Iniciativa de la República Helénica con vistas a la adopción de una Decisión marco del Consejo relativa a la aplicación del principio ne bis in idem

(2003/C 100/12)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29, la letra d) del artículo 31 y la letra b) del apartado 2 del artículo 34,

Vista la iniciativa de la República Helénica(1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),

Considerando lo siguiente:

(1) El principio ne bis in idem o la prohibición de la doble penalización, es decir, que ninguna persona pueda ser procesada ni juzgada dos veces por el mismo delito ni por el mismo comportamiento delictivo, está establecida en tanto que derecho individual en los instrumentos jurídicos relativos a los derechos humanos, como puede ser el séptimo Protocolo (artículo 4) del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 50) y está reconocida en todo sistema jurídico basado en el concepto del respeto y la protección de las libertades fundamentales.

(2) El principio ne bis in idem reviste especial importancia en un momento en que la delincuencia transfronteriza está aumentando y en que los problemas de jurisdicción relativos a enjuiciamientos por infracciones penales se vuelven más complicados. La importancia del principio es patente asimismo en los ámbitos del asilo, la inmigración y la extradición y dentro del marco de la Unión y de los acuerdos entre la Unión Europea o los Estados miembros y terceros países.

(3) La letra e) del punto 49 del plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia(3) estipula que se establecerán medidas dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Tratado, destinadas a la "coordinación de las investigaciones penales y las diligencias que están en curso en los Estados miembros, para así evitar las duplicaciones y las resoluciones contradictorias, teniendo en cuenta una mejor utilización del principio ne bis in idem".

(4) En el programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal(4) establecido por el Consejo y la Comisión, el principio ne bis in idem está incluido entre las prioridades inmediatas de la Unión, en especial por lo que respecta a la toma en consideración de las sentencias penales definitivas dictadas por el Tribunal en otro Estado miembro. La medida 1 de dicho programa recomienda reconsiderar los artículos 54 a 57 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, que reiteran los artículos correspondientes del Convenio entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas relativo a la aplicación del principio non bis in ídem, firmado en Bruselas el 25 de mayo de 1987 con miras a la plena aplicación del principio de reconocimiento mutuo, que, no obstante, no ha sido ratificado por los Estados miembros.

(5) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 26 de julio de 2002, sobre reconocimiento mutuo de sentencias penales, reconoce la contribución positiva de la aplicación del principio ne bis in idem al reconocimiento mutuo de sentencias y al refuerzo de la seguridad jurídica en la Unión, lo que presupone la confianza en el hecho de que las sentencias reconocidas siempre se dictan de acuerdo con los principios de legalidad, subsidiariedad y proporcionalidad.

(6) En los sistemas jurídicos de algunos Estados el principio de ne bis in idem se reconoce solamente a nivel nacional, es decir, verticalmente, observando el procedimiento penal seguido en el Estado de que se trata. Dicho reconocimiento se contempla ya sea en disposiciones constitucionales o en disposiciones jurídicas y se basa: a) en el apartado 7 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, y b) en el artículo 4 del séptimo Protocolo del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La aplicación transnacional del principio, horizontalmente, se establece en los artículos 54 a 57 del capítulo 3 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

(7) La aplicación del principio ne bis in idem plantea de este modo varios serios interrogantes, como la interpretación o la aceptación de determinadas disposiciones de fondo o normas más generales (por ejemplo, el concepto de idem) debido a las disposiciones distintas que rigen este principio en varios instrumentos jurídicos internacionales y a las prácticas distintas en materia de Derecho nacional. El objetivo de la Decisión marco es proporcionar a los Estados miembros normas jurídicas comunes relativas al principio ne bis in idem, con objeto de garantizar la uniformidad tanto en la interpretación de dichas normas como en su aplicación práctica.

(8) Dado que los objetivos de la Decisión marco no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. De conformidad con el principio de proporcionalidad, la presente Decisión marco no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(9) En lo que respecta a la República de Islandia y al Reino de Noruega, la presente Decisión marco desarrolla el acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado el 18 de mayo de 1999 por el Consejo de la Unión Europea con dichos Estados sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen(5) que queda cubierto por el punto B del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre determinados acuerdos para la aplicación de dicho Acuerdo(6).

