Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso de mercado) /* COM/2011/0651 final - 2011/0295 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA Adoptada a primeros de 2003, la Directiva 2003/6/CE, sobre abuso del mercado (DAM)[1], introdujo un marco exhaustivo dirigido a abordar el problema de las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (denominadas conjuntamente «abuso de mercado»). Esta Directiva trata de mejorar la confianza de los inversores y la integridad del mercado prohibiendo a quienes posean información privilegiada negociar con los instrumentos financieros relacionados con la misma, así como manipular los mercados a través de prácticas tales como la difusión de falsas informaciones o rumores o la realización de transacciones con precios asegurados a niveles anormales. La importancia de la integridad del mercado ha quedado de manifiesto en la actual crisis económica y financiera de alcance global. En este contexto, el Grupo de los Veinte (G-20) acordó reforzar la supervisión y regulación financiera y desarrollar un marco regulador de normas estrictas acordadas a nivel internacional. En sintonía con las conclusiones del G-20, el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Supervisión Financiera en la UE afirmaba que «debe establecerse para el sector financiero un marco prudencial y de conducta sólido, basado en unos regímenes de supervisión y sanción eficaces»[2]. En su Comunicación titulada «Garantizar la eficiencia, seguridad y solidez de los mercados de derivados», la Comisión se comprometió a ampliar las disposiciones pertinentes de la DAM incluyendo un tratamiento exhaustivo de los mercados de derivados[3]. La importancia de introducir normas eficaces en las transacciones de derivados de los mercados no organizados (OTC) ha sido destacada también en los debates celebrados en diversos foros internacionales, como el G-20 y la OICV, así como en el reciente programa de reforma reguladora financiera del Tesoro de los Estados Unidos. Por otra parte, la Comisión, en su Comunicación relativa a la iniciativa en favor de las pequeñas empresas europeas «Small Business Act» para Europa, instó a la Unión y a los Estados miembros a establecer normas congruentes con el principio «Pensar primero a pequeña escala», reduciendo la carga de trabajo administrativo, adaptando la legislación a las necesidades de los emisores de instrumentos financieros admitidos a negociación en los mercados destinados a financiar el crecimiento de las PYME, y facilitando el acceso a la financiación de estos emisores[4]. La Comisión ha hecho una revisión de las facultades sancionadoras existentes y de su aplicación práctica, con el objetivo de promover la convergencia de las sanciones aplicadas en el conjunto de las actividades de supervisión, cuyas conclusiones se presentan en la Comunicación sobre sanciones en el sector de los servicios financieros[5]. La Comisión Europea ha evaluado la aplicación de la DAM y ha identificado una serie de problemas que afectan negativamente a la integridad del mercado y a la protección de los inversores, generando situaciones competitivas dispares, así como costes de cumplimiento y desincentivos para los inversores cuyos instrumentos financieros han sido admitidos a negociación en los mercados destinados a financiar el crecimiento de las PYME mediante la captación de capital. Como consecuencia de la evolución de la legislación, del mercado y de la tecnología, han aparecido lagunas en la regulación de los nuevos mercados, plataformas e instrumentos OTC. De forma similar, estos mismos factores han provocado la aparición de lagunas reguladoras en materia de instrumentos derivados sobre materias primas o relacionados. El hecho de que los reguladores carezcan de determinadas informaciones y facultades y de que las sanciones o bien no existan o no sean suficientemente disuasorias significa que no están en condiciones de aplicar eficazmente la Directiva. Finalmente, la existencia de numerosas opciones y facultades discrecionales en la DAM, junto con la falta de claridad de determinados conceptos clave, desvirtúan su eficacia. A la luz de estos problemas, la presente iniciativa se dirige a mejorar la integridad del mercado y la protección de los inversores, al mismo tiempo que garantiza unas reglas de juego únicas y unas condiciones de competencia equitativas, y aumenta el atractivo de los mercados de valores para la captación de capital. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS A LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO La iniciativa es fruto de un extenso proceso de consulta con el conjunto de los principales interesados, incluidos organismos públicos (gobiernos y reguladores en materia de valores), emisores, intermediarios e inversores. Tiene en cuenta los informes publicados por el Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores (CERV) sobre el carácter y alcance de las facultades de supervisión de los Estados miembros en el marco de la Directiva sobre abuso del mercado[6] y sobre las opciones y facultades discrecionales del régimen de la DAM utilizadas por los Estados miembros[7]. También tiene en cuenta un informe del Grupo Europeo de Expertos en los Mercados de Valores Mobiliarios (ESME)[8], que examina la eficacia de la DAM en la consecución de sus objetivos esenciales, identificando algunos puntos débiles y problemas y proponiendo recomendaciones de mejora[9]. El 12 de noviembre de 2008, la Comisión Europea organizó una conferencia pública sobre la revisión del régimen de abuso de mercado[10]. El 20 de abril de 2009, publicó una convocatoria de datos relativos a la revisión de la Directiva sobre abuso del mercado. Los servicios de la Comisión recibieron 85 contribuciones. Las que no tienen carácter confidencial pueden consultarse en el sitio web de la Comisión[11]. El 28 de junio de 2010, la Comisión puso en marcha una consulta pública sobre la revisión de la Directiva, que concluyó el 23 de julio de 2010[12]. Los servicios de la Comisión recibieron 96 contribuciones. Las que no tienen carácter confidencial pueden consultarse en el sitio web de la Comisión[13]. Se incluye un resumen de ellas en el anexo 2 del informe correspondiente a la evaluación de impacto[14]. El 2 de julio de 2010, la Comisión organizó una nueva conferencia pública sobre la revisión de la Directiva[15]. En consonancia con su política «legislar mejor», la Comisión realizó una evaluación de impacto de las distintas alternativas políticas. Estas opciones se referían a la regulación de los nuevos mercados, plataformas e instrumentos OTC, los derivados sobre materias primas o relacionados, las sanciones, las facultades de las autoridades competentes, la clarificación de los principales conceptos y la reducción de la carga de trabajo administrativo. Cada una de las posibles opciones políticas se examinó a la luz de los siguientes criterios: repercusiones para los interesados, eficacia y eficiencia. Los resultados globales de las opciones políticas elegidas deberán traducirse en mejoras sustanciales en el tratamiento del abuso de mercado dentro de la UE. En primer lugar, la integridad del mercado y la protección de los inversores se mejorará gracias a una mejor definición de los instrumentos y mercados financieros afectados, garantizando que se incluyan también entre ellos a los instrumentos admitidos únicamente en un sistema multilateral de negociación (SMN) y las restantes nuevas modalidades de los sistemas organizados de negociación (SON). Por otra parte, las opciones políticas elegidas reforzarán la protección contra los abusos de mercado cometidos a través de derivados sobre materias primas, al aumentar la transparencia del mercado. Permitirán asimismo detectar más fácilmente tales abusos al otorgar a las autoridades competentes las facultades necesarias para llevar a cabo investigaciones y mejorar la capacidad disuasoria de los regímenes sancionadores, mediante la introducción de unos principios mínimos para las medidas o sanciones administrativas. La propuesta de Directiva [XX] requiere igualmente la introducción de sanciones penales. Además, las opciones políticas elegidas darán lugar a un enfoque más coherente del abuso de mercado, restringiendo las opciones y facultades discrecionales de los Estados miembros e imponiendo unas obligaciones proporcionadas a los emisores de instrumentos financieros admitidos a negociación en los mercados destinados a financiar el crecimiento de las PYME. En su conjunto, se prevé que las opciones políticas elegidas contribuirán a mejorar la integridad de los mercados financieros, con los consiguientes efectos positivos para la confianza de los inversores, lo que a su vez servirá para reforzar aún más la estabilidad de dichos mercados. Los servicios de la Dirección General del Mercado Interior (DG MARKT) se reunieron con el Comité de Evaluación de Impacto el 23 de febrero de 2011. El Comité analizó la evaluación de impacto correspondiente y emitió su dictamen el 25 de febrero de 2011. En el transcurso de la reunión, los miembros del Comité formularon a los servicios de la DG MARKT diversos comentarios para mejorar el contenido de la evaluación de impacto, los cuales se tradujeron en las siguientes modificaciones del texto: – una explicación de la valoración hecha de los resultados de la normativa vigente y de la utilización de los resultados de la valoración para el análisis del problema; – la inclusión de estimaciones basadas en pruebas de los perjuicios globales para la economía europea derivados de las prácticas abusivas en los mercados en cuestión y de los beneficios globales resultantes de las opciones políticas elegidas, con las necesarias salvedades respecto a la interpretación de dichas estimaciones; – en el escenario de referencia, una descripción de la forma en que la Directiva sobre abuso de mercado se complementa con otra normativa financiera relacionada; – mejoras en la definición del contenido de determinadas opciones políticas y en la presentación de los paquetes de las opciones seleccionadas, así como una evaluación de sus impactos globales, teniendo en cuenta las sinergias e interacciones entre las distintas opciones, en caso de que existan; – en la evaluación de las cargas administrativas y los costes, un análisis más adecuado de las medidas que suponen un mayor coste; – la inclusión en el texto principal de resúmenes más visibles y concisos de la evaluación del impacto de las opciones políticas desde el punto de vista de los derechos fundamentales, especialmente en materia de facultades de investigación y sanciones; – una mejor justificación de los motivos por los que es esencial la convergencia del Derecho penal para una política europea eficaz en materia de abuso de mercado, basada en estudios y pruebas de los Estados miembros sobre la eficacia de las sanciones penales, así como un resumen de las respuestas recibidas a la Comunicación de la Comisión sobre regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de los servicios financieros; y – una presentación más clara en el texto principal de las opiniones de los interesados, incluidos inversores institucionales e individuales, sobre las opciones políticas. 3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 3.1. Fundamento jurídico La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE, que constituye el fundamento jurídico más apropiado para un Reglamento en este ámbito. Se considera que un Reglamento es el instrumento jurídico más apropiado para definir el marco del abuso de mercado en la Unión. Su aplicabilidad directa reducirá la complejidad de la normativa y ofrecerá una mayor seguridad jurídica para quienes estén sujetos a ella en toda la Unión, al introducir un conjunto armonizado de normas básicas y contribuir al funcionamiento del Mercado Único. 