COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 21.4.2021 COM(2021) 189 final 2021/0104(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la información corporativa en materia de sostenibilidad (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2021) 164 final} - {SWD(2021) 150 final} - {SWD(2021) 151 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La Directiva sobre divulgación de información no financiera (Directiva 2014/95/UE), por la que se modifica la Directiva contable, se adoptó en 2014. Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulgación de información no financiera tuvieron que presentar informes de conformidad con sus disposiciones por primera vez en 2018 (en relación con el ejercicio 2017). La Directiva sobre divulgación de información no financiera se aplica a las grandes entidades de interés público con un número medio de empleados superior a 500, y a las entidades de interés público que sean sociedades matrices de un gran grupo con un número medio de empleados superior a 500 sobre una base consolidada. La Directiva sobre divulgación de información no financiera exime a las filiales de sus obligaciones de divulgar información si su empresa matriz ya lo hace en relación con todo el grupo, incluidas las filiales. Unas 11 700 empresas están sujetas a la obligación de divulgar información establecida en la Directiva sobre divulgación de información no financiera. La Directiva sobre divulgación de información no financiera introdujo el requisito de que las empresas informen tanto sobre la manera en que las cuestiones de sostenibilidad afectan a sus resultados, situación y evolución (perspectiva «de fuera a dentro») como sobre su impacto en las personas y el medio ambiente (perspectiva de «dentro a fuera»). Es lo que suele denominarse «doble significatividad». De conformidad con la Directiva sobre divulgación de información no financiera, en 2017 la Comisión publicó directrices de información no vinculantes para las empresas. En 2019 publicó directrices adicionales sobre la presentación de información relacionada con el clima. Estas directrices no han mejorado suficientemente la calidad de la información divulgada por las empresas de conformidad con la Directiva sobre divulgación de información no financiera. La Comisión Europea se comprometió a proponer una revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera en el Pacto Verde Europeo y su programa de trabajo para 2020. El Pacto Verde Europeo aspira a transformar la UE en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, sin emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. Disociará el crecimiento económico del uso de los recursos y garantizará que todas las regiones y ciudadanos de la UE participen en una transición socialmente justa hacia un sistema económico sostenible. El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. La revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera contribuirá al objetivo de construir una economía al servicio de los ciudadanos. Reforzará la economía social de mercado de la UE, contribuyendo a garantizar que esté preparada para el futuro y que genere estabilidad, empleo, crecimiento e inversión. Estos objetivos son especialmente importantes teniendo en cuenta los perjuicios socioeconómicos causados por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de una recuperación sostenible, integradora y justa. En consonancia con el Plan de Acción en materia de Finanzas Sostenibles de la Comisión, la UE ha adoptado una serie de medidas para garantizar que el sector financiero desempeñe un papel significativo en la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Lograr que las empresas faciliten información más exhaustiva sobre los riesgos de sostenibilidad a los que están expuestas y su propio impacto en las personas y el medio ambiente es esencial para el éxito de la aplicación del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción en materia de Finanzas Sostenibles. Al hacer que las empresas sean más responsables y transparentes en cuanto a su impacto en las personas y el medio ambiente, la presente propuesta también puede contribuir a reforzar las relaciones entre las empresas y la sociedad. Asimismo, creará oportunidades para que las empresas, los inversores, la sociedad civil y otras partes interesadas mejoren radicalmente la manera en que se divulga y utiliza la información en materia de sostenibilidad gracias a las tecnologías digitales. En diciembre de 2019, en sus Conclusiones sobre la Unión de los Mercados de Capitales, el Consejo destacó la importancia de disponer de información fiable, comparable y pertinente sobre los riesgos, oportunidades e impactos en materia de sostenibilidad, y pidió a la Comisión que estudiara la posibilidad de elaborar una norma europea de divulgación de información no financiera. En su Resolución de mayo de 2018 sobre finanzas sostenibles, el Parlamento Europeo instó a que se siguieran desarrollando los requisitos de divulgación de información en el marco de la Directiva sobre divulgación de información no financiera. En su Resolución de diciembre de 2020 sobre una gobernanza empresarial sostenible, acogió con satisfacción el compromiso de la Comisión de revisar la Directiva sobre divulgación de información no financiera, pidió que se ampliara su ámbito de aplicación a otras categorías de empresas y se congratuló del compromiso de la Comisión de elaborar normas de divulgación de información no financiera de la UE. El Parlamento Europeo también consideró que la información no financiera publicada por las empresas de conformidad con la Directiva sobre divulgación de información no financiera debía someterse a una auditoría obligatoria. Los principales usuarios de la información sobre sostenibilidad divulgada en los informes anuales de las empresas son los inversores y las organizaciones no gubernamentales, los interlocutores sociales y otras partes interesadas. Los inversores, incluidos los gestores de activos, desean conocer mejor los riesgos y las oportunidades que ofrecen las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad para sus inversiones, así como las repercusiones de dichas inversiones en las personas y el medio ambiente. Las organizaciones no gubernamentales, los interlocutores sociales y otras partes interesadas desean que las empresas sean sometidas a un mayor escrutinio en cuanto al impacto de sus actividades en las personas y el medio ambiente. El actual marco legal no garantiza que se satisfagan las necesidades de información de los usuarios. Esto se debe a que algunas empresas de las que los usuarios desean obtener información en materia de sostenibilidad no la facilitan, mientras que muchas de ellas que sí lo hacen no divulgan toda la información pertinente para los usuarios Cuando se presenta información, a menudo no es suficientemente fiable ni suficientemente comparable entre las distintas empresas. A los usuarios les suele resultar difícil encontrar la información y rara vez está disponible en un formato digital de lectura automática. La información que se facilita sobre los activos intangibles, incluidos los generados internamente, no es suficiente, aunque es en estos activos en los que se concentra la mayor parte de la inversión del sector privado en las economías avanzadas (por ejemplo, capital humano, marca, propiedad intelectual y activos intangibles relacionados con la investigación y el desarrollo). En los últimos años, se han incrementado las necesidades de información y lo seguirán haciendo con casi total seguridad. Varias son las razones que lo explican. Una es la creciente concienciación de los inversores de que las cuestiones relativas a la sostenibilidad pueden poner en peligro los resultados financieros de las empresas. Otra es el creciente mercado de productos de inversión que tratan explícitamente de ajustarse a determinadas normas de sostenibilidad o de alcanzar determinados objetivos en ese ámbito. Una tercera es la normativa, incluido el Reglamento sobre la divulgación de información en materia de sostenibilidad en el sector de los servicios financieros y el Reglamento relativo a la taxonomía. Como resultado de ambos reglamentos, los gestores de activos y los asesores financieros necesitan más información sobre sostenibilidad de las empresas en las que se invierte. Por último, es probable que la pandemia de COVID-19 acelere aún más el crecimiento de la demanda de información en materia de sostenibilidad por parte de las empresas, por ejemplo en relación con la vulnerabilidad de los trabajadores y la resiliencia de las cadenas de suministro. Por lo tanto, existe una brecha cada vez mayor entre la información sobre sostenibilidad que presentan las empresas y las necesidades de los usuarios a los que se destina dicha información. Por una parte, esto significa que los inversores no están en condiciones de tener suficientemente en cuenta los riesgos relacionados con la sostenibilidad en sus decisiones de inversión. Esto puede crear, a su vez, riesgos sistémicos que amenacen la estabilidad financiera. Por otra parte, la brecha implica que los inversores no pueden canalizar recursos financieros a las empresas con modelos de negocio y actividades sostenibles, lo que, a su vez, socava la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Asimismo, obstaculiza la capacidad de las partes interesadas para exigir responsabilidades a las empresas por el impacto que tienen en las personas y el medio ambiente, al generar un déficit de rendición de cuentas que puede socavar el funcionamiento eficiente de la economía social de mercado. La situación actual también es problemática para las empresas que tienen que presentar información. La falta de precisión de los requisitos actuales y el gran número de normas y marcos privados existentes dificultan que las empresas sepan exactamente qué información deben presentar. A menudo tienen dificultades para obtener la información que necesitan de los proveedores, los clientes y las empresas en las que invierten. Muchas empresas reciben de las partes interesadas solicitudes de información en materia de sostenibilidad, además de la información que presentan en cumplimiento de los requisitos legales vigentes. Todo ello les genera costes innecesarios. El objetivo de la presente propuesta es, por tanto, mejorar la información en materia de sostenibilidad con el menor coste posible, a fin de sacar el máximo provecho del potencial del mercado único europeo para contribuir a la transición hacia un sistema económico y financiero plenamente sostenible e integrador, de conformidad con el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La propuesta tiene por objeto garantizar que exista información pública adecuada sobre los riesgos que plantean las cuestiones de sostenibilidad para las empresas y las repercusiones de las propias empresas en las personas y el medio ambiente. Esto significa que las empresas de las que los usuarios necesitan información en materia de sostenibilidad deben presentar dicha información y toda la que los usuarios consideren pertinente. La información presentada debe ser comparable, fiable y fácil de encontrar y utilizar por parte de los usuarios con las tecnologías digitales. Ello implica cambiar el estatus de la información en materia de sostenibilidad para hacerla más comparable al de la información financiera. La propuesta contribuirá a reducir los riesgos sistémicos para la economía y mejorará la asignación de capital financiero a empresas y actividades que aborden problemas sociales, sanitarios y medioambientales. Por último, hará que las empresas sean más responsables de sus repercusiones en las personas y el medio ambiente, generando así un clima de confianza entre ellas y la sociedad. La propuesta tiene por objeto reducir los costes innecesarios de la presentación de información en materia de sostenibilidad para las empresas y permitirles satisfacer de manera eficiente la creciente demanda de información en la materia. Aportará claridad y seguridad sobre qué información debe comunicarse en materia de sostenibilidad y facilitará que los encargados de elaborar la información puedan obtener de sus propios socios comerciales la que necesitan a efectos de presentación (proveedores, clientes y empresas en las que invierten). También debe reducir el número de solicitudes de información en materia de sostenibilidad que reciben las empresas, además de la que publican en sus informes anuales.

