ES    ES ES 
ES    ES  COMISIÓN EUROPEA 
Bruselas, 20.7.2010 
SEC(2010) 908 
  
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
que acompaña a la 
Propuesta de  
DIRECTIVA DEL PARLEMENTO  EUROPEO Y DEL CONSEJO 
relativa al derecho a la información en los procesos penales 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
  
{COM(2010) 392 final} 
{SEC(2010) 907}  
ES 2   ES DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN  
  
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO  
1. C
ONTEXTO Y PROCEDIMENTO  
Para incrementar la confianza recíproca y mejo rar así el funcionamiento del reconocimiento 
mutuo, en noviembre de 2009 el Consejo Europe o aprobó el plan de trabajo sobre los 
derechos procesales1 en el que se establece un planteam iento gradual para reforzar los 
derechos de los sospechosos y acusados: 
Medidas previstas actualmente en el plan de trabajo:  
Medida A : Traducción e interpretación 
Medida B : Información sobre los derechos y las acusaciones 
Medida C : Asesoramiento jurídico y asistencia jurídica gratuita 
Medida D : Comunicación con parientes, empleadores y autoridades consulares 
Medida E : Salvaguardias especiales para sospechosos o acusados que sean vulnerables  
La presente evaluación de im pacto se refiere a la medida B, cuyo objetivo es mejorar la 
situación de los sospechosos garantizando que reciban información tanto sobre sus derechos 
como sobre la causa incoada contra  ellos en los procesos penales. 
La evaluación de impacto es empírica en sentido amplio: se consultó a las partes interesadas 
en diversas ocasiones, por ejemplo en las reuniones del Foro de la Justicia de 2008 y 2009. En la evaluación se han tenido también en cuen ta las conclusiones de  algunos estudios 
académicos recientes.
 
2. PROBLEMA  
2.1. Información insuficiente en los procesos penales 
El acceso a la información por parte de los sosp echosos y acusados es un factor clave para 
asegurar un proceso justo. No se puede pres uponer que los sospechosos tengan conocimiento 
suficiente de sus derechos (por  ejemplo, del derecho a recibir asesoramiento jurídico) en el 
momento de la detención para que puedan ac ogerse efectivamente a ellos. Prever el 
suministro de información sobre los derechos es la vía que permite acceder a todos ellos. Los acusados también deben conocer en detalle la  causa incoada contra ellos y qué pruebas 
existen con el fin de preparar su defensa. 
Los sospechosos y acusados no siempre reci ben esa información. Los Estados miembros 
tienen distintos sistemas para transmitir la información, y algunos datos no se comunican en 
                                                
