Bruselas, 05.01.2005

COM (2004) 859 final

INFORME DE LA COMISIÓN

Respuestas de los Estados miembros al Informe anual sobre el ejercicio 2002 del Tribunal de Cuentas

ÍNDICE

1. Introducción 3

2. Síntesis de las reacciones de los Estados miembros a las principales observaciones del Tribunal de Cuentas, por sectores 6

2. 1. Recursos propios 6

2.1.1. Contabilidad de los recursos propios tradicionales 6

2.1.2. Vigilancia aduanera de las llegadas de mercancías a los aeropuertos 6

2.1.3. Recursos propios de IVA/PNB 7

2. 2. Agricultura 7

2.2.1. Sistemas de gestión y controles 7

2.2.2. Liquidación de cuentas 8

2.2.3. Otros asuntos 9

2.3. Fondos estructurales 9

2.3.1. Retrasos en el cierre de los proyectos más antiguos 11

2.3.2. Cumplimiento del Reglamento n° 438/2001 sobre el control de los fondos estructurales 11

2.3.3. Reserva dada por el Director general de política regional 12

2.3.4. Observaciones de desacuerdo 12

2.4. Otros sectores 13

3. Áreas de acuerdo y desacuerdo 15

3.1. Problemas metodológicos 15

3.2. Errores relacionados con la declaración de fiabilidad 15

4. Conclusión 16

1. INTRODUCCIÓN

a) Desde el Consejo Europeo de Dublín de 1996, y conforme a sus conclusiones sobre la gestión financiera saneada y eficaz, la Comisión había pedido que los Estados miembros contestaran a las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en su Informe anual e informes especiales y proporcionaran información sobre cualquier medida correctiva que hubieran adoptado.

El apartado 6 del artículo 143 del Reglamento del Consejo (CE, Euratom) n° 1605/2002 de 25 de junio de 2002 sobre el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[1] ha asumido esta práctica exigiendo a la Comisión que comunique “inmediatamente a los Estados miembros afectados los elementos de dicho informe relativos a la gestión de los fondos sobre los cuales tengan competencia en virtud de la normativa aplicable.” . Después de recibir esta información, los Estados miembros tienen que contestar a la Comisión en el plazo de 60 días. El presente informe, que se transmite al Tribunal de Cuentas, al Consejo y al Parlamento Europeo, resume las respuestas de los Estados miembros al Informe anual de 2002 del Tribunal de Cuentas.

En su Informe anual de 2002,[2] el Tribunal de Cuentas ha señalado una vez más que las áreas del presupuesto para las que la gestión es compartida entre la Comisión y los Estados miembros plantean un reto particular dada su complejidad y la multitud de niveles de la administración implicados.[3] Por su parte, la Comisión ha adoptado medidas para garantizar que se corrijan los defectos. La acción 12 del informe de síntesis de 2001[4] ya se ha realizado y será complementada mediante pasos concretos para promover una convergencia de metodologías de auditoría. Asimismo, en su informe de síntesis de 2002, la Comisión se ha comprometido a realizar todas las recomendaciones oportunas con el fin de aclarar las responsabilidades respectivas de los Estados miembros y de la Comisión en caso de gestión compartida.[5]

Además, dada la importancia de la gestión compartida y con ello el lugar que ocupa en los informes del Tribunal de Cuentas, es particularmente necesario conocer las posturas de los Estados miembros respecto a los problemas suscitados por el auditor externo. En primer lugar, permite a los Estados miembros dar su opinión sobre las observaciones y las recomendaciones elaboradas por el Tribunal.[6] En segundo lugar, los Estados miembros pueden presentar las medidas correctivas que han aplicado o que pretenden aplicar. Por último, también debería dar a la Comisión una visión general de diversos problemas encontrados a escala nacional y permitir que adopte las medidas correctoras apropiadas.

b) El Tribunal de Cuentas presentó su Informe anual de 2002 a la Comisión sobre el control presupuestario del Parlamento Europeo el 17 de noviembre de 2003 y al comité presupuestario del Consejo el 20 de noviembre de 2003. Después de esta primera presentación, la Comisión envió una carta a todos los Representantes Permanentes en la que les pedía que dieran sus respuestas antes del 19 de diciembre. En un intento por establecer un marco coherente y armonizado para las contribuciones nacionales, la petición de la Comisión iba acompañada por un cuestionario elaborado en estrecha colaboración con el Tribunal de Cuentas. Consistía en una lista de referencias específicas a cada Estado miembro en el Informe anual y en un resumen de errores de la Declaración de fiabilidad (DF) para cada Estado miembro.

