Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión - Programa de acción social 1998-2000»

(1999/C 93/09)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión sobre el «Programa de acción social 1998-2000» (COM(1998) 259 final);

vista la decisión de la Comisión con fecha de 5 de mayo de 1998 de consultarle sobre este tema, conforme al primer apartado del artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de su Mesa con fecha de 13 de mayo de 1998 de asignar la preparación del Dictamen a la Comisión de Política Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo (Comisión 5);

visto el proyecto de Dictamen (CDR 277/98 rev.) aprobado por la Comisión 5 el 9 de noviembre de 1998 (ponente: Sra. Buron),

ha aprobado en su 27° Pleno celebrado los días 13 y 14 de enero de 1999 (sesión del 14 de enero) el presente Dictamen.

1. Introducción: fundamento de la Comunicación de la Comisión Europea

1.1. Nueva etapa para la política social

El Comité de las Regiones considera que la Comunicación de la Comisión Europea «Programa de acción social 1998-2000» constituye un instrumento esencial para la evolución del modelo social europeo.

1.1.1. El Comité de las Regiones formuló sus prioridades sobre dicho modelo social en los siguientes dictámenes:

- 11 de junio de 1997 - «Informe del Comité de Sabios: por una Europa de los derechos cívicos y sociales»

- 20 de septiembre de 1995 - «Programa de acción social a medio plazo - 1995-1997»

- 16 de noviembre de 1994 - «Política Social Europea - Un paso adelante para la Unión»

El programa de acción social 1998-2000 adquiere una importancia especial porque abre una nueva etapa en la política social europea, caracterizada por:

1.1.2. una concepción global que tiene en cuenta de forma simultánea los siguientes aspectos:

- fomento del empleo,

- lucha contra la exclusión y en favor de la igualdad de oportunidades,

- voluntad de salvaguardar, renovándolo, un modelo de protección social eficaz;

1.1.3. fundamentos jurídicos más amplios y sólidos, merced sobre todo a la introducción del capítulo sobre disposiciones sociales y a un título sobre el empleo en el Tratado de Amsterdam;

1.1.4. la revalorización de la política social dentro de las políticas comunitarias, reconociéndose por fin la interacción entre política económica y política social. Este hecho tiene como resultado en la práctica la celebración de Consejos de Ministros conjuntos ECOFIN y de Asuntos Sociales. La aprobación con carácter anual de las directrices para el empleo, completada con el examen de los planes de acción nacionales para el empleo, prefigura un mecanismo comparable al ejercicio de la «supervisión multilateral» en el ámbito económico;

1.1.5. un nuevo avance de la legislación por medio del sistema de acuerdos entre interlocutores sociales, que ha culminado en la aprobación de varias directivas importantes.

1.2. Modelo social europeo: retos y urgencias

La nueva etapa era tanto más necesaria cuanto que nuestro modelo social tiene que hacer frente a numerosos retos que la Comisión destaca de forma acertada en la Comunicación:

- nivel de empleo que sigue siendo demasiado bajo,

- necesidad de dar respuesta muy rápidamente a nuevas formas de organización del trabajo y a la constitución de una sociedad de la información,

- escalada del fenómeno de la exclusión en una sociedad que no deja de ser globalmente «rica» en comparación con el resto del mundo,

- envejecimiento de la población,

- aspiración de la sociedad a una democracia más profunda y a un auténtico «diálogo civil».

1.3. Asimismo, resulta cada vez más evidente que existen tensiones entre competitividad económica y modelo social: restricciones presupuestarias y reparto de los recursos (pensiones, subsidios), coste del trabajo y salario mínimo, flexibilidad y seguridad, etc. Para que estas tensiones no se conviertan en contradicciones fundamentales, Europa debe procurar que su modelo social evolucione y con urgencia: el fenómeno de la exclusión aumenta en las ciudades y suele dar paso al racismo y a divisiones entre comunidades, el número de personas excluidas del mundo laboral crece y los sistemas de subsidios y jubilación están al borde de la asfixia. Dicha evolución será difícil, sobre todo debido a las restricciones presupuestarias que padecen todos los niveles de gobierno en Europa (nacional, regional, local), pero nadie discute su necesidad.

