POSICIÓN COMÚN (CE) N° 19/95 aprobada por el Consejo el 29 de junio de 1995 con vistas a la adopción de la Directiva 95/. . ./CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de . . ., relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (95/C 288/01)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3),

1) Considerando que es preciso, en el marco de la realización de los objetivos del mercado interior, adoptar las medidas destinadas a establecer y consolidar progresivamente dicho mercado;

2) Considerando que la libre circulación de bienes y de servicios concierne no solamente al comercio profesional sino también a los particulares; que dicha circulación implica que los consumidores puedan acceder a los bienes y servicios de otro Estado miembro en las mismas condiciones que la población de dicho Estado;

3) Considerando que la venta transfronteriza a distancia puede ser, para los consumidores, una de las principales manifestaciones concretas del establecimiento del mercado interior, como se ha comprobado, entre otros casos, en la Comunicación de la Comisión al Consejo titulada «Hacia un mercado único de la distribución»; que es indispensable para el buen funcionamiento del mercado interior que los consumidores puedan dirigirse a una empresa fuera de su país, aunque dicha empresa tenga una filial en el país de residencia del consumidor;

4) Considerando que el desarrollo de nuevas tecnologías lleva consigo una multiplicación de los medios puestos a disposición de los consumidores para estar al corriente de las ofertas hechas en toda la Comunidad y para efectuar sus pedidos; que determinados Estados miembros han tomado ya disposiciones distintas o divergentes de protección de los consumidores en materia de venta a distancia, con el consiguiente efecto negativo en la competencia entre empresas en el mercado interior; que, por consiguiente, la introducción de unas normas comunes mínimas a nivel comunitario es necesaria en este ámbito;

5) Considerando que en los puntos 18 y 19 del Anexo de la Resolución del Consejo, de 14 de abril de 1975, relativa a un programa preliminar de la Comunidad Económica Europea para una política de protección e información de los consumidores (4) se hace hincapié en la necesidad de proteger a los compradores de bienes o de servicios contra la solicitud de pago de mercancías no encargadas y contra los métodos de venta agresivos;

6) Considerando que en el punto 33 de la Comunicación de la Comisión al Consejo titulada «Nuevo impulso a la política de protección de los consumidores» aprobada mediante Resolución del Consejo, de 23 de junio de 1986 (5), se anuncia que la Comisión presentará propuestas relativas a la utilización de las nuevas tecnologías de la información que permitan a los consumidores efectuar desde su domicilio los pedidos a su proveedor;

7) Considerando que en la Resolución del Consejo, de 9 de noviembre de 1989, sobre futuras prioridades para el relanzamiento de la política de protección del consumidor (6) se invita a la Comisión a centrar principalmente sus esfuerzos en los ámbitos que figuran en el Anexo de la mencionada Resolución; que dicho Anexo menciona las nuevas tecnologías que permiten la venta a distancia; que la Comisión ha llevado a la práctica esta Resolución mediante la adopción de un «plan trienal de acción para la política de protección de los consumidores en la CEE (1990-1992)» y que este plan prevé la adopción de una Directiva en la materia;

8) Considerando que las lenguas utilizadas en materia de contratos a distancia son competencia de los Estados miembros;

9) Considerando que los contratos negociados a distancia se caracterizan por la utilización de una o más técnicas de comunicación a distancia; que esas diferentes técnicas se utilizan en el marco de un sistema organizado de venta o de prestación de servicios a distancia sin que se dé la presencia simultánea del proveedor y del consumidor; que la evolución permanente de estas técnicas no permite establecer una lista exhaustiva, pero requiere que se definan unos principios válidos incluso para aquéllas que todavía se utilizan poco en la actualidad;

10) Considerando que la utilización de estas técnicas no debe conducir a una reducción de la información facilitada al consumidor; que es conveniente, por tanto, determinar la información que debe transmitirse obligatoriamente al consumidor cualquiera que sea la técnica de comunicación utilizada; que esta transmisión de la información debe realizarse, además, de conformidad con las demás normas comunitarias pertinentes, y, en particular, con la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (7);

11) Considerando que la información difundida por determinadas tecnologías electrónicas tiene a menudo un carácter efímero en la medida en que no se recibe sobre un soporte duradero; que resulta necesario que se hagan llegar al consumidor, por escrito y con la debida antelación los datos necesarios para la correcta ejecución del contrato;

