Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBJETIVOS Y ÁMBITO DE LA CONVENCIÓN

La Convención de la CEPE/NU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (denominada en lo sucesivo Convención de Århus) establece las normas básicas para fomentar la participación de los ciudadanos en materia de medio ambiente y la aplicación del Derecho medioambiental. La Convención de Århus consta de tres pilares que conceden derechos diferentes: el primer pilar permite acceder a la información de medio ambiente, el segundo pilar prevé la participación en los procesos de toma de decisiones y el tercer pilar establece el acceso a la justicia.

2. ÁMBITO DE COMPETENCIA COMUNITARIA

La CE y todos sus Estados miembros firmaron la Convención de Århus en 1998.

La Comunidad Europea, con arreglo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, con el apartado 1 de su artículo 175, es competente para concluir acuerdos internacionales y para cumplir las obligaciones derivadas de los mismos que contribuyan a realizar los objetivos fijados en el apartado 1 del artículo 174 del Tratado CE.

El apartado 1 del artículo 174 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece los siguientes objetivos de la política comunitaria de medio ambiente: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud humana, la utilización prudente y racional de los recursos naturales, y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.

Generalmente, se admite que la mejora del acceso del público a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones son instrumentos esenciales para garantizar la sensibilización pública respecto de los temas de medio ambiente y para promover una mejor aplicación del Derecho medioambiental. También contribuyen a potenciar y garantizar la eficacia de la política de medio ambiente para realizar los objetivos anteriormente mencionados.

Hay un aspecto concreto de la Convención de Århus que es preciso subrayar. A saber, las instituciones europeas entran en la definición de "autoridades públicas" contenida en la Convención, junto con las autoridades públicas nacionales. Así se hace hincapié en la importancia de la conclusión de la Convención de Århus por la Comunidad Europea.

Al firmar la Convención de Århus, la CE ha reconocido la importancia de sus objetivos. Con su firma, la Comunidad Europea se ha comprometido a adoptar las medidas necesarias para adherirse a la Convención de Århus mediante la adopción de los instrumentos obligarorios necesarios para adaptar la legislación comunitaria a los requisitos de la Convención. De este modo la CE podrá adoptar la decisión sobre la celebración de la Convención.

La adaptación a las obligaciones de la Convención debe realizarse tanto a nivel de los Estados miembros como a nivel de las instituciones de la CE.

En cuanto al nivel de los Estados miembros, la CE ha adoptado recientemente dos Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo: la primera sobre el acceso del público a la información [1] y la segunda sobre la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican las Directivas del Consejo 85/337/CEE y 96/61/CE [2]. Al mismo tiempo que la presente propuesta, la Comisión ha presentado una propuesta de Directiva [3] para garantizar el cumplimiento de determinados aspectos del acceso a la justicia que no están regulados por las dos directivas mencionadas.

[1] Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva del Consejo 90/131, DO L 41, 14.2.2003, p. 26-31. .

[2] Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas del Consejo 85/337/CEEy 96/61/CE, DO L 156, de 25.6.2003, p. 17.

[3] COM

En cuanto a las instituciones de la CE, la Comisión Europea también ha presentado un instrumento único que garantiza el cumplimiento pleno de los principios y las disposiciones de Århus por parte de todas las instituciones de la CE. En lo que respecta a las instituciones, el objetivo que se pretende es que el Reglamento abarque los tres pilares de Århus [4].

[4] COM

Por lo tanto, la Comunidad puede aprobar la Decisión sobre la celebración de la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. La aplicación eficaz de la Convención depende, entre otros factores, de la disponibilidad de recursos humanos y financieros suficientes. Como Parte de la Convención, la Comunidad contribuirá regularmente a las actividades definidas en el programa de trabajo.

2003/0249 (CNS)

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1 de su artículo 175, en relación con la primera frase del párrafo primero del apartado 2 y con el párrafo primero del apartado 3 de su artículo 300,

Vista la propuesta de la Comisión [5],

[5] DO C [...], [...], p. [...].

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [6],

[6] DO C [...], [...], p. [...].

Considerando lo siguiente:

(1) La Convención CEPE/NU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (denominada en lo sucesivo Convención de Århus) tiene como objetivo conceder derechos al público e imponer a las Partes y las autoridades públicas obligaciones sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

(2) La mejora del acceso del público a la información y el aumento de la participación del público en la toma de decisiones son instrumentos esenciales para garantizar la sensibilización pública respecto de los temas de medio ambiente y para promover una mejor aplicación del Derecho medioambiental. Contribuirán a reforzar y aumentar la eficacia de las políticas de protección del medio ambiente.

(3) La Convención de Århus está abierta a la adhesión, aceptación o aprobación de los Estados y de las organizaciones regionales de integración económica.

(4) Según la Convención de Århus, las organizaciones de integración económica regional deben expresar en sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión el alcance de sus competencias en las materias reguladas por él.

(5) Con arreglo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, con el apartado 1 de su artículo 175, la Comunidad Europea está facultada para celebrar acuerdos internacionales y para aplicar las obligaciones derivadas de los mismos que contribuyan a alcanzar los objetivos enumerados en el apartado 1 del artículo 174 del Tratado CE.

(6) En 1998 la Comunidad firmó la Convención de Århus y desde entonces se ha esforzado por lograr su adhesión a la Convención. Entre tanto, la legislación comunitaria se está adaptando a las disposiciones de la Convención.

(7) La Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003 sobre el acceso del público a la información medioambiental, por la que se derogan la Directiva del Consejo 90/313/CEE [7] y la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifica con respecto a la participación y el acceso del público a la justicia las Directivas del Consejo 85/337/CEE y 96/61/CE [8], ya han incorporado algunos aspectos de la Convención de Århus al Derecho comunitario.

[7] DO L 41, 14.2.2003, p.26.

[8] DO L 156, 25.6.2003, p. 17.

(8) Paralelamente a la presente Decisión, la Comisión Europea también ha presentado las propuestas adecuadas de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo y sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, dirigidas a los Estados miembros, así como un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de Århus a los órganos e instituciones de la CE.

(9) En consecuencia, la Comunidad deberá celebrar la Convención de Århus

DECIDE:

Artículo 1

Se aprueba, en nombre de la Comunidad, la Convención de la CEPE/NU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (denominada en los sucesivo la Convención de Århus).

El texto de la Convención figura adjunto a la presente Decisión.

Artículo 2

Se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona o personas encargadas de entregar el instrumento de ratificación al Secretario General de las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención.

Al mismo tiempo, la persona o las personas designadas entregarán la declaración de competencia que figura adjunta a la presente Decisión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención.

Artículo 3

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en . . ., el . . . .

Por el Consejo,

el Presidente

TEXTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

ECE/CEP/INFORMAL/1999/1

15 de enero de 1999

ESPAÑOL

Original: INGLÉS

COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA

Comité de Política Ambiental

CONVENCIÓN SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES*

Las Partes en la presente Convención,

Recordando el primer principio de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano,

Recordando también el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,

Recordando además las resoluciones de la Asamblea General 37/7 de 28 de octubre de 1982 relativa a la Carta Mundial de la Naturaleza y 45/94 de 14 de diciembre de 1990 relativa a la necesidad de garantizar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas,

Recordando también la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud adoptada en la Primera Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y la Salud que se celebró bajo la égida de la Organización Mundial de la Salud en Frankfurt-am-Main, Alemania, el 8 de diciembre de 1989,

Afirmando la necesidad de proteger, preservar y mejorar el estado del medio ambiente y de garantizar un desarrollo duradero y ecológicamente idóneo,

* La Convención fue adoptada en la Conferencia Ministerial "Medio Ambiente para Europa" celebrada en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998 (véase el documento ECE/CEP/43 en francés y ruso). La Comisión Económica para Europa publica una traducción en español para promover la conciencia pública en los hispanohablantes de todo el mundo. Sin embargo, no se distribuirá por loshabituales conductos oficiales de distribución de las Naciones Unidas.

