INFORME DE LA COMISIÓN - Respuestas de los Estados miembros al informe anual sobre el ejercicio 2001 del Tribunal de Cuentas

ÍNDICE

1. Introducción

2. Principales observaciones sectoriales del Tribunal de Cuentas

2.1. Recursos propios

2.2. Agricultura

2.3. Fondos Estructurales

2.4. Otros sectores

3.1. Problemas metodológicos

3.2. Errores en la Declaración de Fiabilidad (DF)

4. Conclusión

1. Introducción

a) La gestión compartida y el lugar que ésta ocupa en los informes del Tribunal de Cuentas requiere conocer la posición de los Estados miembros acerca de los problemas observados por el auditor externo. Se trata de que los Estados miembros puedan defender sus posiciones a propósito de las observaciones del Tribunal [1] y presentar las medidas correctoras que hayan previsto o que estén aplicando. Este ejercicio presenta un especial interés desde el punto de vista de la mejora de la gestión al ofrecer a los Estados miembros la oportunidad de pronunciarse sobre las conclusiones y las recomendaciones formuladas por el Tribunal. Ello también permitirá a la Comisión disponer de una visión sucinta de algunos de los problemas detectados a nivel nacional.

[1] Y ello sin perjuicio de los contactos que mantengan Comisión y Estados miembros para dar curso a las observaciones del Tribunal. Efectivamente, el seguimiento de las cartas de sector del Tribunal de Cuentas por parte de la Comisión y de los Estados miembros constituye un ejercicio específico que se centra en la corrección de los problemas detectados.

En el marco de las conclusiones en materia de gestión financiera sana y eficaz del Consejo Europeo de Dublín de 1996, la Comisión pidió a los Estados miembros que en sus informes anuales y especiales respondieran a las observaciones del Tribunal de Cuentas y expusieran las medidas correctoras que hubieran podido adoptar.

Dado que desde el Consejo de Dublín se viene procediendo de este modo, en el nuevo Reglamento financiero se formaliza esta práctica enmarcándola en plazos muy estrictos. [2]

[2] Apartado 6 del artículo 143: Una vez transmitido por el Tribunal de Cuentas el Informe anual, la Comisión comunica inmediatamente a los Estados miembros los puntos del mismo referentes a la gestión de los fondos sobre los que aquéllos tienen competencia en virtud de la normativa vigente. Tras la recepción de esa comunicación, los Estados miembros disponen de un plazo de 60 días para remitir sus respuestas a la Comisión, quien remite a su vez una síntesis de las mismas al Tribunal de Cuentas, al Consejo y al Parlamento Europeo antes del 15 de febrero.

b) El 5 de noviembre del 2002 el Tribunal de Cuentas presentó anticipadamente su informe anual del 2001 al Parlamento Europeo y el 6 de noviembre al Comité Presupuestario del Consejo. Seguidamente, la Comisión envió una carta a todos los representantes permanentes en la que les pedía remitieran sus respuestas al respecto antes de que finalizara el mes de diciembre del 2001. Para armonizar y lograr obtener de los Estados miembros respuestas coherentes, la Comisión acompañó dicha carta de un cuestionario elaborado en colaboración con el Tribunal de Cuentas en el que se incluía una serie de citas del informe anual de cada Estado miembro y un resumen de los errores en la Declaración de Fiabilidad (DF) de cada uno de los Estados miembros.

c) El presente Informe se ha redactado sobre la base de las observaciones de los Estados miembros si bien hay que señalar que, a pesar del establecimiento de un marco general, dichas observaciones han seguido siendo bastante heterogéneas tanto por lo que se refiere a la forma, como al fondo. Unos Estados miembros han respondido a la totalidad, otros sólo a una parte de los puntos o de los errores en la DF; unos han formulado recomendaciones u observaciones de ámbito general y otros no. Además, no siempre se han respetado los plazos fijados por la Comisión y algunas de las observaciones han llegado incluso con varias semanas de retraso.

d) Los Estados miembros administran una parte importante del presupuesto comunitario y por lo tanto los sistemas de gestión y control de que disponen constituyen un aspecto central del Informe anual del Tribunal de Cuentas. El objeto de este procedimiento es pues ofrecer a los Estados miembros una oportunidad para defender su opinión, sus observaciones y sus eventuales recomendaciones a propósito del Informe del Tribunal de Cuentas, que tan directamente les concierne, y en el marco más general del procedimiento de aprobación de la gestión del presupuesto. Efectivamente, si bien es cierto que los Estados miembros no tienen responsabilidad en la ejecución del presupuesto, su contribución, presentada de forma sucinta, no hace sino arrojar nueva luz sobre la gestión de los créditos comunitarios.