12) Considerando que el consumidor no tiene la posibilidad real de ver el producto o de conocer las características del servicio antes de la celebración del contrato; que es conveniente establecer, en su caso, un derecho de resolución; que corresponde a los Estados miembros determinar las demás modalidades y condiciones consecutivas al ejercicio del derecho de resolución;

13) Considerando que es necesario también prever un plazo de ejecución del contrato si éste no se ha precisado al efectuar el pedido;

14) Considerando que la técnica de promoción consistente en enviar un producto o proporcionar un servicio a título oneroso al consumidor sin petición previa o acuerdo explícito por parte de éste siempre que no se trate de un suministro de sustitución, no puede admitirse;

15) Considerando los principios establecidos en los artículos 8 y 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950; que procede reconocer al consumidor el derecho a la protección de la vida privada, en particular por lo que respecta a la tranquilidad en relación con ciertas técnicas de comunicación especialmente insistentes y, en consecuencia, precisar los límites específicos a la utilización de este tipo de técnicas;

16) Considerando que la Recomendación 92/295/CEE de la Comisión, de 7 de abril de 1992, relativa a códigos de conducta para la protección de los consumidores en materia de contratos negociados a distancia (8) prevé que las normas básicas vinculantes de la presente Directiva deben completarse con disposiciones voluntarias de los profesionales en forma de códigos de conducta;

17) Considerando que el incumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva puede ir en perjuicio de los consumidores y de los competidores; que, por consiguiente, se pueden prever disposiciones que permitan a organismos públicos o a su representante o a organizaciones de consumidores que, de conformidad con la legislación nacional, tengan un interés legítimo en proteger a los consumidores, o a organizaciones profesionales con interés legítimo en actuar, velar por su aplicación;

18) Considerando que en la utilización de las nuevas tecnologías, el consumidor no domina la técnica; que, por tanto, es necesario prever que la carga de la prueba pueda recaer sobre el proveedor;

19) Considerando que en ciertos casos existe el riesgo de privar al consumidor de la protección otorgada por la presente Directiva designando como ley aplicable al contrato el Derecho de un país tercero; que, por consiguiente, es conveniente establecer en la presente Directiva disposiciones encaminadas a evitar dicho riesgo;

20) Considerando que un Estado miembro puede prohibir por razones de interés general la comercialización en su territorio de determinados productos y servicios realizada mediante contratos a distancia; que dicha prohibición debe hacerse respetando las normas comunitarias; que en las Directivas 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (9) y la Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los medicamentos para uso humano (10), se prevé este tipo de prohibiciones, especialmente en materia de medicamentos,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a los contratos a distancia entre consumidores y proveedores.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1) «contrato a distancia»: todo contrato entre un proveedor y un consumidor sobre bienes o servicios celebrado en el marco de un sistema de ventas o de prestación de servicios a distancia organizado por el proveedor que, para dicho contrato, utiliza exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta la celebración del contrato, incluida la celebración del propio contrato;

2) «consumidor»: toda persona física que, en los contratos contemplados en la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional;

3) «proveedor»: toda persona física o jurídica que, en los contratos contemplados en la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional;

4) «técnica de comunicación a distancia»: todo medio que permita la celebración del contrato entre un consumidor y un proveedor sin presencia física simultánea del proveedor y del consumidor. En el Anexo I figura una lista indicativa de las técnicas contempladas en la presente Directiva;

5) «operador de técnicas de comunicación»: toda persona física o jurídica, pública o privada, cuya actividad profesional consiste en poner a disposición de los proveedores una o más técnicas de comunicación a distancia.

Artículo 3

Exenciones

1. La presente Directiva no se aplicará a los contratos:

- que se refieran a los servicios financieros enumerados en la lista no exhaustiva que figura en el Anexo II;

- celebrados mediante distribuidores automáticos o locales comerciales automatizados;

- celebrados con los operadores de telecomunicaciones debido a la utilización de los teléfonos públicos;

- celebrados para la construcción y venta de bienes inmuebles ni a los contratos que se refieran a otros derechos relativos a bienes inmuebles, con excepción del arriendo;

- celebrados en subastas.

