N°C 179/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10. 7.91 
Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa a la coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de la normativa comunitaria 
sobre los procedimientos de adjudicación de contratos de las entidades de los sectores del agua, 
la energía, los transportes y las telecomunicaciones 
(91/C 179/10) 
COM(91) 158 final — SYN 292 
(Presentada por la Comisión el 4 de junio de 1991, en virtud del párrafo tercero del artículo 149 
del Tratado CEE) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, su artículo 100 A, 
Vista la propuesta de la Comisión ('), 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2), 
Considerando que la Directiva 90/531/CEE del Con­
sejo, de 17 de septiembre de 1990, sobre los procedi­
mientos de adjudicación de contratos en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y las telecomunicacio­
nes (3) no contiene disposiciones específicas que permitan 
garantizar su aplicación efectiva; 
Considerando que los mecanismos actuales destinados a 
garantizar dicha aplicación tanto en el plano nacional 
como en el plano comunitario, resultan inadecuados; 
Considerando que la ausencia de vías de recurso eficaces 
en algunos Estados miembros y las deficiencias de las de 
otros tienen un efecto disuasorio sobre la voluntad de las 
empresas comunitarias de presentar ofertas en esos Esta­
dos miembros; que, por consiguiente, tales Estados 
miembros debe poner remedio a esta situación: 
Considerando que la Directiva 89/665/CEE del Con­
sejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordina­
ción de las disposiciones legales, reglamentarias y admi­
nistrativas referentes a la aplicación de los procedimien­
tos de recurso en materia de adjudicación de los contra­
tos públicos de suministros y de obras (") se limita a los 
procedimientos de adjudicación de contratos dentro del ámbito de la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 
de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimien­
tos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras (5), modificada por la Directiva 89/440/CEE (6), y 
de la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de di­
ciembre de 1976, sobre coordinación de los procedimien­
tos de adjudicación de contratos públicos de suminis­
tro O modificada por la Directiva 8 8/295/CEE (8); 
Considerando que la apertura de la contratación pública 
a la competencia comunitaria en los sectores afectados 
exige la adopción de medidas relativas a las vías de re­
curso a que tienen acceso los proveedores y los contratis­
tas en caso de infracción de la normativa en la materia: 
que, asimismo, es necesario garantizar la acreditación 
general del cumplimiento de dicha normativa, a fin de 
fomentar una mayor confianza en su correcta aplicación; 
Considerando que en lo referente a las vías de recurso es 
necesario prever un aumento sustancial de las garantías 
de transparencia y de no discriminación y que resulta im­
portante, para que ello tenga efectos concretos, que exis­
tan medios de recurso eficaces y rápidos en caso de in­
fracción de la normativa comunitaria en la materia o de 
las normas nacionales de aplicación de aquélla; 
Considerando que debe tomarse en consideración la par­
ticular naturaleza de algunos ordenamientos jurídicos, 
autorizando a los Estados miembros a elegir, en cuanto a 
la atribución de poderes a los organismos responsables 
de los procedimientos de recurso, entre alternativas dife­
rentes que tienen efectos equivalentes; 
Considerando que una de esas opciones incluye la facul­
tad de intervenir directamente en los procedimientos de 
contratación de las entidades adjudicadoras suspendién­
dolos, anulando sus decisiones o suprimiendo las cláusu­
las discriminatorias de los documentos o publicaciones; 
Considerando que la otra opción establece el poder de 
obligar indirectamente a las entidades adjudicadoras a 
corregir las infracciones e impedir que vuelvan a produ­
cirse; 
(1) DO n° C 216 de 31. 8. 1990, p. 8. 
(2) DO n° C 60 de 8. 3. 1991, p. 16. 
(J) DO n° L 297 de 29. 10. 1990, p. 1. 
(4) DO n° L 395 de 30. 12. 1989, p. 33. (5) DO n° L 185 de 16. 8. 1971, p. 5. 
(*) DO n° L 210 de 21. 7. 1989, p. 1. 
