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Bruselas, 17.9.2007

COM(2007) 524 final

TERCER INFORME DE LA COMISIÓN

Informe de la Comisión basado en el artículo 11 de la Decisión marco del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro {SEC(2007)1158}

TERCER INFORME DE LA COMISIÓN

Informe de la Comisión basado en el artículo 11 de la Decisión marco del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro

1. OBJETIVO DE LA DECISIÓN MARCO

Con el fin de garantizar una protección penal reforzada y armonizada del euro en toda la Unión Europea, el Consejo adoptó, el 29 de mayo de 2000, la Decisión marco 2000/383/JAI[1], sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro, que fue modificada por la Decisión marco 2001/888/JAI, de 6 de diciembre de 2001[2], para introducir en ella una disposición relativa al reconocimiento de las condenas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, con el fin de establecer la reincidencia.

A raíz de la ratificación del Convenio de Ginebra de 1929 sobre la represión de la falsificación de moneda[3] existía ya, en la legislación de los Estados miembros, cierto grado de homogeneidad. El objetivo específico de la Decisión marco sobre el euro consiste en completar las sanciones efectivamente previstas por los Estados miembros en virtud del Convenio de 1929, definiendo determinadas prácticas condenables que deben añadirse a la falsificación de moneda propiamente dicha.

2. OBJETIVO DEL INFORME

El 13 de diciembre de 2001, la Comisión adoptó un informe, con arreglo al artículo 11, apartado 2, de la Decisión marco, sobre la aplicación de la misma[4], que presenta con todo detalle las distintas obligaciones de transposición previstas, así como el modo en que los distintos Estados miembros se han ajustado a ella. En sus conclusiones sobre este informe, el Consejo reconoció que el objetivo de la Decisión marco se había alcanzado en gran parte. No obstante, invitó a la Comisión a elaborar un segundo informe destinado a incluir la información complementaria que aún debía llegar de los Estados miembros. El 3 de septiembre de 2003, la Comisión adoptó el segundo informe[5]. En su reunión de los días 25 y 26 de octubre de 2004, el Consejo tomó nota de este segundo informe y, habida cuenta de la ampliación de la Unión Europea, invitó a la Comisión a preparar un tercer informe sobre la aplicación de la Decisión marco, incluido el artículo 9 bis.

El presente informe incluye el estado actual de la transposición de la Decisión marco por los 15 Estados miembros sobre la base de las conclusiones del segundo informe, así como el estado de la legislación de los 12 nuevos Estados miembros. Por último, el presente informe lleva a cabo una evaluación detallada de la aplicación de la Decisión marco por los 27 Estados miembros.

La Comisión envió un cuestionario a todos los Estados miembros, según las particularidades constatadas en el anterior informe, excepto a Alemania, que ya había proporcionado la información. Veinte Estados miembros remitieron a la Comisión el texto de las disposiciones de transposición a su Derecho interno de las obligaciones que les incumben en virtud de la Decisión marco. Ocho Estados miembros (Bulgaria, Irlanda, España, Italia, Malta, Países Bajos, Rumania y Finlandia) no respondieron formalmente a la carta enviada por la Comisión, si bien Bulgaria, España, Italia, Malta y los Países Bajos pusieron a disposición de la Comisión información sobre sus respectivas legislaciones. El grado de exhaustividad de la información recibida por la Comisión varía considerablemente. No obstante, el informe se ha redactado sobre la base de esa información, que se ha completado mediante fuentes públicas, cuando ha sido necesario y posible.

3. MEDIDAS NACIONALES DESTINADAS A APLICAR LA DECISIÓN MARCO

3.1. Estado actual de transposición de la Decisión marco por los 15 Estados miembros (Cuadro 1 del Anexo)

3.1.1. Infracciones generales: artículo 3

A raíz de la modificación del Código Penal Español, todas las hipótesis cubiertas por el artículo 3, apartado 1, letras a), b) y c) de la Decisión marco son punibles. Además, en virtud de una disposición explícita sobre la falsificación, la participación en los actos mencionados en dicho artículo constituye una infracción. Por otra parte, la legislación española contiene una disposición explícita destinada a sancionar el hecho fraudulento de fabricar, recibir o procurarse instrumentos y otros objetos necesarios para la falsificación de moneda (artículo 3, apartado 1, letra d)).

