Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y una mejor información

[COM(2022) 143 final — 2022/0092 (COD)]

(2022/C 443/10)

Ponente: Thierry LIBAERT Coponente: Gonçalo LOBO XAVIER

Consejo de la Unión Europea, 12.4.2022 Parlamento Europeo, 7.4.2022 Base jurídica Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Sección competente Mercado Único, Producción y Consumo Aprobado en sección 27.6.2022 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 82/0/3 Aprobado en el pleno 14.7.2022 Pleno n.o 571 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 209/0/1

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 El Comité Económico y Social Europeo (CESE) apoya las propuestas de la Comisión Europea (CE) destinadas a reforzar la capacidad de actuación de los consumidores en favor de la transición ecológica. Pide que la CE mantenga un alto nivel de ambición, al tratarse de un sector con importantes repercusiones económicas, sociales y medioambientales positivas.

1.2 El CESE insiste en la necesidad de hacer todo lo posible para que la información esté a disposición de los consumidores de forma sistemática, especialmente en lo que respecta a las piezas de repuesto y los manuales de reparación, así como a las actualizaciones previstas de los programas informáticos.

1.3 El CESE insta a la CE a que sea ambiciosa mediante la incorporación del principio de asignar un índice de reparabilidad a los electrodomésticos y equipos electrónicos para el hogar. Este índice debe satisfacer las expectativas de los consumidores, tanto en lo que respecta a la variedad de los productos contemplados como a los criterios valorados.

1.4 Además de la reparabilidad de estos productos, el CESE considera que la CE debe avanzar en los próximos años en cuanto al principio de un etiquetado sencillo y concertado de la durabilidad de los productos.

1.5 También es necesario facilitar la formación de nuevos talleres de reparación y mejorar las cualificaciones de los agentes actuales, condición sine qua non para el desarrollo de la reparación, que constituye una importante fuente de empleo para nuestro continente. Además, el CESE pide a Europa que reduzca su dependencia de las materias primas a fin de reforzar su capacidad de reparación y de disponibilidad de piezas de repuesto. Del mismo modo, Europa necesita una política de reindustrialización seria y eficaz. Las últimas crisis han puesto de manifiesto deficiencias que deben considerarse oportunidades de recuperación.

1.6 Además de la necesidad de hacer que se represente el período legal de garantía, es preciso proteger con más eficacia al consumidor frente a la confusión entre las garantías legal y comercial. Por otra parte, en el contexto de la garantía, se debe fomentar la prioridad de la reparación sobre la sustitución por un producto nuevo, pero sin limitar la libertad de elección del remedio por parte de los consumidores.

1.7 Con el fin de favorecer la prolongación de la vida útil de los productos, el CESE aprueba la incorporación de nuevas prácticas comerciales a la lista de acciones consideradas engañosas. No obstante, el CESE pide a la CE que no se limite a la obligación de informar sobre tres cuestiones, a saber: — las técnicas introducidas para acortar la vida útil de un producto: el CESE señala la conveniencia de enmarcar estas prácticas entre las prácticas comerciales engañosas, además de la simple falta de información; — la irreparabilidad de determinados bienes: también en este caso, se podrían considerar prácticas comerciales engañosas los obstáculos intencionados a la reparación, y no simplemente la falta de información a este respecto; — las actualizaciones que podrían ocasionar problemas de funcionamiento; en este sentido, se trata de garantizar que la actualización pueda revertirse.

1.8 El refuerzo de la capacidad de actuación del consumidor debe ir acompañado de una mayor protección frente a la publicidad engañosa. En este sentido, el marco jurídico relativo a la publicidad debe integrar mejor los objetivos del desarrollo sostenible.

1.9 Así pues, la publicidad debe prohibir cualquier alegación injustificada, como ocurre a menudo en lo que respecta a la neutralidad de las emisiones de carbono, y cualquier referencia o representación de un comportamiento contrario a la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Asimismo, resulta necesario mejorar las capacidades de comprobación de las alegaciones de infracción medioambiental.

1.10 Para evitar cualquier confusión y ante la proliferación de etiquetas medioambientales, a menudo autoproclamadas, la Comisión Europea debe poner más en valor la etiqueta ecológica europea y la necesidad de adoptar procesos de certificación en materia de etiquetado.

