Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Comunicación «El desafío mundial del comercio internacional: Una estrategia de acceso al mercado para la Unión Europea»

(97/C 56/10)

El 31 de octubre de 1996, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre la Comunicación «El desafío mundial del comercio internacional: Una estrategia de acceso al mercado para la Unión Europea».

La Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de octubre de 1996 (Ponente: Sr. van Dijk).

En su 339° Pleno, celebrado los días 30 y 31 de octubre de 1996 (sesión del 31 de octubre de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 49 votos a favor, uno en contra y una abstención el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. A la conclusión de la Ronda Uruguay del GATT se tomó la decisión de crear la Organización Mundial del Comercio (OMC). La reunión constituyente se celebró en Marrakech. Esta organización ejerce el control de la puesta en práctica de las conclusiones de la Ronda Uruguay. La primera reunión ministerial se celebrará en Singapur en diciembre de 1996.

1.2. Para mantener el impulso favorable a un régimen de comercio multilateral abierto y conseguir el máximo apoyo posible para proseguir los esfuerzos en favor de la apertura de los mercados a escala mundial, la Comisión Europea ha publicado una Comunicación en la que establece una nueva estrategia para mejorar el acceso a los mercados de terceros países y enuncia los objetivos que la Unión Europea defenderá en la Conferencia Ministerial de Singapur, así como el futuro programa de la Organización Mundial del Comercio, para contribuir así a consensuar la nueva agenda comercial.

1.3. Síntesis del documento de la Comisión

La prosperidad de la Unión Europea depende en gran medida del comercio exterior y de la inversión: en efecto, la economía de la Unión es una economía abierta en la que numerosos empleos dependen de la exportación, haciendo de este modo que la política comercial común sea una piedra angular del Tratado CE.

Esta apertura de la economía europea a la competencia internacional ofrece numerosas ventajas tanto para las empresas como para los ciudadanos. Sin embargo, las empresas europeas encuentran multitud de obstáculos en el extranjero, y por ello la Comunidad debe esforzarse por lograr un mejor acceso a los mercados de terceros países paralelamente a la apertura progresiva de su propio mercado.

En este sentido, en una Comunicación de 14 de febrero de 1996 titulada «El desafío mundial del comercio internacional: Una estrategia de acceso al mercado para la Unión Europea», la Comisión Europea formula determinadas propuestas que tienen por objeto la realización de esta estrategia.

En ella, la Comisión se ha fijado unos objetivos precisos: los socios comerciales de la Comunidad deben adherirse y atenerse a las obligaciones resultantes de los acuerdos de la OMC, acuerdos que la Comunidad se compromete a respetar. Por otra parte, en el marco de la política comercial, los instrumentos existentes de apertura de los mercados deben explotarse plenamente. La Comunidad debe también actuar contra el conjunto de barreras a los flujos económicos. Por último, las empresas deben tener información sobre las posibilidades existentes, sobre todo los instrumentos de política comercial cuyo objetivo es proteger a la Comunidad contra las prácticas comerciales desleales.

La Comunidad puede favorecer dicha apertura mediante dos instrumentos: los niveles multilateral (cumplimiento y consolidación del ciclo de la Ronda Uruguay, acciones diversas de apertura de los mercados y establecimiento de una lista de nuevas áreas de liberalización) y bilateral (negociaciones bilaterales de carácter general o sectorial y aplicación efectiva de los acuerdos de apertura de los mercados o de libre comercio con terceros países o agrupaciones regionales de países). Ambos instrumentos pueden completarse con políticas de acompañamiento, es decir, con acciones que permitan ampliar las posibilidades de exportación de las empresas europeas (reconocimiento mutuo, cooperación industrial, iniciativas específicas de fomento de la exportación, etc.).

En este primer análisis, que espera desarrollar posteriormente, la Comisión Europea considera que el acceso a los mercados del mundo entero es uno de los principales objetivos. Aun respaldando totalmente a la OMC, subraya que en las próximas negociaciones deberán tratarse los temas cuya solución pueda crear nuevas oportunidades para las empresas europeas.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité Económico y Social expresa su apoyo a la iniciativa de la Comisión y a la estrategia de mejorar el acceso a los mercados de trabajo de terceros países para promover las exportaciones europeas y crear empleo en Europa. El Comité solicita a la OMC que se mantenga atenta para que se apliquen plenamente los resultados de la Ronda Uruguay del GATT y de las negociaciones de Marrakech. La OMC debería desempeñar un papel importante en el seguimiento de este proceso.

