ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2.5.

La Comisión también propone un MAFC destinado a reducir el riesgo de fuga de carbono en la UE mediante la imposición de un precio del carbono a las importaciones, correspondiente a lo que se habría pagado si los bienes se hubieran producido en la UE. Este mecanismo se aplicará a una selección específica de sectores y la Comisión ha considerado que es plenamente coherente con las normas de la OMC. En consonancia con la propuesta, la introducción progresiva del MAFC tendrá lugar en paralelo a la eliminación progresiva del régimen de reasignación del RCDE, que de todas formas siempre se consideró temporal. Las mercancías importadas en la UE pagarían una tasa que reflejaría su «contenido de carbono», es decir, las emisiones de CO 2 generadas por su producción (el precio global de estas emisiones de CO 2 es el mismo que el precio del carbono de la UE). En cambio, a las mercancías exportadas a otros países no se aplicará un descuento (que reflejaría la diferencia entre el precio del carbono pagado por su producción en Europa y el precio del carbono en el mercado de destino). Para compensar esta situación, el Fondo de Innovación, con ingresos derivados de la subasta de 450 millones de derechos de emisión de 2020 a 2030, ayudará a la industria europea a adaptarse al proceso de descarbonización. Para el período 2020-2030, la dotación del Fondo puede ascender a unos 10 000 millones de euros, en función del precio del carbono. El Fondo de Innovación es un instrumento de financiación clave para cumplir los compromisos en todos los sectores de la economía de la UE en el marco del Acuerdo de París y apoyar la visión estratégica de la Comisión Europea de una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050, como también se reconoce en el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo.
3.5.

En algunos países, parte de la deforestación está causada por agricultores y comunidades rurales que recurren a la madera como combustible y para calefacción o talan pequeñas parcelas para la agricultura y el pastoreo. Sin embargo, la inmensa mayoría de la deforestación tiene su origen en la destrucción de bosques con el objeto de convertirlos en explotaciones agrícolas comerciales. El Reglamento propuesto no se aplicaría a los casos de comunidades locales que talen para su propia subsistencia bosques que posean o ocupen si ello no da lugar a la comercialización en el mercado de la UE de productos cultivados en dichas tierras. Sin embargo, los mecanismos de apoyo y cooperación —financieros y de otro tipo— que impliquen a estos colectivos también serán importantes para lograr una mayor reducción de la deforestación. El CESE considera que el coste del Reglamento propuesto no debe trasladarse a los pequeños agricultores que apenas perciben los ingresos necesarios para subsistir, independientemente de que su producción se exporte o no.
3.11.

Los poderes adjudicadores están obligados a comunicar dichas notificaciones inmediatamente a la Comisión, que dispondrá de un plazo de sesenta días a partir de la recepción de la notificación para completar un examen preliminar, y de otros ciento cuarenta días para una investigación exhaustiva, que podrá prorrogarse en casos excepcionales. Las notificaciones no suspenden el procedimiento de contratación pública, aunque el poder adjudicador no podrá definir el procedimiento y adjudicar el contrato a una empresa que esté siendo objeto de examen por parte de la Comisión. Si las empresas no realizan la notificación, la Comisión podrá imponer multas de hasta el 10 % de su volumen de negocios total. Se trata de un procedimiento bastante engorroso que corre el riesgo de ralentizar la tramitación de procedimientos complejos como los de contratación pública, que son esenciales para que los Estados miembros apliquen los planes de Next Generation EU .
El CESE señala que durante la pandemia no se garantizó la igualdad, ya que las medidas adoptadas no abarcaban a todos los trabajadores ni a todas las empresas. Las pequeñas y medianas empresas, las personas con trabajos precarios , los autónomos, los migrantes, los jóvenes y las mujeres a menudo han sido privados del acceso a compensaciones por pérdida de ingresos o no estaban cubiertos por las medidas, lo que significa que la pobreza y la exclusión social han aumentado durante la epidemia. Una serie de empresas también han cesado sus actividades, lo que ha dado lugar a la pérdida de puestos de trabajo.

El CESE señala que durante la pandemia no se garantizó la igualdad, ya que las medidas adoptadas no abarcaban a todos los trabajadores ni a todas las empresas. Las pequeñas y medianas empresas, las personas con trabajos menos estables y seguros , los autónomos, los migrantes, los jóvenes y las mujeres a menudo han sido privados del acceso a compensaciones por pérdida de ingresos o no estaban cubiertos por las medidas, lo que significa que la pobreza y la exclusión social han aumentado durante la epidemia. Una serie de empresas también han cesado sus actividades, lo que ha dado lugar a la pérdida de puestos de trabajo.
2.7.

Si bien la digitalización parece incrementar la eficacia de las empresas y las administraciones públicas (los potenciales beneficios siempre se han sobrestimado), siempre hay un coste, como cuando se despiden trabajadores o funcionarios públicos, o cuando la población, especialmente las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad, no se adaptan con la suficiente rapidez o no se adaptan en absoluto a la digitalización. Por eso es tan importante que la digitalización sea accesible para todos, con independencia de la edad, el género, la situación socioeconómica o cualquier discapacidad. De igual modo, las pymes pueden encontrarse en una situación de desventaja competitiva si no pueden mantener el ritmo de la digitalización en su sector, especialmente si dichos procesos exigen afrontar por adelantado un coste inicial elevado.
3.18.

Es muy probable que las autoridades policiales y judiciales y los servicios policiales de todo el mundo respondan solo después de que se haya cometido un delito y, en la mayoría de los casos, no puedan adoptar contramedidas antes de que se haya cometido un delito. El CESE considera que el enfoque ideal sería tanto reaccionar a la actividad delictiva como prevenirla, pero todo el mundo debe ser consciente de que permanecer un paso por delante de los grupos delictivos es extremadamente difícil. Los delincuentes utilizan las nuevas tecnologías con facilidad, no tienen restricciones presupuestarias, legales ni de corrección política y priorizan el beneficio sobre la vida de las personas. Los delincuentes se adaptan muy rápidamente a las nuevas condiciones, crean nuevas formas de operar y penetran en áreas en las que no habían estado activos con anterioridad. La pandemia de COVID-19 podría ser un ejemplo en este sentido.
4.6.

El CESE apoya la iniciativa de que sigan convergiendo los distintos marcos de insolvencia de la UE, y señala que esta convergencia beneficia no solo a la banca sino a todo el panorama empresarial en Europa en general. Esta convergencia no debería estar relacionada necesariamente con la cuestión de los préstamos dudosos. Cabe señalar, sin embargo, que esta medida no ayudará a corto plazo ni aportará una gran contribución tras la crisis de la COVID19. La seguridad de las normas relativas a los derechos de los acreedores y de los deudores y una mayor armonización de los procedimientos de retirada de garantías en todos los Estados miembros reducirán los riesgos y darán un mayor impulso a las inversiones transfronterizas y al comercio interior. El CESE recalca que, a la hora de reformar los marcos de insolvencia, debe tenerse en debida consideración a los prestatarios.
1.11.

El Semestre Europeo recientemente ha pasado a situarse en el centro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. No obstante, el CESE advierte que determinadas instituciones políticas, como el Parlamento Europeo y algunos parlamentos nacionales, no están participando, o solo someramente, en este proceso, por lo que no existe suficiente supervisión democrática. También debería potenciarse el papel de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil.
1.9.

Las empresas de la economía social no solo representan un modelo de negocio sostenible, sino que también crean y mantienen empleos de calidad, promueven la igualdad de oportunidades, en particular para las personas con discapacidad y otros grupos socialmente desfavorecidos, garantizan un elevado nivel de participación y justicia social, y promueven la transformación digital y medioambiental. Así pues, la economía social es un aliado estratégico para reforzar la dimensión social en Europa. Por lo tanto, las actividades de la economía social deberían recibir un apoyo especial de los Fondos Europeos y convertirse, en particular, en un objetivo específico e independiente del FSE+.
5.11.

El CESE reconoce que el escándalo Dieselgate no solo puso de relieve un conjunto de fallos en relación con las emisiones de NOx, sino que también demostró que millones de consumidores compraron vehículos que no se ajustaban a la información proporcionada y, además, la gran mayoría de ellos no fueron indemnizados a nivel individual por los daños sufridos.
2.2.

La propuesta de la Comisión permitiría suspender o corregir los pagos, prohibir que se contraigan nuevos compromisos jurídicos, reducir los compromisos o interrumpir los plazos de pago si se detecta una deficiencia generalizada del Estado de Derecho. Esto se aplicará a todos los fondos de la UE. La Comisión podrá considerar que existe una deficiencia generalizada del Estado de Derecho, en particular, en los siguientes casos: cuando la independencia del poder judicial esté en peligro; cuando no se impidan, corrijan ni sancionen comportamientos arbitrarios o ilegales de las autoridades públicas; cuando se retengan recursos de las autoridades públicas que afecten a su funcionamiento; cuando no se adopten medidas para evitar los conflictos de intereses entre las autoridades públicas; cuando el Estado limite la disponibilidad y la eficacia de las vías de recurso judicial.
4.11.

