El sistema judicial sueco no presenta problemas específicos en lo que respecta a la eficiencia, a pesar del número especialmente elevado de nuevos asuntos de lo contencioso-administrativo. El sistema sueco presenta valores promedio en lo que respecta al plazo de resolución de asuntos contenciosos tanto de lo civil como de lo mercantil, así como los asuntos contencioso-administrativos. La cantidad de nuevos asuntos contencioso-administrativos es particularmente elevada, y el número de asuntos pendientes de este tipo ha seguido una tendencia ligeramente ascendente desde 2016. Por lo tanto, la tasa de resolución de los asuntos contencioso-administrativos disminuyó en 2016 y 2017, si bien muestra una tendencia positiva en 2018, acercándose de nuevo al 100 %, mientras que el plazo medio de resolución de los asuntos contencioso-administrativos sigue siendo relativamente bajo . Puesto que no se decretó el confinamiento general, los tribunales han seguido funcionando en su mayoría con normalidad durante la pandemia de COVID-19, si bien se cancelaron o pospusieron algunas vistas por motivos de salud pública .

Suecia tiene una larga tradición normativa de libertad y pluralismo de los medios de comunicación. Sus garantías jurídicas a este respecto emanan del marco constitucional y legislativo, y parecen estar plenamente instauradas en la práctica. La autoridad reguladora de los medios de comunicación en Suecia dispone de sólidas garantías de independencia, consagradas en las disposiciones constitucionales. No se han identificado grandes problemas en lo que respecta a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, a pesar de que no existen normas específicas para las empresas de comunicación. Suecia demuestra también que dispone de un sólido sistema de protección de los periodistas. Se considera que las condiciones en las que los periodistas suecos desarrollan su labor figuran entre las más favorables del mundo. Sin embargo, en 2020 se han notificado algunas amenazas dirigidas a periodistas, tanto físicas como por medios virtuales.

Según las encuestas, Suecia se percibe como uno de los países menos corruptos de la UE y del mundo. En el Código Penal está tipificada la mayoría de las formas de corrupción pública y privada. Si bien no se ha codificado una estrategia anticorrupción exhaustiva, el Gobierno ha anunciado una iniciativa para desarrollar un plan de acción nacional de lucha contra la corrupción. Las instituciones públicas se han labrado una buena reputación por la transparencia de su administración y la fiabilidad y funcionalidad del marco de prevención de la corrupción. La actividad de los grupos de presión no está regulada por ley. Por otro lado, una de las claves del planteamiento sueco en lo que respecta a la prevención de la corrupción es un amplio derecho a la información. Además, los cargos públicos pueden facilitar información a los medios de comunicación. Existen medidas para garantizar la protección de las personas que informan sobre infracciones, y se está llevando a cabo una revisión para valorar la necesidad de introducir modificaciones atendiendo a la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. No obstante, el soborno de funcionarios públicos extranjeros sigue siendo un ámbito de riesgo.

El Consejo Legislativo se encarga de la evaluación ex ante de la constitucionalidad de las leyes. Antes de que el Gobierno presente las propuestas legislativas al Parlamento, el Consejo Legislativo, compuesto por magistrados retirados y en activo del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo , las examina y emite un dictamen no vinculante sobre la conformidad de la propuesta con la Constitución y el ordenamiento jurídico en general, garantizando que se respetan los principios del Estado de Derecho . Una comisión del Riksdag (el Parlamento) también pueden solicitar una opinión al Consejo Legislativo. Aunque Suecia carece de tribunal constitucional, todos los tribunales pueden valorar la compatibilidad de las leyes con la Constitución o con leyes de rango superior a la hora de pronunciarse sobre asuntos específicos, y deben abstenerse de aplicar cualquier disposición incompatible (un proceso llamado «evaluación de normas»). Si se promulga una ley que entre en conflicto con el dictamen del Consejo Legislativo, los tribunales pueden tenerlo en cuenta en el contexto de la evaluación de normas .

Suecia tiene un sistema de gobierno parlamentario unicameral en el que un Consejo Legislativo garantiza el control de constitucionalidad ex ante, mientras que los tribunales pueden llevarlo a cabo ex post en casos concretos. Tanto el Parlamento como el Gobierno pueden formular propuestas legislativas, si bien en la práctica es este último quien lo hace en la gran mayoría de los casos. El procurador general de justicia, el Defensor del Pueblo Parlamentario y el Defensor del Pueblo en materia de Igualdad de Género desempeñan un papel importante en el sistema de contrapoderes institucionales.

