Por tanto, volvemos a instar al Parlamento Europeo y al Consejo a que cumplan los compromisos del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación. En particular, instamos a las dos instituciones a que documenten el efecto de sus modificaciones en términos de impactos previstos. La reanudación de nuestro diálogo político facilitará el intercambio de ideas, de forma que todas las partes puedan cumplir sus compromisos en virtud del Acuerdo interinstitucional.

Evalúa de forma sistemática los impactos económicos, sociales y medioambientales de las medidas estratégicas y garantiza de manera consistente una alta calidad de la legislación propuesta. Debido a este ambicioso programa de la Comisión y a los retos sin precedentes a los que nos enfrentamos, es más necesario que nunca realizar un análisis sólido y disponer de datos fiables. Por tanto, proponemos varias mejoras adicionales, en particular para garantizar que nuestras políticas respalden la recuperación y la resiliencia de la UE, así como su doble transición, de la mejor manera posible, para lo que la Comisión:

El balance sobre la mejora de la legislación mostró que los cuestionarios de las consultas públicas actualmente suelen ser largos o demasiado técnicos y no tienen el equilibrio adecuado entre preguntas abiertas y cerradas. Mejoraremos la estructura, el contenido y el lenguaje de los cuestionarios para abordar estas cuestiones.

La elaboración de políticas adecuadas requiere que se tengan en cuenta todas las partes afectadas por las decisiones. Para mantener la confianza en la Unión Europea, las políticas de la UE deben tener en cuenta y reflejar los valores y las preocupaciones de los ciudadanos. Esta participación activa de las partes interesadas, que incluyen a los ciudadanos, es fundamental, en especial en tiempos de incertidumbre. Al mismo tiempo, las consultas no deben imponer cargas innecesarias. Por tanto, queremos que sea más fácil para las partes interesadas hacer sus contribuciones mediante nuestras consultas.

Los datos científicos son otro pilar fundamental de la mejora de la legislación, vitales para una descripción exacta del problema, una comprensión real de las causas y, por tanto, de la lógica de la intervención; y para evaluar sus repercusiones. Una investigación de alta calidad no puede llevarse a cabo de la noche a la mañana, por lo que para garantizar la disponibilidad de datos pertinentes cuando son necesarios se deben prever y coordinar mejor las necesidades de datos. También significa movilizar e integrar mejor a la comunidad investigadora en el proceso regulador desde el inicio, como muchos gobiernos han hecho durante la pandemia.

La Comisión tiene una larga tradición de reducción de la carga normativa, que se inició en 2002. El enfoque respecto a la reducción de la carga ha evolucionado a lo largo de los años, siendo el programa de acción de reducción de la carga administrativa de 2007-2012 de donde se ha extraído experiencia en particular.

La forma final de la legislación es el resultado de negociaciones políticas y compromisos que suelen hacerla más compleja y costosa. Además, parte de la legislación no tiene el resultado esperado cuando se aplica sobre el terreno. El impacto global de la legislación depende de estos tres niveles (propuestas de la Comisión, actos legislativos negociados finales e implementación a escala nacional, regional y local).

De conformidad con los objetivos de la estrategia digital de la Comisión, mejoraremos el acceso a los datos detrás de cada propuesta legislativa. El objetivo es garantizar que, para cada acto legislativo, todos los estudios, evaluaciones, conjuntos de datos, etc., publicados relacionados sean fáciles de encontrar y acceder.

Sin embargo, es necesario mejorar el conocimiento sobre el portal Díganos lo que piensa, para fomentar que más personas —incluidas las que no tienen un conocimiento detallado de la elaboración de políticas de la UE y la comunidad científica— contribuyan a nuestras «convocatorias de datos». Por tanto, promoveremos Díganos lo que piensa más ampliamente. Realizaremos un nuevo esfuerzo para colaborar con la comunidad de investigación científica para animarle a presentar investigaciones científicas pertinentes al comienzo del proceso.