1.4. El Comité de las Regiones se declara convencido de que el modelo social europeo debe integrar los cambios y disponer de medios para preverlos. A este respecto, es indispensable un enfoque a nivel europeo con el fin de garantizar normas sociales mínimas así como la cohesión social de la Unión que, por lo demás, es una condición para su dinamismo económico.

1.5. Papel de las autoridades locales y regionales en los grandes cambios

Ante esta situación, todos los niveles de intervención pública se ven afectados (Unión, Estados, regiones, autoridades locales); asimismo, la Comisión Europea debe desempeñar una función básica de coordinación y estímulo. Si los Estados son responsables de la política social de su país, las autoridades locales y regionales son las primeras afectadas por los cambios que ésta experimenta. En efecto, estos cambios han surgido a nivel local y abarcan un territorio determinado, por lo que las autoridades territoriales han debido asumir y gestionar sus consecuencias. A pesar de la falta de recursos financieros para asumir las nuevas funciones, los entes locales han demostrado su capacidad de adaptación: se han convertido en motores del desarrollo económico para fomentar el empleo, garantizan la integración social y modernizan sus servicios con el fin de preservar la cohesión del territorio. En realidad, constituyen un ejemplo cotidiano del principio de subsidiariedad. Con arreglo a dicho principio, las administraciones regionales y locales deben intervenir en la elaboración de una política social europea y contribuir a hallar soluciones a problemas con los que se enfrentan a diario. De hecho, los entes locales, especialmente los más pequeños, han demostrado una vez más que no sólo conocen las necesidades cambiantes del territorio correspondiente, sino también las medidas sociales y los instrumentos más idóneos para satisfacerlas de forma adecuada. Ello requiere un mejor conocimiento (con datos estadísticos adecuados) de las competencias y formas de intervención de las autoridades territoriales en los diferentes ámbitos de actuación que se recogen en la Comunicación, en función de las distintas estructuras administrativas existentes en la Unión Europea.

1.6. Por lo demás, el Comité de las Regiones destaca que las autoridades nacionales y las políticas europeas deben financiar las intervenciones de los entes territoriales destinadas a fomentar el empleo y luchar contra la exclusión.

De forma específica, la Comunicación de la Comisión da pie a las siguientes observaciones:

2. Cimientos de la renovación

La Comisión destaca con toda razón que la política social dispone en la actualidad de bases más sólidas y de un conjunto de instrumentos para preparar su renovación: un fundamento jurídico más amplio en los Tratados, la aprobación de nuevas propuestas legislativas, profundización del diálogo social, generalización del debate sobre la política social, etc.

Por lo tanto, la renovación de la política social debe iniciarse de forma simultánea en el centro de la Unión y por medio de acciones concretas coordinadas de forma cuidadosa en un marco global.

2.1. Acervo: ratificación del Tratado de Amsterdam

El primer acervo es el Tratado de Amsterdam. El Comité de las Regiones recuerda que en algunos ámbitos, tal como se hizo para la política de empleo, es necesario programar desde este momento diversas acciones en previsión de la ratificación del Tratado por los Estados miembros. Por ejemplo, basándose en el artículo 95 del Tratado de Amsterdam y en la Declaración adoptada al respecto, deben presentarse medidas para mejorar la situación de las personas discapacitadas, respetando las competencias de los Estados miembros.

2.2. Continuar el trabajo legislativo

El segundo acervo es el conjunto de directivas adoptadas o propuestas por la Comisión Europea en los ámbitos de la salud y seguridad, condiciones de trabajo e igualdad de oportunidades. Las directivas más recientes sobre los comités de empresa, el permiso parental o el trabajo atípico demuestran que es necesario el esfuerzo de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo en materia legislativa para reforzar el marco de normas sociales mínimas, como señala de forma acertada la Comisión. El Comité de las Regiones hace hincapié en que la Comisión debe poner en práctica las medidas previstas en el anexo 2 de la Comunicación. Asimismo, defiende que dicho esfuerzo se mantenga apoyándose ante todo en el diálogo social europeo.

2.3. Programa de trabajo

El Comité de las Regiones se congratula por la aplicación del programa de trabajo de la Comisión. Asimismo, recuerda que estas iniciativas estratégicas repercuten en los entes locales y regionales y solicita ser consultado sobre la totalidad del programa.

