La propuesta de Reglamento introduce órdenes europeas vinculantes de entrega y conservación de datos. Ambas órdenes deben ser emitidas o validadas por una autoridad judicial de un Estado miembro. Puede emitirse una orden para solicitar la conservación o la entrega de datos almacenados por un proveedor de servicios de pago ubicado en otra jurisdicción y que sean necesarios como prueba en investigaciones o procesos penales. Estas órdenes solo podrán emitirse si existe una medida similar para la misma infracción en una situación comparable a nivel nacional en el Estado emisor. Ambas órdenes pueden ser notificadas a proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, redes sociales y mercados en línea, a otros proveedores de servicios de alojamiento de datos en internet, y a proveedores de infraestructuras, tales como registros de nombres de dominio y de direcciones IP, o a sus representantes legales, cuando existan. La orden europea de conservación, de forma similar a la orden europea de entrega, se remite al representante legal fuera de la jurisdicción del Estado miembro emisor a efectos de conservar los datos en vista de una solicitud posterior para entregarlos, por ejemplo mediante la asistencia judicial en caso de países terceros o a través de una orden europea de investigación entre los Estados miembros participantes. A diferencia de las medidas de vigilancia o las obligaciones de conservación de datos estipuladas por ley, que no están previstas en el presente Reglamento, la orden europea de conservación es emitida o validada por una autoridad judicial en un proceso penal concreto tras una evaluación individual de la proporcionalidad y necesidad en cada caso. Al igual que la orden europea de entrega, se refiere a los autores específicos, conocidos o desconocidos, de una infracción penal que ya ha ocurrido. La orden europea de conservación solo permite conservar datos que ya se encuentren almacenados en el momento de la recepción de la orden, no acceder a datos en un momento futuro tras la recepción de la orden.

Mediante la introducción de la orden europea de entrega y la orden europea de conservación, la propuesta facilita asegurar y recabar, a efectos de procesos penales, pruebas electrónicas que se encuentran almacenadas o conservadas por los proveedores de servicios en otra jurisdicción. La Directiva relativa a la orden europea de investigación en materia penal, que en gran parte sustituyó al Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal, cubre todas las medidas de investigación, incluido el acceso a las pruebas electrónicas, pero no contiene disposición específica alguna sobre este tipo de pruebas. El nuevo instrumento no sustituirá a dicha Directiva a efectos de obtener pruebas electrónicas, pero ofrece un instrumento adicional a las autoridades. Puede ocurrir, por ejemplo, que varias medidas de investigación deban ejecutarse en el Estado miembro de ejecución, en cuyo caso la susodicha Directiva puede ser la opción preferida por las autoridades públicas. La creación de un nuevo instrumento para las pruebas electrónicas es una mejor alternativa que modificar la Directiva, debido a los problemas específicos inherentes a la obtención de pruebas electrónicas, que no afectan a las otras medidas de investigación cubiertas por la Directiva relativa a la orden europea de investigación en materia penal.

Dado que internet no conoce fronteras, estos servicios pueden prestarse desde cualquier lugar del mundo y no exigen necesariamente una infraestructura física ni una presencia empresarial o personal en los Estados miembros en los que se ofrecen o en el mercado interior en su conjunto. Tampoco requieren una ubicación específica para el almacenamiento de los datos, que a menudo es elegida por el proveedor de servicios sobre la base de consideraciones legítimas como la seguridad de los datos, las economías de escala y la rapidez de acceso. En consecuencia, en un número creciente de casos penales relativos a todo tipo de delitos, las autoridades de los Estados miembros necesitan acceder a datos que puedan servir como prueba y que están almacenados fuera de su país o por proveedores de servicios de otros Estados miembros o de países terceros.

La propuesta establece normas en virtud de las cuales una autoridad competente de la Unión puede ordenar que un proveedor que ofrezca sus servicios en la Unión y que no esté establecido en el mismo Estado miembro, entregue o conserve pruebas electrónicas. Elementos clave de la propuesta, como el ámbito de aplicación material de la orden europea de entrega, las condiciones que garanticen la cortesía, el mecanismo de sanciones y el sistema de garantías y vías de recurso, limitan la propuesta a lo estrictamente necesario para alcanzar sus principales objetivos. En particular, la propuesta se limita a solicitudes de datos almacenados (no están contemplados los datos procedentes de la interceptación en tiempo real de las telecomunicaciones) y a las órdenes emitidas en un proceso penal respecto de una infracción penal específica objeto de investigación. Por tanto, no abarca la prevención de la delincuencia ni otros tipos de procesos o infracciones (tales como los procedimientos administrativos por vulneración de las normas jurídicas) y no exige a los proveedores que recopilen o almacenen sistemáticamente más datos de los que precisan para su actividad o para el cumplimiento de otros requisitos legales. Por otra parte, mientras que la orden de entrega de datos de los abonados y de datos relativos al acceso puede emitirse respecto de cualquier infracción penal, la orden de entrega de datos de transacciones o de datos de contenido puede emitirse únicamente respecto de infracciones punibles en el Estado emisor con una pena máxima de privación de libertad de al menos tres años, o respecto de delitos relacionados con el ciberespacio o cometidos mediante la utilización del ciberespacio, o respecto de delitos de terrorismo. Por último, la propuesta aclara las normas de procedimiento y las salvaguardias aplicables al acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas, pero no llega a armonizar las medidas nacionales. Se limita a lo necesario y proporcionado para abordar las necesidades de las autoridades policiales y judiciales en la era digital.

Teniendo en cuenta la dimensión transfronteriza de los problemas abordados, las medidas incluidas en la propuesta deben adoptarse a escala de la Unión con el fin de alcanzar los objetivos. Los delitos para los que existen pruebas electrónicas a menudo están vinculados a situaciones en las que la infraestructura en la que se almacena la prueba electrónica y el proveedor de servicios que gestiona la infraestructura se encuentran sometidos a un marco jurídico nacional diferente, en la Unión o fuera de ella, del marco jurídico nacional de la víctima y del autor del delito. En consecuencia, puede requerir mucho tiempo y ser muy difícil que el país competente acceda de forma efectiva a pruebas electrónicas transfronterizas si no existen normas mínimas comunes. En particular, si los Estados miembros actuasen por sí solos tendrían dificultades para abordar las siguientes cuestiones:

Dados los distintos niveles de intromisión de las medidas impuestas en relación con los datos solicitados, la propuesta establece una serie de condiciones y garantías entre las que se incluyen la obligación de obtener la validación previa de las órdenes por una autoridad judicial. La propuesta se aplica solo a los datos almacenados. La interceptación instantánea de las telecomunicaciones no está cubierta por la presente propuesta. La medida se limita a lo necesario y proporcionado para la finalidad del proceso penal de que se trate. También permite a los proveedores solicitar aclaraciones a las autoridades emisoras cuando sea necesario. Si los problemas no pueden resolverse y la autoridad emisora decide proceder a la ejecución, los proveedores de servicios podrán utilizar las mismas razones para oponerse a la ejecución por sus propias autoridades. Además, se ha establecido un procedimiento específico para los casos en que la obligación de facilitar datos entre en conflicto con una obligación derivada de la legislación de un país tercero.

