COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 01.07.1998 
COM(1998) 401 final 
SEGUNDO INFORME de la COMISIÓN 
al PARLAMENTO EUROPEO y al CONSEJO 
relativo a la aplicación de la Directiva sobre blanqueo de capitales 

RESUMEN 
Éste es el segundo informe que la Comisión presenta al Parlamento Europeo y al Consejo en 
relación con la aplicación de la Directiva de 1991 sobre blanqueo de capitales. Su objetivo es 
responder a los interrogantes y solicitudes que plantearon ambas instituciones al examinar el 
primer informe de la Comisión, presentado en 1995. 
Dado que el problema del blanqueo de capitales es de dimensión mundial, el presente informe 
pretende situar la lucha antiblanqueo que lleva a cabo la Unión Europea en un contexto 
internacional más amplio. Por consiguiente, se presentan en él las iniciativas adoptadas para 
difundir el mensaje entre los terceros países, poniéndose asimismo de relieve los considerables 
avances logrados en la ratificación de los dos principales convenios internacionales sobre 
blanqueo de capitales. 
La situación general en lo que respecta a la aplicación de la Directiva es sumamente 
satisfactoria. Todos los Estados miembros la han incorporado a su legislación nacional y 
únicamente se ha incoado un procedimiento de infracción. 
El informe subraya la tendencia positiva registrada en todos los Estados miembros hacia la 
atribución de carácter delictivo al blanqueo del producto de una gama mucho más amplia de 
actividades ilícitas. 
Asimismo, examina la labor realizada para combatir el blanqueo de capitales a través de 
agencias de cambio y otras actividades financieras, posiblemente no reguladas. El informe 
apunta igualmente los avances logrados en la ampliación de la lista de actividades no 
financieras que quedan sujetas a la legislación de los Estados miembros sobre blanqueo de 
capitales, y estudia el problema de la aplicación de las medidas antiblanqueo a determinadas 
profesiones no financieras, y en particular las del ámbito jurídico. 
En relación con estos y otros aspectos, el informe hace referencia al Plan de acción detallado 
adoptado por el Consejo Europeo de Amsterdam para luchar contra la delincuencia organizada. 
El informe presenta además ios trabajos que se están realizando en diversos foros para mejorar 
la cooperación y el intercambio de información entre las diversas autoridades competentes en 
materia de blanqueo de capitales. 
Respondiendo a la solicitud del Parlamento, la Comisión reseña también las técnicas utilizadas 
actualmente para el blanqueo de capitales y los estudios que se han iniciado en otros foros en 
relación con los efectos macroeconómicos del blanqueo de capitales. 
Además, el informe intenta aportar datos preliminares sobre los resultados de la lucha 
antiblanqueo. Éstos demuestran que se realizan notificaciones de transacciones sospechosas en 
todos los Estados miembros. El número de casos de enjuiciamiento y condena comunicados es 
mucho más limitado. Los importes confiscados, por su parte, parecen también ser reducidos. 
Por último, el informe señala, a modo de conclusión, que sería ahora oportuno actualizar y 
ampliar las disposiciones de la Directiva, en consonancia con los déseos del Parlamento y las 
recomendaciones del Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada. 
I. INTRODUCCIÓN 
La Directiva 91/308/CEE del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales, se adoptó el 10 de junio de 1991!. 
El artículo 17 de la Directiva dispone que, al menos cada tres años, se presente un informe sobre 
la aplicación de la misma al Parlamento Europeo y al Consejo. 
El primer informe de la Comisión (COM(95)54 final), que se presentó en marzo de 1995, se 
refería a doce Estados miembros, ya que los tres países que acababan de integrarse en la Unión 
Europea estaban incluidos, junto con Islandia y Noruega, en un informe paralelo que había 
elaborado el Comité Permanente de la AELC en relación con los países de la AELC 
pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE). 
Este segundo informe abarca los quince Estados miembros. Las autoridades de la AELC han 
elaborado un informe paralelo sobre los demás países del EEE, esto es, Islandia, Liechtenstein y 
Noruega. 
En el primer informe se describía detenidamente la forma en que los Estados miembros habían 
incorporado a su legislación las principales disposiciones de la Directiva y se señalaban las 
mayores dificultades a las que se habían enfrentado, intentándose asimismo dar una idea tanto 
de los aspectos aún pendientes de resolución como de las insuficiencias del sistema europeo de 
prevención del blanqueo de capitales. 
El Consejo examinó el informe en marzo de 1995 y sus conclusiones figuran en el anexo 1 del 
presente informe. 
En sus conclusiones, el Consejo insistió especialmente en la conveniencia de coordinar en 
mayor medida la aplicación de la Directiva, incluida la gama de actividades delictivas 
contempladas en la legislación antiblanqueo y las profesiones y empresas no pertenecientes al 
sector financiero tradicional que están sujetas a lo dispuesto en la Directiva. 
Por otra parte, el Consejo coincidió plenamente con la Comisión en que el refuerzo de los 
sistemas de prevención del blanqueo de capitales dependía de una colaboración más estrecha 
entre las diversas autoridades implicadas en la lucha contra este fenómeno. 
Finalmente, el Consejo pedía a la Comisión que siguiera estudiando los diferentes problemas 
planteados y que le comunicase sus conclusiones al respecto (en el plazo de dieciocho meses). 
El Parlamento Europeo celebró un debate de amplio espectro sobre el blanqueo de capitales. El 
informe de la Comisión fue examinado por varias comisiones y se organizó asimismo una 
audiencia. El informe y la resolución del Parlamento fueron aprobados en junio de 19962. La 
resolución en 21 puntos del Parlamento figura en el anexo 2 del presente informe. 
1 DO L 166 de 28.6.1991, p. 77. 
2 Documento A4-0187/96 y DO C 198 de 8.7.1996, p. 245. 
El Parlamento solicitó que se facilitara mayor información acerca de los resultados concretos de 
la lucha contra el blanqueo de capitales, de las nuevas técnicas de blanqueo utilizadas y de los 
efectos macroeconómicos de este fenómeno. Asimismo, abogó por que esta figura delictiva 
englobase el blanqueo del producto de todo crimen organizado y por que se incluyeran 
directamente en el ámbito de aplicación de la Directiva todas las profesiones y categorías de 
empresas que intervienen o tienen grandes probabilidades de intervenir en el blanqueo de 
capitales. El Parlamento pidió a la Comisión que le volviese a remitir un informe en el plazo de 
dos años y que presentase una nueva propuesta de directiva para colmar las lagunas que, a su 
juicio, existían en el sistema de prevención del blanqueo de capitales de la Unión Europea. 
El presente informe pretende responder, en un solo documento, a la inquietud del Consejo y del 
Parlamento Europeo y, en la medida de lo posible, facilitar la información adicional que 
solicitaba este último. 
En consonancia con los motivos de preocupación manifestados por el Parlamento y con la 
misión que le fue encomendada por el Consejo, la Comisión ha adoptado en el presente informe 
un planteamiento amplio, estudiando la labor desarrollada por la Unión para combatir el 
blanqueo de capitales en su conjunto y no limitándose necesariamente a la legislación de 
aplicación de la Directiva o a los asuntos que dependen exclusivamente del primer pilar. El 
informe intenta también situar la labor de la Unión Europea en el contexto internacional. 
El informe consta de los siguientes anexos : 
• Anexo 1 Conclusiones del Consejo sobre el primer informe de la Comisión 
• Anexo 2 Resolución del Parlamento Europeo en respuesta al primer informe 
• Anexo 3 Firma, ratificación y aplicación de la Convención de Viena y el Convenio de 
Estrasburgo 
• Anexo 4 Cuadro de los delitos contemplados en la legislación antiblanqueo de los Estados 
miembros 
• Anexo 5 Recomendación 26 del informe sobre la delincuencia organizada presentado al 
Consejo Europeo de Amsterdam y aprobado por el mismo 
• Anexo 6 Actividades no financieras sujetas a la legislación antiblanqueo de los Estados 
miembros 
• Anexo 7 Conclusiones del Grupo Egmont sobre las posibilidades de cooperación entre los 
servicios de inteligencia financiera de los Estados miembros 
• Anexo 8 Datos sobre las notificaciones de transacciones sospechosas 
• Anexo 9 Resultados del sistema de notificación, enjuiciamientos y condenas 
II. La LUCHA de la UNION EUROPEA contra el BLANQUEO de CAPITALES en el 
CONTEXTO MUNDIAL 
1. Consideraciones generales 
El tráfico de drogas y el crimen organizado son notablemente de carácter internacional y no 
conocen apenas fronteras. También el blanqueo del producto de delitos graves es cada día más 
un fenómeno internacional y sus autores están preparados para aprovechar las posibilidades y 
deficiencias que presenta el sistema de defensa de cualquier país del mundo. La lucha contra el 
blanqueo de capitales debe considerarse en el contexto mundial. Por muy complejos y 
desarrollados que sean los sistemas establecidos por los países de la Unión Europea, pueden 
fácilmente quedar neutralizados por la falta de prevención o las lagunas existentes en el sistema 
de prevención de otros países. Por ello, es fundamental que todos los países del mundo puedan 
oír la voz de alarma contra el blanqueo de capitales. 
La lucha internacional en este ámbito viene liderada por el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), creado en la Cumbre de 1989 por el Grupo de los Siete e integrado 
actualmente por 28 miembros, a saber, 26 países que representan los principales mercados 
financieros mundiales, más la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Los 
quince Estados miembros de la UE participan en su totalidad en el GAFI. 
En 1990, el GAFI adoptó 40 Recomendaciones, que se actualizaron en 1996 y que consisten en 
una serie de medidas, relativas a la justicia penal y la aplicación de la legislación, el sistema 
financiero y su regulación y la cooperación internacional, que los miembros del GAFI se han 
comprometido a llevar a la práctica y que se aconseja adoptar a todos los países. 
El GAFI ha decidido continuar sus trabajos una vez que concluya su actual mandato, esto es, a 
mediados de 1999. Una de sus principales tareas en los próximos años consistirá en crear una 
red mundial para difundir su mensaje antiblanqueo en todos los países del globo. La revisión de 
sus futuros trabajos y función fue aprobada por los ministros del GAFI y el Comisario Mario 
Monti el 28 de abril de 1998 y por la Cumbre del G7/8 que tuvo lugar los días 15 a 17 de mayo 
de 1998. 
La Organización de las Naciones Unidas desempeña también un papel fundamental en la lucha 
contra el blanqueo de capitales. En octubre de 1996, al amparo del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas (PNUFID), se inició un programa 
mundial contra el blanqueo de capitales en cuya aplicación colabora la División de las Naciones 
Unidas para la Prevención de Delitos y la Justicia Penal. De esta forma, las Naciones Unidas 
están expandiendo su labor más allá de la lucha contra el blanqueo de los fondos procedentes 
exclusivamente del tráfico de drogas. De hecho, el PNUFID ha pasado a estar bajo la tutela de 
la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de la Droga y la Prevención del Crimen. La 
lucha contra el blanqueo de capitales será uno de los principales extremos que se debatirán en la 
sesión extraordinaria dedicada a las drogas que mantendrá la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en Nueva York en junio de 1998. 
2. Función de la Directiva comunitaria 
La Directiva comunitaria de 1991 sobre blanqueo de capitales marcó un hito en la lucha 
internacional contra este fenómeno, al dotar de eficacia jurídica dentro de la UE, es decir en una 
mayoría de los países miembros del GAFI, a algunas de las 40 recomendaciones relacionadas 
con la prevención del uso indebido del sistema financiero. 
Al mismo tiempo, la Directiva reconocía claramente la dimensión mundial del problema y hacía 
referencia a los dos principales convenios internacionales en la materia, a saber: la Convención 
de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 
Viena, 1988, de la que tomó la definición de blanqueo de capitales; y el Convenio del Consejo 
de Europa sobre el blanqueo, identificación, embargo y comiso de los productos del delito, 
Estrasburgo, 1990, uno de cuyos principales objetivos consiste en facilitar y fomentar la 
colaboración internacional. 
Dos de las 40 recomendaciones del GAFI se refieren a la firma y ratificación de estos dos 
Convenios internacionales. 
3. Aplicación de la Convención de Viena y el Convenio de Estrasburgo por los Estados 
miembros 
En una declaración de sus representantes reunidos en Consejo, que se incorporó en anexo a la 
Directiva, los Estados miembros se comprometieron a poner en vigor disposiciones penales que 
les permitieran cumplir con las obligaciones contempladas en la Convención de Viena y el 
Convenio de Estrasburgo. 
Todos los Estados miembros han firmado y ratificado ya la Convención de Viena y el proceso 
de incorporación de los artículos correspondientes al blanqueo de capitales ha concluido. 
Asimismo, se han registrado considerables progresos en lo que respecta al Convenio de 
Estrasburgo. La situación exacta en relación con la firma, la ratificación y la incorporación de 
este Convenio se presenta en el Anexo 3. Todos los Estados miembros han firmado el Convenio 
y once de ellos lo han ratificado. El Plan de acción para luchar contra la delincuencia 
organizada3, presentado al Consejo Europeo de Amsterdam y aprobado por el mismo, atribuye 
también a los Estados miembros el compromiso de concluir el proceso de ratificación de éste y 
otros instrumentos internacionales para finales de 1998 o elaborar un informe por escrito cada 
seis meses sobre las dificultades registradas. 
