Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema "Los efectos de la ampliación en el mercado único"

(2003/C 85/23)

El 17 de enero de 2002, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 del Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema mencionado.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de noviembre de 2002 (ponente: Sra. Belabed).

En su 395o Pleno de los días 11 y 12 de diciembre de 2002 (sesión del 12 de diciembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 77 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

Síntesis

A. La ampliación reviste una gran importancia política, social y económica para el futuro de la Unión Europea. Es una posibilidad única de garantizar de manera duradera la paz y la estabilidad en Europa.

B. Aunque el proceso de transformación exija importantes sacrificios de la mayor parte de la población y esté asociado a profundos cambios económicos y sociales, el proceso de ampliación está llegando al final de las negociaciones.

C. Al igual que la Presidencia danesa, el Comité opina que se debe respetar el calendario de la ampliación, tomando en consideración los progresos logrados en los distintos países.

D. El mercado único ampliado aportará numerosas ventajas en el ámbito económico y reforzará la competitividad de Europa en la economía mundial, siempre y cuando la UE consiga aprovechar el potencial disponible en vez de desaprovecharlo. La utilización de la mano de obra disponible constituye a este respecto un elemento de gran importancia.

E. Un factor decisivo para que los ciudadanos acepten la ampliación es que se repartan sus beneficios entre toda la población.

F. Es preciso continuar fomentando y respaldando los esfuerzos dirigidos a consolidar las capacidades de administración y justicia con el fin de que las disposiciones jurídicas de la Unión Europea no sólo existan sobre el papel, sino que, además, se apliquen y se cumplan en la práctica.

G. La incorporación del acervo comunitario y la integración de las economías nacionales ocasionan trastornos económicos y sociales; se está adoptando una serie de medidas para superar estos problemas, como las disposiciones transitorias propuestas por ambas partes. De esta manera se logrará una integración suavizada, pero al mismo tiempo se fraccionará el mercado único, por lo que el recurso a dichas normas transitorias deberá ser empleado con gran prudencia.

H. Un requisito previo para lograr, de conformidad con los objetivos de Lisboa, un desarrollo económico y social coherente de la totalidad de la nueva Unión Europea es que se respalde de manera eficaz el proceso de reestructuración y que se eliminen las diferencias económicas y sociales existentes entre los actuales y futuros Estados miembros, incluso después de la adhesión. En este contexto, todas las políticas de la Unión Europea deberán esforzarse por eliminar lo antes posible las diferencias todavía existentes entre las antiguas y las nuevas regiones.

I. Se precisan medidas especiales para las regiones fronterizas. El desarrollo de estrategias y cooperaciones transfronterizas es una condición indispensable para la utilización plena del potencial que ofrecen dichas regiones, así como para prevenir los efectos negativos.

J. Existen numerosos programas específicos para la preparación a la adhesión; igualmente, los países candidatos participan en algunos programas y acciones de la UE de los Quince. Estas medidas respaldan los esfuerzos en el ámbito de la ampliación. No obstante, algunos de estos programas son tan costosos que apenas son utilizados dado el elevado coste burocrático que representan. Sería recomendable revisar dichos programas con el objetivo de simplificarlos.

K. El propio Comité respalda este proceso mediante audiencias del Observatorio del Mercado Único (OMU) en los países candidatos, así como mediante cooperaciones con los interlocutores sociales de dichos países. Además, ha creado un instrumento de información, la base de datos PRISM (Progress Report on Initiatives in the Single Market), que recoge y gestiona las iniciativas relevantes en materia de desarrollo del mercado único. Entre sus propuestas para fomentar el desarrollo del mercado único, se encuentra igualmente la propuesta dirigida a crear centros de coordinación del mercado único en los países candidatos.

1. Introducción

1.1. La ampliación reviste una gran importancia para el futuro de la Unión Europea, puesto que representa una posibilidad única de garantizar una paz y estabilidad duraderas en Europa y brinda una oportunidad histórica de unificar a los Estados europeos sobre la base de unos valores democráticos comunes. Aparte de la garantía a largo plazo de la paz y estabilidad política en Europa, que tiene una prioridad evidente respecto a otras consideraciones, este proceso está igualmente asociado a numerosas oportunidades y desafíos económicos y sociales.

1.2. Aunque el proceso de transformación exija considerables sacrificios de la mayor parte de la población de los países candidatos y a menudo conlleve trastornos económicos y sociales, las negociaciones de adhesión con los diez países candidatos (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa) se acercan a su conclusión. Dada su historia, el desarrollo en Chipre y Malta debe ser considerado de manera diferente, puesto que en ambos países no ha sido necesario superar ningún cambio de sistema. Bulgaria y Rumania tienen que pasar por un largo proceso de recuperación, por lo que ellas mismas se han fijado una fecha de adhesión posterior. Respecto a la situación geográfica y política del futuro enclave de Kaliningrado, el Comité ya ha emitido un dictamen.

1.3. Según cálculos de la Comisión Europea, todos estos países, excepto Bulgaria y Rumania, podrán ser capaces en un corto plazo de hacer frente a la presión en materia de competencia que existe en el mercado único de la UE. En esos ocho países existe una economía de mercado operativa. También se realizaron grandes esfuerzos en los ámbitos de la administración y la justicia con el objetivo de lograr las condiciones marco necesarias para su incorporación al gran mercado único. En este contexto, no se debe olvidar que precisamente la perspectiva de la adhesión ha sido la que ha acelerado el proceso de transformación. Así pues, se tiene que reaccionar con firmeza ante los retrasos innecesarios y las consecuentes decepciones en los países candidatos.

1.4. Al igual que la Presidencia danesa(1), el Comité opina que se tiene que respetar el calendario de la ampliación. Por otro lado, los avances en los distintos países son dispares. Aquellos países que cumplan los criterios de Copenhague podrán, después de las negociaciones, adherirse a la Unión Europea en el momento previsto.

1.5. La avalancha de disposiciones legislativas, exigencias y normas que acompañan a la integración económica de la antigua Unión Europea con los países candidatos impone en esta ocasión mayores exigencias que en las anteriores adhesiones de nuevos países. A diferencia de las antiguas ampliaciones, las nuevas exigencias se refieren a:

i) tamaño (en términos de población y superficie),

ii) desarrollo y arraigo de la propia Unión Europea logrados a partir de las adhesiones que han tenido lugar hasta el momento, y

iii) poder económico relativamente débil (sobre todo, en lo que se refiere al PIB por habitante) de los países candidatos.

1.6. La Unión Europea ampliada se diferenciará claramente de la actual UE de los Quince. Gracias a la ampliación de la UE a 27 países, se incrementará la superficie de la Unión Europea en un 34 % y la población aumentará en un 28 %, pero el PIB sólo se verá incrementado en un 5 %, lo cual quiere decir que el PIB por habitante descenderá, desde un punto de vista estadístico, en un 18 %. Las diferencias de ingresos entre países, regiones y personas se incrementarán de forma considerable. Para lograr la convergencia real del PIB entre los Estados miembros actuales y los países candidatos tendrán que transcurrir entre 10 y 30 años. Por otro lado, la convergencia económica (tanto nominal como real) no será suficiente por sí misma y deberá ir acompañada de una convergencia progresiva en el ámbito social(2).

