ES Diario Oficial de la Unión Europea C 303/22

Informe final del Consejero Auditor en el Asunto COMP/C.38.443 — Sustancias químicas para la industria del caucho

(con arreglo a los artículos 15 y 16 de la Decisión (2001/462/CE, CECA) de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia — DO L 162 de 19.6.2001, p. 21)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2006/C 303/17)

El proyecto de Decisión en el presente asunto suscita las siguientes observaciones:

La investigación de la Comisión sobre una posible infracción del artículo 81.1 del Tratado CE y del artículo 53.1 del Acuerdo EEE en el sector de las sustancias químicas para la industria del caucho se incoó tras una solicitud de dispensa de multas presentada al amparo de la Comunicación de la Comisión de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (en lo sucesivo denominada «la Comunicación»).

Procedimiento escrito

El 12 de abril de 2005 se adoptó un pliego de cargos, que fue remitido a catorce partes que se consideraba, preliminarmente, que habían participado en el cartel o habían tenido responsabilidad en el mismo:

— Bayer AG

— Crompton Corporation

— Crompton Europe Ltd. (anteriormente Uniroyal Chemical Ltd.)

— Uniroyal Chemical Company, Inc.

— Flexsys NV

— Akzo Nobel NV

— Pharmacia Corporation (anteriormente Monsanto Company)

— General Química SA

— Repsol Química SA

— Repsol YPF SA

— Duslo A.S.

— Prezam A.S.

— Vagus A.S.

— Istrochem A.S.

El acceso al expediente fue facilitado mediante un CD-ROM que permitió a las partes acceder de forma completa a la mayoría de las 10.939 páginas de documentos recopilados por la Comisión durante su investigación. Solamente se excluyeron documentos internos de la Comisión y secretos comerciales y otra información confidencial de las partes.

Duslo AS, Prezam AS, Vagus AS e Istrochem AS solicitaron prórrogas de los plazos establecidos para responder al pliego de cargos de entre 8 y 12 días. En apoyo de sus peticiones alegaron que, como empresas eslovacas, no estaban familiarizadas con los procedimientos de defensa de la competencia y «no sabían cuál era el significado de un pliego de cargos y las consecuencias que podría acarrear». Declararon que, en consecuencia, habían enviado el pliego de cargos y la información pertinente a sus asesores legales a fin de que éstos prepararan una respuesta sólo varias semanas después de recibirlo.

Consideré que el pliego de cargos era suficientemente explícito para que cualquiera de sus destinatarios se diera cuenta de las graves consecuencias que el procedimiento de la Comisión podría tener. La decisión de una empresa de recurrir tarde a asesores legales es tan responsabilidad suya como lo sería la decisión de no recurrir a tal asesoramiento en absoluto.

Sin embargo, consideré que el interés legítimo de la Comisión por evitar retrasos en el procedimiento no se vería menoscabado si se concedía en este caso una corta prórroga.

Por consiguiente, acordé una breve prórroga de dos días para cada plazo respectivo. Todas las partes contestaron en plazo.

Petición específica con respecto al acceso al expediente

Duslo AS, Prezam AS, Vagus AS e Istrochem AS pidieron que se les concediera acceso al expediente de la Comisión por lo que se refiere a las cifras de ventas de sustancias químicas para la industria del caucho, en el mundo y en el EEE, en 2001, de las distintas empresas implicadas en el asunto. La razón de la petición era que esta información sería importante para calcular las posibles multas que podrían imponérseles.

Tras proceder a una verificación, consideré que la información solicitada era de naturaleza confidencial. Teniendo esto en cuenta, tuve que sopesar la necesidad de salvaguardar los derechos de defensa de las empresas solicitantes y el interés legítimo de quienes habían facilitado la información por proteger sus datos comercialmente sensibles. (1)

En este contexto, concluí que la exactitud de las cifras de ventas de las distintas partes podría tener, en teoría, un impacto en el cálculo de la eventual multa a las empresas solicitantes en la decisión final de la Comisión. Sin embargo, había tres razones que desmentían la importancia de la información pedida a efectos de la defensa:

— En primer lugar, la Comisión disfruta de una amplia discreción a la hora de determinar el importe apropiado de la multa. Con arreglo a las Directrices sobre el método de cálculo de multas, «[…] en algunos casos puede ser necesario aplicar ponderaciones al importe determinado […] para tener en cuenta el peso específico […] de cada empresa» (énfasis añadido). Por lo tanto, en esa etapa del procedimiento resultaba hipotético si el importe exacto de las cifras de ventas de los otros destinatarios del pliego de cargos tendría algún impacto en una posible multa.

