Estas carencias y limitaciones de los instrumentos y garantías de las ANC significan que las empresas que realizan prácticas contrarias a la competencia pueden verse ante resultados muy diferentes en un procedimiento, dependiendo de los Estados miembros en los que estén presentes: tal vez no se les apliquen en absoluto las normas contempladas en los artículos 101 o 102 del TFUE o no se les apliquen con eficacia, por ejemplo, porque no puedan recabarse pruebas de prácticas contrarias a la competencia o porque las empresas puedan eludir su responsabilidad en las multas. La desigual aplicación de las normas de competencia de la UE falsea la competencia en el mercado interior y socava el sistema de aplicación descentralizada instituido por el Reglamento (CE) n.º 1/2003.

5. Las carencias y limitaciones de los instrumentos y garantías de las ANC también socavan el sistema de competencias paralelas para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE sobre la base de una estrecha cooperación dentro de la REC. Este sistema depende de que las autoridades puedan confiar unas en otras para que la una realice pesquisas en nombre de la otra. Pero este sistema no funciona bien cuando sigue habiendo ANC que no tienen herramientas de investigación adecuadas. Otras carencias en la capacidad de las ANC para prestar asistencia mutua también socavan el sistema europeo de aplicación de las normas de competencia, que está pensado para funcionar como un todo coherente. Por ejemplo, las ANC administrativas no pueden pedir la ejecución de sus multas transfronterizas si el infractor no tiene presencia legal en su territorio. En la era digital, muchas empresas venden por internet en un número potencialmente elevado de países, pero solo pueden tener una presencia legal, por ejemplo, en un Estado miembro. Estas empresas tienen en la actualidad un refugio seguro que las ampara del pago de multas.

2. Muchas de las ANC no disponen de todas las herramientas que necesitan para detectar y afrontar eficazmente las infracciones del Derecho de la competencia. Algunas ANC no tienen facultades de investigación clave, como recabar pruebas almacenadas en teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas, etc., lo que constituye un serio inconveniente en la era digital. Sus competencias de investigación a menudo carecen de fuerza al no estar respaldadas por sanciones efectivas si las empresas no las respetan.

Existe un potencial sin explotar para una aplicación más eficaz por parte de las ANC de las normas de competencia de la UE. El Reglamento (CE) n.º 1/2003 no abordó los medios e instrumentos por los que las ANC aplican las normas de competencia de la UE y muchas de ellas no disponen de todos los medios e instrumentos que necesitan para aplicar eficazmente los artículos 101 y 102 del TFUE:

Solamente la actuación a nivel de la UE puede garantizar que el sistema de cooperación establecido por el Reglamento (CE) n.º 1/2003 funcione adecuadamente. Uno de los elementos principales del Reglamento (CE) n.º 1/2003 es que prevé mecanismos de cooperación que permitan a las ANC investigar las supuestas infracciones fuera de las fronteras de su Estado miembro. Una ANC puede pedir a otra que efectúe en su nombre pesquisas para recabar pruebas en otra jurisdicción. Como se ha señalado anteriormente, este mecanismo no funciona bien si no todas las ANC disponen de competencias efectivas para realizar inspecciones o solicitar información. Una vez más, es difícil resolver este asunto a nivel nacional. Por ejemplo, si la ANC del Estado miembro A necesita que la ANC del Estado miembro B recabe información de empresas situadas en su territorio, pero la ANC del Estado miembro B carece de competencias efectivas, el Estado miembro A poco puede hacer al respecto.

La UE debe adoptar medidas para resolver los problemas detectados porque las ANC aplican normas de la UE de dimensión transfronteriza. Las medidas de ejecución por parte de la ANC de un Estado miembro pueden incidir en la competencia, las empresas y los consumidores en otros Estados miembros; por ejemplo, un cártel de ámbito nacional excluye normalmente a los competidores de otros Estados miembros. Si las ANC no disponen de los medios e instrumentos necesarios para aplicar las normas (por ejemplo, por falta de recursos), esto podría tener consecuencias negativas directas para los consumidores y las empresas, no solo en el Estado miembro de dicha ANC, sino también en otros Estados miembros, así como en la capacidad de las ANC de cooperar en toda Europa. El Estado miembro Y no puede subsanar la falta de medios e instrumentos de una ANC en el Estado miembro X y, por tanto, solo una intervención de la UE puede resolver este problema.

