Propuesta de Decisión-marco del Consejo relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia
(2002/C 75 E/17)
COM(2001) 664 final  2001/0270(CNS)
(Presentada por la Comisión el 29 de noviembre de 2001)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado sobre la Unión Europea, y, en particular, sus
artículos 29, 31 y la letra b) del apartado 2 del artículo 34,
Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Parlamento Europeo,Considerando lo siguiente:
(1) El racismo y la xenofobia son violaciones directas de los
principios de la libertad, la democracia, el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales así
como del Estado de Derecho, principios sobre los cualesse fundamenta la Unión Europea y comunes a los Estadosmiembros.
(2) El Plan de acción del Consejo y la Comisión sobre la
mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado deAmsterdam relativas a la creación de un espacio de liber-tad, seguridad y justicia (
1), las conclusiones del Consejo
Europeo de Tampere del 15 y 16 de octubre 1999 (2), la
Resolución del Parlamento Europeo de 20 de septiembre2000 (
3) y la Comunicación de la Comisión al Consejo y
al Parlamento Europeo sobre la actualización semestral delMarcador (
4) para el examen de los progresos realizados
en la creación de un espacio «de libertad, seguridad y
justicia» en la Unión Europea (segundo semestre de 2000),
invitan a una acción en este Æmbito.
(3) La Acción comœn 96/443/JAI de 15 de julio de 1996
adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3del Tratado de la Unión Europea relativa a la Accióncontra el racismo y la xenofobia (
5) debe ir seguida de
una nueva acción legislativa que responda a la necesidadde acercar aœn mÆs las disposiciones legales y reglamen-tarias de los Estados miembros y superar los obstÆculos auna cooperación judicial eficaz como consecuencia prin-cipalmente de la disparidad de los enfoques legislativos delos Estados miembros.
(4) De acuerdo con la evaluación de la Acción comœn de
1996 y los trabajos realizados en otros foros internacio-nales, como el Consejo de Europa, subsisten algunas difi-cultades en el Æmbito de la cooperación judicial, de ahí lanecesidad de una mejora de la legislación penal de los
Estados miembros para garantizar así la aplicación deuna legislación clara y completa con el fin de combatir
eficazmente el racismo y la xenofobia.
(5) Es necesario definir un enfoque penal del racismo y la
xenofobia que sea comœn a la Unión Europea con el finde que el mismo comportamiento constituya un delito en
todos los Estados miembros y que se prevean penas efec-
tivas, proporcionadas y disuasorias contra las personasfísicas y jurídicas que cometen tales delitos o que sonresponsables de los mismos.
(6) La motivación racista o xenófoba debe tenerse en cuenta
como circunstancia agravante en la aplicación de las san-ciones por delitos ordinarios. Con ello se daría una res-puesta directa a los autores de estos delitos y se consegui-ría un efecto disuasorio.
(7) La comisión de un delito de carÆcter racista o xenófobo en
el ejercicio de una actividad profesional debe considerarsecomo una circunstancia agravante puesto que constituyeuna ofensa y es especialmente censurable.
(8) Debe garantizarse que las investigaciones y las actuaciones
judiciales relativas a los delitos de carÆcter racista o xenó-fobo no dependan de declaraciones o acusaciones realiza-das por las víctimas, que son a menudo especialmentevulnerables y reacias a emprender acciones judiciales.
(9) Debe fomentarse la cooperación judicial en materia penal
para combatir mÆs eficazmente los delitos de carÆcterracista o xenófobo adoptando normas claras en materiade competencia y extradición.
(10) Conviene establecer puntos de contacto operativos para el
intercambio de información o hacer un uso adecuado delmecanismo de cooperación existente.
(11) Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio
del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para laprotección de las personas con respecto al tratamientoautomatizado de datos de carÆcter personal. Los datosde carÆcter personal tratados en el contexto de la aplica-ción de la presente Decisión marco estarÆn protegidos deacuerdo con los principios de dicho Convenio.ES 26.3.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 75 E/269
(1) DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.
(2) http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
(3) DO C 146 de 17.5.2001, p. 110.
(4) COM(2000) 782 final.
(5) DO L 185 de 24.7.1996, p. 5.
