ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El actual Reglamento RTE-E ha establecido un nuevo enfoque para la planificación de infraestructuras transfronterizas que reúne a las partes interesadas en un marco de cooperación regional para identificar los proyectos de interés común (PIC) que más contribuyen al mercado interior de la energía, la seguridad del suministro y la sostenibilidad, y contribuir en su aplicación. También exige a los Estados miembros que racionalicen los procedimientos de concesión de autorizaciones de PIC y establece las condiciones de acceso a la financiación a cargo del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). La evaluación del actual Reglamento RTE-E puso de manifiesto que mientras los objetivos del Reglamento actual siguen siendo mayormente válidos, su centro de interés para el período 2020/2030 debe actualizarse a fin de reflejar el nuevo contexto político y el objetivo de neutralidad climática para 2050 del Pacto Verde Europeo. Además del nuevo contexto político y los nuevos objetivos, la evolución tecnológica ha sido rápida en la última década. Se han identificado los siguientes problemas: 1) el tipo y la escala del desarrollo de infraestructuras transfronterizas no están plenamente en consonancia con los objetivos políticos de la UE en materia de energía, en particular por lo que se refiere al Pacto Verde Europeo y al objetivo de neutralidad climática, y 2) retrasos en la ejecución de los proyectos. El objetivo climático incrementado para 2030 y el objetivo de neutralidad climática del Pacto Verde Europeo y de Un planeta limpio para todos requieren una profunda transición del sistema energético europeo, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Esto significa que es necesario crear una infraestructura para apoyar esta transición energética europea que incluya la electrificación rápida con una duplicación de la cuota de producción de electricidad renovable, un pronunciado incremento de los gases renovables y con bajas emisiones de carbono, la integración del sistema energético y un mayor uso de soluciones innovadoras. No todas las categorías de infraestructuras pertinentes para la transición energética son actualmente admisibles para el estatus de PIC (por ejemplo, el hidrógeno) y algunas no reflejan suficientemente las evoluciones tecnológicas (por ejemplo, las redes inteligentes). Los retrasos en la ejecución de los proyectos prioritarios que se han considerado necesarios para alcanzar los objetivos de las políticas climática y energética de la UE pondrían en peligro el necesario cambio acelerado en el sistema energético. La ejecución de proyectos de infraestructuras clave sigue llevando demasiado tiempo. En 2020, el 27 % de los PCI en el ámbito de la electricidad sufrieron un retraso medio de diecisiete meses con respecto a la fecha prevista inicialmente para su puesta en servicio.
¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué?