1.7. El Comité mantiene su opinión de que el mercado único ampliado aportará numerosas ventajas en el ámbito económico(3). Las medidas de adaptación adoptadas por ambas partes conducirán a un mercado único integrado. En particular, el incremento del número de fabricantes, empresas proveedoras y consumidores reforzará los ámbitos del comercio y del mercado de consumo. Se abrirán posibilidades completamente nuevas en los ámbitos de cooperación (transfronteriza) y de otras formas de colaboración, de contratación de suministradores, de obtención de beneficios a gran escala, de mejora de los servicios al cliente, etc. Igualmente, las simplificaciones administrativas y mejoras de servicios, como consecuencia de la modernización de los servicios públicos, impulsarán el crecimiento y un mejor acceso al Derecho (sobre todo al Derecho empresarial, fiscal y administrativo). Igualmente, la creación de un sistema fiduciario y de auditoría, así como el desarrollo de una red de asesores fiscales y económicos independientes, contribuirá al éxito de la adaptación al mercado único.

1.8. La ampliación de la UE dará lugar a un proceso de crecimiento económico dinámico y reforzará la competitividad de Europa en la economía mundial. Es bastante probable que globalmente los beneficios del proceso de ampliación superen holgadamente los propios costes. No obstante, para contar con la aprobación de los ciudadanos es decisivo que se repartan tanto los beneficios como los costes de la ampliación. Las repercusiones de la misma pueden ser de naturaleza muy diferente en los distintos sectores económicos y regiones, así como en función del calendario. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión dirigidos a dar a conocer mejor las ventajas asociadas a la ampliación. Al mismo tiempo, será decisivo plantear abiertamente los riesgos y desafíos que habrá que afrontar para que la ampliación tenga éxito, puesto que sólo en dicho caso se podrán superar satisfactoriamente dichos riesgos y desafíos.

2. El acervo comunitario

2.1. En el marco de la ampliación, los países candidatos deberán incorporar a su Derecho nacional el acervo comunitario y, por consiguiente, transponer y aplicar la legislación comunitaria. Esto supone un gran desafío para los países. Diversos países candidatos han expresado sus reservas al respecto durante las negociaciones, sobre todo debido al elevado coste que ello representará.

2.2. La existencia de una Administración estatal y de un Estado de derecho debidamente orientado a la prestación de servicios será extremadamente útil tanto para la incorporación del acervo comunitario como para su aplicación. Por lo tanto, el Comité suscribe la postura de la Comisión en el sentido de que sería importantísimo reforzar las capacidades administrativas y la justicia en los países candidatos antes de la adhesión, de manera que las disposiciones jurídicas de la Unión Europea no sólo estén plasmadas en papel, sino que, además, se apliquen y cumplan en la práctica.

2.3. A estos efectos, se precisan estructuras y capacidades adecuadas, así como medidas de cualificación y de remuneración en los ámbitos de la administración y de la justicia. Además, los ciudadanos deberían tener la posibilidad de informarse en los correspondientes centros de asistencia inicial e información sobre las disposiciones legislativas, normas y posibilidades de recurso y reclamación, así como de las posibilidades de utilizar dichos recursos. El Comité expresa su satisfacción por el refuerzo de capacidades en los ámbitos de la administración y la justicia gracias a los planes de acción y programas expresamente concebidos a tal efecto.

2.4. En este contexto, apenas se habla del aumento de lenguas oficiales en la futura Unión Europea. El Comité señala que ello supondrá una carga financiera y de recursos humanos adicional que debe ser tenida en cuenta, por lo que insta al Consejo a que se manifieste a este respecto.

2.5. En ámbitos delicados del acervo comunitario, debido a reservas técnicas, económicas o políticas, ambas partes han solicitado periodos transitorios hasta que se realice la plena incorporación del acervo comunitario. El Comité confía en que los países candidatos puedan superar el resto de los desafíos que surjan en el marco de la adhesión, al igual que han sabido afrontar los cambios que se han producido hasta el momento. Al mismo tiempo, expresa su comprensión respecto al hecho de que la transición a las normas del mercado único precise en algunos ámbitos un plazo de tiempo superior al establecido para la adhesión.

2.6. En este sentido, la práctica de conceder periodos transitorios constituye una alternativa muy útil, tanto para los actuales como para los futuros Estados miembros. Los periodos transitorios, no obstante, deberían estar limitados al mínimo estrictamente necesario para lograr un proceso de adaptación aceptable económica y socialmente, dados sus efectos restrictivos para el mercado único. Además, durante el periodo en que estén en vigor los plazos transitorios, se deben impulsar y apoyar medidas para que se puedan operar los ajustes necesarios. Los siguientes puntos constituyen algunos de los puntos más delicados en el ámbito del mercado único:

2.6.1. Libre circulación de capitales: en todos los países candidatos se han establecido periodos transitorios para la adquisición de tierras agrícolas por parte de extranjeros. Además, se ha llegado a un acuerdo sobre un periodo transitorio de cinco años para la adquisición de una segunda vivienda. Los periodos transitorios en estos dos ámbitos son importantes, puesto que se trata de una cuestión delicada para muchos países candidatos y todos ellos pueden contar, con toda seguridad y después de un cierto tiempo, con un incremento de los precios.

2.6.2. En el ámbito de la libre circulación de trabajadores, las posturas son muy dispares. El Comité, además, ya ha constatado que se tendrán que adoptar medidas para organizar los movimientos migratorios previstos desde sus distintos enfoques: temporal, territorial y sectorial. Además, se deberían supervisar regularmente y aplicar con flexibilidad las medidas transitorias para limitar la libre circulación de trabajadores y la libre prestación de servicios, con soluciones regionales y sectoriales diferenciadas(4). En su posición común, la Unión Europea ha tenido en cuenta el tema extremadamente delicado de la libre circulación de trabajadores y ya se ha puesto de acuerdo respecto a las disposiciones transitorias con casi todos los países candidatos. El Comité expresa su satisfacción y su esperanza de que en dicho periodo se impulsen enérgicamente medidas preparatorias adecuadas, para de esta manera poder lograr un mercado laboral común y operativo para todos los futuros Estados miembros.

2.6.3. El reconocimiento recíproco de las cualificaciones profesionales y la supresión de discriminaciones y restricciones respecto al acceso a una profesión siguen siendo, como en el pasado, un desafío. En este contexto, la coordinación de los regímenes de seguridad social, así como la coordinación y cooperación en el ámbito de los impuestos sobre la renta, son cuestiones igualmente importantes.

