Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2014 de Italia /* COM/2014/0413 final */





Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2014 de Italia EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4, Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], y, en particular, su artículo 5, apartado 2, Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos[2], y, en particular, su artículo 6, apartado 1, Vista la Recomendación de la Comisión Europea[3], Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo[4], Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, Visto el dictamen del Comité de Empleo, Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero, Visto el dictamen del Comité de Protección Social, Visto el dictamen del Comité de Política Económica, Considerando lo siguiente: (1) El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa. (2) El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo. (3) El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país. (4) El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de Italia para 2013 y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad de Italia para 2012-2017. El 15 de noviembre de 2013, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 473/2013[5], la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Italia para 2014[6]. (5) El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[7], marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[8], en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. (6) El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración Pública. (7) El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados del examen exhaustivo correspondiente a Italia[9], de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. El análisis de la Comisión llevaba a la conclusión de que Italia sufre desequilibrios macroeconómicos excesivos que exigen un seguimiento específico y unas medidas políticas decididas. En particular, el nivel de la deuda pública, persistentemente elevado, unido a una competitividad exterior escasa derivada del apático incremento de la productividad, agudizado además por un crecimiento deplorable merecen una atención particular y la adopción de medidas decididas. (8) El 22 de abril de 2014, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno se han evaluado al mismo tiempo. (9) El objetivo de la estrategia presupuestaria esbozada en el Programa de Estabilidad es el logro del objetivo a medio plazo de equilibrio en términos estructurales para 2016, cumpliendo al mismo tiempo con la norma relativa a la deuda durante el periodo de transición de 2013-2015. El Programa confirma el objetivo a medio plazo de equilibrio presupuestario en términos estructurales, que está en consonancia con lo exigido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El ajuste estructural (recalculado) previsto en el Programa es de 0,2 puntos porcentuales del PIB en 2014 y de 0,4 puntos porcentuales del PIB en 2015. Según se expone en el programa, este ajuste limitado hacia el logro del objetivo a medio plazo se justifica por las arduas condiciones económicas y por el esfuerzo necesario para aplicar un ambicioso programa de reformas estructurales. Se prevén en concreto algunas reformas estructurales que deberían tener una incidencia positiva sobre el crecimiento económico potencial y que, a la postre, deberían reducir el ratio deuda/PIB de la administración en años venideros. El ajuste estructural previsto en el programa permitiría a Italia atenerse al valor de referencia de reducción de la deuda a lo largo del periodo de transición 2013-2015, en cierta medida gracias a un ambicioso plan de privatizaciones que se irá aplicando a lo largo del periodo 2014-2017 (que corresponderá cada año a 0,7 puntos porcentuales del PIB). El escenario macroeconómico en el que se basan las proyecciones presupuestarias del programa, que no ha sido refrendado por ningún organismo independiente, es moderadamente optimista, en particular, por lo que respecta a los últimos años del programa. En 2014 se prevé una desviación respecto de la senda de ajuste hacia la consecución del objetivo a medio plazo que, de repetirse el año próximo, podría llegar a ser importante, también en lo que respecta al valor de referencia del gasto. Por otro lado, el logro de los objetivos presupuestarios no está convenientemente respaldado por suficientes medidas de desarrollo, en particular a partir de 2015. Las previsiones de la primavera de 2014 de la Comisión apuntan a un incumplimiento del valor de reducción de la deuda fijado para 2014 ya que el ajuste estructural proyectado (únicamente 0,1 puntos porcentuales del PIB) se sitúa muy por debajo del exigido, equivalente a 0,7 puntos