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Bruselas, 5.9.2007

COM(2007) 502 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

UNA EUROPA DE RESULTADOS – LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

UNA EUROPA DE RESULTADOS – LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO [1]

I. INTRODUCCIÓN

La Unión Europea está basada en el Derecho, aplica muchas de sus políticas mediante instrumentos legislativos, y responsa en el principio del respeto del Estado de Derecho. Su éxito en la realización de sus numerosos objetivos, según lo establecido en los Tratados y en la legislación, depende de la aplicación efectiva del Derecho comunitario en los Estados miembros. Las leyes no cumplen plenamente su objetivo a menos que se apliquen y se hagan cumplir debidamente. El cuerpo legislativo es considerable: más de 9000 normas de las cuales casi 2000 son directivas, cada una de las cuales requiere entre 40 y más de 300 medidas de transposición en la legislación nacional y regional. La UE abarca 27 administraciones nacionales y más de 70 regiones autónomas. Más de 500 millones de europeos disfrutan de la posibilidad de hacer valer sus derechos basándose en esta legislación. Es necesario cumplir las expectativas de los ciudadanos respecto de los beneficios que aporta la UE. Por ello, con vistas al objetivo de legislar mejor, es necesario otorgar una alta prioridad a la aplicación del Derecho, determinar los motivos por los que pueden haber surgido dificultades en su aplicación y evaluar si puede mejorarse el actual enfoque sobre la aplicación y el control. La adaptación a esta nueva realidad, haciendo frente al mismo tiempo a las expectativas de los ciudadanos y a los imperativos de legislar mejor, constituye un auténtico desafío.

La incapacidad de asumir este desafío debilitará los cimientos de la Unión Europea. Si no se aplican correctamente las leyes, los objetivos de las políticas europeas corren el riesgo de no alcanzarse, y las libertades garantizadas por los Tratados sólo se conseguirán parcialmente. Si el proceso jurídico no se gestiona estratégicamente, las infracciones prioritarias pueden no obtener la atención que merecen y las denuncias de los ciudadanos pueden tardar cada vez más tiempo en resolverse. Es imperativo minimizar estos riesgos.

Las instituciones europeas y los Estados miembros deben continuar trabajando para garantizar la correcta aplicación del Derecho comunitario y el correcto tratamiento de las peticiones de información y las denuncias de los ciudadanos. Esto implicará una mayor cooperación para evitar que surjan problemas, para tratar más eficazmente los problemas que surjan y para resolver más rápidamente las infracciones que se detecten, mejorando al mismo tiempo la transparencia y el intercambio de información. También implicará una mejor integración de las cuestiones de la aplicación de la ley y control en todo el ciclo de elaboración de políticas, desde la concepción de las normas y el proceso de adopción hasta la evaluación de resultados. Es esencial clarificar los retos que plantea la aplicación de la legislación, a fin de mejorar esta última y alcanzar los objetivos del programa "legislar mejor", tales como la simplificación y la reducción de las cargas administrativas, en interés de las empresas y los ciudadanos.

La presente Comunicación sugiere maneras de mejorar la aplicación del Derecho comunitario. Se basa en la Comunicación de 2002 sobre la mejora del control de la aplicación del derecho Comunitario y sigue las líneas generales establecidas en el Análisis estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea de 2006[2]. También responde a las principales cuestiones planteadas en la resolución del Parlamento de mayo de 2006[3]

II. LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO EN UNA UNIÓN EUROPEA CADA VEZ MÁS DIVERSA

En la aplicación del Derecho comunitario intervienen muchos actores: las instituciones europeas y los Estados miembros, con sus autoridades y tribunales locales y territoriales. El volumen y el tipo de cuestiones que surgen varían según el objeto y la naturaleza de los derechos creados.

Los Estados miembros tienen la responsabilidad primaria de la aplicación correcta y en el plazo previsto de los Tratados y de la legislación comunitaria[4]. Son responsables de la aplicación directa del Derecho comunitario, de la aplicación de sus leyes que incorporan el Derecho comunitario y de las numerosas decisiones administrativas adoptadas en virtud de esas leyes. Los tribunales nacionales también desempeñan un papel esencial a la hora de garantizar el respeto de las leyes, entre otras cosas remitiendo cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, en caso necesario.

