5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/1 
I 
(Comunicaciones) 
COMISIÓN 
QUINTO INFORME ANUAL 
al Parlamento Europeo 
sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario 
— 1987 — 
COAffggj 42; /:,%*/ 
(88/C 310/01) 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/3 
ÍNDICE 
Páginas 
INTRODUCCIÓN 5 
ANÁLISIS POR SECTORES 
I. UN ESPACIO SIN FRONTERAS 
A. El gran mercado 
Política económica y monetaria 7 
Libre circulación de productos industriales y alimenticios 7 
Contratos públicos 11 
Dimensión social del gran mercado: empleo, política social y educación 12 
Unión aduanera 13 
Fiscalidad indirecta 14 
Instituciones financieras y derecho de empresas 15 
Libre circulación de productos agrícolas 15 
B. La Europa de los ciudadanos 
Política económica y monetaria 16 
Mercado interior 16 
Libre circulación de personas y servicios 16 
Protección de los consumidores 17 
Permiso de conducción :.. . 17 
Fiscalidad indirecta 17 
II. OTRAS CUESTIONES 
Asuntos jurídicos 18 
Cuestiones estadísticas 18 
Asuntos administrativos 18 
Cuestiones presupuestarias 18 
Competencia 19 
Medio ambiente 19 
Política agrícola 20 
Política pesquera 21 
Política de transportes 21 
Política energética 22 
Política de cooperación para el desarrollo 22 
l^óeóUOB^ L^i^rioCO^ici^ld^l^C^ornnnid^d^Euro^^ ^t^.^ 
Páginas 
N^ 1 Procedimientos de infracción instruidos desde!980 por fases de procedimientoypor astado miembro 23 
N^ 2 evolución del número de emplazamientos, de 198^al987,por sectores de actividad 24 
N^ 3 evolución del numero de dictámenes motivados, de 198^al987,por sectores de actividad 2^ 
N^ 4 evolución del número de recursos interpuestos ante elTnbunalde^usticia,del98^al987,por sectores de 
actividad 2^ 
N^ ^ Procedimientos de infracción instruidos desde 1980, por fases de procedimientoypor sectores de actividad 27 
N^ ^ Procedimientos de infracción abiertos desde 1980 por sectores de actividadypor bases jurídicas 28 
N^ 7 Número de procedimientos de infracción instruidos desde!982porbasesjurídicasyporfases de procedimiento 29 
N^ 8 Número deprocedimientos de infracciones instruidas desde 1984 por astado miembro, bases jurídicasy 
fases de procedimiento 30 
N^ 9 J^ecursosysentenciasdelTnbunal de justicia desde 1980 31 
N^ 10 Sentencias del Tribunal dictadas basta el 31 de diciembre de 1987 y no ejecutadas aún 34 
N^ 11 delación de sentencias importantes de los organismos jurisdiccionales nacionales supremos 43 
N^ 12 O-Uejasycasos descubiertos de oficio registrados desde 1982, por sectores de actividad 4^ 
N^ 13 Nivel de transposición de las directivas, por^stado miembro, cuyo pla^o de transposición e^piraba,amas 
tardar,el31 de diciembre de 1987 49 
^ — ^nfraccionesalosTratadosyre^lamentos ^0 
^ — tnfraccionesalas directivas 70 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/5 
INTRODUCCIÓN 
1. En este quinto informe anual sobre la aplicación del 
derecho comunitario por los Estados miembros se esta­
blece un balance del control de la aplicación del derecho 
comunitario durante el año 1987. Responde, como los 
cuatro anteriores ('), al deseo expresado por el Parla­
mento Europeo en su resolución de 9 de febrero de 
1983 (2). 
2. Como en los informes pasados, en éste se incluye: 
— una relación de las infracciones a los tratados y re­
glamentos hasta el 31 de diciembre de 1987 así como 
de las infracciones archivadas durante el año 1987 
(Anexo A); 
— un estado de aplicación de las directivas hasta el 31 
de diciembre de 1987 (Anexo B); precedido de un 
análisis por sectores, de distintos cuadros y gráficos y 
de un comentario sobre las principales sentencias dic­
tadas por las jurisdicciones nacionales supremas (3). 
3. La estructura del informe es en principio similar a 
la del año anterior. Es de destacar concretamente: 
a) el análisis por sectores evidencia claramente este año 
de nuevo el objetivo prioritario de un espacio sin 
fronteras, que consta de dos aspectos, el gran mer­
cado y la Europa de los ciudadanos. Los contratos 
públicos son objeto, este año, de un análisis específico 
dentro del apartado «gran mercado», teniendo en 
cuenta su importancia para la realización del mercado 
único; 
b) se han elaborado nuevos gráficos (números 2, 3 y 4) 
que indican la evolución del número de emplaza­
mientos, dictámenes y recursos ante el Tribunal por 
sectores de actividad; 
c) por lo que se refiere al estado de aplicación de las 
directivas (Anexo B), los casos de no transposición 
por parte de España y Portugal figurarán a partir del 
sexto informe (1988); 
(') Primer informe anual COM(84) 181 final, de 20. 4. 1984. 
Segundo informe anual COM(85) 149 final, de 23. 4. 1985. 
Tercer informe anual COM(86) 204 final de 3. 6. 1986, 
publicado en el DO n° C 220 de 1. 9. 1986. 
Cuarto informe anual, COM(87) 250 final de 24. 8. 1987, 
publicado en el DO n° C 338 de 16. 12. 1987. 
O DO n° C 68 de 14. 3. 1983. 
(J) Con arreglo a las normas de confidencialidad que siguió la 
Comisión en informes anteriores, en los Anexos A y B se 
recogen los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y los 
dictámenes motivados, pero no se mencionan los emplaza­
mientos, con excepción de los dirigidos a los Estados miem­
bros por falta de comunicación de las medidas nacionales de 
ejecución de las directivas, o por no ejecución de sentencias 
del Tribunal de Justicia (artículo 171 del Tratado CEE); en 
cambio, en los cuadros y gráficos se da una visión de con­
junto de todas las fases del procedimiento del artículo 169 
del Tratado CEE, incluida la de emplazamiento. d)respondiendo a un deseo del Parlamento Europeo, el 
estado de aplicación de las directivas se acompaña de 
un gráfico que presenta, por Estado miembro, el nivel 
de transposición de las directivas (comunicación de las 
medidas nacionales de ejecución) cuyo plazo de trans­
posición vencía a más tardar el 31 de diciembre de 
1987 (gráfico n° 13); 
e)la relación de sentencias importantes de jurisdicciones 
nacionales supremas se completa con un desglose del 
número de cuestiones prejudiciales por Estado miem­
bro y por jurisdicción. 
4. Las relaciones y los cuadros que se contienen en 
este quinto informe anual precisan los comentarios 
siguientes: 
a) el volumen de emplazamientos.ha aumentado ligera­
mente en relación Con el año pasado. Este aumento se 
registra principalmente en los sectores del mercado 
interior, empleo y asuntos sociales, medio ambiente, y 
protección de los consumidores; en cambio se registra 
una disminución en el sector agrícola (véanse cuadros 
números 1, 2 y 5); 
b) el número de dictámenes motivados, que había dismi­
nuido en 1986, ha aumentado de nuevo en 1987, par­
ticularmente en los temas de unión aduanera y fiscali-
dad indirecta y también en los sectores de mercado 
interior y asuntos industriales, empleo y asuntos so­
ciales, medio ambiente y protección de los consumi­
dores (véanse cuadros 1, 3 y 5); 
c) en cambio, el número de recursos interpuestos ante el 
Tribunal ha seguido disminuyendo prácticamente en 
todos los sectores (véanse cuadros números 1, 4 y 5); 
d) el número de sentencias del Tribunal de Justicia pen­
dientes de ejecución ha aumentado un poco todavía, 
en proporción al aumento del número de sentencias 
dictadas (véanse cuadros n° 9 y 10); 
e) el número de quejas continúa creciendo mientras que 
el de casos descubiertos obrando de oficio ha dismi­
nuido ligeramente (véanse cuadro n° 12). El número 
de quejas ha vuelto a aumentar en 1987, especial­
mente por lo que se refiere a la compatibilidad de los 
reglamentos o de las prácticas nacionales con los artí­
culos 30 y 36 del Tratado CEE y en el sector de los 
contratos públicos. 
5. Estos comentarios conducen a las observaciones 
siguientes: 
a) Los emplazamientos: 
i) el volumen de cartas de emplazamiento ha alcan­
zado el nivel más alto desde 1979 en los sectores 
del mercado interior por una parte y del medio 
N° C 310/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
ambiente y protección de los consumidores por 
otra. Por lo que respecta al mercado interior, ello 
se debe a la intensificación del control por parte 
de los Estados miembros del respeto del.artículo 
30 del Tratado y de las disposiciones de las direc­
tivas comunitarias sobre los contratos públicos. 
Son éstos dos sectores clave de la estrategia de la 
Comisión para la plena realización del mercado 
interior. Por lo que respecta al medio ambiente y 
a la protección de los consumidores, el claro in­
cremento de los emplazamientos refleja la intensi­
ficación del control de la aplicación de las directi­
vas en materia de medio ambiente, en particular 
en el marco del año europeo del medio ambiente. 
ii) En el sector social, el notable crecimiento del vo­
lumen de emplazamientos con relación a 1986 se 
explica tanto por la importancia que la Comisión 
continúa otorgando a la aplicación de las directi­
vas referentes a la igualdad entre hombres y muje­
res como por el nuevo enfoque que la Comisión 
preconiza en materia de no discriminación en el 
acceso a los puestos de empleo públicos (apartado 
4 del artículo 48). 
iii) Por lo que respecta a la agricultura, sin embargo, 
el número de emplazamientos ha disminuido, 
tanto por infracciones a las directivas como por 
infracciones al Tratado y a los reglamentos. Por 
lo que a las primeras se refiere, parece ser el re­
sultado de la continuación de los esfuerzos de los 
Estados miembros, que se han dejado sentir desde 
hace aproximadamente dos años, con vistas a 
aplicar correctamente las directivas agrarias. En 
cuanto a las segundas, esta disminución se debe a 
que, aunque el número de quejas continúa au­
mentando, muchos casos se solucionan incluso 
antes del propio inicio del procedimiento de in­
fracción. 
b) Al mismo tiempo, y por los mismos motivos, los dic­
támenes aumentaron en los sectores del mercado inte­
rior y del medio ambiente-protección de los consumi­
dores. También aumentaron considerablemente en el 
sector de la fiscalidad indirecta, recuperando el nivel 
de 1985. Ello se debe al hecho de que la Comisión, en 
1987, prosiguió los procedimientos de infracción ini­
ciados anteriormente en casos de doble imposición de 
artículos de ocasión (jurisprudencia Schul) o de dis-
criminaciónen materia de impuestos sobre el consumo 
de cerveza. 
c) La disminución del número de recursos interpuestos 
ante el Tribunal de Justicia, iniciada en 1986 y conti­
nuada durante el presente año, es significativa. Se 
trata, por cierto, de un fenómeno más amplio: mien­
tras el número de procedimientos abiertos y de dictá­
menes se ha más que duplicado en cinco años, el nú­
mero de recursos ante el Tribunal sólo ha aumentado 
en un 50 %. Esto refleja una tendencia global a regu­
larizar la infracción tras la emisión del dictamen mo­
tivado, y confirma en cualquier caso los resultados de 
la acción de la Comisión para que se regularicen las 
infracciones durante la fase precontenciosa. d) El aumento del número de quejas — que se han más 
que duplicado en cinco años — traduce el interés cre­
ciente de los ciudadanos en el funcionamiento de la 
«Comunidad de derecho». Las quejas dirigidas a la 
Comisión constituyen en efecto el instrumento más 
directo y eficaz de que dispone el ciudadano para ha­
cer valer la aplicación del derecho comunitario, ex­
cluyendo, lógicamente, el recurso al juez nacional. La 
Comisión se esfuerza por acelerar la instrucción de 
las quejas y por respetar más que antes el plazo de un 
año que ella misma se ha establecido (iniciar el proce­
dimiento del articulo 169 del Tratado CEE o archi­
varlo en el plazo de un año). 
e) Los casos descubiertos obrando de oficio han dismi­
nuido ligeramente, pero se observa que aquéllos de­
tectados a través de preguntas parlamentarias y de pe­
ticiones permanecen al mismo nivel que el año ante­
rior, lo cual refleja la importancia de la contribución 
del Parlamento a la hora de señalar los casos de in­
fracciones y la vigilancia de la Comisión a este res­
pecto. En efecto, las disposiciones particulares adop­
tadas para asegurar que las conductas infractoras de­
nunciadas mediante preguntas parlamentarias o peti­
ciones se tramitan con la mayor celeridad posible, se 
han aplicado y producen sus frutos. 
6. Finalmente, la Comisión desea llamar la atención 
del Parlamento Europeo sobre las siguientes reflexiones: 
a) En este caso, el artículo 169 del Tratado CEE no sólo 
es un instrumento jurídico esencial sino además un 
instrumento para la realización de una política. En 
efecto, el objetivo del artículo 8 A del Tratado de lo­
grar para 1992 un espacio sin fronteras interiores, 
perspectiva prioritaria para la Comisión, exige una 
aplicación estricta del derecho comunitario vigente. El 
artículo 169 del Tratado asegura el control de dicha 
aplicación y garantiza su respeto por parte de los Es­
tados miembros. 
b) La Comisión trabaja activamente para dar una mayor 
publicidad a esta doble acción. Actualmente está to­
mando medidas para informar adecuadamente a los 
ciudadanos, no sólo sobre la actividad de la Comi­
sión, sino también y ante todo, sobre los derechos de 
cada particular y de cada empresa a nivel comunita­
rio. Además de los folletos destinados al público, de 
los vademécum, y de los documentos dirigidos al 
«gran público» de próxima aparición, la Comisión, 
elabora comunicados de prensa cuando inicia proce­
dimientos de infracción especialmente ejemplares en 
los sectores del mercado interior o de medio am­
biente. Por lo que respecta a las infracciones relacio­
nadas con el gran mercado, un gran número de ellas 
se regularizan en la fase de dictamen, antes del re­
curso ante el Tribunal: también en este caso la Comi-
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/7 
sión pretende dar a conocer el resultado de su acción 
ante los Estados miembros. 
c) Asimismo, la Comisión considera que el artículo 177 
del Tratado CEE constituye un recurso de primera 
importancia para el ciudadano y un medio fundamen­
tal de creación de derecho. 
A este respecto desea subrayar dos de los problemas 
que suscita la aplicación del artículo 177 del Tratado 
CEE: las diferentes condiciones de recuperación de 
las Costas judiciales en los Estados miembros y la uti­
lización a veces abusiva de la teoría del acto evidente 
por parte de las jusrisdicciones nacionales. 
i) Por lo que se refiere a las costas, en ciertos Esta­
dos miembros el residente que obtiene una sen­
tencia favorable puede recuperar de su adversario 
el conjunto de gastos judiciales producidos, in­
cluyendo los de su abogado ante el Tribunal de 
Justicia. En otros países, no puede recuperar sus 
gastos, que permanecen a su cargo. Esta situación 
crea para los ciudadanos de los Estados miembros importantes diferencias en cuanto al acceso al 
procedimiento del artículo 177 del Tratado CEE. 
ii) Aunque el número de recursos con arreglo al artí­
culo 177 del Tratado CEE aumenta, hay que se­
ñalar sin embargo que este aumento se ve frenado 
todavía por un recurso abusivo a la «teoría del 
acto evidente». De esta forma, ciertos tribunales o 
jurisdicciones nacionales de última instancia no 
estiman tener que plantear cuestiones prejudiciales 
e interpretan ellos mismos de forma errónea a ve­
ces el derecho comunitario. No es necesario decir 
que los tribunales deben interpretar ellos mismos 
el derecho comunitario cuando el Tribunal de 
Justicia ya ha resuelto el asunto, pero la actitud 
de ciertos tribunales produce el efecto de vaciar el 
artículo 177 del Tratado CEE de parte de su con­
tenido. 
