COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Elementos para una estrategia de la UE sobre seguridad pública en América Central y el Caribe /* JOIN/2014/021 final */





COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Elementos para una estrategia de la UE sobre seguridad pública en América Central y el Caribe I. La seguridad pública, una cuestión de interés común La Unión Europea está vinculada con América Latina y el Caribe por una asociación estratégica de gran amplitud que se renovó y reforzó durante la última Cumbre de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Santiago de Chile en enero de 2013. Las dos regiones mantienen vínculos políticos, económicos y sociales de una magnitud y un contenido sin precedentes y cooperan estrechamente, al tiempo que desarrollan un amplio diálogo político a todos los niveles: regional, subregional (América Central, el Caribe, Comunidad Andina y Mercosur) y bilateral. La UE es también un socio importante en el desarrollo de América Latina y el Caribe y hace gran hincapié en la cohesión social, el desarrollo económico, el medio ambiente y la seguridad. La seguridad pública es una cuestión importante en América Latina. Los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública creen que es un obstáculo fundamental para las perspectivas de desarrollo de la región. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre desarrollo humano en América Latina 2013-2014 subraya que la región es hoy más fuerte desde el punto de vista económico, tiene menos pobreza y democracias más consolidadas, pero que su punto débil es la delincuencia y la falta de seguridad. Tal como se recoge en el punto 66 de la Declaración de La Habana, de 29 de enero de 2014, efectuada con motivo de la Cumbre de la CELAC : «... el delito y la violencia constituyen un obstáculo para el desarrollo pleno de América Latina y el Caribe, y enfatizamos la necesidad de contar con una visión de consenso regional de seguridad ciudadana con un enfoque de desarrollo humano...». La Cumbre UE-CELAC de Santiago de Chile encargó a altos funcionarios de ambas partes que estudiaran la posibilidad de incluir la seguridad pública en su plan de acción birregional común. El reto que plantea la delincuencia generalizada, los altos índices de muertes violentas y el deterioro general de la seguridad pública es especialmente grave y urgente en América Central y el Caribe. Muchos países de estas dos subregiones vecinas son especialmente vulnerables debido a su tamaño y su ubicación geográfica, ya que sus sectores de seguridad y justicia tienen una capacidad limitada y están expuestos a poderosos grupos delictivos de carácter transnacional. El resultado son unos niveles de impunidad alarmantes, así como una creciente amenaza para la seguridad pública. La delincuencia extiende su influencia más allá de estos países y llega, o tiene potencial para llegar, a Europa. Tanto los Estados caribeños como los centroamericanos han adoptado estrategias regionales en materia de seguridad que sirven de base para la cooperación regional y solicitan apoyo internacional. La UE no puede permanecer indiferente ante la situación. Durante muchos años ha sido un socio clave en los programas de cooperación en materia de prevención de la delincuencia y de justicia en los países de la región. Los Estados miembros de la UE han llevado a cabo sus propias actividades y proyectos, a menudo complementarios. No obstante, habida cuenta del alcance de los peligros y de su importancia para la cooperación al desarrollo de la UE con América Central y el Caribe, se precisa una reflexión fresca y conjunta sobre la seguridad pública en la región. El objetivo de la presente Comunicación es hacer aportaciones a una estrategia coherente y coordinada de la UE para la seguridad pública en América Central y el Caribe, prestando una atención especial a la protección de los derechos humanos y el fomento de reformas. La estrategia de la UE se dirige a: 1. desarrollar una estrategia de seguridad pública compartida con la región como parte de una colaboración política general y en materia de desarrollo; 2. reforzar la capacidad de los gobiernos para hacer frente a la inseguridad, pero respetando los derechos humanos y reforzando las políticas preventivas; 3. fomentar la cooperación regional e internacional para hacer frente a la dimensión transnacional de las amenazas a la seguridad pública. II. El reto muy urgente que se plantea en América Central y el Caribe América Central y el Caribe es una zona donde se cruzan importantes rutas comerciales a nivel mundial y están en juego intereses de carácter estratégico. Esto supone un potencial para impulsar el desarrollo de la región, especialmente a través del comercio y la inversión. Sin embargo, la inseguridad existente tiene un efecto negativo en el desarrollo económico y la gobernanza, y obstaculiza el acceso a la educación, la salud y otros servicios básicos. Asimismo, debilita la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, que son el núcleo de lo que la UE quiere promover. Estos puntos vulnerables se agravan debido a las deficiencias heredadas en la estructura económica (por ejemplo, pobreza, desigualdad económica y desempleo), que afectan sobre todo a las poblaciones indígenas y de ascendencia africana. Además, las vulnerabilidades se ven acentuadas por factores sociales o culturales: las familias y los vínculos sociales se descomponen, aumenta el consumo de alcohol y de drogas y se generaliza la violencia doméstica. Las catástrofes naturales también perjudican el progreso en materia de desarrollo. Las dificultades de gobernanza, la presencia de la delincuencia organizada y la falta de oportunidades económicas se retroalimentan y amenazan con provocar una espiral de violencia y subdesarrollo en la que América Central y el Caribe podrían quedar atrapados durante un largo tiempo. Sus ciudadanos no estarían en condiciones de participar en el crecimiento económico del resto de América Latina y la delincuencia organizada internacional se asentaría aún más. De ello se derivan varias consecuencias. Los Estados de la región se enfrentan a una ardua batalla para cumplir con sus responsabilidades en materia de seguridad pública Los aspectos más destacables en este sentido son: • Un elevado grado de impunidad debido a la falta de capacidad de investigación y enjuiciamiento, unido a la corrupción generalizada de los sistemas de seguridad y justicia[1]. • Unas cárceles superpobladas y unos sistemas penitenciarios ineficaces que en lugar de ser vías de reinserción y rehabilitación suscitan graves preocupaciones en materia de derechos humanos[2]. • Una escasa recaudación tributaria (inferior al 18 % del PIB) y, por tanto, incapacidad financiera para que el Estado pueda asumir sus responsabilidades en materia de prestación de servicios públicos y seguridad. Una consecuencia significativa de esto es que el personal de seguridad privada supera en número a los agentes de policía en toda la región (por ejemplo, en Guatemala, en una proporción de 6 a 1, y de 4,9 a 1 en Honduras, en comparación con una media de 0,8 a 1 en 34 países europeos)[3], lo que agrava todavía más la desigualdad en el acceso a la seguridad. • Dificultades en el control del territorio y la gestión de las fronteras, a lo que se suman disputas territoriales menores aún pendientes entre los Estados de la zona, lo que facilita el tráfico ilegal de personas y mercancías a través de la región[4]. Indicadores de inseguridad preocupantes Los indicadores de inseguridad pública muestran la dramática incidencia de los grupos delictivos sobre los Estados más vulnerables. Estos indicadores son particularmente elevados en América Central, y en el Caribe están significativamente por encima de la media mundial. Las tasas de homicidios son de las más altas del mundo, y en muchos países superan con creces el nivel de «epidemia» de 10 homicidios por 100 000 habitantes. Esta elevada tasa de homicidios también está asociada a un nivel inaceptablemente alto de otros delitos, que afecta gravemente a la calidad de vida de los ciudadanos. El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), correspondiente a 2013-2014, indica los costes que la inseguridad supone para el desarrollo económico y social[5]. Gran parte de los delitos violentos pueden atribuirse a grupos delictivos organizados que compiten por lucrativas rutas de tráfico de drogas y por el control territorial. El 80 % de las drogas incautadas en Estados Unidos proceden de América Central y México, según fuentes de la Organización de Estados Americanos (OEA)[6]. Las