ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.6.1.

La evolución de la sociedad contemporánea crea numerosos nuevos empleos fuera del área técnica que, debido a la influencia de los medios de comunicación y al deseo de aceptación social, resultan atractivos para los jóvenes que buscan una carrera rápida y prestigiosa. Desde esta óptica, la profesión de ingeniero se percibe como una profesión tradicional que no brinda posibilidades de carrera fácil y rápida. En vista de ello, las disciplinas relacionadas con la ingeniería no resultan atractivas para las generaciones futuras, lo que representa una grave amenaza para el éxito de la reindustrialización europea y la competitividad de la industria europea. Se trata de un reto de gran magnitud para los sistemas educativos actuales y plantea la necesidad de que la enseñanza primaria se oriente en mayor medida hacia las matemáticas, la física y la ingeniería y se presente de manera atractiva, a fin de suscitar la curiosidad de las generaciones más jóvenes. Por esta misma razón, el principio de la formación dual y las mejores prácticas en este ámbito (Alemania, Suiza y Austria) merecen una atención particular de parte de todos los Estados miembros en los que no existe este sistema.
5.5.3.

La formación en competencias empresariales facilitada por las cámaras de comercio y la industria en toda Europa demuestra una variedad de formas de enseñanza y práctica que prestan apoyo a las personas en el proceso de determinar e iniciar proyectos de negocio, definir y organizar los recursos necesarios y asumir los riegos asociados a su aventura empresarial: Entrepreneurial Skills Pass (Austria) (19), Startup@Campus (Bélgica) (20), Incuba’ school (Francia), Long night of Start-ups (Alemania) (21), New Entrepreneurs Day (España) y Bright and Young (Bélgica) (22).
3.2.3

La política educativa de la UE no ha logrado estimular suficientemente a las autoridades educativas nacionales para que garanticen el uso pedagógico de las TIC por los docentes desde su formación inicial y por las instituciones educativas, en particular en la educación primaria, secundaria y formación profesional. En particular, no ha alentado a los Estados miembros en la medida necesaria para que realicen las inversiones que requiere una educación moderna, innovadora y de calidad basada en las TIC.
2.5

La Asociación Oriental, cuya creación fue acogida favorablemente por el Comité desde el principio (4), existe ahora desde hace cuatro años, y ha apoyado una serie de reformas sumamente útiles en los ámbitos económico, comercial, de la energía y la libre circulación de personas. En lo que respecta a la contribución de la sociedad civil a la Asociación Oriental, en particular a través del FSC, el Comité lamenta que los representantes de la sociedad civil de los países miembros de la UE participen cada vez menos en las actividades del FSC, y pide que se entable una reflexión, tanto en la FSC como en la Comisión, sobre las medidas y los incentivos que podrían aplicarse para corregir este desequilibrio. En su dictamen de 16 de junio de 2011 (5), el Comité lamentaba, además, que los empresarios, sindicatos y demás organizaciones socioeconómicas (agricultores, consumidores, representantes de pymes, etc.) a nivel nacional no se asociaran a las actividades del FSC, o, cuando sí lo hacían, solo en escasa medida
4.4

El Fondo Monetario Internacional («Redesigning the Contours of the Future Financial System», IMF staff position note – 16 de agosto de 2010 SPN/10/10) destaca el papel esencial de los bancos cooperativos: los bancos cooperativos o instituciones mutualistas más pequeños también pueden desarrollarse. Estos bancos, menos dependientes de las expectativas de los accionistas, en general pudieron evitar muchos de los errores que cometieron las entidades del sector privado más grandes. Aunque no siempre son vistos como las entidades más eficaces, vibrantes o innovadoras, en muchos países cubren de manera fiable y segura las necesidades de crédito de las pequeñas y medianas empresas y de muchos hogares.
5.2

No se puede olvidar que al día de hoy coexisten diferentes Derechos nacionales, de muy diversa naturaleza, que producen una distorsión en el contenido normativo aplicable. En la práctica no hay una armonización comunitaria de la responsabilidad ambiental, y de hecho no se ha conseguido generalizar una reparación o saneamiento de las zonas afectadas por las catástrofes naturales, dado que en este asunto no rige la legislación de la UE. Es más, el principio de «quien contamina paga» no es realizable en numerosas regiones de la UE.
—