c) Este informe se basa, por lo tanto, en las contribuciones de los Estados miembros. Habría que señalar que, a pesar de la creación del marco general, estas contribuciones siguen siendo bastante heterogéneas tanto en la forma como en el fondo. Los Estados miembros contestaron, de este modo, total o parcialmente, a los puntos o errores de la DF que se les presentaron y, en unos pocos casos, hicieron recomendaciones u observaciones más generales. No se cumplieron plenamente los plazos establecidos por el Reglamento financiero y algunas contribuciones llegaron con varias semanas de retraso. En la medida en que algunos Estados miembros no contestan a observaciones específicas referentes a ellas o dan únicamente información fragmentaria relacionada con los incumplimientos señalados por el Tribunal de Cuentas, a veces resulta difícil conseguir una imagen completa de las posturas de los Estados miembros sobre conclusiones importantes. Sólo cuatro Estados miembros hicieron comentarios generales sobre asuntos específicos tratados en el Informe anual del Tribunal. Un Estado miembro no transmitió ninguna respuesta.

d) Un alto porcentaje del presupuesto comunitario se gestiona bajo la forma de gestión compartida. Por ello, los sistemas de gestión y control de los Estados miembros son una parte fundamental del Informe anual del Tribunal de Cuentas. El objetivo de este procedimiento es dar a los Estados miembros la oportunidad de presentar sus opiniones, observaciones y cualquier recomendación tras la publicación de un informe que se refiere a ellos tanto directamente como en el marco más general del procedimiento de aprobación presupuestaria. Aunque no tienen la responsabilidad última por la ejecución del presupuesto, su contribución, en forma resumida, muestra claramente cómo es la gestión de las asignaciones presupuestarias comunitarias.

Las contribuciones nacionales pueden utilizarse, de este modo, para identificar una serie de problemas importantes que son de interés particular para analizar sectores que implican la gestión compartida. Resaltan, en especial, los problemas específicos encontrados en los Estados miembros y las soluciones que podrían contemplarse a ese nivel. Por ello, la primera parte del informe se concentra, como de costumbre, en los recursos propios, la agricultura y los fondos estructurales. Los asuntos que han llamado la atención de varios Estados miembros se resaltan para cada uno de estos sectores.

Después de esta presentación por sectores, dos partes más analíticas hacen un resumen de áreas de acuerdo y desacuerdo entre los Estados miembros y el Tribunal de Cuentas e intentan identificar las principales conclusiones que pueden sacarse.

2. SÍNTESIS DE LAS REACCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS A LAS PRINCIPALES OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, POR SECTORES

2.1. Recursos propios

Los Estados miembros se centran en tres asuntos principales que son la contabilidad para los recursos propios tradicionales, la vigilancia aduanera de las llegadas de mercancías en aeropuertos y los recursos propios de IVA/PNB.

2.1.1. Contabilidad de los recursos propios tradicionales

La mayoría de los Estados miembros (en particular Reino Unido, Países Bajos, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Grecia e Irlanda) aún alude a esta cuestión y, en general, no rebaten las observaciones del Tribunal sobre la persistencia de errores en las cuentas B o relacionadas con retrasos, discrepancias entre las cuentas B y A, así como otras anomalías diversas a la hora de presentar la información en los balances de las cuentas B a la Comisión. Sin embargo, en varios casos, aluden a su cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Reglamento 1150/2000, la inexistencia de repercusiones financieras, la naturaleza insignificante de los errores o las diversas medidas adoptadas para cumplirlas. La mayoría de los Estados miembros afectados también indican que han adoptado o que están adoptando medidas para mejorar la situación (por ejemplo, la informatización del procedimiento por parte de Francia, Suecia y Alemania, la normalización suplementaria de determinados procedimientos en Suecia y las modificaciones técnicas de Holanda e Italia). Por su parte, Finlandia opina que no existe unanimidad entre la Comisión y los Estados miembros sobre los procedimientos de la cuenta B y exhorta a la Comisión a asegurarse de que todos los Estados miembros apliquen las normas vigentes de manera uniforme. Por último, Reino Unido expresa su apoyo a la propuesta de la Comisión (COM 366) para modificar el Reglamento n° 1150/2000 en lo relativo a la mejora de la gestión de los importes anotados en la cuenta B.

2.1.2. Vigilancia aduanera de las llegadas de mercancías a los aeropuertos

Algunos Estados miembros afectados reconocen diferencias en las prácticas de control y debilidades en los acuerdos de control señalados por el Tribunal de Cuentas.

Reino Unido menciona el esfuerzo significativo realizado para abordar correctamente la cuestión de los envíos en curso aparentes.

