COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 31.01.1996 
COM(96) 26 final 
96/0033 (PRT) 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
relativa al acuerdo marco sobre el permiso parental concluido por 
la UNICE, el CEEP y la CES 
(presentada por la Comisión) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Introducción 
1. La reconciliación entre la vida profesional y familiar es un elemento importante de la 
política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Desde el principio de los 
años 80, la conciliación constituye una prioridad de la Comisión en este ámbito. La 
Comisión presentó el 24 de noviembre de 1983 una propuesta de Directiva del Consejo 
relativa a los permisos parentales y a los permisos por motivos familiares03. El objetivo 
de esta propuesta era conceder a los trabajadores un derecho de permiso mínimo tras el 
nacimiento o adopción de un niño. Preveía también conceder permisos a los trabajadores 
por otros motivos familiares. 
2. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 24 de mayo de 1984. El Parlamento 
Europeo comunicó su opinión el 30 de marzo de 1984, proponiendo 17 enmiendas a la 
propuesta de la Comisión. De conformidad con el artículo 149 del Tratado, la Comisión 
presentó el 15 de noviembre de 1984 una propuesta modifícada(2) al Consejo que incluía 
determinadas modificaciones deseadas por el Parlamento. 
3. El Consejo y los propios Ministros discutieron esta propuesta en distintas ocasiones 
entre 1985 y 1994, pero no pudo obtenerse la unanimidad requerida de acuerdo con su 
fundamento jurídico (artículo 100). À pesar de los debates profundos en el Consejo y el 
consenso amplio que en él se alcanzó, en particular en 1993, no se adoptó la propuesta. 
4. Además de esta propuesta, la Comisión destacó el papel esencial de dicha conciliación 
para la promoción efectiva de la igualdad de oportunidades en el trabajo en una serie de 
textos presentados en estos diez últimos años. Un buen número de estas iniciativas 
obtuvieron el respaldo del Consejo de Ministros(3). 
5. En julio de 1994 la Comisión publicó su Libro Blanco sobre el futuro de la política social 
europea. En dicho documento, la Comisión reafirma su voluntad de progresar en este 
ámbito e indica en los capítulos 3 y 5 que estudiará la posibilidad de una Directiva marco 
relativa a la conciliación que prevea interrupciones de carrera tales como el permiso 
parental. El objetivo de esta propuesta sería alentar la elaboración de nuevos modelos 
mejor adaptados a las necesidades de la sociedad europea y facilitar la integración plena 
de las mujeres en el mercado de trabajo. 
(i) 
(2) 
(3) COM (83) 686 final. 
COM (84) 631 final. 
Citemos a modo de ejemplo el punto 16 de la Carta Comunitaria de los Derechos 
Sociales Fundamentales de los Trabajadores, el tercer Programa de acción a medio plazo 
para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1991-1995) y la 
recomendación del Consejo de 31 de marzo de 1992 sobre el cuidado de los niños y de 
las niñas (DO n° L 123 de 8.5.1992, p.16). 
6. Vista la falta de progresos en el Consejo, la Comisión decidió poner en marcha el 
procedimiento previsto en el artículo 3 del Acuerdo sobre la política social. Así, el 
22 de febrero de 1995 aprobó el inicio de una consulta de los interlocutores sociales en 
virtud del apartadp 2 del artículo 3 de dicho acuerdo sobre la base de un texto que 
recordaba, antes de desarrollarla, los antecedentes de la política de conciliación de la 
Comisión, desde diferentes perspectivas. Después de un periodo de consulta de seis 
semanas, la Comisión recibió diecisiete respuestas. 
7. Las respuestas de los interlocutores sociales mostraron un cierto consenso sobre la 
oportunidad de iniciar una acción bajo una u otra forma en materia de conciliación, según 
las orientaciones que se incluyen en el primer texto de la Comisión. Los interlocutores 
sociales manifestaron muy claramente su apoyo a la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Por lo que respecta a la forma y nivel apropiados 
de la acción que debería emprenderse en este ámbito, se aceptó en general que una 
iniciativa comunitaria podría resultar indicada. En la hipótesis mínima, un texto 
comunitario podría recomendar distintas medidas y normas. Algunos sugirieron también 
elaborar una medida-marco vinculante a escala comunitaria con el fin- de elaborar 
orientaciones destinadas a ser aplicadas a escala nacional, loca! o de empresa. Se 
preconizó también a menudo que los interlocutores sociales tuvieran un cometido activo 
en la elaboración de los principios correspondientes y en su concreción mediante 
negociaciones colectivas. 
8. Tras analizar estas reacciones, la Comisión decidió emprender la segunda consulta de los 
interlocutores sociales, prevista en el apartado 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre la 
política social. El 5 de julio tres organizaciones (UNICE, CEEP y CES) anunciaron su 
intención de entablar negociaciones al respecto, y más concretamente sobre el permiso 
parental. Como resultado de estas negociaciones, las tres organizaciones concluyeron un 
convenio marco el 14 de diciembre, al tiempo que remitieron el acuerdo a la Comisión 
con el ruego de que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre 
la política social, se aplique mediante decisión del Consejo a propuesta de la Comisión. 
Análisis del acuerdo 
9. En su Comunicación relativa al protocolo sobre la política social(4) la Comisión destacaba 
que como guardián de los Tratados, la Comisión elaborará propuestas de decisión que 
someterá al Consejo teniendo en cuenta el carácter representativo de las partes 
contratantes, el mandato de que disponen y la "legalidad" de cada cláusula del convenio 
colectivo respecto al derecho comunitario, así como el respeto de las disposiciones 
relativas a las pequeñas y medianas empresas recogidas en el apartado 2 del artículo 2. 
En cualquier caso, tiene previsto adjuntar a todas las propuestas que someta al Consejo 
en este ámbito una exposición de motivos, así como observaciones y una evaluación del 
acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales. 
(4) COM (93) 600, de 14 de diciembre de 1993. 