islas del Caribe sirven como importante zona de tránsito para los envíos de droga procedentes de América del Sur con destino a Europa, Estados Unidos y Canadá. En 2009, se intervinieron en la región más de siete toneladas de clorhidrato de cocaína[7]. Toda una serie de actividades complementan y refuerzan la delincuencia organizada, incluida la trata de seres humanos y de armas, la extorsión y el blanqueo de dinero a gran escala. El consumo de drogas, el tráfico local y los delitos conexos van en aumento, al igual que el blanqueo de dinero, los secuestros y asesinatos. Los delitos contra la propiedad y la delincuencia común están muy extendidos. Los grupos vulnerables (como mujeres y jóvenes) están especialmente expuestos. Los jóvenes son introducidos fácilmente en las actividades delictivas y son a menudo las principales víctimas de la violencia. Las mujeres representan la quinta parte de las víctimas de asesinatos en América Latina y el Caribe, en comparación con una media de un onceavo en todo el mundo[8]. En este marco, los ciudadanos tienden a perder la confianza en la capacidad de los gobiernos para prestar servicios públicos básicos y ya no esperan nada de ellos en materia de seguridad. En algunos casos, la delincuencia organizada controla regiones y barrios enteros. Iniciativas específicas como, por ejemplo, la mediación entre los implicados en la delincuencia, pueden reducir temporalmente la violencia. La tregua entre bandas en El Salvador, donde la tasa de homicidios ha bajado un 50 % desde marzo de 2012, es un ejemplo. Todos los participantes están de acuerdo, sin embargo, en que para que estos esfuerzos sean viables tienen que ser apoyados por los gobiernos y requieren unos continuos esfuerzos para abordar las causas subyacentes de la violencia. La sociedad civil ha empezado a responder decididamente a la crisis de seguridad pública, lo que supone un reto para que las autoridades legítimas emprendan reformas y sirve como petición de ayuda a los donantes internacionales. Las iniciativas de la sociedad civil incluyen el apoyo a los defensores de los derechos humanos y a las víctimas de la violencia; el fomento de la reconciliación, la ciudadanía y el respeto del Estado de Derecho y de los derechos de los migrantes; el trabajo en pro de la reducción de la demanda de drogas; y el apoyo a iniciativas económicas y al trabajo por cuenta propia. Unos retos de seguridad interrelacionados, principalmente ligados al tráfico de drogas, tienen un impacto más allá de la región El tráfico de drogas y la proliferación de bandas supone un grave riesgo potencial para la UE, donde se consume el 26 % de la cocaína mundial. Una proporción significativa de la cocaína destinada a Europa sigue atravesando el Caribe. Un informe conjunto de 2010 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) y de Europol titulado Cocaína: una perspectiva de la Unión Europea en el contexto mundial, puso de manifiesto un marcado aumento del tráfico de cocaína a través de América Central y del Sur con destino a Europa. Además, otro informe señala que los cárteles de la droga latinoamericanos tienen una presencia permanente en varios países de la UE (principalmente Italia, los Países Bajos y España)[9]. En la periferia de la UE, los esfuerzos de estabilización se ven socavados por las redes de tráfico ilegal de inmigrantes, en particular en el Golfo de Guinea. III. Respuesta de la UE La UE se enfrenta a este reto como tradicional socio para el desarrollo de ambas subregiones. Apoya la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), adoptada en 2011 en la Conferencia de Guatemala y coordinada por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y la Estrategia de Seguridad del Caribe, adoptada en febrero de 2013 por los jefes de Estado de la Comunidad del Caribe (CARICOM). El apoyo de la UE se servirá de los acuerdos nuevos y existentes, especialmente de la Estrategia Conjunta UE-Caribe y del Acuerdo de Asociación UE-América Central. Se basará en una larga experiencia de cooperación con la región y tratará de hacer un uso eficaz de los instrumentos de cooperación existentes. También se apoyará en una serie de diálogos sectoriales y de mecanismos de cooperación como los diálogos regionales sobre drogas, migración e igualdad entre sexos, y en los diálogos