Suecia considera que en algunos aspectos el Tribunal de Cuentas tiene una idea distinta de la que tienen las aduanas suecas sobre cómo deben realizarse el despacho de aduana y otros controles. Mantiene que se cumple con las legislaciones de la UE y que el análisis de riesgo y los controles de calidad utilizados son suficientes para garantizar que los errores se mantengan a un nivel aceptable desde el punto de vista del riesgo en todos los aspectos esenciales. Por lo que se refiere al despacho de aduana por servicios de mensajería rápida, Suecia cree que en algunos aspectos el Tribunal de Cuentas ha adoptado una postura diferente sobre la forma en que deberían realizarse el despacho de aduana y otros controles.

Italia da una imagen detallada del sistema de control aplicado en los aeropuertos italianos. Por lo que se refiere a las mercancías transportadas por carretera entre aeropuertos con arreglo a un sistema de tránsito, Francia menciona nuevos avances realizados a partir de 2003 y está planeando derogar el procedimiento comunitario simplificado conocido como collective de transfert a partir de 2005. Austria informa también sobre las medidas adoptadas en este ámbito y considera que las garantías de que las mercancías se tratarán correctamente no son inferiores con sistemas de depósito aduanero que con el almacenamiento temporal.

2.1.3. Recursos propios de IVA/PNB

Por lo que se refiere a la recaudación del IVA en los Estados miembros, Francia ha hecho nuevos cálculos para los recibos relacionados con multas e intereses por falta de pago para Francia metropolitana y para los recibos correspondientes a los departamentos de ultramar de los años 1999 y 2000. Portugal reconoce que envió su declaración de IVA para 2001 con mucho retraso con respecto al plazo fijado en la legislación comunitaria y anuncia que también será el caso para 2002. Tiene intención de resolver definitivamente esta cuestión y se está planteando la creación de un grupo de trabajo interministerial a ese efecto. Portugal también menciona que ha conciliado los recibos de IVA y las cifras de las cuentas del Estado para 1998 y lo ha enviado a la Comisión.

2.2. Agricultura

Como comentario general, un Estado miembro (Países Bajos) subraya la necesidad de contar con buenos sistemas de control y normativa comunitaria directa para garantizar la legalidad de las operaciones. Considera, como consecuencia de la futura reforma agrícola, se gestionará una mayor proporción del gasto de la PAC y se auditará utilizando el sistema integrado de gestión y control (SIGC). Así pues, los Estados miembros deben realizar los esfuerzos necesarios para optimizar los sistemas de control requeridos, pero dado que los Reglamentos están a veces abiertos a diferentes interpretaciones y están regularmente sujetos a revisión, puede resultar difícil aplicarlos completa y correctamente.

Grecia indica que se han confirmado los avances en la aplicación del sistema integrado de gestión y control (SIGC) mediante inspecciones exhaustivas a todos niveles por parte de los inspectores comunitarios, que han encontrado con frecuencia que se ha avanzado positivamente.

Las contribuciones de los otros Estados miembros revelan dos asuntos principales: las críticas del Tribunal a los diversos sistemas de gestión y control, basadas en los errores detectados, y la liquidación contable por lo que se refiere a los organismos pagadores.

2.2.1. Sistemas de gestión y controles

En lo relativo a los regímenes de ayudas por superficie, donde se encontraron discrepancias importantes entre la superficie cultivable declarada por los agricultores y la encontrada cuando las parcelas se midieron en presencia de los auditores del Tribunal, algunos de los Estados miembros afectados (Francia, Grecia, Países Bajos) no niegan que había errores. Sin embargo, Países Bajos cuestiona el porcentaje de error detectado por el Tribunal y la metodología aplicada. En un caso, Francia también cuestiona el método utilizado por el Tribunal de Cuentas para medir el grado de discrepancia y quisiera que el Tribunal se planteara cambiar su postura. Ambos Estados miembros destacan que las observaciones del Tribunal no cuestionan la fiabilidad de sus propias inspecciones o el cumplimiento de las normativas pertinentes y que se hayan impuesto las sanciones establecidas en la normativa comunitaria. Portugal no está de acuerdo con la evaluación del Tribunal según la cual una diferencia significativa entre la media de la reclamación efectuada y la media de la reclamación comprobada pueda repercutir en los índices de error revelados. Cualquier interpretación debería ponderar diversos factores, entre ellos los relativos a la realidad geográfica, es decir , en el caso de Portugal, las diferencias de tamaño entre las superficies afectadas en el norte y en el sur de ese país. Suecia también plantea una objeción sobre la metodología del Tribunal, puesto que éste está llevando a cabo sus controles con un intervalo de dos años, por lo que no puede decir si está midiendo las lindes tal como eran en el año al que se refiere la auditoría, ya que éstas cambian a menudo a lo largo de los años.

