A4-0353/96

Resolución sobre la financiación de la ampliación de la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

- Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de Copenhague (21 y 22 de junio de 1993), de Corfú (24 y 25 de junio de 1994), de Essen (9 y 10 de diciembre de 1994), de Cannes (26 y 27 de junio de 1995) y de Madrid (15 y 16 de diciembre de 1995),

- Vista su Resolución de 17 de abril de 1996, sobre el Libro Blanco «Preparación de los países asociados de Europa Central y Oriental para su integración en el mercado interior de la Unión» (COM(95)0163 - C4-0166/95) ((DO C 141 de 13.5.1996, pág. 135.)),

- Vista la audiencia celebrada el 7 de mayo de 1996 por su Comisión de Presupuestos,

- Vistas las candidaturas a la adhesión presentadas hasta la fecha,

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe provisional de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, de la Comisión de Política Regional, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Asuntos Institucionales (A4-0353/96),

A. Considerando que la ampliación de la Unión Europea constituye un imperativo político definido en el artículo A del Tratado de la Unión Europea como «proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa», estableciéndose en el artículo O del mismo que «cualquier Estado europeo podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión»,

B. Considerando que la ampliación de la Unión tendrá importantes consecuencias financieras y económicas, tanto a corto como a medio plazo, que aún no han sido debidamente evaluadas;

C. Considerando que las negociaciones relativas a la adhesión de los países candidatos deberán tener en cuenta las condiciones fijadas por los Consejos Europeos, así como la evolución política y socioeconómica en cada país,

D. Considerando que una de las condiciones más importantes consiste en adaptar las economías de los países candidatos a la adhesión a la economía social de mercado y, por consiguiente, asegurar un progreso necesario del conjunto de las actividades económicas, financieras y sociales, así como progresos en la solución de los problemas medioambientales y de política energética,

E. Considerando que al éxito determinante de la ampliación contribuirán en mayor medida las reformas estructurales como la liberación de los precios, la privatización o la modernización del aparato del Estado, el control de la inflación, el nivel de protección social, la capacidad de las administraciones nacionales de aplicar el Derecho nacional y comunitario, así como la capacidad de aplicar los principios generales de una economía social de mercado, que el nivel del PIB,

F. Considerando que la reforma económica debe ir acompañada de la constitución de la sociedad civil,

G. Considerando que la adhesión de Chipre y de Malta, habida cuenta de su desarrollo económico y del nivel de realización de las condiciones previas requeridas, no influirá negativamente en el ámbito macroeconómico de la Unión ni ocasionará problemas de carácter económico o financiero y que, por esta razón, la presente resolución no examinará las consecuencias de la ampliación a estos países,

H. Considerando que la evolución de los 10 países de la Europa Central y Oriental (PECO 10) ha registrado los primeros éxitos, aunque la situación es diferente, habida cuenta de su recién iniciada transición a la economía de libre mercado, así como de su bajo nivel de desarrollo económico en comparación con el de la Unión, y de su necesidad de consolidar aún más su estabilidad macroeconómica,

I. Considerando que la actual asignación de los créditos a las políticas financiadas o cofinanciadas por el presupuesto comunitario, según los datos relativos al ejercicio financiero de 1996, y en relación con la estructura económica de los países candidatos, parece favorecer un enfoque cuantitativo más que cualitativo basado en las reformas y condiciones relativas a la adhesión,

J. Considerando que en la medida en que se vayan adaptando las economías de dichos países, aumentará su capacidad de producción, especialmente en el sector agrícola, que, en la mayoría de estos países, ocupa un importante lugar en cuanto a producción y empleo,

K. Considerando que ello tendrá importantes repercusiones en la Política Agrícola Común (PAC) y que el impacto financiero que conllevará será considerable, de no procederse a su debido tiempo a los ajustes oportunos de la PAC o fijarse períodos de transición suficientemente amplios,

L. Considerando que el PIB per cápita de los PECO 10 se sitúa muy por debajo del PIB per cápita de la Unión Europea de los Quince, existiendo también grandes diferencias entre los países candidatos, y que esta situación, por lo menos a medio plazo, no tiene visos de cambiar; considera que dichos países necesitarán una ayuda estructural y que, por lo menos en virtud de la normativa en vigor, podrán beneficiarse de la ayuda financiera de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión,

M. Considerando que la contribución financiera de la Unión en favor de la recuperación económica de los países candidatos a la adhesión debe complementar los esfuerzos por reducir las disparidades regionales y estructurales entre los actuales Estados miembros y que éstos ocasionarán importantes cargas financieras a la Unión y que sólo podrán financiarse si se movilizan recursos propios adicionales o si se reforma la actual política, que está orientada a nivelar las disparidades regionales y estructurales entre las regiones de los actuales Estados miembros;

