Posición común (CE) no 61/2002

aprobada por el Consejo el 5 de noviembre de 2002

con vistas a la adopción de la Directiva 2002/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios

(2002/C 299 E/01)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 80,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4),

Considerando lo siguiente:

(1) El objetivo del artículo 49 del Tratado es eliminar las restricciones que afectan a la libertad de prestación de servicios en la Comunidad. De acuerdo con el artículo 51 del Tratado, este objetivo debe alcanzarse dentro del marco de la política común de transportes, debiéndose respetar, entre otras, las normas del Tratado sobre protección del medio ambiente.

(2) Mediante el Reglamento (CEE) n° 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países(5) y el Reglamento (CEE) n° 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo)(6), dicho objetivo ha sido ya alcanzado en el ámbito de los servicios de transporte marítimo considerados en sí mismos.

(3) Los servicios portuarios son fundamentales para el correcto funcionamiento del transporte marítimo, ya que contribuyen de forma primordial a la eficacia en la utilización de sus infraestructuras.

(4) En el Libro Verde sobre los puertos y la infraestructura marítima, de diciembre de 1997, la Comisión informó de su decisión de proponer un marco legislativo con el fin de promover el acceso al mercado de los servicios portuarios en los puertos de la Comunidad con tráfico internacional.

(5) Como parte de las medidas que incrementarán la competencia global en los puertos comunitarios y entre ellos, promover el acceso al mercado de los servicios portuarios a nivel comunitario debe eliminar las actuales restricciones que dificultan el acceso de los prestadores de servicios portuarios y de los que optan por la autoasistencia, mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios del puerto, aumentar la eficacia y flexibilidad, contribuir a la reducción de los costes y, de esa manera, fomentar la navegación marítima a corta distancia y el transporte combinado.

(6) Cuando la autorización a que se refiere la presente Directiva revista la forma de contrato regulado por las Directivas 92/50/CEE(7), 93/36/CEE(8), 93/37/CEE(9) y 93/38/CEE(10), serán aplicables estas últimas. De igual modo, cuando la autorización a que se refiere la presente Directiva revista la forma de un contrato de servicio público regulado por el Reglamento (CEE) n° 3577/92, será aplicable este último. Por último, se aplicarán cuando proceda las Directivas 89/48/CEE(11), 92/51/CEE(12) y 99/42/CE(13) sobre reconocimiento mutuo de títulos de educación y formación profesional.

(7) Los contratos de servicios portuarios adjudicados mediante un procedimiento de licitación basado en otro instrumento de la normativa comunitaria no deben ser objeto de un procedimiento de selección de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.

(8) La legislación y prácticas nacionales han hecho que surjan disparidades entre los diversos procedimientos aplicados y han provocado un cierto grado de incertidumbre jurídica respecto a los derechos de los prestadores de servicios portuarios y a los deberes de las autoridades competentes. Redunda en interés de la Comunidad, por lo tanto, establecer un marco jurídico comunitario donde se determinen las normas básicas de acceso al mercado de los servicios portuarios, los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios existentes y potenciales y de los que optan por la autoasistencia, los de los organismos gestores de los puertos, y los procedimientos aplicables a la autorización y la selección.

(9) De conformidad con el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 5 del Tratado, el objetivo de la acción pretendida, a saber, el acceso de cualquier persona física o jurídica establecida en la Comunidad al mercado de los servicios portuarios, puede lograrse mejor con el establecimiento de principios comunes para todos los Estados miembros. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(10) La legislación comunitaria sobre acceso al mercado de los servicios portuarios no debe excluir la aplicación de otras disposiciones comunitarias, tales como la normativa en materia de competencia, incluida la relativa a los servicios de interés económico general, y en particular, a las situaciones de monopolio.

(11) Para alcanzar el objetivo de la presente Directiva sin imponer a los puertos pequeños una carga adicional, que resultaría desproporcionada en relación con los resultados esperados, la presente Directiva debe aplicarse a los puertos con un volumen total de tráfico marítimo anual correspondiente al de los "puertos marítimos con una importancia internacional (categoría A)" tal como se definen en la Decisión n° 1692/96/CE(14), sin perjuicio, no obstante, de la posibilidad de que los Estados miembros decidan aplicar también la presente Directiva a otros puertos. A la hora de determinar el volumen total de tráfico anual, los Estados miembros deben tener la posibilidad de no tomar en consideración el tráfico en partes de un puerto que no estén abiertas al tráfico comercial general.

(12) Los Estados miembros deben igualmente poder excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva a los puertos de carácter muy estacional, siempre que hayan comprobado la existencia de un nivel adecuado de acceso al mercado para las operaciones de los servicios portuarios.

(13) Un sistema portuario que se encuentra en la misma área geográfica designada por un Estado miembro se enfrenta a las mismas limitaciones que un puerto individual y, por consiguiente, debe poder ser considerado por los Estados miembros como un único puerto a efectos de la presente Directiva.

(14) Los Estados miembros deben tener libertad para elegir el modelo de gestión de dos o más puertos en la misma área geográfica, que podrían incluirse en un sistema portuario.

(15) Los Estados miembros deben designar una o varias autoridades portuarias competentes a efectos de la aplicación de la presente Directiva. Dicha autoridad o autoridades podrán ser públicas o privadas y tener a su cargo una o varias tareas de las contempladas en la presente Directiva en uno o varios puertos.

(16) En beneficio de una gestión eficaz y segura de los puertos, los Estados miembros deben ser capaces de imponer a los prestadores de servicios portuarios y a los que opten por la autoasistencia la obtención de una autorización. Los criterios de concesión de tales autorizaciones deben ser transparentes, no discriminatorios, objetivos, pertinentes y proporcionados y deben, además, ser de conocimiento público.

(17) Para garantizar que los candidatos a prestadores de servicios dispongan de adecuado acceso a la formación pertinente si las cualificaciones profesionales técnicas exigidas incluyen conocimientos locales específicos o experiencia de las condiciones locales, los Estados miembros podrían obligar a los prestadores de servicios en posesión de dichos conocimientos o experiencia a que ofrezcan dicha formación pertinente, cuando proceda, mediante pago.

(18) Los prestadores de servicios portuarios y las empresas que practiquen la autoasistencia deben tener derecho a elegir su propio personal siempre que cumplan la normativa pertinente sobre empleo, condiciones de trabajo y otras cuestiones sociales, así como sobre formación y competencia profesional.