3.1.2. Infracciones suplementarias: artículo 4

El Código Penal Español prohíbe la fabricación fraudulenta de moneda sin referencia explícita a la utilización de las instalaciones legales. En virtud del Código Penal Francés está expresamente prohibida la fabricación ilegal de moneda por medio de instalaciones o material legales en el sentido del artículo 4 de la Decisión marco.

3.1.3. Sanciones: artículo 6

La legislación de Finlandia y Suecia no han sido modificadas. En ellas se prevé una pena máxima de al menos ocho años solamente en caso de infracción grave. En virtud de la legislación de España, la pena para los hechos convertidos en infracción penal en virtud del artículo 3, apartado 1, letra a) de la Decisión marco es de 8 a 12 años.

3.1.4. Responsabilidad de las personas jurídicas y sanciones en virtud de los artículos 8 y 9

Las legislaciones de España, Luxemburgo y Austria, prevén una responsabilidad penal general para las personas jurídicas cada vez que uno de los órganos de representación comete una infracción prevista y castigada por una ley nacional. En virtud de la legislación de Austria, las penas consisten en multas penales. Por el contrario, las legislaciones de España y de Luxemburgo prevén el cierre de la empresa provisional o definitivamente, la disolución de la sociedad o la suspensión de sus actividades. No hay otras penas previstas. Aunque Portugal ha enviado una respuesta sobre la transposición de la Decisión marco, ésta no contiene información alguna por lo que se refiere al avance de los trabajos sobre el proyecto legislativo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por último, de acuerdo con la respuesta recibida, el Reino Unido no prevé adoptar ninguna ley específica que contemple la responsabilidad de las personas jurídicas, dado que el concepto de negligencia de su Derecho civil permitiría dar respuesta al artículo 8, apartado 2.

3.1.5. Ámbito de aplicación territorial: artículo 10

Las autoridades del Reino Unido no han comunicado progreso alguno relativo al proyecto de resolución por el que se aplica la Decisión marco a Gibraltar.

3.2. Estado actual de la transposición de la Decisión marco por los 12 Estados miembros que se han adherido en 2004 y en 2007

3.2.1. Ratificación del Convenio de 1929 : artículo 2 (Cuadro 2 del Anexo)

Ocho Estados miembros (República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia y Eslovaquia) han informado que son ya Partes Contratantes del Convenio de Ginebra. Según la información recogida por los servicios de la Comisión, Bulgaria y Rumania han ratificado también el Convenio de Ginebra, mientras que Eslovenia está en proceso de ratificación. Por lo que se refiere a Malta, no se nos ha proporcionado información alguna al respecto.

3.2.2. Infracciones generales: artículo 3 (cuadro 3)

Las disposiciones del artículo 3 de la Decisión marco, que se refieren a los elementos que constituyen infracciones penales, han sido en general incorporados a la legislación nacional de los doce Estados miembros. Más concretamente, las legislaciones de cinco Estados miembros (Bulgaria, Chipre, Letonia, Hungría y Eslovaquia) mencionan expresamente la totalidad de los elementos que constituyen objetiva y subjetivamente (elemento intencional) las infracciones previstas en el artículo 3, apartado 1, letras a) a d). Las legislaciones de los otros Estados miembros incluyen las siguientes excepciones: La legislación Lituana no menciona la "puesta en circulación" sino sólo la "venta" de moneda falsificada. Las legislaciones de siete Estados miembros (República Checa, Estonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania y Eslovenia) no mencionan expresamente la importación, la exportación y el hecho de procurarse falsa moneda con el fin de ponerla en circulación. Las legislaciones de la República Checa y de Polonia castigan tales comportamientos mediante la tipificación explícita del transporte como delito. Además las legislaciones de Lituania, Malta y Rumania castigan esos comportamientos mediante la tipificación de la posesión como delito, expresamente prevista. Por último, las legislaciones de Estonia y de Polonia no prevé explícitamente sanción alguna para el hecho fraudulento de fabricar, recibir o procurarse los instrumentos y demás objetos necesarios para la falsificación de moneda (artículo 3, apartado 1, letra d).

