ES Diario Oficial de la Unión Europea C 110/8

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe sobre la política de competencia 2004»

SEC(2005) 805 final

(2006/C 110/02)

El 17 de junio de 2005, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el: «Informe sobre la política de competencia 2004».

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 21 de febrero de 2006 (ponente: Sr. MALOSSE).

En su 425o Pleno de los días 15 y 16 de marzo de 2006 (sesión del 15 de marzo), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 138 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1 La política de competencia de la Unión se consideró durante mucho tiempo un buque insignia de la integración europea y un logro incuestionable. No obstante, con motivo del debate sobre el Tratado Constitucional, la pertinencia de una política destinada a garantizar «una competencia libre y sin distorsiones» ha suscitado algunos interrogantes. Tras la reforma de los instrumentos de control de la normativa en materia de defensa de la competencia, la Comisión Europea ha emprendido una reforma del régimen de ayudas estatales mediante un plan de acción. La presentación del informe 2004 brinda al CESE la oportunidad de plantear una reflexión global sobre las finalidades y los métodos de la política comunitaria de competencia, en particular con respecto al siguiente contexto: — la mundialización del comercio; — la ampliación de la UE con el consiguiente aumento de las disparidades en términos de desarrollo; — el retraso cada vez mayor de la Unión Europea en materia de crecimiento y empleo en comparación con sus principales competidores económicos; — el deseo legítimo de los ciudadanos de tener una gobernanza mejor, una mejor legitimación de las políticas que se realizan y una mayor participación en la toma de decisiones.

1.2 Tras un «encuadre político» del Director General de la DG Competencia, el informe ofrece una panorámica de las actividades de la Comisión: — en materia de defensa de la competencia (artículos 81 y 82 del Tratado) junto con algunas decisiones dictadas por las jurisdicciones comunitarias y las jurisdicciones nacionales de la UE; — en materia de concentración, junto con una evaluación sectorial; — en materia de control de las ayudas estatales, incluidas las normas legislativas e interpretativas, y algunas decisiones dictadas por las jurisdicciones europeas; — en materia de ampliación, y cooperación bilateral y multilateral a nivel internacional. El año 2004, año de la ampliación a los diez nuevos Estados miembros, estuvo marcado por la entrada en vigor de la reforma del Derecho comunitario de la competencia, el 1 de mayo.

2. Reflexiones sobre la política de competencia de la Unión Europea

2.1 En el informe se subraya el vínculo entre la política de competencia y la Estrategia de Lisboa revisada: competitividad, crecimiento, empleo y desarrollo sostenible. La Comisión pretende así centrar su acción en los sectores esenciales para el mercado interior y la Agenda de Lisboa, haciendo hincapié en la eliminación de los obstáculos a la competencia en los sectores recientemente liberalizados y otros sectores regulados como las telecomunicaciones, los servicios postales, la energía y los transportes. El vínculo con la Agenda de Lisboa debería justificarse y explicarse mejor.

2.2 La cuestión preliminar que debe plantearse es si una política de competencia debe reflejar unas prioridades políticas coyunturales o, más bien, tener su propia lógica autónoma. El CESE favorece el segundo enfoque por las siguientes razones:

2.2.1 Las empresas, los consumidores y los agentes económicos y sociales necesitan un marco jurídico estable y previsible. Si la política de competencia varía en función de las prioridades del momento, se convertirá en una fuente de inestabilidad jurídica y, por tanto, poco favorable a la inversión y al empleo.

2.2.2 El establecimiento de una competencia libre y sin distorsiones es un objetivo fundamental en sí mismo, no en relación con una estrategia coyuntural, para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior único europeo. En su defecto, este mercado pierde todo su significado y las ventajas que puede aportar a la economía europea, es decir, el estímulo de la demanda, la ampliación de la oferta, el poder de un mercado de 450 millones de consumidores.