Se han puesto en marcha una serie de iniciativas internacionales de relevancia. Su objetivo es contribuir a lograr la convergencia y armonización a escala mundial de las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad. La UE las apoya sin reservas. Las empresas e inversores de la UE que operan a escala mundial se beneficiarán de dicha convergencia y armonización. La Comisión apoya las iniciativas del G-20, el G-7, el Consejo de Estabilidad Financiera y otros destinadas a generar un compromiso internacional con el fin de desarrollar una base de referencia de normas mundiales de presentación de información en materia de sostenibilidad, partiendo de los logros del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima. Las propuestas de la Fundación de las Normas Internacionales de Información Financiera para crear un nuevo Consejo de Normas de Sostenibilidad son especialmente pertinentes en este contexto, al igual que el trabajo ya llevado a cabo por iniciativas consolidadas, como la Iniciativa Global de Información Financiera (GRI), el Consejo de Normas de Contabilidad para la Sostenibilidad (SASB), el Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC), el Consejo de Normas de Divulgación del Clima (CDSB) y el CDP (anteriormente el Proyecto de Divulgación de Emisiones de Carbono). La presente propuesta tiene por objeto basarse en las iniciativas internacionales de presentación de información en materia de sostenibilidad y contribuir a ellas. Las normas de la UE relativas a la presentación de información en materia de sostenibilidad deben desarrollarse en cooperación constructiva y bidireccional con las principales iniciativas internacionales, y deben armonizarse con dichas iniciativas en la medida de lo posible, teniendo en cuenta al mismo tiempo las especificidades europeas. La presente propuesta consiste en una Directiva que modificaría cuatro actos legislativos vigentes. En primer lugar, modificaría la Directiva contable, revisando algunas disposiciones existentes y añadiendo algunas nuevas disposiciones sobre la presentación de información en materia de sostenibilidad. Además, modificaría la Directiva sobre auditoría y el Reglamento sobre auditoría para incluir la auditoría de la información en materia de sostenibilidad. Por último, modificaría la Directiva sobre transparencia para ampliar el ámbito de aplicación de los requisitos de información en materia de sostenibilidad a las empresas con valores cotizados en mercados regulados y aclarar el régimen de supervisión aplicable a la información en materia de sostenibilidad presentada por estas empresas. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La Directiva sobre divulgación de información no financiera, junto con el Reglamento relativo a la divulgación de información sobre finanzas sostenibles y el Reglamento sobre la taxonomía, son los componentes esenciales de los requisitos de información en materia de sostenibilidad que sustentan la estrategia de finanzas sostenibles de la UE. El objetivo de este marco jurídico es crear un flujo consecuente y coherente de información en materia de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor financiero. La presente propuesta se basa en los requisitos de información en materia de sostenibilidad establecidos en la Directiva sobre divulgación de información no financiera y los revisa, con el fin de que sean más coherentes con el marco jurídico más amplio en materia de finanzas sostenibles, incluidos el Reglamento relativo a la divulgación de información sobre finanzas sostenibles y el Reglamento sobre la taxonomía, y de que estén en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo. El Reglamento relativo a la divulgación de información sobre finanzas sostenibles regula la forma en que los participantes en los mercados financieros (incluidos los gestores de activos y los asesores financieros) deben divulgar a los inversores finales y a los propietarios de activos la información en materia de sostenibilidad. Para poder cumplir los requisitos del Reglamento relativo a la divulgación de información sobre finanzas sostenibles y, por tanto, satisfacer en última instancia las necesidades de los inversores finales, incluidos los particulares y los hogares, los participantes en los mercados financieros necesitan información adecuada de las empresas en las que se invierte. Por consiguiente, la presente propuesta tiene por objeto garantizar que las empresas en las que se invierte presenten la información que necesitan los participantes en los mercados financieros para cumplir sus propias obligaciones de presentación de información de conformidad con lo establecido en el Reglamento. El Reglamento sobre la taxonomía establece un sistema de clasificación de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles, con el objetivo de intensificar las inversiones sostenibles y luchar contra el blanqueo ecológico de productos financieros «sostenibles». Exige a las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulgación de información no financiera que divulguen determinados indicadores sobre la medida en que sus actividades son medioambientalmente sostenibles según la taxonomía. Estas obligaciones de divulgación de información se especificarán en un acto delegado específico de la Comisión. Estos indicadores son complementarios de la información que las empresas deben divulgar con arreglo a la propia Directiva sobre divulgación de información no financiera, y las empresas tendrán que presentarlos junto con el resto de información en materia de sostenibilidad exigida por la propia Directiva. La presente propuesta tiene por objeto garantizar que los requisitos de presentación de información que han de cumplir las empresas sean coherentes con la taxonomía. Esto se logrará sobre todo a través de las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad propuestas. Se tendrán en cuenta los indicadores que las empresas deben divulgar sobre en qué medida sus actividades son medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía, así como los criterios de selección y los umbrales relativos a la ausencia de un perjuicio significativo establecidos en la taxonomía. En comparación con los requisitos de información en materia de sostenibilidad de la Directiva, las principales novedades de la presente propuesta son las siguientes: –ampliar el ámbito de aplicación de los requisitos de presentación de información a otras empresas, incluidas todas las grandes empresas y las empresas que cotizan (excepto las microempresas que cotizan); –exigir la verificación de la información en materia de sostenibilidad; –especificar con más detalle la información que las empresas deben presentar y exigirles que lo hagan en consonancia con las normas obligatorias de la UE relativas a la presentación de información en materia de sostenibilidad; –garantizar que toda la información se publique como parte de los informes de gestión de las empresas y se divulgue en un formato digital y de lectura automática. •Coherencia con otras políticas de la Unión La presente propuesta contribuye a la plena realización de la Unión de los Mercados de Capitales, permitiendo a los inversores y demás partes interesadas acceder a información comparable sobre sostenibilidad de las empresas en las que se invierte en toda la UE. Formando parte del Plan de Acción sobre la Unión de los Mercados de Capitales [COM(2020) 590 final], la Comisión presentará una propuesta legislativa para crear una plataforma de acceso digital a escala de la UE a la información pública financiera y sobre sostenibilidad de las empresas [punto de acceso único europeo (ESAP)]. La presente propuesta complementa dicha iniciativa al contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Financiación Digital de la UE [COM(2020) 591 final] y al exigir que se etiquete digitalmente la información en materia de sostenibilidad presentada. La presente propuesta tiene en cuenta el programa de trabajo de la Comisión para 2021, en particular la próxima iniciativa sobre gobernanza empresarial sostenible, y el compromiso de la Comisión formalizado en el Pacto Verde Europeo de intensificar las acciones contra las falsas declaraciones ecológicas y de apoyar a las empresas y demás partes interesadas en el desarrollo de prácticas para la contabilidad del capital natural normalizadas en la UE y a escala internacional. La presente propuesta está relacionada con la propuesta de la Comisión de reforzar la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento. Asimismo, guarda relación con la propuesta de Directiva relativa a la mejora del equilibrio de género en los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas de la UE mediante la comunicación de información sobre las políticas de diversidad de las empresas. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La base jurídica de la propuesta la constituyen los artículos 50 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El artículo 50 del TFUE constituye la base jurídica para la adopción de medidas de la UE destinadas a lograr el derecho de establecimiento en el mercado único en el contexto del Derecho de sociedades. Asimismo, es la base jurídica de las Directivas 2013/34/UE, 2006/43/CE, 91/674/CEE, 86/635/CEE, y forma parte de la base jurídica de la Directiva 2004/109/CE. El artículo 50 del TFUE autoriza al Parlamento Europeo y al Consejo a actuar mediante directivas. Además, el artículo 114 del TFUE es un acto jurídico general cuyo objetivo es establecer o garantizar el funcionamiento del mercado único; en este caso, la libre circulación de capitales. El artículo 114 del TFUE se incluye como base jurídica de la presente Directiva por la que se modifica la Directiva 2004/109/CE.

