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Bruselas, 20.11.2007

COM(2007) 727 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Revisión del proceso Lamfalussy Mayor convergencia en la supervisión

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Revisión del proceso Lamfalussy Mayor convergencia en la supervisión

1. INTRODUCCIÓN

En aras de un adecuado funcionamiento de la economía europea y de la competitividad en el ámbito internacional, es esencial disponer de un sector financiero dinámico y saneado. Los servicios financieros revisten enorme importancia para los consumidores y las empresas, de mayor y menor tamaño, que desean un amplio abanico de opciones financieras y poder confiar en productos seguros y de calidad, así como que las entidades estén bien gestionadas y supervisadas. Para ello, es indispensable contar con un sólido marco europeo de reglamentación y supervisión del sector financiero.

La finalidad del proceso Lamfalussy, iniciado en 2001, era implantar un mecanismo eficaz que permitiera que las prácticas europeas de supervisión comenzaran a converger, y que la legislación comunitaria sobre los servicios financieros pudiera adaptarse con rapidez y flexibilidad a la evolución del mercado interior. De acuerdo con el nuevo enfoque, la reglamentación financiera se adopta en dos niveles.

En el «nivel 1» , se halla la legislación marco, que establece los principios fundamentales y fija los poderes de ejecución, siendo adoptada por codecisión tras un proceso completo y exhaustivo de consulta, conforme a los preceptos de mejora de la legislación.

Los pormenores técnicos son adoptados formalmente por la Comisión a través de disposiciones de aplicación, que conforman el «nivel 2» , tras el dictamen del Comité de reglamentación competente (Comité Europeo de Valores, Comité Bancario Europeo y Comité Europeo de Seguros y Pensiones de Jubilación). En el nivel 2 del proceso, la Comisión tiene muy en cuenta la opinión del Parlamento Europeo. En la elaboración técnica de las disposiciones de aplicación, la Comisión es asesorada por Comités integrados por representantes de los órganos nacionales de supervisión, conocidos como Comités de «nivel 3» : el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CSBE), el Comité Europeo de Supervisores de Seguros y de Pensiones de Jubilación (CESSPJ) y el Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores (CERV). Estos Comités, creados mediante sendas Decisiones[1] de la Comisión, desempeñan también una función importante de cara a una aplicación coherente y convergente de las Directivas de la UE, ya que garantizan una cooperación más eficaz entre los supervisores nacionales, y la convergencia de las prácticas supervisoras. Se trata del «nivel 3» del proceso. El «nivel 4» es el constituido por la labor de la Comisión de velar por que la legislación de la UE se incorpore al Derecho nacional correcta y oportunamente.

Este sistema de regulación de los servicios financieros en cuatro niveles, basado en la comitología, existe ya desde hace más de cinco años en el sector de los valores mobiliarios, y más de dos en los sectores bancario y asegurador. La Directiva 2005/1/CE, que establece la nueva estructura organizativa de los comités dedicados a los servicios financieros, dispone que la Comisión debe revisar el proceso Lamfalussy antes de que finalice 2007. Se considera pues llegado el momento. Los mercados financieros de la UE han experimentado importantes cambios en los últimos años. Su integración se acelera. Las entidades financieras desarrollan cada vez más su actividad fuera de sus mercados nacionales. La negociación con productos financieros adquiere cada vez más una dimensión paneuropea. Aumenta la concentración de los mercados, así como el carácter complejo e innovador de los productos. Aumentan también las fusiones y adquisiciones transfronterizas e intersectoriales.

Las turbulencias de los últimos tiempos han puesto de relieve la creciente interconexión de los mercados, lo que hace aún más urgente la necesidad de adaptar las normas europeas de supervisión a las nuevas circunstancias.

Pese a estos avances, aumenta el consenso en torno a la necesidad de introducir mejoras probadas de orden práctico en el funcionamiento del actual marco europeo de supervisión, En octubre de 2007, el Consejo ECOFIN acordó adoptar nuevas medidas dirigidas a desarrollar las disposiciones destinadas a garantizar la estabilidad financiera transfronteriza en la UE. El perfeccionamiento del proceso Lamfalussy es un complemento necesario de tales medidas. En octubre, el Grupo Interinstitucional de Seguimiento (IIMG) publicó su informe final, en el que analizaba el funcionamiento de los Comités de nivel 3. Del mismo modo, el Comité de Servicios Financieros debería emitir un informe sobre los problemas y la convergencia de la supervisión a largo plazo. Estos informes abrirán un debate político orientado a formular recomendaciones concretas en 2008.

El presente examen ofrece ciertas mejoras prácticas, necesarias y viables del proceso Lamfalussy. Ello favorecerá una mayor cooperación entre las autoridades nacionales de supervisión y garantizará una mayor coherencia y convergencia en la aplicación y el cumplimiento de las normas a escala nacional. La Comisión considera que, en el momento actual, introducir cambios institucionales más ambiciosos, como sería otorgar facultades para el dictado autónomo de normas en el nivel 3, no es viable, visto, entre otras cosas, el desacuerdo existente entre los Estados miembros y otros interesados. Esto se debe en particular a la complejidad de los temas en juego en el sector financiero (diferentes normas de supervisión en los sectores bancario, de seguros y de valores, y diferentes modelos organizativos para la supervisión en los Estados miembros). En tal contexto, los cambios propuestos en la presente Comunicación son los que la Comisión considera imprescindibles para consolidar de manera más firme el actual marco de supervisión de la UE.

2. ANÁLISIS GENERAL

Hasta la fecha, el proceso Lamfalussy ha arrojado resultados globalmente positivos, opinión que comparten en general los Estados miembros, el Parlamento Europeo[2], los operadores del mercado y las autoridades normativas. Ceteris paribus, el proceso Lamfalussy ha contribuido significativamente al desarrollo de un sistema normativo europeo más flexible, sentando las bases de una mayor convergencia y cooperación en materia de supervisión. En conjunto, el proceso de toma de decisiones ha ganado en eficacia, exhaustividad y rapidez. El tiempo necesario para adoptar las primeras cuatro directivas Lamfalussy fue de 20 meses, como promedio, resultado muy favorable frente al tiempo de negociación de directivas precedentes (p.ej., 4 años en el caso de la Directiva sobre los servicios de inversión, 1989-93).