2.2.3 En la actual Unión ampliada las disparidades en términos de condiciones económicas y sociales entre los distintos Estados miembros son considerables. Por este motivo, la política de competencia cobra en este contexto una particular relevancia. En otras palabras, el establecimiento de una competencia realmente libre y sin distorsiones es determinante para que los agentes económicos y sociales, tanto los provenientes de los países más ricos como de los menos desarrollados, tengan la garantía de una igualdad de oportunidades y de trato y se cumplan las condiciones para reforzar la cohesión económica y social de la Unión.

2.2.4 Se debe mantener y reforzar la autonomía de la política de competencia. Asimismo se debe articular con las demás políticas de la Unión, como las políticas en favor de los consumidores, el desarrollo económico, la innovación, el crecimiento, el empleo y la cohesión económica y social. La política de competencia debe reflejar esta visión dirigida hacia el exterior a través de las reformas de las que es objeto en la actualidad y lo será en el futuro. Con este espíritu, la Comisión debe necesariamente buscar un equilibrio constante para proteger lo mejor posible a los consumidores, las empresas y el interés general de la Unión. Por consiguiente, la elaboración de directrices para tratar los litigios debe establecerse de acuerdo con una serie de imperativos: — seguir aplicando de forma rigurosa las normas de competencia, en particular en materia de ayudas estatales con el fin de evitar toda complacencia en favor de políticas nacionales de apoyo a empresas líderes nacionales o empresas monopolísticas, que podrían conducir a asfixiar la competencia a nivel nacional y europeo, en particular en detrimento de las PYME. Por el contrario, se deben apoyar los esfuerzos públicos en favor de la innovación y la investigación con el fin de favorecer la creación de grandes proyectos europeos federativos y apoyar el potencial innovador de las PYME. Asimismo, las políticas en favor del empleo deben dar preferencia a los servicios a las personas (formación permanente, servicios de cuidado de niños, movilidad, lucha contra todas las formas de discriminación) en lugar de a las ayudas directas, que provocarían distorsiones de la competencia; — luchar contra los nuevos «nichos anticompetitivos» como las «sustituciones» de monopolios privados por monopolios públicos, o las posiciones dominantes debidas a una actividad económica (por ejemplo, la distribución frente a los productores y viceversa). Por tanto, se debe tener más en cuenta la especificidad de las pequeñas y medianas empresas, que son el motor del crecimiento en Europa, pero cuya creación y desarrollo suelen verse obstaculizados por prácticas (ayudas estatales, monopolios, posiciones dominantes) discriminatorias para ellas. En particular, se debería favorecer la cooperación y los agrupamientos de PYME, que frecuentemente son el único medio de que disponen para estar en igualdad de condiciones con sus competidores; — Conseguir que los consumidores puedan beneficiarse realmente de las economías de escala y el potencial del mercado único europeo.

2.2.5 Se debe tener en cuenta el carácter específico de los servicios de interés general, en particular, en los sectores de la salud, la protección social y la educación, respetando los valores de justicia social y transparencia de conformidad con las tradiciones y las prácticas nacionales. Cuando se confíen misiones de servicio de interés general público total o parcialmente a agentes privados, las autoridades de competencia deberán asegurarse de que se garantiza la igualdad de trato entre todos los agentes potenciales, la eficacia, la continuidad y la calidad del servicio. A este respecto, el Comité acoge favorablemente el trabajo de la Comisión, que ha consistido, desde la sentencia Altmark, en precisar las normas en materia de financiación de las obligaciones de servicio público. De este modo se aportará una mayor transparencia a la gestión de los SIEG.

2.2.6 En términos más generales, el problema de la política comunitaria de competencia es que se basa en la hipótesis de un funcionamiento ideal del mercado único: información perfecta y gratuita de los agentes, libertad de entrada y salida de las empresas, tantos mercados como eventualidades posibles o deseadas por los agentes, ausencia de rendimientos de escala crecientes y de posiciones dominantes. La realidad es diferente, concretamente por el comportamiento de algunos Estados miembros que siguen razonando en términos «nacionales».