2.4. Debate sobre la política social

El Comité de las Regiones apoya la idea de que la política social europea debe abarcar ámbitos como las tendencias demográficas, la protección social o la lucha contra el racismo. Es indispensable que la política social tenga un tratamiento global y se integre en el conjunto de las políticas comunitarias.

Esta integración no debe limitarse a aspectos como la igualdad de oportunidades: la totalidad del «aspecto social» de las políticas comunitarias debe tenerse en cuenta de forma sistemática.

3. Afrontar los desafíos de un mundo cambiante

Estos cambios, vinculados en gran parte con la evolución del mundo del trabajo, suelen tener consecuencias muy gravosas para las autoridades locales, que se enfrentan a situaciones de crisis (cese de actividades, deficiencias del mercado laboral, exclusión). Estas autoridades se ven permanentemente en la obligación de experimentar soluciones con el fin de preservar su territorio. Incluso si los Estados son competentes en muchos aspectos de la política social, los entes territoriales desempeñan un papel cada vez mayor en calidad de:

- empresarios,

- gestores de la exclusión social,

- impulsores de la actividad económica en su territorio,

- prestadores de servicios sociales,

- responsables de la salud y la seguridad,

- responsables de la participación democrática de los ciudadanos,

- garantes de los servicios públicos locales y regionales.

Los entes locales y regionales están dispuestos a asumir estas responsabilidades, siempre que cuenten con recursos financieros adecuados.

3.1. En el ámbito de acción de lo «social» propiamente dicho - Papel específico de la administración local: prestar servicios

El desempleo es el reto principal: la tasa de empleo sigue siendo demasiado baja por motivos muy variados, aunque el déficit de cualificación es especialmente preocupante. Además, la pérdida del empleo o el no acceso al mercado laboral provocan exclusión, pobreza, necesidad de adaptación de la formación. Aunque los entes territoriales disponen de poco margen de maniobra en cuanto a la política económica, ofrecen apoyo para el desarrollo de las empresas, para la educación y la formación de hombres y mujeres, y deben garantizar los servicios a los ciudadanos (asistencia, alojamiento, atención sanitaria, integración social y ciudadana). Para ello, deben modernizar su administración.

3.2. Las formas y la organización del trabajo cambian: deben desarrollarse la adaptabilidad y la flexibilidad, siempre mediante la negociación, respetando la seguridad.

3.3. La exclusión social es inmune a las políticas de ayudas de los Estados y pone en peligro el modelo social europeo. Se están experimentando nuevas formas de lucha contra la exclusión a nivel local y regional: estas experiencias deben centrar la reflexión a nivel nacional y europeo sobre la renovación de la política social.

3.4. El Comité de las Regiones destaca la importancia de contabilizar las competencias y los tipos de acciones que realizan las autoridades locales y regionales europeas en estos ámbitos, y solicita a los Estados miembros y al Consejo que velen por que esta participación se tenga en cuenta plenamente. Con vistas a la próxima reforma de los fondos estructurales, este registro resulta indispensable para que la Unión Europea pueda tener plenamente en cuenta las diferentes acciones que llevan a cabo los entes regionales y locales en el ámbito social.

3.5. Por lo que se refiere a la política de competencia, el Comité de las Regiones pide a la Comisión Europea que vele por que no haya contradicciones entre la política de competencia (control de la concesión de las ayudas regionales o estatales) y el desarrollo del empleo en los distintos territorios.

3.6. Necesidad de un conocimiento estadístico y de indicadores

Aunque son responsables de numerosos aspectos de la política social, debido a sus competencias y proximidad, los entes locales carecen de indicadores y conocimientos estadísticos para evaluar tanto la evolución de los datos sociales y de la demografía en su territorio como la repercusión de sus acciones. Asimismo, las instituciones comunitarias necesitan indicadores de nivel local para evaluar la política de cohesión, las políticas urbanas y el impacto de los fondos estructurales, así como enriquecer la reflexión sobre la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio (PEOT). Para evitar que los entes territoriales dediquen unas sumas desorbitadas, debe aspirarse a la integración en otras actividades estadísticas de la UE ya en curso.

El Comité de las Regiones pide que la elaboración de estos indicadores se haga a nivel local o regional (NUTS II o III).