El proceso Lamfalussy ha seguido un ritmo diferente en los distintos sectores. En el sector de los valores mobiliarios , se han adoptado cuatro directivas en el nivel 1 y doce disposiciones de aplicación en el nivel 2, todas ellas por unanimidad y con un fuerte apoyo del Parlamento Europeo. Esto no habría sido posible sin el asesoramiento técnico del CERV. En el sector bancario , la Directiva sobre los requisitos de capital (DRC, 2006/48/CE) autoriza que los pormenores técnicos que se deriven de acuerdos sobre normativa alcanzados por el G10 puedan modificarse mediante decisiones de comitología. En el nivel 3, el CSBE ha adoptado doce directrices cuya finalidad es lograr la convergencia en la aplicación de la citada Directiva. En el sector asegurador , el CESSPJ ha desarrollado ante todo una labor de asesoramiento técnico a la Comisión en relación con la propuesta de Directiva solvencia II (COM(2007) 361) y sus disposiciones de aplicación. Asimismo, el CESSPJ ha ayudado a la Comisión a verificar las repercusiones de la Directiva de Solvencia II mediante diversos estudios cuantitativos de impacto.

La aplicación del proceso Lamfalussy ha coincidido con un importante aumento de la competitividad de los mercados y servicios financieros europeos a escala mundial. La calidad del método legislativo de la UE ha sido de gran importancia para la creación de un marco dinámico que permita a los mercados europeos de capitales desarrollarse e innovar. Al mismo tiempo, el enfoque normativo de la UE, basado en principios, está configurando la convergencia internacional en el ámbito de la contabilidad, los servicios de inversión, los OICVM, las actividades bancarias y otros ámbitos, lo que ofrece la posibilidad de asumir el liderazgo para el establecimiento de normas internacionales.

Otro objetivo fundamental del entramado normativo es lograr una supervisión óptima al menor coste posible de cumplimiento para las empresas financieras. No existe actualmente ninguna estimación general fiable de los costes y otras cargas que deben soportar las empresas como consecuencia de las normas transfronterizas e intersectoriales. Por ello, la Comisión ha puesto en marcha un estudio que examinará más en detalle los costes que soportan las empresas para dar cumplimiento a un limitado número de Directivas de la UE. Los resultados de dicho estudio estarán disponibles en 2009. Basándose en éstos, la Comisión, en cooperación con los Comités de nivel 3, estudiará si se precisan otras mejoras, y en qué aspectos.

3. MEJORA DEL PROCESO LEGISLATIVO Y DE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN

3.1. Apreciación de la situación

En lo que atañe al objetivo de que las Directivas de nivel 1 se centren en normas y principios generales, se han registrado avances, si bien algunas voces críticas consideran que los textos de dicho nivel contienen aún demasiados detalles. La Comisión ha sopesado cuidadosamente las medidas de nivel 2, basándose en el asesoramiento técnico de los Comités de nivel 3 y en la consulta a los interesados, con el objetivo de evitar un exceso de obligaciones. Al mismo tiempo, los deseos del Parlamento Europeo de preservar un adecuado equilibrio institucional en el nivel 2 han obtenido respuesta a través de un acuerdo (julio de 2006) por el que se establece un nuevo procedimiento de reglamentación con control. Una vez se acuerde el ámbito técnico de aplicación, el Parlamento Europeo estará facultado para examinar e incluso bloquear la adopción de medidas «cuasi legislativas» (comitología). Las tres instituciones de la UE han acordado también que los poderes de ejecución le sean conferidos a la Comisión por tiempo indefinido, de modo que las actuales «cláusulas de expiración» que contienen las Directivas sobre los servicios financieros deben derogarse[3]. Reviste ahora suma importancia cumplir con este compromiso antes de finales de 2007, a fin de eliminar toda inseguridad institucional.

3.2. Secuencia temporal de las medidas de nivel 1 y de nivel 2

La secuencia temporal de la negociación y adopción de legislación marco por el procedimiento de codecisión (nivel 1), y de sus disposiciones de aplicación (nivel 2) ha generado algún atasco y calendarios imposibles de cumplir.

En la práctica, buena parte del plazo de transposición establecido en la legislación de nivel 1 es absorbido por la elaboración de disposiciones de aplicación, sin las cuales los Estados miembros no pueden llevar a cabo dicha transposición. Sin embargo, es difícil prever la duración de las negociaciones del nivel 2 en el momento de adopción de la legislación marco. De ahí la dificultad de fijar plazos razonables para la transposición al ordenamiento de los Estados miembros y aplicación por las empresas. Esta fue la razón por la que se prorrogó el plazo de transposición y de aplicación de la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID).

La Comisión considera esencial que exista mayor coincidencia entre los plazos de adopción y transposición de las medidas legislativas y de sus disposiciones de aplicación. Ello podría conseguirse vinculando el plazo de transposición del conjunto de medidas legislativas a la adopción de las últimas disposiciones de aplicación previstas en la legislación de nivel 1.

Asimismo, la elaboración de las disposiciones de nivel 1 y de nivel 2 debería tener lugar, en la medida de lo posible, de forma paralela, en aras de una mayor coherencia y legibilidad de las normas. Atender a las disposiciones de nivel 2 en una fase temprana del proceso facilitará las negociaciones del acto básico y aportará claridad a los colegisladores en cuanto al contenido esencial de las futuras disposiciones de aplicación.

3.3. Mejora de la legislación

El proceso Lamfalussy ha sido pionero en la implantación y estricta aplicación de principios normativos racionales: un enfoque de dirección ascendente, consulta abierta, análisis de impacto, la plena y pronta participación de los profesionales del mercado, las organizaciones de consumidores y las autoridades normativas nacionales. Lo abierto y transparente del proceso ha permitido reducir al mínimo el arbitraje regulador, y aumentar la calidad, transparencia y previsibilidad en la formulación de las políticas de la UE. A fin de no menoscabar estos logros, es extremadamente importante que los Estados miembros se abstengan, en la medida de lo posible, de añadir disposiciones nacionales a las ya adoptadas a nivel europeo (lo que se conoce como «sobrerregulación»). Una reducción drástica de la sobrerregulación y un recurso más frecuente a los reglamentos (según propone el informe Lamfalussy) redundarán en normas más favorables para el mercado. La Comisión propondrá reglamentos, siempre que resulte oportuno y en la medida de lo posible, para las disposiciones de aplicación. Por lo que atañe al exceso de regulación, la Comisión seguirá aplicando la rigurosa política iniciada con el artículo 4 de la Directiva de aplicación de la MiFID (2006/73/CE). Los Estados miembros deberían justificar rigurosamente ante la Comisión toda disposición adicional que mantengan o impongan, en los casos en que dispongan de esta facultad.

Consultas

Los interesados han considerado siempre muy positivo que se realicen consultas de forma sistemática y transparente. No obstante, en algunos casos, en especial en el ámbito de los valores mobiliarios, los participantes en el mercado han manifestado que los períodos de consulta eran demasiado cortos. La Comisión examinará la manera de asegurar un adecuado equilibrio entre el período de consultas y la complejidad del tema.