Los recursos esenciales (como el agua potable, la energía, las materias primas, el espacio vital y el suelo cultivable) son limitados, lo que conduce a un fenómeno de escasez y falta de diversificación económica, además de crear el problema de la actividad única (monocultivo). Esta circunstancia se destacó en el Analysis of the island regions and outermost regions of the European Union (Análisis de las regiones insulares y ultraperiféricas de la Unión Europea) (3), donde se hacía especial hincapié en que la falta de agua potable causa graves problemas en verano en las islas del Mediterráneo cuando hay una gran afluencia de turistas. Se han creado desalinizadoras del agua de mar, pero las tradicionales consumen una gran cantidad de energía. Muchas islas no cuentan con un suministro energético suficiente y han de importar combustibles fósiles o electricidad a través de cables submarinos.
1.3

Es importante destacar que el cambio climático que actualmente observamos y procuramos controlar es sólo el principio de un proceso a largo plazo. Para los próximos 15 a 20 años, los cambios climáticos en curso obviamente empeorarán, por la simple razón de que la humanidad ha producido –y produce– suficiente material perjudicial en forma de gases de efecto invernadero. Por consiguiente, debemos prepararnos y adaptarnos al cambio climático. No obstante, lo que ocurra en los próximos 15-20 años también es responsabilidad de las generaciones actuales, en el sentido de que una acción firme puede atenuar el cambio climático en un futuro lejano. Los debates en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Protocolo de Kioto brindan una oportunidad para la acción después de 2012 que debe aprovecharse. Si se dejar pasar esta oportunidad, el clima seguirá deteriorándose, y se requerirá una acción más drástica para modificar las tendencias. No es sorprendente que un número creciente de gobiernos vean en el cambio climático una prioridad esencial. No obstante, esto no quiere decir que los gobiernos materialicen la prioridad en acción.
4.1.2

Otro factor susceptible de transformar la percepción de la estación ferroviaria como punto nodal del tráfico no está vinculado de manera directa a la función de las redes de alta velocidad sino más bien a la modificación de la utilización de los extrarradios y de las grandes aglomeraciones, que de ciudades dormitorio monofuncionales pueden convertirse en espacios urbanizados multipolares y multifuncionales. Todos estos cambios, junto con el reconocimiento de que no es forzosamente posible responder al crecimiento del tráfico automovilístico de los habitantes de las zonas de extrarradio con la construcción de nuevas carreteras, han puesto de manifiesto la necesidad de integrar el tráfico urbano y el procedente de las zonas periurbanas así como la importancia de crear asociaciones de transporte, armonizar los horarios, las tarifas y los sistemas de producción de billetes y utilizar conjuntamente las infraestructuras de tráfico de viajeros. La agitación social que ha sacudido los barrios de extrarradio parisinos a finales de 2005 pone de manifiesto la necesidad de utilizar varios instrumentos a la vez para actuar en favor de la cohesión social, y muestra que los procesos que contribuyen a ello no pueden considerarse terminados.
5.8.2

La industria es consciente de que la publicidad de productos alimentarios influye en la elección y en los hábitos dietéticos, y debe garantizar que los anuncios no se aprovechen de la inexperiencia o la credulidad de los niños. Los gobiernos deberían colaborar con los grupos de consumidores y el sector privado para desarrollar enfoques multisectoriales adecuados en relación con la venta de productos alimenticios a los niños, con temas como el patrocinio, la promoción y la publicidad. Juntos deberían llegar a un acuerdo sobre prácticas socialmente responsables que no anulen la libertad de elección pero en las que se tenga presente que los niños no saben reconocer el contenido nutricional de un producto.
1.3

El CESE considera que todas la personas residentes en la UE deben tener la garantía de que no serán discriminadas y de que tendrán igualdad de oportunidades para disfrutar de todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, el Año europeo debería utilizarse para avanzar hacia la supresión de todas las formas de discriminación. Aunque se preste especial atención a los motivos cubiertos por el artículo 13, el Año europeo debería verse como una oportunidad para aumentar la sensibilización sobre la discriminación que sufren grupos concretos que no suelen tenerse en cuenta, como los niños, y sobre los aspectos relacionados con la discriminación que todavía no se han abordado.
3.1.1.3

Los científicos más serios no tienen reparos en afirmar que su conocimiento no es más que una serie de errores aún no conocidos como tales. Ahora bien, la economía no es una ciencia exacta, y la dimensión social aún menos. Por eso, no es tan difícil aceptar que la prospectiva socioeconómica escape al peligro de equivocarse.
2.1