En conclusión, la propuesta de Directiva, tanto en su finalidad como en su contenido, persigue un doble objetivo estratégico: uno relativo a la aplicación efectiva de la política de competencia de la UE, y otro, al buen funcionamiento del mercado interior. Estos componentes son indisociables: velar por que las ANC estén facultadas para aplicar las normas de manera efectiva implica necesariamente legislar para eliminar los obstáculos en las leyes nacionales que producen una aplicación desigual y, de este modo, falsean la competencia en el mercado interior. No se perjudicará a consumidores y empresas por leyes y medidas nacionales que impiden la aplicación efectiva de las normas por parte de las ANC. Las ANC deben contar con las mismas garantías e instrumentos para la aplicación de disposiciones del Derecho nacional de la competencia cuando estas se apliquen en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE, debido a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones. Por último, es necesario prever mecanismos de asistencia mutua transfronteriza eficaces para garantizar unas condiciones más equitativas y salvaguardar el sistema de competencias paralelas dentro de la REC. Estos objetivos interdependientes, aunque distintos, no pueden perseguirse por separado mediante la adopción de dos instrumentos diferentes. Por ejemplo, no es viable dividir la Directiva propuesta en un primer instrumento, basado en el artículo 103 del TFUE, que dote a las ANC de los medios e instrumentos que necesitan para aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE, y otro instrumento, basado en el artículo 114 del TFUE, que obligue a los Estados miembros a establecer las mismas normas para la aplicación del Derecho nacional de la competencia cuando se aplique paralelamente a las normas de competencia de la UE. Por estas razones, la propuesta también se basa en el artículo 114 del TFUE.

Las carencias y limitaciones en la capacidad de las ANC para prestar asistencia mutua también socavan el sistema europeo de aplicación de las normas de competencia que está pensado para funcionar como un todo coherente. Por ejemplo, las mayoría de las ANC no puede notificar medidas de aplicación clave ni pedir la ejecución de sus multas transfronterizas si el infractor no tiene presencia legal en su territorio. Estas empresas tienen en la actualidad un refugio seguro que las ampara del pago de multas. La aplicación ineficaz que resulta de ello falsea la competencia para las empresas que respetan la legislación y afecta a la confianza de los consumidores en el mercado interior, en particular en el entorno digital. Zanjar estas divergencias proporcionando un sistema para la notificación transfronteriza de cargos preliminares en relación con supuestas infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE y de las decisiones de aplicación de dichos artículos, así como la ejecución transfronteriza de las multas impuestas por las ANC administrativas, constituye un aspecto fundamental para garantizar unas condiciones de competencia equitativas en Europa y evitar falseamientos de la competencia. Del mismo modo, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema de competencias paralelas en la REC, deben suspenderse las normas nacionales sobre plazos de prescripción mientras duren los procedimientos ante ANC de otro Estado miembro o ante la Comisión.

La propuesta de Directiva aborda la aproximación de las legislaciones nacionales de otro modo también ya que su ámbito de aplicación cubre la aplicación de las normas nacionales de competencia. En la práctica, la mayoría de las ANC aplican las disposiciones de la legislación nacional de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE en el mismo asunto. La propuesta de Directiva tendrá un impacto inevitable en las disposiciones de la legislación nacional de competencia aplicadas en paralelo por parte de las ANC. Por otra parte, cuando una ANC adopta medidas de investigación en una fase temprana de un asunto, suele ser difícil saber si iniciar la aplicación del Derecho de competencia de la UE tendrá efectos sobre el comercio. Por consiguiente, la ANC ha de suponer que ambos pueden aplicarse. Esto significa que cuando las ANC utilizan la facultad prevista por la propuesta para recabar pruebas digitales, potencialmente lo harían para la aplicación de la legislación nacional y de la UE. Por lo tanto, es difícil, si no imposible, disociar dicha aplicación paralela de la legislación nacional y de los artículos 101 y 102 del TFUE. Si no existieran las mismas garantías e instrumentos en la legislación nacional cuando esta se aplique paralelamente a los artículos 101 y 102 del TFUE, ello causaría inseguridad jurídica y el riesgo de socavar la igualdad de condiciones. Por otra parte, para que la protección de los procedimientos de clemencia y transacción sea significativa, debe efectuarse no solo para los procedimientos de aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE en curso ante las ANC sino también para la aplicación independiente de las disposiciones equivalentes de Derecho nacional.