1.11 Con el fin de alertar acerca de las prácticas comerciales engañosas, el CESE pide a la UE que refuerce la protección de las personas que presenten denuncias relativas a las características medioambientales de los productos.

1.12 Por último, el CESE solicita a la Comisión que promueva una sensibilización intensa de los consumidores acerca de los retos relacionados con el consumo responsable.

2. Síntesis del documento de la Comisión

2.1 La propuesta de Directiva objeto de análisis aspira a reforzar los derechos de los consumidores modificando dos Directivas que protegen los intereses de estos últimos en el ámbito de la UE, a saber: la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ) relativa a las prácticas comerciales desleales y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 2 ) sobre los derechos de los consumidores. La propuesta pretende contribuir a una economía de la Unión circular, limpia y ecológica, al hacer posible que los consumidores tomen decisiones de compra con conocimiento de causa y contribuyan así a un consumo más sostenible. Aborda también las prácticas comerciales desleales que inducen a error a los consumidores y los alejan de las opciones de consumo sostenible.

2.3 La propuesta prevé toda una serie de medidas para actualizar la legislación vigente en materia de protección de los consumidores a fin de garantizar que los consumidores estén protegidos y puedan contribuir activamente a la transición ecológica. Actualmente, la Directiva sobre los derechos de los consumidores exige a los comerciantes que faciliten a los consumidores información sobre las principales características de los bienes o servicios.

2.4 Sin embargo, dado que no existe la obligación de facilitar información sobre la ausencia de garantías comerciales de durabilidad, la Directiva no incentiva suficientemente a los productores para que ofrezcan tales garantías a los consumidores. Los estudios muestran que, cuando los productos de consumo se ofrecen con una garantía comercial, la información sobre dicha garantía comercial y la forma en que se cobra a los consumidores es a menudo confusa, imprecisa o incompleta, lo que dificulta que los consumidores comparen entre productos y distingan esta garantía comercial de la garantía legal (obligatoria) ( 6 )

2.5 Además, la Directiva no incluye requisitos específicos de facilitar información a los consumidores sobre la reparabilidad de los bienes. Esta información, que permitiría promover la reparación de los bienes y sería especialmente valiosa para ayudar a los consumidores a contribuir a una economía circular, rara vez se encuentra en el punto de venta. Estudios recientes muestran que hasta el 80 % de los consumidores de la UE afirma tener dificultades para encontrar información sobre la facilidad de reparación de un producto ( 7 )

3. Observaciones generales

3.1 Hoy en día, la mayoría de los consumidores europeos lamentan la falta de información acerca de las repercusiones medioambientales del consumo. La consulta pública organizada por la CE confirmó esta circunstancia. En 2012, el Eurobarómetro sobre «los comportamientos y las actitudes de los consumidores europeos hacia los productos ecológicos» reveló que el 92 % de los encuestados europeos se muestran a favor de que se proporcione información sobre la vida útil de los productos.

3.2 Esta carencia informativa es perjudicial, puesto que una información clara y legible permite favorecer un cambio de comportamientos. Este extremo lo confirmó el CESE, tras realizar, con motivo de un estudio en el que participaron cerca de tres mil consumidores europeos, una simulación de la representación de la vida útil de los productos de consumo habitual en un sitio web de compra en línea. Según dicho estudio, la representación de la vida útil genera un 56 % más de ventas de aquellos productos con una vida útil más larga.

3.3 La falta de información dirigida a los consumidores tiene una importancia social de primer orden. Las dificultades relacionadas con el poder adquisitivo imponen aún más que se ayude a las categorías sociales medias y desfavorecidas a transitar hacia la reparación y un consumo más responsable. Mejorar la información que se ofrece al consumidor de forma sencilla es una manera de ayudar a que el consumo responsable sea más accesible para las personas más vulnerables.

3.4 Una mejor información a los consumidores contribuye a reforzar el modelo de negocio de las empresas europeas. Frente a los riesgos de dumping vinculados a las importaciones de productos baratos, es probable que las microempresas, las pymes y sus ordenantes adquieran visibilidad ante los consumidores; de este modo, podrán poner en valor la calidad de los productos diseñados en Europa.

