A4-0219/97

Resolución sobre el Libro Verde de la Comisión sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior (COM(96)0192 - C4-0365/96)

El Parlamento Europeo,

- Visto el Libro Verde de la Comisión sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior (COM(96)0192 - C4-0365/96),

- Vistos los artículos 59, 56, 30 y 36 del Tratado CE,

- Vistos los artículos 128 (cultura), 129 (salud pública) y 129 A (protección de los consumidores), 130 (industria) y 85 (política de competencia) del Tratado CE,

- Vistos los ocho asuntos examinados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde 1973 en el ámbito de las comunicaciones comerciales,

- Vista la Directiva 89/552/CEE sobre la televisión sin fronteras y sus artículos 10 a 21 (publicidad por televisión y patrocinio) y, en particular, los relativos a la publicidad del tabaco (artículo 13), a los medicamentos (artículo 14), a las bebidas alcohólicas (artículo 15), a la publicidad destinada a los menores (artículo 16) y a la protección de éstos (artículo 22) ((DO L 298 de 17.10.1989, pág. 23.)),

- Vistas la Directiva 84/450/CEE relativa a la publicidad engañosa ((DO L 250 de 19.9.1984, pág. 17.)); la Directiva 92/28/CEE relativa a la publicidad de los medicamentos para uso humano ((DO L 113 de 30.4.1992, pág. 13.)), la Directiva 95/46/CEE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ((DO L 281 de 23.11.1995, pág. 31.)), la Directiva 79/112/CEE relativa al etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final ((DO L 33 de 8.2.1979, pág. 1.)), la Directiva 92/96/CEE sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida ((DO L 360 de 9.12.1992, pág. 1.)) y la Recomendación 92/295/CEE de la Comisión relativa a códigos de conducta para la protección de los consumidores en materia de contratos negociados a distancia ((DO L 156 de 10.6.1992, pág 21.)),

- Vista la Resolución de 20 de febrero de 1997 sobre la comunicación de la Comisión relativa a las prioridades de la política de los consumidores 1996-1998 ((DO C 85 de 17.3.1997, pág. 133.)), en particular sus apartados 5 (venta por correspondencia y publicidad comparativa), 6, 8 y 9 (aplicación de la normativa europea), 10 (demandas por incumplimiento), 11 (plazos) , 22 (información) y 23 (transparencia),

- Visto el Libro Verde de la Comisión sobre la Protección de los Menores y la Dignidad Humana en los servicios audiovisuales y de información (COM)96)0483 - C4-0621/96),

- Vista su Resolución de 24 de abril de 1997 sobre la Comunicación de la Comisión relativa a los contenidos ilícitos y nocivos en Internet ((Acta de esa fecha, parte II, punto 11)),

- Vistas las extensas y detalladas consultas llevadas a cabo por la Comisión en el contexto de la preparación de este Libro Verde y de los estudios en que se apoya,

- Vista la posibilidad de que cada ciudadano europeo acuda al Defensor del Pueblo europeo y a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para obtener la reparación de un perjuicio,

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos (A4-0219/97),

A. Considerando que es fundamental que la Comisión haga uso de su derecho de iniciativa para que se cumpla la obligación establecida en el artículo 63 del Tratado, sin perjuicio del principio de subsidiariedad y de los más amplios objetivos del Tratado,

B. Considerando que las personas y las empresas que prestan servicios de comunicaciones comerciales deben beneficiarse del artículo 59 del Tratado en la medida en que sean remunerados y puedan ser transfronterizas, teniendo a este respecto en cuenta las diferencias culturales,

C. Considerando que en la actualidad el mercado interno de las comunicaciones comerciales no funciona satisfactoriamente; considerando que el 99% de los proveedores de servicios de comunicación comercial consultados señalan obstáculos potenciales al comercio debidos a la disparidad de las normativas nacionales y a las diferencias culturales,