GE.99-30148 (S)

Reconociendo que una protección adecuada del medio ambiente es esencial para el bienestar humano, así como para el goce de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida,

Reconociendo también que toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar, y el deber, tanto individualmente como en asociación con otros, de proteger y mejorar el medio ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras,

Considerando que para poder estar en condiciones de hacer valer este derecho y cumplir con ese deber, los ciudadanos deben tener acceso a la información, estar facultados para participar en la toma de decisiones y tener acceso a la justicia en asuntos ambientales, y reconociendo a este respecto que los ciudadanos pueden necesitar asistencia para ejercer sus derechos,

Reconociendo que, en la esfera del medio ambiente, un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a sensibilizar al público respecto de los problemas ambientales, le dan la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta,

Pretendiendo de esta manera favorecer el respeto del principio de la obligación de rendir cuentas y la transparencia del proceso de toma de decisiones y garantizar un mayor apoyo del público a las decisiones adoptadas sobre el medio ambiente,

Reconociendo que es deseable que la transparencia reine en todas las ramas de la administración pública e invitando a los órganos legislativos a aplicar en sus trabajos los principios de la presente Convención,

Reconociendo también que el público debe tener conocimiento de los procedimientos de participación en la toma de decisiones en asuntos ambientales, tener libre acceso a los mismos y saber cómo utilizarlos,

Reconociendo además el importante papel que los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado pueden desempeñar en la protección del medio ambiente,

Deseosas de promover la educación ecológica a fin de hacer comprender mejor lo que son el medio ambiente y el desarrollo sostenible, y de alentar al público en general a estar atento a las decisiones que inciden en el medioambiente y en el desarrollo sostenible, y a participar en esas decisiones,

Observando, a este respecto, que es importante recurrir a los medios de comunicación, así como a los modos de comunicación electrónicos y a otros modos de comunicación que aparecerán en el futuro,

Reconociendo que es importante que en la toma de decisiones los gobiernos tengan plenamente en cuenta consideraciones relacionadas con el medio ambiente y que, por tanto, las autoridades públicas deben disponer de informaciones exactas, detalladas y actualizadas sobre el medio ambiente,

Conscientes de que las autoridades públicas tienen en su poder informaciones relativas al medio ambiente en el interés general,

Deseando que el público, incluidas las organizaciones, tengan acceso a mecanismos judiciales eficaces para que los intereses legítimos estén protegidos y para que se respete la ley,

Observando que es importante informar debidamente a los consumidores sobre los productos para que puedan tomar opciones ecológicas con pleno conocimiento de causa,

Conscientes de la inquietud del público respecto de la diseminación voluntaria de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente y la necesidad de aumentar la transparencia y de fortalecer la participación del público en la toma de decisiones en esta esfera,

Convencidas de que la aplicación de la presente Convención contribuirá a fortalecer la democracia en la región de la Comisión Económica de lasNaciones Unidas para Europa (CEPE),

Conscientes del papel desempeñado a este respecto por la CEPE y recordando en particular las directrices de las CEPE para el acceso a la información sobre el medio ambiente y la participación del público en la toma de decisiones en asuntos ambientales, aprobadas en la Declaración Ministerial adoptada en la Tercera Conferencia Ministerial sobre el tema "Un medioambiente para Europa" celebrada en Sofía, Bulgaria, el 25 de octubre de 1995,

Teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Convención sobre la evaluación de los efectos en el medio ambiental, en un contexto transfronterizo, adoptada en Espoo, Finlandia, el 25 de febrero de 1991, así como la Convención sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales y la Convención sobre la protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, adoptadas ambas en Helsinki el 17 de marzo de 1992 y otras convenciones regionales,

Conscientes de que la adopción de la presente Convención contribuirá al fortalecimiento del proceso "Un medio ambiente para Europa" y al éxito de la Cuarta Conferencia Ministerial que se celebrará en Aarhus, Dinamarca, en junio de 1998,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Objetivo

A fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Convención,

1. Por "Parte" se entiende, a menos que el texto indique otra cosa, una Parte Contratante en la presente Convención.

2. Por "Autoridad pública" se entiende:

a) La administración pública a nivel nacional o regional o a cualquier otro nivel;

b) Las personas físicas o morales que ejercen, en virtud del derecho interno, funciones administrativas públicas, en particular tareas, actividades o servicios particulares relacionados con el medio ambiente;

c) Cualquier otra persona física y moral que asuma responsabilidades o funciones públicas o preste servicios públicos relacionados con el medio ambiente bajo la autoridad de un órgano o de una persona comprendida dentrode las categorías mencionadas en los apartados a) y b) supra;

d) Las instituciones de cualquier organización de integración económica regional a que hace referencia el artículo 17 que sea Parte en la presente Convención.

La presente definición no engloba a los órganos o instituciones que actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos.

3. Por "información(es) sobre el medio ambiente" se entiende toda información disponible en forma escrita, visual, oral o electrónica o en cualquier otra forma material y que se refiera a:

a) El estado de los elementos del medio ambiente tales como el aire, la atmósfera, el agua, el suelo, las tierras, el paisaje y los sitios naturales, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente, y la interacción entre estos elementos;

b) Factores tales como las sustancias, la energía, el ruido y las radiaciones y las actividades o medidas, en particular las medidas administrativas, los acuerdos relativos al medio ambiente, las políticas, leyes, planes y programas que tengan o puedan tener efectos sobre los elementos del medio ambiente a que hace referencia el apartado a) supra sobre el análisis de costos-beneficios y otros análisis e hipótesis económicas utilizadas en la toma de decisiones en materia ambiental;

c) El estado de salud del hombre, su seguridad y sus condiciones de vida, así como el estado de los sitios culturales y de las construcciones en la medida en que sean o puedan ser alteradas por el estado de los elementos del medio ambiente o, a través de estos elementos, por los factores, actividades o medidas a que hace referencia el apartado b) supra.

4. Por "público" se entiende una o varias personas físicas o morales y, con arreglo a la legislación o la costumbre del país, las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas.

5. Por "público interesado" se entiende el público que resulta o puede resultar afectado por las decisiones adoptadas en materia ambiental o que tiene un interés que invocar en la toma de decisiones.

A los efectos de la presente definición, se considerarán que tienen tal interés las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la protección del medio ambiente y que cumplen los requisitos exigidos por el derecho interno.

Artículo 3

Disposiciones generales

1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas, reglamentarias o de otro tipo necesarias, en particular, las medidas encaminadas a garantizar la compatibilidad de las disposiciones que dan efecto a las disposiciones de la presente Convención relativas a la información, la participación del público y al acceso a la justicia, así como las medidas de ejecución apropiadas, con objeto de establecer y mantener un marco preciso, transparente y coherente a los efectos de aplicar las disposiciones de la presente Convención.

2. Cada Parte procurará que los funcionarios y las autoridades ayuden al público y le den consejos para permitirle tener acceso a la información, participar más fácilmente en la toma de decisiones y recurrir a la justicia en asuntos ambientales.

3. Cada Parte favorecerá la educación ecológica del público y le concienciará respecto de los problemas ambientales a fin de que sepa cómo proceder para tener acceso a la información, participar en la toma de decisiones y recurrir a la justicia en asuntos ambientales.

4. Cada Parte concederá el reconocimiento y el apoyo requeridos a las asociaciones, organizaciones o grupos que tengan por objetivo la protección del medio ambiente y procurará que su sistema jurídico nacional sea compatible con esta obligación.

5. Las disposiciones de la presente Convención no atentarán contra el derecho de las Partes a seguir aplicando o adoptar, en lugar de las medidas previstas por la presente Convención, medidas que garanticen un acceso más amplio a la información, una mayor participación del público en la toma de decisiones y un acceso más amplio a la justicia en asuntos ambientales.

6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención obligará a derogar los derechos existentes en materia de acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia ambiental.

