(4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

(5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía con el Consejo su opinión de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

(6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

(7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de relieve la necesidad de contar con planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que deben incorporar, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

(8)El legislador de la Unión ya modificado los marcos normativos pertinentes para que los Estados miembros puedan movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a fin de hacer frente a los efectos excepcionales de la pandemia de la COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se insta a Letonia a que haga pleno uso de estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

(9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en los distintos sectores y regiones debido a los diferentes patrones de especialización. Ello conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

(10)El 30 de abril de 2020, Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

(11)Letonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno programa un deterioro del saldo presupuestario, pasando de un déficit de 0,2 % del PIB en 2019 a un déficit de 9,4 % del PIB en 2020. Se prevé que el déficit de las administraciones públicas baje al 5 % en 2021 y al 2,7 % del PIB en 2023, en el supuesto de que no se produzca un cambio de políticas. Tras bajar al 36,9 % del PIB en 2019, la ratio deuda de las administraciones públicas/PIB repuntaría hasta el 53 % del PIB en 2020 hasta el 59,8 % del PIB en 2023, según el Programa de Estabilidad de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

(13)En respuesta a la pandemia y como parte de un enfoque coordinado a nivel de la Unión, Letonia ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y ayudar a los particulares y los sectores especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, dichas medidas presupuestarias representan un 3,0 % del PIB. Entre ellas figuran opciones de aplazamiento del pago de las deudas tributarias hasta tres años, un aumento de la cobertura de la baja por enfermedad con cargo al Estado, el apoyo a sectores específicos y un aumento del gasto en sanidad. Por otra parte, Letonia ha proporcionado apoyo a la liquidez de las empresas mediante garantías y préstamos que representan un 3,2 del PIB. En general, las medidas adoptadas por Letonia se ajustan a las directrices de la Comunicación de la Comisión relativa a la respuesta económica coordinada a la pandemia de la COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

(14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión en el supuesto de que no se produzca un cambio de políticas, el saldo de las administraciones públicas letonas debería situarse en el -7,3 % del PIB en 2020 y en el -4,5 % en 2021. Esta previsión refleja un efecto general de las medidas de estímulo similar al previsto en el Programa de Estabilidad, si bien se prevé que la caída del empleo será menor, del mismo modo que también se prevé que los estabilizadores automáticos por el lado del gasto serán también inferiores. Se prevé que la ratio deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

(15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado y motivado por el incumplimiento previsto del umbral de déficit del 3 % del PIB en 2020 por parte de Letonia. En general, el análisis apunta a que no se cumple el criterio de déficit, tal como se define en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

(16)Letonia declaró el estado de alarma el 13 de marzo de 2020 y lo prorrogó hasta el 9 de junio de 2020. El Gobierno limitó la circulación de personas a través de las fronteras de Letonia por vía aérea, ferroviaria y marítima, cerró escuelas y universidades, prohibió todos los actos públicos, impuso medidas de distanciamiento físico, restringió el comercio en fines de semana y fomentó el uso de servicios públicos digitales. Dada la mejora de la situación en relación con la pandemia, las autoridades relajaron las restricciones nacionales el 12 de mayo de 2020 y acordaron reabrir las fronteras con Lituania y Estonia desde el 15 de mayo de 2020. Según las previsiones de la Comisión, se espera que el desempleo suba al 8,6 % en 2020 y que se recupere ligeramente en 2021, llegando al 8,3 %. Se prevé que la economía disminuya un 7 % en 2020; las inversiones y las exportaciones sufrirán la peor parte en el contexto actual de disminución de la demanda extranjera y de creciente incertidumbre. Asimismo, se prevé que el empleo bajará en un 2,5 %, dado que el efecto negativo sobre este se verá amortiguado considerablemente por el régimen de cesantía de trabajadores subvencionado por el Estado y por subsidios salariales en los sectores exportadores. Letonia reaccionó a la crisis con un paquete de medidas integral que combina las políticas presupuestaria y económica. Las autoridades han articulado la respuesta en tres vectores: 1) apoyo a los trabajadores; 2) apoyo a las empresas; y 3) apoyo a los sectores económicos más afectados. Algunas de las medidas de política laboral, destinadas a mantener el empleo y reforzar la red de seguridad social, son subvenciones salariales de hasta el 75 % del salario bruto, la cobertura de las bajas por enfermedad en caso de que a un trabajador se le diagnostique la COVID-19 o se le ponga en cuarentena y la ampliación de las prestaciones por desempleo. El apoyo a las empresas que se enfrentan a dificultades temporales ha tenido como objetivo respaldar la liquidez de las empresas viables e impulsar la oferta de bienes y servicios de vital importancia.

