Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre la Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia – ¿Qué funciona y qué no funciona?

(sobre la base de las consultas realizadas en los 27 Estados miembros)

(2021/C 155/01)

Ponentes: Gonçalo LOBO XAVIER Javier DOZ ORRIT Luca JAHIER

En su pleno de los días 24 y 25 de febrero de 2021 (sesión del 25 de febrero), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 268 votos a favor y 5 abstenciones la presente Resolución.

1. Introducción

1.1 El CESE ha aprobado una serie de dictámenes, resoluciones y declaraciones sobre el Plan de Recuperación Next Generation EU y sus diversos componentes, en particular el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El Comité ha expresado su acuerdo con sus contenidos y la orientación de las propuestas de reforma cuyo objetivo es impulsar la recuperación económica y social y desencadenar un cambio en el modelo productivo.

1.2 El CESE considera que todas las reformas del proceso de reestructuración tienen que basarse en los principios que sustentan la UE: la protección de los derechos humanos y sociales, los valores democráticos y el Estado de Derecho. Las inversiones en el marco del MRR han de procurar la liberación de todo el potencial del mercado único, el fortalecimiento de la resiliencia económica de la UE, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, la creación de una economía circular y la consecución de la neutralidad climática en la UE en 2050 a más tardar, el fomento de la innovación y la modernización relacionadas con la digitalización de la economía y la sociedad, y la aplicación efectiva del pilar europeo de derechos sociales para garantizar la cohesión social, erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. Deben aportar una respuesta a la crisis económica y social provocada por la pandemia, teniendo en cuenta que los efectos serán más amplios, graves y profundos de lo previsto anteriormente, a fin de asegurar una recuperación rápida. La utilización del MRR también deberá ajustarse plenamente a los convenios y tratados internacionales de los que son partes la UE y los Estados miembros, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité considera fundamental garantizar el buen gobierno, la vigilancia contra la corrupción en la gestión de los fondos y la rendición de cuentas democrática.

1.3 El Comité también considera muy importante que las reformas se encaminen tanto a mejorar la productividad de la economía como a reforzar el tejido industrial innovador mediante el apoyo a las pymes y a las empresas de la economía social. Destaca el papel que desempeña la investigación a nivel europeo y sus vínculos con el proceso de producción. Asimismo, considera que deben establecerse mecanismos que garanticen transiciones verdes y digitales justas en la UE y en todos los Estados miembros, y que respalden la reintegración económica de las personas excluidas del mercado de trabajo. A este respecto, el CESE reitera su preocupación por el hecho de que los fondos asignados a la transición justa en el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 sean insuficientes.

1.4 Las instituciones de la UE han reaccionado de modo muy diferente a como lo hicieron ante la crisis de 2008. La financiación del Plan de Recuperación a través de la emisión de deuda común europea constituye un hito en la historia de la UE. En particular, el Comité se siente especialmente concernido por el apoyo a una profundización de la unión económica y monetaria (UEM), cuestión que debería abordarse en la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa; al mismo tiempo, destaca la importancia de la Cumbre de Oporto que va a convocar la Presidencia portuguesa sobre la aplicación efectiva del pilar europeo de derechos sociales. El CESE considera que la participación de la sociedad civil debe ir más allá de las esferas económica, social y medioambiental e incluir cuestiones tan importantes como el futuro de Europa o las negociaciones de adhesión y preadhesión con los países candidatos a la adhesión a la UE.

1.5 La Comisión deberá tener en cuenta el impacto de la pandemia en los diferentes Estados miembros y sus capacidades a la hora de evaluar los planes nacionales de recuperación y resiliencia respectivos.