(12) Dado que el objetivo de castigar el racismo y la xenofobia
en todos los Estados miembros con sanciones penalesefectivas, proporcionadas y disuasorias así como mejorary fomentar la cooperación judicial suprimiendo los obs-tÆculos potenciales no puede lograrse adecuadamente demanera individual por los Estados miembros ya que lasnormas deben ser comunes y compatibles, y se alcanzaríamejor a nivel de la Unión, Østa podrÆ adoptar medidas de
acuerdo con el principio de subsidiariedad contemplado
en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y pre-visto en el artículo 5 del Tratado CE. De acuerdo con elprincipio de proporcionalidad previsto en este œltimo ar-tículo, la presente Decisión marco no irÆ mÆs allÆ de loque es necesario para lograr estos objetivos.
(13) La presente Decisión marco se aplicarÆ sin perjuicio de las
competencias de la Comunidad Europea.
(14) Es necesario derogar la Acción comœn 96/443/JAI, ya que
tras la aprobación del Tratado de Amsterdam y de lapresente Decisión marco, la Directiva 2000/43/CE delConsejo de 29 de junio de 2000 relativa a la aplicacióndel principio de la igualdad de trato entre las personas sindistinción de raza u origen Øtnico (
1) ha quedado obsoleta.
(15) La presente Decisión marco respeta los derechos funda-
mentales y se atiene a los principios reconocidos por el
Convenio europeo de protección de los derechos huma-nos y, en particular, sus artículos 10 y 11, y por la Cartade Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, enparticular, sus capítulos II y VI.
DECIDE:
Artículo 1
Objeto
La presente Decisión marco establece disposiciones para la
armonización de las leyes y reglamentos de los Estados miem-bros así como para el refuerzo de la cooperación entre lasautoridades judiciales y otras autoridades de los Estados miem-bros con respecto a los delitos de carÆcter racista y xenófobo.
Artículo 2
Alcance
La presente Decisión marco se aplica a los delitos de carÆcter
racista o xenófobo cometidos:
a) en el territorio de los Estados miembros, o
b) por un nacional de un Estado miembro cuando el acto
afecta a individuos o grupos de un Estado miembro, oc) por cuenta de una persona jurídica establecida en un Estado
miembro.
Artículo 3
Definición
A los efectos de la presente Decisión marco, se entenderÆ por:
a) «racismo y xenofobia», la creencia de que la raza, el color, la
ascendencia, la religión o las convicciones, el origen nacio-nal o el origen Øtnico constituyen un factor determinantepara la aversión hacia individuos o grupos;
b) «grupo racista o xenófobo», una organización estructurada,
establecida durante un determinado período de tiempo, quecuenta con mÆs de dos personas que actœan concertada-mente para cometer los delitos contemplados en las letrasa) a e) del artículo 4;
c) «persona jurídica», cualquier entidad que goce de tal rØgimen
jurídico con arreglo al Derecho aplicable, con excepción delos Estados o de otras entidades pœblicas en el ejercicio desu potestad estatal y de las organizaciones internacionalespœblicas.
Artículo 4
Delitos de carÆcter racista y xenófobo
Los Estados miembros pondrÆn todos los medios necesarios
para que los siguientes comportamientos, cometidos por cual-quier medio, sean considerados como delitos y castigados por
la ley:
a) la incitación pœblica a la violencia o al odio por motivos
racistas o xenófobos o cualquier otro comportamiento ra-cista o xenófobo susceptible de causar un perjuicio sustan-cial a los individuos o grupos afectados;
b) los insultos o amenazas pœblicas hacia individuos o grupos
por motivos racistas o xenófobos;
c) la apología pœblica con fines racistas o xenófobos de los
crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad ycrímenes de guerra tal como vienen definidos en los artícu-los 6, 7 y 8 del Estatuto del Tribunal penal internacional;
d) la negación pœblica o la banalización de los crímenes defi-
nidos en el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar in-
ternacional adjunto al Acuerdo de Londres de 8 de abril de1945 en la medida en que ello pueda perturbar el ordenpœblico;
e) la difusión o la distribución pœblica mediante escritos, imÆ-
genes u otros soportes que contengan manifestaciones ra-cistas o xenófobas;ES C 75 E/270 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.3.2002
(1) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
f) la dirección de un grupo racista o xenófobo, el apoyo a este
grupo o la participación en sus actividades con la intenciónde contribuir a las actividades delictivas de la organización.
Artículo 5
Inducción, complicidad y tentativa
Los Estados miembros tomarÆn las medidas necesarias para que
se castigue penalmente el hecho de incitar a cometer el delitocontemplado en el artículo 4, de ser cómplice o de intentarcometerlo.
Artículo 6
Penas y sanciones
1. Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias
para garantizar que los delitos definidos en los artículos 4 y 5sean objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuaso-rias.
2. Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias
para garantizar que al menos en los casos graves los delitosprevistos en las letras b) a e) del artículo 4 sean punibles
mediante penas privativas de libertad susceptibles de dar lugar
a la extradición o la entrega.
3. Cada Estado miembro adoptarÆ las medidas necesarias
para que los delitos contemplados en las letras a) y f) delartículo 4 vayan acompaæados de penas privativas de libertadpor un período que no podrÆ ser inferior a los dos aæos.
4. Los Estados miembros adoptarÆn las medidas oportunas
para que se apliquen o se prevean determinadas penas sustitu-torias o alternativas como el trabajo de interØs general o laparticipación en cursos de formación, la limitación de algunosderechos civiles o políticos o la publicación de la totalidad oparte de una sentencia para los delitos previstos en los artículos4y5 .
5. Los Estados miembros tomarÆn las medidas necesarias
para que puedan imponerse multas o se acepte el pago desumas con fines caritativos para los delitos contemplados enlos artículos 4 y 5.
6. Los Estados miembros procederÆn a la incautación y con-
fiscación de todos los materiales o instrumentos utilizados paracometer los delitos contemplados en los artículos 4 y 5, asícomo del producto de estos delitos.
Artículo 7
Circunstancias agravantes de los delitos de carÆcter racista
Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas necesarias
para que se aumente la pena en los casos en que el autor deuno de los delitos contemplados en los artículos 4 y 5 actœe enel ejercicio de una actividad profesional y la víctima dependade dicha actividad.Artículo 8
Motivación racista y xenófoba
Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas necesarias
para que la motivación racista y xenófoba pueda considerarsecomo una circunstancia agravante en la determinación de lapena en el caso de los delitos distintos de los contemplados enlos artículos 4 y 5.
Artículo 9
Responsabilidad de las personas jurídicas
1. Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas nece-
sarias para que las personas jurídicas puedan ser consideradasresponsables de los delitos contemplados en los artículos 4 y 5,cometidos en su nombre por cualquier persona que actœa in-dividualmente o como miembro de un órgano de la personajurídica que ejerce un poder de dirección en la misma deacuerdo con los siguientes criterios:
a) un poder de representación de dicha persona jurídica, o
b) autoridad para adoptar decisiones en nombre de dicha per-
sona jurídica, o
c) autoridad para ejercer el control en el seno de dicha persona
jurídica,
2. Independientemente de los casos previstos en el apartado
1, los Estados miembros tomarÆn todas las medidas necesariaspara que una persona jurídica pueda ser considerada comoresponsable cuando la ausencia de supervisión o control porparte de una de las personas citadas en el apartado 1 hagaposible la comisión de los delitos contemplados en los artículos
4 y 5 en favor de dicha persona jurídica por una persona sujeta
a su autoridad.
3. La responsabilidad de la persona jurídica en virtud de los
apartados 1 y 2 no excluye las acciones judiciales de carÆcterpenal contra las personas físicas que cometan un delito o seanculpables de los comportamientos a los que se hace menciónen los artículos 4 y 5.
Artículo 10
Sanciones contra las personas jurídicas
1. Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas nece-
sarias para que una persona jurídica considerada responsablecon arreglo al apartado 1 del artículo 9, sea objeto de sancio-nes efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluyendo multaspenales o no penales y eventualmente otras sanciones como:
a) exclusión de prestaciones o ayudas pœblicas,b) prohibición temporal o permanente del desempeæo de acti-
vidades comerciales,
c) sometimiento a vigilancia judicial,
d) medida judicial de liquidación,e) cierre temporal o definitivo de establecimientos utilizados
en la comisión del delito.ES 26.3.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 75 E/271
2. Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas nece-
sarias para que una persona jurídica considerada responsablecon arreglo al apartado 2 del artículo 9 sea objeto de sancioneso medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Artículo 11
Inicio de acciones judiciales
Los Estados miembro tomarÆn todas las medidas necesarias
para que las investigaciones sobre los delitos previstos en losartículos 4 y 5 o su enjuiciamiento no dependa de la declara-ción o acusación de la víctima del delito, al menos en los casosen que los delitos contemplados en las letras a), e) y f) delartículo 4 se cometieran en su territorio.
Artículo 12
Competencia
1. Cada Estado miembro serÆ competente respecto a los
delitos previstos en los artículos 4 y 5 cuando el delito secometió:
a) total o parcialmente en su territorio; ob) por uno de sus nacionales y el acto afecta a individuos o
grupos de este Estado, o
c) en nombre de una persona jurídica que tiene su domicilio
social en el territorio de este Estado miembro.
