Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, y del Reglamento (CE) nº 2026/97 del Consejo, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hay una necesidad evidente de aclarar la manera en que se adoptan las decisiones entre Estados miembros cuando se trata del establecimiento de medidas antidumping y antisubvenciones (compensatorias) definitivas en el ámbito de los instrumentos de defensa comercial (IDC).

La situación actual permite rechazar en el Consejo la propuesta de la Comisión sin adoptar claramente una posición, es decir, sin tener que votar "no" si un Estado miembro decide no seguir la propuesta de la Comisión. Esto podría socavar la eficacia del instrumento de defensa comercial y, por lo tanto, debería ser objeto de una modificación del procedimiento de toma de decisiones.

Para resolver este problema, habrá que modificar los Reglamentos antidumping y antisubvenciones de base (Reglamentos (CE) nº 384/96 y nº 2026/97 del Consejo) de forma que se requiera una mayoría simple de Estados miembros en el Consejo para rechazar una propuesta de la Comisión de imposición de medidas definitivas. La propuesta para introducir este cambio se ha modificado a la luz de las conversaciones con los Estados miembros (propuesta original COM(2003)380).

Según este procedimiento, se seguiría consultando a los Estados miembros en el Comité Consultivo sobre las propuestas relativas al establecimiento de medidas definitivas. La propuesta se transmitiría entonces al Consejo y se aprobaría, a menos que el Consejo decidiera por mayoría simple rechazar la propuesta dentro del plazo de un mes tras la presentación de la misma por la Comisión.

Este nuevo planteamiento no pone en cuestión el equilibrio de responsabilidades existente con el sistema actual, sino que aborda el problema en cuestión de forma expeditiva, al tiempo que respeta el principio de la mayoría simple: asegura que los Estados miembros adopten una posición explícita para rechazar una propuesta de la Comisión, ni más, ni menos.

Como el proceso de toma de decisiones debe aplicarse de manera coherente en las diversas etapas de la aplicación del instrumento antidumping y antisubvenciones, este cambio deberá aplicarse también a las decisiones que siguen el mismo procedimiento que el establecimiento de medidas definitivas, es decir, para la reconsideración o la suspensión de medidas y en el tratamiento de la absorción y la elusión de medidas antidumping y compensatorias.

Por otra parte, hay una necesidad evidente de garantizar e incluso incrementar la transparencia y la eficacia de los instrumentos de defensa comercial. Las modificaciones que se exponen a continuación son un complemento de las modificaciones relativas al proceso de toma de decisiones en este ámbito.

1. Introducción de plazos límite obligatorios para realizar las investigaciones de reconsideración

En virtud del actual Reglamento antidumping de base, las nuevas investigaciones están sujetas a un plazo límite obligatorio de 15 meses (13 meses en el caso del Reglamento antisubvenciones de base). En cambio, el plazo actual de 12 meses aplicable en las investigaciones de reconsideración no es obligatorio sino simplemente indicativo. La experiencia adquirida desde la entrada en vigor de los Reglamentos de base muestra que, al no haber unos plazos límite obligatorios ni contarse con los recursos humanos necesarios, es muy difícil respetar el plazo normal de 12 meses antes mencionado. En particular, la ausencia de unos plazos estrictos hace que sea difícil obligar a las partes interesadas a respetar los requisitos de procedimiento. Esto explica que, muchas veces, las reconsideraciones duren más de lo normal.

En espera del resultado de las investigaciones de reconsideración por expiración, las medidas sometidas a reconsideración permanecen en vigor. Como consecuencia, algunas investigaciones de reconsideración excepcionalmente largas podrían dar lugar a una inseguridad jurídica y causar un perjuicio a las partes interesadas.

La única solución para este problema es imponer plazos obligatorios para realizar las investigaciones de reconsideración. Por lo tanto, se propone introducir un plazo obligatorio de quince meses para la conclusión de las investigaciones de reconsideración provisional y por expiración, al tiempo que se mantiene el calendario indicativo actual de 12 meses. Para las investigaciones de reconsideración relativas a nuevos exportadores y la reapertura de investigaciones en casos de absorción, se propone un plazo obligatorio de 9 meses. Estos plazos se consideran adecuados para llevar a cabo las diferentes investigaciones de reconsideración teniendo debidamente en cuenta la complejidad relativa de cada tipo de investigación.

Se propone también que se especifiquen las consecuencias del incumplimiento de esos plazos obligatorios.

La modificación propuesta constituye con toda claridad un paso importante hacia una mejor administración. También supondrá una mejora adicional de la transparencia de las investigaciones de reconsideración, al reforzar considerablemente la previsibilidad de su conclusión. Sin embargo, se deberá dotar a los servicios de la Comisión de los recursos humanos necesarios para asumir la carga de trabajo adicional resultante. Por lo tanto, las disposiciones sobre los plazos se aplicarán de manera progresiva, empezando con los plazos para las reconsideraciones por expiración y, transcurridos dos años, los plazos para otras reconsideraciones.

2. Plazo mínimo para el envío de información pertinente al Comité Consultivo

El Comité Consultivo es la principal interfaz entre la Comisión y los Estados miembros en el contexto de las investigaciones antidumping y antisubvenciones. Dada la naturaleza de la cuestión, la información pertinente que se proporciona a los Estados miembros es, a menudo, de carácter muy técnico y consiste en un análisis económico y jurídico complejo. Para que los Estados miembros puedan tener debidamente en cuenta esa información, se considera necesario prever un plazo mínimo de 10 días antes de una reunión del Comité Consultivo para transmitir información a los Estados miembros.

3. Retirada de compromisos

Por otra parte, a la luz de la experiencia adquirida hasta la fecha, la práctica actual de retirar la aceptación de un compromiso requiere un tiempo innecesario. Así, el régimen actual requiere la aprobación de una Decisión de la Comisión por la que se retira la aceptación del compromiso y un Reglamento del Consejo por el que se establecen unos derechos.

Como las disposiciones del apartado 9 del artículo 8 del Reglamento antidumping de base y del apartado 9 del artículo 13 del Reglamento antisubvenciones de base no le dejan al Consejo la posibilidad de determinar el nivel del derecho que se vaya a imponer en función de la infracción o la retirada de un compromiso, no es necesario que el Consejo vuelva a introducir el nivel de derecho original, ya que se puede conseguir el mismo resultado simplemente suprimiendo la exención del pago del derecho mediante una Decisión de la Comisión.

La modificación, por lo tanto, racionaliza el procedimiento jurídico. Precisa que la Comisión es la institución responsable de la aceptación y la retirada de los compromisos. Aclara además que los tipos de derecho establecidos por el Reglamento del Consejo se aplican a todas las empresas que no se citen en la Decisión de la Comisión por la que se aceptan los compromisos.

Para aplicar el nuevo sistema, se debe modificar la parte dispositiva de los futuros Reglamentos del Consejo por los que se establecen las medidas de forma que, en lugar de enumerar las empresas que se beneficien de un compromiso, se haga referencia a la Decisión paralela de la Comisión por la que se aceptan los compromisos y a cualquier modificación ulterior de esa Decisión.

4. Absorción

El apartado 1 del artículo 12 del Reglamento antidumping de base indica que las investigaciones antiabsorción se abren sobre la base de elementos de prueba presentados por la industria de la Comunidad. Sin embargo, podría haber casos en que la industria de la Comunidad no tenga razones apremiantes para solicitar que se inicie la investigación antes citada, o en que, simplemente, no haya detectado aún la naturaleza o la dimensión real del problema, mientras que otras partes interesadas podrían verse afectadas especialmente por la falta de eficiencia de las medidas. Por lo tanto, se considera necesario modificar el texto del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento antidumping de base con objeto de indicar explícitamente que la Comisión, los Estados miembros y todas las otras partes interesadas podrían solicitar la apertura de una investigación antiabsorción.

Según el texto actual del artículo 12 del Reglamento antidumping de base, hay absorción cuando se demuestra que "... las medidas no han influido en absoluto sobre los precios de reventa o los precios de venta consiguientes en la Comunidad, o lo han hecho de forma insuficiente". Se podría alegar, por lo tanto, que cuando no sea posible mostrar pruebas de esta falta de incidencia, no se puede demostrar la existencia de la absorción, bien sea en la fase de apertura o en la fase de conclusión. En casos recientes se ha demostrado, sin embargo, que los precios de reventa o los precios de venta consiguientes podrían no estar disponibles, evidentemente cuando los importadores del producto en cuestión sean también usuarios finales, o debido a una cooperación insuficiente por parte de los importadores. En este contexto, se propone modificar la redacción del artículo 12 del Reglamento antidumping de base para incluir también la disminución de los precios de exportación en el concepto de modificación de los precios, para determinar la existencia o no de prácticas de absorción.

Las consideraciones expuestas se aplican mutatis mutandis a las disposiciones correspondientes del Reglamento antisubvenciones de base.

También es conveniente precisar que cualquier posible aumento del derecho antidumping en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento antidumping de base no puede ser superior al importe del derecho absorbido.

5. Elusión

El problema de la elusión de los derechos antidumping formaba parte de las negociaciones que precedieron a la adopción del Acuerdo Antidumping de la OMC, pero los miembros estaban divididos respecto de esta cuestión y no se incluyó ninguna disposición en ese Acuerdo. En lugar de eso, en una Decisión ministerial sobre las medidas contra la elusión aneja al Acuerdo Antidumping de la OMC, los miembros de la organización señalaron el problema, recordaron la conveniencia de contar con unas normas uniformes en ese ámbito tan pronto como fuera posible y remitieron la cuestión, para su resolución, al Comité de Prácticas Antidumping de la OMC.