Suecia dispone de un marco sólido relativo a la protección y las actividades de los periodistas. Se considera que las condiciones en que los periodistas suecos desarrollan su labor son de las más favorables del mundo. El instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación de 2020 ha concluido que el riesgo para la autonomía editorial en Suecia es muy bajo . En este sentido, la Ley de libertad de prensa regula la autonomía en el nombramiento y la destitución de los editores jefe. Asimismo, un número considerable de organizaciones de medios de comunicación y de periodistas han desarrollado iniciativas de autorregulación relacionadas con la independencia editorial. En cuanto a la difamación y la injuria a través de la prensa escrita o los medios de comunicación audiovisuales, las sanciones previstas incluyen penas de prisión, conforme a la Ley de Libertad de Prensa (capítulo 7) y la Ley Fundamental sobre la Libertad de Expresión (capítulo 5), que habrán de interpretarse conjuntamente con el Código Penal sueco . No obstante, según la información facilitada por el Instituto Internacional de Prensa , el enjuiciamiento por delitos de difamación a través de los medios de comunicación no es habitual en Suecia debido a los numerosos requisitos previstos en las leyes antedichas para la tramitación de este tipo de asuntos. Aun así, algunas fuentes como Reporteros sin Fronteras y el Consejo Nacional de Suecia para la Prevención de la Delincuencia (BRÅ) han informado de que algunos periodistas reciben amenazas debido a su actividad profesional. El número de periodistas expuestos a comentarios injuriosos o despectivos a través de internet disminuyó desde un 80 % en 2013 hasta un 70 % en 2019, aproximadamente . En 2019, la plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas no emitió ninguna alerta en relación con Suecia. En 2020, la plataforma publicó tres alertas relacionadas tanto con agresiones perpetradas contra periodistas, tanto físicas como a través de internet . La Autoridad Policial de Suecia ha puesto en marcha acciones específicas para abordar los derechos y libertades fundamentales, incluidos los delitos contra los periodistas. Entre ellas se incluye el establecimiento de puntos de contacto nacionales, la provisión de personal adicional para brindar apoyo a las víctimas de dichos delitos y la dotación de una mayor cantidad de fondos para investigar más a fondo los delitos contra la democracia y los delitos de odio . Actualmente, un representante de consulta , nombrado por el Gobierno en mayo de 2020, está revisando, entre otras cuestiones, la protección penal de determinadas funciones esenciales en la sociedad, incluida la de los periodistas. Se espera que, en el marco de este proceso, se valore si deben plantearse más garantías legislativas relativas a la libertad de expresión . Asimismo, los periodistas disponen de un sólido marco de acceso a la información. Según el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación de 2020 , las disposiciones legales relativas al acceso a la información y las restricciones basadas en la protección de la privacidad y la confidencialidad están claramente definidas, y las partes interesadas, como el Defensor del Pueblo ante los Medios de Comunicación, consideran que este derecho se respeta plenamente y se aplica de manera correcta en la práctica .

En lo que respecta a la transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación, el sistema judicial sueco no dispone de legislación específica para cada medio. Según el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación de 2020 , todas las empresas de radiodifusión tienen la obligación de cumplir el marco general derivado de la Ley sueca de relaciones financieras (la ley de transparencia), que exige a las empresas que informen de sus estructuras de propiedad de forma transparente. Asimismo, deben cumplir la ley de competencia, que regula la concentración de la propiedad. En este marco, todas las empresas suecas tienen la obligación de informar a la Autoridad Sueca de Competencia acerca de su estructura de propiedad, así como facilitar informes anuales en los que se incluya información a este respecto y que sean de dominio público (incluida su publicación en los sitios web de las compañías). No obstante, debido a la ausencia de un marco específico para cada medio, el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación de 2020 señala un riesgo moderado en lo que respecta a la transparencia de la propiedad de los medios. Al mismo tiempo, según los representantes de la Autoridad de Prensa y Radiodifusión de Suecia , no ha habido problemas relacionados con la identificación de los propietarios de los servicios de información .

Se han implantado normas sobre las «puertas giratorias» para altos cargos, pero la actividad de los grupos de presión sigue sin estar regulada. En 2018, entró en vigor la normativa relativa a las «puertas giratorias» , por la que se establecen restricciones a los ministros, miembros del gabinete y secretarios de departamentos que asuman puestos de trabajo y funciones en organizaciones ajenas al Gobierno o al sector público. Esta normativa es aplicable a las transiciones a actividades no estatales, incluidos aquellos ministros y secretarios de Estado que deseen asumir un nuevo puesto o función en actividades no estatales o constituir una empresa. Las «actividades no estatales» engloban todas aquellas en las que el Estado no sea la autoridad responsable. Estas normas también se aplican a empresas total o parcialmente públicas. El órgano especial de revisión, el Comité de Revisión de las Restricciones Transitorias del Gabinete y los Secretarios de Departamento, examina la transición a cualquier actividad cuyo empleador no sea el Gobierno. En cuanto a los grupos de presión, no existe ninguna obligación específica de registro de sus integrantes o de declaración de contactos entre los funcionarios y los miembros de los grupos. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) se ha percatado de la falta de normas desarrolladas que regulen el contacto con los miembros de los grupos de presión, habida cuenta de la tendencia de los ex funcionarios públicos a integrarse en dichos grupos .

