A4-0368/96

Resolución sobre la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

- Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentes y, en particular, sus artículos 3, 5, 6 y 8,

- Visto el Convenio Europeo de Extradición, de 13 de septiembre de 1957, el Convenio Europeo sobre Asistencia Judicial, de 20 de abril de 1959, y el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, de 27 de enero de 1977,

- Vista su Resolución de 18 de abril de 1985 sobre la lucha contra el terrorismo ((DO C 122 de 20.5.1985, pág. 109.)),

- Vista su Resolución de 11 de julio de 1985 sobre la seguridad en la aviación y sobre el terrorismo internacional ((DO C 229 de 9.9.1985, pág. 89.)),

- Vista su Resolución de 11 de septiembre de 1986 sobre el terrorismo ((DO C 255 de 13.10.1986, pág. 135.)),

- Vista su Resolución de 10 de marzo de 1989 sobre los atentados terroristas contra la aviación civil ((DO C 94 de 11.4.1988, pág. 117.)),

- Vista su Resolución de 26 de mayo de 1988 sobre los problemas relativos a la lucha contra el terrorismo ((DO C 158 de 26.6.1989, pág. 394.)),

- Vista su Resolución de 13 de junio de 1991 sobre los asesinatos cometidos por los terroristas en la Comunidad ((DO C 183 de 15.7.1991, pág. 278.)),

- Vista su Resolución de 10 de marzo de 1994 sobre el terrorismo y sus repercusiones sobre la seguridad en Europa ((DO C 91 de 28.3.1994, pág. 236.)),

- Vista su Resolución de 4 de julio de 1996 sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «El tráfico ilícito de materiales nucleares y sustancias radiactivas» ((DO C 211 de 22.7.1996, pág. 15.)),

- Vista la audiencia pública sobre la lucha contra el terrorismo celebrada por la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores el 21 de febrero de 1996,

- Visto el Título VI del Tratado de la Unión Europea, en particular los puntos 7 y 9 del artículo K.1 y el apartado 2 del artículo K.3,

- Vistos los apartados 1 y 2 del artículo 2 del Convenio, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) ((DO C 316 de 27.11.1995, pág. 1.)),

- Visto el Reglamento (CE) nº 3381/94 del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de doble uso ((DO L 367 de 31.12.1994, pág. 1, modificado por el Reglamento (CE) nº 837/95, DO L 90, de 21.4.1995, pág. 1.)), así como la Decisión 94/942/PESC del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, relativa a la acción común adoptada por el Consejo sobre la base del artículo J.3 del Tratado de la Unión Europea referente al control de las exportaciones de productos de doble uso ((DO L 367 de 31.12.1994, pág. 8. Decisión modificada por la Decisión 95/127/PESC (DO L 90 de 21.4.1995, pág. 2), la Decisión 95/128/PESC (DO L 90 de 21.4.1995, pág. 3), la Decisión 96/173/PESC (DO L 52 de 1.3.1996, pág. 1) y la Decisión 96/423/PESC (DO L 176 de 13.7.1996, pág. 1).)),

- Visto el acto del Consejo, de 10 de marzo de 1995, por el que se establece el Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea ((DO C 78 de 30.3.1995, pág. 1.)),

- Visto el acto del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre la elaboración del Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea ((DO C 313 de 23.10.1996, pág. 11.)),

- Vista la declaración sobre el terrorismo de los ministros de Interior y de Justicia en el Consejo informal del 14 de octubre de 1995,

- Vistas las 25 medidas contra el terrorismo cuya adopción recomendó la Conferencia de los 7 países industrializados (G7) y Rusia el 30 de julio de 1996 en París,

- Vistas las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 13 y 14 de diciembre de 1996 en Dublín sobre la lucha contra el terrorismo,

- Vista la petición nº 447/95, presentada por el Sr. Jim Swire, de nacionalidad británica, en nombre de la asociación UK Families Flight 103, acompañada de 10.250 firmas, sobre el atentado contra el vuelo PAN-AM 103 en Lockerbie en 1988,