2. Los artículos 4, 5, 6 y los apartados 1 y 2 del artículo 7 no se aplicarán:

- a los contratos de suministro de productos alimenticios, de bebidas o de otros bienes del hogar de consumo corriente suministrados en el domicilio del consumidor, en su residencia o en su lugar de trabajo por distribuidores que realicen visitas frecuentes y regulares;

- a los contratos de suministro de servicios de alojamiento, de transporte, de comidas o de esparcimiento, cuando el proveedor se compromete, al celebrarse el contrato, a suministrar tales prestaciones en una fecha determinada o en un período concreto.

Artículo 4

Información previa

1. Previamente a la celebración de cualquier contrato a distancia, y con la antelación necesaria, el consumidor deberá disponer de la información siguiente:

a) identidad del proveedor;

b) características esenciales del bien o del servicio;

c) precio del bien o del servicio, incluidos todos los impuestos;

d) gastos de entrega, en su caso;

e) modalidades de pago, entrega o ejecución;

f) existencia de un derecho de resolución, salvo en los casos mencionados en el apartado 3 del artículo 6;

g) coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia cuando se calcule sobre una base distinta de la tarifa básica;

h) plazo de validez de la oferta o del precio.

2. La información contemplada en el apartado 1, cuya finalidad comercial debe resultar inequívoca, deberá facilitarse al consumidor de modo claro y comprensible, mediante cualquier medio adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, y deberá respetar, en particular, los principios de buena fe en materia de transacciones comerciales así como los de la protección de menores.

Artículo 5

Confirmación escrita de la información

1. A su debido tiempo a la ejecución del contrato, y a más tardar en el momento de la entrega, en lo que se refiere a los bienes, el consumidor deberá recibir por escrito la confirmación de la información mencionada en las letras a) a f) del apartado 1 del artículo 4, salvo si dicha información ya le ha sido facilitada antes de la celebración del contrato, bien sea por escrito o sobre cualquier otro soporte duradero a su disposición.

En todo caso, deberá facilitarse:

- información escrita sobre las condiciones y modalidades de ejercicio del derecho de resolución, con arreglo al artículo 6, incluidos los casos citados en el primer guión del apartado 3 del artículo 6;

- la dirección geográfica del establecimiento del proveedor donde el consumidor puede presentar sus reclamaciones;

- información relativa a los servicios posventa y a las garantías comerciales existentes;

- en caso de celebración de un contrato de duración indeterminada o de duración superior a un año, las condiciones de rescisión del contrato.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a los servicios cuya ejecución se realice utilizando una técnica de comunicación a distancia, cuando éstos se presten en una sola vez, y cuya facturación sea efectuada por el operador de la técnica de comunicación. No obstante, el consumidor, en cualquier caso, deberá estar en condiciones de conocer la dirección geográfica del establecimiento del proveedor donde puede presentar sus reclamaciones.

Artículo 6

Derecho de resolución

1. Respecto a todo contrato negociado a distancia, el consumidor dispondrá de un plazo mínimo de siete días para resolver el contrato sin penalización alguna y sin indicación de los motivos.

A efectos del ejercicio de dicho derecho, el plazo se calculará:

- en el caso de los bienes, a partir del día de recepción de los mismos por el consumidor, cuando se hayan cumplido las obligaciones contempladas en el artículo 5;

- por lo que respecta a los servicios, a partir del día de celebración del contrato o a partir del día en que se hayan cumplido las obligaciones contempladas en el artículo 5 si éstas se han cumplido después de la celebración del contrato, siempre que el plazo no supere el plazo de tres meses mencionado en el párrafo siguiente.

Cuando el proveedor no haya cumplido las obligaciones a que se refiere el artículo 5, el plazo será de tres meses. Dicho plazo comenzará a correr:

- para los bienes, a partir del día en que los reciba el consumidor;

- para los servicios, a partir del día de la celebración del contrato.

Si la información contemplada en el artículo 5 se facilita en el citado plazo de tres meses, el consumidor dispondrá en ese momento del plazo de al menos siete días mencionado en el párrafo primero.

2. Cuando el consumidor haya ejercido el derecho de resolución con arreglo a lo dispueto en el presente artículo, el proveedor estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor. Dicha devolución deberá efectuarse lo antes posible.

3. Salvo si las partes conviniesen en otra cosa, el consumidor no podrá ejercer el derecho de resolución prevista en el apartado 1 para los contratos:

- de prestación de servicios cuya ejecución haya comenzado, con el acuerdo del consumidor, antes de finalizar el plazo de siete días que se contempla en el apartado 1;

- de suministro de bienes o servicios cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que el proveedor no pueda controlar;

- de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados, o que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez;

- de suministro de grabaciones sonoras o de vídeo, de discos y de programas informáticos;

- de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas;

- de servicios de apuestas y loterías.

4. Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que:

- en caso de que el precio de un bien o de un servicio haya sido total o parcialmente cubierto mediante un crédito concedido por el proveedor, o

- en caso de que el precio haya sido total o parcialmente cubierto mediante un crédito concedido al consumidor por un tercero previo acuerdo celebrado entre el tercero y el proveedor,

el contrato de crédito quedará resuelto sin penalización en caso de que el consumidor ejerza su derecho de resolución con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

Los Estados miembros determinarán las modalidades de la rescisión del contrato de crédito.

Artículo 7

Ejecución

1. Salvo si las partes acuerdan otra cosa, el proveedor deberá ejecutar el pedido a más tardar en el plazo de treinta días a partir del día siguiente a aquel en que el consumidor le haya comunicado su pedido.

2. En caso de no ejecución del contrato por parte de un proveedor por no encontrarse disponible el bien o el servicio objeto del pedido, el consumidor deberá ser informado de esta falta de disponibilidad y deberá poder recuperar cuanto antes las sumas que haya abonado en concepto de pago.

3. No obstante, los Estados miembros podrán establecer la facultad del proveedor de suministrar al consumidor un bien o un servicio de calidad y precio equivalentes si esa posibilidad se hubiese previsto antes de la celebración del contrato o en el momento de dicha celebración, o bien al informársele sobre la no disponibilidad. Los gastos de devolución consecutivos al ejercicio del derecho de resolución, en dicho caso, correrán por cuenta del proveedor, y el consumidor deberá ser informado de ello. En tales casos, el suministro de un bien o de un servicio no podrá asimilarse al suministro no solicitado a que se refiere el artículo 9.

Artículo 8

Pago mediante tarjeta

Los Estados miembros velarán por que existan medidas apropiadas para que:

- el consumidor pueda solicitar la anulación de un pago en caso de utilización fraudulenta de su tarjeta de pago en el marco de contratos a distancia cubiertos por la presente Directiva;

- en caso de utilización fraudulenta, se abonen en cuenta al consumidor las sumas abonadas en concepto de pago o se le restituyan.

Artículo 9

Suministro no solicitado

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para:

- prohibir los suministros de bienes o de servicios al consumidor sin encargo previo de éste, cuando dichos suministros incluyan una petición de pago;

- dispensar al consumidor de toda contraprestación en caso de suministro no solicitado, sin que la falta de respuesta pueda considerarse como consentimiento.

Artículo 10

Restricciones de la utilización de determinadas técnicas de comunicación a distancia

1. La utilización por un proveedor de las técnicas que se enumeran a continuación necesitará el consentimiento previo del consumidor:

- sistema automatizado de llamada sin intervención humana (llamadas automáticas),

- fax (telecopia).

2. Los Estados miembros velarán por que las técnicas de comunicación a distancia distintas de las mencionadas en el apartado 1, cuando permitan una comunicación individualizada, sólo puedan utilizarse a falta de oposición manifiesta del consumidor.

Artículo 11

Acciones judiciales o administrativas

1. Los Estados miembros velarán por que existan medios adecuados y eficaces para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva en interés de los consumidores.

2. Los medios a que se refiere el apartado 1 podrán comprender disposiciones que permitan a los organismos públicos, a sus representantes o a las organizaciones de consumidores que, con arreglo a la legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección del consumidor, o a las organizaciones profesionales que tengan un interés legítimo en la acción, recurrir, según el Derecho nacional, a los tribunales u órganos administrativos competentes para hacer que sean aplicadas las disposiciones de la presente Directiva.

3. a) Los Estados miembros podrán establecer que la carga de la prueba de la existencia de una información previa, de una confirmación por escrito o del respeto de los plazos y del consentimiento del consumidor, pueda recaer en el proveedor.

b) Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que tanto el proveedor como los operadores de técnicas de comunicación, cuando puedan hacerlo, cesen las prácticas que no sean conformes a las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva.

4. Los Estados miembros podrán añadir a los medios que deben establecer para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva, el control voluntario del cumplimiento de dichas disposiciones por organismos autónomos y el recurso a dichos organismos para la solución de litigios.

