Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la adjudicación de contratos de concesión /* COM/2011/0897 final - 2011/0437 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA La Comisión anunció la intención de adoptar una iniciativa legislativa sobre las concesiones en su Comunicación «Acta del Mercado Único - Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza», de 13 de abril de 2011. En la actualidad, la adjudicación de concesiones de obras está sujeta a un número limitado de disposiciones de Derecho derivado, mientras que las concesiones de servicios están reguladas únicamente por los principios generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esta laguna jurídica ocasiona falseamientos graves del mercado interior, en concreto al limitar el acceso de las empresas europeas, en especial las pequeñas y medianas empresas, a las oportunidades económicas que ofrecen los contratos de concesión. La falta de seguridad jurídica es también motivo de la aparición de ineficiencias. El objetivo de la presente iniciativa es reducir la inseguridad jurídica en la adjudicación de contratos de concesión en beneficio de las autoridades públicas y los operadores económicos. La legislación de la UE no restringe la libertad de los poderes y entidades adjudicadores a la hora de desempeñar los cometidos de interés público que son de su competencia merced a sus propios recursos, pero si deciden recurrir a una entidad externa para desempeñar tales cometidos, es necesario dar a todos los operadores económicos de la UE acceso efectivo al mercado. En el contexto de graves limitaciones presupuestarias y dificultades económicas que existe en numerosos Estados miembros de la UE, preocupa especialmente la asignación eficiente de los fondos públicos. Un marco legislativo adecuado en el ámbito de la adjudicación de contratos de concesión estimularía la inversión pública y privada en infraestructuras y servicios estratégicos con la mejor relación calidad-precio. La Comisión señaló el potencial que tendría una iniciativa legislativa relativa a los contratos de concesión para crear un marco de la UE de apoyo a la colaboración público-privada en su Comunicación de 2009 «Movilizar las inversiones públicas y privadas con vistas a la recuperación y el cambio estructural a largo plazo: desarrollo de la colaboración público-privada». La presente propuesta se presenta en paralelo con la revisión de las Directivas sobre contratación pública[1]. Deberá resultar en la adopción de un instrumento jurídico independiente que regule la adjudicación de concesiones y que, junto a las dos propuestas de revisión de las Directivas sobre contratación pública actualmente vigentes (2004/17/CE y 2004/18/CE), se propone crear un marco legislativo moderno en la materia. 2. RESULTADOS DE LA CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO Entre el 12 de mayo y el 9 de julio de 2010, la Comisión llevó a cabo una consulta pública en línea dirigida al público en general. Entre el 5 de agosto y el 30 de septiembre de 2010 se desarrolló otra consulta pública dirigida a las empresas, los interlocutores sociales y las entidades adjudicadoras. Estas consultas confirmaron que la falta de seguridad jurídica planteaba problemas, y mostraron los obstáculos con que se enfrentan las empresas a la hora de acceder al mercado. Se sugería también la intervención que debería emprender la UE. Los resultados pueden consultarse en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/concessions_en.htm Estas conclusiones han sido corroboradas en una serie de reuniones bilaterales a nivel local con representantes de los Estados miembros, empresas de los sectores interesados y asociaciones industriales. La información recopilada durante las consultas constituyó la base del Informe de evaluación de impacto, que fue examinado y aprobado por el Comité de Evaluación de Impacto el 21 de marzo de 2011. El Comité de Evaluación de Impacto hizo diversas recomendaciones; era necesario insistir en la magnitud de los problemas detectados y en las consecuencias de las distorsiones, abordar las diferencias de trato entre los contratos públicos y las concesiones, y profundizar en determinados aspectos de la evaluación de impacto y la comparación de las opciones. Estas recomendaciones han sido debidamente tenidas en cuenta en la nueva versión de evaluación de impacto. Los dictámenes del Comité de Evaluación de Impacto acerca del informe se han publicado conjuntamente con la presente propuesta, con el informe final de evaluación de impacto y con el resumen ejecutivo del informe. El informe confirmó la necesidad de adoptar nueva legislación. Señaló también que los operadores económicos se enfrentan a condiciones desiguales, lo que a menudo se traduce en la pérdida de oportunidades empresariales. Esta situación genera costes y resulta perjudicial para los competidores establecidos en otros Estados miembros, los poderes y entidades adjudicadores y los consumidores. Además, sigue sin estar clara la definición de concesión y el contenido preciso de las obligaciones de transparencia y no discriminación derivadas del Tratado. La falta de seguridad jurídica resultante incrementa el riesgo de cancelación o resolución prematura de contratos adjudicados ilícitamente y, en última instancia, disuade a las autoridades de utilizar las concesiones en casos en los que este tipo de contrato podría ser una buena solución. Aún cuando los Estados miembros promulgaran una normativa que estableciera un marco jurídico basado en los principios del Tratado, subsistiría la inseguridad jurídica derivada de la interpretación de tales principios por el legislador nacional y la disparidad entre las normativas de los diferentes Estados miembros. En algunos casos se ha denunciado la total ausencia de legislación nacional, hecho generador de adjudicaciones directas, con el riesgo que conllevan de prácticas perniciosas o incluso de corrupción. Se determinó que la solución óptima era una legislación basada en las disposiciones actualmente vigentes para las concesiones de obras públicas, oportunamente reajustada y complementada con una serie de disposiciones específicas. Otro enfoque más restringido sería hacer extensivas a las concesiones las disposiciones aplicables a los contratos públicos. Se consideró que esta estrategia era contraproducente, ya que podría disuadir a los poderes adjudicadores del recurso a las concesiones. 3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA · Base jurídica La propuesta se basa en el artículo 53, apartado 1, y en los artículos 62 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). · Principio de subsidiariedad El principio de subsidiariedad es de aplicación cuando la propuesta no entra en el ámbito de competencia exclusiva de la UE. Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por la razón que se expone a continuación. La coordinación de los procedimientos de contratación pública que sobrepasen determinados umbrales es un valioso instrumento para complementar el mercado interior en el ámbito de las adquisiciones públicas, ya que asegura a los operadores económicos del mercado interior un acceso efectivo y equitativo a las concesiones. Los procedimientos europeos confieren transparencia y objetividad a la contratación pública, lo que resulta en ahorros considerables y en otras mejoras que benefician a las autoridades de los Estados miembros y, en definitiva, al contribuyente europeo. Este objetivo no podría lograrse de manera suficiente por los Estados miembros, cuya actuación resultaría inevitablemente en la fijación de requisitos diferentes y, posiblemente, de regímenes mutuamente conflictivos que aumentarían la complejidad reglamentaria y obstaculizarían de forma injustificada las actividades transfronterizas. Hasta el momento, muchos Estados miembros no han interpretado, aclarado ni llevado a la práctica los principios de transparencia e igualdad de trato establecidos en el Tratado para lograr una correcta adjudicación de los contratos de concesión. La falta de seguridad jurídica y el cierre de los mercados que de ello se deriva no podría ser probablemente eliminado sin una intervención al nivel adecuado. Por todo ello, se impone la intervención de la UE con el fin de superar los obstáculos que actualmente existen en el mercado de las concesiones, así como de asegurar la convergencia y la igualdad de condiciones, garantizando en definitiva la libre circulación de mercancías y servicios en los 27 Estados miembros. Puede concluirse que la propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad. · Principio de proporcionalidad La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, ya que no va más allá de lo necesario para lograr el objetivo de garantizar un adecuado funcionamiento del mercado interior merced a una serie limitada de normas en el ámbito de la adjudicación de concesiones. La evaluación de impacto permitió determinar un abanico de soluciones, las cuales fueron analizadas para ver si se adecuaban los objetivos de la legislación. En este análisis pudo comprobarse que los objetivos no pueden alcanzarse mediante una actuación centrada en las infracciones u otros instrumentos no legislativos, tales como el Derecho indicativo. Se consideró también que la aplicación de unas normas básicas, como se hace en el caso de las concesiones de obras, tampoco resultaría adecuada, ya que no proporciona suficiente seguridad jurídica ni garantiza la observancia de los principios del Tratado. Por otro lado, se estimó que una legislación más detallada, similar a las normas de adjudicación de contratos públicos actualmente vigentes, excedería de lo necesario para el logro de los objetivos. · Instrumentos elegidos Como la propuesta se basa en el artículo 53, apartado 1, y en los artículos 62 y 114 del TFUE, el recurso a un reglamento único aplicable tanto a la contratación de bienes como de servicios no sería permitida por el Tratado. Se propone, por lo tanto, que el instrumento sea una directiva. Se descartaron otras opciones no legislativas por las razones que se exponen en la evaluación de impacto. 4. Repercusiones presupuestarias La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias. 5. Información adicional · Cláusula de reexamen/revisión/expiración La propuesta contiene una cláusula de reexamen relativa a los efectos económicos de la aplicación de los umbrales recogidos en el artículo 5 sobre el mercado interior. · Explicación detallada de la propuesta Se espera que la Directiva propuesta garantice la transparencia, equidad y seguridad jurídica en la adjudicación de los contratos de concesión, contribuyendo así a la aparición de nuevas oportunidades de inversión y, en última instancia, a unas obras y servicios más variados y de mejor calidad. Se aplicará a las concesiones adjudicadas después de su entrada en vigor. Esta disposición concuerda con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de modificación de contratos (sin perjuicio de los acuerdos temporales que pudieran resultar estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de la prestación de servicios hasta la adjudicación de una nueva concesión). Las mejoras anteriormente señaladas podrán obtenerse gracias a una serie de disposiciones y aclaraciones en materia de procedimiento aplicables a las concesiones y encaminadas a dos objetivos principales: aumentar la seguridad jurídica y garantizar un mejor acceso de todas las empresas europeas a estos mercados. Seguridad jurídica El principal objetivo de la Directiva es aclarar el marco jurídico aplicable a la adjudicación de concesiones, así como delimitar claramente el ámbito de aplicación de dicho marco. Las obligaciones específicas que deberán cumplirse en el ámbito de las concesiones aumentarán considerablemente la seguridad jurídica ya que, por un lado, los poderes y entidades adjudicadores contarán con unas disposiciones precisas que incorporen