El CESE pide a la Comisión Europea que simplifique más las normas del FSE+ tanto para las autoridades de gestión como para los beneficiarios. No obstante, la Comisión y las autoridades de gestión deben adoptar medidas específicas para garantizar que la simplificación no exponga a riesgos financieros el trabajo que las OSC realizan con y para las personas afectadas por la pobreza y la exclusión social. Estos riesgos se derivan, en particular, de los numerosos requisitos relativos a la recogida de datos personales.
3.2.2.

No obstante, teniendo en cuenta que el organismo gestor no puede indemnizar a la víctima en caso de que haya recurrido directamente al asegurador o en caso de que se haya iniciado un procedimiento judicial, el Comité recomienda que esta exclusión no se aplique en los siguientes casos: — si ocurre entretanto una deficiencia del asegurador (quiebra, liquidación), — en caso de retirada de la autorización por parte de las autoridades de control, — si la víctima autoriza a la organización a subrogarse en el beneficio de las acciones de recurso, con el fin de recibir una indemnización más rápidamente. El Comité recomienda que cuando los niveles de indemnización (factores de perjuicio) del país donde ocurrió el accidente y los del país de residencia sean diferentes, se apliquen a la víctima los que le sean más favorables.
4.2.4.

El CESE destaca, y respalda, los siguientes aspectos de la propuesta de la Comisión: — Administradores de créditos. Las normas de la UE establecen requisitos y procedimientos específicos para otorgar, denegar o retirar una autorización (artículos 5 a 7), incluida la «oportuna honorabilidad», la ausencia de «antecedentes penales» y no hallarse actualmente «incursos en un procedimiento de insolvencia». También abarcan el registro (artículo 8), la relación contractual con el acreedor (artículo 9), las actividades de externalización (artículo 10) y la administración transfronteriza (artículos 11 y 12). — Compradores de créditos. El acreedor facilitará toda la información necesaria relativa al contrato de crédito (artículo 13) de conformidad con las normas técnicas que desarrollará la ABE (artículo 14) y que no podrá estar sujeto a ningún otro requisito adicional diferente de aquellos previstos en virtud de la leyes nacionales de transposición (artículo 15). Pueden ejecutar el crédito directamente (artículo 18) o cederlo (artículo 19). — Los administradores de créditos, las entidades de crédito o sus filiales, que desempeñan un papel activo en las operaciones relacionadas con préstamos dudosos, se incluyen en el artículo 16. — Supervisión. Un aspecto esencial, porque exige la aplicación de las mismas normas en toda la UE, una función de supervisión de las autoridades nacionales competentes y sanciones administrativas (artículos 20 a 22). — Protección de datos. Una condición para transferir un préstamo es «el respeto de los derechos del prestatario y la observancia de las normas de protección de los datos personales, de conformidad con la legislación por la que se rija el contrato de crédito» [artículo 5, apartado 1, letra c)].
1.2.

El CESE acoge con satisfacción el enfoque tecnológicamente neutro en general, abierto a nuevos avances. Desea señalar, no obstante, que las iniciativas no se ajustan totalmente a dicho enfoque. No es en absoluto seguro que nuestra futura movilidad sea completamente eléctrica, y hay otras tecnologías de transporte, como el hidrógeno o los combustibles líquidos no fósiles, como el HVO100, que también ofrecen un gran potencial de movilidad no contaminante. El CESE lamenta que esto no se reconozca suficientemente.
1.4.1.

Un exhaustivo análisis comparativo que señale los ámbitos de solapamiento en la enorme cantidad de iniciativas existentes de tenor similar, si no idéntico (véanse los puntos 3.9 y 3.10), con el fin de ahorrar recursos y mejorar los resultados finales. El CESE hace hincapié en el riesgo de retraso o, incluso, cancelación de la iniciativa si no existe una definición clara de los objetivos a medio y largo plazo o no se establece una definición concreta de las competencias de los organismos e instituciones participantes.
4.5.

