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Competencias de la Agencia (Decisión 2004/20/CE de la Comisión modificada por la Decisión 2007/372/CE)

Objetivos En el marco de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, la Unión Europea ha adoptado medidas dirigidas al fomento y desarrollo de la competitividad y la innovación. Entre estas medidas figura el establecimiento de un programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013) (Decisión no 1639/2006/CE), en particular con el programa Energía Inteligente - Europa (EIE) y el programa para la iniciativa empresarial y la innovación (IEI). También incluyen el programa Marco Polo [Reglamento (CE) no 1692/2006]. Los objetivos principales son fomentar la competitividad de las empresas, en particular las PYME, promover todas las formas de innovación, y también de innovación ecológica, promover la eficiencia energética y fuentes de energía nuevas y renovables en todos los sectores incluidos los transportes. En el marco de estos programas de la UE, la Agencia se encargará de la ejecución de las tareas relacionadas con el apoyo de la UE, con exclusión de la evaluación del programa, del control legislativo y de los estudios estratégicos o de cualquier otra medida que pudiera ser competencia exclusiva de la Comisión Europea. Funciones Ejecución de los programas de la UE teniendo en cuenta la delegación conferida por la Comisión para: — gestionar todas las fases del ciclo con relación a proyectos específicos, — ejecutar todas las operaciones necesarias para la gestión de los programas de la UE y, en particular, la ejecución presupuestaria, en concreto la adjudicación de los contratos y subvenciones, — recoger, analizar y transmitir a la Comisión toda la información necesaria para orientar la ejecución de los programas, así como fomentar la coordinación y la sinergia entre los mismos; — con respecto al IEI, encargarse también de la gestión del proyecto y de la red Entreprise Europe Network (red europea empresarial), gestionar los proyectos piloto y de primera aplicación comercial en materia de innovación ecológica, así como un elevado grado de normalización (proyecto IP-Base).
14.

El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 4 («Otro personal y prestaciones externas») del 81,05 % (frente al 89,12 % de 2007) se debió principalmente a que no se utilizó un presupuesto de 537 951 euros en la línea presupuestaria 1 4 0 0 06 («agentes contractuales»). Al inicio del ejercicio, el porcentaje de utilización (previsto y real) de esta línea presupuestaria hacía prever una insuficiencia de fondos para mediados de 2008, lo que dio lugar a una transferencia de 520 000 euros en mayo de 2008 para responder a la demanda (véase el anexo I: V/03/AB/08). No obstante, en la segunda mitad del ejercicio confluyeron varios factores que redujeron la demanda de manera significativa. El Tribunal encontró dificultades para contratar y mantener a personal cualificado. De hecho, algunos agentes contractuales pasaron a ser agentes temporales a raíz de procedimientos de selección, otros dimitieron antes del fin de su contrato (debido principalmente a que encontraron otros empleos mejor remunerados) o no fueron sustituidos al término del mismo. Por otra parte, la contratación de agentes contractuales resulta difícil por la falta de atractivo de los salarios y al hecho de que parte de los candidatos que superaron los procedimientos de selección ya se encuentran trabajando en otras instituciones.
La Comunidad llevará a cabo, en el marco de sus competencias, acciones de cooperación económica, financiera y técnica con terceros países. Estas acciones serán complementarias de las que lleven a cabo los Estados miembros y coherentes con la política de desarrollo de la Comunidad. (Artículo 181 A)

Objetivos Aplicar la asistencia comunitaria: i) a la reconstrucción, al retorno de los refugiados y desplazados, ii) para fomentar la buena administración, el refuerzo de las instituciones y el Estado de derecho, iii) para apoyar el desarrollo de una economía de mercado y proseguir con las inversiones en estructuras físicas vitales, así como las medidas en favor del medio ambiente, iv) para apoyar el desarrollo social y reforzar la sociedad civil.

Ámbito de aplicación La Agencia gestiona los principales programas de ayuda en Serbia y Montenegro (República de Serbia, Kosovo y República de Montenegro) y en la Antigua República Yugoslava de Macedonia (FRYOM). Pueden beneficiarse los Estados, las entidades administradas por las Naciones Unidas, las entidades federadas, regionales y locales, los organismos públicos y parapúblicos, los interlocutores sociales, las organizaciones de apoyo a las empresas, las cooperativas, las sociedades mutuas, las asociaciones, las fundaciones, la beneficencia y las organizaciones no gubernamentales.

Funciones: — informar a la Comisión sobre las necesidades prioritarias, — elaborar programas para la reconstrucción y el retorno de los refugiados y desplazados, — efectuar todas las operaciones necesarias para la ejecución de la asistencia comunitaria.