3 
carácter representativo de las partes contratantes y su mandato 
10. Las organizaciones partes del acuerdo son la UNICE, el CEEP y la CES. Estas tres 
organizaciones emprendieron en 1985 un proceso autónomo y voluntario conocido como 
diálogo social de "Val Duchesse". Resultado de este diálogo son 14 dictámenes comunes, 
2 recomendaciones y 2 acuerdos. En particular concluyeron un acuerdo significativo en 
octubre de 1991 destinado a definir el papel y lugar del diálogo social en el nuevo marco 
comunitario. Los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre la política social se inspiran 
ampliamente en este acuerdo. 
1J. Las tres organizaciones responden a los criterios siguientes, definidos en la comunicación 
de la Comisión (punto 24): 
son interprofesionales y están organizadas a nivel europeo; 
están compuestas por organizaciones que, a su vez, forman parte integrante y 
reconocida de las estructuras de interlocutores sociales de los Estados miembros, 
tienen capacidad de negociar acuerdos y. son representativas en todos los Estados 
miembros; 
disponen de las estructuras adecuadas que garantizan su participación efectiva en la 
aplicación del Acuerdo sobre la política social 
12. Estas tres organizaciones son las únicas tres organizaciones interprofesionales de carácter 
general conforme al Anexo 2 de la Comunicación de la Comisión. Por otra parte, el 
estudio sobre los interlocutores sociales anexo a la Comunicación llega a cierto número 
de conclusiones por lo que respecta a la represen tati vi dad de las organizaciones 
patronales y sindicales: 
Organizaciones patronales 
12.1 La federación patronal más representativa del conjunto de sectores industriales 
y de las categorías de empresas es la UNICE. En todos los Estados miembros, 
los asociados a la UNICE son con mucho las federaciones patronales 
interprofesionales más representativas. Todos sus afiliados a nivel nacional 
tienen directa o indirectamente un papel en la negociación colectiva, y 
participan en la Conferencia Internacional del Trabajo. El CEEP aporta una 
representación significativa de las empresas públicas o con participación pública 
en los Estados miembros. 
Organizaciones sindicales 
12.2 La confederación general sindical interprofesional más representativa a nivel 
europeo es con mucho la CES. En todos los Estados miembros, sus afiliados 
son las confederaciones sindicales interprofesionales más representativas. Todos 
sus afiliados a nivel nacional tienen directa o indirectamente un papel en la 
negociación colectiva, y participan en la Conferencia Internacional del Trabaje 
13. La Comisión constata que estas tres organizaciones recibieron un mandato específico de 
sus afiliados a escala nacional para la negociación relativa al permiso parental y 
concluyeron en su nombre el convenio marco. Estos mismos afiliados ratificaron el 
convenio marco. 
14. La Comisión dedujo de este examen que estas tres organizaciones cumplen la condición 
de representatividad que se había comprometido a comprobar antes de transmitir su 
propuesta. No obstante, envió el convenio marco a todas las organizaciones sindicales y 
patronales a quienes había consultado o informado previamente y organizó una reunión 
informativa y de diálogo. Algunas organizaciones discutieron el carácter representativo 
de las partes firmantes y afirmaron que el acuerdo no tiene en cuenta los intereses de 
determinados sectores o categorías de empresas. Por el contrario, otras destacaron el 
carácter flexible de las disposiciones del acuerdo, que, una vez incorporado al Derecho 
nacional, permitirá tener en cuenta las necesidades específicas de determinados sectores 
o subsectores. 
ii. 'legalidad" de las cláusulas del acuerdo 
15. La Comisión examinó atentamente cada una de las cláusulas del acuerdo marco y no 
encuentra en las cláusulas substanciales del acuerdo (cláusulas 1, 2 y 3) disposiciones 
contrarias al Derecho comunitario. El hecho de que el acuerdo prevea obligaciones para 
los Estados miembros no cuestiona su legalidad. En efecto, por el contrario, de la 
2a declaración adjunta al Acuerdo sobre la política social(5) se deriva que la segunda 
modalidad de aplicación de los acuerdos entre interlocutores sociales a escala comunitaria 
puede crear obligaciones a los Estados miembros. Las obligaciones impuestas a los 
Estados miembros no derivan directamente del acuerdo entre los interlocutores sociales 
sino de la modalidad de aplicación de dicho acuerdo. En lo que respecta al contenido 
mismo del acuerdo, el epígrafe iv versa sobre la evaluación que del mismo hace la 
Comisión. 
16. La cláusula 4, en lo que se refiere a las normas procesales relativas a la aplicación del 
acuerdo, tiene un carácter diferente. La Comisión, sin modificar estas normas, está 
obligada a proponer al Consejo, en el propio texto del acto que propone al Consejo, las 
disposiciones necesarias para que el convenio marco de los interlocutores sociales sea 
aplicado efectivamente por los Estados miembros de conformidad con el Derecho 
comunitario. 
(5) "Las once Altas Partes Contratantes declaran que la primera modalidad de aplicación de 
los acuerdos celebrados entre interlocutores a escala comunitaria (a la que se hace 
referencia en el apartado 2 del artículo 4) consistirá en desarrollar el contenido de dichos 
acuerdos mediante negociación colectiva y con arreglo a las normas de cada Estado 
miembro, y que, por consiguiente, dicha modalidad no implica que los Estados miembros 
estén obligados a aplicar de forma directa dichos acuerdos o a elaborar normas de 
transposición de los mismos, ni a modificar la legislación nacional vigente para facilitar 
su ejecución." 
iii. respeto de las disposiciones relativas las pequeñas y medianas empresas 
17. El apartado 2 del artículo 2 del Acuerdo sobre la política social prevé que la legislación 
en el ámbito social evitará establecer trabas de carácter administrativo, financiero y 
jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 
18. La situación específica de las PYME es objeto de especial atención en la elaboración del 
texto del acuerdo marco. Así figuran dos referencias explícitas: 
Considerando 12: "considerando que el presente acuerdo tiene en cuenta la necesidad de 
mejorar los requisitos de la política social, fomentar la competí ti vi dad 
de la economía de la Comunidad y evitar establecer trabas de carácter 
administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas." 