La Directiva 2002/65/CE relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (Directiva sobre la comercialización a distancia de servicios financieros) tiene por objeto garantizar la libre circulación de servicios financieros en el mercado único mediante la armonización de determinadas normas de protección de los consumidores en este ámbito, y garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores. Es importante destacar que ya hay varias directivas y reglamentos recientes que establecen altos niveles de protección de los consumidores, y el valor de la propuesta de una nueva Directiva es proporcionar una red de seguridad en los casos en que esta protección no exista o pueda no existir. Cuando no haya legislación sobre productos específicos de la UE o normas horizontales de la UE que regulen el servicio financiero destinado al consumidor, la Directiva se aplicará horizontalmente a cualquier servicio actual o futuro de carácter bancario, de crédito, de seguros, de pensiones individuales, de inversión o de pago contratado mediante una técnica de comunicación a distancia (es decir, sin la presencia física simultánea del comerciante y del consumidor). La Directiva establece la información que debe facilitarse al consumidor antes de la celebración del contrato a distancia (información precontractual), concede al consumidor un derecho de desistimiento para determinados servicios financieros y establece normas sobre los servicios no solicitados y las comunicaciones no solicitadas.
2.3.1.

Objetivamente, puede haber motivos válidos para la divergencia entre Estados miembros, pero tales justificaciones no siempre se facilitan y, en ocasiones, los Estados miembros no intentan equilibrar la justificación a escala nacional con los posibles efectos negativos en el mercado único. Como consecuencia de ello, siguen existiendo numerosas barreras reglamentarias y no reglamentarias en la Unión que hacen que el mercado único sea «incompleto» y fragmentado, por ejemplo: — legislaciones nacionales que se amparan en la presunción de que se está aplicando el principio de subsidiariedad; — el no reconocimiento del principio de reconocimiento (supuestamente) mutuo; — el fenómeno de la proliferación de transposiciones excesivas, también conocido como sobrerregulación, y las transposiciones no conformes, en las que gobiernos y parlamentos nacionales transponen en exceso textos legales de la Unión que se acordaron a escala de la UE. De hecho, varias barreras que afectan al mercado único se derivan de una aplicación incorrecta o incompleta de la legislación de la Unión, así como de la aplicación por los Estados miembros de normas nacionales contrarias a los objetivos del mercado único. En este sentido, la ejecución inexacta o incorrecta por parte de los Estados miembros y la falta de actuaciones para velar por el cumplimiento de la normativa por parte de la Comisión tienen consecuencias perjudiciales tanto a escala de la UE como en el ámbito nacional para la ciudadanía y las empresas; — la aplicación a escala nacional de las futuras medidas europeas, en un contexto en el que gobiernos y parlamentos intentan anticipar la ejecución de las políticas de la Unión anteponiendo los intereses nacionales a pesar de que tales políticas están aún en fase de elaboración por la Comisión. Un ejemplo de esta situación es la política de la UE en materia de economía circular; — los intereses nacionales prevalecen en lo que se refiere a los ecosistemas estratégicos europeos.
5.1.

En la Directiva (artículo 2) se introduce la definición del término «hidrógeno con bajas emisiones de carbono». En cuanto al gas con bajas emisiones de carbono y los carburantes con bajas emisiones de carbono, su definición se basa en la Directiva sobre fuentes de energía renovables. Se exige una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de, como mínimo, un 70 %. La definición de «hidrógeno hipocarbónico» debe revisarse para comprobar si no está obstaculizando el cambio a los gases renovables. pues, por un lado, parece que el denominado hidrógeno azul (es decir, el hidrógeno producido a partir de gas natural con captura de CO 2 ) es necesario para alcanzar rápidamente una producción de hidrógeno relevante. Ahora bien, por otro lado, el desarrollo necesario de una producción de hidrógeno «verdaderamente» renovable no puede verse obstaculizado o retrasado por favorecer el hidrógeno con bajas emisiones de carbono. La Directiva debe garantizar ambas cosas. Por consiguiente, debe otorgarse prioridad a los gases renovables.
3.2.1

