[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 2.4.2008

SEC(2008) 406

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

LIBRO BLANCO sobre Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia {COM(2008) 165 final} {SEC(2008) 404} {SEC(2008) 405}

RESUMEN

1. La cuestión clave abordada en el Libro Blanco sobre acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia, es la ausencia de un marco jurídico efectivo para gestionar las demandas privadas de indemnización por daños causados a ciudadanos y empresas a consecuencia de infracciones de la normativa de competencia de la CE. Si bien las autoridades de competencia pueden sancionar las infracciones a la normativa de competencia, la indemnización de las víctimas sólo puede efectuarse a través de los tribunales nacionales, de conformidad con las normas procesales nacionales.

2. Aunque el Tribunal de Justicia confirmara ya en 2001 que las víctimas de infracciones de la normativa de competencia de la CE tienen derecho a indemnización por todo daño sufrido, rara vez obtienen reparación. En su Libro Verde de 2005, la Comisión concluyó que esta deficiencia se debe en gran parte al carácter obstructivo de las normas y procedimientos de los Estados miembros que rigen las demandas de indemnización de daños y perjuicios. Para crear un marco jurídico que permita unos recursos más efectivos, la Comisión estima apropiado recomendar, mediante la publicación de un Libro Blanco, unas normas mínimas que garantizarían un sistema efectivo de presentación de demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de la normativa de competencia.

3. Este informe presenta cinco posibles opciones de medidas para lograr ese objetivo. Por una parte, se proponen medidas legislativas que prevean la máxima agilización e incentivo para las demandas de indemnización de daños y perjuicios. Mientras que por otra parte, se plantea el no adoptar ninguna acción a nivel comunitario.

4. El impacto de las distintas opciones se evalúa teniendo en cuenta los siguientes beneficios y costes. Las medidas puntúan más alto cuanto más: 1) garanticen la plena compensación por el daño sufrido, 2) sensibilicen y refuercen la aplicación de las normas de competencia, 3) permitan mejor acceso a la justicia 4) un uso más eficaz del sistema judicial y, finalmente, 5) contribuyan a crear unas condiciones de competencia más equitativas en Europa para los consumidores y las empresas. Por lo que se refiere a los costes, el informe muestra el impacto de las diversas opciones en: 1) las costas judiciales, 2) la carga administrativa, 3) los costes de los errores y 4) el coste de ejecutar la medida sugerida en el ordenamiento jurídico nacional. Finalmente, a un nivel más general, el informe evalúa las posibles repercusiones macroeconómicas y el impacto en las PYME y en los consumidores de las diversas opciones.

5. Después de evaluar los costes y beneficios de las cinco opciones, el informe concluye que la opción 2 constituye la manera más efectiva de alcanzar los objetivos definidos con el coste más bajo posible. Sin embargo, una combinación de las opciones 2, 3 y 4 sería más rentable, pues permitiría una nueva reducción de costes, manteniendo al mismo tiempo el grueso de los beneficios. El informe concluye analizando el impacto global coste/beneficios de la opción preferida.

6. Las principales características de la opción preferida son:

7. todo individuo (tanto los compradores directos como indirectos) puede reclamar la reparación por el daño sufrido, cuando hay un nexo causal entre dicho daño y la infracción de las normas sobre competencia;

8. las víctimas de infracciones de la ley de competencia tienen derecho a la plena reparación del daño sufrido. Ello incluye la compensación de la pérdida real, el lucro cesante y los intereses;

9. a petición de una de las partes, el tribunal nacional puede pedir a la otra parte (o a terceros) la divulgación de unas categorías de información especificadas que podrían utilizarse en las pruebas. La orden de divulgación tiene que ser proporcionada al objetivo de la demanda. No obstante, las declaraciones corporativas (confesiones realizadas en el contexto de un programa de clemencia) no pueden divulgarse;

10. en caso de que el comprador directo (parcialmente) repercutiera el daño derivado de la infracción (el coste excesivo) a sus propios clientes (los compradores indirectos), el demandado puede invocar la defensa «passing-on» contra una demanda interpuesta por el comprador directo. Por el contrario, para facilitar la introducción de demandas por los compradores indirectos, se les permite probar que el coste excesivo les fue repercutido;

11. los órganos jurisdiccionales nacionales a los que se sometan las demandas de reparación de daños y perjuicios por infracciones de la competencia no pueden contradecir la conclusión a la que llegue una autoridad de la competencia de los Estados miembros que confirme una infracción de las normas de competencia ;

12. en los Estados miembros que no tienen un sistema estricto de responsabilidad, se presume la conducta culpable tan pronto como se ha establecido la infracción. Sin embargo, en caso de error excusable, el demandado puede ser eximido;

13. las víctimas de una infracción de la normativa de competencia pueden tener recurso a mecanismos de compensación colectiva . Las demandas en materia de daños y perjuicios pueden ser entabladas por entidades representantes o participando en una acción colectiva;

14. las demandas de reparación de daños y perjuicios por infracción de la competencia pueden interponerse en el plazo de cinco años a partir del momento en que se pueda considerar razonablemente que la víctima tiene conocimiento de la infracción y del perjuicio que ésta causó. Si una autoridad de competencia está tratando dicha infracción, las víctimas pueden entablar una demanda por daños y perjuicios hasta dos años después de que dicha autoridad haya adoptado una resolución final ;

15. la posibilidad de que los tribunales nacionales asignen la totalidad o una parte de las costas al demandado que gana la causa debe considerarse sobre la base de las buenas prácticas existentes en los Estados miembros;

16. para proteger los programas de clemencia de las autoridades europeas de competencia, los beneficiarios de inmunidad deberían sólo responder del daño que han causado, no del daño total causado por la infracción.