Disponibilidad de los datos: El valor de los datos reside en su uso y reutilización. En la actualidad, no hay suficientes datos disponibles para una reutilización innovadora, en particular en el caso del desarrollo de la inteligencia artificial. Las cuestiones pueden agruparse en función de quién es el titular de los datos y quién es el usuario de los datos, pero también de la naturaleza de los datos de que se trate (es decir, datos personales, datos no personales o conjuntos de datos que combinan ambos). Varias de las cuestiones se refieren a la disponibilidad de datos en beneficio del público en general.

La UE debe crear un entorno político atractivo a fin de que, de aquí a 2030, la cuota de la UE en la economía de los datos — datos almacenados, tratados y valiosos para su uso en Europa — al menos se corresponda con su peso económico, y ello no por imposición, sino por libre elección. El objetivo es crear un espacio único europeo de datos, un verdadero mercado único de datos, abierto a datos procedentes de todo el mundo, en el que los datos personales y no personales, incluidos los datos sensibles de empresas, estén seguros y las empresas también tengan fácil acceso a una cantidad casi infinita de datos industriales de alta calidad, de manera que se impulse el crecimiento y se cree valor, minimizando al mismo tiempo la huella humana medioambiental y de carbono. Debe ser un espacio en el que la legislación de la UE pueda aplicarse con eficacia y en el que todos los productos y servicios basados en los datos cumplan las normas pertinentes del mercado único de la UE. Al efecto, Europa ha de combinar una legislación y una gobernanza adaptadas al fin perseguido para garantizar la disponibilidad de datos, con inversiones en normas, herramientas e infraestructuras, así como en competencias para el manejo de los datos. Este contexto favorable, en el que se promuevan los incentivos y la posibilidad de elegir, dará lugar a que se almacenen y traten más datos en la UE.

Datos en beneficio del bien público: Los datos son creados por la sociedad y pueden servir para hacer frente a situaciones de emergencia, como inundaciones o incendios forestales, ayudar a que las personas disfruten de una vida más larga y más sana, mejorar los servicios públicos y luchar contra la degradación del medio ambiente y el cambio climático, y, cuando sea necesario y proporcionado, garantizar una lucha más eficaz contra la delincuencia. Los datos generados por el sector público, así como el valor creado, deben estar disponibles para el bien común garantizando, en particular mediante un acceso preferencial, que estos datos sean utilizados por investigadores, otras instituciones públicas, pymes o empresas emergentes. Los datos del sector privado también pueden suponer una contribución significativa al bien público. El uso de datos de medios sociales agregados y anonimizados puede ser, por ejemplo, una forma eficaz de complementar los informes de los médicos generalistas en caso de una epidemia.

-Utilización de la información del sector público por empresas (intercambio de datos entre la Administración Pública y las empresas o G2B). La apertura de la información controlada por las administraciones públicas es una política de la UE desde hace mucho tiempo. Estos datos han sido producidos con dinero público y, por tanto, deben redundar en beneficio de la sociedad. La reciente revisión de la Directiva sobre datos abiertos, así como otra legislación sectorial específica, garantiza que el sector público facilite un mayor volumen de los datos que produce para su utilización, en particular por parte de las pymes, pero también de la sociedad civil y la comunidad científica, en el marco de evaluaciones independientes de las políticas públicas. Sin embargo, las administraciones públicas pueden hacer más. A menudo, los conjuntos de datos de gran valor no están disponibles en las mismas condiciones en toda la UE, en detrimento de la utilización de estos datos por parte de las pymes que no pueden permitirse el gasto que supone esta fragmentación. Al mismo tiempo, los datos sensibles (por ejemplo, los datos relativos a la salud) contenidos en las bases de datos públicas no suelen estar disponibles para fines de investigación, a falta de capacidad o de mecanismos que permitan adoptar medidas de investigación específicas que sean conformes con las normas de protección de datos personales.

-El intercambio y el uso de datos de titularidad privada por otras empresas (intercambio de datos entre empresas o B2B). A pesar del potencial económico, el intercambio de datos entre empresas aún no ha despegado lo suficiente. Esto se debe a la falta de incentivos económicos (incluido el miedo a perder una ventaja competitiva), a la falta de confianza entre los operadores económicos en cuanto a que los datos se utilicen en consonancia con los acuerdos contractuales, a los desequilibrios en el poder de negociación, al miedo a la apropiación indebida de los datos por parte de terceros, y a la falta de claridad jurídica sobre quién puede usar los datos y con qué fin (por ejemplo, en el caso de los datos creados conjuntamente, en particular los datos relativos al internet de las cosas).

-Uso de datos de titularidad privada por las autoridades públicas (intercambio de datos entre las empresas y las administraciones públicas o B2G). En la actualidad, el sector público no dispone de suficientes datos del sector privado para mejorar la elaboración de políticas basadas en elementos concretos y servicios públicos como la gestión de la movilidad o la mejora del alcance y la oportunidad de las estadísticas oficiales y, por tanto, su pertinencia en el contexto de la nueva evolución de la sociedad. Las recomendaciones del grupo de expertos creado por la Comisión comprenden la creación de estructuras nacionales para la puesta en común de datos B2G, el desarrollo de incentivos adecuados para crear una cultura de intercambio de datos, y la sugerencia de estudiar el diseño de un marco normativo de la UE para regular la reutilización por el sector público de los datos privados para el interés público.

-El intercambio de datos entre las autoridades públicas es igualmente importante. Puede contribuir considerablemente a mejorar la elaboración de políticas y los servicios públicos, pero también a reducir la carga administrativa de las empresas que operan en el mercado único (principio de «solo una vez»).

