EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

·Motivación y objetivos de la propuesta

En los últimos años, la Unión Europea (UE) ha reforzado substancialmente su colaboración con Ucrania, rebasando la mera cooperación bilateral para evolucionar gradualmente hacia la asociación política y la integración económica. Al fomentar el reforzamiento de los vínculos políticos y económicos y el respeto de los valores comunes, el acuerdo de asociación UE-Ucrania, que se firmó en 2014 e incluye una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), constituye el instrumento principal para estrechar los lazos entre Ucrania y la UE. Algunas partes del Acuerdo de Asociación se aplicaron provisionalmente desde el 1 de noviembre de 2014, y la ZLCAP, desde el 1 de enero de 2016. El Acuerdo entró en vigor el 1 de septiembre de 2017, tras su ratificación por Ucrania y por todos los Estados miembros de la UE y su conclusión por el Consejo de la UE en julio de 2017.

A pesar de la reanudación del crecimiento en 2016-2007, tras la profunda recesión sufrida en 2014-2015, la economía de Ucrania sigue siendo vulnerable a perturbaciones exteriores. Ello queda reflejado por la alta dependencia del país respecto de las exportaciones de productos básicos, por una reconstitución de sus reservas internacionales inferior a la prevista y por su elevado endeudamiento externo, particularmente una vez que en 2019 vuelvan a aparecer las obligaciones de pago de euroobligaciones reestructuradas. En este contexto, sigue siendo esencial la continuación del apoyo de los socios internacionales de Ucrania.

En marzo de 2015, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un programa en el marco del Servicio Ampliado del Fondo en favor de Ucrania por un importe de aproximadamente 17 500 millones USD que finalizará en marzo de 2019. La ayuda financiera del FMI se completó con una ayuda substancial de la UE, de sus Estados miembros, de una serie de socios bilaterales (tales como los Estados Unidos, Japón, Canadá y Suiza) y otras instituciones financieras internacionales, tales como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Europeo de Inversiones (BERD). Sin embargo, dado que la recuperación económica sigue siendo frágil y persisten una serie de puntos débiles, Ucrania afrontará unas necesidades de financiación exterior adicionales en 2018 y principios de 2019, que el FMI estima en 4 500 millones USD (aproximadamente 3 800 millones EUR).

El 29 de noviembre de 2017, el ministro de Hacienda ucraniano Oleksandr Danyliuk dirigió al vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis una solicitud oficial de nueva ayuda macrofinanciera de la UE. Dicha ayuda contribuiría a cubrir las necesidades de financiación exterior del país y a respaldar la aplicación de reformas.

A la luz de esta solicitud y de la situación económica de Ucrania, y particularmente de la aparición de necesidades de financiación exterior adicionales, la Comisión Europea presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de concesión de una nueva ayuda macrofinanciera (AM) a Ucrania, de conformidad con el artículo 212 del TFUE, por un importe máximo de 1 000 millones EUR, que se facilitaría en forma de préstamos a medio o largo plazo en dos tramos.

La nueva operación de ayuda macrofinanciera propuesta complementaría las tres operaciones de ayuda macrofinanciera anteriores, llegando a un total de 3 400 millones EUR, que se habían ofrecido a Ucrania desde el inicio de la crisis en 2014. En el marco de estas operaciones se desembolsó un total de 2 800 millones EUR: 1 600 millones EUR en 2014-2015 (en el marco de la AM I y la AM II) y dos tramos de 600 millones EUR cada uno en julio de 2015 y abril de 2017, respectivamente, en el marco de la AM III). Un tercer y último tramo de 600 millones EUR en el marco de la AM III, que estaba supeditado a la aplicación de 21 medidas acordadas conjuntamente con las autoridades ucranianas, no se desembolsó. Aunque Ucrania cumplió un gran número de compromisos a los que se supeditaba este tramo, cuatro medidas, entre ellas dos relacionadas con la lucha contra la corrupción, no se habían aplicado en el momento de la expiración del periodo de puesta a disposición de la ayuda, esto es, en enero de 2018. En estas circunstancias, la Comisión no podía desembolsar el último tramo de la AM III, que se canceló oficialmente el 18 de enero de 2018.