2. Al delimitar su competencia de acuerdo con la letra a) del
apartado 1, los Estados miembro tomarÆn todas las medidasnecesarias para que su competencia incluya los casos en los
que el delito se cometió por medio de un sistema de informa-
ción y:
a) el autor del delito comete Øste estando físicamente presente
en su territorio, independientemente de que en la comisióndel delito se utilice o no material racista albergado en unsistema de información en su territorio;
b) el delito emplea el material racista albergado en un sistema
de información situado en su territorio, independientementede que el delincuente cometa el delito o no estando física-mente presente en su territorio.
3. Un Estado miembro podrÆ decidir no aplicar, o aplicar
sólo en casos o circunstancias específicas, el criterio de com-petencia contemplado en las letras b) y c) del apartado 1.
4. Los Estados miembros informarÆn a la Secretaría general
del Consejo y la Comisión de su decisión de aplicar el apartado3, indicando, si fuera necesario, los casos o circunstancias es-pecíficos en los cuales dicha decisión se aplica.Artículo 13
Extradición y enjuiciamiento
1. Todo Estado miembro que, en virtud de su legislación, no
conceda la extradición de sus nacionales, adoptarÆ las medidasnecesarias para establecer su propia competencia sobre losdelitos a los que se hace mención en los artículos 4 y 5,cuando sean cometidos por sus propios nacionales fuera desu territorio.
2. Cuando uno de los nacionales de un Estado miembro sea
presunto autor en otro Estado miembro de un delito tipificadoen los artículos 4 y 5 y el Estado miembro de que se trate noconceda la extradición de dicha persona al otro Estado miem-bro por razones de nacionalidad, deberÆ someter el asunto asus autoridades competentes para que Østas efectœen, si pro-cede, las correspondientes diligencias judiciales.
Con el fin de que puedan realizarse tales diligencias, se remi-
tirÆn los documentos, informaciones y objetos relativos al de-
lito, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 6 del Convenio europeo de extradición de 13 de di-ciembre de 1957. Se informarÆ al Estado miembro requirentede las diligencias efectuadas y de su resultado.
3. A los efectos del presente artículo, se considerarÆn «na-
cionales» de un Estado miembro los definidos como tales deconformidad con cualquier declaración que dicho Estadomiembro haya hecho con arreglo a las letras b) y c) del apar-tado 1 del artículo 6 del Convenio europeo de extradición.
Artículo 14
Delitos políticos
Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas necesarias
para que los delitos contemplados en los artículos 4 y 5 nosean considerados como delitos políticos que justifiquen unanegativa a dar curso a las solicitudes de asistencia judicialmutua o extradición.
Artículo 15
Intercambio de información
1. Los Estados miembros designarÆn puntos de contacto
operativos o utilizarÆn las estructuras operativas existentespara el intercambio de información y para otros contactosentre ellos a efectos de la aplicación de la presente Decisiónmarco.
2. Los Estados miembro informarÆn a la Secretaría general
del Consejo y la Comisión de sus puntos de contacto operati-vos o su estructura operativa a efectos de la aplicación delapartado 1. La Secretaría general comunicarÆ esta informacióna los otros Estados miembros.ES C 75 E/272 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26.3.2002
3. Cuando un Estado miembro posea información relativa al
almacenamiento en su territorio de material que contenga ma-nifestaciones de racismo y xenofobia con fines de distribucióno difusión en otro Estado miembro, la transmitirÆ a este otroEstado miembro para que pueda iniciar, de acuerdo con sulegislación, diligencias judiciales o diligencias para su confisca-ción. PodrÆn utilizarse a tal efecto los puntos de contacto ope-rativos mencionados en el apartado 1.
Artículo 16
Aplicación
1. Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias
para dar cumplimiento a la presente Decisión marco a mÆstardar el 30 de junio de 2004.
2. ComunicarÆn a la Secretaría general del Consejo y a la
Comisión el texto de las disposiciones que adopten e informa-rÆn de todas las medidas que aprueben para ajustarse a lapresente Decisión marco.3. A la luz de la información recibida, la Comisión presen-
tarÆ antes del 30 de junio de 2005 un informe al ParlamentoEuropeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Deci-sión marco, acompaæado si es preciso de propuestas legislati-vas.
4. El Consejo evaluarÆ en quØ medida los Estados miembros
se han ajustado a la presente Decisión marco.
Artículo 17
Derogación de la acción comœn 96/443/JAI
Se deroga por la presente la Acción comœn 96/443/JAI.
Artículo 18
Entrada en vigor
La presente Decisión entrarÆ en vigor el tercer día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas .ES 26.3.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 75 E/273