Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización y explotación comercial de los documentos del sector público"

(COM(2002) 207 final - 2002/0123 (COD))

(2003/C 85/06)

El 24 de julio de 2002, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 31 de octubre de 2002 (ponente: Sr. Levaux).

En su 395o Pleno de los días 11 y 12 de diciembre de 2002 (sesión del 11 de diciembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 98 votos a favor y 4 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La propuesta de Directiva establece un conjunto mínimo de normas que regulen la explotación comercial y no comercial de los documentos conservados por organismos públicos a los que pueda accederse de forma general.

1.2. Dicha propuesta se inscribe en el plan de acción eEurope 2002 "Una sociedad de la información para todos" y tiene en cuenta las reacciones al Libro Verde "La información del sector público: un recurso clave para Europa" adoptado por la Comisión el 20 de enero de 1999.

1.3. Ambos documentos han dado lugar a dictámenes del Comité, el 28 de abril de 1999(1) y el 24 de enero de 2001(2) respectivamente. Es conveniente remitirse a estos dictámenes, que apoyaban la iniciativa de la Comisión y aportaban sugerencias que el Comité mantiene.

2. Observaciones generales y específicas

2.1. La Comisión destaca la relevancia de la información con que cuenta el sector público, ya que constituye una materia prima importante para los nuevos servicios y el desarrollo de los sectores implicados, cuyo mercado es ya muy amplio. Es indispensable facilitar el acceso a esta información para permitir el desarrollo económico, la creación de empresas y puestos de trabajo, y disponer de ciertas bazas frente a la competencia internacional.

2.2. El Comité, en su Dictamen de 28 de abril de 1999 sobre "La información del sector público: un recurso clave para Europa - Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información", realizaba las siguientes precisiones:

2.2.1. En cuanto a la accesibilidad de la información, aclaraba: "entendiendo por ésta no sólo la mera puesta a disposición pasiva, sino un deber de promoción activa destinada a facilitar información de calidad al ciudadano, de forma racional"(3).

El Comité lamenta que la Comisión no tenga en cuenta la noción de "promoción activa"; en consecuencia, reitera sus sugerencias y propuestas destinadas a permitir alcanzar de forma más satisfactoria los objetivos de la Directiva, que consisten en:

- la difusión racional y con garantía de continuidad de una información de calidad;

- la participación de todos los operadores, en posición de igualdad, ante las fuentes de información administrativa;

- la obligación pública de la protección de la libertad de acceso.

2.2.2. Acerca de la definición de organismo del sector público, indicaba que "debería incluir a todo organismo al que, cualquiera que sea su forma jurídica, le haya sido encomendada, en virtud de un acto de la autoridad pública, la prestación, bajo el control de esta última, de un servicio de interés público" y que la de sector público "debería incluir tanto a las empresas públicas con forma jurídica privada como a las empresas privadas que operan mediante concesión o autorización administrativas, en la gestión de servicios públicos en la parte relativa de las mismas que excluye todo uso comercial, así como a los poderes legislativo y judicial"(4).

Al limitar la definición de "organismos del sector público", la Comisión reduce el efecto y la eficacia de la Directiva.

2.2.3. Sobre el derecho de acceso, el Comité consideraba "importante una regulación minuciosa del derecho de acceso y sus excepciones"(5) y enunciaba los principios por los que éstas deberían regirse.

El Comité considera que el ámbito de exclusión definido en los puntos 2 y 3 del artículo primero de la Directiva restringe en exceso la naturaleza y la índole de la información accesible.

El Comité señala que éste es el caso, en particular, de los documentos que constituyen el patrimonio cultural europeo común y que a menudo obran en poder de los museos públicos y las bibliotecas universitarias y públicas.

La Directiva debería, en el momento de su entrada en vigor o en un plazo razonable, incluir dichos documentos en el ámbito de aplicación, ya que su difusión fomentará un mejor conocimiento del patrimonio cultural europeo, que constituye una fuente de unidad, orgullo y desarrollo del sentimiento de pertenencia a Europa.

Asimismo, esta difusión tendrá efectos favorables sobre los intercambios entre culturas europeas y las actividades artísticas y formativas, así como repercusiones económicas positivas en lo que respecta al turismo local.

3. Observaciones específicas sobre el proyecto de Directiva

3.1. Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación

El Comité desea modificar la letra f) del apartado 2.

Propone la siguiente redacción:

- Esta Directiva no se aplicará a los documentos conservados por instituciones culturales (a menos que éstas perciban subvenciones públicas) tales como archivos, orquestas, óperas, ballets y teatros, a excepción de los museos públicos y las bibliotecas universitarias y públicas, que se incluyen en el ámbito de aplicación de la Directiva.

3.2. Artículo 4: Disponibilidad

El Comité considera que los usuarios podrán crear nuevos servicios si obtienen en los organismos públicos información adaptada a la evolución coyuntural y publicada de forma duradera.

Por esta razón, solicita:

- que se suprima la última frase del apartado 1 del artículo 4, redactada como sigue: "Esto no significa que los organismos del sector público estén obligados a crear documentos o a adaptarlos para satisfacer una solicitud".

El Comité sugiere que, en su lugar, la Directiva inste, por el contrario, a los organismos del sector público a que examinen las solicitudes de creación o adaptación de documentos y las atiendan favorablemente siempre y cuando dichas solicitudes estén justificadas por un interés legítimo (interés público, económico, social, cultural, educativo o con fines de investigación científica o universitaria).

- que se modifique el apartado 2 del artículo 4, para el cual propone la siguiente redacción: "Los organismos del sector público deberán evitar interrumpir la producción de determinados tipos de documento si alguna otra entidad del sector público o privado se sirve de forma habitual y regular de dicho documento o, en caso de que esta interrupción sea inevitable, deberán proponer alguna alternativa".

3.3. Artículo 5: Plazo y requisitos en caso de denegarse una solicitud

3.3.1. El apartado 3 del artículo 5 indica que, en caso de denegación de una solicitud de reutilización de un documento público, el organismo del sector público deberá incluir una referencia al titular de los derechos o al cedente.

Esta obligación tiene por objeto permitir que el solicitante sepa a quién dirigirse para obtener una autorización de utilización.

El Comité acoge favorablemente esta obligación, ya que facilita el acceso a los documentos y su utilización.

3.3.2. No obstante, el Comité considera que la redacción actual de la última frase del apartado 3 en el sentido de que: "El organismo del sector público de que se trate no incurrirá en responsabilidad por el hecho de que tal referencia pueda ser incorrecta" no contribuye más que a mermar la eficacia de la medida a la que se refiere.

Por lo tanto, el Comité solicita que se modifique el apartado 3 y propone la siguiente redacción: "Si la decisión negativa se basa exclusivamente en la letra b) del apartado 2 del artículo 1, el organismo del sector público deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos o al cedente del que el organismo del sector público ha obtenido el material en cuestión. El organismo del sector público de que se trate no incurrirá en responsabilidad por el hecho de que tal referencia pueda ser incorrecta a menos que se constate que el error responde a un intento malintencionado de retener documentos".

3.4. Artículo 6: Principios de tarificación

3.4.1. La Comisión presenta, en el punto 4 de la exposición de motivos, dos conceptos:

- el "modelo de bajo coste", en el que las tarifas no superan los costes marginales de reproducción y difusión, y

- el "modelo de recuperación de costes".

La Comisión indica que "cobrar los costes marginales de reproducción y difusión produce un impacto económico y unos 'efectos de bienestar' mucho más elevados".

Así pues, se decanta por el modelo de bajo coste, y el Comité comparte esta postura.

3.4.2. Sin embargo, la Comisión añade lo siguiente: "aunque pide a los Estados miembros que insten a los organismos del sector público a adoptar el enfoque del coste marginal de reproducción y difusión cuando sea posible, deja la definición de las políticas tarifarias en manos de los Estados miembros y de los organismos del sector público".

El Comité observa que el artículo 6 de la Directiva no refleja esta intención, sino que, por el contrario, defiende el "modelo de recuperación de costes".

3.4.3. El Comité pide que la Comisión defina claramente su postura en la exposición de motivos y recuerda que en el mencionado Dictamen sobre el Libro Verde señalaba que "habría que distinguir entre las informaciones esenciales a favor de los ciudadanos, especialmente las que dimanan del ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos, que podrían llegar a ser gratuitas o, en su caso, a un precio muy reducido, y las informaciones que tengan una finalidad comercial que, debiendo ser asequibles tengan un precio basado en los costes que resulten de la impresión, puesta al día, búsqueda y transmisión de los datos que podrían ser facturados, o bien un precio de mercado razonable"(6).

3.4.4. El Comité indica que entre las "informaciones esenciales" deben figurar, en particular, las relativas a:

- Constituciones, códigos, leyes y actas con carácter reglamentario, tratados y jurisprudencia que elaboren las autoridades de la Unión Europea;

- Informaciones estadísticas, informes, estudios que presenten un interés general;

- Informaciones de carácter jurídico, reglamentario y político, como las actas de los trabajos de las asambleas deliberantes o consultivas.

En un primer momento, las "informaciones esenciales" serán las que procedan de administraciones públicas de los Estados miembros. A continuación, en un plazo razonable, se instará a los Estados miembros a que pongan a disposición del público en las mismas condiciones los documentos de este tipo provenientes de sus organismos públicos.

A este respecto, el Comité señala que algunos Estados miembros ya han tomado iniciativas en este sentido. Uno de los ejemplos más recientes es el de Francia con el Decreto no 2002-1064 de 7 de agosto de 2002 relativo a la creación de un "servicio público de difusión del Derecho por Internet", publicado en el Diario Oficial de la República Francesa el 9 de agosto de 2002 y en vigor desde el 15 de septiembre de 2002, que prevé la puesta a disposición gratuita de un conjunto de documentos que constituyen "informaciones esenciales".

4. Conclusiones

4.1. El Comité apoya las iniciativas que fomentan el desarrollo de una "sociedad de la información para todos", lo que constituye el objetivo de eEurope. Por lo tanto, apoya la propuesta de Directiva.

4.2. No obstante, el Comité considera que la propuesta en su forma actual no es lo suficientemente ambiciosa, ya que los límites entre los que se inscribe no permitirán alcanzar con la rapidez deseable los objetivos de "la economía digital", que, "basada en el conocimiento, es un potente motor del crecimiento, la competitividad y el empleo, al tiempo que permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

4.3. Con el fin de alcanzar los objetivos fijados en la Directiva, el Comité insta a la Comisión a que tenga en cuenta en mayor medida las propuestas y sugerencias que presentó en el Dictamen de 28 de abril de 1999(7), así como las del presente Dictamen; recomienda en especial:

- que se modifique el ámbito de exclusión de forma que la Directiva se aplique a los documentos que obran en poder de los museos públicos y las bibliotecas universitarias y públicas, en tanto que patrimonio cultural europeo común;

- que todos los organismos o instituciones públicas incurran en responsabilidad si facilitan deliberadamente información falsa o incompleta;

- que los principios de tarificación tiendan a extender la aplicación del modelo de bajo coste;

- que las administraciones públicas de los Estados miembros garanticen la disponibilidad gratuita de las "informaciones esenciales" con las que cuenten con la intención de que esta medida se haga extensiva a todos los organismos públicos de los Estados miembros.

4.4. Por último, el Comité pide a la Comisión que le permita participar en la revisión prevista en el artículo 12 de la Directiva destinada, por una parte, a evaluar los plazos efectivos de respuesta y, por otra, a completar la Directiva en aras de una mayor armonización de las prácticas y tarificaciones.

Bruselas, 11 de diciembre de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) Véase el Dictamen del CESE sobre "La información del sector público: un recurso clave para Europa - Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información", DO C 169 de 16.6.1999.

(2) Véase el Dictamen del CESE sobre la "Iniciativa eEurope 2002 - Una sociedad de la información para todos - Proyecto de plan de acción", DO C 123 de 25.4.2001.

(3) Véase el Dictamen del CESE sobre "La información del sector público: un recurso clave para Europa - Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información", DO C 169 de 16.6.1999, punto 3.1.2.

(4) Véase el Dictamen del CESE sobre "La información del sector público: un recurso clave para Europa - Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información", DO C 169 de 16.6.1999, puntos 3.2.1 y 3.2.2.

(5) Véase el Dictamen del CESE sobre "La información del sector público: un recurso clave para Europa - Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información", DO C 169 de 16.6.1999, punto 3.3.3.

(6) Véase el Dictamen del CESE sobre "La información del sector público: un recurso clave para Europa - Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información", DO C 169 de 16.6.1999, punto 5.2.

(7) Véase el Dictamen del CESE sobre "La información del sector público: un recurso clave para Europa - Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información", DO C 169 de 16.6.1999.