ES Diario Oficial de la Unión Europea C 108/58

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos»

(COM(2003) 379 final — 2003/0139 (COD))

(2004/C 108/11)

El 1 de septiembre de 2003, de conformidad con el artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 18 de diciembre de 2003 (ponente: Sr. BUFFETAUT).

En su 405o Pleno de los días 28 y 29 de enero de 2004 (sesión del 28 de enero), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1. Introducción

La propuesta persigue cuatro grandes objetivos:

a) transponer a la legislación comunitaria la Decisión revisada del Consejo de la OCDE de 14 de junio de 2001, y el Convenio de Basilea revisado;

b) abordar los problemas que plantea la aplicación, la gestión y el cumplimiento del Reglamento de 1993 y proporcionar mayor claridad jurídica,

c) favorecer la armonización internacional en el ámbito de los traslados transfronterizos de residuos, y

d) reorganizar y simplificar la estructura de los artículos del Reglamento con el fin de hacerlo más claro y lógico.

2. Resumen de los elementos principales del Reglamento

Los traslados de residuos se rigen por distintos procedimientos y regímenes de control, en función del tipo de residuos de que se trate y del tipo de tratamiento que se les vaya a aplicar en destino. El régimen de control dependerá del riesgo que presenten los residuos y de su tratamiento.

2.1 Procedimiento de notificación y autorización previa por escrito

Los transportes de todos los residuos destinados a ser eliminados y los transportes de residuos peligrosos y semipeligrosos destinados a la valorización están sujetos al requisito de notificación y autorización previa por escrito.

En la práctica, si un productor o un recogedor de residuos – el notificante – desea realizar un traslado de residuos peligrosos o semipeligrosos (véase anexo IV) para su valorización o eliminación, o un traslado de residuos no peligrosos (véase anexo III) para su eliminación, deberá notificarlo previamente por escrito a las autoridades competentes de expedición.

El notificante deberá también formalizar un contrato con el destinatario relativo a la valorización o la eliminación de los residuos notificados.

La notificación deberá enviarse a las autoridades competentes de expedición, que lo transmitirán a la autoridad competente de destino. Ésta enviará a un acuse de recibo al notificante si considera que la notificación ha sido debidamente cumplimentada.

2.2 Exigencia de información previa

Los transportes de residuos no peligrosos (anexo III) destinados a la valorización no estarán sujetos al procedimiento de notificación previa por escrito. No obstante, es de aplicación la obligación de formalizar un contrato entre la persona que organiza el traslado y el destinatario.

2.3 Principales modificaciones relativas a las definiciones y al ámbito de aplicación (Título I)

a) El ámbito de aplicación del Reglamento se delimita con más precisión.

b) Los términos «notificante», «destinatario», «expedición» y «destino» no se han armonizado con los del Convenio de Basilea y los de la Decisión de la OCDE de 2001.

c) Se incorporan algunas definiciones nuevas.

d) Se propone la modificación de la definición de «autoridad competente» a fin de que se ajuste al Convenio de Basilea.

e) Se añade una definición del concepto de «gestión ambientalmente racional».

f) Se clarifica la definición de «notificante».

2.4 Principales modificaciones y aclaraciones relativas a los traslados en el interior de la Comunidad (Título II)

Las disposiciones que recoge el Título II son las más importantes del Reglamento.

a) El número de listas de residuos se reduce de tres a dos y, al mismo tiempo, se propone reducir a dos el número de procedimientos correspondiente. Así pues, se propone fusionar la lista de residuos semipeligrosos (anexo III) y la lista de residuos peligrosos (anexo IV) en un solo anexo —el anexo IV—, y mantener el actual anexo II como anexo III. Concretamente, esto significa que: — los traslados de residuos no peligrosos destinados a la valorización deberán ir acompañados de determinada información, — los transportes de todos los residuos destinados a ser eliminados, los residuos peligrosos y los semipeligrosos, así como los residuos que no figuren en ninguna lista y estén destinados a la valorización se someterán al procedimiento de notificación previa con autorización por escrito.

b) Se prevé también que las autoridades competentes den su autorización de forma individual y en un plazo máximo de treinta días, y se añaden algunas garantías de procedimiento para el notificante.

c) Se propone que las instalaciones provisionales de valorización y eliminación estén sujetas a las mismas obligaciones que las instalaciones definitivas (véanse las observaciones que se hacen más adelante).

d) Se propone ampliar y aclarar la lista de información y la documentación que debe acompañar a los traslados de residuos no peligrosos.

e) En consonancia con la Decisión de la OCDE de 2001, los traslados de residuos destinados a análisis de laboratorio no estarán sujetos al procedimiento de notificación y autorización previa por escrito.

f) Los residuos que contengan productos químicos de tipo COP estarán sujetos a las mismas disposiciones que los traslados de residuos destinados a la eliminación.

g) Se propone establecer una norma de procedimiento relativa a las discrepancias entre autoridades competentes con respecto a la clasificación de los residuos.

h) La fianza o la cobertura de seguro que constituya el notificante deberá ser obligatoria y legalmente vinculante en el momento de la notificación.

i) Se propone que la obligación de retirada de los residuos (traslados que no puedan llevarse a cabo y traslados ilícitos) se aplique también a los residuos no peligrosos destinados a la valorización.

