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A4-0124/98

Resolución sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de adaptación de las Perspectivas Financieras en función de las condiciones de ejecución (presentada por la Comisión de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo interinstitucional de 29 de octubre de 1993) (SEC(98)0307 - C4-0192/98)

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta de la Comisión (SEC(98)0307 - C4-0192/98),

- Vistos los resultados del diálogo a tres bandas de 31 de marzo de 1998,

- Visto el Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario, de 29 de octubre de 1993 ((DO C 331 del 7.12.1993, pág. 1)),

- Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A4-0124/98),

1. Aprueba la decisión común que se adjunta en anexo;

2. Recuerda que, si el Consejo no está en condiciones de confirmar su decisión, se volverá a convocar el diálogo a tres bandas en el momento oportuno para llegar a un acuerdo sobre una nueva decisión;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.

Anexo

Decisión de adaptación de las Perspectivas Financierasen función de las condiciones de ejecución de conformidad con lo dispuesto en el apartado 10 del Acuerdo Interinstitucionalde 29 de octubre de 1993

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el apartado 10 del Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario ((DO C 331 de 7.12.1993, pág. 1)),

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que deben adaptarse las Perspectivas Financieras para tener en cuenta las condiciones de ejecución del Presupuesto en 1997,

Deciden

Artículo Único

1. Se aumenta en 1.433 millones de ecus en 1999, a precios corrientes, el límite máximo de la subrúbrica «Fondos Estructurales» (créditos para compromisos) incluida dentro de la rúbrica 2 de las Perspectivas Financieras.

2. Se aumenta en 101 millones de ecus en 1999, a precios corrientes, el límite máximo de la subrúbrica «Fondo de Cohesión» (créditos para compromisos) incluida dentro de la rúbrica 2 de las Perspectivas Financieras.

3. El límite máximo total de los créditos para pagos deberá incrementarse, a precios corrientes, en 300 millones de ecus para 1999.

Hecho en Bruselas, a

Por el Parlamento Europeo, Por el Consejo de la Unión Europea,

>TABLE>
Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 1996 - Secciones IV - Tribunal de Justicia- V - Tribunal de Cuentas - VI - Parte B: Comité de las Regiones

El Parlamento Europeo,

- Visto el apartado 10 del artículo 203 del Tratado de la Unión Europea,

- Vistos los apartados 2 y 3 del artículo 22 del Reglamento financiero,

- Vistos la cuenta de gestión y el balance financiero relativos al ejercicio 1996 (SEC(97)0402 - C4-0197/97),

- Visto el Informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1996 (C4-0599/97) ((DO C 348 de 18.11.1997.)),

- Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A4-0289/98),

En lo que concierne al Tribunal de Justicia

1. Observa que el estado de previsiones y, en particular, la dotación del artículo 270, carece de la fiabilidad deseable; pide al Tribunal de Justicia, en consecuencia, que mejore los trabajos de preparación, y especialmente de previsión financiera, por lo que se refiere a la dotación y las justificaciones presentadas para las distintas líneas presupuestarias;

En lo que concierne al Tribunal de Cuentas

2. Propone al Tribunal de Cuentas que encargue a su miembro responsable de los asuntos administrativos que incluya sistemáticamente al Tribunal de Cuentas en todas las auditorías de carácter horizontal a partir del ejercicio 1997;

En lo que concierne al Comité de las Regiones

3. Lamenta el carácter especialmente incompleto de las informaciones incluidas en la cuenta de gestión y en el balance financiero de la Sección VI-B del presupuesto general; pide al Comité de las Regiones que vele por que la presentación de los datos relativos a la ejecución de los créditos que le corresponden sea transparente, completa y precisa;

4. Lamenta las irregularidades reveladas por el Informe Anual del Tribunal de Cuentas; toma nota del informe provisional transmitido por el Comité de las Regiones a las autoridades responsables de conceder la aprobación de la gestión, relativo a la recuperación de los importes pagados indebidamente y a las disposiciones administrativas y reglamentarias aplicadas o previstas; pide al Tribunal de Cuentas que verifique la pertinencia y la eficacia de todas las medidas arriba mencionadas;

5. Manifiesta su preocupación por la inexistencia de una política de personal del Comité de las Regiones coherente, lo que ha provocado diversos recursos del personal y sentencias del Tribunal de Primera Instancia; considera, por tanto, necesario que se profundice en esta cuestión en el marco del procedimiento presupuestario de 1999 ((Véase PE 226.669.));

6. Aprueba la gestión del Secretario del Tribunal de Justicia y de los Secretarios Generales del Tribunal de Cuentas y del Comité de las Regiones en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 1996;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente decisión a las instituciones y al órgano consultivo afectados y que asegure su publicación en el Diario Oficial, serie L.
7.

