COMMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE en relación con la Posición Común aprobada por el Consejo, el 21.5.99, con vistas a la aprobación de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles)

1. ANTECEDENTES

* El 10 de octubre de 1997, la Comisión aprobó una propuesta de Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) [1]. La propuesta se remitió al Parlamento y al Consejo mediante carta de 13 de octubre de 1997.

[1] DO C 343, 13.11.1997, p. 11.

* En su sesión plenaria nº 353, de 25 de marzo de 1998, el Comité Económico y Social aprobó (por unanimidad) un dictamen favorable [2] sobre la propuesta de Directiva y propuso algunas enmiendas.

[2] DO C 157, 25.05.1998, p. 6.

* En su sesión plenaria de 16 de julio de 1998, el Parlamento aprobó una resolución legislativa que recogía su dictamen [3] sobre la propuesta de la Comisión.

[3] DO C 292, 21.09.1998, p. 123.

* El 31 de marzo de 1999, la Comisión aprobó una propuesta modificada de Directiva [4], a la luz de los dictámenes del Parlamento y del Comité Económico y Social.

[4] COM(1999)147 final.

* En su sesión nº 2180, de 21 de mayo de 1999, el Consejo aprobó la Posición Común objeto de la presente Comunicación.

2. FINALIDAD DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

* El objetivo fundamental de la propuesta es mejorar la situación actual por lo que se refiere a las reclamaciones efectuadas por personas que, hallándose temporalmente en un Estado miembro distinto del suyo de residencia ("transeúntes"), hayan sufrido en ese Estado miembro daños o perjuicios ocasionados por un vehículo matriculado y asegurado en un Estado miembro distinto del suyo de residencia.

* La Directiva colmará una laguna existente en lo que se conoce como Directivas sobre el seguro de vehículos automóviles (72/166/CEE [5], 84/5/CEE [6], 90/232/CEE [7] and 90/618/CEE [8] , respectivamente Primera, Segunda y Tercera Directivas sobre el seguro de vehículos automoviles y Directiva sobre "prestación de servicios en el ámbito de los seguros de automóviles"), pues ninguna de ellas se ocupa expresamente de aquellas personas que, hallándose temporalmente en otro Estado miembro, hayan sufrido en él daños o perjuicios ocasionados por un vehículo matriculado y, por lo general, asegurado en ese Estado miembro. Jurídicamente, esas personas están cubiertas por el actual sistema de carta verde; sin embargo, en la práctica tropiezan con muchas dificultades para conseguir una indemnización o incluso para obtener de la aseguradora de la persona responsable una respuesta motivada a su reclamación.

[5] Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de veh'liculos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad.

[6] Segunda Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles.

[7] Tercera Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles.

[8] Directiva 90/618/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, que modifica, en particular por lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles, las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE referentes a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida.

3. COMENTARIOS A LA POSICIÓN COMÚN

3.1 Observaciones generales

La Posición Común aprobada por el Consejo mantiene lo esencial de la propuesta inicial de la Comisión. La Comisión está de acuerdo con los cambios introducidos por el Consejo y considera que mejorarán la calidad del texto legislativo.

La Posición Común toma en consideración el importante número de enmiendas solicitadas por el Parlamento en su primera lectura y aceptadas por la Comisión en su propuesta modificada. A este respecto, se corresponde básicamente con la propuesta modificada de la Comisión.

La Posición Común mantiene una divergencia frente al dictamen del Parlamento. Se trata de la enmienda nº 15 del Parlamento, que habría ampliado considerablemente el ámbito de aplicación de la Directiva, al hacer extensiva su aplicación a los casos de accidentes ocurridos fuera del Estado miembro de residencia de la víctima, incluidos los accidentes ocurridos en terceros países. Esta enmienda, que ni la Comisión ni el Consejo han podido aceptar, habría originado muchos problemas prácticos, aun en el supuesto de que todos los factores (Estado miembro de residencia de la víctima, Estado miembro del accidente y Estado miembro de la aseguradora) involucrados en la activación de los mecanismos propuestos en la Directiva (representante para la liquidación de siniestros, organismo de información, organismo indemnizatorio) estuvieran situados en el territorio de la UE. Es imposible aceptarla por las siguientes razones de orden práctico:

- En primer lugar, se plantean problemas en relación con la legislación aplicable. Dado que, en la mayoría de los casos, será de aplicación la legislación del Estado miembro del accidente, si se introdujera la enmienda presentada por el Parlamento, el representante para la liquidación de siniestros no sólo tendría que estar familiarizado con los principios básicos de la normativa sobre seguro de automóviles de los quince Estados miembros, sino que, además, tendría que hacer averiguaciones, en cada caso, sobre la normativa del tercer país considerado siempre que se presente este supuesto. Esto haría necesario disponer de infraestructura adicional y, en consecuencia, incrementaría notablemente los costes de las aseguradoras; por otro lado, la respuesta a la reclamación de la víctima sería más bien lenta.

