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RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 12 de noviembre de 1998 sobre los auditores externos de los Bancos Centrales nacionales (BCE/1998/5) (98/C 411/08)

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, el apartado 1 de su artículo 27,

(1) Considerando que las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y las de los Bancos Centrales nacionales serán controladas por auditores externos independientes, recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea;

(2) Considerando que los auditores externos aquí recomendados reflejan los nombramientos actuales efectuados por cada uno de los Bancos Centrales nacionales participantes y no prejuzga el derecho del BCE de adoptar una recomendación modificativa cuando así lo requiera un cambio en las circunstancias,

HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

Se recomienda a KPMG Réviseurs d'Entreprises s.c. (société civile), Amberes, y Deloitte Touche Tohmatsu s.c., Bruselas, como auditores externos del Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België;

Se recomienda a KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft AG y PwC Deutsche Revision AG como auditores externos del Deutsche Bundesbank;

Se recomienda a Coopers & Lybrand, perteneciente a la sociedad internacional PricewaterhouseCoopers, como auditor externo del Banco de España;

Se recomienda a Mazars & Guérard, Paris, y Deloitte Touche Tohmatsu - Audit, Neuilly, como auditores externos del Banque de France;

Se recomienda a PricewaterhouseCoopers, Dublín, como auditor externo del Central Bank of Ireland;

Se recomienda a Reconta Ernst & Young s.p.a. (Società per Azioni), Roma, como auditor externo de la Banca d'Italia;

Se recomienda a PricewaterhouseCoopers SARL (Société à responsabilité limitée), Réviseur d'Entreprises, Luxemburgo, como auditor externo del Banque centrale du Luxembourg;

Se recomienda al Prof. Drs. J. A. van Manen RA (Registered Accountant), designado a título personal y socio de PricewaterhouseCoopers, como auditor externo del De Nederlandsche Bank;

Se recomienda al Prof. DDr. Kurt Neuner, al Dr. Pipin Henzl, al Dr. Peter Wolf, al Mag. Christian Hofer, al Dkfm. Dr. Peter Christian Gormasz y al Dkfm. Leopold Wundsam, todos ellos registrados como censores jurado de cuentas, como auditores externos del Österreichische Nationalbank;

Se recomienda a PricewaterhouseCoopers - Auditores e Consultores Lda., como auditor externo del Banco de Portugal; y

Se recomienda a Arthur Andersen Oy como auditor externo del Suomen Pankki.

La presente Recomendación se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

La presente Recomendación está dirigida al Consejo de la Unión Europea.

Hecho en Francfort del Meno, el 12 de noviembre de 1998.

El Presidente del BCE

Willem F. DUISENBERG
2.4

En cuarto lugar, la referencia de la letra c) del apartado 2 del artículo 5 de la directiva propuesta al «control de la información» por «un tercero debidamente cualificado» plantea serias dificultades de interpretación. En notas explicativas previas (11), la Comisión señaló que los agentes de valores, los auditores, los organismos públicos u otras estructuras del mercado podrían considerarse cualificados en la medida en que no estuvieran sujetos a las instrucciones del emisor. Para la Comisión, la finalidad de este requisito es velar por que la información sobre los instrumentos emitidos por estos emisores — sobre todo si se tiene en cuenta que no están sujetos a supervisión o regulación — sea fidedigna y esté sometida a un examen cualificado. Sin embargo, la propuesta de la Comisión es flexible en cuanto a la forma de lograr este resultado y no impone una estructura específica. No está claro quién decide en última instancia si un tercero está «debidamente» cualificado. Además, según la letra c) del apartado 2 del artículo 5 de la directiva propuesta, el control se refiere tanto a la información sobre la emisión o el programa de emisión como a la información sobre la situación jurídica y financiera del emisor. Sin embargo, según cuál sea la naturaleza del tercero, el control no necesariamente comprenderá los dos aspectos mencionados. Así, un auditor controlará la situación financiera del emisor, pero no el programa, y es dudoso que pueda considerarse que los abogados o los agentes de valores controlan la información financiera. Además, un organismo público podría controlar el programa, pero no necesariamente la situación financiera del emisor. Por último, introducir en la directiva propuesta mecanismos imprecisos de control de la información por «un tercero debidamente cualificado» (12) parece aproximar los requisitos de información de los instrumentos del mercado monetario a los requisitos aplicables a los folletos oficiales. Debe subrayarse al respecto que los requisitos de los folletos se establecen con carácter exhaustivo en la Directiva sobre el folleto, conforme a la cual los instrumentos del mercado monetario quedan excluidos de la definición de valores (13).
3.3

