ES    ES ES 
ES 1   ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 2.7.2008 
SEC(2008) 2167 
  
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
Documento que acompaña a la  
 
Propuesta de  
 
Directiva sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento 
de información y consulta a los trabajadores  en las empresas y grupos de empresas de 
dimensión comunitaria (refundición) 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO  
  
{COM(2008) 419 final} 
{SEC(2008) 2166}  
ES 2   ES Introducción 
La presente evaluación de impacto tiene por objeto la revisión prev ista de la Directiva sobre el 
comité de empresa europeo (Dir ectiva 94/45/CE) y se  efectuó entre octu bre de 2007 y junio 
de 2008. A tal fin se creó un grupo interservicios, con la participación de once servicios. Se 
encomendó un estudio externo que incluyó una encu esta del 10 % de los comités de empresa 
europeos existentes. La segunda fa se de la consulta a los interl ocutores sociales europeos se 
inició en febrero de 2008. Si bien la Comi sión habría preferido, como solución con un 
impacto potencial más positivo, las negociaciones entre los interlocutores sociales, finalmente 
la Confederación Europea de Sindicatos no consideró práctico el diálogo social. La 
evaluación de impacto hizo uso de datos exter nos y tomó en cuenta los resultados de la 
investigación académica, así como los puntos de  vista expresados por los interlocutores 
sociales y otras partes interesa das en respuesta a la consulta. Además, se revisó por dos veces 
para tener en cuenta los dictámenes del Comité de Evaluación de Impacto. 
Definición del problema 
La Directiva establece un de recho a la información y cons ulta transnacionales a los 
trabajadores sobre la marcha de los negocios y sobre cualquier cambio significativo previsto 
en las grandes empresas transnacionales (con más de mil trabajadores empleados). En 2007, 
quedaban incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2 257 empresas, que empleaban 
a 24 millones de trabajadores. En 816 empresas , con 14,5 millones de tr abajadores empleados, 
funcionan comités de empresa europeos, tanto esta blecidos antes de la entrada en vigor de la 
Directiva y, por tanto, exentos de su cumplimiento, como creados mediante acuerdo entre un 
órgano de representación de los trab ajadores y la dirección central. 
Catorce años después de la adopción de la Di rectiva, hay tres prob lemas principales que 
pueden exigir una actuación: 
• No queda garantizada la efectividad de los derechos de in formación y consulta 
transnacionales, particularmente porque no se  informa ni consulta debidamente a los 
comités de empresa europeos en más de la mitad de los casos de  reestructuración y, 
además, la tasa de creación de comités de empresa europeos sigue siendo relativamente 
baja y no ha aumentado en los últimos años. 
• Existen incertidumbres jurídicas que causan defi ciencias en la aplicación de la Directiva y 
acarrean costes y retrasos, particularmente en los casos de fusiones y adquisiciones y en lo 
relativo a la interacción entre los niveles nacional y europeo de información y consulta. 
• En la Directiva de 1994 sobre comités de empr esa europeos, los conceptos de información 
y consulta difieren de los definidos en las directivas más recientes en materia de 
información y consulta a los trab ajadores, y no hay normas claras  para la interacción entre 
estas directivas. 
Estos problemas afectan de forma significativa a trabajadores, empresas y territorios, y el 
cometido potencial de los comités de empresa eu ropeos en la anticipación y gestión de los 
cambios de manera sostenible sigue esta ndo ampliamente desaprovechado. Los problemas 
empeorarían sin una nueva actuación de la UE en un contexto de creciente globalización. 
Asimismo es preciso actuar para apoyar la realización del mercad o interior, la competitividad 
ES 3   ES sostenible y la cohesión social . Dado el carácter tr ansnacional de los comités de empresa 
europeos, los Estados miembros no pueden tomar medidas efectivas. La base jurídica de la 
acción de la UE es el artículo 137, apartado 1, letra e), del Tratado CE. 
Objetivos 
El principal objetivo de esta iniciativa es si tuar los comités de empresa europeos en una 
posición que les permita desempeñar plenamente  su cometido en relación con los cambios en 
las empresas, la anticipación y gestión socialmente responsable del cambio y el fomento de un 
auténtico diálogo social transnacional. Los objetivos específicos son los siguientes: 