·exenciones en determinadas circunstancias excepcionales: si existe la voluntad política de regular, pero no es posible identificar una compensación en el mismo ámbito (por ejemplo, un reglamento en ámbitos de política nuevos en los que es necesario subsanar una deficiencia normativa), la Comisión puede decidir eximir al reglamento del enfoque «una más, una menos».

·«intercambio» en determinadas circunstancias excepcionales entre ámbitos de la política: si se considera que la legislación propuesta que impone costes («más») es necesaria, pero no es posible encontrar una «menos» en el mismo ámbito, la Comisión puede decidir obtener una «menos» de un ámbito distinto de sus políticas; y

·flexibilidad dentro del período de notificación: si no puede identificarse una «menos» en el programa de trabajo del mismo año, se notificará en el año siguiente;

Para cumplir con estas exigencias y sacar provecho de los beneficios resultantes, las empresas suelen tener que invertir en modernizar sus líneas de producción, reducir los daños al medio ambiente, mejorar la salud pública o aumentar el nivel de protección de los consumidores o los trabajadores. Aunque las empresas no siempre se benefician directamente de estos cambios, pueden aprovechar nuevas oportunidades de negocio, obtener una ventaja competitiva o beneficios indirectos, tales como la igualdad de condiciones en el mercado único.

Mantener las cargas bajo control y cuantificarlas no es un objetivo en sí mismo. La Comisión continuará proponiendo nueva legislación con el objetivo principal de lograr beneficios económicos, sociales y medioambientales a largo plazo para las personas y las empresas. La principal prueba será si los beneficios superan los costes, de conformidad con las buenas prácticas de nuestro sistema de «mejora de la legislación» internacionalmente reconocido. Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad se aplicarán como es habitual. Por tanto, la aplicación del enfoque «una más, una menos» no dará lugar en absoluto a una disminución de las elevadas exigencias y objetivos económicos, sociales y medioambientales de la UE, ni evitará la adopción de nuevas iniciativas con un claro valor añadido que permitan lograr de forma eficaz las prioridades de las políticas.

No aplicaremos el enfoque de manera mecánica, por ejemplo, proponiendo la retirada de un acto legislativo existente por cada nuevo acto propuesto. En su lugar, intentaremos compensar las cargas para las personas y las empresas de algunas propuestas legislativas con ahorros en otras del mismo ámbito de la política. Informaremos sobre la aplicación anual del enfoque «una más, una menos» en el Estudio anual de la carga administrativa.

Con este cambio, no solo deberíamos reducir la carga impuesta por la legislación, sino mejorar en general la calidad de una legislación específica y, así, de todo el corpus de legislación. Esto resultará en una mejor atención sobre la eficiencia legislativa, que evitará cargas que no sean estrictamente necesarias para el logro de los objetivos de las políticas.

La experiencia en los Estados miembros ha mostrado que la introducción de enfoques como «una más, una menos» anima a los responsables políticos a mirar más allá de los objetivos de las políticas. Dirige su atención hacia los aspectos prácticos de aplicación de las políticas. Con la introducción del enfoque «una más, una menos», queremos reforzar una cultura de elaboración de políticas que no solo asegure que logramos nuestros objetivos políticos, sino que preste una mayor atención al cómo lo hacemos. A este respecto, examinaremos la simplificación de los procesos que dan lugar a los resultados de la política esperados, al tiempo que consideramos el uso de soluciones digitales para fomentar una aplicación de las políticas menos costosa y más fluida.

La Comisión está más comprometida que nunca con el diseño de políticas y propuestas que faciliten la vida de las personas y las empresas. Debemos velar por que la normativa logre beneficios, sea específica y fácil de cumplir y no añada cargas normativas innecesarias.

