INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL SOBRE EL DERECHO DE PRÉSTAMO PÚBLICO EN LA UNIÓN EUROPEA

ÍNDICE

1. Introducción: objetivos de la Comunicación

2. Situación jurídica del derecho de préstamo público antes de la adopción de la Directiva

3. Disposiciones de la Directiva del Consejo 92/100/CEE

3.1. El Libro Verde sobre derechos de autor de 1988

3.2. La necesidad de armonización del derecho de préstamo público

3.3. El concepto del derecho de préstamo público en la Directiva

3.4. Las obligaciones consiguientes de los Estados miembros

4. Situación en los Estados miembros

4.1. El derecho de préstamo público vigente en los Estados miembros

4.2. Funcionamiento del derecho de préstamo público

5. CONCLUSIONES

5.1. El derecho de préstamo público y aspectos del mercado interior

5.2. Perspectivas de futuro

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL SOBRE EL DERECHO DE PRÉSTAMO PÚBLICO EN LA UNIÓN EUROPEA

1. Introducción: objetivos de la Comunicación

El 19 de noviembre de 1992, el Consejo de Ministros adoptó la Directiva 92/100/CEE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines [1]. La Directiva debía transponerse a las legislaciones nacionales antes del 1 de julio de 1994. El apartado 4 del artículo 5 de la Directiva estipula que la Comisión debía redactar un informe sobre el préstamo público en la Comunidad antes del 1 de julio de 1997, fecha que resultó imposible cumplir, dado que algunos Estados miembros no han aplicado la Directiva hasta hace poco tiempo. El concepto de préstamo público está muy enraizado en las tradiciones culturales nacionales de los Estados miembros, aunque hay diferencias considerables en lo tocante a la forma de aplicación del préstamo público, por lo cual las disposiciones de la Directiva a este respecto sólo suponían cierto grado de armonización. Por tanto, se solicitó a la Comisión un informe sobre el funcionamiento del derecho de préstamo público que debía presentar la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social.

[1] Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, Diario Oficial nº L 346 de 27/11/92, pág. 61 ("la Directiva")

El hecho de que la obligación de presentar un informe estuviera incluida expresamente en el artículo 5 subraya el interés especial por la evolución del derecho de préstamo público. De acuerdo con el apartado 4 del artículo 5 de la Directiva, el objetivo de este informe consiste en evaluar la situación del préstamo público en la Comunidad y de la aplicación de las disposiciones pertinentes de esta Directiva por parte de los Estados miembros, incluido el grado de armonización alcanzado, con el fin de sacar conclusiones para el tratamiento del derecho de préstamo público en la Unión Europea.

2. Situación jurídica del derecho de préstamo público antes de la adopción de la Directiva

Los orígenes del derecho de préstamo público datan de principios del siglo XX y están estrechamente relacionados con la aparición de las bibliotecas públicas. La importancia de las bibliotecas privadas, que "prestaban" libros a cambio de un pago o de una cuota de socio, decayó tras la creación de las bibliotecas públicas, a las que se podía acceder sin realizar pago alguno y, tras la II Guerra Mundial, el número de bibliotecas privadas se redujo hasta prácticamente desaparecer. Gracias al fuerte apoyo del Estado tanto al incremento cuantitativo como a la mejora cualitativa de las bibliotecas públicas, la cifra de artículos prestados aumentó considerablemente. A raíz de ello, los autores solicitaron una remuneración por esa mayor utilización de sus obras. Sin embargo, los legisladores no respondieron inmediatamente a esta demanda, sino que introdujeron progresivamente el derecho de préstamo público, que adoptó la forma de un derecho exclusivo o de un derecho de remuneración al autor.

