Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Refuerzo de la dimensión social de la Estrategia de Lisboa: racionalización del método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social"

(2004/C 73/03)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Refuerzo de la dimensión social de la Estrategia de Lisboa: racionalización del método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social (COM(2003) 261 final);

vista la decisión de la Comisión Europea de 22 de mayo de 2003 de consultarle sobre este tema, de conformidad con el primer párrafo del Artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de su Presidente, de 19 de junio de 2003, de encomendar a la Comisión de Política Económica y Social que elaborase un dictamen sobre este tema;

vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Revisión intermedia de la Agenda de política social COM(2003) 312 final;

vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000: Conclusiones de la Presidencia;

visto su proyecto de dictamen (CDR 224/2003 rev.) aprobado el 22 de septiembre de 2003 por la Comisión de Política Económica y Social (Ponente: Sra. Celion, Consejo Municipal, Ayuntamiento de Gotland (SE-PPE),

aprobó el siguiente dictamen en su 52o Pleno celebrado los días 19 y 20 de noviembre de 2003 (sesión del 19 de noviembre).

1. Consideraciones del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones

1.1. coincide en la visión general de la Comisión en cuanto a la necesidad de una coordinación más eficaz de la política de los Estados miembros en el ámbito de la protección social. Dado que una parte significativa de iniciativas en este ámbito se realiza a nivel local y regional, el Comité valora de manera especialmente favorable que, según la Comisión, dicha coordinación permita que los procesos sean menos onerosos para las instancias locales y regionales. El Comité opina que un proceso simplificado podría contribuir a reducir los costes para las instancias afectadas;

1.2. coincide también en que el método abierto de coordinación puede ser un instrumento eficaz para llevar a efecto la deseable coordinación. El Comité opina que es preciso desarrollar -y, sobre todo, simplificar- este método y que intercambiando experiencias se puede contribuir a determinar cómo ha de mejorarse la articulación entre los niveles nacionales y territoriales de los Estados miembros en el marco del método abierto. En esta articulación existe siempre el riesgo de que los niveles locales y regionales no vean reconocida la importancia que tienen en el proceso, lo que puede influir negativamente en el resultado final y, además, contribuir a reducir el interés de las cuestiones. Por tanto, es preciso que los planes nacionales de acción (PNA) muestren siempre, por ejemplo, hasta qué punto estarán implicados en la elaboración los niveles local y regional. Debería darse visibilidad en el informe anual sobre protección social a las diversas estrategias y actividades políticas que se llevan a cabo a nivel regional y local; la Comisión debería garantizar una amplia difusión y debate en torno al informe único o "joint report" sobre las estrategias de pensiones;

1.3. considera que, tal como se dijo en el marco de la agenda de política social, hay motivos para crear un "triángulo de políticas" con los tres ámbitos: la política económica, la de empleo y la de seguridad. Esta visión básica de la interacción entre los tres ámbitos permite considerar la política de protección como un factor productivo de importancia. Esta perspectiva implica una reflexión más profunda del papel de la protección como factor dinámico en la economía; el Comité de las Regiones hubiera deseado que este razonamiento se desarrollara más en la actual Comunicación;

1.4. comparte la opinión de que sincronizar, como se propone, la cooperación de la protección social con la coordinación de las políticas económicas y de empleo podría conducir a la vez a una mayor eficacia y a una simplificación. Sin embargo, el Comité desea señalar que no pueden ponerse en pie de igualdad los tres elementos del proceso si se parte del fundamento jurídico del Tratado y, desde luego en lo que se refiere a los órganos decisorios y la responsabilidad. En lo que se refiere a las cuestiones de protección social, es importante que dicho sistema se desarrolle teniendo en cuenta las condiciones locales y regionales y respetando los principios básicos de subsidiariedad y de respeto a la diversidad. La conciencia de la dependencia recíproca de estos tres ámbitos políticos puede tener una importancia considerable y positiva para el desarrollo de la sociedad a todos los niveles, pero no debe inducir a ambigüedad en lo que respecta a las diferentes estructuras decisorias de los respectivos ámbitos. En el ámbito de la protección social son, como se señala en la Comunicación de la Comisión, los Estados miembros los que poseen plena responsabilidad en las políticas de salud y sociales y para financiar y organizar sus propios sistemas; el Tratado CE no prevé que la Comunidad tenga una influencia directa en la política sanitaria y social más allá del intercambio de información y de la comparación de métodos y resultados. La coordinación abierta de estos ámbitos de políticas no puede suponer una presión para ajustar a la baja los estándares sociales de determinados Estados miembros;