2.2. El Comité Económico y Social considera que el principal objetivo de la política comercial de la Unión es conseguir normas equitativas y justas basadas en un régimen de comercio multilateral y no una simple liberalización comercial. En este contexto, el Comité Económico y Social reitera su opinión de que la liberalización comercial a nivel mundial no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir el crecimiento económico duradero y el bienestar social de todos los acogidos al régimen multilateral. Por ello, la OMC debería establecer una serie de normas sobre competencia leal aplicables a todos los países del mundo para crear un marco regulador equilibrado.

2.3. Este principio será expuesto de manera más detallada en los capítulos siguientes relativos a la competencia, las inversiones, el contexto social y el medio ambiente.

2.4. El Comité pide a la Comisión que fomente activamente la adhesión de China y Rusia a la OMC. Ello aumentaría el alcance de las negociaciones entabladas en la OMC.

3. Comercio y políticas de competencia

3.1. De las cuestiones que la OMC deberá abordar en la «nueva agenda comercial», el Comité Económico y Social quiere destacar muy especialmente el futuro debate sobre el comercio y la política de competencia. El objetivo de la política de competencia es salvaguardar la competencia tanto en los mercados nacionales como a escala de la Unión Europea, con objeto de promover la eficacia económica y la protección del consumidor. Esta política abarca tanto la legislación tradicional antimonopolística o sobre competencia para reprimir las prácticas restrictivas a la competencia del sector privado como las normativas oficiales que directa o indirectamente afecten a las empresas y a la estructura industrial. El objetivo perseguido con un régimen de comercio multilateral basado en normas es mejorar la actual situación económica y social mundial facilitando la globalización del comercio y de los flujos inversores. En este sentido, en las negociaciones de la OMC la prioridad debe concederse al reforzamiento del régimen de comercio mundial y la potenciación de la competencia a través del establecimiento de un marco político multilateral encaminado a evitar los potenciales conflictos entre los objetivos de la política comercial y los de la política de competencia.

3.2. En la actualidad están en vigor acuerdos multilaterales en materia de competencia en la UE, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y en la Zona de Libre Comercio de Australia y Nueva Zelanda (ANZCERTA). De éstos, la UE constituye el único ejemplo de autoridad supranacional en materia de competencia. Tanto la UNCTAD como la OCDE intentaron ya en el pasado elaborar normas sobre la conducta de las empresas multinacionales. Estas normas se plasman en una serie de principios y reglas para el control de las prácticas comerciales restrictivas aprobados en 1980 por la UNCTAD y en las Orientaciones para las empresas multinacionales que aprobó la OCDE en 1976, instrumentos ambos que recibieron el apoyo del mundo empresarial internacional y de los sindicatos. Sin embargo, su carácter no es vinculante y, hasta la fecha, las políticas de competencia no disponen de instituciones multilaterales transparentes ni de procedimientos para su aplicación y para la resolución de litigios. Este aspecto es especialmente preocupante en el caso de los países que no son miembros de la UE, donde las trabas al acceso a sus mercados son mucho más importantes que en los Estados miembros de la UE. De ahí que resulte necesario integrar a estos países en un proceso de reforma reglamentaria de los acuerdos internacionales sobre comercio y competencia, así como garantizar que las nuevas medidas que se adopten no sean discriminatorias para ninguna de las partes.