7. Cada Parte procurará que se apliquen los principios enunciados en la presente Convención en la toma de decisiones internacionales en materia de medio ambiente, así como en el marco de las organizaciones internacionales cuando se trate del medio ambiente.

8. Cada Parte velará por que las personas que ejerzan sus derechos de conformidad con las disposiciones de la presente Convención no se vean en modo alguno penalizadas, perseguidas o sometidas a medidas vejatorias por sus actos. La presente disposición no afecta en modo alguno al poder de los tribunales nacionales de imponer costas de una cuantía razonable al término de un procedimiento judicial.

9. Dentro de los límites del ámbito de aplicación de las disposiciones pertinentes de la presente Convención, el público tendrá acceso a la información, tendrá la posibilidad de participar en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales sin discriminación fundada en la nacionalidad, la ciudadanía o el domicilio, y en el caso de una persona moral, sin discriminación por el lugar en que tenga su sede oficial o un centro verdadero de actividades.

Artículo 4

Acceso a la información sobre el medio ambiente

1. Cada Parte procurará que, a reserva de lo expuesto en los párrafos siguientes del presente artículo, las autoridades públicas pongan a disposición del público, en el marco de su legislación nacional, las informaciones sobre el medio ambiente que les soliciten, en particular, si se hace tal petición y a reserva de lo dispuesto en el apartado b) infra, opias de los documentos en que las informaciones se encuentren efectivamente consignadas, independientemente de que estos documentos incluyan o no otras informaciones:

a) Sin que el público tenga que invocar un interés particular;

b) En la forma solicitada a menos que:

i) sea razonable para la autoridad pública comunicar las informaciones de que se trate en otra forma, en cuyo caso deberán indicarse las razones de esta opción; o

ii) la información ya esté disponible públicamente de otra forma.

2. Las informaciones sobre el medio ambiente a que hace referencia el párrafo 1 supra serán puestas a disposición del público tan pronto como sea posible y a más tardar en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se haya presentado la solicitud, a menos que el volumen y la complejidad de los datos solicitados justifiquen una prórroga de ese plazo, que podrá extenderse como máximo a dos meses. El autor de la solicitud será informado de toda prórroga del plazo y de los motivos que la justifican.

3. Una solicitud de información sobre el medio ambiente podrá denegarse si:

a) La autoridad pública de la que se soliciten no dispone de las informaciones solicitadas;

b) La solicitud es claramente abusiva y está formulada en términos demasiado generales; o

c) La solicitud se refiere a documentos que están elaborándose o conciernen a comunicaciones internas de las autoridades públicas, a condición de que esta excepción esté prevista en el derecho interno o la costumbre, habida cuenta del interés que la divulgación de las informaciones solicitadas tenga para el público.

4. Una demanda de informaciones sobre el medio ambiente podrá ser rechazada en caso de que la divulgación de esas informaciones tenga efectos desfavorables sobre:

a) El secreto de las deliberaciones de las autoridades públicas, cuando este secreto esté previsto por el derecho interno;

b) Las relaciones internacionales, la defensa nacional o la seguridad pública;

c) La buena marcha de la justicia, posibilidad de que toda persona pueda ser juzgada equitativamente o la capacidad de una autoridad pública para efectuar una investigación de orden penal o disciplinario;

d) El secreto comercial o industrial cuando este secreto esté protegido por la ley a fin de defender un interés económico legítimo. En este marco deberán divulgarse aquellas informaciones sobre las emisiones que sean pertinentes para la protección del medio ambiente;

e) Los derechos de propiedad intelectual;

f) El carácter confidencial de los datos y de los expedientes personales respecto de una persona física si esta persona no ha consentido la divulgación de esas informaciones al público, cuando el carácter confidencial de este tipo de información esté previsto por el derecho interno;

g) Los intereses de un tercero que haya facilitado las informaciones solicitadas sin estar obligado a ello por la ley o sin que la ley pueda obligarle a ello y que no consienta en la divulgación de tales informaciones; o

h) El medio ambiente a que se refieren las informaciones, como los sitios de reproducción de especies raras.

Los motivos de denegación antes mencionados deberán interpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta el interés que la divulgación de las informaciones solicitadas tendría para el público y según que esas informaciones guarden o no relación con las emisiones en el medio ambiente.

5. Si una autoridad pública no dispone de las informaciones sobre el medio ambiente solicitadas, informará lo antes posible al autor de la solicitud sobre a qué autoridad puede, según su conocimiento, dirigirse para obtener las informaciones de que se trate o transmitir la solicitud a esa autoridad e informar de ello a su autor.

6. Cada Parte procurará que, si la información exenta de divulgación según el apartado c) del párrafo 3 y del párrafo 4 del presente artículo puede disociarse sin menoscabar la confidencialidad, que las actividades públicas faciliten el resto de la información ambiental solicitada.

7. La denegación de una solicitud de informaciones se notificará por escrito si la solicitud se ha hecho por escrito o si su autor solicita una respuesta escrita. En la notificación de denegación, la autoridad pública expondrá los motivos de esta denegación e informará al autor del recurso de que dispone en virtud del artículo 9. La denegación de la solicitud se notificará lo antes posible y en el plazo de un mes a más tardar, a menos que la complejidad de las informaciones solicitadas justifique una prórroga de ese plazo, que podrá extenderse a dos meses como máximo. El autor de la solicitud será informado de toda prórroga del plazo y otros motivos que la justifican.

8. Cada Parte podrá autorizar a las autoridades públicas que faciliten informaciones a percibir un derecho por este servicio pero ese derecho no debe rebasar una cuantía razonable. Las autoridades públicas que tengan el propósito de hacer pagar las informaciones que faciliten informarán a los autores de solicitudes de información el baremo de los derechos que hayan de pagar, indicando los casos en que las autoridades puedan renunciar a percibir esos derechos y los casos en que la comunicación de informaciones está sujeta a su pago anticipado.

Artículo 5

Recogida y difusión de informaciones sobre el medio ambiente

1. Cada Parte procurará:

a) Que las autoridades públicas posean y tengan al día las informaciones sobre el medio ambiente que sean útiles para el desempeño de sus funciones;

b) Que se establezcan mecanismos obligatorios para que las autoridades públicas estén debidamente informadas de las actividades propuestas o en marcha que puedan tener efectos importantes sobre el medio ambiente;

c) Que en caso de amenaza inminente para la salud o el medio ambiente, ya sea imputable a actividades humanas o debida a causas naturales, todas las informaciones susceptibles de permitir al público tomar medidas para prevenir o limitar los daños eventuales que estén en posesión de una autoridad pública se difundan inmediatamente y sin demora a las personas que puedan resultar afectadas.

2. Cada Parte procurará que, en el marco de la legislación nacional, las autoridades públicas pongan las informaciones sobre el medio ambiente a disposición del público de manera transparente y que esas informaciones sean realmente accesibles, en particular:

a) Proporcionando al público informaciones suficientes sobre el tipo y el alcance de las informaciones sobre el medio ambiente que poseen las autoridades públicas competentes, sobre las principales condiciones en que esas informaciones se ponen a su disposición y les son accesibles y sobre el procedimiento que han de seguir para obtenerlas;

b) Adoptando y manteniendo disposiciones prácticas, por ejemplo:

i) elaborando listas, registros o ficheros accesibles al público;

ii) obligando a los funcionarios a aportar su concurso al público que trate de tener acceso a informaciones en virtud de la presente Convención;

iii) designando puntos de contacto; y

c) Dando acceso gratuitamente a las informaciones sobre el medio ambiente que figuren en las listas, registros o ficheros mencionados en el inciso i) del apartado b) supra.

