Introduc CIÓN

El amplio abanico de servicios profesionales que los ciudadanos de la UE[1] prestan a los consumidores y las empresas les confieren gran importancia como partes interesadas de nuestra economía. El acceso a un empleo o la prestación de servicios en otro Estado miembro constituyen ejemplos concretos de cómo se pueden beneficiar los ciudadanos del mercado único. Se reconoce desde hace tiempo que una regulación restrictiva de las cualificaciones profesionales tiene el mismo efecto inhibidor de la movilidad que la discriminación por motivos de nacionalidad. El reconocimiento de las cualificaciones obtenidas en otro Estado miembro se ha convertido, pues, en un elemento fundamental del mercado único. Tal como se destaca en la estrategia Europa 2020[2] y en el Acta del Mercado Único[3], la movilidad profesional es un elemento clave de la competitividad de Europa. Los gravosos y confusos procedimientos para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales se consideraron en el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010[4] uno de los principales obstáculos que los ciudadanos de la UE siguen encontrándose en sus vidas diarias al ejercer sus derechos en el marco de la legislación de la UE más allá de las fronteras nacionales. La modernización fortalecería, además, a la UE en las negociaciones de comercio internacional, lo que facilitaría la convergencia normativa y permitiría obtener mejores condiciones de acceso en terceros países para los ciudadanos de la UE.

En la UE, la movilidad de los profesionales sigue siendo escasa. El número de reclamaciones, casos de SOLVIT y preguntas formuladas a Tu Europa - Asesoramiento, así como el análisis de estos asuntos, constituyen una prueba clara de la necesidad de modernizar las normas. Por otra parte, el comercio intracomunitario de servicios (incluidos los servicios profesionales) solo representa en torno al 25 % del comercio global dentro de la UE. Este porcentaje es demasiado bajo, dada la importancia general del sector de los servicios para la economía de la UE (el 70 % del PIB). Se puede llegar más lejos.

Una mayor movilidad daría también respuesta al reto de cubrir los puestos de trabajo altamente cualificados, a medida que disminuye la población activa. De acuerdo con las previsiones del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), en 2020 se necesitarán 16 millones más de personas para cubrir puestos de trabajo altamente cualificados[5], lo que, según las tendencias actuales, supondrá una grave escasez de profesionales cualificados. Esta escasez se podría suplir en parte con profesionales que hayan obtenido sus cualificaciones fuera de la UE, y que en la actualidad se enfrentan a graves problemas para que sus cualificaciones sean reconocidas.

Preocupa especialmente la escasez prevista de profesionales sanitarios, que se cifra en un millón. El modo de que los países mejoren la gestión de la movilidad de los profesionales sanitarios mediante un refuerzo de sus políticas generales de mano de obra y de los mecanismos de planificación de la mano de obra será objeto de acciones separadas por parte de la Comisión y los Estados miembros[6].

La capacidad de los ciudadanos para ejercer su derecho individual al trabajo en cualquier lugar de la UE se debe situar en este contexto más amplio. Para aprovechar plenamente las posibilidades que brinda la libertad de circulación, es necesario que las cualificaciones de los profesionales se reconozcan fácilmente en otros Estados miembros[7]. Por lo tanto, resulta esencial que la Directiva de cualificaciones profesionales[8] establezca normas claras y simples de reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Al mismo tiempo, estas normas han de garantizar la elevada calidad de los servicios, pero sin que ello las convierta en un obstáculo a la movilidad. La Unión Europea ya ha conseguido grandes logros en este ámbito: algunas cualificaciones profesionales, principalmente en los ámbitos de la salud, la arquitectura, la artesanía, el comercio y la industria gozan en la actualidad de reconocimiento automático; en el resto de las profesiones se ha introducido con éxito el principio de reconocimiento mutuo sobre la base de un «sistema general». En 2005, estas normas se completaron con un nuevo régimen más flexible para facilitar la movilidad temporal. Estas normas benefician a millones de profesionales de Europa. Se estima que ya solo el sistema de reconocimiento automático sobre la base de los requisitos de formación mínimos armonizados afecta a 6,4 millones de ciudadanos[9].

En marzo de 2010, la Comisión emprendió una evaluación de la Directiva que movilizó a muchas partes interesadas: en torno a doscientas autoridades competentes redactaron informes de experiencias ese mismo año y unos cuatrocientos participantes expresaron sus opiniones en una consulta pública a principios de 2011. El Libro Verde, que se basa en esta evaluación, presenta nuevas ideas para facilitar la movilidad en el mercado único, tales como la tarjeta profesional europea (véase la parte 2); explora cómo avanzar a partir de los resultados conseguidos (parte 3); y establece las diferentes opciones de modernización del reconocimiento automático (parte 4). Una amplia consulta sobre estas ideas ayudará a la Comisión a evaluar las diferentes opciones de modernización de la Directiva de cualificaciones profesionales.

Para finales de 2011 está prevista una propuesta legislativa con el fin de modernizar la Directiva.

NUEVOS ENFOQUES DE LA MOVILIDAD

La tarjeta profesional europea

Para ofrecer nuevas herramientas de movilidad, la modernización se debería basar en las nuevas tecnologías. Estas tecnologías tienen el potencial necesario para que los profesionales puedan gozar de una mayor movilidad y para mejorar la información destinada a los consumidores y los empresarios acerca de las cualificaciones profesionales correspondientes a los servicios que ofrecen. La tarjeta profesional europea podría aprovechar las tecnologías de comunicación rápida del siglo XXI para crear un mecanismo que la dotaría de efectos concretos y adecuadamente adaptados en el marco de una Directiva sobre cualificaciones profesionales modernizada. El Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) podría facilitar una cooperación mucho más rápida entre el Estado miembro de expedición (el país de origen del profesional) y el Estado miembro de acogida (el país donde el profesional desee establecerse). Una cooperación más rápida entre ambos países haría posible un proceso de reconocimiento por vía rápida del titular de la tarjeta. La cooperación a través del IMI debería también estar sujeta a plazos que los Estados miembros deberían respetar en el futuro. De modo análogo, la movilidad temporal del titular de la tarjeta podría simplificarse enormemente: cualquier obligación de información que el país destinatario pueda imponer actualmente estaría de más si toda la información necesaria figurase en la tarjeta o si el país de expedición de esta la pusiera a disposición mediante infraestructuras electrónicas rápidas.

Movilización del Estado miembro de origen

Con el sistema actual, el responsable de verificar las cualificaciones del profesional migrante es el Estado miembro de acogida. Esto puede ocasionar dificultades al profesional, que podría necesitar traducciones de diferentes documentos. Además, la tarea puede consumir muchos recursos de la autoridad competente del Estado miembro destinatario, que puede no estar familiarizada con el modo en que se adquieren las cualificaciones en los otros Estados miembros. Una tarjeta profesional Europea expedida por la autoridad competente del Estado miembro donde se hayan adquirido las cualificaciones, y a condición de que el profesional tenga derecho a ejercer su profesión, podría facilitar el proceso incrementando las funciones del Estado miembro de origen en una fase temprana.

Al expedir la tarjeta, la autoridad competente del Estado miembro de origen tendría que haber comprobado que los solicitantes poseen las cualificaciones adecuadas y satisfacen cualquier otra condición que se pueda exigir en el marco de una Directiva modernizada, como estar legalmente establecidos o que sus títulos sean auténticos. Esta autoridad guardaría además los documentos justificativos de la expedición de la tarjeta y, en caso necesario, los pondría a disposición de su homólogo en el Estado miembro destinatario. Para garantizar la confianza mutua, la tarjeta no sería expedida por entidades mercantiles. En caso de no regulación de una profesión en el Estado miembro de origen, correspondería a ese Estado miembro designar a una autoridad pública competente para expedir la tarjeta (p. ej., puntos de contacto[10] o centros NARIC[11]).

Con este sistema, las autoridades del Estado miembro de destino no tendrían que dedicar recursos administrativos a la verificación de toda la información ya examinada por el Estado miembro de origen. Comprobar la validez de la tarjeta debería bastar para confirmar que el titular puede ejercer su profesión en el Estado miembro de acogida.

El Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) podría funcionar en este contexto como canal administrativo para la cooperación entre autoridades competentes. En ese caso sería necesario que todas las autoridades competentes para la expedición y la verificación de tarjetas estuvieran registradas en el IMI, lo que les permitiría comunicarse entre sí en caso necesario. La proporción de autoridades competentes de la UE que ya están registradas es considerable y se prevé que otras se incorporen de aquí a finales de 2012.

Movilización del Estado miembro de acogida

Para el profesional que desee prestar servicios temporalmente, una tarjeta profesional podría sustituir a los documentos administrativos que han de adjuntarse a la declaración previa que muchos Estados miembros exigen en virtud del artículo 7 de la Directiva. Un mensaje electrónico para comunicar el número de tarjeta del profesional podría bastar. El titular de la tarjeta podría incluso quedar exento del régimen de declaración previa, ya que la tarjeta, con toda la información necesaria, podría ser suficiente. En lugar de enviar una declaración, cabría mostrar la tarjeta a las autoridades y los destinatarios de los servicios en el Estado miembro de acogida. La movilidad temporal se simplificaría enormemente, si bien se habrían de seguir realizando algunos controles.