El CESE apoya la intención de la Comisión Europea de permitir que el sector de los seguros participe en mayor medida en la financiación de la aplicación del Pacto Verde Europeo, de la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias y de la lucha contra las consecuencias de la pandemia de COVID-19 mediante unos requerimientos de capital más adecuados. La aplicación del Pacto Verde Europeo no debe malograrse por causas relacionadas con la financiación de la transformación de la economía hacia un modelo sostenible, y los ODS no deben verse amenazados por unos requerimientos de capital insuficientes que transformen de manera artificial en inversiones rentables actividades altamente contaminantes. La revisión de las normas sobre los requerimientos de capital necesarios será la clave para abordar estas cuestiones. El CESE considera imperativo que la modificación de las normas de Solvencia II solo se produzca en la medida en que no se pongan en peligro los objetivos prudenciales de la protección de los tomadores y beneficiarios de los seguros ni el objetivo de estabilidad financiera. Debe aspirarse a alcanzar el equilibrio adecuado entre, por una parte, los incentivos para que las aseguradoras inviertan en actividades orientadas hacia objetivos sociales y medioambientales y, por otra, los requisitos prudenciales. Esto aún no está garantizado.
3.4.

Es evidente que la venta de cargadores específicos representa una parte significativa de los ingresos de los fabricantes, en particular de los de telefonía móvil: habrá que asegurarse de que estos mismos fabricantes no modifiquen periódicamente las normas electrónicas (nivel de tensión, potencia necesaria, etc.) para poder contribuir a vender sistemáticamente el modelo de cargador de su propia marca, incluso el cable de transferencia de datos que puede ser universal, en lugar de permitir la reutilización de un cargador comprado con anterioridad. Esto obstaculizaría la aplicación efectiva de la normativa destinada a reducir el tonelaje de residuos electrónicos.
4.3.

No obstante, se trata de un nuevo objetivo muy ambicioso para algunos Estados miembros. Si bien para muchos de ellos la descarbonización del sector de la construcción se está quedando rezagada, el CESE respalda el planteamiento propuesto que consiste en aumentar los esfuerzos sectoriales, como los que se realizan para integrar las energías renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración. De hecho, se necesitaba con urgencia fijar un objetivo específico del 49 % para la cuota de energías renovables en los edificios, que se incluye en el nuevo artículo 15 bis . Sin embargo, el CESE pone en cuestión el carácter no vinculante de dicho objetivo. En realidad, el sector de la construcción tendrá que reducir sus emisiones en un 60 % de aquí a 2030 y ser neutro en 2040 para cumplir los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo. Si bien muchos Estados pueden tener dificultades para alcanzar este objetivo, el CESE subraya la importancia de contar con la financiación del Fondo Social para el Clima a partir de 2025. Dicha financiación debería acelerar la ejecución de las reformas de los edificios, tanto públicos como privados, y contener de este modo el fenómeno creciente de la pobreza energética, que afecta a más de treinta millones de europeos. No obstante, tanto si se trata de la financiación proveniente del futuro Fondo Social para el Clima como, de forma más general, de otros instrumentos de ayuda, se debe poner en marcha un mecanismo de seguimiento que garantice que la asignación correcta de esa financiación se destine a la lucha contra el cambio climático. Ciertamente, la dilución de dicha financiación en los presupuestos nacionales no permite llevar a cabo un control eficaz del uso de los recursos que se conceden. Estos fondos no deberán centrarse únicamente en proyectos de gran envergadura, sino también en proyectos de menor entidad, en los que el ahorro de dinero en términos de MWh y de emisiones de CO 2 es inferior, pero el impacto sobre la ciudadanía europea es igual o incluso más significativo. El CESE pide que, en la medida de lo posible, se armonicen los criterios de asignación en los distintos Estados miembros en relación con la parte que se dedicará a hacer a la ciudadanía partícipe para facilitar las posibles cooperaciones transfronterizas.
4.8.

