22. 2. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 43/7 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta de Directiva del Consejo relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los 
valores mobiliarios 
COM(88) 778 final — SYN 176 
(Presentada por la Comisión el 3 de enero de 1989) 
(89/C 43/10) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, su artículo 57, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que la presente Directiva debe constituir 
un instrumento esencial para la plena realización del 
mercado interior, conforme a lo estipulado por el Acta 
Única Europea y de acuerdo con el calendario fijado en 
el Libro Blanco de la Comisión, en lo que se refiere a la 
libertad de establecimiento y a la libre prestación de ser­
vicios financieros en el ámbito de las empresas de inver­
sión. 
Considerando que el enfoque adoptado está encaminado 
a lograr únicamente el grado esencial de armonización 
que sea necesario y suficiente para garantizar el recono­
cimiento mutuo de las autorizaciones y de los sistemas 
de supervisión, posibilitando así la aplicación del princi­
pio de control por parte del país de origen y la concesión 
de una única autorización con validez en toda la Comu­
nidad; 
Considerando que es necesario, por razones de compe­
tencia leal, garantizar que las empresas de inversión no 
bancarias gocen de la misma libertad para el estableci­
miento de sucursales y la prestación de servicios a escala 
transfronteriza que la que se contempla en la propuesta 
de Segunda Directiva del Consejo con respecto a las en­
tidades de crédito; 
Considerando que es, asimismo, necesario y oportuno li­
beralizar el acceso a las bolsas de valores y a los merca­
dos de futuros y de opciones de los Estados miembros de 
acogida, de las empresas de inversión autorizadas a desa­
rrollar las citadas actividades en sus Estados miembros 
de origen; 
Considerando que la responsabilidad de la solvencia fi­
nanciera de una empresa de inversión recaerá sobre las 
autoridades competentes de su Estado miembro de ori­gen; que, a fin de que dichas autoridades competentes 
puedan asumir plenamente su responsabilidad, será nece­
saria una nueva Directiva que coordine las normas en 
materia de riesgo de mercado; 
Considerando que para la creación del mercado interior 
es fundamental que los supervisores del país de origen 
efectúen el seguimiento de todos los aspectos de la acti­
vidad que la empresa de inversión ejerza en los Estados 
miembros de acogida, tanto si dicha actividad consiste en 
la prestación de servicios como si se trata de la creación 
de sucursales; 
Considerando que corresponderá a los Estados miembros 
velar por que no se obstaculice el ejercicio, con arreglo a 
las técnicas financieras del Estado miembro de origen, de 
las actividades a que se refiere la presente Directiva, 
siempre que las citadas técnicas financieras no vulneren 
las disposiciones s,obre la protección del interés público 
del Estado miembro de acogida; 
Considerando que tanto la solicitud de autorización de 
una filial como la adquisición de participaciones en ella 
por parte de una empresa matriz que se rija por el Dere­
cho de un tercer país están sujetas a un procedimiento 
cuyo propósito es garantizar que se conceda reciproci­
dad de trato a las empresas de inversión comunitarias en 
el tercer país en cuestión; 
Considerando que para lograr un funcionamiento armó­
nico del mercado interior de servicios financieros será 
necesaria, además de normas jurídicas comunes, una es­
trecha y asidua colaboración entre las autoridades com­
petentes de los Estados miembros; 
Considerando que un Comité de Contacto será el foro 
adecuado para debatir y consultar cuantos problemas 
surjan en relación con las empresas de inversión; 
Considerando que será necesario, a fin de facilitar la 
consecución de los objetivos contemplados en la presente 
Directiva y de adaptarse al rápido desarrollo de los mer­
cados financieros nacionales e internacionales, introducir 
un procedimiento para la adaptación de determinados 
aspectos técnicos; que, habida cuenta de la importancia 
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que reviste dicha adaptación y de las dificultades que 
comporta, la variante a) del procedimiento III, tal como 
se define en el artículo 2 de la Decisión 87/373/CEE del 
Consejo (') se considera la más adecuada, 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
TÍTULO I 
Definiciones y ámbito de aplicación 
Artículo 1 
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
— «Entidad de crédito»: una entidad de crédito tal y 
como se define en el primer guión del artículo 1 de la 
Directiva 77/780/CEE (2); 
— «Empresa de inversión»: toda persona física o jurídica 
cuya ocupación consista en ejercer una o más de las 
actividades que se enumeran en el Anexo de la pre­
sente Directiva; 
— «Estado miembro de origen»: 
— cuando la empresa de inversión sea una persona 
física, el Estado miembro donde dicha persona 
tenga su residencia; 
— cuando la empresa de inversión sea una persona 
jurídica, el Estado miembro donde tenga su do­
micilio social o, en caso de no tener domicilio so­
cial, el Estado miembro donde esté situada su 
sede central. 