Consejo de Administración: Compuesto por un representante de cada Estado miembro, dos representantes de la Comisión y un observador del Banco Europeo de Inversiones. Director: Nombrado por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión. Centros operativos establecidos en Belgrado, Prístina, Podgorica y Skopje con un elevado grado de autonomía de gestión. Control externo: Tribunal de Cuentas. Autoridad de aprobación de la gestión: Parlamento previa recomendación del Consejo.

Presupuesto definitivo: 268,8 millones de euros (318,9 millones de euros) incluida una subvención comunitaria Efectivos a 31 de diciembre de 2006: 108 (114) puestos de agente temporal previstos en la plantilla puestos cubiertos: 90 (88) Otros puestos: 164 (170) puestos de agentes locales previstos, de los cuales están cubiertos: 157 (162) 29 (28) puestos de agentes interinos previstos, de los cuales están cubiertos: 26 (26) Total de efectivos: 273 (276) agentes encargados de: tareas operativas: 171 (169) tareas administrativas: 102 (107)
9.

En 2005, el consejo de administración todavía no había adoptado unas normas mínimas de control interno. Además, los ordenadores todavía no han formalizado los procedimientos y sistemas de gestión y de control interno que aplican. En estas circunstancias, el contable no ha podido validar los sistemas destinados a proporcionarle información.
10.

El Consejo de Administración no ha adoptado normas mínimas de control interno. No siempre se habían descrito el sistema y los procedimientos de gestión y control interno ni se había realizado el análisis de riesgos ligados a las operaciones financieras. La separación de las funciones de inicio y verificación operativa de los pagos no siempre fue efectiva en 2005. No se efectuó la validación de los procedimientos establecidos por los ordenadores para garantizar la exactitud y la exhaustividad de la información financiera que estos transmiten al contable. Al final de 2005, la Agencia no disponía aún de un sistema que le permitiera garantizar que las tasas exigidas a sus clientes en contrapartida por sus servicios fueran suficientes para cubrir los costes.
—

3 dictámenes relativos a las modificaciones de los Reglamentos no 1592/2002, no 1702/2003 y no 2042/2003;
5.

Los artículos 18 bis y 18 octies de la propuesta establecen las disposiciones con arreglo a las cuales la Comisión elaborará y analizará una base de datos con información procedente de los proveedores públicos o privados de servicios que ejerzan su actividad en la cadena de suministro internacional y compartirá dicha información con las autoridades de los Estados miembros. Los artículos 18 bis, apartado 6, y 18 octies, apartado 3, limitan el acceso a esta base de datos a determinados servicios de la Comisión y autoridades nacionales, y supeditan la transferencia de datos a otras instituciones al cumplimiento de condiciones específicas. Sin embargo, estas disposiciones de Derecho derivado no pueden restringir las competencias de auditoría del Tribunal establecidas conforme al Derecho primario, concretamente el artículo 287, apartado 3, del TFUE. Aunque en rigor no es necesario hacer referencia a las competencias de auditoría del Tribunal en el Reglamento modificado (CE) no 515/97, sería útil señalar en los artículos pertinentes que las disposiciones se entienden «sin perjuicio del derecho del Tribunal de Cuentas al acceso a los documentos e información en virtud del artículo 287, artículo 3, del TFUE». Ello aseguraría que todas las partes que participen en la aplicación del Reglamento tengan conocimiento de las competencias de auditoría del Tribunal y de que estas no pueden estar sujetas a condiciones restrictivas. Por la misma razón, sería útil hacer referencia al Tribunal de Cuentas en el artículo 29, en lo relativo al acceso al Sistema de Información Aduanero.
3.

La propuesta no demuestra la razón por la que «las modificaciones propuestas se consideran necesarias y urgentes para facilitar la aplicación del noveno Fondo Europeo de Desarrollo». En particular, en los considerandos de la misma no se mencionan las razones por las que se considera necesaria la autorización de confiar tareas de ejecución a organismos públicos nacionales en los Estados miembros en esta fase de la ejecución del noveno FED.
5.

El Tribunal apoya el nuevo principio presupuestario de control interno efectivo y eficiente introducido en el artículo 30 bis. No obstante, es preciso continuar desarrollando este principio, con el fin de asegurar su aplicación efectiva conforme a los principios propuestos en su Dictamen no 2/2004 sobre el modelo de «auditoría única» (y una propuesta de marco de control interno comunitario). En particular: — será necesario definir las características comunes de los sistemas de control interno de cada ámbito presupuestario y adoptar las medidas correspondientes para efectuar el seguimiento del coste de los controles y evaluar los beneficios que aporten, — es esencial que la Comisión desarrolle un marco lógico basado en principios y normas comunes, así como una supervisión adecuada, que se aplique en todos los niveles de administración, tanto en las instituciones como en los Estados miembros, a efectos de asegurar la integración y coordinación de los controles, — pese a tratarse de un concepto fundamental del marco de control interno, no existen indicaciones sobre cómo, por quién o cuándo debe definirse el «grado admisible de riesgo»; además, no se ha establecido la relación entre tal grado admisible de riesgo y el equilibrio entre los costes y los beneficios.
11.

