COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales

(2021/C 305/01)

1. INTRODUCCIÓN 3

1.1. El sistema de control de las ayudas estatales 4

1.2. La obligación de suspensión 5

2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE AYUDAS ESTATALES 6

2.1. Principio de cooperación leal 6

2.2. Los principios de equivalencia y eficacia aplicados a los procedimientos nacionales 6

2.2.1. Legitimación procesal 7

2.2.2. Jurisdicción 8

2.2.3. Principio de cosa juzgada 8

3. FUNCIÓN DE LA COMISIÓN 9

3.1. Competencia exclusiva de la Comisión 9

3.2. Competencias de la Comisión para hacer cumplir las normas sobre ayudas estatales 10

4. FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES 11

4.1. Delimitación de las competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales 11

4.1.1. Tras una decisión de la Comisión 12

4.1.1.1. Tras una decisión de la Comisión por la que se declara la ayuda compatible 12

4.1.1.2. Tras una decisión de incoación de la Comisión 13

4.2. Competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales 14

4.2.1. Evaluar la existencia de ayuda 14

4.2.2. Apreciar si se ha incumplido la obligación de suspensión 14

4.2.2.1. Aplicación de las condiciones de los reglamentos de exención por categorías 14

4.2.2.2. Ayuda existente 15

4.2.3. Protección de los derechos individuales ante el incumplimiento de la obligación de suspensión 16

4.2.3.1 Suspensión o terminación de la ejecución de la medida 16

4.2.3.2 Recuperación 16

4.2.3.3 Medidas cautelares 18

4.2.3.4 Acciones de reparación de daños y perjuicios 21

5. COOPERACIÓN ENTRE LA COMISIÓN Y LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES 21

5.1. Asistencia de la Comisión a los órganos jurisdiccionales nacionales 22

5.1.1. Formas de cooperación 22

5.1.1.1. Transmisión de información a los órganos jurisdiccionales nacionales 22

5.1.1.2. Transmisión de dictámenes relativos a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales 23

5.1.1.3. Presentación de observaciones amicus curiae 25

5.1.2. Punto de contacto único y publicación de dictámenes y observaciones amicus curiae 26

5.2. Asistencia de los órganos jurisdiccionales nacionales a la Comisión 26

6. CONSECUENCIAS DE LA NO APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y DECISIONES SOBRE AYUDAS ESTATALES 27

6.1. Procedimientos ante la Comisión en relación con ayudas ilegales 27

6.2. Procedimientos de infracción 27

7. DISPOSICIONES FINALES 28

1. INTRODUCCIÓN

1) ex ante en los asuntos con mayor impacto en el mercado interior, estableciendo al mismo tiempo una cooperación más estrecha con los Estados miembros en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. Con este fin, la Comisión ha ampliado las posibilidades para que los Estados miembros concedan ayudas sin un control previo de la Comisión al establecer nuevas exenciones de la obligación de notificar a la Comisión cualquier medida de ayuda estatal prevista. En consecuencia, ha aumentado el importe de ayudas concedidas con arreglo a exenciones por categorías Desde 2012, la Comisión ha implementado una agenda de modernización de las ayudas estatales ( 1 ) . En el marco de esta agenda, la Comisión ha adoptado un paquete de legislación, directrices y comunicaciones para evaluar las medidas de ayuda estatal. Este paquete ha permitido a la Comisión centrar su controlen los asuntos con mayor impacto en el mercado interior, estableciendo al mismo tiempo una cooperación más estrecha con los Estados miembros en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. Con este fin, la Comisión ha ampliado las posibilidades para que los Estados miembros concedan ayudas sin un control previo de la Comisión al establecer nuevas exenciones de la obligación de notificar a la Comisión cualquier medida de ayuda estatal prevista. En consecuencia, ha aumentado el importe de ayudas concedidas con arreglo a exenciones por categorías ( 2 ) . En este contexto, el papel de los órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de garantizar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales ha adquirido una importancia aún mayor.

2) En 2019, la Comisión publicó un estudio sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales y las decisiones de los órganos jurisdiccionales nacionales en 28 Estados miembros ( 3 ) (el «Estudio sobre la aplicación») ( 4 ) . Dicho estudio examinó más de 750 sentencias nacionales, que se dividen en dos categorías: 1) asuntos en los que los órganos jurisdiccionales nacionales participan en la determinación de las consecuencias de la aplicación ilegal de la ayuda («ejecución privada») y 2) asuntos en los que los órganos jurisdiccionales nacionales participan en la ejecución de las decisiones de la Comisión por las que se ordena la recuperación («ejecución pública»).

3) El Estudio sobre la aplicación puso de manifiesto que el número de asuntos de ayudas estatales remitidos a los órganos jurisdiccionales nacionales aumentó entre 2007 y 2017. A pesar de este aumento, los órganos jurisdiccionales nacionales solo aplicaron medidas correctoras en raras ocasiones, y las demandas por daños y perjuicios representan una pequeña minoría de casos. Además, los medios de cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales, introducidos en 2009 por la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales («Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales de 2009») ( 5 ) y en 2015 por el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (el «Reglamento de procedimiento») ( 6 ) no han sido muy utilizados.

4) La presente Comunicación aporta a los órganos jurisdiccionales nacionales y otras partes interesadas información práctica sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a nivel nacional. La Comunicación tiene en cuenta las cuestiones planteadas por estos órganos jurisdiccionales en el contexto del Estudio sobre la aplicación o en los asuntos remitidos con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea («el Tribunal de Justicia»). Algunos ejemplos son la coherencia entre los procedimientos ante la Comisión y los procedimientos judiciales nacionales, o las cuestiones planteadas por la aplicación incorrecta de los reglamentos de exención por categorías.

5) La presente Comunicación tiene por objeto dar orientaciones a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el sentido del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») ( 7 ) y fomentar una cooperación más estrecha entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales mediante la utilización de todos los instrumentos de cooperación disponibles. La presente Comunicación no es vinculante para los órganos jurisdiccionales nacionales ni afecta a su independencia ( 8 ) . La presente Comunicación se centra principalmente en la ejecución privada. La Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales ilegales e incompatibles ( 9 ) («Comunicación sobre la recuperación») aborda los aspectos relacionados con la ejecución pública.

6) La jurisprudencia del Tribunal General y del Tribunal de Justicia (conjuntamente, los «órganos jurisdiccionales de la Unión») ha evolucionado desde la Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales de 2009. La presente Comunicación incorpora estos cambios y sustituye a la Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales de 2009.

1.1. El sistema de control de las ayudas estatales

7) El concepto de ayuda estatal, directamente definido en el TFUE, tiene carácter jurídico y debe interpretarse sobre la base de elementos objetivos ( 10 ) . El artículo 107, apartado 1, del TFUE dispone que «serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». La Comisión ha dado orientaciones sobre cómo interpretar el concepto de ayuda estatal ( 11 )

8) La prohibición general de las ayudas estatales se basa en un sistema de control doble, ex ante y ex post , de las intervenciones que impliquen ayuda estatal. De conformidad con el artículo 108 del TFUE, la Comisión debe examinar permanentemente todos los regímenes de ayudas existentes y evaluar cualquier proyecto de un Estado miembro de conceder nuevas ayudas o modificar ayudas existentes. Para que la Comisión pueda llevar a cabo este examen eficazmente, los Estados miembros deben cooperar facilitando toda la información pertinente y notificando las medidas de ayuda estatal.

9) Los Estados miembros están obligados, por una parte, a notificar a la Comisión toda medida destinada a conceder nuevas ayudas o a modificar ayudas existentes y, por otra, a no aplicar dicha medida hasta que la Comisión haya evaluado su compatibilidad con el mercado interior («obligación de suspensión») ( 12 ) . La obligación de suspensión derivada del artículo 108, apartado 3, del TFUE tiene efecto directo ( 13 ) : confiere a los particulares derechos que pueden invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

10) De ello se deduce que la aplicación del sistema de control de las ayudas estatales, del que la disposición del artículo 108, apartado 3, del TFUE constituye un elemento fundamental, corresponde tanto a la Comisión como a los órganos jurisdiccionales nacionales, ya que sus funciones respectivas son complementarias pero distintas. Si bien la Comisión tiene competencia exclusiva para evaluar la compatibilidad de las medidas de ayuda con el mercado interior, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales salvaguardar los derechos de los particulares ante una posible infracción del artículo 108, apartado 3, del TFUE ( 14 )

1.2. La obligación de suspensión

11) El carácter inmediatamente aplicable del artículo 108, apartado 3, del TFUE implica que los órganos jurisdiccionales nacionales deben adoptar todas las medidas adecuadas, conforme a su Derecho nacional, para extraer las consecuencias de una infracción de dicha disposición ( 15 )

12) Para que una medida esté sujeta al requisito de suspensión del artículo 108, apartado 3, del TFUE, deben concurrir dos condiciones: primero, que la medida sea considerada nueva ayuda, incluidas las modificaciones de una ayuda existente ( 16 ) ; y segundo, la medida debe estar sujeta a la obligación de notificación previa con arreglo al artículo 108, apartado 3, del TFUE.

13) Por consiguiente, si una medida no constituye nueva ayuda, los Estados miembros pueden aplicarla sin notificación previa a la Comisión. Asimismo, los Estados miembros pueden implementar medidas de ayuda que reúnan todas las condiciones para beneficiarse de una exención de la obligación de notificación.

14) de minimis Mediante reglamentos ( 17 ) , la Comisión establece las condiciones en las que se considera que las ayudas no afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros y no falsean o amenazan falsear la competencia ( 18 )

15) La Comisión también ha adoptado reglamentos de exención por categorías, por ejemplo el Reglamento general de exención por categorías ( 19 ) , en los que se establecen las condiciones en las que las medidas de ayuda deben o pueden considerarse compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartados 2 o 3 ( 20 ) . Si una medida de ayuda cumple todas las condiciones pertinentes establecidas en dichos reglamentos, el Estado miembro de que se trate estará exento de su obligación de notificar la ayuda a la Comisión.