Se consideraron cuatro opciones estratégicas además de la hipótesis de referencia (opción O): una serie de medidas prácticas destinadas a mejorar los procedimientos de cooperación judicial y la cooperación directa entre autoridades públicas y proveedores de servicios (opción A: no legislativa); una opción que combina las medidas prácticas de la opción A con soluciones internacionales a nivel bilateral o multilateral (opción B: legislativa); una opción que incluye las medidas anteriores contenidas en la opción B, con una orden europea de entrega, y una medida destinada a mejorar el acceso a las bases de datos que informan sobre los abonados cuando se buscan dichos datos, como el nombre de dominio WHOIS (opción C: legislativa); una opción que incluye todas las medidas anteriores incluidas en la opción C con legislación sobre el acceso directo a datos almacenados a distancia (opción D: legislativa).

El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable acerca de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta y presentó varias sugerencias de mejora. A raíz de este dictamen, la evaluación de impacto fue modificada para seguir debatiendo las cuestiones de derechos fundamentales relacionadas con el intercambio transfronterizo de datos y, en particular, la relación entre las diferentes medidas que forman parte de la opción preferida. La evaluación también se modificó para reflejar mejor los puntos de vista de las partes interesadas y los Estados miembros y la manera en que se han tenido en cuenta. Por otra parte, se revisó el contexto político para incluir más referencias a diversos aspectos, por ejemplo, los debates en los grupos de expertos que contribuyeron a dar forma a la iniciativa. La complementariedad entre diferentes medidas (en particular, la Directiva sobre la orden europea de investigación, las negociaciones de un protocolo adicional al Convenio de Budapest y la revisión conjunta del Acuerdo de asistencia judicial mutua UE-EE.UU.) se aclaró en términos de alcance, calendario y profundidad, y el escenario de base se revisó para reflejar mejor la evolución que probablemente se produzca con independencia de la adopción de las medidas propuestas. Por último, se añadieron diagramas para describir mejor el flujo de trabajo del intercambio de datos.

Un problema potencial relacionado con las medidas de la UE en este ámbito es la posibilidad de que pudieran dar lugar a que países terceros estableciesen obligaciones recíprocas para los proveedores de servicios de la UE que no fueran compatibles con los derechos fundamentales de la UE, en particular el alto nivel de protección de los datos garantizado por el acervo de la UE. La propuesta aborda esta situación de dos maneras: en primer lugar, estableciendo una medida que contiene garantías sólidas y referencias expresas a las condiciones y garantías ya inherentes al acervo de la UE, sirviendo así de modelo para la legislación extranjera; y, en segundo lugar, mediante la inclusión de una cláusula sobre «conflictos de obligaciones» que permite a los proveedores determinar y plantear la existencia de obligaciones contradictorias a las que deben responder, lo que pone en marcha un control judicial. Esta cláusula tiene por objeto garantizar el respeto de las disposiciones generales de bloqueo, como, por ejemplo, la ley estadounidense sobre la privacidad de las comunicaciones electrónicas (U. S. Electronic Communications Privacy Act, ECPA), que prohíbe la divulgación de datos de contenido en su ámbito geográfico, excepto en circunstancias determinadas, así como el respeto de leyes que generalmente no prohíben la revelación, aunque pueden hacerlo en casos específicos. Actualmente, en los casos relativos a la ECPA, el acceso a los datos de contenido podrá impedirse en determinadas situaciones, por lo que la asistencia judicial mutua debería seguir siendo el principal instrumento para acceder a ellos. Sin embargo, con las modificaciones introducidas mediante la adopción de la Ley estadounidense CLOUD (U.S. Cloud Act) , la disposición de bloqueo podría anularse si la UE llegara a un acuerdo con Estados Unidos. Otros acuerdos internacionales adicionales con socios clave podrían reducir todavía más las situaciones conflictivas.

Puesto que la orden es una medida vinculante, afecta también a los derechos de los proveedores de servicios, en particular, la libertad de empresa. La propuesta incluye el derecho del proveedor de servicios a presentar determinadas alegaciones en el Estado miembro emisor, por ejemplo en caso de que la orden no haya sido emitida o validada por una autoridad judicial. En caso de que la orden se transmita para su ejecución al Estado de ejecución, la autoridad de ejecución podrá decidir, después de consultar a la autoridad emisora, no reconocer o ejecutar la orden si, tras su recepción, considera que se aplica alguno de los motivos limitados de oposición. Además, en caso de que se incoe el procedimiento de ejecución, el propio destinatario podrá oponerse a la orden ante la autoridad encargada de la ejecución sobre la base de esos motivos limitados. Esto incluye, por ejemplo, los casos en que es evidente que la orden no ha sido emitida o validada por una autoridad competente, o los casos en que el cumplimiento de la orden violaría manifiestamente la Carta o sería manifiestamente abusivo. Esto no excluye el derecho del destinatario a un recurso judicial efectivo contra una decisión por la que se impone una sanción.

Más concretamente, la intervención previa de la autoridad judicial cuando se emite la orden garantiza que se ha verificado la legalidad de la medida, así como su necesidad y proporcionalidad con respecto al asunto en cuestión. Esto también garantiza que la orden no lesiona indebidamente los derechos fundamentales, en particular el respeto de principios jurídicos como el secreto profesional de los abogados. La autoridad emisora está obligada a velar, en cada caso concreto, porque la medida sea necesaria y proporcionada, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción objeto de investigación. La propuesta incluye asimismo umbrales para los datos de transacciones y de contenido, garantizando que la orden europea de entrega solo podrá utilizarse para formas más graves de delitos, en lo que respecta a esos datos.