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores (A4-0368/96),

A. Haciendo referencia a que el terrorismo ha de considerarse en la Unión Europea un acto criminal que pretende modificar, mediante el uso de la violencia o la amenaza de violencia, las estructuras económicas y sociales de los Estados de Derecho, distinguiéndose así de los actos de resistencia que tienen lugar en terceros Estados y que van dirigidos contra estructuras estatales que tienen, a su vez, carácter terrorista,

B. Destacando el hecho de que los actos terroristas violan numerosos derechos fundamentales de las personas, en particular el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad personal, y que, además, pueden amenazar en parte la paz interior de una región dada, así como a las instituciones democráticas y a su funcionamiento y poner en peligro los logros del Estado de Derecho y los principios fundamentales, que constituyen la base de las tradiciones constitucionales y del cuerpo legislativo de las democracias occidentales,

C. Considerando que para los fines de esta resolución es adecuado considerar acto terrorista cualquier acto, cometido por individuos o grupos, mediante el recurso a la violencia o amenazas violentas, contra un país, sus instituciones o sus habitantes en general, o contra personas concretas, que, por motivos separatistas, ideológico-extremistas, fanático-religiosos o subjetivo-irracionales, pretende crear una situación de terror en servicios oficiales, determinadas personas o grupos sociales o, en general, en la opinión pública,

D. Considerando que con el continuo y rápido desarrollo de las tecnologías de la información y las posibilidades de almacenamiento electrónico, recuperación, análisis y transmisión de informaciones continuamente surgen nuevas forma de actividades terroristas que, como por ejemplo el «terrorismo informático», pueden consistir en destruir o dañar bases de datos o sistemas de telecomunicaciones, como por ejemplo los utilizados por el gobierno, los ciudadanos, la policía, los bancos, las empresas y los sectores científico, del transporte, militar o bien el sector privado, o en operar mediante técnicas y métodos que se pueden incluir en el ámbito de la delincuencia informática, como por ejemplo el «hacking» (acceso no autorizado a un mensaje) o la introducción de virus y «caballos de Troya», con objeto de desestabilizar un Estado o de ejercer presión sobre servicios públicos,

E. Haciéndose cargo de que, actualmente, algunos Estados miembros de la Unión Europea se enfrentan a actos terroristas -con frecuencia organizados y apoyados de forma transfronteriza- y que los demás Estados miembros tampoco se libran de dichos actos,

F. Considerando que, por lo tanto, la Unión Europea está llamada a adoptar un conjunto de medidas coherentes, que vayan más allá de propuestas ad-hoc, relativos a la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea, que, además de ocuparse de mejorar la información y la persecución penal, dedique más atención a los medios para prevenir los actos terroristas,

G. Considerando que, por motivos de eficiencia de la lucha contra el terrorismo y teniendo muy en cuenta la resolución del Parlamento Europeo de 14 de marzo de 1996 sobre Europol ((DO C 96 de 1.4.1996, pág. 288)), el ámbito de actuación de Europol debe ampliarse rápidamente en el sentido del artículo 2 del Convenio Europol a los delitos que se cometen o pueden cometerse en el marco de acciones terroristas contra la vida, la integridad física y la libertad personal, así como contra bienes,

H. Convencido de que, debido a la estructura democrática y conforme al Estado de Derecho de la elaboración de las decisiones en los Estados miembros, los actos terroristas dentro de la Unión Europea no pueden justificarse, ni siquiera en principio, con ninguna ideología u otros motivos, por lo que aunque la motivación sea claramente política deben clasificarse exclusivamente como actos criminales y deben ser perseguidos penalmente, respetando el Convenio Europeo de los Derechos Humanos como es interpretado por las autoridades competentes para los derechos humanos de Estrasburgo,

I. Haciendo referencia a que, por lo tanto, todas las medidas contra el terrorismo -incluso cuando se produzca la máxima provocación como consecuencia de atentados inhumanos- no deben basarse en legislaciones y procedimientos excepcionales, porque con dichas contraestrategias extraordinarias se corre el riesgo de atribuir una gran importancia y, en consecuencia, de dar un valor desproporcionado a los actos terroristas -que es precisamente lo que pretenden los terroristas-,