Para que la formulación de las políticas resulte transparente es preciso que también los resultados de las consultas sean plenamente transparentes. Salvo en aquellos casos en los que se exija confidencialidad, la publicación sistemática de las respuestas debería ser la norma. La Comisión publicará en Internet resúmenes de las audiencias celebradas dentro del proceso de consulta, y exhorta a los Comités de nivel 3 a adoptar esta práctica. La Comisión desea recibir observaciones de toda procedencia sobre sus proyectos de propuestas, pero, siempre que se aporten soluciones diferentes, éstas deben ir acompañadas de argumentos económicos convincentes y suficientes, lo que no es el caso actualmente.

Evaluación de impacto

La evaluación de impacto es esencial para calibrar la necesidad de las medidas legislativas y garantizar la calidad. Actualmente, la Comisión somete toda la legislación de nivel 1 a una evaluación de impacto. Cabe señalar, no obstante, que la mejora de la legislación es un concepto integral, esto es, todas las partes deben colaborar para que el resultado final sea óptimo. La Comisión se congratula del reiterado compromiso del Parlamento Europeo con respecto a « la realización de evaluaciones de impacto cuando se introduzcan modificaciones de peso en las propuestas legislativas »[4] La Comisión invitará al Consejo, cuando proponga modificaciones sustantivas, y a los Comités de nivel 3, cuando asesoren a la Comisión, a que acompañen también a sus propuestas evaluaciones de impacto completas.

La Comisión considera que, dado que las disposiciones de aplicación pueden repercutir significativamente en los diversos interesados, debe plantearse seriamente la posibilidad de efectuar evaluaciones de impacto siempre que se propongan medidas de alcance significativo en el nivel 2. Así pues, la Comisión se esforzará por ir extendiendo progresivamente las evaluaciones de impacto que actualmente efectúa a las disposiciones de aplicación adoptadas en el seno de esos comités.

3.4. Vigilancia del cumplimiento en el nivel 4 – Más transparencia en la transposición

La introducción del proceso Lamfalussy no ha supuesto ningún avance significativo de cara a que los Estados miembros transpongan la legislación de nivel 1 y nivel 2 dentro de plazo. La Comisión mantiene su preocupación por la demora en la transposición de las Directivas europeas, pues incide negativamente tanto en los Estados miembros como en los mercados. Un reducido número de Estados miembros se sitúa reiteradamente en la vía lenta.

A fin de incrementar la transparencia, se han establecido diversos mecanismos de información. Así, por ejemplo, el artículo 144 de la DRC impone a los supervisores la obligación de revelar información sobre la transposición de esa Directiva al Derecho nacional, así como sobre el recurso a las diferentes opciones y facultades discrecionales que ofrece dicha Directiva a los Estados miembros. Para facilitar una transposición coherente, el CSBE ha creado en Internet una estructura para el aporte de datos de supervisión[5]. No obstante, puesto que la DRC no será plenamente aplicable hasta el 1 de enero de 2008, su uso está aún en sus inicios.

Dos veces al mes, la Comisión ha venido publicando en su sitio web «marcadores» que reflejan el grado de transposición de las Directivas del Plan de Acción para los Servicios Financieros[6], y de las Directivas Lamfalussy[7], niveles 1 y 2. La Comisión publica igualmente el estado de situación por lo que atañe a la transposición de la MiFID, basándose en cuestionarios enviados por la Comisión a los Estados miembros.

Durante los plazos de transposición, la Comisión ha trabajado intensamente con las Administraciones nacionales, a través de seminarios sobre la transposición y reuniones bilaterales y multilaterales, así como facilitando orientación por otras vías, como la emisión de directrices no vinculantes y la creación en Internet de módulos de «Preguntas y Respuestas». Estas prácticas continuarán. Por otra parte, la Comisión incoará inmediatamente procedimiento de infracción, al amparo del artículo 226 del Tratado CE, contra todo Estado miembro que incumpla el plazo de transposición. La Comisión desea también que los Estados miembros le faciliten cuadros de transposición, a fin de facilitar la verificación. Además, incluirá sistemáticamente en toda nueva propuesta de Directiva la obligación de comunicar un cuadro de correspondencias.

4. COOPERACIÓN Y CONVERGENCIA EN MATERIA DE SUPERVISIÓN

4.1. Apreciación de la situación

Un objetivo esencial del proceso Lamfalussy es favorecer la convergencia y cooperación en materia de supervisión. Precisamente, es este uno de los aspectos más innovadores del método Lamfalussy.

La convergencia de las prácticas de supervisión de los diferentes Estados miembros aportaría coherencia a las soluciones normativas y de supervisión, y a su aplicación concreta sobre el terreno. A fin de lograr este objetivo, puede ser necesario que los supervisores de la UE, en el nivel 3, acuerden y apliquen ciertas directrices y recomendaciones comunes y no vinculantes.

Son diversos los instrumentos que pueden utilizarse para potenciar la cooperación y convergencia en la supervisión. Por ejemplo, la mediación, la delegación de funciones, la simplificación de las obligaciones de información, y acuerdos para el intercambio de datos. Los programas de formación y el intercambio de personal entre las distintas autoridades de supervisión pueden también desempeñar una función importante en la creación de una cultura común de supervisión.

Pese a los esfuerzos de los Comités de nivel 3 por dotarse de las herramientas necesarias para el logro de este objetivo, los resultados no han estado siempre a la altura de lo esperado. Se han producido así bloqueos evitables en relación con aspectos importantes de la supervisión.

El CERV ha encontrado dificultades a la hora de establecer un formato común de declaración de las operaciones, con arreglo a la MiFID, y ha experimentado una cierta demora en la implantación del mecanismo de intercambio de información sobre las operaciones. En el sector bancario, la solicitud de un sistema común de información efectuada por los ministros de Finanzas ha desembocado en un resultado complejo, y no en el sistema racional, simplificado y homogéneo que exigía el mercado. El CSBE ha tropezado con dificultades en lo que atañe a la convergencia del régimen prudencial aplicable a los instrumentos híbridos, y preferiría que la Comisión elaborara ya directamente nueva legislación. Tampoco la introducción de procedimientos de mediación ha arrojado hasta ahora frutos, pues no se ha recurrido nunca a ellos.

En ocasiones, se diría que los Comités de nivel 3 no están plenamente en condiciones de ofrecer lo que se esperaba de ellos. Es necesario un mayor impulso político. Por otra parte, la responsabilidad primordial de los supervisores se sitúa a escala nacional, por lo que bien puede ocurrir que no dispongan de facultades o incentivos suficientes para converger a escala europea.

La Comisión ha identificado ciertos ámbitos en los que cabría incrementar la convergencia en materia de supervisión. La Comisión confía en que estos cambios podrán efectuarse, en su mayor parte, en el curso e 2008.