3. Cada Parte velará por que las informaciones sobre el medio ambiente estén cada vez más disponibles en bases electrónicas de datos a las que el público pueda tener fácilmente acceso por medio de las redes públicas de telecomunicaciones. En particular, deberían estar accesibles en esta forma las informaciones siguientes:

a) Los informes sobre el estado del medio ambiente a que hace referencia el párrafo 4 infra;

b) Los textos de las leyes sobre el medio ambiente o relativos al mismo;

c) En su caso, las políticas, planes y programas sobre el medio ambiente o relativas al medio ambiente y los acuerdos relativos a éste; y

d) Otras informaciones, en la medida en que la posibilidad de obtenerlas de esta forma facilite la aplicación de la legislación nacional que tenga por objeto aplicar la presente Convención, siempre que esas informaciones ya estén disponibles en forma electrónica.

4. Cada Parte publicará y difundirá a intervalos regulares que no rebasen los tres o cuatro años un informe nacional sobre el estado del medio ambiente, en particular informaciones sobre la calidad del medio ambiente e informaciones sobre las presiones que se ejercen sobre el medio ambiente.

5. Cada Parte adoptará medidas, en el marco de su legislación, a fin de difundir:

a) Los textos de leyes y los documentos orientativos tales como los documentos sobre las estrategias, políticas, programas y planes de acción relativos al medio ambiente, y los informes que precisen la situación sobre su aplicación, elaborados a los distintos niveles de la administración pública;

b) Los tratados, convenciones y acuerdos internacionales relativos a cuestiones ambientales; y

c) En su caso, los demás documentos internacionales sobre cuestiones relativas al medio ambiente.

6. Cada Parte alentará a los explotadores cuyas actividades tengan un impacto importante sobre el medio ambiente a informar periódicamente al público del impacto sobre el medio ambiente de sus actividades y de sus productos, en su caso, en el marco de programas voluntarios de etiquetado ecológico o de ecobalances o por otros medios.

7. Cada Parte:

a) Hará públicos los hechos y los análisis de hechos que considere pertinentes e importantes para elaborar las propuestas relativas a las medidas esenciales que hayan de adoptarse en materia de medio ambiente;

b) Publicará o hará accesibles de otra manera los documentos disponibles que expliquen cómo trata con el público los asuntos comprendidos en la presente Convención; y

c) Comunicará en forma apropiada informaciones sobre la manera en que la administración, a todos los niveles, desempeña las funciones públicas o presta servicios públicos relativos al medio ambiente.

8. Cada Parte elaborará mecanismos con objeto de procurar que informaciones suficientes sobre los productos se pongan a disposición del público de forma que los consumidores puedan tomar opciones ecológicas con pleno conocimiento de causa.

9. Cada Parte adoptará medidas para establecer progresivamente, habida cuenta en su caso de los procedimientos internacionales, un sistema coherente de alcance nacional consistente en inventariar o registrar los datos relativos a la contaminación en una base informatizada de datos estructurada y accesible al público, tras recoger esos datos por medio de fórmulas de declaración normalizadas. Este sistema podrá tener en cuenta las aportaciones, los rechazos y las transferencias en los diferentes medios y en los lugares de tratamiento y de eliminación, en el sitio y fuera del sitio, de una serie determinada de sustancias y de productos resultantes de una serie dada de actividades, en particular el agua, la energía y los recursos utilizados a los fines de estas actividades.

10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo menoscabará el derecho de las Partes a negarse a divulgar determinadas informaciones relativas al medio ambiente de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo 4.

Artículo 6

Participación del público en las decisiones relativas a actividades particulares

1. Cada Parte:

a) Aplicará las disposiciones del presente artículo cuando se trate de autorizar o no actividades propuestas como las enumeradas en el anexo I;

b) Aplicará también las disposiciones del presente artículo, de conformidad con su derecho interno, cuando se trate de adoptar una decisión respecto de actividades propuestas no enumeradas en el anexo I que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente. Las Partes determinarán en cada caso si la actividad propuesta cae dentro del ámbito de estas disposiciones; y

c) Podrán decidir, caso por caso, si el derecho lo prevé, no aplicar las disposiciones del presente artículo a las actividades propuestas que respondan a las necesidades de la defensa nacional si esta Parte que considera esta aplicación iría en contra de esas necesidades.

2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente, se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, al comienzo del proceso. Las informaciones se referirán en particular a:

a) La actividad propuesta, incluida la solicitud correspondiente respecto de la que se adoptará una decisión;

b) La naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían adoptarse;

c) La autoridad pública encargada de tomar la decisión;

d) El procedimiento previsto, en particular, los casos en que estas informaciones puedan facilitarse:

i) La fecha en que comenzará el procedimiento;

ii) Las posibilidades que se ofrecen al público de participar en el mismo;

iii) La fecha y el lugar de toda audiencia pública prevista;

iv) La autoridad pública a la que cabe dirigirse para obtener informaciones pertinentes ante la que se hayan depositado esas informaciones para que el público pueda examinarlas;

v) La autoridad pública o cualquier otro organismo público o competente al que puedan dirigirse observaciones o preguntas y el plazo previsto para la comunicación de observaciones o preguntas;

vi) La indicación de las informaciones sobre el medio ambiente relativas a la actividad propuesta que están disponibles; y

e) El hecho de que la actividad sea objeto de un procedimiento de evaluación del impacto nacional o transfronterizo sobre el medio ambiente.

3. Para las diferentes fases del procedimiento de participación del público se preverán plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público de conformidad con el párrafo 2 supra y para que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia ambiental.

4. Cada Parte adoptará medidas para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real.

5. Cada Parte debería, si procede, alentar a cualquiera que tenga el propósito de presentar una solicitud de autorización a identificar al público afectado, a informarle del objeto de la solicitud que se propone presentar y a entablar el debate con él al respecto antes de presentar su solicitud.

6. Cada Parte exigirá a las autoridades públicas competentes que obren de forma que el público interesado pueda consultar cuando lo pida y cuando el derecho interno lo exija, de forma gratuita, desde que estén disponibles, todas las informaciones que ofrezcan interés para la toma de decisiones a que se refiere el presente artículo que puedan obtenerse en el momento del procedimiento de participación del público, sin perjuicio del derecho de las Partes a negarse a divulgar determinadas informaciones con arreglo a los párrafos 3 y 4 del artículo 4. Las informaciones pertinentes comprenderán como mínimo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4:

a) Una descripción del sitio y de las características físicas y técnicas de la actividad propuesta, incluida una estimación de los desechos y de las emisiones previstos;

b) Una descripción de los efectos importantes de la actividad propuesta sobre el medio ambiente;

c) Una descripción de las medidas previstas para prevenir o para reducir esos efectos, en particular las emisiones;

d) Un resumen no técnico de lo que precede;

e) Una sinopsis de las principales soluciones alternativas estudiadas por el autor de la solicitud de autorización; y

f) De conformidad con la legislación nacional, los principales informes y dictámenes dirigidos a la autoridad pública en el momento en que el público interesado deba ser informado de conformidad con el párrafo 2 supra.

7. El procedimiento de participación del público prevé la posibilidad de que el público someta por escrito o, si conviene, en una audiencia o una investigación pública en la que intervenga el autor de la solicitud, todas las observaciones, informaciones, análisis u opiniones que considere pertinentes respecto de la actividad propuesta.

8. Cada Parte velará por que, en el momento de adoptar la decisión, los resultados del procedimiento de participación del público sean tenidos debidamente en cuenta.

9. Cada Parte velará también por que, una vez adoptada la decisión por la autoridad pública, el público sea rápidamente informado de ella siguiendo el procedimiento apropiado. Cada Parte comunicará al público el texto de la decisión acompañado de los motivos y consideraciones en que dicha decisión se basa.

10. Cada Parte velará por que, cuando una autoridad pública reexamine o actualice las condiciones en que se ejerce una actividad mencionada en el párrafo 1, las disposiciones de los párrafos 2 a 9 del presente artículo se apliquen mutatis mutandis y como corresponda.

11. Cada Parte aplicará, dentro de su derecho interno, y en la medida en que sea posible y apropiado, las disposiciones del presente artículo cuando se trate de decidir si procede autorizar la diseminación voluntaria en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente.