2.5 Disposiciones relativas a los transportes en el interior de los Estados miembros (Título III)

No se propone ninguna modificación.

2.6 Principales modificaciones y aclaraciones relativas a las importaciones y exportaciones de la Comunidad (Títulos IV, V, y VI)

a) Estas modificaciones y disposiciones adicionales están relacionadas sobre todo con la aplicación de los requisitos de procedimiento del Convenio de Basilea, que no se corresponden con los aplicables a los traslados intracomunitarios.

b) Según la Comisión Europea, esta propuesta no impondrá cargas económicas adicionales sobre el sector; en cambio, podría implicar algunos gastos adicionales para determinados Estados miembros.

c) Asimismo, considera que la presente propuesta promoverá una aplicación más uniforme del Reglamento y reducirá las distorsiones de la competencia en el mercado interior.

3. Observaciones generales

3.1 El Comité Económico y Social Europeo considera que la propuesta de la Comisión mejora la «rastreabilidad» de las operaciones de traslado de residuos. El texto propuesto debe contribuir a la desaparición de determinadas prácticas, y garantizar, con carácter homogéneo, el rigor necesario para la realización efectiva de buenas prácticas que mejoren la protección del medio ambiente y aporten una visión más ajustada del desarrollo sostenible.

3.2 La propuesta hará más transparentes las actividades de los profesionales de los residuos, dotándolas de mayor rastreabilidad y responsabilidad, concretamente mediante los mecanismos de declaración, las garantías financieras y la obligación de retirada de los residuos cuando el traslado no pueda llevarse a cabo. Aumentará también la responsabilidad de las administraciones, por la exigencia de notificar por escrito su acuerdo a las operaciones de traslado que se prevean (cualificación de las operaciones, autorizaciones de explotación de las instalaciones de tratamiento, conformidad, etc.), aspecto necesario hasta ahora inexistente. Las administraciones deberán también respetar los plazos, a fin de no ralentizar las operaciones.

3.3 La organización racional del texto debería hacer más fácil su aplicación, lo que debería reducir las distorsiones de la competencia en el seno de la Unión. Es preciso señalar que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, por una parte, y el pleno del Parlamento, por otra, han examinado ya el texto propuesto (1). Es de lamentar que no se haya consultado antes al CESE, a fin de permitirle participar en el debate parlamentario, que ha hecho aportaciones positivas al texto.

3.4 El CESE destaca no obstante que el enfoque adoptado parece basarse en un procedimiento destinado a los traslados simples, en un cargamento, mientras que en la práctica se procede a transportes múltiples bajo un procedimiento general de notificación. Tanto las cargas administrativas y los costes correspondientes como el hecho de que los volúmenes transportados son de una amplitud que requiere varios cargamentos, explican que los transportes simples sean excepcionales.

4. Observaciones específicas

4.1. El fundamento jurídico hace referencia a los artículos 175 y 133 del Tratado constitutivo de la Unión Europea. Si bien es evidente que debe tenerse en cuenta el artículo 175 –relativo a la política de medio ambiente–, la referencia al artículo 133 es sin duda prematura. En efecto, en la actual situación, sería preciso eliminar muchas de las disparidades existentes en el seno de Europa, antes de dar por sentado que la Europa de los residuos es un mercado real. La no homogeneidad de las definiciones, y una falta de claridad y precisión que a menudo conducen a interpretaciones divergentes en diferentes lugares de la UE –con recursos muy frecuentes al Tribunal de Justicia– son elementos que indican que estamos todavía lejos de la concepción de mercado en el sentido europeo. La Comisión debe, sin duda alguna, proceder a hacer posible la apertura de este mercado, franqueando para ello diferentes etapas, en primer lugar: — las definiciones de reciclado, valorización y eliminación; — la definición y encuadramiento de las operaciones llamadas intermedias; — la homogeneización del marco impositivo y de las diferentes ayudas; — la claridad en la financiación de las instalaciones; — la homogeneización de las prácticas en materia de permisos relativos a las zonas geográficas en que se mueven los operadores, y de la libertad de que un productor pueda celebrar contratos en toda Europa; — la homogeneización de las cualificaciones que deben acompañar las operaciones, en la garantía de que los traslados no irán acompañados de una recalificación de los residuos, y de que se apliquen en el país importador las mismas condiciones vigentes en el país de origen.

4.2 Apartado 6 del artículo 1

El CESE se pregunta sobre la excepción prevista para los residuos sujetos a las disposiciones del Reglamento 2002/1774. Si estos productos son residuos, deberían entrar en el ámbito de la normativa sobre los traslados de residuos, entre otras razones para realizar procedimientos uniformes.

