N° C 106/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 4. 90 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la prevención del uso del sistema financiero en 
operaciones de blanqueo de capitales 
COM(90) 106 final — SYN 254 
(Presentada por la Comisión el 23 de marzo de 1990) 
(90/C 106/06) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, la tercera oración del 
apañado 2 de su artículo 57, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Considerando que la utilización de las instituciones fi­
nancieras y entidades de crédito en operaciones de blan­
queo del producto de actividades delictivas (denominado 
en adelante blanqueo de capitales) puede poner seria­
mente en peligro tanto la solidez y estabilidad de la enti­
dad interesada como la credibilidad del sistema finan­
ciero en su conjunto, ocasionando con ello la pérdida de 
confianza del público; 
Considerando que la ausencia de una acción comunitaria 
contra el blanqueo de capitales podría conducir a los Es­
tados miembros, con objeto de proteger su sistema finan­
ciero, a adoptar medidas incompatibles con la plena rea­
lización del mercado único; que si no se adoptan deter­
minadas medidas de coordinación a escala comunitaria, 
las personas encargadas de blanquear capitales podrían, 
para facilitar sus actividades delictivas, tratar de sacar 
provecho de la libre circulación de capitales y de la libre 
prestación de servicios financieros que implica el espacio 
financiero integrado; 
Considerando que el blanqueo de capitales influye de 
manera manifiesta en el aumento de la delincuencia or­
ganizada en general, y del tráfico de drogas en particu­
lar; que se es cada vez más consciente de que la lucha 
contra en blanqueo de capitales constituye uno de los 
medios más eficaces de combatir este tipo de actividad 
delictiva, que representa una amenaza especial para la 
sociedad en los Estados miembros; 
Considerando que el blanqueo de capitales debe comba­
tirse principalmente con medidas de carácter penal y en 
el marco de la cooperación internacional entre autorida­des judiciales y autoridades encargadas de velar por el 
cumplimiento de la ley, tal como propugna, en lo que se 
refiere a las drogas, el Convenio de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilegal de Narcóticos y Sustancias Psi-
cotrópicas, aprobado en Viena el 19 de diciembre de 
1988 (denominado en adelante el Convenio de Viena); 
Considerando, no obstante, que la lucha contra el blan­
queo de capitales no debe limitarse el ámbito de lo penal, 
ya que el sistema financiero puede desempeñar una fun­
ción sumamente eficaz; que, en este contexto, cabe refe­
rirse a la Recomendación del Consejo de Europa de 27 
de junio de 1980, así como a la Declaración de Princi­
pios adoptada en Basilea en diciembre de 1988 por las 
autoridades de supervisión bancaria del Grupo de los 
Diez, que constituyen un paso importante en la preven­
ción de la utilización del sistema financiero para el blan­
queo de capitales; 
Considerando que el blanqueo de capitales se efectúa, en 
general, en un contexto internacional, lo cual permite 
encubrir más fácilmente el origen delictivo de los fondos; 
que las medidas adoptadas exclusivamente a escala na­
cional, sin tener en cuenta una coordinación y coopera­
ción internacionales, producirían efectos muy limitados; 
Considerando que toda medida adoptada por la Comi­
sión en este ámbito debe ser compatible con las demás 
acciones emprendidas en otros foros internacionales; 
que, a tal fin, la Comisión, junto con quince países, 
miembros y no miembros de la Comunidad, ha partici­
pado en los importantes trabajos desarrollados con res­
pecto al blanqueo de capitales por el Grupo de Trabajo 
sobre Actuación en Materia Financiera, creado en julio 
de 1989 por la Cumbre de París de los siete países más 
desarrollados; 
Considerando que el Parlamento Europeo ha solicitado a 
la Comisión, en distintas resoluciones, que elabore un 
programa global comunitario para combatir el tráfico de 
drogas, que incluya disposiciones sobre la prevención del 
blanqueo de capitales; 
Considerando que es conveniente atenerse a la definición 
de blanqueo de capitales adoptada por el Convenio de 
Viena para evitar la dificultad que supone elaborar una 
definición que cuente con la aprobación general; que, no 
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obstante, puesto que el fenómeno del blanqueo de capi­
tales no afecta únicamente al producto de delitos relacio­
nados con el tráfico de drogas, sino también al de cual­
quier otro delito grave, la citada definición debería am­
pliarse para incluir el blanqueo de los beneficios proce­
dentes de actos delictivos graves, tal como los definen los 
Estados miembros; 
Considerando que la clasificación del blanqueo de capi­
tales como delito por los Estados miembros, aun cuando 
rebasa el ámbito del sistema financiero, constituye una 
condición necesaria de toda acción destinada a combatir 
