ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4.

destaca que el protagonismo anunciado de los entes territoriales descentralizados previsto en el Tratado de Lisboa aún no se ha concretado con una auténtica perspectiva de subsidiariedad y participación en el proceso legislativo europeo. Por consiguiente, los entes territoriales siguen siendo casi siempre meros puntos terminales de las políticas de la UE y no verdaderos protagonistas de su elaboración, también y en particular de la legislación;
6.

a este respecto, alerta de que una posible suspensión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos sobre España y Portugal, y cualquier otro Estado miembro, va en detrimento de la ejecución de los programas. Recuerda que: a) el CDR se ha opuesto a la condicionalidad macroeconómica, ya que penaliza a las ciudades y regiones; b) sería contradictoria con las cancelaciones ya aplicadas de sanciones según lo dispuesto por el Reglamento (UE) n.o 1173/2011 sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro; y c) vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 del TUE y su protocolo n.o 2. Y por ello solicita que en caso de que se produzca una eventual suspensión, esta sea de cero, considerando las circunstancias económicas y sociales, el desempleo y los efectos de una suspensión en sus economías, como se prevé por el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 (Reglamento de disposiciones comunes);
27.

Recuerda la contribución de la política pesquera común a la producción sostenible de alimentos de la UE; pide que se promocionen mejor los objetivos de la Política Pesquera Común a nivel internacional. Con este fin, la Unión debería esforzarse por mejorar el funcionamiento de las organizaciones regionales e internacionales en lo que se refiere a la conservación y gestión de las poblaciones de peces en aguas internacionales, promoviendo la toma de decisiones basada en datos científicos y la mejora del cumplimiento, una mayor transparencia y participación de las partes interesadas —en particular, los pescadores— y combatiendo las actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas;
7.

señala, no obstante, que el carácter de los desafíos asociados a la pobreza varía considerablemente de un país a otro; por este motivo, está convencido de que los objetivos compartidos comunes no excluyen la necesidad de políticas y medios específicos que respeten el contexto particular de una zona, país, región o área subnacional;
34.

pide a la Comisión que vele por que no se produzca un desplazamiento de los centros de poder en detrimento de las regiones. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia propuesto debe canalizarse mediante un planteamiento ascendente, para lo cual se han de añadir criterios de asignación regional a REACT-EU y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y se ha de lograr una mayor participación de los entes locales y regionales en la gobernanza de los instrumentos, en particular en la preparación de los planes nacionales de inversión para la recuperación. La aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través de programas centralizados entraña el riesgo de carecer de legitimidad y eficiencia, al aprobarse estos programas sin ningún requisito en materia de asociación, por lo que pueden no tener en cuenta las necesidades reales de recuperación desde una perspectiva territorial;
9.

destaca que, a largo plazo, solo el hidrógeno que se obtiene mediante la electrolisis del agua utilizando electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable («hidrógeno verde») es un método sostenible de producción de hidrógeno. Por esta razón, el hidrógeno verde ha de constituir un elemento fundamental de los esfuerzos de la UE y de los Estados miembros en el desarrollo de una economía del hidrógeno. Hasta que se disponga de cantidades suficientes, las soluciones tecnológicas transitorias (por ejemplo, el hidrógeno azul) pueden contribuir a reducir las emisiones de CO 2 derivadas de la producción de hidrógeno. Para ello hay que garantizar que no se obstaculice la transición al hidrógeno verde al desarrollar una economía del hidrógeno. Las soluciones provisionales deben ofrecer ventajas reales significativas en términos de costes y rapidez de aplicación en relación con el hidrógeno verde y no deben crear dependencia de la vía emprendida a largo plazo;
48.

pide a la Comisión que allane los obstáculos, en particular los que dificultan las garantías para los pasajeros contra la pérdida de conexiones o complican el suministro de información; en particular, los pasajeros que viajan entre distintos Estados miembros en trenes en correspondencia no son tan conscientes de sus derechos, por ejemplo, como los pasajeros aéreos;
12.