La Comunidad incluyó disposiciones contra la elusión en su Reglamento de 1994, que preveía la ampliación de los derechos antidumping a las importaciones procedentes de países terceros de productos similares, o de partes de esos productos, en caso de elusión. Se entiende por elusión un cambio de características del comercio entre países terceros y la Comunidad, derivado de una práctica, proceso o trabajo para el que no exista una causa o una justificación económica adecuadas distintas del establecimiento del derecho y podría incluir una operación de montaje en la Comunidad o en un país tercero.

Hasta ahora, la Comunidad ha utilizado estas disposiciones en un caso respecto de productos procedentes de Brasil enviados a través de Argentina (en el que las medidas de elusión fueron suspendidas al mismo tiempo, al haberse adoptado medidas correctoras); en otro caso respecto de productos procedentes de la República Popular de China enviados a través de Malasia; y en cuatro casos respecto de productos procedentes de la República Popular de China, que incluían productos enviados a través de Hong Kong, Taiwán y Vietnam. También hay tres casos pendientes respecto de productos procedentes de la República Popular de China, Ucrania y Rusia, enviados a través de Moldavia.

Hasta ahora, la jurisprudencia de la OMC se ha desarrollado, pero la cuestión todavía no ha sido resuelta por el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC, ni se ha abordado en el marco del Órgano de Solución de Diferencias.

Ahora se propone hacer más operativas las disposiciones del artículo 13, precisándolas y garantizando una mayor seguridad jurídica con la identificación de prácticas como, en particular, el transbordo, los productos ligeramente modificados y la reorganización de los canales de ventas a través de los productores o exportadores que disponen de los derechos más bajos. Estas cuestiones no se trataban en el texto de negociación propuesto en diciembre de 1991 por el entonces Director General del GATT (el "Proyecto Dunkel"). En todo caso, cualquiera que sea el riesgo de litigio, si lo hay, tales disposiciones han sido operativas y, en caso necesario, serían defendidas por la Comunidad con la misma fuerza y la misma convicción que ha demostrado anteriormente.

Aunque el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento antidumping de base no menciona expresamente qué partes tienen derecho a solicitar la apertura de una investigación por prácticas de elusión, hasta ahora solo la industria de la Comunidad ha presentado este tipo de solicitudes. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente sobre la absorción, podría haber casos en que la industria de la Comunidad no tenga razones apremiantes para solicitar que se abra la investigación antes citada, o en que, simplemente, no haya detectado aún la naturaleza o la dimensión real del problema, mientras que otras partes interesadas podrían estar interesadas en una aplicación efectiva de las medidas. Por lo tanto, se considera preferible modificar el texto del apartado 3 del artículo 13 del Reglamento antidumping de base con objeto de indicar explícitamente que la Comisión, los Estados miembros y todas las otras partes interesadas podrían solicitar la apertura de una investigación por prácticas de elusión.

Recientemente se ha planteado la cuestión de saber si las investigaciones por elusión pueden abordar situaciones en las que un producto sujeto normalmente a derechos antidumping se modifica ligeramente (habitualmente mediante la adición de otras sustancias) para declararlo "legalmente" en códigos aduaneros que no suponen la aplicación de medidas antidumping. Esta práctica ilegal queda ya cubierta de forma implícita por el texto actual del artículo 13 del Reglamento antidumping de base. Sin embargo, por razones de claridad, se considera preferible precisar la redacción del artículo 13 del Reglamento antidumping de base indicando explícitamente que la práctica de modificar ligeramente los productos es una práctica de elusión.

Se han dado casos en los que exportadores sujetos a derechos individuales más elevados o al derecho residual del país exportan sus productos a través de empresas que se benefician de derechos individuales más bajos. El artículo 13 del Reglamento antidumping de base no aborda explícitamente estas prácticas de elusión "a través de una empresa". Sin embargo, es evidente que esas prácticas socavan los efectos correctores de las medidas y que, por lo tanto, se deberían sancionar. En consecuencia, se propone suprimir los derechos individuales de las empresas que se constate utilizan esas prácticas y aplicarles el tipo de derecho residual del país.

El apartado 4 del artículo 13 del Reglamento antidumping de base prevé la exención de derechos (ampliados) a la importación de mercancías que no constituya elusión. También estipula que las solicitudes deberán ir acompañadas por un certificado aduanero, expedido a los importadores, en el que se especifique que la importación de las mercancías no constituye una elusión No obstante, en los casos en que la elusión se produce fuera de la Comunidad (es decir, prácticas de elusión utilizadas por productores exportadores en países terceros), la exención de derechos solo tendrá sentido si se concede a productores exportadores de los países en cuestión que no eludan las medidas. De acuerdo con la práctica más reciente, se conceden exenciones a productores exportadores de países terceros mediante un Reglamento del Consejo. Se propone modificar el apartado 4 del artículo 13 del Reglamento antidumping de base para que quede clara la diferencia de la exención cuando las prácticas de elusión se producen dentro o fuera de la Comunidad y cuando las solicitudes de exención se presentan durante o después de la investigación antielusión.

Las consideraciones expuestas se aplican mutatis mutandis a las disposiciones correspondientes del Reglamento antisubvenciones de base.

6. Otras cuestiones relacionadas con la aplicación

El apartado 6 del artículo 19 del Reglamento antidumping de base - "La información recibida en aplicación del presente Reglamento únicamente podrá utilizarse para el fin para el que fue solicitada" - no especifica claramente si la información obtenida en el contexto de una investigación puede utilizarse, por ejemplo, para abrir otra investigación respecto del mismo producto similar. Por lo tanto, se considera conveniente precisar que esto es posible dentro del mismo procedimiento.

Los apartados 3 y 4 del artículo 6 del Reglamento antidumping de base disponen que la Comisión podrá solicitar a los Estados miembros que le faciliten información cuando sea necesario. Sin embargo, sería extremadamente útil que las disposiciones de esos artículos, que solo se aplican a las investigaciones antidumping cuando están en curso, pudieran ampliarse para cubrir también el periodo posterior al establecimiento de las medidas, utilizándose así para supervisar los compromisos y comprobar el nivel de eficacia de las medidas. Evidentemente, toda información facilitada en este contexto estaría sujeta a las disposiciones del Reglamento en materia de confidencialidad. A tal fin, se propone introducir un nuevo apartado en el artículo 14 del Reglamento antidumping de base.

Las consideraciones expuestas se aplican mutatis mutandis a las disposiciones correspondientes del Reglamento antisubvenciones de base.

Por consiguiente, se propone que el Consejo adopte la propuesta de Reglamento adjunta, que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2003/0141 (ACC)

Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, y del Reglamento (CE) nº 2026/97 del Consejo, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 133,

Vista la propuesta de la Comisión [1],

[1] DO C [...] de [...], p. [...].

Considerando lo que sigue:

(1) Mediante el Reglamento (CE) nº 384/96 [2] (el "Reglamento antidumping de base") y el Reglamento (CE) nº 2026/97 [3] (el "Reglamento antisubvenciones de base"), el Consejo adoptó normas comunes para la defensa contra las importaciones objeto de dumping y las importaciones subvencionadas procedentes de países no miembros de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, el Reglamento antidumping de base y el Reglamento antisubvenciones de base se citarán conjuntamente como "los Reglamentos de base").

[2] DO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1972/2002 (DO L 305 de 7.11.2002, p. 1).

[3] DO L 288 de 21.10.1997, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1973/2002 (DO L 305 de 7.11.2002, p. 4).

(2) Los Reglamentos de base prevén, para el establecimiento de medidas antidumping definitivas y de medidas compensatorias, un procedimiento por el que el Consejo, por mayoría simple y a propuesta de la Comisión, establece medidas definitivas.

(3) Habida cuenta de la experiencia reciente respecto de la aplicación de los Reglamentos de base y con objeto de preservar la transparencia y eficiencia de los instrumentos de defensa comercial, se considera necesario revisar la manera en que las instituciones de la Comunidad colaboran en el proceso de establecimiento de medidas antidumping definitivas y medidas compensatorias.

(4) Con el planteamiento actual, una propuesta de la Comisión solo será adoptada si una mayoría simple de Estados miembros vota a favor de tal propuesta. Esto tiene por efecto que las abstenciones cuentan efectivamente contra la propuesta de la Comisión. Así puede darse el caso de que una propuesta de la Comisión no sea aprobada por el Consejo debido al número de abstenciones.

(5) Para resolver este problema eficazmente, se deben modificar los Reglamentos de base de forma que se requiera una mayoría simple de Estados miembros en el Consejo para rechazar una propuesta de la Comisión para establecer medidas definitivas. Con este procedimiento, las medidas se considerarán aprobadas a menos que el Consejo decida por mayoría simple rechazar la propuesta dentro del plazo de un mes tras la presentación de la propuesta por la Comisión.

(6) Es oportuno aplicar ese procedimiento para racionalizar el proceso de toma de decisiones de la Comunidad sin modificar los papeles respectivos de la Comisión y el Consejo en lo que se refiere a la aplicación de los Reglamentos de base.

(7) En pro de una aplicación coherente de los procedimientos de toma de decisiones en el marco de los Reglamentos de base, deberían armonizarse también los procedimientos aplicables a otras decisiones del Consejo en virtud de los Reglamentos de base que prevén básicamente el mismo procedimiento que el aplicable para el establecimiento de medidas definitivas. Por consiguiente, el planteamiento anteriormente expuesto debería adoptarse también para los procedimientos correspondientes a las reconsideraciones, las nuevas investigaciones y la elusión y la suspensión de medidas,

(8) El Reglamento antidumping de base establece unos plazos límite obligatorios para la realización de los procedimientos de investigación abiertos en virtud del apartado 9 del artículo 5 del Reglamento de base, mientras que las investigaciones de reconsideración abiertas en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 11 y las nuevas investigaciones en virtud del artículo 12 del Reglamento antidumping de base solo están sujetas a un plazo límite indicativo.