La Comisión considera que el Parlamento Europeo 
podría tener una evidente influencia a la hora de so­
lucionar estos dos problemas. 
ANÁLISIS POR SECTORES 
I. UN ESPACIO SIN FRONTERAS 
A. EL GRAN MERCADO 
Política económica y monetaria 
1. En el ámbito de los movimientos de capital (artículo 
67 y siguientes del Tratado CEE), la mejora de la situa­
ción de los pagos exteriores de Italia e Irlanda indujo a 
la Comisión a modificar sus decisiones adoptadas en vir­
tud del apartado 3 del artículo 108 del Tratado CEE por 
las que se autorizaba a dichos Estados miembros a man­
tener restricciones respecto de determinados movimien­
tos de capital liberalizados por el derecho comunitario. 
Así, el 31 de julio (') se derogó la decisión relativa a Ita­
lia y, en la actualidad, dicho Estado miembro observa 
todas sus obligaciones comunitarias en materia de movi­
mientos de capital. La decisión relativa a Irlanda, adop­
tada el 16 de diciembre (2), cuya validez expiraba a fina­
les de 1987, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre 
de 1988 y revisado con objeto de reducir de forma signi­
ficativa el campo de aplicación. Además de Irlanda, tam­
bién Grecia puede mantener, hasta finales de 1988, res­
tricciones en el ámbito de los movimientos de capital en 
aplicación de la cláusula de salvaguardia del apartado 3 
del artículo 108 del Tratado CEE. También España y 
Portugal pueden mantener tales restricciones, hasta 1990 
y 1992 respectivamente, en virtud de las disposiciones 
transitorias previstas en el Acta de Adhesión. 
2. En noviembre, la Comisión desistió del procedi­
miento iniciado ante el Tribunal de Justicia contra Gre­
cia por no transposición de directivas de liberalización de 
capitales, dado que dicho país había adoptado en junio 
un decreto presidencial por el que se regulaban de ma­
nera adecuada todas las cuestiones en litigio. 
(') DO n° L 224 de 12. 8. 1987. 
O DO n° L 5 de 8. 1. 1988. En cambio, se mantuvo el procedimiento de infracción 
iniciado por la Comisión por no liberalización de fondos 
bloqueados pertenecientes a no residentes de otros Esta­
dos miembros. En su sentencia, de 3 de diciembre, del 
asunto 194/84, el Tribunal hizo constar que Grecia no 
cumplía sus obligaciones a este respecto. 
Libre circulación de productos industriales y alimenticios 
3. La creación, para el año 1992, de un gran mercado 
en el que todas las mercancías circularán en las mismas 
condiciones que las de un mercado interior, no sólo im­
plica la adopción de un cierto número de nuevas normas, 
sino también y ante todo la aplicación correcta y com­
pleta de las ya existentes, empezando por las del propio 
Tratado CEE. Entre éstas figuran, en primer plano, los 
artículos 30 y 36 del Tratado en los que se basa el princi­
pio del reconocimiento mutuo de las reglas y normas na­
cionales, eje de la nueva estrategia de la Comisión para 
la plena realización del mercado interior en el mercado 
de productos industriales y alimenticios. 
4. El artículo 30 del Tratado prohibe las restricciones 
cuantitativas a la importación así como todas las medidas 
de efecto equivalente entre los Estados miembros. La muy 
amplia interpretación dada a esta última noción, — que 
abarca — según los propios términos empleados por el 
Tribunal de Justicia — «cualquier reglamentación co­
mercial susceptible de afectar, directa o indirectamente, 
actual o potencialmente, los intercambios intracomunita-
rios», permite a la Comisión, como «guardiana de los 
tratados», obtener la supresión de las muy distintas y so­
fisticadas formas de obstaculizar los intercambios comer­
ciales. 
N° C 310/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
5. Los servicios de la Comisión estudiaron así en 1987 
más de mil expedientes, (quejas, casos descubiertos 
obrando de oficio, infracciones presuntas y comproba­
das, ejecuciones de sentencias del Tribunal), relativos a 
la compatibilidad de las reglamentaciones o prácticas na­
cionales con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, de 
los cuales 350 corresponden a nuevas quejas presentadas 
durante este año, y 35 a casos comunicados por miem­
bros del Parlamento Europeo mediante preguntas escri­
tas u orales. 
6. El número incesantemente mayor de expedientes 
estudiados justifica ampliamente la organización de reu­
niones periódicas entre los servicios de la Comisión y las 
administraciones nacionales, dedicadas a estudiar los ex­
pedientes en su fase de instrucción o enjuiciamiento. A 
menudo estas reuniones resultan muy fructíferas, en el 
sentido de que permiten solucionar numerosos casos de 
obstáculos, sin que sea necesario iniciar el procedimiento 
de infracción previsto en el artículo 169 del Tratado. Por 
lo tanto la Comisión ha decidido proseguir por este ca­
mino y organizar reuniones periódicas de este tipo con 
cada Estado miembro. 
Como ejemplo de expedientes que de esta forma han lle­
gado a una solución satisfactoria sin ser necesario iniciar 
un procedimiento, se pueden citar los siguientes casos: 
— las autoridades británicas habían concedido una 
ayuda para la inversión a una sociedad japonesa, con 
la condición de que ésta adquiriera en el Reino 
Unido el 60 % de los componentes que entraban en 
la fabricación de sus productos. Tras la intervención 
de la Comisión, se modificó esta condición de forma 
que todos los productos originarios de la Comunidad 
recibiesen el mismo trato. 
— a raíz de una pregunta escrita de un parlamentario, la 
Comisión intervino ante las autoridades luxembur­
guesas, que modificaron la circular aduanera en base 
a la cual la aduana luxemburguesa se había incautado 
de unos medicamentos homeopáticos adquiridos le-
galmente en los Países Bajos mediante receta de un 
médico belga, y destinados a la utilización personal 
de la persona que los importaba en Luxemburgo. 
— las autoridades francesas modificaron un decreto que 
exigía la conformidad con las normas francesas de los 
aparatos de gas y sus materiales: el texto modificado 
prevé que los aparatos de gas y sus materiales proce­
dentes de otro Estado miembro se considerarán con­
formes con las normas francesas si lo son con las 
normas del Estado miembro de origen, y que estas 
últimas se podrán considerar como equivalentes a las 
normas francesas. 
— la normativa portuguesa preveía que la conexión de 
las centrales telefónicas electrónicas privadas a la red nacional de telecomunicaciones se concedería en fun­
ción del porcentaje de incorporación nacional de es­
tos aparatos. Esta condición se suprimió cuando la 
Comisión llamó la atención de las autoridades portu­
guesas sobre la incompatibilidad de la misma con el 
Tratado CEE. 
— la legislación española exigía la legalización de las 
facturas comerciales por el consulado español del Es­
tado miembro de origen para el despacho aduanero 
de las mercancías importadas. El 1 de marzo de 1987 
se suprimió esta exigencia. 
— desde el 3 de abril de 1987 se ha derogado parcial­
mente la exigencia de un certificado de envejeci­
miento expedido por las autoridades del país de ori­
gen para la importación de whisky escocés enveje­
cido. 
— tras una pregunta escrita formulada por un parlamen­
tario, la Comisión intervino ante las autoridades 
francesas en relación con el monopolio de la venta en 
farmacias del «Aspartame» (un edulcorante de mesa): 
no existía ningún motivo de protección de la salud 
pública que pudiera justificar la limitación de la dis­
tribución de este producto a su venta en farmacias 
restringiendo así la capacidad de distribución de un 
producto importado de otro Estado miembro. Dicha 
disposición quedó derogada. 
En 1987 se regularizaron numerosos expedientes res­
pecto de los cuales la Comisión había iniciado un proce­
dimiento de infracción durante los años anteriores. A 
continuación figuran ciertos ejemplos: 
— las autoridades griegas habían impuesto un aumento 
del precio de venta al público de los cigarrillos im­
portados, con lo cual estos precios eran menos com­
petitivos que los de los productos nacionales. Tras la 
intervención de la Comisión, las autoridades griegas 
reestablecieron el principio de la libre determinación 
de los precios por los importadores. 
— las autoridades griegas modificaron asimismo, a peti­
ción de la Comisión, un decreto por el que se prohi­
bía la importación de cualquier producto que se pare­
ciera a un medicamento. En efecto, esta disposición 
se aplicaba de forma tal que ciertas golosinas (cara­
melos) ya no se podían importar en Grecia. 
— mediante decreto ministerial de 7 de junio de 1987, 
las autoridades belgas derogaron dos textos por los 
que se establecían precios máximos para los libros 
importados, decretos que la Comisión había conside­
rado incompatibles con la interpretación dada por la 
jurisprudencia del Tribunal al derecho comunitario. 
— las autoridades españolas suprimieron varias disposi­
ciones que constituían obstáculos a las importaciones 
de aguardiente de malta destinadas a la fabricación 
de whisky, en particular la obligación de incorporar 
en el proceso de fabricación un 25 % de aguardiente 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/9 
de malta nacional. Por otra parte, se suprimió la pro­
hibición de comercializar en España el vino «espu­
moso de uva» con la presentación en que este pro­
ducto se vende tradicionalmente en otros Estados 
miembros (botella de tipo «champeriois» y corcho 
precintado con alambre). 
— un decreto italiano exigía a las empresas comerciali-
zadoras de pesticidas en Italia que contasen con un 
representante establecido en este país. Esta exigencia, 
incompatible con el derecho comunitario, se supri­
mió mediante un nuevo decreto publicado el 31 de 
enero de 1967. 
— las autoridades italianas controlaban de manera siste­
mática en las fronteras los contenedores vacíos trans­
portados por ferrocarril. A raíz de un dictamen moti­
vado emitido por la Comisión, se suprimieron estos 
controles y se sustituyeron por un control esporádico 
efectuado en la estación de destino. 
— para ajustarse a un dictamen motivado de la Comi­
sión, las autoridades irlandesas derogaron una circu­
lar administrativa que exigía que los chapados en co­
bre utilizados en trabajos que fuesen objeto de con­
tratos públicos, tuviesen un certificado de conformi­
dad a la «Irish Standard Specification» y llevasen la 
marca de conformidad con esta norma: desde enton­
ces, se aceptan todos los productos conformes con las 
normas irlandesas, con las normas internacionales o 
con las normas de otros Estados miembros considera­
das equivalentes. 
Más adelante se citan otros ejemplos relativos a los pro­
ductos alimenticios (n° 8) y a la matriculación de vehícu­
los (n° 9). 
7. La principal fuente de obstáculos a la libre circula­
ción de productos industriales continúa siendo la aplica­
ción a los productos importados de normativas nacionales 
que, a falta de disposiciones armonizadas, establecen las 
condiciones de comercialización de productos. Las normati­
vas nacionales que prohiben la comercialización de pro­
ductos alimenticios que no se ajustan a las especificacio­
nes de calidad establecidas a nivel nacional, o que reser­
van ciertas denominaciones de venta a los productos 
conformes con dichas especificaciones (leyes de pureza), 
se encuentran dentro de esta categoría. Las dos senten­
cias dictadas por el Tribunal de Justicia el 12 de marzo 
en los asuntos «cerveza» (asunto 178/84, Comisión/Re­
pública Federal de Alemania y asunto 176/84, 
Comisión/Grecia) revisten una particular importancia a 
este respecto. En efecto, el Tribunal señaló que, ya que 
en otros Estados miembros la denominación «cerveza» 
tiene un carácter genérico por el que se designa una be­
bida fermentada fabricada a base de malta de cebada, ya 
sea ésta utilizada exclusivamente o junto con arroz o 
maíz, Alemania y Grecia no pueden reservar dicha deno­
minación a las cervezas elaboradas exclusivamente a base 
de malta de cebada, según establece la ley de pureza na­
cional de estos países. En estas dos sentencias, el Tribu­
nal especificó también que si el derecho comunitario no 
se opone a que los Estados miembros establezcan una legislación que condiciona la utilización de aditivos a 
una autorización previa, el principio de proporcionalidad 
exige sin embargo que los agentes económicos estén en 
condiciones de poder solicitar, mediante un procedi­
miento al que tengan fácil acceso y que pueda llevarse a 
buen fin en un plazo razonable, que el empleo de deter­
minados aditivos se autorice mediante un acto de alcance 
general. 
8. De esta forma el Tribunal confirmó, en gran me­
dida, los principios desarrollados por la Comisión en su 
comunicación al Consejo y al Parlamento de 8 de no­
viembre de 1985 relativa a la plena realización del mer­
cado interior y a la legislación comunitaria de los produc­
tos alimenticios ('). En efecto, en dicha comunicación la 
Comisión indicaba que en principio ya no tenía la inten­
ción de proponer la armonización de disposiciones relati­
vas a las especificaciones de calidad de los productos ali­
menticios. Durante el año 1988 la Comisión publicará 
una comunicación que especificará las orientaciones de in­
terpretación que se deducen de las dos sentencias antes 
citadas en particular, y que definirán los derechos de que 
gozan los agentes económicos a consecuencia de la apli-
cabilidad indirecta de los artículos 30 y 36 al sector de 
los productos alimenticios. 
En 1987 se regularizaron varios expedientes de este tipo. 
Con carácter de ejemplo se pueden citar los dos casos 
siguientes. 
— las autoridades alemanas aceptaron la comercializa­
ción en su territorio de mayonesa con mostaza de 
origen danés no conforme con la legislación alemana 
relativa a este producto. En este caso, el etiquetado 
del producto debería bastar para informar al consu­
midor sobre la composición exacta del producto per­
mitiéndole distinguirlo del producto tradicional ale­
mán. 
— a petición de la Comisión se derogó una disposición 
española que prohibía la exportación de sangría en 
recipientes de capacidad superior a dos litros. 
En otros casos, la Comisión tuvo que proseguir el proce­
dimiento de infracción iniciado con arreglo al artículo 
169 del Tratado. 
— Uno de estos procedimientos se inició con respecto a 
la normativa francesa relativa a la denomicación y 
presentación de bebidas refrescantes, que constituye 
un obstáculo para la importación y comercialización 
de refrescos de zumos de frutas comercializadas le-
galmente bajo la denomicación «limonade» en otro 
(') COM(85) 603 final. 
N° C 310/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
Estado miembro porque no contienen la cantidad mí­
nima de jugo de fruta exigida por la ley francesa. 
— Asimismo, la Comisión sometió al Tribunal un re­
curso contra Alemania con objeto de ratificar que 
este país había incumplido el artículo 30 del Tratado 
al prohibir la importación y comercialización de 
«patés» que no responden a la composición exigida 
por la normativa alemana: esta prescribe que los 
«patés» se deberán fabricar exclusivamente a base de 
productos cárnicos lo cual excluye los «patés» tradi­
cionales de los demás Estados miembros en los que, 
por ejemplo, se incorporan huevos y leche. 
