Habida cuenta de la aceleración de los flujos migratorios, las autoridades señalaron que el actual factor de ajuste por migración no refleja plenamente el coste total de la crisis migratoria ( ). El factor de ajuste por migración acordado permite retirar del saldo primario hasta el 0,2 % del PIB de los gastos relacionados con la migración (excluidos los fondos de la UE); sin embargo, de acuerdo con la metodología actual, los importes reales que se deducen del saldo primario se mantienen sistemáticamente muy por debajo de este nivel. Las autoridades y las instituciones europeas han empezado a analizar los obstáculos que impiden a las autoridades imputar la totalidad de los costes en el factor de ajuste y comunicarán sus resultados en el próximo informe.

Las perspectivas siguen sujetas a riesgos al alza y a la baja. Las últimas revisiones estadísticas y los indicadores que reflejan las expectativas de empresas y consumidores apuntan a riesgos al alza en 2019 y 2020. Las previsiones mantienen la prudencia en cuanto a la contribución del sector exterior al crecimiento en 2020, también habida cuenta de la lentitud con que aumentan los costes laborales unitarios en Grecia, si bien los incrementos de las cuotas de mercado de exportación del país registrados en 2019 y con anterioridad podrían resultar más duraderos, especialmente si van acompañados de una mayor productividad. Los riesgos a la baja tienen que ver principalmente con la incertidumbre de la situación geopolítica y las tensiones políticas de larga data en el conjunto de la región, así como con la infraejecución de los proyectos de inversión pública previstos y sus efectos en la demanda interna. Las previsiones están supeditadas a que se mantenga la senda de reforma acordada en el marco de la supervisión reforzada. En particular, la financiación de proyectos de inversión a través del sector bancario dependerá de que las reformas del sector financiero, concebidas para respaldar la capacidad de intermediación de los bancos, se lleven a cabo con celeridad.

·Por lo que respecta a los compromisos continuos, está en curso la ejecución del Plan Estratégico de la Sociedad Helénica de Activos y Participaciones, y se ha progresado en relación con una serie de operaciones del Plan para el Desarrollo de Activos; sin embargo, es preciso acelerar la ejecución del Plan de Liquidación de Atrasos y el cobro de restituciones del ámbito sanitario. En lo tocante a los compromisos del sector financiero, se han observado algunos avances en relación con las reformas necesarias para sanear el volumen de préstamos dudosos. No obstante, sigue siendo necesario dar mucha mayor prioridad a determinadas medidas importantes y acelerar su ejecución. En particular, se ha atrasado la resolución de los asuntos pendientes en materia de insolvencia de hogares, y apenas se ha avanzado en la supresión de los elementos que obstaculizan el funcionamiento eficaz de las subastas electrónicas.

·Los diez compromisos específicos asumidos para el final de 2019 comprenden importantes reformas dirigidas a incrementar la eficiencia del sector público griego, reforzar la eficacia de la política social, acelerar el programa de privatización y mejorar en mayor medida el entorno empresarial. Las autoridades han completado o están a punto de completar algunos de los compromisos clave, en particular las reformas destinadas a reforzar las capacidades de la Autoridad Tributaria Independiente, o los organigramas digitales del sector público, que se inscriben en la estrategia de gestión de recursos humanos. Dada la complejidad de los proyectos o debido a retrasos heredados, se han ajustado los plazos para el cumplimiento de otros compromisos específicos clave. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del desarrollo del pilar del mercado de trabajo del régimen de renta de solidaridad social, cuyo objetivo es promover un crecimiento del empleo sostenible y a largo plazo, o el programa de privatización, a pesar de que se ha mantenido la dinámica observada en el último informe. En el anexo se presenta una visión completa. Se anima a las autoridades a presentar medidas complementarias con vistas a garantizar avances adecuados en cuanto a las reformas cuyo calendario se ha ajustado, como en los ámbitos de la gestión de las finanzas públicas o la carga normativa para las empresas.

El presente informe concluye que Grecia ha progresado adecuadamente en el cumplimiento de sus compromisos específicos de reforma para el final de 2019. Se espera que las medidas complementarias que ya están siendo ejecutadas o han sido anunciadas por el Gobierno permitan cumplir los compromisos a tiempo para el sexto informe de supervisión reforzada previsto para mayo de 2020. A este respecto, se requiere un compromiso continuo de las autoridades griegas, en particular en el sector financiero, en el que es preciso adoptar medidas adicionales significativas.