Artículo 7

Participación del público en los planes, programas y políticas relativos al medio ambiente

Cada Parte adoptará disposiciones prácticas u otras disposiciones necesarias para que el público participe en la elaboración de los planes y programas relativos al medio ambiente en un marco transparente y equitativo, tras haberle facilitado las informaciones necesarias. En este marco, se aplicarán los párrafos 3, 4 y 8 del artículo 6. El público susceptible de participar será designado por la autoridad pública competente, teniendo en cuenta los objetivos de la presente Convención. Siempre que convenga, cada Parte se esforzará por dar al público la posibilidad de participar en la elaboración de las políticas relativas al medio ambiente.

Artículo 8

Participación del público durante la fase de elaboración de disposiciones reglamentarias o de instrumentos normativos jurídicamente obligatorios de aplicación general

Cada Parte se esforzará por promover una participación efectiva del público en una fase apropiada, y cuando las opciones están aún abiertas, durante la fase de elaboración por autoridades públicas de disposiciones reglamentarias o de otras normas jurídicamente obligatorias de aplicación general que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente. A tal efecto, conviene adoptar las disposiciones siguientes:

a) Fijar plazo suficiente para permitir una participación efectiva;

b) Publicar un proyecto de reglas o poner éste a disposición del público por otros medios; y

c) Dar al público la posibilidad de formular observaciones, ya sea directamente, ya sea por mediación de órganos consultivos representativos.

Los resultados de la participación del público se tendrán en consideración en todo lo posible.

Artículo 9

Acceso a la justicia

1. Cada Parte velará, en el marco de su legislación nacional, por que toda persona que estime que la solicitud de informaciones que ha presentado en aplicación del artículo 4 ha sido ignorada, rechazada abusivamente, en todo o en parte, o insuficientemente tenida en cuenta o que no ha sido tratada conforme a las disposiciones del presente artículo, tenga la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano judicial o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley. En el caso en que una Parte prevea tal recurso ante un órgano judicial, velará por que la persona interesada tenga también acceso a un procedimiento rápido establecido por la ley que sea gratuito o poco oneroso, con miras al reexamen de la solicitud por una autoridad pública o a su examen por un órgano independiente e imparcial distinto de un órgano judicial. Las decisiones finales adoptadas en virtud del presente párrafo 1 serán obligatorias para la autoridad pública que posea las informaciones. Los motivos que las justifiquen se indicarán por escrito, por lo menos cuando se deniegue el acceso a la información en virtud de este párrafo.

2. Cada Parte velará, en el marco de su legislación nacional, por que los miembros del público interesados:

a) Que tengan un interés suficiente para actuar o, en caso contrario,

b) Que invoquen un atentado contra un derecho, cuando el Código de procedimiento administrativo de una Parte imponga tal condición, puedan presentar un recurso ante un órgano judicial u otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo y en cuanto al procedimiento, de cualquier decisión, o cualquier acción u omisión que caiga dentro del ámbito de las disposiciones del artículo 6 y, si el derecho interno lo prevé sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 infra, de otras disposiciones pertinentes de la presente Convención.

Lo que constituya interés suficiente y menoscabo a un derecho se determinará con arreglo a las disposiciones del derecho interno y conforme al objetivo consistente en conceder al público interesado un amplio acceso a la justicia en el marco de la presente Convención. A tal efecto, el interés que toda organización no gubernamental que cumpla las condiciones previstas en el párrafo 5 del artículo 2 se considerará suficiente en el sentido del apartado a) supra. Se considerará igualmente que esas organizaciones tienen derechos que podrían menoscabarse en el sentido del apartado b) supra.

Las disposiciones del presente párrafo 2 no excluyen la posibilidad de presentar un recurso preliminar ante una autoridad administrativa y no eximen de la obligación de agotar las vías de recurso administrativo antes de entablar un procedimiento judicial cuando el derecho interno prevea tal obligación.

3. Además, sin perjuicio de los procedimientos de recurso a que hacen referencia los párrafos 1 y 2 supra, cada Parte velará por que los miembros del público que reúnen los criterios eventuales previstos por su derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vayan en contra de las disposiciones del derecho nacional ambiental.

4. Además, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, los procedimientos a que hacen referencia los párrafos 1, 2 y 3 supra deberán ofrecer recursos suficientes y efectivos, en particular una orden de reparación si procede, y deberán ser objetivos, equitativos y rápidos sin que su costo sea prohibitivo. Las decisiones adoptadas en virtud del presente artículo se pronunciarán o consignarán por escrito. Las decisiones de los tribunales y, en lo posible, las de otros órganos deberán ser accesibles al público.

5. Para que las disposiciones del presente artículo sean aún más eficaces, cada Parte velará por que el público sea informado de la posibilidad que se le concede de iniciar procedimientos de recurso administrativo judicial, y preverá el establecimiento de mecanismos apropiados de asistencia encaminados a eliminar o reducir los obstáculos financieros o de otro tipo que traben el acceso a la justicia.

Artículo 10

Reunión de las Partes

1. La primera reunión de las Partes se convocará un año a más tardar después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. A continuación, las Partes celebrarán una reunión ordinaria por lo menos una vez cada dos años, a menos que decidan otra cosa, o si una de ellas la solicita por escrito, pero esta solicitud deberá ser apoyada por un tercio por lo menos de las Partes dentro de los seis meses siguientes a su comunicación a la totalidad de las Partes por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa.

2. En sus reuniones, las Partes seguirán permanentemente la aplicación de la presente Convención sobre la base de los informes comunicados regularmente por las Partes y, teniendo este objetivo presente:

a) Examinarán las políticas que apliquen y las disposiciones jurídicas y metodológicas que sigan para garantizar el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia ambiental con miras a mejorar más la situación a este respecto;

b) Se comunicarán las enseñanzas que sacan de la conclusión y de la aplicación de acuerdos bilaterales y multilaterales o de otros acuerdos que tengan relación con el objeto de la presente Convención, en los que sean Partes una o varias de ellas;

c) Solicitarán, si procede, los servicios de los órganos competentes de la CEPE, así como de otros organismos internacionales o de comités particulares competentes para todas las cuestiones que hayan de tenerse en cuenta para alcanzar los objetivos de la presente Convención;

d) Crearán órganos subsidiarios si lo consideran necesario;

e) Elaborarán, si procede, protocolos a la presente Convención;

f) Examinarán y adoptarán proposiciones de enmienda a la presente Convención de conformidad con las disposiciones del artículo 14;

g) Preverán y emprenderán cualquier otra acción que pueda resultar necesaria a los efectos de la presente Convención;

h) En su primera reunión, estudiarán y adoptarán, por consenso, el reglamento interior de sus reuniones y de las reuniones de los órganos subsidiarios;

i) En su primera reunión, examinarán las enseñanzas que saquen de la aplicación de las disposiciones del párrafo 9 del artículo 5 y estudiarán las medidas necesarias para perfeccionar el sistema previsto en esas disposiciones, teniendo en cuenta los procedimientos aplicables, los hechos nuevos ocurridos a nivel nacional, en particular la elaboración de un instrumento apropiado respecto del establecimiento de registros o inventarios de los hechos o transferencias de contaminantes que podrían anexarse a la presente Convención.

3. La reunión de las Partes, de ser necesario, podrá estudiar la posibilidad de adoptar disposiciones de orden financiero por consenso.

4. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como todo Estado u organización de integración económica regional que esté facultado en virtud del artículo 17 para firmar la Convención pero que no sea parte en la misma, y toda organización internacional que posea competencias en esferas que guarden relación con la presente Convención, estarán autorizados a participar en calidad de observadores en las reuniones de las Partes.

Toda organización no gubernamental que posea competencias en esferas que guarden relación con la presente Convención y que haga saber al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa que desea estar representada en una reunión de las Partes está autorizada a participar en calidad de observador a menos que un tercio por lo menos de las Partes objeten a ello.

