20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C72/1 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
DICTAMEN n° 1/89 
del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas sobre una propuesta de reforma general del Reglamento 
(CECA, CEE, Euratom) del Consejo por el que se modifica el Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 
aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
(89/C 72/01) 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero y, en particular, su artículo 78 nono, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea y, en particular, su artículo 209, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica y, en particular, su artículo 183, 
Visto el Reglamento Financiero, de 21 de diciembre de 
1977, aplicable al Presupuesto General de las Comunidades 
Europeas (!), en su estado actual tras su última modifica­
ción por el Reglamento (CECA, CEE, Euratom) n° 2049/88 
del Consejo, de 24 de junio de 1988 (2), y en particular su 
artículo 107, 
Vista la propuesta presentada por la Comisión con fecha de 
21 de diciembre de 1988 (3), 
Vista la Decisión del Consejo de 23 de diciembre de 1988, 
recibida en el Tribunal el 4 de enero de 1989, en la que el 
primero consultaba a éste sobre esta propuesta, a la vez que 
le rogaba que preparara su Dictamen con carácter urgente, 
HA APROBADO EL SIGUIENTE DICTAMEN: 
La propuesta lleva al Tribunal a formular dos tipos 
distintos pero complementarios de observaciones: por un 
lado reflexiones generales sobre la evolución del sistema de 
autorización y ejecución de los medios presupuestarios que 
sería deseable y, por otro, los comentarios más directamen­
te relacionados con el examen del articulado de la 
propuesta. PARTE 1 
OBSERVACIONES GENERALES 
1. El Tribunal remite al Dictamen que aprobó en 1981 (4) 
sobre una propuesta anterior de la Comisión de modifica­
ción del Reglamento Financiero; considera que las 
reformas concretas que ahora propone sólo representan, al 
igual que las de 1981, mejoras limitadas de carácter 
esencialmente formal. La propuesta no ofrece en su 
conjunto, como ya se sugirió en la reunión del Consejo 
Europeo del mes de junio de 1987 (5), los medios necesarios 
para subsanar las numerosas deficiencias en la gestión de 
las finanzas comunitarias que la experiencia ha puesto de 
relieve. 
2. El Tribunal considera que el Reglamento Financiero de 
las Comunidades debería responder a los criterios 
principales siguientes: 
(a) Sus disposiciones deben ser claras e inequívocas tanto en 
lo que se refiere a los principios y objetivos como a su 
aplicación. 
(b) En la medida de lo posible, deben ser de aplicación 
universal y el Reglamento Financiero debe tener el 
mínimo de excepciones. 
(c) Deben dar respuesta al problema de gestión financiera 
que plantea el carácter descentralizado de los dos 
elementos más importantes del Presupuesto comunita­
rio: la recaudación de los ingresos y los gastos de 
operaciones. 
3. En lo que se refiere a la gestión interna de los fondos 
comunitarios, la redacción actual del Reglamento contiene 
disposiciones sobre determinados aspectos de las responsa­
bilidades del ordenador de pagos, del contable y del 
interventor, pero no menciona la responsabilidad de la 
Comisión de llevar a cabo una auditoría interna satisfacto­
ria y un control adecuado de los fondos comunitarios 
(!) DO L 356 de 31.12.1977, pág. 1. 
(2) DO L 185 de 15.7.1988, pág. 3. 
(3) Doc. COM (88) 838 final. (4) DO C 232 de 11.9.1981. 
(5) Apartado 8 de la Conclusión de la Presidencia. 
N° C 72/2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89 
gestionados por los Estados miembros, ya sean ingresos o 
gastos presupuestarios. Tampoco ofrece directrices sobre 
la normas mínimas de contabilización y elaboración de 
informes a los que los beneficiarios potenciales de los 
Estados miembros deben atenerse. La última propuesta de 
la Comisión no trata ninguno de estos importantes 
aspectos. 
4. En los apartados 4.1 a 4.4 el Tribunal expone algunas 
reflexiones que podrían contribuir a incrementar la eficacia 
de los intrumentos de gestión y control del Presupuesto 
previstos en el Reglamento Financiero. Con ello, el 
Tribunal quiere subrayar la importancia que tienen e 
indicar algunos de los principales campos en que existen 
problemas que, en opinión del Tribunal, deben tratarse en 
el nuevo Reglamento Financiero. 
Presentación y gestión de los créditos presupuestarios 
4.1 
(a) Ingresos 
Es necesario que la gestión y la presentación de todos los 
fondos a los que tiene derecho el Presupuesto Comuni­
tario, incluidos los ingresos originados por la Política 
Agraria Común, se caractericen por la claridad y la 
sencillez. El registro de ingresos en las cuentas de gastos 
presupuestarios bajo la eufemística denominación de 
« gastos negativos » es contrario — como el Tribunal ha 
señalado en repetidas ocasiones — a las prácticas y a los 
principios contables fundamentales. Teniendo en 
cuenta que, presentado de esta forma, el Presupuesto no 
ofrece una visión fiel de los ingresos y de los gastos, 
habría que aprovechar la presente ocasión para prohibir 
las prácticas contables que enmascaran la verdadera 
situación presupuestaria. Ni el Reglamento actual ni el 
que se propone determinan con el suficiente detalle el 
trato que se debe dar a los ingresos en el momento de su 
determinación, autorización, percepción y anulación. 
Los ingresos comunitarios deben controlarse y gestio­
narse tan rigurosamente como los gastos. 
(b) Gastos 
El Tribunal reconoce que en este ámbito es necesaria 
una simplificación, pero no considera que la actual 
propuesta de la Comisión responda de manera adecua­
da a los problemas generados por las normas aplicables 
a la forma y a la utilización de los créditos presupuesta­
rios. El Tribunal desea recordar la posición que expresó 
en el apartado 3.2 de su Dictamen de 1981 (*), de que «el 
hecho de que todos los créditos inscritos en el 
Presupuesto no tengan la misma forma y no estén 
sujetos a reglas de prórrogas al ejercicio siguiente 
coherentes entre sí hace especialmente difíciles las 
conciliaciones entre las autorizaciones y los gastos 
reales de un ejercicio. De ello resultan cuentas complejas 
cuyo sentido global no es fácil de captar, lo que 
constituye un obstáculo real para el control presupues­
tario». En el apartado 3.4 del mismo Dictamen el 
Tribunal añadía: «Una separación más nítida entre 
créditos autorizados para compromisos y para pagos 
(!) DO C 232 de 11.9.1981. (sistema que se utiliza actualmente para gastos de 
algunas categorías) haría más transparente el sistema y 
permitiría una comparación más directa entre la 
autorización y la realización de los gastos presupuesta­
rios». El Tribunal se reafirma en esta postura y 
recomienda, por lo tanto, que todos los créditos 
presupuestarios se rijan en lo sucesivo por estos dos 
principios fundamentales: 
(i) todas las líneas de gastos del Presupuesto deben estar 
cubiertas por créditos de compromiso y créditos de 
pago diferenciados; 
(ii) los compromisos y los pagos deben imputarse al 
Presupuesto del ejercicio en el que se efectúen. 