3.5 Los minoristas y las tiendas físicas europeas también pueden beneficiarse de estos próximos cambios legislativos, dado que permiten aumentar su ventaja comparativa con respecto a los sitios en línea. De hecho, el servicio de asesoramiento que presta el vendedor físico se ve reforzado por la nueva información que se proporciona al consumidor. Estos cambios contribuyen a impulsar el empleo en la UE. Para ello, Europa necesita recursos humanos adecuados: el CESE pide a la CE que apoye los esfuerzos de formación de las empresas, en particular de las pymes.

3.6 Si bien es necesario proporcionar información medioambiental adecuada, también hay que garantizar que se tengan en cuenta todos los impactos medioambientales. Los impactos climáticos, medidos en forma de emisiones de gases de efecto invernadero, ocupan un lugar central en el debate público, pero solo representan una parte de los impactos medioambientales. Así, los análisis del ciclo de vida de los productos demuestran que el impacto medioambiental de la mayoría de los bienes de consumo proviene de la extracción de recursos y la fabricación de los productos; de ahí la prioridad medioambiental centrada en prolongar la vida de los productos.

3.7 No obstante, por todos estos aspectos, el consumo medio de los europeos no es sostenible desde el punto de vista medioambiental. Según el cálculo de la huella ecológica, por ejemplo, el estilo de vida de un europeo requeriría el equivalente a 2,8 planetas.

3.8 En muchos casos, el diseño de los productos da lugar a una reducción de su vida útil, ya sea por los procesos técnicos, los obstáculos a la reparación o las técnicas de los programas informáticos. La obsolescencia prematura resultante es una de las principales causas de insatisfacción para los consumidores, que son víctimas de una fuerte asimetría informativa.

3.9 Por último, el CESE señala que la guerra en Ucrania hace que resulte aún más acuciante reforzar la autonomía estratégica de la Unión. Desde este punto de vista, se deben impulsar las iniciativas que contribuyan a mejorar la vida útil de los productos, en particular las relativas a los metales estratégicos.

4. Observaciones específicas

4.1 Proporcionar información adicional a los consumidores acerca de la durabilidad de los productos

4.1.1 Habida cuenta de la importancia de los retos que plantea la vida útil de los productos, es necesario reforzar la información al consumidor. En este sentido, la propuesta de la Comisión se acoge con satisfacción en tanto que aspira a sistematizar el suministro de información acerca de la disponibilidad de piezas de repuesto, los manuales de usuario o el período que cubren las actualizaciones de los programas informáticos.

4.1.2 Cabe recordar que, si bien la ausencia de información es perjudicial, la profusión de una cantidad excesiva de información o técnicas es prácticamente igual de nociva.

4.1.3 El CESE alerta a la Comisión sobre los posibles inconvenientes derivados de la nueva información que se ofrece a través de una etiqueta electrónica o un código QR. Además del impacto medioambiental digital complementario que provocan estas técnicas, hay que recordar que cualquier tarea adicional (tener que sacar el teléfono móvil, hacer clic, realizar una captura de pantalla…) es un obstáculo más para el consumo responsable.

4.1.4 La propuesta de la Comisión es un paso en la dirección correcta, porque pone en relación los retos de comunicación con los de la obsolescencia prematura de los productos. El primer paso para reforzar la información al consumidor debe consistir en asignar un índice de reparabilidad al mayor número posible de productos, como se viene haciendo en Francia desde 2021. La reparabilidad es uno de los aspectos más fácilmente cuantificables de la durabilidad de los productos.

4.1.5 Para estar a la altura de estos retos, el índice de reparabilidad ha de diseñarse de forma ambiciosa en al menos dos aspectos. Por un lado, debe afectar al mayor número de productos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos. Por otro lado, la reparabilidad debe entenderse en todas sus facetas y ha de tener en cuenta el coste de la reparación (precio de las piezas de recambio), la disponibilidad de las piezas de recambio y las condiciones del soporte previsto para los programas informáticos.