Este artículo establece el ámbito de aplicación de la propuesta. El Reglamento se aplica a todos los proveedores que prestan servicios en la Unión, incluidos los proveedores que no están establecidos en la Unión. La oferta activa de servicios en la Unión, con todas sus ventajas, justifica que estos proveedores también estén sujetos al Reglamento, y crea unas condiciones de competencia equitativas entre los participantes en los mismos mercados. Por otra parte, la no inclusión de dichos proveedores de servicios crearía una laguna jurídica y facilitaría a los delincuentes eludir el ámbito de aplicación del Reglamento.

Los servicios para los que el almacenamiento de datos no es un componente determinante no están cubiertos por la presente propuesta. Aunque la mayoría de los servicios ofrecidos por los proveedores implican algún tipo de almacenamiento de datos, especialmente cuando se trata de servicios en línea prestados a distancia, cabe distinguir los servicios para los que el almacenamiento de datos no es una característica principal, sino meramente accesoria, como los servicios jurídicos, de arquitectura, de ingeniería y de contabilidad prestados en línea, a distancia.

En muchos casos, los datos ya no se almacenan en el dispositivo del usuario, sino que están disponibles a través de una infraestructura basada en la nube que permite, en principio, acceder a ellos desde cualquier lugar. Los proveedores de servicios no necesitan estar establecidos o tener servidores en todas las jurisdicciones, sino utilizar una administración centralizada y sistemas descentralizados para almacenar los datos y prestar sus servicios. Esta solución les permite optimizar el equilibrado de carga y acortar el tiempo de respuesta a las solicitudes de datos de los usuarios. Generalmente, las redes de distribución de contenidos se implantan para agilizar la distribución de contenidos, copiándolos en varios servidores distribuidos por todo el mundo. Esto permite a las empresas enviar el contenido desde el servidor que esté más próximo al usuario o que pueda canalizar la comunicación a través de una red menos congestionada. Para tener en cuenta esta evolución, la definición abarca los servicios de almacenamiento en la nube y otros servicios de alojamiento que aportan una gran variedad de recursos informáticos, tales como redes, servidores u otras infraestructuras, almacenamiento, aplicaciones y servicios que permiten almacenar datos para fines diferentes. El instrumento también se aplica a los mercados digitales que permiten a los consumidores o a las empresas realizar transacciones a través de contratos de venta o de servicios en línea. Estas transacciones se realizan bien en el sitio web del mercado en línea o en una página web del comerciante que utilice servicios informáticos prestados por el mercado en línea. Por consiguiente, este mercado es el que está en posesión de las pruebas electrónicas que pueden ser necesarias en el marco de un proceso penal.

En los casos en que los datos se almacenen o traten como parte de una infraestructura facilitada por un proveedor de servicios a una empresa, normalmente en el caso de servicios de alojamiento o de programas informáticos, la propia empresa deberá ser la principal destinataria de una solicitud de las autoridades de investigación. En caso de que la empresa no sea un proveedor de servicios cubierto por el ámbito de aplicación del presente Reglamento, puede ser necesario recurrir a una orden europea de investigación o una petición de asistencia judicial. Al proveedor de servicios solo podrá notificársele una orden europea de entrega si no procede dirigirse a la empresa, en particular cuando ello pudiera poner en peligro la investigación, por ejemplo cuando la propia empresa esté siendo investigada.

Al mismo tiempo, el umbral no debe comprometer la eficacia del instrumento y su utilización por parte de los profesionales. Los Estados miembros aplicarán penas de duración máxima de conformidad con sus sistemas nacionales. Los códigos penales nacionales varían y no están armonizados. Este es el caso de las infracciones penales y de las sanciones aplicables. Los códigos procesales nacionales también difieren en relación con los umbrales para la obtención de datos de transacciones y datos de contenido: algunos Estados miembros no establecen ningún umbral específico, mientras que otros prevén una lista de infracciones penales. Un umbral de tres años restringe el ámbito de aplicación del instrumento a los delitos más graves, sin limitar excesivamente las posibilidades de su uso por los profesionales. Este umbral excluye del ámbito de aplicación una amplia gama de delitos, dependiendo del código penal del Estado miembro (por ejemplo, en algunos Estados miembros, la participación en actividades de grupos delictivos organizados y el secuestro, pero también hurtos, fraudes y agresiones, para los que el uso de una orden de entrega transfronteriza para obtener datos más sensibles puede considerarse desproporcionado). Por otra parte, un umbral de tres años incluye delitos que requieren un enfoque más eficaz, como es el caso de la participación en una organización delictiva, la financiación de grupos terroristas, el apoyo o la publicidad de una organización delictiva, la formación para cometer delitos de terrorismo, algunos delitos cometidos con intención terrorista y la preparación de una infracción penal con fines terroristas o la preparación de la toma de rehenes, que de otro modo quedarían excluidos si se aplicase un umbral más elevado, dependiendo de la legislación aplicable del Estado miembro. Este umbral se ha elegido para garantizar un equilibrio entre la eficacia de las investigaciones penales y la protección de los derechos y de la proporcionalidad en todos los Estados miembros. Un umbral también tiene la ventaja de ser fácilmente aplicable en la práctica.

A fin de determinar si se ofrecen servicios, las autoridades deberán evaluar si el proveedor de servicios permite que personas físicas o jurídicas de uno o varios Estados miembros utilicen sus servicios. No obstante, la mera accesibilidad del servicio (que también puede resultar de la accesibilidad del sitio web del proveedor de servicios, de un intermediario, de una dirección de correo electrónico y de otros datos de contacto) no debe ser condición suficiente para la aplicación del presente Reglamento. Por consiguiente, es necesaria una vinculación significativa a dichos Estados miembros para establecer una relación suficiente entre el proveedor y el territorio en el que presta sus servicios. Tal vinculación significativa existe cuando un proveedor de servicios tiene un establecimiento en uno o más Estados miembros. A falta de un establecimiento en la Unión, el criterio de vinculación significativa a la Unión se evaluará sobre la base de la existencia de un número significativo de usuarios en uno o más Estados miembros, o en la orientación de las actividades hacia uno o más Estados miembros. Esta orientación puede determinarse en virtud de todas las circunstancias pertinentes, incluidos factores como el uso de una lengua o una moneda utilizada generalmente en un Estado miembro. La orientación de las actividades hacia un Estado miembro también puede derivarse de la disponibilidad de una aplicación móvil en la tienda de aplicaciones nacional pertinente, de la divulgación de publicidad local en la lengua utilizada en un Estado miembro, de la utilización de cualquier información procedente de personas localizadas en los Estados miembros en el marco de sus actividades, o de la gestión de las relaciones con los clientes, por ejemplo a través de la prestación de servicios a los clientes en la lengua generalmente utilizada en un Estado miembro. También se supone un vínculo sustancial cuando un proveedor de servicios dirige su actividad hacia uno o varios Estados miembros con arreglo a lo establecido en el artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

También es importante, en especial para el ejercicio de las vías de recurso, informar a la persona cuyos datos se solicitan. Si esto no lo hace el proveedor de servicios a petición de la autoridad emisora, esta autoridad informará a la persona de conformidad con el artículo 13 de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, tan pronto como deje de existir el riesgo de socavar la investigación, e incluirá información sobre las vías de recurso disponibles. Debido a la menor injerencia en los derechos en cuestión, dicha información no se facilitará en caso de las órdenes europeas de conservación, sino únicamente para las órdenes europeas de entrega.