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) La Directiva contable, modificada por la Directiva sobre divulgación de información no financiera, ya regula la divulgación de información sobre sostenibilidad en la UE. Las normas de transparencia son necesarias para garantizar la protección de los inversores y la estabilidad financiera en toda la UE. La existencia de normas comunes sobre la presentación de información en materia de sostenibilidad y su verificación garantizan la igualdad de condiciones para las empresas establecidas en los distintos Estados miembros. Las diferencias significativas en los requisitos de presentación y verificación de información en materia de sostenibilidad que existen entre los Estados miembros generan costes y complejidad adicionales para las empresas que operan de forma transfronteriza, lo que va en detrimento del mercado único. Los Estados miembros no son capaces por sí solos de garantizar la coherencia y comparabilidad de los requisitos de información en materia de sostenibilidad en toda la UE. Por otra parte, solo la intervención de la UE puede garantizar que las normas relativas a la presentación de información en materia de sostenibilidad sean coherentes con otras normas de la UE, como el Reglamento sobre divulgación de información sobre finanzas sostenibles y el Reglamento sobre la taxonomía, y con los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud de dichos Reglamentos. La información en materia de sostenibilidad es objeto de un interés creciente y de una intervención reguladora en países de todo el mundo. Por consiguiente, la UE debe desarrollar un enfoque coherente y global en relación con la presentación de información en materia de sostenibilidad, a fin de poder colaborar constructivamente con sus socios internacionales. En comparación con la actuación individual de los Estados miembros, la intervención de la UE puede garantizar una contribución europea significativa a la evolución de las políticas mundiales, a fin de defender mejor los intereses de las empresas europeas y demás partes interesadas. •Proporcionalidad Un elemento central de la presente propuesta es exigir que determinadas categorías de empresas informen con arreglo a las normas obligatorias de presentación de información en materia de sostenibilidad. Al igual que en el caso de la información financiera, es preciso establecer normas comunes para garantizar que la información presentada sea comparable y pertinente. La existencia de normas comunes de presentación de información también facilitará en gran medida la digitalización y la verificación de la información en materia de sostenibilidad, así como la labor de velar por que se cumpla la obligación de presentarla. La presente propuesta prevé la introducción de una obligación de verificar la información presentada en materia de sostenibilidad, de modo que sea fiable. También prevé exigir a las empresas que etiqueten digitalmente la información en materia de sostenibilidad presentada. El etiquetado digital es esencial para aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales para mejorar radicalmente la manera en que se utiliza la información sobre sostenibilidad. La UE ya ha introducido la obligación de proceder al etiquetado digital de la información financiera. La presente propuesta adopta un enfoque proporcionado para determinar qué empresas estarán sujetas a requisitos de obligado cumplimiento de presentación de información. No impone nuevos requisitos a las pequeñas y medianas empresas (pymes), excepto a las pymes que cotizan en mercados regulados de la UE. La propuesta exime a las microempresas que cotizan del cumplimiento de las obligaciones de presentación de información. La Comisión adoptará normas para las grandes empresas y normas distintas y proporcionadas para las pymes. Las normas relativas a las pymes se adaptarán a las capacidades y recursos de estas empresas. Mientras que las pymes que cotizan en mercados regulados estarían obligadas a utilizar esas normas proporcionadas, las pymes no cotizadas —que son la inmensa mayoría— pueden decidir utilizarlas de forma voluntaria. •Elección del instrumento La presente propuesta consta de una Directiva que modifica las disposiciones de la Directiva contable, la Directiva sobre transparencia, la Directiva sobre auditoría y el Reglamento de auditoría, garantizando así la coherencia entre las disposiciones pertinentes de estos cuatro instrumentos. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente En abril de 2021, la Comisión publicó los resultados de un control de adecuación del marco de la UE para la divulgación de información corporativa financiera y no financiera, junto con los de una revisión obligatoria de determinados aspectos de la Directiva sobre divulgación de información no financiera. La principal conclusión del control de adecuación y de la revisión fue que la información en materia de sostenibilidad que presentan actualmente las empresas no responde a las necesidades de los usuarios a los que se destina la información, por lo que la Comisión debe proponer una revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera. Esta conclusión es coherente con los resultados de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta (véase más adelante). •Consultas con las partes interesadas Las siguientes actividades de consulta han contribuido a configurar el contenido de la presente propuesta. –Consulta pública abierta en línea, de marzo a julio de 2018, para preparar el control de adecuación del marco de la UE para la presentación de información corporativa. –Consulta específica en línea, de febrero a marzo de 2019, para ayudar a elaborar directrices sobre la presentación de información relacionada con el clima. –Consulta específica en línea de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulgación de información no financiera, llevada a cabo para la Comisión por consultores externos (CEPS), entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. –Comentarios en línea, de enero a febrero de 2020, sobre la evaluación inicial de impacto de la Comisión para la revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera.

–Consulta pública abierta en línea, de febrero a junio de 2020, en relación con la revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera. –Encuesta en línea, de marzo a mayo de 2020, dirigida a las pymes (panel de pymes) sobre la divulgación de información en materia de sostenibilidad. La Comisión también organizó talleres en los que participaron diversas partes interesadas sobre el concepto de significatividad o importancia relativa (noviembre de 2019) y la verificación de la información en materia de sostenibilidad (diciembre de 2020), así como distintas reuniones de consulta con diferentes grupos de partes interesadas en mayo de 2020 (empresas, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos). Las consultas pusieron de manifiesto algunas diferencias entre los usuarios y los encargados de elaborar la información en materia de sostenibilidad. Los usuarios tienden a preferir requisitos de presentación de información detallados y completos. Los encargados de elaborar la información expresaron su preocupación por los costes de tales requisitos, y a menudo manifestaron su preferencia por mantener un amplio margen de discreción sobre qué información presentar y cómo hacerlo. La consulta pública abierta en relación con la revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera mostró, no obstante, que existía un fuerte respaldo al establecimiento de normas obligatorias de presentación de información en materia de sostenibilidad (más del 80 % de todos los encuestados, incluido el 81 % de los que son empresas que elaboran informes de sostenibilidad o las representan). Numerosas partes interesadas destacaron que, si la UE elabora normas de presentación de información en materia de sostenibilidad, debería basarse en las iniciativas internacionales de elaboración de normas y ser coherente con ellas. Las partes interesadas también hicieron hincapié en la necesidad de aclarar la obligación de informar con arreglo a la perspectiva de la doble significatividad. Las consultas también pusieron de manifiesto que existía un sólido respaldo a las medidas destinadas a garantizar la adaptación de los requisitos de información en materia de sostenibilidad de la Directiva sobre divulgación de información no financiera a la legislación pertinente de la UE, en particular al Reglamento sobre divulgación de información sobre finanzas sostenibles y al Reglamento sobre la taxonomía. Las partes interesadas tienen una amplia gama de opiniones sobre qué categorías de empresas deben estar sujetas a obligaciones de presentación de información. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos se muestran a favor de que se amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulgación de información no financiera a una amplia gama de empresas, incluidas las grandes empresas y las pymes no cotizadas. Muchas entidades financieras y gestores de activos apoyan la introducción de requisitos proporcionados de presentación de información para las pymes, especialmente las que cotizan. Las asociaciones empresariales mayoritarias se manifestaron esencialmente en contra de tal ampliación del ámbito de aplicación. Las organizaciones que representan a las pymes y la mayoría de estas se oponen a la introducción de requisitos obligatorios, aunque siguen estando abiertas a la idea de que se establezcan normas proporcionadas y voluntarias para ellas. Varios grupos de partes interesadas propusieron que las obligaciones de presentación de información se aplicaran también a las empresas no pertenecientes a la UE. •Obtención y uso de asesoramiento especializado Al preparar la presente propuesta, la Comisión ha tenido en cuenta las recomendaciones del grupo de trabajo creado por el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) para estudiar la posibilidad de elaborar normas europeas de presentación de información en materia de sostenibilidad. También ha tenido en cuenta las recomendaciones del presidente del EFRAG sobre posibles cambios en la gobernanza del Grupo si se le pide que desarrolle dichas normas. La gobernanza del EFRAG se modificaría en consecuencia antes de que presentara a la Comisión cualquier proyecto de norma. En particular, debe crearse un nuevo pilar de información en materia de sostenibilidad junto con el actual pilar de información financiera del EFRAG. El nuevo pilar debe tener una estructura de gobernanza sólida y un proceso adecuado que refleje su papel en la elaboración de normas. Debe integrar un conjunto más amplio de partes interesadas que las que tradicionalmente participan en la divulgación de información financiera, incluida una representación equilibrada de expertos de las autoridades nacionales, la sociedad civil y el sector privado. La Comisión contrató a consultores para recopilar datos sobre la presentación de información en materia de sostenibilidad, incluidos los costes, mediante una encuesta a las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulgación de información no financiera. Asimismo, contrató a consultores para analizar el mercado y las prácticas actuales en el suministro de datos, calificaciones y estudios en materia de sostenibilidad para el sector financiero. •Evaluación de impacto Los servicios de la Comisión han elaborado una evaluación de impacto en relación con la presente propuesta. El Comité de Control Reglamentario ha emitido un dictamen favorable, con reservas, sobre el proyecto de evaluación de impacto. La evaluación de impacto se centró en las opciones de actuación en tres ámbitos: 1) normalización: si se deben elaborar normas de presentación de información en materia de sostenibilidad a escala de la UE y se debe exigir a las empresas que las utilicen; 2) verificación (auditoría): si debe verificarse la información en materia de sostenibilidad presentada y, en caso afirmativo, a qué nivel; y 3) ámbito de aplicación: qué categorías de empresas deben estar sujetas a los requisitos de presentación de información. La opción preferida señalada en la evaluación de impacto sería la siguiente: 1)exigir a todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación que presenten información de conformidad con las normas de la UE; 2)exigir a todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación que soliciten una verificación limitada en relación con la presentación de información en materia de sostenibilidad, incluyendo al mismo tiempo una opción para avanzar hacia un requisito de verificación razonable en una fase posterior; y 3)ampliar el ámbito de aplicación a todas las grandes empresas y a todas las empresas que cotizan en mercados regulados de la UE, excepto las microempresas cotizadas. El ámbito de aplicación incluiría a las empresas no establecidas en la UE que cotizan en mercados regulados de la UE y a las filiales en la UE de empresas de fuera de la UE. La opción preferida presenta el mejor equilibrio entre dos posibles vías de actuación. La primera consiste en unos requisitos de información detallados y preceptivos, una obligación de verificación estricta y un amplio ámbito de aplicación, muy eficaz para satisfacer las necesidades de los usuarios, pero más cara para los encargados de elaborar la información. La segunda radica en requisitos de presentación de información menos detallados, una obligación de verificación menos estricta y un ámbito de aplicación más restringido, menos eficaz para satisfacer las necesidades de los usuarios, pero también menos costosa para los encargados de elaborar la información, al menos a corto plazo. El objetivo es lograr el mejor resultado en términos de objetivos y costes asociados. La opción preferida también permite a los Estados miembros autorizar a los prestadores independientes de servicios de verificación distintos de los auditores legales o las sociedades de auditoría para llevar a cabo la verificación de la información en materia de sostenibilidad. Con ello se pretende ofrecer a las empresas una mayor variedad de prestadores de servicios de verificación de la presentación de información en materia de sostenibilidad. Los usuarios se beneficiarán de un mejor acceso a información comparable, pertinente y fiable sobre sostenibilidad de un mayor número de empresas. Ello reducirá, a su vez, los riesgos de inversión en el sistema financiero, aumentará los flujos financieros hacia las empresas que tengan un impacto positivo en las personas y el medio ambiente, y hará que las empresas sean más responsables. Ofrecerá a los ahorradores e inversores que deseen invertir de forma sostenible la posibilidad de hacerlo. La opción propuesta garantizaría que unas 49 000 empresas presenten información en materia de sostenibilidad (75 % de la facturación de todas las empresas de responsabilidad limitada), frente a las 11 600 de la actualidad (47 % de la facturación de todas las empresas de responsabilidad limitada) que se encuadran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la divulgación de información no financiera. Todas las grandes empresas, y todas las empresas que cotizan en mercados regulados de la UE (excepto las microempresas cotizadas), estarían obligadas a aplicar las normas de la UE relativas a la presentación de información en materia de sostenibilidad y a solicitar su verificación. En términos comparativos, se estima que en la actualidad solo un 20 % de las grandes empresas aplican plenamente algún conjunto de normas de presentación de información en materia de sostenibilidad y solo el 30 % solicita algún tipo de verificación. La opción propuesta tendrá efectos positivos indirectos en el respeto de los derechos fundamentales, así como en las personas y el medio ambiente, ya que unos requisitos de presentación de información más estrictos pueden incidir en la mejora del comportamiento de las empresas.

