Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo (96/C 307/09) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(95) 520 final - 96/0161(COD)

(Presentada por la Comisión el 23 de agosto de 1996) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado,

Considerando que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que está garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales; que la libre circulación de mercancías no se refiere solamente al comercio profesional, sino también a los particulares; que la libre circulación implica que los consumidores residentes en un Estado miembro puedan abastecerse, con pleno conocimiento, en el territorio de otro Estado miembro con arreglo a un fondo mínimo de normas equitativas que regulen la compraventa de bienes de consumo;

Considerando que las legislaciones de los Estados miembros sobre la venta de bienes de consumo presentan numerosas disparidades, como consecuencia de las cuales existen diferencias entre unos y otros mercados nacionales en materia de ventas de bienes de consumo y pueden surgir distorsiones de la competencia entre los vendedores;

Considerando que el consumidor que trata de beneficiarse de las ventajas del gran mercado adquiriendo bienes en un Estado miembro distinto del de su residencia desempeña un papel fundamental en la realización del mercado interior, en cuanto impide la reconstrucción artificial de nuevas fronteras y la compartimentación de los mercados; que esas posibilidades se incrementan considerablemente con las nuevas tecnologías de comunicación, que permiten acceder fácilmente a sistemas de distribución de otros países miembros o internacionales; que, si no existe una armonización mínima de las normas relativas a la compra de bienes de consumo, puede entorpecerse el desarrollo de la venta de bienes a través de las nuevas tecnologías de comunicación a distancia;

Considerando que la creación de una base mínima común de derechos para los consumidores, válida independientemente del lugar de la compra de los bienes en la Comunidad, reforzará la confianza de los consumidores y permitirá a éstos aprovechar mejor las ventajas derivadas del establecimiento del mercado interior;

Considerando que las principales dificultades de los consumidores y la principal fuente de conflictos con los vendedores se refieren a la falta de conformidad del bien con el contrato; que, en consecuencia, es conveniente aproximar las legislaciones nacionales sobre la venta de bienes de consumo en lo relativo a este aspecto, aunque sin afectar a las disposiciones y principios de los Derechos nacionales aplicables a los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual;

Considerando que los bienes deben ante todo corresponder a las cláusulas contractuales; que el concepto de conformidad con el contrato puede considerarse como una base común a las diferentes tradiciones jurídicas nacionales; que el vendedor debe ser el responsable directo ante el consumidor de la conformidad de los bienes con el contrato; que ésta es la solución tradicional establecida en los Derechos de los Estados miembros; que, no obstante, el vendedor debe poder recurrir contra su propio vendedor o contra el productor cuando la falta de conformidad resulte de un acto o de una omisión de éstos;

Considerando que, en caso de que el producto no sea conforme al contrato, es conveniente otorgar al consumidor el derecho a pedir la reparación o la sustitución del bien, o, en concepto de indemnización, una reducción del precio pagado por él, o la rescisión del contrato de venta; que, no obstante, es preciso limitar en el tiempo el ejercicio de estos derechos y fijar los plazos en que éstos podrán ejercerse ante el vendedor;

Considerando que, para garantizar la seguridad de las transacciones y la lealtad en las relaciones entre las partes, es conveniente que sea el consumidor quien deba indicar al vendedor, en un breve plazo, cualquier falta de conformidad comprobada; que, para que las partes puedan hallar soluciones amistosas sin tener que recurrir inmediatamente a los tribunales para salvaguardar sus derechos, conviene establecer que la denuncia de la falta de conformidad del bien por el consumidor interrumpirá el plazo de prescripción;

Considerando que es práctica corriente, en lo que respecta a determinadas categorías de bienes, que los vendedores o los productores ofrezcan a los consumidores garantías sobre sus productos contra cualquier defecto que se manifieste en un plazo determinado; que esta práctica puede contribuir a un incremento de la competencia en el mercado; que, no obstante, estas garantías pueden ser un simple instrumento publicitario y resultar engañosas para el consumidor; que, para asegurar la transparencia del mercado, es conveniente establecer algunos principios comunes aplicables a las garantías ofrecidas por los operadores económicos;

Considerando que los derechos concedidos a los consumidores no deben poder eludirse mediante acuerdos entre las partes, so pena de vaciar de contenido la protección legal; que el consumidor deberá poder siempre invocar derechos resultantes de la presente Directiva o de cualquier otra disposición nacional vigente, aun cuando acepte la aplicación de la garantía; que la protección del consumidor resultante de la presente Directiva no podrá reducirse alegando que el Derecho de un tercer país es aplicable al contrato;

Considerando que la legislación y la jurisprudencia en este ámbito demuestran, en los distintos Estados miembros, una preocupación creciente por asegurar a los consumidores un elevado nivel de protección; que, a la luz de esta evolución y de la experiencia adquirida en la aplicación de la presente Directiva, podrá ser necesario prever una mayor armonización, en particular estableciendo una responsabilidad directa del productor respecto de los defectos de que sea responsable;

Considerando que los Estados miembros han de tener la facultad de adoptar o mantener, en el ámbito de la presente Directiva, disposiciones más estrictas con objeto de garantizar un nivel de protección más elevado de los consumidores,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Ámbito de aplicación y definiciones

1. La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la venta y a las garantías de bienes de consumo, con objeto de garantizar un nivel mínimo uniforme de protección de los consumidores en el marco del mercado interior.

2. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) consumidor: toda persona física que, en los contratos a que se refiere la presente Directiva, actúa con fines que no entran en el marco de su actividad profesional;

b) bien de consumo: cualquier bien destinado normalmente a un uso o consumo final, con exclusión de los inmuebles;

c) vendedor: la persona física o jurídica que venda bienes de consumo en el marco de su actividad profesional;

d) garantía: todo compromiso adicional, con respecto al régimen legal de la venta de los bienes de consumo, asumido por un vendedor o productor, de reembolsar el precio pagado por un bien, de cambiarlo, de repararlo o de ocuparse del modo que fuere del bien en caso de que éste no fuera conforme al contrato.

Artículo 2

Conformidad con el contrato

1. Los bienes de consumo deberán ser conformes al contrato de compraventa.

2. Los bienes se considerarán conformes al contrato si, en el momento de ser entregados al consumidor:

a) se ajustan a la descripción realizada por el vendedor y poseen las cualidades del bien que el vendedor haya presentado al consumidor como muestra o modelo;

b) son aptos para los usos a que ordinariamente se destinen bienes del mismo tipo;

c) son aptos para el uso especial requerido por el consumidor y que éste haya puesto en conocimiento del vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las circunstancias resulte que el comprador no se atuvo a las explicaciones del vendedor;

d) su calidad y sus prestaciones son satisfactorias, habida cuenta de la naturaleza del bien y del precio pagado y de las declaraciones públicas sobre el mismo hechas por el vendedor, el productor o su representante.

3. La falta de conformidad que resulte de una mala instalación del bien se considerará como falta de conformidad del bien con el contrato, cuando la instalación haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad.

Artículo 3

Obligaciones del vendedor

1. El vendedor responderá ante el consumidor de toda falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien al consumidor y que se manifieste durante un período de dos años a partir de ese momento, salvo cuando, en el momento de la celebración del contrato de compraventa, el consumidor conociere o no pudiere ignorar la falta de conformidad.

2. El vendedor no será responsable de la falta de conformidad que resulte de declaraciones públicas realizadas por el productor o por su representante si:

- el vendedor desconocía o no estaba razonablemente en condiciones de conocer dicha declaración;

- el vendedor demuestra que corrigió dicha declaración en el momento de la venta al consumidor;

- el vendedor demuestra que dicha declaración no pudo influir en la decisión de comprar.

3. Hasta que se demuestre lo contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en un período de seis meses a partir del momento de la entrega ya existían en esa fecha, salvo cuando esa presunción sea incompatible con la naturaleza de los bienes o el carácter de la falta de conformidad.

4. Cuando se ponga en conocimiento del vendedor la falta de conformidad, con arreglo al artículo 4, el consumidor podrá pedir a éste la reparación gratuita del bien en un plazo razonable, o la sustitución de dicho bien, siempre que sea posible, o una reducción adecuada del precio, o bien la rescisión del contrato. El ejercicio del derecho a la rescisión o a la sustitución estará limitado a un año.

Los Estados miembros podrán prever que, en caso de faltas de conformidad leves, se limite la gama de derechos mencionados en el párrafo primero.

5. Cuando el vendedor final deba responder ante el consumidor por una falta de conformidad resultante de un acto u omisión del productor, de un vendedor anterior perteneciente a la misma cadena contractual o de cualquier otro intermediario, el vendedor final podrá siempre recurrir contra la persona responsable, en las condiciones establecidas en los Derechos nacionales.

Artículo 4

Obligaciones del consumidor

1. Para poder beneficiarse de los derechos contemplados en el apartado 4 del artículo 3, el consumidor deberá denunciar al vendedor cualquier falta de conformidad en el plazo de un mes a partir del momento en que el consumidor comprobó dicha falta o hubiera normalmente debido comprobarla.

2. La denuncia formulada de conformidad con el apartado 1 interrumpirá la prescripción de los derechos previstos en el apartado 4 del artículo 3.

Artículo 5

Garantías

1. Cualquier garantía ofrecida por un vendedor o un productor obligará jurídicamente a la persona que la ofrezca en las condiciones establecidas en el documento de garantía y en la publicidad correspondiente y deberá situar al beneficiario en una posición más ventajosa que la que resulte del régimen relativo a la venta de bienes de consumo establecido en las disposiciones nacionales aplicables.

2. La garantía deberá figurar en un documento escrito que deberá poder consultarse libremente antes de la compra y deberá indicar con claridad los elementos básicos para su aplicación, en particular la duración y el alcance territorial de la garantía, así como el nombre y la dirección del garante.

Artículo 6

Carácter imperativo de las disposiciones

1. Las cláusulas contractuales o los acuerdos celebrados con el vendedor, antes de la denuncia de la falta de conformidad, que excluyan o limiten los derechos que resultan de la presente Directiva no vincularán al consumidor.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, sea cual fuere la ley aplicable al contrato, y siempre que éste presente un estrecho vínculo con el territorio de los Estados miembros, el consumidor no se vea privado de la protección resultante de la presente Directiva.

Artículo 7

Derecho nacional y protección mínima

1. Los derechos que resultan de la presente Directiva se ejercerán sin perjuicio de otros derechos que pueda invocar el consumidor en virtud de otras normas nacionales relativas al derecho de la responsabilidad contractual o extracontractual.

2. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener, en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas -compatibles con el Tratado- para garantizar al consumidor un nivel de protección más elevado.

Artículo 8

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar . . . (*). Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 9

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 10

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(*) Dos años después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.