Las observaciones nacionales abordan temas de gran importancia y de especial interés puesto que pasan revista a los sectores que dependen de la gestión compartida, esclarecen problemas concretos con los que se enfrentan los Estados miembros y ofrecen soluciones a su nivel. Ésta es la razón por la que la primera parte del Informe se centra en los recursos propios, en la agricultura y en los Fondos Estructurales. Varios han sido los temas dignos de mención en esos sectores.

Tras la presentación de cada uno de dichos sectores, figuran dos partes más analíticas en las que se describen los acuerdos y desacuerdos registrados entre los Estados miembros y el Tribunal de Cuentas y se exponen las principales conclusiones.

2. Principales observaciones sectoriales del Tribunal de Cuentas

2.1. Recursos propios

Los Estados miembros destacan cuatro temas principales.

2.1.1. Contabilidad separada o "contabilidad B"

Muchos son los Estados miembros que han abordado esta cuestión (SF, IRL, B, NL, S, I, F) sin por lo general haber impugnado las observaciones del Tribunal a propósito de los errores detectados. Ello no obstante, sí se han registrado observaciones sobre la ausencia de un impacto financiero de los mismos, sobre su carácter menor o sobre el seguimiento que se les ha dado. La mayoría de los Estados miembros ha anunciado medidas para mejorar la situación como, por ejemplo, la instalación de un sistema informático en el caso italiano o alemán.

Sólo un Estado miembro (SF) pide a la Comisión que se uniformicen las normas de contabilización para evitar errores o evitar calificar de error lo que obedece simplemente a una interpretación divergente de la normativa. Por lo que se refiere al error detectado en Suecia, este Estado miembro precisa que el Tribunal de Cuentas hace una interpretación jurídica divergente de la expresada por la jurisdicción nacional, que la administración aduanera considera deber respetar.

2.1.2. Depósitos aduaneros

Italia, Francia y Alemania reconocen en distinto grado que sus sistemas de control han podido inducir a error o bien que son perfectibles y anuncian medidas correctoras. Uno de los Estados miembros (UK) considera que el conjunto de los controles realizados compensa las insuficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas dado el carácter extremadamente específico del problema señalado. Los Países Bajos consideran que sus controles son suficientes. Suecia precisa que sus controles se efectúan sobre la base de un análisis de riesgo y que, si en el 2001 no se efectuó control alguno, ello fue porque no se consideró necesario. De todos modos, la escasa importancia del error detectado no permite sacar conclusiones apresuradas sobre la fiabilidad del sistema de control existente. Suecia considera que la escasa frecuencia de los controles no tiene de por sí ninguna incidencia financiera.

2.1.3. Descuento británico

El Reino Unido señala que ningún Estado miembro impugna el método de cálculo elegido y, si bien reconoce la complejidad del sistema, recuerda que ello obedece a la decisión sobre los recursos propios y al hecho de haber aceptado renunciar a un método de cálculo que le sea demasiado favorable.

2.1.4. Puesta a disposición de los recursos propios

El Tribunal de Cuentas hace una valoración positiva de la fiabilidad de las cuentas en el ámbito de los recursos propios a excepción de la prórroga de pago alemana, sobre la que no expresa opinión alguna. Alemania señala que se ha solucionado el problema sobre la documentación y el mantenimiento de la transparencia de la auditoría transparente. Alemania reconoce que su sistema de control no es totalmente satisfactorio, pero considera que la posición expresada por el Tribunal es exagerada habida cuenta de la relativa importancia del problema detectado.

Los Estados miembros han corregido asimismo varios errores de menor importancia.

