(3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

(4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

(5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía la opinión del Consejo de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

(6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

(7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha mostrado la necesidad de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que incluyan, en particular, unas mejores estrategias de adquisición, unas cadenas de suministro diversificadas y unas reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

(8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a España a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados por la crisis.

(9)Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas Comunidades Autónomas españolas debido a sus diferentes modelos de especialización. Es el caso, por ejemplo, de las regiones más dependientes del turismo, tales como las de la costa mediterránea, Andalucía o las islas Baleares y las islas Canarias, en donde más de la cuarta parte de los empleos están relacionados con este sector. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

(10)El 1 de mayo de 2020, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

(11)España se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda.

(12)El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a España garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto (3) no rebasara el 0,6 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. La evaluación global de la Comisión confirma una desviación significativa respecto de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019. Este es el factor pertinente recogido en el informe de la Comisión elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, en el que se evalúa el cumplimiento del criterio de deuda por parte de España en 2019.

(13)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 2,8 % del PIB en 2019 a un déficit del 10,3 % en 2020. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública / PIB, tras disminuir al 95,5 % en 2019, aumentaría al 115,5 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

(14)En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, España ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 3,2 % del PIB. La cuantificación de las medidas que suponen un aumento del déficit coincide con las estimaciones de la Comisión, tras tener en cuenta el diferente tratamiento del coste de los estabilizadores automáticos. Entre estas medidas se incluye el reforzamiento de los servicios de asistencia sanitaria y la concesión de una ayuda a la renta de los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. Por otra parte, España ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Estabilidad de 2020 en el 9,2 % del PIB. Entre esas medidas cabe destacar las garantías de préstamo (8,8 % del PIB). Globalmente, las medidas tomadas por España están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

(15)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas españolas sería del –10,1 % del PIB en 2020 y el –6,7 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 115,6 % del PIB en 2020 y el 113,7 % del PIB en 2021.

(16)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento por parte de España de la norma en materia de deuda en 2019 y del incumplimiento previsto del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis indica que el criterio de déficit y el criterio de deuda definidos en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97 no se cumplen.

(17)Las medidas adoptadas para detener la propagación del virus están teniendo un importante efecto sobre la economía y podrían causar una reducción del PIB del 9,4 % este año. Aunque por el momento es difícil de calcular, el impacto sobre el empleo también será considerable. Alrededor de un millón de personas ya han perdido su empleo desde el comienzo de la crisis. Los efectos sobre el empleo están siendo actualmente mitigados por la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a cerca de 3,5 millones de trabajadores, lo que ha impedido hasta la fecha más pérdidas inmediatas de empleo. Las consecuencias de la pandemia en España se verán agravadas por la alta proporción de empleo en las pequeñas y medianas empresas (PYME), por la importancia de sectores que están siendo particularmente afectados y que probablemente experimentarán una recuperación más lenta, tales como el turismo y el sector del comercio minorista, y por la alta tasa de contratos temporales entre los trabajadores (26,3 % en 2019). Todos estos factores podrían provocar grandes pérdidas de puestos de trabajo y ampliar los efectos de la crisis. Según las previsiones de la Comisión, la tasa de desempleo, que era del 13,6 % en febrero de 2020, aumentaría hasta el 18,9 % en 2020 y se recuperaría, hasta el 17 %, en 2021.

(18)Las autoridades españolas han procurado mitigar el impacto de la pandemia y del periodo de confinamiento mediante diversas series de medidas, de un importe total de 145 000 millones EUR. En sus esfuerzos por combatir la enfermedad, las autoridades han aumentado sus gastos en asistencia sanitaria y en servicios sociales. También han facilitado la utilización de expedientes de regulación temporal de empleo con el fin de mantener el empleo de los trabajadores y sostener la renta de las familias. Los trabajadores afectados por un ERTE reciben una prestación equivalente al 70 % de su cotización base a la seguridad social, con un importe mínimo y un importe máximo (de 502 EUR y 1 402 EUR, respectivamente). La relación laboral se mantiene intacta durante la duración de los ERTE, que se ha ampliado recientemente hasta el 30 de junio de 2020. Las empresas que utilizan expedientes de regulación temporal de empleo están exentas de pagar una parte muy importante de las cotizaciones a la seguridad social relativas a los trabajadores a los que se aplica un ERTE, a condición de que mantengan sus empleos durante un mínimo de seis meses tras la reanudación de la actividad. Estas medidas se aplican en paralelo a ayudas específicas a las PYME y a los trabajadores autónomos, que constituyen la columna vertebral de la economía española (aplazamiento de pagos tributarios, reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social y garantías estatales) y pretenden ayudarles a evitar la quiebra y a reanudar rápidamente la actividad una vez que se haya superado la crisis. Las medidas también se han adoptado para garantizar de forma temporal una ayuda a la renta de trabajadores no convencionales que no tienen acceso a la protección de la seguridad social.

