·Las medidas de contingencia no deben reproducir las ventajas de la pertenencia a la Unión ni las condiciones de los períodos de transición, tal como se contempla en el proyecto de Acuerdo de Retirada;

La Comisión también insta a los Estados miembros a que se abstengan de celebrar convenios, acuerdos y conversaciones bilaterales con el Reino Unido, pues ello socavaría el proceso de ratificación, en la mayoría de los casos no sería compatible con el Derecho de la Unión, y supondría el riesgo de generar desigualdad de condiciones entre los Estados miembros. Ello complicaría además las futuras negociaciones de la Unión sobre una nueva asociación con el Reino Unido. Como en el caso del Acuerdo de Retirada, es esencial mantener un enfoque unitario en relación con las tareas de preparación y contingencia.

El Reino Unido ha decidido retirarse de la Unión Europea invocando el procedimiento previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. A no ser que se revoque la decisión o se prorrogue por unanimidad el plazo previsto al efecto, la retirada será efectiva en poco más de 100 días. La Comisión lamenta esta decisión, pero la respeta. Tal como se puso de relieve en la primera Comunicación de la Comisión sobre la preparación del Brexit, de 19 de julio de 2018, con independencia del escenario que se contemple, la decisión del Reino Unido causará importantes perturbaciones. Por ello, la Comisión ha pedido sistemáticamente a las empresas, a los ciudadanos europeos y a los Estados miembros que se preparen para todos los supuestos posibles, que evalúen los riesgos pertinentes y que planifiquen su respuesta con el fin de mitigar sus consecuencias.

Si no se ratifica el Acuerdo de Retirada, ya no se serán aplicables al Reino Unido la normativa de la Unión sobre coordinación de los sistemas de seguridad social. Esta eventualidad suscita la preocupación de los ciudadanos de la UE que actualmente trabajan o residen en el Reino Unido, o lo han hecho anteriormente, sobre sus derechos en materia de seguridad social. Esta inquietud también la comparten los ciudadanos del Reino Unido que trabajan o residen actualmente en otro Estado miembro.

üestén dispuestos a expedir permisos de residencia a los nacionales del Reino Unido como prueba de su residencia legal y derecho a trabajar. Se invita a los Estados miembros, en particular aquellos que acogen a un mayor número de ciudadanos, a que adopten un planteamiento pragmático, de conformidad con el Derecho de la Unión, a la hora de expedir documentos de residencia temporal hasta que puedan expedirse permisos de residencia definitivos; se pueden utilizar varias opciones técnicas, tales como medidas legislativas nacionales, la expedición de documentos temporales o el reconocimiento de documentos existentes anteriormente, para atender a la situación específica de cada Estado miembro; y

La Comisión ha dejado claro sistemáticamente que la protección de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y la de los ciudadanos del Reino Unido en la Unión Europea es una prioridad. Insta a los Estados miembros a que adopten un planteamiento generoso en relación con los nacionales del Reino Unido que ya residen en su territorio. En su Comunicación de 13 de noviembre la Comisión acogió favorablemente las garantías ofrecidas por la primera ministra May de que, incluso en caso de retirada sin acuerdo, se protegerían de modo similar los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido. La Comisión espera que esta garantía se formalice pronto, de modo que pueda ser invocada por los ciudadanos.

Si no se ratifica el Acuerdo de Retirada, los ciudadanos de la Unión que residan en el Reino Unido ya no estarían protegidos por la normativa de la UE en materia de libre circulación. Los nacionales del Reino Unido que residan en la Unión Europea estarían sujetos, a partir de la fecha de retirada, a las normas generales que se aplican a los nacionales de terceros países en la UE. Ello afectaría a su derecho a residir y trabajar en el lugar en el que vivan actualmente, así como a la protección de que gozan en materia de seguridad social.

En virtud del artículo 355, apartado 3, del TFUE, y en la medida prevista en el Acta de adhesión del Reino Unido a las Comunidades Europeas de 1972, el Derecho de la Unión resulta inaplicable a Gibraltar como territorio europeo cuyas relaciones exteriores asume un Estado miembro. El artículo 355, apartado 3, del TFUE ya no será aplicable a Gibraltar cuando el Reino Unido deje de ser Estado miembro. Como consecuencia de ello, las medidas de contingencia no serán aplicables a Gibraltar.

Solo es preciso y posible tomar medidas de contingencia a nivel de la UE para garantizar el marco jurídico necesario para evitar la interrupción abrupta de actividades en el ámbito del transporte aéreo. No es necesario adoptar medidas nacionales adicionales.

üUna propuesta de Reglamento V destinada a garantizar temporalmente, durante 12 meses, la prestación de determinados servicios aéreos entre el Reino Unido y los Estados miembros de la EU-27, de modo que las compañías aéreas del Reino Unido puedan sobrevolar el territorio de la Unión sin aterrizar, hacer escala en el territorio de la Unión con fines no comerciales, y efectuar servicios regulares y no regulares internacionales de pasajeros y de transporte de carga aérea. Todo ello supeditado a que el Reino Unido confiera derechos equivalentes a las compañías aéreas de la Unión y garantice condiciones equitativas de competencia.