4.2. Potenciación del nivel 3

4.2.1. Mayor responsabilidad política de los Comités de nivel 3

Los Comités de nivel 3 responden ante la Comisión según lo especificado en las decisiones por las que se crean. Los integrantes de estos Comités responden ante los Gobiernos y/o los Parlamentos de sus países. Muchas autoridades nacionales de supervisión no están facultadas para realizar las tareas propias del nivel 3. Si las obligaciones que incumben a los supervisores en virtud de su legislación nacional entran en conflicto con las medidas no vinculantes del nivel 3, los supervisores darán preferencia a las obligaciones nacionales.

Vista la importancia que la función de los Comités de nivel 3 reviste para la convergencia en materia de supervisión en el conjunto de la UE, y sin que ello vaya en menoscabo de la independencia en la supervisión, las instituciones europeas deberían expresar cuáles son sus expectativas políticas por lo que atañe a los principales resultados que deben obtener los Comités en un cierto período de tiempo (p.ej., 2 años). Asimismo, deberían estar facultadas para evaluar periódicamente los resultados de los Comités de nivel 3.

Esto podría realizarse mediante un procedimiento de dos fases.

En primer lugar, a partir de un texto de la Comisión –y previa consulta a los Comités de nivel 3– el Parlamento Europeo y el Consejo ECOFIN podrían emitir una breve declaración política conjunta en la que especificaran los principales resultados que se desea obtener de los Comités de nivel 3 en el subsiguiente período.

En segundo lugar , durante ese período y al finalizar el mismo, los Comités de nivel 3 informarían a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo de sus resultados, o, en su defecto, de las razones por las que no hubieran podido conseguir sus objetivos. En este último caso, deberían ofrecer explicaciones detalladas, indicando, incluso, los posibles supervisores recalcitrantes. Si para una cierta iniciativa recogida en el mandato no fuera posible avanzar en el nivel 3, existen aún tres posibilidades, de carácter práctico: i) dejar las cosas inalteradas, sin mayor intervención; ii) elevar la medida al rango de medida de comitología de la Comisión, siempre y cuando entre en el ámbito de las competencias delegadas; iii) si lo especificado en ii) no fuera posible, y el asunto fuera lo suficientemente importante, podría pensarse en efectuar una modificación en el nivel 1.

Este planteamiento, en su conjunto, acentuaría la presión política ejercida sobre los Comités de nivel 3 para que ofrezcan resultados, y fortalecería a las presidencias de los Comités de nivel 3. Esto acentuaría considerablemente la eficacia del proceso Lamfalussy, e incrementaría la presión recíproca entre los miembros del Comité. Cuando las autoridades normativas o de supervisión de un Estado miembro se hallen en minoría, podría pedírseles explicaciones adicionales.

A escala nacional, todo esto podría complementarse incluyendo en el mandato de las autoridades nacionales de supervisión la exigencia de colaborar con otros supervisores con vistas a aumentar en Europa la convergencia en materia de supervisión. La Comisión coincide con la recomendación del IIMG en el sentido de que el mandato de las autoridades de supervisión competentes debe incluir claramente la función de colaborar en el proceso de convergencia europeo. Así lo asumió ya el Consejo ECOFIN de octubre, que exhortó a los Estados miembros a considerar la posibilidad de añadir una dimensión europea al mandato nacional de las autoridades de supervisión, y a tener en cuenta los problemas de estabilidad financiera de todos los Estados miembros antes de finales de 2007.

4.2.2. Mayor reconocimiento jurídico de los Comités de nivel 3

Las decisiones de la Comisión por las que se crean los Comités de nivel 3 no reflejan suficientemente la importancia de éstos en el contexto de un mercado financiero europeo cada vez más integrado. Las funciones de cada Comité varían ligeramente entre una y otra Decisión, siendo ello expresión de problemas y acuerdos políticos que han variado con el tiempo. Como es lógico, las tres Decisiones deberían ser coherentes entre sí.

En general, las funciones que se espera desarrollen los Comités son de tres tipos. Sin embargo, sólo la de asesoramiento queda claramente establecida en las tres Decisiones. En cambio, su contribución a la coherencia en la transposición, y su papel en la convergencia de las prácticas de supervisión se mencionan sólo en el caso del CSBE y el CESSPJ. La obligación de que los Comités de nivel 3 impulsen la cooperación en materia de supervisión sólo se menciona en el caso del CSBE.

Esto presenta ciertos inconvenientes. Por ejemplo, al no contener la Decisión de creación del CERV ninguna referencia a la convergencia y cooperación en materia de supervisión, no es posible referirse a esta función en las Directivas de nivel 1.

La Comisión reflexionará sobre los cambios que podría ser oportuno introducir en el actual marco legislativo. Las posibles opciones son: i) modificar las Decisiones de la Comisión por las que se crean los tres Comités de nivel 3, a fin de homogeneizar sus funciones en aras de la convergencia y coherencia intersectorial; y ii) modificar las Directivas de nivel 1 con objeto de reforzar las obligaciones de cooperación y potenciar las competencias de supervisión de los Comités de nivel 3. Ya se ha dado un primer paso en la propuesta de Directiva de Solvencia II, que, en sus disposiciones operativas, se refiere explícitamente al CESSPJ, confiriéndole funciones de mediación y un poder concreto de toma de decisiones[8]. La Comisión examinará cómo puede aplicarse este enfoque también al CSBE y al CERV.

4.3. Creación de un clima de confianza para una mejor transposición: obstáculos prácticos a escala europea y nacional

4.3.1. Procesos de toma de decisiones en los Comités de nivel 3

Como norma, los reglamentos internos de los Comités de nivel 3 establecen que las decisiones se adoptarán por consenso. Esto se aplica tanto a la adopción de criterios o directrices como a las decisiones sobre la ejecución de proyectos operativos. La única excepción a la adopción de decisiones por consenso se refiere a la prestación de asesoramiento técnico a la Comisión, caso este en el que las decisiones pueden adoptarse por mayoría cualificada. Hasta la fecha, los Comités de nivel 3 han aplicado habitualmente la norma de consenso, no habiendo recurrido nunca a la posibilidad de votar por mayoría cualificada.

Las decisiones adoptadas por consenso tienen gran peso. Ahora bien, estas decisiones pueden dar lugar a soluciones basadas en un mínimo común denominador o, en el peor de los casos, a ninguna solución. Cuando los Comités no pueden llegar a una solución por consenso, recurren a la Comisión en busca de soluciones a problemas en ocasiones muy técnicos, como, por ejemplo, los suscitados por la aplicación de las normas de ejecución óptima de la MiFID, la supervisión de las sucursales o la declaración de las operaciones.