bilaterales de ámbito nacional en materia de drogas y seguridad. La respuesta de la UE refleja la preocupación existente acerca de los riesgos derivados de la delincuencia organizada y la descomposición del Estado ya reconocidos en la Estrategia Europea de Seguridad de 2003[10], y está en consonancia con el enfoque de la UE respecto a los conflictos y crisis exteriores, establecido en 2013[11]. Dicho enfoque también se inspira en otros documentos políticos de la UE: · Estrategia de Seguridad Interior, que se ocupa de la Red penal internacional, el blanqueo de dinero, la corrupción y la trata de seres humanos (COM/2010/673); · Programa para el Cambio, que reconoce la relación entre seguridad y desarrollo, democracia, derechos humanos y Estado de Derecho (COM/2011/637 final); · Comunicación Derechos humanos y democracia en el centro de la acción exterior de la UE. Hacia un enfoque más eficaz [COM(2011) 0886 final]; · Estrategia contra las drogas (2013-2020), centrada en un planteamiento equilibrado y basado en pruebas de la política en materia de drogas (2012/C 402/01); · Comunicación de la Comisión: Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores (COM/2012/492 final); · Estrategia contra la acumulación y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre y sus municiones, que destaca a América Latina como región afectada por una proliferación y acumulación excesivas de tales armas (5319/06); · Documento orientado a la acción sobre el fortalecimiento de la dimensión exterior de la UE en materia de actuación contra la trata de seres humanos (19.11.2009-11450/5/09 Rev. 5); · Comunicación sobre la lucha contra la corrupción en la UE, que hace hincapié en la necesidad de crear capacidades en los países socios en materia de lucha contra la corrupción [COM(2011) 308 final], · Estudio del Parlamento Europeo Evaluación de la política de la UE con respecto a la reforma del sector de la seguridad, con su enfoque integrado basado en los derechos humanos, que refuerza la eficiencia y la rendición de cuentas en el sector de la seguridad (PE 433.837). La UE también tiene en cuenta los estudios y las recomendaciones emitidas por las instituciones multilaterales competentes, especialmente los informes del PNUD sobre seguridad ciudadana en América Latina (2013) y el Caribe (2012), y los informes de la OEA sobre el problema de las drogas (2013) y la seguridad pública en las Américas (2008). La estrategia perseguirá los siguientes objetivos en América Central y el Caribe. Objetivo I. Seguir desarrollando una agenda de seguridad ciudadana compartida con la región Un diálogo político intensificado será el principal instrumento para alcanzar este objetivo. Basándose en las estrategias regionales adoptadas en América Central y el Caribe, la UE trabajará con los gobiernos socios a nivel nacional y regional para el establecimiento de una agenda política compartida y operativa. Esto debería aportar transparencia y orientaciones para todos los interesados, en ambas partes. La Alta Representante y la Comisión garantizarán, a través de los canales establecidos, que la UE y los Estados miembros dispongan de suficientes posibilidades de intercambiar la información que necesitan, con el fin de aumentar las sinergias y la coherencia de sus respectivas actividades. I.1 Agenda de cooperación basada en los retos clave en materia de seguridad a nivel nacional La Delegación de la UE y las embajadas de los Estados miembros de la UE en el país de acogida cooperarán estrechamente en el análisis de la situación de la seguridad pública. El análisis de conflictos y la capacidad de ofrecer o apoyar la mediación en conflictos prolongados será especialmente útil a este respecto. I.2 Diálogos regionales con América Central y el Caribe UE - América Central La adopción en 2011 por parte de los países de América Central de una nueva Estrategia Regional de Seguridad para Centroamérica (ESCA) fue un logro importante. La cooperación de los países del SICA en un tema tan íntimamente relacionado con la soberanía nacional supuso un paso importante en el proceso de integración regional y en la búsqueda de oportunidades de cooperación internacional. Junto con la entrada en vigor provisional del Acuerdo de Asociación UE-América Central y, próximamente, del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), la