Los costes totales estimados de la opción preferida para los encargados de elaborar la información ascienden a 1 200 millones EUR en concepto de costes puntuales y a 3 600 millones EUR en costes recurrentes anuales. Además, los encargados de elaborar la información incurrirán en costes como consecuencia de los requisitos de presentación de información del artículo 8 del Reglamento sobre la taxonomía. Si la UE no toma ninguna medida, se espera que los costes para los encargados de elaborar la información aumenten sustancialmente debido al incremento de las solicitudes de información descoordinadas de los usuarios, a la falta de consenso sobre qué información deben presentar las empresas para satisfacer las necesidades de los usuarios y a las persistentes dificultades para obtener de los proveedores, clientes y empresas en las que se invierte la información en materia de sostenibilidad que necesitan los propios encargados de elaborar la información a efectos de poder presentarla. La falta de datos suficientemente detallados hace imposible calcular los costes en los que incurrirían los encargados de elaborar la información en ausencia de nuevas normas. Sin embargo, se estima que el uso de normas podría suponer un ahorro anual de entre 24 200 y 41 700 EUR por empresa (alrededor de 280-490 millones EUR al año para la población actual de empresas abarcadas por la Directiva sobre divulgación de información no financiera y entre 1 200 y 2 000 millones EUR al año para la opción preferida), si las normas eliminan completamente la necesidad de solicitar información adicional a los encargados de elaborar la información. Las empresas de la UE corren el riesgo de incurrir en costes de presentación de información más elevados que las empresas no pertenecientes a la UE si otras jurisdicciones no adoptan un enfoque similar al expuesto en la presente propuesta, lo que podría dar lugar a un trato desigual de las empresas de la UE y las de fuera de ella y, por tanto, ir en detrimento de la igualdad de condiciones en el mercado único de la UE. Para mitigar este riesgo, a las filiales en la UE de empresas de fuera de la UE y a cualquier empresa no perteneciente a la UE con valores negociables que coticen en un mercado regulado de la UE se les aplican las obligaciones de presentación de información establecidas en la propuesta. •Adecuación regulatoria y simplificación Para contribuir a garantizar la protección de los inversores, todas las empresas que cotizan en mercados regulados deben, en principio, estar sujetas a las mismas normas de presentación de información. Por lo tanto, las pymes que cotizan en mercados regulados de la UE tendrían que cumplir los nuevos requisitos de información en materia de sostenibilidad propuestos. Sin embargo, los requisitos para las pymes cotizadas en mercados regulados de la UE solo se aplicarían tres años después de su aplicación a otras empresas, a fin de tener en cuenta las dificultades económicas relativas de las empresas más pequeñas como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Este período de introducción progresiva también permitiría a las pymes cotizadas aplicar los nuevos requisitos cuando las prácticas de presentación y verificación de la información en materia de sostenibilidad hayan alcanzado un mayor grado de madurez. Los requisitos de divulgación que figuran en la presente propuesta no se aplicarían a las pymes con valores negociables cotizados en los mercados de pymes en expansión o en sistemas multilaterales de negociación (SMN). Además, por razones de proporcionalidad, no se aplicarían a las microempresas cotizadas en mercados regulados de la UE. La presente propuesta no exige a las demás pymes que presenten información en materia de sostenibilidad. No obstante, las pymes no cotizadas pueden optar por utilizar voluntariamente las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad que la Comisión adoptará como actos delegados para la presentación de información por parte de las pymes cotizadas. Su objetivo es permitir a las pymes presentar información de manera rentable en respuesta a las numerosas solicitudes de información que reciben de otras empresas con las que operan, como bancos, compañías de seguros y grandes clientes empresariales, y ayudar a definir los límites de la información que las empresas pueden esperar razonablemente que faciliten las pymes que se encuentren en su cadena de valor. Dichas normas también deben ayudar a las pymes a atraer inversiones y financiación adicionales, así como a participar plenamente en la transición hacia una economía sostenible descrita en el Pacto Verde Europeo y contribuir a ella. Las normas aplicables a las pymes establecerán una referencia para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad en relación con el nivel de información sobre sostenibilidad que podrían solicitar razonablemente a los proveedores y clientes de sus cadenas de valor que sean pymes. La presente propuesta está preparada para la digitalización, ya que exige que las empresas etiqueten digitalmente la información en materia de sostenibilidad presentada de conformidad con una taxonomía digital. •Derechos fundamentales La propuesta respeta los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se adhiere a los principios en ella reconocidos. Tendrá un impacto positivo indirecto en los derechos fundamentales, dado que unos requisitos de presentación de información más estrictos pueden hacer que mejore el comportamiento de las empresas. Debería servir para que las empresas sean más conscientes de los derechos fundamentales e influir positivamente en la manera en que identifican y gestionan las repercusiones negativas reales y potenciales en los derechos fundamentales. También debería aumentar los flujos de capital hacia las empresas que respetan los derechos fundamentales y, en general, hacer que las empresas sean más responsables de su impacto en los derechos fundamentales. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no conlleva repercusión presupuestaria alguna. Se utilizarán recursos presupuestarios ya existentes para financiar la elaboración de las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad de la UE. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información Para supervisar los avances en la consecución de los objetivos específicos de la propuesta, la Comisión estudiará la posibilidad de organizar encuestas periódicas entre los usuarios y los encargados de elaborar la información, en función de la disponibilidad de recursos financieros. La propuesta incluye la obligación de que la Comisión informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de los requisitos de verificación a más tardar tres años después de la entrada en aplicación de la presente Directiva. El informe irá acompañado, si procede, de propuestas legislativas para que se establezcan obligaciones de verificación más estrictas («verificación razonable»). La presente propuesta no requiere un plan de aplicación. •Documentos explicativos (para las directivas) No se considera necesario ningún documento explicativo. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta El artículo 1 modifica la Directiva 2013/34/UE («la Directiva contable»). El artículo 1, apartado 1, amplía el ámbito de aplicación de los artículos de la Directiva contable relativos a las obligaciones de presentación de información en materia de sostenibilidad a las entidades de crédito y las compañías de seguros que, con arreglo a la Directiva, no sean sociedades de responsabilidad limitada o no se considere que tienen responsabilidad limitada, incluidas las cooperativas bancarias y las mutuas y cooperativas de seguros, siempre que cumplan los criterios de tamaño pertinentes.