3.7. Para el conjunto de la construcción europea - Integración entre lo económico y lo social

Europa está completando, con la unión monetaria, la integración del mercado interior. Si bien el imperativo económico es primordial, en ningún caso debe disociarse el ámbito social; asimismo, las interacciones entre los aspectos económicos y los sociales deben tenerse en cuenta. La Comisión, los Estados miembros y las autoridades locales y regionales necesitan elementos para evaluar esta imbricación, por lo que deben fomentar los debates e intercambios con el fin de garantizar la coordinación entre política económica y social a todos los niveles.

3.8. Datos demográficos

La Comisión destaca de forma acertada la importancia de este problema. La evolución demográfica tiene, y tendrá cada vez más, repercusiones en los sistemas de empleo y protección social, pero también en el hábitat, la atención sanitaria y los servicios a la población. Estos ámbitos son competencia de los entes locales: aunque suponen mayores inversiones, también pueden crear empleo.

3.9. Ampliación

La renovación del modelo social europeo debe tener en cuenta la ampliación de la Unión. La adopción del acervo comunitario constituye un requisito indispensable para la adhesión de nuevos Estados miembros. Los futuros Estados miembros tienen estructuras económicas, sociales y demográficas sensiblemente diferentes de las de los Estados miembros actuales. Debe contarse con su adhesión a la Unión para hacer frente a situaciones como las diferencias de coste del trabajo, protección social y condiciones de trabajo. Dado que en su caso no es posible un ajuste brutal, es primordial ayudar a dichos países a preparar desde ahora las adaptaciones necesarias con el fin de preservar la cohesión de la Europa del mañana.

3.10. Asociar los futuros Estados miembros al CDR

El Comité de las Regiones considera que los entes locales y regionales, incluso si hoy día no están consolidados en estos países, desempeñarán un papel fundamental en estos procesos, debido a su proximidad con los ciudadanos. El Comité pide a la Unión que otorgue a los entes locales y regionales de los futuros Estados miembros un estatuto de observador ante el Comité, con el fin de que participen activamente en la ampliación de la Unión.

3.11. Intercambiar experiencias

Por otro lado, el Comité de las Regiones desea que se faciliten los intercambios de experiencias sobre temas concretos con las autoridades locales de estos futuros Estados miembros. El Comité pide que se les proponga una revisión del programa PHARE con el fin de incluir un apartado sobre la política social.

4. Próximos pasos: programación del cambio

El Comité de las Regiones apoya los objetivos formulados por la Comisión Europea: el progreso social debe avanzar a la vez que el progreso económico. Aunque la idea del nivel de vida es básica, debe incluir el respeto de la calidad de vida, de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social. Asimismo, aunque el empleo es crucial, por sí sólo no consigue una sociedad integradora. Por lo demás, la integración, la salud, la calidad de vida (hábitat, transportes, educación) facilitan el acceso al empleo. Los entes locales y regionales desempeñan un papel esencial en estos temas.

4.1. Instrumentos - Asociación

El nivel local como territorio natural de la asociación; estructurar esta asociación.

La Comisión destaca que la asociación es el instrumento privilegiado para la renovación de la política social europea. El Comité de las Regiones comparte este punto de vista. La Comisión desea que la asociación permita profundizar en el debate sobre la política social merced al diálogo político, social y civil. El Comité de las Regiones destaca que el ámbito por excelencia para la construcción de este diálogo es el nivel territorial. En los niveles local y regional los interlocutores políticos, económicos y sociales pueden reunirse con el fin de establecer estrategias comunes, esto es, un consenso político.

4.2. También debe tenerse en cuenta un nuevo elemento: el surgimiento de la ciudadanía europea y la aspiración al diálogo civil como complemento del diálogo social que se ha consolidado en el sistema institucional.

4.3. Este diálogo «civil» con los ciudadanos, basado en objetivos comunes y aceptados, es más eficaz a nivel local. Los entes locales y regionales son interlocutores de primera fila tanto para las políticas de empleo como para una sociedad integradora.

4.4. El Comité de las Regiones se felicita por el hecho de que la Comisión Europea haya reforzado el principio de asociación en los fondos estructurales, y pide que este mismo principio se aplique en la reflexión sobre la política social europea. Las autoridades locales y regionales deberían poder participar en su elaboración, porque tienen experiencia en ello, en su aplicación, porque les afecta, y en su evaluación, dentro de un programa coordinado por la Comisión Europea.

