El presente informe relativo a una misión de supervisión reforzada en Rumanía se transmite al Consejo de conformidad con el artículo 11, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 . En virtud de lo establecido en el artículo 11, apartado 5, de dicho Reglamento, las conclusiones provisionales de esa misión se habían transmitido previamente a las autoridades rumanas para que estas pudieran presentar sus observaciones.

Rumanía: Procedimiento de desviación significativa

Misión de supervisión reforzada, 25 de septiembre de 2019

Informe

1. Introducción

Rumanía ha estado sujeta a procedimientos de desviación significativa desde la primavera de 2017. Tanto en junio de 2017 como en junio de 2018, el Consejo concluyó, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121, apartado 4, del Tratado, que se había producido una desviación significativa observada respecto del objetivo presupuestario a medio plazo y de la trayectoria de ajuste en 2016 y 2017, respectivamente. El Consejo formuló recomendaciones en las que instaba a Rumanía a tomar las medidas necesarias para corregir la desviación. Ambas recomendaciones se revisaron seis meses después, cuando el Consejo concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a las recomendaciones de junio. Rumanía tampoco tomó medidas efectivas en respuesta a las recomendaciones revisadas.

Dada la desviación significativa en 2018, en primavera de 2019 se inició un nuevo procedimiento de desviación significativa. El 5 de junio de 2019, la Comisión advirtió a Rumanía de que en 2018 había vuelto a desviarse de la trayectoria de ajuste hacia su objetivo presupuestario a medio plazo y propuso al Consejo que iniciara un nuevo procedimiento de desviación significativa. En su nueva recomendación, aprobada el 14 de junio, el Consejo instaba a Rumanía a tomar las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superase el 4,5 % en 2019 y el 5,1 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB en 2019 y del 0,75 % del PIB en 2020.

El presente informe presenta las conclusiones de la misión de supervisión reforzada a Rumanía el 25 de septiembre de 2019. La misión se basó en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97. El personal de la Comisión se reunió con Daniela Pescaru y Tiberiu Valentin Mavrodin, secretarios de Estado del Ministerio de Hacienda, Mirela Călogăreanu, directora de la Administración Tributaria (ANAF), Mugur Isărescu, gobernador del Banco Nacional de Rumanía, y Daniel Dăianu, presidente del Consejo Presupuestario de Rumanía, acompañados por sus equipos respectivos. Como en misiones anteriores, se trataba de debatir sobre las medidas presupuestarias previstas por las autoridades, insistir en la existencia de riesgos presupuestarios y animar al cumplimiento de la recomendación en el marco del procedimiento de desviación significativa. El presente informe se basa en la información obtenida hasta la misión y durante la misma.

2. Conclusiones de la misión

Las autoridades no tienen intención de actuar en respuesta a la recomendación en el marco del procedimiento de desviación significativa. Según los representantes del Ministerio de Hacienda, el Gobierno no ha previsto un ajuste estructural ni en 2019 ni en 2020. Las autoridades rumanas siguen centrándose en mantener el déficit global por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado a fin de evitar el componente correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La enmienda al presupuesto de 2019, aprobada en agosto de 2019, mantiene el objetivo de déficit global del 2,76 % del PIB en términos nominales (2,78 % del PIB según las normas de la AES). El Gobierno rumano ya ha aprobado los límites de gasto para el próximo presupuesto de 2020 y presentado sus estimaciones a medio plazo. Los objetivos de déficit son los siguientes: 2,92 % del PIB en 2020, 2,99 % en 2021, 2,74 % en 2022 y 2,40 % en 2023. El Ministerio no fija objetivos para el déficit estructural durante la misión, aunque explica que, dados los objetivos de déficit, el ajuste estructural no empezará hasta 2022. Los ministerios competentes están elaborando planes concretos de gasto en consonancia con los límites aprobados.