2.2. Agricultura

Entre las observaciones de los Estados miembros hay que destacar, por un lado, las referentes a las críticas emitidas por el Tribunal sobre los distintos sistemas de gestión y control y concretamente sobre el fundamento de los errores detectados y, por otro, las referentes al procedimiento de revisión de cuentas de los organismos pagadores y a la base de datos CATS. También se han mencionado otros temas.

2.2.1. Sistemas de control y errores

El Tribunal basa sus observaciones específicas sobre los errores en la DF en su análisis de los sistemas de gestión y control como, por ejemplo, el SIGC y en un muestreo de las transacciones que viene a corroborar las conclusiones del análisis sistemático. El examen de las transacciones ocupa un lugar importante en este capítulo del Informe anual, en el que se llama la atención a los Estados miembros en cuyo territorio se han detectado los errores. El Tribunal de Cuentas indica que muchos de los errores se registran en el estadio del beneficiario final y que ello denota deficiencias en los controles que se efectúan a nivel nacional.

En sus respuestas los Estados miembros abordan dos aspectos, estableciendo cada uno de ellos su propio equilibrio entre ambos. El primero se refiere a los errores concretos detectados por el Tribunal de Cuentas y el segundo a las conclusiones generales a que conducen dichos errores.

Pocos son los errores propiamente dichos que contestan los Estados miembros, que, por lo general, anuncian medidas de recuperación o de corrección para subsanarlos. Por el contrario, éstos hacen mucho hincapié en la defensa de la calidad de la gestión y de los controles a nivel nacional. De hecho, las respuestas de los Estados miembros pueden agruparse en tres categorías según el nivel de aceptación de las críticas del Tribunal de Cuentas.

- En general, pocos Estados miembros ponen en entredicho las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre un sector concreto a excepción de tres de ellos (F y D por lo que se refiere al control en el sector del desarrollo rural e IRL por lo que se refiere a los controles de las primas por extensificación).

- Por el contrario, cuando no se contestan los errores propiamente dichos, se cuestiona su relevancia minimizando el alcance de las observaciones del Tribunal y para ello se emplean argumentos de diverso tipo.

En algunos casos, el hecho de que los errores fueran conocidos por los gestores nacionales demuestra la eficacia de los controles (P, desarrollo rural). El Reino Unido señala también que el SIGC ya había detectado los errores detectados por el Tribunal de Cuentas antes de efectuar los pagos, que por lo tanto no se efectuaron.

En otros casos, los Estados miembros intentan minimizar las observaciones del Tribunal. Los errores detectados tienen que ver con casos muy concretos. Irlanda afirma que se han observado algunos errores en el número de animales contabilizados, pero que la verificación de los controles efectuados puso de manifiesto que esa situación era inherente a una región concreta. El Reino Unido sugiere que, debido a la suspensión de los controles in situ, existe un vínculo entre la epizootia de fiebre aftosa y el número de errores registrado si bien afirma que la normativa preveía en este caso controles alternativos, que efectivamente se llevaron a cabo. Los Países Bajos y Austria recurren al mismo argumento en el caso de las primas animales arguyendo que los controles de las primas animales se concentraron en una única empresa (NL) o que la sobrestimación de los pastos elegibles no representa sino un único caso (A).

En algunos casos, los Estados miembros hacen hincapié en el limitado alcance de las observaciones del Tribunal de Cuentas. Concretamente, en el sector del aceite de oliva España destaca el carácter formal de los errores constatados y señala que el tamaño de la muestra auditada por el Tribunal de Cuentas no permite extrapolar conclusiones de carácter general. A propósito del caso de exceso de superficie declarada, Grecia considera que el error detectado es puramente formal y aporta como prueba su sistema de medición y control de superficies agrícolas. Por lo que se refiere al sector algodonero, España afirma en su descargo que el Tribunal no ha podido tener en cuenta sus respuestas, en las que se demuestra que ha efectuado los controles pertinentes, por haber sido éstas aportadas una vez finalizado el Informe anual.

