En quinto lugar, hemos de aunar las dimensiones interior y exterior de la seguridad. Las amenazas a la seguridad no se ven confinadas por las fronteras de la UE. La seguridad interior de la UE y la seguridad mundial son interdependientes y están relacionadas. La respuesta de la UE debe, por tanto, ser global y basarse en un conjunto coherente de acciones que combinen las dimensiones interior y exterior, para reforzar los vínculos entre justicia e interior y la Política Común de Seguridad y Defensa. Su éxito depende en gran medida de la cooperación con los socios internacionales. Se precisa un compromiso preventivo con los países terceros para abordar las causas profundas de los problemas de seguridad.

Actuaciones específicas en una amplia gama de políticas de la UE también contribuyen a los objetivos de seguridad, en particular en los ámbitos del transporte, finanzas, aduanas, educación, política de seguridad marítima, tecnologías de la información, energía y salud pública. Las actuaciones en el mercado único digital y la política europea de vecindad complementarán y reforzarán la Agenda Europea de Seguridad. La Agenda se basa también en las actuales estrategias sectoriales de la UE que pueden contribuir directa o indirectamente a un alto nivel de seguridad.

En primer lugar, tenemos que garantizar el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales. La seguridad y el respeto de los derechos fundamentales no son objetivos contradictorios, sino objetivos políticos coherentes y complementarios. El enfoque de la Unión se basa en los valores democráticos comunes de nuestras sociedades abiertas, en particular el Estado de Derecho, y debe respetar y promover los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales. Todas las medidas de seguridad deben cumplir los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, con las salvaguardias adecuadas para garantizar la rendición de cuentas y el recurso judicial. La Comisión comprobará estrictamente que cualquier medida de protección respete plenamente los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, cumpla eficazmente sus objetivos. El impacto de cualquier nueva iniciativa en la libre circulación y la protección de los datos personales debe ser plenamente conforme con el principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Esto es una responsabilidad compartida para todos los actores de la UE y los Estados miembros. Los organismos de la UE, como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) y el Supervisor Europeo de Protección de Datos han de desempeñar un importante papel a la hora de ayudar a las instituciones y otros organismos de la UE a defender y promover nuestros valores.

Para alcanzar este objetivo, la presente Agenda Europea de Seguridad establece la forma en que la Unión puede aportar un valor añadido en apoyo de los Estados miembros a la hora de garantizar la seguridad. Como ha declarado el presidente Jean-Claude Juncker en sus directrices políticas, «la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo constituye una responsabilidad europea común». Los Estados miembros son los primeros responsables de la seguridad, pero ya no pueden lograrla plenamente por sí solos. Los agentes nacionales y de la UE competentes, respetando plenamente las responsabilidades nacionales de aplicación de la ley y protección de la seguridad interior, deben trabajar mejor en común para abordar las amenazas transfronterizas. La Agenda Europea de Seguridad debe ser, por tanto, una agenda compartida entre la Unión y los Estados miembros. El resultado debe ser un espacio de seguridad interior de la UE donde los individuos estén protegidos en el pleno respeto de los derechos fundamentales.

La Unión Europea tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos vivan en un espacio de libertad, seguridad y justicia, sin fronteras interiores. Los europeos necesitan tener confianza en que, cuando se desplazan dentro de Europa, su libertad y su seguridad están bien protegidas, de plena conformidad con los valores de la Unión, en particular el Estado de Derecho y los derechos fundamentales.

La lucha contra las organizaciones delictivas que operan en varios países de la UE requiere también el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades judiciales. 26 Estados miembros utilizan el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) que permite el intercambio de información sobre antecedentes penales de los ciudadanos de la UE. Sin embargo, no funciona eficazmente respecto de los nacionales de terceros países condenados en la UE. La Comisión acelerará los trabajos en curso para mejorar el sistema ECRIS para los nacionales de terceros países y está dispuesta a contribuir a su implantación efectiva.