Cláusula 2.3.f: "Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales podrán en 
particular (...) autorizar acuerdos particulares para responder a las 
necesidades de funcionamiento y organización de las pequeñas 
impresas." 
19 El acuerdo vela por el respeto de la situación particular de las PYME, autorizando 
explícitamente los Estados miembros y/o a los interlocutores sociales a concluir acuerdos 
particulares. 
20. Además, otras disposiciones del acuerdo marco, aún sin hacer mención expresa de las 
PYME, permitirán adoptar disposiciones nacionales de aplicación que tengan en cuenta 
su situación específica. Tal es en particular el caso de las siguientes disposiciones: 
Cláusula 2 3.a "Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales podrán en 
particular (...) decidir si el permiso parental se concede en jornada 
completa, en jornada parcial, de forma fragmentada o en forma de un 
crédito de tiempo;" 
Cláusula 2.3.e "Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales podrán (...) 
definir las circunstancias en que el empresario (...) estará autorizado 
a retrasar la concesión del permiso parental por motivos justificables 
relacionados con el funcionamiento de la empresa ..." 
Estas dos disposiciones muestran la voluntad de los interlocutores sociales de fomentar 
la introducción de nuevos modos flexibles de organización del trabajo y del tiempo, más 
adaptados a las necesidades cambiantes de la sociedad y que deberían tener en cuenta a 
la vez las necesidades de las empresas y de los trabajadores (considerando 6). 
21. Por consiguiente, la Comisión considera que se respetaron las disposiciones relativas las 
pequeñas y medianas empresas. En la redacción del acuerdo marco los interlocutores 
sociales previeron la posibilidad de tener en cuenta las circunstancias particulares de las 
PYME, en particular en su incorporación a los Derechos nacionales. 
iv. evaluación del acuerdo 
22. La Comisión considera que el permiso parental es un factor importante en el ámbito de 
la reconciliación de la vida familiar y profesional. Constituye también un elemento 
importante en el marco de la introducción de nuevos modos flexibles de organización del 
trabajo y del tiempo. La Comisión consulté por consiguiente a los interlocutores sociales 
en el marco de este enfoque más amplio. 
23. La Comisión suscribe plenamente los objetivos del acuerdo marco de los interlocutores 
sociales y considera que éste es importante por dos conceptos. 
24. Por una parte, las normas mínimas en el ámbito de los permisos parentales son un paso 
importante hacia la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Que los padres compartan responsabilidades familiares constituye un elemento 
esencial de las estrategias destinadas a mejorar la igualdad en el mercado de trabajo e 
incluso puede permitir un aumento del índice de actividad de las mujeres. La 
reconciliación de la vida profesional y familiar debe formar parte de una estrategia a 
largo plazo para promover la participación de las mujeres en la población activa. El 
Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994 concedió prioridad máxima a la 
promoción del empleo y la igualdad de oportunidades, lo que confirmaron los Consejos 
Europeos de Cannes y Madrid. 
25. Por otra parte, la introducción del permiso parental contribuye también a la realización 
de la segunda prioridad fijada en Essen por el Consejo Europeo -la introducción de 
nuevos modos flexibles de organización del trabajo. Esta flexibilidad debe responder a 
las necesidades de las empresas que, frente a la competencia internacional, deben 
aumentar su competitividad. También debe tener en cuenta los intereses de los 
trabajadores, permitiéndoles adaptar mejor su tiempo de trabajo a sus necesidades. Un 
acuerdo entre interlocutores sociales en esta materia, fruto de la negociación entre 
empresarios y trabajadores, resulta el instrumento más conveniente para reconciliar los 
intereses de ambas partes. 
* * * 
26. La Comisión considera que concurren todas las condiciones necesarias para transmitir una 
propuesta destinada a aplicar mediante decisión del Consejo el acuerdo marco entre los 
interlocutores sociales. 
La propuesta de la Comisión 
27. En su Comunicación de 14 de diciembre, la Comisión expresó que si se llega a la 
aplicación de un acuerdo concluido a nivel comunitario mediante una decisión del 
Consejo sobre una propuesta de la Comisión a petición conjunta de los interlocutores 
sociales, el Consejo no tiene posibilidad de modificar el acuerdo. Por ello, la Comisión 
se limitará de proponer en todo caso, tras examinar el acuerdo celebrado entre 
interlocutores sociales, que se adopte una decisión sobre el acuerdo en los términos en 
que ha sido concluido. 
28. Por otra parte, consideró también que la decisión del Consejo deberá limitarse a hacer 
obligatorias las disposiciones del acuerdo concluido entre los interlocutores sociales. A sí, 
el texto del acuerdo no formará parte de la decisión, sino que se adjuntará en Anexo. 
29. Por último, la Comisión anunció que si el Consejo decide, de conformidad con los 
procedimientos expuestos en el último párrafo del apartado 2 del artículo 4, no aplicar 
el acuerdo según lo concluido por los interlocutores sociales, la Comisión retirará su 
propuesta de decisión y examinará, a la luz de los trabajos realizados, si procede proponer 
un instrumento legislativo en el ámbito en cuestión. 
30. La Comisión, por tanto, no incluyó el texto del acuerdo en su propuesta, sino que 
simplemente lo adjuntó en Anexo. Por otra parte, reitera que retirará su propuesta si el 
Consejo modifica el acuerdo marco concluido entre los interlocutores sociales. 
i. fundamento jurídico 
31. El apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social prevé que la aplicación 
de los acuerdos celebrados a nivel europeo se realizará, en los ámbitos sujetos al 
artículo 2, a petición conjunta de las partes firmantes, sobre la base de una decisión del 
Consejo adoptada a propuesta de la Comisión. El acuerdo sobre el permiso parental está 
sujeto a la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a sus oportunidades en 
el mercado laboral trabajo y el trato en el trabajo, que se contempla en el apartado 1 del 
artículo 2 del Acuerdo sobre la política social. Esta materia forma parte de los ámbitos 
en que el Consejo puede decidir por mayoría cualificada. Por consiguiente, el apartado 2 
del artículo 4 constituye el fundamento jurídico apropiado para basar la propuesta de la 
Comisión. 