Esta disposición garantiza asimismo la posibilidad de diálogo entre el destinatario y la autoridad emisora, en las mismas condiciones que las definidas en el artículo 9. Si el EPOC-PR está incompleto, es manifiestamente incorrecto o no contiene información suficiente para permitir su ejecución por el proveedor de servicios, el destinatario deberá ponerse en contacto con la autoridad emisora y solicitar aclaraciones, utilizando el formulario que figura en el anexo III. También informará a la autoridad emisora en los casos en que no pueda facilitar los datos debido a fuerza mayor o imposibilidad de hecho.

Si los datos no se entregan inmediatamente, en particular cuando se haya iniciado un diálogo entre el destinatario y la autoridad emisora (lo que significa que no se respetarán los plazos del artículo 9, apartado 1), el proveedor de servicios tiene la obligación, una vez recibido el EPOC, de conservar los datos para evitar su pérdida, siempre que dichos datos puedan ser identificados. Los datos deberán conservarse con vistas a su eventual entrega en virtud de un EPOC corregido, o de una solicitud posterior mediante una orden europea de investigación o un procedimiento de asistencia jurídica mutua enviados en lugar del EPOC original.

Si el destinatario no facilita la información, o no la facilita de forma exhaustiva o a su debido tiempo por motivos distintos de los mencionados anteriormente, deberá comunicar a la autoridad emisora los motivos, utilizando el formulario que figura en el anexo III. Los beneficiarios podrán, por tanto, plantear cualquier cuestión relacionada con la ejecución del EPOC a la autoridad emisora, lo que permite a esta corregir o reconsiderar el EPOC en una fase temprana, antes de la fase de ejecución.

La disposición también garantiza la posibilidad de diálogo entre el destinatario y la autoridad emisora. Si el EPOC está incompleto, es manifiestamente incorrecto o no contiene información suficiente para permitir su ejecución por el proveedor de servicios, el destinatario deberá ponerse en contacto con la autoridad emisora y solicitar aclaraciones, utilizando el formulario que figura en el anexo III. También informará a la autoridad emisora en los casos en que no pueda facilitar los datos debido a fuerza mayor o imposibilidad de hecho, por ejemplo si la persona cuyos datos se solicitan no es un cliente del servicio, o si (por ejemplo, debido a otras obligaciones de confidencialidad), los datos han sido legítimamente suprimidos por el proveedor de servicios antes de que este (o su representante legal) recibieran la orden. La autoridad emisora deberá tener conocimiento de estas circunstancias para reaccionar con rapidez, para quizás tratar de obtener las pruebas electrónicas de otro proveedor, y para evitar que la autoridad emisora inicie un procedimiento de ejecución cuando ello carecería de sentido.

El EPOC y el EPOC-PR sirven para transmitir las órdenes al destinatario definido en el artículo 7. Los modelos de certificados figuran en los anexos I y II del Reglamento, y deben traducirse a una de las lenguas oficiales del Estado miembro en que esté establecido el destinatario. El proveedor de servicios podrá declarar que las órdenes se aceptarán también en otras lenguas oficiales de la Unión. Los certificados tienen por objeto facilitar toda la información necesaria al beneficiario en un formato normalizado, a fin de minimizar errores, permitir la fácil identificación de los datos, y evitar, en la medida de lo posible, el texto libre, reduciendo por tanto los gastos de traducción. No deberán incluirse en el certificado la justificación completa de la necesidad y la proporcionalidad de la medida, ni precisiones adicionales sobre el caso, a fin de no poner en peligro las investigaciones. Esta información solo deberá incluirse en la orden, de modo que, posteriormente, el sospechoso pueda impugnarla durante el proceso penal.

Si no se ha designado un representante legal, las órdenes podrán remitirse a cualquier establecimiento del proveedor en la Unión. Esta opción alternativa sirve para garantizar la eficacia del sistema en caso de que el proveedor de servicios (todavía) no haya designado un representante específico, por ejemplo cuando no exista la obligación de designar un representante legal de conformidad con la Directiva, porque los proveedores de servicios estén establecidos y operen en un solo Estado miembro, o en caso de que todavía no haya entrado en vigor la obligación de designar un representante legal, antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva.

Esta disposición garantiza que las personas afectadas por la orden europea de entrega dispongan de vías de recurso efectivas. Estas vías de recurso se ejercen en el Estado emisor con arreglo a su legislación nacional. Para los sospechosos y acusados, los recursos se ejercen normalmente durante el proceso penal. No se establecen vías de recurso específicas para la orden europea de conservación, que por sí misma no permite la revelación de datos, excepto en los casos en que vaya seguida de una orden europea de entrega o de otro instrumento que permita la revelación de datos, lo que daría lugar a vías de recurso específicas.

Habida cuenta de que la orden europea de conservación no da lugar por sí misma a la revelación de datos, y por tanto no plantea preocupaciones similares, el procedimiento de reexamen se limita a la orden europea de entrega.

El procedimiento previsto en el artículo 15 puede ser iniciado por el destinatario, si el cumplimiento de una orden europea de entrega implica una violación de la legislación de un país tercero que prohíbe la divulgación de los datos en cuestión basándose en que tal prohibición es necesaria para proteger los derechos fundamentales de los interesados o los intereses fundamentales del país tercero relacionados con la seguridad o la defensa nacionales. El destinatario estará obligado a notificar a la autoridad emisora su oposición motivada, precisando las razones por las que considera que existen obligaciones contradictorias. Esta oposición motivada no puede basarse en el mero hecho de que no existan disposiciones similares en la ley del país tercero, ni en la sola circunstancia de que los datos estén almacenados en un país tercero. La oposición motivada debe presentarse de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 9, apartado 5, para la notificación de la intención de no cumplir la orden, utilizando el formulario que figura en el anexo III.

