ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/97

P7_TA(2013)0056

Formación judicial — coordinadores judiciales

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2013, sobre formación judicial — coordinadores judiciales (2012/2864(RSP))

(2016/C 024/12)

El Parlamento Europeo,

— Vistos los artículos 81 y 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los que se contempla la adopción, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, de medidas para garantizar «el apoyo a la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia»,

— Vistas su Resolución, de 10 de septiembre de 1991, sobre la creación de una Academia Europea de Derecho (1), su Posición, de 24 de septiembre de 2002, sobre la adopción de una Decisión del Consejo por la que se crea una red europea de formación judicial (2), su Resolución, de 9 de julio de 2008, sobre el papel del juez nacional en el sistema judicial europeo (3) y su Recomendación al Consejo, de 7 de mayo de 2009, sobre el desarrollo de un espacio de justicia penal en la UE (4),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de abril de 2010, sobre el Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo (COM(2010)0171),

— Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2009, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio del ciudadano — Programa de Estocolmo» (5),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 septiembre de 2011, titulada «Crear confianza en una justicia europea — Nueva dimensión de la formación judicial europea» (COM(2011)0551,

— Visto el proyecto piloto sobre formación judicial propuesto por el Parlamento en 2011,

— Visto el estudio comparativo sobre la formación judicial en los Estados miembros, encargado por el Parlamento a la Academia de Derecho Europeo (ERA), en colaboración con la Red Europea de Formación Judicial (REFJ) (6),

— Vistas sus Resoluciones, de 17 junio 2010 (7) y de 14 marzo 2012 (8), sobre la formación judicial,

— Vista la experiencia de los Países Bajos con Eurinfra y su red de Coordinadores Judiciales para cuestiones de Derecho europeo, que se está empezando a imitar en otros Estados miembros, en particular en Italia, con su proyecto European Gaius, Dinamarca, Rumanía y Bulgaria, y que se articula en torno a los tres pilares siguientes: a) mejora de la accesibilidad de los recursos informativos sobre Derecho europeo que utilizan tecnologías web, b) mejora del conocimiento del Derecho europeo entre la judicatura, y c) creación y mantenimiento de una red de coordinadores judiciales para el Derecho europeo;

— Vistos los enormes avances de las tecnologías de la información, gracias a las cuales, por ejemplo, el aprendizaje en línea puede utilizarse cada vez más como instrumento flexible para llegar a más usuarios independientemente del momento y el lugar, al tiempo que las tecnologías avanzadas –motores de búsqueda particularmente sofisticados– pueden utilizarse para recopilar información con vistas a mejorar la accesibilidad del Derecho,

— Vista la pregunta a la Comisión sobre formación judicial — coordinadores judiciales (O-000186/2012 — B7-0112/2013),

— Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que los orígenes de nuestros ordenamientos jurídicos son complejos, de modo que, según un reciente ensayo académico (9), el Derecho romano debe considerarse más como una empresa multicultural que como una evolución peculiar de una cultura, y el common law (que ignora a su hermana pretoriana, la equidad, y la influencia del Derecho canónico) puede ser más conocido como «Derecho anglonormando»; que el Estado de Derecho es un elemento que tenemos en común y uno de los valores que el Derecho europeo ha dado al mundo; que es necesario un enfoque holístico del Derecho, tanto por parte de los abogados como de los magistrados;

B. Considerando que no se puede alegar desconocimiento del Derecho europeo por parte de los jueces nacionales, que son y deben ser jueces europeos y que deben desempeñar un papel fundamental en una situación en que necesitaremos más Europa; que ello no impide promover una cultura judicial europea en la que la diversidad se honra como un bien común;

C. Considerando que todos los tribunales nacionales aplican el Derecho de la UE;

D. Considerando que el aumento del número de Estados miembros y la creciente carga de trabajo para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hacen que los tribunales nacionales deban utilizar todos los medios de que disponen para facilitar un acceso efectivo y rápido a la justicia;