— «Estado miembro de acogida»: Estado miembro en el 
cual una empresa de inversión tenga sucursal o preste 
servicios; 
— «Sucursal»: establecimiento que constituye una parte 
jurídicamente dependiente de una empresa de inver­
sión y que presta un servicio de inversión para cuyo 
ejercicio la empresa de inversión ha recibido la opor­
tuna autorización; 
— «Participación cualificada»: la posesión, directa o indi­
recta, en una empresa de inversión de acciones que 
representen, como mínimo, el 10 % del capital o de 
los derechos de voto o que permitan el ejercicio de 
una influencia notable sobre la misma, entendiendo 
esto último con arreglo a lo que se define en el artí­
culo 33 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo (J); 
— «Empresa matriz»: empresa matriz tal y como se de­
fine en los artículos 1 y 2 de la Directiva 
83/349/CEE; 
(') DO n° L 197 de 18. 7. 1987, p. 33. 
O DO n° L 322 de 27. 12. 1977, p. 30. 
(5) DO n° L 193 de 18. 7. 1983, p. 1. — «Filial»: empresa filial tal y como se define en los ar­
tículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE. 
Artículo 2 
La presente Directiva se aplicará a todas las empresas de 
inversión. No obstante, a las empresas de inversión que 
sean entidades de crédito sólo les serán de aplicación los 
artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 21. 
Artículo 3 
Los Estados miembros impondrán la obligación de que 
las empresas de inversión que sean personas jurídicas 
tengan su sede central en el mismo Estado miembro en 
que esté situado su domicilio social. 
TÍTULO II 
Armonización de las condiciones de autorización 
Artículo 4 
1. Las empresas de inversión que deseen ejercer una o 
más de las actividades mencionadas en el Anexo, en uno 
o en varios Estados miembros, deberán recibir la opor­
tuna autorización en su Estado miembro de origen antes 
de iniciar dichas actividades. La autorización será conce­
dida por las autoridades competentes del Estado miem­
bro de origen, nombradas con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 14. A partir del momento en que se conceda 
la mencionada autorización, la empresa de inversión po­
drá ejercer la actividad de que se trate, así como cual­
quier otra actividad que se derive de aquélla. 
2. Sin perjuicio de otras condiciones de aplicación ge­
neral establecidas por el correspondiente Derecho in­
terno, las autoridades competentes sólo podrán conceder 
la autorización cuando: 
— la empresa de inversión cuente con recursos financie­
ros iniciales suficientes en función de las característi­
cas de la actividad de que se trate; 
— las personas que dirijan de hecho las operaciones de 
la empresa de inversión sean \ó suficientemente acre­
ditadas y expertas; 
— las personas que cuenten con participaciones cualifi­
cadas en la misma tengan la honorabilidad suficiente. 
3. Los Estados miembros impondrán la obligación de 
que las solicitudes de autorización se acompañen de un 
plan de actuación en el que se especifique, entre otras 
cosas, el tipo de operaciones que se desea realizar y la 
estructura organizativa de la empresa de inversión. 
4. En los tres meses siguientes a la presentación de 
una solicitud completa, deberá notificarse al solicitante si 
se concede o no la autorización. En el caso de que no se 
conceda dicha autorización, la notificación será debida­
mente motivada. Si transcurridos seis meses desde la fe­
cha de presentación de una solicitud completa no se hu­
biese efectuado notificación alguna, se entenderá dene­
gada la concesión de la autorización. 
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5. La autorización a la que se refiere el apartado 1 no 
será necesaria cuando la empresa de inversión sea una 
entidad de crédito cuya autorización como entidad de 
crédito por las autoridades competentes especificadas en 
el artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE incluya la au­
torización para ejercer la actividad de inversión de que 
se trate. 
6. Las autoridades competentes podrán retirar a una 
empresa de inversión la autorización concedida única­
mente cuando dicha empresa: 
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce 
meses, renuncie a ésta expresamente o haya cesado de 
ejercer su actividad durante un período superior a seis 
meses, si en el correspondiente Estado miembro no 
existiere alguna disposición que establezca la retirada 
de la autorización en dichos supuestos; 
b) haya obtenido la autorización valiéndose de falsas de­
claraciones o de cualquier otra irregularidad; 
c) deje de reunir las condiciones bajo las cuales se con­
cedió la autorización; 
d) deje de poseer los recursos financieros suficientes o 
no ofrezca garantías de poder cumplir con sus obliga­
ciones frente a sus acreedores y, en especial, si ya no 
puede garantizar los activos que le hayan sido confia­
dos; 
e) incurra en alguno de los supuestos previstos en el co­
rrespondiente Derecho interno que motiven la reti­
rada de la autorización. 