N. Considerando que la fase previa de la adhesión ya ha comenzado de hecho con las declaraciones políticas de la Unión de Copenhague, Corfú, Eseen, Cannes y Madrid y las resoluciones del PE, entre otras la antes citada del 17 de abril de 1996,

O. Considerando que la preparación de los PECO 10 a una plena integración en las políticas financiadas o no por la Unión Europea requiere el establecimiento de un período de preadhesión basado en los mismos principios generales pero adaptado, en cuanto a duración y disposiciones específicas, a las necesidades de cada país y acompañado de mayores gastos presupuestarios, siempre y cuando se garantice la adhesión,

P. Considerando que debe tenerse en cuenta la existencia de numerosas fuentes e instrumentos de financiación; que, con objeto de garantizar la mayor eficacia y transparencia en cuanto a la asignación de recursos debería hacerse hincapié en la capacidad limitada de cofinanciación de los países candidatos, independientemente de su voluntad de participación, en una mayor coordinación de las fuentes de financiación (Unión Europea, Estados miembros, organizaciones internacionales varias e instituciones financieras), así como en la necesidad de adoptar medidas concretas para prevenir y luchar contra el fraude,

Q. Considerando que la ampliación de la Unión debe realizarse de modo simultáneo a su profundización para garantizar que el funcionamiento eficaz de la Unión Europea no se verá dificultado por la posible integración de nuevos Estados miembros,

R. Considerando que, por lo menos hasta la fecha, no se ha planteado la cuestión de la ampliación a países de la CEI si bien es preciso mantener y, en la medida de lo posible, mejorar y volver a definir las relaciones con estos países,

S. Considerando la importancia de los vínculos ya existentes entre INTERREG y PHARE en la cooperación transfronteriza, que no sólo fomentan la transferencia de conocimientos prácticos, sino que contribuyen a tender puentes prácticos a los futuros Estados miembros,

1. Considera que la ampliación de la Unión Europea a fin de incluir a los países de la Europa Central y Oriental constituye una oportunidad trascendental para que la Unión Europea contribuya a la paz, la seguridad y la prosperidad en toda Europa; que, asimismo, esta ampliación supone un importante reto económico y financiero y que, hasta que no se conozcan todas las consecuencias financieras de la futura adhesión, no deberá adoptarse ninguna decisión sobre el resultado del procedimiento de ampliación;

2. Recuerda que el Tratado, al igual que las decisiones políticas adoptadas por el Consejo Europeo y apoyadas por el Parlamento Europeo, obliga a la Unión a dotarse de los medios necesarios para acoger a los países candidatos y mantener el impulso de la integración europea, es decir, de todas las políticas comunitarias;

3. Señala, por tanto, la necesidad de asegurar la coherencia entre los objetivos políticos y los medios económicos y, por consiguiente, la necesidad de garantizar las mejores condiciones posibles de adhesión para minimizar las consecuencias negativas que ello pueda entrañar en determinados ámbitos, incluso dentro de la Unión;

4. Recuerda que las condiciones de adhesión, además de los requisitos fundamentales de democracia y de un Estado de derecho efectivo, incluyen una economía social de mercado viable y la capacidad de hacer frente a la competitividad, factores que implican la capacidad de los países candidatos a la hora de cumplir con las obligaciones de un Estado miembro de pleno derecho y, principalmente, de aceptar los objetivos de la Unión Económica y Monetaria;

5. Comprueba que, en lo que respecta a la transición a una economía de mercado, los países candidatos han efectuado progresos mediante la adopción gradual de normas que favorecen la libre competencia, la liberalización del comercio y los regímenes de cambio;

6. Observa, sin embargo, la necesidad de proseguir las reformas estructurales en lo que respecta a la privatización de las grandes empresas, la garantía de unas condiciones equitativas del funcionamiento del mercado, la redefinición del sector público y, en particular, la reforma del sistema financiero y crediticio; señala que, en la mayoría de países, estos cambios requerirán largos plazos, una base legislativa y una importante movilización de capitales;

7. Pide, por tanto, a los países candidatos que intensifiquen sus esfuerzos y establezcan las condiciones necesarias para favorecer la iniciativa privada con objeto de que contribuya de manera eficaz a la mejora de la economía;

8. Considera que dicha ampliación constituirá un desafío para la PAC, dado que, además de las significativas diferencias existentes entre ellos, la agricultura representa en la mayoría de los PECO un importante sector de la economía;