4. Aplicación de la Directiva u otras normas equivalentes por países no pertenecientes 
a la Comunidad 
4.1. Países del Espacio Económico Europeo 
En virtud del Acuerdo sobre el EEE, la aplicación de la Directiva se hace extensiva a Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, y la Autoridad de Vigilancia de la AELC ha elaborado un informe 
paralelo al respecto. 
3 DOC 251 de 15.8.1997, p. I 
4.2. Países de Europa central y oriental 
La Directiva sobre el blanqueo de capitales forma parte integrante del acervo comunitario, por 
lo que todos los países candidatos a la adhesión vendrán obligados a incorporarla a su 
ordenamiento jurídico interno. La estrategia de preadhesión incluye medidas de asistencia en 
este sentido. 
Todos los acuerdos de asociación contienen un artículo por el que los signatarios se 
comprometen a combatir el blanqueo de capitales, de acuerdo con las normas de la Comunidad 
y otros organismos internacionales, en particular el GAFI. 
Dentro del programa multinacional PHARE de lucha contra la droga, la Comisión presta 
actualmente asistencia técnica a trece países de Europa central y oriental para combatir el 
blanqueo de capitales. 
Cabe, asimismo, hacer referencia a la recomendación n° 3 del Plan de acción para luchar contra 
el blanqueo de capitales, en la que se "anima al Consejo y a la Comisión a que definan, 
conjuntamente con los países candidatos de Europa central y oriental, incluidos los Estados 
bálticos, un pacto de preadhesión sobre cooperación contra la delincuencia organizada...". 
4.3. Los nuevos Estados independientes 
Los acuerdos de asociación y cooperación entre la UE y los nuevos Estados independientes 
(NEI) incluyen disposiciones destinadas a establecer una cooperación mutua en determinados 
asuntos judiciales e internos, incluido el blanqueo de capitales. Tras la decisión del Consejo de 
incorporar estas medidas al programa TACIS, es probable que, en breve, se definan proyectos 
de asistencia técnica a los países de Asia central en este ámbito. 
4.4. Miembros del Consejo de Europa no integrados en el GAFI 
La Comisión aporta una contribución financiera al proyecto de evaluación mutua del Consejo 
de Europa destinado a fomentar la extensión de las 40 recomendaciones del GAFI, así como de 
sus procedimientos de autoevaluación y evaluación mutua, a veintiún países europeos no 
pertenecientes al GAFI. La contribución de la Comisión ayudará a financiar la evaluación de los 
países PHARE. 
4.5. Países del Caribe 
En esta zona, la Comisión, en colaboración con EE.UU., ha puesto en marcha un importante 
proyecto regional de control del blanqueo de capitales, el cual se llevará a cabo a través del 
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). 
4.6. Comunidad Andina 
En febrero de 1998, los cinco países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) firmaron un acuerdo de cooperación económica para llevar a cabo 
un programa regional de lucha contra la droga, programa que incluye también un componente 
antiblanqueo. 
4.7. Asia 
Tras la primera Cumbre de países de Asia y Europa (ASEM) celebrada en marzo de 1996, los 
Ministros de Economía de Asia y Europa se reunieron por primera vez en Bangkok, en 
septiembre de 1997, y acordaron tomar medidas concretas para intensificar la cooperación entre 
la UE y Asia en la lucha contra el blanqueo de capitales. En la Cumbre ASEM II, que se celebró 
en Londres en abril de 1998, se presentaron propuestas para dar efectividad a dicho acuerdo y se 
reconoció la incidencia de la lucha contra el blanqueo en la transparencia de los sistemas 
financieros y la necesidad de colaboración entre los países ASEM. En este contexto, cabe 
señalar que se han entablado conversaciones preparatorias con la Secretaría del Grupo Asia-
Pacífico sobre el blanqueo de capitales. 
4.8. Otros países no comunitarios 
Finalmente, la Comisión intenta incluir una cláusula para combatir el blanqueo de capitales en 
los acuerdos de todo tipo que celebra con terceros países, cláusula en la que suele hacerse 
referencia a las medidas y- la cooperación para prevenir el blanqueo de capitales y al 
establecimiento de normas adecuadas frente a este fenómeno, equivalentes a las adoptadas por 
la UE y otros foros internacionales, tales como el GAFI. 
III. APLICACIÓN de la DIRECTIVA por los ESTADOS MIEMBROS 
1. Situación general 
Todos los Estados miembros han incorporado ya la Directiva sobre blanqueo de capitales a su 
ordenamiento jurídico interno y han comunicado oficialmente sus normas de aplicación a la 
Comisión. El examen de algunos de los textos de aplicación o de determinadas normas 
suplementarias que no fueron recibidos sino recientemente aún no ha concluido. 
Únicamente se encuentra pendiente un procedimiento de infracción basado en el artículo 169 
del Tratado, por inaplicación o aplicación incorrecta de la Directiva. El procedimiento fue 
incoado contra Austria, debido, en particular, a la subsistencia en dicho país de cuentas de 
ahorro anónimas. En octubre de 1997, la Comisión decidió llevar el asunto ante el Tribunal de 
Justicia. 
2. Prohibición del blanqueo de capitales 
El artículo 2 de la Directiva dispone que el blanqueo de capitales "quede prohibido" en todos 
los Estados miembros. 
Tal como se explicaba en el primer informe de la Comisión, el Consejo no logró llegar a un 
acuerdo para que la Directiva obligara a atribuir al blanqueo de capitales carácter delictivo. No 
obstante, la declaración incluida en anexo a la Directiva contenía este compromiso (si bien es 
cierto que no se enmarcaba en la Directiva) y, de hecho, todos los Estados miembros han 
declarado delito el blanqueo de capitales. 
La Directiva únicamente exige que se prohiba el blanqueo del producto del tráfico de drogas, 
conforme a lo prescrito en la Convención de Viena, si bien alienta a los Estados miembros a 
aplicar el enfoque del Convenio de Estrasburgo, esto es, a combatir el blanqueo de los 
productos de una gama más amplia de actividades delictivas (designadas, con frecuencia, como 
"delitos subyacentes"). El GAFI reafirmó su correspondiente recomendación en 1996, 
declarando que todos los países deberían extender el delito de blanqueo del dinero de la droga y 
tipificarlo como un delito basado en delitos graves. Ello se corresponde con una tendencia cada 
vez mayor, que obedece al enorme aumento del crimen organizado no relacionado con la droga 
y a la toma de conciencia de que, al establecer una amplia gama de delitos subyacentes, 
aumentarán las notificaciones de transacciones sospechosas y la cooperación internacional entre 
las autoridades judiciales y policiales de distintos países se verá facilitada. 
Esta tendencia ha sido sumamente clara entre los Estados miembros de la UE. En el anexo 4 se 
presenta un panorama actualizado de los delitos subyacentes a los que se refiere su legislación 
antiblanqueo. Todos los Estados miembros han hecho o (en el caso de Luxemburgo) están 
haciendo extensivas sus normas al blanqueo del producto de una amplia gama de delitos graves. 
La petición hecha por el Parlamento a los Estados miembros y contenida en el punto 5 de su 
resolución ha sido ya, en realidad, satisfecha. 
Ello significa también que la recomendación que se recoge en el punto 26.c) del Plan de acción 
para luchar contra la delincuencia organizada y con arreglo a la cual "la obligación de informar 
que impone el artículo 6 de la Directiva sobre blanqueo de capitales tendría que ampliarse a 
todas las infracciones relativas a delitos graves" se ha cumplido ya en gran medida. 
En este contexto, resulta asimismo oportuno hacer referencia al Convenio relativo a la 
protección de los intereses financieros de las Comunidades y a sus dos Protocolos 
complementarios. Los Estados miembros se han comprometido a consagrar como figura 
delictiva el blanqueo del producto del fraude y la corrupción, a tenor de lo previsto en el 
Convenio. El establecimiento de requisitos de identificación y notificación constituye un 
complemento fundamental de este compromiso. 
Pese a que los Estados miembros han ampliado el ámbito de cobertura de su legislación 
antiblanqueo, cabe preguntarse si es aceptable que la Directiva, que sigue siendo uno de los 
textos internacionales básicos a este respecto, no refleje la realidad presente, tal como queda 
patente en la actualidad. 
3. Cobertura de las actividades del sector financiero 
La Directiva se aplica a las entidades de crédito y las entidades financieras en el sentido más 
amplio, por lo que prácticamente todos los intermediarios del sector financiero están sujetos a 
las obligaciones en ella impuestas. 
3.1. Agencias de cambio 
La implicación de las agencias de cambio en el proceso de blanqueo de capitales ha dado ya 
lugar a extensos debates. Si bien estas agencias entran claramente en el ámbito de aplicación de 
la Directiva, en algunos Estados miembros no estaban sujetas, tal como se señalaba en el primer 
informe, a ninguna supervisión cautelar. Dado el considerable número de casos en los que ha 
quedado demostrada la participación de estas agencias en el blanqueo de capitales, 
prácticamente todos los Estados miembros las someten ahora a algún tipo de supervisión 
oficial. 
En la actualidad, únicamente dos Estados miembros, a saber, Dinamarca y el Reino Unido, no 
imponen requisitos particulares a las agencias de cambio. No obstante, el Gobierno de este 
último país ha anunciado su intención de someter a las agencias de cambio a supervisión, y 
Dinamarca ha hecho saber que está reconsiderando la situación. Los demás Estados miembros 
disponen de un sistema de control cautelar o imponen una obligación de registro y autorización 
o requisitos de honorabilidad a los directivos o accionistas. En cualquier caso, todos los Estados 
miembros han incluido las agencias de cambio en el ámbito de aplicación de su normativa 
antiblanqueo. Pese a no contar con un régimen específico de supervisión, el Reino Unido y 
Dinamarca han destacado la buena disposición que, a juzgar por el número de transacciones 
sospechosas notificadas, han manifestado dichas agencias. 
3.2. Otras actividades financieras 
En su informe, el Parlamento hace referencia a otras actividades posiblemente no reguladas, 
tales como los servicios de transferencia de fondos, el arrendamiento financiero y el factoring. 
Estas actividades entran igualmente en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre blanqueo 
de capitales y los Estados miembros deberían asegurarse de que se observan las obligaciones en 
ella impuestas, tales como la identificación del cliente, el mantenimiento de un registro y la 
notificación de las transacciones sospechosas. En relación con las correspondientes empresas, el 
Parlamento solicitó a la Comisión que estudiara la posibilidad de incorporar a la Directiva 
disposiciones en materia de supervisión. 
La Comisión desea poner de manifiesto que la actual Directiva no se ocupa directamente de las 
cuestiones de supervisión y la imposición de requisitos cautelares o de supervisión coordinados 
obedece invariablemente a la voluntad de facilitar la prestación de servicios transfronterizos o el 
establecimiento. Además, determinadas actividades no existen en todos los Estados miembros o 
son realizadas exclusivamente por otras entidades que sí están reguladas. El Derecho general de 
sociedades puede también ofrecer ciertas salvaguardias. 
No obstante, en el supuesto de que se descubriera que una actividad financiera no regulada en 
concreto genera serios problemas de blanqueo de capitales, la Comisión espera que los Estados 
miembros tomen medidas oportunas, tal y como lo han hecho en el caso de las agencias de 
cambio. En primer lugar, así lo exige la Directiva y, en segundo lugar, todos los Estados 
miembros han aceptado la recomendación n° 8 del GAFI, con arreglo a la cual los Estados 
deberían garantizar que estas entidades no reguladas queden sujetas a las mismas disposiciones 
legales o reglamentarias de prevención del blanqueo de capitales que todas las demás entidades 
financieras y que tales disposiciones se apliquen de forma efectiva. La Comisión insta a los 
Estados miembros a prestar particular atención a este extremo. La Comisión, a su vez, seguirá 
supervisando atentamente la situación, en particular a través de los informes anuales del GAFI 
sobre las técnicas de blanqueo de capitales (véase punto III.7 del presente informe) y de los 
trabajos del Comité de Contacto. 
4. Inclusión de actividades no pertenecientes al sector financiero 
El artículo 12 de la Directiva establece: "Los Estados miembros velarán para hacer extensivas, 
total o parcialmente, las disposiciones de la presente Directiva a aquellas profesiones y 
categorías de empresas que no sean entidades de crédito o instituciones financieras 
contempladas en el artículo 1 y que ejerzan actividades particularmente susceptibles de ser 
utilizadas para blanqueo de capitales". 
Tal como se señalaba en el primer informe, este artículo impone una obligación, pero el carácter 
general de su formulación otorga a los Estados miembros un amplio margen de discrecionalidad 
en su aplicación. 
Con vistas a coordinar en toda la medida de lo posible la aplicación de esta disposición, el 
artículo 13.1 .d) encomienda al Comité de Contacto de la Directiva la misión de "examinar la 
conveniencia de incluir una profesión o una categoría de empresas dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 12 cuando se compruebe que en un Estado miembro esta profesión o 
categoría de empresas haya sido utilizada para el blanqueo de capitales". 
El Comité de Contacto ha venido realizando esta tarea desde hace ya algún tiempo, pese a lo 
cual no ha logrado acordar de forma definitiva un dictamen formal sobre la aplicación del 
artículo 12. El principal escollo siguen siendo las obligaciones que habrían de imponerse a 
determinadas profesiones, y en particular las del ámbito jurídico. 
Lo delicado del problema quedaba ya patente en las conclusiones del Consejo sobre el primer 
informe de la Comisión, en las que apoyaba una aplicación más coordinada de la Directiva, en 
particular en relación con aquellas profesiones y categorías de empresas que estén sujetas a lo 
dispuesto en la misma, atendiendo a la situación específica de las profesiones jurídicas. 
