^C102A^ Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18.4.91 
presente propuesta, ya que las Adaptaciones al Progreso 
Técnico son objetocada añode una Directivadela Comisiónyque, por otra parte, una ^^modificación 
estáapunto de ser adoptada por la Comisión. 
Idecho en Bruselas, el 27 de febrero de 1991. 
^Co^^E^o^ó^^o^^o^^ 
^r^^5TA^OeL^ 
Dictamen sobre la t]mónEconómicay^onetaria(^E^) 
(91^C 102^10) 
E119 de noviembre de!990,elComitéEconómicoySocial decidió elaborar un dictamen 
sobrelaUniónEconómicay^ionetariaenlaComunidadEuropea.Elpresente dictamen 
complementa el elaborado por el Comité EconómicoySocialel9de octubre de 1989 (DCo^ 
n"C329 de 30.12.1989),relativo al Informe sobre la unión económicaymonetaria en la 
Comunidad Europea (informe Delors),asi como el de 1^ de noviembre de 1989 (DCo^n^C^ 
de7.3.1990) sobre la Decisión del Consejo relativaalaconvergenciayla Decisión del Consejo 
referenteala colaboración entre los bancos centrales de los Estados miembros. 
La Sección de asuntos económicos, financieros y monetarios, encargada depreparar los 
trabajos en la materia, adoptó su dictamen e!12 de febrero de!991 (ponentes Sr.^eyer 
Idorn). 
En su 284" pleno (sesión del 27de febrero de 1991),el Comité EconómicoySocial aprobó 
por amplia mayoriay^abstenciones el siguiente dictamen. 
L resumen 
1,1. Las propuestas elaboradas para la Conferencia 
Intergubernamental sobre la unión económicaymone 
tariayla evolución experimentada desde la presentad 
ción del Informe Delors han dado lugaralas siguientes^ 
— observaciones generales (sección 2), 
— observaciones sobre la politica monetaria 
(sección 3), 
— observaciones sobre la politica y presupuestaria 
(sección 4), y 
— observaciones sobre la segunda etapaylasdisposiD 
ciones transitorias para la moneda común en la 
tercera etapa (sección^). 
1B2, Principales propuestas 
dictamen. recomendaciones del 1.2.1, Una vez iniciada la tercera etapa, se introdu 
ciriaelecucomomonedacomúnencadaunodelos 
doce Estados miembros de la Comunidad (puntos ^.2 
y^.^.4),El dia de su introducción, el ecu, previamente 
^endurecidos (punto ^.3.4),seriadefinido por el Sis-
tema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) con la coti­
zación válida en ese momento frente al bloque de mone^ 
das estables (puntos ^.ly^.4). 
1.2.2, Todos los paises miembros participarían en el 
Sistema Europeo de Bancos Centrales, responsable del 
volumen de dinero en ecusyde la politica monetaria 
común, asi como en la coordinación de la politica 
económicaypresupuestaria (puntos ^.^y^.7).^o 
obstante, de un modo análogo a como ocurredesde 
1979 en el mecanismo de cambios (punto óE2,4), para 
aquellos Estados miembros que muestren cierto retraso 
en la convergencia cabria prever, al iniciarse la tercera 
18. 4. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 102/25 
etapa, una normativa de excepción tendente a poder 
modificar aún la relación del tipo de cambio de sus 
monedas frente al ecu. 
1.2.3. Al tiempo que se aprueba el estatuto de inde­
pendencia del Banco Central Europeo (BCE), se apoya 
su obligación de presentar informes, completada con 
debates sobre su informe anual en el Parlamento y el 
Comité Económico y Social (punto 3.4.4). Habría que 
examinar si se puede prever para el SEBC también un 
consejo consultivo semejante al que ha mostrado su 
eficacia en el Banco Central de los Países Bajos (punto 
3.4.5). 
1.2.4. En el marco de las orientaciones del Consejo 
de Ministros de Economía y Finanzas para una organi­
zación a largo plazo de la política cambiaría común 
frente a terceras monedas (punto 3.6.2) el Banco Central 
Europeo (BCE) deberá tener competencia sobre la polí­
tica de intervención cotidiana en los mercados de 
divisas mundiales. 
1.2.5. Para dar más profundidad a la cooperación 
en política económica deberá fortalecerse el papel del 
Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (y, en 
relación con ello, también la Comisión de la Comuni­
dad Europea). El Consejo de Ministros ECOFIN podría 
constituirse en la contrapartida del SEBC, necesaria 
para el paralelismo de la unión económica y monetaria 
(punto 4.1.3). 
1.2.6. A fin de que los países con deficiencias estruc­
turales puedan recuperar antes su retraso en alcanzar 
la deseada convergencia, sus propios programas de 
reforma deberán ser apoyados por la Comunidad y ser 
tenidos en cuenta en las orientaciones comunes de la 
política económica (punto 4.2.3). 
1.2.7. En interés de una mejor convergencia y una 
amplia formación de la voluntad de política económica 
y su apoyo por parte de la opinión pública, deberá 
consultarse al Comité Económico y Social a la hora de 
establecer las orientaciones de la política económica 
y su supervisión multilateral, así como, de un modo 
especial, sobre los informes nacionales (puntos 4.3.3 y 
4.3.4). 
1.2.8. Dentro de la supervisión multilateral de la 
política presupuestaria y económica deben incluirse el 
desarrollo de los mercados financieros y las relaciones 
con los mercados de capitales extracomunitarios (punto 
4.3.5). Además de la supervisión de la financiación del 
déficit público deberá elaborarse una política presu­
puestaria para la Comunidad en su conjunto (pun­
to 4.6). 
1.2.9. El interés principal del presente dictamen es 
que debe evitarse una Europa de dos velocidades en la 
realización de la unión económica y monetaria. Podría 
contribuir a dicho interés el que en la tercera etapa se 
introduzca simultáneamente el ecu en los doce países miembros. También el espacio económico europeo pro­
yectado junto con la Asociación europea de libre cam­
bio (AELC) e incluso los países de Europa del Este 
podrían beneficiarse de un ecu que evolucione hasta 
convertirse en la moneda principal aceptada en toda 
Europa. 
2. Observaciones generales 
2.1. En 1990 se han producido importantes avances 
en la preparación de la unión económica y monetaria: 
2.1.1. La primera etapa se inició el 1 de julio de 1990; 
si se cumplen las condiciones para ello, la segunda etapa 
comenzará el 1 de enero de 1994. Antes de 1997 se 
adoptará la decisión relativa al comienzo de la tercera 
etapa. 
2.1.2. El 1 de julio de 1990 se adoptó la liberalización 
de los movimientos de capitales, antes sólo parcial, 
y la supervisión multilateral de la convergencia del 
desarrollo económico. 
2.1.3. Se integraron nuevas monedas en el meca­
nismo de cambio del Sistema Monetario Europeo 
(SME): el 19 de junio de 1989 se incluyó la peseta y el 
8 de octubre de 1990 la libra esterlina, ambas monedas 
con un margen inicial de 6 %, mientras que en el caso 
de la lira el margen se redujo al 2,25 % el 7 de enero 
de 1990. 
2.1.4. En su informe del 23 de julio de 1990, el 
Comité Monetario de la Comunidad Europea elaboró 
orientaciones para la preparación de la Conferencia 
Intergubernamental. 
2.1.5. El 27 de noviembre de 1990, el Comité de 
Gobernadores de los Bancos Centrales, presidido por 
Karl-Otto Póhl, presentó el proyecto para la creación 
de un Sistema Europeo de Bancos Centrales, acompa­
ñado de una introducción y una nota explicativa. 
2.1.6. El 21 de agosto de 1990, la Comisión de las 
Comunidades Europeas presentó un informe (SEC 
90/1659 final) sobre los objetivos, principios y conse­
cuencias de una unión económica y monetaria y sobre 
sus aspectos institucionales; además, en octubre de 1990 
elaboró un informe global sobre los costes y beneficios 
de la unión económica y monetaria (« Un mercado, una 
moneda») y, el 10 de diciembre de 1990, presentó 
algunas propuestas de modificación del Tratado CEE. 
2.1.7. La Conferencia Intergubernamental sobre la 
unión económica y monetaria convocada en octubre de 
1990 por los Jefes de Estado y de Gobierno inició sus 
deliberaciones el 14 de diciembre de 1990, al mismo 
tiempo que otra Conferencia IntergubernamentaJ sobre 
la dimensión política de las Comunidades Europeas. 
En la Conferencia Intergubernamental sobre la unión 
N° C 102/26 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 4. 91 
económica y monetaria del 8 de enero de 1991 la parte 
británica presentó nuevas propuestas en favor de una 
moneda europea común: el « ecu fuerte »; la parte espa­
ñola lo hizo el 24 de enero de 1991. 