Once Estados miembros (Bulgaria, República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Rumania, Eslovenia y Eslovaquia) han indicado que la incitación a cometer y el intento de cometer los actos definidos en el artículo 3, apartado1, así como la participación en tales actos, se castigarán en virtud de las disposiciones contempladas en la parte general de los códigos penales. Además, el Derecho polaco prevé una disposición específica por lo que se refiere a la asistencia y la cobertura de quien comete las infracciones mencionadas en el apartado 1. Por lo que se refiere a Malta, no se ha proporcionado información alguna al respecto.

3.2.3. Infracciones suplementarias: artículo 4 (Cuadro 4 del Anexo)

La disposición del artículo 4, que establece sanciones penales para la fabricación ilegal de moneda por medio de instalaciones o material legales, ha sido incorporada a la legislación de siete Estados miembros. Más concretamente, tres Estados miembros (Bulgaria, Chipre y Lituania) se han ajustado a este artículo al introducir en su legislación penal una disposición explícita que convierte en infracción penal la fabricación de billetes o monedas mediante la utilización de instalaciones legales, violando los derechos y las condiciones de emisión. Seis Estados miembros (República Checa, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) se ajustan a este artículo al prohibir la fabricación fraudulenta de moneda sin referencia a los medios utilizados o distinción entre los mismos. Las autoridades de tres Estados miembros (Estonia, Hungría y Rumania) no han proporcionado información alguna sobre este punto.

3.2.4. Moneda no emitida destinada a ser puesta en circulación: artículo 5 (Cuadro 4 del Anexo)

Con arreglo a las legislaciones de siete Estados miembros (Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia), el concepto de moneda falsificada incluye expresamente los billetes y monedas que, aunque destinados a ser puestos en circulación, aún no han sido emitidos. Por lo que se refiere a la legislación de la República Checa, se ha previsto una disposición específica en la propuesta de modificación del Código Penal. No obstante, no se ha remitido información alguna sobre la adopción de esa modificación. Las autoridades Eslovenas han indicado que la tipificación contemplada en el artículo 5 de la Decisión marco es efectiva en virtud el artículo 217 del Código Penal, que se refiere al fraude. Por último, las autoridades de Bulgaria, Estonia y Rumania no han proporcionado información alguna al respecto.

3.2.5. Sanciones: artículo 6 (Cuadro 5 del Anexo)

Once Estados miembros (Bulgaria, República Checa, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumania, Eslovenia y Eslovaquia), han establecido penas máximas de cárcel que superan los ocho años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Decisión marco. No obstante, la legislación de Lituania prevé una pena máxima de al menos ocho años (10 años en este caso concreto) sólo en el supuesto de infracciones de "gran cantidad" o de "gran valor". La legislación de Hungría reserva la pena máxima de más de 8 años a la fabricación fraudulenta de billetes de banco, dado que las monedas se consideran como una infracción de menor importancia, que, por lo tanto, se castiga con una pena máxima de cárcel de 5 años. Por último, la legislación de Estonia sanciona la falsificación con una pena máxima de 6 años de cárcel sólo en caso de reincidencia o de falsificación "a gran escala".

Los doce Estados miembros han previsto penas relativas a los delitos efectivamente cometidos, agrupando los distintos casos de tipificación contemplados en la Decisión marco. Ocho Estados miembros (República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Rumania, Eslovenia y Eslovaquia) han previsto circunstancias agravantes en caso de infracción que tuviera como objeto una cantidad importante o que haya sido cometida por una organización criminal. Siete Estados miembros (Bulgaria, República Checa, Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) han establecido penas específicas más ligeras en el supuesto de que la falsa moneda se vuelva a poner en circulación cuando se haya recibido como verdadera. Esta decisión puede justificarse por el principio de proporcionalidad de las sanciones. Por último, todos los Estados miembros han indicado que la extradición es posible en el caso de estas infracciones.

3.2.6. Competencia: artículo 7

Nueve Estados miembros (República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) han incorporado la obligación derivada de esta disposición, mientras que no se dispone de información alguna sobre este punto en relación con tres Estados miembros (Bulgaria, Malta y Rumania).