En el punto 4 de su resolución, el Parlamento "pide a la Comisión que presente, tomando en 
consideración los trabajos preparatorios del Comité de Contacto, (...) una propuesta con vistas a 
la revisión de la actual directiva, en virtud de la cual se incluya directamente en su ámbito de 
aplicación a aquellas profesiones y categorías de empresas de las que se pueda suponer con 
certitud que están implicadas o pueden estar implicadas en actividades o actitudes relacionadas 
con el blanqueo de capitales". 
Los trabajos del Comité de Contacto a este respecto permiten extraer las siguientes 
conclusiones preliminares : 
- cualquier decisión de incluir una determinada profesión en el ámbito de aplicación de la 
normativa de un Estado miembro dado debe mantener el oportuno equilibrio entre las 
obligaciones que han de imponerse y el riesgo real de blanqueo de capitales existente ; 
- no imponer controles similares a profesionales cuyas actividades presentan un riesgo 
comparable de blanqueo de capitales sería contrario al espíritu de la Directiva ; 
- los Estados miembros deberían estudiar detenidamente si determinadas profesiones implican 
en su territorio un riesgo demostrable de blanqueo de capitales y, de ser éste el caso, deberían 
aplicar a las profesiones consideradas ciertas normas contenidas en la legislación de 
incorporación de la Directiva, siempre que ello pudiera resultar eficaz ; 
- las profesiones y actividades consideradas son las relacionadas con juegos y apuestas, esto 
es, casinos, corredores de apuestas y loterías; y el comercio de artículos de elevado valor, 
categoría a la que pertenecen concretamente los agentes inmobiliarios, los joyeros, los 
comerciantes en metales y piedras preciosos, los marchantes de arte y los anticuarios, los 
subastadores y los comerciantes en monedas y sellos de colección ; 
10 
- entre las disposiciones de la Directiva que cabría aplicar figurarían la obligación de 
identificación, siempre que se efectuara un pago en efectivo o mediante un instrumento al 
portador superior a un determinado importe, la obligación de llevar un registro y 
posiblemente la de notificar las transacciones sospechosas; al mismo tiempo, para que 
cualquiera de estos requisitos resulte válido, sería necesario establecer los procedimientos 
oportunos para velar por su observancia ; 
- en lo que respecta a las profesiones, la mayoría de las delegaciones ha reconocido que, como 
norma general, las profesiones jurídicas podrían quedar sujetas a las disposiciones sobre 
blanqueo de capitales cuando, en el ejercicio de las mismas, se lleve a cabo algún tipo de 
intermediación en transacciones financieras, y ha accedido a considerar cuidadosamente la 
necesidad de aplicar las disposiciones antiblanqueo a los abogados y notarios, atendiendo a 
su situación jurídica y a su ámbito efectivo de actividad ; 
- no obstante, algunas delegaciones se han declarado en la imposibilidad de establecer una 
distinción entre los diversos servicios que quienes ejercen una profesión jurídica pueden 
prestar a sus clientes y han señalado que, en su país, existe entre estas (y otras) profesiones 
una obligación absoluta de discreción y reserva en lo relacionado con el cliente; algunos 
Estados miembros han subrayado también que desearían explorar plenamente las 
posibilidades que ofrece la autorregulación, antes de considerar la conveniencia de incluir 
estas profesiones en el ámbito de aplicación de la legislación antiblanqueo. 
Ésta es la situación en la que se halla actualmente el debate del Comité de Contacto. 
No obstante, el tema de la aplicación de las normas antiblanqueo a profesiones y actividades no 
pertenecientes al sector financiero tradicional se ha debatido también en otros foros. Las 
conclusiones del Consejo Europeo de Dublin de diciembre de 1996 contenían un compromiso 
de cara a la plena aplicación de la Directiva sobre blanqueo de capitales y su posible extensión a 
los organismos y profesiones pertinentes fuera del sector financiero tradicional. Ese mismo 
Consejo Europeo creó el Grupo de Alto Nivel para la delincuencia organizada, confiándole la 
misión de elaborar un plan completo de actuación con recomendaciones específicas, incluido un 
calendario realista para ponerlas en práctica. Su Plan de acción fue aprobado por el Consejo 
Europeo de Amsterdam en junio de 1997. En la letra e) de la recomendación n° 26, que se 
refiere en gran parte a las medidas antiblanqueo (y que figura en el anexo 4 del presente 
informe), se señala que "la obligación de informar que impone el artículo 6 de la Directiva 
sobre blanqueo de capitales tendría que ampliarse a (...) otras personas y profesiones además de 
las entidades financieras que se mencionan en la Directiva". Para ello se fija como plazo el final 
de 1998. 
En su reunión del 11 de diciembre de 1997, el Comité de Contacto reanudó el debate sobre la 
aplicación de la Directiva a las profesiones no financieras vulnerables, centrándose en particular 
en el Plan de acción. La Comisión puso de relieve las ambiciosas y amplias recomendaciones 
del Plan de acción a este respecto, las cuales habían sido aprobadas por los máximos 
responsables políticos. 
El debate giró en torno a las mencionadas profesiones, y en particular las del ámbito jurídico. 
La Comisión estudió nuevamente con los Estados miembros la posibilidad de establecer una 
distinción entre las actividades de los profesionales del Derecho que se refieren al 
asesoramiento jurídico, la defensa y la representación en pleitos y otras actividades comerciales 
de carácter menos confidencial realizadas por esos mismos profesionales. 
11 
En lo que a las profesiones se refiere, el Plan de acción para luchar contra la delincuencia 
organizada contiene también una recomendación que puede resultar relevante a la hora de 
prevenir que se utilicen indebidamente los servicios prestados por profesionales con fines de 
blanqueo de capitales. En la recomendación n° 12 se prevé lo siguiente: "Deberían formularse 
medidas para proteger a determinadas profesiones vulnerables de la influencia de la 
delincuencia organizada, por ejemplo mediante la adopción de códigos de conducta. En un 
estudio deberían proponerse medidas específicas, incluidas medidas legislativas, que impidan 
que notarios, abogados, contables y auditores sean explotados o se vean implicados en la 
delincuencia organizada y aseguren que sus organismos profesionales están comprometidos en 
la creación y el fortalecimiento de dichos códigos de conducta a nivel europeo". Para mediados 
de 1999 está prevista una posible iniciativa conjunta. 
En el anexo 6 se presenta la situación actual en lo que respecta a la inclusión de actividades no 
financieras en la legislación sobre blanqueo de capitales de los Estados miembros. Como puede 
verse, los progresos registrados desde el primer informe de la Comisión son considerables. 
Además, algunos Estados miembros se proponen ampliar en mayor medida el ámbito de 
aplicación de su legislación. No obstante, sigue habiendo diferencias sustanciales entre unos 
Estados y otros. 
Habida cuenta de estas diferencias y de que, tal como apunta el GAFI, las actividades de 
blanqueo se han desplazado del sector financiero tradicional hacia profesiones o empresas no 
financieras, parecería extraño que la Comisión no mostrase, dentro de su propio ámbito de 
competencias, aspiraciones similares a las que quedan reflejadas en el Plan de acción. 
5. Identificación de clientes en transacciones efectuadas a distancia 
El artículo 3 de la Directiva dispone que los bancos y las entidades financieras deben comprobar 
la identidad de sus clientes, llevar los oportunos registros y tomar medidas razonables para 
tratar de identificar a las personas por cuenta de las cuales actúan sus clientes. 
En su informe, el Parlamento manifestaba su preocupación ante la eventualidad de que los 
requisitos de identificación del cliente quedasen desvirtuados, particularmente en el contexto de 
la banca directa. 
El Comité de Contacto ha discutido el problema de las operaciones efectuadas a distancia en 
reiteradas ocasiones y ha acordado una serie de principios que deberán aplicarse para garantizar 
la adecuada identificación del cliente. 
El GAFI también ha estudiado toda la problemática de la identificación del cliente, incluyendo 
en anexo a su informe anual de 1996-97 una evaluación de las medidas adoptadas por sus 
miembros en este sentido. A modo de conclusión, el GAFI señalaba que "en conjunto, los 
sistemas de identificación establecidos en los países miembros del GAFI se consideran 
satisfactorios". Asimismo, se indicaba que este extremo debía someterse a un seguimiento 
constante, atendiendo especialmente a la evolución de las operaciones electrónicas y los 
servicios financieros prestados a través de las nuevas tecnologías. 
La Comisión está de acuerdo con tales conclusiones. 
12 
6. Colaboración entre las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de 
capitales 
Este aspecto, de vital importancia para que la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel 
comunitario e internacional pueda alcanzar su objetivo, ha sido evocado tanto por el Consejo 
como por el Parlamento. 
En el artículo 6 de la Directiva se hace referencia a "las autoridades responsables de la lucha 
contra el blanqueo de capitales", sin especificar de qué autoridades se trata y, a diferencia de 
otras directivas del sector financiero, sin contemplar expresamente una colaboración 
transfronteriza entre tales autoridades. 
En el primer informe de la Comisión se apuntaba que la Directiva no trataba en modo alguno de 
armonizar los aspectos relacionados con el cumplimiento de la ley, incluidos la naturaleza y la 
organización de las autoridades que deberían recibir las notificaciones de transacciones 
sospechosas, los procedimientos a seguir una vez transmitida la información y el intercambio de 
información con otras autoridades nacionales y extranjeras. 
Con todo, el primer informe señalaba que una adecuada coordinación de estos y otros aspectos 
relacionados con el cumplimiento de la legislación contribuiría a dotar de mayor eficacia al 
sistema de notificación, en particular, y al de prevención del blanqueo de capitales, en general. 
Una primera observación que cabría formular es que la plena aplicación del Convenio de 
Estrasburgo del Consejo de Europa por parte de todos los Estados miembros sentaría unas bases 
más apropiadas para la cooperación internacional. Tal como se ha indicado con anterioridad 
(véase apdo. 11.3), parece existir realmente la voluntad de alcanzar este objetivo lo antes 
posible. 
No obstante, es posible que aun esto no sea suficiente. El artículo 18 del Convenio de 
Estrasburgo sigue contemplando múltiples motivos por los cuales puede denegarse la 
colaboración. 
Se han emprendido ya diversas iniciativas para mejorar, concretamente, el intercambio de 
información: 
6.1. Intercambio de información y colaboración entre los organismos encargados de 
recibir las notificaciones de transacciones sospechosas 
El artículo 6 de la Directiva supone para los Estados miembros la obligación de designar a una 
o varias autoridades encargadas de recibir las notificaciones de transacciones sospechosas. 
Estos órganos se denominan, en ocasiones, Servicios de Inteligencia Financiera o SIF. 
La Directiva no especifica qué forma deben adoptar tales órganos y, a diferencia de otros textos 
legislativos comunitarios en el ámbito de los servicios financieros, tampoco contiene 
disposiciones referentes al secreto profesional o al intercambio de información. Dada la distinta 
consideración y función de los SIF que se han venido creando en los Estados miembros (véase a 
continuación), resultaría extremadamente difícil ahora lograr una total coordinación de este 
aspecto de la lucha contra el blanqueo de capitales al amparo del primer pilar de la legislación 
de la UE. Con todo, dada la trascendencia del mismo, la Directiva podría tal vez prever alguna 
disposición sobre las relaciones entre los SIF administrativos, fomentando al mismo tiempo la 
cooperación de éstos con los SIF de otro tipo, así como de estos últimos entre sí. 
13 
En junio de 1995, la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) de EE.UU. y la Cellule 
de traitement des informations financières (CTIF) de Bélgica organizaron en el Palacio Egmont 
de Bruselas el primer encuentro internacional de SIF. El conocido como Grupo Egmont se ha 
reunido ya en cinco ocasiones, convirtiéndose en un auténtico foro internacional y, pese a 
carecer de carácter oficial, en un elemento esencial de la lucha internacional contra el blanqueo 
de capitales. 
Los objetivos generales del Grupo Egmont pueden resumirse del siguiente modo4 : 
- establecer la lista de todos los SIF ; 
- organizar reuniones para debatir problemas de funcionamiento ; 
- compartir la experiencia del Grupo, para ayudar a países que estén estudiando o preparando 
la creación de un SIF ; 
- fomentar y facilitar la cooperación internacional y el intercambio de información entre los 
diversos SIF. 
Más de 30 países de Europa, América, Asia y Oceania han participado en los trabajos del Grupo 
Egmont. Una serie de organizaciones internacionales, entre ellas la Comisión, han participado 
en calidad de observadores. El Grupo cuenta con tres grupos de trabajo que se ocupan de los 
obstáculos jurídicos, los medios de comunicación y la formación. 
El grupo de trabajo jurídico ha elaborado un modelo de acuerdo de cooperación o memorando 
de acuerdo. Asimismo, a través de un cuestionario, este grupo ha intentado establecer un 
inventario de las posibilidades, las condiciones y las limitaciones para la colaboración entre los 
SIF de los países participantes. 
El principal obstáculo detectado es la distinta naturaleza de los SIF en los diversos países. Las 
tres principales categorías en las que pueden clasificarse son: autoridades administrativas o 
intermediarias, policiales y judiciales, si bien en algunos casos son al mismo tiempo de carácter 
policial y judicial, y en otros su consideración exacta no está clara. 