3.3. En el orden del día de las negociaciones de la OMC para la reforma podrían inscribirse los temas siguientes:

- la fijación de normas para hacer más estrictas las legislaciones nacionales en materia de competencia, entre otras cosas, ampliando su alcance y teniendo en cuenta aspectos como su transparencia, su aplicación y los procedimientos de resolución de litigios, sin olvidar que los efectos internacionales de las políticas de competencia dependen en primer lugar y ante todo del grado relativo de severidad de los regímenes nacionales de competencia;

- la ampliación del alcance de los acuerdos internacionales en materia de competencia, el fomento de la convergencia de los principios de competencia y una mayor cooperación en materia antimonopolística para armonizar aún más la legislación en esta materia, sin olvidar que una mayor liberalización comercial puede propiciar un proceso de formación de oligopolios a nivel internacional; y

- la mejora de las condiciones de acceso a los mercados, tanto nacionales como internacionales, especialmente en el sector de los servicios, entre otras cosas, mediante el establecimiento de normas sobre los carteles de importación y exportación, la adopción de medidas y prácticas para determinadas empresas, requisitos para fijar un valor mínimo de contenido local en el tráfico de perfeccionamiento y otras medidas relativas a inversiones de carácter comercial y a controles de las fusiones de empresas.

4. Comercio e inversión

4.1. El establecimiento de normas multilaterales para la inversión es un aspecto de suma importancia para conseguir nuevos progresos en el acceso a los mercados. El Comité Económico y Social observa que las negociaciones que se realizan en la OCDE sobre el Acuerdo Multilateral de Inversión (MAI) se encuentran en una fase muy avanzada. El objetivo perseguido es elaborar antes de mayo de 1997 un acuerdo por el que se fijen niveles elevados de liberalización y protección de las inversiones, así como una serie de procedimientos eficaces para la resolución de los litigios, acuerdo al que podrán adherirse todos los Estados miembros de la OCDE y la Unión Europea, así como otros Estados no miembros de la OCDE. En las negociaciones participan todos los Estados miembros de la OCDE y la Comisión Europea. Las cuestiones relacionadas con la posibilidad de que los países que no son miembros de la OCDE puedan suscribir este acuerdo se debaten en un activo programa de seminarios y consultas de carácter no oficial entre el Grupo Negociador y los países no miembros. En mayo de 1996 el Consejo de Ministros de la OCDE aprobó un informe provisional sobre el desarrollo de los trabajos presentado por el Grupo Negociador del MAI ().

4.2. El Comité Económico y Social, en su Dictamen sobre «La homogeneización a escala mundial de las normas aplicables a la inversión directa» de 28 y 29 de febrero de 1996 (Ponente: Sr. Cal) (), ya expresó de manera detallada su parecer sobre el MAI, por lo que aquí no se repetirá in extenso. En dicho Dictamen se hace hincapié en la importancia creciente de la inversión directa extranjera (IDE) en el proceso de globalización y en las relaciones entre economías nacionales o regionales. El Comité Económico y Social, con arreglo a sus manifestaciones anteriores, acoge favorablemente los esfuerzos que se realizan para conseguir una amplia definición de la inversión y hace hincapié en la necesidad de una cláusula de integración económica regional (CIER) para evitar el riesgo que suponen las cláusulas de NMF y de procedimientos eficaces para la resolución de los litigios haciéndolos compatibles con los procedimientos establecidos por la OMC y con los instrumentos existentes para la resolución de litigios entre inversores y Estados. Los acuerdos deberían contemplar a las entidades locales y subfederales de las partes contratantes para despejar cualquier duda sobre este particular. Además, el Comité expresaba su opinión de que debería respetarse el principio de trato nacional, aunque se contemplara una serie de excepciones y reservas; asimismo, se señalaba que no debería permitirse la discriminación inversa contra las propias empresas de un país como ocurre frecuentemente en el caso de las «zonas francas industriales». Deberían ponerse cortapisas a los intentos de captar la inversión directa extranjera (IDE) a través de normativas laborales poco estrictas, y los principios de los actuales instrumentos como las Orientaciones de la OCDE para las empresas multinacionales deberían recogerse en el MAI, contribuyendo así de manera constructiva a las futuras negociaciones sobre comercio e inversión en la OMC tras la Conferencia Ministerial de Singapur.

5. Comercio y contexto social

5.1. Como ya se mencionó anteriormente, el comercio internacional beneficiará a todos si se llega a crear un régimen de comercio equilibrado. Esto será posible únicamente si todos los Estados miembros de la OMC establecen y aceptan una serie de normas. Ello es válido no sólo para las normas relativas a la inversión y la competencia, sino también a las normativas laborales y de medio ambiente.