16) o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo Por otra parte, la Decisión 2012/21/UE de la Comisión ( 21 ) , relativa a las ayudas estatales por servicios de interés económico general, en general, y el Reglamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 22 ) , relativo a los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, en particular, establecen las condiciones en las cuales las compensaciones por las obligaciones de servicio público se consideran compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 106, apartado 2, y al artículo 93 del TFUE. En esos casos, las medidas en cuestión tampoco están sujetas a la obligación de suspensión.

2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE AYUDAS ESTATALES

2.1. Principio de cooperación leal

17) El artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea ( 23 ) («TUE») obliga a los Estados miembros a ayudar a la Unión en el cumplimiento de su misión. De conformidad con el principio de cooperación leal consagrado en este artículo, la Unión y los Estados miembros, actuando en el marco de sus competencias, deben prestarse asistencia mutua en la realización de dichas tareas.

18) La obligación de asistencia mutua que se deriva del artículo 4, apartado 3, del TUE también se aplica a los órganos jurisdiccionales nacionales ( 24 ) . Esto significa que la Comisión asiste a los órganos jurisdiccionales nacionales cuando aplican el Derecho de la Unión ( 25 ) y que, de la misma manera, los órganos jurisdiccionales nacionales asisten a la Comisión en el desempeño de sus funciones. Por consiguiente, los órganos jurisdiccionales nacionales deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión y abstenerse de adoptar decisiones que puedan poner en peligro la consecución de los objetivos del TUE y del TFUE (conjuntamente, los «Tratados») ( 26 )

2.2. Los principios de equivalencia y eficacia aplicados a los procedimientos nacionales

19) El Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente el principio de autonomía procesal en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales ( 27 ) . Según este principio, si no existe legislación de la Unión en la materia, los Estados miembros son libres de elegir el modo en que cumplen las obligaciones que les incumben en virtud de los Tratados, siempre que los medios que utilicen no menoscaben el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión.

20) De conformidad con la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión, la legislación nacional aplicable no debe ser menos favorable al aplicar el artículo 108, apartado 3, del TFUE que la correspondiente a situaciones similares de carácter interno («principio de equivalencia») y no debe estar articulada de tal manera que haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión («principio de eficacia») ( 28 ) . En las secciones 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. se explica la interacción entre el principio de autonomía procesal, por una parte, y los principios de equivalencia y de eficacia, por otra, con respecto a la legitimación procesal, la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales nacionales y el principio de cosa juzgada ( 29 )

2.2.1. Legitimación procesal

21) En aplicación del principio de autonomía procesal, los Estados miembros aplican sus normas nacionales sobre legitimación procesal a los litigios nacionales en materia de ayudas estatales, siempre que respeten los principios de equivalencia y eficacia.

22) En virtud del principio de eficacia, las normas nacionales relativas a la legitimación de un justiciable y a su interés para ejercitar una acción judicial no deben menoscabar su derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos que le confiere el Derecho de la Unión ( 30 )

23) El Estudio sobre la aplicación puso de manifiesto que, en la mayoría de los casos, los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncian sobre asuntos presentados por competidores del beneficiario de la ayuda, que se ven directamente afectados por el falseamiento de la competencia derivado de la aplicación de la ayuda ilegal ( 31 )

24) No obstante, al aplicar las normas nacionales sobre legitimación, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener en cuenta su deber de proteger los intereses de las partes que tengan un interés suficiente en ejercitar la acción («terceros»), independientemente de si se han visto directamente afectadas por el falseamiento de la competencia derivado de la ejecución ilegal de la medida de ayuda.

25) Los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener en cuenta otros elementos a la hora de evaluar la legitimación procesal de terceros en asuntos relativos a ayudas estatales concedidas mediante medidas fiscales. Solo puede considerarse que los terceros contribuyentes tienen interés en ejercitar una acción para obtener la devolución del importe recaudado infringiendo la obligación de suspensión cuando el impuesto o exacción a los que están sujetos forme parte de la financiación de la ayuda estatal ilegal ( 32 ) . Su legitimación procesal no se basa en la existencia de una relación de competencia con el beneficiario de la ayuda ( 33 )

26) En cambio, los contribuyentes terceros no pueden invocar la ilegalidad de una medida de ayuda que dispensa del impuesto a determinadas empresas o sectores para eludir el pago de dicho impuesto o exacción o para obtener su devolución, salvo que la recaudación del tributo se reserve exclusivamente para financiar la ayuda estatal ilegal como se indica en el apartado (25). Este es también el caso cuando operan en competencia con los beneficiarios ( 34 ) . Tal solución incrementaría los efectos contrarios a la competencia de la ayuda estatal, ya que aumentaría el número de empresas que se benefician de una exención fiscal que constituye una ayuda estatal ilegal ( 35 )

27) Por último, la obligación por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales de garantizar la tutela judicial efectiva puede superar la estricta aplicación del artículo 108, apartado 3, del TFUE. A la vista del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a los particulares y organizaciones sin legitimación para solicitar la anulación de una decisión de ayuda estatal con arreglo al artículo 263 del TFUE se les debe dar la oportunidad de impugnar la ayuda o las medidas por las que se ejecuta la ayuda ante los órganos jurisdiccionales nacionales e instar el sometimiento de una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 267 del TFUE ante el Tribunal de Justicia sobre la interpretación o la validez de la decisión de la Comisión por la que se autoriza esa ayuda ( 36 ) . En esa situación, pueden ser relevantes no solo los intereses económicos sino también otros intereses de particulares u organizaciones para determinar su legitimación en un procedimiento relativo a las medidas nacionales por las que se ejecuta la ayuda, dependiendo de las medidas y los procedimientos nacionales en cuestión ( 37 )

2.2.2. Jurisdicción

28) El principio de autonomía procesal implica que corresponde al ordenamiento jurídico nacional de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes en los procedimientos relativos a la concesión de una ayuda ilegal. También implica que los Estados miembros determinen la regulación procesal que rige estas acciones judiciales, siempre que se respeten los principios de equivalencia y eficacia ( 38 )

29) A falta de normas específicas en el Derecho de la Unión, la estructura de los sistemas judiciales de los Estados miembros varía considerablemente. Mientras que algunos Estados miembros han creado tribunales especializados en materia de ayudas estatales, otros han atribuido la competencia exclusiva a salas de tribunales existentes o han adoptado regulación procesal que aclara la competencia de los tribunales en los asuntos de ejecución pública y privada ( 39 ) . En la mayoría de los Estados miembros, los órganos jurisdiccionales civiles y administrativos son competentes en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales ( 40 )

2.2.3. Principio de cosa juzgada

30) El principio de cosa juzgada establece que ya no pueda impugnarse una resolución judicial cuando esta sea firme. Es el caso cuando se hayan agotado las vías de recurso disponibles o hayan expirado los plazos para ejercer dichos derechos. El principio de cosa juzgada tiene por objeto garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la buena administración de la justicia y está consagrado tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales ( 41 ) . Según la jurisprudencia, a falta de normativa de la Unión en la materia, el sistema de aplicación del principio de cosa juzgada se rige por el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal de estos. No obstante, estas normas procesales deben respetar los principios de equivalencia y efectividad ( 42 )

31) En virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión ( 43 ) , los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a garantizar la plena eficacia de las disposiciones del Derecho de la Unión, incluso, si es necesario, dejando inaplicada, por su propia iniciativa, cualquier disposición contraria de la legislación nacional. Esto se aplica también a las normas nacionales que consagran el principio de cosa juzgada ( 44 )

32) La jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión ha limitado la fuerza del principio de cosa juzgada en el ámbito de las ayudas estatales. El principio de primacía del Derecho de la Unión impide que la aplicación del principio de cosa juzgada limite la competencia exclusiva conferida a la Comisión por el TFUE para evaluar la compatibilidad de las ayudas estatales ( 45 ) . Además, el hecho de que un órgano jurisdiccional nacional haya excluido la existencia de ayuda estatal en relación con una medida no puede impedir a la Comisión concluir más adelante que la medida en cuestión constituye una ayuda estatal ilegal e incompatible ( 46 ) . Esto es así aun en el caso de una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia ( 47 ) . Se aplica también cuando las normas nacionales sobre la fuerza de cosa juzgada se extienden a motivos que podrían haberse planteado, pero no se plantearon, en el procedimiento judicial ( 48 )

3. FUNCIÓN DE LA COMISIÓN

33) El objetivo del sistema de control previo establecido por el artículo 108, apartado 3, del TFUE es garantizar que solo puedan ejecutarse las ayudas compatibles ( 49 ) . Para alcanzar este objetivo, la ejecución de un proyecto de ayuda que no esté exento por categorías se aplaza hasta que la Comisión adopte una decisión sobre su compatibilidad con el mercado interior ( 50 )

3.1. Competencia exclusiva de la Comisión

34) Como norma general, la Comisión desempeña su competencia de evaluar la compatibilidad de una medida de ayuda en dos fases. En primer lugar, la Comisión evalúa si la medida puede considerarse ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE ( 51 ) ; en segundo lugar, examina si la medida es compatible con el mercado interior. La primera fase, consistente en la apreciación de la existencia de ayuda, es una competencia ejercida tanto por la Comisión como por los órganos jurisdiccionales nacionales, ya que estos últimos pueden tener que determinar si una medida está sujeta a la obligación de suspensión ( 52 ) (véanse las secciones 4.2.1 y 4.2.2). La segunda fase, consistente en la evaluación de la compatibilidad, es responsabilidad exclusiva de la Comisión. La apreciación de la compatibilidad debe incluirse en una decisión de la Comisión ( 53 ) , que actúa bajo el control de los órganos jurisdiccionales de la Unión ( 54 )

35) La Comisión puede pronunciarse sobre la compatibilidad de una medida con el mercado interior, ya sea mediante un examen preliminar (cuando no tenga dudas en cuanto a la compatibilidad de la medida con el mercado interior) ( 55 ) o conforme a un procedimiento de investigación formal (cuando, en el contexto del examen preliminar, tuviera dudas en cuanto a la compatibilidad de la medida con el mercado interior) ( 56 ) . Cuando incoa un procedimiento de investigación formal, la Comisión adopta una decisión en la que expone su evaluación preliminar sobre el carácter de ayuda de la medida y sus dudas en cuanto a la compatibilidad de la medida con el mercado interior («decisión de incoación») ( 57 )

36) La competencia exclusiva de la Comisión para evaluar la compatibilidad de las ayudas estatales puede limitar a los órganos jurisdiccionales nacionales en el ejercicio de sus competencias de aplicar los artículos 107, apartado 1, y 108, apartado 3, del TFUE (véase la sección 4.1) ( 58 ) . Es el caso en las decisiones de incoación, que, a la espera de la evaluación de la compatibilidad de la medida, tienen ciertas consecuencias jurídicas en el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales (véase la sección 4.1.3).