2.2. El Comité acoge favorablemente todos estos 
avances. No obstante, tales progresos no ocultan el 
hecho de que aún quedan por superar importantes 
obstáculos e imprecisiones, que se exponen en los pun­
tos 2.2.1 a 2.2.6 siguientes: 
2.2.1. En lo que respecta a la política social y econó­
mica y, sobre todo, a la presupuestaria, no parece 
haberse generalizado aún la disposición política a some­
terse a las obligaciones impuestas por orientaciones 
económicas comunes y a las exigencias que plantea una 
política monetaria común orientada a la estabilidad, ya 
que algunos países lo consideran como una cesión de 
soberanía. Algunos países miembros piensan que estas 
amplias convergencias van más allá de lo que se expresa 
en la Conferencia Intergubernamental sobre la unión 
política respecto a las competencias europeas. 
2.2.2. Todavía existen considerables diferencias en 
las tasas de inflación, sobre todo entre las de aquellas 
monedas que ya llevan mucho tiempo dentro de la 
banda estrecha del mecanismo de cambio del SME y 
las del resto de las monedas (tasas de inflación en 
octubre de 1990: Dinamarca: 2,7%; Países Bajos: 
2,9 %; Alemania: 3,3 %; Irlanda: 3,5 %; Francia: 3,8 %; 
Luxemburgo: 4,2%; Bélgica: 4,3%; Italia: 6,8%; 
España: 7,1 %; Reino Unido: 10,0 %; Portugal: 14,4 % 
y Grecia: 22,3%). 
2.2.3. Los déficit presupuestarios de algunos Estados 
miembros siguen siendo financiados con créditos de los 
bancos centrales, lo cual guarda relación con problemas 
pendientes de distribución de la economía nacional. 
2.2.4. En parte existen reservas a fijar, en los estatu­
tos, la prioridad exclusiva de la estabilidad del valor 
monetario como objetivo de la política monetaria del 
Sistema Europeo de Bancos Centrales. En términos 
generales, en algunos Estados miembros se duda de 
que sea realmente posible llevar a cabo una política 
monetaria común para los doce países, orientada a la 
estabilidad del valor monetario, mientras no se presente 
la prueba de que la política económica de los doce 
países es capaz de someterse a orientaciones comunes 
y que las medidas que se considere conveniente adoptar 
a nivel nacional para combatir el desempleo, las defi­
ciencias estructurales y los desequilibrios regionales 
pueden conciliarse con el objetivo común de la estabili­
dad del valor monetario. 
2.2.5. Algunos Estados miembros ponen reparos a la 
independencia —fijada también en los Estatutos— del 
Banco Central Europeo, mientras que en otros Estados 
miembros la cuestión que se plantea es en qué medida 
dicha independencia puede ser compatible con la res­
ponsabilidad democrática de este organismo ante el 
Consejo Europeo y el Parlamento. 2.2.6. Por último, no está claro a quién corresponde 
la competencia para elaborar una política cambiaría 
común dentro de la unión monetaria frente a terceros 
países, si al Consejo de Ministros, tras un acuerdo con 
el SEBC, o exclusivamente a éste último. 
2.3. La opinión pública de la mayoría de los países 
apenas conoce estos obstáculos e imprecisiones. El 
debate sobre las opciones que existen en la unión econó­
mica y monetaria a menudo queda simplificado y redu­
cido a fijar el calendario y los aspectos institucionales. 
Teniendo en cuenta el alcance de las decisiones que 
deben adoptarse, es conveniente integrar desde un prin­
cipio en el debate tanto a los órganos parlamentarios 
como a los sectores económicos y sociales y los interlo­
cutores sociales representados en el Comité Económico 
y Social y, en consecuencia, consultar al Comité Econó­
mico y Social. 
2.3.1. El informe de la Comisión, sobre los costes y 
beneficios de una unión monetaria no es un texto cuya 
lectura vaya a convencer fácilmente a la población. Los 
beneficios de una unión monetaria no pueden medirse 
únicamente en términos de supresión de los costes de 
cambio y de los riesgos monetarios; tan importantes o 
más —aunque no se puedan transcribir en cifras— son 
las ventajas de una comparación más fácil de los precios 
en el conjunto de la Comunidad y la expresión evidente 
de la unidad política y económica de los Estados miem­
bros con una misma moneda. Tampoco es sencillo 
evaluar las ventajas derivadas de la función internacio­
nal que desempeñará la moneda europea como impor­
tante moneda mundial al lado del dólar y el yen 
{cf. punto 5.6.5). Hasta ahora no se ha mostrado la 
importancia de la Comunidad desde el punto de vista 
monetario. Cerca del 60% de las reservas de divisas 
mundiales se mantiene en dólares; menos de un 25% 
en marcos alemanes y libras esterlinas. A la economía 
americana le beneficia no sólo poder facturar en dólares 
dentro de los Estados Unidos, sino poder comprar y 
vender en la misma moneda en muchas otras partes del 
mundo. Por el contrario, en Europa ni siquiera se puede 
vender en una moneda europea el avión Airbus, dise­
ñado y fabricado conjuntamente por varios países. 
2.3.2. No obstante, frente a las ventajas de la unión 
monetaria hay inconvenientes que el citado informe de 
la Comisión no señala con la suficiente claridad. La 
mayoría de los ciudadanos y trabajadores no tienen 
conocimiento de ellos, y a veces ni tan siquiera los 
políticos y empresarios. Estas desventajas se refieren en 
particular a la imposibilidad de utilizar el cambio de 
paridad como instrumento de reajuste económico, a la 
renuncia a una política monetaria nacional —y, por 
tanto, a una política fiscal y de reservas de divisas 
propia— y, por último, a la reconversión —para algu­
nos países dolorosa— de la política financiera que será 
necesaria para evitar déficit presupuestarios excesivos 
financiados mediante créditos de los bancos centrales. 
2.3.3. Las consecuencias de la unión económica y 
monetaria deben darse a conocer y debatirse con mayor 
ÍD.^1 diario Oficial de las Comunidades Europeas ^Clt^A^ 
amplitud, no sólo en la Conferencia Inter^ubernamenD 
tal, sino de caraala opinión pública. En las propuestas 
para la Conferencia ^nter^ubemamental no se exponen 
con la necesaria claridadvsinceridad las obligaciones 
que imponealapolitica social, económicavpresupuesD 
taria una politica monetaria común orientadaalaesta^ 
bilidad del valor monetario. Estas obligaciones condi^ 
cionarian, por ejemplo, la politica salarial, que tendria 
que estar orientada al incremento de la productividad, 
ven general la politica social, que va no podriafinancP 
arseabase de un incremento—siempre inflacionista— 
de dinero, es decir, con créditos procedentes de los 
bancos centralespara mejorar el déficitpúblico. En 
las observaciones queacontinuaciónseformulan se 
abundaráen al^unosdeestosaspectos ^seccionesRl 
vlv^ 
^. Prescindiendo de algunos puntos especificos 
sobre la politica monetaria, económicavpresupuesta^ 
ria, el Comité apova en lo fundamental el camino 
trazado para la consecución de launión económicas 
monetaria, tal como está concebido en el Informe 
L^elorsvprecisado posteriormente. 
^.L ^eapruebalaunióneconómicavmonetaha 
va que supone la continuación ló^icavconsequente de 
la integración europea que, con la plena realización 
del mercadointeriorenr^, hará posible de modo 
ejemplar la inte^raciónde las economias nacionales de 
toda Europa, resulta necesario, sinembar^o,quela 
ComisióndelaComunidadEuropeaseñaledemodo 
clarovunivoco cuáles son las consecuencias que, en el 
camino hacia la unión económicavmonetaria, afectan 
ala politicaeconómicav,sobre todo, social. 
^.^. ^i—por razones politicas, entre otras—se 
quiere que la unión económicavmonetaria esté realiD 
^adamuv pronto desdecir, antes del año ^000^, deberia 
preverseuna reglamentación transitoriaparaal^unos 
Estados miembros al comiendo de la tercera etapa, 
loicha reglamentación consistida fundamentalmente en 
establecer que las doce monedas no quedasen todasa 
la ve^ vinculadas entre si mediante tipos de cambio 
irrevocablemente fijos, sino que éstos afectasen tan sólo 
aun núcleo compuesto por las monedas más estables. 