3.2. Subsidiariedad y proporcionalidad Con arreglo al principio de subsidiariedad (artículo 5, apartado 3, del TFUE), la Unión solo debe intervenir en caso de que los objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Aunque los problemas antes reseñados tienen importantes implicaciones para los diferentes Estados miembros considerados individualmente, su impacto global solo puede percibirse de forma plena en un contexto transfronterizo. Ello se debe a que el abuso de mercado puede cometerse allí donde cotice el instrumento utilizado o en mercados no organizados, es decir, también en mercados distintos del mercado primario del que proceda el instrumento. Por consiguiente, existe el riesgo real de que, sin la intervención a escala de la UE, las medidas nacionales sobre el abuso de mercado sean eludidas o resulten ineficaces. Además, es esencial un planteamiento coherente para evitar el arbitraje regulador y, puesto que esta cuestión figura ya en el acervo de la actual DAM, que aborda los problemas antes señalados, puede conseguirse mejor con un esfuerzo común. En este contexto, la actuación de la UE parece apropiada desde el punto de vista del principio de subsidiariedad. El principio de proporcionalidad requiere que cualquier intervención tenga una finalidad específica y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos. Este es el principio que ha servido de guía al proceso de identificación y evaluación de las opciones políticas alternativas para la elaboración de la presente propuesta. 3.3. Cumplimiento de los artículos 290 y 291 del TFUE El 23 de septiembre de 2009, la Comisión adoptó sendas propuestas de Reglamentos por los que se creaban la ABE, la AESPJ y la AEVM[16]. A este respecto, la Comisión desea recordar las declaraciones que efectuó en relación con los artículos 290 y 291 del TFUE, con motivo de la adopción de los Reglamentos de creación de las Autoridades Europeas de Supervisión: «En lo que atañe al proceso de adopción de normas reglamentarias, la Comisión subraya el carácter singular del sector de los servicios financieros, derivado de la estructura Lamfalussy y reconocido explícitamente en la Declaración 39, aneja al TFUE. No obstante, la Comisión abriga serias dudas sobre si las limitaciones de su papel en la adopción de actos delegados y medidas de ejecución se ajustan a los artículos 290 y 291 del TFUE». 3.4. Explicación detallada de la propuesta 3.4.1. Capítulo I (Disposiciones generales) 3.4.1.1. Regulación de los nuevos mercados, sistemas de negociación e instrumentos financieros OTC La DAM se basa en el principio de prohibición de las operaciones con información privilegiada y de la manipulación del mercado con instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado regulado. Sin embargo, desde la adopción de la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros (MIFID, por sus siglas en inglés)[17], los instrumentos financieros se negocian cada vez más frecuentemente en SMN o en otros tipos de SON, como los utilizados para la liquidación de permutas o para el cruce de órdenes, o los que negocian exclusivamente instrumentos OTC. Estas nuevas plataformas y centros de negociación han introducido una mayor competencia en el mercado regulado actual, proporcionado liquidez adicional y atrayendo a una gama de inversores más amplia. El incremento de los volúmenes negociados en los diferentes centros hace que sea más difícil vigilar los posibles abusos de mercado. Por este motivo, el presente Reglamento amplia el alcance del ámbito del abuso de mercado, extendiéndolo a cualquier instrumento financiero negociado en un SMN o SON, al igual que a los OTC que pudieran afectar al mercado subyacente de referencia. Se trata de una medida necesaria para evitar cualquier arbitraje regulador entre los distintos centros de negociación, para preservar la protección de los inversores y la integridad del mercado en condiciones de igualdad en toda la Unión, y para garantizar la prohibición clara de la manipulación del mercado de estos instrumentos financieros mediante derivados OTC, como son las permutas de cobertura por impago (CDS). 3.4.1.2. Regulación de los derivados sobre materias primas y de los correspondientes contratos al contado Los mercados al contado y los de derivados relacionados están estrechamente interconectados, por lo que el abuso de mercado puede afectar a ambos. Esta situación es motivo de especial preocupación en lo que respecta a los mercados al contado, porque las normas vigentes sobre transparencia e integridad se aplican únicamente a los mercados financieros y de derivados, y no a los mercados al contado relacionados. El objetivo del presente Reglamento no consiste en regular directamente dichos mercados al contado. De hecho, cualquier transacción o conducta que se mantenga dentro de los límites estrictos de estos mercados no financieros debe quedar excluida del alcance del presente Reglamento, para ser objeto de una regulación y supervisión de carácter específico y sectorial, como la que se pretende establecer en el ámbito de la energía mediante la propuesta de la Comisión de un Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT)[18]. No obstante, el Reglamento sí debe contemplar las transacciones o conductas en tales mercados al contado que estén relacionadas o que tengan consecuencias para los mercados financieros y de derivados incluidos en su ámbito de aplicación. En particular, en el marco de la vigente DAM, la falta de una definición clara y vinculante de la información privilegiada en relación con los mercados de derivados sobre materias primas puede dar lugar a asimetrías de información en relación con los respectivos mercados al contado. Esto significa que, en el actual marco normativo sobre abuso de mercado, quienes invierten en instrumentos derivados sobre materias primas pueden estar menos protegidos que los que invierten en derivados en los mercados financieros, ya que un persona podría beneficiarse de información privilegiada en un mercado al contado realizando operaciones en un mercado de derivados relacionado con él. Por este motivo, la definición de información privilegiada en relación con los derivados sobre materias primas debe ajustarse a la definición general de información privilegiada, incluyendo la información confidencial sobre precios que sea relevante para un contrato al contado de materias primas y para el propio instrumento derivado. Con ello se garantizará la seguridad jurídica y se mejorará la información facilitada a los inversores. Por otra parte, la DAM prohíbe únicamente aquellas manipulaciones que distorsionen el precio de los instrumentos financieros. Puesto que determinadas transacciones de los mercados de derivados pueden utilizarse para manipular el precio en los mercados al contado relacionados y, a su vez, las transacciones en los mercados al contado también pueden utilizarse para manipular los mercados de derivados, en el Reglamento se debe ampliar la definición de manipulación de mercado para incluir igualmente estas modalidades de manipulación entre mercados. En el caso específico de los productos energéticos al por mayor, las autoridades competentes y la AEVM deben colaborar con la ACER y con las autoridades reguladoras nacionales de los Estados miembros para adoptar una estrategia coordinada en la aplicación de las normas pertinentes en relación con los instrumentos financieros y los productos energéticos al por mayor. En particular, las autoridades competentes deben tener en cuenta las características específicas de las definiciones dadas en el [Reglamento (UE) nº …del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía] al aplicar las definiciones de información privilegiada, de operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado contenidas en el presente Reglamento a los instrumentos financieros relacionados con los productos energéticos al por mayor. 3.4.1.3. Manipulación del mercado a través de la negociación algorítmica y de alta frecuencia Se observa en los mercados financieros un incremento generalizado del uso de métodos de negociación automática, como la negociación algorítmica y de alta frecuencia. Estos sistemas se basan el algoritmos informáticos que deciden sobre la formulación de las órdenes y/o sobre otros aspectos de su ejecución. Una categoría específica de negociación algorítmica es la denominada de alta frecuencia. No se trata tanto de una estrategia propiamente dicha, sino de la utilización de tecnologías sumamente avanzadas para aplicar estrategias de negociación tradicionales, como el arbitraje y la creación de mercado. Aunque la mayor parte de las estrategias basadas en algoritmos o de alta frecuencia son legítimas, los reguladores han identificado algunas estrategias automáticas cuya aplicación puede constituir un abuso de mercado. Se incluyen entre ellas, por ejemplo, la rápida formulación y retirada de órdenes (quote stuffing), la acumulación de órdenes próximas al precio de cotización (layering) y la falsificación de los datos en la formulación de órdenes (spoofing). La definición de manipulación del mercado de la DAM es muy amplia y puede abarcar todas las conductas abusivas, sea cual fuere la fórmula de comercio bursátil utilizada. Sin embargo, resulta conveniente describir en el Reglamento con mayor detalle ejemplos específicos de las estrategias basadas en la negociación algorítmica y de alta frecuencia que encajan en la prohibición de la manipulación del mercado. Una definición más precisa de estas estrategias abusivas permitirá a las autoridades competentes aplicar un planteamiento coherente en los mecanismos de vigilancia y ejecución. 3.4.1.4. Intento de manipulación de mercado Puesto que la DAM no contempla los intentos de manipulación del mercado, para probar la existencia de tal manipulación el regulador ha de demostrar que se ha formulado realmente una orden o ejecutado una transacción. No obstante, hay situaciones en las que una persona realiza determinadas acciones que constituyen una prueba clara de su intención de manipular el mercado, pero o bien la orden no se llega a formular, o bien la transacción no se llega a ejecutar. El Reglamento prohíbe expresamente los intentos de manipulación del mercado, contribuyendo así a la mejora de su integridad. La definición existente de operaciones con información privilegiada ya incluía algunos aspectos de estos actos conativos. Ahora desaparecerán y se califican como nuevo delito las operaciones con información privilegiada en grado de tentativa. 3.4.1.5. Derechos de emisión Los derechos de emisión se reclasificarán como instrumentos financieros en el marco de la revisión de la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros. Por consiguiente, entrarán dentro del ámbito de aplicación de la normativa sobre el abuso de mercado. Aunque la mayor parte de las medidas correspondientes al régimen de abuso de mercado son aplicables sin necesidad de adaptación a los derechos de emisión, hay que ajustar algunas de sus disposiciones para tener en cuenta el carácter específico de estos instrumentos y las características estructurales del mercado correspondiente. En particular, a diferencia de la mayor parte de las categorías de instrumentos financieros, la divulgación de información privilegiada y las obligaciones relativas a las listas de personas con acceso a información privilegiada y a las transacciones realizadas por directivos no se pueden aplicar de manera eficaz al emisor de estos derechos al que incumba la responsabilidad de desarrollar y ejecutar las políticas de la Unión relacionadas con el clima. No obstante, las administraciones públicas responsables (incluida la Comisión) tienen la obligación de velar por que la divulgación y el acceso a las nuevas decisiones, avances y datos se realice de manera equitativa y no discriminatoria. Por otra parte, los Estados miembros, la Comisión Europea y los restantes organismos designados oficialmente no deben ver restringidas las funciones que lleven a cabo en aplicación de la política climática de la Unión a causa de las obligaciones impuestas por el régimen de abuso de mercado. De ahí que se haya introducido una definición específica de información privilegiada para los derechos de emisión. La obligación de divulgar tal información recaerá en los operadores de ese mercado de derechos de emisión, ya que son ellos los que poseen la información idónea para su divulgación específica o periódica. El establecimiento, mediante un acto delegado, de un valor umbral (expresado en volumen de emisiones, potencia térmica o una combinación de ambos) dejaría fuera de las obligaciones impuestas por el artículo 12 (así como por los artículos 13 y 14) a todas aquellas entidades cuyas actividades individuales tuvieran una influencia no sustancial en la formación del precio de los derechos de emisión y en el consiguiente riesgo de operar con información privilegiada. Finalmente, debido a la clasificación de los derechos de emisión como instrumentos financieros con arreglo a la MiFID, es posible agrupar el conjunto de medidas sobre abuso de mercado relativas a las subastas de derechos de emisión en una única normativa y asociarlas al régimen general de lucha contra el abuso de mercado para el mercado secundario. 3.4.2. Capítulo II (Operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado) 3.4.2.1. Información privilegiada Puede haber abuso de información privilegiada antes del momento en que el emisor esté obligado a divulgar tal información. El estado de unas negociaciones contractuales, las cláusulas provisionalmente acordadas en esas negociaciones, la posibilidad de colocación de instrumentos financieros, las condiciones en que vayan a comercializarse esos instrumentos o las cláusulas provisionales acordadas para su comercialización pueden constituir información relevante para los inversores. Esta información, por tanto, debe calificarse como privilegiada. Puede ocurrir, sin embargo, que no sea suficientemente precisa para que el emisor tenga la obligación de divulgarla. En tales casos, es aplicable la prohibición de la negociación con información privilegiada, pero no la obligación del emisor de divulgarla. 3.4.2.2. Igualdad de condiciones entre los centros y las plataformas de negociación para la prevención y supresión del abuso de mercado El incremento de los volúmenes negociados en los diferentes sistemas de negociación hace que sea más difícil vigilar los posibles abusos de mercado. En virtud de la MIFID, los SMN pueden ser gestionados por operadores del mercado o por empresas de inversión. Las obligaciones de supervisión establecidas en el artículo 26 de la MIFID se aplican por igual a ambas figuras. Por el contrario, la obligación impuesta por el artículo 6 de la DAM de adoptar medidas estructurales encaminadas a prevenir y detectar las prácticas de manipulación de mercado solamente se aplican a los operadores del mercado. El Reglamento trata de garantizar la igualdad de condiciones entre todos los centros y las plataformas de negociación incluidos en su ámbito de aplicación, imponiéndoles la obligación de adoptar las medidas estructurales necesarias para prevenir y detectar las prácticas de manipulación del mercado. 3.4.3. Capítulo III (Requisitos de divulgación) 3.4.3.1. Divulgación pública de la información privilegiada 3.4.3.2. El artículo 6, apartado 1, de la DAM exige que los emisores de instrumentos financieros hagan pública cuanto antes la información privilegiada que les afecte directamente. El apartado 2 les autoriza a retrasar la divulgación pública bajo determinadas condiciones. Con arreglo al presente Reglamento, los emisores deberán informar a la autoridad competente de su decisión de retrasar la divulgación inmediatamente después de adoptarla La responsabilidad de determinar si tal retraso está justificado incumbe al emisor. La posibilidad de las autoridades competentes, en su caso, de investigar a posteriori si se han dado las condiciones establecidas para estos retrasos reforzará la protección de los inversores y la integridad del mercado. Sin embargo, cuando la información privilegiada tenga carácter sistémico y convenga al interés público retrasar su divulgación, las autoridades competentes estarán facultadas para autorizar tal retraso por un periodo limitado, en aras del interés general de mantener la estabilidad del sistema financiero y de evitar las pérdidas que podrían derivarse, por ejemplo, de la quiebra de un emisor de importancia sistémica. Listas de personas con acceso a información privilegiada Las listas de personas con acceso a información privilegiada representan una herramienta importante para las autoridades competentes en sus investigaciones sobre posibles abusos de mercado. El presente Reglamento intenta eliminar las diferencias nacionales que hasta ahora han impuesto una innecesaria carga de trabajo administrativo para los emisores, disponiendo que los datos concretos que deben figurar en dichas listas se definan a través de actos delegados, con arreglo a las normas técnicas de ejecución adoptadas por la Comisión. 3.4.3.3. Requisitos de divulgación para los emisores de instrumentos financieros admitidos a negociación en los mercados destinados a financiar el crecimiento de las PYME Sin perjuicio de los objetivos de preservar la integridad y transparencia de los mercados financieros y proteger a los inversores, el marco del abuso de mercado debe ajustarse a las características y necesidades de los emisores de instrumentos financieros admitidos a negociación en los mercados destinados a financiar el crecimiento de las PYME. La aplicación indiferenciada del nuevo marco a estos mercados podría disuadir a los emisores de captar capital en ellos. El alcance y volumen de negocio de estos emisores es más reducido y las situaciones que justifican la necesidad de divulgar la información privilegiada son normalmente más restrictivas que en el caso de los grandes emisores. El Reglamento exige a estos pequeños emisores que divulguen la información privilegiada de forma distinta y simplificada, adaptada a este tipo de mercado. La publicación podrá ser hecha por los propios mercados, por encargo de los emisores, con arreglo a un formato y contenido normalizados que se definirán en las normas técnicas de ejecución adoptadas por la Comisión. Los emisores quedarán asimismo exentos, bajo ciertas condiciones, de la obligación de mantener y actualizar constantemente las listas de personas con acceso a información privilegiada, y se les aplicará un valor umbral distinto para la notificación de las transacciones realizadas por directivos examinadas a continuación. 3.4.3.4. Notificación de las transacciones realizadas por directivos El Reglamento aclara el alcance de las obligaciones de notificación relativas a las transacciones realizados por directivos. Tales notificaciones cumplen un cometido importante al disuadir a los directivos de utilizar abusivamente la información privilegiada de que disponen y proporcionan al mercado información útil sobre la opinión de dichos directivos acerca de los movimientos de precios de los títulos emitidos. El Reglamento especifica que se deberá notificar también a las autoridades competentes y hacer pública cualquier transacción realizada por una persona que actúe en nombre de un directivo de la entidad emisora, incluidas las operaciones consistentes en la cesión de sus títulos en garantía o en préstamo. Por otra parte, introduce un valor umbral de 20 000 euros aplicable en todos los Estados miembros, a partir del cual existe obligación de notificar las transacciones realizadas por directivos. 3.4.4. Capítulo IV (La AEVM y las autoridades competentes) 3.4.4.1. Facultades de las autoridades competentes En virtud del artículo 12, apartado 2, letra b), de la DAM, las autoridades competentes pueden requerir información de cualquier persona. Sin embargo, existe una laguna de información en el caso de los mercados al contado de materias primas, para los que no se han establecido normas de transparencia ni obligación de notificación a los reguladores del sector, cuando existe esta figura. La facultad de requerir información de cualquier persona permite normalmente a las autoridades competentes acceder a todos los datos que necesitan para investigar las sospechas de abuso de mercado. No obstante, tal información puede no ser suficiente, en particular cuando no existe una autoridad sectorial que supervise esos mercados al contado de materias primas. El Reglamento permite a las autoridades competentes acceder de forma permanente a estos datos, introduciendo la obligación de presentarlos directamente en un formato especificado. Al tener acceso a los sistemas de los operadores del mercado al contado de materias primas, las autoridades competentes estarán también en condiciones de vigilar los flujos de datos en tiempo real. Para la detección de los casos de operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado, las autoridades competentes deben tener la posibilidad de acceder a locales privados y proceder a la incautación de documentos. El acceso a locales privados es necesario, en particular, cuando: i) la persona a la que se ha dirigido una solicitud de información no la atiende (en todo o en parte); o ii) hay motivos razonables para creer que, si se le dirigiera esa solicitud, no la atendería, o que el documento o información contemplado en la solicitud sería retirado, alterado o destruido. Mientras que actualmente todas las jurisdicciones permiten acceder a todos los documentos, no todas las autoridades competentes tienen la facultad de entrar en locales privados y proceder a la incautación de documentos. Como consecuencia, existe el riesgo de que en muchos casos se vean privadas de pruebas importantes y necesarias y, consiguientemente, queden sin detectar y sin sancionar casos de operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado. En este contexto, es importante señalar que dicho acceso a los locales privados puede suponer una interferencia con los derechos fundamentales a la vida privada y familiar reconocidos, respectivamente, por el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es esencial que cualquier limitación de los mismos se atenga plenamente a lo previsto en el artículo 52 de dicha Carta. Por tanto, la autoridad competente de un Estado miembro solo debería tener la posibilidad de acceder a locales privados para proceder a la incautación de documentos previa autorización de la autoridad judicial del Estado miembro correspondiente concedida de conformidad con la legislación nacional, y cuando haya una sospecha razonable de la existencia de documentos relativos al asunto de la inspección que puedan ser relevantes para probar un caso de información privilegiada o de manipulación del mercado con infracción del presente Reglamento o la Directiva [nueva DAM]. La prohibición de las operaciones con información privilegiada y de la manipulación de mercado se aplica a todas las personas. Por consiguiente, las autoridades competentes han de tener acceso a la información mantenida no solo por las empresas de inversión, sino también por esas personas, así como a la información relativa a la conducta de dichas personas mantenida en bases de datos de empresas no financieras. Los registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos de las empresas de inversión que realizan las transacciones y de las empresas de telecomunicaciones constituyen pruebas importantes para detectar y probar la existencia de operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado. Pueden establecer la identidad de la persona responsable de la difusión de información falsa o engañosa. La mayor parte de las operaciones con información privilegiada o de los casos de manipulación del mercado implican la actuación de dos o más personas que transfieren información o coordinan sus actividades. Los registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos pueden establecer la existencia de una relación entre una persona con acceso a información privilegiada y la actividad negociadora sospechosa de otra, o establecer un vínculo entre las actividades de negociación en colusión de dos personas. En