COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 22.11.2017 COM(2017) 674 final PROYECTO DE INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO

DE LA COMISIÓN Y EL CONSEJO

que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018



ÍNDICE INTRODUCCIÓN PRINCIPALES MENSAJES 1. PANORAMA DE LAS TENDENCIAS Y LOS RETOS SOCIALES Y DEL MERCADO LABORAL EN LA UNIÓN EUROPEA 1.1. Tendencias del mercado de trabajo 1.2. Tendencias sociales 2. INSTANTÁNEAS DEL CUADRO DE INDICADORES SOCIALES 2.1. Explicación del cuadro de indicadores 2.2. Evidencias del cuadro de indicadores sociales 3. REFORMAS EN MATERIA SOCIAL Y DE EMPLEO: RESULTADOS Y ACTUACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS 3.1. Orientación n.º 5: Impulsar la demanda de mano de obra 3.1.1. Indicadores clave 3.1.2. Respuesta normativa 3.2. Orientación n.º 6: Mejorar la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias 3.2.1. Indicadores clave 3.2.2. Respuesta normativa 3.3. Orientación n.º 7: Mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo 3.3.1. Indicadores clave

3.3.2. Respuesta normativa 3.4. Fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades 3.4.1. Indicadores clave 3.4.2. Respuesta normativa ANEXOS

INTRODUCCIÓN El artículo 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece la obligatoriedad del Informe Conjunto sobre el Empleo (ICE), que forma parte del «paquete de otoño» e incluye el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC), con el que se pone en marcha el Semestre Europeo. El Informe Conjunto sobre el Empleo ofrece un resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. La información sobre estas reformas respeta la estructura de las orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6), mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades (orientación n.º 8). Además, el Informe Conjunto sobre el Empleo de 2018 supervisa los resultados de los Estados miembros en relación con el pilar europeo de derechos sociales. El pilar, firmado como proclamación interinstitucional por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, identifica principios y derechos en tres ámbitos: i) igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, ii) condiciones de trabajo justas y iii) protección e inclusión social. La vigilancia de la evolución en estas áreas está respaldada, en especial, por un análisis detallado del cuadro de indicadores sociales que acompaña al pilar. El Informe Conjunto sobre el Empleo se estructura de la siguiente forma: un capítulo introductorio (capítulo 1) describe las principales tendencias sociales y de mercado laboral en la Unión Europea para definir el contexto; en el capítulo 2 se presentan los principales resultados del análisis del cuadro de indicadores sociales asociados al pilar europeo de derechos sociales; y en el capítulo 3 se ofrece una descripción detallada por país de los indicadores clave (incluidos los del cuadro de indicadores sociales) y de las políticas aplicadas por los Estados miembros para abordar las orientaciones para las políticas de empleo.



PRINCIPALES MENSAJES Los siguientes mensajes clave se derivan del análisis del Informe: La expansión económica, que ya ha alcanzado a todos los Estados miembros, va acompañada de mejoras continuas en el mercado laboral y en la situación social. En término medio en la UE, en el último año se registraron mejoras en 11 de los 14 indicadores sociales del cuadro de indicadores, que miden los progresos del pilar europeo de derechos sociales. De los 3 restantes, 2 se mantuvieron sin variaciones en general y solo uno (impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza) se deterioró ligeramente aunque con pautas muy variadas a escala nacional. Esta evidencia general señala hacia un continuo progreso con respecto a los tres capítulos del pilar, respaldado por la fuerte recuperación y los recientes esfuerzos de reforma. Pese a todo, se señalan retos para la mayoría de los Estados miembros con respecto a principios específicos del pilar, como se destaca en el informe. Estos serán también objeto de un análisis en profundidad en los informes por país del Semestre Europeo. La creación de puestos de trabajo ha despegado y el empleo continúa creciendo a paso firme. En el segundo trimestre de 2017, había aproximadamente 235,4 millones de personas ocupadas en la UE (156 millones en la zona del euro), el nivel más elevado registrado nunca. El empleo supera su máximo anterior a la crisis, de 2008, en un 1,7 %. En comparación con el nivel más bajo, registrado a mediados de 2013, actualmente hay 11 millones de personas empleadas más en la UE. Al ritmo actual, y con una tasa de empleo del 72,2 % en el segundo trimestre de 2017, el objetivo de Europa 2020 de una tasa de empleo del 75 % puede estar ya a nuestro alcance. Los principales indicadores del mercado laboral del cuadro de indicadores se han visto fortalecidos. La tasa de desempleo ha continuado su descenso observado desde mediados de 2013. En agosto de 2017, se redujo al 7,6 % en la UE (y al 9,1 % en la zona del euro), el nivel más bajo en la UE desde diciembre de 2008 (febrero de 2009 en la zona del euro), llegando a su punto más bajo, del 6,8 %, en marzo de 2008. El desempleo juvenil y el desempleo de larga duración también continuaron descendiendo a un ritmo estable. Las tasas de actividad, que no se redujeron en ningún momento durante la crisis, continuaron creciendo en casi todos los Estados miembros. Aunque todos los Estados miembros dieron muestras de mejora, pueden observarse diferencias muy destacables. La tasa de desempleo varía desde el 3,1 % en Chequia y el 3,8 % en Alemania al 17,3 % en España y el 21,6 % en Grecia (T2-2017). La tasa de empleo oscila desde el 57,7 % en Grecia y el 62,1 % en Italia al 79,3 % en Alemania y el 82 % en Suecia (T2-2017). En muchos Estados miembros, las tasas de empleo aún tienen que recuperarse de la crisis, y de forma notable para alcanzar los objetivos nacionales de Europa 2020. Se está reduciendo la infrautilización de la mano de obra, pero sigue siendo considerable incluso en países con un bajo desempleo. Durante la recuperación, el número total de horas trabajadas ha aumentado a un paso significativamente más lento que los niveles de empleo. Es significativo que las horas trabajadas por persona empleada se mantienen estables, en torno al 3 % por debajo del nivel previo a la crisis. Además, el trabajo a tiempo parcial (involuntario) sigue siendo alto, aunque el empleo a tiempo completo ha aumentado en 2016. Aunque la recuperación impulsa la creación de puestos de trabajo tanto fijos como temporales, la proporción de trabajadores con contratos de duración determinada permanece estable (en torno al 14 %) en la UE. La combinación de elevadas proporciones de contratos de duración determinada y bajos índices de transición hacia empleos fijos señala a la segmentación del mercado laboral en varios Estados miembros. El autoempleo aumentó de forma marginal (un 0,3 %) en 2016, con un aumento más rápido entre los autónomos sin empleados. Pese a las mejoras en el mercado laboral, el crecimiento salarial sigue contenido en la mayoría de los países. La dinámica general de salarios modestos puede explicarse por la debilidad que existe aún en el mercado laboral, el débil crecimiento de la productividad y las expectativas de baja inflación. Además, en el período de 2014 a 2016, el crecimiento salarial real se mantuvo por detrás del crecimiento de la productividad. Esta es una tendencia a largo plazo: en la UE, de 2000 a 2016, la productividad real por persona empleada creció un 14,3 %, mientras que la remuneración real por empleado creció un 10,2 %. Varios Estados miembros han adoptado medidas para mejorar la previsibilidad del sistema de fijación de salarios, con la implicación de los interlocutores sociales. Estos Estados miembros han llevado a efecto cambios para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de fijación de salarios ante las situaciones económicas. También han formado parte de estos cambios los procesos que regulan la evolución del salario mínimo. Es importante que los salarios se definan de forma previsible para garantizar un nivel de vida decente y en respeto de la autonomía de los interlocutores sociales. Concretamente, los salarios mínimos deberían ajustarse mediante un sistema transparente, con el doble objetivo de evitar la pobreza de los ocupados al tiempo que se salvaguarda el acceso al empleo y los incentivos para la búsqueda de trabajo. En este contexto es importante la capacidad de respuesta a medio plazo ante la evolución de la productividad.