9. Las comunicaciones de esta índole responden al de­
seo de incrementar la transparencia del derecho comuni­
tario, y de mejorar la información tanto de los actores 
económicos como de las administraciones nacionales so­
bre la forma en que se aplican los principios generales de 
los artículos 30 y 36 en un sector determinado o respecto 
a un tipo particular de obstáculos a los intercambios. A 
este respecto, la Comisión pretende dar prioridad a los 
sectores en los que un gran número de quejas suscitan 
problemas idénticos o análogos. 
10. Entre los problemas que se citan más a menudo 
figuran en particular los gastos o demoras ocasionados 
por los procedimientos de matriculación y recepción de 
vehículos importados, — que ya se encontraban matricu­
lados en otro Estado miembro. A este respecto, la Comi­
sión publicará una comunicación durante el año 1988. 
En efecto, el Tribunal dictó en 1987 dos importantes 
sentencias sobre este tema: la sentencia del 11 de junio 
en el asunto 406/85 (Ministerio Público/Srs. Goffette y 
Gilliard) y la sentencia de 17 de junio en el asunto 
154/85 (Comisión/Italia). Por otra parte, los numerosos 
procedimientos de infracción entablados por la Comisión 
a este respecto le han permitido desarrollar unos princi­
pios generales que se presentarán en dicha comunicación 
y que deberían posibilitar que los ciudadanos de la Co­
munidad superasen los problemas que continua supo­
niendo la importación personal de un vehículo. 
No obstante, la Comisión aplicará de ahora en adelante 
estos principios a los casos que le sean presentados, tal y 
como lo demuestran los dos expedientes que a continua­
ción se mencionan: 
— la reglamentación francesa preveía que cuando un ve­
hículo importado no tuviera un certificado de confor­
midad expedido por el representante del constructor 
en Francia, se debería utilizar un método de cálculo 
simplificado de la potencia administrativa (caballos 
fiscales), que, en la mayor parte de los casos, atribuía 
al vehículo importado una potencia fiscal superior a 
la del modelo semejante comercializado en Francia. 
A raíz de la intervención de la Comisión, las autori­
dades francesas unificaron el método de cálculo de la 
potencia fiscal. 
— la Comisión, dada las numerosas quejas que se le 
presentaron a comienzos del año 1987 relativas a la matriculación en España de vehículos importados de 
segunda mano, inició un procedimiento de infracción 
que ha podido interrumpir a mediados del año 1987 
ya que las autoridades españolas reorganizaron los 
trámites de matriculación y abrieron un mayor nú­
mero de instalaciones de control técnico. 
Esta acción de la Comisión no sólo beneficia a los parti­
culares y a los importadores paralelos, sino también a los 
constructores y a sus representantes que encuentran difi­
cultades para obtener la homologación de sus modelos. 
— La Comisión presentó ante el Tribunal un recurso 
contra el régimen belga de homologación de los au­
tobuses de turismo, que contenía una disposición es­
pecialmente restrictiva, relativa al ángulo de giro, que 
constituía un obstáculo para la importación en Bél­
gica de modelos de la gama alta de varios constructo­
res. La Comisión pudo desistir del recurso ya que las 
autoridades belgas derogaron la disposición objeto 
del litigio. 
11. Asimismo, junto con los esfuerzos de armoniza­
ción realizados en el sector de telecomunicaciones, en par­
ticular por lo que respecta a las redes, la Comisión ini­
ció varios procedimientos de infracción al artículo 30 
contra las normativas nacionales que supeditan la impor­
tación de aparatos de telecomunicación (por ejemplo los 
modems, las antenas de recepción de* satélites) a la obser­
vancia de especificaciones técnicas nacionales más res­
trictivas de lo normal, así como a un procedimiento de 
homologación largo y costoso dirigido a comprobar di­
cha observancia. 
12. El control del respeto de los artículos 30 a 36 del 
Tratado no sólo se materializa en la acción represiva an­
teriormente descrita. Las nuevas disposiciones que pien­
san adoptar los Estados miembros son en efecto objeto 
de un control previo de su conformidad con el derecho 
comunitario en el marco del procedimiento de información 
establecido por la Directiva 83/189/CEE. 
13. En 1987, se examinaron de este modo 200 proyectos 
de reglamentaciones y normas técnicas en relación con los 
artículos 30 y 36 y con otras disposiciones de derecho 
comunitario. Este examen condujo a la Comisión a soli­
citar, en aproximadamente una cuarta parte de los casos, 
que se modificaran las disposiciones comunicadas en su 
fase de proyecto, con objeto de garantizar que la adop­
ción de dichas disposiciones no planteara nuevos obstá­
culos a la libre circulación de mercancías para productos 
tan variados como, por ejemplo, los taxímetros electróni­
cos, el material de aislamiento técnico o los hornos mi-
croondas. En 1988, la Comisión presentará al Parla­
mento Europeo un informe completo sobre el funciona­
miento del procedimiento de información, con dos apar­
tados, «normas» y «reglas técnicas», tras su examen por 
el Comité permanente creado por la Directiva 
83/189/CEE. 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/11 
14. Por último, la Comisión inició un estudio sobre las 
condiciones en las que cada Estado miembro asegura la 
reparación de las consecuencias perjudiciales de la viola­
ción de las normas de libre circulación. En efecto, es im­
portante que las empresas y los particulares que hayan 
sufrido un perjuicio a consecuencia de un obstáculo al 
comercio intracomunitario puedan ser indemnizados de 
forma adecuada. 
15. En materia de armonización, entre las 73 directivas 
dirigidas a la supresión de los obstáculos técnicos a los in­
tercambios de productos industriales y cuya fecha límite de 
entrada en vigor ya ha expirado, todavía están pendien­
tes 54 procedimientos de infracción. La mayor parte de 
éstos, es decir 49 casos, se refieren a casos de no comu­
nicación de las medidas de ejecución. Estos casos se de­
ben por lo general a la lentitud de los procedimientos de 
modificación de la legislación nacional y se resuelven pa­
sado un cierto tiempo. La Comisión sólo ha tenido que 
dirigirse al Tribunal contra Italia. Al igual que en el pa­
sado, los casos de no conformidad o de incorrecta apli­
cación se refieren exclusivamente a la Directiva 
73/23/CEE, de 19 de febrero de 1973, llamada «baja 
tensión». Debido a su amplio ampo de aplicación en re­
lación con los productos y con los distintos aspectos que 
regulan, esta Directiva, a pesar de los esfuerzos que la 
Comisión ha desarrollado en el pasado con objeto de 
mejorar su comprensión y su funcionamiento, continúa 
suscitando ciertos problemas de interpretación. En este 
sentido, la legislación española comprende ciertos decre­
tos que imponen la homologación obligatoria de los pro­
ductos que entran en el campo de aplicación de la Direc­
tiva «baja tensión». Como consecuencia del examen de 
estos decretos, la Comisión llevó el caso ante el Tribunal 
el 11 de agosto (asunto 243/87). Mientras tanto, el Go­
bierno español adoptó un decreto de transposición de la 
directiva «baja tensión» al derecho español, cuya entrada 
en vigor está prevista para el 1 de diciembre de 1988. 
16. El número de notificaciones efectuadas por los Es­
tados miembros en el marco de la Directiva 83/189/CEE 
por la que se establece un procedimiento de información 
en materia, de normas y reglamentaciones técnicas, expe­
rimenta un considerable aumento de un año a otro. En 
1987, este aumento fue del 33 % respecto a 1985. 
17. No obstante, en los Estados miembros siguen 
adoptándose normas técnicas nacionales sin que los 
proyectos sean notificados en el arco del procedimiento 
establecido por la Directiva 83/189/CEE. Por ello, en 
1986, la Comisión inició procedimientos por falta de no­
tificación contra siete Estados miembros, que abarcaban 
en total 76 casos de textos nacionales no notificados pre­
viamente. En 1987 sólo se han iniciado una decena de 
procedimientos de infracción. No se ha llevado ante el 
Tribunal ningún caso. Este se debe al hecho de que du­
rante este año, se ha preferido, conforme al propio espí­
ritu de la directiva, privilegiar la prevención de nuevos 
obstáculos a la libre circulación de mercancías antes que reprimir los incumplimientos de la directiva. Se ha prefe­
rido tramitar los proyectos notificados antes que las in­
fracciones. 
18. Sin embargo, la Comisión es totalmente cons­
ciente de que es indispensable un control sistemático, efi­
caz y completo de la aplicación de la Directiva, en parti­
cular en vísperas de la ampliación de su campo de aplica­
ción. Por lo tanto, próximamente adoptará las medidas 
necesarias para garantizar el control más exhaustivo po­
sible. A este objeto prevé lka conclusión de contratos con 
agencias de cada Estado miembro con objeto de con­
trolar todas las reglas técnicas nacionales publicadas, lo 
cual le permitiría perseguir de forma totalmente sistemá­
tica a los Estados miembros que omitan notificar muchos 
de sus proyectos. 
19. Los procedimientos instruidos en lo que se refiere 
a las directivas «productos alimenticios» sólo se refieren a 
casos de no comunicación de las medidas nacionales de 
ejecución. En 1987 se pudieron archivar catorce infrac­
ciones. Dieciséis expedientes se encuentran en fase de 
emplazamiento, diez en fase de dictamen motivado. La 
Comisión ha desistido de su recurso contra Francia por 
no transposición de la Directiva 81/487/CEE (zumos de 
frutas). 
20. El objetivo principal de las directivas «química» es 
la armonización de las legislaciones para permitir la libre 
circulación de determinadas mercancías entre los Estados 
miembros. Esto se aplica principalmente a los detergen­
tes, abonos y sustancias y preparados peligrosos. Desde 
el último informe anual al Parlamento Europeo, los Es­
tados miembros han procedido a seis transposiciones a su 
legislación nacional de distintas directivas pertenecientes 
a este sector. Se han enviado a los Estados miembros 
cinco cartas de emplazamiento por no comunicación de 
las medidas de ejecución de las directivas relativas a los 
PCB/PCT y al amianto. El cuatro de junio el Tribunal 
dictó dos sentencias en el asunto 134/86 relativo a deter­
gentes. 
21. La transposición en los Estados miembros de las 
111 directivas comunitarias aplicables en el sector de los 
vehículos de motor, tractores agrícolas y motocicletas conti­
núa avanzando. Excepto en un caso, todas las infraccio­
nes se debieron a la no transposición de Directivas. Casi 
siempre, es la larga duración de los procedimientos ad­
ministrativos lo que impide a los Estados miembros 
transponer las directivas a los ordenamientos jurídicos 
nacionales dentro del plazo estipulado. 
Contratos públicos 
22. La apertura de la contratación pública constituye 
un objetivo prioritario en la perspectiva de la plena reali­
zación del mercado interior. Para alcanzar este objetivo, 
la Comisión concede una gran importancia a la correcta 
aplicación de lo dispuesto en las Directivas comunitarias 
N° C 310/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
sobre los contratos públicos ('). Asimismo vela porque se 
saque el mayor partido posible a las normas sobre la libre 
circulación de bienes (articulo 30 y siguientes del Tra­
tado CEE) y la libre prestación de servicios (artículo 59 
y siguientes del Tratado CEE). Por ello, la Comisión ha 
adoptado medidas a este respecto, desde el punto de 
vista legislativo, desde el punto de vista interno y en el 
marco de una sensibilización de los sectores públicos y 
privados interesados. 
23. Desde el punto de vista legislativo la Comisión re­
mitió al Consejo, a partir de la entrada en vigor del Acta 
única, una propuesta de directiva (2) basada en el artículo 
100 A y tendente a reforzar el sistema de control de la 
aplicación de las directivas. Esta propuesta prevé que los 
Estados miembros deberán garantizar que los contratis­
tas de obras y de suministro tengan la posibilidad de pre­
sentar, en cualquier etapa del procedimiento de adjudi­
cación del contrato público, un recurso eficaz y rápido 
ante las instancias administrativas o jurisdiccionales na­
cionales, que permita sancionar las ilegalidades que se 
puedan haber cometido durante dicho procedimiento. La 
Comisión, asimismo, tendría, en caso de urgencia y de 
infracción manifiesta, la posibilidad de intervenir de 
forma preventiva para suspender durante un período li­
mitado un procedimiento de adjudicación de contrato. 
24. Por otra parte, desde el punto de vista interno, el 
18 de marzo la Comisión adoptó medidas que permitían 
acelerar y racionalizar la tramitación de las infracciones 
a las reglas comunitarias en el sector de los contratos pú­
blicos. Además, el 31 de diciembre de 1987, la Comisión 
publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Euro­
peas (3) un vademécum sobre los contratos públicos en la 
Comunidad. Este vademécum constituye un instrumento 
de trabajo destinado a todos los usuarios: administrado­
res de fondos estructurales comunitarios y de la BEI, ad­
ministraciones nacionales, agentes económicos. Dicho 
vademécum pretende: 
— suministrar las informaciones y la interpretación ne­
cesarias para comprender correctamente las directivas 
«contratos públicos» y los principios comunitarios en 
que éstas se basan; 
— destacar los límites del poder discrecional de los po­
deres adjudicadores así como las obligaciones que les 
competen; 
— proporcionar todo tipo de datos útiles para aquellos 
que desean participar en los contratos destacando por 
una parte los derechos y las obligaciones de los parti­
cipantes en los contratos y, por otra, los medios de 
recurso comunitarios en caso de que se consideren 
perjudicados. 
El vademécum se publicará también en forma de folleto. 
(') Directiva 71/405/CEE sobre la coordinación de los procedi­
mientos de adjudicación de los contratos públicos de obras. 
DO n° L 185 de 16. 8. 1971. Directiva 77/62/CEE sobre la 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de suministros, modificada por la Direc­
tiva 80/767/CEE DO n° L 13 de 15. 1. 1977 y DO n° L 215 
de 18. 8. 1980. 
O DO n° C 230 de 28. 8. 1987. 
O DO n° C 358 de 31. 12. 1987. 25. Además de las acciones ya citadas iniciadas por la 
Comisión, es útil hacer mención de la sentencia del Tri­
bunal de Justicia por la que se condena a Italia debido a 
la mala aplicación por parte de un municipio italiano de 
las reglas comunitarias de publicidad y de las adjudica­
ciones de oferta de contratos públicos. Asimismo se en­
vió un dictamen motivado, por una parte a Grecia por 
no transposición a su ordenamiento juídico nacional de 
las Directivas 77/62/CEE y 80/767/CEE sobre los con­
tratos públicos de suministro, y por otra parte a España 
por incorrecta aplicación de la Directiva 77/62/CEE por 
lo que respecta a la comunicación de la oferta y al no 
cumplimiento de las normas de publicidad. Por último, la 
Comisión sometió al Tribunal la incorrecta aplicación 
por parte de Irlanda de la Directiva 71/305/CEE sobre 
los contratos públicos de obras. 
Dimensión social del gran mercado: empleo, política social 
y educación 
26. En el ámbito social, la Comisión ha velado por el 
respeto del Tratado (apartado 4 del artículo 48 relativo 
al acceso a la administración pública, artículo 119 rela­
tivo a la igualdad de retribución entre hombres y muje­
res) y de los reglamentos adoptados por el Consejo 
(p. ej. reglamentos relativos a la libre circulación de tra­
bajadores y a la aplicación de los regímenes de seguridad 
social a los trabajadores emigrantes). Por otra parte, los 
Estados miembros deben adaptarse a varias directivas 
mediante medidas nacionales de transposición. Estas di­
rectivas cubren tanto el desplazamiento y la estancia de 
los trabajadores de los Estados miembros en la Comuni­
dad como la igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en materia de empleo y de seguridad social o la protec­
ción de los trabajadores en el lugar de trabajo. 