El artículo 14 establece un procedimiento para la ejecución de las órdenes en caso de incumplimiento, con la ayuda del Estado miembro donde se encuentre el destinatario del certificado transmitido. Dependiendo del destinatario original, se tratará del Estado miembro del proveedor de servicios o del representante legal. La autoridad emisora transferirá la orden completa, incluida la justificación de la necesidad y la proporcionalidad, junto con el certificado, a la autoridad competente del Estado de ejecución, que la ejecutará de conformidad con el Derecho nacional, aplicando, en caso necesario, las sanciones a que se refiere el artículo 13. Si la orden es transmitida para su ejecución al Estado de ejecución, la autoridad de ejecución podrá decidir no reconocer ni ejecutar la orden si, después de la recepción, considera que es aplicable alguno de los limitados motivos de oposición, y previa consulta a la autoridad emisora. Por otra parte, en caso de que se inicie el procedimiento de ejecución, el propio destinatario podrá oponerse a la orden ante la autoridad de ejecución, sobre la base de uno de estos motivos (con excepción de los privilegios e inmunidades), en particular en los casos en que sea evidente que la orden no fue emitida o validada por una autoridad competente o cuando su ejecución viole manifiestamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o sea manifiestamente abusiva. Por ejemplo, una orden que solicite la entrega de datos de contenido que pertenezcan a una categoría indefinida de personas situadas en una zona geográfica sin un vínculo a un proceso penal concreto incumpliría manifiestamente las condiciones para la emisión de una orden europea de entrega establecidas en el presente Reglamento, lo que se apreciaría de forma evidente en el propio certificado. Otros motivos solo pueden ser invocados por la persona cuyos datos se solicitan, en el ámbito de sus propias vías de recurso en el Estado emisor (véase el artículo 17). Por otra parte, los proveedores de servicios deben tener acceso a una vía de recurso contra la resolución de la autoridad que imponga una sanción.

Los certificados y formularios que figuran en los anexos I, II y III de la presente propuesta harán que sea más fácil ejecutar un EPOC y un EPOC-PR. Por ello, es necesario, en el futuro, poder abordar la posible necesidad de mejorar el contenido del certificado y del formulario lo más rápidamente posible. La modificación de los tres anexos mediante el procedimiento legislativo ordinario no responde a esta exigencia. Por otra parte, estos anexos constituyen elementos no esenciales de los actos legislativos, pues los elementos principales se definen en el artículo 8. Por consiguiente, en el artículo 20 se establece un procedimiento más rápido y flexible para la modificación mediante actos delegados.

(10)Las órdenes en virtud del presente Reglamento deben remitirse a los representantes legales de los proveedores de servicios designados para tal fin. Si un proveedor de servicios establecido en la Unión no ha designado un representante legal, las órdenes podrán remitirse a cualquier establecimiento de dicho proveedor en la Unión. Esta opción alternativa sirve para garantizar la eficacia del sistema en caso de que el proveedor de servicios no haya designado (todavía) un representante específico.

(8)Debido a esta falta de vinculación, las solicitudes de cooperación judicial se remiten frecuentemente a Estados que acogen a un gran número de proveedores de servicios, pero que no tienen relación con el asunto en cuestión. Además, el número de solicitudes se ha multiplicado debido al mayor uso de servicios en red, que por su naturaleza no tienen fronteras. En consecuencia, la obtención de pruebas electrónicas utilizando los canales de cooperación judicial a menudo lleva mucho tiempo, más del tiempo en que podrían estar disponibles los indicios. Por otra parte, no existe un marco claro para la cooperación con los proveedores de servicios, mientras que algunos proveedores de países terceros aceptan solicitudes directas de datos sin contenido si lo permite su legislación nacional aplicable. Por ello, todos los Estados miembros dependen de la cooperación con los proveedores de servicios cuando se disponga de tal vía, utilizando diferentes instrumentos, condiciones y procedimientos nacionales. Además, para los datos de contenido, algunos Estados miembros han adoptado medidas unilaterales, mientras que otros siguen confiando en la cooperación judicial.

(7)Los servicios basados en la red pueden prestarse desde cualquier lugar y no requieren una infraestructura física, instalaciones o personal en el país en cuestión. En consecuencia, las pruebas pertinentes a menudo se almacenan fuera del Estado investigador o por un proveedor de servicios establecido fuera de dicho Estado. Con frecuencia, no existe ninguna otra vinculación entre el caso investigado en el Estado en cuestión y el Estado del lugar de almacenamiento o de establecimiento principal del proveedor del servicio.

(31)Por la misma razón, es preciso hacer una distinción en relación al ámbito de aplicación material del presente Reglamento. Las órdenes para entregar datos de los abonados y datos relativos al acceso pueden emitirse para cualquier infracción penal, mientras que el acceso a los datos de transacciones y los datos de contenido debe estar sujeto a requisitos más estrictos para reflejar el carácter más sensible de estos datos. Un umbral permite un enfoque más proporcionado, junto con una serie de condiciones previas y a posteriori y las salvaguardias previstas en el presente Reglamento con el fin de garantizar el respeto de la proporcionalidad y los derechos de las personas afectadas. Al mismo tiempo, el umbral no debe limitar la eficacia del instrumento y su uso por los profesionales. Permitir la emisión de órdenes para la investigación de delitos que lleven aparejada una pena máxima de privación de libertad de al menos tres años, limita el alcance del instrumento a los delitos más graves, sin afectar excesivamente a las posibilidades de uso por los profesionales. Este umbral excluye del ámbito de aplicación un gran número de delitos que los Estados miembros consideran menos graves, tal como se desprende de su pena máxima inferior. También tiene la ventaja de ser fácilmente aplicable en la práctica.

(28)Una estrecha vinculación con la Unión deberá también ser pertinente para determinar el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Debe considerarse que existe tal estrecha vinculación cuando el proveedor tenga un establecimiento en la Unión. A falta de tal establecimiento, el criterio de la estrecha vinculación debe evaluarse sobre la base de la existencia de un número significativo de usuarios en uno o más Estados miembros, o la orientación de las actividades hacia uno o más Estados miembros. La orientación de las actividades hacia uno o más Estados miembros puede determinarse en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos factores como el uso de una lengua o una moneda utilizada generalmente en ese Estado miembro, o la posibilidad de encargar bienes o servicios. La orientación de las actividades hacia un Estado miembro también puede derivarse de la disponibilidad de una aplicación para móvil en la tienda de aplicaciones nacional, de la publicidad local o la publicidad en la lengua utilizada en dicho Estado miembro, o de la gestión de las relaciones con los clientes, como la prestación de servicios a los clientes en la lengua comúnmente utilizada en tal Estado miembro. También se supone una estrecha vinculación cuando un proveedor de servicios dirige su actividad hacia uno o varios Estados miembros con arreglo a lo establecido en el artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Por otra parte, la prestación del servicio con vistas a la mera observancia de la prohibición de discriminación establecida en el Reglamento (UE) 2018/302 no puede, por este único motivo, considerarse que dirige u orienta las actividades hacia un territorio determinado de la Unión.

