Dictamen del Comité de las Regiones sobre "La significación de la Política Agrícola Común para las regiones ante la ampliación de la UE"

(2002/C 107/02)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de su Mesa de 20 de septiembre de 2000 de emitir, de conformidad con el quinto párrafo del artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un Dictamen sobre "La significación de la Política Agrícola Común para las regiones ante la ampliación de la UE", y de encargar la preparación de este dictamen a la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca (Comisión 2);

visto su dictamen sobre las medidas de preadhesión en el sector de la agricultura - SAPARD (CDR 273/98 fin)(1);

visto su Dictamen sobre "La PAC y la ampliación hacia el Este" (CDR 239/96 fin)(2);

visto el proyecto de Dictamen (CDR 416/2000 rev.) aprobado por la Comisión 2 el 9 de octubre de 2001 (ponente: Sr. Johansson, Concejal del Ayuntamiento de Gislaved, S/PPE),

ha aprobado por unanimidad, en su 41o Pleno celebrado los días 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de noviembre), el presente Dictamen.

Recomendaciones

1. El CDR considera que la política agrícola deberá conservar su carácter común incluso después de la ampliación. De esta manera, se podrá garantizar la libre circulación y el intercambio comercial de productos alimentarios y agrícolas en el mercado común, así como la competencia en igualdad de condiciones entre los Estados miembros. La Política Agrícola Común también tiene por objeto garantizar un nivel de vida equitativo y suministrar al consumidor de alimentos sanos a precios razonables. Asimismo, se deberá aplicar simultáneamente la Política Agrícola Común a escala europea, nacional y regional teniendo en todo momento presente el principio de subsidiariedad. Todo esto enmarcado en una política común, competencia por tanto de la UE, y con tal motivo totalmente respetuosa con el principio de solidaridad financiera y de cohesión económica y social introducida en el Acta Única, de forma que todos los agricultores europeos sean tratados de la misma forma si están en situaciones análogas.

2. La perspectiva financiera aprobada con ocasión de la Agenda 2000 sentó las bases para la ampliación en un marco presupuestario consensuado. Al mismo tiempo, el CDR señala que una de las condiciones previas a la asignación de recursos suficientes para la ampliación en el marco presupuestario agrícola estribará en la integración gradual de los países candidatos en el sistema de las ayudas directas. El marco presupuestario no será suficiente si se produce la adhesión simultánea de todos los países candidatos de la primera oleada (Polonia, Hungría, Estonia, Eslovenia, República Checa y Chipre) antes de 2006 y, desde un primer momento, se hace pleno uso de estas ayudas directas. Por consiguiente, el Comité de las Regiones propugna una integración gradual de los nuevos Estados miembros en el sistema comunitario de ayudas directas. Si en los países candidatos se permitiera aumentar, de manera gradual y durante un período transitorio, los niveles de estas ayudas hasta que alcanzaran la media comunitaria sería posible evitar los efectos perjudiciales derivados de una aplicación demasiado rápida.

3. El Comité de las Regiones considera que es necesario llevar a cabo una reforma de la Política Agrícola Común. Entre otros motivos, esta reforma se presenta necesaria para satisfacer con garantías las necesidades de las regiones agrícolas menos favorecidas. El objetivo a largo plazo de la reforma de la PAC debe ser incrementar la competitividad de las explotaciones agrarias. El Comité apoya la mayor apertura de la UE a los mercados agrarios mundiales, más allá de lo ya decidido. El Comité apoya a la Comisión para que establezca la agricultura multifuncional como futuro modelo agrario europeo en las negociaciones de la OMC. Los pagos directos deben reducirse en función del tamaño de las explotaciones para lograr una mayor promoción del espacio rural. La política agrícola europea debe centrarse sobre todo en las zonas ultraperiféricas y de montaña, dada la necesidad de evitar, por razones ecológicas y económicas, la emigración de la población rural de dichas zonas.

No obstante, de cara a potenciar el modelo europeo de agricultura, basado en la calidad, la seguridad alimentaria y sanitaria de las producciones y el respeto medioambiental del territorio, y de asegurar que dicho modelo responda a las demandas del consumidor europeo, la PAC deberá mantener mecanismos de apoyo en forma de ayudas directas ligadas al fomento de dicho modelo. Es preciso, por tanto, modificar sustancialmente los actuales mecanismos de apoyo desligándolos de producciones y superficies y favoreciendo las explotaciones más orientadas hacia el modelo de agricultura europeo que se quiere potenciar, así como hacia aquellas con mayores hándicaps naturales para competir en el mercado. El nuevo modelo de ayudas que surja, además, deberá permitir un margen subsidiario a las regiones en la aplicación de las mismas para la promoción de políticas estructurales y medioambientales en su ámbito. Las explotaciones prioritarias beneficiarias del nuevo modelo de ayudas tendrán como base la explotación agraria familiar.

