El artículo 17, apartado 8, establece que la aplicación del artículo 17 no dará lugar a ninguna obligación general de supervisión. El artículo 17, apartado 9, establece, entre otras cosas, que la Directiva no afectará en modo alguno a las utilizaciones lícitas, como los usos al amparo de excepciones y limitaciones establecidas en el Derecho de la Unión, y no conducirá a identificación alguna de usuarios concretos ni al tratamiento de sus datos personales, salvo si es conforme con la Directiva 2002/58/CE y el Reglamento (UE) 2016/679. El considerando 85 especifica además que todo tratamiento de datos personales debe respetar los derechos fundamentales, incluidos el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter personal, y debe cumplir la Directiva 2002/58/CE y el Reglamento (UE) 2016/679. Al ejecutar el artículo 17, los Estados miembros deben respetar el acervo de la Unión en materia de protección de datos, en particular en lo que se refiere a las posibles medidas tecnológicas adoptadas por los prestadores de servicios en cooperación con los titulares de derechos con arreglo al artículo 17, apartado 4, y en el contexto del mecanismo de reclamación y recurso para los usuarios con arreglo al artículo 17, apartado 9. Los Estados miembros deben velar por la correcta aplicación de estas normas al transponer el artículo 17.

El artículo 17, apartado 7, establece que, cuando los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea cooperen con los titulares de derechos con arreglo al artículo 17, apartado 4, a fin de evitar contenidos no autorizados, dicha cooperación no dará lugar a la indisponibilidad de obras y otras prestaciones cargadas por los usuarios que no infrinjan los derechos de autor y derechos afines.

Cuando no se conceda autorización con arreglo al artículo 17, apartados 1 y 2, el artículo 17, apartado 4, establece un régimen específico que permite a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea eludir la responsabilidad, en determinadas condiciones, por el acto de comunicación al público a efectos del artículo 17, apartado 1. Tal como señala el considerando 66, este régimen específico tiene en cuenta el hecho de que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea ofrecen acceso a contenidos cargados no por ellos, sino por sus usuarios.

El artículo 17 tiene carácter de lex specialis con respecto al artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE y al artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE. No introduce ningún nuevo derecho en la legislación de la Unión en materia de derechos de autor, sino que regula plena y específicamente el acto de «comunicación al público» en las circunstancias limitadas abarcadas por esta disposición «a los efectos de la presente Directiva». Así lo confirman los considerandos 64 y 65. El considerando 64 señala que el artículo 17 no afecta al concepto de comunicación al público o de puesta a disposición del público de contenidos en otros ámbitos en virtud del Derecho de la Unión, ni tampoco afecta a la posible aplicación del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29/CE a otros prestadores de servicios que usen contenidos protegidos por derechos de autor. El considerando 65 establece que, si bien el artículo 14 de la Directiva 2000/31 no se aplica a la responsabilidad con arreglo al artículo 17, ello no debe afectar a su aplicación a dichos prestadores de servicios para fines ajenos al ámbito de aplicación de la Directiva. Debido al carácter de lex specialis del artículo 17, los Estados miembros deben ejecutar específicamente esta disposición y no basarse simplemente en la ejecución nacional del artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE.

Por último, para que quede abarcado por la definición, el servicio de la sociedad de la información debe «organizar y promocionar los contenidos cargados por los usuarios con fines lucrativos». El considerando 63 indica que los beneficios logrados gracias a los contenidos cargados pueden obtenerse directa o indirectamente de su organización y promoción con el fin de atraer una audiencia mayor, también mediante la introducción en ellos de categorías y de una promoción personalizada. El fin lucrativo no debe darse por sentado por el hecho de que el prestador de servicio sea un operador económico como tal o en función de su forma jurídica. El fin lucrativo debe vincularse a los beneficios obtenidos de la organización y promoción de los contenidos cargados por los usuarios de forma que atraigan una audiencia mayor, por ejemplo —aunque no exclusivamente— colocando anuncios junto a los contenidos cargados por sus usuarios. El mero hecho de recibir una tasa de los usuarios para cubrir los costes de funcionamiento del alojamiento de sus contenidos o de solicitar donaciones al público no debe considerarse en sí mismo una indicación de que existe un fin lucrativo. Como se explica en el considerando 62, los prestadores de servicios cuyo principal fin no sea permitir a los usuarios que carguen y compartan una gran cantidad de contenidos protegidos por derechos de autor con la finalidad de obtener beneficios de ello no están cubiertos por la definición. Cuando el prestador de servicios de la sociedad de la información preste más de un servicio, se deberá tener en cuenta cada uno por separado a fin de determinar qué prestadores de servicios entran o no en el ámbito de aplicación del artículo 17.