9. Comprueba que los precios actuales de los productos agrícolas en los PECO 10 son inferiores a los de la UE de los Quince, y que, en muchos de estos países, los gastos en productos alimenticios constituyen un porcentaje importante de los ingresos familiares; considera que un aumento repentino de los precios a corto plazo podría reducir la propensión al ahorro, podría trastornar el proceso de desarrollo económico y podría crear importantes problemas de carácter social;

10. Subraya que las ayudas concedidas en la actualidad al sector agrícola en estos países son inferiores a las ayudas ofrecidas en el marco de la PAC; considera por consiguiente, que si la actual normativa de la PAC se aplicara a estos países, aumentaría la producción agrícola, lo que contribuiría a crear importantes excedentes agrícolas;

11. Comprueba que existen importantes diferencias entre los resultados de los distintos análisis relativos al coste de la ampliación en el sector agrícola; considera que estas diferencias se deben a la diversidad de las hipótesis utilizadas para prever el desarrollo de la producción en estos países y a los plazos considerados;

12. Subraya que es absolutamente necesaria una profunda reforma ulterior de la PAC con objeto de garantizar la continuación de una verdadera política europea para el entorno rural y para quienes trabajan en dicho sector, así como preparar a la Unión Europea para la adhesión de los PECO;

13. Considera que en los próximos años, independientemente de la ampliación de la UE, una serie de acontecimientos influirán perceptiblemente sobre el sector agrícola y que la PAC deberá tener en cuenta dichos acontecimientos; entre estos se encuentran el previsible incremento efectivo de la demanda de productos agrícolas en el mercado mundial debido al aumento del poder adquisitivo, las exigencias de la sociedad moderna industrial a la agricultura en lo relativo a la calidad de los productos y al respeto del medio ambiente, el inicio de la próxima ronda de negociaciones en el marco de la OMC y el nuevo marco financiero del presupuesto de la UE que deberá establecerse a partir de 1999;

14. Recuerda que la diferencia constatada con el PIB per cápita de la Unión sigue siendo muy considerable y que se necesitarán numerosos años y un elevado nivel de desarrollo para reducir drásticamente dicha disparidad;

15. Observa que está previsto que el reglamento marco de los Fondos estructurales y el reglamento por el que se crea el Fondo de Cohesión sean de nuevo objeto de estudio por el Consejo, a propuesta de la Comisión, antes de finalizar el año 1999,y señala que a pesar de las importantes diferencias existentes entre los PECO 10, todos estos países podrán beneficiarse de ambos fondos, si se mantiene la reglamentación en vigor sobre la elegibilidad;

16. Subraya que una simple previsión estadística de los datos y las normativas actualmente en vigor en los Estados miembros indican un aumento necesario de los gastos; opina que, a la hora de asignar fondos con cargo a los Fondos estructurales, modificados o no, debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, la capacidad de absorción de estos países;

17. Considera que un enfoque semejante, según los datos de la Comisión (si se tiene en cuenta que los créditos del sector estructural representarán en 1999 el 0,46% del PIB de la UE), permitirá -si no se supera el límite del 1,27% del PIB hasta el año 2006, es decir, más allá del período cubierto por las próximas Perspectivas financieras, y se parte de la base de un crecimiento económico continuo y estable del 2,5% - desarrollar una política estructural global para todos los Estados miembros (antiguos y nuevos dotada anualmente, por término medio, con 37.000 millones de ecus, es decir, 9.000 millones de ecus más que los 28.000 millones de ecus correspondientes al período 1994-1999; en dicho importe no se incluyen los gastos de una política de preadhesión reforzada en favor de cuantos países candidatos se integren en la misma; explica, no obstante, que este cálculo presupone que se producirá un crecimiento continuo en los Estados miembros, dado que en caso contrario los créditos adicionales serán notablemente inferiores;

18. Señala, por otra parte, que, en tanto que una adhesión conjunta de los PECO 10 a la Unión parece ser una hipótesis irrealista, en caso de suceder, tendría como consecuencia la modificación de los respectivos lugares que ocupan los actuales Estados miembros de la UE en lo que respecta al PIB per cápita; considera que, de aplicarse la reglamentación comunitaria actual, algunas regiones de la Unión dejarían de cumplir los criterios de elegibilidad; señala que, en tal caso, este cambio de los indicadores macroeconómicos no reflejaría necesariamente una mejora real de la situación en dichos países y considera que deben proseguir los esfuerzos por fomentar la cohesión económica y social en el seno de la Unión actual; pero destaca también que la financiación de la integración de los PECO 10 en los Fondos estructurales no será posible sin la reducción de las prestaciones dentro de la actual Unión, a no ser que se pongan a disposición ingresos adicionales de la UE;