1.6 En esta Resolución queremos también expresar nuestra satisfacción con el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre entre el Parlamento Europeo y el Consejo, en el marco del diálogo tripartito, que incluye la aprobación de un Reglamento que establece (en su artículo 18) la necesidad de que los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil participen, a través de consultas, en la elaboración y la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

1.7 La participación de la sociedad civil en los planes nacionales de recuperación y resiliencia es precisamente el objeto de esta Resolución. Sobre la base de los informes elaborados por las delegaciones nacionales del Grupo del Semestre Europeo, queremos realizar una primera evaluación de cómo se está desarrollando esa participación para poder informar a las instituciones europeas y los gobiernos nacionales de las deficiencias que encontramos en los procesos. De esta manera, el Comité podría contribuir a garantizar que los gobiernos nacionales y las instituciones europeas adopten las medidas correctoras oportunas antes del plazo de finalización de la elaboración de los planes nacionales de recuperación y resiliencia por parte de los gobiernos nacionales y su aprobación por parte de la Comisión Europea. Esta evaluación debería revelar no solo el grado de participación de la sociedad civil en el diseño de los planes sino también la calidad de su participación y la transparencia que hayan mostrado los distintos Estados miembros a la hora de poner a disposición del público sus proyectos de planes nacionales de recuperación y resiliencia.

1.8 Por lo que se refiere a la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil de ámbito paneuropeo en el Plan de Recuperación Next Generation EU , estos han reconocido que se han realizado progresos en relación con los procedimientos habituales del Semestre Europeo. También reconocen el papel positivo que la Comisión Europea está desempeñando a la hora de impulsar la participación de la sociedad civil en el nivel nacional. Sin embargo, la mayoría de ellos consideran que el nivel de participación real sigue siendo claramente insuficiente y que los procesos no permiten que las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil tengan un impacto suficiente. Los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil reclaman que estas deficiencias se corrijan en las fases de aplicación y evaluación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia mediante el establecimiento de procedimientos más formales que faciliten intercambios reales.

2. Antecedentes

2.1 El 18 de diciembre de 2020, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo sobre el MRR. Para acceder a la financiación, los Estados miembros prepararán planes nacionales de recuperación y resiliencia que establezcan un paquete de inversiones y reformas, en consonancia con las orientaciones de la Unión Europea sobre el proceso de consulta. Ya en la primera nota de orientación, publicada en septiembre, se pide a los Estados miembros que describan cualquier consulta y contribución de los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes, en la elaboración y aplicación del plan de recuperación y resiliencia ( 1 )

2.2 El acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo en diciembre incluye un apartado sobre la participación, entre otros, de los interlocutores sociales y la sociedad civil. El artículo 18, apartado 4, letra q), exige que los planes nacionales de recuperación y resiliencia elaboren «un resumen del proceso de consulta, llevado a cabo de conformidad con el marco jurídico nacional, de las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes, para la preparación y la aplicación del plan y cómo se reflejan en él las aportaciones de las partes interesadas» ( 2 )

2.3 El Grupo del Semestre Europeo aprobó su programa de trabajo 2020-2023 en su primera reunión celebrada el 16 de diciembre de 2020. Un elemento importante y nuevo del programa de trabajo fue la organización de consultas virtuales por parte de los miembros del CESE en los Estados miembros en enero de 2021. El objetivo de este ejercicio consistió en recabar información sobre la participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de que el CESE pudiera aprobar una Resolución en el pleno de febrero.

3. Método

3.1 Los datos y la información necesarios para este informe se recogieron en enero de 2021. En total, se recibieron 26 contribuciones nacionales. Las consultas se realizaron sobre la base de los propios conocimientos de los miembros y en ellas tomaron parte interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil. En algunos países participaron los consejos económicos y sociales nacionales u órganos equivalentes, y en otros se consultó también a representantes de los gobiernos.

3.2 Las consultas se basaron en las cinco preguntas siguientes: 1) ¿Existen mecanismos de consulta sobre los planes de recuperación y resiliencia en su país? ¿Consideran que son suficientes y adecuados? 2) ¿Existen en su país mecanismos de consulta diferentes para los interlocutores sociales y para el resto de la sociedad civil organizada? 3) Su país debe presentar el plan nacional de recuperación y resiliencia antes del 30 de abril. ¿En qué etapa del proceso se encuentra su país? 4) ¿Qué diferencias presenta el procedimiento utilizado para el plan nacional de recuperación y resiliencia con respecto al procedimiento ordinario de consulta a la sociedad civil para el Semestre Europeo? 5) ¿En qué medida se corresponde el plan de recuperación y resiliencia de su país con los objetivos políticos de la sociedad civil organizada de su país?