los principios del Tratado a la adjudicación de concesiones y, por otro, los operadores económicos dispondrán de algunas garantías básicas respecto al procedimiento de adjudicación. Definición: La presente propuesta de Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión incluye una definición más precisa de contrato de concesión que hace referencia al concepto de riesgo operacional. En ella se deja claro qué tipos de riesgo se consideran operacionales y en qué consiste el riesgo significativo. También proporciona referencias respecto a la duración máxima de las concesiones. Incorporación de las obligaciones del Tratado en el Derecho derivado: la propuesta hace extensiva a todas las concesiones de servicios la mayoría de obligaciones que actualmente rigen la adjudicación de concesiones de obras. Establece también una serie de requisitos concretos y precisos que se han de aplicar en las distintas fases del proceso de adjudicación sobre la base de los principios del Tratado interpretados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, hace extensiva la aplicación del Derecho derivado a la adjudicación de contratos de concesión en el sector de los servicios públicos, que en la actualidad está exento de este tipo de legislación. Cooperación público-público: Existe gran inseguridad jurídica para establecer en qué medida la legislación de contratación pública debe cubrir la cooperación entre autoridades públicas. La jurisprudencia aplicable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se interpreta de forma diferente por los Estados miembros e incluso por los poderes adjudicadores. Por ello, la presente propuesta especifica en qué casos no tienen que someterse los contratos de concesión celebrados entre poderes adjudicadores a las normas de adjudicación de concesiones. Esta aclaración se fundamenta en los principios establecidos en la jurisprudencia aplicable del Tribunal de Justicia. Modificaciones: La modificación de las concesiones durante su periodo de vigencia se ha convertido en un aspecto cada vez más importante y problemático para las partes interesadas. En una disposición específica sobre modificación de las concesiones se recogen las soluciones básicas desarrolladas por la jurisprudencia y se ofrece una solución pragmática para hacer frente a las circunstancias imprevistas que hagan necesaria la modificación de una concesión durante el periodo de vigencia. Mayor acceso a los mercados de concesiones La propuesta introduce una notable mejora del acceso de los operadores económicos a los mercados de las concesiones. Sus disposiciones se proponen, en primer lugar, aumentar la transparencia y equidad de los procedimientos de adjudicación limitando la arbitrariedad de los poderes y entidades adjudicadores en aspectos tales como la publicación previa y posterior, la salvaguarda de los procedimientos, los criterios de selección y adjudicación y los plazos a los que tienen que atenerse los licitadores. Por otro lado, proporcionan mayores recursos de actuación a la hora de impedir o compensar las infracciones. Publicación en el Diario Oficial: Con el fin de garantizar la transparencia e igualdad de trato a todos los operadores económicos, la presente propuesta impone la publicación obligatoria de los contratos de concesión de un valor igual o superior a 5 000 000 EUR. Este umbral, que ya se aplica a las concesiones de obras, se hace ahora extensivo a las concesiones de servicios, habida cuenta de las consultas públicas efectuadas y de los estudios realizados por la Comisión para la elaboración de la presente propuesta. Se pretende que la carga administrativa adicional, así como sus costes, guarden proporción con el valor del contrato y con su interés transfronterizo. Los umbrales se aplican al valor de los contratos, calculado con arreglo a una metodología expuesta en los mismos. En el caso de los servicios, este valor refleja el valor total estimado de todos los servicios que debe prestar el concesionario durante toda la ejecución de la concesión. Las nuevas normas determinan también un mínimo de información que debe facilitarse a los licitadores potenciales. Plazos: La propuesta establece además un plazo mínimo de 52 días para la manifestación de interés en todo procedimiento de adjudicación de concesiones, como es actualmente el caso de las concesiones de obras públicas. Se ha decidido establecer un plazo más largo para las concesiones que para los contratos públicos, dado que a menudo aquellas suelen ser más complejas. Criterios de selección y de exclusión: La presente propuesta determina obligaciones relativas a los criterios de selección aplicadas por los poderes y entidades adjudicadores en la adjudicación de sus concesiones. Se trata de normas menos restrictivas que otras disposiciones similares que actualmente se aplican a los contratos públicos. Sin embargo, limita los criterios de selección a la capacidad económica, financiera y técnica del licitador, y restringe el alcance de los criterios de exclusión admisibles. Criterios de adjudicación: La propuesta impone la obligación de aplicar unos criterios objetivos que deben estar vinculados al objeto de la concesión; deben atenerse a los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, y garantizar que los licitadores sean evaluados en condiciones de competencia real, de forma que puedan determinarse las ventajas globales que ofrecen para el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. Estos criterios deben impedir la toma de decisiones arbitrarias por parte de los poderes y entidades adjudicadores; deberán publicarse previamente y ordenarse por orden decreciente de importancia. Los Estados miembros y los poderes y entidades adjudicadores que así lo deseen pueden también establecer o aplicar en la adjudicación de concesiones el criterio de «oferta económicamente más ventajosa». Garantías procedimentales: Contrariamente a las Directivas de contratación pública, las normas propuestas no contienen un catálogo fijo de procedimientos de adjudicación. Esta solución permite que los poderes y entidades adjudicadores sigan unos procedimientos de adjudicación de concesiones más flexibles que, por ejemplo, reflejen las tradiciones jurídicas nacionales y permitan que el proceso de adjudicación se organice de la forma más eficiente posible. Con todo, la propuesta establece una serie de procedimientos de salvaguarda que siempre deberán respetarse en la adjudicación de concesiones, especialmente durante las negociaciones. Con ello se pretende garantizar la equidad y transparencia del proceso. Recursos: La presente Directiva establece una ampliación del ámbito de aplicación de las Directivas «Recursos» (Directivas 89/665/CEE y 92/13/CE, modificada por la Directiva 2007/66/CE) a todos los contratos de concesión por encima del umbral con el fin de garantizar unos canales que permitan impugnar la decisión de adjudicación ante un tribunal y de establecer unas normas judiciales mínimas que deben observar los poderes y entidades adjudicadores. 2011/0437 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la adjudicación de contratos de concesión (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 53, apartado 1, y sus artículos 62 y 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[2], Visto el dictamen del Comité de las Regiones[3], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) La ausencia de unas normas claras a nivel de la Unión en el ámbito de la adjudicación de contratos de concesión acarrea problemas de inseguridad jurídica, obstaculiza la libre prestación de servicios y falsea el funcionamiento del mercado interior. Como resultado de ello, los operadores económicos, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), se ven privados de los derechos que les confiere el mercado interior y pierden grandes oportunidades comerciales; por su lado, existe el peligro de que las autoridades públicas no den un uso óptimo a los fondos públicos, y los ciudadanos de la UE no podrían disfrutar de unos servicios de calidad a buen precio. Es necesario instaurar un marco jurídico adecuado en el ámbito de la adjudicación de concesiones que garantice a todos los operadores económicos de la Unión un acceso efectivo y no discriminatorio al mercado y que afiance la seguridad jurídica, favoreciendo así la inversión pública en infraestructuras y servicios estratégicos para el ciudadano. (2) La contratación pública desempeña un papel fundamental en la estrategia Europa 2020[4], ya que es uno de los instrumentos basados en el mercado destinados a conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y fomentar al mismo tiempo una utilización eficiente de los fondos públicos. La adjudicación de concesiones de obras se rige en la actualidad por las normas básicas de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, mientras que la de concesiones de servicios de interés transfronterizo se ajusta a los principios del Tratado, en particular los principios de libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, así como los principios que se derivan de ellos, tales como la igualdad de trato, la no discriminación, el reconocimiento mutuo, la proporcionalidad y la transparencia. Existe un riesgo de inseguridad jurídica relacionado con las diferentes interpretaciones de los principios del Tratado por los legisladores nacionales y de grandes disparidades entre las legislaciones de los diferentes Estados miembros. Dicho riesgo ha sido confirmado por una amplia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sin embargo aborda sólo en parte determinados aspectos de la adjudicación de contratos de concesión. Es necesario concretizar los principios del Tratado en todos los Estados miembros y, a partir de ahí, eliminar las discrepancias de interpretación a nivel de la Unión al objeto de eliminar los trastornos persistentes que se producen en el mercado interior. (3) La presente Directiva no debería menoscabar en modo alguno la libertad de los Estados miembros o de las autoridades públicas para decidir el suministro directo de obras o servicios al público o la externalización de tal suministro a terceros. Los Estados miembros y las autoridades públicas deberían continuar siendo libres para definir las características del servicio, incluidas las eventuales condiciones relativas a la calidad o el precio, con el fin de lograr sus objetivos de interés público. (4) Para las concesiones que superen determinado valor, conviene establecer una coordinación mínima de los procedimientos nacionales para la adjudicación de estos contratos basada en los principios del Tratado, a fin de garantizar la apertura de las concesiones a la competencia y una seguridad jurídica adecuada. Estas disposiciones de coordinación no deberían ir más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos citados. Los Estados miembros han de poder completar y desarrollar estas disposiciones si lo consideran oportuno, en particular si desean reforzar la observancia de los citados principios. (5) Deben introducirse también algunas disposiciones de coordinación para la adjudicación de concesiones de obras y servicios en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, ya que las autoridades nacionales pueden influir en el comportamiento de las entidades que operan en esos sectores, y teniendo en cuenta que operan en mercados cerrados, debido a la existencia de derechos especiales o exclusivos que los Estados miembros conceden en relación con el suministro la puesta a disposición o la explotación redes para la prestación de los correspondientes servicios. (6) Las concesiones son contratos a título oneroso celebrados entre uno o más operadores económicos y uno o más poderes o entidades adjudicadores, cuyo objeto es la adquisición de obras o servicios, y su contrapartida es normalmente el derecho a explotar las obras o servicios objeto del contrato. La ejecución de estas obras o servicios