ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
3.39

Para el CESE no cabe duda alguna de que es necesario reforzar la protección de los hábitats y poner a disposición los recursos financieros necesarios a tal fin. La Directiva sobre las aves silvestres y la Directiva sobre los hábitats naturales y la fauna y la flora silvestres todavía no han obtenido los resultados esperados en el sentido de garantizar a escala europea la protección de hábitats y especies. A ello, además, se añade –algo que el CESE tiene que considerar con inquietud– que entretanto en los Estados miembros (hasta en el nivel local) se sigue considerando que todo aquello que no tiene estatus de protección comunitaria, sino sólo quizá nacional, es naturaleza de casi segunda clase, aplicando el principio siguiente: si la UE no financia, nosotros tampoco. La situación se presenta aún peor con la protección de la biodiversidad fuera de las zonas de protección: en ellas apenas se observan actividades por parte del sector público. La protección de la biodiversidad, sin embargo, es una tarea que no debe restringirse a unas cuantas zonas protegidas.
2.4.1

Europa está haciendo frente a desafíos sin precedentes en términos de competencia global y potencial de crecimiento, donde se muestra menos eficaz no sólo en comparación con sus competidores tradicionales, sino también con los principales países emergentes. El gasto en I+D registra elevadísimas tasas de crecimiento, en particular, en India y China, con niveles máximos que se aproximan al 20 % anual en China: se calcula que este país alcanzará en 2010 los niveles comunitarios de I+D en relación con el PIB. Muchas empresas europeas invierten en China no sólo por lo reducido de sus costes, sino también por la favorable combinación de una mano de obra bien preparada y de unos mercados amplios y dinámicos para las tecnologías y los productos de alta tecnología (4). Dado que la investigación y la innovación son factores clave para dar respuesta a estos desafíos (5), Europa deberá movilizar los recursos financieros adecuados y toda su capacidad intelectual para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación (6).
2.16

Los recursos forestales europeos (en volumen de troncos por metro cúbico y sin residuos de biomasa) aumentaron aproximadamente en un 30 % con la adhesión en 2004 de los nuevos Estados miembros de la UE. La superficie forestal de la UE se eleva en la actualidad a 140 millones de hectáreas, mientras que la de los países candidatos ronda los 22 millones. La superficie de los bosques de producción (forests available for wood supply o bosques donde las restricciones legislativas, económicas y medioambientales no repercuten considerablemente en la producción de madera) se cifra en 117 millones de hectáreas en los Estados miembros de la UE, y en 19 millones en los países candidatos. El incremento neto anual de las existencias madereras (esto es, el crecimiento bruto menos los descartes naturales) se sitúa en la UE en 560 millones de metros cúbicos. El volumen de tala se elevó en 2002 hasta los 350 millones de m3, de los cuales 41 millones correspondieron a la tala tradicional de leña. La UE importa madera en bruto por un volumen neto aproximado de 25 millones de m3. El 62 % de este crecimiento anual se emplea en la industria y la economía doméstica, y de este porcentaje nada menos que un 7 % corresponde a leña tradicional para uso doméstico. Por su parte, la protección de los bosques y las actividades no silvícolas son responsables de hasta un 10 % de este incremento total
1.4

Los debates se refieren únicamente al impuesto de sociedades, y no a todos los aspectos de la fiscalidad de las empresas. Existen muchos tipos de empresa, como las organizaciones con fines no lucrativos y las fundaciones, y no son los mismos en todos los Estados miembros. La creación de una base imponible común para las sociedades anónimas modifica la relación entre estas y otros tipos de empresas y actividades por lo que se refiere a la imposición sobre los beneficios. Por este motivo, puede ser necesario introducir, a nivel nacional, correcciones al impuesto sobre los beneficios para otros tipos de empresa o actividad. Este aspecto no se trata ni en el grupo de expertos de la Comisión y los Estados miembros ni en el presente dictamen.
3.2.5