4.5. Crear foros de intercambio

La Comisión Europea ha creado grupos de trabajo cuyo objeto interesa directamente a las autoridades locales y regionales (por ejemplo, previsión de los cambios industriales). El Comité de las Regiones recuerda que las autoridades locales y regionales no forman parte, con demasiada frecuencia, de tales centros de reflexión y pide estar representado en el futuro en estos grupos, así como en las «discusiones periódicas» que menciona la Comisión Europea en su Comunicación. En especial, el Comité de las Regiones desea seguir participando en los próximos Foros Sociales Europeos, que deberán prepararse en colaboración con las autoridades locales y regionales. Asimismo, estas autoridades deberán intervenir en los debates sobre la política social que las próximas presidencias de la Unión puedan organizar.

4.6. Apoyo financiero: facilidad de acceso para las autoridades locales

El Comité de las Regiones acoge favorablemente las propuestas de la Comisión en el marco del Fondo Social Europeo y del objetivo n° 3. Sin embargo, recuerda que la dimensión «recursos humanos» requiere que la programación, la ejecución y el seguimiento se efectúen lo más cerca posible de la realidad local. Asimismo, el Comité de las Regiones destaca la necesidad de un apoyo para programas piloto destinados a los entes locales, especialmente en el ámbito del empleo. Es necesario que los entes territoriales tengan un acceso establecido de forma clara a tal financiación, con modalidades de gestión simplificadas.

4.7. Medidas previstas

Empleo

* Marco: asociar las autoridades locales a los planes de acción nacionales y a su evaluación

La Comisión destaca que la convergencia de las políticas de empleo decidida por la Unión es un complemento indispensable de la convergencia económica y monetaria. Esta convergencia se realizará por medio de los planes nacionales para el empleo, elaborados por cada Estado miembro. La Comisión destaca en su comunicación la necesidad de que también intervengan los órganos regionales. El Comité de las Regiones hace hincapié en este punto. El examen de los planes de acción nacionales de 1998 demuestra que los entes locales y regionales, a pesar de tener un papel clave en materia de empleo, han sido consultados muy poco a la hora de elaborarlos, y muy raramente participan en su aplicación.

4.8. El Comité de las Regiones pide al Consejo poder participar en la elaboración de las directrices para el empleo e insta a los Estados miembros a que incluyan a las autoridades locales y regionales en la aplicación de los planes de acción nacionales para el empleo. En efecto, es indispensable que las políticas locales de empleo estén integradas en dicho dispositivo y dejen de ser acciones específicas de «corrección»: deben integrarse en una estrategia global.

* Acciones

4.9. La Comisión espera llevar a cabo a partir de 1998 una serie de debates. Estos debates afectan a las autoridades locales y regionales, por lo que el Comité de las Regiones desea tomar parte activa.

4.9.1. Nivel de vida y nivel de empleo: la mejora del nivel de vida debe lograrse persiguiendo el objetivo de la reducción de desigualdades entre regiones con el fin de garantizar la cohesión territorial de la Unión;

4.9.2. Desarrollo del intercambio de datos a nivel local: el Comité de las Regiones destaca la necesidad del intercambio de datos, mejores prácticas e innovaciones en materia de mercado laboral. Esta herramienta no debe limitarse al ámbito nacional, sino que debe permitir medir los efectos de la dinámica local y las diferencias que deben compensarse.

4.9.3. Teniendo en cuenta que las innovaciones suelen realizarse a nivel local, es necesario que este programa de intercambio de experiencias y datos tenga carácter local o regional. Además, los entes tienen que poder interpretar estos datos para realizar un diagnóstico de la situación y de la evolución de su territorio. Asimismo, esta base de datos debe ser coherente con los criterios fijados para la asignación de los fondos estructurales.

4.9.4. El Comité de las Regiones desea ser consultado sobre la constitución de esta base de datos, que deberá ser de fácil acceso para las autoridades territoriales:

4.9.5. Trabajo no declarado: este tipo de actividad es contrario a los derechos fundamentales de los trabajadores, pero en algunos países puede constituir un componente importante de las actividades locales. Debido a su proximidad, los entes locales y regionales pueden desempeñar un papel importante en la detección de este trabajo no declarado y en la reinserción de los trabajadores, especialmente las categorías más débiles, en el mercado laboral. Es innegable que las autoridades locales y regionales pueden ser valiosos aliados en la lucha contra el trabajo infantil;