Estas carencias y limitaciones de los instrumentos y garantías de las ANC se traducen en que las empresas que participan en prácticas contrarias a la competencia pueden no verse en absoluto obligadas a cumplir las normas en virtud de los artículos 101 o 102 del TFUE o en que la aplicación no sea eficaz, por ejemplo, porque no pueden recabarse pruebas de dichas prácticas o porque las empresas pueden eludir su responsabilidad en las multas. Las empresas no pueden competir sobre la base de sus méritos cuando existen refugios seguros para las prácticas contrarias a la competencia. Esto, por tanto, las disuade de entrar en dichos mercados y de ejercer sus derechos de establecimiento y de ofrecer bienes y servicios en esos países. Los consumidores de Estados miembros en los que la aplicación de las normas es menor no se benefician de las ventajas de la aplicación efectiva de la competencia contra las prácticas contrarias a la misma que mantienen los precios de bienes y servicios artificialmente altos. Así pues, la aplicación desigual de los artículos 101 y 102 del TFUE en Europa falsea así la competencia en el mercado interior y va en detrimento de su correcto funcionamiento.

La presente propuesta se basa en los artículos 103 y 114 del TFUE ya que persigue una serie de objetivos que están inseparablemente vinculados, a saber: 1) dar cumplimiento a los principios establecidos en los artículos 101 y 102 del TFUE al capacitar a las ANC para que sean más eficaces en la aplicación de las normas; 2) garantizar que no sea falseada la competencia en el mercado interior y los consumidores y las empresas no estén en desventaja por leyes y medidas nacionales que impidan a las ANC ser eficaces en la aplicación de las normas; 3) velar por que existan las mismas garantías e instrumentos en la legislación nacional de competencia cuando se aplique paralelamente a los artículos 101 y 102 del TFUE, a fin de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones; y 4) implantar normas efectivas relativas a la asistencia mutua para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y del sistema de cooperación dentro de la REC.

La Comunicación de 2014 se basó en el informe de cinco años del Reglamento 1/2003, que consideró que facultar a las ANC para coaplicar las normas de competencia de la UE ha contribuido positivamente a reforzar su aplicación. No obstante, la Comunicación llegó a la conclusión de que hay margen de mejora, en particular, para garantizar que las ANC tengan poderes efectivos de ejecución e instrumentos de imposición de multas.

Dicho enfoque calibrado no será una desviación radical del requisito general del Derecho de la UE que dispone que los Estados miembros deben prever procedimientos y sanciones eficaces para la aplicación de las normas de la UE; se trata de una evolución lógica de dicho requisito. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las normas nacionales deben garantizar la plena efectividad del Derecho de la competencia de la Unión. El Tribunal de Justicia también ha declarado que la regulación procesal nacional del funcionamiento de las autoridades nacionales de competencia no debe ser contraria al objetivo del Reglamento (CE) n.º 1/2003, que es garantizar la aplicación efectiva de los artículos 101 del TFUE y 102 del TFUE por dichas autoridades.

En resumen, los marcos nacionales de competencia existentes no permitirán por sí mismos a las ANC aplicar las normas de competencia de la UE con más eficacia en toda la UE. Por otra parte, la Comisión no puede hacer cumplir ninguno de los requisitos de la UE relativos a los instrumentos de investigación y sanción, los recursos y la estructura institucional de las ANC a la hora de hacer cumplir las normas de competencia de la UE, mientras no existan dichos requisitos. Por consiguiente, solo una iniciativa a escala de la UE puede facultar a las ANC para aplicar la normativa con más eficacia y garantizar que dispongan de medios e instrumentos más efectivos para aplicar las normas de competencia de la UE.

En cuanto a las otras tres opciones estratégicas que se examinaron en el informe de evaluación de impacto: i) la hipótesis de base de que la UE no adopte ninguna medida es muy improbable que logre los objetivos estratégicos y no se ajustaría a las expectativas de las partes interesadas; ii) la posibilidad de adoptar exclusivamente intervenciones mínimas no proporcionaría una base jurídica sólida que garantizara que todas las ANC dispongan de los medios e instrumentos necesarios para ser eficaces en la aplicación de las normas. Por otra parte, llevan en vigor unos cuantos años medidas mínimas, sin haber logrado el objetivo de explotar plenamente el potencial de la descentralización del sistema instaurado por el Reglamento (CE) n.º 1/2003; iii) dotar a las ANC con medios e instrumentos uniformes y detallados a través de una acción legislativa de la UE aportaría beneficios adicionales limitados con respecto a la opción preferida, pero, al mismo tiempo, implicaría una mayor interferencia en las tradiciones y sistemas y jurídicos nacionales.