Los requisitos de etiquetado desempeñan una función muy importante a la hora de informar a los consumidores sobre la calidad de los productos acuícolas sostenibles. La legislación de la UE ofrece el marco jurídico que garantiza unas condiciones de competencia equitativas, pero no siempre se respeta o no siempre en su totalidad. Las actividades de control de calidad y de etiquetado tienen que reforzarse a fin de proteger tanto a los consumidores como a las empresas legítimas, y ofrecer información fiable, especialmente sobre productos que proceden de países que no disponen de un marco legislativo o donde este es reducido.
3.6

El CESE acoge con satisfacción la iniciativa de abordar en más detalle la obligación de todos los prestamistas de llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la solvencia de los consumidores, a fin de verificar que pueden permitirse los préstamos en cuestión y que se protegen sus necesidades financieras, evitando al mismo tiempo las prácticas de préstamo irresponsables y el endeudamiento excesivo. No obstante, la Comisión debe tener en cuenta que las nuevas normas no pueden ni deben trasladar la responsabilidad del cumplimiento del pago de los consumidores a los prestamistas, ya que los consumidores deben hacer cuanto esté en su mano para cumplir con sus obligaciones de reembolso de la deuda y gestionar sus gastos personales con precaución. El CESE invita a la Comisión a seguir analizando el texto de la Directiva para dejar claro que una evaluación exhaustiva de la solvencia no es una garantía de reembolso del préstamo. Además, a fin de garantizar una protección adecuada de los consumidores, el CESE invita a la Comisión a detallar más las situaciones en las que, en circunstancias específicas y bien justificadas, los prestamistas tienen derecho, sin ninguna obligación al respecto, a conceder préstamos a los consumidores aunque no superen la evaluación de la solvencia.
3.4.3.

No obstante, el CESE subraya que esta política de centros de excelencia no debe perjudicar la financiación normal y a largo plazo de los laboratorios de investigación «convencionales» para no retrasar la aparición de tecnologías revolucionarias.
2.2.

Desde la adopción del Libro Blanco, se han llevado a cabo numerosas iniciativas de la Comisión sobre todos los tipos de transporte (el 4. o paquete ferroviario, la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones de 2016, la Directiva sobre la infraestructura para los combustibles alternativos, tres paquetes de movilidad sobre diversos aspectos del transporte por carretera, el Reglamento sobre servicios portuarios, el cinturón azul, la estrategia de aviación, el programa NAIADES, el Acta Europea de Accesibilidad, el Reglamento sobre redes transeuropeas de transporte y el Reglamento sobre el Mecanismo «Conectar Europa», etc.). La mirada que brinda esta evaluación ofrece la oportunidad de resaltar los avances técnicos, políticos y sociales y, en particular, el capítulo relativo a la legislación del transporte por carretera del paquete de movilidad adoptado en 2020, y recordar asimismo los objetivos no alcanzados.
3.7.

El CESE sugiere que la solidaridad debe ser automática. Las obligaciones de solidaridad de los Estados de primera entrada resultan desproporcionadas. Los procedimientos siguen siendo complejos y dilatados, y no ofrecen garantías de reubicación. Solo existen procedimientos fronterizos obligatorios, sin un mecanismo de reparto automático. Las medidas que deben adoptar los Estados miembros consisten en reforzar las infraestructuras (tiendas de campaña, asistencia en especie, etc.), el apoyo financiero o los retornos voluntarios. No existen criterios claros sobre el modo en que contribuirá cada país. Esto no es eficaz —lo único que hace es aumentar la presión sobre el Estado de entrada— y su aplicación lleva mucho tiempo (ocho meses), por lo que existe el riesgo de que los solicitantes se fuguen. Lo que se necesita es un mecanismo más automático que permita una mejor distribución de los solicitantes entre todos los Estados miembros.
7.1.

De lo anterior se deduce que el espacio ferroviario europeo no es en absoluto perfecto. Es necesario un análisis más profundo de los factores de éxito, así como del impacto en las condiciones de trabajo. En los análisis disponibles se han abordado los problemas relacionados con la aplicación de la legislación vigente, en particular, el acceso al mercado, la interoperabilidad y la armonización técnica, incluida la armonización incompleta de las normas técnicas y operativas. Pero, según estos análisis, el marco actual también adolece de problemas relacionados con el coste, la falta de puntualidad, la ausencia de material rodante capaz de circular por toda la UE y, en general, con dificultades de adaptación a un contexto de mercado abierto. Al parecer, no se han analizado los posibles efectos de la apertura del mercado en las condiciones de trabajo. Se pueden y deben mejorar muchas cosas para que el sistema funcione mejor, sea más competitivo e incremente su cuota de mercado en toda la UE, convirtiéndose en un agente de pleno derecho de un sistema de transporte y movilidad multimodal, sostenible y eficiente desde un punto de vista social y ambiental, que sirva a los usuarios y al medio ambiente.