Se han tenido en cuenta una serie de opciones políticas, tanto legislativas como no legislativas. Algunas opciones fueron rechazadas en una fase temprana, mientras que las opciones seleccionadas para ser sometidas a una evaluación en profundidad fueron dos paquetes de medidas legislativas y no legislativas: una compuesta de medidas de mayor intensidad y otra de medidas de menor intensidad. La opción preferida es el paquete con una menor intensidad de intervención, sobre la base de los elementos siguientes: •Datos dinámicos/Interfaces de programación de aplicaciones (API): Una obligación «no vinculante» para los Estados miembros a la hora de elaborar datos dinámicos disponibles en el momento oportuno y de introducir las interfaces de programación de aplicaciones. En el caso de un número limitado de conjuntos de datos fundamentales de alto valor (que deben adoptarse por medio de un acto delegado) habrá una obligación vinculante para hacerlo. •Tarificación: Endurecer las normas para invocar las excepciones a la norma general según la cual los organismos del sector público no pueden cobrar más que los costes marginales de difusión. Crear una lista de conjuntos de datos fundamentales de alto valor que deben estar disponibles de forma gratuita en todos los Estados miembros (mismos conjuntos de datos que los antes mencionados, que deben adoptarse por medio de un acto delegado). •Datos en los sectores del transporte y de los servicios públicos: Únicamente estarán cubiertas las empresas públicas y se aplicarán un número limitado de obligaciones. Las empresas públicas pueden cobrar precios superiores a los costes marginales de difusión y no están sometidas a la obligación de divulgar datos. Si divulgan datos, estarán cubiertas por requisitos de transparencia, no discriminación y no exclusividad. •Datos de investigación: Los Estados miembros estarán obligados a elaborar políticas en materia de acceso abierto a los datos de investigación resultantes de la investigación financiada con fondos públicos. Sin embargo, tendrán libertad para decidir cómo aplicar tales políticas. La Directiva ISP también cubrirá los datos de investigación que ya sean de acceso público como consecuencia de mandatos de acceso abierto, centrándose en aspectos de reutilización. •No exclusividad: Requisitos de transparencia para los acuerdos entre el sector público y el privado que incluyan información del sector público (control previo, posiblemente por las autoridades nacionales de competencia, y apertura del acuerdo vigente). Estas medidas se combinarán con una actualización de la Recomendación relativa al acceso a la información científica y a su preservación y una aclaración de la interacción entre la Directiva ISP y las Directivas sobre base de datos e INSPIRE.
Los mecanismos de balance no son únicamente una cuestión técnica que garantiza la estabilidad del sistema, sino que tienen repercusiones comerciales y a su vez implicaciones para la competencia. Cuando los GRT intervienen para equilibrar la demanda y la oferta, suelen encontrarse con una insuficiente competencia en los servicios de balance porque hay pocos suministradores disponibles para garantizar dicho balance. La falta de competencia se debe a la forma en que se determinan los precios de la energía de balance y a la insuficiente utilización de la capacidad transfronteriza de transporte (es decir, mercados de balance fragmentados por países). Hasta la fecha existen grandes disparidades en los precios de la energía de balance en Europa y faltan normas eficientes que permitan un uso eficiente de la capacidad transfronteriza de transporte. Los métodos actuales utilizados para activar la energía de balance no están explotando todo el potencial de la red y dejan sin utilizar capacidades disponibles. Los actuales precios de la energía de balance no siempre reflejan la escasez ni recompensan la flexibilidad.
El valor añadido de abordar la eficiencia energética de los edificios a escala de la UE es la creación, mediante acciones coordinadas, de un mercado interior más sólido que favorezca la competitividad y la sostenibilidad del sector de la construcción, aproveche las sinergias con la política climática, permita a los ciudadanos de la UE elegir con mayor conocimiento de causa a la hora de comprar o alquilar y, por tanto, mejore la calidad de los edificios en los que vivimos y trabajamos. La evaluación de impacto en la que se basa la propuesta de Decisión de reparto del esfuerzo [COM(2016) 482 final] demostró que, en una hipótesis de reducción rentable de GEI para la UE, todos los Estados miembros tienen que mejorar la eficiencia energética de una manera similar. Sin un instrumento legislativo de la UE para los edificios, no todos los Estados miembros actuarían en este sector (algunos pueden cumplir su objetivo de reparto del esfuerzo sin necesidad de tomar medidas suplementarias, por ejemplo). La ausencia de actuación por parte de uno o varios Estados miembros en el sector inmobiliario podría dar lugar a unos costes de reducción de GEI globalmente superiores para el conjunto de la UE. La acción a nivel de la UE impulsa la actualización de la reglamentación nacional en el sector de la construcción en toda la UE. Antes de la adopción de la Directiva de 2002, la reglamentación de muchos Estados miembros no imponía requisitos de eficiencia energética y, hasta la adopción de la Directiva de 2010, los Estados miembros no compararon los requisitos mínimos de eficiencia con respecto a la rentabilidad. El sector de la construcción es vital para la economía europea. Con tres millones de empresas, una producción anual superior a 1,211 billones EUR y una contribución de alrededor del 10 % del PIB de la UE, el sector genera un total de 14 millones de puestos de trabajo directos (productos de construcción, servicios de construcción, instalaciones de calefacción, climatización e iluminación, sistemas renovables en los edificios, controles inteligentes, sistemas de automatización de edificios, contadores inteligentes, etc.). Por otra parte, además de mitigar el cambio climático y de crear crecimiento y empleo, la mejora de la eficiencia energética de los edificios tiene muchas otras ventajas que contribuyen a la consecución de los objetivos de la política ambiental y social.
Los efectos de la opción 3 son principalmente positivos. Los importadores/comerciantes pueden sufrir algún impacto negativo por el ligero aumento de los derechos antidumping en determinados casos en comparación con los derechos actuales. No obstante, ese impacto negativo es limitado porque los derechos solo aumentarían ligeramente y en la mayoría de los casos los importadores y comerciantes tienen la posibilidad de acudir a otras fuentes de suministro (no sujetas a derechos de defensa comercial). No se prevén costes de cumplimiento en el marco de esta iniciativa porque el proceso de investigación (recogida de información, cálculos, etc.) no cambia para las partes en comparación con la práctica actual.
Se recibieron un total de ciento cincuenta y cuatro contribuciones. Participaron gobiernos, organismos públicos, representantes empresariales, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y ciudadanos particulares.

El 4 de junio de 2015, la Comisión inició una consulta pública sobre la gobernanza internacional de los océanos. Estaba dirigida a todas las partes interesadas públicas y privadas, así como a organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, y su objetivo era recabar pareceres sobre el modo en que la UE puede contribuir a mejorar la gobernanza internacional de los océanos y los mares. La consulta finalizó el 15 de octubre de 2015. Se adjunta el texto del informe de la consulta.