4.9.6. Apoyo al espíritu empresarial: el Comité de las Regiones destaca el apoyo ofrecido por los entes territoriales a la creación de PYME;

4.9.7. Modernización de los servicios públicos de empleo: el examen de las prácticas existentes pone de manifiesto que los servicios no concentrados o descentralizados son más eficaces, puesto que están más cerca de las necesidades de los solicitantes de empleo y de las empresas. Los entes locales y regionales deben participar en estos procesos de modernización;

4.9.8. Medidas locales de desarrollo: estas medidas innovadoras de creación de actividad son la base de la creación de empleo en Europa. Algunas recurren a la economía social, mientras que otras intervienen directamente en el sector comercial. La Célula de Prospectiva de la Comisión Europea analizó estas prácticas. El Comité de las Regiones apoya esta acción y pide a la Comisión que continúe dicho trabajo y que difunda los resultados de la forma más amplia posible para que los entes territoriales accedan fácilmente (en especial, por medio de Internet). Asimismo, el Comité de las Regiones desea que la Comisión mantenga el apoyo aportado a los pactos territoriales para el empleo. Reitera una vez más que las autoridades regionales y locales deben disponer de los medios humanos y financieros necesarios para aplicar medidas innovadoras, así como que la ingeniería del desarrollo local debe contar con un amplio apoyo de los fondos estructurales;

4.10. Modernización de los programas de educación y formación: las autoridades territoriales, en la medida de sus competencias, serán los socios de los nuevos programas comunitarios, además de intervenir en su elaboración;

4.10.1. Espíritu de empresa, adaptación y formación: los entes territoriales, incentivadores del desarrollo económico, ya ofrecen servicios que garantizan el desarrollo de la creación de empresas adaptados a la especificidad local (centros de negocios, servicios compartidos de gestión, etc.) Del mismo modo, pueden determinar, en colaboración con las empresas de su territorio, las necesidades de formación y adaptación de la mano de obra. El Comité de las Regiones desea que este diálogo entre el sector privado y las autoridades locales para la adaptación de los recursos humanos se tenga en cuenta en el futuro objetivo n° 3 de los fondos estructurales;

4.10.2. Igualdad de oportunidades: las autoridades territoriales desempeñan una función en este ámbito, dado que prestan los servicios que hacen posible esta igualdad (estructuras de acogida para los niños y las personas dependientes, movilidad de los minusválidos, etc.) Estas autoridades ponen en práctica medidas de apoyo a los grupos menos protegidos (jóvenes, mujeres, parados de larga duración, etc.) Su experiencia debe tenerse en cuenta en la elaboración de los programas europeos;

4.10.3. Vida familiar: las estrategias de empleo que tienen en cuenta la vida familiar y la evolución de las estructuras familiares no pueden elaborarse sin una estrecha colaboración con los entes locales, que son responsables de las estructuras de acogida y atención sanitaria, así como de la toma en consideración de las necesidades de servicios de la población de edad avanzada;

4.10.4. Libre circulación: en este punto también es necesario que las autoridades locales y regionales cooperen con la Comisión, especialmente las de las zonas fronterizas, con el fin de realizar proyectos piloto.

4.11. El mundo laboral en mutación

4.11.1. Desarrollar el diálogo social

El Comité de las Regiones recomienda que las autoridades locales y regionales, niveles básicos del «contrato social» y de la democracia, asuman en el futuro un papel activo en el diálogo social.

4.11.2. Dado que los entes locales y regionales son empresarios importantes, el Comité de las Regiones ofrece su apoyo a las entidades que participan, logrando avances, en el diálogo social a nivel sectorial. A su juicio, es conveniente que, de acuerdo con normas adecuadas a los diferentes sistemas administrativos nacionales, los empleadores de los entes territoriales puedan intervenir en el establecimiento de la legislación laboral europea.

4.11.3. Trabajo a domicilio

El trabajo a domicilio puede ser un medio de crear empleos en zonas alejadas de los centros tradicionales de servicios. Para garantizar un buen desarrollo del trabajo a domicilio, el Comité de las Regiones recomienda que un estatuto garantice la protección de los trabajadores a distancia, teniendo en cuenta la especificidad de este tipo de trabajo vinculada al territorio donde se realiza.

