En general, el presente informe concluye que Grecia ha adoptado las medidas necesarias para lograr sus compromisos específicos cuyo plazo ha concluido, a pesar de las difíciles circunstancias provocadas por la pandemia. Las autoridades completaron una serie de reformas fundamentales, incluso en los ámbitos que serán clave para gestionar las repercusiones a largo plazo de la crisis económica actual y reforzar la capacidad de la administración pública para ejecutar correctamente el plan de recuperación y resiliencia. Las instituciones europeas acogen con satisfacción la estrecha y constructiva colaboración mantenida en todos los ámbitos y animan a las autoridades a mantener el ritmo de sus trabajos y, si es necesario, acelerarlos para corregir los retrasos causados en parte por la pandemia, en particular en relación con las reformas del sector financiero.

A pesar de los avances importantes con respecto a la legislación sobre insolvencia, las interrupciones de los procedimientos judiciales relacionadas con la pandemia siguieron afectando la aplicación de otras reformas en el sector financiero en el primer trimestre de 2021, pero los procesos se están reanudando paulatinamente. Este es el caso, en particular, de la gestión del volumen acumulado de casos de insolvencia de hogares. Si bien se está aplicando una hoja de ruta específica para acelerar la gestión, es probable que el despacho de todos los casos se demore más allá del objetivo de finales de 2021. La suspensión horizontal de los procedimientos de ejecución, incluidas las subastas, que habían estado vigentes desde noviembre de 2020 y que se consideró que podía tener un efecto adverso en la reducción de la morosidad, se levantó a principios de abril de 2021, lo cual permitió una reanudación paulatina de todas las medidas de ejecución. La mayoría de las subastas se reprogramarán para después del verano, limitando así el número total de subastas que se realizarán en 2021 hasta unos niveles inferiores a los prepandémicos. Las autoridades también están preparando medidas adicionales para facilitar el cumplimiento de las medidas aprobadas en diciembre de 2020 para mejorar la celebración de subastas y confirmaron que el Código de Procedimiento Civil revisado, que, entre otras cosas, completará la reforma en materia de subastas, se adoptará en julio de 2021 y entrará en vigor antes del comienzo del próximo año judicial después del verano. La pandemia ha seguido obstaculizando el progreso de la liquidación de las garantías estatales ejecutadas, pero se espera que las medidas que ya se han puesto en marcha permitan una aceleración en el segundo trimestre del año.

Las autoridades están adoptando medidas para corregir los retrasos ocasionados por la pandemia. En primer lugar, al contrario del plan inicial, el volumen de pagos atrasados aumentó en 96 millones EUR entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, debido, en gran medida, a la escasez de liquidez de algunas entidades. Las autoridades adoptaron medidas para solucionar la situación y proporcionaron un plan de liquidación actualizado, el cual confirma los objetivos previamente acordados, a la vez que tiene en cuenta un nuevo análisis exhaustivo de los factores fuera del control directo del Gobierno. Se espera que el análisis, acordado con las instituciones europeas, respalde la credibilidad y la viabilidad de los objetivos. Paralelamente, las autoridades están avanzando en la aplicación de medidas estructurales para abordar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas griego, centradas principalmente en las mejoras informáticas, el establecimiento de sistemas eficaces de control interno, la dotación de personal y las mejoras de los procedimientos de pago, la mayoría de las cuales se abordará antes de mediados de 2021. En segundo lugar, las autoridades completaron correctamente el ejercicio de revalorización del impuesto unificado sobre la propiedad (ENFIA) y acordaron adelantar las declaraciones fiscales de agosto de 2022 al primer trimestre de 2022, dado que la aplicación de la reforma en 2021 ya no es viable. En tercer lugar, se reanudó el procedimiento para actualizar el salario mínimo legal y se prevé que concluya a finales de julio. Asimismo, la muy esperada reforma del código laboral se ha expuesto a consulta pública y está previsto presentarla al Parlamento a más tardar durante la primera semana de junio, incorporando una importante modernización de la legislación laboral y abriendo el camino para su codificación, lo cual constituye un compromiso específico. Por último, las reformas judiciales experimentaron algunos avances con la adopción del Código de Personal Judicial y la legislación secundaria para la unidad «JustStat», mientras que el trabajo en otras leyes importantes y en el establecimiento de cámaras especiales continuará. Existe un buen impulso de la digitalización del poder judicial, pero la muy demorada introducción de la presentación electrónica obligatoria solo está avanzando en los tribunales administrativos, ya que su aplicación en los tribunales civiles y penales está vinculada al desarrollo de la segunda fase del sistema de gestión de casos, la licitación para el cual volverá a publicarse —con un alcance más amplio— en julio de 2021. Las instituciones europeas animaron a las autoridades a apoyar la presentación electrónica en los tribunales civiles y penales de forma facultativa.

