[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 21.10.2009

COM(2009) 554 final

2009/0165 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la protección internacional (refundición)

{SEC (2009) 1376 } {SEC (2009) 1377 }

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto de la Propuesta

1.1. Motivación y objetivos de la propuesta

La presente propuesta es la refundición de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado[1] (en lo sucesivo, Directiva sobre los procedimientos de asilo).

Las contribuciones que se recibieron de las partes interesadas en respuesta a la consulta del Libro Verde[2] han destacado la proliferación de requisitos procedimentales al nivel nacional y una serie de deficiencias respecto del nivel de garantías procesales de los solicitantes de asilo, derivadas fundamentalmente de que la Directiva en la actualidad permite a los Estados miembros un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, la Directiva carece del potencial necesario para respaldar adecuadamente la Directiva sobre el reconocimiento[3] y garantizar un examen riguroso de las solicitudes de protección internacional en línea con las obligaciones internacionales y comunitarias de los Estados miembros sobre el principio de no devolución.

Tal como se anunciara en el Plan de política de asilo,[4] la presente propuesta forma parte de las iniciativas que persiguen garantizar un mayor grado de armonización y mejores normas de protección internacional en todo el territorio de la Unión. Se espera que las medidas contempladas mejoren la coherencia entre los instrumentos de asilo de la UE , simplifiquen, racionalicen y consoliden los requisitos procedimentales en todo el territorio de la Unión y permitan unas decisiones más consistentes en primera instancia, a fin de prevenir los abusos y mejorar la eficiencia del procedimiento de asilo .

La presente propuesta está vinculada a la propuesta de la Comisión de Reglamento por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo[5], que, entre otras cosas, tiene como objetivo proporcionar una asistencia práctica a los Estados miembros con vistas a mejorar la calidad del proceso de adopción de decisiones en materia de asilo.

Por lo que respecta a la carga financiera y administrativa derivada de las medidas contempladas para aquellos Estados miembros que se enfrentan a específicas y desproporcionadas presiones sobre sus sistemas de asilo, debido a su situación geográfica o demográfica, se movilizarán los recursos del Fondo Europeo para los Refugiados para prestar el adecuado apoyo a dichos Estados y para garantizar que la carga se comparte de una manera más equitativa entre los Estados miembros. Además, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo coordinará y respaldará la acción común para asistir a aquellos Estado miembros que se enfrenten a presiones particulares y, en general, ayudará a los Estados miembros a definir la manera más rentable de aplicar las medidas previstas mediante la puesta en común de buenas prácticas y el intercambio estructurado de conocimientos de alto nivel.

1.2. Contexto general

Las tareas para crear un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) empezaron inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en mayo de 1999 sobre la base de los principios aprobados por el Consejo Europeo de Tampere. Durante la primera fase del SECA (1999-2005), el objetivo era armonizar los marcos jurídicos de los Estados miembros mediante normas mínimas comunes. La Directiva sobre procedimientos de asilo fue el último de los cinco actos legislativos de la UE sobre asilo. Su propósito es establecer normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado.

La presente propuesta responde a la invitación del programa de La Haya a que se propusieran al Consejo y al Parlamento Europeo instrumentos y medidas para la segunda fase con vistas a su adopción antes de finales de 2010. Su objetivo es subsanar las deficiencias de los procedimientos para conceder o retirar la protección internacional y garantizar unas normas de protección más armonizadas y exigentes mediante las que se avance hacia un procedimiento de asilo común y un estatuto uniforme, tal como se establece en las conclusiones de Tampere y se reitera en el programa de La Haya.

En la evaluación de impacto que se adjunta en el anexo de la presente propuesta se ofrece un análisis pormenorizado de los problemas que plantea esta Directiva, así como de la labor preparatoria para su adopción, la definición y valoración de las diferentes opciones políticas y la definición y valoración de la opción que se ha elegido.

1.3. Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión

La presente propuesta se ajusta plenamente a las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 1999 y al programa de La Haya de 2004 por lo que se refiere al establecimiento del SECA. Asimismo responde a la invitación del Pacto europeo sobre inmigración y asilo, adoptado por el Consejo Europeo el 16 de octubre de 2008[6], a que se presenten propuestas con el fin de instaurar, a más tardar en 2012, un procedimiento de asilo único que implique garantías comunes.

Consulta de las partes interesadas

Actualmente la Comisión dispone de abundante información sobre la aplicación de la Directiva, incluida una amplia información sobre las deficiencias en relación con los términos de la misma y la manera en que se aplica en la práctica.

- En junio de 2007 la Comisión presentó un Libro Verde cuyo objetivo era determinar las posibles opciones para el diseño de la segunda fase del SECA. La respuesta a la consulta pública comprendió 89 contribuciones de un amplio abanico de partes interesadas . Los temas planteados y las sugerencias formuladas durante la consulta constituyen la base del plan de política que enumera las medidas que la Comisión piensa proponer para completar la segunda fase del SECA, incluida la propuesta de modificación de la directiva sobre procedimientos de asilo. La Comisión ha analizado cuidadosamente las medidas de incorporación al ordenamiento jurídico nacional notificadas por los Estados miembros.

- La aplicación de la Directiva y las posibles vías de solventar las actuales deficiencias del marco comunitario sobre procedimientos de asilo se debatieron en seis reuniones de expertos organizadas por la Comisión entre febrero de 2008 y enero de 2009. Estas consultas, en las que participaron expertos gubernamentales (cuatro reuniones de expertos celebradas el 25.02.2008, 29.09.2008, 25.11.2008 y 12.01.2009), diversas ONG (08.01.2009), el ACNUR y profesionales de la justicia que asesoran a solicitantes de asilo en los procedimientos nacionales (17.03.2008), se centraron en los aspectos clave de la Directiva y proporcionaron a la Comisión una valiosa información sobre los ámbitos que debían abordarse en la presente propuesta. Las partes consultadas manifestaron un consenso general en cuanto a lograr una mayor armonización de los requisitos procedimentales y otorgar a los solicitantes de protección internacional unas garantías adecuadas que aseguren un examen eficiente y equitativo de sus solicitudes, en línea con la Directiva sobre el reconocimiento. No obstante, algunos Estados miembros subrayaron la necesidad de guardar un cierto grado de flexibilidad en cuanto a la organización de los procedimientos de asilo y de mantener requisitos procedimentales dirigidos a prevenir abusos, mientras que otros manifestaron su preferencia por subsanar las deficiencias del actual marco a través de medidas de cooperación práctica en lugar de mediante una intervención legislativa.

- Se elaboró un estudio externo en nombre de la Comisión, en el que se analizan las pruebas existentes y el resultado de las consultas.

- También se recogieron los datos de las respuestas a los diversos cuestionarios detallados que dirigió la Comisión a todos los Estados miembros y a interlocutores de la sociedad civil.

- Se obtuvo asimismo una valiosa información sobre la aplicación de la Directiva en los informes de los proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo para los Refugiados y en el informe sobre los procedimientos de asilo en los Estados participantes en la CIG (Libro Azul) .

Sobre la base de las contribuciones al Libro Verde y las consultas con expertos gubernamentales y de la sociedad civil, los comentarios de los medios académicos, las respuestas de los Estados miembros a los cuestionarios, y a partir del análisis de las medidas de incorporación al ordenamiento jurídico nacional realizado por la Comisión, se han identificado dos problemas principales: las normas mínimas son a) insuficientes y b) imprecisas, de modo que carecen del potencial necesario para garantizar un examen eficaz y equitativo. Tomando en consideración las graves lagunas señaladas por numerosos comentaristas y partes interesadas, la Comisión decidió proponer nociones y garantías procedimentales que sirvan para facilitar decisiones fiables en línea con la Directiva sobre el reconocimiento. Ello supone, entre otras cosas, garantías dirigidas a proporcionar a los solicitantes una oportunidad realista de fundamentar su solicitud de protección internacional, unas garantías especiales para solicitantes vulnerables y disposiciones sobre un proceso adecuado de adopción de decisiones. Dichas normas resultan vitales para prevenir los abusos y preservar la integridad de los sistemas de asilo. A este respecto, la propuesta de la Comisión también tiene en cuenta las inquietud puesta de manifiesto por los Estados miembros ante la repetición de solicitudes manifiestamente infundadas. En suma, el objetivo de la presente propuesta es establecer las condiciones necesarias para que los procedimientos de asilo en la Comunidad sean accesibles, eficientes, equitativos y sensibles al contexto.

Aspectos jurídicos de la propuesta

3.1. Resumen de la acción propuesta

El principal objetivo de la presente propuesta es garantizar normas sobre procedimientos para conceder o retirar la protección internacional más coherentes y exigentes, que faciliten un examen adecuado de las necesidades de protección de nacionales de terceros países o personas apátridas de acuerdo con las obligaciones internacionales y comunitarias de los Estados miembros.

La propuesta se propone mejorar tanto la eficiencia como la calidad del proceso de adopción de decisiones mediante la anticipación/concentración de servicios, asesoramiento y conocimientos y el impulso a la adopción por los Estados miembros en un plazo razonable de decisiones más consistentes en primera instancia . La mayor eficiencia y mejor calidad del procedimiento de asilo permitiría a) a los Estados miembros distinguir más rápidamente entre solicitantes de asilo y otros migrantes en llegadas mixtas, con lo que se optimizarían los recursos laborales y administrativos necesarios para establecer y completar los procedimientos aplicables (retorno, asilo, estatuto humanitario, extradición, etc.); b) a las autoridades responsables del asilo adoptar decisiones consistentes basadas en elementos de hecho de la solicitud completos y correctamente establecidos, mejorar la capacidad de defensa de las decisiones negativas y reducir el riesgo de su anulación por instancias de apelación; c) al personal que trabaja en temas de asilo poder identificar mejor los casos de solicitudes infundadas y abusivas, incluidas las basadas en identidad o nacionalidad falsas y d) reducir los costes de acogida de los Estados miembros y apoyar sus esfuerzos para expulsar del territorio a aquellos solicitantes de asilo que no lo hayan obtenido, dado que se tomarán decisiones de calidad con mayor celeridad y se producirá una decisión definitiva ya en primera instancia en un número mayor de casos. Los auténticos refugiados y personas necesitadas de protección subsidiaria tendrán más rápidamente acceso a los derechos establecidos en la Directiva sobre el reconocimiento.