Es preciso garantizar el respeto de los procedimientos legales aplicables a las investigaciones. De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 1073/1999, las reclamaciones efectuadas por investigaciones de los agentes de la OLAF se presentarán al director de la Oficina. Ello no constituye una solución satisfactoria, pues no garantiza a la persona que presenta la reclamación un examen independiente de la misma. Como alternativa, una serie de personas objeto de investigación se dirigieron al Defensor del Pueblo cuando consideraron que se habían vulnerado sus derechos fundamentales. Esta solución no resultó satisfactoria y en ocasiones provocó situaciones en las que parecía que el Defensor del Pueblo intervenía en el desarrollo de las investigaciones. La Comisión propone confiar al Comité de vigilancia la misión de controlar la actuación de los investigadores. Tampoco es ésta una solución mejor, pues contraviene el principio de que dicho comité no intervenga en las investigaciones en curso.
2.

El informe se ha elaborado de conformidad con el artículo 142 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (1) (en lo sucesivo denominado «el Reglamento Financiero»), y con el artículo 227 del Reglamento Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 (2). El análisis se basa en las cuentas presupuestarias provisionales establecidas por el contable.
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Visto el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo (1), y en particular su artículo 12, apartado 2, letra e), su artículo 14, apartado 2, letra c), y su artículo 15, apartado 2, letras a) y d),
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Visto el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (2), y en particular su artículo 13, apartado 2,
A.

Considerando que el juez del Tribunal de Distrito de Varsovia-Śródmieście, Sala Quinta de lo Penal, en Polonia, presentó un suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Guy Verhofstadt en relación con unas declaraciones hechas por este el 15 de noviembre de 2017 durante un debate celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo; y que la motivación del auto de dicho Tribunal de Distrito indica que, «en el caso de autos, la autoridad facultada para remitir un suplicatorio es el fiscal, ya que el querellante necesita una autorización para iniciar el procedimiento», y que, «si el fiscal no se adhiere al procedimiento y deniega la remisión de un suplicatorio del Tribunal en el que se solicite la suspensión de la inmunidad parlamentaria, el querellante se ve privado de la posibilidad de hacer valer sus derechos frente a personas amparadas por la inmunidad parlamentaria», y asimismo que «la disposición controvertida [artículo 9, apartado 12, de su Reglamento interno] no establece que la instancia judicial deba redactar el suplicatorio, sino que basta con que lo transmita. Así pues, el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria consiste más bien en la transmisión meramente formal de la petición del querellante»; tomando nota, por consiguiente, de que el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria ha sido transmitido por la autoridad judicial de conformidad con el artículo 9, apartado 12, de su Reglamento interno, pero señalando, no obstante, el hecho de que el artículo 9, apartado 1, de su Reglamento interno exige que todo suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria esté dirigido por «una autoridad competente de un Estado miembro», no siendo idénticos ambos conceptos;
C.

Considerando que los artículos 8 y 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea se excluyen mutuamente (3); que el asunto en cuestión no se refiere a ninguna opinión expresada por un diputado al Parlamento Europeo, sino a un comportamiento supuestamente peligroso para el orden público (presunta implicación en una revuelta); que es, por lo tanto, evidente que procede aplicar el artículo 9 del Protocolo n.o 7;
C.

Considerando que el segundo error afecta al artículo 141, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446; que el artículo 233, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 (3), actualmente aplicable, que prevé la posibilidad, en un número de casos limitados y muy específicos, de considerar el cruce de la frontera como una declaración de importación, exportación o reexportación temporal, no se incluyó, por error, en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446, y que, en consecuencia, no hay posibilidad de declarar determinadas mercancías por el mero hecho de cruzar la frontera del territorio aduanero de la Unión; que, por lo tanto, el artículo 141, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 debe corregirse;
2. En particular, podrá formularse dicha demanda de amparo de los privilegios e inmunidades si se considera que las circunstancias constituyen una restricción de orden administrativo o de otro tipo a la libertad de movimiento de los diputados cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento o regresen de este, o a la expresión de opiniones o emisión de votos en el ejercicio de sus funciones, o si entran en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.

