A4-0009/98

Resolución sobre el Libro Verde de la Comisión «Principios generales de la legislación alimentaria de la Unión Europea» (COM(97)0176 - C4-0213/97)

El Parlamento Europeo,

- Visto el Libro Verde de la Comisión (COM(97)0176 - C4-0213/97),

- Vista la Comunicación de la Comisión sobre salud del consumidor y seguridad alimentaria (COM(97)0183),

- Vistos los resultados de las dos conferencias organizadas por el Parlamento Europeo y la Comisión: la Conferencia Científica sobre las Harinas de Carne y Hueso (1-2 de julio de 1997, Bruselas), así como la Conferencia sobre Derecho alimentario y política alimentaria (3-4 de noviembre de 1997, Bruselas),

- Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, así como las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Pesca (A4-0009/98),

A. Considerando que el Libro Verde de la Comisión está destinado a iniciar un debate público sobre la situación actual del Derecho alimentario a escala comunitaria, para lo cual se habrá de examinar en particular si la situación jurídica actual se corresponde con las necesidades de los consumidores, productores (agricultura e industria) y comerciantes,

B. Considerando que la legislación actualmente objeto de deliberación en materia de responsabilidad y garantía para todos los productos, incluidos los productos no transformados, debe ser aún objeto de una consulta más circunstanciada con los grupos afectados por las implicaciones de dicha legislación,

C. Considerando que el Libro Verde se ha presentado en un momento marcado por una modificación de la estructura organizativa de los servicios de la Comisión y de los asesores científicos, y en el que, a raíz de la crisis de la EEB, se está realizando una nueva evaluación de los ámbitos de la seguridad alimentaria y la protección del consumidor,

D. Considerando que la mencionada Comunicación sobre salud del consumidor y seguridad alimentaria, adoptada al mismo tiempo que el Libro Verde sobre legislación alimentaria, constituye un complemento importante,

E. Considerando que, en las propuestas legislativas, se habrá de tener en cuenta el informe provisional de la Comisión sobre los resultados de la Comisión temporal de investigación sobre la EEB, así como el informe de la Comisión temporal para el seguimiento de las recomendaciones sobre la EEB, respondiendo, con precisión, a las múltiples críticas planteadas por su Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor al Informe preliminar presentado por la Comisión Europea,

F. Considerando que las modificaciones de los artículos 129 y 129 A (en particular la letra b) del apartado 4 del artículo 129) decididas en la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam representan una considerable ampliación y constituyen el fundamento jurídico para las políticas comunitarias destinadas a la protección preventiva de la salud y la protección del consumidor,

G. Considerando que no es suficiente para garantizar la seguridad alimentaria que la Comisión haya separado la asesoría científica y el control de la política alimentaria y que haya adoptado un manual de trabajo interservicios con el fin de garantizar la integración sistemática de las preocupaciones relativas al consumidor y a la salud pública en la definición y la aplicación de la política alimentaria,

H. Considerando que, con la celebración de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la dimensión exterior adquiere cada vez más significado incluso en el marco de la legislación alimentaria europea,

I. Considerando que se han de establecer los mismos requisitos para las importaciones de productos alimenticios procedentes de terceros países y para las exportaciones de productos alimenticios a dichos países que las impuestas a los producidos dentro de la Comunidad y destinados al mercado interior,

J. Considerando que la reforma futura de la Política Agrícola Común, así como la Agenda 2000, con la preparación de la ampliación de la Comunidad hacia el este, deben realizarse teniendo en cuenta los principios establecidos como resultado del Libro Verde,

K. Considerando que el elevado nivel de la sanidad pública depende enormemente de la aplicación de disposiciones estrictas de higiene en los ámbitos alimentario y veterinario,

L. Considerando que la Comisión Europea ya ha emprendido actividades loables para consolidar 14 directivas individuales en el ámbito de la producción y la comercialización de los productos alimenticios de origen animal,

