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Recuerda, por tanto, todos sus debates y resoluciones, así como los resultados de las misiones realizadas en 2009, sobre cuestiones relativas a los derechos fundamentales, que han demostrado que hay muchas cuestiones pendientes y casos específicos de violación de los derechos fundamentales que requieren medidas concretas urgentes, estrategias a medio plazo y soluciones a largo plazo, así como seguimiento por parte de las instituciones de la UE, tales como: — la protección de las cuatro libertades fundamentales como un acervo fundamental de la UE, con especial atención a la libre circulación de los ciudadanos de la UE, — la garantía de los derechos de todas las personas presentes en el territorio de la UE, independientemente de la ciudadanía, — la garantía de la seguridad jurídica y la existencia de los controles y equilibrios adecuados de un sistema democrático sólido, — la garantía de la protección de los datos de carácter personal y la intimidad, incluidos la recopilación, el procesamiento, la transferencia y el almacenamiento de datos financieros y personales, tanto dentro como fuera de la UE, con arreglo a los principios de finalidad, necesidad y proporcionalidad y los derechos de rectificación y de recurso, y la promoción del justo equilibrio entre las libertades individuales y la seguridad colectiva, amenazado por nuevas formas de terrorismo y de delincuencia organizada, — la lucha contra la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niños, pues constituye una forma de esclavitud; observa que, a pesar de la legislación nacional y de la UE y de los compromisos políticos adquiridos a lo largo de muchos años, se calcula que cientos de miles de personas son objeto de tráfico cada año para llegar a la UE o dentro de la misma, y destaca la necesidad de que se aborde con mayor urgencia este delito, también a través de la nueva propuesta de Directiva de la UE, que incluye la sugerencia de nombrar ponentes nacionales para supervisar la ejecución de la política de lucha contra el tráfico ilícito a nivel nacional, — la protección de los derechos de los refugiados y los emigrantes, asegurándose de que la gestión por parte de la UE de los flujos migratorios y las negociaciones sobre los acuerdos de readmisión con terceros países no pongan a estas personas en peligro de violación de los derechos humanos, — la protección de los derechos de las víctimas de la violencia, la delincuencia, la guerra y violaciones de los derechos humanos, un ámbito en el que se requiere una legislación a escala de la UE, sin reorientar la atención y los recursos que se destinan a la prevención, la lucha contra los delincuentes y terroristas y el tratamiento de las causas profundas; destaca la consulta pública de la UE sobre la mejora de los derechos de las víctimas de delitos y de la violencia puesta en marcha a principios de 2010, y espera con interés la propuesta de seguimiento de la Comisión relativa a medidas prácticas para apoyar a las víctimas a lo largo del proceso judicial; recuerda la iniciativa de un Estado miembro relativa a una orden de protección europea que permitiría aumentar la protección concedida a las víctimas que se trasladan de un Estado miembro a otro, pero solicita una aclaración jurídica de sus disposiciones, — el desarrollo de una estrategia de la UE sobre los derechos del niño a través de medidas prácticas para luchar contra el abuso infantil, la explotación sexual y la pornografía infantil, para promover un uso más seguro de Internet y para eliminar el trabajo infantil y la pobreza infantil, teniendo en cuenta el cálculo según el cual entre el 10 y el 20 % de los niños en Europa sufrirán abusos sexuales durante su niñez, que las investigaciones muestran que las víctimas de pornografía infantil son cada más jóvenes y que las actuales circunstancias económicas mundiales amenazan con empujar a más niños hacia el trabajo y/o la pobreza, — el fomento de políticas de asilo e inmigración de la UE sobre la base de los valores y los principios establecidos en los Tratados, la Carta y el CEDH, — el desarrollo de una estrategia de la UE en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, que sufren aún hoy la discriminación en sus vidas sociales, profesionales y culturales, — la prohibición y eliminación de todas las formas de discriminación, sobre la base del artículo 21 de la Carta, en todos los ámbitos de la vida, incluida la elaboración de perfiles en función de la etnia, teniendo al mismo tiempo en cuenta las responsabilidades y competencias jurídicas consolidadas, — la protección de la diversidad lingüística en tanto que patrimonio cultural de Europa, incluidas las lenguas minoritarias, — la prohibición de la aplicación de sanciones en caso de utilización de una lengua distinta de la lengua oficial de un Estado miembro, — la lucha contra la pobreza y la exclusión social, — la elaboración de una estrategia a nivel de la UE orientada a la acción para estimular la integración de la población gitana y la inclusión de esta cuestión en la aplicación de las políticas europeas, nacionales, regionales y locales, y el establecimiento de una cooperación entre los Estados miembros y la UE, — la creación de un marco a escala de la UE sobre derechos procesales para los sospechosos en diligencias penales, — la garantía y el fomento de la libertad de prensa en la Unión Europea, cuya situación se deteriora año tras año, como lo demuestran especialmente la concentración de los medios de comunicación, la presión ejercida sobre los periodistas y su trabajo, y la presentación de demandas contra periodistas sin ninguna razón real ni seria, — la evaluación de los acuerdos de readmisión de la UE existentes y la evaluación del impacto de la política de la UE en materia de acuerdos de readmisión sobre los derechos fundamentales, — la promoción de la inclusión social de las personas más vulnerables a través de la educación y de las acciones positivas, también hacia reclusos, ex reclusos o quienes cumplen penas alternativas, además de otras medidas que estimulen la rehabilitación social, — el derecho a la educación para todos, — la protección de los migrantes, en particular los solicitantes de asilo, — el estímulo a la sociedad civil con vistas a promover un debate transparente y regular sobre los derechos fundamentales para garantizar la mayor protección posible de estos derechos, — la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antisemitismo, — el fomento de una mayor comprensión interconfesional e intercultural, con objeto de mejorar el proceso de integración europea, — la protección de los derechos de los migrantes ilegales en la UE, — la protección de la libertad de expresión y de la libertad, la independencia y el pluralismo de todos los medios de comunicación y la prensa, así como del libre flujo de la información, — la protección de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión frente a cualquier tipo de violación, puesto que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 10 de la Carta, que implica la libertad de manifestar una religión o unas convicciones en público o en privado;