Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles)» () (98/C 157/02)

El 4 de noviembre de 1997, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de marzo de 1998 (ponente: Sr. Pelletier).

En su 353° Pleno de los días 25 y 26 de marzo de 1998 (sesión del 25 de marzo), el Comité Económico y Social ha aprobado por 94 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La mejora del procedimiento de indemnización a las personas damnificadas en accidentes de circulación en el territorio de la Unión Europea es una de las preocupaciones más importantes de los legisladores comunitarios desde la puesta en marcha del mercado único de los seguros.

1.2. Esta preocupación es tanto más legítima por cuanto contribuye a facilitar la libre circulación de las personas, garantizada en el Tratado, y a dar realidad al mercado único.

1.3. Esta cuarta Directiva sobre vehículos automóviles se inscribe en el contexto de la movilidad creciente de los ciudadanos de la Unión Europea que, de forma regular, están obligados a permanecer por un corto período en otros Estados miembros distintos del suyo de residencia. Estos flujos de población, a menudo marcados por el ritmo de los periodos vacacionales, se caracterizan por su volumen regularmente creciente y también porque afectan desigualmente a los distintos Estados miembros. Desde este punto de vista, se puede hacer una clara distinción entre los países «exportadores» de turistas, los países «importadores» y los Estados miembros de tránsito.

1.4. Aunque el número de los directamente afectados no sea muy alto, la posibilidad estadística de que una persona física, de paso en un Estado miembro que no sea el suyo, resulte damnificada en un accidente es pues real, como lo atestiguan las numerosas peticiones recibidas por el Parlamento Europeo.

2. Antecedentes

2.1. El sistema de la Carta Verde, establecido a finales de los años cuarenta por iniciativa de la Comisión de Transportes de la ONU, organiza, en el marco de un Convenio entre Oficinas, la reparación de los siniestros causados fuera de su país de matriculación por los vehículos asegurados en países europeos.

2.2. La Comisión Europea, desde su primera Directiva sobre responsabilidad civil de vehículos automóviles de 1972 (72/166/CEE) que estableció el seguro obligatorio de responsabilidad civil para el conjunto de lo que entonces constituía la Comunidad Económica Europea, se fijó el objetivo de mejorar el procedimiento de indemnización a las personas damnificadas en los accidentes de circulación en la Unión Europea. La segunda (84/5/CEE) y la tercera (90/232/CEE) Directivas sobre seguro de vehículos automóviles vinieron a reforzar esta protección a las personas damnificadas.

2.3. La segunda Directiva de 30 de diciembre de 1983, inspirándose en el sistema de la Carta Verde, reguló los casos de accidentes de circulación ocurridos en el Estado de residencia de la persona damnificada y causados por vehículos matriculados y asegurados en ese país o en otro Estado miembro.

2.4. La tercera Directiva, de 14 de mayo de 1990, que reguló el funcionamiento de la libre prestación de servicios en seguros automóviles, cubría por su parte las situaciones en las que el accidente ocurre en el Estado de residencia de la persona damnificada y es causado por un vehículo matriculado en el mismo Estado pero asegurado en régimen de LPS por una empresa de seguros de otro Estado miembro.

2.4.1. Dicha Directiva hizo obligatoria la adhesión de todos los aseguradores que operan en este mercado, establecidos o no, al régimen de la Carta Verde y a los Fondos de Garantía nacionales.

2.5. Así pues, las Directivas sobre vehículos automóviles no permiten cubrir en condiciones prácticas satisfactorias los casos de las personas damnificadas en un accidente de circulación fuera de su Estado de residencia.

2.6. La Comisión Europea, habiendo detectado esta laguna, sometió a principios de la década de los años noventa este tema a las dos organizaciones profesionales más adecuadas para dar una respuesta: el Comité Europeo de Seguros (CEA) y el Consejo de Oficinas.

