En la actualidad, los sistemas de recuperación y resolución de seguros son nacionales y solo existen en algunos Estados miembros. Por lo tanto, muchos ordenamientos jurídicos nacionales no confieren a las autoridades las competencias necesarias para tratar adecuadamente a las empresas de seguros inviables. Estas legislaciones nacionales divergentes también son insuficientes en casos de situaciones de inviabilidad de dimensión internacional, en particular en el caso de los grupos transfronterizos, en los que una acción no coordinada podría conducir rápidamente a resultados subóptimos. El establecimiento de un régimen de resolución adecuado a nivel de la Unión requiere una armonización considerable de las prácticas y procedimientos nacionales, lo cual justifica que la Unión proponga la legislación necesaria.

La presente propuesta se ha elaborado en plena coherencia con el marco de Solvencia II, en particular, su orden de intervención para las empresas en caso de deterioro de las condiciones financieras y las medidas de recuperación ya disponibles por incumplimiento de los requisitos de capital. Si bien añade determinados elementos de preparación ante las crisis, las nuevas competencias preventivas son coherentes con el orden de intervención y las competencias de supervisión ya previstas en el marco de Solvencia II, y no dan lugar a un nuevo activador de intervención predefinido distinto del nivel del capital de solvencia obligatorio. La propuesta también es coherente con las políticas correspondientes en el ámbito de la recuperación y la resolución de entidades de crédito, empresas de inversión y entidades de contrapartida central.

Sin embargo, actualmente no existen procedimientos armonizados a escala europea para la resolución de las empresas de seguros. Esto da lugar a considerables diferencias de fondo y de procedimiento entre las leyes, normas y disposiciones administrativas que regulan la inviabilidad de las empresas de seguros en los Estados miembros. Además, los procedimientos de insolvencia empresarial pueden no ser adecuados para las empresas de seguros, ya que no siempre garantizan una continuación adecuada de las funciones esenciales. Por lo tanto, es necesario un régimen que proporcione a las autoridades un conjunto creíble de instrumentos de resolución que les permita intervenir con la suficiente antelación y rapidez si las empresas de seguros son inviables o es probable que vayan a serlo, para garantizar mejores resultados a los tomadores de seguros, minimizando al mismo tiempo el impacto en la economía y en el sistema financiero y la utilización del dinero de los contribuyentes.

La Directiva de Solvencia II redujo la probabilidad de situaciones de inviabilidad y mejoró la resiliencia del sector de los seguros de la UE, y se verá reforzada por la revisión adoptada junto con la presente propuesta. No obstante, a pesar de un marco prudencial adecuado y robusto, no pueden excluirse completamente las situaciones de dificultades financieras.

Las pólizas de seguro forman parte integrante de la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. En el caso de muchas actividades sociales y económicas, es necesario contar con una póliza de seguro para protegerse contra posibles riesgos. Una póliza de seguro también puede ser un producto de ahorro, que determinará el bienestar a largo plazo de los titulares, mientras que las empresas de seguros canalizarán estos ahorros a través de los mercados financieros hacia la economía real. Por tanto, la inviabilidad desordenada de las empresas de seguros puede tener un impacto significativo en los tomadores de seguros, los beneficiarios, las partes perjudicadas o las empresas afectadas, especialmente cuando los servicios de seguros esenciales no pueden sustituirse en un plazo razonable y a un coste razonable. La gestión de la situación de inviabilidad o cuasi inviabilidad de determinadas empresas de seguros, en particular los grandes grupos transfronterizos, o la inviabilidad simultánea de múltiples empresas de seguros también pueden provocar o amplificar la inestabilidad financiera.

Toda injerencia en los derechos de los accionistas y acreedores derivada de una acción de resolución debe ser compatible con la Carta. En particular, cuando los acreedores de la misma categoría reciban un trato diferente en el marco de una acción de resolución, dichas diferencias deben justificarse en aras del interés público y ser proporcionadas a los riesgos que se abordan. Los acreedores afectados, incluidos los tomadores de seguros, no deben incurrir en pérdidas más importantes que las que habrían sufrido si la entidad hubiera sido liquidada siguiendo el procedimiento de insolvencia ordinario al adoptarse la decisión de proceder a la resolución.

La evaluación de impacto también confirmó la evaluación de la AESPJ de que no sería proporcionado exigir la financiación de un fondo de resolución por parte del sector de seguros o la constitución de pasivos por empresas de seguros individuales que podrían ser recapitalizadas para absorber pérdidas y recapitalizar empresas de seguros inviables. La evaluación de impacto consideró que estas medidas inflarían el balance de las empresas de seguros para crear una capacidad de absorción de pérdidas proporcional a sus provisiones técnicas; Esto implicaría costes más elevados para el sector e impondría a las empresas riesgos adicionales que no estarían justificados por un aumento sustancial de los beneficios.

La presente propuesta obliga a los Estados miembros a designar a autoridades de resolución de empresas de seguros dotadas de un conjunto mínimo armonizado de competencias para emprender todas las acciones preparatorias y de resolución pertinentes. La propuesta no especifica la autoridad concreta que debe designarse, por lo que tal designación puede recaer, por ejemplo, en bancos centrales nacionales, ministerios competentes, autoridades administrativas públicas u otras autoridades a las que se hayan encomendado competencias de administración pública. En caso de que las competencias se asignen a una autoridad existente, deben establecerse disposiciones estructurales adecuadas para evitar conflictos de intereses entre las funciones de supervisión y resolución y la independencia operativa, en particular por lo que respecta a las autoridades de supervisión.

Con el fin de aplicar estos instrumentos, las autoridades de resolución tendrán la facultad de tomar el control de una empresa que sea inviable o esté a punto de serlo, asumir el papel de los accionistas y directivos, transferir activos y pasivos y ejecutar contratos. Cuando proceda, las acciones de resolución deberán ser coherentes con el marco de ayudas estatales de la Unión. Las autoridades nacionales podrán prever —además del conjunto mínimo armonizado de instrumentos— instrumentos y competencias nacionales específicos que sean compatibles con los principios y objetivos del marco de resolución de la Unión. En particular, las autoridades nacionales podrán considerar el uso del instrumento de amortización o conversión para recapitalizar una empresa de seguros en graves dificultades, siempre que los créditos de seguro no se vean afectados y que se adopten las medidas adecuadas de reorganización y reestructuración.

(10)La revisión de la Directiva 2009/138/CE y, en particular, la introducción de requisitos de capital más sensibles al riesgo, una supervisión reforzada, un mayor control de la liquidez y mejores herramientas para las políticas macroprudenciales, deben reducir aún más la probabilidad de inviabilidad de las empresas de seguros o reaseguros y aumentar la resiliencia de dichas empresas frente a las tensiones económicas, ya sean causadas por perturbaciones sistémicas o por factores propios de la empresa concreta. No obstante, a pesar de un marco prudencial adecuado y sólido, no pueden excluirse completamente las situaciones de dificultades financieras. Por lo tanto, los Estados miembros han de estar preparados y disponer de los instrumentos de recuperación y resolución apropiados para hacer frente tanto a crisis sistémicas como a situaciones de inviabilidad de empresas individuales. Dichos instrumentos deben incluir mecanismos que permitan a las autoridades tratar de manera eficaz a las empresas inviables o con probabilidad de serlo. El uso de tales instrumentos y el ejercicio de tales competencias deben tener en cuenta las circunstancias en las que se produce la inviabilidad.

(7)Actualmente no existe una armonización de los procedimientos a escala de la Unión Europea para la resolución coordinada de las empresas de seguros o reaseguros. Por el contrario, se observan diferencias sustanciales de fondo y de procedimiento entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales que regulan la inviabilidad de las empresas de seguros o reaseguros en los Estados miembros. Además, es posible que los procedimientos de insolvencia de las empresas no siempre sean adecuados para las empresas de seguros o reaseguros, ya que dichos procedimientos no siempre garantizan una continuación adecuada de las funciones esenciales para los tomadores de seguros, los beneficiarios y las partes perjudicadas, la economía real o la estabilidad financiera en su conjunto.

(2)La crisis financiera mundial de 2008 puso de manifiesto las vulnerabilidades del sector financiero y su interconexión. Las causas de las dificultades y de la inviabilidad resultaron estar relacionadas, en particular, con la evolución de los mercados financieros y con la naturaleza intrínseca de las actividades de seguro o reaseguro. A este respecto, los riesgos de suscripción, es decir, las indemnizaciones infraprovisionadas, los precios erróneos, esto es, las primas infravaloradas, la mala gestión de los activos y pasivos y las pérdidas de inversión, suelen considerarse como principales fuentes de preocupación para las empresas de seguros o reaseguros. En este contexto, el dinero de los contribuyentes se ha utilizado para restablecer las deterioradas condiciones financieras de algunas empresas de seguros. Aunque la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo tenía por objeto reforzar el sistema financiero de la Unión y la resiliencia de las empresas de seguros o reaseguros, no eliminaba completamente la posibilidad de inviabilidad de dichas empresas. El alto nivel de volatilidad del mercado y la prolongación de los bajos tipos de interés podrían ser especialmente perjudiciales para la rentabilidad y la solvencia de las empresas de seguros o reaseguros. Por tanto, la sensibilidad de las empresas de seguros o reaseguros a la evolución del mercado y de la economía exige una especial cautela y un marco adecuado para gestionar, incluso de forma preventiva, los posibles deterioros de la situación financiera de dichas empresas. Algunas situaciones de inviabilidad y de cuasi inviabilidad recientes, en particular de carácter transfronterizo, han puesto de manifiesto deficiencias del marco actual que deben abordarse para organizar adecuadamente la salida ordenada del mercado de las empresas de seguros o reaseguros.

(18)Es esencial que los grupos o, en su caso, las empresas individuales elaboren y actualicen periódicamente planes preventivos de recuperación que establezcan las medidas que deben adoptar dichos grupos o empresas para restablecer su situación financiera tras un deterioro significativo de dicha situación que pueda suponer un riesgo para su viabilidad. Por consiguiente, las empresas de seguros o reaseguros deben establecer un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que desencadenarían la activación de las medidas correctoras previstas en dichos planes preventivos de recuperación. Estos indicadores deben ayudar a las empresas de seguros o reaseguros a adoptar medidas correctoras en el interés de sus tomadores de seguros y no deben establecer nuevos requisitos prudenciales reglamentarios. Los planes preventivos de recuperación que abarquen a todas las entidades jurídicas importantes del grupo deben detallarse y basarse en hipótesis realistas aplicables en una serie de escenarios sólidos y rigurosos. Estos planes preventivos de recuperación deben formar parte integrante del sistema de gobernanza de las empresas. Los instrumentos existentes pueden servir de base a la hora de preparar dichos planes preventivos de recuperación, incluida la evaluación interna de los riesgos y de la solvencia, planes de contingencia o planes de gestión del riesgo de liquidez. No obstante, el requisito de elaborar un plan preventivo de recuperación debe aplicarse de manera proporcionada y debe entenderse sin perjuicio de la elaboración y presentación de un plan de recuperación realista, tal como exige el artículo 138, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE. Cuando proceda, los elementos del plan preventivo de recuperación podrían servir de base para elaborar el plan de recuperación exigido por el artículo 138, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE.

(19)Es necesario garantizar un grado adecuado de preparación para situaciones de crisis. Por lo tanto, debe exigirse a las empresas matrices últimas o a las empresas de seguros o reaseguros individuales que presenten sus planes preventivos de recuperación a las autoridades de supervisión para una evaluación completa, incluida la evaluación de si dichos planes son exhaustivos y podrían realmente restablecer la viabilidad de una empresa o grupo de manera oportuna, incluso en períodos de grave tensión financiera. Cuando una empresa presente un plan preventivo de recuperación que no sea adecuado, las autoridades de supervisión deben estar facultadas para exigir a dicha empresa que adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias significativas del plan.

(20)La planificación es un componente esencial de una resolución eficaz. Por consiguiente, las autoridades de resolución deben disponer de toda la información necesaria para determinar las funciones esenciales y garantizar su continuidad. Las empresas de seguros o reaseguros tienen un conocimiento privilegiado de su propio funcionamiento y de cualquier problema que se derive de él, por lo que las autoridades de resolución deben elaborar planes de resolución sobre la base, en particular, de la información facilitada por las empresas de que se trate. A fin de evitar cargas administrativas innecesarias, las autoridades de resolución deben recabar la información necesaria principalmente de las autoridades de supervisión.

(21)Las empresas con perfil de riesgo bajo, debido a dicho perfil no deben estar obligadas a elaborar planes preventivos de recuperación separados, ni deben estar sujetas a una planificación de la resolución.

(22)Con el fin de anticipar la posible interacción de las medidas correctoras y de resolución y mejorar la preparación frente a las crisis y la resolubilidad de los grupos, el trato que se dé a un grupo en relación con la planificación preventiva de la recuperación y la planificación de la resolución debe aplicarse a todas las entidades del mismo sujetas a supervisión de grupo. Los planes preventivos de recuperación y los planes de resolución deben tener en cuenta la estructura financiera, técnica y empresarial del grupo de que se trate y su grado de interconexión interna.

(23)Los planes preventivos de recuperación y los planes de resolución de grupo deben elaborarse para el grupo en su conjunto y deben determinar medidas en relación tanto con las empresas matrices últimas como con las filiales individuales que formen parte de ese grupo. No obstante, la medida en que las filiales son consideradas en los planes preventivos de recuperación y los planes de resolución del grupo debe ser proporcional a su pertinencia para el grupo y para los tomadores de seguros, la economía real y el sistema financiero de los Estados miembros en los que operen dichas filiales. Las autoridades de resolución de los Estados miembros en los que un grupo tenga filiales deben participar en la elaboración de cualquier plan de resolución. Las autoridades competentes, al actuar en el seno de los colegios de autoridades de supervisión o de resolución deben realizar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar una decisión conjunta sobre la evaluación y la adopción de dichos planes. No obstante, la preparación adecuada ante las crisis no debe verse afectada por la ausencia de una decisión conjunta en el seno de los colegios de autoridades de supervisión o de resolución. En tales casos, cada autoridad de supervisión responsable de una filial debe tener la posibilidad de exigir un plan preventivo de recuperación para las filiales bajo su jurisdicción y de realizar su propia evaluación de dicho plan. Por las mismas razones, cada autoridad de resolución responsable de una filial debe elaborar y mantener actualizado un plan de resolución para las filiales bajo su jurisdicción. La elaboración de planes preventivos de recuperación y planes de resolución individuales para las empresas que formen parte de un grupo debe seguir siendo excepcional, estar debidamente justificada y aplicar las mismas normas que se aplican a empresas comparables en el Estado miembro de que se trate. Cuando se elaboren individualmente planes preventivos de recuperación y planes de resolución para las empresas que formen parte de un grupo, el objetivo de las autoridades competentes debe ser, en la medida de lo posible, la coherencia con los planes preventivos de recuperación y los planes de resolución para el resto del grupo.

(24)Con el fin de mantener a todas las autoridades competentes plena y permanentemente informadas, las autoridades de supervisión deben transmitir los planes preventivos de recuperación y cualquier modificación de los mismos a las autoridades de resolución afectadas, y las autoridades de resolución deben transmitir los planes de resolución y cualquier modificación de los mismos a las autoridades de supervisión afectadas.

(25)Sobre la base de una evaluación de la resolubilidad de las empresas de seguros o reaseguros, las autoridades de resolución deben estar facultadas para exigir, directamente, o indirectamente a través de la autoridad de supervisión, que las empresas de seguros o reaseguros modifiquen su estructura y organización. Las autoridades de resolución también deben poder adoptar medidas necesarias, pero proporcionadas, para reducir o eliminar cualquier obstáculo importante a la aplicación de los instrumentos de resolución y para garantizar la resolubilidad de las entidades afectadas. Las autoridades de resolución deben evaluar la resolubilidad de las empresas de seguros o reaseguros al nivel de empresa cuando, de conformidad con el plan de resolución de grupo, se prevea la adopción de medidas de resolución. La capacidad de las autoridades de resolución para solicitar cambios en la estructura y la organización de una empresa de seguros o reaseguros, o para adoptar medidas encaminadas a reducir o eliminar cualquier obstáculo importante a la aplicación de los instrumentos de resolución y a garantizar la resolubilidad de las empresas afectadas, no debe ir más allá de lo necesario para simplificar la estructura y las operaciones de la empresa de seguros o reaseguros de que se trate a fin de mejorar su resolubilidad.

(26)La aplicación de las medidas descritas en un plan preventivo de recuperación o en un plan de resolución puede tener efectos en el personal de las empresas de seguros o reaseguros. Por consiguiente, dichos planes deben contener procedimientos para informar y consultar a los representantes de los trabajadores a lo largo de los procesos de recuperación y resolución, cuando proceda. Dichos procedimientos deben tener en cuenta los convenios colectivos, otros acuerdos previstos por los interlocutores sociales y el Derecho nacional y de la Unión en relación con la participación de los sindicatos y los representantes de los trabajadores en los procesos de reestructuración de las empresas.

(27)Para una recuperación y resolución eficaces de empresas de seguros o reaseguros o de entidades de grupo que operan en toda la Unión es necesaria la cooperación entre las autoridades de supervisión y las autoridades de resolución en el marco de colegios de autoridades de supervisión y de resolución, y ello en todas las fases cubiertas por la presente Directiva, desde la elaboración de planes preventivos de recuperación y planes de resolución hasta la resolución efectiva de la empresa. En caso de desacuerdo entre las autoridades sobre las decisiones que deben adoptarse en relación con grupos y empresas, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, AESPJ), creada por el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, debe desempeñar, en última instancia, una función de mediación.

(28)Durante las fases de recuperación y prevención, los accionistas deben conservar la plena responsabilidad y el control de la empresa de seguros o reaseguros. Dejarán de asumir esta responsabilidad cuando la empresa se someta a resolución. Por tanto, el marco de resolución debe prever un inicio oportuno del proceso de resolución, esto es, antes de que una empresa de seguros o reaseguros sea insolvente en el balance o en el flujo de caja, antes de que todas las acciones se hayan suprimido totalmente, o antes de que la empresa de seguros o reaseguros sea incapaz de cumplir sus obligaciones de pago a su vencimiento. La resolución debe iniciarse cuando una autoridad de supervisión, tras haber consultado a una autoridad de resolución, o tras haber sido consultada por una autoridad de resolución, determine que una empresa de seguros o reaseguros es inviable o tiene probabilidades de serlo y que las medidas alternativas no impedirían dicha inviabilidad en un plazo razonable. Se considerará que una empresa de seguros o reaseguros es inviable o tiene probabilidades de serlo en cualquiera de las siguientes circunstancias: i) cuando la empresa incumpla o pueda incumplir el capital mínimo obligatorio establecido en el título I, capítulo VI, sección 4, de la Directiva 2009/138/CE y no existan perspectivas razonables de restablecimiento del cumplimiento; ii) cuando la empresa deje de cumplir las condiciones de autorización o incumpla gravemente las obligaciones legales que le incumben en virtud de las disposiciones legales y reglamentarias a las que esté sujeta o pueda incumplir gravemente las obligaciones legales que le incumben en virtud de las disposiciones legales y reglamentarias a las que esté sujeta en un futuro próximo, en una forma que pueda justificar la revocación de la autorización; iii) cuando la empresa de seguros o reaseguros sea o pueda ser incapaz de pagar sus deudas u otros pasivos en un futuro próximo, incluidos los pagos a tomadores o beneficiarios de seguros a su vencimiento; o iv) cuando la empresa de seguros o reaseguros necesite una ayuda financiera pública extraordinaria.