En general, el apartado 2 del artículo 2 del reglamento propuesto parece basarse en la suposición de que el PSP del ordenante o del beneficiario siempre puede determinar si las tarjetas de crédito o débito se han utilizado para pagar bienes y servicios o para hacer transferencias. Sin embargo, esta suposición no siempre es correcta, pues en esas transacciones pueden utilizarse todo tipo de instrumentos de pago. Cuando se efectúa un pago por tarjeta de crédito o débito, solo el propietario o gestor del sistema de la tarjeta recibe información de la que puede deducir el propósito subyacente de la transacción. Los PSP del ordenante y del beneficiario sólo reciben la información necesaria para liquidar la transacción en la cuenta de su cliente, es decir, no reciben información sobre el propósito subyacente de la transacción. Por lo tanto, imponer a los PSP la obligación de comprobar el propósito de esas transacciones no ayudaría al buen funcionamiento de los sistemas de pago. Por eso, aunque el BCE comprende la voluntad de excluir las transacciones efectuadas por tarjeta de crédito o débito para pagar bienes y servicios de la obligación de incluir información completa sobre el ordenante, la propuesta parece inviable porque las entidades sujetas al reglamento propuesto carecen de medios que les permitan determinar la causa del pago en todos los casos. Sin embargo, la intención del apartado 2 del artículo 2 puede ser considerar que la liquidación (por medio del PSP del ordenante) de la factura correspondiente a las transacciones con tarjeta de crédito subyacentes efectuadas por el ordenante no es parte de una transferencia iniciada utilizando la tarjeta de crédito, sino una transferencia del ordenante a la empresa de la tarjeta de crédito totalmente independiente. De ser así, el BCE está de acuerdo con el contenido del apartado 2 del artículo 2, pero, para mayor seguridad jurídica, propondría que dicha intención se expresara más claramente en el reglamento propuesto.
VII. Las cuestiones clave de auditoría son aquellas que, según nuestro criterio profesional, revistieron mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período corriente. Si bien examinamos estas cuestiones al auditar y formarnos una opinión sobre los estados financieros en su conjunto, no emitimos una opinión específica sobre ellas. Gastos devengados VIII. Hemos evaluado los gastos devengados presentados en las cuentas, que son objeto de un elevado grado de estimación. Al final del ejercicio 2020, la Comisión calculó que los gastos subvencionables efectuados, pero todavía no notificados por los beneficiarios, ascendían a 5 452 millones de euros (al final del ejercicio 2019: 5 074 millones de euros. IX. Examinamos el cálculo de estas estimaciones del devengo y controlamos una muestra de 30 contratos distintos para valorar el riesgo de inexactitudes en el devengo. Basándonos en el trabajo realizado, llegamos a la conclusión de que los gastos devengados reconocidos en las cuentas definitivas eran apropiados. Impacto potencial de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en las cuentas de los FED de 2020 X. El 1 de febrero de 2020, el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la UE. A raíz de la celebración del acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica («Acuerdo de Retirada») entre las dos partes, el Reino Unido se comprometió a seguir siendo parte del FED hasta el cierre del undécimo FED y de todos los FED anteriores no cerrados. El Reino Unido asumirá las mismas obligaciones que los Estados miembros en virtud del acuerdo interno por el que se estableció el undécimo FED, así como las obligaciones derivadas de los FED anteriores hasta su cierre. XI. El Acuerdo de retirada también establece que, en el caso de los importes de los proyectos en el marco del décimo FED o de FED anteriores que no se hayan comprometido o que se hayan liberado el día de entrada en vigor de dicho acuerdo, no se volverá a utilizar la parte del Reino Unido de estos importes. Lo mismo ocurre con la parte de los fondos del Reino Unido que no se haya comprometido o que se haya liberado en el marco del undécimo FED tras el 31 de diciembre de 2020. XII. Por consiguiente, no existe ningún impacto financiero que notificar en las cuentas de los FED de 2020. Concluimos que las cuentas de los FED, a 31 de diciembre de 2020, reflejan correctamente el estado del proceso de retirada en dicha fecha.
31.

En sus cuentas anuales definitivas de 2017, la JUR publicó un pasivo contingente de 1 400 millones de euros correspondiente a aportaciones ex ante , de los cuales, 1 200 millones de euros corresponden a recursos ante las ANR y asuntos judiciales ante tribunales administrativos de los Estados miembros, que se determinaron con arreglo a las declaraciones de las ANR. A continuación, en los cuadros 2 y 3 figuran los detalles y la evolución de dichos importes, así como el número de recursos y asuntos judiciales hasta el 31 de mayo de 2018: Cuadro 2 Evolución de los importes controvertidos del pasivo contingente derivados de las aportaciones ex ante al FUR Pasivo contingente (en euros) 31/5/18 31/12/17 31/12/16 31/12/15 Recursos ante las ANR y asuntos judiciales ante tribunales administrativos de los Estados miembros 1 805 809 719 1 228 745 681 800 791 513 437 125 144 Relativos a aportaciones ex ante de 2015 84 149 051 84 149 051 84 149 051 437 125 144 Relativos a aportaciones ex ante de 2016 565 465 854 585 509 613 716 642 462 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2017 559 087 017 559 087 017 0 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2018 597 107 797 0 0 0 Asuntos judiciales presentados ante el TGUE (*2) 181 133 405 181 133 405 41 034 633 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2015 0 0 0 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2016 116 612 541 116 612 541 41 034 633 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2017 64 520 864 64 520 864 0 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2018 0 0 0 0 Total 1 986 943 124 1 409 879 086 841 826 146 437 125 144 Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos facilitados por la JUR. Cuadro 3 Evolución de los recursos y número de asuntos derivados de las aportaciones ex ante al FUR Número de recursos y asuntos judiciales 31/5/18 31/12/17 31/12/16 31/12/15 Recursos ante las ANR y asuntos judiciales ante tribunales administrativos de los Estados miembros 499 393 261 67 Relativos a aportaciones ex ante de 2015 5 5 6 67 Relativos a aportaciones ex ante de 2016 241 257 255 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2017 131 131 0 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2018 122 0 0 0 Asuntos judiciales ante el TGUE 13 13 9 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2015 0 0 0 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2016 10 10 9 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2017 3 3 0 0 Relativos a aportaciones ex ante de 2018 0 0 0 0 Total 512 406 270 67 Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos facilitados por la JUR.
32.

La Empresa Común ha establecido procedimientos de control ex ante basados en comprobaciones documentales financieras y operativas, y lleva a cabo auditorías ex post de las declaraciones de gastos ligadas a las subvenciones. Estos controles constituyen instrumentos clave para evaluar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, incluidas las contribuciones en especie y en efectivo a la Empresa Común de los otros miembros. El porcentaje de error residual de las auditorías ex post notificado al final de 2016 por la Empresa Común fue de 1,51 % para los proyectos 7PM y de 0,95 % para los proyectos Horizonte 2020 (15).
19.

En 2014 y en nombre de más de 50 instituciones y órganos de la UE (la Agencia incluida), la Comisión firmó un contrato marco con una empresa para la compra de software, licencias y para la provisión de servicios de mantenimiento y de consultoría informáticos. La empresa contratista funciona como intermediaria entre la Agencia y los proveedores y, por estos servicios, tiene derecho a incrementos del dos al nueve por ciento sobre los precios de los proveedores. El contrato marco estipula explícitamente que no confiere ningún derecho exclusivo al contratista. En 2016, la Agencia recurrió a este contrato para adquirir licencias de software por un importe total de 442 754 euros. La mayoría de estas adquisiciones fueron de productos pertenecientes a una categoría específica que debería usarse de forma excepcional únicamente y cuyos precios no se establecían en la licitación ni en el propio contrato. El procedimiento no garantiza una competencia suficiente ni la aplicación de la solución más económica; además, no se comprobaron adecuadamente los incrementos cobrados por el contratista. El mayor pedido consistió en la renovación de las licencias de software proporcionadas por un revendedor exclusivo del país escandinavo (112 248 euros). En este caso no estaba justificado el uso del contrato marco, lo que conllevó un aumento de costes innecesario.
La Agencia prorrogó 1,57 millones de euros, es decir, el 62 % de los créditos comprometidos para el título III, gastos de operaciones (3,1 millones de euros, el 91 %, en 2013). Estas prórrogas se referían principalmente a la realización de RITME, una actividad operativa plurianual y compleja para la que no se adoptó el Reglamento de Ejecución hasta el 17 de diciembre de 2014 (1) . La Agencia también prorrogó 0,98 millones de euros, es decir, el 41 % (1,9 millones de euros, el 56 %, en 2013), de créditos comprometidos para el título II, gastos administrativos, principalmente relacionados con estudios de realización de RITME y con contratos anuales renovados hacia el final del ejercicio.