está sujeta a obligaciones específicas determinadas por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, vinculantes y legalmente exigibles. Sin embargo, determinados actos estatales, tales como el otorgamiento de autorizaciones o licencias, en los que el Estado o una autoridad pública establece las condiciones para el ejercicio de una actividad económica, no pueden calificarse de concesiones. Lo mismo puede decirse de determinados acuerdos cuyo objeto es el derecho de un operador económico a explotar determinados ámbitos o recursos de carácter público, como es el caso de los contratos de arrendamiento de terrenos, en los que el Estado o autoridad pública establece únicamente sus condiciones generales de utilización, sin adquirir obras o servicios específicos. (7) Las dificultades relacionadas con la interpretación de los conceptos de concesión y contrato público han sido fuente de continua inseguridad jurídica para las partes interesadas y han dado lugar a numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a este respecto. Por lo tanto, debe aclararse la definición de concesión, en particular haciendo referencia al concepto de riesgo operacional sustancial. La característica principal de una concesión, el derecho de explotar las obras o los servicios, implica siempre la transferencia al concesionario de un riesgo económico que conlleva la posibilidad de que no recupere las inversiones realizadas ni cubra los costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios adjudicados. La regulación de la adjudicación de concesiones mediante normas específicas no estaría justificada si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora aliviase al contratista de cualquier pérdida potencial garantizando unos ingresos mínimos iguales o superiores a los costes que el contratista deba asumir en relación con la ejecución del contrato. Al mismo tiempo, hay que aclarar que algunos acuerdos que estipulan un pago íntegro por parte del poder adjudicador o la entidad adjudicadora pueden denominarse condiciones si la recuperación de las inversiones o costes en que hubiera incurrido el operador por la ejecución de las obras o la prestación de los servicios depende de la demanda o de la disponibilidad de esos bienes o servicios. (8) Cuando la reglamentación específica del sector prevea una garantía en beneficio del concesionario en virtud de la cual se compensen las inversiones y costes en que hubiera incurrido por la ejecución del contrato, este último no debería considerarse concesión a efectos de la Directiva. (9) El concepto de derechos especiales o exclusivos es fundamental para la determinación del ámbito de aplicación de la Directiva, ya que las entidades que no son ni poderes adjudicadores de conformidad con el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, ni empresas públicas, deberán someterse a ella sólo si desarrollan alguna de las actividades derivadas de los derechos anteriormente mencionados. Procede aclarar, por lo tanto, que los derechos obtenidos merced a un procedimiento que se ha ajustado a criterios objetivos (y, en primer lugar, a la normativa de la Unión) y que ha contado con la debida publicidad, no constituyen derechos especiales o exclusivos a efectos de la presente Directiva. La legislación debe incluir la Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural[5], la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad[6], la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio[7], la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos[8] y el Reglamento (CE) n° 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n° 1191/69 y (CEE) n° 1107/70 del Consejo[9]. La creciente diversidad de formas en que puede manifestarse la acción del Estado hace necesario definir de forma precisa el propio concepto de contratación. Las normas de la Unión en materia de concesiones se refieren a la adquisición de obras o servicios cuya contrapartida consiste en la explotación de tales obras o servicios. El concepto de adquisición debe entenderse en sentido amplio como obtención de los beneficios derivados de las obras o servicios en cuestión, sin que sea necesaria en todos los casos una transferencia de la propiedad a los poderes o entidades adjudicadores. Por otro lado, la simple financiación de una actividad, que a menudo va ligada a la obligación de reembolsar las cantidades que no se hubieran destinado a los fines previstos, no entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. (10) Se ha considerado también necesario aclarar qué debe constituir una contratación única, con la consecuencia de que, a efectos de los umbrales fijados por la presente Directiva, ha de tenerse en cuenta el valor agregado de todas las concesiones realizadas para dicha contratación, y la de que ésta debe anunciarse como un conjunto único, en su caso dividido en lotes. El concepto de contratación única abarca todos los suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución de un determinado proyecto. Son, por ejemplo, indicación de la existencia de un proyecto único la labor previa de planificación y concepción global desarrollada por el poder adjudicador, o el hecho de que los distintos elementos adquiridos cumplan una función económica y técnica única, o que dichos elementos se encuentran lógicamente interconectados. (11) Para garantizar una verdadera apertura del mercado y un justo equilibrio en la aplicación de las normas de adjudicación de concesiones en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales es necesario que las entidades a las que se apliquen se definan de manera distinta, sin basar dicha definición en la referencia a su régimen jurídico. Por tanto, hay que velar por que no se atente contra la igualdad de trato entre las entidades adjudicadoras del sector público y del sector privado. También es necesario asegurarse de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 345 del Tratado, no se prejuzgue el régimen de la propiedad en los Estados miembros. (12) Las concesiones podrán ser adjudicadas por las entidades adjudicadores con la finalidad de satisfacer las necesidades de varias actividades, posiblemente sujetas a diferentes regímenes jurídicos. Debe aclararse que el régimen jurídico aplicable a una concesión única destinada a cubrir varias actividades debe estar sujeto a las normas aplicables a la actividad para la que se destine principalmente. La determinación de cuál es la actividad para la que la concesión se destina principalmente podrá basarse en el análisis de las necesidades a las que la concesión específica deberá responder, efectuado por la entidad adjudicadora a fin de estimar el valor de la concesión y de establecer los documentos de adjudicación de la misma. En algunos casos podría resultar imposible determinar objetivamente cuál es la actividad para la que la concesión se destina principalmente. Debe señalarse cuáles son las normas aplicables a dichos casos. (13) Conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva determinadas concesiones de servicios y obras adjudicadas a un operador económico que a su vez es poder adjudicador o entidad adjudicadora en virtud de un derecho exclusivo que le ha sido reconocido con arreglo a una norma o acto administrativo nacional publicado y cuya concesión se ajusta al Tratado y a una normativa específica de la Unión relativa a la gestión de infraestructuras de redes en el ámbito de las actividades recogidas en el anexo III, ya que la concesión de tales derechos exclusivos hace imposible seguir un procedimiento de adjudicación competitivo. A pesar de ello, y sin perjuicio de las consecuencias jurídicas de la exclusión general del ámbito de aplicación de la presente Directiva, las concesiones, entendidas según la definición del artículo 8, apartado 1, deben someterse a la obligación de publicar un anuncio de adjudicación de concesión con el fin de garantizar unas condiciones básicas de transparencia, a no ser que la legislación específica vele por ello. (14) Conviene excluir determinadas concesiones de servicios y obras adjudicadas a una empresa asociada a entidades adjudicadoras cuya actividad principal sea proporcionar servicios u obras al grupo al que pertenece y no comercializarlos en el mercado. Conviene asimismo excluir determinadas concesiones de servicios y obras adjudicadas por una entidad adjudicadora a una empresa conjunta constituida por varias entidades adjudicadoras con el objeto de ejercer actividades incluidas en el ámbito de la presente Directiva y de la que dicha entidad forma parte. Es preciso no obstante evitar que esta exclusión ocasione falseamientos de la competencia que vayan en beneficio de las empresas, o de empresas conjuntas asociadas con las entidades adjudicadoras; es conveniente prever un conjunto adecuado de normas, en particular por lo que se refiere a los límites máximos dentro de los cuales las empresas puedan obtener parte de su volumen de negocios en el mercado y por encima de los cuales perderían la posibilidad de que se les adjudicasen concesiones sin convocatoria de licitación, la composición de las empresas conjuntas y la estabilidad de las relaciones entre tales empresas conjuntas y las entidades adjudicadoras de las cuales están compuestas. (15) La presente Directiva no debe aplicarse a las concesiones adjudicadas por entidades adjudicadoras al objeto de realizar una actividad recogida en el anexo III cuando, en el Estado miembro donde se desarrolla la actividad, ésta se vea expuesta a la competencia en mercados sin limitaciones de acceso, como es el caso del procedimiento previsto a tal efecto en los artículos 27 y 28 de la Directiva [actual 2004/17/CE]. Este procedimiento debe ofrecer seguridad jurídica a las entidades afectadas y un procedimiento de toma de decisiones adecuado, que garantice en plazos breves una aplicación uniforme del Derecho de la Unión en la materia. (16) La presente Directiva no se aplica a la adjudicación de concesiones efectuadas por organismos internacionales por cuenta propia y en su propio nombre. No obstante, es necesario aclarar si la presente Directiva debe aplicarse a la adjudicación de concesiones que se rigen por disposiciones internacionales específicas. (17) Existe gran inseguridad jurídica para establecer en qué medida las normas de adjudicación de concesiones deben regular la cooperación entre autoridades públicas. La jurisprudencia aplicable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se interpreta de forma diferente por los Estados miembros e incluso por los poderes adjudicadores y algunas entidades adjudicadores. Se hace necesario aclarar en qué casos no deben someterse las concesiones celebradas entre este tipo de autoridades a las normas de adjudicación de concesiones públicas. Esta aclaración debe informarse en los principios establecidos en la jurisprudencia aplicable del Tribunal de Justicia. El mero hecho de que las dos partes de un acuerdo sean poderes o entidades adjudicadores con arreglo al artículo 4, apartado 1, párrafo primero, no descarta, en sí mismo, la aplicación de las normas de adjudicación de concesiones. Ahora bien, la aplicación de las normas de adjudicación de concesiones no debería menoscabar la libertad de las autoridades públicas de decidir cómo ejecutan sus obligaciones de servicio público. Las concesiones adjudicadas a entidades controladas y las operaciones de cooperación para la ejecución conjunta de obligaciones de servicio público a cargo de poderes o entidades adjudicadores deberían, por lo tanto, estar exentas de dar cumplimiento a las normas si se satisfacen las condiciones establecidas en la presente Directiva. La presente Directiva debe evitar que la exención reconocida a las operaciones de cooperación entre entidades públicas falsee las condiciones de competencia frente a los operadores económicos privados. Tampoco debería falsear las condiciones de competencia la actuación de un poder