La propuesta asimismo tiene como propósito simplificar y consolidar las nociones y mecanismos procedimentales e incrementar la coherencia entre los instrumentos de asilo. Con ello, entre otras cosas, se limitaría el fenómeno de los movimiento secundarios de solicitantes de asilo entre Estados miembros, en la medida en que tales movimientos se originan por las divergencias de los requisitos procedimentales.

A este respecto la propuesta aborda las siguientes cuestiones:

1. Coherencia entre los diferentes instrumentos de asilo

Para facilitar una aplicación coherente del acervo en materia de asilo y simplificar las disposiciones aplicables , la propuesta contempla un procedimiento único, dejando claro que las solicitudes deben considerarse a la luz de las dos formas de protección internacional establecidas en la Directiva sobre el reconocimiento. Especifica, además, las normas aplicables en el procedimiento único, tales como la obligatoria secuencia del examen de las necesidades de protección en relación con el estatuto de refugiado y el estatuto de protección subsidiaria y amplía las normas actuales sobre retirada del estatuto de refugiado a los supuestos de retirada de protección subsidiaria. Estas modificaciones reflejan un objetivo de la política comunitaria en materia de asilo[7] pendiente desde hace tiempo y se proponen garantizar la coherencia con la Directiva sobre el reconocimiento. Además, con objeto de clarificar el ámbito de la Directiva ratione materiae , la propuesta establece claramente que las garantías y los principios procedimentales fijados en la Directiva sobre los procedimientos de asilo se aplican a los solicitantes que estén sujetos a los procedimientos de acuerdo con el Reglamento de Dublín[8] en los segundos Estados miembros y subraya que la noción de retirada implícita de las solicitudes no debe ser un obstáculo a que los solicitantes vuelvan a acceder a los procedimientos de asilo en el Estado miembro responsable.

2. Acceso a los procedimientos

La propuesta establece una serie de garantías encaminadas a reforzar el acceso a los procedimientos de asilo. En primer lugar, incluye explícitamente las aguas territoriales en el ámbito de aplicación de la Directiva y especifica las obligaciones de los guardias de fronteras, policía y personal de los centros de internamiento. Establece, asimismo, un plazo para completar las formalidades relativas a la presentación de la solicitud e introduce garantías para permitir de facto a los solicitantes de asilo formular su petición de protección cuando se encuentran en los pasos fronterizos o en los centros de internamiento previos a la expulsión. Estas garantías comprenden el acceso a la información sobre los procedimientos que deben seguirse para solicitar protección internacional, el acceso a las organizaciones que prestan asesoramiento jurídico a los solicitantes de asilo y disposiciones encaminadas a garantizar la comunicación entre las autoridades competentes y la persona en cuestión.

3. Garantías procesales en procedimientos en primera instancia

La propuesta se propone incrementar el nivel general de equidad en los procedimientos de asilo, lo que conlleva una aplicación más coherente de los principios y garantías procesales acordados. Las modificaciones propuestas están, en gran medida, inspiradas en la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre los principios generales del Derecho comunitario, tales como el derecho de defensa, el principio de igualdad de armas en el procedimiento y el derecho a la tutela judicial efectiva. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido otra fuente de inspiración clave para el desarrollo de ulteriores garantías procesales para los solicitantes de asilo. A este respecto, el objetivo fundamental de la propuesta es proporcionar al solicitante una oportunidad adecuada y realista de apoyar su petición de protección internacional y garantizar una evaluación razonable de las necesidades de protección del solicitante por parte de las autoridades competentes. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, las modificaciones propuestas:

a) reducen las excepciones a los principios y garantías procesales establecidos en la presente Directiva. En particular, la propuesta elimina la posibilidad de omitir la audiencia personal en los procedimientos acelerados;

b) contempla garantías adicionales, como el derecho a asistencia jurídica gratuita para los solicitantes de protección internacional en los procedimientos en primera instancia;

c) introduce garantías especiales para solicitantes de asilo vulnerables, que, entre otras cosas, incluyen normas sobre informes médico-forenses, exceptuación de determinadas categorías de solicitantes de los procedimientos fronterizos o acelerados y requisitos procedimentales para la determinación de los elementos de la solicitud en casos relacionados con persecuciones basadas en el género y/o la edad.

Las medidas previstas contribuirán, entre otras cosas, a prevenir el abuso de procedimiento, al mejorar el conocimiento de los requisitos aplicables por parte de los solicitantes, lo que conduce a un mejor cumplimiento de las obligaciones procesales. Asimismo, las medidas apoyarán los esfuerzos de las autoridades responsables en materia de asilo por adoptar decisiones consistentes y sostenibles, basadas en elementos de hecho completos y correctamente establecidos.

4. Conceptos y dispositivos procesales

Para lograr el objetivo de un procedimiento común de asilo, la propuesta persigue consolidar los conceptos y dispositivos procesales clave, definiendo mejor su papel funcional en los procedimientos de asilo. Esto concierne fundamentalmente a los motivos de inadmisibilidad, incluida la noción de tercer país seguro, procedimientos acelerados y solicitudes manifiestamente infundadas y al concepto de país de origen seguro. Los conceptos y dispositivos de la Directiva serán más coherentes y se simplificarán , al tiempo que dotarán a las autoridades responsables del asilo de las necesarias herramientas procesales para prevenir/responder al abuso y tramitar rápidamente solicitudes claramente infundadas o menos complejas.

Respecto de las decisiones de inadmisibilidad, la propuesta deja claro que el solicitante en cuestión deberá poder dar a conocer a las autoridades su punto de vista sobre la aplicación de los motivos de inadmisibilidad antes de que se haya adoptado la decisión por la que se considere inadmisible la solicitud. La propuesta, además, elimina la noción de tercer país seguro europeo e incorpora los motivos de protección subsidiaria a la lista de requisitos materiales para la aplicación de la noción de tercer país seguro.

La propuesta revisa asimismo los actuales requisitos de los procedimientos acelerados, estableciendo una lista limitada y exhaustiva de motivos para el examen acelerado de solicitudes manifiestamente infundadas y subraya que se deberá dar a la autoridad decisoria tiempo suficiente para llevar a cabo un examen riguroso de la solicitud en tales supuestos. Al mismo tiempo, la propuesta conserva y desarrolla ulteriormente las disposiciones de la Directiva que salvaguardan la integridad de los procedimientos, en particular, por lo que se refiere a la tramitación de peticiones abusivas o fraudulentas. A este respecto, las modificaciones introducen una obligación de los solicitantes de cooperar con las autoridades competentes en la determinación de su identidad y otros elementos de la solicitud. Esta disposición se aplicará en conjunción con las actuales normas que permiten a los Estados miembros considerar las solicitudes basadas en datos o documentos falsos relativos a la identidad o nacionalidad del solicitante como manifiestamente infundadas y acelerar su examen.

Las medidas previstas sobre un proceso de adopción de decisiones de calidad, incluidas los requisitos sobre audiencias personales, dictamen pericial y formación, deberían reforzar la capacitación del personal responsable del asilo para identificar oportunamente los casos fraudulentos o abusivos. Estas medidas se ven reforzadas, aún en mayor medida, al subrayarse el principio de una única autoridad decisoria. La modificación en este sentido se ajusta a las disposiciones institucionales de la mayoría de EM y resulta indispensable para garantizar la disponibilidad de capacidades institucionales y la adopción de decisiones consistentes basadas en elementos de hecho completos y correctamente establecidos. Asimismo contribuirá a consolidar el procedimiento de asilo y mejorar la calidad de los exámenes en primera instancia, disuadiéndose de este modo del abuso de procedimiento.

Se propone igualmente racionalizar el procedimiento de asilo mediante la introducción de plazos para los procedimientos en primera instancia. El plazo general previsto de seis meses refleja la práctica y/o las modificaciones legislativas de la mayoría de Estados miembros consultados en el proceso de preparación de las modificaciones[9]. Contribuye decisivamente a mejorar la eficacia de los exámenes, reducir los costes de acogida, facilitar la expulsión de los solicitantes de asilo que no lo hayan obtenido y garantizar un acceso más rápido a la protección a los auténticos refugiados y personas necesitadas de protección subsidiaria. Las modificaciones permiten asimismo ampliar el plazo durante otros seis meses en casos concretos. Para dar a los Estados miembros tiempo suficiente para adaptar y reorganizar sus procedimientos nacionales en línea con los plazos propuestos, la propuesta establece una prórroga del plazo de transposición respecto de estas modificaciones de tres años.

Además, la propuesta tiene como objetivo reconsiderar determinados elementos del concepto de país de origen seguro, al suprimir la noción de lista mínima común de países de origen seguros, y consolidar unos criterios objetivos comunes para la designación nacional de terceros países como países de origen seguros. Las modificaciones propuestas llevarán a una aplicación más coherente de la noción de país de origen seguro, basada en requisitos materiales comunes, revisiones regulares de la situación en los países designados como seguros y unas garantías procesales aplicadas de manera idéntica en todos los Estados miembros que hayan optado por este dispositivo. El concepto de tercer país seguro europeo también se ha reexaminado en la medida en que ya no se contempla la lista común. Para reducir las causas profundas de la repetición de solicitudes, la propuesta deja claro que el solicitante y la autoridad decisoria harán todo lo posible para establecer y evaluar todos los elementos de la solicitud inicial de acuerdo con el requisito de cooperación establecido en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva sobre el reconocimiento. La propuesta consolida además las disposiciones de la Directiva sobre las solicitudes posteriores para que los Estados miembros puedan someter la solicitud posterior a una prueba de admisibilidad de acuerdo con el principio de la cosa juzgada y exceptuar el derecho a permanecer en el territorio en los supuestos de múltiples solicitudes posteriores para prevenir de ese modo el abuso del procedimiento de asilo.

5. Acceso a un recurso efectivo

La propuesta facilita a los solicitantes de asilo el acceso a un recurso efectivo en línea con las obligaciones internacionales y comunitarias de los Estados miembros. A este respecto, la propuesta se inspira ampliamente en la reciente evolución de la respectiva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En primer lugar, la propuesta establece una revisión plena y ex nunc de las resoluciones del órgano jurisdiccional en primera instancia y especifica que la noción de recurso efectivo exige la revisión tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho. Además, la finalidad de la Directiva es ajustar los procedimientos de recurso en virtud de la Directiva al principio de igualdad de armas y, con sujeción a limitadas excepciones, establece un efecto suspensivo automático de los recursos contra las resoluciones en primera instancia sobre solicitudes de protección internacional.