También prosiguieron las reformas en otros ámbitos importantes. Las autoridades están avanzando a buen ritmo en el desarrollo del primer nivel de la clasificación funcional de las cuentas públicas, previsto para octubre de 2021, y prepararon una hoja de ruta para aplicar su segundo nivel a más tardar en abril de 2022. La clasificación funcional es un elemento fundamental de la elaboración del presupuesto y la formulación de políticas. Se adoptaron medidas importantes, incluida una nueva legislación primaria y secundaria, para simplificar los requisitos para la concesión de licencias de inversión y reformar el marco para las inspecciones. A pesar de la amplia cobertura sectorial de las reformas, los ámbitos relacionados con la concesión de licencias a empresas que trabajan en actividades educativas quedaron excluidos del paquete actual, pero las autoridades los abordarán a más tardar en septiembre de 2021. La licitación para el despliegue del sistema informático para la concesión de licencias y las inspecciones, cuya ejecución había tenido dificultades, finalmente se desbloqueó y la decisión final para adjudicar el contrato se ha publicado hace poco. La reforma catastral va por buen camino según la hoja de ruta revisada, con buenos avances en la finalización de los estudios catastrales, el establecimiento de oficinas catastrales y la preparación de mapas forestales. La ratificación del 95 % de los mapas se logrará en el primer trimestre de 2022 tras la ampliación del período para presentar objeciones debido a la pandemia y para abordar las dificultades administrativas y legislativas. La Sociedad Helénica de Activos y Participaciones está preparando un plan estratégico actualizado, tras la publicación de las directrices ministeriales actualizadas de las autoridades, que incluyen un nuevo enfoque en la gestión de activos basada en el mercado, y se están adoptando pasos en la dirección correcta para reforzar el papel de la Sociedad como accionista activo. Se realizaron avances significativos con respecto a varias de las operaciones de privatización en curso, incluidos Hellinikon, una serie de puertos regionales, inmuebles y el almacenamiento subterráneo de gas natural en Kavala Meridional. Los avances realizados respecto a las restantes actuaciones pendientes en relación con la concesión de Egnatia han sido limitados y los trabajos están retrasados. Por último, aunque no por ello menos importante, las autoridades adoptaron las medidas pertinentes para abordar el resto de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción y establecieron un calendario para completar el compromiso específico, a la vez que se finalizan las mejoras mus esperadas de la aplicación del procedimiento de declaración del patrimonio.

·Se prevé que la reforma en materia de insolvencia surta efecto el 1 de junio según lo acordado, tras la entrada en vigor del marco sobre la rehabilitación y la quiebra de empresas el 1 de marzo. Este Código representa una reforma importante del marco de insolvencia y su entrada en vigor es resultado de una labor de aplicación sustancial relacionada con su especificación detallada y con la creación de una plataforma informática interconectada con las de los bancos. Se prevé que el proceso para establecer la entidad de venta con arrendamiento posterior tarde mucho más de lo previsto inicialmente, pero no requerirá modificaciones de las disposiciones legales pertinentes y no afectará a la aplicación de los demás aspectos del marco ni al levantamiento de la suspensión de las medidas de ejecución recientemente adoptado. El régimen puede conllevar un coste presupuestario importante si se clasifica en las administraciones públicas y, por tanto, se insta a las autoridades a aplicarlo de tal manera que se evite este riesgo.