M. Considerando que la mayor parte de los Estados miembros no está aplicando la Directiva 92/117/CEE relativa a las medidas de protección contra determinadas zoonosis (por ejemplo, la salmonelosis) lo que ha provocado la terrible e inaceptable reacción del Consejo de retrasar las fechas de aplicación,

N. Considerando que la calidad de los productos alimenticios está enormemente influida por la situación del medio ambiente (por ejemplo, el agua potable, el suelo y el aire, así como el tratamiento de desechos) y por ello por la legislación medioambiental,

O. Considerando que en el pasado ya se consiguieron considerables progresos en lo referente a la creación del mercado interior con un elevado nivel de protección de los consumidores y que la garantía de la libre circulación de mercancías continuará teniendo una gran importancia en el futuro,

P. Considerando que, entre otros aspectos, la calidad depende en gran medida de los métodos agrícolas y de crianza, dado que la producción intensiva exige inevitablemente recurrir a componentes químicos, medicamentos y diversos aditivos cuyos residuos permanecen en los alimentos,

Q. Considerando que el Derecho alimentario de la Comunidad, en la actualidad muy confuso, ha de elaborarse de forma clara y conveniente para su aplicación, para que contribuya así al aumento de la competitividad y a un mayor desarrollo del mercado interior,

R. Considerando que la Comisión debe verificar de qué forma las autoridades nacionales aplican en cada Estado miembro las disposiciones pertinentes y que, en este contexto, proyecta elaborar una comunicación sobre la ejecución de las disposiciones comunitarias,

S. Considerando que la competitividad de la industria europea y las oportunidades de exportación de los productos alimenticios dependen en gran medida de las cuestiones relacionadas con la calidad,

T. Considerando que el reconocimiento mutuo fomenta la libre circulación de mercancías y, por consiguiente, favorece la diversidad de la oferta y la difusión de las especialidades regionales,

U. Considerando que los acuerdos voluntarios o las obligaciones impuestas por la misma industria pueden ser un buen instrumento para completar los principios generales y los requisitos mínimos estipulados en la legislación para garantizar la protección de los consumidores, para lo cual, junto a la necesaria transparencia de los tratados y la situación especial de las PYME, se ha de procurar garantizar, no obstante, la necesaria protección de los consumidores,

V. Considerando que la legislación relativa a la responsabilidad y garantía de todos los productos incluídos los productos no transformados, actualmente objeto de examen, constituye un paso importante para restablecer la confianza de los consumidores,

W. Considerando que algunos temas del Libro Verde ya se han debatido tan detalladamente que han podido elaborarse propuestas legislativas (por ejemplo, la Directiva marco en materia de alimentos), mientras que otros requieren un examen más amplio en el marco de una comunicación de la Comisión (por ejemplo, la política alimentaria),

X. Considerando que muchas enfermedades, sobre todo crónicas, tienen su origen en la alimentación,

Y. Considerando que los productos alimenticios no son una mercancía como cualquier otra, ya que los consumidores en su alimentación unen con frecuencia percepciones y juicios de valor muy personales,

1. Se felicita por el Libro Verde de la Comisión en su calidad de contribución importante al inicio de un debate sobre la situación actual y el futuro del Derecho alimentario en la Unión;

2. Insta a la Comisión a que presente propuestas para establecer definiciones claras y globales para los conceptos utilizados, (por ejemplo, producto alimenticio, comercialización, consumidor, aditivos, etc.) aplicables de forma uniforme también a todas las reglamentaciones específicas;

3. Pide a la Comisión que presente propuestas para la instauración de la obligación jurídica general de comercializar únicamente productos alimenticios seguros, sanos y aptos para el consumo humano;

4. Insta a la Comisión a que presente también propuestas para establecer una política alimentaria a escala comunitaria destinada a garantizar una alimentación sana y preservar la calidad de los productos alimenticios;