Un sistema de este tipo reforzaría la anualidad del 
Presupuesto que se respetaría totalmente en el caso de 
los pagos, evitando así las perturbaciones que provoca 
el régimen de prórrogas utilizado actualmente. En tal 
caso, la ampliación de los poderes concedidos a la 
Comisión en materia de autorización de transferencias 
entre créditos de pago podría conferir a la ejecución del 
Presupuesto la flexibilidad que justificasen las necesida­
des de gestión. 
Este sistema no debería obstaculizar ninguna posible 
decisión de la autoridad presupuestaria sobre efectuar 
una programación plurianual de los créditos de 
compromiso o limitar la vigencia de los pagos 
correspondientes a los compromisos adquiridos. Esta 
concepción del Presupuesto, además de facilitar la 
organización de un control interno, cuya función es 
verificar periódicamente la situación de la tesorería 
durante la ejecución presupuestaria y que a pesar de ser 
esencial no existe actualmente, ofrecería también una 
fuente de información más fiable y permanentemente 
actualizada de las obligaciones financieras, especial­
mente de los saldos de los compromisos pendientes de 
liquidar. 
Gestión y control en las instituciones 
4.2. El Reglamento Financiero debería fijar unos procedi­
mientos concretos para la gestión y el control que las 
instituciones comunitarias realizan de sus ingresos y gastos 
que deberían constituir un proceso coherente compuesto 
por tres fases principales: la de autorización, la de 
ejecución y la de auditoria y valoración, realizada a 
posteriori. Los procedimientos comunitarios existentes se 
articulan en torno a las funciones del interventor, del 
ordenador de pagos y del contable y tal como los definen 
los reglamentos y se aplican en la práctica, no son 
satisfactorios ya que: 
(a) uno de los elementos esenciales de la fase de autoriza­
ción es el « visado previo » que concede el interventor, 
que también desempeña funciones importantes a la hora 
de la posterior valoración de la buena gestión financie-
20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 72/3 
ra. El Tribunal, en su estudio de 1981 (a) sobre los 
sistemas de organización financiera de las Comunidades 
Europeas, destacó el conflicto latente entre estos dos 
aspectos de las funciones del interventor y opina que el 
planteamiento actual del visado previo centralizado es 
contrario a la gestión eficaz de los sistemas de 
organización financiera comunitarios, cada vez más 
complejos y cambiantes; 
(b) como ya se subrayó en el estudio de 1981, con el sistema 
actual existe el riesgo de que el ordenador de pagos y el 
contable confíen indebidamente en el visado del 
interventor y no asuman completamente sus propias 
responsabilidades; 
(c) la incidencia de la actuación del servicio de intervención 
es muy desigual: su eficacia es muy grande en el caso de 
los créditos directamente gestionados por la Comisión 
(como por ejemplo los gastos de funcionamiento) y 
mínima en el de los ingresos y gastos de operaciones que 
gestionan los Estados miembros; 
(d) aunque el Reglamento Financiero contiene disposicio­
nes que hacen personalmente responsables a los 
ordenadores de pagos y a los contables, éstas carecen de 
efectos en la práctica. 
El Tribunal formula las siguientes recomendaciones: 
(a) el visado previo debería limitarse a la legalidad y la 
regularidad, dejándose la buena gestión financiera para 
una valoración posterior. Con ello, el interventor 
tendría una gran responsabilidad en la fase de control y 
valoración a posteriori (por ejemplo, mediante una 
mayor utilización de controles selectivos) y su función 
se asemejaría a un auditor interno. En estas circunstan­
cias, debería estar obligado formalmente a verificar 
permanentemente la exactitud de la situación de la 
tesorería, de las cuentas y del balance e informar a la 
institución de cualquier anomalía de la tesorería, de las 
cuentas y del balance e informar a la institución de 
cualquier anomalía contable o de gestión. El Tribunal 
de Cuentas, como auditor externo, debería tener acceso 
a las decisiones y los expedientes del interventor; 
(b) como consecuencia lógica del apartado (a) (ver el 
estudio de 1981 del Tribunal) se debería conceder una 
mayor importancia al papel del ordenador de pagos, 
que tiene una importancia crucial para la buena gestión 
financiera. En el Reglamento Financiero se debería 
recalcar más sobre la función que le corresponde de 
verificar cuidadosamente las cuentas y respetar los 
límites presupuestarios; 
(c) el Reglamento Financiero debería modificarse para 
acentuar la responsabilidad del contable. Toda pérdida 
por error o negligencia suyos debería ser reembolsada 
(!) DO C 342 de 31.12.1981. en primer lugar por la cuenta de garantía recurriendo a 
las compañías de seguros sólo cuando no sea suficiente. 
Esta modificación contribuiría a fomentar las buenas 
prácticas contables y a reducir los gastos en pólizas de 
seguros de las instituciones. Además, el plazo del que 
dispone la institución para pronunciarse sobre la 
liberación de responsabilidades del contable se debería 
reducir a seis meses contados desde la presentación de la 
cuenta de gestión. Esta medida es necesaria para que la 
autoridad presupuestaria pueda disponer de toda la 
información antes de decidir la concesión del descargo 
de la ejecución presupuestaria. 
Gestión descentralizada de los fondos en los Estados 
miembros 
4.3. El Reglamento Financiero actual presenta una 
laguna importante al no dictar los principios que deberían 
regir el control que realiza la Comisión en los Estados 
miembros de la gestión de los fondos comunitarios, ya sean 
ingresos o gastos. El Tribunal ha señalado, en varios 
informes recientes y, especialmente, en su Informe Anual 
sobre el ejercicio 1987, que esta omisión es una de las 
mayores deficiencias en la gestión de las finanzas 
comunitarias y opina que el Reglamento Financiero debería 
establecer claramente los siguientes principios: 
(a) la Comisión tiene la obligación (Artículo 205 del 
Tratado CEE) de asegurarse de que los sistemas 
nacionales de control y gestión de los fondos comunita­
rios son adecuados y fiables. Los Estados miembros 
deberán facilitar el cumplimiento de esta misión 
(Artículo 5 del Tratado CEE); 
(b) en la Comisión, el ordenador de pagos y el interventor 
como elementos principales del sistema de control 
interno, deben velar por el cumplimiento de estas 
obligaciones. 
FEOGA-Garantía 
4.4. Para la mayor parte de los gastos agrícolas, es decir 
para el FEOGA-Garantía, la Comunidad sigue elaborando 
un presupuesto que en gran medida funciona con normas 
que constituyen excepciones a las generales que rigen el 
Presupuesto de la Comunidad. 
Una de las consecuencias de esta aplicación de un régimen 
especial es que las decisiones de compromiso de los gastos 
no han estado hasta ahora sujetas a la verificación del 
interventor. Existen en el FEOGA-Garantía numerosas 
excepciones a los principios habituales de anualidad y 
especificidad. Las limitaciones presupuestarias han obliga­
do al Consejo a abandonar la idea de prefinanciación 
automática al 100% del gasto agrícola con lo que los gastos 
que realizan los Estados miembros no van precedidos por 
compromisos. El Tribunal estima que es necesario aplicar 
N° C 72/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89 
un procedimiento riguroso al compromiso de los gastos, a 
la verificación previa al pago y al respeto del principio de 
anualidad. 