19. Opina, en consecuencia, que la continuación de la política estructural constituye un requisito imprescindible para la ampliación; considera, sin embargo, que debe encontrarse el modo de aumentar su eficacia y dotarla de efectos multiplicadores especialmente mediante la concesión de incentivos, de modo que exista una mayor participación del sector privado en la financiación de obras de infraestructura, así como mediante la utilización del instrumento de la financiación mediante créditos y de la consiguiente subvención de los intereses;

20. Considera en general que, en lo que respecta al mercado interior, la armonización de la legislación de los países candidatos en los distintos sectores constituye un requisito previo importante e indispensable, de conformidad con los imperativos y las orientaciones establecidas en el Libro Blanco de la Comisión;

21. Recuerda que una parte importante de esta estrategia de preadhesión está financiada por el programa PHARE; observa sin embargo que, debido al gran número de Estados beneficiarios y al amplio espectro de sectores abarcados por dicho programa, por una parte, disminuye su eficacia como instrumento de la estrategia de preadhesión y, por otra, resulta difícil evaluar los resultados del mismo; considera, por consiguiente, necesario hacerlo más específico mediante una nueva definición de sus prioridades; considera que es necesario concentrar los recursos del programa principalmente en la financiación de obras de infraestructura y las reformas estructurales de las economías de los países candidatos, lo que permitirá una mejor orientación de los créditos concedidos; opina también que si no ocurre esto, completar este programa con un nuevo instrumento comunitario de carácter exclusivamente estructural, sin disminuir por ello los compromisos financieros en otros ámbitos de la categoría 4, contribuiría a reforzar aún más los esfuerzos realizados en el marco de la estrategia de preadhesión que sigue la Comunidad;

22. Destaca la necesidad de unir a la estrategia de la adhesión para los PECO 10 una cooperación más profunda con los Estados vecinos de la CEI y, a este fin, utilizar los instrumentos específicos de la cooperación transfronteriza;

23. Subraya que, a la luz de las actuales previsiones financieras, la adhesión de los PECO 10 conllevará necesidades añadidas y que dichas necesidades crearán dificultades que se agudizarán si se precipita la adhesión; considera que una adhesión acelerada, acompañada de excepciones importantes y duraderas con respecto a las principales políticas de la Unión, distintas de las disposiciones específicas de transición a corto plazo, con las consecuencias financieras que ello supone, obstaculizará el buen funcionamiento del mercado interior único y la total aplicación del derecho comunitario y no debe contradecir los principios básicos de funcionamiento de la Unión; considera, por tanto, que una preparación minuciosa y una estrategia de preadhesión adecuada constituyen la base del éxito de la ampliación;

24. Subraya que el éxito del proceso de ampliación beneficiará a la estabilidad, seguridad y democracia en Europa; hace hincapié, por lo tanto, en que las decisiones de la Unión deberán adoptarse de forma coherente y asegurar que, por una parte, se reformen a su debido tiempo los ámbitos de la política agrícola y estructural y, por otra, que estén disponibles los recursos financieros que seguirán siendo necesarios; reitera por tanto el llamamiento a la Conferencia Intergubernamental incluido en su Resolución de 13 de marzo de 1996, que contiene (i) el dictamen del Parlamento sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental y (ii) la evaluación de los trabajos del Grupo de Reflexión y la definición de las prioridades políticas del Parlamento Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental ((DO C 96 de 1.4.1996, pág. 77)), para que proceda a reformar el sistema de los recursos propios, que deberá ultimarse, como muy tarde, en la fecha de expiración de las perspectivas financieras (1999);

25. Recuerda que el procedimiento de adopción de decisiones actualmente en vigor para el sistema de recursos propios es sumamente estricto y largo; señala que el sistema actual puede ser restrictivo a la hora de financiar una ampliación satisfactoria y expresa su preocupación por que una posible insuficiencia de recursos perjudique de facto la ampliación;

26. Señala que, desde el punto de vista económico, una ampliación satisfactoria será beneficiosa para todas las partes afectadas; que, por otra parte, en la medida que se desarrollen las economías de los PECO 10, aumentará su contribución a los recursos propios de la Unión y que, por otra parte, deberán tenerse en cuenta las ventajas económicas que obtendrán los actuales Estados miembros de la ampliación de sus intercambios comerciales con los países en cuestión;