La Comisión desempeña diversas funciones. En primer lugar, en virtud de su derecho de iniciativa, es responsable de proponer actos, tanto nuevos como de modificación de otros existentes. Tiene en particular la responsabilidad de aplicar el programa "legislar mejor" diseñando nuevas leyes que tengan en cuenta la aplicación y el control, y adaptaciones a las leyes existentes para mejorar su aplicación. El Parlamento y el Consejo desempeñan entonces un papel esencial en la adopción de la medida final.

En segundo lugar, la Comisión trabaja en estrecha asociación con los Estados miembros, gestionando la aplicación de las normas mediante contactos, redes en los diversos sectores y reuniones regulares de expertos nacionales. Este trabajo asegura la eficacia de la aplicación de la ley, la actualización técnica y la aportación de ideas para el desarrollo de las normas.

En tercer lugar, como guardiana de los Tratados, la Comisión goza de autoridad y responsabilidad para garantizar el respeto del Derecho comunitario[5], verificando que los Estados miembros respetan los Tratados y la legislación comunitaria. La Comisión supervisa la aplicación del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros mediante contactos, correspondencia y reuniones con los Estados miembros. La Comisión puede iniciar procedimientos de infracción, solicitando a los Estados miembros que corrijan una transposición incorrecta o inexistente, o una incorrecta aplicación de las normas. La Comisión puede acudir al Tribunal de Justicia[6], a fin de obtener una declaración de infracción del Derecho comunitario por parte del Estado miembro en cuestión[7]. Puede recurrir por segunda vez al Tribunal buscando la aplicación de sanciones financieras hasta que se cumpla la primera resolución del Tribunal[8].

La Comisión informa anualmente al Consejo y al Parlamento sobre la aplicación y el control de la aplicación del Derecho. Proporciona información a petición del Parlamento y del Defensor del Pueblo.

Las preguntas y problemas que surgen respecto de la aplicación del Derecho son inevitablemente múltiples y variados. A finales de 2006, la Comisión estaba tramitando más de 3200 expedientes, incluidas denuncias y procedimientos de oficio[9], más un gran volumen de preguntas y solicitudes de información pidiendo explicaciones u orientaciones sobre asuntos jurídicos[10].

Estos problemas pueden surgir por muchas razones. Puede que los Estados miembros no presten la atención suficiente a la correcta interpretación y aplicación de la ley, o se retrasen con la aplicación y la comunicación de las medidas nacionales de transposición. Puede que los Estados miembros tengan dificultades de interpretación y elección de procedimientos. Puede suceder que los Estados miembros transpongan una directiva o interpreten un reglamento apartándose del espíritu de la medida comunitaria en cuestión. Estas diferencias y dificultades de interpretación pueden repercutir también en los niveles regional y local. En algunos casos, las disposiciones jurídicas pueden ser vagas o difíciles de aplicar. Un nivel alto de correspondencia o de infracción de normas específicas en varios Estados miembros puede reflejar la amplitud del contenido o alcance del instrumento, o un elevado interés, pero también puede ser un indicador de disposiciones que pueden exigir un esfuerzo particular de los Estados miembros para su aplicación, ejecución o comprensión.

Los casos en los que se acude al Tribunal de Justicia son relativamente pocos. Cerca del 70% de las denuncias se archivan antes del envío de un requerimiento; cerca del 85% se archivan antes del dictamen motivado; y cerca del 93% se archivan antes de que el Tribunal dicte sentencia. Estas cifras muestran un alto índice de conformidad, del refuerzo de la comprensión y del apoyo a la ley, del aumento del potencial de aplicación correcta de la ley y del cumplimiento de las intenciones del legislador comunitario.

Sin embargo, el proceso puede ser muy largo. Se tarda una media de 19 meses en archivar una denuncia antes del envío de un requerimiento; 38 meses cuando un caso se archiva entre el envío del requerimiento y el momento en que se emite el dictamen motivado; y 50 meses cuando se archiva un caso después de emitirse el dictamen motivado y antes de que se envíe el asunto al Tribunal, lo que supone una media de 26 meses para archivar un caso[11].

El retraso o el error en la aplicación del Derecho comunitario debilitan el propio sistema y reducen las posibilidades de lograr sus objetivos, privando de sus beneficios a ciudadanos y empresas. Las instituciones de la UE en general, y la Comisión y los Estados miembros en particular, tienen un interés común en mantener esto en un nivel mínimo. A continuación se detalla cómo puede mejorarse el sistema actual.

