La propuesta de la Comisión está estrechamente vinculada a las propuestas de modificación de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (refundición), que introducen derechos de libre acceso para las empresas ferroviarias y refuerzan las disposiciones relativas a la gobernanza de la administración de las infraestructuras con el objetivo de mejorar el acceso no discriminatorio a las mismas.

Aunque, en una serie de aspectos, la posición del Consejo no va tan lejos como hubiera querido la Comisión, hay que señalar que constituye un paso adelante significativo en comparación con el Reglamento (CE) n.º 1370/2007 por una serie de motivos.

La Comisión propuso uniformizar las normas de adjudicación de todos los modos de transporte contemplados en el Reglamento e introducir el principio de adjudicación competitiva obligatoria de los contratos públicos de servicios ferroviarios. La posición del Consejo refrenda la propuesta de la Comisión puesto que ordena, como principio general, la licitación obligatoria de los contratos públicos de servicios ferroviarios al eliminar la posibilidad de adjudicar directamente el contrato de servicio público ferroviario sin más justificación. Aunque permite determinadas excepciones, estas son restrictivas y formuladas con precisión y objetividad, e incluyen salvaguardias para evitar una elusión abusiva del principio de adjudicación competitiva. Por otro lado, el texto garantiza que, cuando los contratos se adjudiquen directamente en virtud de la excepción ligada a las estructuras específicas del mercado, tendrán que perseguir los objetivos de la propuesta (la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios de transporte ferroviario). A este respecto la posición del Consejo concuerda con el objetivo de la Comisión de mejorar la calidad de los servicios de transporte ferroviario de viajeros y aumentar su eficacia operativa.

La Comisión propuso normas más estrictas para la definición de obligaciones de servicio público (OSP). Con ellas se pretendía exigir a las autoridades competentes que elaborasen planes pormenorizados de transporte público que determinaran los objetivos de la política de transporte público de viajeros. Se exigía a las autoridades competentes que, sobre la base de una serie de criterios, fundamentasen el tipo y el alcance de las OSP que tuvieran la intención de imponer a los operadores de transporte público, así como el ámbito de aplicación del contrato de servicio público, con el fin de alcanzar los objetivos definidos en los planes de transporte. Aunque la posición del Consejo no va tan lejos como la propuesta de la Comisión, hay que reconocer que contiene normas más claras sobre la determinación y las especificaciones de las OSP. El texto establece además criterios generales para que las autoridades competentes determinen las OSP, aunque permitiendo una cierta flexibilidad en caso necesario.

La posición del Consejo ordena también que se facilite de forma transparente y equitativa la información pertinente a todos los licitadores, lo que garantizará una igualdad de trato a lo largo del procedimiento de licitación. Esta nueva disposición está en consonancia con la propuesta de la Comisión.

La Comisión introducía límites máximos específicos del valor de las adjudicaciones directas de contratos de pequeño volumen para el transporte ferroviario. La posición del Consejo establece unos límites máximos más elevados. Sin embargo, la Comisión considera que, a pesar de ello, responden correctamente a la lógica de permitir la adjudicación directa si los costes de organización del procedimiento son superiores a los beneficios esperados.

La Comisión propuso que se impusiera a las autoridades competentes la obligación de garantizar un acceso no discriminatorio al material rodante, ya que este es uno de los principales obstáculos con que se encuentran las empresas para participar en procedimientos de licitación. La posición del Consejo no introduce esta obligación porque podría tener un efecto negativo sobre las finanzas públicas. Sin embargo, sí que obliga a las autoridades competentes a evaluar, ante la perspectiva de un procedimiento competitivo de adjudicación, si son necesarias medidas para garantizar el acceso no discriminatorio al material rodante ferroviario, y a hacer pública dicha evaluación. La posición del Consejo contiene también un conjunto de herramientas que las autoridades competentes pueden utilizar para garantizar el acceso de los agentes económicos al material rodante. La Comisión considera que con la obligación de que las futuras evaluaciones en materia de acceso a dicho material se hagan públicas, la posición del Consejo sienta la base para que tanto los operadores como la Comisión puedan comprobar si los procedimientos de licitación consiguen un tratamiento igualitario para todos los operadores.

La posición del Consejo refrenda normas sociales tanto nacionales como de la Unión que deben respetarse cuando se produce un cambio de operador de servicio público que ejecuta un contrato de servicio público. La Comisión puede aceptar estas disposiciones ya que clarifican los derechos y obligaciones sociales vigentes.

La Comisión propuso una entrada en vigor rápida del principio de adjudicación competitiva obligatoria. La posición del Consejo introduce un período de transición más largo que prolonga la posibilidad de adjudicación directa e incondicional. El resultado de ello es que la aplicación del principio de licitación competitiva obligatoria de los contratos de servicio público en el sector ferroviario se mantendrá durante seis años después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento. Esta prolongación retrasará los efectos beneficiosos de las nuevas normas; sin embargo, también permitirá que los Estados miembros preparen el mercado para estos cambios y eviten los eventuales problemas estructurales que pudieran surgir.

La Comisión había propuesto que los contratos de adjudicación directa basados en la excepción para el transporte ferroviario vencieran a más tardar el 31 de diciembre de 2022. La Comisión lamenta que la posición del Consejo permita que los contratos se mantengan vigentes hasta su expiración. Esto significa que los contratos de servicio público adjudicados de forma directa antes del final del periodo transitorio estarán vigentes hasta diciembre de 2032, lo que es un periodo transitorio demasiado prolongado. La Comisión comprueba, sin embargo, que la posición del Consejo garantiza la protección de los derechos contractuales existentes e introduce salvaguardias para su continuidad jurídica.

4.Conclusión

La Comisión considera que, a pesar de las carencias de la posición del Consejo, la introducción de las disposiciones nuevas y más claras que se han expuesto más arriba procurarán una mayor seguridad jurídica. La posición constituirá además una base sólida para la futura ejecución de la apertura del mercado ferroviario, tanto desde el punto de vista de la política de transportes como de la de competencia.

La Comisión considera que la reforma de la legislación sobre las OSP en el sector del transporte ferroviario, con la introducción del principio de adjudicación competitiva de los contratos de servicio público ferroviario, y las disposiciones encaminadas al establecimiento de unas condiciones marco favorables para tales adjudicaciones, constituye un paso fundamental hacia la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios de transporte ferroviario en la UE. Un mayor recurso a la adjudicación competitiva de los contratos ferroviarios garantizará también una mayor rentabilidad del dinero público que se gasta en servicios públicos de transporte.

En un espíritu de compromiso, la Comisión acepta la posición adoptada por el Consejo, permitiendo así que el Parlamento Europeo adopte el texto final en segunda lectura. La Comisión considera que la adopción de ambos pilares, comercial y técnico, maximizará los beneficios en términos de calidad del servicio, eficiencia y competitividad del sector del transporte ferroviario.