27. En particular, por lo que se refiere al respeto de 
los artículos del Tratado y de las disposiciones de los regla­
mentos, en 1987, la Comisión tuvo que sometar al Tribu­
nal de Justicia un asunto referente a Bélgica. Otros tres 
asuntos continúan sometidos al Tribunal. Seis nuevas in­
fracciones (Bélgica, Francia, Irlanda) han sido objeto de 
dictámenes motivados de las cuales una se ha sometido al 
Tribunal. Finalmente la Comisión desistió de esta última. 
28. Por lo que se refiere a la no conformidad o a la 
incorrecta aplicación de las directivas, se han solucionado 
cuatro contenciosos (con Bélgica y Alemania) de manera 
satisfactoria para la Comisión que ha podido proceder a 
archivar los expedientes correspondientes. 
29. En este ámbito hay que destacar los siguientes 
hechos: 
— por lo que se refiere al control a la entrada del país 
del documento de residencia o de establecimiento de 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/13 
los nacionales comunitarios beneficiarios de la libre 
circulación, (Directivas 68/360 y 73/184), la Comi­
sión sometió al Tribunal un recurso contra Bélgica 
(asunto 321/87); 
— por lo que se refiere a la Directiva 76/207/CEE refe­
rente a la igualdad entre hombres y mujeres en mate­
ria de acceso al puesto de empleo, se han iniciado 
seis procedimientos de infracción contra Bélgica, 
Francia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos y el 
Reino Unido. En cambio, la Comisión desistió de un 
litigio contra Luxemburgo (asunto 180/86); 
— se iniciaron dos procedimientos de infracción contra 
Grecia e Italia por no conformidad de la Directiva 
77/187/CEE sobre la protección de los trabajadores 
en caso de traspaso de empresas; 
— se inició un procedimiento de infracción contra Bél­
gica por incorrecta aplicación de la Directiva 
79/7/CEE relativa a la igualdad de trato entre hom­
bres y mujeres en materia de seguridad social; 
— se emitió un dictamen motivado respecto a Grecia 
por no conformidad de la Directiva 80/987/CEE so­
bre la protección de los trabajadores en caso de in­
solvencia del empresario. Por otra parte, la Comisión 
sometió al Tribunal de Justicia un asunto referente a 
Italia (asunto 22/87); 
30. Finalmente, por lo que se refiere a la no comunica­
ción de las medidas nacionales de ejecución de las directi­
vas, la Comisión emitió: 
— siete emplazamientos relativos a la Directiva 
80/836/Euratom modificada por la Directiva 
84/467/CEE relativa a la protección sanitari de la 
población y de los trabajadores contra las radiaciones 
ionizantes; 
— cinco emplazamientos referentes a la Directiva 
83/477/CEE relativa a la protección de los trabaja­
dores expuesto al amianto; 
— un emplazamiento relativo a la Directiva 
84/466/Euratom sobre la protección radiológica de 
las personas sujetas a tratamiento médico; 
— siempre en este mismo ámbito, la Comisión sometió 
al Tribunal de Justicia dos litigios (Bélgica y Luxem­
burgo) relativos a la aplicación de la Directiva 
80/1107/CEE sobre la protección de los trabajadores 
contra los agentes químicos (asuntos 296/87 y 
297/87); por otra parte, la Comisión lamenta en par­
ticular que, a pesar de dos sentencias del Tribunal de 
Justicia dictadas respectivamente el 8 de junio de 
1982 y el 6 de noviembre de 1985 en los asuntos 91/181 y 131/84, Italia no haya adoptado todavía las 
medidas necesarias para la aplicación de la Directiva 
75/129/CEE sobre los despidos colectivos. 
Unión aduanera 
31. La utilización de los procedimientos de infracción 
en el sector aduanero persigue básicamente los siguientes 
objetivos: 
— la eliminación de posibles tasas de efecto equivalente a 
los derechos de aduana en los intercambios intracomu-
nitarios, de acuerdo con los artículos 12 y siguientes 
del Tratado; 
— la aplicación correcta del derecho aduanero comunita­
rio, para la plena realización de la unión aduanera, 
ya que ésta es el corolario indispensable del gran 
mercado; 
32. Los procedimientos de infracción relativos a la im­
portación de material militar con franquicia de derechos 
de aduana se encuentran en la misma fase que en 
1986 ('). Sin embargo, teniendo en cuenta que los Esta­
dos miembros demostraron que estaban dispuestos a bus­
car, junto con la Comisión, una solución global y cohe­
rente en el marco del derecho comunitario, la Comisión 
ha elaborado una propuesta de reglamento relativo a las 
suspensiones provisionales de los derechos de aduana co­
rrespondientes a ciertos armamentos y materiales milita­
res, que debería transmitirse en 1988. 
33. Si a veces el inicio de un procedimiento de infrac­
ción se veía dificultado por la formulación de ciertas di­
rectivas, la progresiva sustitución de éstas por reglamen­
tos podrá modificar la situación (2). Por ello, en el sector 
de los regímenes aduaneros económicos (p. ej. régimen 
de perfeccionamiento activo), la Comisión actúa con fir­
meza para que se respeten los correspondientes regla­
mentos. 
34. Por lo que se refiere al respeto por parte de los 
Estados miembros de las disposiciones de la Directiva 
86/489/CEE de la Comisión, por la que se modifica la 
Directiva 77/794/CEE, que establece las modalidades 
prácticas necesarias para la aplicación de ciertas disposi­
ciones de la Directiva 76/308/CEE relativa a la asisten­
cia mutua en materia de cobre de deudas resultantes de 
operaciones que forman parte del sistema de financiación 
del FEOGA así como de exacciones agrícolas y de dere­
chos de aduana y relativa al rVA, la Comisión tuvo que 
enviar una carta de emplazamiento a Bélgica, Irlanda, 
Italia y a los Países Bajos debido a que no habían comu­
nicado las medidas nacionales de ejecución. 
(1) Véase cuarto informe sobre el control de la aplicación del 
derecho comunitario, n° 36. 
(2) Véase cuarto informe sobre el control de la aplicación del 
derecho comunitario, n° 38. 
N° C 310/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
Fiscalidad Indirecta 
35. En el ámbito de la fiscalidad indirecta, la acción 
de la Comisión tendente a hacer respetar el derecho co­
munitario, se encamina en dos direcciones. Por una 
parte, persigue el respeto de los artículos 95 y 96 del Tra­
tado, y, por otra parte, la conformidad de las legislaciones 
nacionales con las directivas comunitarias en este sector. 
36. Este año se han podido solucionar varios casos ini­
ciados anteriormente, ya que los Estados miembros modi­
ficaron su legislación para ajustarse al derecho comunita­
rio. 
— Esto ha afectado en primer lugar a Bélgica y a los 
Países Bajos que habían previsto mantener la opción 
del Anexo G de la Sexta Directiva IVA para las orga­
nizaciones patronales más allá del 31 de diciembre de 
1981, fecha límite establecida por la Directiva; esta 
posibilidad se ha eliminado en lo sucesivo. 
— Otro caso afecta a Alemania que había extendido el 
«Organschaft» (es decir que personas independientes 
desde el punto de vista jurídico pero estrechamente 
ligadas entre sí desde el punto de vista financiero, 
económico y de organización interna se consideraban 
como un único sujeto) a las empresas establecidas en 
el extranjero, mientras que la Sexta Directiva IVA li­
mita dicho «Organschaft» a exclusivamente al inte­
rior del país. Mediante el «Steuerbereinigungsgesetz 
1986», Alemania adaptó su ordenamiento a la Sexta 
Directiva IVA. 
— Igualmente, el Gobierno italiano adoptó las disposi­
ciones necesarias para atenerse a la sentencia del Tri­
bunal de 11 de julio de 1985 en el asunto 278/83, en 
el que la Comisión había iniciado un nuevo procedi­
miento con arreglo al artículo 171 del Tratado CEE. 
En esta sentencia, el Tribunal había establecido en 
efecto que al aplicar a los vinos espumosos con deno­
minación de origen un tipo de IVA superior al apli­
cado a los vinos espumosos similares de producción 
nacional, Italia había faltado al respeto de las disposi­
ciones del artículo 95 del Tratado CEE. 
37. Aismismo, el Tribunal ha dictado varias sentencias 
durante 1987 correspondientes al sector fiscal, como 
consecuencia de recursos de la Comisión, estableciendo 
una jurisprudencia en este ámbito cada día más impor­
tante (hasta la fecha, 132 sentencias dictadas relativas a 
la fiscalidad, de las cuales 39 en base al procedimiento 
previsto en el artículo 169 CEE). 
— Un primer asunto referente a los Países Bajos y rela­
tivo a la no percepción por parte de este Estado 
miembro del IVA correspondiente a las funciones pú­
blicas desarrolladas por los notarios y ujieres. En su 
sentencia de 26 de marzo del asunto 235/85, el Tri­
bunal hubo de delimitar la definición del término 
«actividades económicas» incluido en el apartado 2 
del artículo 4 de la Sexta Directiva IVA y el término «organismo de derecho público» incluido en el apar­
tado 5 del mismo artículo. El Tribunal llegó a la con­
clusión de que la noción de actividades económicas 
engloba asimismo las prestaciones de servicios efec­
tuadas por los notarios y los ujieres en los Países Ba­
jos, ya que se ejercen de forma permanente y me­
diando una retribución. Asimismo estableció que 
cualquier exoneración del IVA debe ser expresa y 
concreta, y que, según se desprende de los objetivos 
de la Sexta Directiva, estas exoneraciones están suje­
tas a una interpretación restrictiva. 
— El 7 de mayo se dictó una nueva sentencia relativa al 
asunto 184/85 contra Italia. Este Estado miembro fue 
condenado por haber instituido y mantenido vigente 
un impuesto indirecto sobre el consumo de plátanos 
frescos aplicable a los pátanos procedentes de otros 
Estados miembros, en particular a los procedentes de 
los departamentos franceses de ultramar, impuesto 
contrario al artículo 95 del Tratado CEE. 
— En cambio, el Tribunal consideró conformes a este 
mismo artículo 95 del Tratado CEE, en los asuntos 
356/85 y 196/85 respectivamente, la diferente impo­
sición sobre el vino y la cerveza aplicada por Bélgica 
en lo que se refiere al IVA, así como el sistema de 
imposición de los vinos dulces naturales y de los vi­
nos generosos aplicado por Francia. 
— Se esperan próximamente nuevas sentencias ya que la 
Comisión ha presentado ocho nuevos recursos al Tri­
bunal en 1987, con lo que actualmente el número de 
asuntos pendientes como consecuencia de una acción 
de la Comisión asciende a 15. 
38. Finalmente, conviene destacar que la Comisión 
emitió varios dictámenes motivados. 
— Estos dictámenes se refieren en primer lugar al no 
cumplimiento del artículo 95 del Tratado CEE por 
parte de los Estados miembros. Se trata en particular 
de Grecia por lo que se refiere al impuesto diferencial 
sobre la importación de queso en polvo y de artículos 
de decoración de plástico. Igualmente Dinamarca, 
por lo que se referiere a la imposición sobre los auto­
móviles. En el ámbito de las tasas parafiscales (9), la 
Comisión inició un nuevo caso contra Francia refe­
rente a su canon sobre los productos de las explota­
ciones forestales excepto la leña, producidos o impor­
tados en dicho Estado miembro. 
— Se trata también de la incorrecta aplicación de las di­
rectivas fiscales y en particular de las directivas sobre 
el IVA, ya que ciertos casos pueden incidir de forma 
negativa sobre la percepción de los recursos propios: 
Irlanda, exoneración de las entregas realizadas por 
las profesiones médicas y paramédicas, así como refe­
rente a las gafas correctoras; Reino Unido, imposi­
ción a las agencias de viaje; Italia, modalidades de 
reembolso a los extranjeros sujetos al impuesto; Fran­
cia denegación de reembolso del IVA pagado con ca­
sia de la importación de un barco de recreo, así 
(*) Véase cuarto informe sobre el control de la aplicación del 
derecho comunitario, nos 43 a 45. 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/15 
como por lo que se refiere al régimen aplicable al sector 
de los juegos automáticos. 
Instituciones financieras y derecho de sociedades 
39. La labor más importanto de la Comisión en el sec­
tor de las instituciones financieras se dirige a la plena rea­
lización del mercado interior comunitario, caracterizado 
por la completa liberación de las prestaciones de servicios 
financieros, tanto en interés de las instituciones financie­
ras como en interés del consumidor. 
40. La Comisión prosiguió sus trabajos sobre la libre 
prestación de servicios del sector de los seguros en fun­
ción de las sentencias dictadas por el Tribunal en 
1986 0). 
41. Asimismo, la Comisión concedió absoluta priori­
dad a la aplicación del derecho comunitario en el ámbito 
del seguro de automóviles. En efecto, varios Estados 
miembros todavía no han aplicado las disposiciones que 
prevén la supresión del control de la carta verde de los 
automovilistas de los demás Estados miembros (Directiva 
5/84/CEE). Como consecuencia de diversas quejas, la 
Comisión estudió la compatibilidad del derecho comuni­
tario con la percepción, en un Estado miembro, de una 
tasa superior a la aplicada a los cheques nacionales con 
ocasión del pago de cheques emitidos en otros Estados 
miembros o de operaciones bancarias intracomunitarias. 
42. En el ámbito del derecho de sociedades y de la fis-
calidad directa, la aplicación correcta de la legislación 
comunitaria resulta esencial por dos motivos: 
— a medida que se desarollan los intercambios y las in­
versiones intracomunitarias, que se liberaliza la circu­
lación de los capitales y que se acerca el año 1992, 
cada vez más personas tendrán que relacionarse con 
sociedades cuya casa matriz se encuentra en otro Es­
tado miembro. Estas personas tienen que saber si dis­
ponen de un nivel de protección más o menos equi­
valente, sea cual sea el Estado miembro en el que 
está establecida la sociedad. 
— se deben facilitar las actividades y la cooperación 
transfronteriza de las sociedades. Las empresas con­
juntas, las fusiones, las compras de empresas se reali­
zan más fácilmente si existe un «tronco común» del 
derecho de sociedades. 
(') Véase cuarto informe sobre el control de la aplicación del 
derecho comunitario 1986, n° 88. 43. Por lo tanto el proceder de la Comisión consiste 
en perseguir todas las infracciones que impidan la aplica­
ción de los principios formulados anteriormente. De esta 
forma, durante el año anterior se percibieron las siguien­
tes infracciones: 
— Todos los Estados miembros han realizado la trans­
posición de la Directiva 78/660/CEE, relativa a la 
contabilidad anual de las sociedades, excepto Italia 
que, por otra parte, no ha cumplido la sentencia dic­
tada por el Tribunal el 20 de marzo de 1986 en el 
asunto 17/85. 
— La Comisión emitió en 1987 un dictamen motivado 
dirigido a Bélgica, Francia, Reino Unido, Grecia, Ita­
lia, Irlanda y Luxemburgo por no transposición de las 
directivas 78/855/CEE relativa a la fusión de las 
sociedades anónimas y 82/891/CEE relativa a la 
escisión de las sociedades anónimas. 
— Grecia comunicó las medidas adoptadas para aplicar 
las directivas 68/151/CEE (publicidad de socieda­
des), 77/911/CEE (constitución de las sociedades 
anónimas) y 78/660/CEE (contabilidad anual de 
ciertos tipos de sociedades), cuya no transposición 
había sido objeto de un dictamen motivado emitido 
por la Comisión en 1986. En consecuencia, la Comi­
sión pudo achivar los respectivos expedientes. 