(19) Por constituir los puertos un área geográfica limitada, el acceso al mercado podría estar condicionado, en ciertos casos, por restricciones ligadas al espacio o a la capacidad, a preocupaciones relacionadas con la seguridad del tráfico marítimo o a requisitos impuestos por normas medioambientales. En estos casos, y para garantizar la eficacia general de los puertos, podría ser necesario limitar el número de prestadores de servicios portuarios autorizados, siempre que se cumplan las obligaciones de servicio público del prestador de servicios o del organismo gestor del puerto, así como las normas medioambientales. Los criterios utilizados a la hora de imponer estas limitaciones deben ser objetivos, transparentes, no discriminatorios, pertinentes y proporcionados.

(20) En los casos en que la autoridad competente, con arreglo a la política de desarrollo del puerto publicada, determine la serie de actividades comerciales que habrán de llevarse a cabo en el puerto o en una parte del puerto, ello no debe considerarse como una limitación del número de prestadores de servicios.

(21) En el caso de limitación del número de los prestadores de servicios, este número debe ser el más alto que resulte apropiado con arreglo a las circunstancias. Los prestadores de servicios deben ser seleccionados por la autoridad competente en virtud de un procedimiento transparente, objetivo, abierto, equitativo y con arreglo a normas no discriminatorias.

(22) En aras de una mayor apertura y transparencia, los procedimientos de selección deben ponerse en conocimiento de los sectores interesados y debe transmitirse documentación completa a las partes interesadas. La decisión que resulte del procedimiento de selección debe asimismo hacerse pública.

(23) Es esencial garantizar que las decisiones tomadas y los procedimientos seguidos con arreglo a la presente Directiva se tomen sobre la base de los principios de transparencia y de no discriminación y sean reconocidos como tales. Por ello, cuando la autoridad competente que decida en materia de limitaciones que se refieran a uno o más servicios portuarios en un puerto determinado sea ella misma prestador del mismo servicio o de un servicio similar en dicho puerto, cualquier decisión sobre limitaciones, o la aprobación o supervisión de dicha decisión, debe correr a cargo de una autoridad competente distinta e independiente. Cuando la autoridad competente que lleve a cabo un procedimiento de selección en un puerto sea ella misma un prestador del mismo servicio o de un servicio similar en dicho puerto, el procedimiento o la aprobación o la supervisión de dicho procedimiento debe correr a cargo asimismo de una autoridad competente distinta e independiente.

(24) El organismo gestor del puerto no debe hacer discriminaciones entre prestadores de servicios. En particular, es necesario evitar toda discriminación en favor de una empresa u organismo en el que dicho organismo tenga algún tipo de interés.

(25) En los casos en que no pueda encontrarse ningún prestador de servicios adecuado tras el procedimiento de selección, debe darse al organismo gestor del puerto la posibilidad de reservarse para sí mismo la prestación del servicio de que se trate durante un período limitado, siempre que cumpla los criterios establecidos para conceder una autorización y observe los criterios de transparencia tal como figuran en la presente Directiva.

(26) Los operadores de una parte de un puerto que no esté abierto al tráfico comercial general deben ser autorizados por los Estados miembros a suministrar servicios técnicos náuticos a los buques que operen en el mismo con arreglo a procedimientos distintos de los que establece la presente Directiva, a condición de que se garanticen la seguridad del tráfico marítimo y del puerto.

(27) Las autorizaciones concedidas con arreglo a un procedimiento de selección deben estar limitadas en el tiempo; sin embargo, deben concederse para períodos que permitan una amortización y una recuperación de las inversiones realizadas. Al determinar la duración de la autorización es razonable tener en cuenta si el prestador ha tenido que realizar inversiones en bienes de equipo o no y, si fuera así, si los bienes son muebles o no.

(28) Las inversiones en bienes muebles que la autoridad competente considere costosos, como los puentes grúa, los descargadores buque/costa y los remolcadores especializados, deben tratarse en las mismas condiciones que las inversiones en bienes inmuebles.

(29) Debe permitirse a los Estados miembros ampliar la autorización vigente y/o poner en marcha un procedimiento de selección anticipado si se han realizado o se van a realizar inversiones significativas, con objeto de fomentar la inversión a largo plazo en condiciones de estabilidad, contribuyendo de este modo al desarrollo de los puertos.

(30) Siempre que sea posible, debe permitirse la práctica de la autoasistencia de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Directiva. Los criterios aplicables a los que optan por la autoasistencia deben ser los mismos que los fijados para otros prestadores de los mismos o similares servicios.

(31) La autoasistencia no debe obstaculizar la eficacia global de las actividades portuarias o disminuir los niveles de salud laboral, en materia social y de seguridad o los niveles de formación comparados a los aplicables al personal actual, especialmente durante los períodos transitorios para las autorizaciones existentes, cuando proceda.

(32) Los Estados miembros podrán supeditar la autoasistencia a una autorización previa concedida de conformidad con criterios relacionados con el empleo y con aspectos sociales, entre otras cosas.

(33) El servicio de practicaje debe estar sujeto a normas específicas, habida cuenta de los requisitos especiales en materia de formación y titulación que lo caracterizan y de la necesidad de garantizar altos niveles de seguridad.

(34) En ese contexto, las autoridades competentes deben estar en condiciones de reconocer el carácter obligatorio del practicaje y de otros servicios técnicos náuticos.

(35) El alquiler de equipos no constituye un servicio portuario, pero debe hacerse respetando los principios de transparencia y no discriminación.

(36) Es necesario imponer a los organismos gestores de los puertos cubiertos por la presente Directiva que también actúen como prestadores de servicios, la obligación de mantener una contabilidad separada de las actividades correspondientes a su función de organismo gestor y de las desarrolladas con carácter competitivo.

(37) La obligación de separación de la contabilidad correspondiente a cada servicio portuario debe imponerse a todas las empresas que hayan sido seleccionadas para prestar tales servicios.

(38) Deben instaurarse procedimientos de recurso contra las decisiones de las autoridades competentes.

(39) La presente Directiva no debe afectar en modo alguno a los derechos y obligaciones de los Estados miembros o de las autoridades por ellos designadas, en materia de orden público, seguridad y protección de los puertos y defensa del medio ambiente, así como por lo que respecta al estatuto internacional de los puertos, vías navegables y zonas marítimas.

(40) La aplicación de la legislación nacional en materia social no debe afectar en modo alguno a la presente Directiva.

(41) La actual situación de los puertos comunitarios, caracterizada por una multiplicidad de autorizaciones, métodos de selección y períodos de validez y la necesidad de seguridad jurídica, requieren que se establezcan medidas transitorias claras. Las medidas deben distinguir entre puertos en los que el número de prestadores de servicios está limitado y puertos en los que no lo está. Al término del periodo en el que se apliquen dichas medidas transitorias, se deben conceder todas las autorizaciones según lo dispuesto en la presente Directiva.