III. ÁREAS EN LAS QUE SE PUEDE MEJORAR

Hay cuatro áreas principales en que la Comisión observa un margen de mejora:

1. prevención : mayor atención a la aplicación en todo el ciclo de elaboración de políticas;

2. respuesta eficaz : mejora en el intercambio de información y en la resolución de problemas;

3. mejora de los métodos de trabajo : fijación de prioridades y aceleración en la gestión de las infracciones;

4. refuerzo del diálogo y la transparencia : entre las instituciones europeas y mejora de la información al público.

1. PREVENCIÓN

1.1 Mayor atención a la aplicación en todo el ciclo de elaboración de políticas

Deberá realizarse el máximo esfuerzo para que la legislación sea clara, sencilla y aplicable.

Deberá prestarse una atención cada vez mayor a los aspectos de la aplicación, la gestión y el control en la elaboración de las propuestas, en particular en la fase de evaluación del impacto y en todo el ciclo de elaboración de políticas. La evaluación del impacto deberá analizar las opciones de aplicación y sus implicaciones, así como la elección del instrumento jurídico con vistas a facilitar la eficacia de la medida. Deberán utilizarse reglamentos cuando sea oportuno, y en la mayor medida posible para las medidas de ejecución[12].

Las propuestas de la Comisión presentadas al Consejo y al Parlamento irán normalmente acompañadas de sugerencias basadas en el riesgo destinadas a facilitar su aplicación en el plazo previsto. La magnitud de los preparativos para la aplicación de la nueva legislación depende de la naturaleza de las obligaciones en cuestión, el contexto y la experiencia pasada. Éstos podrán ser limitados si la nueva medida es técnica, en un marco bien establecido. Pero en otros casos, la Comisión podría sugerir, por ejemplo, la elaboración de directrices, la organización de reuniones de grupos de expertos sobre transposición, el lanzamiento de la cooperación administrativa, etc., para preparar la correcta aplicación de la ley. La Comisión pedirá sistemáticamente la designación de un punto de contacto y proporcionará detalles sobre las redes creadas para el intercambio de información tras la adopción de cada nueva medida. La Comisión también indicará cómo pretende realizar posteriormente el seguimiento de la correcta aplicación de la norma (por ejemplo, recurso programado a evaluaciones de conformidad, informes o estudios, o inspecciones).

La Comisión continuará incluyendo disposiciones de evaluación en la nueva legislación, proporcionado un marco común para evaluar si las normas están teniendo los efectos previstos y si las medidas de aplicación son suficientes. Como parte de sus actividades de evaluación, la Comisión también examinará la legislación existente, particularmente a la luz de las dificultades de aplicación identificadas, para ver dónde puede ser necesario realizar esfuerzos adicionales o cambios. La Comisión también estará activa por lo que respecta al control de los principios del Tratado y los reglamentos, cuando las normas comunitarias sean directamente aplicables, particularmente cuando no se hayan previsto medios específicos para gestionar la normativa y el respeto de las normas y de la jurisprudencia pertinente esté en juego. Las medidas de detección de problemas se basarán en los riesgos e irán desde la vigilancia del mercado hasta el diálogo con los interesados y los reguladores nacionales y el seguimiento de las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Justicia. En todas estas actividades, un flujo de información mejorado entre las autoridades nacionales y comunitarias sobre la aplicación de la legislación comunitaria contribuirá a anticipar y resolver mejor los problemas.

1.2 Tablas de correspondencias

Las tablas de correspondencia constituyen una fuente importante de información, al establecer cómo se aplican las directivas comunitarias en los Estados miembros. Estas tablas forman parte de los procesos legislativos existentes en muchos Estados miembros. Proporcionan una información valiosa con un coste mínimo y una carga administrativa mínima. Contribuyen a la transparencia y la accesibilidad, así como a la mejor comprensión y aplicación de la ley, incluida la interpretación de los tribunales.

La Comisión continuará incluyendo sistemáticamente la obligación de que se comunique una tabla de correspondencia en cada nueva propuesta de directiva. Insistirá en este punto a lo largo del proceso legislativo. Enviará un modelo de tabla de correspondencia a los Estados miembros tras la adopción de cada directiva, solicitando que la rellenen y devuelvan a la Comisión con las medidas de transposición. La Comisión también buscará el compromiso general del Consejo y de los Estados miembros para que se proporcionen las tablas de correspondencia en su totalidad.