Los profesionales que deseasen el reconocimiento automático de sus cualificaciones basándose en requisitos mínimos de formación armonizados obtendrían beneficios similares. La tarjeta podría certificar que las cualificaciones del profesional cumplen los requisitos mínimos armonizados con arreglo a la Directiva modernizada. La autoridad competente para la expedición lo podría comprobar cuando se solicitase la tarjeta en el Estado miembro donde se hayan concedido los justificantes de las cualificaciones exigibles. La autoridad del Estado miembro de acogida ya no tendría que verificar las cualificaciones y, por lo tanto, podría emitir una decisión de reconocimiento en un plazo considerablemente más breve (p. ej., en dos semanas, en lugar de los tres meses actualmente previstos en la Directiva)[12].

Incluso con el sistema general, en el que las cualificaciones se comprueban caso por caso, la tarjeta podría simplificar y acelerar el procedimiento de reconocimiento, pues la verificación inicial la llevaría a cabo la autoridad de expedición de la tarjeta. De este modo, los procedimientos pasarían de prolongarse a un máximo de cuatro meses a reducirse a un máximo de un mes[13].

La tarjeta profesional también aportaría beneficios a los destinatarios de los servicios, principalmente en materia de transparencia. Al presentar la tarjeta, el profesional ofrecería garantías de su competencia para ejercer la profesión. Por otra parte, se podría establecer un sistema que permitiera a los consumidores y empresarios verificar la validez de la tarjeta (p. ej., mediante contactos directos con la autoridad competente).

Labor del Grupo Director y estudios de casos piloto

La tarjeta profesional europea no sería obligatoria. Los profesionales migrantes interesados tendrían la posibilidad, pero no la obligación, de solicitarla. La Comisión ya ha creado un Grupo Director sobre la Tarjeta Profesional para determinadas partes interesadas que han mostrado este deseo. Dicho Grupo está formado por representantes de diferentes profesiones, autoridades competentes y sindicatos. El Grupo empezó a trabajar a principios de enero de 2011 y se espera que en octubre de este año presente conclusiones concretas. El Grupo ha estudiado el valor añadido y los posibles efectos legales de la tarjeta. Además, ha examinado los proyectos de tarjetas profesionales existentes y otros instrumentos similares que pueden resultar útiles en la vida cotidiana de los ciudadanos (como el permiso de conducción europeo, la tarjeta sanitaria europea y el futuro pasaporte europeo de cualificaciones). El Grupo ha prestado especial atención a los retos de la implementación, incluidas las cuestiones relativas al contenido y al formato de la tarjeta, así como al mejor modo de garantizar su fiabilidad. Los resultados de su trabajo se presentarán en el Foro del Mercado Único, que se celebrará en Cracovia, Polonia, los días 3 y 4 de octubre.

Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de acceso a cada profesión y de ejercicio de estas, el Grupo Director ha considerado útil establecer estudios de casos con la participación de determinadas profesiones: ingenieros, médicos, enfermeros, fisioterapeutas y guías turísticos.

Pregunta 1: ¿Tiene algún comentario relativo a las funciones de las autoridades competentes del Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida?

Pregunta 2: ¿Está de acuerdo en que la tarjeta profesional podría tener los efectos siguientes, dependiendo de los objetivos de su titular?

a) El titular de la tarjeta se desplaza temporalmente (movilidad temporal):

- Opción 1: la tarjeta haría innecesaria la declaración que los Estados miembros pueden exigir actualmente en virtud del artículo 7 de la Directiva.

- Opción 2: el régimen de declaración se mantiene, pero la tarjeta se puede presentar en lugar de cualquier otro documento de acompañamiento.

b) El titular de la tarjeta desea que sus cualificaciones se reconozcan automáticamente: al presentar la tarjeta se aceleraría el procedimiento de reconocimiento (el Estado miembro de acogida debería tomar una decisión en un plazo de dos semanas, en lugar de los tres meses actuales).

c) El titular de la tarjeta desea que se le reconozcan cualificaciones que no son objeto de reconocimiento automático (sistema general): al presentar la tarjeta se aceleraría el procedimiento de reconocimiento (el Estado miembro de acogida debería tomar una decisión en un plazo de un mes, en lugar de los cuatro meses actuales).

Actividades económicas: principio de acceso parcial

Cuando el alcance de las actividades económicas que un profesional realiza en el marco de su profesión difiere entre su Estado miembro y aquel en el que desea establecerse, puede toparse con dificultades para que se le reconozcan las cualificaciones. Este es el caso, por ejemplo, de los monitores de surf sobre nieve, cuya profesión existe como tal en ciertos Estados miembros, pero no en otros donde quienes enseñan surf sobre nieve son los monitores de esquí.

En ocasiones, las diferencias entre dos Estados miembros en cuanto al alcance de la actividad económica cubierta por una profesión son tan amplias que los profesionales deberían seguir todo el programa de educación y formación del Estado miembro de acogida para compensar las diferencias en los correspondientes requisitos de cualificación, como es el caso en el ejemplo anterior. Al considerar esta cuestión, el Tribunal de Justicia desarrolló el principio de acceso parcial[14]. El Tribunal sostiene que en ciertas condiciones los Estados miembros deben permitir el acceso parcial a una profesión a petición del profesional. No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, la protección de los destinatarios de los servicios y de los consumidores en general puede justificar restricciones de la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, siempre que sean necesarias y proporcionadas frente al objetivo buscado.

La inclusión de este principio en la Directiva extendería las salvaguardias ofrecidas a los profesionales también a aquellos que cumplen las condiciones de acceso parcial, por ejemplo, en lo que atañe a los plazos que tienen los Estados miembros para emitir las decisiones de reconocimiento.

La Directiva modernizada también podría confirmar los criterios con arreglo a los cuales se aplicaría ese principio («enfoque basado en criterios»), en consonancia con la jurisprudencia. De conformidad con el Tribunal, el principio de acceso parcial es de aplicación cuando es posible separar objetivamente la actividad económica que el profesional desea realizar en el Estado miembro de acogida del resto de las actividades cubiertas por una profesión en ese Estado miembro. Uno de los criterios decisivos es si esa actividad económica se puede ejercer de manera independiente o autónoma en el Estado miembro donde se obtuvo la cualificación profesional. Por ejemplo, un ingeniero especializado en hidráulica en un Estado miembro que desea trabajar en otro Estado miembro donde sus actividades corresponden a otros ingenieros cuyas cualificaciones, más amplias, les permiten ocuparse también de las carreteras, los canales y los puertos puede obtener un acceso parcial a la profesión en el Estado miembro de acogida. Solo se le autorizará a realizar actividades relacionadas con la hidráulica.

Se contempla la posibilidad de aplicar excepciones a este principio, siempre y cuando estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que resulten adecuadas para garantizar que se alcance el objetivo de interés general sin ir más allá de lo necesario.

Pregunta 3: ¿Está de acuerdo en que la inclusión en la Directiva del principio de acceso parcial y de criterios específicos para su aplicación aportaría ventajas importantes? (Si considera adecuado que se establezcan excepciones a ese principio, aporte razones precisas)

Reestructuración de las plataformas comunes

En la actualidad, el número de profesiones que gozan de los beneficios del reconocimiento automático es reducido. Muchas profesiones del sistema general aspiran a un mecanismo similar que facilite su movilidad. El artículo 15 de la Directiva brinda la posibilidad de adoptar plataformas comunes. El objetivo de estas plataformas sería prescindir de las medidas compensatorias (pruebas de aptitud o periodos de prácticas). No se trata de una herramienta de reconocimiento automático de cualificaciones. Por lo tanto, hasta la fecha no se ha desarrollado ninguna plataforma común de medidas compensatorias y existe un amplio consenso en cuanto a la inexistencia de una base sobre la que seguir avanzando. El concepto actual de plataformas comunes constituye un fracaso. En el futuro se debería ampliar para abrir una vía hacia el reconocimiento automático.

La Comisión desea responder a la demanda de una movilidad más fácil permitiendo un reconocimiento más sencillo. Un nuevo planteamiento de las plataformas comunes podría contribuir al logro de este objetivo. Podrían funcionar del mismo modo que el sistema de reconocimiento automático de médicos, odontólogos, enfermeros, matrones, farmacéuticos, veterinarios y arquitectos, pero sin que fuera necesaria la participación de todos los Estados miembros o del número de Estados miembros actualmente previsto en el artículo 15. El umbral se podría reducir a un tercio de los Estados miembros (es decir, nueve de los veintisiete) en lugar de dos tercios, con el fin de favorecer la creación de plataformas comunes. También se dejaría claro que los Estados miembros no participantes serían libres de unirse a una plataforma común más adelante.

Las nuevas plataformas se someterían a una «prueba del mercado interior». De este modo se garantizaría que las condiciones acordadas sean proporcionadas y que la plataforma común no contenga detalles excesivos que obstaculicen la movilidad de los profesionales de los Estados miembros no participantes que deseen ejercer su derecho a la libre circulación en el mercado único. La prueba del mercado interior podría correr a cargo de las asociaciones profesionales interesadas y podría ayudar, en particular, a aclarar si la experiencia profesional permitiría a un profesional procedente de un Estado miembro no participante acceder a la profesión en uno de los países participantes.