1.5. insta a que la propuesta de la Comisión de racionalizar la coordinación abierta redunde en una simplificación administrativa para los Estados miembros. A la vista, sobre todo, de que los Estados miembros están obligados a actualizar anualmente sus planes, el Comité de las Regiones exige un planteamiento convincente para llevar a cabo la necesaria reducción de los gastos administrativos;

1.6. valora positivamente la afirmación de que la igualdad de oportunidades, tal como señala la Comunicación, asumirá un carácter transversal. Es importante también potenciar la igualdad de oportunidades en los tres ámbitos del "triángulo de políticas", es decir, también en lo que se refiere a la política económica y la de empleo;

1.7. comparte el análisis de la Comisión en cuanto a los desafíos que afrontan los Estados miembros. Entre ellos, merece destacarse el de contribuir al crecimiento y crear oportunidades de empleo. Otro desafío común es el de las mutaciones demográficas, marcadas sobre todo por el envejecimiento de la población. Sin embargo, el Comité de las Regiones desea subrayar que los cambios demográficos deben verse en parte como el resultado de una política de bienestar llevada a cabo con éxito, que ha permitido al individuo una vida más activa y más larga; aprovechar las ventajas de esta situación sería una fuente de recursos para la sociedad;

1.8. se interroga sobre el debate de la Comisión acerca del cuidado médico y sanitario y los cuidados de larga duración. En primer lugar, está poco claro el significado de estos conceptos. Teniendo en cuenta que cada Estado miembro posee diferentes formas de organización y de financiación, que afectan tanto al ámbito de la sanidad como a la atención médica, y que las definiciones de lo que pertenece o no a ese ámbito varían de un país a otro, es importante disponer de una definición viable. Urge sobre todo una clarificación porque, teniendo en cuenta el artículo 152 del Tratado, la UE "en el ámbito de la salud pública" debe respetar "plenamente las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica";

1.9. se interroga también sobre el uso que hace la Comisión del concepto de "cuidados de larga duración", que no parecen cubrir el cuidado a las personas mayores; en la actualidad, en numerosos países esta asistencia se presta en tanto que servicio social y no solo como cuidado médico. Una definición que incluiría también el importante ámbito de las personas con discapacidades, podría ser: "cuidados, asistencia y servicios prestados a personas mayores y con discapacidades";

1.10. manifiesta su acuerdo en que para conseguir racionalizar el proceso de la protección social es preciso desarrollar indicadores comunes. En opinión del Comité, es sumamente importante que esos indicadores no sean demasiado exhaustivos y, en la medida de lo posible, se parta de datos ya accesibles. Un número demasiado elevado de indicadores acarrearía un aumento inaceptable de la carga de trabajo para los entes locales y regionales. Por otra parte, en un ámbito como el de la protección social es aun más importante que los indicadores no solo sean cuantitativos sino también cualitativos. Sirviéndose de indicadores meramente cuantitativos se corre el riesgo de perder datos importantes;

1.11. desea asimismo subrayar que las estadísticas en que se basen los indicadores deberán ser lo suficientemente correctas como para permitir describir y comparar los diferentes niveles entre los Estados miembros. Conviene señalar que los promedios nacionales pueden esconder grandes diferencias regionales y que, por tanto, podría resultar conveniente disponer de estadísticas al nivel regional. A este efecto, es preciso que esas estadísticas existan ya, lo que evitará un aumento de la carga de trabajo;