Desequilibrios en el poder de mercado: Además de la elevada concentración en la prestación de servicios en la nube y de infraestructuras de datos, existen también desequilibrios de mercado en relación con el acceso a los datos y su utilización, por ejemplo, en lo que se refiere al acceso a los datos por parte de las pymes. Un ejemplo de ello lo constituyen las grandes plataformas en línea, en las que un pequeño número de actores pueden acumular grandes cantidades de datos que les permiten obtener información importante y ventajas competitivas gracias al volumen y la variedad de los datos que poseen. Esto puede afectar, a su vez, a la competencia de los mercados en casos específicos, no solo el mercado de tales servicios de plataformas digitales, sino también los distintos mercados específicos de bienes y servicios cubiertos por la plataforma, en particular si la plataforma está activa en dichos mercados conexos. El alto grado de poder de mercado derivado de la «ventaja en materia de datos» puede permitir a los grandes operadores fijar las normas sobre la plataforma e imponer unilateralmente las condiciones de acceso y uso de los datos o, incluso, valerse de dicha ventaja a la hora de desarrollar nuevos servicios y expandirse hacia nuevos mercados. También pueden surgir desequilibrios en otras situaciones, como en el acceso a datos cogenerados del internet de las cosas procedentes de dispositivos industriales y de consumo.

Interoperabilidad y calidad de los datos: La interoperabilidad y la calidad de los datos, así como su estructura, autenticidad e integridad son clave para la explotación del valor de los datos, especialmente en el contexto del despliegue de la IA. Los productores y los usuarios de datos han identificado problemas significativos de interoperabilidad que obstaculizan la combinación de datos procedentes de distintas fuentes dentro de un sector y, más aún, entre sectores. La aplicación de formatos y protocolos compatibles normalizados y compartidos para la recogida y el tratamiento de datos procedentes de distintas fuentes de manera coherente e interoperable entre sectores y mercados verticales debe fomentarse mediante el plan evolutivo para la normalización de las TIC y (por lo que respecta a los servicios públicos) un marco europeo de interoperabilidad reforzado.

Gobernanza de los datos: Se han hecho llamamientos para seguir reforzando la gobernanza del uso de los datos en la sociedad y la economía . Para que estos espacios de datos se hagan operativos, se requieren enfoques organizativos y estructuras (tanto públicas como privadas) que permitan una innovación basada en los datos teniendo en cuenta el marco jurídico existente.

Infraestructuras y tecnologías de datos: La transformación digital de la economía de la UE depende de la disponibilidad y la asunción de capacidades de tratamiento de datos seguras, eficientes desde el punto de vista energético, asequibles y de alta calidad, como las que ofrecen las infraestructuras y los servicios en la nube, tanto en los centros de datos como en el borde. En este contexto, la UE necesita reducir su dependencia tecnológica en relación con estas infraestructuras estratégicas que son una pieza central de la economía de los datos.

Sin embargo, en la actualidad persisten problemas tanto en cuanto a la oferta como a la demanda de la nube.

En cuanto a la oferta:

-Los proveedores de servicios en la nube establecidos en la UE solo representan una pequeña cuota del mercado de la nube, lo que hace que la UE dependa en gran medida de proveedores externos, sea vulnerable a las amenazas externas relacionadas con los datos y esté sujeta a una pérdida de potencial de inversión para la industria digital europea en el mercado del tratamiento de datos.

-Los proveedores de servicios que operan en la UE también pueden estar sujetos a la legislación de terceros países, lo que supone el riesgo de que los datos de los ciudadanos y las empresas de la UE sean consultados por jurisdicciones de terceros países que contradigan el marco de protección de datos de la UE. En particular, se ha expresado la preocupación ante varias leyes chinas relacionadas con la ciberseguridad y la inteligencia nacional.

-Si bien hay legislación de terceros países, como la Ley CLOUD estadounidense, que se basa en razones de política pública, como el acceso de los cuerpos de seguridad a los datos en el marco de investigaciones penales, la aplicación de la legislación de jurisdicciones extranjeras suscita preocupaciones legítimas para las empresas, los ciudadanos y las autoridades públicas de Europa en relación con la inseguridad jurídica y la conformidad con la legislación de la UE aplicable, como las normas de protección de datos. La UE actúa para mitigar estas preocupaciones mediante una cooperación internacional mutuamente beneficiosa, como el Acuerdo UE-EE. UU. propuesto para facilitar el acceso transfronterizo a pruebas electrónicas y, de este modo, reducir el riesgo de conflicto de leyes y establecer salvaguardias claras para los datos de los ciudadanos y las empresas de la UE. Asimismo, la UE está trabajando a nivel multilateral, también en el contexto del Consejo de Europa, para desarrollar normas comunes relativas al acceso a las pruebas electrónicas, sobre la base de un elevado nivel de protección de los derechos fundamentales y procesales.

-Existe incertidumbre en cuanto al cumplimiento de importantes normas y reglas de la UE por parte de los proveedores de servicios en la nube, por ejemplo, en materia de protección de datos.

-Las microempresas y las pymes sufren un perjuicio económico debido a problemas ligados a los contratos, como la falta de conformidad con el contrato o cláusulas contractuales abusivas.

En cuanto a la oferta:

-Existe una escasa utilización de la nube en Europa (una empresa de cada cuatro, y solo una de cada cinco en el caso de las pymes). Hay igualmente importantes divergencias en la utilización de la nube entre los Estados miembros (el porcentaje de empresas que usan la nube va desde menos de un 10 % hasta un 65 %).

-En concreto, la utilización de la nube en el sector público europeo es baja. Esto puede dar lugar a unos servicios públicos digitales menos eficientes, no solo por el claro potencial de reducción de los costes informáticos que supone la adopción de servicios en la nube, sino también porque los Gobiernos necesitan la adaptabilidad de la computación en la nube para implantar tecnologías como la inteligencia artificial.