[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 28.2.2011

COM(2011) 104 final

INFORME DE LA COMISIÓN

Respuestas de los Estados miembros al Informe anual 2009 del Tribunal de Cuentas SEC(2011) 262 final

ÍNDICE

1. ÁMBITO DEL PRESENTE INFORME 3

2. CONCLUSIONES DE LA DAS 2009 3

2.1 Metodología de auditoría del Tribunal 3

2.2 Nueva presentación del Informe anual del Tribunal 4

2.3 Claridad de cuentas y reducción continua de la tasa de error más probable de los pagos 4

3. MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS 7

4. Respuestas de los Estados miembros al cuestionario relativo al informe anual de 2009 del Tribunal 9

4.1 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 9

4.2 Agricultura y Recursos Naturales 10

4.3 Cohesión 10

5. Conclusión 12

INFORME DE LA COMISIÓN

Respuestas de los Estados miembros al Informe anual 2009 del Tribunal de Cuentas

1. ÁMBITO DEL PRESENTE INFORME

El auditor externo de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal), con arreglo al Tratado[1], establece una declaración de fiabilidad (DAS) en su Informe anual. La DAS se refiere a la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes y se presenta al Parlamento Europeo y al Consejo.

El Reglamento financiero dispone que tan pronto como el Tribunal de Cuentas le remita el informe anual, la Comisión comunicará inmediatamente a los Estados miembros afectados los elementos de dicho informe relativos a la gestión de los fondos sobre los cuales tengan competencia en virtud de la normativa aplicable. Los Estados miembros deberán responder a la Comisión en el plazo de sesenta días y la Comisión transmitirá un resumen de las respuestas al Tribunal de Cuentas, al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 28 de febrero[2].

Tras la publicación el 9 de noviembre de 2010, la Comisión informó debidamente a los Estados miembros de los detalles del informe. Esta información se presentó en forma de una carta y tres anexos: El anexo 1 era un cuestionario sobre los apartados del informe relativos a los distintos Estados miembros; el anexo II era un cuestionario sobre las conclusiones de la auditoría relativas a cada Estado miembro y el anexo III era un cuestionario sobre las conclusiones generales relativas a la gestión compartida de la DAS de 2009.

El presente informe es un análisis de las respuestas de los Estados miembros y va acompañado de un documento de trabajo que es un resumen de las conclusiones y las respuestas al anexo I y al anexo III.

2. CONCLUSIONES DE LA DAS 2009

2.1 Metodología de auditoría del Tribunal

El enfoque de auditoría del Tribunal y la metodología utilizada con respecto a la regularidad de las transacciones se basa en pruebas de las transacciones y en evaluaciones de la eficacia de los sistemas de supervisión y control. Esto se ve complementado por un análisis de las declaraciones de los responsables y pruebas aportadas por otros auditores.

Por lo que respecta a las operaciones, el Tribunal selecciona una muestra estadística representativa de cada grupo de políticas y realiza un examen detallado de esa muestra. A fin de evaluar mejor su trabajo de auditoría, el Tribunal clasifica los errores como cuantificables y no cuantificables. Sólo los errores cuantificables se computan a efectos de la tasa de error. El cuadro 1 que figura al final de este informe presenta un desglose detallado de todos los errores cuantificables y no cuantificables extrapolados por el Tribunal y utilizados en su trabajo de auditoría.

Los errores se clasifican además por su naturaleza – en particular, subvencionabilidad (si el pago no cumple la regla de subvencionabilidad), frecuencia (reembolso de un coste que no se ha demostrado que se haya efectuado) y exactitud (pago calculado incorrectamente). El Tribunal también examina la frecuencia de los errores presentando la proporción de operaciones de una muestra que contenga errores, tanto cuantificables como no cuantificables. Esta frecuencia de errores indica la probabilidad de la existencia de errores en un grupo de políticas[3].

El Tribunal también determina la tasa de error más probable estimando el impacto financiero total de los errores cuantificables. La tasa de error más probable se clasifica en tres rangos: inferior al 2 %, entre el 2 y el 5 %, y superior al 5 %.

Por último, el Tribunal también evalúa los sistemas de supervisión y control mediante el examen de su eficacia a la hora de garantizar la regularidad.

2.2 Nueva presentación del Informe anual del Tribunal

En cuanto a la presentación, la estructura del Informe anual 2009 ha cambiado. El Tribunal ha fusionado las observaciones relativas a los sistemas de control interno, las declaraciones de los responsables y la ejecución presupuestaria en el capítulo DAS y los capítulos del grupo de políticas. El capítulo DAS incluye un anexo sobre la metodología y el enfoque de auditoría del Tribunal. Como resultado de esta nueva presentación de la información, el número de capítulos se ha reducido de once a nueve y se han modificado los números de los capítulos de los grupos de políticas.

2.3 Claridad de cuentas y reducción continua de la tasa de error más probable de los pagos

En las conclusiones de la DAS 2009 del Tribunal se afirmaba que las cuentas de la Unión Europea proporcionan una presentación fiel, o una visión cierta y fiel, de la situación financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo. Además, el Tribunal reconoció que la Comisión había mejorado la información detallada comunicada sobre la recuperación de los importes pagados irregularmente y otras correcciones en las notas de las cuentas finales.

Por lo que a la legalidad y regularidad de las operaciones se refiere, en 2009 el Tribunal consideró que los pagos de los ingresos estaban libres de errores materiales y que los sistemas de supervisión y de control eran eficaces. Los compromisos también estaban libres de errores materiales. Sin embargo, con la excepción de dos áreas de gastos (Gastos administrativos y Asuntos económicos y financieros) los pagos con cargo al presupuesto seguían viéndose afectados por errores materiales.

En cuanto a los sistemas de supervisión y control, el Tribunal declaró que para todos los grupos de políticas, con excepción de los ingresos y los gastos administrativos, todos los sistemas fueron parcialmente efectivos.

Para el grupo de políticas Agricultura y Recursos Naturales, la tasa de error más probable se ha incrementado en comparación con 2008. La estimación de la tasa de error más probable para el capítulo fue de entre el 2 y el 5 % y los errores de exactitud fueron el tipo de error cuantificable más común detectado por el Tribunal. Por lo que respecta a los sistemas de supervisión y control, el SIGC[4], principal sistema para garantizar la regularidad de las operaciones, aunque bien diseñado, resultó verse afectado negativamente por el grado de exactitud de los datos introducidos y la calidad de las verificaciones efectuadas en sus bases de datos.

Por lo que respecta al capítulo de Cohesión, el Tribunal puso de relieve una disminución significativa de la tasa de error más probable, que se estimó en más del 5 %. Los errores de subvencionabilidad fueron el tipo más común de error cuantificable. Respecto de los sistemas relativos al periodo de aplicación 2007-2013, el Tribunal detectó deficiencias en lo que respecta a los controles llevados a cabo por las autoridades de gestión o los sistemas auditados por las autoridades de auditoría. Los sistemas para la comunicación de correcciones a la Comisión para el periodo 2000-2006 también resultaron parcialmente insatisfactorios. El Tribunal declaró por tanto que los sistemas de supervisión y control eran parcialmente efectivos.

El cuadro que figura a continuación es una versión resumida de la información de las conclusiones del Tribunal por grupo de políticas.[5]

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3. MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS

Como se ha mencionado en la introducción, además de la carta, la Comisión proporcionó a cada Estado miembro tres anexos: El anexo 1 era un cuestionario sobre los apartados del informe relativos a los distintos Estados miembros; el anexo II era un cuestionario sobre las conclusiones de la auditoría relativas a cada Estado miembro y el anexo III era un cuestionario sobre las conclusiones generales relativas a la gestión compartida de la DAS de 2009. Respecto de los anexos I y II, se pidió a los Estados miembros que proporcionaran, en su caso, detalles de las medidas adoptadas para corregir los errores, así como el calendario, el contenido y los resultados previstos.

En el caso del anexo I, las respuestas proporcionadas por los Estados miembros fueron por lo general extensas[6]. Aunque el Tribunal puso de relieve apartados relacionados con todas las políticas, las respuestas de los Estados miembros se centraron principalmente en los apartados del Tribunal relacionados con las áreas de Ingresos, Agricultura y Recursos Naturales, y Cohesión.

Por ejemplo, en el ámbito de los ingresos, el Tribunal informó sobre las estadísticas de la deuda y el déficit público griego, y puso en tela de juicio la calidad de las estadísticas macroeconómicas griegas, incluidas las cuentas nacionales[7]. La respuesta griega subrayó que se habían adoptado medidas efectivas y declaró:

« Por lo que se refiere a la mejora de la calidad de las cuentas nacionales, la actualización del plan de acción conjunto sobre estadísticas acordado por el Grupo de Dirección en octubre de 2010 se centra en acciones concretas que deberán adoptarse en 2011 con el fin de mejorar la calidad de las cuentas sectoriales, las cuentas sobre la tasa de ahorro de las familias, las cuentas trimestrales, las mediciones de precios y volumen, y una revisión de las cuentas nacionales »[8].