(19)El sistema sanitario español presenta buenos resultados a pesar de un nivel de inversión relativamente bajo. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha sometido el sistema a una tensión sin precedentes y ha puesto de manifiesto su vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Las acciones inmediatas se están centrando en el reforzamiento de las capacidades en materia de trabajadores sanitarios y productos médicos e infraestructuras esenciales, con el fin de salvar vidas y restablecer la salud durante la pandemia. Las personas discapacitadas y las personas de más edad que reciben una atención residencial se han visto particularmente expuestas durante la crisis. Ha de garantizarse permanentemente su acceso a la asistencia médica y social, incluidos los servicios asistenciales de urgencia e intensivos. Posteriormente, los esfuerzos se deberán concentrar en mejorar la resiliencia del sistema sanitario de forma que pueda recuperar su funcionamiento óptimo lo antes posible y afrontar mejor nuevas perturbaciones. La pandemia ha revelado problemas estructurales existentes, algunos de los cuales se derivan de ciertas deficiencias en la inversión en infraestructuras físicas y en la contratación y las condiciones de trabajo de los trabajadores sanitarios. Existen disparidades regionales en materia de gasto, recursos físicos y personal, y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno no siempre es eficiente. A medio plazo, la asistencia sanitaria podría responder mejor a los problemas que plantea el envejecimiento de la población, la agravación de las enfermedades crónicas y la discapacidad. La asistencia primaria y el desarrollo de la sanidad electrónica tienen un papel fundamental que desempeñar a este respecto. A medio plazo, será importante garantizar que la probable disminución de los recursos como consecuencia de la recesión económica no afecte a la cobertura sanitaria de las personas y no se traduzca en desigualdades de acceso.

(20)A pesar de los años de fuerte creación de empleo, el mercado de trabajo español aún registraba niveles muy altos de desempleo y segmentación del mercado laboral antes de la pandemia de COVID-19. Los datos preliminares apuntan a un aumento muy significativo del nivel de desempleo en España como resultado de la crisis, lo cual tendrá repercusiones en la ya limitada capacidad de los servicios de empleo para ayudar a los trabajadores y a los empresarios y en los servicios sociales. A medio plazo, el camino hacia la recuperación deberá fundamentarse en medidas de apoyo al empleo tomadas tras consultar a los interlocutores sociales, tales como la eliminación gradual de los expedientes de regulación temporal de empleo, la revisión del sistema de incentivos a la contratación para fomentar formas de empleo sostenibles, especialmente para los trabajadores jóvenes, y la flexibilización de las condiciones laborales. Incrementándose la proporción de estudiantes en ciencias y tecnologías digitales, fomentándose el atractivo de la educación y la formación profesional y garantizándose unas oportunidades flexibles de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional se podría contribuir a satisfacer la demanda creciente de cualificaciones técnicas necesarias para las transiciones ecológica y digital que acompañarán a la recuperación. De forma general, una mejora de la orientación educativa y profesional y la prestación de un apoyo adecuado a los estudiantes con algún tipo de desventaja y a las regiones rezagadas podrían contribuir a mejorar los resultados educativos. El éxito de las medidas que puedan adoptarse con vistas a alcanzar estos objetivos dependerá en gran medida de que se invierta el tiempo necesario para alcanzar un consenso político y social amplio y duradero en torno a las reformas.

(21)Los efectos de la pandemia sobre el mercado de trabajo se han traducido en la acuciante necesidad de sostener la renta de los hogares afectados por la crisis. Con este fin, ha sido fundamental la facilitación de la utilización de expedientes de regulación temporal de empleo. Sin embargo, los trabajadores temporales con contratos de muy corta duración, que constituyen la inmensa mayoría de los nuevos desempleados (cerca de un millón) y entre los que se encuentran muchos trabajadores jóvenes, frecuentemente no pueden optar a una protección por desempleo convencional. Con el fin de respaldar una recuperación sostenible y la cohesión social, se requiere garantizar cuanto antes que todos los trabajadores, incluidos los temporales y los autónomos, tengan acceso a una protección social adecuada y a las políticas activas del mercado de trabajo.

(22)La crisis probablemente aumentará los altos niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre las familias con hijos. En 2019, España era el Estado miembro cuya asignación familiar por hijo media era la más baja. Las familias de rentas bajas no pueden optar a las asignaciones por hijo, cuya concesión está sometida a condiciones estrictas, y las desgravaciones fiscales les aportan un beneficio limitado. Los gastos en prestaciones sociales siguen muy orientados hacia las personas de más edad y, si las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 pasan a ser permanentes y no se toman medidas compensatorias, se prevé un aumento significativo del nivel de gasto en pensiones a medio o largo plazo. La difícil situación económica y social resultante de la pandemia más bien aboga por una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes. La prestación de desempleo destinada a los desempleados de larga duración y a los trabajadores que no pueden optar a regímenes contributivos está actualmente dispersa en una multitud de regímenes, lo que se traduce en una baja cobertura. Los regímenes autonómicos de renta mínima en vigor solo llegan al 20 % de sus beneficiarios potenciales en el país, existiendo grandes disparidades entre Comunidades Autónomas en términos de cobertura, duración, condiciones de acceso y adecuación. En el acuciante contexto actual, se prevé la introducción a muy corto plazo de un régimen nacional permanente de renta mínima garantizada. Por ahora no se puede evaluar su impacto sobre la reducción de la pobreza ni su sostenibilidad a corto y medio plazo