2.6.4. Igualmente, el control de personas en las fronteras deberá seguir vigente durante algún tiempo después de la adhesión. Para que se supriman las fronteras interiores, los países candidatos deberían estar en condiciones de cumplir las condiciones previas para la entrada en vigor del acervo de Schengen. En particular, se trataría de un sistema de información Schengen (SIS) operativo a nivel nacional. Con toda probabilidad, en el momento de la adhesión no se podrán aplicar plenamente las disposiciones Schengen por motivos técnicos y operacionales. Visto el calendario del Sistema de Información Schengen en su segunda generación, SIS II, que, según cálculos actuales, no será operativo antes de finales de 2005, resulta bastante improbable que se puedan suprimir antes de dicha fecha los controles en las fronteras interiores. Asimismo, el proceso de evaluación Schengen precisa tiempo. Además, las disposiciones transitorias en el marco de los impuestos sobre el tabaco hacen que el control de personas siga siendo necesario (véase punto 3.3.2.5).

2.6.5. Libre circulación de mercancías

2.6.5.1. En el ámbito de la agricultura (cuestión relevante para el mercado único), los países candidatos han solicitado una serie de periodos transitorios, algunos de los cuales han sido acordados de manera provisional, en materia de disposiciones fitosanitarias y veterinarias de la UE. Casi todos los países candidatos han solicitado periodos transitorios de unos tres años a partir del momento de la adhesión para poder reestructurar las industrias de transformación de alimentos. No obstante, en aquellos casos en los que se acuerde el periodo transitorio, los productos que dichas empresas produzcan sólo podrán ser comercializados en el país candidato correspondiente y no en el resto de la UE.

2.6.5.2. Aunque actualmente todavía no se pueda disponer de un resumen detallado, puesto que algunas partes de este capítulo todavía están siendo negociadas de manera bilateral, cabe prever que los periodos transitorios acordados en el ámbito de los productos agrícolas transformados y de los productos agrícolas no elaborados puedan obstaculizar la libre circulación de mercancías. En las fronteras nacionales o más allá de las mismas, serán necesarios controles de productos para supervisar el cumplimiento de las normas. Existe el temor de que, a causa de las disposiciones transitorias y de los controles fronterizos, que serán, por consiguiente, necesarios, se produzcan demoras en las fronteras entre los antiguos y los nuevos Estados miembros. El Comité reconoce la necesidad de que se establezcan dichos controles fronterizos, pero al mismo tiempo expresa sus reparos por el hecho de que las grandes demoras podrían conllevar igualmente costes económicos elevados.

2.6.5.3. En este contexto, el Comité se manifiesta partidario de que se adopten las medidas necesarias para garantizar un elevado nivel de seguridad alimentaria en Europa. Todavía se tiene que encontrar una solución para los siguientes problemas: garantía de que habrá suficientes controles en las fronteras exteriores; cumplimiento de las rigurosas disposiciones sanitarias de la UE, en particular en materia de encefalopatía espongiforme bovina; protección de la calidad del agua potable, adaptación de las empresas alimentarias a las normas comunitarias y cumplimiento de las disposiciones comunitarias en materia de protección de animales. El establecimiento de puestos de control fronterizos en las fronteras exteriores de la UE para llevar a cabo controles veterinarios y de otra índole presupone que se disponga de edificios, equipos y personal para la ejecución de dichos controles.

2.6.5.4. Respecto al sistema de certificación, el Comité apoya la propuesta de la Comisión(5), en el sentido de que los países candidatos se conviertan a más tardar en miembros activos y de pleno de derecho de CEN y CENELEC en diciembre de 2003. Con esta medida se emitirán certificaciones en un sistema unificado, se simplificará el procedimiento y se evitarán los costes adicionales que resultarían del uso de distintos sistemas y que, en particular para las PYME, constituirían una carga excesiva.

2.6.6. Libre prestación de servicios: se ha prometido a la mayoría de los países candidatos un periodo transitorio en el ámbito de la prestación de servicios financieros: restricciones para los pequeños bancos cooperativos, escasas exigencias respecto a la disposición mínima de capital para los bancos cooperativos, fondos de pensiones, etc. Además, se estableció el 31 de diciembre de 1999 como plazo definitivo para la supresión de las restricciones a la libre circulación de capitales entre los Estados miembros y terceros países. Todas las restricciones a la libre circulación de capitales anteriores a dicho plazo representan excepciones permanentes en la circulación de capitales entre los nuevos Estados miembros y terceros países.

2.7. Para que el futuro mercado único funcione, será necesario reforzar los controles en las fronteras. Estos controles deberán ser establecidos de conformidad con las normas armonizadas de la Unión Europea. Para ello será necesario adoptar medidas en los ámbitos de la formación, salarios, aplicación de normas comunes y supervisión del cumplimiento de dichas normas.

2.8. La aplicación del acervo comunitario en la Unión Europea ampliada constituye un desafío histórico. En la UE de los Quince, diez años después de la fecha prevista para la plena realización del mercado único aún quedan partes fundamentales del acervo que todavía no se han aplicado. En este contexto, el desarrollo ulterior del Derecho comunitario, hasta ahora armonizado o unificado, en el mercado único, de conformidad con los objetivos del proceso de Lisboa, constituirá un desafío particular. La adaptación adecuada del Derecho comunitario y de las políticas comunitarias a los nuevos avances y, por lo tanto, la continua modernización del acervo comunitario revisten una importancia decisiva para el futuro de la Unión Europea y su objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Habrá que prestar especial atención a que este proceso siga en marcha.

2.9. El Comité opina, al igual que la Comisión, que, incluso después de la adhesión, se deberán seguir ajustando periódicamente las capacidades administrativas de los nuevos Estados miembros, habida cuenta de las cambiantes exigencias del acervo comunitario. Para poder aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la transición de un sistema cerrado a un sistema de economía social de mercado, será necesario mejorar continuamente el marco jurídico en materia de Derecho de la competencia, protección de los consumidores, Derecho laboral y social, etc. Por lo tanto, el proceso de creación de las estructuras administrativas necesarias no finalizará con la adhesión. El Comité felicita a la Comisión por su intención de continuar respaldando a los nuevos Estados miembros mediante un instrumento transitorio especial, incluso después de la adhesión(6).

2.10. La manera en que se adopten las decisiones influirá igualmente en el desarrollo ulterior del acervo comunitario. Deberían analizarse las posibilidades de mejora, en términos de transparencia y eficacia, que tiene el proceso decisorio actual, más bien complejo y basado, sobre todo, en las nuevas disposiciones sobre la ponderación de votos en el Consejo, establecidas en el Consejo de Niza en 2000. En muchas encuestas se constató que la insatisfacción de los ciudadanos respecto a la Unión Europea estaba asociada muy a menudo a la ausencia de transparencia de los procesos decisorios. Este problema de los procesos políticos considerados como opacos amenaza con agravarse en una Unión Europea ampliada con 27 Estados miembros. Para hacer realidad la Europa de los ciudadanos habría que introducir otras mejoras en este ámbito.