4.3 Artículo 2 — Definiciones

Las propuestas del Parlamento permiten aclarar y añadir precisión al texto.

4.4 Apartado 4 del artículo 3 y artículo 20

Parece poco realista obligar a las empresas que deseen enviar muestras para su análisis en laboratorio a que informen a las autoridades con tres días de antelación. En la práctica, este dispositivo parece de imposible creación y control. Por lo demás, generalmente, las muestras se transportan en coche y se devuelven el mismo día.

El envío el día mismo del transporte, o antes de éste o de la retirada, de un procedimiento de declaración podría resolver el problema de la trazabilidad toda vez que las muestras irían acompañadas por la copia de la información.

4.5 Artículo 3

El Parlamento propone prohibir la exportación de residuos para toda operación que no sea «final».

Con arreglo a la actual legislación, las operaciones intermedias no poseen ni definición de normas de funcionamiento. Por consiguiente, no sería necesario prohibir —como propone el Parlamento— la exportación de residuos para las operaciones que no sean finales.

Efectivamente, resulta imposible admitir las operaciones de mezcla de residuos sin abordar los problemas relativos a la dilución y, por consiguiente, a la posible supresión.

4.6 Artículo 4

Efectivamente, no es razonable que un operador «que modifiquen la naturaleza o composición de los residuos» sea el notificante de la exportación.

Por otra parte, ¿qué significa aquí «modificar»? Hasta tanto estas «operaciones» que no son tratamientos estén plenamente definidas, parece inoportuno «autorizarlas» mediante un texto que tiene precisamente por objeto garantizar que los traslados de residuos solo son posibles si garantizan a la vez la mejor protección del medio ambiente y las mejores operaciones de valorización.

4.7 Artículo 5

Se debería especificar que los documentos de notificación y movimiento podrían consistir en documentos electrónicos normalizados por una autoridad competente o una agencia medioambiental.

En cambio, la propuesta del Parlamento, que tendería a exonerar a los operadores públicos de las mismas obligaciones que los privados, no deberá ser tenida en consideración, por razones evidentes de respeto de las normas de la competencia.

4.8 Artículos 6–4, 7–3, 7–6

Por las razones expuestas más arriba, las operaciones no finales no deberían ser tratadas en el presente documento.

4.9 Artículos 8 y 9

El CESE se congratula por las garantías que se ofrecen a los profesionales en materia de plazos. A fin de aumentar su eficacia, sería oportuno prever que el notificante pueda reclamar por daños y perjuicios en caso de retrasos injustificados en la entrega del acuse de recibo.

4.10 Artículo 10

El objeto de este artículo es hacer los procedimientos más rápidos. Por consiguiente, convendría promover la presentación de las demandas por correo electrónico.

4.11 Artículo 11

Podrían hacerse propuestas en este artículo a fin de que las instalaciones de tratamiento que importen residuos informen a las autoridades de expedición sobre el destino de los residuos tratados, y que, por otra parte, se incite a las autoridades de expedición y destino a cooperar para garantizar el control por cada una de ellas del buen fin de las operaciones.

4.12 Artículo 16

Por primera vez en la legislación europea se introduce la noción de transparencia en las operaciones llamadas «intermedias», con el compromiso de la responsabilidad del operador. Se trata de un elemento positivo, pero, no obstante, como se ha dicho ya, la actividad «intermedia» se introduce aquí sin su debido encuadramiento, por lo que parece preferible limitar el traslado —en la actual situación— únicamente a las operaciones finales.

4.13 Artículo 21

Debe prohibirse la mezcla de residuos durante la operación de traslado.

4.14 Artículo 31

Este artículo permite hacer soportar los gastos administrativos al notificante. El problema es que el carácter apropiado y proporcionado de dichos gastos puede ser muy subjetivo, según los Estados, lo que podría comportar distorsiones de la competencia.

4.15 Artículo 62

Este artículo es muy vago y general. ¿Qué tipo de medidas adicionales podría adoptar la Comisión?

5. Conclusión

El CESE destaca de nuevo que el Reglamento propuesto mejora la rastreabilidad de los residuos y aporta garantías de plazos a los profesionales, lo que permite mejorar la protección del medio ambiente y respetar las exigencias de un desarrollo sostenible, objetivos que deben constituir la prioridad fundamental del texto. En cuanto a determinadas disposiciones del texto, deben ser objeto de una mayor precisión y simplificación para hacerlas más eficaces.

Para alcanzar una real apertura del mercado, es preciso proponer definiciones claras y admitidas por todos los Estados miembros, relativas en particular a las nociones de reciclaje, valoración, eliminación y operaciones intermedias.

Sería también de mucha utilidad organizar un intercambio de información sobre las buenas prácticas que se llevan a cabo en los Estados miembros.

Con estas salvedades, el CESE estima que la modificación del Reglamento contribuirá a mejorar la legislación europea.

Bruselas, 28 de enero de 2004. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Roger BRIESCH

(1) Véase informe PE T5-0505/2003.