6. A los efectos de los párrafos 4 y 5 supra, el reglamento interior mencionado en el apartado h) del párrafo 2 supra preverá las modalidades prácticas de admisión y las demás condiciones pertinentes.

Artículo 11

Derecho de voto

1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, cada Parte en la presente Convención dispondrá de un voto.

2. En las esferas de su competencia, las organizaciones de integración económica regional dispondrán, para ejercer su derecho de voto, de un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, e inversamente.

Artículo 12

Secretaría

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa ejercerá las funciones de secretaría siguientes:

a) Convocará y preparará las reuniones de las Partes;

b) Transmitirá a las Partes los informes y otras informaciones recibidos en aplicación de las disposiciones de la presente Convención; y

c) Desempeñará otras funciones que las Partes puedan asignarle.

Artículo 12

Anexos

Los anexos de la presente Convención forman parte integrante de la misma.

Artículo 14

Enmiendas de la Convención

1. Toda Parte puede proponer enmiendas a la presente Convención.

2. El texto de toda propuesta de enmienda a la presente Convención se someterá por escrito al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, quien lo comunicará a todas las Partes 90 días por lo menos antes de la reunión de las Partes en cuyo curso se proponga la adopción de la enmienda.

3. Las Partes no escatimarán esfuerzos para llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier enmienda que se proponga introducir en la presente Convención. Si todos los esfuerzos en este sentido resultan vanos y si no se llega a ningún acuerdo, la enmienda se adoptará en última instancia por un voto de la mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes.

4. Las enmiendas a la presente Convención adoptadas conforme al párrafo 3 supra serán sometidas por el Depositario a todas las Partes a los efectos de ratificación, aprobación o aceptación. Las enmiendas a la presente Convención distintas de las que se refieren a un anexo entrarán en vigor respecto de las Partes que las hayan ratificado, aprobado o aceptado 90 días siguientes a la recepción por el Depositario de la notificación de su ratificación, aprobación o aceptación por tres cuartos por lo menos de esas Partes. A continuación, entrarán en vigor respecto de cualquier otra Parte el nonagésimo día siguiente al depósito por esta Parte de su instrumento de ratificación, aprobación o aceptación de las enmiendas.

5. Toda Parte que no esté en condiciones de aprobar una enmienda a un anexo de la presente Convención lo notificará al Depositario por escrito dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de comunicación de su adopción. El Depositario informará sin demora a todas las Partes de la recepción de esta notificación. Una Parte podrá en cualquier momento sustituir una aceptación a su notificación anterior y, tras el depósito de un instrumento de aceptación ante el Depositario, las enmiendas a dicho anexo entrarán en vigor respecto de esta Parte.

6. Al expirar un plazo de 12 meses a contar desde la fecha de su comunicación por el Depositario prevista en el párrafo 4 supra, toda enmienda a un anexo entrará en vigor respecto de las Partes que no hayan sometido notificación al Depositario conforme a las disposiciones del párrafo 5 supra en la medida en que un tercio más de las Partes hayan sometido dicha notificación.

7. A los efectos del presente artículo, por "Partes presentes y votantes" se entienden las Partes presentes en la reunión que emiten un voto afirmativo o negativo.

Artículo 15

Examen del respeto de las disposiciones

La Reunión de las Partes adoptará, por consenso, mecanismos facultativos de carácter no conflictivo, no judicial y consultivo para examinar el respeto de las disposiciones de la presente Convención. Esos mecanismos permitirán una participación apropiada del público y podrán prever la posibilidad de examinar comunicaciones de miembros del público respecto de cuestiones que guarden relación con la presente Convención.

Artículo 16

Solución de controversias

1. Si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la interpretación o de la aplicación de la presente Convención, esas Partes se esforzarán por resolverla por medio de la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable.

2. Cuando firme, ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera, o en cualquier otro momento posterior, una Parte podrá indicar por escrito al Depositario, en lo que respecta a las controversias que no se hayan resuelto conforme al párrafo 1 supra, que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes en sus relaciones con cualquier Parte que acepte la misma obligación:

a) El sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia;

b) El arbitraje, conforme al procedimiento definido en el anexo II.

3. Si las partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias mencionados en el párrafo 2 supra, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes acuerden otra cosa.

Artículo 17

Firma

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados miembros de la Comisión Económica para Europa, así como de los Estados reconocidos con carácter consultivo ante la Comisión Económica para Europa, en virtud de los párrafos 8 y 11 de la resolución 36 (IV) del Consejo Económico y Social de 28 de marzo de 1947, y de las organizaciones de integración económica regional constituidas por Estados soberanos, miembros de la Comisión Económica para Europa, que les hayan transferido competencia para las materias de que trata la presente Convención, en particular competencia para concluir tratados sobre estas materias, en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, y después en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hasta el 21 de diciembre de 1998.

Artículo 18

Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas desempeñará las funciones de Depositario de la presente Convención.

Artículo 19

Ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados o de las organizaciones de integración económica regional signatarios.

2. La presente Convención estará abierta a la adhesión de los Estados y organizaciones de integración económica regional mencionados en el artículo 17 a contar del 22 de diciembre de 1998.

3. Todo Estado, además de los mencionados en el párrafo 2 supra, que sea Miembro de las Naciones Unidas, podrá adherirse a la Convención con el acuerdo de la Reunión de las Partes.

4. Toda organización mencionada en el artículo 17 que pase a ser Parte en la presente Convención sin que ninguno de sus Estados miembros sea Parte en ella queda obligada por todas las obligaciones que dimanan de la Convención. Cuando uno o varios Estados miembros de tal organización sean Partes en la presente Convención, esa organización y sus Estados miembros acordarán sus responsabilidades respectivas en la ejecución de las obligaciones que les impone la Convención. En ese caso, la organización y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer concurrentemente los derechos que dimanan de la presente Convención.

5. En sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, las organizaciones de integración económica regional mencionadas en el artículo 17 indicarán el alcance de su competencia respecto de las materias de que trata la presente Convención. Además, esas organizaciones informarán al Depositario de toda modificación importante en el alcance de sus competencias.

Artículo 20

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha de depósito del decimosexto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el instrumento depositado por una organización de integración económica regional no se agregará a los depositados por los Estados miembros de esa organización.

3. Respecto de cada Estado u organización mencionada en el artículo 17 que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella tras el depósito del decimosexto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha de depósito por ese Estado o esa organización de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 21

Denuncia

En cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de tres años a contar desde la fecha en que la presente Convención entre en vigor respecto de una Parte, ésta podrá denunciar la Convención mediante ratificación escrita dirigida al Depositario. Esta denuncia surtirá efecto el nonagésimo día siguiente a la fecha de recibo de su notificación por el Depositario.

Artículo 22

Textos auténticos

El original de la presente Convención, cuyos textos inglés, francés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado la presente Convención.

HECHA en Aarhus (Dinamarca), el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Anexo I

LISTA DE ACTIVIDADES A QUE HACE REFERENCIA EL APARTADO a) DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 6

1. Sector de la energía:

- refinerías de petróleo y de gas;

- instalaciones de gasificación y licuefacción;

- centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de un aporte térmico de por lo menos 50 megawatios (MW);

- hornos de coke;

- centrales nucleares y otros reactores nucleares, inclusive el desmantelamiento o la desactivación de esas centrales o reactores 1/ (con excepción de las instalaciones de investigación para la producción y la transformación de materias físiles y fértiles, cuya potencia máxima no rebase un KW de carga térmica continua);

- instalaciones para el retratamiento de combustibles nucleares irradiados;

- instalaciones destinadas:

- a la producción o al enriquecimiento de combustibles nucleares;

- al tratamiento de combustibles nucleares irradiados o de desechos sumamente radiactivos;

- a la eliminación definitiva de combustibles nucleares irradiados;

- exclusivamente a la eliminación definitiva de desechos radiactivos;

- exclusivamente al almacenamiento (previsto para más de diez años) de combustibles nucleares irradiados o de desechos radiactivos en un sitio diferente del sitio de producción.