(17)La pandemia de la COVID-19 exige adoptar medidas sin precedentes para contener la propagación y los efectos de la enfermedad. La COVID-19 ha ampliado las debilidades estructurales del sistema sanitario letón, que están directamente relacionadas con los limitados recursos financieros y humanos de que dispone y con el lento avance de las reformas. El acceso a una asistencia sanitaria de calidad y asequible y la eficacia del sistema sanitario se ven afectados por la escasa financiación pública, lo que conduce a unos altos índices de necesidades no satisfechas declaradas en materia sanitaria, pagos directos elevados, especialmente para los grupos vulnerables, y a desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria. Los modos de vida poco saludables son otra razón importante de los malos resultados sanitarios. Además, la falta de personal es un problema complejo y dificulta la prestación de servicios sanitarios. Para impulsar la eficiencia y la calidad de la asistencia sanitaria resulta crucial acelerar las reformas aún en curso en una fase temprana. Entre ellas se cuentan las medidas de prevención eficaces, la racionalización del sector hospitalario, la mejora de la atención primaria y el enfoque en la gestión de la calidad. La magnitud de la repercusión de estas reformas y la probabilidad de mejorar los resultados sanitarios también dependen en gran medida del importe de la financiación pública que se destine al ámbito sanitario. Para poder gestionar crisis similares en el futuro, resulta esencial invertir en medidas de salud pública eficaces y con recursos suficientes para prevenir, contener y mitigar la propagación de enfermedades infecciosas y controlar sus efectos sobre el sistema sanitario. Las inversiones pueden tener como objetivo garantizar los equipos necesarios, servicios sólidos de sanidad electrónica, instalaciones y recursos humanos para la atención sanitaria y la capacidad de prestar todos los servicios sanitarios ordinarios que cabe esperar junto con los servicios de asistencia a los pacientes de la COVID-19.

(18)Letonia ha adoptado medidas para extender a los trabajadores la ayuda a la renta y para evitar que se produzcan despidos durante la situación de emergencia. Sin embargo, este apoyo es reducido en términos de cobertura y adecuación, principalmente porque depende del pago de cotizaciones sociales y de criterios de admisibilidad restrictivos. El régimen tampoco abarca los supuestos de inactividad parcial. Con una transición más gradual desde ayudas a la renta hasta rentas del trabajo se lograría una mayor flexibilidad del mercado de trabajo durante el período de inactividad y la recuperación económica. Es necesario no cesar en los esfuerzos para mejorar la adecuación, la duración y la cobertura de la red de seguridad social para todos. Sin embargo, estos esfuerzos se ven constreñidos por los bajos ingresos tributarios como proporción del PIB. A pesar de la ligera mejora registrada, la renta mínima garantizada, las pensiones mínimas y las ayudas a la renta para las personas con discapacidad siguen siendo insuficientes. Letonia ha introducido una prestación por desempleo para los más vulnerables, pero los desempleados siguen corriendo un riesgo alto de caer en la pobreza, especialmente cuanto más dure el desempleo. Existen diferencias de cobertura en el acceso a la protección social, incluido el seguro de desempleo, de los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores no convencionales, que pueden solucionarse. Si bien su proporción disminuye, el trabajo no declarado y los sueldos en mano siguen estando generalizados, lo que debilita la protección social de los trabajadores afectados y aumenta los riesgos laborales. Es de esperar que a los grupos vulnerables les resulte más difícil encontrar un nuevo empleo. La integración de los servicios de empleo, educativos, sanitarios y sociales y la prestación de servicios sociales sigue siendo baja. Los porcentajes de personas que sufren privaciones graves en materia de vivienda y de personas que viven hacinadas son de los mayores de la Unión; la vivienda social es escasa.