La reactivación del mercado laboral está acompañada de una mejora general de la situación financiera de los hogares. La renta disponible de los hogares continuó creciendo a un ritmo estable. En la actualidad, ha alcanzado el nivel máximo de 2009 para la UE. La mayor creación de empleo y los consiguientes incrementos en las rentas del trabajo fueron los elementos que más contribuyeron al aumento observado. Las mejoras se observan en casi todos los Estados miembros. No obstante, en varios Estados miembros la renta disponible de los hogares no ha alcanzado aún el nivel previo a la crisis. Aumentar la participación en el mercado laboral, las tasas de empleo y la productividad es un imperativo en vista de los cambios demográficos. El continuo envejecimiento de nuestras sociedades conlleva más presión sobre las generaciones jóvenes —las mismas generaciones que también sufren mayores dificultades de acceso a empleos estables y de calidad— para garantizar ingresos suficientes en los sistemas de pensiones y asegurarse su sostenibilidad. Simultáneamente, hace de la prolongación de la vida laboral una necesidad y ejerce presión sobre las pensiones del futuro. En términos generales, entraña el riesgo de afectar al «contrato social» de forma intergeneracional, abriendo una brecha generacional y planteando dudas sobre la equidad entre generaciones. El aumento de las tasas de empleo, la participación y la productividad para contener este impacto es, por tanto, de vital importancia en la coyuntura actual. Los recientes aumentos en el empleo no se han distribuido de forma uniforme entre los distintos grupos de población. La desigualdad en la tasa de empleo de hombres y mujeres entre los trabajadores con un bajo nivel de capacidades y aquellos con un alto nivel es importante (31 p. p.), lo que pone de relieve la necesidad de invertir en las capacidades a fin de responder mejor a las necesidades cambiantes del mercado laboral. Persisten diferencias significativas en el rendimiento de la educación y la formación en los Estados miembros, mostrando los beneficios potenciales de reformas adicionales. La tasa de empleo de los jóvenes, aunque se está recuperando, está casi 4 puntos porcentuales por debajo del nivel previo a la crisis. De igual forma, la tasa de empleo de los inmigrantes (nacidos fuera de la UE) se ha estado recuperando con más lentitud que para otros grupos, y aún no ha regresado al nivel previo a la crisis. Además, las personas con discapacidad tienen menos probabilidad de obtener un empleo que las personas sin discapacidad, aunque su situación ha mejorado. En el lado positivo, las tasas de empleo de las mujeres y los trabajadores mayores continúan subiendo, aunque ambos grupos se siguen enfrentando a retos significativos. Mientras que la tasa de empleo de las mujeres alcanzó otro máximo histórico, continúan estando infrarrepresentadas en el mercado laboral y afrontan una brecha salarial significativa. Las mujeres tienden a conseguir mejores resultados en términos de logros educativos, pero su tasa de empleo sigue siendo 11 p. p. inferior a la de los hombres, aunque ha ido en aumento de forma constante. De nuevo, en este aspecto existen variaciones considerables entre los Estados miembros. La brecha de empleo es especialmente elevada en el caso de madres y mujeres con responsabilidades asistenciales. Esto se agrava por los desincentivos financieros que afectan a las mujeres cuando acceden al mercado de trabajo o cuando quieren trabajar más. Persiste en la UE una marcada brecha salarial de género, si bien en descenso, con los ingresos brutos medios por hora de los varones alrededor de un 16 % más elevados que los de las trabajadoras en 2015. Esta brecha se debe en gran medida a una infrarrepresentación de las mujeres en sectores y profesiones con buenos sueldos, incluidos los puestos de administración y supervisión, reflejo de cierta discriminación en el mercado laboral. Al mismo tiempo, las mujeres tienen más probabilidades de ausentarse del trabajo para cuidar de miembros de la familia u otros parientes dependientes. Además, más trabajo a tiempo parcial combinado con trayectorias profesionales más cortas y más discontinuas se traduce en pensiones menores en el caso de las mujeres. Esto indica que es necesaria una completa integración en la elaboración de políticas de las consideraciones relativas a la conciliación entre la vida profesional y la vida privada. Algunos Estados miembros están adoptando medidas adicionales para garantizar el acceso a guarderías y otros servicios asistenciales asequibles y de calidad, horarios de trabajo flexibles y acuerdos de permisos, y para reducir los actuales desincentivos al trabajo en los sistemas fiscales y de prestaciones (en especial, para la segunda fuente de ingresos de la familia). Estas acciones, conjuntamente con la aplicación de prácticas de lucha contra la discriminación, son fundamentales para la igualdad de trato de las mujeres. A su vez, sirven de apoyo a la movilidad social ascendente, fomentan la igualdad de oportunidades y reducen las desigualdades y la pobreza, con beneficios que se extienden a través de las generaciones, en consonancia con los objetivos del pilar social. Los trabajadores mayores permanecen cada vez más tiempo en el mercado laboral. Su tasa de empleo ha aumentado después de la crisis para todos los grupos de edad mayores de 55 años (pero con grandes variaciones entre los Estados miembros) y continúa creciendo. La última ola de reformas de las pensiones, con una subida de la edad de jubilación en la mayoría de los Estados miembros y la disponibilidad de modalidades de trabajo más flexibles, son algunos de los motores que impulsan esta tendencia. No obstante, la disponibilidad de políticas adecuadas de conciliación entre la vida profesional y la vida privada, así como las ayudas para la gestión del envejecimiento, incluida la modernización de los entornos de trabajo, es crucial para acompañar este proceso. A este respecto, algunos países están fomentando la prolongación de la vida laboral permitiendo una transición más flexible a la jubilación y combinando las pensiones con las rentas procedentes del trabajo. Sigue siendo prioritario reducir el desempleo juvenil y de larga duración. Aunque está en descenso continuo, la tasa de desempleo juvenil continúa siendo del 17 % (T2-2017) y supone un desafío clave en varios países. Lo mismo sucede con respecto a la proporción de jóvenes que no estudian, ni trabajan ni siguen formación alguna (ninis). El desempleo de larga duración sigue siendo muy elevado en algunos Estados miembros y responde de casi el 50 % del desempleo total. La elevada duración del desempleo implica la depreciación de las capacidades, un bajo afianzamiento en el mercado de trabajo y, en última instancia, un elevado riesgo de pobreza y exclusión social. Más aún, existe el riesgo de que el desempleo cíclico se convierta en estructural, con consecuencias negativas para el crecimiento potencial. Las medidas adoptadas por los Estados miembros de acuerdo con la Recomendación del Consejo de febrero de 2016 sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral y con la Garantía Juvenil pueden ser motores fundamentales de mejora. Garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad y mejorar las inversiones en los sistemas nacionales de educación y las capacidades son clave para conseguir ciudadanos participativos y activos, y para facilitar las transiciones en el mercado laboral. Si el progreso continúa al ritmo actual, Europa se encuentra en vías de alcanzar sus objetivos para 2020 tanto en lo que respecta al abandono escolar prematuro como al rendimiento académico terciario. Los Estados miembros están adoptando medidas para modernizar sus sistemas educativos, en especial con vistas a prevenir el abandono escolar prematuro y a corregir el escaso dominio de capacidades básicas, en particular, reduciendo la brecha educativa de los alumnos desfavorecidos. Se están introduciendo medidas específicas, en algunos casos, para fomentar la integración en la educación de los migrantes. Mejorar la pertinencia de la educación superior en el mercado laboral también es un punto prioritario para los países. De acuerdo con la nueva Agenda de Capacidades para Europa, numerosos Estados miembros han puesto en marcha coaliciones nacionales por las capacidades y los empleos digitales con el fin de impulsar la inversión en capacidades digitales. Con el frecuente apoyo de interlocutores sociales y otras partes interesadas, los Estados miembros están mejorando la calidad de la educación y formación profesionales, la formación de aprendices y los mecanismos de validación de capacidades adquiridas fuera del sistema de educación formal. Un buen funcionamiento del mercado laboral, la creación de empleos de calidad, el fomento del espíritu emprendedor y una mayor participación en el mercado laboral pueden recibir apoyo mediante una buena combinación de flexibilidad y seguridad, en el puesto de trabajo y durante los períodos de transición. Fomentar la creación de empleo con contratos indefinidos, garantizar que los contratos temporales representan un trampolín y no un camino sin salida, facilitar las transiciones entre empleos y permitir que los emprendedores se expandan son objetivos prioritarios. Los Estados miembros están adoptando medidas para lograr una respuesta política equilibrada al respecto, en particular impulsando la claridad y previsibilidad del marco legislativo de despido, y reconociendo la necesidad de sistemas eficaces de protección social adaptados a necesidades y circunstancias más diversas, en especial como respuesta a nuevas formas de trabajo. Aun así, el grado de cobertura y adecuación de los servicios y prestaciones de desempleo y otros varía considerablemente entre los Estados miembros. En este contexto, parecen muy importantes unas políticas activas del mercado de trabajo eficaces que permitan unas transiciones sin sobresaltos entre empleos, con el objetivo de reducir los retos que entraña la globalización y el cambio digital. Junto con la recuperación económica y del mercado laboral, la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social continuó reduciéndose en 2016 y ha alcanzado su nivel de 2008. La reducción se debe principalmente a un descenso de la proporción de los hogares con intensidad laboral baja y de menores tasas de privación material, mientras que la tasa del riesgo de pobreza (económica) se ha estabilizado. Al tiempo que se reduce, el número total de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se mantiene en un nivel muy elevado: 118 millones de personas o el 23,5 % de la población total en 2016, lo cual está bastante lejos de alcanzar el objetivo de pobreza y exclusión social marcado en la estrategia Europa 2020. La desigualdad de ingresos se ha reducido ligeramente en la UE, tras incrementarse en el período subsiguiente a la crisis. El 20 % más rico de la población tenía una renta disponible en torno a cinco veces superior a la del 20 % más pobre en 2016, con grandes disparidades entre los países (así como un aumento de la desigualdad en algunos). La persistencia de desigualdades de renta relativamente grandes, a menudo vinculadas a la desigualdad de oportunidades de acceso a la educación, la formación y la protección social, y que reflejan unos malos resultados del mercado laboral, plantea dudas en términos de justicia, inclusión social y crecimiento sostenible. Los Estados miembros continúan sus esfuerzos por modernizar los sistemas de protección social, mediante la mejora de la cobertura y la adecuación de las prestaciones y servicios, en particular para los trabajadores atípicos, así como el fomento activo de la participación en el mercado de trabajo. De acuerdo con los principios del pilar europeo de derechos sociales, algunos Estados miembros ampliaron los requisitos para acceder a los sistemas de seguridad social (incluidos los permisos parentales y las prestaciones por desempleo y enfermedad) a los autónomos y trabajadores por cuenta propia, que anteriormente no estaban cubiertos. Por primera vez se incorporaron medidas de apoyo a la renta mínima a nivel nacional en dos países, Grecia e Italia. También se están adoptando medidas para reforzar la activación de los beneficiarios de las prestaciones, por ejemplo, exigiendo la obligatoriedad de la participación en las políticas activas del mercado de trabajo o mejorando los servicios individualizados. A este respecto, es importante garantizar el acceso efectivo de todos los trabajadores, incluidos los autónomos, a sistemas de protección social, y mejorar la coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales, incluso a través de la creación de ventanillas únicas, para poder dirigirse mejor a las personas con necesidades y apoyar, con servicios de calidad, su (re)integración en el mercado laboral. Los sistemas fiscales y de prestaciones desempeñan un papel importante en la reducción del impacto sobre la pobreza y la desigualdad, pero el impacto medido de las transferencias sociales (excluidas las pensiones) en el riesgo de pobreza seguía descendiendo ligeramente en 2016. Esta evolución, que aún no tiene en cuenta las últimas reformas de mejora de la seguridad social, oculta distintas actuaciones a escala nacional. En particular, puede ser reflejo de cambios en la adecuación y cobertura de las prestaciones, de falta de indización (en un contexto de ingresos generalmente al alza), así como de cambios en la composición de los hogares (y las características relacionadas de las personas en riesgo de pobreza). Para reducir las desigualdades y la pobreza, incluso interrumpiendo su transmisión de generación a generación, los Estados miembros pueden adoptar medidas adicionales en distintos ámbitos, entre otras, la mejora del diseño de los sistemas fiscales y de prestaciones, el impulso de la igualdad de oportunidades en la educación y la formación, la garantía de acceso a la atención sanitaria de calidad y el fomento de la igualdad de género, entre otros aspectos. Sigue siendo una prioridad salvaguardar la adecuación de las pensiones, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social. Las reformas más recientes suelen incorporar medidas para mejorar la adecuación, en particular de las pensiones más bajas. En concreto, varios países adoptaron medidas para elevar las pensiones mínimas o reducir la carga fiscal sobre las pensiones más bajas. El refuerzo de las pensiones suplementarias y otras formas de ahorro para la jubilación puede desempeñar un papel positivo para mejorar la adecuación en algunos Estados miembros. En un contexto de cambio demográfico, deben evitarse las reformas de las pensiones que puedan traducirse en una salida anticipada del mercado de trabajo, poniendo así en peligro la sostenibilidad y la adecuación de las pensiones. A este respecto y a la vista de la persistente brecha de las pensiones entre hombres y mujeres y el aumento del riesgo de pobreza para las mujeres de edad avanzada, son esenciales en algunos Estados miembros medidas destinadas a garantizar la convergencia de la edad de jubilación para ambos sexos. El acceso equitativo y oportuno a una atención sanitaria y unos cuidados de larga duración de calidad, así como el fomento de la salud y la prevención de las enfermedades efectivos, son fundamentales para contar con una población sana y activa y lograr la prosperidad económica. En algunos Estados miembros se han realizado importantes reformas sanitarias para favorecer la prestación y el acceso a servicios eficaces de atención primaria, integrar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en la atención primaria, racionalizar y aumentar la sostenibilidad de la atención hospitalaria y especializada y mejorar el acceso a medicamentos asequibles utilizados de manera eficaz en términos de coste, de conformidad con las competencias de los Estados miembros. Algunos Estados miembros también están adoptando medidas para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios asistenciales de larga duración. De esta forma se fomentaría la inclusión social y se reducirían los obstáculos a la participación en el mercado de trabajo de los cuidadores familiares, especialmente mujeres. Un diálogo social que funcione bien es clave para lograr la justicia social al tiempo que se garantiza el rendimiento económico. El diálogo social desempeña un papel fundamental en el refuerzo de los derechos sociales y en la mejora del crecimiento sostenible e inclusivo. El grado e impacto de la implicación de los interlocutores sociales en el diseño y aplicación de las reformas pertinentes varía considerablemente entre los países de la UE. Esto se debe en gran medida a la diversidad de las prácticas y los entornos institucionales en los distintos Estados miembros, así como a las diversas capacidades y contribuciones de los interlocutores sociales. Aunque no existe un único modelo que sirva como referencia, es importante que los interlocutores sociales participen de forma activa en todas las fases de la elaboración y aplicación de las políticas, de acuerdo con el pilar europeo de derechos sociales.