4.1.6 Para el CESE, una política ambiciosa de información al consumidor no debe limitarse a la reparabilidad. De hecho, las expectativas de los consumidores se refieren sobre todo al hecho de que los productos tengan una duración y no a que sean reparables. Además, el CESE ya se ha pronunciado sobre esta cuestión ( 8 ) . La UE debe dotarse de un indicador sencillo que proporcione información acerca de la durabilidad de un producto, incluida su reparabilidad, pero también de la robustez y la posibilidad de mejora de los productos, lo que favorecerá indirectamente la reindustrialización en Europa. Este principio, que, como es obvio, ha de ser acordado con las partes interesadas en cuanto a sus modalidades de aplicación y tener un carácter progresivo, debe figurar entre las propuestas de la Comisión, a riesgo de desatender una expectativa primordial de los consumidores.

4.1.7 Es necesario profundizar en la cuestión de las garantías para reforzar la información al consumidor. En primer lugar, la CE debería reafirmar un principio sencillo: la existencia y la duración de la garantía de conformidad [Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 9 ) ] deberían darse a conocer en todas partes, tanto en las tiendas físicas como en línea, para el conjunto de los bienes en cuestión. De hecho, la prioridad debe ser aplicar la legislación existente antes de incorporar derechos nuevos.

4.1.8 El CESE celebra que se hayan tenido en cuenta las dificultades que se pueden presentar a los consumidores a la hora de distinguir entre las garantías comerciales y las legales. Por lo tanto, es beneficioso que la CE prevea que estas garantías comerciales no generen confusión.

4.1.9 Para aumentar sus efectos positivos sobre la protección del medio ambiente, la garantía podría fomentar la reparación del bien deteriorado y no su sustitución por otro producto nuevo. La UE puede fomentar que prime la reparación sobre la sustitución en caso de avería, haciendo que la reparación resulte para los consumidores una opción más sencilla, rápida y cómoda.

4.1.10 En relación con estas disposiciones, la sensibilización de los ciudadanos puede contribuir aún en mayor medida a esta reorientación del consumo. Así, la UE debe favorecer, o incluso poner en marcha, campañas acerca de los buenos hábitos que se han de adoptar de cara a realizar un consumo responsable (información, segunda mano, reparación, mantenimiento de los productos), en particular con el apoyo de la sociedad civil organizada, que puede desempeñar un papel esencial en el marco de esta propuesta.

4.2 Reforzar las disposiciones sin limitarse a la obligación de informar

4.2.1 Al penalizar únicamente la falta de información, la Unión Europea abriría la vía a la legalización de estas prácticas, que sin embargo son incompatibles con la protección del consumidor y del medio ambiente. La UE no puede conformarse con prohibir la falta de información sobre una técnica pensada para limitar la vida útil de un producto, sino que debe prohibir dicha práctica como tal. Dicho de otro modo, no se entendería que la UE transmitiese el mensaje de que la obsolescencia programada está permitida siempre que vaya acompañada de información al consumidor. La disposición debe permitir que se envíe una señal clara a los fabricantes de que, en Europa, los productos no pueden estar diseñados para estropearse de forma prematura.

4.2.2 Del mismo modo, las demás formulaciones de la Directiva corren el riesgo de no proteger de una forma suficiente a los consumidores. No basta con obligar al fabricante a informar al consumidor de que un bien no es reparable. Es la irreparabilidad intencionada de ese bien lo que debe prohibirse como tal.

4.2.3 Como saben el CESE y la CE, las actualizaciones de los programas informáticos suelen consumir mucha memoria y energía, y que reducen la vida útil de los equipos conectados. La legislación no debe limitarse a exigir al fabricante que informe al consumidor de los efectos perjudiciales de una actualización. También en este caso, resulta fácil imaginar cómo puede ocultarse esta información en medio de una avalancha de información positiva sobre esta actualización, lo que lleva al consumidor a aceptarla.

4.3 Delimitar y sancionar las prácticas que reducen la capacidad de actuación de los consumidores

4.3.1 Como señala con acierto la Comisión, las prácticas de ecoblanqueamiento representan uno de los principales obstáculos para informar a los consumidores acerca de la transición ecológica. El proyecto de Directiva señala con toda la razón la necesidad de sancionar las alegaciones medioambientales genéricas que no puedan demostrarse de manera objetiva.