Artículo 12

Carácter imperativo de las disposiciones

1. Los consumidores no podrán renunciar a los derechos que se les reconozcan en virtud de la transposición al Derecho nacional de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor no quede privado de la protección que otorga la presente Directiva por la elección del Derecho de un país tercero como Derecho aplicable al contrato, cuando el contrato presente un vínculo estrecho con el territorio de uno o más Estados miembros.

Artículo 13

Normas comunitarias

1. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán en la medida en que no existan, en la normativa comunitaria, disposiciones particulares que regulen determinados tipos de contratos a distancia en su globalidad.

2. Cuando una normativa comunitaria específica relativa a un bien o un servicio contenga disposiciones que regulen aspectos vinculados con:

- la información previa al contrato;

- la confirmación escrita de la información previa;

- el derecho de resolución;

- los suministros no solicitados;

- los recursos judiciales o administrativos;

- los límites de utilización de las técnicas de comunicación a distancia;

- el pago mediante tarjeta;

- la ejecución del contrato;

esas disposiciones sólo serán aplicables a los contratos a distancia respecto a los aspectos que en las mismas se regulan.

Artículo 14

Cláusula mínima

Los Estados miembros podrán adoptar o mantener, en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas, compatibles con el Tratado, a fin de garantizar una mayor protección del consumidor. Si ha lugar, dichas disposiciones incluirán la prohibición, por razones de interés general y en cumplimiento del Tratado, de la comercialización en sus territorios, mediante contratos celebrados a distancia, de determinados bienes o servicios, en especial de medicamentos.

Artículo 15

Aplicación

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar tres años después de su entrada en vigor. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

2. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

4. A más tardar, seis años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva acompañado, en su caso, de una propuesta de revisión de la presente Directiva.

Artículo 16

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 17

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en . . .

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO n° C 156 de 23. 6. 1992, p. 14.

(2) DO n° C 19 de 25. 1. 1993, p. 111.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 26 de mayo de 1993 (DO n° C 176 de 26. 6. 1993, p. 95), posición común del Consejo de . . . (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Parlamento Europeo de . . . (no publicada aún en el Diario Oficial).

(4) DO n° C 92 de 25. 4. 1975, p. 1.

(5) DO n° C 167 de 5. 7. 1986, p. 1.

(6) DO n° C 294 de 22. 11. 1989, p. 1.

(7) DO n° L 250 de 19. 9. 1984, p. 17.

(8) DO n° L 156 de 10. 6. 1992, p. 21.

(9) DO n° L 298 de 17. 10. 1989, p. 23.

(10) DO n° L 113 de 30. 4. 1992, p. 13.

ANEXO I

Técnicas de comunicación mencionadas en el apartado 4 del artículo 2

- Impreso sin destinatario

- Impreso con destinatario

- Carta normalizada

- Publicidad en prensa con cupón de pedido

- Catálogo

- Teléfono con intervención humana

- Teléfono sin intervención humana (llamadas automáticas, audiotexto)

- Radio

- Visiófono (teléfono con imagen)

- Videotexto (microordenador, pantalla de televisión) con teclado o pantalla táctil

- Correo electrónico

- Telefax (telecopia)

- Televisión (compras y ventas a distancia)

ANEXO II

Servicios financieros a que se refiere el apartado 1 del artículo 3:

- Servicios de inversión

- Operaciones de seguro y reaseguro

- Servicios bancarios

- Operaciones relativas a fondos de pensiones

- Servicios relacionados con operaciones a plazo o de opción

Estos servicios incluyen, en particular:

- los servicios de inversión a que se refiere el Anexo de la Directiva 93/22/CEE (1); los servicios de empresas de inversiones colectivas;

- los servicios correspondientes a actividades que gozan de reconocimiento mutuo y a que se refiere el Anexo de la Directiva 89/646/CEE (2);

- las operaciones correspondientes a actividades de seguro y reaseguro a que se refieren:

- el artículo 1 de la Directiva 73/239/CEE (3),

- El Anexo de la Directiva 79/267/CEE (4),

- la Directiva 64/225/CEE (5),

- las Directivas 92/49/CEE (6) y 92/96/CEE (7).

(1) DO n° L 141 de 11. 6. 1993, p. 27.

(2) DO n° L 386 de 30. 12. 1989, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 92/30/CEE (DO n° L 110 de 28. 4. 1992, p. 52).

