Dictamen del Comité Económico y Social sobre «La fiscalidad en la Unión Europea - Informe sobre la evolución de los sistemas tributarios»

(97/C 296/09)

El 18 de febrero de 1997, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre «La fiscalidad en la Unión Europea - Informe sobre la evolución de los sistemas tributarios».

La Sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de junio de 1997 (Ponente: Sr. Geuenich).

En su 347° Pleno de los días 9 y 10 de julio de 1997 (sesión del 9 de julio de 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado por 93 votos a favor, 27 en contra y 19 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. En su documento de debate de 20 de marzo de 1996, titulado «La fiscalidad en la Unión Europea» (doc. SEC(96) 487 final), la Comisión ofrece una visión global de la política fiscal poniendo de manifiesto los principales desafíos a los que debe hacer frente la Unión Europea: la necesidad de generar crecimiento y empleo, la estabilización de los sistemas tributarios y la plena realización del mercado único en todos los ámbitos, incluido el de la fiscalidad.

1.2. En la reunión informal del Consejo ECOFIN celebrada en Verona el 13 de abril de 1996, los Ministros de Hacienda acogieron con interés el documento de la Comisión y coincidieron en la necesidad de profundizar en el estudio de estos temas, confiando esta misión a un Grupo de trabajo de alto nivel, de cuya creación y coordinación se encargaría la Comisión.

1.3. En su «Informe sobre la evolución de los sistemas tributarios», de 22 de octubre de 1996 (doc. COM(96) 546 final), la Comisión resume los puntos de vista de los miembros del citado Grupo acerca de las cuestiones planteadas inicialmente en el documento elaborado por la Comisión para el Consejo de Verona y presenta su propia evaluación, así como sus propuestas para el futuro.

1.4. En las observaciones que siguen, el Comité se refiere exclusivamente a los dos documentos antes mencionados. En los casos en que el Comité ya se ha pronunciado sobre algunos de los temas tratados en ellos, se hace referencia a los dictámenes correspondientes. En concreto se remite al Dictamen sobre la fiscalidad directa e indirecta, de 20 de diciembre de 1995 () y al Dictamen, aún en preparación, sobre el tema «Un sistema común de IVA - Programa para el mercado único».

1.5. Huelga mencionar que en el presente texto, al igual que en los documentos de referencia antes mencionados, solamente se analiza la fiscalidad que tiene incidencia comunitaria y cuyas estructuras nacionales o cambios estructurales afectan a los Estados miembros. Aquí se incluyen los impuestos sobre la renta de capital, y sobre las sociedades, de la fiscalidad del trabajo y de los impuestos sobre el consumo, principalmente el IVA, así como de los impuestos sobre la energía y los productos que constituyen un peligro para el medio ambiente.

2. Aumento de la presión fiscal sobre el trabajo

2.1. Análisis de los documentos de la Comisión

2.1.1. Hasta ahora, parece haber pocos indicios de que la erosión fiscal haya afectado al producto total de la fiscalidad y de las cotizaciones a la seguridad social; durante los últimos 15 años, este producto fue constante o aumentó ligeramente en porcentaje del PIB de la UE. Sin embargo, así como la imposición fiscal del trabajo experimentó un aumento constante, la de los otros factores de producción disminuyó en términos globales.

2.1.2. Uno de los métodos para analizar las tendencias a largo plazo de la estructura impositiva es el cálculo de los llamados tipos tributarios implícitos (ingresos fiscales divididos por la base imponible) según los distintos factores de producción y consumo.

Entre 1980 y 1994, el promedio del tipo tributario implícito aplicado al trabajo por cuenta ajena en Europa aumentó de forma constante del 34,7 % al 40,5 %. Referido a otros factores de producción (capital, trabajo por cuenta propia, energía, recursos naturales), este porcentaje disminuyó del 44,1 % al 35,2 % (véase gráfico a continuación).

Tipos tributarios implícitos 1980-1994

>PRINCIPIO DE GRÁFICO>

>FIN DE GRÁFICO>

2.1.3. El tipo tributario correspondiente al consumo se mantuvo globalmente estable; sólo registró un ligero aumento, del 13,1 % al 13,8 %. También en este caso hubo grandes variaciones entre Estados miembros. Aquellos Estados miembros en los que el aumento del tipo tributario implícito sobre el trabajo por cuenta ajena fue mayor durante el periodo son también los que principalmente registraron el mayor incremento de la presión fiscal.

2.2. Recomendaciones del Comité

2.2.1. El Comité valora positivamente el criterio de la Comisión de considerar el sistema tributario en su totalidad; el debate aislado sobre cada uno de los grandes tipos fiscales implica automáticamente cambios de gran alcance en la estructura financiera, tanto en los presupuestos públicos como privados. Por ello el debate sobre la fiscalidad debe plantearse de modo global.

2.2.2. El Comité considera que el desempleo masivo es el problema más difícil de solucionar en la UE. Por tanto, todo aquello que contribuya a su reducción y las medidas necesarias o posibles para tal fin tienen prioridad absoluta. Ésta es también una idea central del Libro blanco de la Comisión «Crecimiento, competitividad, empleo - Retos y pistas para entrar en el siglo XXI» (). Por consiguiente, es necesario solucionar el modo de financiar la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo y, en particular, la reducción de los costes no salariales previstos por la ley.

2.2.3. Una de las posibilidades de financiar la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo es la reducción del gasto público. No obstante, esto, por sí solo, no es suficiente. Otras fuentes de financiación alternativas son los impuestos indirectos (impuestos sobre el consumo), la introducción de un impuesto mínimo sobre los productos energéticos y el examen de la posible introducción de impuestos totalmente nuevos como, por ejemplo, un impuesto Tobin () en relación con los mercados financieros internacionales, planteados por reconocidos economistas y expertos en finanzas como objeto de debate.

2.2.4. Aunque corresponda a los Estados miembros determinar en qué medida son necesarios los instrumentos fiscales para lograr los objetivos nacionales en materia de medio ambiente, el Comité considera que hay un ámbito en el que debe reconocerse la necesidad de la actuación comunitaria. Se trata de la imposición fiscal de la energía que desempeña un papel muy importante para cumplir el objetivo de estabilizar las emisiones de CO2 en el nivel de 1990 de aquí al año 2000.

El Comité acoge favorablemente las nuevas propuestas sobre la imposición de los productos energéticos presentadas por la Comisión ().