Por último, las plataformas comunes no solo contarían con el respaldo de asociaciones profesionales, sino, en una segunda fase, también de un mínimo de nueve Estados miembros. Sobre la base de una propuesta de una asociación profesional y con el apoyo necesario de un número suficiente de Estados miembros, la Comisión podría finalmente estar en condiciones de apoyar una plataforma común mediante un acto delegado, cuyo marco se podría establecer en la Directiva modernizada. Un ejemplo de trabajo que se está realizando actualmente en este ámbito es la plataforma común de los monitores de esquí.

Pregunta 4: ¿Apoya la reducción del umbral actual de dos tercios de los Estados miembros a un tercio (es decir, a nueve de los veintisiete Estados miembros) como condición para la creación de una plataforma común? ¿Está de acuerdo en que es necesario realizar una prueba del mercado interior (basada en el principio de proporcionalidad) para velar por que las plataformas comunes no constituyan una barrera para los proveedores de servicios de los Estados miembros no participantes? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque)

Cualificaciones profesionales en las profesiones reguladas

El Acta del Mercado Único prevé reexaminar la reserva de actividades a determinadas cualificaciones profesionales. También insta a que se revise el alcance de las de profesiones reguladas. En la actualidad, los veintisiete Estados miembros regulan en torno a cuatro mil setecientas profesiones basándose en una cualificación profesional. Estas profesiones se pueden agrupar en unas ochocientas categorías diferentes. Actualmente, la Directiva sobre cualificaciones profesionales ofrece un mecanismo de reconocimiento mutuo que funciona en general para la mayor parte de ellas. Aunque los Estados miembros tienen libertad para establecer requisitos de cualificación para ejercer ciertas profesiones, como herramienta adecuada para lograr objetivos de interés público en una determinada actividad económica, p.ej., garantizar la seguridad, en ocasiones dichos requisitos pueden ser desproporcionados o innecesarios para el logro de esos objetivos y pueden erigir obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos en la UE. Así, puede darse el caso de que un ciudadano de la UE que ya lleve a cabo una actividad en su Estado miembro de origen se enfrente a un requisito de cualificación injustificado y desproporcionado en un Estado miembro de acogida, de un nivel o una naturaleza tal que dicho ciudadano no esté en condiciones de superar sus dificultades mediante una prueba o un periodo de prácticas (las llamadas «medidas de compensación»), como está previsto en la Directiva sobre cualificaciones profesionales, ni esté en condiciones de pedir acceso parcial con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal (para más información sobre el acceso parcial, véase la sección 2.2). A ese ciudadano no le quedará, pues, más remedio que realizar toda la formación necesaria para adquirir la cualificación nacional del Estado miembro de acogida.

Pregunta 5: ¿Conoce alguna profesión regulada en la que los ciudadanos de la UE puedan realmente verse enfrentados a estas situaciones? Explique cuál es esa profesión, qué cualificaciones precisa y por qué razones estas situaciones no serían justificables.

APROVECHAR LOS LOGROS

Acceso a la información y Administración en línea

Los profesionales que desean trabajar en otro Estado miembro necesitan conocer y entender las normas que les son de aplicación. La evaluación de la Directiva y, en especial, la consulta pública de principios de 2011 han revelado que ello constituye un grave problema para la mayor parte de los interesados. Concretamente, los encuestados han señalado que no está suficientemente claro cuál es la autoridad que se encarga de reconocer sus cualificaciones profesionales y qué documentos deben presentar. A menudo, la información insuficiente en cuanto a la información que se ha de presentar y qué autoridad la ha de recibir frustra el objetivo de que el Estado miembro de acogida tome una decisión rápida.

Un reto relacionado con esta cuestión tiene que ver con la posibilidad de los profesionales de disponer de un modo más eficaz y conveniente de completar la solicitud de reconocimiento de sus cualificaciones profesionales y recibir la decisión de reconocimiento a través de los sitios de la Administración en línea.

La Directiva modernizada podría prever que cada Estado miembro estableciera un punto central de acceso en línea con información completa sobre las autoridades competentes y los documentos necesarios para el reconocimiento de las cualificaciones de todos los profesionales, independientemente de cuál sea su profesión o de la región donde deseen ejercerla. Así se afrontaría el primer reto. Saber exactamente con anterioridad qué documentos se han de presentar aportaría más transparencia a los profesionales y evitaría que las autoridades se abstuvieran de tomar decisiones formales por no estar completo el expediente del profesional migrante (véase el artículo 51, apartado 2, de la Directiva).

Un paso más, a partir de los puntos centrales de acceso, podría consistir en ofrecer a los profesionales la posibilidad de completar en línea todos los procedimientos relativos al reconocimiento de cualificaciones para afrontar así el segundo reto.

¿Cómo podrían en la práctica abordarse tales soluciones a estos dos retos? La primera opción sería partir de los puntos de contacto nacionales previstos con arreglo al artículo 57 de la Directiva que ya informan y ayudan a los profesionales que desean ver reconocidas sus cualificaciones. En la actualidad, sus tareas consisten más en ofrecer asesoramiento por carta o por teléfono que en garantizar proactivamente a los ciudadanos de la UE interesados en la movilidad profesional el acceso a información sobre los documentos necesarios y la autoridad competente. En el futuro, los puntos de contacto nacionales también podrían organizar el acceso a la información y coordinar con las autoridades competentes las instalaciones de Administración en línea que permitan llevar a cabo todos los trámites por vía electrónica.

Otra opción sería utilizar las ventanillas únicas previstas en la Directiva de servicios[15]. Estas están destinadas a convertirse en portales de Administración en línea plenamente desarrollados que permitan a los proveedores de servicios obtener fácilmente por vía electrónica cualquier información pertinente relativa a sus actividades (reglamentos, procedimientos, plazos). Por otra parte, las ventanillas únicas permiten a los proveedores de servicios efectuar por vía electrónica todos los procedimientos administrativos precisos para acceder a una actividad de servicios y para ejercerla, incluidos los procedimientos necesarios para el reconocimiento de cualificaciones, lo que es esencial para abreviar los procedimientos y reducir la carga de las formalidades administrativas. Actualmente, las ventanillas únicas están abiertas a los proveedores de servicios (incluidos el personal desplazado y los profesionales autónomos) cubiertos por la Directiva de servicios[16], pero se podría ampliar su alcance en caso de que el Estado miembro considerase apropiado cubrir todas las actividades profesionales y no solo aquellas a las que se aplica la Directiva de servicios. Asimismo, los Estados miembros podrían aprovechar su experiencia con las ventanillas únicas desarrollando instalaciones en línea que simplificaran y aceleraran los procedimientos de reconocimiento de cualificaciones para todos los profesionales, respetando siempre la legislación de la UE sobre protección de datos, a saber, la Directiva 95/46/CE[17].

Por último, con el fin de crear sinergias, convendría garantizar una cooperación estrecha entre la Administración en línea de los Estados miembros y el portal Tu Europa, destinado a convertirse en ventanilla única de toda la información útil sobre los derechos de la UE[18] y los retos que plantea su ejercicio.

Pregunta 6: ¿Estaría de acuerdo en que se obligase a los Estados miembros a garantizar que la información sobre las autoridades competentes y los documentos necesarios para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales estén disponibles a través de un punto central de acceso en cada Estado miembro? ¿Estaría de acuerdo en que fuera obligatorio permitir que los procedimientos de reconocimiento de todos los profesionales se pudieran realizar en línea? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque)

Movilidad temporal

En 2005 se introdujo un nuevo régimen para facilitar la prestación temporal de servicios. Este nuevo régimen no obliga a los profesionales que desean prestar servicios temporalmente mientras están establecidos en su Estado miembro de origen a someterse a procedimientos de reconocimiento formal en el Estado miembro de acogida. Los Estados miembros solo pueden exigir que, en caso necesario, se envíe a la autoridad competente una declaración previa acompañada de diversos documentos justificativos. Un número considerable de Estados miembros hace un uso extensivo de esta opción.

Las situaciones en que un profesional de un Estado miembro no regulador se desplaza temporalmente a un Estado miembro donde la profesión está regulada plantean problemas importantes. En estos casos, el nuevo régimen solo está abierto a quienes puedan demostrar dos años de experiencia profesional o presentar pruebas de que han seguido una «formación regulada». Algunos interesados piden una oferta más amplia para el consumidor, lo que se podría lograr ampliando el ámbito de aplicación del régimen más flexible. Otros temen los abusos, tales como la búsqueda del fuero más ventajoso. Con la modernización se debería conseguir el equilibrio adecuado entre estas posiciones legítimas.

Consumidores que atraviesan las fronteras

La regla de los dos años (artículo 5, apartado 1, de la Directiva) goza de general aceptación, ya que protege al consumidor en los Estados miembros en los que una profesión esté regulada. Sin embargo, puede resultar desproporcionada cuando un consumidor viaja desde su país de origen a otro Estado miembro y no ha elegido a un profesional de ese Estado miembro, sino a un profesional de su país de origen (por ejemplo, un grupo de turistas que ha elegido a un guía turístico en el país del que proceden). En este caso, el profesional no tiene ningún contacto con los consumidores del Estado miembro de acogida. Por consiguiente, la exigencia de una declaración previa y dos años de experiencia profesional previa no se puede justificar por motivos de protección del consumidor. El respeto de la elección del consumidor debe prevalecer sobre los temores de que se busque el fuero más ventajoso, que no parecen justificados en estas situaciones[19]. En este caso, la exigencia de declaración previa parece innecesaria. La elección del consumidor solo se limitaría si los riesgos para la salud pública o la seguridad del consumidor ya justificasen una comprobación previa de las cualificaciones (con arreglo al artículo 7, apartado 4, de la Directiva vigente).

