A4-0326/95

Resolución sobre la trata de personas

El Parlamento Europeo,

- Visto el Convenio de las Naciones Unidas de 21 de marzo de 1950 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena,

- Vista la Convención de las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

- Vista la Resolución 42/140 de 7 de diciembre de 1987 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos y la dignidad de los trabajadores migrantes,

- Visto el Convenio de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño,

- Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

- Vista la Recomendación nº R(91)11, de 9 de septiembre de 1991, del Consejo de Europa sobre la explotación sexual, la pornografía, la prostitución y el tráfico de niños y de jóvenes adultos,

- Visto el programa de acción de Pekín,

- Vistas las recomendaciones del Consejo de Justicia y de Asuntos Interiores de los días 29 y 30 de noviembre de 1993 ((Acta del Consejo de Justicia y de Asuntos Interiores de los días 29 y 30 de noviembre de 1993.)),

- Vista su Resolución de 11 de junio de 1986 sobre la violencia contra las mujeres ((DO C 176 de 14.7.1986, pág. 73)),

- Vista su Resolución de 14 de abril de 1989 sobre la explotación de la prostitución y el comercio de personas ((DO C 120 de 16.5.1989, pág. 352)),

- Vista su Resolución de 8 de julio de 1992 sobre la Carta Europea de Derechos del Niño ((DO C 241 de 21.9.1992, pág. 67)),

- Vista su Resolución de 22 de enero de 1993 sobre la creación de Europol ((DO C 42 de 15.2.1993, pág. 250)),

- Vista su Resolución de 16 de septiembre de 1993 sobre la trata de mujeres ((DO C 268 de 4.10.1993, pág. 141)),

- Vista su Resolución de 17 de diciembre de 1993 sobre la pornografía ((DO C 20 de 24.1.1994, pág. 546)),

- Vista su Resolución de 19 de mayo de 1995 sobre el Convenio de Europol ((DO C 151 de 19.6.1995, pág. 376)),

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores y las opiniones de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y de la Comisión de Derechos de la Mujer (A4-0326/95),

A. Considerando que la trata de personas (hombres, mujeres, niños, jóvenes adultos) es incompatible con la dignidad y el valor de la persona humana y que constituye una grave violación de los derechos humanos,

B. Considerando que la trata de personas es en gran medida, la consecuencia de unas relaciones económicas desequilibradas a nivel internacional y que este problema afecta tanto a la política de desarrollo como a la de cooperación internacional con los países en desarrollo y los países de la Europa Central y Oriental,

C. Considerando que la trata de personas se ha convertido en un campo preferente de actividad de la delincuencia internacional organizada donde se explota, con total desprecio de las personas, la indigencia, la inexperiencia juvenil y la pobreza para la prostitución, el tráfico de drogas, la entrada ilegal de personas y el trabajo clandestino organizado,

D. Considerando la importancia del problema de la protección de las personas frente a la explotación de sus condiciones sociales y económicas eventualmente precarias o de su inexperiencia con fines ya sea de empleo clandestino en condiciones de esclavitud, ya sea de prostitución, pornografía o cualquier otra forma de abuso sexual, ya sea de comercio de órganos humanos,

E. Considerando que toda sociedad tiene la obligación de garantizar a todas las personas un desarrollo pleno y que sus intereses sean respetados por todos,

F. Considerando que las víctimas de la trata de personas son forzadas por terceros, lo hacen por necesidad y están expuestas regularmente al chantaje y a la opresión criminal, debido a su situación ilegal, su pobreza, su discriminación, su dependencia y su endeudamiento,

G. Considerando que en la mayoría de los casos los migrantes, víctimas de la trata, que llegan al país de destino y trabajan en él clandestina o legalmente, son tratados y explotados de forma inhumana y degradante y sufren, en flagrante violación de los derechos humanos, restricciones de su libertad, reciben salarios irrisorios y son forzados a cumplir horarios largos e irregulares,

H. Considerando que un número cada vez mayor de niños y de jóvenes adultos son víctimas de la trata organizada, en particular en beneficio de las industrias de la pornografía y del turismo sexual,