4. Observaciones a partir de los resultados de las consultas

4.1 Pregunta 1: ¿Existen mecanismos de consulta sobre los planes de recuperación y resiliencia en su país?

4.1.1 Una amplia mayoría de las respuestas indicaron que el gobierno nacional en cuestión había establecido algún tipo de mecanismo de consulta para la participación de la sociedad civil organizada en la preparación de su plan de recuperación y resiliencia. En algunos Estados miembros, ya se han llevado a cabo consultas con la sociedad civil, mientras que en otros aún están en curso o se prevé que tengan lugar en una fase posterior.

4.1.2 Los mecanismos empleados son variados, incluida la presentación de propuestas escritas, reuniones de alto nivel con los ministros responsables, evaluación de las respuestas a cuestionarios específicamente diseñados y mesas redondas entre representantes del gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil. Algunos Estados miembros también han utilizado y aprovechado los mecanismos establecidos para la consulta dentro del procedimiento ordinario del Semestre Europeo, mutatis mutandis , el nuevo calendario espacial de 2021 y las limitaciones impuestas por la pandemia de COVID-19.

4.1.3 No obstante, en varias respuestas se señaló la falta de participación real de la sociedad civil. Uno de los obstáculos a la participación que se detectaron fue la aparente falta de voluntad de algunos gobiernos nacionales para incluir a la sociedad civil en la elaboración de su plan. En lugar de que el gobierno tratara de implicar a la sociedad civil, las consultas se llevaron a cabo a menudo por iniciativa de los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, y a raíz de sus llamamientos.

4.1.4 Aunque se la incluyera de manera formal, otro obstáculo que se determinó para una verdadera participación fue el insuficiente tiempo reservado para la consulta de la sociedad civil. Los participantes criticaron el apretado calendario adoptado por algunos gobiernos, argumentando que es probable que constituya un obstáculo para el debate sustantivo y para tener en cuenta la contribución de la sociedad civil en relación con los planes de recuperación y resiliencia. Por lo tanto, si bien un gran número de Estados miembros dispone de algún tipo de mecanismo de consulta para la sociedad civil organizada como parte de su proceso de elaboración del plan de recuperación y resiliencia, un número significativamente menor permite realmente la participación de la sociedad civil y que las propuestas resultantes tengan una repercusión real.

4.1.5 Lamentablemente, algunos participantes informaron de que no se ha llevado a cabo ninguna consulta ni está previsto que tenga lugar en la fase de elaboración del plan nacional de su país. Además, algunos encuestados señalaron que, aunque se han llevado a cabo consultas, hasta ahora solo han incluido a los interlocutores sociales y no a la sociedad civil organizada en su sentido más amplio.

4.1.6 Basándonos en la información obtenida ( 3 ) , dividimos a los Estados miembros en tres categorías en relación con el tema de esta Resolución: aquellos en los que prácticamente no ha habido participación, al menos hasta ahora (Dinamarca, Eslovaquia); aquellos en los que ha habido alguna participación formal o informal, pero en los que no se ha determinado capacidad de influencia (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia); y, por último, aquellos en los que ha habido una participación más estructurada, que en algunos casos ha repercutido en algunos aspectos de los planes (Bulgaria, Chipre, Finlandia, Italia y Malta).

4.1.7 En general, las respuestas ponen de manifiesto el firme deseo de la sociedad civil organizada de contribuir a la elaboración de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Los encuestados que representan a los interlocutores sociales y a las organizaciones de la sociedad civil describieron sus intentos de participar, incluida la elaboración de propuestas y la toma de contacto con los representantes gubernamentales. En algunos Estados miembros, estas iniciativas han dado lugar a un mayor grado de inclusión de la sociedad civil en la elaboración de los planes, pero, desgraciadamente, en otros parecen haber caído en saco roto.

4.2 Pregunta 2: ¿Existen en su país mecanismos de consulta diferentes para los interlocutores sociales y para el resto de la sociedad civil organizada?

4.2.1 La mayor parte de los Estados miembros tienen procedimientos diferenciados para consultar a los interlocutores sociales y al resto de la sociedad civil organizada. Los encuestados informaron de que los interlocutores sociales están incluidos de forma más estructurada, institucionalizada y permanente, mientras que el resto de organizaciones de la sociedad civil son consultadas de manera ad hoc e informal. Como se ha señalado antes, varios Estados miembros han consultado únicamente a los interlocutores sociales, y no a la sociedad civil en general, en el proceso de preparación de sus planes. Una variante se da en un Estado miembro, en el que el gobierno solo consulta al conjunto amplio de la sociedad civil, que incluye también a los interlocutores sociales, pero no al conjunto más restringido, que incluye únicamente a los interlocutores sociales. Un número menor de Estados miembros ha optado por recurrir a un procedimiento común que engloba a todas las partes interesadas.

4.3 Pregunta 3: Su país debe presentar el plan nacional de recuperación y resiliencia antes del 30 de abril. ¿En qué etapa del proceso se encuentra su país?

4.3.1 En cuanto al fondo, las respuestas recogidas fueron variadas. Aunque todos los participantes informaron de que su gobierno nacional había empezado a trabajar en la preparación de su plan de recuperación y resiliencia, los Estados miembros se encuentran en diferentes fases del proceso.

4.3.2 En la mayoría de los Estados miembros, los ministerios responsables —muy a menudo el Ministerio de Hacienda— están elaborando una primera versión del plan nacional de recuperación y resiliencia. Algunos han concluido las consultas con la sociedad civil, mientras que otros todavía tienen que consultar a las partes interesadas externas. Varios encuestados también informaron de que su gobierno estaba consultando exhaustivamente con la Comisión Europea o tenía la intención de iniciar las consultas en breve.

4.3.3 Se informó de que algunos Estados miembros estaban trabajando en una segunda versión de su plan nacional, tras haber consultado a la Comisión Europea en una fase anterior.

4.4 Pregunta 4: ¿Qué diferencias presenta el procedimiento utilizado para el plan nacional de recuperación y resiliencia con respecto al procedimiento ordinario de consulta a la sociedad civil para el Semestre Europeo?

4.4.1 Las respuestas a esta pregunta son también variadas y, en cierta manera, poco concluyentes. Sin embargo, se observan algunas tendencias similares a las manifestadas en las respuestas a las preguntas anteriores: algunos encuestados afirman que es demasiado pronto para decir nada, otros señalan que no hay tiempo suficiente para una consulta adecuada y algunos dicen que los interlocutores sociales participan más que el resto de la sociedad civil organizada. Unos cuantos informan de que el procedimiento del plan de recuperación y resiliencia ha estado más abierto o se ha adaptado mejor a la sociedad civil organizada que el procedimiento normal del Semestre, pero aún más Estados miembros afirman que el marco establecido para la consulta de sociedad civil organizada durante el procedimiento ordinario del Semestre no se está utilizando en el procedimiento del plan de recuperación y resiliencia.

4.5 Pregunta 5: ¿En qué medida se corresponde el plan de recuperación y resiliencia de su país con los objetivos políticos de la sociedad civil organizada de su país?

4.5.1 Las respuestas a esta cuestión se dividen en tres grandes categorías, aproximadamente del mismo tamaño. Un grupo considera que los objetivos se corresponden de manera general, ya sea como resultado de un procedimiento de consulta o bien porque los intereses ya eran compartidos. Otro grupo lamenta que los gobiernos hayan ignorado los intereses públicos y bien conocidos de la sociedad civil organizada en la elaboración de los planes, y el tercer y último grupo no puede responder, bien por carecer de conocimientos sólidos o bien porque aún es demasiado pronto en el proceso.

5. Conclusiones

5.1 Aunque, en el caso de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, los procesos de consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil hayan mejorado en general con respecto a los utilizados de ordinario para el Semestre Europeo en años anteriores, el CESE considera que, en la mayoría de los Estados miembros, distan mucho de ser satisfactorios en relación con las pretensiones justificadas de la sociedad civil e, incluso, respecto de las condiciones estipuladas en el Reglamento del MRR. Mientras que los interlocutores sociales tienen, por lo general, más oportunidades de participar, ya sea a través del diálogo social o mediante procesos específicos para los planes nacionales de recuperación y resiliencia, las demás organizaciones de la sociedad civil disponen de opciones más limitadas.

5.2 Los resultados de la encuesta en los que se basa esta Resolución son coherentes con los de otros estudios ( 4 ) realizados por organizaciones de la sociedad civil paneuropeas sobre la participación de la sociedad civil organizada de los Estados miembros en los planes de recuperación y resiliencia. Según estos estudios, la participación real de la sociedad civil organizada en la mayoría de los países ha sido escasa o nula. Los datos recogidos en enero para nuestro estudio muestran solo una ligera mejora en este sentido. Un nivel similar de insatisfacción se desprende de la consulta del Comité de las Regiones ( 5 ) sobre la participación de las instituciones políticas regionales y locales en los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

5.3 El Comité considera que la participación real se produce cuando, en procesos formales de consulta basados en normas jurídicas y procedimientos públicos y transparentes, las organizaciones de la sociedad civil son debidamente informadas mediante documentación escrita, disponen de tiempo suficiente para analizar las propuestas del gobierno y elaborar sus propias propuestas, y estas se tienen en cuenta o se rechazan con una justificación y, en cualquier caso, se recogen en actas o documentos públicos. Esta consulta deberá repetirse cuando se apliquen nuevas condiciones marco. En ningún caso se pretende que la participación de la sociedad civil sustituya o ponga en tela de juicio la primacía de las instituciones democráticas parlamentarias; solo que las complemente mediante la colaboración con ellas.

5.4 El CESE hace un llamamiento a los gobiernos de los Estados miembros que no hayan establecido procedimientos adecuados de consulta a los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil para que, con carácter de urgencia, los pongan en marcha y cumplan el Reglamento del MRR. El Comité pide a las instituciones europeas, en particular a la Comisión, que hagan uso de sus competencias para exigir a los gobiernos nacionales que no lo hayan hecho que cumplan sus obligaciones al respecto. Todavía es posible hacerlo dentro de los plazos fijados para la adopción de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. El CESE comparte, con los demás agentes políticos y sociales, la opinión de que los recursos para financiar las inversiones para la recuperación y la transformación de las economías y sociedades europeas deben llegar lo antes posible a los Estados miembros y sus sociedades.

5.5 La experiencia de la participación de la sociedad civil en la fase de elaboración de los planes nacionales de recuperación y resiliencia y la evaluación de las lagunas y deficiencias a este respecto deben servir para garantizar que, en el futuro, en las fases de ejecución de estos planes, y con vistas a la elaboración de los planes de 2022, estas lagunas y deficiencias queden subsanadas. Por lo general, una mayor participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil garantiza que se produzcan cambios impulsados desde abajo que sean sostenibles y eficaces. En la aplicación de los planes también hay que tener en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil, ya que prestan numerosos servicios sociales.

5.6 Entre los riesgos que se derivan de la necesidad de que los agentes públicos y sociales tengan que invertir recursos financieros considerables en un breve espacio de tiempo están la incapacidad de absorber y ejecutar los fondos en el plazo previsto y que se haga un uso ineficiente de dichos recursos. Un riesgo aún más grave es el de la corrupción. Al tiempo que el Comité demanda a los gobiernos nacionales que adopten las medidas necesarias para mejorar la capacidad de gestión y promover la transparencia y el control administrativo y parlamentario para hacer frente a estos riesgos, subraya que la participación de organizaciones de la sociedad civil representativas en el control de la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia es un poderoso instrumento en la lucha contra la corrupción y la ineficiencia.

5.7 El CESE expresa su preocupación por el hecho de que, en el momento de redactar los informes nacionales que han servido de base a esta Resolución, en la mayoría de los Estados miembros no hay suficiente claridad sobre los sistemas de gobernanza de estos planes y la distribución de responsabilidades entre los niveles central, regional y local para su aplicación. Tampoco existe, por supuesto, suficiente claridad sobre los mecanismos adecuados para implicar a la sociedad civil organizada y a los interlocutores sociales en las fases de aplicación, seguimiento y ajuste de los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

5.8 Esta Resolución se centra en la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en los planes nacionales de recuperación y resiliencia en un momento en el que aún no ha concluido su proceso de elaboración, con la intención de poder mejorar estos procesos e impulsar una participación adecuada de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil en la aplicación, el seguimiento y el ajuste de estos planes. De los contenidos de los planes conocemos lo que se ha presentado en los programas marco y en los primeros borradores de los planes nacionales de recuperación y resiliencia de algunos Estados miembros. No obstante, de las respuestas a la pregunta 5 del cuestionario puede deducirse que, entre quienes se pronuncian en esta fase del proceso, en la mayoría de los países —diez de dieciséis— existe una correspondencia amplia o parcial entre los objetivos de las organizaciones de la sociedad civil y lo que se afirma en los programas marco y en los borradores de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, en consonancia con los objetivos y directrices establecidos por la Comisión y el Parlamento Europeo para Next Generation EU y su MRR. En los seis países restantes, las organizaciones de la sociedad civil se muestran críticas y en diez Estados miembros no contestan, en su mayoría por considerarlo prematuro.

5.9 El Comité quiere, sin embargo, hacerse eco de algunas de las preocupaciones y demandas planteadas por los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en relación con el contenido de los planes nacionales de recuperación y resiliencia: — Las inversiones coherentes con los objetivos del Pacto Verde y la transformación digital —y las transiciones justas conexas— así como las relacionadas a escala nacional con las vulnerabilidades sociales, el empleo, la salud y la protección social, junto con la aplicación de las reformas estructurales necesarias indicadas en las recomendaciones específicas por país de 2019 y 2020, deberían producir un cambio hacia un modelo económico que aumente la productividad y sea sostenible desde un punto de vista medioambiental y social. — Los planes nacionales de recuperación y resiliencia deberían explicitar la relación entre los proyectos de inversión y el programa de reformas de cada país, estableciendo para ello indicadores, calendarios y una metodología de seguimiento adecuados. — El programa Next Generation EU ofrece un apoyo financiero sin precedentes de la UE a los presupuestos nacionales. Al evaluar los planes nacionales, la Comisión debería exigir que los fondos europeos se utilicen también para crear un verdadero valor añadido europeo mediante el apoyo a inversiones y proyectos transfronterizos en infraestructuras. Las inversiones transfronterizas tienen claros efectos indirectos positivos desde el punto de vista económico y social, y deben promoverse con mayor intensidad. — Las inversiones en el marco de los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben servir de palanca para otras inversiones privadas en los sectores considerados prioritarios en estos planes. Los programas de inversión deben tener suficientemente en cuenta los proyectos cualificados que provengan de las pymes y de las empresas de la economía social. — Como señaló muy claramente el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de las Naciones Unidas, Olivier De Schutter, en su discurso en el pleno del Comité el 28 de enero de 2021, existe el riesgo de que las cuestiones sociales, incluidos los instrumentos de lucha contra la pobreza y la desigualdad, no reciban el peso necesario en los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Hay que subrayar la importancia que tiene el riesgo de que no se reduzca la brecha digital, cuando la digitalización de la economía y la sociedad es uno de los principales focos de Next Generation EU. — Las inversiones en educación y formación continua de calidad y en I+D son esenciales para impulsar y acompañar los cambios económicos y sociales que promueve Next Generation EU, así como las inversiones que fortalezcan los sistemas sanitarios y las políticas de salud pública de unas sociedades tan duramente golpeadas por la pandemia de COVID-19.

5.10 El CESE pide a los gobiernos nacionales y a las instituciones de la UE que tengan en cuenta estas preocupaciones de la sociedad civil europea respecto al contenido de los planes nacionales de recuperación y resiliencia en el momento de su aprobación.

Bruselas, 25 de febrero de 2021. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Christa SCHWENG

(1) SWD(2020) 205 final.

(2) DO L 57 de 18.2.2021, p. 17.

(3) Los informes de los distintos Estados miembros se analizan en el anexo a la presente Resolución. Todo este material puede consultarse en el sitio web del Comité.

(4) Civil Society Europe and the European Center for Not-for-Profit Law: Participation of civil society organisations in the preparation of the EU National Recovery and Resilience Plans; diciembre de 2020.

(5) CDR-CMRE: La participación de municipios, ciudades y regiones en la preparación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; 20 de enero de 2021.