Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP)» ()

(96/C 153/05)

El 20 de septiembre de 1995, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Transportes y Comunicaciones, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 14 de febrero de 1996 (Ponente: Sr. Hernández Bataller).

En su 333° pleno (sesión del 29 de febrero de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por mayoría y 4 abstenciones el presente dictamen.

1. Antecedentes

1.1. La Resolución del Consejo 93/C 213/01 de 22 de julio de 1993 relativa al informe sobre la situación del sector de las telecomunicaciones y la necesidad de que pudiese proseguir el desarrollo de este mercado, respaldaba la intención de la Comisión de preparar, antes de 1 de enero de 1996, las necesarias modificaciones del marco normativo comunitario a fin de realizar plenamente la liberalización de todos los servicios de telefonía vocal antes del 1 de enero de 1998, concediendo a los Estados miembros con redes menos desarrolladas un período adicional de cinco años como máximo.

1.1.1. Además dicha Resolución consideraba como uno de los objetivos de la política comunitaria de telecomunicaciones a largo plazo la liberalización de todos los servicios públicos de telefonía vocal, al tiempo que se mantiene el servicio universal.

1.2. La Resolución 94/C 48/01 del Consejo de 7 de febrero de 1994 relativa a los principios del servicio universal en el sector de las telecomunicaciones reconocía:

a) el mantenimiento y el desarrollo de un servicio de telecomunicaciones universal, garantizado y basado en los principios de universalidad, igualdad y continuidad, alcanzando dichos servicios a todos los usuarios, y con un precio asequible, lo cual requería el establecimiento de unos principios comunes;

b) que este servicio puede financiarse, si está justificado y supeditado a la aprobación de las autoridades reglamentarias nacionales, mediante transferencias internas, cuotas de acceso y otros mecanismos, que tengan debidamente en cuenta los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad.

1.3. El Comité acogió favorablemente () el plan de actuación de la Comisión denominado «Europa en marcha hacia la sociedad de la información: Plan de actuación».

1.4. La Resolución 94/C 379/03 del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a principios y calendario de la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones confirma la necesidad de liberalizar el suministro de infraestructuras de telecomunicaciones al 1 de enero de 1998, debiéndose adoptar al efecto el pertinente marco reglamentario.

1.5. A tenor de la Comunicación () de la Comisión de 25 de enero de 1995, el Consejo ha adoptado la Resolución 95/C 258/01 de 18 de septiembre de 1995 sobre el establecimiento del futuro marco reglamentario de las telecomunicaciones, en la que exige -entre otras- la adopción de medidas legislativas referidas, de forma prioritaria, a:

- el mantenimiento y desarrollo de una oferta mínima de servicios en toda la Unión y la definición de principios comunes en materia de financiación del servicio universal;

- la elaboración de un marco común para la interconexión de las redes y servicios.

1.6. Los objetivos de la propuesta de Directiva son garantizar un acceso abierto a las redes y servicios, y garantizar a los agentes del mercado el derecho a interconectarse con las redes y servicios de los demás, siempre que esté razonablemente justificado.

1.6.1. El marco armonizado de interconexión que se propone se caracteriza por:

- la aplicación de los principios de la oferta de red abierta, a saber, transparencia, objetividad y no discriminación, de conformidad con el principio de proporcionalidad;

- la prioridad concedida a las negociaciones comerciales entre la partes que se interconectan, aun cuando se reservan algunas condiciones para que las establezcan «a priori» las autoridades nacionales de reglamentación de las telecomunicaciones;

- el establecimiento inequívoco de las competencias nacionales de reglamentación, de conformidad con el principio de subsidiariedad, y con inclusión de unos mecanismos de solución de litigios.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité acoge favorablemente que la Comisión haya presentado una Propuesta de Directiva que desarrolle los principios establecidos en la oferta de red abierta (ONP) para regular la actividad de los diferentes actores en el sector de las telecomunicaciones, redes y servicios, en el marco de abierta competencia del que dispondremos a partir de 1998, derivada de la liberalización de los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones.

2.1.1. Debe asegurarse que las variaciones entre reglamentaciones nacionales sean mínimas a partir de un marco común a nivel europeo, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que haya interpretaciones divergentes en los diferentes Estados miembros, en un tema que trata plenamente de actividades dentro y a través de Europa.