Unas normas comunes sobre protección de datos permitirán a las autoridades policiales y judiciales cooperar más eficazmente entre sí, así como fomentar la confianza y garantizar la seguridad jurídica. Es fundamental llegar a un acuerdo antes de finales de 2015 sobre la reforma de la protección de datos en su conjunto, y en particular sobre la propuesta de Directiva relativa a la protección de datos para la policía y las autoridades judiciales penales. Además, la Unión Europea está negociando con el Gobierno de Estados Unidos un acuerdo marco internacional («Acuerdo marco sobre protección de datos») con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales que se transfieren entre la UE y los EE.UU. para la prevención, detección, investigación y persecución de las infracciones penales, en particular el terrorismo.

La UE ha celebrado acuerdos PNR con Estados Unidos, Canadá y Australia. Esta cooperación supone un auténtico valor añadido para identificar y detener a los combatientes terroristas extranjeros, traficantes de drogas o a quienes realizan turismo sexual ilegal. El futuro enfoque de la Unión sobre el intercambio de datos PNR con terceros países tendrá en cuenta la necesidad de aplicar normas coherentes y de proteger derechos fundamentales específicos. Una vez que el Tribunal de Justicia haya emitido su dictamen sobre el proyecto de Acuerdo PNR con Canadá, y sobre la base de las conclusiones del Tribunal, la Comisión concluirá sus trabajos sobre unas soluciones jurídicamente sólidas y viables para el intercambio de datos PNR con otros terceros países, en particular mediante un modelo de acuerdo sobre PNR que establezca los requisitos que deben cumplir los terceros países para recibir datos PNR de la UE.

Evidentemente, la aplicación jurídica de los instrumentos de la UE a escala nacional no es suficiente. Los instrumentos del marco de seguridad de la UE solo serán plenamente efectivos cuando las fuerzas policiales nacionales se sientan seguras respecto de los instrumentos existentes y estén dispuestas a compartir información. La propuesta de una nueva base jurídica para Europol, que actualmente está siendo examinada por los colegisladores, pretende mejorar las capacidades analíticas de Europol, suscitar la ejecución de medidas operativas por parte de los Estados miembros, y reforzar el régimen de protección de datos de la Agencia. Los Estados miembros deben utilizar Europol como primer canal para el intercambio de informaciones policiales en la UE. La Aplicación Red de Intercambio Seguro de Información (SIENA) de Europol permite a los Estados miembros intercambiar información de manera rápida, segura y fácil entre sí, con Europol, o con terceros que hayan celebrado un acuerdo de cooperación con Europol. El uso activo de los instrumentos de intercambio de información también precisa una interfaz adecuada entre los instrumentos de la UE y los sistemas policiales y judiciales nacionales, como las ventanillas únicas. Los Estados miembros deben establecer las estructuras adecuadas a nivel nacional, con objeto de integrar y coordinar el trabajo de las autoridades pertinentes.

El marco de Prüm es otro ejemplo de un instrumento de intercambio de información a escala de la UE que todavía debe aprovecharse plenamente. Este marco puede ofrecer una comparación automatizada de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos y datos de matriculación de vehículos, que son fundamentales para la detección de delitos y para encausarlos con garantías de éxito. El sistema no está desarrollando todo su potencial porque, en la actualidad, apenas un reducido número de Estados miembros ha cumplido sus obligaciones legales e integrado la red en sus propios sistemas. Esto obstaculiza la eficacia global del marco de Prüm para capturar y procesar a los delincuentes. Los Estados miembros han recibido un apoyo financiero y técnico considerable para la implantación. La Comisión dará prioridad a esta cuestión y utilizará sus poderes para garantizar la correcta aplicación de la legislación de la UE.

La investigación y la innovación son esenciales si la UE quiere mantenerse al día con la evolución de las necesidades en materia de seguridad. La investigación puede identificar nuevas amenazas para la seguridad y su impacto en las sociedades europeas. Contribuye igualmente a crear la confianza social en las nuevas políticas e instrumentos de seguridad basados en la investigación. Unas soluciones innovadoras contribuirán a atenuar los riesgos de seguridad de forma más eficaz aprovechando los conocimientos, la investigación y la tecnología. El programa Horizonte 2020 puede desempeñar un papel central para garantizar que el esfuerzo de investigación de la UE esté bien dirigido, en particular teniendo en cuenta las necesidades de los servicios con funciones coercitivas mediante una mayor involucración de los usuarios finales en todas las fases del proceso, desde la concepción hasta la comercialización. También es preciso centrarse más en la innovación en el ámbito de la protección civil, donde la creación de un centro de conocimiento en el marco del Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE, así como la creación de una comunidad de usuarios, contribuirá al establecimiento de una interfaz entre la investigación y los usuarios finales en los Estados miembros.