- Por último, pocos son los Estados miembros que reconocen haber tenido dificultades, pero todos presentan las medidas tomadas o previstas. Éste es el caso, por ejemplo, en el sector del aceite de oliva, de Grecia, que reconoce que el registro oleícola está todavía en fase de instauración. Tres Estados miembros (DK, UK, NL) reconocen también implícitamente que existe un problema general de aplicación del SIGC y/o del sistema de identificación y registro de bovinos a nivel nacional y hacen hincapié en la necesidad de realizar un esfuerzo en la materia si bien en este caso sacar las oportunas conclusiones de las observaciones del Tribunal de Cuentas resulta de mayor utilidad que reconocer la existencia de un problema que pudiera no ser sino exclusivo de ellos.

2.2.2. Revisión de cuentas

- El Tribunal de Cuentas ha expresado una serie de críticas sobre los organismos pagadores y sobre la certificación de sus cuentas. El Tribunal recuerda asimismo las decisiones de la Comisión por las que se establecen las correcciones financieras. En cuanto a los organismos pagadores, Francia, Grecia y Portugal reconocen la validez de las críticas del Tribunal de Cuentas y aducen en su descargo las reformas previstas o en curso de ejecución.

- Acerca de las correcciones financieras, los Estados miembros afirman en la mayoría de los casos que los procedimientos todavía están en curso de ejecución, a nivel interno o con la Comisión. Las correcciones que más se contestan son las referentes a las cuotas lecheras. Uno de los Estados miembros (E) ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia por las correcciones relacionadas con las cuotas lecheras. Sobre este punto Italia señala que los problemas de percepción de la exacción obedecen a procedimientos administrativos y judiciales internos que no deberían dar lugar a corrección alguna. Por el contrario, Alemania reconoce las dificultades que han dado lugar a las correcciones en el ámbito del control de las restituciones por exportación (empresas de seguridad) y afirma haber adoptado importantes medidas para atajar el problema.

- La problemática de la base de datos CATS, que contiene todos los datos sobre los pagos efectuados por el FEOGA, ha suscitado múltiples respuestas. Efectivamente, según el Tribunal de Cuentas los datos facilitados por los Estados miembros son deficientes. Esta afirmación no ha sido contestada si bien algunos Estados miembros intentan minimizar su alcance aduciendo, por ejemplo, el respeto de tres de los cuatro criterios en el caso de los Países Bajos, la corrección del 98,7% de los datos transmitidos en el caso de Finlandia, el envío de documentos escritos que permiten la reconciliación de los ficheros contables en el caso de España o la indicación por parte de Austria y Dinamarca de que no se les requirió ningún dato suplementario, etc. Por otra parte, la casi totalidad de los Estados miembros que se han pronunciado al respecto están aplicando o proyectan aplicar medidas correctoras.

2.2.3. Otros temas

Algunos Estados miembros mencionan a título individual puntos concretos del Informe anual extraídos de los informes especiales o del seguimiento de observaciones anteriores.

- Por lo que se refiere al Informe especial sobre la prima por extensificación, España y Francia tienden a confirmar el análisis crítico del Tribunal de Cuentas sobre el carácter incitativo del mecanismo. Por el contrario, Austria e Irlanda ponen en tela de juicio las críticas del Tribunal a propósito de la aplicación de ese régimen; Austria afirma que dichas críticas no se basan sino en un error muy concreto e Irlanda comunica haber implantado entre 1999 y el 2000 un sistema de gestión y control que considera eficaz. A propósito siempre de ese régimen, el Reino Unido recuerda que el mismo lleva existiendo muy poco tiempo y que en él se irán introduciendo paulatinas mejoras.

- Por lo que a la reforma de la OCM del azúcar se refiere, el Reino Unido comparte las críticas del Tribunal de Cuentas sobre la insuficiencia de las propuestas presentadas por la Comisión, pero se muestra prudente sobre la necesidad alegada por el Tribunal de reducir la ayuda al trigo duro, incluso a pesar de apoyar el principio de la revisión del mecanismo de apoyo.

2.3. Fondos Estructurales

En las respuestas de los Estados miembros sobre este sector descuellan cuatro temas principales, que retoman los principales puntos del capítulo 3 del Informe anual:

- Infrautilización de los créditos de pago.

- Clausura de las intervenciones más antiguas.

- Errores relacionados con problemas de deficientes comprobaciones de admisibilidad.

- Cumplimiento de los Reglamentos (CE) nº 2064/1997 y (CE) nº 438/2001 referentes al control financiero de los Fondos Estructurales.

