En el informe de noviembre de 2017 , la Comisión observó que «se ha progresado de manera significativa en el seguimiento de las recomendaciones que figuran en el informe de enero de 2017, en particular la recomendación n.º 1, en la que ahora le toca al nuevo SJC acreditar la consecución de resultados, y las recomendaciones n.ºs 16 y 17, en las que debería mantenerse la tendencia positiva. También se han registrado importantes avances en relación con la recomendación n.º 4, aunque queda más por hacer. Aunque la Comisión aún no puede concluir que ninguno de los indicadores de referencia se cumple satisfactoriamente en esta fase, sigue considerando que, con una orientación política constante y una voluntad de avanzar en el proceso de reformas, Bulgaria debería de ser capaz de cumplir con las recomendaciones del MCV pendientes en un futuro próximo». El Consejo ha acogido con agrado los importantes pasos positivos, si bien señala que todavía queda mucho por hacer .

En enero de 2017, la Comisión realizó una evaluación global de los avances realizados por Bulgaria a lo largo de los diez años transcurridos desde la creación del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) en 2007 . Sobre la base de la perspectiva a más largo plazo y de los significativos avances realizados, la Comisión presentó 17 recomendaciones clave que, de seguirse, pondrían fin al proceso del MCV, en consonancia con el objetivo fijado por el presidente Juncker de concluir el proceso aplicado en el marco del MCV durante el mandato de la Comisión actual. Así pues, las recomendaciones formuladas en enero de 2017 pueden considerarse suficientes para poner fin al MCV, a no ser que la evolución de la situación lleve a revertir claramente el curso de los avances logrados. También se subrayó que la celeridad del proceso dependería de la rapidez con que Bulgaria pudiese alcanzar dichos objetivos de manera irreversible. En particular, las recomendaciones se centraron en la responsabilidad y la rendición de cuentas de las autoridades búlgaras y en el establecimiento de salvaguardias internas con el fin de garantizar la irreversibilidad de los resultados, para demostrar que se proseguirían los proyectos en curso, incluso sin el MCV. Como ha subrayado el Consejo, el MCV finalizará cuando se cumplan satisfactoriamente los seis objetivos de referencia aplicables a Bulgaria.

A lo largo del año pasado, fueron designados varios jefes de órganos jurisdiccionales, lo que, por lo general, no provocó grandes controversias . En marzo, un procedimiento para el nombramiento de un nuevo presidente en el Tribunal Municipal de Sofía no permitió alcanzar el resultado buscado debido a un voto dividido en la Cámara de jueces del Consejo. El Tribunal Municipal de Sofía fue el centro de grandes escándalos en 2014 y 2015 y desde entonces ha sido objeto de una revisión general impulsada por un nuevo equipo de dirección. Sin embargo, dado que el presidente dimitió por razones personales en el verano de 2017, el Tribunal no ha contado permanentemente con un equipo de dirección. Para el Consejo será importante garantizar que este nombramiento se realiza siguiendo un procedimiento abierto y transparente, de modo que el nuevo presidente del Tribunal cuente con la confianza tanto de la población general como de los jueces que trabajan en el mismo . También está en curso un procedimiento para el nombramiento de un nuevo presidente del Tribunal especializado en asuntos de delincuencia organizada . De manera más general, según la información recibida, se está preparando la realización de procedimientos de concurso para el nombramiento de cargos en los tribunales, empezando con el Tribunal Supremo de Casación y siguiendo por los niveles inferiores hasta llegar a todos los niveles de la judicatura. Dichos concursos representan un elemento importante de la transparencia y será importante para el Consejo Judicial Supremo asegurar su eficacia en la provisión de puestos vacantes de forma regular .

Otro ámbito que ha dado lugar a controversia en el pasado es el de los procedimientos disciplinarios. En este ámbito, el Consejo comparte la responsabilidad de la Inspección Judicial independiente, que en enero de 2017 obtuvo competencias adicionales para verificar la integridad de los magistrados, en particular mediante la verificación de sus declaraciones de patrimonio, y un papel más destacado en la incoación de los procedimientos disciplinarios. A raíz de la recomendación de la Comisión de recurrir a asesoramiento técnico externo, recientemente se ha puesto en marcha un proyecto que debería completarse en 2019, con la ayuda del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión y el Consejo de Europa.

Sobre la base del análisis del primer objetivo de referencia, Bulgaria ha aplicado la recomendación 1 y en breve finalizará la aplicación de las recomendaciones 2 y 3. Teniendo en cuenta que la situación está evolucionando, se requiere una atención continua a los resultados concretos siguiendo las recomendaciones 2 y 3 a fin de confirmar esta apreciación, pero dicho objetivo de referencia puede considerarse provisionalmente finalizado.

3.2. Segundo objetivo de referencia: Marco jurídico

Recomendación n.º 4: Modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal con el fin de mejorar el marco jurídico de la persecución de la corrupción de alto nivel y la gran delincuencia organizada.