 
1 2009/C 295/01  
ES 3   ES algunos de ellos. Por ejemplo, en  cuatro Estados miembros la legislación no obliga a informar 
a los sospechosos del derecho a recibir ases oramiento jurídico, y solo en diez Estados 
miembros se informa a los sospechosos de su s derechos mediante una  notificación impresa 
(declaración de derechos). La legislación y las prácticas varían considerablemente de un Estado miembro a otro por lo que respecta a la información sobre el asunto: se puede entregar un resumen escrito o el abogado del acusado puede recibir acceso al expe diente y hacer copias 
de las partes pertinentes. En tres Estados mi embros no existe acceso al expediente e incluso 
en aquellos que prevén tal acceso, la fase del proceso en que se permite varía significativamente.  
2.1.1.  Efectos adversos sobre los procesos  penales y cooperación judicial  
Cuando no se informa adecuadamente a los sospechosos, los procesos penales pueden ser 
injustos y ello puede entrañar costes i nnecesarios debido a la prolongación de los 
procedimientos, los recursos y el abandono de los procesamientos  en los Estados miembros en 
que tienen lugar los procesos.  
La falta de información puede generar problemas y costes en otros Estados miembros cuando 
un tribunal del Estado miembro en el que tiene lugar un proceso penal original solicita la 
cooperación de otros Estados miembros. Los in strumentos de la UE para facilitar la 
cooperación judicial entre Estados miembros (c omo la orden de detención europea, ODE) se 
basan en el principio del reconocimiento mutuo, es decir, en la ejecución de las resoluciones 
judiciales de otros Estados miembros sin some terlas previamente a una revisión adicional. 
Para tal reconocimiento semiautomático es nece sario que exista confianza entre los jueces y 
los órganos jurisdiccionales. Cuando la conf ianza sea insuficiente no funcionará el 
reconocimiento mutuo, los procesos se prol ongarán, se retrasará la ejecución de las 
resoluciones judiciales extranje ras y se generarán costes. En un reciente caso  británico, las 
alegaciones formuladas en el sentido de que al sospechoso no se le había proporcionado 
información suficiente durante el proceso en el  Estado miembro que había dictado la orden de 
detención europea para su entrega, pueden ha ber contribuido a que el procedimiento de 
entrega durara más de un año, conllevara divers os recursos ante tribunales superiores y una 
instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos  Humanos con implicaciones significativas por 
lo que respecta a los costes. 
2.1.2.  Las disposiciones jurídicas vigentes no ofrecen una protección adecuada  
Hoy por hoy no existen normas suficientemente ri gurosas y que se apliquen adecuadamente. 
Si bien es cierto que el Convenio Europe o de Derechos Humanos (CEDH) establece los 
derechos mínimos, las partes interesadas coin ciden en señalar que ni el Convenio ni su 
mecanismo de aplicación ofrecen, en todos los cas os, protección suficiente  en relación con el 
suministro de información adecuada, en particular acerca de los derechos y las acusaciones. La razón es que los derechos a la información contemplados en los artículos 5 y 6 del CEDH 
no van lo suficientemente lejos, y pueden pasar años antes de que se resuelvan las peticiones 
elevadas al Tribunal de De rechos Humanos, dando lugar úni camente a una rectificación a 
posteriori  de eficacia limitada. 
2.2. Reajuste de la política de justicia de la  UE y fomento de la libre circulación de 
ciudadanos mediante el fortalecimiento de los derechos fundamentales 
Aunque a escala de la UE se han adoptado divers as medidas que garantizan a los ciudadanos 
un alto nivel de seguridad (como la introducción de la orden de  detención europea), hasta la 
fecha no se había logrado acord ar ninguna medida relativa a las normas necesarias para 
ES 4   ES garantizar un juicio justo. Al adoptar el pl an de trabajo sobre derechos procesales en 
noviembre de 2009, el Consejo reconoció la necesidad de adoptar medidas urgentes para fortalecer los derechos procesales de los sosp echosos en la UE. Dicho plan sienta las bases 
para una actuación de la UE que garantice una  protección de los derechos fundamentales 
superior a la que se contempla en el CEDH. Ello daría también una significación específica en 
la legislación de la Unión a las garantías sobr e un juicio justo consagradas en los artículos 47 
y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y contribuiría a la eliminación de 
los obstáculos reales o imaginarios a la libre ci rculación de ciudadanos, como se garantiza en 
el artículo 21, apartado 2, del TFUE. 
2.3. Alcance actual y futuro del problema 
Aunque no se dispone de datos so bre el número de procesos en  relación con los cuales se 
denuncia la falta de información, algunas partes interesadas señalan que el problema de la 