particular, el acceso a los registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos de empresas de telecomunicaciones se considera uno de los aspectos más importantes para el desempeño de las tareas de investigación y de aplicación de la ley de los miembros del CERV[19]. Desde luego, el acceso a los registros de ese tipo mantenidos por las empresas de telecomunicaciones constituye un elemento de prueba importante, a veces el único, para determinar si se ha transmitido información privilegiada de un poseedor primario de esa información a otra persona que negocia utilizándola. Por ejemplo, estos datos constituirían elementos de prueba en caso de que un miembro del consejo de administración de una empresa con acceso a información privilegiada transmitiera dicha información por teléfono a un amigo, pariente o familiar que posteriormente ejecutara una transacción sospechosa basándose en la misma. La autoridad reguladora podría utilizar los registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos facilitados por las empresas de telecomunicaciones para demostrar que el poseedor primario de información hizo una llamada a su amigo o pariente justamente antes de que este último telefonease a su agente dándole instrucciones para efectuar la transacción sospechosa. Los registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos de las empresas de telecomunicaciones constituirían una prueba de un vínculo que podría usarse para imponer una sanción en un asunto que, en otro caso, no se detectaría. Otro ejemplo sería la inclusión, en una plataforma de Internet, de un mensaje falso o engañoso que afectara al precio de un instrumento financiero. Los registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos pueden servir para identificar al autor de tal mensaje. Además, pueden aportar la prueba de la existencia de un vínculo con otra persona que haya hecho antes o después transacciones sospechosas y demostrar así una manipulación del mercado mediante la difusión de información falsa o engañosa. En este contexto, es importante introducir condiciones de competencia equitativas en el mercado interior en lo que respecta al acceso, por parte de las autoridades competentes, a los registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos que mantenga una empresa de telecomunicaciones o una empresa de inversión. Por tanto, las autoridades competentes deben poder exigir los registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos que mantengan las empresas de telecomunicaciones o las empresas de inversión cuando haya una sospecha razonable de la existencia de dichos registros relativos al asunto de la inspección que puedan ser relevantes para probar un caso de información privilegiada o de manipulación del mercado, tal como se definen en el presente Reglamento o en la [nueva DAM]. Asimismo, debe quedar claro que estos registros no pueden, sin embargo, referirse al contenido de la información con la que guardan relación. Puesto que los abusos de mercado pueden tener carácter transfronterizo y afectar a diferentes mercados, la AEVM desempeña una importante función de coordinación, y se impone a las autoridades competentes la obligación de cooperar y de intercambiar la información con las demás autoridades competentes y, cuando se trate de instrumentos derivados sobre materias primas, con las autoridades responsables de los correspondientes mercados al contado, tanto de la Unión como de terceros países. 3.4.5. Capítulo V (Sanciones administrativas) 3.4.5.1. Sanciones Los mercados financieros de la Unión están cada vez más integrados, por lo que las infracciones pueden tener repercusiones transfronterizas. La disparidad de los regímenes sancionadores de los Estados miembros fomenta el arbitraje regulador y perjudica la consecución de los objetivos últimos de integridad y transparencia dentro del Mercado Único de servicios financieros. El examen de estos regímenes nacionales ha revelado, por ejemplo, que los niveles de las sanciones pecuniarias varían ampliamente de unos Estados miembros a otros, que algunas autoridades competentes carecen de determinadas facultades sancionadores importantes, y que otras no tienen competencias para imponer sanciones, bien a las personas físicas, bien a las jurídicas[20]. En consecuencia, el presente Reglamento introduce normas mínimas en materia de medidas, sanciones y multas administrativas. No se impide por ello que los Estados miembros puedan establecer normas más estrictas. El Reglamento contempla la restitución de los beneficios obtenidos, incluyendo los correspondientes intereses y, para lograr el efecto disuasorio apropiado, impone multas de cuantía superior a los beneficios obtenidos o a las pérdidas evitadas como resultado de la infracción de sus preceptos, que deberán concretar las autoridades competentes a la vista de los hechos y circunstancias. Por otra parte, las sanciones de tipo penal poseen un efecto disuasorio más fuerte que las medidas y sanciones administrativas. La propuesta de Directiva [XX] impone a todos los Estados miembros la obligación de introducir sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias para los delitos cometidos en materia de operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado. La Directiva deberá aplicarse teniendo en cuenta las disposiciones del Reglamento, incluidas las medidas de ejecución previstas. No obstante lo anterior, las definiciones empleadas para los fines de la Directiva podrán diferir de las utilizadas en el Reglamento. 3.4.5.2. Protección e incentivos para los denunciantes Las denuncias pueden ser una fuente útil de información primaria y alertar a las autoridades competentes sobre presuntos casos de abuso de mercado. El Reglamento refuerza el marco del abuso de mercado en la Unión otorgando una protección adecuada a los denunciantes de presuntos abusos de mercado, reconociendo la posibilidad de conceder incentivos económicos a las personas que proporcionen a las autoridades competentes información relevante que dé lugar a la imposición de una sanción monetaria, y reforzando las disposiciones de los Estados miembros relativas a la recepción y tramitación de las informaciones de los denunciantes. 4. INCIDENCIA PRESUPUESTARIA Tal como se indica en la ficha financiera legislativa que acompaña a la propuesta, la incidencia presupuestaria específica es la correspondiente a las tareas asignadas a la AEVM. En la misma ficha financiera se cuantifican las incidencias presupuestarias específicas para la Comisión. La propuesta tiene incidencia en el presupuesto comunitario. 2011/0295 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso de mercado) (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea[21], Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[22], Visto el dictamen del Banco Central Europeo[23], Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) Un auténtico mercado único de servicios financieros es crucial para el crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión. (2) Un mercado financiero integrado y eficiente requiere integridad del mercado. El buen funcionamiento de los mercados de valores y la confianza del público en los mercados son requisitos imprescindibles para el crecimiento económico y la riqueza. El abuso de mercado daña la integridad de los mercados financieros y la confianza del público en los valores y los instrumentos derivados. (3) La Directiva 2003/6/CE[24] del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado (abuso del mercado), adoptada el 28 de enero de 2003, completó y actualizó el marco jurídico de la Unión destinado a proteger la integridad del mercado. No obstante, dados los cambios legislativos, en los mercados y en las tecnologías habidos desde entonces, que han dado lugar a considerables cambios en el panorama financiero, procede sustituirla para ajustarla a estos cambios. Se precisa asimismo un nuevo instrumento legislativo para conseguir la uniformidad de las normas y la claridad de los conceptos clave, y para disponer de unas reglas de juego únicas que estén en consonancia con las conclusiones del Grupo de Alto Nivel sobre la Supervisión Financiera[25]. (4) Existe la necesidad de establecer un marco uniforme para preservar la integridad del mercado, evitar el posible arbitraje regulador, aumentar la seguridad jurídica y reducir la complejidad reguladora para los operadores del mercado. El presente acto jurídico, directamente aplicable, trata de contribuir de manera determinante al funcionamiento sin problemas del mercado interior y, en consecuencia, debe basarse en el artículo 114 del TFUE, tal como se interpreta este en la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (5) Para eliminar los obstáculos al comercio y las distorsiones importantes de la competencia que aún subsistan como consecuencia de divergencias entre las legislaciones nacionales e impedir la nueva aparición de obstáculos al comercio y de distorsiones importantes de la competencia, es necesario, por consiguiente, adoptar un Reglamento que establezca normas uniformas aplicables en todos los Estados miembros. La adopción de un Reglamento para configurar los requisitos aplicables a los casos de abuso de mercado garantiza la aplicación directa. Con ello se consiguen unas condiciones uniformes, evitando la divergencia de los requisitos nacionales que podría producirse con la transposición de una directiva. El presente Reglamento implica que todas las personas sigan las mismas normas en el conjunto de la Unión. Un Reglamento reduce asimismo la complejidad normativa y los costes de cumplimiento de las empresas, en especial para las que operan con carácter transfronterizo, y contribuye a eliminar las distorsiones de la competencia. (6) La Comunicación de la Comisión relativa a la iniciativa en favor de las pequeñas empresas europeas «Small Business Act»[26] insta a la Unión y a los Estados miembros a establecer normas que reduzcan la carga administrativa, adapten la legislación a las necesidades de los emisores de instrumentos financieros negociados en los mercados para PYME, y faciliten el acceso a la financiación de estos emisores. Algunas disposiciones de la Directiva 2003/6/CE imponen cargas administrativas a los emisores, en particular a aquellos cuyos instrumentos financieros cotizan en los mercados destinados a financiar el crecimiento de las PYME, que deben reducirse. (7) El concepto de abuso de mercado abarca la totalidad de conductas ilegales en los mercados financieros y, a los efectos del presente Reglamento, debe entenderse como la realización de operaciones con información privilegiada, el uso indebido de la misma y la manipulación del mercado. Tales conductas impiden la plena y adecuada transparencia del mercado, que es una condición previa para la negociación por parte de los agentes económicos en unos mercados financieros integrados. (8) La Directiva 2003/6/CE se centró principalmente en los instrumentos financieros admitidos a negociación en los mercados regulados, pero en los últimos años son cada vez más los instrumentos negociados en los sistemas multilaterales de negociación (SMN). Existen asimismo instrumentos financieros que se negocian exclusivamente en otras categorías de sistemas organizados de negociación (SON), como los sistemas electrónicos de cruce de órdenes, o que se negocian en mercados no organizados (OTC). Por consiguiente, el ámbito de aplicación del presente Reglamento debe ampliarse para incluir todos los instrumentos financieros negociados en un SMN o un SON, así como los negociados en mercados OTC, como las permutas de cobertura por impago, y cualquier otra conducta o actuación que pueda influir sobre esos instrumentos financieros negociados en un mercado regulado, un SMN o un SON. De este modo se mejorará la protección del inversor, se preservará la integridad de los mercados y se logrará que la manipulación del mercado a través de instrumentos financieros OTC quede claramente prohibida. (9) En determinadas circunstancias, la