2.3.1. Infrautilización

Este punto ha recabado la atención del Reino Unido, Austria y Francia. Esta última suscribe las observaciones al respecto del Tribunal de Cuentas, mientras que el Reino Unido destaca por su parte que dicha infrautilización obedece a los retrasos registrados en la programación 2000-2006 y a la deficiente calidad de la previsión de gastos. Sobre este último punto el Reino Unido invita a la Comisión a ir más lejos que sus actuales iniciativas y propone una revisión de la previsión de gastos cada 6 meses.

Austria hace sobre todo hincapié en la presión que sufren los Estados miembros por diversos factores, a saber, los plazos de aprobación de los programas y la adopción e interpretación de la normativa financiera. Austria afirma estar preocupada por las consecuencias del retraso en los compromisos del 2001 mencionado por el Tribunal de Cuentas y considera que dicho retraso genera dificultades en la ejecución de los mismos en los Estados miembros habida cuenta de la norma de liberación automática de los créditos en el ejercicio n+2. Austria expresa también su preocupación por la presión para ejecutar los créditos dada la nueva normativa que limita a tres el número anual de solicitudes de pago. Sobre este particular el Reino Unido se muestra contrario a establecer límites en el número de solicitudes de pago.

2.3.2. Retrasos en la clausura de los proyectos más antiguos

El Tribunal señala importantes retrasos en la clausura de los programas y critica los problemas que ello genera: localización de la documentación, detección de errores, etc.

Por lo general, los Estados miembros que han respondido a las observaciones del Tribunal reconocen la existencia de problemas que han provocado retrasos excesivos. El Reino Unido y Portugal afirman que los casos pendientes son los más difíciles. El Reino Unido señala que, excepción hecha de los casos objeto de procedimientos judiciales, la norma de la liberación automática de los créditos a finales del 2002 debería de facilitar la solución de numerosos casos y posibilitar la reabsorción de los importes por liquidar. Francia también destaca la importancia de dicha norma.

2.3.3. Errores relacionados con la inadmisibilidad de los gastos

En este orden de cosas cada Estado miembro ha presentado respuestas muy distintas a las observaciones del Tribunal de Cuentas.

Dos de ellos, Finlandia y Portugal, no comparten las conclusiones del Tribunal de Cuentas y consideran que sus sistemas de control evitan la aparición de errores sobre todo dado el nuevo período de programación. Portugal precisa además que los gastos registrados son objeto de una contabilidad separada y de una comprobación en profundidad tanto en el sector privado, como en el sector público.

Cabe mencionar el caso de varios Estados miembros cuyas observaciones sobre las auditorías del Tribunal de Cuentas no han podido tenerse en cuenta en el Informe anual (D, DK). España afirma no haber podido pronunciarse sobre unas observaciones del Tribunal insuficientemente justificadas (2 casos).

También se han contestado otros errores a nivel incluso de los hechos: así ha ocurrido con Irlanda a propósito de un caso que depende del Fondo de Cohesión y con el Reino Unido, donde uno de los errores detectados en Irlanda del Norte corresponde al Objetivo nº 2 siendo como es notorio que esa región no forma parte de dicho Objetivo. Dinamarca contesta varias de las interpretaciones jurídicas del Tribunal de Cuentas y por lo tanto los errores por éste detectados a propósito de la inadmisibilidad o inelegibilidad. España se muestra también en dos casos en desacuerdo con el Tribunal de Cuentas y afirma que uno de ellos no ha podido ser incluido en las respuestas al Tribunal y el otro ha sido objeto de un control de la Comisión, en el que no se ha detectado problema alguno.

Por último, varias de las observaciones han sido aceptadas por Irlanda, el Reino Unido, Italia, Grecia y Francia. En sus respuestas estos Estados miembros presentan las medidas que han adoptado o tienen previsto adoptar para corregir los errores detectados, en el pago de saldos en el caso de Francia, Grecia e Italia, y mejorar sus sistemas de control, mediante una circular ministerial en el caso de Francia que garantice la fiabilidad de los controles de los gastos declarados.