I. Considerando que un número creciente de niños europeos es víctima de secuestros realizados por traficantes de personas,

J. Considerando que hay que dar a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de liberarse del entorno de opresión y dependencia criminal en que se encuentran mediante una protección adecuada y acciones concretas que ofrezcan posibilidades decentes de empleo, acceso a la educación y a la cultura y reinserción social,

K. Considerando que un gran número de víctimas de la trata de personas se enfrentarían, en el momento de su regreso a su país de origen, a múltiples problemas como la exclusión familiar, la imposibilidad de encontrar un empleo, la marginación social y el riesgo de represalias,

L. Considerando que la violencia ejercida sobre las víctimas de la trata, en particular sobre los niños y los jóvenes adultos, provoca efectos particularmente nefastos en su desarrollo físico y psíquico,

M. Considerando que el trabajo clandestino de los migrantes, realizado en condiciones degradantes, constituye no sólo una flagrante violación de los derechos humanos, sino también un medio para que empresarios sin escrúpulos obtengan grandes beneficios gracias a la distorsión de los salarios que puede provocar formas de competencia desleales,

N. Considerando que la trata de personas es una forma de esclavitud vinculada a la gran delincuencia internacional y que la lucha contra esta forma de esclavitud debe dirigirse prioritariamente contra los pasadores, los patronos, los proxenetas, los gerentes de prostíbulos, los organizadores de viajes con fines de turismo sexual, los productores de material pornográfico en el que se ven involucrados niños, y no contra las personas que son sus víctimas,

O. Considerando que, aunque la prevención, la disuasión y la eventual represión de la trata de personas siguen siendo competencia de los Estados miembros, con arreglo al ejercicio de sus facultades policiales, la Unión no puede desinteresarse de este problema, en particular después de la entrada en vigor de los acuerdos de Schengen,

P. Considerando que la competencia comunitaria es legítima, teniendo en cuenta el nuevo marco derivado del gran espacio sin fronteras en el que personas, bienes, servicios y capitales gozan teóricamente de la libertad de circulación,

Q. Considerando que, lamentablemente, el Título VI del Tratado de la Unión Europea relativo a la cooperación judicial, aduanera, policial y estadística, da prioridad al trabajo intergubernamental y descuida el control democrático y la dinámica que el Parlamento Europeo podría hacer valer en esta materia,

R. Considerando que el apartado 1 del artículo K.2 del Tratado de la Unión Europea se refiere explícitamente al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que establece que «nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratamientos inhumanos o degradantes» (artículo 3),

S. Considerando que la educación, la formación profesional, la salud y la protección de los consumidores ya forman parte de las competencias comunitarias y que se pueden sacar de ello consecuencias para elaborar propuestas de acción,

T. Considerando que Europol debe intercambiar información sobre la gran delincuencia organizada,

U. Considerando que el delito de la trata de mujeres no siempre está claramente definido en la legislación nacional de los Estados miembros ni en los convenios internacionales y que por ello, a veces, conduce a una confusión de conceptos que obstaculiza la lucha contra dicho delito,

V. Considerando que los ministros de los Estados miembros reunidos en el marco del grupo de Trevi encargaron al grupo de Trevi 3 que examinara las prácticas policiales en materia de lucha contra la trata de personas y especialmente la explotación sexual mediante el tráfico de niños y de mujeres, con vistas, en su caso, a armonizarlas y a aumentar su eficacia,

W. Considerando las recomendaciones del Consejo de Justicia y de Asuntos Interiores antes mencionadas de los días 29 y 30 de noviembre de 1993 relativas a la lucha contra el proxenetismo por medio de un sistema informativo organizado,

X. Considerando que las Conferencias Intergubernamentales ofrecen una ocasión única para definir y ampliar las competencias comunitarias en los ámbitos que ponen en peligro la integridad física y psíquica de las personas, como la trata de personas,