2.7. El Consejo de Oficinas, que gestiona el sistema de la Carta Verde puso en marcha un Convenio «Víctimas transeúntes» para tener en cuenta esta figura. No ha sido posible, sin embargo, llegar a ningún resultado por medio de convenios, por una parte, era evidente que no se podía conseguir el acuerdo unánime de las empresas y, por otra, porque la extensión de la acción directa, pieza clave del sistema de recurso a un representante, no podría ser garantizada en condiciones óptimas de seguridad jurídica.

2.8. Tomando nota de esta imposibilidad sobre un tema tan sensible, el Comité Europeo de Seguros se ha pronunciado claramente en favor de una propuesta de Directiva, como único medio de garantizar un nivel de protección homogéneo en toda la Unión Europea, y sobre todo, de establecer en todos los Estados miembros un derecho de acción directa frente a la empresa aseguradora de la responsabilidad civil del responsable.

2.9. Como consecuencia de una serie de peticiones presentadas por personas damnificadas en accidentes de circulación fuera de su Estado de residencia en las que se denunciaban los retrasos en la indemnización y la lentitud del procedimiento, el Parlamento Europeo se ocupó del tema en 1995. La Comisión de Asuntos Jurídicos designó como ponente al Sr. Willy Rothley, principal responsable de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 26 de octubre de 1995 en virtud del artículo 138 B del Tratado.

2.10. Los servicios de la Comisión Europea tuvieron en cuenta las demandas del Parlamento Europeo y han elaborado una propuesta de Directiva que se basa en los siguientes principios:

- instauración del derecho a la «acción directa» de la persona damnificada frente a la empresa de seguros que cubre la responsabilidad civil del responsable;

- designación por parte de todas las empresas de seguros de un representante encargado de la liquidación de siniestros en todos los Estados miembros de la Unión Europea;

- creación de un organismo de información encargado de comunicar a la persona damnificada los datos de la empresa de seguros del responsable y los de su representante para la liquidación de siniestros en su país de residencia;

- implantación de una obligación de oferta de indemnización por parte de la empresa de seguros en la que se especifiquen los plazos y las sanciones;

- iniciación, en el caso de que no se haya designado un representante o de que la respuesta no sea satisfactoria por parte de la empresa de seguros dentro de los plazos de la oferta, de un proceso de indemnización de las personas damnificadas por parte de un organismo ad hoc en su país de residencia, haciendo valer a posteriori el crédito contra su «organismo homólogo» en el Estado miembro donde haya ocurrido el accidente.

3. Observaciones generales

3.1. El Comité formula un dictamen favorable a la propuesta de Directiva que constituye una etapa indispensable en la construcción del mercado único en beneficio de los consumidores que puedan verse efectivamente confrontados, en el caso de siniestros ocurridos en el extranjero, a las siguientes dificultades:

- problemas lingüísticos y de comunicación;

- dificultades para identificar al autor de los daños y a su compañía aseguradora;

- disparidad de condiciones de atribución de la responsabilidad del culpable del accidente;

- leyes de procedimientos y de indemnización diferentes de unos países a otros.

3.2. El Comité desea que este texto sea aprobado lo antes posible y que, tanto la Comisión Europea como todas las partes interesadas en la promoción de un dispositivo de este tipo en los Estados miembros -poderes públicos, organizaciones profesionales de aseguradoras, asociaciones de consumidores, profesionales del turismo, etc.- le den una cierta publicidad.

3.3. Sin embargo, comprueba que aparte de la mayor claridad de redacción que se podría dar a determinados pasajes, quedan aún interrogantes en los medios profesionales interesados en cuanto al cumplimiento, en los plazos señalados, de determinadas obligaciones previstas en la propuesta de Directiva, y, especialmente, en lo que se refiere al establecimiento de un registro de información con la matrícula de los vehículos, los datos de las empresas de seguros que cubren la responsabilidad civil y la identidad del representante encargado de la liquidación de los siniestros.

3.4. Por consiguiente, el tema de la introducción de un plazo suplementario para la aplicación de esta disposición específica de la Directiva merece ser discutido, en la medida en que el establecimiento de dicho registro, que con estas características no existe ahora mismo en muchos Estados miembros, requiere un tiempo razonable para reunir los medios técnicos y financieros indispensables para su buen funcionamiento.

3.5. En general, en los medios afectados se ha suscitado la cuestión del coste ligado a la aplicación de esta propuesta de Directiva. El Comité estaría interesado en saber si la Comisión Europea ha intentado evaluar el coste económico de esta iniciativa legislativa por medio de las tradicionales fichas de impacto.

3.6. Por otra parte, al Comité le parece evidente que una vez que se apruebe esta Directiva habrá que salvar otras etapas.

3.6.1. Aunque se trata de un problema más general, sería oportuno que la Comisión iniciara una reflexión sobre los medios para acelerar y facilitar el acceso de las personas damnificadas a las reglas de prueba, especialmente, en materia de entrega y de comunicación de las actas del cuerpo de policía implicado.

3.6.2. En cuanto al esfuerzo de aproximación de las legislaciones de los derechos de indemnización y reparación a nivel europeo, parece también deseable en un plazo determinado, aunque en este momento no parecen darse las condiciones para una convergencia real.

3.6.3. El Comité Europeo de Seguros ha contribuido, en lo que a él le concierne, a facilitar concretamente la reglamentación sobre siniestros en el extranjero poniendo a punto un modelo de «Declaración Europea de Accidente» utilizado en numerosos Estados miembros.

El derecho a la acción directa

3.7. El reconocimiento de este derecho en la legislación de todos los Estados miembros supone, indudablemente, una conquista esencial para mejorar la situación de las personas damnificadas que reclaman una indemnización. Constituye una novedad en el Reino Unido y en Irlanda.

3.8. El Comité constata que este derecho de acción directa no será aplicable más que a las personas damnificadas que respondan a los criterios del artículo 1, es decir, las personas víctimas de un accidente de circulación ocurrido en un Estado miembro distinto del suyo, ocasionado por un vehículo matriculado en un Estado miembro pero asegurado en una compañía de seguros de otro.

3.9. El Comité se pregunta acerca de las razones de esta limitación y considera, por su parte, que esta propuesta de Directiva debería haber supuesto una buena ocasión para hacer de esta facultad un derecho universal para uso de todas las personas damnificadas en accidentes de circulación ocurridos en el territorio de la Unión Europea.

La designación de un representante para la liquidación de siniestros

3.10. Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para que las compañías de seguros autorizadas que se ocupan del ramo 10 designen en cada Estado miembro un representante para la liquidación de siniestros. Esta nueva obligación de las empresas está destinada a facilitar los trámites a la persona damnificada y se añade ahora a la lista de formalidades que aquéllas deben cumplir para la obtención de la autorización.

3.10.1. La designación de un representante de este tipo se convierte así en una de las condiciones para la obtención del permiso europeo.

3.11. El Comité se felicita por el método empleado pero tiene dudas acerca de las condiciones de aplicación por parte de las autoridades de control. En efecto, estas últimas deberán organizarse para exigir de las empresas que ya hayan obtenido la autorización que designen a un representante y vigilar que los expedientes de solicitud estén completos. Convendría que las empresas de seguros sensibilicen a las autoridades de control respectivas sobre la importancia de esta nueva misión y consigan la introducción de una disposición suplementaria sobre este punto en el Protocolo, modificado en octubre de 1997, relativo a la colaboración de las autoridades de control de las empresas de seguros de los países del Espacio Económico Europeo.

3.12. Esta nueva formalidad no parece suponer un inconveniente demasiado oneroso para las empresas dado que la lista de las personas físicas o morales que pueden realizar esta función está abierta. La Comisión Europea indica, en efecto, en la exposición de motivos sobre el artículo 3 que su intención ha sido «dar a las empresas gran libertad». Las sociedades podrán usar, pues, las estructuras existentes: filiales, sucursales, agencias, oficinas de liquidación de siniestros... o personas físicas que cumplan ya las funciones de abogado, mandatario, representante fiscal o incluso representante de los servicios en el sentido mencionado en el artículo 6 de la Directiva 90/618/CEE.