Independencia del Tribunal de Cuentas 
5. Según dispone el Artículo 206 del Tratado, los 
Miembros del Tribunal de Cuentas «deberán ofrecer 
absolutas garantías de independencia». El apartado 5 del 
mismo Artículo precisa que, en el cumplimiento de sus 
funciones, el Tribunal no aceptará «instrucciones de 
ningún Gobierno ni de ningún organismo». Por esto, el 
Tribunal considera inaceptables las limitaciones que los 
Artículos 89 y 91 del proyecto de nuevo reglamento 
imponen a su independencia. 
Conclusión 
6. El Tribunal considera que las propuestas que la 
Comisión presenta al Consejo deben ser objeto de 
importantes modificaciones o bien retiradas y sustituidas 
por una nueva que tenga en cuenta los puntos fundamenta­
les señalados anteriormente y las modificaciones que se 
incluyen en las partes 2 y 3 del presente Dictamen. 
PARTE 2 
OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 
1. PRINCIPIOS DE REDACCIÓN 
1.1. El respeto del principio general de jerarquía de las 
normas jurídicas se opone a que en el Reglamento 
Financiero se puedan integrar normas de rango superior 
(como los Tratados) o inferior (como los reglamentos de 
aplicación) sino es en forma de cita literal o como 
referencia. Al reproducir parcialmente normas superiores o 
detallar normas inferiores se corre el riesgo de desnaturali­
zar el alcance preciso de las primeras o de que las 
modificaciones del citado Reglamento y de sus textos de 
aplicación sean innecesariamente difíciles y frecuentes. 
1.2. El mismo principio de jerarquía así como el de 
seguridad de las normas jurídicas obligan a que se defina 
explícitamente el ámbito y los casos en que se pueden 
aplicar las excepciones a las disposiciones de alcance 
general, con lo que se prohiben las formulaciones de 
carácter impreciso y declaratorio. 
2. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 
2.1. En sus artículos 19 y 20, la propuesta introduce una 
reforma de la estructura presupuestaria de los gastos al 
crear tanto secciones dedicadas a áreas concretas de la 
actuación presupuestaria como una para los gastos de 
carácter interinstitucional. Sin embargo, el Tribunal 
observa que no se determinan claramente las responsabili­
dades del ordenador de pagos, del contable y del 
interventor de las distintas instituciones en cuanto a la gestión de estas líneas agrupadas y, por este motivo, desea 
que se complete la propuesta en este sentido. 
2.2. El Tribunal observa que, a pesar de las objeciones de 
fondo al principio de crear una «reserva negativa» 
formuladas en su Dictamen n° 1/88 (*), la propuesta, por 
medio del apartado 5 de su Artículo 19, perpetúa esta figura 
instaurada por el Reglamento (CECA, CEE, Euratom) n° 
2049/88 (2) del Consejo, de 24 de junio de 1988. Observa, 
además, que la propuesta no justifica suficientemente, ni en 
su articulado ni en su exposición de motivos, ni la 
constitución ni las condiciones de utilización de estas 
reservas negativas, con lo que deja a la autoridad 
presupuestaria un poder casi discrecional para recurrir a 
ella y tampoco es clara en lo que respecta a su gestión. El 
Tribunal señala igualmente que el procedimiento de 
transferencia descrito en las letras a) y b) del apartado 5 del 
Artículo 26 hace que las transferencias correspondientes a 
la « reserva negativa » (final del apartado 5 del Artículo 19) 
puedan considerarse aprobadas si la autoridad presupues­
taria no se pronuncia en contra en el plazo de seis semanas a 
partir del procedimiento de transferencia contemplado en 
el apartado 5 del Artículo 26, lo que interpreta como la 
legalización de una argucia presupuestaria para evitar 
dificultades de orden político y, por lo tanto, solicita pura y 
simplemente que sea eliminado por ser contrario a los 
principios presupuestarios fundamentales. 
2.3. El Tribunal lamenta también que la reforma que se 
propone se limite a los gastos, ya que desearía que se 
aprovechara la ocasión para disponer que la presentación 
presupuestaria de los ingresos sea más clara, con lo que en 
la estructura propuesta existiría homogeneidad y simetría 
entre ingresos y gastos. 
2.3.1. El Tribunal observa que con la redacción actual del 
apartado 1 del Artículo 19 y del apartado 1 del Artículo 20, 
la propuesta propugna que junto a un estado general de 
ingresos exista un estado de ingresos y gastos en el que se 
incluyan, por secciones, los ingresos y gastos de cada 
institución y considera que esta presentación no cumple el 
requisito de la separación clara entre ingresos y gastos en el 
Presupuesto General de las Comunidades, requisito que 
deriva del principio de universalidad y que se reafirma en el 
Artículo 4 de la propuesta. Este principio implica también 
el abandono definitivo del recurso a asientos negativos, 
tanto de ingresos como de gastos. 
(!) DO C 166 de 25.6.1988. 
(2) DO L 185 de 15.7.1988, pág. 3. 
20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 72/5 
2.3.2. Por ello, el Tribunal estima que el apartado 1 del 
Artículo 19 y el apartado 1 del Artículo 20 deben ser 
revisados con objeto de que se prepare por un lado un 
estado general de gastos que no recoja ingreso alguno y por 
otro un estado general de ingresos donde se desglosen, 
especialmente en la parte de ingresos de operaciones, las 
diversas secciones que corresponden a cada categoría de 
ingresos, ya se traten de recursos propios o de ingresos 
varios, sobre todo los procedentes de la aplicación de los 
diferentes instrumentos de regulación de los mercados 
agrícolas («gastos negativos»). 
2.3.3. El Tribunal ha criticado en repetidas ocasiones (*), 
no la legalidad de la creación de estos ingresos, sino el 
tratamiento contable que hace que el volumen total de las 
operaciones financiadas por el FEOGA-Garantía aparezca 
menor de lo que es, permitiendo que los gastos brutos 
superen las asignaciones presupuestarias en la misma 
medida en que aumentan los llamados « gastos negativos » 
(ingresos). La propuesta del apartado anterior tendría, 
desde este punto de vista, la ventaja de hacer que la 
presentación contable de estos flujos financieros fuera 
verdaderamente transparente. 
2.3.4. Además el Tribunal considera, que en lo que se 
refiere a reglas de fijación de la nomenclatura presupuesta­
ria (apartado 3 del Artículo 19) la propuesta debe ser 
precisada para que tenga en cuenta la evolución jurídica 
creada por la Decisión del Consejo de 24 de junio de 1988 
sobre el sistema de recursos propios de las Comunida­
des (2). 
2.4. Finalmente, el Tribunal lamenta, que en la propuesta 
no haya oficialmente lugar y así se hace constar en su 
exposición de motivos, para las operaciones de empréstitos 
y de préstamos de las Comunidades, con lo que se 
abandona una propuesta anterior de presupuestarlas (3). 
La actual se limita a disponer la presentación como anexo 
al Presupuesto de una serie de datos numéricos (en el 
apartado 5 del Artículo 20). 
A la vez que lamenta las premisas de tal medida, el Tribunal 
estima que un documento que se base en los previstos en el 
apartado 5 del artículo 20 de la propuesta no puede ofrecer 
a la autoridad presupuestaria una visión completa de las 
distintas categorías de estas operaciones, que sin embargo 
están, en distinta medida, garantizadas con el Presupuesto 
comunitario. El Tribunal desea, por lo tanto, que se 
reforme el apartado 5 del artículo 20 en el sentido que se 
indica en el cuadro de la parte 3 del presente dictamen. 
i1) La última en el Informe Anual sobre el ejercicio 1986, 
apartados 2.16 a 2.18; DO C 336 de 15.12.1987, pág. 24. 
(2) Decisión 88/376/CEE, Euratom, DO L 185 de 15.7.1988. 
(3) Propuesta del 5 de marzo de 1984, DO C 97 de 9.4.1984. 3. PRESENTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CRÉDITOS 
3.1. El Tribunal lamenta que el Artículo 37 de la 
propuesta, donde se define el concepto de compromiso, 
mantenga la redacción del Reglamento Financiero vigente, 
cuando en los artículos 1 y 71 se introduce el concepto de 
«obligación jurídica con respecto a terceros», que por 
razones de coherencia parece necesario pasar al artículo 37. 
El Tribunal considera por ello, que dicho artículo debería 
completarse introduciéndole esta nueva segunda frase: «la 
propuesta de compromiso debe cubrir el importe total de 
los gastos previsibles, incluyendo el importe correspon­
diente a las obligaciones jurídicas con respecto a terceros 
que la Comunidad adquiere en virtud de la operación de 
que se trate». 
4. RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS 
4.1. Antes de pronunciarse sobre sus objeciones a las 
disposiciones sobre el régimen de transferencias que se 
proponen, el Tribunal quiere recordar que considera, como 
ya ha señalado en ocasiones anteriores (4), que sólo se 
deberían solicitar y autorizar créditos cuando la probabili­
dad de que vayan a ser utilizados totalmente sea alta, y que, 
en la misma óptica, el elevado número de transferencias 
que se viene realizando en cada ejercicio demuestra el 
carácter aleatorio de las previsiones que sirven de base a la 
aprobación del Presupuesto. Por lo tanto, el Tribunal 
estima que el objetivo señalado en la exposición de motivos 
de la propuesta se debería perseguir no sólo mediante la 
flexibilización del procedimiento de transferencia sino 
también, y preferiblemente, con la mejora de la calidad de 
las previsiones presupuestarias, que la propuesta no parece 
querer ni reforzar ni organizar. 
4.2. El régimen general de transferencias tiende a conferir 
a la Comisión, institución gestora del Presupuesto (y a las 
instituciones para las otras secciones), el poder de decidir 
sobre las transferencias de créditos de pago (apartados 2 y 3 
del Artículo 26). 
4.2.1. El Tribunal es de la opinión que tratándose de 
transferencias a una línea presupuestaria corresponde a la 
autoridad presupuestaria decidir de acuerdo con sus 
propios criterios si se cumplen las condiciones fijadas al 
establecer el Presupuesto. Por este motivo el Tribunal 
propugna la supresión de la letra d) del apartado 3 del 
Artículo 26. 
4.2.2. El Tribunal está también en contra del texto actual 
del apartado 2 del Artículo 26 que permite a las 
instituciones realizar transferencias en su sección del 
Presupuesto sin limitar esta facultad a las transferencias en 
(4) — Informe Anual sobre el ejercicio 1986, apartados 1.21 y 2.5; 
DO C 336 de 15.12.1987, págs. 13 y 19. 
— Informe Anual sobre el ejercicio 1987, apartados 1.13 y 2.6; 
DO C 316 de 12.12.1988, págs. 12 y 27. 
N° C 72/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89 
cada Título de las secciones (como ocurre en el caso de la 
Comisión: letra b) del apartado 3 del Artículo 26). Con la 
redacción propuesta, los gestores de las secciones citadas 
podrían transferir créditos entre los títulos correspondien­
tes a los gastos de personal y a los gastos de funcionamien­
to, con lo que se pondrían en peligro los equilibrios 
fundamentales que la autoridad presupuestaria fija por 
institución y ejercicio. Este tipo de transferencias deben 
poder ser autorizadas únicamente por ella. 
4.3. El Tribunal observa también que, en los apartados 6 
a 8 del Artículo 9, la propuesta prevé la posibilidad de 
efectuar transferencias de créditos en el régimen de 
doceavos provisionales. El Tribunal se opone abiertamente 
a esta posibilidad desde que analizó la gestión del 
Presupuesto de 1985 bajo el citado régimen (!) porque esta 
práctica constituye una técnica de ejecución de un 
presupuesto que todavía no está aprobado (y por lo tanto 
cuyas prioridades la autoridad presupuestaria aún no ha 
determinado) y porque el citado régimen permite a la 
autoridad presupuestaria autorizar, a petición de la 
Comisión, gastos por valor de dos o más doceavas partes en 
el caso de que las dotaciones de los distintos capítulos 
resulten insuficientes. Aceptar el texto actual de la 
propuesta iría en contra no sólo del principio de gestión 
prudente y cuidadosa de los créditos en ausencia de 
Presupuesto sino que conduciría a prejuzgar la decisión 
final de la autoridad presupuestaria sobre el importe de las 
distintas líneas del Presupuesto. 
El Tribunal considera, por lo tanto, que el único valor del 
régimen previsto en los apartados 6 a 8 del artículo 9 es dar 
rango legal a prácticas que ha criticado anteriormente, por 
lo que solicita que se supriman. 
5. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUES­
TO GENERAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
5.1. El Tribunal observa que en la Sección II de la 
propuesta («Ingresos presupuestarios y gestión de las 
disponibilidades financieras», Artículos 28 a 32) las 
distintas fases de la ejecución presupuestaria de los ingresos 
no se detallan tan precisamente como las de los gastos. 
Estima que esta deficiencia debería subsanarse distinguien­
do cada fase del procedimiento (propuesta de determina­
ción, orden de cobro o propuesta de anulación, cobro y 
anulación) a imagen del modelo creado para los gastos, 
teniendo siempre en cuenta las consecuencias de la Decisión 
de 24 de junio de 1988 en el sistema de recursos propios. Por 
ello, deberán modificarse los Artículos 28 a 31. 
(J) Informe Anual sobre el ejercicio 1985, apartados 1.30 a 1.35; 
DO C 321 de 15.12.1986, pág. 18 y 19. 5.2. Sobre la Sección III de la propuesta («Contabilidad», 
Artículos 70 a 73), el Tribunal observa que aunque la 
redacción propuesta se sitúa en la línea de su Dictamen 
sobre la primera propuesta de modificación del Reglamen­
to Financiero (2), no sirven para eliminar la confusión, que 
existe en los sistemas contables comunitarios entre 
anticipos, entregas a cuenta, pagos definitivos y pagos del 
saldo, que puso de manifiesto un reciente análisis realizado 
por el Tribunal (3). Por ello, el Tribunal insiste en la 
necesidad de disponer de sistemas contables en los que los 
movimientos de fondos del mismo tipo se traten del mismo 
modo. Con ellos se podría identificar directamente la 
naturaleza de cada movimiento de fondos así como 
conciliar en todo momento el compromiso, los anticipos, 
las posibles entregas a cuenta, los pagos que corresponden 
realmente a los servicios prestados y el movimiento final 
que permite considerar liquidada la operación. El Tribunal 
opina que dichos sistemas deben ofrecer también esta 
información de forma agregada, para que los interesados 
(gestores, auditores, autoridad de descargo) puedan 
identificar de modo inmediato las cantidades que corres­
ponden a gastos definitivos y a operaciones pendientes de 
regularización. 