1. Entiende por trata de personas el acto ilegal de quien, directa o indirectamente, favorece la entrada o la estancia de un ciudadano procedente de un tercer país con el fin de explotarle valiéndose de engaños o de cualquier otra forma de constricción o abusando de una situación vulnerable o de incertidumbre administrativa;

2. Pide a la Comisión que proponga al Consejo la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales con el fin de reforzar la competencia comunitaria en esta materia;

3. Considera necesario aumentar la cooperación internacional tanto entre los Estados como entre los órganos judiciales y de policía con el fin de intervenir eficazmente en la lucha contra el tráfico de personas;

4. Pide a los Estados miembros que formulen directrices específicas para la policía y la justicia con objeto de facilitar la búsqueda activa en los Estados miembros;

5. Señala que, aunque la trata de personas no entre dentro de los ámbitos mencionados expresamente en el artículo K.1 del Título VI del Tratado de la Unión Europea, deberían emprenderse, ya desde ahora, acciones comunes para luchar contra este fenómeno partiendo de la interacción existente entre las competencias enumeradas en el citado artículo, en particular en los puntos 2, 3, 5, y 9;

6. Pide que en la Conferencia Intergubernamental de 1996 se añada la cuestión del tráfico de personas a las materias previstas actualmente en el artículo K.1 del Tratado de la Unión Europea y se incluya en el ámbito de competencias comunitarias, especialmente a la vista de la función de control y vigilancia que desempeña el Parlamento Europeo;

7. Considera que una política común en el ámbito del tráfico de personas debe tener también una finalidad preventiva, disuasoria, represiva y de reinserción;

En lo que se refiere a las medidas preventivas externas:

8. Considera indispensable incluir entre los objetivos de la política de ayuda al desarrollo a las víctimas reales o potenciales de la trata de personas;

9. Insiste en que la Unión debe prestar atención, en sus relaciones con los países en desarrollo y con los de la Europa Central y Oriental, a la situación específica de las mujeres y los niños;

10. Hace un llamamiento a los Estados miembros para que apoyen las campañas de prevención en los países de origen y se centren en las posibilidades, los límites y los derechos existentes en relación con la emigración;

11. Pide que los órganos de policía de los Estados miembros establezcan relaciones de colaboración institucionalizada con los países en desarrollo y de la Europa Central y Oriental para mejorar la lucha contra la delincuencia organizada y para definir mejor la red del tráfico y las vías de tránsito del tráfico de personas;

En lo que se refiere a las medidas preventivas internas:

12. Pide a los Estados miembros que preparen y publiquen estudios e investigaciones sobre el carácter, las dimensiones, las vías de tránsito y la organización del tráfico de personas, así como sus relaciones con la delincuencia organizada y la cuantía de sus beneficios económicos, con objeto de favorecer campañas de sensibilización de la opinión pública mediante una correcta utilización de los medios de comunicación social;

13. Pide a los Estados miembros que organicen campañas de información y prevención con miras a definir las posibilidades, los límites y los derechos existentes en relación con la emigración;

14. Se congratula por las iniciativas de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud que tienen por objeto desarrollar normas para el sector de la economía informal y estima conveniente que la Unión desarrolle una legislación relativa al trabajo no regulado, con el fin de mejorar la situación de vulnerabilidad y carencia de derechos en que se encuentran las personas que trabajan en este sector garantizando su acceso a la atención sanitaria, los servicios sociales y los seguros;

En lo que se refiere a las medidas de disuasión:

15. Pide a los Estados miembros que definan claramente el concepto de trata de personas y lo clasifiquen como violación de los derechos humanos y como un grave delito;

16. Pide a los Estados miembros que definan claramente la noción de turismo sexual así como los fenómenos que hay que considerar como delitos criminales, vigilen las agencias que ofrecen viajes de turismo sexual y establezcan acuerdos con las autoridades correspondientes;

17. Considera necesarios un mayor control de los permisos de residencia y de trabajo concedidos a «artistas folclóricos», bailarinas, jóvenes «au pair» y camareras, y una mayor vigilancia de bares, cabarés, etc., así como una regulación apropiada de las agencias artísticas y matrimoniales con contactos y campañas de información específicos para los trabajadores y personas implicadas, con el fin de poner en claro los derechos y la protección de las posibles víctimas;