4. La configuración de la política agrícola a partir de 2006 deberá permitir principalmente que la agricultura y la producción alimentaria de las regiones rurales competitivas tengan una repercusión en un mercado libre de regulación. Los precios se deberán fijar como en cualquier otro mercado no regulado, a través de la oferta y la demanda. Así pues, será el comportamiento del mercado el que dictamine el volumen de producción alimentaria exclusivamente en función de la demanda. Sin embargo, el CDR considera que también en un mercado agrícola desregulado sigue siendo importante la asignación de subvenciones medioambientales para, entre otros objetivos, poder hacer frente a los problemas de este ámbito, en la medida en que, desde un punto de vista social, se necesitan acciones medioambientales específicas, por ejemplo, para garantizar la diversidad biológica, un entorno rural variado o zonas de ocio. No obstante, estas ayudas deben desvincularse de la producción de alimentos y de los productos agrarios para que no generen a su vez nuevas normas, lo cual resultaría perjudicial para la desregulación del mercado agrícola.

5. Las regiones rurales menos favorecidas y las regiones rurales que hayan visto disminuir su renta como consecuencia de una liberalización más profunda de la Política Agrícola Común deberán poder seguir beneficiándose después de 2006 de las ayudas estructurales, de desarrollo rural y del medio ambiente en la medida necesaria en cada una de estas regiones. Por consiguiente, el CDR estima que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las competencias relacionadas con la aplicación práctica de estas ayudas deberán recaer en cada una de las regiones o Estados miembros, ya que es allí donde mejor se sabe en qué medida se necesitan acciones en ámbitos como el ocio, el medio ambiente o el desarrollo estructural y rural. No obstante, es preciso que la aplicación regional de estos programas se siga inscribiendo en el marco de una normativa común y que sea aprobada por la Comisión. Una reforma de la Política Agrícola Común conforme a lo expuesto en el punto 3 debe aumentar, en el plano económico, el margen para ayudar a las regiones rurales menos favorecidas dentro del principio de solidaridad financiera y cohesión económica y social.

6. El Comité de las Regiones considera que las actividades actualmente en marcha para ayudar a los países candidatos son extremadamente importantes para lograr una buena integración de las nuevas regiones rurales en el mercado común del sector agrario. Es probable que estas regiones rurales necesiten en el futuro una combinación de ayudas estructurales, subsidios para el desarrollo rural y ayudas medioambientales incluso en aquellas zonas donde las condiciones naturales sean adecuadas para la práctica agrícola. Además, el Comité de las Regiones considera importante que, en forma de asesoramiento, se ofrezca más ayuda ante la adhesión de los países candidatos en aspectos como las reformas agrarias, el desarrollo de las industrias transformadoras o los mataderos. De modo especial, la Comunidad deberá seguir contribuyendo con su ayuda y sus experiencias a garantizar un elevado nivel de seguridad alimentaria en los países candidatos con el objetivo, sobre todo, de facilitar la integración.

7. El Comité de las Regiones estima que el objetivo deberá consistir en establecer el menor número posible de normas específicas o soluciones transitorias como consecuencia de la ampliación. Las medidas especiales que sean necesarias en las regiones rurales de muchos países candidatos deberán poder enmarcarse, en líneas generales, en el modelo anteriormente propuesto para la futura política agrícola. El CDR reconoce que, por diversos motivos, podría llegar a ser interesante una integración gradual de los Estados miembros en el sistema comunitario de ayudas directas. En principio, el Comité se declara a favor de que los países candidatos deban cumplir todos los aspectos del acervo comunitario. Sin embargo, en la medida en que sea precisa una normativa transitoria para los nuevos Estados miembros -por ejemplo, en lo relativo a la seguridad alimentaria-, se deberá restringir la libre circulación de productos alimentarios y agrícolas en el mercado interior. Por consiguiente, el CDR insta a la Comisión a que esclarezca qué tipo de problemas podrían surgir como consecuencia de estas normas transitorias en las zonas fronterizas entre la UE actual y los nuevos Estados miembros.

8. El Comité de las Regiones cree muy necesario que se simplifique la normativa y se facilite la gestión de la Política Agrícola Común. El sistema actual es intrincado y cuesta tiempo y dinero tanto a la sociedad como al propio agricultor. En opinión del Comité de las Regiones, el modelo de desregulación que se ha esbozado crea las condiciones necesarias para reducir las complejidades y la burocracia que origina la reglamentación actual del mercado. Esta tendencia a reducir la minuciosa reglamentación de la Política Agrícola Común deberá facilitar asimismo la integración de nuevos miembros en la UE. El CDR acoge con satisfacción el sistema propuesto por la Comisión para simplificar las ayudas a las empresas agrícolas de menor tamaño. No obstante, sería deseable que esta simplificación administrativa y normativa afectara en el futuro a la totalidad de las empresas del sector agrícola.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jos Chabert

(1) DO C 93 de 6.4.1999, p. 1.

(2) DO C 116 de 14.4.1997, p. 39.