El desglose por Estados miembros es el siguiente (fuente: encuesta sobre cooperación 
internacional del Grupo Egmont) : 
- Órgano intermediario : Bélgica, Finlandia (FSA), Francia, Grecia, Italia, Países Bajos y 
España 
- Autoridad policial : Austria, Finlandia (MLID), Alemania, Irlanda, Suecia, Reino Unido 
- Autoridad judicial : Luxemburgo, Portugal 
- Autoridad mixta policial y judicial : Dinamarca 
4 Información basada en el informe anual de la CTIF de 1995-96. 
14 
La diferente consideración jurídica de los SIF puede plantear y, de hecho, plantea problemas de 
cara a la cooperación y el intercambio de información. Este obstáculo no es siempre 
insuperable, puesto que existen ya algunos acuerdos bilaterales de cooperación pese a la distinta 
naturaleza de los SIF (p. ej., entre un servicio administrativo y otro policial). No obstante, 
ciertos Estados miembros se ven actualmente en la imposibilidad de celebrar tales acuerdos, ya 
que su legislación sólo permite a sus servicios de policía cooperar con otros servicios de policía 
a través de los canales existentes. 
En cualquier caso, los acuerdos bilaterales no son la solución ideal, siendo preferible un 
enfoque multilateral, basado quizá en un convenio internacional o comunitario. Es obvio que la 
resolución del problema que plantea el intercambio de información entre SIF contribuiría 
considerablemente a la lucha internacional contra el blanqueo de capitales. 
En el anexo 7 se presentan, en relación con los Estados miembros de la UE, las actuales 
conclusiones del grupo de trabajo jurídico Egmont sobre la posibilidad general de celebrar 
acuerdos bilaterales y el intercambio directo de información. 
Otro problema que dificulta la transmisión de información radica en el carácter y el tratamiento 
particular que otorgan muchos Estados miembros a la información derivada de las 
notificaciones de transacciones sospechosas que remiten las entidades financieras a los SIF. 
Con frecuencia, esta información se considera especialmente confidencial (sin duda para ganar 
la confianza del sector financiero) y no se permite difundirla automáticamente a través de los 
circuitos policiales y judiciales tradicionales. Los SIF se encargan a menudo de cribar la 
información y realizar un análisis inicial antes de canalizarla a través de tales circuitos. Esta 
criba en sí puede encomendarse a un servicio de policía, si bien se tratará de un servicio 
independiente. 
6.2. Intercambio de información sobre blanqueo de capitales una vez que las autoridades 
policiales y judiciales disponen de ella 
En el contexto del estudio de viabilidad que se está realizando actualmente, al amparo del tercer 
pilar, para analizar la posibilidad de establecer en toda la UE un sistema informático de 
intercambio de información sobre transacciones relacionadas con el blanqueo de capitales con 
fines de investigación, es necesario tener presente la tarea de criba antes señalada. Este proyecto 
ha sido debatido por varios órganos correspondientes al tercer pilar y, en particular, por el 
Grupo de Trabajo sobre Estupefacientes y Delincuencia Organizada. La información en 
cuestión habría pasado ya por la fase de criba y estaría a disposición de las autoridades 
responsables de velar por el cumplimiento de la ley. En la letra a) de la recomendación n° 26 del 
Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada se confirma la voluntad de poner 
en práctica esta iniciativa (véase anexo 5). El referido sistema, en el que se aprovecharían las 
posibilidades que ofrecen la UDE y Europol, constituiría un valioso instrumento 
complementario para la lucha policial contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, es poco 
probable que se elimine con ello la necesidad de una mayor colaboración y un intercambio de 
información entre los propios SIF. 
15 
El segundo Protocolo adicional al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros 
de las Comunidades Europeas5 ofrece una base jurídica para el intercambio de información. El 
artículo 7 de dicho Protocolo prevé una colaboración entre los Estados miembros y la Comisión 
en la lucha contra el blanqueo del producto del fraude y la corrupción en detrimento de los 
intereses financieros de las Comunidades. A tal fin, las autoridades competentes de los Estados 
miembros pueden intercambiar información con la Comisión, para facilitar la aclaración de los 
hechos y garantizar una acción eficaz contra el blanqueo de capitales. 
7. Técnicas de blanqueo de capitales (tipología) 
En el punto 3 de su resolución, el Parlamento pedía a la Comisión que le informara "sobre las 
nuevas modalidades de blanqueo de capitales que se generan como consecuencia de las 
modificaciones en la gestión de las transacciones y las transferencias de capitales" y que 
presentara "propuestas apropiadas para luchar contra ellas". 
La Comisión Europea en sí no tiene un conocimiento directo de las distintas técnicas utilizadas 
para el blanqueo de capitales ni de la evolución de los procedimientos que emplean los 
delincuentes. No obstante, sigue son suma atención los trabajos e informes de otros organismos. 
El informe internacional de 1997 sobre la droga6 ("World Drugs Report"), elaborado al amparo 
del PNUCID, contiene un interesante capítulo dedicado al blanqueo de capitales y describe 
diferentes técnicas empleadas en la actualidad. 
La publicación periódica de mayor utilidad sobre las técnicas de blanqueo de capitales es el 
informe anual relativo a la tipología del blanqueo de capitales que elabora el GAFI. Estos 
informes figuran en anexo a los Informes Anuales del GAFI y están a disposición del público 
en el sitio Web del GAFI (dirección: http://www.oecd.org/fatf/). 
En sus conclusiones, el informe de 1996-97 del GAFI señala que: "en lo que respecta a las 
técnicas de blanqueo de capitales, la tendencia más destacable es el recurso cada día más 
frecuente de los blanqueadores de capitales a entidades financieras no bancarias y empresas no 
financieras, en relación con los bancos. Cabe considerar que ello refleja el mayor grado de 
observancia de las medidas antiblanqueo por parte de la banca. Los métodos más empleados 
siguen siendo los tradicionales, según demuestra el aumento de los casos de introducción 
clandestina de fondos en efectivo en otro país, y la atomización ("smurllng") de depósitos en 
efectivo, seguida por los giros telegráficos a territorios que quedan bajo otra jurisdicción. En el 
sector financiero no bancario, el recurso a agencias de cambio o empresas de envío de dinero 
para hacer desaparecer el producto de actividades delictivas sigue siendo el riesgo más 
destacado. Los blanqueadores de capitales continúan recibiendo la ayuda de proveedores 
profesionales de servicios que contribuyen de diversas maneras a ocultar el origen del dinero 
sucio y a sus propietarios. La utilización de empresas tapadera, constituidas generalmente en 
paraísos fiscales, constituye el método más común, recurriéndose también con frecuencia a la 
apertura de cuentas a nombre de familiares o amigos". 
5 DO C 221 de 19.7.1997, p. 12. 
6 Oxford University Press 1997 - ISBN 0-19-829299-6. 
16 
En un anexo del mismo informe sobre la tipología del blanqueo de capitales del GAFI se 
estudian los problemas planteados por las nuevas técnicas de pago. El GAFI permite, por 
primera vez, disponer de un foro en el que puede coordinarse y facilitarse el diálogo entre el 
sector del dinero electrónico y las autoridades normativas o las encargadas de velar por el 
cumplimiento de la ley, así como las organizaciones internacionales interesadas. 
El principal motivo de inquietud radica en la posibilidad de transferir con mayor facilidad 
enormes cantidades de dinero, permitiendo sin duda conservar el anonimato o no dejar ninguna 
huella que haga posible un control. 
De forma general, los expertos en materia de blanqueo de capitales parecen considerar que este 
problema se planteará más bien en un futuro próximo que en la actualidad. 
El GAFI afirma que: "el dinero electrónico puede simplificar para los delincuentes la ocultación 
del origen de sus fondos y los movimientos sin rastro alguno de tales fondos. Y podemos 
suponer sin miedo a equivocarnos que, si estos nuevos sistemas se desarrollan de tal manera que 
satisfagan, en cierto modo, mejor las necesidades de los delincuentes, éstos no dudarán en 
utilizarlos". 
El Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada aboga, en la recomendación n° 
5, por un estudio transfronterizo de la delincuencia de alta tecnología, señalando que "deberá 
prestarse atención a las prácticas ilegales (por ejemplo, el uso de dichas tecnologías por parte de 
organizaciones criminales con vistas a facilitar sus actividades) o a los contenidos ilegales". 
La Comisión se mantendrá sumamente atenta a la evolución en el área de las nuevas 
tecnologías. 
8. El blanqueo de capitales y la introducción del euro 
La introducción material del euro, a partir del 1 de enero del 2002, representará una operación 
de enorme envergadura. Cuanto más breve sea este período mayor será la presión a la que se 
verá sometido el sistema financiero. 
Cabe prever que, en ese momento, surgirá un importante volumen de fondos inactivos que se 
encuentran en poder de personas que carecen de una cuenta bancaria. Obviamente, cuando estas 
personas intenten canjear su dinero, serán para los bancos perfectos desconocidos. Existe el 
riesgo de que surjan además fondos procedentes de actividades delictivas, ya sea para ser 
ingresados en cuentas bancarias ya existentes o para ser sometidos a un blanqueo preliminar 
(canje de billetes usados de escasa cuantía por billetes nuevos de mayor cuantía). 
La Comisión viene recalcando desde un principio la necesidad de no relajar el sistema de 
prevención del blanqueo de capitales ante la transición a la moneda única. Obviamente, este 
sistema se aplicará a la apertura de nuevas cuentas y a las transacciones cuyo importe exceda 
del límite de 15.000 ecus. Sin embargo, será más difícil para los bancos detectar las 
transacciones sospechosas de importe inferior, dado que se verán sometidos a una presión 
considerable y que se presentarán en sus ventanillas numerosos clientes desconocidos. 
El Comité de Contacto de Blanqueo de Capitales ha considerado que debería estudiar este 
extremo en profundidad para determinar si es necesario y posible adoptar medidas preventivas 
adicionales. Asimismo, será necesario entablar un diálogo con el sector bancario. 
17 
9. Efectos macroeconómicos del blanqueo de capitales 
En el punto 15 de su resolución, el Parlamento pedía a la Comisión que le informara sobre las 
posibles implicaciones monetarias y otros efectos macroeconómicos del blanqueo de capitales. 
La Comisión no ha realizado por sí misma ninguna investigación en este campo, ni dispone 
tampoco de los recursos necesarios para hacerlo. En realidad, el único organismo que ha 
trabajado en este interesante tema, aunque extremadamente complejo, parece ser el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
El propio GAFI, en su limitado estudio de este tema, se ha basado también en los trabajos del 
FMI para entablar el debate. El FMI realizó una presentación oficial a este respecto en la sesión 
plenaria del GAFI de junio de 1996. Asimismo, se han publicado dos documentos de trabajo del 
FMI7. 
Los párrafos que figuran a continuación reproducen en gran parte un resumen de ambos 
documentos publicado en la edición del IMF Survey de 29 de julio de 1996. 
Una de las conclusiones es que, aunque resulta difícil de evaluar, la magnitud de las sumas en 
juego y el alcance de las actividades delictivas que generan ingresos [ilícitos] inciden en la 
asignación de los recursos, tanto a nivel nacional como internacional, así como en la estabilidad 
macroeconómica. 
Si bien, según señala el FMI, no se han publicado obras teóricas sobre los efectos 
macroeconómicos del blanqueo de capitales, las investigaciones empíricas indirectas a nivel 
macroeconómico y los estudios conexos sobre la delincuencia y la economía sumergida, unidos 
al papel preponderante del blanqueo de capitales en la actividad ilegal, sugieren que el blanqueo 
de capitales podría estar lo suficientemente desarrollado como para ejercer, por sí solo, un 
impacto sobre la macroeconomía. 
Los estudios disponibles coinciden en que, si la criminalidad, la actividad sumergida y el 
consiguiente blanqueo de capitales son fenómenos de una escala suficientemente amplia, los 
responsables de la política económica deben tenerlos en cuenta. 
Los blanqueadores de capitales no suelen buscar el máximo rendimiento para los fondos que 
blanquean, sino el lugar o la inversión que más fácilmente les permitirá reciclar su dinero, aun 
cuando ello les obligue a aceptar un rendimiento más bajo. Estos movimientos pueden 
perfectamente ser los opuestos a los que cabría esperar a la luz de las variables fundamentales 
de las economías. Así, el dinero puede pasar de países con una política económica adecuada y 
actividades con mayores tasas de rendimiento a países con una política más pobre y actividades 
con menores tasas de rendimiento. De esta forma, debido al blanqueo de dinero, el capital, 
considerado a nivel mundial, tiende a invertirse peor de lo que se haría si no existieran tales 
actividades. Como consecuencia de tales movimientos contra natura de capitales, los 
responsables políticos pueden verse sumidos en la confusión a la hora de determinar las 
políticas que deben aplicarse y reaccionar de manera inadecuada. Por ejemplo, una variación en 
la demanda monetaria aparente -debido a operaciones de blanqueo de capitales que no se 
reflejan en modo alguno en los datos- podría incidir en la volatilidad de los tipos de interés y de 
cambio. 
7 "Money laundering and the international financial system" de Vito Tanzi, documento de trabajo n° 96/55 y 
"Macroeconomic implications of money laundering" de Peter J. Quirk, documento de trabajo n° 96/66. 
18 
Por consiguiente, a nivel nacional, movimientos financieros importantes relacionados con el 
blanqueo de capitales podrían influir en variables tales como los tipos de interés y de cambio. A 
nivel internacional, los movimientos de capital originados por las operaciones de blanqueo -
especialmente si se consideran temporales- podrían tener un efecto desestabilizador, debido a la 
integración de los mercados financieros mundiales. Las dificultades financieras que se 
produzcan en un centro pueden fácilmente extenderse a otros, transformando así un problema 
nacional en un problema sistémico. 
