A4-0296/95

Orientación común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades (7522/95 - C4-0292/95 - 94/0146(CNS))

Esta propuesta ha sido aprobada con las modificaciones siguientes:

(Enmienda 1)

Duodécimo considerando

>Texto original>

Considerando que el presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la aplicación del Derecho Penal de los Estados miembros;

>Texto tras el voto del PE>

Suprimido

(Enmienda 2)

Artículo 1, apartado 2

>Texto original>

2. Constituirá irregularidad toda infracción de una disposición de Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido.

>Texto tras el voto del PE>

2. Constituirá irregularidad toda infracción de una disposición de Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido, o bien mediante el desvío de fondos a fines distintos de aquellos a los que se hayan asignado inicialmente.

(Enmienda 3)

Artículo 2, apartado 2

>Texto original>

2. No se podrá pronunciar sanción administrativa alguna que no esté contemplada en un acto comunitario anterior a la irregularidad. En caso de modificación posterior de las disposiciones sobre las sanciones administrativas contenidas en una normativa comunitaria, se aplicarán con carácter retroactivo las disposiciones menos severas.

>Texto tras el voto del PE>

2. No se podrá pronunciar sanción administrativa alguna que no esté contemplada en un acto comunitario anterior a la irregularidad. En caso de modificación posterior de las disposiciones sobre las sanciones administrativas contenidas en una normativa comunitaria, se aplicarán con carácter retroactivo las disposiciones menos severas a menos que en esta nueva normativa se establezca explícitamente que no tienen carácter retroactivo.

(Enmienda 4)

Artículo 3, apartado 1, párrafo 1º

>Texto original>

1. El plazo de prescripción de las diligencias será de cuatro años a partir de la realización de la irregularidad prevista en el apartado 1 del artículo 1. No obstante, las normativas sectoriales podrán establecer un plazo inferior que no podrá ser menor de tres años.

>Texto tras el voto del PE>

1. El plazo de prescripción de las diligencias será de cinco años a partir de la realización de la irregularidad prevista en el apartado 1 del artículo 1. No obstante, las normativas sectoriales podrán establecer un plazo inferior que no podrá ser menor de tres años.

(Enmienda 5)

Artículo 3, apartado 2, párrafo 1º

>Texto original>

2. El plazo de ejecución de la resolución que fije la sanción administrativa será de tres años. Este plazo empezará a contar a partir del día en que la resolución sea definitiva.

>Texto tras el voto del PE>

2. El plazo de ejecución de la resolución que fije la sanción administrativa será de cinco años. Este plazo empezará a contar a partir del día en que la resolución sea definitiva.

(Enmienda 6)

Artículo 4, apartado 1, frase introductoria

>Texto original>

1. Como norma general, toda irregularidad dará lugar a la retirada de la ventaja obtenida indebidamente, lo que supondrá:

>Texto tras el voto del PE>

1. Toda irregularidad dará lugar a la retirada de la ventaja obtenida indebidamente, lo que supondrá:

(Enmienda 7)

Artículo 4, apartado 1, primer guión

>Texto original>

- la obligación de abonar las cantidades debidas o de reembolsar las cantidades indebidamente percibidas.

>Texto tras el voto del PE>

- la obligación de abonar las cantidades debidas o de reembolsar las cantidades indebidamente percibidas, en su caso aumentadas con los intereses, que podrán establecerse a tanto alzado;

(Enmienda 8)

Artículo 4, apartado 2

>Texto original>

2. La aplicación de las medidas contempladas en el apartado 1 se limitará a la retirada de la ventaja obtenida, incrementada, en su caso con intereses que podrán determinarse de forma global.

>Texto tras el voto del PE>

2. Suprimido

(Enmienda 9)

Artículo 4, apartado 3

>Texto original>

3. Los actos para los cuales se haya establecido que su finalidad es obtener una ventaja contraria a los objetivos del Derecho comunitario aplicable al caso, creando artificialmente las condiciones requeridas para la obtención de esta ventaja, tendrán por consecuencia, según el caso, la no obtención de la ventaja o su retirada.