En relación con el asesoramiento a los prestatarios, la Comisión plantea dos preguntas. La primera se refiere a una cuestión ampliamente debatida: ¿Debe o no ser obligatorio que el prestamista aconseje sobre la mejor forma de préstamo, la duración, el precio, etc.? La Comisión destaca que un asesoramiento por escrito –como solicitan los consumidores– expone al prestamista a riesgos de tipo jurídico y reclamaciones. Difícilmente un prestamista estará dispuesto a asumirlas, sobre todo teniendo en cuenta que a posteriori les resultaría difícil demostrar que no disponían de todos los elementos de evaluación necesarios ni podían prever las posibles circunstancias futuras. La imposición de la obligación de asesoramiento reduciría en gran medida la oferta del crédito y, por tanto, no es aconsejable. No obstante, no se debe excluir que, debido a la presión ejercida por la competencia, algunos prestamistas o intermediarios decidan ofrecer este servicio a título oneroso o gratuito.
6.3

El CESE, al tratarse esencialmente de normas de procedimiento, no emite observaciones particulares. En cambio, plantea si en las disposiciones de colaboración se han previsto todas las posibilidades que pueden darse en un ámbito que, aunque no es completamente nuevo al existir ya la ventanilla única para la venta a distancia, tiene aspectos de gran complejidad. Ante todo, la ventanilla es virtual y, por lo tanto, no se prevén contactos personales entre los representantes de las administraciones nacionales. Además, el problema mencionado en varias ocasiones de la diversidad lingüística no facilitará la colaboración o, como mínimo, una colaboración eficaz.
Pero, inversamente, esto significa también que no todas las medidas de protección de la naturaleza a escala local son necesariamente de importancia europea y, por tanto, susceptibles de cofinanciación por parte de la UE. Los Estados miembros, las regiones, los municipios, etc., no pueden descargarse de la responsabilidad política y financiera que claramente les incumbe sosteniendo que «si no hay ayudas de la UE no hay protección de la naturaleza». De igual modo, la UE no puede escudarse en la postura de «creamos la posibilidad de financiar medidas con ayuda de los fondos existentes y si los Estados miembros no lo hacen, porque se han fijado otras prioridades, es culpa suya».
4.6.2

La prohibición del uso de OMG en la agricultura ecológica es de particular importancia en el debate actual sobre las normas de coexistencia. Las recomendaciones propuestas en este sentido son aceptables en gran medida. El sector agrícola (convencional y ecológico) que no produce OMG no debe soportar ninguna de las cargas o la pérdida de ingresos que resulten de la utilización de OMG.
b)

en el inciso iv) de la letra e) del artículo 4, sería más conveniente traducir la expresión «where repayment is not to be effected by equal instalments at regular intervals» («si los reembolsos no se escalonaren en importes de igual cuantía y espaciados regularmente») por «escalonadas em prestações iguais e espaçadas de modo regular» en vez de «escalonadas por parcelas de igual montante de modo regular»;
3.5.5.1

Para que pueda aplicarse el diferimiento de la tributación previsto en la Directiva, los elementos patrimoniales transferidos deberán quedar afectados a un establecimiento permanente de la sociedad transmitente, lo que no es el caso cuando una sucursal de una sociedad extranjera se transforma en filial de esa misma sociedad. En este caso, los elementos patrimoniales transferidos quedan afectados, de hecho, a la sociedad beneficiaria (la nueva filial). Cabe señalar, no obstante, que las operaciones de transformación de sucursales en filiales sí entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, ya que se adaptan a sus objetivos y no perjudican los derechos de imposición del Estado miembro afectado (los elementos patrimoniales permanecen bajo la misma competencia fiscal).
(5)

Las obligaciones que el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1338/2001 impone a las autoridades nacionales competentes y a los CNA se supeditan al Derecho penal interno. En concreto, no pueden impedir la utilización o conservación de los billetes presuntamente falsos como prueba en causas penales. En varios Estados miembros esta limitación obstaculiza gravemente la disponibilidad de billetes falsos para los CNA y los BCN que no son CNA.
2.1.3.

El objetivo principal del Eurosistema es mantener la estabilidad de precios (primeras frases del artículo 127, apartado 1, del TFUE, y del artículo 2 de los Estatutos del SEBC, y segunda frase del artículo 282, aparatado 2, del TFUE). La asignación de este objetivo está intrínsecamente vinculada a conceder al Eurosistema un alto grado de independencia, pues el requisito de garantizar la independencia del banco central establecido en el TFUE refleja la opinión generalizada de que la mejor manera de alcanzar el objetivo primordial de mantener la estabilidad de precios es contar con un sistema de banca central totalmente independiente, con una definición precisa de su mandato (15). Según el artículo 282, apartado 1, segunda frase, del TFUE, el Eurosistema dirige la política monetaria de la Unión. En el contexto del artículo 3, apartado 1, letra c), y el artículo 282, apartado 1, del TFUE, la expresión «política monetaria» no debe entenderse en sentido restringido y técnico como referida solo a la función básica del Eurosistema conforme al artículo 127, apartado 2, primer guion, del TFUE. Ese sentido restringido ni se pretende ni se justifica. El BCE entiende la expresión «política monetaria» como referida al título del capítulo 2 del título VIII de la tercera parte del TFUE, y referida por tanto a todas las facultades especiales relacionadas con el euro descritas en las disposiciones pertinentes del TFUE, en particular los artículos 127 y 128 (16).
1.2.