Es necesario potenciar más la eficiencia y eficacia de los procedimientos de toma de decisiones de los Comités de nivel 3. Podrían introducir en sus reglamentos internos el voto por mayoría cualificada en todos los casos de asesoramiento a la Comisión y de medidas dirigidas a favorecer la convergencia de las prácticas europeas de supervisión. El Consejo y el Parlamento Europeo deberían acordar una declaración conjunta dirigida a que los Comités de nivel 3 modifiquen sus procedimientos de decisión en este sentido. Si ello no fuera posible, la Comisión podría modificar a tal efecto las Decisiones por las que se crean los Comités de nivel 3.

A juicio de la Comisión, sería también conveniente que los Comités de nivel 3 llegaran a un acuerdo entre sus miembros, de tal manera que quienes se hallen en minoría accedan a acatar la voluntad de la mayoría. Este compromiso podría incluir una cláusula de salvaguardia, con arreglo a la cual los miembros de los Comités de nivel 3 puedan no aceptar directrices o criterios no vinculantes en determinadas circunstancias claramente especificadas, por ejemplo, si la medida propuesta no entra en el ámbito de las competencias legales nacionales. En estos casos, el miembro del Comité podría estar obligado a justificar jurídicamente por qué no cumple con la recomendación o directriz. Además, en los informes dirigidos por los Comités de nivel 3 a las instituciones europeas, los miembros afectados de estos Comités deberían aportar explicaciones claras, que se harían públicas.

Para los casos en que un miembro del Comité de nivel 3 no cumpla con la medida acordada por este y no reúna las condiciones necesarias para quedar excluido de la aplicación de esa decisión (o incluso se niegue a cumplirla o a dar explicaciones), la Comisión pediría al Comité de nivel 3 que previera en su reglamento interno algún tipo de medida disciplinaria.

4.3.2. Aplicación a nivel nacional

Sea cual sea la forma que adopten, las decisiones de los Comités de nivel 3 no son vinculantes. El Comité de Sabios ha considerado que, aun no siendo vinculantes, son decisiones que tienen un indudable peso . Sin embargo, no siempre ha resultado ser así hasta ahora. La experiencia demuestra que, en sus prácticas corrientes, las autoridades nacionales de supervisión no han aplicado las medidas acordadas en el nivel 3 de manera lo bastante uniforme[9]. Esto se acentúa a veces por el hecho de que algunas autoridades normativas nacionales emiten directrices que se apartan de las acordadas en los Comités de nivel 3. Esta inflación de directrices es fuente de confusión para los operadores del mercado, repercute en la integración de los mercados e impide una eficiente aplicación de la legislación comunitaria. La Comisión considera que, siempre que existan directrices de los Comités de nivel 3, las autoridades normativas nacionales deberían abstenerse de adoptar medidas adicionales.

Si bien conferir a los Comités de nivel 3 ciertas facultades normativas autónomas no es políticamente viable, se trata de determinar cómo lograr que las autoridades normativas y de supervisión de los Estados miembros apliquen las medidas de nivel 3, a partir de instrumentos no vinculantes. Los Estados miembros deberían exigir a sus autoridades normativas y de supervisión que accedan a aplicar plenamente los criterios y directrices comunes del nivel 3, haciéndolo constar así en una declaración del Consejo ECOFIN.

4.3.2.1. Facultades de las autoridades nacionales de supervisión y sanciones

Parte de la legislación sobre los servicios financieros contiene una lista de las facultades mínimas de que deberían estar dotadas las autoridades de supervisión. Éste es el caso, en particular, en el sector de valores mobiliarios. La Directiva bancaria enumera una amplia serie de facultades específicas de las autoridades de supervisión. Las autoridades normativas nacionales, en particular en el sector de valores mobiliarios, no necesitan tener idénticas facultades para aplicar las directivas de la UE y los criterios y directrices del nivel 3. Si deben, sin embargo, disponer de las facultades y los instrumentos (sanciones, p.ej.) mínimos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Ello es esencial para el buen desarrollo de las relaciones entre las autoridades de origen y las de acogida.

La Comisión y los Comités de nivel 3 están analizando si existe suficiente convergencia entre los Estados miembros en lo que atañe a normas, facultades y prácticas. Los primeros resultados indican que existen divergencias notables tanto en cuanto a las facultades legales nacionales como a la manera de ejercerlas en la práctica. Se observa en especial gran variación en el alcance de las facultades sancionadoras y las sanciones. Así queda de relieve, por ejemplo, en el valioso ejercicio de inventario realizado por el Grupo de Revisión del CERV en junio de 2007 en relación con las facultades conferidas a las autoridades de supervisión al amparo de las Directivas sobre el folleto de emisión y sobre el abuso de mercado.

En relación con este extremo, la Comisión realizará una encuesta intersectorial de amplio espectro sobre las facultades de supervisión y los sistemas de sanciones en los sectores de valores, bancario y de seguros, a fin de determinar en qué casos la falta de homogeneidad en las facultades puede perjudicar a la cooperación entre las autoridades normativas. Además, la Comisión estudiará si es necesario reforzar las disposiciones sobre las facultades mínimas de supervisión en la legislación de nivel l. Es preciso que exista una mayor convergencia en materia de sanciones, como también es necesario entablar un debate para dilucidar si, en general, los regímenes sancionadores europeos son demasiado poco estrictos.

4.3.2.2. Autonomía de funcionamiento de las autoridades nacionales de supervisión

Un sistema europeo de supervisión eficaz comporta fijar para las autoridades de supervisión responsabilidades y objetivos claros, así como la obligación de realizar sus funciones de forma transparente, autónoma y responsable.

La autonomía de funcionamiento afecta a cuatro ámbitos: institucional, normativo, de supervisión y presupuestario. En primer lugar, los supervisores deberían ser autónomos frente a las autoridades políticas y las posibles injerencias de las empresas en el ejercicio de sus facultades y funciones . En segundo lugar, deberían gozar de autonomía suficiente para el establecimiento de normas técnicas prudenciales. En tercer lugar, deberían poder adoptar decisiones y ejercer sus facultades de forma autónoma y no discriminatoria, por lo que atañe a las autorizaciones, las inspecciones, las sanciones y las actuaciones dirigidas a hacer cumplir las normas . Por último, los supervisores deben disponer de flexibilidad suficiente para poder determinar cuáles son sus necesidades presupuestarias.

Pese a que la autonomía y la obligación de rendir cuentas adquieren una importancia creciente en el ámbito de la supervisión, ello se ve eclipsado por ciertos indicios de que, en algunas partes de la UE, los políticos no otorgan verdadera autonomía de funcionamiento a las autoridades de supervisión.