(27)La determinación de si un proveedor ofrece servicios en la Unión requiere una evaluación de si el proveedor permite a las personas físicas o jurídicas que se encuentren en uno o más Estados miembros utilizar sus servicios. No obstante, la mera accesibilidad de una interfaz en línea (como por ejemplo la accesibilidad de la página web del proveedor de servicios o de un intermediario, o de una dirección de correo electrónico y otros datos de contacto) en uno o más Estados miembros considerada aisladamente no debe ser una condición suficiente para la aplicación del presente Reglamento.

(22)Los datos de transacciones, por el contrario, suelen buscarse para obtener información sobre los contactos y el paradero del usuario, y pueden servir para establecer el perfil de un individuo. Por otro lado, los datos relativos al acceso no sirven por sí solos para un objetivo similar; por ejemplo, no revelan ninguna información sobre los interlocutores relacionados con el usuario. Por consiguiente, la presente propuesta introduce una nueva categoría de datos, que debe tratarse como los datos de los abonados si el objetivo de la obtención de estos datos es similar.

(19)El presente Reglamento regula únicamente la obtención de datos almacenados, es decir, de datos que obren en poder de un proveedor de servicios en el momento en que reciba un certificado de orden europea de entrega o de conservación. No establece una obligación general de conservación de datos, ni tampoco autoriza la interceptación de datos o la obtención de datos almacenados en un momento futuro a partir de la recepción de un certificado de orden europea de entrega o de conservación. Los datos deberán entregarse, independientemente de si están cifrados o no.

(17)En muchos casos, los datos ya no se almacenan o tratan en un dispositivo del usuario, sino que están disponibles en una infraestructura en la nube que permite acceder a ellos desde cualquier lugar. Para gestionar estos servicios, no es necesario que los proveedores de servicios estén establecidos o tengan servidores en un territorio específico. Por tanto, la aplicación del presente Reglamento no debe depender de la localización efectiva del establecimiento del proveedor o de la instalación de tratamiento o almacenamiento de datos.

(16)Los proveedores de servicios más importantes a efectos de recabar pruebas para procesos penales son los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y los proveedores de servicios de la sociedad de la información que facilitan específicamente la interacción entre usuarios. Así pues, ambos grupos deben estar cubiertos por el presente Reglamento. Los servicios de comunicaciones electrónicas se definen en la propuesta de Directiva por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Aquí se incluyen las comunicaciones interpersonales tales como los servicios de voz sobre IP, los servicios de mensajería instantánea y los servicios de correo electrónico. Las categorías de servicios de la sociedad de la información aquí incluidos son aquellos que cuentan con el almacenamiento de datos como componente esencial del servicio prestado al usuario, y se refieren en particular a las redes sociales en la medida en que no puedan calificarse como servicios de comunicaciones electrónicas, los mercados en línea que facilitan transacciones entre sus usuarios (como consumidores o empresas) y otros servicios de alojamiento de datos, incluso en los casos en que el servicio se presta a través de la computación en la nube. Los servicios de la sociedad de la información que no cuentan con el almacenamiento de datos como componente esencial del servicio prestado al usuario, y para los que solo es de carácter secundario, como los servicios jurídicos, de arquitectura, de ingeniería y de contabilidad prestados en línea a distancia, deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento, aun cuando puedan corresponder a la definición de servicios de la sociedad de la información según lo establecido en la Directiva (UE) 2015/1535.

(15)El presente instrumento establece las normas en virtud de las cuales una autoridad judicial competente de la Unión Europea podrá ordenar a un proveedor de servicios que ofrezca servicios en la Unión, por medio de una orden europea de entrega o de conservación, que entregue o conserve pruebas electrónicas. El presente Reglamento será aplicable en todos los casos en que el proveedor de servicios esté establecido o representado en otro Estado miembro. En contextos nacionales en los que no puedan utilizarse los instrumentos establecidos en virtud del presente Reglamento, el Reglamento no deberá limitar los poderes de las autoridades nacionales competentes ya fijados por la legislación nacional para obligar a los proveedores de servicios establecidos o representados en su territorio.

(12)El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre estos se incluyen el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, los principios de legalidad y de proporcionalidad, así como el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito. En caso de que el Estado miembro emisor tenga indicios de que un proceso penal paralelo puede estar en curso en otro Estado miembro, consultará a las autoridades de dicho Estado miembro de conformidad con la Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo.

(32)Existen determinadas infracciones para las que las pruebas estarán normalmente disponibles solo en formato electrónico, que por su naturaleza es especialmente fugaz. Este es el caso de los delitos relacionados con el ámbito cibernético, incluso los que no pueden considerarse graves en sí mismos, pero que pueden causar daños extensos o considerables, en particular los casos con limitado impacto individual, pero de elevado volumen y perjuicio general. En la mayoría de los casos en que la infracción se haya cometido por medio de un sistema de información, la aplicación del mismo umbral que para otros tipos de infracciones daría lugar a la impunidad. Esto justifica la aplicación del Reglamento también a las infracciones a las que corresponda una pena inferior a tres años de privación de libertad. Asimismo, los delitos relacionados con el terrorismo, según lo descrito en la Directiva (UE) 2017/541, no exigen el umbral de pena máxima de privación de libertad de al menos tres años.

(33)Además, es necesario prever que la orden europea de entrega solo podrá emitirse si, para la misma infracción penal en una situación nacional comparable en el Estado emisor, estaría disponible una orden similar.