Por lo que se refiere a las primas sobre animales, Portugal duda de la precisión del alto índice de error detectado en el número de vacas de cría reclamado. Considera que el índice de error debería determinarse tomando como base el número de animales no seleccionables encontrado con respecto al número de animales comprobado. Reino Unido acepta las conclusiones del Tribunal y anuncia que ha adoptado medidas para recuperar las cantidades erróneamente pagadas. Países Bajos critica una extrapolación realizada por el Tribunal tomando como base un control aleatorio.

2.2.2. Liquidación de cuentas

- El Tribunal de Cuentas resalta que 22 organismos pagadores de un total de 86 recibieron un dictamen con reservas o negativo en el contexto de la decisión anual de "liquidación financiera" de la Comisión sobre la aceptación de las cuentas de los organismos pagadores para el ejercicio presupuestario anterior. La Comisión adoptó tres decisiones de conformidad con respecto al gasto en 1996-2001, rechazándose un importe de 301,4 millones de euros de la financiación comunitaria y realizando correcciones en consecuencia.

- Por lo que se refiere a las infracciones de los criterios de la acreditación y a las debilidades de control, Francia menciona que las oficinas francesas citadas eran de hecho objeto de reservas expresadas por la Comisión de certificación de las cuentas de los organismos pagadores (CCCOP), que inicialmente consideró imposible formular un dictamen sobre algunas líneas de gasto, en especial por lo que se refiere a las restituciones a la exportación. Desde entonces, la CCCOP ha transmitido a la Comisión informes y certificados adicionales que levantaban las reservas expresadas. Según Francia, las cuentas de los organismos pagadores afectados cumplen ahora las condiciones de completitud, exactitud y veracidad requeridos por las normas comunitarias. Bélgica declara que las autoridades administrativas flamencas han respondido a la Comisión en 2003 y que se ha creado un nuevo órgano que incluye un servicio de auditoría interna. Alemania informa de mejoras para cumplir con los criterios de acreditación.

- Por lo que se refiere a los organismos pagadores, Francia, Alemania, Bélgica, Grecia, Reino Unido y Portugal han aceptado la validez de las críticas del Tribunal y las reformas están en fase de planificación, en curso o ya se han realizado.

- Por lo que se refiere a las correcciones financieras, la mayoría de los Estados miembros afectados ponen de relieve que los procedimientos están aún en curso internamente o con la Comisión. Las correcciones relativas a las cuotas lácteas son las más contestadas. Un Estado miembro (España) también ha remitido correcciones relativas a la política de cuotas lácteas al Tribunal de Justicia. Sobre ese mismo punto, Italia ha subrayado que los problemas en la recaudación del gravamen se deben a procedimientos administrativos y legales internos que no deberían generar correcciones. Alemania, por otra parte, reconoce las dificultades que han producido las correcciones generales tras el control de las restituciones a la exportación (organismos supervisores) y declara que ha adoptado medidas de gran envergadura para resolver el problema.

2.2.3. Otros asuntos

Por lo que se refiere a los “otros gastos” (ayuda a los mercados agrícolas, subvenciones para la producción y venta de frutas y verduras, reestructuración y conversión de viñedos), España no puede identificar la fuente en que el Tribunal de Cuentas ha basado su observación según la cual la Comisión ha “encontrado numerosas debilidades en la forma que se realizan y planean los controles a posteriori y se registran y corrigen los errores”. Reino Unido hace referencia a la respuesta de la Comisión al Informe anual del Tribunal según la cual se han producido importantes mejoras. Países Bajos subraya que la conclusión alcanzada por el Tribunal de Cuentas en el caso de una auditoría relativa a la concepción y aplicación a posteriori de controles con arreglo al Reglamento n° 4045/89 no es coherente con la conclusión comunicada por la Comisión tras esa visita de control.

2.3. Fondos estructurales

Tres Estados miembros comentan las observaciones sobre las medidas estructurales que figuran en el capítulo 5 del Informe anual del Tribunal.

- Reino Unido está de acuerdo con algunas de las críticas que figuran en el Informe. Por ejemplo, considera que, por una serie de motivos, habrá una anulación a pesar de la aptitud del nuevo perfil financiero para asegurar un flujo regular de fondos a los programas.Sin embargo, discrepa con el Tribunal de Cuentas en los siguientes puntos:

- extrapolación de críticas a partir de un número limitado de auditorías;

- las auditorías del propio Tribunal a los Estados miembros no siempre se han realizado, e incluso cuando se han hecho los retrasos implican que poco puede hacerse para llevar a cabo mejoras;

- el impacto de la regla "n+2" sobre los volúmenes de fondos hubo de gastarse al final de la programación.