Artículo 5 
Los Estados miembros no aplicarán a las sucursales de 
las empresas de inversión que tengan su domicilio social 
fuera de la Comunidad, ni en el momento de iniciar su 
actividad ni posteriormente en el desarrollo de su ejerci­
cio, disposiciones que supongan un trato más favorable 
para dichas sucursales que para las sucursales de empre­
sas de inversión cuyo domicilio social esté situado en un 
Estado miembro. 
Artículo 6 
1. Toda solicitud de autorización de una filial cuya 
empresa matriz se rija por el Derecho de un tercer país, 
así como de adquisición de una participación en aquélla, 
tal y como se define en el apartado 3, estará sujeta al 
procedimiento establecido en el presente artículo. 
2. Las autoridades competentes del Estado miembro 
de que se trate informarán a las autoridades competentes 
de los demás Estados miembros y a la Comisión de la 
solicitud de autorización. 
3. Del mismo modo, al ser informadas, de conformi­
dad con lo dispuesto en el artículo 7, que una empresa 
sujeta al Derecho de un tercer país tiene la intención de 
adquirir participación en una empresa de inversión co­
munitaria, tras lo cual esta última pasaría a ser su filial, 
las autoridades competentes del Estado miembro de que 
se trate informarán de ello a las autoridades competentes 
de los demás Estados miembros, así como a la Comisión. 
4. Las autoridades competentes del correspondiente 
Estado miembro deberán aplazar su decisión, en lo que 
se refiere a las solicitudes mencionadas en los apartados 1 y 3, hasta una vez concluido el procedimiento previsto 
en los apartados 5 y 6. 
5. La Comisión examinará, en el plazo de tres meses a 
contar desde la fecha de recepción de la información a 
que se refieren los apartados 2 y 3, si todas las empresas 
de inversión comunitarias gozan de un trato de recipro­
cidad, en particular en lo que respecta al establecimiento 
de filiales o a la adquisición de participaciones en empre­
sas de inversión del tercer país de que se trate. 
6. Si la Comisión considerare que no existen garantías 
de reciprocidad, podrá prorrogar el aplazamiento de la 
decisión a que se refiere el apartado 4, con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 20. 
7. La Comisión presentará al Consejo las oportunas 
propuestas encaminadas a conseguir la reciprocidad con 
el tercer país de que se trate. 
TÍTULO III 
Armonización de las condiciones para el ejercicio de la 
actividad de las empresas de inversión 
Artículo 7 
1. Los Estados miembros impondrán la obligación de 
que toda persona física o jurídica que tenga la intención 
de adquirir una participación cualificada en una empresa 
de inversión comunitaria informe de ello, previamente, a 
las autoridades competentes, indicando el volumen de la 
participación. Tales personas deberán, asimismo, infor­
mar a las autoridades competentes cuando se proponga 
aumentar su participación cualificada, a consecuencia de 
lo cual la empresa de inversión comunitaria pasaría a ser 
una filial. Las autoridades competentes determinarán si 
dichas personas reúnen las condiciones apropiadas. 
2. Las empresas de inversión facilitarán anualmente a 
las autoridades competentes del Estado miembro de ori­
gen los nombres de los principales accionistas y socios a 
que se refiere el apartado 1, así como el volumen de su 
participación cualificada, de acuerdo con los nombres 
que figuran en la lista de asistentes a la junta general 
anual de accionistas y socios, o de los datos obtenidos 
como consecuencia del cumplimiento de las normas a 
que están sujetas las sociedades que cotizan en las bolsas 
de valores. 
3. Los Estados miembros impondrán la obligación de 
que, cuando las personas a las que se refiere el apar­
tado 1 ejerzan su influencia de tal manera que pueda re­
sultar en detrimento de una gestión prudente y sólida de 
las actividades de la empresa de inversión, las autorida­
des competentes adopten las medidas oportunas para po­
ner fin a dicha situación. Dichas medidas podrán consis­
tir, en particular, en requerimientos, sanciones a los con­
sejeros y directivos o la suspensión de los derechos de 
voto correspondientes a las acciones que posean los ac­
cionistas o socios de que se trate. 
