Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico

(presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

El 25 Noviembre de 1999, la Comisión adoptó un paquete de propuestas al amparo del articulo 13 del TCE. El Comité de Regiones adoptó su dictamen el 12 de Abril de 2000 y el Comité Económico Social el 25 de Mayo. El Parlamento Europeo adoptó su opinión sobre la proposición de directiva relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de la personas independientemente de su origen racial o étnico el 18 de Mayo pasado.

A la luz de los dictámenes mencionados, la Comisión ha modificado su proposición originaria.

II. Enmiendas

La proposición modificada clarifica que su ámbito de aplicación personal comprende tanto las personas físicas, como las personas jurídicas y a estos efectos substituye el término "individuos" por "personas".

La definición de discriminación indirecta ha sido aproximada a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia en el caso O'Flynn.

La incitación a la discriminación es ahora explícitamente considerada como discriminación.

En lo que respecta al ámbito de aplicación material el texto ha sido modificado al objeto de precisar que se aplica a los sectores públicos y privados incluidos las instituciones y órganos públicos, al trabajo no retribuído y voluntario, a las experiencias prácticas de trabajo, a la asistencia en materia de salud pública y vivienda.

La disposición relativa a la acción positiva ha sido alineada con el texto del articulo 141.7 del Tratado.

La importancia de los procedimientos de conciliación con respecto a la defensa de derechos ha sido subrayada.

La disposición en materia de información ha sido completada al objeto de abordar el problema de que las diferencias de trato en materia de nacionalidad, religión o convicción pueden encubrir discriminaciones en razón del origen racial o étnico.

El artículo relativo al dialogo social ha sido modificado a efectos de cubrir las organizaciones no gubernamentales.

Las actividades de los órganos independientes han sido precisadas.

El sistema de dictámenes relativo a la aplicación de la directiva ha sido reforzado, y el papel del Centro Europeo de seguimiento del racismo y de la xenofobia tenido en cuenta.

Finalmente, ciertos considerandos han sido modificados, bien por razones de coherencia con las enmiendas introducidas en la parte normativa del texto, bien para referirse a ciertas acciones del Parlamento Europeo o para subrayar la importancia de un enfoque integrado con respecto a la lucha contra la discriminación en materia de género.

1999/0253 (CNS)

Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 13,

Vista la propuesta de la Comisión [1],

[1] COM(1999) 566 final.

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [2],

[2] 18.5.2000.

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [3],

[3] 25.5.2000.

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [4],

[4] 12.4.2000.

Considerando lo siguiente:

(1) El Tratado de la Unión Europea constituye una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa.

(2) La Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros. De conformidad con el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, la Unión debe respetar derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como principios generales del Derecho comunitario.

(3) El derecho a la igualdad ante la ley y a que toda persona esté protegida contra la discriminación constituye un derecho universal reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, los Pactos de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de los que son parte todos los Estados miembros.

a) El Parlamento Europeo ha aprobado varias resoluciones sobre la lucha contra el racismo en la Unión Europea.

(4) El artículo 13 del Tratado faculta al Consejo para adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

(5) El Consejo Europeo, en su reunión extraordinaria de Tampere celebrada los días 15 e 16 de octubre de 1999, invitó a la Comisión a presentar cuanto antes propuestas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Tratado CE en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia.

(6) Las Directrices para el empleo de 1999 acordadas el 11 de diciembre de 1998 en Viena, subrayan la necesidad de promover las condiciones para un mercado de trabajo que propicie la integración social mediante la formulación de una serie coherente de políticas dirigidas a combatir la discriminación contra grupos tales como las minorías étnicas.

(7) La discriminación basada en el origen racial o étnico puede poner en peligro la consecución de los objetivos del Tratado, en particular alcanzar un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad y también puede hipotecar el objetivo de desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(8) La Comisión presentó una Comunicación [5] sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en diciembre de 1995.

