Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores

(96/C 82/08)

El 8 de agosto de 1995, de conformidad con el artículo 129 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba.

La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 28 de noviembre de 1995 (Ponente: Sr. Folias).

En su 331° Pleno de los días 20 y 21 de diciembre de 1995 (sesión del 20 de diciembre de 1995), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente dictamen.

1. Introducción

1.1. La protección que garantiza a los consumidores el contar con una información correcta en materia de indicación de precios de los productos ofrecidos a la venta al detalle está regulada, por lo que respecta a los productos alimenticios, por la Directiva del Consejo 79/581/CEE de 19 de junio de 1979 relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos alimenticios (), modificada por la Directiva del Consejo 88/315/CEE de 7 de junio de 1988 (), y, para los productos no alimenticios, por la Directiva del Consejo 88/314/CEE de 7 de junio de 1988 relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos no alimenticios (). A este ámbito se refiere igualmente la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/58/CE de 29 de noviembre de 1995 () que modifica las directivas citadas, fundamentalmente para prorrogarlas por dos años.

1.2. La elaboración del presente dictamen tiene como punto de partida la convicción de que la mejor manera de servir a los intereses de todos los actores del mercado -productores, comerciantes y consumidores- es hacer prevalecer una situación de transparencia y de buen funcionamiento. Este enfoque proporciona las líneas directrices para la búsqueda de soluciones equilibradas destinadas a fomentar los intereses legítimos, pero opuestos, de los grupos interesados, lo cual se hace a continuación.

1.3. Por otra parte, la transparencia del mercado y el contar con una información completa favorecen la protección de los consumidores y la sana competencia de las empresas y de los productos. Es igualmente evidente que los productores y los comerciantes son a su vez también consumidores. Huelga decir, para terminar, que las actividades de los consumidores, comerciantes y productores mantienen relaciones de total y constante dependencia mutua.

2. La situación actual

2.1. Existe una obligación general de indicar simultáneamente el precio de venta y el precio por unidad de medida para los productos que se venden al detalle. El objetivo es facilitar a los consumidores la información necesaria para que puedan comparar los precios de productos similares.

2.2. No obstante, durante los últimos siete años, se ha comprobado que las disposiciones de las directivas relativas a las gamas normalizadas, así como a las excepciones correspondientes eran tan complejas que varios países no las habían trasladado al derecho nacional.

2.3. Estas excepciones son las siguientes:

- están exentos los productos que se ofrecen en gamas comunitarias normalizadas;

- los Estados miembros pueden conceder exenciones para determinadas categorías de productos;

- los Estados miembros pueden establecer exenciones para determinadas categorías de productos envasados previamente en cantidades preestablecidas que no se recogen en los anexos de las Directivas;

- los Estados miembros pueden autorizar exenciones cuando la indicación del precio por unidad de medida no sea significativa;

- pueden permitirse exenciones para los productos vendidos por pequeños minoristas, cuando la obligación citada se considera como una carga excesiva o difícilmente practicable.

2.4. Las posibilidades de exenciones citadas en el párrafo anterior y la falta de unanimidad en la adopción de las gamas normalizadas como solución para sustituir la indicación del precio por unidad de medida hacen que hoy en día un determinado número de Estados miembros se encuentren con dificultades a la hora de aplicar las disposiciones relativas a la indicación de los precios antes de la fecha límite del 6 de junio de 1995.

2.5. Es reconfortante comprobar que la Comisión se ha dado cuenta de la situación y ha observado, por una parte, que debería retrasarse la fecha tope y, por otra, que deberían aportarse modificaciones fundamentales a las normas actuales, para respetar el principio de subsidiariedad y el derecho de los consumidores a la información sobre los precios.

2.6. Con el fin de encontrar un denominador común a las opiniones y deseos divergentes de los Estados miembros sin perjudicar a los derechos de los consumidores, la Comisión ha encontrado una solución digna del «huevo de Colón», rompiendo el vínculo existente entre las directivas relativas a la indicación del precio por unidad de medida y el dispositivo comunitario relativo a las gamas envasadas previamente.

3. Observaciones generales

3.1. La propuesta de Directiva (simplificada) sobre indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores:

- impone una obligación general de indicación del precio de venta y del precio por unidad de medida de los productos alimenticios y productos no alimenticios propuestos para la venta al consumidor final (artículos 1 y 3 de la propuesta de Directiva);

- prevé una posibilidad de exención en el caso de los productos para los cuales una indicación del precio por unidad de medida no sea significativa (apartado 1 del artículo 6 de la propuesta de Directiva) y en el caso de los productos vendidos por artículo (apartado 2 del artículo 6 de la propuesta de Directiva);

- deja de subordinar la indicación de los precios por unidad de medida a la existencia de gamas preestablecidas de acondicionamiento, de forma que los productos envasados previamente en cantidades predeterminadas también estarán sometidos a la obligación general de indicación de los precios por unidad de medida.