3.13. Además, la designación de dicho representante no impide, obviamente, que la empresa se ponga en contacto directamente con la o las personas damnificadas. Esta flexibilidad, que convierte el recurso al representante para la liquidación de siniestros en una posibilidad entre otras, es especialmente importante puesto que respeta la variedad de situaciones, sobre todo aquéllas en las que la persona damnificada ha suscrito un seguro de «protección jurídica».

3.14. La definición del mandato que une al representante con la empresa de seguros que le ha nombrado debe dar pruebas de la misma flexibilidad -ésta es la opción que se ha tomado en el apartado 5 del artículo 3- para no obligar a los operadores a modificar sus relaciones contractuales con personas del exterior ni su modo de organización en los mercados extranjeros.

3.15. En cuanto a las calificaciones que debe poseer el representante para la liquidación de siniestros, parece conveniente precisar explícitamente que debe poder dialogar con la persona damnificada en la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado miembro de residencia de esta última. La dificultad lingüística constituye en efecto, uno de los principales obstáculos para la buena marcha de los procedimientos de indemnización.

El establecimiento de la obligación de presentar una oferta de indemnización

3.16. El apartado 6 del artículo 3 introduce una obligación de presentar una oferta de indemnización en el plazo de tres meses, acompañada de sanciones «en el supuesto de que se haya determinado la responsabilidad y el daño». Se trata de una disposición absolutamente esencial de la Directiva y que condiciona por sí sola, en gran parte, su eficacia y que debería convertir la intervención del organismo de indemnización descrito en el artículo 5 en un hecho excepcional.

3.17. Esta obligación de presentar una oferta de indemnización existe ya en el mercado francés desde la entrada en vigor de la ley de 5 de julio de 1985. Este sistema, que comporta en caso de litigio sanciones pecuniarias si no se presenta ninguna oferta o ésta es insuficiente, funciona desde hace más de diez años de manera satisfactoria para las entidades aseguradoras y los asegurados.

3.18. Por otra parte, también teniendo en cuenta la experiencia francesa, se puede observar que el buen funcionamiento de la obligación de presentar una oferta de indemnización que pesa sobre la empresa aseguradora de la responsabilidad civil del causante se basa sobre la apreciación realista de los procedimientos de evaluación de los daños corporales y materiales. Por esta razón, en el Código de las empresas de seguros se hace referencia a la noción de consolidación del estado de la persona damnificada.

3.19. Esta referencia, que corresponde a una medida utilizada en otros mercados de la Unión Europea (Bélgica, España, Portugal, Italia, etc.), merecería examinarse con atención puesto que podría garantizar una mayor eficacia de este dispositivo, tanto desde el punto de vista de los aseguradores como del de las personas damnificadas.

3.20. El Comité plantea la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la introducción de una referencia de este tipo, añadiendo al final del primer guión del apartado 6 del artículo 3: «y especialmente la consolidación del estado de la persona damnificada». Pero esta modificación no tiene sentido si no es una referencia de uso generalizado en los Estados miembros.

3.21. Este interés por ser realistas debería llevar también a precisar que la solicitud de indemnización presentada por la propia persona damnificada, o por uno de sus representantes debe estar motivada y debe incluir todos los datos necesarios para evaluar los daños materiales y corporales.

Establecimiento de un registro

3.22. El organismo de información descrito en el artículo 4.1 está encargado esencialmente de «llevar registros de los vehículos automóviles matriculados en ese Estado miembro, de las empresas de seguros que cubran la responsabilidad civil de dichos vehículos y de los representantes para la liquidación de siniestros...» para facilitar la identificación de la empresa aseguradora responsable necesaria para iniciar el procedimiento de liquidación del siniestro.