La cooperación judicial en materia penal se basa también en instrumentos transfronterizos eficaces. El reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales es un elemento clave en el marco de la seguridad. Instrumentos como la orden de detención europea han resultado eficaces, pero otros instrumentos, como la inmovilización y el decomiso de activos de origen delictivo, aún no se utilizan de manera sistemática en todos los casos pertinentes. Los jueces nacionales deberían aprovechar la Red Judicial Europea (RJE) para la ejecución de las órdenes de detención europeas, así como para las órdenes de inmovilización y decomiso. La aplicación de la orden europea de investigación añadirá una nueva herramienta esencial. Los Estados miembros deberían utilizar Eurojust con mayor frecuencia para coordinar las investigaciones y las persecuciones transfronterizas. Eurojust también puede ser de gran ayuda en caso de solicitudes de asistencia judicial complejas con terceros países, en particular con la red de puntos de contacto de Eurojust.

Por lo que se refiere a la cooperación regional, la necesidad y el valor añadido de las medidas adoptadas con arreglo al artículo 89 del TFUE en relación con operaciones de las autoridades competentes de un Estado miembro en el territorio de otro, podría estudiarse tras evaluar los instrumentos existentes, en particular la persecución y la vigilancia transfronterizas.

Los Centros de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) en las regiones fronterizas reúnen a las autoridades policiales de distintos Estados miembros. La UE apoya el número creciente de CCPA mediante cofinanciación y conferencias anuales para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Aunque la mayor parte de la información intercambiada en los CCPA no afecta a la delincuencia grave y organizada, es importante que la información sobre estos casos se haga llegar hasta el nivel nacional y, cuando proceda, a Europol.

Los centros de coordinación pueden facilitar una respuesta europea coherente durante las crisis y emergencias, evitando una duplicación innecesaria y costosa de esfuerzos. En el marco de la cláusula de solidaridad, un Estado miembro puede solicitar la asistencia de la UE en caso de crisis, incluidos los ataques terroristas. El Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias actúa como la principal plataforma de coordinación y apoyo, las 24 horas del día y todos los días de la semana, para todas las situaciones de crisis en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, la cláusula de solidaridad y el Dispositivo Integrado de Respuesta Política a las Crisis (DIRPC). Se basa en las aportaciones de la Comisión, las agencias de la UE y los Estados miembros. Con riesgos de catástrofe crecientes y nuevos, los Estados miembros y la Comisión deben trabajar juntos para aplicar plenamente y hacer operativa la legislación en materia de protección civil de 2013, en particular el seguimiento del marco de Sendai para la reducción del riesgo de catástrofes 2015-2030. La UE debe continuar reforzando la preparación para la gestión de crisis a fin de mejorar la eficiencia y la coherencia de la respuesta de la UE a las crisis provocadas por actos delictivos, que repercuten en las fronteras, la seguridad pública y los sistemas críticos. Esto incluye la realización de más ejercicios de campo conjuntos.

Basándose en las contribuciones de las agencias de la UE, y en estrecha cooperación con los Estados miembros, la Comisión ha adquirido conocimientos especializados en el desarrollo de la evaluación de riesgos. La Comisión ha establecido orientaciones sobre evaluación de riesgos y cartografía para la gestión de catástrofes y orientaciones sobre la evaluación de la capacidad de los Estados miembros para la gestión de riesgos, y realizó evaluaciones de riesgo sobre los explosivos en el transporte aéreo de mercancías procedentes de terceros países y sobre los controles de pasajeros en los aeropuertos de los Estados miembros. La Comisión tiene la intención de aplicar esta metodología en otros ámbitos tales como las infraestructuras críticas, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y evaluar en particular los efectos de cascada de los riesgos sistémicos.