2.3.4. Controles

El Tribunal de Cuentas ha pasado revista a la aplicación de los Reglamentos (CE) nº 2064/1997 y (CE) nº 438/2001 por los que se establecen normas de control de los Fondos Estructurales durante los períodos de programación 1994-1999 y 2000-2006. Concretamente, el Tribunal ha estado examinando dos aspectos principales: la instauración de un sistema de controles fiables que cumpla los requisitos reglamentarios y la ejecución de los controles propiamente dichos.

En sus respuestas, la mayoría de los Estados miembros vinculan la problemática de los dos períodos de programación a la proximidad de los dos Reglamentos y también a la continuidad de su acción en el ámbito de los Fondos Estructurales.

El grueso de su argumentación se basa en los plazos de aprobación de los textos normativos y documentos de trabajo y de desarrollo. Según dichos Estados miembros, los retrasos han provocado una sucesión de desfases en el tiempo: por ejemplo, entre la clausura de las intervenciones del período 94/99 y su control y entre la aprobación de los nuevos programas y la instauración de los sistemas para controlarlos.

- Concretamente, a propósito del período 1994-1999, varios Estados aducen la tardía adopción del marco reglamentario. Tres de ellos (D, IRL, A) afirman haber recibido muy tardíamente, incluso en el 2002, toda la documentación necesaria. Efectivamente, esta demora, añadida al tiempo necesario para crear las estructuras y procedimientos necesarios y al número de operaciones por controlar del período 1994-1999, ha podido incrementar los retrasos. En opinión de Portugal, el Reglamento (CE) nº 2064/97 ha venido a acrecentar el número de requisitos y normas de control imponiendo efectivamente plazos suplementarios.

No obstante, todos los Estados miembros afirman que los problemas detectados por sus sistemas de control ya han sido subsanados o se hallan en gran medida en fase de reabsorción (F, UK, P). En cuanto al cumplimiento del objetivo del 5%, unos Estados consideran haber logrado ya dicho objetivo (F, SP, SF) y otros afirman estar en condiciones de alcanzarlo rápidamente o describen grados de consecución del mismo más o menos avanzados (I, B, UK, P).

- Acerca del nuevo período de programación del Reglamento (CE) nº 438/01, la mayoría de los Estados miembros concede que se ha necesitado tiempo para implantar sistemas de control fiables y, a propósito del objetivo de comprobación por muestreo, admiten que en el 2001 se efectuaron pocos controles. Ello no obstante, minimizan estas observaciones basándose en cuatro argumentos.

En primer lugar, señalan que el Reglamento no se adoptó hasta marzo del 2001 y que además requirió un esfuerzo de explicación e interpretación que dejaba poco margen de tiempo para poder cumplir todas sus disposiciones (I, B, SF, P, A). Además, Austria señala una serie de lagunas de la Comisión en los documentos interpretativos de dicho Reglamento.

En segundo lugar, indican que el año 2001 se consagró en gran medida a la implantación de los sistemas y a su validación para que éstos pudieran estar totalmente operativos en el 2002 ó el 2003 (F, SF, P, G).

Por otra parte, los medios disponibles se concentraron en la ejecución de los controles correspondientes al anterior período de programación suscitándose así un cierto desfase en el tiempo (I, B, F, P, D, A).

Por último, la lentitud en la ejecución de los programas limitó el número de operaciones que se pudieron controlar por muestreo, lo que limitó la posibilidad o el interés por alcanzar el objetivo global y comprobar el 5% de los gastos (B, SF, P, D, A, G). Algunos Estados miembros consideran no obstante haber respetado los objetivos (SP, UK).

En general, el Reino Unido se muestra de acuerdo con la observación del Tribunal de Cuentas en el sentido de que la reforma de los Fondos Estructurales no ha alcanzado todos sus objetivos en materia de simplificación y aceleración de los procedimientos. En relación con esta opinión puédese también mencionar la propuesta de Francia de anticipar la elaboración del marco reglamentario del próximo período de programación.

2.4. Otros sectores

Algunos Estados miembro han formulado respuestas sobre puntos que no formaban parte de la gestión compartida. En estos ámbitos se trata esencialmente de pronunciarse sobre las futuras reformas que recomienda el Tribunal o que ellos mismos consideran necesarias. A este respecto, es interesante ver en qué casos los Estados miembros están de acuerdo y en cuáles hay discordancia.