El derecho de préstamo público se introdujo por primera vez en los países escandinavos (Dinamarca (1946), Suecia (1955), Finlandia (1961), y a continuación en los Países Bajos (1971), Alemania (1972) y el Reino Unido (1979/1982). Alemania fue el único país en el que el derecho de préstamo público se integró en la legislación sobre derechos de autor, mientras que en el resto de Estados miembros se promulgó mediante instrumentos legislativos independientes. Las disposiciones aprobadas en estos países diferían en varios aspectos (titulares de los derechos, soportes y tipos de bibliotecas afectadas). En Bélgica, el derecho de préstamo público formaba parte del derecho de distribución. En Grecia, Francia y Luxemburgo, los autores disfrutaban, en teoría, de un derecho de préstamo público exclusivo basado en el "droit de destination". En España existía un derecho exclusivo de distribución, aunque aparentemente no se ejercía en la práctica. En Portugal, la ley era ambigua, puesto que podía entenderse que no existía ningún derecho de préstamo público o que existía un derecho exclusivo que formaba parte de un derecho de distribución amplio. En Irlanda e Italia, no había ningún derecho exclusivo de préstamo público, ni tampoco un derecho de remuneración por el préstamo público.

3. Disposiciones de la Directiva del Consejo 92/100/CEE

3.1. El Libro Verde sobre derechos de autor de 1988 [2]

[2] Libro Verde sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico, problemas de derechos de autor que requieren una acción inmediata" COM (88) 172 definitivo, 7 de junio de 1988

El Libro Verde sobre derechos de autor de 1988 fue el primer documento de la Comisión que abordó la necesidad de armonización en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines en un marco conceptual. Estaba dividido en siete capítulos, en los que se describían y analizaban los ámbitos en que la Comisión consideraba que era necesario actuar. El capítulo 4 estaba dedicado al derecho de distribución, el agotamiento y el derecho de alquiler, mientras que el capítulo 2 versaba sobre la piratería. Es precisamente en esos dos capítulos en los que tiene su origen la Directiva. Sin embargo, el Libro Verde no hacía referencia a una posible necesidad de actuación en el área del préstamo no comercial.

3.2. La necesidad de armonización del derecho de préstamo público

En el marco del seguimiento del Libro Verde de 1988, la Comisión organizó varias audiencias de círculos interesados sobre los aspectos puestos de relieve en este documento. En una de esas audiencias, celebrada en septiembre de 1989 y dedicada al derecho de distribución, el agotamiento y el derecho de alquiler, una gran mayoría de los asistentes se mostraron favorables a la armonización tanto del derecho de alquiler como del derecho de préstamo. Según esa mayoría, una Directiva que regulara únicamente la armonización del derecho de alquiler sería incompleta si no incluyera también el derecho de préstamo no comercial. De hecho, desde el punto de vista económico, el derecho de préstamo público complementa el derecho de alquiler. En algunos casos es posible incluso que el préstamo público sustituya al alquiler. Por lo tanto, se consideró necesario incluir un derecho de préstamo público en el proyecto de Directiva con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior en este terreno. Sobre la base del Libro Verde y teniendo en cuenta la audiencia mencionada y otras sugerencias formuladas en las consultas realizadas, la Comisión aprobó la Propuesta de Directiva del Consejo [3], que proponía la armonización tanto del derecho de alquiler como del derecho de préstamo público. En su argumentación a favor de la armonización del derecho de préstamo público, la Comisión se centraba, entre otros aspectos, en la relación jurídica y económica existente entre las actividades de alquiler y préstamo público. Se destacaba que, si no se trataban conjuntamente los derechos de alquiler y préstamo, el constante incremento de las actividades de préstamo público en el sector musical y cinematográfico podría tener un considerable efecto negativo sobre el negocio de alquiler, dejando así sin contenido el derecho de alquiler.

[3] Propuesta de Directiva del Consejo sobre derechos de arrendamiento y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor. DOCE núm. 53, de 28 de febrero de 1991, pág. 35

Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo se mostraron de acuerdo con esa opinión y apoyaron el principio de armonización del derecho de préstamo público.

3.3. El concepto del derecho de préstamo público en la Directiva

El derecho de préstamo público se define en la Directiva como un derecho exclusivo de autorizar o prohibir el préstamo público con o sin contraprestación económica.