Durante la crisis de la COVID‑19, la Comisión ha tenido que proponer varias iniciativas con carácter urgente. La mayoría fueron decisiones o actos que no hubieran requerido una evaluación de impacto en ningún caso. Otras habrían estado sujetas normalmente a consultas públicas y a evaluaciones de impacto, pero el tiempo era escaso. Las exposiciones de motivos establecieron la justificación subyacente de las propuestas, pero los impactos no pudieron evaluarse en su totalidad por adelantado debido a la falta de tiempo y a la rápida evolución de la situación.

Se llevan a cabo evaluaciones de impacto de las iniciativas para las que existen políticas alternativas, en las que los impactos previstos pueden identificarse con claridad de antemano y cuyas repercusiones son importantes para la sociedad. Sin embargo, a veces la necesidad de una medida legislativa urgente no deja tiempo para todas las etapas establecidas en las directrices para la mejora de la legislación de la Comisión.

Por nuestra parte, prevemos las siguientes mejoras en las evaluaciones, incluidas las de impacto. Esperamos conocer la forma en que nuestros socios institucionales tienen la intención de intensificar sus esfuerzos, en particular a la luz de sus compromisos en el Acuerdo interinstitucional.

En los veinte años transcurridos desde que se realizaran las primeras evaluaciones, incluidas las de impacto, estas herramientas se han convertido en parte integral del proceso de elaboración de políticas de la Comisión. Sin embargo, estos esfuerzos no deben limitarse a las propuestas iniciales de la Comisión, sino que también deben aplicarse a la legislación adoptada al final del proceso de negociación. El Parlamento Europeo y el Consejo se comprometieron a hacerlo en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 2016.

La plataforma «Preparados para el futuro» reúne la experiencia de las administraciones públicas, los interlocutores sociales, las pequeñas y medianas empresas, los expertos técnicos y las organizaciones de consumidores, salud, medioambientales y otras organizaciones no gubernamentales en reuniones periódicas para mejorar la legislación existente de la UE. El Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo desempeñan un papel importante al participar en el grupo de los gobiernos y el grupo de las partes interesadas de la plataforma, respectivamente. La RegHub 2.0 del Comité de las Regiones participará sistemáticamente en la plataforma.

Hasta 2019, la plataforma REFIT apoyó los esfuerzos de la Comisión para mejorar la legislación de la UE en el contexto del programa REFIT. La plataforma ofreció información valiosa sobre la aplicación práctica y el impacto de la legislación. No obstante, su trabajo tuvo una visibilidad limitada y su potencial no siempre se explotó plenamente; esto llevó a la Comisión a lanzar la plataforma «Preparados para el futuro» en mayo de 2020.

La Comisión valora enormemente las contribuciones de los Estados miembros, los interlocutores sociales y las partes interesadas (asesoramiento y experiencia práctica) para ayudar a determinar los casos en que la legislación ya no se adapta a su fin, impone cargas innecesarias, requiere más intervención para lograr los objetivos previstos o puede simplificarse. Podría ser necesario actualizar alguna legislación adicional a la luz de la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias.

De conformidad con los compromisos anteriores, publicaremos una plantilla de evaluación de la subsidiariedad con cada propuesta importante o políticamente sensible acompañada por una evaluación de impacto. Esto debería facilitar que las instituciones políticas entiendan cuáles son los aspectos polémicos respecto de la necesidad y la forma de actuación a escala de la UE. El objetivo es centrar el análisis en esos puntos.

Las pymes se han visto gravemente afectadas por la crisis. Una evaluación meticulosa de los impactos de las propuestas de la Comisión sobre las pymes garantizará que las medidas sean específicas, logren sus objetivos y no añadan costes innecesarios. Una aplicación más sistemática y proporcionada de la «prueba de las pymes» contribuirá a lograr este objetivo.

Además, las evaluaciones de impacto deben reflejar los distintos efectos de la crisis de la COVID‑19. En particular, la definición de los problemas, el análisis de subsidiariedad y proporcionalidad, los valores de referencia y la evaluación de las opciones de actuación deben tener en cuenta el cambio en las circunstancias, incluidos los efectos a más largo plazo identificados mediante prospectiva y la necesidad de reforzar la resiliencia.

