ES Diario Oficial de la Unión Europea C 189/8

Informe final de la Consejera Auditora en el asunto COMP/39.188 — Plátanos

(De conformidad con los artículos 15 y 16 de la Decisión 2001/462/CE, CECA, de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia — DO L 162 de 19.6.2001, p. 21)

2009/C 189/04

El proyecto de Decisión en el citado asunto merece las observaciones siguientes:

Pliego de cargos

El 20 de julio de 2007 se aprobó un pliego de cargos, cuyos destinatarios eran las siguientes empresas o grupos de empresas: Chiquita Brands International Inc, Chiquita International Ltd, Chiquita International Services Group N.V. y Chiquita Banana Company B.V. (Chiquita); Dole Food Company Inc y Dole Fresh Fruit Europe OHG (Dole); Fresh Del Monte Produce Inc, Del Monte Fresh Produce International Inc, Del Monte (Alemania) GmbH y Del Monte (Países Bajos) BV (Del Monte); Fyffes plc, Fyffes International, Fyffes Group Limited y Fyffes BV (Fyffes); FSL Holdings NV y Firma Leon van Parys NV (LVP); Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co KG (Weichert).

En el pliego de cargos, la Comisión manifestaba su opinión preliminar de que los destinatarios habían participado en una infracción única y continuada del artículo 81 al intercambiar información sobre volúmenes y precios de referencia de los plátanos y al fijar los precios mediante la coordinación de los precios de referencia de los plátanos.

Tras la notificación del pliego de cargos, se concedió a las partes acceso al expediente de investigación de la Comisión mediante un DVD o en los locales de la Comisión, por lo que se refiere a las solicitudes de clemencia y otros documentos.

Procedimiento

Inicialmente se concedió a las partes un plazo de dos meses para responder al pliego de cargos. Se concedieron varias prórrogas a las partes que lo justificaron debidamente. Las prórrogas, relacionadas principalmente por la accesibilidad del expediente de la Comisión, supusieron aproximadamente dos meses adicionales. Todas las partes respondieron dentro del plazo y presentaron a la Comisión sus observaciones por escrito sobre las objeciones formuladas contra ellas.

Además, todas las partes ejercieron su derecho a ser oídas de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 773/2004 (1). La audiencia tuvo lugar los días 4 y 6 de febrero de 2008.

Durante el procedimiento, diversas partes presentaron numerosas denuncias de presuntas irregularidades de procedimiento, alegando que se había infringido su derecho a ser oídas. Aunque la DG Competencia resolvió la mayoría de estas denuncias, algunas fueron remitidas al Consejero Auditor. El Consejero Auditor responsable en aquel momento, o yo misma, examinamos detenidamente estas denuncias, y se informó a las partes al respecto. En concreto, se alegaba que la falta de actas, transcripciones o notas de las reuniones celebradas con el solicitante de clemencia en el expediente de investigación al que tuvieron acceso representaba una infracción de los derechos de defensa. Se alegaba también que el derecho de audiencia no podía ejercerse adecuadamente debido a las numerosas páginas ilegibles del expediente de investigación. Además, una parte solicitó que se le facilitaran documentos presuntamente exculpatorios que no figuraban en el expediente de investigación pero presuntamente obraban en poder de otras Direcciones Generales de la Comisión. Por último, varias partes alegaron que los derechos de defensa requieren que se dé acceso también a los documentos presentados a la Comisión tras la notificación del pliego de cargos, sobre todo a las respuestas de otras partes al pliego de cargos.

En primer lugar, por lo que se refiere a la falta de actas, transcripciones o notas de las reuniones celebradas con el solicitante de clemencia (argumento aducido por LVP, Fyffes/Weichert y Dole), el examen llegó a la siguiente conclusión. Dentro del marco de la aplicación de las normas de competencia del Tratado, los derechos de defensa de las partes no imponen una obligación general a los servicios de la Comisión de redactar actas o hacer grabaciones en las reuniones. Dicha obligación sólo existe si la Comisión pretende utilizar en su decisión pruebas presentadas oralmente, en cuyo caso debe redactarse un documento escrito. Puesto que en este caso sólo se utilizaron como pruebas declaraciones de empresa presentadas formalmente, no pueden haberse infringido los derechos de defensa de las partes por el hecho de que no se presentara un registro de las reuniones en cuestión. A este respecto, cabe señalar que toda nota unilateral tomada por los servicios de la Comisión sólo puede, en cualquier caso, representar la apreciación y la interpretación de la Comisión sobre lo que se dijo. Por consiguiente, dichas notas constituirían notas internas a las que no se da acceso y no tienen valor probatorio, ni incriminatorio ni exculpatorio.

En segundo lugar, por lo que se refiere a la alegación de que la existencia de documentos ilegibles en el expediente podría constituir una infracción del derecho de audiencia y, más en concreto, una infracción del principio de igualdad de condiciones (LVP, Fyffes/Weichert, Dole), se llegó a la siguiente conclusión. Puesto que los documentos originales en el expediente de investigación de la Comisión son de calidad comparable a las copias de las partes en DVD, la Comisión no puede haber tenido mejor conocimiento de los documentos ilegibles o escasamente legibles que las partes en el procedimiento. El servicio correspondiente de la Comisión, previa petición y cuando se disponía de ellas, facilitó a las partes solicitantes nuevas copias de calidad comparable a los documentos originales del expediente. Por consiguiente, las partes tuvieron acceso a los mismos documentos de calidad comparable que la propia Comisión Por lo tanto, se concluyó que se había respetado el principio de igualdad de condiciones.

En tercer lugar, por lo que se refiere a la solicitud de que se facilitaran documentos potencialmente exculpatorios que no figuraban en el expediente de investigación, pero que obraban en poder de la Comisión, (Fyffes/Weichert), el Consejero Auditor en aquel momento manifestó la siguiente opinión. Como norma general, la Comisión no está obligada a facilitar documentos que no figuren en el expediente de investigación. No obstante, sobre la base de una solicitud justificada que identifique claramente los documentos y explique la relevancia para la defensa y su potencial valor exculpatorio, la Comisión puede estar obligada a facilitarlos salvo que la parte solicitante pueda obtener la información de otras fuentes sin un gran esfuerzo extra. Por el contrario, la Comisión no está obligada a acceder a una solicitud inespecífica referente a numerosos documentos. Se evaluó la petición conforme a estos criterios y se consideró parcialmente justificada. Por tanto, se pidió a la DG Competencia que emprendiera las oportunas gestiones para conseguir y facilitar los documentos claramente identificados en la petición de las partes solicitantes. Por el contrario, se rechazó la petición cuando hacía referencia a documentos de forma vaga y abstracta o a documentos que podrían conseguirse de otras fuentes.

Por último, por lo que se refiere a un presunto derecho a la respuestas de otras partes al pliego de cargos (Del Monte), tal derecho no existe en términos generales. Del punto 27 de la Comunicación de la Comisión sobre el acceso al expediente se deduce que sólo puede concederse acceso a los documentos recibidos por la Comisión tras la notificación del pliego de cargos si dichos documentos pueden constituir nuevas pruebas, ya sean incriminatorias o exculpatorias. Puesto que la respuesta de una parte a un pliego de cargos constituye la defensa individual de dicha parte, raramente podrá considerarse incriminatoria o exculpatoria de otras partes del procedimiento. En cualquier caso, la Comisión tiene prohibido utilizar pruebas contra una parte a la que no se haya concedido la oportunidad de ser oída. No obstante, por lo que se refiere a información potencialmente exculpatoria, no puede presentarse una petición en términos generales, sino que deberá motivarse e indicar, al menos en términos generales, cómo puede ser útil para la defensa de una parte e influir en el curso del procedimiento administrativo ese dato concreto. De esto se deduce que no se infringirán los derechos de defensa cuando la Comisión deniegue a una parte el acceso a la respuestas de otras partes al pliego de cargos sobre la base de una petición general aduciendo que la respuestas podrían contener información potencialmente exculpatoria. Habida cuenta de estos criterios, consideré que la negativa de la DG Competencia de acceder a la petición de la parte afectada no podía dar lugar a una infracción de los derechos de defensa.

Proyecto de Decisión

Tras las alegaciones manifestadas por las partes en la audiencia o por escrito, la Comisión retiró los cargos contra Fyffes plc, Fyffes International, Fyffes Group Limited y Fyffes BV (Fyffes) así como contra FSL Holdings NV y Firma Leon van Parys NV (LVP). La Comisión retiró también sus cargos contra Fresh Del Monte Produce Inc., Del Monte Fresh Produce International Inc., Del Monte (Alemania) GmbH y Del Monte (Países Bajos) BV, respecto a la presunta participación de la propia Del Monte en la infracción. Sin embargo, se mantiene la responsabilidad de Fresh Del Monte Produce Inc. por la participación en la infracción de Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co KG, sobre la que se considera que ha ejercido influencia decisiva.

Además, por lo que se refiere a los demás destinatarios del proyecto de Decisión, se ha reducido el ámbito de las objeciones en relación al pliego de cargos y se ha acortado considerablemente la duración de la infracción.

En mi opinión, el proyecto de Decisión sólo incluye aquellas objeciones sobre las cuales las partes han tenido ocasión de manifestar sus puntos de vista.

Conclusión

Considero que en este asunto ha sido respetado el derecho de todos los participantes a ser oídos durante el procedimiento.

Bruselas, 10 de octubre de 2008. Karen WILLIAMS

(1) Reglamento (CE) no 773/2004 de la Comisión relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (DO L 123 de 27.4.2004, p. 18).