La propuesta garantiza la protección de los derechos fundamentales de las empresas que son objeto de procedimientos de competencia, es decir (pero no exclusivamente), el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a una buena administración y a la tutela judicial efectiva (artículos 16, 17, 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Esto dará a las ANC competencias efectivas para aplicar las normas de competencia de la UE solo en la medida en que sea necesario y proporcionado. Obligará a los Estados miembros a aportar las salvaguardias adecuadas para el ejercicio de estas competencias que cumplan como mínimo las normas de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y sean conformes con los principios generales del Derecho de la UE, incluido el debido respeto de los derechos de protección de datos de las personas físicas. En particular, estas salvaguardias deben respetar los derechos de defensa de las empresas sometidas a un procedimiento de aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, uno de cuyos componentes esenciales es el derecho a ser oído. Esto incluye el derecho a una notificación formal de los cargos de las ANC con arreglo al Derecho de competencia de la UE y el derecho efectivo de acceso al expediente con el fin de que las empresas puedan preparar su defensa. Además, los destinatarios de decisiones firmes de las ANC que apliquen los artículos 101 y 102 del TFUE han de tener derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal para impugnar estas decisiones.

Además, este capítulo garantiza que los solicitantes dispondrán de cinco días hábiles para presentar las solicitudes abreviadas y aclara que no deben verse confrontados a peticiones paralelas de las ANC que requieran muchos recursos mientras la Comisión está investigando el asunto. Asimismo aclara que, una vez que la Comisión haya decidido no actuar en un asunto, los solicitantes deben tener la posibilidad de presentar solicitudes de clemencia completa a las ANC pertinentes.

El tercer aspecto se refiere a limitaciones en cuanto a quién puede ser considerado responsable del pago de la multa. El concepto de «empresa» en Derecho de la competencia de la UE está establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, lo que significa que distintas personas jurídicas pertenecientes a una «empresa» pueden ser consideradas conjunta y solidariamente responsables de las multas impuestas a dicha «empresa». Esto envía una señal clara a todo el grupo empresarial de que la ausencia de una buena gobernanza empresarial y del cumplimiento de la normativa de competencia no quedarán impunes. También permite que la multa refleje la capacidad general del grupo empresarial, y no solo la de la filial, por lo que es más significativo y disuasorio. Sin embargo, actualmente varias ANC no pueden considerar responsables a las sociedades matrices de las infracciones cometidas por sus filiales bajo su control. Además, varias ANC no pueden considerar a los sucesores legales de un infractor y a los continuadores económicos de un infractor responsables de las multas, o hay incertidumbre al respecto, a pesar de la jurisprudencia establecida del Tribunal de Justicia Europeo. Esto significa que las empresas pueden librarse de las multas simplemente fusionándose con otras empresas o mediante una reestructuración empresarial. Para resolver este problema, la propuesta dispone que el concepto de empresa se aplique a los efectos de imponer multas a las sociedades matrices y a los sucesores legales y económicos de las empresas.

En segundo lugar, existen diferencias en las metodologías para el cálculo de las multas que pueden tener un impacto significativo en el nivel de las multas impuestas por las ANC. Estas diferencias se refieren principalmente a: 1) la multa máxima que puede imponerse (el máximo legal) y 2) los parámetros para el cálculo de la multa. Estas diferencias explican, en parte, por qué hoy las multas pueden variar en la proporción de 1 a 25, dependiendo de qué autoridad actúe. Por la misma infracción pueden imponerse multas muy bajas, lo que significa que el efecto disuasorio de las multas difiere muchísimo en toda Europa, problema que se planteó durante la consulta pública. Las multas impuestas pueden no reflejar el perjuicio causado a la competencia por el comportamiento contrario a la misma. Para garantizar que las ANC puedan fijar multas disuasorias en función de una serie de parámetros básicos, en primer lugar, debería existir un máximo legal común que no sea inferior al 10 % del volumen de negocios mundial y, en segundo lugar, al determinar el importe de la multa, las ANC deben tener en cuenta los factores esenciales de la gravedad y la duración de la infracción.

En primer lugar, la naturaleza de las multas impuestas por las ANC por infracción de las normas de competencia de la UE varía según los Estados miembros. Las multas pueden imponerse en un procedimiento administrativo (las impone la ANC), en un procedimiento judicial no penal (las imponen los tribunales) o en un procedimiento penal o cuasi-penal [las imponen principalmente los tribunales o, en algunos casos, la ANC, pero con arreglo a procedimientos de infracción cuasi penales (faltas)]. En la mayoría de los Estados miembros las multas son administrativas. En tres Estados miembros se imponen multas civiles. En cinco Estados miembros, las multas se imponen en procedimientos (quasi) penales. En la mayoría de los Estados miembros en los que las multas se imponen principalmente en procedimientos (quasi) penales, el Derecho de competencia de la UE está infraaplicado y, en los caso de aplicación normal, durante el período 2004-2013 raramente se impusieron sanciones. La mayoría de las partes interesadas declararon en la consulta pública que los sistemas penales son menos adecuados para la aplicación eficaz de las normas de competencia de la UE. Con objeto de abordar estos problemas de «infraaplicación» y mantener al mismo tiempo la flexibilidad para los Estados miembros, la propuesta garantizará que, en aquellos Estados miembros en los que la ANC administrativa actualmente no pueda adoptar decisiones en materia de multas, tendrán que otorgarse competencias a las ANC para adoptar tales decisiones directamente, o bien los Estados miembros tendrán que garantizar que tales decisiones puedan ser adoptadas por un órgano jurisdiccional en un procedimiento judicial no penal. De este modo, la necesidad de cambio se restringirá al mínimo.