5. Insta a la Comisión a fomentar, en el marco de programas de acción para la prevención de la salud, la formación en los ámbitos de la alimentación y la salud a fin de que el consumidor esté mejor preparado para manejar las distintas fuentes de información y pueda realizar elecciones responsables tanto en lo que se refiere a su conducta como comprador como en la composición de su dieta, e insta además a la Comisión a que garantice el acceso de los consumidores a una alimentación sana y de alta calidad;

6. Señala que en el mercado de los productos regionales, en rápida expansión, deben definirse principios básicos en materia de seguridad, salud y etiquetado y pide a la Comisión que presente propuestas al respecto;

Simplificación y examen de las disposiciones comunitarias existentes

7. Hace hincapié en que la elección de los instrumentos (legislación, reconocimiento mutuo, acuerdos voluntarios) ha de llevarse a cabo siempre de forma que se garanticen la seguridad de los productos alimenticios y una protección preventiva de la salud de la forma más eficaz y más favorable a los consumidores;

8. Apoya la idea que se expone en el Libro Verde de que la reglamentación del sector alimentario es esencial para garantizar un alto nivel de protección del consumidor y de la salud pública y que no deben eliminarse las salvaguardias existentes;

9. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que en ámbitos que exigen una absoluta unidad, como es el caso de las disposiciones relativas al etiquetado y la calidad del agua potable, adopten reglamentos utilizando como fundamento jurídico el artículo 100 A del Tratado CE;

10. Solicita a la Comisión que presente una propuesta de directiva marco relativa al sector de los productos alimenticios;

11. Pide a la Comisión que complete o adapte en consecuencia las disposiciones en materia de higiene de la directiva marco sobre productos alimenticios que se va a elaborar, con el fin de lograr así una mayor garantía de aplicación para la legislación alimentaria;

12. Insta a la Comisión, en el contexto del examen de las disposiciones comunitarias, a que preste atención en particular a las normas legislativas contradictorias y a las lagunas legislativas y a que presente asimismo las correspondientes propuestas para su reforma, especialmente en ámbitos como la autorización y el etiquetado (métodos de producción, nuevos aditivos, enzimas, complementos vitamínicos, OMG, indicaciones relativas al fomento de la salud, tolerancia en caso de alergia, etc.); este examen deberá tener por objetivo una mayor claridad y ofrecer la necesaria consolidación de la legislación;

13. Pide a la Comisión que incremente la transparencia de la legislación comunitaria y refuerce la consulta estructurada de los representantes de los consumidores, de la agricultura, de la industria y del comercio;

14. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la calidad y la transparencia del sistema de la comitología;

15. Insta a la Comisión a que garantice la aplicación eficaz de las disposiciones relativas al mercado interior en los ámbitos no armonizados del sector de los productos alimenticios, y a que preste particular atención, sobre todo, a las necesidades de los consumidores;

16. Pide a la Comisión que garantice la aplicación coherente del principio del reconocimiento mutuo; recuerda, en este contexto, que es imprescindible una codificación uniforme a escala comunitaria de conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia de las CE;

Establecimiento de un elevado nivel de protección

a. Principios científicos

17. Hace hincapié en que se ha de partir de que los productos alimenticios autorizados y comercializados cumplen los principios de calidad, seguridad y protección preventiva de la salud;

18. Pide a la Comisión que adopte una estructura organizativa de coordinación que asegure que no se autoriza la salida al mercado de productos alimenticios que puedan presentar riesgos para los consumidores y que establezca una red de alerta alimentaria y un sistema de retirada urgente de productos del mercado;

19. Acoge con satisfacción la idea de la Comisión de crear un foro especial en el que se debatan públicamente la transposición y la aplicación de la legislación comunitaria y en el que participen, además de representantes de la Comisión y de los Estados miembros, las organizaciones correspondientes de los productores, de la industria, del comercio y de los consumidores; opina, no obstante, que para garantizar la coherencia de la legislación deberá preverse también la participación de diputados al Parlamento Europeo;

