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3.8

El CESE señala que la Directiva no impone nuevas obligaciones en lo que se refiere a las materias que ya regula el Reglamento CE 725/2004 (10) ni tampoco a las zonas portuarias en sentido amplio. Aprovecha, sin embargo, la oportunidad para reiterar el principio fundamental de que las medidas de protección portuaria han de ser proporcionadas respecto de los objetivos que persiguen, de sus costes y del impacto que éstas tienen en el tráfico marítimo y en los flujos comerciales. Por lo tanto, es preciso analizar con detenimiento si son necesarias y evaluar si son realistas y factibles. Dichas medidas han de respetar los derechos fundamentales y observar los principios consagrados en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de manera que no conculquen los derechos humanos de los ciudadanos ni alteren el orden constitucional, lo cual facilitaría la consecución de los objetivos de los terroristas. Por consiguiente, debe evitarse especialmente: — Desviar el tráfico hacia determinados puertos (como consecuencia del reforzamiento de las medidas de protección) en detrimento de otros puertos. Los puertos pequeños pueden quedar especialmente afectados por dicho desvío. Los puertos no han de verse abocados a competir entre ellos en función de las medidas de seguridad. — Imponer trámites burocráticos o costes desproporcionados. — Cualquier desequilibrio entre la protección de los buques y la de los puertos que pueda obligar a los buques y operadores a cumplir normas adicionales de protección de los muelles para recobrar dicho equilibrio. No se debe gravar excesivamente a los puertos con los costes para conformarse a las normas, favoreciendo así a otros modos de transporte. — Exigir una infraestructura técnica desproporcionada, lo cual podría considerarse favorable a determinados intereses comerciales.
2.4

En el marco de las disposiciones sobre solvencia de las empresas, los requisitos sobre margen de solvencia que se exigen al seguro directo no de vida se aplicarán a los reaseguros no de vida. Se podrá incrementar el margen hasta el 50 % en el marco del procedimiento de comitología. Los requisitos de solvencia sobre el reaseguro de vida se basarán en los que rigen para la solvencia sobre seguro directo de vida. Cuando una empresa de reaseguros practique a la vez el reaseguro de vida y no de vida, la suma total se cubrirá con fondos propios. Al igual que en el seguro directo, las empresas de reaseguros deberán disponer también de un fondo mínimo de garantía no inferior a tres millones de euros. En el caso de las empresas de reaseguro cautivas, el fondo de garantía se podrá reducir a un millón de euros.
3.3.3

Para juzgar si la cláusula de no aplicación está o no justificada hay que considerar si es posible demostrar que existe una relación directa entre el tiempo de trabajo semanal de más de 48 horas y la salud y seguridad de los trabajadores. En su Comunicación, la Comisión señala que «por falta de datos fiables», «no parece posible» analizar qué efectos ha tenido sobre la salud y la seguridad de los trabajadores «la no aplicación» (7). Sin embargo, la Comisión menciona un estudio reciente que indica que puede existir una relación entre el gran número de horas de trabajo y la salud física, en particular si el tiempo de trabajo sobrepasa las 48-50 horas semanales. Ya en su Dictamen sobre la propuesta de Directiva de 1990, el CESE indicó que numerosos estudios señalan que un tiempo de trabajo demasiado extenso y sin periodos de descanso puede dañar la salud de los trabajadores, ocasionar enfermedades laborales y deteriorar la salud (8).
3.

Finalmente, el CESE subraya que las medidas nacionales de seguridad (a las que se refiere el apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 2320/2002) deberán aplicarse a las «zonas demarcadas» y no a las aeronaves de la aviación general o de pequeño tamaño (de menos de 10 toneladas métricas de peso máximo al despegue (MTOW) o menos de 20 plazas) que lleguen a un aeropuerto de destino donde no exista ninguna «zona demarcada».
8.4

El CESE observa que el «plan de trabajo consecutivo a las Conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo» no fue actualizado y, aunque su revisión está prevista para la reunión del Consejo Europeo de primavera de 2004 (43), el Comité no tiene constancia de que se esté realizando ningún tipo de preparativos al respecto. No obstante, teniendo en cuenta que no existen objetivos claros, no sorprende en absoluto la imposibilidad de elaborar un plan de trabajo.
3.5

El CESE reconoce la especial importancia del Reglamento de aplicación anunciado por la Comisión, pero todavía no presentado, sobre las Directivas modificadas 2002 / 53-57 y 66/ 401-401 relativas a la comercialización de semillas. Estas directivas repercuten en el acceso a las denominadas «variedades de conservación» y «variedades no comerciales». Por iniciativa del Parlamento se regularon el reconocimiento y la comercialización de semillas que no satisfacen los criterios correspondientes de variedades certificadas. Estas últimas no pueden comercializarse en la actualidad, se suprime potencialmente su reproducción y producción y, por consiguiente, tampoco pueden conservarse. El Reglamento de aplicación de estas directivas está elaborándose desde noviembre de 2002.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo" (versión codificada)