1. PANORAMA DE LAS TENDENCIAS Y LOS RETOS SOCIALES Y DEL MERCADO LABORAL EN LA UNIÓN EUROPEA En este capítulo se presenta una visión general de las tendencias y retos sociales y del mercado laboral en la Unión Europea, y se ofrece una explicación analítica detallada de las cuestiones políticas más importantes en materia social y de empleo.

1.1. Tendencias del mercado de trabajo Las condiciones del mercado laboral de la Unión Europea mejoraron significativamente en 2016 y la primera mitad de 2017, con un avance sustancial hacia el objetivo de tasa de empleo definido en la estrategia Europa 2020. La tasa de empleo (de 20 a 64 años) registró la mayor subida tras la crisis, de 1 punto porcentual, hasta alcanzar el 71,1 % en 2016. Durante el primer semestre de 2017 continuó subiendo, hasta el 72,2 % en T2-2017, el nivel más elevado nunca alcanzado en la UE. Al mismo tiempo, el número de personas en situación de empleo ascendió a 235,4 millones en T2-2017, 3,5 millones de empleos más que el año anterior. Si la tasa de empleo continúa creciendo al ritmo actual, el objetivo de empleo del 75 % de la estrategia Europa 2020 estaría claramente a nuestro alcance. La situación también mejoró sustancialmente en la zona del euro, donde la tasa de empleo alcanzó su nivel más elevado, del 70,9 %, en T2-2017. La recuperación del empleo está respaldada por un incremento estable en la participación en el mercado laboral, registrando la tasa de actividad (de 15 a 64 años) un máximo histórico del 73,4 % en T2-2017 (73 % en la zona del euro). El continuo incremento del empleo se tradujo en un descenso continuo de la tasa de desempleo (de 15 a 74 años), que alcanzó el 7,7 % en T2-2017 (9,2 % en la zona del euro), acercándose lentamente al nivel previo a la crisis. Este es un dato incluso más positivo si tenemos en cuenta que se han incorporado al mercado laboral más personas que estaban previamente inactivas, por lo que aumenta el tamaño de la mano de obra (incluyendo más demandantes de empleo). El desempleo juvenil y el de larga duración se han ido reduciendo con rapidez. Aunque aún sigue alcanzado cotas elevadas (en especial en algunos Estados miembros), la tasa de desempleo juvenil experimentó un descenso interanual cercano a 2 p. p., hasta el 17 % en T2-2017 (19,1 % en la zona del euro) Actualmente se encuentra 7 p. p. por debajo del máximo del 23,9 % alcanzado en T1-2013. Una tendencia similar siguió la tasa de desempleo de larga duración (es decir, los desempleados durante más de 12 meses en porcentaje de la población activa), con una reducción interanual de 0,6 p. p. hasta el 3,4 % en T2-2017 (4,7 % en la zona del euro). El porcentaje de desempleados de larga duración sobre el total de desempleados también desciende, pero se mantiene en cifras elevadas, en el 45,6 % (49,7 % en la zona del euro), y sobrepasa el 50 % en algunos Estados miembros. Además, la tasa de desempleo de muy larga duración (es decir, teniendo en cuenta aquellas personas en situación de desempleo durante más de 24 meses) se reduce muy lentamente, lo que incrementa el riesgo de su consolidación. Fuente: Eurostat, EPA. La recuperación del empleo y el descenso del desempleo se han comportado con sorprendente vigor dado el crecimiento estable, pero moderado, del PIB. Durante los dos últimos años, esta tendencia fue evidente tanto en la UE como en la zona del euro. No obstante, el crecimiento contenido de las horas trabajadas por empleado señala hacia un mercado laboral aún débil, pues se mantienen en torno al 3 %, por debajo del nivel previo a la crisis, en la UE (figura 2), y en torno al 4 % en la zona del euro. Los incrementos en el trabajo a tiempo parcial y, en menor medida, las reducciones en las horas trabajadas por trabajadores a tiempo completo han contribuido a este desarrollo. No obstante, durante 2016 el empleo a tiempo completo creció más rápido que el empleo a tiempo parcial (como se muestra en este apartado). Fuente: Eurostat, cuentas nacionales (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). El crecimiento del empleo ha sido más elevado entre los trabajadores mayores. Como se muestra en la figura 3, el mayor incremento en las cifras del empleo en la UE, un 4,6 % en 2016, se registró en los trabajadores mayores (de 55 a 64 años). Este dato se añade a un continuo aumento de la tasa de empleo de este grupo en el período posterior a la crisis, del 45,5 % en 2008 al 55,3 % en 2016, y el correspondiente aumento de la tasa de actividad (hasta el 59,1 % en 2016). Esta tendencia refleja las reformas en curso de los sistemas nacionales de pensiones, con la intención de mejorar su sostenibilidad e incrementar la oferta de mano de obra en un contexto de cambio demográfico (incluida la mayor esperanza de vida). Como en 2015, el empleo creció de forma comparativamente menor entre los trabajadores jóvenes (de 15 a 24 años) y los de edades intermedias (de 25 a 54 años), aunque de forma más rápida en el primer grupo (1,3 % frente a 0,8 %). En vista de una tasa de actividad estable (en el 41,5 % tanto en 2015 como 2016), la constante creación de empleo entre los jóvenes contribuyó al descenso del desempleo juvenil. El empleo creció de forma comparable por sexos, igual que en 2015. Tanto el empleo de hombres como el de mujeres aumentaron un 1,4 % en 2016. Esto significa que, mientras que las tasas de empleo aumentaron para ambos grupos (en 1 p. p. hasta el 76,9 % y el 65,3 %, respectivamente), la brecha de género en el empleo se mantuvo sin cambios. Aunque crece en todos los niveles educativos, el empleo creció más entre los trabajadores con mayor cualificación. De hecho, el número de personas con educación superior ocupadas aumentó un 3,1 % en 2016 (grupo de edad de 25 a 64 años). Los trabajadores con niveles de capacidades medios (es decir, con el segundo ciclo de enseñanza secundaria) y bajos (con el primer ciclo de enseñanza secundaria o menor nivel) registraron un aumento comparativamente menor, del 0,4 % y el 0,9 % respectivamente. En los siguientes apartados del informe se facilitan las tendencias detalladas por Estados miembros.

Fuente: Eurostat, EPA. La recuperación impulsa tanto los empleos indefinidos como los temporales, con más empleos a tiempo completo. En términos absolutos, el aumento del número de trabajadores con contrato indefinido en 2016 superó el de los empleados con contrato temporal (2,7 millones y 0,6 millones respectivamente), aunque en términos porcentuales el incremento fue mayor en este último caso. El porcentaje de trabajadores temporales sobre el total de empleados se mantuvo estable, en el 14,2 % (más información en el apartado 3.3.1). El autoempleo aumentó de forma marginal (un 0,3 %) en 2016, con un aumento más rápido entre los autónomos sin empleados (más información en el apartado 3.1.1). Como ya se ha mencionado en este capítulo, desde el inicio de la crisis el número de trabajadores a tiempo parcial ha aumentado sustancialmente (en torno al 11 % en comparación con 2008), mientras que caía el trabajo a tiempo completo (un 2 %). No obstante, esta tendencia puede estar a punto de cambiar, pues en 2016 se crearon más empleos a tiempo completo que a tiempo parcial proporcionalmente (esto solo había ocurrido una vez desde 2008, en 2014). Además, el porcentaje de trabajo a tiempo parcial involuntario se redujo en 2016, del 29,1 % al 27,7 %. De acuerdo con la tendencia de los últimos años, la mayor creación de empleo se produjo en el sector servicios (+ 1,7 %). La industria y la construcción mostraron asimismo un buen crecimiento (ambos con un + 1 %). En la construcción, el empleo creció de forma positiva por primera vez desde 2008, aunque en comparación con ese año, el número de personas empleadas en el sector aún es un 18 % menor. Los empleos en la agricultura continuaron reduciéndose, un 4 % en 2016, manteniendo una tendencia a largo plazo. 1.2. Tendencias sociales Las mejores condiciones del mercado laboral se traducen en mejoras generales en la situación financiera de los hogares. La renta bruta disponible de los hogares (RBDH) real, que mide los ingresos de los hogares descontados los impuestos y las transferencias sociales, aumentó por tercer año consecutivo en 2016 y alcanzó el anterior máximo de 2009. Los datos trimestrales indican un incremento estable de alrededor del 2 % anual en 2016. El crecimiento continuó durante el primer trimestre de 2017, aunque a un ritmo menor. El reciente crecimiento está impulsado por unas rentas del trabajo más elevadas, aumentando a paso firme las remuneraciones de los autónomos y en especial de los trabajadores por cuenta ajena. Este es un reflejo principalmente de las tasas de empleo más elevadas y, en menor medida, de los incrementos salariales Los incrementos en las prestaciones sociales también subieron la renta disponible de los hogares, pero su contribución al crecimiento total de la RBDH ha descendido en la segunda mitad de 2016. Los ingresos por propiedades y otras rentas se han mantenido estables en los últimos años, mientras que las mayores cotizaciones sociales e impuestos han tenido un impacto negativo sobre el crecimiento de la RBDH. La mejor situación en materia de ingresos de los hogares ha reducido el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE). Este indicador continuó mejorando por cuarto año consecutivo en 2016, descendiendo al 23,5 % (desde el 23,8 % un año antes), y se acerca actualmente a su nivel más bajo del 23,3 % en 2009. Aun así, los avances hacia la consecución del objetivo principal de la estrategia Europa 2020 —sacar al menos a 20 millones de personas de la pobreza en comparación con 2008— siguen siendo insuficientes. Alrededor de 118 millones de personas se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2016, es decir, en torno a 700 000 personas más que en 2008. El riesgo era más común entre ciertos grupos: los niños (de 0 a 17 años, 26,4 %), los jóvenes (de 18 a 24 años, 30,5 %), así como entre personas con un nivel de educación máximo de primer ciclo de enseñanza secundaria (34,9 %) y personas con discapacidad (mayores de 16 años, 29,9 %). Dos tercios de los desempleados se encontraban también en riesgo de pobreza o exclusión social en 2016. Las personas nacidas fuera de la UE tienden a enfrentarse a mayores riesgos de pobreza o exclusión social (39,1 % en 2015). Por el contrario, las personas mayores (más de 65 años) siguen estando relativamente mejor protegidas (con un ligero empeoramiento, del 17,4 % en 2015 al 18,3 % en 2016). Fuente: Eurostat, SILC. Nota: EU-27 en este gráfico equivale a la UE menos Croacia (solo disponible desde 2010). Analizando los subcomponentes de los AROPE, la pobreza económica sigue siendo el reto más importante. El número de personas en riesgo de pobreza (AROP) creció durante varios años tras la crisis, impulsado por la débil situación económica y del mercado laboral hasta mediados de 2014, alcanzando el máximo de 87 millones en 2016. No obstante, como proporción de la población, el número de personas en riesgo de pobreza se ha estabilizado en 2015 y 2016 (17,3 % en ambos años), gracias a la recuperación y la mejoría de las condiciones del mercado laboral. Aun así, se mantiene por encima del nivel previo a la crisis, del 16,4 % en 2009. Las estimaciones preliminares para el ejercicio 2016 sugieren que la pobreza económica ha continuado estabilizándose en la mayoría de los Estados miembros. El número de personas que sufren de privación material grave (SMD) ha ido en descenso desde 2013, y en 2016 alcanzó el nivel más bajo registrado nunca (37,8 millones). Esta cifra equivale al 7,5 % de la población de la UE (descenso desde el 8,1 % en 2015). Su reducción, que refleja una caída de la pobreza absoluta, es el principal impulsor del menor número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. La mejor situación del mercado laboral se traduce en un descenso del porcentaje de personas que viven en hogares donde nadie o casi nadie trabaja. Esta proporción ascendió al 10,4 % (o 38,8 millones) en 2016, bajando desde el máximo de 11,2 % en 2014. No obstante, en un horizonte a largo plazo, sigue siendo elevado en comparación con 2008 (9,2 %). El riesgo de pobreza de los ocupados se ha mantenido en una tendencia al alza (iniciada a raíz de la crisis) y afectó al 9,6 % de la población en edad de trabajar en 2016. Este valor sigue estando por encima de su nivel más bajo del 8,3 % en 2010, y equivale a más de 32 millones de trabajadores en riesgo de pobreza. Aunque es crucial para reducir el riesgo de pobreza, el empleo por sí solo no siempre es suficiente para sacar a las personas de la pobreza. Los aumentos de las formas atípicas de empleo y la polarización del empleo pueden afectar a los futuros resultados de este indicador. La desigualdad de ingresos inició un lento descenso en 2016, tras haber aumentado en el período que siguió a la crisis. La ratio de distribución de la renta por quintiles (es decir, la relación del total de rentas recibidas por el 20 % de la población de mayor renta y de las recibidas por el 20 % de menor renta) se redujo ligeramente, de 5,2 en 2015 a 5,1 en 2016, tras haber subido desde 4,9 en 2009. Esta modesta evolución es reflejo de las mejores condiciones económicas y del mercado laboral. No obstante, el indicador de la media de la UE sobre desigualdad de ingresos oculta considerables variaciones entre los países (véase el apartado 3.4).