20. Insta a la Comisión a que prosiga la reorganización de los comités científicos procurando conseguir una mayor transparencia, competencia profesional e independencia de sus miembros;

21. Reconoce la importancia de garantizar que los comités científicos dispongan de recursos y de apoyo adecuados para que puedan desempeñar sus funciones al nivel más alto posible, y pide a la Comisión que reconozca la necesidad de que los consumidores estén representados en esos comités;

22. Toma nota de que la legislación alimentaria de la Unión se basa en el principio de una protección preventiva de la salud y del consumidor; subraya que la política al respecto debe basarse en un análisis de riesgos fundamentado en datos científicos y completado, en su caso, mediante una gestión de riesgos adecuada basada en el principio de precaución;

23. Acoge con satisfacción la creación de una unidad de evaluación de riesgos y pide a la Comisión que garantice el desarrollo y la aplicación de métodos adecuados y coherentes de evaluación de riesgos;

24. Opina que la anunciada unidad de evaluación de riesgos deberá trabajar dentro de un sistema institucional que relacione los comités científicos, las autoridades de autorización de productos y el sistema coordinado de alerta alimentaria;

25. Insta a la Comisión a que tenga en cuenta sin demora los nuevos conocimientos científicos y a que inicie una investigación a largo plazo; subraya, por otra parte, la importancia de que la legislación vigente se adapte de forma rápida y eficaz a los nuevos descubrimientos científicos;

26. Pide a la Comisión que, a la hora de definir la forma y el contenido de la política, no se base únicamente en los conocimientos científicos y en el principio de precaución, sino que tenga también presentes las preocupaciones de los consumidores;

b. Responsabilidad

27. Solicita a la Comisión que elimine la falta de claridad que rodea el aspecto de la responsabilidad primaria, como por ejemplo la magnitud de la responsabilidad de los agricultores o la cuestión de una posible responsabilidad solidaria en el caso de que el productor no pueda ser identificado o cuando no se puede probar el momento en el que se incumplieron las disposiciones relativas a la higiene;

28. Pide a la Comisión que continúe mejorando la rastreabilidad a lo largo de la cadena alimentaria;

29. Considera fundamental que los productores de alimentos y los agricultores faciliten pruebas científicas que demuestren que sus productos no presentan riesgos para la salud de los consumidores;

30. Señala que en el asunto de la responsabilidad primaria se ha de disponer de información adicional sobre los productos iniciales utilizados en la agricultura (como, por ejemplo, semillas, plaguicidas y fertilizantes, piensos, etc) y ha de estar garantizado que el fabricante de estos productos iniciales agrícolas sea por su parte responsable de sus productos de conformidad con la Directiva 85/374/CEE;

31. Conviene en que se deben asumir las responsabilidades relativas a la seguridad de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria, pero insiste en que cada agente de esta cadena es responsable de la calidad del producto hasta el momento que éste pasa a formar parte del siguiente eslabón, es decir, que los productores agrícolas son responsables del producto que sale de su explotación, asumiendo una responsabilidad total en caso de venta directa al público; señala, sin embargo que, en caso de errores que den lugar a productos defectuosos, cometidos por distribuidores, transformadores de alimentos, fabricantes o minoristas que hayan recibido materias primas de origen animal o vegetal conformes a las normas exigidas, se deberían imputar las responsabilidades únicamente desde el momento en que se contravino la normativa o se asumieron los riesgos;

32. Insta a la Comisión a que examine si existe la necesidad de celebrar acuerdos comerciales en el sector de los productos alimenticios primarios del tipo del código «INCOTERMS», con objeto de dejar claro el proceso de responsabilidad;

33. Subraya que la responsabilidad en materia de seguridad y de control sanitario de los productos alimenticios debe modularse en función de los ámbitos de responsabilidad y que toda persona que comercialice productos alimenticios debe ser, en principio, responsable a nivel penal y administrativo en función de su ámbito de influencia real;