3.2.7. Responsabilidad de las personas jurídicas y sanciones: artículos 8 y 9 (Cuadro 6 del Anexo)

Siete Estados miembros han incorporado las disposiciones de los artículos 8 y 9 de la Decisión marco. Más concretamente, la legislación de tres Estados miembros (Hungría, Polonia y Eslovenia) ha introducido una responsabilidad penal general para las personas jurídicas, cada vez que uno de los órganos de representación comete una infracción prevista y castigada por una ley nacional, como el Código Penal. La legislación de cuatro Estados miembros (Estonia, Chipre, Letonia y Lituania) ha introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas por lo que se refiere específicamente a las infracciones en materia de falsificación. Por lo que se refiere a las penas, la legislación de cinco Estados miembros (Estonia, Chipre, Letonia, Lituania y Polonia), han establecido multas penales, inhabilitaciones y disoluciones. Por lo que se refiere a Hungría y Eslovenia, las penas previstas no han sido comunicadas. Las autoridades de la República Checa y Eslovaquia han indicado que se espera la aprobación de un proyecto legislativo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas para una serie de comportamientos tipificados en el Código Penal. Por último, las autoridades de Bulgaria, Malta y Rumania, no han enviado información pertinente sobre este punto.

3.3. Estado actual de la transposición de la Decisión marco por los 27 Estados miembros en materia de reincidencia: artículo 9 bis

La disposición del artículo 9 bis, que se refiere al reconocimiento de las condenas firmes pronunciadas por los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros para establecer la reincidencia ha sido incorporada en general por diecinueve Estados miembros. Más concretamente, cinco Estados miembros (Bélgica, España, Francia, Chipre y los Países Bajos) prevén explícitamente el reconocimiento de las condenas pronunciadas ante los órganos jurisdiccionales de los otros Estados miembros en materia de falsificación, con el fin de establecer un caso de reincidencia que agrave la pena. La legislación de ocho Estados miembros (República Checa, Dinamarca, Grecia, Italia, Hungría, Austria, Portugal y Eslovaquia) incluyen una disposición que implica el reconocimiento explícito de las condenas extranjeras para establecer la agravación de la pena en que se haya incurrido, en la parte general del Código Penal, aplicándose así a todas las infracciones. La legislación de cinco Estados miembros (Alemania, Letonia, Lituania, Eslovenia y Suecia) no menciona explícitamente las condenas extranjeras sino, en general, el pasado de la persona condenada sin distinción específica, con el fin de cubrir todas las condenas posibles. Además las autoridades alemanas adjuntaron a su respuesta una serie de decisiones de los Juzgados y Tribunales de Justicia alemanes, con el fin de mostrar la jurisprudencia establecida en favor de su interpretación. Las autoridades de Estonia han indicado que las condenas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales de los otros Estados miembros se tienen en cuenta, si bien no han comunicado más detalles ni el texto de la legislación aplicable. Las autoridades de Luxemburgo y Polonia han indicado que no aun no se ha incorporado esta disposición. Por último, seis Estados miembros (Bulgaria, Irlanda, Malta, Rumania, Finlandia y Reino Unido) no han proporcionado información pertinente al respecto.

4. Evaluación DE LA APLICACIÓN

4.1. Ratificación del Convenio de 1929: artículo 2

Considerando las conclusiones del segundo informe, 25 Estados miembros en total se han adherido al Convenio de 1929.

4.2. Infracciones generales: artículo 3

Teniendo en cuenta también las conclusiones del segundo informe, en total 27 Estados miembros han adoptado una ley con el fin de transponer expresamente los elementos constitutivos del concepto general de fabricación de moneda falsa definido en el artículo 3, apartado 1, letras a) y b). Por consiguiente, es preciso considerar que el efecto útil de la Decisión marco está garantizado.

No obstante, la legislación de Lituania convierte en infracción penal la "venta", concepto más estrecho que la "puesta en circulación fraudulenta de moneda falsa". No obstante, esta limitación puede considerarse como carente de consecuencias prácticas porque el hecho de volver a poner en circulación la moneda recibida como verdadera constituye un delito independiente.