2. INSTANTÁNEAS DEL CUADRO DE INDICADORES SOCIALES El pilar europeo de derechos sociales, firmado como proclamación interinstitucional por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, establece varios principios y derechos clave con el fin de apoyar unos mercados de trabajo y sistemas de bienestar que sean justos y funcionen bien. Está diseñado como brújula para un proceso renovado de convergencia entre los Estados miembros hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo. El pilar europeo de derechos sociales está acompañado de un nuevo cuadro de indicadores sociales con el que efectuar el seguimiento de los resultados y registrar las tendencias en todos los Estados miembros. En esta edición del Informe Conjunto sobre el Empleo se presentan los resultados del cuadro de indicadores sociales, que sustituye al cuadro de indicadores clave en materia social y de empleo acordados en 2013. Este nuevo cuadro de indicadores ofrece varios Indicadores principales con los que examinar los resultados en materia de empleo y sociales de los Estados miembros en las tres vertientes principales identificadas en el contexto del pilar: i) igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, ii) mercados de trabajo dinámicos y condiciones de trabajo justas y iii) asistencia pública / protección social e inclusión social. Este análisis se sitúa en el amplio contexto de reforma que se presenta en el capítulo 3. 2.1. Explicación del cuadro de indicadores El cuadro de indicadores sociales será una herramienta fundamental para realizar el seguimiento de la convergencia hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo. En particular, consta de los siguientes 14 indicadores principales,que evalúan las tendencias sociales y en materia de empleo de forma general: -Igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo: 1.Porcentaje de abandono prematuro de la educación y la formación, 18-24 años. 2.Desigualdad en la tasa de empleo de hombres y mujeres, 20-64 años 3.Desigualdad de ingresos medida como ratio de distribución de la renta por quintiles, S80/S20 4.Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) 5.Jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (tasa de ninis), 15-24 años -Mercados de trabajo dinámicos y condiciones de trabajo justas: 6.Tasa de empleo, 20-64 años 7.Tasa de desempleo, 15-74 años 8.Participantes en políticas activas del mercado de trabajo por cada 100 personas que desean trabajar 9.Renta bruta disponible de los hogares en términos reales, per cápita 10.Remuneración de los asalariados por hora trabajada, en euros -Asistencia pública / protección social e inclusión social: 11.Impacto de las transferencias sociales (distintas de las pensiones) en la reducción de la pobreza

12.Niños menores de 3 años de edad en guarderías oficiales 13.Necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas 14.Porcentaje de la población con capacidades digitales generales básicas o por encima de las básicas. La metodología común utilizada para analizar el cuadro de indicadores ha sido acordada por el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social (véanse los detalles en el anexo 3). Evalúa la situación y los progresos de los Estados miembros analizando los niveles y las variaciones anuales de cada uno de los indicadores principales incluidos en el cuadro de indicadores sociales. Los niveles y las variaciones se clasifican según su distancia a las correspondientes medias (no ponderadas) de la UE. Los resultados de los Estados miembros con respecto a los niveles y las variaciones se combinan a continuación (utilizando una matriz predefinida) de forma que cada Estado miembro se asigna a una de siete categorías («países con los mejores resultados», «mejores que la media», «buenos pero requieren vigilancia», «en la media / neutro», «débiles pero en mejoría», «en observación» y «situaciones críticas»). Partiendo de esta base, en el cuadro 1 se ofrece un resumen de los valores del cuadro de indicadores según las últimas cifras disponibles para cada indicador. Merece la pena realizar una lectura cuidadosa y no mecánica del cuadro. Para ello, se facilita en el capítulo 3 un análisis detallado de los 14 indicadores, incluidas tendencias a largo plazo e indicadores adicionales, según procede. Además, los próximos informes de país aportarán un análisis en profundidad de todas las «situaciones críticas» y el trasfondo socioeconómico adicional con el que calificar mejor los retos específicos de cada país en el contexto del Semestre europeo. Esto facilitará una base analítica para las posteriores propuestas de la Comisión de Recomendaciones específicas por país cuando proceda. 2.2. Evidencias del cuadro de indicadores sociales Son necesarias medidas para lograr la convergencia en el «progreso social» en torno a las dimensiones que se identifican en el pilar social. El análisis de los indicadores principales muestra al menos una «situación crítica» para 17 Estados miembros. En los 14 dominios evaluados, se identifican 50 «situaciones críticas», que se corresponden con casi el 13 % del número total de evaluaciones. Teniendo en cuenta las tres clasificaciones más problemáticas: «situación crítica», «en observación» y «débiles pero en mejoría», se llega a un recuento total de 129, es decir, aproximadamente un tercio de todas las evaluaciones. Al analizar las tres amplias dimensiones que abarca el cuadro de indicadores, aparecen indicaciones problemáticas con mayor frecuencia en el área de «asistencia pública / protección social e inclusión social», con una media de 11,8 casos (de los cuales, 4,5 son «situaciones críticas») por indicador. El impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza se muestra como el indicador con mayores dificultades en este dominio, pues 13 Estados miembros están en una situación de alerta (de los cuales 5 están en la categoría más baja). Las dimensiones de «igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo» y «mercados de trabajo dinámicos y condiciones de trabajo justas» son las siguientes, ambas con una media de aproximadamente 9 y 8,8 casos marcados por indicador (respectivamente, 4 y 3 «situaciones críticas» cada uno). En el primer dominio, el indicador más marcado es el de brecha de género en el empleo (10 veces). En el último, remuneración de los asalariados por hora trabajada parece ser el indicador con un mayor número de retos (13 marcas). El cuadro de indicadores dibuja una situación social y del mercado laboral en mejoría para la UE en su conjunto. Por término medio para la UE, 11 de los 14 indicadores marcados registraron una mejora en el último año disponible (es decir, 2016 o 2015 dependiendo de la disponibilidad de datos), lo que confirma una mejora estable de los mercados laborales y la situación social que ha acompañado a la recuperación económica. En concreto, con respecto a la tasa de desempleo, 11 Estados miembros pueden clasificarse actualmente como países con los mejores resultados o mejores que la media, y solamente un país se encuentra en situación crítica. Doce de los Estados miembros aparecen como países con los mejores resultados o mejores que la media en términos de tasa de empleo y otros doce cuando se tiene en consideración el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. No obstante, dos indicadores (brecha de género en el empleo y remuneración de los asalariados por hora trabajada) se mantuvieron en gran medida sin variación y uno de ellos (impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza) empeoró ligeramente. La situación de los Estados miembros continúa dispersa y la gravedad de los retos varía enormemente entre unos y otros. La mayoría de los Estados miembros aparecen marcados al menos una vez con un reto en indicadores principales, salvo Dinamarca, Alemania, Francia, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido. Grecia, Rumanía, Italia y Bulgaria informan de situaciones «críticas», «en observación» o «débiles pero en mejoría» en al menos diez indicadores. En ese grupo, Grecia y Rumanía presentan con mucha diferencia el mayor número de «situaciones críticas» (es decir, indicadores que se encuentran en una situación mucho peor que la media, y o bien no mejoran con suficiente rapidez o se deterioran aún más). En el caso de Grecia, las situaciones críticas se distribuyen en la totalidad de los ámbitos (pese a todo, se registra un buen resultado en el abandono escolar prematuro). En el caso de Rumanía, estas se concentran principalmente en las áreas de «igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo» y «asistencia pública / protección social e inclusión social». En términos de recuento total, le siguen Chipre (9 retos), España y Croacia (8 cada uno), Letonia, Lituania y Portugal (7 cada uno). Por el contrario, Dinamarca es el país que obtiene mejores resultados o mejores que la media en los 14 indicadores principales, seguido por Suecia (12 indicadores), Austria (10 indicadores) y los Países Bajos (9 indicadores). Cuando se analiza el área de igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, la situación mejoró este último año en términos de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación, el riesgo de pobreza y exclusión social y los ninis en la UE. Sin embargo, se mantuvo estable en gran medida en términos de brecha de género en el empleo y desigualdad de ingresos (medida como ratio de distribución de la renta por quintiles). Si se analiza por indicador: ·España, Malta, Portugal y Rumanía se enfrentan a una situación crítica en lo que respecta a las personas que abandonan prematuramente la educación y la formación en comparación con Croacia, Lituania y Eslovenia, que son los países con los mejores resultados; ·Grecia, Italia, Malta y Rumanía obtienen resultados críticos en la brecha de género en el empleo, en comparación con Letonia, Lituania y Suecia, que son los países con los mejores resultados; ·Bulgaria, Grecia, España y Lituania se encuentran en situación crítica en términos de desigualdad de ingresos en comparación con los buenos resultados de Chequia, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia; ·la situación relativa al riesgo de pobreza o exclusión social es crítica en Bulgaria, Grecia y Rumanía, en comparación con los países con los mejores resultados, Chequia, Dinamarca, los Países Bajos y Finlandia; ·Bulgaria, Grecia, Croacia, Chipre y Rumanía se hallan en situación crítica en lo que respecta a los ninis, mientras que Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos y Suecia obtienen los mejores resultados. Con relación al área de mercados de trabajo dinámicos y condiciones de trabajo justas en la UE, la situación mejoró el último año en términos de tasas de empleo y desempleo, participación en las políticas activas del mercado de trabajo (PAMT) y crecimiento de la renta bruta disponible de los hogares (RBDH) per cápita, mientras que arroja resultados bastante estables en términos de remuneración por asalariado. Si se analiza por indicador: ·Grecia, Croacia e Italia se enfrentan aún a una situación crítica en lo que respecta a su tasa de empleo, en comparación con Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido, los países con los mejores resultados; ·los resultados de Grecia en cuanto a la tasa de desempleo son críticos en comparación con los de Chequia y Alemania, los países con los mejores resultados;