4.3.2 El CESE acoge favorablemente la prohibición de que se representen etiquetas de durabilidad que no estén sujetas a un sistema de certificación formal. El desarrollo progresivo y concertado de un índice europeo, que se propone en el presente Dictamen, permite dar respuesta a esta necesidad.

4.3.3 Otras alegaciones medioambientales suponen menoscabar a menudo la calidad de la información que llega al consumidor. Es legítimo prohibir que se pueda hacer gala de eficiencia medioambiental cuando esta se refiera únicamente a una característica del producto o cuando solo es el resultado de la aplicación de obligaciones legales o de prácticas habituales.

4.3.4 Favorecer el consumo responsable implica también reforzar las etiquetas que certifican unos procesos medioambientales serios. En este sentido, la etiqueta ecológica europea todavía no se utiliza lo suficiente, a pesar de los progresos que se han registrado. Es necesario prever un apoyo que refuerce la accesibilidad de esta etiqueta y una campaña de comunicación adecuada.

4.3.5 La consecuencia lógica de estos elementos es que el marco jurídico de la publicidad debe integrar mejor los principios del desarrollo sostenible, regulando estrechamente la publicidad de los productos más contaminantes, lo que está en consonancia con el reciente Dictamen del CESE dedicado a esta cuestión ( 10 )

4.3.6 En la misma línea, si bien la publicidad debe evitar el uso de alegaciones medioambientales con respecto a un producto en su conjunto cuando solo se refieren a ciertos elementos del mismo, también debe prohibir cualquier alegación injustificada, como ocurre a menudo en lo que respecta a la neutralidad de las emisiones de carbono, y cualquier referencia o representación de un comportamiento contrario a la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Además, la publicidad no debe incluir ninguna representación que pudiera banalizar o promover prácticas o ideas contrarias a los objetivos de desarrollo sostenible.

4.3.7 Para emitir alertas tempranas con respecto a las prácticas comerciales engañosas, a menudo es necesario contar con información aportada por los propios comercializadores. Sin embargo, hoy en día, los denunciantes en este ámbito son escasos por temor a las represalias. El procedimiento de denuncia que se menciona en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 11 ) debe ser aplicable a esos denunciantes.

Todas estas disposiciones solo serán plenamente eficaces si se acuerdan con los agentes económicos, en representación tanto de las grandes como de las pequeñas y medianas empresas, y con los interlocutores sociales, las asociaciones de consumidores y, de una forma más amplia, la sociedad civil. El CESE considera que se trata de una política esencial en tanto que afirma un modelo de mercado competitivo adaptado a los retos medioambientales, preocupado por los consumidores y la competitividad de los agentes económicos europeos y compatible con los desafíos de la autonomía estratégica de la Unión.

Bruselas, 14 de julio de 2022. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Christa SCHWENG

(1) Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

(2) Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).

(3) COM(2020) 696 final, de 13 de noviembre de 2020.

(4) COM(2020) 98 final, de 11 de marzo de 2020.

(5) COM(2019) 640 final, de 11 de diciembre de 2019.

(6) Comisión Europea, Consumer market study on the functioning of legal and commercial guarantees for consumers in the EU («Estudio del mercado de consumo sobre el funcionamiento de las garantías legales y comerciales para los consumidores en la UE», documento no disponible en español), 2015. Estudio justificativo de la evaluación de impacto realizado por la Comisión Europea: Study on Empowering Consumers Towards the Green Transition («Estudio sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica», documento no disponible en español), julio de 2021. Commercial warranties: are they worth the money? («Garantías comerciales: ¿merece la pena pagarlas?», documento no disponible en español). Red CEC, abril de 2019.

(7) Comisión Europea, Behavioural Study on Consumers’ engagement in the circular economy («Estudio conductual sobre la participación de los consumidores en la economía circular», documento no disponible en español), 2018, p. 81.

(8) DO C 67 de 6.3.2014, p. 23.

(9) Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.o 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE (DO L 136 de 22.5.2019, p. 28).

(10) DO C 105 de 4.3.2022, p. 6.

(11) Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).