2.11. Después de todo, la armonización de los criterios económicos y sociales de los Estados miembros y de los países candidatos impulsará la modernización del acervo comunitario. Cuanto antes se supriman las diferencias económicas y sociales, antes podrá lograrse un desarrollo homogéneo y otros avances en toda Europa. Todas las políticas de la Unión Europea, incluidos los Fondos Estructurales(7), deberán aspirar a suprimir lo antes posible las diferencias todavía existentes entre las antiguas y las nuevas regiones y a favorecer un desarrollo económico y social coherente de toda la Unión Europea, de conformidad con los objetivos de Lisboa según los cuales Europa deberá convertirse en la próxima década en el espacio económico más dinámico y competitivo posible, basado en el conocimiento y conforme con los principios de cohesión social y territorial, fundamentales para Europa. En estos términos se establecen las condiciones previas para el desarrollo de la Unión Europea, tanto de sus intereses económicos como del mercado único, así como también en los ámbitos de la política social y de protección de los consumidores y del medio ambiente, que actualmente completan la política para el mercado único(8).

3. Desarrollo, oportunidades y desafíos en los ámbitos seleccionados

3.1. La política social y la protección del consumidor y del medio ambiente completan actualmente los principales objetivos de la política para el mercado único, como son una armonización equilibrada, reconocimiento recíproco, transposición, observancia y aplicación del Derecho comunitario, solución de problemas y normalización. Igualmente, el euro y la ampliación impulsan una nueva dinámica de integración(9). A continuación, se abordarán aquellos sectores que revisten cierta importancia para el mercado único y para el éxito de la ampliación, desde la perspectiva del reparto de las ventajas de la misma. La ampliación del mercado único deberá aportar a los ciudadanos ventajas concretas, tanto en calidad de consumidores como en su papel de trabajadores o empresarios.

3.2. Cambios estructurales y desarrollo económico

3.2.1. Las economías de los países candidatos experimentan profundos cambios en el marco del proceso de transformación. Además del sistema económico, que ha pasado de ser una economía planificada a ser una economía de mercado, se tienen que modernizar las estructuras económicas, teniendo en cuenta la importancia relativa de los sectores de la agricultura, la industria y la prestación de servicios. Numerosas industrias pesadas y monoindustrias tradicionales, en particular en los ámbitos del carbón y del acero, han dejado de ser competitivas como consecuencia del proceso de transformación. Precisamente ése es el caso de la industria del acero en Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa. En muchos casos, estas industrias se concentran en regiones determinadas, lo cual conduce, en el marco de la reestructuración, a enormes consecuencias económicas y sociales que, precisamente, repercuten con mayor fuerza en dichas regiones.

3.2.2. Igualmente, algunas empresas de los actuales Estados miembros sufren la enorme presión en materia de competencia que ejerce la ampliación del mercado único. Esta evolución es un desafío considerable para lograr un mercado único homogéneo, que constituye uno de los principales objetivos de la Unión Europea. Así pues, se tienen que emplear todos los instrumentos disponibles para aprovechar el potencial económico y respaldar el crecimiento de la economía. Europa no puede descuidar dicho potencial. Lo necesita si quiere aprovechar las ventajas del mercado único y convertirse en el espacio económico más competitivo posible.

3.2.3. Por lo tanto, se tienen que orientar las medidas económico-políticas, ya sea en el ámbito del fomento empresarial, del espíritu empresarial, de apoyo a las PYME, de la política en materia de competencia, de la política en materia de tecnología, en particular en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, de las políticas en materia de mercado laboral y de empleo, así como de la política estructural o de una política macroeconómica final (siempre que ello sea posible a nivel europeo), a fin de explotar el potencial económico parcialmente inutilizado y aprovechar las oportunidades que brindará la próxima ampliación del mercado único.

3.2.4. Preparar, mediante medidas específicas, a los trabajadores desempleados como consecuencia de las reestructuraciones para que realicen nuevas tareas reviste una importancia particular. Condiciones previas fundamentales para superar el cambio estructural y realizar los objetivos de Lisboa son la participación activa en los programas de la Unión Europea, en particular en los ámbitos de la readaptación profesional y de la cualificación, así como el aprendizaje permanente. Con ello se contribuirá, al mismo tiempo, a reducir al mínimo las consecuencias sociales de la reestructuración.

3.2.5. Las regiones fronterizas están sometidas a desafíos particulares. El Comité acoge favorablemente las ayudas comunitarias para las regiones fronterizas que, mediante la creación de infraestructuras, la aplicación de medidas específicas de cualificación de los trabajadores y la promoción de las PYME, fomenten la reestructuración de dichas regiones(10). Además, las regiones colindantes y los interlocutores sociales ya han lanzado iniciativas para establecer una cooperación transfronteriza. Será imperativo desarrollar y respaldar dichas iniciativas.

3.2.6. En este contexto, la elaboración de estrategias transfronterizas para el desarrollo de las regiones fronterizas y el aprovechamiento de las experiencias adquiridas en la UE de los Quince, como la cooperación entre regiones siguiendo el modelo regional Sarre-Lorena-Luxemburgo en el que, con la participación de los principales actores, se establecieron estructuras permanentes para la cooperación y el desarrollo de la región, parece ser particularmente oportuna. Entre otras cosas, en esta región se estableció un comité económico y social transfronterizo.

3.2.7. Agricultura

3.2.7.1. Uno de los puntos más delicados de la ampliación es la cuestión de la agricultura. En algunos países, en el marco de la actividad económica global, la agricultura supone una proporción bastante más importante que en la UE de los Quince. Además, existe una gran diferencia entre la agricultura de la Unión Europea y la de los países candidatos, entre otras cosas, en lo relativo a cuestiones de calidad en el ámbito de la industria lechera con las correspondientes consecuencias en los ámbitos de la circulación de mercancías y la calidad alimentaria.

3.2.7.2. Respecto a las modalidades propuestas por la Comisión para la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en los países candidatos, existen enormes divergencias de opinión. En este contexto, las propuestas de reforma de la Comisión, de julio de 2002, revisten una importancia considerable para el futuro desarrollo. Las modificaciones propuestas de la PAC que se alejan del enfoque basado en la producción cuantitativa y adoptan una orientación ecológica, más preocupada por la calidad y, por lo tanto, favorable a las pequeñas estructuras, a la garantía de ingresos para los agricultores y, sobre todo, al respaldo necesario para la reestructuración y desarrollo del sector rural, apuntan en la dirección correcta.

3.3. Modernización de los mercados y mejores condiciones marco para las empresas

3.3.1. Privatización y liberalización

3.3.1.1. Las privatizaciones han sido un importante instrumento en el proceso de reforma. En aquellos lugares en los que las privatizaciones condujeron a que empresas extranjeras invirtieran en sectores económicos importantes y, de esta manera, aportaran capitales y conocimientos al país, dichas privatizaciones contribuyeron a un desarrollo económico vertiginoso. Por otro lado, el éxito de dichas empresas, en particular en lo relativo al aumento de su productividad, tuvo como contrapartida en numerosos casos el despido de trabajadores y el incremento del desempleo; efectos negativos que ahora deberán ser combatidos con recursos macroeconómicos y subvenciones públicas.

3.3.1.2. A menudo, las privatizaciones se efectuaron de manera muy rápida y sin cumplir las condiciones marco, jurídicas e institucionales preceptivas(11), lo cual ha desencadenado efectos secundarios no deseados, en particular en el ámbito de los servicios de interés general y de las infraestructuras. La prestación de servicios de interés general no constituye únicamente un factor fundamental para la mejora de la calidad de vida de la población, sino que, además, es un factor decisivo para el asentamiento de inversores y, consecuentemente, para favorecer el desarrollo y la competitividad de regiones enteras. Los inversores prefieren aquellas regiones que ofrecen una gama equilibrada de servicios de interés general.