porcentuales del PIB). Tras analizar el programa y las previsiones de la Comisión con arreglo al Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, este último considera que es preciso realizar esfuerzos adicionales también en 2014 a fin de responder a las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. (10) Las medidas emprendidas recientemente para reducir la tributación de los factores de producción han sido algo limitadas. Por tanto, queda aún margen suficiente para transferir en mayor medida la carga tributaria hacia el consumo, la propiedad y el medio ambiente, en estricto cumplimiento de los objetivos presupuestarios. Por lo que respecta al consumo, si se quiere mejorar la estructura del sistema fiscal, es asimismo fundamental revisar los tipos reducidos del IVA y los gastos fiscales directos, prestando la debida atención a la necesidad de atenuar su eventual impacto distributivo. En cuanto a la propiedad, la revisión de los valores catastrales para ajustarlos a los valores de mercado vigentes en la actualidad permitiría aplicar una fiscalidad más justa sobre la propiedad inmobiliaria. La Ley de habilitación (legge delega) para la reforma fiscal recientemente adoptada brinda la oportunidad de llevar a cabo esas reformas ineludibles. Habida cuenta de la magnitud del desafío, es preciso complementar las medidas sobre la composición de la estructura de los impuestos con otras adicionales destinadas a la mejora de la Administración tributaria y del cumplimiento en el ámbito fiscal, así como emprender acciones decididas para combatir la evasión fiscal, la economía sumergida y el trabajo no declarado, fenómenos que siguen constituyendo una pesada carga tanto para la hacienda pública como para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. A este respecto, la nueva Ley de habilitación para la reforma fiscal prevé diversas medidas para reforzar la Administración tributaria – cálculo global y sistema de seguimiento de la brecha tributaria, medidas de simplificación, medidas para mejorar la relación con los contribuyentes, medidas para mejorar la recaudación de la deuda tributaria a nivel local y refuerzo de las inspecciones fiscales. La decisión de introducir a partir de 2015 declaraciones fiscales cumplimentadas previamente supone un avance adicional con vistas al estímulo del cumplimiento en materia fiscal. (11) Uno de los principales retos a los que se enfrenta Italia es el logro de una aplicación exhaustiva y rápida de las medidas adoptadas, tanto para resolver las deficiencias existentes en materia de aplicación como para evitar la acumulación de ulteriores retrasos. Uno de los acicates fundamentales con vistas mejorar los resultados del país en materia de aplicación y garantizar en términos más generales la agilización de las medidas reside en una mayor coordinación y un reparto de competencias más eficaz entre los distintos niveles de la administración. Ello podría tener a su vez una incidencia positiva en la gestión de los fondos de la UE, aspecto con respecto al cual solo se han adoptado medias parciales e incompletas, en particular en las regiones meridionales. La gestión de los fondos de la UE sigue adoleciendo de deficiencias vinculadas a la capacidad administrativa y de falta de transparencia, de evaluación y de control de calidad. Una mayor eficacia y una orientación hacia el servicio y los correspondientes cambios en la gestión de los recursos humanos incidirían también positivamente en la calidad del servicio público. La corrupción sigue lastrando significativamente el sistema productivo italiano y minando la confianza en el marco político e institucional. Es preciso revisar los plazos de prescripción. La lucha eficaz contra la corrupción también exige dotar de atribuciones adecuadas a la Autoridad Nacional Anticorrupción para la Evaluación y la Transparencia de las Administraciones Públicas. Persiste la ineficacia de la jurisdicción de lo civil, por lo que es necesario controlar detenidamente el impacto de las medidas adoptadas. (12) Inspirándose en la revisión específica de la calidad de los activos realizada el pasado año bajo los auspicios del Banco de Italia, sigue siendo importante mejorar la gestión de los activos deteriorados y apoyar su enajenación a fin de impulsar la capacidad de los bancos para ampliar la aportación de crédito a la economía real. Por lo que respecta al acceso a financiación, la principal medida adoptada hasta el momento se ha centrado en facilitar el acceso de las empresas al crédito, si bien el desarrollo de instrumentos de financiación distintos de los créditos bancarios sigue siendo limitado, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Las iniciativas adoptadas en el ámbito de la gobernanza