E. Considerando la necesidad de medios rentables para mejorar la formación de los jueces y su acceso al Derecho;

F. Considerando que sería de inestimable valor promover la idea de coordinadores judiciales nacionales de Derecho europeo y su interconexión a escala europea; que la principal función de una red interconectada de coordinadores judiciales sería permitir a los jueces consultar fácilmente, en su trabajo cotidiano, a sus homólogos de otros Estados miembros sobre cuestiones tales como la interpretación de términos específicos del Derecho europeo aplicable (directiva o reglamento) en un entorno digital seguro (mediante un soporte social creado específicamente o a través del portal e-justicia); que estos «círculos de coherencia» permitirían alcanzar una mayor uniformidad en la aplicación del Derecho de la UE, al tiempo que reducirían el número de peticiones de decisión prejudicial, sin ir en detrimento del papel del Tribunal de Justicia;

G. Considerando que, como ya ha indicado el Parlamento, un modo de resolver los problemas (costes, formación lingüística, rentabilidad) consiste en utilizar las tecnologías modernas y financiar la creación de aplicaciones informáticas para ser utilizadas en ordenadores personales, teléfonos inteligentes, tabletas, etc.;

H. Considerando que se podría comenzar por la parte general del Derecho de la UE, ya que la gestión electrónica del conocimiento permite un acceso pleno a la información más actualizada;

I. Considerando que, si cada Estado miembro empezara a desarrollar su propia tecnología y sus propias estructuras digitales con el fin de poder ofrecer herramientas digitales, se produciría una pérdida de energía y de recursos financieros, en especial en el contexto actual de rigor económico;

J. Considerando que se debe evitar la duplicación de esfuerzos y fomentar la reutilización de proyectos formativos de calidad; que, para ello, se necesita una mayor interconexión entre los Estados miembros en materia de gestión del conocimiento del Derecho de la UE;

K. Considerando que, principalmente en el desarrollo de motores de búsqueda para acceder a sentencias, dictámenes y legislación de la UE en general, los Estados miembros deberían considerar si esta tecnología podría ser útil también para los magistrados de otros Estados miembros, en cuyo caso puede ponerse en común y coordinarse y desarrollarse conjuntamente;

L. Considerando que debería ponerse en marcha un sistema para reutilizar los productos de formación, por ejemplo a través de la grabación y la traducción, doblaje o subtitulado de conferencias, que se financiaría de manera conjunta;

M. Considerando que todas estas iniciativas deberían agruparse en un plan director relativo a la gestión del conocimiento para la judicatura, recurriendo, en su caso, al portal e-justicia;

N. Considerando que la normativa común de compraventa europea constituirá, una vez aprobada, un terreno de prueba para la red de coordinadores judiciales de Derecho europeo, ofreciendo la oportunidad de alcanzar la coherencia horizontal entre jueces nacionales en ámbitos en los que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sea escasa o nula, naturalmente sin duplicar las redes especializadas en la materia;

O. Considerando que la curiosidad respecto de otros ordenamientos, la apertura de miras —también en cuanto al uso de nuevos métodos y tecnologías— y el diálogo deben constituir las consignas en un contexto, tanto europeo como mundial, en que el Derecho y los profesionales del Derecho tendrán que adoptar un enfoque más innovador por lo que respecta a la gestión del conocimiento;

P. Considerando que ello puede tener un efecto positivo en la percepción pública de la Unión Europea, dado que cuanta más información basada en hechos sea accesible libremente, menos crédito se dará a los mitos y engaños sobre la propia Unión, sus leyes y sus actividades y mayores serán las posibilidades de entablar un debate y una discusión política honestos (10);

Q. Considerando que este es otro aspecto de la construcción de una cultura judicial europea, pero que hay aún más aspectos; que los nuevos métodos de formación y los nuevos planes de estudio en los que se haga hincapié en el aprendizaje de lenguas y se promueva el estudio del Derecho comparado y el Derecho internacional deben extenderse a las universidades y las facultades de Derecho, y que Erasmus (para los estudiantes de Derecho y los jueces) no fue más que el inicio;

R. Considerando que ha llegado el momento de avanzar, empezando por un debate sin limitaciones sobre la formación jurídica de los jueces y los abogados y sobre la educación jurídica en un foro en el que participen los miembros de la judicatura y las autoridades nacionales competentes —incluidos los consejos del poder judicial y los centros de formación judicial—, así como la Academia de Derecho Europeo, la Red Europea de Formación Judicial, la Red Europea de Consejos del Poder Judicial y el Instituto de Derecho Europeo;

1. Reitera y confirma lo expresado en sus Resoluciones antes mencionadas, de 17 junio 2010 y de 14 marzo 2012, sobre la formación judicial;

2. Pide a la Comisión que acelere la adjudicación de contratos en el marco del proyecto piloto;

3. Pide a la Comisión que fomente y apoye a los coordinadores judiciales nacionales de Derecho europeo y promueva la interconexión emergente de las redes nacionales de coordinadores judiciales, alentando y favoreciendo al mismo tiempo las ideas expuestas en los considerandos de sus resoluciones de 17 de junio de 2010 y de 14 de marzo de 2012;

4. Señala los beneficios para la economía y, en particular, para las pequeñas y medianas empresas, que pueden aportar el desarrollo y la explotación del aprendizaje en línea y las nuevas tecnologías, principalmente los motores de búsqueda;

5. Considera que el desarrollo profesional de los juristas debe destacar la necesidad de normas deontológicas comunes, de un poder judicial independiente e imparcial y de un enfoque de la normativa europea respetuoso de la diversidad, ya que solo de este modo se puede lograr una verdadera confianza mutua;

6. Observa que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, pese a su diversidad, se basan en principios comunes y comparten orígenes comunes; recuerda que, hasta hace unos siglos, en Europa se consideraba que las profesiones jurídicas constituían un cuerpo unificado de profesionales que podían ofrecer asesoramiento, elaborar documentos jurídicos y ejercer ante los tribunales de toda Europa; considera que la política de la Unión Europea en materia de formación jurídica debe inspirarse en ese hecho, que demuestra que la plena movilidad de los profesionales de la justicia es viable;

7. Propone, por último, que la Comisión organice un foro en el verano de 2013 –un «Congreso de Messina para desarrollar una cultura judicial europea»–, en el que jueces de todas las categorías puedan reunirse para debatir sobre uno o varios ámbitos recientes en los que se hayan planteado controversias o dificultades jurídicas, con el fin de alentar el debate, establecer contactos, crear canales de comunicación y desarrollar un clima de confianza y entendimiento mutuos; considera que este foro también podría ofrecer una posibilidad histórica para que las autoridades competentes y los expertos, incluidas las universidades y las organizaciones profesionales, examinen la política de formación judicial y el futuro de la educación en el ámbito jurídico en Europa;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.

(1) DO C 267 de 14.10.1991, p. 33.

(2) DO C 273 E de 14.11.2003, p. 99.

(3) DO C 294 E de 03.12.09, p. 27.

(4) DO C 212 E de 05.08.2010, p. 116.

(5) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 12.

(6) http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=60091

(7) DO C 236 E de 12.8.2011, p. 130.

(8) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0079.

(9) P.G. Monateri, Black Gaius. A Quest for the Multicultural Origins of the «Western Legal Tradition», no 51 de Hastings Law Journal, 2000, 479 y ss., http://www.jus.unitn.it/cardozo/users/pigi/blackgaius/bge.pdf

(10) Véase, por ejemplo, en relación con los mitos sobre la implicación de la UE en el Derecho penal, el excelente trabajo Opting out of EUR Criminal law: What is actually involved?, de Hinarejos, Spencer y Peers, CELS Working Paper, New Series, No 1, http://www.cels.law.cam.ac.uk/publications/working_papers.php