El BCE señala que el deber de consultar se basa no solo en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2494/95 (2), sino también en las disposiciones del Tratado mencionadas anteriormente. El BCE reitera su propuesta reciente de que el considerando 2 del reglamento propuesto del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los índices de precios de consumo armonizados y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 2494/95 (3) refleje la obligación de consultar al BCE cualesquiera actos jurídicos comprendidos en el marco de los IPCA (4).
5.

El BCE celebra especialmente que el reglamento propuesto obligue a los Estados miembros a consultar al Consejo, a la Comisión y al BCE antes de solicitar ayuda financiera a los prestamistas internacionales (13). El BCE considera que las obligaciones de los Estados miembros de la zona del euro que desean obtener ayuda financiera no deben limitarse al intercambio de información. Estos Estados miembros deben analizar las posibilidades disponibles en virtud de los instrumentos financieros existentes en la Unión o en la zona del euro y los servicios ofrecidos por las instituciones financieras y los prestamistas internacionales. El procedimiento reforzado de supervisión propuesto podría mejorarse de varias formas. Se reconoce la naturaleza específica de la ayuda financiera concedida con carácter preventivo (14), pues los Estados miembros que la obtienen están exentos de la supervisión reforzada en tanto no dispongan de la línea de crédito, siempre que el acceso a dicha ayuda con carácter preventivo no esté condicionado a la adopción de nuevas medidas de política. No obstante, la supervisión continuada por la Comisión de las condiciones de acceso establecidas en los instrumentos de ayuda financiera de la Unión e intergubernamentales debe ser también de aplicación a los Estados miembros que hayan obtenido acceso a la ayuda financiera con carácter preventivo, aunque la ayuda no esté vinculada a la adopción de nuevas medidas de política. En cualquier caso, si un Estado miembro considera necesario solicitar ayuda financiera con carácter preventivo, parece justificada una supervisión más estrecha.
7.

Según la directiva refundida propuesta, los SGD deben alcanzar una financiación ex ante del nivel definido como porcentaje de los depósitos admisibles en un período transitorio de 10 años (20). El BCE celebra la introducción expresa de un nivel de financiación ex ante, lo que mejora considerablemente la estabilidad financiera y la igualdad de condiciones, desplazando la carga de la financiación de los SGD a las entidades de crédito miembros de los mismos, es decir, a las entidades que controlan los riesgos asegurados por los SGD. El BCE entiende que el nivel de financiación ex ante es objeto de un debate en el marco del proceso legislativo de la Unión. El BCE recomienda (21) definir el nivel de financiación ex ante por referencia a los «depósitos cubiertos», es decir, los depósitos admisibles que no sobrepasen el nivel de cobertura (22), teniendo en cuenta que los depósitos cubiertos reflejan con más precisión el nivel del pasivo de los SGD que los depósitos admisibles.
Informe Especial no 11/2008 "Gestión de la ayuda comunitaria a las operaciones de almacenamiento público de cereales"

(2009/C 45/05)

El Tribunal de Cuentas Europeo anuncia que acaba de publicar su Informe Especial no 11/2008 "Gestión de la ayuda comunitaria a las operaciones de almacenamiento público de cereales".

El informe puede consultarse o descargarse en el sitio Internet del Tribunal de Cuentas Europeo: www.eca.europa.eu

También puede obtenerse gratuitamente en versión papel y CD-ROM, enviando una petición a la dirección siguiente:

Tribunal de Cuentas Europeo

Unidad "Comunicación e informes"

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxemburgo

Tel. (352) 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

o rellenando una orden de pedido electrónico en EU-Bookshop.

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46.