Esta situación puede ser preocupante. La Comisión actuará para sensibilizar a los Estados miembros sobre la situación imperante en la UE, y les exhortará a que adopten estos principios básicos, a fin de garantizar la autonomía de funcionamiento de sus autoridades nacionales de supervisión. La Comisión verificará los avances en este sentido, y no dudará en proponer medidas apropiadas si no se logran progresos significativos a corto plazo.

4.3.2.3. Cooperación entre las autoridades normativas del país de origen y del país de acogida

La delegación de funciones y responsabilidades constituye una herramienta importante de cara a optimizar la supervisión transfronteriza y la cooperación entre las autoridades de supervisión de la UE. Según ha señalado el CEF, la delegación puede servir de incentivo para que los países de acogida firmen acuerdos de cooperación, aplicables en caso de posible crisis financiera.

La delegación transfronteriza exige disposiciones legales. La Comisión está examinando la posibilidad de introducir disposiciones legales expresas que permitan a los supervisores delegar funciones en supervisores de otro Estado miembro, conforme a lo previsto en la DRC (artículo 131) y en el artículo 13 de la Directiva sobre el folleto de emisión (2003/71/CE).

La cooperación entre las autoridades normativas del país de origen y de acogida debe potenciarse más en lo tocante a la supervisión de los grupos que desarrollan actividades transfronterizas. Acciones en este sentido ya vienen produciéndose en el sector bancario desde 1992 y, asimismo, por lo que atañe a las sucursales en el contexto de la MiFID. Como complemento de la legislación vigente, los Comités de nivel 3 deberían desempeñar una función esencial en la generación de confianza mutua y la garantía de condiciones equitativas. Ello podría conseguirse, por ejemplo, celebrando protocolos de acuerdo multilaterales entre los supervisores y/o elaborando modelos comunes de tales protocolos en los que se aborde la aplicación práctica de ciertas disposiciones de los textos de nivel 1 y de nivel 2. En el sector bancario, la Comisión está reflexionando sobre posibles ajustes dirigidos a reequilibrar las obligaciones que la Directiva sobre los requisitos de capital establece para el país de origen y de acogida. El Consejo ECOFIN de octubre de 2007 pidió a la Comisión que estudiara posibles mejoras que permitieran aclarar la naturaleza y alcance de las obligaciones legales de las autoridades de supervisión por lo que se refiere al intercambio de información y la cooperación y, en este contexto: aumentar el derecho de los países de acogida a recibir información, así como su participación, aclarar la función de las autoridades responsables de la supervisión consolidada y facilitar la intervención oportuna de las autoridades competentes en situaciones de crisis. La Comisión estudiará si es necesario introducir cambios e informará al CEF antes de que finalice 2007. Entre otras cosas, examinará si procede hacer más estricta la obligación legal de colaborar en la supervisión y compartir la información.

El actual sistema de supervisión puede ganar notablemente en eficacia potenciando la función y facultades de los supervisores principales en el caso de entidades financieras transfronterizas[10]. Las primeras medidas en este sentido ya se adoptaron en la DRC en relación con los bancos transfronterizos. La Comisión debe asegurarse de que la función y facultades de los supervisores principales se adapten a la evolución del mercado, actualizándose y reforzándose cuando proceda. En consecuencia, la Comisión tiene previsto formular propuestas legislativas destinadas a reforzar las facultades de los supervisores principales, por lo que respecta a los grupos bancarios transfronterizos, en octubre de 2008. Gracias a estos ajustes, las actuales facultades se ampliarán e incluirán las decisiones propias del «segundo pilar» y obligaciones de información en relación con los grupos bancarios y de empresas de inversión de naturaleza transfronteriza. El refuerzo de las funciones del supervisor principal de un grupo financiero transfronterizo guarda estrecha conexión con el adecuado funcionamiento de un «colegio» que integre a todos los supervisores competentes del país de acogida en relación con ese grupo.

4.4. Colegios de supervisores

Dentro del sistema de supervisión de la UE, la supervisión de grupo transfronteriza y la convergencia mejorarían significativamente si existieran colegios de supervisores que facilitaran la cooperación entre las autoridades responsables de la supervisión de empresas transfronterizas específicas. La experiencia ya se ha revelado positiva en el sector bancario, y está en sus primeras fases en el sector asegurador. Los colegios son un instrumento sólido para resolver los conflictos corrientes que puedan surgir en relación con las competencias de los supervisores del país de origen y de acogida. Mediante la fijación de ciertos criterios comunes de evaluación de riesgos y el aporte recíproco de información pertinente sobre el grupo financiero, los colegios podrían servir de foro para actuar frente a los primeros indicios de posibles dificultades en una determinada entidad, lo que redundaría en una mejor gestión de las crisis, conforme a lo recomendado por el CEF. Los colegios de supervisores pueden servir también para alentar un uso más frecuente de la delegación de funciones y responsabilidades.

El buen funcionamiento de los colegios de supervisores exige un respaldo jurídico en las Directivas de la UE, así como ajustes en el enfoque actualmente seguido. Es preciso establecer procedimientos internos claros para la toma de decisiones en los supuestos en que no se llegue a un acuerdo. Asimismo, ha de establecerse la obligación de que todos los participantes acaten las decisiones del colegio. Los Comités de nivel 3 deberían fijar un conjunto de normas comunes para el funcionamiento de los colegios, así como las responsabilidades del supervisor principal y de los pertinentes supervisores «de acogida».

4.5. Cooperación intersectorial

La cooperación intersectorial entre los Comités de nivel 3 se basa en un protocolo común de cooperación firmado por el CERV, el CSBE y el CESSPJ en noviembre de 2005. Se prevé la cooperación sólo cuando de una actuación conjunta quepa esperar un valor añadido, esto es, si: i) existe un riesgo elevado de arbitraje regulador perjudicial, ii) la cooperación intersectorial redunda en una mejora indudable de la eficacia de la acción supervisora, y iii) la cooperación entre los Comités de nivel 3 permite un aumento real de la eficiencia. Los Comités de nivel 3 vienen acordando programas de trabajo anuales conjuntos desde 2006.

Una de las prioridades de los programas de trabajo anuales conjuntos han sido los conglomerados financieros. En 2006, los Comités de nivel 3 crearon un Comité Interino de Trabajo sobre los Conglomerados Financieros (IWCFC). Este Comité es ya operativo y está trabajando en el marco de algunos de sus mandatos. Aún es demasiado pronto para saber si es preciso introducir alguna mejora. En los próximos meses, la Comisión examinará el funcionamiento de la Directiva sobre los conglomerados (2002/87/CE) y la consideración que ha de darse al IWCFC.