En lo que respecta a la «gran cantidad», la Directiva no establece ninguna cuantificación de este concepto. Los Estados miembros deben abstenerse de cuantificar el concepto de «gran cantidad» en su Derecho nacional con el fin de evitar la fragmentación jurídica que produciría un ámbito potencialmente diferente de prestadores de servicios cubiertos en distintos Estados miembros. Tal como se explica en el considerando 63, la evaluación de si un prestador de servicios almacena y da acceso al público a una gran cantidad de obras protegidas por derechos de autor o a otras prestaciones protegidas cargadas por sus usuarios debe hacerse «caso por caso y tomar en consideración una combinación de elementos, como la audiencia del servicio y el número de ficheros de contenido protegido por derechos de autor cargados por los usuarios de los servicios». Por lo tanto, no bastaría con tener en cuenta solo uno de los elementos mencionados para que un servicio de la sociedad de la información entre en el ámbito de aplicación del artículo 17.

A fin de garantizar la seguridad jurídica, los Estados miembros deben establecer expresamente en su legislación de aplicación la definición de «prestador de servicios para compartir contenidos en línea» que figura en el artículo 2, punto 6, párrafo primero, en su totalidad y excluir expresamente a los prestadores de servicios enumerados en el artículo 2, punto 6, párrafo segundo, precisando al mismo tiempo, a la luz del considerando 62, que esta lista de prestadores de servicios excluidos no es exhaustiva. No hay margen para que los Estados miembros vayan más allá, es decir, para que amplíen el ámbito de aplicación de la definición o lo reduzcan.

El artículo 2, punto 6, párrafo segundo, establece una lista no exhaustiva de prestadores de servicios y/o de servicios que no son prestadores de servicios para compartir contenidos en línea a efectos de la Directiva y, por lo tanto, están excluidos de la aplicación del artículo 17. Estos servicios excluidos son los siguientes: «enciclopedias en línea sin fines lucrativos», «repositorios científicos o educativos sin fines lucrativos», «plataformas para desarrollar y compartir programas informáticos de código abierto», «proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas tal como se definen en la Directiva (UE) 2018/1972», «mercados en línea», «servicios entre empresas y en la nube» y servicios en la nube «que permiten que los usuarios carguen contenido para su propio uso».

Los Estados miembros deben aplicar el concepto de autorización del artículo 17, apartado 2, a la luz del considerando 69, según el cual los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea no necesitan obtener una autorización aparte cuando los titulares de derechos ya hayan autorizado expresamente a los usuarios a cargar contenidos específicos. En estos casos, el acto de comunicación al público, incluido el acto de puesta a disposición, ya ha sido autorizado en el ámbito de la autorización concedida a los usuarios. Podría alentarse a los titulares de derechos a facilitar información a los prestadores de servicios sobre las diferentes autorizaciones que hayan concedido. El considerando 69 también señala que no se aplica ninguna presunción favorable a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea de que sus usuarios han obtenido, en todos los casos, las autorizaciones necesarias para los contenidos que cargan.