2.2.5. El Comité considera que la armonización de los tipos de IVA a nivel europeo también puede contribuir a reducir la fiscalidad directa sobre el trabajo. En los Estados miembros donde la imposición indirecta aumente a resultas de la armonización, debe reducirse simultáneamente la imposición directa del trabajo. De esta forma, el producto fiscal global seguirá manteniendo la misma tendencia y se fomentará la creación de empleo. Al mismo tiempo, es necesario prever medidas complementarias para prevenir las consecuencias de un aumento de los impuestos indirectos para los grupos económicos menos favorecidos.

El Comité remite en este contexto a su Dictamen sobre el tema «Un sistema común de IVA - Programa para el mercado interior» (aún en preparación), así como a su Dictamen sobre la «Fiscalidad directa e indirecta» ().

2.2.6. En resumen, el Comité señala que las posibilidades de financiación citadas, así como las medidas que se señalan a continuación acerca de la fiscalidad de las rentas del capital, tendrán efectos diversos en la recaudación fiscal global de los distintos Estados miembros y, por tanto, ofrecerán posibilidades diversas para financiar la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo a partir del gasto público. Consecuentemente, cada Estado miembro deberá adoptar las medidas de financiación que considere más adecuadas en su caso, dentro del marco fijado por la Comisión.

3. Erosión fiscal resultante de la deslocalización fiscal

3.1. Análisis de los documentos de la Comisión

3.1.1. En el ámbito de la política fiscal, la integración europea acusa un considerable retraso en comparación con muchos otros sectores. En materia fiscal, Europa se ha tejido a retazos. Debido a la erosión de las bases imponibles, especialmente de las más móviles, la pretendida defensa de la soberanía nacional en materia fiscal ha dado paso gradualmente a una pérdida real de soberanía fiscal de cada Estado miembro. Cada vez más Estados miembros de la UE se escamotean mutuamente contribuyentes, en particular en el ámbito de las empresas.

3.1.2. Por lo que se refiere a los impuestos directos, las dos posibilidades principales de reducir la carga fiscal real son las siguientes:

En primer lugar, desplazar producciones y bases imponibles a países con un nivel tributario bajo, con el fin de aprovechar la baja presión fiscal de los factores de producción en estos países. Para un Estado, esto representa un importante incentivo para disminuir la imposición fiscal de las empresas, porque la disminución de los ingresos fiscales resultante puede compensarse a medio plazo con un aumento de los ingresos en concepto de impuestos y cotizaciones sociales procedentes de los puestos de trabajo adicionales.

En segundo lugar, manipular los costes de los insumos para el producto final mediante precios de compensación internos en las empresas multinacionales con el fin de desplazar las producciones sujetas a impuestos a países de baja presión fiscal. Esta manipulación es posible, puesto que los insumos no están sometidos a un valor de mercado. Los precios compensatorios internos fijados escapan ampliamente al control del fraude por parte de las autoridades fiscales.

3.1.3. Incluso los impuestos indirectos, cuya armonización es sustancialmente mayor que la de los impuestos directos, no están exentos del riesgo de la erosión fiscal. A este respecto, la mayor amenaza para el IVA reside especialmente en el hecho de que, debido al principio de «imposición según el país de destino», las empresas que ejercen su actividad en dos o más Estados miembros tienen otras tantas (dos o más) sedes fiscales. Al contrario de lo que sucedería con la imposición fiscal del volumen de negocios de una empresa que ejerce su actividad en un único lugar dentro de la Comunidad, en estos casos no existe una autoridad fiscal en la UE que tenga una visión de conjunto de las actividades de la empresa que puedan ser comprobadas en una sede fiscal central. A esto se añade el número creciente de servicios internacionales que recurren a nuevas tecnologías para situar las operaciones sujetas a impuestos fuera del territorio de aplicación del régimen común de IVA. Por otro lado, las diferencias entre las legislaciones nacionales en materia de IVA ofrecen cada vez mayores oportunidades de evasión de impuestos. La reducción de los controles del transporte transfronterizo de mercancías ocasiona grandes pérdidas de recaudación del IVA en las arcas de los Estados miembros y de la propia UE.

3.1.4. La economía sumergida contribuye a la erosión fiscal. A este respecto hay que tener en cuenta que la economía sumergida siempre tiene dos caras: la del que trabaja ilegalmente y la del que procura el empleo.

3.2. Recomendaciones del Comité

3.2.1. Para la Unión Europea, el mercado único y la Unión Económica y Monetaria, es de vital interés suprimir y evitar el dumping fiscal en Europa. Así como la competencia leal de los sistemas fiscales es muy deseable para crear condiciones generales ventajosas que favorezcan a trabajadores, empresas y consumidores, una competencia destructiva de los sistemas fiscales, que beneficia a pocos y perjudica a muchos, podría constituir un polvorín para toda la UE:

- por ejemplo, al esperar, por un lado, que los contribuyentes netos aporten cada vez contribuciones más elevadas a las arcas de la UE, mientras que, por otro, se les suprimen recursos fiscales propios que les son indispensables para ello;

- para algunos contribuyentes netos se calcula que las pérdidas fiscales resultantes del dumping fiscal alcanzan una magnitud anual del orden de 25 000 a 30 000 millones de ecus ().

3.2.2. Armonizar por armonizar la imposición fiscal de las empresas no puede ser el objetivo de la política fiscal europea. Ahora bien, es necesario adoptar medidas para que el dumping fiscal entre Estados miembros no se convierta en un polvorín para la Unión Europea.

El Comité aprueba el establecimiento de normas mínimas para los tipos impositivos del impuesto de sociedades y una armonización mínima de los criterios más importantes para definir la base imponible. Para más información, el Comité remite a su Dictamen sobre la fiscalidad directa e indirecta ().

3.2.3. El Comité considera conveniente proceder del mismo modo que en el caso de las subvenciones directas, teniendo debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad. Las ayudas directas siguen siendo competencia de los Estados miembros, si bien la Comisión vela por que se ajusten a las normas de la competencia. Tal control es indispensable también a nivel fiscal. El control de las ayudas fiscales practicado hasta ahora no ha dado los resultados deseados, ya que se limita a las divergencias de los regímenes generales vigentes en los Estados miembros. Además se pasa por alto el hecho de que, en el estado actual de cosas, las diferencias existentes entre los regímenes fiscales producen distorsiones de la competencia que en algunos casos son más graves que las derivadas de la existencia de determinados incentivos fiscales.