3.23. El Comité no puede por menos que apoyar el establecimiento de dicha estructura destinada a ayudar a las víctimas de accidentes y que además deberá proporcionar medios suplementarios para luchar contra la falta de seguro, pero se pregunta, no obstante, sobre la posibilidad de hacerlo en los plazos previstos en la propuesta de Directiva.

3.24. En efecto, conviene señalar ciertas dificultades:

- en numerosos Estados miembros, las empresas de seguros que cubren la responsabilidad civil del parque móvil no siempre disponen sistemáticamente de la información sobre el número de matrícula de cada vehículo;

- actualmente no es posible identificar en todos los Estados miembros a la empresa aseguradora a partir del número de matrícula; sólo en Alemania o en Austria existe un sistema que lo permite, mientras que en Francia o en Italia se establece la relación entre la matrícula y el suscriptor;

- las fichas existentes, que corresponden más o menos al contenido previsto en el artículo 4, están gestionadas por una o varias entidades (poderes públicos, asociaciones profesionales, organismos independientes) a los que conviene dejar tiempo para definir su colaboración en la creación de la «ventanilla» única.

3.25. El Comité insiste para que, en cualquier caso, se conceda un plazo suplementario, (por ejemplo, de 30 meses en lugar de 24). Este plazo parece efectivamente realista para permitir a todos los Estados miembros establecer, conforme a las normas nacionales y comunitarias en materia de protección de datos de carácter personal, una vía de acceso única que recoja de manera fiable y si es posible homogénea, todos estos datos sabiendo que esta «dirección» será de nueva creación en su totalidad o será el resultado de la puesta en común de todos los registros parciales existentes.

3.26. Dicho plazo permitirá, además, sacar mejor partido de las experiencias nacionales más interesantes en el tema del fichero. Cabe señalar al respecto el buen funcionamiento de dicho registro en el mercado español desde marzo de 1996. Desde esa fecha, las compañías aseguradoras comunican a sus Fondos de Garantía, al parecer sin grandes dificultades, el número de matrícula de los vehículos por ellas cubiertos, los nombres y direcciones, el tipo de contrato (anual, temporal, etc.) y su periodo de validez y las referencias relativas a la marca del vehículo y al número de registro de la entidad en el organismo de control.

Condiciones de intervención del organismo indemnizatorio

3.27. La propuesta de Directiva describe detalladamente las condiciones en las que los organismos indemnizatorios pueden proceder a la indemnización de las víctimas en caso de que las empresas no respeten las disposiciones del artículo 3.

3.27.1. Este artículo 5 representa una red de protección y, como reconoce la propia Comisión en su exposición de motivos, «se aplicará en contadas ocasiones».

3.28. Es probable que este organismo indemnizatorio sea el Fondo de Garantía o la Oficina de la Carta Verde, según los distintos Estados miembros. En cualquier caso, será conveniente procurar que en el momento de la transposición los Estados miembros tomen las medidas necesarias para alcanzar los dos objetivos planteados en este artículo:

- dotar a las estructuras existentes de los medios materiales y financieros para indemnizar, a veces en importantes proporciones, a las personas damnificadas;

- garantizar el buen funcionamiento de la compensación entre los órganos indemnizatorios que en tanto que «organismos homólogos» según los términos de la exposición de motivos pueden muy bien no ser estructuras análogas en el caso de que, por ejemplo, un Fondo de Garantía del país de residencia tuviera que hacerse reembolsar los gastos por la Oficina de la Carta Verde del país en el que ocurrió el accidente.

3.29. Como existen dos estructuras que pueden desempeñar este papel, podría ser útil prever en anexo a la Directiva una lista con los organismos indemnizatorios según las condiciones del artículo 5 de todos los Estados miembros. Esta lista, que deberá ser actualizada regularmente, supondría un factor de seguridad jurídica.

3.30. Habrá que estudiar también la introducción de una póliza adicional a los convenios existentes entre las Oficinas y los Fondos de garantía para asegurar el respeto del plazo de dos meses que abarca la operación de recurso.