información insuficiente, si no es endémico, sí es  agudo y no se limita a determinados Estados 
miembros. Se prevé que se mantenga el insufi ciente nivel de confia nza recíproca entre las 
autoridades judiciales de los Estados miembros, puesto que se guramente vuelvan a registrarse 
casos en que las autoridades de los Estados miembros no proporcionen información a los sospechosos o acusados. Dado que el aumento de la circulación de los ciudadanos entre los 
Estados miembros incrementará la necesidad de cooperación judicial y que en el futuro 
próximo se tendrán que ejecutar y aplicar otras medidas de coopera ción judicial a escala de la 
UE, la necesidad de mejorar la confianza recíproca será todavía más acuciante. 
2.4. Competencia de la UE para actuar 
En virtud del artículo 82, apartado 2, letra b), del TFUE se pueden adoptar, mediante 
directivas, normas mínimas relativas a los derechos  de los individuos en los procesos penales, 
en la medida necesaria para f acilitar tanto el reconocimiento mutuo de las sentencias y las 
resoluciones judiciales como la cooperación judicial en as untos penales que tengan una 
dimensión transnacional. Como hoy por hoy ex isten grandes diferenc ias entre los Estados 
miembros por lo que respecta al suministro de información, es poco probable que los Estados 
miembros, individualmente, sean capaces de esta blecer una norma suficientemente elevada de 
suministro de información en toda la UE. Este obj etivo solo se puede lograr si se actúa a nivel 
de la UE. 
3. O
BJETIVOS  
General: Mejorar la cooperación judicial restaurando la confianza recíproca entre los Estados miembros acerca del 
funcionamiento equitativo de los sistemas de justicia penal. 
Garantizar un nivel elevado de protección de los derechos fundamentales en los procedimientos penales, 
fomentando así la libre circulación de ciudadanos de la UE en todo su territorio. 
Específico: Facilitar la ejecución y la aplicación de las 
resoluciones judiciales en asuntos penales velando por que los sospechosos reciban suficiente información  sobre sus derechos
, 
preferiblemente por escrito, para que puedan ejercitar eficazmente sus derechos de defensa. Facilitar la ejecución y la aplicación de las resoluciones 
judiciales en asuntos penales velando por que los acusados reciban información  detallada y suficiente sobre la causa 
incoada contra ellos  para que puedan preparar 
adecuadamente su defensa o impugnar las resoluciones previas a la fase de enjuiciamiento. 
ES 5   ES Operativo: La información proporcionada a los 
sospechosos sobre su derecho a un juicio justo debería:  
• ofrecerse en términos sencillos, fácilmente 
comprensibles por el sospechoso;  
• suministrarse en el primer contacto con la 
policía; 
• incluir los derechos básicos aplicables en 
virtud del CEDH y la CDFUE en caso de detención, primer interrogatorio y durante 
la privación de libertad; 
• suministrarse de tal manera que sea posible 
verificar que la información se ha 
transmitido. La información proporcionada a los acusados sobre la 
acusación o los cargos debería: 
• ser lo suficientemente detallada para permitir la 
preparación adecuada de la defensa o impugnar las 
resoluciones de la fase previa al enjuiciamiento; 
• suministrarse tempestivamente y de tal manera que el 
acusado comprenda la causa incoada contra él; 
• suministrarse de tal manera que sea posible verificar que 
la información se ha transmitido. 
4. OPCIONES Y SU IMPACTO  
• Mantenimiento del statu quo : Esta opción implicaría no tomar medidas  a nivel de la UE.  
• Opciones A:  Abordar el problema del sumini stro deficiente de información  adecuada 
sobre los derechos  a los sospechosos : 
Actuación no legislativa: 
• Opción A1 : Campaña de información en todo el territorio de la UE sobre los 
derechos de defensa mínimos. 
• Opción A2 : Recomendación del Consejo sobre bue nas prácticas en lo que hace al 
suministro de información a sospechosos y acusados sobre sus derechos.  
Actuación legislativa de la UE: 
• Opción A3 : Deber, en todo el territorio de la  UE, de informar a los sospechosos 
acerca de sus derechos mediante los me dios que elijan los Estados miembros.  
• Opción A4 : Deber, en todo el territorio de la UE, de informar acerca de sus 
derechos a los sospechosos detenidos me diante una declaración de derechos, 
redactada por los Estados miembros, que incluya una serie de derechos mínimos 
comunes (derechos del CEDH y Derecho de la UE), aparte de los derechos que 
añadan los Estados miembros atenié ndose a sus propias legislaciones. 
• Opción A5 : Deber, en todo el territorio de la UE, de informar acerca de sus 
derechos a los sospechosos detenidos medi ante una declaración de derechos que 
incluya una enumeración normalizada de lo s derechos mínimos en toda la UE 
según lo dispuesto en el anexo de la Directiva. 
 