O DO n° L 13 de 15. 1. 1977, p. 1. 
(') DO n° L 127 de 20. 5. 1988, p. 1. 
10. 7. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 179/19 
Considerando que en todo caso debe permitirse reclamar 
una indemnización por daños y perjuicios; que, por regla 
general, las acciones de reclamación se regirán con arre­
glo al Derecho nacional; 
Considerando que la normativa comunitaria sobre con­
tratación pública reconoce el derecho de los proveedores 
y contratistas a participar en igualdad de condiciones; 
que toda infracción de dicho Derecho debe indemnizarse 
mediante el reembolso de los gastos correspondientes; 
Considerando que, para conseguir la acreditación gene­
ral del cumplimiento de la normativa sobre contratación 
pública, es necesario encomendar a terceros indepen­
dientes el examen periódico de los procedimientos y 
prácticas de contratación aplicados por las entidades ad­
judicadoras; 
Considerando que, a tal fin, resulta oportuno establecer 
un sistema de certificación que incluya la elaboración de 
informes a los que tengan acceso los interesados; 
Considerando que los Estados miembros pueden enco­
mendar el examen de dichos procedimientos y prácticas 
bien a autoridades gubernamentales bien a particulares; 
Considerando que la presente Directiva garantiza la fle­
xibilidad indispensable para la introducción de este sis­
tema, estableciendo los requisitos pertinentes; que, para 
que el sistema de certificación pueda utilizarse más allá 
del ámbito de aplicación de la presente Directiva, los as­
pectos prácticos de su desarrollo detallado deberán espe­
cificarse en las normas europeas a que se refiere la pre­
sente Directiva; 
Considerando que es posible que los Estados miembros 
necesiten establecer dichas normas de desarrollo con an­
terioridad a las normas europeas o como complemento 
de éstas; 
Considerando que, si las empresas no interponen re­
curso, no podrán corregirse determinadas infracciones, a 
no ser que se establezca un mecanismo específico; 
Considerando que, por consiguiente, resulta importante 
que, cuando considere que se ha cometido una violación 
clara y manifiesta en un procedimiento de adjudicación 
de un contrato, la Comisión pueda llamar la atención de 
las autoridades competentes del Estado miembro y de la 
entidad adjudicadora de que se trate, con objeto de que 
adopten medidas adecuadas para obtener la rápida co­
rrección de dicha infracción; 
Considerando que es necesario prever la posibilidad de 
un mecanismo no jurisdiccional de conciliación en el 
plano comunitario, a fin de que los conflictos puedan re­
solverse amigablemente; 
Considerando que la aplicación efectiva de las disposi­
ciones de la presente Directiva deberá volver a exami­
narse al mismo tiempo que la de la Directiva 
90/531/CEE, basándose en la información que propor­
cionarán los Estados miembros acerca del funciona­
miento de los procedimientos nacionales de recurso, HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
CAPÍTULO 1 
Vías de recurso en el plano nacional 
Artículo 1 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas nece­
sarias para garantizar que las decisiones adoptadas por 
las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de ma­
nera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, 
en las condiciones establecidas en los artículos siguientes 
y, en particular, en el apartado 9 del artículo 2, siempre 
que dichas decisiones hayan infringido la normativa co­
munitaria en materia de adjudicación de contratos o las 
normas nacionales de aplicación de aquélla por lo que se 
refiere: 
a) a los procedimientos de adjudicación de contratos in­
cluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 
90/531/CEE;y 
b) al respeto de lo establecido en la letra a) del apartado 
2 del artículo 3 de dicha Directiva, en el caso de las 
entidades adjudicadoras sujetas a dicha disposición. 
2. Los Estados miembros velarán por que, entre las 
empresas que aleguen un perjuicio en el marco del pro­
cedimiento de adjudicación de un contrato, no se pro­
duzcan discriminaciones a causa de la distinción que 
hace la presente Directiva entre las normas nacionales de 
aplicación de la normativa comunitaria y las demás nor­
mas nacionales. 