Para resolver este problema, la propuesta prevé las competencias mínimas efectivas básicas de investigación (competencias para inspeccionar locales comerciales y no comerciales, emitir requerimientos de información) y de toma de decisiones (facultad de adoptar decisiones de prohibición, incluida la facultad de imponer medidas correctoras estructurales y de comportamiento, decisiones de compromisos y medidas cautelares). En la consulta pública, el apoyo fue generalizado para que se tomen medidas encaminadas a velar por que las ANC dispongan de tales instrumentos eficaces. Por ejemplo, las partes interesadas, en particular las empresas, destacaron que la falta de competencias de las ANC para imponer medidas correctoras estructurales es especialmente problemática en el caso de las empresas perjudicadas por el comportamiento contrario a la competencia del infractor.

Las competencias y procedimientos de investigación y toma de decisiones son los principales instrumentos de trabajo de las autoridades responsables de la competencia. No obstante, en la actualidad existe un mosaico de competencias en Europa, y muchas ANC no tienen todas las competencias que necesitan. El alcance de las competencias de investigación y toma de decisiones de las ANC varía considerablemente, lo que puede tener una incidencia significativa sobre su eficacia.

Este capítulo garantiza que las ANC gocen de las garantías de independencia necesarias. En particular, introduce garantías para proteger al personal y la dirección de las ANC de influencias externas a la hora de hacer cumplir las normas de competencia de la UE: i) garantizando que puedan desempeñar sus funciones y ejercer sus competencias con independencia de influencias externas, tanto políticas como de otro tipo; ii) excluyendo explícitamente instrucciones de ningún Gobierno o de ninguna otra entidad pública o privada, iii) garantizando que se abstendrán de cualquier acción que sea incompatible con el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus competencias; iv) prohibiendo el despido de su dirección por motivos relacionados con la toma de decisiones en casos específicos; v) garantizando que disponen de la facultad de fijar sus prioridades en casos individuales, incluida la potestad de desestimar denuncias por motivos de prioridad. En cuanto a este último aspecto, la propuesta no interfiere con la prerrogativa de los Estados miembros de definir objetivos estratégicos generales. La mayoría de las partes interesadas durante el proceso de consulta pública apoyó la actuación que cubre todos estos aspectos. En particular, las empresas informaron de que la falta de capacidad de las ANC para fijar sus prioridades totalmente les impide centrarse en las infracciones que causan mayor daño a la competencia.

Este capítulo garantiza que, si un procedimiento está en curso ante una ANC o la Comisión, se suspenden los plazos de prescripción aplicables para las demás ANC que puedan incoar un procedimiento relacionado con el mismo acuerdo, la misma decisión de una asociación de empresas o la misma práctica concertada mientras dure este procedimiento. De este modo se garantizará que el sistema de competencias paralelas dentro de la REC funcione efectivamente y no se impida a otras ANC actuar posteriormente porque su procedimiento haya prescrito. Los Estados miembros siguen siendo libres de determinar la duración de los plazos de prescripción en sus sistemas o de introducir límites absolutos siempre y cuando no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el cumplimiento efectivo del Derecho de la competencia de la Unión.

Por otra parte, este capítulo garantiza que existan mecanismos que permitan a las ANC solicitar y facilitar asistencia mutua para la notificación de las decisiones y la ejecución de las multas cuando las empresas no tengan presencia legal en el territorio de la ANC solicitante o no cuenten con suficientes activos para que se ejecute la multa en dicho territorio. Esta asistencia mutua está concebida para minimizar la intrusión en el Derecho nacional e incorporaría garantías clave: i) la notificación y la ejecución se llevarán a cabo de conformidad con la legislación del Estado miembro requerido; ii) las decisiones por las que se imponen multas solo podrán aplicarse una vez que sean firmes y ya no puedan recurrirse por los medios habituales; iii) los plazos de prescripción se regirán por la legislación del Estado miembro requirente; iv) la autoridad requerida no está obligada a ejecutar decisiones en materia de multas si esto es manifiestamente contrario al orden público de este Estado miembro; y v) los litigios relativos a la legalidad de una medida entrarán dentro de las competencias del Estado miembro requirente, mientras que los litigios relativos a las medidas de notificación o de ejecución adoptadas en el Estado miembro requerido serán competencia del Estado miembro requerido.

