Aunque la transposición de las directivas al Derecho nacional ha sido lenta, este marco jurídico modernizado se aplica actualmente en una gran mayoría de los Estados miembros. No obstante, el proceso del Semestre Europeo ha identificado numerosas áreas específicas en las que la mejora de la contratación pública nacional podría contribuir de forma decisiva a una mayor competitividad y eficiencia. Además, los Estados miembros no están utilizando plenamente las posibilidades de la contratación pública como herramienta estratégica para fomentar objetivos de política social sostenibles y la innovación. Ha llegado por tanto el momento de centrarnos en la aplicación inteligente de las nuevas normas en la práctica.

La contratación pública depende de la competencia abierta para ofrecer la mejor relación calidad-precio para el erario público. Este proceso competitivo bien no existe o está perdiendo intensidad. El 5 % de los contratos públicos publicados en TED se adjudican después de negociación, sin la publicación de una licitación. Entre 2006 y 2016, el número de licitaciones con una única oferta ha crecido del 17 % al 30 %. El número medio de ofertas por licitación cayó de cinco a tres durante el mismo periodo. Esto muestra que las empresas tienen mayores dificultades para acceder a los mercados de contratación, especialmente transfronterizos. Las pymes logran solamente el 45 % del valor de los contratos públicos por encima de los umbrales de la UE, claramente por debajo de su peso en la economía.

La contratación pública se considera aún a menudo un mero procedimiento administrativo mediante el cual las autoridades públicas adquieren los productos, servicios u obras básicos que precisan para sus operaciones. Esto se demuestra por el hecho de que a menudo no están disponibles datos claros y consolidados relativos a la contratación. No existe un consenso a escala de la UE con respecto a qué datos deben recogerse y con qué finalidad. En muchos Estados miembros, las autoridades centrales no son capaces de indicar el tamaño exacto del gasto en contrataciones públicas de sus países, a pesar de la enorme cantidad de dinero que implican. En dichos casos, el control público es casi inexistente y no existe la posibilidad de elaborar políticas basadas en datos e incluso el control presupuestario resulta difícil.

De igual modo, la transformación digital de la contratación pública es lenta. En una encuesta de 2016, solamente cuatro Estados miembros recurrían a tecnologías digitales para todas las fases principales del proceso de contratación. Los Estados miembros no están utilizando aún la llegada de nuevas tecnologías como una oportunidad para simplificar y acelerar sus procedimientos de contratación.

Son raras las ocasiones en las que los poderes adjudicadores realizan compras conjuntas y solamente el 11 % de los procedimientos se llevan a cabo mediante contratación cooperativa. La compra en grandes cantidades a menudo da lugar a mejores precios y además ofrece una oportunidad para intercambiar conocimientos técnicos y obtener mejor calidad. Aunque no todos los tipos de adquisiciones son aptas para la agregación, las bajas tasas generales de agregación sugieren una pérdida de oportunidades.

Se afirma que los procedimientos de contratación son demasiado complejos y adolecen de una excesiva carga administrativa, incluso tras la gran reforma y simplificación de las normas de la UE que se llevó a cabo en 2014, anteriormente mencionada. Todavía más complejidades presentan los proyectos de infraestructura transnacionales que, por su propia naturaleza, no son los habituales ya que implican diversas acciones que deben aplicarse en varios Estados miembros. El grado real de complejidad depende también de cómo se aplican las normas en la práctica y de en qué medida se utilizan las nuevas herramientas. La contratación puede simplificarse aún más mediante la normalización de procesos, el intercambio de mejores prácticas entre autoridades y la profesionalización de la contratación pública.

3.Próximos pasos: una amplia asociación para el éxito común

Para mejorar el reconocimiento de la dimensión estratégica de la contratación pública y mejorar la contratación pública en la práctica, se precisa una decidida y amplia responsabilización política en todos los niveles de gobierno. Existe un potencial de mejora importante si las autoridades se comprometen a hacerse cargo seriamente de esta cuestión. En lugar de considerar la contratación como una obligación administrativa, un enfoque político proactivo podría aportar muchos beneficios.