3.2. Base jurídica

La presente propuesta modifica la Directiva 200585CE y utiliza la misma base jurídica, a saber, el artículo 63, párrafo primero, punto 1, letra d) del Tratado CE. Las modificaciones sobre normas procesales relativas al estatuto de protección subsidiaria se basan en el artículo 63, párrafo primero, punto 2, letra a) del Tratado CE.

El artículo 1 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, dispone que Irlanda y el Reino Unido pueden optar por participar en las medidas para la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo. Con arreglo al artículo 3 del Protocolo, el Reino Unido e Irlanda han comunicado su intención de participar en la adopción y aplicación de la Directiva actual. Ahora bien, la posición de estos Estados miembros con respecto a la actual Directiva no afecta a su posible participación por lo que respecta a la nueva Directiva.

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no está vinculada por la Directiva ni sujeta a su aplicación.

3.3. Principio de subsidiariedad

El Título IV del Tratado de la CE (TCE) sobre visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas, confiere una serie de competencias a la Comunidad Europea en estas materias. Estas competencias deben ejercerse con arreglo al artículo 5 del TCE, es decir, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.

El fundamento jurídico de la acción comunitaria se establece en el artículo 63, párrafo primero del TCE. Esta disposición establece que el Consejo adoptará «medidas en materia de asilo, con arreglo a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el estatuto de los refugiados y a otros tratados pertinentes» en ámbitos como normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado y normas mínimas para conceder protección para las personas que por otro motivo necesitan protección internacional.

Dado el carácter transnacional de los problemas que plantean el asilo y la protección de los refugiados, la UE se encuentra en una posición favorable para proponer soluciones en el marco del SECA, especialmente en lo que respecta a los procedimientos para conceder o retirar protección internacional. Aunque ya se ha alcanzado un grado de armonización importante mediante la adopción de la Directiva en 2005, es necesario que la UE emprenda una nueva acción para lograr unas normas más exigentes y armonizadas sobre procedimientos de asilo y que adopte nuevas medidas encaminadas a un procedimiento de asilo común, el objetivo a largo plazo definido en Tampere. Estas normas se consideran asimismo indispensables para garantizar que las solicitudes de los solicitantes de asilo sujetos a los procedimientos de Dublín se examinan en condiciones equivalentes en los distintos Estados miembros.

3.4. Principio de proporcionalidad

La evaluación de impacto sobre la modificación de la Directiva sobre los procedimientos de asilo analizó cada una de las opciones consideradas para resolver los problemas detectados con el fin de presentar una equilibrio ideal entre el valor práctico y los esfuerzos que se han de desplegar, y concluyó que optar por la intervención de la UE no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de resolver tales problemas.

3.5. Impacto en los derechos fundamentales

La presente propuesta ha sido objeto de un examen en profundidad para garantizar que sus disposiciones sean plenamente compatibles con:

- los derechos fundamentales recogidos en los principios generales del Derecho comunitario que, a su vez, son el resultado de tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, y en el CEDH, también consagrados en la Carta de la Unión Europea, y

- las obligaciones derivadas del Derecho internacional y, en particular, de la Convención de Ginebra, del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos así como de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Garantizar unas normas más exigentes sobre los procedimientos de asilo, así como una aplicación coherente de las mismas en todo el territorio de la UE, tendrá un impacto positivo general en los solicitantes de asilo desde el punto de vista de los derechos fundamentales. En particular, la propuesta limitará el margen de errores administrativos en los procedimientos de asilo, garantizando con ello un mayor respeto del principio de no devolución y mejorando el acceso a la protección y la justicia. Asimismo, reforzará la igualdad de género e impulsará el principio del interés superior del menor en los procedimientos de asilo nacionales.

ê 2005/85/CE

ð nuevo

2009/0165 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar condición de refugiado ð la protección internacional ï

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 63, párrafo primero, punto 1, letra d), ð y punto 2), letra a), ï

Vista la propuesta de la Comisión[10],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[11],

Visto el dictamen del Comité de la Regiones[12],

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado[13],

Considerando lo siguiente:

ò nuevo

1. Es necesario introducir una serie de modificaciones sustantivas en la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado[14]. En aras de una mayor claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.

ê 2005/85/CE Considerando 1

2. Una política común en el ámbito del asilo, incluido un sistema europeo común de asilo, es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Comunidad.

ê 2005/85/CE Considerando 2

3. El Consejo Europeo, en su sesión especial en Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, tal que modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 («Convención de Ginebra»), afirmando así el principio de no devolución y garantizando que ninguna persona sufra de nuevo persecución.

ê 2005/85/CE Considerando 3

4. Las conclusiones del Consejo de Tampere prevén que un sistema europeo común del asilo debe incluir a corto plazo normas comunes para procedimientos justos y eficientes de asilo en los Estados miembros y, a más largo plazo, normas comunitarias que lleven a un procedimiento común de asilo en la Comunidad Europea.

ê 2005/85/CE Considerando 4 (adaptado)

5. Las Ö Directiva 2005/85/CE Õ normas mínimas establecidas en la presente Directiva sobre los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado constituyen, por tanto, Ö era Õ una primera medida sobre procedimientos de asilo.

ò nuevo

6. Actualmente, ha concluido la primera fase de la creación del sistema europeo común de asilo. El Consejo Europeo de 4 de noviembre de 2004 adoptó el Programa de La Haya que establece los objetivos que han de alcanzarse en materia de libertad, seguridad y justicia en el periodo 2005-2010. A este respecto, el Programa de La Haya invitó a la Comisión Europea a concluir la evaluación de los instrumentos jurídicos de la primera fase y a proponer al Consejo y al Parlamento Europeo instrumentos y medidas para la segunda fase con vistas a su adopción antes de finales de 2010. Con arreglo al Programa de La Haya, el objetivo que debe perseguirse para establecer el sistema europeo común de asilo es la creación de un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme válido en toda la Unión.

7. En el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, adoptado el 16 de octubre de 2008, el Consejo Europeo señaló que subsisten fuertes disparidades entre los Estados miembros en cuanto a la concesión de protección e instó a la adopción de nuevas iniciativas, incluida una propuesta con el fin de instaurar un procedimiento de asilo único que implique garantías comunes, para completar el establecimiento del sistema europeo común de asilo previsto en el Programa de La Haya.

8. Se movilizarán los recursos del Fondo Europeo para los Refugiados y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo con el fin de apoyar adecuadamente los esfuerzos de los Estados miembros por aplicar las normas fijadas en la segunda fase del sistema europeo común de asilo y, en particular, a los Estados miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas sobre sus sistemas de asilo en razón de su situación geográfica o demográfica.

9. Para garantizar una evaluación global y eficaz de las necesidades de protección internacional de los solicitantes en el sentido de la Directiva […./../CE] [por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional y al contenido de la protección concedida] [Directiva sobre el reconocimiento] el marco comunitario sobre procedimientos para conceder protección internacional debe basarse en el concepto de un procedimiento de asilo único.

ê 2005/85/CE Considerando 5

ð nuevo

10. El objetivo principal de la presente Directiva es ð desarrollar nuevas normas mínimas para los procedimientos en los Estados miembros para conceder o retirar la protección internacional con vistas al establecimiento de un procedimiento de asilo único en la Comunidad ï introducir un marco regulador mínimo en la Comunidad Europea relativo a los procedimientos para conceder y retirar la condición de refugiado.

ê 2005/85/CE Considerando 6

ð nuevo

11. La aproximación de las normas sobre procedimientos para conceder y retirar la ð protección internacional ï condición de refugiado debería contribuir a limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo ð protección internacional ï entre Estados miembros, cuando dichos movimientos estuvieran originados por diferencias entre los marcos jurídicos ð , y crear condiciones equivalentes para la aplicación de la Directiva […./../EC] [Directiva sobre el reconocimiento] en los Estados miembros ï.

ê 2005/85/CE Considerando 7

ð nuevo

12. De la propia naturaleza de las normas mínimas se desprende que los Estados miembros tienen competencia para establecer o mantener condiciones más favorables para los nacionales de terceros países o personas apátridas que solicitan protección internacional a un Estado miembro, cuando se entiende que dicha solicitud se basa en que la persona de que se trata es ð una persona necesitada de protección internacional ï un refugiado en el sentido ð de la Directiva […./../CE] [Directiva sobre el reconocimiento] ï del artículo 1(A) de la Convención de Ginebra.

ê 2005/85/CE Considerando 8

ð nuevo

13. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en especial por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ð En particular, la presente Directiva tiene por fin fomentar la aplicación de los artículos 1, 18, 19, 21, 24 y 47 de la Carta y debe aplicarse en consecuencia. ï

ê 2005/85/CE Considerando 9

ð nuevo

14. En lo que se refiere al trato de las personas que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros están vinculados por las obligaciones derivadas de los instrumentos del Derecho internacional en los que son parte y que prohíben la discriminación.

ê 2005/85/CE Considerando 10

ð nuevo

15. Es esencial que las decisiones relativas a todas las solicitudes de asilo ð protección internacional ï se tomen sobre la base de los hechos y, en primera instancia, por las autoridades cuyo personal tenga el conocimiento adecuado o reciba la formación necesaria en el ámbito del asilo y de las cuestiones relativas a los refugiados.

ê 2005/85/CE Considerando 11

ð nuevo

16. En interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de ð protección internacional ï asilo, debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de ð protección internacional, sin perjuicio de un examen suficiente y completo ï. La organización del tratamiento de las solicitudes de asilo se debe dejar a la discreción de los Estados miembros, de manera que puedan, de conformidad con sus respectivas necesidades nacionales, dar prioridad o acelerar la gestión de toda solicitud, teniendo en cuenta las normas de la presente Directiva.