Por lo que se refiere al artículo 3, apartado 1, letra c), las legislaciones de la República Checa y de Polonia tipifican el transporte que, al ser un concepto más general, cubre los conceptos específicos de importación y exportación. Además, las legislaciones de Lituania, Malta y Rumania castigan estos comportamientos gracias a la tipificación de la posesión con vistas a la puesta en circulación, lo que, por necesidad lógica, cubre la importación y la exportación. En este sentido, el efecto útil de la Decisión marco está garantizado. Por el contrario, por lo que se refiere a la legislación de otros dos Estados miembros (Estonia y Eslovenia), es necesario constatar la falta de transposición por las autoridades nacionales del artículo 3, apartado 1, letra c).

Teniendo en cuenta también las conclusiones del segundo informe, 25 Estados miembros han incorporado ya correctamente las disposiciones del artículo 3, apartado 1, letra d), referentes a las infracciones relativas a los métodos destinados por su naturaleza a la fabricación de falsa moneda. La legislación de Estonia y Polonia no contienen ninguna disposición relativa a estos actos preparatorios, lo que constituye una transposición incorrecta.

Considerando también las conclusiones del segundo informe, 26 Estados miembros han puesto en vigor disposiciones generales sobre la participación en los hechos mencionados más arriba y la inducción a cometerlos, así como la tentativa de comisión de los hechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la Decisión marco.

4.3. Infracciones suplementarias: artículo 4

Teniendo en cuenta las conclusiones del segundo informe, 23 Estados miembros sancionan la fabricación ilegal de moneda por medio de instalaciones legales según lo dispuesto en el artículo 4 de la Decisión marco. No obstante, un gran número de Estados miembros se ajustan a este artículo prohibiendo la fabricación fraudulenta de moneda sin referencia a los medios utilizados o distinción entre los mismos.

Es deseable que todos los Estados miembros adopten disposiciones explícitas que penalicen la fabricación fraudulenta de moneda mediante la utilización de instalaciones legales. En efecto, la infracción contemplada en el artículo 4 sólo puede ser cometida por agentes de las autoridades nacionales que tienen derecho a utilizar las instalaciones legales. Así pues, en algunos ordenamientos jurídicos los hechos cometidos podrían también calificarse de abuso de autoridad por el funcionario con características de un " delictum proprium ", es decir, de una infracción que sólo puede ser cometida por una categoría de personas. Esta infracción es muy diferente de la falsificación, por lo que las penas en las que se incurra pueden también ser diferentes. Aunque la formulación no diferenciada de las disposiciones nacionales se considere satisfactoria para la evaluación de la transposición del artículo 4 de la Decisión marco, la exigencia de claridad jurídica exigiría la adopción de sanciones nacionales explícitas.

4.4. Moneda no emitida destinada a ponerse en circulación: artículo 5

El objetivo que persigue esta disposición consiste en definir el elemento objetivo de la falsificación con el fin de incluir la moneda aún no emitida. El hecho de calificar estos hechos de modo diferente (legislación Eslovena) priva a la disposición de su efecto útil. En total, 22 Estados miembros disponen ya de una legislación conforme al artículo 5, letra b) de la Decisión marco.

4.5. Sanciones: artículo 6

Teniendo en cuenta también las conclusiones del segundo informe, 26 Estados miembros en total se ajustan a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, en virtud del cual las infracciones de fabricación o de alteración de moneda previstas en el artículo 3, apartado 1, letra a) deben ser castigadas con unas penas máximas de privación de libertad no inferiores a 8 años. Aun cuando añaden un criterio restrictivo para la aplicación de la pena máxima (gravedad de la infracción), las legislaciones de Finlandia, Suecia y Lituania no reducen la eficacia del artículo 6 de la Decisión marco. En efecto, los órganos jurisdiccionales nacionales competentes sólo pronunciarán la pena máxima en caso de infracción grave. Aun sin constatar una transposición incorrecta en este caso concreto, cabe señalar que, a la luz de estas legislaciones, la condena a la pena máxima podría parecer excepcional.

Las legislaciones de Estonia y de Hungría, que prevén, respectivamente, una pena máxima de 6 años y de 5 años (por las monedas) no se ajustan a los criterios de la Decisión marco.

