Informe Especial ¿Gestiona la Comisión 
correctamente los 
acuerdos de colaboración 
en el sector pesquero?ES 2015  Nº 11
TRIBUNAL
DE CUENTAS
EUROPEO
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Print ISBN 978-92-872-2741-6 ISSN 1831-0842 doi:10.2865/668145 QJ-AB-15-010-ES-C
PDF ISBN 978-92-872-2705-8 ISSN 1977-5687 doi:10.2865/010194 QJ-AB-15-010-ES-N
EPUB ISBN 978-92-872-2680-8 ISSN 1977-5687 doi:10.2865/154712 QJ-AB-15-010-ES-E
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¿Gestiona la Comisión 
correctamente los 
acuerdos de colaboración 
en el sector pesquero?
(presentado con arreglo al artículo 287, apartado 4,  
párrafo segundo, del TFUE)Informe EspecialES 2015  Nº 11
02
 Equipo auditor
En los informes especiales del TCE se exponen los resultados de sus auditorías de gestión y de cumplimiento de ámbitos 
presupuestarios o de temas de gestión específicos. El Tribunal selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin 
de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de 
ingresos y de gastos correspondiente, las futuras modificaciones y el interés político y público.
La presente auditoría de gestión fue realizada por la Sala de Fiscalización I (presidida por Augustyn Kubik, Miembro del 
Tribunal), que está especializada en los ámbitos de gasto de conservación y gestión de recursos naturales. La fiscalización 
fue dirigida por Jan Kinšt, Miembro del Tribunal, asistido por su jefe de gabinete, Alejandro Ballester Gallardo, y Colm 
Friel, jefe de unidad, María Luisa Gómez‑Valcárcel, auditor principal, Oana Dumitrescu, auditor, y Frédéric Soblet, auditor.
De izquierda a derecha: F. Soblet, M. L. Gómez‑Valcárcel, C. Friel, J. Kinšt, 
A. Ballester Gallardo y O. Dumitrescu.

03
 Índice
Apartados
 Siglas y acrónimos
I-XIII  Resumen
1-13  Introducción
1-3 La necesidad de acuerdos de pesca internacionales
4-8 Acuerdos de colaboración en el sector pesquero (ACP)
9-13  La flota europea de aguas distantes y los ACP
14-16  Alcance y enfoque de la fiscalización
17-83  Observaciones
17-53  Parte I — Negociación de los ACP
17-25  La Comisión negoció y renovó los ACP a tiempo para evitar cualquier interrupción de las actividades de pesca
26-28  La Comisión ha negociado una red de acuerdos pertinentes, pero se podría mejorar su coherencia en la 
región del Océano Índico
29-32  El objetivo de los ACP de garantizar que las oportunidades negociadas de pesca afecten solamente a los 
excedentes de recursos pesqueros resultó difícil de lograr
33-46  El coste de los ACP negociados por la Comisión fue relativamente elevado, teniendo en cuenta los 
porcentajes de utilización anteriores
47-53  La información proporcionada por las evaluaciones ex post  no siempre fue de utilidad en el proceso de toma 
de decisiones y las negociaciones
54-83  Parte II — Aplicación de los derechos de acceso de los ACP y componentes del apoyo sectorial
55-60  Aunque el proceso de autorización de la pesca (concesión de licencias) fue largo y engorroso, la Comisión no 
adoptó medidas para determinar qué aspectos se podrían mejorar
61-65  El seguimiento central de las capturas no fue adecuado, lo que compromete la pronta detección de los 
problemas y el cálculo correcto de los pagos
66-70  La Comisión y los países socios acuerdan las actividades financiables con el apoyo sectorial, pero faltó 
coordinación con otros socios del sector
71-76  El control de las acciones de apoyo sectorial por la Comisión fue muy limitado y las acciones ejecutadas en la 
práctica por los países socios diferían en algunos casos de las acordadas
77-83  Los pagos efectuados por la Comisión para el apoyo sectorial no estaban vinculados a los avances de los 
países socios en la ejecución de las acciones acordadas
04 Índice
84-95  Conclusiones y recomendaciones
 Anexo I  —  Acuerdos de colaboración en el sector pesquero: información adicional sobre su 
negociación y aplicación
 Anexo II  — Acuerdos de colaboración en el sector pesquero en vigor en 2015
 Anexo III  — Acuerdos de colaboración en el sector pesquero
 Respuesta de la Comisión
05
 Siglas y acrónimos
ACP : Acuerdo de colaboración en el sector pesquero
CAOI : Comisión del Atún para el Océano Índico
CCTEP : Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca
CNUDM : Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
COI : Comisión del Océano Índico
DG: Dirección General
FAO : Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FED : Fondo Europeo de Desarrollo
OROP : Organización Regional de Ordenación Pesquera
PS: Países socios
RMS : Rendimiento máximo sostenible
SER : Sistema electrónico de notificación (o cuaderno diario de pesca electrónico)
SLB : Sistema de localización de buques
TCE : Tribunal de Cuentas Europeo
UE: Unión Europea
ZEE : Zona económica exclusiva
06
 Resumen
IV
Pese a que los procedimientos de negociación y reno ‑
vación de los ACP suelen ser complejos y dilatados, la 
Comisión ha gestionado correctamente estas dificul ‑
tades y, con contadas excepciones, ha sido capaz de 
evitar la interrupción de las actividades de pesca de 
la flota de la UE. La red de acuerdos negociados era 
adecuada para las necesidades y prioridades de  
dicha flota.
V
Cuando la continuación de las actividades de pesca 
corría peligro por la duración de las negociaciones, los 
buques podían solicitar autorizaciones de pesca a tra ‑
vés de la Comisión al correspondiente país tercero, 
a la espera de la firma del nuevo protocolo, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) 
nº 1006/2008. Sin embargo, esta disposición no es 
coherente con otro requisito reglamentario, a saber, 
«la cláusula de exclusividad», y su aplicación acarreó 
malentendidos entre un país socio y la Comisión.
VI
Los ACP se presentan como instrumentos que garan ‑
tizan la sostenibilidad de la pesca afectada. Según 
se establece en el Reglamento de base de la política 
pesquera común, las oportunidades negociadas debe ‑
rían permitir a los buques de la UE pescar únicamente 
los excedentes de los países socios. No obstante, el 
concepto de excedente es muy difícil de aplicar en la 
práctica debido a la falta de información fiable sobre 
las poblaciones de peces y el esfuerzo pesquero de la 
flota nacional o de otras flotas extranjeras a las que los 
países socios también han concedido acceso.I
La Unión Europea (UE) negocia acuerdos con países 
costeros a fin de obtener derechos de acceso a sus 
caladeros de pesca para la flota exterior de la UE. 
Estos acuerdos han evolucionado de los de simple 
acceso vigentes en los años ochenta a los acuerdos de 
colaboración en el ámbito de la pesca sostenible, que 
tienen por objeto mantener los recursos pesqueros al 
tiempo que se desarrolla el sector pesquero del país 
socio a través de la concesión de apoyo sectorial. La 
Comisión desea ampliar la red de acuerdos, dado que 
ofrecen ventajas considerables no solo a la flota de la 
UE, sino también a los países socios.
II
El Tribunal fiscalizó los acuerdos de pesca que han 
recibido una contribución financiera del presupuesto 
de la UE (esto es, se excluyeron los acuerdos basados 
en el intercambio de cuotas de pesca) y examinó en 
concreto cuatro de los doce acuerdos vigentes en el 
momento de la fiscalización firmados con Mauritania 
(acuerdo mixto en el Océano Atlántico), Madagascar, 
Mozambique y Seychelles (acuerdos atuneros en el 
Océano Índico). Estos cuatro ACP representaban el 
77 % de los pagos efectuados para este tipo de  
acuerdos en 2013.
III
La fiscalización tenía por objetivo evaluar si la Comi ‑
sión estaba gestionando correctamente los ACP , para 
lo que se examinaron tanto su proceso de negociación 
como la aplicación de los derechos de acceso y apoyo 
sectorial. La conclusión resultante es que la Comisión 
suele gestionar correctamente los ACP , pero que sigue 
habiendo aspectos susceptibles de mejora, sobre todo 
en lo referente al proceso de negociación y a la aplica ‑
ción de los protocolos.
Resumen 07
VII
El coste unitario real de una tonelada de pescado 
ha sido frecuentemente superior al precio unitario 
negociado. Aunque en las negociaciones se tuvieron 
en cuenta las capturas comunicadas de protocolos 
anteriores, el tonelaje de referencia acordado en los 
protocolos más recientes a menudo ha seguido siendo 
superior, lo que ha llevado a una infrautilización perió ‑
dica. No obstante, la contribución financiera de la UE 
se ha abonado íntegramente con independencia de 
las oportunidades de pesca utilizadas. La infrautiliza ‑
ción de los protocolos y los elevados costes derivados 
podrían atribuirse en parte a las condiciones técnicas 
negociadas con los países socios para adecuarse a su 
legislación nacional o garantizar la sostenibilidad de 
las actividades pesqueras.
VIII
La información proporcionada en la evaluación ex post  
independiente de los ACP no siempre es suficiente ‑
mente completa, coherente o comparable, reduciendo 
con ello su utilidad para fundamentar la toma de deci ‑
siones al negociar los protocolos.
IX
La fiscalización llevó a la conclusión de que no se ges ‑
tionaba de forma suficientemente sólida la aplicación 
de las condiciones de acceso. La Comisión no super ‑
visaba debidamente las diferentes fases de los largos 
y engorrosos procesos de concesión de licencias a fin 
de determinar las razones de los retrasos y los aspec ‑
tos susceptibles de mejora.
X
La fiscalización permitió identificar carencias en la 
gestión de los datos de capturas, como muestran las 
diferencias entre los datos facilitados por los Estados 
miembros, la Comisión y las evaluaciones ex post . 
Dado que los pagos en virtud de los ACP se basan en 
los datos de captura, surgen riesgos financieros.XI
Aunque la planificación del apoyo sectorial ha mejo ‑
rado, sigue siendo limitado el papel de la Comisión 
en la supervisión de la aplicación de los protocolos 
auditados. No existe un marco que contenga reglas de 
admisibilidad y seguimiento de las acciones financia ‑
das. Tampoco cuenta la Comisión con atribuciones 
suficientes de control (por ejemplo, los países socios 
han ejecutado en algunos casos acciones distintas 
a las planificadas) y estas pueden no contribuir de 
manera efectiva a la consecución de los objetivos  
de los ACP .
XII
Por último, los protocolos permiten la suspensión de 
los pagos, pero no reducciones parciales de los pagos 
del apoyo sectorial cuando las acciones acordadas 
o los resultados solo se logran parcialmente. Por otro 
lado, a pesar de compartir el mismo concepto de desa ‑
rrollo, las condiciones de pago del apoyo sectorial son 
distintas de las del apoyo presupuestario del Fondo de 
Desarrollo Europeo (FED), lo que genera a veces falta 
de coherencia.
XIII
El Tribunal propone las recomendaciones siguientes.
Para mejorar la negociación de los nuevos ACP y pro ‑
tocolos, la Comisión debería:
a) revisar los acuerdos latentes y estudiar cómo 
resolver la interrupción de las actividades de pesca 
impuestas por la cláusula de exclusividad, respe ‑
tando al mismo tiempo los principios de la política 
pesquera común. Además, la Comisión debería 
clarificar los protocolos e introducir en ellos dispo ‑
siciones apropiadas para garantizar la continuidad 
de las operaciones de pesca entre dos protocolos;
b) definir estrategias regionales para el desarrollo de 
la gobernanza en materia de pesca y garantizar 
que los protocolos que se negocien dentro de la 
misma región estén en consonancia con la estrate ‑
gia regional pertinente y con otros fondos  
de la UE;
Resumen 08
i) proponer para los nuevos protocolos la introduc ‑
ción de requisitos de admisibilidad con objeto de 
evaluar las acciones que se tienen en cuenta para 
la concesión de financiación de apoyo sectorial 
(otros requisitos podrían estar relacionados con 
la rastreabilidad, la selección, la presentación de 
informes y la medición del rendimiento y derechos 
de control de la Comisión);
j) garantizar una coordinación eficaz del apoyo 
sectorial de los ACP con otros socios de desarrollo 
activos en el sector de la pesca;
k) asegurarse de que los desembolsos de apoyo 
sectorial estén en consonancia con otros pagos 
de ayudas con cargo al presupuesto de la UE y se 
basen en los resultados alcanzados por los países 
socios al aplicar la matriz de acciones decididas de 
común acuerdo.c) tener en cuenta, al negociar las posibilidades de 
pesca de nuevos protocolos, la utilización de los 
protocolos anteriores y esforzarse por vincular en 
mayor medida los pagos por derechos de acceso 
a las capturas reales y garantizar, al mismo tiempo, 
que no se vean comprometidas las actividades 
pesqueras;
d) analizar más detenidamente el impacto potencial 
de las cláusulas de los ACP en la utilización del 
protocolo, protegiendo a la vez los beneficios 
mutuos para la UE y los países asociados en cues ‑
tión, quizás consultando a las partes interesadas 
correspondientes para identificar dónde son ne ‑
cesarias evaluaciones más detalladas de cláusulas 
esenciales;
e) enfocar más las evaluaciones ex post  en la obten ‑
ción de análisis coherentes y comparables del ren ‑
dimiento del dinero público que se gasta en virtud 
de los protocolos, y también de análisis críticos 
y exhaustivos de su eficacia para la UE y el Estado 
socio correspondiente.
Para mejorar la aplicación de los ACP , la Comisión 
debería, sin demora:
f) instaurar procedimientos para supervisar cada uno 
de los pasos del proceso de concesión de licencias, 
incluido el tiempo que a los mismos destinan los 
Estados miembros, los países socios y los servicios 
de la Comisión, a fin de identificar y monitorizar 
las debilidades del proceso;
g) promover la aceptación de licencias electrónicas 
o una lista de buques autorizados para todo el 
período de validez de la licencia;
h) asegurarse de que la nueva base de datos de cap ‑
turas sea utilizada por los Estados miembros del 
pabellón y ofrezca datos fiables que puedan con ‑
solidarse, supervisarse y mantenerse actualizados;
09
 Introducción
La necesidad de acuerdos 
de pesca internacionales
01 
El principio de libre acceso a aguas 
en alta mar desapareció gradualmen ‑
te a partir de mediados de los años 
setenta y a raíz de la Tercera Confe ‑
rencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho de Mar (III CNUDM). Al entrar 
en vigor en 1982, tras nueve años de 
negociaciones, la Convención resul ‑
tante establecía dentro del derecho 
internacional el derecho de los estados 
a reclamar la soberanía sobre aguas 
hasta las 200 millas náuticas desde 
sus costas [Zona económica exclusiva 
(ZEE)], a los fines de explorar y explo ‑
tar, conservar y gestionar los recursos 
naturales de estas aguas. Cada vez más 
países decidieron ampliar su soberanía 
al límite de las 200 millas y, como con ‑
secuencia de ello, alrededor del 90 % 
de los recursos pesqueros quedó so ‑
metido al control de los países coste ‑
ros. Muchas flotas de aguas distantes1, 
que habían faenado con anterioridad 
en esas aguas se vieron obligadas en ‑
tonces a formalizar acuerdos de acceso 
con los estados costeros.
02 
Como consecuencia de ello, la UE (o 
«la Comunidad Europea» en aquel 
momento) empezó a negociar acuer ‑
dos de pesca bilaterales con estados 
costeros, fundamentalmente países 
en desarrollo. Estos acuerdos eran ini ‑
cialmente simples acuerdos de acceso, 
que ofrecían oportunidades de pesca 
para las flotas de aguas distantes de la 
UE y una importante fuente de ingre ‑
sos para estos estados en desarrollo. 
Los acuerdos eran de naturaleza co ‑
mercial y se solían basar en el principio 
de «paga, pesca y vete».03 
Desde 1981, la UE también ha negocia ‑
do varios «acuerdos septentrionales», 
de carácter recíproco, que implican 
un intercambio de oportunidades de 
pesca entre las flotas de la UE y las de 
Noruega, Islandia y las Islas Feroe, sin 
contribución financiera. El presente 
informe no analiza estos acuerdos.
Acuerdos de colaboración 
en el sector pesquero 
(ACP)
04 
Los acuerdos de simple acceso fueron 
criticados, en particular por sus  
repercusiones en las poblaciones so ‑
breexplotadas, su falta de transparen ‑
cia y de observancia y cumplimiento 
de los reglamentos, su explotación de 
la débil capacidad de negociación y de 
hacer cumplir los acuerdos de los esta ‑
dos costeros en desarrollo, y por no ser 
un medio adecuado para cooperar al 
desarrollo en materia pesquera.
05 
Como respuesta a estas críticas, la re ‑
forma de 2002 de la política pesquera 
común introdujo el concepto de «cola ‑
boración» para enfatizar los objetivos 
de la UE de apoyar el desarrollo del 
sector pesquero nacional en los países 
socios (PS), impulsando y mejorando 
el diálogo político entre la UE y los 
países en desarrollo y promoviendo 
la pesca sostenible. Esta nueva gene ‑
ración de acuerdos se denominaron 
«acuerdos de colaboración en el sector 
pesquero» (ACP) (véase el recuadro 1 ). 
La contribución financiera se dividió 
en dos partes diferentes: derechos 
de acceso a la ZEE y apoyo financiero 
«sectorial», con el objeto de promover 
el desarrollo pesquero sostenible de 
los países socios.1 Buques pesqueros que 
faenaban fuera de sus aguas 
nacionales.
10 Introducción
Objetivos de los ACP2
 οGarantizar la explotación racional y sostenible de los recursos de vida marina en los países socios (introdu ‑
ciendo la noción de excedente de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar)3.
 οSalvaguardar el empleo de las regiones de la Unión que dependen de la pesca.
 οAsegurar la continuidad y competitividad del sector pesquero de la UE.
 οGarantizar un abastecimiento apropiado para el mercado de la Unión.
 οGenerar valor añadido para la Unión.
 οMejorar la administración del sector pesquero de los países socios desarrollando sus capacidades de ges ‑
tión y control de los recursos pesqueros.
 οPromover el desarrollo económico del sector pesquero de los países socios, así como el empleo, las condi ‑
ciones sanitarias y el entorno empresarial del sector.
2 Conclusiones del Consejo de Agricultura y Pesca de 19 de julio de 2004 y 19 y 20 de marzo de 2012.
La mayoría de estos objetivos también se incluyen en el Reglamento (CE) nº 861/2006, de 22 de mayo de 2006, por el que se establecen medidas 
financieras comunitarias para la aplicación de la política pesquera común y el Derecho del Mar (artículo 7) (DO L 160 de 14.6.2006, p. 1).
Los principios y objetivos de los acuerdos de colaboración en el ámbito de la pesca sostenible se recogen en el artículo 31 del Reglamento (UE) 
nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013,sobre la política pesquera común, por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 1954/2003 y (CE) nº 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del Consejo 
y la Decisión 2004/585/CE (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).
3 El artículo 62, apartado 2, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) hace referencia a este excedente como la 
proporción de captura permisible que el estado ribereño no puede o no quiere explotar por sí mismo.Recuadro 1
06 
La Comisión considera que los ACP 
ofrecen ventajas significativas frente 
a otras formas de obtener acceso a las 
aguas y recursos de terceros países 
para las flotas europeas de aguas dis ‑
tantes. En particular:
 — los ACP dan acceso a las flotas 
europeas a caladeros de pesca 
en virtud de un marco legal más 
claro, uniforme y estable, y ofrecen 
mayor seguridad jurídica que los 
acuerdos privados entre los arma ‑
dores europeos y los países no per ‑
tenecientes a la UE. Los armadores 
también han expresado su prefe ‑
rencia por los ACP y han solicitado a la Comisión que amplíe su red 
de acuerdos, aun a costa de un 
aumento de su contribución a los 
derechos de acceso;
 — los ACP fomentan la cooperación 
científica entre la UE y los países 
socios. Los protocolos prevén  
reuniones del comité científico 
para revisar el nivel de las pobla ‑
ciones de peces y tienen en cuenta 
las resoluciones de las organiza ‑
ciones pesqueras regionales. Los 
países socios colaboran en ocasio ‑
nes con los científicos de la UE que 
trabajan en las actividades de la 
flota en sus países;

11 Introducción
4 Datos del Informe Económico 
Anual sobre la Flota Pesquera 
de la UE (CCTEP 14 ‑16), 
correspondiente a la flota de 
aguas distantes de 2012. La 
flota de aguas distantes 
europea se define en este 
informe como la que está 
formada por todos los buques 
registrados en la UE de más de 
24 metros que operen en 
Otras Regiones de Pesca (ORP), 
incluidas algunas regiones 
ultraperiféricas de la UE. — a fin de garantizar la igualdad de 
condiciones de las distintas flotas 
de aguas distantes en la ZEE de los 
países ribereños, los protocolos 
también incluyen una cláusula de 
no discriminación. Esto significa 
que las normas técnicas y otros 
principios de sostenibilidad apli ‑
cables a los ACP también deben 
serlo a los acuerdos entre los 
respectivos países socios y otras 
flotas presentes en su ZEE, lo cual 
debería fomentar igualmente la 
gestión sostenible de los recursos 
pesqueros;
 — en los países socios, los ACP 
fomentan una mejor gobernanza 
y gestión del sector pesquero local 
apoyando la supervisión, el control 
y la vigilancia de las actividades de 
las flotas nacionales y extranjeras, 
además de proporcionar financia ‑
ción significativa para contribuir al 
desarrollo sostenible de las activi ‑
dades de pesca locales.