Con el fin de garantizar la proporcionalidad del sistema a la vez que se mantiene el efecto disuasorio, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 establece un límite máximo de 16 puntos porcentuales para el aumento del tipo de interés por encima del tipo básico. Esta limitación de 16 puntos porcentuales se aplica únicamente a todos aquellos casos que se conocieron tras la entrada en vigor del Reglamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consejo (12) . Por este motivo, los casos que ya se conocían antes de la entrada en vigor del Reglamento 2016/804, en los que el importe de los intereses en juego es particularmente elevado, no pueden beneficiarse de dicho límite, con independencia de que el importe de los intereses ya se haya notificado a los Estados miembros. En esos casos, los Estados miembros siguen teniendo la obligación de pagar importes de intereses que no resultan proporcionales en comparación con el importe del principal adeudado. Con vistas a aclarar y simplificar las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014, la limitación del aumento a 16 puntos porcentuales debe aplicarse a cualquier importe de intereses que no se haya notificado al Estado miembro antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento.
ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión

La Comisión toma nota de que el acuerdo político relativo a su propuesta de modificación del Reglamento sobre el folleto por la que se introduce un folleto de la Unión de recuperación incluye una modificación de la Directiva sobre la transparencia al objeto de posponer la aplicación del requisito de elaboración de informes financieros usando el formato electrónico único europeo (FEUE). Ese aplazamiento no figuraba en la propuesta inicial de la Comisión. En opinión de la Comisión, el aplazamiento del uso del FEUE no respeta los principios de mejora de la legislación de la Unión ni el derecho de iniciativa de la Comisión. Por ello, no debe sentar precedente. Dado que el aplazamiento del FEUE no implica un cambio sustancial de política y refleja la difícil situación a la que las empresas han de hacer frente como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la Comisión no se opondrá a su adopción.
(12)

Con el fin de mejorar la diversificación económica de los territorios afectados por la transición, el FTJ debe prestar apoyo a las inversiones productivas en las pymes. Las inversiones productivas deben entenderse como inversiones en el capital fijo o el activo inmovilizado de una empresa con vistas a la producción de bienes y servicios, de manera que se contribuya a la formación bruta de capital y al empleo. En el caso de las empresas distintas de las pymes, las inversiones productivas solo deben apoyarse si son necesarias para mitigar las pérdidas de puestos de trabajo derivadas de la transición, creando o protegiendo un número significativo de puestos de trabajo, y no conducen a deslocalizaciones ni son fruto de ellas. Deben permitirse las inversiones en instalaciones industriales existentes, incluidas las sometidas al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión, si contribuyen a lograr la transición a una economía climáticamente neutra de aquí a 2050, se sitúan sustancialmente por debajo de los parámetros de referencia pertinentes establecidos para la asignación gratuita en virtud de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14), y dan lugar a la protección de un número significativo de puestos de trabajo. Toda inversión de este tipo debe justificarse debidamente en el plan territorial de transición justa pertinente. Con el fin de proteger la integridad del mercado interior y la política de cohesión, el apoyo que se presta a las empresas debe cumplir las normas sobre ayudas estatales de la Unión establecidas en los artículos 107 y 108 del TFUE y, en particular, el apoyo a las inversiones productivas de empresas distintas de las pymes debe limitarse a las empresas situadas en zonas designadas como asistidas a efectos del artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del TFUE.
(6)