Aparte de estas excepciones, que se refieren a las penas máximas, todo indica que la legislación de 27 Estados miembros ha previsto que las tipificaciones propuestas por la Decisión marco serán sancionadas con penas efectivas, proporcionadas y disuasivas.

4.6. Competencia: artículo 7

En total, 24 Estados miembros se ajustan al artículo 7.

4.7. Responsabilidad de las personas jurídicas y sanciones: artículos 8 y 9

Teniendo en cuenta también las conclusiones del segundo informe, 20 Estados miembros se ajustan globalmente a las disposiciones que se refieren a la responsabilidad de las personas jurídicas. La República Checa, Portugal y Eslovaquia no han adoptado las medidas necesarias para ajustarse a los artículos 8 y 9 de la Decisión marco. El Reino Unido no ha modificado su legislación, aunque ésta no se ajusta a la obligación de establecer la responsabilidad de las personas jurídicas. En efecto, el principio de falta según el Derecho civil podría justificar el pago de daños y perjuicios a la parte civil que plantee un juicio pero no constituye una pena según lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Decisión marco. Además la fabricación fraudulenta de moneda perjudica al interés general y, en la mayoría de los casos, no se perjudica a ningún interés privado.

Por lo que se refiere a las sanciones, las legislaciones de España y Luxemburgo no prevén multa alguna, mientras que, según el artículo 9, son necesarias. En efecto, estos países han previsto sanciones que son substitutorias con arreglo a lo dispuesto en la Decisión marco, la suspensión o la disolución de la persona jurídica.

4.8. Re incidencia: artículo 9 bis

Por lo que se refiere a Grecia, las condenas extranjeras se tienen en cuenta si ascienden a tres y si la pena se ha purgado en el extranjero, aunque sólo sea en parte. Estas condiciones no son compatibles con el objetivo que persigue la Decisión marco, porque convierten el reconocimiento de la reincidencia en algo mucho más estricto que el texto del artículo 9 bis. En su respuesta, las autoridades griegas han indicado que inician una modificación de los artículos aplicables con el fin de ajustarse completamente al artículo 9 bis.

Por lo que se refiere a las legislaciones de los Estados miembros que se refieren en general al pasado de la persona condenada sin distinción, cabe observar que estas disposiciones legales no están en contradicción con los imperativos de la Decisión marco. No obstante, la seguridad jurídica (elemento tenido en cuenta para evaluar la transposición efectiva) sería mayor si la legislación de estos Estados miembros se modificara con el fin de mencionar expresamente estas condenas como constitutivas de reincidencia. En efecto, la falta de referencia explícita a una condena pronunciada por un tribunal de otro Estado miembro podría en la práctica conducir a no tener en cuenta esas condenas.

5. CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones generales

La transposición de las disposiciones de la Decisión marco del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda se considera globalmente satisfactoria, a pesar de algunos casos de incumplimiento en cuanto a la transposición. En efecto, las tipificaciones y las sanciones de la Decisión marco han sido introducidas en las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Así, la protección del euro ha quedado establecida a nivel de la efectividad y de la eficacia requeridas por la Decisión marco. La Decisión marco ha cumplido, pues, el objetivo que perseguía y sólo falta la adopción de un número reducido de medidas nacionales para su completa aplicación.

5.2. Conclusiones específicas:

Más concretamente, la Decisión marco ha alcanzado sus objetivos en particular sobre los puntos más importantes. Así, el hecho fraudulento de fabricar o de alterar moneda, tanto como el hecho de ponerlo en circulación, constituyen infracciones en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. El hecho de importar, exportar o transportar falsa moneda está también expresamente sancionado en virtud de la mayoría de las legislaciones. Algunos ordenamientos jurídicos penalizan esos comportamientos a través de los conceptos de transporte o posesión. Aunque heterogéneas, las penas establecidas con el fin de sancionar los comportamientos delictivos corresponden a los criterios establecidos en la Decisión marco, con excepción de dos Estados miembros. Además, la mayoría de los Estados miembros ha establecido el principio de responsabilidad de las personas jurídicas. Por último, con arreglo a la legislación de la mayoría de los Estados miembros, las condenas firmes pronunciadas por los órganos jurisdiccionales de los otros Estados miembros se tienen en cuenta en caso de reincidencia.

