Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1911/91 relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las Islas Canarias"

(1999/C 329/09)

El 8 de septiembre de 1999, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Unión Económica y Monetaria y de Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 1 de septiembre de 1999 (ponente, sin Grupo de estudio: Sr. John Simpson).

En su 366o apartado Pleno (sesión del 22 de septiembre de 1999) el Comité Económico y Social ha aprobado por 114 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La Comisión ha propuesto un nuevo Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1911/91 sobre la aplicación del derecho comunitario en las Islas Canarias.

1.2. La modificación suspende hasta el 30 de junio de 2000 el requisito de una nueva reducción progresiva del baremo de protección de la producción local de una gama limitada de productos, lo que es posible gracias a la existencia de un impuesto local sobre la producción y sobre las importaciones (véanse detalles más abajo). El Reglamento existente contempla reducciones anuales del 20 % en este impuesto, a partir del 31 de diciembre de 1996, hasta llegar a su supresión definitiva el 31 de diciembre de 2000, fecha en la que las Islas Canarias deberán introducir íntegramente el arancel aduanero común de la Comunidad Europea.

1.3. Efectivamente, la modificación aplazaría durante seis meses la reducción que, de otro modo, hubiera debido aplicarse el 31 de diciembre de 1999. Este aplazamiento irá acompañado de un examen por parte de la Comisión de la incidencia de la eliminación progresiva del impuesto en los diversos sectores afectados. Se examinarán las ventajas y la conveniencia de adoptar otras medidas especiales en favor de estos sectores vulnerables y, en su caso, se presentará una nueva propuesta al Consejo.

1.4. Esta modificación requiere el acuerdo unánime del Consejo Europeo.

1.5. Los nuevos acuerdos que, llegado el caso, deban concluirse en 2000 estarán sujetos al voto por mayoría cualificada en el Consejo, de conformidad con el apartado 2 del artículo 299 tras su modificación en el Tratado de Amsterdam.

2. Disposiciones especiales aplicables a las Islas Canarias

2.1. Las Islas Canarias se convirtieron en parte de la UE con la adhesión de España en 1986.

2.2. En el Acta de Adhesión de España y de Portugal se reconoció la especial y difícil situación social y económica del archipiélago(1). En razón de sus dificultades específicas, en un principio las Islas Canarias quedaron excluidas del territorio aduanero comunitario, de la política comercial común y de la política agrícola y de pesca común.

2.3. En los últimos años se han introducido medidas que, con una actitud comprensiva, han ido reduciendo el nivel y la incidencia de estas exenciones.

2.4. El régimen de impuestos APIM (Arbitrio sobre la producción y sobre las importaciones, véase más abajo) se introdujo en 1973 y siguió aplicándose después de la adhesión a la Comunidad. Este impuesto ha sido utilizado para brindar una cierta protección fiscal a los sectores más vulnerables de la industria manufacturera de las islas.

2.5. Los problemas específicos de las Islas Canarias, una de las regiones ultraperiféricas de la Comunidad, han sido reconocidos de diversas maneras, entre las que pueden citarse las siguientes:

1. Reglamento (CEE) n° 1911/91 del Consejo relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las islas Canarias(2);

2. Decisión del Consejo por la que se establece un programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de las islas Canarias (Poseican) (91/314/CEE)(3);

3. Decisión de la Comisión relativa a las disposiciones fiscales del impuesto "Arbitrio sobre la producción y sobre las importaciones (APIM)" en aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (CEE) n° 1911/91(4);

4. Reglamento (CEE) n° 1601/92 del Consejo que establecía un sistema de abastecimiento específico y una serie de medidas concretas relacionadas con éste, relativas al comercio dentro de una gama de productos agrícolas, con el fin de dejar en suspenso, temporalmente, la política agrícola común.

5. Decisión de la Comisión, dentro de la iniciativa comunitaria de regiones ultraperiféricas REGIS II, relativa a un programa para el período 1994-1999 encaminado a acelerar una integración económica más completa en la Comunidad, que incluía un compromiso de 216,9 millones de ecus por parte de la Comunidad, un 94 % de los cuales con cargo al FEDER y un 6 % al FEOGA; el coste total del programa asciende a 385,5 millones de ecus;

6. El apoyo de los fondos estructurales que, entre 1994 y 1999, habrán contribuido con 660 millones de ecus a un programa de gasto, incluidos el gasto nacional y la financiación privada, que asciende a 1052000 ecus(5), en precios de 1994. Este apoyo no tiene en cuenta el impacto de las asignaciones de los programas plurirregionales españoles.