2.2.7 La DG Competencia debería elaborar balances económicos y sociales de seguimiento sobre los casos que examina. Asimismo, debería realizar análisis de impacto de las decisiones más importantes que toma, tanto a nivel económico –incluida la competitividad global de la Unión– como a nivel social y, por último, en términos de desarrollo sostenible.

3. Observaciones sobre la aplicación de la política de competencia en la UE en 2004

3.1 La presentación del informe sería más clara y el sistema se comprendería mejor si se incorporara, en particular en materia de ayudas estatales, una lista de las decisiones en las que no ha habido objeciones a la concesión de las ayudas en la que se explicara la razón por la que, en algunos casos, la ayuda no caía dentro del ámbito del apartado 1 del artículo 87. Este cuadro constituiría el marco de buenas prácticas destinado a los Estados miembros para la asignación de ayudas.

3.2 Por otra parte, habida cuenta de que el año 2004 estuvo marcado por la ampliación, lamentamos que el informe aporte escasos datos sobre la aplicación de la política comunitaria de competencia en los nuevos Estados miembros. Por tanto, el Comité espera que el informe 2005 aporte una información más completa y actualizada.

3.3 Aplicación de la legislación contra los carteles

3.3.1 Del informe se desprende que el análisis económico se ha convertido en una parte integrante de la política de competencia, algo que el CESE siempre ha solicitado de manera recurrente. A este respecto, la evolución de la legislación del Derecho de la competencia (artículos 81 y 82) ha estado marcada por un avance particular y pragmático que consiste en definir mejor el mercado y afinar el enfoque de las prácticas horizontales y verticales.

3.3.1.1 En relación con el apartado 3 del artículo 81 (excepción a la prohibición de los acuerdos restrictivos), cabe destacar que el análisis económico se ha visto especialmente enriquecido al considerar los incrementos en eficiencia. De este modo las empresas pueden demostrar que recurren a nuevas tecnologías, métodos de fabricación más adaptados, sinergias derivadas de la integración de activos y economías de escala; incluso pueden fomentar el progreso técnico y tecnológico mediante, por ejemplo, los acuerdos de investigación y desarrollo en común.

3.3.2 La política de clemencia

3.3.2.1 Como demuestran los asuntos a los que se hace referencia en el informe, la política de clemencia es un éxito. Cabe recordar que este mecanismo se basa en incitar a las empresas que forman un cartel a «denunciarlo» ante las autoridades de competencia, lo que les permite en compensación una exoneración, total o parcial, de las multas debidas. A tal fin, la Comisión y algunos Estados miembros han establecido programas de clemencia que fijan las condiciones del tal dispositivo. Estos programas revisten una importancia particular para las empresas en la medida en que, independientemente de los carteles puramente colusorios, a menudo descubren que se ha creado un cartel sin su conocimiento y generalmente mediante un intercambio de fax y correos electrónicos entre sus agentes comerciales y los de otras empresas.

3.3.2.2 No obstante, en el informe no se hace suficiente hincapié en una serie de disfunciones subyacentes: los programas de clemencia existentes en la UE son muy heterogéneos tanto por lo que respecta a las condiciones de fondo para obtener la clemencia, como desde el punto de vista procedimental. Además, no todas las autoridades nacionales de la competencia han establecido un programa de clemencia: solo dieciocho autoridades (más la Comisión) disponen de uno (1).

3.3.2.3 Por último, una petición de clemencia dirigida a una autoridad determinada no vale para las demás. En estas condiciones, la empresa concernida está obligada a dirigirse a todas las autoridades de competencia competentes para obtener la inmunidad. Por lo tanto, el CESE considera primordial optimizar el dispositivo en caso de peticiones múltiples de empresas. Se deben simplificar los procedimientos existentes para poner en marcha un sistema de concordancia en la «denuncia» del cartel, lo que bloquearía automáticamente cualquier participación en un acuerdo de este tipo.

3.3.3 La Red Europea de Competencia (REC)

3.3.3.1 De acuerdo con el informe, los primeros resultados obtenidos por la REC parecen satisfactorios. A través de esta red la Comisión Europea y las autoridades de competencia nacionales de todos los Estados miembros de la UE cooperan informándose mutuamente sobre los nuevos asuntos y decisiones. En caso necesario coordinan las investigaciones, prestándose asistencia e intercambiando elementos de prueba.

3.3.3.2 Esta cooperación crea un mecanismo eficaz para obstaculizar a las empresas que recurren a prácticas transfronterizas restrictivas de la competencia y contribuye a eliminar a las empresas que no cumplen las normas del mercado y perjudican considerablemente a la competencia y los consumidores.

3.3.3.3 La confidencialidad de la información es una cuestión esencial. Dicha confidencialidad está garantizada por una función específica, ADO (Authorised Disclosure Officer), mediante la cual se habilita a una o más personas a intervenir en la transferencia de información confidencial. Estos mecanismos se han puesto en práctica en numerosas ocasiones desde el 1 de mayo de 2004, principalmente con la Comisión, y con aparente éxito.

3.3.3.4 A pesar de que los agentes económicos hacen un balance muy positivo del funcionamiento de la REC, el CESE advierte a la Comisión de la dificultad eventual (a largo plazo y debido a la multiplicación del número de asuntos) de garantizar una protección total en el intercambio de información confidencial.

3.4 Artículo 82 — Abuso de posición dominante

3.4.1 El artículo 82 del Tratado prohíbe la explotación abusiva de una posición dominante por parte de una empresa (precios abusivos, reparto de los mercados mediante acuerdos de venta exclusivos, primas de fidelidad destinadas a desviar a los proveedores de sus competidores, etc.). Por otra parte, el control de las concentraciones está sometido a esta disposición, ya que una fusión implica un abuso en la consolidación de la posición dominante de la empresa que origina la operación. Este artículo —eslabón esencial de la legislación antimonopolio— ha sido objeto de una interpretación equívoca en algunos aspectos que se puede observar si se analizan los comportamientos de las empresas y las implicaciones de sus prácticas comerciales. En otras palabras, el concepto de abuso de posición dominante todavía no ha encontrado una definición real y, por tanto, a veces resulta muy difícil para las empresas conocer los límites de lo que pueden hacer y lo que no. Por ejemplo, con respecto a los abusos en los precios, como los precios predatorios o los descuentos, un determinado comportamiento puede tener distintos efectos: un competidor muy eficaz puede ser capaz de prosperar en un mercado en el que la empresa dominante mantenga unos determinados precios, mientras que un competidor «menos eficaz» puede verse excluido del mercado. ¿La política de competencia debe proteger a estos últimos? ¿No sería mejor desarrollar unas normas basadas en el principio según el cual sólo es abusiva la exclusión de los competidores «eficientes»?

3.4.2 La Comisión ha publicado recientemente un proyecto de directrices relativas a la aplicación del artículo 82, que el CESE acoge favorablemente. De este modo desea establecer un método para apreciar algunas de las prácticas más corrientes, como la vinculación de operaciones y las rebajas y descuentos que pueden debilitar la competencia (2). El CESE acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión para destinar la máxima cantidad de recursos a las prácticas que pueden resultar más perjudiciales para los consumidores, con el fin de aportar claridad y seguridad jurídica al definir claramente qué puede constituir un abuso de posición dominante. Espera que el proyecto que está siendo examinando actualmente permita a las empresas en posición dominante evaluar claramente si su comportamiento es lícito y recuerda que, para la finalización de la reflexión, debe garantizarse un diálogo con los agentes concernidos (empresas, en particular las PYME, consumidores, interlocutores sociales, etc.).

3.5 El control de las concentraciones

3.5.1 El CESE acoge favorablemente una evolución marcada por el pragmatismo, por una parte, mediante la creación de la ventanilla única para las notificaciones de operaciones de concentración y, por otra, en vista de la indispensable aclaración aportada al test de competencia, más cercano así a la realidad económica y más compatible con las normas vigentes en los principales sistemas de control de las concentraciones en el mundo. Por último, aunque la demostración de los incrementos en eficiencia generados por las fusiones sigue siendo difícil en la práctica, cabe esperar que, en este contexto mejorado, el control de las concentraciones pueda favorecer de forma duradera los intereses del consumidor europeo.