El objetivo de la AM propuesta es ayudar a Ucrania a cubrir una parte de sus necesidades de financiación exterior adicionales en 2018-2019, reduciendo sus vulnerabilidades fiscales y el déficit de su balanza de pagos a corto plazo. Por otra parte, la ayuda de la UE proporcionaría incentivos para redoblar sus esfuerzos de reforma acordando con las autoridades ucranianas un memorando de entendimiento que establezca un conjunto adecuado de medidas favorables al ajuste de la economía y a las reformas estructurales. La Comisión buscaría un amplio consenso con las autoridades ucranianas, con objeto de garantizar la adhesión de estas y, de esta forma, aumentar la probabilidad de una aplicación uniforme de las condiciones de política económica acordadas. Estas condiciones deberán abordar los principales puntos débiles de la economía y del sistema de gobernanza económica de Ucrania y ajustarse a los compromisos de reforma contraídos por el país en el contexto del Acuerdo de Asociación, así como en el marco de otros instrumentos de ayuda de la UE y de los programas de ajuste acordados con el FMI y el Banco Mundial. Para que la operación de AM se realice de forma fructífera, será un requisito indispensable la obtención de resultados de las importantes reformas en materia de lucha contra la corrupción y de gobernanza.

A la luz de la aplicación incompleta por Ucrania del programa de medidas asociado a la AM III, lo que llevó a la cancelación del tramo final por la Comisión en enero de 2018, resulta adecuado incluir condiciones específicas para cada uno de los dos tramos de esta ayuda. Más concretamente, se prevé reflejar las medidas que no fueron aplicadas en el marco del programa anterior de la forma siguiente:

·En cuanto a la verificación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, la Comisión insiste en el establecimiento de un sistema de verificación eficaz, que incluya unos programas informáticos de verificación automática con acceso directo y automático a las bases de datos y registros. Por consiguiente, en el memorándum que ha de acordarse con Ucrania en el marco de la nueva operación de AM propuesta, la Comisión requeriría el establecimiento y funcionamiento del sistema de verificación automatizado mencionado, que permitiría la verificación de un número significativo de declaraciones, concediendo prioridad a las de los funcionarios de alto nivel.

·En cuanto a la verificación de los datos que han de facilitar las empresas en relación con sus titulares reales y con el control del cumplimiento de la obligación de notificación de las empresas, ha de reconocerse que aún se encuentra en sus inicios a nivel internacional, y particularmente en la UE. Se organizarán intercambios de expertos entre Ucrania y la UE, a petición de Ucrania, con vistas a definir medidas viables para que este país ponga en funcionamiento un mecanismo de verificación. Sobre esta base, el memorándum podría fijar criterios de referencia concretos aplicables al mecanismo de verificación, como condición en el marco del programa de AM.

·La prohibición de exportación de madera, que no es compatible con la necesidad de abstenerse de medidas de restricción del comercio, sigue vigente, y una ley de derogación de la misma está pendiente de la aprobación por la comisión parlamentaria correspondiente. La Comisión entablará un diálogo con las autoridades ucranianas con vistas a encontrar una solución a este obstáculo recurriendo a instrumentos comerciales específicos, que podrían incluir un mecanismo de resolución bilateral de los litigios.

·En cuanto a la Ley de creación de un registro central de créditos, fue adoptada por el Parlamento ucraniano el 6 de febrero de 2018 y entró en vigor el 4 de marzo del mismo año. Así pues, esta medida puede considerarse ejecutada y no debe recogerse en el nuevo memorando.

Por otra parte, el memorando del nuevo programa también incluirá las otras medidas que ha de aplicar Ucrania para recibir el primer y segundo desembolsos. Entre ellas cabe citar medidas en el ámbito de la gestión de la hacienda pública, que forman parte de todos los programas de medidas asociados a operaciones de ayuda macrofinanciera. De forma más general, las condiciones de política económica se centrarán en un número limitado de sectores clave que revisten importancia para la estabilización macroeconómica de Ucrania.

Como se explica con más detalle en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la presente propuesta, la Comisión, teniendo en cuenta también la evaluación de la situación política realizada por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), considera que se cumplen las condiciones políticas y económicas para la realización de la operación de ayuda macrofinanciera propuesta.

·Contexto general

Ucrania se vio afectada por una recesión particularmente pronunciada en 2014 y 2015, años en los que el PIB real se contrajo un 6,6 % y un 9,8 %, respectivamente. Aunque reflejaba las deficiencias macroeconómicas y estructurales que sufría Ucrania desde hacía tiempo, la crisis económica estuvo en gran medida impulsada por la pérdida de confianza y el deterioro de la capacidad de producción derivados del conflicto provocado por las acciones de desestabilización llevadas a cabo por Rusia en el Este del país. La combinación de una fuerte reacción política y de un amplio conjunto de medidas a nivel internacional contribuyeron a la reanudación del crecimiento económico en 2016 (2,3 %). La recuperación prosiguió en 2017, con un crecimiento del PIB estimado en el 2,2 %, a pesar del efecto negativo del bloqueo comercial introducido en marzo de 2017 respecto de áreas no controladas por el Gobierno. La expansión de la actividad económica en 2017 estuvo principalmente impulsada por la inversión y el consumo de los hogares, respaldados a su vez por la mejora de la confianza y las subidas salariales.