Ambos documentos de trabajo subrayan que el desarrollo de mercados de capitales eficientes y 
estables requiere la plena confianza en los mismos de los participantes. Si los mercados se 
viesen contaminados por dinero controlado por delincuentes, reaccionarían de forma más 
radical ante los rumores y las falsas estadísticas, generando así una mayor inestabilidad. 
La transparencia y la solidez de los mercados financieros constituyen factores clave para un 
funcionamiento eficaz de las economías, y el blanqueo de capitales puede representar una 
amenaza para ambas. Los fondos obtenidos de manera ilícita pueden corromper a los directivos 
de los mercados financieros y los daños pueden ser duraderos, ya que la credibilidad de los 
mercados, pese a perderse con gran rapidez, necesita mucho tiempo para poder restablecerse. 
En su presentación ante los miembros en pleno del GAFI, el FMI resumió las repercusiones 
macroeconómicas potenciales del blanqueo de capitales del siguiente modo : 
• variaciones en la demanda monetaria que aparentemente no guardan relación con los 
cambios observados en las variables económicas 
• volatilidad de los tipos de interés y de cambio a raíz de las transferencias transfronterizas 
inesperadas de fondos 
• 
• mayor inestabilidad de los pasivos y mayores riesgos para la valoración de los activos de las 
entidades financieras, lo que origina un riesgo sistémico para la estabilidad del sector 
financiero y la evolución monetaria en general 
efectos adversos sobre la recaudación tributaria y la asignación de recursos públicos debido 
al falseamiento de los datos sobre la renta y la riqueza 
efecto de contagio sobre las transacciones legales debido al temor de los interesados a una 
posible involucración delictiva 
otros efectos sobre la distribución propios de cada país o desviaciones del precio de los 
activos debido a la existencia de "dinero negro". 
A modo de conclusión, el FMI anunció su propósito de examinar detenidamente las 
implicaciones del blanqueo de capitales, en particular en aquellos países en los que el análisis 
de este fenómeno resulta especialmente importante para entender la evolución de la 
macroeconomía (por ejemplo, aquellos en los que las exportaciones de droga u otras 
exportaciones ilegales son, sin lugar a dudas, considerables o aquellos en los que las 
deficiencias del sistema fiscal favorecen el blanqueo de capitales). 
19 
Obviamente, la atención del FMI se centra particularmente en la situación de los países con los 
que está más relacionado. Se reconoce que algunos países pueden ser mucho más vulnerables 
que otros. Cuando se discutió este punto de la resolución del Parlamento en el Comité de 
Contacto de Blanqueo de Capitales (noviembre de 1996), una delegación sostuvo que cualquier 
efecto macroeconómico del blanqueo de capitales en los principales países industrializados no 
era probablemente sino marginal. 
Pese a que esta opinión no fuese rebatida, el Comité consideró que la Comisión debía, por lo 
menos, intentar hacer un seguimiento de los trabajos que se estuvieran llevando a cabo en otros 
foros sobre este aspecto técnico y complejo. La Comisión hará todo lo posible para responder a 
esta solicitud. 
10. Resultados de la lucha contra el blanqueo de capitales 
En su debate sobre el primer informe de la Comisión, el Parlamento concedió gran importancia 
a la recogida de datos acerca de los resultados de la intensa labor que se viene desarrollando 
para combatir el blanqueo de capitales. En efecto, el punto 1 de la resolución del Parlamento 
vincula la plena incorporación de la Directiva con la presentación de un informe pormenorizado 
en el que se indiquen el número de transacciones sospechosas notificadas, el número de casos 
de blanqueo de capitales descubiertos y de personas condenadas y los importes confiscados. 
Antes de presentar la labor que ha realizado para obtener la información solicitada por el 
Parlamento, la Comisión desearía insistir una vez más en la finalidad preventiva de la Directiva, 
la cual queda reflejada en su título, que se refiere a la "prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales". 
Lo ideal sería que todos aquellos que se propusieran blanquear fondos topasen con un sistema 
financiero bien protegido y se vieran disuadidos de intentar valerse del mismo. Ciertos indicios 
permiten pensar que esto es lo que está ocurriendo. El aumento de los movimientos 
transfronterizos de efectivo, la búsqueda de posibilidades de blanqueo fuera del sector 
financiero tradicional y el incremento señalado en el coste real del blanqueo de capitales indican 
que los esfuerzos para dificultar y encarecer el blanqueo por parte de organizaciones delictivas 
no han sido vanos. 
Por consiguiente, la Comisión y los Estados miembros opinan que no se deberían juzgar los 
resultados de la aplicación de la Directiva y, de forma más general, de la lucha contra el 
blanqueo de capitales únicamente a la luz de ciertos indicadores estadísticos relativamente 
rudimentarios. 
Por otra parte, el sistema establecido por la Directiva se basa en la observación por el sector 
financiero de todo comportamiento inusual o sospechoso y en su obligatoria notificación a las 
autoridades. La respuesta del sector, es decir, el número de notificaciones efectuadas, 
proporciona sin lugar a dudas una indicación del esfuerzo realizado y de la eficacia del sistema 
instaurado. El sector financiero, y el bancario en particular, ha llevado a cabo una importante 
labor y gastado sumas considerables para lograr que el sistema resulte eficaz. El propio sector 
viene pidiendo que se dé a conocer la repercusión que ha tenido su actuación, al objeto de 
demostrar que merece la pena y de poder seguir mejorando su respuesta. 
20 
El anexo 8 muestra el número de transacciones sospechosas notificadas a las autoridades en los 
Estados miembros. Si bien debe tenerse en cuenta que las categorías de personas que están 
sujetas a la obligación de comunicar las operaciones sospechosas y las categorías de presuntas 
actividades delictivas (delitos subyacentes) que deben dar lugar a notificación difieren entre 
unos Estados miembros y otros, los datos facilitados muestran que el sistema de notificación 
funciona aparentemente de forma bastante satisfactoria. 
Por otra parte, la cantidad de datos disponibles en la actualidad en relación con los casos de 
enjuiciamiento, condena y confiscación de fondos derivados, total o parcialmente, de las 
notificaciones de transacciones sospechosas es mucho menor. 
Algunos Estados miembros no contemplan el blanqueo de capitales como figura delictiva 
independiente, por lo que el cargo imputado es el de "receptación". Ello hace probablemente 
imposible la obtención de datos específicos sobre los casos de blanqueo de capitales. 
En otras ocasiones, el servicio de inteligencia financiera (SIF) actúa como filtro y sólo transmite 
una parte de los casos examinados a las autoridades judiciales o policiales, tras lo cual puede no 
volver a tener ninguna noticia de un expediente concreto. Aparentemente, las mencionadas 
autoridades no siempre se encargan de mantener informado al SIF, lo cual le permitiría llevar 
un registro de las notificaciones que dan lugar a enjuiciamiento y condena. 
El tiempo que exigen muchas de las investigaciones y de los juicios dificulta también la 
obtención de datos acerca de los resultados, sobre todo cuando los sistemas de lucha contra el 
blanqueo de capitales no se han implantado sino recientemente o siguen evolucionando. 
Además, varios Estados miembros han facilitado información que no puede compararse 
directamente con los datos obtenidos de otros. El modelo relativamente simple de cuestionario 
enviado por la Comisión ha resultado claramente difícil de cumplimentar para algunos Estados 
miembros y los datos recibidos no siempre se prestan a ser resumidos en forma de cuadro. 
En el anexo 9 se intenta ofrecer una indicación de los resultados del sistema de notificación de 
las transacciones sospechosas y del número de casos de enjuiciamiento y/o condena por 
blanqueo de capitales en una serie de Estados miembros. Está claro que, en algunos Estados 
miembros, sería necesaria una labor considerable para facilitar datos de mayor utilidad. En 
determinados Estados miembros, los datos sobre enjuiciamientos y condenas por blanqueo de 
capitales son, por ahora, simplemente inexistentes. 
Tampoco se dispone apenas de información sobre las cantidades de dinero embargadas o 
confiscadas. También en este caso, la labor de recogida de datos resulta difícil por su propia 
naturaleza. Los juicios son largos y complejos y los fondos pueden permanecer bloqueados 
durante dilatados períodos antes de ser comisados definitivamente o devueltos. Aparentemente, 
las cantidades confiscadas no son considerables y, según han apuntado algunos Estados 
miembros, gran parte de los fondos embargados o bloqueados han de ser finalmente devueltos. 
21 
De la información facilitada a la Comisión, cabe mencionar, a modo de ejemplo, los siguientes 
datos : Desde que se creó el SIF belga, en diciembre de 1993, se ha confiscado un importe de 
3.116 millones de francos belgas a raíz de denuncias presentadas al SIF. Dinamarca ha indicado 
que se han confiscado unos 50 millones de coronas danesas. Dieciocho millones de coronas han 
sido reingresados o han servido para pagar daños y perjuicios y se han impuesto multas 
adicionales por valor de 12 millones de coronas. Irlanda ha declarado haber decomisado 15.500 
libras irlandesas. En Italia, de acuerdo con las cifras correspondientes a 1996, se embargaron 
(aunque no se confiscaran) los siguientes importes: 3.002 millones de liras en virtud del artículo 
648 bis del Código penal (blanqueo de capitales) y 68.631 millones de liras en virtud del 
artículo 648 ter (utilización de fondos o bienes de origen ilícito). Por su parte, el Reino Unido 
confiscó cerca de 10,5 millones de libras esterlinas en 1996. Luxemburgo ha embargado más de 
300 millones de francos luxemburgueses en conexión con los juicios entablados y ha ejecutado, 
además, una orden de confiscación procedente de los tribunales alemanes por valor de unos 
200.000 marcos. La condena pronunciada en Portugal dio lugar a la confiscación de 2,5 
millones de escudos, y las investigaciones que se están realizando podrían suponer el embargo 
de efectivo y bienes inmuebles por un valor de cerca de 1.800 millones de escudos. Suecia ha 
señalado que, en 1996-97, se tomaron medidas cautelares o de embargo en relación con fondos 
por un importe total de 124 millones de coronas. 
La Comisión no pretende hacer creer que el volumen de datos que puede facilitar, por el 
momento, al Consejo y al Parlamento es satisfactorio. Seguirá trabajando con los Estados 
miembros en el Comité de Contacto para mejorar la situación, si bien es consciente de que no 
será fácil. Asimismo, resultará, sin duda, necesaria la participación de las autoridades judiciales 
y policiales al amparo del tercer pilar, así como la de la UDE y Europol. 
El Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías podría también aportar una 
contribución, al menos a medio o largo plazo. En el punto 5 de su Anexo A, el Reglamento 
(CE) n° 302/93 del Consejo incluye la recogida de información sobre el blanqueo de capitales 
dentro del quinto ámbito prioritario de actuación del Observatorio. 
22 
IV. CONCLUSIONES 
Este segundo informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento relativo a la aplicación de la 
Directiva de 1991 sobre blanqueo de capitales confirma que todos los Estados miembros han 
dado rigurosamente cumplimiento a la misma. 
Así pues, los Estados miembros de la Unión Europea siguen demostrando su voluntad de 
combatir el blanqueo de capitales y de dar un buen ejemplo a nuestros vecinos europeos y a 
otros países más distantes. 
La dimensión mundial del problema y la necesidad de una respuesta de las mismas 
características quedan patentes en el apoyo constante que los Estados miembros y la Comisión 
aportan al Grupo de Acción Financiera Internacional, así como en la asistencia técnica para la 
prevención del blanqueo de capitales prestada a través del programa PHARE, en los países 
caribeños y otros países. 
Ello refleja que el sistema de defensa de la Unión Europea frente al blanqueo de capitales, por 
muy impenetrable que sea, puede fácilmente verse comprometido por las deficiencias existentes 
en otros lugares. 
Ahora bien, la legislación de los Estados miembros no se limita a la aplicación de la Directiva. 
Aun dejando a un lado los aspectos relacionados exclusivamente con el tercer pilar, la 
disposición de los Estados miembros a desarrollar esta normativa más allá de lo que exige la 
Directiva demuestra que son plenamente conscientes de la amenaza a largo plazo y de carácter 
evolutivo que supone el blanqueo de capitales y del esfuerzo que se requiere para combatirla. 
Ante esta evolución, la Directiva de 1991 podría parecer algo desfasada en ciertos aspectos, lo 
cual nos lleva naturalmente a preguntarnos si no convendría actualizarla. 
Lo primero que debe considerarse en este contexto es la prohibición del blanqueo de capitales. 
Si nos remitimos a la recomendación actualizada del GAFI, es necesario "extender el delito de 
blanqueo del dinero de la droga y tipificarlo como un delito basado en delitos graves". Según 
muestra el anexo 4, todos los Estados miembros han progresado ya de manera significativa en 
este sentido. 
Al mismo tiempo, si hubiera de modificarse la Directiva para incluir en su ámbito de aplicación 
otros delitos subyacentes, se plantearía de nuevo el problema de la prohibición por oposición a 
la atribución de carácter delictivo. Algunos Estados miembros siguen oponiéndose a que la 
Directiva exija la definición del blanqueo de capitales como figura delictiva, por lo que la 
solución óptima a la que cabría recurrir sería una prohibición más amplia. Por otra parte, dada la 
dificultad manifiesta de acordar una definición de lo que constituye un "delito grave", es muy 
probable que, aunque se modifique la Directiva, siga habiendo diferencias entre unos Estados 
miembros y otros y no se consiga nada parecido a una total armonización en este ámbito. 