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Artículo 8 
1. Las autoridades competentes del Estado miembro 
de origen impondrán la obligación de que las empresas 
de inversión que autoricen cumplan, en todo momento, 
las condiciones a las que se refiere el apartado 2 del artí­
culo 4. Cuando las circunstancias lo requieran, las auto­
ridades competentes podrán conceder a las empresas de 
inversión un determinado y limitado período de tiempo, 
con el fin de que repongan sus recursos financieros ini­
ciales hasta el mínimo acordado. Las autoridades compe­
tentes de dicho Estado miembro impondrán, asimismo, la 
obligación de que las empresas de inversión que autori­
cen establezcan la provisión suficiente frente a los riesgos 
de mercado, con arreglo a lo que se establezca en una 
futura Directiva de coordinación. 
2. La supervisión del cumplimiento de las condiciones 
a las que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será de la 
exclusiva competencia normativa de las autoridades com­
petentes del Estado miembro de origen, independiente­
mente de que la empresa de inversión establezca o no 
una sucursal o preste servicios en otro Estado miembro. 
Articulo 9 
1. Los Estados miembros establecerán las normas cau­
telares que deberán observar, en todo momento, las em­
presas de inversión autorizadas por sus autoridades com­
petentes. La supervisión de dichas normas cautelares 
será de la exclusiva competencia de las autoridades com­
petentes del Estado miembro de origen, independiente­
mente de que la empresa de inversión establezca o no 
una sucursal o preste servicios en otro Estado miembro. 
Dichas normas impondrán la obligación de que la em­
presa de inversión: 
— emplee procedimientos administrativos y contables 
eficaces, y cuente con mecanismos de control in­
terno; 
— tome las medidas pertinentes a fin de que los valores 
mobiliarios propiedad de los inversores y los suyos 
propios estén claramente diferenciados y de que los 
fondos propiedad de los inversores se consignen en 
una cuenta o cuentas independientes y diferenciadas 
de la cuenta de la propia empresa; 
— participe en un fondo general de garantía destinado a 
proteger a aquellos inversores que no puedan ver sa­
tisfechos sus derechos, como consecuencia de quiebra 
o incumplimiento de la empresa de inversión, o bien 
tome medidas independientes que garanticen a los in­
versores un grado de protección equivalente. A la es­
pera de una posterior armonización de los fondos de 
garantía, las sucursales de las empresas de inversión 
se someterán al fondo de garantía que esté en vigor 
en el Estado miembro de acogida, a condición de que 
el pago o aportación a dicho fondo se calcule en fun­
ción de los ingresos obtenidos a través de la actividad 
de inversión realizada en el mencionado Estado; 
— facilite a las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen la información que soliciten y con 
la frecuencia que las mismas establezcan (no inferior 
a un trimestre) para que puedan evaluar su solvencia 
financiera, incluida la adecuación de sus provisiones 
al riesgo de mercado; — tome las medidas necesarias para que se lleven los 
oportunos registros de las operaciones realizadas, y 
que deberán permitir, como mínimo, que las autori­
dades del Estado miembro de origen puedan supervi­
sar el cumplimiento de las normas cautelares de cuya 
aplicación son responsables, incluidas las normas re­
lativas al riesgo de mercado. Dichos registros se de­
berán conservar por el espacio de tiempo que deter­
minen las autoridades competentes; 
— se organice de manera que los posibles conflictos de 
intereses que surjan entre la empresa y sus clientes o 
entre dos de sus clientes se reduzcan al mínimo. 
2. Cuando las disposiciones que se recogen en el apar­
tado 1 no resulten adecuadas a la naturaleza del servicio 
de inversión de que se trate, los Estados miembros po­
drán realizar las modificaciones que resulten necesarias, 
o dejar aquéllas sin efecto. 
3. Los Estados miembros podrán dejar sin efecto lo 
dispuesto en el segundo y tercer guión del apartado 1, 
cuando el servicio vaya destinado a inversores empresa­
riales o profesionales. 
TÍTULO IV 
Disposiciones relativas al libre establecimiento y la libre 
prestación de servicios 
Artículo 10 
1. Los Estados miembros de acogida garantizarán 
que, como mínimo, las actividades cuya lista figura en el 
Anexo y cualquier otra actividad que pueda derivarse de 
ellas, puedan ser ejercidas en su territorio de conformi­
dad con las disposiciones de los artículos 11, 12 y 13, 
mediante el establecimiento de una sucursal o a través de 
la prestación de servicios, por cualquier empresa de in­
versión autorizada por las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen, de acuerdo con las disposi­
ciones de la presente Directiva, y cuya autorización no 
prohiba el ejercicio de tales actividades. 
2. Los Estados miembros de acogida no podrán con­
dicionar el establecimiento de sucursales o la prestación 
de servicios a que se refiere el apartado 1, a la solicitud 
de autorización, ni a la obligación de aportar un capital 
de dotación, o a cualquier otra medida de similares efec­
tos. 