Las autoridades progresaron adecuadamente en la aplicación de las reformas en una amplia gama de ámbitos políticos, incluidas aquellas que ayudarán a gestionar el impacto socioeconómico de la pandemia y a facilitar la aplicación de nuevas inversiones públicas. En particular:

Este informe se elaboró en el contexto de la continua pandemia y las medidas de contención, pero también de las expectativas de una reapertura gradual de la economía gracias a la campaña de vacunación. La economía griega se contrajo un 8,2 % en 2020, algo menos de lo previsto, pero considerablemente más que la de la UE en su conjunto, sobre todo debido al peso del sector turístico en la economía. El aumento de los nuevos casos de coronavirus ha llevado a las autoridades a mantener las restricciones a la movilidad personal y las medidas de contención introducidas a finales de 2020 y a principios de este año, aunque más recientemente han comenzado a reabrir con cautela el sector turístico a los turistas extranjeros. El Gobierno presentó medidas presupuestarias adicionales para 2021 y 2022 destinadas a reforzar la recuperación económica y la inversión privada. Por consiguiente, se espera que la orientación de la política presupuestaria siga siendo favorable y continúe mitigando el impacto de la crisis sobre el mercado laboral y la situación social. La UE está apoyando las medidas de protección del empleo, en particular, a través del nuevo Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) y el Fondo Social Europeo. Se prevé un crecimiento marginal del empleo en 2021, debido a la reanudación gradual de la contratación sumada a la reapertura de la economía. El inicio previsto de la ejecución de las reformas y las inversiones presentadas en el programa de recuperación y resiliencia está llamado a proporcionar un impulso adicional al crecimiento y a los esfuerzos para modernizar la economía y reducir el desempleo, la pobreza y la exclusión social( )

Los riesgos fiscales siguen siendo considerables. En gran parte, siguen estando impulsados por la incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia y el apoyo presupuestario adicional que podría volverse necesario para mitigar el coste social y económico de la crisis sanitaria. Otros riesgos están relacionados con el coste real de las garantías públicas y los anticipos reembolsables prorrogados durante la pandemia. El régimen de venta con arrendamiento posterior previsto para los inmuebles que pertenecen a deudores vulnerables podría conllevar costes presupuestarios importantes si se clasifica en el sector de las administraciones públicas( ). Los riesgos derivados de los litigios contra la empresa inmobiliaria pública (ETAD) y las constantes impugnaciones jurídicas contra las reformas anteriores, como se describe en informes previos, siguen siendo considerables. Un resurgimiento de los flujos migratorios deterioraría el saldo presupuestario en el futuro. Por último, las previsiones asumen la plena ejecución de los límites presupuestarios que, de no lograrse, mejoraría los resultados presupuestarios a costa de reducir la contribución del gasto público al crecimiento.

El déficit primario de Grecia sujeto a control en el marco de la supervisión reforzada alcanzó el 7,5 % del PIB en 2020. El deterioro en comparación con las previsiones de otoño de 2020 de la Comisión se explica por las medidas adicionales adoptadas por el Gobierno para abordar la segunda ola de la pandemia en los últimos meses de 2020. Además, Eurostat ha aclarado varias cuestiones estadísticas, lo que contribuyó al menor saldo presupuestario. La revisión estadística más destacada es la decisión de devengar todos los costes previstos del despacho del volumen acumulado de garantías públicas a 2020. Esta revisión añadió un 1,2 % del PIB al déficit de 2020, sin afectar el nivel de deuda de las administraciones públicas. Otra decisión importante adoptada por las autoridades estadísticas estuvo relacionada con el registro fiscal del mecanismo de restitución. Debido a la constante acumulación del volumen de restituciones no cobradas, las autoridades estadísticas decidieron abandonar la práctica de registro anterior, en la que el gasto de devengo estaba definido por los límites de restitución, y registrar todas las restituciones y rebajas cuando realmente se cobraran o compensaran. Para 2020, se estima que este cambio tuvo un impacto negativo en el saldo del 0,3 % del PIB, mientras que los saldos presupuestarios anteriores de entre 2012 y 2019 se han reducido en un 0,2 % del PIB por término medio, sin afectar el nivel de deuda de las administraciones públicas.