ESCA ofrecerá nuevas oportunidades para un diálogo político reforzado entre la UE y América Central sobre los problemas de seguridad pública. La Secretaría General del SICA será el principal interlocutor de coordinación en la materia, en parte a través del Grupo de Amigos de la ESCA. Las cuestiones a tratar en estos intercambios con las autoridades de América Central podrían ser las siguientes: · las últimas tendencias y la evolución de la situación en materia de seguridad regional, teniendo en cuenta las mejores prácticas y las enseñanzas extraídas; · las políticas de seguridad pública y la legislación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia y la impunidad, la promoción de una prevención de la delincuencia y una rehabilitación integrales, la ayuda a las víctimas y la reconciliación; · el entorno institucional de la seguridad pública, las necesidades de desarrollo de capacidades y las reformas previstas en el sector de la justicia y la seguridad (policía, sistema penitenciario y poder judicial); · la cooperación internacional y regional entre los países centroamericanos y las oportunidades, retos y dificultades para la aplicación de la ESCA; a este respecto, deben abordarse en un contexto más amplio los obstáculos a la cooperación, como las cuestiones fronterizas pendientes; · el valor añadido de la cooperación de la UE y sus efectos, así como las necesidades futuras y el enfoque de la cooperación, cuando proceda. Estrategia Conjunta UE-Caribe En noviembre de 2012, la UE y el Foro del Caribe (Cariforum) de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) adoptaron una Estrategia Conjunta Unión Europea-Caribe, cuyo objetivo era establecer una cooperación más estrecha entre la UE y el Caribe. La colaboración pretende avanzar más allá de la mera relación entre donante y beneficiario con el fin de forjar un marco que responda a intereses mutuos y que abarque la dimensión política, junto con los tradicionales problemas de cooperación para el desarrollo y las relaciones comerciales. La delincuencia y la seguridad constituyen en conjunto uno de los cinco ámbitos prioritarios de la colaboración. En este contexto, y en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Asociación ACP-UE, la UE mantiene un diálogo político regular con el Cariforum, teniendo plenamente en cuenta las estipulaciones de la Estrategia de Seguridad de la propia región, adoptadas en febrero de 2013 por los jefes de Estado de la Caricom. El Organismo de Ejecución sobre Delincuencia y Seguridad (IMPACS) del Caribe, el Sistema Regional de Seguridad (SRS), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Consejo de Autoridades Aduaneras del Caribe son agentes clave a este respecto. La UE ha prestado a muchos de estos organismos ayuda financiera en el marco del 10º Fondo Europeo de Desarrollo. *** Con los miembros del SICA y el Caricom se acordarán mecanismos adecuados para vincular los dos diálogos regionales mencionados anteriormente. El actual mecanismo de coordinación SICA-Cariforum podría ser un buen vehículo. I.3 Diálogo UE-CELAC El actual Plan de Acción UE-CELAC es el marco general para la cooperación birregional. Aunque cubre algunos asuntos importantes vinculados a la seguridad (en particular, las drogas y la migración), no incluye la seguridad pública como un problema en sí mismo. Un capítulo potencial sobre la seguridad pública en el Plan de Acción CELAC-UE podría definir una entendimiento birregional común de los principales retos, y establecer los principios rectores de la acción común y las principales líneas de un acuerdo de trabajo birregional, en términos de diálogo y actividades de cooperación. Las cuestiones de seguridad relacionadas con esta Estrategia también podrían debatirse en el marco de los diálogos políticos bilaterales (con los miembros de la CELAC interesados). Los resultados de los diálogos sectoriales existentes (sobre control de precursores con Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y México, sobre seguridad con México y sobre drogas con Brasil) se tendrán en cuenta en las iniciativas incluidas en dicha Estrategia, cuando proceda. I.4 Refuerzo de la coordinación con otros interlocutores relevantes La UE quiere reforzar los debates sobre la seguridad en la región con organizaciones