3.2. El CES considera que la elección del apartado 2 del artículo 129 A del Tratado como fundamento jurídico de la propuesta de Directiva está absolutamente justificada.

3.3. La aplicación inmediata de un sistema que facilite una información precisa, clara y no ambigua sobre los precios de los productos ofrecidos a la venta al consumidor final constituye una necesidad reconocida.

3.4. El precio de venta y el precio por unidad de medida no deben necesariamente estar indicados en el producto vendido, sino que debe brindarse la posibilidad de que figuren en el estante o en los expositores. En el caso concreto de los pequeños minoristas, que a menudo no tienen ni estantes ni expositores, es conveniente que se les permita mencionar los dos precios de productos idénticos en un cuadro situado en un punto bien visible de la tienda.

3.5. Por lo que respecta a la mención de los precios después de la introducción de la moneda comunitaria única, se propone que se establezca una triple indicación durante el periodo transitorio, actualmente previsto de seis meses de duración, en el transcurso del cual los precios deberán figurar provisionalmente a la vez en moneda nacional y en moneda comunitaria:

- precio de venta en la moneda nacional;

- precio de venta en la moneda comunitaria única;

- precio por unidad de medida en la moneda comunitaria única.

3.6. Este sistema se considera suficiente, ya que la comparación de los precios por unidad expresados en la misma moneda permitirá obtener conclusiones claras, independientemente de la divisa de que se trate. El dispositivo contribuye asimismo a familiarizar a los ciudadanos con la moneda comunitaria única de forma más intensa y más rápida.

3.7. Aunque se suprima el vínculo entre el precio de venta por unidad y las gamas, los productores y distribuidores que ya hayan optado por acondicionamientos basados en gamas tienen, por supuesto, la posibilidad de continuar utilizándolos bajo el régimen de la nueva Directiva que se quiere adoptar por lo que respecta a la indicación del precio por unidad de medida.

Se invita además a la Comisión a que continúe sus esfuerzos para apoyar a los sectores de actividad o empresas que ya han procedido a la instauración de las gamas europeas propuestas y desean desarrollarlas aún más.

3.8. Respecto al apartado 3 del artículo 6 de la propuesta de Directiva, el CES sugiere que los Estados miembros tengan la obligación, y no sólo la facultad, de establecer para los productos no alimenticios una relación detallada positiva (lista) de productos, es decir, un catálogo de los productos sujetos a la obligación de indicar los precios por unidad de medida. Desde un punto de vista práctico, una forma de proceder dicha operación sería inventariar los diferentes tipos de productos basándose en su número dentro de la nomenclatura comunitaria (NIMEXE). Así se dispondría de un punto de referencia común a todos los Estados miembros, al tiempo que cualquier nuevo artículo producido o importado obtendría inmediatamente su número y sería automáticamente recogido o no en la lista.

Además, frente al riesgo real de que los Estados miembros incluyan productos diferentes en esta lista -o, en otros términos, que hagan uso de las posibilidades que les brindan las disposiciones del apartado 3 del artículo 6- de forma que el nivel de protección del consumidor acabe por presentar importantes disparidades de un país a otro, en contradicción con el espíritu de la propuesta de Directiva, el CES invita a la Comisión y al Consejo a que estudien el problema y encuentren los medios, jurídicos o de otro tipo, para persuadir a los Estados miembros a que respeten el umbral mínimo de protección propuesto en el documento que se está examinando. En esta tarea podrán, por ejemplo, apoyarse en los criterios de exención definidos en las disposiciones de los apartados 1 y 2 de la propuesta de Directiva (productos para los cuales la indicación del precio por unidad de medida carece de sentido, productos para los cuales dicha indicación no constituye una información significativa o puede inducir a confusión, etc.)

3.9. Aunque el plazo máximo de aplicación de cuatro años previsto para las pequeñas empresas (artículo 7 de la propuesta de Directiva) se considera aceptable y justificado, conviene señalar ciertos puntos. Teniendo en cuenta que las objeciones planteadas por las pequeñas empresas se deben a un excesivo «miedo a lo desconocido», el CES propone que la Comisión:

1) financie un programa de información para los pequeños minoristas que será gestionado y puesto en marcha en cada Estado miembro por la confederación o las confederaciones nacionales de comerciantes, con las cuales colaborará, supervisando y controlando a la vez la forma en que aquéllas llevan a cabo dichas acciones;

2) elabore bajo su propia responsabilidad y corriendo con los gastos, pero con la cooperación de la confederación o las confederaciones nacionales de comerciantes, folletos informativos destinados a los pequeños minoristas y redactados en un lenguaje simple, concreto y comprensible, para dar explicaciones y ofrecer soluciones a los problemas con los que se enfrentan.

3.10. Hay que dejar muy claro que el plazo impuesto hasta el 6 de junio de 1997 a los Estados miembros para ajustarse a la Directiva (apartado 1 del artículo 10 de la propuesta de Directiva) no es de dos años, como considera equivocadamente la Comisión: en efecto, el lapso de tiempo que transcurrirá entre la publicación de la nueva Directiva y la fecha del 6 de junio de 1997 se acercará más bien a un año. El CES solicita que la Comisión encuentre el medio jurídico apropiado para garantizar que este periodo de dos años cubre realmente dos años y que no es ficticio. Además, conviene incluir en la Directiva una disposición que inste a los Estados miembros a transponerla a su legislación nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a su publicación.