Las medidas de apoyo al empleo lograron proteger al mercado laboral manteniendo la tasa de desempleo en el 16,3 % en 2020 a pesar de las grandes alteraciones económicas causadas por la pandemia. Al mismo tiempo, la tasa de empleo disminuyó en comparación con hace un año, debido al menor número de nuevos trabajadores principalmente en el sector turístico. El principal régimen para proteger al mercado laboral se puso en marcha a principios de 2020 y apoya a los trabajadores cuyos contratos laborales han sido suspendidos temporalmente, a la vez que protege sus puestos. En marzo de 2021, el número de empleados con contratos laborales suspendidos alcanzó los 547 000 (en 128 400 empresas), lo cual es tres veces más que en octubre de 2020, cuando comenzó la segunda ola de la pandemia en Grecia. Del mismo modo, el programa de subvención del empleo que se lanzó en octubre de 2020 hasta la fecha ha proporcionado empleo a casi 30 000 personas, de las cuales 4 600 previamente eran desempleados de larga duración. El régimen de reducción del tiempo de trabajo («Synergasia»), apoyado por el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), siguió proporcionando apoyo a alrededor de 17 000 empleados de 1 600 empresas en febrero de 2021.

El impacto de la pandemia del coronavirus marcó el curso de la economía griega en 2020. El producto interior bruto de Grecia se contrajo un 8,2 % de manera anual en 2020, lo cual refleja el impacto de las medidas de contención sobre la actividad económica y, en particular, sobre el sector turístico. A pesar del endurecimiento de las restricciones para limitar la propagación de la pandemia durante el último trimestre del año, la economía griega registró un notable crecimiento del 2,7 % trimestralmente, lo cual refleja un gasto público más elevado y un fuerte aumento de las exportaciones netas. Los precios de consumo disminuyeron, sobre todo debido a las fuertes presiones deflacionistas de los precios de la energía y la atonía de la economía.

La evaluación tiene en cuenta el impacto positivo esperado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sobre el crecimiento en los próximos seis años. Se basa en la información proporcionada en el plan de recuperación y resiliencia y reflejada en los supuestos utilizados en las previsiones de primavera de la Comisión, y se entiende sin perjuicio de la evaluación formal del plan de recuperación y resiliencia que está realizando la Comisión. Se espera que las medidas presentadas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tengan un efecto multiplicador de 0,8 sobre el PIB real por término medio entre 2021 y 2026. Si bien esto tiene un impacto a largo plazo sobre los niveles del PIB, este análisis de la sostenibilidad de la deuda no tiene en cuenta ningún posible impacto a largo plazo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sobre el crecimiento potencial del PIB después de 2026. En términos de financiación, se espera que se desembolse el 13 % de la dotación total en 2021 como prefinanciación. En lo que respecta a los préstamos, los cálculos se basan en el plan del Gobierno de ceder en préstamo el importe total al sector privado, en la modalidad de cofinanciación, con vencimientos que coincidan con los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esto conduce a un aumento de las necesidades brutas de financiación a corto plazo, pero no afecta los niveles de deuda nominal a largo plazo, ya que se supone que el reembolso de los préstamos por parte del sector privado al Gobierno proporcionará la financiación necesaria para la devolución del préstamo del Gobierno a la UE. Las simulaciones actuales no tienen en cuenta ningún posible impacto sobre el saldo presupuestario del componente de préstamo del Mecanismo (salvo los efectos secundarios).

Gráfico 1: Resultados del análisis de la sostenibilidad de la deuda Fuente: Servicios de la Comisión.

Cuadro 3: Principales supuestos y resultados Fuente: Servicios de la Comisión.