Financiación de la deuda soberana y sostenibilidad de la deuda

Grecia reforzó su presencia en el mercado de deuda soberana mediante la emisión de nuevos títulos en enero de 2020. En particular, a finales de enero se emitieron obligaciones a quince años por un importe de 2 500 millones EUR. En un clima de vivo interés por parte de los inversores, el volumen de órdenes final se situó cerca de los 19 000 millones EUR, y el rendimiento alcanzado del 1,9 % quedó por debajo de las expectativas. Aproximadamente el 84 % de los títulos subastados se vendieron a inversores extranjeros, principalmente inversores con capacidad económica real. Era la primera vez desde la crisis que Grecia colocaba obligaciones con un plazo de vencimiento tan largo mediante subasta abierta, y también la primera vez que emitía obligaciones con un vencimiento posterior al final del actual período de aplazamiento de los préstamos de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, esto es, después de 2032. Esto indica que los inversores consideran limitado el riesgo de refinanciación, incluso ante tal horizonte. Con arreglo a la estrategia de financiación, cabe esperar nuevas emisiones de obligaciones este año, que podrían financiar otros reembolsos anticipados de deuda de los sectores público y privado. Los diferenciales de rendimiento de la deuda soberana han seguido disminuyendo: los diferenciales a diez años respecto de Alemania se situaron en torno a 140 puntos básicos a mediados de febrero, mientras que la calificación crediticia de Grecia continuó mejorando. Grecia mantiene su considerable reserva de efectivo, que se estimaba en unos 23 500 millones EUR al final de 2019, un importe suficiente para cubrir las necesidades de financiación durante más de dos años si se cumplen los objetivos del saldo primario.

Se ha realizado una actualización secuencial del análisis de sostenibilidad de la deuda. La actualización de las hipótesis macroeconómicas y los datos sobre la reciente emisión de obligaciones sugieren que la deuda, si bien continuará su tendencia a la baja (salvo por un desplazamiento debido a la capitalización de los intereses diferidos en 2033), se mantendrá por encima del 100 % del PIB hasta 2040. Un segundo escenario, que comprende una actualización adicional de los tipos de interés modelizados según el marco actual, sugiere que la deuda se mantendrá por encima del 100 % del PIB hasta 2039. Las necesidades brutas de financiación de Grecia se situarían en torno al 13,5 % del PIB en el primer escenario y en torno al 12 % del PIB en el segundo escenario al final del período de previsión. Se está llevando a cabo una revisión integral del marco de hipótesis subyacentes al análisis de la sostenibilidad de la deuda de las que parten las instituciones europeas; estará lista a más tardar para el sexto informe de supervisión reforzada.

Tributación y gestión de las finanzas públicas

Se han registrado avances significativos de cara a la ampliación de la base imponible para el ejercicio del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria (ENFIA) de 2020, en concreto la ampliación del porcentaje de población cubierta por el sistema de zonas del 85 al 98 %. Se prevé que en la primavera de 2020 concluya un nuevo ejercicio de reevaluación a escala nacional, con miras a armonizar los valores del impuesto sobre la propiedad con los precios de mercado a más tardar a mediados de 2020 (se trata de un compromiso específico). El presupuesto de 2020 implica un ejercicio de imposición sobre la propiedad casi sin incidencia fiscal sobre la base de los nuevos valores, con un pequeño aumento de 140 millones EUR en los ingresos del ENFIA con respecto a 2019. La ampliación de la base podría ofrecer un margen de maniobra para restructurar los tipos y umbrales del impuesto sobre la propiedad.

El número de empleados de la Autoridad Tributaria Independiente aumentó a lo largo de 2019, pero no se alcanzó el objetivo fijado para el final de ese año (un compromiso específico para el final de 2019, sustituido por medidas equivalentes). En 2019, el número de empleados aumentó a 11 902, esto es, 264 empleados más con respecto al inicio del año. No obstante, dados los retrasos acumulados anteriormente, el nivel de dotación de personal siguió siendo inferior al objetivo inicial de 12 500. La renovación del mandato del director de la Autoridad Independiente se traduce en continuidad y facilitará su transformación en una autoridad tributaria eficiente y eficaz en sintonía con las mejores prácticas.