Reino Unido también piensa que distribuyó suficientes directrices a las autoridades gestoras sobre los necesarios sistemas de gestión y control para finales de 2002. Añade que son las incoherencias de las Direcciones Generales las que incitan a interpretaciones incoherentes de los Estados miembros y que esta cuestión se ha planteado en varias ocasiones a la Comisión.

Reino Unido recuerda que el Tribunal de Cuentas consideró que se había avanzado poco en el cierre de las intervenciones desde el período de programación 1994-99. A pesar de la tardanza en enviar directrices a los Estados miembros, todas las regiones inglesas hicieron grandes esfuerzos para presentar los documentos de cierre a la Comisión antes del plazo fijado de 31 de marzo de 2003. Desde entonces, se han realizado una serie de consultas sobre estos documentos que están siendo tratadas. Reino Unido ha elaborado un documento sobre la experiencia adquirida en el que examina las dificultades experimentadas durante el cierre de los programas de 1994-99 y que irá en pro de la gestión del período de programación 2000-2006.

En general, Reino Unido apoya las respuestas de la Comisión a los Informes anuales del Tribunal de 2002, especialmente en las áreas de evaluación y visitas de auditoría. En el caso de las evaluaciones, la Comisión ha realizado una serie de ellas que serán sumamente beneficiosas tanto a los Estados miembros actuales como a los nuevos, mientras que debe alabarse la decisión de ajustar las auditorías del Reino Unido con las de la Comisión siempre que sea posible.

- Comentarios de Irlanda.

Irlanda está de acuerdo con el Tribunal de Cuentas en que la Comisión presentó tarde los reglamentos y aclaraciones a los Estados miembros. El Reglamento 2064/ 97 por el que se establecen arreglos detallados para la aplicación del Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo por lo que se refiere al control financiero de los Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los fondos estructurales se adoptó en noviembre de 1997, casi cuatro años después del inicio del período de programación. Según Irlanda, las aclaraciones sobre estos y otros reglamentos no llegaron hasta 2001-2002.

- Comentarios de Países Bajos.

Países Bajos comparte las opiniones expresadas por el Tribunal de Cuentas y considera que los sistemas internos de gestión y control en los Estados miembros aún resultan inadecuados. Según este Estado miembro, la Comisión aún no ha realizado suficientes progresos en la conclusión del período 1994-99. Por último, se elaboraron nuevas directrices a mediados del período de programación antes mencionado, produciendo confusión en los Estados miembros sobre las normas que debían aplicarse en situaciones concretas, con lo que no pudieron adoptar las medidas necesarias dentro de los plazos prescritos.

Algunos comentarios particulares presentados por los Estados miembros en este sector incluyen los principales asuntos que tratan las secciones fundamentales del capítulo 5 del Informe anual:

- el cierre de los proyectos más antiguos;

- el cumplimiento del Reglamento n° 438/2001 sobre el control de los Fondos Estructurales;

- las reservas dadas por el Director general de política regional.

Además, varios Estados miembros no están de acuerdo con algunas de las observaciones del Tribunal.

2.3. 1 Retrasos en el cierre de los proyectos más antiguos

El Tribunal ha señalado de nuevo dificultades a la hora de cerrar antiguos proyectos. Las ha atribuido a la publicación tardía de directrices y al hecho de que los sistemas de control no se habían creado en los Estados miembros con suficiente antelación para que fueran efectivos antes del cierre de los programas. El Tribunal observó que la propia Comisión encontró deficiencias significativas en una fase en que las declaraciones finales tenían ya que enviarse. Hablando en términos generales, los Estados miembros que han contestado reconocen que pueden haberse encontrado problemas que han generado retrasos excesivos. Por lo que se refiere a 11 programas objetivo 3 (FSE), España menciona que ha enviado los balances finales que incluyen las correcciones financieras de las que se tenía conocimiento cuando se elaboraron entre agosto de 2001 y mayo de 2003. Dinamarca está finalizando las investigaciones suplementarias sobre la realización de los programas IFOP a partir del período 1994-1999. También está llevando a cabo controles suplementarios referentes a 1999 sobre los programas PESCA. Irlanda informa de los avances realizados en los cierres. Sin embargo, Alemania está en desacuerdo con el comentario del Tribunal según el cual las declaraciones de cierre relativas a los cierres del período 1994-1999 se habían rechazado por las dudas sobre la independencia de los auditores que llevaban a cabo los controles o de la persona o las personas que realizaron la declaración de cierre. La razón del rechazo se debía a que los detalles relativos a la independencia de estas personas eran inadecuados. Estas descripciones se han completado o se están completando.