5.2.1. El Tribunal opina que en el caso particular de la 
devolución de anticipos y entregas a cuenta (apartado 6 del 
Artículo 27) se debe modificar la disposición para que se 
distinga claramente entre ambos conceptos: tanto las 
entradas como las salidas de anticipos deben estar 
consignadas, en cuentas extrapresupuestarias, mientras 
que las entregas a cuenta irán a cuentas presupuestarias. 
Dentro del mismo espíritu esta distinción debe reflejarse en 
la contabilidad, para lo que es necesario que el Artículo 72 
se modifique. 
5.2.2. El Tribunal solicita igualmente que los estados a 
los que se refiere el Artículo 71 se envíen al interventor para 
su aprobación (modificación del último párrafo del 
Artículo 71, de la segunda frase del 73 y del apartado 2 del 
82). 
5.3. El Tribunal señala finalmente que los diferentes 
datos que deben consignarse como ingresos en la cuenta de 
gestión (Artículo 79) no se han determinado teniendo en 
cuenta el nuevo régimen de recursos propios implantado 
por la Decisión del Consejo de 24 de junio de 1988, por lo 
que estima que es necesario completar la propuesta en el 
sentido que se indica en el cuadro anexo. 
Por otra parte, el Tribunal subraya que los ingresos 
pendientes de cobro al final del ejercicio deben estar en el 
activo del balance financiero para lo que es necesario 
modificar el apartado 1 de Artículo 82. 
(2) DO C 232 de 11.9.1981. 
(3) Informe Anual sobre el ejercicio 1987, apartados 2.40 a 2.54 y 
2.61 a 2.64, págs. 37 a 41. 
20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 72/7 
5.4. Con respecto a los documentos justificativos que el 
Artículo 85 dispone que se deben poner a su disposición, el 
Tribunal estima que los datos financieros que se registran 
en soportes informáticos deben asimilarse a documentos 
justificativos y que, por lo tanto, deben conservarse y 
presentársele, por lo que solicita que los Artículos 23, 85 y 
88 de la propuesta sean enmendados al efecto. 
6. AUDITORÍA EXTERNA 
6.1. En los Artículos 89, 90 y 91 se propone una versión 
modificada de los Artículos 83 a 85 del Reglamento 
Financiero vigente. En la exposición de motivos de la 
propuesta estas modificaciones se definen como « precisio­
nes complementarias sobre las relaciones entre el Tribunal 
de Cuentas y las demás instituciones». 
6.2. El Tribunal observa que, excepción hecha de la 
inclusión de disposiciones sobre el «procedimiento 
contradictorio» entre Tribunal e instituciones y de la 
generalización del principio (vigente de hecho por la vía de 
acuerdos interinstitucionales) de que se publiquen las 
respuestas de las instituciones a los informes especiales del 
Tribunal, la propuesta carece absolutamente del carácter 
de « precisión complementaria » que su autor le atribuye. 
6.3. En concreto, el Tribunal considera inaceptables las 
disposiciones que pretenden « racionalizar la presentación 
y la estructura del Informe Anual» (apartado 3 del Artículo 
89), limitar la libertad de publicación de sus trabajos 
(apartado 3 del Artículo 91) y precisar en qué debe basarse 
el Parlamento para pronunciarse sobre el descargo 
(apartado 2 del Artículo 90). Su redacción pone en 
entredicho las competencias que los Tratados asignan a 
estas instituciones mediante disposiciones de superior 
rango, claras y autosuficientes. El Tribunal es partidario, 
por lo tanto, de la supresión de estas propuestas de la 
Comisión. 
7. DISPOSICIONES REFERENTES A*LOS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
7.1. En cuanto a la gestión de los gastos de funcionamien­
to, el Tribunal señala que en la letra d) del apartado 2 del 
Artículo 27, la propuesta permite que se vuelvan a emplear 
los ingresos procedentes de la venta de inmuebles o de 
indemnizaciones arrendaticias a los que por su naturaleza y 
volumen considera que no puede encuadrarse en el ámbito 
de la reutilización, en especial los procedentes de ventas de 
inmuebles. En opinión del Tribunal estas ventas deben 
anticiparse con la suficiente antelación para que el destino 
de sus productos sea comunicado claramente a la autoridad 
presupuestaria y se incluyan como ingresos y gastos en el 
Presupuesto. Por consiguiente, el Tribunal solicita que se 
suprima la letra d) del apartado 2 del Artículo 27. 
7.2. Con respecto a las disposiciones relativas a contratos 
(Artículo 57 a 69), el Tribunal observa en primer lugar que 
el Artículo 57 propuesto excluye la obligación de utilizar el 
procedimiento de licitación para los gastos inmobiliarios. 
Enlazando con la observación precedente, estima que este tipo de gastos debe realizarse con la mayor transparencia y 
solicita que se suprima esta redacción que considera no 
conforme a los principios de ejecución presupuestaria. 
7.3. En el Artículo 130 de la propuesta se actualizan los 
límites e importes aplicables a los contratos. Aunque 
reconoce que esta actualización es necesaria, el Tribunal 
opina que es excesiva ya que libera a las instituciones, y en 
especial a las de presupuesto más bajo, de la obligación de 
recurrir a procedimientos de licitación para un gran 
número de contratos y de consultar al CCCC y de que se 
constituya una fianza. El Tribunal estima que se deberían 
fijar límites más bajos: 10 000 ECU (contratación directa), 
35 000 ECU (CCCC) y 250 000 ECU (fianza). 
8. DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CRÉDITOS 
DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO TEC­
NOLÓGICO 
8.1. En los Artículos 92 a 98 se propone una nueva 
redacción del Título VII del Reglamento Financiero, 
dedicado a los créditos de investigación y de desarrollo. El 
Tribunal considera que invocando la simplificación y 
racionalización del Reglamento Financiero la propuesta 
pone en peligro la existencia del régimen de gestión por 
objetivos, que implica por una parte la inclusión de todos 
los gastos en los objetivos, entre ellos los de personal, y por 
otra un ajuste periódico, mediante la contabilidad 
analítica, de los medios aplicados y de los objetivos. 
8.2. El Tribunal estima además que la reforma tendente a 
la inclusión parcial del Centro Común de Investigaciones 
(CCI) en la economía de mercado no se ha plasmado 
suficientemente en disposiciones financieras estrictas. Para 
ello, en aplicación de esta doctrina, se contempla que el CCI 
podrá manejar fondos (Artículo 97) cuyo régimen presu­
puestario está insuficientemente precisado. 
8.3. El Tribunal propone a continuación un cuadro con 
una serie de enmiendas a la propuesta que intentan 
subsanar las deficiencias descritas. 