La Directiva establece en el apartado 1 del artículo 1 que los Estados miembros reconocerán "el derecho de autorizar o prohibir el alquiler y préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor y demás objetos mencionados en el apartado 1 del artículo 2". Según lo dispuesto en el artículo 2, el derecho de préstamo se concede a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los productores de películas. La Directiva no incluye los derechos de alquiler y préstamo respecto de edificios u obras de artes aplicadas (apartado 3 del artículo 2).

El apartado 3 del artículo 1 define el préstamo como la "puesta a disposición, para su uso, por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de entidades accesibles al público". Estos establecimientos son en primer lugar las bibliotecas públicas. Dependiendo de la definición del término "público" bajo las leyes nacionales, también las bibliotecas universitarias y las que pertenecen a establecimientos de educación podrían ser abarcadas. Sin embargo, aún en este último caso, estas últimas dos categorías de bibliotecas representarían, por lo menos en los Estados miembros con una bien establecida infraestructura de bibliotecas públicas, una parte bastante pequeña de todos los establecimientos de préstamo accesibles al público, en la medida en que están abiertas sólo a una limitada y especifica parte del gran público.

Sin embargo, aunque la Directiva estipula la obligación de introducir o mantener un derecho exclusivo de préstamo público, también permite ciertas excepciones y restricciones a este derecho, según lo dispuesto en el artículo 5. Este artículo es el resultado del compromiso al que se llegó en su día entre la respuesta a las necesidades del mercado interior y el respeto de las distintas tradiciones de los Estados miembros en esta cuestión.

Alcance del artículo 5

El artículo 5 estipula una excepción no obligatoria del derecho de préstamo exclusivo en lo referente a los préstamos públicos. En determinadas circunstancias, permite a los Estados miembros reemplazar el derecho exclusivo por un derecho de remuneración, o incluso no proporcionar remuneración alguna. Asimismo, el artículo concede a los Estados miembros una amplia capacidad discrecional en el ejercicio del derecho de préstamo público.

Apartado 1 del artículo 5

De conformidad con el apartado 1 del artículo 5, los Estados miembros podrán establecer excepciones al derecho exclusivo de préstamo a que se refieren los apartados 1 y 3 del artículo 1, siempre que al menos los autores obtengan una remuneración. La segunda frase del apartado 1 del artículo 5 se refiere al importe de la remuneración y permite a los Estados miembros fijarlo de conformidad con sus respectivos "objetivos de promoción cultural". Esta frase se incluyó tras una propuesta de un Estado miembro que pretendía crear un nuevo sistema de bibliotecas con fines de promoción cultural. Dado que se permite expresamente a los Estados Miembros "determinar libremente esta remuneración" [4], el efecto práctico real de esta parte del apartado 1 del artículo 5 puede ser considerado bastante limitado.

[4] Cf. Apartado 1 del artículo 5, segunda frase

Apartado 2 del artículo 5

Aunque el apartado 2 del artículo 5 confirma que los Estados miembros pueden excluir fonogramas, películas y programas de ordenador de la aplicación del derecho exclusivo de préstamo, reitera la noción ya contenida en el apartado 1 del artículo 5 e indica que, "cuando los Estados miembros no apliquen el derecho exclusivo de préstamo contemplado en el artículo 1 respecto de los fonogramas, películas y programas de ordenador, deberán estipular, al menos para los autores, una remuneración". Dado que el apartado 2 del artículo 5 es una derogación, la Comisión considera que esta disposición debe interpretarse de forma restrictiva: el derecho exclusivo de préstamo debe entenderse como la norma, y siempre que un Estado miembro no contemple un derecho exclusivo de préstamo, deberá conceder, por lo menos a los autores, un derecho de remuneración. El apartado 2 del artículo 5 confirma que este principio, en lo que respecta a la remuneración de los autores, tiene igual importancia con respeto a la categoría de obras y otros objetos mencionados en esta disposición.

Apartado 3 del artículo 5

El apartado 3 del artículo 5 permite a los Estados miembros eximir a "determinadas categorías de establecimientos" del pago de la remuneración. Estas categorías podrían incluir las bibliotecas públicas tradicionales, así como también las bibliotecas de las universidades y de los establecimientos educativos. Sin embargo, estas ultimas dos categorías tendrían una importancia marginal en comparación con las tradicionales bibliotecas públicas, que están abiertas al gran público, por lo menos en los Estados miembros donde las bibliotecas públicas están bien establecidas. Por lo tanto, si un Estado miembro eximiera en virtud del apartado 3 del artículo 5 a todas las bibliotecas públicas del pago de la remuneración mencionada en los apartados 1 y 2 del artículo 5, excluiría la mayoría de los establecimientos de préstamo de la aplicación del préstamo público. Como resultado, el derecho de préstamo público, tal y como definido en el apartado 3 del artículo 1, quedaría desprovisto de efecto adecuado. Una situación similar sería contraria a la intención del legislador comunitario con respeto al derecho de préstamo público.

También es necesario destacar que, a la hora de introducir o mantener un sistema de remuneración de los préstamos públicos, los Estados miembros deben cumplir el artículo 12 (antes 6) del Tratado CE y no discriminar a los titulares de derechos comunitarios por razones de nacionalidad. Este extremo se reafirma en el considerando 18 de la Directiva.

3.4. Las obligaciones consiguientes de los Estados miembros

Resumiendo, el artículo 1 armoniza el derecho exclusivo de préstamo público para los autores, respecto de sus obras, y para los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los productores de películas, con respecto a sus objetos protegidos. Aunque el artículo 5 concede a los Estados miembros una gran flexibilidad para aprobar exenciones al derecho exclusivo de préstamo, debe asegurarse una remuneración como mínimo a los autores. Los Estados miembros pueden fijar el importe de la remuneración, pero esta debe corresponderse con los objetivos subyacentes de la Directiva y de la protección de los derechos de autor en general. Asimismo, los Estados miembros pueden eximir del pago de esa remuneración a determinados establecimientos, pero en ningún caso a todos los establecimientos mencionados en el apartado 3 del artículo 5.

4. Situación en los Estados miembros

La siguiente descripción está basada en la información disponible y obtenida en colaboración con los Estados miembros, tal y como estipula el apartado 4 del artículo 5 de la Directiva.

De conformidad con el artículo 15 de la Directiva, los Estados miembros debían transponer la Directiva a la legislación nacional antes del 1 de julio de 1994. Muchos de los Estados miembros cumplieron esta obligación con posterioridad a dicha fecha. En general, la aplicación del derecho de préstamo público en las legislaciones nacionales de los Estados miembros ha dado lugar a la persistencia de importantes diferencias en el derecho de préstamo público en los distintos países.

4.1. El derecho de préstamo público vigente en los Estados miembros

En algunos Estados miembros existe un derecho exclusivo de préstamo para todo tipo de obras, mientras que otros han estipulado un derecho de remuneración que lo sustituye. El derecho a estipular exenciones al derecho de préstamo público que prevé el apartado 3 del artículo 5 para determinadas categorías de establecimientos se utiliza de forma generalizada. Grecia [5], Francia [6], Irlanda [7], Italia [8], Portugal [9], España [10] y el Reino Unido [11] conceden un derecho exclusivo de préstamo, al menos a ciertas categorías de titulares de derechos.

[5] La transposición de la Directiva en la legislación nacional se incluyó en la nueva Ley de Derechos de Autor nº 2121/1993, de 4 de marzo de 1993 (Diario Oficial A, nº 25)

[6] Ley nº 92-597 de 1 de julio de 1992, Journal Officiel 153 du 3 juillet 1992

[7] S.I.44 Ley de Derechos de Autor y Derechos Afines 2000, de 1 de enero de 2001

[8] Ley nº 685 de 16 de noviembre de 1994 (Gazetta Ufficiale, Serie Generale, nº 293 de 16 de diciembre de 1994) que enmendaba la Ley nº 633, de 22 de abril de 1941, relativa a la protección de los derechos de autor y otros derechos afines