Con todo, la Comisión opina que la necesidad de mantener actualizado este importante 
instrumento aboga vigorosamente por una extensión de la gama de delitos subyacentes 
cubiertos. 
23 
En lo que respecta a las actividades que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva, es 
obvio que la cobertura del sector financiero es relativamente exhaustiva. 
Por otro lado, muchas actividades y profesiones no pertenecientes al sector financiero son o 
pueden ser vulnerables frente al blanqueo de capitales. La situación evoluciona constantemente, 
dado que los blanqueadores buscan nuevas aperturas. 
El artículo 12 de la Directiva de 1991 demuestra que, ya entonces, los Estados miembros eran 
conscientes de los peligros, por lo que se comprometieron a aplicar las disposiciones oportunas 
de la Directiva a actividades no integradas en el sector financiero cuando existiese un riesgo real 
de blanqueo de capitales. 
Ciertamente, tal como puede verse en el anexo 6, los Estados miembros no han dudado en 
cumplir su promesa en un creciente número de casos, a medida que su experiencia en la lucha 
contra el blanqueo de capitales se iba desarrollando. 
Al adoptar, en junio de 1997, el Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada, 
tras su aprobación por el Consejo de Asuntos de Justicia e Interior, los Jefes de Estado o de 
Gobierno de los Estados miembros de la UE respaldaron la extensión general, para finales de 
1998, de la obligación de notificar las transacciones sospechosas a personas y profesiones no 
pertenecientes al sector financiero. Aunque esto no se haya especificado, la Comisión considera 
que la obligación de notificar las transacciones sospechosas supone, como condición previa, que 
se exija la identificación de los clientes y la conservación de registros. 
En este supuesto, la Comisión debe estar preparada para asumir sus responsabilidades, de 
acuerdo con las competencias que le corresponden al amparo del primer pilar. En consecuencia, 
la Comisión considera que es necesaria una nueva directiva y sus servicios han comenzado a 
trabajar en una propuesta de directiva, cuya principal disposición consistirá en extender de 
forma considerable la obligación de notificar las sospechas de blanqueo de capitales más allá 
del sector financiero. 
En sus conclusiones sobre el primer informe de la Comisión, el Consejo ponía especial énfasis 
en la cooperación entre las autoridades responsables de combatir el blanqueo de capitales. La 
Comisión respalda y se ha comprometido a financiar, dentro del programa Oisin, un estudio de 
viabilidad referente a un sistema de intercambio de la información sobre blanqueo de capitales 
que obre en poder de las autoridades policiales de la UE. En lo que respecta a la colaboración 
entre los servicios de inteligencia financiera (Sil'), la Comisión manifiesta su preocupación ante 
los obstáculos (reflejados en el anexo 7) que aparentemente impiden aún la comunicación y el 
intercambio de información entre servicios que no tienen la misma consideración jurídica. 
En lo que respecta a la defensa de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, está 
ya previsto el intercambio de información entre las autoridades policiales y judiciales y la 
Comisión. No obstante, es también necesaria una colaboración estructurada y un intercambio de 
información entre los propios SIF y entre éstos y la Comisión, dentro de los mecanismos de 
asistencia mutua administrativa. Para ello debería establecerse a nivel comunitario un marco 
jurídico claramente delimitado. 
24 
La Comisión felicita al Grupo Egmont por el excelente trabajo que ha realizado en un marco 
internacional más amplio. Invita a los Estados miembros a considerar la conveniencia de reunir 
a los SI F de los Estados miembros para debatir posibles maneras de fomentar una mayor 
cooperación dentro de la Unión Europea. 
Paralelamente, los servicios de la Comisión están estudiando si la propuesta de actualizar y 
ampliar la Directiva de 1991 podría resolver convenientemente alguno de los problemas que 
plantean las relaciones entre los diversos SIF. 
Finalmente, en lo que se refiere a los resultados de la lucha contra el blanqueo de capitales, la 
Comisión seguirá intentando aportar datos estadísticos más precisos y exhaustivos. La 
Comisión subraya el interés de Europol en este ámbito y opina que este organismo podrá 
desempeñar un importante papel en la obtención de datos sobre los casos de enjuiciamiento, 
condena y confiscación de activos. La Comisión se propone en lo sucesivo incluir datos sobre 
los resultados en todos los informes relativos a la aplicación de la Directiva que presente al 
Consejo y al Parlamento. 
Pese a la relativa carencia de estadísticas, podemos concluir que, si bien la respuesta del sector 
financiero ha sido, en general, muy satisfactoria, a juzgar por el número de notificaciones de 
transacciones sospechosas a las autoridades competentes, no parece que este esfuerzo dé lugar, 
por ahora, a un número considerable de enjuiciamientos, condenas o confiscaciones de activos. 
La Comisión desea destacar nuevamente que la Directiva desempeña una importante función 
preventiva y considera que ha logrado dificultar el acceso del dinero ilícito al sistema financiero 
de la UE. Al mismo tiempo, está claro que el blanqueo de capitales continúa y que las 
notificaciones de transacciones sospechosas permiten ubicar una parte de ese dinero ilícito. 
Siendo así, cabe destacar que los resultados obtenidos al margen de la Directiva en las esferas 
policial y judicial son limitados, aun cuando vayan mejorando. Si bien no entra dentro del 
cometido del presente informe analizar los motivos de esta situación, es, sin lugar a dudas, vital 
que el compromiso de que hace muestra el sector financiero, y cada vez más los demás sectores 
que han sido llamados a participar en la lucha contra el blanqueo de capitales, quede justificado 
y encuentre una respuesta en la adopción de medidas penales satisfactorias. No cabe duda de 
que aún queda mucho por hacer a este respecto. 
25 
ANEXO 1 
CONCLUSIONES del CONSEJO 
El Consejo ha estudiado el primer informe de la Comisión sobre la aplicación de la 
Directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales. 
El Consejo ha tomado nota con gran interés del análisis que la Comisión hace en su 
informe, así como de las conclusiones extraídas del mismo. El Consejo comparte en lo esencial 
las conclusiones. 
Como observa la Comisión, la aplicación de la Directiva ha tenido un impacto evidente 
sobre el establecimiento por parte de los Estados miembros de sistemas de lucha contra el 
blanqueo de capitales. Los progesos realizados resultan muy alentadores, pero es importante 
continuar los esfuerzos para aumentar la eficacia a nivel tanto nacional como europeo e 
internacional, de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales. 
El Consejo invita a los Estados miembros a que tomen las medidas necesarias para 
garantizar la plena y entera aplicación de la Directiva. 
Se congratula por las reflexiones en curso, encaminadas a alcanzar una mejor 
coordinación en la aplicación de la Directiva, en particular en lo que respecta al ámbito de las 
actividades reguladas o también a las profesiones o categorías de empresas sometidas a las 
disposiciones de la Directiva, teniendo en cuenta el estatuto específico de las profesiones 
jurídicas. 
El Consejo desea que la Comisión profundice en la reflexión sobre estas cuestiones, en 
estrecha concertación con los representantes de los Estados miembros reunidos en el Comité de 
Contacto creado por la Directiva. 
El Consejo comparte plenamente el punto de vista de la Comisión según el cual el 
refuerzo de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales requiere la intensificación 
entre las diferentes autoridades implicadas en la lucha contra este fenómeno. También en este 
punto, el Consejo manifiesta su deseo de que la Comisión, dentro del ámbito de sus 
competencias, siga profundizando en su reflexión. Con un sentido más general pide a todas las 
instancias competentes que profundicen en sus reflexiones y que, en todos los casos en que sea 
necesario, intensifiquen su cooperación en este ámbito. 
El Consejo invita a la Comisión a que profundice en el examen de estas diferentes 
cuestiones y a que le presente todas las propuestas apropiadas que tengan en cuenta la 
experiencia adquirida desde la adopción de la Directiva, de su transposición a cada uno de los 
Estados miembros, así como de los trabajos desarrollados sobre estas mismas cuestiones en los 
distintos foros internacionales. En cualquier caso, el Consejo invita a la Comisión a que le 
presente un informe sobre el estado de sus reflexiones sobre estas cuestiones dentro de un plazo 
de 18 meses. 
26 
ANEXO 2 
Resolución del Parlamento sobre el primer informe de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 91/308/CEK, relativa al blanqueo 
de capitales (COM(95)0054 - C4-0137/95) 
(Diario OficialC 198 de 8-7-1996, p. 245) 
El Parlamento Europeo, 
- Vista la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DO L 166 de 28-6-1991, 
pág. 77), 
- Visto el primer informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la Directiva relativa al blanqueo de capitales (COM(95)0054 - C4-0137/95), 
- Visto el Convenio del Consejo de Europa celebrado en 1990 en Estrasburgo sobre el blanqueo, 
identificación, embargo y comiso de los productos del delito, 
- Vista la Convención de las Naciones Unidas celebrada en 1988 en Viena contra el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
- Vistas las recomendaciones sobre el blanqueo de capitales adoptadas por el Consejo de 
Ministros de Justicia e Interior en su sesión de Copenhague de los días 1 y 2 de junio de 1993, 
- Vista la opinión de los expertos en los ámbitos de la supervisión bancaria y de la prosecución 
criminal que, en la reunión del 20 de diciembre de 1995 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos 
y de Derechos de los Ciudadanos y la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, 
informaron sobre los problemas registrados en la aplicación y en la puesta en práctica de la 
directiva, 
- Visto el acto del Consejo relativo al establecimiento del Convenio, basado en el artículo K.3 
del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio 
Europol) (DO C 316 de 27-11-1995, pág. 1), 
- Vista su Resolución de 14 de marzo de 1996 sobre Europol (DO C 96 de 1-4-1996, pág. 288), 
- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos así 
como las opiniones de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, de la 
Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y 
de Política Industrial (A4-0187/96), 
A. Considerando las transacciones financieras que se siguen realizando en relación con 
actividades delictivas, 
B. Considerando que el sistema de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de 
capitales presenta deficiencias y, en particular, no toma suficientemente en consideración los 
nuevos tipos de operaciones financieras, 
27 
C. Considerando que, tanto a nivel nacional como a escala europea, se necesitan nuevas 
medidas legislativas para garantizar la supervisión sin huecos de todas las personas físicas y 
jurídicas que intervienen en la gestión con fines profesionales de las transacciones financieras, 
D. Considerando que el citado Convenio de Estrasburgo de 1990 ya incluye disposiciones para 
una asistencia judicial que posibilitaría una lucha eficaz a escala europea contra la utilización 
para fines económicos del dinero procedente de delitos, 
E. Considerando que a pesar de la existencia de suficientes disposiciones en el Título VI del 
Tratado de la Unión Europea sobre la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos 
de interior no se observa ninguna actividad legislativa global con vistas a una mejor 
coordinación de los trabajos de las autoridades de justicia y policía a escala europea, 
F. Convencido de que el rápido establecimiento de una Oficina Europea de Policía como 
resultado del Convenio EUROPOL puede constituir una importante contribución a una lucha 
eficaz contra el blanqueo de capitales y contra los delitos en los que tiene su origen, 
G. Considerando que el Consejo de Ministros de Justicia e Interior en sus recomendaciones de 
1993 ha calificado de importantes pasos para la lucha contra el blanqueo de capitales tanto la 
ratificación y la aplicación del citado Convenio de Estrasburgo de 1990 como la incorporación 
de EUROPOL, 
1. Pide a la Comisión que garantice la plena aplicación de la directiva y que presente en el plazo 
de los próximos dos años un informe más detallado que refleje el número de transacciones 
notificadas, el número de casos demostrados de blanqueo de capitales y el número de personas 
condenadas, así como las sumas confiscadas ; 
2. Opina que el sistema de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales debe 
configurarse de manera más eficaz y ha de adaptarse a la evolución técnica de las operaciones 
financieras ; 
3. Pide por ello a la Comisión que informe sobre las nuevas modalidades de blanqueo de 
capitales que se generan como consecuencia de las modificaciones en la gestión de las 
transacciones y las transferencias de capitales, así como que presente, en el marco de una 
revisión de la directiva, propuestas apropiadas para luchar contra ellas ; 
4. Pide a la Comisión que presente, tomando en consideración los trabajos preparatorios del 
Comité de Contacto, a la mayor brevedad, y en todo caso a más lardar antes del 6 de marzo de 
1998, una propuesta con vistas a la revisión de la actual directiva, en virtud de la cual se incluya 
directamente en su ámbito de aplicación a aquellas profesiones y categorías de empresas de las 
que se pueda suponer con certitud que están implicadas o pueden estar implicadas en 
actividades o actitudes relacionadas con el blanqueo de capitales ; 
5. Pide a los Estados miembros que, en el medida en que todavía no lo hayan hecho, extiendan 
su legislación en materia de lucha contra el blanqueo del dinero no sólo a los capitales 
procedentes del tráfico de drogas sino también a todo el dinero resultante de la perpetración 
organizada y profesional de actos delictivos ; 
28 
6. Acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de incluir, de manera expresa y 
vinculante, en todos los futuros acuerdos de colaboración y de asociación las disposiciones de la 
Directiva relativa al blanqueo de capitales y de intensificar la cooperación con las partes 
contratantes respectivas en este ámbito ; 
7. Pide a los Estados miembros que ratifiquen y apliquen la Convención de las Naciones Unidas 
adoptada el 19 de diciembre de 1988 en Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas y el repetido Convenio de Estrasburgo de 1990, tal como se 
comprometieron los propios Estados miembros en la «Declaración de los representantes de los 
Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo» publicada en el Anexo a 
la Directiva relativa al blanqueo de capitales ; 
8. Opina que en todos los Estados miembros existen o deberían introducirse normas procesales 
adecuadas para que : 
a) pueda ordenarse la vigilancia de las telecomunicaciones cuando exista la sospecha de que se 
ha realizado o va a realizarse un delito en relación con el blanqueo de capitales, 
b) puedan adoptarse medidas provisionales, como el comiso o la confiscación provisionales, 
para evitar el intercambio, la transferencia o la enajenación de bienes que procedan del 
blanqueo de capitales o de un delito anterior en este sentido, 
c) puedan adoptarse medidas provisionales en el sentido de la letra b) en aquellos casos en que 
las autoridades competentes dispongan de datos que constituyan indicios suficientes de delito, 
d) puedan confiscarse las sumas procedentes del blanqueo de capitales, o de los respectivos 
delitos anteriores, o los bienes adquiridos con estos productos ; 
9. Pide a los Estados miembros que continúen los trabajos relativos al Convenio EUROPOL 
para introducir la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 
conformidad con el tercer párrafo de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la 
Unión Europea, exigida por el Parlamento, y que ratifiquen y apliquen tras ello dicho convenio ; 
10. Desea que todas las autoridades de los Estados miembros encargadas de la aplicación de las 
disposiciones de la directiva aprovechen las posibilidades existentes para la cooperación ; 
11. Subraya expresamente que los bancos y las instituciones financieras, también en 
consonancia con el artículo 5 de la Directiva relativa al blanqueo de capitales, deben disponer, 
para poder cumplir en la forma debida sus obligaciones de registro y notificación, de personal 
adecuadamente formado y de controles con el fin de poder facilitar las aclaraciones necesarias 
en caso de sospecha de blanqueo de capitales ; 
12. Pide a la Comisión que establezca un sistema de incentivos apropiados para que los 
distintos bancos e instituciones financieras dispongan de un personal adecuadamente formado 
así como de controles eficaces en el sentido del apartado precedente ; 
29 
13. Considera necesario que tanto las instituciones crediticias y financieras, en el sentido de la 
Segunda Directiva de coordinación de las disposiciones bancarias, como también todas las 
demás personas físicas y jurídicas que efectúen, con fines profesionales y de lucro, operaciones 
de capitales o que ejerzan actividades particularmente susceptibles de servir para el blanqueo, 
incluidas las operaciones efectuadas en nombre de terceros deben ser incluidas en el ámbito de 
aplicación de la directiva y estar sometidas a una supervisión estatal ; 
14. Opina además que esta supervisión debe llevarse a cabo según criterios unificados para toda 
Europa ; 
15. Pide a la Comisión, de conformidad con el artículo 17 de la citada Directiva (91/308/CEE), 
que en su segundo informe sobre la aplicación de esta Directiva haga referencia a los posibles 
efectos monetarios que potencialmente se derivan de las transacciones ilegales de capitales, que 
podrían ser : 
a) la velocidad de los capitales afectados por el flujo de fondos ilegales que se desplazan de los 
países de origen a los países de destino, 
b) las repercusiones en la oferta monetaria de los países implicados en el circuito del blanqueo, 
c) la forma de inversión que pueden adoptar los fondos ilegales una vez blanqueados, 
d) la transmisión de la política monetaria en los países implicados, 
e) la estabilidad de los mercados financieros situados en el circuito del blanqueo de capitales y 
del destino final. 
16. Pide, asimismo, a la Comisión, que en este segundo informe actúe contra las causas y las 
actividades de las transacciones ilegales de capitales, adoptando medidas que contribuyan a 
solucionar el problema, como por ejemplo : 
a) Incluir en los acuerdos comerciales artículos relativos al blanqueo de capitales, a fin de pedir 
y asegurar que los países socios adoptan normas equivalentes a las de la Unión Europea. 
b) Reforzar en los Acuerdos europeos con los países de la Europa Central y Oriental los 
artículos relativos al blanqueo de dinero, a fin de pedir y asegurar que los países asociados 
adoptan normas equivalentes a las de la Unión Europea. 
c) Reforzar en los Acuerdos de Asociación y Cooperación con la Federación Rusa y con los 
Nuevos Estados Independientes de la antigua Unión Soviética los artículos relativos al blanqueo 
de dinero, a fin de pedir y asegurar que los países asociados adoptan normas equivalentes a las 
de la Unión Europea. 
d) Elaborar una lista de «bancos limpios». 
e) Asegurar que la Comisión Europea y sus subcontratistas operan sólo con bancos «limpios». 
0 Aplicar una supervisión prudencial de la concesión de licencias a los bancos y del 
funcionamiento de éstos en la Unión Europea. 
g) Incluir en los acuerdos comerciales determinados artículos sobre la fijación de estándares de 
«supervisión prudencial», a fin de pedir y asegurar que los países socios adopten normas 
equivalentes a las de la Unión Europea. 
30 
17. Desea disponer de pruebas convincentes de que el blanqueo de capitales está aumentando y 
de que está adquiriendo una importancia creciente en las redes de la delincuencia organizada ; 
18. Desea dejar claro que sólo puede atajarse de modo eficaz el blanqueo de capitales si se hace 
a escala europea, bajo un control único y en estrecha colaboración con los EE.UU.; 
19. Pide, además, a la Comisión que proponga una norma en cuyo marco toda participación en 
operaciones financieras orientadas a dar salida a fondos generados por actividades delictivas sea 
prohibida y objeto de sanción penal en los Estados miembros ; señala que dicha medida podría 
invocar como fundamento jurídico el artículo 100 A del Tratado CE ; 
20. Pide a los Estados miembros que procedan con mayor rigor contra el blanqueo de dinero y 
que faciliten a ciudadanos y empresas apoyo en forma de información con objeto de impedir 
cualquier tipo de participación en el blanqueo de capitales ; 
21. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión y a 
los Gobiernos de los Estados miembros. 
31 
ANEXO 3 
Firma, ratificación y aplicación de la Convención de Viena y del Convenio de Estrasburgo 
Convención de Viena 
Firma Ratificación Aplicación 
Arts. 3-9 
Belgica S 
Dinamarca S 
A Ionian ia S 
Grecia S 
Fspafia S 
Francia S 
Irlanda S 
Italia S 
Luxemburgo S 
Paises Bajos S 
Austria S 
Portugal S 
I-in landia S 
Suecia S 
Reino Unido S S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S S 
S 
S 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s Convenio de Estrasburgo 
rma Ratificacion Entrada en 
vigor 
Aplicacion 
S S S 
S S S 
S N N 
S N N 
S N N 
s s s 
s s s 
s s s 
S N N 
s s s 
s s s 
s s s 
s s s 
s s s 
s s s 
32 
ANEXO 4 
Actividades delictivas contempladas en la legislación de los Estados miembros en materia 
de prevención del blanqueo de capitales 
Bélgica 
El Código penal (art. 505) se refiere al blanqueo del producto de cualquier actividad delictiva. 
Las normas específicas de prevención del blanqueo de capitales (Ley de 11-1-1993 modificada) 
se aplican al blanqueo de fondos derivados de delitos relacionados con las siguientes 
actividades: terrorismo, delincuencia organizada, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de 
armas y otros bienes, tráfico de trabajadores clandestinos, tráfico de seres humanos, 
prostitución, uso ilegal de hormonas en animales, tráfico de órganos o tejidos humanos, fraude 
en detrimento de los intereses financieros de la UE, fraude fiscal grave y organizado, corrupción 
de funcionarios públicos, defraudaciones en inversiones, estafa, retención de rehenes, robo o 
extorsión con violencia y amenazas, y quiebra fraudulenta. 
Dinamarca 
La Ley sobre blanqueo de capitales danesa se refiere a los activos derivados de la violación del 
Código penal de Dinamarca (es decir, cualquier delito). No obstante, en el Derecho danés, el 
blanqueo de capitales no constituye una figura delictiva independiente, sino que queda 
contemplado en dos artículos del Código penal referentes a la "receptación" : S 191.a), por el 
que se declara delito el aprovechamiento de las ganancias derivadas de los delitos relacionados 
con el tráfico de drogas, según quedan tipificados en el artículo 191 ; S 284, por el que se 
declara delito el aprovechar para sí mismo o el ayudar a otros a que se aprovechen de las 
ganancias derivadas de hurto, apropiación de lo hallado, apropiación indebida, fraude, fraude 
informático, abuso de confianza, extorsión, defraudación de acreedores, contrabando de carácter 
especialmente grave y robo con violencia. 
33 
Alemania 
El blanqueo de capitales es un delito en virtud del artículo 261 del Código penal (blanqueo de 
capitales ; encubrimiento de activos ilícitos). Los delitos subyacentes del blanqueo de capitales 
son los siguientes : 
- todos los delitos graves castigados con penas de prisión de un año, como mínimo 
("Verbrechen"), como, por ejemplo, las modalidades más graves del tráfico de seres 
humanos, el robo y la receptación, así como el tráfico ilegal de drogas y armas ; 
- todos los delitos de menor gravedad castigados con penas de prisión inferiores a un año o 
multas ("Vergehen") y contemplados en el artículo 29, apartado 1, frase primera, de la Ley 
de narcóticos ("Betàubungsmitelgesetz") o en el artículo 29, apartado 1, de la Ley de control 
de materias primas ("Grundstoffuberwachungsgesetz"), y en particular, el tráfico ilegal de 
narcóticos y sustancias precursoras ; 
- determinados delitos ("Vergehen") relacionados con la propiedad, el fraude, la falsificación 
de documentos y la corrupción cometidos con intención de lucro por miembros de bandas 
formadas para la comisión reiterada de tales delitos (por ejemplo, fraudes comerciales y 
organizados) ; 
- todos los delitos ("Vergehen") cometidos por miembros de bandas u organizaciones 
delictivas, según se definen en el artículo 129 del Código penal (por ejemplo, extorsión, 
proxenetismo y juegos ilegales). 
El 16 de enero de 1998, el Parlamento alemán aprobó un proyecto de ley para intensificar la 
lucha contra la delincuencia organizada, el cual extenderá considerablemente la lista de delitos 
subyacentes, en particular dentro de la delincuencia organizada. 
Grecia 
La Ley griega sobre blanqueo de capitales se refiere al tráfico ¡legal de drogas y armas, el robo 
con violencia, el chantaje, el secuestro, los hurtos graves, la apropiación indebida o el fraude, el 
tráfico ilegal de antigüedades, el robo de la carga de buques, el tráfico ilícito de órganos y 
tejidos humanos, el contrabando, los delitos relacionados con la energía nuclear, la prostitución 
y los juegos ¡legales. 
España 
El artículo 301 del Código penal engloba el blanqueo de capitales bajo la sección 
correspondiente a receptación y otros delitos similares. Dicho artículo se refiere a todos los 
delitos graves (es decir, todos aquellos castigados con penas de prisión de más de 3 años). El 
hecho de que el delito esté relacionado con el tráfico de drogas se considera una circunstancia 
agravante. 
La Ley española sobre blanqueo de capitales (de 23-12-1993) tiene por objeto combatir el 
blanqueo del producto de la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico de drogas. 
34 
Francia 
La Ley n° 96-392, de 13-5-1996, por la que se modificó el Código penal, hizo extensivo el 
delito de blanqueo de capitales al producto de cualquier delito ("crimes" o "délits"). 
Irlanda 
La Ley de enjuiciamiento criminal de 1994 atribuye carácter delictivo al blanqueo del producto 
del tráfico ilícito de drogas y demás actividades delictivas. 
Italia 
La Ley 328/1993 modificó los artículos 648 bis y ter del Código penal, atribuyendo carácter 
delictivo al blanqueo del producto de todos los delitos dolosos ("tutti i delitti non colposi"). 
Luxemburgo 
La legislación actual sólo se refiere al blanqueo de fondos derivados de delitos relacionados con 
el tráfico de drogas. 
No obstante, el proyecto de ley que se encuentra actualmente ante el Parlamento luxemburgués 
ampliará, una vez aprobado, la gama de delitos subyacentes a cualquier delito castigado con una 
pena de cárcel superior a 5 años, a los delitos ("délits") relacionados con la delincuencia 
organizada y a determinados delitos relacionados con los menores, la prostitución, la corrupción 
de menores y el tráfico de armas y municiones. 
Países Bajos 
La definición del delito de receptación contenida en el Código penal (artículos 416 - 417 bis) 
engloba el producto de cualquier delito grave ("misdrijf '). 
Austria 
El Código penal austríaco (artículos 165 y 278a) atribuye carácter delictivo al blanqueo de 
cualquier activo derivado de delitos graves, esto es, todos los delitos ("Verbrechen") castigados 
con una pena de prisión de 3 años en virtud del apartado 1 del artículo 17 del Código penal. 
35 
Portugal 
El Decreto-ley 15/93 tipificó el tráfico de drogas y sustancias precursoras, atribuyendo 
asimismo carácter delictivo al blanqueo de capitales. La Directiva sobre blanqueo de capitales 
se incorporó al ordenamiento jurídico portugués mediante el Decreto-ley 313/93 y el Decreto-
ley 325/95 extendió la lista de delitos subyacentes, incluyendo en ella el terrorismo, el tráfico de 
armas, la extorsión, el secuestro, la prostitución, la corrupción y diversos delitos económicos y 
financieros graves. 
Finlandia 
El delito correspondiente al blanqueo de capitales previsto en el Código penal finlandés (no se 
utiliza el término de "blanqueo de capitales") abarca el producto de cualquier delito. 
Su ce i a 
Constituye delito blanquear el producto de los delitos graves. El capítulo 9 del Código penal 
sueco, relativo a la receptación, declara delito el blanquear intencionadamente o por negligencia 
el producto de cualquier delito grave castigado con una pena de más de 6 meses de cárcel. 
Asimismo, se tipifica la complicidad en el blanqueo de capitales. No obstante, en el Código 
penal no se utiliza el término "blanqueo de capitales". 
Reino Unido 
El "blanqueo de capitales" no está tipificado en la legislación primaria. En la práctica, se 
considera delito blanquear el producto de cualquier delito grave. Entre éstos, se incluiría el 
tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el robo y el fraude, el robo con violencia, la falsificación, 
la captación ilegal de depósitos, el chantaje y la extorsión (fundamentalmente, cualquier acto 
que constituya un "indictable offence" o delito grave en el Reino Unido). 
36 
ANEXO 5 
Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada 
26. En el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero y de la confiscación del fruto de la 
delincuencia, se proponen las medidas siguientes : 
a) a fin de mejorar el intercambio de datos policiales a escala internacional, es necesario 
establecer un sistema de intercambio de información sobre casos en los que haya sospechas de 
blanqueo de dinero a nivel europeo, de conformidad con la normativa pertinente sobre 
protección de datos. A tal fin, debería complementarse el Convenio Europol con una 
disposición que autorizara a Europol a intervenir al respecto (véase la orientación política n° 10) 
b) la penalización del blanqueo de los beneficios del delito debería hacerse lo más general 
posible, y habría que establecer un base jurídica que cubriera la mayor variedad posible de 
facultades de investigación. Debería estudiarse si es conveniente incluir dentro del blanqueo la 
conducta negligente. Debería emprenderse un estudio con vistas a perfeccionar la localización e 
incautación de los bienes ilegales y la aplicación de las resoluciones judiciales sobre la 
confiscación de bienes de la delincuencia organizada (véase la orientación política n° 11); 
c) deberían adoptarse normas sobre confiscación que hicieran posible la confiscación 
independientemente de la presencia del autor del delito, como en los casos en que el autor del 
delito ha muerto o ha huido (véase la orientación política n° 11); 
d) debería estudiarse la posibilidad de compartir, a nivel de listados miembros, los bienes que se 
hayan confiscado a raíz de la cooperación internacional (véase la orientación política n° 11) ; 
e) la obligación de informar que impone el artículo 6 de la Directiva sobre blanqueo de capitales 
tendría que ampliarse a todas las infracciones relativas a delitos graves y a otras personas y 
profesiones además de las entidades financieras que se mencionan en la Directiva. Los Estados 
miembros deberían estudiar si es oportuno que el incumplimiento de la obligación de informar 
de operaciones sospechosas se someta a sanciones disuasorias (véase la orientación política n° 
11). Al mismo tiempo, la legislación nacional debería imponer a las autoridades fiscales una 
obligación análoga de informar en el caso de operaciones relacionadas con la delincuencia 
organizada y, como mínimo, para las operaciones relacionadas con el IVA y con los impuestos 
especiales. Hay que mejorar la cooperación entre los puntos de contacto previstos en la 
Directiva ; 
0 debería abordarse el problema del blanqueo de capitales a través de Internet y de los 
productos monetarios electrónicos y exigir, en los pagos electrónicos y en los sistemas de 
mensajería, que los mensajes enviados especifiquen quiénes son el remitente y el beneficiario 
(véase la orientación política n° 11) ; 
g) habría que evitar que las personas físicas o jurídicas hagan un uso excesivo de los pagos en 
efectivo o cambios excesivos de divisas en efectivo para encubrir la conversión de los 
beneficios del delito en otro tipo de bienes (véase la orientación política n° 11). 
37 
Por otra parte, el Consejo y la Comisión deberían estudiar, teniendo en cuenta los instrumentos 
nacionales e internacionales existentes, la necesidad de crear disposiciones comunes para luchar 
contra la delincuencia organizada en materia de falsificación comercial y económica y de la 
falsificación total o parcial de monedas y de billetes de banca con motivo de la introducción de 
la moneda única. 
Fecha propuesta : finales de 1998 
Responsables : Consejo/Europol/Comisión 
38 
ANEXO 6 
Actividades del sector no financiero contempladas en la legislación antiblanqueo de los 
Estados miembros 
Bélgica Existe un proyecto de ley por el que se incluirán notarios y agentes judiciales 
("notaires" y "huissiers de justice"), contables y auditores, agentes 
inmobiliarios, casinos y transportistas de fondos 
Dinamarca Casinos 
Alemania Casinos, subastadores, otras empresas que no estén ya sujetas a la obligación de 
colaborar en virtud de la legislación sobre blanqueo de capitales y cualquier 
persona que administra activos por cuenta de otra a cambio de remuneración 
Grecia Casinos 
España Casinos, administradores de fincas, agentes inmobiliarios, joyeros, anticuarios, 
entidades relacionadas con la numismática y la filatelia 
Francia Todas aquellas personas que, en el ejercicio de su profesión, proporcionan 
asesoramiento en operaciones que implican movimientos de capitales o ejecutan 
o controlan tales operaciones están obligadas a presentar una declaración a las 
autoridades cuando tengan conocimiento de que una transacción está 
relacionada con el blanqueo de capitales. Las transacciones en efectivo están 
también sujetas a ciertos límites. 
Irlanda El Gobierno ha anunciado su intención de incluir a los abogados, los 
subastadores, los agentes inmobiliarios y los contables. 
Italia Las transacciones por un importe superior a 20 millones de liras deben 
efectuarse a través de un intermediario financiero. 
Las nuevas normas legislativas aprobadas en 1997 establecen un procedimiento 
acelerado por el que las actividades no financieras pueden incluirse en el ámbito 
de aplicación de la legislación antiblanqueo. 
Luxemburgo Existe un proyecto de ley que engloba los casinos, los juegos de azar, los 
auditores y los notarios. 
Países Bajos Casinos. Los notarios han anunciado su intención de implantar voluntariamente 
un sistema de notificación de las transacciones sospechosas, indicando los casos 
graves de blanqueo de capitales. Los abogados y los contables ya han 
establecido un sistema similar. 
Austria Casinos 
Portugal Casinos, corredores y agentes inmobiliarios, administradores de fincas, 
empresas que organicen juegos y loterías, anticuarios, marchantes de arte, 
joyeros, comerciantes de aeronaves, embarcaciones y automóviles. 
39 
Finlandia (La normativa, que se encuentra en fase de proyecto, engloba los casinos, las 
oficinas de apuestas y los agentes inmobiliarios) 
Suecia Empresas fiduciarias 
Reino Unido Las normas fundamentales se refieren a todas las personas. Los reglamentos en 
materia de blanqueo de capitales engloban a todas las personas y entidades, 
incluidos los abogados y contables, cuando realicen actividades relacionadas 
con la banca, la inversión o los seguros. 
40 
ANEXO 7 
Servicios de Inteligencia Financiera 
Conclusiones del Grupo Egmont con respecto a la colaboración y el intercambio de 
información 
Posibilidad general de celebrar acuerdos bilaterales y de intercambiar directamente 
información 
1. A efectos de información 
Italia, Portugal, Suecia 
2. A efectos de información y de investigación y enjuiciamiento penal 
Bélgica, Francia, Países Bajos, España, Reino Unido 
Posibilidad limitada 
Austria 
Dinamarca, Alemania, 
Luxemburgo 
Irlanda 
Finlandia (FSA) Ningún intercambio con servicios administrativos; 
secreto de la información policial y judicial 
Ningún intercambio con servicios administrativos 
Ningún intercambio con servicios administrativos y 
autoridades judiciales 
Ningún intercambio con autoridades policiales o 
judiciales ; secreto de la información policial y 
judicial 
41 
ANEXO 8 
Número de notificaciones de transacciones sospechosas 
ESTADOS MIEMBROS 1994 1995 1996 1997 
Belgicax 
Dinamarca 
Alcmania 
Grecia 
Espana 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxcmburgo9 
Paises Bajos (inusualcs) 
(sospcchosas) 
Austria 
Portugal 
Finlandia 
Suecia 
Reino Unido 2183 
200 
3282 
684 
1034 
14 753 
3546 
346 
17 
223 
429 
15 007 3926 
174 
2935 
163 
866 5771 
254 
3289 
670 
902 
199 (parte) 
2961 
75 
15 007 
2994 
310 
85 
190 
391 
13 170 378 
3218 
77 
16 087 
2 572 
301 
115 
232 
502 
16 125 7747 
38 
1213 
+/-17 000 
129 
206 
909 
14 148 
x Las cifras correspondientes a liclgica se relleren a 564, 7(>5, 1317 y 14X4 casos respect i vamenle. 
IJ Las notificaciones correspondientes a ambos años se relleren a 901 y 3.264 transacciones, respectivamente. 
42 
ANEXO 9 
Resultados del sistema de notificación, enjuiciamientos y condenas 
Bélgica 
Dinamarca 
Alemania 
Círecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos Casos remitidos a la Fiscalía del Estado : 1994 - 117 ; 
1995 - 149 ; 1996 - 321 y 1997 - 495. Desde 1994 se han pronunciado 
condenas en 48 casos, a raíz de informes enviados por el SI F belga a las 
autoridades judiciales. 
No se dispone de estadísticas completas sobre los casos de 
enjuiciamiento y condena, si bien se sabe que ha habido una serie de 
condenas por el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas (7 
en 1994 y 5 en 1995). En lo que respecta a los resultados del sistema de 
notificación, 35 denuncias han dado lugar a la incoación de 26 
procedimientos (por diversos delitos), en los que 49 personas han sido 
condenadas a prisión o han accedido a pagar mullas administrativas. Una 
persona ha sido absuelta. 
16 personas fueron condenadas en 1994, 15 en 1995 y 24 en 1996. 
De los 38 casos notificados al Comité establecido en virtud de la Ley n° 
2331 de 24.8.1995, 13 han sido remitidos al Fiscal del Estado. 
Transacciones sospechosas notificadas a las autoridades policiales o 
judiciales: 19 en 1995; 165 en 1996. 
Expedientes remitidos a las autoridades judiciales : 22 en 1994 ; 30 en 
1995 ; 47 en 1996 y 75 en 1997. A I males de 1996, se habían 
pronunciado 34 condenas definitivas (25 desde 1993). No obstante, esta 
cifra no incluye los casos en que el cargo imputado era el de receptación. 
I lasta la fecha ha habido una condena. 
Condenas por blanqueo de capitales en virtud de los artículos 648 bis 
(blanqueo de capitales) y 648 ter (utilización de fondos, bienes o activos 
de origen ilícito) : 72 y 1 en 1993 ; 58 y 4 en 1994 ; 
62 y 3 en 1995 ; 116 y 9 en 1996. Las notificaciones de transacciones 
sospechosas han dado lugar a la apertura de 85 procesos penales, 16 por 
blanqueo y 69 por otros delitos. 
Están pendientes dos juicios de ámbito nacional. 
No existen estadísticas precisas sobre los casos de enjuiciamiento y 
condena por blanqueo de capitales. Anualmente se investigan unos 5.000 
casos de "•receptación". 
43 
Austria 
Portugal 
Finlandia Se han entablado 13 juicios formales, que han dado lugar a 3 condenas 
(1 en 1994 y 2 en 1995), una de las cuales se refería a dos personas; 
cuatro juicios han concluido en una absolución. En uno de los juicios 
que dieron lugar a una condena, se pidió a otro Estado miembro que 
entablase una acción judicial contra otras personas. 
Las notificaciones dieron lugar a 12 investigaciones en 1994, 49 en 1995 
y 53 en 1996. Se han entablado 3 juicios, imputándose cargos a 26 
personas. Una persona fue condenada en 1996. 
Entre 1994 y 1997, 119 notificaciones de transacciones sospechosas 
dieron lugar a que se iniciaran investigaciones pre-judiciales y se 
incoaron 70 procedimientos penales. De estos, a finales de 1997, se 
habían juzgado 13 y 4 se hallaban pendientes. En 4 casos se estaba 
estudiando la imputación de cargos. Veintiún expedientes fueron 
archivados y las investigaciones pre-judiciales aún continuaban en 28 
casos. 
Suecia 
Reino Unido En el período 1994-97, fueron remitidas a la Fiscalía 66 notificaciones 
para que iniciara una investigación preliminar. En el mismo período se 
celebraron 21 juicios. 
Entre 1993 y 1996 hubo 25 condenas por blanqueo de capitales, de las 
cuales 13 fueron pronunciadas en 1996. Si bien uno solo de los casos de 
enjuiciamiento por este delito se derivaba de una notificación de 
transacciones sospechosas, las notificaciones remitidas a las autoridades 
policiales dieron lugar a más de 200 casos registrados de enjuiciamiento 
por otros delitos en 1996. 
44 

ISSN 0257-9545 
COM(98) 401 final 
DOCUMENTOS 
ES 09 11 06 10 
N° de catálogo : CB-C0-98-412-ES-C 
ISBN 92-78-37455-5 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
<+S