empresarial de los bancos –en particular los nuevos principios establecidos recientemente por el Banco de Italia ­­– se han acogido con satisfacción. De todas formas, su repercusión dependerá de su aplicación adecuada por parte de dichos bancos y del control de su cumplimiento. En concreto, sigue estando justificado un control más estrecho de algunas de las cooperativas de crédito de mayores dimensiones (banche popolari). (13) La situación del mercado laboral siguió empeorando en 2013, con una tasa de desempleo que creció hasta situarse en un 12,2 % y un desempleo juvenil que alcanzó el 40 %. Es esencial proceder a una correcta aplicación de las reformas introducidas en el ámbito del mercado laboral y de la fijación de los salarios, y a un cuidadoso seguimiento del efecto de las mismas, a fin de garantizar que se materialice la obtención de los beneficios esperados en términos de mayor flexibilidad en materia de despido, mayor regulación de la contratación flexible, un mayor alcance del sistema de subsidios de desempleo y mayor adaptación de los salarios a la productividad. Los planes para la mejora de la eficacia de los servicios de colocación mediante el refuerzo de los servicios públicos de empleo han sufrido retrasos y deben acelerarse. Las medidas destinadas a apoyar la creación de empleo a corto plazo deben complementarse con otras orientadas a resolver la segmentación. En conjunto, el mercado laboral italiano sigue caracterizándose por su segmentación y escasa participación, lo que afecta en particular a las mujeres y los jóvenes. Así pues, las tímidas medidas adoptadas hasta la fecha deben ampliarse, en consonancia con los objetivos de la Garantía Juvenil. Italia está registrando una disminución de la renta disponible de los hogares, combinada con un aumento de la pobreza y de la exclusión social, que afecta en particular a las familias con niños. En Italia, el gasto social sigue orientado en gran medida a la población de más edad, y se centra solo mínimamente en la activación, lo que limita el margen para abordar el riesgo de exclusión social y de pobreza. El programa piloto de asistencia social introducido recientemente tiene por objeto crear una red de protección social. Está previsto ampliarlo al país en su conjunto, y ello exigirá mejorar la eficacia del gasto social y de los servicios sociales en todo el territorio. (14) Es preciso realizar esfuerzos para mejorar los resultados en materia educativa e incrementar la dotación de capital humano en todos los niveles de la enseñanza, es decir, tanto primaria como secundaria y universitaria. La profesión docente se caracteriza por único itinerario de carrera, y en la actualidad ofrece perspectivas limitadas en términos de desarrollo profesional. La diversificación de las carreras de los docentes y una mayor vinculación de sus trayectorias profesionales al mérito y los resultados, unidas a la generalización de la evaluación escolar, podrían traducirse en mejores resultados escolares. A fin de garantizar una transición fluida entre la etapa educativa y el acceso al mercado laboral, parece esencial intensificar y ampliar la formación práctica, mediante el incremento del aprendizaje basado en el trabajo y la educación y formación profesionales, en particular en la enseñanza secundaria superior y la enseñanza universitaria. Tras el decreto legislativo adoptado al respecto en 2013, es fundamental elaborar un registro de cualificaciones a escala nacional a fin de garantizar el reconocimiento de las aptitudes adquiridas en todo el país. Desarrollar las medidas emprendidas en este sentido, proceder a la financiación pública de las universidades condicionándola al rendimiento en materia de investigación y de docencia contribuiría a elevar la calidad de las universidades e incrementaría posiblemente la capacidad de investigación e innovación del país, que aún se encuentra en una posición rezagada. (15) Aunque se han adoptado algunas medidas destinadas a la creación de un entorno más favorable para las empresas y los ciudadanos, la incidencia de las mismas se ha visto frenada por retrasos en su aprobación definitiva y fallos en su aplicación. Persisten una serie de obstáculos a la competencia (ámbitos de actividad reservados, regímenes de concesiones/autorizaciones, etc.) en sectores tales como los servicios profesionales, los seguros, la distribución de carburante, el comercio minorista y los servicios postales). Es necesario paliar asimismo ciertas deficiencias de las que adolece el sistema de contratación pública. Es, además, prioritario intensificar la competencia en el ámbito de los servicios públicos locales. En particular, debe aplicarse la actual legislación en virtud de la cual los contratos en vigor