A través del ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional, las autoridades de los Estados miembros coordinan las prioridades comunes y las actividades operativas. El Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI) desempeña un papel fundamental a este respecto. El ciclo de actuación proporciona una metodología para un enfoque basado en la inteligencia respecto de la seguridad interior, en función de las evaluaciones conjuntas de amenazas, en coordinación con Europol. Se centra en los recursos disponibles en vista de los riesgos y amenazas para la seguridad inmediatos, a medio plazo y a largo plazo. El ciclo de actuación debería ser más utilizado por los Estados miembros para poner en marcha operaciones policiales concretas para hacer frente a la delincuencia organizada, en particular con terceros países. La Operación Arquímedes, coordinada por Europol en septiembre de 2014 para abordar una serie de delitos graves en los Estados miembros y terceros países, supuso un ejemplo práctico al respecto. Tales operaciones deberían ser evaluadas periódicamente a fin de determinar las mejores prácticas para futuras acciones.

Recientemente, la Comisión ha encargado a los organismos europeos de normalización que establezcan una norma para la «protección de la intimidad desde el diseño» dirigida a fomentar la inclusión de normas rigurosas de seguridad y derechos fundamentales en las primeras fases del diseño tecnológico. El cumplimiento de esta norma garantizará que los productos y servicios de seguridad de la UE respetan los derechos individuales y, de este modo, mejorará la confianza de los consumidores.

Una industria de la seguridad de la UE competitiva también puede contribuir a la autonomía de la UE para cubrir sus necesidades en materia de seguridad. La UE ha fomentado el desarrollo de soluciones innovadoras en materia de seguridad, por ejemplo mediante normas y certificados comunes. La Comisión está estudiando nuevas medidas, como las relativas a los sistemas de alarma y los equipos de control en los aeropuertos, a fin de eliminar los obstáculos al mercado único y reforzar la competitividad de la industria de la seguridad de la UE en los mercados de exportación.

La ciencia forense es indispensable para el trabajo de las autoridades con funciones coercitivas y para la eficacia de las acciones judiciales. Las autoridades policiales y judiciales deben poder confiar en que los datos forenses en que se basan son de alta calidad, incluso si proceden de otro Estado miembro. Por tanto, es importante asegurarse de que los datos forenses intercambiados a través de los sistemas de intercambio de información, como el marco de Prüm para las impresiones dactilares y perfiles de ADN, pueden utilizarse efectivamente en los tribunales. Un espacio forense europeo, que armonice los procesos de los proveedores de servicios forenses en los Estados miembros, fomentaría la cooperación y garantizaría la confianza. En primer lugar, la Comisión realizará, con las partes interesadas relevantes, un inventario, y posteriormente definirá prioridades y posibles medidas para alcanzar este objetivo. Esto podrá incluir el intercambio de las mejores prácticas y la definición de normas mínimas comunes.

La seguridad debe ser una prioridad clave en una amplia gama de instrumentos de financiación, programas de investigación e innovación, así como iniciativas de formación. Las prioridades existentes deben adaptarse en función de las necesidades.

3. TRES PRIORIDADES

En los próximos cinco años, este marco para trabajar mejor y más estrechamente debe utilizarse para abordar tres prioridades esenciales para la seguridad europea, si bien es adaptable a otras grandes amenazas que puedan surgir en el futuro.

Los atentados terroristas en Europa, más recientemente en París, Copenhague, y Bruselas, han puesto de relieve la necesidad de una intensa respuesta conjunta de la UE ante el terrorismo y los combatientes terroristas extranjeros. Ciudadanos europeos siguen uniéndose a grupos terroristas en zonas de conflicto, adquiriendo formación y constituyendo una amenaza potencial a la seguridad interior europea a su regreso. Si bien esta cuestión no es nueva, la escala y el flujo de combatientes a conflictos en curso, en particular Siria, Irak y Libia, así como el carácter de red de estos conflictos, no tienen precedentes.