destaca, en particular, la necesidad de tener en cuenta las situaciones particulares de los territorios que se enfrentan a retos medioambientales específicos. En razón de su lejanía, estas zonas poseen a veces características naturales específicas que les otorgan una importancia desproporcionada desde el punto de vista ecológico: a. las islas pequeñas pueden enfrentarse a la separación física del resto del municipio del que forman parte, lo que dificulta el acceso a los servicios y a los procesos de toma de decisiones, genera una gran dependencia de los insumos externos y debilita la autonomía administrativa. Se debe fomentar y ampliar la cooperación con el Grupo Interregional de Regiones Insulares del CDR y con otras redes, como «Energía limpia para las islas de la UE» (Clean Energy for EU Islands), la Federación Europea de Islas Pequeñas (European Small Islands Federation) y la Red Europea de Islas Pequeñas (European Small Islands Network), así como con actividades relacionadas con el nuevo concepto de insularidad de la región mediterránea; b. las zonas escasamente pobladas y las zonas con baja densidad de población se encuentran a menudo a una distancia significativa del resto del municipio. La cooperación con las redes existentes, como las de las Regiones septentrionales de escasa densidad demográfica, las Regiones meridionales de escasa densidad demográfica y Euromontana, debe fomentarse y ampliarse; c. las comunidades submunicipales en zonas con perfiles geográficos específicos, como las zonas montañosas o lacustres;
6.

recuerda que el pastoreo, basado en medios naturales para alimentar los rebaños con recursos espontáneos, necesita disponer de márgenes de flexibilidad y seguridad para superar los imprevistos climáticos. Así pues, los ganaderos precisan de zonas denominadas «zonas tampón», que pueden no utilizarse todos los años o serlo con intensidades muy variables, pero que son necesarias en caso de sequía estacional. Por lo general, se trata de landas, llanuras aluviales y bosques. El actual cambio climático aumenta la necesidad de recurrir a estas zonas. Los mecanismos de reconocimiento de las zonas de pastoreo en el marco del primer pilar deberían reconocer y garantizar la seguridad jurídica para el uso de estas zonas, que no tiene lugar todos los años y no puede preverse en la fecha de presentación de las solicitudes de la PAC. Del mismo modo, el pastoreo recurre a prácticas agroecológicas de intercambio de servicios ecosistémicos, utilizando como complemento zonas destinadas a otros usos, en particular viñedos y plantaciones de frutales, lo que favorece la reducción de los insumos y de las prácticas mecanizadas. Las políticas europeas deberían reconocer y alentar dichas prácticas y encontrar soluciones seguras desde el punto de vista jurídico para hacer posible su desarrollo, de forma que el ganadero pueda utilizar zonas declaradas por otro agricultor. Asimismo, el pastoreo aplica prácticas asociadas a la silvicultura, denominadas «silvopastoreo», que aportan un beneficio recíproco a los agentes forestales y agrícolas. Las políticas públicas europeas deberían reconocer y alentar el uso mixto de estas zonas y estas prácticas, que son especialmente favorables, en determinadas condiciones, a la defensa del bosque contra los incendios y la adaptación de la ganadería al cambio climático y respetan las necesidades de regeneración y producción forestales;
Más en particular, los ingresos imponibles deben ser aquellos derivados de la prestación de los siguientes servicios: i) la inclusión en una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz; ii) la puesta a disposición de interfaces digitales multifacéticas que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, y que puedan facilitar asimismo las entregas de bienes o las prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios (denominados a veces «servicios de intermediación»); y iii) la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales. Si la prestación de dichos servicios no genera ingresos, no debe poder aplicarse el ISD. Los demás ingresos obtenidos por la entidad que presta dichos servicios pero que no se deriven directamente de tales prestaciones deberían quedar también fuera del ámbito de aplicación del impuesto.