La responsabilidad de la prevención y la lucha contra la corrupción está repartida entre varias autoridades. El Organismo de Gestión Pública administra una red nacional de lucha contra la corrupción desde 2017 y lleva a cabo labores de investigación y coordinación de políticas, lo que refuerza el buen gobierno y las medidas anticorrupción. La Oficina Nacional de Auditoría, cuyas competencias incluyen peritajes forenses y de control de cuentas, se encarga de llevar a cabo los controles financieros y no financieros de las organizaciones del sector público. El Consejo Nacional para la Prevención de la Delincuencia sirve de corpus de conocimiento dentro del sistema judicial . La Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones (SALAR) ha organizado una serie de talleres sobre la prevención de la corrupción. Además, la Policía Financiera desempeña las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Suecia y participa en investigaciones con la Autoridad Policial. Según el Consejo Nacional de Suecia para la Prevención de la Delincuencia (BRÅ) , en 2018 se notificaron 297 casos de aceptación de sobornos y 143 de ofrecimiento de los mismos. No obstante, el soborno de funcionarios públicos extranjeros sigue siendo un ámbito de riesgo, puesto que Suecia tiene uno de los números más elevados de corporaciones multinacionales per cápita, y el enjuiciamiento del soborno de funcionarios públicos extranjeros está limitado por el requisito de doble tipificación y el requisito de responsabilidad de las personas jurídicas .

Varias autoridades independientes participan en la protección de los derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo en materia de Igualdad de Género es la institución nacional de derechos humanos (NHRI) y el organismo de promoción de la igualdad de Suecia, que en 2011 recibió la acreditación B de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos por su nivel de conformidad con los Principios de París, puesto que sus funciones se ciñen a las cuestiones de igualdad y no abarcan otros derechos humanos en líneas más generales . En 2018, el Gobierno autorizó una investigación para elaborar una propuesta para la creación de una institución nacional de derechos humanos con plenas funciones en este ámbito. El informe de la investigación se presentó en 2019 y se ha sometido a consulta; en su declaración gubernamental de 2019, Suecia anunció formalmente que se crearía una institución nacional de derechos humanos . La Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHRI) ha formulado sus comentarios acerca del informe de investigación, haciendo hincapié en la necesidad de proporcionar suficientes garantías de la independencia y rendición pública de cuentas de la nueva institución. Asimismo, tanto el defensor del pueblo parlamentario (nombrado por el Parlamento y que actúa en nombre de este) como el procurador general de justicia (nombrado por el Gobierno y que actúa en nombre de este) supervisan la aplicación de las leyes y otras normativas por parte de las entidades públicas, incluidos los tribunales y los jueces. Ambas instituciones pueden incoar procedimientos disciplinarios contra altos funcionarios públicos, incluidos los jueces y magistrados , así como emitir dictámenes no vinculantes sobre el tratamiento de una cuestión por parte de una autoridad pública o un tribunal (si bien esto únicamente atañe a la aplicación de las leyes y procedimientos por parte de un tribunal o juez, no al contenido de una resolución judicial). En febrero de 2020, el Parlamento decidió establecer una investigación parlamentaria para evaluar el rango constitucional, las funciones y la actividad del Defensor del Pueblo Parlamentario, cuyos resultados se presentarán en mayo de 2022 .

El Gobierno ha establecido instrumentos específicos para el diálogo con la sociedad civil. Se considera que Suecia disfruta de un espacio cívico abierto . Desde 2017, el Gobierno ha puesto en marcha un método específico para fomentar diversas formas de diálogo con la sociedad civil, llamado «sakråd» (foro de consulta temática) , y un organismo nacional de diálogo y consulta entre el Gobierno y la sociedad civil, creado en 2018, ofrece un foro de colaboración estructurada y resolución conjunta de problemas .

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión).

BRÅ, «Threats and violence». https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2015-04-29-hot-och-vald.html .

BRÅ, «Handled crimes». https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik/handlagda-brott.html .

BRÅ, «Reported crimes». https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html .

Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2020), 2020 Media Pluralism Monitor. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 .

CEPEJ (2020), Study on the functioning of the judicial systems in the EU Member States.

CIVICUS, Monitor tracking civic space: Sweden. https://monitor.civicus.org/country/sweden/ .

Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas: Suecia. https://www.coe.int/en/web/media-freedom/sweden .

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/ Rec(2010)12 del Comité de Ministros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2016): «Recommendation CM/REC(2016)4 Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors».

Consejo de Europa: Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) (2016), Informe n.º 19 sobre el papel de los presidentes de los tribunales.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia, C-619/18.

Dirección General de Comunicación (2019), Encuesta «Flash» del Eurobarómetro n.º 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU.

Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro Especial n.º 502: Corruption.

Comisión Europea (2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.

Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECJ) (2014), «Informe 2013-2014 de la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ): Estándares judiciales mínimos IV - Reparto de asuntos».

Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (2019), «Re: Consultation on the proposal for the establishment of a National Human Rights Institution in Sweden» (Ds 2019:4).