También en el grupo de Agricultura y Recursos Naturales se destaca el trabajo del Tribunal sobre la eficacia de los sistemas y el hecho de que el Informe anual de Actividades de 2009 (IAA) del Director General de Agricultura y Desarrollo Rural contenga una reserva en relación a los gastos en el marco del SIGC en Bulgaria y Rumanía[9]. Ambos países respondieron claramente que se habían tomado medidas firmes que estaban en curso. Bulgaria manifestó lo siguiente:

«Por lo que respecta a los gastos de pagos directos, en 2009 se aprobó un plan de acción consolidado para mejorar el funcionamiento del SIGC y Bulgaria ha estado trabajando desde entonces para aplicar las recomendaciones y medidas establecidas en el plan. Cada tres meses se presentan a la Comisión cuentas detalladas del progreso realizado en la aplicación del plan consolidado .»[10]

Según Rumanía:

«El Director de la Agencia puso gran empeño en el ejercicio 2010 en garantizar que se tomaran medidas correctivas, que se traducirían en la mejora del SIGC.

Por lo que respecta a las reservas expresadas por el organismo de certificación en el informe de 2009, la APIA[11] ha hecho esfuerzos y ha logrado avances significativos en la aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Acción del SIGC y de las recomendaciones del organismo de certificación» .[12]

Por lo que respecta al anexo II, un cuestionario sobre las conclusiones de la auditoría relativas a cada Estado miembro, la mayoría de los Estados miembros aportaron respuestas detalladas. Estas conclusiones se refieren en su mayoría al ámbito de Agricultura y Recursos Naturales, y Cohesión, y habían sido previamente presentadas por el Tribunal al Estado miembro en forma de declaraciones de conclusiones preliminares (DCP), que son las conclusiones derivadas del trabajo de auditoría del Tribunal y se envían a la entidad auditada. La información proporcionada por los Estados Miembros en sus respuestas puede por tanto considerarse como un seguimiento de todas las acciones emprendidas después de la recepción de las DCP iniciales.

En total, 24 Estados miembros fueron auditados para la DAS de 2009. Entre los Estados miembros con un gran número de conclusiones -más de 10- figuraban Francia, Alemania, Grecia y España. Entre los que tenían menos de 5 figuraban Dinamarca y los Países Bajos. En general, los errores cuantificables fueron aceptados por los Estados miembros y se informó de que se habían tomado las medidas correctivas necesarias.

En más del 50 % de los casos en que se respondió a las conclusiones, los Estados miembros comunicaron que ya se habían tomado medidas que habían finalizado o estaban en curso. Portugal, por ejemplo, respondió ampliamente a todas las conclusiones. La mayoría de las conclusiones se referían a errores graves cuantificables, y en todos los casos se comunicó que se habían efectuado debidamente ajustes de pagos o correcciones.

En la mayoría de los casos en que no se tomó ninguna medida, se aportaron justificaciones y documentación complementaria. Este fue el caso de España, que tomó medidas para aproximadamente el 50 % de sus conclusiones, relativas en su mayoría a Agricultura y Recursos Naturales. Para 18 conclusiones no se tomaron medidas, en parte debido a que se había solicitado mayor información a la Comisión o a un desacuerdo con respecto a la naturaleza o gravedad de las mismas. En las respuestas también se incluyeron documentos. Este fue también el caso de Chipre, que respondió a todas las conclusiones del Tribunal, 14 en total, todas ellas relacionadas con auditorías de sistemas en el capítulo de Agricultura y Recursos Naturales. Se tomaron medidas para 11 conclusiones, y en los 3 casos en los que Chipre no estuvo de acuerdo con las conclusiones se proporcionó justificación.

4. RESPUESTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS AL CUESTIONARIO RELATIVO AL INFORME ANUAL DE 2009 DEL TRIBUNAL

4.1 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)

La información proporcionada por los Estados miembros con respecto a las conclusiones del Tribunal se ve complementada por sus respuestas a un cuestionario sobre los principales temas de la DAS de 2009.