3. Los Estados miembros garantizarán que, con arre­
glo a criterios que podrán determinar los Estados miem­
bros, los procedimientos de recurso sean accesibles, 
como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya te­
nido interés en obtener un determinado contrato y que 
se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta 
infracción. En particular, los Estados miembros podrán 
exigir que la persona que desee utilizar tal procedimiento 
haya informado previamente a la entidad adjudicadora 
de la presunta infracción y de su intención de presentar 
recurso. 
Artículo 2 
1. Los Estados miembros velarán por que las medidas 
adoptadas en relación con los procedimientos de recurso 
contemplados en el artículo 1 prevean los poderes nece­
sarios: 
al menos 
a) para adoptar, lo antes posible y mediante procedi­
miento de urgencia, medidas provisionales para corre­
gir la presunta infracción o para impedir que se cau­
sen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas 
las medidas destinadas a suspender u ordenar la sus­
pensión del procedimiento de adjudicación del con­
trato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión 
adoptada por la entidad adjudicadora; y 
N° C 179/20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10.7.91 
b) para anular u ordenar la anulación de las decisiones 
ilegales, incluida la supresión de las características 
técnicas, económicas o financieras discriminatorias 
contenidas en los anuncios de contratación, los anun­
cios periódicos indicativos, los anuncios de la existen­
cia de un sistema de clasificación, la convocatoria de 
licitación, el pliego de condiciones o cualquier otro 
documento relacionado con el procedimiento de ad­
judicación del contrato en cuestión; 
o bien 
c) para adoptar lo antes posible y, cuando sea necesario, 
mediante procedimiento de urgencia, otras medidas 
encaminadas a corregir la infracción o a impedir que 
se causen otros perjuicios a los interesados afectados, 
en particular, el poder de emitir una orden de pago 
de una suma determinada en el caso de que no se 
corrija o evite la infracción; 
y (en ambos casos) 
d) para conceder una indemnización por daños y perjui­
cios a las personas perjudicadas por una infracción. 
Los Estados miembros podrán hacer tal elección, bien 
con respecto a todas las entidades adjudicadoras, bien 
con relación a determinadas categorías de entidades ad­
judicadoras, definidas con arreglo a criterios objetivos. 
2. Los poderes establecidos en el apartado 1 podrán 
conferirse a organismos distintos, responsables de aspec­
tos diferentes del procedimiento de recurso. 
3. Por sí mismos, los procedimientos de recurso no 
tendrán necesariamente efectos suspensivos automáticos 
sobre los procedimientos de adjudicación de contratos a 
los que se refieran. 
4. Los Estados miembros podrán determinar que el 
organismo responsable, al estudiar si procede adoptar 
medidas provisionales, pueda tener en cuenta las proba­
bles consecuencias de dichas medidas para todos los inte­
reses que puedan verse perjudicados, así como el interés 
general, y decidir no dictarlas cuando las consecuencias 
negativas pudieran superar a sus ventajas. La decisión 
desestimatoria de estas medidas provisionales no prejuz­
gará los demás derechos reivindicados por la persona 
que solicite tales medidas. 
5. El importe de la suma a que se refiere la letra c) del 
apartado 1 será lo suficientemente elevado como para di­
suadir a la entidad adjudicadora de cometer, o seguir co­
metiendo, la infracción, teniendo en cuenta, según los 
casos, el valor del contrato y el volumen de negocios de 
la entidad adjudicadora. Esta suma deberá ascender, al 
menos, al uno por ciento del valor del contrato, y su 
pago podrá estar condicionado a una decisión definitiva 
que establezca que se ha cometido la infracción. 6. Los Estados miembros podrán establecer que, 
cuando se reclamare una indemnización por daños y per­
juicios alegando que la decisión se adoptó de forma ile­
gal, la decisión impugnada deba ser anulada en primer 
término por un organismo que tenga la competencia ne­
cesaria a tal fin. 
7. Los efectos del ejercicio de las facultades contem­
pladas en el apartado 1 sobre un contrato subsiguiente a 
la adjudicación se determinarán con arreglo al Derecho 
nacional. Además, excepto en caso de que la decisión 
deba anularse antes de conceder la indemnización por 
daños y perjuicios, los Estados miembros podrán prever 
que, una vez celebrado el contrato subsiguiente a la ad­
judicación, los poderes del organismo responsable de los 
procedimientos de recurso se limiten a acordar la indem­
nización por daños y perjuicios a cualquier persona per­
judicada por una infracción. 
8. Cuando una persona reclame una indemnización 
por daños y perjuicios una cuantía igual a la de los gas­
tos habidos en la preparación de una oferta o a la del 
coste de participación en un procedimiento de adjudica­
ción, se le exigirá que demuestre que ha tenido lugar una 
infracción de la normativa comunitaria en materia de ad­
judicación de contratos o de las normas nacionales de 
aplicación. Deberá probarse que esa infracción ha afec­
tado negativamente a sus posibilidades de obtener el con­
trato. En cambio, no se le exigirá que pruebe que, a falta 
de infracción, se le habría adjudicado el contrato. 
9. Los Estados miembros velarán por que las decisio­
nes adoptadas por los organismos responsables de los 
procedimientos de recurso puedan ser ejecutadas de 
modo eficaz. 
10. Cuando los organismos responsables de los proce­
dimientos de recurso no sean de carácter judicial, sus de­
cisiones deberán ser siempre motivadas por escrito. Ade­
más, en tal caso deberán adoptarse diposiciones para que 
cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el 
organismo competente para conocer del recurso o cual­
quier presunta infracción cometida en el ejercicio de los 
poderes que tiene concedidos pueda recurrirse ante los 
tribunales o ante otro órgano jurisdiccional a que se re­
fiere el artículo 177 del Tratado y que sea independiente 
unto de la entidad adjudicadora como del organismo 
competente para conocer del recurso. 
El nombramiento de los miembros de este organismo in­
dependiente y la terminación de su mandato estarán su­
jetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en 
lo relativo a la autoridad responsable de su nombra­
miento, la duración de su mandato y su revocabilidad. El 
presidente de este organismo independiente deberá po­
seer, como mínimo, las mismas cualificaciones jurídicas y 
profesionales que un juez. Dicho organismo indepen­
diente adoptará sus decisiones previa realización de un 
procedimiento contradictorio y tales decisiones tendrán, 
por los medios que estipule cada Estado miembro, efec­
tos jurídicos vinculantes. 
10.7.91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 179/21 
CAPÍTULO 2 
Certificación 
Artículo 3 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar la introducción, funcionamiento y super­
visión de un sistema de certificación con arreglo a lo dis­
puesto en los artículos 4 a 8. 
Artículo 4 
Sin perjuicio de las vías de recurso establecidas en el ca­
pítulo 1, las entidades adjudicadoras cuyos procedimien­
tos de adjudicación entren dentro del ámbito de aplica­
ción de la Directiva 90/531/CEE, harán examinar, por 
un responsable de emitir certificaciones, sus procedi­
mientos y prácticas de adquisición, al menos con una 
periodicidad anual. El examen tendrá por objeto deter­
minar, con arreglo a las normas europeas pertinentes, la 
conformidad de dichos procedimientos y prácticas con el 
Derecho interno y el comunitario en materia de adjudi­
cación de contratos, de manera que ofrezcan a los posi­
bles proveedores y contratistas las mismas oportunidades 
de obtener la adjudicación de los contratos. 
Artículo 5 
1. Los responsables de las certificaciones deberán pre­
sentar, con arreglo a las normas europeas pertinentes, un 
informe escrito de los resultados de su examen. 