3. El APIM (Arbitrio sobre la producción y sobre las importaciones)

3.1. Se propone que el APIM siga aplicándose a siete grupos de productos, con los baremos actuales, hasta el 30 de junio de 2000.

3.2. Estos se agrupan en grupos de productos determinados de conformidad con la nomenclatura del arancel aduanero común. La clasificación detallada figura en una lista que se incluye como anexo a la propuesta. Los grupos son catalogados como sigue:

- alimentos diversos

- tabaco

- química

- papel

- textiles

- industrias metalúrgicas

- otros productos manufacturados (tal como se especifica)

3.3. La Comisión ha llegado a la conclusión de que el empleo en los sectores mencionados en el punto podría verse amenazado por la eliminación del APIM. Se han realizado cálculos detallados de las consecuencias adversas para el empleo en cada sector.

3.4. La Comisión desestimó una petición de las autoridades españolas de incluir los refrescos y los materiales de construcción en la lista de productos para la que se suspende la reducción del APIM.

3.5. Si se aprueba la modificación, el APIM seguirá aplicándose a únicamente un 10 % (en valor) de las importaciones totales de las Islas Canarias y las tarifas más altas que se apliquen serían un máximo de un 6,9 % sobre el tabaco y un 2,3 % sobre los "productos manufacturados" especificados.

3.6. La Comisión reconoce que la medida propuesta, que dejaría temporalmente en suspenso los principios establecidos en el Reglamento (CEE) n° 1911/91, debe inscribirse en el proceso de integración de las Islas Canarias en la Comunidad y no puede ir encaminada sino a mitigar los efectos de los ajustes económicos que deben llevarse a cabo(6) .

4. La situación económica y social de las Islas Canarias

4.1. Las Islas Canarias tienen una población de 1,6 millones de habitantes. Son una región autónoma de España que cuenta con un alto grado de transferencia de competencias para el desarrollo de políticas económicas en las Islas.

4.2. La Comunidad ha reconocido los problemas singulares y específicos de esta región y sus implicaciones para asegurar la integración de las Islas en la Comunidad.

4.3. Una característica de las Islas Canarias es el alto grado de dependencia de los ingresos del turismo. Cada año llegan más de 10 millones de visitantes. Es ésta una fuente esencial de ingresos, pero que, en consecuencia, también implica la necesidad de planificar cuidadosamente la sostenibilidad medioambiental de esta actividad en términos de utilización de recursos naturales, sobre todo del suministro de agua dulce.

4.4. El clima de la región brinda una ventaja comparativa para el cultivo y la exportación de plátanos y tomates, y para la producción de vino.

4.5. Los factores más obvios que repercuten en la economía de las Islas son la distancia a los principales mercados europeos sumada a la escala relativamente pequeña de la economía que se practica en varias islas. Como compensación parcial al coste del envío de mercancías hacia y desde las islas, se paga una contribución a los exportadores calculada en función de los costes de transporte extraordinarios de las importaciones y las exportaciones entre las Islas y el resto de la UE.

4.6. La tasa de desempleo es alta. Hace poco tiempo la tasa de desempleo en la región (con arreglo a las definiciones NUTS II) era la cuarta más elevada de la UE.(7)

4.7. En los diez años que van de 1987 a 1997, el desempleo se redujo de más de un 25 % al 21 %. Sin embargo, sigue representando más del doble de la media para el conjunto de la UE.

4.8. El PIB per cápita, calculado por Eurostat en unidades de poder adquisitivo, se incrementó y pasó de un 69 % del promedio de la UE en 1986 a un 74,3 % en 1996(8). Esto representa una mejora significativa, pero no lo suficiente para que no pueda acogerse al Objetivo n° 1, de cuyas ventajas podrá beneficiarse hasta al menos 2006.