Con arreglo a esta disposición, las autorizaciones concedidas a los prestadores de servicios deben abarcar los actos que entren en el ámbito de aplicación material de la autorización realizados por usuarios que pertenezcan a una de estas dos categorías (carácter no comercial o ingresos no significativos). La primera situación podría abarcar la puesta en común de contenidos sin ánimo de lucro, como los usuarios que cargan un vídeo doméstico, incluida la música de fondo. La segunda situación podría abarcar, por ejemplo, a los usuarios que cargan tutoriales, incluidas la música o las imágenes, y que generan unos ingresos publicitarios limitados. Basta con que un usuario cumpla alguna de estas condiciones para que esté cubierto por la autorización. Por otra parte, los usuarios que operen con carácter comercial u obtengan ingresos significativos de los contenidos que carguen quedarían excluidos del ámbito de aplicación o no estarían cubiertos por dicha autorización (a menos que las partes hayan acordado de forma expresa y por contrato que estos usuarios queden cubiertos).

Los Estados miembros deben transponer de forma expresa en su legislación el artículo 17, apartado 2, en virtud del cual una autorización concedida a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea debe abarcar también los actos realizados por i) los usuarios que no actúen con carácter comercial o ii) los usuarios cuya actividad no genere ingresos significativos. El objetivo de esta disposición es garantizar la seguridad jurídica al mayor número posible de usuarios cuando carguen contenidos protegidos por derechos de autor.

La posibilidad de licencias colectivas con efecto ampliado podría considerarse en casos específicos y para sectores concretos, siempre que cumplan todas las condiciones establecidas en la legislación de la UE, en particular en el artículo 12 de la Directiva. Estos sistemas podrían aplicarse, en particular, cuando resulte especialmente difícil identificar a todos los titulares de derechos y cuando los costes de la operación de obtención de derechos individuales sean excesivamente elevados (considerando 45). Si los Estados miembros desean permitir el uso de licencias colectivas con efecto ampliado en el contexto del artículo 17, tendrán que transponer el artículo 12 de la Directiva, que prevé una serie de salvaguardias para el uso de licencias colectivas con efecto ampliado. Los sistemas de licencias colectivas con efecto ampliado, que pueden introducirse a nivel nacional para los usos previstos en el artículo 17, solo se aplicarán a los usos nacionales.

Los Estados miembros también deben velar por que los titulares de derechos puedan no conceder una autorización a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea, como se indica en el considerando 61, según el cual «al no verse afectada la libertad contractual [...] los titulares de derechos no deben estar obligados a conceder una autorización o concluir acuerdos de licencia.».

Los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea han de obtener una autorización para el acto concreto de comunicación al público o de puesta a disposición del público establecido en el artículo 17, apartado 1. El término «autorización» no está definido en la Directiva y debe interpretarse en función de la finalidad y el objetivo del artículo 17. El artículo 17, apartado 1, no prescribe la manera en que pueden obtenerse las autorizaciones de los titulares de derechos. De hecho, tanto el texto del artículo 17, apartado 1, como el correspondiente considerando 64 están redactados de forma abierta y hacen referencia a una «autorización, también mediante un acuerdo de licencia». Los Estados miembros pueden prever diferentes modelos de autorización para «fomentar el desarrollo del mercado de licencias», que es uno de los principales objetivos del artículo 17.

No obstante, de conformidad con el principio de proporcionalidad, la cantidad y el tipo de contenido —incluida la cuestión de si este predomina o no en el sitio web del prestador de servicios— deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar si se han hecho los mayores esfuerzos para obtener una autorización.

Cuando un prestador de servicios se ponga en contacto con un titular de derechos pero este se niegue a entablar negociaciones para conceder una autorización respecto de su contenido o rechace ofertas razonables hechas de buena fe, debe considerarse que el prestador de servicios ha cumplido con su obligación de hacer los mayores esfuerzos con arreglo al artículo 17, apartado 4, letra a). No obstante, para no ser responsable en caso de que el contenido no autorizado esté disponible en su servicio, el prestador de servicios aún tendría que demostrar que ha hecho los mayores esfuerzos a efectos del artículo 17, apartado 4, letras b) y c).