3.5.2 En cuanto a las relaciones entre la gran distribución y el comercio de proximidad, asistimos desde hace varios años a un fenómeno masivo de concentración que reduce las cuotas de mercado del comercio de proximidad en beneficio de la gran distribución. En vista del desarrollo de prácticas comerciales en ocasiones muy vinculantes, políticas tarifarias e importantes descuentos en función del volumen de compra, los comercios de proximidad difícilmente pueden competir en términos de precios frente al importante margen de maniobra de la gran distribución y la atracción que genera. Por otra parte, en este mismo contexto, los productores están sometidos a presiones a veces exageradas. Por último, el aumento del número de fusiones debe conducir de forma imperativa a conciliar los objetivos de la política de competencia con los de la política de consumidores para garantizar que existe un abastecimiento constante de los mercados y una diversidad de la oferta en lo que se refiere al posicionamiento y a la calidad del surtido. Al mismo tiempo convendría no limitar la cooperación entre pequeñas empresas cuando su cuota de mercado global no sea significativa en el sector del que se trate.

3.6 La reorganización de la DG Competencia

3.6.1 El informe hace un balance positivo de los efectos de la reorganización de la DG Competencia en respuesta a las críticas formuladas por la opinión pública contra la Comisión por algunos asuntos (Airtours/First Choice, Tetra Laval/Sidel y Schneider/Legrand).

3.6.2 La creación de un puesto de economista jefe (Chief Competition Economist) asistido por varios economistas, el nombramiento de un grupo de funcionarios experimentados encargados de examinar desde una nueva perspectiva las conclusiones de los investigadores de la DG Competencia sobre las concentraciones sensibles y el refuerzo de la función del consejero auditor en el procedimiento de control de las concentraciones son medidas con un objetivo común: hacer más riguroso y transparente el procedimiento de investigación en materia de control de las concentraciones. Estas medidas responden a las solicitudes recurrentes del CESE y, por tanto, las acoge favorablemente.

3.6.3 Aunque el CESE aprueba el nombramiento de un «funcionario de enlace con los consumidores» para representar a estos últimos ante la DG Competencia, no obstante lamenta que casi un año después de este nombramiento en el informe no se haya hecho un balance preciso del diálogo real entablado con los consumidores europeos. Por tanto, el CESE espera que en el informe 2005 figuren elementos tangibles que permitan medir su efectividad y eficacia. Por otra parte, el CESE ha elaborado un dictamen de iniciativa sobre este asunto.

3.6.4 Los dictámenes recientes del CESE habían destacado la cuestión de los medios de que dispone la Comisión Europea, en particular en materia de control de las concentraciones, considerados demasiado escasos frente a los recursos que pueden ser movilizados por los agentes concernidos. Esta cuestión sigue estando abierta: parece que la DG Competencia adolece de falta de personal cualificado para tratar casos relativos a algunos Estados y, en particular, a los nuevos Estados miembros. El Comité manifiesta su preocupación y su perplejidad por esta falta de previsión en la gestión de los recursos humanos de la Comisión y pide que se adopten medidas urgentes para solucionar este problema.

3.6.5 Por último, pese a los esfuerzos de transparencia recientemente realizados, el Comité constata que no se puede hablar de una auténtica política de consulta activa de los agentes concernidos. En efecto, en relación con los asuntos horizontales tratados por la DG Competencia, la información en materia de concentración disponible en el sitio web de la Comisión no puede considerarse adecuada para recabar la opinión informada de la sociedad civil y las distintas organizaciones interesadas como parte del proceso de buena gobernanza.