internacionales o multilaterales pertinentes que posean una gran experiencia, como la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los organismos de las Naciones Unidas (como el PNUD y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUDD), la Commonwealth y la SEGIB[12]. Además, la UE también promoverá debates con organizaciones internacionales y regionales pertinentes de la sociedad civil (por ejemplo, universidades, grupos de reflexión y observatorios). La Fundación EULAC también podría desempeñar una función útil para una mejor comprensión del problema. Además, la UE tratará de intensificar su intercambio sobre la situación de la seguridad en América Central y el Caribe con los Estados Unidos y Canadá, puesto que ambos países son importantes interlocutores a los que afecta esta cuestión[13]. Ambos han adoptado recientemente un enfoque más general que, al igual que el de la UE, incluye el desarrollo de la capacidad institucional, la prevención y la reducción de la demanda de drogas. Objetivo II. Reforzar la capacidad de los gobiernos para prestar servicios públicos de calidad II a. Apoyo a reformas legislativas y reguladoras para reforzar la rendición de cuentas Se han logrado avances por lo que se refiere a los mecanismos legislativos y de gobernanza que sustentan la capacidad de los Estados para prestar servicios de seguridad pública. Esta capacidad, no obstante, sigue siendo limitada y existe un potencial claro para aumentar la cooperación entre la UE, las agencias de los Estados miembros y las instituciones de la región. Esta cooperación podría contemplarse en ámbitos como la reforma de los sectores de la justicia y la seguridad; las reformas políticas, legislativas y reguladoras para reforzar los derechos humanos; el tráfico ilícito; el blanqueo de capitales; y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Deberían proseguir las actividades en ámbitos como la política de drogas, la prevención del desvío de precursores, el blanqueo de dinero y la salud pública, el refuerzo de la cooperación sobre la base de las actividades existentes en el marco del Programa de Cooperación entre América Latina y la UE en Políticas sobre Drogas (COPOLAD) y el Programa «Ruta de la cocaína»[14]. Esta cooperación podría incluir la puesta en común de información e intercambios operativos entre centros de la región, por ejemplo, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) y el Organismo de Ejecución sobre Delincuencia y Seguridad del Caribe (IMPACS), y organismos como Europol, Interpol y el OEDT, así como el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Drogas (CAOMMD). Toda cooperación tendría en cuenta la capacidad, las prioridades y los mandatos legales de los organismos y países afectados y se orientaría a mejorar los mecanismos de trabajo de las redes regionales. También deberían promoverse otros elementos, tales como el marco reglamentario y legislativo para la protección de los niños, las mujeres y otros grupos vulnerables (sobre todo porque suelen ser los más afectados por la violencia y la inseguridad); la transparencia de los gastos relacionados con la protección y el refuerzo del control democrático por los parlamentos (apoyado por los defensores del pueblo y organismos de auditoría). Podrían considerarse actividades específicas en colaboración con organizaciones locales para contribuir a apoyar la formulación de las políticas y teniendo en cuenta los marcos pertinentes, como la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad. II b. Mejora de las capacidades de las autoridades policiales, judiciales y penitenciarias La cooperación entre América Central, el Caribe y la UE debería promover una reforma general y equilibrada de las instituciones de justicia y seguridad (incluidas las cárceles y las políticas que fomenten la rehabilitación y las alternativas al encarcelamiento). Esto debe ir acompañado de apoyo a las políticas para combatir el tráfico ilícito, el blanqueo de dinero, la corrupción y la impunidad. También podría prestarse apoyo a las políticas dirigidas a reforzar la regulación y a supervisar las empresas de seguridad privada, y al intercambio de mejores prácticas en materia de control de las transferencias de armas convencionales[15]. Además, a la luz de la Comunicación de la Comisión sobre el