2. Según el caso, el informe incluirá: 
a) una certificación de que los procedimientos y prácti­
cas de adquisición de las entidades adjudicadoras 
ofrecen a los posibles proveedores y contratistas las 
mismas oportunidades de obtener la adjudicación de 
los contratos; 
o bien 
b) observaciones sobre toda infracción de los Derechos 
interno o comunitario cometida en la adjudicación de 
los contratos, así como una descripción de las defi­
ciencias de los procedimientos y prácticas de adquisi­
ción que hagan inadecuada la certificación de la letra 
a). En este caso, el informe contendrá, además, una 
descripción de las medidas necesarias para impedir 
que vuelvan a reproducirse tales deficiencias. 
3. Las entidades adjudicadoras enviarán el informe a: b) toda autoridad competente designada por el Estado 
miembro a cuyo Derecho interno se encuentre sujeta 
la entidad adjudicadora; 
c) la Comisión. 
Sobre la base de estos informes la Comisión podrá publi­
car en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas in­
formes periódicos de síntesis. 
Artículo 6 
Los Estados miembros dispondrán que los responsables 
de la certificación sean designados: 
— bien por una autoridad competente, independiente de 
las entidades adjudicadoras y designada al efecto, 
— bien por las propias entidades adjudicadoras, previa 
autorización de dicha autoridad competente. 
Artículo 7 
Los responsables de la certificación, que serán indepen­
dientes de las entidades adjudicadoras y de los licitadores 
que hayan participado en los procedimientos de adjudi­
cación de las entidades adjudicadoras durante el período 
objeto de certificación, deberán ser acreditados por una 
autoridad competente independiente de las entidades ad­
judicadoras y designada al efecto por un Estado miem­
bro. La autoridad competente velará por que los certifi­
cadores acreditados: 
a) posean el diploma de estudios superiores a que se re­
fiere el artículo 1 de la Directiva 89/48/CEE (*); 
b) presenten las garantías adecuadas de preparación pro­
fesional y competencia específica en el sector; 
c) hayan aprobado un examen de competencia profesio­
nal organizado o reconocido por el Estado; y 
d) cumplan los requisitos establecidos en las normas eu­
ropeas pertinentes. 
Artículo 8 
Teniendo en cuenta las disposiciones del presente capí­
tulo y las normas europeas mencionadas en los artículos 
4 y 7 y en el apartado 1 del artículo 5, los Estados miem­
bros podrán establecer disposiciones de desarrollo para la 
aplicación del sistema de certificación, especialmente, en 
lo referente a las condiciones de realización del examen, 
la forma y el contenido del informe y la cualificación, 
acreditación y designación de los responsables de la cer­
tificación. 
a) las personas interesadas, a petición de éstas; (*) DO n° L 19 de 24. 1. 1989, p. 16. 
N° C 179/22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10.7.91 
CAPÍTULO 3 
Mecanismo corrector 
Articulo 9 
1. La Comisión podrá invocar el procedimiento pre­
visto en el presente artículo cuando, antes de la celebra­
ción de un contrato, considere que se ha cometido una 
infracción clara y manifiesta de las disposiciones comuni­
tarias en materia de adjudicación durante un procedi­
miento de adjudicación de contratos comprendido en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 90/531/CEE o en 
relación con la letra a) del apartado 2 del artículo 3 de 
dicha Directiva en el caso de las entidades adjudicadoras 
a las que sea de aplicación dicha disposición. 
2. La Comisión notificará al Estado miembro y a la 
entidad adjudicadora de que se trate las razones por las 
cuales considera que se ha cometido una infracción clara 
y manifiesta y solicita su corrección. 
3. Dentro de los veintiún días siguientes a la recepción 
de la notificación contemplada en el apartado 2, el Es­
tado miembro de que se trate se dirigirá a la Comisión 
para: 
a) confirmarle que se ha corregido la infracción; o 
b) enviarle una respuesta motivada que explique por qué 
no se ha realizado corrección alguna; o 
c) enviarle una notificación que indique que el procedi­
miento de adjudicación del contrato se ha suspendido 
por iniciativa de la entidad adjudicadora o en el 
marco del ejercicio de los poderes previstos en la letra 
a) del apartado 1 del artículo 2. 