32. Dicho artículo no prevé la consulta del Parlamento Europeo sobre las solicitudes 
remitidas a la Comisión por los' interlocutores sociales. Conforme al compromiso que 
asumió en su Comunicación, la Comisión mantuvo informado al Parlamento de las 
distintas fases de consulta con interlocutores sociales. Le transmite asimismo la presente 
propuesta para que pueda, si lo considera deseable, comunicar su opinión a la Comisión 
y al Consejo. Idéntica es la situación por lo que se refiere al Comité Económico y Social. 
ii. forma del acto 
33. El término "decisión" tal como se define en el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo 
sobre la política social se refiere a uno de los actos legislativos vinculantes del 
artículo 189 del Tratado. Corresponde a la Comisión proponer al Consejo uno de los tres 
instrumentos vinculantes de dicho artículo (reglamento, directiva o decisión) que sea más 
apropiado. En el caso analizado, vista la naturaleza (acuerdo marco) y el contenido del 
texto de los interlocutores sociales, está claro que dicho acuerdo marco está destinado a 
aplicarse indirectamente por medio de disposiciones que los Estados miembros o los 
interlocutores sociales deberán incorporar en el Derecho interno de los Estados miembros. 
Por ello, en este caso, el instrumento más apropiado para su aplicación es una directiva 
del Consejo. Por otra parte, de conformidad con los compromisos asumidos, la Comisión 
considera que anexarse el texto del acuerdo no debe formar parte de la decisión, sino que 
debe adjuntarse en anexo. 
34. Por lo que respecta a los artículos de su propuesta, la Comisión hace las siguientes 
observaciones: 
artículo 1 
34.1 Este artículo se limita a hacer obligatorio el acuerdo marco entre los 
interlocutores sociales, para permitir su aplicación mediante decisión del 
Consejo en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo 
sobre la política social. 
artículos 2 y 3 
34.2 Estos artículos contienen las disposiciones habituales de transposición a los 
Derechos internos de los Estados miembros. Más concretamente, el apartado 1 
del artículo 2 indica que las disposiciones de la Directiva sólo preverán 
requisitos mínimos, dejando a los Estados miembros la posibilidad de adoptar 
medidas más estrictas en el sector de que se trate. 
34.3 El apartado 2 del artículo 2 consiste en una cláusula de "no regresión" que 
afecta a los Estados miembros que, en el momento de la aprobación de la 
Directiva, tengan un nivel de protección más elevado que el garantizado por el 
acuerdo marco adjunto a la misma. La cláusula en cuestión está destinada a 
conseguir la no regresión del nivel general de protección de los trabajadores a 
causa de la aprobación de la Directiva comunitaria, dejando al mismo tiempo 
la posibilidad a los Estados miembros de adoptar medidas diferentes dictadas 
por su política económico-social, siempre que se respeten los requisitos mínimos 
previstos por el acuerdo marco. En cualquier caso, es evidente que el margen 
de maniobra de los Estados miembros sólo se refiere al nivel de protección por 
encima de la base garantizada por la Directiva. 
34.4 El apartado 3 del artículo 2 consiste en una cláusula de no discriminación, de 
conformidad con el compromiso asumido por la Comisión en su 
Comunicación(6) sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Procede 
también recordar a este respecto la declaración solemne aprobada por los 
interlocutores sociales en Florencia en octubre de 1995 sobre la prevención de 
la discriminación racial y la xenofobia y sobre la promoción de la igualdad de 
oportunidades en el lugar del trabajo. 
34.5 El apartado 4 del artículo 2 impone a los Estados miembros la obligación de 
prever sanciones que tengan carácter efectivo, proporcionado y disuasivo. En 
efecto, en el marco de la aplicación del Derecho comunitario, como en todo 
sistema jurídico, es importante, por una parte, disuadir de infringir el Derecho 
comunitario a todos aquellos sobre quienes recaen obligaciones derivadas del 
mismo y, por otra parte, sancionar debidamente a los que no lo respeten. 
(6) COM (95) 653 final, de 13 de diciembre de 1995. 
9 
Justificación de la Directiva respecto a la subsidiariedad 
35. La propuesta de Directiva del Consejo relativa el acuerdo marco sobre el permiso parental 
concluido por la UNICE, el CEEP y la CES se atiene al principio de subsidiariedad en 
sus dos criterios, es decir, la necesidad y la proporcionalidad tal como se inscriben al 
artículo 3 B del Tratado de Maastricht. 
36. Según el primer criterio, es decir, la necesidad de la acción comunitaria, ésta se justifica 
porque los interlocutores sociales, en el marco del procedimiento previsto por el 
artículo 3 del Acuerdo sobre la política social, han acordado la necesidad de una acción 
comunitaria en la materia y solicitaron la aplicación de su acuerdo, celebrado a escala 
comunitaria, mediante una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión, en virtud 
del apartado 2 del artículo 4 del citado acuerdo. Hay que destacar, otra parte, que "el 
permiso parental" se inscribe entre las medidas para permitir a hombres y mujeres 
reconciliar sus obligaciones profesionales y familiares con el fin de promover la igualdad 
de oportunidades, objetivo al que el Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994 
concedió la máxima prioridad. 
37. Desde el punto de vista de la proporcionalidad, la Directiva del Consejo responde a este 
requisito, en la medida en que se limita a fijar los grandes objetivos que han de lograr 
los Estados miembros, y el contenido de la Directiva no viene fijado por la Comunidad, 
sino por los interlocutores sociales. 
Conclusión 
38 . Se insta al Consejo a adoptar la propuesta de Directiva relativa al acuerdo marco 
sobre el permiso parental concluido por la UNICE, el CEEP y la CES. 