07 
Además de introducir el concepto de 
acuerdo de colaboración en el ámbi ‑
to de la pesca sostenible, la reforma 
de 2014 de la política pesquera común 
tiene por objeto mejorar algunos 
aspectos de los ACP , tales como la 
cantidad de información disponible 
que servirá de base para determinar el 
excedente disponible en la ZEE de los 
países socios, la promoción de la pesca 
sostenible en las aguas de los países 
socios mediante una orientación más 
precisa y una supervisión regular del 
apoyo sectorial de la UE y la inclusión 
de una cláusula de derechos humanos. 
El principal objetivo de los acuerdos de 
colaboración en el ámbito de la pesca 
sostenible es establecer un marco de 
gobernanza jurídica, medioambiental, 
económica y social para las actividades de pesca llevadas a cabo por buques 
pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países, que deben regirse  
por normas similares a las aplicables 
a las actividades de pesca llevadas 
a cabo por la flota de la UE en sus 
propias aguas.
08 
La Comisión introdujo durante años 
una cláusula de exclusividad, aplicable 
a todos los ACP vigentes, para refor ‑
zar el marco de gobernanza para las 
actividades de pesca de la flota de 
aguas distantes de la UE. Una vez entra 
en vigor el acuerdo entre la Unión y un 
país socio, los buques pesqueros de 
la UE solo pueden operar en las aguas 
del país socio si cuentan con una auto ‑
rización de pesca que se haya emitido 
en virtud de un protocolo de dicho 
acuerdo (véase el apartado 10).
La flota europea de aguas 
distantes y los ACP
09 
Aunque la flota de aguas distantes 
constituye menos del 1 % de la  
flota de la UE, con apenas 335 de los 
86 283 buques registrados en la UE, es 
mucho más significativa respecto a su 
capacidad de pesca, con un 18 % del 
tonelaje bruto y un 7 % de la potencia 
motriz4 del conjunto de la flota de la 
UE. La flota de aguas distantes es un 
importante suministrador de pescado 
al mercado europeo dado que se esti ‑
ma que aporta el 15 % de las capturas 
totales de la flota de la UE y que repre ‑
senta el 4 % de sus puestos de trabajo. 
Alrededor de la mitad de las capturas 
de la flota de aguas distantes se realiza 
en virtud de acuerdos de colaboración 
en el sector pesquero.
12 Introducción
10 
Al redactar un ACP , la UE y los países 
socios negocian un acuerdo y sus pro ‑
tocolos de aplicación. El acuerdo es ‑
tablece un marco para la cooperación 
a largo plazo en el sector pesquero, 
mientras que los protocolos detallan 
las condiciones. Los protocolos suelen 
negociarse cada tres a seis años de 
acuerdo con el país socio. Cuando 
hace mención a los ACP , el presente 
informe se refiere principalmente a los 
protocolos. Los procesos de negocia ‑
ción y las atribuciones conferidas en 
virtud de los ACP se exponen de forma 
pormenorizada en el anexo I .
11 
En 2014 se destinó a los ACP un total 
de 69 millones de euros del presupues ‑
to de la UE, una cifra que representa 
una disminución significativa respecto 
de los más de 200 millones de euros 
que se abonaron en los años noventa. 
La razón estriba en parte en que el 
protocolo con Mauritania expiró en 
diciembre de 2014 y no se hicieron 
pagos por el mismo en 2014, pero sí se 
habían abonado 67 millones de euros 
en 2013. Solo Marruecos representaba 
más del 40 % del total de 2014. Asimis ‑
mo, los operadores también aportan 
contribuciones financieras a estos 
ACP a cambio de las autorizaciones de 
pesca que reciben. Su contribución ha 
aumentado de manera constante en 
los últimos años.12 
El anexo II  presenta los trece ACP 
vigentes en 2015, con una contribución 
financiera anual de 71 millones de   
euros. Tres de los trece acuerdos 
vigentes son acuerdos mixtos que 
permiten a la flota de la UE acceder 
a distintas poblaciones de peces en la 
ZEE del país socio. El resto son acuer ‑
dos atuneros que confieren derechos 
de pesca en la ZEE del país socio a los 
buques de la UE que siguen las pobla ‑
ciones migratorias de atunes y otras 
especies altamente migratorias en su 
trayectoria alrededor de África y los 
Océanos Índico y Pacífico.
13 
Otros ACP sin protocolos en vigor son 
los concertados con Gambia (desde 
el 1 de julio de 1996), Guinea Ecuato ‑
rial (desde el 30 de junio de 2001), las 
Islas Salomón (desde el 9 de octubre 
de 2012), Micronesia (desde el 25 de 
febrero de 2010), Mauritania (desde di ‑
ciembre de 2014)5 y Mozambique (des ‑
de enero de 2015). Cuando un acuerdo 
sigue en vigor pero su protocolo no se 
ha renovado, como es el caso de estos 
acuerdos (denominados «latentes»), la 
flota de la UE no tiene acceso a la zona 
de pesca de ese país, de acuerdo con 
la cláusula de exclusividad (véase el 
apartado 8).5 Las negociaciones entre la 
Comisión Europea 
y Mauritania para el 
establecimiento de un nuevo 
protocolo concluyeron 
satisfactoriamente el 10 de 
julio de 2015. Este protocolo, 
de una duración de  
cuatro años, asciende a   
59,125 millones de euros 
anuales y todavía necesita la 
aprobación del Consejo y el 
consentimiento del 
Parlamento Europeo.
13
 Alcance y enfoque 
de la fiscalización
14 
El objetivo de la fiscalización era eva ‑
luar si la Comisión está gestionando 
correctamente los ACP mediante la for ‑
mulación de las preguntas siguientes:
1)  ¿Gestiona la Comisión correcta ‑
mente las negociaciones de los 
ACP y sus protocolos?
Con el fin de dar respuesta a esta 
pregunta, el Tribunal revisó el pro ‑
ceso de negociación de los cuatro 
ACP auditados teniendo en cuenta 
si la Comisión negoció o renovó los 
protocolos a tiempo para garantizar 
la continuación de las actividades 
de la flota europea. Asimismo, se 
evaluó en la fiscalización si las ne ‑
gociaciones de las posibilidades de 
pesca y las contribuciones financie ‑
ras estaban en consonancia con los 
objetivos del ACP de garantizar la 
sostenibilidad de las poblaciones 
de peces a un coste razonable para 
la UE, mejorando la gobernanza de 
los sectores pesqueros de los países 
socios y fomentando el desarrollo 
económico de estos.
2)  ¿Gestiona la Comisión correcta ‑
mente la aplicación de los ACP?
A fin de responder a esta pregun ‑
ta, el Tribunal revisó la gestión por 
la Comisión del proceso de conce ‑
sión de licencias y la fiabilidad del 
sistema de recopilación de datos 
de capturas. Asimismo, se evaluó 
en la fiscalización si la Comisión 
había concebido, controlado 
y supervisado debidamente las 
acciones financiadas en virtud del 
componente de apoyo sectorial  
de los ACP .15 
El enfoque de auditoría incluía reunio ‑
nes con las partes interesadas corres ‑
pondientes6, el análisis de la informa ‑
ción obtenida de la Comisión y de las 
visitas de control a Estados miembros 
seleccionados (España y Francia) y a 
cuatro países socios con los que la UE 
ha concluido un ACP . Tres de los países 
socios elegidos para esta fiscalización 
se sitúan en el Océano Índico (Ma ‑
dagascar, Mozambique y Seychelles) 
con el fin de obtener una perspectiva 
regional. Por otro lado, se eligió a Mau ‑
ritania como ejemplo de un acuerdo 
mixto y por su especial importancia 
desde una perspectiva financiera. En 
total, los cuatro acuerdos representa ‑
ban el 77 % de los pagos de los ACP  
en 2013.
16 
La evidencia de auditoría se completó 
con una encuesta dirigida a los opera ‑
dores de la flota de altura de la UE en 
Europa, a la que respondió el 70 % de 
los armadores de esta flota7.6 Las partes interesadas 
incluían, entre otras, el 
Parlamento Europeo y las ONG 
que actúan en el ámbito de la 
contratación de personal de 
los buques y del entorno 
marino. El Tribunal también 
visitó a asociaciones de 
operadores de buques 
y empresas de transformación 
de pescado en España 
y Francia.
7 Veintiún propietarios/
asociaciones de buques de 
pesca respondieron a la 
encuesta del Tribunal, junto 
con 319 buques en 
funcionamiento (de los cuales, 
233 navegaban con pabellón 
de Estados miembros de la UE) 
que faenaban fuera de aguas 
europeas. Los 233 buques 
representaban el 70 % de los 
355 buques que constituyen la 
flota de altura europea. De los 
buques incluidos en la 
encuesta, el 79 % operaba en 
las regiones de los Océanos 
Atlántico e Índico, de los 
cuales el 32 % eran buques de 
pesca demersal, el 22 % 
arrastreros pelágicos, el 7 % 
cerqueros, el 7 % palangreros 
de gran capacidad, el 7 % 
arrastreros y palangreros de 
fondo para merluza negra y el 
4 % atuneros cañeros.
14
 Observaciones
Parte I  — Negociación de 
los ACP
La Comisión negoció 
y renovó los ACP a tiempo 
para evitar cualquier 
interrupción de las 
actividades de pesca
17 
Las negociaciones de los acuerdos que 
confieren a la flota de la UE acceso 
a los caladeros de pesca de la ZEE de 
los países ribereños deben tener por 
objeto garantizar que el acceso es 
continuo para evitar cualquier impac ‑
to negativo en el sector. El Consejo 
ha solicitado a la Comisión que evite 
cualquier interrupción en las activida ‑
des de pesca tras la expiración de un 
acuerdo o protocolo. Del mismo modo, 
cuando negocia un protocolo, la Co ‑
misión intenta introducir la posibilidad 
de la aplicación provisional desde  
la fecha de firma hasta la fecha de 
ratificación final.
18 
El Tribunal analizó el proceso de nego ‑
ciación de la Comisión para los cuatro 
ACP incluidos en la fiscalización que 
estaban vigentes en ese momento. En 
la fiscalización se tuvo en cuenta si los 
protocolos fueron renovados a tiempo 
para evitar la interrupción de las acti ‑
vidades de pesca de la flota de aguas 
distantes de la UE.19 
La negociación de nuevos protoco ‑
los es un proceso largo y complejo. 
La Comisión negocia sobre la base 
de un mandato del Consejo, que 
firma el protocolo con el país socio. 
A continuación, el Parlamento debe 
dar su consentimiento. Se facilita 
más información sobre el proceso de 
negociación en el anexo I . Por tanto, 
para la continuidad de las actividades 
de la flota, la Comisión debe iniciar el 
proceso de negociación de un nuevo 
protocolo con bastante antelación a la 
expiración del vigente.
20 
Todo el proceso de negociación de 
los cuatro protocolos incluidos en la 
fiscalización, desde el mandato del 
Consejo a la fecha de entrada en vigor 
tras el consentimiento del Parlamento 
o ratificación del país socio, duraba en ‑
tre 71 y 134 semanas (según se mues ‑
tra en el gráfico 1 ). La duración de las 
negociaciones depende de factores 
que los participantes no pueden antici ‑
par o controlar completamente. La 
Comisión ha estimado que necesita un 
mínimo de doce semanas desde la fi ‑
nalización de las negociaciones (la «rú ‑
brica» del protocolo) para preparar el 
protocolo para su firma por el Consejo 
y que este necesita entre seis y ocho 
semanas más para su examen. El lapso 
previsto entre la finalización de las 
negociaciones y la firma del Consejo 
es de 20 semanas al menos, debido 
a que pueden producirse retrasos en 
los debates del Consejo conducentes 
a la aprobación del protocolo, pero en 
el caso de Madagascar, Mozambique 
y Seychelles, el plazo osciló entre 29 
y 35 semanas.
15 Observaciones
21 
El Tribunal observó que la Comisión 
gestiona correctamente el proceso de 
negociación y, siempre que es posible, 
hace uso de los instrumentos legisla ‑
tivos a su alcance para evitar la inte ‑
rrupción de las actividades de pesca. 
No obstante, el 83 % de los operadores 
que respondieron a la encuesta del Tri ‑
bunal, que representan alrededor del 
30 % de la flota de aguas distantes, de ‑
claró que se había visto afectado por 
los retrasos en la negociación de los 
protocolos, principalmente con Mau ‑
ritania y Marruecos, que son dos casos 
significativos aunque excepcionales.22 
En el caso de Mauritania, las negocia ‑
ciones fueron largas (con siete rondas 
que duraron un total de 71 semanas) 
y el protocolo anterior expiró casi cin ‑
co meses antes de que se firmase uno 
nuevo. Dado que no fue posible una 
aplicación provisional antes de la firma 
del Consejo, y con el fin de evitar cual ‑
quier interrupción de las actividades 
de la flota de la UE, la Comisión aplicó 
las disposiciones legislativas de la UE8 
y propuso a las autoridades maurita ‑
nas seguir presentando solicitudes de 
autorizaciones de pesca durante este 
período de cinco meses. Las autorida ‑
des mauritanas aceptaron esta pro ‑
puesta solo para cuatro categorías de 
pesca9 entre el 1 de agosto de 2012 y el 
15 de diciembre de 2012. Esta posibi ‑
lidad fue aprovechada por armadores 
de cuatro categorías y la pesca pudo 
continuar para ellas, pero no para las 
restantes, en las que tuvo que cesar 
temporalmente. El Tribunal señala que 
aunque la solicitud de autorizaciones 
de pesca en ausencia de un protocolo 
firmado tenía por finalidad proteger 
los intereses de la flota de la UE, no 
estaba en consonancia con la cláusula 
de exclusividad (véase el apartado 8).8 El artículo 9 del Reglamento 
(CE) nº 1006/2008 del Consejo, 
de 29 de septiembre de 2008, 
relativo a la autorización de las 
actividades pesqueras de los 
buques pesqueros 
comunitarios fuera de las 
aguas comunitarias y al acceso 
de los buques de terceros 
países a las aguas 
comunitarias, por el que se 
modifican los Reglamentos 
(CEE) nº 2847/93 y (CE) 
nº 1627/94 y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) 
nº 3317/94 (DO L 286, 
29.10.2008, p. 33) establece 
que, en los casos en que haya 
expirado el protocolo y la 
Comisión haya rubricado un 
nuevo protocolo pero aún no 
lo haya firmado el Consejo 
o no establezca su aplicación 
provisional, la Comisión podrá, 
durante un período de seis 
meses a partir de la fecha de 
expiración del protocolo 
anterior, transmitir las 
solicitudes de autorización de 
pesca al tercer país afectado.
9 Categorías 2 (merluza negra), 
3 (demersal distinto a la 
merluza negra), 5 (atún) y 6 
(arrastreros congeladores de 
pesca pelágica).Gráfico 1Duración del proceso de negociación
Semanas140 120 100 80 60 40 20 0Inicio de la aplicación provisionalTiempo transcurrido entre la ﬁrma y
la aprobación del Parlamentoo ratiﬁcación del PSTiempo transcurrido entre el ﬁnal de las 
negociaciones y ﬁrma del Consejo y el PSTiempo transcurrido entre el mandato y el 
ﬁnal de las negociaciones (rúbrica)Madagascar (1 ronda)  
1/2013-12/2014
Mauritania (7 rondas)   
12/2013-12/2014
Mozambique (2 rondas)        
2/2012-1/2015
Seychelles (3 rondas)         
1/2014-1/2020
Fuente:  TCE, a partir de los documentos de la negociación y la legislación de la UE.
16 Observaciones
23 
Por otro lado, aun utilizando todas las 
posibilidades ofrecidas por la legis ‑
lación, la Comisión no pudo evitar la 
interrupción de las actividades de pes ‑
ca. Las autoridades mauritanas consi ‑
deraron que la actividad en el período 
de agosto a diciembre de 2012 había 
tenido lugar en virtud de la aplicación 
provisional del nuevo protocolo, por 
lo que decidieron el cese anticipado 
de las actividades de pesca para las 
cuatro categorías que habían contado 
con autorización para seguir pescando 
antes de la firma del nuevo protocolo. 
Esta decisión acarreó pérdidas para 
los armadores de esas categorías, que 
habían pagado por las licencias hasta 
la fecha de expiración real del 15 de 
diciembre de 2014.
24 
En el caso de Marruecos, el protocolo 
se firmó en febrero de 2011 y se aplicó 
provisionalmente hasta diciembre 
de 2011, cuando el Parlamento Euro ‑
peo rechazó su conclusión10. Tras nue ‑
vas negociaciones, se rubricó otro pro ‑
tocolo el 24 de julio de 2013, que fue 
ratificado por el Parlamento Europeo 
el 10 de diciembre de 2013, sin cláu ‑
sula de aplicación provisional debido 
a que los negociadores marroquíes no 
estaban de acuerdo con su introduc ‑
ción. Este protocolo no entró en vigor 
hasta el 15 de julio de 2014 debido a su 
ratificación tardía por Marruecos, lo 
que dio lugar a gastos adicionales con 
cargo al presupuesto de la UE11 y tam ‑
bién a un impacto financiero directo 
en los armadores y la industria euro ‑
peos porque las actividades de pesca 
se interrumpieron.
25 
Con respecto a los protocolos del 
Océano Índico auditados, la continui ‑
dad de las actividades de pesca en la 
ZEE de Madagascar y Seychelles quedó garantizada debido a que los nuevos 
protocolos se firmaron antes de la 
expiración de los anteriores e incluían 
una cláusula de aplicación provisional. 
En el caso de Mozambique, no hubo 
protocolo vigente durante un mes 
[tiempo transcurrido entre la fecha de 
expiración del protocolo anterior (1 de 
enero de 2012) y la aplicación provisio ‑
nal del nuevo (1 de febrero de 2012)], 
pero esto no tuvo un impacto signi ‑
ficativo sobre la flota de la UE, dado 
que no había poblaciones de atunes 
disponibles para la pesca en aguas mo ‑
zambiqueñas durante ese período.
La Comisión ha negociado 
una red de acuerdos 
pertinentes, pero se podría 
mejorar su coherencia en la 
región del Océano Índico
26 
El Tribunal considera que es impor ‑
tante contar con una red de acuerdos 
regionales coherente y pertinente. 
En primer lugar, con mayor seguridad 
jurídica, la flota de la UE puede seguir 
a las especies migratorias. En segundo 
lugar, dicha red fortalece la posición 
negociadora de la Comisión, reducien ‑
do la presión para alcanzar un acuerdo 
cuando las actividades de pesca estén 
en peligro de interrumpirse. Por otra 
parte, el efecto positivo que se per ‑
sigue con respecto a la gobernanza 
de los países socios debido al apoyo 
sectorial y el control de la UE sobre 
su propia flota puede tener un efecto 
catalizador en las actividades de pesca 
regionales. Este efecto se intensifica 
por el alcance de las actividades de 
la flota europea en determinadas 
regiones (por ejemplo, los cerqueros 
de la UE representaban el 66 % de 
las capturas de ese tipo en el Océano 
Índico occidental en 201112, al tiempo 
que las capturas de cerqueros a su vez 
representaban el 49 % de las capturas 
totales de la región ese año).10 Resolución legislativa del 
Parlamento Europeo de 14 de 
diciembre de 2011 
[P7_TA(2011)0569].
11 Según las autoridades 
españolas, el importe pagado 
a la flota española como 
compensación por las 
pérdidas registradas debido 
a la interrupción de sus 
actividades en Marruecos fue 
de 4,5 millones de euros (de 
los cuales 4,3 millones se 
pagaron del Fondo Europeo 
de Pesca).
12 Cuadros 4.2 y 4.4 del informe 
final «Revisión de la pesca de 
atún en el Océano Índico 
occidental», 2014, Poseidon, 
MRAG, NFDS y Cofrepeche.
