[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas,14.11.2008

COM(2008) 718 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

relativa a la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un régimen de control comunitario para garantizar el cumplimiento de las normas de la Política Pesquera Común

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

relativa a la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un régimen de control comunitario para garantizar el cumplimiento de las normas de la Política Pesquera Común

1. Introducción y ANTECEDENTES

LA POLÍTICA EUROPEA DE CONTROL DE LA PESCA ES UNA PIEZA CLAVE DE LA P olítica Pesquera Común (PPC), ya que su credibilidad depende de su aplicación efectiva. La política de control ha sido objeto de distintas reformas, en 1993 cuando se adoptó el Reglamento actual, posteriormente en 1998 para incorporar el control del esfuerzo pesquero y, finalmente, en 2002, con la reforma de la PPC, que delimitó las competencias de la Comisión y de los Estados miembros, consolidó la cooperación entre los Estados miembros y puso en marcha la creación de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca.

No obstante los progresos alcanzados, hay un consenso general acerca de la existencia de una serie de deficiencias de la PPC, entre las que se cuentan la sobrepesca debida a un exceso de capacidad de la flota pesquera de la UE, y la política de control.

Para abordar estas deficiencias, la Comisión ha lanzado varias iniciativas, como el paquete de medidas de reestructuración de la flota de julio de 2007, y la reforma recientemente adoptada del mecanismo de control para eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Reglamento INDNR). La Comisión también abrió el debate sobre la revisión de la PPC a partir de 2012. A medio plazo, sin embargo, la reforma del régimen de control de la PPC debería mejorar sustancialmente la eficiencia de la gestión de la pesca en la Comunidad.

El régimen de control establecido en 2002 tiene graves lagunas que amenazan su eficacia global. Tal como señalaron la Comisión Europea[1] y el Tribunal de Cuentas Europeo[2], el régimen de control actual es ineficaz, costoso, complejo, y no produce los resultados deseados. Las deficiencias de la política de control se reflejan negativamente en la aplicación de otras partes de la PPC y socava el éxito de iniciativas de gestión del esfuerzo pesquero y de protección de los recursos. Así pues, los fallos del régimen de control contribuyen a los resultados negativos de la PPC, que parece incapaz de cumplir su objetivo fundamental. Sin embargo, tras varios años de aplicación de la PPC, el estado de los recursos en las aguas comunitarias sigue siendo preocupante y algunas poblaciones están siendo explotadas por encima de un nivel sostenible. El fracaso continuado de la política de control tendrá importantes consecuencias para el futuro de los recursos pesqueros, la industria pesquera y las regiones dependientes de la pesca. En este contexto, la Comisión propone reformar sustancialmente el régimen de control de la PPC, analizando sus defectos y actualizando su planteamiento.

El nuevo Reglamento del control se aplicará a todas las actividades pesqueras y relacionadas con la pesca en aguas comunitarias y en los Estados miembros, así como a las actividades de los buques pesqueros comunitarios fuera de las aguas comunitarias. Complementa el Reglamento INDNR y el Reglamento relativo a las autorizaciones para actividades pesqueras de barcos pesqueros comunitarios fuera de aguas comunitarias y garantiza la no discriminación entre comunitarios y nacionales de terceros países. Estos tres Reglamentos formarán el nuevo marco del control.

Esta Comunicación describe la situación y los desafíos actuales, presenta los principales elementos de la nueva estrategia de control y resume las medidas propuestas.

1.1. Situación actual

Existen varios problemas importantes en la aplicación de la política de control de la PPC, relacionados con deficiencias del propio régimen de control o con problemas estructurales del sector pesquero.