adjudicador como licitador en un procedimiento para la adjudicación de un contrato público. (18) Con el fin de garantizar que los poderes y entidades adjudicadores den una adecuada publicidad a las concesiones de obras y servicios por encima de un determinado valor, la adjudicación de tales contratos debería ir precedida de la publicación obligatoria de un anuncio de concesión en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los umbrales deben ser reflejo del interés transfronterizo de las concesiones para operadores económicos establecidos en otros Estados miembros. Para calcular el valor de una concesión de servicios, se debe tener en cuenta el valor estimado de todos los servicios que va a prestar el concesionario desde el punto de vista de un licitador potencial. (19) Debido a los efectos negativos que ello pudiera tener para la competencia, sólo se permitirá la adjudicación de concesiones sin publicación previa en circunstancias muy excepcionales. Esta excepción debería limitarse a aquellos casos en los que esté claro desde el principio que la publicación no estimularía la competencia, en particular porque, objetivamente, sólo existe un operador económico que puede ejecutar la concesión. Únicamente en situaciones de exclusividad objetiva puede justificarse la adjudicación a un operador económico de una concesión sin previa publicación, y sólo si la situación de exclusividad no ha sido creada por el propio poder adjudicador o entidad adjudicadora ante la perspectiva del procedimiento de adjudicación, y si, tras un estudio exhaustivo de disponibilidad, se concluye que no existen sustitutos idóneos. (20) Un estudio de los servicios denominados prioritarios y no prioritarios (servicios «A» y «B») efectuado por la Comisión ha mostrado que no está justificado limitar la plena aplicación de la normativa de contratación pública a un determinado grupo de servicios. Por ello, la presente Directiva debe aplicarse a una serie de servicios (por ejemplo, los servicios de catering y distribución de agua) que muestran un potencial de comercio transfronterizo. (21) A la luz de los resultados de la evaluación realizada por la Comisión para la reforma de las normas de contratación pública, es procedente excluir de la aplicación plena de la presente Directiva únicamente aquellos servicios con menor dimensión transfronteriza, en particular los denominados servicios a la persona, como los de carácter social, sanitario o educativo. Estos servicios se prestan en el marco de un contexto particular que varía mucho según el Estado miembro de que se trate debido a la existencia de diferentes tradiciones culturales. Debe establecerse un régimen específico para la concesión de estos servicios que tenga en cuenta el hecho de que van a regularse por primera vez. La obligación de publicar, en el caso de concesiones de un valor igual o superior a los umbrales establecidos en la presente Directiva, un anuncio de información previa y un anuncio de adjudicación de la concesión constituye una medida adecuada para informar a los posibles licitadores de las posibilidades económicas que se les ofrecen, y a todas las partes interesadas del número y tipo de contratos adjudicados. Por otro lado, en relación con la adjudicación de contratos de concesión en el ámbito de tales servicios, los Estados miembros deben establecer las medidas adecuadas para garantizar la observancia de los principios de transparencia e igualdad de trato de los operadores económicos, a la vez que para permitir que los poderes y entidades adjudicadores se adapten a la especificidad de estos servicios. Los Estados miembros deben velar por que los poderes y entidades adjudicadores tengan en cuenta la necesidad de garantizar la calidad, continuidad, accesibilidad, disponibilidad y exhaustividad de estos servicios, así como las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, la participación de los usuarios y la atribución de facultades a los mismos y la innovación. (22) Dada la importancia del contexto cultural y el carácter sensible de estos servicios, los Estados miembros deben disponer de mayor discreción para seleccionar los proveedores de los servicios de la manera que consideren más apropiada. Lo dispuesto en la presente Directiva no obsta para que los Estados miembros apliquen criterios específicos de calidad a la hora de seleccionar los proveedores de estos servicios, tales como los criterios expuestos en el Marco Europeo Voluntario de Calidad de los Servicios Sociales del Comité de Protección Social de la Unión Europea. Los Estados miembros y las autoridades públicas siguen siendo libres de prestar ellos mismos estos servicios o de organizar los servicios sociales sin realizar concesiones, por ejemplo a través de la simple financiación de los mismos, o merced a la concesión de licencias y autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan unas condiciones establecidas de antemano por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, sin imponer límites o cuotas y siempre que se garantice una publicidad suficiente y se respeten los principios de transparencia y no discriminación. (23) Para que todos los operadores interesados puedan presentar sus solicitudes de participación y sus ofertas, los poderes y entidades adjudicadores deben estar obligados a respetar un plazo mínimo para la recepción de esas solicitudes. (24) La elección y la aplicación de criterios proporcionales, no discriminatorios y equitativos de selección de los operadores económicos es crucial para su acceso efectivo a las oportunidades económicas relacionadas con las concesiones. En particular, la posibilidad de que un candidato se base en las capacidades de otras entidades puede ser decisiva para permitir la participación de las pequeñas y medianas empresas. Por consiguiente, conviene establecer que los criterios de selección se refieran exclusivamente a la capacidad técnica, financiera y económica de los operadores, que se hagan públicos en el anuncio de concesión y que no puedan impedir que un operador económico se base en la capacidad de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de sus vínculos con ellas, si estas demuestran al poder adjudicador o la entidad adjudicadora que tendrán a su disposición los recursos necesarios. (25) Con el fin de garantizar la transparencia e igualdad de trato, los criterios de adjudicación de concesiones deben siempre ajustarse a una serie de pautas generales. Éstas han de hacerse públicas de antemano a todos los licitadores potenciales, deben estar relacionadas con el contenido del contrato y no conferir al poder adjudicador o la entidad adjudicadora una libertad de elección sin restricciones. Deben garantizar la posibilidad de competencia efectiva e ir acompañadas de requisitos que permitan que la información proporcionada por los licitadores se verifique efectivamente. Con el fin de dar cumplimiento a dichas pautas, y de aumentar al mismo tiempo la seguridad jurídica, los Estados miembros pueden disponer la utilización del criterio de la oferta económicamente más ventajosa. (26) Cuando los poderes y entidades adjudicadores decidan adjudicar una concesión a la oferta económicamente más ventajosa, deben determinar los criterios económicos y cualitativos en que van a basarse para evaluar las ofertas y decidir cuál es la más ventajosa económicamente. La determinación de dichos criterios depende del objeto de la concesión, ya que deben permitir que el nivel de rendimiento ofrecido por cada oferta se evalúe a la luz del objeto de la concesión, tal como se define en las especificaciones técnicas, y que se mida la relación calidad/precio de cada oferta. (27) Las concesiones suelen ser acuerdos a largo plazo y complejos en los que el contratista asume responsabilidades y riesgos que tradicionalmente recaen o son competencia de los poderes y entidades adjudicadores. Por esta razón, dichos poderes y entidades deben mantener un margen de flexibilidad en la organización del proceso de adjudicación, que implique también la posibilidad de negociar el contenido del contrato con los candidatos. No obstante, para asegurar la igualdad de trato y la transparencia de todo el procedimiento de adjudicación, conviene establecer determinados requisitos relativos a la estructura del proceso de adjudicación, que incluyan negociaciones, la difusión de información y la disponibilidad de registros escritos. Es necesario también establecer la necesidad de no desviarse de las condiciones iniciales del anuncio de concesión, a fin de impedir que los candidatos potenciales sean tratados de manera no equitativa. (28) Las especificaciones técnicas establecidas por los poderes y entidades adjudicadores deben permitir la apertura a la competencia de la adjudicación de concesiones. A tal fin, debe ser posible presentar ofertas que reflejen soluciones técnicas diferentes, lo que permitiría lograr un nivel suficiente de competencia. Por ello, las especificaciones técnicas deben elaborarse de manera que no se restrinja artificialmente la competencia merced a requisitos que favorezcan a determinado operador económico, por ejemplo reflejando las características de los suministros, servicios u obras habituales de tal operador. Por regla general, si las especificaciones técnicas se determinan en función de criterios de funcionalidad o eficiencia, el objetivo se cumple de la mejor manera y se favorece la innovación. Cuando se haga referencia a una norma europea o, si no existiera, a una norma nacional, los poderes y entidades adjudicadores deben tener en consideración disposiciones equivalentes. Para demostrar la equivalencia, puede exigirse que los licitadores faciliten pruebas o argumentos proporcionados por terceros; cuando el operador económico considerado no tenga acceso a certificados o informes de pruebas, o no pueda obtenerlos en el plazo de tiempo correspondiente, deberán permitirse otros métodos probatorios, por ejemplo un expediente técnico del fabricante. (29) En las especificaciones técnicas y en los criterios de adjudicación, los poderes y entidades adjudicadores han de poder hacer referencia a procesos específicos de producción, formas concretas de prestación de servicios o procesos específicos aplicables a cualquier otra fase del ciclo de vida de un producto o servicio, siempre que mantengan relación con el objeto de la concesión. Con el fin de integrar mejor las consideraciones sociales en la adjudicación de concesiones, los órganos de contratación pueden incluir también, entre los criterios de adjudicación, aspectos relativos a las condiciones de trabajo. Ahora bien, cuando los poderes o entidades adjudicadores hagan uso del concepto de «oferta económicamente más ventajosa», tales criterios sólo podrán hacer referencia a las condiciones de trabajo de personas que participen directamente en el proceso de producción o de prestación. Las condiciones sólo podrán concernir la protección de la salud del personal que participa en el proceso de producción, o el fomento de la integración social de personas desfavorecidas o pertenecientes a grupos vulnerables que se encuentran en la plantilla a la que se asigna la ejecución del contrato, incluida la accesibilidad de personas con discapacidades. En este caso, los criterios de adjudicación que incluyan estos factores deberán tener una incidencia inmediata en los miembros del personal y su entorno de trabajo. Deberán atenerse a lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios[10], y aplicarse de manera que no discriminen directa ni indirectamente operadores económicos de otros Estados miembros o terceros países miembros del Acuerdo o de acuerdos de libre comercio suscritos por la Unión. Debe permitirse que, cuando los poderes o entidades adjudicadores recurran al concepto de «oferta económicamente más ventajosa», puedan utilizar como criterio de adjudicación la organización, cualificación y experiencia del personal destinado