ê 2005/85/CE Considerando 12

ð nuevo

17. El concepto de orden público podrá ð inter alia ï cubrir una condena por cometer un delito grave.

ê 2005/85/CE Considerando 13

ð nuevo

18. En aras del adecuado reconocimiento de las personas necesitadas de protección como refugiados a efectos del artículo 1 de la Convención de Ginebra ð o como personas con derecho a protección subsidiaria ï, todo solicitante, sin perjuicio de determinadas excepciones, debe tener acceso efectivo a los procedimientos, la oportunidad de cooperar y comunicarse realmente con las autoridades competentes para poder presentar los hechos pertinentes para su caso, así como las garantías procesales suficientes para estar en condiciones de proseguir el procedimiento en todas sus fases. Además, el procedimiento en el cual se examina una solicitud de asilo ð protección internacional ï debería facilitar normalmente al solicitante al menos el derecho de estancia durante la deliberación de la autoridad decisoria, el derecho a los servicios de un intérprete para presentar el caso si las autoridades lo entrevistan, la posibilidad de ponerse en contacto con un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ð y con organizaciones que prestan asesoramiento o consejo a los solicitantes ï o con otra organización que trabaje en su nombre, el derecho a que se le comunique en debida forma la decisión junto con su motivación en cuanto a elementos de hecho y de derecho, la oportunidad de consultar a un asesor jurídico y el derecho a ser informado de su situación en los momentos decisivos del procedimiento en una lengua que razonablemente se pueda suponer que entiende ð y, en caso de decisión negativa, el derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional ï .

ê 2005/85/CE Considerando 14

Además, deben establecerse garantías procesales para los menores no acompañados, debido a su vulnerabilidad. En ese sentido, el mejor interés del niño debe ser una consideración principal de los Estados miembros.

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19. Con vistas a garantizar un acceso efectivo al procedimiento de examen, los funcionarios que entren en primer lugar en contacto con personas que busquen protección internacional, en particular aquellos que lleven a cabo labores de vigilancia de las fronteras terrestres o marítimas o que realicen controles fronterizos, deberían recibir instrucciones y una formación adecuada sobre cómo reconocer y tratar solicitudes de protección internacional. Deberían ser capaces de proporcionar a los nacionales de terceros países o personas apátridas que se encuentren en el territorio, con inclusión de la frontera, las aguas territoriales o las zonas de tránsito de los Estados miembros, y que deseen solicitar protección internacional toda la información pertinente sobre dónde y cómo deben presentarse las solicitudes de protección internacional. Si dichas personas se encuentran en las aguas territoriales de un Estado miembro deberían ser desembarcadas a tierra para que sus solicitudes se examinen de conformidad con la presente Directiva.

20. Además, deberían estipularse garantías procedimentales especiales para solicitantes vulnerables, tales como menores, menores no acompañados, personas que hayan padecido tortura, violación u otros actos graves de violencia o personas discapacitadas para implantar las condiciones necesarias para su acceso efectivo a los procedimientos y su presentación de los elementos necesarios para fundamentar la solicitud de protección internacional.

21. Las medidas nacionales sobre identificación y documentación de síntomas y signos de tortura u otros actos graves de violencia física o mental, incluidos los actos de violencia sexual, en procedimientos regulados por la presente Directiva deberían basarse inter alia en el Manual sobre Efectiva Investigación y Documentación de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul).

22. Con vistas a garantizar una igualdad sustantiva entre solicitantes de uno y otro sexo, los procedimientos de examen deberían tener en cuenta el factor género. En particular las audiencias personales deberían organizarse de modo que fuera posible para los solicitantes de uno y otro sexo hablar de sus pasadas experiencias en casos de persecución basada en razones de género. La complejidad de las peticiones relacionadas con el factor género debería tenerse debidamente en cuenta en procedimientos basados en el concepto de tercer país seguro, concepto de país de origen seguro o noción de solicitudes posteriores.

23. El «interés superior del niño» debería ser la primera consideración de los Estados miembros al aplicar la presente Directiva, en línea con la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989.

24. Los procedimientos de examen de las necesidades de protección internacional deberían organizarse de modo que sea posible para las autoridades competentes llevar a cabo un examen riguroso de las solicitudes de protección internacional.

ê 2005/85/CE Considerando 15

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25. Cuando un solicitante presente una solicitud posterior sin presentar nuevas pruebas o argumentos, sería desproporcionado el hecho de obligar a los Estados miembros a efectuar un nuevo y completo procedimiento de examen. En dichos casos, los Estados miembros deberían ð poder denegar una solicitud por inadmisible de conformidad con el principio de la cosa juzgada ï estar en condiciones de elegir entre los procedimientos que impliquen excepciones a las garantías de que normalmente disfruta el solicitante.

ê 2005/85/CE Considerando 16

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26. Gran número de solicitudes de ð protección internacional ï asilo se presenta en la frontera o en una zona de tránsito de un Estado miembro antes de que se tome una decisión sobre la entrada del solicitante. Los Estados miembros deben estar en condiciones de ð establecer procedimientos de admisibilidad y/o examen de fondo que permitan decidir sobre las solicitudes presentadas en la frontera o en una zona de tránsito en dicho lugares ï mantener los procedimientos existentes adaptados a la situación específica de dichos solicitantes en la frontera. Deben definirse normas comunes sobre las posibles excepciones que hayan de realizarse en esas circunstancias a las garantías de que normalmente disfrutan los solicitantes. Los procedimientos fronterizos deberían principalmente aplicarse a los solicitantes que no cumplieran los requisitos para entrar en los territorios de los Estados miembros.

ê 2005/85/CE Considerando 17

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27. Una consideración clave para establecer si una solicitud de asilo ð protección internacional ï está justificada es la seguridad del solicitante en su país de origen. Cuando un tercer país puede considerarse como país de origen seguro, los Estados miembros deberían estar en condiciones de considerarlo seguro y presuponer que es seguro para un solicitante concreto a menos que este último presente graves contraindicaciones.

ê 2005/85/CE Considerando 18

28. Habida cuenta del grado de armonización realizada sobre la cualificación de nacionales de terceros países y personas apátridas como refugiados, deberían establecerse criterios comunes para designar a terceros países como países de origen seguros.

ê 2005/85/CE Considerando 19

Cuando el Consejo esté satisfecho de que se cumplen dichos criterios en relación con un país de origen concreto y, por tanto, lo haya incluido en la lista común mínima de países de origen seguros que se adoptará en virtud de la presente Directiva, los Estados miembros deberían estar obligados a examinar las solicitudes de las personas que tengan nacionalidad de dicho país, o a las personas apátridas que anteriormente eran residentes habituales en dicho país, sobre la base de la presunción refutable de la seguridad de dicho país. En vista de la importancia política de la designación de países de origen seguros, en particular en razón de las implicaciones de una evaluación de la situación de los derechos humanos en un país de origen y de sus implicaciones para las políticas de la Unión Europea en el ámbito de las relaciones exteriores, el Consejo debería adoptar toda decisión sobre la fijación o modificación de la lista previa consulta al Parlamento Europeo.

ê 2005/85/CE Considerando 20 (adaptado)

De la condición de Bulgaria y Rumanía como países candidatos a la adhesión a la Unión Europea y de los avances realizados por dichos países en el proceso de adhesión, se desprende que deberían considerarse como países de origen seguros a los fines de la presente Directiva hasta la fecha de su adhesión a la Unión Europea.

ê 2005/85/CE Considerando 21

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29. La designación de un tercer país como país de origen seguro no podrá, a los fines de la presente Directiva, establecer una garantía absoluta de seguridad para los nacionales de dicho país. Por su propia naturaleza, la evaluación que sustenta la designación sólo puede tener en cuenta la circunstancias civiles, jurídicas y políticas generales de dicho país y el hecho de si los agentes de la persecución, la tortura, el trato inhumano o degradante o los castigos están sometidos a sanción en la práctica cuando se los considera responsables en el país de que se trate. Por dicho motivo, es importante que, cuando un solicitante demuestre que existen motivos serios ð válidos ï para que no se considere a un país como seguro en sus circunstancias particulares, la designación del país como seguro ya no puede considerarse en cuanto a lo que dicho solicitante se refiere.

ê 2005/85/CE Considerando 22 (adaptado)

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30. Los Estados miembros deberían examinar todas las solicitudes refiriéndose al fondo, es decir, evaluando si el solicitante en cuestión cumple los requisitos de refugiado Ö para la protección internacional Õ de conformidad con la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida[15], Directiva […/../CE] [Directiva sobre el reconocimiento] salvo cuando la presente Directiva disponga otra cosa, en particular cuando pueda razonablemente suponerse que otro país efectuaría dicho examen o garantizaría de manera suficiente la protección. En particular, los Estados miembros no deberían estar obligados a evaluar el fondo de una solicitud de asilo ð protección internacional ï cuando un primer país de asilo hubiere concedido el estatuto de refugiado al solicitante u otro tipo de protección suficiente, y el solicitante sea readmitido en dicho país.

ê 2005/85/CE Considerando 23

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31. Asimismo, los Estados miembros no deberían estar obligados a evaluar el fondo de una solicitud asilo ð protección internacional ï en la cual el solicitante, debido a una conexión ð suficiente ï con un tercer país tal como se define en el Derecho nacional, podría razonablemente buscar protección en dicho tercer país ð, y hay razones para considerar que el solicitante será admitido o readmitido en dido país ï. Los Estados miembros deberían proceder sobre esa base únicamente cuando dicho solicitante en concreto estuviera seguro en el tercer país de que se tratare. A fin de evitar movimientos secundarios por parte de los solicitantes, deberían establecerse principios comunes para la consideración o designación por los Estados miembros de terceros países como seguros.

ê 2005/85/CE Considerando 24

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32. Además, en lo que se refiere a determinados terceros países europeos, que mantienen criterios especialmente altos con respecto a los derechos humanos y a la protección de los refugiados, los Estados miembros deberían estar autorizados a no realizar examen o no llevarlo plenamente a cabo de las solicitudes de asilo relativas a los solicitantes que entren en su territorio a partir de dichos terceros países europeos. Habida cuenta de las posibles consecuencias para el solicitante de un examen restringido u omitido, dicha aplicación del concepto de tercer país seguro debería quedar restringida a los casos en que intervinieran terceros países con respecto a los cuales el Consejo hubiere constatado que cumplen elevados criterios de seguridad, tal como se define en la presente Directiva. El Consejo debería adoptar decisiones en este ámbito previa consulta al Parlamento

ê 2005/85/CE Considerando 25

De la naturaleza de las normas comunes relativas a ambos conceptos de tercer país seguro tal como se establecen en la presente Directiva, se desprende que el efecto práctico de dichos conceptos depende de si el tercer país en cuestión permite al solicitante entrar en su territorio.