Opciones B:  Abordar el problema del suministro deficiente, a los acusados, de 
información  adecuada sobre la causa  incoada contra ellos (la información no siempre se 
suministra tempestivamente, en detall e y en términos que puedan comprender):  
ES 6   ES Actuación no legislativa: 
• Opción B1 : Recomendación del Consejo sobre buenas prácticas y formación en 
materia de suministro de información a los acusados sobre la causa incoada contra 
ellos. 
Actuación legislativa de la UE: 
• Opción B2 : Deber, en todo el territorio de la UE, de informar a los acusados sobre 
la causa incoada contra ellos mediante lo s medios que elijan los Estados miembros.  
• Opción B3 : Deber, en todo el territorio de la UE, de informar a los acusados sobre 
la causa incoada contra ellos, y concesión de acceso al expediente (a ellos o a sus 
abogados) . 
 
5. COMPARACIÓN DE LAS OPCIONES  
En los cuadros siguientes se comparan las calific aciones relativas de las distintas opciones con los 
objetivos específicos y operativos. Las opciones se clasif ican en función de su potencial de cumplir los 
objetivos definidos en la parte 3. En la suma  final reciben idéntica ponderación las calificaciones 
relativas a la eficacia prevista a efectos de la consecución de los objetivos.  
Las opciones A5 y B3 muestran el mayor po tencial, por lo que son las preferidas. 
Cuadro 5.1: Comparación de calificaciones de las opciones  A:  
Objetivos/coste statu quo  A1  A2   A3  A4   A5  
Garantizar que 
los sospechosos 
reciban suficiente 
información para 
poder ejercer sus 
derechos 
eficazmente 0 √ √√ √√√ √√√√ √√√√√ 
Proporcionar 
información en 
términos 
sencillos, 
fácilmente 
comprensible por 
el sospechoso  0 √ √√ √√√ √√√√ √√√√√ 
ES 7   ES Cuadro 5.1: Comparación de calificaciones de las opciones  A:  
Objetivos/coste statu quo  A1  A2   A3  A4   A5  
Proporcionar 
información en el 
primer contacto 
con la policía e 
incluir los 
derechos básicos 
aplicables en 
virtud del CEDH 
y la CDFUE en 
casos de 
detención, primer 
interrogatorio y 
durante la 
privación de 
libertad 0 √ √√ √√ √√√√ √√√√√ 
Garantizar que 
exista un medio 
para verificar que 
la información se 
ha transmitido 0 √ √ √√ √√√√ √√√√√ 
Mejorar la 
confianza de los 
Estados 
miembros en el 
funcionamiento 
equitativo de los 
sistemas de 
justicia penal en 
todo el territorio 
de la UE 0 √ √ √√ √√√√ √√√√√ 
Puntuación 
total: 0 5 8 12 20 25 
ES 8   ES Cuadro 5.1: Comparación de calificaciones de las opciones  A:  
Objetivos/coste statu quo  A1  A2   A3  A4   A5  
Carga financiera 
para los EM2 - 100 000 € - 10 
millones € 
(costes 
globales para la 
UE) Gastos únicos 
de preparación:  
0 € - 2,5 
millones € 
Gastos 
operativos 
anuales: 
0 € - 4,6 
millones €  Gastos únicos 
de preparación:  
0 € - 2,5 
millones € 
Gastos 
operativos 
anuales:  
5 000 € - 4,6 
millones € Gastos únicos 
de preparación:  
15 000 € - 2,5 
millones € 
Gastos 
operativos 
anuales:  
5 000 € - 4,6 
millones € Gastos únicos 
de preparación:  
5 000 € - 2,5 
millones € 
Gastos 
operativos 
anuales:  
5 000 € - 4,6 
millones € 
Ahorro potencial 
de costes en los 
EM en los que 
tienen lugar 
procedimientos 
penales - bajo bajo bajo a medi o  medio medio a alto 
 
Cuadro 5.2: Comparación de calificaciones de las opciones  B:  
Objetivos/coste statu quo B1  B2  B3    
Garantizar que 
los acusados 
reciban 
información 
detallada 
suficiente sobre la 
causa, de modo 
que puedan 
preparar 
adecuadamente su 
defensa o 
impugnar las 
resoluciones 
previas a la fase 
de enjuiciamiento  0 √√ √√√ √√√√√   
                                                 
2 Banda basada en un modelo de cálculo para los Estados miembros que incurrirán con mayor 
probabilidad en gastos de aplicación debido a la divergencia entre la práctica actual y la contemplada en 
la opción. A raíz de la indisponibilidad de datos estadí sticos, las cifras sobre los costes operativos  
no tienen en cuenta el nivel actual  de los gastos operativos, de modo que la carga financiera 
adicional  que conlleva la aplicación de la opción de que se trate no se puede calcular con 
precisión, pero cabe prever que sea una fracci ón de la cifra indica tiva aquí presentada.  
ES 9   ES Cuadro 5.2: Comparación de calificaciones de las opciones  B:  
Objetivos/coste statu quo B1  B2  B3    
Proporcionar 
información 
tempestivamente, 
de tal manera que 
el acusado 
comprenda la 
causa contra él 0 √ √√√ √√√√   
Garantizar que 
exista un medio 
para verificar que 
la información se 
ha transmitido 0 √ √√ √√√   
Mejorar la 
confianza de los 
Estados 
miembros en el 
funcionamiento 
equitativo de los 
sistemas de 
justicia penal en 
todo el territorio 
de la UE  0 √ √√√ √√√√√   
Puntuación 
total: 0 5 11 17   
Carga financiera 
para los EM3 - Gastos únicos : 
0 € - 2,6 
millones € 
Gastos 
operativos: 
270 000 € - 21 
millones € Gastos únicos : 
0 € - 2,6 
millones € 
Gastos 
operativos: 
1000 000 € - 30 
millones € Gastos únicos : 
9 000 € - 2,6 
millones € 
Gastos 
operativos: 
270 000 € - 21 
millones €   
Ahorro potencial 
de costes en los 
EM en los que 
tienen lugar 
procedimientos 
penales - bajo bajo  medio   
6. OPCIÓN PREFERIDA  
La opción preferida es una combinación de las opciones  A5 y B3 : 
                                                 