Pregunta 7: ¿Está de acuerdo en que se suprima la exigencia de dos años de experiencia en el caso de que un consumidor se desplace a otro país y no elija a un profesional del Estado miembro de acogida? ¿Se ha de dar al Estado miembro de acogida autoridad para exigir una declaración previa en este caso? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque)

La cuestión de la «formación regulada»

Los profesionales que han realizado una «formación regulada» también quedan libres de la exigencia de dos años de experiencia. La Directiva define la «formación regulada» de una manera bastante restrictiva, como una formación orientada específicamente al ejercicio de una profesión determinada, con referencia a casos concretos mencionados en el anexo III de la Directiva.

Sin embargo, el mundo de la educación está cambiando y la Directiva ha de adaptarse al ritmo de los cambios. A fin de mejorar la empleabilidad desde la perspectiva del aprendizaje permanente, las políticas de formación se orientan cada vez más al desarrollo de competencias «transferibles» generales (p.ej., comunicación, gestión), además de las competencias específicas de un puesto de trabajo determinado (competencias técnicas). En este contexto, puede parecer injustificado limitar la noción de formación regulada a las orientadas específicamente a determinadas profesiones (véase el artículo 3, apartado 1, letra e) de la Directiva). La noción de formación regulada se podría ampliar para abarcar cualquier formación reconocida por un Estado miembro y propia de la profesión. Los centros de formación podrían informar de los contenidos y los objetivos de sus programas por medio del Suplemento Europass al Título[20] o el Suplemento Europass al Certificado[21]. Una revisión de la definición de la formación regulada permitiría a más profesionales adecuadamente formados beneficiarse del régimen de movilidad temporal más flexible. Al mismo tiempo, los Estados miembros tendrían derecho a seguir exigiendo una declaración anual previa en virtud de la Directiva (excepto en los casos en que resultara superfluo por el uso de la tarjeta profesional).

Pregunta 8: ¿Está de acuerdo con que la noción de «formación regulada» pueda abarcar cualquier formación reconocida por un Estado miembro que esté relacionada con la profesión, y no solo la formación explícitamente orientada a una profesión determinada? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque)

Apertura del sistema general

Niveles de cualificación

El artículo 11 de la Directiva estipula cinco niveles de cualificación basándose en el tipo y la duración de la formación. Cuando un profesional solicita el reconocimiento de sus cualificaciones para una profesión en el sistema general, la autoridad competente debe usar estos niveles para determinar si el solicitante se puede beneficiar de la Directiva. Si hay una diferencia de dos o más niveles entre la cualificación del profesional y la exigida en el Estado miembro de acogida, actualmente la Directiva no es de aplicación.

Los niveles definidos en el artículo 11 podrían solaparse con los ocho niveles del Marco Europeo de Cualificaciones, basado en «resultados del aprendizaje», una vez que este entre en aplicación en 2012[22]. La coexistencia de dos sistemas de clasificación puede llamar a confusión a las autoridades competentes y otros interesados. Un estudio encargado por la DG Mercado Interior y Servicios está también evaluando actualmente los beneficios y los límites de estos diferentes sistemas de clasificación a los fines del reconocimiento. Los resultados del estudio estarán disponibles en otoño.

Una posible manera sería evitar clasificaciones de las cualificaciones que excluyan a ciertos profesionales del ámbito de la Directiva. En este sentido, se podrían suprimir los niveles de cualificaciones del artículo 11 (así como los del anexo II, que está relacionado con el artículo 11). De este modo, las autoridades competentes dejarían de determinar si un candidato es o no admisible con arreglo a niveles predefinidos de cualificaciones y se centrarían en la identificación de diferencias considerables en la formación para decidir si se precisan medidas compensatorias. En este caso, las autoridades competentes ya no podrían rechazar las solicitudes de reconocimiento por motivos de diferencias en el nivel de cualificaciones, como la existente entre una titulación universitaria y una de educación secundaria. Tampoco podrían excluir a los profesionales del reconocimiento de cualificaciones basado en la experiencia profesional avalada por un Estado miembro (como actualmente se contempla en el artículo 11, letra a), de la Directiva). La supresión de estas clasificaciones otorgaría también a los Estados miembros mayor poder discrecional.

Pregunta 9 : ¿Apoyaría la supresión de la clasificación indicada en el artículo 11 (incluido el anexo II)? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque)

Medidas compensatorias

Con la supresión del artículo 11 se corre el riesgo de que se adopten más medidas compensatorias. En caso de que el artículo 11 se eliminase, una opción posible sería reorganizar el sistema de medidas compensatorias mediante cuatro actuaciones:

1) El artículo 14, apartado 1, de la Directiva, define las condiciones en las que los Estados miembros pueden imponer medidas compensatorias. Una de estas condiciones se refiere a la duración de la formación. En la actualidad, una diferencia en la duración de la formación de al menos un año justifica la imposición de medidas compensatorias. Cabe dudar de que el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva esté aún justificado.

2) El artículo 13, apartado 2, de la Directiva exige un mínimo de dos años de experiencia a aquellos profesionales en cuyo Estado miembro de origen no esté regulada la profesión que ejercen. Si no cumplen este requisito, en la actualidad no se pueden acoger al «sistema general». No hay razón para excluir a los profesionales con menos experiencia. El Estado miembro de acogida debería evaluar en cada caso las cualificaciones del profesional, incluida su experiencia. Si las cualificaciones son considerablemente diferentes de las establecidas en los requisitos nacionales aplicables, el Estado miembro de acogida podría imponer medidas compensatorias adecuadas. Por lo tanto, el artículo 13, apartado 2, de la Directiva se debería suprimir.

3) La Comisión ha recibido numerosas reclamaciones de ciudadanos que se quejan de que las autoridades competentes imponen medidas compensatorias desproporcionadas. Si la Directiva modernizada no contiene ya ninguna clasificación, se podría introducir una nueva salvaguardia para proteger a los ciudadanos de la UE frente a medidas compensatorias arbitrarias. Al imponer una medida compensatoria a un solicitante, la autoridad competente del Estado miembro de acogida podría justificar explícitamente su decisión en cuanto a:

a) Las diferencias sustanciales entre la formación del solicitante y la exigida en el Estado miembro de acogida (concretamente, qué elementos de la formación exigidos en el Estado miembro de acogida quedan insuficientemente cubiertos por la formación del solicitante y por qué se consideran «diferencias sustanciales»).

b) Por qué esas diferencias sustanciales impiden al profesional ejercer su profesión en el Estado miembro de acogida.

4) Por último, con el fin de facilitar la aplicación de las medidas compensatorias, se podrían declarar obligatorias las disposiciones esenciales del Código de Conducta de las prácticas administrativas nacionales que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva[23] (como la obligación de que las autoridades competentes convoquen pruebas de aptitud como mínimo dos veces al año). En cambio, respecto de las partes restantes el Código de Conducta no se debería declarar obligatorio.

Pregunta 10 : Si se suprime el artículo 11 de la Directiva, ¿se deberían implementar en la Directiva modernizada las cuatro actuaciones indicadas más arriba? Si no apoya la implementación de la totalidad de esas cuatro actuaciones, ¿le parece que alguna de ellas es aceptable? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de las cuatro acciones o de algunas de ellas)

Profesionales parcialmente cualificados

La Directiva facilita la movilidad de los profesionales plenamente cualificados. Actualmente no se aplica a las personas que han concluido los estudios pero aún no están plenamente cualificadas para ejercer su profesión de modo independiente. Sin embargo, cada vez son más quienes desean y deberían poder beneficiarse del mercado interior realizando prácticas supervisadas remuneradas en el extranjero. El Tribunal de Justicia aclaró en el asunto Morgenbesser [24] que las normas del Tratado relativas a la libre circulación son de aplicación en tales casos y que los Estados miembros no pueden, por principio, impedir que las personas realicen prácticas supervisadas remuneradas si ofrecen tal posibilidad a sus propios nacionales. Los Estados miembros deben comparar las cualificaciones del solicitante con las que se exigen a los nacionales con vistas a evaluar si son, si no idénticas, cuando menos equivalentes.

En consonancia con la jurisprudencia del asunto Morgenbesser , en la Directiva modernizada se podrían confirmar dos principios: las salvaguardias procedimentales de la Directiva se podrían extender a los titulados que hayan seguido una formación académica y deseen realizar un periodo de prácticas supervisadas remuneradas en el extranjero, siempre que esas prácticas remuneradas se ofrezcan a los nacionales del Estado miembro de acogida. Esto afecta, en particular, a los plazos aplicables a las autoridades competentes para tomar una decisión, pero también a la obligación de acusar recibo de la solicitud en un plazo determinado e informar al solicitante de cualquier documento que falte en su expediente. Al mismo tiempo, la Directiva podría dejar claro que el país de origen no puede negarse, por principio, a reconocer un periodo de prácticas por haber sido realizado en el extranjero. Las salvaguardias procedimentales de la Directiva también se podrían aplicar en este contexto.

