A4-0291/97

Resolución sobre la Comunicación de la Comisión: «Modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea» (COM(97)0102 - C4-0143/97)

El Parlamento Europeo,

- Vista la Comunicación de la Comisión (COM(97)0102 - C4-0143/97),

- Vistos los artículos 2, 3, 117 y 118 del Tratado CE,

- Visto el Acuerdo sobre la política social celebrado entre los Estados miembros de la Comunidad Europea, excepto el Reino Unido e Irlanda del Norte, y en particular sus artículos 1 y 2, y habida cuenta de la declaración de adhesión a dicho Acuerdo formulada por el Reino Unido e Irlanda del Norte con ocasión del Consejo Europeo de Amsterdam,

- Visto el proyecto de Tratado de Amsterdam,

- Vista la recomendación del Consejo 92/441/CEE de 24 de junio de 1992 sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social y la Recomendación del Consejo 92/442/CEE de 27 de julio de 1992 relativa a la convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social ((DO L 245 de 26.8.1992, págs. 46 y 49)),

- Vistas sus Resoluciones de 16 de enero de 1996 sobre el programa de acción social a medio plazo 1995-1997 ((DO C 32 de 5.2.1996, pág. 24)), de 28 de noviembre de 1996 sobre el informe anual relativo al empleo en Europa (1996) y la Comunicación de la Comisión «El futuro de la protección social: marco para un debate europeo» ((DO C 380 de 16.12.1996, pág. 84)) y de 19 de febrero de 1997 sobre la Comunicación de la Comisión sobre «el futuro de la protección social: marco para un debate europeo» y sobre el Informe de la Comisión sobre la protección social en Europa 1995 ((DO C 85 DE 17.3.1997, pág. 63)),

- Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, así como las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y de la Comisión de Derechos de la Mujer (A4-0291/97),

A. Considerando que las numerosas diferencias entre los sistemas de seguridad social de los Estados miembros seguirán existiendo en el futuro,

B. Considerando que existe una relación indisoluble entre crecimiento económico, estabilidad social y sistemas de seguridad solidarios,

C. Considerando la necesidad de reformas para garantizar la capacidad de financiación de los sistemas sociales, por una parte, y el hecho de que - pese a los sistemas existentes- muchas personas carecen en la actualidad de medios que les permitan llevar una vida digna, por otra parte,

D. Considerando que el principio de la solidaridad desempeña un papel clave en la solución de los problemas básicos de la sociedad,

E. Considerando que una protección social eficaz incluye también los derechos de los trabajadores y que estos derechos se han de desarrollar en los ámbitos de la cogestión y de la protección de datos, definidos en el Proyecto de Tratado de Amsterdam;

1. Opina que el Consejo y la Comisión han de aprovechar las mayores posibilidades de una política social europea común que ofrece el Tratado de Amsterdam para adoptar nuevas iniciativas con vistas a la convergencia social; lamenta sin embargo que el Tratado no suprima la exigencia de la unanimidad para las decisiones relativas a las protección social y la fiscalidad;

2. Señala que, por razones de evolución histórica y debido a las diferencias nacionales en los regímenes de financiación, la protección social debe seguir siendo competencia de los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad;

3. Insiste en que, paralelamente a los esfuerzos de los Estados miembros para cumplir los criterios de convergencia de la Unión Económica y Monetaria, debe adaptarse constantemente el modelo de protección social europeo basado en la solidaridad, que es una garantía de los ciudadanos contra la exclusión social;

4. Subraya la necesidad de consolidar las finanzas públicas en todos los Estados miembros a fin de evitar en el futuro el aumento del déficit y de las obligaciones gravosas de las deudas, que pondrían en peligro la protección social para las futuras generaciones; subraya, por lo tanto, que el cumplimiento de los criterios de Maastricht para la Unión Económica y Monetaria no están en contraposición con unos sistemas de protección social fuertes, y que, por consiguiente, apoyará a los Estados miembros para lograr unos tipos de interés más bajos y un mayor crecimiento económico que, mediante una base imponible más alta, podrá contribuir a la mejora de los sistemas de protección social; espera, sin embargo, que la Comisión y el Consejo adopten una decisión inmediata, acerca de los retos que la Unión Económica y Monetaria supone para los sistemas sociales;

5. Pide a la Comisión que, al examinar los costes y beneficios de la protección social, aclare la importancia que reviste una protección social cualitativamente elevada para la competitividad europea;

6. Considera que la base del mantenimiento o, en su caso, el refuerzo de la seguridad social sólo puede constituirla una política activa de empleo, y pide a la Comisión que estudie, junto con el nuevo Comité de Empleo, cómo se puede aprovechar el desarrollo futuro de los sistemas de protección social para la creación de nuevos puestos de trabajo;