37) Las decisiones finales adoptadas previamente por la Comisión son vinculantes para los órganos jurisdiccionales nacionales, y estos deben seguir la apreciación de la Comisión sobre la existencia de ayuda ( 59 ) . Por el contrario, si un órgano jurisdiccional nacional se pronuncia antes de cualquier decisión de la Comisión, su sentencia, aunque haya adquirido fuerza de cosa juzgada, no puede impedir a la Comisión ejercer en algún momento la competencia exclusiva que le confiere el TFUE (véase la sección 2.2.3) ( 60 )

3.2. Competencias de la Comisión para hacer cumplir las normas sobre ayudas estatales

38) Como norma general, a fin de imponer medidas correctoras por la infracción de las normas sobre ayudas estatales, cuando la Comisión llegue a la conclusión de que la medida examinada constituye ayuda estatal ilegal e incompatible, la Comisión debe adoptar una decisión final que ponga fin al procedimiento de investigación formal y ordene la recuperación de dicha ayuda («decisión de recuperación») ( 61 )

39) Mediante la adopción de normas de procedimiento en el ámbito de las ayudas estatales, la Comisión ha codificado sus competencias de ejecución ( 62 ) . De conformidad con el artículo 16 del Reglamento de procedimiento, la Comisión debe ordenar la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles mediante la adopción de una decisión. Cuando la Comisión establece en una decisión que una medida de ayuda es ilegal e incompatible con el mercado interior, no dispone de ningún margen de apreciación y debe ordenar su recuperación ( 63 ) , a menos que ello sea contrario a un principio general del Derecho de la Unión ( 64 ) . Además, las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas estatales están sujetas a un plazo de prescripción de diez años desde el día en que se concedió al beneficiario la ayuda ilegal ( 65 )

40) En algunos casos, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de procedimiento, la Comisión podría, a su discreción, adoptar medidas cautelares mientras termina de examinar la compatibilidad. En concreto, la Comisión puede emitir requerimientos de suspensión o de recuperación, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones ( 66 ) . Estas medidas tienen por objeto limitar el perjuicio asociado a la ejecución de la ayuda incumpliendo las obligaciones de notificación y suspensión ( 67 )

4. FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES

41) Si bien la Comisión está obligada a examinar la compatibilidad de una medida de ayuda con el mercado interior, incluso cuando haya establecido que la medida ha sido ejecutada infringiendo el artículo 108, apartado 3, del TFUE, la función principal de los órganos jurisdiccionales nacionales es preservar los derechos individuales de los justiciables ante dicha infracción ( 68 )

42) Los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la responsabilidad de dar protección jurídica efectiva a terceros ( 69 ) . Su contribución al sistema de control de las ayudas estatales es especialmente necesaria en los casos en que se concede ayuda ilegal, en ausencia de una decisión final de la Comisión sobre la misma medida o hasta la adopción de dicha decisión, así como en los casos en que se haya concedido una ayuda posiblemente compatible infringiendo la obligación de suspensión ( 70 )

4.1. Delimitación de las competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales

43) Los órganos jurisdiccionales nacionales están facultados para interpretar y aplicar el artículo 107, apartado 1, y el artículo 108, apartado 3, del TFUE. En particular, en ausencia de una decisión de la Comisión relativa a la misma medida ( 71 ) , los órganos jurisdiccionales nacionales, cuando ejercen su competencia para apreciar la existencia de ayuda estatal, solo están vinculados por el concepto objetivo de ayuda estatal ( 72 )

44) La Comisión también evalúa la existencia de ayuda estatal, que suele ser un primer paso antes de evaluar su compatibilidad. Por lo tanto, cualquier procedimiento ante la Comisión, anterior o posterior al procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales, podría afectar a este último ( 73 ) , como se explica en las secciones 4.1.1 a 4.1.3.

4.1.1. Tras una decisión de la Comisión

45) Los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de adoptar decisiones en contra de una decisión de la Comisión ( 74 ) y, por consiguiente, deben atenerse a la apreciación de la Comisión sobre la existencia de ayuda estatal. Los órganos jurisdiccionales nacionales tampoco son competentes para declarar inválidas las decisiones de la Comisión ( 75 ) . Los órganos jurisdiccionales de la Unión son los únicos competentes en esa materia en virtud del artículo 263 TFUE ( 76 )

46) Si un órgano jurisdiccional nacional alberga dudas sobre la interpretación o validez de una decisión de la Comisión, puede solicitar aclaraciones a la Comisión (véase la sección 5.1) o, en función de las circunstancias, puede o debe ( 77 ) plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, de conformidad con el artículo 267 del TFUE ( 78 )

4.1.1.1. Tras una decisión de la Comisión por la que se declara la ayuda compatible

47) Una decisión final de la Comisión por la que se reconoce la compatibilidad de una ayuda ilegal después de su concesión no tiene por efecto regularizar retroactivamente las medidas de ejecución, que se habían adoptado incumpliendo la obligación de suspensión prevista en el TFUE ( 79 )

48) A este respecto, los órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar a los particulares que se extraerán todas las consecuencias ( 80 ) de la infracción de la obligación de suspensión, incluso ordenar la recuperación de los intereses por el período de ilegalidad, de conformidad con su Derecho nacional ( 81 )

49) De ello se deduce que, cuando un tercero solicita ante un órgano jurisdiccional nacional la eliminación de las ventajas vinculadas a la ejecución prematura de la ayuda, este debe estimar su recurso aun cuando la Comisión ya haya declarado compatible la ayuda en cuestión. Cualquier otra interpretación tendría como efecto permitir a los Estados miembros hacer caso omiso de las disposiciones del TFUE, privándolas así de eficacia ( 82 )

4.1.1.2. Tras una decisión de incoación de la Comisión

50) La situación es distinta cuando la Comisión se ha limitado a incoar, con arreglo al artículo 108, apartado 2, del TFUE, un procedimiento de investigación relativo a una medida de ayuda presentada ante un órgano jurisdiccional nacional. En la decisión de incoación, la Comisión, en principio, expresa sus dudas sobre si una medida de ayuda es compatible con el mercado interior. Aunque estas dudas se refieren generalmente a la compatibilidad de la ayuda, la apreciación de la existencia de ayuda es de carácter preliminar y se basa en un examen inicial de la medida en cuestión ( 83 )

51) De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del TUE, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener en cuenta la situación jurídica resultante de los procedimientos en curso ante la Comisión, aunque dicha situación sea provisional.

52) Esto significa que, mientras esté en curso el procedimiento de investigación, los órganos jurisdiccionales nacionales deben extraer consecuencias jurídicas de la propia decisión de incoación. Tras una decisión de incoación, un órgano jurisdiccional nacional no puede considerar que esta medida no constituye ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, so pena de comprometer la eficacia del artículo 108, apartado 3, del TFUE ( 84 )

53) A tal fin, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales adoptar todas las medidas oportunas para subsanar el potencial incumplimiento de la obligación de suspensión. Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden decidir suspender la ejecución de la medida sometida a examen y ordenar la recuperación de los importes ya abonados. También pueden decidir la adopción de otras medidas cautelares con el fin de proteger tanto los intereses de las partes afectadas como el efecto útil de la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal ( 85 )

54) Además, los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden limitarse a suspender el procedimiento hasta que la Comisión haya adoptado una decisión definitiva ( 86 ) , puesto que equivaldría a mantener la ventaja en el mercado a pesar del potencial incumplimiento de la obligación de suspensión.

55) Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden verse ante las mismas restricciones cuando una decisión final de la Comisión ( 87 ) haya sido anulada por los órganos jurisdiccionales de la Unión, ya sea mediante una sentencia que pueda ser recurrida o una sentencia firme, puesto que la Comisión no está obligada a recomenzar el procedimiento desde el principio, sino a reanudarlo en el punto en el que se produjo la ilegalidad ( 88 ) . Por consiguiente, la decisión de incoación puede ser válida hasta que la Comisión adopte una nueva decisión final. En estas circunstancias, los órganos jurisdiccionales nacionales están, por tanto, obligados a garantizar el respeto de la obligación de suspensión derivada de la incoación del procedimiento de investigación formal, por ejemplo, impidiendo que se devuelva la ayuda ya recuperada.

4.2. Competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales

56) Como se indica en los apartados (11) a (13), los órganos jurisdiccionales nacionales deben determinar si se ha concedido ayuda estatal de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE dentro de los límites establecidos por la competencia exclusiva de la Comisión para evaluar la compatibilidad de la ayuda y cualquier decisión preexistente de la Comisión sobre la misma medida.

57) Los órganos jurisdiccionales nacionales realizan su evaluación en dos fases: en primer lugar, evalúan la naturaleza de la medida para determinar si puede considerarse ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE; en segundo lugar, si los órganos jurisdiccionales nacionales consideran que la medida constituye ayuda estatal, tienen que concluir si la medida está sujeta a la obligación de suspensión. Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales constaten una infracción de la obligación de suspensión, deben adoptar las medidas correctoras adecuadas para salvaguardar los derechos de las personas afectadas por dicha infracción.

4.2.1. Evaluar la existencia de ayuda

58) Los órganos jurisdiccionales de la Unión han confirmado que, al igual que la Comisión, los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes para interpretar el concepto de ayuda estatal ( 89 )

59) Para determinar la existencia de ayuda estatal, suele ser necesario evaluar una serie de cuestiones complejas [véase el apartado (14)]. En su Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE ( 90 ) , la Comisión emitió orientaciones detalladas que pueden prestar asistencia a los órganos jurisdiccionales nacionales.

60) Cuando surjan dudas sobre la existencia de elementos de ayuda estatal, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar a la Comisión que emita un dictamen (véase la sección 5.1.1.2). Los órganos jurisdiccionales nacionales también tienen la posibilidad o la obligación de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 del TFUE.