Una vez iniciada la tercera etapa, algunas monedas aún 
sujetasareajustes de los tipos de cambio podrian irse 
integrando de forma individual v consecutiva en la 
^plena^uniónmonetariaD 
05 Observaciones sobre la poética monetaria 
^.L Las ventajas de una unión monetaria—que 
incluven una total transparencia en los precios v 1^ 
desaparición de los costes de transacción—únicamente 
podrán aprovecharse en sutotalidad si se fijan de un 
modoirrevocablelostipos de cambio mutuos délas 
monedasvsi éstas son finalmente sustituidas por una 
moneda europea única, l^av, en efecto, importantes 
razones económicasvpoliticas en favor de dicha posi^ 
ción. Por rabones politicas,lamonedaúnica europea 
no podría ser ninguna de las actuales monedas de los Estados miembros. Por ello, recibe beneplácitola 
propuesta de la Comisión de modificar elTratadoCEE 
aefectos de prever finalmente una moneda única para 
la Comunidad. En el punto ^.^ del presente documento 
se hacen algunas reflexiones acerca de una implantación 
progresiva de dicha moneda única. 
^. Una unión monetaria completa, tal como se 
prevé en la tercera etapa, requiere una politica moneta-
riavcrediticiaúnica.Enunazonademonedaúnica 
noesposibleuna ^subsidiariedad^ con unapolitica 
monetaria parcialmente nacional. Por ello se recoD 
mienda un sistema EuropeodeBancos Centrales de 
conformidad con las propuestas concretas del Comité 
de Cobernadores de los Bancos Centrales. El ^EBC se 
crearia al comienzo de la secunda etapa, asumiendo al 
iniciarse la tercera etapa la responsabilidad total v 
e^clusivaen asuntosdepolitica monetaria v centro 
lando el volumen de dinero en el ámbito comunitario. 
Ó.Ó5 En elTratadoCEE deberán fijarse los objetives 
delapoliticamenetariacemúnvlacempetenciadel 
^EBC en lo que haceadicha política. 
^.L La unión monetaria sólo puede realizarse ade-
cuadamente basándose en lo que ha hecho triunfar al 
sistema monetario Europeo come una ménade relativa 
estabilidad del valor monetario, haciendo atractivaala 
Comunidad. Pordicha razón reciben beneplácito las 
propuestas de la Comisión de la Comunidad Europea, 
del Comité ^vionetariovdel Comité de Cobernadores 
de los Bancos Centrales, encaminadasaimplantar en 
el articulo^^bisdelTratadoCEE la estabilidad de 
precios come objetivo prioritario del ^EBC. Al mismo 
tiempe,elcenceptodeestabilidaddeprecios dornas 
correctamente, de estabilidad del nivel de precios^ede 
valor monetario estable, que con frecuencia da lujara 
falsas interpretaciones, podria precisarse en el aparD 
tadoldel nueve articulo l^AdelTratadeCEE, por 
ejemploatravés del concepto de poder adquisivito, el 
cual no debe disminuir de un anoaotredebideaun 
crecimiento monetario de carácter inflacionista. 
^L^. Asimismo deberia establecerse el apevo del 
^EBCalapolitica económica con arre^lealas orienta­
ciones comunes decididas para la Comunidad ^^.pun^ 
te ^.^, siempre que con ello no se vea afectada la 
estabilidad del valor monetario. Asi el ^EBC no podria 
verse obligado a resolver conflictos de objetives de 
pelitica económica en detrimento de la estabilidad del 
valer monetario. 
Ó.Ó.Ó. Per último,vsi^uiende las prepuestas citadas 
en el punte ^.1, deberá puntualizarse en les nueves 
articulos^^bisvit^AdelTradadoCEEqueel^EBC 
no podrá ser obli^adeafinanciar con créditos de los 
bancos centrales losdéficit de los presupuestes públicos. 
Aelleneseependriaelqueel^EBC,enelmarcede 
su política de mercado abiertovde liquidez, realizase 
operaciones de empréstito. 
^.05^. También deberia aclararse la proyectada com­
petencia exclusiva del ^EBC en pelitica monetaria.Elle 
N° C 102/28 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 4. 91 
parece necesario, toda vez que en la mayoría de los 
países miembros de la Comunidad no existe tal compe­
tencia exclusiva por parte del respectivo banco central 
y un cambio de la situación sería visto como una 
importante y problemática reestructuración. 
3.4. El Estatuto del BCE como institución indepen­
diente con la obligación de consultar y rendir cuentas 
deberá establecerse claramente en el Tratado. 
3.4.1. La experiencia muestra que la deseada seguri­
dad en la estabilidad del valor monetario sólo parece 
estar garantizada si el SEBC conserva su independencia 
frente a instrucciones políticas, tanto con respecto a 
los gobiernos nacionales como a los órganos de la 
Comunidad Europea. Una seguridad que fuera sólo 
«suficiente» daría lugar a falsas interpretaciones, ya 
que no excluiría la influencia política en las decisiones. 
La independencia ha de asegurarse principalmente en 
el terreno institucional, funcional y personal. La exigen­
cia de independencia personal se vería correspondida 
sobre todo por el procedimiento, previsto en el apar­
tado 3 del nuevo artículo 106 A del Tratado CEE, para 
el nombramiento por parte del Consejo, previa consulta 
del Parlamento Europeo de todos los directores gerentes 
por un período de ocho años. No iría en contra de la 
independencia personal el excluir el nombramiento de 
un miembro del Consejo Ejecutivo para un segundo 
mandato de ocho años; en cambio, con ello se podría 
lograr que con el tiempo se nombraran también miem­
bros del Consejo Ejecutivo a subditos de otros países 
de la Comunidad no representados en el primer o 
segundo mandato. También en lo que respecta a los 
puestos directivos y al resto del personal del Banco 
Central Europeo debería atenderse a la inclusión de 
especialistas de todos los países miembros de la Comu­
nidad. 
3.4.2. Por lo demás, la independencia del SEBC sólo 
quedaría garantizada si, de conformidad con el apar­
tado 2 del nuevo artículo 106 A del Tratado CEE, 
también los diferentes bancos centrales nacionales, en 
vista de su deseada cooperación en la organización 
federal del SEBC, tuvieran el mismo estatuto de inde­
pendencia. La independencia de los bancos centrales 
nacionales es asimismo una condición para el previsto 
procedimiento de votación en el Consejo de Bancos 
Centrales del SEBC (véase punto 3.8.1). Según dicho 
procedimiento, cada uno de los gobernadores —nom­
brados a nivel nacional— de los bancos centrales ten­
dría un voto, al igual que los directores gerentes nom­
brados por el Consejo Europeo. 
3.4.3. Si se quiere la existencia de un SEBC indepen­
diente de instrucciones políticas, será preciso clarificar 
el procedimiento mediante el cual tendrá que consultar 
al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo. Así, 
habrá de fijarse estatutariamente la participación —sin 
derecho de voto— de representantes de la Comisión de 
la Comunidad Europeo y del Consejo Europeo en las 
reuniones del Consejo de Bancos Centrales del SEBC, 
responsable de la política monetaria europea. 
3.4.4. Recibe beneplácito la obligación de presentar 
informes prevista en el apartado 5 del nuevo artí­
culo 109 del Tratado CEE y propuesta por el Comité 
de Gobernadores de los Bancos Centrales y la Comisión de la Comunidad Europea. También reciben beneplá­
cito los debates prescritos en el apartado 5 del nuevo 
artículo 106 del Tratado CEE; los debates, que tendrán 
lugar en el Parlamento Europeo, versarán sobre la polí­
tica económica y monetaria a la luz del informe anual 
del SEBC y con la participación del presidente del 
mismo. Por otra parte, aún deberá precisarse la reco­
mendación del Comité Monetario de informar periódi­
camente a la opinión pública sobre las líneas maestras 
de la política del SEBC. Una solución en este sentido 
sería dar tanto al Comité Económico y Social de las 
Comunidades Europeas como al Parlamento Europeo 
la posibilidad de debatir el informe anual del SEBC con 
la participación de su presidente. 
3.4.5. El Consejo Económico y Social de los Países 
Bajos (SER) ha llamado la atención sobre la eficacia 
mostrada por el consejo consultivo del banco central 
de dicho país. Dicho consejo, que es nombrado por la 
Corona, permite oír el dictamen —sin posibilidad de 
codecisión— de los medios económicos y sociales en él 
representados. Debería estudiarse la conveniencia de 
prever también para el SEBC un consejo consultivo 
análogo. 
3.4.6. La posibilidad prevista en. el nuevo artículo 
173 del Tratado CEE de recurrir al Tribunal de Justicia 
Europeo en actos jurídicos del SEBC está en consonan­
cia con su responsabilidad democrática. Debería 
aclararse —quizás en las negociaciones paralelas de la 
Conferencia Intergubernamental sobre la Unión 
Política— quién está facultado para apelar al Tribunal 
de Justicia Europeo contre decisiones del SEBC. 