El artículo 17, apartado 6, establece un régimen especial de responsabilidad para los nuevos prestadores de servicios para compartir contenidos en línea con un volumen de negocios anual inferior a 10 millones EUR (véase la sección IV). No obstante, estos prestadores de servicios para compartir contenidos en línea concretos están obligados, a pesar de todo, a hacer los mayores esfuerzos para obtener una autorización de conformidad con el artículo 17, apartado 4, letra a). Por lo tanto, una evaluación caso por caso es esencial para garantizar que esta obligación impuesta a las empresas emergentes no les suponga una carga desproporcionada.

Al mismo tiempo, de conformidad con el principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el volumen y la variedad de contenidos cargados por los usuarios, no debe esperarse que los prestadores de servicios busquen de forma proactiva a titulares de derechos que, aplicando un criterio razonable, no sean fácilmente identificables. A fin de facilitar la identificación de los titulares de derechos y la concesión de autorizaciones, los Estados miembros pueden promover el desarrollo de registros de titulares de derechos que puedan ser consultados por los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea, de conformidad —cuando proceda— con las normas de protección de datos.

Para demostrar que han realizado los mayores esfuerzos, los prestadores de servicios deben, como mínimo, tratar de forma proactiva con los titulares de derechos que puedan ser identificados y localizados fácilmente, en particular con aquellos que representen un amplio catálogo de obras u otras prestaciones. En particular, el contacto proactivo con las sociedades de gestión colectiva que actúen de conformidad con la Directiva 2014/26/UE para obtener una autorización debe considerarse un requisito mínimo para todos los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea.

Los Estados miembros también deben tener en cuenta que el artículo 17, apartado 4, está sujeto a las obligaciones establecidas en el artículo 17, apartado 7, a fin de garantizar que las utilizaciones lícitas no se vean afectados por la cooperación de los prestadores de servicios con los titulares de derechos, y en el artículo 17, apartado 8, según el cual el artículo 17 no debe transponerse ni aplicarse de un modo que dé lugar a una obligación general de supervisión. El artículo 17, apartado 4, también está sujeto a la obligación general del artículo 17, apartado 9, según la cual la Directiva no afectará en modo alguno a las utilizaciones lícitas. En la sección IV se explican las indicaciones sobre cómo podrían realizarse los mayores esfuerzos en la práctica.

Los Estados miembros deben velar por que se tenga en cuenta el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 17, apartado 5, a la hora de evaluar si un prestador de servicios para compartir contenidos en línea ha hecho los mayores esfuerzos con arreglo al artículo 17, apartado 4, letras a) y b), y si ha cumplido lo dispuesto en el artículo 17, apartado 4, letra c). Esto es pertinente, en particular, para proteger la libertad de empresa de los prestadores de servicios.

No se define el concepto de «mayores esfuerzos» y no se hace referencia alguna al Derecho nacional, por lo que se trata de un concepto autónomo del Derecho de la UE y debe ser transpuesto por los Estados miembros de conformidad con estas orientaciones e interpretarse a la luz de la finalidad y los objetivos del artículo 17 y del texto de todo el artículo.

La evaluación de si un prestador de servicios para compartir contenidos en línea ha hecho los mayores esfuerzos con arreglo a la letra b) en relación con contenidos protegidos específicos para los que se ha facilitado previamente la información pertinente y necesaria debe realizarse caso por caso, de conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 17, apartado 5, y respetando el artículo 17, apartados 7 a 9. En la práctica, esto significa que no debe esperarse que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea apliquen las soluciones más costosas o sofisticadas si ello fuese desproporcionado en su caso concreto. Esto también se aplica en el caso de los contenidos designados por los titulares de derechos pertinentes como contenidos cuya disponibilidad podría causarles un perjuicio importante, tal como se explica en la sección VI. Por otra parte, según se explica en el considerando 66, no puede excluirse que, en algunos casos, los contenidos no autorizados solo puedan evitarse tras una notificación de los titulares de derechos. Esto puede considerarse proporcional, por ejemplo, en el caso de contenidos para los que no sea posible obtener fácilmente en el mercado una tecnología o cuando, en un momento dado, no se haya desarrollado aún tecnología alguna.