1.3 Formación en Derecho comunitario

La correcta aplicación del Derecho comunitario depende de que las autoridades nacionales tomen las decisiones adecuadas. La Comisión pedirá a los Estados miembros que confirmen la disponibilidad de formación inicial y permanente en Derecho comunitario para los funcionarios y jueces, con objeto de identificar la formación suplementaria que podría apoyar la UE[13]. La Comisión continuará apoyando la mejora de la disponibilidad de las bases de datos referentes a las sentencias nacionales relativas al Derecho comunitario, y publicará un documento explicativo sobre la jurisprudencia del Tribunal relativa a las indemnizaciones por violación de derechos conforme al Derecho comunitario.

2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2.1 Situación actual

Muchas de las preguntas y quejas de los ciudadanos y empresas referentes al Derecho comunitario pueden resolverse con eficacia mediante el intercambio de información inicial o la cooperación en la resolución de problemas. Actualmente, la Comisión cuenta con diversos mecanismos para responder a los ciudadanos. Las solicitudes de información general se resuelven a través de Europe Direct, el servicio de orientación para los ciudadanos, los centros europeos de información para las empresas, etc. Los Estados miembros trabajan juntos para encontrar soluciones a los problemas transfronterizos en el mercado interior, mediante el mecanismo SOLVIT[14].

Algunas denuncias o solicitudes de información sobre la aplicación del Derecho comunitario no pueden resolverse a través de estos mecanismos. Cuando se presentan a la Comisión estos tipos de denuncias o solicitudes de información, el servicio pertinente proporciona explicaciones sobre la norma y, en caso necesario, pide a los Estados miembros que confirmen los hechos y expliquen su posición. No se presta la debida atención a la necesidad de proporcionar soluciones rápidas y constructivas. Aunque se han realizado progresos, en particular mediante la generalización de "reuniones de paquetes", en las que la Comisión estudia con un Estado miembro todos los expedientes en curso en un sector determinado, algunas cuestiones son objeto de debate durante mucho tiempo entre la Comisión y los Estados miembros. Un número significativo de asuntos no se resuelven hasta después de iniciado un procedimiento de infracción.

2.2 Mejora de los métodos de trabajo

A fin de resolver las cuestiones de forma más rápida y reforzar el tratamiento y la gestión de los procedimientos existentes, la Comisión considera que los actuales métodos de trabajo pueden mejorarse[15]. Tal como sucede ahora, las preguntas y denuncias que planteen una cuestión relativa a la correcta aplicación del Derecho comunitario y que se envíen a la Comisión continuarán registrándose y siendo objeto de un acuse de recibo, y la Comisión proporcionará explicaciones acerca del Derecho comunitario. En los casos en que una cuestión requiera la clarificación de la posición de hecho o de Derecho de un Estado miembro, se transmitirá al Estado miembro en cuestión. A no ser que la urgencia del caso exija una acción inmediata, y cuando la Comisión considere que el contacto con un Estado miembro puede contribuir a una solución eficaz, se dará a los Estados miembros un breve plazo para proporcionar las aclaraciones, la información y las soluciones necesarias directamente a los ciudadanos o a las empresas afectadas, e informar a la Comisión. Cuando el problema suponga una infracción del Derecho comunitario, se esperará que los Estados miembros solucionen la situación u ofrezcan una solución, en los plazos previstos. Cuando no se proponga ninguna solución, la Comisión asumirá el seguimiento, tomando las medidas que procedan, incluido el inicio de procedimientos de infracción, de conformidad con la práctica vigente.

De esta manera, los Estados miembros tendrán la oportunidad de resolver los problemas que surjan en este marco acordado, actuando en el ámbito más cercano posible a los ciudadanos dentro de su contexto jurídico e institucional nacional, de conformidad con los requisitos del Derecho comunitario. Con el compromiso necesario, habrá una mayor posibilidad de que las investigaciones y denuncias se resuelvan con prontitud.

Se establecerán mecanismos de transmisión entre la Comisión y los Estados miembros. Un punto de contacto central en el Estado miembro tramitará las solicitudes de información a su llegada, así como el envío de respuestas. Este punto de contacto facilitará que la autoridad competente del Estado miembro responda constructivamente, proporcionando información, resolviendo el problema o al menos explicando su posición.

El resultado de los casos se registrará a fin de poder dar cuenta de los resultados obtenidos y realizar un eventual seguimiento, incluidos el registro y la apertura de procedimientos de infracción. Esta información incluirá el volumen, la naturaleza y la gravedad de los problemas que quedan sin resolver, indicando si es necesario acudir a mecanismos específicos adicionales de solución de conflictos o a iniciativas sectoriales más específicas[16].

Todas estas medidas contribuirán a la reducción del número de procedimientos de infracción y a una mayor eficacia en su gestión. La Comisión sugiere realizar en 2008 un ejercicio experimental en el que participen algunos Estados miembros. Este ejercicio podría, después de la evaluación del primer año de funcionamiento, ampliarse a todos los Estados miembros. Al evaluar estas medidas, la Comisión procurará evitar las consultas repetitivas a los Estados miembros y continuará ejerciendo plenamente su derecho a efectuar un seguimiento independiente de las cuestiones pendientes.

El cambio en el método de trabajo aspira a proporcionar respuestas más rápidas a los ciudadanos y empresas, y soluciones a los problemas, incluida la corrección de infracciones a la legislación comunitaria. Todos los Estados miembros deben realizar el máximo esfuerzo, primero para buscar soluciones a las denuncias de acuerdo con el Derecho comunitario y, segundo, para actuar con la mayor brevedad al tratar los problemas que surjan. Esto requerirá un apoyo político fuerte y la dedicación de suficientes recursos por parte de la Comisión y los Estados miembros. Estas sugerencias, que requerirán la adaptación de la Comunicación de 2002 por lo que respecta a la gestión de denuncias[17], se desarrollarán en debate con los Estados miembros a la luz de un diálogo interinstitucional continuo.

La Comisión también está trabajando en actividades complementarias para mejorar la gestión de las solicitudes de información. Actualmente trabaja en la mejora del acceso a los instrumentos existentes para proporcionar información a los ciudadanos, mediante la creación de una "ventanilla única" en línea. La Comisión también estudiará la viabilidad de que sus Representaciones participen en el proceso de resolución de problemas.

Cabe señalar que los denunciantes podrían hacer valer sus derechos directamente a escala nacional de forma más eficaz. Sólo un tribunal nacional puede aplicar soluciones como requerimientos a las administraciones, anulación de decisiones nacionales, indemnización por daños y perjuicios, etc.

3. UNA GESTIÓN MÁS EFICAZ DE LAS INFRACCIONES

El procedimiento de infracción desempeña un papel esencial para garantizar la correcta aplicación del Derecho comunitario. La necesidad de recurrir a procedimientos de infracción debería reducirse mediante las medidas preventivas y de solución de problemas ya descritas. Esto, a su vez, llevará a una gestión y a una resolución de infracciones más eficaz.

La aplicación correcta de la ley también puede mejorarse mediante el establecimiento de prioridades en la gestión de los asuntos[18].

Se tratarán todas las denuncias e infracciones. El establecimiento de prioridades significa que algunos casos serán tratados por la Comisión de forma más inmediata e intensiva que otros.

Deberá darse prioridad a aquellas infracciones que presenten los mayores riesgos y que tengan un mayor impacto para los ciudadanos y las empresas, así como a las infracciones cuya persistencia haya confirmado el Tribunal. Estas categorías son las siguientes:

- la no comunicación de las medidas nacionales de transposición de las directivas u otras obligaciones de notificación;

- infracciones al Derecho comunitario, incluidos los casos de no conformidad, que planteen cuestiones de principio o que tengan un impacto negativo de particular envergadura para los ciudadanos, tales como las relativas a la aplicación de los principios del Tratado y a los principales elementos de los reglamentos y directivas marco;

- el cumplimiento de las sentencias de Tribunal que declaren la existencia de una infracción (artículo 228 del Tratado CE).

Estas categorías se incluyen en el grupo más amplio de prioridades decididas en 2002[19]. El ámbito de la primera y tercera categorías es claro. En cambio, la definición de los principios aplicables a determinados casos correspondientes a la segunda categoría y la evaluación del alcance de sus efectos sólo pueden hacerse por sectores, dependiendo de la disponibilidad de recursos, como por ejemplo se prevé en una próxima comunicación en el ámbito del medio ambiente. A partir de 2008, la Comisión describirá y explicará su actuación en estas prioridades en sus informes anuales.

