Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Informe del Comité de Sabios: por una Europa de los derechos cívicos y sociales»

(97/C 244/11)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el informe final «Por una Europa de los derechos cívicos y sociales» aprobado por el Comité de Sabios en octubre de 1995;

vista su decisión del 18 de septiembre de 1996, de acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de emitir un dictamen sobre este asunto y asignar su elaboración a la Comisión de Política Social, Sanidad y Cohesión Económica y Social;

visto el proyecto de Dictamen (CDR 79/97 rev.) aprobado por la Comisión de Política Social, Sanidad y Cohesión Económica y Social (Comisión 8) el 7 de abril de 1997 (Ponente: Sr. Bodfish),

ha aprobado en su 18° Pleno celebrado los días 11 y 12 de junio de 1997 (sesión del 11 de junio) por unanimidad el presente Dictamen.

1. Introducción

Los trabajos del Comité de Sabios estaban previstos en el Programa de acción social a medio plazo 1995-1997 (PAS). El PAS contemplaba la creación del Comité de Sabios para examinar el futuro de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores en relación con la reforma de los Tratados de la UE. De hecho, el Comité de Sabios decidió ampliar su cometido para informar más ampliamente sobre el tema de los derechos cívicos y sociales. El informe del Comité de Sabios se presentó por primera vez en el Foro de Política Social de marzo de 1996 organizado por la Comisión Europea.

El Programa de Acción Social pretende desarrollar la política social de la Unión Europea en el convencimiento de que Europa necesita una política social con una base amplia, orientada hacia el futuro e innovadora, si quiere superar con éxito los obstáculos, incluso los de orden económico, que le aguardan. «No podemos disfrutar de un clima económico competitivo en una sociedad con altos niveles de desempleo, de pobreza y de delincuencia y con carencias sanitarias y educativas.» (Padraig Flynn).

2. Una Europa social

El aspecto más importante del informe del Comité de Sabios es que, una vez lograda la Unión Económica, el siguiente paso para Europa es la Unión Social. Afirma que todos los países europeos son entidades sociales que respetan los derechos de sus ciudadanos y que por tanto Europa tiene ya una dimensión social.

El Comité de Sabios aboga por una Europa social más fuerte, basada en los actuales derechos sociales de los Estados miembros y pide que, como primera medida, aquellos derechos sobre los que existe consenso se incorporen al Tratado en la próxima CIG. Un segundo paso implicará posteriormente un proceso de discusión y deliberación sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos de la Unión. «Los derechos deben ser objeto de una elaboración democrática según una lógica de ciudadanía activa.» El objetivo sería elaborar una lista completa de los derechos cívicos y sociales para su futura presentación, dentro de cuatro o cinco años, en una nueva CIG.

El Comité de las Regiones está de acuerdo en que los derechos cívicos y los derechos sociales son ahora interdependientes y que «en una primera etapa, es decir, durante la próxima Conferencia Intergubernamental (CIG), se integren en el Tratado determinados derechos fundamentales sociales y cívicos y se haga así explícita la voluntad de la Unión de formular un "Bill of Rights" que nos sirva de guía en el umbral del siglo XXI».

El Comité de las Regiones desea destacar la importante contribución de las entidades locales y regionales a la política social y a la previsión social, y la importancia de estas propuestas para el papel de las entidades locales y regionales y para la prestación de servicios locales. El Comité de las Regiones también quiere contribuir a los cambios necesarios para lograr una Europa social más fuerte y ser consultado sobre ellos.

La fuerza de las entidades locales y regionales en estos temas reside en que:

- desempeñan de hecho ya un papel importante en la política social en todos los países de la Unión;

- proporcionan una gran cantidad de empleos y son responsables frente a sus empleados en materia de igualdad de oportunidades, formación, seguridad y sanidad y además, en un sentido más amplio, desempeñan un gran papel en la creación de las condiciones de desarrollo económico y crecimiento;

- son proveedores primarios en los ámbitos de educación, formación, vivienda social, servicios sociales y de bienestar, transporte, promoción sanitaria y medio ambiente.

3. Las propuestas

El mandato del Comité de Sabios era examinar el futuro de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores en relación con la revisión de los Tratados Europeos. Así pues, estas propuestas iniciales están orientadas en lo fundamental a la modificación de los Tratados y a formular un «Bill of Rights», y por tanto los efectos más directos e inmediatos de las propuestas se dejarán sentir en la estructuras y el funcionamiento de la propia Unión Europea. Más allá de estos cambios se reconoce que la interrelación entre los derechos sociales y cívicos requieren que haya un «Bill of Rights» y una lista exhaustiva de derechos y deberes sociales y cívicos.