·Bulgaria, Estonia, Croacia, Rumanía y Eslovenia se encuentran en situación crítica en términos de participación en las PAMT, en comparación con los resultados alcanzados por Bélgica, Dinamarca, Francia, Hungría y Suecia; ·el crecimiento de la RBDH per cápita se considera una situación crítica en Grecia y Chipre, en comparación con Polonia y Rumanía, los países con los mejores resultados; ·Bulgaria, Hungría y Polonia se encuentran en una situación crítica cuando se analiza la remuneración por asalariado, mientras que los países que mejores resultados arrojan son Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos. Por lo que se refiere a la asistencia pública y la protección e inclusión social, la situación mejoró el último año en términos de disponibilidad de guarderías, necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas y capacidades digitales, pero empeoró en cuando al impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza. Si se analiza por indicador: ·Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania y Rumanía aún se encuentran en situación crítica en lo que respecta a la capacidad de sus transferencias sociales para reducir la pobreza; esta situación contrasta con la de los países con los mejores resultados: Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia; ·Chequia, Polonia y Eslovaquia arrojan resultados críticos sobre disponibilidad de guarderías oficiales, en comparación con Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Portugal y Suecia, que son los países con los mejores resultados; ·Estonia, Grecia, Italia, Polonia y Rumanía se encuentran en situación crítica por lo que respecta a necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas (no se identificaron «países con los mejores resultados» con esta metodología); ·La situación de Bulgaria y Rumanía es crítica en materia de niveles de capacidades digitales, mientras que Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos y Finlandia alcanzan los mejores resultados. Cuadro 1. Resumen de los indicadores principales en el cuadro de indicadores sociales Nota: a fecha de 31 de octubre de 2017, los datos de participación en las PAMT no estaban disponibles para EL, IT, MT, UK (LU no presentó sus datos a causa de un problema con la verificación de los mismos); los datos de crecimiento de la RBDH per cápita no estaban disponibles para HR, LU y MT; la ratio de distribución de la renta por quintiles, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social y el impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza no estaban disponibles para IE.



Recuadro 1. Situación actual de la evaluación comparativa La Comunicación de 26 de abril de 2017 relativa al establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales señala que «se efectuará una evaluación comparativa y un intercambio de mejores prácticas en una serie de ámbitos, como la legislación en materia de protección del empleo, las prestaciones por desempleo, los salarios mínimos, la renta mínima y las capacidades». En 2015, tras las indicaciones reseñadas en el Informe de los cinco presidentes, la Comisión inició, en cooperación con los Estados miembros, los ejercicios de evaluación comparativa en algunos de los ámbitos mencionados en la Comunicación. El objeto de la evaluación comparativa es apoyar las reformas estructurales e impulsar la convergencia con los países con los mejores resultados. En comparación con otros ejercicios comparativos, que se centran principalmente en comparar los resultados generales, esta evaluación comparativa se centra particularmente en los estímulos estratégicos (es decir, ciertos parámetros de políticas específicas que pueden traducirse en mejores resultados). El Comité de Empleo y el Comité de Protección Social han acordado un planteamiento común que se fundamenta en tres fases: 1) identificación de retos clave y un conjunto de indicadores de resultados de alto nivel pertinentes para el ámbito político en cuestión; 2) indicadores de rendimiento que permitan la evaluación comparativa de los resultados; 3) identificación de estímulos estratégicos, acompañados de principios generales de orientación política y, en su caso, de indicadores específicos. En esta fase el objetivo es permitir la comparación entre los Estados miembros para cada estímulo estratégico, más que establecer valores de referencia. En 2016 se iniciaron los debates en el Comité de Empleo relativos a un proyecto piloto sobre las prestaciones de desempleo y las políticas activas del mercado de trabajo, llegándose a un acuerdo en 2017. Este acuerdo engloba principalmente tres indicadores de resultados (tasa de desempleo, desempleo de larga duración y tasa de riesgo de pobreza de las personas desempleadas), dos indicadores de rendimiento (proporción de personas que desean trabajar que participan en medidas habituales de activación y cobertura de las prestaciones de desempleo en personas desempleadas con duración de desempleo inferior a 12 meses); y tres indicadores de estímulos estratégicos, en particular en el dominio de las prestaciones por desempleo (índice de sustitución, condiciones de admisibilidad y duración de la prestación). El análisis de las prestaciones de desempleo que se presenta en el apartado 3.3 se basa en los resultados de la evaluación comparativa. Se continúa trabajando con relación a los estímulos estratégicos en materia de políticas de activación. Asimismo se está desarrollando, de forma conjunta con los Estados miembros en el seno del Comité de Protección Social, una evaluación comparativa de los programas de rentas mínimas. La situación actual de esta evaluación se describe en el apartado 3.4. También los trabajos en materia de evaluación comparativa de las capacidades están avanzando, con una especial atención en lo que se refiere a los estímulos estratégicos en materia de enseñanza de adultos. En el marco del pilar europeo de derechos sociales, la Comisión pretende llevar a cabo una reflexión adicional sobre la evaluación comparativa en conjunto con los Estados miembros. El objetivo es identificar los principios del pilar para los que la evaluación comparativa puede aportar información positiva hacia el mutuo aprendizaje y la convergencia al alza.



3. REFORMAS EN MATERIA SOCIAL Y DE EMPLEO: RESULTADOS Y ACTUACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS Este capítulo ofrece una visión general de los últimos indicadores clave en materia social y de empleo y las medidas tomadas por los Estados miembros en áreas prioritarias identificadas por las orientaciones para las políticas de empleo de la UE, adoptadas por el Consejo en 2015. Por cada orientación, se presentan las últimas evoluciones sobre una selección de indicadores clave, así como medidas de regulación adoptadas por los Estados miembros. En lo que respecta a estas últimas, el apartado se basa en los programas nacionales de reforma de 2017 de los Estados miembros y en fuentes de la Comisión Europea. Salvo indicación en contrario, el informe solo presenta las políticas aplicadas después de junio de 2016. Se puede encontrar un análisis en profundidad de la evolución reciente del mercado de trabajo en los informes Labour Market and Wage Developments in Europe y Employment and Social Developments in Europe de 2017. 3.1. Orientación n.º 5: Impulsar la demanda de mano de obra

Este apartado analiza la aplicación de la orientación n.º 5 en materia de empleo, que recomienda a los Estados miembros crear condiciones que fomenten la demanda de empleo y la creación de puestos de trabajo. Primero presenta un resumen de las tasas de empleo y desempleo por Estado miembro, complementando el análisis a escala de la UE reseñado en el capítulo 1, para poner de relieve los retos de creación de empleo en cada país. A continuación analiza la dinámica del autoempleo, como representación del emprendimiento y como fuente de crecimiento del empleo per se. Por último, examina los principales determinantes macroeconómicos de las decisiones de contratación, en concreto la evolución de los salarios y de la cuña fiscal. En el apartado 3.1.2 se informa de las medidas políticas aplicadas por los Estados miembros en estos ámbitos con el fin de impulsar la demanda laboral, incluidos los subsidios a la contratación. 3.1.1. Indicadores clave En casi la mitad de los Estados miembros la tasa de desempleo se redujo drásticamente en 2016, más de 1 punto porcentual. En algunos Estados miembros que sufrían unas tasas de desempleo muy elevadas se observó una caída superior a la media, en especial en España, Croacia y Chipre (en 2 p. p. al menos), pero también en Grecia y Portugal, lo cual señala a una convergencia hacia niveles más bajos de desempleo. No obstante, las diferencias siguen siendo significativas. Como se evidencia en la figura 5 (que analiza de forma conjunta los niveles y las variaciones según la metodología acordada para evaluar los indicadores principales del cuadro de indicadores sociales), la dispersión de las tasas de desempleo sigue siendo considerable en 2016, con valores que oscilan desde el 4 % de Chequia y Alemania («países con los mejores resultados») al 23,6 % de Grecia («situación crítica»). Aunque la tasa de desempleo se redujo en 1,3 p. p. en Grecia, su nivel global sigue muy elevado. Además, las tasas de desempleo también siguen siendo elevadas en Italia, sin mejoras significativas en 2016 (reduciéndose tan solo 0,2 p. p.). Entre los Estados miembros con tasas de desempleo inferiores a la media, Estonia y Austria registraron un ligero aumento en 2016. Pese al continuo descenso desde 2013, en la mayoría de los Estados miembros la tasa de desempleo seguía siendo más elevada en 2016 que en 2008 (figura 6). Las únicas excepciones son Alemania, Hungría, Malta, Polonia, el Reino Unido y Chequia. Fuente: Eurostat, EPA (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). Período: Niveles de 2016 y variaciones anuales en relación con 2015. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la UE. La leyenda se presenta en el anexo. Fuente: Eurostat, EPA. La tasa de empleo ha aumentado en 27 de los 28 Estados miembros, pese a que se mantienen disparidades significativas. Solamente Luxemburgo ha registrado un ligero descenso el último año. Como se muestra en la figura 7, las tasas de empleo convergen solamente de forma parcial. Esto se refleja en la pendiente moderadamente negativa de la línea de regresión que vincula variaciones con niveles en las tasas de empleo lo cual sugiere que los Estados miembros caracterizados por tasas de empleo inferiores crecen algo más rápido que la media y viceversa, pero la situación se mantiene dispersa. Las tasas de empleo (grupo de edad de 20 a 64 años) varían mucho, desde el 56,2 % de Grecia al 81,2 % de Suecia. En el extremo inferior, la tasa de empleo sigue estando muy por debajo de la media de la UE (inferior al 65 %) en Grecia, Croacia, Italia (clasificados como «situaciones críticas») y España (clasificado dentro del grupo «débiles pero en mejoría» en vista de una mejora significativa). Es marginalmente más elevada en Rumanía, Bélgica y Bulgaria, aunque aumenta a un ritmo menor que la media. Por el contrario, los Países Bajos, Dinamarca, el Reino Unido, Alemania y Suecia se clasifican como «países con los mejores resultados», con tasas de empleo del 77 % o más. En 2017 y 2018 se espera una expansión del empleo en casi todos los Estados miembros, de acuerdo con la previsión económica para otoño de 2017 de la Comisión Europea. Fuente: Eurostat, EPA (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). Período: Niveles de 2016 y variaciones anuales en relación con 2015. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la UE. La leyenda se presenta en el anexo. Las tasas de empleo medias en la UE han estado en crecimiento constante desde 2013 y se encuentran actualmente por encima de los niveles previos a la crisis, aunque las disparidades siguen siendo elevadas. En 2016 más de la mitad de los Estados miembros, 17 países, se encuentran aún por debajo de los niveles de 2008 (figura 8). Este hecho es particularmente evidente en aquellos países más afectados por la crisis, en especial Grecia (- 10,1 p. p.), Chipre (- 7,7 p. p.), España (- 4,6 p. p.) y Chipre (- 3,5 p. p.). Sin embargo, la recuperación ha contribuido al crecimiento del empleo en casi todos los Estados miembros en comparación con 2013. Los mayores incrementos en las tasas de empleo desde 2008 se produjeron en Hungría (+ 8,5 p. p.) y Lituania (+ 5,3 p. p.).