(29)El uso de instrumentos y competencias de resolución puede afectar a los derechos de los accionistas y acreedores de las empresas de seguros o reaseguros. En particular, la competencia de las autoridades de resolución para transferir las acciones o los activos, en parte o en su totalidad, de una empresa de seguros o reaseguros a un comprador privado sin el consentimiento de los accionistas afecta a los derechos de propiedad de los accionistas. Por otra parte, la igualdad de trato de los acreedores puede verse afectada por la competencia de decidir los pasivos de una empresa inviable que hay que transferir a fin de garantizar la continuidad de los servicios y evitar efectos adversos para los tomadores de seguros, los beneficiarios y las partes perjudicadas, la economía real o la estabilidad financiera en su conjunto. Por consiguiente, cualquier instrumento de resolución debe aplicarse únicamente a las empresas de seguros o reaseguros inviables o con probabilidades de serlo, y solo cuando sea necesario para el logro de los objetivos de resolución en aras del interés general. En particular, los instrumentos de resolución solo deben aplicarse cuando la empresa de seguros o reaseguros no pueda ser liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios sin afectar indebidamente a la protección de los tomadores de seguros, beneficiarios y acreedores o desestabilizar el sistema financiero. Además, las medidas de resolución deben ser necesarias para garantizar la rápida transferencia y continuación de las funciones esenciales y no debe existir ninguna perspectiva razonable de solución alternativa privada, incluida cualquier ampliación de capital por parte de los accionistas existentes o de terceros, que sea suficiente para restablecer la plena viabilidad de la entidad sin afectar a los créditos de seguro. Toda injerencia en los derechos de accionistas y acreedores derivada de una acción de resolución debe ser compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»). En particular, cuando acreedores de la misma categoría reciban un trato diferente en el contexto de una acción de resolución, tales diferencias de trato deben estar justificadas por razones de interés público y ser proporcionales a los riesgos que se han de afrontar, y no deben ser directa ni indirectamente discriminatorias por motivos de nacionalidad.

(30)Al aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución, las autoridades de resolución deben adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar que la acción de resolución se emprenda de conformidad con el principio de que los créditos de seguros se vean afectados después de que los accionistas y otros acreedores hayan soportado la parte que les corresponde de las pérdidas. Además, las autoridades de resolución deben velar por que los costes de la resolución de las empresas de seguros o reaseguros se reduzcan al mínimo y por que los acreedores de la misma categoría reciban un trato equitativo.

(31)La amortización o conversión de instrumentos de capital, instrumentos de deuda y otros pasivos admisibles debe prever un mecanismo interno de absorción de pérdidas. Este mecanismo, combinado con instrumentos de transferencia destinados a mantener la continuidad de la cobertura de seguro en beneficio de los tomadores de seguros, los beneficiarios y las partes perjudicadas, debe permitir la consecución de los objetivos de resolución y limitar en gran medida el impacto de la inviabilidad de una empresa de seguros o reaseguros en los tomadores de seguros. No obstante, puede haber casos extremos en los que la resolución de una empresa de seguros o reaseguros pueda requerir la intervención de regímenes nacionales específicos, en particular un sistema de garantía de seguros o un fondo de resolución, con objeto de proporcionar recursos complementarios para la absorción de pérdidas y la reestructuración o, en última instancia, financiación pública extraordinaria. Las salvaguardias necesarias destinadas a proteger a los acreedores también deben reflejar la existencia de tales regímenes nacionales específicos, que, a su vez, deben cumplir el marco de ayudas estatales de la Unión. El instrumento de amortización o conversión debe aplicarse antes de recurrir a cualquier ayuda financiera pública extraordinaria.