- En segundo lugar, pueden plantearse problemas en relación con la asignación de la competencia judicial a los tribunales nacionales para juzgar los casos en que el conflicto no pueda resolverse extrajudicialmente.

El Consejo ha introducido también otros cambios al objeto de dotar a la propuesta de mayor claridad y coherencia, y de hacer explícitos algunos extremos que en la propuesta inicial estaban sólo implícitos. En la mayoría de los casos, el Consejo ha aclarado la redacción o introducido modificaciones de menor importancia, compatibles con la orientación general de las enmiendas del Parlamento y con la propuesta modificada de la Comisión. La Comisión está de acuerdo con todas las modificaciones introducidas por el Consejo.

A continuación, se comentan en detalle los principales cambios de la Posición Común con respecto a la propuesta inicial y la propuesta modificada. Los cambios que se refieren a las enmiendas presentadas por el Parlamento se analizan en el apartado 3.2 y los cambios de otra índole introducidos por el Consejo se explican en el apartado 3.3.

3.2 Modificaciones que atienden a las enmiendas del Parlamento

Considerandos 5 y 6 de la Posición Común

Se han introducido en el texto referencias al funcionamiento y a las deficiencias del mecanismo de la carta verde, lo que incorpora las enmiendas nº 1 y 2 del Parlamento. La introducción de estos dos considerandos hace que se comprenda más fácilmente que, pese a que ya existe un sistema para la liquidación de siniestros, aún existen algunas dificultades de orden práctico que es preciso resolver. El texto es exactamente igual al de la propuesta modificada.

Considerando 7 de la Posición Común

El texto, perfilado para atender a la enmienda nº 3 del Parlamento, es muy similar al de la propuesta modificada de la Comisión.

Considerando 8 de la Posición Común

Se ha perfilado el texto (sustitución de la palabra "víctima" por la expresión "persona damnificada", según lo propuesto por el Parlamento en su enmienda nº 4: esta misma sustitución se ha hecho en los restantes considerandos y artículos de la Directiva; se hace referencia al concepto de "daños o perjuicios") en aras de mantener la coherencia con las directivas anteriores (apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 72/166/CEE).

Considerando 9 de la Posición Común

El texto recoge la enmienda nº 9 del Parlamento. Introduce una referencia clara a la necesidad de instaurar el derecho de acción directa, en virtud del cual se establece un vínculo jurídico entre la persona damnificada y la empresa de seguros.

Considerandos 10 y 11 de la Posición Común

El texto incorpora las enmiendas nº 5 y 6 del Parlamento; introduce una referencia al principio de que la liquidación de siniestros ha de hacerse a través del representante para la liquidación de siniestros, así como a las ventajas de este mecanismo. Es el mismo texto que en la propuesta modificada, salvo por una modificación lingüística: la palabra "aseguradora" se ha sustituido por "empresa de seguros" para garantizar la coherencia con otras directivas del sector de seguros. Esta misma sustitución se ha hecho en los restantes considerandos y disposiciones de la Directiva.

Considerando 12 de la Posición Común

El texto recoge la enmienda nº 7 del Parlamento, con arreglo a la cual la designación de representantes para la liquidación de siniestros no afecta a las normas sobre la legislación aplicable, ni a la competencia en materia judicial.

Considerando 14 de la Posición Común

Se ha modificado el texto para recoger una parte de los cambios propuestos en la enmienda nº 10 (simplificación del texto por el que se establece que el representante para la liquidación de siniestros debe figurar entre las condiciones necesarias para obtener la "autorización única"). Se introducen también algunas mejoras en relación con la descripción de las facultades del representante para la liquidación de siniestros. En el nuevo texto se ha mantenido la referencia a la representación de la empresa de seguros por su representante ante los tribunales; aunque, en su estado actual, el Derecho privado internacional en materia de competencia judicial no contempla la posibilidad de que la persona damnificada entable acción judicial contra el representante para la liquidación de siniestros designado en su Estado miembro de residencia, no puede descartarse que esa situación varíe (es decir, una posible modificación del Convenio de Bruselas).

Considerandos 17 y 18 de la Posición Común

Se ha modificado el texto para recoger el espíritu de las enmiendas 26 y 27, con arreglo al cual han de intensificarse las sanciones en los casos en que la empresa de seguros no responda motivadamente dentro de un cierto plazo. Se especifica la naturaleza de dichas sanciones, que han de ser sistemáticas y efectivas. Por lo que se refiere al contenido de las mismas, se hace una referencia clara a sanciones pecuniarias y administrativas equivalentes, y en el considerando 17 se relaciona toda una gama de sanciones administrativas importantes. En el considerando 18 se hace referencia a sanciones pecuniarias adicionales contempladas en el Derecho civil, esto es, la aplicación de intereses por demoras en el pago. Se ha adaptado el considerando para que guarde coherencia con el texto revisado del apartado 4 del artículo 4 de la Posición Común. Esta misma modificación se había hecho en la propuesta modificada de la Comisión (considerandos 10 y 10bis [nuevo]; artículo 3.6.