3.2.4. En la situación actual, ningún Estado miembro es capaz de eliminar por sí solo todos los obstáculos fiscales o las distintas causas de erosión fiscal citadas. El Comité considera que, en estas circunstancias, la inacción no es la mejor solución. La Comisión, respetando plenamente el principio de subsidiariedad, debe examinar y proponer soluciones a este problema que los Estados miembros no pueden solucionar actuando individualmente.

3.2.5. La unanimidad del Consejo que requieren las decisiones en materia fiscal constituye un obstáculo evidente a los progresos realizados para aproximar la imposición a las exigencias del mercado único. Lo demuestra el gran número de importantes propuestas de la Comisión en materia de fiscalidad que se encuentran bloqueadas en el Consejo.

El Comité considera que, no obstante, la Comisión cuenta con los instrumentos necesarios. Conforme al artículo 101 del Tratado CE, tiene incluso la obligación de luchar contra las divergencias entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros que falseen las condiciones de competencia en el mercado común. En tal caso, deben ser objeto de deliberación en el Consejo de Ministros. Éste, en un principio, debe decidir por unanimidad. Sin embargo, si no se llega a ningún acuerdo, puede decidir por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión.

El Comité considera indispensable que la Comisión tome medidas lo antes posible con arreglo al artículo 101.

4. El fraude fiscal

4.1. Análisis de los documentos de la Comisión

El problema del fraude fiscal se plantea especialmente en la imposición de las rentas del ahorro. Éstas constituyen la base imponible de mayor movilidad, y la experiencia demuestra que la aplicación de tratamientos fiscales diferentes entraña serias distorsiones en las inversiones y los flujos de capital. La supresión del riesgo de cambio y la reducción de las divergencias de los tipos de interés en la tercera fase de la UEM podrían aumentar más aún que en la actualidad estas disparidades impositivas.

4.2. Recomendaciones del Comité

4.2.1. A medida que avanza la armonización del mercado interior, más palpables se vuelven las disparidades en los sistemas tributarios y más influyen en la toma de decisiones de los agentes económicos. A este respecto, se considera en principio que la armonización mínima de los impuestos y bases imponibles es más imprescindible donde la base imponible sea más móvil, es decir, en las rentas del capital tales como intereses y dividendos.

4.2.2. Para mantener la competencia fiscal dentro de determinados límites y asignar los medios necesarios para no poner en peligro la creación de empleo y la posición de la Unión Europea en el mercado internacional de capitales, el Comité aboga por la adopción de las siguientes medidas, en cuya aplicación deberán tenerse en cuenta también las restricciones internacionales:

4.2.2.1. Introducción del concepto de «residente europeo»: no es defendible la postura de eliminar las fronteras interiores europeas y mantener al mismo tiempo dentro de los Estados miembros la diferenciación entre «residentes» y «no residentes», porque tal diferenciación implica que sí existen fronteras.

4.2.2.2. Introducción de un enfoque europeo e internacional para la fiscalidad del ahorro. Al adoptar las diversas medidas deberán respetarse las diferencias existentes entre los Estados miembros con respecto a la imposición de los intereses del ahorro (retención a cuenta o declaración obligatoria), y no deberá darse preferencia a un sistema sobre otro. Los Estados miembros en los que los impuestos se recaudan sobre la base de la declaración obligatoria deben tener la garantía de que les serán declaradas las rentas del ahorro percibidas por sus nacionales residentes en otro Estado miembro.

A la inversa, los Estados miembros que apliquen el sistema de retención a cuenta deben recibir garantías de que se mantendrá una retención a cuenta de las rentas del ahorro de sus nacionales residentes en otro Estado miembro o de que les serán declaradas sistemáticamente las rentas del ahorro percibidas por sus nacionales residentes en otro Estado miembro.

4.2.2.3. Esta normativa tendría como consecuencia que los Estados miembros podrán elegir entre introducir una retención a cuenta o recibir una declaración sistemática de los intereses y dividendos pagados a las autoridades del Estado miembro en el que reside el dueño de los ahorros.

4.2.2.4. En la Unión Europea se eliminarán los paraísos fiscales situados en el territorio de los Estados miembros. Asimismo deberán llevarse a cabo negociaciones encaminadas a regularizar la situación de otros enclaves europeos situados en el exterior de la Unión o de otros exóticos paraísos fiscales «off-shore».

4.2.2.5. Teniendo en cuenta el desplazamiento de los ahorros hacia terceros países, deberá encontrarse una solución, en el marco de la OCDE, que podría basarse en una retención a cuenta o en un intercambio de información.

4.2.3. Al igual que los representantes personales de los Ministros de Hacienda, el Comité considera prioritario el refuerzo de la cooperación entre las autoridades nacionales en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal dentro del mercado único. Esta cooperación no debe limitarse a intercambiar experiencias en cuanto a los mejores medios de luchar contra el fraude, sino que también debe contribuir a reforzar las medidas de control y de asistencia mutua entre Estados miembros. En este contexto, se debe poder recurrir a la posibilidad de establecer controles fiscales conjuntos de las actividades económicas transfronterizas.

4.2.4. La reducción del fraude fiscal, al mismo tiempo, contribuye a financiar la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo en los países de los que se deslocaliza el ahorro y, con él, la base imponible para su fiscalidad.

4.2.5. Para más información, el CES remite a su Dictamen sobre la fiscalidad directa e indirecta ().

5. Perspectivas de la Comisión para el futuro

5.1. Propuestas de la Comisión

5.1.1. La Comisión plantea unas «perspectivas para el futuro» a partir de las reflexiones de los representantes personales de los Ministros de Hacienda de la UE.

5.1.2. Éstos resaltaron la necesidad de una mayor coordinación. En relación con esto, la Comisión propuso la creación de un nuevo foro permanente para examinar las cuestiones estratégicas de la política fiscal, a fin de dar a los Estados miembros y a la Comisión la oportunidad de intercambiar información y debatir asuntos fiscales. El Consejo Europeo de Dublín celebrado en diciembre de 1996 acogió favorablemente esta propuesta. El Comisario Monti ocupó la presidencia del foro, integrado por representantes de alto nivel de los Ministerios de Hacienda de los Estados miembros. Con respecto a la competencia fiscal, la Comisión confía en que del trabajo de este foro puedan extraerse iniciativas en los siguientes ámbitos:

- alcanzar un acuerdo general sobre los tipos de medidas que resultan perjudiciales en un contexto comunitario;

- definir normas comunes en una serie de ámbitos («código de buena conducta»);

- establecer una mayor coordinación de las medidas que adopten las autoridades fiscales de los Estados miembros con vistas a impedir que la competencia fiscal resulte perjudicial para el interés común;

- intensificar la cooperación entre las autoridades fiscales en la lucha común contra el fraude y la evasión.

5.1.3. Además, en el marco del foro deben examinarse también las cuestiones específicas siguientes:

- el papel, el funcionamiento y la posible coordinación de los convenios de doble imposición;

- la simplificación del marco tributario para las PYME y otras empresas;

- la interacción de los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social, en particular para los trabajadores fronterizos;

- la imposición de los servicios internacionales y el impacto de las nuevas tecnologías.

5.1.4. La Comisión propone completar los trabajos del foro debatiendo las iniciativas más innovadoras para desarrollar los sistemas fiscales que respondan a las necesidades de la Comunidad, en especial para el funcionamiento sin trabas del mercado interior.

5.2. Recomendaciones del Comité

5.2.1. El Comité apoya la estrategia de la Comisión para el futuro y, asimismo, recomienda que ésta tome como base el artículo 101 del Tratado CE (véase el Anexo 1) para solucionar las estrategias de bloqueo de los avances logrados en el ámbito de los acuerdos fiscales a nivel europeo.

5.2.2. El Comité acoge favorablemente la iniciativa de la futura Presidencia luxemburguesa del Consejo en el ámbito de la política fiscal europea, con la esperanza de que constituya un punto de partida para solucionar los problemas mencionados en el presente dictamen.

5.2.3. El Comité señala a la Comisión, como anexo a este dictamen, algunos ejemplos de posibles modificaciones del Tratado CE, con el fin de lograr una mayor libertad de acción en el ámbito de la política fiscal europea. El Comité subraya que dicho anexo contiene propuestas a título de ejemplo y no recomendaciones vinculantes (véase Anexo 2).

Bruselas, el 9 de julio de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() Dictamen del Comité Económico y Social de 20 de diciembre de 1995; DO C 82 de 19. 3. 1996.

() Crecimiento, competitividad, empleo - Libro blanco de la Comisión (COM(93) 700 final).

() James Tobin - A Proposal for International Monetary Reform. The Eastern Economic Journal 4 (3-4), julio/octubre 1978, p. 153-159.

() Propuesta de Directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos [COM final - 97/0111(CNS)].

() Fuente: Ministerio Federal de Finanzas, Bonn; Citado en comunicados de prensa.

ANEXO I

TRATADO CE

Artículo 101

(Tratamiento de las normas que falsean la competencia)

En caso de que la Comisión compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado común y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados.

Si tales consultas no permitieren llegar a un acuerdo para suprimir dicha distorsión, el Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará, por unanimidad durante la primera etapa y por mayoría cualificada después, las directivas necesarias a este fin. La Comisión y el Consejo podrán adoptar cualesquiera otras medidas apropiadas previstas en el presente Tratado.

ANEXO II

1. Artículo 7 A

>S>La Comunidad adoptará las medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado interior en el transcurso de un período que terminará el 31 de diciembre de 1992, de conformidad con las disposiciones del presente artículo, de los artículos 7 B, 7 C y 28, del apartado 2 del artículo 57, del artículo 59, del apartado 1 del artículo 70 y de los artículos 84, 99, 100 A y 100 B y sin perjuicio de lo establecido en las demás disposiciones del presente Tratado.>/S>

El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado. Será incompatible con el mercado interior toda imposición doble o ausencia de imposición; cuando ningún otro Estado tenga potestad para recaudar el impuesto, la recaudación competerá al Estado de residencia.

2. Artículo 73 D

1. Lo dispuesto en el artículo 73 B se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a:

a) aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre que prevean diferentes dispositivos tributarios para aquellos contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital, sin que ello entrañe una carga fiscal discriminatoria;

b) adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su Derecho y normativas nacionales, en particular en materia fiscal y de supervisión prudencial de entidades financieras, establecer procedimientos de declaración de movimientos de capitales a efectos de información administrativa o estadística o tomar medidas justificadas por razones de orden público o de seguridad pública.

2. Las disposiciones del presente capítulo no serán obstáculo para la aplicación de restricciones del derecho de establecimiento compatibles con el presente Tratado.

3. Las medidas y procedimientos a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos tal y como la define el artículo 73 B.

3. Artículo 99

El Consejo, >S>por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social,>/S> con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 189 B y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes al impuesto sobre el valor añadido.

>S>a la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos, en la medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior en el plazo previsto en el artículo 7 A.>/S>

4. Artículo 100

>S>El Consejo adoptará por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado común.>/S>

5. Artículo 100 A

1. >S>No obstante lo dispuesto en el artículo 100 y salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 7 A.>/S> El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

2. >S>El apartado 1 no se aplicará a>/S> Además de los casos previstos en la segunda parte de la primera frase del apartado 3 del artículo 189 B, el Consejo se pronunciará sobre las disposiciones fiscales que no se imputen parcial o totalmente al presupuesto comunitario, sobre las a las disposiciones relativas a la libre circulación de personas y sobre las relativas a los derechos e intereses de los trabajadores también por unanimidad, si así lo exigen al menos dos Estados miembros; en caso de que se exprese tal demanda, el Consejo se pronunciará también por unanimidad sobre las posibles decisiones subsiguientes (apartados 5 y 6 del artículo 189 B).

6. Artículo 130 S

1. El Consejo, con arreglo al procedimiento del artículo 189 C y previa consulta al Comité Económico y Social, decidirá las acciones que deba emprender la Comunidad para la realización de los objetivos fijados en el artículo 130 R.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio del artículo 100 A, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y social, adoptará:

- disposiciones esencialmente de carácter fiscal, si así lo exigen al menos dos Estados miembros, tratándose de impuestos no imputables parcial o totalmente al presupuesto comunitario;

- medidas de ordenación territorial y de utilización del suelo con excepción de la gestión de los residuos y las medidas de carácter general, así como medidas relativas a la gestión de los recursos hídricos;

- medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.

El Consejo, en las condiciones previstas en el primer párrafo, podrá definir las materias mencionadas en el presente apartado sobre las cuales las decisiones deban ser tomadas por mayoría cualificada.

3. En otros ámbitos, el Consejo adoptará, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité Económico y Social, programas de acción de carácter general que fijen los objetivos prioritarios que hayan de alcanzarse.

El Consejo adoptará, en las condiciones previstas en el apartado 1 o en el apartado 2, según el caso, las medidas necesarias para la ejecución de dichos programas.

7. Artículo 220

Los Estados miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a fin de asegurar en favor de sus nacionales:

- la protección de las personas, así como el disfrute y la tutela de los derechos, en las condiciones reconocidas por cada Estado a sus propios nacionales;

- >S>la supresión de la doble imposición dentro de la Comunidad;>/S>

- >S>el reconocimiento recíproco de las sociedades definidas en el párrafo segundo del artículo 58, el mantenimiento de la personalidad jurídica en caso de traslado de su sede de un país a otro, y la posibilidad de fusión de sociedades sujetas a legislaciones nacionales diferentes;>/S>

- la simplificación de las formalidades a que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones judiciales y de los laudos arbitrales.

Sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 100 A, los Estados miembros podrán celebrar acuerdos sobre la aplicación de la prohibición de la doble imposición (artículo 7 A); informarán a la Comisión acerca de ello y ésta lo pondrá en conocimiento de los demás Estados miembros.

ANEXO III al Dictamen del Comité Económico y Social

(de conformidad con el artículo 47 del Reglamento Interno)

Las propuestas de enmienda siguientes, que obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates.

Sustitúyase todo el texto por la siguiente versión:

«1. Introducción

1.1. La fiscalidad es un asunto muy complejo e intrincado. En el presente Dictamen, el CES se limita a examinar los documentos SEC(96) 487 final y COM(96) 546 final. Por consiguiente, ha optado por abordar sólo los temas fiscales macroeconómicos más importantes; los asuntos más específicos se tratan únicamente si suscitan cuestiones de importancia más general.

1.2. Este documento parte del hecho de que el desempleo en la UE ronda los 20 millones de personas y este problema se ha mostrado considerablemente resistente a todo los intentos anteriores de resolverlo o mitigar sus efectos. En el Dictamen, por lo tanto, se aborda la cuestión de la política fiscal europea desde la perspectiva de las posibilidades de estructurarla para que contribuya a dar solución al que ha de considerarse el problema más urgente e importante que debe afrontar la UE en estos momentos.

1.3. El hecho de que este problema sea de larga duración y la tendencia no muestre indicios de mejoría pone de manifiesto la necesidad de una reflexión radical y un nuevo enfoque en lugar de repetir los "remedios" manidos que no han podido aportar una solución hasta la fecha.

1.4. En este punto, el CES coincide con la Comisión que, en referencia al Pacto de confianza en favor del empleo del Presidente Santer, señaló que "éste pone en evidencia en particular la necesidad de invertir la tendencia de los sistemas tributarios a ir en detrimento del empleo, como parte de una estrategia más general para crear más empleos en la Unión".

1.5. Como se señala en el documento de la Comisión, el Consejo Europeo de Florencia solicitó también al Consejo "la presentación, antes del Consejo Europeo de Dublín, de un informe sobre el desarrollo de sistemas tributarios en la Unión, teniendo en cuenta la necesidad de crear un entorno fiscal que estimule a las empresas y la creación de empleo..."

1.6. A la larga, la creación de empleo depende de un crecimiento económico sostenido, y lograr éste entraña la disminución de dos cargas semejantes: una fiscalidad excesiva y una regulación excesiva impuestas al sector privado de la economía creador de riqueza. Si no se reconoce esta verdad fundamental, otro tipo de medidas destinadas a reducir el paro carecerán de eficacia y Europa estará abocada a padecer el flagelo del desempleo indefinidamente.

2. El documento de la Comisión

2.1. En su documento de debate de 20 de marzo de 1996, "La fiscalidad en la Unión Europea", la Comisión propone una visión nueva y global de la política fiscal. En concreto pone de manifiesto los principales desafíos a los que debe hacer frente la Unión Europea: la necesidad de generar crecimiento y empleo, la estabilización de los sistemas tributarios y la plena realización del mercado único.

2.1.1. En la reunión informal del Consejo ECOFIN celebrada en Verona el 13 de abril de 1996, los Ministros de Hacienda acogieron con interés el documento de la Comisión y coincidieron en la necesidad de profundizar en el estudio de estos temas, confiando esta misión a un Grupo de trabajo de alto nivel, de cuya creación y coordinación se encargaría la Comisión.

2.1.2. Este Grupo de trabajo de alto nivel se reunió en cuatro ocasiones; a las reuniones asistieron también representantes de la Secretaría del Consejo.

2.2. En su "Informe sobre la evolución de los sistemas tributarios", de 22 de octubre de 1996, la Comisión formula sus conclusiones extraídas durante las cuatro reuniones del citado Grupo acerca de las cuestiones planteadas en el documento de Verona, presenta su propia evaluación e indica lo que considera una vía para el futuro.

2.2.1. La Comisión hace hincapié en que toda propuesta de acción comunitaria en materia fiscal debe tener plenamente en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. No busca la armonización de los sistemas tributarios por la mera armonización.

2.2.1.1. El Grupo de trabajo de alto nivel no se mostró, en términos generales, partidario de introducir en esta etapa tipos o bases imponibles mínimos en el impuesto sobre sociedades, ni siquiera teniendo en cuenta el objetivo global de garantizar un nivel mínimo de imposición efectiva en la Unión.

2.2.2. Se considera que para mejorar la cooperación a escala comunitaria es necesario constituir un grupo permanente en el que los Estados miembros y la Comisión puedan intercambiar información sobre las políticas fiscales y analizarlas. Este grupo, presidido por la Comisión, podría servir para facilitar una perspectiva estratégica de las políticas fiscales y del trabajo desempeñado por los comités especializados existentes. Podría encomendársele la tarea de ayudar a identificar iniciativas clave, de carácter legislativo o de otro tipo, que podrían contribuir a realizar los objetivos fundamentales de la UE, dejando intactas las atribuciones de los Estados miembros para recaudar impuestos.

2.2.3. El intercambio más directo de información sobre políticas y medidas en otros Estados miembros permitiría al grupo abordar la cuestión de la competencia fiscal. A tal efecto, la Comisión emprenderá una serie de iniciativas encaminadas a:

- alcanzar un acuerdo general sobre los tipos de medidas que resultan perjudiciales en un contexto comunitario;

- definir normas comunes en una serie de ámbitos ("código de buena conducta");

- establecer una mayor coordinación de las medidas que adopten las autoridades fiscales de los Estados miembros con vistas a impedir que la competencia fiscal resulte perjudicial para el interés común;

- intensificar la cooperación entre las autoridades fiscales en la lucha común contra el fraude y la evasión fiscal.

2.2.4. El grupo podría examinar también las principales implicaciones políticas de determinadas cuestiones específicas:

- el papel, el funcionamiento y la posible coordinación de los convenios de doble imposición;

- la simplificación del marco tributario para las PYME y otras empresas;

- la interacción de los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social, en particular para los trabajadores transfronterizos, y

- la imposición de los servicios internacionales y el impacto de las nuevas tecnologías.

2.2.5. Es también necesario seguir trabajando en la interacción entre la fiscalidad y los objetivos comunitarios conjuntos como las empresas, el empleo y el medio ambiente.

2.2.5.1. En el documento de la Comisión se reconoce que las empresas constituyen una fuerza fundamental para generar crecimiento, prosperidad y empleo en la Unión. La creación de un entorno que permita medrar a las empresas es de vital importancia para mantener y aumentar la competitividad de la Unión en el mundo. El mercado interior es fundamental para ello; se considera que la fiscalidad es uno de los ámbitos más importantes en los que no se ha realizado plenamente el mercado interior. Los sistemas tributarios deberán posibilitar el desarrollo de la actividad económica transfronteriza en la Unión, al tiempo que deberán garantizar que no se producen casos de doble imposición ni de evasión fiscal.

2.2.5.2. Existe un consenso generalizado en que, para fomentar el empleo, es necesario invertir la tendencia de las estructuras impositivas a aumentar la presión sobre el trabajo en relación con otras bases imponibles. La Comisión subraya que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros deberían tener flexibilidad para elegir la manera de reducir los impuestos sobre el trabajo y los medios para financiar estas reducciones. A largo plazo, la Comisión estima que la coordinación de las medidas fiscales y su presentación como parte de un esfuerzo comunitario por reducir el desempleo reportará grandes beneficios. Asimismo, considera que es fundamental convencer a los operadores económicos de que en lo sucesivo las estructuras impositivas deberán orientarse hacia la promoción del empleo. Es necesario crear el entorno adecuado para generar empleo mediante la reducción de la presión fiscal global, también para las empresas.

2.2.5.3. En lo que respecta al medio ambiente, la Comisión reconoce que es necesario explorar la posibilidad de incrementar el uso de impuestos ligados a la energía y el medio ambiente, pero la práctica normal demuestra que a menudo los objetivos medioambientales se alcanzan con más facilidad si los instrumentos fiscales se combinan con otras medidas aplicadas de forma continuada para modificar los comportamientos. Al decidir la selección de instrumentos, deberían evaluarse cuidadosamente las repercusiones en la competitividad, el empleo y el medio ambiente.

2.2.6. Dado que las PYME son la fuente fundamental de nuevos empleos en la Unión, las políticas fiscales deberían también facilitar y apoyar su capacidad de generar empleo.

2.2.7. En su propuesta de 1989, la Comisión aboga por la introducción de una retención fiscal mínima como primer paso hacia la regularización de la fiscalidad de las rentas del ahorro.

2.2.8. Aunque no existe una nueva legislación en materia fiscal, se están presentado cada vez más casos ante los tribunales, tanto nacionales como ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Existe la preocupación de que, a no ser que las sentencias del Tribunal se completen mediante otros instrumentos, el desarrollo de los regímenes tributarios de la Comunidad corra el riesgo de fragmentarse.

2.2.9. Teniendo en cuenta el análisis y las líneas de acción señaladas arriba, la Comisión considera que es urgente avanzar tanto en las cuestiones particulares como en la orientación general de la política fiscal.

3. Observaciones generales

3.1. El Comité está de acuerdo con el talante general de las propuestas de la Comisión.

3.2. En muchos países de la UE los impuestos sobre el trabajo son elevados y representan aproximadamente un 23,5 % del PIB de la media de la UE. Este porcentaje es más alto que, por ejemplo en los Estados Unidos (19,4 %) o el Japón (16,6 %). Dentro de la UE existen grandes diferencias: los porcentajes oscilan entre el 14 % de Grecia y el 32 % en Suecia.

3.2.1. Es engañoso pretender que el aumento de los impuestos sobre el trabajo, tanto si son soportados por el empresario como por el trabajador, no perjudica las perspectivas del empleo.

3.2.1.1. En la medida en que son impuestos cobrados al empresario, incrementan el coste de la mano de obra y reducen la demanda. Del mismo modo, los intentos de "proteger" el empleo mediante el aumento para el empresario de los costes del despido de trabajadores (lo que, en efecto, constituye otra forma de fiscalidad del trabajo dado que los pagos efectuados por el empresario sustituyen en parte los pagos que de otro modo hubiera debido efectuar el Estado) tienen como primer efecto aumentar las reticencias de los empresarios a contratar trabajadores.

3.2.1.2. Si la presión fiscal sobre el trabajo recae en los trabajadores, el resultado es que se reducen sus ingresos netos disponibles y, por tanto, su poder adquisitivo. Generan asimismo inflación ya que estimulan la demanda de salarios más altos para paliar la reducción del nivel de vida de los trabajadores. Si el aumento de salarios no va acompañado de un incremento proporcional de la productividad, se disparan los costes para el empresario, disminuye la competitividad de la empresa y se socavan aún más el crecimiento económico y las perspectivas de empleo.

3.2.2. Por consiguiente, el CES concluye que la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo, tanto si es soportada por el empresario como por el trabajador, constituiría una contribución importante y positiva para reducir el nivel actual de desempleo en la UE.

3.2.3. Esta contribución, no obstante, se vería gravemente mermada si la reducción de los impuestos sobre el trabajo se limitara a transferirse a otras formas de fiscalidad sobre las sociedades. Es necesario llevar a cabo una reducción global de la presión fiscal directa que soportan los individuos y de la presión fiscal sobre las empresas con vistas a fomentar el crecimiento económico y generar un aumento de la demanda de mano de obra.

3.2.3.1. En particular, el CES rechaza la introducción de nuevos impuestos sobre la tecnología de la información, como un impuesto Internet, un impuesto bit o un impuesto sobre los servicios financieros (impuesto Tobin).

3.2.3.2. El primero equivaldría a un impuesto sobre el aprendizaje y representaría un serio obstáculo a los intentos de la UE de situarse en el nivel de progreso tecnológico alcanzado ya por otros países preponderantes. En un momento en el que los gobiernos de otros países están gastando miles de millones de dólares para promover el conocimiento de la informática entre su población, no tiene sentido que la UE considere la posibilidad de perjudicar a sus propios ciudadanos mediante la imposición fiscal de los medios que les permiten adquirir conocimientos.

3.2.3.3. Un impuesto Tobin entrañaría el riesgo de dañar la competitividad de los países de la UE en los mercados financieros globales y desplazaría muchas de estas operaciones a paraísos fiscales "off-shore" con la consiguiente pérdida de empleos y experiencia financiera internacional.

3.3. Existen varias razones para buscar una armonización fiscal, algunas buenas y otras malas. El deseo de uniformidad por mor de la uniformidad es malo. Por ello, el CES expresa su satisfacción por que la Comisión no muestre deseos de armonizar por mor de la mera armonización y respete los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

3.3.1. Aunque acepta que la armonización fiscal definitiva es un objetivo legítimo y una consecuencia inevitable de la unión económica y monetaria, el CES aboga por un planteamiento cauteloso. En tanto los Estados miembros sigan mostrando rasgos económicos diferentes y resultados económicos diversos, los gobiernos de cada Estado deben gozar de la libertad de ajustar su política fiscal para cumplir las exigencias presupuestarias de sus respectivas economías nacionales. Una estrategia que en un momento determinado es adecuada para Alemania no tiene por qué serlo al mismo tiempo para Portugal o, incluso para la propia Alemania en otro momento. Será necesario alcanzar un mayor grado de convergencia entre las economías nacionales que el estipulado en el Tratado de Maastricht antes de que los Estados miembros puedan armonizar sus tipos impositivos, al tiempo que incluso ese grado limitado de convergencia sigue todavía lejos de ser alcanzado.

3.3.2. En cualquier caso, la armonización de los tipos impositivos no tiene sentido si no se armonizan a la vez las bases impositivas, las estructuras y sistemas tributarios, las normas y su interpretación. De hecho, la uniformidad de los tipos sin una aplicación uniforme puede aumentar las distorsiones en lugar de reducirlas.

3.3.3. En el contexto del mercado único, las diferencias de interpretación y aplicación entre los diversos sistemas tributarios y las variaciones en las bases impositivas constituyen una obstáculo mucho más grave al comercio transfronterizo y a la realización del mercado único que las divergencias de los tipos.

3.3.3.1. Las divergencias de los tipos son perfectamente compatibles con los mercados libres abiertos. En los Estados Unidos, Canadá y Suiza, las personas físicas y jurídicas soportan presión fiscal proveniente tanto de los gobiernos federales como de los respectivos estados, provincias y cantones con tipos totales reales muy diferentes.

3.3.3.2. Dentro del objetivo global de reducir la presión fiscal, el CES considera que una acción de armonización sería beneficiosa y estima que los esfuerzos en pro de la armonización deberían centrarse en la eliminación de los obstáculos identificados a la creación de un auténtico mercado único, en particular en el ámbito del IVA y de los impuestos sobre sociedades, mediante la reducción de los costes del cumplimiento de las obligaciones fiscales para los contribuyentes en todos los tipos de impuestos, la protección de las transacciones transfronterizas de los efectos de las disputas jurisdiccionales entre las autoridades fiscales y la eliminación de la discriminación que representa la no desgravación por la carga fiscal imputada a las empresas que obtienen beneficios en el extranjero. Una vez implantadas estas medidas, sería posible tener una visión más clara de la necesidad y ámbito de aplicación de otros niveles de armonización.

3.3.3.3. Por consiguiente, el CES apoya las propuestas de la Comisión de constituir un grupo permanente que se ocupe de los asuntos abordados en el documento de la Comisión. Considera que los ámbitos que muestran mejores perspectivas de lograr progresos sustanciales a corto plazo son la definición de normas comunes, el aumento de la coordinación de los sistemas tributarios, el refuerzo de la cooperación en la lucha contra el fraude fiscal, la simplificación del entorno fiscal y la celebración de acuerdos sobre doble imposición. El CES considera que, tomados en su conjunto, estos asuntos constituyen un programa que podría introducir avances reales para lograr la realización del mercado único.

3.4. El CES apoya el rechazo por parte del grupo de trabajo de alto nivel a proponer la introducción de tipos o bases imponibles mínimos en el impuesto sobre sociedades en esta etapa. La política fiscal europea no puede ser concebida de manera aislada sino que debe tener en cuenta las políticas y tendencias mundiales. Los que pretenden imponer tipos impositivos mínimos en la UE ignoran esta realidad.

3.5. El CES no está conforme con la propuesta de la Comisión de introducir un impuesto mínimo sobre las rentas del ahorro. En su Dictamen sobre la fiscalidad directa e indirecta (1), el CES afirmaba que en un enfoque europeo a este problema "deberán respetarse las diferencias existentes entre los Estados miembros con respecto a la imposición de los intereses del ahorro (retención a cuenta o declaración obligatoria) y no deberá darse preferencia a un sistema sobre otro". El CES reitera esta posición.

3.5.1. La introducción de una retención a cuenta normalizada a nivel comunitario daría lugar a una fuga de capitales hacia países en los que los tipos impositivos sobre esos ahorros fueran más bajos y no podría frenarse esta evolución sin una reintroducción efectiva de controles sobre los cambios, lo que implicaría la marginación de Europa en los mercados financieros globales y tendría graves repercusiones para el crecimiento económico de la UE.

4. Conclusiones

4.1. Los gobiernos, en el desempeño de su función en los servicios públicos bien desarrollados de una economía moderna, deben dar prioridad al gasto y obtener ingresos. Estas acciones suponen indefectiblemente una carga distributiva sobre la economía y entrañan efectos perjudiciales para fomentar un crecimiento económico más rápido. El CES considera que deben hacerse esfuerzos para identificar los cambios sustanciales y oportunos en ámbitos en los que el crecimiento económico puede resultar afectado negativamente por las acciones gubernamentales, en especial en las políticas fiscales, sin poner en peligro el nivel de protección social que caracteriza al modelo social europeo.

4.1.1. El CES estima que, de no alcanzar este objetivo, los resultados económicos de la UE seguirán empeorando en relación con los de sus principales competidores mundiales, como los Estados Unidos, el Japón y los países emergentes del área del Pacífico, y este declive no sólo frustrará el deseo de ampliar y perfeccionar el modelo social europeo, sino que pondrá en peligro el mantenimiento de los niveles de protección social actuales. Además, podría llevar no a una reducción sino a un nuevo aumento del nivel de desempleo en Europa, y las consiguientes tensiones sociales podrían resultar más graves de lo que el tejido de la unidad europea podría resistir.