(COM(2003) 243 final - 2003/0096(CNS))

(2003/C 234/21)

El 27 de mayo de 2003, de conformidad con los artículos 36 y 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

El 17 de junio de 2003, la Mesa del Comité Económico y Social Europeo encargó a la Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente la preparación de los trabajos en este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, en su 401o Pleno de los días 16 y 17 de julio de 2003 (sesión del 16 de julio de 2003), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general al Sr. Moraleda Quílez y ha aprobado por 26 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1. El objeto de la presente propuesta es proceder a la codificación del Reglamento (CEE) n° 2075/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo(1). El nuevo Reglamento sustituirá a los que son objeto de la operación de codificación. La propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y se limita, por tanto, a reagruparlos realizando en ellos únicamente las modificaciones formales que la propia operación de codificación requiere.

2. El Comité considera muy útil tener todos los textos integrados en un Reglamento. En el contexto de "La Europa de los ciudadanos", el Comité, junto con la Comisión, concede gran importancia a la simplificación y claridad del Derecho comunitario, que de esta forma resulta más accesible y comprensible para el ciudadano, abriéndole nuevas posibilidades y reconociéndole derechos concretos que puede invocar.

Se le ha asegurado que esta compilación de normas no contiene variación material alguna, sirviendo sólo al propósito de presentar el Derecho comunitario de forma clara y transparente. El Comité manifiesta su total apoyo a este objetivo y, teniendo en cuenta dichas garantías, acoge la propuesta favorablemente.

Bruselas, 16 de julio de 2003.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) Realizada en virtud de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Codificación del acervo comunitario, COM(2001) 645 final.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la inspección y verificación de las buenas prácticas de laboratorio (BPL) (versión codificada)"

(COM(2002) 529 final - 2002/0233 (COD))

(2003/C 85/29)

El 28 de noviembre de 2002, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

El Comité Económico y Social Europeo decidió encomendar a la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo la preparación de los trabajos del Comité sobre este asunto y nombró ponente general al Sr. Bedossa.

En su 396o Pleno de los días 22 y 23 de enero de 2003 (sesión del 23 de enero), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

Introducción

La modificación del marco reglamentario de la Unión Europea constituye una necesidad manifiesta y debe realizarse con carácter periódico.

Los objetivos de la presente propuesta de Directiva son claros y simples en lo que respecta a esta tarea, y tienen por objeto, principalmente, la obtención de resultados reales.

Esta revisión formal de la codificación, por lo que se refiere a la inspección y la comprobación de las buenas prácticas de laboratorio, si bien se ocupa no sólo de la legislación futura sino también de la ya existente, se orienta hacia la simplificación y mejora de los métodos.

Observaciones específicas

El Comité Económico y Social Europeo aprueba la iniciativa que inspira a este proyecto de Directiva por las siguientes razones:

- si bien es natural tener como preocupación primordial la de eliminar las normativas anticuadas, es preciso que la simplificación reglamentaria pueda tener efectos positivos en cuanto a la claridad y la transparencia del Derecho comunitario;

- la necesidad de contar con una codificación puesta al día regularmente, que garantice la seguridad jurídica de la legislación aplicable en un momento dado en relación con un asunto concreto;

- la simplificación es importante en el contexto del Mercado Único: la falta de armonización de los instrumentos normativos es un obstáculo importante que puede dar lugar, en el caso de las buenas prácticas de laboratorio, a numerosos conflictos;

- la simplificación se produce en un momento oportuno, en vísperas de la ampliación;

- la presente Directiva, relativa a las buenas prácticas de laboratorio, a pesar de su carácter formal, es necesaria por cuanto resulta indispensable legislar sobre este tema;

- por último, esta Directiva va en la buena dirección, ya que acelera la simplificación y codificación de los textos existentes, y permite también evaluar los efectos de los textos normativos.

Por otra parte, el marco consolidado de la redacción constituye un aspecto muy destacable.

Bruselas, 23 de enero de 2003.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establecen excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n° 2792/1999 por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca"

(2001/C 155/13)

El 21 de febrero de 2001, de conformidad con los artículos 37 y 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

El Comité Económico y Social decidió encargar al Sr. Muñiz Guardado la preparación de los trabajos en este asunto como ponente general.