J. Reconociendo que, contrariamente a los temores anteriormente expresados, la apertura de las fronteras interiores no ha incrementado el riesgo de que se produzcan actos terroristas, debido a que, según la opinión coincidente de los expertos consultados por la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores el 21 de febrero de 1996, los controles tradicionales en las fronteras interiores no han conducido nunca a la detención de miembros de organizaciones terroristas,

K. Considerando que, en parte, los actos terroristas son planificados y ejecutados por grupos organizados a nivel internacional, que son tolerados, expresa o tácitamente, y, a veces, incluso financiados o apoyados de otra forma por algunos Estados,

L. Convencido de que deben imponerse sanciones diplomáticas, políticas y económicas eficaces y adoptarse medidas disuasorias contra los Estados que, de forma abierta o encubierta, prestan apoyo a actos o grupos terroristas,

Aspectos generales

1. Corrobora con la máxima firmeza su rechazo y condena de todos los actos terroristas que, mediante la destrucción de las esperanzas y expectativas personales, la destrucción de las bases materiales de la vida, las lesiones, mutilaciones y torturas psicológicas así como la muerte, ocasionan, ante todo, un daño indecible a las víctimas y a su entorno;

2. Rechaza en general todo recurso, por personas individuales o grupos, a la violencia o amenazas violentas como medio para lograr, dentro de la Unión Europea, objetivos separatistas, ideológicos, fanático-religiosos o irracionales-irrealizables, dado que constituyen una grave injerencia, totalmente injustificada, en las libertades fundamentales de sus ciudadanos;

3. Pide a los medios de comunicación que, al informar sobre actos terroristas, sean conscientes de su responsabilidad social y de los intentos de los autores de utilizar los medios de comunicación para alcanzar sus propios objetivos; insta, en este sentido, a las entidades de autocontrol de los medios de comunicación a que elaboren principios deontológicos y a que adopten disposiciones eficaces para su cumplimiento;

4. Expresa su sentido pésame a los familiares de las personas fallecidas como consecuencia de actos terroristas y su profunda condolencia a las personas lesionadas como consecuencia de dichos actos, así como a sus familias;

5. Indica que es indispensable poner ayuda material y psicológica efectiva a disposición de las víctimas de actos terroristas y de sus familias;

Con respecto a la prevención

6. Pide a los Estados miembros que adopten medidas homologadas en materia de investigación y prevención de actos terroristas, y entre ellas:

- control aeroportuario y seguridad aérea,

- sistemas de detección de explosivos y sustancias peligrosas en equipajes de mano, facturados y carga general, así como perfeccionamiento de los métodos de detección y rastreo de otras sustancias peligrosas como puedan ser venenos, agentes biológicos y componentes químicos artificiales,

- sistemas informáticos eficaces y coordinados para facilitar el control y detección de individuos reclamados o sospechosos de pertenencia a organizaciones terroristas de la Unión o internacionales,

- protección de las organizaciones que puedan ser blanco de ataques terroristas,

- impedir la utilización de redes de datos y telecomunicaciones para fines terroristas (por ejemplo, la introducción de instrucciones de fabricación de bombas en Internet),

- protección de las redes de datos y de telecomunicaciones contra el sabotaje de organizaciones terroristas,

- control de la fabricación, almacenamiento, transporte, importación y exportación de armas y explosivos, así como de todo medio de combate destinado a o adecuado para matar, herir o mutilar a un gran número de personas, aniquilar grandes reservas de animales o plantas o destruir gran cantidad de material, teniendo en cuenta que el control parlamentario fortalece la transparencia de los sistemas e impide así el abuso de los mismos,

- aumento de la eficacia de los sistemas de vigilancia en relación con las mercancías que pueden servir para fines tanto civiles como militares (conforme al Reglamento (CE) nº 3381/94 del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de doble uso, y a la acción común al respecto, en la versión vigente en cada caso),

- la prohibición de desarrollar, fabricar, almacenar, comerciar, transportar, importar y exportar armas biológicas, químicas y radiactivas,