3. La demanda de amparo de los privilegios e inmunidades de un diputado no será admisible si ya se ha recibido un suplicatorio de suspensión o una demanda de amparo de la inmunidad de dicho diputado en relación con el mismo procedimiento jurisdiccional, con independencia de que ya se hubiera tomado o no una decisión.
(1) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario» expone los potenciales desafíos, objetivos y orientaciones de la Política Agrícola Común (PAC) después de 2013. A la luz del debate sobre dicha Comunicación, la PAC debe reformarse con efecto a partir del 1 de enero de 2014. Esta reforma debe cubrir todos los instrumentos principales de la PAC, incluido el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003. Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la reforma, procede derogar el Reglamento (CE) no 73/2009 y sustituirlo por un nuevo texto. La reforma también debe , en la medida de lo posible, aligerar y simplificar disposiciones.

(1) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario» expone los potenciales desafíos, objetivos y orientaciones de la Política Agrícola Común (PAC) después de 2013. A la luz del debate sobre dicha Comunicación, la PAC debe reformarse con efecto a partir del 1 de enero de 2014. Esta reforma debe cubrir todos los instrumentos principales de la PAC, incluido el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 y (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003. Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la reforma, procede derogar el Reglamento (CE) no 73/2009 y sustituirlo por un nuevo texto. La reforma también debe aligerar y simplificar disposiciones.
5.

Decide que los grupos políticos y los diputados no inscritos designen miembros suplentes permanentes para cada tipo de delegación y que el número de estos suplentes no podrá ser superior al de los miembros titulares que representan a los correspondientes grupos o diputados no inscritos;
P6_TA(2006)0479

Demanda de amparo de la inmunidad y los privilegios de Gabriele Albertini

Decisión del Parlamento Europeo sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Gabriele Albertini (2006/2099(IMM))

El Parlamento Europeo,

- Vista la demanda de Gabriele Albertini de amparo de su inmunidad en relación con las diferencias penales instruidas contra su persona ante el Tribunal de Distrito de Milán, presentada el 25 de abril de 2006, y comunicada en el Pleno del 27 de abril de 2006,

- Tras haber oído a Gabriele Albertini, de conformidad con el apartado 3 del artículo 7 de su Reglamento,

- Vistos los artículos 9 y 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el apartado 2 del artículo 6 del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

- Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986 [1],

- Vistos el apartado 3 del artículo 6 y el artículo 7 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0378/2006),

1. Decide amparar la inmunidad y los privilegios de Gabriele Albertini;

2. Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente a las autoridades competentes de la República Italiana.

[1] Asunto 101/63, Wagner/Fohrmann y Krier, Rec. Ed. Esp. 1964-1966, p. 47, y Asunto 149/85, Wybot/Faure y otros, Rec. 1986, p. 2391.

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1. Decide suspender la inmunidad parlamentaria de la Sra. Elisabeth Jeggle;
2. Encarga a su Presidenta que transmita sin demora la presente decisión y el informe de su comisión a
la autoridad competente de la Repœblica Federal de Alemania.
4. Adaptación de las perspectivas financieras
A5-0110/2001
Resolución del Parlamento Europeo sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la adaptación de las perspectivas financieras a las condiciones de ejecución
(presentada por la Comisión al Parlamento y al Consejo en aplicación de los puntos 16 a 18 del
Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999) (COM(2001) 149  C5-0117/2001 
2001/0075(ACI))
El Parlamento Europeo,
 Vista la propuesta la Comisión (COM(2001) 149  C5-0117/2001)
 Vistos los resultados del diÆlogo a tres bandas celebrado el 29 de marzo de 2001,
 Visto el Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la
mejora del procedimiento presupuestario (1),
 Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos
Sociales y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A5-0110/2001),
A. Considerando que la propuesta de la Comisión de adaptar las perspectivas financieras sólo afecta a los
crØditos para compromisos,
1. Recuerda la obligación de la Comisión, de conformidad con el punto 16 del Acuerdo interinstitucio-
nal, de presentar las propuestas de adaptación de los crØditos para pagos que estime necesarios cuandorealice cada aæo la adaptación tØcnica de las perspectivas financieras; comprueba que el objetivo de estamedida es que la Comisión garantice, junto con la Autoridad Presupuestaria, una evolución ordenada delos crØditos para pagos en relación con los crØditos para compromisos;
2. Pide a la Comisión que compense cualquier posible dØficit en los crØditos destinados a las iniciativas
y medidas innovadoras de la Comunidad para el período 2000-2006 que pudiera derivarse de la ejecucióndel presupuesto 2000;
3. Pide que se celebre un debate entre las instituciones con objeto de evaluar las repercusiones presu-
puestarias y financieras del calendario previsto para la ampliación con arreglo al estado en que se encuen-tran actualmente las negociaciones para la adhesión;
4. Aprueba la decisión comœn adjunta y encarga a su Presidenta que disponga su publicación en el
Diario Oficial, serie L;
5. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución, incluido el anexo, al Consejo y a la
Comisión.
(1) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.C 27 E/34 ES 31.1.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 3 de mayo de 2001