Fuente: Eurostat, EPA. En un contexto de crecimiento sostenido del empleo , las tendencias en el autoempleo tienden a ser más estables. La tasa media de autoempleo se redujo en 2016 al 14,0 %, la más baja desde 2008, al crecer con más rapidez el empleo total (+ 1,5 %) que el autoempleo (+ 0,3 %). Sin embargo, si se excluye el sector primario (agricultura, silvicultura y pesca), que está afectado por un declive estructural, el número de trabajadores autónomos creció casi tan rápido como el empleo total (un 1,3 %). El autoempleo entre personas con origen migrante prosiguió su crecimiento constante: la tasa entre personas sin ciudadanía de la UE aumentó al 12,2 % en 2016, desde el 11,9 % en 2015 (en 2010 era solo del 10,0 %). Además, la evolución demográfica se traduce en un fuerte aumento del número de trabajadores autónomos mayores de 65 años. En 2016 ascendían al 8 % del número total de trabajadores autónomos (6 % en 2006). En términos absolutos, el autoempleo creció en 2016 en la mayoría de los Estados miembros. Los desarrollos sectoriales tuvieron importancia, concentrándose los descensos principalmente en los Estados miembros con una proporción superior a la media de trabajadores autónomos en el sector primario (Croacia, Rumanía, Eslovenia, Bulgaria, Portugal, Finlandia y Polonia). También se registraron descensos en Chipre, Alemania, Bélgica, Suecia e Italia, mientras que el autoempleo creció en los restantes Estados miembros (un 5 % o más en Luxemburgo, Eslovaquia y el Reino Unido). La tasa de autoempleo entre los varones continuó descendiendo de manera estable (al 17,5 % en 2016, desde una tasa superior al 18 % en 2014), mientras que la correspondiente a las mujeres se ha mantenido constante en torno al 9,9 % desde 2012. El autoempleo sin asalariados (los denominados trabajadores por cuenta propia) sigue estando extendido. En 2016, el número de trabajadores por cuenta propia fuera del sector primario subió un 1,8 % (y se mantuvo un 9 % por encima del valor de 2008), mientras que el número de empleadores (autónomos con empleados) fuera del sector primario subió solamente un 0,3 % (y se mantuvo un 10 % por debajo del valor de 2008). El trabajo por cuenta propia sin asalariados puede ocultar situaciones de «falsos» autónomos en algunas circunstancias; esta situación se tratará en mayor detalle en el apartado 3.3, junto con la segmentación del mercado laboral. El crecimiento salarial sigue contenido en la UE, pese a las continuas mejoras en el mercado laboral. Los salarios reales ajustados al cambio en los precios al consumo aumentaron en casi la totalidad de los Estados miembros y crecen un 1,3 % en total en la UE. El crecimiento fue menor en la zona del euro, mientras que, en el entorno de inflación reducida de 2015 y 2016, los salarios reales aumentaron un poco menos del 1 % en ambos años. El crecimiento salarial modesto, unido a una leve ralentización del crecimiento de la productividad, se tradujo en un moderado repunte de la dinámica de los costes laborales unitarios. La remuneración de los asalariados varía enormemente en toda Europa, desde 4,6 EUR por hora trabajada en Bulgaria a 43,3 EUR en Luxemburgo. Por otra parte, la figura 9 muestra que Europa está dividida en dos grandes grupos de países con bajos salarios y con salarios elevados, con solo Chipre, Eslovenia, Italia y España cerca de la media de la UE. En el extremo inferior, sobresalen en particular Bulgaria, Polonia y Hungría, así como Rumanía, que registró un gran aumento en el último año. Es posible identificar algunas señales de convergencia, a pesar de que la correlación entre los niveles salariales absolutos y la variación en las remuneraciones no parece sólida. Fuente: Eurostat, cuentas nacionales. Período: niveles de 2016 y variaciones anuales en relación con 2015. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la UE. La leyenda se presenta en el anexo. En el período de 2011 a 2016, el crecimiento salarial real se mantuvo por detrás del crecimiento medio de la productividad en la mayoría de los Estados miembros (18 de 28) En 6 países (Bélgica, Chipre, Finlandia, Croacia, Grecia y Portugal) el crecimiento salarial real fue negativo en el período 2014-2016. También a largo plazo, la evolución media de los salarios reales ha ido a la zaga de la productividad (véase la figura 10). Fuente: Eurostat, cuentas nacionales (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). El desarrollo de la competitividad de costes contribuyó al reequilibrio de la zona del euro, pero su evolución se ha ralentizado. En la zona del euro, tras una prolongada moderación fiscal y salarial, la mayoría de los Estados miembros alcanzaron una posición de superávit por cuenta corriente en 2015. En el contexto del crecimiento salarial contenido en la zona del euro, los costes laborales unitarios nominales han crecido ligeramente más rápido en los países caracterizados por superávits por cuenta corriente grandes y persistentes que en los países deudores netos. Sin embargo, en 2016 esta diferencia se estrechó algo, ralentizando el reequilibrio.