En su 380o Pleno de los días 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 29 de marzo de 2001), el Comité Económico y Social ha aprobado unánimemente el presente Dictamen.

1. El CES aprueba la presente propuesta de la Comisión.

2. El artículo 16.1.b del Reglamento (CE) n° 2792/1999 sólo permite que, en caso de no renovación de un acuerdo, se concedan indemnizaciones por paralización temporal y por un plazo máximo de seis meses (renovable por otros seis meses si, a su vez, la Comisión aprueba un plan de reconversión).

3. Esta propuesta quiere que se permita excepcionalmente que la flota comunitaria afectada por el acuerdo de pesca con Marruecos reciba ayudas por encima de los 12 meses inicialmente previstos, es decir hasta el 30 de junio de 2001, y que, por ello, la financiación del IFOP pueda superar el límite de contribución que señala el artículo 16.3 del citado Reglamento.

4. El CES entiende que la Unión Europea debe insistir en las negociaciones hasta alcanzar un acuerdo viable con Marruecos (esta es la primera vez en la historia que no se consigue firmar). En todo caso, debe iniciarse sin demoras el proceso de reconversión y recolocación en los distintos caladeros tanto comunitarios como de terceros países.

El impacto de la falta de acuerdo pesquero no sólo afecta a armadores y pescadores sino, también, a un conjunto de actividades conexas. Hay que señalar que cada pescador en la mar conlleva de 5 a 7 puestos de trabajo en tierra.

Bruselas, 29 de marzo de 2001.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs
0.10.2.

Los miembros del personal se abstendrán de solicitar o aceptar regalos con las excepciones siguientes: a) atenciones del sector privado de un valor máximo de 50 EUR; b) regalos que no excedan de lo usual y considerado apropiado en el ámbito de las relaciones con otros bancos centrales, organismos públicos nacionales y organizaciones internacionales. Los miembros del personal tratarán de devolver al donante el regalo que no se ajuste a las normas aplicables y le informarán de las normas del BCE al respecto. Si no pueden devolver el regalo, los miembros del personal lo entregarán al BCE. Los miembros del personal declararán en el formulario disponible en la intranet todo regalo que hayan recibido o rechazado, salvo aquellos a que se refiere la letra b) o cuyo valor no exceda de 10 EUR.
2.

El BCE recomienda lo siguiente a las entidades de crédito que paguen en 2018 dividendos (7) respecto del ejercicio de 2017: (a) Categoría 1: Las entidades de crédito que: i) cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), y ii) al 31 de diciembre de 2017 hayan alcanzado sus ratios “fully loaded” conforme al apartado 1, letra d), deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras. (b) Categoría 2: Las entidades de crédito que al 31 de diciembre de 2017 cumplan los requisitos de capital aplicables a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), pero que en la citada fecha no hayan alcanzado sus ratios “fully loaded” conforme al apartado 1, letra d), deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras. Además, en principio, solo deben repartir dividendos en la medida en que, como mínimo, se garantice una trayectoria lineal (8) hacia la plena implementación de los requisitos de capital conforme al apartado 1, letra d), y lo establecido conforme al PRES. (c) Categoría 3: Las entidades de crédito que no cumplan los requisitos mencionados en el apartado 1, letras a), b) o c), no deben en principio repartir dividendos. Las entidades de crédito que no puedan seguir la Recomendación por entender que están legalmente obligadas a repartir dividendos deben contactar inmediatamente con su equipo conjunto de supervisión. Las entidades de crédito de las categorías 1, 2 y 3 a que se refiere el presente apartado respectivamente en sus letras a), b) y c), deben cumplir además las directrices de capital del Pilar 2. De mantenerse sin cambios las demás condiciones, cabe esperar que la exigencia de capital (9) se mantenga en general estable. Si una entidad de crédito opera o espera operar por debajo de las directrices de capital del Pilar 2, debe contactar inmediatamente con su equipo conjunto de supervisión. El BCE examinará las razones por las que el capital de la entidad de crédito ha descendido, o se espera que descienda, y estudiará tomar medidas apropiadas y proporcionadas específicas para la entidad.
Recomendación del Banco Central Europeo

de 3 de octubre de 2003

al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo de la Banque centrale du Luxembourg

(BCE/2003/11)

(2003/C 247/06)

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular su artículo 27.1,

Considerando lo siguiente:

(1) Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales del Eurosistema son controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

(2) El mandato del actual auditor externo de la Banque centrale du Luxembourg no se renovará cuando, cumplidos cinco años, expire a finales de 2003. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir de 2004.

(3) La Banque centrale du Luxembourg ha seleccionado un nuevo auditor externo siguiendo las normas de contratación pública que le son aplicables, y el BCE considera que el auditor externo seleccionado cumple los requisitos necesarios.