3.5. El carácter unitario de la política monetaria del 
SEBC no debre ponerse en peligro debido a una falta 
de claridad en la delimitación de las competencias del 
Banco Central Europeo y los bancos centrales nacio­
nales. 
3.5.1. De acuerdo con lo anterior debería estable­
cerse de un modo unívoco que en la unión monetaria 
el Banco Central Europeo únicamente decidirá acerca 
del uso de los instrumentos de política monetaria inte­
rior y exterior para influir en el volumen de dinero y 
determinar la provisión de créditos, administrando para 
la Comunidad las reservas comunes en divisas que se 
le hayan transferido (apartado 2 del nuevo artículo 108 
del Tratado CEE). 
3.5.2. Los diferentes bancos centrales nacionales 
estarían representados en el Banco Central Europeo 
por sus respectivos gobernadores y participarían en 
las decisiones de éste, si bien, de conformidad con el 
apartado 1 del nuevo artículo 107 del Tratado CEE, no 
tendrían en sus países atribuciones independientes en 
lo que respecta a la política monetaria. Su función sería 
más bien la de aplicar en cada marco nacional la política 
del Banco Central Europeo compartida por ellos. 
3.5.3. Por otra parte, los bancos centrales nacionales 
tendrían que desempeñar las funciones no adscritas de 
un modo expreso al Banco Central Europeo (artículos 
22 y 25 del estatuto propuesto para el SEBC). También 
serían de su competencia las actividades relacionadas 
ÍD5^1 diario Cecial de las Comunidades Europeas ^Clt^A^ 
con el servicio de pagosyeventualmente la supervisión 
bancaría, en la medida en que no exista una autoridad 
competente de carácter estatal que se ocupe de ello. El 
propio Banco Central Europeo podría asumir tareas de 
coordinación respectoala cooperación entre las diver-
sas autoridades supervisoras que, de conformidad con 
el principio de control por parte del país de la sede, son 
responsables de la actividad—eventualmente más allá 
de las propias fronteras—délas entidades de crédito 
establecidas en cada país^egún el comentario al artí­
culo l^del informe del Comité de gobernadores de los 
Bancos Centrales parece ser que ellos mismos aprueban 
mayoritariamente tal asignación defunciones, idea no 
compartida aún por los gobiernos de algunos Estados 
miembros. 
oeó.^. También debería establecerse de un modo 
unívocoenel apartado^del nuevo artículo It^del 
Tratado CEEyen el artículo 1^ del estatuto del ^EBC 
la delimitación de funciones dentro del Consejo del 
Banco Central Europeoentrelosdirectoresgerentes, 
por una parte, queseencargaríande la^gestión diarias, 
ylos gobernadores de los bancos centrales nacionales, 
por otra parte. Aquí habría que incluir el traspaso 
de competencias ^previsto en el apartado^del nuevo 
artículolt^del Tratado CEE^ del Consejo de Bancos 
Centralesalos directores gerentes. 
^. Asimismo habría que delimitar previamente con 
claridad la competencia en materia de política camD 
biaría trente a terceros países, dentro de una unión 
monetaria completa. 
-^.L La decisión acerca de las modificaciones de la 
paridad corresponde por lo generalalosgobiernosy 
no a los bancos centrales. Por ello, y de un modo 
realista, el Comité de Cobernadores de los Bancos 
Centrales ha recomendado también contiaralasautori 
dades políticas, es decir, al Consejo de ^iinistrosde 
Economía yEinan^as, las decisiones tantoacercadel 
^régimen de tipos de cambio^de una unión monetaria 
europea como de la política cambiaría trenteaterceros 
países, debiéndose no obstante consultar previamente al 
Banco Central Europeo. La Comisión de la Comunidad 
Europeo considera con ra^ón que es importante dehnir 
la política cambiaría en el marco de una estrecha 
cooperación entre el Banco Central Europeoyel Con 
sejo de ministros de EconomíayEinan^as. 
^.^. Pero ya no se trata sólo de decisiones tunda 
mentales de política monetaria, como las modihcacío-
nesreali^adashastaahoraen laparidadoel tipode 
cambio central en el sistema monetario europeo. En el 
tuturo,ydentro de un contexto internacional con tipos 
de cambio variables y ^ flexibles^, debería ante todo 
decidirse también la política de intervención cotidiana 
en los mercados de divisas mundíalespara la futura 
moneda europea. lOicha decisión debería corresponder, 
de conformidad conelapartado 1 delnuevoartículo 
1^ del Tratado CEE, al Banco Central Europeo, o 
eventualmente incluirse en el marco de las orientaciones 
para una organización a largo pla^o de la política 
cambiaría común trenteal dólar estadounidensey el 
yen, quedebería ser decidada periódicamente por el 
Consejo de Aiinistros de Economía y Einan^as. En todo caso, la política monetaria exterior deberá ser 
compatible con la política monetaria del ^EBCorien-
tadaala estabilidad del valor monetario. 
^é Por último debería determinarse claramente 
quién representará al sistema Europeo de Bancos Cen­
trales en las organizacionesyconferencias monetarias 
internacionales. 
^.BÚL Parece adecuadalanormativaprevistaenel 
apartado^delnuevoartículo It^delTratadoCEE 
según la cual el Presidente del Banco Central Europeo, 
junto con el Presidente del Consejo de ministros de 
EconomíayEinanzasyun miembro de la Comisión de 
laComunidad Europea represente al^EBC enellla-
madoCrupo de los herédelas naciones más industriali­
zadas. 
^.^. El Comité de Cobernadores de los Bancos 
Centrales quiere dejar abierta la posibilidad de que 
dentro de la cooperación internacionalencuestiones 
monetarias los bancos centrales nacionales que formen 
parte del^EBCsiganestableciendoacuerdos con los 
bancos centrales de terceros paísesytambién, por ejem 
pío, permanezcan en Basilea algunos miembros del 
Banco de Pagos internacionales ^BPl^. Tal orientación 
podría debilitar el papel que debería representar en el 
campointernacionalun^EBCconunaúnicapolítica 
monetariayf^inalmente una moneda europea.Por otra 
parte,ydebidoalcarácter ^ederaldel^EBC,parece 
estar justificada dicha orientación, que encuentra su 
expresiónenque,deconformidadconel apartador 
delnuevo artículo Ít^delTratadoCEE,losbancos 
centrales nacionales mantienen su carácter de persona 
jurídica del derecho nacionalysólo el BCE se convierte 
en persona jurídica del derecho internacional. 
^. El procedimiento de votación para las decisiones 
de política monetaria del Consejo de Bancos Centrales 
del BCE debería precisarse previamente con claridad. 
^.D.1. Las decisiones de política monetaria deberían 
tomarse en el ^EBC por mayoría simples cada miembro 
del Consejo del Banco Central —los seis directores 
gerentes así como los presidentesdelos bancos centrales 
nacionales—deberá disponerde un voto. El Comité 
Económicoy^ocial,adiferencia de lo manifestado en 
su anterior dictamen sobre una ponderación de votos 
^COn^C^^de^l^l^^punto^m.^, apoya esta 
orientaciónyaquerespondealanecesidaddeponer 
lasdecisiones depolítica monetariaal servicio déla 
Comunidad en su conjunto, presentando al mismo 
tiempo de un modo conveniente las consideraciones de 
carácter regional. 
^.^. L^e conformidad con lo anterior, sólo habría 
una ponderación de votos para las decisiones de carác­
ter financiero ^capital propio del Banco Central Euro^ 
peo, transferencia de reservas en divisas, afectación de 
beneficios, etc.^ 
^t. Observaciones sobre la polfúcaeconómicayp^esu-
puestaria 
^.L Una unión monetaria es impensable sin una 
unión económicas incluso debe existir un profundo 
paralelismo entre ambas. 
N° C 102/30 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 4. 91 
4.1.1. La política monetaria no puede sino servir de 
apoyo a una política económica de los Estados miem­
bros que tienda a los mismos objetivos y sea compatible 
con la estabilidad del valor monetario. Para una política 
de tales características, que dé lugar a un desarrollo 
global homogéneo, no se precisa la creación de una 
nueva institución europea, como es el caso del SEBC 
para la unión monetaria. 