[5] COM(95) 653 final.

a) El Consejo aprobó, el 15 de julio de 1996, una Acción común relativa a la acción contra el racismo y la xenofobia [6] dirigida a garantizar una cooperación judicial efectiva en lo que respecta a las infracciones basadas en los comportamientos racistas o xenófobos.

[6] DO L 185, 24.7.1996.

b) En la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, la Comunidad se esforzará por eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y mujeres, habida cuenta, en especial, de que las mujeres padecen a menudo una múltiple discriminación.

(9) Para garantizar el desarrollo de sociedades democráticas y tolerantes en las que toda persona pueda participar, con independencia de su origen racial o étnico, la acción específica en el ámbito de la discriminación por estos motivos no debe ir más allá del acceso a la actividad por cuenta propia o ajena y abarcar ámbitos como la educación, la protección y la seguridad social, las ventajas sociales, la oferta de bienes y servicios y el acceso a los mismos.

(10) A tal fin, se deberá prohibir en toda la Comunidad cualquier discriminación contra personas físicas o jurídicas, bien sea directa o indirecta, por motivos de origen racial o étnico en los ámbitos a que se refiere la presente Directiva. Esta prohibición de discriminación se aplicará también a los nacionales de terceros países. Dicha prohibición no debe atañer a las diferencias de trato basadas en la nacionalidad.

(11) El acoso por motivos de origen racial o étnico de una persona o un grupo de personas que genere un entorno intimidante, hostil, ofensivo o perturbador debe considerarse discriminatorio.

(12) La prohibición de discriminación no debe obstar al mantenimiento o la adopción de medidas concebidas para prevenir o compensar las desventajas sufridas por un grupo de personas con un origen racial o étnico determinado.

(13) Una diferencia de trato puede estar justificada cuando una característica vinculada al origen racial o étnico constituya una cualificación profesional genuina.

(14) Las personas que hayan sido objeto de discriminación basada en el origen racial o étnico deben disponer de medios de protección jurídica adecuados. A fin de asegurar un nivel de protección más efectivo, también se debe facultar a las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas para que puedan ejercer el derecho de defensa en nombre de cualquier víctima.

(15) La aplicación efectiva del principio de igualdad exige una protección judicial adecuada contra la persecución y una modificación de las normas generales sobre la carga de la prueba en cuestiones civiles y administrativas.

(16) Los Estados miembros deben proporcionar información apropiada sobre las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva, en particular subrayando la necesidad de garantizar que las diferencias de trato basadas en la nacionalidad, la religión o las creencias no oculten una discriminación subrepticia por motivos de origen racial o étnico.

(17) Los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas para asegurar que se declaren nulas o se modifiquen cualesquiera disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, convenios colectivos, reglamentos internos de empresas o estatutos de profesiones independientes, ocupaciones u organizaciones profesionales que sean contrarias al principio de la igualdad de trato.

(18) Los Estados miembros deben fomentar el diálogo entre los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales para estudiar las distintas formas de discriminación y combatirlas.

(19) La protección contra la discriminación basada en el origen racial o étnico debe reforzarse por la existencia de un organismo independiente en cada Estado miembro, el cual debe ser responsable de analizar los problemas existentes, estudiar las soluciones posibles y proporcionar asistencia específica a las víctimas.

(20) La presente Directiva establece requisitos mínimos, dando a los Estados miembros la opción de introducir o conservar disposiciones más estrictas. Su aplicación no debe servir para justificar retroceso alguno con respecto a la situación ya existente en cada Estado miembro.

(21) Los Estados miembros deben prever sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables en caso de que se contravengan las obligaciones impuestas por la presente Directiva.

(22) De conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del Tratado CE, en particular, el objetivo de garantizar un nivel elevado de protección contra la discriminación igual en todos los Estados miembros no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros. Por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a la dimensión y repercusión de la acción propuesta, en el ámbito comunitario. La presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar dichos objetivos y no va en detrimento de la competencia de los Estados miembros para asegurar un mayor nivel de protección contra la discriminación, con arreglo a sus ordenamientos jurídicos y tradicionales legales.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objetivo

El objetivo de la presente Directiva es llevar a la práctica en los Estados miembros el principio de igualdad de trato entre individuos con independencia del origen racial o étnico.