9. DISPOSICIONES APLICABLES A LAS AYUDAS AL 
EXTERIOR 
9.1. El Tribunal estima que las disposiciones aplicables a 
las ayudas al exterior son mejorables, especialmente en los 
siguientes aspectos: 
(a) su campo de aplicación no puede estar limitado a las 
acciones para las que existe un convenio de financia­
ción; 
N° C 72/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89 
(b) el Artículo 121, dedicado a las verificaciones del 
Tribunal en los Estados beneficiarios debería contem­
plar: 
— la ampliación de su ámbito, conforme a lo dispuesto 
en el Tratado CEE, no sólo a los proyectos de 
inversiones sino también a las demás formas de 
ayuda (ayuda alimentaria, ONG, etc.); 
— que las verificaciones del Tribunal se realicen tanto 
sobre documentos como sobre el terreno; 
-— que las inspecciones sobre el terreno del Tribunal se 
realicen no de acuerdo, sino « en contacto » con los 
Estados miembros y que cubran tanto los aspectos de 
legalidad y regularidad respecto a la normativa aplicable y a los compromisos contractuales entre el 
Estado beneficiario y la Comunidad como la 
valoración de la eficacia de las financiaciones 
efectuadas. 
En el cuadro siguiente el Tribunal formula propuestas de 
enmienda a estas disposiciones. 
PARTE 3 
Nota introductoria 
El Tribunal presenta a continuación sus propuestas de 
enmiendas, que complementan las observaciones anterior­
mente expuestas y cuya justificación aparece en la parte 
precedente del presente Dictamen. 
TEXTO DE LA PROPUESTA ENMIENDA PROPUESTA POR EL TRIBUNAL 
Artículo 20, apartado 5 Artículo 20, apartado 5 
b) en un documento anejo a la parte relativa a los gastos de 
operaciones, a título indicativo: 
— las operaciones de capital y la gestión de la deuda en 
curso; 
— las operaciones de capital y la gestión de la deuda del 
ejercicio presupuestario de que se trate. (• 
a) (sin modificación) 
b) En el estado general de ingresos, las líneas presupuesta­
rias correspondientes con la mención « para memoria » 
(p.m.) acompañadas de los comentarios apropiados; 
c) En un documento anejo a la parte correspondiente a los 
gastos de operaciones: 
— las operaciones de capital y la gestión de la deuda del 
propio ejercicio presupuestario y de los siguientes; 
las operaciones de capital y la gestión de los títulos 
de crédito del propio ejercicio presupuestario y de los 
siguientes, incluyendo los préstamos concedidos con 
del Presuouesto. créditos del Presupuesto. 
Artículo 79 Artículo 79 
1. Un cuadro de ingresos que comprenderá: 
— las previsiones de ingresos del ejercicio, 
— las modificaciones de las previsiones de ingresos que 
resulten de los presupuestos suplementarios o rectifica­
tivos, así como los ingresos suplementarios contempla­
dos en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 4, 
— los derechos reconocidos a lo largo del ejercicio, 
— los derechos pendientes de cobro del ejercicio preceden­
te, 1. Un cuadro de ingresos que comprenderá: 
(sin modificación) 
(sin modificación) 
(sin modificación) 
(sin modificación) 
20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 72/9 
TEXTO DE LA PROPUESTA 
Artículo 79 (.../...) 
— los ingresos percibidos a lo largo del ejercicio y los 
ingresos prorrogados en aplicación del apartado 4 del 
artículo 7, 
— los importes pendientes de cobro al final del ejercicio. 
Se adjuntará al cuadro un estado que refleje los ingresos 
prorrogados en aplicación del apartado 4 del artículo 7 y, 
en su caso, un estado que refleje los saldos y los importes 
brutos de las operaciones contempladas en el apartado 2 
del artículo 27; 
Artículo 85 
Cada institución comunicará trimestralmente al Tribunal 
de Cuentas, a más tardar en el mes siguiente al trimestre 
finalizado y, por lo que se refiere al cuarto trimestre, a más 
tardar en el mes siguiente a las operaciones de cierre del 
ejercicio, los documentos justificativos de los asientos y, en 
particular, los documentos y certificados relativos a la 
exacta aplicación de las disposiciones que rigen la ejecución 
del presupuesto y que se refieren al compromiso y al pago 
de los gastos, así como a la comprobación y cobro de los 
ingresos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 del 
Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 y del 
artículo 86 del presente Reglamento financiero. El Tribunal 
de Cuentas podrá, con referencia a los documentos 
justificativos citados, plantear preguntas a cada una de las 
instituciones. 
Artículo 88 
(...) 
La concesión de subvenciones comunitarias a cualquier 
beneficiario ajeno a las instituciones vendrá subordinada a 
que éste acepte por escrito que el Tribunal de Cuentas 
verifique la utilización del importe de las subvenciones. 
Artículo 89 
1. (...) 
2. (...) 
3. El informe anual contendrá tantas secciones como 
instituciones existen. Cada sección reagrupará todas las 
observaciones del Tribunal de Cuentas sobre una misma 
institución y las respuestas de la institución, las cuales se 
publicarán inmediatamente después de las observaciones 
relativas a tal institución. 
4. (...) ENMIENDA PROPUESTA POR EL TRIBUNAL 
Artículo 79 (.../...) 
— (sin modificación) 
— las anulaciones de derechos devengados, 
— (sin modificación) 
Se adjuntarán a este cuadro: 
— un estado donde aparezcan los importes pendientes de 
recuperación al final del ejercicio desglosados en títulos 
de crédito con orden de ingreso; recursos propios con 
orden de ingreso, recursos propios devengados pero sin 
orden de ingreso. Las dos últimas categorías se 
desglosarán a su vez por Estado miembro, y 
— un estado que refleje ... (sin modificación) 
Artículo 85 
Cada Institución tomará las medidas necesarias para 
conservar todos los documentos justificativos de los 
asientos contables y la información financiera registrada en 
soportes informáticos. El Tribunal tendrá libre acceso a 
estos documentos y a estos soportes y podrá formular 
preguntas a la Institución sobre ellos. Las instituciones 
enviarán al Tribunal de Cuentas, para su examen, todos los 
documentos justificativos. Este envío se hará trimestral­
mente, dentro del mes siguiente al trimestre finalizado y, 
por lo que se refiere al cuarto trimestre, dentro del mes 
siguiente a las operaciones de cierre del ejercicio. 
Artículo 88 
La concesión de subvenciones comunitarias o de otras 
ayudas con cargo a los recursos presupuestarios a un 
beneficiario ajeno a las instituciones vendrá subordinada a 
que éste acepte por escrito que el Tribunal de Cuentas 
verifique la utilización del importe de los fondos concedi­
dos. 
Artículo 89 
1. (sin modificación) 
2. (sin modificación) 
3. Suprimir el apartado 3 
4. Modificar la numeración. 
N° C 72/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89 
TEXTO DE LA PROPUESTA ENMIENDA PROPUESTA POR EL TRIBUNAL 
Artículo 90 
(...) 
2. El Parlamento se pronunciará sobre la aprobación de la 
gestión basándose, en particular, en las cuentas de la 
totalidad de los ingresos y gastos de la Comunidad 
examinados por el Tribunal de Cuentas. 
3. (...) 
4. (...) 
5. (...) 
6. (...) 
7. (...) Artículo 90 
1. (sin modificación) 
2. Suprimir este texto que coincide y limita el alcance del 
Artículo 206 ter del Tratado CEE, norma jurídica de rango 
superior. 