Las necesidades brutas de financiación se mantienen elevadas a corto plazo, sobre todo debido al alto nivel del déficit primario. Se espera que la aplicación del instrumento de préstamos presentado en el plan de recuperación y resiliencia contribuya a las mayores necesidades brutas de financiación en 2021-2022, aunque esta necesidad de financiación adicional está cubierta por el presumible desembolso del préstamo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En los próximos años, se prevé que las necesidades de financiación sean moderadas y se mantengan por debajo del 15 % del PIB hasta 2030. Tras un período de elevadas necesidades brutas de financiación en la década de 2030, relacionadas con el comienzo de los reembolsos de los préstamos concedidos en el marco del programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad y con la expiración del período de aplazamiento de los intereses de los préstamos de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, se prevé que dichas necesidades sigan mostrando una tendencia a la baja y alcancen el 13 % del PIB para 2060.

Cuadro 4: Principales supuestos de los escenarios Fuente: Servicios de la Comisión.

Los escenarios alternativos indican un ligero aumento de los riesgos para la sostenibilidad. También se han actualizado los dos escenarios alternativos desarrollados en el octavo informe de supervisión reforzada. En el escenario de «incremento de la prima de riesgo», la trayectoria de la deuda es más elevada en general, pero sigue disminuyendo a lo largo del período objeto de evaluación. Las necesidades brutas de financiación son más elevadas a largo plazo y superan ligeramente el 20 % del PIB en los últimos años de las previsiones. En el escenario de «bajo crecimiento», los niveles de deuda siguen siendo elevados a largo plazo y las necesidades brutas de financiación aumentan a lo largo de todo el período, superando de forma permanente el 20 % del PIB a partir de mediados de la década de 2040.

La composición y el perfil de vencimiento de la deuda pública mitigan las vulnerabilidades relacionadas con la deuda, mientras que podrían surgir riesgos adicionales de los pasivos contingentes. Una gran parte de la deuda se financia a tipos bajos con vencimientos largos, lo cual, junto con las grandes reservas de efectivo de las administraciones públicas griegas, amortigua de manera efectiva el impacto de las fluctuaciones a corto plazo de los costes de financiación. El análisis de la sostenibilidad de la deuda expuesto en el presente informe no tiene en cuenta el impacto en el crecimiento a largo plazo de las reformas e inversiones presentadas en el plan de recuperación y resiliencia, que podría mitigar aún más los riesgos para la sostenibilidad. Por el contrario, existen riesgos derivados de la incertidumbre en relación con los pasivos contingentes respecto del sector privado, incluidas las garantías públicas concedidas a empresas y trabajadores por cuenta propia durante la pandemia o en el contexto del programa Hércules. Por último, una reversión del contexto observado actualmente de bajos tipos de interés a medio plazo también aumentaría los riesgos para la sostenibilidad, si se materializa.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR FINANCIERO

La rentabilidad de los bancos en 2020 se benefició de ganancias de negociación extraordinarias y bajos costes de financiación. Al mismo tiempo, algunos bancos han anticipado provisiones relacionadas con el impacto de la pandemia y las próximas titulizaciones. Los bancos registraron ganancias de negociación positivas en sus carteras de obligaciones del Estado y un menor coste de financiación, gracias a la gran liquidez del Eurosistema y la reducción de los costes de los depósitos minoristas. Al mismo tiempo, se incrementaron las depreciaciones para adaptarse a las mayores necesidades de aprovisionamiento debidas a la pandemia y anticipar las operaciones previstas de titulización de los préstamos dudosos en 2021. Además, un banco sistémico tenía que responder por las pérdidas incurridas en el marco de una operación de titulización ejecutada a finales de 2020. Como aspecto positivo, los bancos han contenido los costes de funcionamiento, gracias a la aplicación de programas de salida voluntaria del personal. En general, el sistema bancario en su conjunto registró pérdidas después de impuestos en 2020, a la vez que evitó el desencadenamiento de créditos fiscales diferidos tras las transformaciones empresariales anteriores (las «filializaciones»). El entorno caracterizado por tipos de interés reducidos y la incertidumbre con respecto a las perspectivas económicas afectan las previsiones para 2021. Los tipos de interés reducidos deben seguir apoyando la actividad económica, pero también ejercer una mayor presión sobre los márgenes de interés netos, especialmente después de la limpieza prevista de los balances. Esto podría contrarrestarse mediante nuevos préstamos, un aumento de las cuotas de los servicios digitales, la gestión del patrimonio, el negocio de seguros bancarios e iniciativas para reducir los costes. Las depreciaciones podrían normalizarse debido a los balances más sólidos, en función del éxito de los esfuerzos para reducir los préstamos dudosos.

La situación de capital del sistema bancario en su conjunto es adecuada en general, pero aún se enfrenta a una baja rentabilidad y un bajo nivel de calidad de los activos, mientras que la vinculación entre los bancos y la deuda soberana se ha fortalecido. El capital de nivel 1 ordinario y los ratios totales de capital medios de los bancos se situaban, de forma consolidada, en el 14,6 % y el 16,3 % de los activos ponderados por riesgo, respectivamente, a finales de septiembre de 2020. Aunque los bancos están adoptando una serie de medidas para aumentar el capital y cubrir el coste de las próximas titulizaciones de préstamos dudosos y la eliminación progresiva de las disposiciones prudenciales transitorias, los niveles moderados de rentabilidad pueden plantear desafíos para la situación de capital de los bancos en el futuro. Además, esto puede dar lugar a un aumento de la ya elevada proporción de créditos fiscales diferidos en el capital de los bancos (el 59 % del capital de nivel 1 ordinario a finales de 2020). La gran proporción de créditos fiscales diferidos, el aumento de la tenencia de bonos del Estado por parte de los bancos, las participaciones en manos del Estado en el sector y las garantías públicas en el marco del programa Hércules suponen un incremento de la dependencia de los activos estatales que deberá seguirse de cerca en el futuro. Como aspecto positivo, la primera ampliación de capital por parte de un banco sistémico desde 2015 concluyó con éxito en abril de 2021 y recaudó 1 380 millones EUR. A medio plazo, de conformidad con el marco regulador bancario de la UE, los bancos griegos, al igual que todos los bancos de la UE, también tendrán que emitir cantidades importantes de deuda utilizable en la recapitulación interna en los próximos años para cumplir el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL), lo que podría presionar al alza el coste de financiación a largo plazo no garantizada.

Se espera que la ampliación del programa Hércules facilite una aceleración de la reducción de los préstamos dudosos en 2021, sobre todo a través de medidas inorgánicas( ), basándose en los buenos resultados del año anterior. Las ventas y titulizaciones de las carteras de préstamos dudosos en el marco del programa Hércules fueron el motor principal de una caída sustancial de 21 100 millones EUR del volumen de préstamos dudosos en 2020, alcanzando 47 500 millones EUR de manera individual, tras los buenos resultados del cuarto trimestre. Como consecuencia de ello, la ratio de préstamos dudosos se redujo considerablemente hasta el 30,2 %( ), que, sin embargo, sigue siendo la más elevada de la zona del euro. La mejora continua en 2020, a pesar de la pandemia y la consiguiente disminución del número de préstamos saneados, se ha visto apoyada por un nivel históricamente bajo de las tasas de impago gracias a las moratorias y las medidas de ayudas estatales adoptadas. Se prevé que la reciente prolongación del programa de protección de activos «Hércules» por dieciocho meses adicionales, junto con 12 000 millones EUR adicionales que elevan la dotación total de garantías públicas del programa a 24 000 millones EUR, permita a los bancos griegos seguir aplicando sus estrategias de reducción de los préstamos dudosos, en un esfuerzo por alcanzar ratios de préstamos dudosos de un solo dígito en 2022( ). El éxito de estos ambiciosos planes para reducir los préstamos dudosos depende de una serie de factores, tales como la cantidad entradas de nuevos préstamos dudosos, el futuro crecimiento económico y las condiciones generales del mercado. Las autoridades están evaluando si es necesaria una modificación adicional de la ley de ejecución pertinente del programa Hércules para reflejar el impacto negativo de la pandemia sobre las recuperaciones(). La Comisión ha aprobado la medida como libre de ayuda estatal.