4. La respuesta motivada de conformidad con la letra 
b) del apartado 3 podrá basarse, en particular, en el he­
cho de que la presunta infracción sea ya objeto de un 
recurso, judicial u otro, o de un recurso de los contem­
plados en el apartado 9 del artículo 2. En este caso, el 
Estado miembro informará a la Comisión del resultado 
de dichos procedimientos en cuanto tenga conocimiento 
de ello. 
5. Si en la notificación se indica que un procedimiento 
de adjudicación de contratos se ha suspendido en las 
condiciones previstas en la letra c) del apartado 3, el Es­
tado miembro notificará a la Comisión el levantamiento 
de la suspensión o el inicio de otro procedimiento de ad­
judicación de contrato vinculado, total o parcialmente, al 
procedimiento anterior. Dicha nueva notificación deberá 
confirmar que la presunta infracción se ha corregido o 
incluirá una respuesta motivada que explique por qué no 
se ha realizado corrección alguna. CAPÍTULO 4 
Conciliación 
Artículo 10 
Toda persona que tenga o haya tenido interés en obtener 
un contrato determinado comprendido en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 90/531/CEE y que, en rela­
ción con el procedimiento de adjudicación de ese con­
trato, se haya visto o pueda verse perjudicada por una 
presunta infracción de la normativa comunitaria en ma­
teria de adjudicación de contratos o de las normas nacio­
nales de aplicación de aquélla podrá iniciar el procedi­
miento previsto en este capítulo mediante notificación es­
crita a la Comisión o a las autoridades nacionales de los 
Estados miembros enumeradas en el Anexo. 
Artículo 11 
1. Cuando, a tenor de la notifiación prevista en el ar­
tículo 10, la Comisión o las autoridades nacionales de un 
Estado miembro consideren que se ha cometido una in­
fracción del Derecho comunitario, podrán recurrir al 
Comité consultivo para la contratación pública o, en el 
caso de las entidades adjudicadoras cuyas actividades se 
definen en la letra d) del apartado 2 del artículo 2 de la 
Directiva 90/531/CEE al Comité consultivo para la con­
tratación pública de telecomunicaciones. 
2. El presidente del Comité interesado convocará a la 
mayor brevedad posible un grupo de trabajo compuesto 
por, al menos, dos miembros del Comité y él mismo u 
otro funcionario de la Comisión por él designado. Nor­
malmente, el grupo de trabajo se reunirá dentro de un 
período de diez días laborables desde la presentación del 
recurso al Comité interesado. El grupo de trabajos podrá 
decidir, a propuesta de cualquiera de sus miembros, invi­
tar a un máximo de dos personas en calidad de expertos 
que le asesoren en su trabajo. Cualquir otro miembro del 
Comité podrá asistir a cualquir reunión del grupo de tra­
bajo en calidad de observador. 
3. El grupo de trabajo dará la oportunidad de presen­
tar los hechos de forma oral o por escrito a la persona 
que inicie este procedimiento, a la entidad adjudicadora 
y a cualquier otro candidato o licitador que participe en 
el procedimiento de adjudicación del contrato al que se 
refiera la notificación. 
4. El grupo de trabajo procurará conseguir un 
acuerdo entre las partes ajustado al Derecho comunita­
rio. 
5. El grupo de trabajo informará al Comité de sus 
conclusiones y del resultado obtenido. 
6. La persona que inicie el procedimiento y la entidad 
adjudicadora correrán con sus propios gastos de partici­
pación en el mismo. 