(10) El Reino Unido participa en la presente Decisión marco con arreglo al artículo 5 del Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y con arreglo al apartado 2 del artículo 8 de la Decisión 2000/365/CE del Consejo; de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen(7).

(11) Irlanda participa en la presente Decisión marco con arreglo al artículo 5 del Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y con arreglo al apartado 2 del artículo 6 de la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002 sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen(8).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

Artículo 1

Definiciones

A los efectos de la presente Decisión marco se entenderá por:

a) delitos penales: - los actos que constituyen delitos con arreglo a la legislación de cada Estado miembro;

- los actos que constituyen delitos administrativos o infracciones penalizadas por la autoridad administrativa mediante una multa, con arreglo a la legislación nacional de cada Estado miembro, siempre que pertenezcan a la jurisdicción de la autoridad administrativa y que la persona de que se trate pueda recurrir a un tribunal penal;

b) sentencia: toda sentencia definitiva dictada por un tribunal penal en un Estado miembro como resultado de procedimientos en materia penal, mediante la cual se declare culpable o se absuelva al demandado o se suspenda el enjuiciamiento de manera definitiva, con arreglo a la legislación nacional de cada Estado miembro, así como cualquier arreglo por mediación extrajudicial en materia penal; cualquier decisión que tenga estatuto de res iudicata con arreglo a la legislación nacional se considerará sentencia definitiva;

c) Estado miembro de la causa procesal: el Estado miembro que incoa la causa;

d) litispendencias: aquellos asuntos en que, respecto de un delito penal, ya se haya llevado a cabo un enjuiciamiento contra una persona, sin que se haya dictado sentencia, y aquellos asuntos que ya se estén viendo ante otro tribunal;

e) idem: un segundo delito penal que solamente se derive, o se derive sustancialmente, de los mismos hechos, con independencia de su carácter jurídico;

Artículo 2

Derecho de las personas a no ser procesadas ni condenadas dos veces por el mismo delito penal

1. Cualquier persona que, como consecuencia de haber cometido un delito penal, haya sido procesada y finalmente sentenciada en un Estado miembro con arreglo al Derecho penal y al procedimiento penal de dicho Estado, no podrá ser procesada por los mismos hechos en otro Estado miembro si ya hubiere sido declarada inocente o si, en caso de haber sido declarada culpable, ya se hubiere cumplido o se estuviere cumpliendo la pena, o ya no pudiere seguir aplicándose con arreglo a la legislación del Estado de los procedimientos.

2. Los procedimientos podrán repetirse si existen pruebas de nuevos hechos o circunstancias que hayan surgido tras la sentencia o en caso de que existiera un error básico en los procedimientos previos que hubiera podido afectar el resultado de los procedimientos, con arreglo al Derecho penal y al procedimiento penal del Estado miembro de la causa procesal.

Artículo 3

Litispendencia

Si, mientras sigue pendiente de resolución un asunto en un Estado miembro, se lleva a cabo un enjuiciamiento penal respecto del mismo delito penal en otro Estado miembro, se aplicará el procedimiento siguiente:

a) se dará preferencia al Estado miembro del juez que garantizará mejor la administración correcta de la justicia, teniendo en cuenta los criterios siguientes:

aa) el Estado miembro en cuyo territorio se haya cometido el delito;

bb) el Estado miembro del que el autor del delito sea nacional o residente;

cc) el Estado miembro de origen de las víctimas;

dd) el Estado miembro en que haya sido encontrado el autor del delito;

b) cuando varios Estados miembros tengan jurisdicción y dispongan de la posibilidad de llevar a cabo un enjuiciamiento penal respecto de un delito penal basado en los mismos acontecimientos reales, las autoridades competentes de cada uno de dichos Estados podrán, previa consulta teniendo en cuenta los criterios mencionados en la letra a), elegir el Estado miembro del juez al que deberá darse preferencia;

c) cuando se dé preferencia a la jurisdicción de un Estado miembro, se suspenderán los procedimientos pendientes en los demás Estados miembros hasta que se dicte una sentencia definitiva en el Estado miembro cuya jurisdicción se haya preferido. Cuando se suspendan los procedimientos en un Estado miembro, las autoridades competentes de dicho Estados informarán inmediatamente a las autoridades correspondientes del Estado miembro cuya jurisdicción se haya preferido. Si por cualquier razón no se dictare ninguna sentencia definitiva en el Estado miembro cuya jurisdicción se haya preferido, las autoridades competentes de este último informarán inmediatamente a las autoridades competentes del primer Estado miembro que haya suspendido los procedimientos.

Artículo 4

Excepciones

1. Todo Estado miembro podrá efectuar una declaración por la que informe a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión de que no estará vinculado por lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 2 en caso de que los actos a que se refiera la resolución judicial extranjera constituyan delitos contra la seguridad o contra otros intereses esenciales de dicho Estado miembro, o hayan sido cometidos por un funcionario de ese Estado miembro contraviniendo sus obligaciones oficiales.

2. El Estado miembro que efectúe la declaración mencionada precisará las categorías de delitos a las que se aplicará esta excepción.

3. Los Estados miembros podrán revocar en todo momento una declaración de excepción efectuada con arreglo al apartado 1. La revocación se notificará a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión, y surtirá efecto el primer día del mes siguiente al de la notificación.

4. No se aplicará la excepción solicitada mediante declaración con arreglo al apartado 1 cuando el Estado miembro de que se trata haya solicitado del otro Estado miembro el procesamiento por esos mismos delitos o haya dictado la extradición de la persona considerada.

Artículo 5

Principio de cómputo

En caso de que en un Estado miembro se procese a una persona que haya sido condenada mediante sentencia firme por los mismos delitos en otro Estado miembro, el período de privación de libertad o la multa impuestos por ese otro Estado se deducirán de la pena que en su caso se le imponga. En la medida en que la legislación nacional lo permita, se incluirán asimismo cualesquiera otras penas no privativas de libertad o dictadas en el marco de procedimientos administrativos.

Artículo 6

Intercambio de información entre las autoridades competentes

1. Cuando se procese a una persona en un Estado miembro y las autoridades competentes de éste tengan motivos para suponer que los cargos se refieren a los mismos actos por los que esa persona ha sido condenada mediante sentencia firme en otro Estado miembro, dichas autoridades competentes solicitarán la información pertinente a las autoridades competentes del Estado miembro de la causa procesal.

2. La información requerida deberá facilitarse con la mayor celeridad posible empleando todos los medios técnicos disponibles y será tenida en cuenta para determinar si el proceso debe continuar el procedimiento.

3. Cada Estado miembro efectuará una declaración por la que indicará a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión las autoridades facultadas para solicitar y recibir la información a que se refiere el apartado 1.

Artículo 7

Aplicación de disposiciones más favorables

Las disposiciones de los artículos 1 a 6 no impedirán la aplicación de disposiciones nacionales más favorables sobre la aplicación del principio ne bis in idem en el caso de sentencias dictadas en el extranjero.

Artículo 8

Aplicación

1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Decisión marco a más tardar el...(9).

2. En el mismo plazo, los Estados miembros transmitirán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones por las que incorporan a su legislación nacional las obligaciones que les impone la presente Decisión marco.

3. Sobre la base de un informe elaborado a partir de dicha información, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el..., un informe sobre la aplicación de la Decisión marco, acompañado, si procede, de propuestas legislativas.

4. El Consejo evaluará a más tardar el...las medidas adoptadas por los Estados miembros en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Decisión marco.

Artículo 9

Derogación

Los artículos 54 a 58 del Convenio de Schengen de 1990 quedarán derogados desde la entrada en vigor de la presente Decisión marco. En caso de que algún Estado miembro transponga la presente Decisión marco antes de la fecha prevista en el apartado 1 del artículo 8, dejarán de aplicársele los citados artículos a partir de la fecha de transposición de ésta.

Artículo 10

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas,...

Por el Consejo

El Presidente

...

(1) ...

(2) ...

(3) DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.

(4) DO C 12 de 15.1.2001, p. 10.

(5) DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

(6) DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.

(7) DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

(8) DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.

(9) Dos años después de la publicación de la Decisión marco.