4.11.4. Prever los cambios

Adelantarse a los cambios industriales es fundamental para las autoridades locales y regionales. Esta reflexión es indispensable para evitar crisis económicas y situaciones de angustia social en el territorio afectado. El problema de la coherencia en materia de ayudas públicas y fondos estructurales también debe analizarse desde un punto de vista local y regional. El Comité de las Regiones lamenta no haber podido participar en el seguimiento de los trabajos del grupo de alto nivel sobre este tema y pide que se tenga en cuenta la dimensión territorial en los futuros trabajos al respecto. Igualmente, en este contexto, el Comité de las Regiones propone que se exploren las vías de apoyo a las empresas de economía social y se otorgue a los socios de estas empresas un tratamiento no discriminatorio, respecto de los trabajadores por cuenta ajena.

4.11.5. Sociedad de la información y nuevos servicios

A las autoridades locales y regionales les interesa la sociedad de la información por dos motivos: su propia organización y los servicios que prestan a los ciudadanos. Las autoridades locales administran sectores en los que la sociedad de la información tiene consecuencias importantes (salud, seguridad, transportes, etc.): deben por tanto realizar un importante esfuerzo de adaptación de la mano de obra y la estructura para aprovechar a fondo estas tecnologías. Además, a las autoridades locales les corresponde un papel en el acceso de todos los ciudadanos a la sociedad de la información: deben actuar como catalizador entre el desarrollo industrial y las necesidades de los ciudadanos, con el fin de evitar que exista una separación entre «los iniciados» y los que no tienen acceso a estas tecnologías.

4.11.6. El Comité de las Regiones destaca que estas nuevas tecnologías van a modificar la relación democrática entre el ciudadano y su administración territorial y a generar nuevos métodos de participación democrática. Por lo tanto, el Comité de las Regiones desea que se ofrezcan a las autoridades territoriales ciertos recursos y conocimientos prácticos, en el marco de programas específicos y los fondos estructurales.

4.11.7. Salud y seguridad

Este problema interesa a los entes locales y regionales por partida doble:

- como empresarios

- como responsables del medio ambiente: a este respecto, es importante que las directivas sobre medio ambiente y sobre salud y seguridad estén coordinadas.

4.12. Una sociedad no excluyente

La intervención de los entes locales en este ámbito, que requiere una acción de base y lo más cerca posible del ciudadano para garantizar un seguimiento personalizado, es primordial. Las políticas «públicas», a las que la Comisión atribuye con toda razón un papel irreemplazable, son políticas en gran parte locales, regionales o urbanas, aunque se incluyan en sistemas nacionales de protección social.

Protección social

4.13. Intercambio de prácticas

Al evaluar los avances en materia de convergencia de los sistemas de protección social, sería deseable contar con una valoración comparada del papel de los niveles locales en estos sistemas (financiación, aplicación).

4.14. Facilitación del paso al empleo no asalariado

Una de las fuentes de creación de empleo aún mal explotada en Europa, si se compara por ejemplo con los Estados Unidos, es la creación de empresas. Uno de los principales obstáculos es el problema de la protección social, menos favorable que en un empleo asalariado. Las autoridades locales y regionales conceden ayudas a los que fundan una empresa, y el Comité de las Regiones pide que el esfuerzo destinado a dichas personas se complete con una reflexión sobre el paso al empleo no asalariado por parte de los Estados miembros y la Comisión. Asimismo, hace hincapié en la importancia de esta dinámica de creación de microempresas en las zonas rurales desfavorecidas y en los barrios con dificultades, así como para la población menos protegida (mujeres, jóvenes, etc.) Igualmente, en este contexto, el Comité de las Regiones propone que se exploren las vías de apoyo a las empresas de economía social y se otorgue a los socios de estas empresas un tratamiento no discriminatorio, respecto de los trabajadores por cuenta ajena.

4.15. Tendencias demográficas

Habida cuenta de la importancia de la evolución demográfica y de los movimientos de población para los territorios locales (poder de atracción de algunos territorios para las personas de edad avanzada), el Comité de las Regiones desea participar en las reflexiones sobre el asunto que lleva a cabo la Comisión, que no debe dejar de lado su aspecto territorial.

4.16. Movilidad y pensión

La movilidad de los trabajadores podría paliar el déficit de mano de obra cualificada que padecen algunas cuencas de empleo. Debe fomentarse la movilidad, especialmente permitiendo la transferencia de las pensiones dentro de la Unión. A largo plazo, la convergencia de los sistemas de protección social y la fiscalidad favorecerán la movilidad de los trabajadores.

