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Comisión administrativa para la seguridad social de los trabajadores migrantes

(2001/C 76/03)

En los costes medios anuales no se tiene en consideración la reducción del veinte % prevista en el apartado 2 de los artículos 94 y 95 del Reglamento (CEE) n° 574/72 del Consejo.

Los costes medios mensuales netos se han reducido un veinte %.

COSTES MEDIOS DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE - 1997(1)

I. Aplicación del artículo 94 del Reglamento (CEE) n° 574/72

Con relación a las prestaciones en especie proporcionadas en 1997 a los miembros de la familia con arreglo al apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, los importes que deben reembolsarse se fijarán a partir de los costes medios siguientes:

>SITIO PARA UN CUADRO>

II. Aplicación del artículo 95 del Reglamento (CEE) n° 574/72

Respecto a las prestaciones en especie proporcionadas en 1997 de conformidad con los artículos 28 y 28 bis del Reglamento (CEE) n° 1408/71, los importes que deben reembolsarse se establecerán a partir de los costes medios siguientes:

>SITIO PARA UN CUADRO>

COSTES MEDIOS DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE - 1998(2)

I. Aplicación del artículo 94 del Reglamento (CEE) n° 574/72

Con relación a las prestaciones en especie proporcionadas en 1998 a los miembros de la familia con arreglo al apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, los importes que deben reembolsarse se fijarán a partir de los costes medios siguientes:

>SITIO PARA UN CUADRO>

II. Aplicación del artículo 95 del Reglamento (CEE) n° 574/72

Respecto a las prestaciones en especie proporcionadas en 1998 de conformidad con los artículos 28 y 28 bis del Reglamento (CEE) n° 1408/71, los importes que deben reembolsarse se establecerán a partir de los costes medios siguientes:

>SITIO PARA UN CUADRO>

COSTES MEDIOS DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE - 1999

I. Aplicación del artículo 94 del Reglamento (CEE) n° 574/72

Con relación a las prestaciones en especie proporcionadas en 1999 a los miembros de la familia con arreglo al apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, los importes que deben reembolsarse se fijarán a partir de los costes medios siguientes:

>SITIO PARA UN CUADRO>

II. Aplicación del artículo 95 del Reglamento (CEE) n° 574/72

Respectos a las prestaciones en especie proporcionadas en 1999 de conformidad con los artículos 28 y 28 bis del Reglamento (CEE) n° 1408/71, los importes que deben reembolsarse se establecerán a partir de los costes medios siguientes:

>SITIO PARA UN CUADRO>

(1) Costes medios en Epaña: DO C 228 de 11.8.1999.

Costes medios en Bélgica, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido: DO C 27 de 29.1.2000.

Costes medios en Alemania, Francia y Austria: DO C 207 de 20.7.2000.

(2) Costes medios en España y Luxemburgo: DO C 27 de 29.1.2000.

Costes medios en Austria y Países Bajos: DO C 207 de 20.7.2000.
11.

Recuerda que la tarea de verificar la conformidad de la legislación de la UE con el principio de subsidiariedad se ha ampliado e incluye funciones para el CDR y los parlamentos regionales con competencias legislativas en estrecha cooperación con los parlamentos nacionales; para que el Comité de las Regiones pueda contribuir más eficazmente a la supervisión de la subsidiariedad y la calidad general de la legislación de la UE, el CDR pide mayores esfuerzos a la hora de: — ejecutar las evaluaciones de impacto territorial en la fase ex ante, — verificar, a escala local, regional y subnacional y en nombre de la UE, la transposición de la legislación de la UE en la fase ex post, — mejorar el mecanismo de alerta temprana ampliando su marco temporal a fin de hacerlo plenamente operativo para las instancias regionales, — reforzar el papel de las asambleas legislativas regionales en el procedimiento de alerta temprana, haciendo obligatoria, y no discrecional, la consulta por los parlamentos nacionales sobre asuntos de competencia regional, — estudiar conjuntamente con los Estados miembros de la UE las posibilidades de otorgar a los parlamentos regionales y subnacionales dotados de competencias legislativas la plena facultad de emitir dictámenes motivados en relación con el principio de subsidiariedad como si se tratara de parlamentos nacionales (véase la Declaración 51 del Tratado de Lisboa);
11.