17 Observaciones
27 
La estrategia actual de la Comisión 
tiene por objeto atender esas necesi ‑
dades ampliando la red de acuerdos 
en consonancia con las exigencias 
y prioridades del sector. En sus res ‑
puestas a la encuesta de auditoría, 
los armadores expresaron un interés 
prioritario por Angola, Guinea‑Bisáu 
y Sierra Leona, seguidos de Guinea‑Co ‑
nakry, Liberia, Tanzania, Kenia y Se ‑
negal. La Comisión había empezado 
a tener conversaciones iniciales con 
Tanzania, finalizado las negociaciones 
con Liberia y revivido los acuerdos 
con Gabón, Marruecos, Mauricio (con 
quienes ya habían entrado en vigor 
los protocolos cuando tuvo lugar la 
encuesta), Guinea‑Bisáu y Senegal 
(con quienes ya se habían firmado los 
protocolos). No obstante, cuando se 
realizó la fiscalización, las negociacio ‑
nes de estas renovaciones con Mozam ‑
bique y Mauritania se habían suspendi ‑
do debido a la falta de consenso entre 
la Comisión y los dos países socios.
28 
Sin embargo, la fiscalización en el 
Océano Índico reveló que había 
margen de mejora en lo referente a la 
coherencia entre los ACP y su com ‑
plementariedad con otras acciones 
y fuentes de financiación regionales 
de la UE en el sector pesquero. Así 
sucedió, por ejemplo, con los centros 
de seguimiento de pesca. Existe un 
acuerdo para el intercambio regional 
de datos del sistema de localización 
de buques (SLB) entre los países de la 
Comisión del Océano Índico (COI) (las 
Comoras, Mauricio, Madagascar, Reu ‑
nión y Seychelles) a través del servidor 
desarrollado con el apoyo de la COI 
con fondos regionales del FED. Mo ‑
zambique no forma parte de la COI y, a pesar de ser un importante socio en 
la red regional de los ACP , actualmente 
no tiene acceso a estos datos. En lugar 
de apoyar el acceso de Mozambique 
al sistema de intercambio de datos del 
SLB, la Comisión le ayuda para que de ‑
sarrolle un centro de seguimiento de 
pesca regional financiando su estudio 
de viabilidad a través del ACP FISH II, 
financiado por el FED. Paralelamente, 
la Comisión también ha apoyado el 
SLB nacional del país a través del apo ‑
yo sectorial del ACP .
El objetivo de los ACP 
de garantizar que las 
oportunidades negociadas 
de pesca afecten solamente 
a los excedentes de recursos 
pesqueros resultó difícil  
de lograr
29 
El principio esencial de sostenibilidad 
del ACP radica en que las oportuni ‑
dades de pesca negociadas en los 
protocolos (cantidades y número de 
licencias) deben permitir a los buques 
de la UE únicamente pescar los recur ‑
sos excedentes13. Para ello es necesario 
contar con información fiable sobre 
poblaciones (fundada en el mejor 
asesoramiento científico disponible) 
y el esfuerzo pesquero14 de los países 
ribereños y otros acuerdos. A continua ‑
ción, los protocolos deberían conceder 
derechos de acceso a una parte espe ‑
cífica de este excedente. La Comisión 
tendría que asegurarse además de que 
los ACP reflejen el principio del rendi ‑
miento máximo sostenible (RMS)15 y las 
resoluciones y las recomendaciones 
de las Organizaciones Regionales de 
Ordenación Pesquera (OROP) acerca 
del estado de la población de peces.13 Artículo 31 del Reglamento 
(UE) nº 1380/2013.
14 El esfuerzo pesquero es el 
producto de la capacidad y la 
actividad de un buque de 
pesca; en el caso de un grupo 
de buques, es la suma del 
esfuerzo pesquero ejercido 
por cada buque del grupo.
15 El RMS, que constituye un 
indicador del índice óptimo 
explotación, ha sido definido 
por la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO) como la captura máxima 
que puede obtenerse de 
modo sostenible.
18 Observaciones
30 
El Tribunal examinó cómo se había cal ‑
culado el excedente y si las cantidades 
de pescado capturable en virtud del 
acuerdo respetaban o no el concepto 
de excedente. También se analizaron 
los distintos ACP negociados y se com ‑
pararon a fines de coherencia textual.
31 
La fiscalización reveló que el concepto 
de excedente es muy difícil de aplicar. 
El artículo 61 de la CNUDM atribuye 
a los países socios la determinación 
del excedente teniendo en cuenta los 
datos científicos más fidedignos a su 
disposición. Sin embargo, en la fiscali ‑
zación se observó que los países socios 
carecen de la capacidad de determi ‑
narlo. Ello sucede sobre todo en el 
caso de acuerdos mixtos (por ejemplo, 
en el de Mauritania) o de recursos de 
pesca muy dispersos, como especies 
pelágicas o especies altamente migra ‑
torias, debido a la dificultad de deter ‑
minar un excedente en la ZEE de un 
país ribereño concreto, en particular 
cuando no existe un sistema de cuotas 
de pesca a nivel regional16. A ello se 
añade que no siempre es fiable la in ‑
formación sobre el esfuerzo pesquero 
de las flotas nacionales o extranjeras 
a las que los países socios también han 
concedido acceso17. Por estas razones, 
es muy difícil para la Comisión calcular 
la proporción del esfuerzo pesquero 
total que representa la flota de la UE y, 
por extensión, sus límites de captura, 
de conformidad con el planteamiento 
del excedente.32 
En la región del Océano Índico, la 
Comisión del Atún para el Océano 
Índico (CAOI) ha recomendado rendi ‑
mientos máximos sostenibles (RMS) 
para algunas especies (por ejemplo, el 
pez espada) como parte de su aseso ‑
ramiento científico18 y ha adoptado 
resoluciones para la protección de dos 
especies de tiburón. El RMS estándar, 
sin embargo, solo puede aplicarse con 
dificultad a escala individual del país 
para especies altamente migratorias, 
como las consideradas en los ACP .
El coste de los ACP 
negociados por la Comisión 
fue relativamente elevado, 
teniendo en cuenta los 
porcentajes de utilización 
anteriores
33 
Al negociar, la Comisión debe asegu ‑
rarse que las cláusulas de los proto ‑
colos con incidencia económica en la 
flota europea y en los países socios 
(esto es, duración del protocolo, pre ‑
cio, cantidades, especies, condiciones 
técnicas, contribuciones del armador, 
exigencias de presentación de infor ‑
mación y desembarque) permiten a la 
flota de la UE hacer un uso eficiente de 
los acuerdos y le confieren acceso a un 
porcentaje adecuado del excedente 
disponible a un precio justo para los 
países socios. La Comisión también 
debe garantizar que los principios de 
economía, eficiencia y eficacia se tie ‑
nen en cuenta cuando se preparen las 
negociaciones de los ACP . El Consejo 
ha pedido19 a la Comisión, en coopera ‑
ción con los Estados miembros, que se 
comprometa a optimizar la utilización 
de oportunidades de pesca a fin de 
garantizar la mayor rentabilidad de los 
recursos empleados y el cumplimien ‑
to de los principios de buena gestión 
financiera.16 La Resolución 14/02 de la CAOI 
prevé la introducción de un 
sistema de cuotas a nivel 
regional.
17 La UE está pidiendo mayor 
transparencia a escala de la 
Organización Regional de 
Ordenación Pesquera, en 
particular a través de exigir 
a las partes que faciliten todos 
los datos sobre las actividades 
de pesca de terceros países 
y acceso a sus respectivas ZEE. 
La CAOI ha adoptado la 
Resolución 14/05, relativa a un 
registro de buques de pesca 
con licencia que capturan 
especies de la CAOI en la zona 
de competencia de la CAOI 
e información sobre el 
acuerdo de acceso.
18 Informes científicos de la CAOI 
de 2013 y 2014.
19 3 155ª reunión del Consejo de 
Agricultura y Pesca en 
Bruselas, celebrada el 19 y el 
20 de marzo de 2012.
19 Observaciones
34 
La contribución financiera de la UE 
a los países socios está integrada por 
dos componentes: derechos de acceso 
a la ZEE y apoyo financiero «sectorial» 
(véase el apartado 5). Aunque el país 
socio no tiene limitaciones respecto al 
uso del primer componente, que rige 
estrictamente el acceso a las zonas 
de pesca nacionales, el pago de los 
fondos de apoyo sectorial ha de estar 
condicionado a la realización de las ac ‑
ciones acordadas, en particular la go ‑
bernanza del sector pesquero, entre la 
UE y el país socio. Esta condicionalidad 
se ha consagrado en la nueva política 
pesquera común y en los ACP firmados 
con posterioridad. La distribución de 
la totalidad de la contribución finan ‑
ciera entre los dos componentes es un 
aspecto importante del proceso  
de negociación.
La negociación del componente 
de los derechos de acceso
35 
Los protocolos determinan el tipo de 
pesca al que se confiere el acceso y las 
condiciones que rigen el mismo en lo 
que respecta al número de licencias, 
tipo de buques y tonelaje de refe ‑
rencia. Este «tonelaje de referencia» 
representa el volumen de capturas 
respecto al que la UE tiene que efec ‑
tuar un pago mínimo por los derechos 
de acceso20. Si se rebasa este umbral, la 
UE abona un pago suplementario por 
las capturas adicionales. El protocolo 
también especifica las condiciones 
técnicas y operativas.36 
Al negociar el componente de los 
«derechos de acceso», la Comisión 
intenta obtener el número de licencias 
solicitado por los Estados miembros 
(con sujeción a los límites de disponibi ‑
lidad21), teniendo presente también los 
factores externos que pueden incidir 
en el aprovechamiento de las licencias 
de pesca, mientras que el país socio 
suele perseguir la mayor contribución 
financiera posible, que a continua ‑
ción se «convierte» en un tonelaje de 
referencia.
37 
El gráfico 2  muestra la utilización his ‑
tórica de las oportunidades de pesca 
(o capturas de peces) en los países so ‑
cios visitados en la región del Océano 
Índico respecto al tonelaje de referen ‑
cia. A pesar de la infrautilización de las 
oportunidades de pesca negociadas 
en protocolos anteriores, el tonelaje de 
referencia acordado en los protocolos 
más recientes se ha mantenido relati ‑
vamente estable.
38 
Como la contribución financiera de la 
UE se basa en el tonelaje de referencia 
en lugar de en las capturas reales, la in ‑
frautilización regular de los protocolos 
da lugar al pago de un coste unitario 
real, que frecuentemente es superior 
al precio unitario utilizado como base 
para las negociaciones. El gráfico 3  
expone el coste real de cada acuerdo 
atunero cuando se tiene en cuenta la 
contribución financiera total del ACP 
y muestra, por ejemplo, que el coste 
real por tonelada de atún pescado en 
Mozambique en 2013 fue unas seis ve ‑
ces superior a los precios negociados, 
lo que se explica por la coexistencia 
de una contribución financiera muy 
elevada (que se aumentó aún más en 
el protocolo 2/2012 ‑1/2015 de 900 000 
a 980 000 euros) y de una utilización 
muy baja de las oportunidades  
de pesca.20 La contribución financiera 
mínima por los derechos de 
acceso se calcula 
multiplicando el tonelaje de 
referencia por el precio 
unitario acordado.
21 En la región del Océano Índico, 
el número de buques y el 
tonelaje bruto se congelaron 
al nivel de 2006 para buques 
que pescaban atunes 
tropicales y al nivel de 2007 
para buques que pescaban 
pez espada y bonito, de 
conformidad con la 
Resolución 12/11 de la CAOI 
sobre la aplicación de una 
limitación de la capacidad de 
pesca de las partes 
contratantes y la cooperación 
con partes no contratantes.
20 Observaciones Gráfico 2Utilización de las oportunidades de pesca de atún en los países socios visitados  
en la región del Océano Índico
Fuente:  TCE, a partir de los datos de la DG Asuntos Marítimos y Pesca sobre la utilización de las oportunidades de pesca.0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013% de tonelaje de referencia 
utilizado% de tonelaje de referencia no 
utilizado
Seychelles Mozambique MadagascarGráfico 3Coste unitario pagado por la UE por tonelada de atún
Fuente:  TCE, a partir de los datos de los protocolos y de la DG Asuntos Marítimos y Pesca sobre la utilización de oportunidades de pesca.01002003004005006007008009001 000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Madagascar Mozambique SeychellesEuros
Coste real por tonelada
Precio acordado por tonelada 
correspondiente a los derechosde acceso y apoyo sectorial
21 Observaciones
39 
El valor de mercado de las cantidades 
de peces negociadas en los protocolos 
tiene un efecto directo en el valor de 
estos, por lo que la Comisión debería 
tenerlo en cuenta al negociar el precio 
total de los protocolos. No obstan ‑
te, esto no ha sido siempre así. En el 
protocolo más reciente (2013 ‑2014) con 
Mauritania, se retiró la categoría de ce ‑
falópodos, que tiene un elevado valor 
comercial y se utilizó en un porcentaje 
promedio del 93 % en el protocolo 
2008 ‑2012, a causa de la aplicación 
del concepto de excedente y la deci ‑
sión de las autoridades nacionales de 
reservar dicha categoría para la flota 
nacional. Debido a su elevado valor 
y al alto porcentaje de utilización de la 
categoría, la decisión tuvo un conside ‑
rable impacto negativo en la flota de 
la UE. En el protocolo de 2013 ‑2014 se 
incrementaron las oportunidades de 
pesca para las especies pelágicas, que 
tienen un valor comercial inferior. La 
contribución financiera de derechos 
de acceso aumentó de un promedio de 60 millones de euros al año en 2008 ‑
2012 (y solo 50 millones de euros al año 
en 2012) a 67 millones de euros al año 
para 2013 y 2014. El nuevo protocolo 
era, por tanto, relativamente más caro 
para la Unión y su evaluación ex post  
(que abarcó los primeros once meses) 
reflejó que el valor añadido directo 
para todos los beneficiarios era de 
0,8 euros. Ahora bien, el valor añadido 
directo para la UE, que representa la ri ‑
queza generada para la Unión por cada 
euro invertido, era solo de 0,39 euros22. 
Esta ratio ascendía de media a   
0,63 euros en el período 2006 ‑2009.
40 
En general, en Mauritania, el precio 
unitario final pagado por tonelada 
fue muy superior al coste de acceso 
teórico basado en la plena utilización. 
El gráfico 4  muestra el coste estima ‑
do de los derechos de acceso para la 
UE basado en la utilización real de las 
oportunidades de pesca23.22 Como refleja el cuadro 3 , esta 
ratio es  de 5,53 para las 
Seychelles, 4,09 para 
Madagascar y 0,91 para 
Mozambique.
23 Los datos de 2014 solo están 
disponibles hasta el mes de 
septiembre y los importes se 
han ajustado pro‑rata 
temporis . Con el fin de estimar 
el desglose del pago de los 
derechos de acceso por 
categoría, el Tribunal ha 
tenido en cuenta el tonelaje 
de referencia y el precio de 
mercado del pescado (de los 
datos de la evaluación ex post  
y de la DG Asuntos Marítimos 
y Pesca). Este desglose no se 
presenta para el protocolo 
anterior debido a que las 
categorías no eran 
comparables.Gráfico 4Coste estimado de las oportunidades de pesca utilizadas en Mauritania
Fuente:  TCE, a partir del protocolo de 2013 ‑2014, los datos de la DG Asuntos Marítimos y Pesca y la evaluación ex post  de 2014.Coste del acceso a las 
oportunidades utilizadasCoste de acceso pagadoMiles de euros
2014 (hasta septiembre) 201370 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
22 Observaciones
41 
La aceptación de algunas cláusulas que 
dieron lugar a problemas de ejecución, 
en particular en Mauritania y Mozam ‑
bique, puede haber contribuido a la 
infrautilización de los protocolos. En 
Mozambique, el principal problema 
era el requisito de que el 33 % de los 
buques se sometieran a inspecciones 
previas a la pesca24.
42 
En Mauritania, los principales proble ‑
mas fueron las condiciones técnicas 
restrictivas, incluida una estricta 
definición de las zonas de pesca, en 
el protocolo de 2013 ‑2014. La mayo ‑
ría de dichas condiciones tenía por 
finalidad proteger las poblaciones 
sobreexplotadas, evitar capturas 
indeseadas y preservar los ecosiste ‑
mas. En el período comprendido entre 
agosto de 2012 y diciembre de 2013, 
los segmentos de la flota de la UE más 
afectados por las condiciones técni ‑
cas25 tuvieron porcentajes de utiliza ‑
ción muy bajos: por ejemplo, cero para 
cangrejos y muy bajo para la categoría de «pesca en fresco de especies pelági ‑
cas y crustáceos». Esto se vio confirma ‑
do por las respuestas a la encuesta del 
Tribunal en la que el 70 % de los ope ‑
radores que respondieron acerca del 
protocolo de Mauritania dijeron que 
las condiciones técnicas negociadas 
eran inadecuadas y el 58 % dijo que la 
rentabilidad se vio afectada.
La negociación del componente 
de apoyo sectorial
43 
El apoyo sectorial es una importante 
herramienta para lograr los objetivos 
de mejora de la gobernanza de la 
pesca de los países socios e impulsar el 
desarrollo económico de sus sectores 
pesqueros. Durante las negociaciones, 
la Comisión, en un intento de obtener 
el compromiso del país para mejorar 
la gobernanza del sector pesquero, 
busca aumentar el apoyo sectorial, que 
está limitado, no obstante, al 50 % de 
la contribución total de la UE (véase  
el cuadro 1 ).24 Las inspecciones previas a la 
pesca se exigieron al 33 % de 
los buques de la UE 
autorizados a faenar en las 
aguas mozambiqueñas. En sus 
respuestas a la encuesta del 
Tribunal, los operadores de 
buques indicaron que este 
requisito era excesivamente 
costoso.
25 Las condiciones técnicas eran 
muy restrictivas y, tras 
porcentajes de utilización muy 
bajos los primeros meses, la 
Comisión Paritaria acordó 
reducir estas limitaciones, 
aunque manteniendo las 
consideraciones 
medioambientales. Este 
problema con las condiciones 
técnicas ha retrasado la 
aplicación real del protocolo 
durante al menos un año.Cuadro 1Importancia del apoyo sectorial en los dos protocolos más recientes auditados por 
cada país socio visitado
Protocolo1 y2Madagascar Mauritania Mozambique Seychelles
Contribución total1 (euros) 1 525 000 76 250 0003650 000 5 600 000
% apoyo sectorial 36,1  % 21,3  % 38,5  % 39,6  %
Contribución total2 (euros) 1 526  875370 000 000 980 000 5 116 6673
% apoyo sectorial 45,8  % 4,3 % 45,9  % 49,5  %
1 Protocolos anteriores referidos a Madagascar (2005 ‑2011), Mauritania (2008 ‑2012), Mozambique (2008 ‑2011) y Seychelles (2011 ‑2013).
2  Protocolos vigentes en el momento de la fiscalización referidos a Madagascar (2013 ‑2014), Mauritania (2013 ‑2014), Mozambique (2012 ‑2014) 
y Seychelles (2014 ‑2020).
3 Se calculó un promedio para este protocolo dado que la contribución anual cambia cada año.
Fuente:  TCE, a partir del texto de los protocolos.
23 Observaciones
44 
El Tribunal considera que aumentar 
la proporción de apoyo sectorial está 
en consonancia con los objetivos del 
ACP de mejorar la gobernanza de la 
pesca de terceros países y promover 
el desarrollo económico de su sector 
pesquero.
45 
Mauritania fue la única excepción 
a esta tendencia positiva de aumen ‑
tar la proporción de la contribución 
financiera total de la UE para el apoyo 
sectorial. En este caso, la Comisión 
acordó reducir significativamente el 
componente del apoyo sectorial del 
21 % de la contribución total del ACP 
en el protocolo de 2008 ‑2012 a apenas 
el 4 % en el protocolo de 2013 ‑2014. 
Esta reducción se introdujo como 
consecuencia de los problemas que se 
encontró la Comisión para obtener in ‑
formación de las autoridades maurita ‑
nas sobre las acciones financiadas por 
el apoyo sectorial en el protocolo de 
2008 ‑2012 (según se expone en el re-
cuadro 2 ). Como muestra el cuadro 1  
anterior, las contribuciones financieras anuales negociadas por la Comisión 
en los dos protocolos son similares, 
lo cual significa que esta institución 
redujo la proporción del componente 
de este tipo de apoyo y aumentó pro ‑
porcionalmente el componente de de ‑
rechos de acceso, en el que los países 
socios tienen obligaciones limitadas 
de transparencia e información.  
En opinión del Tribunal, esta respues ‑
ta no estaba en consonancia con el 
objetivo de los ACP en materia de 
desarrollo.
46 
Por otro lado, el Tribunal considera im ‑
portante tener en cuenta la contribu ‑
ción financiera total de la UE a los paí ‑
ses socios durante las negociaciones. 