Deberán aplicarse criterios de referencia específicos para supervisar el progreso de los casos siguientes:

- Para los casos relativos a la no comunicación de las medidas de transposición, el objetivo debe ser que no transcurran más de 12 meses desde el envío de la carta de requerimiento hasta la resolución del caso o el recurso al Tribunal de Justicia.

- En función de circunstancias específicas en casos excepcionales, el período equivalente en los procedimientos dirigidos a garantizar el cumplimiento de una sentencia anterior del Tribunal debe ser por término medio de entre 12 y 24 meses.

Es difícil establecer un patrón general coherente para otros casos prioritarios, pues éstos varían considerablemente en cuanto a su contenido y contexto. Estos casos estarán sujetos a una gestión específica para garantizar un tratamiento rápido.

La Comisión confirma su compromiso para trabajar más intensivamente en función de la prioridad del caso. La Comisión introducirá una toma de decisiones más frecuente para que la mayor parte de las fases del procedimiento avancen más rápidamente.

4. CONSOLIDACIÓN DEL DIÁLOGO Y LA TRANSPARENCIA

4.1 Diálogo interinstitucional

Todas las instituciones de la UE son partes interesadas en la aplicación del Derecho comunitario. La evaluación de cómo se aplican las leyes es un elemento importante en el proceso de elaboración de políticas. Los debates entre las instituciones sobre el impacto del Derecho comunitario, su aplicación, su gestión y el control de su aplicación, y el análisis de las causas profundas de los problemas, pueden enriquecer el desarrollo y la evaluación de las políticas.

La Comisión hará hincapié, en su informe anual, en las cuestiones estratégicas, la evaluación del estado actual del Derecho en los distintos sectores, las prioridades y la programación de las acciones futuras, así como en el examen de las áreas del Derecho que sean objeto de infracciones frecuentes. Esto contribuirá al diálogo interinstitucional estratégico destinado a determinar en qué medida el Derecho comunitario alcanza sus objetivos, los problemas encontrados y las posibles soluciones que deben aplicarse. Este tipo de análisis en profundidad puede contribuir a los debates en el Parlamento y el Consejo.

El anexo a la Comunicación sugiere algunos ámbitos o medidas específicas para el diálogo interinstitucional sobre su aplicación.

4.2 Mayor transparencia

La transparencia y la mejor comunicación son esenciales para las relaciones con las instituciones europeas y el público general. Los ciudadanos, las empresas, la sociedad civil, las administraciones nacionales y regionales, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales están todos ellos interesados en la aplicación de la ley. La Comisión ya publica mucha información en su informe anual. Proporciona información sucinta a los denunciantes sobre los principales pasos dados respecto a sus denuncias, asiste a la Comisión de Peticiones, informa a otras comisiones parlamentarias que lo soliciten y responde a preguntas parlamentarias y peticiones del Defensor del Pueblo.

La Comisión continuará aumentando la transparencia, proporcionando información general sobre el funcionamiento del nuevo enfoque para el tratamiento de la correspondencia, las solicitudes de información y las denuncias. Se asegurará de que se publique información sumaria sobre todas las fases de los procedimientos de infracción, a partir del requerimiento, a medida que avancen. Con este fin, se adaptará una base de datos. De conformidad con las normas sobre acceso a los documentos y la necesidad de garantizar la eficacia del procedimiento de infracción, la Comisión continuará manteniendo la confidencialidad sobre el contenido y la coordinación de los contactos con los Estados miembros mientras los casos pertinentes sigan siendo objeto de investigación.

La Comisión también publicará más información sobre plazos inminentes para la aplicación y los resultados obtenidos por los Estados miembros en la ejecución de la legislación y la comunicación de las tablas de correspondencia. La Comisión iniciará acciones para proporcionar acceso abierto a su base de datos electrónica que contiene las tablas de correspondencia y las notificaciones de transposición mientras no se hayan adoptado las disposiciones relativas al acceso a las bases de datos nacionales. La Comisión continuará desarrollando el portal del sitio Europa relativo a la legislación comunitaria.