Como en el caso del informe de 2008, para el de 2009 se plantearon preguntas a las EFS. La primera pregunta se refirió al principio de auditoría única según lo definido por el Tribunal de Cuentas en su dictamen sobre auditoría única 2/2004 y si las EFS consideran que se trata de una herramienta útil. Aproximadamente la mitad de las EFS de los Estados miembros destacaron el hecho de que el principio de auditoría única tenía beneficios potenciales. La EFS de Letonia declaró que el principio de auditoría única podría «considerarse una herramienta eficaz para la gestión de los fondos de la UE, ya que podría reforzar la calidad de las actividades de auditoría sin poner en peligro la independencia de los órganos de control de que se trate» . La EFS francesa adujo varias razones para apoyar el principio, incluyendo la armonización y la reducción de costes de los controles, así como dotar a la autoridad de auditoría con una visión más global de los resultados de la auditoría.[13]

La EFS finlandesa señaló que su interpretación de las normas de auditoría internacionales difiere de las prácticas del Tribunal de Cuentas Europeo y que, en consecuencia, las EFS no podían aplicar directamente los resultados de las auditorías de las demás. Por tanto, se requerirían ajustes.[14]

A algunas EFS les preocupaba que el principio de auditoría única pudiera comprometer la independencia de las instituciones. Esta preocupación por la independencia la puso claramente de manifiesto la EFS belga (división FR), que declaró formalmente que no respondería a ninguna de las preguntas planteadas directamente a las EFS. Las razones aducidas eran su posición independiente como órgano nacional de control externo y el hecho de que todas las EFS tuvieran el mandato de actuar como observadores en el contexto de las auditorías efectuadas por el Tribunal. En general, las EFS de los Estados miembros también aconsejaron cautela y señalaron que se requería una garantía en todos los niveles de la pirámide con el fin de garantizar el funcionamiento del principio.

También se encuestó a las EFS sobre el umbral de importancia relativa que aplicaban. La mayoría manifestó utilizar un umbral de entre el 0,5 y el 2 % con posibles variaciones. Alemania destacó que la EFS Federal no podía proporcionar información sobre la magnitud o el nivel en que el umbral de importancia relativa es aplicado por los diferentes Tribunales de Cuentas en cada Land.[15]

La tercera pregunta para las EFS se refirió al uso de los informes de la CE sobre pagos que están a disposición a los Estados miembros desde 2006. En general, las EFS opinaron que la información y los datos proporcionados por la Comisión en estos informes eran útiles en el contexto de su trabajo de auditoría.

4.2 Agricultura y Recursos Naturales

El cuestionario también incluyó una pregunta sobre la simplificación en el ámbito del desarrollo rural. Más de la mitad los Estados miembros declararon que no sólo eran favorables a la idea de simplificación, sino que habían presentado iniciativas de simplificación, como la clarificación y armonización de los procedimientos y normas nacionales o la reducción de las obligaciones de información de los beneficiarios. Muchas de estas iniciativas se encontraban en curso. Francia, por ejemplo, subrayó las medidas adoptadas por el MAAPRAT[16] para simplificar las normas de desarrollo rural con especial hincapié en la declaración en línea[17]. Lituania subrayó que «con el fin de simplificar el procedimiento de adjudicación y administrativo para las ayudas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Lituania 2007-2013, introdujeron enmiendas a la legislación general» .[18]

Eslovenia se refirió a los complejos sistemas de información que está simplificando desde 2010 y también al «(demasiado estricto) régimen de infracciones y sanciones» , que ha estado actualizando con el fin de garantizar que «las posibles infracciones se definan con mayor claridad y que las sanciones sean más efectivas, disuasorias y proporcionadas a la gravedad de las infracciones».

Los Estados miembros también subrayaron su cooperación mutua y el diálogo permanente con la Comisión a fin de definir y aplicar la simplificación. España destacó sus diálogos entre las Comunidades Autónomas, así como su participación «en reuniones o foros a nivel europeo destinadas a simplificar la PAC».[19]

4.3 Cohesión

En el capítulo de Cohesión, se plantearon tres cuestiones: los criterios de subvencionabilidad, la contratación y las comprobaciones efectivas de la gestión. En primer lugar, por lo que respecta a unos criterios de subvencionabilidad más estrictos, los Estados miembros señalaron que había dos niveles de análisis, el nivel de la UE/nacional y el nivel del programa. Algunos Estados miembros sugirieron que desde el punto de vista legal se necesitan normas más estrictas. Francia y Finlandia llamaron la atención sobre el hecho de que el artículo 56 del Reglamento nº 1083/2006, sobre los programas de 2007-2013[20] establece que las normas sobre subvencionabilidad del gasto se establecerán a escala nacional. En consecuencia, Finlandia señaló que «el propio Reglamento requiere que las normas nacionales sobre subvencionabilidad sean más detalladas que las establecidas a nivel comunitario. De esta manera, los Estados miembros no tienen sólo la posibilidad de imponer requisitos de subvencionabilidad, sino que tienen la obligación de establecer disposiciones más específicas que las previstas por el Reglamento a nivel comunitario».[21]

Sin embargo, algunos Estados miembros señalaron que las normas sobre subvencionabilidad a escala de la UE no eran suficientemente específicas para las necesidades de los programas y que debería hacerse más hincapié en normas específicas de los programas. Polonia resumió la cuestión diciendo que «es necesario adaptar las disposiciones generales del Derecho comunitario a las características específicas del Programa Operativo. Por consiguiente, fue necesario hacerlas más específicas, de manera que no fueran mal interpretadas por el beneficiario».[22]

En segundo lugar, por lo que respecta a la contratación, casi todos los Estados miembros estuvieron a favor de más formación por parte de la Comisión para el personal de las autoridades nacionales y regionales y para los beneficiarios, y muchos Estados miembros subrayaron la complejidad de las normas. Un número significativo de Estados miembros también consideraron que eran necesarias directrices más claras de la Comisión. El cuadro 1 resume las preguntas y las respuestas proporcionadas por los Estados miembros respecto de las normas de contratación.

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Por último, por lo que respecta a unas verificaciones más eficaces de la gestión, aproximadamente la mitad de los Estados miembros estuvieron de acuerdo en que se necesitaban reglas sobre subvencionabilidad más precisas a nivel de la UE y a escala nacional. Los Estados miembros que no estuvieron de acuerdo con esta idea afirmaron que en general era porque no se trataba de una solución óptima. El Reino Unido declaró que: «la Comisión ya ha reforzado considerablemente su función de supervisión en la gestión compartida de los Fondos de Cohesión. Cualquier aumento de su control va en detrimento de la competencia de los Estados miembros» . Malta señaló que «unas normas más precisas pueden poner en peligro el elemento de flexibilidad y simplificación que se precisa para la gestión de los Fondos» .

El cuadro 2 resume las preguntas sobre las verificaciones a nivel de la autoridad de gestión y las respuestas de los Estados miembros.

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5. CONCLUSIÓN

Los resultados del Informe anual de 2009 del Tribunal ilustran la continua mejora de las actuaciones de todos los actores involucrados en la gestión de los fondos de la UE. Es digno de mención el hecho de que para el presupuesto en su conjunto la estimación de errores del Tribunal se haya reducido en los últimos años; que por tercer año consecutivo se haya dado una «aceptación sin reservas» de las cuentas; y que la tasa de error en el capítulo de Cohesión se haya reducido significativamente. Sin embargo, es evidente que todavía hay una necesidad de mejora sostenida, en particular para los fondos europeos de gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros.

Las respuestas de los Estados miembros destacaron positivamente las mejoras señaladas por el Tribunal, particularmente la disminución significativa de la tasa de error más probable en el ámbito de la Política de Cohesión. No obstante, los Estados miembros señalaron que es deseable una cooperación aún más estrecha con la Comisión. Por ejemplo, en el complejo ámbito de la contratación, la orientación y el apoyo en forma de programas de formación y directrices específicas se han señalado como cuestiones clave que deben abordarse continuamente.

La Comisión mantiene su firme compromiso de mejorar la gestión financiera de la UE. La actual propuesta de la Comisión de refundición del Reglamento Financiero trata las cuestiones destacadas tanto por el Tribunal como por los Estados miembros en sus respuestas a las conclusiones del Tribunal. Esto es particularmente relevante por lo que respecta a la propuestas de la Comisión de establecer las obligaciones de control y auditoría de los Estados miembros en el Reglamento Financiero[23] y de una mayor simplificación y racionalización de las normas aplicables a los fondos y programas de la UE. Estos dos compromisos conjuntamente se consideran una importante vía hacia la mejora significativa de la calidad del gasto. Al mismo tiempo, la Comisión sigue sumamente atenta al hecho de que la simplificación de las estructuras de los programas y los sistemas de gestión a nivel de los beneficiarios no debe socavar la fiabilidad que proporciona una alta efectividad de los controles.

La Comisión está centrada en mantener la tendencia positiva en la evolución de la buena gestión financiera. Es por tanto de particular importancia que la Comisión y los Estados miembros cooperen más estrechamente para abordar las conclusiones señaladas por el Tribunal.

