ES    ES ES 
 
ES    ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 24.9.2008 
SEC(2008) 2487 
  
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
documento que acompaña a la 
propuesta de directiva del Parl amento Europeo y del Consejo 
por la que se simplifican las disposiciones de la Tercera y la Sexta Directivas de Derecho 
de sociedades 
 
Evaluación de impacto 
 
SÍNTESIS 
 
{COM(2008) 576} 
{SEC(2008) 2486}  
 
ES 2   ES Síntesis  
1. I NTRODUCCIÓN  
En 2007, la Comisión puso en marcha una in iciativa con vistas a un ejercicio de 
simplificación general en los sectores del Der echo de sociedades, la contabilidad y la 
auditoría. Esta iniciativa cons tituye una contribución fundament al al programa más amplio de 
simplificación y mejora de la reglamentación, y pa rticularmente a la iniciativa de reducir las 
cargas administrativas que pesan sobre las empresas europeas.  
En el primer paquete de propue stas de adopción rápida adopta do por la Comisión en marzo de 
2007 se incluyó una primera propuesta de direc tiva encaminada a la simplificación de la 
Tercera y la Sexta Directivas de Derecho de  sociedades en lo relativo a las fusiones y 
escisiones nacionales. Esta propuesta tendía a poner fin a la obligatoriedad de un informe 
pericial en caso de fusión o escisión de so ciedades anónimas cuando todos los accionistas de 
las empresas afectadas renuncien a dicho in forme. La Directiva fue adoptada por el 
Parlamento Europeo y el Cons ejo el 13 de noviembre de 20071. 
El 10 de julio de 2007, la Comisión aprobó una comunicación en la que exponía sus nuevas 
ideas acerca de la s implificación (en lo sucesivo, «la Comunicación»), la cual incluía 
propuestas adicionales de simplificación de la Te rcera y la Sexta Directivas de Derecho de 
sociedades2.  
La Comunicación fue acogida favorablemente por  el Consejo de Competitividad el 22 de 
noviembre de 2007 y por el Parlamento Eur opeo el 21 de mayo de 2008. Sin embargo, el 
Parlamento Europeo recuerda que deben tenerse debidamente en cuenta los intereses de todas 
las partes interesadas (invers ores, propietarios, acreedores y trabajadores) así como los 
principios de subsidia riedad y proporcionalidad3. 
Por otro lado, a raíz de  la invitación formulada por la Co misión a las partes interesadas a fin 
de que presentasen sus observaciones por es crito para octubre de  2007, se recibieron 
contribuciones de los gobiernos de 18 Estados  miembros, de un país del EEE y de 110 
interesados (en particular, organismos y asocia ciones europeas), que representan un total de 
23 países, 22 de los cuales son Estados miembros. El informe sobr e las respuestas recibidas se 
encuentra disponible en el sitio Internet de la Dirección General de  Mercado Interior y 
Servicios (DG MARKT):  http://ec.europa.eu/internal_marke t/company/simplification/index_en.htm
. 
Los costes administrativos asociados a las obl igaciones de información establecidas en la 
Tercera y la Sexta Directivas de Derecho de so ciedades fueron estimados en el contexto de 
                                                 
1 Directiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, por la que 
se modifican las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo por lo que respecta al requisito de 
presentación de un informe de un perito independiente en caso de fusión o escisión de sociedades 
anónimas, DO L 300 de 17.11.2007, p. 47. 
2 Comunicación de la Comisión relativa a la simplif icación del entorno empresarial en los ámbitos del 
Derecho de sociedades, la contabilidad y la auditoría, (COM(2007)394); 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm 
3 Informe A6-0101/2008. 
 