(42) Cuando el número de prestadores de servicios portuarios no esté limitado no hay razón para cambiar las autorizaciones existentes.

(43) Las autorizaciones y los contratos existentes deben tratarse en las mismas condiciones que las nuevas autorizaciones y, por consiguiente, someterse, en caso de limitaciones, a las mismas duraciones máximas calculadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(44) Cuando el número de prestadores de servicios esté limitado o deba limitarse, la duración de las autorizaciones existentes se alineará con las aplicables a las nuevas autorizaciones.

(45) Es importante garantizar que la presente Directiva fomente el desarrollo de nuevos puertos e instalaciones portuarias. Debe considerarse que toda inversión por parte de una entidad comercial con arreglo a las normas nacionales sobre adquisición de bienes ha estado abierta a todos los interesados en general.

(46) La presente Directiva no debe imponer a los Estados miembros la adopción de medida alguna que implique la privación de propiedad o la vulneración del derecho de propiedad que infrinja los principios generales de la legislación comunitaria, salvo que dicha privación o vulneración estén justificadas con arreglo a los principios generales mencionados y pueda obligarse a un proveedor de servicios autorizado o seleccionado al pago de una indemnización por dicha privación o vulneración con arreglo a dichos principios generales.

(47) La presente Directiva no tiene incidencia en la aplicación de las normas del Tratado. En particular, la Comisión debe poder seguir garantizando el cumplimiento de dichas normas mediante el ejercicio, si fuera necesario, de las facultades que le reconoce el artículo 86 del Tratado.

(48) Basándose en los informes de los Estados miembros acerca de la aplicación de la presente Directiva, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación acompañada, si procede, de una propuesta de revisión de la misma.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objetivo

1. La libre prestación de servicios portuarios en puertos de mar se aplicará a los prestadores comunitarios de servicios portuarios con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva.

2. La libre prestación de servicios portuarios podrá estar supeditada a restricciones del puerto o del sistema portuario ligadas a la disponibilidad de capacidad y de espacio, a la seguridad del tráfico marítimo o a la política de desarrollo del puerto, respetándose, según corresponda, los requisitos de seguridad, protección del medio ambiente y obligaciones de servicio público. Los servicios ligados a las vías navegables de acceso o salida del puerto o sistema portuario podrán estar supeditados también a restricciones específicas de seguridad.

3. Los prestadores de servicios portuarios y las empresas que practiquen la autoasistencia tendrán acceso, sin discriminaciones, a la infraestructura portuaria habitualmente accesible en la medida en que sea necesario para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará a los servicios portuarios indicados en el anexo que se presten a los usuarios del puerto, tanto dentro de la zona portuaria como en las vías navegables de acceso o salida del puerto o sistema portuario a los que se aplique la presente Directiva.

2. La presente Directiva se aplicará a todos los puertos de mar o sistemas portuarios situados en el territorio de los Estados miembros y abiertos al tráfico marítimo comercial general, siempre que el volumen del tráfico marítimo medio anual del puerto no haya sido inferior en los tres últimos años a 1,5 millones de toneladas de carga o a 200000 pasajeros.

A este respecto, y si fuere aplicable, los Estados miembros podrán decidir que no se tome en consideración el tráfico que se desarrolle en partes de un puerto no abiertas al tráfico comercial general.

3. Cuando un puerto alcance el umbral de tráfico de mercancías indicado en el apartado 2 sin alcanzar el de pasajeros, la presente Directiva no se aplicará a los servicios portuarios reservados exclusivamente a los pasajeros. Cuando se alcance el umbral de tráfico de pasajeros, pero no el de mercancías, la presente Directiva no se aplicará a los servicios portuarios reservados exclusivamente a las mercancías.

4. Los Estados miembros podrán también aplicar la presente Directiva a otros puertos.

5. Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los puertos de carácter muy estacional, siempre que hayan comprobado que se garantiza un nivel adecuado de acceso al mercado para los servicios portuarios.

Una lista de esos puertos se revisará periódicamente, la primera vez a más tardar a los cinco años de la entrada en vigor de la presente Directiva y posteriormente cada cinco años. Las posibles modificaciones se notificarán a la Comisión a título informativo.

6. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, a título informativo y basándose en la información facilitada por los Estados miembros, una lista de los puertos y sistemas portuarios contemplados en el presente artículo. La lista se publicará por primera vez a más tardar a los tres meses de la entrada en vigor de la presente Directiva, y de forma anual en lo sucesivo.

7. Los Estados miembros podrán exigir que los prestadores de servicios portuarios estén establecidos en la Comunidad y que los buques utilizados principalmente para la prestación de servicios portuarios estén registrados en un Estado miembro y utilicen su pabellón.

8. Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los servicios a que se aplica el artículo 296 del Tratado, los que se declaren secretos o aquellos cuya ejecución requiera medidas de seguridad especiales de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes en el Estado miembro afectado, así como aquellos cuya exclusión sea necesaria para la protección de los intereses fundamentales de la seguridad del Estado.

Artículo 3

Otra legislación

1. La presente Directiva no afectará a las obligaciones que imponen a las autoridades competentes las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE y 93/38/CEE.

La presente Directiva tampoco afectará a los contratos de servicio público celebrados sobre la base del Reglamento (CEE) n° 3577/92.

2. Cuando una de las Directivas a que se refiere el apartado 1 haga obligatoria la licitación de un contrato de servicios, el artículo 9, los apartados 1 y 2 del artículo 16 y el artículo 17 de la presente Directiva no se aplicarán a la adjudicación de tal contrato. No obstante, los Estados miembros podrán definir normas específicas en lo que respecta a sus propios puertos en los pliegos de condiciones para la licitación de tales contratos.

3. La presente Directiva no afectará a las obligaciones que, en su caso, imponen a las autoridades competentes las Directivas 89/48/CEE, 92/51/CEE y 1999/42/CE sobre reconocimiento mutuo entre Estados miembros de títulos de educación y formación profesional.