a la ejecución de la concesión, ya que ello puede incidir en la calidad de tal ejecución y, por ende, en el valor económico de la oferta. (30) Los medios electrónicos de información y comunicación pueden simplificar notablemente la publicación de los contratos y aumentar la eficiencia y transparencia de los procedimientos de adjudicación de concesiones. Tales métodos deben convertirse en la forma normal de comunicación e intercambio de información en tales procedimientos. Además, permiten ahorrar tiempo. Por todo ello, debe establecerse una reducción de los plazos mínimos cuando se utilicen medios electrónicos, siempre que sean compatibles con los modos específicos de transmisión previstos a nivel de la Unión. Por otro lado, los medios electrónicos de información y comunicación dotados de unas funciones adecuadas pueden impedir, detectar y corregir los errores que suelen producirse en los procedimientos de licitación. (31) A los poderes y entidades adjudicadores de diferentes Estados miembros puede interesarles cooperar y adjudicar sus concesiones públicas de forma conjunta con el fin de sacar el máximo beneficio del potencial del mercado interior (aprovechamiento de economías de escala, reparto de riesgos y beneficios), por ejemplo cuando se trate de proyectos innovadores con un mayor nivel de riesgo del que normalmente puede asumir un solo poder adjudicador o una sola entidad adjudicadora. Deben establecerse, por lo tanto, nuevas disposiciones en materia de concesiones transfronterizas conjuntas que determinen el Derecho aplicable con el fin de facilitar la adjudicación de concesiones públicas transfronterizas conjuntas. Por otro lado, los poderes y entidades adjudicadores de diferentes Estados miembros pueden constituir entidades jurídicas conjuntas constituidas con arreglo tanto al Derecho nacional como de la Unión. Deben establecerse normas específicas para la adjudicación de estas concesiones conjuntas. (32) Las normas, reglamentaciones y convenios colectivos nacionales o europeos vigentes en los ámbitos de las condiciones de empleo y la seguridad del trabajo deben aplicarse durante la ejecución de las concesiones, siempre que tales disposiciones y su aplicación se ajusten al Derecho de la Unión. En operaciones transfronterizas en las que trabajadores de un Estado miembro presten servicios en otro a efectos de la ejecución de una concesión, será de aplicación la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios[11], que establece las condiciones mínimas que debe cumplir el Estado de acogida para con los trabajadores desplazados. (33) No deben adjudicarse concesiones a operadores económicos que hayan formado parte de una organización delictiva o hayan sido condenados por corrupción o fraude en perjuicio de los intereses financieros de la Unión, o por blanqueo de capitales. El impago de impuestos o de la tributación de la seguridad social será también sancionado con una exclusión imperativa a nivel de la Unión. Asimismo, los poderes y entidades adjudicadores deben tener la posibilidad de excluir candidatos o licitadores que hayan infringido gravemente disposiciones de la Unión o nacionales en materia de protección de intereses públicos compatibles con el Tratado o hayan dado muestras de deficiencias significativas y persistentes en la ejecución de una concesión o concesiones similares celebradas anteriormente con el mismo poder adjudicador o la misma entidad adjudicadora. (34) Teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es necesario aclarar las condiciones en las que la modificación de una concesión efectuada durante su vigencia da lugar a un nuevo procedimiento de adjudicación. Se hace necesario un nuevo procedimiento de adjudicación cuando se introduzcan cambios fundamentales en la concesión original que demuestren la intención de las partes de renegociar condiciones esenciales de la concesión. Este es particularmente el caso cuando se considere que las condiciones modificadas hubieran influido en el resultado del procedimiento, si hubieran formado parte del procedimiento original. Una ampliación temporal y excepcional del periodo de vigencia de la concesión que se proponga únicamente garantizar la continuidad de la prestación de servicios hasta la adjudicación de una nueva concesión no debe calificarse de cambio fundamental de la concesión original. (35) Los poderes y entidades adjudicadores pueden encontrarse con circunstancias exteriores que no podían prever cuando adjudicaron la concesión. En este caso se necesita un cierto grado de flexibilidad para adaptar la concesión a las nuevas circunstancias sin un nuevo procedimiento de adjudicación. El concepto de «circunstancias que un poder adjudicador o entidad adjudicadora diligente no podía prever» se refiere a aquellas circunstancias que no podían predecirse a pesar de la diligente preparación del procedimiento original por parte del poder o la entidad citados, teniendo en cuenta los recursos de que disponían, la naturaleza y características del proyecto específico, las buenas prácticas del ámbito en cuestión y la necesidad de asegurar una proporción adecuada entre los recursos destinados a la preparación de la adjudicación y su valor previsto. Ahora bien, esto no sería posible si la modificación acarrea una alteración global de la licitación, por ejemplo si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios por otros diferentes o si se modifica de forma fundamental el carácter de la contratación ya que, en ese caso, puede presumirse una influencia hipotética en los resultados. (36) Con arreglo a los principios de igualdad de trato y transparencia, el licitador adjudicatario no debe ser sustituido por otro operador económico sin la convocatoria de una nueva concesión. Sin embargo, el licitador seleccionado para ejecutar la concesión puede experimentar cambios estructurales a lo largo de la ejecución, tales como simples reorganizaciones internas, concentraciones o adquisiciones, procedimientos de insolvencia, o bien sustituciones sobre la base de una cláusula contractual conocida por todos los licitadores y conforme con los principios de igualdad de trato y transparencia. Estos cambios estructurales no deben exigir automáticamente nuevos procedimientos de adjudicación de todas las concesiones ejecutadas por la empresa en cuestión. (37) Los poderes y entidades adjudicadores deben tener la posibilidad de prever en el propio contrato de concesión la posibilidad de modificaciones, lo que se reflejaría en la inclusión de cláusulas de revisión que no deben otorgar una discrecionalidad ilimitada. La presente Directiva debe, por ello, establecer en qué medida pueden preverse modificaciones en la concesión inicial. (38) Para facilitar la adaptación a la rápida evolución técnica y económica, deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado respecto a determinados elementos no esenciales de la presente Directiva. Las características y especificaciones técnicas de los dispositivos de recepción electrónica deben actualizarse en función de la evolución tecnológica o las necesidades administrativas. Es necesario también habilitar a la Comisión para establecer normas técnicas obligatorias en el ámbito de la comunicación electrónica a efectos de conseguir la interoperabilidad de los formatos y procedimientos técnicos y el envío y recepción de mensajes en los procedimientos de adjudicación de concesiones realizados a través de medios de comunicación electrónicos, teniendo en cuenta la evolución tecnológica y las necesidades administrativas. Por otro lado, la lista de actos legislativos de la Unión por los que se establecen métodos comunes para el cálculo de los costes del ciclo de vida deben adaptarse rápidamente para incorporar las medidas adoptadas a nivel sectorial. Con el fin de satisfacer estas necesidades, la Comisión debe ser autorizada a mantener actualizada la lista de actos legislativos, incluidos los métodos de cálculo de los costes del ciclo de vida. (39) Para garantizar una protección judicial adecuada de los candidatos y los licitadores en los procedimientos de adjudicación de concesiones, y para hacer efectiva la aplicación de las normas de la presente Directiva y de los principios del Tratado, la Directiva 89/665/CEE del Consejo relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras[12] y la Directiva 92/13/CEE relativa a la coordinación de los disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones[13] deben aplicarse también a las concesiones de servicios y de obras adjudicadas tanto por poderes como por entidades adjudicadores. Procede, por consiguiente, modificar las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE en consecuencia. (40) El tratamiento de los datos personales con arreglo a la presente Directiva debe atenerse a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[14]. (41) La legislación de la Unión en materia de contratación pública exige que los Estados miembros supervisen de forma coherente y sistemática tales disposiciones con el fin de garantizar una aplicación efectiva y uniforme de la legislación de la Unión. Para ello, cuando designen un organismo nacional único encargado de la supervisión, control y ejecución de la contratación pública, dicho organismo podría asumir las mismas responsabilidades en el ámbito de las concesiones. Un organismo único dotado de funciones generales sería capaz de hacer frente a las principales dificultades de aplicación y proponer unas soluciones adecuadas a los problemas de carácter más estructural, y podría rendir cuentas inmediatamente del funcionamiento de la estrategia y de las posibles deficiencias de las normativas y prácticas nacionales, permitiendo así una determinación rápida de las soluciones y la mejora de los procedimientos de adjudicación de concesiones. (42) Es muy importante que la Comisión lleve a cabo las consultas pertinentes durante sus trabajos preparatorios, en particular con especialistas. Al preparar y elaborar los actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. (43) Con el fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación de la presente Directiva, deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución para la elaboración y transmisión de anuncios y para el envío y publicación de los datos recogidos en los anexos IV a VI, así como para la modificación de los umbrales. Dichas competencias deben ejercerse de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[15]. Es conveniente utilizar el procedimiento consultivo para la adopción de actos de ejecución que no tengan repercusión sobre los aspectos financieros de la presente Directiva ni sobre la naturaleza y alcance de las obligaciones derivadas de la misma. Tales actos se caracterizan, al contrario, por ser de carácter meramente administrativo y destinarse a facilitar la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva. (44) De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos de [fecha], los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada. HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Directiva relativa a las concesiones Índice TÍTULO I: Definiciones, principios generales y ámbito de aplicación CAPÍTULO I: Definiciones, principios generales y ámbito de aplicación SECCIÓN 1: Definiciones y ámbito de aplicación Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación Artículo 2: Definiciones Artículo 3: Poderes adjudicadores Artículo 4: Entidades adjudicadoras Artículo 5: Umbrales Artículo 6: Métodos de cálculo del valor estimado de las concesiones Artículo 7: Principios generales SECCIÓN II: EXCLUSIONES Artículo 8: Exclusiones aplicables a las concesiones adjudicadas por poderes y entidades adjudicadores Artículo 9: Exclusiones específicas en el ámbito de las comunicaciones electrónicas Artículo 10: Exclusiones aplicables a las concesiones adjudicadas por entidades adjudicadoras Artículo 11: Concesiones adjudicadas a una empresa