— Grecia comunicó las medidas adoptadas para aplicar 
la Directiva 85/303/CEE relativa a los impuestos in­
directos sobre la acumulación de capitales, cuya no 
transposición había sido objeto de un dictamen moti­
vado emitido por la Comisión en 1987. 
Libre circulación de los productos agrarios 
44. En lo que se refiere a la libre circulación de los 
productos agrarios, las infracciones por obstaculización 
de los intercambios fueron, en 1986, múltiples y variadas, 
como se muestra en los ejemplos siguientes: 
— disposiciones técnicas relativas a la presentación, a la 
calidad o al acondicionamiento de los productos que 
tienen por efecto limitar o desalentar las importacio­
nes : la Comisión ha perseguido en particular este tipo 
de medidas en el caso de restricciones a la comercia­
lización o la importación de mantequilla o carne de 
vacuno en Grecia, de materias grasas en Italia, así 
como en el caso de la normativa alemana que reserva 
la utilización de una forma determinada de botella a 
determinados productos nacionales (Bocksbeutel); 
— la fijación de precios mínimos con objeto de desalen­
tar y restringir las importaciones se ha practicado en 
Grecia al comercio de quesos, semillas y aceite de 
oliva; 
— la exigencia de licencias o autorizaciones previas a la 
importación, aplicada respecto de las patatas en Ir-
N° C 310/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
landa, de los productos de origen animal en el Reino 
Unido, de la carne de cerdo congelada en Grecia, 
así como de los productos elaborados a partir de car­
nes en Grecia y de los animales vivos y carnes frescas 
en Bélgica; 
— el régimen de concesión de licencias de divisas, tal y 
como se aplica en Grecia con objeto de controlar las 
importaciones, en los sectores de la carne de vacuno 
y de porcino, de las plantas vivas, de los productos 
lácteos (quesos) y de los cereales; 
— las medidas nacionales dependientes del sector veteri­
nario, sanitario y fitosanitario o del sector de aditi­
vos, que prohiben las importaciones o las hacen im­
posibles, tales como las medidas referentes a la leche 
pasteurizada en el Reino Unido, las semillas de 
patata en Irlanda y ciertas conservas de carne en 
Alemania. 
— las medidas que limitan los intercambios, debidas a la 
existencia de una organización nacional de mercados, 
tal como el régimen aplicado en Grecia a los pláta­
nos; 
— las medidas que prohiben las exportaciones o las ha­
cen imposibles tales como las que se refieren al aceite 
de oliva y a las uvas pasas en Grecia, y a los caballos 
en Francia. 
B. LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS 
Política económica y monetaria 
45. En el ámbito de las transferencias correspondientes 
al turismo y otros viaies (artículo 106 del Tratado CEE), 
la normativa del conjunto de los Estados miembros se 
atiene, actualmente, a la interpretación dada por la Co­
misión en julio de 1984 a la sentencia dictada por el Tri­
bunal de Justicia (sentencia de 31 de enero de 1984 en 
los asuntos conexos 286/82 y 26/83). 
46. No obstante, por lo que se refiere a las transferen­
cias correspondientes a los gastos turísticos de los estudiantes 
en el extraniero, Grecia (hasta finales de 1988) y Portugal 
(hasta finales de 1990 pueden mantener ciertas restriccio­
nes en virtud, respectivamente, de una decisión basada 
en el apartado 3 del artículo 100 del Tratado CEE y de 
las disposiciones transitorias del Acta de Adhesión. 
Mercado interior 
47. En base a los artículos 30 a 36 del Tratado CEE 
se pueden perseguir muchas de las molestias que los ciu­
dadanos de la Comunidad padecen con ocasión de sus 
desplazamientos. La acción emprendida en 1987 para re­
solver las dificultades derivadas de la matriculación de 
vehículos ya ha sido mencionada anteriormente (n° 9). 
48. La Comisión ha fijado también su atención en las 
dificultades encontradas por los ciudadanos que, con 
ocasión de sus desplazamientos, llevan medicamentos des­
tinados a cubrir sus necesidades médicas durante su es­
tancia en un Estado miembro distinto al de su residencia. 
La Comisión considera que es esencial conceder una gran flexibilidad a este respecto, bien entendido, sin per­
juicio de la represión de los verdaderos casos de fraude. 
Por lo tanto, la Comisión ha invitado a varios Estados 
miembros a flexibilizar su normativa en este ámbito. 
Libre circulación de personas y servicios 
49. La Comisión, junto con los esfuerzos realizados 
para dar, en el marco de la plena realización del mer­
cado interior, un nuevo impulso a la libre circulación de 
los ciudadanos de la Comunidad, ha velado por garanti­
zar el respeto del acervo comunitario, en particular per­
siguiendo todas las discriminaciones por motivos de nacio­
nalidad de las que hubiera tenido conocimiento directo o 
que le hubieran sido comunicadas mediante una queja. 
En este sector, dos casos han sido objeto de una senten­
cia dictada por el Tribunal, y los Estados miembros afec­
tados deberían adoptar en fecha próxima las correspon­
dientes medidas de ejecución. La Comisión en 1987 tuvo 
que someter al Tribunal otros cuatro casos, de los cuales 
tres referentes a Grecia y uno a Francia. En consecuen­
cia, el número de casos pendientes ante el Tribunal en la 
actualidad asciende a seis. 
50. El volumen de las infracciones a las directivas 
adoptadas en aplicación del artículo 57 del Tratado con 
objeto de asegurar la libre circulación de las personas que 
ejercen una profesión liberal o social (médicos, enferme­
ros, responsables de cuidados generales, odontólogos, 
comadronas, abogados, peluqueros y auxiliares de trans­
porte, veterinarios, arquitectos farmacéuticos) ha vuelto 
a disminuir, pasando de trece a nuevo casos. Actual­
mente los asuntos sometidos el Tribunal ascienden a siete 
(cinco recursos de 1986, uno de 1985 y uno de 1984). 
51. Para garantizar la libre circulación de las emisio­
nes de radio en el interior de la Comunidad, la Comisión 
ha adoptado un doble enfoque. Por una parte, el 30 de 
abril de 1986, presentó al Consejo una propuesta de Di­
rectiva (x) referida a la actividad de radiodifusión que 
tiende a coordinar ciertas disposiciones de los Estados 
miembros en el sector. Por otra parte, y simultánea­
mente, la Comisión vela para que, desde ahora, cualquier 
restricción a la libre circulación resultante de la aplica­
ción de las legislaciones de los Estados miembros sea su­
primida con arreglo al Tratado CEE. 
52. De esta forma, la Comisión emitió un dictamen 
motivado y, en otro caso, recurrió ante el Tribunal con­
tra las discriminaciones de que eran objeto las emisiones 
extranjeras, discriminaciones prohibidas por los artículos 
52 y 62 del Tratado CEE. Por otra parte, se archivó un 
asunto referido a Alemania relativo a la no distribución 
(') Suplemento 5/86 del Boletín de las Comunidades Europeas. 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/17 
por cable de los programas extranjeros difundidos por 
satélite en el Land de Hesse ya que la retransmisión está 
desde ahora garantizada. 
53. Tras una exhaustiva discusión con las autoridades 
holandesas, se presentó el recurso ante el Tribunal. En 
efecto, en julio de 1984, los Países Bajos adoptaron una 
reglementación sobe la difusión por cable de los progra­
mas extranjeros de televisión (Kabelregeling). Dicha re­
glamentación suponía la prohibición absoluta de distri­
buir por cable los programas extranjeros transmitidos vía 
satélite, que contuvieran mensajes publicitarios destina­
dos específicamente al público holandés. Según la Comi­
sión, esta medida constituye una discriminación que no 
se puede justificar por motivos de orden público. 
Protección de los consumidores 
54. El control de la aplicación de las disposiciones di­
rigidas a proteger a los consumidores continúa encon­
trándose con ciertas dificultades, puesto que dichas dis­
posiciones en encuentran dispersas entre muchos de los 
distintos sectores de la actividad comunitaria. Los consu­
midores, primeros beneficiarios de un gran mercado inte­
rior, siguen manifestando un relativo escaso interés por 
sus derechos y por las posibilidades que les ofrece la nor­
mativa comunitaria. Las principales acciones de la Comi­
sión citadas en este informe (números 8 y 9) se refieren a 
los sectores de los productos alimenticios y de los auto-, 
móviles. De forma general, es necesario hacer constar de 
nuevo que los consumidores de los Estados miembros 
parecen concebir la Comunidad y la plena realización 
del mercado interior como una cierta «amenaza» de pro­
tección más que como una posibilidad de nuevas oportu­
nidades. 
Permiso de conducción 
55. El Tribunal de Justicia condenó respectivamente el 
12 de marzo (asunto 9/86) y el 7 de mayo (asunto 
419/85), a Bélgica e Italia por no transposición de la di­
rectiva que establece un permiso de conducir comunita­
rio. Como consecuencia de la sentencia del 12 de mayo, 
Bélgica comunicó a la Comisión un proyecto de real de­
creto dirigido, entre otras cosas, a cumplir la sentencia. 
Sin embargo este proyecto es objeto de ciertas reservas 
por parte de la Comisión, reservas que han sido comuni­
cadas al Gobierno belga. 
56. La Comisión continúa prestando gran atención a 
las quejas que le llegan de los particulares; en efecto, en 
1987, le fueron sometidos distintos casos relativos sobre 
todo a las dificultades encontradas por los ciudadanos 
para cambiar su permiso de conducir cuando establecen 
su residencia en otro Estado miembro. 
Fiscalidad indirecta 
57. Los avances en la creación del mercado común ha 
supuesto el crecimiento de los intercambios, no sólo en­
tre empresas, sino también entre particulares de los dis­tintos Estados miembros. Una de las condiciones para la 
realización de esta Europa de los ciudadanos es, por lo 
tanto, poder facilitar estos intercambios, para lo cual ya 
se han adoptado un cierto número de medidas concretas 
en el ámbito fiscal con objeto de hacer más cómoda la 
vida diaria del ciudadano europeo, que cada vez más fre­
cuentemente se ve obligado a dirigirse a otros Estados 
miembros, con motivo de un viaje o de un cambio de 
residencia. 
58. La Comisión presta gran atención al respeto de las 
Directivas, así como de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, pendiente de la adopción de las nuevas medidas 
que se encuentran actualmente en fase de discusión en el 
Consejo. 
— A este respecto se ha podido dar un importante paso 
en un sector especialmente sensible, el de la supresión 
de los casos de doble imposición con motivo de la 
importación de artículos de ocasión comprados por 
particulares en otro Estado miembro comunitario (l). 
Se está a la espera de que se produzca una rápida 
solución en varios Estados miembros que todavía no 
aplican en todo o en parte estas disposiciones del Tri­
bunal (2): Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, 
Luxemburgo y Reino Unido, habiéndose archivado 
ya el procedimiento contrar los Países Bajos. En cam­
bio, la Comisión decidió presentar un recurso ante el 
Tribunal contra Italia que no se ha conformado al 
dictamen motivado. 
— Por lo que se refiere a las directivas que conceden 
franquicias fiscales a los particulares que viajan den­
tro de la Comunidad o fuera de ésta, también de 
esencial garantizar la perfecta aplicación de las dispo­
siciones comunitarias ya adoptadas Desde este punto 
de vista, la Comisión se vio obligada a enviar un dic­
tamen motivado a Dinamarca y a Irlanda que habían 
decidido introducir, a partir de abril de 1987, ciertas 
restricciones a la concesión de franquicia a los viaje­
ros salidos de su país durante un breve período sola­
mente, ya que la normativa comunitaria no establece 
ninguna distinción en cuanto a la duración del viaje. 
El Parlamento Europeo criticó duramente esta situa­
ción, invitando a la Comisión, en su relación de 14 
de mayo (3), a actuar rápidamente para el Tribunal 
pudiese pronunciarse respecto de estos problemas en 
caso de que los gobiernos afectados suprimiesen esas 
nuevas medidas discriminatorias. Dinamarca también 
0) Ver sentencias del Tribunal de 5. 5. 1982 y 21. 5. 1985 en 
los asuntos «Gastón Schul» (asuntos 15/81 y 47/84) y de 23. 
1. 1986 en el asunto «Bergerés Becqué» (asunto 39/85) que 
amplía el principio de la jurisprudencia «Schul» a los regalos 
recibidos por los particulares. 
(2) Ver cuarto informe sobre el control de la aplicación del de­
recho comunitario, n° 68. 
O DO n° C 156 de 15. 6. 1987. 
N° C 310/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
fue perseguida por la Comisión por lo que respecta a 
la franquicia de bebidas alcohólicas, a consecuencia 
del establecimiento de un límite cuantitativo a la im­
portación con franquicia de cerveza, ya que la direc­
tiva correspondiente no prevé ningún tipo de límite. 
También conviene a este respecto facilitar los trámi­
tes de control en las fronteras. A este respecto, la Co­
misión envió dictámenes motivados a Francia, Bélgica 
y Reino Unido por exigir la presentación de un im­
preso especial con objeto de obtener el descuento de 
impuestos, mientras que la directiva sólo prevé que se 
deberá presentar la factura de compra o un docu­
mento justificativo similar. Como consecuencia de la 
acción de la Comisión, Francia y Bélgica ya han mo­
dificado su normativa, mientras que continúa pen­
diente el procedimiento contra al Reino Unido. 
59. Por último cabe señalar, siempre en el marco de 
la vigilancia de la aplicación de las disposiciones comuni­
tarias relacionadas con la Europa de los ciudadanos, la 
sentencia condenatoria dictada por el Tribunal el 24 de 
noviembre contra Italia por no haber adoptado todavía 
las medidas nacionales de ejecución para cumplir las di­
rectivas del Consejo de 28 de marzo de 1983 relativas, 
por una parte, a la exoneración del IVA de ciertas im­
portaciones definitivas de bienes, en particular los bienes 
destinados a organismos de carácter benéfico o filantró­
pico, el instrumental de estudio, las muestras de escaso 
valor (83/181/CEE) y, por otra parte, a las franquicias 
aplicables a las importaciones definitivas de bienes perso­
nales de particulares en los siguientes casos: cambios de 
residencia normal; instalación de mobiliario o abandono 
de una residencia secundaria; importación de bienes con 
ocasión de un matrimonio o de bienes adquiridos me­
diante una herencia (83/183/CEE). 
II. OTRAS CUESTIONES 
Asuntos jurídicos 
60. Tras la adopción de la ley n° 1640/86, el Tribunal 
de primera instancia de Atenas aplicó la fórmula ejecuto­
ria a las decisiones adoptadas contra la empresa «Mata-
lurgiki Halpys SA». De esta forma se ponía fin a las vio­
laciones del artículo 92 del Tratado CECA, hechas cons­
tar mediante decisión motivada de la Comisión de 23 de 
diciembre de 1985. 
Cuestiones estadísticas 
61. En el ámbito estadístico, la obligación del Estado 
miembro consiste en suministrar, con una determinada 
periodicidad, información cuantificada referida a un sec­
tor determinado y con arreglo a modalidades obligato­
rias. El carácter específico de las infracciones en este sec­
tor se debe al hecho de que nunca se llega de forma defi­
nitiva a cumplir correctamente las obligaciones de qarác-
ter periódico y repetitivo. De forma general, las infrac­
ciones producidas, poco numerosas, se refieren a me­
nudo a los plazos de envío de los datos exigidos. 