3. a 7. Modificar la numeración. 
Artículo 91 
1. (.-) 
2. (...) 
3. Los dictámenes a que se refiere el apartado 1 que no 
refieran a propuestas o proyectos que se inscriban en el 
marco de la consulta legislativa sólo podrán ser publicados 
por el Tribunal de Cuentas con el acuerdo de la institución 
que haya solicitado el dictamen y de la institución 
interesada. En tal caso, estos dictámenes deberán ir 
acompañados de las respuestas de la institución o de las 
instituciones interesadas. Artículo 91 
1. (sin modificación) 
2. (sin modificación) 
3. Suprimir el apartado 3. 
Artículo 93 
1. Los créditos correspondientes a las actividades a que se 
refiere el presente Título se consignarán en una sección 
especial de la parte del presupuesto destinada a los créditos 
operacionales. 
Esta sección comprenderá los créditos destinados al 
cumplimiento de los objetivos de investigación y desarrollo 
tecnológico mediante la ejecución de las siguientes 
acciones: 
a) — (...) 
b) — (...) 
c) — (...) 
d) — (...) Artículo 93 
1. Los créditos correspondientes a las actividades a que se 
refiere el presente Título se consignarán en una sección 
especial de la parte del Presupuesto destinada a los créditos 
de operaciones. 
En esta sección figurarán los créditos, incluidos los de 
personal, destinados a conseguir objetivos de investigación 
y desarrollo tecnológico mediante las siguientes acciones: 
a) — (sin modificación) 
b) — (sin modificación) 
c) — (sin modificación) 
d) — añadir el final: «participación en las empresas 
comunes previstas en el Artículo 130 letra O del Tratado 
CEE». 
Artículo 94 
2. No obstante, y por lo que respecta al CCI, los créditos 
de personal se consignarán de manera diferente en un solo 
capítulo. Artículo 93 bis 
Los importes consignados anualmente en el Presupuesto 
para hacer frente a los gastos de investigación y de 
inversiones se dividirán en créditos de compromiso y 
créditos de pago. 
Artículo 94 
1. (sin modificación) 
2. Suprimir el apartado 2. 
20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 72/11 
TEXTO DE LA PROPUESTA ENMIENDA PROPUESTA POR EL TRIBUNAL 
Artículo 95 Artículo 95 
A la sección especial prevista en el artículo 93 se 
adjuntarán: 
— un cuadro de correspondencias que refleje el desglose de 
los créditos abiertos en la sección, a la vez según el 
destino y la naturaleza de los gastos, tal como se defina 
en las disposiciones de ejecución previstas en el artículo 
128. A efectos de gestión, la Comisión podrá crear 
cuentas de afectación que correspondan a los medios de 
realización; 
— un calendario indicativo de los compromisos y de los 
pagos, que muestre el ritmo previsto para la utilización 
de los correspondientes créditos de compromiso y de 
pago. Esta calendario será objeto de una revisión anual. 
No obstante lo dispuesto en el artículo 26, la Comisión 
podrá proceder, dentro de la sección especial contemplada 
en el artículo 93, a transferencias de capítulo a capítulo, 
dentro del límite del 15%, para los créditos de compromiso 
relativos a las acciones a que se refieren las letras a) y e) del 
apartado 1 del artículo 93, siempre y cuando estén 
integradas en el programa marco. 
Estas transferencias no podrán tener por efecto un aumento 
de los créditos relativos a la «investigación exploratoria » 
que exceda en un 5% la dotación primitiva consignada 
para el conjunto de créditos del programa marco 
destinados al CCI. 
Esta disposición específica no concierne a los créditos de 
personal del CCI. (sin modificación) 
— (sin modificación) 
A efectos de gestión, la Comisión abrirá cuentas de 
asignación que correspondan a los medios de realiza­
ción; 
— un calendario de previsión de los compromisos y de los 
pagos (sin modificación). 
Artículo 95 bis 
1. Los movimientos de recursos entre cuentas de 
asignación y en el interior de las mismas se pondrán en 
conocimiento del interventor. 
2. Cuando el interventor estime que le es imposible 
comprobar de antemano las consecuencias de una transfe­
rencia sobre el equilibrio de las cuentas de asignación de los 
planes financieros, a pesar de lo dispuesto en el apartado 9 
del artículo 26, emitirá un dictamen al efecto. 
Sin modificación salvo:... contemplado en el artículo 93 ... 
(sin modificación) 
Suprimir el tercer párrafo. Artículo 96 Artículo 96 
N° C 72/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89 
TEXTO DE LA PROPUESTA ENMIENDA PROPUESTA POR EL TRIBUNAL 
Artículo 98 
En materia de adjudicación de contratos, y en el ámbito del 
presente Título, las disposiciones de ejecución previstas en 
el artículo 128 podrán establecer normas específicas 
relativas: 
— a los límites que determinan las condiciones de 
celebración de los contratos, 
— al funcionamiento y determinación de las competencias 
de la Comisión Consultiva de Compras y Contratos. 
Artículo 106 
1. (-) 
2. (...) 
3. Los créditos podrán destinarse a cubrir, en especial, 
ayudas no reembolsables, préstamos especiales, capitales 
de riesgo y bonificación de intereses, y serán ejecutados por 
la Comisión quien, en parte, podrá confiar su gestión al 
Banco Europeo de Inversiones, en el marco de un mandato 
en nombre de la Comunidad, o, bajo su responsabilidad, a 
otros organismos. 
Esta disposición se entiende sin perjuicio de la función de 
auditoría del Tribunal de Cuentas en virtud del artículo 
206 bis del Tratado CEE. 
4. (...) 
5. (...) 
Artículo 107 
1. Todo proyecto o acción de cooperación aceptado por 
la Comisión podrá dar lugar: 
— bien a la celebración de un convenio de financiación 
entre la Comisión, que actuará en nombre de la 
Comunidad, y el Gobierno del país beneficiario o las 
autoridades de los organismos o instituciones beneficia­
rios, denominados en adelante el « beneficiario » ; 
— bien a un contrato con las organizaciones internaciona­
les o las personas físicas o jurídicas encargadas de su 
realización. Artículo 98 
1. Sin modificación salvo: normas específicas sobre: 
— los límites ... 
— el funcionamiento y ... 
2. (añadir un nuevo apartado) 
No obstante lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
67, podrá procederse a la venta de material científico y 
técnico sin concurso público previo. En estos casos la 
decisión partirá del Ordenador de Pagos tras dictamen de la 
Comisión Consultiva de Compras y Contratos. 
Artículo 106 
1. (sin modificación) 
2. (sin modificación) 
3. Estos créditos podrán destinarse concretamente a 
ayudas no reembolsables, préstamos especiales, capitales-
riesgo, bonificaciones de intereses y garantías de préstamos 
y serán administrados por la Comisión quien podrá confiar 
parte de su gestión, bajo su responsabilidad, al Banco 
Europeo de Inversiones, con mandato en nombre de la 
Comunidad o a otros organismos. 
Esta disposición no limitirá la función de auditoria que el 
artículo 206 bis del Tratado concede al Tribunal de 
Cuentas. 
