INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Impedimentos jurídicos a la libre circulación de fondos entre entidades dentro de un subgrupo único de liquidez /* COM/2014/0327 final */





1. Introducción y objetivos Antecedentes El Reglamento (UE) nº 575/2013[1] («RRC») y la Directiva 2013/36/UE[2] («DRC») constituyen el marco jurídico que regula el acceso a la actividad y el marco de supervisión y las normas prudenciales para las entidades de crédito y las empresas de inversión (en lo sucesivo denominadas «entidades»). El RRC incluye los requisitos prudenciales para las entidades que están relacionadas con el funcionamiento de los mercados de servicios bancarios y financieros. El objetivo es garantizar la estabilidad financiera de los operadores en esos mercados y conseguir un alto nivel de protección para los inversores y los depositantes. Con el fin de evitar distorsiones del mercado y el arbitraje regulatorio, estos requisitos prudenciales deben garantizar un nivel de armonización muy alto. No obstante, las autoridades nacionales competentes y los Estados miembros disponen de varias opciones y facultades discrecionales. Entre ellas se incluye la posibilidad de que, en aplicación del artículo 8 del RRC, las autoridades competentes eximan de la aplicación de los requisitos de liquidez en base individual. Si bien la exención está sujeta a la discreción de las autoridades nacionales, facilitará en gran medida la aplicación de las nuevas normas sobre liquidez cuando se trate de un grupo. Razones para la elaboración del presente informe De conformidad con el artículo 8 del RRC, las autoridades competentes pueden eximir total o parcialmente de la aplicación de la parte sexta a una entidad y a todas o varias de sus filiales en la Unión y supervisarlas como un subgrupo único de liquidez («SUL»), siempre y cuando se cumplan todas las condiciones establecidas. Esas condiciones son las siguientes: a) que la entidad matriz en base consolidada o una entidad filial en base subconsolidada cumpla con las obligaciones establecidas en la parte sexta; b) que la entidad matriz en base consolidada o la entidad filial en base subconsolidada controle y vigile en todo momento las posiciones de liquidez de todas las entidades del grupo o del subgrupo a las que se aplique la exención y garantice un nivel de liquidez suficiente por lo que respecta a todas las entidades de que se trate; c) que las entidades hayan celebrado contratos que, a satisfacción de las autoridades competentes, prevean la libre circulación de fondos entre ellas a fin de poder cumplir sus obligaciones individuales y conjuntas a su vencimiento; d) que no existan actualmente ni sea previsible que existan impedimentos importantes, de tipo práctico o jurídico, para el cumplimiento de los contratos a que se refiere la letra c). De conformidad con el artículo 8, apartado 1, último párrafo, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier impedimento jurídico que pueda imposibilitar la aplicación de la letra c), y, se le invita a presentar, si procede, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, una propuesta legislativa sobre los impedimentos que hubiera que suprimir. En los últimos meses, la Comisión Europea ha consultado directamente tanto a los operadores del sector como a las autoridades públicas nacionales para identificar los posibles obstáculos a la libre circulación de fondos entre entidades encuadradas en un SUL en la UE, y considerar de qué manera se pueden superar y si es preciso adoptar medidas reglamentarias a escala de la UE. La Comisión también abordó este tema en el Grupo de expertos de la Comisión sobre la banca, los pagos y los seguros en septiembre de 2013. 2. Posibles obstáculos a la libre circulación de fondos El presente informe se centra principalmente en las situaciones transfronterizas, puesto que este es el contexto en que es más probable que surjan obstáculos en la práctica. Además, la exención de la aplicación de los requisitos de liquidez en base individual para una entidad y todas o varias de sus filiales, cuando todas las entidades de un SUL estén autorizadas en el mismo Estado miembro, está regulada por separado en el artículo 8, apartado 2, del RRC. Debe señalarse que en este informe no se analizarán los obstáculos potenciales en terceros países, ya que, con arreglo al artículo 8, apartado 1, del RRC, la exención solo se aplica en la Unión, aun cuando la Comisión reconoce que tales obstáculos plantearían un problema en el contexto de la supervisión en base consolidada. Libre circulación de capitales como regla general de la UE Como regla general, no debe haber restricción alguna a la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea. De conformidad con el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), queda prohibida cualquier