4.17. Medios para lograr la inclusión a nivel local

El Comité de las Regiones comparte el punto de vista de la Comisión de transformar las medidas pasivas de integración (subsidios) en medidas activas (reinserción en el mercado laboral, economía social, etc.) Los entes locales y regionales ya están poniendo en práctica muchas de estas medidas.

4.18. El Comité de las Regiones pide a la Comisión que, tal como ella misma menciona en su comunicación, prevea medidas concretas para que los agentes locales participen en una reflexión sobre políticas preventivas en materia de exclusión. El Comité de las Regiones recuerda que las ciudades son las más afectadas por el fenómeno de la exclusión, que pone en peligro la seguridad urbana, la cohesión de la ciudad y el sentimiento de ciudadanía. Asimismo, destaca la función de los entes territoriales en la lucha contra el analfabetismo y en favor de la integración de los inmigrantes.

4.19. Asimismo, el Comité de las Regiones recuerda que el problema de los refugiados afecta especialmente a algunos países europeos y apoya la iniciativa de la Comisión de elaborar un programa al respecto.

4.20. Igualdad de oportunidades

El Comité de las Regiones ya ha expresado su compromiso en favor de la igualdad y la lucha contra la discriminación. Las iniciativas locales juegan un papel importante en este ámbito con el fin de garantizar la cohesión social y la inclusión en su territorio.

4.21. Salud pública

Los entes locales y regionales deben asumir las consecuencias de algunos cambios (envejecimiento de la población) y adoptar medidas para afrontarlas. Una vez más, en este ámbito es necesario disponer de estadísticas a nivel local y regional. Además, los intercambios de buenas prácticas a nivel europeo permitirán establecer prácticas innovadoras y transferibles.

5. Dimensión exterior

5.1. El intercambio de experiencias entre los entes locales permite fomentar el modelo social europeo. Asimismo, la inclusión de una cláusula social en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sería un importante factor para tomar en consideración la dimensión social a escala mundial.

5.2. Aunque el modelo social europeo no puede exportarse tal cual, como destaca la Comisión, Europa puede fomentar el «progreso social en la escena mundial». Los programas de cooperación interregional de la Comisión Europea pueden ser un vector de promoción de este progreso social. El Comité de las Regiones recomienda que se incluya un apartado social en la futura iniciativa comunitaria que servirá de marco para la cooperación interregional externa.

6. Conclusiones

El Comité de las Regiones apoya los objetivos que fija la Comisión en su Comunicación, así como las medidas previstas para reforzar el modelo social europeo frente a los cambios económicos y sociales. El Comité de las Regiones recuerda que los entes locales y regionales deben desempeñar un papel central, debido a su proximidad y su capacidad de innovación. Con el fin de que los entes locales y regionales puedan contribuir de manera plena y eficaz a la reflexión sobre el futuro del modelo social europeo,

El Comité de las Regiones desea:

6.1. intervenir en las políticas comunitarias de empleo y, especialmente, en la elaboración de las directrices europeas para el empleo en 1999; asimismo, que los Estados miembros elaboren los planes de acción nacionales para el empleo en colaboración con las autoridades locales y regionales;

6.2. ser consultado respecto de la creación de una base de datos sobre la política social, que tenga carácter local y regional, para disponer de elementos estadísticos que permitan comparar y evaluar la cohesión social en Europa;

6.3. que los entes locales y regionales participen en el diálogo social europeo en su calidad de empresarios;

6.4. desempeñar una función en los procesos de consulta europeos sobre la política social; en particular, intervenir en la preparación de un próximo Foro Social Europeo, que deberá tener más en cuenta el papel de los entes locales;

6.5. que la Comisión elabore programas de apoyo a las acciones piloto e innovadoras de los entes locales y regionales en el ámbito del empleo y de la política social;

6.6. que los entes territoriales de los futuros Estados miembros de la Unión participen en las políticas comunitarias sobre temas sociales, especialmente en materia de empleo, y puedan intervenir en los trabajos del Comité de las Regiones.

Bruselas, el 14 de enero de 1999.

El Presidente del Comité de las Regiones

Manfred DAMMEYER