asociada Artículo 12: Concesiones adjudicadas a una empresa asociada o a una entidad adjudicadora que forme parte de una empresa conjunta Artículo 13: Notificación de información Artículo 14: Exclusión de actividades sometidas directamente a la competencia Artículo 15: Relaciones entre autoridades públicas SECCIÓN III: Disposiciones generales Artículo 16: Duración de la concesión Artículo 17: Servicios sociales y otros servicios específicos Artículo 18: Concesiones mixtas Artículo 19: Concesiones relativas a varias actividades SECCIÓN IV: Situaciones específicas Artículo 20: Concesiones reservadas Artículo 21: Servicios de investigación y desarrollo CAPÍTULO II: Principios Artículo 22: Operadores económicos Artículo 23: Nomenclaturas Artículo 24: Confidencialidad Artículo 25: Normas aplicables a las comunicaciones TÍTULO II: NORMAS EN MATERIA DE ADJUCACIÓN DE CONCESIONES CAPÍTULO I: Publicación y transparencia Artículo 26: Anuncios de concesión Artículo 27: Anuncios de adjudicación de concesiones Artículo 28: Redacción y modalidades de publicación de los anuncios Artículo 29: Publicación de ámbito nacional Artículo 30: Acceso electrónico a los documentos relativos a las concesiones CAPÍTULO II: Desarrollo del procedimiento SECCIÓN 1: CONCESIONES CONJUNTAS, PLAZOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Artículo 31: Concesiones conjuntas entre poderes o entidades adjudicadores de diferentes Estados miembros Artículo 32: Especificaciones técnicas Artículo 33: Informes de pruebas, certificados y otros medios de prueba SECCIÓN II: SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y ADJUDICACIÓN DE LAS CONCESIONES Artículo 34: Principios generales Artículo 35: Garantías procedimentales Artículo 36: Selección y evaluación cualitativa de los candidatos Artículo 37: Determinación de plazos Artículo 38: Fecha límite de presentación de las solicitudes de participación en las concesiones Artículo 39: Criterios de adjudicación de concesiones Artículo 40: Costes del ciclo de vida TÍTULO III: NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS CONCESIONES Artículo 41: Subcontratación Artículo 42: Modificación de las concesiones durante su vigencia Artículo 43: Rescisión de concesiones TÍTULO IV: MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS EN MATERIA DE VÍAS DE RECURSO EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Artículo 44: Modificaciones de la Directiva 89/665/CEE Artículo 45: Modificaciones de la Directiva 92/13/CEE TÍTULO V: PODERES DELEGADOS, COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN Y DISPOSICIONES FINALES Artículo 46: Ejercicio de las competencias delegadas Artículo 47: Procedimiento de urgencia Artículo 48: Procedimiento de comité Artículo 49: Transposición Artículo 50: Disposiciones transitorias Artículo 51: Revisión Artículo 52: Entrada en vigor Artículo 53: Destinatarios ANEXOS ANEXO I: LISTA DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 2, APARTADO 5 ANEXO II: LISTA DE LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 40, APARTADO 4 ANEXO III: ACTIVIDADES EJERCIDAS POR LAS ENTIDADES ADJUDICADORAS, MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 4 ANEXO IV: INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE LAS CONCESIONES ANEXO V: INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE CONCESIONES ADJUDICADAS ANEXO VI: INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE APLICACIÓN DE CONCESIONES DE SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS (ARTÍCULO 27, APARTADO 1) ANEXO VII: INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE MODIFICACIÓN DE CONCESIONES DURANTE SU VIGENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 ANEXO VIII: DETERMINACIÓN DE DETERMINADAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO IX: ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA PUBLICACIÓN ANEXO X: SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 7 ANEXO XI: LISTA DE LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 4, APARTADO 2 ANEXO XII: REQUISITOS RELATIVOS A LOS DISPOSITIVOS DE RECEPCIÓN DE OFERTAS O SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA ANEXO XIII: INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PREVIA DE CONCESIONES DE SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS TÍTULO I Definiciones, principios generales y ámbito de aplicación CAPÍTULO I Definiciones, principios generales y ámbito de aplicación Sección I Definiciones y ámbito de aplicación Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación 1. La presente Directiva establece normas para los procedimientos de contratación de concesiones de un valor estimado no inferior a los umbrales fijados en el artículo 5 por parte de poderes y entidades adjudicadores. 2. La Directiva se aplica a la adquisición de obras o servicios, incluso si son accesorios respecto al objeto principal de la concesión, a operadores económicos seleccionados por alguna de las partes siguientes: a) poderes adjudicadores, con independencia de que las obras o los servicios, incluidos los accesorios, estén o no destinados a cubrir objetivos de carácter público; b) entidades adjudicadoras, siempre que las obras o los servicios, incluidos los accesorios, contribuyan al desarrollo de alguna de las actividades recogidas en el anexo III. Artículo 2 Definiciones 1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: (1) «concesiones»: las concesiones de obras públicas, las concesiones de obras y las concesiones de servicios; (2) «concesión de obras públicas»: un contrato a título oneroso celebrado por escrito entre uno o más operadores económicos y uno o más poderes adjudicadores, cuyo objeto es la ejecución de obras, y la contrapartida de dicha ejecución es, bien el derecho a explotar las obras objeto del contrato únicamente, o este mismo derecho en conjunción con un pago; (3) «escrito» o «por escrito»: cualquier expresión consistente en palabras o cifras que pueda leerse, reproducirse y después comunicarse, incluida la información transmitida y almacenada por medios electrónicos; (4) «concesión de obras»: un contrato a título oneroso celebrado por escrito entre uno o más operadores económicos y una o más entidades adjudicadoras, cuyo objeto es la ejecución de obras, y la contrapartida de dicha ejecución es, bien el derecho a explotar las obras objeto del contrato únicamente, bien este mismo derecho en conjunción con un pago; (5) «ejecución de las obras»: la ejecución, o el proyecto y la ejecución, de obras relacionadas con el desarrollo de actividades recogidas en el anexo I, o de una obra, o bien la realización, por cualquier medio, de una obra que responda a las especificaciones suministradas por el poder adjudicador, que de este modo influye de forma decisiva en el tipo o concepción de la obra; (6) «obra»: el resultado de un conjunto de obras de construcción o de ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica; (7) «concesión de servicios»: un contrato a título oneroso celebrado por escrito entre uno o más operadores económicos y uno o más poderes o entidades adjudicadores, cuyo objeto es la prestación de servicios diferentes de los recogidos en los puntos 2 y 4, y la contrapartida de dichos servicios es, bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato únicamente, o este mismo derecho en conjunción con un pago; (8) «candidato»: un operador económico que haya solicitado una invitación o haya sido invitado a participar en un procedimiento de adjudicación de concesiones; (9) «concesionario»: un operador económico al que se ha adjudicado una concesión; (10) «operador económico»: toda persona física o jurídica, entidad pública o agrupación de dichas personas o entidades que ofrezca la realización de obras o de una obra concreta, suministros o servicios en el mercado; (11) «licitador»: un operador económico que ha presentado una oferta; (12) «medio electrónico»: un medio que utilice equipos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y almacenamiento de datos y que se transmita, se envíe y se reciba por medios alámbricos, radiofónicos, ópticos o por otros medios electromagnéticos; (13) «documentos relativos a la concesión»: todos los documentos producidos o citados por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora para describir o determinar los elementos de la licitación o del procedimiento, incluidos el anuncio del contrato, las especificaciones técnicas, las condiciones propuestas, los formatos de presentación de los documentos por candidatos y licitadores, la información sobre las obligaciones generales aplicables y los eventuales documentos adicionales; (14) «ciclo de vida»: todas las fases consecutivas o interrelacionadas (incluidos la producción, el transporte, el uso y el mantenimiento) de la existencia de un producto, de una obra o de la prestación de un servicio, desde la adquisición de materias primas o la generación de recursos hasta la eliminación, el desmantelamiento y la finalización. 2. El derecho a explotar obras o servicios, contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del apartado 1, implica la transferencia al concesionario del riesgo operacional sustancial. Se considerará que el concesionario asume el riesgo operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión. El riesgo económico puede ser de los tipos siguientes: a) riesgo relacionado con la utilización de las obras o la demanda de prestación del servicio; b) riesgo relacionado con la disponibilidad de las infraestructuras proporcionadas por el concesionario o utilizadas para la prestación de servicios a los usuarios. Artículo 3 Poderes adjudicadores 1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «poderes adjudicadores»: el Estado, las autoridades regionales o locales, los organismos de Derecho público y las asociaciones formadas por una o varias de tales autoridades o uno o varios de dichos organismos de Derecho público, excepto si el objeto de la concesión adjudicada es el desarrollo de una actividad recogida en el anexo III; 2. «autoridades regionales»: todas las autoridades de las unidades administrativas incluidas en los niveles NUTS 1 y 2 a que se hace referencia en el Reglamento (CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo[16]; 3. «autoridades locales»: todas las autoridades de las unidades administrativas incluidas en el nivel NUTS 3 y las unidades administrativas menores a que se hace referencia en el Reglamento (CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo; 4. «organismo de Derecho público»: cualquier organismo que reúna todas las características siguientes: a) haber sido creado para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, o tener dicha satisfacción como objetivo específico; b) estar dotado de personalidad jurídica; c) estar financiado principalmente por el Estado, las autoridades regionales o locales, u otros organismos de Derecho público, o estar sometido a un control de la gestión por parte de estos últimos; contar con un órgano de administración, de dirección o de supervisión en el que más de la mitad de los miembros sean nombrados por el Estado, las autoridades regionales o locales u otros organismos de Derecho público. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del párrafo primero, un organismo que funciona en condiciones comerciales normales, tiene por objeto obtener un beneficio y soporta las pérdidas que puedan derivarse del ejercicio de su actividad, no actúa con el fin de satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil. Artículo 4 Entidades adjudicadoras 1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: «entidades adjudicadoras», (1) el Estado, las autoridades regionales o locales, los organismos de Derecho público, y las asociaciones constituidas por una o varias de tales autoridades o de tales organismos de Derecho público, según se determinaba en el artículo 3, apartados 2 a 4; (2) las empresas públicas definidas en el apartado 2 del presente artículo; (3) entidades que no son poderes adjudicadores ni empresas públicas y que operan con arreglo a derechos especiales o exclusivos otorgados por una autoridad competente de un Estado miembro, cuando adjudiquen una concesión con vistas al desarrollo de una actividad recogida en el anexo III; 2. «empresa pública»: toda empresa sobre la que los poderes adjudicadores puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante por razón de propiedad o participación financiera o en virtud de las normas que la rigen. Se considerará que los poderes adjudicadores ejercen una influencia dominante, directa o indirectamente, sobre una empresa, cuando: a) posean la mayoría del capital suscrito de la empresa; b) dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa; c) puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de supervisión de la empresa; 3. «derechos especiales o exclusivos»: derechos concedidos por las autoridades competentes de un Estado miembro en virtud de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa que tenga como efecto limitar a una o a más entidades el ejercicio de una actividad recogida en el anexo III y que afecte sustancialmente a la capacidad de las demás entidades de ejercer dicha actividad. Los derechos concedidos merced a un procedimiento que ha contado con la debida publicidad y cuya concesión que se ha ajustado a criterios objetivos no constituyen derechos especiales o exclusivos a efectos de la presente Directiva. Se considerarían procedimientos de este tipo, por ejemplo, a) los procedimiento de licitación con convocatoria previa, de conformidad con la Directiva [2004/18/CE o 2004/17/CE] o con la presente Directiva; b) procedimientos con arreglo a otros actos legislativos de la Unión, recogidos en el anexo XI, que garanticen una transparencia previa adecuada para la concesión de autorizaciones sobre la base de criterios objetivos. Se otorgarán a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 46 con el fin de modificar la lista de actos legislativos de la Unión que figura en el anexo XI cuando, debido a la adopción o derogación de disposiciones de la Unión, tal modificación resulte necesaria. Artículo 5 Umbrales 1. La presente Directiva se aplicará a las siguientes concesiones de un valor igual o superior a 5 000 000 EUR: a) concesiones celebradas por entidades adjudicadoras con vistas al desarrollo de alguna de las actividades recogidas en el anexo III; b) concesiones celebradas por poderes adjudicadores. 2. Las concesiones de servicios de un valor igual o superior a 2 500 000 EUR pero inferior a 5 000 000 EUR, exceptuando los servicios sociales y otros servicios específicos, deberán ajustarse a la obligación de publicar un anuncio de adjudicación de concesión de conformidad con los artículos 27 y 28. Artículo 6 Métodos de cálculo del valor estimado de las concesiones 1. El cálculo del valor estimado de una concesión deberá basarse en el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del poder adjudicador o la entidad adjudicadora, incluidas las eventuales variantes o ampliaciones de la duración de la concesión. 2. El valor estimado de la concesión se calculará como el de la totalidad de las obras o los servicios, incluso si se adquieren merced a contratos diferentes, si tales contratos forman parte de un proyecto único. Son indicación de la existencia de un proyecto único la labor previa de planificación y concepción global desarrollada por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, o el hecho de que los distintos elementos adquiridos cumplan una función económica y técnica única, o que dichos elementos se encuentren lógicamente interconectados. Cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, tendrá en cuenta la cuantía de tales primas o pagos en el cálculo del valor estimado de la concesión. 3. La elección del método para calcular el valor estimado de una concesión no podrá efectuarse con la intención de sustraer este a la aplicación de la presente Directiva. Un proyecto de obras o un conjunto de servicios no podrá dividirse con el fin de sustraerlo del ámbito de aplicación de la presente Directiva a no ser que lo justifiquen razones objetivas. 4. La estimación deberá ser válida en el momento en que se expida el anuncio de concesión o, cuando no se prevea éste último, en el momento en que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora inicie el procedimiento de adjudicación de la concesión determinando, por ejemplo, las características fundamentales de la misma. 5. Respecto a las concesiones de obras públicas o de obras, el cálculo del valor estimado tendrá en cuenta el importe de las obras y el valor total estimado de los suministros y servicios puestos a disposición del contratista por los poderes o entidades adjudicadores, siempre que sean necesarios para la ejecución de las obras. 6. Cuando una obra proyectada o una compra de servicios puedan derivar en concesiones que se adjudiquen al mismo tiempo en forma de lotes separados, deberá tenerse en cuenta el valor total estimado de todos los lotes. 7. Cuando el valor acumulado de los lotes iguale o supere el umbral establecido en el artículo 5, la presente Directiva se aplicará a la adjudicación de cada lote. 8. Los poderes y entidades adjudicadores podrán adjudicar en concesión lotes individuales sin aplicar las disposiciones en materia de adjudicación de la presente Directiva siempre que el valor estimado del lote en cuestión sin incluir el IVA sea inferior a un millón de euros. Ahora bien, el valor agregado de los lotes adjudicados sin aplicar la presente Directiva no superará el 20 % del valor agregado de todos los lotes en los que se haya dividido la obra proyectada o la compra de servicios propuesta. 9. El valor de las concesiones de servicios consistirá en el valor total estimado de los servicios prestados por el concesionario durante todo el periodo de ejecución de la concesión, calculado con arreglo a una metodología objetiva que se especificará en el anuncio o en los documentos relativos a la concesión. La base de cálculo del valor estimado de la concesión será, según proceda, la siguiente: a) servicios de seguros: la prima pagadera y otras formas de remuneración; b) servicios bancarios y otros servicios financieros: los honorarios, las comisiones, los intereses y otras formas de remuneración; c) servicios de elaboración de proyectos: los honorarios, las comisiones pagaderas y otras formas de remuneración. 10. El valor de las concesiones incluirá tanto los ingresos estimados que se recibirán de terceros como las cantidades que pagará el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. Artículo 7 Principios generales Los poderes y entidades adjudicadores darán a los operadores económicos un trato igualitario y actuarán de forma transparente y ecuánime. El procedimiento de adjudicación de concesiones no se concebirá con el objetivo de sustraerlo a aquél del ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de restringir artificialmente la competencia. Sección II Exclusiones Artículo 8 Exclusiones aplicables a las concesiones adjudicadas por poderes y entidades adjudicadores 1. La presente Directiva no se aplicará a las concesiones de servicios adjudicadas por un poder adjudicador o una entidad adjudicadora a un operador económico que a su vez sea entidad adjudicadora, o esté asociado a ella, en virtud de un derecho exclusivo que le ha sido reconocido con arreglo a una norma, reglamento o disposición administrativa nacional publicada y cuya concesión se ajusta al Tratado o a una normativa específica de la Unión relativa a la gestión de infraestructuras de redes en el ámbito de las actividades recogidas en el anexo III. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, cuando la normativa específica a que se refiere dicho apartado no imponga obligaciones de transparencia, deberán aplicarse los requisitos del artículo 27, apartados 1 y 3. 3. La presente Directiva no se aplicará a concesiones en las que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora deban llevar a cabo u organizar su adjudicación con arreglo a procedimientos de contratación en el marco de: a) un acuerdo internacional celebrado de conformidad con el Tratado entre un Estado miembro y uno o varios países terceros, relativo a obras, suministros o servicios destinados a la ejecución o explotación conjunta por los Estados signatarios de un proyecto determinado; b) un acuerdo internacional celebrado en relación con el estacionamiento de tropas y que se refiera a empresas de un Estado miembro o de un tercer país; c) un procedimiento específico de una organización internacional; d) concesiones financiadas íntegramente por una organización o institución financiera internacional. Todo acuerdo contemplado en la letra a) del párrafo primero se comunicará a la Comisión, que podrá proceder a una consulta del Comité Consultivo para los Contratos Públicos contemplado en el artículo 48. A efectos de lo dispuesto en la letra d) del párrafo primero, cuando una parte sustancial de la cofinanciación de una concesión corra a cargo de una organización o institución financiera internacional, las partes decidirán acerca de los procedimientos de adjudicación aplicables, que deberán ajustarse a las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 346 del Tratado, la presente Directiva no se aplicará a la adjudicación de concesiones en los ámbitos de la seguridad y la defensa si sus disposiciones no pueden garantizar la protección de los intereses fundamentales de seguridad de un Estado miembro. 5. La presente Directiva no se aplicará a las concesiones de servicios: a) cuyo objeto sea la adquisición o el arrendamiento, independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles, o relativos a derechos sobre estos bienes; no obstante, las concesiones de servicios financieros adjudicadas, bien al mismo tiempo, bien con anterioridad o posterioridad al contrato de adquisición o arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la presente Directiva; b) cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a la radiodifusión, definida como transmisión y distribución a través de cualquier tipo de red electrónica, adjudicadas por los organismos de radiodifusión, ni tampoco a las concesiones relativas al tiempo de radiodifusión adjudicadas a los organismos de radiodifusión; c) de arbitraje y de conciliación; d) financieros ligados a la emisión, la compra, la venta o la transmisión de títulos u otros instrumentos financieros, a tenor de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ni a los servicios de los Bancos Centrales y las operaciones efectuadas en el marco de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF). e) relativos a contratos de trabajo; f) de transporte aéreo basados en la concesión de una licencia de explotación en el sentido del Reglamento (CE) 1008/2008[17] del Parlamento Europeo y del Consejo[18]; g) relativos a servicios públicos de transporte de viajeros, a tenor del Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo[19]. Los servicios de radiodifusión contemplados en la letra b) del presente apartado incluirán la transmisión y distribución a través de cualquier tipo de red electrónica. Artículo 9 Exclusiones específicas en el ámbito de las comunicaciones electrónicas La presente Directiva no se aplicará a las concesiones cuyo objeto principal sea permitir a los poderes adjudicadores la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones o el suministro al público de uno o más servicios de comunicaciones electrónicas. A efectos del presente artículo, se entenderá por: (a) «red pública de comunicaciones»: una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y que soporta la transferencia de información entre puntos de terminación de la red; (b) «red de comunicaciones electrónicas»: los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos elementos de red que no son activos, que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluido Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada; (c) «punto de terminación de la red»: el punto físico en el que el abonado accede a una red pública de comunicaciones; cuando se trate de redes en las que se produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación de la red estará identificado mediante una dirección de red específica, la cual podrá estar vinculada al número o al nombre de un abonado; (d) «servicio de comunicaciones electrónicas»: el prestado por lo general a cambio de una remuneración que consiste, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión, pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos; quedan excluidos asimismo los servicios de la sociedad de la información definidos en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas. Artículo 10 Exclusiones aplicables a las concesiones adjudicadas por entidades adjudicadoras 1. La presente Directiva no se aplicará a las concesiones adjudicadas por entidades adjudicadoras para fines distintos del desarrollo de las actividades mencionadas en el anexo III, o para el desarrollo de dichas actividades en un tercer país, en circunstancias que no supongan la explotación física de una red o de una zona geográfica dentro de la Unión. 