Los efectos de estas propuestas serán lentos y las entidades locales y regionales no esperan que tengan pleno efecto antes del fin de siglo. Sin embargo, el Comité de las Regiones desea en ese punto que se oiga la voz de las entidades locales y regionales para asegurarse de que los cambios propuestos están de acuerdo con lo que consideran sus prioridades y sus valores. Valores tales como la promoción de la igualdad de oportunidades y la ciudadanía activa son importantes para las entidades locales y regionales y el Comité de las Regiones quiere asegurarse de que dichas entidades son reconocidas por todos los Estados miembros como defensores clave de la democracia e impulsoras de la ciudadanía. El Comité de las Regiones quiere garantizar que las entidades locales y regionales estén a la vanguardia de estas propuestas y que se conviertan en sus defensores cuando empiecen a dar fruto.

4. Implicaciones para las autoridades locales y regionales

Las propuestas van a afectar directamente a las entidades locales y regionales a medida que tomen forma como consecuencia de los cambios de los Tratados y de la formulación de un «Bill of Rights». Esto va a afectar a las entidades locales y regionales en tanto que:

- Empleadores;

- Guardianes de la comunidad;

- Proveedores de servicios sociales;

- Procuradores de los derechos civiles;

- Facilitadores de la participación democrática -buen gobierno local;

- Reguladores -sanidad y seguridad, por ejemplo;

- Erradicadores de la exclusión social.

Las entidades locales y regionales desempeñan un papel en las siguientes propuestas del Comité de Sabios:

5. Observaciones específicas a los diferentes capítulos del Informe del Comité de Sabios

5.1. Examinar detenidamente nuestras concepciones del trabajo, la actividad y el empleo en Europa, para que nuestras políticas sean capaces de garantizar a todos el lugar que les corresponde en la sociedad

A medida que el concepto de trabajo, actividad y empleo cambia, es preciso que cambien también las entidades autoridades locales y regionales en tanto que empresarios y favorecedores del crecimiento económico y de la regeneración de la comunidad. Es necesario introducir y facilitar el trabajo flexible y los diferentes modelos de jornada completa y parcial. También hay que proporcionar actividades recreativas, acceso al trabajo voluntario, cuidado de los niños y oportunidades educativas y de formación que satisfagan las necesidades de los ciudadanos en este nuevo entorno de trabajo.

5.2. Precisar las modalidades de renovación de nuestro Estado del bienestar para que se convierta en una mejor baza de competitividad y de cohesión social y favorezca la plena actividad de cada uno

El CDR apoya los cambios que mejoren la estructura del Estado del bienestar y el énfasis en los derechos sociales y en los mecanismos de protección social. Esto está de acuerdo con el principio de prevenir en vez de curar y ahorraría grandes gastos al Estado del bienestar en materia de sanidad y cuidado de una población que envejece. El CDR señala que tales cambios requieren que las entidades locales y regionales reconsideren la asignación de recursos y ajusten la provisión de servicios.

5.3. Facilitar la aplicación de políticas que permitan tanto a los hombres como a las mujeres conciliar las responsabilidades familiares con las responsabilidades profesionales

El CDR está de acuerdo en que las responsabilidades familiares y las obligaciones de trabajo deberían estar más repartidas y equilibradas en la pareja. En su calidad de empleadores, las autoridades locales y regionales tienen que acomodarse a estas necesidades, pero también, en tanto que proveedores de servicios sociales, tienen que proporcionar y permitir una infraestructura que fomente dicho reparto para suprimir, de esta forma, la discriminación que, de hecho, todavía sufren las mujeres.

5.4. Estudiar las condiciones de aparición de una nueva generación de derechos cívicos y sociales, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, el progreso de los conocimientos en materia de medio ambiente y la evolución demográfica

El CDR apoya el fortalecimiento de los derechos cívicos y sociales. Las entidades locales y regionales desempeñan un importante papel para garantizar una ciudadanía activa. Tienen la obligación de promover los derechos sociales y cívicos en la resolución de sus asuntos. A esto debemos añadir la necesidad de fortalecer el buen gobierno de la comunidad, como ya han reconocido las entidades locales y regionales.