3.3.1.3. Precisamente en las regiones periféricas subequipadas en infraestructuras en los países candidatos, las infraestructuras constituyen un factor decisivo para el proceso de recuperación, y, por lo tanto, para garantizar la cohesión en una Europa ampliada. Las regiones, ciudades y municipios de Europa Oriental y Central afrontan un serio dilema a la hora de reconciliar las obligaciones económicas comunes y la nueva competencia. Además, afrontan grandes dificultades presupuestarias, de manera que en muchos casos existe una tendencia a fraccionar y desregular estos sectores y prestaciones.

3.3.1.4. Esta evolución coincide con los esfuerzos políticos de la Unión Europea, que aspira a liberalizar los servicios de interés general y a desregular ámbitos tradicionales de infraestructuras como los transportes, la energía, las telecomunicaciones, los recursos hídricos, la eliminación de desechos y el medio ambiente, con el fin de realizar el mercado único y mejorar sus ventajas para los consumidores. No obstante, en muchos casos, se pasa por alto que las prestaciones de servicios de interés general presentan características que no las hacen aptas para un funcionamiento exclusivamente basado en los criterios de mercado. Por el contrario, se precisan condiciones marco claras (obligaciones de interés público y principios básicos para el funcionamiento de los servicios) con las que se pueda garantizar que estos servicios se presten en la cantidad, calidad y continuidad necesarias.

3.3.1.5. El Comité, en este sentido, aboga por un equilibrio entre los intereses generales y la competencia(12). Puesto que el interés principal de los operadores privados es conseguir unos rendimientos, y no el desarrollo de las regiones, se deben definir las condiciones previas necesarias para el desarrollo de las regiones en forma de condiciones marco o de reglamentos, de manera que todos los operadores, públicos o privados, operen en igualdad de condiciones.

3.3.1.6. La totalidad del sector de los servicios de interés general en la Unión Europea está sometida a un proceso continuo de adaptación y modernización. Para mantener la seguridad de su suministro y defender los intereses generales, se han creado instancias reguladoras en los Estados miembros que, sobre la base de normas de acompañamiento, deberán respaldar la liberalización, el desmantelamiento de monopolios y los esfuerzos de desnacionalización. La liberalización tiene repercusiones de gran alcance respecto a los consumidores, la oferta, los precios y las modalidades de pago.

3.3.1.7. Los países candidatos aún tienen pendiente toda una serie de liberalizaciones. Todavía están un poco retrasados respecto a la creación de instituciones reguladoras y a la adaptación a los mercados internacionales de energía debido a métodos de producción anticuados y a los sistemas de precios concebidos en función de los consumidores industriales con un elevado consumo de energía. Ésta es la razón por la que han solicitado periodos transitorios. La apertura progresiva de sus mercados, hasta ahora protegidos, sólo aportará los resultados positivos esperados si dichos países consiguen aprovechar los periodos transitorios para crear autoridades reguladoras nacionales. Estas autoridades deberán contar con suficiente apoyo legislativo, técnico y financiero, de manera que puedan asumir la misma responsabilidad respecto a los intereses de los consumidores, los propietarios y los trabajadores.

3.3.2. Ámbito fiscal

3.3.2.1. Los sistemas fiscales de la UE todavía no se han adaptado a novedades tales como la globalización, la integración económica del mercado único y la unión monetaria. Asimismo, la ampliación representa nuevas exigencias para los sistemas fiscales, siendo la primera de ellas la integración de las directivas comunitarias vigentes.

3.3.2.2. Como en otros ámbitos, las disposiciones transitorias en materia fiscal pueden ayudar a los países candidatos a amortiguar las repercusiones económicas y sociales más negativas sobre la sociedad de dichos países y pueden contribuir a suavizar la integración de los países candidatos en el mercado único. Por otro lado, estas disposiciones transitorias y excepciones deben ser utilizadas de manera restrictiva para no incrementar el riesgo de competencia fiscal perjudicial para los presupuestos públicos en la Unión Europea y evitar distorsiones de la competencia.

3.3.2.3. El Comité señala que precisamente en el marco del proceso de ampliación, una erosión de la base fiscal, tanto en los países candidatos como en los actuales Estados miembros, sería contraria a los objetivos perseguidos. Ello pondría en peligro el margen de actuación de los países, que precisamente en un proceso de reforma tan amplio reviste una importancia enorme. Así mismo, podría tener repercusiones negativas respecto a la aceptación política de la ampliación en el seno de los actuales Estados miembros.

3.3.2.4. En este contexto, el Comité aboga por que se desarrollen sistemas fiscales que superen los obstáculos a los que aún hace frente el mercado único, que impidan la competencia fiscal, en particular en el ámbito de tributación de empresas, y que, al mismo tiempo, garanticen los fondos necesarios para llevar a cabo los cometidos y superar los desafíos de una Unión Europea ampliada, así como la cohesión económica y social. Deben proseguirse dichos esfuerzos a lo largo de todo el proceso de ampliación. Ciertas excepciones, como las vigentes en algunos países relativas al trato fiscal habitual de las empresas multinacionales, podrían poner en peligro estos esfuerzos y, además, son incompatibles con el Derecho comunitario en vigor, por lo que deberían ser rechazadas.

3.3.2.5. Igualmente delicadas son las excepciones o las disposiciones transitorias generosas en el ámbito del IVA y de los impuestos sobre el consumo, en los que, debido a la cercanía geográfica y a la facilidad del transporte de mercancías, el bajo nivel impositivo junto con un reducido nivel de precios pueden conducir a distorsiones de la competencia y, simultáneamente, elevar el riesgo de contrabando y mercado negro. A título de ejemplo, se negociaron disposiciones transitorias respecto a los impuestos sobre el tabaco con todos los países candidatos. El Comité acoge favorablemente que dichos acuerdos prevean condiciones de control del sector del tabaco que aplicarán los países candidatos, así como la posibilidad de que los actuales Estados miembros establezcan restricciones cuantitativas. En este contexto, los controles fronterizos imprescindibles respecto a la circulación de personas podrían perjudicar la libre circulación de éstas, pero son necesarios para frenar el contrabando.

3.3.2.6. Se deberían respaldar los esfuerzos que está efectuando la Comisión para impedir que se establezcan zonas económicas especiales en los países candidatos. En este contexto, el Comité subraya el ejemplo de Letonia, que ha declarado estar dispuesta a efectuar los esfuerzos que sean necesarios para ajustarse al acervo comunitario. Sería necesario que otros países efectuasen esfuerzos semejantes. La Comisión hará un seguimiento de dichos esfuerzos. Las actividades de la Comisión para evitar el establecimiento de zonas económicas especiales son extremadamente importantes para el desarrollo de un mercado único ampliado, puesto que es la única manera de evitar el riesgo de distorsión de la competencia. En vez de recurrir a dichas zonas económicas especiales, se deberían adoptar medidas adecuadas en el ámbito de la política regional y estructural con el fin de respaldar el desarrollo de las regiones.

3.3.3. Las PYME

3.3.3.1. Es bastante probable que las grandes empresas y las empresas con un importante volumen de negocios disfruten de ciertas ventajas, en términos de competitividad, en el futuro mercado único. Además, las empresas de exportación que, en el marco de la apertura de Europa Oriental, han sabido adaptarse a las circunstancias de los mercados extranjeros, disfrutan de cierta ventaja respecto a las empresas que hasta el momento sólo han operado a nivel nacional.

3.3.3.2. La aparición de una estructura de pequeñas y medianas empresas en los países candidatos ha sido una condición previa indispensable para mejorar la situación del empleo y suavizar las consecuencias negativas del cierre de empresas y de las reestructuraciones necesarias en los antiguos sectores industriales excesivamente grandes. Gracias al papel clave de las PYME, se ha equilibrado la inevitable reducción de personal, se ha evitado la degradación de la calidad de vida y se han respaldado los esfuerzos dirigidos a evitar las tensiones sociales.

3.3.3.3. Por otro lado, las difíciles condiciones en las que operan las PYME han contribuido a que se propaguen algunos elementos de la economía sumergida y de condiciones laborales precarias en algunas de ellas. A fin de adaptar este sector a las condiciones imperantes en la Unión Europea para las actividades empresariales de las PYME y a las condiciones laborales de sus trabajadores, además de fortalecer el papel de los interlocutores sociales tanto por parte de los empresarios como de los trabajadores, se deberán adoptar medidas de apoyo y programas de fomento. Por un lado, se trata de ayudas financieras y, por otro, de medidas en el ámbito de la formación y perfeccionamiento profesional, así como del establecimiento y simplificación de las estructuras en el ámbito administrativo.

3.3.3.4. Puesto que no existe, tanto a nivel empresarial como sectorial, un diálogo social satisfactorio, se deberían individualizar plenamente las relaciones laborales. Los sindicatos, asociaciones de mujeres y organizaciones religiosas denuncian, por ejemplo, que los trabajadores del sector del comercio experimentan un empeoramiento patente de sus condiciones laborales (por ejemplo, trabajan hasta dieciséis horas diarias sin domingos ni festivos) y sufren, por lo tanto, las repercusiones negativas que dicho empeoramiento tiene para su vida familiar. El Comité está preocupado por esta evolución y se manifiesta a favor de medidas dirigidas a establecer un diálogo social eficaz.

3.3.3.5. En el caso más concreto de las PYME, el Comité ha subrayado en sus dictámenes de 2000 y 2002(13) sobre la Carta europea de la pequeña empresa el importante papel que éstas desempeñan en el desarrollo económico y social de los países candidatos, entre otras cosas en el ámbito de la formación y de la creación de empleo; se deberían aplicar en los países candidatos las medidas de apoyo específicas solicitadas en las diez recomendaciones de la Carta europea de la pequeña empresa, firmada en su momento por los países candidatos (Maribor, abril de 2002), y fomentar, con dicho propósito, la cooperación entre las organizaciones de las pequeñas empresas de los países candidatos y las de los actuales Estados miembros.

3.3.4. En el ámbito de la política de transportes, el transporte por carretera en la UE constituye una cuestión delicada, en particular para los ciudadanos. Un mercado único homogéneo conlleva forzosamente un incremento del volumen de transporte. Aún mayores son los desafíos de la política de transportes de la Unión Europea, que, por un lado, debe perseguir el objetivo de establecer las condiciones marco adecuadas para el ámbito del transporte, que sean sociales y ecológicas y garanticen una coexistencia razonable de los distintos modos de transporte (ferrocarril, carretera, navegación, etc.) y que, por otro, garantice igualmente la adopción de las medidas adecuadas en materia de política de transportes y de los incentivos económicos apropiados para que se suprima el transporte innecesario y que el transporte necesario se realice de la manera menos costosa y más inofensiva para el medio ambiente. Dadas las condiciones jurídicas (laborales) y económicas muy dispares en este sector, se podrían producir distorsiones y evoluciones no deseadas. Por lo tanto, ya antes de la ampliación se aconseja que se intensifique la cooperación a este respecto con los países candidatos.

3.3.5. En el marco de la política en materia de competencia, el objeto de discusión lo constituye, sobre todo, la industria siderúrgica en Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa. La producción de acero en Europa Central y Oriental está considerada poco competitiva. Desde el punto de vista de la competencia, las elevadas subvenciones estatales y la negligencia respecto a las medidas medioambientales, que se plasman en los precios, representan un problema. Los países candidatos argumentan que la retirada de las subvenciones daría lugar a un enorme problema social y que el acero se exporta principalmente a Rusia. El Comité reconoce la validez de este argumento, pero señala que precisamente por ese motivo es necesario proceder, antes de la adhesión, a reestructuraciones en el ámbito de la siderurgia. Es importante adoptar medidas actualmente en este ámbito para evitar que se tengan que establecer periodos transitorios (debido a problemas sin resolver en el momento de la adhesión) y que se produzcan, como consecuencia de todo ello, distorsiones de la competencia.

3.3.6. Igualmente, los futuros Estados miembros se plantean a medio plazo la cuestión de su participación en la unión económica y monetaria. Las experiencias de Alemania Oriental sugieren que es preciso examinar detalladamente las condiciones indispensables para una asimilación positiva del euro y que no se debe precipitar dicha participación. Como primer paso, los futuros Estados miembros podrían adoptar el mecanismo del tipo de cambio, que les permitiría oscilaciones en torno al 15 %. Por lo demás, el Comité se remite a su Dictamen "El impacto de la ampliación en la UEM".

3.4. De hecho, y aunque no se reconocen inmediatamente bajo dicha denominación, tal como la definió el Comité en su dictamen aprobado en 2000(14), las organizaciones de la economía social (cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones, ONG) han desempeñado un papel esencial al suplir las carencias de las autoridades públicas en la asistencia a los grupos socialmente marginados. Pero, sobre todo, han desempeñado y siguen desempeñando un papel catalizador, en favor de la participación pública y la democratización, de forma quizá desigual, pero siempre sustancial, en cada uno de los países candidatos. El Comité considera que sería extremadamente perjudicial que, dada la fragilidad de su estructuración actual, la fragmentación y el aislamiento de sus distintas manifestaciones, las organizaciones y empresas de la economía social de los países candidatos perdieran vigor o desaparecieran. Ello tendría un enorme coste social, político, financiero y cultural que no sólo debería ser sufragado por los propios países, sino también por los actuales Estados miembros de la Unión Europea. Ésta es la razón por la que el Comité aboga por el establecimiento de un "fondo de desarrollo de la economía social" en los Estados miembros actuales y futuros, con el objetivo de consolidar este importante factor de cohesión social, económica y democrática de la Unión ampliada.

3.5. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

3.5.1. Política social y empleo

3.5.1.1. La ampliación sólo podrá tener éxito si los ciudadanos, tanto de los actuales Estados miembros como de los países candidatos, apoyan este proceso. Una condición fundamental es que la ampliación sea igualmente un proyecto social. La política social es, por el momento, una de las políticas que completan el mercado único; los países candidatos deben aspirar al modelo de sociedad europea al que, con sus principios de cohesión social y territorial, deberán considerar como una característica fundamental de la configuración del proceso de transformación. El crecimiento económico previsto en los países candidatos debería contribuir igualmente a reforzar los sistemas de seguridad social.

3.5.1.2. En la Unión Europea ampliada, se deberá seguir aspirando consecuentemente en todos los ámbitos políticos a la realización del objetivo del pleno empleo, que figura entre las decisiones comunitarias adoptadas en la cumbre de Lisboa. En este contexto, el Comité celebra que los países candidatos ya participen en los correspondientes programas y planes de acción de la Unión Europea en esta materia (incluida la lucha contra la pobreza).

3.5.1.3. En el capítulo 13, "Política social y empleo", algunos países candidatos han solicitado periodos transitorios en los ámbitos de la salud y la seguridad en el trabajo. El Comité señala que, en principio, reconoce la necesidad de establecer periodos transitorios, pero recuerda que es partidario de una aplicación restrictiva de dichos periodos puesto que pueden conducir a distorsiones de la competencia en el mercado único, con lo que el modelo social europeo perdería calidad. Por otro lado, el Comité reconoce que muchas PYME no estarían en condiciones de adaptarse financieramente al acervo comunitario. La adhesión a la UE implica, en particular para las PYME de los nuevos Estados miembros, que habrá que poner en marcha grandes inversiones para compensar la adopción del acervo comunitario.

3.5.1.4. Hasta el momento, la Unión Europea ha logrado, además de la normativa en materia de trabajadores migrantes y de igualdad de trato, establecer normas mínimas respecto a ciertos ámbitos fundamentales. De esta manera se ha aprobado una serie de directivas en materia de Derecho laboral, en ámbitos tan diversos como la protección de la salud, el tiempo de trabajo, las vacaciones anuales, la protección de la maternidad y las bajas por maternidad o paternidad, así como aspectos técnicos de la protección del trabajador. Está claro que los ámbitos armonizados deberán seguir siendo revisados y adaptados a las nuevas circunstancias. Además, en el futuro será aún más necesario regular a nivel comunitario otros ámbitos, como la protección contra el despido o ciertos aspectos del Derecho del trabajo colectivo. El desarrollo continuo del modelo social europeo es imprescindible, sobre todo en una Unión Europea ampliada, para mantener la calidad de dicho modelo.

3.5.2. Diálogo social

3.5.2.1. Un elemento fundamental del modelo europeo es la participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en todas las cuestiones que les afectan. En este sentido, el Comité celebra que la Comisión consulte a los interlocutores sociales y a los representantes de la sociedad civil de los países candidatos respecto a múltiples cuestiones e insta a los gobiernos de los países candidatos a que sigan este ejemplo. Diversos gobiernos de los países candidatos todavía son reticentes a integrar de manera satisfactoria a los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de ampliación.

3.5.2.2. Al mismo tiempo, al Comité le preocupa que tanto los representantes de los empresarios como de los trabajadores en los países candidatos sigan siendo relativamente débiles y que el diálogo social bilateral, es decir, las negociaciones y acuerdos colectivos de las organizaciones de empresarios y trabajadores, todavía no haya alcanzado un nivel de desarrollo aceptable. El refuerzo de dichas organizaciones es imprescindible para el buen funcionamiento del diálogo social y la puesta en práctica del acervo comunitario, especialmente en el ámbito social.

3.5.2.3. Un refuerzo del apoyo que hasta ahora han prestado las organizaciones de los actuales Estados miembros podría contribuir a potenciar dicho diálogo en igual medida que la creación de organizaciones económicas y sociales. Así mismo, sería conveniente reforzar el diálogo social en el ámbito europeo, sobre todo mediante la participación regular, a partir de 2003, de los interlocutores sociales de los países candidatos en las estructuras del Comité de diálogo social europeo, según lo previsto en el programa de trabajo 2003-2005 de los interlocutores sociales europeos, presentado durante la Cumbre sobre Diálogo Social de Genval el 28 de noviembre de 2002. En este sentido, es importante asegurarse de que las organizaciones que representen a las PYME formen parte de dichas estructuras como miembros de pleno derecho.

3.5.3. Sistemas de seguridad social

3.5.3.1. En los países candidatos, al proceso de adopción del acervo comunitario se añade el proceso de reforma del sistema económico y social global que, entre otros, está asistido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Banco Mundial y el Fondo Monetario operan sobre la base del modelo social estadounidense y tienen, al mismo tiempo, un mandato mucho más global que el de la UE, cuyo acervo comunitario todavía tiene poco relieve en algunos ámbitos. La UE, cuyos Estados miembros cuentan con sistemas sociales característicos, aunque también diferentes, concede un gran valor al modelo social europeo con sus principios de cohesión social y regional. No obstante, como consecuencia de una ausencia de legitimación derivada de los tratados o de textos legislativos (el acervo comunitario es muy modesto en este punto), la Unión Europea apenas está presente en dichas reformas. La consecuencia de todo ello es que, en algunos ámbitos (como los sistemas sociales), se está creando un modelo social que, en opinión del Comité, no puede servir de modelo a Europa(15). El Comité recomienda que en el marco del método abierto de coordinación desarrollado en Lisboa, en el que desde la cumbre de Barcelona se han incluido a los países candidatos, se examinen estas cuestiones con mayor atención.

3.5.3.2. Esta competencia legislativa restringida de la UE conduce a que los aspectos del mercado único, como las repercusiones en los mercados de capital o respecto a la movilidad de los trabajadores, derivados de la organización de los sistemas sociales (por ejemplo, los sistemas de pensiones) puedan ser fomentados sin problemas a nivel comunitario sin que se debatan en detalle y sistemáticamente las cuestiones fundamentales de organización de dichos sistemas.

3.5.4. Los servicios de interés general

3.5.4.1. A nivel comunitario, la realización del mercado único ha justificado y puesto en marcha las liberalizaciones y desregulaciones no sólo en ámbitos infraestructurales clásicos como los transportes, energía, telecomunicaciones, recursos hídricos, eliminación de desechos y medio ambiente, sino también en materia de salud y formación, así como de servicios financieros.

3.5.4.2. Los países candidatos todavía tienen pendiente parte de dichas liberalizaciones y han solicitado periodos transitorios. El Comité señala que la apertura de sus mercados, hasta ahora protegidos, sólo obtendrá los resultados positivos esperados si se tienen en cuenta en la misma medida los intereses de los consumidores, propietarios y trabajadores, así como las especificidades de dichas prestaciones.

3.5.4.3. Estas prestaciones presentan características que no les permiten adaptarse exclusivamente a los criterios de mercado. Por lo tanto, es preciso determinar, en el ámbito de los servicios de interés general, en qué sectores y en qué medida deben aplicarse verdaderamente las disposiciones en materia de competencia y de mercado único. Además, se debe tener en cuenta que se trata de prestaciones que afectan de manera determinante a la calidad de vida y la seguridad social de las personas. Por lo tanto, es muy importante saber en qué medida y en calidad de qué acceden las personas a estas prestaciones.

3.5.4.4. Por otro lado, es preciso impedir que se creen nuevos monopolios u oligopolios, así como que se incurra en competencia desleal. Por el contrario, Europa precisa reglas ecuánimes del juego y un trato no discriminatorio para las empresas públicas, semipúblicas y municipales.

3.5.5. Cuestiones medioambientales

3.5.5.1. Amplios capítulos del Derecho medioambiental están regulados a nivel comunitario, ya sea mediante el establecimiento de exigencias medioambientales generales o de normas de calidad medioambiental (valores límite de inmisión), con medidas asociadas a la producción (valores límite de emisión) o mediante procedimientos generales. El Derecho comunitario prevé medidas muy flexibles en materia de política medioambiental, cuyo objetivo es tener en cuenta el desarrollo económico y social de la Unión, así como el desarrollo equilibrado de sus regiones. Aun cuando algunos Estados miembros puedan beneficiarse de esta manera de importantes excepciones en el marco de ciertas directivas, no se debe olvidar que semejantes posibilidades, precisamente en una Unión Europea ampliada, podrían agotarse demasiado fácilmente.

3.5.5.2. Habida cuenta del grave problema que representa la contaminación del medio ambiente en los países candidatos y de que dicho problema todavía no ha sido resuelto, estos países han solicitado repetidamente periodos transitorios para la incorporación del acervo comunitario. En este contexto, el Comité señala que un medio ambiente intacto representa uno de los bienes más preciados para el mantenimiento y desarrollo de la calidad de vida y que se deben efectuar todos los esfuerzos posibles para reparar los perjuicios ocasionados al medio ambiente, así como los riesgos asociados a las centrales nucleares, y evitarlos en el futuro. Excepciones y disposiciones transitorias demasiado generosas conducirían no sólo a distorsiones de la competencia, sino que también tendrían repercusiones negativas en el futuro desarrollo del medio ambiente y dificultarían el desarrollo ulterior del Derecho medioambiental comunitario según el principio de la sostenibilidad.

3.5.6. También en el ámbito de la protección de los consumidores, se han registrado durante los últimos decenios mejoras considerables para los consumidores en Europa. Además de las normas comunitarias en materia de seguridad y salud de los consumidores, se han logrado grandes avances, sobre todo, en el ámbito de la protección de los intereses económicos de los consumidores. La Directiva en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos(16) constituye un hito. La crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) puso de manifiesto que era necesario modificar dicha directiva y extender su ámbito de aplicación a los productos agrarios. Por lo tanto, se debe prestar atención a que semejantes mejoras de la protección de los consumidores sean igualmente posibles en una Unión Europea ampliada. Una presión adecuada de los consumidores puede contribuir igualmente a mantener esta progresión.

3.6. Preparación para la adhesión

3.6.1. Aparte de la participación actual de los países candidatos en programas de la Unión Europea, existen programas específicos de preparación para la adhesión. En este contexto, cabe destacar, en particular, el programa Twinning (programa de hermanamientos), que prepara a las administraciones para sus futuras tareas. De conformidad con la necesidad mencionada supra de que la administración siga desarrollándose y adaptándose incluso después de la adhesión, la demanda de este programa perdurará también después de la misma.

3.6.2. En este contexto, el Comité lamenta que la realización de estos programas sea, a menudo, tan complicada que desanime a posibles candidatos o les dé la impresión de que no están en condiciones de participar en los mismos. Así pues, una serie de países candidatos todavía no ha podido hacer uso del programa Sapard para la reconversión de la agricultura, a pesar de que la agricultura es, sin lugar a dudas, uno de los sectores que más actuación precisa. A este respecto, el Comité se remite a sus propuestas para la continuación y reforma de la política estructural y de los Fondos Estructurales(17).

3.6.3. En su primer Dictamen sobre este tema(18), el Comité ya había presentado una serie de propuestas, no sólo para introducir a los países candidatos en el mercado único, sino también para darles la oportunidad de prepararse para las futuras evoluciones del mercado único. Destaca, en particular, la propuesta de creación de centros de coordinación del mercado único y de puntos de contacto sobre el mercado único para las empresas y los ciudadanos.

3.6.4. El propio Comité organiza regularmente audiencias en los países candidatos, a las que se invita a grupos económicos y sociales relevantes. Además, con la base de datos PRISM, ha creado un instrumento que recogerá las principales iniciativas en el ámbito del mercado único y que podrá ser consultado en línea en el sitio Internet del Comité.

Bruselas, 12 de diciembre de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) Intervención del Ministro de Empleo danés en el Pleno del CESE del 18 de julio de 2002.

(2) High Level Group on Industrial Relations and Change in the EU (Grupo de alto nivel sobre relaciones laborales y cambio en la UE), Proyecto de informe provisional, 16 de noviembre de 2001.

(3) "Los efectos de la ampliación de la Unión en el Mercado Único (OMU)", Dictamen del CESE, DO C 329 de 17.11.1999.

(4) "Libre circulación de trabajadores en el mercado interior" (Observatorio del Mercado Único), Dictamen del CESE, DO C 155 de 29.5.2001.

(5) Comisión Europea: "Revisión 2002 de la Estrategia para el mercado interior", COM(2002) 171 final.

(6) COM(2002) 700 final; "en la vía de la adhesión".

(7) "La estrategia de cohesión económica y social de la UE"; Dictamen del CESE, DO C 241 de 7.10.2002.

(8) Comisión Europea: Revisión 2002 de la Estrategia para el mercado interior; COM(2002) 171 final.

(9) "La estrategia de cohesión económica y social de la UE"; Dictamen del CESE, DO C 241 de 7.10.2002.

(10) "Libre circulación de trabajadores en el mercado interior", Dictamen del CESE, DO C 155 de 29.5.2001.

(11) John Nellis: "Time to Rethink Privatisation in Transition Economies?"; Banco Mundial, 1999, y Joseph Stieglitz: "Die Schatten der Globalisierung".

(12) "Los servicios de interés general" - Dictamen del CESE, DO C 241 de 7.10.2002.

(13) Dictámenes del CESE sobre la Carta, DO C 204 de 18.7.2000 y DO C 48 de 21.2.2002.

(14) Dictamen del CESE sobre "Economía social y mercado único", DO C 117 de 26.4.2000.

(15) "Empleo, reforma económica y cohesión social: hacia una Europa de la innovación y del conocimiento", Dictamen del CESE, DO C 117 de 26.4.2000.

(16) Directiva 1999/34/CE por la que se modifica la Directiva 85/374/CEE, DO L 283 de 6.11.1999.

(17) "La estrategia de cohesión económica y social de la UE", Dictamen del CESE, DO C 241 de 7.10.2002; "El futuro de la política de cohesión", Dictamen del CESE, DO C 241 de 7.10.2002.

(18) "Los efectos de la ampliación de la Unión en el Mercado Único (OMU)", Dictamen del CESE, DO C 329 de 17.11.1999.