62. Entre los casos estudiados por la Comisión en 
1987, salvo uno en que se pudo archivar inmediatamente 
el expediente, en todos los demás la Comisión sólo ha llegado a la fase de emplazamiento. Por otra parte, du­
rante este año no se han producido dictámenes motiva­
dos o recursos ante el Tribunal. 
63. El expediente que estaba en suspenso desde 1986 
referido a un asunto ya juzgado, continuó abierto, ya 
que el Estado miembro no había subsanado la falta que 
se le reprochaba. Se trata de Italia, cuya falta de envío de 
una relación completo de los transportes de mercancías 
efectuados por los nacionales (Directiva 78/546/CEE) 
fue sancionada mediante sentencia del Tribunal de 11 de 
julio de 1985 careciéndose todavía de ciertos datos ya 
que las iniciativas adoptadas por dicho Estado miembro 
para llegar a una solución no han servido para suminis­
trar datos satisfactorios 
Asuntos administrativos 
64. En el ámbito de la transferencia de los derechos de 
pensión, la Comisión prosiguió los procedimientos de in­
fracción iniciados contra varios Estados miembros (Bél­
gica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania). 
Mediante su sentencia de 17 de diciembre en el asunto 
315/85, el Tribunal rechazó la tesis de la Comisión se­
gún la cual el funcionario tiene derecho a pedir en cual­
quier caso la transferencia del equivalente actuarial, in­
cluso aunque el régimen nacional sólo prevea la transfe­
rencia del total de las cantidades devengadas en con­
cepto de rescate de sus derechos. Será conveniente revi­
sar los demás procedimientos de infracción a la luz de 
las indudables repercusiones de esta sentencia. 
65. Por lo que se refiere a la acumulación de prestacio­
nes familiares, el Tribunal, mediante sentencias de 7 de 
mayo, correspondientes a los asuntos 186/85 y 189/85, 
dictadas por infracción contra Bélgica y la República Fe­
deral de Alemania, confirmó la tesis de la Comisión se­
gún la cual las prestaciones familiares comunitarias tie­
nen un carácter complementario de las prestaciones fa­
miliares nacionales. 
66. El procedimiento de infracción iniciado contra la 
República Federal de Alemania a causa de la afiliación 
obligatoria de los funcionarios de las Comunidades al se­
guro de enfermedad, condujo, el 27 de enero, a una mo­
dificación de la normativa alemana correspondiente. Por 
lo tanto, la Comisión desistió del correspondiente asunto 
pendiente ante el Tribunal (asunto 261/86). 
67. Los distintos procedimientos de infracción inicia­
dos contra Bélgica en casos relativos a la situación de los 
funcionarios de las Comunidades destinados en Bélgica, 
condujeron a un documento de avenencia firmado el 
3 de abril entre las instituciones comunitarias y el go­
bierno belga. 
Cuestiones presupuestarias 
68. Han podido archivarse determinados procedi­
mientos de infracción abiertos para obtener el pago de 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/19 
recursos propios IVA así como los intereses de mora co­
rrespondientes a dichos importes, contra Alemania y los 
Países Bajos, al haber dado curso estos Estados miem­
bros a las peticiones realizadas en el dictamen motivado 
de la Comisión. La Comisión emitió dictámenes motiva­
dos contra Alemania, Irlanda y el Reino Unido con ob­
jeto de obtener el pago de los recursos propios IVA no 
abonados, así como los intereses de mora debidos, por 
infracciones a la Directiva 77/388/CEE y al Reglamento 
(CEE) n° 2892/77 modificado. 
69. La Comisión pudo archivar un procedimiento de 
infracción relativo a los «cruceros de mantequilla» de Ale­
mania, ya que se habían satisfecho los importes exigidos. 
Esto sólo afecta al aspecto de «recursos propios» de este 
asunto, sin perjuicio del propio estatuto de estos cruceros 
que, por otra parte, está en estudio. 
70. En lo que se refiere a los intereses por demora en el 
pago de los recursos propios, el Tribunal dio la razón a 
la Comisión en dos asuntos de especial importancia para 
la gestión de los recursos propios de la Comunidad. En 
el primero de estos asuntos, contra el Reino Unido (sen­
tencia de 18 de diciembre de 1986 en el asunto 93/85), 
el Tribunal confirmó que los Estados miembros deben 
cumplir la invitación de la Comisión de anticipar en un 
mes el pago de los recursos distintos a los recursos IVA 
cuando la Comisión recura al apartado 2 del artículo 10 
del Reglamento (CEE) n° 2891/77 del Consejo, de 19 de 
diciembre de 1977. En el segundo, contra Grecia (sen­
tencia de 17 de septiembre de 1987 en el asunto 70/86), 
el Tribunal no admitió la alegación de una huelga de 
banca como caso de fuerza mayor para justificar el re­
traso en el pago de una contribución financiera; en 
efecto, el Tribunal concluyó que, ya que la huelga era 
previsible, se hubiera podido evitar el retraso. 
71. La Comisión presentó al Tribunal un recurso con­
tra Italia relativo al retraso resultante de la contabiliza-
ción errónea de determinados derechos de aduana. En 
otros dos casos, los Estados miembros encausados cum­
plieron dos dictámenes motivados de la Comisión. 
Competencia 
72. En 1987, la Comisión instruyó, en materia de ade­
cuación de los monopolios nacionales de carácter comercial, 
un expediente relativo a Francia (monopolio de los abo­
nos potásicos) y dos relativos a Grecia (seguro de bienes 
públicos y monopolio de seguros petrolíferos). 
73. Por lo que respecta al monopolio francés de los 
abonos potásicos, la Comisión decidió archivar el expe­
diente el 10 de junio ya que el Gobierno francés se 
ajustó al dictamen motivado de la Comisión emitido en 
1985. 74. Por lo que se refiere al monopolio petrolífero 
griego que, con arreglo al Tratado de Adhesión, debería 
haber quedado adaptado el 31 de diciembre de 1985, las 
observaciones presentadas por las autoridades griegas en 
el marco del procedimiento de infracción iniciado en 
1986 no han permitido a la Comisión reconsiderar su 
postura en cuanto a la incompatibilidad de la legislación 
vigente con las disposiciones de los artículos 34 y 37 del 
Tratado CEE. En consecuencia, el 26 de mayo la Comi­
sión envió un dictamen motivado a Grecia. 
75. Por lo que se refiere al seguro de bienes públicos 
en Grecia, la Comisión envió a este Estado miembro un 
dictamen motivado el 23 de febrero, considerando que 
Grecia no había adoptado las medidas necesarias para 
ajustarse a la decisión de la Comisión, de 24 de abril de 
1985, relativa al seguro d bienes públicos en Grecia y de 
los créditos concedidos por los bancos públicos griegos. 
Al comprobar a continuación que Grecia había incurrido 
en una infracción al no aplicar la mencionada decisión, 
el 20 de julio la Comisión recurrió ante el Tribunal. 
76. Asimismo, la Comisión abrió un expediente rela­
tivo a la negativa del Gobierno alemán a prestar asisten­
cia a los agentes de la Comisión en el marco de la aplica­
ción de las reglas de competencia. El 4 de junio se envió 
un dictamen motivado a Alemania. 
Medio ambiente 
77. Durante el año 1987, dos elementos caracteriza­
ron la evolución del control del derecho medioambiental. 
El 19 de octubre, el Consejo y los representantes de los 
gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Con­
sejo adoptaron una resolución mediante la cual aproba­
ron el cuarto programa de acción comunitario en materia 
de medio ambiente^). En esta resolución el Consejo su­
braya la importancia que concede al control de la aplica­
ción efectiva de las disposiciones comunitarias en materia 
medioambiental. Asimismo solicita a la Comisión que 
presente al Consejo y al Parlamento un balance de las 
acciones iniciadas. El cuarto programa establece como 
una de las prioridades para el período de 1986 a 1992 el 
control de la aplicación de las disposiciones medioam­
bientales en los Estados miembros. La Comisión ha co­
menzado a poner en práctica esta nueva orientación polí­
tica. En este sentido: 
— ha adoptado disposiciones de organización para me­
jorar el control de la aplicación del derecho me­
dioambiental; 
— ha convocado reuniones de funcionarios a alto nivel 
encargados de la gestión del agua y de los residuos 
en los Estados miembros; 
0) DO n° C 289 de 29. 10. 1987. 
N° C 310/20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
— ha empezado a dar una mayor publicidad a las deci­
siones adoptadas en aplicación del artículo 169; 
— ha fomentado seminarios y conferencias en los Esta­
dos miembros relativos a la puesta en práctica de las 
disposiciones comunitarias. 
78. En el marco del año europeo del medio ambiente, la 
Comisión, entre otras actividades, se esforzó por sensibi­
lizar el interés de los particulares en los problemas de la 
aplicación efectiva de las disposiciones comunitarias. En 
particular se pueden citar: 
— la redacción y publicación de los textos de las casi 
cien directivas existentes en materia de medio am­
biente, en los nuevos idiomas comunitarios; 
— el apoyo a la Oficina europea del medio ambiente 
(OEMA) para la elaboración de folletos destinados a 
informes a las organizaciones nacionales miembros 
de la misma, así como a los miembros individuales 
del OEMA sobre el alcance de las directivas comuni­
tarias sobre la protección de las aves (797409/CEE), 
la calidad de las aguas de las playas (76/160/CEE) y 
los riesgos de accidentes graves resultantes de ciertas 
actividades industriales (82/501/CEE). Estos folletos 
pretenden apoyar una campaña destinada a asegurar 
que las directivas comunitarias se aplican de hecho en 
toda la Comunidad; 
— la publiación de un folleto por el que se informa a los 
particulares de la Comunidad sobre los derechos que 
les corresponden en virtud de las directivas medioam­
bientales y de las posibilidades de presentar una queja 
ante la Comisión; 
— la sensibilización de las organizaciones profesionales 
y medioambientales sobre la existencia de un derecho 
comunitario medioambiental, mediante seminarios, 
conferencias, discursos, vídeos, etc. 
79. En 1987, el Tribunal de Justicia se pronunció en 
diez casos sobre temas de medio ambiente que oponían a 
la Comisión con los Estados miembros (Bélgica, tres ca­
sos, Italia, Alemania y Países Bajos, dos casos, Dina­
marca, un caso). En todas estas ocasiones, el Tribunal 
confirmó el punto de vista de la Comisión por lo que 
respecta a la interpretación y al alcance de las distintas 
directivas; en particular, son de señalar las cuatro senten­
cias contra Italia (sentencia de 8 de julio en el asunto 
262/85), Alemania (sentencia de 17 de septiembre en el 
asunto 412/85), Países Bajos (sentencia del 13 de octu­
bre en el asunto 236/85) y Bélgica (sentencia de 8 de 
julio en el asunto 247/85) en el ámbito de la protección 
de las aves silvestres. Durante el año 1987, la Comisión 
emitió 24 dictámenes motivados y presentó tres nuevos 
recursos en el sector del medio ambiente. Por lo que se 
refiere a las quejas de los particulares, un importante nú­
mero de éstas se refiere a la protección de las aves silves­
tres, así como a la calidad del agua potable y del agua de 
las playas. Esta tendencia, que confirma una evolución 
de los años anteriores, demuestra que los ciudadanos co­
munitarios todavía no están bastante sensibilizados en re­
lación con las amenazas que se ciernen sobre su medio ambiente y que afectan a otros aspectos (residuos, conta­
minación del aire, productos químicos). 
. Política agrícola 
80. Las infracciones a las medidas específicas de orga­
nización del mercado destinadas a conseguir los objeti­
vos formulados en el artículo 39 del Tratado CEE se re­
fieren, bien al retraso en la aplicación de la reglementa-
ción comunitaria (que está destinada, para que produzca 
los efectos deseados por el legislador comunitario, a apli­
carse en breve plazo), bien a la mala aplicación de las 
malas disposiciones comunitarias. 
81. La Comisión ha tenido que perseguir los retrasos 
registrados en la aplicación del régimen de la tasa de co­
rresponsabilidad suplementaria en el sector lácteo de Ita­
lia, en el pago de las primas por abandono de superficies 
plantadas de viñas en Italia, en la creación de un fichero 
informatizado de los datos oleícolas en Italia y Grecia, y 
en la adopción de medidas sancionadoras en caso de in­
fracción del régimen de ayudas a la producción de aceite 
de oliva en Francia. 
82. Por lo que se refiere a la incorrecta aplicación de la 
reglementación comunitaria, ha afectado al funciona­
miento de las organizaciones de mercado: 
— en el sector lechero en el Reino Unido por determi­
nadas actividades de los «Milk Marketing Boards» en 
el ámbito de los precios; 
— en el sector de los cereales y del aceite de oliva en 
Grecia por las intervenciones estatales a nivel de pre­
cios institucionales o de la compra de cereales que no 
respondían a los criterios establecidos por la regle-
mentación comunitaria; 
— en los sectores de frutas y hortalizas, de productos 
lácteos, y de vino en Italia, por la concesión de ayu­
das regionales ilegales o la falta de controles destina­
dos a garantizar el respeto de las normas de calidad 
de las frutas y hortalizas, por fijar el precio de la le­
che en una fase que depende exclusivamente de la 
competencia comunitaria, o por la inclusión injustifi­
cada de ciertas áreas vitícolas en una región determi­
nada (Lago di Caldaro); 
— en el sector del vino en Alemania por el aumento ile­
gal del grado alcohólico-volumétrico natural de los 
vinos de Mossela, por la admisión de vinos de calidad 
producidos en regiones determinadas (VCPRD) 
fuera de las regiones determinadas o por la prohibi­
ción de utilizar los mostos de avas concentrados rec­
tificados en la elaboración de vinos locales y de 
VCPRD; 
— en el sector lechero en Francia, por la omisión de re­
ducir la cantidad global garantizada en proporción a 
la reducción del período tomado en cuenta para la 
determinación de la tasa adeudada (período de 12 
meses (365 días) sustituido por un período de 52 se­
manas (364 días)). 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/21 
83. En materia de armonización, los sectores cubiertos 
son los siguientes: los sectores fitosanitarios, las semillas 
y plantas, los alimentos para animales y el derecho vete­
rinario. 
84. Por no comunicación de las medidas nacionales de 
ejecución de las directivas de la Comisión, en 1987 ésta 
se vio obligada a: 
— iniciar 15 nuevos procedimientos de infracción en vir­
tud del artículo 169 del Tratado: 10 contra Grecia en 
el sector -de semillas y plantas, 5 en el sector de ali­
mentos para animales contra distintos Estados miem­
bros; 
— emitir 2 dictámenes motivados; 
— presentar recurso ante el Tribunal en 5 casos (4 casos 
en el sector veterinario). 
Además, el Tribunal, durante este mismo año, condenó a 
Italia por no haber adoptado las medidas necesarias para 
ajustarse a 8 directivas del sector de alimentos para ani­
males y a 6 directivas del sector del derecho veterinario. 
85. En cuanto a la no conformidad de las legislaciones 
nacionales con las directivas comunitarias, la Comisión 
emitió tres dictámenes motivados en el sector fitosanita-
rio. De éstos, dos han sido regularizados posteriormente. 
86. Si se examina alguno de los rasgos característicos 
de los incumplimientos infractores de los Estados miem­
bros, se observa que en Italia la mayor parte de las in­
fracciones continúan teniendo su origen en problemas de 
infraestructura administrativa fronteriza, de lentitud y 
sobre todo en la larga duración de los trámites parlamen­
tarios que repercute principalmente sobre los plazos de 
transposición de las directivas ('). Por lo que se refiere a 
Grecia, el elevado número de infracciones tiene su ori­
gen siempre en la dificultad de no seguir practicando una 
política nacional por lo que respecta a las importaciones, 
exportaciones y a la intervención. Por lo que se refiere al 
Reino Unido e Irlanda, numerosas infracciones se deben 
a que su situación geográfica — que ha preservado a su 
agricultura de ciertas enfermedades animales o vegetales 
— les incita a mantener una tradición de protecciones 
sanitarias o fitosanitarias que dan lugar a restricciones a 
los intercambios. Asimismo, se observa, al igual que du­
rante los años anteriores, un mayor número de infraccio­
nes en el sector vitivinícola alemán. 
87. Por último, conviene destacar, además del número 
creciente de procedimientos que la Comisión ha debido 
iniciar o proseguir por no ejecución o incorrecta eje-
(') La ley de habilitación de 16 de abril de 1987 (Gazzetta uffi-
ciale de la República Italiana de 1987, n° 109) que atribuye 
al Gobierno italiano una delegación de una año para trans­
poner cierto número de directivas comunitarias, debería per­
mitir acelerar el proceso de transposición. cución de las sentencias del Tribunal de Justicia, el ca­
rácter preocupante de la no ejecución por parte de Italia 
de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero 
de 1987 en el asunto 69/86, mediante el cual el Tribunal, 
en virtud del artículo 171, condenaba a Italia por no ha­
ber cumplido la sentencia dictada el 15 de noviembre de 
1983 en el asunto 322/82, por no respetar las reglas de 
control de las normas de calidad en el sector de frutas y 
hortalizas. 
Política pesquera 
88. La política pesquera común tiene como principal 
objetivo establecer un régimen comunitario de conserva­
ción y gestión de los recursos pesqueros que garanticen 
la explotación equilibrada de éstos instituyendo al mismo 
tiempo una organización común de mercados que per­
mita el desarrollo racional de las actividades pesqueras, 
estabilizando el mercado y garantizando la seguridad de 
los suministros. Este conjunto se completa con una polí­
tica tendente a mejorar las estracturas del sector pes­
quero. 
89. Dentro de la conservación y gestión de recursos, en 
1987, la Comisión continuó los procedimientos de in­
fracción contra los Estados miembros que no aplicaban 
de manera satisfactoria la reglementación comunitaria 
relativa al control de las actividades pesqueras. De esta 
forma, se persiguieron, y se encuentran en trámite, los 
casos en que los Estados miembros excedieron las cuotas 
de sus capturas establecidas anualmente (sobrepesca 1986 
y 1987). En 1987, se sometieron por primera vez al Tri­
bunal los casos de sobrepesca comprobados en los Países 
Bajos correspondientes a los años 1983, 1984 y 1985. 
90. Por otra parte, la Comisión vela por el respeto, 
por parte de los Estados miembros, de los procedimien­
tos de control de las actividades pesqueras en el mar y en 
tierra, establecidos por la normativa comunitaria. En este 
sentido se iniciaron procedimientos contra España y Por­
tugal. 
91. La Comisión remitió dictámenes motivados, co­
rrespondientes a la organización común de mercados, a 
ciertos Estados miembros (Francia, Irlanda, Países Bajos, 
Reino Unido) que no comunicaron, con arreglo a las 
disposiciones comunitarias, los datos e informaciones 
previstos en el marco de la organización común de mer­
cados de los productos pesqueros. La falta de comunica­
ción de estas informaciones impide a la Comisión gestio­
nar con la mayor eficacia posible la organización común 
de mercados. 
Política de transportes 
92. Italia comunicó a la Comisión la nueva normativa 
del sector de transportes combinados mediante la cual pre­
tende ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia de 
28 de marzo de 1985 relativa a la aplicación de la Direc­
tiva 75/130/CEE del Consejo. Esta normativa plantea 
ciertas reservas por parte de la Comisión en cuanto a la 
forma y al fondo, reservas que se comunicaron al go­
bierno en forma de carta de emplazamiento complemen­
tario. 
N° C 310/22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
93. La transposición de las directivas relativas al acceso 
a la profesión de transportistas de mercancías y de viajeros 
(Directivas 74/561 y 562/CEE) ha sido objeto de nuevas 
sentencias del Tribunal de Justicia, en esta ocasión con 
arreglo al artículo 171 del Tratado, por no ejecución de 
sentencias anteriores. Por lo que se refiere a la directiva 
sobre el reconocimiento mutuo de diplomas de transportista 
por carretera (Directiva 77/796/CEE), Italia todavía no 
ha cumplido la sentencia del Tribunal de 11 de octubre 
de 1983. Se han iniciado procedimientos de infracción 
contra Grecia por no transposición de estas tres directi­
vas, procedimientos que se encuentran en la fase de re­
curso ante el Tribunal de Justicia, excepto en el caso del 
acceso a la profesión de transportista de mercancías, en 
el que está previsto el recurso. 
94. El 7 de julio, el Tribunal de Justicia condenó a 
Italia en el asunto 430/85 por no adopción de ciertas 
facilidades fiscales previstas en la Directiva 82/603/CEE 
que modifica la Directiva 75/130/CEE sobre transportes 
combinados ferrocarril/carretera de mercancías. Se ha 
podido archivar el procedimiento de infracción abierto 
contra Grecia. 
95. Cuatro Estados miembros, Francia, Alemania, Paí­
ses Bajos y Bélgica, todavía no han realizado la transpo­
sición de la Directiva sobre las especificaciones técnicas de 
buques (Directiva 87/714/CEE). Se ha enviado una carta 
de emplazamiento a los tres primeros Estados miembros, 
mientras que el asunto contra Bélgica se encuentra ante 
el Tribunal (asunto 307/86). 
96. En materia de autorización de los transportes aé­
reos interregionales (Directiva 83/416/CEE), tres Estados 
miembros adoptaron las medidas nacionales de ejecución 
y la Comisión pudo archivar los respectivos procedimien­
tos de infracción. Subsisten los problemas relativos a dos 
Estados miembros, Francia y Reino Unido, el primero de 
los cuales se ha sometido al Tribunal y el segundo ha 
sido objeto de una carta de emplazamiento. 
97. Por lo que se refiere a la Directiva 86/216/CEE 
por la que se modifica la Directiva 83/416/CEE tras la 
adhesión de Portugal, los procedimientos continúan pen­
dientes por lo que respecta a cuatro Estados miembros, 
mientras que los seis restantes han regularizado su situa­
ción durante el año 1987. 
98. Italia todavía no ha adoptado las medidas de eje­
cución de la Directiva del Consejo 84/647/CEE relativa 
a la utilización de vehículos de alquiler sin conductor para 
el transporte de mercancías por carretera. En cambio se 
pudo archivar el procedimiento iniciado contra Francia. 
99. El año 1987 ha sido crucial para el importante 
sector de las reglas relativas a los pesos y dimensiones de 
ciertos vehículos de carretera (Directiva 85/3/CEE): al ha­
berse ajustado todos los Estados miembros a la directiva, 
se pudieron archivar todos los procedimientos iniciados. 100. Todavía subsisten problemas por lo que se refiere 
a la transposición de la Directiva 85/505/CEE, relativa a 
la uniformización de ciertas normas relativas a las autori­
zaciones para los transportes de mercancías por carretera 
entre Estados miembros. En efecto, con arreglo a esta 
Directiva, la Comisión inició procedimientos de infrac­
ción contra Francia, Grecia, Irlanda y los Países Bajos. 
101. En cuanto a la directiva relativa a la admisión de 
carburante con franquicia de derechos (85/347/CEE), se 
aplica actualmente en toda la Comunidad. Los últimos 
expedientes relativos a este tema se archivaron durante el 
año 1987. 
Política energética 
102. La Comisión continúa siguiendo con atención la 
evolución de los precios del petróleo bruto y de los produc­
tos petrolíferos en la Comunidad. A tal fin, los Estados 
miembros deben remitirle información trimestralmente. 
La Comisión, que había recurrido al Tribunal de Justicia 
respecto de Bélgica por inobservancia de las obligaciones 
que le incumben en materia de transmisión de informa­
ciones, inició un procedimiento de desestimiento ya que 
a partir del tercer trimestre de 1986 las autoridades bel­
gas comenzaron a comunicar en los plazos previstos las 
informaciones requeridas. 
103. Por lo que se refiere a las directivas sobre rendi­
miento de los generadores de calor (78/170/CEE y 
82/885/CEE), utilizados para la calefacción de locales y 
la producción de agua caliente en edificios no industria­
les nuevos o ya existentes así como sobre el aislamiento 
de las conducciones de calor y de agua caliente sanitaria 
en los edificios nuevos no industriales, los Estados miem­
bros deben comunicar, con regularidad, a la Comisión, 
las medidas adoptadas en este ámbito y los efectos obte­
nidos o esperados de dichas medidas. Se archivaron los 
procedimientos de infracción iniciados al respecto contra 
Bélgica, Dinamarca, Italia, Irlanda y Luxemburgo. 
Política de cooperación para el desarrollo 
104. En este ámbito, el control de la aplicación del 
derecho comunitario ejercido por la Comisión, se dirige 
especialmente a garantizar el respeto, por los Estados 
miembros, de los distintos protocolos celebrados en el 
marco de la Convención de Lomé y de los actos firmados 
derivados de determinados acuerdos internacionales sobre 
los productos. 
105. La Comisión sigue con especial atención los pro­
blemas que parecen encontrar en los Estados miembros 
las importaciones de plátanos procedentes de los Estados 
ACP. 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/23 
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5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/29 
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Número de procedimientos de infracción instruidos desde 1982 por bases jurídicas y por fases de procedi­
miento 
= Tratados y Reglamen 
= Directivas 
Emplazamientos 
Dictamen motivado 335 
253 
1982 572 
145 
427 
1982 1983 1984 1985 1986 112 
1987 
Recurso al Tribunal 
de Justicia 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Sentencias 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
N° C 310/30 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
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N° 11 
Relación de sentencias importantes de los organismos jurisdiccionales nacionales supremos 
En general, puede considerarse que los Tribunales de los distin­
tos Estados miembros aplican plenamente el derecho comunita­
rio. Ellos mismos dictan sentencia en asuntos de derecho comu­
nitario ya resueltos, cuando éstos se plantean, y cada vez recur­
ren más al Tribunal de Justicia en cuestiones prejudiciales con­
forme a lo estipulado en el artículo 177 del Tratado. Esto es 
globalmente válido tanto para las instancias inferiores como 
para las supremas. 
De esta forma, el número de cuestiones prejudiciales presenta­
das pasó de 91 en 1986 a 144 en 1987 (»). En 1987, éstas se 
reparten por Estado e instancia de la siguiente forma: 
Estado membro 
República Federal 
de Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido Total 
32 
15 
5 
1 
36 
17 
2 
5 
3 
19 
— 
9 Casos presentados 
ante jurisdicciones 
supremas 
10 
3 
2 
— 
3 
— 
1 
— 
3 
14 
— 
1 
Por otra parte, a raíz de un análisis realizado durante el año 
1987 en el que se estudiaba la actitud de las jurisdicciones na­
cionales supremas frente al derecho comunitario, la Comisión 
pudo comprobar que se había producido una considerable evo­
lución hacia un mayor respeto del derecho comunitario así 
como una unidad de jurisprudencia a nivel de dichas jurisdiccio­
nes. 
Este análisis, que se publicará, examina por países y de forma 
evolutiva las soluciones que, las jurisdicciones superiores aportan 
a los problemas planteados por posibles conflictos entre el dere­
cho comunitario y el derecho nacional así como la aplicación 
por parte de estas jurisdicciones de tres principios esenciales del 
derecho comunitario: la primacía sobre la ley nacional posterior, 
el efecto directo, especialmente de las directivas, y la unidad de 
jurisprudencia. de las disposiciones de derecho comunitario, e incluso algún 
caso aislado de negativa a aceptar ciertas posturas adoptadas 
por el Tribunal. 
Respondiendo al deseo del Parlamento Europeo (2), la Comisión 
ha incluido en el presente informe las informaciones antes men­
cionadas así como el estudio, a continuación de algunas de las 
sentencias pronunciadas por jurisdicciones nacionales supremas 
que sirven como ejemplo de los problemas subsistentes antes 
mencionados. 
Estas sentencias se refieren a casos en que o bien las jurisdiccio­
nes supremas ignoraron la jurisprudencia del Tribunal de Justi­
cia o interpretaron de forma errónea las disposiciones del dere­
cho comunitario o bien se abstuvieron de someter al Tribunal de 
Justicia una cuestión prejudicial, contrariamente a lo estipulado 
en el último párrafo del artículo 177 del Tratado CEE, por un 
recurso abusivo a la noción de acto evidente o por una negli­
gencia de las cuestiones de derecho comunitario planteadas (A). 
Se mencionan asimismo algunas sentencias de jurisdicciones su­
premas en las que se adoptan posiciones de principio que garan­
tizan el respeto del derecho comunitario (B). 
Cabe insistir sobre el hecho de que la relación así elaborada sólo 
tiene un valor indicativo y ninguna pretensión exhaustiva. En 
efecto, las decisiones recogidas son las que la Comisión ha po­
dido extraer de revistas jurídicas o las que le han sido comuni­
cadas. 
Tal y como la Comisión ha tenido ocasión de indicar en varias 
ocasiones, en lo que se refiere a los asuntos en los que las juris­
dicciones nacionales ignoran el alcance y las condiciones del ar­
tículo 177 del Tratado CEE (3), no se incluye, en caso de igno­
rancia del derecho comunitario por parte de una jurisdicción 
nacional, la posibilidad de iniciar un procedimiento de infrac­
ción contra el Estado miembro en que se encuentra esta juris­
dicción. Sin embargo, tal procedimiento no constituye la base 
más adecuada para una cooperación entre las jurisdicciones na­
cionales y el Tribunal de Justicia. Por ello, cuando las circun­
stancias lo permitan, la Comisión se esforzará por conseguir que 
los Estados miembros, sin perjuicio de la independencia del po­
der judicial, garanticen el respeto de derecho comunitario utili­
zando los medios de carácter legislativo, reglamentario o admi­
nistrativo de que disponen. En los demás casos, el Parlamento 
Europeo puede desempeñar un importante papel de sensibiliza-
Dicho análisis concluye que las jurisdicciones nacionales, en su 
mayor parte, han abandonado las posiciones heterodoxas que se 
habían registrado en el pasado y colaboran de forma eficaz a la 
aplicación del derecho comunitario. Los problemas subsistentes 
tienen un carácter menos importante. Todavía se observa en la 
actitud de ciertas jurisdicciones nacionales un recurso abusivo a 
la noción de acto evidente, un cierto desconocimiento 
(') Además, en 1987 se presentaron ante el Tribunal 174 recursos direc­
tos y 77 asuntos de funcionarios. En 1987 el Tribunal dictó 208 sen­
tencias. (2) Véanse en particular los informes elaborados en nombre de la Comi­
sión jurídica y de derechos de los ciudadanos sobre «el control de la 
aplicación del derecho comunitario en los Estados miembros» por el 
Sr. Lafuente López, doc. A2-305/87 de 22 de febrero de 1988 y por 
la Sra. Vayssade, doc. A2-112/85 de 9 de octubre de 1985, spec. § 34, 
página 16 a 18, así como la resolución adoptada por el Parlamento a 
este respecto el 21 de octubre de 1985. (DO n° C 343 de 
31. 12. 1985, p. 8). 
(') Véanse, en particular, las respuestas dadas por la Comisión a las pre­
guntas escritas n° 10/67 y 359/69 del Sr. Westerterp, n° 28/69 del Sr. 
Deringer, n° 608/78 del Sr. Krieg y n° 526/83 del Sr. Tyrrel (Véase 
DO n° C 270 de 8. 11. 1967, p. 2; DO n° C 20 de 14. 2. 1970, p. 3; 
DO n° C 71 de 17. 7. 1968, p. 1; DO n° C 28 de 31. 1. 1979, p. 8 y 
DO n° C 268 de 6. 10. 1983, p. 25). 
N° C 310/44 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
A. 1. Tribunal de Casación francés — Sala de lo penal. Sentencia 
de 12 de noviembre de 1986, n° 85-95-751 
Se trata de un caso de aplicación equivocada del derecho 
comunitario por parte de esta alta instancia, caso que no se 
conocía en el momento de redactar el informe del año 
1986. El asunto se refiere al régimen aduanero aplicable a 
las mercancías que regresan a Francia tras su exportación a 
un almacén de aduanas situado en un tercer país. En este 
almacén se guardaron las cajas y correas de relojes con 
vistas a su libre comercialización en éste o en terceros paí­
ses. El Tribunal de Casación denegó en este caso, sin plan­
tear cuestión prejudicial alguna, el beneficio del régimen 
de reintroducciones (reglamento (CEE) n° 754/76) apli­
cando a dichos productos industriales una disposición refe­
rida exclusivamente a los productos agrícolas que hayan 
gozado de una restitución, mientras que, conforme a dicho 
reglamento y en estas circunstancias, el demandante tenía 
derecho a reimportar con franquicia dentro de un plazo de 
tres meses. 
2. Consejo de Estado francés — Sentencia de 23 de diciembre de 
1987, n° 70127-70128 — Joseph Griesmar 
Esta sentencia constituye un ejemplo de aplicación abusiva 
de la teoría del acto evidente. El señor Griesmar, funciona­
rio de las Comunidades Europeas y agente francés desta­
cado, presentó un recurso ante el Consejo de Estado con­
tra un mandamiento por el que se le exigía que pagara 
ciertas cantidades en Francia, en concepto de cotización de 
pensión; el señor Griesmar consideraba que este manda­
miento constituía una discriminación en relación con los 
demás funcionarios nacionales en la medida en que las 
anualidades que cotiza no se toman en cuenta en el mo­
mento de la liquidación de su pensión nacional, teniendo 
en cuenta su posición de agente destacado ante una or­
ganización internacional. Respecto al derecho comunitario 
alegado, el Consejo de Estado simplemente afirmó que se 
desprende evidentemente que las decisiones atacadas no 
ignoran ni el principio de la libre circulación de trabajado­
res ni el artículo 15 del Protocolo de los privilegios e in­
munidades de las Comunidades Europeas que sujeta a los 
funcionarios de la Comunidad a un régimen de prestacio­
nes sociales especial establecido por el Consejo. Esta 
postura no se apoya en ninguna motivación. 
3. Consejo de Estado francés — Sentencia de 7 de octubre de 
1987— Consorts Genty 
Esta sentencia constituye un nuevo ejemplo de aplicación 
excesiva de la teoría del acto evidente. Con motivo de la 
venta pública de un jarrón chino de la época Yuan, las au­
toridades francesas comunicaron que se prohibiría su ex­portación. El Consejo de Estado, al que se presentó este 
asunto, consideró que de las disposiciones del artículo 36 
del Tratado de Roma se desprende claramente que quedan 
autorizadas las restricciones a la exportación justificadas 
por «la protección de los tesoros nacionales que tengan un 
valor artístico, histórico o arqueológico», siendo esta dis­
posición aplicable al caso presente. Dado que el Tribunal 
de Justicia ha tenido pocas ocasiones de interpretar esta 
disposición del Tratado, el Consejo de Estado francés de­
bería haber planteado una cuestión prejudicial. 
4. Tribunal Supremo Inglés — Queen's Bench División — 
(Sentencia de 25 de febrero de 1987 — SA Magnavision con­
tra General Óptica Council 
Este caso plantea un problema de procedimiento de aplica­
ción del artículo 177. En un primer fallo, el Tribunal deci­
dió que el asunto de derecho comunitario planteado exigía 
una respuesta suficientemente clara que no diese lugar a un 
recurso conforme al artículo 188. En un segundo fallo, el 
Tribunal consideró que no se cumplían los requisitos nece­
sarios para poder apelar y por lo tanto su primer fallo pa­
saba a ser el de una jurisdicción de última instancia. En 
respuesta a una solicitud expresa del demandante para que 
se plantease una cuestión prejudicial, el Tribunal consideró 
que la cuestión de derecho comunitario estaba resuelta y 
que por lo tanto ya no estaba «pendiente». Al adoptar esta 
postura, el Tribunal Supremo denegaba al demandante la 
posibilidad de que la cuestión de derecho comunitario 
fuese examinada por una jurisdicción de última instancia 
sujeta a las obligaciones del artículo 177. 
B. 1. Sentencia del Tribunal de Apelación de Coimbra, de 30 de 
julio de 1987, n° 32-86 
Hay que destacar esta sentencia por ser la primera dictada 
por un Tribunal portugués de última instancia pronuncián­
dose sobre el derecho comunitario y ajustándose a la ju­
risprudencia del Tribunal. La sentencia trataba sobre el 
efecto directo de una directiva adoptada antes de la adhe­
sión. El Tribunal de Apelación reconoció, a pesar de que la 
Directiva no había sido objeto de transposición al derecho 
nacional, la posibilidad de que el particular invocase dicha 
directiva, interpretando la misma correctamente. Esta ju­
risprudencia portuguesa es tanto más importante cuanto 
que versa sobre un aspecto del derecho comunitario que 
las demás jurisdicciones de los Estados miembros han tar­
dado en aceptar como norma de derecho (Véase la postura 
del Consejo de Estado francés y de la Bundesverfassungs-
gericht en ciertas sentencias mencionadas en los anteriores 
informes). 
2. Bundesverfassungsgericht — Sentencia de 8 de abril de 1987 
2 BvR 68/85 (Kloppenburg/República Federal de Alemania) 
— Sentencia de 4 de noviembre de 1987, 2 BvR 763/85 
(Kloppenburg/República Federal de Alemania), 2 BvR 876/85 
(Prim/República Federal de Alemania) 
Mediante estas sentencias, el Tribunal Constitucional ale­
mán anuló los fallos de una jurisdicción alemana debido a 
que no había sometido al Tribunal de Justicia la cuestión 
de derecho comunitario que se encontraba pendiente. Por 
lo tanto tienen una gran importancia para asegurar la efi­
cacia del derecho comunitario. 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/45 
Los recursos ante el Tribunal Constitucional estaban dirigi­
dos contra las sentencias de la Bundesfinanzhof de 25 de 
abril de 1985 que se apartaban de la jurisprudencia del Tri­
bunal en materia de efecto directo de las directivas comuni­
tarias (')• El Tribunal constitucional recuerda su anterior 
jurisprudencia conforme a la cual el Tribunal de Justicia es 
«juez legal» en el sentido de la Constitución Alemana (2); 
señala que la Bundesfinanzhof, de forma arbitraria, no ha sometido una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, 
ignorando sus obligaciones conforme al artículo 177 e in­
fringiendo la segunda fase del artículo 101 de la ley funda­
mental que garantiza el acceso al «juez legal». De esta 
forma, existe a partir de ahora en la República Federal un 
instrumento de derecho nacional para hacer que las juris­
dicciones nacionales respeten la obligación contemplada en 
el artículo 177 y el derecho comunitario. 
(') Véase tercer informe (DO n° C 200 de 1. 9. 1986, p. 27). 
(2) Véase cuarto informe (DO n° C 338 de 16. 12. 1987, p. 1). 
N° C 310/46 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
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Secretaría General 
Servicio Jurídico 
Oficina Estadística 
Relaciones exteriores 
Asuntos económicos 
financieros 
Mercado interior y asuntos 
industriales 
Competencia 
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5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/47 
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Medio ambiente protección de los 
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Instituciones financieras e 
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N° C 310/48 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
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Nivel de transposición de las directivas, por Estado miembro, cnyo plazo de transposición expiraba,amás tardar, el 31 de diciembre de!987 
I I Directivas aplicables en la fecha de 31 de diciembre de 1987 
I I Directivas transpuestas en la fecha de 31 de diciembre de 1987 
795 795 790 
779 784 782 794 
781 789 783 
663 
637 649 652 
636 
567 607 
567 631 631 
Bélgica Alemania Dinamarca Francia Reino Unido Grecia Italia Irlanda Luxemburgo Países Bajos 
N° C 310/50 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
ANEXO A 
Infracciones de los Tratados y Reglamentos 
índice 
Páginas 
Relaciones exteriores 53 
Política económica y monetaria 53 
Mercado interior y asuntos industriales 53 
Competencia 58 
Empleo y asuntos sociales 59 
Agricultura 60 
Transportes 64 
Desarrollo 64 
Asuntos administrativos 64 
Medio ambiente 65 
Pesca 65 
Instituciones financieras y sistema tributario 66 
Cuestiones presupuestarias 66 
Unión aduanera 66 
Impuestos indirectos 67 
Varios 69 
Base jurídica 
La base jurídica se deriva del número de documento (de la base de datos Gelex) el cual se deriva del 
número original del acto; se compone (ver cuadro adjunto): 
— de una cifra que identifica el sector documental (Ejemplo: 1 = sector que comprende los Tratados 
constitutivos de las Comunidades); 
— de 2 cifras que corresponden al año de referencia (año de publicación, de la firma, etc.); 
— de una ó 2 letras que identifican el tipo de documento (Ejemplo: E (del sector 1) = Tratado CEE); 
— de un número, derivado del número con el que el documento fue publicado o del número del artículo. 
Ejemplo: 3 80 R 2144 
Sector 3: derecho derivado 
Año de publicación 
Reglamento 
Reglamento n° 2144/80 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/51 
Sector 
1 
2 
3 
4 
5 Tipo de 
documento 
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PC 
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IP 
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IC 
CC 
BP TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES 
TRATADOS DE MODIFICACIÓN O DE ADHESIÓN 
Tratado Euratom 
Tratado de adhesión DK, IRL, GB, N 
Tratado CEE 
Tratado de fusión 
Tratado por el que se modifican determinadas disposiciones presupuestarias 
Tratado de adhesión de Grecia 
Tratado CECA 
Tratado por el que se modifican determinadas disposiciones financieras 
Tratado por el que se modifican determinadas disposiciones de 
los estatutos del BEI 
Tratado relativo a Groenlandia 
DERECHO PROVENIENTE DE LAS RELACIONES EXTERIORES 
DE LAS COMUNIDADES 
Acuerdos con terceros países 
DERECHO DERIVADO 
Presupuesto 
Censura 
Decisiones (salvo decisiones generales CECA) 
Directivas CEE/Euratom 
Recomendaciones CECA 
Reglamentos CEE/Euratom 
Decisiones CECA de alcance general 
Otros actos (Resoluciones, dictámenes, etc.) publicadas en el DO «L» (o DO 
único) 
Otros actos publicados en el DO «C» 
DERECHO COMPLEMENTARIO 
Acuerdos internos 
Decisiones (de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros) 
Otros Actos publicados en el DO «L» (o DO único) 
Otros Actos publicados en el DO «C» 
ACTOS PREPARATORIOS 
Propuestas de la Comisión 
Dictamen del PE (previa consulta) 
Dictamen del PE (iniciativas) 
Dictamen del CES (previa consulta) 
Dictamen del CES (iniciativas) 
Dictamen del Tribunal de Cuentas 
Actos preparatorios del presupuesto 
N° C 310/52 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
Sector 
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9 Tipo de 
documento 
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P JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
Observaciones 
Conclusiones del abogado general 
Sentencia 
Providencia 
Recurso y Sentencia 
Tercería 
Dictamen 
Otros actos 
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS 
Preguntas escrita 
Preguntas planteadas durante la hora de preguntas 
Preguntas orales 
Petición 
NB: Sectores en proyecto: 
7 — Medidas nacionales de ejecución. 
8 — Jurisprudencia nacional. 
10 — Doctrina. 
5. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/53 
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N° C 310/70 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
ANEXO B 
Infracciones a las directivas 
índice 
Páginas 
Cuestiones estadísticas 71 
Mercado interior y asuntos industriales 71 
Instituciones financieras y derecho de sociedades 82 
Empleo, asuntos sociales y educación 84 
Medio ambiente, protección de los consumidores 86 
Agricultura 94 
Transportes 108 
Energía 111 
Competencia 111 
Presupuestos 111 
Unión aduanera e impuestos indirectos 112 
Impuestos indirectos 113 
78/546 
(31. 12. 1980) 
sin mención 
si 
no MNE 
no conf. 
mala aplic. 
1. 1. 1984 
A 74/82 
as. 101/84 
Sentencia 18. 3. 1980 
D.M. Explicación de las referencias 
= referencias de la directiva 
= vencimiento del plazo de transposición de la directiva al Derecho nacional 
= medidas no comunidadas el 31 de diciembre de 1987, lo que no excluye 
que mientras tanto las medidas hayan sido transpuestas (comunicación del 
Estado miembro, se está examinando en la actualidad) procedimiento de 
infracción decidido pero aún no iniciado 
= medidas nacionales de ejecución comunicadas 
= procedimiento de infracción incoado o seguido por no comunicación de 
las medidas nacionales 
= procedimiento de infracción seguido por no conformidad de las medidas 
comunicadas 
= procedimiento de infracción seguido por mala aplicación de la directiva 
= vencimiento del plazo de transposición para un Estado miembro en parti­
cular 
= referencias del procedimiento de infracción ( /82 = año de inicio del 
procedimiento 
= referencias del Asunto en los registros del Tribunal de Justicia 
= fecha de la Sentencia del Tribunal 
= dictamen motivado 
5. 12. Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/71 
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73/148 Desplazamiento 
(23.11.1973) y estancia A 219/85 
mala aplic. 
D.M. 
A 145/86 
mala aplic. 
recurso 
as. 321/87 
A 373/76 
mala aplic. 
D.M. o 
g 
73/350 Vehículos de motor sí 
(1. 1. 1981) A 435/87 
no MNE 
carta 169 2 
73/361 
(1. 1. 1981) Mareaje de cables 
y cadenas A 409/86 
no MNE 
D.M. 9 
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•% 75/34 Derecho de estancia A 373/86 
(18.12.1975) mala aplic. 
D.M. 
75/318 Especialidades 
(22.11.1976) farmacéuticas A 29/80 
no MNE 
Sentencia 
15. 3. 1983 
as. 145/82 
A 53/85 
no conf. 
D.M. 
5. 12. Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 310/73 
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74/13 Materiales 
(31.12.1985) forestales de 
reproducción A293/87 
no MNE 
carta 169 I 
o 74/63 Productos 
(1.1. 1976) indeseables-
alimentos para 
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(31.12.1985) 
74/649 Material de 
(31.12.1985) multiplicación 
de la vid A 294/87 
no MNE 
carta 169 
75/444 Semillas 
(31.12.1985) 
75/502 Semillas de poa 
(31.12.1985) pratense 
o 76/331 Semillas de 
(31.12.1985) remolacha 
N° C 310/98 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 12. 88 
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