Artículo 2

Concepto de discriminación

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación, bien sea directa o indirecta, basada en el origen racial o étnico.

2. A efectos del apartado 1:

a) existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o vaya a ser tratada de manera menos favorable que otra por motivos de origen racial o étnico;

b) existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro pueda, por su naturaleza, afectar negativamente personas de un origen racial o étnico específico y exista el riesgo consiguiente de que cause un perjuicio concreto a dichas personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima que no esté relacionada con el origen racial o étnico de la persona o grupo de personas y salvo que los medios para la consecución de ésta sean adecuados y necesarios

3. El acoso a una persona o a un grupo de personas relacionado directa o indirectamente con el origen racial o étnico y que tenga como objetivo o consecuencia la creación de un entorno intimidante, hostil, ofensivo o perturbador en cualesquiera de los ámbitos mencionados en el artículo 3 constituirá discriminación a efectos del apartado 1.

4. Toda instrucción o instigación a discriminar en contra de determinadas personas por motivos de origen racial o étnico constituirá discriminación a efectos del apartado 1.

Artículo 3

Ámbito material

Dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad, la presente Directiva se aplicará, por lo que respecta a los sectores público y privado y a los organismos públicos, a:

a) las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al conjunto de profesiones, así como al trabajo voluntario y no remunerado, incluidos los criterios de selección, las condiciones de empleo y de trabajo y la promoción, independientemente del sector o la rama de actividad y en todos los niveles de la jerarquía profesional;

b) el acceso a todos los tipos y a todos los niveles de orientación profesional, formación profesional, formación profesional superior y reciclaje, incluidos los períodos de prácticas;

c) las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración;

d) la inscripción y participación en una organización sindical o empresarial, o en cualquier otra organización cuyos miembros desempeñen una profesión concreta, incluidas las prestaciones otorgadas por las mismas;

e) la protección social, incluidas la seguridad social y la asistencia sanitaria;

f) las ventajas sociales;

g) la educación, incluidas becas y subvenciones, en el pleno respeto de las competencias de los Estados miembros por lo que respecta al contenido de la enseñanza, la organización de los sistemas educativos y su diversidad cultural y lingüística;

h) el acceso a bienes y servicios y la oferta de los mismos, incluida la vivienda.

Artículo 4

Cualificaciones profesionales genuinas

No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el origen racial o étnico no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de determinadas actividades profesionales o el contexto en que se lleven a cabo, dicha característica constituya una cualificación profesional genuina.

Artículo 5

Acción positiva

. Con el propósito de garantizar en la práctica la plena igualdad de trato, este principio no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas específicas para impedir o compensar las desventajas a que se enfrenten las personas de un origen racial o étnico concreto.

Artículo 6

Requisitos mínimos

1. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones que prevean una protección del principio de igualdad de trato más estricta que la establecida en la presente Directiva.

2. La aplicación de esta Directiva no constituirá en ningún caso motivo para reducir el nivel general de protección contra la discriminación ya garantizado por los Estados miembros en los ámbitos cubiertos por la misma.

CAPÍTULO II: ACCIONES LEGALES Y TUTELA EFECTIVA

Artículo 7

Defensa de derechos

1. Los Estados miembros velarán por que todas las personas que se consideren perjudicadas por la no aplicación, en lo que a ellas se refiere, del principio de igualdad de trato puedan instar, incluso después de que haya concluido la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación, procedimientos judiciales o administrativos, incluidos, cuando proceda, procedimientos de conciliación, para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros velarán por que las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas puedan emprender, en nombre del demandante y con su aprobación, cualquier procedimiento judicial o administrativo previsto para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la presente Directiva.