ê 2005/85/CE Considerando 26

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33. En lo que se refiere a la retirada del estatuto del refugiado ð o de protección subsidiaria ï los Estados miembros deberían velar por que las personas que disfrutan ð de protección internacional ï del estatuto de refugiado sean debidamente informadas de cualquier posible reconsideración de su condición y tengan la ocasión de someter su punto de vista antes de que las autoridades puedan adoptar una decisión motivada de retirar su estatuto. No obstante, debería permitirse prescindir de dichas garantías cuando los motivos para el cese de la condición de refugiado no tengan relación con una modificación de las condiciones en que se basaba el reconocimiento.

ê 2005/85/CE Considerando 27

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34. Refleja un principio de Derecho comunitario fundamental el hecho de que las decisiones adoptadas con respecto a una solicitud de asilo ð protección internacional ï y a la retirada del estatuto de refugiado ð o protección subsidiaria ï deban estar sujetas a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 del Tratado. La eficacia del recurso, incluso con respecto al examen de los hechos pertinentes, depende del ordenamiento administrativo y jurídico de cada Estado miembro visto en su conjunto.

ê 2005/85/CE Considerando 28

35. De conformidad con el artículo 64 del Tratado, la presente Directiva se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estado miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior.

ê 2005/85/CE Considerando 29 (adaptado)

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36. La presente Directiva no se refiere a los procedimientos ð entre Estados miembros ï regulados por el Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, Reglamento (CE) No […/… ] por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo ð protección internacional ï presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país[16] (Reglamento de Dublín).

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37. Los solicitantes respecto de los cuales se aplica el Reglamento CE Nº […/…] [el Reglamento de Dublín] deberían tener acceso a los principios y garantías fundamentales establecidos en la presente Directiva y a las garantías especiales de conformidad con el Reglamento CE Nº […/…] [Reglamento de Dublín].

ê 2005/85/CE Considerando 30

38. La aplicación de la presente Directiva deberá evaluarse a intervalos regulares no superiores a dos años.

ê 2005/85/CE Considerando 31

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39. Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer un mínimo de normas sobre los procedimientos en los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado ð protección internacional ï, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y por consiguiente puede lograrse mejor debido a la dimensión y efectos de la acción, a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario a tal fin.

ê 2005/85/CE Considerando 32 (adaptado)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido ha notificado, mediante carta de 24 de enero de 2001, su deseo de participar en la adopción y en la aplicación de la presente Directiva.

ê 2005/85/CE Considerando 33 (adaptado)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda ha notificado, mediante carta de 14 de febrero de 2001, su deseo de participar en la adopción y en la aplicación de la presente Directiva.

ê 2005/85/CE Considerando 34

40. De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no está vinculada ni sujeta a su aplicación.

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41. La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de la Directiva anterior. La obligación de incorporar las disposiciones inalteradas se deriva de la Directiva anterior.

42. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al Derecho nacional de la Directiva, que figuran en la parte B del anexo III.

ê 2005/85/CE

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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Finalidad

La presente Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar ð la protección internacional en virtud de la Directiva …/…/CE [Directiva sobre el reconocimiento]ï el estatuto de refugiado.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «Convención de Ginebra», la Convención de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967;

b) «solicitud» o «solicitud de asilo», la solicitud presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda entenderse como una petición de protección internacional de un Estado miembro en el sentido de la Convención de Ginebra. Cualquier solicitud de protección internacional se considerará solicitud de asilo, a menos que la persona afectada pida explícitamente otra clase de protección que pueda solicitarse por separado;

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b) «solicitud» o «solicitud de protección internacional», la petición de protección de un Estado miembro presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida quien puede entenderse que desea obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria y que no pide explícitamente otra clase de protección fuera del ámbito de la Directiva […/…/CE] [Directiva sobre el reconocimiento] que pueda solicitarse por separado;

ê 2005/85/CE

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c) «solicitante» o «solicitante de ð protección internacional ï asilo», un nacional de un tercer país o un apátrida que ha presentado una solicitud de asilo ð protección internacional ï sobre la cual todavía no se ha adoptado una resolución definitiva;

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d) «solicitante con necesidades especiales», un solicitante que, por razones de edad, género, discapacidad, problemas de salud mental o como consecuencia de torturas, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual, necesita unas garantías especiales para gozar los derechos y cumplir las obligaciones en virtud de la presenta Directiva;

ê 2005/85/CE (adaptado)

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d)e) «resolución definitiva», resolución por la cual se establece si se concede o no al nacional de un tercer país o al apátrida el estatuto de refugiado ð o de protección subsidiaria ï en virtud de la Directiva 2004/83/CEDirectiva […./../CE] [Directiva sobre el reconocimiento] y contra la que ya no puede interponerse recurso en el marco de lo dispuesto en el capítulo V de la presente Directiva, con independencia de que el recurso tenga el efecto de permitir que el solicitante permanezca en el Estado miembro de que se trate a la espera de su resultado, sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo III de la presente Directiva;

e)f) «autoridad decisoria», cualquier organismo cuasi-judicial o administrativo de un Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de asilo ð protección internacional ï y competente para dictar resoluciones en primera instancia en tales casos, supeditado al anexo I;

f)g) «refugiado», un nacional de un tercer país o un apátrida que cumple los requisitos del artículo 1 de la Convención de Ginebra tal y como se establece en ,2, letra d), de la Directiva 2004/83/CEDirectiva […./../CE] [Directiva sobre el reconocimiento];

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h) «persona con derecho a protección subsidiaria», nacional de un tercer país o apátrida que cumple los requisitos del artículo 2, letra f) de la Directiva […./../CE] [Directiva sobre el reconocimiento];

i) «estatuto de protección internacional», el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado o persona con derecho a protección subsidiaria;

ê 2005/85/CE (adaptado)

g)j) «estatuto de refugiado», el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o Ö de Õ un apátrida como refugiado;

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k) «estatuto de protección subsidiaria», el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria;

l) «menor», un nacional de un tercer país o un apátrida menor de 18 años;

ê 2005/85/CE (adaptado)

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h)m) «menor no acompañado», la persona menor de 18 años que llega al territorio de los Estados miembros sin estar acompañada por un adulto que ejerza, conforme a la ley o la costumbre, responsabilidad sobre ella, y mientras no esté efectivamente al cuidado de tal adulto; se incluye al menor que queda sin compañía después de su llegada al territorio de los Estados miembros; ð un menor tal como se define en el artículo 2, letra l), de la Directiva […./.../CE] [Directiva sobre el reconocimiento]; ï

i)n) «representante», la persona que actúa por cuenta de una organización que representa al menor no acompañado como tutor legal, o que actúa por cuenta de una organización nacional que es responsable del cuidado y bienestar de los menores, o cualquier otro tipo de representación designada para velar por sus intereses; ð la persona designada por las autoridades competentes como tutor legal que asista y represente al menor no acompañado con vistas a garantizar el interés superior del menor y ejercer la capacidad jurídica en nombre del mismo cuando fuere necesario; ï

j)o) «retirada del estatuto de refugiado ð protección internacional ï», la decisión de una autoridad competente de revocar, dar por finalizado o negarse a prorrogar el estatuto de refugiado ð o de protección subsidiaria ï de una persona de conformidad con la Directiva 2004/83/CEDirectiva […./../CE] [Directiva sobre el reconocimiento];

k)p) «permanencia en el territorio del Estado miembro», la permanencia en el territorio, con inclusión de la frontera, o en las zonas de tránsito del Estado miembro en el que se ha presentado o se está examinando la solicitud de asilo ð protección internacional ï.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

43. La presente Directiva se aplicará a todas las solicitudes de asilo ð protección internacional ï presentadas en el territorio, con inclusión de la frontera, ð, las aguas territoriales ï o en las zonas de tránsito de los Estados miembros, y a la retirada del estatuto de refugiado ð estatuto de protección internacional ï.

44. La presente Directiva no se aplicará en los casos de solicitudes de asilo diplomático o territorial presentadas en las representaciones de los Estados miembros.

3. Cuando los Estados miembros utilicen o introduzcan un procedimiento según el cual las solicitudes de asilo se examinen con arreglo a la Convención de Ginebra y también como solicitudes de otro tipo de protección internacional otorgado en las circunstancias definidas en el artículo 15 de la Directiva 2004/83/CE, aplicarán la presente Directiva en todo el procedimiento.

43. Además, Los Estados miembros podrán decidir aplicar la presente Directiva en los procedimientos relativos a cualquier tipo de solicitudes de protección internacional ð que caigan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva […./.../CE] [Directiva sobre el reconocimiento] ï.

ê 2005/85/CE

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Artículo 4

Autoridades responsables

45. Los Estados miembros designarán para todos los procedimientos una autoridad decisoria que será responsable de examinar convenientemente las solicitudes de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva,en particular, el artículo 8, apartado 2, y el artículo 9. ð Los Estados miembros garantizarán que esta autoridad cuente con personal cualificado y competente, y en número suficiente, para llevar a cabo sus tareas dentro de los plazos prescritos. A tal fin, los Estado miembros ofrecerán programas de formación inicial y de seguimiento para el personal que examine las solicitudes y tome decisiones sobre la protección internacional. ï

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46. La formación a que se refiere el apartado 1 versará, en particular, sobre:

a) las normas sustantivas y procedimentales sobre protección internacional y derechos humanos establecidas en los correspondientes instrumentos comunitarios e internacionales, incluidos los principios de no devolución y de no discriminación;

b) la sensibilización sobre las cuestiones de género, las situaciones traumáticas y la edad;

c) la utilización de información sobre el país de origen ;

d) las técnicas de realización de entrevistas, incluida la comunicación transcultural;

e) identificación y documentación de signos y síntomas de tortura;

f) la apreciación de la prueba, incluido el principio del beneficio de la duda;

g) jurisprudencia pertinente en materia de examen de solicitudes de protección internacional.

ê 2005/85/CE

De conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 343/2003, las solicitudes de asilo presentadas en un Estado miembro a las autoridades de otro Estado miembro que estén efectuando controles de inmigración serán tramitadas por el Estado miembro en cuyo territorio se presente la solicitud.