(4) El mandato del auditor externo será de un año renovable.

RECOMIENDA:

a Deloitte & Touche Luxembourg como auditor externo de la Banque centrale du Luxembourg para el ejercicio de 2004.

La presente recomendación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 3 de octubre de 2003.

El presidente del BCE

Willem F. Duisenberg
1.1

El objetivo del reglamento propuesto es velar por que los operadores en materias primas (empresas de inversión cuya actividad principal consista exclusivamente en la provisión de servicios de inversión o en actividades relacionadas con los instrumentos financieros enumerados en el anexo I, sección C, puntos 5, 6, 7, 9 y 10, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y a los que, a 31 de diciembre de 2006, no era aplicable la Directiva 93/22/CEE del Consejo (3)) no estén obligados a partir del 1 de enero de 2018 a cumplir todos los requisitos del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) sobre grandes exposiciones y fondos propios, sin una decisión consciente y fundada de si tales requisitos son apropiados para ellos.
«(4) En el artículo 7 se añade el apartado 5 siguiente:

(5) En el artículo 8 se añade el apartado 5 siguiente:

(6) En el artículo 9 se añade el apartado 6 siguiente:

(7) En el artículo 11 se añaden los apartados 4 y 5 siguientes:

(10) Se añade el siguiente artículo 21 ter:

“Artículo 21 ter

Directrices comunes

Las AES pertinentes, a través del Comité Mixto, emitirán las directrices comunes a que se refieren el apartado 8 del artículo 3, el apartado 5 del artículo 7, el apartado 5 del artículo 8, el apartado 6 del artículo 9 y el apartado 5 del artículo 11, conforme al procedimiento establecido en el artículo 56 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión, en el artículo 56 del Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión, y en el artículo 56 del Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión.” »
2.1

Respecto del primer reglamento propuesto, el BCE recomienda que en el segundo párrafo del artículo 2 no se mencionen expresamente los Protocolos 25 y 26 ni el apartado 1 del artículo 122 del Tratado, sino que se haga referencia al Tratado en general, según se establece en el inciso ii) de la letra a) del punto 4 de la letra A del anexo V de la Decisión 2004/338/CE, Euratom del Consejo, de 22 de marzo de 2004, por la que se aprueba su Reglamento interno (1) (véase al anexo del presente dictamen). Debe advertirse sobre el particular que en el Reglamento (CE) no 2596/2000 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 974/98 sobre la introducción del euro (2), que fue adoptado en relación con la introducción del euro en Grecia, no se hace referencia a dichos protocolos ni al apartado 1 del artículo 122 del Tratado, según lo establecido en el inciso ii) de la letra a) del punto 4 de la letra A del anexo II de la Decisión 2000/396/CE, CECA, Euratom del Consejo, de 5 de junio de 2000, por la que se aprueba su Reglamento interno (3).
3.

El reglamento propuesto modifica el Reglamento (CE) no 3605/93 del Consejo, de 22 de noviembre de 1993, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (1). El objetivo del reglamento propuesto es mejorar la calidad de las cuentas públicas utilizadas para aplicar el Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, en particular los datos de déficit público y deuda pública (en adelante, los «datos utilizados en relación con el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo»). El reglamento propuesto dispone que los Estados miembros faciliten inventarios detallados de los métodos, procedimientos y fuentes utilizados para elaborar sus cuentas públicas; informen a la Comisión (Eurostat) de cualquier revisión significativa de las cifras reales o previsiones de déficit público y deuda pública que ya hayan comunicado, y documenten cualquier revisión significativa de las cifras reales de déficit y deuda ya comunicadas. El reglamento propuesto dispone además que la evaluación de la calidad de los datos utilizados en relación con el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, incluidas las cuentas públicas en las que se basen, compete a la Comisión (Eurostat), que efectúa visitas de control a fondo en los Estados miembros, además de visitas de diálogo, a fin de controlar los procesos y cuentas públicas justificativos de los datos notificados. El reglamento propuesto dispone que los Estados miembros cooperen con los funcionarios que efectúen las visitas; publiquen las cuentas públicas notificadas en años anteriores; certifiquen que dichas cuentas se ajustan a los principios establecidos en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 322/97 del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la estadística comunitaria (2), y pidan aclaraciones a la Comisión (Eurostat) sobre el tratamiento contable correcto de las transacciones en el sector de las administraciones públicas en caso de duda. Además, el reglamento propuesto reconoce el derecho de la Comisión (Eurostat) a manifestar reservas en cuanto a la calidad de las cuentas públicas notificadas y a modificar los datos correspondientes.