4.2.2. Apreciar si se ha incumplido la obligación de suspensión

61) A la hora de apreciar si una medida de ayuda está sujeta a la obligación de suspensión, los órganos jurisdiccionales nacionales deben considerar si dicha medida entra en el ámbito de alguna de las excepciones a la obligación de notificación (véase la sección 1.2). En concreto, los órganos jurisdiccionales nacionales evalúan si la medida en cuestión cumple los criterios establecidos en un reglamento de exención por categorías o si constituye ayuda existente.

62) Si una medida de ayuda cumple todas las condiciones establecidas en un reglamento de exención por categorías, está exenta de notificación previa a la Comisión y se considera compatible con el mercado interior.

63) La ayuda existente no está sujeta a la obligación de notificación de los Estados miembros con arreglo al artículo 108, apartado 3, del TFUE, pero está sujeta a un sistema diferente de examen de la Comisión con arreglo al artículo 108, apartado 1, del TFUE. No obstante, las modificaciones de ayudas existentes en el sentido del artículo 1, letra c), del Reglamento de procedimiento no corresponden al concepto de ayuda existente.

4.2.2.1. Aplicación de las condiciones de los reglamentos de exención por categorías

64) Los Estados miembros podrán considerar que una medida está exenta de la obligación de notificación si cumple las condiciones generales y específicas establecidas en los reglamentos de exención por categorías. No obstante, si un Estado miembro aplica una medida de ayuda que no cumpla todas las condiciones de la exención por categorías aplicable sin notificación previa a la Comisión, la ejecución de dicha ayuda es ilegal.

65) Las obligaciones de notificación y de suspensión derivadas del TFUE son vinculantes no solo para los órganos jurisdiccionales nacionales, sino también para todos los órganos de la Administración de los Estados miembros ( 91 )

66) Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales evalúan si una medida de ayuda estatal se ha aplicado legalmente, deben verificar si se cumplían las condiciones de un reglamento de exención por categorías para establecer que la medida estaba exenta de la obligación de notificación. El Tribunal de Justicia ha definido el alcance de las competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales cuando determinan si las condiciones del Reglamento general de exención por categorías se aplicaron correctamente ( 92 ) , es decir, en qué medida los órganos jurisdiccionales nacionales pueden interpretar sus disposiciones.

67) La adopción de reglamentos de exención por categorías no tiene por objeto transferir a los Estados miembros la evaluación de la compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado interior, que sigue siendo competencia exclusiva de la Comisión ( 93 ) . No obstante, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar si las autoridades nacionales han concedido ayudas que cumplen plenamente las condiciones generales y específicas del Reglamento de exención por categorías aplicable, interpretado de forma estricta ( 94 )

68) Cuando la ayuda se haya ejecutado en virtud de un reglamento de exención por categorías sin cumplir todas las condiciones aplicables, el beneficiario de la ayuda no podrá tener en ese momento una confianza legítima en la legalidad de la concesión de la ayuda ( 95 ) . El motivo es que las autoridades nacionales no están facultadas para adoptar decisiones definitivas por las que se declare que no existe obligación de notificar la ayuda ( 96 )

4.2.2.2. Ayuda existente

69) Como se indica en el apartado (63), a diferencia de las ayudas nuevas, las ayudas existentes no están sujetas a la obligación de notificación. Corresponde exclusivamente a la Comisión evaluar si una ayuda existente sigue siendo compatible con el mercado interior y proponer medidas apropiadas cuando considere que un régimen ya no sea compatible. Al aplicar las normas sobre ayudas estatales, la función de los órganos jurisdiccionales nacionales se limita a apreciar si una medida de ayuda constituye ayuda existente en el sentido del artículo 108, apartado 1, del TFUE. Si la medida es ayuda existente, no hay infracción del artículo 108, apartado 1, del TFUE que deba corregir el órgano jurisdiccional nacional.

70) Los Tratados no dan orientaciones sobre la clasificación de una medida de ayuda como ayuda existente. Donde se definen las circunstancias en las que la ayuda debe considerarse existente es en las disposiciones del Reglamento de procedimiento ( 97 ) . Ahora bien, el Reglamento de procedimiento no contiene ninguna disposición relativa a las facultades y obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales, que siguen rigiéndose por las disposiciones del TFUE, tal como las ha interpretado el Tribunal de Justicia ( 98 )

4.2.3. Protección de los derechos individuales ante el incumplimiento de la obligación de suspensión

71) Para proteger los derechos individuales contra la aplicación ilegal de las ayudas estatales, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden adoptar diferentes tipos de medidas correctoras dependiendo de la situación. Por ejemplo, pueden decidir suspender o poner fin a la aplicación de la medida (sección 4.2.3.1), ordenar la recuperación de los importes ya desembolsados (sección 4.2.3.2) o adoptar diferentes medidas cautelares para proteger de otro modo los intereses de las partes afectadas (sección 4.2.3.3) ( 99 ) . Por último, se les puede pedir que se pronuncien sobre la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por terceros como consecuencia de la aplicación ilegal de la ayuda estatal (sección 4.2.3.4). En cualquier caso, los órganos jurisdiccionales nacionales deben ofrecer a los particulares la certeza de que se adoptarán todas las medidas adecuadas, de conformidad con su Derecho nacional, para deducir las consecuencias de la infracción del artículo 108, apartado 3, del TFUE ( 100 )

4.2.3.1. Suspensión o terminación de la ejecución de la medida

72) Cuando una autoridad estatal no haya ejecutado todavía una medida de ayuda estatal concedida infringiendo el artículo 108, apartado 3, del TFUE, los órganos jurisdiccionales nacionales deben impedir dicha ejecución, bien suspendiéndola o poniéndole fin. Esta solución también puede ser adecuada en casos en los que la medida de ayuda estatal haya entrado en vigor, pero la ayuda todavía no se haya pagado (total o parcialmente), sin perjuicio de la necesidad de medidas correctoras adicionales para la parte de la ayuda que ya haya sido pagada.

73) El Derecho de la Unión no impone ninguna consecuencia determinada que los órganos jurisdiccionales nacionales deban extraer obligatoriamente en cuanto a la validez del acto por el que se concede la ayuda estatal ilegal. Únicamente exige que estos adopten medidas eficaces para impedir el desembolso de la ayuda ilegal al beneficiario. No obstante, puede haber situaciones con arreglo al Derecho nacional en las que pueda suspenderse la ejecución ilegal de la medida anulando el acto de concesión ( 101 )

74) Por consiguiente, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden declarar la nulidad del contrato por el que se concede la ayuda, anular la decisión de las autoridades del Estado miembro por la que se concede la ayuda o suspender su ejecución (por ejemplo, en caso de que la ayuda se conceda en forma de acceso a una instalación o servicio).

75) Cuando la ayuda se conceda por tramos, los órganos jurisdiccionales nacionales deben ordenar la suspensión de los pagos futuros.

4.2.3.2. Recuperación

76) Cuando la ayuda ilegal ya ha sido abonada al beneficiario, los órganos jurisdiccionales nacionales deben, en principio, y a falta de una decisión de la Comisión que declare la ayuda compatible, ordenar la recuperación íntegra del importe pagado ilegalmente ( 102 ) . La supresión de la ayuda mediante su recuperación es la consecuencia lógica de su ilegalidad ( 103 )

77) Para restablecer la situación existente antes de la concesión de la ayuda, los órganos jurisdiccionales nacionales deben suprimir completamente la ventaja concedida ilegalmente al beneficiario. Esta ventaja comprende tanto la ayuda (el «principal de la ayuda») como el no pagar los intereses que la empresa hubiera abonado si hubiera tenido que pedir prestado el importe de la ayuda en el mercado, durante el tiempo que dura la ilegalidad, que da lugar a la mejora de su posición competitiva durante ese período («interés por el período de ilegalidad») ( 104 ) . Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales nacionales deben ordenar la recuperación tanto del principal de la ayuda como del interés por el período de ilegalidad.

78) Si hay procedimientos paralelos ante un órgano jurisdiccional nacional y ante la Comisión, y si la Comisión declara la ayuda incompatible, el órgano jurisdiccional nacional debe extraer las consecuencias adecuadas de ello, con arreglo a las normas nacionales que rijan la ejecución de las decisiones de recuperación ( 105 )

79) Como se indica en el apartado (48), si la Comisión declara la ayuda compatible, el Derecho de la Unión solo exige a los Estados miembros que recuperen el interés por el período de ilegalidad ( 106 ) , que se extiende desde el pago de la ayuda hasta la declaración de su compatibilidad.

80) Si se anula una decisión de la Comisión por la que se declara compatible la medida, esta medida no puede considerarse autorizada por la Comisión y su aplicación se considera ilegal ( 107 ) . En ese caso, el beneficiario no podrá invocar confianza legítima en la legalidad de la ayuda, dado que se interpuso un recurso de anulación contra la decisión positiva ( 108 )

81) o 794/2004 de la Comisión Para calcular el interés por el período de ilegalidad, no se aplican ni el artículo 16, apartado 2, del Reglamento de procedimiento ni los artículos 9 y 11 del Reglamento (CE) n.794/2004 de la Comisión ( 109 ) a la recuperación de ayudas ilegales por parte de un Estado miembro en ausencia de una decisión de recuperación de la Comisión. Por consiguiente, en tales casos, las autoridades del Estado miembro de que se trate deben calcular el interés por el período de ilegalidad de conformidad con las normas aplicables del Derecho nacional, siempre que se cumplan dos condiciones. En primer lugar, estas normas deben respetar los principios de equivalencia y eficacia (véase la sección 2.2); en segundo lugar, el interés por el período de ilegalidad debe calcularse, como mínimo, a un tipo igual al que se habría aplicado si el beneficiario hubiera tenido que pedir prestado el importe de la ayuda en el mercado en el curso de ese período ( 110 )

82) Por lo que se refiere al plazo de prescripción aplicado a las competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales para ordenar la recuperación, los órganos jurisdiccionales de la Unión han dictaminado que el plazo de prescripción de diez años previsto en el Reglamento de procedimiento se aplica únicamente a la Comisión ( 111 ) . Cuando los procedimientos nacionales prevean un plazo de prescripción más largo, un juez nacional debe ordenar la recuperación de la ayuda concedida incumpliendo la obligación de suspensión, incluso después de que haya expirado el plazo de prescripción previsto para la Comisión. Los plazos de prescripción nacionales inferiores a 10 años también vinculan a los órganos jurisdiccionales nacionales, salvo si existe una decisión de recuperación de la Comisión ( 112 ) . Cuando la Comisión adopta una decisión de recuperación, los Estados miembros no pueden justificar la no aplicación de dicha decisión sobre la base de requisitos del Derecho nacional, como los plazos de prescripción nacionales ( 113 )

4.2.3.3. Medidas cautelares

83) Como parte de sus obligaciones de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a dictar medidas cautelares cuando ello sea necesario para salvaguardar los derechos individuales y el efecto directo del artículo 108, apartado 3, del TFUE ( 114 ) . Los órganos jurisdiccionales nacionales adoptan estas medidas, cuyo fin es eliminar provisionalmente los efectos contrarios a la competencia de la ayuda ( 115 ) , de conformidad con su Derecho nacional, siempre que se cumplan las condiciones de equivalencia y eficacia (véase la sección 2.2).

84) Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden decidir adoptar medidas cautelares cuando presumiblemente ya se haya pagado una ayuda ilegal ( 116 ) o esté a punto de pagarse. En el primer caso, pueden ordenar, o bien el reembolso de la ayuda con intereses por el período de ilegalidad, o bien la transferencia provisional de la ayuda, incluidos los intereses correspondientes al período comprendido entre la ejecución de la ayuda y su transferencia, a una cuenta bloqueada. Estas opciones garantizan que la ventaja vinculada a la ayuda presumiblemente ilegal no siga estando a disposición del beneficiario. Cuando existe un riesgo de pago inminente de la ayuda, el órgano jurisdiccional puede dictar una orden provisional que impida el desembolso de la ayuda supuestamente ilegal hasta que se resuelva el fondo del asunto ( 117 )

85) Una investigación en curso de la Comisión no dispensa al órgano jurisdiccional nacional de su obligación de amparar los derechos individuales de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE ( 118 ) . Por consiguiente, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden adoptar medidas cautelares como forma de abordar las consecuencias de una potencial infracción de la obligación de suspensión.

86) Los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de adoptar medidas cautelares si se cumplen las siguientes condiciones: a) no hay duda sobre la existencia de una ayuda estatal; b) la ayuda está a punto de ejecutarse o se ha ejecutado; y c) no se han encontrado circunstancias excepcionales que hagan inadecuada la recuperación ( 119 )

4.2.3.4. Acciones de reparación de daños y perjuicios

87) Como parte de su función con arreglo al artículo 108, apartado 3, del TFUE, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden verse obligados a pronunciarse sobre las pretensiones de indemnización por daños y perjuicios causados a terceros por ayudas estatales ilegales. En caso de prosperar, una acción de reparación de daños y perjuicios concede a los demandantes una compensación económica directa por la pérdida sufrida.

88) El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que los terceros afectados pueden interponer tales acciones de indemnización por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales nacionales, de conformidad con el Derecho nacional ( 120 ) , que debe respetar los principios de equivalencia y eficacia (véase la sección 2.2).

90) Los dos primeros requisitos expuestos en el apartado (89) se cumplirán generalmente en relación con las infracciones del artículo 108, apartado 3, del TFUE. El Tribunal de Justicia ha confirmado la existencia de derechos individuales en virtud de dicho artículo y ha aclarado que la protección de estos derechos individuales es la verdadera función de los órganos jurisdiccionales nacionales ( 126 )

91) Del mismo modo, dado que, en principio, las autoridades de los Estados miembros están obligadas a notificar las medidas de ayuda estatal antes de su aplicación, la infracción del artículo 108, apartado 3, del TFUE será suficiente en la mayoría de los casos para demostrar la existencia de una infracción grave con arreglo a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión. Si existe ayuda estatal, las autoridades del Estado miembro no pueden sostener que desconocían la obligación de suspensión, ya que hay suficiente jurisprudencia y orientaciones de la Comisión sobre la aplicación del artículo 107, apartado 1, y el artículo 108 apartado 3, del TFUE. En caso de duda y por razones de seguridad jurídica, los Estados miembros siempre pueden notificar la medida a la Comisión antes de su aplicación ( 127 )

92) El tercer requisito expuesto en el apartado (89), que la infracción del Derecho de la Unión haya causado al demandante un daño económico real y cierto, puede cumplirse de diversas maneras. El Estudio sobre la aplicación señaló que los órganos jurisdiccionales nacionales rara vez han concedido una indemnización por daños y perjuicios, y precisa que la cuantificación del daño y la determinación del nexo causal entre el perjuicio y la ayuda ilegal representan un serio obstáculo para los demandantes ( 128 )

93) A menudo los demandantes alegarán que la ayuda fue la causa directa de un lucro cesante. En este tipo de demandas, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: a) En virtud de los requisitos legales de equivalencia y eficacia, las normas nacionales no pueden excluir la responsabilidad del Estado miembro por el lucro cesante (129). En caso de que el Derecho nacional contenga tal exclusión, el órgano jurisdiccional nacional debería abstenerse de aplicar la disposición por lo que se refiere a las demandas de reparación de daños y perjuicios por infracción del artículo 108, apartado 3, del TFUE. b) La determinación del importe real del lucro cesante será más fácil cuando la ayuda ilegal haya hecho posible que el beneficiario consiguiera un contrato o una oportunidad empresarial específica del demandante que ya hayan sido ejecutados por el beneficiario. c) Cuando la ayuda solo supone una pérdida de cuota de mercado, son necesarias cuantificaciones de los daños más complejas. Una posible manera de tratar estos casos sería comparar los ingresos reales del demandante (basándose en la cuenta de pérdidas y ganancias) con la situación hipotética de sus ingresos si no se hubiese concedido la ayuda ilegal (130). d) En determinadas circunstancias el daño sufrido por el demandante puede ser superior al lucro cesante. Esto puede ocurrir si, a consecuencia de la ayuda ilegal, el demandante debe abandonar sus actividades empresariales.

94) En algunos casos, las normas procesales nacionales permitirán que los órganos jurisdiccionales nacionales recurran al asesoramiento de peritos para determinar el importe real de la compensación por los daños y perjuicios. Cuando sea así, y siempre que se respete el principio de eficacia ( 131 ) , el empleo de tales estimaciones también será posible en las demandas de reparación de daños que se planteen de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE.

95) La posibilidad de solicitar la reparación de daños y perjuicios es, en principio, independiente de cualquier investigación paralela de la Comisión referente a la misma medida de ayuda. Ninguna investigación en curso por parte de la Comisión exime a los órganos jurisdiccionales nacionales de su obligación de salvaguardar los derechos individuales de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE ( 132 ) . Puesto que los demandantes deben poder demostrar que sufrieron una pérdida debido a la aplicación prematura de la ayuda, y, más específicamente, a consecuencia de la ventaja temporal ilegal del beneficiario, tampoco cabe excluir que las demandas de reparación de daños y perjuicios prosperen en aquellos casos en los que la Comisión ha declarado la ayuda compatible antes de que se pronunciara el órgano jurisdiccional nacional ( 133 )

96) El Tribunal de Justicia recordó que la naturaleza jurídica de las ayudas estatales difiere fundamentalmente de los daños y perjuicios que las autoridades nacionales pudieran ser condenadas a pagar a los particulares como reparación de un perjuicio que hayan causado (jurisprudencia Asteris) ( 134 ) . No obstante, al pronunciarse sobre la compensación a terceros por los costes ocasionados directamente por una ayuda ilegal, los órganos jurisdiccionales nacionales deben procurar no adoptar decisiones que tengan como efecto conceder una ayuda ( 135 ) o ampliar el círculo de beneficiarios ( 136 )

97) Aunque los particulares pueden solicitar a los órganos jurisdiccionales nacionales que ordenen el pago de daños y perjuicios a los que consideren que tienen derecho, tales acciones no pueden tener por efecto eludir la aplicación efectiva de las normas de la UE sobre ayudas estatales ( 137 ) . En concreto, los particulares que puedan tener derecho con arreglo a la legislación nacional a recibir ayuda que no haya sido notificada a la Comisión y aprobada por esta, pero que no hayan recibido tal ayuda, no pueden reclamar como compensación por los daños el equivalente de la cantidad de la ayuda no recibida, puesto que constituiría una concesión indirecta de ayuda ilegal ( 138 ) . De lo que se deduce que la jurisprudencia Asteris no se aplica a los asuntos en los que el demandante solicita a un órgano jurisdiccional nacional que le conceda ayuda estatal anterior, que el solicitante no ha recibido por cualquier razón ( 139 )

98) Los beneficiarios de ayudas ilegales algunas veces intentan reclamar una indemnización por daños y perjuicios al Estado tras haber sido condenados a reembolsar el importe. En general, estos beneficiarios aducen argumentos relativos a la supuesta vulneración de su confianza legítima. No obstante, el Tribunal de Justicia dictaminó que una medida concedida ilegalmente no podía generar confianza legítima en el beneficiario, que debería ser capaz de determinar si se ha seguido el procedimiento correcto para la concesión de la ayuda ( 140 ) . Por consiguiente, estas reclamaciones deben desestimarse.

99) Aunque la jurisprudencia ha reconocido que el ordenamiento jurídico de la UE confiere el derecho a reclamar daños y perjuicios contra el Estado miembro en cuestión a los terceros que hayan sufrido pérdidas por la aplicación ilegal de una ayuda, las acciones por daños y perjuicios contra los beneficiarios de ayudas están permitidas pero no son necesarias con arreglo a la normativa de la UE sobre ayudas estatales, puesto que los artículos 107 y 108 del TFUE no imponen obligaciones directas al beneficiario. En la sentencia «SFEI», el Tribunal de Justicia concluyó que, dado que el artículo 108, apartado 3, del TFUE no impone obligaciones directas al beneficiario, la infracción de dicho artículo no constituye una base suficiente para que el beneficiario incurra en responsabilidad ( 141 ) . Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de interponer una acción por daños y perjuicios contra el beneficiario de conformidad con el Derecho nacional, por ejemplo sobre la base de las disposiciones nacionales en materia de responsabilidad extracontractual ( 142 )

5. COOPERACIÓN ENTRE LA COMISIÓN Y LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES

100) De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del TUE, la Comisión debe asistir a los órganos jurisdiccionales nacionales en el cumplimiento de su función clave en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. A su vez, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar la asistencia de la Comisión cuando apliquen estas normas en el contexto de un asunto pendiente. La estrecha cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la Comisión contribuye a aumentar el nivel de coherencia ( 143 ) y eficacia en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en toda la Unión.