3.30.1. Además, esta solución permitiría prever bilateralmente la organización de intercambios de información sobre el total estimado del daño para evitar las evaluaciones imprudentes.

3.31. El artículo 6 contempla los casos en que no se ha podido identificar a la empresa aseguradora y prevé una indemnización de la persona damnificada por parte de los Fondos de Garantía de su país de residencia. Sería útil que la Comisión Europea precisara más concretamente para saber con certeza qué situaciones están cubiertas.

3.31.1. En efecto,

- bien el organismo de información previsto en el artículo 4 no ha funcionado correctamente y no ha sido capaz de proveer, debido a fallos de toda índole, los datos de la empresa aseguradora de la RC y de su representante,

- bien la identificación de la empresa aseguradora no es posible por razones objetivas: delito de fuga sin que se haya podido tomar la matrícula, invalidez del contrato, etc.

4. Observaciones específicas

Artículo 1°

4.1. El territorio geográfico de aplicación se extiende exclusivamente a la Unión Europea, de acuerdo con los términos del artículo. El Comité se plantea si sería factible y oportuno extenderlo a otros países.

4.2. Hay que distinguir diversas situaciones:

- los países miembros del Espacio Económico Europeo (Islandia, Noruega, Liechtenstein) deberían estar incluidos en la Directiva comunitaria tras su aprobación en el marco de los acuerdos contraídos entre la Unión Europea y el EEE;

- Suiza, país fronterizo de varios Estados miembros plantea un problema particular puesto que no es miembro del EEE. Están en curso negociaciones bilaterales entre las autoridades de la UE y la Confederación Helvética que han fracasado recientemente en relación con las modalidades del tránsito por carretera. El Comité se pregunta por los medios jurídicos existentes que permitirían, en nombre de la protección de las personas damnificadas, extender el beneficio de las medidas previstas en la Directiva a los ciudadanos procedentes de un país comunitario damnificados en un accidente de circulación en territorio suizo. Se podría contemplar a corto plazo una solución basada en una fórmula convencional del mismo tipo que el Convenio multilateral de garantía;

- los países de Europa Central y Oriental tienen también fronteras comunes con diversos Estados miembros y registran un flujo creciente de circulación automóvil. Van a convertirse en miembros de la Unión Europea y, para algunos de ellos, las negociaciones sobre la ampliación comenzarán el 31 de marzo de 1998. Están adscritos al sistema de la Carta Verde y son parte del Convenio multilateral de garantía. Sería pues conveniente explorar la vía convencional a la espera de su adhesión;

- la situación de otros terceros países es más delicada en el plano de los principios jurídicos. No obstante, el Comité se plantea un caso que no contempla el artículo 1, por ejemplo, el de un accidente causado por un vehículo que no esté matriculado en la Unión Europea, conducido por un propietario americano cubierto por una garantía de seguro internacional expedido por una compañía de seguros con sede en la Unión.

4.2.1. Efectivamente, el artículo 1 vincula indisolublemente la matriculación y el seguro. Sin embargo, parece que pueden darse situaciones en que no se cumplan estas dos condiciones acumulativas.

4.3. El Comité señala, además, que existe una gran disparidad en los regímenes de matriculación vigentes en la Unión Europea en cuanto a las autoridades encargadas de entregar las placas, los requisitos, los plazos fijados para cambiarlas, etc., dado que las Directivas sobre vehículos automóviles no han tratado este asunto.

4.3.1. Este tema debería ser actualizado en un contexto caracterizado por algunos casos de LPS (Libre prestación de servicios) salvaje en el sector del automóvil.

Artículo 2

4.4. El Comité se declara favorable a la ampliación del derecho de acción directa al conjunto de las personas lesionadas según se define en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 72/166/CEE. Sugiere, por tanto, que se sustituya la actual redacción por la siguiente:

«Los Estados miembros velarán por que toda persona lesionada según se define en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 72/166/CEE tenga derecho a interponer una acción directa contra la empresa de seguros del tercero a quien corresponda la responsabilidad civil.»