7. Apoya los esfuerzos para hacer que los sistemas fiscales y de seguridad social sean más creadores de empleo, pero rechaza las estrategias que luchan contra el desempleo y las trampas de la pobreza mediante recortes de las prestaciones; en su lugar, aboga en favor de que se activen los beneficios en el marco de una política general de acompañamiento, formación y experiencia laboral para los desempleados;

8. Subraya que el aumento de los Fondos estructurales a medio plazo debe servir también para el fomento de medidas de formación y ampliación de estudios y espera que la Comisión presente propuestas sobre cómo lograr un mayor compromiso del sector privado en la formación profesional;

9. Pide a la Comisión que examine en qué medida los sistemas de seguridad social impiden suficientemente la exclusión social y fomentan la reintegración al mercado de trabajo;

10. Pide a la Comisión que presente propuestas de conformidad con la Recomendación del Consejo 92/442/CEE precitada;

11. Pide a la Comisión y al Comité de Empleo que elaboren una estrategia de convergencia social, con el objetivo de vincular la política de empleo de la Unión Europea a una fuerte protección social;

12. Insta a la Comisión a que prosiga -junto con el nuevo Comité de Empleo la evaluación de las reformas llevadas a cabo en los Estados miembros y a detectar las prácticas que han demostrado su eficacia («good practices»); pide, además, a la Comisión que desarrolle nuevos enfoques y estrategias capaces de dar respuesta a los actuales desafíos económicos, sociales y demográficos; hay que estudiar también las posibilidades de aplicar sistemas flexibles para la transición de la actividad laboral a la jubilación, así como de financiación de la previsión para la vejez;

13. Pide a la Comisión que presente un informe bienal sobre la evolución de la pobreza y de la riqueza en la Unión Europea;

14. Pide a la Comisión que presente un Libro Verde sobre «la protección social y el interés público - principios éticos comunes»;

15. Opina que deben utilizarse fondos adicionales para financiar también el sector terciario a fin de que se puedan mejorar las posibilidades de las organizaciones de proporcionar servicios innovadores para completar los servicios sociales y sanitarios del sector público;

16. Acoge con satisfacción los progresos realizados en la reunión informal ECOFIN de los días 12 a 14 de septiembre de 1997 con miras a alcanzar un acuerdo sobre un código de conducta destinado a eliminar la competencia fiscal desleal entre los Estados miembros; considera igualmente que la carga fiscal debe desplazarse del factor trabajo a otros factores;

17. Señala a la atención el hecho de que, si no se modifican las políticas, el envejecimiento de la población puede tener como consecuencia un gasto adicional importante para todos los sistemas de pensiones, tanto si se basan en la capitalización o en la redistribución; considera que una transición hacia la capitalización para la financiación de las pensiones públicas daría lugar a problemas presupuestarios durante el período transitorio y al abono de mayores contribuciones por parte del contribuyente; a este respecto pide que se considere con atención el Libro Verde sobre los sistemas complementarios de pensiones en el Mercado Único,

18. Insiste de nuevo en los problemas de seguridad social y de fiscalidad relacionados con la libre circulación de personas, y en particular con el trabajo fronterizo; pide con urgencia una simplificación y una actualización del Reglamento CEE 1408/71, especialmente mediante la ampliación de su ámbito de aplicación a nuevas formas de prestaciones sociales, como la seguridad para las eventualidades y mediante la reglamentación del acceso a los cuidados de salud; insiste, por otra parte, en la necesidad de una directiva relativa a la coordinación de los regímenes de pensión complementaria; pide de nuevo que la coordinación de los regímenes fiscales y de seguridad social de los trabajadores fronterizos se garantice mejor mediante la introducción a corto plazo de una evaluación de los trabajadores fronterizos y mediante la aplicación uniforme del principio de país de empleo y de país de residencia;

19. Pide que se revisen los regímenes de protección social de modo que tengan en cuenta la realidad actual de desigualdad entre los sexos en el mercado laboral, especialmente en lo que se refiere a la segregación laboral y a la desigualdad de remuneración;

20. Pide a la Comisión y al Consejo que pongan fin a las discriminaciones en la aplicación de factores actuariales para el cálculo de las pensiones complementarias y que modifiquen la directiva correspondiente;

21. Es consciente de los problemas que, sobre todo las mujeres, experimentan para la atribución de derechos derivados; subraya la vulnerabilidad de las mujeres bajo dichos regímenes, especialmente después del divorcio o de la interrupción de la relación de convivencia o en caso de una relación o matrimonio violento; manifiesta su convicción de que los mismos derechos derivados dificultan además la participación de las mujeres en el mercado laboral;

22. Considera que la individualización de los derechos a la protección social únicamente puede tener éxito si se realizan esfuerzos para mejorar las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral, de manera que les permitan crear sus propios derechos a la protección social, mediante la introducción por ejemplo de un derecho a prestaciones mínimas, independientemente de la duración de las prestaciones laborales y del nivel salarial, garantizando la relación existente entre cotizaciones y prestaciones a través del reconocimiento de derechos más que proporcionales en caso de prestaciones laborales escasas o mal retribuidas, y mediante la aplicación de periodos equiparables en caso de interrupción de la carrera profesional; pide a la Comisión Europea que continúe analizando estos mecanismos sobre la base de las mejores prácticas de los Estados miembros;

23. Señala a la atención de la Comisión y del Consejo que la protección social de los trabajadores en las relaciones laborales «atípicas» aún no está regulada de manera satisfactoria y que -dado que son mayoritariamente las mujeres las que se ven afectadas por este tipo de actividad- se viola doblemente el derecho a la igualdad de oportunidades (ingresos procedentes del trabajo, beneficios [empresariales]) entre hombres y mujeres;

24. Pide a la Comisión que publique la Comunicación sobre la individualización de los regímenes fiscal y de protección social y su correspondiente repercusión en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tal como prometió en el Programa de acción social a medio plazo 1995-1997.

25. Pide a la Comisión que investigue en cada uno de los Estados miembros las anomalías que puedan existir en los regímenes de seguridad social en relación con las parejas casadas y de hecho;

26. Pide a la Comisión que presente sin demora la tan esperada propuesta de revisión de la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad ((DO L 359 de 19.12.1986, pág. 56.));

27. Estima que los regímenes contributivos y no contributivos de todos los Estados miembros deberían prever el reconocimiento de los años dedicados a la educación de los hijos o a cuidar de ascendientes de edad avanzada para aquellos y aquellas que interrumpan su carrera profesional para dedicarse a la educación de los niños o al cuidado de los mayores de la familia, con objeto de permitirles completar los distintos periodos de prueba o tener la elegibilidad necesaria para la obtención de una pensión de jubilación o de invalidez y no verse penalizados en cuanto al nivel de las prestaciones por haber asumido las cargas familiares;

28. Pide a la Comisión que, para dar cumplimiento a la recomendación del Consejo 92/241/CEE, de 31 de marzo de 1992,sobre el cuidado de los niños ((DO L 123 de 8.5.1992, pág. 16)), presente una propuesta para elaborar una legislación a nivel comunitario relativa a la creación de un servicio mínimo de guarderías diurnas, e insta a los Estados miembros a que establezcan regímenes globales de atención que contribuyan:

- a que la necesidad de cuidar de personas dependientes no constituya una barrera para el empleo remunerado;

- a que aquellos y aquellas que opten por dedicarse al cuidado de los miembros de la familia no se vean en desventaja en materia de protección social;

29. Considerando que el sector de los servicios sigue siendo el más prometedor para la creación de empleos de calidad y dada la masiva presencia de la mujer en dicho sector, pide a la Comisión que colabore en la transformación del sector en fuente de nuevos empleos con una protección social justa y adecuada;

30. Insta a los Estados miembros a que fomenten el desarrollo de iniciativas locales de empleo mediante la creación de medidas de cooperación entre las administraciones locales y las empresas privadas y mediante la eliminación de los obstáculos reglamentarios, financieros o institucionales; las iniciativas de empleo a nivel local en el ámbito de servicios cotidianos (como los servicios de puericultura y los servicios de asistencia a domicilio), los servicios para la mejora de la calidad de vida (tales como la rehabilitación de zonas públicas urbanas), los servicios culturales y de ocio (tales como el patrimonio cultural y el sector audiovisual) y los servicios medioambientales no sólo contribuirán a satisfacer las necesidades existentes sino que también contribuirán a la creación de empleo para las personas excluidas de la sociedad (con la reinserción consiguiente de las mismas en la sociedad) y a que el crecimiento económico se caracterice por una mayor capacidad de absorción de mano de obra;

31. Insta a la Comisión a que genere, con el estudio de las prácticas que han tenido éxito en el sector de la sanidad, una plusvalía europea, tal y como prevé el art. 129 del Tratado CE, en la versión del Proyecto de Tratado de Amsterdam;

32. Apoya las intenciones de la Comisión de estudiar las posibles repercusiones de medidas destinadas a la prevención de enfermedades y al fomento de la salud con vistas a reducir los costes sanitarios y para evaluar en qué medida y en qué condiciones los mecanismos de mercado podrían contribuir a la reducción de los mismos, garantizando la flexibilidad y mejorando la calidad de los servicios sanitarios;

33. Pide que se promulguen normas claras para todo el sector de los seguros de enfermedad, en particular, para los regímenes complementarios, que están adquiriendo cada vez más importancia; la solidaridad debe ser la norma esencial y debe apoyarse en la no selección de los riesgos, la no exclusión de los riesgos importantes, la mutualización de las tarifas y el recurso a organismos no lucrativos; conviene asimismo facilitar información sobre los prestatarios de la asistencia y sobre la eficacia y el coste de las prestaciones médicas para que la competencia entre los prestatarios se lleve a cabo mediante la búsqueda de la calidad de los servicios;

34. Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social, así como a los interlocutores sociales europeos.