Teniendo en cuenta la incertidumbre actual sobre la evolución de la pandemia de COVID-19, también convendría prever la posibilidad de una nueva prórroga del período de aplazamiento a efectos de la presentación y el intercambio de información. Esto será necesario si durante una parte o la totalidad del período de aplazamiento se mantuvieran las circunstancias excepcionales de graves riesgos para la salud pública causados por la pandemia de COVID-19 y los Estados miembros debieran aplicar nuevas medidas de confinamiento o mantener las existentes. Tal prórroga no debe alterar la estructura y el funcionamiento establecidos de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, sino que debe tener más bien una duración limitada y definida previamente, en proporción a las dificultades prácticas causadas por el confinamiento temporal. La prórroga no debe afectar a los elementos esenciales de la obligación de comunicación e intercambio de información con arreglo a esta Directiva. Puede limitarse a prorrogar el plazo para cumplir dichas obligaciones, velando al mismo tiempo por que no quede información alguna sin intercambiar posteriormente.
« ANEXO AL REGLAMENTO 2018/... DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO El Parlamento Europeo lamenta que su papel de colegislador no haya sido tenido en cuenta debidamente, puesto que no participó en el procedimiento que condujo a la selección de la nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos. El Parlamento Europeo desea recordar sus prerrogativas como colegislador e insiste en que debe respetarse plenamente el procedimiento legislativo ordinario en lo relativo a la ubicación de los organismos y agencias. Como única institución de la Unión elegida directamente y representante de los ciudadanos de la Unión, es el primer garante del respeto del principio democrático en la Unión. El Parlamento Europeo condena el procedimiento utilizado para la selección de la nueva ubicación de la sede que, de facto, privó al Parlamento Europeo de sus prerrogativas, ya que no participó de manera efectiva en el proceso, si bien ahora se espera que, mediante el procedimiento legislativo ordinario, meramente confirme la selección realizada para la nueva ubicación de la sede. El Parlamento Europeo recuerda que el Planteamiento Común anexo a la Declaración Común del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas, firmado en 2012, no es jurídicamente vinculante, tal como se reconoce en la misma Declaración y que se acordó sin perjuicio de las competencias legislativas de las instituciones. Por consiguiente, el Parlamento Europeo insiste en que el procedimiento seguido para la selección de la nueva ubicación de las agencias se reforme y que no se ejecute con esta modalidad en el futuro. Por último, el Parlamento Europeo quiere recordar también que en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (2), las tres instituciones se comprometieron a cooperar de manera leal y transparente, recordando al mismo tiempo la igualdad de ambos legisladores consagrada en los Tratados.
ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión sobre la transición

La Comisión recuerda que el objetivo de la nueva metodología es mantener la continuidad de la protección de la industria de la Unión contra las prácticas comerciales desleales, en particular las resultantes de distorsiones del mercado significativas. A este respecto, la Comisión velará por que la industria de la Unión no se vea sometida a una carga adicional a la hora de solicitar protección en virtud del instrumento antidumping, en particular en el contexto de posibles solicitudes de reconsideración por expiración presentadas tras la entrada en vigor de la nueva metodología.

Declaración de la Comisión sobre el artículo 23 e interacción con el Parlamento Europeo y el Consejo

La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo cuando tenga intención de elaborar o actualizar un informe con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base. Si el Parlamento Europeo o el Consejo comunican a la Comisión que, a su juicio, se reúnen las condiciones para elaborar o actualizar un informe con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base, la Comisión tomará las medidas oportunas e informará de ello al Parlamento Europeo y al Consejo.

Declaración de la Comisión sobre los informes contemplados en el artículo 2, apartado 6 bis , letra c), del Reglamento de base

La Comisión hará rápidamente uso de la posibilidad de elaborar informes sobre distorsiones significativas, prevista en el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base, de forma que las partes interesadas dispongan de dichos informes cuando preparen alegaciones a las que pueda aplicarse el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base. Asimismo, facilitará orientación a las partes interesadas sobre el uso de dichos informes.
3. El órgano jurisdiccional competente adoptará una decisión de conformidad con el apartado 1 y la notificará al solicitante. El procedimiento aplicable para el nombramiento por el órgano jurisdiccional competente de las personas independientes cuando no las hayan nombrado los Estados miembros será el mismo aplicable en virtud de la normativa nacional en materia de arbitraje civil y mercantil, cuando sean los órganos jurisdiccionales quienes nombren a los árbitros por no haber llegado las partes a un acuerdo a este respecto. El órgano jurisdiccional competente también informará a las autoridades competentes que inicialmente no hayan creado la comisión consultiva. Este Estado miembro tendrá derecho a recurrir una decisión del órgano jurisdiccional, a condición de que tengan derecho a hacerlo en virtud de su Derecho interno. En caso de denegación, el solicitante tendrá derecho a interponer recurso contra la decisión del órgano jurisdiccional de conformidad con las normas procedimentales nacionales.

3. El órgano jurisdiccional competente adoptará una decisión de conformidad con el apartado 1 y la notificará al solicitante en el plazo de un mes . El procedimiento aplicable para el nombramiento por el órgano jurisdiccional competente de las personas independientes cuando no las hayan nombrado los Estados miembros será el mismo aplicable en virtud de la normativa nacional en materia de arbitraje civil y mercantil, cuando sean los órganos jurisdiccionales quienes nombren a los árbitros por no haber llegado las partes a un acuerdo a este respecto. El órgano jurisdiccional competente también informará a las autoridades competentes que inicialmente no hayan creado la comisión consultiva. Este Estado miembro tendrá derecho a recurrir una decisión del órgano jurisdiccional, a condición de que tengan derecho a hacerlo en virtud de su Derecho interno. En caso de denegación, el solicitante tendrá derecho a interponer recurso contra la decisión del órgano jurisdiccional de conformidad con las normas procedimentales nacionales.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 399/227