invita a la UE y a otros donantes internacionales, incluidos cada uno de los Estados miembros, a proporcionar en la primera fase financiación de auxilio inmediato para ayudar a la población ucraniana a superar el próximo invierno con seguridad. En las regiones situadas en primera línea, esta financiación debe destinarse a la ayuda humanitaria (alimentos, combustible, medicamentos, sistemas de agua potable y de tratamiento de agua potable, etc.), la provisión de alojamientos temporales (tiendas de campaña, bloques de viviendas prefabricados, sistemas de calefacción, etc.), la retirada de minas y el apoyo logístico para mantener conectadas estas regiones, así como facilitar los medios de transporte necesarios tales como: autobuses, ambulancias, camiones de bomberos, excavadoras, etc. En regiones relativamente seguras, y en aquellas que se encuentran alejadas del combate, debe prestarse apoyo técnico para contribuir a prestar servicios y a alojar e integrar a las personas desplazadas internamente, para la reubicación de la capacidad industrial y para garantizar la disposición de corredores de transporte para la ayuda humanitaria hacia el interior y las exportaciones ucranianas hacia el exterior;
48.

pone de relieve que la inversión en infraestructuras digitales no es suficiente si no va acompañada de una oferta suficiente de formación y mejora de competencias digitales, especialmente urgente en el ámbito rural. Esta observación es también de gran importancia a la luz del aumento de la ciberdelincuencia mundial y, en particular, de la necesidad de «ciberproteger» suficientemente a las empresas locales que son eslabones de la cadena de suministro de alimentos;
16.

pide a la Comisión que, sobre la base del marco de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, establezca una clasificación del parque edificado con arreglo a criterios funcionales para la realización de los ejes de actuación previstos en la oleada de renovación, tales como: — propiedad: pública, privada (particulares, empresas, fundaciones, autoridades públicas locales, etc.); — uso previsto: residencial, no residencial, etc.; — ubicación: centros urbanos (centro histórico, periferia), pequeños núcleos urbanos, zonas escasamente pobladas; — zona climática; — antigüedad y eficiencia energética del edificio, y sus sistemas energéticos o tecnológicos; — interés arquitectónico, histórico o paisajístico; — dinamismo del mercado inmobiliario (precios y número de contratos de venta o alquiler, densidad residencial, etc.); — riesgo climático: interacción de la exposición económica y social con la vulnerabilidad climática. Esta información deberá ser clasificada por el Observatorio del Parque Inmobiliario de la UE (7), tras lo cual podrá tenerse en cuenta a la hora de formular directrices específicas de actuación dentro de cada categoría, incluyendo un análisis de las principales barreras existentes. La recopilación y divulgación de buenas prácticas permitirá definir «intervenciones modelo» para cada una de estas categorías;
13.

insiste en los numerosos efectos positivos del apoyo brindado por los entes locales al aumento de la producción, el almacenamiento y la utilización de la energía activa, en especial la energía renovable. Por ejemplo, el CDR señala que en el sector del transporte, en particular el transporte urbano e interurbano, es especialmente importante aumentar el uso de biocarburantes sostenibles como solución provisional y, a medio plazo, de la movilidad eléctrica con baterías eléctricas e hidrógeno, así como tomar medidas para abordar las emisiones de CO 2 en el sector del transporte de manera integrada, incluyendo el fomento del transporte público, el uso compartido de vehículos y otras soluciones innovadoras, pues se prevé que el volumen de tráfico aumente, y los motores de combustión seguirán desempeñando un papel significativo a medio plazo. El bioetanol podría ser un ejemplo de biocarburante sostenible como solución provisional de energía activa producida, utilizada y almacenada fácilmente a escala local, que genera subproductos utilizables (como piensos), reduce la dependencia de las importaciones y podría crear un número significativo de puestos de trabajo. Es fundamental que la revisión de las normas sobre ayudas estatales y la Directiva sobre la fiscalidad de la energía no imposibiliten el fomento de la bioenergía sostenible;
opina que los entes locales y regionales deben participar en la elaboración y la gestión de los programas de investigación e innovación ( 6 ) . El peso de la investigación y la innovación en todos los ámbitos de actuación y en diversos sectores de la sociedad difícilmente puede sobrevalorarse; no obstante, también es primordial, en todos los contextos, prestar atención a la importancia de las fuerzas motrices de estos sistemas, que no son únicamente descendentes, sino también ascendentes, para poder cumplir totalmente los objetivos fijados para la agenda renovada y obtener una auténtica consolidación de los ecosistemas. Esto, a su vez, implicaría que la agenda no debe incluir y estimular únicamente la «investigación abierta», sino también la «innovación abierta»;
35.

