VIGÉSIMO INFORME ANUAL SOBRE EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO (2002)

ÍNDICE

1. Introducción

2. Situación en los diferentes sectores

2.1. ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

2.2. EMPRESAS

2.2.1. Productos químicos

2.2.2. Productos farmacéuticos

2.2.3. Productos cosméticos

2.2.4. Bienes de equipo

2.2.5. Vehículos de motor, tractores y ciclomotores

2.2.6. Embarcaciones de recreo e instalaciones por cable

2.2.7. Lucha contra la morosidad

2.2.8. Normas de prevención establecidas en la Directiva 98/34/CE

2.3. COMPETENCIA

2.3.1. Telecomunicaciones

2.3.2. Transporte aéreo

2.3.3. Ayudas estatales

2.4. EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

2.5. AGRICULTURA

2.6. ENERGÍA Y TRANSPORTES

2.6.1. Mercado interior de la electricidad y el gas natural

2.6.2. Eficacia energética

2.6.3. Transportes por carretera

2.6.4. Transporte por vía navegable

2.6.5. Seguridad de los transportes de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril

2.6.6. Transporte por ferrocarril

2.6.7. Transporte aéreo

2.6.8. Transporte marítimo

2.7. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

2.8. MEDIO AMBIENTE

2.8.1. Introducción

2.8.2. Libertad de acceso a la información

2.8.3. Evaluación del impacto medioambiental

2.8.4. Aire

2.8.5. Agua

2.8.6. Naturaleza

2.8.7. Ruido

2.8.8. Química y biotecnologías

2.8.9. Residuos

2.8.10. Medio ambiente e industria

2.8.11. Radioprotección

2.9. PESCA

2.10. MERCADO INTERIOR

2.10.1. Libre circulación de mercancías

2.10.2. Libre circulación de servicios y derecho de establecimiento

2.10.3. Entorno de las empresas

2.10.4. Profesiones reguladas por lo que se refiere a las cualificaciones

2.11. POLÍTICA REGIONAL

2.11.1. Análisis de las causas

2.11.2. Efectos de las situaciones de infracción

2.12. FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA

2.12.1. Unión Aduanera

2.12.2. Fiscalidad directa

2.12.3. Impuesto sobre el valor añadido

2.12.4. Otros impuestos indirectos

2.12.5. Asistencia mutua

2.13. EDUCACIÓN, SECTOR AUDIOVISUAL Y CULTURA

2.13.1. Educación

2.13.2. Sector Audiovisual (Directiva 97/36/CE, de 30 de julio de 1997, y Directiva 89/552/CEE, de 3 de octubre de 1989, relativas a la "Televisión sin fronteras")

2.14. SALUD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

2.14.1. Legislación veterinaria

2.14.2. Legislación fitosanitaria

2.14.3. Legislación sobre semillas y plantas

2.14.4. Legislación alimentaria

2.14.5. Legislación sobre alimentos para animales

2.14.6. Protección de los consumidores

2.14.7. Salud pública

2.14.8. Notificación y reglamentaciones técnicas

2.15. JUSTICIA E INTERIOR

2.15.1. La aplicación del principio de prohibición de las discriminaciones por razón de la nacionalidad en materia de derecho de residencia y de infracciones del código de circulación

2.15.2. Libre circulación de personas

2.15.3. Derecho de voto en las elecciones municipales

2.16. PRESUPUESTO

2.16.1. Evolución de los procedimientos incoados con anterioridad

2.16.2. Nuevos procedimientos

2.17. PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN

2.18. AMPLIACIÓN

2.19. ESTADÍSTICAS COMUNITARIAS

ANEXOS: I-VI

La Comisión Europea elabora cada año el Informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario en respuesta a las sucesivas solicitudes del Parlamento Europeo (Resolución de 9 de febrero de 1983) y de los Estados miembros (Declaración n° 19, apartado 2, aneja al Tratado firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992). Este informe responde también a las solicitudes del Consejo Europeo o del Consejo en relación con sectores específicos.

1. Introducción

Desde hace veinte años [1] la actividad de la Comisión como guardiana de los Tratados es objeto, en respuesta a una resolución del Parlamento Europeo [2], de informes anuales [3]. A esta información periódica se han ido añadiendo progresivamente anexos consagrados respectivamente a la aplicación del Derecho comunitario por los órganos jurisdiccionales nacionales y a la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia, así como datos estadísticos más específicos.

[1] El Primer Informe Anual se refería al año 1982 - COM(1983) 181 final de 10.04.1984.

[2] Resolución de 9 de febrero de 1983.

[3] Los informes anuales están disponibles en el sitio de la Comisión http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

infractions.

Los informes anuales sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario persiguen un doble objetivo:

- permitir al Parlamento Europeo ejercer plenamente su función política en relación con el poder discrecional confiado por los Tratados a la Comisión;

- elaborar, a la intención de los Estados miembros, de los ciudadanos y del conjunto de los operadores económicos, un balance de la realización de la Comunidad de Derecho.

El interés por esta publicación regular se refleja tanto en las preguntas orales y escritas frecuentemente planteadas por el Parlamento Europeo, como en las gestiones de los ciudadanos ante la Comisión, en particular a través de las denuncias. Con el fin de satisfacer tales necesidades entre la publicación de dos informes, la Comisión ha abierto un sitio [4] consagrado a las decisiones relativas a los procedimientos de infracción, donde puede verse también en qué fase se encuentra la notificación de las Directivas comunitarias ("hitlist"). También están disponibles datos sectoriales en los sitios dedicados a la gestión de determinadas políticas comunitarias.

[4] http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

transpositions.

La estructura del vigésimo informe anual al Parlamento Europeo sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, al igual que los precedentes, presenta los hechos decisivos ocurridos en 2002 en cada sector de actividad de la Comisión e inicia, en su introducción, una reflexión sobre las acciones realizadas a lo largo de estos últimos veinte años.

Principales evoluciones

Proceder a una comparación de los datos de veinte informes anuales sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario podría resultar aventurado habida cuenta de las modificaciones ocurridas, tanto en relación con la estructura interna de la Comisión, como con la evolución de las políticas comunes o la aplicación de acciones específicas en el ámbito considerado. La culminación del mercado interior, que también ha celebrado su décimo aniversario en 2002, el desarrollo de la políticas de sanidad y protección de los consumidores, el interés de los ciudadanos, en particular por las cuestiones sociales o r medioambientales, constituyen los elementos que se deberían tener en cuenta antes de analizar los datos brutos consignados en los gráficos y cuadros estadísticos anuales.

No obstante, determinados datos básicos permiten, no sólo juzgar la importancia de la actividad de la Comisión, sino también extraer determinadas enseñanzas sobre las medidas conducentes a la evolución constatada.

Denuncias

El volumen global de denuncias dirigidas cada año la Comisión por los ciudadanos deseosos de contribuir a la construcción y al buen funcionamiento de su Comunidad censurando un comportamiento que les parece contrario al Derecho comunitario, ya les afecte directamente o no, sigue aumentando. El número medio de denuncias registradas anualmente prácticamente se ha doblado a lo largo del período 1990-1998 en relación con el período 1983-1989; en efecto, el número medio de denuncias ha pasado de 536 a 1.047. Durante el período 1999-2002, el número medio de denuncias fluctúa en torno a 1.346. Si bien este aumento basta para demostrar el creciente interés de los ciudadanos por el buen funcionamiento de los mecanismos comunitarios, también permite, mediante un análisis sectorial, detectar los ámbitos más afectados a medida que evoluciona la construcción europea.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

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No obstante, hay que señalar que, en general, las denuncias constituyen la principal fuente de detección de infracciones. A estos efectos, la Comisión ha reforzado los instrumentos y medios que permiten, tanto facilitar la presentación de denuncias, como acelerar su tramitación. Existe un formulario electrónico disponible en línea [5] y las relaciones con el denunciante han sido objeto de una serie de compromisos por parte de la Comisión [6], a petición del Defensor del Pueblo europeo. Este último, cuando se acude a él directamente, examina sistemáticamente la manera en que la Comisión ha instruido la denuncia del eventual incumplimiento.

[5] http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/lexcomm/index_fr.htm.

[6] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al defensor del pueblo Europeo sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del derecho comunitario, COM(2002) 141 final.

Transposición de Directivas

El control de oficio de la falta de comunicación de las medidas nacionales de transposición de las Directivas cuando expira el plazo constituye otra importante fuente de infracciones perseguidas por la Comisión. El inicio de la primera etapa del procedimiento del antiguo artículo 226 (requerimiento) se realiza, por otra parte, desde hace varios años, sobre una base más automática y con una frecuencia regular.

En este ámbito, el volumen de los expedientes pendientes está en función, no sólo de la disciplina interna que se impongan los Estados para respetar los plazos que ellos mismos han aceptado en el Consejo, sino también del aumento del número de Directivas vigentes. Así, los "marcadores" [7] o cuadros de resultados [8] publicados regularmente pueden presentar al cabo de los años resultados diferentes, según las variables consideradas, ya sea por Estados miembros o por el índice medio de transposición. También constituye un incentivo poderoso para favorecer la mejora del índice de transposición.

[7] "Marcador" Mercado Interior - http://europa.eu.int/comm/internal_marky/ fr/update/score/, véase igualmente el "Marcador" Medio Ambiente en los estudios anuales sobre la aplicación y el control del Derecho comunitario del medio ambiente -http://europa.eu.int/comm/environment/law/ as01.htm.

[8] Estado de transposición de las Directivas sobre Europa http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

transpositions.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

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La ilustración gráfica confirma esta interdependencia. A finales de 1982, había 640 Directivas vigentes con un índice medio de transposición del 89,58%. Veinte años más tarde, había 2.240 Directivas vigentes, con un índice medio de transposición del 98,87%. Ciertamente, aún deben lograrse algunos progresos, en particular en determinados Estados miembros, y el objetivo del 98,5% fijado el Consejo Europeo de Estocolmo basta para demostrar la importancia que se atribuye a este aspecto específico del Derecho comunitario, pero hay que admitir que el volumen y la complejidad pueden constituir obstáculos. La Comisión no ha permanecido pasiva ante este problema y ha decidido aportar un apoyo más activo a las administraciones nacionales que lo deseen con el fin de superar las eventuales dificultades técnicas de transposición.

Evolución de los procedimientos contenciosos

El análisis de los datos estadísticos sobre las diferentes fases de procedimiento de infracción (requerimiento, dictamen motivado, recurso al Tribunal de Justicia) demuestra que cada etapa evoluciona, desde hace veinte años, dentro de un intervalo. Si el índice de requerimientos está en función del volumen del Derecho aplicable y de la diligencia de la Comisión en velar por su correcta aplicación, los de los dictámenes motivados y de los recursos al Tribunal de Justicia evolucionan paralelamente, con un desfase en el tiempo debido a los plazos procesales. De este modo, un pico en los requerimientos un año determinado se refleja necesariamente en la fase del dictamen motivado al año siguiente y en la de los recursos dos años después, como muestra el gráfico infra.