Las presentes orientaciones no tienen por objeto recomendar el uso de ninguna tecnología o solución específica. Debe darse flexibilidad a los titulares de derechos y a los prestadores de servicios para alcanzar acuerdos de cooperación que convengan a ambas partes con vistas a garantizar la indisponibilidad de contenidos no autorizados. Es probable que estos acuerdos evolucionen con el tiempo, especialmente si están basados en la tecnología. En principio, el uso de tecnología, como el reconocimiento de contenidos, no debe requerir por sí mismo la identificación de los usuarios que carguen su contenido, sino que, si procede, deben respetarse las normas pertinentes en materia de protección de datos, incluidos los principios de minimización de datos y de limitación de la finalidad.

Los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea tienen que actuar de conformidad con las normas sectoriales estrictas de diligencia profesional a la hora de hacer los mayores esfuerzos para aplicar cualquier solución pertinente destinada a garantizar la indisponibilidad de contenidos no autorizados específicos respecto de los que se haya facilitado la información pertinente y necesaria. Como se subraya en el considerando 66, para evaluar si un prestador de servicios determinado ha hecho los mayores esfuerzos, «debe tenerse en cuenta si el prestador de servicios ha tomado todas las medidas que tomaría un operador diligente para alcanzar el resultado de impedir que estén disponibles en su sitio web obras u otras prestaciones no autorizadas, teniendo en cuenta las mejores prácticas sectoriales y la eficacia de las medidas tomadas a la luz de todos los factores y desarrollos pertinentes».

De conformidad con el artículo 17, apartado 4, letra b), solo deben hacerse los mayores esfuerzos para garantizar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones específicas respecto de las que los titulares de derechos hayan facilitado a los prestadores de servicios la «información pertinente y necesaria». El considerando 66 especifica que, si los titulares de derechos no facilitan dicha información conforme a los requisitos del artículo 17, apartado 4, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea no serán responsables de las cargas no autorizadas. Sin esta información, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea no pueden actuar. Por consiguiente, la cooperación entre los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea y los titulares de derechos es esencial para garantizar la eficacia del artículo 17, apartado 4, letra b).

Puede considerarse que los prestadores de servicios que se nieguen a celebrar un acuerdo de licencia ofrecido en condiciones justas y que mantenga un equilibrio razonable entre las partes no han hecho los mayores esfuerzos para obtener una autorización. Por otra parte, no debe exigirse a los prestadores de servicios que acepten ofertas de celebración de contratos cuyas condiciones no sean justas y que no mantengan un equilibrio entre las partes. La cuestión de qué se entiende por condiciones justas y por un equilibrio razonable entre las partes se determinará caso por caso.

-También deben tenerse en cuenta la disponibilidad de medios adecuados y eficaces y los costes correspondientes, por ejemplo cuando los prestadores de servicios compren soluciones a terceros o proveedores de tecnología y cuando estas se desarrollen de forma interna, así como los costes relacionados con el examen por parte de personas en el contexto de litigios (véase la sección IV). También debe tenerse en cuenta el coste acumulativo de las diferentes soluciones que pueda tener que aplicar un prestador de servicios, así como las limitaciones de las tecnologías en función del tipo de contenido. Por ejemplo, pueden ser necesarias diferentes soluciones para diferentes tipos de contenidos (por ejemplo, las tecnologías de reconocimiento de contenidos para la música pueden no ser las mismas que para las imágenes fijas y pueden ser desarrolladas por diferentes proveedores de tecnología). También debe tenerse en cuenta el coste acumulativo cuando los propios titulares de derechos hayan desarrollado diferentes soluciones protectoras que requieran que los prestadores de servicios utilicen diferentes programas informáticos (por ejemplo, para soluciones de marca de agua diferentes).

-El tipo de contenido cargado por los usuarios: cuando un servicio pone a disposición diferentes tipos de contenidos, las acciones que deben emprenderse pueden variar en función de si el contenido predomina en su sitio web o de si es menos común, siempre que se cumpla la obligación de hacer los mayores esfuerzos. Cabe esperar que los prestadores de servicios implanten soluciones más complejas en relación con los primeros que con los segundos.