Cuadro I

EXACTITUD | SUBVENCIONABILIDAD | FRECUENCIA | OTRAS CONDICIONES |

Estado miembro |AGRI |COH |ING |Total |AGRI |COH |ING |Total |AGRI |COH |ING |Total |AGRI |COH |ING |Total |T. AGRI |T. COH |T. ING | |Austria |3 |0 |0 |3 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |1 |4 |0 |0 | |Bélgica |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |Bulgaria |0 |0 |0 |0 |2 |0 |0 |2 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2 |0 |0 | |Rep Checa |4 |1 |0 |5 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |4 |1 |0 | |Chipre |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |Dinamarca |1 |0 |0 |1 |0 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |1 |1 |0 | |Estonia |0 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |5 |0 |5 |0 |6 |0 | |Finlandia |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |Francia |6 |1 |0 |7 |0 |2 |0 |2 |0 |0 |0 |0 |1 |5 |0 |6 |7 |8 |0 | |Alemania |4 |0 |0 |4 |1 |1 |0 |2 |0 |0 |1 |1 |1 |15 |0 |16 |6 |16 |1 | |Grecia |3 |0 |0 |3 |1 |1 |0 |2 |0 |0 |0 |0 |7 |1 |0 |8 |11 |2 |0 | |Hungría |1 |0 |0 |1 |0 |2 |0 |2 |0 |0 |0 |0 |1 |4 |0 |5 |2 |6 |0 | |Irlanda |1 |0 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |0 | |Italia |1 |0 |1 |2 |2 |0 |0 |2 |0 |0 |0 |0 |5 |0 |0 |5 |8 |0 |1 | |Letonia |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |Lituania |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |4 |0 |4 |0 |4 |0 | |Luxemburgo |1 |0 |0 |1 |0 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |5 |0 |5 |1 |6 |0 | |Malta |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |Países Bajos |1 |0 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |1 |2 |0 |0 | |Polonia |0 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2 |0 |2 |0 |3 |0 | |Portugal |1 |2 |0 |3 |0 |5 |0 |5 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |1 |2 |7 |0 | |Rumanía |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |1 |8 |0 |0 |8 |9 |0 |0 | |Eslovaquia |1 |0 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |1 |4 |0 |5 |2 |4 |0 | |Eslovenia |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |España |1 |0 |0 |1 |0 |9 |0 |9 |0 |0 |0 |0 |1 |3 |0 |4 |2 |12 |0 | |Suecia |0 |2 |0 |2 |0 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |1 |0 |4 |0 | |Reino Unido |6 |0 |0 |6 |2 |0 |0 |2 |0 |0 |0 |0 |2 |0 |0 |2 |10 |0 |0 | | TOTAL | | | | 43 | | | |32 | | | |2 | | | |79 | | | | |

[1] Artículo 248 del Tratado CE (artículo 287 del Tratado de Lisboa).

[2] DO L 390 de 30.12.2006 – Reglamento Financiero, artículo 143.6.

[3] Informe anual TCE 2009, Anexo 1.1.

[4] Sistema Integrado de Gestión y Control.

[5] Extraído del Informe anual del TCE - Cuadro 1.2, p. 22- Resumen de las conclusiones de 2009 sobre la regularidad de las operaciones.

[6] Véase el documento de trabajo adjunto.

[7] Informe del TCE, apartado 2.27.

[8] Documento de trabajo, p. 15.

[9] Informe del TCE, apartado 3.68.

[10] Documento de trabajo, pp. 50-51.

[11] Agentia de Plati si Interventie Pentru Agricultura .

[12] Documento de trabajo, pp. 51-52.

[13] Documento de trabajo, p. 73.

[14] Documento de trabajo, p. 69.

[15] Documento de trabajo, p. 75.

[16] Ministère de l'Agriculture de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire .

[17] Sin documentos en papel; tratamiento electrónico al 100 % de la solicitud por los agricultores.

[18] Documento de trabajo, p. 81.

[19] Documento de trabajo, p. 94.

[20] Artículo 56.4. Las normas sobre subvencionabilidad del gasto se establecerán a escala nacional, salvo excepciones indicadas en los Reglamentos específicos correspondientes a cada Fondo. Dichas normas cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco del programa operativo.

[21] Documento de trabajo, p. 71.

[22] Documento de trabajo, p. 88.

[23] También se establece en el Tratado de Lisboa, artículo 317.