El Plan de Acción de la Comisión en pro de un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz de junio de 2015 establece una serie de medidas para modernizar la imposición de las sociedades en la UE. El Plan de Acción sentó las bases de un enfoque pluridimensional de la UE para tomar medidas drásticas contra la planificación fiscal agresiva y contra los mecanismos que la fomentan, minimizando al mismo tiempo el riesgo de doble imposición injustificada. Muchas de las acciones se encuentran ya en una fase de desarrollo avanzada, en particular la de preparación de una propuesta para relanzar la base imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS), que la Comisión tiene previsto presentar antes de que concluya el año, a fin de mejorar el entorno empresarial en el mercado único, eliminando las asimetrías existentes entre los sistemas nacionales. En la actualidad estas asimetrías son aprovechadas por quienes ejercen actividades de planificación fiscal agresiva.

En abril de 2016, la Comisión propuso que las multinacionales con un volumen de negocios superior a 750 millones EUR y con presencia en la UE tuvieran la obligación de publicar en línea un conjunto específico de datos fiscales. Dichas empresas tendrán que publicar información para cada país de la UE así como en relación con las jurisdicciones fiscales que no respeten las normas de buena gobernanza en el ámbito fiscal. Deberán aportar asimismo cifras agregadas sobre sus operaciones en el resto del mundo. Estas normas reforzarán la obligación de las grandes empresas multinacionales de rendir cuentas en asuntos fiscales, lo que permitirá a los ciudadanos controlar mejor su comportamiento fiscal y las incitará a pagar impuestos en el lugar en el que obtengan beneficios, manteniendo al mismo tiempo la competitividad y evitando la imposición de cargas a las empresas de menor tamaño. Se invita al Parlamento Europeo y al Consejo a que examinen esta propuesta con rapidez.

La Comisión también está presionando para elevar el nivel de la buena gobernanza fiscal a escala internacional. Se están realizando progresos constantes con vistas a la mejora del marco de buena gobernanza fiscal a nivel mundial y para dotar de mayor rigor a los sistemas fiscales frente al fraude. En particular, siempre que se apliquen plena y ampliamente, las medidas de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) permitirán cerrar los principales canales por los que discurre la planificación fiscal agresiva.

ABORDAR LOS RETOS PENDIENTES

A pesar de estos importantes progresos, la Comisión está convencida de que aún queda mucho por hacer en el ámbito de la lucha contra la elusión y la evasión fiscales. Las recientes revelaciones aparecidas en los medios de comunicación muestran cómo se siguen utilizando participaciones y estructuras financieras secretas para ocultar rentas y activos extraterritoriales, a menudo gracias a un asesoramiento muy especializado. Aunque posiblemente la finalidad de determinadas estructuras sea legítima, algunas de estas actividades podrían estar apuntalando la corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Muchas de las nuevas medidas mencionadas, incluidas las disposiciones vinculantes contra las prácticas abusivas, los nuevos requisitos en materia de transparencia y la lista común de la UE de territorios que se niegan a cooperar, deberían limitar tales prácticas en el futuro. No obstante, persisten importantes lagunas en el marco fiscal de la UE e internacional, que habría que colmar a fin de evitar el fraude fiscal transfronterizo y las actividades financieras ilegales. El Parlamento Europeo comparte este punto de vista y ha creado una comisión de investigación sobre los «Papeles de Panamá», que debería aportar explicaciones útiles sobre la respuesta de la UE a estas revelaciones.

1. Aprovechar el vínculo existente entre las normas relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y las normas sobre transparencia fiscal

Los «Papeles de Panamá» han dejado patente que la falta de transparencia en lo que respecta a la titularidad real puede facilitar el blanqueo de capitales, la corrupción y la evasión fiscal. Por lo tanto, las respuestas a estos problemas deben ser complementarias y estar vinculadas entre sí.

La Comisión ha propuesto modificaciones a la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales con el objetivo específico de reforzar los mecanismos de protección de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .

Estas modificaciones incluyen la ampliación del alcance de la información a la que pueden acceder las unidades de información financiera, la introducción de requisitos de diligencia debida para el canje de las monedas virtuales y el refuerzo de las verificaciones y controles de los instrumentos de prepago.

La Comisión también va a adoptar en breve, por primera vez, una lista de la UE de terceros países de alto riesgo cuyos mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo adolecen de deficiencias estratégicas. Entre las modificaciones de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales cabe citar una lista armonizada de medidas de diligencia debida que las entidades financieras deberán aplicar a los flujos financieros procedentes de estos países.

Varias de las modificaciones propuestas abordan directamente las lagunas reveladas por las recientes filtraciones en los medios de comunicación, que han permitido ocultar fondos en jurisdicciones extraterritoriales con objeto de eludir la tributación.

En primer lugar, mediante la modificación de la Directiva contra el blanqueo de capitales, se ha hecho descender el umbral para la declaración de la titularidad real por las entidades pasivas. De este modo, se garantizará que estas estructuras sean más transparentes y estén sujetas a un control reforzado. En segundo lugar, en el marco de sus obligaciones de información financiera a efectos fiscales, se exigirá a las entidades financieras que apliquen sistemáticamente las actuales normas de diligencia debida, con respecto tanto a los nuevos clientes como a los ya existentes. Ello permitirá efectuar un seguimiento de aquellas cuentas que no hayan sido reexaminadas por las entidades financieras en más de diez años y que hayan podido utilizarse con fines ilícitos. En tercer lugar, se han aclarado los requisitos para el registro de los titulares de fideicomisos a fin de eliminar las lagunas existentes en la legislación y las asimetrías nacionales. En cuarto lugar, se mejorará el acceso a la información sobre la titularidad real: mediante la introducción de modificaciones en la Directiva sobre Derecho de sociedades, se pedirá a los Estados miembros que brinden acceso público a un conjunto de datos sobre las empresas y los fideicomisos que adopten la forma de empresas; por lo que respecta a los demás fideicomisos, se permitirá el acceso a dicha información a todas aquellas personas que puedan alegar un interés legítimo. De este modo, se contribuirá a combatir la utilización abusiva de entidades jurídicas y arreglos.

Además de estas modificaciones de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales y de la Directiva sobre el Derecho de sociedades, la Comisión ha propuesto una revisión de la Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Con ello se garantizará el acceso de las autoridades tributarias a los datos facilitados en virtud de las normas de la UE contra el blanqueo de capitales, en particular a la información sobre diligencia debida con respecto al cliente y a la información almacenada en sus registros nacionales de titularidad real, en el ejercicio habitual de su actividad y no solo en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En efecto, el hecho de que en la actualidad los Estados miembros tengan la posibilidad de decidir si brindan o no acceso a dicha información a las autoridades tributarias limita la eficacia de las auditorías fiscales. El acceso a dicha información permitirá a las autoridades tributarias identificar a la persona que se esconde tras una empresa, entidad o estructura opaca, y reaccionar rápidamente ante situaciones de evasión o elusión fiscales.

Una supervisión y un control del cumplimiento eficaces son elementos clave para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia en general. Reviste suma importancia que los Estados miembros transpongan y apliquen en la práctica este marco jurídico reforzado.

La Comisión insta al Parlamento Europeo y al Consejo a alcanzar sin demora un acuerdo sobre las propuestas de modificación de la Cuarta Directiva sobre el blanqueo de capitales para mejorar la lucha contra la financiación del terrorismo y colmar las importantes lagunas que han permitido a los evasores de impuestos canalizar sus fondos hacia jurisdicciones extraterritoriales sin ser descubiertos. El Parlamento Europeo y el Consejo también deberían alcanzar rápidamente un acuerdo sobre la propuesta de revisión de la Directiva relativa a la cooperación administrativa, que refuerza las sinergias entre la legislación de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y en materia de transparencia fiscal. De este modo, las autoridades tributarias tendrán una garantía de acceso a información esencial, a escala nacional, que les permitirá frenar la evasión y la elusión fiscales a través de fondos extraterritoriales.

2. Mejorar el intercambio de información sobre la titularidad real

Las propuestas mencionadas anteriormente consistentes en brindar a las autoridades tributarias mayor acceso a la información nacional relativa a la titularidad real mejorarán significativamente su capacidad a la hora de detectar la evasión y la elusión fiscales. Sin embargo, una lucha eficaz contra ambos fenómenos exigirá una acción más decidida, en particular mediante la aplicabilidad inmediata a escala transfronteriza de las normas sobre transparencia respecto de la titularidad real.