2.1.2. Sin embargo, el Comité observa con preocupación que la propuesta de Directiva se mueve dentro de una cierta ambigueedad, especialmente en lo que concierne a la definición del carácter de público de las redes y servicios.

2.1.3. En diversos preceptos se observa la combinación de aspectos de interconexión e interoperabilidad junto con servicios que tienen carácter universal. Sería más adecuado no mezclar estos dos temas tan diferentes. Este cruce de caracterizaciones ocurre en varias ocasiones en la propuesta, introduciendo puntos que pueden crear futuros problemas en la interpretación práctica con los operadores.

2.1.4. Por ello, el Comité opina que sería deseable que esta propuesta normativa, dada su gran transcendencia, fuera más clara, aportando definiciones y delimitaciones concretas y, además, tuviera una estructura más sistemática y más lógica.

2.1.5. El Comité constata el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en la Unión Europea, y desea que en el futuro éste se base en la eficiencia, la competitividad, la solidaridad, respetándose el «modelo social europeo» y garantizándose una adecuada protección a los consumidores.

2.2. Aplicación de las normas sobre competencia

2.2.1. En lo que respecta a las condiciones establecidas en la propuesta de Directiva para someter a los agentes económicos a una competencia leal, el Comité no participa de la filosofía de la asimetría mantenida en toda la propuesta presentada por la Comisión.

2.2.2. El Comité () ha opinado que la liberalización de la competencia acrecienta la importancia de establecer principios básicos de competencia leal, sobre todo en el ámbito de la interconexión de redes.

2.2.3. Ya en su día, el Comité ha estimado que ():

«Para garantizar una competencia leal y la plena aplicación de las normas sobre competencia, es importante que la transición del actual sistema de monopolios al sistema de libre competencia se haga de manera ordenada, independientemente de que se trate de una empresa privada o pública según lo establecido en el artículo 222 del Tratado. Sólo así se podrán evitar los abusos del mercado y que las cargas recaigan únicamente en los suministradores. Desde esta perspectiva, también importa que las empresas que operan en sectores protegidos por monopolios (energía y otros sectores de monopolio local) no subvencionen sus actividades en el ámbito de las telecomunicaciones con los beneficios obtenidos por estos monopolios (subvenciones cruzadas). A este respecto, el Comité considera imprescindible la introducción de un mecanismo de control. La determinación de las condiciones de regulación según criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios debe ser obligatoria para todos los futuros operadores de redes, con el fin de preservar la igualdad de oportunidades y el correcto funcionamiento de la competencia.»

2.2.4. La generalización de la competencia debe implicar la ausencia de cualquier tipo de limitación a la entrada en el mercado de nuevos operadores económicos, que no esté justificada, por criterios objetivos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios relativos a la disponibilidad de recursos compartibles.

2.2.5. El Comité opina que, sin perjuicio de las medidas de fomento que pueda adoptar la Comisión respecto a los nuevos operadores, las medidas contenidas en la normativa de las telecomunicaciones liberalizadas deben ser equilibradas no discriminatorias y preservar la igualdad de oportunidades de todos los agentes económicos, incluidos los que ya estén operando en el mercado.

2.2.6. El Comité desea que la Comisión proponga Códigos de Conducta, en los que se establezcan parámetros objetivos de competencia leal o desleal.

2.3. El servicio universal

2.3.1. El Comité reitera que: «el objetivo prioritario debe ser describir, antes de la liberalización del servicio de telefonía vocal en su conjunto, la definición, el ámbito, la estructura y la financiación del servicio universal» ().

2.3.2. El Comité () estima que «si la noción de servicio universal debe ser objeto de una definición, sería necesario relacionar las nociones de «servicios básicos» y «servicio universal». Ello significa que esta última noción debe ser evolutiva y modificarse en función del desarrollo tecnológico». Además se debe considerar al servicio universal como un «concepto social esencial», por lo que existe la necesidad de establecer los mecanismos necesarios para su salvaguardia.