Los equipos suministrados precisan mantenimiento (incluido el abastecimiento de consumibles) una vez concluidos los proyectos. Este mantenimiento no siempre se llevó a cabo. Recuadro 9 En un caso, las aduanas no contaban con presupuesto para adquirir consumibles para el laboratorio. Otro laboratorio apenas pudo emplearse ya que el beneficiario no disponía de instalaciones adecuadas para utilizar el equipo. Uno de los beneficiarios federales se negó a aceptar un equipo informático por razones internas de carácter burocrático (puesto que no había que pagar por el equipo, ignoraba la forma de anotarlo en el balance general). En otro caso, el beneficiario vendió parte del equipo porque desconocía su utilidad. Parte del mismo no podía utilizarse porque no se disponía de la conexión a Internet necesaria. Algunos aparatos de gimnasia no eran adecuados para el grupo de niños destinatario, pero fueron utilizados por los soldados de una academia militar local.
17.

En sus cuentas anuales definitivas de 2016, la JUR publicó un pasivo contingente por valor de 841 826 146 euros correspondiente a aportaciones ex ante, de los cuales, 800 791 513 euros corresponden a recursos ante las autoridades nacionales de resolución y asuntos judiciales ante tribunales administrativos de los Estados miembros, que se determinaron con arreglo a las declaraciones de las autoridades nacionales de resolución. A continuación, en los cuadros 1 y 2 figuran los detalles y la evolución de dichos importes y el número de recursos y asuntos judiciales hasta el 30 de septiembre de 2017: Cuadro 1 Evolución de los importes controvertidos del pasivo contingente derivados de las aportaciones ex ante al FUR Pasivo contingente derivado de importes controvertidos en euros 30/09/17 31/12/16 31/12/15 — Recursos ante las autoridades nacionales de resolución y asuntos ante tribunales administrativos de los Estados miembros 1 240 045 681 800 791 513 437 125 144 Relativos a aportaciones ex ante de 2015 84 149 051 84 149 051 437 125 144 Relativos a aportaciones ex ante de 2016 596 809 613 716 642 462 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2017 559 087 017 0 0 — Asuntos judiciales presentados ante el Tribunal General del TJUE 180 197 774 41 034 633 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2016 115 676 910 41 034 633 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2017 64 520 864 0 0 Total 1 420 243 455 841 826 146 437 125 144 Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos facilitados por la JUR. Cuadro 2 Evolución de los recursos y número de asuntos derivados de las aportaciones ex ante al FUR Número de recursos, asuntos judiciales y litigios 30/09/17 31/12/16 31/12/15 — Recursos ante las autoridades nacionales de resolución y asuntos ante tribunales administrativos de los Estados miembros 394 261 67 Relativos a aportaciones ex ante de 2015 7 6 67 Relativos a aportaciones ex ante de 2016 256 255 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2017 131 0 0 — Asuntos judiciales presentados ante el Tribunal General del TJUE 13 9 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2016 10 9 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2017 3 0 0 Total 407 270 67 Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos facilitados por la JUR.
14.

Por lo que se refiere a las empresas comunes Artemis y ENIAC, la auditoría de las declaraciones de gastos de los proyectos ha sido delegada a las autoridades financieras nacionales, con arreglo a los acuerdos administrativos en vigor. Artemis y ENIAC recibieron informes de auditoría de las autoridades financieras nacionales, pero no evaluaron sistemáticamente la calidad de dichas auditorías. El Tribunal evaluó las estrategias de auditoría, incluidos informes de auditoría, de tres autoridades financieras nacionales. Las metodologías empleadas no permitían a las empresas comunes calcular un porcentaje de error ponderado fiable ni un porcentaje de error residual. Por consiguiente, el Tribunal llegó a la conclusión de que la información disponible sobre la ejecución de la estrategia de auditoría ex post de las empresas comunes Artemis y ENIAC no era suficiente para determinar si este control clave funcionaba eficazmente (7) y, por lo tanto, emitió una opinión con reservas (8).
Ámbito de competencias de la Unión según el Tratado (Artículos 187 y 188 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)

La Decisión no 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre el Séptimo Programa Marco contempla una contribución de la Unión para el establecimiento a largo plazo de asociaciones público privadas en forma de iniciativas tecnológicas conjuntas que podrían ejecutarse a través de empresas comunes en el sentido del artículo 187 del TFUE. Reglamento (CE) no 219/2007 del Consejo relativo a la constitución de la Empresa Común SESAR, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1361/2008 (DO L 352 de 31.12.2008).
11.

