ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4.1.2.1.

A título de ejemplo, el proyecto inicial de norma contable IAS 32 preveía que las participaciones sociales de las sociedades cooperativas se incluirían en la categoría de deudas y no de fondos propios, ya que están sujetas a una posible solicitud de reembolso. Ante las consecuencias de esta disposición para las cooperativas, este principio fue objeto de una interpretación que permite hacer una excepción a esta norma bajo dos condiciones supletorias (11). El hecho de no revisar la norma sino de acompañarla de una interpretación para las sociedades cooperativas tiende a confirmar la tesis según la cual esta forma de sociedad se considera generalmente como una excepción con relación a las sociedades de capital. Como ya ha indicado (véase el punto 3.1.), el Comité opina que la sociedad cooperativa no se debe considerar una excepción y que, por tanto, es necesario adaptar el marco legislativo, cuando sea indispensable, para tener en cuenta las especificidades de las cooperativas.
6.3.1

El Comité manifiesta su acuerdo general con el objetivo propuesto por la Comisión, pero no obstante quiere dar una señal de cautela. Los obstáculos actualmente existentes no se deben siempre a preocupaciones proteccionistas de las autoridades nacionales; en muchos casos la intención es principalmente proteger al mercado contra los riesgos que las propias autoridades no pueden controlar. Se trata de una preocupación legítima. El intercambio de informaciones no es siempre satisfactorio, pero sobre todo puede fallar la inmediatez de la información, condición necesaria para permitir intervenciones oportunas.
4.3.5.2

En un sistema de producción en que los puestos de trabajo requieren cada vez más conocimientos técnicos y experiencia, esta situación no deja de ser preocupante, no solo en lo que se refiere a la tasa de empleo de los trabajadores de más edad sino en general para la competitividad europea. Es deseable, por no decir indispensable, poner fin a esta situación: — por parte de las empresas, que deben integrar en su estrategia la formación como una inversión a medio y largo plazo y no como una acción de la que se espere una rentabilidad rápida o inmediata; — por parte de los trabajadores, que a veces tienen dificultades para formarse, ya sea por falta de entusiasmo, como es el caso con frecuencia de los trabajadores poco o nada cualificados, o porque no se sienten capaces si han conocido situaciones de fracaso escolar, o porque no sienten la necesidad ante el inminente término de su carrera profesional.
2.3.2.2

Otra cuestión relevante en materia de estructura marco del sistema se refiere a las posibles amenazas para la vida privada. Procede recordar que el sistema Galileo no supone en modo alguno un peligro para la vida privada, puesto que no recibe ningún dato de sus usuarios (no hay conexiones en sentido ascendente). En cambio, la información que reciben los usuarios puede ser retransmitida por otro procedimiento —por ejemplo, mediante un teléfono móvil GSM— lo cual permite localizarlos. La responsabilidad de regular tales usos de la información facilitada por Galileo no incumbe en modo alguno a las estructuras europeas de gestión del programa, sino a las autoridades nacionales. Debe llamarse la atención de éstas sobre las disposiciones que han de adoptar para regular la utilización de Galileo y también, a partir de ahora, del sistema GPS.
2.2.1

El envejecimiento demográfico no implica únicamente un incremento de la población mayor de 65 años, aún más rápido para los mayores de 80 años, acompañado a menudo, pero no necesariamente, de un aumento de las polipatologías que puede dar lugar no a una multiplicación infinita de los actos médicos, sino a un tratamiento más integral de la persona. Este fenómeno plantea también diversos problemas relacionados con esta circunstancia que en ocasiones son desatendidos y que, por el contrario, deberán abordarse: — A falta de medidas relativas a la edad de jubilación, el cambio en la «pirámide demográfica» conllevará una relación menos favorable entre los contribuyentes (esto es, la población en edad laboral) y los usuarios de los servicios no solamente sanitarios (en especial, la tercera edad), por lo que una de las prioridades deberá ser encontrar soluciones para reorientar y «acumular» recursos específicos que permitan financiar los servicios más adecuados a la población no autosuficiente (6) (principalmente la de mayor edad), sin restar recursos a otros pilares de la protección social. — No sólo cambia la frecuencia con que se manifiestan las enfermedades, sino también su tipología: aunque son frecuentes aquellas patologías propias a las edades más avanzadas que no tienen curación, también es cierto que éstas pueden beneficiarse considerablemente de distintas terapias de duración media y larga, con intervenciones médicas y quirúrgicas encaminadas a aliviar sus efectos negativos, aun cuando no sea posible reestablecer el estado de salud anterior. Este hecho implica un planteamiento médico distinto capaz de integrar el tratamiento y la asistencia –que afecta a la investigación, los productos farmacéuticos, los medios de diagnosis y las tecnologías de intervención–, en la medida en que se debe pasar de un enfoque «agudo» a otro «crónico» (lo cual implica una gestión de los problemas médicos con buenos resultados a largo plazo, aun cuando no se puedan resolver dichos problemas). — En el plano epidemiológico, estamos asistiendo a un aumento progresivo de las enfermedades de carácter crónico o de larga duración relacionado también con la eficacia de unas intervenciones sanitarias que, aunque no garantizan su curación, permiten alargar considerablemente la esperanza de vida: esta circunstancia origina un creciente número de discapacidades, físicas y mentales, relacionadas particularmente con traumatismos y enfermedades neurodegenerativas cuyo tratamiento exige una mayor integración entre las intervenciones sanitarias y sociales, y constituye una considerable carga asistencial para la familia (7). — El concepto de «salud» no puede restringirse a su componente físico, sino que se deberán tener también en cuenta los aspectos psíquicos y sociales, como ya pone de manifiesto la propia definición de la OMS (8) (que pide que se evalúe el contexto en el que se encuentra la persona de edad avanzada y se satisfagan sus otras necesidades, como pueden ser la seguridad, el afecto, los contactos sociales, la autoestima y la autorrealización, etc.).
2.5

De forma particular, aunque no exclusiva, dada la reorientación de la función de los servicios aduaneros por lo que respecta a la evaluación de los riesgos de seguridad que representan el terrorismo y el comercio de mercancías peligrosas, con fines ofensivos o fraudulentos, la armonización de los procedimientos aduaneros no es un mero ejercicio de simplificación de la documentación y la información. Los servicios aduaneros deben recurrir en lo sucesivo a un análisis adecuado de riesgos a fin de determinar el grado y los métodos de vigilancia para identificar e impedir la evasión de los controles aduaneros, así como para identificar los materiales que representan los riesgos más graves para la seguridad.
2.1.

El Comité, que suscribe los objetivos de la propuesta, no puede por menos que preguntarse de qué modo se va a garantizar que no se supere la duración total de la estancia, tanto más cuanto que, por motivos prácticos, no se podrán o no se deberían poder estampar los sellos de entrada y de salida.
3.2.4

La propuesta adolece de falta de claridad cuando aborda las condiciones de abono de cualquier gasto o pérdida habidos como consecuencia de medidas declaradas «infundadas» por un tribunal con respecto al fondo de la infracción intracomunitaria. Debería especificarse que se trata de declaraciones judiciales firmes y, por ende, no susceptibles de recurso. ¿Qué sucede si el Estado miembro requerido considera improcedente la interposición de un recurso y el Estado miembro requirente opina lo contrario? Parece ser que la propuesta no contempla dicha situación que, en la práctica, no puede resultar hipotética.
4.1.1

La técnica espacial es un útil de investigación fundamental, tanto por la complejidad de las técnicas aplicadas como por los ámbitos explorados, en particular la astrofísica y la «planetología», e incluso la sismología, la oceanografía, la meteorología, la epidemiología, etc. El CESE lamenta que el Libro Blanco no mencione explícitamente este papel esencial y desea que este aspecto se legitime de cierto modo con la política espacial europea, aunque el programa obligatorio de la AEE responda a dicha necesidad, sobre todo en lo referente a las ciencias del universo.
3.2.1.

El FER II representa un esfuerzo solidario imprescindible para llevar a cabo una política importante y pone de relieve que las instituciones comunitarias son conscientes de que los problemas relacionados con el Título IV del Tratado CE no pueden resolverse sin la responsabilidad compartida de todos los agentes: unas acciones bien elaboradas desde el punto de vista estratégico, ejecutadas con atención y apoyadas por la sociedad civil y la administración local también permiten consolidar derechos, instrumentos y mecanismos destinados a aplicar una política de asilo común. El CESE señala que la aplicación del FER II debe tener como finalidad completar y potenciar las medidas nacionales existentes y que no deberá ser un substituto de lo que ya se ha alcanzado. En concreto, la participación de los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil no deberá reducirse, sino más bien aumentar y mejorar.
C 80/46 ES 30.3.2004 Diario Oficial de la Unión Europea
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Consejo que modifica el Reglamento (CEE) no1696/71 por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del lúpulo»
(COM(2003) 562 final — 2003/0216 (CNS))
(2004/C 80/13)
El 7 de octubre de 2003, de conformidad con el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 37 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social
Europeo sobre la propuesta mencionada.
La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los
trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 28 de octubre de 2003.
Dada la urgencia de los trabajos, en su 404oPleno de los días 10 y 11 de diciembre de 2003 (sesión del
11 de diciembre), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general al Sr. Kienle y ha
aprobado por unanimidad el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1. El lúpulo, que se cultiva actualmente en ocho Estados
miembros de la Unión Europea, es un cultivo tradicionalmente
muy orientado a la exportación y a los mercados mundiales.
La superficie total cultivada en la UE es de 22 700 hectáreas,con una producción de unas 35 000 toneladas.
1.2. De la producción total mundial de aproximadamente
94 000 toneladas, casi un 40 % procede de la Unión Europea.
Otros países importantes en la producción de lúpulo son sobretodo Estados Unidos, China y la República Checa.
2. Síntesis del documento de la Comisión
2.1. La Comisión propone prorrogar para la cosecha de
2004 la aplicación de las disposiciones relativas a la organiza-
ción común del mercado, en particular el régimen de ayuda ala producción (barbecho temporal y arranque). Al mismo
tiempo anuncia que presentará un informe con propuestas de
reforma de todas las disposiciones futuras relativas a laorganización común de mercados en el sector del lúpulo queentrarán en vigor a partir de 2005.
Bruselas, 11 de diciembre de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH3. Observaciones generales
3.1. El Comité Económico y Social Europeo considera
positiva la propuesta de la Comisión, de 25 de septiembre de
2003, de prorrogar para la cosecha de 2004 la aplicación delas disposiciones relativas a la organización común de merca-
dos en el sector del lúpulo, incluido el régimen de ayuda a la
producción.
4. Otras observaciones
4.1. El 30 de septiembre de 2003, la Comisión presentó el
informe y las orientaciones para la futura organización común
de mercados en el sector del lúpulo. En dichos documentos la
Comisión hace una valoración positiva de la actual organiza-ción común de mercados en el sector del lúpulo. El CESE
considera justificado en este contexto remitirse una vez más a
lo señalado en sus Dictámenes anteriores y confía en que unareforma que siga los criterios de la reforma de la PAC del
26 de junio de 2003 (decisiones de Luxemburgo) se base
fundamentalmente en una disociación parcial y mantenimientodel importe de la ayuda, y tenga especialmente en cuenta a lasagrupaciones de productores.
1.3

Recomienda a la Comisión que, además de la exigible coordinación entre sus servicios con competencias en materia de eco-etiquetado, mantenga una estrecha cooperación con las organizaciones internacionales competentes en la materia, tales como la FAO (Food and Agriculture Organization), la OMC (Organización Mundial del Comercio), la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo), la UNCTAD (Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), la ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling) y la ISO (International Standards Organization).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388 CEE con el fin de prorrogar la facultad para autorizar a los Estados miembros a que apliquen un tipo reducido del IVA sobre determinados servicios de gran intensidad de mano de obra"

(COM(2002) 525 final - 2002/0230 (CNS))

(2003/C 61/32)

El 7 de octubre de 2002, de conformidad con el artículo 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

Dada la urgencia de los trabajos, el Comité, en su 394o Pleno celebrado el día 24 de octubre de 2002, decidió nombrar al Sr. Ladrille ponente general, y aprobó el presente Dictamen por 68 votos a favor y 2 en contra.

1. El Comité aprueba la propuesta de la Comisión dirigida a prorrogar por un año la facultad para autorizar a los Estados miembros que hayan introducido esta medida a que apliquen un tipo reducido del IVA sobre determinados servicios de gran intensidad de mano de obra.

2. El Comité confirma la opinión que había expresado anteriormente en su dictamen de 26 de mayo de 1999(1), según la cual la medida introducida por la Directiva 1999/85/CE(2), por la que se modifica la sexta Directiva IVA no 77/388/CEE(3), es un instrumento que permite crear empleo y, a la vez, luchar de manera más eficaz contre el trabajo no declarado.

3. El Comité pide a los Estados miembros que elaboren dentro de los plazos previstos los informes de evaluación sobre la aplicación de esta medida, para que el Parlamento Europeo y el Consejo pueden pronunciarse definitivamente sobre el tipo de IVA aplicable a los servicios de gran intensidad de mano de obra.

Bruselas, 24 de octubre de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) DO C 209 de 22.7.1999, p. 20.

(2) DO L 277 de 28.10.1999, p. 34.

(3) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.
Artículo 4

Secreto profesional

4.1 Habida cuenta de los requisitos de secreto profesional establecidos en el artículo 37 de los Estatutos del SEBC y del artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, no deberán revelar información que esté amparada por el secreto profesional en el desempeño de sus funciones y responsabilidades que no se haya hecho pública o no sea accesible al público (en lo sucesivo, «información confidencial»), salvo que deliberadamente forme parte de la estrategia de comunicación del BCE. En particular, no divulgarán información confidencial en discursos o declaraciones públicas, ni a los medios, y tratarán dicha información de acuerdo con las normas internas consensuadas sobre el tratamiento de información sensible del SEBC y del MUS. Los miembros y sustitutos seguirán sujetos a las obligaciones de secreto profesional en virtud del derecho de la Unión incluso tras el cese en sus cargos en el BCE.
2.

El BCE recomienda lo siguiente a las entidades de crédito que paguen en 2020 dividendos ( 8 ) respecto del ejercicio de 2019: (a) Categoría 1: Las entidades de crédito que: i) cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), y ii) al 31 de diciembre de 2019 hayan alcanzado sus ratios «fully loaded» conforme al apartado 1, letras d) y e), según proceda, deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras. (b) Categoría 2: Las entidades de crédito que al 31 de diciembre de 2019 cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), pero que en dicha fecha no hayan alcanzado sus ratios «fully loaded» conforme al apartado 1, letras d) y e), según proceda, deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras. Además, en principio, solo deben repartir dividendos en la medida en que cumplan también el apartado 1, letra d), y, como mínimo, garanticen una trayectoria lineal (9) hacia la plena implementación de los requisitos de capital conforme al apartado 1, letra e), y lo establecido conforme al PRES. (c) Categoría 3: Las entidades de crédito que no cumplan los requisitos mencionados en el apartado 1, letras a), b) o c), no deben en principio repartir dividendos. Las entidades de crédito que no puedan seguir la Recomendación por entender que están legalmente obligadas a repartir dividendos deben contactar inmediatamente con su equipo conjunto de supervisión. Las entidades de crédito de las categorías 1, 2 y 3 a que se refiere el presente apartado respectivamente en sus letras a), b) y c), deben cumplir además las directrices de capital del Pilar 2. Si una entidad de crédito opera o espera operar por debajo de las directrices de capital del Pilar 2, debe contactar inmediatamente con su equipo conjunto de supervisión. El BCE examinará las razones por las que el capital de la entidad de crédito ha descendido, o se espera que descienda, y estudiará tomar medidas apropiadas y proporcionadas específicas para la entidad. También se espera que en su política de reparto de dividendos y en su gestión del capital las entidades tengan en cuenta la posible repercusión en la exigencia de capital de las futuras modificaciones del régimen jurídico, regulatorio y contable de la Unión. Salvo información específica en contrario, se espera que los futuros requisitos y directrices de capital del Pilar 2 utilizados en la planificación del capital mantengan como mínimo sus niveles actuales.
2.

El BCE recomienda lo siguiente a las entidades de crédito que paguen en 2017 dividendos (7) respecto del ejercicio de 2016: a) Categoría 1: Las entidades de crédito que: i) cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), y ii) al 31 de diciembre de 2016 hayan alcanzado sus ratios «fully loaded» conforme al apartado 1, letra d), deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras. b) Categoría 2: Las entidades de crédito que al 31 de diciembre de 2016 cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), pero que en la citada fecha no hayan alcanzado sus ratios «fully loaded» conforme al apartado 1, letra d), deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras. Además, en principio, solo deben repartir dividendos en la medida en que, como mínimo, se garantice una trayectoria lineal (8) hacia la plena implementación de los requisitos de capital conforme al apartado 1, letra d), y lo establecido conforme al PRES. c) Categoría 3: Las entidades de crédito que no cumplan los requisitos mencionados en el apartado 1, letras a), b) o c), no deben en principio repartir dividendos. Las entidades de crédito que no puedan seguir la Recomendación por entender que están legalmente obligadas a repartir dividendos deben contactar inmediatamente con su equipo conjunto de supervisión. Las entidades de crédito de las categorías 1, 2 y 3 a que se refiere el presente apartado respectivamente en sus letras a), b) y c), deben cumplir además las directrices de capital del Pilar 2. De mantenerse sin cambios las demás condiciones, cabe esperar que la exigencia de capital (9) se mantenga en general estable. Si una entidad de crédito opera o espera operar por debajo de las directrices de capital del Pilar 2, debe contactar inmediatamente con su equipo conjunto de supervisión. El BCE examinará las razones por las que el capital de la entidad de crédito ha descendido, o se espera que descienda, y estudiará tomar medidas apropiadas y proporcionadas específicas para la entidad.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 308/1

RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 14 de diciembre de 2009

al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo del Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

(BCE/2009/26)

2009/C 308/01

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,

Considerando lo siguiente:

(1) Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

(2) El mandato del actual auditor externo del Central Bank and Financial Services Authority of Ireland expiró tras la auditoría del ejercicio de 2008. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2009.

(3) El Central Bank and Financial Services Authority of Ireland ha seleccionado a Deloitte & Touche como auditor externo para los ejercicios de 2009 a 2011.

HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

Se recomienda que Deloitte & Touche sea nombrado auditor externo del Central Bank and Financial Services Authority of Ireland para los ejercicios de 2009 a 2011.