2.3.3. Por ello, el Comité () ha hecho constar que la salvaguardia, el desarrollo y la financiación de un servicio universal de telecomunicaciones son factores clave para el futuro desarrollo en la Comunidad. Por eso, los usuarios tienen derecho a esperar un servicio universal que corresponda a sus necesidades y que sea susceptible de un desarrollo posterior en función de la evolución técnica.

2.3.4. El Comité () reitera que todos los usuarios tienen derecho a beneficiarse, en condiciones de igualdad, de un acceso equitativo a los servicios modernos de información y telecomunicación.

2.3.5. Debe tenerse en cuenta que la prestación del servicio universal contribuye a la consecución de los objetivos de cohesión socioeconómica e igualdad territorial de la Comunidad.

2.3.6. Respecto al texto de la propuesta sometida a consulta, sería deseable más claridad cuando hace referencia al servicio universal.

2.3.7. El Comité lamenta no haber estado hasta ahora de acuerdo con la Comisión sobre la extensión del ámbito de aplicación del servicio universal.

2.3.8. Se sabe que la Comisión está examinando la cuestión de la definición del servicio universal y que se publicará una comunicación con sus correspondientes propuestas en el mes de marzo, reservándose el Comité para pronunciarse sobre el concepto, ámbito y límites del servicio universal, en dicho momento.

2.4. Carácter público de las redes y servicios

2.4.1. El Comité observa con preocupación la ambigueedad existente dentro de la propuesta en lo que concierne a la definición del carácter de público de las redes y servicios.

2.4.2. El calificativo de «público» debería servir para establecer un punto de ruptura en una provisión vertical de servicios (integrada desde los medios físicos hasta la prestación al usuario final).

2.4.3. La propuesta debería decantarse por una definición más precisa, quizás en la línea de darle al concepto «público» un carácter finalista, así, por ejemplo:

- «Red pública, es aquella que cualquier persona (física o jurídica) tiene derecho a utilizar»;

- «Servicio público», es aquel al que cualquier persona tiene derecho en igualdad de acceso.

Con conceptos de esta índole se entendería el interés público del bien por su disponibilidad.

2.5. Organizaciones que tengan un «peso significativo»

2.5.1. El Comité opina que debería definirse a nivel comunitario el concepto de organizaciones que tengan un «peso significativo» teniendo en cuenta la jurisprudencia comunitaria existente al respecto en materia de competencia.

2.5.2. Resulta confusa la caracterización de dichas organizaciones, que quedan sometidas a unas obligaciones más estrictas que las que no merezcan este calificativo. Puede pensarse en varios criterios para decidir este extremo: criterios de volumen de negocio, criterios de impacto en la economía del país, criterios técnicos de cobertura geográfica, de cobertura demográfica, de cartera de servicios, etc.

2.5.3. De todas formas es una ambigueedad excesiva, ya que esta clasificación no es estática, sino que puede variar en función del tiempo o simplemente de los acuerdos de interconexión que dichas organizaciones establezcan. Esto puede llevar a situaciones inestables o contradictorias en los contratos si, por ejemplo, se da el caso de poder negociar en condiciones de «peso no significativo» unos acuerdos que las conviertan en actores con peso significativo, en cuyo caso las obligaciones derivadas le retrotraerían a no ser significativos.

2.5.4. El contenido del artículo 17 de la propuesta abre la posibilidad de dar un carácter nacional a la calificación de organización que tenga un «peso significativo», la cual podría diferir entre los diferentes Estados miembros, y dar lugar a posibles distorsiones de la competencia.

2.6. Autoridades nacionales de reglamentación

2.6.1. Varios aspectos de la propuesta de Directiva se apoyan en la presunción de que existen organismos nacionales que se someten a la autoridad superior de la Comisión. Pero no se contempla el impacto que pudiera tener la aparición de un organismo regulador europeo, una posibilidad que se debería considerar actualmente.

2.6.2. Con respecto al principio de subsidiariedad, la propuesta debería prever la asunción de competencias por parte de la Comisión en determinados supuestos. Es decir, deberá existir una Autoridad a nivel europeo, como autoridad superior encargada de resolver las reclamaciones de los operadores.

2.6.3. En los mecanismos de solución de litigios pueden existir lagunas en la aplicación de la norma, al basarse únicamente en la voluntariedad. Por ello, deben fijarse criterios de procedimiento objetivo y de carácter imperativo.

2.6.4. El Comité espera que se creen en todos los Estados miembros las Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR), como entidades independientes de las organizaciones nacionales de telecomunicaciones.

2.7. Redes de telecomunicaciones

2.7.1. La propuesta de Directiva mantiene una visión quizás excesivamente simple de lo que son las redes de telecomunicaciones. Las redes ya no son físicas: son virtuales, y los canales de flujo de información atraviesan varios proveedores sin solución de continuidad. En este escenario estimar costes es muy delicado, y quizás la propuesta debería apuntar algunos criterios de racionalidad, y sobre todo, de homogeneidad entre proveedores.

2.7.2. Las obligaciones de interconexión deberían ser cuidadosamente identificadas. De lo contrario, podrían convertirse en una pesadilla que desanimaría a nuevos actores a entrar en el sector y, por tanto, limitaría el desarrollo de un escenario completamente competitivo. Por ello, es fundamental para el interés público el mantenimiento del concepto «todos con todos».

3. Observaciones específicas

3.1. Artículo 5 (La interconexión y las aportaciones al servicio universal)

3.1.1. El artículo 5 describe los escenarios de reparto de costes derivados de la provisión universal de ciertos servicios.

3.1.2. El párrafo primero de este articulo 5 limita las posibilidades de financiación a las redes y servicios del grupo 1 del anexo I (telefonía), resultando arbitraria dicha limitación.

3.1.3. Aparece una cierta asimetría entre que el servicio universal imponga unos gastos a cualquier organización, gastos que sólo se pueden compartir con organizaciones que explotan redes públicas. Por ello, sería deseable que la propuesta tuviese una mayor amplitud que involucrase a todos los actores que provean redes.

3.1.4. El Comité estima que existen más factores a tomar en consideración tales como las ventajas de inversión, disponibilidad de equipamiento y comerciales de ser un operador el encargado de proporcionar el servicio universal. Existen ventajas derivadas de la ubicuidad: volumen de negocios (grandes inversiones que se rentabilizan por volumen, escaso coste marginal, etc.), atención al cliente, y ser una marca conocida en todas partes, sin necesidad de una inversión en publicidad. Aún comprendiendo que resulta muy difícil estimar económicamente estas ventajas debería intentarse.

3.2. Artículo 6 (Los requisitos de no discriminación y transparencia)

3.2.1. El artículo 6 especifica los requisitos de no discriminación y transparencia en relación con la interconexión a las redes y servicios proporcionada por organizaciones que tienen un «peso significativo» en el mercado.

3.2.2. Debería buscarse una redacción de este artículo 6, que asociara calidad y precio resultando en ofertas similares y comparables entre la provisión interna y a otros proveedores.

3.2.3. El Comité opina que se debe apoyar que se respeten los principios de no discriminación y transparencia, y que se efectúe una aplicación por igual entre todos los agentes del mercado, sin exclusiones.

3.2.3.1. Especialmente, la normativa de interconexión debe aplicarse allá donde se den interconexiones, independientemente de la naturaleza del proveedor que la preste.

3.2.4. El Comité considera necesario determinar cuál es la información estratégica, ya que se trata de un punto sobre el que será muy difícil llegar a un acuerdo entre todas las partes. En todo caso, se deben aplicar medidas, que sean necesarias para asegurar la transparencia, sin atentar a la confidencialidad ni al secreto en los negocios.

3.2.4.1. El Comité considera que las obligaciones sugeridas de aportar información financiera detallada colisiona con aspectos de confidencialidad. El Comité opina, por tanto, que esta obligación debería restringirse a las disputas que se eleven a nivel comunitario.

3.3. Artículo 7 (Principales aplicables a las cuotas de interconexión y a los sistemas de contabilidad de costes)

3.3.1. El artículo 7 es un precepto importante de la propuesta, ya que describe los principios por los que deberán regirse las organizaciones que tengan un «peso significativo» cuando fijen las cuotas de interconexión.

3.3.2. La obligación de poner en práctica una contabilidad de costes transparentes y unos precios de interconexión regidos por costes debería hacerse extensiva a todas las organizaciones que exploten redes públicas de telecomunicación. Parece arbitraria la restricción de aquellas que tienen un «peso significativo», concepto éste que aún está por determinar.

3.3.3. En el apartado 2 debería matizarse la existencia de recursos compartidos, infraestructura que se utiliza para prestar varios servicios, bien indistintamente (equipamiento común), bien en diferentes instantes de tiempo (movilidad de equipamiento). Puede ser difícil estimar el coste en el que se incurre para dar servicio a una nueva conexión, y para operarla, por lo que la prueba de los costes debería ser flexible y adaptable a las situaciones particulares que se presenten.

3.3.4. Respecto del apartado 3, debería destacarse que el nivel de detalle o desglose debería seguir siempre un criterio de racionalidad, no imponiendo nunca niveles de detalle que impliquen unos costes añadidos (en equipos, administración y burocracia) desproporcionados. Los niveles de detalle exigibles deberían ser homogéneos y comparables para todos los agentes económicos.

3.3.4.1. Esto es vital para el saneamiento del mercado de las telecomunicaciones y para el cumplimiento de espíritu de la propia propuesta de Directiva.

3.4. Artículo 8 (Separación contable y cuentas financieras)

3.4.1. El artículo 8 aplica las exigencias de separación de contabilidad a las organizaciones verticalmente integradas que tienen un «peso significativo» en el mercado o que disfrutan de derechos especiales o exclusivos en otros sectores (que no sean las telecomunicaciones), para evitar subvenciones cruzadas desleales de una actividad a otra.

3.4.2. La separación contable, si fuera exigible, debería serlo por igual para todos los actores, independientemente de sus cuotas de mercado.

3.5. Artículo 9 (Responsabilidades generales de las autoridades nacionales de reglamentación)

3.5.1. El Comité opina que no tiene sentido que la autoridad nacional de reglamentación pueda condicionar los requisitos técnicos, tal vez sería suficiente que garanticen calidades y exijan la satisfacción de criterios de homologación y de interoperabilidad.

3.5.2. En todo caso, la interconexión debe basarse en la mayor medida posible en negociaciones comerciales y que la Autoridad Nacional de Reglamentación intervenga cuando haya una petición justificada de una de las partes.

3.6. Artículo 10 (Requisitos esenciales)

3.6.1. El artículo 10 trata de los requisitos esenciales en los acuerdos de interconexión: seguridad en la explotación de la red, mantenimiento de la integridad de la red, interoperabilidad de los servicios y protección de los datos.

3.6.2. En relación a la seguridad de operación de la red, la redacción de la propuesta es insuficiente, y debería establecer la definición de unos criterios racionales de capacidad de supervivencia frente a emergencias, y exigir la provisión de los medios necesarios para satisfacerlos.

3.6.3. Deben establecerse unos criterios claros, objetivos y mensurables que puedan llevar a justificar unas compensaciones económicas. Estos criterios deben permitir al proveedor decidir la forma más adecuada de satisfacerlos a un coste razonable que se justifique por el riesgo de incumplimiento.

3.6.4. Los aspectos de integridad adolecen de una ambigueedad referente a las limitaciones que los criterios de integridad puedan imponer sobre la negociación de unas condiciones de interconexión. Garantizar la integridad debe ser el primer objetivo, y las condiciones de interconexión deben ser tales que respeten aquéllas. Una negociación puede llegar a ser imposible si alguna de las partes impone condiciones incompatibles con la garantía de integridad.

3.6.5. En lo que concierne a la interoperabilidad debería mencionarse la posibilidad de referirse a organismos públicos de homologación cuyo dictamen favorable sea condición previa y necesaria. También serían de aplicación perfiles de servicio acordados internacionalmente.

3.7. Artículo 12 (Numeración)

3.7.1. El Comité estima que la portabilidad de los números es una cuestión importante, ya que su ausencia puede hipotecar la capacidad del usuario para cambiar de proveedor.

3.7.2. Los procedimientos de asignación de números y de intervalos numéricos deberán ser transparentes, equitativos y realizarse en el momento oportuno y la asignación se efectuará de manera objetiva, transparente y no discriminatoria.

3.7.3. El Comité coincide con la Comisión en la necesidad de crear un espacio europeo de numeración para facilitar el establecimiento y la utilización de servicios de telefonía vocal a escala europea, incluidos los números verdes y los números gratuitos.