4.1.2. Por ello, el CES no ve ningún peligro en la reducción de los tipos impositivos siempre que se adopten medidas para impedir falseamientos debidos a la competencia desleal. De hecho, la experiencia adquirida con diferentes sistemas tributarios en el mundo demuestra bastante claramente que, paradójicamente, los ingresos fiscales totales aumentan conforme disminuyen los tipos impositivos, en particular en lo que se refiere al impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta, y que el rendimiento máximo proveniente de estos impuestos se logra con tipos reales de aproximadamente el 18 %.

4.1.3. Los argumentos en favor de la introducción de tipos impositivos mínimos y de retenciones a cuenta mínimas en la UE no tienen en cuenta que ello sólo serviría para que las empresas se trasladaran a los muchos países prósperos y en expansión que no padecen tales restricciones. El resultado será que éstos seguirán creciendo e incrementando cada vez más su prosperidad mientras que la UE se debilita y se empobrece progresivamente en relación con ellos.

4.2. El CES considera probable que un movimiento paulatino de convergencia de los tipos impositivos y bases imponibles orientado en función del mercado y que tenga en cuenta las diferentes necesidades de recaudación de ingresos fiscales de los Estados miembros resulte más eficaz que uno impuesto. Un determinado grado de armonización de los sistemas y estructuras fiscales es un objetivo deseable.

4.3. En un principio las reformas del sistema tributario deberían centrarse en evitar distorsiones fortuitas en las decisiones de localización de las empresas facilitando las fusiones transfronterizas dentro de la UE y reduciendo la carga administrativa que para las empresas constituyen los precios de compensación y las disputas jurisdiccionales entre las autoridades fiscales.

4.4. Debería apoyarse a las pequeñas y medianas empresas mediante la reducción de los tipos del impuesto de sociedades sobre sus beneficios, dentro de unos límites especificados de beneficio.

4.5. La reducción de la presión fiscal global y el control o reducción del gasto público fomentarían de manera más eficaz la creación de empleo.

4.6. El CES acepta la afirmación de la Comisión de que el mejor modo de alcanzar los objetivos medioambientales es combinar los instrumentos fiscales con otras medidas aplicadas de forma continuada para modificar los comportamientos, y coincide con la Comisión en que, al decidir entre el conjunto de instrumentos, deberían evaluarse cuidadosamente las repercusiones en la competitividad, el empleo y el medio ambiente.

4.7. El CES reconoce la necesidad de reducir la presión fiscal sobre el trabajo, pero coincide con la Comisión en que los Estados miembros deberían tener flexibilidad para determinar el ámbito de aplicación y el método de esta reducción, así como la manera de financiarla.

4.8. La introducción de nuevos impuestos sobre la tecnología de la información en los mercados financieros internacionales resultaría enormemente perjudicial y no debería considerarse esta posibilidad a nivel europeo.

4.9. El CES recomienda que los actuales acuerdos bilaterales sobre doble imposición sean reemplazados por un único acuerdo europeo sobre doble imposición. Para que este acuerdo funcionara bien y permitiera obtener grandes beneficios a los contribuyentes de los países participantes, no sería esencial que todos los Estados miembros lo suscribieran, aunque evidentemente sería preferible que este acuerdo cubriera todo el territorio de la UE.

4.10. El CES comparte la preocupación de la Comisión de que el desarrollo de los sistemas tributarios comunitarios se efectúa de manera deslavazada.

4.11. El CES apoya la propuesta de constituir un grupo para mejorar la cooperación entre los sistemas tributarios, intercambiar información, analizar políticas fiscales, coordinar medidas contra la evasión fiscal, identificar iniciativas clave y estudiar la manera de avanzar hacia un sistema fiscal más integrado.

4.12. El CES está de acuerdo en que la política fiscal europea debería tener en cuenta sus repercusiones sobre las empresas, el empleo y el medio ambiente.(1) Dictamen del Comité Económico y Social de 20 de diciembre de 1995; DO C 82 de 19. 3. 1996.»

Resultado de la votación

Votos a favor: 37, votos en contra: 84, abstenciones: 17.

Punto 2.2.3

En la tercera frase, suprímase todo el texto después de «... impuestos totalmente nuevos».

Exposición de motivos

Los tres tipos de impuestos mencionados (impuesto Internet, impuesto Bit e impuesto Tobin en relación con los mercados financieros internacionales) tendrían efectos no deseados de distorsión, por lo que no deberían contemplarse. Un impuesto Internet frenaría la capacidad de Europa para seguir el ritmo de la evolución tecnológica en el sector de las telecomunicaciones; un impuesto Bit significaría introducir un impuesto sobre las nuevas técnicas de aprendizaje y, por lo tanto, perjudicaría el desarrollo de los conocimientos informáticos en Europa, en comparación con el resto del mundo; en cuanto a un impuesto de tipo Tobin, fomentaría la transferencia al exterior de la UE de ciertas operaciones financieras internacionales.

Resultado de la votación

Votos a favor: 44, votos en contra: 90, abstenciones: 9.

Punto 2.2.5

Añádase una nueva frase al final del primer párrafo de dicho punto:

«No obstante, los Estados miembros que deban reducir sus tipos de IVA debido a la armonización no contarán con dicha posibilidad y tendrán que aumentar otros impuestos para compensar la pérdida de ingresos.»

Exposición de motivos

El texto actual no es equilibrado, dado que no se tiene en cuenta el problema de los Estados miembros que tendrán que reducir alguno de los tipos de IVA.

Resultado de la votación

Votos a favor: 40, votos en contra: 87, abstenciones: 16.

Punto 5.2.3

Suprímase este punto así como el anexo 2.

Exposición de motivos

Es demasiado tarde para proponer enmiendas al Tratado, ya que la Conferencia Intergubernamental ha concluido. Por ello, las propuestas que requieren modificaciones del Tratado no tienen ningún sentido actualmente.

El contenido de este punto y de su anexo amplían el alcance del dictamen más allá del ámbito de los documentos examinados. En el anexo se plantean temas que requieren un examen más detallado, tras una consulta más amplia.

Resultado de la votación

Votos a favor: 50, votos en contra: 59, abstenciones: 22.