3. Los Estados miembros de acogida garantizarán que 
las empresas de inversión autorizadas a prestar servicios 
de corretaje, intermediación o creación de mercado en 
sus Estados miembros de origen puedan gozar a la hora 
de efectuar sus operaciones de todos los privilegios nor­
malmente reservados a los miembros de las bolsas y mer­
cados reconocidos de valores mobiliarios de aquellos Es­
tados miembros de acogida que presten el mismo tipo de 
servicios. 
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4. A fin de poder cumplir con lo dispuesto en el apar­
tado 3, los Estados miembros de acogida garantizarán 
que las empresas de inversión a que se refiere el mencio­
nado apartado tengan la opción de convertirse en miem­
bros de las bolsas y mercados reconocidos de valores 
mobiliarios del Estado miembro de acogida, estable­
ciendo en dicho Estado miembro una sucursal o una fi­
lial que cumpla con las normas a que están sujetas la es­
tructura y organización de las bolsas y mercados recono­
cidos de valores mobiliarios, o adquiriendo una empresa 
ya existente que sea miembro de los mismos. 
5. A la espera de una posterior armonización, los Es­
tados miembros de acogida que no acepten a las entida­
des de crédito como miembros de sus bolsas o mercados 
reconocidos de valores mobiliarios no estarán obligados 
a aceptar como miembros a aquellas sucursales de las 
empresas de inversión a que se refiere el apartado 3 que 
sean entidades de crédito. 
6. Del mismo modo, los Estados miembros de acogida 
garantizarán que las empresas de inversión autorizadas a 
negociar con futuros y opciones en su Estado miembro 
de origen puedan contar con toda la gama de medios 
disponibles en los mercados de futuros y opciones del 
Estado miembro de acogida, en las mismas condiciones 
previstas en los apartados 3, 4 y 5. 
Articulo 11 
1. Toda empresa de inversión que desee establecer 
una sucursal en el territorio de otro Estado miembro de­
berá notificarlo a las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y del correspondiente Estado miem­
bro de acogida. Simultáneamente, dicha empresa deberá 
enviar a las autoridades del Estado miembro de acogida: 
a) un certificado de las autoridades competentes del Es­
tado miembro de origen, indicando que la empresa de 
inversión está debidamente autorizada en el mismo a 
prestar el servicio de inversión propuesto y que, ade­
más, cumple las condiciones impuestas por la presente 
Directiva; 
b) un plan de actuación en el que se determine, entre 
otras cosas, el tipo de actividad que se desee ejercer y 
la estructura organizativa de la sucursal; 
c) el nombre de las personas responsables de la dirección 
de la sucursal; 
d) una dirección en el Estado miembro de acogida en la 
que puedan solicitarse documentos. 
2. Toda empresa de inversión podrá establecer una su­
cursal en el territorio de ese otro Estado miembro trans­
currido un mes a partir de la fecha de la notificación a la 
que se refiere el apartado 1. 
3. Toda empresa de inversión que desee realizar al­
guna modificación de la información notificada con arre­
glo al apartado 1, deberá comunicarla por escrito a las 
autoridades competentes del Estado miembro de acogida 
como mínimo un mes antes de efectuarla. Si fuera nece­
sario, dichas autoridades podrán decidir que es improce­dente, por razones de interés público, que la empresa de 
inversión lleve a cabo cualquier otra actividad que hu­
biera previsto, aunque no esté prohibida de acuerdo con 
las condiciones de autorización de su Estado miembro de 
origen, pero que no figure en la lista del Anexo. 
Artículo 12 
1. Toda empresa de inversión que desee ejercer por 
primera vez la libre prestación de servicios en el territo­
rio de otro Estado miembro notificará a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen y del Estado 
miembro de acogida qué actividades, entre las que figu­
ran en la lista del Anexo, desea llevar a cabo. 
2. La empresa de inversión podrá comenzar a prestar 
dichos servicios y cualquier otra actividad que pueda de­
rivarse de ellos en el Estado miembro de acogida trans­
currido un mes a partir de la fecha de notificación. 
Artículo 13 
1. Si las autoridades competentes del Estado miembro 
de acogida comprobasen que una empresa de inversión 
que tenga una sucursal o preste servicios en su territorio 
no respeta las disposiciones legales en vigor en dicho Es­
tado miembro y que se justifican por razones de interés 
público, dichas autoridades exigirán a la empresa de in­
versión que ponga fin a la situación de irregularidad. 
2. Si la empresa de inversión de que se trate no regu­
lariza su situación, la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida informará en consecuencia al Es­
tado miembro de origen. Las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen tomarán, a la mayor bre­
vedad posible, las medidas oportunas para garantizar que 
la empresa de inversión ponga fin a la situación irregu­
lar, comunicando la naturaleza de dichas medidas a la 
autoridad competente del Estado miembro de acogida. 
3. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado 
miembro de origen con arreglo a lo dispuesto en el apar­
tado 2, o porque éstas no resulten eficaces o debido a 
que dicho Estado miembro no adopte ninguna medida, 
la empresa de inversión sigue violando las disposiciones 
legales a que se refiere el apartado 1 y que estén en vigor 
en el Estado miembro de acogida, éste último podrá 
tomar, tras informar al Estado miembro de origen, las 
medidas oportunas para evitar nuevas irregularidades, in­
cluida, si así fuera necesario, la prohibición de que la 
empresa de inversión inicie nuevas operaciones en su 
territorio. Los Estados miembros garantizarán la posibili­
dad de presentar en su territorio los documentos legales 
necesarios para la adopción de dichas medidas sobre em­
presas de inversión. 
4. Toda medida adoptada de conformidad con los 
apartados 1, 2 y 3, que implique sanciones o restricciones 
a la prestación de servicios, deberá ser debidamente mo­
tivada y comunicada a la empresa de inversión afectada 
por la misma. Dichas medidas podrán ser objeto de re­
curso ante los tribunales del Estado miembro cuyas auto­
ridades las hayan adoptado. 
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5. Antes de seguir el procedimiento establecido en los 
apartados 1, 2 y 3, las autoridades competentes del Es­
tado miembro de acogida podrán, en circunstancias ex­
cepcionales, tomar las medidas necesarias para proteger 
los intereses de los inversores y de otros destinatarios de 
los servicios. Tanto la Comisión como los demás Estados 
miembros deberán ser informados de dichas medidas a la 
mayor brevedad posible. En este supuesto, la Comisión 
podrá decidir, previa consulta con los Estados miembros 
afectados, que el Estado miembro de que se trate modifi­
que o anule tales medidas. 
6. Si la autorización fuere retirada se informará de 
ello a la autoridad competente del Estado miembro de 
acogida, que tomará las medidas oportunas a fin de evi­
tar que la empresa de inversión afectada siga realizando 
actividades en su territorio. 
7. Los Estados miembros informarán a la Comisión 
del número y naturaleza de los casos en que en cada Es­
tado miembro se hayan tomado medidas de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 3. Cada dos años, la Co­
misión presentará un informe resumiendo dichos casos al 
Comité creado con arreglo al artículo 20 de la presente 
Directiva. 
TÍTULO V 
Disposiciones relativas a las autoridades responsables de 
la autorización y supervisión 
Artículo 14 
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades 
que deban desempeñar las funciones previstas en la pre­
sente Directiva e informarán de ello a la Comisión, indi­
cando si existe reparto de competencias. 
2. Las autoridades a las que se refiere el apartado 1 
deberán ser autoridades u organismos públicos designa­
dos por autoridades públicas. 
3. Se dotará a dichas autoridades de las facultades ne­
cesarias para llevar a cabo su cometido. 
Artículo 15 
1. Cuando existan varias autoridades competentes en 
un mismo Estado miembro éstas colaborarán estrecha­
mente para supervisar las actividades de las empresas de 
inversión que operen en el mismo. 
2. Los Estados miembros permitirán también que di­
cha colaboración tenga lugar entre las mencionadas au­
toridades competentes y las autoridades públicas respon­
sables de la supervisión de las entidades de crédito y de 
otras instituciones financieras y compañías de seguros, en 
lo que se refiere a las respectivas entidades por ellas su­
pervisadas. 
3. Cuando los servicios de inversión se presten con ca­
rácter transfronterizo o mediante el establecimiento de 
sucursales en uno o más Estados miembros distintos del 
Estado miembro de origen, las autoridades competentes 
de los Estados miembros correspondientes colaborarán 
estrechamente para supervisar las actividades de las em­
presas de inversión de que se trate. Dichas autoridades se 
proporcionarán unas a otras, previa solicitud, toda la in­formación relativa a la gestión y propiedad de dichas 
empresas de inversión que pueda facilitar su supervisión 
y el examen de las condiciones para su autorización, así 
como toda la información que pueda facilitar el control 
de tales empresas. 
Artículo 16 
1. El Estado miembro de acogida garantizará que, 
cuando una empresa de inversión autorizada en otro Es­
tado miembro ejerza en él su actividad a través de una 
sucursal, las autoridades competentes del Estado miem­
bro de origen puedan realizar por sí mismas, y una vez 
informadas las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen, verificaciones in situ de la informa­
ción a que se hace referencia en el apartado 3 del artí­
culo 15. 