4.1.2. Contrariamente a lo que ocurre con la política 
monetaria, que ha de ser unitaria, en la política econó­
mica cada Estado miembro tiene cierta autonomía de 
acción: en el marco de los objetivos generales que se 
mencionan en el Tratado CEE (hasta ahora artículos 2 
y 104), cada Estado miembro puede emprender iniciati­
vas particulares y adoptar distintos métodos para llevar­
las a cabo, de acuerdo con las circunstancias y tradicio­
nes respectivas. En política económica regiría el princi­
pio de subsidiariedad, para aquellas medidas, tanto 
nacionales como regionales, que se podrían adoptar 
con igual o incluso mayor eficacia sin necesidad de 
una atribución de competencias a nivel europeo. 
4.1.3. Para conseguir que, a pesar de esa responsabi­
lidad a nivel nacional, se produzca un desarrollo 
homogéneo en el conjunto de la Comunidad y se man­
tenga la «convergencia», debe reforzarse y profundi­
zarse sensiblemente la cooperación en materia de polí­
tica económica y debe estrecharse la coordinación de 
las políticas económicas de los Estados miembros. Para 
ello es preciso reforzar la función desempeñada por el 
Consejo de Ministros de Economía y Finanzas y tam­
bién, en relación con ello, de la Comisión de la Comuni­
dad Europea. De este modo, éste Consejo ECOFIN 
podría asumir una función de contrapunto frente al 
Sistema Europeo de Bancos Centrales, lo que también 
sería muy conveniente desde el punto de vista institucio­
nal para el paralelismo de la unión económica y moneta­
ria. La existencia de este contrapunto politicoeconó­
mico a la política monetaria no significaría que las 
decisiones del SEBC necesitarían el beneplácito del Con­
sejo ECOFIN o que éste tendría la última palabra en 
caso de conflicto. Antes bien, habría que evitar posibles 
conflictos entre la política monetaria y la económica 
procurando que las decisiones de ambos organismos 
fueran en todo momento consonantes, tal como se 
expone en el punto 4.1.4. A este respecto también 
cobraría importancia la formación de la opinión 
pública. Queda por dilucidar si, en caso de producirse 
un conflicto grave (p.ej. una contradicción entre la 
estabilidad del valor monetario y la revisión del tipo de 
cambio frente a terceros países), el Consejo Europeo 
podría presentar un voto de censura —que tendría que 
ser decidido por unanimidad— contra el SEBC. 
4.1.4. La política monetaria común del SEBC 
—orientada a la estabilidad del valor monetario— y 
la coordinación —a través del Consejo ECOFIN— 
necesaria para garantizar la convergencia de las políti­
cas económicas deben ser en todo momento consonan­
tes. Para alcanzar esta consonancia sería conveniente 
que los representantes del Banco Central Europeo, por 
un lado, y los del Consejo de Ministros de Economía y 
Finanzas, del Consejo Europeo y de la Comisión de 
la Comunidad Europea, por otro, participaran —sin 
derecho a voto— en las reuniones de sus respectivos órganos. Se apoyan las propuestas planteadas a este 
respecto (nuevo apartado 3 del artículo 107 y apartado 1 
del artículo 109 del Tratado CEE; artículos 15.1 y 15.2 
del Estatuto del SEBC). Para mantener la consonancia 
entre la política monetaria común y la coordinación de 
las políticas económicas regidas por las orientaciones 
comunes sería muy útil basándose en el procedimiento 
de información mutua entre los órganos del SEBC y del 
Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, formu­
lar observaciones sobre las relaciones existentes en cada 
momento. 
4.2. Para la coordinación de la política económica y 
presupuestaría es esencial que el Consejo de Ministros 
se muestre unánime sobre las orientaciones y objetivos 
comunes de la política económica. 
4.2.1. Sin un consenso sobre estas orientaciones de 
la política económica no puede garantizarse la conver­
gencia del desarrollo económico que precisa la unión 
monetaria ni la compatibilidad de las distintas políticas 
de los Estados miembros que corresponde a una unión 
económica. 
4.2.2. Sin embargo, debe evitarse que dichas orienta­
ciones se vean constreñidas por un rígido sistema de 
planificación; por el contrario, debería ser posible revi­
sarlas con rapidez en caso de que cambien las condicio­
nes económicas básicas, fenómeno que a veces se pro­
duce con gran celeridad. 
4.2.3. A fin de que los países con deficiencias estruc­
turales puedan recuperar su retraso en la deseada con­
vergencia del desarrollo económico, deberían apoyarse 
sus programas de reforma en materia de política econó­
mica, teniéndolos en cuenta en las orientaciones comu­
nitarias sobre política económica. La transferencia de 
recursos a partir de los fondos estructurales comunita­
rios incrementados, decisión que ya está tomada, contri­
buirá a eliminar las deficiencias estructurales; dicha 
transferencia oscila entre el 3 % y el 5 % del producto 
interior bruto de esos países. Resulta necesario, por 
tanto, dedicar una atención particular a las deficiencias 
estructurales en el marco de la revisión de los Fondos 
Estructurales (*) y de la revisión de las perspectivas 
financieras a medio plazo (1993-1997) previstas para 
finales de 1991 y el primer semestre de 1992, así como 
en el marco de la política industrial; en relación con 
ella la Comisión presentó el 16 de noviembre de 1990 
nuevas ideas para un proyecto comunitario (COM(90) 
556 final), sobre las que el Comité Económico y Social 
está elaborando un dictamen. 
4.3. Dada su importancia fundamental, las orienta­
ciones comunes de la política económica deben elabo-
(*) Véase el artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 2052 del Con­
sejo del 24 de junio de 1988. 
18. 4. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 102/31 
rarse con el mayor cuidado, para lo cual debe escu­
charse también a los sectores económicos y sociales. 
4.3.1. A fin de que el Consejo de Ministros de Eco­
nomía y Finanzas —en tanto que órgano europeo, 
aunque sin estructura propia— pueda desempeñar su 
función de garantizar la consonancia y la coordinación 
de las políticas económicas, debe dotarse a la Comisión 
de la capacidad de adoptar las medidas necesarias para 
preparar las decisiones del Consejo y para mantener la 
supervisión continua de la convergencia. En relación 
con esto, debe seguir reforzándose la supervisión multi­
lateral que se adoptó en el segundo semestre de 1990, 
en todos aquellos aspectos de la política económica que 
sean importantes para la Comunidad (evolución de 
precios y costes, competitividad, empleo, desarrollo 
regional, presupuesto público). 
4.3.2. Basándose en una evaluación de la evolución 
económica de los Estados miembros, la Comisión de 
la Comunidad Europea debería elaborar anualmente 
orientaciones de política económica. El Consejo de 
Ministros de Economía y Finanzas y el Consejo Europeo 
adoptarían una decisión sobre ellas, conforme a un 
procedimiento que debe ser fijado según el nuevo artí­
culo 102 C del Tratado CEE. Dichas orientaciones se 
centrarían fundamentalmente en la política financiera, 
la política de empleo y la política estructural, a fin de 
conseguir que las políticas económicas de los Estados 
miembros sean compatibles. 
4.3.3. Para establecer las orientaciones plurianuales 
(tres a cinco años) en materia de política económica es 
conveniente consultar no sólo al Parlamento Europeo, 
sino también al Comité Económico y Social. Asimismo, 
también debería informarse sobre los resultados de la 
supervisión multilateral tanto a los parlamentos — al 
Parlamento Europeo y a los nacionales y regionales— 
como al Comité Económico y Social (DO n° C 56 de 
7.3.1990, punto 2.2). 
4.3.4. Además, debería consultarse al Comité Econó­
mico y Social sobre los informes nacionales que presenta 
la Comisión para el Consejo de Ministros de Economía 
y Finanzas con vistas a la supervisión multilateral. 
Dicha consulta es necesaria en aras de un amplio pro­
ceso de configuración de una voluntad política econó­
mica y del diálogo entre los sectores económicos y 
sociales a fin de alcanzar una mayor convergencia de 
las políticas económicas y su apoyo por parte de la 
opinión pública (DO n° C 56 de 7.3.1990, puntos 2.2. 
y 2.3). 
4.3.5. Dentro de la supervisión multilateral de la 
política, presupuestaria y económica debe incluirse el 
desarrollo de los mercados financieros, asimismo en sus 
relaciones con los mercados de capital extracomunita-
rios. Por otra parte, en la nueva versión de las actuales 
disposiciones previstas en los artículos 57 a 73 del 
Tratado CEE debería regularse con claridad la libre 
circulación del capital comunitario de y hacia terceros 
países. 4.4. La aplicación de ajustes de la política económica 
resultantes de la supervisión multilateral es de funda­
mental importancia para coordinar dicha política en 
función de las orientaciones comunes. 
