15.

de minimis . En efecto, no se reduce el plazo de prescripción de diez años para las ayudas de minimis , a pesar de que este plazo sea en la práctica mucho más largo como consecuencia de las acciones procedimentales de suspensión. La Comisión tampoco acepta renunciar a la recuperación en aquellos casos en que haya creado una confianza legítima, cuando no se disponga de la información necesaria para la recuperación o cuando una resolución de un tribunal nacional relativa específicamente a la existencia de una ayuda pase a ser firme. Por otra parte, la Comisión considera que, si no se puede recuperar el importe de la ayuda, no solo se debe declarar insolvente al beneficiario, sino que tampoco se le debe autorizar ninguna reestructuración ni la continuación temporal de su actividad sin recuperar antes el importe total de la ayuda. Este enfoque es difícilmente conciliable con el objetivo de unos procedimientos de insolvencia nacionales y europeos. Aunque los procedimientos de recuperación de ayudas estatales tienen por objeto eliminar de forma retroactiva los efectos distorsionadores de las ayudas ilegales, la reestructuración de empresas con arreglo a la legislación en materia de insolvencia tiene en cuenta asimismo otros objetivos, como el mantenimiento del empleo. Por consiguiente, el CDR pide a la Comisión que considere la posibilidad de presentar una propuesta para modificar el Reglamento 2015/1589; toma nota de la Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales ilegales e incompatibles, publicada el 22 de julio de 2019 ( 5 ) , que forma parte de la aplicación del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ( 6 ) . Dentro de este marco jurídico, la Comunicación no ofrece ninguna facilidad a los beneficiarios de ayudas estatales y, en particular, de ayudas. En efecto, no se reduce el plazo de prescripción de diez años para las ayudas, a pesar de que este plazo sea en la práctica mucho más largo como consecuencia de las acciones procedimentales de suspensión. La Comisión tampoco acepta renunciar a la recuperación en aquellos casos en que haya creado una confianza legítima, cuando no se disponga de la información necesaria para la recuperación o cuando una resolución de un tribunal nacional relativa específicamente a la existencia de una ayuda pase a ser firme. Por otra parte, la Comisión considera que, si no se puede recuperar el importe de la ayuda, no solo se debe declarar insolvente al beneficiario, sino que tampoco se le debe autorizar ninguna reestructuración ni la continuación temporal de su actividad sin recuperar antes el importe total de la ayuda. Este enfoque es difícilmente conciliable con el objetivo de unos procedimientos de insolvencia nacionales y europeos. Aunque los procedimientos de recuperación de ayudas estatales tienen por objeto eliminar de forma retroactiva los efectos distorsionadores de las ayudas ilegales, la reestructuración de empresas con arreglo a la legislación en materia de insolvencia tiene en cuenta asimismo otros objetivos, como el mantenimiento del empleo. Por consiguiente, el CDR pide a la Comisión que considere la posibilidad de presentar una propuesta para modificar el Reglamento 2015/1589;