expertos aplicables al control de los procesos industriales. En cualquier caso, se debe garantizar una coordinación efectiva y evitar la dispersión de esfuerzos en proyectos para desarrollar productos similares, que requieren inversiones importantes.

7.15. Impulsar la realización de proyectos demostrativos, cuyos resultados sean promovidos con implicación de los fabricantes de las tecnologías y las Sociedades de Servicios Energéticos. Se deben establecer soluciones tipo como «best practice» y promover el carácter ejemplarizante, a través de proyectos concretos, por parte de las instituciones públicas.

7.16. Impulsar los intercambios de derechos de emisiones a través de acuerdos internacionales que deben concretarse en proyectos específicos a nivel nacional para analizar resultados e intercambiar experiencias y desempeñar un efecto demostrativo.

7.17. En un contexto caracterizado por una presencia cada vez mayor de empresas europeas en otros ámbitos geográficos, éstas deberán aplicar los mismos criterios en cuanto a eficiencia e impacto medioambiental que aplican en sus países de origen o, al menos, promover que la legislación de aplicación general se adapte en este sentido.

7.18. Impulsar la transferencia de tecnología, de financiación y de gestión en general de los países miembros de la UE a los nuevos candidatos. Los programas deben definir prioridades y sus resultados ser cuantificables.

7.19. Dentro de un esquema a medio plazo, se deberán analizar los efectos socioeconómicos producidos al eliminar determinados subsidios al sector energético e incorporar impuestos sobre las tarifas finales, que tengan en cuenta las externalidades ligadas a la cadena energética, pero sin afectar negativamente a la posición competitiva de los sectores económicos, tanto a nivel intracomunitario como con terceros países, y primen los sectores más dinámicos en aplicar las soluciones más eficientes.

Bruselas, el 9 de septiembre de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

>SITIO PARA UN CUADRO>

() Se trata de los seis gases siguientes, por orden de incidencia: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de nitrógeno (N2O); compuestos hidro-fluorocarbonados (HFC); hidrocarburos perfluorados (PFC) y el hexafloruro de azufre (SF6).

() Existen, sin embargo, áreas concretas que, ya sea por estar saturadas o por la deficiencia de las redes, recomiendan la introducción de este tipo de programas por parte de las compañías distribuidoras. Lo mismo se puede decir en caso de existencia de subvenciones por criterios sociales, donde la reducción del consumo supone una minoración de costes.

() «La dimensión energética del cambio climático» (DO C 19 de 21.1.1998); «Transportes y el CO2», dictamen en curso de elaboración.

() Libro Verde para una estrategia comunitaria «Energía para el futuro: fuentes de energía renovables» (DO C 206 de 7.7.1997) y ALTENER II (DO C 19 de 21.1.1998).

() SAVE II (DO C 82 de 19.3.1996).

() COM(1998) 246 final.

() El Comité ha elaborado un dictamen sobre esta Comunicación.

() Aunque con otro enfoque, esta propuesta se encuentra también en la Comunicación de la Comisión, a través del subgrupo de eficiencia energética del Grupo de Convergencia de las Políticas Energéticas Nacionales.

() El Programa SAVE ha financiado un amplio estudio sobre la incidencia del URE en el empleo, cuyos resultados se conocerán próximamente.

() SYNERGY: Promoción de la cooperación internacional en energía; TACIS: Asistencia Técnica a los países CIS y ALURE: Utilización de los Recursos Energéticos en América Latina.

() Libro Blanco sobre una Política Energética para la Unión Europea (COM(1995) 682).

() La dimensión energética del cambio climático (DO C 19 de 21.1.1998), SAVE II (DO C 82 de 19.3.1996) y Transportes y el CO2.

() COM(97) 514 final. El CES elaboró un dictamen sobre este tema (DO C 157 de 25.5.1998).