10 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
relativa al acuerdo marco sobre el permiso parental concluido por 
la UNICE, el CEEP y la CES 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Acuerdo sobre la política social, anejo al Protocolo (n° 14) sobre la política social, 
anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su 
artículo 4, 
Vista la propuesta de la Comisión(1), 
Considerando que, sobre la base del Protocolo sobre la política social anejo al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, los Estados miembros, con excepción del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo denominados "Estados miembros"), con 
el deseo de aplicar la Carta Social de 1989, han acordado entre ellos un Acuerdo sobre la 
política social; 
Considerando que los interlocutores sociales, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 
del Acuerdo sobre la política social, pueden pedir conjuntamente la aplicación de los acuerdos 
a nivel comunitario mediante una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión; 
Considerando que el punto 16 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 
Fundamentales de los Trabajadores relativo a la igualdad de trato entre hombres y mujeres 
prevé entre otras cosas que "conviene, asimismo, desarrollar medidas que permitan a hombres 
y mujeres compaginar más fácilmente sus obligaciones profesionales y familiares"; 
Considerando que el Consejo, a pesar de la existencia de un amplio consenso entre la mayoría 
de los Estados miembros, no pudo pronunciarse sobre la propuesta de Directiva del Consejo 
relativa a los permisos parentales y a los permisos por motivos familiares(2), modifícada(3) el 
15 de noviembre de 1984; 
Considerando que la Comisión, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo 
sobre la política social, consultó a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de 
una acción comunitaria en materia de concilicación entre la vida profesional y familiar; 
Considerando que la Comisión, apreciando tras dicha consulta que una acción comunitaria era 
deseable, consultó nuevamente a los interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta 
prevista, de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 de dicho Acuerdo; 
(,) DO n° C 
(2) 
(3) DOn° C 333, de 9.12.1983, p.6. 
DO n° C 316, de 27.11.1984, p. 7. 
11 
Considerando que las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP 
y CES) informaron a la Comisión, mediante carta conjunta de 5 de julio de 1995, de su 
voluntad de iniciar el proceso previsto en el artículo 4 de dicho Acuerdo; 
Considerando que dichas organizaciones interprofesionales concluyeron el 14 de diciembre 
de 1995 un acuerdo marco sobre el permiso parental y que transmitieron a la Comisión su 
petición conjunta de aplicar el acuerdo marco sobre el permiso parental mediante una decisión 
del Consejo a propuesta de la Comisión, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 de 
dicho Acuerdo; 
Considerando que el Consejo, en su resolución de 6 de diciembre de 1994 sobre determinadas 
perspectivas de una política social de la Unión Europea: contribución a la convergencia 
económica y social de la Unión(4), invitó a los interlocutores sociales a aprovechar las 
posibilidades de concluir convenios, puesto que por regla general están más cerca de la 
realidad social y los problemas sociales, y que los miembros del Consejo Europeo cuyo 
Estado participa en el Acuerdo anejo al Protocolo sobre la política social del Tratado se 
congratularon en Madrid por la conclusión de dicho acuerdo marco; 
Considerando que el acto apropiado para la aplicación del acuerdo marco es una Directiva con 
arreglo al artículo 189 del Tratado; que vincula, por tanto, a los Estados miembros en cuanto 
a los objetivos que deben alcanzarse, dejándoles, sin embargo, la elección de la forma y de 
los medios; 
Considerando que, con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio de 
proporcionalidad, enunciados en el artículo 3 B del Tratado, los objetivos de la presente 
Directiva no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y, por 
consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario; que la presente Directiva se limita 
a lo estrictamente requerido para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario a tal 
fin; 
Considerando que la Comisión elaboró su propuesta de Directiva del Consejo teniendo en 
cuenta el carácter representativo de las Partes Contratantes, su mandato, la legalidad de cada 
cláusula del acuerdo marco y el respeto de las disposiciones pertinentes relativas a las 
pequeñas y medianas empresas; 
Considerando que la Comisión, de conformidad con su comunicación relativa la aplicación 
del Protocolo sobre la política social, informó al Parlamento Europeo, enviándole el texto del 
acuerdo, acompañado de su propuesta de Directiva y de la exposición de motivos; 
Considerando que la Comisión informó asimismo al Comité Económico y Social, enviándole 
el texto del acuerdo, acompañado de su propuesta de Directiva y de la exposición de motivos; 
Considerando que las disposiciones de la presente Directiva deben prever requisitos mínimos 
que dejen a los Estados miembros la posibilidad de introducir disposiciones más favorables; 
Considerando que la aplicación de la presente Directiva no puede justificar regresiones en 
relación con la situación actualmente existente en cada Estado miembro; 
(4) DO n° C 368, de 23.12.1994, p 6. 
12 
Considerando que la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 
Trabajadores reconoce la importancia de la lucha contra las discriminaciones en todas sus 
formas, en particular por motivos de sexo, color, raza, opiniones y creencias; que la Comisión 
adoptó, el 13 de diciembre de 1995, una Comunicación sobre el racismo, la xenofobia y el 
antisemitismo(5), y que los interlocutores sociales aprobaron en Florencia en octubre de 1995 
una declaración solemne sobre la prevención de la discriminación racial y la xenofobia y 
sobre la promoción de la igualdad de oportunidades en el lugar del trabajo; 
Considerando que, en virtud del artículo 5 del Tratado, los Estados miembros deben adoptar 
todas las medidas que puedan garantizar el alcance y eficacia del Derecho comunitario y en 
particular, sanciones que tengan un carácter efectivo, proporcionado y disuasivo; 
Considerando que un Estado miembro puede confiar a los interlocutores sociales, a petición 
conjunta de éstos, la aplicación de la presente Directiva, a condición de que adopte todas las 
disposiciones necesarias para poder garantizar, en todo momento, los resultados fijados por 
la presente Directiva; 
Considerando que la aplicación del acuerdo marco contribuye a la realización de los objetivos 
contemplados en el artículo 1 del Acuerdo sobre la política social; 
Considerando que el permiso parental se inscribe en el ámbito de la igualdad entre hombres 
y mujeres en el trabajo contemplado en el apartado 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo y que, 
por consiguiente, el Consejo decide por mayoría cualificada; 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Artículo 1 
El acuerdo marco sobre el permiso parental concluido el 14 de diciembre de 1995 entre las 
organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES), anejo a la 
presente Directiva, será de obligado cumplimiento. 