27. Recuerda, en este contexto, que los países candidatos deberían adoptar a su debido tiempo las medidas pertinentes, incluidas las relativas a la estructura del sistema fiscal; considera que una evaluación fiable de la base fiscal garantizará la comparación de los datos con los de los Estados miembros de la Unión restantes y permitirá el cálculo fiable de la contribución de estos países al sistema de recursos propios;

28. Subraya que en el ámbito de los gastos administrativos, debe establecerse una distinción entre los gastos de infraestructura y los gastos en materia de recursos humanos; considera que, en lo que respecta a los recursos humanos, debe establecerse una distinción entre los gastos relativos a los miembros de las instituciones y órganos de la Unión (diputados al PE, miembros de la Comisión, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones) y los gastos relativos al personal; señala que la última ampliación ha puesto de manifiesto que parte de los gastos relativos al personal podrían utilizarse como instrumento descentralizador; considera que esta descentralización de los gastos administrativos de la Comunidad permitiría reducir la concentración geográfica de los gastos en cuanto a edificios y gastos conexos; considera que los demás gastos administrativos relativos al período de preadhesión deberían asignarse principalmente a la traducción de la legislación comunitaria; observa, por otra parte, que la multiplicación de lenguas utilizadas que entraña el aumento del número de Estados miembros de la Unión creará dificultades técnicas que deberán solucionarse; pide que se incluyan opciones en el marco del estudio solicitado en el apartado 34;

29. Subraya que debe aplicarse una igualdad de trato a todos los países candidatos; señala que, en lo que respecta a los criterios económicos, la naturaleza dinámica del progreso y de los cambios debe tenerse en cuenta para asegurar una estrategia flexible y creíble, basada en la evaluación y la adhesión de cada país por separado, y no en una adhesión de los países candidatos a la Unión global o por grupos;

30. Subraya, además, que entre el inicio de las negociaciones y su finalización y entre la última ratificación y el momento en que los nuevos Estados miembros estén plenamente integrados en la política comunitaria, considerando los períodos de transición, habrán tenido lugar cambios fundamentales en la situación económica general tanto en la Unión como en los propios PECO, pero que no es posible predecir en qué medida podrá evolucionar la economía, por lo que en esta fase toda planificación financiera deberá basarse, en el mejor de los casos, en conjeturas;

31. Pide a la Comisión que presente propuestas adecuadas para permitir que las negociaciones relativas a la adhesión puedan entablarse sobre la base de una duración de las fases de preadhesión claramente definida y adaptada a las necesidades específicas de cada país candidato y que, en cualquier caso, ofrezca garantías de modo claro y jurídicamente estipulado, de que la adhesión se ralizará en calidad de miembro de pleno derecho cuando el país en cuestión cumpla todos los requisitos necesarios para la misma; subraya que las posibles disposiciones o excepciones transitorias durante el período posterior a la adhesión no deben obstaculizar, por su magnitud y duración, el funcionamiento eficaz del mercado interior; cree, por consiguiente, que no deben ser de carácter global, han de limitarse al mínimo necesario, además de ser concretas y de duración lo más breve posible;

32. Encarga a sus comisiones competentes que establezcan contactos con sus homólogas en los países de la Europa Central y Oriental que han solicitado la adhesión con el fin de cooperar en la preparación para una ejecución eficaz del presupuesto comunitario tras la próxima adhesión de estos países; pide asimismo a las comisiones parlamentarias mixtas que den prioridad a este ámbito en sus trabajos;

33. Pide asimismo a la Comisión que presente propuestas en fecha oportuna para llevar a cabo las reformas necesarias de las actuales políticas de la Unión; señala que estas reformas deberán tener en cuenta la evolución de las relaciones internacionales de la Unión, para que se eviten y limiten al máximo las variaciones bruscas de los parámetros económicos y sociales;

34. Solicita, por último, a la Comisión que prepare un estudio a fondo con carácter dinámico y basado, en la medida de lo posible, en situaciones realistas, en particular en lo relativo a la reforma adicional de la PAC y a la reforma de los Fondos estructurales, para facilitar datos que presenten el menor riesgo de errores y que puedan constituir una base fiable para la toma de decisiones; insta a la Comisión a emitir tan pronto como sea posible sus dictámenes sobre la adhesión de los países de la Europa central y oriental, incluida la cuestión de la diversidad lingueística, a fin de presentar dichos documentos inmediatamente después del final de la Conferencia Intergubernamental y para que las negociaciones para la adhesión puedan comenzar seis meses después de concluida la Conferencia Intergubernamental;

35. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a los Parlamentos de los países que han presentado su candidatura a la adhesión.