estabilización de instrumentos financieros o la negociación con acciones propias en programas de recompra pueden estar justificadas por motivos económicos, no debiendo por tanto considerarse en sí mismas como abuso de mercado. (10) No deben ponerse límites a los Estados miembros, al Sistema Europeo de Bancos Centrales, al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, a los bancos centrales nacionales, a las demás agencias y entidades de cometido especial de uno o varios Estados miembros, a la Unión ni a otros determinados organismos públicos en lo que atañe a las políticas monetaria, de tipo de cambio, de gestión de la deuda pública o de lucha contra el cambio climático. (11) Los inversores razonables basan sus decisiones de inversión en información ya disponible, es decir, en información disponible ex ante. Por consiguiente, la pregunta acerca de si, al decidir sobre una inversión, es probable que un inversor razonable tenga en cuenta o no una determinada información, debe responderse basándose en la información disponible ex ante. Para dar tal respuesta han de tomarse en consideración los efectos previstos de la citada información a la luz del conjunto de actividades del emisor correspondiente, la fiabilidad de la fuente de información y cualquier otra variable del mercado que, en las circunstancias del caso, pueda afectar a los instrumentos financieros, a los contratos al contado de materias primas o a los productos subastados basados en derechos de emisión. (12) La información ex post puede utilizarse para verificar la presunción de que la información ex ante era sensible al precio, pero no para actuar contra quienes hayan extraído conclusiones razonables de la información de que disponían ex ante. (13) Debe mejorarse la seguridad jurídica de los operadores del mercado mediante una definición más precisa de dos de los elementos esenciales del concepto de información privilegiada, a saber, el carácter preciso de esta información y la importancia de su efecto potencial sobre los precios de los correspondientes instrumentos financieros, contratos de materias primas relacionados o productos subastados basados en derechos de emisión. En lo que respecta a los derivados que sean productos energéticos al por mayor, debe considerarse como información privilegiada, sobre todo, la que deba divulgarse de acuerdo con el Reglamento [Reglamento (UE) nº… del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía]. (14) Puede haber abuso de información privilegiada antes del momento en que el emisor esté obligado a divulgar tal información. El estado de unas negociaciones contractuales, las cláusulas provisionalmente acordadas en esas negociaciones, la posibilidad de colocación de instrumentos financieros, las condiciones en que vayan a comercializarse esos instrumentos o las cláusulas provisionales acordadas para su comercialización pueden constituir información relevante para los inversores. Esta información, por tanto, debe calificarse como privilegiada. Puede ocurrir, sin embargo, que no sea suficientemente precisa para que el emisor tenga la obligación de divulgarla. En tales casos, es aplicable la prohibición de la negociación con información privilegiada, pero no la obligación del emisor de divulgarla (15) Los mercados al contado y los de derivados relacionados están muy interconectados y son globales, y el abuso de mercado puede afectar a ambos y presentar carácter transfronterizo. Eso mismo se aplica a las operaciones con información privilegiada y a la manipulación del mercado. En particular, la información privilegiada obtenida en un mercado al contado puede beneficiar a una persona que opera en un mercado financiero. Por consiguiente, la definición general de información privilegiada en relación con los mercados financieros y de derivados sobre materias primas debe aplicarse igualmente a cualquier información relevante para la materia prima en cuestión. Además, las estrategias de manipulación pueden extenderse también a los mercados al contado y de derivados. La negociación de instrumentos financieros, incluidos los derivados sobre materias primas, puede emplearse para manipular los contratos al contado de materias primas relacionados con ellos, y los contratos al contado de materias primas pueden utilizarse para manipular los instrumentos financieros correspondientes. La prohibición de la manipulación del mercado debe, por tanto, reflejar estas interrelaciones. No obstante, no resulta apropiado ni practicable ampliar el alcance del presente Reglamento a las conductas que no tengan relación con instrumentos financieros, como la negociación de contratos al contado de materias primas que afecten exclusivamente a los mercados al contado. En el caso concreto de los productos energéticos al por mayor, las autoridades competentes deben tener en cuenta las características específicas de las definiciones dadas en el [Reglamento (UE) nº … del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía] al aplicar las definiciones de información privilegiada, de operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado contenidas en el presente Reglamento a los instrumentos financieros relacionados con los productos energéticos al por mayor. (16) Como consecuencia de la clasificación de los derechos de emisión como instrumentos financieros en el marco de la revisión de la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros, dichos instrumentos también entrarán dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Dado el carácter específico de los mismos y las características estructurales del mercado de carbono, hay que velar por que no se restrinja la actividad que, en aplicación de la política climática de la Unión, lleven a cabo en el ámbito de los derechos de emisión los Estados miembros, la Comisión Europea y otros organismos designados oficialmente. Por otra parte, la obligación de hacer pública la información privilegiada afecta, con carácter general, a todos los operadores de este mercado. En todo caso, para evitar que el mercado se vea sujeto a obligaciones de notificación que no sean útiles y mantener la eficiencia, desde el punto de vista del coste, de la medida contemplada, parece necesario limitar el carácter normativo de tal obligación únicamente a los operadores del RCDE de la UE de los que, por su tamaño y actividad, cabe esperar razonablemente que van a ejercer una influencia significativa sobre el precio de los derechos de emisión. Cuando los operadores del mercado de derechos de emisión ya estén cumpliendo obligaciones de divulgación equiparables, en particular las impuestas por el Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (Reglamento (UE) nº … del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía), la obligación de divulgar la información privilegiada relativa a los derechos de emisión no debe generar duplicidades en la publicación de información obligatoria con idéntico contenido sustancial. (17) El Reglamento (UE) nº 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87//CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad[27], prevé dos regímenes paralelos en caso de abuso de mercado aplicables a las subastas de derechos de emisión. No obstante, como consecuencia de la clasificación de los derechos de emisión como instrumentos financieros, el presente Reglamento debe ofrecer unas reglas de juego únicas aplicables a las medidas relativas al abuso de los mercados primario y secundario de derechos de emisión. El Reglamento debe aplicarse además a las subastas de derechos de emisión y a los demás productos subastados basados en esos derechos en virtud del Reglamento (UE) nº 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87//CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (18) El presente Reglamento debe prever medidas en materia de manipulación del mercado que puedan adaptarse a nuevas formas de negociación de valores o nuevas estrategias potencialmente abusivas. Para reflejar el hecho de que la negociación de instrumentos financieros se lleva a cabo de forma cada vez más automatizada, es deseable complementar las normas sobre manipulación del mercado con ejemplos específicos de las estrategias abusivas que se pueden aplicar a través de la negociación algorítmica y de alta frecuencia. Los ejemplos presentados no pretenden ser exhaustivos ni sugerir que la aplicación de las mismas estrategias a través de otros medios no constituya abuso. (19) Para completar las medidas contra la manipulación del mercado, el presente Reglamento debe incluir asimismo una prohibición de los intentos de manipulación, puesto que también estos deben ser sancionados. Los intentos de manipulación del mercado deben distinguirse de las situaciones en las que una determinada conducta no produzca el efecto deseado sobre el precio de un instrumento financiero. Tal conducta se considera manipulación del mercado cuando sea probable que genere señales falsas o engañosas. (20) El presente Reglamento debe aclarar que la manipulación o el intento de manipulación del mercado con un instrumento financiero también puede realizarse mediante instrumentos financieros relacionados, como los derivados, que son objeto de negociación en un centro de negociación diferente o en mercados OTC. (21) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes de mercado entre los distintos centros y plataformas de negociación sometidos al presente Reglamento, se debe requerir a los operadores de mercados regulados, SMN y SON para que adopten disposiciones estructurales proporcionadas dirigidas a prevenir y detectar las prácticas de manipulación del mercado. (22) La manipulación o el intento de manipulación de los instrumentos financieros puede consistir también en la formulación de órdenes que pueden no ejecutarse. Además, es posible manipular un instrumento financiero actuando fuera del correspondiente centro de negociación. Por consiguiente, las personas que tramiten o ejecuten transacciones profesionalmente y que estén obligadas a disponer de sistemas dirigidos a detectar y notificar las transacciones sospechosas deben notificar igualmente las órdenes y transacciones sospechosas realizadas fuera del correspondiente centro de negociación. (23) La manipulación o el intento de manipulación de los instrumentos financieros puede consistir también en la difusión de información falsa o engañosa. La diseminación de tal información puede tener una repercusión importante en los precios de los instrumentos financieros en un periodo relativamente corto. Puede consistir en la invención de información abiertamente falsa, pero también en la omisión intencionada de hechos importantes, así como en la transmisión conscientemente imprecisa de información. Esta forma de manipulación del mercado es especialmente dañina para los inversores, porque les induce a basar sus decisiones de inversión en información incorrecta o distorsionada. Es también dañina para los emisores, porque reduce la confianza en la información de que se dispone sobre ellos. La falta de confianza del mercado puede, a su vez, perjudicar su capacidad para emitir nuevos instrumentos financieros o para conseguir crédito de otros operadores del mercado con objeto de financiar sus operaciones. La información se difunde en el mercado muy rápidamente. Como consecuencia, el perjuicio para los inversores y los emisores puede persistir bastante tiempo, hasta que se descubra que la información es falsa o engañosa y pueda ser corregida por el emisor o por los responsables de su difusión. Es preciso, por tanto, cualificar la difusión de información falsa o engañosa tipificando los rumores y las noticias falsas o engañosas como infracción del presente Reglamento. Y es conveniente, consiguientemente, no permitir a quienes actúan en los mercados financieros la libre expresión de información contraria a su propia opinión o a su mejor juicio que sepan o deban saber que es falsa o engañosa, en detrimento de los inversores y los emisores. (24) La rápida divulgación