Artículo 2 
1. Los Estados miembros podrán introducir disposiciones más favorables que las previstas 
en la presente Directiva. 
2. La aplicación de la presente Directiva no constituirá en ningún caso motivo suficiente 
para justificar una reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el 
ámbito por ella cubierto, y ello sin perjuicio del derecho de los Estados miembros o de 
los interlocutores sociales a desarrollar, habida cuenta de la evolución de la situación, 
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales diferentes, en relación con las 
existentes en el momento de la adopción de la presente Directiva, siempre que se respeten 
los requisitos mínimos previstos en la presente Directiva. 
(5) COM (95) 653 final. 
13 
3. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones para la aplicación de la presente 
Directiva, éstas prohibirán toda discriminación por motivos de raza, sexo, orientación 
sexual, color, religión u origen nacional. 
4. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las violaciones 
de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las mismas. Las 
sanciones de este modo previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasivas. Los 
Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión a más tardar en la fecha 
mencionada en el apartado 5 y toda modificación posterior que las afecte en el plazo más 
breve posible. 
5. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de marzo 
de 1998 o se asegurarán de que a más tardar en dicha fecha los interlocutores sociales 
establezcan las disposiciones necesarias mediante acuerdo, adoptando los Estados 
miembros todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los 
resultados fijados por la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la 
Comisión. 
Los Estados miembros, si fuera necesario para tener en cuenta dificultades particulares o la 
aplicación mediante convenio colectivo, podrán disponer como máximo de un año 
suplementario. Informarán inmediatamente a la Comisión de tal circunstancia. 
Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el párrafo primero, 
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia. 
Artículo 3 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
Hecho en Bruselas, el 
Por el Consejo 
El Presidente 
14 
ANEXO 
Acuerdo mareo sobre el permiso parental 
PREÁMBULO 
El acuerdo marco adjunto representa un compromiso de la UNICE, el CEEP y la CES para 
establecer disposiciones mínimas sobre el permiso parental como medio importante para 
conciliar la vida profesional y familiar y promover la igualdad de oportunidades y de trato 
entre hombres y mujeres. 
La CES, la UNICE y el CEEP solicitan a la Comisión que someta este acuerdo marco al 
Consejo para que, mediante una decisión, éste haga vinculantes estas disposiciones mínimas 
en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, con excepción del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
I. Consideraciones generales 
1. Visto el Acuerdo sobre la política social, anejo al Protocolo sobre la política social, anejo 
al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 4 de su 
artículo 3 y el apartado 2 de su artículo 4, 
2. Considerando que el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social prevé 
que los acuerdos concluidos a nivel comunitario se apliquen, a petición conjunta de las 
partes firmantes, sobre la base de una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión, 
3. Considerando que la Comisión ha anunciado su intención de proponer una medida 
comunitaria sobre la conciliación de la vida profesional y familiar, 
4. Considerando que la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 
Trabajadores, en su punto 16 relativo a la igualdad de trato para hombres y mujeres, 
prevé que deben desarrollarse medidas que permitan a éstos compaginar más fácilmente 
sus obligaciones profesionales y familiares, 
5. Considerando que la resolución del Consejo de 6 de diciembre de 1994 reconoce que una 
política efectiva de igualdad de oportunidades presupone una estrategia global e integrada 
que permita organizar mejor los horarios de trabajo, una mayor flexibilidad, así como una 
vuelta más fácil a la vida profesional, y toma nota del importante papel que los 
interlocutores sociales desempeñan en este ámbito y en la oferta a hombres y mujeres de 
una posibilidad de conciliar sus responsabilidades profesionales y sus obligaciones 
familiares, 
6. Considerando que las medidas para conciliar la vida profesional y familiar deben 
fomentar la introducción de nuevos modos flexibles de organización del trabajo y del 
tiempo, más adaptados a las necesidades cambiantes de la sociedad y que deben tener en 
cuenta a la vez las necesidades de las empresas y de los trabajadores 
15 
7. Considerando que la política familiar debe contemplarse en el contexto de los cambios 
demográficos, los efectos del envejecimiento de la población, el acercamiento entre 
generaciones y la promoción de la participación de las mujeres en la vida activa, 
8. Considerando que debe estimularse a los hombres a asumir una parte igual de las 
responsabilidades familiares, por ejemplo, debe estimulárseles a tomar un permiso 
paternal por medios tales como programas de sensibilización, 
9. Considerando que el presente acuerdo es un acuerdo marco que enuncia disposiciones 
mínimas y disposiciones sobre el permiso parental, distinto del permiso de maternidad, 
y sobre la ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor y remite a los Estados 
miembros y a los interlocutores sociales para el establecimiento de las condiciones de 
acceso y las modalidades de aplicación, con el fin de tomar en cuenta la situación de 
cada Estado miembro, 
10. Considerando que los Estados miembros deben prever el mantenimiento de las 
prestaciones en especie pagadas en concepto de seguro de enfermedad durante la duración 
mínima del permiso parental, 
11. Considerando que los Estados miembros deben asimismo, siempre que resulte apropiado 
habida cuenta de las condiciones nacionales y la situación presupuestaria, contemplar el 
mantenimiento, sin modificaciones, de los derechos a las prestaciones de la seguridad 
social durante la duración mínima del permiso parental, 
12. Considerando que el presente acuerdo tiene en cuenta la necesidad de mejorar las 
disposiciones de la política social, fomentar la competí ti vi dad de la economía de la 
Comunidad y evitar establecer trabas de carácter administrativo, financiero / jurídico cue 
obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, 
13. Considerando que los interlocutores sociales son quienes están mejor situados para hallar 
soluciones que correspondan a las necesidades de empresarios y trabajadores y que, por 
consiguiente, se les debe conceder un papel particular en la aplicación del presente 
acuerdo, 
Las partes firmantes han convenido lo siguiente: 
IL Contenido 
Cláusula 1: Objetivo y ámbito de aplicación 
1. El presente acuerdo establece disposiciones mínimas cuyo objetivo es facilitar la 
conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares de los padres que 
trabajan. 