ES 3   ES una evaluación a gran escala que forma parte de l programa de acción de la Comisión para la 
evaluación de los costes administrativos y la reducción de las cargas administrativas4. El 
informe sobre esta evaluación, que se basa en el «Modelo de Costes Estándar de la UE», fue 
presentado a finales de junio de 20085. Se ha consultado al Grupo de Alto Nivel de Partes 
Interesadas Independientes6
 y se ha tenido en cuenta la labor del consorcio 
Deloitte/Rambøll/Capgemini, encar gado de la evaluación. En su dictamen de 10 de julio de 
2008, el Grupo respalda la intenc ión de la Comisión de propone r medidas tendentes a reducir 
las cargas administrativas creadas po r la Tercera y la Sexta Directivas. 
El informe sobre la evaluación constituye la pr incipal base de la evaluación de impacto. Otras 
fuentes de información son las respuestas de los Estados miembros a las preguntas formuladas por la DG MARKT y el informe de síntesis so bre las reacciones a la Comunicación de julio 
de 2007. 
2. S
UBSIDIARIEDAD  
La actuación a nivel comunitario es necesaria, dado que las obligaciones que conllevan una 
carga administrativa se derivan de directivas de la UE. En tales condiciones, la reducción de 
la carga administrativa exige la modificación de las normas comunitarias, por lo que la 
actuación de la UE está justificada. 
3. O BJETIVOS  
El objetivo de esta iniciativa, incluida en  el Programa Permanente de Simplificación con 
vistas a su adopción por la Comisión en 20087, es fomentar la competitividad de las empresas 
de la UE reduciendo las cargas ad ministrativas derivadas de las disposiciones de la Tercera y 
la Sexta Directivas, cuando ello pueda hacers e sin poner en peligro los intereses de otras 
partes interesadas. 
En particular, esta iniciativa tiende a: 
• reducir las exigencias de información a escala de  la UE en el contexto de las fusiones y 
escisiones, con objeto de proporcionar a los Estados miembros y a las empresas más 
flexibilidad a la hora de decidir qué inform es son realmente necesarios en cada caso 
concreto; 
• suprimir las disposiciones que llevan a una duplicación de la información, acarreando de 
esta forma costes innecesarios para las empresas; 
• adaptar a la evolución tecnológica las disposiciones relativas a las obligaciones de 
comunicación e información, teniendo en cuenta consideraciones generales sobre el medio 
ambiente; y 
                                                 
4 COM(2006)689 final, DO C 78 de 11.4.2007, p. 9. 
5 Aunque el informe se presentó como versión final, no puede descartarse la introducción de pequeñas 
modificaciones en la versión que se publique. 
6 Véase http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/high_level_group_is_en_version.htm 
7 Segundo informe de evoluc ión sobre la estrategia para la simp lificación del marco regulador, Anexo I, 
Revisión del acervo en materia de Derecho de soci edades, contabilidad y aud itoría (COM(2008)33, no 
publicado en el Diario Oficial, p. 23). 
 
ES 4   ES • garantizar la coherencia entre las disposicione s de la Tercera y la Sexta Directivas, por una 
parte, y los cambios recientes en el resto de l acervo en materia de Derecho de sociedades, 
por otra, particularmente en lo  que se refiere a las disposic iones sobre protección de los 
acreedores contenidas en la Tercera,  la Sexta y la Segunda Directivas. 
4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA , OPCIONES Y REPERCUSIONES  
La Tercera y la Sexta Directivas contienen actualmente una serie de requisitos de información 
detallados que las empresas en proceso de fusi ón o escisión deben cumplir y que representan 
costes considerables para ellas. Cuando se cons ideran los requisitos de  estas dos directivas 
conjuntamente con la Segunda Directiva de Derec ho de sociedades, relativa al capital de las 
sociedades anónimas, ello puede llevar en ci ertas situaciones a un mayor aumento de los 
costes. Por otra parte, los medios de informaci ón de los accionistas acer ca de los detalles de 
las transacciones que se contemplan en las di rectivas fueron concebidos hace 30 años, por lo 
que no tienen en cuenta de posibilidades que ofrece la tecnología actual. Por último, las 
modificaciones introducidas en otras directivas en los últimos años, y particularmente en la Segunda Directiva de Derecho de sociedades, en  lo que respecta a la protección de los 
acreedores, han llevado a ciertas incoherenc ias entre las distintas directivas.  
A la luz de la anterior defini ción del problema, existen tres ár eas en las que podrían aplicarse 
medidas de simplificación: 
(1) las exigencias de información sobre los proyectos de fusión o escisión; 
(2) los deberes de publicación y documentación resp ecto de los accionista s en particular; y 
(3) las normas sobre protección de los acreedores. 
Las repercusiones de las distintas opciones se  han evaluado en función de los siguientes 
criterios: reducción de las cargas administrativas  de las empresas, efectos sobre los derechos 
de accionistas residentes y no residentes, efectos sobre los acreedores y otras partes interesadas (por ejemplo, trabajadores), imp acto medioambiental y coherencia con otras 
directivas.  
La conclusión de la evaluación de impact o es que las opciones recomendadas podrían 
implicar un ahorro global en cargas administra tivas estimado en alrededor de 172 millones de 
euros al año. Ello implicaría una reducción de  las cargas administrativas en aproximadamente 
el 9,15% en el área del Derecho de sociedad es y en aproximadamente el 1,23% si se 
consideran conjuntamente las áreas del Derecho de sociedades, de la contabilidad y de la auditoría.  
4.1. Requisitos de presentación de informes 
Las exigencias de información de la Tercera y Sexta Directivas consisten en la obligación de 
presentar un informe de la di rección por escrito sobre los fu ndamentos jurídicos y económicos 
de la fusión o escisión, un informe de peritos independientes que examine particularmente la 
relación de canje de las acciones propuesta y un estado contable en el caso de que las cuentas 
anuales daten de más de seis meses. Estos docum entos han de presentarse a la junta general de 
accionistas, que decide sobre la fusión o escisión. 
En cuanto al informe escrito de la dirección , el informe de evaluación indica que en el caso 
 
ES 5   ES de las fusiones , los costes administrativos totales en EU-27 ascienden aproximadamente a 
7,79 millones de euros anuales. Se estima que el  25% corresponde a los «costes derivados de 
la actividad normal de la empresa», estimándose, pues, la carga administ rativa en alrededor de 
5,84 millones de euros al año.  
En el caso de las escisiones , los costes totales correspondientes son de alrededor de 7,98 
millones de euros anuales, si bien esta ci fra sólo es relativa a 23 Estados miembros8. 
Suponiendo que el coste de las escisiones en los cuatro Estados miembros restantes sea 
aproximadamente idéntico al de las fusiones, el coste total en el caso de las escisiones puede 
estimarse en 8,89 millones de euros anuales, y las cargas administrativas en 6,67 millones de 
euros anuales. 
En cuanto al informe de peritos independientes  sobre el proyecto de  fusión o escisión, las 
cargas administrativas anuales se estiman en aproximadamente 248,15 millones de euros en el 
caso de las fusiones  y alrededor de 81,17 millones de euros en el caso de las escisiones . El 
consorcio estima que estas cargas se reducirán en aproximadamente 170,09 millones de euros anuales una vez que se haya  realizado la transposici ón de la Directiva 2007/63
9. 
La evaluación de impacto estima las carg as administrativas de elaboración del estado 
contable  en un mínimo de 1,28 millones de euros anuales.  
Estas cifras muestran que las obligaciones de  información acarrean cargas administrativas 
considerables a las empresas. 
Por ello, la primera cuestión que debe aborda rse es determinar si estas obligaciones de 
información son indispensables en su forma actual.  Por otra parte, debe tenerse en cuenta el 
hecho de que estos costes son mayores cuando  una de las empresas ha de financiar la 
operación con una ampliación de capital o cuan do se crea una nueva empresa como parte de 
la operación, ya que ello acarre a obligaciones de información adicionales en virtud de la 
Segunda Directiva de Derecho de sociedades. Po r último, debe analizarse hasta qué punto los 
Estados miembros ejercitan actualmente la facu ltad De reducir los requisitos de información 
en ciertas situaciones. Cuando en una fusión o escisión participa una empresa matriz y una 
filial propiedad de ésta al 100% o como mí nimo al 90%, las directivas, bajo ciertas 
condiciones, ya ofrecen a los Estados miembros la posibilidad de redu cir los requisitos de 
información impuestos por la Tercera y la Se xta Directivas. Sin embargo, no todos los 
Estados miembros se sirven actualmente de esta posibilidad. 
La evaluación de impacto ha determinado posib les medidas de simplificación en tres áreas: 
(4) medidas destinadas a todas las sociedades anónimas; 
(5) medidas para las empresas que se creen o amplíen su capital en el marco de una fusión 
o escisión; y 
(6) medidas relativas a fusiones y escisiones simplificadas entre empresas matrices y 
filiales. 
                                                 
8 Los Estados miembros no incluidos son Dinamarca, Hungría, Irlanda y los Países Bajos. 
9 La fecha límite para la transposición es el 31 de diciembre de 2008. 
 
ES 6   ES 4.1.1. Medidas destinadas a to das las sociedades anónimas 
En lo que se refiere al primer tipo de medi das, relativas a la extensión actual de las 
obligaciones generales en materia de in formación, se presentan cuatro opciones: 
– opción 1: mantener la política actual; 
– opción 2: introducir la posibilidad para los acci onistas de renunciar al informe escrito de la 
dirección y al estado contable, ya sea por unanimidad o por decisión mayoritaria; 
– opción 3: limitar los requisitos de información de  las directivas a las empresas medianas y 
grandes o a las empresas que cotizan en bolsa; y 
– opción 4: suprimir los requisitos de in formación contenidos en las directivas. 
La evaluación de impacto concluye que deberí a preferirse la opción 2 ya que evita toda 
repercusión negativa sobre los intereses de los accionistas y permite un ahorro en las cargas 
para las empresas implicadas. La opción 1 no propiciaría nuevos ahorros para las empresas 
una vez efectuada la transposición de la Di rectiva 2007/63, mientras que las opciones 3 y 4 
probablemente tendrían efectos demasiado perjudic iales sobre los derechos  de los accionistas. 
Por otra parte, las dos últimas opciones podrían dar lugar a normas divergentes para las fusiones nacionales y para las fusiones transfr onterizas, que están regul adas por la «Décima 
Directiva»
10. 
Como complemento a las medidas de la opc ión 2, se propone suprimir la obligación de 
presentar un estado contable cuando la empresa haya elaborad o un estado financiero semestral 
en virtud de la Directiva sobre transparencia. 
Se estima que estas medidas proporcionarían un ahorro total de 7,12 millones de euros al año. 
4.1.2. Medidas para las empresas que creen nuevas empresas o amplíen su capital en el 
marco de una fusión o escisión 
Se aborda aquí la duplicación de la obligación de presentar un in forme pericial que se deriva 
actualmente, en particular, de las disposiciones de  la Sexta Directiva, por una parte, y de la 
Segunda Directiva sobre el capital de las sociedad es anónimas, por otra, en  los casos en que la 
operación está asociada a la creación de una nueva empresa o a una ampliación de capital de 
la empresa beneficiaria. En el caso de fu siones y ofertas públicas, la Segunda Directiva 
faculta al Estado miembro para eximir a las em presas de la presenta ción del informe sobre 
aportaciones en especie que requiere dicha Directiva. 
Se presentan tres opciones: – opción 1: mantener la política actual; 
                                                
 
10 Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las 
fusiones transfronterizas de las sociedades de capital (DO L 310 de 25.11.2005, p. 1). 
 
ES 7   ES – opción 2: introducir para los Estados miembros la posibilidad de eximir a las empresas de 
la obligación de información conforme a la Segunda Directiva cuando en un proceso de 
escisión se haya elaborado un informe pericial; y 
– opción 3: introducir una exención obligatoria de  la información preceptiva prevista en la 
Segunda Directiva en los casos de fusión, oferta pública y escisión. 
La conclusión de la evaluación de impacto es qu e ha de preferirse la opción 2. La opción 1 
implica que continuaría la duplicación de la información, mientras que la opción 3 no dejaría 
a los Estados miembros flexibilidad para la adap tación de los procedimient os de su legislación 
nacional a las necesidades concretas de empresas y accionistas. Sin embargo, esta flexibilidad parece útil, teniendo en cuenta  que el contenido de los info rmes de conformidad con la 
Tercera y la Sexta Directivas, por una parte,  y con la Segunda Direc tiva, por otra, no es 
totalmente idéntico. 
Se estima que la reducción de las cargas administrativas de la opción 2 estaría comprendida 
entre 3,26 y 9,43 millones de euros al año, en función del número de Estados miembros que se sirvan de la opción puesta a su disposición. 
4.1.3. Medidas relativas a fusiones y escisiones simplificadas entre empresas matrices y 
filiales 
El tercer tipo de medidas se refiere a la posibilidad actual de los Estados miembros de 
conceder exenciones con respecto a la necesidad de celebrar una junta general y a ciertos requisitos de notificación e información cuando la  fusión o escisión tiene lugar entre empresas 
matrices y sus filiales. Actualmente, sólo alrededor de un tercio de Estados miembros se sirve plenamente o casi plenamente de esta opción. 
En la evaluación de impacto se  consideran tres opciones: 
– opción 1: mantener la política actual; 
– opción 2: suprimir las opciones de los Estados miembros en lo que se refiere a las fusiones 
y escisiones simplificadas; y 
– opción 3: garantizar que los Es tados miembros concedan a sus empresas la posibilidad de 
realizar fusiones y escisiones simplificadas. 
La conclusión es que ha de preferirse la opc ión 3, ya que probablemente ninguna de las otras 
dos opciones daría lugar a cambios a nivel de lo s Estados miembros. Se estima que el ahorro 
que podría permitir esta opción sería del orden de 153,49 millones de euros al año.  
4.2. Deberes de publicación y documentación 
Según las disposiciones de la Tercera y la Sext a Directivas, las empres as deben depositar el 
proyecto de fusión o de escisión en el regist ro mercantil y publicar dicho proyecto en el 
boletín oficial nacional o en una plataforma electrónica centr al, de conformidad con lo 
dispuesto en la Primera Directiva de Derecho de sociedades, relativa a las obligaciones de 
información de las sociedades anónimas. Pued e ponerse en duda la ne cesidad de depositar 
estos proyectos de fusión en el  registro, en particular cuand o, como ocurre actualmente, están 
disponibles en línea. 
 
ES 8   ES Por otra parte, las directivas establecen que de be ofrecerse a los accionistas la posibilidad de 
acceder a ciertos documentos en el  domicilio social de la em presa y recibir gratuitamente 
copias de los mismos. Asimismo, esta obligac ión no parece ajustarse ya  a las posibilidades 
ofrecidas por las modernas técnicas de información, que permiten un acceso más fácil y más barato a la información y por ello ya se han contemplado en las directivas más recientes. 
Por consiguiente, en la evaluación de impacto se examinan tres opciones: 
– opción 1: mantener la política actual; 
– opción 2: recurrir a una soluci ón digital centralizada a nivel nacional para la  publicación de 
la información; y 
– opción 3: utilizar el sitio Internet de la em presa o cualquier otro sitio Internet para la 
publicación de la información. 
Se considera que la opción 3 cons tituye la mejor opción, ya que combina la ventaja de adaptar 
los mecanismos de información de la Tercera y la Sexta Directivas a los contemplados en 
directivas más recientes, con un bajo riesgo de que los accion istas tengan que soportar costes 
adicionales para acceder a la información. Adem ás, la opción 3 presenta el mayor ahorro 
potencial de cargas administrativas, estima do en más de 3,5 millones de euros al año. 
4.3. Protección de los acreedores 
Las modificaciones recientes de la Segunda  Directiva de Derecho de sociedades
11 han 
llevado, en particular, a clarific ar las normas de protección de los acreedores establecidas en 
dicha Directiva, en el sentido de que éstos, si  desean obtener garantía s, deben demostrar de 
forma convincente que una opera ción relativa al capita l de la empresa pone en peligro sus 
derechos. Esta clarificac ión falta en las normas pa ralelas contenidas en la Tercera y la Sexta 
Directivas, lo que lleva a cierta in coherencia entre estas directivas. 
Sobre este aspecto, se debaten tres opciones: 
– opción 1: mantener la política actual; 
– opción 2: adaptar las normas de protección de los acreedores a lo dispuesto en la Segunda 
Directiva, que ha sido modernizada; 
– opción 3: suprimir las disposiciones sobre pr otección de los acreedores contenidas en las 
directivas. 
Se recomienda la opción 2, ya que ésta garantiza la coherencia entre las distintas directivas de 
la UE sin poner en peligro los derechos de lo s acreedores. Se considera que esta opción no 
repercutirá en los costes de las empresas. 
                                                 
11 Directiva 2006/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, por la que se 
modifica la Directiva 77/91/CEE del Consejo en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así 
como al mantenimiento y modificaciones de su capital, DO L 264 de 25.9.2006, p. 32. 
 
ES 9   ES 5. S EGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
Cinco años después de la transposición de las modificaciones habrá que evaluar los efectos de 
las medidas.  
Esta evaluación deberá abordar, en particular, las siguientes cuestiones: 
• si, y en qué medida, los costes globales de la s empresas se han redu cido en los casos de 
fusión o escisión (para ello, habrá que basars e, en particular, en la información que 
faciliten una muestra de empresas); 
• si se considera suficiente la información facilitada a los accionistas y a otras partes 
interesadas durante el proceso; y 
• si la opción recomendada para los Estados miembros en relación con la obligación de 
información establecida por la Segunda Directiv a de Derecho de sociedades en caso de 
fusión o escisión proporciona resultados útil es o se debería considerar una exención 
obligatoria. 
Un seguimiento permanente de la evolución de los costes de las empresas implicaría imponer 
a éstas cargas administrativas adicionales para obtener la información requerida. Por lo tanto, 
este sistema no se contempla en la situación actual.