Considerandos 19, 20 y 21 de la Posición Común

Tal y como propuso el Parlamento (enmienda nº 12) se ha perfilado el texto del considerando 19. El considerando 11 de la propuesta inicial y modificada de la Comisión se ha dividido en dos considerandos (nº 19 y 20 de la Posición Común) para mejorar la presentación y facilitar la comprensión del texto. En el considerando 10 se añade una cierta aclaración en relación con la recogida de información sobre la fecha de terminación del contrato de seguro (que no necesariamente ha de coincidir con la fecha inicial de validez del mismo). Además, en el considerando nº 21 se completa el texto con una referencia al caso de los vehículos (por ejemplo, militares o para uso oficial) que se benefician de la excepción a la obligación de estar asegurados contra la responsabilidad civil frente a terceros; de este modo, se mantiene la coherencia con la versión revisada del apartado 4 del artículo 5, que contiene una nueva disposición referida a esos vehículos.

Considerandos 24, 25, 27, 29 y 30 de la Posición Común

Estos considerandos se han modificado, en primer lugar, para recoger una parte de las propuestas formuladas por el Parlamento en su enmienda nº 13. En la enmienda nº 13 se indica que cuando no pueda identificarse a la empresa de seguros podrá liquidar el siniestro también el organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la persona damnificada, al objeto de dar facilidades a la víctima con la existencia de un sólo punto de contacto. Ahora bien, ello comporta una posibilidad adicional que se ofrece a las víctimas transeúntes, por lo que ha de guardar coherencia con los mecanismos de indemnización ya existentes en los casos de accidentes ocasionados por vehículos no asegurados o no identificados. Por ello, esta regla se ha completado expresando claramente que ha de respetarse el sistema vigente establecido por las directivas del sector asegurador: cuando se trate de vehículos no asegurados o que no puedan ser identificados se estará a lo dispuesto en la Directiva 84/5/CEE y entrarán en juego los fondos de garantía. Esto supone que, un cuando el organismo indemnizatorio intervenga en primer lugar, el deudor final será siempre el fondo de garantía.

En aras, igualmente, de mantener la coherencia con la Directiva 84/5/CEE, que otorga un mismo tratamiento a los vehículos no asegurados y a los no identificados, se ha previsto también que, en los casos de accidentes ocasionados por un vehículo no identificado, la liquidación pueda hacerla también el organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la persona damnificada. Nuevamente, el considerando 30 expresa claramente que la responsabilidad final recae sobre el fondo de garantía, según lo previsto en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE. En segundo lugar, se ha completado el texto del considerando nº 29 con una referencia a un acuerdo al que de han de llegar los organismos indemnizatorios sobre los sistemas de reembolso, con el fin de mantener la coherencia con la disposición equivalente del apartado 2 del artículo 6.

Artículo 1 de la Posición Común

Se ha perfilado la redacción para recoger, al menos parcialmente, la enmienda nº 15 del Parlamento y, además, aclarar lo que se entiende por "víctima" (esto es, la persona damnificada) en la propuesta inicial y garantizar la coherencia con las anteriores directivas sobre seguro de automóviles.

Apartado 1 del artículo 4 de la Posición Común: apartado 1 del artículo 3 de la propuesta modificada

Se han introducido algunas mejoras en el texto, para recoger una parte de las propuestas del Parlamento en su enmienda nº 17. La Posición Común añade una disposición por la que se establece la obligación de designar un representante para la liquidación de siniestros en todos los Estados miembros, salvo aquel en el que la aseguradora haya obtenido la autorización oficial. Sin embargo, la parte con arreglo a la cual el representante para la liquidación de siniestros deberá recibir instrucciones y estar autorizado para liquidar los siniestros se ha incorporado de forma algo diferente.

Apartado 2 del artículo 4 de la Posición Común: apartado 3 del artículo 3 de la propuesta modificada

Se ha ampliado la lista de personas contra las que la persona damnificada puede tener motivos para reclamar y, en consecuencia, puede desear entablar acciones, y ello con objeto de tener en cuenta diversas posibilidades jurídicas, en función de las normas en vigor en los distintos Estados miembros. La última frase de este apartado recoge la sugerencia del Parlamento en su enmienda nº 25.

Apartado 3 del artículo 4 de la Posición Común

Se ha modificado la propuesta de conformidad con lo sugerido en la enmienda nº 21 del Parlamento Europeo. La aseguradora debe ser responsable de la elección del representante y decidir si reúne o no los requisitos necesarios para el desempeño de esa función. Se ha tomado parcialmente en consideración la enmienda nº 18 del Parlamento, por lo que se refiere a la idea de que el representante para la liquidación de siniestros debería poder comunicarse con la víctima en su propia lengua. Esta misma idea se recogía en la última frase del apartado 1 del artículo 3 de la propuesta modificada. Por último, se ha simplificado considerablemente el texto en lo que atañe a los poderes de representación del representante para la liquidación de siniestros. Con arreglo a la nueva formulación, el representante para la liquidación de siniestros puede entablar cualquier accion que pueda conducir a la plena satisfacción de las reclamaciones, sin que su actividad se restrinja a representar a la aseguradora ante las Administraciones nacionales. Además, de este modo se evita toda posible discusión sobre la aplicabilidad del Convenio de Bruselas.