34. Insta a la Comisión a que presente una propuesta sobre una obligación general en materia de seguridad de los productos alimenticios y de salud que esclarezca las responsabilidades de las empresas del sector alimentario por lo que respecta a la seguridad de los productos;

35. Pide a la Comisión que vele por que todos los operadores que respetan en su integridad la legislación alimentaria comunitaria tengan acceso a vías de recurso contra cualquier medida interpuesta en detrimento suyo con arreglo a la directiva relativa a los productos defectuosos;

c. El concepto «de la granja a la mesa»

36. Aboga calurosamente por el enfoque integrado del concepto «de la granja a la mesa» y observa que este programa «de la granja a la mesa» entraña asimismo la necesidad de una información sobre la forma de producción y elaboración (por ejemplo, de los piensos) con el fin de seguir manteniendo su credibilidad; recomienda que en el marco de este concepto se facilite amplia información sobre los métodos de producción y elaboración con el fin de recuperar la confianza de los consumidores;

37. Pide a la Comisión que aplique el principio del enfoque integrado «de la granja a la mesa» presentando iniciativas legislativas concretas en materia de responsabilidad y control;

38. Pide a la Comisión que actúe contra el Consejo ante el Tribunal de Justicia por ignorar el plazo del 1 de enero de 1995 para adoptar una decisión sobre las medidas necesarias para controlar la salmonelosis en las gallinas ponedoras;

39. Pide a la Comisión que, en el marco del enfoque integral «de la granja a la mesa», incorpore a la política alimentaria el principio de la protección del medio ambiente y el objetivo de una producción alimentaria sostenible;

40. Insta a la Comisión a que amplíe la directiva relativa a la agricultura biológica a los productos animales;

d. Trasposición y controles

41. Considera que la Comisión debe asumir con más frecuencia su función de control en calidad de «guardiana del Tratado» y que debe actuar con mayor rapidez contra los Estados miembros que no cumplen las obligaciones que les incumben en virtud del Tratado;

42. Pide a los Estados miembros que transpongan realmente la legislación comunitaria a su Derecho nacional y que velen por que las sanciones aplicables por infracción del Derecho comunitario sean equivalentes y de efectos análogos a las sanciones previstas en las disposiciones nacionales correspondientes;

43. Pide que se refuerce el apoyo financiero de la UE a las prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles, que constituyen una alternativa atractiva y sana para la agricultura intensiva, tanto para los consumidores como para el medio ambiente;

44. Insta a que se establezca una estricta reglamentación relativa a los piensos para animales a nivel comunitario, en particular en lo que se refiere a la declaración cuantitativa de los ingredientes;

45. Recomienda la adopción de reglas y procedimientos de consulta claros sobre el uso y el contenido de los insumos artificiales en la producción vegetal como plaguicidas, herbicidas y fertilizantes químicos, a fin de garantizar que la concentración de residuos químicos en los productos vegetales y en las aguas subterráneas y superficiales se mantengan en niveles claramente inferiores a los niveles máximos legales para garantizar la salud de los consumidores;

46. Considera que el bienestar de los animales contribuye de manera significativa a la calidad y a la seguridad de los productos alimenticios de origen animal y que, por consiguiente, no se puede aislar la legislación en materia de bienestar de los animales, incluida la relativa a los mataderos y el transporte, del conjunto de la legislación alimentaria;

47. Considera que debe existir una estricta reglamentación con el fin de prevenir que se suministren antibióticos al ganado con fines profilácticos (cuando ello no sea imprescindible), en vez de para tratar sintomatologías veterinarias específicas, con el objeto garantizar que los residuos de estos antibióticos no se propaguen a través del medio ambiente y por toda la cadena alimentaria, mermando así la eficacia de los mismos para luchar contra las infecciones de origen bacteriano en los seres humanos;

48. Pide a la Comisión que revise la legislación de la UE relativa a la utilización de antibióticos en la alimentación destinada a los animales para impedir que se utilicen para fines distintos a los terapéuticos;