(9) Las medidas antidumping permanecen en vigor en espera del resultado de una reconsideración en virtud del apartado 2 del artículo 11 del Reglamento antidumping de base. En consecuencia, las investigaciones de reconsideración excepcionalmente largas abiertas en virtud de dicho artículo pueden ser causa de incertidumbre jurídica y provocar efectos adversos para las partes interesadas. Pueden darse efectos adversos similares como resultado de investigaciones de reconsideración excesivamente largas abiertas en virtud de los apartados 3 y 4 del artículo 11 y en nuevas investigaciones abiertas en virtud del artículo 12 del Reglamento antidumping de base.

(10) Por lo tanto, es conveniente introducir plazos límite obligatorios para la realización de investigaciones de reconsideración en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 11 y de nuevas investigaciones en virtud del artículo 12 del Reglamento antidumping de base.

(11) Los diversos tipos de investigaciones de reconsideración pueden tener un alcance y un grado de complejidad diferentes. Esas diferencias se deberán tener en cuenta en el momento de fijar los plazos adecuados de realización.

(12) En primer lugar, las reconsideraciones en virtud de los apartados 2 y 3 del artículo 11 del Reglamento antidumping de base pueden, en determinadas circunstancias, ser tan complejas como los nuevos procedimientos en virtud del apartado 9 del artículo 5, por ejemplo por lo que se refiere al alcance de la investigación o al número de partes afectadas. En consecuencia, aunque esas investigaciones de reconsideración deberían realizarse normalmente dentro del actual plazo indicativo de 12 meses, conviene aplicarles un plazo obligatorio similar, aunque no superior, al de 15 meses fijado para la conclusión de los procedimientos nuevos.

(13) En segundo lugar, las reconsideraciones en virtud del apartado 4 del artículo 11 y las nuevas investigaciones en virtud del artículo 12 del Reglamento antidumping de base tienen un grado de complejidad menor que las reconsideraciones en virtud de los apartados 2 y 3 del artículo 11 del Reglamento antidumping de base. Por consiguiente, el plazo para la conclusión de tales reconsideraciones debería ser más corto. Por lo que se refiere a las investigaciones de reconsideración en virtud del apartado 4 del artículo 11, se considera que el plazo para su conclusión debe establecerse en 9 meses. Este plazo corresponde al periodo máximo concedido para registrar las importaciones en virtud del apartado 5 del artículo 14 del Reglamento antidumping de base. En la medida en que las importaciones se registran a la espera de la conclusión de una reconsideración en virtud del apartado 4 del artículo 11, el plazo límite para la reconsideración no debería superar el periodo durante el cual pueden ser registradas las importaciones objeto de la reconsideración.

(14) En tercer lugar, si bien las nuevas investigaciones en virtud del artículo 12 deben llevarse a cabo normalmente en el actual plazo indicativo de 6 meses, se considera adecuado fijar un plazo obligatorio de 9 meses, ya que puede ser necesario un periodo más largo para concluir la investigación en caso de revisión de los valores normales. Además, las importaciones objeto de una nueva investigación en virtud del artículo 12, al igual que las importaciones objeto de reconsideración en virtud del apartado 4 del artículo 11, podrían también ser objeto de registro en virtud del apartado 5 del artículo 14. En consecuencia, a las nuevas investigaciones en virtud del artículo 12 se les deberá aplicar el mismo plazo máximo de nueve meses que se aplica para el registro.

(15) Los considerandos 8 a 14 anteriores se aplican mutatis mutandis a las reconsideraciones realizadas en virtud de los artículos 18, 19 y 20 del Reglamento antisubvenciones de base.

(16) Se considera prudente prever una introducción gradual de los plazos límite en las reconsideraciones, a la vista de las repercusiones de tales plazos sobre los recursos humanos. Este periodo de introducción gradual facilitará la correcta asignación de recursos en el tiempo.

(17) La información que se facilita a los Estados miembros en el Comité Consultivo es, a menudo, de carácter muy técnico e implica un análisis económico y jurídico complejo. Para que los Estados miembros tengan tiempo suficiente para estudiarla, esa información se les debería enviar al menos 10 días antes de la fecha de la reunión fijada por el Presidente del Comité Consultivo.

(18) El apartado 9 del artículo 8 del Reglamento antidumping de base estipula, entre otras cosas, que en caso de denuncia de un compromiso por cualquiera de las partes, se establecerá un derecho definitivo con arreglo al artículo 9, sobre la base de los hechos establecidos en el contexto de la investigación que llevó al compromiso. Esta disposición implica un largo procedimiento doble, consistente en una Decisión de la Comisión por la que se denuncia la aceptación del compromiso y un Reglamento del Consejo por el que se vuelve a establecer el derecho. Dado que esta disposición no deja al Consejo ninguna facultad de apreciación en cuanto a la introducción o el nivel del derecho que se deba establecer en caso de incumplimiento o denuncia de un compromiso, se considera oportuno modificar las disposiciones de los apartados 1, 5 y 9 del artículo 8 para precisar las competencias de la Comisión y permitir la denuncia de un compromiso y la aplicación del derecho por un único acto jurídico. También es necesario asegurarse de que el procedimiento de denuncia se concluya dentro de un plazo límite de, normalmente, seis meses y, en cualquier caso, no superior a nueve meses, con objeto de garantizar una aplicación correcta de la medida en vigor.

(19) El anterior considerando 18 se aplica mutatis mutandis a los compromisos en virtud del artículo 13 del Reglamento antisubvenciones de base.

(20) El apartado 1 del artículo 12 del Reglamento antidumping de base indica que las nuevas investigaciones en virtud de dicho artículo se iniciarán sobre la base de la información presentada por la industria de la Comunidad. Otras partes interesadas también pueden tener interés en esas nuevas investigaciones cuya finalidad es corregir los efectos de la absorción del derecho por el exportador. Por lo tanto, es necesario modificar este artículo para ampliar la posibilidad de solicitar la apertura de investigaciones antiabsorción a cualesquiera otras partes interesadas. Para evaluar si hay absorción o no, también es necesario incluir en el concepto de variación de precios la reducción de los precios de exportación, ya que esta es una de las situaciones en las que, por la reducción del nivel de precios en el mercado de la Comunidad, se podría minar el efecto corrector de la medida.

(21) El anterior considerando 20 se aplica mutatis mutandis al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento antisubvenciones de base.

(22) Por otra parte, se debe precisar que el aumento del importe del derecho antidumping establecido tras una nueva investigación realizada en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento antidumping de base debe limitarse al importe máximo que podría haber sido absorbido posiblemente, que es el importe del derecho vigente antes de esa nueva investigación.

(23) Como el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento antidumping de base no indica expresamente quién tiene derecho a solicitar la apertura de una investigación por prácticas de elusión, es deseable aclarar qué partes tienen derecho a hacerlo.

(24) La experiencia ha mostrado que también conviene precisar qué prácticas constituyen una elusión de las medidas vigentes. Las prácticas de elusión pueden producirse tanto dentro como fuera de la Comunidad. Por consiguiente, es necesario prever que las exenciones de los derechos ampliados ya previstas en virtud del actual Reglamento antidumping de base para los importadores puedan concederse también a los exportadores cuando los derechos se amplíen para abordar prácticas de elusión que se produzcan fuera de la Comunidad.

(25) Para garantizar la correcta aplicación de las medidas, es recomendable modificar los términos del apartado 6 del artículo 19 del Reglamento antidumping de base por lo que se refiere al uso de la información recibida en el contexto de una investigación, a efectos de abrir otra investigación dentro del mismo procedimiento.

(26) Los considerandos 23 a 25 anteriores se aplican mutatis mutandis al artículo 23 y al apartado 6 del artículo 29 del Reglamento antisubvenciones de base.

(27) Para garantizar una mejor aplicación de las medidas, es necesario prever, en un nuevo apartado del artículo 14 del Reglamento antidumping de base, la posibilidad de que la Comisión solicite a los Estados miembros que, respetando las normas de confidencialidad de los Reglamentos de base, faciliten información que se utilizará para supervisar los compromisos de precios y verificar el nivel de eficacia de las medidas vigentes. Se deben introducir también disposiciones similares en un nuevo apartado del artículo 24 del Reglamento antisubvenciones de base.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) n° 384/96 queda modificado como sigue:

1. El apartado 1 del artículo 8 será sustituido por el texto siguiente:

"1. A condición de que se haya hecho una determinación positiva provisional del dumping y del perjuicio, la Comisión podrá aceptar ofertas satisfactorias de compromiso presentadas de forma voluntaria por cualquier exportador para modificar sus precios o dejar de exportar a precios objeto de dumping si, previa consulta, considera que el efecto perjudicial del dumping queda así eliminado. En este caso y mientras ese compromiso esté en vigor, los derechos provisionales establecidos por la Comisión de conformidad con el apartado 1 del artículo 7 o los derechos definitivos establecidos por el Consejo de conformidad con el apartado 4 del artículo 9, según proceda, no se aplicarán a las importaciones correspondientes del producto en cuestión fabricado por las empresas a las que se refiere la Decisión de la Comisión por la que se aceptan los compromisos y sus ulteriores modificaciones. Los aumentos de precios establecidos con arreglo a dichos compromisos no serán superiores a lo necesario para compensar el margen de dumping y deberán ser inferiores al margen de dumping si resultan adecuados para eliminar el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad."

2. El apartado 9 del artículo 8 será sustituido por el texto siguiente:

"9. En caso de incumplimiento o denuncia de un compromiso por cualquiera de las partes, o en caso de denuncia de la aceptación del compromiso por la Comisión, la aceptación del compromiso se denunciará, previa consulta, mediante una Decisión o un Reglamento de la Comisión, según proceda, y el derecho provisional establecido por la Comisión de conformidad con el artículo 7 o el derecho definitivo establecido por el Consejo de conformidad con el apartado 4 del artículo 9 se aplicará automáticamente, siempre que el exportador afectado haya tenido la posibilidad de presentar sus observaciones, a menos que él mismo haya denunciado el compromiso.

Cualquier parte interesada o cualquier Estado miembro podrá presentar información que contenga a primera vista elementos de prueba del incumplimiento de un compromiso. La supervisión ulterior para determinar si ha habido o no incumplimiento de un compromiso se concluirá normalmente en un plazo de seis meses y, a más tardar, a los nueve meses a partir de la presentación de una reclamación debidamente documentada. La Comisión podrá solicitar la asistencia de las autoridades competentes de los Estados miembros para la supervisión de los compromisos."

3. El apartado 4 del artículo 9 será sustituido por el texto siguiente:

"4. Cuando de la comprobación definitiva de los hechos se desprenda que existe dumping y perjuicio y que, con arreglo al artículo 21, los intereses de la Comunidad exigen una acción comunitaria, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité Consultivo, establecerá un derecho antidumping definitivo. La propuesta será aprobada por el Consejo, a menos que este último decida por mayoría simple rechazarla en el plazo de un mes tras la presentación de la propuesta por la Comisión. Cuando estén vigentes derechos provisionales, se presentará una propuesta de medidas definitivas a más tardar un mes antes de la expiración de tales derechos. El importe del derecho antidumping no deberá sobrepasar el margen de dumping establecido y deberá ser inferior a dicho margen si este derecho inferior es suficiente para eliminar el perjuicio a la industria de la Comunidad."

4. El apartado 1 del artículo 12 será sustituido por el texto siguiente:

"1. Cuando la industria de la Comunidad o cualquier otra parte interesada presente, en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de las medidas, información suficiente que muestre que, tras el establecimiento de las medidas, los precios de exportación han disminuido o que las medidas no han influido en los precios de reventa o en los precios de venta consiguientes del producto importado en la Comunidad, o lo han hecho de forma insuficiente, la investigación podrá ser reabierta, previa consulta, para examinar si la medida ha tenido efectos en dichos precios.

La investigación se podrá reabrir también, en las condiciones antes descritas, a iniciativa de la Comisión o a solicitud de un Estado miembro."

5. La última frase del apartado 2 del artículo 12 se sustituirá por el texto siguiente:

"Cuando se considere que se dan las condiciones descritas en el apartado 1 del artículo 12 a causa de una disminución de los precios de exportación previa o posterior al establecimiento de las medidas, los márgenes de dumping se podrán volver a calcular para tener en cuenta estos precios de exportación inferiores."

6. El apartado 3 del artículo 12 será sustituido por el texto siguiente:

"3. Cuando una nueva investigación en virtud del presente artículo muestre un incremento del dumping, las medidas vigentes podrán, previa consulta, ser modificadas por el Consejo por mayoría simple a propuesta de la Comisión, con arreglo a las nuevas conclusiones sobre los precios de exportación. La propuesta será aprobada por el Consejo, a menos que este último decida por mayoría simple rechazarla en el plazo de un mes tras la presentación de la propuesta por la Comisión. El importe del derecho antidumping establecido en virtud del presente artículo no podrá ser superior al doble del importe del derecho establecido inicialmente por el Consejo."

7. El apartado 1 del artículo 13 será sustituido por el texto siguiente:

"1. Los derechos antidumping establecidos con arreglo al presente Reglamento podrán ampliarse a las importaciones de productos similares, ligeramente modificados o no, procedentes de países terceros, o a las importaciones de productos similares ligeramente modificados procedentes del país sujeto a las medidas, o a partes de esos productos, cuando exista elusión de las medidas en vigor. En caso de elusión de las medidas vigentes, los derechos antidumping que no excedan del derecho antidumping residual establecido con arreglo al apartado 5 del artículo 9 del presente Reglamento se podrían ampliar a las importaciones procedentes de empresas beneficiarias de derechos individuales en los países sujetos a las medidas. Se entenderá que existe elusión cuando se produzca un cambio de características del comercio entre países terceros y la Comunidad o entre empresas individuales del país sujeto a las medidas y la Comunidad, derivado de una práctica, proceso o trabajo para el que no exista una causa o una justificación económica adecuadas distintas del establecimiento del derecho, y haya pruebas del perjuicio o de que se están burlando los efectos correctores del derecho por lo que respecta a los precios y/o las cantidades del producto similar y existan pruebas de dumping en relación con los precios normales previamente establecidos para los productos similares, de ser necesario de conformidad con las disposiciones del artículo 2.

Las prácticas, procesos o trabajos a los que se refiere el apartado 1 incluirán, entre otras cosas, las modificaciones menores introducidas en el producto afectado para poder incluirlo en códigos aduaneros que, normalmente, no están sujetos a las medidas en cuestión, siempre que la modificación no altere las características esenciales del producto; el envío del producto sujeto a las medidas a través de países terceros; la reorganización por los exportadores o los productores de sus pautas y canales de venta en el país sujeto a las medidas con el fin de que sus productos sean exportados en su caso a la Comunidad a través de productores que son beneficiarios de un tipo de derecho individual inferior al aplicable a los productos de los fabricantes; y, en las circunstancias indicadas a continuación en el apartado 2 del artículo 13, el montaje de las partes mediante una operación de montaje en la Comunidad o en un país tercero.

8. El apartado 3 del artículo 13 será sustituido por el texto siguiente:

"3. Las investigaciones en virtud del presente artículo se abrirán a iniciativa de la Comisión o a solicitud de un Estado miembro o de cualquier parte interesada cuando contengan elementos de prueba suficientes sobre los factores mencionados en el apartado 1. La apertura se hará, previa consulta al Comité Consultivo, mediante un Reglamento de la Comisión que podrá igualmente indicar a las autoridades aduaneras su obligación de registrar las importaciones con arreglo al apartado 5 del artículo 14 o de exigir garantías. Las investigaciones serán efectuadas por la Comisión, que podrá hacerse asistir por las autoridades aduaneras, y estarán finalizadas en un plazo de nueve meses. Cuando los hechos finalmente comprobados justifiquen la ampliación de las medidas, ello será decidido por el Consejo, por mayoría simple y a propuesta de la Comisión, previa consulta al Comité Consultivo. La propuesta será aprobada por el Consejo, a menos que este último decida por mayoría simple rechazarla en el plazo de un mes tras la presentación de la propuesta por la Comisión. La ampliación surtirá efecto a partir de la fecha en la se hubiese impuesto el registro con arreglo al apartado 5 del artículo 14 o en que se hubiesen exigido las garantías. Se aplicarán al presente artículo las disposiciones de procedimiento del presente Reglamento relativas a la apertura y desarrollo de las investigaciones."

9. El apartado 4 del artículo 13 será sustituido por el texto siguiente:

"4. Las importaciones no estarán sujetas a registro con arreglo al apartado 5 del artículo 14 o a medidas cuando sean comercializadas por empresas que se benefician de exenciones. Las solicitudes de exención, debidamente sustentadas por elementos de prueba, se presentarán dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Comisión por el que se abre la investigación. Cuando las prácticas, procesos o trabajos que constituyan una elusión se produzcan fuera de la Comunidad, se podrán conceder exenciones a los productores del producto afectado que puedan demostrar que no están vinculados con ningún productor sujeto a las medidas y que no están implicados en prácticas de elusión como las definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 13. Cuando las prácticas, procesos o trabajos que constituyen una elusión se produzcan dentro de la Comunidad, se podrán conceder exenciones a los importadores que puedan demostrar que no están vinculados con productores sujetos a las medidas.

Esas exenciones se concederán mediante decisión de la Comisión, previa consulta al Comité Consultivo, y permanecerán vigentes durante el periodo y en las condiciones que se establezcan en la decisión.

Siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 4 del artículo 11, también se podrán conceder exenciones tras la conclusión de la investigación que haya conducido a la ampliación de las medidas.

Si ha transcurrido al menos un año desde la ampliación de las medidas y el número de partes interesadas que soliciten o puedan solicitar una exención es significativo, la Comisión podrá decidir abrir una reconsideración de la ampliación de las medidas. Las reconsideraciones de este tipo se deberán desarrollar de conformidad con las disposiciones del apartado 5 del artículo 11 aplicables a las reconsideraciones en virtud del apartado 3 del artículo 11."

10. El apartado 4 del artículo 14 será sustituido por el texto siguiente:

"4. En interés de la Comunidad, y previa consulta al Comité Consultivo, las medidas establecidas con arreglo al presente Reglamento podrán ser suspendidas mediante decisión de la Comisión por un período de nueve meses. La suspensión podrá prorrogarse por otro período no superior a un año, si el Consejo así lo decide, a propuesta de la Comisión. La propuesta será aprobada por el Consejo, a menos que este último decida por mayoría simple rechazarla en el plazo de un mes tras la presentación de la propuesta por la Comisión. Sólo podrán suspenderse las medidas si las condiciones del mercado han experimentado un cambio temporal en grado tal que el perjuicio tenga escasas posibilidades de volverse a producir como consecuencia de la suspensión, y siempre y cuando la industria de la Comunidad haya tenido la oportunidad de formular sus comentarios al respecto y éstos hayan sido tenidos en cuenta. Las medidas podrán volverse a aplicar en cualquier momento previa consulta si dejasen de existir las causas que motivaron la suspensión."

11. Se introducirá un nuevo apartado 7 en el artículo 14:

"7. No obstante lo dispuesto en el apartado 6, la Comisión podrá pedir a los Estados miembros que proporcionen la información necesaria para el control eficaz de la aplicación de las medidas. En este contexto, serán aplicables las disposiciones de los apartado 3 y 4 del artículo 6. Las informaciones facilitadas por los Estados miembros en virtud del presente artículo estarán cubiertas por las disposiciones del apartado 6 del artículo 19."

12. El apartado 2 del artículo 15 será sustituido por el texto siguiente:

"2. El Comité se reunirá cuando sea convocado por su presidente. Este comunicará a los Estados miembros, en el plazo más breve posible y a más tardar 10 días laborables antes de la reunión, toda la información pertinente."

13. El apartado 6 del artículo 19 será sustituido por el texto siguiente:

"6. La información recibida en aplicación del presente Reglamento únicamente podrá utilizarse para el fin para el que fue solicitada. La presente disposición no impedirá la utilización de la información recibida en el contexto de una investigación a efectos de la apertura de otras investigaciones dentro del mismo procedimiento sobre el mismo producto similar."

Artículo 2

El Reglamento (CE) n° 2026/97 queda modificado como sigue:

1. El apartado 1 del artículo 13 será sustituido por el texto siguiente:

"1. A condición de que se haya realizado una determinación positiva provisional de la existencia de subvenciones y de perjuicio, la Comisión podrá aceptar ofertas de compromisos satisfactorios y voluntarios con arreglo a los cuales:

a) el país de origen o de exportación convenga en eliminar o limitar la subvención o adoptar otras medidas respecto de sus efectos, o

b) el exportador convenga en revisar sus precios o en dejar de exportar a la zona en cuestión los productos que se beneficien de la subvención sujeta a medidas compensatorias, de modo que la Comisión, previas consultas, exprese su convencimiento de que se elimina el efecto perjudicial de la subvención.

En tal caso, y mientras esos compromisos estén en vigor, los derechos provisionales establecidos por la Comisión de conformidad con el apartado 3 del artículo 12 y los derechos definitivos impuestos por el Consejo de conformidad con el apartado 1 del artículo 15 no se aplicarán a las importaciones del producto en cuestión fabricado por las empresas a las que se refiere la Decisión de la Comisión por la que se aceptan los compromisos y toda modificación ulterior de tal decisión.

Los aumentos de precios estipulados en dichos compromisos no serán superiores a lo necesario para compensar la cuantía de la subvención sujeta a medidas compensatorias y deberán ser inferiores a la cuantía de la subvención sujeta a medidas compensatorias si ello basta para eliminar el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad."

2. El apartado 9 del artículo 13 será sustituido por el texto siguiente:

"9. En caso de incumplimiento o denuncia de un compromiso por cualquiera de las partes, o en caso de denuncia de la aceptación del compromiso por la Comisión, la aceptación del compromiso se denunciará, previa consulta, mediante una Decisión o un Reglamento de la Comisión, según proceda, y el derecho provisional establecido por la Comisión de conformidad con el artículo 12 o el derecho definitivo establecido por el Consejo de conformidad con el apartado 1 del artículo 15 se aplicará, siempre que el exportador afectado, o el país de origen y/o de exportación, haya tenido la posibilidad de presentar sus observaciones, a menos que el exportador o el país en cuestión haya denunciado el compromiso.

Cualquier parte interesada o cualquier Estado miembro podrá presentar información que contenga a primera vista elementos de prueba del incumplimiento de un compromiso. La supervisión ulterior para determinar si ha habido o no incumplimiento de un compromiso se concluirá normalmente en un plazo de seis meses y, a más tardar, a los nueve meses a partir de la presentación de una reclamación debidamente documentada. La Comisión podrá solicitar la asistencia de las autoridades competentes de los Estados miembros para la supervisión de los compromisos."

3. El apartado 1 del artículo 15 será sustituido por el texto siguiente:

"1. Cuando de la comprobación definitiva de los hechos se desprenda que existe una subvención sujeta a medidas compensatorias y un perjuicio y que, con arreglo al artículo 31, los intereses de la Comunidad exigen una acción comunitaria, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité Consultivo, impondrá un derecho compensatorio definitivo. La propuesta será aprobada por el Consejo, a menos que este último decida por mayoría simple rechazarla en el plazo de un mes tras la presentación de la propuesta por la Comisión. Cuando estén vigentes derechos provisionales, se presentará una propuesta de acción definitiva a más tardar un mes antes de la expiración de tales derechos. No se establecerá ninguna medida si la subvención o las subvenciones se retiran o si se ha demostrado que las subvenciones ya no confieren ningún beneficio a los exportadores implicados. El importe del derecho compensatorio no deberá sobrepasar el importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias establecidas y deberá ser inferior al importe total de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias si ese derecho menos elevado basta para eliminar el perjuicio ocasionado a la industria de la Comunidad."

4. El apartado 3 del artículo 19 será sustituido por el texto siguiente:

"3. Cuando los derechos compensatorios impuestos sean inferiores al importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias constatadas, se podrá iniciar una reconsideración provisional si los productores comunitarios o cualquier otra parte interesada presentan, en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de las medidas, elementos de prueba suficientes de que, tras el establecimiento de las medidas, los precios de exportación han disminuido o de que los precios de reventa del producto importado en la Comunidad no se han modificado o lo han hecho de forma insuficiente. En caso de que la investigación demuestre que las alegaciones son correctas, los derechos compensatorios podrán ser incrementados hasta alcanzar la subida de precios necesaria para eliminar el perjuicio; no obstante, el nuevo nivel del derecho no deberá sobrepasar el importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias.

La reconsideración provisional se podrá reabrir también, en las condiciones antes descritas, a iniciativa de la Comisión o a solicitud de un Estado miembro."

5. El apartado 1 del artículo 23 será sustituido por el texto siguiente:

"1. Los derechos antidumping establecidos con arreglo al presente Reglamento se podrían ampliar a las importaciones de productos similares, ligeramente modificados o no, procedentes de países terceros, o a las importaciones de productos similares ligeramente modificados procedentes del país sujeto a las medidas, o a partes de esos productos, cuando exista elusión de las medidas en vigor. En caso de elusión de las medidas vigentes, los derechos compensatorios que no excedan del derecho compensatorio residual establecido con arreglo al apartado 2 del artículo 15 del presente Reglamento se podrían ampliar a las importaciones procedentes de empresas beneficiarias de derechos individuales en los países sujetos a las medidas. Se entenderá por elusión un cambio en las corrientes comerciales entre terceros países y la Comunidad, o entre empresas individuales en el país sujeto a las medidas y la Comunidad, derivado de una práctica, proceso o trabajo para el que no exista una causa suficiente o una justificación económica que no sea la imposición del derecho compensatorio, y haya pruebas del perjuicio o de que se están minando los efectos correctores del derecho por lo que respecta a los precios o las cantidades del producto similar, y de que el producto similar importado o las partes de dicho producto siguen beneficiándose de la subvención.

Las prácticas, procesos o trabajos a los que se refiere el apartado 1 incluirán, entre otras cosas, las modificaciones menores introducidas en el producto afectado para poder incluirlo en códigos aduaneros que, normalmente, no están sujetos a las medidas en cuestión, siempre que la modificación no altere las características esenciales del producto; el envío del producto sujeto a las medidas a través de países terceros; y la reorganización por los exportadores o los productores de sus pautas y canales de venta en el país sujeto a las medidas con el fin de que sus productos puedan ser exportados en su caso a la Comunidad a través de productores que son beneficiarios de un tipo de derecho individual inferior al aplicable a los productos de los fabricantes;

6. El apartado 2 del artículo 23 será sustituido por el texto siguiente:

"2. Las investigaciones en virtud del presente artículo se abrirán a iniciativa de la Comisión o a solicitud de un Estado miembro o de cualquier parte interesada cuando contengan elementos de prueba suficientes sobre los factores mencionados en el apartado 1. La apertura se hará, previa consulta al Comité Consultivo, mediante un Reglamento de la Comisión que podrá igualmente indicar a las autoridades aduaneras su obligación de registrar las importaciones con arreglo al apartado 5 del artículo 24 o de exigir garantías. Las investigaciones serán efectuadas por la Comisión, que podrá hacerse asistir por las autoridades aduaneras, y estarán finalizadas en un plazo de nueve meses. Cuando los hechos finalmente comprobados justifiquen la ampliación de las medidas, ello será decidido por el Consejo, a propuesta de la Comisión, previa consulta al Comité Consultivo. La propuesta será aprobada por el Consejo, a menos que este último decida por mayoría simple rechazarla en el plazo de un mes tras la presentación de la propuesta por la Comisión. La ampliación surtirá efecto a partir de la fecha en la se hubiese impuesto el registro con arreglo al apartado 5 del artículo 24 o en que se hubiesen exigido las garantías. Se aplicarán al presente artículo las disposiciones de procedimiento del presente Reglamento relativas a la apertura y desarrollo de las investigaciones.

Las importaciones no estarán sujetas a registro con arreglo al apartado 5 del artículo 24 o a medidas cuando sean comercializadas por empresas que se benefician de exenciones. Las solicitudes de exención, debidamente sustentadas por elementos de prueba, se presentarán dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Comisión por el que se abre la investigación. Cuando las prácticas, procesos o trabajos que constituyen elusión se produzcan fuera de la Comunidad, se podrán conceder exenciones a los productores del producto afectado que puedan demostrar que no están vinculados con ningún productor sujeto a las medidas y que no están implicados en prácticas de elusión como las definidas en el apartado 1 del artículo 23. Cuando las prácticas, procesos o trabajos que constituyen una elusión se produzcan dentro de la Comunidad, se podrán conceder exenciones a los importadores que puedan demostrar que no están vinculados con productores sujetos a las medidas.