1.1.1. Resultados y recomendaciones del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ha realizado recientemente una evaluación del régimen de control, inspección y sanción aplicado a la PPC[3]. De acuerdo con sus resultados, la situación actual se caracteriza, entre otras cosas, por un marco reglamentario inadecuado y por procedimientos insuficientes para la recogida exhaustiva de datos y la detección de incoherencias entre estos. Por otra parte, los regímenes nacionales de inspección son inadecuados para prevenir y detectar infracciones y las divergencias entre dichos regímenes no garantizan una presión de inspección adecuada ni optimizan las actividades de inspección . En las condiciones actuales y debido a la limitación de sus competencias, la Comisión no puede identificar sistemáticamente errores y anomalías en los datos enviados por los Estados miembros, ni supervisar regímenes de control nacionales para formarse una opinión concluyente sobre su eficacia global .

1.1.2. Planteamientos de control anticuados e incoherentes

El régimen de control comunitario se limita fundamentalmente al control de la utilización de las cuotas y las medidas técnicas del proceso de pesca y descuida otros aspectos de la PPC, como el transporte y la comercialización. Han surgido nuevas necesidades de control que no están cubiertas por el régimen actual, en especial en el ámbito del esfuerzo pesquero y de las zonas biológicamente sensibles. Los importantes esfuerzos de los últimos años para alcanzar una explotación sostenible y la gestión a largo plazo de las poblaciones deben ir acompañados de un régimen de control completo y eficaz para arrojar sus frutos.

1.1.3. Exceso de capacidad

Los límites del régimen de control son en gran medida el resultado del contexto general de exceso de capacidad persistente de las flotas pesqueras comunitarias. Este problema estructural está en la raíz de la escasa rentabilidad de las flotas pesqueras y fomenta el incumplimiento de las normas de la PPC. Muchos buques solo pueden obtener rentabilidad si rebasan sus cuotas mediante la sobrepesca. Esto conduce a un círculo vicioso de buques pesqueros que sobreexplotan las poblaciones de peces para su supervivencia económica, con una presión económica cada vez mayor para seguir aumentando la sobrepesca en los años siguientes, mientras que, como consecuencia de esta sobreexplotación, se reducen las posibilidades de pesca y las asignaciones de cuota. Además de tener graves consecuencias ecológicas para el medio ambiente, esta actuación da lugar a precios más bajos de la pesca legal, causando un grave perjuicio a corto plazo a los pescadores que cumplen las normas y reduciendo el abastecimiento del mercado, a largo plazo.

1.2. Causas del incumplimiento

Se han detectado varias causas de la cultura actual de incumplimiento de las normas de la PPC que contribuyen al fracaso del régimen de control.

Junto al exceso de capacidad de la flota, el incumplimiento por el sector pesquero se debe principalmente al hecho de que el riesgo de que se detecten las infracciones es bastante bajo debido a las graves deficiencias de los regímenes nacionales de control. Por otra parte, la frecuencia e intensidad de los controles y de las inspecciones varían considerablemente de un Estado miembro a otro y los pescadores tienen que hacer frente a procedimientos y prácticas que difieren entre sí. Todos estos elementos generan incertidumbre y socavan la credibilidad de los informes de inspección, dificultando el seguimiento sistemático de las infracciones en los procedimientos judiciales y administrativos. Además, incluso cuando se detecta una infracción, no hay ninguna garantía de que se impongan las sanciones apropiadas puesto que el régimen de sanción es inadecuado y no suficientemente disuasorio.

Una segunda causa de incumplimiento radica en el marco jurídico de la propia política de control y en el papel respectivo de la Comisión y de los Estados miembros. El marco jurídico se ha modificado varias veces durante los últimos años y en la actualidad es demasiado complejo y se extiende en varios Reglamentos. Esta complejidad e incoherencia ha provocado una falta de claridad y seguridad jurídica que hace difícil que los Estados miembros o la industria pesquera acepten el concepto y cumplan las normas.

En tercer lugar, el actual régimen de control solo prevé mecanismos de control limitados e ineficaces por parte de la Comisión. La PPC es competencia exclusiva de la Comunidad Europea, que establece el marco jurídico. Los Estados miembros deben velar por que pescadores, transformadores y vendedores respeten este marco jurídico. Por consiguiente, la responsabilidad primaria de los Estados miembros es garantizar el control, la inspección y la aplicación efectivos de las normas de la PPC. La tarea de la Comisión, como guardiana del Tratado, es asegurarse de que los Estados miembros cumplan sus obligaciones y, con este fin, supervisa la aplicación de la PPC por los Estados miembros. Sin embargo, los medios de que dispone la Comisión para cerciorarse de que los Estados miembros respetan sus compromisos son en esencia aplicables cuando existe una infracción del Derecho comunitario. Además, los procedimientos relativos al incumplimiento de una obligación son largos, engorrosos y solo son efectivos en casos excepcionales.

2. DESAFÍOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS

Las distintas deficiencias del régimen actual de control tienen un coste. El incumplimiento generalizado y las infracciones repetidas de las normas de la PPC tienen múltiples consecuencias negativas, tanto en términos de graves daños ambientales para la biodiversidad y los ecosistemas marinos como en términos de importantes consecuencias económicas y sociales para la industria pesquera de la Comunidad, incluido el sector de la transformación y la comercialización.

Teniendo en cuenta que unas existencias abundantes de peces reflejan básicamente un medio ambiente sano, el mantenimiento de la situación actual no permitiría la recuperación de los recursos. Por el contrario, en las condiciones actuales, pescar por encima de las cantidades permitidas legalmente o de las que los recursos son capaces de soportar es probable que siga siendo una característica común de la PPC. Este aumento de presión de pesca por encima de los límites legales supondría una lastre particularmente pesado para el ecosistema, ya que los TAC se calculan para que únicamente se puedan extraer las cantidades que no constituyan una amenaza para el estado de la población en cuestión. Las capturas resultantes de la pesca ilegal socavan esta capacidad, pueden tener consecuencias para otras especies conectadas con la población a la que se dirige la pesca INDNR y afectan aún más al ecosistema.

Si se mantiene esta situación, los volúmenes totales de captura serán incluso inferiores y los ejemplares menos valiosos que en el caso de las capturas dentro de límites sostenibles. Además de la pérdida de renta potencial, los costes aumentarían a la par del mayor esfuerzo pesquero necesario para capturar volúmenes lo bastante grandes para producir ingresos. Como consecuencia de la bajada de salarios y de los bajos rendimientos de capital, un número cada vez mayor de pescadores tendrá que abandonar la industria, aumentando el desempleo en las zonas costeras que, con frecuencia, ofrecen menos oportunidades de trabajo que otras zonas.

En este contexto, se justifica plenamente emprender una reforma urgente y completa del régimen de control de la PPC.

3. Un nuevo planteamiento del control: propuesta de reforma de la política de control de la PPC

El objetivo general de la reforma propuesta es establecer una política integrada, uniforme y global de control de las actividades pesqueras en aguas comunitarias que garantice una aplicación efectiva de la PPC. En general, el nuevo planteamiento debería basarse en la simplificación, la normalización, el aumento de la rentabilidad y la reducción de la carga administrativa. La propuesta es parte del programa permanente de simplificación presentado por la Comisión y forma parte de la «Estrategia de la Comunidad para la simplificación del marco regulador»[4], que fusionará en un único instrumento legal las distintas disposiciones de control incluidas actualmente en un amplio número de textos legales complejos y solapados entre sí. De esta forma, se mejorará la racionalización del régimen de control.

3.1. Un planteamiento nuevo y común del control y de la inspección

La propuesta define el concepto general de inspecciones de las capturas en todas las etapas de la cadena, en alta mar, en puerto, en el transporte y en los mercados, e introduce procedimientos armonizados de inspección que garanticen la aplicación uniforme del nuevo régimen de control. El primer paso consiste en el establecimiento de un análisis de riesgo sistemático y en la introducción de un régimen completo de trazabilidad que constituya la base del control de la pesca. El nuevo planteamiento hará el mejor uso posible de las nuevas tecnologías. En concreto, los datos se automatizarán en la medida de lo posible y estarán sujetos a controles cruzados completos y sistemáticos con el fin de definir las áreas en las que existe un riesgo particularmente elevado de irregularidades. Procediendo de esta forma, los recursos de control se concentrarán efectivamente en las áreas de riesgo. Por otra parte, el recurso a las nuevas tecnologías simplificará la carga administrativa de los pescadores y de las autoridades, en especial en lo que se refiere a la gestión de cuotas, proporcionando al mismo tiempo una visión general de las actividades pesqueras casi en tiempo real y con una relación coste tiempo adecuada. Con este fin, la propuesta amplía la utilización del sistema de localización de buques (SLB), el sistema de identificación automática (AIS), el sistema electrónico de notificación, el sistema de teledetección de buques (VDS) y otras nuevas tecnologías.

Para dar respuesta a nuevas necesidades de control de pesquerías específicas, se establecerán medidas de control relativas a los planes plurianuales, las zonas marinas protegidas y los descartes, y se instaurará un mecanismo permanente de vedas de caladeros en tiempo real bajo la responsabilidad de los Estados miembros. Teniendo en cuenta que la limitación del esfuerzo pesquero es un elemento adicional de gestión cada vez más importante, el control de la potencia del buque, por ejemplo mediante la certificación, será parte integrante de la propuesta. Finalmente, como las pesquerías recreativas tienen una influencia cada vez mayor en las poblaciones de peces y el medio ambiente marino, la propuesta prevé medidas de control para esta actividad, como el registro de las capturas.

Medidas propuestas por la Comisión:

Análisis sistemático de riesgos como base para el control de pesquerías.

Programación estratégica, determinación de objetivos tácticos y estrategia de muestreo.

Utilización de nuevas tecnologías y sistemas globales de validación de datos.

Actividades y procedimientos de inspección normalizados y coordinados en alta mar y en tierra (incluidos el transporte y la comercialización.

Introducción de un sistema integral de trazabilidad.

Medidas de control específicas para planes plurianuales, descartes, zonas marinas protegidas y vedas de caladeros en tiempo real.

Medidas de control de la pesca recreativa.

3.2. Hacia una cultura del cumplimiento

Una piedra angular del nuevo Reglamento será su influencia en el comportamiento de todos los participantes en el abanico de actividades pesqueras (captura, transformación, distribución y comercialización). El cumplimiento de las políticas y de los reglamentos de la PPC debería idealmente lograrse no solo a través de la supervisión y el control, sino como consecuencia de una cultura del cumplimiento en la que todos los integrantes del sector comprendan y acepten que el respeto de las normas aplicables supondrá un beneficio a largo plazo.

La Comisión tiene previsto concentrar las medidas de control de la PPC, actualmente integradas en muchos textos diferentes, con el fin de simplificar y racionalizar el marco legislativo. Con este objeto, la propuesta establece los principios generales, mientras que las cuestiones más técnicas y detalladas se fijarán en los reglamentos de aplicación. De esta manera se mejorará considerablemente el marco jurídico y aumentará la claridad y credibilidad de las normas de la PPC.

Además, es necesario crear un régimen de sanciones administrativas armonizadas y proporcionadas si realmente se pretende garantizar una aplicación equitativa y efectiva de las normas de la PPC. El principio rector debe ser que la sanción retire cualquier beneficio económico que pueda resultar de la infracción y disuadir a los infractores potenciales. A este respecto, la propuesta en primer lugar define las infracciones graves, que se suman a las contempladas en la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada[5]. Además, fija los niveles máximos y mínimos de las sanciones a las personas físicas y jurídicas y crea un sistema de puntos para las infracciones cometidas por el titular de una licencia de pesca, comparable a sistemas similares ya establecidos en muchos países para las infracciones de tráfico. En casos de infracciones repetidas de las normas de la PPC, este mecanismo podrá producir la suspensión o, en circunstancias particularmente graves y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, la retirada de la licencia de pesca.

Asimismo, hay que fomentar la cooperación entre Estados miembros a nivel administrativo y operativo para mejorar las medidas de control y los procedimientos de infracción. Gracias a la reforma, los Estados miembros aumentan sus posibilidades de inspección recíproca de los buques en todas las aguas comunitarias. La Comisión propone un intercambio sistemático de información sobre posibles infracciones bien previa solicitud o con carácter espontáneo .

En lo que respecta a cuestiones técnicas, la propuesta presenta un planteamiento moderno de la transferencia de datos y el intercambio de información, tanto entre los Estados miembros como con la Comisión o con la ACCP. Está previsto que en el futuro cada Estado miembro almacene la información y los datos de control pertinentes en un sitio Internet nacional al que la Comisión, la ACCP y los otros Estados miembros tendrán acceso a distancia y que, dependiendo de la naturaleza de la información, será de acceso público o restringido. De esta forma se facilitará y agilizará considerablemente el acceso a la información para todos los funcionarios implicados en el régimen de control respetando al tiempo todos las condiciones de confidencialidad y protección de datos personales.

Para reforzar la cooperación también es necesario modificar el mandato de la ACCP, que entró en funcionamiento en 2007 y que hasta el momento no tiene competencias propias en el ámbito del control y la aplicación de las normas de la PPC. Por consiguiente, en el futuro su mandato incluirá la realización de auditorías e inspecciones de los regímenes de control nacionales y se ampliarán sus funciones para integrar la organización de la cooperación operativa entre los Estados miembros en relación con el control y las inspecciones en todas las etapas de la cadena hasta el minorista. Además, la ACCP podría ayudar a los Estados miembros a mejorar sus regímenes de control. Con este fin, llevaría a cabo análisis de riesgo y comprobaciones de los datos de control. La ACCP podría crear una unidad de urgencia que intervendría cuando se detectara un grave riesgo para la PPC que no pudiera abordarse adecuadamente de otro modo. También desempeñaría un papel principal en el establecimiento de una red de vigilancia marítima integrada de la UE, poniendo sus datos a disposición de otras instituciones y organismos de la UE.

Medidas propuestas por la Comisión:

Simplificación y racionalización del marco jurídico.

Introducción de sanciones disuasorias y armonizadas (incluido el establecimiento de un sistema de penalización por puntos.

Mejora de la cooperación entre los Estados miembros y con la Comisión.

Revisión del mandato de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP).

3.3. Aplicación efectiva de las normas de la PPC

La reforma también aspira a definir claramente las funciones y competencias de los Estados miembros, la Comisión y la ACCP. Esto es importante para racionalizar procedimientos, evitar la substitución y cerciorarse de que la Comisión desempeña su actividad fundamental, consistente en el control y comprobación de la aplicación de las normas de la PPC por los Estados miembros, sin adoptar más decisiones a nivel de microgestión. Por otra parte, hay que reforzar la capacidad de la Comisión de asegurar el respeto del Derecho comunitario por los Estados miembros. Para ello, la Comisión debe poder intervenir de forma efectiva y proporcionada cuando los fallos detectados en un Estado miembro amenacen la aplicación uniforme de las normas de la PPC.

Los inspectores de la Comisión tendrán las mismas competencias que los inspectores nacionales. Junto a las inspecciones programadas, podrán realizar otras por propia iniciativa sin previo aviso. En concreto, cuando haya indicios de la existencia de irregularidades en la aplicación de las normas de la PPC la Comisión debe poder llevar a cabo inspecciones y auditorías independientes de los regímenes de control de los Estados miembros.

Al mismo tiempo, una vez detectadas las deficiencias se dará al Estado miembro la posibilidad de remediarlas y de eliminar las irregularidades. Con este fin, la Comisión, en cooperación con el Estado miembro, podrá establecer un plan de acción específico que incluya las medidas necesarias para resolver la situación.

Cuando haya indicios claros de que un Estado miembro no adopta las medidas aplicables tras el agotamiento de las posibilidades de pesca con el consiguiente riesgo para la conservación de los recursos, la Comisión podrá cerrar la pesquería afectada, por propia iniciativa y tras consultar con el Estado miembro.

Finalmente, la reforma introducirá medidas efectivas que permitirán a la Comisión garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la PPC por los Estados miembros. En caso de mala gestión se impondrán sanciones financieras, como la suspensión de asistencia del Fondo Europeo de la Pesca o de la contribución comunitaria al gasto de control de los Estados miembros. Por otra parte, cuando un Estado miembro haya agotado su cuota, la Comisión podrá deducir las cantidades pescadas en exceso de la cuota anual de los siguientes años con un factor de penalización disuasivo, así como denegar las transferencias o intercambios de cuotas. Este capítulo finaliza con un paquete de medidas de urgencia para la protección de los recursos en caso de riesgo grave, tales como la suspensión de las actividades pesqueras o la prohibición de desembarque o comercialización de pescado y los productos pesqueros.

Medidas propuestas por la Comisión:

Redefinir y consolidar las competencias de la Comisión y de los inspectores de la Comisión.

Elaborar planes de acción para que los Estados miembros en los que se detecten deficiencias mejoren su aplicación de la PPC.

Ampliar las competencias de la Comisión en relación con el cierre de una pesquería.

Adoptar medidas financieras contra los Estados miembros en caso de gestión inadecuada.

Aumentar la flexibilidad para que la Comisión lleve a cabo las deducciones de cuotas y deniegue las transferencias e intercambios de cuotas en caso de gestión inadecuada.

Adopción de un paquete de medidas de urgencia.

4. Consulta de las partes interesadas

Para elaborar la propuesta se realizó una amplia consulta con los Estados miembros y con los principales interesados a fin de recabar sus opiniones sobre la necesidad de una reforma. Esta cuestión se debatió en la reunión con los Directores Generales de Pesca de los Estados miembros celebrada el 15 de enero de 2008 y en la reunión informal con los Ministros de Pesca, de 18 de febrero de 2008. Los Estados miembros respaldaron el análisis de la Comisión sobre la situación actual y la necesidad de un cambio fundamental. Se consultó a los representantes de los consejos consultivos regionales (CCR) y del Comité consultivo de pesca y acuicultura (CCPA ) en un seminario de un día de duración que se celebró el 10 de abril de 2008. Además, en febrero, abril y mayo de 2008 se mantuvieron diversas reuniones con expertos de los Estados miembros en el ámbito del control de la pesca.

Asimismo, de febrero a mayo de 2008 tuvo lugar una consulta pública en Internet para recabar la opinión de los ciudadanos y permitir a todas las partes interesadas participar en el debate, así como para evaluar el impacto de la reforma en los operadores y las administraciones. Se recibieron 25 contribuciones de un amplio abanico de interesados, como asociaciones del sector industrial, pescadores, productores, interesados procedentes del ámbito del control tecnológico de la pesca, organizaciones no gubernamentales (ONG) y particulares. La iniciativa de la Comisión y sus objetivos principales obtuvieron el pleno respaldo de los participantes, muchos de los cuales aportaron propuestas valiosas e innovadoras. Todos coincidieron en la necesidad de una reforma del régimen de control, confirmando que los objetivos establecidos por la Comisión en el documento de consulta son los principales puntos de interés de la evaluación general de la reforma.

5. REPERCUSIONES PREVISTAS DE LA REFORMA Y CALENDARIO

La reforma propuesta instaurará un régimen de control de la PPC realmente global e integrado ya que abordará todas los aspectos del control de la pesca, del mar a la mesa. No solo establecerá procedimientos nacionales más normalizados y mejorará la capacidad de control y la gestión de los recursos pesqueros, sino que también implicará ciertos ajustes estructurales de las flotas pesqueras comunitarias para adaptarlas a las posibilidades de pesca legales a largo plazo. De esta forma se favorecerá la existencia de condiciones de competencia equitativas en la UE, deseadas tanto por los Estados miembros como por el sector de la pesca. Dado que el futuro régimen de control facilitará que solo se capturen las cantidades permitidas, la falta de cuotas disponibles provocará una concentración de la flota por las fuerzas del mercado hasta alcanzar un nivel que permita a los buques restantes asegurar sus ingresos sobre la base de posibilidades de pesca legales. De esta manera se rompería el círculo vicioso de buques pesqueros que tienen que pescar en exceso para su supervivencia económica. A largo plazo el ajuste de la flota pesquera originará una reducción de los costes de control y vigilancia, ya que el riesgo de infracción será menor cuando la flota pesquera pueda generar un nivel de renta suficiente sobre la base de capturas legales.

Por otra parte, el nuevo régimen de control reducirá sustancialmente las cargas administrativas de la industria y de las administraciones puesto que agilizará sus obligaciones de notificación. También simplificará y mejorará la gestión de los datos de los Estados miembros que, en el futuro, se basará ampliamente en sistemas electrónicos.

La pesca a niveles más bajos dentro de los límites de los TAC producirá beneficios económicos en términos de presión sobre los recursos pesqueros. El aumento de tamaño de las poblaciones de peces como resultado de la recuperación producirá un aumento de la distribución por edades, tanto en lo que se refiere a las poblaciones de peces como a la captura. Como la Comisión podrá reaccionar mejor y más rápidamente, en particular en lo que respecta a la utilización excesiva de las cuotas de pesca, disminuirá el riesgo de que el medio ambiente se vea afectado por una pesca irresponsable. Por otra parte, como efecto secundario de la reforma, los científicos dispondrán de datos más fiables en un plazo de tiempo mucho más corto, lo que contribuirá a mejorar sus dictámenes y agilizará la toma de decisiones. Al aumentar la biomasa y, por consiguiente, las posibilidades de pesca a medio plazo, el nuevo régimen de control producirá beneficios medioambientales y económicos. Asimismo es probable que los beneficios globales tengan efectos positivos en el empleo, en particular en el sector de la transformación y en los sectores auxiliares. Todo ello contribuirá a restaurar la confianza de los interesados y de los ciudadanos en la PPC.

6. Conclusión

Una explotación excesiva y el incumplimiento de las normas de la PPC en décadas recientes han llevado a una situación dramática, con existencias agotadas y malos resultados económicos del sector. Los problemas actuales derivados del incumplimiento, el daño causado a las poblaciones de peces y la falta de estabilidad económica y social han sido reconocidos tanto por los Estados miembros como por los agentes del sector y todos están a favor de una reforma del régimen actual. Aunque esta reforma exigirá ciertos ajustes estructurales en los primeros años de aplicación, resultará en estructuras de la pesca más eficaces y efectivas a largo plazo. Una mayor claridad y consistencia del régimen de control y la clarificación y la normalización del papel de las distintas partes implicadas mejorarán la transparencia. Por consiguiente, aumentarán la confianza y el respaldo de los consumidores y de la industria pesquera, condición necesaria para el éxito de la PPC. A su vez, este aumento de confianza influirá en el comportamiento de los consumidores, que estarán más seguros de adquirir un producto sostenible.

En conclusión, un régimen coherente y global de control e inspección producirá beneficios sustanciales a todos los niveles, tanto para el medio ambiente como para todos los agentes del sector. Además, este régimen garantizará unas condiciones de competencia equitativas en toda la Comunidad. Por consiguiente, la Comisión invita al Consejo y al Parlamento Europeo a aprobar la reforma presentada en esta Comunicación. Asimismo, invita a todas las instituciones europeas y grupos interesados a colaborar con ella para hacer frente a este desafío.[pic][pic][pic]

[1] COM(2007) 167.

[2] Informe especial nº 7/2007.

[3] Informe especial nº 7/2007.

[4] COM (2005) 535.

[5] COM(2007) 602.