49. Señala que los agricultores europeos se precian de su eficacia a la hora de producir algunos de los mejores productos alimenticios primarios del mundo que pueden formar la base de una dieta saludable para los ciudadanos de Europa, y reconoce la necesidad de disponer de un marco regulador claro a fin de mantener y mejorar las elevadas normas existentes, también mediante la promoción de las relaciones entre todos los agentes del sector y la aplicación de normas claras sobre el etiquetado en lo que se refiere al origen de los productos;

50. Insta a los Estados miembros a que lleven a cabo sus tareas de control de los productos alimenticios de una forma más adecuada, e insta a la Comisión a que ofrezca en toda la Unión posibilidades de formación continuada y seminarios, además de los manuales internos destinados a los inspectores de productos alimenticios;

51. Solicita a la Comisión que encargue al Centro Común de Investigación y/o al CEN que elaboren planes de muestreo y métodos de análisis normalizados;

52. Considera que la normativa veterinaria y fitosanitaria, en la que se incluyen los controles regulares in situ, tanto en los Estados miembros como en terceros países que exporten animales o productos de origen animal a la Comunidad, representa un elemento crucial a la hora de garantizar la calidad y la seguridad de los alimentos europeos;

53. Insta a la Comisión a que, para facilitar la comprensión del sistema HACCP (análisis de riesgos y puntos críticos de control), facilite especialmente a las PYME ayuda adecuada a cargo de expertos, de conformidad con las recomendaciones de la Directiva general relativa a la higiene (93/43/CEE);

54. Pide expresamente que todos los productos alimenticios importados de terceros países se sometan a las mismas normas aplicables a los productos de la Unión Europea; subraya que el fomento de las relaciones comerciales internacionales en el ámbito de los productos alimenticios no puede ir en detrimento de la protección de la salud pública, el bienestar de los animales y la preocupación por el medio ambiente en la Unión Europea;

55. Pide a la Comisión que proponga una consolidación y una codificación de la Directiva 79/112/CEE relativa al etiquetado, basadas en el principio vigente del etiquetado funcional, es decir, que el etiquetado obligatorio de los productos alimenticios debe contener la información necesaria para facilitar la distinción entre los productos y para la utilización de los mismos;

56. Señala que, con objeto de garantizar funcionamiento del mercado interior y la salud de las personas, la Comisión deberá corregir ahora las deficiencias que se han detectado en la aplicación de los actuales métodos de control, en favor de una mayor uniformidad y rigor en dicho control;

57. Acepta el valor de los sistemas de tipo HACCP (sistemas de análisis de riesgos y control de los puntos críticos), si bien no considera que puedan sustituir a una reglamentación clara sin una evaluación completa de sus consecuencias e incidencia, especialmente en los pequeños productores y transformadores de alimentos;

58. Pide a la Comisión que examine hasta qué punto es posible aplicar realmente el sistema HACCP en las PYME y en las explotaciones agrícolas;

59. Recomienda que se lleven a cabo mejoras en la recopilación y el cotejo de la información relativa a las zoonosis, con objeto de establecer si una zoonosis representa o no un problema real y si requiere medidas adecuadas a dicha zoonosis;

e. Información del consumidor

60. Solicita a la Comisión que desarrolle, junto a disposiciones sobre etiquetado simples y claras, otras fuentes de información destinadas al consumidor (por ejemplo, los nuevos medios de comunicación);

61. Insta a la Comisión, a fin de limitar al mínimo posible los riesgos de contagio de enfermedades de animales a seres humanos, a que actúe en el marco de la Directiva 92/117/CEE para que se lleve a cabo en los Estados miembros un tratamiento más riguroso y diligente de los focos de infección que se detecten;

62. Pide a la Comisión que examine y evalúe la legislación vigente en materia de etiquetado y, en función de los resultados, presente una propuesta sobre requisitos de etiquetado claros, comprensibles y explícitos;