En la mayoría de los Estados miembros, el crecimiento salarial en 2016 fue más lento o igual a las predicciones basadas en la relación histórica con el desempleo, en especial al ir los salarios a la zaga de la caída del desempleo. Entre los países en los que el crecimiento salarial se mantuvo aún más por debajo de dicha relación histórica se encuentran Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Eslovaquia y Suecia. La curva de Phillips —la relación (generalmente negativa) entre el crecimiento salarial y el desempleo— confirma que los salarios han reaccionado a la recuperación de forma lenta, en especial en la zona del euro. En la figura 11 se compara la variación anual en remuneración nominal por trabajador con la denominada brecha de desempleo, es decir, la diferencia entre la tasa de desempleo real y su tendencia. Desde el inicio de la crisis, la curva ha sido más plana que anteriormente, lo que implica una reacción más débil de los salarios ante las caídas del desempleo. Además, la tasa de crecimiento de las remuneraciones ha sido inferior en los últimos tres años a la tendencia esperada a tenor de la mejora del mercado laboral. La modesta dinámica salarial puede explicarse por la débil evolución de la productividad, las expectativas de baja inflación, el efecto de algunas de las reformas de los mercados laborales y la debilidad que existe aún en el mercado laboral. En concreto, es posible que la tasa de desempleo actual no refleje correctamente el estado real de utilización de recursos en el mercado laboral. Además de aquellos en búsqueda efectiva de empleo (es decir, los desempleados), los trabajadores desanimados y las personas subempleadas a tiempo parcial pueden ejercer ciertas presiones adicionales a la baja sobre los salarios. Las expectativas de que la inflación se reduzca y la ralentización de la productividad pueden afectar también a las negociaciones salariales, manteniendo bajo el crecimiento salarial y socavando así la sostenibilidad de la recuperación. Los salarios negociados arrojan también una imagen clara de cómo las presiones salariales no se han materializado, en especial en la zona del euro: la variación porcentual anual en el primer trimestre de 2017 fue del 1,5 %, unos 0,5 p. p. menor que su ritmo en la primera fase de la recuperación. Fuente: base de datos AMECO de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros y Eurostat, EPA La carga fiscal sobre el trabajo se mantiene en general estable en Europa, aunque con diferencias significativas según los Estados miembros. En 2016, las reducciones de la cuña fiscal para los trabajadores individuales que perciben el salario medio fueron más significativas en Austria (- 2,4 p. p.), Bélgica (- 1,4 p. p.) e Italia (- 1,2 p. p.), mientras que la cuña fiscal aumentó de forma notoria en los Países Bajos (1,3 p. p.), Grecia (1,0 p. p.) y Polonia (0,9 p. p.). Como queda patente en la figura 12, la cuña fiscal oscila entre menos del 30 % en Irlanda y Malta y en torno al 50 % en Bélgica, Alemania, Hungría, Italia, Francia y Austria. Se observa una dispersión similar en los trabajadores de rentas más bajas (definidos como aquellos que perciben un 67 % del salario medio), aunque la progresividad de los tipos impositivos sigue distintas pautas según los países. Entre 2013 y 2016, la cuña fiscal media no ponderada se redujo 0,5 p. p. (y 0,8 p. p. para los trabajadores de rentas más bajas), con grandes reducciones en algunos de los países que observan las tasas más elevadas (Bélgica, Austria, así como Italia y Francia, pero limitada a los trabajadores de rentas más bajas) y también en Rumanía y Dinamarca. Por el contrario, en Luxemburgo y en Portugal, en este limitado a los salarios bajos, se observaron incrementos significativos. Fuente: base de datos sobre fiscalidad y prestaciones, Comisión Europea/OCDE. Nota: los datos corresponden a hogares donde trabaja una sola persona (sin hijos). No se dispone de datos recientes de Chipre. 3.1.2. Respuesta normativa Los Estados miembros continúan recurriendo a los subsidios al empleo para apoyar la demanda de empleo y la creación de puestos de trabajo. La mayoría de las medidas en este ámbito se dirigen a grupos específicos que se enfrentan a problemas de integración en el mercado laboral (por ejemplo, jóvenes, personas mayores, desempleados de larga duración, refugiados, etc.) y consisten en incentivos financieros (o descuentos en las cotizaciones a la seguridad social o desgravaciones fiscales) para los empresarios que contraten a estos trabajadores. En el período de referencia (desde la segunda mitad de 2016), se introdujeron subsidios a la contratación de determinados grupos en varios Estados miembros (más detalles en el apartado 3.2). Algunos países también introdujeron (o piensan introducir) subsidios a la contratación genéricos, es decir, que no requieren el cumplimiento de condiciones específicas o cuyas condiciones son menos restrictivas, habitualmente con el fin de promover el empleo indefinido. Italia introdujo, únicamente en las regiones del sur, una reducción de las cotizaciones a la seguridad social para empresarios que contraten jóvenes menores de 25 años o personas en situación de desempleo durante más de seis meses con contratos indefinidos (o a través de contratos de aprendizaje profesional). Francia prorrogó la prima de 4 000 EUR otros seis meses (hasta el primer semestre de 2017, ya vencido) que se concedía a las pymes para la contratación de un trabajador cuyo salario fuese 1,3 veces el salario mínimo; cerca de 1,6 millones de trabajadores se beneficiaron de esta medida. En Austria está actualmente en estudio la introducción de una bonificación al empleo destinada a crear nuevos puestos de trabajo mediante la reducción de los costes salariales para empresarios que creen un nuevo puesto de trabajo. En otros casos, los subsidios al empleo se dirigen a varios grupos desfavorecidos. Por ejemplo, Portugal instauró incentivos financieros a la contratación indefinida, mediante la exención parcial de las cotizaciones a la seguridad social para ciertos grupos vulnerables (jóvenes, desempleados de larga duración, personas mayores). Por otra parte, una medida de apoyo a la contratación, dirigida a los mismos grupos, prevé incentivos para la conversión de contratos temporales en indefinidos. El Fondo Social Europeo (FSE) respalda esta medida, así como una reciente iniciativa destinada a fomentar la conversión de los contratos de prácticas en contratos indefinidos. Chipre introdujo subsidios al empleo para la contratación de personas que pertenecen a grupos vulnerables, incluidos los perceptores de renta mínima garantizada y personas con discapacidad. En Hungría, el FSE contribuye a mejorar el potencial de empleo de las empresas sociales a través de incentivos y subsidios a la creación de puestos de trabajo. Algunos Estados miembros están adoptando medidas para promover el emprendimiento y las empresas emergentes. Por ejemplo, Hungría ayuda a los jóvenes menores de 30 años y a los demandantes de empleo registrados mayores de 30 años a convertirse en empresarios en el marco del régimen de Garantía Juvenil. En Rumanía, el programa nacional de creación de nuevas empresas intenta fomentar el desarrollo de nuevas pymes con la ayuda del FSE. En Finlandia, a partir de 2018 será posible percibir la prestación de desempleo en forma de ayudas para las empresas emergentes mientras se trabaja como empresario a tiempo parcial. Por otra parte, se ha abierto un debate sobre cómo facilitar la constitución de empresas por parte de personas desempleadas. Se han adoptado otras medidas en muchos Estados miembros para asegurarse de que los autónomos disfrutan de derechos sociales adecuados (véase el apartado 3.3, sobre segmentación del mercado laboral). Varios Estados miembros redujeron los costes laborales mediante el recorte de la cuña fiscal, generalmente dirigido a las rentas más bajas. En los últimos meses, varios países tomaron medidas relacionadas con la cuña fiscal, en especial para los trabajadores con rentas más bajas, a través de reformas de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, generalmente incrementando las deducciones fiscales (es decir, los tramos de renta exentos de impuestos). Por ejemplo, en Alemania el Gobierno federal actualizó el tipo del impuesto sobre la renta para reducir la rémora fiscal y aumentar la deducción personal básica, el crédito fiscal por hijo, la deducción por hijo y el suplemento por hijo. En Estonia, el Parlamento adoptó el nuevo plan de reforma fiscal, que entra en vigor en 2018 e incluye un incremento de la deducción por rentas básicas a 500 EUR mensuales (desde 180 EUR en 2017). Lituania modificó la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aumentando el tramo de rentas exento de impuestos básicos y adicionales. Hungría incrementó las deducciones fiscales familiares para perceptores de rentas con dos hijos. El Reino Unido aumentó la deducción personal a 11 500 GBP (aproximadamente 13 100 EUR) por año y el umbral correspondiente al tipo superior de 43 000 GBP a 45 000 GPB (51 400 EUR). Francia redujo aún más el impuesto sobre la renta para las rentas medias y más bajas. En Bélgica, el 1 de enero de 2017 entró en vigor la segunda fase de la reforma fiscal de Bruselas, con reducciones adicionales en el impuesto sobre la renta personal y un desplazamiento de la fiscalidad sobre el trabajo a la propiedad inmobiliaria. En Letonia, una gran reforma fiscal incluye la sustitución del tipo fijo del 23 % para el impuesto sobre la renta de las personas físicas por un sistema progresivo. Chipre abolió la «cotización especial», un impuesto progresivo sobre las retribuciones mensuales brutas que perciben todos los empleados, autónomos y pensionistas. Eslovenia modificó la Ley sobre el impuesto de la renta de las personas físicas para reducir la carga fiscal sobre las rentas personales. Muchos Estados miembros intervinieron en la cuña fiscal también a través de las reducciones en las cotizaciones a la seguridad social. En Francia, se recortaron las cotizaciones de las empresas, compensadas parcialmente por incrementos a los trabajadores. En otros países, las reducciones en las cotizaciones a la seguridad social estaban dirigidas más bien a apoyar el empleo de grupos destinatarios específicos, como los jóvenes y los trabajadores mayores (Bélgica e Italia), las personas con discapacidad (Malta), nuevas contrataciones con contrato indefinido (Italia) o nuevas contrataciones por parte de los autónomos (Suecia). Hungría redujo el impuesto de cotización social, que afecta a la cuña fiscal para los trabajadores con salarios bajos. Al mismo tiempo, varios países (Grecia, Lituania, Letonia y Croacia) introdujeron o incrementaron las cotizaciones a la seguridad social para los autónomos o para los trabajadores empleados en formas atípicas de trabajo. Por último, a partir de 2018, Letonia experimentará de manera general un incremento de las cotizaciones sociales tanto para empresarios como para trabajadores para financiar la asistencia sanitaria. A partir de las grandes reformas de los últimos años, algunos Estados miembros introducen nuevos cambios en sus sistemas de fijación de salarios. Tras consultar con los interlocutores sociales, Bélgica finalizó la revisión de la Ley de 1996 relativa a la norma salarial, que establece un mecanismo automático de corrección, introduce un margen de seguridad y refuerza la base jurídica de la norma salarial para evitar la pérdida de competitividad de costes. El Gobierno federal anunció asimismo en julio de 2017 su intención de simplificar y fomentar la participación de los trabajadores en los beneficios de sus empresas. Croacia mejoró la eficacia del proceso de negociación de convenios colectivos con la firma de convenios colectivos vinculantes para el Gobierno, que garantizan la igualdad de acceso a los comités negociadores, mejoran la gestión financiera de los fondos procedentes de los presupuestos estatales y garantizan la sostenibilidad del sistema de nóminas. Portugal suspendió provisionalmente el vencimiento automático de los convenios colectivos, por un período de 18 meses, hasta julio de 2018, debido a la baja cantidad de nuevos convenios colectivos firmados. Por otra parte, tras la publicación del libro verde sobre las relaciones laborales, y en el seno del acuerdo tripartito con los interlocutores sociales, el Gobierno está planeando medidas que fomenten la negociación colectiva. En Eslovenia, los sindicatos de la función pública y el Gobierno continuaron las negociaciones para aliviar varias medidas de austeridad provisionales promulgadas en la Ley de equilibrio fiscal de 2012, sobre cuestiones como la remuneración por rendimiento laboral vinculada a la mayor carga de trabajo, el incremento salarial en caso de promoción, el reembolso de los permisos anuales y la rescisión de contratos de empleo de personas que cumplan las condiciones de jubilación. Francia adoptó una nueva reforma de la legislación laboral tras consulta con los interlocutores sociales, que amplía aún más el perímetro de aplicación de los acuerdos a nivel de empresa, y define dónde deben ser decisivos los acuerdos a nivel de sucursal. Algunos Estados miembros ajustaron sus salarios mínimos o adoptaron medidas para incrementar la capacidad de predicción de sus sistemas de fijación de salarios mínimos, con la participación de los interlocutores sociales. En Bulgaria, el Gobierno ha presentado un proyecto de mecanismo de fijación de salarios mínimos en el que se engloban tres posibles situaciones y un análisis de impacto, pendiente de acuerdo con los interlocutores sociales. El Gobierno prevé incrementar en niveles el salario mínimo desde su nivel actual de 230 EUR mensuales a 305 EUR en 2020. Rumanía ha establecido en su programa público el nivel de salarios mínimos hasta 2020. El salario mínimo ya es superior al doble del de 2010 y se prevé un aumento desde 315 EUR al mes a 380 EUR en 2020. En Irlanda, el salario mínimo aumentó desde 9,15 EUR por hora en 2016 a 9,25 EUR en 2017 sobre la base de las recomendaciones de la Low Pay Commission, que también evalúa el impacto social que causan los ajustes de los salarios mínimos. El Gobierno irlandés anunció recientemente un nuevo incremento del salario mínimo hasta 9,55 EUR por hora a partir de enero de 2018. Letonia estableció un incremento del salario mínimo hasta 430 EUR al mes, desde 380 EUR, a partir de 1 de enero de 2018. Polonia incrementó el salario mínimo mensual a 2 000 PLN e introdujo la remuneración mínima por hora para las personas que trabajan con contrato de servicios (13 PLN por hora, es decir, en torno a 3 EUR). En Portugal, tras un acuerdo tripartito con los interlocutores sociales, el Gobierno incrementó el salario mínimo obligatorio de 530 EUR a 557 EUR al mes a partir del 1 de enero de 2017. Este incremento fue acompañado por una reducción provisional de las cotizaciones a la seguridad social de la empresa para los trabajadores que cobran el salario mínimo. El Gobierno del Reino Unido tiene intención de incrementar el salario mínimo para las personas mayores de 25 años hasta un 60 % de la mediana de ingresos antes de 2020 (en torno a 9 GBP por hora, aproximadamente 10,3 EUR). La revalorización anual de abril de 2017 cambió el salario básico nacional a 7,50 GBP a la hora (8,6 EUR), y el salario mínimo nacional aumentará también para jóvenes y aprendices. En Alemania, el Gobierno federal siguió la recomendación de los interlocutores sociales en la Comisión permanente de salario mínimo e incrementó el salario mínimo general de 8,50 EUR a 8,84 EUR por hora a partir del 1 de enero de 2017.





3.2. Orientación n.º 6: Mejorar la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias Este apartado trata de la aplicación de la orientación n.º 6 en materia de empleo, que recomienda a los Estados miembros crear condiciones que fomenten la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias. En él se presentan los indicadores sobre el impacto del sistema de educación y formación en la empleabilidad de la mano de obra (dominio de capacidades básicas, participación en aprendizaje permanente y transiciones del ámbito académico al laboral para distintos tipos de planes de estudios), antes de examinar qué ofrece el mercado de trabajo a diversos grupos infrarrepresentados (por ejemplo, jóvenes, personas mayores, personas con origen migrante y mujeres). En el apartado 3.2.2 se informa de las medidas políticas que los Estados miembros han puesto en marcha en estos ámbitos, así como de las medidas dirigidas a dichos grupos desfavorecidos. 3.2.1. Indicadores clave En 2016, la tasa de abandono escolar prematuro (AEP) continuó reduciéndose en la UE. Alcanzó un porcentaje del 10,7 %, descendiendo 0,3 p. p. desde 2015. Diecisiete Estados miembros registraron tasas inferiores al valor objetivo de la UE, del 10 %. Al mismo tiempo, la tasa se acercó al 20 % en Malta, España y Rumanía (que de forma conjunta con Portugal se clasifican como «situaciones críticas»), mientras que se mantuvo por debajo del 5 % en Croacia, Lituania y Eslovenia («países con los mejores resultados»). En el último año, la tasa de AEP se mantuvo estable en la gran mayoría de los Estados miembros (como se observa en la figura 13), registró el máximo descenso en Luxemburgo (3,5 p. p.) y Grecia (1,4 p. p.), pero experimentó un incremento sustancial en Chipre (2,8 p. p., aunque el nivel es aún inferior a la media de la UE). No existen pruebas de la convergencia entre los Estados miembros en 2016, como evidencia la línea de regresión casi horizontal que relaciona las variaciones anuales con los niveles de la tasa de AEP. Sin embargo, en comparación con 2008 (figura 14), la tasa de AEP se redujo en casi todos los Estados miembros, en 4 p. p. de media; el máximo descenso se registró en Portugal, España, Grecia y Luxemburgo, mientras que subió en Hungría, Chequia, Eslovaquia y Rumanía. La diferencia en la tasa de abandono escolar prematuro entre hombres y mujeres en 2016 se ha reducido a 3 p. p., desde 3,9 p. p. en 2008, mostrando las mujeres menos probabilidad de abandono escolar prematuro que los hombres. Fuente: Eurostat. Período: Niveles de 2016 y variaciones anuales en relación con 2015. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la UE. La leyenda se presenta en el anexo. Fuente: Eurostat (EPA). Código de datos en línea: edat_lfse_14. El declive a largo plazo del abandono escolar prematuro en Europa es una tendencia positiva que en gran medida se deriva de reformas estructurales en los sistemas de educación y formación y de medidas políticas específicas. Aun así, en el período subsiguiente a la crisis, puede deberse en parte a las persistentes dificultades de acceso al mercado laboral en países con elevados niveles de desempleo juvenil, por lo que los jóvenes han decidido continuar más tiempo en la educación. Por otra parte, el abandono escolar prematuro está muy unido a las desventajas sociales y al bajo nivel educativo de los padres. Entre los alumnos con origen migrante, en especial los alumnos nacidos en el extranjero, se registran tasas de abandono más elevadas. Los alumnos con discapacidad también tienen mayores desventajas, con una brecha de 10,3 p. p. en comparación con los alumnos sin discapacidad en 2015. Un indicador importante de la calidad de los sistemas de educación y formación inicial es el dominio de las competencias básicas por parte de los alumnos, como la lectura, las matemáticas y las ciencias. El informe de 2015 del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) de la OCDE, sobre las competencias básicas adquiridas en la educación primaria y el primer ciclo de enseñanza secundaria, muestra que el 19,7 % de los alumnos europeos, a los 15 años, obtenían bajos resultados en lectura, el 22,2 % en matemáticas y el 20,6 % en ciencias. En comparación con el anterior informe de 2012, los resultados han empeorado en todos los dominios por término medio en la UE y en la mayoría de los países de la UE, aunque sigue existiendo una gran variación entre los Estados miembros en cuanto a la adquisición de capacidades básicas. Esto significa que los países de la UE están más lejos de cumplir el objetivo de reducir el bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias por debajo del 15 % antes de 2020. Un contexto socioeconómico desfavorecido es el factor más significativo asociado a un bajo rendimiento educativo. También existe una coincidencia entre los alumnos con un bajo rendimiento educativo y los que tienen necesidades educativas especiales o son de origen migrante. La proporción media en la UE de alumnos con bajo rendimiento en ciencias en el cuartil socioeconómico más bajo de la población de alumnos PISA 2015 se encuentra en torno al 34 %, 26 p. p. más que en el cuartil socioeconómico más elevado (figura 15). Los Estados miembros con proporciones sustanciales de alumnos con origen migrante tienen por lo general proporciones superiores a la media de alumnos con un rendimiento insatisfactorio en capacidades básicas, y el rendimiento de los alumnos suele estar más relacionado con su estatus socioeconómico. Además, como ya se ha tratado en el Informe Conjunto sobre el Empleo de 2017, el reciente aumento de la migración en la UE ha puesto de relieve el papel de los sistemas de educación y formación a la hora de ayudar a muchos miles de jóvenes recién llegados a desarrollar su pleno potencial e impulsar su integración en las sociedades europeas.