restricción a la circulación de capitales y pagos entre los Estados miembros. Por consiguiente, una norma nacional que impida a las entidades celebrar contratos que estipulen la libre circulación transfronteriza de fondos entre ellas para cumplir sus obligaciones individuales y conjuntas al vencimiento constituiría, en principio, una restricción prohibida por el Tratado, que puede ser objeto de un procedimiento de infracción en virtud de los artículos 258 y siguientes del TFUE. En consecuencia, los Estados miembros no pueden, como principio general, introducir normas nacionales que prohíban directamente la libre circulación de capitales. Por otra parte, el artículo 65, apartado 1, letra b), del TFUE establece que la norma general expresada en el artículo 63 debe entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a establecer todas las medidas necesarias para impedir las infracciones a su Derecho y normativas nacionales, especialmente en el ámbito de la supervisión prudencial de las entidades financieras, o a adoptar medidas que estén justificadas por razones de orden público o de seguridad pública. De conformidad con el artículo 65, apartado 3, del TFUE, tales medidas no deben constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos. Como consecuencia de ello, los requisitos nacionales que tengan efectos restrictivos sobre los flujos de capital no pueden considerarse per se infracciones del artículo 63 del TFUE, cuando no sean discriminatorios, estén debidamente justificados a efectos prudenciales, y sean adecuados para alcanzar el objetivo que persiguen y proporcionados a tal efecto. Pueden surgir circunstancias excepcionales en las que esté justificado restringir la libre circulación de capitales mediante, por ejemplo, la imposición de controles. A este respecto, recientemente la Comisión consideró que las restricciones temporales a la circulación de capitales impuestas por Chipre estaban justificadas por razones de orden público o de seguridad pública [artículo 65, apartado 1, letra b), del TFUE] y motivos imperativos de interés general. Separación En la práctica, las autoridades competentes de los Estados miembros adoptan en ocasiones medidas, denominadas de «separación», que están destinadas a mantener la liquidez, los dividendos y otros activos bancarios dentro de las fronteras nacionales, con posibles efectos perjudiciales en otros Estados miembros. Tales medidas de separación pueden ser restricciones a la libre circulación de capitales que están prohibidas por el Tratado, a menos que estén debidamente justificadas y sean proporcionadas. Existe también la preocupación de que las autoridades nacionales competentes puedan, en ocasiones, tratar de eludir las obligaciones de cooperación con otros Estados miembros establecidas en el RRC y la DRC. Basándose en una encuesta confidencial realizada entre veintisiete Estados miembros, los servicios de la Comisión han identificado el Pilar 2[3], el régimen de grandes exposiciones[4] y los marcos de la liquidez interna[5] como ámbitos específicos en los que puede verse obstaculizada la libre circulación de capitales entre las entidades, ya sea mediante medidas autorizadas por el marco RRC/DRC ya sea mediante otras acciones de carácter informal. En ocasiones no está clara la frontera entre medidas legales e ilegales, ya que las medidas de separación suelen tener lugar en el marco de medidas legalmente autorizadas (o quedan enmascaradas por ellas) y/o en ámbitos en los que las autoridades competentes gozan de poderes discrecionales. Sin embargo, los instrumentos utilizados en los ámbitos mencionados, como las competencias del Pilar 2, tienen claramente una finalidad válida y útil, siempre que se apliquen conforme a Derecho y no sean desproporcionados respecto de sus efectos prudenciales. El mero hecho de que su utilización pueda dar lugar a un efecto negativo sobre la posibilidad de transferir fondos dentro de un grupo no justifica que se les considere automáticamente impedimentos jurídicos a tenor del artículo 8 del RRC. Solo cuando estos instrumentos se utilicen para un fin no conforme a la legislación de la UE podrán ser considerados impedimentos. Debe evitarse un uso inadecuado de este tipo pero ello no implica que los instrumentos deban ser modificados. Por otra parte, el propósito de este informe no es poner en tela de juicio las disposiciones recientemente acordadas de la DRC y el RRC en relación con los instrumentos antes mencionados. Hay una necesidad clara y válida de que existan estos instrumentos y su inclusión en el RRC o la DRC es el resultado de necesidades de supervisión arraigadas y perfectamente consolidadas. El presente informe pretende más bien examinar los impedimentos jurídicos que plantean otras fuentes distintas de las disposiciones del RRC y la DRC. Disposiciones