En particular, al CESE le decepciona extremadamente observar que el artículo 10 sobre la consulta pública no es específico, es inadecuado y se queda muy corto con respecto a su propuesta de un Diálogo Europeo sobre la Energía (DEE) de amplio alcance, que llegue de forma directa y coherente a los ciudadanos/consumidores y ofrezca una educación y compromiso de base en lo que, en muchos Estados miembros, será un paquete difícil de vender. Esta diálogo es demasiado importante para ser tratado, si es que lo es, en el título de «medidas no legislativas» y se le debería dotar de contenido a través de una cláusula adicional al artículo 10. Este artículo tampoco cumple las normas de la Directiva sobre evaluación ambiental estratégica que fija las normas para una gobernanza medioambiental transparente y participativa de la que forma una parte esencial la planificación en materia de clima y energía.
—

Dictamen del CESE sobre la propuesta de revisión del Reglamento (UE) n.o 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012 [COM(2016) 399 final] (DO C 34 de 2.2.2017, p. 162, punto 4.7),
D.

Considerando que el acto delegado adoptado por la Comisión contiene errores en cuanto la metodología utilizada para el cálculo de los futuros escenarios de rentabilidad y, por lo tanto, no cumple el requisito establecido en el Reglamento (UE) n.o 1286/2014 de que se facilite información “precisa, imparcial, clara y no engañosa”, y que, en el caso de algunos productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros en particular, no se señala que los inversores pueden perder dinero ni en la hipótesis adversa, ni siquiera cuando se trata de un producto que ha generado frecuentes pérdidas ya pasado el período de tenencia mínimo recomendado;
2.4.1

El CESE acoge con satisfacción el hincapié hecho en la necesidad de protección de las mujeres y niñas, así como de los niños y adolescentes, incluidos los menores no acompañados, y la inclusión de las personas con vínculos familiares en las categorías clásicas de reasentamiento. En particular, el CESE apoya la voluntad de garantizar la unidad del núcleo familiar de las personas, considerando también a los hermanos como «miembros de la familia». Ahora bien, estas medidas solo deberían aplicarse en el caso de que no lo permitan las disposiciones vigentes en materia de reagrupación familiar, como la Directiva de 2003 sobre la reagrupación familiar. El CESE subraya la importancia de respetar los principios de igualdad y no discriminación, que deberían aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a), b), c) y d).
3.7.2

En materia de derechos de propiedad intelectual (DPI), el Comité advierte contra el desequilibrio existente entre los usuarios y los titulares de una patente esencial para una norma (PEN), en particular en los supuestos en que una pyme innovadora no está en situación de conocer el número de patentes que podría aplicar y quién las posee. El CESE propone, por tanto, al ETSI que redacte una guía práctica para la negociación de acuerdos de licencia de las PEN destinada a las pymes y en aplicación de las condiciones FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory, es decir, equitativas, razonables y no discriminatorias).
2.4.3.

La primera propuesta no solo contiene una serie de disposiciones aplicables a todas las titulizaciones. Establece además, en particular, un marco para las titulizaciones STS, concepto relativo al proceso por el que se estructura la titulización y no a la calidad de crédito subyacente de los activos involucrados.
4.5.1.

Marco legislativo nacional e internacional en materia de derechos humanos: es sin duda un requisito mínimo exigible a todo país a incluir en la lista de País de Origen Seguro, pero no suficiente, exigiendo el anexo I de la Directiva 2013/32/UE la valoración del respeto de los derechos humanos en la práctica. En cualquier caso, la propia Comisión parece no valorar convenientemente este requisito mínimo, al incluir en su propuesta entre los países seguros, países que —en algunos casos— no han ratificado los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos, como Kosovo.
2.15.

La condicionalidad ex ante, que introduce una serie de condiciones que deben satisfacerse antes de desembolsar los fondos, no puede servir para excluir algunas regiones más endeudadas que, por su coyuntura, no pueden invertir o captar inversiones para crear estas condiciones. La condicionalidad ex ante tiene que aplicarse de forma cuidadosa, o incluso suspenderse durante un período de tiempo determinado, en cuanto haya riesgo de crisis y deflación, pues, de otro modo, se deterioraría la frágil situación de algunas regiones que ven cómo se aleja cualquier posibilidad de conseguir financiación para promover el crecimiento, lo que agravará aún más sus problemas.
4.1.3