3 Véase la advertencia de la nota a pie de página nº 2. 
ES 10   ES Adopción de una Directiva que obliga a los Estados miembros a garantizar: 
• que los sospechosos y acusado s objeto de detención sean informados acerca de sus 
derechos en los procesos penales mediante una declaración de derec hos redactada por los 
Estados miembros en una lengua que co mprendan, que incluya una enumeración 
normalizada, en toda la UE, de los derechos mínimos en materia de juicio justo, según lo 
dispuesto en el anexo de la Directiva, y, cuando proceda, los derechos adicionales en 
virtud de las legislaciones respec tivas de los Estados miembros; 
• que los sospechosos y acusados sean informados  de la causa contra ellos, información que 
habrá de incluir la concesión de acceso gratuito al expedi ente, a ellos mismos o a sus 
abogados. 
6.1. Valor añadido de la actuación de la UE y proporcionalidad de la opción 
preferida 
La opción preferida crea nuevos deberes unifor mes, a escala de la UE (utilización de una 
declaración de derechos y acceso al expediente). Este efecto armonizador señala la eficacia de 
la opción preferida en lo que hace al suministro  de información adecuada y al fomento de la 
confianza en la equidad de los procesos en otro s Estados miembros. Si bien es cierto que las 
opciones A5 y B3 crean nuevos deberes, lo hacen únicamente en relación con el asunto básico de la medida que nos ocupa: el derecho a la información. No crean nuevos derechos 
desvinculados del suministro de formación.  
Ambos aspectos de la opción preferida so n proporcionados: aunque es probable que uno y 
otro obliguen a distintos Estados miembros a m odificar sus leyes de enjuiciamiento penal, no 
existe ningún otro medio eficaz para aseg urar que los sospechosos reciban amplia 
información.  
6.2. Impacto financiero en los Estados miembros 
El principal impacto financiero de la opción  A5 lo constituyen los costes únicos de 
preparación/inicio  incurridos para la introducción de los regímenes de declaraciones de 
derechos. Se trata, principalmente, de los cost es de redactar y traducir las declaraciones y 
proporcionar formación a los agentes de policía  y, en su caso, a los jueces y fiscales. Es 
probable que estos costes oscilen entre 10 000 y 2,5 millones EUR por Estado miembro (los 
modelos de cálculo ofrecen una banda de 10 600 a 70 000 EUR para Malta y de 655 000 a 2,5 millones EUR para Francia). Es probable que los co stes reales tiendan a si tuarse en el extremo 
inferior de estas bandas. El efecto de la opción A5 sobre los costes operativos
 de cada Estado 
miembro depende fundamentalmente de la información que ya se proporcione a los 
sospechosos acerca de sus derechos y del tiem po que se consuma en la operación. Con toda 
probabilidad, las implicaciones presupuestarias serán mínimas en el caso de los Estados 
miembros que ya aplican regímenes de declar aciones de derechos. En relación con los 
Estados miembros que ya informan verbalmente a los sospechosos acerca de sus derechos, el 
efecto sobre los costes por caso de penderá del nivel de detalle de  la información verbal que se 
esté proporcionando actualmente.  
En cuanto a la opción  B3, la mayoría de los Estados miembros incurrirán en costes únicos  
insignificantes al aplicar la Directiva, pues ya  permiten tener acceso el expediente. Así pues, 
sólo se prevén este tipo de costes para la in troducción de acceso al expediente en el caso de 
los tres Estados miembros que todavía no garantizan ese derecho. Los costes guardarán relación principalmente con el suministro de  formación a los agentes de policía, jueces y 
ES 11   ES fiscales, y oscilarán entre 9 000 y 2,6 mill ones EUR por Estado miembro. Aunque no se 
puede prever el impacto exacto de esta opción sobre los costes operativos , es probable que sea 
muy limitado incluso en el caso de  los tres Estados miembros que  tendrán que introducir este 
derecho.  
7. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN  
Prever un mecanismo sólido de supervisión y ev aluación es crucial para  garantizar que los 
derechos contemplados sean re spetados, tanto en la práctic a como en la legislación. La 
Comisión tiene previsto llevar a cabo un estudio empí rico específico, en el que se hará énfasis 
en la recogida de datos, una  vez hayan transcurrido 3-5 a ños desde la aplicación de la 
propuesta, para obtener información cuantitativa  y cualitativa pormenorizad a sobre la eficacia 
de la propuesta. Una vez establ ecidas todas las medidas del plan  de trabajo será esencial 
evaluar cada una de ellas en su contexto, así co mo al eficiencia del pl an de trabajo en su 
conjunto.