(3) DO n° L 228 de 16. 8. 1973, p. 3. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 92/49/CEE (DO n° L 228 de 11. 8. 1992, p. 1).

(4) DO n° L 63 de 13. 3. 1979, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 90/619/CEE (DO n° L 330 de 29. 11. 1990, p. 50).

(5) DO n° 56 de 4. 4. 1964, p. 878. Directiva modificada por el Acta de adhesión de 1973.

(6) DO n° L 228 de 11. 8. 1992, p. 1.

(7) DO n° L 360 de 9. 12. 1992, p. 1.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. El 21 de mayo de 1992, la Comisión presentó una propuesta de Directiva (1), basada en el artículo 100 A del Tratado, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia.

2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen (2) en primera lectura el 26 de mayo de 1993. A raíz de dicho dictamen, la Comisión remitió, el 7 de octubre de 1993, una propuesta modificada (3).

El Comité Económico y Social emitió su dictamen (4) el 24 de noviembre de 1993.

3. El Consejo adoptó su posición común, por unanimidad, con arreglo al artículo 189 B del Tratado, el 29 de junio de 1995.

II. OBJETIVO

4. Esta propuesta de la Comisión viene a aumentar la protección del consumidor en materia de contratos a distancia, en particular mediante una mejor información previa sobre los elementos del contrato, la instauración del derecho a rescisión y modalidades de recursos judiciales o administrativos, y mediante disposiciones que enmarcan la ejecución del contrato. De este modo, la propuesta contribuye a la realización del mercado interior en este ámbito.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

Información general

5. A la vista del objetivo antes señalado, y teniendo en cuenta el carácter sumamente evolutivo de las técnicas y de los mercados a que se dirige la presente propuesta, el Consejo ha procurado asegurar un alto nivel de protección de los consumidores a través de un conjunto de disposiciones, en ocasiones más protectoras que las previstas por la Comisión o el Parlamento Europeo, tan concretas y fáciles de poner en práctica como sea posible. De esta forma, el Consejo se ha esforzado por respetar el principio de subsidiariedad, en la medida compatible con la armonización requerida en este sector y en la perspectiva de disposiciones más estrictas que puedan adoptar los Estados miembros. Este ánimo de operatividad ha conducido así al Consejo a renunciar al planteamiento en términos de «incitación a contratar», que en el análisis se ha revelado como inadaptada al tipo de formación específica de los contratos de distancia.

6. Basándose en las orientaciones expuestas, el Consejo estuvo en condiciones de integrar literalmente, en lo sustancial o parcialmente, en su posición común, las enmiendas del Parlamento Europeo integradas por la Comisión en su propuesta modificada -con excepción de las enmiendas nos 10, 13, 15, 20, 29 (y 6, que se refiere al considerando asociado), y 32 (y 9, que se refiere al considerando asociado)-, así como la enmienda n° 30, no incluida en la propuesta modificada.

7. Observaciones específicas

(Las referencias que se detallan a continuación remiten, salvo indicación contraria, al texto de la propuesta modificada.)

Además de la readaptación de los artículos que siguen el desarrollo de las etapas que llevan al contrato y a su ejecución, el Consejo ha aportado las siguientes modificaciones a la propuesta modificada de la Comisión, modificaciones que han sido aceptadas por esta última:

i) El abandono del planteamiento en términos de «incitación a contratar» (véase el punto 5 supra) ha requerido la adaptación de los artículos 1, primer y sexto guiones del artículo 2 (supresión), 4, 5, 6, 10, apartado 1 del artículo 11 y apartado 3 del artículo 14, y las correspondientes adaptaciones del preámbulo.

Asimismo, dado que pueden utilizarse para la propia conclusión del contrato las técnicas de comunicación, es conveniente hablar, a lo largo de toda la Directiva, de «contrato a distancia» y no sólo de «contrato negociado a distancia».

ii) Artículo 2

Además de las citadas adaptaciones, se han racionalizado las definiciones para evitar repeticiones y aproximarse a fórmulas al uso en la legislación comunitaria. Se ha suprimido la definición de «pedido» pasando ese término a utilizarse aquí en su acepción común; la definición de «operador» sólo contempla las personas que pongan a disposición de los proveedores técnicas de comunicación, puesto que se trata aquí de regular las prácticas de estos últimos.