5.1. Asistencia de la Comisión a los órganos jurisdiccionales nacionales

101) En su asistencia a los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión debe respetar su deber de secreto profesional y salvaguardar su funcionamiento e independencia ( 144 ) . En el cumplimiento de su obligación en virtud del artículo 4, apartado 3, del TUE para con los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión se compromete a mantenerse neutral y objetiva. La Comisión podrá solicitar a los órganos jurisdiccionales nacionales que transmitan la información y los documentos necesarios para prestar la asistencia solicitada. Cuando la Comisión asista a los órganos jurisdiccionales nacionales, no servirá a los intereses privados de las partes. En efecto, la contribución de la Comisión forma parte de su deber de garantizar la correcta aplicación de las normas sobre ayudas estatales y defender el interés público ( 145 ) . Así pues, la Comisión no atenderá a ninguna de las partes de un procedimiento nacional.

102) La asistencia ofrecida a los órganos jurisdiccionales nacionales conforme al artículo 29 del Reglamento de procedimiento es sin perjuicio de la posibilidad u obligación ( 146 ) de que los órganos jurisdiccionales nacionales planteen al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial ( 147 ) relativa a la interpretación o a la validez del Derecho de la Unión de conformidad con el artículo 267 del TFUE ( 148 ) . No obstante, ya no es posible cuestionar la validez de la decisión de la Comisión mediante una cuestión prejudicial cuando el demandante indudablemente podría haber impugnado la decisión de la Comisión ante los órganos jurisdiccionales de la Unión con arreglo al artículo 263 del TFUE pero no lo ha hecho ( 149 )

5.1.1. Formas de cooperación

103) El artículo 29 del Reglamento de procedimiento codifica tres formas de cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales. En las secciones 5.1.1.1, 5.1.1.2 y 5.1.1.3 de la presente Comunicación se explican con más detalle estas formas de cooperación.

5.1.1.1. Transmisión de información a los órganos jurisdiccionales nacionales

104) De conformidad con el artículo 29 del Reglamento de procedimiento, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar a la Comisión que les remita la información que obre en su poder ( 150 )

105) Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar a la Comisión que les facilite información sobre procedimientos en materia de ayudas estatales ante la Comisión. Esto incluye, por ejemplo, información sobre: a) si está pendiente ante la Comisión un procedimiento relativo a una medida de ayuda estatal; b) si un Estado miembro ha notificado debidamente de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE una medida de ayuda determinada; c) si la Comisión ha iniciado una investigación formal; y d) si la Comisión ya ha adoptado una decisión ( 151 )

106) Además, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar que la Comisión les transmita documentos que obren en su poder. Puede tratarse de copias de decisiones existentes de la Comisión si dichas decisiones no se han publicado ya en el sitio web de la Comisión, datos concretos, estadísticas, estudios de mercado y análisis económicos.

107) El deber de cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del TUE obliga a la Comisión a facilitar a los órganos jurisdiccionales nacionales cualquier información que estos puedan solicitar ( 152 ) . Esto incluye también la información amparada por el secreto profesional.

108) Al transmitir la información a los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión debe respetar las garantías dadas a las personas físicas y jurídicas en virtud del artículo 339 del TFUE ( 153 ) . El artículo 339 del TFUE impide que los miembros, funcionarios y otros agentes de la Comisión revelen información que esté amparada por la obligación de secreto profesional. Esto puede incluir la información confidencial y los secretos comerciales.

109) Cuando la Comisión tenga la intención de transmitir a un órgano jurisdiccional nacional información amparada por el secreto profesional, pedirá a este que confirme que garantizará la protección de dicha información confidencial y de los secretos comerciales. Cuando el órgano jurisdiccional nacional ofrezca tal garantía (por ejemplo, remitiendo a la base jurídica nacional a tal efecto), la Comisión transmitirá la información solicitada, indicando las partes de dicha información que están amparadas por el secreto profesional y que, por tanto, no deben divulgarse. En cambio, cuando el órgano jurisdiccional nacional no pueda ofrecer tal garantía, la Comisión se abstendrá de transmitir la información solicitada ( 154 )

110) La Comisión tampoco podrá revelar información a los órganos jurisdiccionales nacionales en otras situaciones. En especial, la Comisión puede negarse a transmitir la información a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuando la divulgación de dichos datos pueda obstaculizar el funcionamiento y la independencia de la Unión. Así ocurriría si la divulgación comprometiera la realización de las tareas encomendadas a la Comisión ( 155 ) (por ejemplo, información referente al proceso decisorio interno de la Comisión).

111) Para garantizar la eficacia de su cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión se esfuerza por facilitar a estos la información solicitada en el plazo de un mes a partir de la fecha de la solicitud. Cuando la Comisión necesite pedir aclaraciones adicionales a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre sus solicitudes iniciales o consultar a terceros directamente afectados por la transmisión de la información, el plazo de un mes comenzará a contar de nuevo a partir del momento en que se reciba la aclaración o concluya la consulta ( 156 )

5.1.1.2. Transmisión de dictámenes relativos a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales

112) El artículo 29 del Reglamento de procedimiento también prevé la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales nacionales pidan a la Comisión que emita un dictamen sobre cuestiones relativas a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales ( 157 )

113) Al aplicar las normas sobre ayudas estatales en un litigio, los órganos jurisdiccionales nacionales deben atenerse a las normas de la Unión pertinentes y a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión. Sin perjuicio de la interpretación final de los Tratados por los órganos jurisdiccionales de la Unión, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden orientarse sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en la práctica decisoria de la Comisión, así como en las correspondientes comunicaciones y directrices de la Comisión. Los órganos jurisdiccionales nacionales también pueden orientarse con dictámenes u observaciones anteriores de la Comisión publicados en el sitio web de la Comisión, cuando las cuestiones presenten elementos de analogía con otros que se plantean a otros órganos jurisdiccionales nacionales ( 158 )

114) No obstante, pueden darse circunstancias en las que decisiones o dictámenes anteriores de la Comisión y sus comunicaciones y directrices no proporcionen orientación suficiente a los órganos jurisdiccionales nacionales. De conformidad con el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del TUE, y habida cuenta del cometido esencial que desempeñan los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, la Comisión ofrece a los órganos jurisdiccionales nacionales la oportunidad de solicitar el dictamen de la Comisión sobre cuestiones relevantes relativas a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales ( 159 )

115) La solicitud de dictámenes de la Comisión puede, en principio, referirse a todos los aspectos económicos, fácticos o jurídicos relativos a la ayuda estatal que se planteen en el contexto de un procedimiento nacional. Los órganos jurisdiccionales nacionales podrán preguntar a la Comisión, entre otras cosas: a) Si una medida determinada tiene elementos de ayuda en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE y, en caso afirmativo, solicitar orientación sobre cómo cuantificar el importe de la ayuda. Tales solicitudes pueden referirse a un elemento específico de ayuda estatal con arreglo al artículo 107 del TFUE (a saber, el concepto de empresa, la existencia de una ventaja selectiva, la imputabilidad de la medida al Estado miembro y la implicación de fondos estatales, el posible falseamiento de la competencia y el efecto en el comercio entre Estados miembros). b) Si una medida determinada de ayuda cumple un requisito de un reglamento de exención por categorías o un requisito de un reglamento de minimis, lo que significaría que no es necesaria la notificación previa a la Comisión y no se aplica la obligación de suspensión prevista en el artículo 108, apartado 3, del TFUE. c) Si una ayuda individual entra en el ámbito de aplicación de un régimen de ayudas notificado a la Comisión y declarado compatible con el mercado interior mediante una decisión de la Comisión, o si puede calificarse de ayuda existente, por lo que no se aplica la obligación de suspensión prevista en el artículo 108, apartado 3, del TFUE. d) Si concurren circunstancias excepcionales (160) que impedirían al órgano jurisdiccional nacional ordenar la recuperación íntegra con arreglo al Derecho de la Unión. e) Cuáles son los requisitos jurídicos previos de las acciones de reparación de daños y perjuicios conforme al Derecho de la Unión y orientaciones sobre cómo cuantificar el daño sufrido. f) Cómo calcular el importe de la ayuda que debe recuperarse y cómo calcular el interés de la recuperación.

116) Los órganos jurisdiccionales nacionales no son competentes para evaluar la compatibilidad de una medida de ayuda sobre la base del artículo 107, apartados 2 y 3, del artículo 106, apartado 2, y del artículo 93 del TFUE ( 161 ) . Por lo tanto, no pueden pedir a la Comisión que emita un dictamen sobre la compatibilidad de una determinada medida de ayuda con el mercado interior. No obstante, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden preguntar a la Comisión si ya está evaluando la compatibilidad de una determinada medida de ayuda, como se explica en la sección 5.1.1.1.

117) Al emitir su dictamen, la Comisión, en consonancia con el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4, apartado 3, del TUE, facilitará al órgano jurisdiccional nacional la información sobre los hechos o la aclaración económica o jurídica solicitada. A diferencia de la interpretación judicial del Derecho de la Unión realizada por los órganos jurisdiccionales de la Unión, el dictamen de la Comisión no es jurídicamente vinculante para el órgano jurisdiccional nacional.

118) La Comisión presentará su dictamen a los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con las normas y prácticas procesales de estos últimos. Para garantizar la cooperación eficaz con los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión se esforzará por facilitar al órgano jurisdiccional nacional el dictamen solicitado en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la solicitud. Cuando la Comisión necesite pedir al órgano jurisdiccional nacional alguna aclaración suplementaria relativa a su solicitud, podrá prorrogarse este período de cuatro meses.