régimen de formación de la policía[16], también podría haber margen para un apoyo más coherente y eficaz a la región para consolidar las capacidades policiales, ofreciendo formación o intercambiando conocimientos y buenas prácticas (con un posible papel para Europol y CEPOL). Los proyectos de hermanamiento, como los que actualmente se llevan a cabo dentro de la UE, también podrían constituir un buen modelo para la futura cooperación con la región. El apoyo para el desarrollo de la capacidad nacional y regional de recopilación y análisis de datos estadísticos sobre delincuencia y para supervisar su evolución favorecería también la toma de decisiones basadas en hechos demostrados y la cooperación internacional en la región. II c. Ayuda a los gobiernos en sus política de potenciación de las comunidades Se están llevando a cabo actividades de cooperación en asociación con los gobiernos y las comunidades, con el fin de fomentar el desarrollo socioeconómico y reducir la violencia. En América Central y el Caribe, se hace especial hincapié en el fomento de métodos pacíficos para la resolución de conflictos en el seno de la sociedad y en la creación de oportunidades para todos los sectores de la población. Basándose en análisis ulteriores, los ámbitos de cooperación podrían incluir la promoción del crecimiento económico; el fomento de la formación profesional y el espíritu empresarial como medio de ofrecer a las personas empleos y alternativas a la delincuencia; la ayuda a las víctimas de la violencia, en particular a través de la ayuda humanitaria, en su caso; proyectos de reconciliación, rehabilitación y reinserción; el desarrollo de alternativas a la prisión para delitos menores; la protección de los grupos sociales vulnerables; el refuerzo de los mecanismos de supervisión por la sociedad civil; y el apoyo a iniciativas de promoción de la paz, la mediación y la reducción de la demanda de drogas. *** Para el objetivo II, como primer paso, la UE y los Estados miembros procederán a inventario en el que se establecen todas las actividades ejecutadas en la región pertinentes para la seguridad pública. Este inventario facilitará el intercambio de experiencias, facilitará información sobre las posibles sinergias y los ámbitos abiertos a nuevos compromisos, y ayudará a evitar la duplicación de esfuerzos. Deberá actualizarse periódicamente, compartirse con los países anfitriones y otros donantes e incorporarse en la programación conjunta. Esta estrategia guiará los trabajos futuros de la Unión y de los Estados miembros en este ámbito. Para su trabajo en el ámbito del Estado de Derecho, la justicia y la reforma del sector de la seguridad, la UE aplicará también la experiencia adquirida a través de sus misiones civiles en otras regiones del mundo. La experiencia interna de las unidades del SEAE que planifican y realizan las misiones, así como, en su caso, la experiencia interna en asuntos militares, pueden utilizarse durante la planificación y evaluación de las actividades incluidas en esta estrategia, con el fin de apoyar las actividades de cooperación y el diálogo político con la región. Si así se solicita, podrían apoyarse los esfuerzos actuales o futuros de mediación realizados por distintos interlocutores de la región. Objetivo III. Intensificar la cooperación regional e internacional en actividades operativas para luchar contra la inseguridad en América Central y el Caribe La UE fomentará los intercambios y la cooperación entre las instituciones regionales y los interlocutores internacionales, especialmente en lo que se refiere a los aspectos transregionales de la delincuencia organizada. Los países de la región se enfrentan a problemas parecidos y disponen, en líneas generales, de instituciones similares. El intercambio de conocimientos sirve para reforzar su capacidad. Estos esfuerzos podrían adoptar la forma de programas de intercambio entre organismos especializados o de apoyo a intentos cuidadosamente seleccionados de cooperación transregional. Una mayor implicación de organizaciones como Europol, Eurojust y Frontex, dentro de sus competencias y gracias a una mayor cooperación con las organizaciones e iniciativas regionales, podría ser útil a este respecto. Debe prestarse especial atención a vincular mejor los recursos desplegados en la región