[9] Ley nº 332/97, de 27 de noviembre de 1997, (Diario da Republica, I Serie A nº 275 de 27 de noviembre de 1997, pág. 6393), que enmendaba la Ley de Derechos de Autor nº 63 de 14 de marzo de 1985

[10] Ley nº 43, de 30 de diciembre 1994 (BOE.313 de 31 de diciembre de 1994), incorporada posteriormente en la Ley de Propiedad Intelectual española

[11] Reglamento de Derechos de Autor y Derechos Afines de 26 de noviembre de 1996, que enmendaba la Ley de Derechos de Autor, Modelos y Patentes. Asimismo, es de aplicación la Ley de Derecho de Préstamo Público de 1979

En Grecia la Ley de Derechos de Autor concede un derecho exclusivo de préstamo público a los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas y películas, así como a los editores póstumos.

En Francia el derecho de préstamo público armonizado no se ha aplicado específicamente, puesto que las autoridades francesas sostienen que la legislación francesa actual ya concede a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y videogramas un derecho de préstamo exclusivo. El Ministerio de Cultura francés ha anunciado hace poco tiempo su intención de presentar un proyecto de ley para la aplicación de la Directiva en un futuro próximo. Este proyecto propondrá, al parecer, la concesión de una remuneración para los autores de libros y los editores por el préstamo de obras protegidas.

En Italia, donde no había ningún derecho de préstamo público antes de la Directiva, se ha introducido un derecho exclusivo de préstamo (que forma parte del derecho de distribución y no contempla el agotamiento del mismo tras la primera venta) para autores y artistas intérpretes o ejecutantes. En lo que respecta a los fonogramas, las películas y los videogramas, el derecho exclusivo se extingue 18 meses después de la primera distribución.

Irlanda no ha adaptado la Directiva hasta la reciente aprobación de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Afines 2000. Esta ley establece un derecho exclusivo de distribución, que incluye el préstamo público de copias de una obra o de otros objetos protegidos.

La Ley de Derechos de Autor portuguesa contempla un derecho exclusivo de distribución para autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y videogramas que incluye expresamente el derecho de préstamo público. El derecho de préstamo público sigue siendo aplicable después de la distribución.

En España se concede un derecho exclusivo de préstamo público a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas y películas.

De conformidad con el régimen británico de derecho de préstamo público, el Reino Unido estipula un derecho exclusivo de préstamo público para autores, productores de películas y fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes. Los autores tienen derecho a una remuneración cuando las bibliotecas públicas prestan sus libros. No se viola el derecho de autor con el préstamo de copias de una obra por parte de establecimientos educativos o el préstamo de un libro por una biblioteca pública si el libro está incluido en el régimen de derecho de préstamo público.

En lugar de un derecho exclusivo, o tras el agotamiento del mismo, se ha establecido un derecho de remuneración por el préstamo público de obras protegidas en Austria [12], Dinamarca [13], Finlandia [14], Alemania [15], Luxemburgo [16], los Países Bajos [17] y Suecia [18].

[12] Ley de 28 de junio de 1993 (BGB1 nº 1993/93), que enmendaba la Ley de Derechos de Autor (BGB1 nº 1936/111)

[13] Ley nº 706 de 29 de septiembre de 1998; Ley de Derecho de Préstamo Público nº 21 de 11 de enero de 2000 y Orden Ejecutiva sobre la Remuneración del Derecho de Préstamo Público de 29 de marzo de 2000

[14] Ley nº 446/1995 que enmendaba la Ley de Derechos de Autor (nº 404 de 8 de julio de 1961), y Ley de 31 de octubre de 1997 (nº 967/1997)

[15] Ley de 23 de junio de 1995 (BGB1. I S. 842) que enmendaba la Ley de Derechos de Autor de 9 de septiembre de 1965 (BGB1.I S. 1273)

[16] Ley de 18 de abril de 2001 (Mémorial A Nº 50 de 30 de abril de 2001, pág. 1042)

[17] Ley de 21 de diciembre de 1995 (Stb. 1995, 653), que enmendaba la ley sobre derechos de los autores de 1912 y la ley sobre derechos afines

[18] Ley 1997:309 de 13 de junio de 1997

En Austria el derecho de préstamo público forma parte del derecho de distribución. Los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, productores de películas y organizaciones de difusión tienen derecho a recibir una remuneración equitativa por el préstamo público tras el agotamiento del derecho de distribución (que se extingue tras la primera distribución autorizada).

En Dinamarca el derecho de préstamo público forma parte del derecho exclusivo de distribución de los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y películas. El derecho exclusivo de préstamo público se extingue tras la primera distribución autorizada del objeto del mismo, aunque esta disposición no se aplica a las obras cinematográficas y los programas de ordenador en formato digitalizado. Los autores, traductores, ilustradores y artistas intérpretes o ejecutantes disfrutan de un derecho de remuneración cuando las bibliotecas públicas prestan sus obras u objetos protegidos.

En Finlandia existe un régimen de derecho de préstamo público que se basa en la Ley de 1961 sobre concesiones y subvenciones a autores y traductores. El derecho de préstamo público está incluido en el derecho exclusivo de distribución y se extingue, exceptuando el caso del préstamo público de obras cinematográficas o programas de ordenador. Por lo tanto, sólo los autores de obras cinematográficas y programas de ordenador disfrutan de un derecho exclusivo de préstamo público una vez que se ha producido la distribución. Los autores de otros tipos de obras tienen en principio un derecho de remuneración por el préstamo público.

En Alemania el derecho exclusivo de préstamo público se extingue también tras el primer acto de distribución autorizada y los autores disfrutan de un derecho de remuneración por determinados actos de préstamo. Las instituciones de préstamo afectadas incluyen las bibliotecas públicas, las colecciones públicas de grabaciones audiovisuales o sonoras y otras obras originales o copias de las mismas.

La legislación luxemburguesa ha concedido un derecho exclusivo de préstamo público a autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y películas, sujeto a agotamiento tras el primer acto de distribución autorizada al público. La nueva legislación adoptada en 2001 concede un derecho de remuneración únicamente a autores y artistas intérpretes o ejecutantes. Está pendiente la aprobación de un decreto para completar la adaptación de la Directiva a la legislación nacional. Este decreto estipulará tanto el importe concreto de la remuneración como una lista de establecimientos exentos del derecho de préstamo público.

En los Países Bajos el derecho exclusivo de préstamo público se extingue tras la primera distribución autorizada del objeto respectivo; la legislación de los Países Bajos establece un derecho de remuneración para autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y películas.

En Suecia se instauró un nuevo régimen de derecho de préstamo público en 1999. Se establece una remuneración por el préstamo público de obras, fonogramas y música impresa en bibliotecas públicas y escolares. La mitad del importe pagado por el préstamo de fonogramas se abona a los autores y la otra mitad a los artistas intérpretes o ejecutantes.

En Bélgica [19] se ha optado por una solución mixta: el derecho de préstamo público de la Ley de Derechos de Autor que existía previamente sigue siendo de aplicación en el caso de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes, así como en el de los productores de fonogramas y películas. Estos titulares de derechos tienen un derecho de remuneración por el préstamo público de las copias de sus obras. La Ley belga permite el préstamo público de obras audiovisuales y de grabaciones sonoras únicamente transcurridos seis meses de la primera publicación de los objetos afectados y previa remuneración. Determinadas categorías de establecimientos quedan exentas del pago de remuneración por sus actividades de préstamo. Se prevé que un Real Decreto, pendiente de aprobación, estipule los detalles de la remuneración y de las exenciones a la misma.