Al mismo tiempo, la delincuencia transfronteriza grave y organizada está encontrando nuevas vías para operar, y nuevas alternativas para escapar a la detección. Existen unos enormes costes humanos, sociales y económicos derivados de delitos como la trata de seres humanos, el tráfico de armas, el contrabando de drogas y la delincuencia financiera, económica y medioambiental. Los grupos de delincuencia organizada implicados en el tráfico ilícito de migrantes aprovechan las vulnerabilidades de las personas que buscan protección o mejores oportunidades económicas y son responsables de la pérdida de vidas en aras de un beneficio económico. La delincuencia organizada se integra también en el terrorismo y la ciberdelincuencia a través de canales como el suministro de armas, la financiación mediante el tráfico de drogas, y la infiltración de los mercados financieros.

Por último, la ciberdelincuencia supone una amenaza cada vez mayor a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la economía, así como al buen desarrollo del mercado único digital. A medida que el comercio y las operaciones bancarias se realizan cada vez más en línea, la ciberdelincuencia puede representar un gran beneficio potencial para los delincuentes y un enorme pérdida potencial para los ciudadanos. Los ciberdelincuentes pueden actuar desde fuera de la Unión para dañar las infraestructuras críticas y atentar simultáneamente contra un gran número de víctimas en todos los Estados miembros, con mínimo esfuerzo y riesgo. Asimismo, amenazas como las planteadas por el ciberterrorismo y las amenazas híbridas podrían aumentar en los próximos años. Los delincuentes abusan de las técnicas de anonimización y de los mecanismos de pago anónimos para el comercio en línea ilícito de drogas o armas, para operaciones delictivas y para el blanqueo de dinero. La ciberdelincuencia está también estrechamente relacionada con la explotación sexual de los niños, y se observa una evolución alarmante de la difusión en directo de actos de pornografía infantil.

El terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia son las tres prioridades esenciales destacadas en la presente Agenda para la acción inmediata. Están claramente interconectados y suponen amenazas transfronterizas, y su dimensión polifacética e internacional pone de manifiesto la necesidad de una respuesta eficaz y coordinada a nivel de la UE.

3.1 Lucha contra el terrorismo y prevención de la radicalización

Los ciudadanos y los Estados miembros esperan que la UE les apoye en la lucha contra el terrorismo y la radicalización, y facilite la coordinación y la cooperación entre las autoridades competentes. Europol ha desarrollado una experiencia cada vez mayor sobre terrorismo, y debería darse un paso más reuniendo sus capacidades de lucha contra el terrorismo, poniendo recursos en común y maximizando el uso de las estructuras, servicios y herramientas existentes de que dispone esta Agencia, con vistas a lograr economías de escala. Esto podría reunirse en un Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo en el seno de Europol para intensificar el apoyo proporcionado por la UE a los Estados miembros, en un medio seguro con la mayor confidencialidad en su comunicación.

El Centro incluiría: 1) el equipo temático «viajeros» de Europol sobre combatientes terroristas extranjeros y redes terroristas relacionadas; 2) el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo entre la UE y los EE.UU; 3) FIU.NET, la red informática descentralizada que apoya a las unidades de información financiera, que se integrará en Europol en 2016; y 4) las capacidades existentes de Europol sobre armas de fuego y artefactos explosivos. Eurojust debería participar plenamente en las actividades del Centro a fin de mejorar la coordinación de las investigaciones y actuaciones judiciales. Este Centro funcionaría respetando estrictamente el mandato legal de Europol, y no afectaría a la responsabilidad exclusiva de los Estados miembros de velar por la seguridad nacional, ni al papel del Centro de Análisis de Inteligencia de la UE (INTCEN) en el ámbito de la evaluación de amenazas terroristas basándose en la información.

La Unidad de Notificación de Contenidos de Internet (UE IRU), que se creará en Europol en julio de 2015, también formaría parte del Centro. La unidad se basará en la experiencia de Europol y de los Estados miembros para actuar como centro de conocimientos técnicos de la UE, ayudando a los Estados miembros a identificar y eliminar los contenidos extremistas violentos en línea, en cooperación con los socios de la industria.

Asimismo, la Comisión pondrá en marcha en 2015 un Foro a escala de la UE con empresas del sector de las TI para unirlas con las autoridades con funciones coercitivas y la sociedad civil. Basándose en las reuniones preparatorias organizadas en 2014, el Foro se centrará en el despliegue de los mejores instrumentos para luchar contra la propaganda terrorista en Internet y en los medios sociales. En cooperación con las empresas del sector de las TI, el Foro explorará también las preocupaciones de las autoridades con funciones coercitivas sobre nuevas tecnologías de cifrado.