Pregunta 11: ¿Apoyaría la ampliación de los beneficios de la Directiva a los titulados que hayan seguido una formación académica y deseen realizar un periodo de prácticas supervisadas remuneradas en el extranjero? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque)

Explotación del potencial del IMI

Uso obligatorio del IMI para todas las profesiones

La cooperación entre los Estados miembros a través del IMI ya es una práctica diaria. Sin embargo, no es obligatoria para las autoridades competentes en relación con los profesionales cuyas actividades quedan excluidas de la Directiva de servicios. La información recibida de las autoridades competentes en 2010 en los informes de experiencia y la consulta pública revelaron un amplio apoyo al uso obligatorio del sistema, más allá de las profesiones cubiertas por la Directiva de servicios. Un posible modo de avanzar en el contexto de la modernización de la Directiva sería garantizar que todas las autoridades competentes respondieran por medio del IMI a las consultas de sus homólogos en otros Estados miembros[25].

Mecanismo de alerta para profesiones sanitarias

Además, se podría introducir una forma de cooperación más proactiva: ya existe un mecanismo de alerta para las profesiones cubiertas por la Directiva de servicios que permite a las autoridades competentes informarse entre ellas, en determinadas condiciones, de cualquier servicio que pueda causar daños graves a la salud o la seguridad de las personas o el medio ambiente. Así pues, en la actualidad este mecanismo de alerta abarca las actividades de un artesano, pero no así las de los profesionales sanitarios, que escapan al ámbito de aplicación de la Directiva de servicios.

¿Cuál es la mejor solución para los profesionales sanitarios? La primera opción sería aplicar a los profesionales de la salud el mismo sistema de alerta que a los profesionales cubiertos por la Directiva de servicios: de este modo, la alerta quedaría limitada a circunstancias en que existieran pruebas claras de que un profesional sanitario está migrando a otro Estado miembro, pese a ser objeto de sanciones que le impiden ejercer su profesión en el Estado miembro de origen. La alerta se limitaría a los Estados miembros concretos en los que hubiera una probabilidad suficiente de se produjeran riesgos o daños, por lo que se habría de tener en cuenta cualquier factor que apuntase a la posibilidad de que el profesional estuviese activo en otros Estados miembros. Otra opción, mucho más eficaz para proteger a los pacientes, sería establecer la obligación de lanzar una alerta en todos los Estados miembros cuando un profesional sanitario migrante perdiese el derecho a ejercer a raíz de sanciones impuestas en un Estado miembro. Cualquier medida tomada a este respecto debería ajustarse a la Carta de los Derechos Fundamentales, y en particular a la protección de los datos personales y al derecho a la tutela judicial efectiva.

Pregunta 12: ¿Cuál de las dos opciones de introducción de un mecanismo de alerta relativo a los profesionales sanitarios en el sistema del IMI prefiere?

Opción 1: Ampliar el mecanismo de alerta tal como se prevé en la Directiva de servicios a todos los profesionales, incluidos los sanitarios. El Estado miembro que lanzase la alerta decidiría a qué otros Estados miembros se habría de dirigir.

Opción 2: Introducir una obligación de alerta más amplia y rigurosa consistente en que el Estado miembro alerte inmediatamente a todos los Estados miembros restantes si una sanción disciplinaria impide a un profesional sanitario seguir ejerciendo su profesión. El Estado miembro que lanzase la alerta estaría obligado a dirigir alertas a todos los Estados miembros restantes.

Requisitos lingüísticos

En virtud del artículo 53 de la Directiva, los profesionales han de tener los conocimientos lingüísticos necesarios para ejercer sus actividades en el Estado miembro de acogida. En este contexto, los Estados miembros deben tener en cuenta el principio de proporcionalidad, que excluye las evaluaciones lingüísticas sistemáticas. Comprobar caso por caso los conocimientos lingüísticos de los ciudadanos de la UE interesados en la movilidad profesional sería una manera legítima de salvaguardar los intereses de los consumidores y los pacientes. En cambio, si una evaluación lingüística sistemática se aplica de forma desproporcionada, puede convertirse en un modo de impedir injustamente a los profesionales extranjeros acceder al derecho de ejercer una actividad profesional. La principal responsabilidad a la hora de asegurarse de que se han adquirido todas las competencias lingüísticas profesionales corresponde a los empresarios.

En algunos Estados miembros se está desarrollando un debate público sobre los requisitos lingüísticos de los profesionales de la salud. La cuestión de las competencias lingüísticas de los profesionales de la salud va cobrando importancia a medida que aumenta la migración entre estos profesionales, y resulta especialmente aguda en el caso de los profesionales de la salud beneficiarios del reconocimiento automático que entran en contacto directo con pacientes. ¿Se deben someter a evaluaciones lingüísticas? Si es así, ¿en qué momento?

- Una opción sería aclarar el Código de Conducta[26], lo que ayudaría a futuras adaptaciones.

- Otra opción sería introducir en la Directiva una norma específicamente aplicable a los profesionales sanitarios que estén en contacto directo con pacientes. Esta disposición permitiría un control específico de las competencias lingüísticas necesarias antes de que el profesional sanitario entrase por primera vez en contacto directo con los pacientes.

Pregunta 13: ¿Cuál de las dos opciones presentadas más arriba prefiere?

Opción 1: Aclarar las normas recogidas en el Código de Conducta.

Opción 2: Modificar la Directiva en relación con los profesionales sanitarios que tienen contacto directo con los pacientes y se benefician del reconocimiento automático.

MODERNIZAR EL RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO

Un planteamiento de la modernización en tres fases

La Directiva de cualificaciones profesionales prevé un conjunto de condiciones mínimas armonizadas para la formación de médicos, odontólogos, enfermeros, matrones, farmacéuticos, veterinarios y arquitectos. Estos requisitos mínimos de formación han sido la base del reconocimiento automático durante muchos años. El sistema de reconocimiento automático de estas profesiones se considera, en general, un éxito. Sin embargo, algunas de estas condiciones de formación datan de hace treinta años y muchos interesados piden que la Directiva se modernice. La Directiva modernizada debería conservar los principios básicos de reconocimiento automático como punto de partida, con un mecanismo flexible de actualización de los requisitos de formación específicos. Este mecanismo se podría usar para ir incorporando gradualmente las actuales reformas educativas en el régimen de reconocimiento automático. Al mismo tiempo, se ha de tener en cuenta el progreso científico y técnico continuo. Por lo tanto, la modernización se podría conseguir en tres fases:

En la primera fase se podría modificar la propia Directiva para aclarar y adaptar los fundamentos de los requisitos de formación, como los periodos mínimos de formación y la consolidación de las medidas que respaldan la calidad de los servicios ofrecidos por los profesionales. Además, es necesario cambiar el marco institucional para sustituir el actual sistema de comitología ya sea por actos de ejecución, ya por actos delegados[27], en consonancia con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Lo ideal sería que el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo decidieran estos cambios en respuesta a una propuesta de la Comisión que se presentaría antes del final de 2011. De conformidad con el Acta del Mercado Único de 13 de abril, el consenso político en esta fase se debería lograr antes del fin de 2012.

En la segunda fase , el marco de los recientemente introducidos actos de ejecución o actos delegados se utilizaría para actualizar las materias de formación existentes de todas las profesiones afectadas, pero también para desarrollar conjuntos de competencias, en caso necesario. (A este respecto, conviene señalar que la Comisión ya está facultada para actuar en el marco del actual procedimiento comitológico.) Los cambios en estos ámbitos requerirían la implicación, desde un principio, de las autoridades competentes que ya han empezado a colaborar en red para desarrollar las competencias y han asistido con éxito a la Comisión en la evaluación de la actual Directiva en 2010. Esta segunda fase comenzaría en 2013 y podría finalizar en 2014.

Por último, en la tercera fase , la armonización de los requisitos mínimos de formación se podría seguir optimizando en caso necesario, por ejemplo pasando de un sistema basado en las horas de formación al sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos (ECTS)[28] en todos los Estados miembros, con el fin de facilitar el reconocimiento automático en el futuro. Se está realizando un estudio externo sobre el impacto de las reformas educativas[29] que evaluará los méritos potenciales del uso de los créditos ECTS en este ámbito. Dependiendo de los resultados del estudio, se podría prever un mecanismo para aclarar el número mínimo de años especificado en la Directiva modernizada en término de número equivalente de créditos ECTS. No obstante, esto requeriría mayores esfuerzos y un compromiso más profundo de las universidades y los profesionales. Las primeras evaluaciones podrían empezar en 2014.

Pregunta 14 : ¿Apoyaría un planteamiento en tres fases de la modernización de los requisitos mínimos de formación en el marco de la Directiva que constase de las fases siguientes?

- la primera fase consistiría en la revisión de los fundamentos, y en especial los periodos mínimos de formación, y la preparación del marco institucional para mayores adaptaciones, como parte de la modernización de la Directiva en 2011-2012;

- la segunda fase (2013-2014) partiría de los fundamentos revisados y consistiría en la revisión de las materias de formación y el trabajo inicial sobre la adición de competencias utilizando el nuevo marco institucional, y

- la tercera fase (después de 2014) abordaría la cuestión de los créditos ECTS utilizando el nuevo marco institucional.