Artículo 3

4.5. Parece oportuno introducir una referencia a la obligación que tiene el representante para la liquidación de siniestros de comunicarse con la persona damnificada en su propia lengua. Esta precisión podría añadirse al final del apartado 4 de la manera siguiente:

«Deberá poder comunicarse con la persona damnificada en la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado de residencia de la víctima del siniestro.»

4.6. El apartado 6, cuya redacción es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de la obligación de presentar una oferta en beneficio de las personas damnificadas, debe ser completado en tres nuevos aspectos.

4.7. En primer lugar, conviene prever el caso en que la demanda de indemnización de la persona damnificada sea rechazada por exorbitante por la empresa de seguros que debe, entonces, en el plazo de tres meses, exponer los motivos del rechazo.

4.7.1. La «oferta de indemnización» cubre sin duda también los casos de oferta cero pero el Comité considera más prudente disponer de una formulación explícita de conformidad con el apartado 1 del artículo 5, primer guión, en el que se emplea la expresión «respuesta motivada».

4.7.2. Se podría pues introducir tras la expresión «oferta de indemnización» la siguiente frase: «o justifiquen exactamente las razones de su rechazo de la demanda de indemnización».

4.8. Habría que añadir una precisión del mismo tipo en relación con la forma de la demanda de indemnización. Es conveniente, en efecto, teniendo en cuenta las sanciones aparejadas a la falta de respuesta o a una respuesta poco satisfactoria, velar por que ésta última sea lo más completa y justificada posible.

4.8.1. Por tanto sería útil añadir el adjetivo «motivada» tras la expresión «demanda de indemnización» que figura en el apartado 1.

4.9. La formulación del segundo guión que contempla los casos en que la empresa de seguros esté autorizada a «responder apropiadamente» en lugar de a «presentar una oferta de indemnización» debe quedar más clara en la versión francesa. En efecto, las dos condiciones mencionadas pueden ser acumulativas pero también alternativas. Sería pues necesario reemplazar la palabra «y» por la expresión «y/o».

Artículo 4

4.10. Podría ser adecuado introducir desde el artículo 4 una referencia a los Fondos de Garantía. Así, se podría añadir al final de la última frase del apartado 3 la siguiente expresión: «y el nombre y la dirección del organismo mencionado en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE».

4.11. Este artículo, que especifica el contenido de las informaciones pertinentes para facilitar la liquidación del siniestro, fija las obligaciones en términos de intercambios de los Estados miembros y las empresas de seguros. Cabe lamentar que no se haga alusión a la obligación que tienen los organismos de indemnización de los distintos Estados miembros de intercambiar entre ellos esta información. La Comisión Europea reconoce en la exposición de motivos que «la cooperación entre los centros de información es indispensable para conseguir el número de matrícula del vehículo y el nombre de la empresa de seguros en el país de residencia de la víctima, puesto que esa información sólo consta en el país de matriculación del vehículo».

4.11.1. El Comité considera que es útil disponer de una referencia explícita a esta cooperación en el artículo 4. Propone que se incluya un nuevo apartado 4:

«4. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para facilitar el intercambio de información entre los organismos de información establecidos de conformidad con el apartado 1 del presente artículo».

Artículo 6

4.12. A fin de disipar cualquier malentendido sobre los casos contemplados en este artículo, sería quizá útil sustituir el principio de la primera frase «Si no puede identificarse a la empresa de seguros» por la expresión siguiente que es más precisa:

«Cuando un organismo de información no ha conseguido identificar a la empresa de seguros de un vehículo matriculado en su territorio...»

Artículo 7

4.13. Teniendo en cuenta las dificultades que entraña poner en marcha el fichero descrito en el artículo 4, el Comité recomienda ampliar el plazo previsto en el apartado 1 de veinticuatro a treinta meses.

Bruselas, el 25 de marzo de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 343 de 13.11.1997, p. 11.