Los importes en juego desempeñan un 
papel importante en el desarrollo de 
los países socios, como se indica en el 
cuadro 2 . Sin embargo, las contribu ‑
ciones del ACP y del FED, los objetivos 
y mecanismos de ejecución se nego ‑
cian por separado, lo que no facilita, 
en opinión del Tribunal, la posición de 
la Comisión durante las negociaciones 
con los países socios.Cuadro 2Contribuciones de la UE a los países socios visitados durante la fiscalización y su 
importancia en relación con los presupuestos pesqueros y los presupuestos 
nacionales totales (2013)
2013  Madagascar Mauritania Mozambique Seychelles
Contribución del ACP en relación con el 
presupuesto pesquero nacional 41 % 689 %120 % 250 %2
Contribución total de la UE en relación 
con el presupuesto nacional total5 % 11 % 2 % 2 %
1  Presupuesto del Ministerio de Pesca, conforme a la Ley de Presupuestos de Mauritania. No se incluyen en el mismo gastos significativos como 
los portuarios.
2 Solo costes de explotación de la Autoridad Pesquera de las Seychelles, excluyendo las inversiones de capital.
Fuente:  TCE, a partir de documentos nacionales y de la DG Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión y los ACP.
24 Observaciones
La información 
proporcionada por las 
evaluaciones ex post   
no siempre ha sido de 
utilidad en el proceso  
de toma de decisiones  
y las negociaciones
47 
El Consejo, el Parlamento y la Comisión 
usan las evaluaciones ex ante  y ex post26 
en el proceso de toma de decisiones. 
Estas evaluaciones tienen por finalidad 
ofrecer información fiable sobre el uso 
del acuerdo y el valor añadido de la 
UE y del país socio, valorar el impacto 
ambiental, económico y social de un 
acuerdo de colaboración y compro ‑
bar que los resultados obtenidos por 
los ACP están en consonancia con los 
objetivos establecidos en ellos, de con ‑
formidad con los requisitos fijados por 
el Consejo27 y la nueva política pesque ‑
ra común28.
48 
Antes de encomendar a la Comisión la 
negociación de un nuevo protocolo, 
el Consejo le exige que lleve a cabo 
una evaluación independiente, tanto 
ex ante  como  ex post , cuando ya existe 
un protocolo, y una evaluación ex ante 
en caso de que no haya un ACP ante ‑
rior. Esta obligación se ha reforzado al 
haberse incluido en la nueva política 
pesquera común.
49 
Las partes interesadas consultadas 
durante la fiscalización indicaron que 
valoraban que hubiera un informe ex 
post , al considerarlo una herramienta útil porque ofrece una imagen general 
de la utilización de las oportunidades 
de pesca en virtud de un acuerdo 
(licencias y capturas exigidas) y del 
funcionamiento y valor añadido del 
acuerdo. No obstante, los datos de 
capturas presentados en el informe 
no son los más actualizados, aunque 
corresponde a la Comisión, como ges ‑
tora de los datos, facilitarlos a tiempo 
a las partes interesadas que toman las 
decisiones.
50 
El tiempo necesario para realizar la 
evaluación debe añadirse al ya largo 
proceso de negociación. Antes de 
la introducción de la nueva política 
pesquera común, la mayoría de los 
protocolos tenían una vida útil muy 
breve (de unos tres años29). Por tanto, 
las evaluaciones solo podían cubrir un 
breve período de funcionamiento, de 
un año o menos, del protocolo eva ‑
luado, lo que reducía su utilidad como 
herramienta para la toma de decisio ‑
nes. Un cambio positivo ha sido la 
mayor vida útil (de cuatro a seis años) 
de los protocolos más recientes, lo que 
puede tener un efecto positivo sobre 
la integridad de los datos incluidos en 
las evaluaciones ex post  que se hagan 
de ellos.
51 
Las evaluaciones ex post  de los ACP en 
el Océano Índico presentan informa ‑
ción sobre las poblaciones y capturas 
a escala regional e incluyen descrip ‑
ciones de carácter no esencial que 
se repiten de un período evaluado al 
siguiente y hacen que el informe sea 
demasiado extenso.26 Redactar una evaluación ex 
ante  y ex post  de los ACP es 
una obligación en virtud del 
Reglamento financiero (UE) 
nº 966/2012 (DO L 298 de 
26.10.2012, p. 1) para todos los 
programas y actividades que 
conlleven un gasto 
significativo (más de 
5 000 000 de euros) a fin de 
comprobar que los recursos 
asignados y los resultados 
obtenidos están en 
consonancia con los objetivos 
establecidos.
27 2 599ª reunión del Consejo de 
Agricultura y Pesca, Bruselas, 
19 de julio de 2004.
28 Artículo 31 del Reglamento 
(UE) nº 1380/2013.
29 La breve duración venía 
determinada por el hecho de 
que la Comisión no quería que 
los protocolos existentes se 
aplicasen más allá de la 
entrada en vigor de la nueva 
política pesquera común, a fin 
de que los cambios 
introducidos por ella se 
aplicasen lo antes posible.
25 Observaciones
52 
Por otro lado, la fiscalización permitió 
detectar que en las evaluaciones no se 
analiza suficientemente en qué medi ‑
da los ACP cumplen todos sus objeti ‑
vos (véanse el apartado 5 y el recua -
dro 1 ) (por ejemplo, no hace referencia 
al empleo en las regiones de la UE que 
dependen de la pesca, ni al suminis ‑
tro de pescado al mercado de la UE). 
Más aún, las evaluaciones del Océano 
Índico no calculaban el valor añadido 
de los ACP de forma coherente. Esto 
no facilitaba el proceso de toma de de ‑
cisiones porque las metodologías utili ‑
zadas para calcular el valor añadido no 
eran comparables entre protocolos y, 
en el caso de Mozambique, producían 
un resultado muy distinto ( cuadro 3 ).53 
Durante la fiscalización y a resultas 
de una auditoría interna del proceso 
de evaluación, la Comisión desarrolló 
una nueva metodología de evaluación 
del valor añadido, que se aplica desde 
enero de 2015. La metodología em ‑
pleada para evaluar los protocolos con 
Madagascar (febrero de 2014) y Mo ‑
zambique (abril de 2014) también era 
relativamente nueva (enero de 2014), 
pero los métodos utilizados para el  
cálculo del valor añadido seguían sin 
ser comparables.Cuadro 3Discrepancias en el cálculo de la rentabilidad de la inversión pública de la UE por país, 
como se presenta en las evaluaciones ex post  de los protocolos del Océano Índico
Rentabilidad calculada 
por euro de dinero 
público invertido por 
la UE ( ex post )Comentarios 
Madagascar
(publicado en febrero de 2014)4,09El modelo incluye beneficios y costes solo de las categorías amplias (por ejem -
plo, combustible, mantenimiento, derechos de puerto, seguro, etc.), que no siempre es -
tán en consonancia con las categorías utilizadas en otras evaluaciones (por ejemplo, en 
las Seychelles, donde se especifica además la tripulación, depreciación de los buques 
y aparejos, gastos generales). Sin embargo, el Tribunal considera que este modelo1 
evalúa costes y beneficios correctamente.
Mozambique
(publicado en abril de 2014)2,08Los evaluadores no dividieron los beneficios entre la UE y Mozambique y no todos los 
gastos públicos en que incurrió la UE se incluyeron en los cálculos (el apoyo sectorial 
se excluyó). Cuando el Tribunal repitió los cálculos utilizando el mismo modelo que 
para Madagascar, el retorno de la inversión pública fue de apenas 0,91 euros por euro 
invertido por la UE.
Seychelles
(publicado en enero de 2013)4,5Se incluyeron los pagos de los armadores, a diferencia de las demás evaluaciones, en las 
que solo se tuvo en cuenta el dinero público. Los costes se distribuyeron correctamente 
entre las partes y se tuvieron en cuenta todos los costes públicos. Cuando el Tribunal 
repitió los cálculos utilizando el mismo modelo para Madagascar, el retorno de la 
inversión pública fue superior: 5,53 euros por euro invertido por la UE.
1 Ratio:  Valor añadido directo para la UE / Total de la contribución de la UE (derechos de acceso y apoyo sectorial).
Fuente:  Evaluaciones ex post .
26 Observaciones
Parte II — Aplicación de 
los derechos de acceso de 
los ACP y componentes 
del apoyo sectorial
54 
La aplicación de los ACP conlleva dos 
aspectos principales: el acceso de los 
buques de la UE a las oportunida ‑
des de pesca (véanse los apartados 
55 a 65) y el apoyo al desarrollo de 
los sectores pesqueros de los países 
socios (véanse los apartados 66 a 83). 
A fin de que cada aspecto funcione 
correctamente (esto es, que se garanti ‑
ce que la flota pueda pescar en buenas 
condiciones y que el apoyo sectorial 
mejore la gobernanza de la pesca en 
los países socios), la Comisión necesita 
sistemas adecuados para supervisar 
la aplicación. La fiscalización examinó 
estos sistemas de supervisión.
Aunque el proceso de 
autorización de la pesca 
(concesión de licencias) 
fue largo y engorroso, la 
Comisión no adoptó medidas 
para determinar qué 
aspectos se podrían mejorar
55 
El proceso de concesión de licen ‑
cias por el que los buques obtienen 
permiso para pescar en virtud de los 
protocolos no debe ser necesariamen ‑
te complejo o largo para los opera ‑
dores de pesca. La Comisión debe 
revisar las distintas fases del proceso 
de concesión de licencias y evaluar si 
se puede o no lograr un mayor grado 
de eficiencia. El Tribunal considera 
que una visión de conjunto completa 
del tiempo necesario para las distintas 
fases del proceso es esencial a fin de 
identificar y corregir ineficiencias. La 
fiscalización permitió detectar que la 
Comisión no cuenta con información 
suficiente sobre los plazos del proceso 
de concesión de licencias.56 
Los protocolos establecen el proceso 
de concesión de licencias entre los 
países socios y la UE, como la presen ‑
tación de solicitudes al organismo 
público pertinente, y prevén además 
un intercambio electrónico de infor ‑
mación sobre las actividades de pesca. 
En el proceso intervienen la Comisión, 
los Estados miembros, las delegacio ‑
nes de la UE y los países socios. En el 
anexo I  se facilita más información al 
respecto. La fiscalización del Tribunal 
se centró en los datos disponibles para 
supervisar este proceso y analizar cual ‑
quier demora.
57 
Existen indicaciones de que los retra ‑
sos en el proceso de concesión de li ‑
cencias afectaron negativamente a las 
actividades de pesca: el 78 % de los 
encuestados por el Tribunal manifestó 
su preocupación sobre estos retrasos, 
que también se recogía en comuni ‑
caciones de los representantes de los 
operadores de pesca a la Comisión.
58 
En la fiscalización se constató que los 
países socios visitados o eran reacios 
o no podían, debido a las exigencias 
legales nacionales, aceptar las autori ‑
zaciones de pesca electrónicas, y todos 
ellos exigían que se conservara el ori ‑
ginal de la licencia a bordo del buque 
autorizado durante las actividades  
de pesca.
27 Observaciones
59 
Como se muestra en el gráfico 5 , 
aunque, en Mozambique y las Seyche ‑
lles, las delegaciones y los agregados 
de pesca tenían información sobre el 
tiempo que había transcurrido desde 
la fecha de la solicitud del operador 
a la fecha de emisión del país socio, 
en Madagascar, la información de que 
disponía la delegación solo correspon ‑
día al tiempo transcurrido desde la 
recepción de la solicitud por la dele ‑
gación a su remisión a la Comisión. En 
Mauritania no había ningún cuadro de 
seguimiento disponible.
60 
El Tribunal detectó que en algunos 
casos se produjeron retrasos signifi ‑
cativos antes de que el expediente de 
solicitud de licencia llegase a las auto ‑
ridades de los países socios. No obs ‑
tante, para los protocolos auditados, la Comisión carecía de información  
que la ayudase a proceder a un segui ‑
miento del tiempo necesario para cada 
uno de los pasos del proceso de solici ‑
tud de licencias que había desarrollado 
y, por consiguiente, no pudo identifi ‑
car en qué momento se producían  
los retrasos (si en el Estado miembro, 
en el país socio o en la Comisión). Por 
otro lado, aunque existe la base de  
datos de autorizaciones de pes ‑
ca exigida por el Reglamento (CE) 
nº 1006/2008 y contiene información 
actualizada sobre las licencias exis ‑
tentes, no contiene datos suficientes 
para analizar los retrasos, por lo que el 
Tribunal no pudo determinar la razón 
por la que se producían. La revisión 
del Reglamento de Autorizaciones de 
Pesca, anunciada en 2011, puede ayu ‑
dar a identificar y reducir las demoras 
procedimentales, pero la propuesta de 
la Comisión aún no está terminada ni 
se ha sometido al procedimiento  
de codecisión.Gráfico 5Duración conocida del proceso de concesión de licencias
Estado miembro
Comisión
Delegación-  
Comisión
Delegación -  
País socio
Autoridades 
país  socio
Delegación-  
País socio
Delegación-  
Comisión
Estado  miembro  - 
Comisión
Operador - 
Estado  miembro
Madagascar No hay información 41 días No hay información
Mauritania No hay cuadro de seguimiento
Mozambique Más de 5 meses 1 día1No hay información
SeychellesNo hay información 19 días No hay información
126 díasSin objeto (la licencia se envía directamente a los 
operadores)
1 El hecho de que las autorizaciones de pesca se emitieran el mismo día en que se registraron los expedientes de solicitud genera dudas acerca 
de la fiabilidad de la fecha de registro.
Fuente:  Cuadros de seguimiento facilitados por la Delegación y los agregados de pesca.
28 Observaciones
El seguimiento central de  
las capturas no fue adecuado, 
lo que compromete la pronta 
detección de los problemas 
y el cálculo correcto de  
los pagos
61 
La Comisión y los Estados miembros 
tienen que supervisar y comprobar la 
exactitud de los datos relativos a las 
capturas reales, a fin de identificar los 
problemas de ejecución, permitir la 
toma de decisiones fundamentadas 
al negociar los nuevos protocolos 
y garantizar el cálculo correcto de los 
pagos siempre que se produzcan  
capturas adicionales.
62 
El Reglamento (CE) nº 1006/2008 exige 
a los buques que presenten cada se ‑
mana datos de capturas a los Estados 
miembros. Estos a su vez, y sobre 
la base de esta información, deben 
presentar mensualmente a la Comisión 
todos los datos de capturas, desglo ‑
sados por zona de pesca de todas las 
ZEE (con sujeción o no a un acuerdo) 
y aguas internacionales. Se presenta 
más información sobre el papel de los 
Estados miembros en este ámbito en 
el anexo I . La Comisión debe mantener 
una base de datos de capturas con esta 
información. Este Reglamento también 
exige a la Comisión que mantenga una 
base de datos de las autorizaciones 
de pesca, que los Estados miembros 
deben actualizar con regularidad.63 
En la fiscalización se identificaron defi ‑
ciencias en la gestión por la Comisión 
de los datos de capturas de los proto ‑
colos auditados. El Tribunal detectó 
importantes diferencias entre los datos 
de capturas facilitados por las distin ‑
tas fuentes (Estados miembros, DG 
Asuntos Marítimos y Pesca y evalua ‑
ciones ex post ), que se exponen en el 
cuadro 4 . La Comisión no disponía de 
datos fidedignos, coherentes y com ‑
pletos sobre las capturas de pesca 
reales obtenidas en virtud de los ACP .
64 
Se detectaron diferencias similares 
entre los datos que el Tribunal reci ‑
bió de los Estados miembros y de la 
Comisión. Estas diferencias también se 
pueden explicar por el hecho de que 
los Estados miembros enviaron datos 
de capturas (desglosados por buques 
y especies) en distintos formatos a la 
Comisión, que seguidamente proce ‑
saba los datos manualmente, pero no 
los consolidaba en una base de datos 
central. La Comisión ha adoptado 
medidas recientemente para subsa ‑
nar esta situación. En enero de 2015, 
la gestión de datos se transfirió al 
servicio responsable de los ACP . Por 
otro lado, se han consolidado los datos 
históricos de las capturas, aunque esta 
información consolidada no estaba 
disponible durante el período cubierto 
por los protocolos auditados. Por últi ‑
mo, la Comisión ha creado una base de 
datos (datos de capturas desde 2013), 
aunque no estaba en funcionamiento 
cuando se realizó la fiscalización, dado 
que los Estados miembros aún no 
cumplían las exigencias de presenta ‑
ción de información.
29 Observaciones
65 
La falta de datos consolidados y com ‑
probados puede tener consecuencias 
negativas. Por ejemplo, si las capturas 
finales son superiores al tonelaje de re ‑
ferencia, se exigirá un pago adicional, 
suponiendo de este modo un riesgo 
financiero. De hecho, el Tribunal ya ha 
identificado un caso en el que la su ‑
pervisión inadecuada de las capturas dio lugar a un gasto imprevisto para  
la Comisión30. Asimismo, la supervisión 
y actualización regular de los datos  
de capturas permitiría utilizar infor ‑
mación actualizada y facilitar la toma 
de decisiones en las negociaciones 
cuando la información contenida  
en las evaluaciones ex post  no  
es la más reciente (véase el  
apartado 50).30 Como se indicaba en el 
Informe Anual del Tribunal de 
2011, apartado 4.46, relativo al 
protocolo de 2008 ‑2012 con 
Mauritania. En este caso, las 
autoridades nacionales 
informaron a la Comisión  
de que la cuota de  
300 000 toneladas para el año 
que acababa el 31 de julio 
de 2010 se había superado. La 
Comisión tuvo que pagar  
1,9 millones de euros 
a Mauritania por las  
47 346 toneladas capturadas 
de más respecto a la cuota. 
Una mejor supervisión de las 
capturas de pescado 
permitiría a los servicios de la 
Comisión la adopción de 
medidas preventivas a fin de 
evitar pagos adicionales.Cuadro 4Ejemplos de diferencias en datos de capturas entre la DG Asuntos Marítimos y Pesca 
y las evaluaciones ex post  de los protocolos del Océano Índico
(Toneladas)  
2009 2010 2011 2012
Madagascar
Capturas totales según la evaluación ex post 14 596 10 055 10 282 8 053
Capturas totales según la DG Asuntos Marítimos y Pesca 14 653 9 916 9 870 8 083
Diferencia (T) – 57 139 412 – 30
Diferencia (%) 0 % 1 % 4 % 0 %
Mozambique
Capturas totales según la evaluación ex post 3 840 4 261 2 330 1 156
Capturas totales según la DG Asuntos Marítimos y Pesca 3 426 4 261 1 442 1 132
Diferencia (T) 414 0 888 24
Diferencia (%) 12 % 0 % 62 % 2 %
Seychelles
Capturas totales según la evaluación ex post n.d. n.d. 40 545 n.d.
Capturas totales según la DG Asuntos Marítimos y Pesca 23 762 41 668 40 078 34 779
Diferencia (T) n.d. n.d. 467 n.d.
Diferencia (%) n.d. n.d. 1 % n.d.
n.d.: no disponible.
Fuente:  DG Asuntos Marítimos y Pesca y evaluaciones ex post .
30 Observaciones
La Comisión y los países 
socios acuerdan las 
actividades financiables 
con el apoyo sectorial, pero 
faltó coordinación con otros 
socios del sector
66 
De conformidad con lo dispuesto en 
los ACP , la Comisión Paritaria debe 
establecer un programa sectorial 
plurianual en forma de matriz en 
consonancia con las necesidades de 
los países socios y las prioridades para 
el sector pesquero. Las directrices de 
la Comisión para la gestión del apo ‑
yo sectorial indican que las acciones 
incluidas en esta matriz deben tener 
en cuenta el objetivo de mejorar la 
gobernanza a través del desarrollo de 
un sistema de gestión y control eficaz 
para el sector pesquero y de la explo ‑
tación sostenible de los recursos pes ‑
queros. La matriz de apoyo sectorial ha de ir acompañada de objetivos, 
criterios, procedimientos e indicadores 
claros para evaluar los resultados de 
las acciones acordadas. El apoyo sec ‑
torial pesquero debe coordinarse con 
otras acciones de socios financieros en 
los países socios.
67 
En los cuatro países visitados, el  
Tribunal detectó que las acciones pro ‑
puestas para el apoyo sectorial esta ‑
ban en consonancia con las estrategias 
nacionales. La mayoría de las acciones 
planificadas estaban relacionadas  
con la gobernanza y las inversiones  
en el sector pesquero, lo que  
constituía una buena base para el apo ‑
yo sectorial planificado y era coheren ‑
te con las acciones planificadas  
en virtud de los protocolos  
anteriores, como se muestra en  
el cuadro 5 .
Estación de servicio de combustible para la flota de pesca artesanal en Seychelles.
Fuente:  TCE.