Aumentar la confianza en el reconocimiento automático

En sus informes de experiencia, numerosas autoridades competentes pidieron que se reforzase el sistema de reconocimiento automático. Algunas de ellas aducían la necesidad de una mayor armonización de los periodos mínimos de formación previstos en la Directiva, por ejemplo introduciendo un número de horas de formación o aclarando, en caso necesario, si se han de aplicar, a un tiempo, los años de formación y las horas. Otra posibilidad sería considerar qué organismo o autoridad nacional podría asumir una mayor responsabilidad a la hora de garantizar que los contenidos de la formación sancionada por un título profesional determinado cumplen en todo momento los requisitos de la Directiva.

Aclaración de la condición de los profesionales

La Directiva de cualificaciones profesionales prevé un conjunto de condiciones mínimas armonizadas para la formación de médicos, odontólogos, enfermeros, matrones, farmacéuticos, veterinarios y arquitectos. Estos requisitos mínimos de formación son actualmente la única base para el reconocimiento automático de las cualificaciones de estos profesionales. Los títulos que certifican el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación son suficientes para que sus poseedores se puedan establecer en un Estado miembro distinto de aquel en el que obtuvieron las cualificaciones. Sin embargo, pueden darse situaciones en que el poseedor de un título pierda el derecho a ejercer la profesión para la que fue cualificado en su Estado miembro de origen (por ejemplo, el incumplimiento de los requisitos nacionales de desarrollo profesional continuo).

Actualmente existe un vacío en la Directiva. En el caso de la prestación temporal de servicios, los profesionales están obligados a demostrar que tienen derecho a ejercer en su Estado miembro de origen y que no tienen prohibido ejercer la profesión, por ejemplo por incumplimiento de los requisitos relativos al desarrollo profesional continuo. En el caso del establecimiento no existe una disposición explícita para un requisito similar. Parecería lógico ampliar este requisito a los casos en que un profesional desee establecerse permanentemente en otro Estado miembro. Ello impediría, por ejemplo, que médicos que ya no estén autorizados a ejercer en un Estado miembro migren a otro.

Pregunta 15 : Cuando un profesional desea establecerse en un Estado miembro distinto de aquel en el que obtuvo sus cualificaciones, ha de demostrar al Estado miembro de acogida que tiene derecho a ejercer su profesión en el Estado miembro de origen. Este principio es de aplicación en el caso de la movilidad temporal. ¿Debería ampliarse a los casos en que el profesional desea establecerse? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque). ¿Es necesario que la Directiva aborde más ampliamente la cuestión del desarrollo profesional continuo?

Aclaración de los periodos mínimos de formación de médicos, enfermeros y matrones

Actualmente, en algunos sectores profesionales, la duración mínima de la formación se expresa en años o bien en horas de formación. Esto puede provocar malentendidos en cuanto a si ambos criterios constituyen dos opciones o si se han de aplicar simultáneamente. Muchos interesados sugieren una combinación de ambos. La Directiva modernizada podría aclarar esta cuestión en el caso de los médicos, enfermeros y matrones, en el que ambas opciones están ya establecidas pero se presentan como opciones.

Pregunta 16: ¿Apoyaría la aclaración de los requisitos mínimos de formación de los médicos, enfermeros y matrones de modo que reflejasen que las condiciones relativas a los años mínimos de formación y las horas mínimas de formación se aplican acumuladamente? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque)

Garantía de un mejor cumplimiento a nivel nacional

El reconocimiento automático de las profesiones cuyos requisitos mínimos de formación se han armonizado se garantiza mediante los títulos profesionales concedidos a los miembros de las profesiones, una vez han cumplido los requisitos relativos a los contenidos mínimos de formación prescritos por la Directiva. No obstante, los contenidos de formación evolucionan con el tiempo. Por otra parte, muchas universidades han aplicado reformas en el marco del proceso de Bolonia[30], lo que está provocando numerosos cambios, como la tendencia a un aprendizaje centrado en el estudiante. Se plantea, pues, la cuestión de cómo podrán en el futuro los Estados miembros garantizar que las universidades y otros centros educativos siguen el marco previsto por la Directiva en sucesivas reformas.

Otro reto está relacionado con la notificación de la evolución por los Estados miembros a la Comisión, y en especial de los nuevos títulos profesionales que se conceden en el Estado miembro. En la práctica, esta información no llega hasta que los licenciados salen de la universidad con sus títulos, lo que limita la posibilidad de que algunos de estos licenciados se beneficien del reconocimiento automático, o, como mínimo, crea una gran incertidumbre en relación con la libre circulación.

Para abordar estas dos cuestiones, la Directiva modernizada podría incluir el requisito de que los Estados miembros notificasen los nuevos cambios en sus titulaciones tan pronto las acreditara la institución competente o los aprobaran otros organismos públicos, y en cualquier caso mucho antes de que los estudiantes obtuviesen los títulos notificados. Los organismos designados (no necesariamente de nueva creación) asumirían una función de garantía del cumplimiento nacional para garantizar el respeto de los requisitos mínimos de formación armonizados recogidos en la Directiva. Las notificaciones podrían ir acompañadas de un informe del organismo encargado de la función de garantía del cumplimiento nacional. Estos cambios no solo harían que los jóvenes titulados confiasen más en los beneficios del reconocimiento automático, sino que además mejorarían la confianza entre los Estados miembros.

Pregunta 17: ¿Está de acuerdo en que los Estados miembros notifiquen los nuevos programas de educación y formación tan pronto como estos se aprueben? ¿Está de acuerdo en que se obligue a los Estados miembros a presentar a la Comisión un informe de cumplimiento de cada programa de educación y formación que concluya con la adquisición de un título notificado a la Comisión en virtud de la Directiva? ¿Deberían los Estados miembros establecer una función nacional de verificación del cumplimiento a este fin? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque)

Médicos especialistas

La Comisión ha recibido numerosos comentarios sobre la formación de especialistas, centrados principalmente en dos cuestiones. En primer lugar, actualmente el reconocimiento automático solo se puede ampliar a nuevas especialidades cuando estas existen como mínimo en dos quintas partes de los Estados miembros. Este umbral podría desincentivar la innovación y reducir las oportunidades de incluir en la Directiva nuevas especialidades médicas. Tal vez sea conveniente reducir el umbral del número de Estados miembros necesarios de dos quintos a un tercio. De este modo, el umbral de inclusión de nuevas especialidades en la Directiva coincidiría con el propuesto para las plataformas comunes (véase la sección 2.3).

Pregunta 18 : ¿Está de acuerdo en que el umbral del número de Estados miembros en los que exista la especialidad médica se reduzca de dos quintos a un tercio? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque)

La segunda cuestión se refiere al marco general de organización de la formación de especialistas. La Directiva deja poco margen para el reconocimiento de formación previa que forme parte de cursos de un nivel mínimo equivalente a la formación de una especialidad dada. Esto es de particular importancia para las especialidades desarrolladas a partir de la medicina interna o la cirugía general[31]. Si un médico ha seguido una primera formación de especialista y a continuación sigue una segunda, en principio deberá efectuar el programa completo de la segunda, desde el principio. La modernización de la Directiva podría constituir una oportunidad de ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de conceder exenciones parciales de partes de la formación especializada, en caso de que esa parte de la formación ya se hubiera seguido en el contexto de otros programas de formación especializada.

Pregunta 19 : ¿Está de acuerdo en que la modernización de la Directiva podría ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de conceder dispensas parciales de la formación si esta ya se ha completado en el contexto de otro programa de formación especializada? En caso afirmativo, ¿qué condiciones habría que cumplir para gozar de esa dispensa? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque)

Enfermeros y matrones

Actualmente, el requisito mínimo de admisión para la formación en enfermería es de diez años de educación general, y el mismo requisito se impone para la formación de matrones en el marco de la llamada formación de ruta I [artículo 40, apartado 2, a)]. Sin embargo, la profesión de enfermero ha evolucionado considerablemente en las últimas tres décadas: la asistencia sanitaria de proximidad, el uso de terapias complejas y el constante desarrollo de la tecnología presuponen la capacidad de un trabajo de enfermería más independiente. En diversos Estados miembros, a resultas de la escasez de médicos, los enfermeros y matrones asumen tareas que antes solo realizaban los médicos. Preocupa que los estudiantes que ingresan en la escuela de enfermería tras solo diez años de educación general no posean las competencias y conocimientos básicos para iniciar una formación que debería prepararlos para satisfacer unas necesidades sanitarias complejas. Así pues, una opción sería que los Estados miembros solo permitieran la admisión en los cursos de formación en enfermería de los candidatos que hubieran efectuado un mínimo de doce años de educación general (lo mismo debería aplicarse a la formación para matrones de la ruta I). Este requisito ya existe en muchos Estados miembros. La otra opción sería mantener las cosas como están.

Pregunta 20: ¿Cuál de las opciones indicadas más arriba prefiere?

Opción 1: Mantener el requisito de diez años de educación general.

Opción 2: Aumentar el requisito de diez a doce años de educación general.

Farmacéuticos

La función de los farmacéuticos está pasando del tradicional suministro de medicamentos a una relación más directa con el paciente que incluye asesoramiento, información e incluso seguimiento, control y adaptación del eventual tratamiento. La farmacia de proximidad va cobrando importancia. Diferentes interesados sugieren que se amplíe la lista de las actividades profesionales que el farmacéutico está autorizado a realizar en los Estados miembros, prevista en el artículo 45, apartado 2, de la Directiva, con el fin de reflejar estos cambios. Los interesados suelen incluir la «asistencia farmacéutica», la «farmacia de proximidad» y la «farmacovigilancia» como nuevas actividades profesionales. Por otra parte, muchos interesados proponen que la Directiva [el actual artículo 44, apartado 2, letra b)] prevea un periodo obligatorio de formación práctica de seis meses que se habrá de realizar inmediatamente después de la formación académica, a fin de preparar a los futuros farmacéuticos para su función.

Otra cuestión es si los Estados miembros han de estar facultados para prohibir a los farmacéuticos plenamente cualificados que hayan obtenido sus cualificaciones en otro Estado miembro abrir nuevas farmacias. Actualmente, el artículo 21, apartado 4, de la Directiva permite a los Estados miembros no reconocer automáticamente las cualificaciones de un farmacéutico para la creación o la gestión de nuevas farmacias, incluidas las que llevan menos de tres años abiertas. Este resultado está en contradicción con el principio general de reconocimiento automático y constituye una discriminación contra los farmacéuticos de la UE. La discriminación contra ciudadanos de otros Estados miembros de la UE es incompatible con el mercado único. Irlanda ya ha renunciado a la solicitud de esta excepción y el Reino Unido pretende hacerlo para el próximo verano. Con vistas a promover la libre circulación de los farmacéuticos y a que el principio de reconocimiento automático sea plenamente aplicable, se propone suprimir esta disposición. En cualquier caso, el artículo 61 de la Directiva ya prevé que se apliquen excepciones en caso verdaderamente necesario.

Pregunta 21 : ¿Está de acuerdo en que se amplíe la lista de actividades de los farmacéuticos? ¿Apoya la sugerencia de añadir un requisito de seis meses de formación, como se indica más arriba? ¿Apoya la supresión del artículo 21, apartado 4, de la Directiva? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque)

Arquitectos

En muchos Estados miembros, las universidades ofrecen programas de un mínimo de cinco años en la carrera de arquitectura. La Directiva no presenta obstáculos a esta tendencia: los requisitos de formación de cuatro años académicos de arquitectura no son más que un mínimo que permite a los Estados miembros y las universidades aplicar normas más exigentes en la formación de los futuros arquitectos. No obstante, las asociaciones profesionales representantes de los arquitectos proponen que la duración mínima de la formación contemplada en la Directiva se aumente a cinco años para reflejar la evolución de la profesión.

La propuesta de armonizar el requisito de cinco años para toda la UE plantea cuestiones difíciles de resolver. En primer lugar, la Comisión no está en condiciones de confirmar cuáles de los títulos ya publicados en la Directiva sobre la base del cumplimiento de sus disposiciones actuales avalan una formación de cinco años. Por lo tanto, para armonizar en cinco años la duración mínima de la formación sería necesario un régimen de derechos adquiridos para los arquitectos cuya formación empezó (o habrá empezado) antes de la entrada en vigor de la Directiva modernizada, en 2012 o 2013, además del régimen de derechos adquiridos ya existente para los arquitectos formados antes de la entrada en vigor de la primera Directiva en relación con los arquitectos en 1985 (véase el artículo 49 de la Directiva 2005/36/CE y el anexo VI).

En segundo lugar, esta solución limitaría considerablemente la flexibilidad sin abordar otro problema grave relacionado con la movilidad: ¿cómo tener en cuenta la práctica profesional supervisada, un aspecto de la formación en arquitectura ya reconocido en muchos Estados miembros como un importante componente de la formación de los arquitectos?

En este contexto, se presentan dos opciones:

La primera opción sería mantener el requisito actual de los cuatro años.

La segunda opción sería acercar las disposiciones de la Directiva a la situación existente en la mayor parte de los Estados miembros, pero permitiendo cierto grado de flexibilidad para cada uno de ellos: para acogerse al reconocimiento automático, los arquitectos tendrían que probar al menos cinco años de formación académica seguidos de un mínimo de un año de experiencia práctica supervisada o bien un mínimo de cuatro años de formación académica seguidos de un mínimo de dos años de experiencia práctica supervisada. Por consiguiente, en la Unión Europea sería necesario un mínimo de seis años para llegar a ser un arquitecto plenamente cualificado, y la formación siempre incluiría prácticas supervisadas.

Pregunta 22: ¿Cuál de las dos opciones indicadas más arriba prefiere?

Opción 1: Mantener el requisito actual de un mínimo de cuatro años de formación académica.

Opción 2: Completar el requisito actual de un mínimo de cuatro años de formación académica con un requisito de dos años de práctica profesional. Otra posibilidad sería que los arquitectos pudieran obtener el reconocimiento automático tras completar un programa académico de cinco años seguido de un mínimo de un año de práctica profesional.

Reconocimiento automático en los ámbitos de la artesanía, el comercio y la industria

En los ámbitos de la artesanía, el comercio y la industria, el reconocimiento automático está sujeto a dos condiciones: 1) un número de años de experiencia determinado, que varía según la actividad, y 2) una identificación clara de la actividad profesional, basada en el anexo IV de la Directiva. Respecto de la primera condición, la evaluación ha mostrado que no hay razones que justifiquen un cambio del número de años de experiencia exigidos. En cuanto a la segunda, una gran parte de los interesados opina que, en su forma actual, el anexo IV no siempre permite una identificación clara de la profesión basada en las actividades que en él se recogen. Actualmente, el anexo IV se refiere a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)[32], aunque no en su versión más reciente, sino que en algunos casos se basa en las de los años cincuenta o sesenta.

Una opción sería tomar como base la misma CIIU pero en su forma revisada más reciente, la de 2008, que incluye una lista de actividades más precisa. Los rápidos avances tecnológicos obligan a definir y actualizar las cualificaciones y las profesiones correspondientes. Diversas partes interesadas han propuesto también la posibilidad de adoptar el vocabulario común de contratos públicos de la UE[33], que se actualiza periódicamente, y la nomenclatura de la Clasificación Internacional Uniforme de las Ocupaciones (CIUO)[34], revisada en 2008.

Aunque la Directiva modernizada debería mantener el principio del reconocimiento automático de las profesiones pertenecientes a los ámbitos de la artesanía, el comercio y la industria, la clasificación de las actividades podría realizarse en una fase posterior, teniendo en cuenta los resultados del estudio.

Pregunta 23: ¿Cuál de las opciones siguientes prefiere?

Opción 1: Modernización inmediata mediante la sustitución de la CIIU de 1958 por la CIIU de 2008.

Opción 2: Modernización inmediata mediante la sustitución del anexo IV por el vocabulario común utilizado en el ámbito de la contratación pública.

Opción 3: Modernización inmediata mediante la sustitución del anexo IV por la nomenclatura CIUO en su última revisión de 2008.

Opción 4: Modernización en dos fases: confirmación en la Directiva modernizada de que el reconocimiento automático sigue siendo de aplicación a las actividades relacionadas con la artesanía, el comercio y la industria. Las actividades relacionadas seguirán siendo las establecidas en el anexo IV hasta 2014, fecha en la que se debería crear una nueva lista de actividades mediante un acto delegado. La lista de actividades se debería basar en una de las clasificaciones propuestas en las opciones 1, 2 o 3.

Cualificaciones de terceros países

En esencia, la Directiva de cualificaciones profesionales se aplica a los ciudadanos de la UE que poseen cualificaciones adquiridas en un Estado miembro de la UE. No obstante, también ayuda a los ciudadanos de la UE que poseen cualificaciones adquiridas fuera de la Unión Europea (por ejemplo, que han obtenido un diploma en Canadá o en China).

La Directiva se aplica a los ciudadanos de la UE que han obtenido cualificaciones inicialmente en un tercer país, cuando tales cualificaciones hayan sido ya reconocidas en un Estado miembro y dichos ciudadanos hayan adquirido además tres años de experiencia profesional en ese Estado miembro. El artículo 3, apartado 3, facilita la libre circulación de esos ciudadanos de la UE cuando se desplazan a otro Estado miembro. Por tanto, pueden beneficiarse de todas las salvaguardias procedimentales en el marco del llamado sistema general (como la decisión rápida y justificada de si la cualificación se puede reconocer). En resumen, tres años de experiencia profesional legal y real en un Estado miembro permiten que la cualificación inicial adquirida en un tercer país se trate como si se hubiera adquirido en un Estado miembro.

No obstante, la Directiva también contiene salvaguardias que garantizan los requisitos mínimos de formación ya armonizados a escala europea (para ciertas profesiones del ámbito sanitario y la de arquitecto). De conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la Directiva, los Estados miembros no deben aceptar cualificaciones obtenidas por ciudadanos de la UE en terceros países si el nivel de la cualificación no satisface los requisitos mínimos especificados para las cualificaciones adquiridas en la UE. Los Estados miembros deben también impedir una fuga de mano de obra cualificada hacia terceros países[35].