• Garantizar la efectividad de los derechos a información y consulta transnacionales a los 
trabajadores en los comités de empresa europeos existentes. 
• Incrementar la tasa de creación (la pr oporción de comités de empresa europeos 
establecidos en relación con el número de empres as incluidas en el ámbito de aplicación de 
la Directiva). 
• Garantizar la certidumbre jurídica en el esta blecimiento y funcionamiento de los comités 
de empresa europeos. 
• Mejorar la coherencia y la interacción entre lo s instrumentos legislativos de la Comunidad 
sobre información y consulta a los trabajadores. 
Posibles opciones y evaluación 
Para lograr estos objetivos se han señalado tres opciones y se han evaluado los impactos 
potenciales de cada una de ellas: 
• La primera opción —ausencia de nueva actuac ión de la Unión Europea—  no permite en 
absoluto responder los objetivos específicos. 
• La segunda opción —enfoque no regulador y promoció n complementaria de buenas 
prácticas—  implicaría un aumento de las accione s de comunicación, posiblemente seguido 
de una propuesta de incrementa r el actual apoyo financiero a las medidas de promoción y 
de una recomendación sobre el establecimient o y el funcionamiento de los comités de 
empresa europeos. Esta opción tiene potenci al para mejorar la difusión de mejores 
prácticas y estimular un funcionamiento más eficaz de los comités de empresa europeos, 
sin acarrear más costes directos  para las empresas. Sin emba rgo, por su naturaleza, solo 
puede abordar de manera limitada el objetivo de  dar certidumbre jurídi ca y coherencia a la 
legislación comunitaria, por que  lo que debe ir asociada a una acción legislativa (tercera 
opción). Asimismo ha de tenerse en cuenta que ya existen medidas no reguladoras, por lo 
que cualquier nueva medida solo podría tener un impacto adicional. 
• La tercera opción —revisión de la legislación vigente—  implicaría modificaciones de la 
Directiva 94/45/CE, principalmen te con el propósito de especificar mejor los conceptos de 
información y consulta, definir la competencia transnacional, conectar los niveles nacional 
y europeo de información y consulta, adaptar las disposiciones subsidiarias, que se usan como referencias de negociación, establecer el  derecho a cursar formación, introducir una 
cláusula de adaptación en caso de cambio signifi cativo de la estructura de las empresas y 
ES 4   ES reconocer el papel de los si ndicatos. Para cada subopci ón, se debaten los costes y 
beneficios y se establece un balance entre los intereses expresados por las distintas partes 
interesadas. Dos subopciones —el descenso del umbral para el establecimiento de comités 
de empresa europeos y los mecanismos de registro— se descartan por resultar poco rentables. Las otras subopciones tienen muy bu enas perspectivas para lograr los objetivos 
específicos y muestran un bala nce de coste y beneficio má s positivo. Estas subopciones 
deberían implementarse conjuntamente, ya que ninguna de ellas bastaría  por sí sola para 
alcanzar el resultado deseado. El contenido de la tercera opción ha sido adaptado en 
algunos ámbitos para tener en cu enta los resultados del ejerci cio de consulta y evaluación, 
así como el interés de las diversas partes interesadas, particularmente atendiendo al contenido de las disposicione s subsidiarias. No obstante, dado que la capacidad de esta 
opción para mejorar la sensibilización y dif undir las mejoras prácticas es limitada, debería 
combinarse con medidas de sensibili zación procedentes de la segunda opción.  
Conclusión 
Teniendo en cuenta su impacto en los objetivos  fijados y su balance coste/efectividad, la 
opción preferida es la tercera —revisión de la legislación vigente—,  combinada con medidas 
de sensibilización procedentes de la segunda opción —enfoque no regulador y promoción 
complementaria de buenas prácticas—,  que comenzarían con acciones de comunicación. El 
probable impacto general de esta opción será mejorar la calidad del diálogo con las empresas y permitir a todas las partes anticipar y gestionar mejor los cambios, si bien con algunos costes directos adicionales. No obstante, tale s costes no deberían ser significativos para las 
empresas que ya se ajustan a los requisitos y objetivos de la Directiva existente. La acción prevista debería también contribuir a dar más coherencia a los instru mentos comunitarios 
existentes en materia de información y consu lta (con definiciones idénticas y articulación 
entre las normas nacionales y transnacionales).