2. Las entidades adjudicadoras notificarán a la Comisión o al organismo nacional de supervisión, cuando lo soliciten, las actividades que consideran excluidas. La Comisión podrá publicar periódicamente en el Diario Oficial de la Unión Europea, con carácter informativo, las listas de las categorías de actividades que considere excluidas. A este respecto, la Comisión respetará el carácter comercial reservado que las entidades adjudicadoras indiquen cuando presenten esta información. Artículo 11 Concesiones adjudicadas a una empresa asociada 1. A efectos del presente artículo, se entenderá por «empresa asociada» la empresa que, de conformidad con lo dispuesto en la séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo[20], presenta cuentas anuales consolidadas con las de la entidad adjudicadora. 2. En el caso de entidades no sometidas a dicha Directiva, se entenderá por «empresa asociada» la empresa: a) sobre la cual la entidad adjudicadora pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la presente Directiva; b) que pueda ejercer una influencia dominante sobre la entidad adjudicadora; c) que, al igual que la entidad adjudicadora, esté sometida a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad o participación financiera o en virtud de las normas que la rigen. 3. No obstante lo dispuesto en el artículo 15, y siempre que se cumplan las condiciones previstas en el apartado 4, la presente Directiva no se aplicará a las concesiones siguientes: a) concesiones adjudicadas por una entidad adjudicadora a una empresa asociada; b) concesiones adjudicadas por una empresa conjunta, constituida exclusivamente por varias entidades adjudicadoras con el fin de desarrollar las actividades contempladas en el anexo III, a una empresa asociada a una de dichas entidades adjudicadoras. 4. El apartado 3 se aplicará: a) a las concesiones de servicios, siempre que como mínimo el 80 % del promedio del volumen de negocios total que la empresa asociada haya efectuado en los últimos tres años en materia de servicios en general provenga de la prestación de servicios a las empresas con las que esté asociada; b) a las concesiones de obras, siempre que como mínimo el 80 % del promedio del volumen de negocios total que la empresa asociada haya efectuado en los últimos tres años en materia de obras en general provenga de la prestación de obras a las empresas con las que esté asociada. 5. Cuando no se disponga del volumen de negocios de los tres últimos años, debido a la fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa asociada, será suficiente que dicha empresa demuestre que la realización del volumen de negocios contemplado en las letras a) o b) del apartado 4 sea verosímil, en especial mediante proyecciones de actividades. 6. Cuando más de una empresa asociada a la entidad adjudicadora preste servicios, suministros u obras idénticos o similares, los porcentajes mencionados en el apartado 4 se calcularán teniendo en cuenta el volumen de negocios total resultante respectivamente de la prestación de servicios, suministros u obras por dichas empresas asociadas. Artículo 12 Concesiones adjudicadas a una empresa asociada o a una entidad adjudicadora que forme parte de una empresa conjunta No obstante lo dispuesto en el artículo 15, y siempre que la empresa conjunta se haya constituido para desarrollar la actividad de que se trate durante un período mínimo de tres años y que el instrumento por el que se haya constituido estipule que las entidades adjudicadoras que la constituyen serán parte de la misma al menos durante el mismo período, la presente Directiva no se aplicará a las concesiones adjudicadas: a) por una empresa conjunta, constituida exclusivamente por varias entidades adjudicadoras con el fin de desarrollar las actividades contempladas en el anexo III, a una de dichas entidades adjudicadoras, o b) por una entidad adjudicadora, a la empresa conjunta de la que forma parte. Artículo 13 Notificación de información por las entidades adjudicadoras Las entidades adjudicadoras notificarán a la Comisión o al organismo nacional de supervisión, cuando lo soliciten, la siguiente información relativa a la aplicación del artículo 11, apartados 2 y 3, y del artículo 12: a) el nombre de las empresas o empresas conjuntas de que se trate, b) la naturaleza y el valor de las concesiones de que se trate, c) los elementos que la Comisión o el organismo nacional de supervisión consideren necesarios para probar que las relaciones entre la entidad adjudicadora y la empresa o la empresa conjunta a la que se adjudiquen las concesiones cumplen los requisitos de los artículos 11 y 12. Artículo 14 Exclusión de actividades sometidas directamente a la competencia La presente Directiva no se aplicará a las concesiones adjudicadas por entidades adjudicadoras cuando en el Estado miembro donde se ejecuten las concesiones la actividad se vea directamente expuesta a la competencia a efectos del artículo 27 y 28 de la Directiva [que sustituye a la Directiva 2004/17/CE]. Artículo 15 Relaciones entre autoridades públicas 1. Las concesiones adjudicadas por un poder adjudicador o una entidad adjudicadora contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, a otra persona jurídica no entrarán en el ámbito de aplicación de la presente Directiva cuando concurran todas las condiciones siguientes: a) que dicho poder o entidad ejerza sobre la persona jurídica un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios; b) que al menos el 90 % de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo para el poder o la entidad que la controla o para otras personas jurídicas controladas por el mismo poder o entidad; c) que en la persona jurídica controlada no exista participación privada. Se considerará que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero ejerce sobre una persona jurídica un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, según dispone la letra a) del párrafo primero, cuando influya de forma decisiva tanto en los objetivos estratégicos como en las decisiones fundamentales de la persona jurídica controlada. 2. El apartado 1 se aplicará también cuando una entidad controlada que sea una entidad o poder adjudicador en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, adjudique una concesión a la entidad que la controla, o a otra persona jurídica controlada por el mismo poder adjudicador, siempre que en la persona jurídica a la que se adjudica la concesión pública no exista participación privada. 3. Sin embargo, un poder adjudicador o una entidad adjudicadora en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, que no ejerza control sobre una persona jurídica en el sentido del apartado 1, podrá adjudicar una concesión a una persona jurídica sobre la que ejerce un control de forma conjunta con otros poderes o entidades adjudicadores, sin aplicar las disposiciones de la presente Directiva, cuando se cumplan las condiciones siguientes: a) que los poderes o entidades adjudicadores contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan conjuntamente sobre la persona jurídica un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios; b) que al menos el 90 % de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo para los poderes o entidades contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, o para otras personas jurídicas controladas por la misma entidad o poder; c) que en la persona jurídica objeto de control no exista participación privada. A efectos de lo dispuesto en la letra a), se considerará que los poderes y entidades adjudicadores contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, ejercen un control conjunto sobre una persona jurídica cuando concurran todas las condiciones siguientes: a) que los órganos decisorios de la persona jurídica controlada estén compuestos por representantes de todas los poderes y entidades adjudicadores, en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, que comparten el control; b) que los poderes y entidades adjudicadores, en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan, de forma conjunta, una influencia decisiva en los objetivos estratégicos y en las decisiones fundamentales de la persona jurídica controlada; c) que la persona jurídica controlada no persiga intereses distintos de los de las autoridades públicas asociadas a ella; d) que la persona jurídica controlada no obtenga ningún beneficio que no sea el reembolso del coste real de los contratos públicos celebrados con los poderes adjudicadores. 4. Se considerará que los acuerdos celebrados entre dos o más poderes o entidades adjudicadores, contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, no son concesiones a efectos del artículo 2, párrafo primero, punto 1 de la presente Directiva, cuando concurran todas las condiciones siguientes: a) que el acuerdo establezca una auténtica cooperación entre los poderes o entidades participantes para la ejecución conjunta de obligaciones de servicio público, lo que conlleva la fijación mutua de derechos y obligaciones; b) que el acuerdo se rija exclusivamente por consideraciones de interés público; c) que los poderes o entidades adjudicadores participantes no realicen en el mercado libre más de un 10 % del volumen de negocios obtenido merced a las actividades pertinentes en el marco del acuerdo; d) que el acuerdo no conlleve transferencias financieras entre los poderes y entidades adjudicadores participantes, excepto las correspondientes al reembolso del coste real de las obras, los servicios o los suministros; e) que en ninguno de los poderes o entidades adjudicadores exista participación privada. 5. La inexistencia de participación privada contemplada en los apartados 1 a 4 se comprobará en el momento de la adjudicación de la concesión o de la celebración del acuerdo. Las excepciones que establece el presente artículo dejarán de surtir efecto desde el momento en que exista participación privada, con la consecuencia de que deberá convocarse una licitación para la adjudicación de las concesiones vigentes a través de los procedimientos de contratación normales. Sección III Disposiciones generales Artículo 16 Duración de la concesión La duración de la concesión estará limitada al tiempo que se calcule que es necesario para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para explotar las obras o los servicios, junto con un rendimiento razonable sobre el capital invertido. Artículo 17 Servicios sociales y otros servicios específicos Las concesiones relativas a servicios sociales u otros servicios específicos recogidos en el anexo X y cubiertos por el ámbito de aplicación