El Instituto redujo el nivel global de prórrogas de créditos comprometidos pasando del 50 % en 2011 al 32 % en 2012. Las prórrogas a 2013 ascienden a 2,5 millones de euros y atañen principalmente al título II (gastos administrativos) con 0,3 millones de euros y al título III (gastos operativos) con 2,1 millones de euros, que representan el 23 % y el 59 % de los créditos comprometidos correspondientes. Las prórrogas del título II se refieren fundamentalmente a los compromisos contraídos al final del ejercicio en relación con el traslado a las nuevas oficinas, que tuvo lugar en enero de 2013. Las prórrogas del título III corresponden primordialmente a los procedimientos de adjudicación pública que tuvieron lugar al final del ejercicio. El Instituto no dispone de un procedimiento formalizado de planificación y supervisión de la adjudicación pública. En particular, su programa anual de trabajo no incluye un calendario de actividades planificadas que defina el alcance y el momento óptimos de las adjudicaciones públicas. Sin embargo, solo el 7 % de los créditos comprometidos prorrogados de 2011 a 2012 no se habían utilizado y debían anularse.
Competencias de la Autoridad [Reglamento (CE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo]

Objetivos a) mejorar el funcionamiento del mercado interior, en particular con un nivel sólido, efectivo y coherente de regulación y supervisión; b) velar por la integridad, la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros; c) reforzar la coordinación de la supervisión internacional; d) evitar el arbitraje regulatorio y promover la igualdad de condiciones de competencia; e) garantizar que los riesgos de crédito y otro tipo están regulados y supervisados de la forma adecuada; f) reforzar la protección del consumidor. Funciones a) contribuir al establecimiento de normas y prácticas reguladoras y de supervisión comunes de alta calidad; b) contribuir a la aplicación coherente de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión; c) estimular y facilitar la delegación de funciones y responsabilidades entre autoridades competentes; d) cooperar estrechamente con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) (1); e) organizar y llevar a cabo evaluaciones inter pares de las autoridades competentes; f) supervisar y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de competencia; g) realizar análisis económicos de los mercados para sustentar el desempeño de las funciones que le incumben; h) promover la protección de los depositantes e inversores; i) contribuir al funcionamiento consecuente y coherente de los colegios de supervisores, la gestión, evaluación y medición del riesgo sistémico, la elaboración y coordinación de planes de rescate y resolución, ofrecer un elevado nivel de protección a depositantes e inversores en toda la Unión y elaborar métodos para la resolución de las entidades financieras en quiebra y una evaluación de la necesidad de instrumentos de financiación adecuados; j) cumplir cualquier otra de las funciones específicas previstas en el presente Reglamento o en otros actos legislativos; k) publicar en su sitio internet y actualizar periódicamente la información relativa a su sector de actividad; l) asumir, cuando corresponda, todas las funciones vigentes y actuales del Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CSBE).
15.

El Tribunal observó que era necesario mejorar la transparencia de los procedimientos de selección del personal. Los miembros del comité de selección no siempre cumplimentaron su correspondiente declaración de ausencia de conflictos de interés, o no lo hicieron en el plazo requerido, ni consta que se hubieran adoptado medidas para abordar los posibles problemas surgidos a raíz de dichas declaraciones. Los trabajos del comité de selección no siempre estaban suficientemente documentados y no existen pruebas que acrediten el método de preselección de candidatos ni que las preguntas de las pruebas escritas y orales se hubieran definido antes de su celebración.
18.

La Empresa Común no aplicó plenamente sus sistemas de control interno y de información financiera durante 2010. En particular, es preciso proseguir con el trabajo sobre la verificación operativa de las declaraciones de gastos, la garantía que ofrecen los certificados de las autoridades nacionales y la estrategia de auditoría ex post, que constituyen elementos importantes del sistema de control interno de la Empresa Común.
15.

Los procedimientos de selección de personal adolecieron de deficiencias. Los anuncios de vacantes no precisaban los límites ni el número máximo de candidatos que podían inscribirse en las listas de reserva, ni tampoco el período de validez de estas. Las decisiones del tribunal no estaban suficientemente justificadas ni documentadas. En un procedimiento de selección, se entrevistó a dos candidatos pese a no haber sido «invitados a la entrevista», y uno de ellos fue contratado por la Agencia.