2. El presente acuerdo se aplica a todos los trabajadores, hombres y mujeres, que tengan un 
contrato o una relación de trabajo definida por la legislación, los convenios colectivos o 
los usos vigentes en cada Estado miembro. 
16 
Cláusula 2: permiso paternal 
1. En virtud del presente acuerdo, y sin perjuicio de la cláusula 2.2, se concede un derecho 
individual de permiso parental a los trabajadores, hombres o mujeres, por motivo de 
nacimiento o adopción de un hijo, para poder ocuparse del mismo durante un mínimo de 
tres meses hasta una edad determinada que puede ser de hasta ocho años y que deberán 
definir los Estados miembros o los interlocutores sociales. 
2. Para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, las 
partes firmantes del presente acuerdo consideran que el derecho de permiso paternal 
previsto en la cláusula 2.1 debe concederse, en principio, de manera no transferible. 
3. Las condiciones de acceso y las modalidades de aplicación del permiso parental se 
definirán por ley o convenios colectivos en los Estados miembros de conformidad con 
las disposiciones mínimas del presente acuerdo. Los Estados miembros o los 
interlocutores sociales podrán en particular: 
a. decidir si el permiso parental se concede en jornada completa, en jornada parcial, de 
forma fragmentada o en forma de un crédito de tiempo, 
b. subordinar el derecho de permiso parental a un periodo de trabajo o a una 
antigüedad que no podrá ser superior a un año, 
c. ajustar las condiciones de acceso y las modalidades de aplicación del permiso 
parental a las circunstancias particulares de la adopción, 
d. fijar los periodos de preaviso que debe dar al empresario el trabajador que ejerza su 
derecho de permiso parental, precisando el inicio y el final del periodo del permiso, 
e. definir las circunstancias en que el empresario, previa consulta con arreglo a la 
legislación, los convenios colectivos y los usos nacionales, estará autorizado a 
posponer la concesión del permiso parental por motivos justificables relacionados 
con el funcionamiento de la empresa (por ejemplo, si el trabajo es de tipo estacional, 
si no se puede encontrar un sustituto durante el periodo objeto del preaviso, si una 
proporción significativa de la mano de obra solicita al mismo tiempo un permiso 
parental, si una función determinada es de importancia estratégica). Cualquier 
dificultad resultante de la aplicación de esta disposición deberá resolverse conforme 
a la legislación, los convenios colectivos y los usos nacionales. 
f. además del apartado e. precedente, autorizar acuerdos particulares para responder a 
las necesidades de funcionamiento y organización de las pequeñas empresas. 
4. Con el fin de garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho de permiso 
parental, los Estados miembros o los interlocutores sociales adoptarán las medidas 
necesarias para proteger a los trabajadores contra el despido por motivo de la solicitud 
o toma de permiso parental, conforme a la legislación, los convenios colectivos y los usos 
nacionales. 
5. Al final del permiso parental el trabajador tendrá derecho a ocupar su mismo puesto de 
trabajo o, en caso de imposibilidad, un trabajo equivalente o similar conforme a su 
contrato o a su relación de trabajo. 
17 
6. Los derechos adquiridos o en curso de adquisición por el trabajador en la fecha de inicio 
del permiso parental se mantendrán sin modificaciones hasta el final del permiso parental. 
Al finalizar el permiso parental se aplicarán dichos derechos, incluidos los cambios 
derivados de la legislación, los convenios colectivos o los usos nacionales. 
7. Los Estados miembros o los interlocutores sociales definirán el régimen del contrato o 
de la relación laboral para el periodo de permiso parental. 
8. Todos los asuntos de seguridad social vinculados con el presente Acuerdo deberán ser 
examinados y determinados por los Estados miembros de conformidad con la legislación 
nacional, teniendo en cuenta la importancia de la continuidad de los derechos a las 
prestaciones de seguridad social para los diferentes riesgos, en particular los cuidados 
sanitarios. 
Cláusula 3: ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor 
1. Los Estados miembros o los interlocutores sociales adoptarán las medidas necesarias para 
autorizar a los trabajadores a ausentarse del trabajo, conforme a la legislación, los 
convenios colectivos o los usos nacionales, por motivos de fuerza mayor vinculados a 
motivos familiares urgentes en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable 
la presencia inmediata del trabajador. 
2. Los Estados miembros o los interlocutores sociales podrán precisar las condiciones de 
acceso y las modalidades de aplicación de la cláusula 3.1 y limitar dicho derecho a una 
duración determinada por año o por caso. 
Cláusula 4: disposiciones finales 
1. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más favorables que 
las previstas en el presente acuerdo. 
2. La aplicación de las disposiciones del presente acuerdo no constituirá una justificación 
válida para la regresión del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito 
cubierto por el presente Acuerdo, y ello sin perjuicio del derecho de los Estados 
miembros o de los interlocutores sociales a desarrollar, habida cuenta de la evolución de 
la situación (incluida la introducción de la no transferibilidad), disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales diferentes, siempre que se respeten las disposiciones 
mínimas previstas en el presente Acuerdo. 
3. El presente Acuerdo no constituirá obstáculo al derecho de los interlocutores sociales de 
concluir, al nivel apropiado, incluido el europeo, convenios que adapten o completen sus 
disposiciones con el fin de tomar en cuenta circunstancias particulares. 
18 
4. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la decisión del Consejo a más tardar transcurridos 
dos años desde la adopción de la misma o se asegurarán(*} por que los interlocutores 
sociales establezcan las disposiciones necesarias mediante acuerdo antes de concluido el 
citado periodo. Los Estados miembros, si fuera necesario para tener en cuenta dificultades 
particulares o la aplicación mediante convenio colectivo, podrán disponer como máximo 
de un año suplementario para cumplir dicha decisión. 
5. La prevención y resolución de litigios y querellas que se deriven de la aplicación del 
Acuerdo se tratarán de conformidad con la legislación, los convenios colectivos y los 
usos nacionales. 
6. Sin perjuicio de las funciones respectivas de la Comisión, de los tribunales nacionales y 
del Tribunal de Justicia, todos los asuntos relativos a la interpretación del presente 
Acuerdo a nivel europeo deberán ser remitidos, en primer lugar, por la Comisión a las 
partes firmantes, quienes emitirán un dictamen. 
7. Las partes firmante revisarán la aplicación del presente Acuerdo transcurridos cinco años 
a partir de la fecha de la decisión del Consejo, si una de las partes del mismo así lo 
pidiera. 
Hecho en Bruselas, el 14 de diciembre de 1995 
Fritz Verzetnitsch Antonio Castellano Ayuanet François Perigot 
Presidente de la CES Presidente de la CEEP Presidente de la UNICE 
Emilio Gabaglio Roger Gourvès Zygmunt Tyszkiewicz 
Secretario General de la CES Secretario General del CEEP Secretario General de la UNICE 
CES CEEP UNICE 
Blvd. Emile Jacqmain, 155 Rue de la Charité, 15 Rue Joseph II, 40 
B - 1210 Bruselas B - 1040 Bruselas B - 1040 Bruselas 
(*} Con arreglo al apartado 4 del artículo 2 del Acuerdo sobre la política social del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea. 
19 
FICHA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
IMPACTO DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS 
Y, EN PARTICULAR, LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS (PYME) 
Título de la propuesta: Propuesta de Directiva del Consejo relativa al acuerdo marco sobre 
permiso parental concluido por la UNICE, el CEEP y la CES 
La propuesta 
1. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ¿por qué se necesita una legislación 
comunitaria en este ámbito y cuáles son sus principales objetivos? 
El objetivo de la presente Directiva es aplicar, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social anexo al Tratado, el acuerdo marco 
sobre permiso parental. Dicho artículo prevé la posibilidad de aplicar los acuerdos 
concluidos por los interlocutores sociales mediante una decisión del Consejo a propuesta 
de la Comisión. Las partes firmantes solicitaron conjuntamente a la Comisión que 
presentase una propuesta al Consejo. La Comisión, conforme a su Comunicación^ 
relativa a la aplicación del protocolo sobre la política social, procedió a un triple análisis 
del acuerdo. La Comisión considera que se cumplen todas las condiciones (carácter 
representativo de las partes firmantes, legalidad de las cláusulas del acuerdo y respeto de 
las disposiciones específicas sobre las PYME) y es procedente adoptar su propuesta de 
Directiva del Consejo. El Consejo Europeo de Madrid, por otra parte, se congratuló por 
la conclusión de este acuerdo. 
El impacto sobre las empresas 
2. ¿A quién afectará la propuesta? 
Todas las empresas y todos los trabajadores, con independencia del sector de actividad 
y del tamaño de la empresa, pueden estar afectados por el convenio marco. 
3. ¿Qué medidas deberán adoptar las empresas para ajustarse a la propuesta? 
Se ofrece a las empresas algunas posibilidades de paliar la ausencia de trabajadores con 
permiso parental, las principales de las cuales son las siguientes: 
contratación de un substituto 
repartición del trabajo entre colegas 
no realización del trabajo a la espera del retorno del interesado/a. 
(*) COM (93) 600 final 
20 
4. ¿Qué consecuencias económicas puede tener la propuesta? 
La introducción del permiso parental contribuye también a la realización de la segunda 
prioridad fijada en Essen por el Consejo Europeo -la introducción de nuevos métodos 
flexibles de organización del trabajo. Esta flexibilidad debe responder a las necesidades 
de las empresas que, confrontadas a la competencia internacional, deben aumentar su 
competitividad. También debe tener en cuenta los intereses de los trabajadores, 
permitiéndoles adaptar mejor su tiempo de trabajo a sus necesidades. Un acuerdo entre 
los interlocutores sociales en esta materia, fruto de la negociación entre empresarios y 
trabajadores, parece el instrumento más apropiado para reconciliar los intereses de ambas 
partes. 
La garantía del mantenimiento del empleo que acompaña al permiso parental debería 
normalmente reforzar los vínculos continuos con el mercado de trabajo -mientras que 
anteriormente se habría interrumpido la actividad profesional- en beneficio de los 
trabajadores y de las empresas. Los trabajadores pueden evitar algunos de los costes de 
la reintegración en la vida activa y mantener los beneficios de la experiencia profesional 
adquirida y de la antigüedad en el empleo. Los empresarios conservan la mano de obra 
que han formado y, según cómo sustituyan a los empleados con permiso, no tienen que 
incurrir en gastos para contratar o formar personal nuevo. 
5. La propuesta, ¿contiene medidas que tengan en cuenta la situación específica de las 
pequeñas y medianas empresas (exigencias menores o distintas, etc.)? 
Sí, véanse los apartados 17 a 21 de la exposición de motivos de la propuesta. 
Consulta 
6. Lista de las organizaciones consultadas sobre la propuesta y exposición de los elementos 
básicos de su posición. 
La lista de organizaciones consultadas se encuentra en anexo. Por lo que se refiere a su 
posición, véase punto 14 de la exposición de motivos. 
21 

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ISSN 0257-9545 
COM(96) 26 final 
DOCUMENTOS 
ES 04 
N° de catálogo : CB-CO-96-048-ES-C 
ISBN 92-78-00155-4 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
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