Asimismo, la Comisión cuenta entre sus prioridades el desarrollo de normas de información comunes. Conforme al programa de trabajo conjunto de 2007, los Comités de nivel 3 elaborarán un informe al respecto y estudiarán si se precisan nuevas medidas.

4.6. Gestión de crisis

Los tres Comités de nivel 3 deben hacer lo necesario a fin de estar preparados para actuar eficaz y colectivamente en caso de graves perturbaciones en el mercado o crisis financieras. Deberían establecerse procedimientos rápidos de información sobre las crisis, de modo que todos los supervisores de la UE estén informados de la situación.

4.7. Recursos y presupuesto

Los Comités de nivel 3 se financian a través de sus miembros, que contribuyen anualmente a sus presupuestos conforme a normas internas de procedimiento que establecen el modo de cálculo de las contribuciones y la forma de pago. Sin embargo, de manera creciente, los Comités de nivel 3 deben financiar proyectos que se derivan de las obligaciones legales establecidas en el marco jurídico de la UE. Ejemplo de ello es la financiación del funcionamiento corriente del mecanismo de intercambio de información sobre las operaciones que el CERV está implantando en aplicación de la Directiva MiFID.

Es necesario también crear una cultura de supervisión financiera común en todos los ámbitos de supervisión. Una idea práctica sería que los Comités de nivel 3 se dotaran de recursos de formación comunes, intersectoriales y paneuropeos. A través de esta plataforma el personal de las autoridades nacionales de supervisión podría mejorar sus conocimientos sobre los procesos normativos de la UE, compartir la experiencia práctica adquirida en el día a día de la actividad supervisora y desarrollar prácticas comunes.

Al tiempo que favorecen una cultura común de supervisión en la UE, los programas comunes de formación podrían ir extendiéndose gradualmente a funcionarios de terceros países que se hallen en curso de edificar sus sistemas normativos. El objetivo de la participación en los programas de formación sería sensibilizar con respecto al sistema normativo de la UE y mejorar el conocimiento del mismo, ayudando así a promover el enfoque normativo de la UE como buena práctica en el ámbito internacional, con vistas a implantar una red sostenible entre autoridades normativas a escala internacional.

La Comisión considera que podría resultar adecuado facilitar una cierta ayuda financiera a fin de incentivar la convergencia europea en materia de supervisión, siempre con sujeción a las disposiciones legales y presupuestarias de la UE. La Comisión está estudiando de qué modo podría contribuirse financieramente a los proyectos específicos derivados de obligaciones legales establecidas en las Directivas vigentes, y a los programas intersectoriales de formación dirigidos a los supervisores de la UE, en una primera fase, y a los supervisores de terceros países posteriormente. La Comisión examinará los proyectos de los Comités de nivel 3 y, si pueden realizarse dentro de los límites legales y presupuestarios impuestos, formulará propuestas concretas en 2008.

5. CONCLUSIONES

Las turbulencias de los últimos tiempos en los mercados financieros son un claro indicativo de la creciente interconexión y globalización de los mercados financieros. Pese a que los riesgos han estado muy distribuidos, el sector financiero europeo se ha visto afectado. Por fortuna, hasta el momento no se han producido consecuencias sistémicas transfronterizas significativas. Esta experiencia reciente es un argumento más en pro de la necesidad de adoptar un enfoque convergente de la normativa y de la supervisión, a escala global, mediante normas prudenciales sólidas y un enfoque coherente de la supervisión. Los Comités de nivel 3 y las autoridades nacionales de supervisión tienen un papel esencial que desempeñar a este respecto. Entre los temas que abordará la Comisión en 2008, junto a otros agentes de la UE y del ámbito internacional, y que resultan pertinentes a efectos de la presente Comunicación, figura la convergencia de supervisión en el sector financiero y, en particular, la necesidad de estudiar la manera de potenciar la cooperación entre los supervisores.

Por todo ello, la Comisión pide al Consejo, al Parlamento Europeo y a los Comités de nivel 2 y 3 que aprueben de forma prioritaria las iniciativas expuestas en la presente Comunicación con el objetivo de lograr una mayor convergencia en las prácticas de supervisión de la UE. La Comisión vigilará permanentemente el desarrollo de estas iniciativas y el funcionamiento general del proceso Lamfalussy, a fin de velar por su idoneidad y permanente adecuación a la evolución del mercado.

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ANNEX II: Achievements

Securities

Level 1 "framework" legislation

- Directive of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC (2004/39/EC)

- Directive of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse) (2003/6/EC)

- Directive of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC (2003/71/EC)

- Directive of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC (2004/109/EC)

Level 2 "implementing" legislation

- Commission Directive of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition and public disclosure of inside information and the definition of market manipulation (2003/124/EC)

- Commission Directive of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards the fair presentation of investment recommendations and the disclosure of conflicts of interest (2003/125/EC)

- Commission Regulation of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for buy-back programmes and stabilisation of financial instruments ((EC) No 2273/2003)

- Commission Directive of 29 April 2004 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards accepted market practices, the definition of inside information in relation to derivatives on commodities, the drawing up of lists of insiders, the notification of managers’ transactions and the notification of suspicious transactions (2004/72/EC)

- Commission Regulation of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements ((EC) No 809/2004)

- Commission Directive of 8 March 2007 laying down detailed rules for the implementation of certain provisions of Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market (2007/14/EC)

- Commission Directive of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive (2006/73/EC)

- Commission Regulation of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards record-keeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive ((EC) No 1287/2006)

Level 3 measures

- Stabilisation and Allotment – European Supervisory Approach; CESR/02-020b (9/4/2002)

- A European Regime of Investor Protection – The Harmonisation of Conduct of Business Rules; CESR/01-014d (9/4/2002)

- A European Regime of Investor Protection – The Professional and Counterparty Regimes; CESR/02-098b) (8/7/2002)

- Standards for Alternative Trading Systems; CESR/02-086b (8/7/2002)

- Standard No. 1 on Financial Information; CESR/03-073 (1/3/2003)

- Recommendation for additional guidance regarding the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS); CESR/03-323e (31/12/2003)

- Standard No. 2 on Financial Information - Co-ordination of enforcement activities; CESR / 03-317c (22/04/2004)

- Standards for securities clearing and settlement systems in the European Union; CESR/04-561 (4/4/2006) (22/10/2004)

- CESR’s guidelines for supervisors regarding the transitional provisions of the amending UCITS Directives (2001/107/EC and 2001/108/EC); CESR/04-434b (3/02/2005)

- CESR’s recommendations for the consistent implementation of the European Commission’s Regulation on Prospectuses nº 809/2004; CESR/05-054b (10/02/2005)

- Market Abuse Directive - Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive; CESR/04-505b (11/05/2005)