5.5. Culminar, con motivo de la próxima Conferencia Intergubernamental, una primera etapa, inscribiendo en los Tratados un conjunto básico de derechos cívicos y sociales fundamentales («Bill of Rights»)

El CDR apoya la integración en el Tratado de los derechos sobre los que ya existe un amplio consenso en la próxima CIG (es decir, en 1997). Las entidades locales y regionales son ya las protectoras y defensoras de los derechos, recogidos en las leyes actuales, designadas para proteger a la comunidad en su conjunto o a los individuos. El CDR cree que el derecho al autogobierno está incluido en el marco de los derechos del ciudadano. El principio de autonomía regional y el principio de autonomía local, tal como están definidos en la Carta de la autonomía regional y en la Carta europea de la autonomía local del Consejo de Europa, deben ser incluidos en el Tratado en la CIG de 1997 como dos principios generales de derecho comunitario derivados de las tradiciones comunes de los Estados miembros.

5.6. Incluir entre los derechos mencionados en la propuesta n° V la prohibición de toda discriminación

El CDR considera que la prevención de la discriminación y de la exclusión de los grupos desfavorecidos o minoritarios debe ser un principio bien establecido en la sociedad y acoge con satisfacción el llamamiento del Comité de Sabios para que este principio se extienda por toda la Unión, con carácter de ley, una vez que se haya recogido en los Tratados. También sugiere que la Unión adopte un papel coordinador y experimental en términos de combatir la exclusión social. Los miembros del Comité de las Regiones están en primera línea de las políticas y las iniciativas diseñadas para combatir la exclusión social, y las autoridades locales y regionales tienen la gran posibilidad de contribuir a la difusión de la buena práctica.

5.7. En lugar de adherirse al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, instaurar una jurisdicción de apelación especial para la protección de los derechos fundamentales propia de la Unión, compuesta por jueces no permanentes procedentes de los tribunales constitucionales o supremos de los Estados miembros

El CDR considera que son necesarios métodos modernos y baratos de salvaguardia de los derechos. Debe recurrirse al Defensor del Pueblo cuando sea necesario.

5.8. Prever un artículo del nuevo Tratado que inicie un proceso amplio y democrático de elaboración colectiva a nivel de la Unión de una lista completa de derechos y deberes cívicos y sociales. Puesto en marcha por el Parlamento Europeo a propuesta de la Comisión, este proceso al que deberán asociarse estrechamente los Parlamentos nacionales y en el que participarían no sólo los interlocutores sociales tradicionales sino también las organizaciones no gubernamentales, debería culminar en un plazo de cinco años en una nueva CIG

El CDR apoya firmemente el principio subyacente y subraya que, en su calidad de órgano de la Unión más próximo al ciudadano, debe ser también consultado durante el proceso de elaboración de un lista de derechos y deberes cívicos. Al considerar los plazos de una nueva CIG, debe tenerse en cuenta su incidencia en términos de actitudes ciudadanas hacia la Unión.

5.9. Ampliar las condiciones de acceso a los Fondos estructurales, para que puedan llevar a cabo acciones de promoción de los derechos sociales fundamentales

Como se afirma en la Declaración Final de la Conferencia del Parlamento Europeo en colaboración con el Comité de las Regiones sobre una Europa basada en la democracia y la solidaridad, en octubre de 1996, el CDR considera que el principio de cohesión económica y social constituye la expresión práctica de la solidaridad entre los pueblos de Europa. La extensión del ámbito de los Fondos estructurales a las medidas que fomenten los derechos sociales permitiría a las entidades locales y regionales iniciar medidas globales orientadas a combatir más eficazmente las desventajas sociales y económicas.

5.10. Incorporar al ámbito comunitario las políticas de inmigración y de asilo, así como las políticas de entrada, circulación y residencia que afecten a los ciudadanos de terceros países

El CDR señala que las propuestas sobre política de inmigración y asilo, derecho de circulación y residencia tienen implicaciones para las entidades locales y regionales no sólo como empleadores sino como proveedores de servicios. Será necesario que dichas entidades revisen cuidadosamente los servicios que proporcionan y cómo lo hacen.

5.11. Integrar también en el ámbito comunitario las políticas relativas a la droga

El CDR acoge con satisfacción cualquier apoyo adicional por parte de la Unión Europea para complementar los esfuerzos de los Estados miembros y de las entidades locales y regionales en las políticas de prevención del consumo de drogas, de disminución de su abuso y de represión del tráfico de drogas. Estas políticas deberán incidir, asimismo, la de prevención de la discriminación y de la exclusión de los drogodependientes.

5.12. Valdría la pena precisar el concepto de servicio de utilidad pública, en la medida en que estos servicios básicos condicionan el ejercicio de algunos derechos sociales

Si la Unión debe definir a qué se refiere el término «servicios de utilidad pública», servicios básicos o acceso a los servicios, el CDR señala que las entidades locales y regionales tienen la tarea añadida de proporcionar y asegurar el acceso de los ciudadanos a los servicios básicos como son el transporte o la vivienda.