Gráfico 1: Respuestas por tipos de partes interesadas (%)

Se recibieron contribuciones de representantes de trece Estados miembros, Islandia, Noruega, los Estados Unidos, Corea y organizaciones internacionales, como la DAODM de Naciones Unidas, la UNESCO y el PNUMA. Aproximadamente el 15 % procedían de partes interesadas que podrían ser consideradas como internacionales o de países de fuera de Europa.

3.VISITAS DE ESCUCHA

El comisario Vella participó en veintisiete actos con socios y partes interesadas para tratar sobre la gobernanza internacional de los océanos; asimismo hubo una serie de reuniones periódicas a nivel de servicio con las partes interesadas en las cuestiones marítimas y con Estados miembros para estudiar con más detalle los temas planteados en sus respuestas a la consulta.

En particular, se celebraron debates específicos sobre la gobernanza internacional de los océanos con motivo de la puesta en marcha de la consulta y del Día Marítimo Europeo en 2016.

4.RESUMEN DE LAS RESPUESTAS Y CONTRIBUCIONES

4.1. El marco de la gobernanza de los océanos

Casi todos los participantes consideran que el actual marco de gobernanza de los océanos no es lo suficientemente eficaz como para garantizar la gestión sostenible de los océanos. Señalan que esto no es debido al marco en sí mismo, sino más bien a que no se aplica de forma eficaz o a que la coordinación resulta insuficiente.

Gráfico 2: Respuestas a la pregunta sobre la definición general del problema: ineficacia del actual marco de gobernanza internacional de los océanos

Necesidad de mejorar la aplicación y la coordinación

Existe un amplio consenso sobre el hecho de que el sistema está fragmentado y de que los mecanismos existentes no se articulan o su articulación es desigual. La mejora de la aplicación y de la coordinación resulta crucial para mejorar la gobernanza de los océanos.

Gráfico 3: Respuestas a la pregunta sobre los problemas específicos enumerados en la consulta:

1) deficiencias en el actual marco de gobernanza internacional de los océanos

2) aplicación ineficaz y coordinación insuficiente y

3) falta de conocimientos sobre los océanos
Atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia y coherencia, la opción C es preferible a las opciones A y B. En la opción C, se considera que la subopción C1 es ligeramente más efectiva y eficiente que la subopción C2. El informe de evaluación de impacto deja en manos de los responsables políticos del Colegio de Comisarios la elección de la subopción preferida dentro de la opción C.

La opción C mejora la movilidad laboral, en particular mediante el reconocimiento de las cualificaciones de los patrones de embarcación y el personal de operaciones en el Rin. En torno al 15 % de quienes poseen títulos de patrón de embarcación de la UE que actualmente no les permiten navegar por el Rin podrían obtener el reconocimiento automático de su título de la UE en el Rin. Por otra parte, los patrones de embarcación que ya navegan por el Rin con arreglo a acuerdos bilaterales en el marco de la CCNR se verían también beneficiados al desaparecer las limitaciones inherentes a esos acuerdos. El establecimiento de criterios de pertinencia de la UE en materia de conocimiento de situaciones específicas y la posibilidad de que los patrones de embarcación puedan pasar los exámenes correspondientes en su propio país contribuirá a fomentar la movilidad. Los efectos positivos en el personal de operaciones cuyo número es dos veces superior al de patrones de embarcación, serán aún más significativos, pues dejará de ser clasificado en una categoría inferior debido al no reconocimiento de sus cualificaciones. La incorporación de tripulantes cualificados incrementará la seguridad (con beneficios estimados en 190 millones EUR de aquí a 2050). Por último, también aumentarán la calidad y el atractivo de los empleos propuestos debido a la seguridad, la mayor autonomía laboral y las mejores perspectivas de desarrollo profesional (con complementos salariales para los trabajadores cifrados en 50 millones EUR de aquí a 2050). Los beneficios que aporta la subopción C1 son ligeramente superiores a los de la subopción C2. El reconocimiento de títulos y certificados de formación que den acceso automático a la profesión sin exámenes adicionales impuestos por una autoridad administrativa aumentará el atractivo y reducirá la carga administrativa. Impulsar el mercado interior de trabajo en el sector de la navegación interior entrañará efectos indirectos significativos. Si se consigue superar uno de los obstáculos al desarrollo del sector de la navegación interior, aumentará la eficiencia de la logística multimodal —factor importante de competitividad en los sectores industriales de la UE—, lo cual contribuirá a reforzar el desarrollo de la base industrial de la UE.
Proyecto de DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE por la que se modifica el Protocolo 31 del Acuerdo EEE sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades - Proyecto de postura conjunta de la Comunidad

(presentado por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El Protocolo 31 del Acuerdo EEE contiene disposiciones específicas en materia de cooperación entre la Comunidad y los Estados de la AELC-EEE al margen de las cuatro libertades.