expresa su preocupación en relación con el derecho de la Comisión Europea a efectuar un control, por motivos de seguridad y orden público, en caso de que una inversión extranjera directa pueda afectar a proyectos o programas de interés para la Unión, dado que este criterio es muy vago y puede abarcar todos los tipos de inversión extranjera directa, y que la lista correspondiente que figura en el anexo no es exhaustiva. Además, no existe una definición clara de seguridad y orden público y, por consiguiente, no hay seguridad jurídica respecto del alcance de las facultades de intervención de la Comisión Europea; esto podría dar lugar a que los Estados miembros ya no pudieran decidir autónomamente sobre las inversiones extranjeras directas por motivos de seguridad y orden público;
40.

confirma el papel importante que desempeña la nube europea, en particular, en el ámbito de la protección del medio ambiente, gracias al almacenamiento de documentos, información y datos en formato digital. No solo es más sencillo almacenar diferentes ficheros y acceder a ellos, sino que, además, el hecho de no tener que imprimirlos contribuye a reducir el uso de papel y, por ende, a proteger el medio ambiente;
3.

Señala que la Comisión ha presentado un texto que no ha sido objeto de una consulta previa a las demás instituciones europeas y que tampoco ha sido objeto de un procedimiento interinstitucional. Cuestiona además la seguridad jurídica que proporciona esta «comunicación interpretativa» habida cuenta de que no es vinculante y el PEC no contemple explícitamente el recurso a un instrumento jurídico de esas características, de modo que es susceptible de ser objeto de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
5.

subraya la importancia de identificar oportunamente las tendencias y los retos mundiales para adaptar de manera adecuada las políticas públicas. A este respecto, acoge con satisfacción varios informes prospectivos realizados por las instituciones europeas y destaca el estudio del CDR titulado Challenges at the Horizon 2025 — Key trends and Impact on the LRAs [Retos de cara a 2025: tendencias clave e impacto en los entes locales y regionales] (1);
34.

es consciente de que se mantiene el riesgo de corte de electricidad. Por consiguiente, el CDR no puede ignorar que, para garantizar la continuidad del suministro eléctrico, deben permitirse algunas ayudas públicas, en primer lugar para el establecimiento de redes energéticas inteligentes que favorezcan la flexibilidad de la producción y el consumo de energía descentralizada, en segundo lugar para el establecimiento de un almacenamiento energéticamente eficaz y, por último, para la construcción de centrales flexibles dedicadas a funciones de equilibrio y que respeten el medio ambiente y el clima. Ahora bien, estas centrales llamadas «de reserva», que podrían necesitar ayudas en forma de compensaciones estatales, no deberían competir con las energías renovables y deberían utilizar las tecnologías más modernas para reducir al mínimo su producción de CO2. En cambio, el CDR considera que la construcción de nuevas centrales eléctricas alimentadas por carbón ya no debería beneficiarse de ayudas estatales. Antes de considerar capacidades de reserva, el CDR recomienda animar más a los consumidores a utilizar la electricidad fuera de los períodos punta. La Comisión estima que hay un margen de maniobra del 10 %;
1.

reconoce que Europa necesita unas fuentes de energía asequibles, neutras en carbono, sostenibles, competitivas a escala global y seguras, lo que no solo representa un reto de envergadura para la Unión Europea, sino que ha hecho necesario que los Estados miembros se lancen a la búsqueda de todo tipo de alternativas, suscitando así un interés considerable en los hidrocarburos no convencionales. Este interés ha ido creciendo a pesar de un marco normativo hasta el momento divergente y descoordinado a nivel de la UE; recuerda no obstante que los hidrocarburos no convencionales no son sostenibles, ni desde el punto de vista del cambio climático ni desde la perspectiva del abastecimiento energético a largo plazo, y entrañan grandes riesgos;
12.

subraya la falta de datos estadísticos fiables sobre los «trabajadores fronterizos», que el Reglamento (CEE) no 1408/71 define como «todo trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que ejerza su actividad profesional en el territorio de un Estado miembro y resida en el territorio de otro Estado miembro, al que regresa en principio cada día o al menos una vez por semana». Según el «Scientific Report on the Mobility of Cross-Border Workers within the EU-27/EEA/EFTA Countries» (Informe científico sobre la movilidad de los trabajadores fronterizos en el seno de los países de la Europa de los Veintisiete, el EEE y la AELC) elaborado por la Comisión Europea en 2009, el número de trabajadores fronterizos en la UE (incluidos los del EEE y la AELC) en 2006/2007 ascendía a alrededor de 780 000. Para los países de la UE-15, el EEE y la AELC el número total de trabajadores fronterizos aumentó un 26 % entre 2000 y 2006/2007;
1.7

observa, no obstante, de manera crítica que, debido al «planteamiento de arriba abajo» en el desarrollo y la aplicación de la Estrategia de Lisboa, no se ha contado con la gran mayoría de las ciudades europeas en la elaboración de los programas nacionales de reforma. Se contó con ellas parcialmente de manera formal, pero no material. Un estudio revela que, en general, se contó más con las ciudades cuando en el Estado miembro correspondiente existía un Ministerio explícitamente responsable de las ciudades (como, por ejemplo, en los Países Bajos), o cuando se trataba de ciudades que a la vez eran regiones (como Berlín, Hamburgo, Viena, etc.). Esta falta de participación del nivel urbano tiene como consecuencia el desaprovechamiento parcial del potencial de las ciudades y de su gran capacidad de crear sinergias de cooperación entre los actores públicos y privados y los agentes sociales. A este mismo resultado llega esencialmente un estudio realizado por el CDR sobre «La contribución de las regiones y ciudades a la aplicación de la asociación de Lisboa para el crecimiento y el empleo: Una encuesta sobre la participación de las regiones y ciudades en la preparación de los programas nacionales de reforma del proceso de Lisboa» (4), según el cual sólo un 17 % de las ciudades y regiones está satisfechas de su participación en la elaboración de los programas nacionales de reforma;
8.

toma nota de que, el pasado 17 de septiembre, la Comisión presentó la publicación concomitante de las directrices para los planes de recuperación y resiliencia ( 3 ) y de la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible. Observa, en este contexto, que: — la Comisión parece proponer ahora una fusión de los planes nacionales de recuperación y resiliencia y de los programas nacionales de reformas, y que ya no tiene la intención de proponer recomendaciones específicas por país; — aunque la Comisión invita a los Estados miembros a describir la naturaleza institucional de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia, así como el papel de sus parlamentos nacionales y regionales, otras autoridades regionales y locales y órganos consultivos nacionales, como los consejos fiscales nacionales y los consejos nacionales de productividad, en el proceso de toma de decisiones que conduce a la adopción o presentación de los planes de recuperación y resiliencia, no requiere la participación de los entes locales y regionales en su preparación; — la dimensión territorial no parece ser una prioridad programática en estos documentos; — la Comisión presenta siete iniciativas emblemáticas (4) en las que se supone que se insertarán los planes de recuperación y resiliencia. Estas iniciativas emblemáticas pueden percibirse como limitaciones adicionales para la programación estratégica de los planes de recuperación y resiliencia. Además, ninguna de estas siete iniciativas emblemáticas aborda la cohesión social, que se ha visto socavada por la pandemia de COVID-19. Propone organizar conjuntamente con la Comisión Europea un «Foro de Recuperación y Resiliencia» para reforzar la participación de las comunidades en el plan de recuperación y evaluar la contribución de dicho plan a la cohesión y a las transiciones ecológica y digital;
Documentos de referencia:

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas, y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 99/2013, (UE) n.o 1287/2013, (UE) n.o 254/2014, (UE) n.o 258/2014, (UE) n.o 652/2014 y (UE) 2017/826 COM(2018) 441 final Anexos a la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas, y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 99/2013, (UE) n.o 1287/2013, (UE) n.o 254/2014, (UE) n.o 258/2014, (UE) n.o 652/2014 y (UE) 2017/826 COM(2018) 441 final, Anexos 1 a 4
Medidas sectoriales: a) promoción de la diversidad, la creatividad y la innovación en el ámbito de la música, en particular fomentando la distribución del repertorio musical en Europa y fuera de ella, impulsando acciones de formación y desarrollo de la audiencia para el repertorio europeo, y promoviendo la recopilación y el análisis de datos. b) acciones focalizadas de promoción de la diversidad, la creatividad y la innovación, en particular, mediante la traducción y la promoción de la literatura europea a nivel transfronterizo en Europa y fuera de ella, la formación y los intercambios de profesionales, autores y traductores del sector, así como el fomento de proyectos transnacionales para la colaboración, la innovación y el desarrollo del sector. c) Apoyo a la arquitectura y el patrimonio cultural: acciones específicas para la movilidad de los operadores, el desarrollo de capacidades, el desarrollo de los públicos y la internacionalización de los sectores del patrimonio cultural y la arquitectura, promoción de Baukultur, apoyo a la salvaguardia, conservación y mejora del patrimonio cultural y de sus valores mediante la sensibilización y la creación de redes, y actividades de aprendizaje entre iguales. d) acciones específicas en favor del desarrollo de los aspectos creativos de los sectores de la moda y el diseño, así como del turismo cultural y su promoción y representación fuera de la Unión Europea.

Medidas sectoriales: a) promoción de la diversidad, la creatividad y la innovación en el ámbito de la música, en particular fomentando la distribución del repertorio musical en Europa y fuera de ella, impulsando acciones de formación y desarrollo de la audiencia para el repertorio europeo, y promoviendo la recopilación y el análisis de datos. b) acciones focalizadas de promoción de la diversidad, la creatividad y la innovación, en particular, mediante la traducción y la promoción de la literatura europea a nivel transfronterizo en Europa y fuera de ella, la formación y los intercambios de profesionales, autores y traductores del sector, así como el fomento de proyectos transnacionales para la colaboración, la innovación y el desarrollo del sector. c) Apoyo a la arquitectura y el patrimonio cultural: acciones específicas para la movilidad de los operadores, el desarrollo de capacidades, el desarrollo de los públicos y la internacionalización de los sectores del patrimonio cultural y la arquitectura, promoción de Baukultur, apoyo a la salvaguardia, conservación y mejora del patrimonio cultural, incluida la cultura popular tradicional , y de sus valores mediante la sensibilización y la creación de redes, y actividades de aprendizaje entre iguales. d) acciones específicas en favor del desarrollo de los aspectos creativos de los sectores de la moda y el diseño, así como del turismo cultural y su promoción y representación fuera de la Unión Europea.
23.

acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión de reforzar la flexibilidad del MFP, lo que sin duda contribuirá a afrontar de forma oportuna los retos nuevos e imprevistos; no obstante, subraya que una mayor flexibilidad en la utilización de los recursos no debe ir en detrimento de la seguridad de la planificación a largo plazo y de la orientación estratégica de los programas, en particular de los que tienen una gestión compartida; por consiguiente, pide que se examine si esta mayor flexibilidad, por lo que conlleva de aumento de las competencias de la Comisión para la redistribución de los recursos, no vulnera el principio de subsidiariedad y la gobernanza multinivel; pide además que se incluya a los entes locales y regionales en la toma de decisiones siempre que se redistribuyan fondos que estén bajo gestión compartida;
18.

sostiene con particular convicción la financiación de acciones a partir de 2014 y solicita que se prevean formas de apoyo ad hoc para proyectos presentados por los entes regionales y locales, en particular para los que representan ámbitos en los que no existe una cobertura pública eficaz del sistema sanitario o que afronten retos demográficos;
10.

señala que no hay directiva sobre la admisión de aprendices remunerados y au pair y que no todos los Estados miembros disponen de un marco jurídico unificado y coherente que encuadre su trabajo. Por otra parte, la gran mayoría de los Estados miembros no ha adoptado el acuerdo sobre los trabajadores a domicilio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entrará en vigor en septiembre de 2013;