2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

Dado que se trata de la modificación del Reglamento vigente, sigue las disposiciones que constituyen la base jurídica del Reglamento (CE) n.º 2012/2002, es decir, el artículo 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dado que esta modificación afecta únicamente a los Estados miembros, el artículo 212 del TFUE no es de aplicación.

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

El objetivo de la propuesta es ampliar el ámbito de aplicación del FSUE a fin de mostrar solidaridad europea con los Estados miembros más afectados, proporcionándoles ayuda del Fondo para que soporten mejor la carga financiera que recaiga sobre ellos como consecuencia de una retirada del Reino Unido de la UE sin un acuerdo. En consonancia con el principio de subsidiariedad, define criterios claros de subvencionabilidad para que pueda movilizarse el FSUE. Por tanto, la ayuda en el marco de este instrumento se limitará a costes que incidan gravemente en las condiciones económicas y financieras de un Estado miembro determinado.

El FSUE se basa en el principio de subsidiariedad, lo cual significa que la UE debe intervenir únicamente en los casos en los que se considere que un Estado miembro ya no es capaz de hacer frente a una crisis por sí solo y necesita ayuda. El legislador ha considerado que, en el caso de las catástrofes naturales, esta situación se produce cuando el daño directo total supera un umbral determinado. No se incluyen los daños económicos subsiguientes, dado que se consideran demasiado complejos de determinar de forma rápida, fiable y comparable. Por tanto, el umbral para las catástrofes naturales quedó fijado en los daños directos que superen el 0,6 % de la renta nacional bruta (RNB) o en 3 000 millones EUR (a precios de 2011) (el que sea menor de estos dos importes). Se optó por este criterio doble porque un único importe fijo no reflejaría las grandes diferencias de fortaleza económica (y, por tanto, de capacidades de respuesta presupuestaria) de los Estados miembros y daría lugar a grandes injusticias y a un trato desigual a los Estados miembros. Un tipo de porcentaje único daría lugar bien a importes extremadamente bajos para los Estados miembros más pequeños o bien a umbrales inalcanzablemente altos para las economías más grandes.

En caso de retirada desordenada del Reino Unido de la UE, se prevén graves consecuencias para las economías de los Estados miembros. Sin embargo, no es posible estimar los daños directos. Por tanto, no es posible aplicar el mismo enfoque que para las catástrofes naturales. En cambio, la Comisión propone que se considere la carga financiera sobre los presupuestos de los Estados miembros para hacer frente a las necesidades adicionales derivadas de la retirada sin un acuerdo y directamente vinculadas a ella como referencia para determinar la subvencionabilidad. Esto se corresponde en gran medida con la participación pública en los daños directos subvencionables para financiación (como el coste de recuperación de la infraestructura pública, la ayuda a la población, los servicios de rescate, etc.) en el caso de las catástrofes naturales. Esta participación pública subvencionable de los daños totales varía en gran medida en función de la catástrofe y del país afectado. Por término medio, se sitúa en torno al 50 % de los daños totales.

Por tanto, la Comisión propone mantener los principios en los que se basa el acceso al FSUE. En consecuencia, el 0,3 % de la renta nacional bruta (RNB) o 1 500 millones EUR a precios de 2011 (el que sea menor de estos dos importes), es decir, la mitad del importe aplicable a las catástrofes naturales, quedan definidos como el nivel mínimo de gasto público relacionado con la retirada sin acuerdo a fin de acceder al FSUE. Corresponde al Estado miembro aportar pruebas de dichos gastos y demostrar que son directamente imputables a la retirada sin acuerdo.