18. Considera que el derecho de las mujeres inmigradas a un permiso de residencia separado del de su cónyuge, así como un permiso de trabajo en el territorio de la Unión constituyen medidas que contribuyen a la prevención de la trata de mujeres;

19. Pide a los Estados miembros que coordinen los controles bancarios y fiscales para luchar contra el reciclado de dinero procedente de los beneficios del tráfico;

En lo que se refiere a las medidas de represión:

20. Exige que la cooperación entre los órganos de policía de los Estados miembros prevista por Europol incluya el conjunto de la delincuencia organizada, incluida la trata de personas y el secuestro de niños;

21. Considera necesario, a ese respecto, el intercambio informatizado de información sobre la identidad de los traficantes y sus redes transnacionales de tráfico de personas entre los órganos de policía de los países signatarios, así como la organización de cursos especiales de perfeccionamiento de los agentes fronterizos;

22. Pide a los Estados miembros que incluyan cuanto antes en sus respectivos códigos penales la tipificación del delito de trata de personas, imponiendo en su caso sanciones más severas; pide a la Comisión que desarrolle, en cooperación con los Estados miembros, una definición del delito a fin de enfocar dentro de la Unión la lucha contra el mismo a través de una cooperación adecuada y sin confusión de conceptos;

23. Pide que se introduzcan normas de competencia extraterritorial con vistas a permitir la persecución y la sanción de los individuos que hayan cometido infracciones relativas a la explotación sexual de niños y de adolescentes fuera del territorio comunitario;

24. Pide a todos los Estados miembros que confisquen los beneficios obtenidos mediante el tráfico de personas así como los medios de transporte utilizados;

En lo que se refiere a las medidas de ayuda a las víctimas:

25. Pide que, en el caso de denuncia de los explotadores, los Estados miembros asuman medidas encaminadas a proteger la seguridad y la dignidad de las víctimas garantizándoles el derecho a constituirse en parte civil, un permiso de residencia temporal por motivos humanitarios y una protección en calidad de testigos durante y después del juicio;

26. Pide a los Estados miembros que presten a las víctimas de la trata de personas asistencia no sólo penal sino también social y sugiere a este respecto las siguientes medidas concretas:

- protección de las víctimas contra el chantaje y actos de venganza mediante el establecimiento de números de teléfono de emergencia que permitan aconsejar a las personas afectadas en su lengua materna,

- la puesta a disposición de servicios de traducción (traductores e intérpretes) en los servicios policiales y judiciales para la acogida de las víctimas,

- la creación, por parte del país receptor, de centros de acogida para las víctimas;

27. Pide a los Estados miembros que autoricen a las víctimas a permanecer en su territorio en el caso de que su repatriación pueda poner en grave peligro su vida y pueda dar lugar a una nueva explotación;

28. Pide a la Comisión que ayude a los países de origen en el desarrollo de medidas de apoyo para las víctimas que regresan, prestando una atención prioritaria a la confidencialidad, la enseñanza y la formación, para fomentar así la independencia económica y la integración en la sociedad;

29. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan una cláusula específica en todos los acuerdos bilaterales o multilaterales con los países en desarrollo, los PECO y los PMA para la aplicación concertada de medidas de prevención y de lucha contra el tráfico de mujeres;

30. Considera que las ONG que trabajan en la lucha contra la trata de personas deberían recibir apoyo de los gobiernos y desarrollar una estrecha cooperación con las autoridades de los Estados miembros para llevar a cabo una política de detección, integración social y cooperación internacional entre las ONG;

31. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas a nivel internacional con vistas a establecer un nuevo convenio de las Naciones Unidas que sustituya al Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1949), que ha quedado obsoleto y ha resultado ser poco eficaz, siendo la coacción y el engaño puntos prioritarios de este nuevo convenio;

32. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que insten a las Naciones Unidas a que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designe un ponente especial para la trata de personas;

33. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros.