COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 02.06.1997 
COM(97) 260 final 
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO DE 
CONFORMIDAD CON EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 7 DE LOS 
REGLAMENTOS 3281/94 Y 1256/96 DEL CONSEJO RELATIVOS AL 
ESQUEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS 
Síntesis de los trabajos realizados en la OCDE, la OIT y la OMC sobre la 
vinculación entre comercio internacional v normas sociales 
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO DE 
CONFORMIDAD CON EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 8 DE LOS 
REGLAMENTOS 3281/94 Y 1256/96 DEL CONSEJO RELATIVOS AL 
ESQUEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS 
Síntesis de los trabajos realizados en la OIMT, la OCDE y la OMC sobre la 
vinculación entre comercio internacional y medio ambiente 

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO DE 
CONFORMIDAD CON EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 7 DE LOS 
REGLAMENTOS 3281/94 Y 1256/96 DEL CONSEJO RELATIVOS AL 
ESQUEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS 
Síntesis de los trabajos realizados en la OCDE, la OIT y la OMC sobre la 
vinculación entre comercio internacional y normas sociales 
La liberalización del comercio y de los movimientos internacionales de capitales y el 
progreso tecnológico ofrecen al mundo, merced a los aumentos de eficiencia que generan, 
mayores posibilidades de crecimiento económico, de crecimiento del empleo y de 
retroceso de la pobreza, pero no garantizan un avance hacia la equidad. Es la razón por la 
que la UE pretende, en la línea definida por la cumbre de Copenhague, suscitar en la 
comunidad internacional una atención más constante a los aspectos sociales de la 
globalización. Desde la conclusión de la Ronda Uruguay en 1994, el debate se centra 
cada vez más en la dimensión social del comercio internacional y en la manera de 
reducir, a escala mundial, los incumplimientos de las normas sociales básicas. La Unión 
Europea se esfuerza por conseguir progresos concretos en esta vía. 
La introducción de una cláusula social incitativa en el esquema comunitario SPG 
significa un avance en la promoción de normas en el comercio internacional. En la 
Comunidad Europea, el SPG es el primer instrumento jurídico que contiene esta cláusula. 
A partir del 1 enero de 1998, con arreglo al artículo 7 de los Reglamentos del Consejo 
(CE) n° 3281/94, de 19 de diciembre de 1994, y 1256/96, de 20 de junio de 1996, podrán 
concederse preferencias adicionales a los países que así lo soliciten y que apliquen 
efectivamente las normas de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
(n° 87 y 98, relativos a la aplicación de los principios del derecho de organización y de 
negociación colectiva; n° 138, relativo a la edad mínima de admisión al empleo). No 
obstante, esta cláusula todavía no es aplicable. Faltan dos etapas antes de su entrada en 
vigor. Están definidas en el artículo 7§2 del Reglamento. Por una parte, el Consejo debe 
examinar un informe de la Comisión sobre los trabajos realizados acerca de la 
vinculación entre el comercio internacional y las normas sociales internacionalmente 
reconocidas en las distintas organizaciones internacionales como la OMC, la OU y la 
OCDE. Tal es el objeto del presente documento. Por otra parte, tras este informe, el 
Consejo deberá examinar una propuesta de la Comisión sobre la intensidad de los 
regímenes especiales de estímulo y sobre sus disposiciones de aplicación. 
El resultado positivo del examen efectuado por el Consejo sobre la base del informe de la 
Comisión acerca de los trabajos de los foros internacionales no constituye, como es 
lógico, condición previa que pueda limitar el derecho de iniciativa de la Comisión en la 
materia, pues para ella se trata de proponer la aplicación de un mecanismo ya existente en 
principio. No obstante, dado que el resultado de los trabajos del Consejo en la materia 
deberán ser una de las fuentes de las motivaciones de la propuesta de la Comisión, ésta se 
elaborará después de debatido el presente informe. Por otro lado, la propuesta de la 
Comisión debería examinarse a la luz de una evaluación de la neutralidad global del 
impacto del régimen general del SPG y, en particular, de los efectos combinados de la 
graduación (incluida la aplicación del artículo 6) y de las medidas especiales adoptadas 
en favor de los PMA. 
OCDE 
En junio de 1994, la secretaría de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico recibió la tarea de establecer un estudio sobre «el comercio, el empleo y la 
legislación laboral reconocidas a nivel internacional, que cubriría también los conceptos 
básicos, los datos empíricos relativos a los flujos del comercio y de las inversiones, así 
como los mecanismos actuales destinados a promover legislaciones laborales más 
elevadas a nivel mundial». 
Los debates tuvieron lugar en reuniones conjuntas del Comité de los Intercambios y del 
Comité ELSA (Employment, Labour and Social Affairs) en estrecha colaboración con 
otros Comités y direcciones competentes de la OCDE y con otras organizaciones 
internacionales, en particular la OIT. Las reuniones dieron lugar a debates 
excepcionalmente largos y animados, dada la naturaleza política y muy sensible de los 
temas abordados. El estudio, que tiene por objeto determinar si existe cualquier relación 
entre las normas laborales que representan derechos humanos fundamentales y las 
corrientes y políticas de intercambio e inversión, y evaluar los mecanismos capaces de 
promover las normas sociales a escala mundial, se terminó en 1996. Comprende tres 
partes. 
I. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
La primera parte aborda la cuestión de la legislación laboral en los países de la OCDE y 
en algunos países no miembros de la OCDE. Se estableció una distinción entre las 
normas «fundamentales» y las demás. El núcleo de la legislación laboral analizada se 
refiere a: 
la libertad de asociación y de negociación colectiva, es decir, el derecho 
de los trabajadores a afiliarse a los sindicatos de su elección y a negociar 
libremente sus condiciones de trabajo con los empresarios; 
la eliminación de las formas de trabajo infantil que constituyen una 
explotación, como la servidumbre por deudas y los tipos de trabajo que 
ponen en peligro la seguridad y la salud de los niños; 
• la prohibición del trabajo forzado, bajo la forma de esclavitud y de 
trabajo obligatorio; la no discriminación en el trabajo, es decir, el 
derecho de todos los trabajadores al mismo respeto y al mismo salario. 
Estas normas están entre las normas de la OIT más ampliamente ratificadas. Se 
analizaron por ser la expresión de principios que se espera legítimamente ver respetados 
por los Gobiernos de todos los países, cualquiera que sea su grado de desarrollo. Estas 
normas pueden tener un impacto directo en la mejora de las condiciones del trabajo y 
pueden también constituir la base para el establecimiento de otras normas capaces de 
contribuir perceptiblemente al desarrollo social. Además, estos principios relativos a las 
normas sociales están muy bien reflejados en los convenios de la OIT. Los convenios de 
la OIT 87, 98, 29, 105 y 111 son, en efecto, importantes referencias para el control y el 
respeto de las normas fundamentales del trabajo, aunque no han obtenido ratificación 
universal. 
Por lo que se refiere al trabajo de los niños, se introduce una innovación importante en el 
sentido de que sólo se contempla la eliminación de formas de explotación del trabajo de 
los niños, y no la eliminación del trabajo de los niños como tal. Esta distinción se 
estableció en el estudio OCDE con el fin de destacar que la erradicación del trabajo de 
los niños es un derecho fundamental vinculado a los derechos humanos, pero también 
que está en gran medida determinada por el nivel de desarrollo del país. Dado que la OIT 
contempla a largo plazo la eliminación del trabajo de los niños (Convenio n° 138), se 
juzgó necesario establecer una norma aplicable a corto plazo. El concepto de explotación 
del trabajo de los niños permite luchar de manera más eficaz contra las formas más 
abusivas del trabajo de los niños, sin que el nivel de desarrollo de un país constituya un 
obstáculo de ningún tipo. Es también la razón por la que la OIT debería completar el 
Convenio 138 mediante la introducción de un convenio sobre las formas más abusivas 
del trabajo de los niños. 
II. POSIBLES VINCULACIONES ENTRE LAS NORMAS FUNDAMENTALES 
DEL TRABAJO Y DETERMINADOS FACTORES ECONÓMICOS. 
La segunda parte del estudio trata de los vinculaciones entre los «core labour standards», 
el comercio, las inversiones, el desarrollo económico y el empleo. La investigación 
contribuyó a responder a una serie de interrogantes. ¿Existe vinculación entre el núcleo 
de normas sociales, la competitividad en la exportación y la especialización 
internacional? La apertura del comercio internacional y de las inversiones y el 
crecimiento económico ¿podrían implicar mejoras en los salarios y normas sociales? 
¿Cuál es el impacto de las normas sociales en las inversiones? ¿Cuál es la vinculación 
entre las normas sociales y el nivel de empleo? 
El análisis empírico es escaso. Se refiere casi exclusivamente a la libertad sindical y al 
derecho de negociación colectiva. Esto se explica por la falta de datos sobre las otras 
normas fundamentales así como por las dificultades técnicas que implica el 
establecimiento de una vinculación entre el respeto de las normas fundamentales y 
distintos fenómenos económicos. 
El análisis económico llega, sin embargo, a las siguientes conclusiones: 
1. Los países en vías de desarrollo no tienen ninguna razón para temer que las citadas 
normas sociales puedan tener efectos negativos de cualquier tipo sobre sus resultados 
económicos o sobre su competitividad en el mercado internacional. Nada indica que 
los países con normas débiles registren, globalmente, mejores resultados a la 
exportación que los países con normas elevadas. En numerosos países, el 
incumplimiento de las normas fundamentales ha sido deliberadamente utilizado por 
los Gobiernos para mejorar los resultados comerciales. Pero el estudio afirma que es 
muy probable que los costes económicos de este laxismo de las normas fundamentales 
superen los posibles efectos beneficiosos a corto plazo. 
2. El respeto de las normas laborales podría atenuar las presiones proteccionistas y actuar 
así en favor del libre comercio. Los progresos de la libertad sindical y del derecho de 
negociación colectiva nunca han sido un obstáculo para la liberalización del comercio. 
Existe una sinergia entre reformas duraderas y fructíferas a nivel comercial y avances 
de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva. 
3. Los países en vías de desarrollo pueden reforzar sus normas sociales sin temor a 
repercusiones negativas sobre el flujo de inversiones extranjeras. Resulta del análisis 
empírico que, en 1993, el 73% de las inversiones extranjeras directas se dirigían hacia 
los países de la OCDE, que respetan generalmente las normas fundamentales del 
trabajo, de hecho y de derecho. Las normas fundamentales del trabajo no influyen en 
la mayoría de las decisiones de inversión que toman las sociedades de países de la 
OCDE. 
4. Por lo que se refiere a los países desarrollados, el estudio concluye que el comercio 
con los países en vías de desarrollo que disponen de mano de obra barata no es una 
causa significativa de aumento del desempleo o de disminución de los salarios en los 
países miembros de la OCDE. Pero los investigadores no están de acuerdo sobre la 
magnitud de los efectos de los intercambios sobre la evolución sectorial del empleo 
frente al impacto de otros factores, como el progreso tecnológico o los cambios 
institucionales. Hay igualmente desacuerdo en cuanto a la magnitud de los efectos de 
la evolución de la estructura de los intercambios sobre las desigualdades salariales. 
III. LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LAS NORMAS 
FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN EL MUNDO 
La tercera parte del estudio fue ciertamente la más controvertida. Examina de manera 
detallada los distintos procedimientos y mecanismos actuales de promoción de las 
normas del trabajo, dado que las fuerzas de mercado no podrán por sí solas mejorar 
automáticamente el respeto de las normas fundamentales. Los distintos mecanismos 
contemplados son la vigilancia, sobre todo multilateral, y la persuasión, la cooperación 
técnica, la condicionalidad en materia de préstamos, garantías de inversiones y acuerdos 
comerciales preferenciales, y las normas relativas a las empresas multilaterales. 
III. 1. El fortalecimiento del papel de la OIT 
La OIT puede ocuparse de la elaboración de un marco social para el comercio mundial de 
modo que se pueda llegar a una más amplia aplicación de las normas sociales en todos 
los países. La OIT es la organización ideal para propiciar las normas fundamentales del 
trabajo. En efecto, la OIT dispone de mecanismos de vigilancia de la aplicación efectiva 
de los convenios internacionales en la materia. Por otro lado, existe un mecanismo 
específico en materia de libertad sindical. El Comité de la Libertad Sindical es 
competente para examinar los casos relativos al conjunto de los Estados miembros de la 
OIT. Por último, la Constitución de la OIT prevé un procedimiento de queja en caso de 
incumplimiento de un convenio ratificado. El estudio de la OCDE prevé toda una serie de 
acciones que pueden dar mayor eficacia al papel de la OIT: 
• apoyar a la OIT en su diálogo y sus contactos directos con los Gobiernos. 
• apoyar el respeto de las normas como compromiso implícito. 
• tratar de manera más precisa los problemas relacionados con las formas 
intolerables de explotación del trabajo de los niños. 
• reforzar el grado de ratificación de los convenios. 
111.2. La contribución de los programas de cooperación para el desarrollo 
Los programas de cooperación para el desarrollo contribuyen de manera considerable a la 
promoción de algunas normas fundamentales del trabajo. Se trata aquí, principalmente, 
del trabajo de los niños y de los derechos sindicales. 
111.3. Mecanismos propuestos en las organizaciones internacionales 
7/7.3.7. Las disciplinas de la OMC 
Los distintos mecanismos de la OMC están destinados a garantizar el respeto de políticas 
y prácticas comerciales. Los miembros de la OMC deberían llegar a un consenso sobre la 
oportunidad y la posibilidad de recurrir a los procedimientos de la OMC para garantizar 
el respeto de las normas fundamentales del trabajo a escala mundial. Esto implicaría 
cambios institucionales importantes: los artículos o procedimientos deberían ser objeto 
de enmiendas, de reinterpretaciones o de acuerdos. Pero no ha sido posible alcanzar 
consenso alguno sobre este punto. 
III. 3.2. Préstamos condicionales de instituciones financieras internacionales 
El estudio propone también supeditar la ayuda financiera internacional al respeto de los 
derechos fundamentales de los trabajadores por parte de los países tomadores. Esta 
propuesta es muy controvertida. En primer lugar, se plantea un problema de coherencia: 
¿cómo tratar todas las violaciones de los derechos si sólo se atiende a los países que 
solicitan préstamos multilaterales? En segundo lugar, el hecho de supeditar la ayuda 
financiera al respeto de los derechos fundamentales, ¿no obstaculizaría el desarrollo 
económico de los países, lo que podría ir contra la mejora de las normas fundamentales 
del trabajo? 
IIIA. Acciones regionales y unilaterales de los Gobiernos 
III.4.1. El acuerdo norteamericano de cooperación en el ámbito del trabajo 
El ANACT tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de vida en los 
Estados Unidos, México y Canadá. Hace prevalecer las normas fundamentales del trabajo 
y las normas en materia de salud y seguridad en el trabajo y la protección de los 
trabajadores migrantes. El acuerdo vincula el código del trabajo de cada país con el 
acuerdo comercial regional. En caso de litigio, el acuerdo prevé un procedimiento de 
solución de conflictos que puede implicar sanciones comerciales. 
111.4.2. Las preferencias comerciales 
El SPG desempeña ciertamente un papel muy importante para mejorar las normas 
fundamentales del trabajo. El SPG norteamericano, por ejemplo, determina el estatuto de 
beneficiario en función de las disposiciones que el país adopta para conceder a los 
trabajadores los derechos «internacionalmente reconocidos». Se trata claramente, sin 
embargo, de un dispositivo de carácter muy punitivo, basado en un sistema de 
certificación a priori en función de criterios que no son necesariamente los reconocidos 
internacionalmente, lo que deja un poder discrecional muy amplio a la Administración 
norteamericana en la aplicación de este sistema de certificación. 
El estudio contiene también un análisis del SPG comunitario y sus dos cláusulas 
vinculadas a las normas sociales: la cláusula incitativa y la cláusula de retirada. 
111.4.3. Las vinculaciones entre los intercambios y los derechos de los trabajadores en 
los Estados Unidos 
Los Estados Unidos han hecho numerosos intentos de imponer una legislación que 
prohiba toda importación de productos fabricados por mano de obra infantil y de todos 
los productos fabricados por presos políticos u otras personas encarceladas. Además, la 
sección 301 del Trade Act de 1974 faculta para examinar las legislaciones, políticas y 
prácticas extranjeras supuestamente abusivas, injustas o discriminatorias y negociar con 
el país interesado para obtener reparación. Pero es muy difícil evaluar el alcance de estos 
mecanismos, puesto que no se han utilizado nunca directamente. 
III.5. Las normas internacionales de conducta de las empresas 
111.5.1. La declaración de principios tripartita de la OIT sobre las empresas 
multinacionales y la política social. 
Esta declaración tiene por objeto promover el respeto de los derechos humanos en el 
trabajo por parte de las empresas multinacionales, los Gobiernos, los empresarios y los 
trabajadores. Aunque se trata de un instrumento no obligatorio, está previsto un 
procedimiento de examen de los litigios. 
777.5.2. El código de conducta de la OCDE 
La OCDE adoptó en 1976 un código de conducta que incorpora un conjunto de 
recomendaciones en un documento titulado Guidelines for Multinational Enterprises. 
Los Estados miembros proponen este código de conducta voluntario de la OCDE a las 
empresas multinacionales. El objetivo es doble: «fomentar las contribuciones positivas 
que pueden aportar las empresas multinacionales en materia de progreso económico y 
social así como minimizar y solucionar las dificultades que puedan plantear sus 
operaciones». Se reconocen numerosas ventajas a este código de conducta. En primer 
lugar, no se dirige a las agencias gubernamentales sino directamente a las empresas; en 
segundo lugar, no va acompañado de un mecanismo de sanciones sino que se basa en un 
compromiso voluntario de las empresas; en tercer lugar, cada Gobierno se ve implicado 
en el marco de la promoción y de la mejora de las recomendaciones del código de 
conducta. 
En el marco actual del debate sobre la dimensión social del comercio internacional, el 
objetivo de la OCDE consiste en poder utilizar este código de conducta en la promoción 
de la cláusula social en el sistema multilateral, con el fin de promover perceptiblemente 
las normas fundamentales del trabajo. La eficacia de este código de conducta estará 
garantizada a partir del momento en que refuerce otros dispositivos más generales. 
III. 5.3. Códigos de conducta para el sector privado 
Las normas éticas adoptadas por el sector privado, aunque no obligatorias, pueden 
contribuir al respeto de las normas fundamentales del trabajo. Pueden mejorar la imagen 
de una empresa e incitar así a los consumidores a comprar sus productos, lo que incita 
también a las demás empresas a adherirse a las normas por temor a perder cuota de 
mercado. Se puede influir también de este modo sobre los países proveedores. 
III.6. Los mecanismos del sector privado 
• la presión moral: es necesario convencer a los consumidores de no comprar en función 
de los precios, sino también en función de las condiciones de producción de los 
productos. Las campañas de boicoteo pueden así informar sobre las condiciones de 
trabajo que se dan en algunos sectores. 
• el etiquetado de los bienes de consumo: cabe notar a este respecto la iniciativa 
«Rugmark», que tiene por objeto etiquetar las alfombras indias no fabricadas por 
niños. Pero sus métodos de control son muy criticados. 
• las inversiones conformes al interés colectivo. 
CONCLUSIÓN 
Aunque el Secretariado de la OCDE ha efectuado una excelente labor de investigación, 
las diferencias entre los países miembros no permitieron la adopción del estudio, que se 
presentó por tanto en nombre del Secretariado. En cambio, el Comité de Empleo, Trabajo 
y Asuntos Sociales y el Comité de los Intercambios presentaron un informe conjunto que, 
recogiendo las diferencias entre miembros de la OCDE sobre algunos puntos, recuerda al 
mismo tiempo algunos grandes resultados del estudio: importancia particular de 
determinadas normas del trabajo, compatibilidad entre el respeto de estas normas 
fundamentales, el desarrollo económico y la expansión de los intercambios, y 
reconocimiento del papel central de la OIT. La diferencia esencial se refiere a la 
utilización los mecanismos de la OMC para promover las normas fundamentales del 
trabajo. El grupo de trabajo de la OIT, en su reunión de noviembre de 1996, destacó este 
excelente análisis. En numerosos puntos, el informe destaca la convergencia de puntos de 
vista entre la OCDE y la OFT. Apoya el papel, el mandato y los medios de acción de la 
OIT en materia de promoción de los derechos sociales fundamentales. 
La creación de la Organización en 1919 prueba la voluntad de la comunidad internacional 
de llevar a cabo una acción común para el desarrollo de la justicia social y la mejora de 
las condiciones de vida y de trabajo en todo el mundo. Los 180 convenios de la OIT 
adoptados desde 1919 constituyen el conjunto más completo de normas internacionales 
del trabajo. La acción de la OIT se caracteriza también por los medios de estímulo de los 
que dispone en materia de intercambios de información y de confrontación de 
experiencias así como por la asistencia técnica y los sistemas de formación. 
La OIT ha iniciado, en el Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social del Comercio 
Internacional creado por el Consejo de Administración en junio de 1994, un análisis de 
las consecuencias de la globalización de la economía para el respeto de las normas 
fundamentales del trabajo. 
La cuestión de la promoción de las normas internacionales fundamentales del trabajo y la 
reforma de la política normativa de la organización son también objeto de importantes 
debates. A este respecto, el Director General de la OIT, Sr. Hansenne, puso en marcha en 
1995 una campaña de promoción de los siete convenios internacionales del trabajo 
considerados como fundamentales por la OIT (convenios internacionales del trabajo 29 y 
105 sobre el trabajo forzado, 87 y 98 sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, 
100 y 111 sobre la no discriminación y 138 sobre la edad mínima de acceso al empleo). 
Esta campaña ha dado ya lugar a 29 nuevas ratificaciones. Por lo que se refiere al 
problema específico del trabajo de los niños, la OIT ha logrado iniciar una dinámica que 
debería concluir en 1999 con la adopción de un nuevo convenio sobre las formas más 
intolerables de este fenómeno. 
El problema del robustecimiento del sistema de control de la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo está también en el orden del día de la OIT. 
I. EL ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA PARA EL RESPETO DE LAS NORMAS FUNDAMENTALES DEL 
TRABAJO - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL 
El Consejo de administración de la OIT decidió en junio de 1994 establecer un grupo de 
trabajo tripartito (empresarios, trabajadores y Gobiernos) encargado de debatir todos los 
«aspectos pertinentes de la dimensión social de la liberalización del comercio 
internacional». Este grupo de trabajo está abierto a todos los miembros del Consejo de 
Administración. 
Habida cuenta del carácter impreciso de su mandato, el grupo de trabajo tardó en ponerse 
en condiciones de definir cualquier orientación para sus labores. Pero cabe destacar que 
el grupo ha decidido ya no ocuparse del estudio de la cuestión de las sanciones 
comerciales y suspender todo debate ulterior sobre la vinculación a establecer entre el 
comercio internacional y las normas sociales, por medio de una cláusula social y de un 
mecanismo de sanción. 
8 
El grupo de trabajo parece orientar más sus labores hacia el estudio de las consecuencias 
de la globalización de la economía en el plano social. Se presentaron una serie de 
propuestas, algunas ya en aplicación. Hay acuerdo en que el grupo de trabajo debe 
respetar y tener en cuenta el calendario internacional y tener igualmente en cuenta, a lo 
largo de sus reuniones, las labores realizadas en otros foros internacionales, como la 
OMC y la OCDE. 
1.1 Cuestionario de evaluación sobre la incidencia déla globalización 
Durante la sesión de junio de 1996 del Conferencia Internacional del Trabajo se 
distribuyó a los Estados miembros de la OIT un cuestionario de evaluación de la 
incidencia de la globalización y de la liberación de los intercambios en la realización de 
los objetivos sociales de la OIT; los Estados miembros deben proceder a la consulta de 
las organizaciones patronales y sindicales más representativas. La OIT había recibido, a 
30 de octubre de 1996, 136 respuestas de 128 representantes de 76 países; los países 
menos avanzados, sobre todo el continente africano, estaban muy poco representados. 
Las primeras respuestas (parciales) a este cuestionario fueron objeto de un informe 
preparado por la OIT para la reunión del grupo de trabajo de noviembre de 1996. El 
primer examen de este informe tendría lugar en marzo de 1997. A continuación se 
resumen los elementos principales contenidos en el informe de la OIT. 
7.7.7 Incidencia de la globalización y de la liberalización del comercio (1985-1995) 
En general, los trabajadores se muestran más negativos que los empresarios y los 
Gobiernos, en particular por lo que se refiere a la incidencia de la globalización sobre el 
empleo. El informe pone de manifiesto, no obstante, que el volumen del empleo en el 
período 1985-1995 aumentó en proporciones que oscilan entre unos pocos puntos 
porcentuales en algunos países y más del 100% en Kenia. Por otra parte, la globalización 
no parece haber tenido mayores efectos sobre el ejercicio de la libertad sindical o sobre 
los tipos de accidentes laborales. En cambio, se observan disparidades de valoración por 
lo que se refiere a la afiliación a la seguridad social. 
7.7.2 Actitudes ante a la liberalización del comercio y globalización 
Por lo que se refiere a los efectos de la globalización sobre la legislación nacional (en 
particular, con fines de promoción de las exportaciones y de atracción de inversiones 
extranjeras) y a los medios de acción de los Gobiernos, cabe destacar igualmente 
importantes diferencias de interpretación. 
1.1.3 Acción y cooperación internacionales 
En un 60% de los casos, los declarantes no consideran que la liberalización del comercio 
y la globalización hayan tenido una gran influencia en la capacidad de los países para 
ratificar y aplicar los convenios de la OIT relativos a los derechos fundamentales de los 
trabajadores u otras normas laborales. Las razones principales invocadas contra este 
punto de vista son, entre otras, las obligaciones que entraña la aplicación de políticas de 
ajuste estructural y la necesidad atraer inversiones extranjeras. 