En lo tocante a las medidas complementarias acordadas a raíz del incumplimiento del objetivo de dotación de personal, los avances han sido en general satisfactorios, en particular por lo que respecta a la reforma de los recursos humanos y las cuestiones de locales, y se esperan nuevos progresos de aquí al final de abril de 2020. La legislación complementaria sobre clasificación profesional, una condición previa para la reforma de los recursos humanos, ha sido adoptada, y, en el caso de la legislación de desarrollo que definirá el marco retributivo asociado al sistema de clasificación, su adopción está prevista a más tardar al final de abril. Respecto del marco informático, se han señalado los ámbitos clave en los que será preciso aclarar, a más tardar en abril de 2020, el reparto de competencias y recursos entre la Autoridad y los servicios pertinentes del Ministerio de Gobernanza Digital, lo que se espera permita celebrar un acuerdo de nivel de servicio como máximo a mediados de 2020. Por último, se ha definido un plan de actuación pormenorizado para la reubicación de la Autoridad en un único lugar en el que se prevén, a más tardar para marzo de 2020, la decisión de trasladar a la entidad pública que actualmente ocupa los locales y la oferta para que la Autoridad cierre su contrato de arrendamiento. De acuerdo con el plan de actuación, la Autoridad se mudaría a sus nuevos locales como máximo en abril de 2021.

Las autoridades están avanzando en lo referente a una serie de proyectos fundamentales para reforzar las capacidades de la Autoridad y están preparando un plan más ambicioso de lucha contra el contrabando. Se está trabajando en un sistema informático para la creación de un sistema de recaudación de extremo a extremo (un compromiso específico para mediados de 2021), así como en la «oficina de recaudación modelo»; por su parte, los planes para la introducción de la facturación electrónica en 2020 siguen progresando. Las autoridades planean asimismo reforzar el Centro de Coordinación de Operaciones, creado en virtud de un compromiso programático con el objetivo de luchar contra el contrabando y coordinar los servicios pertinentes. Recientemente, el Centro ha visto reducida su capacidad, ya que no se han renovado las transferencias de personal en comisión de servicios; la legislación primaria para resolver esta cuestión debería adoptarse en un corto plazo. Las autoridades tienen previsto elevar el rango de los miembros del comité de dirección del Centro al nivel de los viceministros y del director de la Autoridad, lo que se traduciría en una coordinación más eficiente. El Centro, desde el punto de vista operativo, permanecerá integrado en la estructura de la Autoridad y verá reforzada su capacidad global.

Las autoridades reabrieron el régimen de 120 pagos escalonados de las cotizaciones a la seguridad social para aquellos que habían abandonado el sistema, decisión que ha suscitado ciertas dudas en cuanto a la credibilidad del compromiso de las autoridades de poner fin a la práctica de ofrecer prolongados regímenes ad hoc de pago escalonado. Las autoridades argumentaron que muchos deudores habían abandonado el régimen involuntariamente, debido a errores en el sistema informático. Sin embargo, la disposición legal adoptada por la que se posibilitaba la reincorporación al régimen hasta el final de mayo de 2020 parecía desproporcionadamente generosa, tanto por lo que se refiere a la duración del plazo para la reincorporación como a las condiciones de admisibilidad, puesto que también se permitía la reincorporación a los deudores que realmente no habían cumplido las normas. Por tanto, se acoge con satisfacción que las autoridades hayan presentado una modificación de dicha ley con la que se acortará el plazo hasta el final de marzo de 2020 y se restringirán los criterios de admisibilidad.

El volumen de atrasos netos alcanzó los 1 200 millones EUR al final de 2019, cifra que superaba en 220 millones EUR el objetivo del plan de liquidación de octubre de 2019 (un compromiso continuo). Con respecto a agosto de 2019, el volumen de atrasos netos disminuyó en 50 millones EUR. La mayor parte de las desviaciones se explica por lagunas en la liquidación de los derechos de pensión y por errores a la hora de calcular con precisión el volumen neto de atrasos relativos a derechos de pensión. Se han observado igualmente ciertas lagunas con respecto al objetivo en materia de atrasos del Estado y de las administraciones locales. Se están preparando medidas adicionales centradas en particular en los atrasos relativos a las pensiones, y algunas ya han empezado a aplicarse. Entre dichas medidas figura una serie de modificaciones legislativas destinadas a regular los pagos de determinados atrasos, un seguimiento más estrecho, formación adicional y el intercambio de las mejores prácticas. Las autoridades mantienen su compromiso con el plan de liquidación de octubre de 2019 y esperan lograr el objetivo de liquidar los derechos de pensión pendientes a más tardar a mediados de 2021.