este fenómeno y, en particular, a permitir la cooperación 
entre las entidades financieras o las autoridades de su­
pervisión bancada y las autoridades judiciales; que, en 
este contexto, la ratificación y aplicación del Convenio 
de Viena por los Estados miembros constituye una me­
dida imprescindible para luchar contra el blanqueo de 
capitales en el ámbito de las drogas; 
Considerando que es necesario velar por que las institu­
ciones financieras y las entidades de crédito exijan la 
identificación de sus clientes en el momento de entablar 
relaciones comerciales o de efectuar operaciones con 
ellos y conserven las referencias de los documentos de 
identidad exigidos a fin de evitar que las personas encar­
gadas de blanquear capitales se aprovechen del anoni­
mato para ejercer actividades delictivas; que tales dispo­
siciones deben ser asimismo aplicables, en la medida de 
lo posible, a todo tercer beneficiario; 
Considerando que es necesario velar por que las institu­
ciones financieras y las entidades de crédito examinen 
con especial atención toda operación inhabitual sin una 
finalidad económica o lícita evidente, y se abstengan de 
tomar parte en transacciones de las que se sospecha que 
pueden estar relacionadas con el blanqueo de capitales, a 
fin de proteger su propia solidez e integridad y de con­
tribuir a combatir dicho fenómeno; 
Considerando que las autoridades judiciales y las autori­
dades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley 
no pueden proteger al sistema financiero frente al blan­
queo de capitales si no cuentan con la colaboración de 
las instituciones financieras y las entidades de crédito y 
de sus autoridades de supervisión; que debe levantarse el 
secreto bancario en los casos que entren en la esfera del 
Derecho Penal; que la manera más eficaz de lograr la 
mencionada colaboración es a través de un sistema obli­
gatorio de declaración de cualquier transacción sospe­
chosa; que es necesaria una cláusula especial de protec­
ción que exima a empleados y directivos de toda respon­
sabilidad por incumplimiento de las restricciones sobre la 
divulgación de información; 
Considerando que el etablecimiento por parte de las ins­
tituciones financieras y las entidades de crédito de proce­
dimientos de control interno y programas de formación 
en este ámbito constituyen medidas complementarias sin 
las cuales las demás medidas contempladas en la presente 
Directiva podrían resultar ineficaces; 
Considerando que, puesto que el blanqueo de capitales 
puede realizarse no sólo a través de instituciones finan­
cieras y de entidades de crédito, sino también por medio 
de otros tipos de profesiones y empresas que ejerzan ac­tividades que impliquen operaciones en efectivo, los Es­
tados miembros deben hacer extensivas, cuando proceda, 
las disposiciones de la presente Directiva a dichas profe­
siones y empresas, 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Artículo 1 
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
— «entidad de crédito»: la entidad de crédito definida en 
el primer guión del artículo 1 de la Directiva 
77/780/CEE del Consejo O; 
— «institución financiera»: una empresa distinta de una 
entidad de crédito y cuya actividad principal consiste 
en efectuar una o varias de las operaciones incluidas 
en los números 2 a 12 y 14 de la lista que figura en el 
Anexo a la Directiva 89/646/CEE del Consejo (2), 
así como una empresa de seguros debidamente auto­
rizada con arreglo a las Directivas del Consejo 
73/239/CEE (3) y 79/267/CEE (4); 
— «Manqueo de capitales»: 
— la conversión o transmisión de bienes, a sabiendas 
de que dichos bienes tienen su origen en un delito 
grave, con el propósito de ocultar o encubrir el 
origen ilícito de los bienes o de ayudar a la per­
sona que participa en la infracción o infracciones 
a eludir las consecuencias legales de sus actos, 
así como 
— la ocultación o encubrimiento de la verdadera na­
turaleza, origen, localización, disposición, movi­
miento, derechos sobre los bienes, o propiedad de 
los mismos, a sabiendas de que dichos bienes pro­
ceden de un delito grave; 
— «bienes»: todo tipo de activos, tanto materiales como 
inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intan­
gibles, así como documentos o instrumentos legales 
que certifiquen la propiedad o un derecho sobre di­
chos activos; 
— «delito grave»: un delito tal y como se define en las 
letras a) y c) del apartado 1 del artículo 3 del Conve­
nio de Viena, así como el terrorismo y cualquier otro 
acto delictivo grave (incluida, sobre todo, la delin­
cuencia organizada), relacionado o no con las dro­
gas, tal como los definen los Estados miembros; 
— «autoridades competentes»: las autoridades nacionales 
que estén facultadas, por disposiciones legales o re­
glamentarias, para supervisar las instituciones finan­
cieras o las entidades de crédito: 
(') DO n° L 322, 17. 12. 1977, p. 30. 