Un 84% de los declarantes (entre ellos casi todos los trabajadores) se expresaron en favor 
del reconocimiento y de la aplicación universal de los derechos fundamentales de los 
trabajadores. Para alcanzar este objetivo, el 69% de los que respondieron se mostraron 
partidarios de una acción en el marco de la OIT. También fueron mencionadas otras 
instituciones, en primer lugar la OMC y, en menor medida, la OCDE, la Unión Europea, 
la ONU, la CNUCED y otras instituciones financieras internacionales o instituciones 
regionales como la OUA. Para promover el respeto de las normas internacionales del 
trabajo, se mencionan cuatro tipos de medidas: códigos de conducta para las empresas y 
las industrias, puesta a punto de un sistema de etiquetado, boicot de productos 
importados organizado por los sindicatos, los consumidores u otros grupos no 
gubernamentales, y aplicación extraterritorial de las legislaciones nacionales. 
1.2 Otras propuestas 
Durante la sesión de noviembre de 1996 del grupo de trabajo se presentaron otras 
propuestas en la misma dirección del cuestionario. Se trataría, por una parte, de proceder 
a un examen general de los medios de acción de la OIT para ayudar a los Estados 
miembros a abordar la dimensión social de la liberalización del comercio internacional y, 
por otra parte, de examinar la posibilidad de un estudio sobre las consecuencias 
económicas positivas del respeto de las normas fundamentales del trabajo. 
También se han propuesto estudios por países, cuyo objeto sería examinar la manera en 
que los países voluntarios han conseguido salvaguardar sus objetivos sociales ante las 
consecuencias negativas o positivas de la globalización de la economía. Ya se han 
expresado su interés seis países. Pero aún no se ha definido la manera de realizar estos 
estudios, sobre todo a nivel práctico,. 
II. EL FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN NORMATIVA 
DE LA OIT 
II. 1 Campaña del Director General en favor de la promoción de los convenios 
internacionales del trabajo llamados "fundamentales" 
En la OIT se ha llegado a un consenso muy amplio en torno al reconocimiento del 
carácter fundamental de los siete convenios internacionales del trabajo ya citados por la 
Cumbre Social Mundial de Copenhague. Estos convenios fundamentales son los 
convenios 29 y 105 sobre trabajo forzado, 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación 
colectiva, 100 y III sobre no discriminación y 138 sobre edad mínima de acceso al 
empleo. 
La ratificación de estos convenios es muy variable. Por este motivo, el Director General, 
Sr. Hansenne, decidió, en marzo de 1995, enviar a todos los Estados miembros una carta 
sobre la ratificación de estos siete convenios. Se pidió a cada uno de los países que aún 
no habían ratificado todos estos convenios que indicaran si tenían previsto hacerlo; en 
caso afirmativo, que precisaran en qué plazo y, en caso negativo, que dieran a conocer las 
razones que impedían la ratificación de cada convenio. 
10 
Actualmente, el Consejo de Administración examina periódicamente los resultados de 
esta campaña de promoción de las normas fundamentales del trabajo ahora (en el marco 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de las Normas Internacionales del Trabajo). 
Aunque aún no ha respondido la totalidad de los Estados miembros de la OIT, la 
campaña ha dado resultados positivos, pues se registraron 29 nuevas ratificaciones. 
Además mostró las dificultades con que tropiezan algunos Estados miembros que tienen 
la intención de ratificar los convenios y la importancia que la asistencia técnica de la OIT 
podría tener en este sentido. 
77.2 El problema del trabajo de los niños 
El convenio n° 138 sobre la edad mínima de acceso al empleo forma parte de los siete 
convenios fundamentales. Sin embargo, su tasa de ratificación es bastante baja. Para 
explicar esta relativa falta de éxito se invoca a menudo su complejidad y su falta de 
adecuación a la situación de algunos países en desarrollo. 
Por otra parte, la OIT publicó recientemente una serie de informes que muestran un 
recrudecimiento, a nivel mundial, del fenómeno del trabajo de los niños, y en particular 
de sus formas más intolerables. 
Ante este hecho, la OIT decidió poner en el orden del día de la Conferencia Internacional 
del Trabajo junio de 1998 y junio de 1999 la cuestión del trabajo de los niños con vistas a 
la aprobación de un nuevo convenio que prohiba de forma inmediata e incondicional 
estas formas más extremas. Esta decisión fue objeto de un amplio consenso. 
Esta voluntad existe no sólo a nivel normativo, sino también en el ámbito de la 
cooperación técnica, en particular en el marco del programa IPEC, establecido en 1991 
sobre la base de contribuciones voluntarias de los Estados miembros (y en breve de la 
Comisión Europea) para trabajar por la abolición del trabajo de los niños. 
11.3 El fortalecimiento del sistema de control de la aplicación de los convenios 
El sistema de control de que actualmente dispone la OIT se basa fundamentalmente en el 
examen de informes regulares enviados por cada uno de los Estados miembros sobre los 
convenios por él ratificados. Existe también un sistema de quejas/reclamaciones, cuyo 
examen no concluye con la aplicación de sanciones auténticas. 
Con el fin de hacer más eficaz el procedimiento, la OIT examina actualmente una serie de 
propuestas. Una de ellas consistiría en extender al conjunto de los convenios 
fundamentales el procedimiento que existe en materia de libertad sindical, cuya principal 
característica reside en la posibilidad de examinar quejas presentadas contra Estados que 
no hayan ratificado los convenios pertinentes. 
CONCLUSIÓN 
Los comentarios que preceden ponen de manifiesto que en la OIT se ha creado una 
dinámica en torno a la promoción y el respeto de las normas internacionales del trabajo. 
Por otra parte, este movimiento podría ampliarse, en la medida en que los Ministros de la 
OMC reunidos en Singapur confirmaron el papel de la OIT en materia de establecimiento 
y promoción de estas normas. 
11 
OMC 
A pesar de las presiones de algunos miembros de la OMC, la cuestión de las relaciones 
entre el comercio internacional y sus dimensiones sociales, incluidas las normas sociales 
internacionalmente reconocidas, en realidad aún no ha sido objeto de un debate en 
profundidad en la Organización Mundial del Comercio desde la Conferencia Ministerial 
de Marrakech de abril de 1994. 
En la reunión informal de los Ministros de Comercio de la Unión Europea en Dublin ( 18 
y 19 de septiembre de 1996), el Director General de la OMC mencionó cuatro puntos de 
convergencia sobre el tema de las normas sociales: el respeto de las normas 
fundamentales del trabajo, el reconocimiento del papel motor desempeñado por la OIT en 
lo relativo a las cuestiones vinculadas con el trabajo y en empleo, la negativa a cuestionar 
las ventajas comparativas de los países con bajos costes de mano de obra y la seguridad 
de que no se contemplará la posibilidad de sanciones comerciales. Sin embargo, señaló 
que dadas las numerosas diferencias que existen entre delegaciones y, en particular, la 
negativa de algunos a que se debata en la OMC la cuestión de las normas sociales, sería 
muy difícil llegar en Singapur a un acuerdo sobre una declaración basada en los cuatro 
principios mencionados. 
Los hechos le dieron parcialmente la razón. Ciertamente, el fracaso de la instauración de 
un grupo de trabajo encargado de examinar la vinculación entre el comercio internacional 
y las normas sociales y de estudiar los ámbitos en los que la OMC podría intervenir, en 
colaboración con las demás instituciones internacionales, para contribuir a la promoción 
de estas normas, no permite esperar a corto plazo una solución global del problema en la 
OMC, ni siquiera un debate serio sobre el tema en este foro. Sin embargo, el texto del 
apartado correspondiente de la declaración ministerial de Singapur no permite concluir la 
total ausencia de progresos: 
«We renew our commitment to the observance of internationaly recognized 
core labour standards. The international labour organization (ILO) is the 
competent body to set and deal with these standards, and we affirm our 
support for its work in promoting them. We believe that economic growth 
and development fostered by increased trade and further trade 
liberalization contribute to the promotion of these standards. We reject the 
use of labour standards for protectionist purposes, and agrée that the 
comparative advantage of countries, particularly low-wage developing 
12 
countries, must in no way be put into question. In this regard, we note that 
the WTO andlLO Secretariats will continue their existing cooperation.» 
Se confirma así el compromiso de cada miembro de la OMC de respetar la legislación 
laboral internacionalmente reconocida, así como el apoyo a la OIT, naturalmente 
competente para definir los criterios. Se descartan las tentaciones proteccionistas y el 
camino sigue abierto para un enfoque positivo e incitativo de la cuestión, incluso en el 
marco de una mayor cooperación entre la OMC y la OIT. 
Lejos de condenar el enfoque comunitario, en particular en el marco del SPG, puede 
considerarse que las conclusiones de Singapur alientan ese enfoque. 
13 
CONCLUSIONES GENERALES 
La cuestión de la vinculación entre las normas sociales y el comercio internacional ha 
suscitado en distintos foros numerosos debates que han permitido avanzar en algunos 
conceptos y en algunos análisis, aunque sin lograr un consenso sobre la naturaleza de la 
vinculación a establecer entre comercio y normas sociales, en particular por el temor a 
posibles sanciones comerciales. 
¿Qué conclusiones se pueden extraer por lo que se refiere al objetivo de este informe, es 
decir, permitir al Consejo examinar en su contexto global la situación de la cláusula 
social incitativa que debe aplicarse en el SPG? En opinión de la Comisión, se imponen 
dos conclusiones. 
1. En primer lugar, es necesario destacar que las diferencias aparecidas en los trabajos 
realizados sobre el tema se refieren más al método que a los objetivos. Nadie, ni siquiera 
los países en desarrollo más puntillosos en este punto, impugna realmente los objetivos 
básicos, tal como se desprenden, en particular, de la cumbre de Copenhague. En cambio, 
muchos se niegan a utilizar el instrumento comercial para lograr estos objetivos, por 
temor a entrar en una clase de espiral proteccionista imposible de controlar y que éxito, 
sin pretenderlo inicialmente, terminara por cuestionar las ventajas comparativas naturales 
de los países en desarrollo. 
Este temor no es sorprendente en un debate que se centra sobre todo en el aspecto 
negativo y punitivo de la cláusula social, sin haber profundizado realmente en los méritos 
de un enfoque positivo e incitativo. Ahora bien, el SPG comunitario propone a los países 
en desarrollo un enfoque puramente incitativo, basado en la cooperación y no en la 
confrontación. Por otra parte, la cláusula social se ha examinado sobre todo, en este 
debate, desde el punto de vista de la política económica y comercial (aspecto 
competitividad), o desde el punto de vista de la política de derechos humanos. Se ha dado 
poca importancia a la política de desarrollo, en la que se inserta la cláusula social SPG. 
Así, el debate internacional sobre la cláusula social no debe llevar a la Comunidad a 
abstenerse de avanzar en la aplicación de los regímenes de estímulo previstos por el SPG, 
sino todo lo contrario. 
2. En la aplicación de estos regímenes, la Comunidad puede elegir entre dos enfoques: o 
favorecer la realización de sus objetivos sobre el terreno y la instauración de una cláusula 
realmente eficaz, o dar prioridad a la señal política y a una cláusula más fácil de aplicar, 
aunque en posible detrimento de la eficacia real de la cláusula. 
14 
En el ámbito social, la claridad de los conceptos y criterios de los correspondientes 
convenios de la OIT permite contemplar la primera opción, la eficacia sobre el terreno. 
La mejora real de la política social de los países beneficiarios requeriría que las ventajas 
suplementarias ofrecidas a los exportadores fueran atractivas y que el margen preferencial 
adicional fuera, por tanto, sustancial. Es necesario, por otro lado, que el control sea 
posible, y ello implica que cada país beneficiario sea solicitante, es decir, presente una 
declaración de principios pidiendo el beneficio de la cláusula y garantizando en 
contrapartida que cada exportador o productor se ajusta a las normas: por efecto de 
arrastre, el conjunto de los exportadores o productores se vería así llevado a adoptar estas 
prácticas. Es la única manera de conseguir progresos auténticos sobre el terreno. En 
efecto, sólo con métodos de control y de cooperación exigentes, aplicables a nivel de 
exportadores, se podrán garantizar avances en este terreno, como contrapartida de 
concesiones sustanciales. 
15 
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO DE 
CONFORMIDAD CON EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 8 DE LOS 
REGLAMENTOS 3281/94 Y 1256/96 DEL CONSEJO RELATIVOS AL 
ESQUEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS 
Síntesis de los trabajos realizados en la OIMT, la OCDE y la OMC sobre la 
vinculación entre comercio internacional y medio ambiente 
El desarrollo sostenible, en su doble dimensión de protección del medio ambiente y de 
progreso social, se perfila ahora como el objetivo principal de las estrategias de desarrollo 
nacionales y de la cooperación internacional. La Conferencia de Río de junio de 1992 
significó, en esta evolución, una etapa esencial. Se adoptó el Programa de Acción 21, en 
el que los Gobiernos del planeta se comprometieron a promover el desarrollo sostenible a 
nivel nacional y la cooperación internacional. 
Tal es el contexto en el que la comunidad internacional toma hoy conciencia de la 
importancia de los recursos forestales, indispensables tanto para los ecosistemas como 
para los seres humanos. La sobreexplotación de los bosques amenaza el medio ambiente 
y, con él, el desarrollo de numerosos países productores de madera. 
El problema particular de los bosques tropicales ha sido abordado de manera muy 
rigurosa y ha sido objeto de numerosas iniciativas en los foros internacionales 
competentes, que han alcanzado progresos considerables en el establecimiento de 
criterios ecológicos. Su objetivo no es tanto limitar la tala de bosques tropicales para 
evitar una deforestación completa como actuar en favor de una gestión duradera del 
bosque tropical natural. Se da así una coincidencia con los objetivos que persigue el 
establecimiento de criterios ecológicos para la atribución de la etiqueta ecológica 
comunitaria al papel. Es preciso fomentar de preferencia el consumo de maderas 
originarias de explotaciones que practican una gestión controlada del bosque. 
La Unión Europea, como gran donante de ayuda, y en particular ayuda para la protección 
del bosque tropical, desea promover la gestión duradera. La política a este respecto debe 
recurrir a medidas incitativas antes que coercitivas. Tal es el objetivo que persigue el 
SPG comunitario. La cláusula medioambiental prevista en el artículo 8 de los 
Reglamentos 3281/94, de 19 de diciembre de 1994, y 1256/96, de 20 de junio de 1996, 
tiene por objeto favorecer la importación de productos cuyas características o métodos de 
producción estén internacionalmente reconocidos en el sentido de que permiten promover 
la realización de los objetivos definidos en los convenios internacionales en materia de 
medio ambiente. 
La cláusula medioambiental incitativa tiene por objeto conceder preferencias aduaneras 
suplementarias a todos los países que así lo soliciten y que puedan efectivamente 
demostrar que respetan las normas internacionales en materia de medio ambiente y, más 
específicamente, las normas de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales 
relativas a la gestión de los bosques tropicales. La cláusula medioambiental existe ya, 
pero no es aún operativa. Sólo entrará en vigor el 1 enero de 1998. En este sentido, la 
Comisión debe elaborar un informe sobre los trabajos realizados en la Organización 
Internacional de las Maderas Tropicales, la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico y la Organización Mundial del Comercio acerca de la relación entre comercio 
y medio ambiente. 
\c 
Este informe, objeto del presente documento, se centra específicamente, puesto que se 
trata del único ámbito expresamente contemplado en esta fase por el art. 8 del 
Reglamento 3281/94, en la manera en que se plantea a nivel internacional la definición y 
evaluación de la gestión duradera de los bosques, sobre la base de los documentos 
pertinentes para la aplicación de la cláusula medioambiental. No excluye, sin embargo, la 
extensión a largo plazo de la cláusula a otras normas internacionales en materia de medio 
ambiente. Por tanto es preciso tener en mente, en este sentido, los demás convenios 
internacionales en la materia, a saber, los convenios sobre la diversidad biológica ( 1992), 
sobre los cambios climáticos (1992) y sobre los residuos peligrosos (Basilea, 1989), 
aunque ninguno de estos convenios proporcione una auténtica base concreta para la 
aplicación de una cláusula medioambiental. 
A la luz de este informe, la Comisión presentará una propuesta de Decisión al Consejo 
sobre la intensidad de los regímenes especiales de estímulo y las modalidades de 
aplicación. 
El resultado positivo del examen efectuado por el Consejo sobre la base del informe de la 
Comisión acerca de los trabajos de los foros internacionales no constituye, como es 
lógico, condición previa que pueda limitar el derecho de iniciativa de la Comisión en la 
materia, pues para ella se trata de proponer la aplicación de un mecanismo ya existente en 
principio. No obstante, dado que el resultado de los trabajos del Consejo en la materia 
deberán ser una de las fuentes de las motivaciones de la propuesta de la Comisión, ésta se 
elaborará después de debatido el presente informe. Por otro lado, la propuesta de la 
Comisión debería examinarse a la luz de una evaluación de la neutralidad global del 
impacto del régimen general del SPG y, en particular, de los efectos combinados de la 
graduación (incluida la aplicación del artículo 6) y de las medidas especiales adoptadas 
en favor de los PMA. 
n 
OMC 
El preámbulo del Acuerdo que instituye la Organización Mundial del Comercio reconoce 
la necesidad de preservar el medio ambiente y de promover un desarrollo sostenible. Uno 
de los principios fundamentales de la OMC, mencionado en las negociaciones 
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, es que es necesario tomar conciencia del 
vínculo que existe entre el funcionamiento del sistema comercial multilateral, una mejor 
protección del medio ambiente y la promoción de un desarrollo sostenible. Además, el 
artículo XX del GATT 1997 autoriza en sus puntos b) y g) las medidas vinculadas con la 
conservación de los recursos naturales agotables a condición de que estas medidas no 
constituyan discriminaciones arbitrarias o restricciones encubiertas. 