Si no se ratifica el Acuerdo de Retirada, el tráfico aéreo entre la UE y el Reino Unido se interrumpirá a partir de la fecha de retirada. La Comisión ha adoptado hoy dos medidas temporales para evitar que se interrumpa totalmente el tráfico aéreo entre la Unión y el Reino Unido y garantizar las conexiones básicas:

En todos los sectores de los servicios financieros, las empresas deben seguir adoptando todas las medidas necesarias para reducir los riesgos y garantizando que se preste servicio a los clientes. Las empresas deben informar activamente a los clientes acerca de las medidas que han adoptado y cómo las están aplicando. Por su parte, los clientes situados en la Unión Europea de empresas del Reino Unido han de prepararse para la posibilidad de que su proveedor ya no esté sujeto a la legislación de la UE.

üDos Reglamentos Delegados III , IV por los que se facilita la novación, por un período de tiempo determinado, de determinados contratos de derivados OTC con una contraparte establecida en el Reino Unido con objeto de sustituir dicha contraparte por otra establecida en la Unión. De este modo, estos contratos pueden transferirse a una contraparte de la EU-27, al tiempo que mantienen su exención y, por lo tanto, no pasan a estar sujetos a las obligaciones de compensación y en materia de márgenes impuestas por el Reglamento de Infraestructuras de Mercado. Estos contratos, anteriores al Reglamento EMIR, quedan exentos de las obligaciones que conlleva el Reglamento. Este instrumento permitirá evitar que un cambio de contraparte no vaya acompañado de una pérdida de la exención.

üUna decisión de equivalencia temporal y condicional II durante un período de 24 meses para garantizar que no habrá perturbaciones en los servicios prestados por los depositarios centrales de valores del Reino Unido. La decisión les permitirá seguir prestando temporalmente servicios de notaría y servicios centrales de mantenimiento a los operadores de la Unión. Con esta medida los operadores de la EU-27 que actualmente no disponen de alternativas inmediatas en la EU-27 podrán cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión.

üUna decisión de equivalencia temporal y condicional I durante un período de 12 meses para garantizar que no habrá perturbaciones en la compensación centralizada de derivados. Gracias a ella, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) podrá reconocer temporalmente las entidades de contrapartida central establecidas actualmente en el Reino Unido, lo que les permitirá seguir prestando servicios temporalmente en la Unión. La Comisión ha llegado a la conclusión de que las empresas de la EU-27 necesitan este plazo para encontrar alternativas plenamente viables a los operadores del Reino Unido.

Tras analizar los riesgos ligados a una situación de retirada sin acuerdo en el sector financiero y habida cuenta de la opinión del Banco Central Europeo y de las Autoridades Europeas de Supervisión, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, para salvaguardar la estabilidad financiera en la EU-27, solo se precisa adoptar un número reducido de medidas de contingencia. Estas medidas mitigan los riesgos para la estabilidad financiera solo en aquellos ámbitos en los que las medidas de preparación de los operadores del mercado, por sí solas, son claramente insuficientes para abordar estos riesgos antes de la fecha de retirada. Por consiguiente, la Comisión ha adoptado hoy los siguientes actos que serán de aplicación a partir de la fecha de retirada si no se ratifica el Acuerdo:

Si no se ratifica el Acuerdo de Retirada, los operadores financieros establecidos en el Reino Unido perderán, a partir de la fecha de retirada, el derecho a prestar sus servicios en los Estados miembros de la EU-27 en virtud del régimen de pasaportes de servicios financieros de la UE. Por lo tanto, los operadores del Reino Unido y sus homólogos de la EU-27 deben tomar medidas para cumplir el Derecho de la Unión en todas las eventualidades y con tiempo suficiente de cara a la retirada del Reino Unido, tal como ha indicado la Comisión en las comunicaciones a las partes interesadas que ha publicado en este ámbito.

üexporten las pensiones de jubilación al Reino Unido, a pesar de que será un tercer país. Ello sería aplicable no solo a aquellos ciudadanos que sigan residiendo en el Reino Unido después de la fecha de retirada, sino también a los nacionales del Reino Unido que hayan adquirido derechos a pensión de jubilación en la EU-27 antes de la fecha de retirada.

En particular, la Comisión insta a los Estados miembros a que:

Transporte de mercancías por carretera

Si no se ratifica el Acuerdo de Retirada, el transporte de mercancías por carretera entre la UE y el Reino Unido se verá seriamente restringido y sujeto a un sistema internacional de contingentes limitados. La Comisión ha adoptado hoy una medida para garantizar las conexiones básicas. Gracias a ella, los transportistas del Reino Unido podrán transportar temporalmente mercancías a la Unión, a condición de que el Reino Unido confiera derechos equivalentes a los transportistas por carretera de la Unión y siempre que se garanticen condiciones equitativas de competencia:

üUna propuesta de Reglamento VII por el que se autoriza temporalmente, durante 9 meses, a los transportistas de mercancías por carretera autorizados en el Reino Unido a transportar mercancías por carretera entre el territorio del Reino Unido y los Estados miembros de la EU-27.

Es preciso adoptar medidas de contingencia a nivel de la UE para establecer un marco jurídico adecuado en el ámbito del transporte de mercancías por carretera. La legislación de la UE sustituyó los antiguos convenios bilaterales en materia de transporte de mercancías por carretera, que ya no pueden ser reactivados. Cualquier nuevo convenio bilateral plantearía problemas de competencia y no permitiría el transporte de mercancías por carretera al Reino Unido por parte de un transportista de otro Estado miembro (transporte entre terceros países). En consecuencia, este tipo de convenios no constituyen una solución práctica.

Aduanas y exportación de bienes

Si no se ratifica el Acuerdo de Retirada, toda la legislación pertinente de la UE sobre mercancías importadas y exportadas será de aplicación a partir de la fecha de retirada, en particular la relativa a derechos de aduana e impuestos y al cumplimiento de los trámites y controles exigidos por el marco jurídico vigente, a fin de garantizar condiciones de competencia equitativas.

La intervención de los Estados miembros sigue siendo esencial. Los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para estar en condiciones, a partir de la fecha de retirada y en caso de que no se ratifique el Acuerdo, de aplicar el Código Aduanero de la Unión y las normas pertinentes en materia de fiscalidad indirecta a todas las importaciones procedentes del Reino Unido y a todas las exportaciones destinadas a este país. Deben aprovechar las posibilidades existentes para expedir autorizaciones relativas al uso de las medidas de facilitación previstas en el Código Aduanero de la Unión. En reuniones celebradas con los Estados miembros, la Comisión ha facilitado información detallada sobre las opciones disponibles en el marco del Código Aduanero de la Unión.

La Comisión también ha adoptado hoy la siguiente medida de carácter técnico:

üUn Reglamento Delegado VIII por el que se incluyen las aguas que rodean al Reino Unido en las disposiciones relativas a los plazos en los que deben presentarse las declaraciones sumarias de entrada y las declaraciones previas a la salida antes de entrar en el territorio aduanero de la Unión o de salir de él.

Si no se ratifica el Acuerdo de Retirada, a partir de la fecha de retirada se exigirán licencias individuales para la exportación de productos de doble uso de la UE al Reino Unido. Los productos de doble uso son los bienes, los programas informáticos y la tecnología que pueden ser utilizados tanto para aplicaciones civiles como militares. La UE controla la exportación, el tránsito y el corretaje de productos de doble uso, con el fin de contribuir a la paz y la seguridad internacionales y evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. Las autorizaciones generales de exportación de la Unión (AGEUE) autorizan las exportaciones de productos de doble uso a determinados destinos en determinadas condiciones. Para facilitar los controles de la exportación al Reino Unido de productos de doble uso a partir de la fecha de retirada si no se ratifica el Acuerdo, y a fin de garantizar el buen funcionamiento del régimen de autorización de exportaciones para todos los Estados miembros de la EU-27, la Comisión ha adoptado el siguiente acto:

üUna propuesta de Reglamento IX por el que se añade al Reino Unido a la lista de países que gozan de una autorización general de exportación de productos de doble uso válida en todo el territorio de la UE.

Política de la Unión Europea en materia de cambio climático

La política de la Unión Europea en materia de cambio climático se articula en torno a diversos instrumentos, en particular el régimen de comercio de derechos de emisión y un sistema de cuotas para la comercialización de hidrofluorocarburos. El régimen de comercio de derechos de emisión funciona sobre la base de mecanismos de mercado para la oferta de derechos de emisión. En caso de que no se ratifique el Acuerdo de Retirada, el Reino Unido ya no participará en el régimen, por lo que los derechos que haya emitido podrían generar una situación de exceso de oferta. Para evitar la distorsión del mercado que ello provocaría y garantizar el correcto funcionamiento y la integridad medioambiental del régimen de comercio de derechos de emisión, la Comisión ha adoptado el siguiente acto:

üUna Decisión de la Comisión X para suspender temporalmente para el Reino Unido la asignación gratuita de derechos de emisión, la subasta y el intercambio de créditos internacionales con efectos a partir del 1 de enero de 2019.

Además, si no se ratifica el Acuerdo de Retirada, el Reino Unido dejará de participar en el sistema de cuotas de comercialización de hidrofluorocarburos. Por consiguiente, la Comisión ha adoptado las siguientes medidas:

üUna Decisión de Ejecución XI para que se asigne una cuota anual adecuada a las empresas del Reino Unido con objeto de que puedan acceder al mercado de la EU-27.

üUn Reglamento de Ejecución XII por el que se garantiza que la información facilitada por las empresas establece una distinción entre el mercado de la UE y el mercado del Reino Unido para que las cuotas se asignen correctamente en el futuro.

Otros sectores

La Comisión reitera su compromiso de garantizar que continúen en cualquier eventualidad los programas actuales entre los condados fronterizos de Irlanda y de Irlanda del Norte, habida cuenta de la especial importancia de la cooperación regional en la zona. A tal fin, la Comisión ha adoptado hoy el acto siguiente:

üUna propuesta de Reglamento XIII por el que se garantiza la continuación de los programas PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte- Escocia) hasta el final de 2020.