Esas exenciones se concederán mediante decisión de la Comisión, previa consulta al Comité Consultivo, y permanecerán vigentes durante el periodo y en las condiciones que se establezcan en la decisión.

Siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 20, también se podrán conceder exenciones tras la conclusión de la investigación que haya conducido a la ampliación de las medidas.

Si ha transcurrido al menos un año desde la ampliación de las medidas y el número de partes interesadas que soliciten o puedan solicitar una exención es significativo, la Comisión podrá decidir abrir una reconsideración de la ampliación de las medidas. Las reconsideraciones de este tipo se deberán desarrollar de conformidad con las disposiciones del apartado 1 del artículo 22 aplicables a las reconsideraciones en virtud del artículo 19."

7. El apartado 4 del artículo 24 será sustituido por el texto siguiente:

"4. En interés de la Comunidad, y previa consulta al Comité Consultivo, las medidas establecidas con arreglo al presente Reglamento podrán ser suspendidas mediante decisión de la Comisión por un período de nueve meses. La suspensión podrá ser prorrogada por un período adicional no superior a un año, si el Consejo así lo decide, a propuesta de la Comisión. La propuesta será aprobada por el Consejo, a menos que este último decida por mayoría simple rechazarla en el plazo de un mes tras la presentación de la propuesta por la Comisión. Sólo podrán suspenderse las medidas si las condiciones del mercado han experimentado un cambio temporal en grado tal que el perjuicio tenga escasas posibilidades de volverse a producir como consecuencia de la suspensión, y siempre y cuando la industria de la Comunidad haya tenido la oportunidad de formular sus comentarios al respecto y éstos hayan sido tenidos en cuenta. Las medidas podrán volverse a aplicar en cualquier momento previa consulta si dejasen de existir las causas que motivaron la suspensión."

8. Se introducirá un nuevo apartado 7 en el artículo 24:

"7. No obstante lo dispuesto en el apartado 6, la Comisión podrá pedir a los Estados miembros que proporcionen la información necesaria para el control eficaz de la aplicación de las medidas. En este contexto, serán aplicables las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 11. Las informaciones facilitadas por los Estados miembros en virtud del presente artículo estarán cubiertas por las disposiciones del apartado 6 del artículo 29."

9. El apartado 2 del artículo 25 será sustituido por el texto siguiente:

"2. El Comité se reunirá cuando sea convocado por su presidente. Este comunicará a los Estados miembros, en el plazo más breve posible y a más tardar 10 días laborables antes de la reunión, toda la información pertinente."

10. El apartado 6 del artículo 29 será sustituido por el texto siguiente:

"6. La información recibida en aplicación del presente Reglamento únicamente podrá utilizarse para el fin para el que fue solicitada. La presente disposición no impedirá la utilización de la información recibida en el contexto de una investigación a efectos de la apertura de otras investigaciones dentro del mismo procedimiento sobre el mismo producto similar."

Artículo 3

El Reglamento (CE) n° 384/96 queda modificado como sigue:

1. El apartado 5 del artículo 11 será sustituido por el texto siguiente:

"5. Las disposiciones del presente Reglamento relativas a los procedimientos y al desarrollo de las investigaciones, con excepción de las relativas a los plazos, se aplicarán a cualquier reconsideración efectuada con arreglo a los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo. Las reconsideraciones que se lleven a cabo en virtud de los apartados 2 y 3 deberán efectuarse rápidamente y normalmente deberán haber concluido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su apertura. En cualquier caso, las reconsideraciones en virtud de los apartados 2 y 3 deberán quedar concluidas dentro del plazo de 15 meses a partir de su apertura. Las reconsideraciones en virtud del apartado 4 se llevarán a cabo, en cualquier caso, en el plazo de 9 meses a partir de su apertura. Si se abre una reconsideración con arreglo al apartado 2 mientras se está realizando una reconsideración en virtud del apartado 3 en el mismo procedimiento, esta última reconsideración se deberá concluir en el mismo plazo que el previsto para la reconsideración efectuada en virtud del apartado 2.

La Comisión presentará una propuesta de acción al Consejo a más tardar un mes antes de la expiración de los plazos antes mencionados.

En caso de que la investigación no se hubiera concluido en los plazos citados, las medidas expirarán en las investigaciones realizadas en virtud del apartado 2 del presente artículo o permanecerán sin cambios en las investigaciones realizadas en virtud de los apartados 3 y 4 del presente artículo. Entonces, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio especificando si han expirado o si se mantienen las medidas en virtud del presente apartado".

2. El apartado 4 del artículo 12 será sustituido por el texto siguiente:

"4. Las disposiciones pertinentes de los artículos 5 y 6 se aplicarán a cualquier nueva investigación realizada en virtud del presente artículo, quedando entendido, no obstante, que esa nueva investigación deberá efectuarse diligentemente y quedar normalmente concluida en el plazo de 6 meses a partir de la fecha de apertura de la nueva investigación. En cualquier caso, esas nuevas investigaciones deberán quedar concluidas dentro del plazo de 9 meses a partir de la apertura de la nueva investigación.

La Comisión presentará una propuesta de acción al Consejo a más tardar un mes antes de la expiración del plazo antes citado.

En caso de que la nueva investigación no se lleve a cabo dentro de los plazos antes citados, las medidas permanecerán sin cambios. En el Diario Oficial de la Unión Europea se publicará un anuncio en el que se especificará el mantenimiento de las medidas en virtud del presente apartado".

Artículo 4

El Reglamento (CE) n° 2026/97 queda modificado como sigue:

El apartado 1 del artículo 22 será sustituido por el texto siguiente:

"1. Las disposiciones pertinentes del presente Reglamento relativas a los procedimientos y al desarrollo de las investigaciones, con excepción de las relativas a los plazos, se aplicarán a cualquier reconsideración efectuada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20. Las reconsideraciones que se lleven a cabo en virtud de los artículos 18 y 19 deberán efectuarse rápidamente y normalmente deberán haber concluido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de apertura de la reconsideración. En cualquier caso, las reconsideraciones en virtud de los artículos 18 y 19 deberán quedar concluidas dentro del plazo de 15 meses a partir de su apertura. Las reconsideraciones en virtud del artículo 20 se llevarán a cabo, en cualquier caso, en el plazo de 9 meses a partir de su apertura. Si se abre una reconsideración con arreglo al artículo 18 mientras se está realizando una reconsideración en virtud del artículo 19 en el mismo procedimiento, esta última reconsideración se deberá concluir en el mismo plazo que el previsto para la reconsideración efectuada en virtud del artículo 18.

La Comisión presentará una propuesta de acción al Consejo a más tardar un mes antes de la expiración de los plazos antes mencionados.

En caso de que la investigación no se hubiera concluido en los plazos citados, las medidas expirarán en las investigaciones realizadas en virtud del artículo 18 o permanecerán sin cambios en las investigaciones efectuadas en virtud de los artículos 19 y 20. Asimismo, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio especificando si han expirado o si se mantienen las medidas en virtud del presente apartado".

Artículo 5

Tras su entrada en vigor, el presente Reglamento será aplicable a todas las investigaciones abiertas en virtud del Reglamento (CE) nº 384/96 y del Reglamento (CE) nº 2026/97, con excepción de:

- los apartados 3, 6, 8, 10 y 12 del artículo 1 y los apartados 3, 6, 7 y 9 del artículo 2 del presente Reglamento, que también serán aplicables a las investigaciones en curso,

- y los artículos 3 y 4 del presente Reglamento, que sólo serán aplicables a las investigaciones abiertas en virtud de los apartados 3 y 4 del artículo 11 y del artículo 12 del Reglamento (CE) nº 384/96 y de los artículos 19 y 20 del Reglamento (CE) nº 2026/97 dos años después de la entrada en vigor del Reglamento.

Artículo 6

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

FICHA LEGISLATIVA DE FINANCIACIÓN

Área(s) política(s): Relaciones de comercio exterior, incluido el acceso a los mercados de países no comunitarios

Acción: Apertura de investigaciones antidumping y antisubvenciones

Título de la acción: Modificación del Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea descargadas y del Reglamento (CE) nº 2026/97 del Consejo, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea

1. LÍNEA(S) + PARTIDA(S) PRESUPUESTARIA(S)

20.01.01.01 Gastos de personal en activo de la DG de Comercio

20.01.02.11 Otros gastos de gestión de la DG de Comercio

2. DATOS GLOBALES EN CIFRAS

2.1. Dotación total de la medida (Parte B): millones de euros en créditos de compromiso

No aplicable

2.2. Período de aplicación:

Duración prevista, ilimitada.

2.3. Estimación global plurianual de los gastos:

a) Calendario de créditos de compromiso/créditos de pago (intervención financiera) (véase el punto 6.1.1)

No aplicable

Millones de euros (aprox. al tercer decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

b) Asistencia técnica y administrativa (ATA) y gastos de apoyo (GA) (véase el punto 6.1.2)

No aplicable

>SITIO PARA UN CUADRO>

No aplicable

>SITIO PARA UN CUADRO>

c) Incidencia financiera global de los recursos humanos y otros gastos de funcionamiento(véanse los puntos 7.2 y 7.3)

Millones de euros (aprox. al tercer decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.4. Compatibilidad con la programación financiera y las perspectivas financieras

[X] La propuesta es compatible con la programación financiera existente.