Hay riesgos para la consecución del objetivo presupuestario de 2019. En el período comprendido entre enero y agosto de 2019, el déficit de las administraciones públicas en términos nominales fue 0,6 puntos porcentuales más alto que en el mismo período del año anterior (para el conjunto de 2018, ascendió al 2,9 % del PIB en términos nominales). Según el Consejo Presupuestario, hay riesgos significativos de rebasar el objetivo de déficit para 2019, e incluso el valor de referencia del 3 % del PIB del Tratado. Esto se debe a la sobreestimación de los ingresos (en particular del IVA y de las cotizaciones sociales) y la infravaloración del gasto en prestaciones sociales y bienes y servicios. A juicio del Consejo Presupuestario, si no se adoptan medidas compensatorias adicionales creíbles, en 2019 el déficit presupuestario podría situarse entre el 3,4 % y el 3,7 % del PIB. El Consejo Presupuestario observa que probablemente el Gobierno intentará controlar el déficit nominal reduciendo la inversión pública, ya próxima a mínimos históricos, y tomando otras medidas de menor impacto.

La nueva ley de pensiones plantea un importante riesgo al alza en 2020 y años sucesivos. La norma, vigente desde junio de 2019, contempla importantes aumentos anuales en el punto sobre las pensiones (principal parámetro utilizado para la indexación de las pensiones de jubilación) en el período 2019-2021, incluido un aumento del 40 % en septiembre de 2020. También incluye grandes cambios en la fórmula estándar de indexación de las pensiones y una revisión al alza del cálculo de las pensiones en vigor a partir de 2022. Según las estimaciones oficiales del Gobierno incluidas en la exposición de motivos adjunta, la ley aumentará el gasto público en un 0,8 % del PIB en 2019, un 2,3 % del PIB en 2020 y un 4,9 % del PIB en 2021 con respecto al nivel nominal de 2018. Según el personal del Ministerio de Hacienda, la estrategia presupuestaria para los próximos años, gracias a la mejora del cumplimiento de las obligaciones tributarias y la congelación del gasto, permite un margen de maniobra presupuestario suficiente para hacer frente a estos costes. El personal propone facilitar detalles sobre estos puntos durante la próxima visita de la Comisión, de cara a sus previsiones. Los participantes en la misión subrayaron que no estaba clara la manera en que la nueva legislación en materia de pensiones (en particular, el aumento de un 40 %) podía aplicarse sin alterar su calendario de aplicación. Según el Consejo Presupuestario y el Banco Nacional de Rumanía, no es compatible aplicar la Ley de Pensiones según el calendario acordado con mantener el déficit global por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado.

El director general de la Administración Tributaria (ANAF) resumió las medidas y objetivos previstos para aumentar la recaudación. Son ejemplos el nombramiento de un nuevo consejo consultivo, la simplificación de las declaraciones y los pagos, las medidas en materia de precios de transferencia, la elaboración de criterios para el trato diferenciado de los contribuyentes en función del riesgo presupuestario, la reasignación de recursos de la administración fiscal (ANAF) a las oficinas regionales que más los necesitan (por ejemplo, Bucarest), los nuevos controles fiscales basados en un análisis de riesgos integrado, la agregación y análisis de los datos recopilados por las cajas registradoras electrónicas, el impulso a la digitalización de la administración tributaria (ANAF), el desarrollo de un sistema de seguimiento de mercancías y estimación del déficit de recaudación del IVA. La misión acogió con satisfacción estos esfuerzos, aunque advirtió de que mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias no será cosa de un día y de que, en cualquier caso, puede no ser suficiente para financiar los aumentos de las pensiones que contempla la normativa. El Consejo Presupuestario considera que, por motivos de prudencia presupuestaria, el posible impacto presupuestario positivo de las medidas de mejora de la recaudación fiscal no debe tomarse en consideración ex ante en la previsión de ingresos presupuestarios.

El Consejo Presupuestario manifestó su inquietud por la estructura de las finanzas públicas y el Banco Nacional de Rumanía expresó su preocupación por los efectos de los déficits presupuestarios en la política monetaria. El Consejo Presupuestario teme que los ingresos presupuestarios no basten para financiar el gasto público necesario. Los ingresos fiscales son muy bajos debido a los bajos tipos impositivos legales y al escaso nivel de cumplimiento de las obligaciones fiscales, como demuestra el elevado déficit de recaudación del IVA. Rumanía debe aprender de las buenas prácticas de otros países de la región, como Bulgaria y Polonia, a la hora de mejorar la recaudación de impuestos. El Banco Nacional de Rumanía respalda este análisis y considera que los principales problemas estructurales de las finanzas públicas son los bajos ingresos fiscales y la escasa calidad del gasto público. El Banco Nacional de Rumanía se muestra preocupado por que los importantes déficits presupuestarios y una política fiscal expansionista compliquen la aplicación de la política monetaria.