>Texto tras el voto del PE>

3. Los actos para los cuales se haya establecido que su finalidad es obtener una ventaja contraria a los objetivos del Derecho comunitario aplicable al caso, creando artificialmente las condiciones requeridas para la obtención de esta ventaja, tendrán por consecuencia, según el caso, la no obtención de la ventaja o su retirada, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en las letras d) y e) del artículo 5.

(Enmienda 10)

Artículo 5, apartado 1, letra e)

>Texto original>

e) la retirada temporal de una autorización o de un reconocimiento necesarios para participar en un régimen de ayuda comunitaria;

>Texto tras el voto del PE>

e) la retirada temporal o definitiva de una autorización o de un reconocimiento necesarios para participar en un régimen de ayuda comunitaria;

(Enmienda 12)

Artículo 7

>Texto original>

Las medidas y sanciones administrativas comunitarias podrán aplicarse a los agentes económicos mencionados en el artículo 1, es decir, a las personas físicas o jurídicas y a las demás entidades a las cuales el Derecho nacional reconozca capacidad jurídica, que hayan cometido la irregularidad. Podrán también aplicarse a las personas que hayan participado en la realización de la irregularidad, así como a las obligadas a responder de la irregularidad para evitar que sea cometida.

>Texto tras el voto del PE>

Las medidas y sanciones administrativas comunitarias podrán aplicarse a los agentes económicos mencionados en el artículo 1, es decir, a las personas físicas o jurídicas y a las demás entidades a las cuales el Derecho nacional reconozca capacidad jurídica, que hayan cometido la irregularidad por medio de personas físicas que actúen por su cuenta y ejerzan un poder de decisión legal, delegado o de hecho. Podrán también aplicarse a las personas físicas y jurídicas u otras entidades a las que el Derecho nacional reconozca una capacidad jurídica, que hayan participado en la realización de la irregularidad, así como a las obligadas a responder de la irregularidad para evitar que sea cometida.

(Enmienda 13)

Artículo 8, apartado 1

>Texto original>

1. De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la regularidad y la veracidad de las operaciones en las que se comprometen los intereses financieros de las comunidades.

>Texto tras el voto del PE>

1. De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la regularidad y la veracidad de las operaciones en las que se comprometen los intereses financieros de las comunidades. Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca del carácter de estas medidas y de la regularidad con que las aplicarán.

(Enmienda 14)

Artículo 9, apartado 2, párrafo 2º

>Texto original>

Antes de proceder a dichos controles y verificaciones, de conformidad con la normativa vigente, la Comisión informará al Estado miembro de que se trate a fin de obtener toda la ayuda necesaria.

>Texto tras el voto del PE>

Antes de proceder a dichos controles y verificaciones, de conformidad con la normativa vigente, sin perjuicio de cualquier normativa sectorial que prevea controles in situ sin previo aviso, la Comisión informará al Estado miembro de que se trate , que aportará a la Comisión toda la ayuda que ésta considere necesaria en esas circunstancias. La Comisión informará anualmente al Parlamento Europeo acerca de la aplicación de los artículos 8 y 9 del presente Reglamento.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la orientación común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades (7522/95 - C4-0292/95 - 94/0146(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta de la Comisión al Consejo COM(94)0214 - 94/0146(CNS) (( DO C 216 de 6.8.1994, pág. 14)),

- Visto su dictamen de 15 de marzo de 1995 (( DO C 89 de 10.4.1995, pág. 83)),

- Vista la orientación común del Consejo (7522/95),

- Consultado de nuevo por el Consejo, de conformidad con los artículos 235 del Tratado CE y 203 del Tratado EURATOM (C4-0292/95),

- Visto el artículo 58 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (A4-0296/95),

1. Aprueba la orientación común del Consejo, con las modificaciones introducidas por el Parlamento;

2. Pide al Consejo que modifique en consecuencia su orientación común;

3. Pide al Consejo que le informe, en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4. Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.