4. (sin modificación) 
5. (sin modificación) 
Artículo 107 
1. Todo proyecto o acción de cooperación dará lugar a la 
celebración: 
— de un convenio de financiación ... (sin modificación) 
— de un contrato ... (sin modificación) 
El convenio de financiación y el (o los) contrato(s) se 
complementarán o se excluirán mutuamente dependiendo 
del tipo de proyecto o de acción aceptado por la Comisión. 
Cuando sea necesario celebrar simultáneamente un 
convenio de financiación con el Gobierno beneficiario y 
uno o varios contratos con las organizaciones que 
participan en su realización, la Comisión velará para que 
las disposiciones recogidas en estos documentos con 
respecto a un mismo proyecto o acción estén estrechamente 
coordinadas. 
20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 72/13 
TEXTO DE LA PROPUESTA 
Artículo 107 (.../...) 
2. El convenio de financiación o el contrato fijará el 
importe del compromiso financiero de la Comunidad para 
la acción de que se trate. No se podrá cargar al presupuesto 
ningún gasto que exceda este importe si no ha sido objeto 
de un compromiso suplementario. 
3. Todo proyecto de inversión financiado con un 
préstamo especial dará lugar, además, a la celebración de 
un contrato de préstamo entre la Comisión, que actuará en 
nombre de la Comunidad, y el prestatario. 
Artículo 109 
1. La función de la Comisión podrá definirse en los 
acuerdos preferenciales o en los convenios como la del 
«Ordenador principal». 
2. La Comisión, en estrecha colaboración con el benefi­
ciario, velará por que quede garantizada la igualdad de 
condiciones de participación en los concursos. La elimina­
ción de discriminaciones y la elección de la oferta 
económicamente más ventajosa. A tal fin, la Comisión 
aprobará el expediente de concurso antes de su convocato­
ria, recibirá el resultado de la selección de las ofertas y 
aprobará la propuesta de adjudicación del contrato. 
Artículo 110 
1. (...) 
2. El beneficiario someterá al acuerdo de la Comisión los 
expedientes de concurso antes de su convocatoria. Con 
arreglo a las decisiones así adoptadas y en estrecha 
colaboración con la Comisión, el beneficiario convocará 
los concursos, recibirá las ofertas, presidirá su selección y 
aprobará su resultado. 
3. (...) ENMIENDA PROPUESTA POR EL TRIBUNAL 
Artículo 107 (.../...) 
2. El convenio de financiación de un compromiso 
suplementario y de un anexo al convenio o al contrato. 
3. (sin modificación) 
Artículo 109 
1. La función de la Comisión estará definida ... (sin 
modificación) 
2. La Comisión aprobará el expediente de la 
licitación antes de su convocatoria, estará representada, si 
lo desea, en el momento del examen de las ofertas, recibirá 
el resultado y aprobará (sin modificación). 
Artículo 110 
1. (sin modificación) 
2. El beneficiario someterá al acuerdo de la Comisión los 
expedientes de licitación antes de su convocatoria. Con 
arreglo a las decisiones así adoptadas y en estrecha 
colaboración con la Comisión, el beneficiario convocará 
los concursos, recibirá las ofertas, presidirá su selección y 
aprobará su resultado. Caso de desearlo, la Comisión 
estará representada en el momento del examen de las 
ofertas. 
3. (sin modificación) 
4. (...) 4. (sin modificación) 
N°C 72/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 3. 89 
TEXTO DE LA PROPUESTA 
Artículo 112 
1. Para la ejecución de los pagos en moneda distinta de la 
moneda del Estado beneficiario, la Comisión se encargará 
directamente del pago de las prestaciones a las que hayan 
dado lugar los proyectos financiados con ayudas no 
reembolsables. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. • •) 
,..) ENMIENDA PROPUESTA POR EL TRIBUNAL 
Artículo 112 
1. Cuando los pagos se realicen en monedas distintas a la 
del Estado .... la Comisión ... ayudas no reembolsables en 
ecus 
2. (sin modificación) 
3. (sin modificación) 
4. (sin modificación) 
5. (sin modificación) 
6. (sin modificación). 
7. (sin modificación). 
Artículo 117 
En caso de urgencia comprobada o cuando la naturaleza, la 
escasa cuantía o las características específicas de ciertas 
obras o suministros lo justifiquen, la Comisión o el 
beneficiario, previo acuerdo motivado de la Comisión, 
podrán autorizar, con carácter excepcional: 
— la adjudicación de contratos mediante concurso abierto, 
pero limitado geográficamente; 
— la adjudicación de contratos mediante licitación 
restringida; 
— la contratación directa; 
— la ejecución bajo control administrativo. Artículo 117 
En caso de urgencia comprobada o cuando la naturaleza, la 
escasa cuantía o las características particulares de 
determinadas obras o suministros lo justifiquen, la 
Comisión o, en su caso, el beneficiario podrán autorizar, 
con carácter excepcional: 
— (sin modificación) 
— (sin modificación) 
— (sin modificación) 
— (sin modificación) 
Cuando el beneficiario conceda la autorización deberá 
haber obtenido previamente el acuerdo motivado de la 
Comisión. 
Artículo 119 
1. (-.) 
2. (...) 
3. Por regla general, los contratos de servicios y las 
acciones de cooperación técnica serán elaborados, negocia­
dos y concluidos por la Comisión. Artículo 119 
1. (sin modificación) 
2. (sin modificación) 
3. La Comisión preparará, negociará y concluirá los 
contratos de servicios y las acciones de cooperación técnica. 
4. (...) 4. (sin modificación) 
5. No se podrá efectuar ningún pago que no esté 
contemplado en el contrato o en un anexo a él. 
20. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 72/15 
TEXTO DE LA PROPUESTA 
Artículo 121 
1. Cada convenio de financiación preverá expresamente 
la función de auditoría del Tribunal de Cuentas. 
2. Las verificaciones que se proponga efectuar el Tribunal 
de Cuentas en el territorio de los Estados beneficiarios o de 
los Estados en cuyo territorio se encuentren los beneficia­
rios se llevarán a cabo de acuerdo con las autoridades 
competentes de tales Estados. Estas verificaciones se 
limitarán a las medidas de control aplicadas en el marco de 
las disposiciones que regulan la intervención de la 
Comunidad y no a las medidas de ejecución que sean de la 
competencia del ordenador nacional. ENMIENDA PROPUESTA POR EL TRIBUNAL 
Artículo 121 
1. Los convenios de financiación de proyectos de 
inversión, los contratos de acciones de desarrollo y los 
acuerdos de suministro de ayuda alimentaria preverán 
expresamente la función de auditoría, sobre documentos y 
sobre el terreno, del Tribunal de Cuentas. 
2. Las verificaciones que se proponga efectuar el Tribunal 
de Cuentas en el territorio de los Estados beneficiarios se 
llevarán a cabo en contacto con las respectivas autoridades 
competentes. Se limitarán a la comprobación de que se 
respetan la reglamentación comunitaria aplicable y los 
compromisos contractuales con la Comunidad, así como a 
la valoración de la eficacia de la financiación comunitaria. 
El presente Dictamen ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en su reunión de 9 de febrero de 
1989. 
Por el Tribunal de Cuentas 
Marcel MART 
Presidente