119) Los órganos jurisdiccionales nacionales deben amparar los derechos individuales de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE también durante el período en que la Comisión elabore el dictamen solicitado. Como se ha expuesto anteriormente ( 162 ) , la obligación del órgano jurisdiccional nacional de amparar los derechos individuales de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE, incluso mediante medidas cautelares, se aplica con independencia de un dictamen pendiente de la Comisión.

5.1.1.3. Presentación de observaciones amicus curiae

120) De conformidad con el artículo 29, apartado 2, del Reglamento de procedimiento, la Comisión podrá presentar observaciones por escrito a los órganos jurisdiccionales nacionales que apliquen las disposiciones sobre ayudas estatales. Con el permiso del correspondiente órgano jurisdiccional nacional también podrá presentar observaciones verbales. Estas observaciones se conocen también como «observaciones amicus curiae ». La Comisión presenta observaciones amicus curiae por propia iniciativa.

121) No obstante, los órganos jurisdiccionales nacionales o las partes en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional pueden pedir a la Comisión que presente observaciones amicus curiae en un asunto cuando se diriman cuestiones de ayuda estatal. La decisión de intervenir como amicus curiae en un asunto ante un órgano jurisdiccional nacional es una prerrogativa exclusiva de la Comisión y entra plenamente en el ámbito de su facultad discrecional. No obstante, con el fin de que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan planificar sus procedimientos, la Comisión les informará sin demora de su intención de intervenir como amicus curiae .

122) amicus curiae en el contexto de los procedimientos judiciales nacionales para garantizar una aplicación coherente del artículo 107, apartado 1, o del artículo 108, apartado 3, del TFUE La Comisión presenta observacionesen el contexto de los procedimientos judiciales nacionales para garantizar una aplicación coherente del artículo 107, apartado 1, o del artículo 108, apartado 3, del TFUE ( 163 ) . Para evaluar la necesidad y adecuación de su contribución, la Comisión podrá considerar, entre otras cosas: a) si se prevé que la importancia del asunto supere el asunto concreto en cuestión (por ejemplo, cuando el asunto se refiere a una cuestión general de ayuda estatal); b) si las observaciones de la Comisión pueden contribuir a la eficacia de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales afectados; c) si el asunto se refiere a una cuestión de fondo novedosa que no esté contemplada en la práctica decisoria de la Comisión o en sus comunicaciones y directrices; o d) si el asunto está pendiente ante un órgano jurisdiccional cuya resolución no puede ser objeto de ulterior recurso.

123) La Comisión respeta plenamente la independencia y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales. En cuanto a los dictámenes de la Comisión mencionados en la sección 5.1.1.2, las observaciones amicus curiae no son vinculantes para el órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto en el que interviene la Comisión. Antes de presentar por propia iniciativa observaciones amicus curiae , la Comisión informa al Estado miembro de que se trate por carta dirigida a su Representación Permanente ante la Unión.

124) Para poder presentar observaciones útiles, la Comisión podrá solicitar al órgano jurisdiccional nacional competente que le transmita los documentos de que disponga que sean necesarios para que la Comisión evalúe la cuestión. La Comisión solo utilizará estos documentos con el fin de preparar sus observaciones.

125) El Reglamento de procedimiento no establece un marco procesal en el que deban presentarse las observaciones amicus curiae . Por consiguiente, la Comisión presenta sus observaciones de conformidad con las normas y prácticas procesales de los Estados miembros, incluidas las que protegen los derechos de las partes. Cuando un Estado miembro aún no haya establecido el marco procesal pertinente, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar qué normas procesales deben seguirse para la presentación de observaciones amicus curiae en el asunto del que conoce, teniendo en cuenta que dichas presentaciones se basan en el artículo 29 del Reglamento de procedimiento.

126) El marco procesal nacional debe respetar los principios establecidos en la sección 2.2 de la presente Comunicación. Esto implica que el marco procesal nacional para la presentación de observaciones sobre cuestiones relativas a la aplicación del artículo 107, apartado 1, y el artículo 108, apartado 3, del TFUE no puede hacer la presentación de tales observaciones a) imposible en la práctica o excesivamente difícil (de conformidad con el principio de eficacia); y b) más difícil que la presentación de observaciones en procedimientos judiciales en los que se aplican normas de Derecho nacional equivalentes (de conformidad con el principio de equivalencia).

5.1.2. Punto de contacto único y publicación de dictámenes y observaciones amicus curiae

127) Para lograr una mayor eficacia de la cooperación y comunicación con los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión ha establecido un punto de contacto único, al que los órganos jurisdiccionales nacionales o las partes pueden dirigir sus solicitudes: Comisión Europea Dirección General de Competencia COMP Amicus State Aid 1049 Bruselas BÉLGICA Tel. +32 22976271 Fax +32 22953584 Correo electrónico: COMP-AMICUS-STATE-AID@ec.europa.eu

128) La Comisión pide a los órganos jurisdiccionales nacionales que sigan utilizando este punto de contacto único para transmitirle cualquier información o solicitud de conformidad con la sección 5.1.1 de la presente Comunicación. Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden enviar sus observaciones en cualquiera de las 24 lenguas oficiales de la Unión ( 164 )

129) La Comisión informará sobre su cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales en su Informe Anual sobre la Política de Competencia. También publicará sus dictámenes y observaciones en el contexto de observaciones amicus curiae en su sitio web.

130) Al presentar dictámenes u observaciones amicus curiae , la Comisión pide a los órganos jurisdiccionales nacionales que autoricen su publicación. Esto le permite publicar en su sitio web los dictámenes y observaciones amicus curiae presentados por la Comisión y, cuando estén disponibles, las sentencias dictadas por el órgano jurisdiccional nacional de que se trate.

5.2. Asistencia de los órganos jurisdiccionales nacionales a la Comisión

131) El deber de cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del TUE también implica que los Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, tienen que ayudar a las instituciones de la Unión a lograr los objetivos de la Unión.

132) Para garantizar la aplicación efectiva de las normas sobre ayudas estatales, se pide a los órganos jurisdiccionales nacionales que transmitan sin demora a la Comisión una copia de cualquier sentencia escrita que hayan dictado a raíz de la comunicación por parte de la Comisión de información o de un dictamen, o de la presentación de observaciones amicus curiae . Esto permite a la Comisión tener conocimiento de manera oportuna de asuntos en los que podría ser conveniente presentar observaciones, en caso de que una de las partes interpusiera un recurso contra la sentencia. Al enviar una sentencia, los órganos jurisdiccionales nacionales indican a la Comisión si dan su autorización para que dicha sentencia se publique en el sitio web de la Comisión.

133) Para una aplicación más eficaz y coherente de las normas sobre ayudas estatales, la Comisión insta a los Estados miembros a crear puntos de coordinación para los jueces nacionales competentes en materia de ayudas estatales. Estos puntos de coordinación deben corresponder a la estructura administrativa de los Estados miembros y respetar la independencia de la autoridad judicial. La Comisión también considera que la creación de redes formales o informales de jueces competentes en materia de ayudas estatales, ya sea a nivel nacional o europeo, puede ser especialmente importante para el intercambio de conocimientos. Los puntos centrales de coordinación y las redes de jueces pueden permitir a los jueces nacionales compartir buenas prácticas en el ámbito de las ayudas estatales y facilitar la transmisión de información por parte de la Comisión sobre cualquier evolución reciente de la política de ayudas estatales, por ejemplo, mediante cursos de formación y boletines informativos.

6. CONSECUENCIAS DE LA NO APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y DECISIONES SOBRE AYUDAS ESTATALES

134) Como se indica en las secciones 4.2.1 y 4.2.2 de la presente Comunicación, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tener que aplicar directamente en sus ordenamientos jurídicos nacionales las disposiciones del artículo 107, apartado 1, y el artículo 108, apartado 3, del TFUE. Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales, mediante sus sentencias, concedan nueva ayuda infringiendo la obligación de suspensión, la Comisión podrá incoar un procedimiento de investigación con arreglo al artículo 12 del Reglamento de procedimiento para evaluar la compatibilidad de la ayuda estatal ilegal con el mercado interior. Además, cuando los órganos jurisdiccionales nacionales no garanticen el cumplimiento de las obligaciones derivadas de una decisión de recuperación de la Comisión o de los Tratados ( 165 ) , la Comisión podrá incoar un procedimiento de infracción contra los Estados miembros en cuestión.

135) Como órganos de los Estados miembros, los órganos jurisdiccionales nacionales deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar la aplicación efectiva de las decisiones de recuperación. Las consecuencias de la no aplicación por parte de los Estados miembros de las decisiones de recuperación de la Comisión se exponen en la Comunicación sobre la recuperación ( 166 )

136) Los órganos jurisdiccionales nacionales también deben proteger los derechos individuales ante un posible incumplimiento de la obligación de suspensión ( 167 ) . Como se indica en la sección 6.2 de la presente Comunicación, los Estados miembros, incluidos sus órganos jurisdiccionales nacionales, que no protejan estos derechos incumplen las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión ( 168 )

6.1. Procedimientos ante la Comisión en relación con ayudas ilegales

137) Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden infringir directamente el artículo 108, apartado 3, del TFUE al conceder nuevas ayudas en el marco de sus procedimientos. Esto puede suceder cuando un órgano jurisdiccional nacional dicte una sentencia que afecte a la ejecución de un acto por el que se concede ayuda estatal. Este es el caso, por ejemplo, cuando la interpretación de un contrato o de una decisión por la que se concede una ayuda tiene como efecto prolongar la duración inicial de una medida de ayuda ( 169 )

138) En consecuencia, los órganos jurisdiccionales nacionales deben cumplir lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE y, por consiguiente, asegurarse de que todas sus decisiones por las que se modifique o prorrogue un acto de concesión de ayuda estatal, por ejemplo interpretándola ( 170 ) , sean notificadas antes de ser aplicadas, de conformidad con las normas administrativas aplicables vigentes en el Estado miembro.

139) Si el órgano jurisdiccional nacional no garantiza el cumplimiento de la obligación de suspensión y la nueva ayuda no se notifica, sometiéndola al examen de la Comisión, esta podrá iniciar una investigación sobre la ayuda estatal ilegal por propia iniciativa o tras recibir una denuncia de cualquier parte interesada de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de procedimiento.

6.2. Procedimientos de infracción

140) De conformidad con el artículo 258 del TFUE, si la Comisión considera que un Estado miembro ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, podrá incoar un procedimiento de infracción. El objetivo del procedimiento es poner fin a la infracción. La Comisión podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia tras una fase precontenciosa en la que esta emita un dictamen motivado tras un intercambio formal de puntos de vista con el Estado miembro de que se trate ( 171 )

141) Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales no extraigan las consecuencias adecuadas de la infracción del artículo 108, apartado 3, del TFUE, infringirán las obligaciones que les incumben en virtud de los Tratados. Este puede ser el caso cuando los órganos jurisdiccionales nacionales no impidan la ejecución de una medida ilegal o no ordenen su recuperación ( 172 )

142) Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales no protejan los derechos individuales, infringiendo las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 108, apartado 3, del TFUE, esto también puede generar la responsabilidad del Estado miembro. El Tribunal de Justicia ha declarado que los Estados miembros son responsables de los daños resultantes de infracciones del Derecho de la Unión, incluidas las infracciones derivadas de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional que resuelva en última instancia ( 173 )

7. DISPOSICIONES FINALES

143) La presente Comunicación sustituye a la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales de 2009.

144) Su objetivo es orientar a los órganos jurisdiccionales nacionales en su aplicación de las normas sobre ayudas estatales. No es vinculante para los órganos jurisdiccionales nacionales ni afecta a su independencia.

145) La Comisión podrá revisar la presente Comunicación, cuando lo considere oportuno, entre otras cosas, sobre la base de modificaciones de las normas aplicables de la Unión o de cambios futuros en la jurisprudencia.

(1) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Modernización de las ayudas estatales en la UE, COM(2012) 209 final.

(2) Desde 2015, más del 96 % de las nuevas medidas de ayuda cuyos gastos se notificaron por primera vez estaba cubierto por un reglamento de exención por categorías. Véase http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html

(3) El Estudio sobre la aplicación se llevó a cabo antes de la firma del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (24 de enero de 2020) y antes de su entrada en vigor (1 de febrero de 2020). Toda referencia a los Estados miembros en el Estudio sobre la aplicación debe entenderse hecha también al Reino Unido.

(4) Véase «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2019.

(5) Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales (DO C 85 de 9.4.2009, p. 1).

(6) Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión codificada) (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9).

(7) Para apreciar si un órgano encaja en el concepto de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 del TFUE, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta un conjunto de elementos, como son el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte de dicho órgano de normas jurídicas, así como su independencia. A este respecto, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2020, Banco de Santander, C-274/14, ECLI:EU:C:2020:17, apartado 51. Los tribunales arbitrales no pueden ser considerados órganos jurisdiccionales en el sentido del artículo 267 del TFUE cuando las partes contratantes no están obligadas, de hecho o de Derecho, a dirimir sus diferencias a través del arbitraje y de que las autoridades públicas del Estado miembro de que se trate no están implicadas en la elección de la vía arbitral ni están obligadas a intervenir en el desarrollo del procedimiento ante los árbitros. No obstante, el Tribunal de Justicia ha considerado admisibles las cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal arbitral cuando este es de origen legal, sus resoluciones son vinculantes para las partes y su competencia no depende del acuerdo entre estas. Véase el auto del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 2014, Merck Canada, C-555/13, apartados 17 y 18 y la jurisprudencia citada.

(8) Ahora bien, aunque estas Directrices no pretenden producir efectos vinculantes, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a tenerlas en cuenta a la hora de resolver los litigios de que conocen. Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2014, Baltlanta, C-410/13, ECLI:EU:C:2014:2134, apartado 64, la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 1989, Grimaldi, C-322/88, ECLI:EU:C:1989:646, apartado 18; y la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 2014, Mediaset, C-69/13, ECLI:EU:C:2014:71, apartado 31.

(9) DO C 247 de 23.7.2019, p.1.

(10) Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2008, British Aggregates / Comisión, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, apartado 111; sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2000, Francia / Ladbroke Racing y Comisión, C-83/98 P, ECLI:EU:C:2000:248, apartado 25.

(11) Véase, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C 262 de 19.7.2016, p. 1); Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general (DO C 8 de 11.1.2012, p. 4); Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DO C 155 de 20.6.2008, p. 10); Comunicación de la Comisión — Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (DO C 198 de 27.6.2014, p. 1).

(12) Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2019, Dilly’s Wellnesshotel, C-585/17, ECLI:EU:C:2019:969, apartado 54.

(13) Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, apartado 88; sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, apartado 22; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, apartado 29.

(14) Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, ECLI:EU:C:2006:644, apartado 38; sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2010, CELF y ministre de la Culture et de la Communication, C-1/09, ECLI:EU:C:2010:136, apartado 26; sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, apartado 21; sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, apartado 21.

(15) Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, apartados 88 a 89; sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, apartados 22 a 23.

(16) Según el artículo 1, letra c), del Reglamento de procedimiento, «nueva ayuda» se define como «toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes». Dados los términos amplios en que está redactada, esta disposición puede comprender no sólo la propia modificación, sino también la ayuda afectada por tal modificación. Además, según el artículo 1, letra b), inciso ii), del Reglamento de procedimiento, por «ayuda existente» se entenderá, entre otras cosas, «la ayuda autorizada, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales autorizados por la Comisión o por el Consejo». De este modo, una ayuda que ya no puede ampararse en la decisión de autorización de la que fue objeto, a raíz de una modificación que transgrede un requisito establecido en aquella decisión para garantizar la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior, puede constituir una nueva ayuda. Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2017, C-467/15 P, Comisión/Italia, ECLI:EU:C:2017:799, apartados 46 y 47. Véase también la sección 4.2.2.2. de la presente Comunicación.

(17) Reglamento (UE) n.° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352 de 24.12.2013, p. 1); Reglamento (UE) n.o 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general (DO L 114 de 26.4.2012, p. 8); Reglamento (UE) n.o 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (DO L 352 de 24.12.2013, p. 9); Reglamento (UE) n.o 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (DO L 190 de 28.6.2014, p. 45).

(18) Esos reglamentos se adoptan sobre la base del Reglamento de habilitación, el Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (DO L 248 de 24.9.2015, p. 1).

(19) Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

(20) De conformidad con el artículo 109 del TFUE, el Consejo de la Unión Europea podrá adoptar reglamentos para la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE y determinar las categorías de ayudas que quedan excluidas de la obligación de notificación. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108, apartado 4, del TFUE, la Comisión podrá entonces adoptar reglamentos relativos a las categorías de ayudas estatales que el Consejo haya determinado, de conformidad con el artículo 109 del TFUE.

(21) 2012/21/UE: Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general [notificada con el número C(2011) 9380] (DO L 7 de 11.1.2012, p. 3).

(22) Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).

(23) DO C 202 de 7.6.2016, p. 13.

(24) Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 2002, Roquette Frères, C-94/00, ECLI:EU:C:2002:603, apartado 31.

(25) Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996, SFEI y otros, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, apartado 50; sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de febrero de 1991, Delimitis / Henninger Bräu, C-234/89, ECLI:EU:C:1991:91, apartado 53.

(26) Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2014, Comisión/Alemania, C-527/12, ECLI:EU:C:2014:2193, apartado 56; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, apartado 41.

(27) Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 1983, Deutsche Milchkontor GmbH, C-205/82, ECLI:EU:C:1983:233, apartados 22 a 23; sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2002, Países Bajos / Comisión, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363, apartado 90; sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2014, Comisión/Alemania, C-527/12, ECLI:EU:C:2014:2193, apartados 39 a 42; sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de enero de 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, apartado 72; sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, apartados 40 a 41; sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, apartado 135.

(28) El respeto del principio de eficacia debe abordarse analizando las peculiaridades de dicha disposición y el lugar que ocupa dentro del conjunto del procedimiento. A este respecto, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, apartado 40; sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, apartados 138 a 140.

(29) No obstante, el respeto por parte de las normas procesales internas aplicables de los principios de equivalencia y eficacia se refieren a cualquier otro aspecto de la legislación nacional, por ejemplo, el nivel de costes asociados con la ejecución privada de la ayuda estatal ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

(30) Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 2005, Streekgewest, C-174/02, ECLI:EU:C:2005:10, apartado 18.

(31) Por ejemplo, en Rumanía, toda persona afectada por una medida de ayuda estatal ilegal tiene legitimación procesal ante los tribunales. Véase el anexo 3: Informes nacionales del «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2019, p. 404. Asimismo, en Letonia, la legitimación procesal se basa directamente en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, por lo que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden basarse en la definición de «parte interesada» del Reglamento de procedimiento para determinar si una persona tiene legitimación procesal en un asunto. Véase el anexo 3: Informes nacionales del «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2019, p. 300.

(32) Se hace referencia, por ejemplo, a los casos en que la ayuda ilegal se financia mediante una exacción a la que está sujeto el demandante. Sin embargo, la situación es distinta cuando el litigio no versa sobre una solicitud de dispensa del impuesto impugnado, sino sobre la legalidad de las normas relativas a dicho impuesto. Véanse, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, apartado 25, y la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2018, ANGED, C-233/16, ECLI:EU:C:2018:280, apartado 26.

(33) Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 2005, Streekgewest, C-174/02, ECLI:EU:C:2005:10, apartado 19.

(34) Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital / Comisión C-449/14 P, ECLI:EU:C:2016:848, apartados 81 a 82; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, Comisión / Aer Lingus, C-164/15, ECLI:EU:C:2016:990, apartado 121; sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, apartados 24 a 28.

(35) Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 2006, Air Liquide Industries Belgium, C-393/04, ECLI:EU:C:2006:403, apartado 45.

(36) Véase al respecto, el auto del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 2017, Greenpeace energy / Comisión, C-640/16, ECLI:EU:C:2017:752, apartados 61 a 63.

(37) Puede ser el caso, por ejemplo, en la protección del medio ambiente. Véase al respecto la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2020, Austria/Comisión, C-594/18, ECLI:EU:C:2020:742, apartado 100, en relación con una ayuda aprobada con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE en el sector nuclear. Véanse también los apartados 38 a 42 de la Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justic