- Políticas internas: El de la investigación es el sector en el que el Tribunal de Cuentas más ha centrado su actividad y el que mayor número de reacciones ha suscitado entre los Estados miembros, principalmente a propósito de las recomendaciones de dicho Tribunal. Francia ha sido la única que las ha suscrito plenamente, especialmente la relativa a la simplificación de los sistemas de reembolso de los gastos destinados a facilitar los controles y la referente a la posibilidad de sancionar a los beneficiarios. Por el contrario, Austria hace hincapié en las mejoras aportadas por el 6º programa marco de investigación y se declara en contra, al igual que el Reino Unido, de las recomendaciones suplementarias del Tribunal de Cuentas. Austria considera además que el sector de la investigación presenta una serie de especificidades que hacen posible detectar un determinado número de irregularidades.

- Medidas exteriores: Entre Francia y el Reino Unido se puede observar una cierta convergencia de pareceres pues ambos se declaran partidarios de la reforma de la gestión de las ayudas exteriores emprendida por la Comisión, a saber, la desconcentración, y se dicen preocupados por las dificultades con que se enfrentan las ayudas de preadhesión. Sin embargo, es el Reino Unido el que adopta una posición más crítica al señalar el carácter recurrente de las críticas del Tribunal de Cuentas en el ámbito de las actuaciones exteriores. Concretamente, se refiere a la lentitud o a los insuficientes progresos realizados en términos de ejecución presupuestaria (Saldo a Liquidar) y a la mejora de la gestión financiera o de personal (desconcentración). El Reino Unido aboga por lo tanto por un firme compromiso de la Comisión en la materia y propone el establecimiento de un calendario preciso. Por lo que se refiere concretamente a la preadhesión, el Reino Unido también se declara preocupado por los problemas institucionales y administrativos subyacentes en la infrautilización de los pagos y por las consecuencias que éstos pueden o puedan tener en futuros pagos incluso después de la adhesión.

- Instrumentos bancarios y financieros, gastos administrativos y FED:

- Acerca de la distribución geográfica de los créditos del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), los Estados miembros muestran posiciones divergentes. Irlanda pretende simplemente potenciar este instrumento, mientras que Suecia considera que corresponde a la Comisión rectificar esta situación. Por su parte, el Reino Unido considera que un instrumento financiero como el FEI no debe responder a consideraciones de distribución geográfica de los créditos si bien acoge favorablemente las medidas previstas al respecto por la Comisión. Francia se declara favorable a una buena distribución de los créditos y considera que en el 2002 se reequilibró la situación. El Tribunal de Cuentas formula una serie de observaciones sobre el hecho de que algunas PYME están recibiendo ayudas tanto del FEI, como del FEDER sin que esta acumulación sea objeto de ningún control serio. Austria contesta esta afirmación por considerar que dicha acumulación obedece a situaciones absolutamente normales (concurrencia de distintos mecanismos por motivos y necesidades diferentes) y es objeto de un atento seguimiento. Portugal declara por su lado no disponer de información suficiente para responder a esta observación del Tribunal de Cuentas.

- Acerca de los gastos administrativos, la única que se ha manifestado al respecto ha sido Francia al pedir a las Instituciones que den muestras de mayor regularidad y rigor en las remuneraciones.

- Acerca del FED, los Países Bajos afirman haber presentado su instrumento de ratificación del FED el 20 de diciembre del 2002. Austria expresa su confianza en los efectos positivos para el 9º FED del nuevo Reglamento financiero y declara que los retrasos de ejecución no tienen por que ser problemáticos habida cuenta de las dificultades específicas de la ayuda para el desarrollo.

3.1. Problemas metodológicos

Desde el ejercicio del 2000 los Estados miembros vienen expresando una serie de críticas metodológicas respecto de los procedimientos del Tribunal de Cuentas y, concretamente, respecto del examen de las transacciones. Efectivamente, son varios los Estados que consideran no poder defender correctamente su punto de vista por no poder identificar fehacientemente los casos mencionados por el Tribunal o bien porque lo ajustado de los plazos ha impedido que sus respuestas puedan llegar a tiempo a dicho Tribunal. Este tipo de observación plantea indirectamente la cuestión de la aplicación del principio del examen contradictorio de las verificaciones de los auditores y limita el alcance de las respuestas de los Estados miembros en la medida en que cualquier Estado miembro se considere incapacitado para aportar sus puntualizaciones.