2. El presente artículo se establece sin perjuicio del 
derecho que asiste a los Estados miembros de acogida 
para realizar verificaciones in situ de las sucursales esta­
blecidas en su territorio, en el ejercicio de las competen­
cias que se les atribuyen en la presente Directiva. 
Artículo 17 
1. Los Estados miembros garantizarán que todas 
aquellas personas que hayan estado o estén en la actuali­
dad al servicio de las autoridades competentes, así como 
los auditores o expertos que actúen en nombre de las 
mismas, estén sujetas al secreto profesional. Ello significa 
que toda información confidencial que puedan recibir en 
el ejercicio de sus funciones no podrá ser divulgada a 
persona o autoridad alguna, sin perjuicio de los casos 
que se rijan por el Derecho penal. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las auto­
ridades competentes de los distintos Estados miembros y 
las autoridades públicas responsables de la supervisión de 
las entidades de crédito y de otras instituciones financie­
ras estarán autorizadas a intercambiarse información con 
arreglo a las disposiciones de la presente Directiva, 
cuando así resulte conveniente para el eficaz desempeño 
de sus respectivas competencias. Esta información estará 
sujeta a las mismas condiciones de secreto profesional 
que se indican en el apartado 1. 
3. Los Estados miembros únicamente podrán celebrar 
acuerdos de cooperación que prevean intercambios de 
información con las autoridades competentes de terceros 
países, si tal información está sujeta a garantías de se­
creto profesional equivalentes a las mencionadas en el 
presente artículo. 
4. Las autoridades que reciban información de confor­
midad con los apartados 1 ó 2 sólo la utilizarán: 
— para estudiar las condiciones de acceso a la actividad 
de las entidades supervisadas por ellas y para facilitar 
la supervisión del ejercicio de dicha actividad, de los 
procedimientos administrativos y contables, y de los 
mecanismos de control interno; 
22. 2. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 43/13 
cuando las decisiones de la autoridad hayan sido ob­
jeto de recurso administrativo, o 
en procedimientos judiciales iniciados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 18. 
5. Los apartados 1 y 4 no impedirán el intercambio de 
información, en un mismo Estado miembro o entre Esta­
dos miembros, entre las autoridades competentes y las 
personas responsables de llevar a cabo las auditorías le­
gales de cuentas de las empresas de inversión. 
Las autoridades e instituciones a las que se envíe dicha 
información sólo la utilizarán para el cumplimiento de 
sus funciones de supervisión. La información recibida es­
tará sujeta a las normas de secreto profesional a que es­
tán obligadas dichas autoridades e instituciones. TÍTULO VI 
Disposiciones finales 
Artículo 20 
1. Las modificaciones técnicas a la presente Directiva, 
en los siguientes puntos: 
— ampliación de las actividades de la lista que figura en 
el Anexo, 
— las materias sobre las que las autoridades competen­
tes deban intercambiar información, enumeradas en 
el artículo 15, 
serán adoptadas de acuerdo con el procedimiento esta­
blecido en el apartado 2. 
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Esta­
dos miembros podrán autorizar, en virtud de disposicio­
nes legales y cuando así resulte necesario por razones de 
control cautelar, la divulgación de determinada informa­
ción a otros servicios de su administración central. Los 
Estados miembros garantizarán que la información reci­
bida con arreglo al apartado 2 no sea divulgada en tales 
casos, excepto cuando exista el consentimiento expreso 
de las autoridades que la hayan facilitado. 
7. Los Estados miembros garantizarán que las disposi­
ciones sobre el secreto profesional, establecidas por el 
presente artículo, se apliquen a la información facilitada 
por las autoridades competentes a las personas responsa­
bles de llevar a cabo las auditorías legales de cuentas de 
las empresas de inversión. 
Artículo 18 
Los Estados miembros garantizarán que las decisiones 
adoptadas con respecto a una empresa de inversión en 
virtud de las disposiciones legales, reglamentarias y ad­
ministrativas que se adopten de acuerdo con la presente 
Directiva puedan ser recurridas ante los tribunales. Esto 
mismo será de aplicación cuando se presuma que una so­
licitud de autorización ha sido denegada con arreglo al 
apartado 4 del artículo 4. 
Artículo 19 
Los Estados miembros garantizarán que sus respectivas 
autoridades competentes en la materia puedan adoptar 
frente a las empresas de inversión o a quienes dirijen de 
hecho las actividades de dichas empresas, y que incum­
plan las disposiciones legales, reglamentarias y adminis­
trativas relativas a la dirección o al ejercicio de sus activi­
dades, sanciones o medidas encaminadas, específica­
mente, a poner fin a las infracciones o a las causas de 
tales infracciones. Dichas sanciones incluirán procedi­
mientos para la suspensión o retirada de las autorizacio­
nes. 2. La Comisión estará asistida por un Comité com­
puesto por representantes de los Estados miembros y 
presidido por el representante de la Comisión. 