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)Los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) son disposiciones de orden público y deben aplicarse eficazmente en toda la Unión para garantizar que no se falsee la competencia en el mercado interior. Es necesaria la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del TFUE para garantizar mercados más abiertos y competitivos en los que las empresas compitan sobre la base de sus méritos, sin levantar barreras a la entrada en el mercado, permitiéndoles generar riqueza y crear puestos de trabajo. Dicha aplicación protege a los consumidores de las prácticas comerciales que mantienen los precios de bienes y servicios a niveles artificialmente elevados y aumenta sus posibilidades de elección de bienes y servicios innovadores.

(2)La aplicación pública de los artículos 101 y 102 del TFUE la llevan a cabo las autoridades nacionales de competencia (ANC) de los Estados miembros, paralelamente a la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo(). Las ANC y la Comisión forman conjuntamente una red de autoridades públicas que aplican las normas de competencia de la UE en estrecha cooperación (Red Europea de Competencia).

(3)El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 obliga a las ANC a aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE a los acuerdos o comportamientos que puedan afectar al comercio entre Estados miembros. En la práctica, la mayoría de las ANC aplican las disposiciones de la legislación nacional de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE. Por lo tanto, la presente Directiva, cuyo objetivo es velar por que las ANC dispongan de las garantías necesarias de independencia y las facultades de aplicación e imposición de multas para poder aplicar eficazmente los artículos 101 y 102 del TFUE, tendrá un impacto inevitable en las disposiciones de la legislación nacional de competencia aplicadas en paralelo por parte de las ANC.

(4)Además, otorgar a las ANC la facultad de obtener toda la información relativa a la empresa objeto de la investigación en forma digital, independientemente del soporte en que se almacene, debe influir también en el ámbito de aplicación de las competencias de las ANC cuando, en las fases iniciales del procedimiento, adopten las oportunas medidas de investigación también sobre la base de las disposiciones del Derecho nacional en materia de competencia aplicadas en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE. Dotar a las ANC de facultades de inspección con un alcance diferente dependiendo de si, en última instancia, solo aplicarán las disposiciones de Derecho nacional en materia de competencia o también los artículos 101 y 102 del TFUE en paralelo, afectaría a la eficacia de la aplicación de la normativa de competencia en el mercado interior. Por consiguiente, el ámbito de aplicación de la Directiva debe abarcar tanto la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE de manera independiente como la aplicación del Derecho nacional en materia de competencia en paralelo al mismo asunto. Aquí se exceptúa la protección de las declaraciones de clemencia y las solicitudes de transacción, que se hace extensiva también a la legislación nacional en materia de competencia aplicada de manera independiente.

(5)La legislación nacional impide a muchas ANC tener las garantías de independencia y las facultades de aplicación e imposición de multas que les son necesarias para poder hacer cumplir estas normas de manera eficaz. Esto socava su capacidad para aplicar de manera efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE y las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE, si procede. Por ejemplo, según la legislación nacional, muchas ANC no disponen de instrumentos eficaces para constatar la existencia de infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE o imponer multas a las empresas que infrinjan las normas de la competencia o no tienen los recursos necesarios para aplicar de manera eficaz los artículos 101 y 102 del TFUE. Esto puede impedirles totalmente tomar medidas o provocar que limiten su aplicación de la normativa. La falta de instrumentos operativos y garantías de muchas ANC para aplicar de manera efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE significa que las empresas que participan en prácticas contrarias a la competencia pueden encontrarse ante situaciones muy distintas en un procedimiento dependiendo de los Estados miembros en los que estén presentes: tal vez no se les apliquen en absoluto las normas contempladas en los artículos 101 o 102 del TFUE o no se les apliquen con eficacia. Por ejemplo, en algunos Estados miembros, las empresas pueden eludir su obligación de pagar una multa simplemente mediante una reestructuración. La aplicación desigual de los artículos 101 o 102 del TFUE y de las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE se traduce en la pérdida de oportunidades para eliminar las barreras a la entrada al mercado y crear mercados más abiertos y competitivos en todo el territorio de la Unión Europea en los que las empresas compitan sobre la base de sus méritos. Las empresas y los consumidores sufren especialmente en aquellos Estados miembros en los que las ANC están peor equipadas para aplicar las normas con eficacia. Las empresas no pueden competir sobre la base de sus méritos cuando existen refugios seguros para las prácticas contrarias a la competencia, por ejemplo, porque no pueden recabarse pruebas de dichas prácticas o porque las empresas pueden eludir su obligación de pagar una multa. Esto, por tanto, las disuade de entrar en dichos mercados y de ejercer sus derechos de establecimiento y de ofrecer bienes y servicios en esos países. Los consumidores de Estados miembros en los que la aplicación de las normas es menor no se benefician de las ventajas de la aplicación efectiva de la competencia. Así pues, la aplicación desigual de los artículos 101 y 102 del TFUE y la aplicación de las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE en toda Europa falsean la competencia en el mercado interior y van en detrimento de su correcto funcionamiento.