3.6.6 Con respecto a la publicación de las sentencias nacionales en el sitio Internet de la Comisión en materia de competencia, cabe destacar que no se han alcanzado los objetivos perseguidos de información didáctica (apartado 2 del artículo 15 del Reglamento CE 1/2003). Por una parte, observamos que el sistema establecido en el sitio sólo funciona parcialmente. Concretamente los nuevos Estados miembros no transmiten nunca o prácticamente nunca una copia de las sentencias de sus jurisdicciones nacionales, lo que dificulta la percepción de la aplicación del Derecho de la competencia en estos países y obstaculiza su deseada armonización. Por otra parte, estas sentencias nacionales sólo son accesibles en la lengua del país de origen, lo que limita o incluso anula su lectura, aun cuando sin duda tendrían una importancia práctica considerable debido a los problemas inéditos que plantean.

3.7 El control de las ayudas estatales

El Consejo Europeo de marzo de 2005 reiteró el objetivo de seguir reduciendo el nivel general de las ayudas estatales concediendo, no obstante, exenciones para paliar las posibles deficiencias de los mercados.

3.7.1 La Comisión Europea presentó el 7 de junio de 2005 un Plan de acción de ayudas estatales, sobre el que se ha pronunciado el CESE (3) y al que remite este dictamen. El estudio del informe 2004 plantea, no obstante, las siguientes observaciones generales:

3.7.2 Es indispensable reforzar la transparencia con respecto a la información transmitida a las empresas que se benefician de una ayuda individualizada (fecha de notificación, elementos justificativos proporcionados por los Estados miembros). Esta transparencia es tanto más necesaria en la medida en que el riesgo de recuperación de ayudas ilegales recae en las empresas, en particular en las pequeñas y medianas empresas, incluso en las microempresas, cuando el procedimiento de notificación ha sido efectuado por el Estado miembro.

3.7.3 Las autoridades nacionales encargadas de evaluar si las ayudas cumplen o no los criterios exigidos no siempre disponen de los conocimientos necesarios para realizar el análisis económico relativo a los procedimientos de notificación. A menudo son los entes locales quienes conceden, por ejemplo, ayudas en materia de empleo o medio ambiente sin proceder a un análisis óptimo de las cuotas de mercado, lo que en caso de ayuda ilegal crea una considerable incertidumbre financiera para las empresas.

3.7.4 En el marco del examen de las ayudas de salvamento y reestructuración, se observa que la política comunitaria se centra en mayor medida en las consecuencias económicas para los competidores del beneficiario de la ayuda pública y, en particular, en los medios para poder «indemnizarlos». En efecto, preocupada por evitar el desarrollo de distorsiones de competencia, la Comisión impone algunas restricciones a las empresas beneficiarias, por ejemplo limitar el porcentaje de cuotas de mercado en una zona geográfica determinada, como ocurrió en al asunto Thomson Multimedia, o incluso obligar al beneficiario a establecer asociaciones con sus competidores.

3.7.5 El CESE lamenta que esta preocupación oculte otro aspecto igual de esencial: los efectos de tales operaciones en el consumidor final (cliente y contribuyente), dado que la Comisión no examina suficientemente si las ayudas impedirán o no una disminución de los precios, una elección más amplia de productos y servicios o una calidad mejor. El interés de los consumidores se sitúa, por tanto, en el centro de la política de competencia, y el derecho a recibir ayudas estatales debe estar obligatoriamente sometido a las mismas exigencias de rigor en términos de análisis a largo plazo que las que se aplican a los carteles o las concentraciones.

3.7.6 De forma general, el CESE manifiesta su preocupación con respecto a las distorsiones de competencia que podrían derivarse de las divergencias en materia de ayudas públicas entre los diferentes Estados miembros. El CESE está especialmente preocupado por el carácter a menudo altamente discriminatorio de las ayudas públicas. En efecto, los Estados se movilizan frecuentemente en favor de inversiones y salvamentos de grandes empresas descuidando a las pequeñas y medianas (que en realidad crean cuatro empleos de cada cinco en la Unión) y favorecen a determinados sectores o tipos de empresas. Esta situación no fomenta el desarrollo del espíritu empresarial y provoca un estancamiento del tejido económico, insuficientemente dinámico, poco favorable a nuevos ingresos en el mercado.

