2012/0010 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO



con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea



sobre la

la posición del Consejo acerca de la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos,

y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo

1.Contexto

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo [documento COM(2012) 10 final – 2012/0010 COD]:

25 de enero de 2012 Fecha de la posición del Parlamento en primera lectura: 12 de marzo de 2014 Fecha de transmisión de la propuesta modificada: no procede Fecha de adopción de la posición del Consejo: 8 de abril de 2016

2.Objetivo de la propuesta de la Comisión

La Directiva relativa a la protección de datos destinados a las autoridades policiales y judiciales forma parte de un conjunto de medidas de reforma de la protección de datos propuesto por la Comisión, que también engloba un Reglamento general de protección de datos.

El conjunto de medidas de reforma de la protección de datos tiene como objetivo construir un marco de protección de datos moderno, robusto, coherente y exhaustivo para la Unión Europea, y beneficiará a las personas físicas al reforzar sus derechos y libertades fundamentales en lo relativo al tratamiento de los datos personales, así como su confianza en el entorno digital.

La Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de los datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal es aplicable en las áreas de cooperación judicial en materia penal y cooperación policial, y es anterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Hasta el 30 de noviembre de 2014, la Comisión no tenía facultades para hacer cumplir sus normas, al tratarse de una Decisión Marco, lo que ha contribuido a una aplicación desigual. Por otra parte, el ámbito de aplicación de la Decisión Marco se limita a las actividades de tratamiento de datos transfronterizas. Ello significa que el tratamiento de datos personales que no han sido objeto de intercambio entre los Estados miembros no está cubierto actualmente por la normativa de la UE que rige dicho tratamiento y que protege el derecho fundamental a la protección de datos. Esto también acarrea, en algunos casos, dificultades prácticas para la policía y otras autoridades, quienes podrían encontrar dificultades para determinar el carácter estrictamente nacional o transfronterizo de un tratamiento de datos, o si los datos «nacionales» podrían ser objeto de un intercambio transfronterizo posterior.

Asegurar un nivel uniforme y elevado de protección de los datos personales de las personas físicas y facilitar el intercambio de estos datos entre las autoridades competentes de los Estados miembros es esencial para garantizar la eficacia de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial. A tal efecto, el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes, para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, debe ser equivalente en todos los Estados miembros. La protección efectiva de los datos personales en la Unión no solo requiere la consolidación de los derechos de los interesados y de las obligaciones de quienes tratan dichos datos personales, sino también competencias equivalentes para supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los datos personales en los Estados miembros.

La Directiva permitirá a las autoridades policiales y judiciales cooperar de forma más rápida y eficaz. Asimismo, reforzará la confianza y garantizará la seguridad jurídica.

3.Observaciones sobre la posición del Consejo

La posición del Consejo refleja el acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo en conversaciones tripartitas informales el 15 de diciembre de 2015, aprobado posteriormente por el Consejo el 8 de abril de 2016.

La Comisión apoya este acuerdo dado que se ajusta a los objetivos de su propuesta.

El acuerdo confirma el objetivo general de garantizar un alto nivel de protección de los datos personales en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal y facilitar los intercambios de estos datos entre las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros, aplicando también normas armonizadas al tratamiento de datos a nivel nacional. El acuerdo preserva la aplicación de los principios generales de la protección de datos a la cooperación policial y judicial en materia penal, al tiempo que respeta la naturaleza específica de estos ámbitos.

El acuerdo aclara el ámbito de aplicación de la Directiva especificando que los objetivos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de las infracciones penales o la ejecución de penas incluyen la «protección contra las amenazas para la seguridad pública y la prevención de dichas amenazas». El acuerdo también incluye algunas entidades privadas en la noción de «autoridades competentes», pero esta posibilidad se limita estrictamente a las entidades a las que la legislación nacional confiere autoridad pública o competencias públicas a efectos de la Directiva. Teniendo en cuenta la práctica de los Estados miembros de transferir al sector privado determinadas actividades que anteriormente solo realizaba el Estado (por ejemplo, la gestión privada de los centros penitenciarios), esta posibilidad introduce cierto grado de flexibilidad en la Directiva que permite la adaptación de esta a un entorno cambiante.

El acuerdo también establece unos criterios y condiciones armonizados mínimos sobre las posibles limitaciones de las normas generales. Se trata, en particular, de los derechos de las personas físicas a ser informadas cuando las autoridades policiales o judiciales traten o consulten datos que les afecten. Tales limitaciones son necesarias para la eficacia de la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de las infracciones penales. El acuerdo establece igualmente normas específicas que cubren la naturaleza concreta de las actividades coercitivas, incluyendo una distinción entre diversas categorías de interesados (tales como testigos y sospechosos), cuyos derechos pueden variar.

El acuerdo refuerza el enfoque basado en el riesgo imponiendo al responsable del tratamiento de datos la nueva obligación de realizar, en determinadas circunstancias, una evaluación de impacto de la protección de datos, al mismo tiempo que mantiene las obligaciones relativas a la protección de datos desde el diseño y por defecto y a la designación de un responsable de la protección de datos.

El acuerdo establece las normas aplicables a las transmisiones internacionales a las autoridades de terceros países por parte de autoridades competentes a efectos de la Directiva, al mismo tiempo que contempla la posibilidad de transmisiones a organismos privados, sometidas a una serie de condiciones específicas.