P8_TA(2015)0439

Marca de la Unión ***II

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2015, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (10373/1/2015 — C8-0351/2015 — 2013/0088(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

(2017/C 399/42)

El Parlamento Europeo,

— Vista la Posición del Consejo en primera lectura (10373/1/2015 — C8-0351/2015),

— Vista su Posición en primera lectura (1) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0161),

— Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Visto el artículo 76 de su Reglamento,

— Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0354/2015),

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

3. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) Textos Aprobados de 25.2.2014, P7_TA(2014)0118.
P7_TA(2013)0490

Financiación, gestión y seguimiento de la PAC ***I

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común (COM(2011)0628 — C7-0341/2011 — COM(2012)0551 — C7-0312/2012 — 2011/0288(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

(2016/C 436/45)

El Parlamento Europeo,

(1) DO C 191 de 29.6.2012, p. 116.

(2) DO C 11 de 15.1.2013, p. 88.

(3) Pendiente de publicación en el Diario Oficial.

(4) DO C 225 de 27.7.2012, p. 174.

(5) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0087.

P7_TC1-COD(2011)0288

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 20 de noviembre de 2013 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) no …/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) no 1306/2013.)
16. Cuando un Estado miembro haya ratificado el Convenio sobre el trabajo marítimo de 2006 y haya transcurrido un período de doce meses a contar desde el día posterior al registro de su ratificación por parte del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, deberá informar a sus nacionales, en la medida en que sea factible, sobre los problemas que puedan derivarse del enrolamiento en un buque que enarbole el pabellón de un Estado que no lo haya ratificado, mientras no haya comprobado que se aplican normas equivalentes a las fijadas en el presente artículo. Las medidas que adopte con este fin el Estado miembro no deberán estar en contradicción con el principio de libre circulación de los trabajadores, estipulado en los tratados de los que el Estado miembro y el otro país puedan ser parte.
(19)

Las actividades de creación de mercado desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar liquidez a los mercados de la Unión y, para desarrollar esta función, los creadores de mercado necesitan abrir posiciones cortas. Imponer requisitos con respecto a tales actividades podría mermar gravemente su capacidad de proporcionar liquidez y tener serias repercusiones adversas sobre la eficiencia de los mercados de la Unión. Por otra parte, normalmente los creadores de mercado no abrirán posiciones cortas significativas, salvo durante breves lapsos de tiempo. Por tanto, resulta oportuno que las personas físicas o jurídicas que realicen tales actividades estén exentas de requisitos que puedan dañar su capacidad de desarrollar esa función y, en consecuencia, afectar adversamente a los mercados de la Unión. A fin de englobar a las entidades equivalentes de terceros países, es necesario un procedimiento destinado a evaluar la equivalencia de los mercados de esos países. La exención debe aplicarse a los diferentes tipos de actividad de creación de mercado, pero no a la negociación por cuenta propia. Asimismo, procede eximir ciertas operaciones del mercado primario, como las relacionadas con deuda soberana y procesos de estabilización, ya que son actividades importantes que contribuyen al eficiente funcionamiento de los mercados. La utilización de exenciones debe notificarse a las autoridades competentes y estas deben poder prohibir a las personas físicas o jurídicas que se acojan a una exención cuando no satisfagan los criterios pertinentes al respecto. Las autoridades competentes deben también poder requerir información a las personas físicas o jurídicas a efectos de vigilar el uso de la exención.
U.

Considerando, en particular, que la cooperación reforzada en este ámbito es conforme con los Tratados y el Derecho de la Unión Europea, al no afectar al acervo, dado que, hasta la fecha, solo se ha adoptado un número limitado de actos jurídicos de la Unión en el sentido del artículo 288 del TFUE, ninguno de los cuales crea un título europeo de protección intelectual e industrial que otorgue protección uniforme en toda la Unión; considerando que, a excepción de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (5), no ha habido a nivel de la Unión ninguna aproximación de la legislación sustantiva sobre patentes, y que el Reglamento (CE) no 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios (6), y el Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (7), solo se refieren a la prórroga del plazo de vigencia de las patentes en el caso de tipos específicos de objetos patentados; considerando que la cooperación reforzada en el ámbito de las patentes no generaría discriminación, ya que el acceso a la patente unitaria estará abierto a los usuarios del sistema de patentes de toda la Unión,