Más en particular, los ingresos imponibles deben ser aquellos derivados de la prestación de los siguientes servicios: i) la inclusión en una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz; ii) la puesta a disposición de interfaces digitales multifacéticas que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, y que puedan facilitar asimismo las entregas de bienes o las prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios (denominados a veces «servicios de intermediación»); y iii) la transmisión , que sea fuente de ingresos, de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales. Si la prestación de dichos servicios no genera ingresos, no debe poder aplicarse el ISD. Los demás ingresos obtenidos por la entidad que presta dichos servicios pero que no se deriven directamente de tales prestaciones deberían quedar también fuera del ámbito de aplicación del impuesto.
19.

insiste, no obstante, en que el enfoque transversal global no puede servir en ningún caso de pretexto para perseguir objetivos políticos e intereses sectoriales, comerciales o de otro tipo no vinculados a la lucha contra la pobreza energética;
33.

subraya la necesidad de adoptar directrices que tengan en cuenta los ejemplos de estrategias eficaces de algunos países en materia de pautas alimentarias más sanas. Se debe avanzar en el acceso gratuito al agua potable. A modo de ejemplo, Andalucía trabaja en una legislación que incluye una medida sobre este aspecto: «Las empresas responsables de la instalación o mantenimiento en centros docentes y espacios de ocio infantil públicos, de máquinas expendedoras de alimentos envasados y bebidas, si las hubiera, instalarán y mantendrán operativa una fuente de agua potable y de acceso gratuito, ya sea integrada en la máquina distribuidora o en una distancia de hasta dos metros de la misma». Asimismo, cabe mencionar el ejemplo de Grecia, donde, para dar la posibilidad de acceder a precios competitivos a un bien de consumo tan importante como es el agua —así como a diversos productos alimenticios básicos con respecto a otros alimentos y bebidas—, se establecen unos precios máximos —por ejemplo, 50 céntimos de euro por medio litro de agua embotellada para los clientes que consumen de pie en determinados puntos de venta (comedores, pubs, bares, restaurantes, establecimientos sanitarios, máquinas expendedoras, etc.), en lugares en que no hay posibilidad de competencia, tales como aeropuertos, centros deportivos, embarcaciones, hospitales, centros educativos, estaciones ferroviarias, museos, zonas recreativas, etc.;
7.

considera necesario que la futura COP 23 que se celebre en Bonn no se limite a una reunión entre expertos, sino que pueda concluirse con importantes avances hacia la plena aplicación del Acuerdo de París, en particular por lo que se refiere a los aspectos relacionados con la lucha contra el cambio climático (necesidad de fomentar las financiaciones para el clima a largo plazo, revisión del mecanismo financiero, etc.);
60.

apoya también el desarrollo de las herramientas concebidas para pasar de la prueba de concepto al mercado, como el proyecto piloto «Vía rápida hacia la innovación» o la estructuración de nuevos sectores industriales a través de la iniciativa InnoSup y su componente «Proyectos facilitados por agrupamientos de empresas en favor de nuevas cadenas de valor industriales» («Cluster facilitated projects for new industrial value chains») y pide su ampliación;
3.

señala que la tendencia a la liberalización de la gestión de los puertos es importante para incrementar su eficiencia lo que, a su vez, contribuye a la competitividad del sector europeo de los transportes. Toma nota en este contexto de la preocupación por la liberalización, que podría dificultar la prestación de servicios de interés económico general por parte de los puertos (así como otras funciones portuarias esenciales para el funcionamiento y el desarrollo de los sistemas puerto-ciudad); No obstante, el artículo 345 del TFUE establece que los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros, y la reglamentación de la UE no impone ningún modelo específico de gestión de los puertos a los organismos gestores de estos;
21.

señala que, en el ámbito de los puertos de navegación interior, algunas de las medidas adoptadas por los Estados miembros pueden no constituir ayudas estatales si el beneficiario no lleva a cabo una actividad económica o las ayudas no afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Este podría ser, en determinadas circunstancias, el caso de las medidas de ayuda a las infraestructuras portuarias que tienen un carácter puramente local o en relación con las infraestructuras de los puertos interiores que, al no tener salida directa al mar ni permitir intercambios o comunicaciones con otros Estados miembros por vía navegable, no suponen un falseamiento de la competencia;
28.

Acoge también con satisfacción que algunas autoridades públicas del ámbito local y regional hayan hecho uso de sus políticas de contratación pública para animar y pedir a los contratistas que remuneren a sus trabajadores con salarios justos. En este sentido, constata con satisfacción que la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, que entrará en vigor en abril de 2016, menciona explícitamente que no se debe impedir en modo alguno la aplicación de condiciones de empleo y trabajo más favorables para los trabajadores (considerando 37), a la vez que establece que los poderes adjudicadores no tienen la facultad de utilizar solamente el precio o el coste como único criterio de adjudicación (artículo 67). Por otra parte, acoge con satisfacción la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-115/14 de 17 de noviembre de 2015, donde se establece que la legislación de la UE no se opone a la exclusión de un licitador de un procedimiento de adjudicación de un contrato por haberse negado a retribuir a su personal con el salario mínimo (10).
33.

acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión «A Global Partnership for Poverty Eradication and Sustainable Development after 2015» y, en particular, el reconocimiento explícito de que el comercio contribuye a alcanzar un crecimiento inclusivo y un desarrollo sostenible. Además, el CDR observa con interés la referencia explícita de que los sistemas de comercio justo contribuyen a obtener beneficios económicos, medioambientales y sociales en este contexto;
15.

señala que el paquete sobre inversión social presenta información exhaustiva sobre las tendencias sociales en Europa. Los datos y la información utilizados se basan en las tendencias y estadísticas regionales o nacionales. Esta información agregada no refleja de manera suficiente los retos a nivel local o las distintas necesidades sociales y la penuria existentes entre las ciudades y los niveles regional o nacional. La recogida de pruebas sobre lo que funciona y lo que no es esencial para garantizar que las medidas aplicadas sean eficientes y eficaces para alcanzar los objetivos de la política social. El CDR anima a las instituciones europeas a recoger, a nivel regional y local, datos e información sobre las tendencias sociales y a analizar y evaluar las políticas de inclusión social que llevan a cabo los entes regionales y locales y, en particular, las grandes ciudades;
38.

Reitera las recomendaciones que figuran en el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la propuesta de la Comisión para el FEDER, en particular la posibilidad de utilizar de forma flexible los recursos sin privilegiar ni discriminar determinados tipos de regiones, a fin de no excluir a las zonas rurales y suburbanas de las ventajas que concede este Fondo. La concentración de los recursos del FEDER en diversos tipos de regiones debe decidirse en el marco del proceso de programación, que deberá llevarse a cabo en un espíritu de cooperación, y no establecerse de antemano. La delegación de tareas a las ciudades en virtud del instrumento de «inversión territorial integrada», contemplado en el artículo 99 del Reglamento general, debe considerarse una opción y no una obligación.
21.

Recuerda que, aunque el diálogo sobre los derechos humanos suele desarrollarse con las autoridades nacionales, es imprescindible tratar las cuestiones de democracia también con los agentes locales y regionales. No es posible crear ni mantener un sistema democrático eficaz si los ámbitos local y regional no participan ni se sienten parte de ese sistema, y no aportan su contribución para colaborar en su desarrollo.
26.

Considera que el grado relativamente elevado de diversidad racial en el deporte de élite, especialmente el fútbol, no se repite en otros niveles de la actividad deportiva. La presencia de algunas personas no blancas en el máximo nivel de algunos deportes puede producir la impresión de que se ha erradicado el racismo. En realidad, el deporte profesional pocas veces permite superar las desventajas sociales. También puede darse racismo cuando se asignan papeles estereotipados a jugadores no blancos.
1.7.

considera necesario recoger exclusivamente los datos relevantes para una aplicación segura, a fin de crear un sistema viable y, en particular, financiable para las PYME. La recogida de datos no debería ocasionar retrasos para la producción, la comercialización o el uso de las sustancias, a fin de poder reaccionar en el futuro de manera rápida e innovadora a los nuevos retos del mercado («time to market»);
El consumo anual total de energía primaria de un edificio de cero emisiones nuevo estará en conformidad con los umbrales máximos indicados en el cuadro que figura a continuación . […] El consumo anual total de energía primaria de un edificio nuevo o renovado de cero emisiones estará totalmente cubierto, sobre una base anual neta, por — energía procedente de fuentes renovables generada in situ y que cumpla los criterios del artículo 7 de la Directiva (UE) 2018/2001 [DFER modificada], — energía renovable procedente de una comunidad de energías renovables en el sentido del artículo 22 de la Directiva (UE) 2018/2001 [DFER modificada], o energía renovable y calor residual de un sistema urbano de calefacción o refrigeración eficiente de conformidad con el artículo 24, apartado 1, de la Directiva (UE)…/… [refundición de la Directiva de eficiencia energética]. Un edificio de cero emisiones no generará emisiones de carbono in situ procedentes de los combustibles fósiles. Solo cuando, debido a la naturaleza del edificio o a la falta de acceso a comunidades de energías renovables o a sistemas urbanos de calefacción y refrigeración elegibles, sea técnicamente inviable cumplir los requisitos del párrafo primero, el consumo anual total de energía primaria también podrá cubrirse con energía procedente de la red que cumpla los criterios establecidos a nivel nacional.