La Comisión, con una cooperación jurídica y asistencia bien establecidas, está dispuesta a interactuar con los Estados miembros y las partes interesadas en las cuestiones a las que se enfrentan y donde las acciones a escala de la UE y el apoyo pueden aportar un claro valor añadido. Con el fin de llevar a cabo las mejoras necesarias, la Comisión propone una amplia asociación colaborativa que conduzca a un sistema de contratación pública efectivo, transparente, digital e inteligente que responda plenamente a los retos del entorno cambiante actual. Cada socio desempeñará su propio papel, pero los compromisos deberían reforzarse mutuamente. Diversas mejoras simultáneas y coordinadas podrían dar lugar a beneficios globales superiores a la simple suma de todos los esfuerzos individuales, al aprovecharse de efectos multiplicadores.

La asociación podría incluir a las partes interesadas y los aspectos siguientes:

-Las autoridades nacionales podrían mejorar la organización de la contratación, formulando estrategias de contratación nacionales claras, garantizando una coordinación más eficiente a escala nacional y regional y proporcionando normas nacionales y directrices prácticas claras, intercambiar buenas prácticas, establecer centros de apoyo de la competencia y órganos de adquisición centralizados, que mejoren la transparencia y proporcionen procedimientos de revisión rápidos, independientes y equitativos.

-Las autoridades regionales y locales podrían cooperar más y utilizar la contratación agregada, fomentar la contratación estratégica y digital y profesionalizar a sus compradores públicos.

-La Comisión se comprometería a trabajar de forma colaborativa y a desarrollar una gama de herramientas de apoyo, incluidas directrices y mejores prácticas en múltiples áreas clave con el fin de lograr que la contratación resulte lo más simple y efectiva posible. Al mismo tiempo, proseguirá su política de control del cumplimiento y seguirá utilizando su poder discrecional de manera estratégica para centrarse en las violaciones más importantes del Derecho de la UE que afecten a los intereses de los ciudadanos y las empresas.

-Las empresas y asociaciones industriales y empresariales podrían, por ejemplo, fomentar una mayor participación en mercados de contratación, también más allá de sus fronteras nacionales, mediante la elaboración de modelos de evaluación para comparar diferentes soluciones con una base objetiva. Los procedimientos de revisión deberían utilizarse de forma responsable. Las consultas del mercado previas son una fase importante para mejorar los conocimientos técnicos en materia de contratación y deberían implicar también a las pymes.

-Partes interesadas: Existe una creciente atención al planteamiento presupuestario participativo en numerosas ciudades y comunidades que podría permitir una mayor atención a criterios estratégicos fomentados por grupos locales. Los periodistas y el público deberán utilizar los datos disponibles para ejercer el control público de la contratación y exigir responsabilidades a los compradores públicos. Los científicos y académicos desempeñan también un papel importante en el desarrollo de análisis y modelos de datos.

A nivel de la UE, los comités pertinentes del Parlamento Europeo y el Consejo de Competitividad podrían convertirse en un foro de debate político continuo en materia de contratación pública en los Estados miembros. La asociación también podría materializarse a través de diálogos estructurados voluntarios sobre contratación, que, cuando fuera pertinente, estarían totalmente en consonancia con el proceso del Semestre Europeo. Estos diálogos se llevarían a cabo de modo colaborativo entre la Comisión y los Estados miembros. Esto también permite un planteamiento diferenciado, que se centra en la provisión de reformas estructurales y cumplimiento donde sea necesario y un apoyo más avanzado para terceros. También pueden establecerse procesos similares a escala nacional, que impliquen a las partes interesadas pertinentes en un proceso colaborativo genuino. Dado que en la actualidad el 70 % de la población de la UE se concentra en las áreas urbanas, la agenda urbana propuesta por la Comisión para proporcionar una plataforma paneuropea para una participación multinivel de las partes interesadas desempeña un papel importante.

La aplicación de sistemas de contratación pública inteligentes adecuados para el siglo XXI requiere compromiso y determinación para modernizar, digitalizar y profesionalizar. Se precisa un acuerdo claro con respecto a cómo debe medirse el éxito, acompañado de hitos claras y de una supervisión del progreso. Las autoridades a todos los niveles y las partes interesadas (dados los sistemas heterogéneos de contratación pública y el nivel divergente de madurez y avance en los Estados miembros individuales) son quienes están en mejor situación de determinar el contenido y el nivel de sus compromisos.