Las empresas deberán asumir los costes de cumplimiento de la nueva Directiva, pero finalmente se beneficiarán más de la normativa plenamente armonizada para exportar bienes y contenidos digitales en toda la UE. Una vez implementada la nueva normativa, las empresas en gran medida no tendrán que adaptar sus términos contractuales a las leyes de otros Estados miembros, con independencia de en cuántos Estados miembros realicen sus ventas. Las PYME no quedarán exentas de la nueva legislación: las exenciones disminuirían la confianza de los compradores al realizar compras en ellas. No hay ninguna justificación para reducir la protección de los consumidores cuando compran a PYME en lugar de hacerlo a vendedores más grandes. Además, una exención menoscabaría las ventajas para las PYME de contar con un conjunto único de normas aplicadas en toda la UE. Por el contrario, la iniciativa será particularmente beneficiosa para las PYME, que son las más afectadas por los costes de adaptación de sus contratos a las normas de obligado cumplimiento de otros Estados miembros y quedan confinadas con mayor frecuencia a su mercado nacional que sus competidores más grandes. El comercio transfronterizo es una vía importante para que puedan beneficiarse de las ventajas de las economías de escala. Las PYME se enfrentan a un problema a la hora de captar clientes, lo que resultaría más fácil de afrontar en el contexto del comercio en línea, ya que internet permite vender en línea con costes inferiores a los del comercio fuera de línea

En cuanto a los bienes en particular, las empresas que actualmente solo realizan ventas presenciales no tendrán que incurrir en coste alguno de adaptación. Las empresas que ya venden o que desean vender en línea a consumidores en otros Estados miembros se beneficiarán directamente del ahorro de costes resultante de una normativa plenamente armonizada de la Unión. Las empresas que actualmente realizan ventas en línea y presenciales no tendrán que asumir costes adicionales derivados de los diferentes regímenes, ya que no es probable que se produzca una fragmentación entre la normativa sobre las ventas de bienes en línea y presenciales o probablemente no tendría un impacto significativo. De producirse dichos costes, serían limitados y solo durante un breve periodo transitorio. Según los representantes del comercio minorista, las empresas omnicanal podrían en realidad afrontar las diferencias transitorias entre los regímenes en línea y presenciales para los bienes mediante la aplicación de las respectivas normas estándar más elevadas a todas sus ventas, operando así bajo un único modelo de negocio.

Para las empresas, la aplicación de la nueva normativa implicará un cierto número de obligaciones en sus relaciones con los consumidores. No obstante, muchas de estas obligaciones ya están incluidas en las legislaciones nacionales, en distintos grados y alcances debido a la armonización mínima de la legislación de la UE y, por tanto, las empresas ya están familiarizadas con este aspecto. En particular, en relación con la ampliación del plazo para la inversión de la carga de la prueba de seis meses a dos años, no se prevé que tenga un impacto muy significativo para las empresas, habida cuenta de que los datos recientes revelan que, en la práctica, solo una minoría de estas insisten en que los consumidores demuestren la responsabilidad del comerciante dentro del plazo completo de dos años de garantía legal y que, a menudo, la inversión de la carga de la prueba opera de hecho a lo largo de todo el plazo de dos años de garantía legal, con un cambio muy limitado en el comportamiento de los comerciantes antes o después de los seis meses en este aspecto.

El nivel de protección de los consumidores aumentará en comparación con el nivel existente en la UE. Esto afecta en particular a la ampliación del plazo para la inversión de la carga de la prueba hasta dos años armonizándolo con el plazo de garantía legal. En comparación con sus normativas nacionales, todos los consumidores de la UE se beneficiarán en este aspecto de un nivel más elevado de protección de los consumidores (excepto en el caso de dos Estados miembros donde el nivel seguirá siendo el mismo). Este nivel más elevado de protección facilitará que los consumidores ejerzan sus derechos y se prevé que potencie de forma significativa la confianza de los consumidores, algo particularmente relevante para las compras transfronterizas dada la presencia del componente de distancia. Por lo que respecta al nivel de protección de los consumidores en otros aspectos, como la obligación del consumidor de notificar el defecto al vendedor y el derecho del consumidor a resolver el contrato aunque la no conformidad sea menor, en comparación con las normas nacionales actuales, en la mayoría de los casos la propuesta dará lugar a un nivel de protección más elevado, mientras que en un número limitado de Estados miembros, determinados derechos adicionales en algunos aspectos individuales pueden ser inferiores. Sin embargo, en conjunto se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores y de aplicación de las normas. Además, no solo los consumidores tendrán acceso a una oferta más amplia de productos de los comerciantes en el conjunto de la UE a precios competitivos, sino que también podrán beneficiarse de productos de mejor calidad y más duraderos, en consonancia con el Paquete de Economía Circular de la Comisión Europea.