5.2. Sobre las condiciones de trabajo, el Comité Económico y Social se ha manifestado en varios dictámenes en favor de la introducción de cláusulas sociales en los acuerdos comerciales de carácter internacional. El Comité Económico y Social afirmaba en su Dictamen sobre los efectos de los acuerdos de la Ronda Uruguay que en el programa de trabajo de la Organización Mundial del Comercio deberían figurar las «cláusulas sociales» ().

5.3. En su dictamen, el Comité Económico y Social quiere abundar en este tema. En primer lugar, quiere aclarar qué condiciones de trabajo deben recoger los acuerdos laborales de carácter internacional. En la actualidad se observa un amplio consenso en la adopción de cinco:

- no discriminación (Convenio 111 de la OIT);

- prohibición del trabajo forzoso (Convenios 29 y 105 de la OIT);

- prohibición del trabajo infantil (Convenio 138 de la OIT);

- derecho de asociación sindical (Convenio 87 de la OIT);

- derecho a actuar colectivamente (Convenio 98 de la OIT).

Todos estos convenios de la OIT han sido ratificados por una amplia mayoría de países, por lo que podrían considerarse como normas aceptadas internacionalmente ().

En el reciente informe de la OCDE sobre normas comerciales y laborales se muestra que su instrumentación puede apoyar el desarrollo económico al establecer vínculos más estrechos entre los mercados y el desarrollo social. La OCDE considera además que las preocupaciones expresadas por algunos países en vías de desarrollo de que estas cinco normas fundamentales pueden perjudicar los resultados económicos carecen de fundamento (). El Comité considera que por el momento no debe ampliarse la lista de normas laborales fundamentales. Asimismo, pide a los países que abogan por la incorporación de las normas laborales en los acuerdos comerciales internacionales que ellos mismos ratifiquen dichos acuerdos.

En la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 7 celebrada en Lyon el pasado mes de junio, se manifestó la idea de que el respeto de estas normas laborales reconocidas internacionalmente formaba parte del objetivo fundamental del desarrollo sostenible que permitirá a todos los países en vías de desarrollo, cualquiera que sea su grado de desarrollo, compartir y participar de las ventajas de la mundialización ().

5.4. Cuando un país ratifica un convenio de la OIT se entablan conversaciones entre su gobierno y la OIT sobre la adaptación de la legislación nacional para conformarla a las disposiciones del convenio. La OIT vela por que el contenido de la legislación nacional se ajuste a la del convenio de la OIT. Después, este organismo establece un control de la aplicación de las disposiciones del convenio. Se solicita a los interlocutores sociales y a los Gobiernos que le remitan sus informes, que constituyen la base del sistema de control. Si un país no cumple con todas las disposiciones del convenio, la OIT elabora un informe. La sanción más grave es que la OIT dé a conocer que un determinado país vulnera las normas. Aparte de la difusión pública, la OIT no tiene competencia sobre otras sanciones que puedan imponerse a los países para obligarles a cumplir las disposiciones de los convenios.

5.5. Hasta la fecha, las normativas laborales están recogidas en la ley norteamericana sobre comercio y aranceles, el Sistema Europeo de Preferencias Arancelarias Generalizadas y en un Anexo al TLC. Todos estos acuerdos tienen un carácter bilateral, y serían más vulnerables a las presiones proteccionistas que los acuerdos multilaterales. La inclusión de las normativas laborales en los trabajos de los foros comerciales internacionales ofrecerá a la comunidad internacional el instrumento para animar a los países a respetar unas normativas laborales ampliamente aceptadas. Por ello el Comité Económico y Social prefiere que las normativas laborales fundamentales se traten también en la OMC. El Comité considera que su inclusión no sólo constituye un modo de potenciar el respeto de los derechos sociales en todo el mundo, sino que también refuerza el principio del libre comercio. El Comité teme que si persiste el incumplimiento de las normativas laborales que se da en muchos países se socavará la adhesión a los principios del libre comercio.