1/ Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de ser instalaciones nucleares cuando todos los combustibles nucleares y todos los demás elementos contaminados han sido retirados definitivamente del sitio de implantación.

2. Producción y transformación de metales:

- instalaciones de tostado o sintetizado de mineral metálico (en particular mineral sulfurado);

- instalaciones para la producción de hierro fundido o de acero (fusión primaria o secundaria), en particular los equipamientos para la fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora;

- instalaciones destinadas a la transformación de metales ferrosos:

i) por laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora;

ii) por forjado mediante martillos cuya energía de golpe rebase los 50 kilojulios por martillo y cuando la potencia calorífica aplicada sea superior a 20 MW;

iii) aplicación de capas de protección de metal en fusión con una capacidad de tratamiento superior a dos toneladas de acero bruto por hora;

- fundiciones de metales ferrosos de una capacidad de producción superior a 20 toneladas por hora;

- instalaciones:

i) destinadas a la producción de metales brutos no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias por procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos;

ii) destinadas a la fusión, incluida la aleación, de metales no ferrosos, con productos de recuperación (afinado, moldeado en fundición), de una capacidad de fusión superior a 4 toneladas por día para el plomo y el cadmio o de 20 toneladas por día para todos los demás metales;

- instalaciones de tratamiento de superficie de metales y materias plásticas utilizando un procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubas asignadas al tratamiento utilizadas sea superior a 30 m3.

3. Industria mineral:

- instalaciones destinadas a la producción de clincker (cemento) en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas por día, o de cales en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día, o en otros tipos de hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día;

- instalaciones destinadas a la producción de amianto y a la fabricación de productos a base de amianto;

- instalaciones destinadas a la fabricación de vidrio, en particular las destinadas a la producción de fibras de vidrio con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día;

- instalaciones destinadas a la fusión de materias minerales, incluidas las materias destinadas a la producción de fibras minerales, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día;

- instalaciones destinadas a la fabricación de productos cerámicos por cocción, en particular tejas, ladrillos, piedras refractarias, baldosas de gres o de porcelana, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día, o una capacidad de horno de más de 4 m3 y de más de 300 kg/m3 por horno.

4. Industria química: por producción, en el sentido de las categorías de actividades enumeradas en la presente rúbrica, se entiende la producción en cantidades industriales por transformación química, de las sustancias mencionadas en los apartados a) a g) siguientes:

a) instalaciones químicas destinadas a la fabricación de productos químicos orgánicos de base, tales como:

i) hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o no saturados, alifáticos o aromáticos);

ii) hidrocarburos oxigenados, en particular alcoholes, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos y resinas epóxidas;

iii) hidrocarburos sulfurados;

iv) hidrocarburos azotados, en particular aminas, amidas, compuestos nitrosos, nitrados o nitratados, nitrilos, cianatos e isocianatos;

v) hidrocarburos fosforados;

vi) hidrocarburos halogenados;

vii) compuestos organometálicos;

viii) materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa);

ix) cauchos sintéticos;

x) colorantes y pigmentos;

xi) tensioactivos y agentes de superficie;

b) instalaciones químicas destinadas a la fabricación de productos químicos inorgánicos de base, tales como:

i) gases, en particular amoníaco, cloro y cloruro de hidrógeno, flúor o fluoruro de hidrógeno, óxidos de carbono, compuestos azufrados, óxidos de nitrógeno, hidrógeno, dióxido de azufre, dicloruro de carbonilo;

ii) ácidos, en particular ácido crómico, ácido fluorídico, ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, óleum, ácidos sulfurados;

iii) bases, en particular hidróxido de amonio, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio;

iv) sales, en particular cloruro de amonio, clorato de potasio, carbonato de potasio, carbonato de sodio, perborato, nitrato de plata;

v) no metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos, tales como carburo de calcio, silicio, carburo de silicio;

c) instalaciones químicas destinadas a la fabricación de abonos a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (abonos simples o compuestos);

d) instalaciones químicas destinadas a la fabricación de productos de base fitosanitarios y de biocidas;

e) instalaciones que utilizan un procedimiento químico biológico para la fabricación de productos farmacéuticos de base;

f) instalaciones químicas destinadas a la fabricación de explosivos;

g) instalaciones químicas en las que se utiliza un tratamiento químico o biológico para producir aditivos proteicos a los alimentos de los animales, de los fermentos y de otras sustancias proteicas.

5. Gestión de desechos:

- instalaciones para la incineración, la valorización, el tratamiento químico y la descarga de desechos peligrosos;

- instalaciones para la incineración de desechos municipales, de una capacidad superior a 3 toneladas por hora;

- instalaciones para la eliminación de desechos no peligrosos, de una capacidad de más de 50 toneladas por día;

- vertederos que reciban más de 10 toneladas por día o de una capacidad total de más de 25.000 toneladas, con exclusión de los vertederos de desechos inertes.

6. Instalaciones de tratamiento de aguas utilizadas de una capacidad superior a 150.000 equivalentes/habitante.

7. Instalaciones industriales destinadas a:

a) la fabricación de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas;

b) la fabricación de papel y de cartón, de una producción superior a 20 toneladas por día.

8. a) construcción de vías para el tráfico ferroviario de gran distancia, así como de aeropuertos 1/ dotados de una pista principal de despegue y de aterrizaje de una longitud de 2.100 m como mínimo;

b) construcción de autopistas y de vías rápidas 1/;

c) construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o alineamiento o ensanche de una carretera existente de dos carriles para hacer una carretera de cuatro carriles o más, cuando la nueva carretera o sección de carretera alineada o ensanchada tenga una longitud ininterrumpida de 10 km como mínimo;

9. a) vías navegables y puertos de navegación interior que permitan el acceso a barcos de más de 1.350 toneladas;

b) puertos de comercio, muelles de carga y de descarga unidos a la tierra y antepuertos (con exclusión de los muelles para transbordadores) accesibles a barcos de más de 1.350 toneladas.

10. Dispositivos de captación o de recarga artificial de aguas subterráneas cuyo volumen anual de aguas a captar o a recargar alcance o rebase los 10 millones de m3.

11 a) obras destinadas al trasvase de recursos hidráulicos entre cuencas fluviales cuando esta operación tenga por objeto prevenir eventuales penurias de agua y cuando el volumen anual de las aguas trasvasadas rebase los 100 millones de m3

b) en todos los demás casos, las obras destinadas al trasvase de recursos hidráulicos entre cuencas fluviales cuando el caudal anual

2/ A los efectos de la presente Convención, la noción de "aeropuerto" corresponde a la definición dada en la Convención de Chicago de 1994 sobre la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional (anexo 14).

3/ A los efectos de la presente Convención, por "vía rápida" se entiende una carretera que corresponda a la definición dada en el Acuerdo europeo de 15 de noviembre de 1975 sobre las grandes carreteras de tráfico internacional.

medio, a lo largo de varios años, de la cuenca de toma rebase los 2.000 millones de m3 y cuando el volumen de las aguas trasvasadas rebase el 5% de ese caudal.

En los dos casos, quedan excluidos los trasvases de agua potable conducida por canalizaciones.

12. Extracción de petróleo y de gas natural con fines comerciales, cuando las cantidades extraídas rebasen las 500 toneladas de petróleo y los 500.000 m3 de gas por día.

13. Represas y otras instalaciones destinadas a retener las aguas o a almacenarlas de forma permanente cuando el nuevo volumen de agua o un volumen suplementario de agua a retener o a almacenar rebase los 10 millones de m3.

14. Canalizaciones para el transporte de gas, de petróleo o de productos químicos, de un diámetro superior a 800 ml y de una longitud superior a 40 km.

15. Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves o de cerdos quedispongan de más de:

a) 40.000 plazas para aves;

b) 20.000 plazas para cerdos de producción (de más de 30 kg); o

c) 750 plazas para cerdos de vientre.