(6)Las lagunas y limitaciones de los instrumentos y garantías de las ANC socavan el sistema de competencias paralelas para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, pensado para funcionar como un todo coherente sobre la base de una estrecha cooperación dentro de la Red Europea de Competencia. Este sistema depende de que las autoridades puedan confiar unas en otras para que las unas realicen pesquisas en nombre de las otras. Pero este sistema no funciona bien cuando sigue habiendo ANC que carecen de instrumentos de investigación adecuados. En otros aspectos clave, las ANC no pueden prestarse asistencia mutua. Por ejemplo, en la mayoría de los Estados miembros, las empresas que operan a escala transfronteriza pueden eludir el pago de multas simplemente por no tener presencia jurídica en algunos de los territorios de los Estados miembros en los que operan. Esto reduce los incentivos para cumplir lo dispuesto en los artículos 101 y 102 del TFUE. La aplicación ineficaz que resulta de ello falsea la competencia para las empresas que respetan la ley y mina la confianza de los consumidores en el mercado interior, en particular en el entorno digital.

(7)Para garantizar un verdadero espacio común de aplicación de la normativa de competencia en Europa que ofrezca unas condiciones más equitativas a las empresas que operan en el mercado interior y reduzca la desigualdad de condiciones de los consumidores, es necesario establecer unas garantías de independencia y unos recursos mínimos, así como competencias esenciales de aplicación e imposición de multas al aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE y las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia aplicadas en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE, de modo que las ANC puedan ser plenamente eficaces.

(8)Es conveniente basar la presente Directiva en la doble base jurídica de los artículos 103 y 114 del TFUE. Esto se debe a que la presente Directiva cubre no sólo la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE y la aplicación de las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a dichos artículos, sino también las carencias y limitaciones de los instrumentos y garantías de las ANC para aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE, que afectan negativamente tanto a la competencia como al correcto funcionamiento del mercado interior.

(9)La implantación de garantías mínimas que garanticen que las ANC apliquen de manera eficaz los artículos 101 y 102 del TFUE se entenderá sin perjuicio de la capacidad de los Estados miembros de mantener o introducir garantías de independencia y recursos más amplios para las ANC y normas más detalladas sobre las facultades de aplicación e imposición de multas de dichas autoridades. En particular, los Estados miembros podrán conferir a las ANC facultades adicionales que superen el conjunto básico previsto en la presente Directiva a fin de aumentar su eficacia.

(10)En cambio, son necesarias normas detalladas en cuanto a las condiciones de concesión de clemencia a los cárteles secretos. Las empresas solo facilitarán información sobre cárteles secretos en los que hayan participado si tienen suficiente seguridad jurídica de que van a beneficiarse de una dispensa del pago de las multas. Las considerables diferencias entre los programas de clemencia aplicables en los Estados miembros generan inseguridad jurídica a los posibles solicitantes de clemencia, lo que puede debilitar sus incentivos para solicitarla. Si los Estados miembros pudieran aplicar o ejecutar normas más o menos restrictivas en materia de clemencia en el ámbito cubierto por la presente Directiva, no solo sería contrario al objetivo de mantener los incentivos para los solicitantes con el fin de que la aplicación de la normativa de competencia de la Unión sea lo más eficaz posible, sino que además se podría poner en peligro la igualdad de condiciones para las empresas que operan en el mercado interior. Esto no impide que los Estados miembros apliquen programas de clemencia que no cubran únicamente cárteles secretos, sino también otras infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE y las disposiciones nacionales equivalentes.

(11)La presente Directiva no se aplicará a las legislaciones nacionales que prevean la imposición de sanciones penales a las personas físicas. con la excepción de las normas que regulan la interacción entre los programas de clemencia con la imposición de sanciones a las personas físicas.