3.11. En cuanto al artículo 11 de la propuesta de Directiva, se sugiere a la Comisión de la Unión Europea que elabore tres informes sobre la aplicación de las disposiciones de dicha directiva: además de los dos informes ya previstos, debería presentarse un tercer informe un año después de la fecha de entrada en vigor de la Directiva. Este dispositivo constituirá un elemento decisivo para una aplicación concreta y puntual de la Directiva en el conjunto de las empresas comerciales, ya sean grandes, medianas o pequeñas.

3.12. El CES desea estar estrechamente asociado al establecimiento de los tres informes citados.

4. Observaciones específicas

4.1. Redáctese el artículo 11 de la propuesta de Directiva de la siguiente manera:

«1. En un plazo máximo de un año tras la fecha contemplada en el apartado 1 del artículo 10, la Comisión someterá al Parlamento Europeo, al Consejo y al CES un primer informe relativo a la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva.

2. En un plazo máximo de dos años tras la fecha contemplada en el apartado 1 del artículo 10, la Comisión someterá al Parlamento Europeo, al Consejo y al CES un segundo informe relativo a la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva.

3. En un plazo máximo de cuatro años tras la fecha contemplada en el apartado 1 del artículo 10, la Comisión someterá al Parlamento Europeo, al Consejo y al CES un tercer informe relativo a la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva.»

5. Síntesis del dictamen

5.1. La protección que garantiza a los consumidores el contar con una información correcta en materia de indicación del precio de los productos ofrecidos a la venta al detalle está regulada por la Directiva 79/581/CEE, modificada por la Directiva 88/315/CEE, por la Directiva 88/314/CEE y por la Directiva 95/58/CE por la que se modifican las Directivas anteriormente citadas.

5.2. La elaboración del presente dictamen tiene como punto de partida la convicción de que la mejor manera de servir a los intereses de todos los actores del mercado es hacer prevalecer una situación de transparencia y de buen funcionamiento, lo que en adelante favorecerá también la protección de los consumidores y la sana competencia.

5.3. El CES aprueba que la obligación de indicar los precios por unidad de medida no se subordine a la existencia de gamas.

5.4. El CES opina que debe brindarse además la posibilidad de que el precio de venta y el precio por unidad de medida figuren no sólo en el estante o en los expositores, sino también, en el caso de los pequeños minoristas, en una lista de precios situada en un punto bien visible de la tienda.

5.5. Por lo que respecta a la indicación de los precios después de la introducción de la moneda comunitaria única, el CES propone que se establezca una triple indicación durante el periodo transitorio:

a) precio de venta en la moneda nacional;

b) precio de venta en la moneda comunitaria única;

c) precio por unidad de medida en la moneda comunitaria única.

5.6. En el caso de los productores y distribuidores que ya hayan optado por acondicionamientos basados en gamas el CES propone que puedan continuar utilizándolos, pero indicando también el precio por unidad de medida.

5.7. El CES propone que los Estados miembros tengan la obligación de establecer una relación detallada positiva (lista) de los productos sujetos a la obligación de indicar los precios por unidad de medida, puesto que la Comisión prevé mecanismos de seguridad que evitarán que se produzcan disparidades importantes de contenido en las listas de un Estado miembro a otro.

El CES sugiere inventariar los diferentes tipos de productos según un método práctico y homogéneo, basándose en su número dentro de la nomenclatura comunitaria (NIMEXE).

5.8. A fin de subsanar las dificultades con que se enfrentarán los pequeños minoristas, el CES propone a la Comisión que financie:

a) programas de información destinados a los pequeños minoristas;

b) la elaboración y publicación de folletos informativos, en colaboración con sus destinatarios.

5.9. El CES solicita que la Comisión encuentre el medio apropiado para garantizar que el plazo de dos años establecido para la adaptación a la nueva Directiva empiece a contar a partir de la fecha de publicación de la Directiva y no a partir del 7 de junio de 1995.

Además, conviene adoptar medidas para instar a los Estados miembros a transponer la Directiva a su legislación nacional dentro de los seis meses siguientes a su publicación.

5.10. El CES sugiere a la Comisión que elabore tres informes, en lugar de dos, sobre la aplicación de las disposiciones de dicha Directiva, con la participación activa del CES: el primero en el plazo de un año, el segundo en el plazo de dos años y el tercero en el plazo de cuatro años a partir de la fecha de la publicación de la Directiva.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 1995.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° L 158 de 26. 6. 1979, p. 19.

() DO n° L 142 de 9. 6. 1988, p. 23.

() DO n° L 142 de 9. 6. 1988, p. 19.

() DO n° L 299 de 12. 12. 1995, p. 11.