ê 2005/85/CE

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23. Sin embargo, los Estados miembros podrán estipular que otra autoridad sea responsable con los siguientes fines de: ð tramitar los casos de conformidad con el Reglamento (CE) No …/…. [Reglamento de Dublín]. ï

a) tramitar los casos en los que se plantee el traslado del solicitante a otro Estado miembro de conformidad con las normas que establecen los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar una solicitud de asilo, hasta que el traslado tenga lugar o el Estado requerido haya rechazado asumir la responsabilidad o readmitir al solicitante;

b) dictar una resolución sobre la solicitud a la luz de las disposiciones relativas a la seguridad del Estado, siempre que se consulte a la autoridad decisoria antes de adoptar dicha resolución sobre el derecho del solicitante al estatuto de refugiado en virtud de la Directiva 2004/83/CE;

c) realizar un examen preliminar de conformidad con el artículo 32, siempre que dicha autoridad tenga acceso al expediente del solicitante en lo que se refiere a su solicitud anterior;

d) tramitar casos en el marco de los procedimientos previstos en el artículo 35, apartado 1;

e) denegar la autorización de entrada en el marco del procedimiento previsto en el artículo 35, apartados 2 a 5, respetando las condiciones establecidas en ellos;

f) determinar que un solicitante trata de entrar o ha entrado en el Estado miembro desde un tercer país seguro de conformidad con el artículo 36, según las condiciones y lo estipulado en dicho artículo.

34. Cuando se designe una autoridad de conformidad con el apartado 23, los Estados miembros garantizarán que el personal de dicha autoridad tenga los conocimientos adecuados o reciba la formación necesaria para cumplir sus obligaciones en aplicación de la presente Directiva

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5. Las solicitudes de protección internacional presentadas en un Estado miembro a las autoridades de otro Estado miembro que realicen allí controles fronterizos o de inmigración se tratarán por el Estado miembro en el que se presente la solicitud.

ê 2005/85/CE

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Artículo 5

Disposiciones más favorables

Los Estados miembros podrán establecer o mantener disposiciones más favorables en relación con los procedimientos para la concesión o retirada del estatuto de refugiado ð protección internacional ï, en la medida en que dichas disposiciones sean compatibles con la presente Directiva.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES

Artículo 6

Acceso al procedimiento

1. Los Estados miembros podrán exigir que las solicitudes de asilo se presenten personalmente y/o en un lugar determinado.

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47. Los Estados miembros designarán las autoridades competentes responsables de la recepción y registro de las solicitudes de protección internacional. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 5, 6, 7 y 8, los Estados miembros podrán exigir que las solicitudes de protección internacional se presenten personalmente y/o en un lugar determinado.

2. Los Estados miembros garantizarán que la persona que desee presentar una solicitud de protección internacional tenga efectivamente la oportunidad de presentarla ante la autoridad competente lo antes posible.

ê 2005/85/CE

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23. Los Estados miembros garantizarán que toda persona mayor de edad que goce de capacidad jurídica tenga derecho a presentar una solicitud de ð protección internacional ï asilo por su propia cuenta.

34. Los Estados miembros podrán disponer que un solicitante pueda presentar una solicitud en nombre de las personas a su cargo. En estos casos, los Estados miembros deberán verificar que los familiares adultos a su cargo consienten en que se presente en su nombre la solicitud; en caso contrario los familiares deberán tener la posibilidad de presentar su propia solicitud.

El consentimiento se solicitará en el momento de presentarse la solicitud o, a lo sumo, cuando tenga lugar la audiencia personal con el adulto a cargo. ð Antes de solicitar el consentimiento, se informará en privado a cada adulto de entre dichas personas sobre las correspondientes consecuencias procedimentales y sobre su derecho a presentar una solicitud separada de protección internacional. ï

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5. Los Estados miembros garantizarán que el menor tenga derecho a presentar una solicitud de protección internacional bien en su propio nombre, bien a través de sus padres u otros familiares adultos.

6. Los Estados miembros garantizarán que los servicios pertinentes a que se refiere el artículo 10 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [17] tengan derecho a presentar una solicitud de protección internacional en nombre de un menor no acompañado si, sobre la base de una evaluación individual de su situación personal, dichos servicios consideran que el menor tiene necesidad de protección de conformidad con la Directiva […./../CE] [Directiva sobre el reconocimiento].

ê 2005/85/CE

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47. Los Estados miembros podrán determinar en su legislación nacional:

a) los casos en que un menor puede presentar una solicitud en su propio nombre;

b) los casos en que la solicitud de un menor no acompañado tiene que ser presentada por un representante según se establece en el artículo 1721, apartado 1, letra a);

c) los casos en que se considera que la presentación de una solicitud de asilo ð protección internacional ï constituye también la presentación de una solicitud de asilo ð protección internacional ï para todos los menores solteros.

5. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades a las que podrían dirigirse quienes deseen presentar una solicitud de asilo están en condiciones de aconsejar a estas personas sobre la forma y el lugar donde puede presentarse tal solicitud y/o podrán requerir a dichas autoridades que transmitan la solicitud a la autoridad competente.

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8. Los Estados miembros garantizarán que guardias de fronteras, policía y autoridades de inmigración y el personal de los centros de internamiento reciban instrucciones y la formación necesaria para tratar las solicitudes de protección internacional. Si estas autoridades son las designadas como autoridades competentes de conformidad con el apartado 1, en las instrucciones se incluirá la obligación de registrar la solicitud. En caso contrario, en las instrucciones se exigirá remitir la solicitud a la autoridad competente para dicho registro, junto con toda la información pertinente.

Los Estados miembros garantizarán que todas las restantes autoridades a las que es probable que se dirija quien desee presentar una solicitud de protección internacional estén en condiciones de asesorar a dicha persona sobre cómo y cuándo puede presentar dicha solicitud y/o podrán requerir que dichas autoridades remitan la solicitud a la autoridad competente.

9. Una solicitud de protección internacional se registrará por las autoridades competentes dentro del plazo de 72 horas a partir del momento en que una persona haya expresado su deseo de solicitar protección internacional de conformidad con el párrafo primero del apartado 8.

Artículo 7

Información y asesoramiento en pasos fronterizos y centros de internamiento

48. Los Estados miembros garantizarán que se disponga de información sobre los procedimientos que deben seguirse para presentar una solicitud de protección internacional en::

a) los pasos fronterizos, incluidas las zonas de tránsito, en las fronteras exteriores; y

b) los centros de internamiento.

49. Los Estados miembros establecerán disposiciones sobre interpretación para garantizar la comunicación entre las personas que deseen presentar una solicitud de protección internacional y los guardias de fronteras o el personal de los centros de internamiento.

3. Los Estados miembros garantizarán que las organizaciones que presten asesoramiento y consejo a los solicitantes de protección internacional tengan acceso a los pasos fronterizos, incluidas las zonas de tránsito, y a los centros de internamiento, con sujeción a un acuerdo con las autoridades competentes del Estado miembro.

Los Estados miembros podrán establecer normas que regulen la presencia de organizaciones de este tipo en las zonas a que se refiere el presente artículo.

ê 2005/85/CE

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Artículo 78

Derecho de permanencia en el Estado miembro durante el examen de la solicitud

50. Los solicitantes estarán autorizados a permanecer en el Estado miembro, únicamente a efectos del procedimiento, hasta que la autoridad decisoria haya dictado una resolución de conformidad con los procedimientos en primera instancia establecidos en el capítulo III. Este derecho a permanecer no constituirá un derecho a obtener un permiso de residencia.

51. Los Estados miembros sólo podrán hacer una excepción cuando, de conformidad con los artículos 32 y 34, no se vaya a examinar ð una persona presente ï una solicitud posterior ð ,tal como se describe en el artículo 35, apartado 8, ï o cuando vayan a entregar o a extraditar, según proceda, a una persona bien a otro Estado miembro en virtud de obligaciones derivadas de una orden de detención europea[18] u otro tipo de mandamiento, bien a un tercer país ð, con la excepción del país de origen del solicitante en cuestión ï , o ante órganos jurisdiccionales penales internacionales .

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52. Un Estado miembro solo podrá extraditar a un solicitante a un tercer país de conformidad con el apartado 2 si las autoridades competentes están convencidas de que una decisión de extradición no originará una devolución directa o indirecta con violación de las obligaciones internacionales del Estado miembro.

ê 2005/85/CE (adaptado)

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Artículo 89

Requisitos para el examen de las solicitudes

53. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 4, letra i), los Estados miembros garantizarán que las solicitudes de asilo ð protección internacional ï no se rechacen ni excluyan del examen por el único motivo de no haberse presentado tan pronto como era posible.

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54. En primer lugar se examinarán las solicitudes de protección internacional para determinar si los solicitantes reúnen los requisitos para ser refugiados. Si no las reúnen, se examinarán para determinar si son personas con derecho a protección subsidiaria.

ê2005/85/CE

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23. Los Estados miembros garantizarán que las resoluciones sobre las solicitudes de ð protección internacional ï asilo de la autoridad decisoria se dicten tras un examen adecuado. A tal efecto, los Estados miembros garantizarán:

a) que el examen de las solicitudes y la adopción de las resoluciones se efectúen de forma individual, objetiva e imparcial;

b) que se obtenga información precisa y actualizada de diversas fuentes, por ejemplo, información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ð y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo ï, respecto a la situación general imperante en los países de origen de los solicitantes y, si fuera necesario, en aquellos países por los que hayan transitado, y que esta información se ponga a disposición del personal responsable de examinar las solicitudes y de tomar decisiones al respecto ðy, si la autoridad decisoria la tiene en cuenta a la hora de dictar una resolución, al solicitante y a su asesor legal ï ;

c) el personal que examina las solicitudes y dicta las resoluciones conozca las normas pertinentes aplicables con arreglo a la legislación en materia de asilo y refugio;.

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d) el personal que examina las solicitudes y dicta las resoluciones reciba instrucciones y tenga la posibilidad de obtener, de ser necesario, el asesoramiento de expertos en ámbitos particulares, tales como los temas médicos, culturales, cuestiones de menores o de género.

ê 2005/85/CE

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34. Las autoridades a las que se hace referencia en el capítulo V tendrán acceso, a través de la autoridad decisoria o del solicitante o por otro medio, a la información general mencionada en el apartado 23, letra b), necesaria para desempeñar su cometido.

