POSICIÓN COMÚN (CE) N° 51/98 aprobada por el Consejo el 24 de septiembre de 1998 con vistas a la adopción de la Directiva 98/. . ./CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (98/C 333/04)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3),

(1) Considerando que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada; que la libre circulación de mercancías no se refiere solamente al comercio profesional, sino también a transacciones efectuadas por los particulares; que la libre circulación implica que los consumidores residentes en un Estado miembro deben poder adquirir bienes en el territorio de otro Estado miembro con arreglo a un conjunto mínimo uniforme de normas equitativas que regulen la compraventa de bienes de consumo;

(2) Considerando que las legislaciones de los Estados miembros sobre la venta de bienes de consumo presentan disparidades, como consecuencia de las cuales existen diferencias entre los mercados nacionales en materia de ventas de bienes de consumo y se puede falsear el juego de la competencia entre los vendedores;

(3) Considerando que el consumidor que trata de beneficiarse de las ventajas del gran mercado adquiriendo bienes en un Estado miembro distinto del de su residencia desempeña un papel fundamental en la realización del mercado interior; que debe impedirse el restablecimiento artificial de fronteras y la compartimentación de los mercados; que las posibilidades que se le ofrecen al consumidor aumentan considerablemente con las nuevas tecnologías de comunicación, que permiten acceder fácilmente a sistemas de distribución de otros Estados miembros o terceros países; que, si no existe una armonización mínima de las normas relativas a la compra de bienes de consumo, puede entorpecerse el desarrollo de la venta de bienes a través de las nuevas tecnologías de comunicación a distancia;

(4) Considerando que la creación de un conjunto común mínimo de normas en materia de derechos de los consumidores, válida con independencia del lugar de la compra de los bienes en la Comunidad, reforzará la confianza de los consumidores y les permitirá aprovechar al máximo las ventajas derivadas del mercado interior;

(5) Considerando que las principales dificultades de los consumidores y la principal fuente de conflictos con los vendedores se refieren a la falta de conformidad del bien con el contrato; que, en consecuencia, conviene aproximar las legislaciones nacionales sobre la venta de bienes de consumo en este aspecto, aunque sin afectar a las disposiciones y principios de las legislaciones nacionales relativos a los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual;

(6) Considerando que los bienes deben ante todo corresponder a las especificaciones contractuales; que el principio de conformidad con el contrato puede considerarse como una base común a las diferentes tradiciones jurídicas nacionales; que en determinadas tradiciones jurídicas nacionales puede no ser posible basarse sólo en ese principio para garantizar un nivel mínimo de protección del consumidor; que, en particular, con arreglo a las citadas tradiciones jurídicas puede resultar útil establecer disposiciones nacionales adicionales con el fin de garantizar la protección del consumidor cuando las partes no hayan acordado cláusula contractual específica alguna, o cuando hayan acordado cláusulas o modalidades contractuales que excluyan o limiten, directa o indirectamente, los derechos del consumidor y que, en la medida en que esos derechos se deriven de la presente Directiva, no sean vinculantes para el consumidor;

(7) Considerando que, con el fin de facilitar la aplicación del principio de la conformidad con el contrato, conviene introducir una presunción impugnable de conformidad con el contrato que abarque las situaciones más comunes; que esta presunción no limita el principio de libertad contractual de las partes; que, además, a falta de cláusulas contractuales concretas, así como cuando se aplique la cláusula de protección mínima, los elementos mencionados en la presunción podrán utilizarse para determinar la falta de conformidad de los bienes con el contrato; que la calidad y el rendimiento que el consumidor puede razonablemente esperar dependerá de la naturaleza de los bienes, en particular de si son nuevos o usados; que los elementos mencionados en la presunción son acumulativos; que cuando por la circunstancias de cada caso un elemento particular sea manifiestamente inadecuado, seguirán siendo aplicables, sin embargo, los elementos restantes de la presunción;

(8) Considerando que el vendedor debe ser el responsable directo ante el consumidor de la conformidad de los bienes con el contrato; que ésta es la solución tradicional consagrada en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros; que, no obstante, el vendedor debe poder, conforme a la legislación nacional, entablar acciones contra el productor, el vendedor anterior o contra cualquier otro intermediario de la cadena contractual salvo que hubiese renunciado a ese derecho; que la legislación nacional deberá determinar las normas que regulan contra quién podrá accionar el vendedor y las modalidades de dicha acción;

(9) Considerando que, en caso de que el producto no sea conforme al contrato, los consumidores deben tener derecho a que los bienes se conformen a él sin cargo alguno, pudiendo elegir entre su reparación y su sustitución o, en su defecto, obtener una reducción del precio o la resolución del contrato;

(10) Considerando que el consumidor podrá en primer lugar exigir al vendedor la reparación o la sustitución del bien salvo si ello resulta imposible o desproporcionado; que deberá determinarse de forma objetiva si esta solución es desproporcionada o no; que una solución es desproporcionada cuando impone gastos que no son razonables en comparación con otras soluciones; que para determinar si los gastos no son razonables, los correspondientes a una solución deben ser considerablemente más elevados que los gastos correspondientes a la otra;

(11) Considerando que cuando exista una falta de conformidad el vendedor siempre podrá proponer al consumidor, como solución cualquier medida de reparación; que el consumidor deberá decidir si acepta o rechaza esta propuesta;

(12) Considerando que las referencias a la fecha de entrega no suponen que los Estados miembros deban modificar sus normas sobre transferencia de riesgos;

(13) Considerando que los Estados miembros podrán establecer que se pueda reducir el importe de la restitución al consumidor teniendo en cuenta el uso que éste haya hecho del bien desde el momento en que le fue entregado; que la legislación nacional puede fijar las modalidades de resolución de los contratos;

(14) Considerando que la naturaleza específica de los bienes de segunda mano hace generalmente imposible sustituirlos; que, por lo tanto, para esos bienes no se puede aplicar por regla general el derecho del consumidor a la sustitución; que para los citados bienes los Estados miembros pueden permitir que las partes acuerden un período de responsabilidad de menor duración;

(15) Considerando que conviene limitar el plazo durante el cual el vendedor será responsable de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega de los bienes; que los Estados miembros pueden también establecer la limitación del plazo durante el cual los consumidores pueden ejercer sus derechos, siempre que dicho plazo no expire antes de transcurridos dos años a contar del día de la entrega; que cuando, con arreglo a la legislación nacional, el momento en que comienza el plazo de limitación no sea el mismo que el de la entrega del bien, la duración total del plazo de limitación que establezca la legislación nacional no puede ser inferior a dos años contados a partir del día de la entrega;

(16) Considerando que los Estados miembros pueden disponer libremente la suspensión o la interrupción del período durante el cual cualquier falta de conformidad debe ponerse de manifiesto y del plazo de limitación, cuando éstos sean aplicables y de acuerdo con sus legislaciones nacionales, cuando se trate de reparaciones, sustituciones o negociaciones entre vendedor y consumidor con el fin de llegar a una solución amistosa;

(17) Considerando que los Estados miembros deben poder establecer un plazo en el que el consumidor debe informar al vendedor acerca de cualquier falta de conformidad; que los Estados miembros podrán garantizar un mayor nivel de protección del consumidor renunciando a establecer dicha obligación; que en cualquier caso los consumidores de la Comunidad deben poder disponer de dos meses como mínimo para informar al vendedor de la existencia de una falta de conformidad;

(18) Considerando que los Estados miembros deben proteger contra las desventajas de dicho plazo a los consumidores que efectúen compras transfronterizas; que todos los Estados miembros deben informar a la Comisión del modo en que apliquen dicha disposición; que la Comisión deberá controlar el efecto de la distinta aplicación de dicha disposición en los consumidores y en el mercado interior; que la información sobre el modo de aplicación por un Estado miembro debe poder ser conocido por los demás Estados miembros, los consumidores y las organizaciones de consumidores de la Comunidad; que por lo tanto debe publicarse en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas un resumen de la situación existente en todos los Estados miembros;

(19) Considerando que en lo que respecta a determinadas categorías de bienes es práctica corriente que los vendedores o los productores ofrezcan a los consumidores garantías sobre sus bienes contra cualquier defecto que se manifieste en un plazo determinado; que esta práctica puede estimular la competencia; que, aunque tales garantías pueden ser un instrumento legítimo de mercadotecnia, no deben inducir a error al consumidor; que para que éstos no se llamen a engaño, las garantías deben contener determinada información, incluida una declaración de que la garantía no afectará a los derechos del consumidor;

(20) Considerando que las partes no deben poder limitar o excluir por consentimiento mutuo los derechos conferidos a los consumidores, so pena de vaciar de contenido la protección legal; que este principio debe aplicarse asimismo a las cláusulas que implican que el consumidor tenía conocimiento de todas las faltas de conformidad de los bienes de consumo existentes en el momento de la celebración del contrato; que la protección del consumidor resultante de la presente Directiva no puede reducirse alegando que se ha escogido la legislación de un Estado no miembro como aplicable al contrato;

(21) Considerando que la legislación y la jurisprudencia en este ámbito demuestran que, en los distintos Estados miembros, existe una preocupación creciente por asegurar a los consumidores un elevado nivel de protección; que, a la luz de esta evolución y de la experiencia adquirida en la aplicación de la presente Directiva, podría ser necesario prever una mayor armonización, en particular estableciendo una responsabilidad directa del productor respecto de los defectos de que sea responsable;

(22) Considerando que los Estados miembros han de tener la facultad de adoptar o mantener, en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más exigentes con objeto de garantizar un mayor nivel de protección de los consumidores.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1 Ámbito de aplicación y definiciones

1. La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre determinados aspectos de la venta y de las garantías de los bienes de consumo, con el fin de garantizar un nivel mínimo uniforme de protección de los consumidores en el marco del mercado interior.

2. A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

a) «consumidor»: toda persona física que, en los contratos a que se refiere la presente Directiva, actúa con fines que no entran en el marco de su actividad profesional;

b) «bien de consumo»: cualquier bien mueble corpóreo, excepto los siguientes:

- los bienes vendidos por la autoridad judicial tras un embargo u otro procedimiento,

- el agua y el gas cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas,

- la electricidad;

c) «vendedor»: cualquier persona física o jurídica que, mediante un contrato, vende bienes de consumo en el marco de su actividad profesional;

d) «productor»: el fabricante de un bien de consumo, el importador de un bien de consumo en el territorio de la Comunidad o cualquier persona que se presente como productor indicando en el bien de consumo su nombre, su marca u otro signo distintivo;

e) «garantía»: todo compromiso asumido por un vendedor o un productor respecto del consumidor, sin coste suplementario, de reembolsar el precio pagado por un bien de consumo, de sustituirlo, de repararlo o de ocuparse del modo que fuere del bien en caso de que no corresponda a las condiciones enunciadas en la declaración de garantía o en la publicidad correspondiente;

f) «reparación»: en caso de falta de conformidad, poner el bien de consumo en un estado que sea conforme al contrato de venta.

3. Los Estados miembros podrán establecer que los «bienes de consumo» no incluyan los bienes de segunda mano vendidos en una subasta en la que los consumidores puedan asistir personalmente a la venta.

4. Los contratos de suministro de bienes de consumo que hayan de fabricarse o producirse también se considerarán contratos de compraventa a efectos de la presente Directiva, salvo que el consumidor tenga que proporcionar una parte esencial de los materiales necesarios para la fabricación o producción.

Artículo 2 Conformidad con el contrato

1. El vendedor estará obligado a entregar al consumidor un bien que sea conforme al contrato de compraventa.

2. Se presumirá que los bienes de consumo son conformes al contrato si:

a) se ajustan a la descripción realizada por el vendedor y poseen las cualidades del bien que el vendedor haya presentado al consumidor en forma de muestra o modelo;

b) son aptos para el uso especial requerido por el consumidor y que éste haya puesto en conocimiento del vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las circunstancias se deduzca que el consumidor no se atuvo a las explicaciones del vendedor;

c) son aptos para los usos a que ordinariamente se destinen bienes del mismo tipo;

d) presentan la calidad y las prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el consumidor puede fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del bien y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre las características concretas de los bienes hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o el etiquetado.