El Consejo General de la OMC estableció formalmente un Comité «Comercio y Medio 
Ambiente» a principios de 1995. El Comité contribuyó al desarrollo de los trabajos 
reuniéndose regularmente con el fin de examinar de forma detallada el alcance de la 
vinculación entre la liberalización del comercio internacional y la protección del medio 
ambiente, y también con el fin de prever todas las formas posibles de reconciliar estas dos 
esferas. 
A pesar de dos años de trabajo, el Comité «Comercio y Medio Ambiente » no pudo 
proponer medidas concretas para la reunión ministerial de Singapur de diciembre de 
1996. En sus conclusiones, sin embargo, el Comité reconoce que "the multilateral trade 
system has the capacity to further integrate environmental considerations and enhance 
its contribution to the promotion of the sustainable development without undermining its 
open, equitable and non discriminatory character". Además, el Comité apoyó 
claramente las soluciones multilaterales basadas en la cooperación internacional y el 
consenso como que el medio mejor y más eficaz que tienen los Gobiernos para tratar los 
problemas medioambientales de carácter transfronterizo o global. 
Sin embargo, el informe elaborado a tal efecto no formula ninguna sugerencia en cuanto 
a la vinculación entre el comercio internacional y la protección del medio ambiente. La 
Conferencia Ministerial de Singapur no pudo, por tanto, sino remitirse a los trabajos del 
Comité «Comercio y Medio Ambiente», destacando la importancia de una mayor 
coordinación a nivel nacional en el ámbito del comercio y de la protección del medio 
ambiente, sino otra conclusión concreta más que la continuación de los trabajos del 
Comité. Así se refleja en la declaración ministerial: 
«The Committee on Trade and Environment has made an 
important contribution towards fulfilling its Work programme. 
The Committee has been examining and will continue to examine, 
inter alia, the scope of the complementarities between trade 
liberalisation, economic development and environmental 
protection. Full implementation of the WTO Agreements will 
make an important contribution to achieving the objectives of 
sustainable development. The work of the Committee has 
underlined the importance of policy co-ordination at the national 
level in the area of trade and environment. En this connection, té 
work of té Committee has been enriched by té participación of 
environmental tiene well tiene trade expertos from Member 
governments and té further participación of such expertos en té 
It 
Committee's deliberaciones would be welcomed. Té breadth and 
complexity of té salidas covered by té Committee's Work 
Programa shows that further work needs to be undertaken él all 
items of its orden del día, tiene contained en its aplazamiento. We 
intend to build on the work accomplished thus far, and therefore 
direct the Committee to carry out its work, reporting to the 
general Council, under its existing terms of reference.» 
1°) 
OCDE 
En 1991 se adoptó en el Consejo de la OCDE una recomendación sobre los indicadores y 
la información medioambientales. Preconizaba el desarrollo de un conjunto de 
indicadores centrales «seguros, legibles, mensurables e interesantes para la toma de 
decisiones». El grupo de la OCDE sobre e/ estado del medio ambiente creó una serie de 
indicadores. Estos indicadores, organizados en torno a 13 temas, deben permitir la 
evaluación de los resultados en materia de medio ambiente, la integración de las 
cuestiones medioambientales en las políticas sectoriales y la integración de las cuestiones 
medioambientales en las políticas económicas. 
Los indicadores centrales de la OCDE para los recursos forestales pueden resumirse del 
siguiente modo: 
1. tasa de cosecha en relación con la capacidad de producción, 
2. distribución de los bosques en volumen y en superficie, 
3. parte de los bosques modificados o deteriorados en la superficie total de 
bosque, 
4. porcentaje de bosque explotado regenerado con éxito (incluye la 
regeneración natural), 
5. porcentaje de bosque protegido en relación con la superficie total de 
bosques. 
La elaboración de estos criterios por la OCDE resulta muy útil para la elaboración de 
informes por país relativos a los resultados respectivos en materia de medio ambiente. 
Los criterios pueden también contribuir a la evaluación global, para cada país de la 
OCDE, del estado de sus recursos forestales. 
Los trabajos de la OCDE se sitúan aún básicamente a nivel analítico. 
c*¿0 
OIMT 
La Organización Internacional de las Maderas Tropicales contribuye a la conservación y a 
la explotación estudiada de los bosques tropicales garantizando su ordenación racional, 
que define como «ordenación de bosques permanentes con vistas a objetivos claramente 
definidos relativos a la producción constante de bienes y servicios deseados sin atentar 
contra su valor intrínseco ni comprometer su productividad futura y sin suscitar efectos 
indeseables sobre el entorno físico y social». Por otra parte, a nivel nacional, la OIMT 
define una política forestal sostenible como «una política que garantiza el mantenimiento 
de todos los tipos ecológicos de bosques de un país en equilibrio, y divididos en 
propiedades forestales permanentes de tamaño razonable ». En la gestión forestal, se 
considera sostenible la gestión de un bosque «cuando garantiza la continuidad de todas 
las funciones principales atribuidas a un bosque particular, sin perjuicio de las otras 
funciones».1 
I. EL OBJETIVO 2000 
El CMT ha adoptado el Objetivo Año 2000 en su octava sesión, en Bali, en mayo de 
1990. Los piases miembros de la OIMT se comprometieron a limitar de aquí al año 2000 
el comercio a las maderas procedentes de bosques ordenados con vistas a un rendimiento 
sostenido. En la sesión n° 20 del Consejo de la OIMT, los días 15 y 23 de mayo de 1996, 
los productores y consumidores llegaron a un consenso sobre la cuestión de la revisión 
intermedia del horizonte 2000. Los países productores, conscientes de la importancia de 
los criterios de sostenibilidad, aceptaron una decisión cuyos efectos serán los siguientes: 
la reconstitución de un grupo de expertos destinado a examinar los cálculos de los costes 
y recursos necesarios para la consecución del objetivo año 2000, un compromiso sobre 
los ámbitos prioritarios de la acción futura de los países productores, y la aceptación de 
las acciones señaladas. 
II. DIRECTIVAS DE LA OIMT 
La OIMT estableció directrices sobre la ordenación sostenible de los bosques tropicales 
naturales y artificiales, así como de las directrices sobre la conservación de la 
biodiversidad en los bosques tropicales de producción, cuyos principios son el siguientes: 
//. /. La política forestal nacional 
La OIMT preconiza la aplicación de una política forestal nacional que sea parte integral 
de la política nacional de utilización de los suelos y que garantice una utilización 
equilibrada de los recursos. Esta política forestal debe incluir: 
1 Definición adoptada por el Consejo Internacional (CIBT) en 1992, Seminario intergubernamental sobre 
criterios e indicadores para la gestión sostenible de los bosques, agosto de 1996, Helsinki. 
ai 
1. la parte actual de suelo cubierto de bosques, 
2. las necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras, 
3. el lugar de la silvicultura en la planificación económica nacional, 
4. los distintos objetivos de la política forestal y su importancia relativa, 
5. la importancia respectiva de los bosques públicos y privados, 
6. programas para evaluar la importancia de la biodiversidad en todas las zonas. 
Esta política nacional debe estar apoyada por una legislación adecuada, que debe estar en 
armonía con las leyes aplicables a los otros sectores. Debe estar previsto un mecanismo 
de revisión de la política y la legislación nacionales en caso de nuevas circunstancias 
sociales, económicas y ecológicas y a la luz de nuevas informaciones disponibles. 
La OIMT hace hincapié en la necesidad de emprender estudios sobre el conjunto de las 
ventajas económicas proporcionadas por los bosques ordenados, sobre el lugar y la 
extensión de las repoblaciones necesarias, sobre las necesidades de protección del medio 
ambiente, sobre la demanda de productos forestales, sobre la capacidad de las 
explotaciones forestales, sobre el grado de dependencia y las demandas de las 
comunidades locales en función de los valores económicos, espirituales y culturales de 
los suelos en los que se prevean repoblaciones. 
11.2. El inventario forestal nacional 
Un inventario forestal, sobre el fondo y la superficie, deberá establecer la importancia de 
todos los bosques, cualquiera que sea su propiedad, y además describir, cuantificar y 
observar la biodiversidad en todos los bosques de producción. Estos inventarios deberán 
ser ampliables, para poder incluir informaciones anteriormente se recogidas. 
11.3. El sector forestal permanente 
Determinadas categorías de suelos deben mantenerse bajo cubierta forestal permanente. 
La OIMT se refiere aquí, en particular, a los suelos a proteger, a los suelos destinados a 
reservas naturales, a los suelos de producción de madera y otros productos forestales, a 
los suelos destinados a varios de estos objetivos. Es preciso definir, prospectar y delimitar 
las distintas categorías que componen el sector forestal permanente, en consulta con las 
comunidades afectadas y teniendo en cuenta sus reivindicaciones. 
La OIMT recomienda que no se talen los bosques naturales para sustituirlos por 
repoblaciones, a menos que un análisis racional haya demostrado que es indispensable 
para justificar el mantenimiento de la cubierta forestal. 
Es preciso también, según la OIMT, definir áreas de protección total con una superficie 
de bosque natural lo más extensa posible y rodear estos núcleos de bosques de protección 
seminaturales, con el fin de reducir el efecto de margen y preservar su función ecológica. 
Y, además, reducir al mínimo la erosión de la biodiversidad, manteniendo la 
comunicación entre bosques no alterados. 
11.4. El régimen de propiedad de la tierra 
Los principios y recomendaciones de la OIMT se aplican a todos los bosques, sean de 
propiedad nacional, privada o consuetudinaria. Sólo podrán aplicarse si las comunidades 
locales aceptan los cambios de uso de los suelos y los destinos propuestos. 
«¡te, 
IL 5. El servicio forestal nacional 
Debe existir servicio forestal nacional, con mandato y capacidad de garantizar que los 
bosques se ordenen de forma integrada para preservar todos sus valores, entre ellos la 
biodiversidad. 
I 1.6. Los estudios de viabilidad 
La OIMT recomienda estudios de viabilidad que abarquen todos los impactos ecológicos, 
socioeconómicos (mejor acceso a los recursos, creación de empleo, posibilidades de 
inversión, desarrollo industrial, aumento de las rentas, pero también alteración de los 
derechos de tenencia de la tierra, deterioro de los valores naturales, etc.) e institucionales 
de las repoblaciones sostenibles. 
II.7. La ordenación forestal 
II. 7. /. planificación 
Para la gestión duradera de los bosques así como para la creación y la gestión de las 
repoblaciones es esencial un plan de ordenación. El plan de repoblaciones debe constituir 
la base de toda acción y de toda previsión de gestión. Los planes deben ocuparse de los 
temas siguientes: las zonas que deben excluirse de la repoblación y de la explotación, la 
elección del régimen silvícola, la regularización de los rendimientos y la posibilidad 
anual realizable, el trazado de las redes de carreteras y pistas de saca y cortafuegos, los 
inventarios de ordenación y de cartografía, los métodos de preparación del terreno, de 
plantación, de mantenimiento, de prevención de la erosión, el asentamiento del suelo, la 
protección y la lucha contra el fuego, la lucha biológica contra los parásitos y la 
protección contra los parásitos, enfermedades y desastres climáticos, el desarrollo de 
mercados y el plan de explotación, las disposiciones que hacen participar a las 
comunidades locales de todas los beneficios del bosque y el reconocimiento de los 
derechos consuetudinarios. 
//. 7.2. cortas y extracción 
Las condiciones de corta desempeñan un papel importante, en el sentido de que pueden 
permitir armonizar extracción y prácticas silvícola. A tal efecto, es necesario, según la 
OIMT, precisar todo lo que se refiere al desbroce, al marcado de los árboles a cortar o 
conservar, así como indicaciones sobre la dirección de caída y la saca. Es preciso también 
reducir el tamaño de las talas, reducir al mínimo el uso de maquinaria y los daños a la 
población residual. Después de la corta, es necesario proceder a un inventario y 
determinar, en su caso, las intervenciones silvícolas subsiguientes. 
II. 7.3. protección 
Los bosques de producción permanentes deben estar protegidos de actividades 
incompatibles con una producción constante de madera. Las obras de infraestructura 
forestal deben realizarse reduciendo al mínimo los riesgos de erosión y de otros daños a 
la plantación y al medio ambiente en general. Es preciso elaborar un plan de lucha contra 
el fuego, que puede ser una grave amenaza para la productividad, la estabilidad ecológica 
as 
y la calidad de las repoblaciones, así como instrucciones relativas a la manipulación y 
almacenamiento de productos químicos. 
//. 7.4. disposiciones jurídicas 
Las directrices de la OIMT prevén disposiciones jurídicas, en particular acuerdos de 
concesión, permisos de corta en tierras de propiedad privada o consuetudinaria, así como 
permisos de recuperación. 
11.7.5. investigación y seguimiento 
El objetivo es proporcionar una información de retorno sobre la compatibilidad de las 
operaciones de ordenación forestal con los objetivos de producción constante de madera 
y otras utilizaciones de los bosques. 
II.8. Aspectos socioeconómicos 
A nivel socioeconómico y financiero, es preciso garantizar una distribución equitativa de 
los costes y de los beneficios entre autoridades, propietarios, concesionarios y 
comunidades locales. La OIMT afirma que el éxito de la ordenación forestal y de las 
repoblaciones dependerá de las relaciones con las poblaciones locales. La viabilidad 
económica es indispensable. Así, la OIMT prevé destinar beneficios financieros al 
mantenimiento de la capacidad productiva de los recursos forestales y revisar los 
impuestos y derechos forestales. 
III. LOS CRITERIOS E INDICADORES DE LA OIMT1 
La OIMT define los criterios como aspectos importantes que ayudan a determinar los 
elementos esenciales por los que puede juzgarse la gestión sostenible de los bosques. El 
indicador, a su vez, es una medida cualitativa, cuantitativa o descriptiva, que determina la 
dirección del cambio que se opera. La elaboración de los criterios y de los indicadores 
tiene por objeto contribuir a la mejora de las políticas forestales, o incluso al desarrollo 
de políticas totalmente nuevas. Los criterios e indicadores pueden ayudar a la 
investigación y orientar las prácticas forestales hacia una gestión sostenible de los 
bosques. Ayudan también a determinar las amenazas y las lagunas. 
La Organización Internacional de las Maderas Tropicales ha definido una serie de 
criterios en el marco de su Objetivo Año 2000. Los criterios fueron determinados para 
medir la ordenación sostenible de los bosques tropicales. Según la definición de la OIMT, 
los criterios ayudan a subrayar las insuficiencias actuales de la ordenación, y ayudarán así 
a definir las mejoras realizables en las prácticas de ordenación. Pueden también 
proporcionar una base para un sistema de informes estándar que faciliten la comparación 
y las conversaciones para la cooperación y la asistencia. Los criterios constituyen otra 
manifestación del compromiso de la OIMT con la ordenación sostenible de los bosques 
' Criterios de medición de la ordenación sostenible de los bosques tropicales, serie OIMT, politique 
forestière n°3, marzo de 1992. 
S<f 
tropicales. Los criterios fueron definidos para ayudar a los países productores miembros 
de la OIMT a evaluar y determinar sus propios progresos hacia una gestión sostenible del 
bosque tropical y hacia el Objetivo Año 2000. 
En total, la OIMT elaboró 5 criterios y 27 indicadores para un uso a escala nacional. Los 
5 criterios elegidos son los siguientes: 
1. la base de recursos forestales, 
2. la continuidad de la producción forestal, 
3. el nivel de control del medio ambiente, 
4. los efectos socioeconómicos, 
5. los marcos institucionales. 
Los indicadores posibles elegidos son los siguientes: 
1. la planificación global de la utilización de los suelos y la constitución de un sector forestal 
permanente; 
2. la superficie actual del sector forestal permanente en relación con los objetivos nacionales; 
3. los objetivos de repoblación y la distribución actual de las edades y ritmo anual de las 
plantaciones forestales; 
4. las superficies de bosques de protección y de bosques de producción en el sector forestal 
permanente; 
5. la representatividad de la red de áreas protegidas, y programa en curso o propuesto de nuevas 
reservas; 
6. las estadísticas nacionales de producción; 
7. la documentación sobre cortas forestales anteriores;. 
8. la periodicidad de los cortas propuestos para los principales tipos de bosque, y duración 
normal de las concesiones; 
9. la determinación de la posibilidad realizable en el primer paso en corta por un período de 
tiempo de rotación determinado, y superficie neta de bosques de producción; 
10.1a determinación de la posibilidad realizable en las rotaciones de corta siguientes, datos de 
aumento, y superficie neta de bosques de producción; 
11. las medidas adoptadas para armonizar el primer paso en corta y los siguientes, y para ordenar 
la transición de la primera a la segunda rotación de corta; 
12. los objetivos de producción maderera en el tiempo a partir de distintas fuentes; 
13. las ordenanzas silvícolas existentes para los principales tipos de bosques; 
14. las ordenanzas relativas a los elementos constitutivos del sector forestal permanente distintos 
de los de producción; 
15. las ordenanzas existentes para las obras de ingeniería forestal, la protección de las vertientes 
y demás en los bosques de producción; 
16. los métodos existentes de evaluación del estado del medio ambiente; 
17. la estructura del empleo y sus tendencias; 
18. la creación de rentas y modos de distribución; 
19. la renta nacional y presupuestos de gastos destinados a la ordenación forestal; 
20. los métodos existentes de evaluación del impacto social; 
21. la existencia de una política forestal nacional; 
22. las relaciones entre la política nacional y las directrices de la OIMT; 
23. la capacidad del marco legislativo para aplicar las políticas forestales nacionales y los planes 
de ordenación; 
24. la capacidad de la legislación para regular la explotación forestal y administrar los 
instrumentos, p. ej. los acuerdos de concesión; 
25. la capacidad de los recursos humanos y financieros para hacer frente a las responsabilidades 
jurídicas y administrativas en materia de ordenación forestal; 
26. la consulta a las comunidades locales; 
27. el plan de ordenación existente, y disposiciones tomadas para aplicarlo. 
¿¿ 
Se definieron otros 6 criterios al nivel de la unidad de ordenación forestal: 
1. la seguridad de los recursos, 
2. la continuidad de la producción maderera, 
3. la conservación de la flora y la fauna, 
4. el grado aceptable de impacto sobre el medio ambiente, 
5. los beneficios socioeconómicos, 
6. la planificación y los ajustes en función de la experiencia. 
A nivel de la unidad de ordenación forestal, son posibles 23 indicadores: 
1. la clasificación jurídica de las reservas forestales o de las unidades de ordenación; 
2. la existencia de un plan de ordenación; 
3. la delimitación clara sobre el terreno; 
4. la presencia o ausencia de explotación ilícita o de usurpaciones; 
5. la duración de los acuerdos de concesión; 
6. la existencia de normas oficiales claras relativas a las cortas; 
7. la productividad del suelo a largo plazo; 
8. el inventario de las poblaciones antes de la corta; 
9. el número de árboles cortados y los volúmenes extraídos por hectárea; 
lO.el seguimiento de los volúmenes en pie residuales después de la corta; 
11 .el registro de los volúmenes de madera producidos cada año; 
12.1a superficie neta productiva; 
13.el registro de superficies de corta anuales; 
14.1a protección de los ecosistemas en la concesión o la unidad de ordenación; 
15.el alcance de las alteraciones causadas en la vegetación después de la corta; 
16.el alcance de la alteración de los suelos; 
17.1a amplitud y distribución espacial de los ribazos y otras zonas de protección de las 
vertientes; 
18.1a amplitud y gravedad de la erosión de los suelos; 
19.las disposiciones adoptadas para la protección de las aguas; 
20.el número de personas empleadas; 
21 .la naturaleza e importancia de los beneficios extraídos de las actividades forestales; 
22.1a consulta a comunidades locales; 
23.las disposiciones destinadas a tener en cuenta en la ordenación las utilizaciones tradicionales 
del bosque; 
La OIMT dispone de distintas áreas de demostración en algunos de los países productores 
donde existen proyectos en curso con el fin de probar y de precisar la gestión sostenible 
de los bosques tropicales. Los criterios elegidos no tienen, sin embargo, carácter 
vinculante para los piases miembros de la OIMT. Su papel es exclusivamente ayudar a 
definir mejoras en las prácticas de gestión. 
Los criterios e indicadores son instrumentos extremadamente útiles que apoyan la mejora 
de la calidad de la gestión forestal como parte integral del desarrollo sostenible de las 
naciones en las que se presentan. 
Pero la elaboración de estos criterios no siempre ha sido juzgada de manera positiva. 
Permite, ciertamente, apreciar una política global de un Estado o de una explotación a 
nivel de la entidad forestal, pero no permite medir el grado de conformidad con las 
normas de las explotaciones forestales individuales. Esto no facilita la aplicación de la 
cláusula incitativa SPG, puesto que no puede establecerse ninguna correlación entre los 
productos exportados y la identificación de materiales tratados según las normas de 
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gestión sostenible de los bosques. Sin correlación mensurable, el respeto de la aplicación 
de las normas medioambientales sólo puede garantizarse a nivel global por país. 
IV. CONCLUSIONES 
Es cierto que la OIMT es uno de los organismos catalizadores a nivel internacional en 
materia de «comercio y medio ambiente». Los estándares de la OIMT destinados a 
mejorar las políticas nacionales en materia de medio ambiente y a evaluar las prácticas de 
gestión forestal, son probablemente los únicos actualmente aceptables a nivel 
internacional. Pero los criterios de la OIMT no están concebidos para medir las prácticas 
a nivel local. No podrán, por tanto, utilizarse con fines de certificación de los productos. 
El problema de la certificación fue detenidamente debatido la sesión n° 20 de la OIMT, 
en mayo de 1996. La OIMT decidió profundizar aún más en este tema y aplazar el debate 
a la sesión n° 23 del Consejo de la OIMT, en noviembre de 1997. 
Hay que destacar, por otro lado, como complemento a este análisis de los trabajos de la 
OIMT en la materia, que el grupo de expertos intergubernamental sobre los bosques, 
establecido en 1995 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas por 
recomendación de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, formuló también 
propuestas de acciones coordinadas a nivel internacional en el ámbito de la conservación 
y de la gestión sostenible de los bosques, e incluso en lo relativo a criterios e indicadores 
de gestión sostenible de los bosques que deberían desarrollarse a nivel nacional y 
regional. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
Son numerosas las conclusiones que pueden extraerse de cuanto precede, tanto sobre la 
evolución del debate general como sobre la aplicación de la cláusula medioambiental en 
el SPG: 
1. El desarrollo de los criterios y de los indicadores acarreó cambios en las prácticas 
forestales en el sentido de una gestión sostenible de los bosques. Las iniciativas 
internacionales pueden servir de fuerza motriz. Se crearon numerosos contactos entre 
países, promoviendo los principios de interacción, de apertura, de información, de 
transparencia, de participación y de consulta. El trabajo efectuado por las distintas 
iniciativas da prueba de una voluntad política positiva de obtener resultados concretos. El 
desarrollo de los criterios y de los indicadores produjo resultados positivos a nivel 
internacional que se pueden resumir del siguiente modo: 
• mayor participación en el diálogo mundial sobre los bosques, 
• mayor internacionalización del debate, respetando al mismo tiempo la 
soberanía de los Estados sobre sus patrimonios forestales, 
• estímulo de la colaboración y mejora de la confianza mutua, 
• establecimiento progresivo de objetivos claramente definidos, 
• movimiento hacia la instauración de un consenso, 
• promoción de la información, 
• establecimiento de un modelo básico para ejercicios similares. 
2. En lo que se refiere a la cláusula medioambiental, el resultado de los trabajos no puede 
sino animar a la Comunidad a avanzar en la aplicación de esta cláusula. No obstante, 
subsisten dificultades para la definición técnica de las «normas internacionalmente 
admitidas» que podrían tenerse en cuenta para la aplicación de una cláusula 
medioambiental incitativa. En efecto, si se hace abstracción de los trabajos de organismos 
no gubernamentales, que no pueden tenerse en cuenta como referencia objetiva e 
innegable, los foros internacionales competentes y, en particular la OIMT, no han 
producido normas utilizables como instrumento de medida de los progresos del medio 
ambiente en las explotaciones forestales, ya que los criterios elegidos son en realidad 
directrices aplicables a la política forestal de los países, pero sin una base que determine 
su aplicación efectiva. 
En el estado actual de los trabajos, no se puede, por tanto, prever la aplicación de un 
sistema de control en las exportaciones. Ello implicaría, en efecto, que la propia 
Comunidad impusiera su propia interpretación de la aplicación de las directrices de la 
OIMT, lo que es contrario al artículo 8 del Reglamento SPG, o que reconociera las 
interpretaciones variables aducidas por cada país beneficiario, lo que sería inmanejable. 
Por tanto, es necesario prever una opción que consistiría en la comprobación global por 
países del respeto por cada uno ellos de las directrices de la OIMT o de sus esfuerzos en 
esta dirección. En este enfoque, se apuesta más por el diálogo y la dinámica hacia la 
normalización que por el respeto estricto de las normas. Esta opción permite tener un 
dispositivo de control muy sencillo. Como contrapartida, la ventaja que se ofrezca no 
puede ser tan simbólica como para que los beneficiarios renuncien a ella por falta de 
interés. Contrariamente a la opción elegida para la cláusula social, no se trata de un 
planteamiento que da prioridad a los resultados sobre el terreno, sino más bien a la señal 
política. 
3. Cabe destacar que la Comunidad deberá aún contentarse, durante un tiempo, con la 
aplicación de una cláusula limitada a los productos del bosque tropical. Es una lástima, 
ya que las necesidades no son menores en otras partes, en particular en la agricultura.1 
Pero no se puede hacer caso omiso de la exigencia de criterios internacionalmente 
reconocidos para aplicar esta cláusula. Sólo el sector del bosque tropical ha emprendido 
este camino. Corresponde a la Comunidad promover en otros foros la puesta a punto de 
criterios para otros sectores. 
1 No obstante, convendrá explorar la posibilidad de que estén cubiertos por esta cláusula algunos productos 
agrícolas (por ejemplo los camarones), si se cultivan o crían en condiciones conformes a los principios 
de gestión sostenible de los bosques de tipo manglar. 
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ISSN 0257-9545 
COM(97) 260 final 
DOCUMENTOS 
ES 11 05 14 10 
N° de catálogo : CB-C0-97-248-ES-C 
ISBN 92-78-20611-3 
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L-2985 Luxemburgo 
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