Por último, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea podrían, en función de la escala de los contenidos disponibles en sus servicios, optar por proporcionar diferentes herramientas a los distintos titulares de derechos, siempre que las soluciones les permitan cumplir su obligación de hacer los mayores esfuerzos a efectos del artículo 17, apartado 4, letra b).

La información en cuestión debe ser exacta para que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea puedan actuar. Lo que pueda constituir información «pertinente» variará en función de las obras de que se trate y de las circunstancias de las obras u otras prestaciones específicas. La información debe ser, como mínimo, exacta en cuanto a los derechos de propiedad de la obra o prestación concreta de que se trate. Lo que pueda considerarse «necesario» variará en función de las soluciones aplicadas por los prestadores de servicios. Debe permitir a los prestadores de servicios aplicar eficazmente sus soluciones tecnológicas (cuando se utilicen). Por ejemplo, cuando se utilicen huellas digitales, se podrá pedir a los titulares de derechos que faciliten una huella digital de la obra o prestación específica o un archivo cuyas huellas digitales serán tomadas por el propio prestador de servicios, junto con información sobre la titularidad de los derechos. Cuando se utilizan soluciones basadas en metadatos, la información facilitada puede consistir, por ejemplo, en el título, el autor o productor, la duración, la fecha u otra información pertinente y necesaria para que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea tomen medidas. En este contexto, es importante que los metadatos facilitados por los titulares de derechos no se eliminen posteriormente.

Al mismo tiempo, dado que la cooperación es clave, el concepto de «información necesaria y pertinente» presupone que los prestadores de servicios tengan en cuenta la naturaleza y la calidad de la información que los titulares de derechos pueden proporcionar de manera realista. A este respecto, se debe animar a los titulares de derechos y a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea a cooperar respecto de la mejor manera de abordar la cuestión de la identificación de las obras.

Al facilitar la información pertinente y necesaria a los prestadores de servicios, los titulares de derechos podrán optar por designar contenidos específicos protegidos por derechos de autor y derechos afines cuya disponibilidad en línea no autorizada pueda causarles un perjuicio económico significativo. La designación previa por los titulares de derechos de tales contenidos puede ser un factor que deba tenerse en cuenta a la hora de evaluar si los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea han hecho los mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de estos contenidos específicos y si lo han hecho de conformidad con las salvaguardias para utilizaciones lícitas previstas en el artículo 17, apartado 7, como se explica en la parte VI.

3. 3. «NOTIFICACIÓN Y RETIRADA» Y «NOTIFICACIÓN Y NO REPOSICIÓN» [ARTÍCULO 17, APARTADO 4, LETRA c)]

La tercera condición establecida en el artículo 17, apartado 4, letra c), es que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea deben ser responsables de los actos no autorizados de comunicación al público, incluida la puesta a disposición del público, a menos que demuestren que han actuado de modo expeditivo, tras recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares de derechos, para inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web, y que han hecho los mayores esfuerzos por evitar futuras cargas de conformidad con el artículo 17, apartado 4, letra b).

Este sistema de notificación y retirada y de notificación y no reposición se aplica cuando los contenidos no autorizados están disponibles en los sitios web de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. En la práctica, los principales escenarios en los que pueden ofrecerse contenidos no autorizados que requieran la adopción de medidas con arreglo al artículo 17, apartado 4, letra c), son los siguientes:

I)Los titulares de derechos no han facilitado previamente a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea la información «pertinente y necesaria» con arreglo al artículo 17, apartado 4, letra b), para evitar la disponibilidad de contenidos no autorizados. Actúan a posteriori, una vez que un determinado contenido está disponible, para solicitar su retirada y su no reposición basándose en la información pertinente y necesaria de los titulares de derechos; o

II)los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea han hecho los mayores esfuerzos por evitar contenidos no autorizados con arreglo al artículo 17, apartado 4, letra b), pero, a pesar de estos esfuerzos, los contenidos no autorizados acaban estando disponibles razones objetivas, por ejemplo, cuando algunos contenidos no pueden ser reconocidos debido a las limitaciones inherentes a las tecnologías; o

III)en algunos casos específicos, cabe esperar que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea actúen únicamente después de que los titulares de derechos hayan realizado una notificación, como se explica en el considerando 66.