5. Evolución futura

5.1. El apartado 2 del artículo 299 del Tratado de Amsterdam (antiguo apartado 2 del artículo 227) establece disposiciones específicas para la aplicación del Tratado a los departamentos franceses de Ultramar, las Azores, Madeira y las islas Canarias y prevé que el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo(9), adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la aplicación del Tratado en dichas regiones, teniendo en cuenta la situación estructural social y económica, caracterizada por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos. Es de suponer que esta referencia a los productos incluya también los servicios.

5.2. Las medidas específicas deberán tener en cuenta ámbitos tales como las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales comunitarios.

5.3. Estas medidas especiales deberán ser adoptadas "sin poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico comunitario, incluido el mercado interior y las políticas comunes".

5.4. Para el período 2000-2006, la Comisión ha decidido ya que las Islas Canarias sean consideradas región del objetivo n° 1 de la Comunidad. De este modo se prolonga la posición adoptada hasta 1999. Por otra parte, las Islas Canarias van a seguir beneficiándose del Fondo de Cohesión, lo que aumenta la proporción máxima de los costes subvencionables que pueden ser financiados con los Fondos estructurales.

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1. El Comité Económico y Social se felicita de esta oportunidad de formular observaciones sobre la propuesta de modificación del Reglamento (CEE) n° 1911/91 relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las Islas Canarias.

6.2. El Comité reconoce que las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea merecen una consideración especial en materia de aplicación de las políticas comunitarias, ateniéndose en la medida de lo posible, al espíritu y detalle de estas políticas. El Comité aprueba particularmente el requisito que impone el Tratado (apartado 2 del artículo 299) de que no se pongan en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico comunitario.

6.3. La evolución de los últimos años demuestra que la situación económica de las Islas Canarias ha mejorado en términos tanto absolutos como relativos. Sin embargo, es deseable que se hagan esfuerzos para consolidar estos logros.

6.4. Por consiguiente, el CES valora positivamente el compromiso alcanzado por la Comisión con las autoridades españolas para examinar las consecuencias de la suspensión de la reducción progresiva del APIM y, en caso necesario, presentar una propuesta sobre posibles acciones. El objetivo es eliminar el impuesto sin poner en peligro determinadas actividades de producción locales en sectores vulnerables.

6.5. Aunque el CES aprueba el tenor general de la propuesta de la Comisión, considera que merecería la pena aprovechar esta oportunidad para revisar no sólo el impacto del régimen de impuestos APIM, sino también la naturaleza y la incidencia de todas las políticas comunitarias en el desarrollo de las Islas Canarias, y para buscar propuestas que sirvan para integrar en mayor medida las Islas en la Comunidad y fomentar acciones innovadoras que impulsen su desarrollo.

6.6. El CES, por lo tanto, acepta los argumentos aducidos en la modificación del Reglamento (CEE) n° 1911/91 para suspender la reducción progresiva del APIM por considerar que es un mecanismo apropiado que permite un estudio más profundo de los métodos para fomentar el desarrollo en las Islas Canarias.

6.7. Cuando se haya realizado el estudio, el Comité Económico y Social estará enormemente interesado en conocer las propuestas formuladas y expresa su confianza en que la Comisión hará lo necesario para que el Comité tenga la oportunidad de emitir un dictamen sobre su aplicación.

Bruselas, 22 de septiembre de 1999.

La Presidenta

del Comité Económico y Social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

(1) Acta de Adhesión, Protocolo n° 2. En particular, las Islas Canarias fueron en aquel momento excluidas del territorio aduanero común y de la política agrícola común.

(2) DO L 171, de 29.6.1991, p. 1.

(3) DO L 171 de 29.6.1991, p. 5.

(4) DO L 10, de 13.1.1996, p. 38.

(5) El impacto de las políticas estructurales en la cohesión económica y social en la Unión, 1989-1999 (Una primera evaluación presentada por cada país, octubre de 1996), Comisión Europea, p. 166.

(6) COM(1999) 226 final; punto 7.

(7) Sexto informe periódico sobre la situación socioeconómica y el desarrollo de las regiones de la Unión Europea, Comisión Europea, cuadro n° 43.

(8) Op. cit, cuadro n° 43.

(9) En el artículo modificado 299 (2) no hay ninguna referencia específica a una consulta al Comité Económico y Social o al Comité de las Regiones.