- el estricto cumplimiento de los compromisos internacionales del Tratado de no proliferación de armas nucleares;

7. Recomienda a los Estados miembros mejorar la formación y la formación continuada de expertos en explosivos y en desactivación de explosivos, así como de expertos en el ámbito de las armas atómicas, biológicas y químicas;

8. Considera necesario promover el diálogo democrático para contribuir a la solución de los conflictos políticos, étnico-nacionales, sociales y ecológicos y para evitar que dichos conflictos sirvan de aparente justificación de actos terroristas y puedan encontrar una cierta anuencia en parte de la población;

9. Exhorta a los Estados miembros a que, en el marco de la prevención del terrorismo, lleven a cabo una política deliberada de integración, orientada a combatir la exclusión social, económica y cultural;

10. Pide a los Estados miembros que adopten medidas eficaces contra el surgimiento o el mantenimiento de un «entorno de apoyo» a los terroristas; ante todo que prohíban la participación activa en actos terroristas, impidan prestar ayudas intelectuales, logísticas y materiales -en particular financieras- a actos terroristas, así como que prohíban todo tipo de acciones que favorezcan a los terroristas, por ejemplo evitar que sean perseguidos penalmente o que se ejecuten las condenas (por ejemplo, no entregarlos a las autoridades encargadas de la investigación, ofrecerles refugio, etc);

11. Insta a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a adoptar sanciones diplomáticas, políticas y económicas eficaces y medidas disuasorias contra los Estados que, de forma abierta o encubierta, apoyan actos terroristas o a grupos terroristas;

Con respecto a la información y a la persecución penal

12. Pide a los Estados miembros que ratifiquen tan pronto como sea posible el Convenio Europol y al Consejo que -mediante una decisión prevista en el apartado 2 del artículo 2 del Convenio Europol- permita que Europol asuma las competencias para la prevención y lucha contra el terrorismo, tan rápidamente como sea posible, pero en todo caso antes de que transcurra el plazo mencionado en dicha disposición («a más tardar dos años a partir de la entrada en vigor de este Convenio»), y adopte las medidas adecuadas para mejorar la eficacia de las autoridades competentes de los Estados miembros y su cooperación en la lucha contra el terrorismo, debiéndose tener en cuenta las peticiones del Parlamento contenidas en su resolución precitada de 14 de marzo de 1996 sobre Europol;

13. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que remitan a los Parlamentos propuestas de disposiciones relativas a condiciones marco de tipo técnico que puedan facilitar considerablemente las investigaciones en relación con los actos terroristas. Respetando estrictamente los derechos fundamentales de personas ajenas, así como sujetas a control parlamentario y judicial, podrían contarse entre dichas disposiciones:

- la vigilancia óptica y acústica de las personas, debiéndose pedir, en particular a los fabricantes de teléfonos móviles, que establezcan las condiciones técnicas para su control,

- la confrontación automatizada de datos,

- determinadas disposiciones para una mejor identificación de los vehículos utilizados para cometer atentados con explosivos,

- la marcación de los explosivos, a fin de poder determinar su origen después de una explosión;

14. Insta a los Estados miembros a:

- tipificar en sus Códigos penales los actos terroristas como delitos graves y que pueden dar lugar a una extradición,

- perseguir penalmente en relación con los actos terroristas a toda persona que haya participado en su organización, preparación o ejecución,

- que en sus legislaciones correspondientes conceptúen la apología del terrorismo como acto delictivo,

- cooperar de manera activa en el marco del nuevo convenio europeo de extradición, pero teniendo en cuenta la responsabilidad de cada Estado miembro en lo que se refiere a la seguridad jurídica de sus habitantes;

Con respecto a la cooperación policial y judicial

15. Insta a los Estados miembros a:

- intensificar la cooperación policial en la lucha contra el terrorismo, reforzando fuertemente el control democrático y jurídico y eligiendo una vía que garantice la máxima participación posible del Parlamento Europeo,