pública de la información privilegiada por parte del emisor es esencial para evitar las operaciones con ese tipo de información y evitar el engaño a los inversores. Por tanto, los emisores deben hacer pública cuanto antes la información privilegiada, salvo en los casos en que el eventual retraso en su publicación no pueda inducir a engaño al público y en que el emisor esté en condiciones de garantizar la confidencialidad de la información. (25) En ocasiones, por ejemplo en el caso de una entidad financiera que esté recibiendo ayuda financiera de emergencia, puede ser beneficioso para la estabilidad financiera retrasar la divulgación de la información confidencial, sobre todo si tiene importancia sistémica. Por consiguiente, la autoridad competente debe tener la posibilidad de autorizar tal retraso. (26) El requisito de divulgación de la información confidencial puede ser gravoso para los emisores de instrumentos financieros admitidos a negociación en los mercados destinados a financiar el crecimiento de las PYME, dados los costes ligados al control de la información en su poder y al asesoramiento jurídico sobre la necesidad de divulgar la información y el momento de hacerlo. No obstante, la rápida divulgación de la información confidencial es esencial para que estos emisores puedan lograr la confianza de los inversores. En este sentido, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) debe estar en condiciones de elaborar directrices encaminadas a ayudar a los emisores a cumplir su obligación de publicar la información confidencial, sin comprometer con ello la protección de los inversores. (27) Las listas de personas con acceso a información privilegiada son una herramienta importante para la investigación por parte del regulador de los posibles abusos de mercado, pero las diferencias nacionales acerca de los datos que deben incluirse en dichas listas imponen una carga administrativa innecesaria sobre los emisores. Por consiguiente, han de uniformizarse los campos de datos que deben contener esas listas, para reducir los costes mencionados. El requisito de mantener y actualizar constantemente la lista de personas con acceso a información privilegiada impone una pesada carga administrativa, en particular, sobre los emisores que operan en los mercados destinados a financiar el crecimiento de las PYME. Puesto que las autoridades competentes están en condiciones de detectar eficazmente los casos de abuso de mercado sin necesidad de disponer en todo momento de las referidas listas, se debe eximir de tal obligación a los mencionados emisores, reduciendo de este modo los costes administrativos impuestos por el presente Reglamento. (28) Una mayor transparencia de las transacciones efectuadas por las personas que ejercen responsabilidades de dirección en entidades emisoras y, en su caso, por las personas estrechamente vinculadas con ellas, constituye una medida preventiva contra el abuso de mercado. La publicación de dichas transacciones, al menos de forma individual, también puede ser una fuente de información de gran utilidad para los inversores. Hay que aclarar que la obligación de publicar estas transacciones de los directivos se extiende también a la cesión de los instrumentos financieros en garantía o en préstamo, así como a las transacciones realizadas por otras personas que actúen por cuenta del directivo. Con objeto de lograr un equilibrio adecuado entre el nivel de transparencia y el volumen de notificaciones recibidas por las autoridades competentes y por el público, debe establecerse en el Reglamento un valor umbral uniforme, por debajo del cual no será preciso notificar las transacciones. (29) La eficacia de la supervisión se garantiza con la atribución de un conjunto de competencias e instrumentos eficaces a la autoridad competente de cada Estado miembro. También los organismos del mercado y los agentes económicos en su conjunto deben contribuir a la integridad del mercado. En este sentido, la designación de una autoridad competente única en materia de abuso de mercado no excluye los vínculos de colaboración entre esta última y los organismos del mercado, o la delegación de competencias a dichos organismos bajo la responsabilidad de la autoridad competente, con vistas a garantizar una supervisión eficaz del cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. (30) Para la detección de los casos de operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado, las autoridades competentes deben tener la posibilidad de acceder a locales privados y proceder a la incautación de documentos. El acceso a locales privados es necesario, en particular, cuando la persona a la que se ha dirigido una solicitud de información no la atiende (en todo o en parte), o cuando hay motivos razonables para creer que, si se le dirigiera esa solicitud, no la atendería, o que el documento o información contemplado en la solicitud sería retirado, alterado o destruido (31) Los registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos de las empresas de inversión que realizan las transacciones y de las empresas de telecomunicaciones constituyen una prueba decisiva, a veces la única, para detectar y probar la existencia de operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado. Pueden servir para determinar la identidad de una persona responsable de la difusión de información falsa o engañosa, determinar que las personas de que se trate han estado en contacto durante un cierto tiempo, o la existencia de una relación entre dos o más personas. Para introducir condiciones de competencia equitativas en la Unión en lo que respecta al acceso, por parte de las autoridades competentes, a los registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos que mantenga una empresa de telecomunicaciones o una empresa de inversión, las autoridades competentes deben poder exigir los registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos que mantengan las empresas de telecomunicaciones o las empresas de inversión cuando haya una sospecha razonable de la existencia de dichos registros relativos al asunto de la inspección que puedan ser relevantes para probar un caso de información privilegiada o de manipulación del mercado, tal como se definen en la [nueva DAM], en infracción del presente Reglamento o de la [nueva DAM]. Los registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos no incluyen el contenido de dichos registros. (32) Puesto que los abusos de mercado se pueden cometer transfronterizamente y afectando a diversos mercados, las autoridades competentes deben cooperar e intercambiar información con otras autoridades competentes y reguladoras, y con la AEVM, sobre todo en el marco de las actividades de investigación. Cuando una autoridad competente adquiera el convencimiento de que se están realizando o se han realizado actos que constituyen abuso de mercado en otro Estado miembro, o actos que afectan a instrumentos financieros negociados en otro Estado miembro, deberá notificarlo a la correspondiente autoridad competente y a la AEVM. En los casos de abuso de mercado con efectos transfronterizos, la AEVM estará obligada a coordinar la investigación cuando así lo solicite alguna de las autoridades competentes implicadas. (33) Al objeto de garantizar los intercambios de información y la cooperación con las autoridades de terceros países en relación con la aplicación eficaz del presente Reglamento, las autoridades competentes deben formalizar acuerdos de cooperación con sus homólogas en dichos países. Cualquier transferencia de datos personales efectuada en el marco de dichos acuerdos deberá ser ajustarse a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[28], y al Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[29]. (34) Un marco prudencial y de conducta sólido en el sector financiero debe basarse en unos regímenes de supervisión y sanción eficaces. Para ello, las autoridades de supervisión deben disponer de competencias de actuación suficientes y contar con regímenes sancionadores equitativos, rigurosos y disuasorios contra todas las conductas indebidas en el ámbito financiero, con unas sanciones que se apliquen de manera efectiva. Sin embargo, el Grupo de Alto Nivel consideró que no se da actualmente ninguna de estas circunstancias. En la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, sobre regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de los servicios financieros, se hace una revisión de las facultades sancionadoras existentes y de su aplicación práctica, con el objetivo de promover la convergencia de las sanciones aplicadas en el conjunto de las actividades de supervisión[30]. (35) Por consiguiente, además de ofrecer a los reguladores herramientas y competencias de supervisión eficaces, se debe establecer un conjunto de medidas, sanciones y multas administrativas que garanticen un planteamiento común de los Estados miembros y refuercen sus efectos disuasorios. Las multas administrativas deben tener en cuenta factores tales como la restitución de los beneficios adquiridos indebidamente, la gravedad y duración de la infracción, las circunstancias agravantes o atenuantes y la necesidad de producir efectos disuasorios, y han de prever, cuando sea procedente, una reducción en los casos de cooperación con la autoridad competente. La adopción y publicación de las sanciones deben respetar los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular los relativos al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7), a la protección de datos de carácter personal (artículo 8), y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47). (36) Los denunciantes llevan a la atención de las autoridades competentes nueva información que permite detectar y sancionar los casos de operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado. No obstante, pueden verse disuadidos de ello por miedo a las represalias o por falta de incentivos. Por tanto, el presente Reglamento debe garantizar la implantación de mecanismos adecuados para alentar a los denunciantes a poner sobre alerta a las autoridades competentes acerca de posibles infracciones y protegerles de represalias. Por lo demás, únicamente ha de reconocerse el derecho a tales incentivos a los denunciantes que saquen a la luz nueva información que no estuviera ya sujeta al deber de notificación y que dé lugar a la imposición de sanciones por infracción del presente Reglamento. Los Estados miembros deben velar asimismo por que los programas de incentivos para los denunciantes que apliquen incluyan mecanismos dirigidos a garantizar la debida protección del denunciado, especialmente en lo relativo al derecho de protección de sus datos personales, y procedimientos para garantizar su derecho a defenderse y a ser oído antes de que se adopte una decisión que le afecte, además del derecho a recurrir judicialmente contra esa decisión. (37) Puesto que los Estados miembros han adoptado disposiciones en aplicación de la Directiva 2003/6/CE, y está previsto adoptar diversos actos delegados y normas técnicas antes de que el presente marco normativo llegue a aplicarse de manera efectiva, resulta necesario retrasar durante un plazo suficiente la entrada en vigor de las disposiciones sustantivas del presente Reglamento. (38) Con el fin de facilitar una transición sin problemas hasta la fecha de aplicación del presente Reglamento, las prácticas existentes en el mercado con anterioridad a esa fecha y aceptadas por las autoridades competentes con arreglo al Reglamento (CE) nº 2273/2003 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, por el que se aplica la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las exenciones para los programas de recompra y la estabilización de instrumentos financieros[31], a los efectos de la aplicación del artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2003/6/CE, podrán seguir aplicándose durante un año a partir de la fecha especificada para la aplicación efectiva del presente Reglamento, siempre que sean