(34)En los casos en que los datos solicitados se almacenen o traten como parte de una infraestructura facilitada por un proveedor de servicios a una empresa u otra entidad distinta de las personas físicas, lo que suele ocurrir en el caso de los servicios de alojamiento, la orden europea de entrega solo podrá utilizarse cuando otras medidas de investigación dirigidas a la empresa o la entidad no sean adecuadas, en particular porque podrían poner en peligro la investigación. Esto es pertinente, en particular, por lo que se refiere a las entidades de mayor tamaño, como sociedades anónimas o entidades públicas, que recurren a servicios de proveedores para sus infraestructuras o servicios informáticos, o ambas cosas. El primer destinatario de una orden europea de entrega, en tales situaciones, debe ser la empresa u otra entidad. Esta empresa u otra entidad puede no ser un proveedor de servicios cubierto por el ámbito de aplicación del presente Reglamento. No obstante, en los casos en que no sea oportuno dirigirse a dicha entidad, por ejemplo porque se sospeche de su implicación en el asunto en cuestión o si hay indicios de colusión con el objetivo de la investigación, las autoridades competentes deberán poder dirigirse al proveedor de servicios que proporcione la infraestructura en cuestión para que facilite los datos solicitados. Esta disposición no afecta al derecho a ordenar al proveedor de servicios que conserve los datos.

(35)Los privilegios e inmunidades referidos a determinadas categorías de personas (por ejemplo, los diplomáticos) o a relaciones específicamente protegidas (prerrogativa de secreto profesional en la relación abogado-cliente) están contemplados en otros instrumentos de reconocimiento mutuo, como la orden europea de investigación. Su alcance y su impacto difieren según la legislación nacional aplicable, que deberá tenerse en cuenta en el momento de emitir la orden, dado que la autoridad emisora solo podrá emitirla si en una situación comparable a nivel nacional estuviera disponible una orden similar. Además de este principio básico, los privilegios e inmunidades que protegen los datos relativos al acceso, los datos de transacciones o los datos de contenido en el Estado miembro del proveedor del servicio, deben tenerse en cuenta en la medida de lo posible en el Estado emisor de la misma manera que si estuvieran previstos en la legislación nacional del Estado emisor. Esto es relevante, en particular, en caso de que la legislación del Estado miembro en el que el prestador de servicios o su representante legal sean requeridos ofrezca una mayor protección que la legislación del Estado emisor. La disposición también contempla los casos en que la revelación de los datos pueda afectar a intereses fundamentales de dicho Estado miembro, como la seguridad y defensa nacionales. Como salvaguardia adicional, la autoridad de ejecución deberá tener en cuenta estos aspectos, no solo en el momento de emitirse la orden, sino también posteriormente, al evaluar la pertinencia y la admisibilidad de los datos en cuestión en la fase pertinente del proceso penal, y en caso de que se haya iniciado un procedimiento de ejecución.

(36)La orden europea de conservación podrá emitirse para cualquier infracción. Su objetivo es evitar la eliminación, supresión o modificación de los datos pertinentes en situaciones en las que puede llevar más tiempo conseguir la entrega de estos datos, por ejemplo porque se utilicen los canales de cooperación judicial.

(37)Las órdenes europeas de entrega y conservación deberán remitirse al representante legal designado por el proveedor de servicios. En ausencia de un representante legal designado, las órdenes podrán remitirse a un establecimiento del proveedor de servicios en la Unión. Este puede ser el caso cuando el proveedor de servicios no tenga la obligación de designar un representante legal. En caso de incumplimiento por el representante legal en situaciones urgentes, la orden europea de entrega o de conservación también podrá remitirse al proveedor de servicios a la vez que se adoptan medidas de ejecución de la orden original, o en vez de adoptar dichas medidas, de conformidad con el artículo 14. En caso de incumplimiento por el representante legal en casos no urgentes, pero cuando existan riesgos claros de pérdida de datos, la orden europea de entrega o de conservación también podrá remitirse a cualquier establecimiento del proveedor en la Unión. Debido a estas distintas situaciones posibles, en las disposiciones se utiliza el término general «destinatario». Cuando una obligación, por ejemplo en materia de confidencialidad, se aplique no solo al destinatario, sino también al proveedor de servicios en caso de que no sea el destinatario, esto se especificará en la disposición correspondiente.

(38)Las órdenes europeas de entrega y las órdenes europeas de conservación deberán transmitirse al proveedor del servicio a través de un certificado de orden europea de entrega (EPOC) o un certificado de orden europea de conservación (EPOC-PR), que deberán traducirse. Los certificados deberán contener la misma información obligatoria que las órdenes, salvo en lo que respecta a la justificación de la necesidad y proporcionalidad de la medida o información complementaria sobre el caso a fin de evitar poner en peligro la investigación, pero dado que forman parte de la propia orden, permiten al sospechoso impugnarla posteriormente durante el proceso penal. En caso necesario, los certificados deberán traducirse a la lengua oficial del Estado miembro del destinatario, o a una de ellas, o a otra lengua oficial que el proveedor del servicio haya declarado aceptar.

(39)La autoridad emisora competente deberá transmitir el EPOC o el EPOC-PR directamente al destinatario por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita, en condiciones que permitan al proveedor del servicio verificar su autenticidad, como el correo certificado, correo electrónico seguro, plataformas u otras vías seguras, incluidas las puestas a disposición por el proveedor de servicios, de conformidad con las normas sobre protección de los datos personales.

(40)La información solicitada deberá transmitirse a las autoridades en un plazo máximo de 10 días a partir de la recepción del EPOC. El proveedor deberá respetar plazos más breves en casos urgentes y si la autoridad emisora indica otros motivos para desviarse del plazo de 10 días. Además del peligro inminente de supresión de los datos solicitados, tales motivos podrían incluir circunstancias relacionadas con una investigación en curso, por ejemplo cuando los datos solicitados estén asociados a otras medidas de investigación urgentes que no puedan realizarse sin los datos en cuestión o que dependan de ellos de otro modo.

(41)Para que los proveedores de servicios puedan hacer frente a problemas formales, es necesario establecer un procedimiento para la comunicación entre el proveedor de servicios y la autoridad judicial emisora en los casos en que el EPOC esté incompleto, contenga errores manifiestos, o no contenga información suficiente para ejecutar la orden. Además, en caso de que el proveedor de servicios no pueda facilitar la información de manera exhaustiva u oportuna por cualquier otro motivo (por ejemplo, porque considere que existe un conflicto con una obligación derivada de la legislación de un país tercero, o porque considere que la orden europea de entrega no se ha emitido de conformidad con las condiciones establecidas por el presente Reglamento), deberá ponerse en contacto con la autoridad emisora y ofrecer las justificaciones oportunas. El procedimiento de comunicación deberá por tanto permitir en términos generales la corrección o la revisión del EPOC por la autoridad emisora en un estadio inicial. Para garantizar la disponibilidad de los datos, el proveedor de servicios deberá conservarlos siempre que pueda identificar los datos requeridos.