— En segundo lugar, las cifras de ventas de los supuestos miembros del cartel pueden constituir un factor objetivo que desempeña un papel en el cálculo de la multa. Pero no pueden constituir circunstancias atenuantes que la Comisión tendría que tener en cuenta a favor de una empresa dada, pues no se enumeran en el punto 3 de las Directrices sobre el método para el cálculo de multas.

— En tercer lugar, la transmisión de dichas cifras a una empresa dada no tendría ningún impacto en la posibilidad de que ésta influyera en el cálculo de una posible multa de la Comisión. A este respecto, lo único que cuenta es la exactitud de las cifras. No se podía esperar que las empresas concernidas poseyeran una información más fiable sobre las cifras de ventas de sus competidores que la Comisión, que se basa en cifras auditadas facilitadas por las propias partes.

Por todo ello, no pude apreciar el valor de la información pedida para preparar la defensa de las empresas solicitantes. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia que daban a estas cifras, pedí al servicio de la Comisión competente que les facilitara las cuotas de mercado estimadas para 2001 (coeficientes entre los volúmenes de negocio individuales y el valor total calculado del mercado; este último está disponible en el pliego de cargos), expresadas en franjas suficientemente amplias para garantizar el trato confidencial de las cifras reales. Rechacé el resto de su petición, mediante una decisión con arreglo al artículo 8 de la Decisión relativa al mandato de los consejeros auditores.

Procedimiento oral

Todas las partes, excepto Akzo Nobel NV, Pharmacia Corporation y Repsol (YPF SA y Química SA) participaron en una audiencia que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2005. Duslo AS, Prezam AS, Vagus AS, Istrochem AS y General Química SA participaron de forma particularmente activa en la audiencia y tuvieron la oportunidad de arrojar considerables dudas sobre la calidad de las pruebas presentadas contra ellas en el pliego de cargos.

Orientación final de la Comisión

Como consecuencia del razonamiento y de los elementos efectivos aportados por las empresas en sus respuestas escritas y en la audiencia, el proyecto de decisión propuesto al Colegio modifica profundamente las evaluaciones preliminares recogidas en el pliego de cargos, en relación con 9 de las 14 empresas (2).

En primer lugar, aplicando el principio jurídico general según el cual la duda beneficia al acusado, se considera que no hay pruebas suficientes contra Duslo AS, Prezam AS, Vagus AS, Istrochem AS y Pharmacia Corporation para concluir que infringieron la legislación sobre competencia de la UE. Por lo tanto, se propone abandonar las objeciones contra estas empresas.

Del mismo modo, la Dirección General de Competencia constató que la participación de General Química SA en la infracción, que pudo establecerse básicamente gracias a su propia confesión, fue considerablemente más corta y menos importante que lo indicado preliminarmente en el pliego de cargos, y el proyecto de decisión así lo refleja.

Por otra parte, una reciente sentencia del Tribunal de Primera Instancia (3) ha puesto de relieve la obligación de la Comisión de justificar un interés legítimo en adoptar una decisión con respecto a una empresa por una infracción que habría prescrito. Por consiguiente, dado que el pliego de cargos fue enviado a Akzo Nobel N.V por una infracción de muy corta duración, con respecto a la cual la potestad de la Comisión de imponer multas prescribió, y a falta de justificación en este caso, el proyecto de decisión propone no establecer la existencia de una infracción.

El proyecto de decisión presentado a la Comisión solamente contiene objeciones con respecto a las cuales las partes han tenido la oportunidad de presentar sus observaciones.

Por lo tanto, considero que los derechos de las partes a ser oídas han sido respetados en el presente asunto.

Bruselas, a 16 de diciembre de 2005. Serge DURANDE

(1) Véase artículo 27.2 del Reglamento (CE) no 1/2003 y artículo 15.3 del Reglamento (CE) no 773/2004. Véase también la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión de la Comunicación de 1997 sobre normas internas de procedimiento relativas a las peticiones de tratamiento de acceso al fichero, Diario Oficial C 259 de 21.10.2004, pp. 8-18, apartado 23.

(2) Teniendo en cuenta que las modificaciones relativas a General Química SA también afectan a Repsol YPF SA y a Repsol Química SA.

(3) Asuntos acumulados T-22/01 y T-23/02, Sumitomo Chemicals Co Ltd y otros., sentencia de 6 de octubre de 2005, apartados 129-140.