- facilitar el intercambio de informaciones (por ejemplo, sobre personas y organizaciones sospechosas, documentos falsificados, armas utilizadas o acumuladas, tecnologías privilegiadas, nuevas posibles amenazas, etc.), aunque no tengan ninguna relación concreta con un proceso penal, debiéndose garantizar, conforme a su Resolución precitada de 14 de marzo de 1996 sobre Europol, el derecho a la autodeterminación en materia de información de los ciudadanos de la UE,

- fomentar el intercambio de opiniones y de experiencias entre los funcionarios de los Estados miembros responsables de la lucha contra el terrorismo (por ejemplo, mediante la publicación de un índice de los servicios especializados en la lucha contra el terrorismo, en el que figuren los seminarios y cursos (de idiomas) que existen a nivel europeo),

- fomentar una mayor cooperación entre los servicios competentes para la seguridad del transporte público (por ejemplo, mediante el intercambio de datos sobre pasajeros y carga aérea);

16. Destaca la obligación de todos los Estados miembros de no considerar los acuerdos europeos e internacionales contra el terrorismo como una declaración solemne de intenciones, sino de darles la fuerza de textos jurídicos vinculantes que deben servir de base para la realización de acciones consecuentes y coordinadas en el marco de la Unión Europea;

17. Pide a los Estados miembros que ratifiquen lo antes posible el Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, firmado el 27 de febrero de 1996;

18. Insta a los Estados miembros a poner en práctica con el máximo rigor, el principio establecido en el artículo 2 bis del Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea firmado el 27 de septiembre de 1996 de acuerdo con el cual, no sólo los autores de actos terroristas sino también los colaboradores con banda armada están sujetos a extradición, con eliminación de los requisitos de doble incriminación y excepcionalidad como condición para la asistencia judicial y la extradición;

19. Insta al Consejo a realizar a largo plazo una armonización a nivel europeo del Derecho penal relativo a la criminalidad grave de carácter transfronterizo; entre tanto deben elaborarse acuerdos para mejorar la cooperación judicial cuando se produzcan actos terroristas, que deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- la simplificación, flexibilización y aceleración de la asistencia jurídica, facilitando la comunicación directa entre las autoridades competentes,

- la creación de servicios centrales para las comisiones rogatorias en cada Estado miembro, en los que, según las necesidades, puedan trabajar también fiscales y jueces de enlace de otros Estados miembros,

- la fijación del principio de que, en caso de asistencia jurídica, la práctica de la prueba en el Estado miembro al que se ha solicitado la asistencia jurídica, se realiza conforme a las normas del Estado miembro que ha solicitado dicha asistencia, siempre que sea compatible con los principios del Estado miembro al que se ha solicitado asistencia, a fin de que, durante el proceso penal, pueda tener plena fuerza probatoria en este último Estado,

- crear la posibilidad de perseguir penalmente a los ciudadanos del propio Estado por actos penales graves cometidos en otros Estados;

20. Pide al Consejo que adopte los acuerdos y medidas necesarios para que un nacional de un Estado miembro imputado de un delito de terrorismo o de cooperación con banda armada, en el sentido de esta resolución no pueda acogerse al asilo político o al estatuto de refugiado en otro Estado miembro;

21. Pide a los Estados miembros que, con relación al ámbito del terrorismo, no recurran, a ser posible, a la posibilidad de la salvedad contemplada en el apartado 2 del artículo 7 del Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea (extradición de nacionales);

22. Pide a la Conferencia Intergubernamental que, respecto de la previsible reforma del Título VI, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- la política de asilo sólo puede estar referida a nacionales de terceros Estados,

- se debe establecer un precepto concreto que incluya en el Tratado principios eficaces de una colaboración estrecha en materia de ayuda judicial, como pilar esencial de la lucha contra el terrorismo y demás formas de criminalidad organizada;

23. Pide a la Conferencia Intergubernamental que incluya dos nuevos artículos K.1a y K 1b en el Tratado de la Unión Europea, de acuerdo con lo propuesto por la Presidencia irlandesa en el documento en el que presenta un marco general con vistas a un proyecto de revisión de los tratados (páginas 31, 32 y 33 del documento CONF 2500/96 CAB);

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.