(42)Tras la recepción de un certificado de orden europea de conservación (EPOC-PR), el proveedor de servicios deberá conservar los datos solicitados durante un máximo de 60 días, a menos que la autoridad emisora le informe de que ha puesto en marcha el procedimiento para emitir una solicitud posterior de entrega, en cuyo caso la conservación deberá mantenerse. Se considera que este período de 60 días permite la puesta en marcha de una solicitud oficial. Para ello se requiere que se hayan adoptado al menos algunas medidas formales, por ejemplo el envío de una petición de asistencia judicial mutua para traducción. Tras la recepción de dicha información, los datos deberán conservarse el tiempo que sea necesario hasta que se entreguen en el marco de una solicitud posterior de entrega.

(43)Los proveedores de servicios y sus representantes legales deberán garantizar la confidencialidad y, cuando así lo solicite la autoridad emisora, abstenerse de informar a la persona cuyos datos se solicitan a fin de salvaguardar la investigación de infracciones penales, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/679. No obstante, la información sobre el usuario es un elemento esencial para permitir el control jurisdiccional y el recurso judicial y debe ser facilitada por la autoridad si al proveedor de servicios se le ha pedido que no informe al usuario, cuando no haya riesgo de poner en peligro las investigaciones en curso, con arreglo a lo dispuesto en la norma nacional de aplicación del artículo 13 de la Directiva (UE) 2016/680.

(44)En caso de incumplimiento por parte del destinatario, la autoridad emisora podrá trasladar la orden completa, incluida la justificación con respecto a la necesidad y la proporcionalidad, junto con el certificado, a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido el destinatario del certificado. Este Estado miembro deberá ejecutarla de conformidad con su legislación nacional. Los Estados miembros deberán prever la imposición de sanciones pecuniarias efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones que establece el presente Reglamento.

(45)El procedimiento de ejecución es un procedimiento por el que el destinatario puede oponerse a la ejecución en virtud de determinados motivos restringidos. La autoridad de ejecución podrá negarse a reconocer y ejecutar la orden por los mismos motivos, o si se aplican privilegios e inmunidades con arreglo a su legislación nacional, o si la revelación puede afectar a sus intereses fundamentales, como la seguridad y defensa nacionales. La autoridad de ejecución deberá consultar a la autoridad emisora antes de negarse a reconocer o ejecutar la orden, sobre la base de esos motivos. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán imponer sanciones. Estas sanciones deberán ser proporcionadas, también a la vista de circunstancias específicas tales como el incumplimiento repetido o sistemático.

(46)Sin perjuicio de sus obligaciones en materia de protección de datos, los proveedores de servicios no deberán considerarse responsables en los Estados miembros por el perjuicio causado a sus usuarios o a terceras partes derivado exclusivamente del cumplimiento de buena fe de un EPOC o un EPOC-PR.

(47)Además de las personas cuyos datos se solicitan, los proveedores de servicios y los países terceros pueden verse afectados por la medida de investigación. Para garantizar la cortesía con respecto a los intereses soberanos de países terceros, proteger a la persona de que se trate y hacer frente a obligaciones contradictorias de los proveedores de servicios, este instrumento prevé un mecanismo específico de revisión judicial cuando el cumplimiento de una orden europea de entrega impida a los proveedores de servicios cumplir una obligación jurídica derivada de la legislación de un país tercero.

(48)A tal fin, cuando el destinatario considere que la orden europea de entrega en el caso concreto implicaría la violación de una obligación legal derivada de la legislación de un país tercero, deberá informar a la autoridad emisora por medio de una objeción motivada, utilizando para ello los formularios previstos. La autoridad emisora deberá revisar la orden europea de entrega a la luz de la objeción motivada, teniendo en cuenta los mismos criterios que tendría que seguir el órgano jurisdiccional competente. Cuando la autoridad decida mantener la orden, el procedimiento deberá remitirse al órgano jurisdiccional competente, según lo notificado por el Estado miembro de que se trate, que procederá a una revisión de la orden.

(49)Al determinar la existencia de una obligación contradictoria en las circunstancias concretas del caso en cuestión, el órgano jurisdiccional competente deberá recurrir, cuando sea necesario, a asesoramiento externo adecuado, por ejemplo si la revisión plantea cuestiones relativas a la interpretación de la legislación del país tercero de que se trate. Esto podría incluir la consulta a las autoridades centrales de dicho país.

(50)El asesoramiento especializado sobre la interpretación podría facilitarse también por medio de opiniones de expertos, cuando estén disponibles. La información y la jurisprudencia sobre la interpretación de la legislación de países terceros y sobre los procedimientos de conflictos en los Estados miembros deberán publicarse en una plataforma central como el proyecto SIRIUS o la Red Judicial Europea. Esto permitirá a los órganos jurisdiccionales beneficiarse de la experiencia y los conocimientos acumulados por otros órganos jurisdiccionales sobre cuestiones idénticas o similares. Ello no impedirá una nueva consulta del país tercero cuando proceda.

(51)En los casos en que existan obligaciones contradictorias, el órgano jurisdiccional deberá determinar si las disposiciones contradictorias del país tercero prohíben la revelación de los datos en cuestión porque sea necesario para proteger los derechos fundamentales de las personas en cuestión o los intereses fundamentales del país tercero relacionados con la seguridad y la defensa nacionales. Al realizar esta apreciación, el órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta si la legislación del país tercero, en lugar de dirigirse a proteger los derechos fundamentales o los intereses fundamentales del país tercero relacionados con la seguridad y la defensa nacionales, busca manifiestamente proteger otros intereses o pretende amparar actividades ilegales frente a requerimientos policiales en el contexto de investigaciones penales. Si el órgano jurisdiccional concluye que las disposiciones contradictorias del país tercero prohíben la revelación de los datos porque es necesario para proteger los derechos fundamentales de las personas en cuestión o los intereses fundamentales del país tercero relacionados con la seguridad y la defensa nacionales, deberá consultar al país tercero a través de sus autoridades centrales, ya establecidas a efectos de asistencia judicial mutua en la mayor parte del mundo. Deberá establecer un plazo para que el país tercero formule objeciones contra la ejecución de la orden europea de entrega; en caso de que las autoridades del país tercero no contesten en el plazo (prorrogado) a pesar de habérseles enviado un recordatorio informando de las consecuencias de no responder, el órgano jurisdiccional confirmará la orden. Si las autoridades del país tercero se oponen a la revelación, el órgano jurisdiccional deberá anular la orden.