La ejecución fraccionada de un contrato no está incluida en el presente texto, motivo por el que, por defecto, se reenvía a las legislaciones nacionales (véase la enmienda n° 11).

iii) Artículo 3

El Consejo manifestó su deseo de restringir el alcance de las exenciones, dado que solamente parte de las disposiciones no se aplicará a los contratos de suministros de bienes de consumo corriente, o de servicios «con reserva» (en particular, y como deseaba el Parlamento, el derecho de rescisión no es disponible para dichos servicios).

Al tiempo que reconoció la importancia de la protección al consumidor en materia de contratos a distancia de servicios financieros, el Consejo consideró que, teniendo en cuenta el carácter específico de los servicios financieros -ya cubiertos en varios puntos por la legislación comunitaria- y de bienes inmobiliarios (aparte del arrendamiento) -en que las legislaciones nacionales presentan todavía rasgos específicos-, y el hecho de que los contratos relativos a dichos servicios y a dichos bienes están, en gran parte, ya excluidos del derecho de rescisión por la propuesta modificada (guiones segundo y tercero del apartado 4 del artículo 12), es preferible excluirlos (5) del campo de aplicación.

Las modalidades prácticas de una subasta y el carácter instantáneo del «contrato» correspondiente a la utilización de cabinas telefónicas públicas, justifican igualmente su exclusión del campo de aplicación.

iv) Información (artículos 5, 6 y 11)

El Consejo, considerando que la información al consumidor constituye un elemento determinante de su protección, expresó el deseo de aclarar y reestructurar estos artículos, distinguiendo entre informaciones previas (artículo 4 de la posición común) y confirmación escrita de las informaciones (artículo 5 de la posición común):

- la letra g) del apartado 1 y el apartado 2 del nuevo artículo 4 refunden, respectivamente, los apartados 3 (6) y 1 y 2 del artículo 5;

- el nuevo artículo 5 refunde el artículo 11, precisando el concepto de «proveedor más adecuado» (aquél ante el que el consumidor puede presentar sus reclamaciones).

v) Límites para la utilización de las técnicas (artículo 4)

El artículo 10 de la posición común precisa el artículo 4, evitando ofrecer una protección ilusoria, puesto que es inaplicable y, por tanto, sólo contempla las técnicas «que permitan una comunicación individualizada».

Considerando que ya existía protección relativa al teléfono («listas rojas») o al correo electrónico (código de acceso), que dichas técnicas no pueden «utilizarse sino en ausencia de oposición del consumidor», que los aparatos automáticos de llamada ya están cubiertos por el consentimiento previo, el Consejo no ha incluido ni el teléfono (aparte del automático de llamadas) ni el correo electrónico entre las técnicas que requieren un consentimiento previo.

vi) Disposiciones ligadas a la ejecución (artículos 8, 9, 10 y 13)

El apartado 1 del artículo 7 de la posición común fija el plazo de ejecución en términos más estrictos que los de la propuesta modificada (ejecución en un plazo de treinta días después de la transmisión del pedido, y no comienzo de la ejecución treinta días, a más tardar, después de la recepción del pedido).

Los casos de indisponibilidad de lo que se ha encargado y los suministros de «sustitución» están contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 7 de la posición común.

El artículo 9 de la posición común se refiere a suministros no pedidos, dispensando al consumidor de cualquier obligación respecto del proveedor, y excluye completamente los suministros a título gratuito en el sentido del apartado 4 del artículo 9 de la propuesta modificada, cuya redacción, consecuentemente, no se incluye.

Respecto de las modalidades de pago, el Consejo no estimó oportuno -como el Parlamento Europeo- prohibir los pagos previos, teniendo en cuenta los riesgos inherentes a ese tipo de transacción para el proveedor y, por tanto, no recogió el artículo 8 de la propuesta modificada. En contrapartida, impuso al proveedor «el reembolso de las sumas abonadas por el consumidor» en caso de rescisión (apartado 2 del artículo 6 de la posición común), y de no ejecución (apartado 2 del artículo 7 de la posición común) de conformidad con el objetivo contemplado por la enmienda n° 30, considerando, al mismo tiempo, que la instauración de un sistema de garantía en caso de defecto del proveedor es una cuestión horizontal, pertinente para todas las obligaciones del proveedor, que debe tratarse como tal.