(32)La interferencia con los derechos de propiedad no debe ser desproporcionada. Por consiguiente, los accionistas y acreedores afectados de las empresas de seguros o reaseguros, incluidos los tomadores de seguros, no deben incurrir en pérdidas superiores a las que habrían sufrido si la empresa de seguros o reaseguros hubiera sido liquidada en el momento en que se adoptó la decisión de resolución. En caso de transferencia parcial de los activos y pasivos de una empresa de seguros o reaseguros objeto de resolución a un comprador privado o a una empresa puente, la parte residual de la empresa objeto de resolución debe ser liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Los accionistas y acreedores restantes en el procedimiento de liquidación de una empresa de seguros o reaseguros deben tener derecho a recibir, en pago o compensación por sus créditos en el procedimiento de liquidación, no menos de lo que habrían recuperado si la empresa de seguros o reaseguros hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

(33)Para proteger los derechos de los accionistas y acreedores es necesario establecer obligaciones claras relativas a la valoración de los activos y pasivos de la empresa objeto de resolución y a la valoración del trato que los accionistas y acreedores habrían recibido si la empresa hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Por consiguiente, es necesario disponer que, antes de emprender cualquier medida de resolución, se lleve a cabo una valoración justa y realista de los activos y pasivos de la empresa de seguros o reaseguros. Dicha valoración debe estar sujeta a un derecho de recurso. Sin embargo, debido a la naturaleza de la acción de resolución y a su estrecha relación con la valoración, dicho recurso solo debe ser posible si se dirige simultáneamente contra la decisión de resolución. Además, es necesario establecer la obligación de llevar a cabo, una vez aplicados los instrumentos de resolución, una comparación entre el trato que se ha dado efectivamente a los accionistas y acreedores y el trato que habrían recibido con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios. Esta comparación ex post debe ser impugnable, al margen de la decisión de resolución. Los accionistas y los acreedores que hayan recibido menos de lo que habrían recibido con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios deben tener derecho al pago de la diferencia.

(34)Es importante que se reconozcan las pérdidas en caso de inviabilidad de una empresa de seguros o reaseguros. La valoración de los activos y pasivos de empresas de seguros o reaseguros inviables debe basarse en unos supuestos razonables, prudentes y realistas en el momento en que se aplican los instrumentos de resolución. No obstante, el valor de los pasivos no debe verse afectado en la valoración por el estado financiero de la empresa de seguros o reaseguros. En casos excepcionales de urgencia, las autoridades de resolución deben poder realizar una valoración rápida de los activos o de los pasivos de una empresa de seguros o reaseguros inviable. Esta valoración debe ser provisional y se aplicará hasta el momento en que se lleve a cabo una valoración independiente. La AESPJ debe establecer un marco de principios para la realización de dichas valoraciones y permitir que las autoridades de resolución y los tasadores independientes apliquen diferentes metodologías específicas, según proceda.

(35)A la hora de emprender acciones de resolución, las autoridades de resolución deben tener en cuenta y seguir las medidas previstas en los planes de resolución, salvo que consideren, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, que los objetivos de la resolución podrían conseguirse más fácilmente mediante acciones no previstas en los planes de resolución.

(36)Los instrumentos de resolución deben diseñarse y ser adecuados para hacer frente a una amplia serie de situaciones en gran parte imprevisibles, teniendo en cuenta que puede haber una diferencia entre la crisis de una única empresa de seguros o reaseguros y la crisis de todo el sistema. Por lo tanto, los instrumentos de resolución deben abarcar cada uno de esos escenarios, incluida la liquidación-extinción en situación de solvencia de la empresa objeto de resolución hasta su finalización, la venta de la actividad o acciones de la empresa objeto de resolución, la creación de una empresa puente, la segregación de los activos y pasivos de las carteras con deterioro o baja rentabilidad de la empresa inviable, y la amortización o conversión de instrumentos de capital y otros pasivos admisibles de la empresa de seguros o reaseguros inviable.

(37)Cuando se hayan utilizado instrumentos de resolución para transferir carteras de seguros a una entidad saneada, que podría ser un comprador del sector privado o una empresa puente, la parte residual de la empresa debe liquidarse en un plazo adecuado. La duración de dicho plazo debe basarse en la necesidad de que la empresa de seguros o reaseguros inviable preste servicios o preste apoyo para que el comprador del sector privado o la empresa puente pueda llevar a cabo las actividades o servicios adquiridos en virtud de dicha transferencia.