4.4.1. La cuestión estriba en si tales ajustes deben 
alcanzarse mediante «presiones confidenciales de un 
grupo de iguales » o si además deben dar lugar a reco­
mendaciones formales y declaraciones públicas efectua­
das por la Comisión de la Comunidad Europea. Por 
otra parte, el mecanismo especial de apoyo financiero 
que se establece en el nuevo apartado 1 del artículo 104 
del Tratado CEE contribuirá, en forma de ayudas, a 
superar las dificultades económicas y con ello contribu­
irá al ajuste de la política económica. 
4.4.2. El Comité Monetario plantea incluso la posibi­
lidad de imponer sanciones, en forma de interrupción 
de los pagos procedentes del presupuesto comunitario, 
y de recurrir al Tribunal de Justicia. Antes de que 
comience la segunda etapa deberán alcanzarse acuerdos 
sobre la posibilidad y las modalidades de dichas san­
ciones. 
4.5. Se apoya el criterio de la Comisión de la Comu­
nidad Europea de que debe reforzarse el papel de la 
Comunidad en aquellos sectores que tengan importan­
tes repercusiones de alcance europeo. 
4.5.1. En estos ámbitos cabe incluir especialmente 
la política de competencia, la política comercial, la 
investigación y desarrollo, las infraestructuras europeas 
—especialmente en relación con la política regional—, 
el medio ambiente y algunos aspectos de la fiscalidad. 
4.5.2. Uno de los sectores que tiene especial impor­
tancia es el derivado del propósito de dotar a la Comu­
nidad de cohesión económica y social. A este respecto 
destaca la importancia de la política salarial. La respon­
sabilidad en la fijación de los salarios debe seguir corres­
pondiendo a los interlocutores sociales (cf. DO n° C 329 
de 30.12.1989, puntos 2.8.2 y 2.8.3), pero la Comunidad 
también debería desempeñar « cierto papel» en los pro­
cedimientos de negociación colectiva, movilidad de los 
mercados laborales y sistemas de formación profesional 
y continua. 
4.5.3. Debe precisarse cómo puede reforzarse de 
modo significativo la política comunitaria en los ámbi­
tos citados, que sobrepasan la competencia directa del 
Consejo de Economía y Finanzas. El refuerzo de la 
política comunitaria forma parte integrante de aquellos 
criterios de la unión económica y monetaria que guar­
dan relación con la dimensión política de la Comuni­
dad. Por consiguiente, habrá que evaluar este aspecto 
en la Conferencia Intergubernamental sobre la unión 
política que se desarrolla simultáneamente. 
4.6. Para que la coordinación de la política econó­
mica sea eficaz, es decisivo incluir la política presupues-
N° C 102/32 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 4. 91 
taria. Se coincide con el Comité Monetario en que no 
sólo se trata de vigilar el déficit público, sino que es 
preciso además coordinar otros aspectos de esta política 
y elaborar una orientación presupuestaria para la 
Comunidad en su conjunto. El presupuesto comunitario 
podría desempeñar un papel cada vez más influyente 
en este sentido. 
4.6.1. Se ratifica la opinión de la Comisión de que 
deben analizarse y evaluarse los déficit presupuestarios 
excesivamente altos y la manera de financiarlos 
teniendo en cuenta sus repercusiones sobre la política 
monetaria común, que está comprometida con la estabi­
lidad del valor monetario. 
4.6.2. En relación con la política presupuestaria sería 
conveniente incluir en el Tratado CEE al menos dos 
normas fundamentales: por un lado, la prohibición de 
financiar « monetariamente » los « déficit» públicos, por 
ejemplo, mediante créditos de los bancos centrales, 
ni tampoco mediante privilegios de las autoridades 
públicas en la colocación de la deuda pública en el 
mercado; por otro lado, la deuda pública de un país no 
podrá beneficiarse de ninguna garantía incondicional, 
ni por parte de la Comunidad ni por parte de otro 
Estado miembro. 
4.6.3. Además, debería precisarse qué es lo que se 
entiende, según criterios europeos, por «déficit presu­
puestario excesivo» o una deuda pública «excesiva­
mente alta». A este respecto, se podría adoptar como 
« patrón » de medida la relación entre, por ejemplo, el 
déficit o la deuda y el valor medio del Producto Interior 
Bruto durante varios años. Una pauta concluyente sería 
la «regla de oro de la hacienda pública», según la cual 
el endeudamiento público no debe ser superior al gasto 
en inversión. Queda por dilucidar si es conveniente 
incluir estos criterios en una Directiva del Consejo sobre 
la supervisión multilateral. Las opiniones del Comité 
Monetario a este respecto están divididas. 
4.6.4. En todo caso, la valoración de la situación 
presupuestaria debería ser efectuada en relación con los 
resultados económicos globales: sólo así podrán tenerse 
en cuenta las circunstancias extraordinarias, como, por 
ejemplo, en el caso de la República Federal de Alemania, 
la necesidad excepcional de financiación, durante un 
tiempo, para apoyar la reconstrucción de los nuevos 
estados federados. 
4.7. Es de lamentar que la armonización de la fiscali-
dad que precisa la plena realización del mercado interior 
haya prosperado tan lentamente hasta ahora. Se corro­
bora el juicio de la Comisión de que en la unión 
económica se acentuarán las presiones competitivas 
derivadas de la diferente fiscalidad. Esto es válido prin­
cipalmente para la imposición, todavía diferenciada, 
sobre las rentas de capital, la cual, en un sistema con 
libre circulación de capitales y en una unión monetaria 
exenta de riesgos de tipos de cambio, tiene efectos más 
marcados. 5. Observaciones sobre la segunda etapa y las dispo­
siciones transitorias para la moneda común en la 
tercera etapa 
5.1. Desde el punto de vista político existen numero­
sas razones a favor de una rápida transición hacia una 
total unión monetaria, es decir, a favor de una segunda 
etapa de corta duración, la cual, en virtud de la Decisión 
del Consejo Europeo del 28 de octubre de 1990, deberá 
comenzar el 1 de enero de 1994, siempre que se cumplan, 
por supuesto, las condiciones necesarias. La transición a 
la segunda etapa no debe tener un carácter automático. 
5.1.1. Desde el punto de vista político es comprensi­
ble que se quiera aprovechar la dinámica de la realiza­
ción del mercado único así como las expectativas cre­
adas por los acontecimientos de Europa del Este y la 
unificación de Alemania, estableciendo hechos consu­
mados con el último paso hacia la unión monetaria tras 
una segunda etapa de corta duración. 
5.1.2. Sin embargo, desde el punto de vista econó­
mico un escueto balance muestra que la convergencia 
del desarrollo económico, necesaria para la unión 
monetaria completa, sólo ha realizado progresos en 
aquellos países que participan desde hace tiempo en el 
mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo. 
En los demás países de la Comunidad, con unos índices 
de inflación entre tres y siete veces superiores, es evi­
dente que no se podrán cumplir con tanta rapidez los 
requisitos necesarios para una total integración de la 
política monetaria. 
5.1.3. Por último, desde el punto de vista institucio­
nal, falta todavía mucho por hacer en lo que respecta 
al fortalecimiento de las instituciones comunitarias, si 
éstas han de asumir ya pronto, tras una breve segunda 
etapa, las funciones a ellas asignadas en una unión 
económica y monetaria completa. 
5.2. La razón de que todavía no exista una conver­
gencia económica en toda la Comunidad reside sobre 
todo en las deficiencias estructurales de algunos de sus 
países miembros. Dichas deficiencias se mostrarán aún 
más claramente en los próximos años con la realización 
del mercado interior, especialmente si se produjeran 
recesiones económicas de tipo coyuntural o condiciona­
das por crisis políticas. 
5.2.1. Las deficiencias estructurales no pueden ser 
totalmente eliminadas a corto plazo —es decir, en el 
caso de que la segunda etapa de la unión económica y 
monetaria fuera tan sólo de corta duración— ni con 
una estrecha cooperación en política económica ni con 
ayudas financieras a partir de unos fondos estructurales 
comunitarios dotados de más medios. Es cierto que 
la implantación de rigurosos programas de política 
económica por parte de los países antes mencionados 
y las « cuantiosas transferencias de recursos » a su favor, 
ya decididos y obtenidos a partir de los fondos estructu­
rales incrementados de la Comunidad, podrán poner al 
alcance de dichos países la convergencia con los otros 
países miembros; y también parece posible introducir 
antes del comienzo de la segunda etapa las monedas 
todavía ausentes (el escudo y el dracma) en el meca­
nismo de cambios. Sin embargo, la inclusión de las doce 
18. 4. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 102/33 
monedas en dicho mecanismo antes de 1994 no debiera 
llevar a la conclusión de que a partir de ese momento se 
podrá renunciar a modificar el tipo de cambio central. 