El consumo anual total de energía primaria de un edificio de cero emisiones nuevo estará en conformidad con la metodología prevista en los artículos 4 a 6 . Esta debe desarrollarse y complementarse con requisitos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para garantizar el cumplimiento del objetivo de neutralidad climática de la UE. El consumo anual total de energía primaria de un edificio nuevo o renovado de cero emisiones estará totalmente cubierto, sobre una base anual neta, por — energía procedente de fuentes renovables o energía residual generada in situ o suministrada a través de la red y que cumpla los criterios del artículo 7 de la Directiva (UE) 2018/2001 [DFER modificada], — energía renovable procedente de una comunidad de energías renovables en el sentido del artículo 22 de la Directiva (UE) 2018/2001 [DFER modificada], o energía renovable y calor residual de un sistema urbano de calefacción o refrigeración eficiente de conformidad con el artículo 24, apartado 1, de la Directiva (UE)…/… [refundición de la Directiva de eficiencia energética]. Un edificio de cero emisiones no generará emisiones de carbono in situ procedentes de los combustibles fósiles. Solo cuando, debido a la naturaleza del edificio o a la falta de acceso a comunidades de energías renovables o a sistemas urbanos de calefacción y refrigeración elegibles, sea técnicamente inviable cumplir los requisitos del párrafo primero, el consumo anual total de energía primaria también podrá cubrirse con energía procedente de la red que cumpla los criterios establecidos a nivel nacional.
1. Los Estados miembros elaborarán, junto con las autoridades pertinentes de los territorios de que se trate, uno o varios planes territoriales de transición justa que abarquen uno o varios territorios afectados correspondientes al nivel 3 de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (en lo sucesivo, «regiones de nivel NUTS 3 »), según se establece en el Reglamento (CE) n.o 1059/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) n.o 868/2014 de la Comisión, o partes de los mismos, de conformidad con el modelo que figura en el anexo II. Esos territorios serán los más perjudicados basándose en las repercusiones económicas y sociales derivadas de la transición, en particular en lo que se refiere a las pérdidas de puestos de trabajo previstas en la producción y utilización de combustibles fósiles y a las necesidades de transformación de los procesos de producción de las instalaciones industriales con la mayor intensidad de gases de efecto invernadero.

1. Los Estados miembros elaborarán, junto con las autoridades pertinentes de los territorios de que se trate, uno o varios planes territoriales de transición justa que abarquen uno o varios territorios afectados correspondientes al nivel 2 de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (en lo sucesivo, «regiones de nivel NUTS 2 »), según se establece en el Reglamento (CE) n.o 1059/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) n.o 868/2014 de la Comisión, o partes de los mismos, de conformidad con el modelo que figura en el anexo II. Esos territorios serán los más perjudicados basándose en las repercusiones económicas y sociales derivadas de la transición, en particular en lo que se refiere a las pérdidas de puestos de trabajo previstas en la producción y utilización de combustibles fósiles y a las necesidades de transformación de los procesos de producción de las instalaciones industriales con la mayor intensidad de gases de efecto invernadero.
21.

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de que la FEEI complemente instrumentos existentes como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y que no solape el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), pese a tener un enfoque algo similar; observa, no obstante, que la estabilización macroeconómica no está reconocida actualmente como un objetivo explícito del presupuesto de la UE, por lo que se ve limitada la capacidad del FEEI para alcanzar todos sus objetivos;