16. Canteras y explotaciones mineras a cielo abierto cuando la superficie del sitio rebase las 25 ha o, para las turberas, las 150 ha.

17. Construcción de líneas aéreas de transporte de energía eléctrica de una tensión de 220 Kw o más y de una longitud superior a 15 km.

18. Instalaciones de almacenamiento de petróleo, de productos petroquímicos o de productos químicos, de una capacidad de 200.000 toneladas o más.

19. Otras actividades:

- Instalaciones destinadas al pretratamiento (operaciones de lavado, blanqueo, y mercerización) o para tintura de fibras o de textiles cuya capacidad de tratamiento sea superior a 10 toneladas por día;

- Instalaciones destinadas en el tratamiento de pieles, cuando la capacidad de tratamiento sea superior a 12 toneladas de productos terminados por día;

- a) Mataderos de una capacidad de producción de piezas en canal superior a 50 toneladas por día;

b) Tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos alimentarios a partir de:

i) Materias primas animales (distintas de la leche), de una capacidad de producción de productos terminados superior a 75 toneladas por día;

ii) Materias primas vegetales, de una capacidad de producción de productos terminados superior a 300 toneladas por día (valor medio trimestral);

c) Tratamiento y transformación de la leche, cuando la cantidad de la leche recibida sea superior a 200 toneladas por día (valor medio anual);

- Instalaciones destinadas a la eliminación o al reciclado de piezas en canal y de desechos de animales de una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas por día;

- Instalaciones destinadas al tratamiento de superficie de materias, objetos o productos, y que utilicen disolventes orgánicos, en particular para las operaciones de preparado, impresión, revestimiento, desgrasado, impermeabilización, encolado, pintura, limpieza o impregnación, de una capacidad de consumo de disolvente de más de 150 kg por hora o de más de 200 toneladas por año;

- Instalaciones destinadas a la fabricación de carbón (carbón cocido duro) o de electrografito por combustión o grafitización.

20. Toda actividad no mencionada en los párrafos 1 a 19 supra respecto de la cual la participación del público esté prevista en el marco de un procedimiento de evaluación del impacto sobre medio ambiente conforme a legislación nacional.

21. Las disposiciones del apartado a) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención no se aplicarán a ninguna de las actividades mencionadas anteriormente que se emprendan exclusiva o esencialmente para investigar, elaborar o experimentar nuevos métodos o nuevos productos y que no vayan a durar más de dos años a menos que conlleven el riesgo de tener un efecto perjudicial importante sobre el medio ambiente o la salud.

22. Toda modificación o extensión de las actividades que responda en sí a los criterios o umbrales enunciados en el presente anexo se regirá por el apartado a) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención. Cualquier otra modificación o extensión de las actividades se regirá por el apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención.

Anexo II

ARBITRAJE

1. En el caso de que una controversia sea sometida a arbitraje en virtud del párrafo 2 del artículo 16 de la presente Convención, una parte (o las partes) notificará(n) a la secretaría el objeto del arbitraje e indicará(n), en particular, los artículos de la presente Convención cuya interpretación o aplicación se discuten. La secretaría tramitará las informaciones recibidas a todas las partes en la presente Convención.

2. El tribunal arbitral estará compuesto por tres miembros. La (o las) parte(s) demandante(s) y la otra (o las otras) parte(s) en la controversia designarán un árbitro y los dos árbitros así designados designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien presidirá el tribunal arbitral. Este último no deberá ser nacional de una de las partes en la controversia ni tener su residencia habitual en el territorio de una de estas partes, ni estar al servicio de una de ellas, ni haberse ocupado ya del asunto por cualquier otro concepto.

3. Si, dentro de los dos meses siguientes al nombramiento del segundo árbitro, no se ha designado al presidente del tribunal arbitral, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa procederá, a petición de una de las partes en la controversia, a su designación en un nuevo plazo de dos meses.

4. Si en un plazo de dos meses a contar desde la recepción de la demanda, una de las partes en la controversia no procede al nombramiento de un árbitro, la otra parte podrá informar de ello al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, quien designará al Presidente del tribunal arbitral en un nuevo plazo de dos meses. Una vez designado, el Presidente el tribunal arbitral pedirá a la parte que no ha nombrado árbitro que lo aga en un plazo de dos meses. Si no lo hace en este plazo, el presidente informará de ello al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa y procederá a efectuar ese nombramiento en un nuevo plazo de dos meses.

5. El tribunal dictará el laudo de conformidad con el derecho internacional y las disposiciones de la presente Convención.

6. Todo tribunal arbitral constituido en aplicación de las disposiciones del presente anexo establecerá por sí mismo su procedimiento.

7. Las decisiones del tribunal arbitral, tanto sobre las cuestiones de procedimiento como sobre las cuestiones de fondo, se adoptarán por mayoría de sus miembros.

8. El tribunal podrá adoptar todas las medidas requeridas para determinar los hechos.

9. Las partes en la controversia facilitarán la tarea del tribunal arbitral y, en particular, por todos los medios de que dispongan:

a) le proporcionarán todos los documentos, facilidades e informaciones pertinentes;

b) le permitirán, si es necesario, citar y oír a testigos o peritos.

10. Las partes y los árbitros protegerán el secreto de toda información que reciban a título confidencial durante el procedimiento de arbitraje.

11. El tribunal arbitral, a petición de una de las partes, podrá recomendar la adopción de medidas conservatorias.

12. Si una de las partes en la controversia no comparece ante el tribunal arbitral o no ejercita sus medios, la otra parte podrá pedir al tribunal que prosiga el procedimiento y dicte el laudo definitivo. El hecho de que una parte no comparezca o no ejercite sus medios no obstaculiza la marcha del procedimiento.

13. El tribunal arbitral podrá conocer de las demandas de reconvención directamente relacionadas con el objeto de la controversia y resolverlas.

14. A menos que el tribunal arbitral decida otra cosa en razón de las circunstancias particulares del asunto, las costas del tribunal, en particular la remuneración de sus miembros, correrán a partes iguales a cargo de las partes en la controversia. El tribunal mantendrá un registro de todos sus gastos y presentará un estado final a las partes.

15. Toda Parte en la presente Convención que, en lo que concierne al objeto de una controversia, tenga un interés de carácter jurídico que pueda resultar afectado por la decisión dictada en el asunto podrá intervenir en el procedimiento, con el acuerdo del tribunal.

16. El tribunal arbitral dictará el laudo dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en que quedó constituido, a menos que considere necesario prorrogar ese plazo durante un período que no deberá rebasar los cinco meses.

17. El laudo del tribunal arbitral deberá ir acompañado de una exposición de motivos. El laudo será definitivo y obligatorio para todas las partes en la controversia. El tribunal arbitral comunicará el laudo a las partes en la controversia y a la secretaría. Ésta transmitirá las informaciones recibidas a todas las partes en la presente Convención.

18. Toda controversia entre las partes respecto de la interpretación y ejecución de la sentencia deberá ser sometida por una de ellas al tribunal arbitral que dictó el laudo o, si no puede recurrirse a este último, a otro tribunal constituido al efecto de la misma manera que el primero.

DECLARACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA CON ARREGLO AL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

"La Comunidad Europea declara que, en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, de su artículo 175, es competente para concluir acuerdos internacionales y llevar a la práctica las obligaciones que de ellos se deriven y que contribuyan a alcanzar los siguientes objetivos:

- la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente;

- la protección de la salud de las personas;

- la utilización prudente y racional de los recursos naturales;

- el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.

La Comunidad Europea declara que ya ha adoptado los instrumentos legales, obligatorios para sus Estados miembros, relativos a los asuntos regulados por la presente Convención, y que actualizará debidamente y enviará la lista de dichos instrumentos legales a la Secretaría General de las Naciones Unidas, con arreglo al artículo 19 de la Convención.