Ante esta situación el Tribunal de Cuentas ya indicó que por regla general los argumentos formulados por los Estados miembros, que son objeto de un análisis sistemático, no producen sino en contadísimas ocasiones un cambio de posición. Además, el Tribunal de Cuentas ya señaló que sus controles se llevan a cabo in situ y con frecuencia en presencia de representantes de los Estados miembros que pueden expresar libremente sus argumentos.

Independientemente de los casos de claro desacuerdo, todo indica que con frecuencia los Estados miembros no intentan sino minimizar el alcance de las observaciones que figuran en el Informe anual. Algunas de sus observaciones sobre el Informe anual del 2000 expresan francas dudas sobre la validez de algunas de las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, dado el menor número de respuestas obtenidas a propósito de los errores en la DF, este año parece haber habido menos recelos. En algunos casos las observaciones nacionales destacan incluso el carácter específico de los problemas detectados, que se limitan por ejemplo a una región o a una empresa, o la ausencia de incidencia financiera de los mismos, como en el caso de los pagos intermedios. Ello desautoriza más o menos implícitamente las conclusiones de alcance general sobre la fiabilidad de los sistemas de gestión y control. A este respecto, el Reino Unido se inquiere sobre el fundamento de la afirmación del Tribunal de Cuentas según la cual el SIGC podría no estar detectando todos los errores.

3.2. Errores en la Declaración de Fiabilidad (DF)

Los Estados miembros han prestado menos atención a los errores en la DF y pocos de ellos han dado respuestas sistemáticas a los casos que se les plantearon el 6 de noviembre del 2002. Por lo tanto, su examen no permite sacar conclusiones concretas al respecto.

4. Conclusión

Del estudio de las respuestas de los Estados miembros al Informe anual 2001 del Tribunal de Cuentas se puede colegir una serie de conclusiones, enseñanzas y recomendaciones.

Las observaciones nacionales constituyen una clara tentativa por parte de los Estados miembros de defender lo acertado de su gestión y de los controles que efectúan. Ello se concretiza en varios niveles: desacuerdo formal con el Tribunal de Cuentas, minimización del alcance de sus comprobaciones y de las conclusiones que de ellas extrae, y presentación de medidas correctoras, específicas o estructurales, para corregir las debilidades detectadas. Esta argumentación varía naturalmente de unos Estados miembros a otros puesto que algunos son más propensos que otros a censurar las observaciones del Tribunal formuladas en su contra.

Por lo tanto, el número de reformas estructurales anunciadas sigue siendo bastante limitado aparte de la de la aplicación del Reglamento (CE) nº 438/01 en el ámbito de los Fondos Estructurales. Se intenta más bien adaptar las estructuras existentes haciendo un esfuerzo en formación, información, interpretación y auditoría de los sistemas. Pocas son las reformas en profundidad previstas: la eventual retirada de la acreditación a los organismos pagadores o la modificación de determinadas normas reguladoras de la puesta a disposición de los recursos propios.

Por otro lado, las recomendaciones de la Comisión siguen siendo poco numerosas y se limitan a uno o pocos más Estados miembros y en la mayoría de los casos van en el sentido de las mencionadas por el Tribunal de Cuentas. Así ocurre, por ejemplo, con la reforma de la OCM del azúcar (UK), con el seguimiento de las ayudas macrofinancieras (F), con los controles en el ámbito de las políticas internas (F), con la distribución geográfica del FEI (S) y con la uniformización de las normas reguladoras de la gestión de la contabilidad B (SF).

En cambio, al igual que ocurrió hace un año, varios Estados miembros hacen, implícita o explícitamente, una petición generalizada de simplificación de la normativa comunitaria (F, UK, NL). Por lo visto, la complejidad de dicha normativa genera errores y retrasos dada la necesidad de hacer aclaraciones y recurrir a interpretaciones.