En el artículo 1, apartado 2, se definen algunos términos necesarios para la propuesta. Introduce y define los términos «cuestiones de sostenibilidad» e «información en materia de sostenibilidad», mientras que las disposiciones vigentes de la Directiva contable se refieren a «información no financiera». También define los términos «prestador independiente de servicios de verificación» y «activos intangibles». El artículo 1, apartado 3, sustituye al artículo 19 bis de la Directiva sobre contabilidad, que especifica los requisitos de información en materia de sostenibilidad para determinadas empresas. La propuesta modifica el artículo 19 bis del siguiente modo: –Modifica el ámbito de aplicación personal de los requisitos de presentación de información, ampliando su aplicación a todas las grandes empresas y a todas las empresas con valores cotizados en mercados regulados de la UE, excepto las microempresas. Con el fin de aligerar la carga que representa la presentación de información para las pymes cotizadas, deben empezar a presentarla de conformidad con la presente Directiva tres años después de su entrada en aplicación. –Aclara el principio de doble significatividad, eliminando cualquier ambigüedad sobre el hecho de que las empresas deben facilitar la información necesaria para entender cómo les afectan las cuestiones de sostenibilidad, así como la información necesaria para comprender el impacto que tienen en las personas y el medio ambiente. –Especifica con mayor detalle la información que deben divulgar las empresas. Si se compara con las disposiciones vigentes, introduce nuevos requisitos para que las empresas faciliten información sobre su estrategia, sus objetivos, el papel del consejo de administración y la dirección, los principales efectos adversos relacionados con la empresa y su cadena de valor, los activos intangibles y la forma en que han determinado la información que presentan. –Especifica que las empresas deben divulgar información cualitativa y cuantitativa, prospectiva y retrospectiva, así como información que abarque horizontes temporales a corto, medio y largo plazo, según proceda. –Exige que todas las empresas incluidas en su ámbito de aplicación informen de conformidad con las normas europeas de presentación de información en materia de sostenibilidad, y permite a las pymes cotizadas que entren en su ámbito de aplicación informar de conformidad con las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad específicas para las pymes. –Suprime la posibilidad de que los Estados miembros permitan a las empresas presentar la información requerida en un informe separado que no forme parte del informe de gestión. –Exige a las filiales exentas que publiquen el informe de gestión consolidado de la sociedad matriz que informa a nivel de grupo, e incluyan en su propio informe de gestión (individual) una referencia al hecho de que la filial en cuestión está exenta del cumplimiento de las obligaciones de la Directiva. El artículo 1, apartado 4, introduce en la Directiva contable tres nuevas disposiciones, los artículos 19 ter, 19 quater y 19 quinquies, sobre normas de presentación de información en materia de sostenibilidad. El artículo 19 ter faculta a la Comisión para adoptar normas de la UE sobre presentación de información en materia de sostenibilidad mediante actos delegados y especifica los requisitos para su adopción. En primer lugar, especifica los criterios mínimos de calidad que tendría que cumplir la información presentada de conformidad con las normas. En segundo lugar, señala los temas que deben abarcar las normas. En tercer lugar, identifica determinados instrumentos e iniciativas que la Comisión debe tener especialmente en cuenta a la hora de decidir el contenido de los actos delegados, incluida determinada legislación de la UE, y la evolución de las iniciativas mundiales de elaboración de normas para la presentación de información en materia de sostenibilidad. También exige a la Comisión que adopte un primer conjunto de normas a más tardar el 31 de octubre de 2022. Este conjunto de normas debe especificar la información que las empresas deben presentar sobre todas las cuestiones de sostenibilidad y todos los ámbitos enumerados en el artículo19 bis, apartado 2. Estos actos delegados deben especificar, como mínimo, la información que las empresas deben presentar para satisfacer las necesidades de los participantes en los mercados financieros sujetos a las obligaciones de divulgación de información del Reglamento (UE) 2019/2088. Debe adoptarse un segundo conjunto de normas a más tardar el 31 de octubre de 2023. Este conjunto de normas debe especificar la información complementaria que las empresas deben comunicar sobre las cuestiones de sostenibilidad y los ámbitos de información enumerados en el artículo 19 bis, apartado 2, cuando sea necesario, y la información específica del sector en el que opera cada empresa. Por último, el artículo 19 ter exige a la Comisión que revise las normas al menos cada tres años para tener en cuenta los cambios relevantes, incluida la evolución de las normas internacionales. En el artículo 19 quater se exige a la Comisión que adopte normas de presentación de información en materia de sostenibilidad para las pequeñas y medianas empresas a más tardar el 31 de octubre de 2023. El artículo 19 quinquies exige a las empresas que preparen sus estados financieros y su informe de gestión en un formato electrónico único de presentación de información, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión, y que marquen la información sobre sostenibilidad tal como se especifica en dicho Reglamento. El artículo 1, apartado 5, modifica el artículo 20 para exigir a las sociedades cotizadas sujetas a esta disposición que incluyan una referencia al género en la descripción de la política de diversidad aplicada en relación con los órganos de administración, dirección y supervisión de la empresa. También modifica el artículo 20 para permitir que las empresas cotizadas sujetas a este artículo cumplan los requisitos que se establecen en las letras c), f) y g) incluyendo la información necesaria como parte de sus informes en materia de sostenibilidad. El artículo 1, apartado 6, modifica el artículo 23 de la Directiva contable, al aclarar que el régimen de exención para los estados financieros consolidados y los informes de gestión consolidados se aplica independientemente del régimen de exención para la información consolidada en materia de sostenibilidad. Esto significa que una empresa puede quedar exenta de los requisitos de presentación de información financiera consolidada, pero no de los requisitos de presentación de información consolidada en materia de sostenibilidad. Tal es el caso si la sociedad matriz última elabora estados financieros consolidados e informes de gestión consolidados de conformidad con el Derecho de la UE, o requisitos equivalentes si se trata de un país no perteneciente a la UE, pero no elabora informes consolidados en materia de sostenibilidad de conformidad con el Derecho de la UE, o requisitos equivalentes si se trata de un país no perteneciente a la UE. El artículo 1, apartado 7, sustituye al artículo 29 bis de la Directiva contable, de modo que todos los requisitos de información en materia de sostenibilidad del artículo 19 bis se apliquen, según proceda, a las empresas matrices que presenten información en base consolidada para todo el grupo. El artículo 1, apartado 8, modifica el artículo 30 de la Directiva contable para adaptarlo a los nuevos requisitos de información en materia de sostenibilidad. En primer lugar, se modifica para exigir a los Estados miembros que garanticen que, en un plazo de doce meses a partir de la fecha del balance, las empresas publiquen sus estados financieros y su informe de gestión anuales, debidamente aprobados, en el formato electrónico prescrito en el nuevo artículo 19 quinquies. En segundo lugar, se modifica para exigir que, si un prestador independiente de servicios de verificación distinto del auditor legal emite un dictamen sobre la información en materia de sostenibilidad, este dictamen se publique junto con los estados financieros y el informe de gestión anuales. Por último, se modifica para exigir a los Estados miembros que garanticen que los informes de gestión que contengan información en materia de sostenibilidad se pongan a disposición del pertinente mecanismo designado oficialmente a que se refiere la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre transparencia), sin demora, tras su publicación. Especifica que, si las empresas que elaboran información en materia de sostenibilidad no cotizan en mercados regulados de la UE, el pertinente mecanismo designado oficialmente debe ser uno de los designados oficialmente en el Estado miembro en el que la empresa en cuestión tenga su domicilio social. Esto es necesario para incluir la información sobre sostenibilidad presentada por las empresas en el punto de acceso único europeo que se creará según lo previsto en la acción 1 del Plan de Acción para la Unión de los Mercados de Capitales. El artículo 1, apartado 9, modifica el artículo 33 de la Directiva contable al armonizar la responsabilidad colectiva de los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de las empresas con los requisitos revisados de información en materia de sostenibilidad. En particular, exige a los órganos de administración, dirección y supervisión que se aseguren de que la empresa en cuestión ha facilitado información de conformidad con las normas de la UE relativas a la presentación de información en materia de sostenibilidad y en el formato digital requerido, y suprime la referencia al informe separado actualmente permitido para la presentación de información en materia de sostenibilidad. El artículo 1, apartado 10, modifica el artículo 34 de la Directiva contable por lo que respecta a la verificación de la información en materia de sostenibilidad. En particular, exige que el auditor legal realice un encargo de verificación limitada de la información en materia de sostenibilidad de una empresa, incluido del cumplimiento de la obligación de presentar información en materia de sostenibilidad con arreglo a las correspondientes normas, del proceso llevado a cabo por la empresa para determinar la información presentada con arreglo a las normas, del marcado de la información sobre sostenibilidad y de los indicadores notificados de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre la taxonomía. Además, autoriza a los Estados miembros a permitir que cualquier prestador independiente de servicios de verificación, acreditado de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, emita un dictamen sobre la información en materia de sostenibilidad sobre la base de un encargo de verificación limitada. También exige a los Estados miembros que velen por que se establezcan requisitos coherentes para todas las personas y sociedades, incluidos los auditores legales y las sociedades de auditoría, que estén autorizadas a emitir un dictamen sobre la verificación de la información en materia de sostenibilidad. El artículo 1, apartado 11, modifica el artículo 49 de la Directiva contable al establecer las condiciones para facultar a la Comisión para adoptar los actos delegados relativos a las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad a que se refiere el nuevo artículo 19 ter. Exige a la Comisión que tenga en cuenta el asesoramiento técnico del Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) a la hora de preparar dichos actos, siempre que se desarrolle siguiendo el debido proceso, con la supervisión pública y transparencia adecuadas, y aprovechando los conocimientos especializados de las partes interesadas pertinentes, y vaya acompañado de análisis de los costes y beneficios, lo que facilitará la adopción de normas por parte de la Comisión. Este apartado también exige que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) emita un dictamen sobre el asesoramiento técnico proporcionado por el EFRAG antes de adoptar normas. Este dictamen se emitirá en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud de la Comisión. Se trata de un plazo razonable, ya que la AEVM participará en los trabajos del EFRAG y, por lo tanto, estará familiarizada con el contenido del asesoramiento técnico de este último antes de su presentación a la Comisión. Antes de adoptar normas, la Comisión también debe consultar al Grupo de Expertos de los Estados miembros sobre Finanzas Sostenibles, a la Autoridad Bancaria Europea (ABE), a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), al Banco Central Europeo, a la Comisión de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores y a la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles. En caso de que cualquiera de estos organismos decida presentar un dictamen, deberá hacerlo en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que haya sido consultado por la Comisión. El artículo 1, apartado 12, modifica el artículo 51 de la Directiva contable, al especificar los tipos mínimos de sanciones y medidas administrativas que los Estados miembros deben prever en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales que transponen los requisitos de información en materia de sostenibilidad de la Directiva contable. El artículo 2 modifica la Directiva 2004/109/CE («la Directiva sobre transparencia»). El artículo 2, apartado 1, introduce y define el término «información en materia de sostenibilidad», necesario para la propuesta.

El artículo 2, apartado 2, modifica el artículo 4 de la Directiva sobre transparencia, con el fin de tener en cuenta la parte de la información regulada que consiste en información en materia de sostenibilidad y que debe elaborarse y publicarse con arreglo a sus disposiciones. En primer lugar, se modifica para exigir que en el informe financiero anual se incluyan declaraciones realizadas por las personas responsables de presentar la información financiera en el emisor con arreglo a las cuales, a su leal saber y entender, el informe de gestión se elabora de conformidad con las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad exigidas por la Directiva 2013/34/UE, cuando proceda. La obligación de incluir información en materia de sostenibilidad en el informe de gestión, como consecuencia de las modificaciones introducidas por la presente Directiva, hace que no sea necesario modificar el artículo 4, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/109/CE. En segundo lugar, se actualizan las referencias a las disposiciones de la Directiva contable y de la Directiva 2006/43/CE (Directiva sobre auditoría) en lo que respecta al requisito de auditar los estados financieros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, de la Directiva contable, y de indicar si el auditor o la sociedad de auditoría han detectado incorrecciones significativas en el informe de gestión, y en lo que respecta a la obligación de divulgar el informe de auditoría, incluido el dictamen sobre la verificación de la información en materia de sostenibilidad. Por último, las referencias a las disposiciones de la Directiva contable en lo que respecta a la elaboración del informe de gestión se actualizan y modifican para exigir la presentación de información en materia de sostenibilidad. Estas modificaciones permiten ampliar los requisitos de información en materia de sostenibilidad a las empresas que cotizan en mercados regulados de la UE, excepto las microempresas, incluidos los emisores de fuera de la UE. Asimismo, aclaran el mandato jurídico que tienen las autoridades nacionales competentes para supervisar la presentación de información en materia de sostenibilidad. El artículo 2, apartado 3, modifica el artículo 23, apartado 4, de la Directiva sobre transparencia con el fin de facultar a la Comisión para que adopte medidas que establezcan un mecanismo destinado a determinar la equivalencia de las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad utilizadas por los emisores de fuera de la UE y tome las decisiones necesarias sobre dicha equivalencia. Cualquier decisión sobre la equivalencia de las normas relativas a la presentación de información en materia de sostenibilidad utilizadas por los emisores de fuera de la UE será independiente de las decisiones de equivalencia relativas a las normas de presentación de información financiera. El artículo 2, apartado 4, introduce el artículo 28, letra d), en la Directiva sobre transparencia para exigir a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) que emita directrices destinadas a las autoridades nacionales competentes con el fin de promover la convergencia en materia de supervisión de la presentación de información sobre sostenibilidad. El Reglamento de la AEVM [Reglamento (UE) n.º 1095/2010] señala a la Directiva sobre la transparencia como uno de los actos legislativos de la Unión que definen el ámbito de actuación de la AEVM. El artículo 3 modifica la Directiva 2006/43/CE («la Directiva sobre auditoría»). El artículo 3, apartado 1, modifica el artículo 1 de la Directiva sobre auditoría, su objeto, con el fin de incluir la verificación de la información anual y consolidada en materia de sostenibilidad, cuando sea realizada por el auditor legal o la sociedad de auditoría que lleve a cabo la auditoría legal de los estados financieros. El artículo 3, apartado 2, modifica e introduce en el artículo 2 de la Directiva de auditoría algunas definiciones que son necesarias para la propuesta. Modifica las definiciones de «auditor legal» y «sociedad de auditoría» para tener en cuenta su posible contribución a la hora de verificar la información en materia de sostenibilidad, cuando proceda. También introduce y define los términos «verificación de la información en materia de sostenibilidad» e «información en materia de sostenibilidad». El artículo 3, apartados 3 a 7, modifica los artículos 6 a 11 de la Directiva sobre auditoría, que contienen las normas relativas a la autorización, la formación profesional continua y el reconocimiento mutuo de los auditores legales y las sociedades de auditoría, con el fin de garantizar que los auditores legales tengan el nivel necesario de conocimientos teóricos de las materias pertinentes para la verificación de la información en materia de sostenibilidad y la capacidad de aplicar dichos conocimientos en la práctica. El artículo 3, apartado 7, modifica el artículo 14, que contiene las normas sobre los procedimientos que las autoridades competentes deben establecer para la autorización de los auditores legales de otro Estado miembro. Se modifica para garantizar que, cuando el Estado miembro decida que el solicitante de autorización debe someterse a una prueba de aptitud, esta prueba abarque también el conocimiento adecuado por parte del auditor legal de las disposiciones legales y reglamentarias del Estado miembro de acogida pertinentes para la verificación de la información en materia de sostenibilidad. El artículo 3, apartado 8, introduce el artículo 14 bis, que incluye una cláusula de derechos adquiridos para garantizar que los auditores legales autorizados puedan seguir realizando auditorías legales y puedan llevar a cabo auditorías de la información en materia de sostenibilidad una vez que se apliquen los requisitos jurídicos modificados. Los Estados miembros deben garantizar que los auditores legales ya autorizados adquieran los conocimientos necesarios relativos a la información en materia de sostenibilidad y verificación de dicha información mediante la obligación de formación continua establecida en el artículo 13 de la Directiva sobre auditoría. El artículo 3, apartado 9, modifica el artículo 24 ter para adaptar las normas sobre la organización del trabajo del auditor a fin de incluir referencias a su trabajo sobre la verificación de la información en materia de sostenibilidad. En particular, se modifica para exigir que el(los) principal(es) socio(s) auditor(es) vinculado(s) al encargo de auditoría participe(n) activamente en la realización de la verificación de la información en materia de sostenibilidad; que, al llevar a cabo la verificación de la información en materia de sostenibilidad, el auditor legal dedique tiempo suficiente al encargo y le asigne recursos suficientes para poder desempeñar adecuadamente sus funciones; que el registro correspondiente a la entidad auditada especifique los honorarios por la verificación de la información en materia de sostenibilidad; y que el archivo de auditoría incluya información sobre la verificación de la información en materia de sostenibilidad, cuando la lleve a cabo el auditor legal. El artículo 3, apartado 10, modifica el artículo 25 para exigir a los Estados miembros que establezcan normas adecuadas para evitar que los honorarios por la verificación de la información en materia de sostenibilidad se vean influidos o determinados por la prestación de servicios adicionales a la entidad auditada, o se basen en cualquier tipo de contingencia. El artículo 3, apartado 11, introduce el artículo 25 ter para ampliar las normas de la Directiva sobre auditoría relativas a la ética profesional, la independencia, la objetividad, la confidencialidad y el secreto profesional exigido a los auditores de los estados financieros a su trabajo sobre la verificación de la información en materia de sostenibilidad. El artículo 3, apartado 12, introduce el artículo 26 bis, en el que se requiere a los Estados miembros que exijan a los auditores que realicen los encargos de verificación de información en materia de sostenibilidad de conformidad con las normas de verificación adoptadas por la Comisión y que apliquen las normas, procedimientos o requisitos nacionales de verificación, a menos que la Comisión haya adoptado una norma de verificación que contemple el mismo aspecto. Faculta a la Comisión para adoptar normas de verificación mediante actos delegados a fin de establecer los procedimientos que debe aplicar el auditor para extraer sus conclusiones sobre la verificación de la información en materia de sostenibilidad, incluida la planificación de los encargos, la consideración del riesgo y la respuesta a los riesgos, y el tipo de conclusiones que deben incluirse en el informe de auditoría. Asimismo, exige a los auditores que basen su dictamen sobre la información en materia de sostenibilidad en un encargo de verificación razonable, en caso de que la Comisión opte por adoptar normas de verificación razonable. El artículo 3, apartado 13, introduce el artículo 27 bis con el fin de ampliar las normas sobre la auditoría legal de un grupo de empresas a la verificación de la información consolidada en materia de sostenibilidad, cuando la lleve a cabo el auditor legal. El artículo 3, apartado 14, modifica el artículo 28 con el fin de exigir al auditor legal o a la sociedad o sociedades de auditoría que realizan la verificación de la información en materia de sostenibilidad que presenten sus resultados en el informe de auditoría, y que lo elaboren de conformidad con los requisitos de las normas de verificación adoptadas por la UE o el Estado miembro de que se trate. En particular, el informe de auditoría debe especificar la información anual o consolidada en materia de sostenibilidad y la fecha y el período que abarca. Debe determinar el marco de presentación de información en materia de sostenibilidad aplicado en su preparación. Debe incluir una descripción del alcance de la verificación de la información en materia de sostenibilidad e identificar las normas con arreglo a las cuales se ha realizado la verificación. Por último, debe incluir el dictamen del auditor legal sobre la información en materia de sostenibilidad. El artículo 3, apartado 15, modifica el artículo 29 de la Directiva sobre auditoría, relativo al sistema de control de calidad de los auditores legales y las sociedades de auditoría, a fin de garantizar que se lleven a cabo controles de calidad de las auditorías de la información en materia de sostenibilidad y que las personas que llevan a cabo los controles cuenten con una formación profesional adecuada y con la experiencia pertinente en la verificación de la información en materia de sostenibilidad. El artículo 3, apartado 16, introduce el artículo 30 octies con el fin de aclarar que el régimen de investigaciones y sanciones para los auditores legales y las sociedades de auditoría que lleven a cabo auditorías legales también se aplica a las auditorías de la información en materia de sostenibilidad. El artículo 3, apartado 17, introduce el artículo 36 bis con el fin de aclarar que las disposiciones sobre supervisión pública y acuerdos reguladores entre los Estados miembros en lo que respecta a las auditorías legales también se aplican a la verificación de la información en materia de sostenibilidad. El artículo 3, apartado 18, introduce el artículo 38 bis con el fin de aclarar que las disposiciones sobre el nombramiento y el cese de los auditores legales y las sociedades de auditoría en lo que respecta a las auditorías legales también se aplican a la verificación de la información en materia de sostenibilidad. El artículo 3, apartado 19, modifica el artículo 39 con objeto de aclarar las tareas del comité de auditoría en cuanto a la verificación de la información en materia de sostenibilidad. En particular, el comité de auditoría debe informar al órgano de administración o supervisión de la entidad auditada del resultado de la verificación de la información en materia de sostenibilidad y explicar cómo ha contribuido el comité de auditoría a la integridad de la información en materia de sostenibilidad y cuál ha sido su papel en ese proceso. Debe supervisar el proceso de presentación de información en materia de sostenibilidad, incluido el proceso de presentación de información digital, y el proceso llevado a cabo por la empresa para determinar la información presentada de conformidad con las normas pertinentes de presentación de información en materia de sostenibilidad y presentar recomendaciones o propuestas para garantizar su integridad. Debe supervisar la eficacia de los sistemas internos de control de calidad y de gestión de riesgos de la empresa y, en su caso, de su auditoría interna, en lo que respecta a la presentación de información en materia de sostenibilidad de la entidad auditada, incluida la presentación digital, tal como se exigirá en la Directiva contable modificada, sin vulnerar su independencia. Por último, debe supervisar la verificación de la información anual y consolidada en materia de sostenibilidad, y examinar y supervisar la independencia de los auditores legales o las sociedades de auditoría.