La cuestión principal es si la escasez general de trabajadores cualificados, por ejemplo médicos, exige un ajuste de las disposiciones anteriores. Tal ajuste beneficiaría en primer lugar a los ciudadanos de la UE. Sin embargo, también podría repercutir en ciertos ciudadanos de terceros países a los que la legislación europea confiere determinados derechos: los familiares de ciudadanos de la UE[36], los residentes de larga duración[37], los refugiados[38] y los titulares de la «tarjeta azul»[39] reciben el mismo trato que los ciudadanos de la UE en cuanto al reconocimiento de cualificaciones profesionales (aunque los instrumentos legislativos correspondientes no vinculan a todos los Estados miembros de la Unión Europea). Este ajuste reforzaría la política de la Unión Europea de potenciar también la movilidad en el contexto de la política europea de vecindad revisada.

Pregunta 24:

¿Considera necesario que se realicen ajustes en la Directiva en cuanto al trato de los ciudadanos de la UE titulares de cualificaciones obtenidas en terceros países, por ejemplo reduciendo la regla de los tres años del artículo 3, apartado 3? ¿Estaría de acuerdo en que también se realizasen dichos ajustes para los nacionales de terceros países -incluidos aquellos a los que se aplica la política europea de vecindad- beneficiarios de una cláusula de igualdad de trato de conformidad con la legislación europea pertinente? (Presente argumentos precisos a favor o en contra de este enfoque)

CÓMO RESPONDER AL LIBRO VERDE

La Comisión invita a todas las partes interesadas a presentar sus contribuciones hasta el 20 de septiembre de 2011, de preferencia por correo electrónico y a la siguiente dirección:

DG Mercado Interior y Servicios, Unidad E-4 «Free movement of professionals»

Correo electrónico: MARKT-PQ-EVALUATION@ec.europa.eu

Dirección postal: Comisión Europea

Dirección General de Mercado Interior, Unidad E-4

Rue de Spa, 2

Despacho 06/014

1049 Bruselas

Bélgica

No es necesario que las contribuciones respondan a todas las preguntas planteadas en este Libro Verde: es posible limitarse a las preguntas de particular interés para el autor de la contribución. Indique claramente a qué preguntas se refiere su contribución. Si es posible, presente argumentos precisos a favor o en contra de las opciones o enfoques propuestos en el presente documento.

Todas las contribuciones se publicarán en el sitio de Internet de la DG Mercado Interior y Servicios, a menos que el autor solicite lo contrario. Es importante leer la declaración de privacidad adjunta al presente Libro Verde para informarse sobre el tratamiento de los datos personales y las contribuciones.

[1] En este apartado se incluyen los nacionales de terceros países que gozan de derechos en virtud de la legislación europea: los familiares de ciudadanos europeos, residentes de larga duración, refugiados y titulares de una «tarjeta azul» reciben igual trato que los ciudadanos de la UE por lo que atañe al reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

[2] Comunicación de la Comisión Europa 2020, Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador , COM(2010) 2020, 3.3.2010.

[3] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Acta del Mercado Único, Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza «Juntos por un nuevo crecimiento», COM(2011) 206/4, SEC (2011) 467.

[4] Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010, La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE , COM (2010) 603 final, de 27.10.2010.

[5] Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020 (2010), disponible en: http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf .

[6] Motivo igualmente de interés son las profesiones del mar reguladas, respecto de las cuales la Comisión tiene previsto publicar en 2012 una Comunicación sobre el «crecimiento azul», crecimiento sostenible en relación con los océanos, mares y costas. A este respecto, la Comisión desea determinar si en ese ámbito cabe identificar obstáculos específicos que impidan el reconocimiento mutuo.

[7] Las dificultades relacionadas con el reconocimiento de las cualificaciones profesionales son uno de los obstáculos que dificultan la movilidad profesional dentro de la UE, junto con la transferibilidad de los derechos de pensión, las barreras lingüísticas, etc.

[8] Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, DO L 225 de 30.9.2005, p. 22

[9] Cuadro de indicadores del mercado interior, julio de 2010.

[10] El artículo 57 de la Directiva obliga a los Estados miembros a designar un punto de contacto que suministre a los ciudadanos y a los puntos de contacto de los demás Estados miembros la información necesaria y ayude a los ciudadanos a ejercer sus derechos.

[11] Los Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico (NARIC) ayudan a los ciudadanos en cuestiones relacionadas con las cualificaciones académicas. Para más información, véase http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=g&d=about#NARIC.

[12] Aunque para reforzar la función del país de origen puede ser preciso dedicar recursos administrativos, es probable que este enfoque reduzca la carga total, pues al país de origen le resultará más fácil comprobar las cualificaciones en su propio país y su propia lengua y esto debería reducir los costes derivados de la repetición de la verificación.

[13] Una vez más, la autoridad remitente tardará más en comprobar la información. Sin embargo, el procedimiento general se abreviará, pues la autoridad remitente está mejor situada para realizar tales comprobaciones (por razones lingüísticas, de comprobación de la validez de los documentos administrativos, etc.).

[14] Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, asunto C- 330/03 de 19 de enero de 2006, Recopilación de Jurisprudencia 2006, p. I-801.

[15] Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

[16] Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo a la transposición y la aplicación de la Directiva, SEC(2010) 1292, de 22.10.2010, http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/evaluation/staff-working-doc_en.pdf.

[17] Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

[18] Del desarrollo del portal Tu Europa (europa.eu/youreurope) se encarga la Comisión, en asociación con los Estados miembros. El Comité de Redacción de Tu Europa, formado por representantes de los Estados miembros, debe asegurarse de que Tu Europa ofrece la información pertinente a nivel nacional y de que existen enlaces adecuados entre Tu Europa y los portales informativos nacionales.

[19] Lo ideal sería que estos profesionales poseyeran una tarjeta profesional europea.

[20] El Suplemento Europass al Título acompaña al título o diploma de educación superior. Ayuda a garantizar una mejor comprensión de las cualificaciones en educación superior, especialmente fuera del país de expedición. Véase http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp;jsessionid=43770C133C7D2B78EA4522BF5ABFF581.wpc1

[21] El Suplemento Europass al Certificado acompaña al certificado de formación profesional. Completa la información incluida en el certificado oficial y ayuda a que este se entienda mejor, especialmente a los empresarios y las entidades ubicadas fuera del país de expedición. Para más información, véase http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp;jsessionid=43770C133C7D2B78EA4522BF5ABFF581.wpc1

[22] Los «informes de experiencia» y las respuestas a la consulta pública indican que la aplicación del sistema basándose en esos niveles predefinidos se considera extremadamente compleja.

[23] Véase http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/future/cocon_en.pdf.

[24] Tribunal de Justicia, 13 de noviembre de 2003, asunto C-313/01, Morgenbesser, REC I–13467 (el Tribunal confirmó su sentencia en el asunto C-345/08, Peśla contra Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern).

[25] En la medida en que esta cooperación conlleva el tratamiento de datos personales, es necesario cumplir la legislación pertinente de la UE, como se indica en el artículo 56, apartado 2, de la Directiva de cualificaciones profesionales, en referencia, en particular, a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

[26] En la actualidad, los Estados miembros pueden controlar que los profesionales posean los conocimientos lingüísticos necesarios para llevar a cabo sus actividades, pero deben hacerlo de una manera proporcionada. Esto significa que no pueden someter sistemáticamente a los profesionales extranjeros a evaluaciones lingüísticas. Los profesionales han de poder demostrar sus conocimientos lingüísticos por otros medios (p. ej., diplomas de conocimientos lingüísticos, experiencia profesional en el país, certificado lingüístico, etc.). Esto significa asimismo que el nivel de conocimiento lingüístico exigido varía según el tipo de actividad y el marco en que se llevará a cabo. Además, el control lingüístico solo puede producirse una vez finalizado el procedimiento de reconocimiento y no puede ser una razón para denegar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales como tales.

[27] Véanse los artículos 290 y 291 del Tratado.

[28] Para más información, véase http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm.

[29] El estudio, realizado por GBP, se publicará en octubre.

[30] El proceso de Bolonia se lanzó en 1999 con el fin de garantizar una mejora de la comparabilidad, la compatibilidad y la coherencia de los sistemas europeos de educación superior. Para más información, véase http://www.ehea.info/.

[31] En medicina interna se incluyen las once especialidades siguientes: inmunología, reumatología, neumología, gastroenterología, cardiología, endocrinología, geriatría, nefrología, hematología general, enfermedades transmisibles y oncología clínica. Muy relacionadas con la cirugía general se pueden considerar las once especialidades siguientes: cirugía plástica, cirugía torácica, cirugía pediátrica, cirugía vascular, cirugía gastroenterológica, neurocirugía, ortopedia, cirugía dental, oral y maxilofacial, estomatología e urología.

[32] Nomenclatura adoptada por las Naciones Unidas en 1948 y revisada en 1958, 1968, 1989 y 2006 (la última revisión se publicó en 2008).

[33] Véase el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), publicado en el DO nº L 340/1 de 16.12.2002, p. 1, cuya última modificación data de 2009. Disponible en:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:340:0001:0001:EN:PDF .

[34] Adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y disponible en http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm .

[35] En este contexto, ha de tomarse en consideración el Código de Prácticas Mundial sobre Contratación Internacional de Personal de Salud (OMS).

[36] Directiva 2004/38/CE.

[37] Directiva 2003/109/CE.

[38] Directiva 2004/83/CE.

[39] Directiva 2009/50/CE.