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La Comisión ha adoptado determinadas medidas, no sólo para reducir los plazos entre las distintas etapas del procedimiento para acelerar la regularización, sino también para mejorar las acciones de prevención, en particular por métodos complementarios o vías alternativas, con vistas a una regularización voluntaria rápida [9].

[9] Libro Blanco sobre la Gobernanza - Conclusiones operativas - SEC(2002) 1344.

En el marco de la mejora de la prevención, hay que mencionar la existencia de la red SOLVIT [10], cuyo desarrollo del campo de acción podría terminar revelándose un medio eficaz de solución de los comportamientos denunciados por los ciudadanos gracias a un refuerzo de la cooperación entre las administraciones nacionales y al intercambio de buenas prácticas.

[10] http://europa.eu.int/comm/internal_market/ solvit/index_fr.htm.

Ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia

Al igual que en el informe anterior relativo al año 2001, es interesante observar la manera en que los Estados miembros se atienen a las sentencias del Tribunal de Justicia y a las acciones realizadas por la Comisión, en este ámbito, en virtud del artículo 228. Esta problemática también es objeto regularmente de preguntas parlamentarias, lo que ilustra las inquietudes sobre este tema. Independientemente del análisis de los datos estadísticos, procede subrayar que la Comisión tuvo que reflexionar, con motivo de la infracción "carne británica", sobre la posibilidad de proponer al Tribunal de Justicia, además de una multa coercitiva, la imposición de una multa destinada a incitar los Estados miembros a ejecutar las sentencias por incumplimiento.

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Aplicación del Libro Blanco sobre la "Gobernanza"

El año 2002 se caracterizó por el resultado de las reflexiones de la Comisión en el marco del seguimiento del Libro Blanco sobre la "Gobernanza" [11], más particularmente en materia de mejora del control de la aplicación del Derecho comunitario. En su Comunicación de 20.12.2002 [12], la Comisión traza las vías destinadas a responder a los objetivos de Gobernanza fijados: por una parte, un refuerzo de la cooperación preventiva con los Estados miembros, así como la mejora de la información del público y, por otra parte, la búsqueda de vías complementarias o métodos alternativos destinados a contribuir a la resolución de los incumplimientos denunciados al margen del procedimiento del antiguo artículo 226, reforzando al mismo tiempo la eficacia de este último cuando resulte necesario recurrir a él.

[11] Comunicación de la Comisión "La Gobernanza Europea: legislar mejor", COM(2002) 275 final, de 6.6.2002.

[12] Comunicación de la Comisión sobre la mejora del control de la aplicación del Derecho Comunitario COM(2002) 725 final, de 20.12.2002.

Conjuntamente, la Comisión ha adoptado una serie de medidas operativas [13] destinadas a respaldar lo anterior, como la creación de un sitio dedicado al control de la aplicación del Derecho comunitario, la multiplicación de los contactos con los Estados miembros, sin olvidar las medidas de organización interna y de modificación de estructuras susceptibles de mejorar el seguimiento de las acciones legislativas, así como la coherencia de las acciones, tanto de prevención como de regularización. Un primer balance podrá establecerse en el Parlamento Europeo con motivo del próximo informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario.

[13] SEC(2002) 1344 final, de 12.12.2002.

Las acciones que deben desarrollarse se proponen responder, no sólo a las preocupaciones permanentes de la Comisión de asegurar de la mejor manera posible su rol de guardiana de los Tratados, sino también a los desafíos que supone la próxima ampliación: evitar un aumento proporcional del número de casos que hay que tramitar y mantener la solución rápida de los asuntos instruidos, ¡aunque sean más numerosos!

2. Situación en los diferentes sectores

2.1. ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Libre circulación de capitales

Globalmente, la libre circulación de capitales se aplica de manera satisfactoria tanto dentro de la Comunidad Europea como frente a países terceros. En 2002, el número total de infracciones pendientes se mantuvo estable. No obstante, algunas constituyen obstáculos significativos al buen funcionamiento del mercado único.

Desde hace varios años, las infracciones más importantes se refieren a las restricciones a la inversión derivada de los derechos especiales de control que se otorgan las autoridades de algunos Estados miembros. El 4 de junio de 2002, el Tribunal de Justicia dictó tres sentencias [14] relativas a los derechos especiales de control ("golden shares") instaurados en el marco de la privatización de empresas activas en los ámbitos de los servicios de interés general o estratégicos. En esta ocasión, el Tribunal de Justicia confirmó que las restricciones que afectan a la inversión directa en las sociedades afectadas, incluida la gestión de estas últimas, no son compatibles con el Tratado si no cumplen requisitos muy precisos que permitan evitar, en particular, todo carácter discrecional o discriminatorio. Estas sentencias confirman nuevamente la idoneidad de los principios expuestos anteriormente por la Comisión en su Comunicación relativa a determinados aspectos jurídicos que afectan a las inversiones intracomunitarias [15], como ya se hizo en una primera sentencia de 23 de mayo de 2000 [16].

[14] C-367/98, Comisión/Portugal; C-483/99, Comisión/Francia, y C-503/99, Comisión/Bélgica.

[15] DO C 220 de 19.7.1997 e Informe General de 1997, n° 210.

[16] Asunto C-58/99, Rec. 2000, p. I-3811.

Esta importante clarificación del acervo en el ámbito de las restricciones a la inversión debería permitir acelerar el tratamiento de los asuntos de naturaleza similar aparecidos recientemente y resultado de restricciones que afectan a diversas actividades generalmente reconocidas como servicios económicos de interés general. Dado que estas últimas están sujetas a un creciente proceso de liberalización dentro de la Comunidad, es importante velar por que el objetivo de protección del interés general no sirva de pretexto a la introducción de restricciones que resten atractivo al ejercicio de las libertades fundamentales del Tratado.

Por otra parte, las restricciones a las adquisiciones inmobiliarias constituyen desde hace varios años una fuente regular de infracciones de la libre circulación de capitales que afectan, en particular, a los ciudadanos europeos. En este ámbito, el Tribunal de Justicia dictó el 5 de marzo de 2002 una serie de sentencias [17] que confirmaron la compatibilidad de un procedimiento de declaración previa a la adquisición de bienes raíces. Por el contrario, la instauración de un procedimiento de autorización previa se consideró contraria a las disposiciones del régimen comunitario. El hecho de que el Tribunal de Justicia tuviera que pronunciarse anteriormente sobre cuestiones similares ilustra nuevamente la relativa fragmentación del mercado inmobiliario comunitario, así como los límites existentes para el ejercicio de las libertades fundamentales del Tratado por los operadores económicos europeos. En efecto, más allá del impacto inmediato de estas restricciones sobre la adquisición de bienes inmobiliarios, éstas pueden afectar igualmente al derecho de establecimiento de las personas físicas y jurídicas e, indirectamente, a la libre circulación de personas y la libre prestación de servicios. A día de hoy, diversas restricciones a las adquisiciones inmobiliarias existentes en determinados Estados miembros están en fase de instrucción.

[17] Asuntos acumulados C-515/99, C-519/99 a C-524/99 y C-526/99 a C-540/99.

2.2. EMPRESAS

A 31 de diciembre regían en este ámbito más de 500 Directivas. Las denuncias e infracciones vinculadas a estas Directivas constituyen aproximadamente el 37,7% del total de los casos tramitados por la Comisión en 2002. Esto supone un aumento del número de decisiones estudiadas por la DG ENTR en 2002 en comparación con 2001.

Este aumento deriva esencialmente de un déficit de transposición en el ámbito de la química, así como en el de las instalaciones de cables (funiculares, teleféricos).

Los retrasos en la transposición se deben, en parte, a la lentitud de los procedimientos internos y a la complejidad de las Directivas. En efecto, los tecnicismos de las Directivas que deben transponerse y el reparto de las competencias entre varios ministerios en el seno de las administraciones nacionales pueden generar retrasos.

Por otra parte, los casos de aplicación inadecuada y transposición inadecuada se han mantenido al mismo nivel que en 2001. La mayor parte de estos casos se dan en el sector de los bienes de equipo y de los productos farmacéuticos.

Por último, hay que señalar que un buen número de procedimientos de infracción se evitan gracias a la aplicación de la Directiva 98/34/CE, que sigue desempeñando su función de instrumento fundamental de prevención de los obstáculos a los intercambios y de información mutua. Esa Directiva establece un procedimiento de información que obliga a los Estados miembros a someter la Comisión y a sus pares sus proyectos de reglas técnicas sobre los productos, así como sus proyectos de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, con vistas a un control previo a su adopción definitiva, en relación con las reglas del mercado interior.

2.2.1. Productos químicos

En el sector de los productos químicos, se ha observado un importante aumento de los casos de falta de transposición en comparación con el año 2001. Se han iniciado 44 nuevos procedimientos de infracción, de los que 11 fueron archivados a raíz de la comunicación de las medidas nacionales de transposición. El fuerte aumento de los nuevos casos de falta de transposición está vinculado al número de Directivas cuyo plazo de transposición expiraba en 2002, más elevado que en 2001 (4 y 1 respectivamente) y, por tanto, no es indicativo de una inversión de la tendencia. Como en 2001, la razón principal de la falta de transposiciones parece residir en los retrasos de los procedimientos de transposición en Derecho interno más que en otros factores, salvo en el sector de los explosivos (Directiva 93/15/CEE). Actualmente, hay un caso que se está examinando en el marco del procedimiento previsto en el artículo 228 del Tratado, tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en marzo de 2000 [18], en la que éste declaró el incumplimiento por Francia de la Directiva 93/15/CEE.

[18] Asunto C-327/98.

En cuanto a los casos de transposición inadecuada o aplicación inadecuada, no se ha iniciado ningún nuevo procedimiento de infracción.

2.2.2. Productos farmacéuticos

A lo largo de 2002 la Comisión inició 16 procedimientos por falta de comunicación de las medidas de transposición de las Directivas 2000/37/CE y 2000/38/CE, sobre la farmacovigilancia en los sectores humano y veterinario. La mayoría de estos procedimientos se archivó, salvo, en particular, los procedimientos contra Italia y Alemania. En el caso de Alemania, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia. En el caso de Italia, se han emitido dos dictámenes motivados.

Subsisten problemas en cuanto a la aplicación e interpretación de la Directiva 89/105/CEE antes mencionada, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad. Una serie de Estados miembros no respetan los requisitos de la Directiva, sobre todo en lo referente a los plazos que hay que observar para adoptar y comunicar una decisión relativa al precio de un medicamento, la exigencia de motivación de las decisiones adoptadas sobre la base de criterios objetivos verificables, la garantía de las vías de recurso contra las decisiones emitidas o las condiciones de constitución de "listas positivas" de medicamentos reembolsables por el sistema nacional del seguro enfermedad.

Entre los procedimientos iniciados contra los Estados miembros por incumplimiento de la Directiva 89/105/CEE, la Comisión envió un escrito de requerimiento complementario a Grecia por transposición no conforme. La respuesta de las autoridades helénicas a este escrito de requerimiento complementario está siendo examinando. En cuanto al procedimiento incoado contra Austria por transposición no conforme de la Directiva 89/105/CE, las autoridades austriacas comunicaron a la Comisión medidas nacionales adoptadas a raíz de la sentencia el Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2001 (C-424/99), en la que se condenó a Austria por incumplimiento de dicha Directiva. Los servicios de la Comisión están evaluando la conformidad de las nuevas medidas comunicadas.