Si bien está disminuyendo el volumen neto de atrasos, se siguen generando nuevos atrasos, lo que apunta a deficiencias en la cadena de pago y en las funciones de control interno. En el contexto de la creación de unas cadenas de pago puntuales, la falta de mecanismos de control interno eficaces sigue siendo motivo de preocupación y un factor que ralentiza la tramitación de pagos, especialmente en las entidades en las que las auditorías ex ante del Tribunal de Cuentas se han suprimido recientemente. El Tribunal está llevando a cabo una amplia encuesta sobre este asunto en el seno de la Administración Pública con miras a acelerar el establecimiento de sistemas de control interno eficaces a más tardar al final del año en curso, así como ofrecer orientaciones adicionales en caso necesario. La Oficina General de Cuentas se ha comprometido a examinar las recomendaciones acerca de la racionalización de la cadena de pago mediante un proyecto de apoyo técnico recientemente presentado por el Fondo Monetario Internacional y, en su caso, a adoptar medidas de mitigación.

Se ha establecido el marco para el control del efectivo del sistema de contabilidad del Tesoro de la Administración Pública, y se está ejecutando un proyecto piloto sobre previsión de tesorería (ambos son compromisos específicos de final de 2019). Todas las entidades importantes de la Administración Pública han abierto una cuenta en el Banco de Grecia y la usan para el cobro de las subvenciones o ayudas públicas. Algunas entidades pequeñas aún no se han adherido al régimen, pero la Oficina General de Cuentas prevé adoptar en breve medidas a fin de garantizar una cobertura total. Al final de 2019 se inició un proyecto piloto sobre previsión de tesorería, que dará lugar al desarrollo de una estrategia para su implantación en el resto de entidades a más tardar en octubre de 2020. En vista de la complejidad, el proyecto se valorará a partir de un informe intermedio previsto para el final de marzo y un proyecto de estrategia de implantación previsto para el final de abril.

Progresa la ejecución global del Plan Contable Unificado (un compromiso específico para mediados de 2021 referido a la Administración central), si bien su aplicación en todos los sectores del Gobierno central, en particular el presupuesto de inversión pública, sigue siendo problemática. Se ha reforzado considerablemente la estructura de gobernanza del proyecto del Plan Contable, que ahora se considera una herramienta de gestión de las finanzas públicas en sentido amplio que engloba la contratación pública y la facturación electrónica. No obstante, la plena aplicación del Plan Contable al presupuesto de inversión pública no muestra avances suficientes. El plan revisado de las autoridades exigirá un esfuerzo adicional, especialmente en cuanto a la aplicación del Plan Contable en la fase de planificación presupuestaria, respetando en todo momento el principio de contabilidad de ejercicio.

Bienestar social

Aunque la situación social aún es difícil, se prevé que siga mejorando gracias al efecto combinado de la recuperación económica y las reformas en materia de bienestar social que se han emprendido en los últimos años. Se han adoptado importantes medidas para mejorar la eficiencia, la eficacia y la adecuación del sistema de bienestar social, a saber, la introducción de un régimen de renta mínima garantizada y el subsidio de vivienda. De acuerdo con los datos más recientes disponibles, entre 2017 y 2018 el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social cayó del 34,8 % al 31,8 %, mientras que el porcentaje de personas en situación de privación material grave disminuyó del 21,1 % al 16,7 %. Aunque el subsidio de vivienda proporciona apoyo para cubrir los costes de alquiler a los hogares vulnerables, no hay un apoyo similar y de carácter permanente para los propietarios en situación vulnerable con hipotecas ( ). La conclusión de la reforma del sistema de prestaciones por invalidez y la revisión del sistema de ayudas al transporte público local podrían hacer el sistema de bienestar aún más eficiente.