del Derecho de sociedades En una consulta a las partes interesadas se mencionaron algunas disposiciones del Derecho de sociedades que impiden que las entidades aporten liquidez sin restricciones a otros miembros del mismo grupo como posible obstáculo para la libre circulación de capitales dentro de un grupo. Así sucede especialmente cuando la dirección de una entidad está obligada por un deber fiduciario general a proteger los intereses de su entidad (también en detrimento de los intereses del grupo del que forma parte la entidad). Por lo tanto, aun cuando una entidad goce de un exceso de liquidez, no tiene automáticamente derecho a transferirlo a otros miembros del grupo, si no se puede garantizar el reembolso. Por tanto, una entidad no puede celebrar libremente (al menos no de forma automática) un contrato con otros miembros del grupo que permita la libre circulación de fondos entre los dos. Sin embargo, dichos «impedimentos» parecen estar bien justificados, sobre todo teniendo en cuenta que forman parte de los principios generales del Derecho de sociedades, es decir, que también se aplican a las empresas de otros sectores distintos de la banca. Sería bastante cuestionable que no se aplicase ese principio. Estas cuestiones han de resolverse de manera equitativa: ya sea garantizando el reembolso de toda liquidez aportada, ya sea utilizando otras estructuras, como las sucursales, que no sean entidades jurídicas distintas. Aunque los Estados miembros mantienen competencias importantes en lo que respecta a la gestión de la liquidez por parte de las sucursales, estas son de naturaleza distinta. Se refieren a requisitos prudenciales y no a obligaciones en materia de Derecho de sociedades. Por otra parte, irán perdiendo importancia (véase a continuación la evolución de las normas europeas en materia de liquidez y el Mecanismo Único de Supervisión). Derecho fiscal Aunque es posible que la existencia de legislación fiscal que limita la desgravación fiscal de los intereses abonados por los préstamos procedentes de otros miembros del grupo obstaculice la libre circulación de capitales, ello no parece impedir que las entidades celebren un contrato que permita la libre circulación de capitales entre ellas[6]. 3. Sobre la necesidad de resolver la situación actual El presente informe indica que no parece que haya obstáculos jurídicos de importancia que impidan a las entidades celebrar contratos que permitan la libre circulación de fondos entre ellas, al menos no impedimentos jurídicos injustificados. La primera serie de dificultades que podrían encontrar las entidades al tratar de celebrar tales contratos son los requisitos de supervisión (impuestos por las autoridades competentes) que, en algunos casos, entorpecen la libre circulación de capitales dentro del grupo. Estos requisitos pueden estar justificados, cuando así lo exija la situación de la entidad afectada por el requisito de supervisión, o pueden ser cuestionables, si el verdadero objetivo de las autoridades competentes es impedir la salida de liquidez de su territorio, es decir, proteger excesivamente a los contribuyentes nacionales y a los acreedores de la entidad que supervisan en detrimento de los contribuyentes de los demás Estados miembros de la UE y los acreedores de otras partes del grupo. Las respuestas de muchos Estados miembros y sus autoridades competentes demuestran que tales consideraciones son habituales e incluso están abiertamente admitidas. Esto parece indicar que muchas autoridades competentes no se sienten totalmente cómodas con el concepto de SUL (transfronterizo), ya que lo consideran un posible peligro para los intereses nacionales. Resulta difícil cambiar estas prácticas de separación – lógicas desde un punto de vista meramente nacional, pero con efectos negativos, evidentes y significativos, desde una perspectiva europea más amplia – sin una mayor integración del actual marco de regulación y supervisión. Dicho de otro modo, para erradicar realmente estas prácticas no basta con abordar solo los síntomas del problema, sino que hay que apuntar a las causas y temores subyacentes. Por lo tanto, si no se abordan estas causas y temores subyacentes, las autoridades competentes podrían buscar métodos alternativos para lograr los mismos objetivos. Puesto que el problema subyacente es el de la defensa de los intereses nacionales, la forma más eficiente de avanzar consistiría en armonizar los objetivos de los agentes públicos interesados con una mayor integración europea en el ámbito de los servicios financieros y unas competencias más integradas en materia de supervisión. La Autoridad Bancaria Europea Una primera vía para evitar o luchar contra las prácticas de supervisión que limitan la libre circulación de capitales (en la medida en que no estén justificadas) pasa por la Autoridad Bancaria Europea (en lo sucesivo, la «ABE»). La ABE desempeña un papel cada vez más importante a la hora de facilitar la cooperación entre las autoridades competentes, aportando sus conocimientos técnicos y estableciendo el código normativo único de supervisión. En particular, se debe animar a las autoridades competentes a que mejoren la cooperación y hagan uso de la mediación no vinculante de la ABE en casos en que haya desacuerdo sobre si se cumplen las condiciones para la constitución de un SUL. Esto es válido también durante el período anterior a 2015, tras el cual serán aplicables las disposiciones del RRC sobre la toma conjunta de decisiones y la mediación no vinculante sobre este asunto[7]. Tras el período de observación y la plena aplicación de un requisito de cobertura de liquidez de conformidad con el RRC, la Comisión evaluará si se necesitan medidas adicionales[8]. El Mecanismo Único de Supervisión Se ha logrado un gran avance con la creación del Mecanismo Único de Supervisión («MUS») mediante el Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo[9]. El BCE tendrá, en efecto, la capacidad jurídica para supervisar a todas las entidades de crédito de la zona del euro, así como las de los países que decidan sumarse a la unión bancaria. El Reglamento del MUS confiere al BCE funciones esenciales de supervisión y competencias sobre todas las entidades de crédito radicadas en la zona del euro. El BCE supervisará directamente a algunas grandes entidades de crédito y a las entidades de crédito que hayan recibido o solicitado ayuda financiera pública directa. Vigilará también la supervisión de las entidades de crédito menos importantes por parte de las autoridades competentes. El BCE podrá, en todo momento, optar por supervisar directamente a una o varias de dichas entidades de crédito con el fin de garantizar la coherencia en la aplicación de las normas de supervisión. En cuanto a las entidades de crédito transfronterizas que operen tanto dentro como fuera de los Estados miembros que participan en el MUS, se mantendrán los procedimientos de coordinación existentes entre las autoridades competentes de origen y de acogida, al igual que sucede en la actualidad. Sin embargo, en la medida en que el BCE ha asumido tareas de supervisión directa, llevará a cabo las funciones de la autoridad de origen y de acogida para todos los Estados miembros participantes. Ello debe conducir a una eliminación significativa de las indeseables prácticas de separación descritas anteriormente. Cuanto mayor sea el número de Estados miembros que participan en el MUS, menos probable será que tengan lugar tales prácticas indeseables de separación. El Mecanismo Único de Resolución El establecimiento del Mecanismo Único de Resolución constituye un primer paso hacia la unión bancaria y una de las condiciones previas para la recapitalización directa de las entidades de crédito por el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Una unión bancaria integrada comporta también un mecanismo de resolución común de las entidades de crédito sustentado en un código normativo único. La Comisión subrayó la importancia de alcanzar un acuerdo sobre las propuestas en materia de reestructuración y resolución de entidades de crédito y de regímenes de garantía de depósitos, y sobre la propuesta de la Comisión relativa a un mecanismo de resolución europeo, con el fin de abordar con eficiencia la resolución transfronteriza de entidades de crédito y evitar que el dinero de los contribuyentes se destine a rescatar entidades de crédito. La legislación acordada debe contribuir de manera significativa a la armonización de los objetivos de las autoridades públicas y limitar aún más los incentivos para que se lleven a cabo prácticas de separación. Requisitos europeos de liquidez La Comisión está preparando un acto delegado con objeto de introducir un requisito de cobertura de liquidez detallado y armonizado en la Unión. Este acto delegado deberá entrar en vigor, con arreglo al artículo 460, apartado 2, del RRC, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, pero no será aplicable antes del 1 de enero de 2015. El acto delegado debe contribuir también a limitar las prácticas indeseables que bloquean la liquidez dentro de las fronteras nacionales, pues establecerá normas armonizadas, uniformes, detalladas y vinculantes en materia de liquidez, fomentando así la confianza mutua entre las autoridades de supervisión competentes. En particular, el acto delegado debe tratar de resolver algunos problemas relacionados con la gestión de la liquidez intragrupo transfronteriza. En aras de la eficiencia y de la eficacia, algunos bancos llevan a cabo la gestión de su liquidez y tesorería a nivel de grupo. Para los grupos que no hacen uso de la exención del SUL, un flujo preferencial intragrupo puede servir de fuente importante de liquidez. Se califica de «preferencial» porque el banco beneficiario puede obtener una entrada de liquidez superior a la que normalmente se autorizaría sobre una base «individual» en el marco del RRC. Ello podría ir asociado, en caso necesario, con una mayor salida para el banco que concede la liquidez. Lamentablemente, durante la crisis financiera, la realización de estos flujos intragrupo sobre una base transfronteriza resultó ser a veces poco fiable. El artículo 425, apartado 4, del RRC establece las condiciones que deben cumplirse para que las autoridades competentes concedan tal trato preferencial para una entrada en el marco de una línea de crédito y liquidez. El artículo 425, apartado 4, letra d), del RRC exige que la entidad y la contraparte estén establecidas en el mismo Estado miembro. No obstante, el artículo 425, apartado 5, del RRC autoriza a las autoridades competentes a no aplicar esta condición siempre que se cumplan criterios objetivos adicionales. La Comisión examinará si estos criterios objetivos adicionales pueden encuadrarse en el futuro acto delegado. En el artículo 422, apartado 8, letra d), y apartado 9, del RRC se establecen disposiciones correspondientes en lo que respecta a las salidas intragrupo. En conclusión, a la hora de preparar el acto delegado relativo a la ratio de cobertura de liquidez, los servicios de la Comisión examinarán si se pueden fijar criterios objetivos adicionales a fin de permitir el trato preferencial de las entradas y salidas intragrupo transfronterizas. Ello debe aclarar y mejorar el funcionamiento de los flujos intragrupo transfronterizos, que en ocasiones han planteado problemas. Lucha contra la discriminación de los grupos transfronterizos Una posible fuente de trato discriminatorio consiste en que las autoridades nacionales permitan la formación de SUL a nivel nacional, pero no para un grupo internacional. Cabe esperar que ello se contrarreste parcialmente, sin embargo, por el hecho de que, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, del RRC, las autoridades competentes solo pueden eximir de la aplicación de los requisitos de liquidez del RRC a un SUL a nivel nacional si se cumplen las mismas condiciones básicas[10] que ha de satisfacer un grupo transfronterizo. Dado que aplicar las mismas condiciones de manera distinta a los grupos puramente nacionales y a los transfronterizos sería contrario tanto a las disposiciones del Derecho de la UE en materia de no discriminación como a los principios del Derecho administrativo general, tendría que haber una diferencia relevante entre tales grupos para que no se pudiera autorizar la creación de un SUL en un contexto transfronterizo cuando se autorice a escala nacional. El mero hecho de que un grupo sea transfronterizo y sea supervisado por distintas autoridades competentes no puede considerarse que en sí mismo constituya una diferencia importante. Futura revisión del RRC y de la DRC La Comisión confía en que la conjunción de un código normativo único y la unión bancaria garantizará la coherencia y la salvaguardia de la estabilidad financiera. Estas nuevas normas garantizarán también la igualdad de condiciones en todo el mercado único entre las autoridades de origen y de acogida, así como entre los Estados miembros participantes y no participantes en el MUS, evitando así las posibilidades de arbitraje regulatorio y la separación artificial del capital y la liquidez, y facilitando la recuperación y resolución bancarias transfronterizas. En las posibles revisiones futuras del RRC y de la DRC podría ser útil examinar el efecto de las competencias discrecionales de las autoridades competentes en la libre circulación de capitales en el seno de los grupos. Si fuera necesario y en la medida de lo posible (es decir, sin menoscabar el alcance y la eficacia de los instrumentos pertinentes en los casos justificados), la Comisión evaluará si esas competencias deben concebirse de tal modo que dejen menos margen discrecional para adoptar medidas que restrinjan la libre circulación de capitales. 4. Conclusión En conclusión, habida cuenta de que: i) hace poco que ha finalizado el proceso legislativo relativo a la adopción del RRC y de la DRC (y, por lo tanto, es reciente la aprobación de las facultades discrecionales nacionales existentes por parte de los colegisladores); ii) está previsto que la Comisión estudie si el futuro acto delegado relativo a la ratio de cobertura de liquidez puede contribuir a limitar las prácticas indeseables que bloquean la liquidez dentro de las fronteras nacionales; a este respecto, puede tratar de desarrollar normas uniformes, detalladas y vinculantes en materia de liquidez, fomentando así la confianza mutua entre las autoridades competentes de supervisión; más concretamente, el acto delegado podría brindar una oportunidad para fijar criterios objetivos adicionales que faciliten la concesión de un trato preferencial para las entradas y salidas intragrupo transfronterizas, aclarando y mejorando el funcionamiento de los flujos intragrupo transfronterizos; iii) existe un proceso de constante convergencia de los objetivos de los agentes públicos interesados, mediante una mayor integración europea merced a un código normativo único, la ABE y, en particular, la unión bancaria; y iv) el presente examen no ha detectado la existencia de obstáculos jurídicos de relevancia que impidan a las entidades celebrar contratos que estipulen la libre circulación de fondos entre ellas en el seno de un SUL, en la actualidad la Comisión no ve la necesidad de presentar una propuesta legislativa sobre este asunto. No obstante, la Comisión seguirá supervisando de cerca y estudiando la situación y, si se deteriorase, volverá a plantearse la necesidad de presentar una propuesta legislativa. [1] Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012. DO L 176 de 27.6.2013, p. 1. [2] Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. DO L 176 de 27.6.2013, p. 338. [3] Cuando se considere que la posición de una entidad no es suficientemente fuerte o estable a pesar de cumplir los requisitos del Pilar 1, las autoridades competentes están autorizadas a adoptar medidas del Pilar 2. De conformidad con el artículo 86, apartado 3, de la DRC, las autoridades competentes adoptarán medidas efectivas cuando las entidades presenten perfiles de riesgo más elevados de lo que exige el buen funcionamiento y la solidez del sistema. Los artículos 104, apartado 1, letra k), y 105 de la DRC permiten imponer requisitos de liquidez específicos. [4] En el marco del régimen de grandes exposiciones, existe margen para la restricción de los movimientos de capitales cuando las exposiciones intragrupo estén restringidas por un límite obligatorio de grandes exposiciones. De conformidad con el artículo 395, apartado 1, del RRC, ninguna entidad podrá asumir frente a otro ente del grupo, después de tener en cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito, una exposición cuyo valor exceda del 25 % de su capital admisible, a menos que esté exenta del régimen de grandes exposiciones con arreglo al artículo 400, apartado 1, letra f), y apartado 2, letras c), e) y f). Las autoridades competentes también podrán imponer a las entidades límites más estrictos de las grandes exposiciones con arreglo al Pilar 2, en particular en aquellos casos en que consideren que el riesgo de concentración no se ha evaluado ni abordado adecuadamente (artículo 81 de la DRC). El régimen de grandes exposiciones también establece disposiciones específicas orientadas directamente a las exposiciones intragrupo, en relación con las cuales los Estados miembros pueden, en determinadas condiciones, aplicar un límite de grandes exposiciones inferior al 25 % en base subconsolidada (artículo 395, apartado 6, del RRC). Sin embargo, en este caso específico, la Comisión podrá rechazar las medidas nacionales propuestas si considera que, entre otras cosas, constituyen un obstáculo a la libre circulación de capitales, de conformidad con las disposiciones del TFUE (artículo 395, apartado 8, del RRC). [5] De conformidad con los artículos 412, apartado 5, y 413, apartado 3, del RRC, los Estados miembros pueden mantener o introducir disposiciones nacionales en el ámbito de los requisitos de liquidez y financiación estable antes de que se establezcan y se introduzcan plenamente en la Unión unas normas mínimas obligatorias. Como consecuencia de ello, y al menos hasta 2018 [o 2019 en caso de que la Comisión decida modificar la introducción progresiva que se especifica en el artículo 460 y aplace hasta 2019 la introducción de una norma mínima vinculante del 100 % para el requisito de cobertura de liquidez (artículo 461 del RRC)], los Estados miembros pueden mantener o introducir disposiciones nacionales en materia de liquidez que resulten más prudentes que el marco RRC/DRC y exijan un requisito de cobertura de liquidez de hasta el 100 %. [6] Sin embargo, estas disposiciones fiscales pueden desincentivar hasta cierto punto la libre circulación de capitales, pues aumentan la carga fiscal para el grupo. [7] Véase el artículo 8, apartado 3, y el artículo 21 del RRC en relación con el artículo 521, apartado 2, letra a). [8] Véase el considerando 30 del RRC. [9] Reglamento (UE) n° 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito. DO L 287 de 29.10.2013, p. 63. [10] Las establecidas en el artículo 8, apartado 1, del RRC. Cuando el SUL tenga carácter transfronterizo, también se habrán de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 8, apartado 3, del RRC (aplicables a partir del 1 de enero de 2015).