(12)El ejercicio de las competencias conferidas a las ANC debe estar sujeto a salvaguardias adecuadas que cumplan al menos las normas de los principios generales del Derecho de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre estas garantías está el derecho a una buena administración y el respeto de los derechos de defensa de las empresas, del que el derecho a ser oído es un componente esencial. En particular, las ANC deben informar a las partes investigadas de los cargos preliminares formulados contra ellas en virtud del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE antes de adoptar una decisión que afecte negativamente a sus intereses, y dichas partes deben tener la oportunidad de manifestar efectivamente sus puntos de vista sobre estos cargos antes de que se adopte tal decisión. Las partes a las que se hayan notificado cargos preliminares sobre una supuesta infracción del artículo 101 o el artículo 102 del TFUE deben tener derecho a acceder al expediente pertinente de las ANC para que puedan ejercer efectivamente su derecho de defensa. Dicho derecho está supeditado al interés legítimo de las empresas en la protección de sus secretos comerciales y no se hace extensivo a la información confidencial ni a los documentos internos de las ANC y de la Comisión, ni a la correspondencia entre ellas. Además, los destinatarios de decisiones firmes de las ANC que apliquen los artículos 101 y 102 del TFUE han de tener derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal, de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esas decisiones firmes de las ANC deben ser motivadas con el fin de que los destinatarios de las mismas puedan conocer las razones de la decisión y ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. La concepción de estas salvaguardias debe encontrar un equilibrio entre el respeto de los derechos fundamentales de las empresas y el deber de garantizar que los artículos 101 y 102 del TFUE se apliquen de manera eficaz.

(13)Facultar a las ANC a aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE con imparcialidad y en el interés común de la aplicación eficaz de las normas europeas de competencia es un componente esencial de la aplicación eficaz y uniforme de estas normas.

(14)La independencia de las ANC debe reforzarse a fin de garantizar la aplicación eficaz y uniforme de los artículos 101 y 102 del TFUE. Para ello, debe disponerse expresamente en el Derecho nacional que, al aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE, las ANC estén protegidas de intervenciones externas o presiones políticas que puedan comprometer su evaluación independiente de los asuntos que les hayan sido sometidos. A tal efecto, deben establecerse de antemano las normas relativas a los motivos de despido de los miembros del órgano decisorio de las ANC con el fin de disipar cualquier duda razonable en cuanto a la imparcialidad de este órgano y su impermeabilidad respecto de factores externos.

(15)Para garantizar la independencia de las ANC, su personal y los miembros del órgano decisorio deben actuar con integridad y abstenerse de cualquier acción que sea incompatible con el ejercicio de sus funciones. La necesidad de evitar que la evaluación independiente del personal o de los miembros del órgano decisorio se vea comprometida implica que, mientras dure su relación laboral y su mandato y durante un periodo razonable posteriormente, deben abstenerse de cualquier actividad profesional incompatible, sea o no remunerada. Además, esto también supone que, mientras dure su relación laboral y su mandato, no deben tener intereses en ninguna empresa u organización que tenga relación con una ANC, puesto que esto podría comprometer su independencia. El personal y los miembros del órgano decisorio deben declarar cualquier interés o activo que pueda crear un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones. Están obligados a informar al órgano decisorio, a los demás miembros del mismo o, en el caso de las ANC en las que el poder decisorio recaiga en una sola persona, a su autoridad facultada para proceder a los nombramientos si, en el ejercicio de sus funciones, deben decidir sobre un asunto en el que tengan un interés que pudiera menoscabar su imparcialidad.

(16)La independencia de las ANC no excluye al control jurisdiccional ni una supervisión parlamentaria conforme al Derecho de los Estados miembros. Los requisitos de rendición de cuentas contribuyen también a garantizar la credibilidad y la legitimidad de las actuaciones de las ANC. Entre los requisitos de rendición de cuentas proporcionados están los informes periódicos sobre sus actividades que las ANC transmiten a un organismo gubernamental o parlamentario. Las ANC pueden asimismo ser objeto de control o de seguimiento de sus gastos financieros, siempre y cuando ello no afecte a su independencia.

(17)Las ANC deben poder dar prioridad a sus procedimientos de aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE para hacer un uso eficaz de sus recursos y centrarse en la prevención y erradicación de las conductas contrarias a la competencia que falsean la competencia en el mercado interior. Para ello, deben poder desestimar aquellas denuncias que no constituyan una prioridad. Esto debe entenderse sin perjuicio de la facultad de las ANC de desestimar denuncias por otros motivos, como carecer de competencias, o de decidir que no existen motivos para una intervención por su parte. La facultad de las ANC de dar prioridad a sus procedimientos de aplicación se entenderá sin perjuicio del derecho de un Gobierno de un Estado miembro de dar orientaciones prioritarias de política general a las autoridades nacionales de competencia que no estén relacionadas con procedimientos específicos para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE.