Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Política de Productos Integrada - Desarrollo del concepto del ciclo de vida medioambiental"

(2004/C 73/10)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Política de Productos Integrada - Desarrollo del concepto del ciclo de vida medioambiental" (COM(2003) 302 final);

vista la decisión de la Comisión Europea de 18 de junio de 2003 de consultarle sobre este asunto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de su Mesa, de 2 de julio de 2002, de encargar a la Comisión de Desarrollo Sostenible la preparación de los trabajos,

visto su Dictamen sobre el "Libro Verde sobre la política de productos integrada" (COM(2001) 68 final - CDR 98/2001 fin)(1),

visto su proyecto de Dictamen sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente 'Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos' - VI Programa de medio ambiente" y la "Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente para 2001-2010" (COM(2001) 31 final) - CDR 36/2001 fin)(2),

visto el proyecto de dictamen aprobado el 29 de septiembre de 2003 por la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDR 159/2003 rev.) (ponente: Sr. Tögel, diputado del Parlamento de Sajonia-Anhalt) (DE/PSE)),

considerando:

1) que la Política de Productos Integrada (PPI) puede ser un instrumento para aplicar y poner en práctica el desarrollo sostenible y la gestión responsable de los recursos, dado que la política medioambiental actualmente vigente en materia de producción y eliminación correcta de los productos ya no satisface los requisitos de una política medioambiental sostenible, y que es necesario complementarla con una política que tenga en cuenta el ciclo de vida completo del producto, incluyendo la fase de utilización;

2) que los entes regionales y locales representados en el Comité de las Regiones tienen un interés especial en que la PPI funcione bien y eficazmente, ya que dicha política puede facilitar y apoyar en gran medida las tareas que asumen los entes regionales y locales en la creación y mantenimiento de instalaciones más eficaces de recogida y tratamiento de residuos;

3) que la PPI podrá aplicarse sólo mediante una combinación de instrumentos bien definidos y que contribuyan a crear sinergias entre medidas voluntarias, medidas reglamentarias (requisitos y prohibiciones), iniciativas orientadas a la oferta (diseño de productos), instrumentos orientados a la demanda (adquisiciones públicas, información a los consumidores) e incentivos (como la etiqueta ecológica y los análisis del ciclo de vida);

4) que las sugerencias y consideraciones que actualmente se debaten en relación con la "política de productos integrada" vienen siendo objeto de debate desde hace muchos años (compatibilidad de los productos, evaluación de impacto de las tecnologías, protección de las fuentes, internalización de los costes medioambientales externos, etc.) y constituyen un factor clave en la evolución de las estrategias de sostenibilidad y las medidas concretas para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, que consisten en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales respetando los recursos y el medio ambiente de tal modo que no se haga a costa de las generaciones futuras y que se deje a éstas un margen de acción suficientemente amplio para satisfacer sus propias necesidades,

ha aprobado en su 52o Pleno celebrado los días 19 y 20 de noviembre de 2003 (sesión del 20 de noviembre) el presente Dictamen.

1. Observaciones del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones

1.1. valora positivamente el compromiso de la Comisión Europea de desarrollar la Política de Productos Integrada (PPI) como un instrumento esencial de una política sostenible en materia de medio ambiente;

1.2. lamenta que el CDR no haya sido incluido explícitamente en la lista de instituciones que se han pronunciado sobre el Libro Verde, y expresa el deseo de que con la aprobación del proyecto de Constitución para Europa la Comisión tenga claramente en cuenta al Comité de las Regiones como organismo consultivo (véase Parte I, título IV, capítulo II, artículo 31, apartado 1; Parte III, título VI, capítulo I, artículo 292 y stes.; Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad);

1.3. subraya en este contexto que las regiones y los entes locales son artífices esenciales de la aplicación y puesta en práctica de la PPI, porque, por un lado, en la mayoría de los Estados miembros sus entes regionales y locales son responsables de la recogida de residuos y por ello se encargan regularmente de los productos al final de su ciclo de vida y, por otro lado, también intervienen como clientes en el mercado, por lo que pueden contribuir de modo esencial al éxito de una política de adquisiciones orientada a la PPI;

1.4. acoge con especial satisfacción la elaboración de un manual para la ecologización de las adquisiciones públicas y reconoce al respecto su obligación de actuar como "agente multiplicador" para la ecologización de las adquisiciones públicas;

1.5. expresa su convicción de que el carácter voluntario de la PPI y su dimensión cooperativa son requisitos imprescindibles para el éxito de la misma;

1.6. opina, no obstante, que es indispensable un marco jurídico vinculante para la aplicación de la filosofía y actuación ecológicas;

1.7. lamenta que la Comisión haya abandonado ahora los aspectos de la política fiscal y del IVA examinados en el Libro Verde en relación con la PPI y caracterizados en él como instrumentos prometedores;

1.8. opina que conviene concentrar los diversos instrumentos de la PPI propuestos por la Comisión y acoge favorablemente que la Comisión ponga a disposición a tal efecto una plataforma de comunicación;

1.9. señala a título de aclaración que la Comisión no ha respondido a la cuestión de la responsabilidad del producto y del fabricante como un posible medio de incluir en el precio los costes del tratamiento de residuos y, con ello, aplicar el concepto del ciclo de vida hasta el final del producto en el marco de la PPI;

1.10. solicita una vez más en este contexto que la Comisión explique en su futura Comunicación en qué ámbito de producción es posible una responsabilidad medioambiental específica para poder incorporar efectivamente los costes medioambientales en el precio de los productos.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones

2.1. llama la atención sobre el hecho de que la Comunicación de la Comisión titulada "Hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos" y la Comunicación sobre la PPI deben considerarse como una unidad desde el punto de vista de la gestión de residuos; en particular, los objetivos y tareas de la prevención de residuos deben realizarse de preferencia a través de la PPI, ya que pueden conseguirse más logros con estos instrumentos que con instrumentos específicamente orientados a la gestión de residuos;

2.2. sugiere, tal como hace en el punto 2.22 de su dictamen sobre el Libro Verde sobre la política de productos integrada(3), que por medio de una iniciativa comunitaria se recopilen las experiencias de los entes locales y regionales en materia de gestión de residuos y se canalice esta información para mejorar la prevención de residuos en las fases de diseño y de consumo;

2.3. considera conveniente definir el concepto de "ciclo de vida de un producto", ya que se da la impresión de que el ciclo de vida que se describe en la Comunicación termina al finalizar su valor de uso, es decir, que no se tienen en cuenta la prevención y la recogida de residuos. Es preciso aclarar también si las etapas previas del producto (productos semielaborados, etc.) también forman parte de dicho ciclo de vida;

2.4. estima necesario que la Comisión persiga activa y continuamente como objetivo la internalización de los costes medioambientales externos en la fijación de un precio justo de los productos, a fin de que el impacto ambiental se refleje correctamente en los precios de los productos.

2.5. expresa el deseo de que la Comisión también facilite las informaciones oficiales, como el manual práctico para una ecologización de las adquisiciones públicas orientada a la PPI, a los agentes que actualmente sólo recurren a las adquisiciones públicas en raras ocasiones y que en consecuencia no disponen de la capacidad técnica para acceder a la plataforma de comunicación de la Comisión en Internet;

2.6. aboga en particular por una modificación sustancial de las condiciones de licitación, de modo que los entes locales y regionales puedan cumplir las expectativas puestas en ellos con respecto a la ecologización de las adquisiciones públicas. En este contexto, el Comité se remite al punto 2.18 de su dictamen sobre el Libro Verde y reitera la petición de que sea posible impedir a los proveedores que no cumplan con la exigencias medioambientales locales, regionales, nacionales o europeas ofrecer bienes o servicios públicos;

2.7. subraya que a la hora de considerar las repercusiones ambientales el consumidor desempeña un papel fundamental en el ciclo de vida de un producto;

2.8. estima conveniente hacer uso de las medidas, objetivos y medios que se desarrollen en materia de protección del consumidor y aplicarlos de modo intensivo, más allá del ámbito alimentario, en el marco de la estrategia de la PPI. Por tanto habrá que elaborar estrategias para sensibilizar al consumidor para que adquiera productos ecológicos, que los utilice de modo que se puedan minimizar las repercusiones ambientales y que proceda a su adecuada eliminación;

2.9. pide a la Comisión que adopte medidas de acompañamiento para sensibilizar a los consumidores desde el principio y que desarrolle proyectos de información y formación de los consumidores que fomenten la conciencia ecológica y que promuevan decisiones de adquisición de productos que tengan en cuenta el medio ambiente. El Comité de las Regiones reconoce a este respecto su responsabilidad para fomentar activamente la integración de los aspectos medioambientales en la formación escolar y preescolar entre los agentes responsables a nivel regional y local;

2.10. pide a la Comisión que examine si las etiquetas ecológicas europeas y nacionales existentes son adecuadas para la PPI:

2.11. teniendo en cuenta, por un lado, que la etiqueta ecológica europea todavía está por detrás de las etiquetas nacionales en cuanto a popularidad y éxito (por ejemplo, el "ángel azul" alemán desde hace 25 años). El objetivo debe ser encontrar sinergias, no acabar con señas de referencia nacionales;

2.12. teniendo en cuenta, por otro lado, que en interés de una información eficaz a los consumidores, deben armonizarse y presentarse de modo claramente accesible para éstos los sistemas europeos y nacionales de etiquetado ecológico. Para ello es preciso evitar ofrecerles un exceso de información, que tendría un efecto contrario al enfoque de la PPI. La etiqueta energética de la UE puede servir como ejemplo de logro de una etiqueta adecuada para el consumidor;

2.13. insta a que, además de fomentar acciones voluntarias de empresas y fabricantes para elaborar información fiable sobre los productos con arreglo a un análisis transparente del ciclo de vida, la elaboración de la información medioambiental se haga obligatoria recurriendo a la responsabilidad del fabricante;

2.14. insta a que se dé más apoyo a la ejecución de los proyectos piloto relativos a la PPI que se mencionan en el apartado 6.1 de la Comunicación a través del instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE);

2.15. pide a la Comisión que amplíe claramente el plazo de presentación de sugerencias para los proyectos pilotos voluntarios, por lo menos hasta diciembre de 2003, con la condición previa, además, de que dé más publicidad a la petición de sugerencias para dichos proyectos piloto. En cualquier caso, el plazo de presentación de propuestas de octubre de 2003 es demasiado ajustado;

2.16. insta a que se revise si el plazo de doce meses fijado para un proyecto es realmente suficiente para tener en cuenta con la debida profundidad y amplitud el ciclo de vida de un producto;

2.17. toma nota del compromiso de la Comisión de centrarse por ahora en los productos y de ocuparse posteriormente de los servicios, aunque destaca la urgencia de ocuparse de este último asunto. En muchos casos, y especialmente en el caso de los transportes, las repercusiones medioambientales de los diferentes tipos de organización de los servicios son radicalmente diferentes. Por ello, es necesario que la Comisión afronte decididamente estos problemas.

Bruselas, 20 de noviembre de 2003.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Albert Bore

(1) DO C 357 de 14.12.2001, p. 53.

(2) DO C 357 de 14.12.2001, p. 44.

(3) CDR 98/2001 fin.