notificadas a la AEVM. (39) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagrados en el Tratado, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, a la protección de datos de carácter personal, a la libertad de expresión y de información, a la libertad de empresa, a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, a la presunción de inocencia y derechos de la defensa, a los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas y a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito. Las limitaciones introducidas al ejercicio de esos derechos se ajustan al artículo 52, apartado 1, de la Carta, puesto que son necesarias para lograr los objetivos de interés general de la protección de los inversores y la integridad de los mercados financieros, y contienen las salvaguardas adecuadas para garantizar que los derechos se limiten solamente en la medida necesaria para alcanzar dichos objetivos, y a través de medidas proporcionadas con el objetivo pretendido. En particular, la notificación de las transacciones sospechosas es necesaria para que las autoridades competentes puedan detectar y sancionar los abusos de mercado. La prohibición de los intentos de manipulación del mercado es necesaria para permitir a las autoridades competentes sancionar tales intentos cuando haya pruebas de la intención de realizarlos, aun en ausencia de efectos constatables sobre los precios del mercado. El acceso a los registros de tráfico de datos y de datos telefónicos es necesario para obtener pruebas y pistas de investigación referentes a posibles operaciones con información privilegiada o manipulación del mercado, y por tanto para detectar y sancionar el abuso de mercado. Las condiciones impuestas por el presente Reglamento garantizan el respeto de los derechos fundamentales. Las medidas relativas a las denuncias son necesarias para facilitar la detección de los abusos de mercado y garantizar la protección del denunciante y del denunciado, incluida la protección de su vida privada, de sus datos personales, del derecho a ser oído y a la tutela judicial efectiva. La introducción de normas mínimas comunes en materia de medidas, sanciones y multas administrativas es necesaria para lograr que infracciones comparables por abuso de mercado reciban una sanción comparable y que las sanciones impuestas sean proporcionadas a la infracción cometida. El presente Reglamento no impide en modo alguno a los Estados miembros aplicar sus normas constitucionales en materia de libertad de prensa y libertad de expresión en los medios de comunicación. (40) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[32], y el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[33], son los actos jurídicos que regulan el tratamiento de los datos personales por parte de la AEVM en el marco del presente Reglamento y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular de los organismos públicos independientes designados por estos. Todo intercambio o comunicación de información por las autoridades competentes debe realizarse con arreglo a las disposiciones sobre transmisión de datos de naturaleza personal previstas en la Directiva 95/46/CE. Cualquier intercambio o comunicación de información por parte de la AEVM debe ajustarse a las disposiciones sobre transferencia de datos personales establecidas en el Reglamento (CE) nº 45/2001. (41) El presente Reglamento, así como los actos delegados, normas y orientaciones adoptados con arreglo al mismo, debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Unión sobre la competencia. (42) Procede otorgar a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tratado. Deben adoptarse, en particular, actos delegados relativos a las condiciones para los programas de recompra y la estabilización de los instrumentos financieros, a los indicadores de manipulaciones enumerados en el anexo 1, al umbral para determinar la aplicación de la obligación de divulgación al público de los operadores del mercado de derechos de emisión, a las condiciones para la elaboración de las listas de personas con acceso a información privilegiada y al umbral y las condiciones de las transacciones realizadas por directivos. Reviste particular importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, también con intervención de expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe velar por que los documentos correspondientes se transmitan de manera simultánea, oportuna y apropiada al Parlamento Europeo y al Consejo. (43) Con el fin de de garantizar unas condiciones uniformes en la aplicación del presente Reglamento, procede otorgar a la Comisión competencias de ejecución en relación con los procedimientos para la notificación de las infracciones del mismo. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 183/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión. (44) En los servicios financieros debe haber normas técnicas que garanticen unas condiciones uniformes en toda la Unión en las asuntos contemplados en el presente Reglamento. Como órgano poseedor de conocimientos muy especializados, es conveniente y apropiado encomendar a la AEVM la elaboración y presentación a la Comisión de proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución que no impliquen opciones políticas. (45) La Comisión debe adoptar los proyectos de normas técnicas de regulación que elabore la AEVM en relación con los procedimientos y mecanismos aplicables por los centros de negociación para prevenir y detectar los abusos de mercado y con los sistemas y modelos que han de usar las personas para detectar y notificar las órdenes y transacciones sospechosas, así como en relación con los mecanismos técnicos aplicables a determinadas categorías de personas para la presentación objetiva de información en la que se recomiende una estrategia de inversión y para la revelación de intereses particulares o indicaciones de conflicto de intereses mediante actos delegados en virtud del artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. Es especialmente importante que la Comisión realice consultas apropiadas durante su trabajo preparatorio, incluso a nivel de expertos. (46) Debe facultarse asimismo a la Comisión para que adopte normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución en virtud del artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. Debe encomendarse a la AEVM que elabore y presente a la Comisión proyectos de normas técnicas de ejecución relativas a la divulgación pública de la información privilegiada, a los formatos de las listas de personas con acceso a información privilegiada y a los formatos y procedimientos para la cooperación y el intercambio de información de las autoridades competentes entre estas y la propia AEVM. (47) Dado que el objetivo de la acción propuesta, a saber, evitar el abuso de mercado a través de operaciones con información privilegiada o de la manipulación del mercado, no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a escala de la Unión debido a las dimensiones o los efectos de tal acción, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos. (48) Dado que las disposiciones de la Directiva 2003/6/CE ya no son pertinentes ni suficientes, dicha Directiva quedará derogada [24 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento]. Los requisitos y prohibiciones del presente Reglamento están estrechamente relacionados con los de la MiFID, por lo que deben empezar a aplicarse simultáneamente con la aplicación de la revisión de la misma. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Sección 1 Objeto y Ámbito de aplicación Artículo 1 Objeto El presente Reglamento establece un marco normativo común en el ámbito del abuso de mercado, con el objetivo de garantizar la integridad de los mercados financieros de la Unión y reforzar la protección de los inversores y su confianza en estos mercados. Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento será de aplicación a lo siguiente: a) Los instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado regulado o para los que se haya presentado una solicitud de admisión a negociación en un mercado regulado. b) Los instrumentos financieros negociados en un SMN o un SON, como mínimo en un Estado miembro. c) Las conductas o las transacciones relacionadas con los instrumentos financieros mencionados en las letras a) o b), independientemente de que la conducta o la transacción se produzca realmente en un mercado regulado, un SMN o un SON. d) Las conductas y las transacciones, incluidas las ofertas, relativas a las subastas de derechos de emisión u otros productos subastados basados en ellos de acuerdo con el Reglamento nº 1031/2010[34] de la Comisión. Sin perjuicio de las disposiciones específicas sobre las ofertas presentadas en el contexto de una subasta, cualquier requisito y prohibición del presente Reglamento relativo a las órdenes para realizar operaciones debe aplicarse a dichas ofertas. 2. Los artículos 7 y 9 serán igualmente de aplicación a la adquisición o cesión de los instrumentos financieros que no se hallen incluidos en las letras a) y b) del apartado 1, pero cuyo valor esté relacionado con los instrumentos financieros mencionados en dicho apartado. Esto incluye, en particular, los instrumentos derivados que permiten transferir el riesgo de crédito inherente a un instrumento financiero de los incluidos en el apartado 1, y los contratos por diferencias relacionados con dicho instrumento financiero. 3. El ámbito de aplicación de los artículos 8 y 10 se extiende asimismo a las transacciones, órdenes de negociación u otras conductas relacionadas con: a) Los tipos de instrumentos financieros, incluyendo los contratos de derivados o instrumentos derivados destinados a transferir el riesgo de crédito, en los que la transacción, la orden o conducta influya, pueda influir o pretenda influir sobre un instrumento financiero de los indicados en las letras a) y b) del apartado 1. b) Los contratos al contado de materias primas que no sean productos energéticos al por mayor en los que la transacción, la orden o conducta influya, pueda influir o pretenda influir sobre un instrumento financiero de los indicados en las letras a) y b) del apartado 1. c) Los tipos de instrumentos financieros, incluyendo los contratos de derivados o instrumentos derivados destinados a transferir el riesgo de crédito, en los que la transacción, la orden o conducta influya, pueda influir o pretenda influir sobre contratos al contado de materias primas. 4. Las obligaciones y prohibiciones del presente Reglamento serán asimismo aplicables a las actuaciones realizadas dentro o fuera de la Unión en relación con los instrumentos mencionados en los apartados 1 a 3. Sección 2 Exclusión del Ámbito de aplicación Artículo 3 Exención de los programas de recompra y de las medidas de estabilización 1. Las prohibiciones de los artículos 9 y 10 del presente Reglamento no se aplicarán a la negociación de acciones propias en el marco de programas de recompra cuando se divulguen los detalles completos del programa antes del comienzo de la negociación, se notifiquen las operaciones a la autoridad competente, y luego se divulguen al público, como elementos integrantes del programa de recompra, y se respeten límites adecuados en cuanto al precio y el volumen. 2. Las prohibiciones de los artículos 9 y 10 del presente Reglamento no se aplicarán a la negociación de acciones propias para la estabilización de un instrumento financiero cuando la estabilización se realice durante un periodo limitado, se divulgue información relevante sobre ella y se respeten límites adecuados en cuanto al precio y el volumen. 