45. Los Estados miembros podrán establecer ð establecerán ï normas sobre la traducción de los documentos pertinentes para el examen de las solicitudes.

Artículo 910

Requisitos de la resolución de la autoridad decisoria

55. Los Estados miembros garantizarán que las resoluciones sobre las solicitudes de asilo ð protección internacional ï se dicten por escrito.

56. Los Estados miembros también procurarán que, cuando se desestime una solicitud ð respecto del estatuto de refugiado y/o del estatuto de protección subsidiaria ï , las razones de hecho y de derecho se detallen en la resolución y se informe por escrito sobre qué hacer ante una denegación.

No será preciso que los Estados miembros declaren en la resolución los motivos por los que no se concede el estatuto de refugiado, cuando se conceda al solicitante un estatuto que ofrezca los mismos derechos y beneficios de acuerdo con el Derecho nacional y comunitario que el estatuto de refugiado en virtud de la Directiva 2004/83/CE. En estos casos, los Estados miembros se asegurarán de que los motivos por los que no se concede el estatuto de refugiado se hagan constar en el expediente del solicitante y que éste, previa petición, tenga acceso a su expediente.

Tampoco ð No ï será preciso que los Estados miembros ofrezcan información escrita sobre cómo impugnar una resolución negativa, en relación con una resolución, cuando se haya informado de ello anteriormente al solicitante por escrito o por vía electrónica a la que tenga acceso el solicitante.

57. A efectos de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 34, y siempre que la solicitud esté basada en los mismos motivos, los Estados miembros podrán dictar una resolución única que se aplique a todas las personas a cargo.

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58. El apartado 3 no se aplicará a aquellos casos en que la revelación de circunstancias particulares de una persona a miembros de su familia pueda poner en peligro los intereses de dicha persona, incluidos los casos en que se trate de persecución por razones de género y/o edad. En tales casos, se dictará una resolución separada para la persona afectada.

ê 2005/85/CE (adaptado)

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Artículo 1011

Garantías para los solicitantes de asilo ð protección internacional ï

59. Los Estados miembros garantizarán, respecto de los procedimientos establecidos en el capítulo III, que todos los solicitantes de asilo ð solicitantes de protección internacional ï disfruten de las siguientes garantías :

a) ser informados, en una lengua que sea razonable suponer que comprenden, acerca del procedimiento que debe seguirse y de sus derechos y obligaciones durante el mismo, así como de las posibles consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones y de su falta de cooperación con las autoridades. Ser informados de los plazos y de los medios de que disponen para cumplir con la obligación de presentar los elementos a que se refiere el artículo 4 de la Directiva 2004/83/CEDirectiva […./../CE] [Directiva sobre el reconocimiento]. La información se les dará con tiempo suficiente para que puedan ejercer los derechos garantizados en la presente Directiva y cumplir con las obligaciones descritas en el artículo 1112;

b) disponer, en caso necesario, de los servicios de un intérprete para exponer sus argumentos ante las autoridades competentes. Los Estados miembros considerarán necesario proporcionar estos servicios al menos en caso de que la autoridad decisoria convoque al solicitante a la audiencia a que se refieren los artículos 12 y 13 13, 14, ð 15, 16 y 30ï y no pueda asegurarse la comunicación adecuada sin tales servicios. En este caso y en otros casos en que las autoridades competentes convoquen al solicitante, los servicios se abonarán a través de fondos públicos;

c) no poder negarles la posibilidad de ponerse en contacto con el ACNUR o con otra organización que opere en nombre del ACNUR en el territorio del Estado miembro en virtud de un acuerdo con ð que preste asesoramiento jurídico a los solicitantes de asilo de conformidad con la legislación nacional del ï este último Estado miembro;

d) notificarles en un plazo razonable la resolución de la autoridad decisoria sobre su solicitud de asilo ð protección internacional ï. Si el solicitante está representado legalmente por un asesor jurídico u otro consejero, los Estados miembros podrán optar por notificar la resolución a este último en lugar de al solicitante de asilo ð protección internacional; ï

e) ser informados del resultado de la resolución de la autoridad decisoria en una lengua que sea razonable suponer que comprenden en caso de que no estén asistidos o representados por un asesor jurídico u otro consejero y no se disponga de asistencia jurídica gratuita. Entre la información proporcionada se indicarán cuáles son las actuaciones requeridas para la impugnación de una resolución desestimatoria, de conformidad con las disposiciones del artículo 910, apartado 2.

60. En cuanto a los procedimientos previstos en el capítulo V, los Estados miembros se asegurarán de que todos los solicitantes de asilo disfruten de garantías equivalentes a las que se refiere el presente artículo, apartado 1, letras b), c) y d).

Artículo 1112

Obligaciones de los solicitantes de asilo ð protección internacional ï

61. ðLos solicitantes de protección internacional cooperarán con las autoridades competentes con vistas a establecer su identidad y otros elementos a que se refiere el artículo 4, apartado 2, de la Directiva […./../CE] [Directiva sobre el reconocimiento].ï Los Estados miembros podrán imponer a los solicitantes de asilo Ö otras Õ obligaciones de cooperar con las autoridades competentes en la medida en que tales obligaciones sean necesarias para la tramitación de la solicitud.

62. En particular, los Estados miembros podrán exigir:

a) que los solicitantes de asilo informen a las autoridades competentes o se personen ante ellas bien inmediatamente bien en un momento concreto;

b) que los solicitantes de asilo entreguen documentos pertinentes para el examen de la solicitud, como el pasaporte, por ejemplo;

c) que los solicitantes de asilo informen a las autoridades competentes de su lugar de residencia o domicilio actuales y les informen cuanto antes en caso de cambio. Los Estados miembros podrán establecer la obligación de que el solicitante acepte toda comunicación en el lugar de residencia o domicilio más reciente que haya indicado a estos efectos;

d) que las autoridades competentes puedan registrar al solicitante y sus pertenencias, ð siempre que el registro se realice por una persona del mismo sexo ï;

e) que las autoridades competentes puedan tomar una fotografía del solicitante, y

f) que las autoridades competentes puedan grabar las declaraciones verbales del solicitante, siempre que éste haya sido informado previamente de ello.

Artículo 1213

Audiencia personal

63. Antes de que la autoridad decisoria adopte una resolución, se brindará al solicitante de asilo la posibilidad de ser convocado a una audiencia personal sobre su solicitud de asilo ð protección internacional ï con una persona competente con arreglo al Derecho nacional para celebrar dicha audiencia. ð Las audiencias sobre el fondo de una solicitud de protección internacional se llevarán siempre a cabo por el personal de la autoridad decisoria. ï

Los Estados miembros brindarán asimismo la posibilidad de una audiencia personal a toda persona adulta a cargo de las mencionadas en el artículo 6, apartado 3.

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Cuando una persona ha presentado una solicitud de protección internacional en nombre de sus dependientes, deberá brindarse a cada adulto a quien se refiera el solicitante la oportunidad de expresar su opinión en privado y de ser convocado a una audiencia sobre su solicitud .

ê 2005/85/CE (adaptado)

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Los Estados miembros podrán determinar en su legislación nacional los casos en que deba brindarse al menor la posibilidad de una audiencia personal.

64. Podrá prescindirse de la audiencia personal ð sobre el fondo de la solicitud ï cuando:

a) la autoridad decisoria pueda adoptar una resolución favorable ð respecto del estatuto de refugiado ï basada en las pruebas disponibles, o

b) la autoridad competente ya se haya reunido con el solicitante con el fin de ayudarle a rellenar su solicitud y de facilitarle la información básica en relación con la solicitud, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2004/83/CE, o

c)la autoridad decisoria, basándose en un estudio completo de la información suministrada por el solicitante, considere infundada la solicitud en los casos en que sean aplicables las circunstancias mencionadas en el artículo 23, apartado 4, letras a), c), g), h) y j)

3. También podrá prescindirse de audiencia personal cuando

b) no sea del todo factible, en particular, cuando la autoridad competente considere que el solicitante está incapacitado o no es apto para ser entrevistado debido a circunstancias permanentes ajenas a su control. En caso de duda, ð la autoridad competente consultará a un experto médico para determinar si la condición es temporal o permanente. ï el Estado miembro podrá solicitar un certificado médico o psicológico.

Cuando el Estado miembro no brinde al solicitante la posibilidad de celebrar una audiencia personal de conformidad con el presente apartadola letra b), o en su caso, a la persona a cargo, deberán hacerse esfuerzos razonables para permitir que el solicitante o persona a cargo presente más información.

43. La ausencia de audiencia personal de conformidad con el presente artículo no impedirá que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre una solicitud de asilo ð protección internacional ï .

54. La ausencia de audiencia personal con arreglo al apartado 2, letras b), y c) y apartado 3 no afectará desfavorablemente la resolución de la autoridad decisoria.

65. Independientemente de lo dispuesto en el artículo 2024, apartado 1, los Estados miembros podrán tener en cuenta, al decidir sobre la solicitud de asilo ð protección internacional ï, el hecho de que el solicitante no se persone en la audiencia personal, a menos que dicha ausencia esté debidamente justificada.

Artículo 1314

Requisitos de una audiencia personal

65. La audiencia personal discurrirá normalmente sin la presencia de miembros de la familia, a menos que la autoridad decisoria considere necesario que para llevar a cabo un examen adecuado es necesaria la presencia de otros miembros de la familia.

66. La audiencia personal deberá tener lugar en condiciones que garanticen la adecuada confidencialidad.

67. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para garantizar que las audiencias personales discurran en condiciones que permitan a los solicitantes exponer las razones de sus solicitudes de manera completa. Con este fin, los Estados miembros:

a) asegurarán que la persona que vaya a celebrar la audiencia es suficientemente competente para tener en cuenta las circunstancias personales o generales que rodean la solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante, ð el género ï o su vulnerabilidad;, en la medida en que sea posible hacerlo, y

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b) siempre que sea posible, establecerán que la audiencia del solicitante se celebra por una persona del mismo sexo, si así lo pide el solicitante en cuestión;

ê 2005/85/CE

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bc) seleccionarán a un intérprete ð competente ï que pueda garantizar una correcta comunicación entre el solicitante y la persona que celebre la audiencia. La comunicación no tendrá que mantenerse necesariamente en la lengua que prefiera el solicitante de asilo si existiese otra lengua que sea razonable suponer que comprendea y en la que sea capaz de comunicarse .ð claramente. Siempre que sea posible, los Estados miembro preverán un intérprete del mismo sexo si así lo pide el solicitante; ï

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d) asegurarán que la persona que celebre la audiencia sobre el fondo de la solicitud de protección internacional no lleve uniforme;

e) asegurarán que las audiencias de menores se celebran de una manera adecuada para los niños.