que no cumplan la normativa de la UE en relación con los criterios de adjudicación interna deben rectificarse, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2014. (16) Los estrangulamientos en la infraestructura impiden el correcto funcionamiento del mercado de la energía. En el ámbito del transporte, la carencia de infraestructura intermodal unida a la ausencia de sinergias y la escasez de conexiones de los puertos italianos con el interior merecen un análisis especial y la adopción de medidas al respecto. Por lo que respecta a las conexiones de banda ancha, existen en el territorio italiano áreas no urbanas que carecen de cobertura. (17) En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación. (18) A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de Italia, y su dictamen[10] se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación. (19) A la vista de los resultados del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1176/2011 quedan reflejadas a continuación en las recomendaciones 1 a 8. (20) En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro. Como Estado cuya moneda es el euro, Italia debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos. RECOMIENDA que Italia tome medidas durante el período 2014-2015 a fin de: 1. Reforzar las medidas presupuestarias para 2014 habida cuenta de la desviación que se está produciendo con respecto a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en particular el de reducción de la deuda, según las Previsiones de la Primavera de 2014 de la Comisión. En 2015, reforzar de forma significativa la estrategia presupuestaria a fin de cumplir el requisito de reducción de la deuda. A continuación, garantizar que la deuda de las administraciones públicas emprenda una trayectoria suficientemente descendente; llevar a cabo el ambicioso plan de privatizaciones previsto; aplicar un ajuste presupuestario que propicie el crecimiento y que esté basado en el importante ahorro previsto como consecuencia de la mejora duradera de la eficiencia y la calidad del gasto público en todos los niveles de la administración, preservando al mismo tiempo el gasto que favorece el crecimiento, por ejemplo en el ámbito de la I+D, la innovación, la educación y los proyectos de infraestructuras esenciales. Garantizar la independencia y la plena operatividad del Consejo Presupuestario cuanto antes y, a más tardar, en septiembre de 2014, a tiempo para la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2015. 2. Transferir en mayor medida la carga tributaria de los factores productivos al consumo, la propiedad y el medio ambiente, en consonancia con los objetivos presupuestarios. A tal fin, evaluar la eficacia de la reciente reducción de la carga fiscal sobre el factor trabajo y asegurar su financiación para 2015, analizar el alcance de los gastos fiscales directos y ampliar la base imponible, en particular sobre el consumo. Considerar la aproximación de los impuestos especiales sobre el diésel a los de la gasolina y su indexación para tener en cuenta la inflación, y suprimir las subvenciones que perjudiquen al medio ambiente. Aplicar la Ley de habilitación para la reforma fiscal en marzo de 2015, como muy tarde, mediante la adopción de decretos que conduzcan a la reforma del sistema catastral con objeto de garantizar la eficacia de la reforma de la fiscalidad de la propiedad inmobiliaria. Seguir mejorando el cumplimiento en materia fiscal mediante el refuerzo de la predictibilidad del sistema fiscal, la simplificación de los procedimientos, el perfeccionamiento de la recaudación de la deuda fiscal y la modernización de la Administración tributaria. Proseguir la lucha contra la evasión fiscal y adoptar medidas suplementarias contra la economía sumergida y el trabajo no declarado. 3. En el marco de un esfuerzo más amplio por mejorar la eficiencia de la Administración Pública, determinar con claridad las competencias en todos los niveles de la administración. Garantizar una gestión más eficaz de los Fondos de la UE, emprendiendo una acción decidida para mejorar la capacidad administrativa, la transparencia, la evaluación y el control de calidad a escala regional, especialmente en las regiones meridionales. Mejorar la eficacia de las medidas contra la corrupción, por ejemplo, mediante la revisión de los plazos de prescripción a finales de 2014, como muy tarde, y reforzar los poderes de la Autoridad Nacional Anticorrupción. Efectuar un seguimiento oportuno de la repercusión de las reformas adoptadas a fin de incrementar la eficiencia de la jurisdicción de lo civil con objeto de garantizar su eficacia, y adoptar acciones complementarias, en su caso. 4. Reforzar la resiliencia del sector bancario y garantizar su capacidad de gestionar y enajenar los activos deteriorados con vistas a reactivar el crédito a la economía real. Apoyar el acceso de las empresas, en particular de las pymes, a la financiación no bancaria. Seguir fomentando y efectuando un seguimiento de las prácticas eficientes en materia de gobernanza empresarial en el sector bancario en su conjunto, prestando particular atención a los grandes bancos cooperativos (banche popolari) y fundaciones, a fin de mejorar la eficacia de la intermediación financiera. 