El informe de enero de 2017 estableció como importante reto pendiente la necesidad de abordar las deficiencias del Código Penal y de los procedimientos penales de Bulgaria, particularmente con el objetivo de mejorar la capacidad del sistema de justicia penal en dicho país para responder de forma eficaz a la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada.

Bulgaria ha adoptado una serie de medidas legislativas concretas a lo largo de los años a fin de abordar estas preocupaciones y prosiguió en 2017 con una serie de enmiendas adicionales a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las principales modificaciones incluyen el traspaso de los asuntos de corrupción de alto nivel al Tribunal especializado en asuntos de delincuencia organizada y unas normas más estrictas sobre la capacidad de los tribunales de remitir los asuntos a la Fiscalía por motivos de forma. Estas consultas basadas en errores formales y de procedimiento ahora pueden tener lugar en el contexto de una audiencia preliminar al inicio de las actuaciones judiciales .

Estas modificaciones se encuentran ya en vigor. La fiscalía especializada también ha recibido recursos adicionales para hacer frente a la carga de trabajo adicional y están en marcha procedimientos para proporcionar recursos adicionales al Tribunal especializado . El impacto de las enmiendas en relación con la oportunidad de los procedimientos judiciales ha sido la realización de un mayor número de remisiones en una fase temprana del procedimiento. Quizá se trata de una consecuencia natural durante una fase transitoria, que refleja en parte un enfoque prudente de los jueces en el marco de las nuevas normas. Este efecto debería compensarse a lo largo del tiempo con progresos más rápidos una vez que se haya completado la fase preliminar .

Además de las modificaciones legislativas ya introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2017, también se celebraron debates durante el año pasado acerca de las formas de abordar el muy complejo y formalista marco de los procedimientos penales en Bulgaria. Dichos debates suponen la continuación de una serie de análisis realizados en los últimos años, tanto por las propias autoridades búlgaras como por expertos externos, en el contexto de la estrategia continua de reforma judicial y con el objetivo más específico de mejorar el marco para la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción .

Estos debates se han llevado a cabo en grupos de trabajo en el seno del Ministerio de Justicia, con la participación de representantes de la judicatura y expertos académicos. Durante 2018 se han alcanzado conclusiones sobre una serie de puntos, que se ha decidido no merecen un seguimiento legislativo . En los casos en que se ha decidido no legislar, será importante que se consideren posibles medidas no legislativas para abordar las dificultades subyacentes.

Algunos de los puntos planteados en los análisis continúan estudiándose, particularmente en lo que se refiere a la oportunidad de seguir la vía legislativa. Un aspecto esencial para los retos planteados es la forma de definir el umbral para la incoación de diligencias previas y la cuestión conexa del recurso a «investigaciones preliminares», que no se regulan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en las que la información recogida no puede ser utilizada como prueba. Existen argumentos de eficiencia en favor y en contra del recurso a investigaciones preliminares, lo que también está relacionado con cuestiones sensibles en torno a los mecanismos de control judicial de las decisiones de los fiscales . Otro aspecto sensible sobre el que las deliberaciones no han llegado aún a una conclusión se refiere a los procedimientos vigentes para exigir responsabilidades a los más altos cargos de la magistratura, en particular al Fiscal General en ejercicio, en el caso de graves acusaciones de infracción o de comportamiento delictivo .

Por último, por lo que se refiere al Código Penal, el Gobierno preparó modificaciones específicas a fin de facilitar el enjuiciamiento de los delitos de corrupción en el sector público y extender la aplicación del derecho penal a la corrupción en el sector privado. Dichas modificaciones han resultado polémicas y continúan las deliberaciones en la Cámara Legislativa búlgara.

Un examen cuidadoso y la consulta de las partes interesadas son importantes a la hora de decidir sobre la forma de avanzar en estas cuestiones pendientes, en particular habida cuenta de las consecuencias potenciales para el sistema global de investigación penal y el equilibrio entre las principales instituciones. Por otra parte, mientras que el segundo objetivo de referencia se centra en los posibles soluciones legislativas, los retos subyacentes están estrechamente vinculados a cuestiones planteadas en el contexto de la estrategia más general de reforma del sistema judicial y de las investigaciones en los asuntos de corrupción, que son objeto de los objetivos de referencia tercero y cuarto que figuran a continuación.

Sobre la base del análisis del segundo objetivo de referencia, Bulgaria ha realizado avances significativos en el seguimiento de la recomendación n.º 4 y ha tomado medidas concretas para mejorar el marco jurídico pertinente. Una serie de cuestiones, también pertinentes en el contexto de los objetivos de referencia tercero y cuarto, siguen siendo objeto de análisis por las autoridades búlgaras. El segundo objetivo de referencia puede considerarse finalizado provisionalmente, a la espera del control continuo del seguimiento de las modificaciones legislativas.

3.3. Tercer objetivo de referencia: Reforma continuada del poder judicial