1.12. hace suyo el análisis de la Comisión en lo que se refiere a la necesidad de adaptar el calendario previsto para la racionalización de la coordinación en el sector de la protección social con los plazos previstos para la política económica y de empleo. La coordinación debe llevarse a cabo a partir de 2006, lo cual no solo exige celeridad sino también un apoyo que la Unión Europea pueda facilitar en materia de trabajos preparatorios, sobre todo, en lo que se refiere a proporcionar los elementos de base;

1.13. considera adecuada la participación de los nuevos Estados miembros en el proceso de coordinación que se propone. La ampliación de la UE hará que las cuestiones sociales cobren mayor relevancia en la Unión. No obstante, el Comité considera que los plazos que se han establecido para los nuevos Estados miembros podrían ser demasiado ajustados. Sin embargo, el apoyo al intercambio de experiencias entre los actuales Estados miembros y los futuros podría contribuir a agilizar el proceso.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones

2.1. recomienda que el futuro desarrollo del método abierto de coordinación lleve también aparejada una simplificación, de modo que los niveles local y regional se sientan motivados a participar al existir una mayor eficacia y una mejor gestión de recursos;

2.2. considera que debe realizarse una constante evaluación del método abierto de coordinación. En la evaluación debe prestarse una atención especial a las experiencias locales y regionales de cómo se aplica el método, especialmente cuando se trata de llevar a cabo los planes nacionales de acción (PNA). En numerosos Estados miembros el método abierto de coordinación se aplica en ámbitos que son competencia de los entes locales y regionales, lo que lleva aparejada una mayor responsabilidad en la financiación. Por ello, las modalidades de aplicación deberán basarse en el principio de subsidiariedad. Convendría experimentar nuevos métodos de difusión de las llamadas "buenas prácticas" dado que precisamente el intercambio de experiencias constituye uno de los puntos fundamentales del método abierto de coordinación;

2.3. solicita que cuando se lleve a cabo la racionalización se mantengan los diferentes grados de coordinación en los diversos ámbitos de las políticas. Por ejemplo, deben mantenerse las actuales diferencias entre directrices y objetivos (marco). Asimismo, en el ámbito de la política social el grado de coordinación debe matizarse teniendo en cuenta la subsidiariedad;

2.4. subraya la importancia de que, en lo que se refiere a los cuidados sanitarios mencionados en el texto de la Comisión, se tenga en cuenta que los Estados miembros se rigen por diferentes sistemas de organización y de financiación, y que la atención médica y sanitaria reviste una gran importancia en la economía de los Estados miembros. Incluso los avances moderados hacia la aproximación de los sistemas pueden tener consecuencias importantes en cuanto a las políticas de salud pública y en la economía nacional;

2.5. señala la importancia del trabajo que se lleva a cabo a nivel comunitario con vistas a lograr "que merezca la pena el trabajo" y del modo en que la protección social puede contribuir a ese objetivo cuando, por ejemplo, se trata de incentivos del sistema del régimen de prestaciones. Los desafíos que la Comisión señala a nivel general hacen necesario que se intensifique esa labor de desarrollo en los próximos años;

2.6. estima deseable que se refuercen las tareas de desarrollo de los indicadores y que se orienten más hacia los llamados indicadores cualitativos. Dado que los sistemas de seguridad social varían mucho de un país a otro, los indicadores deberán proceder de la perspectiva del paciente o usuario, perspectiva que puede tener un mayor grado de independencia del modo en que está organizada la protección social en cada país;

2.7. considera sumamente urgente que los nuevos Estados miembros obtengan un fuerte apoyo para poder coordinar sus tareas con los demás Estados miembros en el triángulo de políticas propuesto. Este apoyo debe además incluir la posibilidad de intercambiar experiencias entre los diferentes países.

Bruselas, 19 de noviembre de 2003.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Albert Bore