5. Evaluar, a finales de 2014, como muy tarde, la incidencia de las reformas del mercado laboral y de la fijación de salarios sobre la creación de empleo, los procedimientos de despido, la dualidad del mercado laboral y la competitividad de los costes, y sopesar la necesidad de emprender medidas adicionales. Trabajar con vistas al logro de una protección social completa en favor de los desempleados, limitando al mismo tiempo el recurso a los regímenes de complemento salarial para facilitar la reasignación del trabajo. Estrechar el vínculo entre las políticas del mercado laboral activas y pasivas, partiendo de la elaboración de una hoja de ruta para la acción en septiembre de 2014, a más tardar, y reforzar la coordinación y el rendimiento de los servicios públicos de empleo en todo el país. Emprender acciones efectivas para la promoción del empleo femenino, mediante la adopción de medidas destinadas a reducir la falta de incentivos fiscales para aquellas personas que representen la segunda fuente de ingresos familiares, como muy tarde, en marzo de 2015, y proceder a la dotación de los servicios asistenciales oportunos. Prestar servicios adecuados en todo el país a los jóvenes no inscritos y garantizar un mayor compromiso del sector privado respecto de la oferta de contratos de aprendizaje y de prácticas de calidad para finales de 2014, en consonancia con los objetivos de la Garantía Juvenil. Paliar las situaciones de pobreza y exclusión social, intensificar el programa piloto de apoyo de asistencia social, de forma neutral desde el punto de vista fiscal, garantizando una fijación de objetivos apropiada, una condicionalidad estricta y la uniformidad territorial, y reforzando su vinculación con las medidas de activación. Mejorar la eficacia de los regímenes de ayuda familiar y de los servicios de calidad destinados a favorecer a las familias de escasos recursos con hijos. 6. Aplicar el Sistema Nacional de Evaluación del Sistema Educativo a fin de mejorar los resultados de los centros escolares y reducir los índices de abandono escolar prematuro. Incrementar el recurso al aprendizaje basado en el trabajo en los niveles superiores de la enseñanza secundaria profesional y reforzar la enseñanza universitaria orientada al mundo profesional. Crear un registro nacional de cualificaciones que garantice un amplio reconocimiento de las mismas. Asegurar que la financiación pública recompense en mayor medida la calidad de la enseñanza superior y la investigación. 7. Aprobar la legislación destinada a la simplificación del entorno reglamentario de las empresas y los ciudadanos que se encuentre aún pendiente de adopción y paliar las deficiencias en materia de aplicación de la legislación en vigor. Respaldar la apertura del mercado y la eliminación de las barreras que aun subsistan a la competencia y las restricciones conexas en el ámbito de los servicios públicos locales y profesionales, los seguros, la distribución de carburante, el comercio minorista y los servicios postales. Incrementar la eficiencia de la contratación pública, en particular, simplificando los procedimientos, por ejemplo, mediante el recurso a la contratación electrónica, racionalizando los órganos centrales de compra y garantizando la adecuada aplicación de las normas anteriores y posteriores a la adjudicación. Por lo que respecta a los servicios públicos locales, aplicar rigurosamente la legislación estableciendo la rectificación de los contratos que no cumplan los requisitos en materia de concesión interna el 31 de diciembre de 2014 a más tardar. 8. Garantizar la pronta y plena operatividad de la Autoridad de Transporte, como muy tarde en septiembre de 2014. Aprobar la lista de infraestructuras estratégicas en el sector de la energía y reforzar la gestión de los puertos y sus conexiones con el interior. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El presidente [1] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. [2] DO L 306 de 23.11.2011, p. 25. [3] COM(2013) 413 final. [4] P7_TA(2014)0128 and P7_TA(2014)0129. [5] OJ L 140, 27.5.2013, p.11. [6] C(2013) 8005 final. [7] COM(2013) 800 final. [8] COM(2013) 790 final. [9] SWD(2014) 83 final. [10] De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.