Artículo 8

Carga de la prueba

1. Los Estados miembros adoptarán, con arreglo a su ordenamiento jurídico nacional, las medidas necesarias para garantizar que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato aduzca, ante un tribunal u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer un régimen probatorio más favorable a la parte demandante.

3. El apartado 1 no se aplicará a los procedimientos penales, salvo disposición en contrario de los Estados miembros.

4. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán a toda acción judicial emprendida de conformidad con el apartado 2 del artículo 7.

Artículo 9

Protección de las víctimas

Los Estados miembros incluirán en sus ordenamientos jurídicos las medidas que resulten necesarias para proteger a las personas contra cualquier trato adverso o consecuencia negativa que encuentre su origen, directa o indirectamente, en una reacción ante una demanda o acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

Artículo 10

Divulgación de información

1. Los Estados miembros velarán por que se proporcione información adecuada en todo su territorio sobre las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva, en especial en las instituciones de enseñanza y formación profesional y en el lugar de trabajo.

2. Los Estados miembros velarán por que las medidas nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva se pongan en conocimiento de las autoridades públicas competentes a través de los medios apropiados. Subrayarán, en particular, la necesidad de garantizar que las diferencias de trato basadas en la nacionalidad, la religión o las creencias no constituyan una forma subrepticia de discriminación por motivos de origen racial o étnico.

Artículo 11

Diálogo social

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para fomentar el diálogo social entre los interlocutores sociales, a fin de promover la igualdad de trato, mediante el control de las prácticas en el lugar de trabajo, convenios colectivos, códigos de conducta, la investigación o el intercambio de experiencias y buenas conductas.

2. Los Estados miembros fomentarán entre empresarios y trabajadores la celebración, a nivel apropiado, incluido a nivel de empresa, de convenios que establezcan normas antidiscriminatorias en los ámbitos mencionados en el artículo 3 que entren dentro de la esfera de la negociación colectiva. Estos convenios respetarán la presente Directiva y las correspondientes medidas nacionales de aplicación.

3. Los Estados miembros fomentarán también el diálogo con las organizaciones no gubernamentales apropiadas que tengan un interés legítimo en colaborar en la lucha contra la discriminación por motivos de origen racial y étnico con el fin de promover el principio de igualdad de trato.

CAPÍTULO III: ORGANISMOS INDEPENDIENTES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO

Artículo 12

Organismos independientes

1. Cada Estado miembro establecerá uno o varios organismos independientes responsables de la promoción y la igualdad de trato entre personas de diferente origen racial o étnico. Dichos organismos podrán formar parte de los servicios responsables a nivel nacional de la defensa de los derechos humanos o de la salvaguardia de los derechos individuales.

2. Los Estados miembros velarán por que estos organismos independientes cuenten entre sus funciones ayudar a las víctimas de una discriminación basada en el origen racial o étnico a tramitar sus quejas, emprender investigaciones o encuestas sobre este tipo de discriminación y publicar informes y efectuar recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con la discriminación por motivos de origen racial o étnico.

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES Y FINALES

Artículo 13

Cumplimiento

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que:

a) se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato;

b) se declaren nulas o se modifiquen todas las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato que figuren en los contratos o convenios individuales o colectivos, en los reglamentos internos de las empresas, en las normas que rijan las asociaciones lucrativas o no lucrativas, así como en los estatutos de las profesiones independientes y de las organizaciones sindicales y empresariales.

Artículo 14

Sanciones

Los Estados miembros establecerán sanciones apropiadas en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales promulgadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas oportunas para garantizar su cumplimiento. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar en la fecha fijada en el artículo 15 y notificarán, sin demora, cualquier modificación de aquéllas.

Artículo 15

Aplicación

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2002. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 16

Informe

Los Estados miembros presentarán a la Comisión, en un plazo de dos años a partir de la fecha mencionada en el artículo 15 y, en lo sucesivo, cada cinco años, toda la información necesaria para elaborar un informe sobre su aplicación dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo, incluidas indicaciones sobre los puntos de vista de los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

De conformidad con el principio de integración de las cuestiones de género en las políticas comunitarias, dicho informe evaluará, inter alia, la incidencia sobre hombres y mujeres de las medidas adoptadas.

Asimismo, el informe prestará oportuna consideración a los juicios expresados por el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia en su informe anual sobre la situación en materia de racismo y xenofobia en la Comunidad, y en especial a las conclusiones y dictámenes relativos a la Comunidad y los Estados miembros.

A la luz de la información recibida, el informe de la Comisión incluirá, llegado el caso, propuestas de revisión y actualización de la Directiva.

Artículo 17

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 18

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

FICHA DE INCIDENCIA

INCIDENCIA DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS, EN ESPECIAL SOBRE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

Título de la propuesta:

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato sin distinción por motivos de origen racial o étnico.

Número de referencia del documento: 99010

Propuesta

1. Habida cuenta del principio de subsidiariedad, ¿por qué se necesita una normativa comunitaria en este ámbito y cuáles son sus objetivos principales-

La Unión Europea se basa en los principios de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su compromiso al respecto se ha visto reforzado por el Tratado de Amsterdam, en particular mediante las modificaciones efectuadas en los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea y la inclusión del artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el último de los cuales establece la facultad específica de adoptar medidas para luchar contra la discriminación basada, inter alia, en el origen racial y étnico.

Los Estados miembros son los responsables principales de la lucha contra el racismo. Como se señala en la exposición de motivos, la mayoría han incluido en sus ordenamientos constitucionales y/o jurídicos disposiciones que establecen el derecho a no padecer discriminación por motivos de origen racial o étnico. Sin embargo, el alcance y la eficacia jurídica de estas disposiciones, así como la posibilidad de resarcimiento, varían considerablemente entre un Estado miembro y otro. Se necesita una normativa comunitaria para garantizar un nivel común mínimo de protección jurídica -que garantice también una tutela efectiva- para el derecho fundamental a no sufrir discriminación a causa del origen racial o étnico.

Naturalmente, la normativa europea ha de respetar los límites de los poderes atribuidos a la Comisión por el Tratado, por lo que la Directiva propuesta establece principios generales que aseguran un nivel común mínimo de protección sin rebasar los límites de las competencias comunitarias, al tiempo que permite a los Estados miembros mantener un nivel de protección más elevado de conformidad con sus opciones y tradiciones políticas e históricas.

La elección de una directiva logra equilibrar la necesidad de intervenir a nivel europeo y la necesidad de respetar las diferencias existentes entre las Constituciones, leyes y procedimientos legales de los Estados miembros. Si bien establece objetivos comunes, deja el margen de flexibilidad necesario para que los distintos países de la Unión puedan alcanzarlos. Así pues, la intervención legislativa se limita a una serie de principios generales que no van más allá de un nivel de protección mínimo.

Los objetivos principales de la propuesta son los siguientes:

- establecer una definición comunitaria del concepto de discriminación por motivos de origen racial y étnico a partir de la cual se pueda garantizar la igualdad de trato;

- definir un número mínimo de ámbitos de la vida, dentro del alcance del Tratado, en los que se debe asegurar el principio de igualdad de trato;

- establecer un nivel mínimo de protección y una tutela efectiva de las personas que crean haber sido discriminadas;

- garantizar mecanismos adecuados para controlar la discriminación en las empresas y, en sentido amplio, en la sociedad.

Incidencia sobre las empresas

2. ¿Qué empresas resultarán afectadas por la propuesta-

Todas las empresas quedarán sometidas a la legislación nacional exigida por la Directiva.

3. ¿Qué medidas deberán adoptar las empresas para cumplir los requisitos de la propuesta-

Las empresas tendrán que garantizar que las decisiones de contratación, promoción, acceso a la formación, condiciones de trabajo -incluidas las de despido y remuneración- y pertenencia a organizaciones sindicales, patronales y profesionales se adoptan de acuerdo con el principio de igualdad de trato, sin distinción por el origen racial y étnico. En principio, está obligación existe ya en todos los Estados miembros, de manera que la Directiva no establecerá disposiciones completamente novedosas, sino que contribuirá a reforzar los requisitos existentes.