El artículo 3, apartado 20, modifica el artículo 45 con el fin de armonizar los requisitos de registro y supervisión de los auditores y sociedades de auditoría no pertenecientes a la UE con el nuevo ámbito de aplicación de la Directiva, que abarca la verificación de la información en materia de sostenibilidad. El artículo 3, apartado 21, modifica el artículo 48 bis con el fin de establecer las condiciones para el ejercicio de la delegación de poderes a la Comisión para adoptar normas relativas a la verificación de la información en materia de sostenibilidad de conformidad con el artículo 26 bis, apartado 2. El artículo 4 modifica el Reglamento (UE) n.º 537/2014 («el Reglamento sobre auditoría»). El artículo 4, apartado 1, modifica el artículo 5 del Reglamento sobre auditoría con el fin de prohibir la prestación de servicios de consultoría para la elaboración de información en materia de sostenibilidad en los períodos especificados en el artículo 5 del Reglamento sobre auditoría, cuando los auditores legales o las sociedades de auditoría que llevan a cabo la auditoría legal también se ocupen de la verificación de la información en materia de sostenibilidad. El artículo 4, apartado 2, modifica el artículo 14 con el fin de exigir a los auditores legales y las sociedades de auditoría que informen anualmente a la autoridad competente en cuestión de qué ingresos, entre los procedentes de servicios ajenos a la auditoría, fueron generados por la verificación de la información en materia de sostenibilidad. El artículo 5 obliga a los Estados miembros a transponer los artículos 1 a 3 de la Directiva a más tardar el 1 de diciembre de 2022 y a velar por que sus disposiciones se apliquen a las empresas durante el ejercicio que comienza el 1 de enero de 2023 o durante el año natural 2023. El artículo 6 establece que la fecha de entrada en aplicación de las disposiciones modificadas del Reglamento (UE) n.º 537/2014 (el Reglamento sobre auditoría) será el 1 de enero de 2023. . 2021/0104 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la información corporativa en materia de sostenibilidad (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 50 y 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Banco Central Europeo, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente: (1)En su Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, adoptada el 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea se comprometió a revisar las disposiciones relativas a la divulgación de información no financiera de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y de la Comisión. El Pacto Verde Europeo es la nueva estrategia de crecimiento de la Unión Europea. Aspira a transformar la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, sin emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Ese Pacto aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Pretende disociar el crecimiento económico del uso de los recursos y garantizar que todas las regiones y ciudadanos de la UE participen en una transición socialmente justa hacia un sistema económico sostenible. Contribuirá al objetivo de crear una economía al servicio de los ciudadanos, reforzar la economía social de mercado de la UE, y garantizar que esté preparada para el futuro y genere estabilidad, empleo, crecimiento e inversión. Estos objetivos son especialmente importantes teniendo en cuenta los daños socioeconómicos causados por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de una recuperación sostenible, integradora y justa. En su propuesta de 4 de marzo de 2020 relativa a una Ley Europea del Clima, la Comisión Europea propuso que el objetivo de neutralidad climática en 2050 fuera vinculante en la Unión. (2)En su Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible, la Comisión estableció medidas para alcanzar los siguientes objetivos: reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles a fin de lograr un crecimiento sostenible e integrador, gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, el agotamiento de los recursos, la degradación medioambiental y las cuestiones sociales, y fomentar la transparencia y el largoplacismo en la actividad financiera y económica. La divulgación por parte de las empresas de información pertinente, comparable y fiable en materia de sostenibilidad es un requisito previo para alcanzar esos objetivos. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron una serie de actos legislativos en el marco de la aplicación del Plan de Acción para Financiar el Crecimiento Sostenible. El Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo regula la forma en que los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros deben divulgar a los inversores finales y a los propietarios de activos información en materia de sostenibilidad. El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo crea un sistema de clasificación de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles con el objetivo de intensificar las inversiones sostenibles y luchar contra el blanqueo ecológico de los productos financieros que se presentan indebidamente como sostenibles. El Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo, complementado por los Reglamentos Delegados (UE) 2020/1816, (UE) 2020/1817 y (UE) 2020/1818 de la Comisión, introduce requisitos de divulgación de información medioambiental, social y de gobernanza para los administradores de índices de referencia y normas mínimas para la elaboración de índices de referencia de transición climática de la UE y de índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París. El Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo exige a las entidades grandes que hayan emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado que divulguen información sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza a partir del 28 de junio de 2022. El nuevo marco prudencial para las empresas de servicios de inversión establecido por el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo contiene disposiciones que introducen una dimensión relativa a los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de revisión y evaluación supervisoras (PRES) llevado a cabo por las autoridades competentes, así como requisitos de divulgación de los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza para las empresas de servicios de inversión, aplicables a partir del 26 de diciembre de 2022. La Comisión también ha anunciado una propuesta de norma europea sobre bonos verdes en su programa de trabajo para 2021, como continuación del Plan de Acción para Financiar el Crecimiento Sostenible. (3)El 5 de diciembre de 2019, en sus Conclusiones sobre la profundización de la Unión de los Mercados de Capitales, el Consejo destacó la importancia de disponer de información fiable, comparable y pertinente sobre los riesgos, oportunidades y repercusiones en materia de sostenibilidad, y pidió a la Comisión que estudiara la posibilidad de elaborar una norma europea de divulgación de información no financiera. (4)En su Resolución sobre finanzas sostenibles de 29 de mayo de 2018, el Parlamento Europeo instó a que se siguieran desarrollando los requisitos de divulgación de información no financiera en el marco de la Directiva 2013/34/UE. En su Resolución de 17 de diciembre de 2020 sobre una gobernanza corporativa sostenible, el Parlamento Europeo acogió con satisfacción el compromiso de la Comisión de revisar la Directiva 2013/34/UE y expresó la necesidad de establecer un marco general de la Unión sobre divulgación de información no financiera que contenga normas obligatorias de la Unión en esta materia. El Parlamento Europeo solicitó la ampliación del ámbito de aplicación de los requisitos de información a otras categorías de empresas y la introducción de un requisito de auditoría. (5)El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un nuevo marco global de desarrollo sostenible: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo «la Agenda 2030»). La Agenda 2030 se centra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y abarca las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental. La Comunicación de la Comisión de 22 de noviembre de 2016 sobre las próximas etapas para un futuro europeo sostenible vinculaba los Objetivos de Desarrollo Sostenible al marco de actuación de la Unión, a fin de garantizar que todas las acciones e iniciativas de la Unión, tanto dentro de la Unión como fuera de ella, incorporen ya de partida dichos objetivos. En sus Conclusiones de 20 de junio de 2017, el Consejo confirmó el compromiso de la Unión y de sus Estados miembros con la aplicación de la Agenda 2030 de manera completa, coherente, global, integrada y eficaz, en estrecha cooperación con sus socios y otras partes interesadas. (6)La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo modificó la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. La Directiva 2014/95/UE introdujo la obligación de que las empresas divulguen información, como mínimo, sobre cuestiones medioambientales, sociales y de personal, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno. En relación con estos temas, la Directiva 2014/95/UE exigía a las empresas que divulgaran información en los siguientes ámbitos: modelo de negocio, políticas (incluidos los procesos de diligencia debida aplicados), resultados de las políticas, riesgos y gestión de riesgos, e indicadores clave de resultados pertinentes para la actividad empresarial. (7)Muchas partes interesadas consideran que el término «no financiera» es inexacto, en particular porque implica que la información en cuestión carece de relevancia financiera. Sin embargo, la información en cuestión tiene cada vez más relevancia financiera. Muchas organizaciones, iniciativas y profesionales en este ámbito hacen referencia a información «en materia de sostenibilidad». Por lo tanto, es preferible utilizar el término «información en materia de sostenibilidad» en lugar de «información no financiera». Procede, por tanto, modificar la Directiva 2013/34/UE para tener en cuenta este cambio de terminología. (8)Los beneficiarios finales de una mejor información en materia de sostenibilidad por parte de las empresas son los ciudadanos y ahorradores individuales. Los ahorradores que deseen invertir de forma sostenible tendrán la oportunidad de hacerlo; al mismo tiempo, todos los ciudadanos deben disfrutar de un sistema económico estable, sostenible e integrador. Para materializar estos beneficios, la información en materia de sostenibilidad divulgada en los informes anuales de las empresas debe llegar en primer lugar a dos grupos principales («usuarios»). El primer grupo de usuarios lo constituyen los inversores, incluidos los gestores de activos, que desean conocer mejor los riesgos y oportunidades que suponen las cuestiones de sostenibilidad para sus inversiones y las repercusiones de dichas inversiones en las personas y el medio ambiente. El segundo grupo de usuarios está formado por organizaciones, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los interlocutores sociales, que desean que las empresas asuman un mayor nivel de responsabilidad por su impacto en las personas y el medio ambiente. Otras partes interesadas también pueden hacer uso de la información en materia de sostenibilidad divulgada en los informes anuales. Los socios comerciales de las empresas, incluidos los clientes, podrán basarse en esta información para conocer los riesgos e impactos sobre la sostenibilidad a través de sus propias cadenas de valor y, en su caso, informar de ello. Los responsables políticos y las agencias de medio ambiente pueden utilizar esta información, en particular de forma agregada, para supervisar las tendencias medioambientales y sociales, contribuir a las cuentas medioambientales e informar las políticas públicas. Son pocos los ciudadanos y consumidores que consultan directamente los informes de las empresas, pero es posible que utilicen esta información indirectamente, por ejemplo al analizar el asesoramiento o las opiniones de asesores financieros u organizaciones no gubernamentales. Muchos inversores y gestores de activos compran información en materia de sostenibilidad a proveedores de datos terceros, que recopilan información de diversas fuentes, entre ellas los informes corporativos públicos. (9)En los últimos años se ha producido un aumento muy significativo de la demanda de información corporativa en materia de sostenibilidad, especialmente por parte de la comunidad inversora. Este aumento de la demanda se debe a la naturaleza cambiante de los riesgos a los que se enfrentan las empresas y a la creciente sensibilización de los inversores sobre las implicaciones financieras de dichos riesgos. Este es especialmente el caso de los riesgos financieros relacionados con el clima. También está aumentando la sensibilización a propósito de los riesgos para las empresas y las inversiones derivados de otros aspectos medioambientales y de cuestiones sociales, incluidas las relativas a la salud. El aumento de la demanda de información en materia de sostenibilidad también se debe al crecimiento de los productos de inversión que tratan explícitamente de cumplir determinadas normas de sostenibilidad o de alcanzar determinados objetivos de sostenibilidad. Parte de este aumento es la consecuencia lógica de la legislación de la Unión adoptada anteriormente, en particular el Reglamento (UE) 2019/2088 y el Reglamento (UE) 2020/852. En cierta medida, el aumento se habría producido en cualquier caso, debido a la rápida evolución de la sensibilización de los ciudadanos, las preferencias de los consumidores y las prácticas de mercado. La pandemia de COVID-19 acelerará aún más el aumento de las necesidades de información de los usuarios, en particular porque ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de los trabajadores y de las cadenas de valor de las empresas. La información sobre los impactos medioambientales también es pertinente a la hora de mitigar los riesgos de futuras pandemias, ya que las perturbaciones causadas en los ecosistemas por influencia humana están cada vez más relacionadas con la aparición y propagación de enfermedades. (10)Las propias empresas se beneficiarán de la elaboración de informes de alta calidad sobre cuestiones de sostenibilidad. El aumento del número de productos de inversión que aspiran a alcanzar objetivos de sostenibilidad significa que una buena información en materia de sostenibilidad puede mejorar el acceso de las empresas al capital financiero. La presentación de información en materia de sostenibilidad puede ayudar a las empresas a determinar y gestionar sus propios riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Puede servir de base para un mejor diálogo y comunicación entre las empresas y sus partes interesadas, y puede ayudar a las empresas a mejorar su reputación. (11)El informe sobre la cláusula de revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera (Directiva 2014/95/UE), y el correspondiente control de adecuación de la información corporativa, detectó problemas en cuanto a la eficacia de dicha Directiva. Existen indicios elocuentes de que muchas empresas no divulgan información significativa sobre todos los temas importantes relacionados con la sostenibilidad. El informe también señaló como problemas significativos la limitada comparabilidad y fiabilidad de la información en materia de sostenibilidad. Además, muchas empresas de las que los usuarios necesitan información en materia de sostenibilidad no están obligadas a presentarla. (12)Si no se adoptan medidas, cabe esperar que aumente la brecha entre las necesidades de información de los usuarios y la información en materia de sostenibilidad presentada por las empresas. Esta brecha tiene importantes consecuencias negativas. Los inversores no pueden tener suficientemente en cuenta los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad en sus decisiones de inversión. La suma de múltiples decisiones de inversión que no tienen debidamente en cuenta los riesgos relacionados con la sostenibilidad puede crear riesgos sistémicos que amenacen la estabilidad financiera. El Banco Central Europeo y organizaciones internacionales como el Consejo de Estabilidad Financiera han llamado la atención sobre estos riesgos sistémicos, en particular en el caso del clima. Por otra parte, los inversores están en peores condiciones de canalizar los recursos financieros hacia empresas y actividades económicas que tienen en cuenta y no agravan los problemas sociales y medioambientales, lo que socava los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción para Financiar el Crecimiento Sostenible. Las organizaciones no gubernamentales, los interlocutores sociales, los colectivos afectados por las actividades de las empresas y otras partes interesadas se hallan en peor disposición de exigir responsabilidades a las empresas por su impacto en las personas y el medio ambiente. Ello crea un déficit de rendición de cuentas y puede contribuir a reducir los niveles de confianza de los ciudadanos en las empresas, lo que, a su vez, puede repercutir negativamente en el funcionamiento eficiente de la economía social de mercado. La falta de parámetros y métodos generalmente aceptados para medir, valorar y gestionar los riesgos relacionados con la sostenibilidad supone también un obstáculo a la hora de que las empresas se esfuercen por garantizar la sostenibilidad de sus modelos de negocio y actividades. (13)El informe sobre la cláusula de revisión de la Directiva 2014/95/UE y el correspondiente control de adecuación de la información corporativa también reconocían un aumento significativo de las solicitudes de información sobre cuestiones de sostenibilidad dirigidas a las empresas en un intento de colmar la brecha de información existente. Además, es probable que las expectativas actuales de que las empresas utilicen múltiples marcos y normas diferentes continúen e incluso se intensifiquen a medida que siga aumentando el valor de la información en materia de sostenibilidad. Si no se adoptan medidas para llegar a un consenso sobre la información que las empresas deben presentar, se producirá un aumento significativo de los costes y la carga que han de soportar las empresas que presenten la información y sus usuarios. (14)La brecha creciente entre las necesidades de información de los usuarios y las actuales prácticas de presentación de información de las empresas hace que sea más probable que los Estados miembros introduzcan normas nacionales cada vez más divergentes. La existencia de requisitos de información diferentes en los distintos Estados miembros generaría costes y complejidad adicionales para las empresas que operan a escala transfronteriza y, por tanto, socavaría el mercado único, el derecho de establecimiento y la libre circulación de capitales en toda la Unión. Estos requisitos de información divergentes también hacen que la información presentada sea menos comparable entre los distintos países, lo que socava la Unión de los Mercados de Capitales. (15)Los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34/UE se aplican a las grandes empresas que sean entidades de interés público con un número medio de empleados superior a 500, y a las entidades de interés público que sean empresas matrices de un gran grupo con un número medio de empleados superior a 500 en base consolidada, respectivamente. Habida cuenta del aumento de las necesidades de información en materia de sostenibilidad que experimentan los usuarios, debe exigirse a otras categorías de empresas que presenten dicha información. Procede, por tanto, exigir a todas las grandes empresas y a todas las empresas que cotizan en mercados regulados, excepto las microempresas, que presenten información detallada en materia de sostenibilidad. Además, todas las empresas que sean matrices de grandes grupos deben presentar información en materia de sostenibilidad a nivel de grupo. (16)La obligación de que también las grandes empresas no cotizadas divulguen información sobre cuestiones de sostenibilidad obedece principalmente a la preocupación por las repercusiones y la rendición de cuentas de dichas empresas, también a lo largo de su cadena de valor. A este respecto, todas las grandes empresas deben estar sujetas a las mismas obligaciones de presentación de información en materia de sostenibilidad. Además, los participantes en los mercados financieros también necesitan información de esas grandes empresas no cotizadas. (17)La obligación de que las empresas no establecidas en la Unión, pero cuyos valores coticen en mercados regulados, también divulguen información sobre cuestiones de sostenibilidad responde a las necesidades de los participantes en los mercados financieros de obtener información de dichas empresas a fin de conocer los riesgos e impactos de sus inversiones y cumplir los requisitos de divulgación de información establecidos en el Reglamento (UE) 2019/2088. (18)Habida cuenta de la creciente importancia de los riesgos relacionados con la sostenibilidad y de que las pymes cotizadas en mercados regulados constituyen una proporción significativa de todas las empresas cotizadas en la Unión, y a fin de garantizar la protección de los inversores, conviene exigir que también esas pymes divulguen información sobre cuestiones de sostenibilidad. La introducción de este requisito contribuirá a garantizar que los participantes en los mercados financieros puedan incluir en las carteras de inversión a empresas cotizadas más pequeñas siempre que presenten la información en materia de sostenibilidad que necesitan los participantes en los mercados financieros. Por lo tanto, ello contribuirá a preservar y mejorar el acceso de las empresas cotizadas más pequeñas al capital financiero y evitará la discriminación de dichas empresas por parte de los participantes en los mercados financieros. La introducción de este requisito también es necesaria para garantizar que los participantes en los mercados financieros dispongan de la información que necesitan de las empresas en las que invierten para poder cumplir sus propios requisitos de divulgación de información en materia de sostenibilidad establecidos en el Reglamento (UE) 2019/2088. No obstante, debido a su menor tamaño y a que cuentan con recursos más limitados, y habida cuenta de las difíciles circunstancias económicas creadas por la pandemia de COVID-19, las pymes cotizadas en mercados regulados deben disponer de tiempo suficiente para prepararse de cara a la aplicación de la obligación de divulgar información en materia de sostenibilidad. Asimismo, se les debe brindar la posibilidad de informar con arreglo a normas que guarden proporción con sus capacidades y recursos. Las pymes no cotizadas también pueden optar por utilizar estas normas proporcionadas de forma voluntaria. Las normas aplicables a las pymes servirán de punto de referencia para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva en relación con el nivel de información en materia de sostenibilidad que podrían solicitar razonablemente a aquellos proveedores y clientes en sus cadenas de valor que sean pymes. (19)La Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo se aplica a todas las empresas cuyos valores cotizan en mercados regulados. A fin de garantizar que todas las empresas cuyos valores cotizan en mercados regulados, incluidos los emisores de terceros países, estén sujetas a los mismos requisitos de información en materia de sostenibilidad, la Directiva 2004/109/CE debe incluir las referencias cruzadas necesarias a cualquier requisito de información en materia de sostenibilidad en el informe financiero anual.

(20)El artículo 23, apartado 4, párrafo primero, inciso i), y el artículo 23, apartado 4, párrafo cuarto, de la Directiva 2004/109/CE facultan a la Comisión para adoptar medidas encaminadas a establecer un mecanismo destinado a determinar la equivalencia de la información exigida en virtud de la Directiva y criterios de equivalencia general relativos a las normas de contabilidad, respectivamente. El artículo 23, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva 2004/109/CE también faculta a la Comisión para adoptar las decisiones necesarias sobre la equivalencia de las normas de contabilidad utilizadas por los emisores de terceros países. A fin de reflejar la inclusión de los requisitos de sostenibilidad en la Directiva 2004/109/CE, debe facultarse a la Comisión para establecer un mecanismo destinado a determinar la equivalencia de las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad aplicadas por los emisores de valores de terceros países. Por la misma razón, la Comisión también debe estar facultada para adoptar las decisiones necesarias sobre la equivalencia de las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad que utilizan los emisores de terceros países. Estas modificaciones garantizarán unos regímenes de equivalencia cohe