2.3.2. Cumplimiento del Reglamento n° 438/2001 sobre el control de los fondos estructurales

El Tribunal de Cuentas analizó los sistemas de gestión y control gestionados por los Estados miembros con arreglo al Reglamento n° 438/2001 que estableció normas para el control de los fondos estructurales en el período de programación 2000-2006. Por lo que se refiere a las debilidades identificadas por el Tribunal de Cuentas en los sistemas de gestión y control gestionados por los Estados miembros en el marco de la aplicación del Reglamento antes mencionado, Francia informa sobre las medidas introducidas para completar lo relativo a la auditoría. No obstante, Francia discrepa con las conclusiones del Tribunal de Cuentas según las cuales había establecido un procedimiento para comprobar solicitudes de pago en relación con medidas de gestión centralizada. Por último, Francia tiene intención de complementar la supervisión de los pagos reales.

España admite que sus auditores habían realizado diez controles muestrales sobre las operaciones del período 2000-2006 cuando se cerró el Informe anual del Tribunal de Cuentas de 2002. Esto se debió a que los esfuerzos se centraron en los informes de cierre durante el período 1994-1999. Sin embargo, España subraya que sus auditores han compensado parte del retraso que se produjo durante los primeros años del actual período de programación. España también menciona que informó a la Comisión en octubre de 2003 de la aplicación en 2001 y 2002 de los controles a los que se alude en el artículo 10 del Reglamento (CE) 438/01. España detalla numerosas medidas adoptadas para la aplicación del Reglamento (CE) n° 1386/2002 de la Comisión, de 29 de julio de 2002, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1164/94 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control y el procedimiento para las correcciones financieras de las ayudas otorgadas con cargo al Fondo de Cohesión.

Reino Unido informa detalladamente sobre las observaciones relativas a la evaluación de los sistemas de gestión y control para el FSE en la parte occidental de País de Gales y el Valle y menciona que el ejecutivo escocés ha preparado una propuesta de supervisión de los proyectos FEDER en Escocia.

2.3.3. Reserva dada por el Director general de política regional

Esta reserva se refiere a Grecia, España e Italia.

Grecia informa de que transmitió a la Comisión las opiniones de la autoridad gestora de los MCA ( CSF ) y de la autoridad liquidadora sobre las mejoras realizadas en el sistema de gestión y control para finales de enero de 2003.

Italia informa de que ha realizado un cierto seguimiento.

España opina que la reserva expresada no es muy clara y establece la amplia gama de medidas nacionales adoptadas para la entrada en vigor del Reglamento 1164/1994 tras la publicación del Reglamento 1386/2002 de 29 de julio de 2002.

2.3.4. Observaciones de desacuerdo

Por último, hay que observar que al menos seis Estados miembros están en desacuerdo con algunas de las observaciones del Tribunal.

Alemania no está de acuerdo con la observación de que las declaraciones de cierre del período 1994-1999 relativas a los programas de directrices del FEOGA no se aceptaron por dudas sobre la independencia de los auditores que realizaron los controles o de la elaboración de la declaración de cierre[7]. Por el contrario, Alemania estima que se aceptaron todos los programas de cierre relativos al programa mencionado. Los Estados Federados afectados habían presentado algunas declaraciones de cierre en una fase temprana antes de que la Comisión hubiera publicado directrices y han completado o están completando otras cuestiones de la Comisión.

Austria no está de acuerdo con el cuadro y la correspondiente declaración negativa del Tribunal relativa a la evaluación de la puesta en práctica de los sistemas de gestión y control, en lo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en Alta Austria[8]. Austria pide al Tribunal de Cuentas que los 'corrija'.

Por lo que se refiere a los cierres de varios programas (FSE) del período 1994-1999, España declara que no se rechazó ninguno de los cierres tratados, mientras que el Tribunal declara que no se hizo el pago final porque no se obtuvo la aprobación del Comité de supervisión antes de presentar los informes finales a la Comisión.

Grecia declara que el Reglamento (CE) n° 438/2001 no exige que las autoridades liquidadoras lleven a cabo controles directos para establecer si las declaraciones de gastos cumplen los requisitos del segundo párrafo del inciso (ii) de la letra (b) del artículo 9 de dicho Reglamento en lo relativo a su credibilidad y que la autoridad liquidadora puede cumplir de esta manera los requisitos del Reglamento por otros medios. Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha criticado en su Informe anual la falta de "controles suficientes (como se especifica en el Reglamento) antes de certificar las declaraciones de gastos"[9].

Francia no está de acuerdo con la observación del Tribunal de Cuentas según la cual no existía ningún manual de procedimiento en el momento en que el Tribunal realizó su auditoría relativa al programa del Objetivo 1 2000-2006 Nord-Pas-de-Calais (FSE). En este caso, Francia también está en desacuerdo con la supuesta falta de independencia del organismo que certifica los gastos.

Haciendo referencia a la aprobación de la Comisión, Reino Unido declara que, puesto que no se había producido ningún gasto, no se había realizado ninguna gestión financiera, control o supervisión en Reino Unido en 2001 y no había, por lo tanto, ninguna necesidad de referirse al Reglamento 438/2001 en su Informe anual sobre el control financiero para 2001.

2.4. Otros sectores

Algunos Estados miembros han elaborado respuestas sobre temas no relacionados con la gestión compartida. Su preocupación principal es expresar sus opiniones sobre las futuras reformas recomendadas por el Tribunal o que ellos mismos consideren necesarias.

Por lo que se refiere a la acción exterior, a la ayuda de preadhesión y a los Fondos Europeos de Desarrollo, solamente Reino Unido hace comentarios generales. Según este Estado miembro, el estudio del Tribunal sigue despertando inquietudes por su semejanza con el Informe anual pasado especialmente sobre asuntos fundamentales de políticas y de aplicación. Para las acciones exteriores éstas incluirían el ritmo desigual de la desconcentración (sobre el cual el Tribunal esperaba más, particularmente en lo relativo a las implicaciones para el futuro) el aumento de compromisos antiguos y pendientes de liquidación (RAL), y fallos en la gestión financiera, sistemas de control interno y de supervisión. En conjunto, estos factores producen una preocupación especial dado que el proceso de reforma se esperaba para finales de 2003. También resulta preocupante la mezcla de cualificaciones necesaria para garantizar que la Comisión pueda iniciar el diálogo sobre políticas. El capítulo 2 (sobre la gestión presupuestaria) del Informe anual del Tribunal de Cuentas de 2002 destaca el nivel desigual de gastos entre regiones. La respuesta de la Comisión ilustra la importancia de tomar decisiones de asignación basadas en el rendimiento y en la necesidad. Estos principios son apoyados por la introducción de la presupuestación por actividades y debería tenerse en cuenta al planear el anteproyecto de presupuesto (AP).

Según Reino Unido, el ritmo lento de los pagos para la preadhesión, a pocos meses de la propia adhesión, es aún más preocupante que el año anterior. Las deficiencias que explican el retraso de la información en los países candidatos a la adhesión son en sí mismas bastante graves puesto que indican una insuficiencia de capacidad institucional. Esto plantea cuestiones fundamentales sobre la medición de la eficacia de estos pagos una vez que se realizan y la capacidad de supervisarlos y de rendir cuentas. El capítulo 2 (Gestión presupuestaria) resume los problemas de forma rigurosa. Las respuestas de la Comisión sugieren que los problemas encontrados han sido previstos y abordados.

Reino Unido está a la espera de las opiniones del Tribunal y de la Comisión sobre el valor que tendría la inclusión de un breve resumen con recomendaciones específicas para acciones de seguimiento de la Comisión claramente identificadas, junto con los plazos. Éstas podrían reforzar el aspecto plurianual del trabajo de la Comisión y proporcionar una base para informes subsiguientes. Por lo que se refiere al capítulo del Informe anual sobre instrumentos financieros y actividades bancarias, España considera que es incorrecta la observación del Tribunal que señala problemas de eficiencia en ocho de los diez proyectos del préstamo global examinado y un tratamiento de las aguas residuales. Según España, los programas de ayuda pública permiten estimular la canalización de la inversión hacia determinados sectores y acelerar la puesta en práctica de proyectos de infraestructuras. En lo relativo a las condiciones para el préstamo global, Suecia subraya que la Comisión debería examinar si se han seguido las normas sobre adquisiciones en los casos a los que alude el Tribunal de Cuentas. Según este Estado miembro, la Comisión debería examinar los hechos con el Banco Europeo de Inversiones y adopta las medidas oportunas porque es de importancia vital que la UE siga las normas sobre adquisiciones.

Desde un punto de vista más general, Países Bajos pone de relieve que es importante que la Comisión adopte medidas en el futuro inmediato para remediar las deficiencias encontradas en su gestión financiera y que la declaración de fiabilidad pase a ser positiva. También considera que las reformas se han estancado porque los avances en diversas áreas de la reforma son aún inadecuados: simplificación de la gestión financiera y aumento del control financiero de los programas de investigación, aclaración de las competencias y responsabilidades respectivas de la Comisión y de los Estados miembros en la gestión compartida y en la introducción de normas de control interno.