El CESE manifiesta su preocupación por las repercusiones que puede tener esa estrategia en países terceros en desarrollo, que precisan mantener un capital humano formado y cualificado para salir del estado de necesidad en el que se encuentran. Detraer dicho capital estableciendo medidas compensatorias en los países de origen para que su crecimiento no se vea afectado, tiene que ser una prioridad cuando se planteen políticas de atracción del talento externo a la UE. No es conveniente olvidar que la solución a largo plazo para que los ciudadanos originarios de los países subdesarrollados tengan un mejor futuro, no es atraerlos e integrarlos en la UE para que consigan un trabajo y mejores condiciones de vida, si no trabajar para que sus países alcancen unos niveles de desarrollo que permitan a sus ciudadanos no plantearse la emigración como la única posibilidad de subsistencia.
4.1

El CESE valora el planteamiento equilibrado que ha adoptado la Comisión Europea respecto de los hidrocarburos no convencionales. Se requiere un debate abierto, basado en hechos y conclusiones. No obstante, también deben tenerse en cuenta factores subjetivos como la percepción del riesgo por parte de los ciudadanos. La Comunicación es exhaustiva e informativa, está bien estructurada y hace hincapié en las cuestiones más importantes que deben abordarse en términos de protección del medio ambiente y de la salud y aceptación de la opinión pública. Ofrece una visión equilibrada del papel potencial de los hidrocarburos no convencionales en la combinación energética de la UE.
2.2.1

En virtud de este procedimiento el legislador puede oponerse a la aprobación de medidas 'seudolegislativas', es decir, medidas de alcance general que modifican elementos no esenciales de un acto de base aprobado en codecisión, cuando considere que el proyecto excede las competencias de ejecución previstas en el acto de base o que el proyecto no es compatible con el objetivo o el contenido de acto de base, o bien no respeta los principios de subsidiariedad o proporcionalidad.
3.15

Esto afecta en particular a la promoción de proyectos innovadores en el sector industrial. De hecho, existen numerosos ejemplos que demuestran que innovaciones especialmente importantes no vinieron de las empresas que dominaban el mercado, sino de 'advenedizos' como, por ejemplo, el sector de las pymes. Una política estatal de la innovación que se concentre ante todo en la promoción de 'campeones nacionales' corre el riesgo de juzgar mal los avances tecnológicos y subestimar su importancia. El avión no fue inventado ni por la industria ferroviaria ni por la de construcción naval. Tal como lo han señalado ya otros autores, la luz eléctrica no es el resultado de una evolución de la vela de cera. Es decir, no debemos dar preferencia a la industria de la vela sino que debemos buscar las fuerzas que generan ideas y conceptos fundamentalmente nuevos con el fin de prestarles un apoyo particular.
5.13

La Comisión Europea observa con razón que las estrategias macrorregionales y las estrategias basadas en las cuencas marítimas responden a aspiraciones similares, pero este punto refleja bien las divisiones internas en la Comisión y los riesgos derivados de la fragmentación de las estrategias. No es posible presentar los elementos de «estrategia marítima» como elementos macrorregionales si componentes como la infraestructura costera de mares u océanos, la urbanización, la producción, etc., no se asocian o no pueden asociarse a las misiones relacionadas con las capacidades o con los peligros marítimos u oceánicos que revisten cierta importancia desde el punto de vista de la producción y la protección.
4.3.1

¿Deben las políticas relativas al diseño de los productos tratar la obsolescencia programada de los productos de plástico y promover la reutilización y el diseño modular a fin de reducir todo lo posible los residuos de plásticos? Los residuos de plástico de algunos productos surgen como consecuencia de su obsolescencia debido al ciclo de innovación técnica. Para otros productos, como los marcos de ventana, los componentes de automóviles, los muebles, los aparatos domésticos, el equipamiento médico, los materiales de construcción, el aislamiento eléctrico y la calefacción, el calzado, la ropa … y muchas otras aplicaciones, la durabilidad es crítica. Estos productos no representan una proporción importante del volumen total de residuos de plástico, y no suelen formar parte de los residuos domésticos. Las medidas políticas para la durabilidad de los productos no deberían tener una influencia importante en la cantidad de residuos, pero podrían afectar negativamente a la competitividad de los productos de la UE. En la mayoría de las ocasiones, los criterios de diseño ecológico no resultarán afectados en este ámbito, ya que se trata primordialmente del rendimiento funcional y medioambiental de un producto básico y no de sus componentes de plástico.