Fuente: Comisión Europea: PISA 2015: EU performance and initial conclusions regarding education policies in Europe [«Resultados de la UE y conclusiones iniciales sobre las políticas de educación en Europa», documento en inglés], 2016. La tasa de rendimiento académico terciario en la UE entre las personas con edad de 30 a 34 años ha ido creciendo de forma constante y visible durante más de una década. Esta tasa se encuentra actualmente en el 39,1 %, y ha subido 0,4 p. p. solo en el último año. Dieciocho Estados miembros muestran tasas de rendimiento superiores al objetivo principal de Europa 2020, del 40 %. Desde 2008, la tasa de rendimiento académico terciario aumentó 8 p. p. (figura 16). Pese al significativo avance en los últimos años, los Estados miembros que van a la zaga aún tienen una tasa de rendimiento de aproximadamente la mitad de la de los países más avanzados. Persisten considerables diferencias entre los sexos en cuanto al rendimiento académico terciario, y son las mujeres las que obtienen mejores resultados que los hombres en todos los Estados miembros excepto Alemania, así como una diferencia media en la UE en cuanto a rendimiento académico terciario entre hombres y mujeres de casi 10 p. p. El contexto parental sigue afectando al rendimiento académico terciario, con un nivel de rendimiento medio 5 p. p. menor entre las personas nacidas en el extranjero, aunque se observa lo contrario en Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Letonia y el Reino Unido. Además, los jóvenes que emigraron hacia la mitad o al final de su edad escolar obligatoria se enfrentan a mayores dificultades que los que emigraron más jóvenes, y precisan itinerarios no tradicionales para acceder a la educación superior que reconozcan aquellas capacidades que pueden haber adquirido fuera del segundo ciclo de enseñanza secundaria tradicional. Las personas con discapacidad también obtienen sistemáticamente un rendimiento académico terciario menor, con una brecha de 13,6 p. p. en 2015. Fuente: Eurostat (EPA). Código de datos en línea: edat_lfse_03. La adecuación de la educación al mercado laboral es determinante para la capacidad de los jóvenes de encontrar empleo y contribuir efectivamente al crecimiento económico. La tasa media de empleo de los graduados recién salidos de la educación superior (de 20 a 34 años) es del 82,8 % en la UE, mientras que para los graduados recién salidos del segundo ciclo de enseñanza secundaria es del 72,6 % (llegando al 75 % en los que han seguido un itinerario de formación profesional). La brecha es mayor en los Estados miembros con menores tasas totales de empleo juvenil. La brecha en las tasas de empleo o desempleo según el nivel de capacidades arroja en cierta medida una indicación de un desfase en las capacidades, pues la coincidencia equivalente de la oferta y la demanda de mano de obra por nivel educativo implicaría tasas de empleo idénticas entre los distintos grupos por capacidad. En 2016, la mayor dispersión de las tasas de empleo por niveles educativos (inferior al segundo ciclo de enseñanza secundaria, segundo ciclo de enseñanza secundaria y enseñanza postsecundaria, y educación terciaria), se registró en Bulgaria, Chequia, Croacia, Lituania, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. Pese a los resultados en el mercado laboral relativamente buenos que se alcanzan en la educación y formación profesional (EFP), el número de alumnos que se matriculan en EFP inicial en la UE ha ido cayendo de forma constante en la mayoría de los países desde 2013. El número total de alumnos en EFP inicial de nivel de segundo ciclo de enseñanza secundaria en la UE cayó desde 2013 en torno a 500 000 (4,7 %), hasta 10,3 millones en 2015. El Reino Unido registró la caída más notable en términos absolutos en la población de alumnos en EFP inicial, en casi 200 000. Al mismo tiempo, la matrícula en educación general se mantuvo en el mismo nivel. Por lo tanto, la proporción de alumnos de EFP sobre la población total de alumnos matriculados en el nivel de segundo ciclo de enseñanza secundaria se ha reducido del 48,9 % en 2013 al 47,3 % en 2015. Los alumnos de EFP que acceden directamente al mercado laboral tras obtener su titulación de nivel de segundo ciclo de enseñanza secundaria alcanzan tasas de empleo relativamente altas en la mayoría de los países. Este hecho es evidente en países que cuentan con sistemas de EFP que funcionan bien, por ejemplo, los que cuentan con una sólida permeabilidad y sistemas de transición del ámbito académico al laboral, como Malta, el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca (excepto en el caso de los graduados de EFP en los ámbitos de la salud y el bienestar). No obstante, en otros países, los graduados de EFP de algunos ámbitos parecen obtener bajos resultados (en especial en los ámbitos de empresariales, administración y derecho) como, por ejemplo, en Hungría, Lituania, Eslovenia, Polonia, Francia, Bulgaria y Rumanía. En Italia y Grecia, que se encuentran entre los países con un mercado laboral generalmente no muy eficaz, existen diferencias especialmente grandes en las tasas de empleo dependiendo del campo de estudio. Además de la empleabilidad, el salario esperado es otro factor importante que indica el atractivo de los distintos itinerarios educativos. La prima salarial para las personas con un nivel de formación profesional de grado medio, en comparación con las personas con cualificaciones generales de grado medio, varía del 60 % en Alemania a una penalización salarial de en torno al - 25 % en Chequia (aunque se trata de un caso especial, pues la mayoría de los graduados en EFP continúan hacia la educación superior). Los jóvenes con cualificaciones profesionales ganan de promedio en la UE en torno a un 25 % más que los que cuentan con un nivel de educación bajo (CINE 0-2), un 17 % más que los que tienen un nivel de educación medio con orientación general, y un 40 % menos que los que tienen un nivel de educación alto. Una de las características de los sistemas de EFP que facilita la transición al mercado de trabajo y su éxito en él es la integración de programas de EFP basados en el aprendizaje en el lugar de trabajo. Según el Monitor de la Educación y la Formación de 2016, en 2015 había en la UE en torno a 2,8 millones de alumnos matriculados en programas combinados en la escuela y el lugar de trabajo (que dedican al menos el 25 % de la duración del programa al aprendizaje en un entorno de trabajo real en una empresa). No obstante, la disponibilidad de programas con un elemento sustancial de aprendizaje en el lugar de trabajo sigue estando limitada en la mayoría de los países de la UE y la situación no mejora. Entre 2013 y 2015 no se produjeron grandes cambios en la prevalencia de los programas combinados en la escuela y el lugar de trabajo en la UE. En varios países descendió la proporción de alumnos matriculados en estos programas, por ejemplo, en el Reino Unido, Austria, Francia, Luxemburgo y Finlandia. Solamente en Eslovaquia y Hungría se observó un aumento destacable, en este último país posiblemente debido a las variaciones en la clasificación de determinados programas, que pasaron a considerarse como proveedores de una cantidad suficiente de aprendizaje en el lugar de trabajo. La tasa global de participación de adultos en la enseñanza en la UE ha variado poco desde 2013 (figura 17). En todos los países, la mayor parte de la enseñanza de adultos es de naturaleza no formal, generalmente relacionada con el trabajo y proporcionada, además de financiada, por las empresas o las propias personas. Dicha enseñanza suele dirigirse a las personas empleadas que ya disponen de los más altos niveles de capacidades y están desempeñando los trabajos más complejos, mientras que las oportunidades de acceder a formación suelen estar mucho más limitadas para el resto de empleados. El hecho de que la mayoría de la enseñanza sea de carácter no formal implica también que suele ser de duración breve y pretende desarrollar capacidades específicas para la empresa. El resultado es una situación en la que la mayor parte de la enseñanza de adultos no puede ayudar a los adultos a desarrollar capacidades que puedan ser transferidas de empresa a empresa, incluidas las capacidades básicas: lectoescritura, cálculo o TIC. Fuente: Eurostat (UE-EPA, extracción especial, 2016). Nota: este indicador refleja la tasa de participación en actividades de educación y formación formales y no formales (últimas 4 semanas) de personas de 25 a 64 años de edad. La categoría de datos «ambas» indica el porcentaje de personas que participaron durante el período de referencia en 4 semanas de actividades de enseñanza formal y no formal. Los datos correspondientes a HR, HU y LV para los participantes en «ambas» formas de enseñanza no son fiables y para CY, LT, SK, BG y RO no están disponibles.

El nivel de capacidades digitales está aumentando, aunque muy lentamente, dejando partes de la población incapaces de beneficiarse de la transformación digital. Esto tiene repercusión en la innovación, la productividad y, en última instancia, el crecimiento. En 2016, el 44 % de la población de la UE entre 16 y 74 años no tenía las capacidades digitales básicas para satisfacer las necesidades actuales, mientras que el 19 % no tenía ninguna en absoluto (en 2015, las cifras se mantenían en el 45 % y el 21 % respectivamente). La variación entre los Estados miembros es sustancial, con diez Estados miembros (Portugal, Polonia, Eslovenia, Croacia, Lituania, Italia, Grecia, Chipre, Bulgaria y Rumanía) donde al menos un cuarto de la población no tenía capacidades digitales en 2016. El nivel es