Aunque el texto de la Posición Común no recoge la primera parte de la enmienda nº 18 o la enmienda nº 19, del espíritu del texto se desprende que la aseguradora tiene plena libertad para elegir al representante para la liquidación de siniestros y, asimismo, que este último puede actuar en nombre de una o varias empresas de seguros.

Apartado 4 del artículo 4 de la Posición Común: apartado 6 del artículo 3 de la propuesta modificada

Se ha modificado el texto para recoger, al menos en su esencia, las enmiendas nº 26 y 27 del Parlamento Europeo, que proponen reforzar las sanciones para garantizar que la víctima reciba una oferta motivada en un plazo breve. Más en concreto, se especifica la índole de las sanciones, que han de ser sistemáticas y efectivas. Esto supone que las autoridades nacionales estarán indefectiblemente obligadas a imponer sanciones, sin que puedan establecer excepciones frente a ese principio. Lógicamente, conservarán un cierto margen discrecional por lo que se refiere a la gravedad de la sanción, que variará en función de las circunstancias. En cuanto al contenido de las sanciones, se ha añadido una referencia clara a sanciones pecuniarias y administrativas equivalentes; en el considerando nº 17 se incluye una lista de una variada gama de sanciones administrativas importantes, con el fin de hacer más explícito el significado de "efecto equivalente".

Hay que distinguir entre, por un lado, las sanciones pecuniarias previstas en el párrafo primero del apartado 4 de este artículo, que pueden concretarse en las sanciones administrativas propias de los usos jurídicos de cada Estado miembro o, más raramente, en sanciones específicas contempladas en el Derecho civil, y, por otro lado, los intereses de demora que deben abonarse si se producen retrasos en los pagos y que, en la mayoría de Estados miembros, están previstos en las normas generales de Derecho civil. El texto especifica la naturaleza de esas sanciones, para dotar de mayor efectividad a la Directiva, pero no hace referencia alguna a las modalidades de aplicación, aspecto que se prevé solucionen, en virtud del principio de subsidiariedad, las disposiciones nacionales de Derecho civil y administrativo. Se ha añadido también una referencia explícita a los intereses de demora en el párrafo último del apartado 4 del artículo 4.

Por otra parte, en el primer guión del párrafo primero del apartado 4 del artículo 4 se indica claramente que la oferta de la aseguradora debe ser motivada; del mismo modo, en el segundo guión se ha sustituido la palabra "apropiadamente" por "motivada". Esta palabra refleja mejor la intención de la Comisión de establecer la obligación de que la aseguradora motive sus respuestas en lo que se refiere a su intervención o su negativa a indemnizar los daños sufridos por la persona damnificada.

El apartado 6 del artículo 3 de la propuesta modificada de la Comisión adopta este mismo enfoque para todos los extremos acabados de mencionar.

Apartado 1 del artículo 5 de la Posición Común

Por lo que se refiere al contenido, el texto se corresponde con el apartado 1 del artículo 4 de la propuesta modificada, si bien se ha mejorado la presentación del texto. Se hace también referencia al período de validez de la cobertura de seguro (que, en muchos casos, no necesariamente coincide con la fecha de expiración de la validez de la propia póliza), con el fin de atender, al menos en su esencia, a la sugerencia del Parlamento en su enmienda nº 29. El texto se ha modificado también, de conformidad con la enmienda nº 28 del Parlamento, para añadir una referencia a los vehículos que no están obligados a estar asegurados, como es el caso de los vehículos militares y para uso oficial; se han añadido los guiones 4º y 5º para contemplar todas las posibles variaciones y excepciones en torno al deber de aseguramiento contra la responsabilidad civil frente a terceros previsto en la Directiva 72/166/CEE.

Apartados 3 y 4 [nuevo] del artículo 5 de la Posición Común: apartados 3 y 4 [nuevo] del artículo 4 de la propuesta modificada

Se ha mejorado la presentación del apartado 3, tal y como se sugería en la enmienda nº 30 del Parlamento Europeo. Contrariamente a la propuesta modificada de la Comisión, no se ha incluido en este apartado la enmienda nº 31 del Parlamento, que imponía a los Estados miembros la obligación de velar por que los centros de información respondieran con prontitud a la reclamación de la persona damnificada. La Comisión considera ahora que la formulación de esa obligación era demasiado vaga en la propuesta modificada, pues no establecía plazos concretos dentro de los cuales debiera actuar el centro de información.