31 Observaciones Cuadro 5Principales acciones financiadas y proporción del apoyo sectorial (AS) total (costes 
presupuestados en 2013)
Principales acciones planificadas para 2013Madagascar1  
% de ASMauritania2
% de AS (2012-2013)Mozambique1,5  
% de ASSeychelles1  
% de AS
Actividades de seguimiento, control 
y vigilancia (patrullas, inspecciones, 
SLB, SER)52 % 38 % 7 % 16 %
Actividades de seguimiento, control y  
vigilancia (observadores)4 % — 4 % 2 %
Investigación científica de poblaciones — 3 % 63 % 10 %
Laboratorio/seguridad alimentaria 
(exportaciones)44 % 2 %Acciones realizadas en 
el pasado3 %
Capacitación y participación en reuniones — 3 % 22 % 22 %
Infraestructuras directamente vinculadas 
a las actividades/sector pesquero— 53 %38 % del saldo del proto -
colo anterior, gastado 
en 2012538 %
Infraestructuras no vinculadas 
a las actividades de pesca—3,4—46 % del saldo del pro -
tocolo anterior, gastado 
en 20125—
Financiación de préstamos para el sector 
pesquero local— — — 10 %
1 Cálculos basados en costes presupuestados.
2 Cálculos basados en los pagos del período 2012 ‑2013.
3 Acciones ejecutadas en el pasado.
4 Importe no disponible.
5 La suma de los costes propuestos por los PS no coincide con el presupuesto total de la UE para ese año.
Fuente:  matrices e informes de actividad.
68 
Sin embargo, los protocolos no in ‑
cluyen condiciones de admisibilidad 
formales para las acciones que han 
de financiarse con el apoyo sectorial. 
No hay constancia en las actas de las 
Comisiones Paritarias de los protoco ‑
los del Océano Índico auditados de 
que se debatieran en profundidad los criterios, procedimientos e indicadores 
para evaluar los resultados del apoyo 
sectorial. El ejemplo positivo del  
protocolo de 2008 ‑2012 con Maurita ‑
nia, que establecía zonas de actividad 
e indicadores específicos, no fue  
imitado por los protocolos del  
Océano Índico que se aprobaron  
con posterioridad.
32 Observaciones
Buques de la escuela de pesca financiados por el apoyo sectorial en Seychelles.
Fuente : TCE.
69 
La fiscalización permitió detectar asi ‑
mismo que, en los países del Océano 
Índico visitados, la coordinación entre 
los socios para el desarrollo activos en 
el sector pesquero era débil. El apoyo 
sectorial no se debatió en las reunio ‑
nes de coordinación que se mantienen 
regularmente entre los representantes 
responsables del apoyo del FED en la 
Delegación de la UE y los demás socios 
financieros, y los agregados de pesca 
no participaron en esas reuniones. 
Todo ello a pesar de que el Acuerdo de 
Cotonú31 identifica el desarrollo soste ‑
nible del sector pesquero como  
una prioridad para el desarrollo  
económico general.70 
Por otro lado, en ninguno de los países 
visitados, el apoyo sectorial del ACP 
estaba incluido en una matriz global 
junto con los demás fondos destinados 
al sector pesquero. Por ejemplo, en 
Mozambique, donde distintos socios 
financian acciones similares, existe un 
riesgo de doble financiación, en par ‑
ticular respecto de la participación en 
reuniones y actividades de inspección. 
Aunque Mozambique cuenta con una 
matriz global, ésta no incluye ni todos 
los socios ni el apoyo sectorial. Lo mis ‑
mo sucedía en el caso de Madagascar.31 Acuerdo de colaboración 
entre Estados de África, del 
Pacífico y del Caribe y la Unión 
Europea, artículos 23 y 23, 
letra a), y posterior 
modificación de 11 de marzo 
de 2010.
33 Observaciones
El control de las acciones 
de apoyo sectorial por la 
Comisión fue muy limitado 
y las acciones ejecutadas 
en la práctica por los países 
socios diferían en algunos 
casos de las acordadas
71 
Para confirmar que se logran los obje ‑
tivos del elemento de apoyo sectorial 
de los ACP y que los fondos de la UE se 
usan conforme a su finalidad, la Comi ‑
sión debe supervisar la eficacia de las 
acciones llevadas a cabo y comprobar 
si se corresponden con las aprobadas 
en la Comisión Paritaria. Esto también 
exige que el país socio facilite suficien ‑
te información para que la Comisión 
Paritaria evalúe los resultados y la 
rentabilidad de las acciones financia ‑
das. La Comisión ha desarrollado direc ‑
trices para el seguimiento del apoyo 
sectorial. Estas directrices establecen 
que los agregados de pesca deben 
comprobar in situ  la ejecución de las 
acciones y el diálogo político, seguir 
las actividades de otros socios finan ‑
cieros y llevar un expediente sobre  
el país.72 
En términos prácticos, la Comisión 
supervisa la ejecución de las acciones 
de apoyo sectorial a través de su parti ‑
cipación en la Comisión Paritaria anual. 
No obstante, los protocolos  
auditados no contenían ningún requi ‑
sito que especificase qué documenta ‑
ción deben facilitar los países socios 
a fines de seguimiento, ni tampoco 
establecían procedimientos sobre 
cómo tratar los problemas de aplica ‑
ción en la Comisión Paritaria. A falta 
de normas específicas de seguimiento 
y de atribuciones de control en los 
protocolos, la tarea de supervisar el 
apoyo sectorial fue complicada. Por 
otro lado, en la práctica, el agregado 
de pesca en el Océano Índico carece 
de los recursos necesarios para acome ‑
ter una supervisión en profundidad en 
los cinco países socios (esto es, los con ‑
troles sobre el terreno de los proyectos 
financiados), en particular en los casos 
en los que la colaboración con las 
autoridades es compleja.
73 
Aparte de las dificultades ocasionadas 
por la falta de un marco de supervisión 
integral, el control de la Comisión del 
gasto del apoyo sectorial se vio aún 
más entorpecido por el hecho de que 
la información facilitada por los países 
socios, además de limitarse normal ‑
mente a los resultados, no siempre era 
verificable. De hecho, no se podía ras ‑
trear la mayoría de las acciones en el 
presupuesto, y la Comisión disponía de 
garantías limitadas de que las supues ‑
tas acciones en realidad se llevasen 
a cabo y de que el coste  
fuese razonable.
34 Observaciones
74 
El Tribunal observó que, en general, 
la Comisión Paritaria no comprobaba 
sistemáticamente la rentabilidad de las 
acciones del apoyo sectorial, como en 
el protocolo de 2011 ‑2013 con las Sey ‑
chelles. En este caso, se llevó a cabo 
una auditoría de gestión para evaluar 
las acciones financiadas con el apoyo 
sectorial realizadas en 2012, para las 
cuales se presupuestaron 8,45 millones 
de euros. La auditoría concluyó que 
solo algunas acciones se habían eje ‑
cutado correctamente (por ejemplo, 
SLB), algunas estaban en curso (como 
bases de datos, estudios, proyectos de 
infraestructura para la flota industrial 
y semiindustrial) y otras tenían un 
porcentaje promedio de terminación 
inferior al 50 % (planes de gestión, es ‑
tudios de investigación) o no se habían 
aplicado en absoluto (por ejemplo, 
observadores a bordo, equipos de co ‑
municación en el mar, infraestructuras 
artesanales, etc.). Los resultados de la 
auditoría se debatieron en la siguiente 
reunión de la Comisión Paritaria junto 
con los avances conseguidos en la 
aplicación de recomendaciones y otras 
acciones. En el caso de Mozambique, 
aunque en el texto del protocolo de 
2012 ‑2014 se introdujo una disposición 
para evaluar el grado de rentabilidad 
de las inversiones financiadas por la 
UE, no se encontraron pruebas de que 
esta evaluación se hubiera realizado.75 
La fiscalización reveló igualmente que 
la Comisión no prestaba suficiente 
atención a las dificultades de los países 
socios para absorber los fondos de 
apoyo sectorial, que afectaron a tres 
de los cuatro protocolos auditados. El 
cuadro 6  muestra el saldo pendiente 
de los presupuestos de apoyo secto ‑
rial al final de estos cuatro protocolos. 
A pesar de la elevada proporción de 
fondos no utilizados, la Comisión solo 
fue consciente del importe de finan ‑
ciación sin utilizar y de las acciones 
que debían financiarse con el mis ‑
mo cuando los protocolos estaban 
muy próximos a su expiración. Dicha 
situación genera el riesgo de que, en 
particular al final de la vida de un pro ‑
tocolo y a fin de no perder los fondos 
disponibles, los países socios destinen 
el saldo pendiente del apoyo sectorial 
a acciones capaces de absorber una 
proporción significativa de los fondos 
no utilizados, pero que no están en 
consonancia con las prioridades del 
ACP de mejorar la gobernanza de  
la pesca.Cuadro 6Saldo pendiente del apoyo sectorial al final de los protocolos anteriores, gastado 
durante los protocolos en vigor cuando se realizó la fiscalización
País Madagascar Mauritania Mozambique Seychelles
Saldo pendiente al final del protocolo 
anterior (euros)0 25 000  000 788 555 5 568 928
Proporción del saldo correspondiente 
al total del apoyo sectorial durante el 
protocolo0 % 38 % 63 % 63 %
Fuente:  Protocolos, actas de las Comisiones Paritarias e informe de ejecución.
35 Observaciones
76 
De hecho, la fiscalización permitió 
detectar que, a pesar de una selección 
de acciones relativamente razonable, 
los fondos no se utilizaron íntegra ‑
mente como estaba previsto en los 
países socios visitados durante la 
fiscalización (según se muestra en el recuadro 2 ). En cambio, los fondos se 
utilizaron a veces en otros proyectos, 
que no eran tan pertinentes para la 
gestión pesquera como las acciones 
planificadas y que diferían de los tipos 
indicativos de acciones presentados en 
las directrices de la Comisión para la 
ejecución del apoyo sectorial.
Ejemplos de fondos del apoyo sectorial utilizados para fines distintos a los 
acordado entre la Comisión y los países socios
Madagascar
La trazabilidad de los fondos en el presupuesto inicial no estaba garantizada, a pesar de las reiteradas peti ‑
ciones de la Delegación de que se crease una partida presupuestaria específica para el apoyo sectorial en el 
presupuesto anual. El hecho de que la contribución de la UE y de otros socios de desarrollo no se asignase 
e identificase en el presupuesto nacional dificultó el seguimiento de las transferencias. Esta falta de trazabi ‑
lidad también puede dificultar la detección de casos de doble financiación con el programa de inspección 
regional.
La Comisión suspendió los pagos durante un año (2011) debido a problemas de ejecución.
Mauritania
El país se benefició de 65 millones de euros en concepto de apoyo sectorial en virtud del protocolo de 2008 ‑
2012. Desde 2011 hasta el final del protocolo en julio de 2012, las autoridades no informaron a la Comisión su ‑
ficientemente sobre cómo estaban utilizando los fondos del apoyo sectorial. Hasta agosto de 2012, tras varias 
peticiones de la Comisión, el país socio no reveló que las asignaciones del apoyo sectorial no utilizadas al final 
del protocolo ascendían a 25 millones de euros. Aproximadamente el 90 % de este saldo se asignó a partidas 
que comprendían infraestructuras portuarias y una nave patrulla. De este importe, el país socio gastó aproxi ‑
madamente el 50 % sin el acuerdo previo de la Comisión.
Mozambique
Si bien las autoridades asignan códigos de proyecto en el presupuesto, estos por sí solos no son suficientes 
para reducir el riesgo de doble financiación por parte de los distintos socios financieros para acciones que 
implican observadores, días de inspección, días de misión para reuniones internacionales, etc.
El saldo del apoyo sectorial de un protocolo anterior (2007 ‑2011) financió acciones que no estaban incluidas 
en las matrices plurianuales (2012 ‑2014) o anuales (2012) y por ello no fueron aprobados ex ante  en la Comisión 
Paritaria. La Comisión no suspendió los pagos en este caso. Las infraestructuras representaban el 84 % de los 
fondos gastados en 2012. La Comisión solo fue informada cuando las acciones ya se habían llevado a cabo. El 
gasto no siempre estaba directamente vinculado al desarrollo del sector pesquero mozambiqueño o a la me ‑
jora de la gobernanza pesquera (el edificio del ministerio representaba el 46 % del saldo para 2012, mientras 
que el vallado de una escuela de pesca representaba el 38 %).Recuadro 2
36 Observaciones
Los pagos efectuados 
por la Comisión para el 
apoyo sectorial no estaban 
vinculados a los avances 
de los países socios en la 
ejecución de las acciones 
acordadas
77 
A fin de garantizar la aplicación del 
principio de condicionalidad, el pro ‑
tocolo debe prever la posibilidad de 
ajustar los pagos a los avances regis ‑
trados en las acciones o cuando no 
haya una buena gestión financiera en 
el país socio, en vez de simplemente 
suspenderlos.
78 
La fiscalización reveló que los proto ‑
colos no establecían una reducción 
del componente de apoyo sectorial en 
función del progreso real alcanzado 
por los países socios al ejecutar las 
acciones acordadas.
79 
Los protocolos del Océano Índico audi ‑
tados establecían que el componente 
de apoyo sectorial podía suspender ‑
se, tras consultar con la Comisión 
Paritaria, si las acciones ejecutadas 
no estaban en consonancia con el 
programa presupuestado (acciones 
y ejecución financiera). Esta definición 
de la condicionalidad dificulta que la 
Comisión aplique de forma idónea la 
suspensión del componente de apoyo 
sectorial. De hecho, solo ha habido un 
caso de suspensión real, en Madagas ‑
car en 2011, y no estaba vinculado a los 
avances del país en la ejecución del 
apoyo sectorial.80 
En Mauritania, la Comisión mejoró la 
condicionalidad del apoyo sectorial 
para el protocolo de 2013 ‑2014 intro ‑
duciendo condiciones más explícitas. 
En particular, el primer pago en virtud 
del protocolo se condicionó a la absor ‑
ción del saldo del protocolo anterior, 
y el desembolso del componente de 
apoyo sectorial se vinculó a la eje ‑
cución de las acciones acordadas. La 
Comisión aplicó estas disposiciones 
y no pagó el componente de apoyo 
sectorial porque el saldo existente 
no se había gastado por completo. 
Sin embargo, en los protocolos del 
Océano Índico, no fueron posibles los 
desembolsos parciales.
81 
La nueva política pesquera común ha 
introducido el principio de desacopla ‑
miento de los pagos de los derechos 
de acceso y del apoyo sectorial32. Esto 
significa que el componente del apoyo 
sectorial ya no se paga en una fecha 
fija, como en el caso del componente 
de derechos de acceso, sino que ha 
de abonarse cuando los países socios 
sean capaces de demostrar los re ‑
sultados logrados. Este principio, en 
opinión del Tribunal, constituye una 
mejora respecto al anterior enfoque 
sobre las acciones, pero su aplicación 
tropieza con la dificultad de que los 
protocolos vigentes en la actualidad 
siguen sin prever la posibilidad de re ‑
ducciones parciales de los pagos si los 
resultados solo se logran parcialmente, 
y permiten tan solo que la Comisión 
suspenda pagos si los resultados no 
son satisfactorios.32 El artículo 32 del Reglamento 
(UE) nº 1380/2013 establece 
que el apoyo sectorial estará 
supeditado al logro de 
resultados específicos y será 
complementario y coherente 
con los proyectos y programas 
de desarrollo aplicados en el 
tercer país en cuestión. El 
apoyo sectorial debería 
desacoplarse de los pagos 
para acceder a los recursos 
pesqueros. La Unión exige el 
logro de resultados específicos 
como condición para el pago 
en virtud de la ayuda 
financiera, y supervisa 
estrechamente el progreso.
37 Observaciones
82 
La fiscalización permitió detectar 
asimismo que faltaba coherencia 
entre la gestión del apoyo sectorial 
del ACP (por parte de la DG Asuntos 
Marítimos y Pesca de la Comisión) y los 
pagos en virtud del FED para el apoyo 
presupuestario (por parte de la DG 
Cooperación Internacional y Desarro ‑
llo). El apoyo sectorial (ACP) y el apoyo 
presupuestario (FED) comparten el 
mismo concepto, dado que los pagos 
se desembolsan directamente a las  
autoridades públicas de los países so ‑
cios con arreglo a los avances registra ‑
dos en varios ámbitos predefinidos. En 
algunos casos, la Comisión retrasó los 
pagos del FED debido a varios proble ‑
mas ligados a la situación política o la 
gestión de las finanzas públicas. No se 
adoptó un planteamiento similar para 
los pagos de apoyo sectorial por parte 
de la DG Asuntos Marítimos y Pesca. 
El recuadro 3  muestra esta incohe ‑
rencia en los casos de Madagascar 
y Mozambique.83 
Los protocolos no incluían reglas de 
transparencia presupuestaria de los 
países socios, a diferencia de las Direc ‑
trices generales de apoyo presupues ‑
tario de la UE33. Aunque Mozambique 
ha asumido de modo loable la inicia ‑
tiva de identificar las acciones por 
código de proyecto en el presupuesto, 
resultaba difícil rastrear los fondos en 
los otros tres países visitados, lo que 
afectaba a la visibilidad del apoyo y al 
posible seguimiento posterior del uso 
de los fondos de apoyo sectorial de la 
UE. El hecho de que los protocolos no 
exijan a los países socios garantizar la 
trazabilidad y la transparencia de los 
fondos no está en consonancia con los 
requisitos de apoyo presupuestario 
para reformas sectoriales en virtud del 
Acuerdo de Cotonú.
Incoherencias entre los pagos de la UE en los países socios
En Madagascar, casi toda la ayuda financiera se suspendió de 2010 a mayo de 2014, en virtud del artículo 96 
del Acuerdo de Cotonú, o a la espera de medidas apropiadas en materia de derechos humanos, principios 
democráticos y Estado de Derecho. Los pagos en virtud del ACP , sin embargo, continuaron.
En Mozambique, un pago de apoyo presupuestario se retrasó siete meses hasta que el Gobierno resolvió un 
problema que afectaba a la transparencia de las finanzas públicas nacionales, como habían pedido el Fondo 
Monetario Internacional y donantes de Apoyo Presupuestario General. Sin embargo, tuvieron lugar pagos de 
apoyo sectorial del ACP durante este período.
Fuente:  TCE, a partir de la información de la DG Asuntos Marítimos y Pesca y la DG Cooperación Internacional y Desarrollo.Recuadro 333 El apoyo presupuestario está 
sujeto a criterios de 
admisibilidad (apartado 5.1 de 
las Directrices generales de 
apoyo presupuestario de la 
UE, 2012). Dos de ellos son los 
siguientes:  
— buena gestión financiera 
pública o un programa 
pertinente y creíble para 
mejorarla,  
— transparencia y supervisión 
del presupuesto.  
Asimismo, el artículo 61, 
apartado, 2 del Acuerdo de 
Cotonú establece que: «Se 
concederá ayuda 
presupuestaria directa en 
apoyo de reformas 
macroeconómicas 
o sectoriales, siempre que: […] 
la gestión financiera del gasto 
público sea suficientemente 
transparente, fiable y eficaz».
38
 Conclusiones 
y recomendaciones
84 
Los Acuerdos de colaboración de pes ‑
ca (ACP) entre la UE y los países socios 
permiten a las flotas de la UE faenar en 
las aguas de los países socios y apoyan 
el desarrollo sostenible de su sector 
pesquero nacional. El Tribunal examinó 
en su fiscalización si los ACP estaban 
bien gestionados por la Comisión, así 
como su proceso de negociación de 
los ACP y de sus protocolos, el ejercicio 
de los derechos de acceso a la pesca 
y la ejecución del apoyo al sector pes ‑
quero nacional, y llegó a la conclusión 
de que la Comisión suele gestionar co ‑
rrectamente los ACP , si bien subsisten 
aspectos susceptibles de mejora, sobre 
todo en lo relativo a su ejecución.
85 
Aunque los procesos de negocia ‑
ción de los ACP y de los protocolos 
asociados son complejos y largos, la 
Comisión manejó correctamente estas 
dificultades y, con contadas excepcio ‑
nes, fue capaz de evitar la interrupción 
de las actividades de pesca de la flota 
de la UE. No obstante, en la fiscaliza ‑
ción se identificaron varias debilidades 
en la forma de gestionar el proceso de 
negociación por parte de la Comisión 
(apartados 17 a 25).
86 
Para asegurar la continuidad de las 
actividades de la flota europea, la 
Comisión puede hacer uso de la po ‑
sibilidad ofrecida por el artículo 9 del 
Reglamento (CE) nº 1006/2008 de que los buques soliciten al país tercero en 
cuestión, a través de la Comisión, auto ‑
rizaciones de pesca mientras esperan 
la firma del protocolo renovado. Sin 
embargo, esta posibilidad reglamenta ‑
ria no es coherente con otro requisito 
reglamentario, a saber, «la cláusula de 
exclusividad», y su aplicación acarreó 
malentendidos entre un país socio y la 
Comisión (apartados 22 y 23).