10.7.91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 179/23 
Artículo 12 
1. Cuando, en relación con un procedimiento de adju­
dicación de contratos determinado, una persona que 
reúna las características de la referida en el artículo 10 y 
sea diferente de la que inicie el procedimiento de conci­
liación, entable un proceso judicial u otro procedimiento 
de recurso con arreglo a la presente Directiva, la entidad 
adjudicadora deberá informar al grupo de trabajo. Su 
presidente dará conocimiento a esa persona de la inicia­
ción del procedimiento de conciliación y solicitará de 
ella que indique en un plazo determinado si accede a 
participar en dicho procedimiento. Si la persona en cues­
tión rehusara, el grupo de trabajo podrá decidir, en su 
caso por mayoría, suspender el procedimiento de conci­
liación cuando considere que la participación de dicha 
persona es indispensable para resolver el litigio. El grupo 
de trabajo notificará al Comité su decisión motivada. 
2. Cualquier medida tomada de conformidad con el 
presente capítulo se entenderá sin perjuicio de: 2. Los Estados miembros enviarán cada año a la Co­
misión, antes del 1 de marzo, información sobre el fun­
cionamiento de los procedimientos nacionales de recurso 
referidos al año precedente, la Comisión determinará, 
mediante consultas con el Comité consultivo para la con­
tratación pública, la índole de tal información. 
3. Cuando se trate de asuntos relacionados con enti­
dades adjudicadoras cuyas actividades se definen en la 
letra d) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 
90/531/CEE, la Comisión consultará al Comité consul­
tivo para la contratación pública de telecomunicaciones. 
Artículo 14 
1. Antes del 1 de julio de 1992, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente Directiva e informarán de 
ello inmediatamente a la Comisión. 
a) las medidas que pudieran tomar la Comisión o cual­
quier Estado miembro de conformidad con los artícu­
los 169 o 170 del Tratado o de conformidad con el 
capítulo 3; 2. Las disposiciones adoptadas por los Estados miem­
bros incluirán una referencia a la presente directiva o 
irán acompañadas de dicha referencia en el momento de 
su publicación oficial. Los Estados miembros establece­
rán las normas relativas a dicha referencia. 
b) los derechos de la persona que inicie el procedimiento 
de conciliación, la entidad adjudicadora o cualquier 
otra persona. 3. Los Estados miembros adoptarán las medidas nece­
sarias para la aplicación del apartado 1 en las mismas 
fechas que las indicadas en la Directiva 90/531/CEE. 
CAPÍTULO 5 
Disposiciones finales 
Artículo 13 
1. Antes de la expiración de un período de cuatro 
años a partir de la aplicación de la presente Directiva, la 
Comisión, en cooperación con el Comité consultivo para 
la contratación pública, reexaminará la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva y propondrá, en su 
caso, las modificaciones que juzgue necesarias. 4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno, 
de orden legal, reglamentario y administrativo, que 
adopten para la aplicación de la presente Directiva. 
Artículo 15 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta­
dos miembros. 
N° C 179/24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10. 7. 91 
ANEXO 
Autoridades nacionales de los Estados miembros a las que podrán enviarse notificaciones escritas para iniciar 
el procedimiento de conciliación previsto en el artículo 10 
BÉLGICA 
Ministére des affaires économiques 
Ministerie van Economische Zaken 
DINAMARCA 
Indkebafteler: Industri- og handelsstyrelsen 
Bygge- og anlaegskontrakter: Boligministeriet 
ALEMANIA 
Bundesministerium für Wirtschaft 
GRECIA 
Ministerio de Industria, Energía y Tecnología 
Ministerio de Comercio 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
ESPAÑA 
Ministerio de Economía y Hacienda 
FRANCIA 
Commission céntrale des marches 
IRLANDA 
Department of Finance 
ITALIA 
Presidenza del Consiglio del ministri — Politiche comunitarie 
LUXEMBURGO 
Ministére des travaux publics 
HOLANDA 
Ministerie van Economische Zaken 
PORTUGAL 
Ministerio das Obras Públicas, Transportes e Comunicacóes 
Conselho Superior de Obras Públicas, Transportes e ComunicacOes 
REINO UNIDO 
HM Treasury