La recuperación de la crisis actual será testigo de cambios de paradigma sin precedentes en la elaboración de políticas y en las inversiones que configurarán el mundo para la próxima generación. Es esencial que procedamos de forma estratégica, de modo que no solo nos recuperemos, sino que también aceleremos la doble transición y hagamos del mundo un lugar mejor, más resiliente e igualitario de lo que era antes. Así pues, todas nuestras propuestas legislativas deben contribuir a lograr los objetivos generales.

Cláusulas de seguimiento y revisión más útiles

Es evidente que un acto legislativo de la UE solo puede evaluarse con la participación de los afectados y solo después de que los Estados miembros lo hayan aplicado en su totalidad. Por tanto, debe pasar un tiempo suficiente antes de que la Comisión pueda reunir datos y pruebas suficientes para analizar la eficacia de la legislación.

Sin embargo, los colegisladores suelen introducir modificaciones a través de las cuales la legislación incluye requisitos poco claros sobre el tipo de revisión que debe realizarse o impone plazos para evaluar la legislación (o partes de esta) que vencen antes de que exista experiencia práctica e información suficientes sobre su aplicación y efectos. El Tribunal de Cuentas Europeo planteó esta cuestión cuando examinó la política de evaluación de la UE. Nuestras propuestas legislativas incluirán cláusulas de revisión que estén en consonancia con las recomendaciones de los auditores, aunque el resultado final sigue en gran medida en manos de los colegisladores.

Para que las cláusulas de revisión sean más coherentes, la Comisión propone a nuestros colegisladores distinguir con mayor claridad entre los informes de ejecución y las evaluaciones. Los primeros abarcarían los avances en la transposición, ejecución y aplicación de la legislación, incluidos los posibles problemas detectados en ese contexto. Los últimos evaluarían la legislación (incluidos los programas de gasto) unos pocos años después del comienzo de la ejecución, evaluando sus efectos a la luz de los criterios de evaluación establecidos.

Las evaluaciones y las evaluaciones de impacto posteriores dependen en gran medida de la calidad, disponibilidad y la reutilización de los datos. Por tanto, es fundamental supervisar el desempeño de las disposiciones legislativas sobre el terreno. Al mismo tiempo, este seguimiento y las obligaciones de notificación relacionadas representan una carga administrativa para las empresas y las autoridades públicas. Por tanto, debe existir un equilibrio entre recopilar solo lo que sea estrictamente necesario y contar con datos disponibles suficientes para evaluaciones futuras. Por esta razón, instamos a los colegisladores a que aseguren que toda la legislación incluya cláusulas de seguimiento y notificación que garanticen datos pertinentes suficientes para su evaluación.

Para avanzar en la introducción de cláusulas de revisión coherentes y cláusulas de seguimiento viables, invitamos al Parlamento Europeo y al Consejo a elaborar definiciones comunes e identificar buenas prácticas a través de nuestro diálogo periódico en el contexto del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación.

En respuesta a la crisis de la COVID‑19, las autoridades estadísticas nacionales han adoptado medidas temporales para reducir las cargas de notificación sobre las empresas, por ejemplo, adaptando algunos cuestionarios y formas de presentación de la información. Al mismo tiempo, Eurostat y las autoridades estadísticas nacionales han continuado suministrando estadísticas de calidad necesarias para orientar los esfuerzos de recuperación y el seguimiento cotidiano del desempeño de las leyes de la UE.

Mejorar las evaluaciones y los controles de adecuación para orientar mejor la elaboración de políticas

Las evaluaciones son más instructivas cuando generan una base robusta de datos sobre los éxitos y las deficiencias, al tiempo que también identifican ámbitos de mejora respecto de las nuevas tendencias y retos. Es importante que faciliten más información sobre por qué los actos legislativos han logrado o no los resultados esperados.

Por tanto, las evaluaciones deben presentar con precisión resultados con base empírica sobre el rendimiento de la legislación y extraer conclusiones que tengan un vínculo claro con la evaluación. Presentaremos con mayor claridad las posibles consecuencias imprevistas o las deficiencias de las leyes de la UE (en comparación con los objetivos previstos), de forma que las evaluaciones puedan orientar mejor la elaboración de políticas.

En este contexto del enfoque «una más, una menos», las evaluaciones verificarán inicialmente los costes y los beneficios estimados frente a los resultados reales, tras las modificaciones de los colegisladores y la aplicación nacional. Los controles de adecuación de ámbitos de actuación en su conjunto (en lugar de evaluaciones sobre actos legislativos concretos) son especialmente útiles en este sentido. Aparte de evaluar el grado en que una iniciativa de la política logra sus objetivos, se fijan en los impactos acumulados de la legislación, las duplicaciones y las incoherencias, y, de esta forma, proporcionan una imagen más completa de los beneficios y las cargas para las empresas, los particulares y las administraciones públicas. Los controles de adecuación de aspectos horizontales, como las obligaciones de notificación, ya se han llevado a cabo en un número limitado de ámbitos de la política (por ejemplo, medio ambiente y agricultura) y han identificado un potencial importante de simplificación de los requisitos y de reducción de los costes de notificación. Nos esforzaremos por realizar más de estos controles de adecuación horizontales en el futuro, ya que han demostrado ser muy útiles, pese a que requieren importantes esfuerzos organizativos.

Los controles de adecuación y las principales evaluaciones son examinados por el Comité de Control Reglamentario, que ofrece el control de calidad a la evaluación del rendimiento de la legislación.

Por último, al igual que con las evaluaciones de impacto, elaboraremos resúmenes más accesibles y más informativos sobre el rendimiento de la legislación.

6.4.Un Comité de Control Reglamentario sólido

Dentro de la Comisión, el Comité de Control Reglamentario analiza la calidad de las evaluaciones de impacto, las principales evaluaciones y los controles de adecuación que orientan (pero no sustituyen) la toma de decisiones políticas. El Comité no puede y no cuestiona los objetivos políticos y las opciones presentadas en los informes que acompañan los proyectos de propuesta, pero considera la calidad de los datos, los análisis y la lógica de intervención. En su capacidad asesora, el Comité continuará ofreciendo asesoramiento sobre la aplicación e interpretación de directrices para la mejora de la legislación, modificadas por esta Comunicación, así como sobre la aplicación de exenciones.

Si el Comité concluye que una evaluación, incluidas las de impacto, no cumple las normas establecidas en las directrices para la mejora de la legislación, emite un dictamen negativo. A continuación, el informe en cuestión tiene que ser revisado. Si el Comité emite dos dictámenes negativos sobre una evaluación de impacto determinada, solo el vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva puede presentar la iniciativa al Colegio de Comisarios para su posible adopción. Ningún organismo de supervisión regulador en los Estados miembros tiene este grado de influencia.

La presidenta Von der Leyen revisó la decisión relativa a la creación del Comité para garantizar su funcionamiento ininterrumpido cuando termine el mandato de sus miembros, así como para reforzar sus actividades de divulgación, de forma que el público conozca mejor su función.

Actualmente, el Comité también puede participar en actividades de divulgación independientes. Intentará sensibilizar sobre su trabajo fuera de las instituciones políticas de la UE y, de esta forma, reforzar la confianza en la calidad del trabajo de la Comisión. Además, cooperará más con órganos similares de los Estados miembros para promover un enfoque común en materia de mejora de la legislación.

Por último, el Comité desempeñará un papel importante en el examen de las evaluaciones, incluidas las de impacto, en vista del enfoque «una más, una menos», la prospectiva estratégica y la consideración adecuada de los distintos efectos de la crisis de la COVID‑19.

7.El importante papel de la ejecución