87 
La estrategia de la Comisión de am ‑
pliar la red de ACP es pertinente para 
satisfacer las necesidades y prioridades 
de la flota de la UE. Sin embargo, se 
puede seguir potenciando la comple ‑
mentariedad y coherencia entre los 
ACP negociados dentro de la misma 
región, con objeto de maximizar el po ‑
tencial de que mejoren la gobernanza 
pesquera a escala regional  
(apartados 26 a 28).
88 
Uno de los principales objetivos de los 
ACP es pescar únicamente exceden ‑
tes de poblaciones. No obstante, el 
concepto de excedente es muy difícil 
de aplicar en la práctica debido a la 
falta de cuotas de pesca e información 
fiable sobre las poblaciones de peces 
y el esfuerzo pesquero de las flotas 
nacionales o de otras flotas extranjeras 
a las que los países socios también han 
concedido acceso (apartados 29 a 32).
39 Conclusiones y recomendaciones
89 
El coste unitario real de una tonelada 
de pescado ha sido frecuentemente 
superior al precio unitario negociado. 
Aunque en las negociaciones se tu ‑
vieron en cuenta las capturas comu ‑
nicadas de protocolos anteriores, el 
tonelaje de referencia acordado en los 
más recientes a menudo ha seguido 
siendo frecuentemente superior, lo 
que ha llevado a una infrautilización 
periódica. No obstante, la contribución 
financiera de la UE se ha abonado ín ‑
tegramente con independencia de las 
oportunidades de pesca utilizadas. La 
infrautilización de los protocolos y los 
elevados costes derivados podrían 
atribuirse en parte a las condiciones 
técnicas negociadas con los países 
socios para adecuarse a su legislación 
nacional o garantizar la sostenibilidad 
de las actividades pesqueras (aparta ‑
dos 36 a 46).
90 
La utilidad de las evaluaciones ex post  
de carácter independiente como 
ayuda para la toma de decisiones en 
el proceso decisorio se ve entorpecida 
por la información incompleta que 
facilitan respecto de los porcentajes de 
utilización de los protocolos, su falta 
de comparabilidad y la ausencia de un 
análisis crítico de la eficacia de los ACP 
(apartados 47 a 53).
Recomendación 1  
Negociación de los ACP
Para futuros protocolos y acuerdos, la 
Comisión debería:
a) revisar los acuerdos latentes 
y estudiar cómo resolver la in ‑
terrupción de las actividades de 
pesca impuestas por la cláusula de 
exclusividad, respetando al mismo tiempo los principios de la Política 
Pesquera Común. Además, la Co ‑
misión debería clarificar los proto ‑
colos e introducir en ellos disposi ‑
ciones apropiadas para garantizar 
la continuidad de las operaciones 
de pesca entre dos protocolos;
b) definir estrategias regionales para 
el desarrollo de la gobernanza en 
materia de pesca y garantizar que 
los protocolos que se negocien 
dentro de la misma región estén 
en consonancia con la estrategia 
regional pertinente y con otros 
fondos de la UE;
c) tener en cuenta, al negociar las 
posibilidades de pesca de nuevos 
protocolos, la utilización de los 
protocolos anteriores y esforzarse 
por vincular en mayor medida los 
pagos por derechos de acceso a las 
captoras reales y garantizar al mis ‑
mo tiempo que no se vean compro ‑
metidas las actividades pesqueras;
d) analizar más detenidamente el 
impacto potencial de las cláusu ‑
las de los ACP en la utilización 
del protocolo, quizá consultando 
a las partes interesadas corres ‑
pondientes para identificar dónde 
son necesarias evaluaciones más 
detalladas de cláusulas esenciales;
e) enfocar más las evaluaciones ex 
post  en la obtención de análisis 
coherentes y comparables del ren ‑
dimiento del dinero público que se 
gasta en virtud de los protocolos, 
y también de análisis críticos y   
exhaustivos de su eficacia 
para la UE y el Estado socio 
correspondiente.
40 Conclusiones y recomendaciones
91 
Otra conclusión de la fiscalización era 
que la gestión de la ejecución de las 
condiciones de acceso y los compo ‑
nentes de apoyo sectoriales no era 
suficientemente sólida.
92 
El proceso de concesión de licencias es 
largo y engorroso y los retrasos pue ‑
den complicar o reducir las actividades 
de pesca de la flota. Sin embargo, 
la Comisión no tiene un sistema de 
información que la ayude a proceder 
al seguimiento de las distintas fases 
del proceso de solicitud de licencias, 
lo que dificulta aún más la identifi ‑
cación de las razones de los retrasos 
y los ámbitos susceptibles de mejora 
(apartados 55 a 60).
93 
A pesar de las recientes iniciativas de 
la Comisión, se detectaron deficien ‑
cias en la gestión de los datos de las 
capturas de pescado, con una falta de 
información fiable, coherente y com ‑
pleta (apartados 61 a 65).Recomendación 2  
Gestión de las condiciones 
de acceso a la pesca
La Comisión debería, sin demora:
a) instaurar procedimientos para su ‑
pervisar cada uno de los pasos del 
proceso de concesión de licencias, 
incluido el tiempo que destinan los 
Estados miembros, los países so ‑
cios y los servicios de la Comisión 
a los mismos, a fin de identificar 
y monitorizar las debilidades del 
proceso;
b) promover la aceptación de licen ‑
cias electrónicas o una lista de 
buques autorizados para todo el 
período de validez de la licencia;
c) asegurarse de que la nueva base 
de datos de capturas sea utilizada 
por los Estados miembros del pa ‑
bellón y ofrezca datos fiables que 
puedan consolidarse, supervisarse 
y mantenerse actualizados.
94 
La planificación de las acciones finan ‑
ciadas por el apoyo sectorial ha me ‑
jorado gradualmente. No obstante, el 
papel de la Comisión en la supervisión 
de la aplicación de este componen ‑
te sigue siendo limitado. Se detectó 
una ausencia de un marco de control 
y supervisión, y también de reglas de 
admisibilidad y trazabilidad o requisi ‑
tos de información para las acciones 
financiadas. Como consecuencia de 
ello, se identificaron casos en los que 
los países socios aplicaban acciones 
distintas de las planificadas conjunta ‑
mente con la Comisión, lo que supone 
un riesgo adicional para la eficacia del 
componente de apoyo sectorial (apar ‑
tados 66 a 76).
41 Conclusiones y recomendaciones
95 
Por último, los protocolos permiten 
la suspensión de los pagos del apoyo 
sectorial, pero no reducirlos en función 
de la aplicación efectiva de las ac ‑
ciones acordadas o de los resultados 
obtenidos. Asimismo, las condiciones 
de pago del apoyo sectorial son dis ‑
tintas de las del apoyo presupuestario 
del FED, lo que puede generar a veces 
falta de coherencia (apartados 77 a 83).Recomendación 3  
Gestión del apoyo sectorial
La Comisión debería, sin demora:
a) proponer para los nuevos proto ‑
colos la introducción de requisitos 
de admisibilidad con objeto de 
evaluar las acciones que se tienen 
en cuenta para la concesión de 
financiación de apoyo sectorial 
(otros requisitos podrían estar 
relacionados con la rastreabilidad, 
la selección, la presentación de 
informes y la medición del rendi ‑
miento y derechos de control de la 
Comisión);
b) garantizar la coordinación efec ‑
tiva sobre el objeto del apoyo 
sectorial del ACP con otros socios 
de desarrollo activos en el sector 
pesquero;
c) asegurarse de que los desembol ‑
sos de apoyo sectorial estén en 
consonancia con otros pagos de 
ayudas con cargo al presupuesto 
de la UE y se basen en los resulta ‑
dos alcanzados por los países so ‑
cios al aplicar la matriz de acciones 
decididas de común acuerdo.
El presente informe ha sido aprobado por la Sala I, presidida por Augustyn KUBIK, 
Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo, en su reunión del día 15 de 
julio de 2015.
 Por el Tribunal de Cuentas
 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 Presidente
42
 Anexos
Acuerdos de colaboración de pesca: información adicional sobre su negociación 
y aplicaciónAnexo IIntroducción
01 
Al redactar un ACP , la UE y los países socios negocian un acuerdo y sus proto ‑
colos de aplicación. El acuerdo establece un marco para la cooperación a lar ‑
go plazo en la pesca, incluidos los principios generales y normas que rigen el 
acceso de los buques de la UE a la pesca en aguas bajo la jurisdicción de los 
países socios. Los protocolos estipulan condiciones pormenorizadas relati ‑
vas, por ejemplo, a las oportunidades de pesca y las especies, la contribución 
financiera (tanto para el acceso como el apoyo sectorial), los derechos que 
pagarán los armadores, el número y dimensiones de los buques autorizados 
a pescar y las zonas específicas en las que podrán hacerlo.
Funciones
02 
La Comisión gestiona de forma centralizada los ACP en modalidad de gestión 
directa. El Consejo da un mandato a la Comisión, representada por la  
DG Asuntos Marítimos y Pesca para que abra las negociaciones en nombre de 
la UE para cada nuevo acuerdo o renovación de protocolo. A partir del Trata ‑
do de Lisboa, el acuerdo y el protocolo tienen que celebrarse por el Consejo 
con autorización del Parlamento. Una vez que el acuerdo está en vigor, se 
suelen negociar protocolos cada tres a seis años, conforme a lo acordado con 
el país socio.
03 
La gestión diaria de los ACP compete a las oficinas centrales de la DG Asuntos 
Marítimos y Pesca, y los seis agregados de pesca son responsables del segui ‑
miento y de la comunicación regular con los países socios.
04 
Los países socios deben observar y hacer cumplir las medidas de conserva ‑
ción y gestión, y establecer mecanismos efectivos con los que supervisar 
y comprobar las actividades de los buques de pesca. La Unión Europea y los 
Estados miembros del pabellón1,sin embargo, deben ejercer el control efec ‑
tivo de sus buques y asegurarse de que cumplen todas sus obligaciones, en 
particular la recopilación de datos de capturas y SLB.1 El Estado del pabellón es 
aquel en que está registrado  
el buque.
43 Anexos
Negociación de los ACP
05 
El proceso de negociación consiste en varias fases, pero, a fin de garantizar la 
continuidad de las actividades de la flota, la Comisión debe iniciar el proceso 
de negociación de un nuevo protocolo al menos aproximadamente un año 
antes de que expire el vigente, tras lo cual recibe un mandato del Consejo, 
y emprende una o varias rondas de negociaciones con el país socio. Al final 
de las negociaciones, la Comisión y el país socio afectado rubrican el acuer ‑
do y, a continuación, el Consejo y el país socio lo aprueban y lo firman. El 
protocolo se puede entonces aplicar provisionalmente, si las partes están de 
acuerdo, antes de su ratificación formal. El país socio ratifica el protocolo y el 
Parlamento Europeo da su consentimiento para su conclusión, con la cual 
empieza su entrada en vigor.
Autorizaciones de pesca
06 
El Reglamento (CE) nº 1006/2008 relativo a las autorizaciones de pesca, exige 
a la Comisión que lleve una base de datos en la que los Estados miembros 
actualicen los datos con regularidad; estos son responsables de comprobar 
la admisibilidad de las solicitudes de licencia presentadas por los operado ‑
res. Estas solicitudes se remiten posteriormente para su comprobación a la 
Comisión, que envía las solicitudes a los países socios, a través de la Delega ‑
ción. Cuando el país socio ha emitido la autorización, el documento original 
se envía al operador a través de la Delegación, la Comisión y los Estados 
miembros.
Comisiones Paritarias
07 
Los acuerdos establecen la creación de una Comisión Paritaria para super ‑
visar la aplicación de cada ACP . Cada Comisión Paritaria está formada por 
representantes de la Comisión y del país socio correspondiente, y se encar ‑
ga de la supervisión de los resultados e interpretación y aplicación del ACP , 
de fijar los programas anuales y plurianuales para el componente de apoyo 
sectorial y de evaluar su aplicación, además de servir de enlace para asuntos 
pesqueros de interés mutuo, de actuar como foro de resolución amistosa de 
conflictos sobre la aplicación e interpretación del ACP y de revisar, cuando 
resulte necesario, el nivel de oportunidades de pesca y, por consiguiente, de 
la contribución financiera.Anexo I
44 Anexos
Los agregados de pesca
08 
Los agregados de pesca representan a la DG Asuntos Marítimos y Pesca en los 
países socios y desempeñan un papel directo en la supervisión de la aplica ‑
ción de los protocolos: ayudan a preparar las negociaciones y las reuniones 
de la Comisión Paritaria, mantienen el contacto con las autoridades naciona ‑
les, comprueban que las disposiciones de los protocolos y el apoyo sectorial 
se aplican correctamente, informan a la DG Asuntos Marítimos y Pesca de 
forma regular, analizan documentos y participan en las reuniones científicas 
de las OROP , supervisan la evolución de los problemas relacionados con la 
política de la DG Asuntos Marítimos y Pesca a escala internacional, controlan 
las actividades de otros socios del sector pesquero y preparan expedientes 
de proyectos actualizados para todos los proyectos financiados por la UE.
09 
La DG Asuntos Marítimos y Pesca actualmente cuenta con seis agregados 
de pesca, uno en la región del Océano Índico2, cuatro en la región de África 
occidental (Atlántico central)3 y otro con responsabilidad para la región del 
Océano Pacífico y Kiribati, en particular.
Seguimiento de los Estados miembros
10 
Los Estados miembros proceden a un seguimiento de las actividades de sus 
flotas y de la legalidad de dichas actividades a través de los centros de segui ‑
miento de pesca, y a un seguimiento de las capturas de sus flotas a través del 
SER, y envían los datos de capturas a la Comisión junto con la información de 
la zona de pesca facilitada por el SLB. En el caso de los protocolos atuneros, 
los institutos científicos de los Estados miembros validan las capturas anua ‑
les después de final de año de conformidad con sus propios procedimientos 
científicos. Las capturas anuales consolidadas se utilizan para la declaración 
final de derechos debatidos con los países socios, para las conversaciones 
sobre la utilización del ACP con los países socios y para los pagos cuando se 
supera el tonelaje de referencia, de acuerdo con las condiciones del proto ‑
colo. Las capturas anuales validadas también se envían a la OROP correspon ‑
diente para cumplir los requisitos de información de la UE.2 Este agregado trabaja en la 
Delegación de Mauricio y se 
encarga de los cinco acuerdos 
del Océano Índico (Comoras, 
Mozambique, Mauricio, 
Madagascar y Seychelles).
3 Uno es responsable de Cabo 
Verde, Costa de Marfil, Senegal 
y Guinea ‑Bisáu, otro de Santo 
Tomé y Príncipe y Gabón, otro 
de Mauritania y el cuarto de 
Marruecos.Anexo I
45 Anexos
Acuerdos de colaboración en el sector pesquero en vigor en 2015Anexo II
País Especies PeríodoTotal contri -
bución UE
(euros)Apoyo 
sectorial
(euros)Derecho 
de acceso
(euros)Tonelaje de referencia (T)
Cabo Verde1AtúnAplicación provisio -
nal desde  23.12.2014 
23.12.2014-22.12.2018525 000 262 500 262 500 5 000 y número de buques
Comoras Atún 1.1.2014-1.1.2017 600  000 300 000 300 000 6 000
Costa de Marfil Atún 1.7.2013-30.6.2018 680 000 257 500 422 500 6 500
Gabón Atún 24.7. 2013-2 3.7. 2016 1 350 000 450 000 900  000 20 000
Groenlandia Acuerdo mixto 1.1.2013-31.12.2015 17 847 244 2 743 041 15 104 203 Bacalao: 2 200; Gallineta pelágica:  3 000; Gallineta demersal: 2 000; 
Fletán negro-Occidente: 2 500; Fletán negro-Oriente: 4 315; Gamba-Occi -
dente :3 400; Gamba-Oriente: 7 500; Fletán-Occidente: 200; Fletán-  
Oriente: 200; Capelán: 60 000; Cangrejo de las nieves: 250; Granadero-Oc -
cidente :100;  Granadero-Oriente:100
Guinea-Bisáu Acuerdo mixto 24.11.2014-23.11.2017 9 200 000 3 000  000 6 200 000 Gamba, demersal, cefalópodos y atún: no hay tonelaje de referencia  
Número de buques y capacidad de pesca global solo
Kiribati Atún 16.9.2012-15.9.2015 1 325 000 350 000 975 000 15 000
Madagascar Atún 1.1.2015-31.12.2018 1 566 250 700 000 866 250 15 750
Mauricio Atún 28.1.2014-27.1.2017 660 000 302 500 357 500 5 500
Marruecos Acuerdo mixto 15.7. 2014 -14.7. 2018 30 000 000 14 000  000 16 000  000 Pelágico, demersal y atún: 80 000 pelágicos. Para el resto: no hay tonelaje 
de referencia. Número de buques y capacidad de pesca global solo
Mozambique Atún 1.2.2012-31.1.2015 980 000 460 000 520 000 8 000
Santo Tomé y Príncipe Atún 23.5.2014-22.5.2018 710 000 325 000 385 000 7 000
Senegal1Atún 20.11.2014-19.11.2019 1 738 000 750 000 988 000 14 000
Seychelles1Atún 18.1.2014-17.1.2020 5 116 666 2 533  333 2 583 333 50 000
Total pagos anuales 72 298 160 26 433 874 45 864 286 
Los últimos protocolos con países con los que se han retrasado las negociaciones
Mauritania2Acuerdo mixto 16.12.2012-15.12.2014 70 000  000 3 000  000 67 000  000 Crustáceos: 5 000 (cuota); Merluza negra: 4 000 (cuota); Especies demer -
sal distintas a la merluza negra con aparejos distintos a arrastre: 2 500 
(cuota); Atún congelado: 5 000: Atuneros con cañas y palangreros de 
superficie: 10 000; Arrastreros congeladores de pesca pelágica: 285 000 
(cuota); Pesca de cangrejo: 200 (cuota); Buques de pesca pelágica en 
fresco: 15 000 (cuota)
Mozambique Atún 1.2.2012-31.1.2015 980 000 460 000 520 000 8 000
1 La contribución financiera para los derechos de acceso se ha calculado como promedio de los pagos anuales.
2 Las negociaciones entre la Comisión Europea y Mauritania para el establecimiento del nuevo protocolo concluyeron satisfactoriamente el 10 de junio de 2015.Este protoco ‑
lo, por una duración de cuatro años, asciende a 59,125 millones de euros anuales y todavía necesita la aprobación del Consejo y el consentimiento del Parlamento Europeo.
Fuente:  Página web de la DG Asuntos marítimos y Pesca y Reglamento.
46 Anexos
Acuerdos de colaboración en el sector pesqueroAnexo III
Aguas de la UE
Acuerdos  septentrionalesAcuerdo Mixto Acuerdo atunero  y
Groenlandia
18
Madagascar
1,5Marruecos
30
Mauritania
—
Cabo Verde
0,5
Gabón
1,4Guinea-Bisáu
9Seychelles
5Kiribati
1,3
Gambia
—
Costa de Marﬁl
0,7Islas Salomón
—Micronesia
—
Senegal
1,8Comoras
0,6
Isla Mauricio
0,7Mozambique
— —Santo Tomé
y Príncipe
0,7Guinea
Ecuatorial
—Países con acuerdos pero sin protocolos 
vigentes:
Equatorial Guinea, Gambia, Mauritania1, 
Micronesia, Mozambique, Solomon 
Islands.
1 Las negociaciones entre la Comisión Europea y 
Mauritania para el establecimiento de un nuevo 
protocolo se concluyeron satisfactoriamente el 10 de julio de 2015. Este protocolo de cuatro años de duración todavía necesita a aprobación del Consejo y el consentimiento del Parlamento Europeo.Acuerdo de asociación pesquero vigente 
para 2015:Cabo Verde, Comoras, Costa de Marﬁl, Gabón, Kiribati, Madagascar, Mauricio Islas, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles.Acuerdo de asociación pesquero vigente para 2015:
Groenlandia, Guinea-Bisáu, Marruecos.
Tipo de 
acuerdoPaís (acuerdo latente)Tipo de 
acuerdoContribución de la UE 
para 2015 en 
millones de eurosPaís
Fuente : Mapa basado en el Instituto Marino de Flandes, 2015. MarineRegions.org. Consultado en http://www.marineregions.org  el 20.4.2015.
47
cláusula de exclusividad (a diferencia de lo que ocurre 
con las licencias puramente «privadas», como expuso 
el Tribunal de Justicia en el asunto C ‑565/13).
VI
En los casos en los que se aplica, este concepto 
implica que los objetivos de gestión, las medidas de 
gestión y los criterios de reparto entre las distintas 
partes interesadas establecidos por el Estado ribereño 
están claramente especificados y son bien conocidos, 
como es el caso de los acuerdos mixtos con Groenlan ‑
dia, Marruecos, Mauritania y Guinea ‑Bisáu.