El representante de la Comisión presentará al Comité un 
proyecto de las medidas que se deban adoptar. El Co­
mité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un 
plazo que el presidente podrá determinar en función de 
la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se 
emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del 
artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones 
que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. 
En la votación, en el Comité, los votos de los represen­
tantes de los Estados miembros se ponderarán de la ma­
nera definida en el artículo anteriormente citado. El pre­
sidente no tomará parte en la votación. 
La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean 
conformes al dictamen del Comité. 
Cuando las medidas previstas no sean conformes al dic­
tamen del Comité, o en caso de ausencia de dictamen, la 
Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta 
relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se 
pronunciará por mayoría cualificada. 
Si, transcurrido un plazo que se fijará en cada acto que 
el Consejo adopte con arreglo al presente apartado, pero 
que en ningún caso podrá exceder de tres meses a partir 
del momento en que la propuesta se haya sometido al 
Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión 
adoptará las medidas propuestas. 
Artículo 21 
1. Las empresas de inversión que ya hayan recibido la 
autorización para prestar servicios de inversión en sus 
Estados miembros de origen antes de la entrada en vigor 
de las disposiciones adoptadas en aplicación de la pre­
sente Directiva se considerarán autorizadas a los efectos 
de la misma, siempre y cuando la autorización se haya 
concedido bajo condiciones equivalentes a las estableci­
das en el apartado 2 del artículo 4. 
N° C 43/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 2. 89 
2. Se considerará que las sucursales que hayan comen­
zado su actividad, con arreglo a las disposiciones vigen­
tes en el Estado miembro de acogida, antes de la entrada 
en vigor de las disposiciones adoptadas en aplicación de 
la presente Directiva, han cumplido los procedimientos 
previstos en los apartados 1 a 3 del artículo 11. A partir 
de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones 
adoptadas en aplicación de la presente Directiva, dichas 
sucursales se regirán por las disposiciones del artículo 10, 
del apartado 3 del artículo 11 y del artículo 13. 
3. El artículo 12 se establece sin perjuicio de los dere­
chos que las empresas de inversión que se dedican a la 
prestación de servicios hayan adquirido antes de la en­
trada en vigor de las disposiciones adoptadas en aplica­
ción de la presente Directiva. Artículo 22 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
cumplir la presente Directiva el 1 de enero de 1993. In­
formarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
el texto de las principales disposiciones legales, regla­
mentarias y administrativas que adopten en el ámbito re­
gulado por la presente Directiva. 
Artículo 23 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta­
dos miembros. 
ANEXO 
Actividades de inversión comprendidas en el ámbito regulado por la presente Directiva 
SECCIÓN A: 
Actividades 
1. Corretaje, es decir, la aceptación de órdenes de inversores en relación con alguno o con todos los 
instrumentos a que se refiere la siguiente sección B y/o la ejecución de tales órdenes en una bolsa o 
mercado, de forma delegada a cambio del pago de una comisión; 
2. Negociación en calidad de comitente, es decir, la compra y venta de alguno o de todos los instrumentos 
a que se refiere la siguiente sección B por su propia cuenta y riesgo, con objeto de beneficiarse del 
margen entre el precio de compra y el precio de venta; 
3. Creación de mercado, es decir, mantenimiento de un mercado en alguno o en todos los instrumentos a 
que se refiere la siguiente sección B, negociando con los mismos; 
4. Gestión de cartera de valores, es decir, la gestión remunerada de carteras de valores constituidas por 
alguno o todos los instrumentos a que se refiere la siguiente sección B, por cuenta de inversores indivi­
duales; 
5. Contratación u ofrecimiento de la suscripción de servicios de inversión en relación con la emisión de los 
instrumentos a que se refiere el punto 1 de la siguiente sección B, así como la distribución de dicha 
emisión al público; 
6. Asesoría profesional en materia de inversiones dada a los inversores de forma individual o sobre la base 
de una suscripción privada y en relación con alguno o todos los instrumentos a que se refiere la 
siguiente sección B; 
7. Custodia y administración de cualquiera de los instrumentos a que se refiere la siguiente sección B, 
siempre que no se trate de la gestión de un sistema de compensación. 
SECCIÓN B: 
Instrumentos 
1. Valores negociables, incluidas las participaciones en organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios; 
2. Instrumentos del mercado monetario (incluidos los certificados de depósito y el Eurocommercial paper); 
3. Futuros y opciones 
4. Instrumentos de tipo de cambio y de tipo de interés.