[19] "Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins", de 30 de junio de 1994, nº SC 9586, Moniteur de 27 de julio de 1994 p. 19297; con respecto a los programas de ordenador, la adaptación se ha realizado mediante la ley de adaptación de la Directiva sobre Software (Moniteur belge de 27 de julio de 1994, nº 19315)

4.2. Funcionamiento del derecho de préstamo público

Contraprestación económica

Según la información de que dispone la Comisión, parece que el derecho de préstamo público no se aplica correctamente. Parece que en determinados Estados miembros no se está pagando ninguna remuneración a los titulares de los derechos afectados. Según esos informes, es el caso de Bélgica, Francia, Grecia y Luxemburgo, pero es posible que haya más Estados miembros en la misma situación. En otros países algunos elementos despertarían cierta preocupación de que exista cierta discriminación directa o indirecta: la remuneración se concede únicamente a autores nacionales o que viven en un territorio concreto (Suecia). Otros Estados miembros conceden un derecho de remuneración únicamente a los libros publicados en su idioma nacional (Dinamarca y Finlandia).

Por otra parte, los beneficiarios del derecho de préstamo público no son idénticos en los distintos Estados miembros. Algunos Estados miembros conceden un derecho exclusivo como mínimo a los autores. En los países en los que en la práctica funciona un derecho de remuneración, suele ser el Estado, como titular de las bibliotecas, el responsable del pago (Dinamarca, Suecia y el Reino Unido). En Austria y Alemania el gobierno federal y los länder se han hecho cargo de la obligación de pago de las bibliotecas públicas. En los Países Bajos, por el contrario, las bibliotecas están obligadas a pagar la remuneración por su cuenta. En los países que establecen un derecho exclusivo de préstamo, son también las bibliotecas, en calidad de usuarios de los derechos de autor, las que deben pagar la remuneración necesaria según lo estipulado en contratos.

Instituciones de préstamo exentas del derecho de préstamo público

La mayor parte de los países hacen uso de la posibilidad de eximir a determinadas instituciones de préstamo del derecho de préstamo público.

Irlanda, Italia y los Países Bajos disponen de una exención para determinadas bibliotecas. En Irlanda no se produce infracción alguna del derecho de préstamo público en caso de préstamo de artículos sin remuneración por parte de establecimientos educativos y establecimientos a los que tiene acceso el público. En Italia están exentas las bibliotecas y fonotecas de propiedad pública. En los Países Bajos las bibliotecas están exentas de la obligación de pagar una remuneración por el préstamo a los deficientes visuales, al igual que las instituciones educativas y de investigación. Italia concede una exención de cualquier derecho de préstamo público a las bibliotecas de titularidad estatal que prestan libros, CD y discos.

El Reino Unido también exime del derecho de préstamo público a determinadas bibliotecas públicas y establecimientos educativos.

En España y Portugal existe una amplia exención que incluye a museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas y videotecas que pertenezcan a organismos de interés público de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, y establecimientos educativos que pertenezcan al sistema educativo español; esta lista incluye, de hecho, a la mayor parte de las instituciones de préstamo abiertas al público. Finlandia, por su parte, exime a todas las bibliotecas públicas y a las que se dedican a fines docentes o de investigación.

Bélgica y Luxemburgo tienen todavía pendiente la aprobación de nuevos decretos, que se prevé que establecerán la exención para determinadas categorías de establecimientos.

Objetos del préstamo

El grado de utilización de las exenciones discrecionales del derecho de préstamo que se prevén en el artículo 5 de la Directiva ha sido distinto en cada Estado miembro. Varios países no distinguen, a la hora de aplicar el derecho de préstamo público, entre los distintos objetos del préstamo, tales como libros, videogramas o fonogramas (Francia, Alemania y Austria), mientras que otros países han estipulado un derecho exclusivo de préstamo para ciertos objetos (ya sea con o sin exención de las bibliotecas de la obligación de contraprestación económica). En algunos países, el préstamo de artículos cinematográficos está amparado por un derecho exclusivo de préstamo (sobre todo en Dinamarca, Finlandia y Suecia). En Italia el derecho de préstamo exclusivo se aplica al préstamo de fonogramas y videogramas únicamente durante un periodo de 18 meses a partir de la primera distribución. En Suecia y Dinamarca, por su parte, se concede un derecho exclusivo de préstamo para CD-ROM y películas, pero sólo un derecho de remuneración en el caso de los libros (y de las cintas en el caso de Suecia).