Artículo 4

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) "puerto de mar" (o "puerto"), una zona de tierra y de agua en la que, merced a las obras realizadas y a los equipos instalados, es posible, fundamentalmente, la recepción de buques, la carga y descarga de los mismos, el almacenamiento de mercancías, la recepción y entrega de dichas mercancías y el embarque y desembarque de pasajeros;

2) "acceso portuario por vía navegable", un acceso marítimo al puerto desde el mar abierto, como los canales navegables, ríos, canales o fiordos;

3) "sistema portuario", dos o más puertos de la misma zona geográfica gestionados por un mismo organismo gestor;

4) "puerto de carácter muy estacional", todo puerto que en los tres años precedentes haya alcanzado el 50 % de su volumen anual medio de tráfico marítimo en un periodo cualquiera de tres meses consecutivos;

5) "organismo gestor del puerto" o "autoridad portuaria" (denominados en lo sucesivo "organismo gestor del puerto"), un organismo que, en conjunción o no con otras actividades, tiene como objetivo, con arreglo a normas legales o reglamentarias nacionales, la administración y gestión de las infraestructuras del puerto y la coordinación y, cuando proceda, el control de las actividades de los operadores con actividad en el puerto o sistema portuario considerado. Podrá estar formado por varios organismos separados y/o estar encargado de más de un puerto;

6) "servicios portuarios", cualesquiera servicios prestados en un puerto que figuren en la lista del anexo;

7) "prestador de servicios portuarios" o "prestador de servicios", toda persona física o jurídica que preste o desee prestar, a título oneroso, una o más categorías de servicios portuarios;

8) "requisito de servicio público", un requisito adoptado por una autoridad competente con el fin de garantizar la adecuada prestación de determinadas categorías de servicios portuarios;

9) "autoasistencia", la situación en la que una empresa que podría normalmente contratar servicios portuarios se presta a sí misma una o varias categorías de servicios portuarios con personal propio fijo con base en tierra y/o embarcado, y con material propio;

10) "certificado de exención de practicaje", el documento expedido por la autoridad competente en virtud del cual se concede una exención o modificación del practicaje obligatorio;

11) "autorización", todo permiso, incluido un contrato, que permita a una persona física o jurídica la prestación de una o más categorías de servicios portuarios o la práctica de la autoasistencia;

12) "limitación del número de prestadores de servicios", situación en la que el organismo gestor de un puerto no autoriza a un prestador de servicios que cumple los criterios de autorización establecidos en el artículo 6 a prestar una o varias categorías de servicios.

Artículo 5

Autoridades competentes

Los Estados miembros velarán por que exista una o varias autoridades competentes encargadas de la aplicación de los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16 y 25.

Artículo 6

Autorización

1. Los Estados miembros garantizarán que la autoridad competente pueda exigir a los prestadores de servicios portuarios la obtención de una autorización previa, que podrá ser por un periodo limitado, con arreglo a las condiciones fijadas en los apartados 2, 3, 4 y 5 del presente artículo. La autorización se considerará concedida a los prestadores de servicios seleccionados en virtud del artículo 9.

2. Los criterios de concesión de autorizaciones por la autoridad competente serán transparentes, no discriminatorios, objetivos, pertinentes y proporcionados. Deberán atender únicamente, cuando proceda, a:

a) las cualificaciones profesionales del prestador y de su personal, la solidez de su situación financiera y la suficiente cobertura de riesgos;

b) la seguridad marítima o la seguridad del puerto o del acceso a él, de las instalaciones, del equipo y de las personas;

c) cuestiones sociales y laborales;

d) requisitos medioambientales;

e) política de desarrollo del puerto.

La autorización podrá imponer requisitos de servicio público referentes a la seguridad, regularidad, continuidad, calidad y precio y a las condiciones en que pueden prestarse los servicios.

3. Los Estados miembros podrán adoptar normas sobre acceso a la profesión y sobre los certificados de capacidad que deban obtenerse mediante examen.

Además, si las cualificaciones profesionales de carácter técnico exigidas incluyen conocimientos locales específicos o experiencia de las condiciones locales, los Estados miembros velarán por que los candidatos a prestadores de servicios dispongan de adecuado acceso a la formación pertinente en condiciones de transparencia y no discriminación y, cuando proceda, mediante pago.

4. Los criterios citados en el apartado 2 serán públicos y los prestadores de servicios portuarios serán informados con antelación del procedimiento de obtención de la autorización. Este requisito se aplicará también si la autorización vincula la prestación de un servicio a la realización de una inversión en bienes inmuebles.

5. El prestador de servicios portuarios que lleve a cabo los servicios cubiertos por la autorización tendrá derecho a contratar a personal de su elección siempre que cumpla los criterios establecidos de conformidad con el apartado 2 y con la legislación del Estado miembro en el que el prestador de servicios esté prestando los servicios en cuestión, a condición de que dicha legislación sea compatible con el Derecho comunitario.

6. La autoridad competente podrá modificar o revocar una autorización cuando no se cumplan los criterios establecidos en el apartado 2.

Artículo 7

Política de desarrollo del puerto

La autoridad competente podrá determinar, si ha lugar, la gama de actividades comerciales que se realizarán en el puerto o en partes de él, en particular las categorías de carga que podrán manipularse en el puerto y la asignación de espacio o capacidad del puerto a tales actividades, con arreglo a la política publicada de desarrollo del puerto, sin que ello constituya limitación del número de prestadores de servicios.

Artículo 8

Limitaciones

1. El presente artículo y los artículos 9 y 12 sólo se aplicarán a uno o más servicios portuarios cuando en el puerto o sistema portuario esté limitado el número de prestadores de dicho o dichos servicios portuarios.

2. Los Estados miembros garantizarán que la autoridad competente sólo limite el número de prestadores de servicios portuarios por razones ligadas a limitaciones de la disponibilidad de espacio o capacidad, o por consideraciones de seguridad o de requisitos derivados de normas medioambientales. En caso de que se limite el número de prestadores, la autoridad competente deberá:

a) informar a los interesados de las categorías de servicios portuarios y, si procede, de la parte concreta del puerto a la que se aplican las restricciones, así como de las razones de dichas restricciones;

b) admitir el mayor número posible de prestadores de servicios que permitan las circunstancias.

Artículo 9

Procedimiento de selección

1. Cuando la autoridad competente haya limitado el número de prestadores de servicios portuarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, tomará las medidas necesarias para que el procedimiento de selección sea transparente y objetivo, basado en criterios proporcionados, no discriminatorios y pertinentes.

2. La autoridad competente publicará, para conocimiento general de los sectores afectados en la Comunidad, una convocatoria dirigida a los interesados para que participen en el proceso de selección.

Dicha publicación se hará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas para las autorizaciones relacionadas con la letra b) del apartado 2 del artículo 12 y, para todas las demás autorizaciones, por cualquier conducto adecuado para hacer llegar oportunamente a cualquier persona interesada en la selección toda la información necesaria.

3. La autoridad competente velará por que se comunique toda la documentación a los interesados que la soliciten. La documentación facilitada a los posibles prestadores incluirá al menos los siguientes elementos:

a) los criterios de autorización adoptados de conformidad con el apartado 2 del artículo 6, así como los criterios de selección que definen los requisitos mínimos exigidos por la autoridad;

b) los criterios de adjudicación en los que se basará la autoridad para elegir entre las propuestas que cumplan los criterios de selección;

c) las condiciones reglamentarias y organizativas para la prestación del servicio, con mención de los requisitos que cubrirá la autorización e indicación expresa de los activos tangibles e intangibles que se pondrán a disposición del prestador de servicios seleccionado, junto con las condiciones y normas aplicables;

d) las sanciones y las condiciones de anulación en caso de incumplimiento; y

e) la duración de la autorización.

4. El procedimiento fijará un intervalo de al menos 52 días entre la difusión de la convocatoria de propuestas y la fecha límite para la recepción de éstas.

5. La autoridad competente publicará la decisión resultante de cada procedimiento de selección.

Artículo 10

Neutralidad del procedimiento de selección

Cuando la autoridad competente que deba establecer las limitaciones aplicables a uno o más servicios portuarios en un puerto concreto o llevar a cabo el procedimiento de selección para ese servicio en dicho puerto sea ella misma prestadora del mismo servicio o servicios o de un servicio o servicios similares, o ejerza un control directo o indirecto sobre el prestador del mismo servicio o servicios o de un servicio o servicios similares en ese puerto, los Estados miembros designarán una autoridad competente diferente e independiente y le encomendarán la decisión sobre las limitaciones o la aprobación o supervisión de dicha decisión, o el procedimiento de selección o la aprobación o supervisión de dicho procedimiento.

Artículo 11

Situaciones específicas

1. Si, una vez realizado el procedimiento de selección previsto en el artículo 9, no se encontrara un prestador apropiado para un determinado servicio portuario, el organismo gestor del puerto podrá, en las condiciones fijadas en el apartado 1 del artículo 16, reservarse la prestación del servicio por un periodo que será, en cualquier caso, inferior a cinco años.

2. Los Estados miembros podrán autorizar que el operador de una parte del puerto no abierta al tráfico comercial general se haga cargo de la prestación de servicios técnicos náuticos a buques que operen en ella con arreglo a normas distintas de las previstas en los artículos 8 y 9, siempre que queden garantizadas la seguridad del tráfico marítimo y la del puerto.

Artículo 12

Duración

Los prestadores de servicios portuarios serán seleccionados por un periodo limitado de tiempo que se determinará con arreglo a los siguientes criterios:

1) Cuando no se vayan a realizar para la prestación de los servicios inversiones que la autoridad competente considere significativas, la duración máxima de la autorización será de diez años.

2) Cuando se vayan a realizar inversiones que la autoridad competente considere significativas en:

a) bienes muebles, el periodo máximo será de 15 años;

b) bienes inmuebles y bienes muebles que la autoridad competente considere costosos, el periodo máximo será de 36 años, independientemente de si su propiedad va a transferirse o no al organismo gestor del puerto.

Los Estados miembros podrán autorizar la posibilidad de que se prorrogue una autorización existente por un periodo de diez años durante los diez últimos años de vigencia de la autorización en caso de que se hayan realizado o contratado irrevocablemente inversiones significativas en bienes inmuebles y en bienes muebles que la autoridad competente considere costosos.

Si las inversiones efectuadas por el prestador de servicios incluyen tanto bienes muebles como inmuebles, el periodo máximo será el más largo de los periodos máximos considerados.

3) Los Estados miembros podrán establecer un procedimiento en virtud del cual, cuando el prestador de servicios se proponga efectuar o contratar irrevocablemente inversiones significativas antes del vencimiento de la autorización vigente, y cuando pueda demostrar que aquéllas supondrán una mejora de la eficacia global del servicio de que se trate, el prestador pueda pedir a la autoridad competente que inicie, de conformidad con el artículo 9, un procedimiento de selección para una nueva autorización antes del vencimiento de la autorización en cuestión.

Artículo 13

Autoasistencia

1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para permitir, siempre que sea posible, la práctica de la autoasistencia de conformidad con la presente Directiva.

Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente sólo limite la autoasistencia cuando existan razones objetivas que vengan al caso y sean compatibles con los motivos que conduzcan a aplicar las limitaciones mencionadas en el artículo 8.

2. Lo dispuesto en la presente Directiva no afectará en modo alguno a las normas nacionales en materia de empleo y cuestiones sociales siempre que sean compatibles con la legislación comunitaria y las obligaciones internacionales de la Comunidad y de los Estados miembros de que se trate.

3. Cuando la autoasistencia esté condicionada a la obtención de una autorización los criterios para dicha autorización serán los mismos que los fijados para otros prestadores de los mismos o similares servicios portuarios, siempre que sean pertinentes.

4. Cuando la autoasistencia esté supeditada al pago de una tarifa en concepto de contribución a obligaciones de servicio público por la prestación de servicios técnicos náuticos que no puedan satisfacer quienes practiquen la autoasistencia, dicha tarifa se determinará según criterios pertinentes, objetivos, transparentes y no discriminatorios.

Artículo 14

Practicaje

1. En lo que se refiere de manera específica al servicio de practicaje, los Estados miembros podrán supeditar la concesión de una autorización en virtud del artículo 6 a criterios de seguridad marítima especialmente rigurosos y a requisitos de servicio público.

Las autoridades competentes también podrán reconocer el carácter obligatorio del practicaje y prescribir las normas de organización del servicio que estimen convenientes por motivos de seguridad y de requisitos de servicio público, incluida, cuando así lo exijan las circunstancias imperantes en un puerto o un grupo de puertos y/o su acceso, la posibilidad de reservar para sí el servicio en cuestión o adjudicarlo, en su caso directamente, a un único prestador. En particular, podrán exigir que dicho servicio lo presten personas competentes que cumplan una serie de condiciones equitativas y no discriminatorias establecidas en la legislación nacional.

2. La autoridad competente podrá restringir la autoasistencia a la expedición de certificados de exención del practicaje o a la exención de determinados tipos de buques del practicaje obligatorio. En ese caso, las condiciones para obtener un certificado de exención del practicaje o para ser eximido del practicaje obligatorio serán pertinentes, objetivas, transparentes y no discriminatorias.

3. La duración máxima aplicada al practicaje con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 12 será de diez años.

Artículo 15

Contabilidad

Los prestadores de servicios seleccionados llevarán una contabilidad separada para cada servicio portuario. La elaboración de las cuentas deberá ajustarse a las prácticas comerciales usuales y a principios contables reconocidos.

Artículo 16

Transparencia

1. Cuando el organismo gestor del puerto sea a la vez prestador de servicios portuarios, deberá cumplir los criterios expuestos en el apartado 2 del artículo 6 y llevar contabilidades separadas de cada uno de los servicios portuarios que preste y de sus demás actividades. La elaboración de las cuentas deberá ajustarse a las prácticas comerciales usuales y a principios contables reconocidos con el fin de garantizar que:

a) las cuentas internas correspondientes a las diferentes actividades se lleven por separado;

b) todos los costes e ingresos se asignen o distribuyan correctamente según principios de contabilidad de costes aplicados de forma coherente y objetivamente justificables;

c) se establezcan claramente los principios de contabilidad de costes con arreglo a los cuales se llevan las cuentas separadas.

2. El informe de auditoría sobre las cuentas anuales deberá indicar la existencia de cualquier transferencia financiera efectuada entre la actividad de servicio portuario del organismo gestor del puerto y las demás actividades. Los Estados miembros deberán conservar el informe de auditoría y ponerlo a disposición de la Comisión cuando ésta así lo solicite.

Los informes de auditoría que se presenten por separado podrán considerarse suficientes siempre que contengan la misma información.

3. La presente Directiva no afectará en modo alguno a los derechos y obligaciones de los Estados Miembros en relación con la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas(15).

Artículo 17

Procedimientos de recurso

1. Los Estados miembros garantizarán que cualquiera que ostente un interés legítimo disponga de un derecho de recurso contra las decisiones o medidas individuales tomadas, en aplicación de la presente Directiva, por las autoridades competentes o por el organismo gestor del puerto.

2. Cuando se deniegue una solicitud para prestar servicios portuarios de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, se informará al solicitante o solicitantes de las razones por las cuales se les ha denegado la autorización o no han sido seleccionados. Las razones deberán ser objetivas, no discriminatorias, debidamente justificadas y expuestas de forma apropiada. El solicitante deberá contar con la posibilidad de recurrir. Deberá tener la posibilidad de presentar recurso ante un tribunal nacional o autoridad pública que en su organización, financiación, estructura jurídica y proceso de toma de decisiones sea independiente de la autoridad competente u organismo gestor del puerto, así como de cualquier prestador de servicios.

3. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por los organismos de recurso estén sujetas a control jurisdiccional.

Artículo 18

Seguridad y protección de los puertos y defensa del medio ambiente

La presente Directiva no afectan en modo alguno a los derechos y obligaciones de los Estados miembros y de las autoridades competentes por ellos designadas en materia de orden público, seguridad y protección de los puertos y defensa del medio ambiente.

Artículo 19

Protección social

La presente Directiva no afectará en modo alguno a la aplicación de la legislación social de los Estados miembros, con inclusión de las normas pertinentes sobre la contratación de personal por prestadores de servicios que se hagan cargo de una autorización como consecuencia de un procedimiento de selección. El nivel de protección social no podrá ser inferior al establecido en la normativa comunitaria aplicable.

Artículo 20

Estatuto internacional

La presente Directiva no afectará en modo alguno a los derechos y obligaciones de los Estados miembros por lo que respecta al estatuto internacional de los puertos, vías navegables y zonas marítimas.

Artículo 21

Medidas transitorias

1. El presente artículo se aplicará a todas las autorizaciones existentes en la fecha en que entre en vigor la presente Directiva.

2. Cuando el número de prestadores de servicios portuarios de un puerto no esté limitado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, las autorizaciones existentes podrán continuar en vigor sin modificaciones mientras no se limite dicho número.

3. Cuando el número de prestadores de servicios portuarios de un puerto esté limitado, las autorizaciones existentes podrán continuar en vigor sin modificaciones hasta su expiración, aunque respetando las duraciones previstas en el artículo 12 y el apartado 3 del artículo 14 calculadas a partir de la fecha de incorporación de la presente Directiva al Derecho interno.

Cuando el número de prestadores de servicios portuarios de un puerto se limite tras la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, las autorizaciones existentes podrán continuar en vigor sin modificaciones hasta su expiración, aunque respetando las duraciones previstas en el artículo 12 y el apartado 3 del artículo 14 calculadas a partir de la fecha en que se produzca dicha limitación.

Cuando la autorización dimane de la propiedad de un puerto, la duración máxima será de 36 años.

4. Tras la expiración de los periodos transitorios, todas las autorizaciones deberán cumplir la presente Directiva.

Artículo 22

Nuevo puerto o parte nueva de un puerto

1. Los Estados miembros podrán disponer que se concedan autorizaciones sin más requisitos a un inversor o inversores que hayan financiado comercialmente y construido conjuntamente un nuevo puerto, o una parte nueva de un puerto, con inclusión de obras de infraestructura elemental, y que deseen prestar servicios portuarios, a condición de que la oportunidad de inversión haya estado abierta a todos los interesados en general.

2. Cuando la decisión de construir un nuevo puerto o una parte nueva de un puerto dependa de una decisión paralela de un futuro prestador de servicios de contratar irrevocablemente inversiones significativas en dicho nuevo puerto o dicha parte nueva de un puerto, los Estados miembros podrán disponer que se concedan autorizaciones sin más requisitos a ese futuro prestador de servicios. En caso de limitarse el número de futuros prestadores de servicios, los Estados miembros aplicarán un procedimiento abierto, no discriminatorio y transparente.

3. Las autorizaciones a las que se hace referencia en los apartados 1 y 2 se concederán por un periodo de tiempo limitado en virtud del artículo 12 o por un período máximo de 40 años.

Artículo 23

Compensación

Podrá exigirse a los prestadores de servicios autorizados que paguen una compensación, con arreglo a las normas nacionales, a los anteriores prestadores de servicios o a cualquier otra parte afectada.

Artículo 24

Informes y revisión

Los Estados miembros enviarán a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente Directiva a más tardar el ...(16).

Basándose en los informes de los Estados miembros, la Comisión llevará a cabo una evaluación de la aplicación de la presente Directiva por los Estados miembros, y presentará, si procede, una propuesta de revisión.

Artículo 25

Incorporación al Derecho interno

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el ...(17). Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 26

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 27

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 154 E de 29.5.2001, p. 290 y DO C 181 E de 30.7.2002, p. 160.

(2) DO C 48 de 21.2.2002, p. 122.

(3) DO C 19 de 22.1.2002, p. 3.

(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de noviembre de 2001 (DO C 140 E de 13.6.2002, p. 294), Posición Común del Consejo de 5 de noviembre de 2002 y Decisión del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(5) DO L 378 de 31.12.1986, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CEE) n° 3573/90 (DO L 353 de 17.12.1990, p. 16).

(6) DO L 364 de 12.12.1992, p. 7.

(7) Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209 de 24.7.1992, p. 1). Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE de la Comisión (DO L 285 de 29.10.2001, p. 1).

(8) Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199 de 9.8.1993, p. 1). Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE.

(9) Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199 de 9.8.1993, p. 54). Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE.

(10) Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 199 de 9.8.1993, p. 84). Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE.

(11) Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19 de 24.1.1989, p. 16). Directiva modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 206 de 31.7.2001, p. 1).

(12) Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209 de 24.7.1992, p. 25). Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/19/CE.

(13) Directiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias (DO L 201 de 31.7.1999, p. 77).

(14) Decisión n° 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (DO L 228 de 9.9.1996, p. 1). Decisión modificada por la Decisión n° 1346/2001/CE (DO L 185 de 6.7.2001, p. 1).

(15) DO L 195 de 29.7.1980, p. 35. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/52/CE (DO L 193 de 29.7.2000, p. 75).

(16) Cinco años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(17) Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

ANEXO

LISTA DE SERVICIOS PORTUARIOS COMPRENDIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA

1. Servicios técnicos náuticos:

a) Practicaje, dentro de los límites del artículo 14,

b) remolque,

c) amarre.

2. Operaciones de manipulación de la carga, incluidas la carga y descarga, la estiba, el arrumaje, el transbordo y otras operaciones de transporte intraportuario.

3. Servicios de pasajeros (incluidos el embarque y el desembarque).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

En el marco del proceso de codecisión (art. 251 del TCE), el 17 de junio de 2002 el Consejo llegó a un acuerdo político relativo a la propuesta de Directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios(1). Tras una revisión jurídica y lingüística, el Consejo aprobó su posición común el 5 de noviembre de 2002.

Al adoptar su posición, el Consejo tuvo en cuenta el dictamen del Parlamento Europeo en su primera lectura el 14 de noviembre de 2001(2), así como el dictamen del Comité Económico y Social(3) y el del Comité de las Regiones(4).

El objetivo principal de la Directiva es establecer un marco jurídico común para garantizar el libre acceso al mercado de los servicios portuarios en condiciones transparentes y uniformes, en puertos con un tráfico comercial general en los Estados miembros y con vistas a mejorar la calidad y a reducir los costes de estos servicios y promover así el transporte marítimo y multimodal. La propuesta pretende adaptar la puesta en práctica de los principios generales del Tratado a la compleja realidad del sector portuario, permitiendo una limitación del número de prestadores de servicios portuarios en función de las características específicas de cada puerto y estableciendo las normas que garanticen que los procedimientos de selección de proveedores sean claros y transparentes.

II. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

De conformidad con el primer apartado del artículo 49 del Tratado, el Consejo apoya el objetivo de establecer normas sistemáticas para garantizar el libre acceso al mercado de los servicios portuarios en condiciones uniformes y transparentes. No obstante, considera importante que se tenga en cuenta así mismo la complejidad y diversidad del sector portuario.

Por lo general, la libertad de prestar servicios portuarios debería prevalecer y las restricciones que dificultan el acceso a este mercado deberían suprimirse. En opinión del Consejo, ningún servicio específico debería excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva.

No obstante, un marco legislativo común también debería ser compatible con las distintas situaciones de los puertos en la Comunidad, entre otras cosas, con respecto a su ubicación, su tamaño y sus obligaciones de servicio público.

En opinión del Consejo también es importante que la libertad de prestación de servicios no ponga en peligro la seguridad marítima ni la protección del medio ambiente, ni que reduzca la normativa social o las condiciones de empleo.

El acceso a la prestación de servicios portuarios puede, por lo tanto, estar sujeto a limitaciones relativas a la capacidad de un puerto o a su espacio disponible, a la seguridad del tráfico marítimo y a las exigencias relativas a la seguridad, a la protección medioambiental y a las obligaciones de servicio público. Cuando existan esas limitaciones, los prestadores de servicios portuarios deberían ser seleccionados mediante un procedimiento transparente y no discriminatorio.

El Consejo cree que la aplicación de normas comunes que regulen la libertad de prestación de servicios portuarios debería ser proporcionada y no imponer cargas administrativas excesivas al sector. Por consiguiente, está de acuerdo en que la aplicación obligatoria de la Directiva debería limitarse a puertos de un cierto tamaño, aunque se permita a los Estados miembros que también la apliquen a otros puertos.

Para aclarar el ámbito de aplicación de la Directiva y con vistas a mantener la coherencia de la legislación comunitaria en el sector del transporte, se ha definido el ámbito de aplicación tomando como referencia los puertos clasificados como "puertos internacionales (categoría A)" en las orientaciones comunitarias sobre redes transeuropeas. Así mismo queda claro que el tráfico que se realiza en partes de un puerto que no estén abiertas al tráfico comercial general no debería tomarse en consideración. Sin embargo, los Estados miembros son libres de aplicar la Directiva a los puertos por debajo de esta categoría. Por último, para no imponer cargas desproporcionadas a algunos puertos, se da a los Estados miembros la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación de la Directiva a aquellos puertos con tráfico de carácter muy estacional.

Conforme al objetivo general de la Directiva, el Consejo comparte la opinión de que se debería permitir la autoasistencia, siempre que sea posible, en las mismas condiciones que los servicios portuarios en general y que ésta no debería estar sujeta a otras limitaciones que las que imperan para los mismos servicios portuarios o servicios comparables. Sin embargo, como se destaca en la posición común, la autoasistencia no debería obstaculizar la eficacia global del puerto o disminuir los niveles de formación, sociales y sanitarios.

El Consejo opina que es importante permitir que los Estados miembros sometan la concesión de una autorización de prestación de servicios portuarios, incluida la autoasistencia, a cierto número de criterios como las cualificaciones profesionales del prestador y su situación financiera, la seguridad, consideraciones medioambientales, sociales y laborales y requisitos de servicio público. Igualmente, los Estados miembros deberían poder regular el acceso a la profesión, por ejemplo, a través de la obtención de certificados mediante un examen. A este respecto, debería observarse que la posición común permite a los Estados miembros establecer criterios particularmente estrictos en lo que se refiere a la concesión de una autorización para prestar servicios de practicaje.

Con respecto al empleo, a las condiciones de trabajo y a la protección social, en la posición común del Consejo se destaca que la libertad de prestación de servicios portuarios no debe afectar en modo alguno a la aplicación de la legislación nacional ni disminuir la normativa social.

De modo similar, en opinión del Consejo, la libertad de prestación de servicios portuarios no debería dificultar las posibilidades de un puerto de desarrollar y llevar a cabo una política de desarrollo a largo plazo. Así pues, la determinación de la gama de actividades comerciales derivada de la política de desarrollo de un puerto no debería ser vista como una restricción originada por las limitaciones relativas al espacio disponible en el puerto o a la capacidad o a las exigencias medioambientales o de seguridad. En este caso no será necesario iniciar un procedimiento de selección.

El Consejo comparte la opinión de que el procedimiento de selección de prestadores de servicios debería ser lo más transparente y no discriminatorio posible. Con este fin se han establecido requisitos para el procedimiento de selección que ofrecen suficientes garantías a los prestadores de servicios potenciales y, al mismo tiempo, son claros y viables.

El Consejo cree que los prestadores de servicios deberían poder operar con total seguridad jurídica, contribuyendo así al objetivo de desarrollo del sector portuario a través de la promoción de inversiones a largo plazo en condiciones estables. Así, la duración de las autorizaciones de prestación de servicios portuarios concedidas con arreglo a la selección de prestadores de servicios se ha fijado de tal modo que permita una amortización normal y una recuperación de las inversiones realizadas. Conforme a ello, la duración de una autorización varía en función de la importancia de las inversiones realizadas.

El Consejo considera así mismo que se debería conceder a los prestadores de servicios la posibilidad de prolongar su autorización si han realizado inversiones de importancia, o de obtener una nueva autorización mediante el lanzamiento de un nuevo procedimiento de selección si tienen la intención de realizar dichas inversiones.

El desarrollo de nuevos puertos también debería tomarse en consideración a través de disposiciones adecuadas basadas en los principios mencionados anteriormente.

De igual modo, el Consejo desea establecer medidas transitorias para las autorizaciones existentes que garanticen una seguridad jurídica máxima y no perturben las políticas de inversión en el sector.

III. MODIFICACIONES

La posición común del Consejo incorpora los principales rasgos de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en su primera lectura de la propuesta.

- Siguiendo el carácter del dictamen del Parlamento, el Consejo ha modificado varias disposiciones para simplificar y aclarar el texto de la Directiva, en particular el artículo 6 (Autorización), el artículo 9 (Procedimiento de selección), el artículo 12 (Duración) y el artículo 21 (Medidas transitorias).

- El Consejo comparte las inquietudes del Parlamento con respecto a la seguridad marítima y la protección del medio ambiente. Así, en varias disposiciones se hace referencia y se ponen de relieve las consideraciones a este respecto, por ejemplo aquellas que se refieren al objetivo de la Directiva (artículo 1), a los criterios de concesión de autorizaciones (artículo 6), a las limitaciones (artículo 8) y al practicaje (artículo 14). De igual modo, las inquietudes del Parlamento con relación a la legislación social y laboral se reflejan en las modificaciones de las disposiciones sobre autorizaciones (artículo 6), autoasistencia (artículo 13) y protección social (artículo 19).

- El ámbito de aplicación de la Directiva se ha ampliado para incluir las vías navegables de acceso a los puertos. En línea con el dictamen del Parlamento, en la posición común se destaca la importancia de las consideraciones de seguridad con respecto a la inclusión de las vías navegables de acceso (artículos 1 y 2).

- La definición de sistema portuario se ha modificado de acuerdo con la enmienda del Parlamento (artículo 4).

- El Consejo está de acuerdo con el Parlamento en que en los puertos en los que existen limitaciones de la disponibilidad de espacio o capacidad no es necesario establecer la obligación de autorizar por lo menos dos prestadores de servicios para cada categoría de carga. La obligación de la autoridad competente de permitir el mayor número de prestadores de servicios apropiado en las circunstancias debería ser suficiente a este respecto (artículo 8).

- El Consejo comparte la opinión del Parlamento de que la duración de una autorización concedida a un prestador de servicios conforme al procedimiento de selección debería permitir un período de operación viable desde el punto de vista comercial. Por lo tanto, desea prolongar la duración del período de autorización a 10 años en los casos en que no haya inversiones significativas. Igualmente, en casos en los que haya inversiones significativas en bienes muebles las autorizaciones pueden llegar a 15 años y para las inversiones significativas en bienes inmuebles (e inversiones costosas en bienes muebles) la duración máxima de la autorización se ha establecido en 36 años (artículo 12).

- El Consejo está de acuerdo con el Parlamento en que debería existir la posibilidad de exigir a los prestadores de servicios seleccionados que paguen una compensación a los anteriores prestadores de servicios (artículo 23).

- El Consejo comparte la opinión del Parlamento de que los servicios de practicaje son esenciales para la seguridad marítima. No obstante, no considera adecuado excluir el practicaje del ámbito de aplicación de la Directiva. Para tener en cuenta los rasgos específicos del practicaje, en particular los requisitos de formación y cualificación, el Consejo ha introducido normas especiales para este servicio, haciendo posible que se someta la concesión de una autorización a criterios particularmente estrictos relativos a los requisitos de seguridad marítima y del servicio público. Además, en línea con la enmienda del Parlamento, el Consejo reconoce que las autoridades competentes deberían poder reconocer la naturaleza obligatoria del practicaje y organizar este servicio como lo estimen apropiado en razón de requisitos de seguridad y servicio público. También ha introducido una posibilidad de restringir la autoasistencia en este servicio a la entrega de certificados de exención del practicaje o la exención de determinados tipos de buques del practicaje obligatorio (considerandos 33 y 34 y artículo 14).

- El Consejo está de acuerdo en que la mejora de la competencia entre prestadores de servicios portuarios no es el único elemento que aumentará la competitividad y la eficacia de los puertos, contribuyendo así al fomento de la navegación marítima a corta distancia y el transporte combinado. En su opinión, la creación de las condiciones para una competencia justa e igual entre los puertos europeos mediante la transparencia de las relaciones financieras y de la participación pública también son elementos fundamentales a este respecto. No obstante, para no ampliar injustificadamente el ámbito de aplicación de esta Directiva, se consideró más adecuado afrontar estos temas en un contexto diferente. Para este fin, el Consejo ha adoptado una declaración solicitando a la Comisión que presente, en un futuro próximo, propuestas relevantes para medidas legislativas y de otros tipos sobre, entre otras cosas, la competencia entre puertos, la financiación pública de la infraestructura portuaria, las ayudas estatales y la transparencia de la participación pública.

La posición común también incluye algunas modificaciones de la propuesta de la Comisión en línea con los principios esbozados anteriormente (II. Análisis de la Posición Común), relativas, entre otros asuntos, al ámbito de aplicación de la Directiva, a la duración de las autorizaciones o a las medidas transitorias.

(1) La Comisión presentó su propuesta modificada el 19 de febrero de 2002 (DO C 181 E de 30.7.2002, p. 160).

(2) DO C 140 de 13.6.2002, p. 166.

(3) DO C 48 de 21.2.2002, p. 122.

(4) DO C 19 de 22.1.2002, p. 3.