4. Propuestas para una política de competencia reforzada

El análisis efectuado lleva al CESE a formular las siguientes recomendaciones:

4.1 Desde el punto de vista técnico

4.1.1 La Comisión debería prestar una atención particular a los efectos de la ampliación en sus futuros informes e incluso dedicar un capítulo específico a registrar las evoluciones tanto legislativas como del control de la aplicación del Derecho comunitario.

4.1.2 Para una mayor seguridad jurídica, parece primordial simplificar el sistema de clemencia. Habida cuenta de la sensibilidad de la información que debe aportarse y la dificultad que representa una multiplicación del mismo procedimiento ante las distintas autoridades concernidas (un cartel que puede causar efectos en varios Estados miembros), sería oportuno realizar una reforma mediante el reconocimiento mutuo o incluso un sistema de ventanilla única.

4.1.2.1 Por otra parte, sería muy aconsejable un acercamiento de los programas nacionales de clemencia mediante una armonización flexible e indirecta que podría adoptar la forma de mejores prácticas.

4.1.3 Ante la perspectiva de la revisión en curso de la política de la Comisión en materia de abuso de posición dominante a través del proyecto de directrices, deberán aclarase una serie de cuestiones con el fin de reorientar la apreciación de tales abusos hacia el perjuicio sufrido por el consumidor. La Comisión deberá precisar lo que se entiende por posición dominante, pero sobre todo qué es un abuso y cuáles son sus diferentes tipos. Por último, deberá afinar el límite entre una competencia legítima basada en la eficacia y una competencia abusiva que perjudica al funcionamiento de la competencia y, por tanto, al consumidor.

4.1.4 En materia de control de las concentraciones, con el fin de medir la contribución de la consideración de los incrementos en eficiencia, el informe de la Comisión podría, en el futuro, dedicar un apartado a los desarrollos de las operaciones concernidas y su repercusión en los consumidores.

4.1.5 Para garantizar un equilibrio más justo entre producción y distribución y por lo que respecta a la propia distribución (evitar que los comercios en las zonas rurales o urbanas desfavorecidas o en las regiones escasamente pobladas desaparezcan totalmente), debería entablarse una reflexión sobre los instrumentos de competencia, normativa comercial o apoyo a pequeñas sociedades, con el fin de no bloquear el acceso al mercado de los posibles agentes y permitir a las PYME beneficiarse de las ayudas estatales..

4.1.6 Sería útil que en los próximos informes se incluyera una descripción de los vínculos entre el funcionario de enlace con los consumidores y las organizaciones de consumidores en el examen de los asuntos. En su caso, podemos preguntarnos si éstas han podido emitir un dictamen o aportar información a la Comisión en el marco de asuntos de concentraciones, carteles o abusos de posición dominante. Es esencial demostrar la eficacia del trabajo del funcionario de enlace con los consumidores.

4.1.7 Para mejorar el funcionamiento del sistema de publicación de las sentencias de las jurisdicciones nacionales, sería conveniente establecer una red de las personas de contacto encargadas de recoger las decisiones judiciales para hacer más eficaz el sistema actual en tiempo real. Deberían destinarse más recursos humanos y financieros a este dispositivo.

4.2 Desde el punto de vista político y económico

4.2.1 Reforzar el análisis sobre las distorsiones más graves

4.2.1.1 La evaluación del funcionamiento de la política de competencia debe permitir comprobar si esta última favorece efectivamente una «competencia libre y sin distorsiones» en la UE y medir la eficacia de la lucha contra los monopolios de hecho y los abusos de posición dominante, así como su repercusión en la creación de empresas nuevas y el espíritu empresarial. La Comisión no debería limitar los acuerdos entre PYME para que puedan hacer frente a la competencia de grandes grupos integrados y debería movilizar más medios para luchar eficazmente contra las distorsiones más graves.

4.2.1.2 Con respecto a las profesiones liberales, la Comisión publicó, a raíz de su Comunicación del 9 de febrero de 2004, un informe sobre la competencia en este sector (4) en el que se exponen los progresos realizados en relación con la supresión de las restricciones a la competencia no necesarias, como la fijación de precios, las normas en materia de publicidad, las restricciones de acceso a la profesión y determinadas tareas reservadas. El CESE insta a la Comisión a que cumpla su compromiso y confirma el punto de vista formulado unánimemente en su dictamen sobre el informe relativo a la política de competencia 2003, según el cual la introducción de mecanismos más favorables a la competencia permitirá a las profesiones liberales mejorar la calidad y la oferta de sus servicios, lo que beneficiará directamente a los consumidores y las empresas.

4.2.2 Luchar contra la compartimentación del mercado y desarrollar los estudios económicos y sociales

4.2.2.1 El CESE considera que es esencial analizar las cuestiones relativas a la competencia atendiendo a la cohesión global de la Unión y preguntarse si los comportamientos todavía demasiado nacionales (ayudas públicas directas o «disfrazadas» a empresas líderes nacionales, ayudas para atraer inversiones, prácticas discriminatorias, persistencia de monopolios de hecho y abusos de posición dominante, etc.) no pretenden mantener una compartimentación del mercado único y obstaculizar el acercamiento entre los operadores económicos de la Unión. En este sentido la Comisión también debe emprender análisis económicos y sociales sobre la repercusión global de sus decisiones políticas, instando por ejemplo al Consejo y a los Estados miembros a garantizar un cambio de los comportamientos y las prácticas de compartimentación que penalizan los intereses de los operadores económicos y sociales.

4.2.3 Garantizar una información y una consulta óptimas

4.2.3.1 El CESE está a la disposición de la Comisión para reflexionar sobre las maneras de garantizar una mayor transparencia (dentro de los límites que permite el respeto de la actividad empresarial) ante los agentes afectados por la política de competencia: empresas, interlocutores económicos y sociales, consumidores y otros agentes de la sociedad civil. Por lo que se refiere concretamente a la concentración, es preciso interrogarse sobre los medios de organizar una implicación más activa de estos agentes tanto a través de un procedimiento de consulta como de audiencias, lo que respondería al empeño por conseguir una buena gobernanza y una democracia participativa. En términos más generales, habría que crear una red informativa de proximidad para dar a conocer mejor las prioridades de la política de competencia y alertar tanto a las empresas como a los consumidores sobre sus derechos y obligaciones. Se apoyaría en la red de Euro Info Centros de la DG Empresa y en el conjunto de redes de cámaras de comercio e industria y de organizaciones de consumidores. Este esfuerzo de información permanente resulta especialmente importante en los nuevos Estados miembros y en los países candidatos.

4.2.4 Garantizar la coherencia global de la política de competencia con las demás políticas de la Unión

4.2.4.1 La política de competencia es un elemento fundamental para garantizar el funcionamiento eficaz del mercado interior europeo. Las disfunciones que revela subrayan la imperiosa necesidad de conseguir la plena realización del mercado único y acabar con las prácticas que tienden sistemáticamente a compartimentarlo. Pero esta política no es suficiente por sí sola si no se coordina con el conjunto de políticas de la Unión, atendiendo al éxito de la Estrategia de Lisboa revisada y a la eficacia de la política de protección de los consumidores. En cualquier caso, es urgente definir un proyecto económico y social de cohesión para la Unión a través del cual la política de competencia debería conservar una función específica y adquirir una nueva legitimación: garantizar la igualdad de oportunidades para todos en el acceso al mercado único para que los consumidores, los empresarios y los asalariados se beneficien realmente de las ventajas del primer mercado mundial.

Bruselas, 15 de marzo de 2006. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Anne-Marie SIGMUND

(1) Bélgica, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países-Bajos, Polonia, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido.

(2) DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the treaty to exclusionary abuses. Public Consultation, December 2005.

(3) DO C 65 de 17.3.2006, ponente: Sr. Pezzini.

(4) Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM(2004) 83 de 9 de febrero de 2004 (SEC(2005) 1064).