5.6. En primer lugar, debe hacerse públicamente un llamamiento moral para persuadir al gobierno en cuestión (por ejemplo, por medio de diálogos y debates) de las ventajas de respetar las normativas laborales. Si esta medida no diese resultado cabría aplicar una medida incentivadora. Ésta es una práctica ya común en la regulación del SPG. Un país puede obtener preferencias comerciales extraordinarias siempre que respete las normativas laborales. Al mismo tiempo los países industrializados, en el marco de una estrecha cooperación con los países interesados, deberían desarrollar medidas de acompañamiento. El objetivo de esta política es que estos países respeten los derechos humanos. Si estos instrumentos tampoco surtiesen ningún efecto en la actitud del gobierno de dicho país, podría proponerse y acordar la imposición de sanciones más rigurosas.

5.7. Dado que la OIT tiene una gran experiencia en este campo, esta organización debería ser la encargada de supervisar el cumplimiento de las normativas laborales fundamentales. Tal como se expone en el punto 5.4, la OIT desempeña un papel específico en la supervisión. Si los instrumentos empleados por la OIT no diesen resultado, se podría acordar remitir el asunto a la OMC, que dispone tanto de los recursos como de las competencias para participar en los esfuerzos de fortalecimiento de las normativas laborales de los países miembros.

5.8. El Comité Económico y Social acoge favorablemente el planteamiento elegido por la Comisión en su Comunicación al Consejo sobre el sistema comercial y las normas laborales internacionalmente reconocidas. En dicha Comunicación la Comisión propone constituir un grupo de trabajo durante la Conferencia de la OIT en Singapur, que se encargue de examinar las relaciones entre el comercio internacional y las normativas laborales.

6. Comercio y medio ambiente

6.1. La causa principal de los problemas del medio ambiente no es la liberalización del comercio, sino la incapacidad de los mercados y gobiernos para valorar de manera adecuada el medio ambiente. Por ello es muy importante que la OCDE actualice (el principio de «quien contamina paga» y continue sus actividades en este ámbito, ya que dicho principio ofrece posibilidades extraordinarias para internalizar los costes medioambientales.

6.2. La Comisión afirma que es posible alcanzar un desarrollo sostenible fundado en el comercio internacional si se adoptan las medidas de política medioambiental adecuadas a cada nivel. El Comité comparte esta opinión pero al mismo tiempo es consciente de los efectos negativos que tiene el comercio mundial sobre el medio ambiente. Así, reconoce que se deben realizar análisis más exhaustivos para comprender mejor las posibles consecuencias de la liberalización de los intercambios y considera necesario evaluar los instrumentos y acuerdos comerciales desde la perspectiva del medio ambiente. Del informe de la OCDE sobre la aplicación de las orientaciones de procedimiento relativas al comercio y el medio ambiente, se deduce que estas orientaciones han resultado ser eficaces. Por consiguiente, el CES insta a la Comisión a que impulse a todos los miembros de la OCDE a aplicar escrupulosamente estas orientaciones.

6.3. El CES toma nota de la conclusión de la Comunicación extraída del informe dirigido al Consejo de Ministros de la OCDE en mayo de 1995, según la cual no puede establecerse ninguna relación sistemática entre las políticas medioambientales en vigor y los efectos sobre la competitividad. Esta conclusión es asimismo válida para la tesis de que las ventajas de las normas medioambientales más estrictas superan a los perjuicios que también se producen, de modo que se obtienen beneficios de todas formas. Es difícil evaluar en qué medida el temor a posibles desventajas competitivas para las empresas o a los esfuerzos que deberán realizarse para contrarrestar los inconvenientes a corto plazo señalados antes incitará a los gobiernos a frenar la adopción de las medidas políticas necesarias en materia de medio ambiente.

6.4. El CES está de acuerdo en que es necesario establecer, en el Acuerdo GATT/OMC, un marco adecuado para las medidas comerciales elaboradas en aplicación de los AMMA. El Comité considera que de este modo se garantizaría la integridad del sistema de comercio que se alcanzasen los objetivos de la Comunidad. En resumen, la propuesta de la Comisión consiste en someter las medidas adoptadas en aplicación de los AMMA a un régimen OMC «más flexible» que el impuesto a otras medidas. El Comité considera que estas propuestas constituyen un equilibrio adecuado entre ambos intereses y opina que en los AMMA pueden adoptarse medidas comerciales para prevenir el denominado problema del «caballero solitario». Es importante además clarificar más el significado práctico de las disposiciones importantes de los Acuerdos de la OMC para la formulación de medidas comerciales en los AMMA.