Los «mayores esfuerzos» que deben realizar los prestadores de servicios para evitar futuras cargas de obras notificadas deben abordarse de la misma manera que en relación con el artículo 17, apartado 4, letra b), como se explica en la subsección 2. La evaluación de si los prestadores de servicios han realizado los mayores esfuerzos debe realizarse caso por caso y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 17, apartado 5.

Los Estados miembros deben tener en cuenta que la aplicación del artículo 17 no debe dar lugar a ninguna obligación general de supervisión, tal como se establece en el apartado 8, y que las utilizaciones lícitas deben protegerse con arreglo a lo dispuesto en los apartados 7 y 9, como se explica con más detalle en la sección VI. Esto es especialmente pertinente de cara a la aplicación de la segunda parte de la letra c), según la cual los prestadores de servicios deben hacer los mayores esfuerzos para evitar futuras cargas de obras notificadas.

Al igual que sucede en el caso del artículo 17, apartado 4, letra b), los titulares de derechos deben facilitar determinada información antes de que el prestador de servicios para compartir contenidos en línea pueda actuar.

Al ejecutar el artículo 17, apartado 4, letra c), los Estados miembros deben diferenciar claramente el tipo de información facilitada por los titulares de derechos en la «notificación suficientemente motivada» para la retirada de contenidos [la parte de la letra c) relativa a la «retirada»] de la «información pertinente y necesaria» que proporcionan con el fin de evitar futuras cargas de obras notificadas [la parte de la letra c) relativa a la «no reposición», que remite a la letra b)].

Por lo que se refiere a la información que debe facilitarse para el cumplimiento de la obligación de retirada con arreglo al apartado 4, letra c), y, en concreto, a los elementos que deben incluirse en la «notificación suficientemente justificada», la Comisión recomienda a los Estados miembros que sigan en su ejecución la Recomendación de la Comisión sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea. En los puntos 6 a 8 de la Recomendación se enumeran los elementos que podrían incluirse en las notificaciones. Es necesario que las notificaciones «sean suficientemente precisas y estén debidamente fundamentadas» para que los prestadores de servicios puedan adoptar «una decisión con conocimiento de causa y diligentemente por lo que respecta a los contenidos a los que se refiera la notificación, en particular si deben considerarse ilícitos o no». En particular, las notificaciones deben contener una explicación de las «razones por las que el notificador considera que esos contenidos son ilícitos y una indicación clara de su localización». Esta información concreta no se exigiría necesariamente en virtud del artículo 17, apartado 4, letra b), sino que debería exigirse, como norma general, con arreglo al artículo 17, apartado 4, letra c), primera parte. La Recomendación también prevé la posibilidad de que los notificadores incluyan en las notificaciones, si así lo desean, sus datos de contacto.

Por lo que se refiere a la denominada obligación de «no reposición», el artículo 17, apartado 4, letra c), segunda parte, exige a los prestadores de servicios que hagan los mayores esfuerzos por evitar futuras cargas de las obras u otras prestaciones notificadas por los titulares de derechos. Esta disposición remite a la letra b) del mismo apartado, lo que significa que, para que los prestadores de servicios puedan hacer los mayores esfuerzos por evitar futuras cargas con arreglo a esta disposición, los titulares de derechos deben proporcionarles el mismo tipo de información «pertinente y necesaria» que para la aplicación de la letra b). Esto significa, por ejemplo, que si un prestador de servicios utiliza tecnologías de huellas digitales para evitar futuras cargas de obras notificadas, recibir como información únicamente los datos facilitados en una notificación sería insuficiente. En este caso, para que los prestadores de servicios puedan evitar futuras cargas de obras notificadas, los titulares de derechos tendrían que facilitar a los prestadores de servicios huellas digitales o archivos de contenido.