2. El proyecto de Decisión adjunto del Comité Mixto del EEE pretende modificar el Protocolo 31 a fin de extender la cooperación en materia de política social. Dispone un marco para la cooperación y fija las modalidades de participación plena de los Estados AELC-EEE en los programas y acciones comunitarios en este ámbito:

- 32001 D 0903: Decisión 2001/903/CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, sobre el Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 (DO L 335 de 19.12.2001, p. 15).

3. La letra b) del apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 2894/94 del Consejo, relativo a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, prevé que el Consejo establece la posición de la Comunidad para tales decisiones a propuesta de la Comisión.

4. El proyecto de Decisión del Comité Mixto del EEE se somete a la aprobación del Consejo. La Comisión espera poder presentar la posición de la Comunidad en el Comité Mixto del EEE de mayo de 2002.

Proyecto de DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE por la que se modifica el Protocolo 31 del Acuerdo EEE sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades

EL COMITE MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, modificado por el Protocolo por el que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en adelante denominado «el Acuerdo», y, en particular, sus artículos 86 y 98,

CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

(1) El Protocolo 31 del Acuerdo fue modificado por la Decisión nº .../... del Comité Mixto del EEE, de ..... [1].

[1] DO L ...

(2) Se deberá incorporar al Acuerdo la Decisión 2001/903/CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, sobre el Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 [2].

[2] DO L 335 de 19.12.2001, p 15.

DECIDE:

Artículo 1

Se añadirá el guión siguiente en el apartado 8 del artículo 5 del Protocolo 31 del Acuerdo:

«- 32001 D 0903: Decisión 2001/903/CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, sobre el Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 (DO L 335 de 19.12.2001, p. 15).»

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el [...], siempre que se hayan transmitido al Comité Mixto del EEE todas las notificaciones establecidas en virtud del apartado 1 del artículo 103 del Acuerdo [3].

[3] [No se han indicado requisitos constitucionales.] [Se han indicado requisitos constitucionales.]

Artículo 3

La presente Decisión se publicará en la Sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en Bruselas, el [...]

Por el Comité Mixto del EEE,

El Presidente [...]

Los Secretarios del Comité Mixto del EEE [...]
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado acerca de la Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 74/60/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el acondicionamiento interior de los vehículos a motor (partes interiores de la cabina distintas del retrovisor o retrovisores interiores, disposición de los mandos, techo o techo corredizo, respaldo y parte trasera de los asientos)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado acerca de la

Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 74/60/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el acondicionamiento interior de los vehículos a motor (partes interiores de la cabina distintas del retrovisor o retrovisores interiores, disposición de los mandos, techo o techo corredizo, respaldo y parte trasera de los asientos)

1. Antecedentes del expediente

- Fecha de envío de la propuesta: 2 de abril de 1998 [documento COM(1998)159 final - 98/0089 COD de 2 de abril de 1998)

- Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 10 de febrero de 1999

- Fecha del dictamen del Comité Económico y Social: 9 de septiembre de 1998

- Fecha de aprobación de la posición común: 28 de octubre de 1999.

2. Finalidad de la propuesta de la Comisión

La propuesta de Directiva tiene por objeto introducir en la Directiva 74/60/CEE del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 78/632/CEE de la Comisión, requisitos sobre las ventanas de accionamiento eléctrico, a fin de eliminar el peligro para los niños que puede producirse al cerrar dichas ventanas; asimismo, se prevén requisitos similares aplicables a los techos móviles y mamparas internas de accionamiento eléctrico.

Por otra parte, se propone la asimilación de las disposiciones administrativas de la Directiva 74/60/CEE a las de la Directiva 70/156/CEE sobre homologación, para hacer posible su informatización.

3. Observaciones sobre la posición común

3.1. Observaciones generales sobre la posición común

El Consejo no ha introducido en su posición común modificaciones en cuanto a la sustancia de la propuesta inicial de la Comisión.

3.2. Curso reservado a las enmiendas del PE en primera lectura

El Parlamento Europeo emitió su dictamen sin debate y sin enmiendas.

4. Conclusiones

La Comisión apoya la posición común del Consejo.
COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 21.12.2022

COM(2022) 673 final/2

CORRIGENDUM

This document corrects document COM(2022) 673 final of 8.12.2022.

Concerns the Spanish language version.

The cover page has been corrected.

The text shall read as follows:

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Tercera perspectiva sobre el paquete «Aire Limpio»