(19)Prestar apoyo a las pymes para ayudarles a desarrollar rápidamente el teletrabajo y condiciones de trabajo flexibles puede ayudar considerablemente a paliar el efecto de la crisis. El bajo nivel de inscripción en los servicios públicos de empleo y el bajo nivel de participación de los desempleados en las medidas activas de empleo son motivo de especial preocupación Es preciso reforzar y adaptar la aplicación y la composición de las medidas activas de empleo para reducir la duración de los períodos de desempleo y facilitar la transición al empleo. Formar a las personas para que adquieran competencias adecuadas es aún más importante para mejorar la resiliencia de la mano de obra en momentos de recesión económica. Una educación de adultos eficaz y de fácil acceso, el reciclaje profesional y la formación complementaria, junto con la prestación de servicios sociales y el apoyo a la movilidad, podrían aumentar el número de personas con cualificación suficiente para el mercado laboral. También hay que mejorar las competencias digitales, ya que solo el 43 % de los letones tienen competencias digitales básicas o de nivel superior. La crisis de la COVID-19 también ha destacado la necesidad de diseñar una educación y formación digitales de calidad y de garantizar la igualdad de acceso a todos los alumnos. El refuerzo de la capacidad de los interlocutores sociales también es importante para garantizar su participación significativa y oportuna en la respuesta a la crisis de la COVID-19 y la salida de esta.

(20)Se ha creado y puesto en marcha con suma rapidez un régimen de apoyo a la liquidez cuantioso a través de la institución nacional de desarrollo Altum. Ha ayudado a reestructurar los cuadros de amortización de los préstamos para las empresas y ha proporcionado apoyo a la liquidez mediante nuevos préstamos. Al mismo tiempo, la mayoría de las novaciones de préstamos bancarios se producen sin que medien garantías estatales. Por otra parte, las condiciones para la concesión de una garantía estatal son relativamente estrictas. Como consecuencia, existe el riesgo de que las empresas más pequeñas con una situación financiera más débil, o que no estén al día en el pago de sus impuestos, no reciban ayuda. Los restaurantes y los hoteles, que se encuentran entre los sectores más afectados por esta crisis, tienen dificultades para acceder a la liquidez debido a su débil situación en términos financieros y de garantías. Al mismo tiempo, resulta importante apuntalar la resiliencia del sector bancario.

(21)Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. Las políticas de apoyo a las transiciones digital y ecológica del país deben tener en cuenta las importantes disparidades regionales. La mayoría de las zonas urbanas de Letonia cuentan con una infraestructura digital excelente, pero la cobertura de banda ancha fija en las zonas rurales, especialmente las conexiones de «último kilómetro», es pobre. La continuación y el refuerzo de los esfuerzos para desplegar una banda ancha de muy alta velocidad contribuirá a mejorar la infraestructura digital. Con el fin de afrontar las dificultades que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, son necesarias inversiones para diversificar la economía y hacerla más moderna y competitiva, en especial mediante el refuerzo de la inversión en I+i y en capital humano, y para aliviar los costes socioeconómicos de la transición. La sostenibilidad medioambiental de Letonia pasa por avanzar mejorar en eficiencia energética, ejecutando su plan nacional de energía y clima, en particular en el transporte y los edificios, e integrar las consideraciones de sostenibilidad medioambiental en otros sectores económicos, en particular en la agricultura y la silvicultura. La mejora de las infraestructuras de transporte intermodal dentro de Riga y en sus inmediaciones facilitaría la movilidad laboral y contribuiría a frenar el aumento del consumo de energía procedente de los turismos. Además, el proyecto Rail Baltica y los proyectos de interconexión energética son prioridades clave de inversión de Letonia destinadas a mejorar su seguridad y su integración en el mercado único de la UE. Aumentar las inversiones en energías renovables, en particular la eólica, y fomentar la transición a una economía circular con tasas de reciclado significativamente más elevadas puede también mejorar los resultados tanto medioambientales como económicos y contribuir a alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Letonia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Letonia garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

(22)Letonia ha reducido considerablemente el flujo de activos de riesgo en sus bancos y ha remodelado su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales. En particular, prohibió prestar servicios comerciales a las sociedades fantasma no residentes y modificó una serie de leyes. Asimismo, reforzó la capacidad de las principales instituciones de supervisión, inteligencia financiera y vigilancia normativa. Si bien la supervisión de las entidades financieras se ha reforzado considerablemente, podría ser más específica y eficiente si se mejorasen las evaluaciones de riesgos. Por otra parte, aunque se ha reforzado la capacidad y la cooperación de los órganos de garantía del cumplimiento del Derecho, también se podría reforzar su capacidad para investigar y enjuiciar los casos de blanqueo de capitales.

(23)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.