6. Implicaciones de esta política para las entidades locales y regionales

El Comité de las Regiones, como órgano cercano a los ciudadanos, es partidario de que se refuerce el concepto de ciudadanía y la propuesta del Comité de Sabios de cambiar los Tratados e introducir un «Bill of Rights» que se ocupe de los temas planteados por el desempleo, la exclusión social y una concepción inadecuada de la ciudadanía. El CDR señala que los principios más importantes son:

6.1. Es necesario cambiar nuestros conceptos de trabajo, actividad y empleo para que todos ocupen el lugar que les corresponde en la sociedad. La flexibilidad en el trabajo permite tanto a los hombres como a las mujeres conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares. Los diferentes modelos de trabajo a tiempo completo, que permiten períodos de actividad remunerada que se alternan con fases de formación o de ocio dedicadas a otras actividades, reducen la tendencia a la marginación y exclusión del individuo.

6.2. El sistema de bienestar tiene que ser revisado como un componente clave de la eficacia económica europea, la exclusión social de los grupos menos favorecidos tiene que reducirse al mínimo y se debe lograr un acuerdo para responder al envejecimiento de la población.

6.3. Ser ciudadano de la Unión debe significar que cada individuo pueda desarrollar todo su potencial y se sienta capaz de participar en la Unión a la que está adscrito. El CDR cree firmemente que las autoridades locales y regionales son los actores clave a la hora de acercar la Unión y su política a los ciudadanos.

6.4. Es preciso establecer un núcleo de niveles sociales mínimos requeridos para que la ampliación y globalización de Europa sea un éxito: los Estados que soliciten su adhesión tienen que saber no sólo cuál es la política económica de la UE sino también lo que la política social de la UE exige.

El Comité de las Regiones ha reafirmado ya sus demandas relativas a los mecanismos de participación de los entes territoriales en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. El CDR también destaca que las entidades locales y regionales son un intermediario esencial en el diálogo que debe establecerse entre los ciudadanos y las instituciones europeas. El Comité de las Regiones solicita cambios en el Tratado que ayuden a las entidades locales y regionales a ocupar el lugar que les corresponde como interlocutores en las decisiones y las políticas que afectan a sus funciones.

7. La Conferencia Intergubernamental

Los objetivos subyacentes están en la línea marcada por el Informe del Comité de Sabios, pero dicho informe no hace suficientes referencias al papel de las entidades locales y regionales. De acuerdo con ello, el CDR recuerda los principios de su Declaración para la CIG, hechos en marzo de 1996. En ella se mencionaban los siguientes temas:

- subsidiariedad: se debe aclarar el principio de subsidiariedad y se debe reconocer el papel y la postura de las entidades locales y regionales en relación con dicha subsidiariedad;

- autonomía regional y autonomía local: el principio de la autonomía regional y el principio de la autonomía local, en la forma definida en la Carta de la autonomía regional y en la Carta europea de la autonomía local del Consejo de Europa, deben ser incluidos en el Tratado;

- cooperación: habría que ampliar las disposiciones del Tratado que prevén la cooperación o la participación de las autoridades nacionales en la política de la Unión para prever la cooperación y participación de las autoridades locales y regionales cuando las políticas afecten a las responsabilidades de las entidades locales y regionales.

8. Conclusión

El CDR acoge favorablemente el Informe del Comité de Sabios y su afirmación de que los derechos cívicos y sociales son interdependientes. El Comité de las Regiones considera que es necesario actuar en esta y en futuras CIG para fomentar los derechos de los ciudadanos en la UE. Las entidades locales y regionales tienen un papel clave que desempeñar en la promoción de la ciudadanía activa y en la salvaguardia de los derechos cívicos y sociales ya que constituyen el nivel de gobierno más cercano al ciudadano. La mayoría de las propuestas y de las conclusiones del Comité de Sabios tienen repercusiones en el gobierno local y regional. El Comité de las Regiones está convencido de que estas propuestas fortalecerán el papel de interlocutores de las entidades locales y regionales en el seno de la UE. El Comité de las Regiones, por tanto, insta a las entidades locales y regionales a participar plenamente en las propuestas hechas por las instituciones europeas a la hora de llevar adelante las recomendaciones del Comité. Además, se debe dar pleno protagonismo al propio Comité de las Regiones en el proceso de consulta previsto en el Capítulo IV del Informe del Comité de Sabios para elaborar un listado moderno de derechos y deberes cívicos y sociales.

Bruselas, el 11 de junio de 1997.

El Presidente del Comité de las Regiones

Pasqual MARAGALL i MIRA