4. ¿Qué consecuencias económicas podría tener la propuesta-

En el ámbito del empleo, la normativa de protección contra la discriminación por motivos arbitrarios tiene tres consecuencias principales. En primer lugar, contribuye a asegurar la participación y a evitar la exclusión social, al garantizar que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de aprovechar su potencial económico, con lo que pueden atender eficazmente sus necesidades y las de las personas a su cargo y reducir su dependencia del Estado. En segundo lugar, permite que las empresas puedan elegir a los empleados mejor cualificados, lo que contribuye a reforzar la competitividad y solidez de las compañías y, en último término, de la economía. Finalmente, obliga a los empleadores a justificar sus decisiones en materia de contratación, promoción, acceso a formación y otras condiciones laborales.

Los datos [7] de los Estados miembros muestran que el desempleo entre las comunidades de orígenes raciales y étnicos diversos oscila en torno a un porcentaje que duplica o triplica la media correspondiente al mercado de trabajo en su conjunto.

[7] No se dispone de datos de todos los Estados miembros; algunos sólo los recopilan en función de la nacionalidad, no del origen racial o étnico.

La discriminación basada en la raza o la etnia -sobre todo cuando es acumulativa- puede generar un ciclo de marginación que, con frecuencia, se transmite de generación en generación. Por ejemplo, si las instalaciones educativas, el alojamiento, los servicios sanitarios, las condiciones medioambientales y las oportunidades de empleo de un grupo específico son deficientes, la siguiente generación crecerá peor preparada para atajar las dificultades a que deba hacer frente y se verá abocada a una existencia precaria en cuanto a empleo, alojamiento y estado de salud.

Esta propuesta, al rechazar la discriminación, dará lugar a una mayor participación económica y social y reducirá la exclusión social, lo que incidirá directamente en el crecimiento económico al reducir el gasto público en asistencia y seguridad social, aumentar el poder adquisitivo de determinadas familias y fomentar la competitividad de las empresas gracias a su utilización óptima de todos los recursos disponibles en el mercado de trabajo.

a) Consecuencias de la propuesta

- ¿sobre el empleo-

La Directiva ayudará a fomentar la empleabilidad de los trabajadores de todos los orígenes raciales y étnicos, tal y como exige la Estrategia Europea de Empleo. En consecuencia, contribuirá a mejorar la calidad del empleo y, a medio plazo, cabe esperar que propicie un aumento de los niveles de ocupación derivado de la mayor competitividad de las empresas europeas.

- ¿sobre la inversión y la creación de nuevas empresas-

La Directiva mejorará las condiciones para la creación de empresas por parte de personas de orígenes raciales y étnicos diversos.

- ¿sobre la competitividad de las empresas-

Como se ha indicado anteriormente, la Directiva reforzará la competitividad de las empresas europeas al poner a su disposición una gama de cualificaciones y recursos más amplia que la actual y asegurar que dichas cualificaciones se empleen sin distinción alguna por motivos de origen racial o étnico.

b) ¿Es necesario establecer nuevos procedimientos administrativos-

Las empresas deberán poder justificar que sus decisiones respecto a cuestiones como la contratación, la promoción, el acceso a la formación y otras condiciones de trabajo no se han adoptado en función del origen racial o étnico. Esta obligación ya está en vigor en la mitad de los Estados miembros. Convendrá que las empresas que aún no guarden un registro completo de estas decisiones conviertan esta práctica en habitual.

c) ¿Cuáles son los costes y beneficios en términos cuantitativos y cualitativos-

A corto plazo, las empresas soportarán algunos pequeños costes derivados, por un lado, de la formación interna que habrá que dar a los directivos sobre la aplicación del principio de igualdad de trato allí donde resulte novedoso y, por otro, de la refutación de las acusaciones de discriminación. En los Estados miembros en los que aún no existen disposiciones equivalentes para combatir la discriminación racial y étnica, la adaptación a los nuevos requisitos se verá facilitada por la familiaridad de las compañías con el conjunto de normas comunitarias en materia de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en vigor desde hace más de veinte años.