El seguimiento de las operaciones financieras puede ser fundamental para la identificación de las redes terroristas, ya que los terroristas precisan financiación para viajes, formación y equipos. Las unidades de información financiera pueden ayudar a identificar las operaciones financieras de las redes terroristas a través de las fronteras y detectar a sus financiadores. El Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo de la UE y los EE.UU. permite a los Estados miembros solicitar una búsqueda de datos financieros cuando exista una sospecha razonable de actividad terrorista. Hasta la fecha, el Programa ha proporcionado pistas relativas a numerosas personas sospechosas de terrorismo y a sus redes de apoyo. Los Estados miembros y sus autoridades competentes deben hacer un uso más activo de las posibilidades en el marco del Programa. La próxima fusión de FIU.NET con Europol reforzará las capacidades para la lucha contra la financiación del terrorismo.

La Comisión estudiará también la necesidad y posibles beneficios de medidas adicionales en materia de financiación del terrorismo, incluidas las relativas a la inmovilización de los bienes de terroristas con arreglo al artículo 75 del TFUE, al comercio ilícito de bienes culturales, al control de las formas de pago (tales como transferencias por Internet y tarjetas de prepago), a los movimientos ilícitos de dinero en efectivo y al refuerzo del Reglamento sobre controles de dinero en efectivo.

La UE necesita una sólida respuesta penal al terrorismo, que cubra la investigación y persecución de aquellos que planean actos terroristas o son sospechosos de reclutar, formar y financiar el terrorismo, así como de incitar a la comisión de delitos de terrorismo. Muchos Estados miembros ya disponen o han planeado introducir legislación para penalizar estos actos. Una legislación más coherente contra los combatientes terroristas extranjeros en la UE abordaría los problemas prácticos y jurídicos transfronterizos en la recogida y la admisibilidad de pruebas en los casos de terrorismo, y para impedir las partidas a zonas conflictivas. La Comisión iniciará en 2015 una evaluación de impacto con vistas a actualizar la Decisión marco de 2008 sobre el terrorismo en 2016. La Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige que los Estados tipifiquen como delito el viajar a una zona de conflicto con fines terroristas, contribuyendo así a crear un entendimiento común de los delitos de los combatientes terroristas extranjeros. El nuevo marco legislativo debería abrir la puerta a una cooperación intensificada con terceros países sobre los combatientes terroristas extranjeros, basándose en experiencias positivas recientes de cooperación con Turquía.

Una manera de desbaratar las actividades de las redes terroristas es dificultar el ataque a los objetivos y el acceso y despliegue de sustancias peligrosas, como materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares y precursores de explosivos. La protección de las infraestructuras críticas, como las infraestructuras de transporte, y los objetivos indefensos, por ejemplo en actos públicos masivos, suponen auténticos desafíos para las autoridades con funciones coercitivas, las autoridades sanitarias y las de protección civil. La UE y los Estados miembros cooperan para evaluar los riesgos y las estrategias de mitigación, recopilar las mejores prácticas y elaborar directrices. La Comisión ayuda a los profesionales desarrollando manuales para ayudarles en su trabajo cotidiano, por ejemplo en el ámbito de la seguridad de la aviación.

El terrorismo en Europa se alimenta de las ideologías extremistas. La acción de la UE contra el terrorismo debe, por tanto, abordar las causas profundas del extremismo mediante medidas preventivas. En toda la UE, la relación entre la radicalización y el empleo de la violencia extremista es cada vez más clara. Se ha demostrado que la propaganda extremista lleva a que los combatientes terroristas extranjeros procedentes de Europa viajen al extranjero para entrenarse, luchar y cometer atrocidades en las zonas de combate, y supongan una amenaza para la seguridad interior de la UE a su regreso. El refuerzo de la comunicación estratégica de la propia UE con representaciones de hecho y descripciones comunes de conflictos es un aspecto importante de la respuesta de la UE.