- CESR Recommendation on Alternative Performance Measures; CESR/05-178b (03/11/2005)

- CESR’s guidelines to simplify the notification procedure of UCITS; CESR/06-120b (29/06/2006)

- CESR's Level 3 Guidelines and recommendations on Publication and Consolidation of markets data; CESR/07-043 (09/02/2007)

- CESR's Level 3 Recommendations on the List of minimum records under Article 51(3) of the MiFID Implementing Directive; CESR/06-552c (09/02/2007)

- CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS; CESR/07-044 (19/03/2007)

- Guidelines - CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction reporting; CESR/07-301 (29/05/2007)

- Recommendations - Inducements under MiFID; CESR/07-228b (29/05/2007)

- Q&A on Best Execution; CESR/07-320 (29/05/2007)

- Protocol on MiFID Passport Notifications; CESR/07-317 (29/05/2007)

- Recommendations - The passport under MiFID; CESR/07-337 (29/05/2007)

- Market Abuse Directive - Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market; CESR/06-562b (12/07/2007)

- Guidelines - Level 3 guidelines on the classification of hedge fund indices as financial indice; CESR/07-434 (17/07/2007)

Banking

Level 3 measures

- CEBS Guidelines on prudential filters for regulatory capital (21/12/2004)

- CEBS Guidelines on supervisory disclosure (1/11/2005)

- CEBS Guidelines on financial reporting (recast of 15/12/2006; amendments of 24 July 2007) (16/12/2005

- CEBS Guidelines on common reporting (recast of 16/10/2006) (13/1/2006)

- CEBS Guidelines on the recognition of external credit assessment institutions (20/1/2006)

- CEBS Guidelines on supervisory review process (25/1/2006)

- CEBS Guidelines on supervisory cooperation for cross-border banking and investment firm groups (25/1/2006)

- CEBS Guidelines on validation (04/04/2006)

- CEBS technical guidelines on interest rate risk in the banking book (03/10/2006)

- CEBS Guidelines on outsourcing (14/12/2006)

- CEBS Additional technical guidelines on concentration risk (14/12/2006)

- CEBS Additional Guidelines on stress testing (14/12/2006)

Insurance

Level 3 measures

- CEIOPS Guidelines for Coordination Committees in the Framework of the Insurance Groups Directive; CEIOPS-DOC-02/05 (February 2005)

- CEIOPS Recommendations regarding the Implications of the IAS/IFRS Introduction for the Prudential Supervision of Insurance Undertakings; CEIOPS-DOC-05/05 (September 2005)

- Statement on the Role of the Lead Supervisor; CEIOPS-DOC-07/06 (December 2006)

ANNEX III

MAIN ACTIONS PROPOSED IN THE COMMUNICATION

GENERAL |

Abolition of sunset clauses in financial services legislation | European Parliament, Council | End 2007 |

Publication of study on costs of compliance | Commission | 1st half 2009 |

ADOPTION OF LEGISLATION – LEVELS 1 AND 2 |

Future alignment of transposition deadlines for directives and implementing measures | Commission, European Parliament, Council | Ongoing |

Extension of impact assessment to implementing measures | Commission | Ongoing |

Impact assessments for any substantive amendments in the legislative process and the technical advice by the Level 3 Committees | Council, Level 3 Committees | Ongoing |

Limitation of any regulatory additions ("goldplating) and obligation to justify to the Commission | Member States | Ongoing |

Systematic publication of responses to consultation and summary reports of hearings organised as part of consultations on the internet | Commission, Level 3 Committees | Ongoing |

SUPERVISORY COOPERATION AND CONVERGENCE – LEVEL 3 |

Adoption of political statement indicating the main achievements expected from the Level 3 Committees | Commission, European Parliament, Council | Starting in 2008 |

Regular reporting on the achievement of these objectives | Level 3 Committees | Starting in 2008 |

Inclusion of the requirement to cooperate with other supervisors at European level in the constitutive charters of national supervisors | Member States / Commission | 1st half 2008 |

Reinforcement of the legal status of the Level 3 Committees (possible modification of Commission decisions setting up the three Level 3 Committees / changes in framework Level 1 legislation) | Commission, European Parliament , Council | 2008 |

Extension of the qualified majority voting in decision-making of the Level 3 Committees | Level 3 Committees / Commission | 1st half 2008 |

Political commitment to the full application of Level 3 common standards and guidelines | Level 3 Committees, Member States |

Cross-sectoral survey on supervisory powers and systems of sanctions and assessment of the need to reinforce the provisions on minimum supervisory powers in the framework legislation | Commission | End 2008 |

Political debate on operational independence of national supervisors | Commission / Member States | 1st half 2008 |

Introduction of explicit legal provisions in financial services directives to allow supervisors to delegate tasks to another Member State’s supervisor | European Parliament, Council, Commission | End 2008 |

Legislative proposal to strengthen the powers of the 'lead' supervisor for cross-border banking groups | Commission | October 2008 |

Development of a set for common standards for the operation of the colleges for cross border operations | Level 3 Committees | 1st half 2008 |

Report on the development of common reporting standards | Level 3 Committees | End 2007 |

Decision on possibility and modalities of contributing to the financing of Level 3 Committees | Commission | End 2008 |

[1] Decisiones 2001/527/CE, 2004/5/CE y 2004/6/CE por las que se crean el CERV, el CSBE y el CESSPJ, respectivamente.

[2] Informe del PE sobre «Legislar mejor» en la UE (A6-0273/2007), apartados 18 y 19.

[3] DO C 255 de 21.10.2006, p. 1, apartado 3.

[4] Resolución sobre la política de los servicios financieros (2007)0338.

[5] La Comisión introdujo una disposición similar en la propuesta de Solvencia II, artículo 30.

[6] http://ec.europa.eu/internal_market/finances/actionplan/index_en.htm#transposition.

[7] http://ec.europa.eu/internal_market/securities/transposition/index_en.htm

[8] El CESSPJ debe mediar entre las autoridades de supervisión si no consiguen llegar a un acuerdo sobre la validación de un modelo de riesgo interno de una empresa de seguros; puede adoptar decisiones vinculantes para determinar qué autoridad ha de asumir la función y responsabilidad de «supervisor de grupo» en un grupo de seguros transfronterizo.

[9] Las empresas del sector han estimado que el grado de convergencia en la supervisión logrado por el CSBE es insatisfactorio (2006/2007 CEBS Performance Assessment Online Study [encuesta electrónica de valoración de los resultados del CSBE])

[10] Denominado «autoridad responsable de la supervisión consolidada» en la DRC, «coordinador [de la supervisión]» en la Directiva sobre los conglomerados financieros, y «supervisor de grupo» en la propuesta de Solvencia II.