A4-0278/97

Resolución sobre las relaciones entre el Derecho internacional público, el Derecho comunitario y el Derecho constitucional de los Estados miembros

El Parlamento Europeo,

- Visto el simposio sobre las relaciones entre el Derecho comunitario, el Derecho internacional público y el Derecho constitucional de los Estados miembros celebrado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos los días 21 y 22 de junio de 1995,

- Visto el proyecto de Tratado de Amsterdam de 19 de junio de 1997 ((DOC. CONF/4001/97.)),

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, así como la opinión de la Comisión de Asuntos Institucionales (A4-0278/97),

A. Considerando que la Comunidad Europea es una comunidad de Derecho ((Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23.4.1986, asunto 294/83 (Partie ecologiste Les Verds contra el Parlamento Europeo); Recopilación, pág. 1339 y ss., apdo.23.)),que debe estar basada en principios claros de separación de poderes,

B. Considerando que una amplia y elevada protección judicial de los derechos fundamentales constituye una característica esencial de toda comunidad de Derecho,

1. Señala que el Derecho de la Unión Europea constituye un ordenamiento jurídico propio y recuerda la jurisprudencia ((Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15.7.1964, asunto 6/64 (Costa contra ENEL); Recopilación, pág. 1141 y ss. )) del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativa a la primacía del Derecho comunitario respecto al Derecho nacional;

2. Recuerda que el principio de separación de poderes constituye un elemento esencial del Derecho constitucional de los Estados miembros de la Unión y que, por tanto, toda transferencia de competencias de los Estados miembros a la Unión debe ir acompañada de atribución de poderes al PE en cuanto expresión directa de la voluntad de los pueblos que integran la Unión Europea;

3. Recuerda que, en virtud de la autonomía del Derecho Comunitario, ninguna disposición nacional, del tipo de sea, puede prevalecer sobre el Derecho comunitario, a menos que se pretenda denegar a éste el carácter de Derecho comunitario y poner en tela de juicio el fundamento jurídico de la propia Comunidad ((Asunto 6/64 citado (Costa/ENEL) y sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 17.12.1970, asunto 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft mbH contra Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide- und Futtermittel); Recopilación, pág. 1125 y ss. ));

4. Recuerda que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, «primacía» del Derecho comunitario significa que no será aplicable el Derecho nacional contrario al Derecho comunitario ((Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 21.5.1987, asunto 249/85 (Albako contra BALM); Recopilación, pág. 2345 y ss. apdo. 14; sentencia del 7.2.1991, asunto C-184/89 (Nimz contra Freie und Hamsestadt Hamburg); Recopilación, pág. I-297 y ss., apdo.19.));

5. Indica que todo juez nacional tiene la obligación de no aplicar el Derecho nacional incompatible con el Derecho comunitario ((Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9.3.1978, asunto 106/77 (Simmenthal); Recopilación, pág. 645 y ss., apdo. 21.));

6. Hace hincapié en la gran importancia del procedimiento prejudicial contemplado en el artículo 177 del Tratado CE para la aplicación efectiva de la primacía del Derecho comunitario respecto al Derecho nacional e insiste en la jurisprudencia del asunto CILFIT ((Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6.10.1982, asunto 283/81 (CILFIT contra Ministero della Sanità); Recopilación, pág. 3415 y ss. )), en la que se han establecido los criterios relativos a la obligación de los Tribunales nacionales de presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justica de las Comunidades Europeas;

7. Recuerda que, conforme a la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto Foto-Frost ((Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22.10.1987, asunto 314/85 (Foto Frost); Recopilación, pág. 4199 y ss., apdo. 15.)), los órganos jurisdiccionales nacionales no son competentes para declarar por sí mismos la invalidez de los actos de las Instituciones comunitarias; confirma la opinión de que la potestad de juzgar el carácter vinculante del Derecho comunitario incumbe exclusivamente al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y señala al mismo tiempo que, de conformidad con los artículos 164 a 188 y 219 del Tratado CE, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene la competencia exclusiva para emitir un juicio definitivo acerca del alcance de los cometidos y competencias transferidos a los órganos de la Comunidad;

8. Recuerda la importancia del apartado 3 del artículo 177 del Tratado CE para asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario en todos los Estados miembros y resalta que también los Tribunales Supremos nacionales deben presentar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas las cuestiones relativas al Derecho comunitario y respetar las sentencias pronunciadas en procedimientos prejudiciales;

9. Manifiesta su preocupación por la evolución en determinados sectores de las jurisprudencias nacionales, que están considerando la posibilidad, contraria al Derecho comunitario, de revisar el Derecho derivado comunitario;

10. Constata que, de acuerdo con la lógica del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas es el único órgano judicial que puede decidir de forma vinculante sobre la interpretación y la aplicación del Derecho comunitario;

11. Acoge con satisfacción el hecho de que en el punto 2 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, incluido en el proyecto de Tratado de Amsterdam y que debe adjuntarse al Tratado CE, se haya establecido de forma indirecta la primacía del Derecho comunitario;

12. Pide, además, que en el Tratado CE se establezca de forma directa la primacía del Derecho comunitario;

13. Considera que, en la medida en que se transfieran competencias soberanas a las Instituciones de la UE, tales transferencias deben suponer el reconocimiento de que la UE asume competencias soberanas que dejan de estar en el ámbito exclusivo de los Estados miembros, por lo que los Tribunales nacionales no pueden revisar las decisiones que adopten las Instituciones comunitarias en el ámbito de sus competencias propias;

14. Pide una solución clara, que deberá incluirse en el Tratado CE, a la relación entre el Derecho internacional público y el Derecho comunitario en el sentido de una equiparación de la CE a los Estados nacionales, lo que significa que el Derecho internacional público no es aplicable directamente, sino sólo una vez que haya sido declarada su aplicabilidad a través de un acto jurídico interno de la CE o tras la transformación de su contenido en actos jurídicos del Derecho comunitario;

15. Pide que, a largo plazo, se regule la relación con el Derecho internacional público también por lo que se refiere al segundo y al tercer pilar, es decir, la UE en su conjunto, de acuerdo con las soluciones que se adopten para el primer pilar;

16. Pide que se modifique el Tratado UE con objeto de conferir una personalidad jurídica a la Unión Europea;

17. Considera que la letra c) del artículo L del Tratado de la UE, tal como ha de incorporarla el Tratado de Amsterdam, debe valorarse como un mandato al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que garantice y desarrolle una amplia y elevada protección de los derechos fundamentales en el ámbito de actividad de la Comunidad Europea, de modo que la protección de los derechos humanos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sea, al menos, tan elevada como la de cualquier Tribunal constitucional nacional; en la medida en que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tenga competencia al respecto esta protección de los derechos fundamentales debe regir también en el ámbito de actividad de la Unión Europea;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución, junto con la exposición de motivos, al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y a todos los Tribunales de última instancia de los Estados miembros.