5.2.2. El Comité Económico y Social considera más 
bien (cf. dictamen DO n° C 329 de 30. 12. 1989, 
punto 3.5.7) que se debiera proceder, durante el tiempo 
que sea todavía necesario, a revisar los tipos de cambio 
como respuesta a las exigencias de ajuste en los países 
que presenten más deficiencias estructurales; dichas 
exigencias de ajuste, impuestas por la realización del 
mercado interior en una situación de libertad de movi­
mientos de capitales, no permiten aferrarse a paridades 
de cambio ficticias, ya que ello llevaría a nuevos des­
equilibrios. 
5.2.3. El instrumento de política económica consis­
tente en reajustar el tipo de cambio repercute inmediata­
mente, debido a la estrecha interrelación económica en 
el interior de la Comunidad, en el conjunto de los 
precios y las rentas. Sin embargo, desde 1987 no se ha 
vuelto a recurrir a los reajustes en el Sistema Monetario 
Europeo, aunque las tasas de inflación han tenido un 
desarrollo desigual. No obstante, la estabilidad del 
valor monetario aquí documentada no debe hacer olvi­
dar la presión a la que están sometidas algunas de las 
monedas en el mercado de divisas. La estabilidad en 
las relaciones de cambio no garantiza de ningún modo 
que hasta 1994 y también en el curso de una segunda 
etapa « breve » puedan excluirse modificaciones del tipo 
de cambio central y que, en consecuencia, se pueda 
llegar pronto a un sistema de tipos de cambio estableci­
dos de forma irrevocable. 
5.2.4. En los ocho primeros años transcurridos desde 
la implantación en 1979 del mecanismo de cambios se 
produjeron nueve modificaciones de los tipos de cam­
bio. Varias monedas de la Comunidad han exigido y 
siguen exigiendo un mayor margan (6% en lugar de 
2,25%) para las fluctuaciones del tipo de cambio. A 
pesar de una participación tan desigual en el mecanismo 
de cambios no se habló aquí de una Europa de dos 
velocidades, señalándose más bien las ventajas de esta 
« zona de relativa estabilidad » y su « efecto disciplina­
rio» sobre el conjunto de la Comunidad. Deberían 
tenerse en cuenta estas experiencias a la hora de re­
flexionar sobre una segunda etapa « breve » y una regla­
mentación transitoria para algunos países miembros al 
iniciarse la tercera etapa. 
5.3. La necesidad y las características de una segunda 
etapa intermedia siguen siendo poco convincentes y 
no están descritas con claridad (DO n° C 329 de 
30. 12. 1989, punto 3.3.3). 
5.3.1. Una segunda etapa intermedia podría ser, 
como muchos opinan, de corta duración. Por otra parte, 
la cooperación en política económica y monetaria 
debería afianzarse con la eficiencia necesaria para que 
« durante algún tiempo », como afirma el Comité Mone­
tario, pueda alcanzarse una estabilidad del valor mone­
tario y una disciplina presupuestaria. 
5.3.2. Sería deseable para el SEBC que la segunda 
etapa sólo fuera de corta duración. El SEBC deberá 
crearse al inicio de esta segunda etapa; en un primer 
momento, sin embargo, la política monetaria debería 
seguir siendo competencia nacional. El Comité Econó­
mico y Social ya defendió con anterioridad (DO 
n° C 329 de 30. 12. 1989, punto 3.2.2) el parecer de que sería perjudicial para la imagen del SEBC el que éste 
permaneciera durante mucho tiempo sin competencias 
propias en materia de política monetaria o, con palabras 
del Comité Monetario, «se erigiera como una caja 
vacía». 
53.3. Por ello, desde el primer momento debería 
consultarse al BCE acerca de todas aquellas decisiones 
que todavía son tomadas por los bancos centrales nacio­
nales. Asimismo, el Banco Central Europeo deberá 
impulsar la armonización de los instrumentos de polí­
tica monetaria. El marco jurídico previsto en el apar­
tado 3 del nuevo artículo 109 D del Tratado CEE 
relativo a la actividad del SEBC (por ejemplo, acerca 
de la cantidad mínima de reservas y la obligación por 
parte de las entidades de crédito de presentar informes) 
debería convertirse pronto en una realidad. 
5.3.4. En la segunda etapa, el Banco Central Europeo 
debería fomentar, del modo que considere adecuado, 
el empleo del ecu (DO n° C 329 de 30. 12. 1989, pun­
to 3.3.4). El ecu se utilizaría de modo creciente (para 
realizar pagos, liquidaciones, balances, estadísticas, 
tarifas, indicación de precios) si se «endureciera » por 
medio de una redefinición de la cesta de monedas que 
lo componen. Ese endurecimiento consistiría —según 
la propuesta de la parte española— en una fijación de 
la relación del tipo de cambio del ecu frente a aquellas 
monedas que no sufran devaluación. A tal efecto, 
debería volverse a definir la composición y ponderación 
de la cesta de monedas del ecu cada vez que se modifi­
cara el tipo de cambio central dentro del mecanismo 
de cambios. El vínculo constante de la relación de 
cambio del ecu con las monedas estables de la Comuni­
dad Europea constituiría una transición desde la cesta 
de monedas con valor variable hacia una moneda con 
valor fijo. Con ello se facilitaría el último paso: la 
transición —en la tercera etapa— desde el ecu como 
cesta de monedas a una moneda europea común, que 
llegado ese momento se emitiría también en forma de 
billetes y monedas por el SEBC. 
5.4. La mayor o menor duración de la segunda etapa 
depende de una decisión política, aún no adoptada, 
acerca de si ha de esperarse a que se cumplan todos los 
requisitos, sobre todo de la convergencia del desarrollo 
económico, por parte de los doce Estados miembros o 
si algunos de ellos podrían avanzar conjuntamente 
hacia la total unión monetaria, sin esperar a los demás. 
5.4.1. Una unión monetaria con tipos de cambio 
fijados ya de una manera irrevocable y que por razones 
políticas haya de realizarse rápidamente no podrá abar­
car desde un principo los doce Estados miembros, ya 
que ello implicaría considerables riesgos. Estos riesgos 
afectarían a la estabilidad del valor monetario en el caso 
de que la política económica y monetaria se orientase a 
alcanzar una «convergencia media», con el correspon­
diente mayor índice de inflación para la Comunidad. 
Otro riesgo sería una elevada demanda de prestaciones 
financieras públicas compensatorias en favor de los 
países comunitarios con deficiencias estructurales. 
5.4.2. La mencionada compensación financiera, 
añadida a las prestaciones de los fondos estructurales 
N° C 102/34 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 4. 91 
de la Comunidad, sería de gran envergadura, dado que 
los países que aún tienen deficiencias estructurales ya 
no pueden corregir las desventajas competitivas en el 
terreno económico realizando ajustes en los tipos de 
cambio. Estos países, no obstante, debido a una falta 
de movilidad en el mercado del trabajo y a una escasa 
flexibilidad de los salarios, se ven obligados a efectuar 
dichos ajustes. 
5.4.3. Las transferencias necesarias en caso de una 
renuncia anticipada al instrumento de política econó­
mica constituido por los ajustes de los tipos de cambio 
gravarían considerablemente la Comunidad y su mer­
cado de capitales y serían difíciles de aplicar política­
mente. Así lo muestra la experiencia obtenida a partir 
de una transferencia financiera similar entre los estados 
federados « pobres » y « ricos » de la República Federal 
de Alemania. 
5.5. Cuanto antes se lleve a cabo la unión monetaria 
con unos tipos de cambio irrevocablemente fijos, tanto 
más aconsejable será prever disposiciones transitorias 
para algunos Estados miembros al comienzo de la ter­
cera y última etapa (DO n° C 329 de 30. 12. 1989 
punto 3.4.2). Ello no constiuiría una Europa de dos 
velocidades, como tampoco ha sido el caso hasta ahora 
dentro del mecanismo de cambio del SME. 
5.5.1. En el nuevo artículo 109 G del Tratado CEE 
se podrían incluir disposiciones transitorias para que 
aquellos países aún sujetos a las modificaciones de los 
tipos de cambio no entren al mismo tiempo en el sistema 
de tipos de cambio irrevocablemente fijos, así como 
algunas monedas que hasta más tarde no han entrado 
en el mecanismo de cambio del SME (o que no lo harán 
hasta comienzos de 1991). 
5.5.2. La constitución de un bloque inicial de cinco 
a ocho monedas estables supondría un notable impulso 
para que el resto de los Estados miembros de la Comuni­
dad se integrara también en dicho bloque. De hecho, 
dentro del mecanismo de cambio ya existe un bloque 
de monedas estables, con un núcleo fuerte de monedas 
que constituye una zona de tipos de cambio invariables 
y que, en cierta medida, es el precursor de una unión 
monetaria. Esta opción parece más prometedora que 
una entrada precipitada de todos los Estados miembros 
en un sistema de tipos de cambio irrevocablemente 
fijos, con el peligro de hacer fracasar la unión monetaria 
en su conjunto, con todas las consecuencias negativas 
que ello acarrearía para el proceso de integración de 
Europa. 
5.6. Las observaciones formuladas en el punto 5.5 
podrían vincularse a algunos elementos de las propues­
tas británicas y españolas relativas a la introducción de 
un «ecu fuerte». 
5.6.1. El Sistema Europeo de Bancos Centrales 
podría emitir un ecu « fuerte » como moneda común en 
todos los países miembros. Con el ecu y un SEBC 
competente en la política monetaria común se daría un 
paso decisivo hacia la unión monetaria. 
5.6.2. Se trataría de un « ecu fuerte » cuyo valor no 
se definiría a partir de la actual cesta de monedas, sino 
a partir de una relación de cambio que ya no podrá variar con respecto a las monedas estables de la Comu­
nidad, unidas entre sí por tipos de cambio irrevocables. 
5.63. En los países cuyas respectivas monedas estén 
unidas entre sí por tipos de cambio irrevocablemente 
fijos, la moneda comunitaria constituida por el ecu 
podría convertirse pronto en la única moneda, sustitu­
yendo por tanto a las monedas nacionales. En los demás 
países miembros, el ecu seguiría circulando todavía 
paralelamente a las monedas nacionales, cuyo tipo de 
cambio respecto al ecu podría aún variar. Con ello el 
ecu se convertiría en un vínculo, que se documentaría 
hacia el exterior, entre los países que constituyan el 
núcleo de la unión monetaria y los otros países cuyas 
monedas no puedan incluirse todavía con tipos de cam­
bio irrevocablemente fijos. 
5.6.4. De este modo, el ecu no sería una 13a moneda 
adicional, sino más bien la moneda común europea, en 
la línea marcada por la Comisión de la Comunidad 
Europea y los gobernadores de los bancos centrales. 
Estos últimos prevén que el ecu como moneda común 
no sustituya de un día para otro las monedas nacionales, 
sino que éstas sigan circulando aún durante cierto 
tiempo, durante el cual el ecu también circularía parale­
lamente a las monedas nacionales como medio de pago 
obligatorio a nivel comunitario. De conformidad con 
lo anterior, el ecu podría introducirse en tres pasos: 
— con la introducción del ecu por medio del Banco 
Central Europeo, dicha moneda sería emitida 
durante algún tiempo en los doce Estados de la 
Comunidad de modo paralelo a las monedas nacio­
nales aún en circulación, dándose una relación de 
cambio fija en los «países núcleo» cuyas monedas 
estén vinculadas entre sí y frente al ecu por tipos de 
cambio fijados de un modo irrevocable y contán­
dose con la posibilidad de efectuar reajustes en los 
demás países de la Comunidad, 
— en un segundo paso, el ecu podría convertirse en la 
moneda única primero en los países núcleo mencio­
nados en el punto anterior, si bien seguiría aún 
circulando paralelamente a las monedas nacionales 
en los demás países de la Comunidad, 
— en un tercer paso, por último, el ecu se convertiría 
en la moneda única en todos los países de la Comu­
nidad {cf. punto 5.6.9), de modo que ya no habría 
monedas nacionales en ningún país comunitario. 
Las monedas comunitarias cuya relación de cambio con 
el ecu, en virtud de una excepción, no se fije de inme­
diato y de modo irrevocable, podrán durante un período 
transitorio utilizarse en mayor proporción que el ecu. 
La vieja «ley de Gresham» quedaría aquí en parte 
confirmada y en parte refutada, en el sentido de que la 
moneda « mala » desplaza a la « buena » cuando ambas 
son medio de pago legal. Es algo que hay que aceptar, 
del mismo modo que hay que aceptar la obstaculización 
de la política monetaria del SEBC con la inclusión de 
las monedas comunitarias que todavía no hayan fijado 
irrevocablemente sus tipos de cambio {cf. punto 5.6.6). 
18. 4. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 102/35 
5.6.5. Así, el ecu podría convertirse pronto en la 
moneda central en el ámbito comunitario. A esta 
moneda central podrían asociarse también con sus res­
pectivos tipos de cambio monedas de otros países euro­
peos (como el chelin austríaco o la corona noruega), 
o incluso de países no europeos, que hasta ahora se 
orientan a la zona del franco o de la libra, de modo 
semejante a como ha ocurrido hasta ahora. El ecu 
podría asumir esa función de moneda central ya que 
detrás de ella no habría ningún tipo de fondos europeos, 
sino la autoridad y el potencial del Sistema Europeo 
de Bancos Centrales. En su calidad de moneda piloto 
europea, el ecu, al igual que actualmente el dólar, el 
yen, el marco y la libra, estaría naturalmente expuesto 
a las tensiones del sistema monetario mundial y sería 
objeto de especulaciones en el mercado mundial de 
divisas. Por otra parte, la Comunidad Europea, gracias 
al importante papel que representaría el ecu y a su 
consiguiente mayor influencia, podría contribuir en 
mayor medida que hasta ahora, en el marco de organi­
zaciones internacionales, principalmente en el Fondo 
Monetario Internacional, a mejorar el orden monetario 
mundial. Una posible tendencia a la sobrevaloración 
del ecu en el mercado mundial de divisas —lo que 
acarrearía un encarecimiento y una mayor dificultad 
para las exportaciones comunitarias hacia terceros 
países— podría ser combatida en el marco de una 
política común de tipos de cambio frente a divisas de 
terceros países (cf. punto 3.6,2). 
5.6.6. En el SEBC, responsable del control del volu­
men de dinero en ecus y de la política monetaria común, 
deberían participar todos los países miembros con sus 
respectivos bancos centrales. Los correspondientes 
gobiernos, en unión del SEBC y del Consejo de Minis­
tros de Economía y Finanzas, deberán decidir acerca de 
las modifiaciones del tipo de cambio central respecto a 
las monedas que no estén incluidas en el Sistema de 
paridades fijadas de un modo irrevocable. 
Hecho en Bruselas, el 27 de febrero de 1991. 5.6.7. Gracias a la inclusión de todos los países 
miembros en la coordinación de la política económica 
y presupuestaria y en su supervisión multilateral, y con 
la participación de dichos países en el SEBC y su política 
monetaria común, podría alcanzarse un mayor progreso 
hacia la convergencia en la tercera etapa (y no en una 
segunda etapa de corta duración). Ello también podría 
conseguirse una vez que un bloque de monedas comuni­
tarias especialmente estables haya evolucionada hacia 
un sistema de tipos de cambio irrevocablemente fijados 
y para el que ya se hubiera realizado la unión monetaria 
«completa». 
5.6.8. El ecu se utilizaría de forma creciento como 
moneda paralela, incluso en los países que tuvieran que 
afrontar riesgos de cambio con respecto a sus monedas 
nacionales, así como los «países núcleo» de la unión 
monetaria, en los que no existiría tal riesgo. La utiliza­
ción del ecu en operaciones de préstamo contribuiría 
también a su difusión. La economía y el conjunto de la 
problación llegarían así a familiarizarse con el uso del 
ecu a nivel a lo largo de toda la Comunidad. A ello 
podría contribuir el que, durante el tiempo en que el ecu 
circule paralelamente junto a las monedas nacionales, 
se indiquen en ambas monedas los precios, sueldos y 
salarios. 
5.6.9. El ecu se convertiría en moneda única europea, 
en el momento en el que todas las monedas se integraran 
en el bloque monetario estable, es decir, cuando sus 
paridades estuviesen ligadas al ecu con el mismo tipo 
de cambio irrevocable —tras un período transitorio en 
el que se pudieran efectuar reajustes ocasionales. La 
inclusión de las diferentes monedas en dicho bloque 
podría producirse de modo individual y sucesivo, sin 
dramáticos imperativos de plazos, de modo análogo a 
como se han desarrollado hasta ahora las cosas en el 
mecanismo de tipo de cambios del SME. Al mismo 
tiempo, ello se correspondería con una normativa pre­
vista en el apartado 3 del nuevo artículo 109 H del 
Tratado CEE, según la cual aquellos Estados miembros 
para los que rigen disposiciones de excepción no podrán 
impedir ni la fijación de unos tipos de cambio irrevoca­
blemente fijos ni la introducción del ecu. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Fran?ois STAEDELIN