63. Se muestra favorable a la idea de abandonar las directivas verticales por las directivas horizontales con objeto de lograr mayor coherencia y claridad en la legislación sobre los productos alimentarios; señala, sin embargo, a la atención el hecho de que incrementar la coherencia no irá en detrimento del nivel elevado de las normas en materia de protección y de calidad que se aplican actualmente y que sólo pueden garantizarse satisfactoriamente mediante una legislación concebida específicamente en función de los productos;

64. Acoge con satisfacción la propuesta de abandonar la enumeración de los ingredientes compuestos y pide un etiquetado en el que figuren todos los ingredientes con información útil para el número cada vez mayor de personas que padecen alergias a productos alimenticios;

65. Pide a la Comisión que satisfaga la creciente necesidad de los consumidores de recibir información sobre los métodos de producción y sobre el origen de los productos;

66. Insta a la Comisión a que presente propuestas legislativas sobre los mensajes publicitarios relativos a alimentos con el fin de garantizar, entre otros aspectos, que las indicaciones relativas al fomento de la salud («Healthclaims») se autoricen únicamente cuando sean examinadas y confirmadas por una organización independiente de la Unión y pide a la Comisión que también en el futuro prohíba los mensajes publicitarios que indiquen que un producto alimenticio es adecuado para el tratamiento o la curación o la prevención de determinadas enfermedades; por el contrario, deberán permitirse los mensajes sobre el valor nutritivo y los métodos de alimentación sanos, así como sobre su importancia para la salud o para la reducción del riesgo de enfermedad, siempre que dichos mensajes se fundamenten en datos científicos suficientes y reconocidos y cuando sean examinados y confirmados por una organización independiente de la Unión;

67. Pide a la Comisión que facilite el acceso a una dieta nutritiva mediante la instauración en toda la UE de un etiquetado normalizado, exhaustivo y claro, basado en las investigaciones en materia de consumo, con el fin de establecer el formato que resulte más útil para los consumidores;

68. Apoya la intención de revisar lo antes posible la directiva sobre etiquetado de productos alimenticios con el fin de mejorar su coherencia y claridad;

69. Insiste en la necesidad primordial de un enfoque preventivo con respecto a la valoración y evaluación de las aplicaciones para la comercialización de los OMG que se pretende introducir en la cadena alimentaria y pide que se establezca una identificación clara de los alimentos o ingredientes de alimentos modificados genéticamente mediante un etiquetado coherente, amplio e informativo que indique que han sido aceptados para el consumo;

70. Observa con preocupación que, hasta la fecha, la Comisión no ha adoptado ninguna disposición de aplicación que permita el etiquetado claro y uniforme que resulta necesario para conceder efectos prácticos al Reglamento (CEE) n° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los nuevos alimentos y los nuevos ingredientes alimentarios, tal y como se pedía en la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de junio de 1997 ((DO C 200 de 30.6.1997, pág. 147.)) sobre este tema, y que no ha conseguido alcanzar un acuerdo sobre propuestas concretas para el etiquetado de la soja y el maíz manipulados genéticamente, tal y como se estipula en el artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1813/97 de la Comisión sobre el etiquetado obligatorio de determinados productos alimenticios producidos a partir de organismos modificados genéticamente distintos a los que se recogen en la Directiva 79/112/CEE;

71. Propone, en este contexto, que el sistema de etiquetado eficaz de los organismos modificados genéticamente deba basarse en las técnicas de ingeniería genética utilizadas y no en mediciones arbitrarias de residuos en el producto final;

72. Pide que se elaboren urgentemente criterios comunitarios detallados sobre un etiquetado positivo de los alimentos y de los ingredientes alimentarios producidos sin intervención de la ingeniería genética, tal y como se señala en el Considerando 10 del Reglamento sobre nuevos alimentos y de conformidad con la prevista exclusión de la ingeniería genética en la agricultura ecológica;

