Dictamen no 3/2001

sobre una propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas específicas relativas al cese definitivo de funcionarios de la Comisión de las Comunidades Europeas con motivo de la reforma de la Comisión

(2001/C 162/02)

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 283,

Vista la propuesta de la Comisión de 31 de enero de 2001(1),

Vista la petición de consulta al Tribunal de Cuentas sobre dicha propuesta, formulada por el Consejo y recibida por el Tribunal el 19 de febrero de 2001,

Considerando que la propuesta tiene por objeto autorizar la jubilación anticipada de 600 funcionarios de la Comisión, 300 de los cuales en 2001 y 300 en 2002, para permitir a ésta proceder a una redistribución de los recursos humanos entre sus servicios,

HA APROBADO EL DICTAMEN SIGUIENTE:

1. En su exposición de motivos la Comisión ha indicado que la operación de jubilación anticipada de 600 funcionarios permitiría contratar 258 nuevos funcionarios, y sería una operación neutra a efectos presupuestarios, puesto que el ahorro obtenido por una parte permite equilibrar los costes de las 258 nuevas contrataciones.

Cálculo de la neutralidad presupuestaria

2. El ahorro y los costes anuales presentados en el anexo 2 de la propuesta recapitulan, tanto para los cesantes como para los nuevos contratados, los principales costes e ingresos salariales imputados anualmente al presupuesto.

3. La incidencia presupuestaria inmediata se presenta, pues, de una manera esencialmente razonable.

4. Puede aducirse que el cálculo podría haber sido más complejo. El análisis presentado es estático en el sentido de que no prevé los ascensos en las escalas salariales de los funcionarios que se acojan a la jubilación anticipada o de los nuevos funcionarios contratados en su lugar. Esta previsión supondría con todo un mayor ahorro. De manera similar, las pensiones de quienes se acojan a la jubilación anticipada se basarán en un nivel salarial inferior al que habría sido el caso de haber continuado sus funciones hasta la edad normal de jubilación; esto también supondría un ahorro a largo plazo (sería deseable mejorar la redacción del apartado 7 del artículo 4 para asegurarse de que ése es el efecto que la Comisión pretende obtener). Asimismo, el cálculo no tiene en cuenta el ahorro a largo plazo, más allá del período transitorio, de la supuesta reducción permanente del número de funcionarios, puesto que 600 funcionarios menos productivos son sustituidos directa o indirectamente por 258 nuevos funcionarios con capacidades mejor adaptadas a las necesidades actuales. Por último, el Tribunal señala que tampoco se tiene en cuenta el coste real de los derechos de pensión adquiridos por los nuevos funcionarios contratados; como observaba el Tribunal en su Informe anual relativo al ejercicio 1999 (apartados 6.7 y 6.8) el coste total de financiar dichos derechos de pensión representa algo más de un tercio del conjunto de los sueldos sujetos a retención, mientras que actualmente la aportación pecuniaria de los agentes es sólo del 8,25 %. Esto implica que el coste total a largo plazo (no el coste directo inmediato de los nuevos agentes contratados) sería alrededor del 25 % superior al que figura en el cálculo de la Comisión. Globalmente, el efecto neto a largo plazo sería una reducción significativa en los costes de personal de la Comisión, debido fundamentalmente a que el número de personal empleado sería menor que el que habría de no aplicarse las medidas.

Las demás instituciones

5. La pirámide de edad de los agentes y la dificultad para algunos de ellos de adaptarse al desarrollo de las nuevas tecnologías crean situaciones y necesidades similares a las de la Comisión dentro de varias instituciones y órganos. Sólo el Comité Económico y Social, cuya pirámide de edad va a garantizar de manera natural una renovación masiva del personal en los próximos años, y el Comité de las Regiones, en fase de crecimiento, no se ven afectados por esta problemática. En su sentencia de 30 de septiembre de 1998 en el asunto T-164/97: Busacca y otros contra el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas consideró que un reglamento que limitaba a una sola institución el derecho a recurrir a medidas de cese constituía una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo perseguido entre situaciones totalmente similares y era, por tanto, contrario al principio de igualdad, principio fundamental del Derecho comunitario. En sus sentencias de 5 de octubre de 2000 en los asuntos C-432/98 P, C-433/98 P y C-434/98 P, el Tribunal de Justicia no ha vuelto a cuestionar esta consideración del Tribunal de Primera Instancia que, por lo tanto, ha conservado "su fuerza de cosa juzgada". Puesto que la propuesta de la Comisión implica una excepción a las disposiciones normales en virtud de las cuales el Estatuto es aplicable a todas las instituciones, la Comisión debería haber consultado a éstas si se encuentran en una situación comparable antes de presentar esta propuesta de Reglamento.

El presente Dictamen ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo en su reunión de 5 de abril de 2001.

Por el Tribunal de Cuentas

Jan O. Karlsson

Presidente

(1) COM(2001) 50 final de 31 de enero de 2001.