En cuanto a los acuerdos sobre el atún, las posibili ‑
dades de pesca se fijan sobre la base de los objetivos 
y medidas de gestión adoptados por las organiza ‑
ciones regionales de ordenación pesquera (OROP), 
encargadas de realizar estas tareas a nivel regional 
y que aportan el asesoramiento y el trabajo  
científicos necesarios.
VII
La Comisión tiene en cuenta el nivel de utilización de 
las posibilidades de pesca en el pasado, los factores 
externos que pueden influir en la utilización de las 
posibilidades de pesca en función de la disponibilidad 
y la variabilidad de las capturas.
Los niveles de referencia de las capturas fijados en los 
protocolos de los ACP del atún —que no constituyen 
límites de pesca— se basan en las capturas previas 
notificadas de las flotas pesqueras de la UE. El tonelaje 
de referencia acordado en los respectivos protocolos, 
un requisito esencial para nuestros socios, constituye 
la base jurídica para el pago de la contribución de la UE 
por el acceso. No obstante, para calcular estos niveles de 
referencia es preciso tener también en cuenta la elevada 
oscilación interanual de las capturas en las diferentes 
zonas, debido a la variabilidad anual de la distribución 
y la abundancia de especies altamente migratorias.
Por lo que respecta a la relación entre una posible 
infrautilización de las posibilidades de pesca y la 
aplicación de medidas técnicas de conservación (MTC) 
más restrictivas, ha de recordarse que tales MTC se 
acuerdan entre ambas partes a fin de garantizar una 
explotación sostenible de las distintas poblaciones, 
reducir los efectos de las actividades pesqueras en los 
ecosistemas marinos y evitar conflictos entre las flotas 
industriales extranjeras en alta mar y los pescadores 
artesanales de bajura de los Estados ribereños.Resumen
I
En el marco de la reciente reforma de la PPC, los acuer ‑
dos de colaboración de pesca sostenible son esencial ‑
mente una herramienta para mejorar la gobernanza 
de la pesca en la ZEE de estados ribereños socios 
basada en los mismos principios que se aplican en la 
UE. La finalidad es garantizar la explotación sosteni ‑
ble de los recursos al tiempo que se ayuda a nuestros 
socios a desarrollar su sector pesquero.
Los acuerdos, basados en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, son plenamente transparentes 
y no discriminatorios. Estos principios están recogidos 
en los protocolos de los ACP (Acuerdos de colabora ‑
ción de pesca) que se han negociado recientemente. 
Los protocolos se han negociado con el objetivo de 
rentabilizar al máximo el dinero empleado en el pago 
del acceso a las zonas de pesca de los países socios 
y en la prestación de apoyo sectorial.
Respuesta a los apartados III y IV
La negociación de los protocolos de los ACP depende 
de una serie de factores, muchos de los cuales están 
fuera del control de la Comisión. Existen normas 
a seguir que prevén la participación de otras institu ‑
ciones de la UE, en particular, del Consejo y el Parla ‑
mento. El tiempo total del proceso de negociación 
también depende en gran medida de los procedi ‑
mientos de adopción internos de los terceros países 
socios.
Cuando hubo interrupciones, estas fueron por lo 
general de corta duración y no afectaron a las activi ‑
dades pesqueras de la flota de la UE.
V
El presente régimen transitorio se basa en el  
artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1006/2008 que 
permite garantizar la continuidad de las actividades 
pesqueras durante un período limitado de seis meses 
en los casos en que se haya acordado un protocolo 
entre la UE y sus países socios, pero todavía no se 
aplique de forma provisional. Estas licencias transi ‑
torias, concedidas a título estrictamente voluntario 
por el país asociado a petición de la Comisión, deben 
considerarse, no obstante, como licencias concedidas 
con arreglo al acuerdo principal (aunque todavía no 
haya protocolo) y, por lo tanto, no son contrarias a la Respuestas  
de la Comisión
Respuestas de la Comisión 48
XI
Las directrices establecidas por los servicios de la 
Comisión en 2013, y actualizadas en 2014, para el 
seguimiento de la aplicación del apoyo sectorial sien ‑
tan los principios que han de seguirse para la defini ‑
ción y el seguimiento del apoyo sectorial y establecen 
normas específicas sobre los requisitos de informa ‑
ción. Esto permite acordar, en la Comisión Paritaria, los 
ajustes del programa.
Estas directrices se han completado en los últimos 
protocolos con la introducción de disposiciones espe ‑
cíficas relativas a la aplicación y el seguimiento del 
apoyo sectorial.
Entre otras cosas, estipulan el desarrollo y acuerdo de 
una matriz de las actividades a financiar a través del 
apoyo sectorial que identifique claramente las accio ‑
nes que deban apoyarse, los objetivos y los resultados 
obtenidos.
La matriz se somete al examen periódico de la comi ‑
sión paritaria y a la supervisión del agregado de pesca 
para garantizar su respeto.
XII
Desde la adopción de la nueva política pesquera en 
2013, que incluye la disociación de los pagos de apoyo 
sectorial de los relativos a los derechos de acceso, y la 
condicionalidad relativa a los mismos, los pagos del 
apoyo sectorial están directamente vinculados a la 
ejecución y utilización de dicho apoyo sectorial.
El apoyo sectorial de los acuerdos de colaboración de 
pesca sostenible se presta en función de un número 
limitado de acciones específicas propuestas por el país 
socio y no sigue un enfoque sistémico como el del 
FED, que facilita, entre otras cosas, apoyo presupuesta ‑
rio. Por otra parte, el apoyo sectorial es, por lo general, 
mucho menor que el previsto en el marco del FED.
Se han previsto disposiciones para que la comisión 
paritaria pueda revisar el apoyo sectorial en los casos 
en los que el país socio solicite una reasignación 
debidamente justificada de los fondos dentro del pro ‑
grama o, si fuera necesario, suspender los pagos hasta 
que el apoyo sectorial se aplique satisfactoriamente.Las MTC están en muchos casos consagradas en la 
legislación nacional de los países socios y, por lo tanto, 
no son negociables. Deben incorporarse al acuerdo de 
colaboración de pesca sostenible.
El principio de un pago anticipado por parte de la UE 
de la contribución por el acceso garantiza una renta 
estable al país socio, lo que hace de los acuerdos de 
colaboración de pesca sostenible atractivas herra ‑
mientas de gobernanza.
VIII
La Comisión es consciente de los problemas de 
comparabilidad de la metodología aplicada por los 
consultores independientes en las evaluaciones. A raíz 
de una auditoría interna y sobre la base de las direc ‑
trices resultantes de la misma, la Comisión ha esta ‑
blecido un modelo común del pliego de condiciones 
de las evaluaciones que han de realizarse en el marco 
de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible. 
A principios de 2015 se aprobó y empezó a aplicar 
una metodología única común para la evaluación del 
impacto económico de los ACP .
IX
Durante los últimos años, la Comisión ha emprendido 
un proceso de renovación del diseño de sus herra ‑
mientas informáticas y a principios de 2013 puso en 
marcha el IT Licence Project, que registrará de forma 
electrónica la transmisión y el seguimiento de las 
autorizaciones. Las herramientas informáticas existen ‑
tes permiten a la Comisión gestionar mejor los proce ‑
dimientos relativos a la solicitudes y a las concesiones 
de autorización de pesca desde el momento de la 
presentación de una solicitud completa por parte de 
los Estados miembros hasta la concesión de la autori ‑
zación por el tercer país.
X
Desde 2011 la Comisión ha venido desarrollando 
nuevos procedimientos de presentación de datos 
y nuevas bases de datos, en particular la denominada 
«DataWareHouse», a fin de mejorar el seguimiento 
adecuado de todas las capturas realizadas por buques 
pesqueros de la UE. Dicha base está disponible desde 
finales de 2013 y se hizo operativa progresivamente 
a lo largo de 2014 en función de la capacidad de los 
Estados miembros para aplicar el sistema. Cuando se 
detectan problemas específicos, se discuten con los 
Estados miembros.
Respuestas de la Comisión 49
Durante las negociaciones para la renovación de los 
protocolos, la Comisión promueve activamente el uso 
de licencias electrónicas para los buques de la UE.
XIII h)
La Comisión acepta esta recomendación y considera 
que ya está tomando las medidas necesarias para 
corregir esta situación.
La Comisión está en contacto permanente con los 
Estados miembros con el fin de resolver todos los 
problemas técnicos.
XIII i)
La Comisión acepta esta recomendación y considera 
que se ha aplicado parcialmente ya que ha estable ‑
cido directrices específicas para la gestión y el segui ‑
miento del apoyo sectorial y, en función de las nego ‑
ciaciones con los países socios, adoptará las medidas 
necesarias para la plena aplicación.
XIII j)
La Comisión acepta esta recomendación y considera 
que ya se ha aplicado parcialmente.
La nueva PPC ha hecho de la «coherencia con otras 
políticas de la Unión» uno de sus principios de buena 
gobernanza [artículo 3, letra h), del Reglamento (UE)
nº 1380/2013]. Así pues, los aspectos relacionados con 
la pesca se integran cada vez en mayor medida en la 
política de desarrollo.
XIII k)
La Comisión acepta esta recomendación y considera 
que ya se está aplicando parcialmente.
Los desembolsos se analizan en la comisión paritaria 
de cada ACP sobre una base anual. Si la comisión pari ‑
taria constata y está de acuerdo en que no ha habido 
una adecuada utilización de los recursos financieros 
facilitados, puede suspenderse el pago de la contribu ‑
ción del apoyo sectorial para los años siguientes.XIII a)
La Comisión acepta esta recomendación.
XIII b)
La Comisión acepta esta recomendación y ha comen ‑
zado con su aplicación.
XIII c)
La Comisión puede aceptar esta recomendación, cuya 
aplicación es objeto de negociaciones y acuerdo entre 
la UE y el tercer país de que se trata.
XIII d)
La Comisión acepta la recomendación y ya ha iniciado 
el proceso de consulta con las partes interesadas.
XIII e)
La Comisión acepta esta recomendación.
En diciembre de 2014 se presentó a la Comisión una 
nueva metodología, que aceptó en enero de 2015. 
Proporcionará una base común para la realización 
de las evaluaciones del impacto económico de los 
protocolos, que se llevarán a cabo como paso previo 
a futuras negociaciones. Una vez que esta metodolo ‑
gía se haya aplicado sistemáticamente, podrá respon ‑
der plenamente a las recomendaciones del Tribunal.
XIII f)
La Comisión acepta esta recomendación y considera 
que ya está tomando las medidas necesarias para 
corregir esta situación.
Durante los últimos años, la Comisión ha empren ‑
dido un proceso de renovación del diseño de sus 
herramientas informáticas y ha puesto en marcha el 
IT Licence Project, que registrará de forma electrónica 
la transmisión y el seguimiento de las autorizaciones.
XIII g)
La Comisión acepta esta recomendación y considera 
que ya está tomando las medidas necesarias para 
corregir esta situación.
Respuestas de la Comisión 50
El apoyo sectorial de la UE se facilita, entre otras cosas, 
para contribuir a la mejora de la gobernanza a nivel 
nacional, mientras que el objetivo de la financiación 
aportada a la COI a nivel regional a través del FED 
es seguir desarrollando la cooperación regional. El 
agregado de pesca en la Delegación de la UE sobre el 
terreno, en sus contactos regulares con la COI, contri ‑
buye también a garantizar la complementariedad de 
las acciones financiadas.
31
A través de los ACP y, particularmente, a través de la 
ayuda sectorial, la UE trata también de mejorar el pro ‑
cedimiento para la colaboración científica, en materia 
de poblaciones, pesquerías y evaluación de las medi ‑
das de gestión, entre los científicos de la UE y de los 
países socios a través de comités científicos conjuntos 
en el contexto de acuerdos mixtos de colaboración de 
pesca sostenible, así como de apoyar la participación 
de científicos y gestores de los países socios en las 
reuniones de la OROP en el contexto de los acuerdos 
de colaboración de pesca sostenible del atún.
Por lo que se refiere a los acuerdos del atún, los 
protocolos deben conceder derechos de acceso solo 
si están en consonancia con los principios de gestión 
expresados en la UNCLOS. Por lo tanto, la Comisión 
debe garantizar que los acuerdos pesqueros reflejen 
las resoluciones y recomendaciones de las organiza ‑
ciones regionales de ordenación pesquera (OROP) 
sobre el estado de las poblaciones de peces.
En el caso de los acuerdos mixtos, el Comité científico 
conjunto revisa periódicamente toda la información 
pertinente de que disponga sobre las capturas, el 
esfuerzo y la situación de las poblaciones de las pes ‑
querías en relación con los respectivos protocolos de 
los acuerdos de colaboración de pesca sostenible.
De conformidad con el artículo 61 de la UNCLOS, aun 
en el caso de que un Estado ribereño determine el 
excedente, la UE y el Estado de pabellón son también 
responsables de que no haya sobrepesca. Por este 
motivo, la UE aspira a obtener la plena transparencia 
en relación con las posibilidades de pesca y los objeti ‑
vos de gestión. El concepto de excedente no excluye, 
no obstante, la adopción de un marco de gestión 
basado en límites de captura. Se pueden limitar los 
índices de mortalidad por pesca a través de otros tipos 
de medidas, tales como los límites de capacidad, de 
esfuerzo pesquero, etc.Observaciones
21
En el caso de Mauritania, no ha habido ninguna 
interrupción de las actividades pesqueras entre los 
protocolos de 2008 ‑2012 y 2013 ‑2014.
22
De conformidad con el artículo 9 del Reglamento 
(CE) nº 1006/2008, las autoridades mauritanas acep ‑
taron emitir licencias para las solicitudes que se les 
habían transmitido. Si los armadores de la UE hubieran 
solicitado licencias para otras categorías de pesca, se 
habrían emitido para esas categorías. Sin embargo, 
en ese momento no se recibieron solicitudes de los 
armadores.
23
La solución negociada con Mauritania en julio de 
2014 es una solución transaccional para la cuestión 
de la fecha de expiración y ha sido aceptada por la 
Comisión con el acuerdo de los Estados miembros 
interesados.
24
La posibilidad de proporcionar una compensación por 
la interrupción de las actividades de pesca se deriva 
del Reglamento FEP (Fondo Europeo de Pesca). Estos 
importes de compensación ya se han incluido en el 
presupuesto de la UE, por lo que no habría ningún 
gasto adicional para la UE.
28
La nueva política pesquera común ha hecho de la 
«coherencia con otras políticas de la Unión», uno 
de sus principios de buena gobernanza [artículo 3, 
letra h), del Reglamento (UE) nº 1380/2013].
Una cooperación más estrecha con la DG Cooperación 
Internacional y Desarrollo, a todos los niveles jerárqui ‑
cos, garantizará un uso eficiente de la ayuda financiera 
proporcionada por la UE, ya sea a través de acuerdos 
de colaboración de pesca sostenible o del FED, y por 
otros donantes.
Respuestas de la Comisión 51
41
Durante la negociación del nuevo protocolo con 
Mozambique, los Estados miembros aceptaron estas 
condiciones técnicas teniendo en cuenta que la 
Comisión había obtenido incluso una excepción a la 
legislación nacional (inspección de un tercio de la flota 
en lugar de la totalidad) con el fin de maximizar la 
utilización del protocolo.
46
El apoyo presupuestario a los acuerdos de colabo ‑
ración de pesca sostenible y al FED son de distinta 
naturaleza y se negocian por separado. De hecho, 
raramente coincide el calendario de ambas negocia ‑
ciones. La programación del FED se examina cada 
7 años, mientras que los acuerdos de colaboración 
de pesca sostenible tienen una duración media de 
3‑4 años.
Por consiguiente, la Comisión considera que esto no 
afecta a la posición de la Comisión en la negociación 
de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible.
En general, los enfoques que afectan a nuestros países 
socios son coherentes.
49
La Comisión se basa en los datos facilitados por los 
Estados miembros, tal como exige la legislación de 
la UE. En caso de discrepancias, éstas se resolverán 
a través del nuevo sistema de notificación de capturas 
centralizado, que permite un seguimiento continuo. 
Se mejorará la disponibilidad de los datos mediante 
la comparación de las capturas notificadas con el 
tonelaje de referencia establecido en el Protocolo de 
manera constante.
50
La corta duración del Protocolo previo a la reforma de 
la PPC se debió a la necesidad de permitir el paso a la 
aplicación de la nueva PPC. Una vez en vigor la nueva 
política, se buscarán protocolos de una duración 
media de entre cuatro y cinco años.32
La mortalidad por pesca está limitada por los límites 
de capacidad que se han establecido sobre la base 
de los planes de desarrollo de la flota de las Partes en 
la CAOI y los niveles de capacidad relativos a la UE se 
respetan en los protocolos.
Respuesta a los apartados 33 y 34
Las cuestiones de la buena gestión financiera y la 
rentabilidad desempeñaron un papel importante en 
el desarrollo de las negociaciones recientes. Esto se 
refleja en la reestructuración del componente finan ‑
ciero que hace que ahora la industria asuma una parte 
más importante de la carga financiera de los pagos de 
acceso que soporta la UE.
39
La información facilitada en la evaluación también 
muestra que el valor añadido directo para todos los 
beneficiarios ha disminuido solo ligeramente en el 
protocolo 2013 ‑2014 en comparación con el protocolo 
anterior (de 0,86 a 0,8), con un reequilibrio del benefi ‑
cio del valor añadido en favor de Mauritania.
Ello también habría que matizarlo teniendo en cuenta 
que la evaluación cubría un período de solo 11 meses 
de los dos años de duración del Protocolo; meses que 
coincidieron, además, con un período de baja utili ‑
zación. Por otra parte, es preciso señalar la elevada 
volatilidad de los precios de mercado de las peque ‑
ñas especies pelágicas, lo que sin duda influye en las 
estimaciones del valor añadido. Por estas razones, las 
conclusiones de la evaluación deben tomarse  
con cautela.
40
Por esa razón se han suspendido las negociaciones 
para un nuevo protocolo con Mauritania.
Respuestas de la Comisión 52
60
El actual sistema informático solo permite a la Comi ‑
sión realizar el seguimiento de solicitudes de autori ‑
zación de pesca completas una vez enviadas por el 
Estado del pabellón correspondiente. El objetivo del 
IT Licence Project, iniciado a principios de 2013 para 
mejorar el proceso, es permitir un seguimiento más 
estrecho de los procedimientos asociados con la solici ‑
tud y concesión de autorizaciones de pesca. Mientras 
tanto, la Comisión está revisando sus procedimientos 
internos.
62
Se respetan las disposiciones en materia de presen ‑
tación de informes de la legislación pertinente de la 
UE, y la Comisión mantiene los registros adecuados. 
Por otra parte, está desarrollando las herramientas 
informáticas necesarias para la creación de la base de 
datos de capturas.
63
Desde 2011, la Comisión ha venido desarrollando 
nuevos procedimientos de presentación de datos 
y nuevas bases de datos, en particular la denominada 
«DataWareHouse», a fin de mejorar el seguimiento 
adecuado de todas las capturas realizadas por buques 
pesqueros de la UE. Dicha base está disponible desde 
finales de 2013 y se hizo operativa progresivamente 
a lo largo de 2014 en función de la capacidad de los 
Estados miembros para aplicar el sistema. Cuando se 
detectan problemas específicos, se discuten con los 
Estados miembros.
65
La Comisión ya ha señalado este problema y está 
trabajando actualmente con los Estados miembros, 
los institutos de investigación pesquera de la UE y los 
terceros países para ponerse de acuerdo sobre méto ‑
dos comunes y compartidos para evaluar las capturas 
efectuadas en aguas cubiertas por los ACP .
Aunque hubiera podido haber un riesgo potencial de 
incurrir en gastos adicionales para la UE, este no sería 
el caso para el Océano Índico, donde las capturas no 
superaron el tonelaje de referencia de ninguno de los 
acuerdos sometidos al control del Tribunal, salvo en lo 
que respecta a Madagascar en 2005 y 2007.52
Dado que los objetivos de la PPC en lo que se refiere 
a los ACP no prevén su impacto en las regiones de la 
UE ni el suministro de pescado al mercado de la UE, no 
está prevista una evaluación de estos aspectos.
A principios de 2015, los asesores contratados por la 
Comisión para llevar a cabo evaluaciones de los acuer ‑
dos de colaboración de pesca sostenible desarrolla ‑
ron y acordaron con los servicios de la Comisión un 
método común y homogéneo para la evaluación del 
impacto económico.
57
El procedimiento de verificación por la Comisión 
respeta plenamente las disposiciones del protocolo 
aplicables.