A medio plazo, las empresas se beneficiarán de la mayor entrega de los empleados de todos los orígenes raciales y étnicos y del aumento de la competitividad obtenido gracias a la mejor utilización de los recursos (véase la letra a).

d) ¿Qué costes se derivarán de la Directiva-

La Directiva fija un marco flexible y general para la aplicación del principio de igualdad de trato sin distinción por motivos de origen racial y étnico, y corresponderá a los Estados miembros y a los interlocutores sociales establecer los medios concretos para llevarlo a la práctica. No obstante, los costes serán reducidos (véase el apartado anterior).

e) ¿Qué deberán hacer las empresas en materia de control y evaluación-

La Directiva no exige directamente a las empresas que controlen y evalúen su cumplimiento de la misma. Sin embargo, convendría que las empresas conservaran un registro de las decisiones sobre contrataciones, ascensos, acceso a la formación y otras condiciones de trabajo para poder mostrar que fueron adoptadas con independencia del origen racial y étnico. Las empresas de mayor dimensión pudieran desear llevar a cabo un control más estructurado a fin de garantizar que el principio de igualdad de trato se aplica en todos los niveles.

5. ¿Incluye la propuesta medidas que tengan en cuenta la situación específica de las pequeñas y medianas empresas (requisitos menos exigentes o diferentes, etc.)-

La propuesta no hace distinción alguna en función del tamaño de las empresas, ya que la discriminación por motivos de origen racial y étnico existe en todas ellas, independientemente del número de empleados. No obstante, la Directiva establece tan sólo niveles mínimos basados en un marco de principios flexible, por lo que los Estados miembros y los interlocutores sociales tiene la posibilidad de modificar las obligaciones impuestas a las empresas de diferente tamaño, respetando siempre los requisitos de la Directiva.

Consulta

6. Lista de las organizaciones que han sido consultadas en relación con la propuesta y resumen de sus puntos de vista más importantes

La Comisión ha consultado a las organizaciones representativas de los interlocutores sociales a nivel europeo [8] y a la plataforma europea de organizaciones sociales no gubernamentales en el marco de una serie de reuniones a nivel comunitario.

[8] La Comisión ha consultado a distintas organizaciones, entre ellas las representantes de los intereses de las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con las comunicaciones de la Comisión relativas a la aplicación del protocolo sobre la política social (COM(93) 600 de 14.12.1993) y la adaptación y el fomento del diálogo social a escala comunitaria (COM (1998) 322 final, de 20.5.1998).

Todas las organizaciones consultadas reconocieron la importancia de la cuestión y la utilidad de establecer normas a escala comunitaria. No obstante, las opiniones divergían en torno a varios elementos de la propuesta.

Los representantes sindicales y de las ONG acogieron con agrado ésta, pero lamentaron que su alcance no fuera más amplio y abordara la totalidad de los ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos. Insistieron en el mantenimiento de las disposiciones relativas a la carga de la prueba y a las acciones en representación de las víctimas de discriminación, ya que las consideraban esenciales para la defensa de sus derechos.

Por el contrario, los representantes de las organizaciones empresariales expresaron sus dudas acerca de la traslación de la carga de la prueba, ya que estimaban que crearía problemas a los empresarios al potenciar las acusaciones infundadas. La Comisión señala que la disposición propuesta se basa en la adoptada a nivel comunitario en relación con la discriminación por motivos de sexo (Directiva 97/80/CE del Consejo relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo), puesta ya en práctica en numerosos Estados miembros, y que en algunos países de la Unión ya se han aplicado sin dificultad aparente normas idénticas en casos de discriminación racial. La Comisión considera infundados, por tanto, los recelos al respecto de los empresarios.