Dictamen del Consejo

de 12 de marzo de 2001

sobre el Programa de estabilidad actualizado de España para el período 2000-2004

(2001/C 109/03)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas(1) y, en particular, el apartado 3 de su artículo 5,

Vista la Recomendación de la Comisión,

Previa consulta al Comité económico y financiero.

EMITE EL PRESENTE DICTAMEN:

El 12 de marzo de 2001 el Consejo examinó el Programa de estabilidad actualizado de España para el período 2000-2004. El Consejo observa que el Programa reafirma la estrategia adoptada en los dos programas anteriores, esto es, fomentar un crecimiento económico sólido a través de la consolidación presupuestaria y de las reformas estructurales. Sin embargo, la actualización presenta las mismas carencias informativas que los dos programas anteriores, lo que dificulta la evaluación de la situación macroeconómica y la estimación de la situación presupuestaria subyacente. Esta falta de información debería corregirse en futuras actualizaciones.

Los objetivos del programa son pasar de un déficit de las administraciones públicas estimado para el año 2000 en el 0,3 % del producto interior bruto (PIB) a un equilibrio presupuestario en el año 2001 y un superávit del 0,3 % en el año 2004, y reducir el coeficiente de deuda al 49,6 % del PIB a finales del período contemplado.

El Consejo acoge con beneplácito la buena ejecución, en general, del anterior programa actualizado. El PIB ha crecido más de lo previsto, lo mismo que el empleo, y los objetivos de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas y de deuda se han cumplido con creces. Sin embargo, el comportamiento reciente de los precios ha sido peor de lo esperado, como resultado de un aumento de la inflación subyacente derivada de la fuerte demanda interna y de factores externos. El Consejo, por tanto, considera esencial que el crecimiento de los salarios siga orientado a la estabilidad de los precios. El Consejo recomienda que se reduzca progresivamente la indexación de los salarios. También recomienda que, si persisten las presiones inflacionistas, las autoridades españolas apliquen una política fiscal aún más rigurosa.

El escenario macroeconómico del Programa actualizado supone una desaceleración del crecimiento de la producción desde su elevada tasa actual (4,0 % en el año 2000) a un 3,6 % en el año 2001 y a un nivel ligeramente por debajo de la tendencia en el período 2000-2003 (3,2 % de media). Aunque los últimos datos del año 2001 puedan apuntar a una producción más débil, el Consejo observa que el escenario macroeconómico a medio plazo parece, en general, realista.

La actualización mantiene una correcta estrategia presupuestaria basada en la restricción del gasto corriente primario, que permitirá reforzar la inversión estatal y reducir la presión fiscal a través de una reforma tributaria en el año 2002. La política fiscal puede considerarse levemente restrictiva durante el período considerado, dado que la mejora prevista del equilibrio de las administraciones públicas se basa en la restricción del gasto. El Consejo reitera su apoyo a la aprobación de instrumentos adecuados, como la Ley de estabilidad presupuestaria en preparación, destinada a reforzar el control del gasto público en distintos niveles de la administración. Por otra parte, las autoridades españolas deberían estudiar medidas que compensen el impacto presupuestario de la reciente sentencia sobre los salarios de los funcionarios si el recurso contra la misma no prospera.

La situación presupuestaria subyacente a partir del año 2001 daría un margen de seguridad suficiente para evitar que el déficit supere el umbral del 3 % del PIB en caso de desaceleración cíclica normal. El margen de seguridad aumentará más a partir del año 2001. Por tanto, el Consejo considera que el Programa de estabilidad actualizado es conforme con las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. El Consejo considera que la prevista ampliación del margen de seguridad se justifica para hacer frente a las consecuencias presupuestarias del envejecimiento de la población. En este sentido, el Consejo acoge con beneplácito el compromiso de las autoridades españolas de destinar los superávit previstos en la Seguridad Social a incrementar el fondo de reserva creado en el año 2000. El Consejo observa que, según se recomendaba en las Orientaciones generales de política económica del 2000, este fondo fue aumentado en el año 2000. No obstante, la actualización no propone pasos adicionales para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas públicas frente al envejecimiento de la población. El Consejo recomienda a las autoridades españolas que adopten nuevas medidas para asegurar la viabilidad del régimen estatal de pensiones, y acogería con beneplácito una mayor atención a su viabilidad a largo plazo en futuras actualizaciones.

El Consejo considera que el ajuste presupuestario sería más fácil si fuese compartido por todos los niveles de las administraciones públicas, y observa con especial satisfacción que en los Gobiernos autonómicos se prevé alcanzar el equilibrio a partir del año 2001. Dado el papel cada vez mayor de los Gobiernos autonómicos en las diversas categorías de gasto (especialmente en la inversión), esto exige la continuidad del buen funcionamiento de la actual coordinación entre los subsectores de las administraciones públicas, que deberá reforzarse mediante los instrumentos correspondientes que se están debatiendo, como la Ley de estabilidad presupuestaria en preparación. El Consejo celebra igualmente el compromiso de aplicar cualquier posible mejora de los resultados presupuestarios del Gobierno central a la amortización de deuda pública.

El Consejo considera que el programa es coherente con las Orientaciones generales de política económica. El Consejo aprueba la importancia que se da en la actualización a las políticas estructurales. Las reformas estructurales desempeñan un papel importante en el aumento del potencial de producción de la economía española, atenuando al mismo tiempo las presiones inflacionistas. El Consejo, por tanto, insta al Gobierno español a poner en marcha las reformas estructurales previstas, que deberán ser objeto de atenta supervisión, y acelerarse y reforzarse si ello se revelase necesario.

(1) DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.