De igual modo, hay conversaciones en curso con otros Estados miembros sobre la aplicación de esa misma Directiva.

Al margen de la aplicación de la Directiva "transparencia", hay dos procedimientos importantes contra Bélgica e Italia. Estos asuntos tratan respectivamente de la aplicación de la Directiva 89/381/CE sobre los productos farmacéuticos derivados de la sangre en Bélgica y sobre los requisitos de suspensión de la autorización de comercialización de medicamentos en Italia. En el primer caso, las autoridades belgas adoptaron en 2002 un decreto destinado a poner término a la infracción y cuya conformidad está siendo objeto de examen. En el segundo caso, se está estudiando la respuesta de las autoridades italianas al escrito de requerimiento.

Por último, la Comisión archivó un procedimiento contra España relativo a los radiofármacos y un procedimiento contra los Países Bajos relativo al registro de productos homeopáticos.

2.2.3. Productos cosméticos

No hay ninguna Directiva cuyo plazo de transposición expirara en 2002. En cuanto a las Directivas existentes, únicamente las Directivas 97/18/CE y 2000/41/CE, por las que se aplaza la fecha a partir de la cual quedan prohibidos los experimentos con animales para ingredientes o combinaciones de ingredientes, plantean problemas de transposición, ya que siguen sin haberse incorporado en tres Estados miembros. Sin embargo, estos casos de infracción deberían regularizarse en 2003, a raíz de la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por séptima vez la Directiva 76/768/CEE.

Por otra parte, la Comisión no ha registrado ninguna otra denuncia en este sector en el transcurso de 2002.

2.2.4. Bienes de equipo

Desde un punto de vista general, la mayor parte de los casos de infracción en el ámbito de los bienes de equipo (equipos a presión, metrología, dispositivos médicos, mecánica y electromecánica) aún pendientes a 31 de diciembre de 2002, son casos de aplicación inadecuada y de transposición inadecuada. En el sector de los equipos a presión, todos los Estados miembros han transpuesto ya la Directiva 97/23/CE, incluida Alemania, contra quien se había iniciado el año pasado un procedimiento ante el Tribunal de Justicia [19].

[19] Asunto C-135/02.

En el ámbito de la metrología y en lo referente a la Directiva 1999/103/CE, relativa a las unidades de medida, todos los Estados miembros han comunicado las medidas nacionales de transposición, a excepción de Francia, que ha indicado que los trabajos prosiguen.

En el ámbito de los productos sanitarios para diagnósticos in vitro (Directiva 98/79/CE), Francia es el único país que no ha comunicado las medidas completas de la transposición de la Directiva y se está considerando incoar el procedimiento de infracción.

Se han constatado progresos en la transposición de las Directivas 2000/70/CE y 2001/104/CE por las que se modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo en lo referente a los productos sanitarios que incorporen derivados estables de la sangre o plasma humanos. La Comisión procedió al archivo de numerosos procedimientos de infracción incoados contra Estados miembros por no comunicar las medidas nacionales de transposición. Sin embargo, Francia, Bélgica, Italia, Austria y Portugal aún no han incorporado dichas Directivas.

En el sector de la mecánica y de la electromecánica, el último asunto de infracción por falta de transposición ha podido archivase (Grecia no había transpuesto la Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad).

En cuanto a los casos de aplicación inadecuada o transposición inadecuada de las Directivas relativas a los dispositivos médicos, a los aparatos de gas y a los equipos a presión, se han realizado progresos en 2002 y determinadas infracciones han podido archivase a lo largo del año.

Así, Italia ha modificado su legislación adaptándola a la Directiva 90/396/CE sobre los aparatos de gas. En otros asuntos, se ha anunciado el inicio de procedimientos de modificación de la legislación nacional con el fin de conformarse al Derecho comunitario.

En cuanto a los casos de aplicación inadecuada y de transposición inadecuada en los sectores de la mecánica y de la electromecánica, una aplicación rigurosa de los medios ofrecidos a la Comisión por el artículo 226 del Tratado CE ha permitido archivar cuatro asuntos.

2.2.5. Vehículos de motor, tractores y ciclomotores

El ritmo de transposición de las Directivas que regulan la homologación de vehículos de motor, tractores agrícolas o forestales y ciclomotores ha sido satisfactorio. Hay que señalar que en 2002 expiraba el plazo de seis Directivas, frente a once en 2001.

De estas seis Directivas, solamente tres han requerido el envío de cinco dictámenes motivados a los países que no las habían transpuesto dentro de plazo (dos a Portugal, uno a Grecia, uno a Austria y uno a Suecia).

Sin embargo, hay que precisar que la Directiva 2002/78/CE, relativa a los dispositivos de frenado de determinadas categorías de vehículos a motor y de sus remolques, cuyo plazo de transposición expiraba el 30 de diciembre de 2002, sólo fue transpuesta dentro de la fecha por Alemania y Suecia.

En un plano más general, la Comisión inició una reflexión sobre el método de transposición automática que determinados Estados miembros utilizan para incorporar las Directivas en el sector del automóvil. A este respecto, determinados casos de infracción - en relación particularmente con los Países Bajos - aún permanecen en suspenso con vistas a clarificar en qué medida este método ofrece suficiente publicidad y seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores económicos.

La complejidad de la legislación y la constante evolución de las tecnologías contribuyen a suscitar problemas de interpretación en el ámbito de la homologación de vehículos, que requieren una cooperación estrecha y permanente entre la Comisión y las propias autoridades de homologación.

2.2.6. Embarcaciones de recreo e instalaciones por cable

En 2002 la Comisión dirigió a Bélgica un dictamen por haber aplicado inadecuadamente la Directiva 94/25/CE relativa a las embarcaciones de recreo.

Del mismo modo, en 2002 emitió dictámenes motivados destinados a varios Estados miembros (Alemania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Reino Unido) por no haber comunicado las medidas de transposición de la Directiva 2000/9/CE relativa a las instalaciones de transporte de personas por cable.

2.2.7. Lucha contra la morosidad

El plazo de transposición de la Directiva 2000/35/CE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad expiró en agosto de 2002. Sólo ocho Estados miembros habían respetado el plazo de transposición. Por consiguiente, la Comisión inició procedimientos de infracción contra siete Estados miembros. A continuación, la Comisión recibió las medidas nacionales de Italia, Austria y Países Bajos, lo que deja a cuatro Estados miembros en situación de infracción.

2.2.8. Normas de prevención establecidas en la Directiva 98/34/CE

La Directiva 98/34/CE (modificada ulteriormente por la Directiva 98/48/CE) establece un procedimiento de información que permite a los Estados miembros y a la Comisión ejercer un control preventivo, en relación con las normas del mercado interior, sobre los proyectos de normas técnicas relativas a los productos, así como los proyectos de normas sobre los servicios de la sociedad de información.

En 2002 la Comisión recibió 508 proyectos normativos (30 de ellos se referían a normas relativas a los servicios de la sociedad de la información). En relación con el año 2001, si bien el número de notificaciones se mantuvo prácticamente estable, aumentó ligeramente el de los casos que fueron objeto de un dictamen motivado por parte de la Comisión, conminando a la modificación de la medida considerada con el fin de eliminar obstáculos injustificados a la libre circulación de bienes o de servicios de la sociedad de la información que eventualmente pudieran derivar de aquélla. Además de las infracciones del Tratado CE, una gran parte de los dictámenes motivados enviados por la Comisión señalaban, como en años precedentes, que los proyectos notificados podían infringir Directivas comunitarias vinculadas a la libre circulación de productos o de servicios de la sociedad de la información.

La Directiva también facilitó, en una decena de casos, los trabajos de armonización a nivel comunitario, impidiendo la adopción de medidas nacionales que hubieran podido fijar las posiciones de determinados Estados miembros, cuando lo que se buscaba eran soluciones comunes. La mayor parte de los casos afectaban al ámbito químico, agrícola y de los productos alimenticios.

Cuando constata la infracción de una Directiva, resultante, bien de la adopción de un texto legislativo que contenga normas técnicas sin que éste haya sido notificado de conformidad con la Directiva 98/34/CE, bien del incumplimiento de los periodos de statu quo previstos por dicha Directiva, la Comisión debe iniciar un diálogo con el Estado miembro afectado con el fin de que rectifique la situación (por ejemplo, mediante la notificación de un nuevo proyecto y su ulterior adopción), o bien incoar un procedimiento de infracción. A finales de 2002 había 18 procedimientos de infracción en fase de instrucción. El ligero aumento de los casos de infracción en relación con el año 2001 se debe particularmente al creciente número de infracciones en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información. Ello se explica porque se trata de un sector nuevo y complejo en el que los Estados miembros todavía encuentran dificultades para garantizar la correcta aplicación del procedimiento. Los textos cuestionados se refieren en particular a la firma electrónica, al comercio electrónico y a la comunicación electrónica.

Con el fin de paliar esta situación, se organizaron seminarios de información con varios Estados miembros sobre el funcionamiento del procedimiento de notificación, acentuando el aspecto de los servicios de la sociedad de la información.

En 2002 el Tribunal de Justicia dictó una sentencia importante [20] sobre la excepción contenida en la Directiva 83/189/CEE (codificada por la Directiva 98/34/CE) según la cual un Estado miembro no debe notificar un proyecto normativo en virtud del cual un Estado miembro da cumplimiento a un acto comunitario vinculante que tenga por resultado la adopción de especificaciones técnicas (por ejemplo, transposición de una Directiva) y declaró que debe interpretarse de manera restrictiva.

[20] Sentencia de 22.1.2002 en el asunto C-390/99, Canal Satélite.

Con el fin de mejorar el diálogo con las empresas, se ha creado un sitio que contiene, en particular, los proyectos notificados: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/ index_fr.htm.

2.3. COMPETENCIA

En 2002, la Comisión adoptó decisiones en treinta y siete asuntos de competencia [21]. Veintiséis de ellos fueron archivados y en cuatro la Comisión acudió al Tribunal de Justicia. Aunque es difícil extraer conclusiones globales a partir estas cifras, cabe constatar que, por regla general, los Estados miembros adoptan las medidas necesarias para conformarse con el Derecho comunitario de la competencia. En efecto, los asuntos de competencia sólo representan una pequeña parte de las presuntas infracciones del Derecho comunitario actualmente objeto de examen por parte de la Comisión. La mayor parte de las denuncias presentadas ante la Comisión son infundadas o no prioritarias por carecer de dimensión comunitaria, o pueden desestimarse por haber sido tramitadas de manera apropiada por el Estado miembro correspondiente durante su examen. Numerosos casos de infracción se refieren a la aplicación de las Directivas en materia de competencia al ámbito de las telecomunicaciones o a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y sus empresas públicas.

[21] Procede señalar que en el presente Informe la Comisión no examina las presuntas infracciones de las normas comunitarias en materia de ayudas estatales sobre la base del artículo 88 CE.

2.3.1. Telecomunicaciones

A finales del año 2001 la Asociación Francesa de Operadores de Redes Multiservicio (AFORM), que reúne a la mayoría de los operadores de cable franceses, presentó una denuncia a la Comisión. Esta denuncia trata principalmente de las discriminaciones de que son objeto los operadores de cable en los procedimientos de concesión de autorizaciones de establecimiento y de explotación de servicios de telecomunicaciones y en la atribución y calificación de las servidumbres de paso por el sector público. Según la denuncia, las características de la legislación francesa son claramente menos favorables para los operadores de cable que para los demás operadores de telecomunicaciones, lo que podría constituir un grave handicap cuando los operadores de cable deseen desarrollar en sus redes servicios de telefonía y acceso a Internet. La Comisión estima en esta fase que la normativa francesa aparentemente no es compatible con la Directiva 95/51/CE que levantó las restricciones al suministro de servicios de telecomunicaciones por las redes cableadas de televisión, ni con lo dispuesto en la Directiva 1396/19/CE sobre las servidumbres de paso. Por tanto, el 25 de octubre de 2002 dirigió un escrito de requerimiento a las autoridades francesas.

La Comisión también inició un procedimiento de infracción contra Portugal sobre la aplicación del principio de no discriminación a la concesión de servidumbres de paso en el marco de la Directiva 1990/388/CEE.

2.3.2. Transporte aéreo

El 16 de octubre de 2002 la Comisión archivó el procedimiento de infracción incoado contra Portugal por no respetar la Decisión de la Comisión de 10 de febrero de 1999 (n° 1999/199/CE).

Mediante esta Decisión, relativa al sistema de descuento sobre los cánones de aterrizaje y las modulaciones de estos cánones según el origen del vuelo, establecido en los aeropuertos portugueses de Lisboa, Oporto y Faro (asunto IV/35.703 - Aeropuertos portugueses), la Comisión declaró que este sistema constituía una medida incompatible con el apartado 1 del artículo 86 del Tratado en relación con su artículo 82 (precios discriminatorios impuestos por ANA-EP, empresa pública encargada de la gestión de los aeropuertos de que se trata).

La República Portuguesa impugnó dicha Decisión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 4 de mayo de 1999. Mediante sentencia de 29 de marzo de 2001 [22], el Tribunal de Justicia desestimó el recurso y las autoridades portuguesas adoptaron medidas (Decreto Ley de 26 de diciembre de 2001, Decreto de aplicación de 3 de julio de 2002) por las que los cánones de aterrizaje en los aeropuertos de Lisboa, Oporto y Faro se adaptaban a la Decisión de 10 de febrero 1999.

[22] Asunto C-163/99.

2.3.3. Ayudas estatales

Varios Estados miembros aún no han aplicado las enmiendas de la Directiva "transparencia" [23], según la cual las empresas encargadas de prestar servicios públicos tienen que llevar contabilidades separadas para los servicios públicos, por una parte, y para los servicios abiertos a la competencia, por otra. El uso de financiación pública para distorsionar la competencia infringe el principio clave según el cual las empresas que reciben fondos estatales para servicios de interés general no pueden utilizar estos recursos para subvencionar actividades abiertas a la competencia. Esto es especialmente cierto para los sectores recientemente liberalizados en los que la competencia emergente todavía es vulnerable. Como los derechos especiales o exclusivos o la financiación pública no pueden, por tanto, favorecer las actividades competitivas de las empresas públicas, la transparencia financiera en las relaciones entre el Estado y las empresas de servicio público es indispensable. Los Estados miembros han tenido hasta finales de julio de 2001 para aplicar la Directiva sobre transparencia en sus ordenamientos nacionales. El 19 de octubre de 2001 la Comisión envió un recordatorio a algunos Estados miembros que no lo habían hecho. El 26 de junio de 2002 la Comisión envió un dictamen motivado con arreglo al artículo 226 del Tratado CE a Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Portugal y Suecia. Como ninguno de estos Estados miembros había transpuesto la Directiva sobre la transparencia en el ordenamiento nacional, la Comisión les requirió que cumplieran con dicha obligación en el plazo de dos meses. En los casos en que los Estados miembros no han informado la Comisión sobre las disposiciones adoptadas para atenerse a los nuevos requisitos, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia. Es este contexto, la Comisión inició un procedimiento contra Bélgica y Luxemburgo.

[23] Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, DO L 193 de 29.7.2000, p. 75.

En el asunto Maribel, Bélgica fue condenada en julio de 2001 por el Tribunal de Justicia por no haber obtenido el reembolso de las ayudas concedidas en el marco de este régimen fiscal. Considerando que Bélgica no había cumplido plenamente la sentencia del Tribunal de Justicia, la Comisión, tras haber enviado un escrito de requerimiento a Bélgica en abril de 2002, le hizo llegar un dictamen motivado en julio de 2002, en el marco del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 228 del Tratado CE.

2.4. EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Este ámbito cubre diferentes aspectos de la política social (como la libre circulación de trabajadores, la igualdad de trato a hombres y mujeres, las condiciones de trabajo y la salud y seguridad en el lugar de trabajo), así como diferentes instrumentos jurídicos (como el Tratado CE, Reglamentos y numerosas Directivas).

En materia de libre circulación de trabajadores, la Comisión ha tenido que ocuparse de problemas de aplicación inadecuada de determinadas disposiciones del Tratado CE y de los Reglamentos aplicables en la materia, llegados a su conocimiento a través de denuncias individuales de los ciudadanos, mientras que en los demás ámbitos (igualdad de trato a hombres y mujeres, condiciones de trabajo y salud y seguridad en el lugar del trabajo) son sobre todo problemas de falta de conformidad y falta de comunicación de las medidas nacionales de transposición de las Directivas los que dan lugar a procedimientos de infracción.

Libre circulación de personas

En el ámbito de la libre circulación de personas, sigue habiendo problemas de aplicación incorrecta de las disposiciones correspondientes del Tratado (artículos 39 y 42 CE) y de los Reglamentos nos 1408/71 y 1612/68 [24]. Un gran número de procedimientos ya iniciados prosiguen. Un ejemplo se refiere a la dificultad de que se reconozca en el servicio público de varios Estados miembros la experiencia adquirida en otro Estado miembro. Los asuntos contra Bélgica, Francia, España, Italia, Portugal, Austria e Irlanda prosiguen a pesar de haberse logrado ciertos progresos hacia la conformidad con el Derecho comunitario. La Comisión también decidió remitir al Tribunal de Justicia el asunto contra Bélgica sobre una asignación familiar ("asignación de interrupción de carrera"), porque el pago de dicho beneficio está supeditado al requisito de que la persona resida en Bélgica. En relación con un requisito de residencia similar que debe cumplirse para poder acceder al beneficio en caso de prejubilación, se envió un dictamen motivado a Bélgica.

[24] Véase también a este respecto la Comunicación recientemente adoptada por la Comisión "La libre circulación de trabajadores: La plena realización de sus ventajas y sus posibilidades", de 11 de diciembre 2002, COM(2002) 694 final.

Prosigue el procedimiento contra Italia por no haber comunicado las medidas nacionales adoptadas para atenerse efectivamente a la sentencia del Tribunal de Justicia [25] en la que se la condenaba por no reconocer los derechos adquiridos de antiguos asistentes de lengua extranjera por parte de determinadas universidades italianas ('Lettori') y la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado con arreglo al artículo 228 del Tratado.

[25] Sentencia del TJ de 26 de junio de 2001 en el asunto C-212/99.

Por otra parte, a raíz de la adopción de las medidas necesarias para atenerse a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia [26], pudo ponerse término al procedimiento de infracción contra Francia sobre la deducción de la "contribución social generalizada" y la "contribución para el reembolso de la deuda social" de los ingresos de los trabajadores fronterizos, que proseguía con arreglo al artículo 228 del Tratado.

[26] Sentencias de 15 de febrero de 2000 en los asuntos C-169/98 y C-34/98.

Por otra parte, dado que el plazo de comunicación de las medidas nacionales por las que se transpone la Directiva 98/49/CE [27] expiró el 25 de enero de 2002 [28], se incoaron procedimientos de infracción en relación con los Estados miembros que no notificaron dentro de plazo las medidas nacionales de transposición.

[27] Directiva 98/49/CE del Consejo de 29 de junio de 1998 relativa a la protección de los derechos de pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 209 de 25.7.1998, p. 46.

[28] La fase de transposición de la Directiva figura en el Anexo IV, Parte 2 del presente Informe.

Igualdad de trato a hombres y mujeres

Por lo que se refiere a los casos de falta de comunicación de las medidas nacionales de transposición, se envió un dictamen motivado a Grecia por no transponer la Directiva 97/80/CE (carga de la prueba). Sin embargo, a raíz de la adopción de las medidas necesarias, se archivó el procedimiento relativo a la falta de transposición de la Directiva 96/97/CE [29], en el que Grecia fue condenada por el Tribunal de Justicia [30], y que proseguía de conformidad con el artículo 228 del Tratado.

[29] Directiva 96/97/CE del Consejo de 20 de diciembre de 1996 por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social.

[30] Sentencia de 14 diciembre de 2000, asunto C-457/98.

Se notificó un dictamen motivado al Gobierno luxemburgués por transposición inadecuada de la Directiva 96/34/CE relativa al permiso parental, mientras que el asunto contra el Reino Unido fue archivado tras la adopción de las medidas necesarias por las que se transpone correctamente dicha Directiva.

Pudo archivarse el procedimiento relativo a la aplicación inadecuada de las Directivas 75/117 y 79/7 por parte de Grecia (no supresión, con efectos retroactivos, de las disposiciones de los convenios colectivos que subordinaban la concesión de las asignaciones familiares y matrimoniales a los trabajadores de sexo femenino a requisitos que no se imponían a los trabajadores de sexo masculino casados) [31], que proseguía con arreglo al artículo 228.

[31] Sentencia de 28 octubre de 1999, asunto C-187/98.

Por lo que se refiere a la Directiva 76/207/CEE, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia contra el Gobierno alemán porque la legislación alemana excluye la posibilidad de que los trabajadores a tiempo parcial del sector público formen parte de los comités de representación del personal. La Comisión estima, en efecto, que esta exclusión de hecho afecta más a los trabajadores de sexo femenino y, por tanto, constituye una discriminación indirecta por razón del sexo contraria a la Directiva 76/207/CEE, en particular a sus artículos 1 y 2. Se notificó un dictamen motivado a las autoridades austriacas en relación con la prohibición de que las mujeres trabajen en medios hiperbáricos o atmósfera hiperbárica, así como en las minas subterráneas. Según la Comisión, esta prohibición es contraria al artículo 3 de la Directiva 76/207/CEE.

Condiciones laborales

Por lo que se refiere al tiempo de trabajo, prosigue el procedimiento incoado contra Italia con arreglo al artículo 228 del Tratado CE por no haber comunicado las medidas adoptadas para atenerse a la sentencia [32] del Tribunal de Justicia en la que se la condenaba por no haber notificado las medidas nacionales de transposición de la Directiva 93/104/CE [33]. Dado que Italia sigue sin adoptar medida alguna para atenerse a dicha sentencia, la Comisión decidió recurrir nuevamente al Tribunal de Justicia [34], solicitando que imponga a Italia una multa coercitiva (multa diaria) de 238.950 EUR por día de retraso.

[32] Sentencia de 9 de marzo de 2000, asunto C-386/98.

[33] Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, DO L 307 de 13.12.1993, p. 18.

[34] Asunto C-57/2003.

A raíz del envío de un dictamen motivado (por la razón de que la transposición de la Directiva 93/104/CE en Dinamarca se hizo mediante convenios colectivos que no cubrían a la totalidad de los trabajadores), Dinamarca adoptó el 8 de mayo de 2002 una ley que completa la transposición de dicha Directiva en Derecho nacional. El procedimiento iniciado sobre la falta de cobertura de determinados trabajadores por los convenios colectivos que transponen la Directiva debería poder archivarse próximamente.

Tras la adopción del Informe sobre el estado de la aplicación de dicha Directiva [35], la Comisión inició igualmente otros procedimientos por no conformidad de las medidas nacionales de transposición de la Directiva.

[35] Informe de la Comisión "Estado de la aplicación de la Directiva 93/104/CE del Consejo de 23 noviembre 1993 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo" (Directiva del tiempo de trabajo, DO L 307 de 13.12.1993, p. 18), COM(2000) 787 final.

En materia de tiempo de trabajo de la gente de mar, el plazo de transposición de la Directiva 1999/63/CE [36] expiró el 30 de junio de 2002 [37]. Se iniciaron procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no notificaron dentro de plazo las medidas nacionales de transposición.

[36] Directiva 1999/63/CE del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar suscrito por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (FST) - Anexo: Acuerdo Europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar, DO L 167 de 2.7.1999, p. 33.

[37] La fase de transposición de la Directiva figura en el Anexo IV, Parte 2 del presente Informe.

Los problemas de falta de conformidad de la transposición de la Directiva 77/187/CEE relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, persisten en Italia (donde no es aplicable en determinadas situaciones de crisis, como por ejemplo, el convenio con los acreedores aprobado judicialmente y el procedimiento de administración extraordinaria). El asunto sigue pendiente [38] ante Tribunal de Justicia. Por otra parte, como el plazo de transposición de la Directiva 98/50/CE [39] expiró el 17 de julio de 2001 [40], se iniciaron procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no notificaron dentro de plazo las medidas nacionales de transposición. En particular, se envió un dictamen motivado a Portugal y se decidió remitir el asunto relativo a Irlanda ante Tribunal de Justicia [41].

[38] Asunto C-145/01, Comisión/Italia.

[39] Directiva 98/50/CE del Consejo de 29 de junio de 1998 por la que se modifica la Directiva 77/187/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, DO L 201 de 17.7.1998, p. 88.

[40] La fase de transposición de la Directiva figura en el Anexo IV, Parte 2 del presente Informe.

[41] Asunto C-75/2003.

Por lo que se refiere a la Directiva sobre el trabajo de duración determinada [42], se dirigió un dictamen motivado a los Países Bajos por no haber comunicado las medidas nacionales de transposición dentro de plazo. En cuanto a Irlanda, prosigue el procedimiento por falta de transposición dentro de plazo y se ha decidido a recurrir al Tribunal de Justicia.

[42] Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, DO L 175 de 13.07.99, p. 43.

Por último, en lo referente a la Directiva 98/59/CE [43] sobre los despidos colectivos, los procedimientos de infracción incoados contra Italia y Portugal por falta de conformidad prosiguen su curso ante Tribunal de Justicia [44]. Lo mismo ocurre con la acción emprendida contra Alemania [45] por falta de conformidad de la transposición por dicho Estado de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores [46], lo que ofrecerá al Tribunal de Justicia la posibilidad de manifestarse sobre la interpretación del concepto de "cuantías de salario mínimo".

[43] Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, DO L 225 de 12.8.98, p. 16.

[44] Asuntos pendientes C-32/02 y C-55/02 respectivamente.

[45] Asunto pendiente C-341/02.

[46] Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, DO L 18 de 21.1.97, p. 2.

Salud y seguridad en el lugar de trabajo

Por lo que se refiere a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el trabajo, se siguieron procedimientos de infracción por falta de comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las Directivas 98/24/CE [47] y 2000/39/CE [48] contra los Estados miembros que no habían transpuesto las Directivas y se decidió llevar a Francia, en relación con la Directiva 98/24, y a Francia e Italia, en relación con la Directiva 2000/39/CE, ante el Tribunal de Justicia.

[47] Directiva 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 1998 relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

[48] Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

A raíz de la condena de Austria por el Tribunal de Justicia por falta de comunicación de todas las medidas nacionales de transposición en relación con las Directivas 95/30 [49], 97/59 [50] y 97/65 [51] (sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo), se prosiguen los procedimientos relativos a las dos primeras Directivas con arreglo al artículo 228 del Tratado. No obstante, pudo archivarse el procedimiento relativo a la Directiva 97/65.

[49] Sentencia de 14 de junio de 2001, asunto C-473/99.

[50] Sentencia de 11 de octubre de 2001, asunto C-110/00.

[51] Sentencia de 11 de octubre de 2001, asunto C-111/00.

En cuanto a los problemas de no conformidad de la transposición de la Directiva marco 89/391/CEE [52] y sus Directivas particulares, se prosiguieron muchos de los procedimientos ya iniciados. Así, a título de ejemplo y en lo relativo a la transposición de la Directiva marco 89/391/CEE, se envió un dictamen motivado a Austria, Francia y España. También prosiguen los procedimientos contra Irlanda, Suecia y el Reino Unido, mientras que los asuntos relativos a los Países Bajos y Luxemburgo están pendientes ante el Tribunal de Justicia [53]. Alemania fue condenada mediante sentencia de 7 de febrero de 2002 [54] por haber transpuesto de manera inadecuada la obligación impuesta por dicha Directiva de disponer siempre de una evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo en forma de documentos. Prosigue, con arreglo al artículo 228 del Tratado, la instrucción del procedimiento iniciado contra Italia a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia [55].

[52] Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

[53] Respectivamente asuntos pendientes C-441/01 y C-335/02.

[54] Asunto C-5/00.

[55] Sentencia de 15 de noviembre de 2001 en el asunto C-49/00.

Por lo que se refiere las Directivas particulares, proceder destacar, por ejemplo, que se decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia por haber transpuesto inadecuadamente la Directiva 89/655/CEE (equipos de trabajo) y que Italia fue condenada mediante sentencia de 24 de octubre de 2002 [56] por haber transpuesto de manera inadecuada la Directiva 90/270/CEE (trabajo en pantallas de visualización).

[56] Asunto C-455/00.

2.5. AGRICULTURA

En el sector agrícola, la acción de control de la aplicación del Derecho comunitario se desarrolla en torno a dos ejes destinados, uno, a eliminar los obstáculos a la libre circulación de los productos agrícolas y, el otro, a realizar una aplicación efectiva y correcta de los mecanismos más específicos de la normativa agrícola.

En materia de libre circulación de los productos agrícolas, hay que observar de manera general que se ha confirmado la tendencia a la reducción de obstáculos clásicos a la libre circulación de productos agrícolas, como los controles sistemáticos a la importación o la exigencia de certificados. Determinadas intervenciones de los Estados miembros se han orientado hacia la reserva del uso de marcas de calidad para los productos nacionales o regionales y han justificado la intervención de la Comisión.

Aun siendo favorable a las iniciativas destinadas a una promoción efectiva de la calidad de los productos agrícolas y alimenticios que pueda favorecer la creación de nuevas salidas, la mejora de los ingresos de los productores y una oferta más diversificada para los consumidores, la Comisión siempre ha velado por que las marcas de calidad no se reserven de jure o de facto a productos nacionales o regionales si éstos no presentan una especificidad cualitativa intrínseca debidamente reconocida como tal.

Este enfoque, que se propone evitar que dichas marcas generen una discriminación arbitraria de productores y operadores de otros Estados miembros y obstáculos injustificados a la libre circulación de mercancías (véanse las sentencias dictadas el 12.10.1978 en el asunto C-321/94, Eggers, y el 07.05.1997 en el asunto C-321/94, Montagne), ha sido recientemente confirmado por el Tribunal de Justicia. De hecho, mediante su sentencia dictada en el asunto C-325/00, el Tribunal de Justicia estimó el recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión relativo a la marca alemana "CMA" [57]. Esta marca, en la que figura la mención "Markenqualität aus deutschen Landen", exige una localización nacional parcial del proceso de elaboración de los productos agrícolas y alimenticios que la llevan. Por considerar que "tal régimen, establecido con el objeto de promover la comercialización de los productos agroalimentarios fabricados en Alemania y cuyo mensaje publicitario subraya la procedencia alemana de los productos correspondientes, puede incitar a los consumidores a comprar los productos provistos de la marca CMA en detrimento de los productos importados", el Tribunal de Justicia condenó a Alemania. En el mismo contexto, el Tribunal de Justicia conoció de un recurso que trataba de diez marcas regionales francesas [58]; el Abogado General Mischo presentó el 5.12.2002 sus conclusiones, favorables a la postura de la Comisión. Ésta decidió también acudir al Tribunal de Justicia en relación con dos marcas de calidad regionales [59] italianas y dos marcas regionales belgas [60].

[57] Sentencia de 5.11.2002, Rec. 2000, p.0000.

[58] En el caso de Francia, los procedimientos de infracción incoados se refieren a las marcas de calidad regionales siguientes: "Normandie", "Nord-Pas-de-Calais", "Ardennes de France", "Limousin", "Languedoc-Roussillon", "Lorraine", "Savoie", "Franche-Comté", "Corse", "Midi-Pyrénées", "Salaisons d'Auvergne".

[59] En el caso de Italia, los procedimientos de infracción incoados se refieren a las marcas de calidad regionales "Regione Siciliana-Marchio Qualità" y "Abruzzo Qualità".

[60] En el caso de Bélgica, los procedimientos de infracción se refieren al "Label de qualité wallon" y a la marca "Blanc bleu fermier".

En cuanto a la repetición de los actos de violencia cometidos en Francia por particulares contra frutas y verduras procedentes de otros Estados miembros, en particular de España, y la abstención de las autoridades públicas de adoptar las medidas necesarias para hacerles frente, procede recordar que mediante su sentencia de 9.11.1997 dictada en el asunto C-265/95 [61], el Tribunal de Justicia declaró que "la República Francesa ha incumplido las obligaciones que se derivan del artículo 30 del Tratado (actual artículo 28 CE), en relación con el artículo 5 (actual artículo 10 CE) de dicho Tratado, y de las organizaciones comunes de mercados de productos agrícolas, al no adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas para que determinadas acciones de particulares no obstaculicen la libre circulación de frutas y hortalizas." El desarrollo pacífico de la mayor parte de las campañas de comercialización de las frutas y verduras procedentes de España a partir de dicha sentencia y las medidas de orden público adoptadas por el Gobierno francés para atenerse a la sentencia del Tribunal de Justicia parecen haber alcanzado un mayor nivel eficacia que en situaciones anteriores. No obstante, el año 2002 se ha visto marcado por una campaña destinada a imponer, mediante amenazas, a las grandes superficies, la comercialización privilegiada de frutas y verduras procedentes de Francia o de la región.

[61] Sentencia de 9.11.1997, Rec. 1997, p. I-6959 .

En cuanto a la aplicación de las normas específicas de la Política Agrícola Común, la Comisión siguió prestando una atención elevada a la aplicación de los instrumentos de control de la producción, como el del régimen de las cuotas lecheras o la gestión y control integrados de las ayudas comunitarias.

Así, el retraso acumulado por Grecia, principalmente debido a dificultades administrativas internas, en la aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios establecido por el Reglamento (CEE) n° 3508/92 justificó el recurso al Tribunal de Justicia [62]. Este Reglamento se propone armonizar y racionalizar las medidas de gestión y control de los regímenes de ayudas comunitarios, en particular en el sector de los cultivos herbáceos y en los de la carne de vacuno, ovino y caprino, con el fin de aumentar la eficacia y la rentabilidad mediante una política preventiva y represiva de las irregularidades que puedan producirse en el marco de las operaciones financiadas por el FEOGA.

[62] Asunto C-328/02.

A pesar de la obligación de establecer medidas concretas del sistema integrado de control antes del 01.01.1997, las autoridades helénicas no han cumplido íntegramente los requisitos previstos en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3508/92, destinados a garantizar la legalidad y regularidad de los pagos concedidos por las instancias comunitarias.

Además de los procedimientos antes mencionados, la Comisión también ha tenido que intervenir para hacer respetar la normativa que protege la agricultura biológica, para impedir la percepción de cánones sobre los importes concedidos por los fondos estructurales y para hacer respetar el mecanismo de importación de las bananas de "países terceros".

Así, la Comisión decidió someter al Tribunal de Justicia una nueva normativa española que permite utilizar el término "Bio" en la denominación de productos que no proceden de la agricultura biológica de conformidad con el Reglamento (CEE) n° 2092/1991 del Consejo, de 24.6.1991, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 1804/1999, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Emitió un dictamen motivado contra la percepción de un tributo administrativo recaudado por IFADAP -ente público encargado en Portugal de garantizar el funcionamiento de los mecanismos de apoyo y de las ayudas comunitarias y nacionales en los sectores de la agricultura y de la pesca- sobre los importes concedidos a los beneficiarios de las ayudas, financiadas por los fondos estructurales en contradicción con los Reglamentos (CEE) n° 4253/88 y (CE) n° 2082/93. Por último, mediante la emisión de un dictamen motivado, la Comisión prosiguió el procedimiento de infracción incoado contra la República Francesa por haber determinado cantidades de referencia para la expedición de certificados importación de bananas muy superiores a las cantidades resultantes de la aplicación del Reglamento (CE) n° 896/2001.

En cuanto a la aplicación de la Directiva 98/34/CE, que exige a los Estados miembros y países de la AELC la notificación previa a su adopción de todo proyecto de reglamentación que contenga normas o reglas técnicas susceptibles de crear obstáculos a los intercambios intracomunitarios en el ámbito agrícola, procede señalar que en el año 2002 también se notificaron numerosos proyectos a la Comisión en el marco de la aplicación de dicha Directiva. Así, en el sector agrícola, a lo largo del año 2002, se examinaron 119 proyectos de textos legislativos notificados por los Estados miembros y los países de la AELC en relación con el artículo 28 del Tratado OCDE y el Derecho derivado.

2.6. ENERGÍA Y TRANSPORTES

Durante el año 2002, se instruyeron 231 expedientes de infracción (119 por falta de comunicación de las medidas de transposición de las Directivas y 112 por falta de conformidad de la transposición de las Directivas o aplicación inadecuada del Derecho comunitario). La estabilidad del número de expedientes de infracción a pesar del considerable número de archivos durante este periodo (111 expedientes de infracción, 79 de ellos por falta de comunicación) se debe a una transposición más rápida de las Directivas sobre Transportes, aunque se observa que los plazos de transposición raramente son respetados por los Estados miembros. Se han iniciado 100 nuevos expedientes de infracción (59 de ellos por falta de comunicación) y se han examinado 28 denuncias registradas durante este periodo. Por último, el Tribunal de Justicia ha dictado 15 sentencias por incumplimiento.

Energía

2.6.1. Mercado interior de la electricidad y el gas natural

La Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad fue transpuesta en Derecho interno por todos los Estados miembros, excepto Bélgica, que aún debe adoptar algunos decretos de aplicación, por lo que la Comisión ha llevado el asunto al Tribunal de Justicia [63].

[63] Asunto C-126/02.

La Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural debía transponerse, a más tardar, el 10 de agosto de 2000. Francia sigue sin transponer esta Directiva y ha sido condenada por el Tribunal de Justicia mediante sentencia de 28 de noviembre de 2002 [64]. Por otra parte, Alemania sólo ha transpuesto parcialmente la Directiva y, por este motivo, la Comisión ha decidido acudir al Tribunal de Justicia.

[64] Asunto C-259/01, sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de noviembre de 2002, Comisión/Francia, Rec. 2002, p. I-0000.

2.6.2. Eficacia energética

El plazo de transposición de la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes, expiró el 20 de noviembre de 2001 y fue transpuesta en todos los Estados miembros salvo en Alemania, donde las medidas de transposición se adoptarán en 2003.

A raíz de la falta de transmisión de los informes sobre la aplicación de la Directiva 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE), hay procedimientos de infracción en curso contra Irlanda y Luxemburgo y la Comisión ha decidido [65] recurrir al Tribunal de Justicia contra este último Estado miembro.

[65] Asunto C-461/02.

Hay que señalar el retraso en la notificación de las medidas de transposición de la Directiva 2002/31/CE de la Comisión, de 22 de marzo de 2002, sobre el etiquetado energético de los acondicionadores de aire de uso doméstico y de la Directiva 2002/40/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2002, sobre el etiquetado energético de los hornos eléctricos de uso doméstico. En la fecha de expiración del plazo de transposición de estas dos Directivas (31 de diciembre de 2002), sólo un Estado miembro había cumplido sus obligaciones.

La Directiva 98/93/CE del Consejo de 14 de diciembre de 1998 que modifica la Directiva 68/414/CEE por la que se obliga a los Estados miembros de la CEE a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o de productos petrolíferos, cuyo plazo de transposición expiraba el 31 de diciembre de 1999, ha sido transpuesta por todos los Estados miembros. Sin embargo, prosigue un procedimiento contra Grecia por aplicación inadecuada de esta Directiva y el 23 de octubre de 2002 se emitió un dictamen motivado.

Transportes

En el ámbito de legislación comunitaria de los transportes, expiró el plazo de transposición de 8 Directivas a lo largo del año 2002. El índice de transposición de las Directivas sobre Transportes, que había mejorado claramente alcanzando el 98% en mayo, volvió a caer a un nivel cercano al de 2001 (94,7%) debido al retraso acumulado por los Estados miembros en la notificación de las medidas de transposición de las tres Directivas cuyo plazo expiraba en diciembre de 2002. El número de denuncias registradas (23) se duplicó de un año para otro. Por el contrario, el número de procedimientos de infracción que son objeto de una decisión de acudir al Tribunal de Justicia por parte de la Comisión se ha reducido a la mitad (11 frente a 24 en 2001). Por último, hay que señalar también la estabilidad del número de sentencias por las que se declaran incumplimientos de los Estados miembros (14 frente a 15 en 2001) y hay que destacar el caso particular de los acuerdos aéreos bilaterales con los Estados Unidos, que dio lugar a sentencias contra ocho Estados miembros.

2.6.3. Transportes por carretera

El 6 de julio de 2002 se pronunció una sentencia por la que se declaraba el incumplimiento de Bélgica al no haber transpuesto la Directiva 98/76/CE [66], que tiene por objeto reforzar los criterios para acceder a la profesión de transportista por carretera, así como favorecer el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento de los transportistas por carretera en el ámbito de los transportes nacionales e internacionales modificando la Directiva 96/26/CE relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías y de transportista de viajeros por carretera. En el año 2002 pudieron archivarse los procedimientos contra Francia, Luxemburgo y Suecia. Las autoridades belgas notificaron un decreto real de 7 de mayo de 2002 sobre el transporte de mercancías por carretera y el procedimiento pendiente se archivará en cuanto se comunique el decreto relativo al transporte de pasajeros.

[66] Asunto C-274/01, sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de junio de 2002, Comisión/Bélgica, Rec. 2000, p. I-5151.

Irlanda es el único Estado miembro que aún no ha transpuesto la Directiva 2001/9/CE de 12 de febrero de 2001, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 96/96/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques. La Comisión emitió un dictamen motivado el 19 de diciembre de 2002. Siempre en este ámbito, hay que señalar el retraso de seis Estados miembros en la transposición de la Directiva 2000/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2000, relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que circulan en la Comunidad, cuyo plazo de transposición expiró el 9 de agosto de 2002.

Por lo que se refiere al expediente del permiso de conducir, la falta de conformidad de la transposición de la Directiva 91/439/CEE sigue siendo preocupante en determinados Estados miembros, en particular en Francia, España y Países Bajos. En cuanto a los extremos recurrentes en las denuncias de los ciudadanos, se encuentran disposiciones nacionales no conformes como la edad mínima para una determinada categoría de vehículo, la renovación del permiso de conducir a ciudadanos que ya no tienen su residencia en el Estado miembro de expedición, los criterios de los vehículos de examen, la duración de la prueba práctica y las normas mínimas relativas a la aptitud para la conducción.

2.6.4. Transporte por vía navegable

El conjunto de los procedimientos de infracción incoados por la Comisión contra Finlandia por no haber transpuesto las Directivas relativas a la navegación interior [67] pudo archivarse a raíz de la comunicación de las medidas de transposición. Por otra parte, Francia ejecutó la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001 [68] al comunicar el decreto de 29 de agosto de 2002 relativo a la tripulación y conducción de los buques en aguas interiores.

[67] Directiva 96/50/CE ; Directiva 91/672/CEE; Directiva 87/540/CEE; Directiva 82/714/CEE y Directiva 76/135/CEE.

[68] Asunto C-468/00, sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Comisión/Francia, Rec. 2001, p. I-6337.

2.6.5. Seguridad de los transportes de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril

Estos últimos años se habían observado retrasos importantes en la transposición de las Directivas [69] sobre la seguridad de los transportes de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril. Se incoaron numerosos procedimientos y el Tribunal de Justicia pronunció sentencias contra Irlanda e Italia. En 2002 se produjeron progresos espectaculares, ya que solamente queda un asunto pendiente contra Luxemburgo por no haber transpuesto la Directiva 2001/26/CE [70]. Sin embargo, aún no se han comunicado a la Comisión todas las medidas nacionales de transposición de las Directivas 2001/6/CE y 2001/7/CE, cuyo plazo de transposición expiró el 31 de diciembre de 2002. En lo referente a la Directiva 1999/36/CE sobre equipos a presión transportables, y a la Directiva 2001/2/CE sobre el mismo tema, cuyo plazo de transposición expiró el 1 de julio de 2001, la Comisión decidió, el 19 de diciembre de 2002, llevar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia por no haberlas transpuesto.

[69] Directiva 94/55/CE ; Directiva 95/50/CE ; Directiva 96/49/CE ; Directiva 96/86/CE ; Directiva 96/87/CE ; Directiva 99/47/CE ; Directiva 99/48/CE y Directiva 2001/26/CE.

[70] Dictamen motivado enviado el 27 de junio de 2002.

2.6.6. Transporte por ferrocarril

La situación de la Directiva 96/48/CE relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad, cuyo objetivo es favorecer la interconexión e interoperabilidad de las redes nacionales de trenes de alta velocidad en las diferentes fases de diseño, construcción y puesta en servicio, así como de explotación y acceso a dichas redes, se restableció totalmente a lo largo del año 2002, ya que todos los Estados miembros finalmente comunicaron las medidas de transposición a la Comisión, después de que el Tribunal de Justicia declarara el incumplimiento del Reino Unido mediante sentencia de 30 de mayo de 2002 [71].

[71] Asunto C-441/00, sentencia de 30 de mayo de 2002, Comisión/Reino Unido, Rec. 2002, p. I-4699.

2.6.7. Transporte aéreo

En los ámbitos de actividad del transporte aéreo, todos los Estados transpusieron todas las Directivas excepto Irlanda, que sigue sin transponer las Directivas 98/20/CE y 1999/28/CE, que tienen por objeto limitar la explotación de determinados tipos de aviones a reacción subsónicos civiles. El Tribunal de Justicia dictó el 15 de octubre de 2002 una sentencia por incumplimiento [72] en relación con esas dos Directivas.

[72] Asuntos C-327/01 y C-328/01, sentencia de 15 octubre 2002, Comisión/Irlanda, Rec. 2002, p. I-0000.

La aplicación en Alemania y en Italia de la Directiva 96/67/CE relativa a la asistencia en tierra dio lugar a la decisión de recurrir ante el Tribunal de Justicia contra esos dos Estados miembros. Las infracciones detectadas en materia de tasas aeroportuarias han sido objeto de procedimientos. Determinados Estados miembros aplican unas tasas de importe diferente según el destino de los pasajeros (vuelos interiores/conexiones aéreas intracomunitarias y/o internacionales), lo que es incompatible con el principio de libre prestación de servicios puesto en práctica en el ámbito del transporte aéreo por el Reglamento (CEE) n° 2408/92 y contrario al ejercicio de la libertad de circulación concedida a los ciudadanos de la Unión en virtud del artículo 18 del Tratado. Los procedimientos pendientes contra los Países Bajos y Portugal prosiguen, mientras que el asunto italiano pudo archivarse.

El 5 noviembre de 2002, el Tribunal de Justicia se pronunció [73] en los asuntos relativos a los acuerdos bilaterales llamados de "cielo abierto" con EE.UU. contra ocho Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Luxemburgo, Austria, Suecia y Reino Unido). El Tribunal de Justicia consideró que estos acuerdos no eran conformes con el Derecho comunitario y violaban la competencia exclusiva externa de la Comunidad.

[73] Asunto C-466/1998, sentencia de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Reino Unido, Rec. 2002, p. I-0000. Asunto C-467/1998, sentencia de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Dinamarca, Rec. 2002, p. I-0000. Asunto C-468/1998, sentencia de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Suecia, Rec. 2002, p. I-0000. Asunto C-469/1998, sentencia de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Finlandia, Rec. 2002, p. I-0000. Asunto C-471/1998, sentencia de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Bélgica, Rec. 2002, p. I-0000. Asunto C-472/1998, sentencia de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Luxemburgo, Rec. 2002, p. I-0000. Asunto C-475/1998, sentencia de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Austria, Rec. 2002, p. I-0000 Asunto C-476/1998, sentencia de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Alemania, Rec. 2002, p. I-0000

2.6.8. Transporte marítimo

En materia de seguridad marítima, la Comisión ha observado una mejora del índice de transposición, ya que todas las Directivas cuyo plazo expiraba el 30 de junio de 2002 han sido transpuestas en todos los Estados miembros. Todos los procedimientos pendientes por falta de comunicación de las medidas transposición de las Directivas sobre un régimen de reconocimientos obligatorio para garantizar la seguridad en la explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad [74], al control del Estado del puerto [75] y en materia de seguridad de los transportes marítimos de pasajeros [76] pudieron archivarse.

[74] Directiva 99/35/CE.

[75] Directiva 99/97/CE.

[76] Directiva 98/18/CE y Directiva 98/41/CE.

Lamentablemente, subsiste retraso en las cuatro Directivas [77] cuyo plazo de transposición expiró en el segundo semestre de 2002.

[77] Directiva 2001/53/CE ; Directiva 99/95/CE ; Directiva 2002/25/CE y Directiva 2000/59/CE.

En cuanto a la aplicación de la Directiva 95/21/CE (control del Estado del puerto) que armoniza los criterios de inspección de los buques, los requisitos para su inmovilización y/o para la denegación de acceso a los puertos comunitarios, hay que señalar que la Comisión decidió [78] llevar a Francia e Irlanda ante el Tribunal de Justicia en relación con la aplicación incorrecta de la Directiva por no respetar la obligación en materia de inspección de controlar al menos el 25% del número de buques que enarbolan pabellón extranjero que hacen escala en sus puertos o navegan en aguas de su jurisdicción.

[78] Asuntos C-2002/439 y C-2002/436.

El respeto de la legislación comunitaria en materia de registro de buques y atribución de pabellón sigue planteando dificultades en los Países Bajos, donde las condiciones de inscripción de buques en los registros marítimos y la concesión del pabellón nacional siguen siendo discriminatorios. El procedimiento de infracción prosigue ante el Tribunal de Justicia [79].

[79] Asunto C-299/02.

En materia de derecho de establecimiento, la Comisión, a raíz de la modificación de la legislación italiana en el sentido indicado por la Comisión, desistió en el asunto contra Italia [80] que trataba de la falta de conformidad con los artículos 43 y 48 del Tratado de su legislación nacional que fija las condiciones con arreglo a las cuales las compañías marítimas legalmente establecidas en otro Estado miembro pueden beneficiarse del mismo trato que las compañías marítimas italianas para ser admitidas en la cuota italiana en el tráfico regido por un sistema de conferencia marítima.

[80] Asunto C-337/02.

En cuanto al respecto del principio de libre prestación de servicios, garantizado por el Reglamento (CEE) n° 4055/86 en materia de acuerdos de reparto de cargamentos entre Estados miembros y países terceros, el procedimiento contra Portugal fue archivado tras la denuncia del protocolo firmado con Yugoslavia, y también los que trataban de los acuerdos de Bélgica con el Zaire y con Costa de Marfil, Senegal y Malí. La instrucción de los procedimientos relativos a los acuerdos de reparto de cargamentos entre Bélgica y Togo y el de Italia contra China prosiguen.

Por otra parte, la aplicación del Reglamento (CEE) n° 4055/86 también fue objeto de una atención particular de los servicios de la Comisión en cuanto a las posibles discriminaciones por razón de la nacionalidad de los operadores o del tipo de transporte efectuado y de los obstáculos que pueden generar. A raíz de la modificación de las legislaciones nacionales, uno de los procedimientos de infracción sobre las tasas portuarias discriminatorias (tasas cuyo importe varía en función del puerto de destino de los buques, siendo inferior para el transporte entre dos puertos del territorio nacional que para un transporte internacional) pudo archivarse (Grecia) y otro procedimiento sobre el mismo tema podría seguir el mismo camino en caso de regularización (Italia).

En materia de cabotaje marítimo, varios Estados miembros (España, Dinamarca, Portugal y Alemania) son objeto de procedimientos de infracción por haber mantenido o adoptado una normativa nacional contraria al Reglamento (CEE) n° 3577/92, que liberalizó el cabotaje marítimo para los armadores comunitarios que explotan buques matriculados en un Estado miembro y que enarbolan pabellón de dicho Estado miembro.

Por último, la Comisión inició procedimientos de infracción contra los Estados miembros que firmaron con los EE.UU. una declaración de principio en el marco del proyecto de la mejora de la seguridad del transporte marítimo internacional de mercancías ("Iniciativa de Protección de Contenedores (CSI)"). Estos acuerdos prevén una fase piloto durante la cual la acción se limitará a determinados puertos claramente identificados de dichos Estados miembros. Esta selección discrecional de algunos puertos plantea un real problema de competencia entre puertos europeos. En efecto, puede dar lugar a un desvío del tráfico hacia los puertos seleccionados y, por consiguiente, crear graves desequilibrios incompatibles con la política común de transportes.

2.7. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

A raíz de la liberalización en 1988, la competencia en los mercados europeos de telecomunicaciones ha generado crecimiento, innovación y una amplia disponibilidad de servicios para el público.

Como se mencionaba en el último informe, el Consejo Europeo de Lisboa constituyó una etapa clave para la convergencia del sector europeo de las comunicaciones electrónicas. Los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron su voluntad de evolucionar en Europa hacia una economía digital y desmaterializada, proyecto que desde entonces es el objeto del Plan de Acción eEurope. [81].

[81] Más información en http://europa.eu.int/information_society/ eeurope/index_en.htm.

El Parlamento y el Consejo aprobaron en marzo de 2002 el nuevo paquete de normativa específica para el sector diseñada para lograr una mayor competitividad en los mercados y una mayor convergencia en las tecnologías de comunicación electrónica [82]. El nuevo marco vincula la imposición de obligaciones legales a la ausencia de competencia efectiva. El nuevo entorno reglamentario permitirá a los legisladores que centren sus facultades en la promoción de la competencia, la protección del ciudadano y la consolidación del mercado único, teniendo en cuenta la necesidad de innovación y la sostenibilidad a largo plazo del sector.

[82] Son la Directiva 2002/21/CE (Directiva Marco); Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización); Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) y Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal). La Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas fue adoptada en julio de 2002. La Decisión espectro radioeléctrico (676/2002/CE) no requiere transposición por parte de los Estados miembros. Véase también: http://europa.eu.int/information_society/ topics/telecoms/regulatory/new_rf/index_en.htm.

La Comisión cree como principio general que lograr la transición al nuevo marco depende de la plena aplicación del marco vigente, incluido el servicio universal y las medidas de protección del consumidor.

Por lo que se refiere a la transposición de este marco, consistente en trece Directivas, un Reglamento y cuatro decisiones, el Octavo informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones [83] afirma que después de cuatro años y medio de liberalización de los servicios de telecomunicaciones, las legislaciones nacionales se ajustan en lo fundamental al marco normativo de la UE. Los regímenes de licencias y de interconexión han permitido una amplia incorporación de nuevos competidores en el mercado, a la que se unen la preselección del operador y la conservación del número; los plazos de entrega de las líneas arrendadas han seguido bajando y se han realizado progresos en el desarrollo de metodologías de costes destinados a llevar a la práctica los principios tarifarios de la UE. El trabajo realizado en este sentido constituye un gran logro de las autoridades nacionales de reglamentación.

[83] COM(2002) 695 de 3 de diciembre de 2002, disponible en versión electrónica en http://europa.eu.int/information_society/ topics/telecoms/implementation/annual_report/8threport/index_en.htm .

En particular, todos los Estados miembros ya han aplicado eficazmente la Decisión UMTS [84], ya que todos los Estados miembros han concedido licencias que asignan frecuencias al sistema de tercera generación de acuerdo con las Decisiones CER pertinentes [85], que a su vez fueron adoptadas como resultado de los mandatos concedidos a la CEPT con arreglo a la Decisión UMTS [86].

[84] Decisión nº 128/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 1998 relativa a la introducción coordinada de un sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas de tercera generación (UMTS) en la Comunidad, DO L 17, 22.1.1999, p. 1.

[85] Decisiones CER(97) 07 (UMTS bandas de frecuencia); CER(00) 01 (que amplía las bandas UMTS) y CER(99) 25 (uso armonizado).

[86] Un informe más detallado sobre la aplicación de la Decisión UMTS en los Estados miembros figura en el Anexo 2 del Octavo Informe de Aplicación: http://europa.eu.int/information_society/ topics/telecoms/implementation/annual_report/8threport/finalreport/annex2.pdf. Véanse también las Comunicaciones de la Comisión "Introducción de las comunicaciones móviles de tercera generación en la Unión Europea: Situación actual y perspectivas de futuro", COM(2001) 141 de marzo de 2001; y "Hacia el pleno despliegue de las comunicaciones móviles de tercera generación", COM(2002) 301 de 11 de junio de 2002.

El balance ampliamente positivo queda confirmado por los procedimientos de infracción actualmente pendientes correspondientes a sólo dos áreas: la contabilidad de los costes y los servicios de anuario universal, en las que hay que garantizar el pleno cumplimiento en bastantes Estados miembros. Por lo demás, los casos aún pendientes constituyen clarificaciones de extremos de considerable detalle.

En consecuencia, en 2002 se decidió el archivo de 38 asuntos y el desistimiento en dos asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia como resultado de las mejoras en la aplicación en los Estados miembros. Los más destacados se refieren a la aplicación del Reglamento nº 2887/2000 sobre el acceso desagregado al bucle local [87] en ocho Estados miembros, a raíz de la acción de la Comisión [88]. Un caso se refiere a la aplicación de la Decisión nº 710/97 [89]. Quince archivos se refieren a asuntos de aplicación inadecuada, entre los que figuran cuatro denuncias. Hubo siete archivos de asuntos por falta de conformidad y un desistimiento tras iniciarse el procedimiento ante el Tribunal de Justicia (C-70/02). En relación con los asuntos de falta de comunicación, se archivaron tres procedimientos relativos a la Directiva 95/47/CE (señales de televisión) y a la Directiva 97/66/CE (protección de datos en las telecomunicaciones) a raíz de la notificación de las medidas de transposición adoptadas para atenerse a la sentencia del Tribunal de Justicia sobre falta de transposición (asuntos C-319/99, C-151/00 y C-254/00); en otro asunto relativo a la Directiva 97/66/CE hubo desistimiento tras iniciarse el procedimiento ante el Tribunal de Justicia (asunto C-267/02). Por último, se archivaron tres asuntos por falta de comunicación a raíz de la notificación de las medidas de transposición de la Directiva 1999/93/CE (firma electrónica) por parte de Irlanda, Italia y el Reino Unido.

[87] DO L 336 de 30.12.2000, p. 4.

[88] Véase IP/02/445.

[89] Decisión n° 710/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 1997 relativa a un planteamiento coordinado de autorización en el ámbito de los servicios de comunicaciones personales por satélite en la Comunidad (S-PCS), DO L 105 de 23.04.1997, p. 4.

Por otra parte, la Comisión sometió cinco asuntos al Tribunal de Justicia en 2002 por falta de transposición de la Directiva 97/66/CE en Luxemburgo (dos asuntos acumulados bajo el número C-211/02) y transposición incompleta en los Países Bajos (C-350/02), por no aplicarse la facturación detallada prevista por la Directiva 98/10/CE (telefonía vocal) en Austria (C-411/02) y por no haberse previsto la preselección del operador local de acuerdo con la Directiva 98/61 (numeración) en Alemania (C-401/02).

Durante el periodo objeto del informe, el Tribunal de Justicia dictó otras sentencias en dos asuntos relativos a la falta de transposición de la Directiva 98/10/CE en Francia (C-286/01) y a la falta de conformidad de la legislación nacional con la Directiva 97/33/CE (interconexión) en Bélgica (C-221/01), sentencia esta última que aporta considerables clarificaciones sobre varias disposiciones de dicha Directiva. Debido a la creciente importancia de las sentencias en este sector, la DG INFSO ha actualizado recientemente la Guía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el ámbito de las telecomunicaciones publicada en su sitio Internet [90].

[90] http://europa.eu.int/information_society/ topics/telecoms/implementation/infringement/doc/guidecaselaw.pdf

A finales del año 2002 había 62 procedimientos por infracción pendientes. 20 de ellos eran denuncias entonces bajo examen, lo que significa un aumento del 66% en comparación con el año pasado y 3 procedimientos se referían a la falta de aplicación de un Reglamento. El número de procedimientos por falta de comunicación de las medidas de transposición de Directivas se redujo a la mitad, con 7 casos pendientes, mientras que siguen siendo numerosos los casos por falta de conformidad (11) y los procedimientos por aplicación incorrecta de las medidas de transposición (21), aunque el número de asuntos también ha disminuido significativamente en comparación con el año anterior (más del 33% cada uno).

En cinco procedimientos de infracción (3 por falta de notificación, uno por falta de conformidad y uno por aplicación incorrecta), la decisión de la Comisión de someter el asunto al Tribunal de Justicia aún no se había ejecutado al final del año de que se trata, mientras que 14 asuntos (significativo aumento superior al 50% en comparación con 2001) han alcanzado la fase del dictamen motivado (10 de ellos por aplicación inadecuada y 4 por falta de conformidad). En 2002 se enviaron escritos de requerimiento en 11 asuntos pendientes.

Las Directivas que constituyen los principales elementos de nuevo marco regulador de las redes y servicios de comunicación electrónica debían transponerse en Derecho nacional a más tardar el 24 de julio de 2003. El nuevo marco también establece que los Estados miembros aplicarán dichas medidas de transposición a partir del 25 de julio de 2003 [91], con lo cual los instrumentos comunitarios que forman parte del marco normativo existente que será sustituido por dichos elementos del nuevo marco serán derogados [92].

[91] Véase por ejemplo el artículo 28 de la Directiva Marco. Los Estados miembros tienen hasta el 31 de octubre de 2003 para transponer los requisitos de la Directiva 2002/58/CE sobre privacidad y comunicaciones electrónicas en Derecho nacional.

[92] Véase el artículo 26 de la Directiva Marco.

Como se ha dicho antes, la Comisión considera actualmente prioritario estimular la transición puntual al nuevo marco. Además de aportar la predictibilidad jurídica y la flexibilidad normativa necesarias para la inversión durable en el sector, esto complementará el objetivo de la eEurope de lograr acceso local competitivo a los servicios de Internet a través de redes de banda ancha de la manera más económica posible y sobre una base sostenible.

2.8. MEDIO AMBIENTE

2.8.1. Introducción

Los últimos cinco años han sido testigos de las crecientes dificultades para ejecutar puntual y correctamente, así como aplicar debidamente en la práctica, la legislación comunitaria medioambiental. Esto se refleja en el número cada vez mayor de denuncias recibidas y de asuntos por infracción incoados por la Comisión anualmente. Como los primeros años, en 2002 el sector medioambiental supuso más de un tercio de todos los asuntos por infracción investigados por la Comisión. La Comisión sometió 65 asuntos contra Estados miembros ante el Tribunal de Justicia y emitió 137 dictámenes motivados sobre la base del artículo 226 del Tratado CE.

El número de denuncias nuevas, principalmente relativas a presuntos casos de aplicación inadecuada del Derecho medioambiental comunitario, se mantiene en el elevado nivel alcanzado después de 1996, cuando la Comisión adoptó la Comunicación "Aplicación del Derecho Comunitario de Medio Ambiente". [93] En 2002 se presentaron a la Comisión 555 nuevas denuncias por infracción del Derecho medioambiental comunitario. Un considerable número de estas denuncias también suscitan preguntas escritas y peticiones en el Parlamento Europeo.

[93] COM(96) 500 final, de 22.10.1996.

El procedimiento del artículo 228, que puede dar lugar a una sanción pecuniaria, ha seguido siendo el último recurso para forzar a los Estados miembros a atenerse a las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia. La Comisión envía anualmente a los Estados miembros varios escritos de requerimiento (17 en 2002) y dictámenes motivados (8 en 2002) con arreglo al artículo 228. En 2002 no se sometió al Tribunal de Justicia ningún asunto nuevo con arreglo a dicho artículo. En el Anexo V del presente informe figuran más detalles al respecto.

Es esencial mejorar la aplicación de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros. Sin embargo, intentar mejorar la aplicación llevando a los Estados miembros al Tribunal de Justicia no es la única manera, ni suele ser la más eficaz, de resolver este problema. Una mejora sustancial requerirá que la Comisión se esfuerce por desarrollar nuevos métodos de trabajo con los Estados miembros en todas las fases del ciclo de aplicación. Esto es particularmente importante de cara a los preparativos de la ampliación para garantizar que los nuevos Estados miembros transpongan y apliquen correctamente el acervo comunitario dentro de los plazos concedidos.

De acuerdo con la Comunicación sobre la mejora del control de la aplicación del Derecho comunitario [94], la Comisión ya está adoptando una serie de pasos prácticos para asistir a los Estados miembros en la aplicación de la legislación medioambiental comunitaria:

[94] COM(2002) 725 final, de 13.12.2002.

- La Comisión se esfuerza por anticipar los problemas de aplicación al diseñar la legislación medioambiental comunitaria que debe redactarse de modo que su aplicación sea sencilla. Una vez adoptada la legislación, el uso de orientaciones y textos interpretativos acordados por la Comisión y los Estados miembros puede ser de ayuda. Por ejemplo, la Comisión publica documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles en relación con la Directiva del Consejo 96/61 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. Estos documentos se preparan con la implicación activa de autoridades, industrias afectadas y otros participantes. Otro ejemplo es la Directiva Marco de aguas [95] 2000/60/CE, en la que la Comisión, en asociación con los Estados miembros, inició un proceso de ayuda a la aplicación inmediatamente tras la aprobación de la Directiva. Esta estrategia de aplicación tan común es un ejemplo de lo bien que la gobernanza puede funcionar en la práctica.

[95] DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

- Con el fin de aumentar la eficacia y mejorar la eficiencia de la aplicación de la legislación medioambiental, es necesario aplicar medidas de protección mediante contactos y reuniones bilaterales entre la Comisión y los Estados miembros. En 2002 se celebraron varios seminarios en algunos Estados miembros en los que las opiniones de la Comisión sobre la correcta aplicación de Directivas medioambientales particularmente complejas se explicó a las autoridades competentes con vistas a prevenir, más que corregir, casos de aplicación inadecuada. Este enfoque fue confirmado por la Comisión en la mencionada Comunicación sobre la mejora del control de la aplicación del Derecho comunitario.

- El intercambio