A pesar de esta conclusión general satisfactoria, las disposiciones de la Decisión marco no han sido completamente introducidas en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros, de modo que, en algunos casos precisos, debe constatarse una falta de transposición. Para la completa transposición de la Decisión marco es necesario llevar a cabo las modificaciones siguientes en las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Las modificaciones necesarias se presentan según el orden de las disposiciones de la Decisión marco.

Artículo 2

Eslovenia debe ratificar el Convenio internacional para la represión de la falsificación de moneda, celebrado en Ginebra el 20 de abril de 1929.

Artículo 3

Las legislaciones de Estonia y Eslovenia deben sancionar el transporte, la importación y la exportación de falsa moneda.

Las legislaciones de Estonia y Polonia deben sancionar el hecho fraudulento de fabricar y recibir instrumentos destinados a la falsificación de moneda.

Artículo 4

La legislación de España debe sancionar la fabricación ilegal de moneda por medio de instalaciones o material legales.

Artículo 5

Las legislaciones de la República Checa y de Eslovenia deben sancionar la falsificación de moneda no emitida destinada a ser puesta en circulación.

Artículo 6

La legislación de Hungría debe prever una pena de prisión de una duración máxima no inferior a 8 años también en caso de falsificación de monedas.

La legislación de Estonia debe prever una pena de prisión de una duración máxima no inferior a 8 años, independientemente de la reincidencia o falsificación a gran escala.

Artículos 8 y 9

Las autoridades de la República Checa, Eslovaquia y el Reino Unido deben adoptar las medidas necesarias para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas, con el fin de ajustarse a los artículos 8 y 9 de la Decisión marco.

Las legislaciones de España y de Luxemburgo deben también prever multas como sanciones en caso de responsabilidad de las personas jurídicas.

Artículo 9 bis

Las legislaciones de Grecia, Luxemburgo y Polonia deben establecer el reconocimiento de las condenas pronunciadas ante los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros como constitutivas de reincidencia.

5.3. Comunicación de la información complementaria

Las autoridades de los siguientes Estados miembros deberán remitir a los servicios de la Comisión la información relativa a los puntos siguientes:

Bulgaria

Penalización de la falsificación de moneda no emitida (artículo 5), responsabilidad de las personas jurídicas (artículos 8 y 9) y reincidencia internacional (artículo 9 bis).

Estonia

Penalización de la fabricación ilegal de moneda por medio de instalaciones legales (artículo 4) y penalización de la falsificación de moneda no emitida (artículo 5).

Irlanda

Reincidencia internacional (artículo 9 bis).

Hungría

Penalización de la falsificación de moneda no emitida (artículo 5).

Malta

Ratificación del Convenio de Ginebra, competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, responsabilidad de las personas jurídicas (artículos 8 y 9) y reincidencia internacional (artículo 9 bis).

Portugal

Responsabilidad de las personas jurídicas (artículos 8 y 9).

Rumanía

Penalización de la fabricación ilegal de moneda por medio de instalaciones legales (artículo 4), penalización de la falsificación de moneda no emitida (artículo 5), responsabilidad de las personas jurídicas (artículos 8 y 9) y reincidencia internacional (artículo 9 bis).

Finlandia

Reincidencia internacional (artículo 9 bis).

Las autoridades del Reino Unido deben informar a los servicios de la Comisión por lo que respecta a la reincidencia internacional (artículo 9 bis) y a la aplicación de la Decisión marco a Gibraltar.

[1] Decisión marco del Consejo , de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda, con miras a la introducción del euro (DO L 140/1, de 14 de junio de 2000, p. 1).

[2] Decisión marco del Consejo, de 6 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Decisión marco 2000/383/JAI sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda, con miras a la introducción del euro (DO L 329, de 14 de diciembre de 2001, p. 3).

[3] Según el artículo 23 del Convenio de 1929, su ratificación por un Estado implica que su legislación y su organización administrativa se ajustan a las normas del Convenio.

[4] COM (2001) 771 final.

[5] COM (2003) 532 final.