Apartados 1, 2 y 3 del artículo 6 de la Posición Común: apartados 1, 2 y 3 del artículo 5 de la propuesta modificada

Se ha mejorado la presentación del texto. Se ha aceptado parcialmente la enmienda nº 33 del Parlamento Europeo, del siguiente modo:

- En el apartado 1 se especifica que el organismo indemnizatorio no deberá intervenir en los casos en que el litigio sobre el importe de la indemnización ya se esté dirimiendo en los tribunales. El organismo indemnizatorio no tiene poderes judiciales.

- Se ha aceptado también la propuesta de que los organismos indemnizatorios puedan celebrar acuerdos sobre los sistemas de reembolso.

Además, se ha ampliado la lista de personas que deben ser informadas de que el organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la persona damnificada va a intervenir, pues, por un lado, se añade la persona responsable del accidente (esto puede servir para ejercer presión sobre la aseguradora) y, por otro, el organismo indemnizatorio del Estado miembro de establecimiento de la aseguradora, ya que ese organismo se verá involucrado en el proceso destinado a obtener el reembolso de la aseguradora.

Asimismo, se aclara en qué Estado miembro ha de efectuar la aseguradora el reembolso. Al objeto de ejercer una mayor presión sobre la aseguradora que ha incumplido sus obligaciones, es esencial que el reembolso se reclame al establecimiento que, en la práctica, ha emitido el contrato y que no necesariamente será la sede central.

Por último, siguiendo el ejemplo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 72/166/CEE, la Comisión debe adoptar una decisión sobre la fecha de entrada en vigor del acuerdo que han de firmar los organismos indemnizatorios de los Estados miembros. Este acto jurídico es imprescindible para que un acuerdo privado surta efecto en el territorio de la UE.

Todas estas modificaciones figuraban ya en la propuesta modificada de la Comisión.

Artículo 7 de la Posición Común

Por cuanto se refiere a los casos en que no es posible identificar a la aseguradora, se ha incorporado la sugerencia formulada por el Parlamento Europeo en su enmienda nº 33, en el sentido de dar a la persona damnificada la posibilidad de utilizar el mecanismo de los organismos indemnizatorios siempre y cuando se respeten las disposiciones vigentes de las directivas sobre seguros: con respecto a los vehículos no asegurados o no identificados se estará a lo dispuesto en la Directiva 84/5/CEE y entrará en juego la competencia de los fondos de garantía. Con el fin de facilitar las cosas a la víctima y establecer un sólo punto de contacto, se ha aceptado la intervención del organismo indemnizatorio, pero la responsabilidad final recae sobre los fondos de garantía, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE.

Por esta razón, contrariamente a lo sugerido en la enmienda nº 34, se mantiene la referencia precisa al apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE, para dejar claro que cuando se trate de vehículos no identificados o no asegurados la responsabilidad de indemnizar a la persona damnificada recae sobre el fondo de garantía y no sobre el organismo indemnizatorio previsto en la presente Directiva. Esta misma indicación se había incluido también en la propuesta modificada.

Artículo 8bis [nuevo] de la propuesta modificada

Este artículo ha sido rechazado en la Posición Común. La Comisión había tomado en consideración parcialmente la enmienda nº 4 del Parlamento Europeo. Aunque no hacía extensivo el ámbito de aplicación de esta Directiva a los accidentes ocurridos en terceros países, la Comisión aceptaba explorar la posibilidad de que lo establecido en la Directiva pudiera aplicarse también, mediante un acuerdo internacional, a las personas residentes en un Estado miembro que resulten damnificadas en accidentes de la circulación ocurridos en terceros países y que hayan sido ocasionados por un vehículo asegurado cuyo estacionamiento habitual esté en un Estado miembro que no sea el de residencia de dichas personas.

Sin embargo, ello no comportaba para la Comisión la obligación clara de adoptar medidas específicas. La mera obligación de presentar un informe, sin la posterior obligación de adoptar medidas concretas, no genera ninguna obligación jurídicamente vinculante que merezca la pena incluirse en una directiva. En cualquier caso, la Comisión puede, si lo desea, preparar el citado informe y, sobre todo, tener en cuenta la preocupación del Parlamento en futuras iniciativas legislativas.

3.3 Otras modificaciones

Considerando 13 de la Posición Común y considerando 9 de la propuesta inicial de la Comisión

El considerando 13 sustituye al considerando 9 de la propuesta inicial de la Comisión.

Se ha mejorado el texto, con el fin de plasmar más nítidamente el hecho de que el representante para la liquidación de siniestros y el derecho de acción directa se complementan y evitar que se interprete, erróneamente, que la existencia del citado representante conlleva la asignación de la competencia judicial al Estado miembro de residencia de la persona damnificada, interpretación que sólo cabría si así lo estableciera el Convenio de Bruselas [9] (lo que, por el momento, no es el caso) o cualquier otro acuerdo internacional sobre competencia judicial.

[9] Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre competencia judicial y ejecución de las sentencias en materia civil y mercantil.

Considerando 15 de la Posición Común

En este considerando se indica claramente que la actividad del representante para la liquidación de siniestros no basta para asignar la competencia judicial al Estado miembro de residencia de la persona damnificada, ni implica la aplicación de la legislación de ese Estado para la liquidación del siniestro. Esta misma idea se recogía también en la propuesta modificada de la Comisión, pero en ese texto figuraba en el considerando 12.

Considerando 16 de la Posición Común

Se ha modificado la redacción para garantizar la coherencia con otras directivas de seguros: el ramo de seguro para el que deberá designarse un representante para la liquidación de siniestros es el clasificado como ramo 10 en la sección A del anexo de la Directiva 73/239/CEE, salvo por lo que se refiere a la responsabilidad del transportista.

Considerandos 22 y 23 de la Posición Común

Se aclara el texto en lo que se refiere a los motivos que justifican el aporte de información sobre la persona que esté en posesión del vehículo: se ha introducido en el considerando 22 y en el apartado 4 del artículo 5 el concepto de interés legítimo, principio generalmente aceptado en los ordenamientos jurídicos de los diversos Estados miembros. Asimismo, se ha añadido al considerando 23 una referencia a la Directiva 95/46/CEE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos [10]. Esta referencia garantiza la necesaria coherencia con las disposiciones sobre la protección de datos y con la política general de la Comisión en ese ámbito, pues, cuando se trate de un vehículo sin seguro o que no esté apropiadamente asegurado, será preciso comunicar el tratamiento que se dé a los datos personales y, en particular, al nombre y dirección del propietario o conductor habitual del vehículo, datos que se consideran de naturaleza personal. En este mismo sentido se ha modificado el artículo 5 (se introduce un nuevo apartado 5). La misma idea se recoge también en la propuesta modificada de la Comisión (considerandos 11bis [nuevo] y 11quater [nuevo]

[10] DO L 281, de 23.11.1995, p. 31.

Considerando 26 de la Posición Común

Se ha añadido este considerando para recordar que el objetivo de crear una "red" de organismos indemnizatorios es instaurar un mecanismo jurídico adicional, con la finalidad de reforzar la protección de las personas damnificadas y no de modificar las normas de Derecho civil, que pueden variar de un Estado miembro a otro. La necesidad de una "red de seguridad" no existe en los casos en que la persona damnificada ya ha sido indemnizada por haberse subrogado en los derechos de la misma otras personas jurídicas (que no se enfrentan a las mismas dificultades prácticas que los particulares).

Considerando 28 de la Posición Común

Cuando el ordenamiento jurídico de un Estado miembro ya prevea otros mecanismos jurídicos para obtener indemnización, que comporten una protección adicional para los residentes de ese Estado miembro en caso de accidente ocurrido en otro Estado miembro, la persona damnificada puede, en la práctica, optar entre esa posibilidad y el organismo indemnizatorio. Esta elección ha de quedar plenamente al arbitrio de la persona damnificada, pues de otro modo las disposiciones nacionales podrían neutralizar la función del organismo indemnizatorio. Con este considerando se elimina por completo la posibilidad de interpretar la Directiva de tal manera que se reduzca la protección adicional creada por el sistema de organismos indemnizatorios.

Artículo 1 de la Posición Común

Por lo que respecta al ámbito de aplicación de la Directiva (artículo 1), se ha introducido una modificación que aumenta la eficacia del mecanismo previsto en la propuesta. Se trata de la diferenciación entre el ámbito de aplicación del artículo 3 y el ámbito de aplicación de los artículos 4 a 6 de la propuesta.

Los dos criterios acumulativos (celebración de un contrato de seguro de automóviles y matriculación del vehículo en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima).previstos en la propuesta inicial se han mantenido para definir el ámbito de aplicación de los artículos 4 a 6.

En lo que respecta a la primera condición, es obvio que, si el establecimiento que celebró el contrato está situado en el país de residencia de la víctima, la razón de ser de la propuesta desaparece, puesto que dejan de existir las dificultades prácticas de la víctima para ponerse en contacto con la aseguradora con el fin de obtener indemnización. Lógicamente, si la víctima desconoce la identidad de la aseguradora, recurrirá a los organismos de información (artículo 5) para localizarla; ahora bien, a partir de ahí, ya no recurrirá a las demás estructuras (representante para la liquidación de siniestros, organismo indemnizatorio) mencionadas en la propuesta de Directiva.

En cuanto a la segunda condición, los mecanismos actualmente existentes, en virtud de la Directiva 90/618/CEE ("representante para la prestación de servicios") bastan para resolver una situación en la que la aseguradora del vehículo causante del accidente esté establecida en un país distinto del de residencia de la víctima, pero el vehículo esté matriculado en el país de residencia de la víctima. En este caso no existe laguna legislativa, a saber, la falta de un mecanismo de contacto directo entre la víctima y la aseguradora de la persona responsable, pues el representante para la prestación de servicios es un interlocutor adecuado de la víctima, en nombre de la aseguradora.

El artículo 6 responde a igual razonamiento, puesto que la finalidad de los organismos indemnizatorios es resolver las deficiencias de funcionamiento del artículo 4; la frecuencia del recurso a los organismos indemnizatorios depende de la existencia y la eficacia de los representantes para la liquidación de siniestros.

Por lo que atañe a la aplicación del derecho de acción directa (artículo 3), es necesario aplicar este mecanismo a todas las personas que hayan sufrido daños en un Estado miembro distinto del suyo de residencia, con independencia de cuál sea el Estado miembro de origen de la aseguradora o del vehículo. De otro modo, se plantearían considerables problemas de discriminación entre víctimas transeúntes que hayan sufrido daños similares pero en circunstancias ligeramente diferentes; restringiría notablemente (sin ninguna razón en particular) el ámbito de aplicación de la Directiva; y, por último, seguiría existiendo una laguna en los casos cubiertos por la Directiva 90/618/CEE, puesto que las personas damnificadas sólo tendrían la posibilidad de establecer contacto con la aseguradora, pero no la posibilidad legal de obtener indemnización directamente de la aseguradora.

El ámbito de aplicación del artículo 7 se amplía para garantizar la coherencia con los artículos 6 y 7 de la Directiva 72/166/CEE. En virtud de esas disposiciones, los Estados miembros deben comprobar, en el punto de entrada en el territorio de la Unión, si los vehículos de terceros países están provistos de una carta verde en vigor o un certificado de seguro "frontera". La redacción de este párrafo es idéntica a la utilizada en la propuesta modificada.

Artículo 2 de la Posición Común

Se han incluido en este artículo las definiciones mínimas necesarias para comprender las disposiciones de la Directiva. Además, se basan en definiciones que ya existen en directivas anteriores, al objeto de respetar el "acervo comunitario" en la materia.

Artículo 3 de la Posición Común

El grupo de beneficiarios del derecho de acción directa se corresponde con el definido en el artículo 1 (ámbito de aplicación) del texto de la Posición Común.

Apartado 1 del artículo 4 de la Posición Común: apartado 1 del artículo 3 de la propuesta modificada

Se ha simplificado el texto, eliminando las referencias a las disposiciones en que se basa la autorización, que complicaban la presentación sin añadir nada.

Apartado 2 del artículo 4 de la Posición Común: apartado 3 del artículo 3 de la propuesta modificada

Se ha simplificado la redacción y la presentación aún más de lo sugerido por el Parlamento en su enmienda nº 20.

Apartado 5 del artículo 4 de la Posición Común

Al igual que en el apartado 4 de este mismo artículo y con el fin de garantizar la efectividad de las sanciones, tal y como se proponía en las enmiendas nº 26 y 27 del Parlamento, se impone a la Comisión una obligación adicional, la de informar sobre la efectividad de esas sanciones y, posteriormente, tras realizar un examen comparativo de los diferentes mecanismos nacionales de imposición de sanciones, determinar si tienen efectos equivalentes. Si las disposiciones generales que establecen las condiciones esenciales que deben existir cuando los Estados miembros imponen una sanción no dieran los resultados esperados, esta disposición adicional obliga a la Comisión a proponer nuevas medidas específicas para solucionar el problema. En este caso, el principio de subsidiariedad no es pertinente, puesto que los Estados miembros no habrán hecho buen uso de sus facultades discrecionales.

Apartado 6 del artículo 4 de la Posición Común: apartado 7 del artículo 3 de la propuesta modificada

Se ha reformulado y completado el texto para aclarar que un representante para la liquidación de siniestros no constituye un establecimiento, ni principal ni secundario, de la aseguradora en el sentido de lo establecido en las normas de derecho sustantivo (referencias a la Tercera [11] y Segunda [12] Directivas sobre seguro no de vida) o en las normas sobre competencia judicial (referencia al Convenio de Bruselas).

[11] Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida)

[12] Segunda Directiva 88/357/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo, distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE.

Apartado 1 del artículo 5 de la Posición Común

Para evitar la saturación del sistema, se ha previsto un período máximo de mantenimiento de los datos sobre los vehículos.

Apartado 2 del artículo 5 de la Posición Común

En lo que respecta a la obligación de la aseguradora de informar al organismo de información, se ha restringido notablemente, al limitarla a la información referente a los representantes para la liquidación de siniestros que haya designado en los Estados miembros que no sean el suyo de establecimiento. En cuanto a los demás datos que debe tener el organismo de información, se deja en manos de los Estados miembros la decisión sobre cuál es la mejor manera de recabarlos. Se ha considerado que imponer la obligación de información sólo a la aseguradora, como única fuente de información, es demasiado restrictivo y poco eficaz en los casos en que existen otras fuentes que podrían proporcionarlos con mayor rapidez y eficacia.

Apartados 3 y 4 [nuevo] del artículo 5 de la Posición Común: apartados 3 y 4 [nuevo] del artículo 4 de la propuesta modificada

Para mantener la coherencia con el apartado 1 de este mismo artículo, se establece un período límite de siete años durante el cual la persona damnificada podrá tener acceso a la información en poder del organismo de información y referida al accidente sufrido. De cualquier modo, los procedimientos para la comunicación de los datos en poder de los organismos indemnizatorios (u organismos privados que prestan un servicio público) varían de un Estado miembro a otro.

Se añade un apartado 4 adicional referido a los casos en que está justificado facilitar a la persona damnificada más información que la necesaria para ejercer el derecho de acción directa u obtener indemnización a través del representante para la liquidación de siniestros. La persona damnificada debe tener un interés legítimo, esto es, debe demostrar que la única forma de obtener indemnización es denunciar ante los tribunales al responsable. Si esta parte se hace más explícita es para, por un lado, tomar en consideración los requisitos que, para la protección de los datos, debe cumplir el tratamiento de datos personales, tales como el nombre y dirección de la persona responsable, y, por otro lado, para garantizar que la persona damnificada obtenga indemnización. El interés legítimo es un principio generalmente reconocido en las legislaciones de los diversos Estados miembros, tanto en el Derecho administrativo como en el civil.

Apartado 5 [nuevo] del artículo 5 de la Posición Común: apartado 5 del artículo 5 [nuevo] de la propuesta modificada

Se establece que ha de cumplirse con lo dispuesto en la Directiva 95/46/CEE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos.

Apartado 1 del artículo 6 de la Posición Común

Al final del apartado 1, se ha añadido un párrafo adicional sobre la opción que se ofrece a los Estados miembros de considerar que la indemnización del organismo indemnizatorio tiene carácter subsidiario (o no tiene carácter subsidiario) en el caso de que existan otros mecanismos que garanticen la indemnización de unos mismos daños; esta disposición se corresponde plenamente con una disposición equivalente contenida al final del párrafo primero del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE y garantiza un enfoque coherente con respecto a organismos (organismos indemnizatorios, fondos de garantía) que desempeñan funciones paralelas en circunstancias distintas. Por último, en este mismo apartado se impone a los Estados miembros la prohibición de condicionar la indemnización del organismo indemnizatorio a que, previamente, antes de dirigirse a dicho organismo, se haya intentado obtener indemnización de la persona responsable. Las únicas condiciones que han de cumplirse para que el organismo indemnizatorio intervenga son las previstas en el apartado 1 del artículo 6, a saber, que no exista un representante para la liquidación de siniestros o la aseguradora no haya dado una respuesta motivada.

Apartado 2 del artículo 6 de la Posición Común: apartado 2 del artículo 5 de la propuesta modificada

Se ha completado el mecanismo de subrogación previsto en el apartado 2 del artículo 6. Se establece la obligación de que todos los Estados miembros reconozcan el derecho a subrogarse en los derechos de la persona damnificada que asiste al organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de esa persona y, en consecuencia, a su organismo homólogo en el Estado miembro de establecimiento de la aseguradora que haya emitido el contrato.

Artículo 7 de la Posición Común

El texto del Consejo es más completo y de mayor calado que la propuesta de la Comisión y las enmiendas del Parlamento: se otorga la misma consideración a los vehículos no asegurados y a los no identificados, garantizando así la plena coherencia con la Directiva 84/5/CEE y la igualdad de trato de todas las víctimas de accidentes ocurridos fuera de su Estado miembro de residencia.

Artículo 8 de la Posición Común

Este artículo se corresponde íntegramente con el apartado 2 del artículo 3 de la propuesta modificada. Por razones metodológicas, y con el fin de atenerse a las normas sobre técnica legislativa, este apartado se desgajó del artículo 4, que se refiere al representante para la liquidación de siniestros, pues modifica anteriores directivas del sector de seguros.

Artículo 9 de la Posición Común

La finalidad de este artículo es colmar las posibles lagunas existentes o hacer frente a los casos de aplicación incorrecta de la Directiva 90/618/CEE, directiva en la que los mecanismos previstos para controlar la designación del "representante para la prestación de servicios" son menos severos que los establecidos en la presente propuesta. En la última década, se ha informado a la Comisión de muchos casos en los que la aseguradora no había nombrado un representante para la prestación de servicios, por lo que se planteaba la necesidad de hallar una pronta solución a ese problema. Al añadir la facultad adicional de intervenir en los casos en que la aseguradora no haya cumplido con la obligación establecida en la Directiva 90/618/CEE, el representante para la liquidación de siniestros puede suplir adecuadamente las deficiencias del mecanismo constituido por el representante para la prestación de servicios previsto en la citada Directiva.

4. CONCLUSIÓN

La Comisión considera que la Posición Común conserva los elementos esenciales de su propuesta, así como de las enmiendas del Parlamento Europeo que la Comisión había aceptado e incorporado a su propuesta modificada. La Comisión respalda plenamente esta Posición Común.