3. Se considerará que no existe falta de conformidad a efectos del presente artículo si en el momento de la celebración del contrato el consumidor tenía conocimiento de este defecto o no podía fundadamente ignorarlo.

4. El vendedor no quedará obligado por las declaraciones públicas contempladas en la letra d) del apartado 2 si demuestra:

- que desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera la declaración en cuestión,

- que dicha declaración había sido corregida en el momento de la celebración del contrato, o

- que dicha declaración no pudo influir en la decisión de comprar el bien de consumo.

5. La falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalación del bien de consumo se presumirá equiparable a la falta de conformidad del bien cuando la instalación esté incluida en el contrato de compraventa del bien y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad.

Artículo 3 Derechos del consumidor

1. El vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien.

2. En caso de falta de conformidad, el consumidor podrá exigir que los bienes sean puestos en conformidad mediante la reparación o la sustitución del bien sin cargo alguno, de conformidad con el apartado 3, o una reducción adecuada del precio o la resolución del contrato respecto de dicho bien, de conformidad con los apartados 4 y 5.

3. En primer lugar, el consumidor podrá exigir al vendedor que repare el bien o que lo sustituya, en ambos casos sin cargo alguno, salvo que ello resulte imposible o desproporcionado.

Se considerará desproporcionada toda solución que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra solución, no sean razonables teniendo en cuenta:

- el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad,

- la relevancia de la falta de conformidad, y

- si la solución alternativa pudiese realizarse sin inconvenientes mayores para el consumidor.

Toda reparación o sustitución deberá llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza de los bienes y de la finalidad que tuvieran los bienes para el consumidor.

4. En caso de que el consumidor no pudiera exigir la reparación ni la sustitución, o el vendedor no hubiera dado satisfacción al requerimiento del comprador en un plazo razonable, y sin mayores inconvenientes para el consumidor, éste tendrá derecho a una reducción adecuada del precio o a la resolución del contrato.

5. El consumidor no tendrá derecho a resolver el contrato si la falta de conformidad es de escasa importancia.

Artículo 4 Recursos

Cuando el vendedor final deba responder ante el consumidor por falta de conformidad resultante de una acción u omisión del productor, de un vendedor anterior perteneciente a la misma cadena contractual o de cualquier otro intermediario, el vendedor final podrá emprender acciones contra la persona responsable en la cadena contractual, salvo si hubiera renunciado a su derecho. La legislación nacional determinará quién es el responsable, o los responsables, contra los que podrá emprender acciones el vendedor final, así como las acciones y las condiciones de ejercicio correspondientes.

Artículo 5 Plazos

1. El vendedor deberá responder de conformidad con el artículo 3 cuando la falta de conformidad se manifieste dentro de un plazo de dos años a partir de la entrega del bien. Si, con arreglo a la legislación nacional, los derechos previstos en el apartado 2 del artículo 3 están sujetos a un plazo de limitación, éste no podrá ser inferior a dos años desde la entrega del bien.

2. Los Estados miembros podrán disponer que el consumidor, para poder hacer valer sus derechos, deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde la fecha en que se percató de dicha falta de conformidad.

Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de la forma en que apliquen lo dispuesto en el presente apartado. La Comisión controlará el efecto que sobre los consumidores y sobre el mercado interior tenga la existencia de esta opción otorgada a los Estados miembros.

A más tardar el . . . (4), la Comisión elaborará un informe sobre la aplicación del presente apartado por los Estados miembros. Dicho informe se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

3. Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en un período de seis meses a partir de la entrega del bien ya existían en esa fecha, salvo cuando esa presunción sea incompatible con la naturaleza de los bienes o la índole de la falta de conformidad.

Artículo 6 Garantías

1. La garantía comercial obligará a la persona que la ofrezca en las condiciones establecidas en el documento de garantía y en la correspondiente publicidad.

2. La garantía deberá:

- declarar que el consumidor goza de derechos con arreglo a la legislación nacional aplicable que regula la venta de bienes de consumo y especificar que la garantía no afecta a los derechos que asisten al consumidor con arreglo a la misma,

- indicar con claridad el contenido de la garantía y los elementos básicos para presentar reclamaciones en virtud de la misma, en particular su duración y alcance territorial, así como el nombre y dirección del garante.

3. A petición del consumidor, la garantía deberá figurar por escrito o en cualquier otro soporte duradero disponible que le sea accesible.

4. Los Estados miembros podrán, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado, exigir que la garantía de los bienes comercializados en su territorio esté redactada en una o más lenguas de las que ellos determinen de entre las lenguas oficiales de la Comunidad.

5. En el caso de que una garantía infringiera los requisitos de los apartados 2, 3 o 4, ello no afectaría en ningún caso a su validez, pudiendo el consumidor en todo caso exigir su cumplimiento.

Artículo 7 Carácter imperativo de las disposiciones

1. La cláusulas contractuales o los acuerdos celebrados con el vendedor, antes de que se indique a éste la falta de conformidad, que excluyan o limiten directa o indirectamente los derechos conferidos por la presente Directiva, no vincularán al consumidor, con arreglo a lo establecido en el Derecho nacional.

Los Estados miembros podrán disponer que, tratándose de bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán establecer cláusulas o acuerdos contractuales que fijen un plazo de responsabilidad por parte del vendedor menor que el establecido en el apartado 1 del artículo 5. Dicho plazo no podrá ser inferior a un año.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor no se vea privado de la protección conferida por la presente Directiva por haberse optado por la legislación de un Estado no miembro como Derecho aplicable al contrato, cuando éste presente un vínculo estrecho con el territorio de los Estados miembros.

Artículo 8 Derecho interno y protección mínima

1. Los derechos conferidos por la presente Directiva se ejercerán sin perjuicio de otros derechos que pueda invocar el consumidor en virtud de otras normas nacionales relativas a la responsabilidad contractual o extracontractual.

2. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener, en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más exigentes, compatibles con el Tratado, para garantizar al consumidor un nivel de protección más elevado.

Artículo 9 Transposición

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el . . . (5). Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 10 Revisión

A más tardar el . . . (6), la Comisión procederá al examen de la aplicación de la presente Directiva y presentará un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe examinará, entre otros elementos, si procede introducir la responsabilidad directa del productor y, si procede, irá acompañado de propuestas.

Artículo 11 Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 12

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en . . ., el . . .

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 307 de 16.10.1996, p. 8 y

DO C 148 de 14.5.1998, p. 12.

(2) DO C 66 de 3.3.1997, p. 5.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 1998 (DO C 104 de 6.4.1998, p. 30), Posición común del Consejo de 24 de septiembre de 1998 y Decisión del Parlamento Europeo de . . . (no publicada aún en el Diario Oficial).

(4) Cuarenta y dos meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(5) Treinta y seis meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(6) Siete años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. El 23 de agosto de 1996, la Comisión remitió al Consejo una propuesta, basada en el artículo 100 A del Tratado CE, sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo.

2. El Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social emitieron sus respectivos dictámenes sobre la propuesta el 10 de marzo de 1998 y el 27 de noviembre de 1996.

3. El 1 de abril de 1998, la Comisión presentó al Consejo una propuesta modificada.

4. El Consejo adoptó su Posición común sobre la propuesta, de conformidad con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 189 B del Tratado, el 24 de septiembre de 1998.

II. FINALIDAD

La finalidad de la futura Directiva es establecer los derechos mínimos y uniformes que asisten al consumidor en caso de no conformidad de un producto con el contrato de venta existente en el momento de la entrega, así como asegurar la transparencia de las garantías ofrecidas voluntariamente por los vendedores y los fabricantes. Su ámbito de aplicación se limita a los bienes y las ventas entre vendedores profesionales y consumidores que actúan como tales con fines ajenos a su actividad profesional.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

Aspectos generales

El objetivo perseguido por el Consejo es aumentar la protección del consumidor en un ámbito que constituye la principal fuente de reclamaciones de los consumidores en lo que respecta a las transacciones, y en particular a las transacciones transfronterizas dentro del mercado único. Ha intentado simultáneamente establecer un equilibrio razonable entre los intereses de consumidores y vendedores, para lograr que ambos disfruten de forma cabal y equitativa de las ventajas del mercado único. El Consejo ha aceptado o tenido en cuenta varias de las enmiendas del Parlamento Europeo.

Articulado

(los textos de referencia son la Posición común y la propuesta modificada de la Comisión)

Artículo 1: ámbito de aplicación y definiciones

- Apartado 1: ámbito de aplicación

El Consejo ha añadido aquí los términos «sobre determinados aspectos» por razones de claridad, y ha completado de la misma forma el título del proyecto de Directiva.

- Apartado 2: definiciones y excepciones

En la definición de «consumidor» [letra a) del apartado 2], el Consejo ha aceptado la enmienda 11 y ha suprimido en consecuencia, en la versión inglesa, la palabra directly que figuraba en la propuesta de la Comisión (no afecta a la versión española).

En lo que respecta a la definición de «bien de consumo» [letra b) del apartado 2], el Consejo ha añadido la palabra «corpóreo» y considerado que las tres excepciones mencionadas en esta letra, junto con la recogida en el nuevo apartado 3, son aclaraciones útiles, pero que la mención explícita de los bienes inmuebles es innecesaria.

En la definición de «vendedor» [letra c) del apartado 2], se ha suprimido la referencia al suministro «a cambio de otro valor patrimonial», que habría planteado problemas en varios Estados miembros.

Se ha aceptado la definición de «productor», recogida en la letra d) del apartado 2, pero no la de «representante del productor», debido a las diferencias en las legislaciones de los Estados miembros respecto a la cuestión de la representación.

En cuanto al concepto de «garantía» [letra e) del apartado 2], el Consejo ha preferido esta opción, más neutra que la de «garantía comercial», por considerar que el adjetivo habría causado confusión en algunos Estados miembros. Por razones de claridad, el Consejo ha mantenido, aunque con ligeras modificaciones, la definición inicialmente propuesta por la Comisión. Por la misma razón, ha decidido añadir la definición de «reparación» que figura en la letra f) del apartado 2.

- Apartado 3: bienes de segunda mano vendidos en subasta pública

La excepción optativa que recoge este apartado pretende dejar constancia de la situación especial de algunos Estados miembros.

- Apartado 4: suministro de bienes de consumo por fabricar o producir

El Consejo ha aceptado la enmienda 17 y ha añadido un elemento que considera pertinente en este contexto.

Artículo 2

El Consejo ha preferido mantener en la letra b) del apartado 2 la propuesta original de la Comisión, tomada del Convenio de Viena.

En la letra d) del apartado 2, el Consejo ha aceptado parte de la enmienda 20. Por razones de aplicabilidad, ha incluido elementos de la propuesta inicial de la Comisión y ha sustituido «podía esperar» por «puede fundadamente esperar».

El Consejo ha incluido en el apartado 3 la enmienda 21, con ligeros cambios.

En lo que respecta al apartado 5, el Consejo podría respaldar el principio de la enmienda 23 relativa a las instrucciones de instalación, si bien ha considerado que este tema debe volver a estudiarse en una segunda lectura teniendo en cuenta la condición de que el producto debe estar concebido para ser instalado por el consumidor (y no por un profesional) y que las instrucciones de instalación que figuren por escrito deben adecuarse al consumidor medio.

El séptimo considerando explica el contenido del artículo 2.

Artículo 3

En lo que respecta al apartado 1, el Consejo ha seguido el dictamen del Parlamento Europeo y ha trasladado la última parte de dicho apartado al apartado 3 del artículo 2, pero ha decidido trasladar la cuestión de los plazos al artículo 5.

El apartado 2 de la propuesta de la Comisión se ha trasladado al artículo 2.

En cuanto a la jerarquía de los derechos del consumidor, el Consejo ha recogido en gran medida en el apartado 3 las ideas del Parlamento Europeo, pero con las diferencias o matices que se indican a continuación.

A juicio del Consejo, el criterio de proporcionalidad, que se explica con más detalle en el décimo considerando, resulta más apropiado, en vista de las legislaciones nacionales vigentes, que el de reclamación «económicamente adecuada». En aras de esa proporcionalidad, se ha excluido la posibilidad de resolver el contrato cuando la falta de conformidad es de escasa importancia. Como se indica en el decimosexto considerando, los Estados miembros conservan la facultad de decisión en cuanto al reinicio o suspensión de los plazos en caso de sustitución o reparación (enmiendas 29 y 33). En el decimotercer considerando se aclara que los Estados miembros conservan también la facultad de adoptar normas sobre las restituciones al consumidor que ya haya utilizado los bienes y sobre las modalidades de la resolución de los contratos.

El apartado 4 del artículo 3 deja claro que el consumidor puede pedir una reducción adecuada del precio o que se resuelva el contrato:

- si el consumidor no tiene derecho ni a la reparación ni a la sustitución, o

- si el comprador no ha dado satisfacción al requerimiento en un plazo razonable, o

- si el comprador no ha dado satisfacción al requerimiento sin mayores inconvenientes para el consumidor (1).

El considerando 11 aclara que el vendedor siempre puede ofrecer al consumidor cualquier medida de reparación disponible, que éste es libre de aceptar o rechazar.

El considerando 14 establece que, por regla general, el derecho a la sustitución no se aplica a los bienes de segunda mano (véanse también el artículo 7 y el vigésimo considerando).

Por último, el Consejo ha considerado que la enmienda 32, relativa a los pagos a plazos, contempla una cuestión que pertenece más bien al ámbito de las normas aplicables al crédito al consumo.

Artículo 4

El Consejo ha aceptado la expresión «persona responsable», pero ha preferido dejar a los Estados miembros la facultad de decisión sobre la cuestión de las cláusulas contractuales de salvaguardia.

Artículo 5

El Consejo ha agrupado en este artículo las disposiciones sobre plazos, y ha añadido en el apartado 1 un importante elemento de protección del consumidor: una referencia al plazo de limitación. Como se explica en el considerando 15, el plazo de limitación no puede ser inferior a dos años (pero sí puede, evidentemente, seguir siendo superior o igual a diez años, de conformidad con la legislación nacional vigente), ni inferior a dos años a partir del día de la entrega en los Estados miembros en los que el plazo comienza a correr antes de ese día.

En el apartado 2, el Consejo ha añadido la posibilidad de que los Estados miembros establezcan una obligación de notificación, obligación que, según los usos y leyes vigentes en ciertos Estados miembros, constituye la base de un sistema más ventajoso para los consumidores, es decir, el sistema en que el plazo de limitación de dos años no empieza a correr hasta que se ha efectuado la notificación.

A fin de prevenir los problemas que esta facultad de los Estados miembros podría entrañar para el funcionamiento del mercado único, el Consejo ha completado esta cláusula con disposiciones de información y control que incluyen un informe de la Comisión.

Artículo 6

En lo que respecta al apartado 1, el Consejo, tras un estudio en profundidad, ha llegado a la conclusión de que el criterio de «posición más ventajosa» no es aplicable y lo ha suprimido.

En el primer guión del apartado 2, el Consejo ha aceptado la referencia a los derechos legales del consumidor. Ha añadido una importante aclaración en el apartado 5, a saber: que aunque la garantía infrinja los requisitos establecidos en este artículo, no por ello pierde validez.

Artículo 7

Este artículo contempla también los bienes de segunda mano y tiene en cuenta sus características especiales (véanse también los artículos 2 y 3 y los considerandos 6, 7, 14 y 20).

Artículo 9

Dada la complejidad de la materia objeto de la presente Directiva, el Consejo ha optado por un período de transposición de tres años.

Artículo 10

El Consejo ha estudiado detenidamente la cuestión de la responsabilidad del productor, contemplada en particular en las enmiendas 16, 18, 25 y 48 del Parlamento Europeo. Aunque a su juicio éste es un aspecto importante de la protección del consumidor, ha coincidido con la Comisión en que es preciso un análisis más pormenorizado antes de considerar la integración de este aspecto en la Directiva, y ha decidido por ello incluir una cláusula de revisión en la que se hace referencia a propuestas de la Comisión (véase también el vigésimoprimer considerando).

El Consejo ha considerado que la cuestión a que se refiere la enmienda 43 es demasiado compleja, y que no debe contemplarse en esta Directiva sino en el plan de acción de la Comisión sobre procedimientos extrajudiciales.

(1) En una segunda lectura, puede ser conveniente revisar algunas de las traducciones de este apartado.