D. Considerando que las comunicaciones comerciales no deben entenderse tan sólo como un sector de actividad económica y que unas directrices claras y transparentes a nivel europeo ayudarán de forma significativa a la realización del mercado interior,

E. Considerando que es necesario fomentar el desarrollo de los servicios de comunicación comercial transfronteriza; considerando que, teniendo en cuenta que estos servicios están estrechamente relacionados con la libre circulación de productos, el potencial de creación de puestos de trabajo resultante posee enormes dimensiones y que, por otra parte, estos servicios desempeñarán un papel fundamental en el desarrollo del incipiente comercio electrónico,

F. Considerando que el Libro Verde no aborda cuestiones importantes que preocupan a los consumidores; que, en los últimos años, ha aumentado de forma significativa la necesidad de proteger a los más vulnerables, especialmente los niños, y que ésta sigue creciendo sin restricciones y a un elevado ritmo como resultado, entre otras cosas, de la evolución de las nuevas tecnologías;

G. Considerando que los artículos F y K.2 del Tratado UE hacen expresamente referencia al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y que su artículo 10 (1) establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión»,

H. Considerando que las expresiones de comunicación comercial no pueden ser hirientes ni ofensivas con respecto a los sentimientos religiosos, ni pueden contener incitaciones al odio por motivos de religión, raza, sexo o nacionalidad;

I. Considerando que las comunicaciones comerciales no pueden representar ningún tipo de amenaza para la integridad espiritual y corporal de la población ni pueden ser escandalosas;

J. Considerando que el principio de subsidiariedad debería aplicarse igualmente a este ámbito de actividad, lo que significa que pueden imponerse medidas a través de la autorregulación pero que en algunos casos resulta necesaria una reglamentación comunitaria,

K. Considerando que la aplicación del principio de proporcionalidad es esencial para garantizar una aplicación eficaz del Derecho comunitario,

L. Considerando que la Comisión señala acertadamente que las restricciones impuestas a escala nacional o europea deben justificarse por su proporcionalidad y a la luz de los objetivos de interés general de protección de los consumidores, la cultura, la salud pública y otros intereses públicos reconocidos en el Tratado,

M. Considerando que determinadas profesiones liberales merecen, por su participación en misiones de interés público, por la relación particular que mantienen con sus clientes o porque no están en condiciones de garantizar los resultados deseados, ser objeto, en materia de comunicaciones comerciales, de una reglamentación específica sujeta a su propio código deontológico, siempre en el estricto respeto de las disposiciones del Tratado CE,

N. Considerando que actualmente, al igual que sucede en otros ámbitos, el procedimiento de infracción contemplado en el artículo 169 del Tratado CE no funciona de forma eficaz y satisfactoria en el ámbito de las comunicaciones comerciales, aunque podría ser un instrumento acertado y eficaz para impulsar enérgicamente la aplicación adecuada y coherente de la ley,

O. Considerando que los consumidores ya obtienen un beneficio indudable de la variedad y calidad de los bienes y servicios procedentes de toda la Unión Europea y disponibles en los Estados miembros, aunque el mercado único se encuentre todavía muy lejos de su completa realización,

P. Considerando que es importante asegurar el acceso del consumidor a la justicia y a la reparación de los perjuicios en el ámbito de las comunicaciones transfronterizas; considerando que queda mucho por hacer para dar a los consumidores no sólo el acceso a la justicia en el plano transfronterizo, sino también el acceso a unos procedimientos de reclamación transfronterizos apropiados y efectivos tanto a escala nacional como de la Unión Europea,

Q. Considerando que los objetivos del Tratado CE enunciados en los artículos 100 A y 129 A, entre otros, exigen que la UE alcance un alto nivel de protección del consumidor, que se consulte a los consumidores o a sus representantes y que se les haga participar plenamente en todas las acciones encaminadas al logro de los objetivos del Tratado; considerando que tanto las direcciones generales de la Comisión responsable del mercado interior y de la protección de los consumidores como las organizaciones de consumidores deberían desempeñar una función integral en la evaluación global de las políticas en el ámbito de la comunicaciones comerciales,