3. La Comisión adoptará, a través de actos delegados de conformidad con el artículo 31, medidas que especifiquen las condiciones que deberán cumplir los programas de recompra y las medidas de estabilización mencionados en los apartados 1 y 2, entre ellas las relativas a la negociación, a las restricciones respecto al tiempo y al volumen, a las obligaciones de divulgación y notificación y a los precios. Artículo 4 Exclusión de las actividades relacionadas con la política monetaria y la gestión de la deuda pública y de las actividades de lucha contra el cambio climático 1. El presente Reglamento no se aplicará a las transacciones, las órdenes o conductas que respondan a fines e de política monetaria, de tipo de cambio o de gestión de la deuda pública por un Estado miembro, por el Sistema Europeo de Bancos Centrales, por un banco central nacional o por cualquier ministerio, agencia o entidad de cometido e especial de un Estado miembro, o por cualquier persona que actúe por cuenta de estos y, en el caso de los Estados miembros de estructura federal, tampoco se aplicará a las transacciones, órdenes o conductas de cualquiera de los miembros de la federación. Tampoco se aplicará a las transacciones, órdenes o actuaciones de la Unión, una entidad de cometido especial para varios Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones, una institución financiera internacional establecida por dos o más Estados miembros cuyo objetivo sea captar financiación y prestar asistencia financiera en beneficio de aquellos de sus miembros que experimenten graves problemas financieros o se vean amenazados por ellos, o el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. 2. El presente Reglamento no se aplicará a las actividades de un Estado miembro, de la Comisión Europea, de cualquier otra entidad oficialmente designada o de cualquier persona que actúe por cuenta de estos, siempre que estén relacionadas con los derechos de emisión y se lleven a cabo en aplicación de la política de la Unión en materia de cambio climático. Sección 3 Definiciones Artículo 5 Definiciones A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 1. «instrumento financiero»: todo instrumento a tenor de lo establecido en el artículo 2, apartado 1, número 8, del Reglamento [MiFIR]; 2. «mercado regulado»: todo sistema multilateral de la Unión a tenor de lo establecido en el artículo 2, apartado 1, número 5, del Reglamento [MiFIR]; 3. «sistema multilateral de negociación (SMN)»: todo sistema multilateral de la Unión a tenor de lo establecido en el artículo 2, apartado 1, número 6, del Reglamento [MiFIR]; 4. «sistema organizado de negociación (SON)»: todo sistema o plataforma de la Unión a tenor de lo establecido en el artículo 2, apartado 1, número 7, del Reglamento [MiFIR]; 5. «centro de negociación»: todo sistema o plataforma de la Unión a tenor de lo establecido en el artículo 2, apartado 1, número 26, del Reglamento [MiFIR]; 6. «mercado destinado a financiar el crecimiento de las PYME»: todo SMN de la Unión a tenor de lo establecido en el artículo 4, apartado 1, número 17, de la Directiva [nueva MiFID]. 7. «autoridad competente»: la autoridad designada de conformidad con el artículo 16; 8. «persona»: cualquier persona física o jurídica; 9. «materias primas»: lo definido en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la Comisión[35]; 10. «contrato al contado de materias primas»: un contrato para el suministro de una materia prima negociada en un mercado al contado que se entrega inmediatamente después de liquidada la transacción, incluidos los contratos de derivados cuya liquidación implique la entrega material de bienes; 11. «mercado al contado»: un mercado de materias primas en el que estas se intercambian por dinero y se entregan inmediatamente después de liquidada la transacción; 12. «programa de recompra»: la negociación con acciones propias de conformidad con los artículos 19 a 24 de la Directiva 77/91/CEE[36]; 13. «negociación algorítmica»: un método para la negociación de instrumentos financieros que se sirve de los algoritmos informáticos a los que se refiere el artículo 4, apartado 1, número 37, de la Directiva [nueva MIFID]; 14. «derecho de emisión»: un instrumento financiero según lo definido en el anexo I , sección C, punto 11, de la Directiva [nueva MiFID]; 15. «operador del mercado de derechos de emisión»: cualquier persona que ejecute transacciones, incluida la formulación de órdenes de negociación, en el mercado de derechos de emisión; 16. «emisor de un instrumento financiero»: cualquier emisor tal como se define en el artículo 2 , apartado 1, letra h), de la Directiva 2003/71/CE[37]; 17. «ACER»: la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía. establecida por el Reglamento (CE) nº 713/2009[38]; 18. «producto energético al por mayor»: lo definido en el artículo 2, apartado 4, del [Reglamento (UE) nº… del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía][39]; 19. «autoridad reguladora nacional»: lo definido en el artículo 2, apartado 7, del [Reglamento (UE) nº… del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía][40]. Sección 4 Información privilegiada, operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado Artículo 6 Información privilegiada 1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por información privilegiada cualquier de los tipos de información siguientes: a) La información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores de instrumentos financieros o a uno o varios instrumentos financieros y que, de hacerse pública, podría influir de manera significativa sobre los precios de dichos instrumentos o de los instrumentos derivados relacionados con ellos. b) En relación con los instrumentos derivados sobre materias primas, la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios de estos instrumentos derivados o a un contrato al contado de materias primas relacionado con ellos y que, de hacerse pública, podría influir de manera significativa sobre los precios de dichos instrumentos derivados o contratos al contado de materias primas relacionados con ellos, especialmente la información acerca de los correspondientes mercados de derivados sobre materias primas o de contado que deba hacerse pública obligatoriamente, de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias de la Unión o nacionales, con las normas del mercado, con los contratos o con los usos establecidos. c) En relación con los derechos de emisión o con los productos subastados basados en esos derechos, la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios de estos instrumentos financieros y que, de hacerse pública, podría influir de manera significativa sobre los precios de dichos instrumentos o de los instrumentos financieros derivados relacionados con ellos. d) En cuanto a las personas encargadas de la ejecución de las órdenes relativas a los instrumentos financieros, la información transmitida por un cliente en relación con sus propias órdenes pendientes, que sea de carácter concreto, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores de instrumentos financieros o a uno o varios instrumentos financieros y que, de hacerse pública, podría influir de manera significativa sobre los precios de dichos instrumentos financieros, los precios de contratos al contado de materias primas o los instrumentos derivados relacionados con ellos. e) La información no incluida en las letras a), b), c) y d), y que se refiera a uno o varios emisores de instrumentos financieros o a uno o varios instrumentos financieros y que no se encuentre a disposición del público en general, pero que, si fuera conocida por un inversor razonable que negocia regularmente en el mercado mediante tales instrumentos o contratos al contado de materias primas, sería considerada por dicho inversor como relevante a efectos de decidir las condiciones en que se deben efectuar las transacciones de los instrumentos financieros o los contratos al contado de materias primas relacionados con ellos. 2. A los efectos de la aplicación del apartado 1, se considerará que la información tiene carácter concreto si se refiere a un conjunto de circunstancias que se han producido o que es razonable pensar que puedan producirse, o a un acontecimiento que ha sucedido o que es razonable pensar que pueda suceder, y si es lo suficientemente específica para permitir extraer alguna conclusión sobre los posibles efectos de dicho conjunto de circunstancias o acontecimiento sobre los precios de los instrumentos financieros, de los contratos al contado de materias primas relacionados con ellos, o de los productos subastados basados en derechos de emisión. 3. A los efectos de la aplicación del apartado 1, se entenderá por información que, de hacerse pública, podría influir de manera significativa sobre los precios de los instrumentos financieros, de los contratos al contado de materias primas relacionados con ellos, o de los productos subastados basados en derechos de emisión, aquella información que un inversor razonable probablemente utilizaría como parte de los fundamentos de sus decisiones de inversión. Articulo 7 Operaciones con información privilegiada y divulgación indebida de información privilegiada 1. A los efectos del presente Reglamento, las operaciones con información privilegiada son las realizadas por una persona que dispone de dicha información privilegiada y que la utiliza para adquirir o ceder, por cuenta propia o de terceros, directa o indirectamente, los instrumentos financieros a los que se refiere la información en cuestión. Se considerará asimismo como operación con información privilegiada la utilización de este tipo de información para cancelar o modificar una orden relativa al instrumento financiero al que se refiere, cuando la orden haya sido formulada antes de que el inversor tenga conocimiento de la información privilegiada. 2. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá que hay un intento de realizar operaciones con información privilegiada cuando una persona dispone de dicha información e intenta adquirir o ceder, por cuenta propia o de terceros, directa o indirectamente, instrumentos financieros a los que se refiere la información en cuestión. Se considerará asimismo como intento de realizar operaciones con información privilegiada el intento de cancelar o modificar una orden relativa al instrumento financiero al que se refiere la misma sobre la base de información privilegiada, cuando la orden haya sido formulada antes de que el inversor tenga conocimiento de la información privilegiada. 3. A los efectos del presente Reglamento, una persona recomienda o induce a otra a realizar operaciones con información privilegiada cuando posee dicha información y, sobre esta base, recomienda o induce a esa otra persona a adquirir o ceder instrumentos financieros a los que se refiere la información. 4. A los efectos del presente Reglamento, existe divulgación indebida de información privilegiada cuando una persona que posee dicha información la divulga a otra persona, salvo que la divulgación se realice en el desempeño normal de un trabajo o profesión. 5. Los apartados 1, 2, 3 y 4 se aplicarán a cualquier persona que posea información privilegiada por encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: a) por su condición de miembro de los órganos de administración, gestión o control del emisor; b) por su participación en el capital del emisor; c) por tener acceso a dicha información en el desempeño de su trabajo o profesión; d) por estar involucrado en actividades delictivas. Los apartados 1, 2, 3 y 4 se aplicarán también a la información privilegiada obtenida por una persona en circunstancias distintas de las mencionadas en las letras a) a d) y que dicha persona sepa o deba saber que es información privilegiada. 6. Cuando la persona a la que se refieren los apartados 1 y 2 sea una persona jurídica, las disposiciones de dichos apartados se aplicarán asimismo a las personas físicas que intervengan o que influyan en la decisión o en el intento de realizar la adquisición o cesión correspondiente por cuenta de la persona jurídica en cuestión. 7. Cuando la persona a la que se refiere el apartado 1 sea una persona jurídica, las disposiciones de dicho apartado no se aplicarán a las transacciones realizadas por dicha persona jurídica cuando esta haya establecido mecanismos eficaces para garantizar que ninguna perso