Los primeros indicios de pago tras el vencimiento de las moratorias sugieren que el impacto negativo sobre la calidad de los activos puede concordar en líneas generales con las expectativas originales de los bancos, pero los riesgos de revisión a la baja continúan. La mayoría de las moratorias venció a finales de 2020, con limitadas excepciones, especialmente en relación con el sector de la hostelería. Los resultados iniciales de los primeros dos meses de 2021 sugieren que el número de posibles impagos podría no superar la estimación original incorporada en los planes de negocios de los bancos o el límite inferior de las previsiones actuales del Banco de Grecia. La transición fluida a unas pautas de pago normales por parte de los prestatarios también se ve apoyada por a) el régimen de ayuda temporal introducido por las autoridades griegas para los deudores afectados por el coronavirus que tengan préstamos hipotecarios de primera vivienda (el régimen «Gefyra») y b) una serie de productos de ayuda ofrecidos por los bancos a los clientes viables que se enfrentan a dificultades temporales. Recientemente, también se ha adoptado un régimen similar al Gefyra, orientado a los préstamos a pequeñas y medianas empresas y profesionales, y seguirá contribuyendo a la mitigación de cualquier efecto de borde del precipicio derivado del vencimiento de las moratorias. Sin embargo, los riesgos de revisión a la baja persisten como parte del impacto negativo sobre la calidad de los activos y podrían extenderse a la segunda mitad de 2021 o principios de 2022, especialmente tras la suspensión de varios programas de ayudas estatales. Esto podría implicar unas necesidades de aprovisionamiento mayores que las registradas hasta ahora para reflejar en su totalidad las consecuencias de la pandemia en la cartera de préstamos. Además, el flujo de materiales de nuevos préstamos dudosos, en cualquier escenario, sigue señalando la necesidad de una mejora de la capacidad interna de los bancos para que las reestructuraciones viables de préstamos a largo plazo cumplan los ambiciosos objetivos de reducir los préstamos dudosos.

El Banco Helénico de Desarrollo sigue respaldando el crédito, no solo con medidas relacionadas con la pandemia, sino también con nuevas iniciativas previstas para 2021. El fondo de garantía empresarial por la COVID-19 ha logrado proporcionar 5 400 millones EUR en préstamos hasta finales de marzo, mientras que se espera que la publicación de una nueva convocatoria dirigida a pequeñas empresas y profesionales apalanque 400 millones EUR adicionales en nuevos préstamos. En el margen del TEPIX II, se han concedido casi 2 600 millones EUR en préstamos hasta finales de marzo. Además, se están celebrando debates para aplicar regímenes adicionales durante el transcurso del año, centrados en las pequeñas y medianas empresas. El impacto positivo de estos programas de apoyo ha reforzado el crédito neto a las sociedades no financieras, que siguieron mostrando tasas de crecimiento interanual récord, hasta alcanzar el 10,3 % en febrero de 2021, con tasas más elevadas para las grandes sociedades que para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la eliminación progresiva de las medidas de ayudas estatales podría afectar la capacidad de los bancos para mantener tales niveles de crecimiento del crédito en el futuro. El coste del crédito a sociedades no financieras se mantuvo estable, en niveles históricamente bajos, en relación con las grandes sociedades, mientras que se observaron ligeros aumentos para las empresas más pequeñas, lo que refleja el aumento del riesgo de crédito. El crédito neto a los hogares sigue mostrando una tasa de crecimiento interanual negativa estable (-2,5 % en febrero de 2021), a pesar de la caída de las tasas de interés de los préstamos bancarios experimentada por este tipo de crédito.

El Fondo Helénico de Estabilidad Financiera ha completado su tercera evaluación de la gobernanza empresarial de los consejos de administración de los cuatro bancos sistémicos. A esto le seguirá una lista de recomendaciones dirigidas a los bancos. Al mismo tiempo, una modificación recientemente adoptada de la ley por la que se rige le permite participar como inversor privado en futuras ampliaciones de capital de los bancos en los que mantenga una participación, comenzando con la ampliación de capital concluida hace poco en uno de los bancos sistémicos. Se prevé que otros aspectos clave, tales como la vida del Fondo, la gobernanza, los derechos especiales, la estrategia de desinversión y los criterios de admisibilidad de los consejos de administración de los bancos, se aborden conjuntamente a más tardar en octubre de 2021.