Las autoridades están preparando adaptaciones de la legislación en materia de pensiones para ajustarse a la resolución del Consejo de Estado de 2019. Dichas adaptaciones comprenderán mayores tasas de acumulación para las carreras profesionales superiores a treinta años, un nuevo sistema de cotizaciones sociales para autónomos, y la vuelta a los niveles de pensiones complementarias anteriores a 2014, cuyo recorte se consideró inconstitucional. El incremento de las tasas de acumulación hará más generoso el sistema para las personas que más prolonguen su carrera profesional, lo que, a su vez, dará lugar a unas tasas elevadas de sustitución de las pensiones de acuerdo con los criterios europeos. En cuanto a las cotizaciones sociales, las autoridades tienen la intención de disociar las cotizaciones abonadas por los trabajadores por cuenta propia de sus ingresos declarados, al mismo tiempo que se aumenta el mínimo exigible. La repercusión prevista de las nuevas medidas es inferior al 0,5 % del PIB, y las autoridades pretenden financiarlo reorientando (parte de) los recursos de la decimotercera paga de pensión reintroducida en 2019. La parte restante del presupuesto anteriormente asignado a esa decimotercera paga se usará para cubrir los costes de las políticas sanitarias y el sistema de bienestar social; podría servir, por ejemplo, para sufragar el aumento de la renta mínima garantizada en el marco del régimen de renta de solidaridad social o la introducción de una ayuda permanente para propietarios de viviendas en situación vulnerable con hipotecas.

Las autoridades han elaborado un plan de acción para solucionar los retrasos en la creación del fondo único de seguridad social, un compromiso específico para mediados de 2020. En los próximos meses se pondrá en marcha un ambicioso plan de acción para la digitalización del fondo único de seguridad social, con el fin de unificar los sistemas informáticos de todos los fondos anteriores y digitalizar los servicios. Los plazos están fijados en el final de 2020 y mediados de 2021. Las autoridades también han anunciado la decisión de fusionar el fondo de pensiones complementario con el fondo único de seguridad social en aras de la eficiencia.

Se han reanudado los procedimientos administrativos para el cobro de restituciones (un compromiso continuo), y se están preparando medidas para limitar la cuantía de los importes de las restituciones. Ya está en curso el cobro de las restituciones de productos farmacéuticos (a través del régimen de los 120 pagos escalonados introducido en 2019), y pronto empezará en el caso de las clínicas privadas y otros proveedores. Genera preocupación el aumento constante del importe de las restituciones, especialmente en relación con los productos farmacéuticos. Las autoridades se proponen redoblar los esfuerzos dirigidos a la implantación de protocolos obligatorios de prescripción y tratamiento, cuya finalidad es poner freno a conductas inadecuadas de prescripción, y reforzar su capacidad de negociación respecto de los precios de los productos farmacéuticos, sobre todo para los medicamentos más costosos. Las instituciones europeas han alentado a las autoridades a que estudien la posibilidad de incluir un elemento de reparto de riesgos en el sistema de restituciones y a que velen por que los presupuestos hospitalarios se correspondan con las necesidades de atención sanitaria de la población.

Tras la revisión anunciada del sistema, se han reanudado los progresos de cara a la constitución de una red global de unidades de atención sanitaria primaria (un compromiso específico para mediados de 2020). De acuerdo con una estrategia revisada, las restantes ciento veinte unidades de atención sanitaria primaria (denominadas «TOMY») empezarán a funcionar en los locales de centros de salud ya existentes. Sin embargo, la plena implantación de la red de atención primaria sigue enfrentándose a importantes obstáculos, en particular la dificultad para contratar el número requerido de médicos de familia y las lagunas en el registro y el filtrado obligatorios de los pacientes. No será posible completar la red y dar cobertura al total de la población de aquí a mediados de 2020, pero la nueva estrategia aborda algunas de las principales causas de retraso surgidas hasta el momento, y las autoridades confían en poder concluir la implantación de la red, incluidas las funciones de filtrado y derivación de pacientes, a más tardar al final de 2020.

Si bien será difícil alcanzar el objetivo del 30 % de contratación pública centralizada (un compromiso específico para mediados de 2020), el inicio previsto de la contratación pública descentralizada a nivel regional podría acelerar el proceso. Las autoridades han presentado una estrategia revisada de contratación centralizada, al tiempo que el nuevo organismo central para la contratación pública en el ámbito de la salud se ha transformado en una entidad jurídica de Derecho privado. Dicha estrategia prevé la contratación descentralizada a nivel regional, que, presumiblemente, simplificará los procedimientos desde el punto de vista administrativo, acelerará el proceso de licitación y brindará más oportunidades para la presentación de ofertas. Las autoridades se proponen hacer un mejor uso del observatorio de precios con el fin de corregir cuanto antes todo gasto ineficiente que sea evitable.