c) el respeto del principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra;

b) la observancia de los derechos y libertades fundamentales establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, en particular aquellos que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del referido Convenio Europeo, no son susceptibles de excepciones;

Por lo que respecta a Kosovo*, la protección contra la persecución y los malos tratos reposa sobre un fundamento jurídico adecuado, a saber, las normas sustantivas y procesales en materia de derechos humanos y lucha contra la discriminación. La no adhesión de Kosovo* a los instrumentos internacionales pertinentes de derechos humanos, como el CEDH, se deriva de la falta de consenso internacional en cuanto a su condición de Estado soberano. No se han señalado incidentes de devolución de sus propios ciudadanos. Persisten casos aislados de discriminación y violencia contra miembros de colectivos vulnerables, como las mujeres, las personas LGBTI y los integrantes de minorías étnicas, incluida la minoría étnica serbia. En 2014, los Estados miembros consideraron que el 6,3 % (830) de las solicitudes de asilo de ciudadanos kosovares eran fundadas. Al menos seis Estados miembros han designado a Kosovo* país de origen seguro. Los Estados miembros deben prestar una especial atención a las circunstancias recién evocadas a la hora de determinar si un tercer país incluido en la lista común a la UE de países de origen seguros se considera país de origen seguro para un solicitante concreto y a la hora de examinar las solicitudes utilizando los mecanismos procedimentales contemplados en la Directiva 2013/32/UE en relación con los solicitantes de asilo procedentes de un país de origen seguro. En vista de lo que antecede, la Comisión concluye que Kosovo* es un país de origen seguro con arreglo a la Directiva 2013/32/UE.

Se recuerda en particular que, de conformidad con la Directiva 2013/32/UE, la circunstancia de que un tercer país figure en la lista común a la UE de países de origen seguros no constituye una garantía absoluta de seguridad para los nacionales de dicho país y no excluye la necesidad de examinar adecuadamente cada una de sus solicitudes de protección internacional. Se señala asimismo que, cuando un solicitante demuestre que existen motivos de peso para que un país no se considere seguro dadas sus circunstancias particulares, la designación del país como seguro no podrá considerarse pertinente para ese solicitante.

El objetivo de la propuesta es el establecimiento, al nivel de la Unión, de una lista común de países de origen seguros que facilitará la utilización en todos los Estados miembros de los procedimientos relacionados con la aplicación del concepto de país de origen seguro. La propuesta pretende asimismo corregir algunas de las divergencias existentes entre las listas nacionales de países de origen seguros de los Estados miembros, a consecuencia de las cuales los solicitantes de protección internacional procedentes de los mismos terceros países no siempre están sujetos a los mismos procedimientos en los Estados miembros. El objetivo general de la acción propuesta no puede ser alcanzado en suficiente medida por los Estados miembros y puede lograrse mejor al nivel de la Unión Europea.

2015/0211 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 78, apartado 2, letra d),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)La Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo permite a los Estados miembros aplicar modalidades procedimentales específicas, en particular procedimientos acelerados y fronterizos, en circunstancias bien definidas en las que sea probable que una solicitud de protección internacional resulte infundada, en particular en el caso de que el solicitante sea nacional de un país que haya sido designado país de origen seguro por el ordenamiento jurídico nacional y que, además, pueda considerarse seguro para el solicitante en cuestión a la luz de sus circunstancias particulares. Esas mismas normas pueden aplicarse en el caso de las personas apátridas en relación con los terceros países en los que residieran habitualmente con anterioridad.

(2)La Directiva 2013/32/UE establece criterios comunes para la designación a nivel nacional de terceros países de origen seguros. Sin embargo, solo algunos Estados miembros han designado en su ordenamiento jurídico nacional países de origen seguros, por lo que, en la actualidad, no todos los Estados miembros pueden hacer uso de las correspondientes facilidades procedimentales previstas en la Directiva 2013/32/UE. Además, debido a las divergencias existentes entre las listas nacionales de países de origen seguros adoptadas por los Estados miembros, que pueden derivarse de diferentes valoraciones de la seguridad de determinados terceros países o de la naturaleza dispar de los flujos de nacionales de terceros países a los que han de hacer frente, actualmente los Estados miembros no siempre aplican el concepto de país de origen seguro, tal como se define en la Directiva 2013/32/UE, respecto de los mismos terceros países.

(3)Habida cuenta del pronunciadísimo incremento que ha registrado desde 2014 el número de solicitudes de protección internacional presentadas en la Unión, y de la presión sin precedentes a la que, como consecuencia de ello, se ven sometidos los sistemas de asilo de los Estados miembros, la Unión ha reconocido la necesidad de reforzar la aplicación de las disposiciones sobre el concepto de país de origen seguro de la Directiva 2013/32/UE como instrumento esencial para contribuir a la rápida tramitación de las solicitudes con probabilidades de resultar infundadas. En particular, en sus conclusiones de 25 y 26 de junio de 2015, el Consejo Europeo aludió, en relación con la necesidad de acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo, a la intención de la Comisión, recogida en su Comunicación titulada «Una Agenda Europea de Migración», de reforzar dichas disposiciones, concretamente mediante la posible creación de una lista común a la UE de países de origen seguros. Por otra parte, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, en sus conclusiones de 20 de julio de 2015 sobre los países de origen seguros, acogió con satisfacción el propósito de la Comisión de reforzar las disposiciones al respecto de la Directiva 2013/32/UE, en particular, mediante la posible creación de una lista común a la UE de países de origen seguros.

(4)Resulta oportuno establecer una lista común a la UE de países de origen seguros sobre la base de los criterios comunes fijados en la Directiva 2013/32/UE, ya que facilitará el recurso a los procedimientos vinculados a la aplicación del concepto de país de origen seguro por parte de todos los Estados miembros y, de este modo, aumentará la eficiencia global de sus sistemas de asilo en lo que se refiere a las solicitudes de protección internacional con probabilidades de resultar infundadas. El establecimiento de una lista común a la UE subsanará también algunas de las divergencias actuales entre las listas nacionales de países de origen seguros de los Estados miembros, debido a las cuales los solicitantes de protección internacional originarios de los mismos terceros países no siempre están sujetos a los mismos procedimientos en los Estados miembros. Si bien los Estados miembros deben conservar el derecho de aplicar o adoptar disposiciones legales que hagan posible la designación nacional como países de origen seguros de terceros países distintos de los que figuren como tales en la lista común a la UE, el establecimiento de esa lista común garantizará que el concepto se aplique en todos los Estados miembros de manera uniforme en relación con los solicitantes cuyos países de origen figuren en ella. De esta forma se facilitará la correspondiente convergencia en la aplicación de los procedimientos y se desalentarán, por tanto, los movimientos secundarios de los solicitantes de protección internacional. En este contexto, resulta oportuno que, transcurrido un período de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, y sobre la base de un informe presentado por la Comisión, se examine la posibilidad de adoptar en el futuro nuevas medidas de armonización que conduzcan a la eliminación de la necesidad de disponer de listas nacionales de países de origen seguros.

(5)Las disposiciones de la Directiva 2013/32/UE relativas a la aplicación del concepto de país de origen seguro deben ser aplicables en relación con los terceros países que figuren en la lista común a la UE establecida por el presente Reglamento. Ello significa, en particular, que el hecho de que un tercer país figure en la lista común a la UE de países de origen seguros no puede constituir una garantía absoluta de seguridad para los nacionales de dicho país ni exime, por tanto, de la necesidad de realizar el oportuno examen individual de la solicitud de protección internacional. Además, es conveniente recordar que, cuando un solicitante demuestre que existen serios motivos para no considerar seguro el país en sus circunstancias particulares, la designación del país como seguro ya no puede reputarse pertinente en lo que a dicho solicitante se refiere.

(6)Procede que la Comisión examine periódicamente la situación en los terceros países que figuren en la lista común a la UE de países de origen seguros. En el supuesto de que la situación en un tercer país que figure en la lista común a la UE empeore de forma súbita, debe delegarse en la Comisión el poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con vistas a suspender la inclusión de ese tercer país en la lista común a la UE durante un período de un año si, a la luz de una evaluación motivada, estima que ya no se cumplen las condiciones enunciadas en la Directiva 2013/32/UE para considerar que es un país de origen seguro. A efectos de dicha evaluación motivada, la Comisión debe tener en cuenta diversas fuentes de información a su disposición, en particular, sus informes de situación anuales sobre los terceros países designados países candidatos a la adhesión a la UE por el Consejo Europeo, los informes periódicos del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la información procedente de los Estados miembros, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes. Resulta oportuno que la Comisión tenga la posibilidad de prorrogar la suspensión de la inclusión de un tercer país en la lista común a la UE por un período máximo de un año, cuando haya propuesto una modificación del presente Reglamento con objeto de eliminar ese tercer país de la lista común a la UE de países de origen seguros. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(7)A raíz de las conclusiones sobre los países de origen seguros del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 20 de julio de 2015, en el que los Estados miembros acordaron que debía darse prioridad a la evaluación por parte de todos ellos de la seguridad de los Balcanes occidentales, la EASO organizó el 2 de septiembre de 2015 una reunión de expertos de los Estados miembros, en la que se alcanzó un amplio consenso en cuanto a la conveniencia de considerar a Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo*, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia países de origen seguros a tenor de la Directiva 2013/32/UE.

(8)Con arreglo a la Directiva 2013/32/UE, se considera que un país es un país de origen seguro cuando, atendiendo a la situación jurídica, a la aplicación del Derecho dentro de un sistema democrático y a las circunstancias políticas generales, puede demostrarse que, de manera general y sistemática, no existen persecución en la acepción del artículo 9 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.