2014

En octubre de 2013, la Agencia recibió, por medio de un presupuesto rectificativo, 3 millones de euros adicionales en créditos para la realización de RITME, que prorrogó a 2014. No obstante, ateniéndose al Reglamento de Ejecución, el marco RITME no comenzará a estar operativo hasta octubre de 2015. Parte de los fondos se gastaron en 2014 en preparar la realización de RITME. Al final de 2014, la Agencia efectuó dos pagos de prefinanciación por un valor de 1,56 millones de euros para contratos de servicios vinculados a RITME que debían prestarse durante el período 2015-2017, con la cual se evitaría una restitución automática a la Comisión de los fondos no utilizados (2). Si bien ello permitiría a la Agencia financiar sus futuras actividades vinculadas a RITME, contraviene el principio presupuestario de anualidad.
11.

Se constataron considerables mejoras en las verificaciones ex ante y ex post de los gastos declarados por los países colaboradores en virtud de los acuerdos de subvención. Sin embargo, no es siempre suficiente la documentación justificativa de los gastos declarados presentada por los países colaboradores. Además, no se solicitaron certificados de auditoría, pese a que las normas de desarrollo del Reglamento Financiero de la UE así lo recomiendan para las subvenciones que superen unos umbrales específicos (9). Los certificados de auditoría proporcionarían garantías adicionales sobre la legalidad y regularidad de las operaciones de subvención.
1.

La Agencia del Sistema Europeo Global de Navegación por Satélite o GNSS (conocida como «GSA» y denominada en lo sucesivo «la Agencia»), con sede en Praga (1), se creó en virtud del Reglamento (UE) no 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1321/2004 del Consejo (3) y se modifica el Reglamento (CE) no 683/2008 (4) Sus principales funciones son la explotación del Centro de Seguridad de Galileo, la acreditación de seguridad de los sistemas de radionavegación por satélite Galileo y EGNOS, la preparación de su comercialización y la realización de otras tareas ligadas a la ejecución de ambos programas (5).
25.

La Empresa Común reforzará su supervisión sobre la elaboración de informes relacionados con el aprovechamiento y la explotación de los resultados/conocimientos adquiridos en el marco de proyectos y con actividades de difusión para garantizar la conformidad con el artículo 7 de la Decisión no 1982/2006/CE y con las normas de la Empresa Común relativas a los acuerdos de subvención de miembros y a los acuerdos de subvención de socios. La Empresa Común solicitará informes específicos sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, el uso y explotación y la divulgación alcanzada en el marco de los programas y proyectos de demostradores tecnológicos integrados (DTI) con el fin de garantizar su deber de información y de disponer de un nivel adecuado de informaciones como resultado de ese ejercicio de información. En lo que respecta al cumplimiento del artículo 27 del Reglamento (CE, Euratom) no 1906/2006, hay que señalar que, de conformidad con el considerando 26, las empresas comunes no están incluidas en el alcance del Reglamento. No obstante, la Empresa Común comparte los objetivos del artículo 27 y supervisará la aplicación del plan de aprovechamiento y difusión de los conocimientos adquiridos.
2011

Los procedimientos de contratación pública auditados no eran plenamente conformes con lo dispuesto en el Reglamento Financiero general. En cinco casos de compra de material informático (por un total de 160 117 euros), no se fijaron de antemano los criterios de adjudicación y no se firmaron contratos por escrito. En otro caso de servicios de selección del personal (55 000 euros), los criterios de adjudicación no se aplicaron correctamente. La Autoridad debería garantizar que todos los nuevos contratos se adjudiquen de plena conformidad con la normativa de la UE en la materia.
14.

En 2012 el Centro concedió subvenciones a instituciones de investigación y a particulares. El gasto total dedicado a estas subvenciones ascendió a 752 000 euros, que representa el 1,4 % de los gastos operativos de 2012. Las verificaciones ex ante efectuadas por el Centro antes de reembolsar los gastos declarados por los beneficiarios consisten en un análisis documental de las declaraciones de gastos y también, parcialmente, de los certificados de auditoría emitidos por empresas de auditoría independientes contratadas por los beneficiarios. El Centro no suele obtener de los beneficiarios ningún documento que justifique la subvencionabilidad y exactitud de los gastos declarados. A fin de reforzar los controles, el Centro adoptó una estrategia de verificación ex post cuya aplicación estaba prevista para 2012, pero sufrió un retraso de diez meses para acceder a un contrato de auditoría interinstitucional y, en el momento de la fiscalización, todavía no se han realizado verificaciones ex post de los gastos de 2012 en subvenciones. El Centro obtuvo en nombre del Tribunal documentación justificativa de las operaciones fiscalizadas que ofrecía garantías razonables en cuanto a su legalidad y regularidad.
15.

Por lo que se refiere a los procedimientos de selección del personal, las vacantes no especificaban el número máximo de candidatos que debían figurar en las listas de reserva. Las decisiones de los comités de selección no estaban suficientemente justificadas y documentadas, dado que las puntuaciones exigidas para acceder a las listas de reserva no se habían fijado de antemano y faltaban las actas correspondientes. Estas prácticas suponen un riesgo para la transparencia de los procedimientos de contratación.
17.

Aún no se han adoptado normas de desarrollo del Estatuto. En los procedimientos de selección de personal controlados, no se habían decidido antes del procedimiento de evaluación ni los criterios de selección ni las calificaciones necesarias para pasar a la fase siguiente del procedimiento de selección, y los expedientes no siempre estaban completos. Con esta situación no se garantiza la transparencia y el carácter no discriminatorio de los procedimientos.
Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana. La acción de la Comunidad, que complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana. Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas, apoyando la investigación de su etiología, de su transmisión y de su prevención, así como la información y la educación sanitarias. La Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención. (Artículo 152 del Tratado)

Objetivos En el marco del programa comunitario en el ámbito de la salud pública establecido mediante la Decisión no 1786/2002/CE (Decisión marco), la Agencia se encargará de la ejecución de las tareas relacionadas con el apoyo comunitario en el marco del programa, con excepción de la evaluación del programa, del control legislativo o de cualquier otra acción que pudiera ser competencia exclusiva de la Comisión.

Funciones a) la gestión de todas las fases del ciclo del programa de salud pública, en relación con proyectos específicos, de conformidad con la Decisión no 1786/2002/CE y el programa de trabajo previsto en dicha Decisión y adoptado por la Comisión, así como con los controles necesarios al efecto, adoptando las decisiones pertinentes conforme al acto de delegación de la Comisión; b) la adopción de los actos de ejecución presupuestaria en ingresos y gastos y de la ejecución, conforme a la delegación de la Comisión, de todas las operaciones necesarias para la gestión del programa de salud pública, en particular las relacionadas con la adjudicación de los contratos y subvenciones; c) el apoyo logístico, científico y técnico, en concreto la organización de reuniones técnicas (gestión de grupos de trabajo de expertos), estudios preparatorios, seminarios o conferencias.

1. Comité de Dirección Compuesto de cinco miembros designados por la Comisión Europea por un período de dos años. Adopta el programa anual de trabajo de la Agencia tras su aprobación por la Comisión Europea, así como el presupuesto de funcionamiento de la Agencia y su informe anual de actividades. 2. Director Nombrado por la Comisión Europea por un período de cuatro años. 3. Control externo Tribunal de Cuentas Europeo. 4. Autoridad de aprobación de la gestión Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo.

El presupuesto de funcionamiento de la Agencia para 2007 ascendía a 4,1 millones de euros. A 31 de diciembre de 2007, la Agencia contaba con 28 agentes estatutarios, de los cuales 8 eran agentes temporales y 20 agentes contractuales.
10.

El examen efectuado por el Tribunal de una muestra representativa de 80 operaciones permitió identificar debilidades en el funcionamiento de los sistemas de control y gestión. En doce casos, el agente iniciador de la operación no había recibido ninguna delegación de autoridad y no se siguió el circuito financiero apropiado. En dos casos, el ordenador de la Autoridad no aprobó un compromiso presupuestario antes de contraer el compromiso jurídico, contraviniendo así los requisitos del Reglamento financiero.