IV. CONCLUSIÓN

La aplicación correcta y en plazo del Derecho comunitario es esencial para mantener una base sólida para la Unión Europea y para garantizar que las políticas europeas tengan los impactos previstos, aportando beneficios a los ciudadanos. Las instituciones europeas y los Estados miembros comparten su interés por mantener esta base sólida, y deben realizar un compromiso aún más firme para asignar la más alta prioridad a la aplicación correcta de la legislación.

Esta Comunicación describe las medidas que adoptará la Comisión para mejorar la aplicación del Derecho comunitario, así como las contribuciones que se esperan de los Estados miembros, del Parlamento y del Consejo a este respecto.

Anexo Ámbitos del Derecho comunitario propuestos para su evaluación

[1] Este concepto abarca la legislación basada en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en el Tratado EURATOM, además de otros instrumentos internacionales. Se ha desarrollado un importante cuerpo legislativo, especialmente a través de las Decisiones marco en adoptadas virtud del artículo 34, apartado 2, letra b), del título VI del Tratado de la UE. Los Estados miembros tienen la obligación de transponer esta legislación al Derecho nacional, aunque no existen procedimientos de infracción para garantizar el cumplimiento de la ley. Este ámbito del Derecho comunitario no está cubierto por la presente Comunicación.

[2] COM(2002) 725 y COM(2006) 689.

[3] PE Nº: 2005/2150(INI) (FINAL A6-9999/2006).

[4] Artículo 10 del Tratado CE.

[5] Artículo 211 del Tratado CE.

[6] Después de dar el primer paso, consistente en enviar un requerimiento formal, y el segundo paso, consistente en adoptar un dictamen motivado (artículo 226 del Tratado CE). En algunos ámbitos, como la política agrícola y otros programas de financiación, cuando existan disposiciones directamente aplicables, los mecanismos de liquidación de cuentas y las auditorías pueden reducir el recurso a los procedimientos de infracción.

[7] Sentencia de 10 de abril de 2003, Comisión c. Alemania (C-20/01 y C-28/01, Rec. p. I-3609) (véanse los apartados 29-30), y asunto C-471/98, Comisión c. Bélgica [2002] REC I-9861, apartado 39).

[8] Artículo 228 TCE y documento SEC(2005)1658: Comunicación sobre la aplicación del artículo 228 del Tratado CE.

[9] Cerca de 1000 asuntos de oficio (30%), cerca de 1700 asuntos derivados de denuncias (51%) y cerca de 600 asuntos por falta de notificación (19%).

[10] Las recientes ampliaciones de la UE y el volumen de legislación comunitaria adoptada en los últimos años suponen un potencial para el aumento del número de casos que surjan.

[11] Últimas estadísticas para 2005, que se corresponden en gran parte con las de los años anteriores.

[12] Las Directivas son transpuestas al Derecho nacional por los Estados miembros, para su incorporación al contexto jurídico nacional. Los reglamentos son directamente aplicables en los Estados miembros. La sustitución de directivas por reglamentos puede, cuando sea legalmente posible y políticamente aceptable, aportar una simplificación, pues permiten una aplicación inmediata y pueden invocarse directamente ante los tribunales.

[13] Además de las acciones existentes en materia de Derecho penal, civil, mercantil, de competencia y medioambiental.

[14] http://ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm

[15] Sin perjuicio de los sistemas de alerta rápida existentes, el mecanismo SOLVIT o los ámbitos de legislación directamente aplicable, donde se prevé de forma específica la división de competencias entre la Comisión y los Estados miembros para la aplicación de la ley, como los desembolsos financieros en los ámbitos de la agricultura y los principales fondos comunitarios.

[16] Por ejemplo, una red comunitaria que agrupe a las autoridades nacionales responsables de la investigación y el control de la aplicación de la legislación conforme al Reglamento (CE) 2006/2004.

[17] COM(2002) 141.

[18] Sentencia de 10 de abril de 2003, Comisión c. Alemania (C-20/01 y C-28/01, Rec. p. I-3609) (véanse los apartados 29-30) y asunto C-471/98 Comisión c. Bélgica [2002] REC I-9861, apartado 39).

[19] COM (2002) 141, apartado 3.1 y Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación del artículo 228 del Tratado CE (SEC (2005) 1658), apartado 16.4, donde se proporcionan elementos que permiten distinguir los efectos de las infracciones en los intereses generales o particulares, en el contexto del coeficiente de gravedad.