El artículo 8 de la propuesta modificada trata del pago mediante tarjeta (artículo 13), contempla con mayor amplitud cualquier forma de utilización fraudulenta, en el marco de un contrato a distancia, y deja abiertas las modalidades de transferencia de las cantidades debidas -lo que puede permitir, en particular, la intervención de un sistema de garantía, excluido por la redacción del artículo 13 de la propuesta modificada.

vii) Derecho de rescisión (artículo 12)

El Consejo consideró que debía aclararse este artículo para permitir una mejor articulación entre la transmisión de la información (sobre todo, la relativa al derecho de rescisión) y el ejercicio del derecho de rescisión. A tal efecto, el enfoque seguido en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de los adquirentes en determinados aspectos de los contratos relativos a la adquisición de un derecho de utilización a tiempo parcial de bienes inmobiliarios se ha impuesto como modelo adecuado y ha llevado a que se redactara el apartado 1 del artículo 6 de la posición común basándose en la aplicación de un plazo de tres meses, durante el cual todavía pueden facilitarse las informaciones que falten, y en plazo de rescisión propiamente dicho de siete días.

El Consejo expresó su deseo de modificar el campo de aplicación de este artículo, dado que quedan excluidos los contratos relativos:

- a los servicios cuya ejecución haya comenzado con el acuerdo del consumidor (y no todos los servicios cuya ejecución haya comenzado);

- a los bienes inmobiliarios (y no a todos los contratos en forma de acto auténtico);

- a las grabaciones audio/vídeo, discos y programas informáticos, por su posibilidad de reproducción casi inmediata;

- diarios, publicaciones periódicas, revistas, cuyo contenido pierde muy pronto actualidad;

- organizaciones de apuestas/loterías, habida cuenta de sus formas específicas de funcionamiento.

Por el contrario, el Consejo no juzgó oportuno excluir los productos de higiene corporal.

viii) Protección jurídica o administrativa (artículos 14, 16 y 17)

En el artículo 11 de la posición común, el Consejo se esforzó fundamentalmente por evitar los textos demasiado específicos que podrían no corresponder al conjunto de los ordenamientos jurídicos nacionales, al tiempo que conservó el contenido sustancial del artículo 14, y de manera especial la posibilidad de acción por organizaciones de profesionales o de consumidores, y la posibilidad de abandonar la carga de la prueba o del control voluntario.

En el apartado 2 del artículo 12 de la posición común se han concretado las condiciones del beneficio de la protección concedida por la presente Directiva al consumidor en caso de elección del derecho de un tercer país. En el artículo 13 de la posición común se ha detallado la articulación de esta Directiva con la legislación comunitaria existente.

ix) Disposiciones finales (artículos 18 y 19)

La cláusula mínima (artículo 14 de la posición común) integra, entre otras cosas, a título de las disposiciones más estrictas, la prohibición relativa a la comercialización de los medicamentos sin limitarla exclusivamente a los medicamentos expedidos mediante receta (enmienda 36 revisada).

La posición común se vio precisada a establecer un plazo de transposición, dado que se había sobrepasado la fecha prevista en la propuesta de la Comisión; para hacerlo ha fijado un plazo de tres años, comparable al fijado para otros actos en el ámbito de la protección del consumidor.

Asimismo, se ha añadido una cláusula relativa al informe y a la revisión (apartado 4 del artículo 15 de la posición comun).

x) Disposiciones que no se recogen

- enmienda n° 20 (artículo 7): no corresponde a la presente Directiva la modificación de las condiciones de aplicación de la Directiva 89/552/CEE;

- enmienda n° 29 (apartado 5 del artículo 12): esta Directiva sólo contiene disposiciones para los defectos de ejecución resultantes de la indisponibilidad del bien o del servicio encargado;

- enmienda n° 32 (artículo 15): por una parte, esta disposición emana del deber general de información de las personas sometidas a una jurisdicción que incumbe a los Estados miembros y, por otra, «las organizaciones de que se trata» no son destinatarias de esta Directiva.

(1) DO n° C 156 de 23. 6. 1992.

(2) DO n° C 176 de 28. 6. 1993.

(3) DO n° C 308 de 15. 11. 1993.

(4) DO n° C 19 de 25. 1. 1993.

(5) Es conveniente observar, sin embargo, que los contratos de crédito «ligados» a un contrato a distancia siguen contemplándose con ocasión del ejercicio del derecho de rescisión relativo al contrato a distancia.

(6) Reforzándolo, puesto que ahora se impone la indicación del coste de la técnica de comunicación.