R. Considerando que el fomento de la diversidad cultural es un objetivo esencial del Tratado; que, en consecuencia, las diferencias entre las normas nacionales y la reglamentación sobre comunicación comercial deberán tolerarse en mayor medida, a condición de que sean porporcionales y no resulten discriminatorias para la comunicación comercial transfronteriza;

1. Acoge con satisfacción la presentación del Libro Verde, pero considera que las propuestas de la Comisión deben ser reforzadas para que permitan alcanzar el objetivo propuesto;

2. Pide una aplicación efectiva de las reglas establecidas por el Tratado y por el Derecho derivado en el ámbito del mercado interior para asegurar la protección de los intereses generales;

3. Pide una aplicación más eficaz del principio del país de origen a fin de garantizar, por una parte, la supresión de las fronteras y de los obstáculos entre los Estados miembros y, por otra, que la protección de los intereses generales por parte de las autoridades nacionales no esté limitada únicamente al interior de sus fronteras;

4. Considera que se deben tener en cuenta las diferencias sociales y culturales de los Estados miembros por lo que respecta a las comunicaciones comerciales en el ámbito comunitario;

5. Cree que es necesario delimitar el ámbito de lo que se entiende por comunicaciones comerciales y el concepto de prestador de servicios;

6. Pide a la Comisión que dé a conocer en su anunciada comunicación complementaria la definición de una metodología de evaluación de la proporcionalidad que incluya límites temporales estrictos para las decisiones, se base en la jurisprudencia existente y explique cómo puede aplicarse dicha metodología a la legislación existente de ámbito nacional y comunitario, a los códigos de autorregulación y a las nuevas propuestas legislativas;

7. Pide, a este propósito, a la Comisión que evalúe la debida proporcionalidad con un criterio fundado en:

a) la necesidad de combinar los objetivos de apertura del mercado con la preservación y mejora de altos niveles estándar;

b) la necesidad de una combinación adecuada de legislación y autorregulación que refleje las diferencias culturales entre los Estados miembros;

8. Apoya el enfoque propuesto en el Libro Verde consistente en evaluar la proporcionalidad de las medidas restrictivas con respecto al objetivo que persiguen, pues ello permitirá al mismo tiempo asegurar el buen funcionamiento del espacio sin fronteras y garantizar una mejor protección de los objetivos de interés general como son la protección de los consumidores, la protección de la salud pública, la protección de la propiedad intelectual y comercial y la protección de la vida privada;

9. Pide que se cree un comité tripartito formado a partes iguales por representantes de los Estados miembros, de la industria y de las organizaciones de consumidores, y pide que se le consulte en relación con el reglamento de dicho comité;

10. Pide a la Comisión que defina la naturaleza jurídica y el alcance del Comité que propone crear para garantizar la correcta aplicación del principio de proporcionalidad; estima asimismo esencial que en dicho Comité participen representantes del sector de las comunicaciones comerciales, de los consumidores y del Parlamento Europeo;

11. Pide a la Comisión que garantice la plena transparencia de los trabajos de evaluación de la proporcionalidad efectuados por el comité y que, además, garantice que éste lleve a cabo consultas detalladas con las partes que presenten reclamaciones, se reúna con regularidad, funcione ajustándose estrictamente a los plazos, publique sus resultados y examine todas las reclamaciones expuestas ante la Comisión; este comité deberá informar al Parlamento Europeo;

12. Considera que el procedimiento de evaluación de la proporcionalidad no debe suponer en ningún caso una prolongación del plazo normal en el que la Comisión toma sus decisiones;

13. Pide al sector de las comunicaciones comerciales que garantice que sus procedimientos nacionales y europeos de autorregulación sean accesibles al público y transparentes, y que los consumidores particulares puedan presentar reclamaciones con facilidad, sin costes y en la confianza de recibir una respuesta pronta y satisfactoria; insta a los sectores interesados a incluir en los códigos de autorregulación los principios de país de origen, reconocimiento mutuo y proporcionalidad, y a introducir normas mínimas de protección del consumidor;

14. Considera que los códigos internacionales como los establecidos por la Cámara Internacional de Comercio (ICC) tendrán que ser estudiados por la Comisión cuando, después de haber aplicado el método de proporcionalidad, se demuestre que es necesaria una propuesta de armonización; considera que la ICC debería terminar sus directrices sobre la comunicación interactiva en el ámbito de la promoción de ventas;

15. Pide a la Comisión, a las organizaciones de consumidores y a la industria que examinen la posibilidad de reforzar los procedimientos de autorregulación ya existentes en materia de reclamaciones, como por ejemplo el de la Alianza Europea de Normas de Publicidad (EASA);

16. Considera que sería deseable que los códigos de conducta nacionales se aplicasen de tal forma que implicasen el reconocimiento mutuo; considera que este fenómeno podría originar la redacción de códigos de conducta a nivel europeo siempre y cuando no afectasen a la libre competencia dentro del mercado interior;

17. Pide a las autoridades europeas y nacionales que creen un entorno que permita a las organizaciones de consumidores que hagan pleno uso de todos los mecanismos previstos para garantizar la protección de los consumidores en el mercado único, incluido el recurso al procedimiento de infracción, al comité de proporcionalidad cuya creación se pide y a todos los organismos nacionales responsables de la supervisión de las comunicaciones comerciales;

18. Pide a la Comisión que presente en su comunicación complementaria una relación completa de los obstáculos a la libre circulación de servicios en el ámbito de las comunicaciones comerciales;

19. Pide a la Comisión que elabore un estudio detallado sobre la importancia económica del sector de las comunicaciones comerciales para el mercado único;

20. Subraya la necesidad de un banco de datos de legislación comunitaria y nacional en el ámbito de las comunicaciones comerciales y de que se cree inmediatamente un único punto de contacto europeo establecido en el contexto de un marco claramente definido de información y elaboración de políticas que incluya todos los intereses en juego; considera que, como primera prioridad, debería proporcionarsele un compendio y un análisis de los códigos de autorregulación vigentes en los Estados miembros, a fin de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores respetando la diversidad cultural; dicho marco debería desarrollarse con un carácter interservicios;

21. Pide a la Comisión que examine la conveniencia de elaborar un análisis del sector con vistas a la simplificación de la legislación para el mercado interior;

22. Pide a la Comisión que analice los obstáculos que se oponen a la venta multi-nivel, a la diversificación de marcas y a la presentación y patrocinio en la Unión Europea y que evalúe la necesidad de una legislación encaminada a garantizar la realización del mercado único en estas formas de comunicación comercial en proceso de expansión;

23. Aprueba la propuesta de la Comisión según la cual debe considerarse el patrocinio como uno de los ámbitos prioritarios en el análisis de los sectores propuestos por el Libro Verde y pide a la Comisión que refleje, en particular:

a) los diferentes reglamentos que se aplican al patrocinio de un acontecimiento y de su difusión televisada,

b) las implicaciones fiscales (por ejemplo, las diferencias a la hora de deducir los costes del mecenazgo),

c) una estrategia de fomento y reconocimiento del mecenazgo y del patrocinio para los proyectos a escala europea y

d) la manera de mejorar la información sobre las opciones de financiación, con el objeto de permitir el desarrollo de iniciativas culturales en los Estados miembros;

24. Subraya la necesidad de salvaguardar el desarrollo de Internet, del comercio electrónico y de los nuevos servicios multimedios relacionados con él, así como de examinar la posibilidad de aplicarlos de forma análoga los instrumentos jurídicos y de autorregulación aplicados a la comunicación comercial; pide a la Comisión que proponga un marco legislativo que contemple los métodos comerciales desleales;

25. Pide a la Comisión que evalúe con más detalle las repercusiones de las comunicaciones comerciales sobre el público infantil y su incidencia en la vida privada y en los mecanismos para encauzar las reclamaciones transfronterizas de los consumidores; pide, asimismo, a la Comisión que formule propuestas sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información, según su Libro Verde sobre este tema (COM(96)0483 - C4-0621/96), y sobre los contenidos ilícitos y nocivos en Internet, atendiendo a la Resolución del Parlamento de 24 de abril de 1997 sobre este tema ((Acta de esa fecha, parte II, punto 11.)), sin que se debilite la legislación internacional sobre la protección de la infancia, que ha sido considerada proporcionada según la metodología de evaluación ;

26. Considera que la Comisión no está utlizando plenamente las competencias de que dispone; insiste en la necesidad de aplicar sistemáticamente los artículos 63 y 169 del Tratado CE;

27. Considera que el Consejo debería examinar la posibilidad de extender a los nuevos servicios la aplicación de la proyectada directiva sobre los mecanismos de transparencia de la reglamentación de forma que incluyera las comunicaciones comerciales en su ámbito de aplicación;

28. Pide que la Comisión le informe acerca de posibles iniciativas encaminadas a mejorar los procedimientos de infracción previstos en el Tratado para garantizar que éstos sean transparentes, se ajusten a plazos estrictos y ofrezcan a todas las partes interesadas las necesarias oportunidades de recurso en igualdad de condiciones de acceso;

29. Pide al Consejo que apruebe una decisión que permita que los procedimientos de infracción puedan examinarse en el Tribunal de Primera Instancia ((En consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de septiembe de 1993 sobre el papel del Tribunal de Justicia en el desarrollo del sistema constitucional de la Comunidad Europea (DO C 268 de 4.10.1993, pág. 156).));

30. Considera que, pese a que el método propuesto para evaluar el principio de proporcionalidad es válido, es necesario determinar el ámbito de aplicación jurídica de éste, y que debe combinarse también con la evaluación de otras políticas; concretamente, dicho método no debe servir como excusa para que la Comisión no aplique eficazmente el artículo 155 del Tratado y, en caso de una infracción del Derecho comunitario, no lleve a los responsables ante el Tribunal de Justicia;

31. Considera que, cuando la Comisión redacte la comunicación sobre comunicaciones comerciales, deberá analizar los principios derivados de la legislación secundaria de este sector y tener en cuenta, además, lo siguiente:

a) cualquier futura regulación de las comunicaciones comerciales deberá considerar los aspectos jurídicos que se derivan de la utilización de los distintos tipos de comunicaciones en la Unión por empresas provenientes de otros terceros Estados y del uso de las comunicaciones comerciales por empresas de la Unión en terceros Estados, dado que estos aspectos cobran enorme importancia en la Sociedad de la información,

b) la futura normativa comunitaria de las comunicaciones comerciales deberá considerar las soluciones judiciales y administrativas que han sido ya aplicadas en la regulación de este sector;

32. Pide al Consejo Mercado Interior, responsable en este ámbito, que incite al Consejo Asuntos del Consumidor, al Consejo Telecomunicaciones y al Consejo Asuntos Sociales a que celebren un debate sobre las cuestiones suscitadas por este Libro Verde;

33. Pide a la Comisión que, una vez que haya definido las cuestiones de principio y de procedimiento apuntadas en el Libro Verde, considere la cuestión de su aplicación a las restricciones a las comunicaciones comerciales en los distintos sectores, incluidas las telecomunicaciones, los servicios financieros, la alimentación, etc.;

34. Considera necesario que se consignen créditos en el presupuesto para aplicar la metodología de proporcionalidad y garantizar una aplicación eficaz del procedimiento de infracción; considera que deberían concederse, asimismo, recursos adecuados en lo que se refiere a la financiación y la mano de obra;

35. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, así como a las industrias y a las organizaciones de consumidores interesadas.