O DO n° L 386, 30. 12. 1989, p. 1. 
(5) DO n° L 228, 16. 8. 1973, p. 3. 
(4) DO n° L 63, 13. 3. 1979, p. 1. 
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Artículo 2 
Los Estados miembros velarán por que el blanqueo de 
capitales provenientes de cualquier delito grave sea tra­
tado como acto delictivo, conforme a su legislación na­
cional. 
Artículo 3 
Los Estados miembros velarán por que las instituciones 
financieras y las entidades de crédito exijan la identifica­
ción de sus clientes en el momento de entablar relaciones 
comerciales o de efectuar operaciones con ellos y por 
que, en caso de existir dudas sobre si actúan por cuenta 
propia, las citadas instituciones y entidades adopten las 
medidas razonables a fin de determinar la verdadera 
identidad de las personas por cuya cuenta se realiza una 
operación o se abre una cuenta. Las instituciones finan­
cieras y las entidades de crédito deberán conservar las 
referencias de los documentos de identidad exigidos du­
rante al menos cinco años después de finalizar las rela­
ciones con sus clientes. 
Artículo 4 
Los Estados miembros velarán por que las instituciones 
financieras y las entidades de crédito examinen con espe­
cial atención toda operación inhabitual sin una finalidad 
económica o lícita evidente y se abstengan de tomar 
parte en transacciones de las que existan motivos para 
sospechar que puedan estar relacionadas con el blanqueo 
de capitales. 
Artículo 5 
Los Estados miembros velarán por que: 
1. Las instituciones financieras y las entidades de cré­
dito, así como sus directivos y empleados, colaboren 
plenamente con las autoridades judiciales o las autori­
dades encargadas de velar por el cumplimiento de la 
ley, competentes en materia penal, 
— informando a tales autoridades, por iniciativa pro­
pia, de cualquier hecho que descubran y que 
pueda estar relacionado con el delito de blanqueo 
de capitales; 
— proporcionando a dichas autoridades toda la in­
formación necesaria en el caso de una investiga­
ción penal o de una comisión rogatoria relacio­
nada con el blanqueo de capitales y efectuadas 
con arreglo a la legislación aplicable. 
2. La comunicación, de buena fe, de cualquier sospecha 
o convicción de que una operación está destinada al 
blanqueo de capitales o relacionada con el mismo, 
efectuada por un empleado o director de una institu­
ción financiera o entidad de crédito a las autoridades 
judiciales, o autoridades encargadas de velar por el 
cumplimiento de la ley competentes en materia penal, 
no constituirá una violación de las restricciones sobre 
la divulgación de información impuestas por vía con­tractual o por cualquier disposición legal, reglamenta­
ria o administrativa y no implicará para dichos em­
pleados y directores ningún tipo de responsabilidad 
civil o penal. 
Artículo 6 
Los Estados miembros velarán por que las autoridades 
competentes, en caso de que descubran hechos que pu­
dieren constituir una prueba del blanqueo de capitales, 
ya sea durante las inspecciones efectuadas por esas auto­
ridades en las instituciones financieras o en las entidades 
de crédito, o de cualquier otro modo, informen de ello a 
las autoridades judiciales o las autoridades encargadas de 
velar por el cumplimiento de la ley competentes en mate­
ria penal. 
Artículo 7 
Los Estados miembros velarán por que: 
1. Las instituciones financieras y las entidades de crédito 
establezcan procedimientos adecuados de control in­
terno a fin de prevenir, detectar e impedir su partici­
pación en operaciones relacionadas con el blanqueo 
de capitales. 
2. Las instituciones financieras y las entidades de crédito 
adopten las medidas adecuadas para que sus emplea­
dos tengan conocimiento de las disposiciones conteni­
das en la presente Directiva, y organicen programas 
especiales de formación para ayudarles a detectar las 
operaciones que puedan estar relacionadas con el 
blanqueo de capitales, así como enseñarles la manera 
de proceder en tales casos. 
Artículo 8 
Los Estados miembros harán extensivas, cuando proceda, 
las disposiciones de la presente Directiva a aquellas pro­
fesiones y empresas que no sean instituciones financieras 
0 entidades de crédito pero que, en razón del ejercicio 
de actividades que impliquen operaciones en efectivo, 
puedan estar especialmente expuestas a una utilización 
con fines de blanqueo de capitales. 
Artículo 9 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas nece­
sarias para cumplir la presente Directiva, a más tardar, el 
1 de enero de 1992. 
Las disposiciones adoptadas en virtud del párrafo pri­
mero se referirán explícitamente a la presente Directiva. 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno 
que adopten en el ámbito regulado por la presente Di­
rectiva. 
Artículo 10 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta­
dos miembros.