[...] Esta propuesta requiere una reprogramación de la rúbrica pertinente de las perspectivas financieras,

incluso, en su caso, el recurso a las disposiciones del acuerdo interinstitucional.

2.5. Incidencia financiera en los ingresos [4]:

[4] Para más informaciones, véase la nota explicativa aparte.

[X] Sin incidencia financiera (se refiere a aspectos técnicos relativos a la ejecución de una medida).

Los ingresos financieros dependen del nivel de las medidas antidumping o antisubvenciones que a su vez se rigen por la legislación fundamental de los dos Reglamentos antes citados. La propuesta no afecta a las disposiciones fundamentales, ya que sólo modifica las disposiciones de procedimiento.

O

Incidencia financiera - El efecto sobre los ingresos es el siguiente:

(Nota: Todos los detalles y observaciones sobre el método para calcular el efecto sobre los ingresos deberán indicarse en un anexo por separado.)

(Millones de euros aprox. al primer decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

(Especifíquese cada línea presupuesta afectada, añadiendo al cuadro el número de líneas oportuno si existe un efecto sobre más de una línea presupuestaria.)

3. CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTARIAS

>SITIO PARA UN CUADRO>

4. FUNDAMENTO JURÍDICO

Artículo 133 del Tratado

Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo

Reglamento (CE) nº 2026/97 del Consejo

Propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea descargadas, y del Reglamento (CE) nº 2026/97 del Consejo, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea

5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

5.1. Necesidad de una intervención comunitaria [5]

[5] Para más informaciones, véase la nota explicativa aparte.

5.1.1. Objetivos perseguidos

Introducción de plazos límite obligatorios para realizar las investigaciones de reconsideración

La introducción de límites de tiempo obligatorios en las reconsideraciones es una parte esencial de esta serie de modificaciones que complementa las modificaciones de la propuesta original de la Comisión relativas a la forma en que los Estados miembros adoptan decisiones en el ámbito de las medidas antidumping y antisubvenciones. Esta ha sido una vieja solicitud de muchos Estados miembros. La introducción de plazos límite, por lo tanto, puede considerarse como una parte integrante del "paquete" general de medidas que garantiza un equilibrio entre los diferentes aspectos cubiertos por las diversas modificaciones.

En virtud del presente Reglamento antidumping de base, las nuevas investigaciones están sujetas a un plazo límite obligatorio de 15 meses (13 meses en el caso del Reglamento antisubvenciones de base). En cambio, el plazo actual de 12 meses aplicable en las investigaciones de reconsideración no es obligatorio sino simplemente indicativo. La experiencia adquirida desde la entrada en vigor de los Reglamentos de base muestra que, al no haber unos plazos límite obligatorios ni contarse con los recursos humanos necesarios, es muy difícil respetar el plazo normal de 12 meses antes mencionado. En particular, la ausencia de unos plazos estrictos hace que sea difícil obligar a las partes interesadas a respetar los requisitos de procedimiento. Esto explica que, muchas veces, las reconsideraciones duren más de lo normal.

En espera del resultado de las investigaciones de reconsideración por expiración, las medidas sometidas a reconsideración permanecen en vigor. Como consecuencia, algunas investigaciones de reconsideración excepcionalmente largas podrían dar lugar a una inseguridad jurídica y causar un perjuicio a las partes interesadas.

La única solución para este problema es imponer plazos obligatorios para realizar las investigaciones de reconsideración. Por lo tanto, se propone introducir un plazo obligatorio de quince meses para la conclusión de las investigaciones de reconsideración provisional y por expiración, al tiempo que se mantiene el calendario indicativo actual de 12 meses. Para las investigaciones de reconsideración relativas a nuevos exportadores y a los casos de absorción, se propone un plazo obligatorio de 9 meses. Estos plazos se consideran adecuados para llevar a cabo las diferentes investigaciones de reconsideración teniendo debidamente en cuenta la complejidad relativa de cada tipo de investigación.

5.1.2. Medidas adoptadas con respecto a la evaluación ex ante

(Se trata, en este punto, de:

a) explicar cómo y cuándo se ha realizado la evaluación ex ante (autor, calendario e informes disponibles) y cómo se ha obtenido la información correspondiente; [6]

[6] Respecto de los requisitos mínimos de información respecto de nuevas iniciativas, véase SEC 2000(1051).

b) describir brevemente las constataciones y enseñanzas extraídas de la evaluación ex ante)

Tras la presentación del "XIX Informe Anual de la Comisión al Parlamento Europeo sobre actividades antidumping y antisubvenciones", el Parlamento Europeo, por propia iniciativa, aprobó en octubre de 2002 un informe realizado por Su Señoría Michel Hansenne (Ref. A5-0323/2002, PE 316-244). En ese informe, el Parlamento Europeo sugería una serie de mejoras de las prácticas actuales, como, por ejemplo, la introducción de plazos límite en las reconsideraciones. En este sentido, el Parlamento Europeo considera que se deberían dar a la Comisión los medios necesarios para hacer frente a las necesidades generadas por este (previsible) aumento de la carga de trabajo.

Además, los Estados miembros - a través del Comité Consultivo antidumping y antisubvenciones y del Grupo de Asuntos comerciales del Consejo - han insistido en varias ocasiones sobre la cuestión de reducir los periodos de investigación en las reconsideraciones.

La Comisión estudió esa propuesta y ahora presenta una propuesta de Reglamento del Consejo que trata de este asunto. Por otra parte, sigue insistiendo en la necesidad de evaluar las repercusiones sobre sus recursos.

5.1.3. Medidas adoptadas a raíz de la evaluación ex post:

(En el caso de renovación de un programa, se trata asimismo de describir brevemente las enseñanzas a extraer de una evaluación provisional o ex post)

No aplicable

5.2. Acciones previstas y régimen presupuestario de las intervenciones

(Este punto debe describir la lógica de intervención de la propuesta. Debe asimismo precisar las principales acciones necesarias para alcanzar el objetivo general. Cada acción debe incluir uno o varios objetivos específicos. Estos últimos deben indicar los progresos que se espera alcanzar durante el período propuesto. Deben ir más allá de las realizaciones inmediatas y, al mismo tiempo, ser lo suficientemente precisos como para permitir la identificación de los correspondientes resultados concretos. Precisar, para cada acción principal:

- población destinataria (especificar, en la medida de lo posible, el número de beneficiarios);

Los productores, importadores, usuarios y comerciantes de la Comunidad, así como los productores y exportadores de países terceros, se beneficiarán de las consecuencias del establecimiento de plazos límite obligatorios en las reconsideraciones. Todas estas partes interesadas han manifestado en el pasado su preocupación por el tiempo requerido para concluir las investigaciones y han subrayado que la incertidumbre que ello provoca es perjudicial para sus actividades.

- objetivos específicos para el período de programación (en términos mensurables);

En función de los objetivos indicados en el punto 5.1.1, la introducción de plazos límite obligatorios en las reconsideraciones tiene los objetivos siguientes:

- aumentar la transparencia de los instrumentos de defensa comercial;

- aumentar la eficacia del instrumento;

- no causar efectos económicos adversos a las partes interesadas.

- las medidas concretas que deban adoptarse para la ejecución de la acción

El aumento de la carga de trabajo adicional resultante del establecimiento de plazos límite en las reconsideraciones requiere que se prevean recursos humanos adicionales. Se necesitan 14 gestores adicionales (7 A y 7 B) para hacer frente a la carga de trabajo adicional que implica el establecimiento de un plazo límite de 15 meses para las reconsideraciones provisionales y por expiración, además de un puesto C adicional para apoyo de secretaría.

Estas cifras se han calculado sobre la base del número y el tipo de asuntos y reconsideraciones nuevos en curso en la actualidad, del número de gestores disponibles actualmente y de la duración media de las reconsideraciones en los últimos años.

En términos concretos, las investigaciones de reconsideración provisional y por expiración representan un 69% del total de meses de investigación, lo que supone 53 gestores dedicados exclusivamente a esas reconsideraciones. Para hacer frente a la reducción de plazos propuesta (de un promedio de 19 meses a los 15 meses propuestos), se debería contar con otros 14 gestores, además de los 53 existentes. Estos cálculos reflejan la situación a 31 de octubre de 2003. Los resultados se comprobaron haciendo el mismo cálculo para la situación existente a 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. Todos estos cálculos han avalado el número de personal adicional necesario y han confirmado también la importancia relativa de estos tipos de investigaciones respecto de la carga de trabajo de la Dirección General de Comercio.

La aplicación de los plazos límite para las reconsideraciones se hará progresivamente en dos fases. A la entrada en vigor de las modificaciones, todas las nuevas investigaciones de reconsideración por expiración estarán sujetas a plazos límite obligatorios. A los dos años de la entrada en vigor de las modificaciones, también las reconsideraciones provisionales quedarán sujetas a los plazos límite. En otras palabras, la carga de trabajo adicional resultante de la introducción de plazos límite se incrementará gradualmente. Por eso se propone también recibir al personal adicional necesario en tres "plazos" de cinco puestos al año durante tres años. En 2004 se podrá hacer frente a la situación con el personal existente. Esto refleja el hecho de que la carga de trabajo adicional prevista para 2004 es limitada, ya que una parte considerable de las reconsideraciones que se tramiten ese año tendrá una fecha de inicio anterior a la entrada en vigor de las modificaciones. Hay que tener en cuenta que una reconsideración por expiración abierta, por ejemplo, en octubre de 2003 deberá haberse concluido normalmente en abril de 2005. Evidentemente, a medida que pase el tiempo, cada vez más reconsideraciones por expiración y a partir de 2006 también reconsideraciones provisionales estarán sujetas a unos plazos límite estrictos y, por lo tanto, se irán necesitando gradualmente recursos humanos adicionales a lo largo de ese periodo de tres años.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Cabe señalar como información que el número de casos para los que se podría solicitar una reconsideración por expiración en virtud del apartado 2 del artículo 11 o del artículo 18 es de 23 en 2004 y de 64 para 2005.

Además, se necesitará un presupuesto complementario para hacer frente a las misiones extraordinarias durante un cierto tiempo (hasta ahora, las misiones se podían reprogramar para incluirlas en el presupuesto del año siguiente, ya que no había que respetar unos plazos límite).

La Dirección General de Comercio ha optado por el planteamiento en dos fases (introducción progresiva de plazos límite obligatorios) y por la solicitud de personal adicional para garantizar con absoluta seguridad que se respeten los plazos límite obligatorios una vez que estén en vigor. El incumplimiento de esos plazos por la Comisión tendría, evidentemente, graves consecuencias tanto para los operadores económicos como para la Comisión. En el caso de las reconsideraciones por expiración, las medidas antidumping y antisubvenciones existentes expirarían automáticamente. La industria de la Comunidad dejaría de estar protegida por derechos antidumping o antisubvenciones, aunque tuviera derecho a beneficiarse de tales medidas. Esto, a su vez, haría que la Comisión fuera legalmente responsable (pago de perjuicios, reclamaciones por mala administración). En el caso de las reconsideraciones provisionales, las medidas no se modificarían si el plazo límite no se cumple. Pero esto podría tener también como consecuencia que exportadores e importadores siguieran estando sujetos a derechos antidumping o antisubvenciones aunque tales derechos se hubieran debido reducir o suprimir en función de la información presentada en la reconsideración provisional. Una vez más, las consecuencias financieras perjudiciales para exportadores e importadores de un incumplimiento de ese tipo son bastante evidentes, como lo es también la responsabilidad de la Comisión.

- las realizaciones inmediatas de cada acción, y

Las reconsideraciones en virtud del apartado 2 del artículo 11 y del artículo 18 de los Reglamentos antidumping y antisubvenciones de base, incluidas las investigaciones en curso, quedan inmediatamente cubiertas por las disposiciones de la propuesta. En cifras concretas, esto significa que, en 2004, 23 casos antidumping y/o antisubvenciones podrían ser objeto de una solicitud de reconsideración.

- Contribución de estas realizaciones a los resultados esperados en términos de satisfacción de las necesidades o de solución de los problemas

Las realizaciones descritas permitirán alcanzar directamente el objetivo de la modificación de los Reglamentos de base.

También debe facilitarse información sobre las modalidades de intervención presupuestaria (proporción y forma de asistencia financiera requerida)

5.3. Métodos de ejecución

(Precísense los medios por los que se ejecutarán las acciones previstas: gestión directa por la Comisión, ya sea únicamente con personal estatutario o externo, ya sea recurriendo a la externalización. En tal caso, precisar las modalidades previstas para dicha externalización (OAT, agencias, oficinas, unidades descentralizadas de ejecución, gestión compartida con los Estados miembros, organismos nacionales, regionales y locales).

Indíquese asimismo los efectos del modelo de externalización elegido en los recursos de intervención financiera, de gestión y de apoyo, así como en los recursos humanos (funcionarios en comisión de servicios, etc.))

En virtud del artículo 133 del Tratado, la Comunidad tiene competencia exclusiva en el campo de la política comercial, y en especial respecto de los instrumentos de defensa comercial. Las instituciones de la Comunidad serán responsables de la aplicación y la gestión del Reglamento propuesto.

Como las investigaciones efectuadas por la Comisión son "confidenciales" y tienen un carácter cuasi-judicial, el trabajo debe ser realizado por personal permanente (funcionarios, expertos nacionales en comisión de servicios, ...).

Por lo que se refiere a la confidencialidad, cabe subrayar dos aspectos. Ante todo, las decisiones de medidas antidumping y antisubvenciones tienen repercusiones en el mercado porque cualquier fallo respecto de su fecha precisa de adopción daría en particular a los exportadores de países terceros y a los importadores de la Comunidad la oportunidad de emprender operaciones perjudiciales a corto plazo que socavarían la eficacia de tales medidas. En segundo lugar, y esto quizá sea más importante, en todas las investigaciones antidumping y antisubvenciones se recoge información de carácter muy sensible. Esta información incluye los datos empresariales clave de los operadores económicos afectados (listados generales de ventas con todas las transacciones, coste de producción desglosado por tipos de productos, canales de venta, pautas de abastecimiento, etc.). La difusión no autorizada de este tipo de información implicaría directamente la responsabilidad financiera de la Comisión.

Por lo que se refiere a la naturaleza cuasi-judicial, cabría señalar que las investigaciones en cuestión afectan habitualmente a un numero bastante elevado de partes con intereses contrarios. Todas estas partes disfrutan de una serie de derechos de procedimiento impuestos a la Institución no sólo por el Tratado, sino también por las obligaciones adquiridas en el marco de la OMC. Muchos de estos derechos de procedimiento regulan detalladamente el complejo proceso de recogida de información. Así, diversas normativas legales rigen no solo las conclusiones finales de tales investigaciones, sino también los numerosos pasos previos.

6. INCIDENCIA FINANCIERA

6.1. Incidencia financiera total sobre la Parte B (para todo el periodo de programación)

(El método de cálculo de los importes totales presentados en el siguiente cuadro se explica por el desglose del cuadro 6.2. )

6.1.1. Intervención financiera

No aplicable

Créditos de compromiso (en millones de euros aprox. al tercer decimal)

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6.1.2. Asistencia técnica y administrativa, gastos auxiliares y gastos de TI (créditos de compromiso)

No aplicable

>SITIO PARA UN CUADRO>

6.2. Cálculo de los costes por medida considerada en la parte B (para todo el período de programación) [7]

[7] Para más informaciones, véase la nota explicativa aparte.

No aplicable

(En caso de que exista más de una acción, indíquense con suficiente detalle las medidas concretas para cada una de ellas para poder estimar el volumen y coste de los resultados.)

Créditos de compromiso (en millones de euros aprox. al tercer decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

En caso necesario, explíquese el método de cálculo aplicado.

7. INCIDENCIA EN LOS EFECTIVOS Y EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.1. Incidencia en los recursos humanos

>SITIO PARA UN CUADRO>

Las necesidades de recursos humanos y administrativos se cubrirán dentro de la asignación de la Dirección General gestora en el marco del procedimiento de asignación anual.

7.2. Incidencia financiera global de los recursos humanos

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes corresponden a los gastos totales de la acción durante 12 meses.

7.3. Otros gastos de funcionamiento derivados de la acción

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes corresponden a los gastos totales de la acción durante 12 meses.

1 Especifíquese el tipo de comité y de grupo al que corresponde.

I. Total anual (7.2 + 7.3) // 1.725.000 de 2007 en adelante(575.000 y 1.150.000 en 2005 y 2006 respectivamente)

II. Duración de la acción // sin límite

III. Coste total de la acción (I x II) // No aplicable

(En la estimación de los recursos humanos y administrativos necesarios para la acción, las Direcciones Generales y los Servicios de la Comisión deben tener en cuenta las decisiones adoptadas por la Comisión en su debate de orientación APS y al adoptar el anteproyecto de presupuesto. Esto significa que las Direcciones Generales deberán indicar que los recursos humanos pueden cubrirse en el marco de la preasignación indicativa prevista en el momento de la adopción del AP.

Los casos excepcionales (es decir, aquellos en los que la acción no pueda preverse al elaborar el anteproyecto de presupuesto) deberán ser comunicados a la Comisión para que ésta adopte una decisión sobre si la acción propuesta puede ejecutarse y la forma de hacerlo (mediante una enmienda de la asignación indicativa previa, un ejercicio ad hoc de asignación de destino, un presupuesto suplementario y rectificativo o una carta de modificación del proyecto de presupuesto).

El requisito de personal adicional no se puede prever. Así, en el origen de las propuestas para modificar el Reglamento antes citado, como ponen de manifiesto algunos acontecimientos de marzo de 2003, se hallaba la necesidad de mejorar el proceso de toma de decisiones en el Consejo y salvaguardar la eficacia, la credibilidad y la transparencia de esta importante actividad comunitaria. Sin embargo, los Estados miembros aprovecharon esta oportunidad para insistir también en algunos otros cambios que reforzarían la eficacia, la credibilidad y la transparencia. De esa forma, abordaban cuestiones que ya antes habían sido señaladas por operadores económicos y por el Parlamento Europeo.

8. CONTROL Y EVALUACIÓN

8.1. Sistema de seguimiento

(Desde el comienzo de cada acción deberán recogerse los datos de seguimiento pertinentes sobre los medios y recursos utilizados, las realizaciones y los resultados de la intervención. En la práctica, esto significa (i) identificar los indicadores de insumos, salidas y resultados, y (ii) implantar métodos de recogida de información).

No aplicable

8.2. Modalidades y periodicidad de la evaluación prevista

(Describir el calendario previsto y las disposiciones para las evaluaciones provisionales y ex post que se deban llevar a cabo para determinar si la intervención ha alcanzado los objetivos establecidos. En el caso de programas plurianuales, es necesario proceder al menos a una evaluación profunda durante el ciclo de vida del programa. Para las demás actividades deberá ejecutarse una evaluación ex post o a medio período con una periodicidad no superior a 6 años).

No aplicable

9. MEDIDAS ANTIFRAUDE

(Apartado 4 del artículo 3 del Reglamento financiero: "La Comisión, al objeto de prevenir los riesgos de fraudes e irregularidades, incluirá en la ficha de financiación información sobre las medidas de prevención y protección existentes o previstas".)

No aplicable