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68. Los Estados miembros podrán establecer normas en relación con la asistencia de terceros a una audiencia personal.

5. El presente artículo será también aplicable a la reunión prevista en el artículo 12, apartado 2, letra b).

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Artículo 15

Contenido de una audiencia personal

Durante la celebración de una audiencia personal sobre el fondo de una solicitud de protección internacional, la autoridad decisoria garantizará que el solicitante tenga la oportunidad de presentar los elementos necesarios para fundamentar su solicitud de protección internacional de conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva[…./../CE] [Directiva sobre el reconocimiento]. A tal fin, los Estados miembros garantizarán:

a) que las preguntas formuladas al solicitante sean pertinentes para la valoración de si necesita protección internacional de conformidad con la Directiva […./../CE] [Directiva sobre el reconocimiento];

b) que el solicitante tenga la oportunidad de dar explicaciones sobre los elementos necesarios para fundamentar su solicitud que puedan faltar y/las incoherencias o contradicciones en sus declaraciones.

ê 2005/85/CE

Artículo 14

Efectos del informe de la audiencia personal en el procedimiento

1. Los Estados miembros garantizarán que de toda audiencia personal se redacte un informe escrito que contenga como mínimo la información esencial que el solicitante haya presentado sobre la solicitud, con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2004/83/CE.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que los solicitantes tengan acceso a su debido tiempo al informe de la audiencia personal. Cuando el acceso sólo se conceda tras la resolución de la autoridad decisoria, los Estados miembros se asegurarán de que dicho acceso sea posible con la antelación necesaria para poder preparar y presentar un recurso en el plazo previsto.

3. Los Estados miembros podrán pedir al solicitante que dé su conformidad al contenido del informe.

Cuando un solicitante se niegue a aprobar el contenido del informe, constarán en el expediente del solicitante los motivos de su negativa.

La negativa de un solicitante a aprobar el contenido del informe no impedirá que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre su solicitud.

4. El presente artículo será también aplicable a la reunión prevista en el artículo 12, apartado 2, letra b).

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Artículo 16

Transcripción e informe de la audiencia personal

69. Los Estados miembros garantizarán que se realice una transcripción de toda audiencia personal.

70. Al finalizar la audiencia personal, los Estados miembros solicitarán la aprobación del solicitante del contenido de la transcripción. A tal fin, los Estados miembros garantizarán que el solicitante tenga la oportunidad de formular comentarios y/o aportar aclaraciones en cuanto a los errores de traducción o de concepto que aparecieren en la transcripción.

71. Cuando un solicitante se niegue a aprobar el contenido de la transcripción, constarán en el expediente del solicitante los motivos de su negativa.

La negativa de un solicitante a aprobar el contenido de la transcripción no impedirá que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre su solicitud.

72. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán redactar un informe escrito de la audiencia personal que, contenga, como mínimo, la información esencial que el solicitante haya presentado sobre la solicitud. En estos casos, los Estados miembros garantizarán que la transcripción de la audiencia personal se adjunte al informe.

73. Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes tengan oportuno acceso a la transcripción y, en su caso, al informe de la audiencia personal antes de que la autoridad decisoria adopte una resolución.

Artículo 17

Informes médico-forenses

74. Los Estados miembros permitirán que, previa petición, los solicitantes se sometan a un reconocimiento médico llevado a cabo para apoyar las declaraciones relativas a pasadas persecuciones o graves daños. A tal fin, los Estados miembro concederán a los solicitantes un plazo razonable para presentar un certificado médico a la autoridad decisoria.

75. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, en los casos en que haya motivos razonables para considerar que el solicitante padece trastornos por estrés postraumático, la autoridad decisoria garantizará que se realice un reconocimiento médico, siempre que se dé el consentimiento del solicitante.

76. Los Estados miembros establecerán las disposiciones adecuadas para garantizar que se facilite un dictamen pericial médico cualificado e imparcial a los efectos del reconocimiento médico a que se refiere el apartado 2.

77. Los Estados miembros establecerán las ulteriores normas y disposiciones para la identificación y documentación de síntomas de tortura y otras formas de violencia física, sexual o psicológica que sean pertinentes para la aplicación del presente artículo.

78. Los Estados miembros garantizarán que las personas que entrevisten a los solicitantes de conformidad con la presente Directiva reciban formación sobre la identificación de síntomas de tortura.

79. Los resultados de los reconocimientos médicos mencionados en los apartados 1 y 2 se valorarán por la autoridad decisoria junto con los restantes elementos de la solicitud. Se tendrán, en particular, en cuenta a la hora de establecer si las declaraciones del solicitante son creíbles y suficientes.

ê 2005/85/CE

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Artículo 1518

Derecho a asistencia jurídica y representación legal

80. ð Se brindará a los solicitantes de protección internacional la oportunidad de consultar ï Los Estados miembros brindarán a los solicitantes de asilo la oportunidad de consultar, a su costa de manera efectiva a un asesor jurídico u otro consejero, admitido o permitido como tal en virtud del Derecho nacional, sobre asuntos relativos a sus solicitudes de asilo ð protección internacional, en todas las fases del procedimiento, incluso después de una resolución desestimatoria ï.

81. En caso de que la autoridad decisoria desestime la solicitud, Los Estados miembros garantizarán que, a petición del interesado, se le conceda gratuitamente asistencia jurídica y/o representación legal, de conformidad con lo estipulado en el apartado 3. ð A tal efecto, los Estados miembros: ï

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a) establecerán la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos de conformidad con el capítulo III. Ello incluirá, como mínimo, la comunicación al solicitante de información sobre el procedimiento a la luz de sus circunstancias particulares y explicaciones de los fundamentos de hecho y de Derecho en el supuesto de una resolución desestimatoria;

b) establecerán la asistencia jurídica o representación legal gratuitas en los procedimientos de conformidad con el capítulo V. Ello incluirá, como mínimo, la preparación de los documentos procesales requeridos y la participación en la vista ante un órgano jurisdiccional de primera instancia en nombre del solicitante .

ê 2005/85/CE (adaptado)

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3. Los Estados miembros podrán establecer en su Derecho nacional que se conceda asistencia jurídica y/o representación legal gratuitas:

a)únicamente para los procedimientos ante un órgano jurisdiccional de conformidad con el capítulo V y no para nuevos recursos o revisiones previstos en el Derecho nacional, incluida la revisión de un recurso debida a un nuevo recurso o revisión, y/o

b)a) únicamente a quienes carezcan de medios suficientes, y/o

c)b) únicamente a los asesores jurídicos u otros consejeros designados específicamente por el Derecho nacional para asistir o representar a los solicitantes de asilo ð protección internacional. ï y/o

d) únicamente si el recurso o revisión tiene probabilidades de prosperar.

Los Estados miembros velarán por que no se restrinja de manera arbitraria la asistencia jurídica ni la representación legal concedidas en virtud de la letra d)..

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Con respecto a los procedimientos establecidos en el capítulo V, los Estados miembros podrán optar solo por poner a disposición de los solicitantes asistencia jurídica y/o representación legal gratuitas en la medida en que dicha asistencia sea necesaria para garantizar su efectivo acceso a la justicia. Los Estados miembros velarán por que no se restrinja de manera arbitraria la asistencia jurídica y/o representación legal concedida en virtud del presente apartado.

2005/85/CE

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4. Los Estados miembros podrán establecer normas para dar respuesta y tratar tales peticiones de asistencia jurídica y/o representación legal.

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5. Los Estados miembros podrán permitir a una organización no gubernamental prestar asistencia jurídica gratuita a los solicitantes de protección internacional en los procedimientos establecidos en el capítulo III y/o el capítulo V.

ê 2005/85/CE

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56. Los Estados miembros podrán además:

a) imponer límites económicos y/o temporales a la disposición relativa a la asistencia jurídica y/o representación legal gratuita, siempre que dichos límites no restrinjan de manera arbitraria el acceso a la asistencia jurídica y/o representación legal;

b) disponer que, por lo que respecta a las tasas y otros gastos, el trato a los solicitantes no sea más favorable que el que generalmente conceden a sus nacionales en asuntos de asistencia jurídica.

67. Los Estados miembros podrán exigir el reembolso total o parcial de cualquier gasto sufragado cuando la situación financiera del solicitante haya mejorado considerablemente o si la decisión de conceder tales beneficios se hubiese adoptado sobre la base de información falsa suministrada por el solicitante.

Artículo 1619

Alcance de la asistencia jurídica y de la representación legal

82. Los Estados miembros garantizarán que el asesor jurídico u otro consejero admitido o permitido como tal en virtud del Derecho nacional que asista o represente a un solicitante de ð protección internacional ï asilo de conformidad con el Derecho nacional tenga acceso a la información que obre en el expediente del solicitante ð respecto del que se haya adoptado o se adoptare una resolución. ï que sea susceptible de ser examinada por las autoridades a las que se refiere el capítulo V, en la medida en que la información sea pertinente para el examen de la solicitud.

Los Estados miembros podrán establecer una excepción en caso de que la divulgación de información o de fuentes comprometa la seguridad nacional, la seguridad de las organizaciones o personas que proporcionan la información o la seguridad de las personas a las que se refiere la información, o cuando se vieran comprometidos los intereses de la investigación relativos al examen de las solicitudes de asilo ð protección internacional ï por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros o las relaciones internacionales de los Estados miembros. En tales casos, ð los Estados miembros: ï

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a) darán acceso a la información o las fuentes en cuestión, al menos, a un asesor jurídico o consejero que haya pasado un control de seguridad, en la medida en que la información sea relevante para el examen de la solicitud o la adopción de una resolución de retirar la protección internacional;

ê 2005/85/CE (adaptado)

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Ö b) facilitarán el acceso de Õ las autoridades a las que se refiere el capítulo V deberán tener acceso a la información o las fuentes en cuestión, excepto cuando se excluya tal acceso en asuntos de seguridad nacional.

83. Los Estados miembros garantizarán que