La dimensión de comercio exterior

73. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todos los esfuerzos para llegar a un resultado positivo en las negociaciones en curso relativas a la adhesión de la Comunidad al Comité del Codex Alimentarius;

74. Señala que el Codex Alimentarius no acepta las preocupaciones de los consumidores como base para el establecimiento de normas internacionales e insta a la Comisión a que inicie sin demora un debate sobre la forma en que colaborarán en el futuro los nuevos comités científicos de la Comisión y los comités científicos del Codex Alimentarius con el fin de garantizar que se tengan en cuenta esas preocupaciones; pide asimismo a la Comisión que haga todo lo que obre en su poder para modificar el procedimiento de toma de decisiones dentro del Codex Alimentarius con el fin de adaptarlo mejor a las repercusiones reales que tienen las normas del Codex desde la creación de la OMC;

75. Pide a la Comisión que presente las propuestas necesarias para determinar de qué forma se tendrán en cuenta en la legislación futura los criterios no científicos que influyen en la aceptación de los productos alimenticios por parte del consumidor; destaca la necesidad de incluir de forma explícita esos criterios en los considerandos de la legislación, de forma que la Unión Europea pueda adoptar con más posibilidades de éxito opciones políticas razonables e indiscutibles en un contexto mundial;

76. Pide a la Comisión que trabaje activamente en favor de un control democrático adecuado y de la transparencia, así como en favor de una mayor participación de los consumidores en todas las fases de la toma de decisiones en el seno del Codex Alimentarius;

77. Insta a la Comisión a que se adelante a las posibles objeciones sobre la legislación alimentaria comunitaria por parte de los órganos de la OMC pidiendo a sus comités científicos que presenten un conjunto de argumentos completo basado en el principio de precaución;

78. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que traten de forma prioritaria la seguridad de los consumidores y a que garanticen que los futuros acuerdos y negociaciones comerciales en el ámbito de la OMC reconozcan la importancia de las preocupaciones legítimas de los consumidores, incluidas las preocupaciones éticas y religiosas sobre determinados métodos de producción;

79. Pide a la Comisión que, con ocasión de la próxima renovación de los acuerdos comerciales en el marco de la OMC y del Codex Alimentarius, contemple como criterio decisivo la seguridad, la protección y la salud de los consumidores tal como están establecidas en Europa;

80. Pide a la Comisión que en ningún caso levante la prohibición que pesa sobre la carne tratada con hormonas y que, si resultase necesario, acepte también la necesidad de pagar multas y aranceles;

81. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que soliciten una revisión del acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC con el fin de confirmar la primacía del principio de precaución y de los imperativos de la salud y la seguridad sobre el libre cambio;

82. Insta a la Comisión a que se esfuerce por lograr una participación proporcionalmente mayor de los consumidores en el proceso de toma de decisiones del Codex Alimentarius;

83. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen por desarrollar criterios que reconozcan la preocupación de los consumidores como posible fundamento de la política alimentaria, junto con los conocimientos científicos y el principio de precaución;

84. Solicita a la Comisión que revise los textos legislativos actuales con el fin de confirmar claramente que se basan en los principios de precaución y de primacía de la salud y la seguridad de los consumidores y solicita asimismo a la Comisión que incluya en el texto, en el caso de las propuestas legislativas, las justificaciones de las medidas como, por ejemplo, el principio de precaución o de protección del consumidor;

85. Pide a la Comisión que, en la preparación de la ampliación de la Unión Europea, dedique suficiente atención a la aceptación, por parte de los países candidatos a la adhesión, del acervo comunitario en materia de Derecho alimentario, así como a los vínculos existentes entre la política agrícola, la salud pública y la política alimentaria;

86. Estima que se deben reforzar rigurosamente los controles de las importaciones alimentarias procedentes de terceros países y ampliarse para incluir controles sobre los diversos criterios de producción, como la higiene, el bienestar de los animales y la compatibilidad medioambiental y social, así como en el caso de importaciones de ganado vivo destinado al sacrificio;

87. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros.