Las UIF también tienen que cooperar e intercambiar información con otras autoridades públicas, tales como las autoridades policiales y judiciales, las autoridades aduaneras y fiscales, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y los organismos de recuperación de activos. En algunos casos se han señalado problemas en lo que respecta a dicha cooperación. Por ejemplo, no se están transmitiendo las comunicaciones de transacciones sospechosas y otra información relacionada con la lucha contra el blanqueo de capitales a todas las administraciones fiscales de la UE, ya que las UIF no consideran que la mayoría de ellas sean autoridades competentes, lo cual general obstáculos para combatir los delitos fiscales de manera efectiva. En cuanto a la cooperación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Comisión ha propuesto que dicha Oficina pueda conseguir información bancaria relevante para su actividad de investigación a través de las unidades de inteligencia financiera en los Estados miembros.

La Directiva (UE) 2019/1153 para facilitar el acceso a información financiera y de otro tipo, aprobada el 20 de junio de 2019, regula algunos aspectos de la cooperación entre las UIF de los Estados miembros en lo que respecta al intercambio de información. Sin embargo, contrariamente a la propuesta original de la Comisión, la Directiva no incluye normas que establezcan plazos precisos y canales informáticos para que las UIF de diferentes Estados miembros intercambien información. Además, el ámbito de aplicación del artículo en la materia se limita a los casos de terrorismo y delincuencia organizada asociada al terrorismo, y no abarca todos los tipos de delitos graves, como se había propuesto en un principio. En consecuencia, la Comisión se comprometió a reflexionar en mayor profundidad acerca de la cooperación entre UIF, entre otras cosas por medio del presente informe.

De conformidad con el artículo 53, apartado 1, de la Directiva antiblanqueo, las UIF tienen la obligación de: i) transmitir «sin tardanza» toda comunicación «que afecte a otro Estado miembro» a la UIF de dicho Estado miembro, algo que normalmente se hace cuando, debido al principio territorial, una comunicación se presenta a la UIF de un Estado miembro al que esta no le afecta; ii) transmitir espontáneamente, a discreción de la UIF, información o análisis que sean pertinentes para otro Estado miembro, lo cual se suele hacer en el caso de las comunicaciones que presentan un elemento transfronterizo; y iii) responder a las solicitudes de información de otra UIF. El nuevo Reglamento sobre controles de efectivo reitera esta obligación.

En cuanto a las observaciones sobre los datos relativos al dinero en efectivo, muy pocas administraciones aduaneras declaran recibir observaciones de las UIF respecto de las declaraciones de efectivo o las infracciones en este sentido. Tales observaciones son especialmente importantes cuando se detecta dinero en efectivo no declarado.

En lo que respecta a la realización de observaciones sobre cada comunicación de transacciones sospechosas, muy pocas UIF indicaron hacerlo y normalmente en relación con las comunicaciones que se remiten al Ministerio Fiscal. Parece que las entidades obligadas nunca reciben observaciones transfronterizas en relación con las comunicaciones que una UIF traslada a la UIF a la que atañen. Tal vez no sea posible realizar observaciones sobre cada una de las comunicaciones, ya que ello interferiría con la confidencialidad de las investigaciones. No obstante, parece que las UIF aplican de distintas maneras las palabras «cuando sea posible», las cuales dan un amplio margen de discrecionalidad.

En las respuestas a los cuestionarios, las UIF señalaron que, en lo que respecta a la transmisión de observaciones, es habitual divulgar los documentos de tipología y orientación del GAFI inmediatamente después de su aprobación. Pocas UIF indicaron que también difunden sus propias comunicaciones y documentos de orientación en el contexto de las evaluaciones de riesgos nacionales. También pueden presentar observaciones por medio de alianzas público-privadas, reuniones periódicas con grupos de partes interesadas y capacitaciones. No obstante, las respuestas al cuestionario no proporcionaron suficiente información detallada para extraer conclusiones sobre el alcance y la frecuencia de estas reuniones y capacitaciones.

Las respuestas a los cuestionarios mostraron que las entidades obligadas tenían opiniones divergentes, pero estaban abiertas a un sistema futuro en el que la información o la comunicación pueda transmitirse a un punto de contacto único, el cual formaría parte de un mecanismo de coordinación y apoyo. En cambio, las UIF y las autoridades reguladoras no se mostraron favorables a centralizar la presentación de comunicaciones de transacciones sospechosas a un punto de contacto único. Las razones fundamentales de su oposición fueron: i) las barreras lingüísticas y el riesgo de sufrir retrasos, en particular cuando sea necesario adoptar medidas urgentes como la inmovilización de fondos; ii) motivos jurídicos relacionados con el principio de subsidiariedad, la posible discrepancia con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relativas a la obligación de las entidades obligadas de informar a la UIF del lugar donde estén establecidas , y el principio de la autonomía y la independencia de las UIF; y iii) el posible deterioro de la confianza que las UIF han forjado con las entidades obligadas que se encuentran en sus territorios y de la cooperación entre las UIF de los Estados miembros.

Pocas UIF usan modelos estandarizados en sus comunicaciones y los que emplean suelen estar centrados en los bancos, por lo que no son adecuados para otras entidades obligadas. Las entidades obligadas han presentado poca información a las UIF, aunque en los últimos años ha aumentado el número de comunicaciones remitidas . La mayoría de ellas las presentan instituciones de crédito y solo un porcentaje reducido procede de otras entidades obligadas. La Plataforma de las UIF de la UE está trabajando con la Europol en un proyecto que comenzó en 2016 con el fin de elaborar un modelo común que se utilizará de manera uniforme para las comunicaciones de transacciones sospechosas en toda la UE. Disponer de un modelo uniforme ayudaría a las entidades obligadas a informar y facilitaría la difusión de comunicaciones de una UIF a otra.

Las UIF de los Estados miembros reconocen el valor añadido de la UIF.net y las ventajas que obtienen al usarlo para intercambiar información. No obstante, recientemente el sistema ha experimentado varias dificultades técnicas debidas a la necesidad de actualizarlo. Al menos la mitad de las UIF de los Estados miembros emplean la UIF.net como herramienta principal para comunicarse con otras UIF, lo que implica que solo recurren a Egmont Secure Web cuando se producen fallos en el sistema o cuando este no está disponible. Pese a que la Directiva antiblanqueo obliga a los Estados miembros a fomentar el uso de la UIF.net o de su sucesora para que sus UIF se comuniquen entre sí, cuatro UIF explicaron en sus respuestas que, debido a las dificultades técnicas asociadas al funcionamiento de la UIF.net, utilizan Egmont Secure Web como alternativa equivalente a ella incluso para los intercambios dentro de la UE.

Las UIF no han aprovechado todo el potencial de esta herramienta y la mejora de la participación de las UIF ha sido un tema recurrente en la agenda de la Plataforma de las UIF de la UE. Aun así, en los últimos dos años se han logrado ciertos avances gracias, en parte, a que la Europol ha animado activamente a las UIF a explotar las ventajas de la nueva tecnología. En diciembre de 2017, dieciocho UIF usaban esta función, frente a las quince de febrero de ese mismo año. Del mismo modo, a finales de 2016 las UIF contaban con un total de noventa filtros, una cifra que llegó a los 126 en abril de 2018. A fin de alentar la consecución del objetivo general de que Ma3tch se use rutinariamente en el proceso de trabajo de las UIF, a finales de 2017 se creó un grupo de trabajo cuyas recomendaciones fueron aprobadas en la reunión de la Plataforma de las UIF de la UE celebrada en marzo de 2019. La Comisión supervisará su puesta en práctica.

El artículo 56, apartado 2, de la Directiva antiblanqueo exige a las UIF que «cooperen en la aplicación de tecnologías avanzadas» que les permitan «cotejar sus datos con los de otras UIF de forma anónima garantizando una protección plena de los datos personales, con el fin de detectar sujetos de interés para las UIF en otros Estados miembros e identificar sus ingresos y fondos». La idea era que esta disposición se cumpliera desde el punto de vista técnico haciendo un mejor uso de la tecnología «Ma3tch», que se desarrolló e incorporó como función de la UIF.net en abril de 2014 . Esta función de cotejo permite a las UIF encontrar vínculos pertinentes a la información en poder de otras UIF de manera automática determinando si existen o no coincidencias.

Además, algunas UIF indicaron plazos diferentes para atender las solicitudes en función de si la UIF dispone de la información solicitada en el momento de recibir la solicitud o si tiene que pedírsela a entidades obligadas u otras autoridades competentes. Suelen tardar más en responder al último tipo de solicitudes. En este sentido, resulta importante analizar los tipos de información a los que las UIF tienen acceso directo y que pueden proporcionar a otras UIF de forma oportuna. La Directiva antiblanqueo prevé que las UIF deben tener acceso a toda la información financiera, administrativa y policial y judicial que necesiten para llevar a cabo sus funciones. No obstante, el grado en que las UIF tienen acceso directo a una fuente de datos varía enormemente de un Estado miembro a otro. Las respuestas a un segundo cuestionario que analizaba más de setenta fuentes de información sugieren que ciertas UIF tienen acceso directo a más de treinta fuentes y otras, a menos de cinco. Existen igualmente grandes divergencias en si las UIF tienen acceso directo o indirecto a determinadas bases de datos. Es importante señalar que tener acceso a dicha información también sirve a las UIF para analizar las comunicaciones de transacciones sospechosas y llevar a cabo análisis transfronterizos.

Parece que, en general, todas las UIF atienden las solicitudes de información presentadas por otra UIF. No obstante, el informe de situación señaló la puntualidad de las respuestas a las solicitudes de información como un elemento crítico de la cooperación entre UIF y «puso de relieve que las demoras actuales en la recepción de la información de otras UIF pueden repercutir en la eficacia de las actividades analíticas y las consiguientes actuaciones de las autoridades policiales». Las respuestas de las UIF a los cuestionarios muestran que la gran mayoría de ellas atienden las solicitudes en el plazo de un mes que recomienda el Grupo Egmont. Cinco Estados miembros indicaron tardar de media una semana o menos en responder a las solicitudes que reciben, mientras que cinco Estados miembros señalaron que su tiempo medio de respuesta era de un mes. De las respuestas a los cuestionarios se desprende que las UIF de los Estados miembros manejan los mismos plazos tanto dentro como fuera de la UE. Cabe señalar que, si bien el plazo de un mes puede ajustarse al recomendado por el Grupo Egmont, supera con creces el tiempo medio que tardan las autoridades en intercambiar información en virtud de otros instrumentos de la UE, que suele ser de unos días y nunca superior a una semana . Los plazos para responder a las solicitudes deben mejorar y ajustarse a las normas aplicables a otras autoridades de la Unión.

En septiembre de 2017, las UIF de los Estados miembros y la Europol crearon un grupo de trabajo en el contexto de la Plataforma de las UIF de la UE con el objetivo de intercambiar opiniones sobre la presentación de información y la transmisión de comunicaciones a nivel transfronterizo. Este grupo de trabajo ofrece a la Comisión asesoramiento y conocimientos técnicos sobre cuestiones operativas con miras a facilitar la cooperación entre las UIF nacionales e intercambiar puntos de vista sobre el uso de las funciones y proponer posibles mejoras técnicas para el sistema de la UIF.net. Esta labor se encuentra en una fase avanzada. Mientras tanto, a día de hoy pocos Estados miembros cumplen su obligación jurídica de remitir o transmitir comunicaciones transfronterizas. A este grupo de trabajo se le ha encargado además que proponga un marco que definiría los criterios que determinan el carácter «transfronterizo» de las comunicaciones de transacciones sospechosas, dado que las UIF pueden interpretar el criterio relativo a la «relevancia» de maneras muy distintas. En todo caso, el criterio relativo a la «relevancia» no debería anticiparse al análisis sustantivo de la información facilitada por la entidad obligada ni privar a la UIF afectada de la posibilidad de efectuar su propio análisis. El cumplimiento de la obligación de transmitir información pertinente para otro Estado miembro es imperativo para el correcto funcionamiento del marco para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En cuanto a la transmisión espontánea de información pertinente para otro Estado miembro, estadísticas recientes sobre el uso de la UIF.net en 2018 indican que dieciséis Estados miembros enviaron menos de cien comunicaciones transfronterizas, mientras que todavía hay seis Estados miembros que no utilizan nunca esta función de la UIF.net. Las respuestas a los cuestionarios y los datos estadísticos facilitados por la Europol evidencian que algunos Estados miembros no cumplen su obligación de transmitir información transfronteriza pertinente para otros Estados miembros y que muchos otros solo la cumplen parcialmente.

Sin embargo, las respuestas a los cuestionarios muestran la existencia de un número muy reducido de comunicaciones transfronterizas, a pesar de que la obligación prevista en la Directiva antiblanqueo es aplicable desde junio de 2017. Con la salvedad de un Estado miembro, desde junio de 2017 no se ha producido un aumento notable del volumen de comunicaciones transfronterizas que las UIF presentan a sus homólogas.

Con respecto a la transmisión de las comunicaciones que afectan a otro Estado miembro, el informe de situación de las UIF puso de relieve su carácter automático y obligatorio, según el cual «la información debe remitirse a las UIF extranjeras competentes sobre la base de factores objetivos que dependan exclusivamente del reconocimiento de que la información recibida “afecta a otro Estado miembro”. Su transmisión no debería supeditarse a los resultados del análisis de la UIF o a evaluaciones posteriores relativas, por ejemplo, a la relevancia del caso, la adecuación de la sospecha o una valoración de la proporcionalidad» .

De las respuestas a los cuestionarios se infiere que los Estados miembros son, en general, conscientes de esta obligación en el contexto de la cooperación con las UIF de terceros Estados, si bien existe cierta confusión acerca de las modalidades en que se cumplen los requisitos relativos a la protección de datos. La gran mayoría de los Estados miembros respondieron que cumplen las normas pertinentes de la UE en materia de protección de datos porque se adhieren a los puntos oportunos de los Principios del Grupo Egmont o incluyen dichas disposiciones en los memorandos de entendimiento pertinentes. Sin embargo, dichos artículos únicamente regulan la confidencialidad y la seguridad de los datos tratados o imponen restricciones para su uso. En cambio, no garantizan la existencia de salvaguardias adecuadas en términos de aplicabilidad ni que los titulares de los datos dispongan de derechos y acciones legales .

La cooperación de las UIF con terceros países a fin de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es competencia externa exclusiva de la UE, dado que la Directiva antiblanqueo regula con exhaustividad las UIF. Por lo tanto, existe una incoherencia entre la naturaleza de la competencia externa de la UE y la práctica de los Estados miembros para negociar y concertar acuerdos o memorandos de entendimiento internacionales con las UIF de terceros países. En este contexto, las UIF de los Estados miembros actúan por iniciativa propia y sin que las instituciones de la UE participen en modo alguno. Están sujetas a obligaciones internacionales debido a su participación en el Grupo Egmont y a que sus respectivos Estados miembros forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional o de Moneyval. Los acuerdos o memorandos de entendimiento internacionales con las UIF de terceros países solo podrían ser compatibles con la competencia exclusiva de la UE en todas las cuestiones relacionadas con la Directiva antiblanqueo si se limitasen a cuestiones operativas, pero parece que no siempre es así.

La Directiva antiblanqueo no plantea o regula la cooperación de las unidades de inteligencia financiera (UIF) de los Estados miembros con las UIF de terceros países. Pese a ello, todos los Estados miembros que respondieron al cuestionario confirmaron que sus UIF intercambian información de manera periódica con las UIF de terceros países con arreglo a la Carta del Grupo Egmont y/o acuerdos o memorandos de entendimiento bilaterales.

También parece que las UIF no han participado en las evaluaciones aptas y apropiadas de la gestión de las instituciones de crédito llevadas a cabo por los supervisores prudenciales conforme a las obligaciones que les impone la Directiva sobre Requisitos de Capital. Sería importante que los supervisores prudenciales involucrasen más a las UIF en este proceso.

Con arreglo a la Directiva antiblanqueo, ningún obstáculo debería impedir que las UIF cooperen e intercambien información con los supervisores prudenciales y del marco para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es más, están obligadas a compartir información con los supervisores cuando proceda. Sin embargo, en la mayoría de los casos en que se sustenta el informe sobre la evaluación de los recientes casos de presunto blanqueo de capitales con la implicación de instituciones de crédito de la UE, las UIF no compartieron información de forma estructural con los supervisores prudenciales y del marco para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En ocasiones, pueden existir impedimentos jurídicos internos que impidan que las UIF compartan información con los supervisores como, por ejemplo, cuando el análisis efectuado por una UIF se considera inteligencia criminal y solo puede compartirse con las autoridades policiales y judiciales. Por otro lado, hasta hace poco los supervisores prudenciales se enfrentaban a obstáculos jurídicos a nivel de la UE para intercambiar información con las UIF, los cuales se han subsanado recientemente gracias a la modificación de la Directiva sobre Requisitos de Capital . Estas modificaciones obligan también a las autoridades pertinentes a cooperar de una forma más cabal. Asimismo, es poco frecuente que los supervisores transmitan a las UIF sus observaciones sobre el uso dado a la información facilitada y el resultado de la inspección efectuada a partir de dicha información.

El año pasado, varios eventos ampliamente cubiertos por los medios de comunicación pusieron a algunas instituciones europeas de crédito en el foco de atención y llamaron la atención sobre determinados aspectos de la aplicación del marco de la Unión para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular en lo referente a la supervisión. El informe de la Comisión sobre la evaluación de los recientes casos de presunto blanqueo de capitales con la implicación de instituciones de crédito de la UE muestra que algunas autoridades señalaron que los requisitos de confidencialidad aplicables al supervisor del marco para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y el supervisor prudencial impidieron la cooperación efectiva (el intercambio de información) entre la UIF, la policía, el supervisor prudencial y el supervisor del marco para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En concreto, en varios de los casos en que se sustenta el informe, las UIF tuvieron una interacción escasa o nula con los supervisores, y viceversa.

El análisis de las respuestas a los cuestionarios y los diálogos mantenidos con representantes del sector privado y los Estados miembros revelaron que la falta de un modelo común para presentar comunicaciones de transacciones sospechosas y la inexistencia de la obligación de transmitir dichas comunicaciones por vías electrónicas dificulta que el sector privado suministre información en este sentido. Para reforzar la capacidad del sector privado para detectar correctamente actividades sospechosas y presentar las comunicaciones más significativas, resulta fundamental que las UIF remitan al sector privado observaciones periódicas acerca de la calidad de sus comunicaciones y que ambas partes entablen un diálogo estructural en el que pongan en común tipologías, tendencias y orientaciones generales. Es preciso que las UIF adopten un enfoque común cuando hagan frente a las amenazas que afectan a todos los Estados miembros. Ello fortalecería la labor de las UIF relacionada con la información sobre la titularidad real y la transparencia general, la evaluación de los riesgos, la cooperación con las autoridades policiales y judiciales, y el trato con grandes grupos financieros internacionales.

En ocasiones, las UIF tampoco disponen de las herramientas informáticas necesarias para importar y exportar con eficiencia la información de la UIF.net que les permitiría analizar eficazmente las comunicaciones de transacciones sospechosas que reciben y tener un acceso diferenciado a las bases de datos nacionales, lo cual les impide efectuar análisis de la manera más amplia y útil posible. No obstante, varias UIF han empezado a desarrollar herramientas informáticas, que redoblan la eficiencia de sus análisis nacionales y repercuten positivamente en los análisis conjuntos de los casos transfronterizos. Se podrían crear a nivel central herramientas comunes basadas en la inteligencia artificial (p. ej., para efectuar análisis conjuntos o detectar tendencias) y el aprendizaje automático (p. ej., para presentar observaciones al sector privado y desarrollar tipologías) para ponerlas a disposición de las UIF de los Estados miembros a través de un mecanismo de cooperación y asistencia.

El principio territorial que exige que las entidades obligadas informen a la UIF del lugar donde estén establecidas hace que sea esencial que las UIF cooperen entre sí en el sentido más amplio posible. Sin embargo, al analizar las respuestas a los cuestionarios se constata que la mayoría de las UIF no han compartido comunicaciones e información con la frecuencia con la que deberían, y algunas de ellas no lo han hecho en absoluto. Parece que los problemas técnicos que afectan de manera recurrente al funcionamiento de la UIF.net han influido enormemente en estas dificultades y hacen que a las UIF les resulte más complicado compartir información. Mientras tanto, la Europol trabaja para mantener la UIF.net y ha preparado una propuesta de un nuevo sistema que sustituirá a esta red. Este trabajo está en suspenso a la espera de que se estudien las preguntas planteadas por las UIF, que se refieren en particular a cuestiones relativas al cumplimiento de la protección de datos. Estas dudas deberían resolverse con carácter urgente a fin de poder seguir adelante con el desarrollo.

En aquellos lugares donde las UIF intercambian información tras la recepción de solicitudes, el plazo para atender dichas solicitudes varía considerablemente y, aunque se ajusta a las normas internacionales en la materia, no cumple las normas de la UE aplicables a los intercambios de información entre autoridades de la Unión. Parece que tampoco se transmite suficiente información pertinente a los supervisores prudenciales y del marco para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y que las legislaciones nacionales de algunos Estados miembros y las prácticas operativas que se centran en la cooperación con las autoridades policiales y judiciales obstaculizan en cierto modo la cooperación. Las enmiendas introducidas recientemente en la Directiva sobre Requisitos de Capital ayudarán a resolver esta última cuestión.

El hecho de que las UIF de los Estados miembros presenten una condición, unas facultades y un planteamiento organizativo diferentes sigue afectando a su capacidad para acceder a la información financiera, administrativa y policial pertinente y compartirla (en especial la que está en poder de las entidades obligadas y/o las autoridades policiales y judiciales). Esta vulnerabilidad, identificada en el informe de la Comisión sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas, persiste.

La Plataforma de las UIF de la UE ha desempeñado un papel central a la hora de definir las cuestiones antes expuestas. En los últimos años ha puesto un gran empeño en resolver la mayoría de los problemas detectados de un modo productivo desde el punto de vista operativo. No obstante, presenta limitaciones jurídicas que le impiden producir modelos, orientaciones y normas jurídicamente vinculantes, competencias que se requerirían para superar las dificultades encontradas.

La Directiva (UE) 2019/1153 para facilitar el acceso a información financiera y de otro tipo, aprobada el 20 de junio de 2019, regula algunos aspectos de la cooperación entre las UIF de los Estados miembros en lo que respecta al intercambio de información. Sin embargo, la Directiva no incluye normas que establezcan plazos precisos y canales informáticos para que las unidades de inteligencia financiera de diferentes Estados miembros intercambien información. Además, el alcance de la aplicación de las disposiciones pertinentes se ha limitado a los casos de terrorismo y de delincuencia organizada asociada al terrorismo.

La ausencia de regulación de los intercambios de información entre las UIF de los Estados miembros y las de terceros países se tradujo en la adopción de un enfoque no armonizado para llevarlos a cabo, y existen dudas de si dichos intercambios son conformes al marco de protección de datos de la Unión. Es necesario garantizar que los intercambios de información con las UIF de terceros países sean plenamente compatibles con la competencia exclusiva de la Unión en todas las cuestiones relacionadas con la Directiva antiblanqueo y con el marco de la UE para la protección de datos, ya sea regulando el asunto a nivel de la Unión o aprovechando las posibilidades que ofrece el Reglamento General de Protección de Datos.

2.Problemas estructurales pendientes

Con el objetivo de subsanar las deficiencias detectadas, la Comisión seguirá reflexionando sobre posibles nuevas medidas y evaluará opciones que sustituyan o complementen al sistema existente. Es probable que muchas de las deficiencias detectadas perduren hasta que el marco jurídico de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo detalle con más claridad las distintas tareas y las obligaciones en materia de cooperación transfronteriza de las UIF. Asimismo, la presente evaluación pone de manifiesto la necesidad de consolidar el mecanismo destinado a coordinar y respaldar la cooperación y el análisis transfronterizos. Este mecanismo podría, al menos, incluir competencias para adoptar normas, modelos y orientaciones en el ámbito de trabajo de las UIF que sean jurídicamente vinculantes. También podría incorporar ciertos aspectos de la presentación centralizada de comunicaciones y un aumento de la capacidad central que se base en el uso de nuevas herramientas informáticas (basadas en tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático) que fortalezcan y faciliten la realización de análisis conjuntos.