3.7.4. No obstante, debería procederse por parte de la Comisión a un rápido estudio sobre su ejecución técnica, así como el tiempo y el coste que ello requeriría.

3.8. Anexo I (Redes públicas de telecomunicación y servicios públicos de telecomunicación específicos)

3.8.1. Resulta exagerado el nivel de detalle dedicado a la red telefónica pública fija. En primer lugar por los comentarios ya realizados sobre la digitalización y multiploxación de medios físicos. En segundo lugar por la mención de servicios de fax y módem, que quizás tuvieran mejor cabida en el párrafo dedicado al «servicio telefónico público fijo».

3.8.2. La definición de líneas arrendadas entra en consideraciones poco habituales como la capacidad de hacer un uso flexible del ancho de banda y poder influir en el encaminamiento y la gestión. Probablemente la definición más neutra de la primera frase fuera suficiente para caracterizar este tipo de líneas.

3.8.3. También convendría revisar la definición de «red telefónica pública móvil», pues si bien es cierto que un extremo no está en una ubicación fija, el otro extremo no queda especificado y se presta a un solape con la caracterización de la «red telefónica pública fija» en la que puede basar parte de su conectividad y con la que, en cualquier caso, debe interoperar.

3.9. Anexo II (Organizaciones que tienen derechos y obligaciones en materia de interconexión mutua para garantizar unos servicios de alcance europeo)

3.9.1. En la red local, que ella misma constituye una gran parte de la inversión, los costes fijos representan el elemento determinante; estos costes fijos no son más que insuficientemente cubiertos por los ingresos correspondientes (abono mensual) pero subvencionados por los ingresos ligados al uso de la red (esencialmente las comunicaciones interurbanas); esta situación es defendible en régimen de monopolio e indefendible en situación de competencia.

3.9.2. El Comité considera que hasta que se realice un reequilibrio de tarifas, es necesario, igualmente, permitir a todos los operadores históricos, cable-operadores) que no puedan cubrir sus costes fijos por los ingresos de interconexión.

3.9.2.1. No permitirlo conduciría de hecho a que sólo los abonados de los operadores colocados en las redes fijas (mayoritariamente residenciales) pagarían los costes fijos locales, y estarían, pues, subvencionando a los abonados de otros operadores interconectados que no soportarían estos costes fijos.

3.10. Anexo IV (Lista de elementos y subelementos de las cuotas de interconexión globales)

3.10.1. El Anexo IV trata de forma indicativa y no exhaustiva de elementos susceptibles de influir en las cuotas de interconexión.

3.10.2. Aún reconociendo el carácter indicativo del texto, no parece muy adecuada una presentación que parte de una imagen estática de la red o las redes que se interconectan. Puede suceder que baste añadir una interfaz y contabilizar la utilización, tal y como se describe en este anexo. Pero también puede ocurrir que el establecimiento de un acuerdo de interconexión lleve a condicionamientos globales de alguna o ambas redes que se interconectan, con sus costes asociados en inversión. La interconexión no es neutra. Deberían apuntarse fórmulas orientadas a repartir razonablemente dichos costes y riesgos financieros y a garantizar un uso adecuado durante un tiempo suficiente.

3.10.3. Será difícil armonizar las inversiones en red derivadas de estrategias comerciales, de las inducidas por la obligación de firmar acuerdos de interconexión con otras redes. Las agencias nacionales de regulación deberían poder prestar un papel de árbitro en caso de desavenencias entre las partes.

Hecho en Bruselas, el 29 de febrero de 1996.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° C 313 de 24. 11. 1995, p. 7.

() DO n° C 110 de 2. 5. 1995, p. 37.

() Doc. COM(94) 682 («Libro Verde sobre la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes de televisión por cable»).

() DO n° C 236 de 11. 9. 1995, p. 38; DO n° C 39 de 12. 2. 1996, p. 52.

() DO n° C 301 de 13. 11. 1995, p. 24.

() DO n° C 110 de 2. 5. 1995, p. 37; DO n° C 127 de 7. 5. 1994; DO n° C 34 de 2. 2. 1994.

() DO n° C 110 de 2. 5. 1995, p. 37.

() DO n° C 301 de 13. 11. 1995, p. 24.