3. Áreas de acuerdo y desacuerdo

3.1. Problemas metodológicos

Como con los informes referentes a años previos, los Estados miembros siguen expresando diversas críticas metodológicas sobre los procedimientos del Tribunal de Cuentas, especialmente por lo que se refiere al examen de las operaciones. En primer lugar, algunos Estados miembros declaran que el Tribunal de Cuentas no debería extrapolar las observaciones de lo que consideran como un número demasiado limitado de auditorías (Reino Unido, Francia, Países Bajos). Otros consideran, en algunos casos, que el método de auditoría utilizado por el Tribunal resulta engañoso (por ejemplo Suecia en lo relativo a la auditoría del régimen de ayudas por superficie para los cereales). En ocasiones, existe desacuerdo sobre las conclusiones factuales (por ejemplo Francia en el caso de la auditoría del Tribunal relativa al Objetivo 1 2000-2006 Nord-pas-de-Calais) y la interpretación de las disposiciones legales es diferente (por ejemplo Grecia con respecto al Reglamento (CE) 438/2001). En general, los Estados miembros destacan a menudo que algunas conclusiones del Tribunal de Cuentas no son el resultado de fallos sistemáticos en su propio procedimiento de comprobación sobre el terreno. También restan importancia a algunos errores encontrados por el Tribunal destacando que son formales o que su impacto financiero es insignificante.

Esto plantea de nuevo la cuestión de la introducción de un procedimiento contradictorio que permitiría tanto a los Estados miembros como al Tribunal de Cuentas defender sus puntos de vista respectivos.

3.2. Errores relacionados con la declaración de fiabilidad

Puede observarse que , en general, los Estados miembros dedicaron menos atención a los errores relacionados con la declaración de fiabilidad y que pocos de ellos contestaron de manera sistemática y detallada a los casos referidos a ellos. De este modo, no puede sacarse ninguna conclusión específica de su examen. Sin embargo, para algunos casos limitados, los Estados miembros que han contestado no están de acuerdo con el método de control utilizado por el Tribunal de Cuentas o con sus conclusiones. En la mayoría de los casos, esos Estados miembros informan sobre correcciones realizadas, medidas correctoras adoptadas o sobre ambas cosas.

4. Conclusión

Del análisis de las respuestas de los Estados miembros al Informe anual del Tribunal de Cuentas para 2002 puede sacarse un número relativamente limitado de conclusiones, lecciones y recomendaciones.

Las respuestas defienden principalmente la validez de su gestión y de los controles que llevan a cabo. Este planteamiento se produce a varios niveles: desacuerdo formal con el Tribunal de Cuentas, minimizando el significado de sus resultados y conclusiones, y presentación de medidas correctivas específicas o estructurales para remediar los defectos detectados. Esta estratificación de argumentos presentados en su defensa varía de un Estado miembro a otro; algunos se inclinan más a cuestionar las observaciones críticas del Tribunal contra ellos.

Esta actitud no es particularmente sorprendente, puesto que los Estados miembros, aparte de sus respuestas a cartas sectoriales, no tienen la posibilidad de defender contradictoriamente su punto de vista ante el Tribunal de Cuentas cuando éste cuestiona su gestión de los fondos de la UE.

El número de medidas correctivas estructurales anunciadas es limitado. Por ejemplo, en el área de los recursos propios, los Estados miembros han adoptado medidas para mejorar los procedimientos contables y de control. En lo relativo a la agricultura, se expresa la necesidad de mejorar la legislación y contar con unos buenos sistemas de control. Varios Estados miembros también esperan una mayor contribución de la Comisión en las áreas de la agricultura y los fondos estructurales, por lo que se refiere a la simplificación de la legislación, la oportuna publicación de directrices y mejora de la supervisión de los sistemas de gestión y control.

[1] DO L 248 de 16.9.2002.

[2] DO C 286 de 28.11.2003.

[3] Ídem, p. 6.

[4] Para la acción 12, véase COM (2002) 426 de 24.7.2002, punto 5.2.2., p. 25.

[5] COM (2003) 391 de 9.7.2003, punto 5.3.3., p. 22 y 23.

[6] Esto no afecta de ninguna manera a los contactos entre la Comisión y los Estados miembros afectados para la adopción de medidas de seguimiento sobre las observaciones del Tribunal. La actividad de seguimiento por la Comisión y los Estados miembros sobre las cartas sectoriales del Tribunal es un ejercicio específico que se centra en las medidas que puede resultar necesario adoptar para corregir los problemas detectados.

[7] Véase el DO C 286 de 28.11.2003, p. 173.

[8] Véase el DO C 286 de 28.11.2003, p. 191.

[9] Véase el DO C 286 de 28.11.2003, p. 170.