por parte de los Estados miembros (por ejemplo, funcionarios de enlace) y las agencias de la UE. Esto podría incluir la mejora de la cooperación policial y judicial y el fortalecimiento de la cooperación entre redes regionales, como la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado (REFCO), la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (COMJIB) y las redes europeas. En consonancia con la Comunicación conjunta «Estrategia de ciberseguridad de la UE [JOIN (2013) 1 final, de febrero de 2013], la Estrategia fomentará el diálogo con los socios internacionales pertinentes para garantizar la eficacia de las capacidades de defensa, determinar los ámbitos de cooperación y evitar la duplicación de esfuerzos en el ámbito de la ciberseguridad y la lucha contra la ciberdelincuencia. El establecimiento de redes regionales podría beneficiarse de otras actividades conjuntas, tales como el apoyo a la creación de mecanismos de coordinación para responder a crisis complejas y pluridimensionales, y la contribución para establecer mecanismos más efectivos de respuesta a las crisis y capacidades de alerta rápida. Conclusión La inseguridad en América Central y el Caribe dificulta la vida cotidiana de millones de personas y afecta a los derechos humanos, el Estado de Derecho y el desarrollo económico en la región. Constituye un obstáculo importante a la estabilidad y la cooperación regionales. Los gobiernos de la región intentan hacer frente a este reto, y también debe hacerlo Europa. Su asociación de larga duración y sus intereses económicos y de seguridad están en juego. La UE ofrece diálogo y cooperación práctica, sabiendo que tiene tanto que aprender de sus socios como lo que tiene que aportar. Con esta estrategia, la UE se dispone a ayudar a sus socios de América Central y el Caribe mediante un enfoque general y transparente. Esta estrategia guiará nuestras relaciones con los países socios en el ámbito de la seguridad. Mientras que los trabajos con los interlocutores a nivel subregional y nacional deberían comenzar lo antes posible, la próxima Cumbre CELAC-UE, que tendrá lugar en 2015, podría constituir una oportunidad adecuada para una evaluación política de la estrategia y de las decisiones comunes adoptadas para todo el continente. [1] PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina 2013–2014: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, «Impunidad», p. 36. [2] Ibid., «Las cárceles», p. 122. [3] Cifras para Guatemala y Honduras: ibid. p. 150; 34 European Countries: Confederation of European Security Services (CoESS), Private Security Services in Europe, Facts & Figures, 2011, p. 143. [4] Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), Cooperación transfronteriza en América Latina: Informe final de 2010, «Obstáculos identificados», p. 48. [5] Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina 2013–2014: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano del PNUD. Muchos ciudadanos indican que han dejado de salir a comprar o a practicar actividades de ocio. [6] OEA, Informe sobre el problema de la droga en las Américas, 2013. [7] OEA, Informe sobre seguridad ciudadana en las Américas, 2012, p. 91. Las incautaciones se refieren a las Bahamas, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, y Trinidad y Tobago. [8] OEA, La seguridad pública en las Américas, 2008. [9] Europol, Impacto de los grupos de delincuencia organizada mexicanos sobre la situación política en Europa, Scan Policy Brief - Threat Notice 012-2013. [10] Estrategia de Seguridad de la UE 2003, posteriormente actualizada y reafirmada por el Consejo Europeo en 2008. [11] Comunicación conjunta de la Comisión y de la Alta Representante y Vicepresidenta al Parlamento Europeo y al Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre el enfoque general de la UE respecto a los conflictos y crisis exteriores, JOIN (2013) 30 final. [12] Secretaría General Iberoamericana. [13] En el caso de Canadá, con especial hincapié en el Caribe. [14] Incluidos, en el marco de este último, proyectos tales como PRELAC (sobre precursores químicos) y GAFISUD (sobre blanqueo de dinero). [15] En el marco del Tratado sobre el Comercio de Armas. [16] Esta Comunicación se refiere a un programa europeo de formación de los servicios de policía, COM(2013) 172 final.