En la actualidad, la Comisión está creando un nuevo 
sistema de registro electrónico de la transmisión 
y seguimiento de las autorizaciones (proyecto Licence) 
que le permitirá gestionar mejor las partes de los 
procedimientos relativas a la solicitud y concesión de 
autorizaciones de pesca desde el momento de la pre ‑
sentación de una solicitud completa por parte de los 
Estados miembros hasta la concesión de una autoriza ‑
ción por el tercer país.
58
La forma de transmisión de las solicitudes de autori ‑
zación depende en gran medida de las disposiciones 
específicas previstas en la legislación nacional del 
país socio, así como de sus respectivas capacidades 
humana y administrativa.
59
En Mauritania, la Delegación de la UE sigue de cerca 
el procedimiento de concesión de licencias y está en 
contacto permanente con los servicios competentes 
de este país para garantizar que los retrasos se reduz ‑
can al mínimo. Por otra parte, el proceso se ve faci ‑
litado por la existencia de agentes que representan 
a los armadores ante las autoridades locales.
Respuestas de la Comisión 53
73
La Comisión tiene como objetivo que la contribución 
del apoyo sectorial quede claramente reflejada en el 
presupuesto nacional, pero ello depende de la legisla ‑
ción financiera nacional del país socio.
La Comisión considera que el apoyo sectorial es ras ‑
treable en las matrices de los países socios.
La Comisión también ha de basarse en el hecho de 
que las medidas adoptadas por el país socio para 
aplicar la matriz correspondiente en relación con la 
aplicación del apoyo sectorial están normalmente 
sujetas a las normas nacionales pertinentes relativas 
a las licitaciones y la contratación pública.
74
Las comisiones paritarias de los protocolos realizan 
el seguimiento de la aplicación del apoyo sectorial, 
incluyendo en su caso la relación coste‑eficacia.
En lo que respecta a Mozambique, además del segui ‑
miento regular en la comisión paritaria, sigue pen ‑
diente la evaluación final de la aplicación del apoyo 
sectorial prevista en el protocolo 2012 ‑2014. Mozambi ‑
que está actualmente preparando la documentación 
para esta evaluación y está prevista la constitución de 
una comisión paritaria para supervisar el progreso.
75
Véase la respuesta al punto XII del resumen.
En Mauritania, el nivel de utilización se vio afec ‑
tado por el difícil contexto político de principios 
del período de 2008 ‑2012. Por otra parte, el apoyo 
sectorial del protocolo 2013 ‑2014 se redujo a 3 millo ‑
nes de euros al año a petición expresa de las autori ‑
dades mauritanas. Este no era el objetivo inicial de la 
Comisión y tampoco una respuesta directa a la falta 
de transparencia de este país socio.68
Véase la respuesta al punto XI del resumen.
69
Siempre que ha sido posible, en países en los que 
están activos varios donantes, la UE ha establecido 
reuniones de coordinación con otros interlocutores 
del ámbito del desarrollo (por ejemplo, en Mauritania 
y, más recientemente, en Mozambique). El agregado 
de pesca participa en las reuniones de coordinación. 
Existe un contacto activo entre las distintas secciones 
de la Delegación que participan en la cooperación al 
desarrollo.
La elección de las prioridades de la UE se refleja en las 
reuniones de coordinación con otros donantes.
70
La Delegación en Mozambique participa en las reunio ‑
nes sectoriales de coordinación de donantes organi ‑
zadas por el Ministerio y está representada como uno 
de los principales donantes en el sector. Por otra parte, 
las autoridades de pesca preparan un plan de activi ‑
dad de acuerdo con las normas nacionales relativas 
a la transparencia de las actividades financiadas por 
los distintos donantes y la UE. La Comisión considera 
que no existe ningún riesgo de doble financiación.
72
Véase también la respuesta al punto XI del resumen.
Respuestas de la Comisión 54
Véase la respuesta al punto XII del resumen.
80
Los desembolsos se examinan y revisan periódica ‑
mente en el marco de la comisión paritaria de cada 
ACP sobre una base anual. Si la comisión paritaria ha 
constatado y está de acuerdo en que no ha habido 
una adecuada utilización de los recursos financieros 
facilitados, puede suspenderse el pago de la contri ‑
bución del apoyo sectorial para los años siguientes 
hasta que se produzca una mejora en la utilización de 
los fondos. Este es especialmente el caso por lo que 
respecta a Seychelles, Mozambique y las Comoras.
81
En caso de que los proyectos o la acción prioritaria 
no hayan dado resultados o estos hayan sido limita ‑
dos, el pago del apoyo sectorial para el año siguiente 
se suspenderá hasta que se alcancen los objetivos 
establecidos.
Para ello es preciso tener en cuenta que la duración 
de las acciones supera por lo general la del ejercicio 
financiero en cuestión y se prolonga a lo largo de 
varios años.
82
Aunque los conceptos son los mismos, los objetivos 
difieren significativamente debido a la diferencia de 
alcance y magnitud de la ayuda y su gestión.La capacidad de absorción es objeto de seguimiento 
en cada reunión de la comisión paritaria, que evalúa 
y comenta sistemáticamente el índice de utilización 
de los fondos, con mejoras significativas en el caso 
de Seychelles y Mozambique en comparación con los 
protocolos anteriores.
76
La utilización del apoyo sectorial a los países socios se 
determina caso por caso en función de cómo el país 
socio desea utilizar dicho apoyo para el desarrollo de 
su política pesquera nacional.
Recuadro 2 — Madagascar
Los fondos de la UE son fungibles a nivel de la 
hacienda pública como cualquier otra fuente de ingre ‑
sos del Gobierno.
Recuadro 2 — Mauritania
El importe de 25 millones de euros de fondos no 
utilizados de las dotaciones de ayuda sectorial es el 
resultado de una revisión conjunta. En marzo de 2013, 
Mauritania envió un informe a la UE en el que indicaba 
que los fondos restantes ascendían en ese momento 
a 13 millones de euros. Pero dicha cantidad no fue 
reconocida conjuntamente, ya que Mauritania no 
justificó plenamente la base para su cálculo.
Recuadro 2 — Mozambique
En su reunión de junio de 2012, la comisión paritaria 
acordó modificar el programa a posteriori , como se 
indica en los anexos adjuntos al informe, ya que los 
proyectos de infraestructuras adicionales previstos en 
el marco global de las acciones acordadas se incluye ‑
ron en el ejercicio presupuestario nacional.
78
Véase la respuesta al punto XII del resumen.
La gobernanza del apoyo sectorial ha mejorado a raíz 
de la reforma de la PPC, que disocia la financiación del 
apoyo sectorial de los pagos por acceso y del refuerzo 
de la vigilancia y la aplicación de la condicionalidad en 
el proceso de la comisión paritaria.
Respuestas de la Comisión 55
La Comisión se esfuerza por apoyar las contribuciones 
del apoyo sectorial incluidas en la ley de finanzas de 
los países socios con el fin de garantizar la transparen ‑
cia de los fondos.
Conclusiones y recomendaciones
85
La negociación de los protocolos de los ACP depende 
de una serie de factores, muchos de los cuales están 
fuera del control de la Comisión. Existen normas 
a seguir que prevén la participación de otras institu ‑
ciones de la UE, en particular del Consejo y el Parla ‑
mento. El tiempo total del proceso de negociación 
también depende en gran medida de los procedi ‑
mientos de adopción internos de los terceros  
países socios.
86
El presente régimen transitorio se basa en el ar   tículo 9 
del Reglamento (CE) nº 1006/2008, que permite 
garantizar la continuidad de las actividades pesque ‑
ras durante un período limitado de seis meses en los 
casos en que se haya acordado un protocolo entre la 
UE y sus países socios pero todavía no se aplique de 
forma provisional. Estas licencias transitorias, conce ‑
didas a título estrictamente voluntario por el país aso ‑
ciado a petición de la Comisión, deben considerarse, 
no obstante, como licencias concedidas con arreglo al 
acuerdo principal (aunque todavía no haya protocolo) 
y, por lo tanto, no son contrarias a la cláusula de exclu ‑
sividad (a diferencia de lo que ocurre con las licencias 
puramente «privadas», como expuso el Tribunal de 
Justicia en el asunto C ‑565/13).
87
Por lo que respecta a los acuerdos sobre «atún», ya 
se ha seguido este enfoque, especialmente en el 
Océano Índico, donde las pesquerías con los países 
socios reflejan la ruta migratoria del atún. Por lo que 
se refiere a los acuerdos «mixtos», esto sería más difícil 
de lograr habida cuenta de las diferentes pesquerías 
afectadas.Sin embargo, es mayor la coherencia en la aplicación 
de estas políticas entre los servicios de la Comisión 
en relación con el uso y el desembolso del apoyo 
sectorial. Esto se aplicará sobre la base de acciones 
identificables específicas, con indicadores de resulta ‑
dos claros en función de los cuales se pueda medir el 
rendimiento.
Los programas de apoyo sectorial se desarrollan 
y basan en las necesidades del país socio y se debaten 
en la comisión paritaria por ambas partes, siendo el 
programa final de actividades el resultado de este 
proceso de consulta.
Recuadro 3 — Madagascar
En Madagascar, los pagos en el marco del acuerdo 
de colaboración de pesca sostenible continuaron 
después de que se decidiera excluir a este país de la 
ayuda presupuestaria. Esta decisión se tomó en total 
coordinación de los servicios pertinentes de las insti ‑
tuciones de la UE, dado que los pagos estaban clara ‑
mente destinados a la administración pesquera y con ‑
tribuían a salvaguardar el empleo y el crecimiento en 
el sector de la pesca, así como a la seguridad alimenta ‑
ria del país en un contexto de crisis política.
Recuadro 3 — Mozambique
Aunque se retrasó la ayuda presupuestaria, ello no 
está relacionado con el pago del apoyo sectorial ya 
que no había una repercusión directa sobre la eje ‑
cución del programa de trabajo de apoyo sectorial 
específico acordado. Así pues, se reconoce la distinta 
naturaleza de los dos regímenes de ayuda.
La Comisión cree que una mayor coherencia entre las 
políticas de desarrollo y de pesca no implica necesa ‑
riamente un enfoque idéntico por lo que se refiere 
a los pagos de los fondos respectivos, ya que cada uno 
de ellos se rige por instrumentos jurídicos específicos 
que establecen sus respectivas condiciones.
83
Véase la respuesta al punto XI del resumen.
Respuestas de la Comisión 56
Las MTC están, en muchos casos, consagradas en la 
legislación nacional de los países socios y, por lo tanto, 
no son negociables. Deben incorporarse al acuerdo de 
colaboración de pesca sostenible.
El principio de un pago anticipado por parte de la UE 
de la contribución para el acceso garantiza una renta 
estable al país socio, lo que hace de los acuerdos de 
colaboración de pesca sostenible atractivas herra ‑
mientas de gobernanza.
90
La Comisión es consciente de los problemas de 
comparabilidad de la metodología aplicada por los 
consultores independientes en la realización de las 
evaluaciones. A raíz de una auditoría interna y sobre 
la base de las directrices resultantes de la misma, 
la Comisión ha establecido un modelo común del 
pliego de condiciones de las evaluaciones que han de 
realizarse en el marco de los acuerdos de colaboración 
de pesca sostenible. A principios de 2015 se aprobó 
y empezó a aplicar una metodología única común 
para la evaluación del impacto económico de los ACP .
Recomendación 1 a)
La Comisión acepta esta recomendación.
Recomendación 1 b)
La Comisión acepta esta recomendación y ha comen ‑
zado con su aplicación.
Recomendación 1 c)
La Comisión acepta esta recomendación, cuya aplica ‑
ción es objeto de negociaciones y acuerdo entre la UE 
y el tercer país de que se trata.
Recomendación 1 d)
La Comisión acepta esta recomendación y ya ha 
iniciado el proceso de consulta con las partes 
interesadas.88
En los casos en los que se aplica, este concepto 
implica que los objetivos de gestión, las medidas de 
gestión y los criterios de reparto establecidos por el 
Estado ribereño entre las distintas partes interesadas 
están claramente especificados y difundidos, como 
es el caso de los acuerdos mixtos con Groenlandia, 
Marruecos, Mauritania y Guinea ‑Bisáu.
En cuanto a los acuerdos sobre el atún, las posibili ‑
dades de pesca se fijan sobre la base de los objetivos 
y medidas de gestión adoptados por las organiza ‑
ciones regionales de ordenación pesquera (OROP), 
encargadas de realizar estas tareas a nivel regional 
y que aportan el asesoramiento y el trabajo  
científicos necesarios.
89
La Comisión tiene en cuenta el nivel de utilización de 
las posibilidades de pesca en el pasado, los factores 
externos que pueden influir en la utilización de las 
posibilidades de pesca en función de la disponibilidad 
y la variabilidad de las capturas.
Los niveles de referencia de las capturas fijados en los 
protocolos de los ACP del atún —que no constituyen 
límites de pesca— se basan en las capturas previas 
notificadas de las flotas pesqueras de la UE. El tonelaje 
de referencia acordado en los respectivos protocolos, 
un requisito esencial para nuestros socios, constituye 
la base jurídica para el pago de la contribución de 
acceso de la UE. No obstante, para calcular estos nive ‑
les de referencia es preciso tener también en cuenta 
la elevada oscilación interanual de las capturas en las 
diferentes zonas, debido a la variabilidad anual de la 
distribución y a la abundancia de especies altamente 
migratorias.
Por lo que respecta a la relación entre una posible 
infrautilización de las posibilidades de pesca y la 
aplicación de medidas técnicas de conservación (MTC) 
más restrictivas, ha de recordarse que tales MTC se 
acuerdan entre ambas partes a fin de garantizar una 
explotación sostenible de las distintas poblaciones, 
reducir los efectos de las actividades pesqueras en los 
ecosistemas marinos y evitar conflictos entre las flotas 
industriales extranjeras en alta mar y los pescadores 
artesanales de bajura de los Estados ribereños.
Respuestas de la Comisión 57
Durante los últimos años, la Comisión ha empren ‑
dido un proceso de renovación del diseño de sus 
herramientas informáticas y ha puesto en marcha el 
IT Licence Project, que registrará de forma electrónica 
la transmisión y el seguimiento de las autorizaciones.
Recomendación 2 b)
La Comisión acepta esta recomendación y considera 
que ya está tomando las medidas necesarias para 
corregir esta situación.
Durante las negociaciones para la renovación de los 
protocolos, la Comisión promueve activamente el uso 
de licencias electrónicas para los buques de la UE.
Recomendación 2 c)
La Comisión acepta esta recomendación y considera 
que ya está tomando las medidas necesarias para 
corregir esta situación.
La Comisión está en contacto permanente con los 
Estados miembros con el fin de resolver todos los 
problemas técnicos.
94
Las directrices establecidas por los servicios de la 
Comisión en 2013, y actualizadas en 2014, para el 
seguimiento de la aplicación del apoyo sectorial, sien ‑
tan los principios que han de seguirse para la defini ‑
ción y el seguimiento del apoyo sectorial y establecen 
normas específicas sobre los requisitos de informa ‑
ción. Esto permite acordar, en la comisión paritaria, los 
ajustes del programa.
Estas directrices se han completado en los últimos 
protocolos con la introducción de disposiciones espe ‑
cíficas relativas a la aplicación y el seguimiento del 
apoyo sectorial.
Entre otras cosas, estipulan el desarrollo y acuerdo de 
una matriz de las actividades a financiar a través del 
apoyo sectorial que identifique claramente las accio ‑
nes que deban apoyarse, los objetivos y los resultados 
obtenidos.Recomendación 1 e)
La Comisión acepta esta recomendación.
En diciembre de 2014 se presentó a la Comisión una 
nueva metodología, que aceptó en enero de 2015. 
Proporcionará una base común para la realización 
de las evaluaciones del impacto económico de los 
protocolos, que se llevarán a cabo como paso previo 
a futuras negociaciones. Una vez que esta metodolo ‑
gía se haya aplicado sistemáticamente, podrá respon ‑
der plenamente a las recomendaciones del Tribunal.
92
Durante los últimos años, la Comisión ha emprendido 
un proceso de renovación del diseño de sus herra ‑
mientas informáticas y a principios de 2013 puso en 
marcha el IT Licence Project, que registrará de forma 
electrónica la transmisión y el seguimiento de las 
autorizaciones. Las herramientas informáticas exis ‑
tentes permiten a la Comisión gestionar mejor los 
procedimientos relativos a la solicitud y concesión de 
las autorizaciones de pesca, desde la presentación de 
una solicitud completa por parte de los Estados miem ‑
bros hasta la entrega de la autorización por parte del 
tercer país.
93
Desde 2011, la Comisión ha venido desarrollando 
nuevos procedimientos de presentación de datos 
y nuevas bases de datos, en particular la denominada 
«DataWareHouse», a fin de mejorar el seguimiento 
adecuado de todas las capturas realizadas por buques 
pesqueros de la UE. Dicha base está disponible desde 
finales de 2013 y se hizo operativa progresivamente 
a lo largo de 2014 en función de la capacidad de los 
Estados miembros para aplicar el sistema. Cuando se 
detectan problemas específicos, se discuten con los 
Estados miembros.
Recomendación 2 a)
La Comisión acepta esta recomendación y considera 
que ya está tomando las medidas necesarias para 
corregir esta situación.
Respuestas de la Comisión 58
Recomendación 3 c)
La Comisión acepta esta recomendación y considera 
que ya se está aplicando parcialmente.
Los desembolsos se analizan en la comisión paritaria 
de cada ACP sobre una base anual. Si la comisión pari ‑
taria constata y está de acuerdo en que no ha habido 
una adecuada utilización de los recursos financieros 
facilitados, puede suspenderse el pago de la contribu ‑
ción del apoyo sectorial para los años siguientes.
Respuesta al cuadro 4
En el caso de Mozambique, la verificación posterior 
por parte de la Comisión obligó a la corrección de las 
cifras. La información que obra en poder de la Comi ‑
sión indica que las capturas ascendieron a 2 330 tone ‑
ladas, lo que refleja fielmente la cantidad notificada 
por España y Francia en el mismo año (2 326 toneladas).La matriz se somete al examen periódico de la comi ‑
sión paritaria y a la supervisión del agregado de pesca 
para garantizar su respeto.
95
Desde la adopción de la nueva política pesquera en 
2013, que incluye la disociación de los pagos de apoyo 
sectorial de los relativos a los derechos de acceso, y la 
condicionalidad relativa a los mismos, los pagos están 
directamente vinculados a la ejecución y a la utiliza ‑
ción del apoyo sectorial.
El apoyo sectorial de los acuerdos de colaboración de 
pesca sostenible se presta en función de un número 
limitado de acciones específicas propuestas por el país 
socio y no sigue un enfoque sistémico como el del 
FED, que facilita, entre otras cosas, apoyo presupuesta ‑
rio. Por otra parte, el apoyo sectorial es, por lo general, 
mucho menor que el previsto en el marco del FED.
Se han previsto disposiciones para que la comisión 
paritaria pueda revisar el apoyo sectorial en los casos 
en los que el país socio solicite una reasignación 
debidamente justificada de los fondos dentro del pro ‑
grama o, si fuera necesario, suspender los pagos hasta 
que el apoyo sectorial se aplique satisfactoriamente.
Recomendación 3 a)
La Comisión acepta esta recomendación y considera 
que se ha aplicado parcialmente ya que ha estable ‑
cido directrices específicas para la gestión y el segui ‑
miento del apoyo sectorial y, en función de las nego ‑
ciaciones con los países socios, adoptará las medidas 
necesarias para la plena aplicación.
Recomendación 3 b)
La Comisión acepta esta recomendación y considera 
que ya se ha aplicado parcialmente.
La nueva PPC ha hecho de la «coherencia con otras 
políticas de la Unión» uno de sus principios de buena 
gobernanza [artículo 3, letra h), del Reglamento (UE)
nº 1380/2013]. Así pues, los aspectos relacionados con 
la pesca se integran cada vez más en la política  
de desarrollo.
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son gratuitas.
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La Unión Europea (UE) negocia acuerdos con países costeros 
a fin de obtener derechos de acceso a sus caladeros de pesca 
para la flota exterior de la UE y apoyar la gobernanza y el 
desarrollo sostenible del sector pesquero local. El Tribunal 
considera que, en general, la Comisión Europea ha 
gestionado bien estos acuerdos, pero que son necesarias 
algunas mejoras. Las cantidades de pescado negociadas con 
los países costeros periódicamente excedían la utilización 
real por la flota de la UE, lo que suponía para la Unión unos 
costes más elevados de lo previsto. La supervisión de los 
datos de capturas y el proceso de concesión de licencias no 
eran lo suficientemente sólidos, y el apoyo prestado para el 
desarrollo sostenible de los sectores pesqueros locales 
necesitaba unas condiciones de admisibilidad más claras 
y una mayor coordinación y coherencia con otras ayudas al 
desarrollo de la UE.
TRIBUNAL
DE CUENTAS
EUROPEO