5. CONCLUSIONES

5.1. El derecho de préstamo público y aspectos del mercado interior

En vista de que el derecho de préstamo público fue uno de los asuntos que suscitaron un mayor debate durante las negociaciones de la Directiva 92/100/CEE, el grado de armonización acordado representó en ese momento un importante avance, pero no necesariamente la solución definitiva.

La forma en que la mayor parte de los Estados miembros ha adaptado la Directiva a sus legislaciones nacionales supone una mejora con respecto a la protección prevista para las actividades de préstamo público antes de la Directiva. Sin embargo, es evidente que sólo se ha conseguido una armonización parcial y que las medidas legislativas aplicadas por los Estados miembros siguen siendo bastante dispares. No todos los Estados miembros han cambiado su legislación y algunos sólo han introducido modificaciones parciales, puesto que sostienen que sus normas actuales cumplen las obligaciones establecidas en la Directiva. Por lo tanto, no está en absoluto claro que todos los Estados miembros hayan cumplido sus obligaciones mínimas en virtud del artículo 5, sobre todo en lo que respecta a la obligación de asegurar, al menos a los autores, una remuneración por el préstamo de sus obras por parte de ciertos establecimientos públicos.

En lo que respecta al nivel relativamente bajo de armonización del derecho de préstamo público alcanzado por la Directiva, la Comisión no tiene indicios claros, al menos por ahora, de que haya tenido un efecto negativo significativo, ya sea sobre los intereses económicos de los titulares de derechos, ya sobre el correcto funcionamiento del mercado interior.

Sin embargo, la Comisión ha recibido recientemente ciertas informaciones sobre posibles problemas de aplicación en el plano nacional y sobre determinados obstáculos al funcionamiento del mercado interior que pueden derivarse de ese grado relativamente bajo de armonización. En estos momentos, la Comisión está analizando más detenidamente esos problemas, teniendo también en cuenta debidamente las recientes enmiendas a las respectivas leyes nacionales, al menos en algunos Estados miembros. El número, relativamente bajo de objeciones que se han planteado en la etapa actual no debe considerarse un signo de complacencia. En cumplimiento de su función de guardián de los Tratados, la Comisión se ha comprometido a garantizar que el derecho de préstamo público esté en vigor plenamente en todos los Estados miembros en el plazo de siete años a partir de la fecha límite fijada para la adaptación de la Directiva a las legislaciones nacionales.

5.2. Perspectivas de futuro

Tanto el mercado de los medios de comunicación como la función de las bibliotecas experimentan profundos cambios. Las bibliotecas públicas mejoran constantemente sus servicios y exploran nuevos territorios en el préstamo público de productos multimedia con la ayuda de los nuevos entornos digitales. Los titulares de derechos, los editores, la comunidad cultural y los responsables de las políticas públicas siguen muy atentamente esa evolución.

La utilización de nuevas tecnologías en las bibliotecas públicas está todavía en fase experimental. Todos los avances en la explotación de las nuevas tecnologías en las bibliotecas deben ser objeto de seguimiento, sobre todo en lo que respecta a cualquier posible incidencia de los mismos en el funcionamiento del mercado interior y en las actividades de alquiler y préstamo.

En este punto, es difícil valorar si el sistema tradicional de préstamo público de las bibliotecas va a ser reemplazado, y en qué medida lo va a ser, en su caso, por nuevas formas de distribución en línea, que no estarían incluidas en el ámbito actual de la Directiva. A este respecto, la Comisión garantizará el correcto funcionamiento de las normas de derecho de préstamo público contempladas en la Directiva. Con el mismo propósito, seguirá analizando el funcionamiento del préstamo público y observando los desarrollos tecnológicos que se produzcan en las instituciones de préstamo, con el fin de evaluar la posible necesidad de tomar nuevas medidas en este campo.