6.5. El CES está convencido de la necesidad de una organización reconocida universalmente que tenga autoridad en el ámbito de la protección del medio ambiente y actúe como complemento natural, por así decirlo, de la OMC. Un organismo «autónomo» sería el más indicado para desempeñar este papel. Sin embargo, el CES considera que no es necesario crear una nueva organización con este propósito. A juicio del CES, es más indicado recurrir a una organización ya existente como el PNUMA.

7. Observaciones específicas

7.1. En la Comunicación de la Comisión se trata el tema de los acuerdos bilaterales con terceros países. Como ya se expuso supra, el Comité Económico y Social aboga por que el comercio internacional se base en relaciones justas y equitativas, lo que debe garantizarse mediante acuerdos multilaterales. No obstante, el Comité estima que los acuerdos bilaterales entre la UE y terceros países o asociaciones regionales de terceros países pueden contribuir de manera importante a la constitución de un marco multilateral, especialmente porque permiten crear masas críticas de países más receptivos a la idea de integrar la dimensión social y medioambiental en los intercambios comerciales internacionales. Las medidas que establezca la Comunidad para mejorar el acceso a los mercados a nivel bilateral deben adoptarse paralelamente y en coordinación con su política comercial multilateral. Para alcanzar efectivamente el objetivo de liberalizar en mayor medida los mercados de terceros países, la Comunidad debe utilizar todos los instrumentos de política comercial a su alcance. Deben aprovecharse cuando sea necesario las posibilidades de consulta y de resolución de litigios de los tratados bilaterales para solventar con más eficacia los problemas del acceso a los mercados. Al mismo tiempo, el Comité se pregunta si todos los acuerdos bilaterales se atienen a las normas de la OMC.

7.2. La coordinación entre la Comisión y los Estados miembros y entre los diferentes servicios de la propia Comisión revestirá una importancia capital si se quiere lograr una aplicación exhaustiva y satisfactoria de la estrategia de acceso a los mercados de la Unión Europea. El Comité Económico y Social acoge favorablemente la creación de un banco de datos, con información sobre los obstáculos de tipo arancelario y no arancelario a las exportaciones europeas, en el que podrían colaborar, no sólo la propia Comisión, sino también las empresas y los agregados comerciales y laborales de los Estados miembros en terceros países. Ello contribuiría a garantizar la transparencia en la economía global, crear nuevas oportunidades comerciales y ofrecer recursos informativos a los que por sus propios medios difícilmente podrían tener acceso, como las pequeñas y medianas empresas, y garantizar un proceso de seguimiento eficaz. El éxito de la estrategia de acceso al mercado depende en gran medida del éxito de la cooperación de empresas y asociaciones industriales con la Comisión. El intercambio de información entre las empresas privadas, la Comisión y los Estados miembros es necesario para lograr una estrategia de acceso al mercado coherente y mejor. Debería prestarse especial atención a la participación de las pequeñas y medianas empresas que, en particular, deberían beneficiarse de la mejora de la información.

Bruselas, el 31 de octubre de 1996.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() OCDE (1996), Multilateral Agreement on Investment. Progress Report by the MAI Negotiating Group, OCDE/GD(96) 78.

() DO n° C 153 de 28. 5. 1996, p. 16.

() Dictamen sobre los efectos de los acuerdos de la Ronda Uruguay, DO n° C 393 de 31. 12. 1994.

() En este particular el Convenio 138 de la OIT sobre el trabajo infantil constituye una excepción. Por diversos motivos muchos países aún no lo han ratificado. No obstante, casi todos los Estados miembros de las Naciones Unidas firmaron el Tratado de las Naciones Unidas sobre los derechos de la infancia que recoge todas las disposiciones del Convenio 138 de la OIT. Así pues, la cuestión del trabajo infantil es una cuestión aceptada a escala internacional.

() OCDE (1996), Joint Report on Trade, Employment and Labour Standards, OECD/GD(96). En septiembre se publicará el estudio completo sobre los derechos fundamentales de los trabajadores y el comercio internacional.

() Comunicado de la Cumbre Económica de Lyon, Making a Success of Globalisation for the Benefit of All; Lyon, 28 de junio de1996, punto 34.