Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros /* COM/2013/0641 final - 2013/0314 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 1.1. Contexto general, motivación y objetivos de la propuesta Un índice constituye una medida, normalmente de un precio o una cantidad, determinada cada cierto tiempo a partir de un conjunto representativo de datos subyacentes. Si un índice se utiliza como precio de referencia de un instrumento financiero o un contrato financiero se convierte en índice de referencia. Existe en la actualidad una enorme variedad de índices de referencia elaborados por distintos métodos y por diferentes proveedores, que comprenden desde entidades públicas hasta proveedores especializados en índices de referencia. Los acuerdos alcanzados por diversas autoridades competentes con una serie de entidades bancarias a raíz de la manipulación de ciertos índices de referencia de tipos de interés, en concreto el LIBOR y el EURIBOR, han puesto de relieve la importancia de estos índices y su vulnerabilidad. Asimismo, las autoridades competentes están investigando el supuesto intento de manipulación de las evaluaciones de los precios de las materias primas realizadas por las agencias de comunicación de precios, y la OICV ha llevado a cabo una revisión de las evaluaciones de los precios del petróleo efectuadas por dichas agencias. La integridad de los índices de referencia es fundamental para la valoración de numerosos instrumentos financieros, como las permutas de tipos de interés, y contratos comerciales o de otro tipo, como las hipotecas. En caso de manipulación de un índice de referencia, los inversores que poseen instrumentos financieros cuyo valor se determina por referencia al índice pueden sufrir pérdidas sustanciales. El envío de señales engañosas acerca del estado de un mercado subyacente puede falsear la economía real. De forma más general, el temor ante el riesgo de que los índices de referencia sean manipulados debilita la confianza del mercado. Si el proceso de elaboración de los índices de referencia permite un margen de discrecionalidad y está afectado por conflictos de intereses, sin que ello sea objeto de los oportunos sistemas de control y de gobernanza, los índices pueden ser manipulados. La primera medida de la Comisión en respuesta a la supuesta manipulación del LIBOR y el EURIBOR consistió en modificar las actuales propuestas de Reglamento sobre abuso de mercado (RAM) y de Directiva sobre las sanciones penales por abuso de mercado (DSPAM) para aclarar que toda manipulación de los índices de referencia es clara e inequívocamente ilegal y está sujeta a sanciones administrativas o penales. Sin embargo, la modificación del régimen sancionador no bastará por sí sola para mejorar la forma en que se elaboran y utilizan los índices de referencia; la aplicación de sanciones no elimina los riesgos de manipulación derivados de la inadecuada gobernanza del proceso de elaboración de índices de referencia, cuando existan en él conflictos de intereses y actuaciones discrecionales. En segundo lugar, para proteger a los inversores y los consumidores, es necesario que los índices de referencia sean sólidos, fiables y adecuados para el uso previsto. A la luz de estas consideraciones, y con el fin último de mejorar el marco en el que se elaboran y utilizan los índices de referencia y se contribuye a su elaboración, la presente propuesta de Reglamento persigue cuatro objetivos principales, a saber: – mejorar la gobernanza y los controles de los que es objeto el proceso de elaboración de índices de referencia y, en particular, garantizar que los administradores eviten los conflictos de intereses, o, al menos, los gestionen adecuadamente; – mejorar la calidad de los datos de cálculo y de los métodos utilizados por los administradores de los índices de referencia y, en particular, garantizar que se utilicen datos exactos y suficientes en la determinación de estos; – garantizar que tanto quienes contribuyen a los índices de referencia como sus aportaciones a los mismos estén sujetos a controles adecuados, en particular para evitar conflictos de intereses; en caso necesario, la pertinente autoridad competente debe estar facultada para obligar a los contribuidores a seguir contribuyendo a los índices de referencia; y – velar por una protección adecuada de los consumidores y los inversores que utilicen los índices de referencia, aumentando la transparencia, estableciendo los oportunos derechos de reclamación y reparación y asegurando que se evalúe la idoneidad en caso necesario. 1.2. Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta El Derecho de la Unión regula en la actualidad ciertos aspectos de la utilización de índices de referencia: – La propuesta de Reglamento sobre abuso de mercado[1], en su artículo 2, apartado 3, letra d), y su artículo 8, apartado 1, letra d) –propuesta en relación con la cual el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político en junio de 2013–, y la propuesta de Directiva sobre las sanciones penales por abuso de mercado[2] aclaran que toda manipulación de los índices de referencia es clara e inequívocamente ilegal y está sujeta a sanciones administrativas o penales. – El Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía[3] dispone que la manipulación de los índices de referencia que se utilizan en relación con los productos energéticos al por mayor es ilegal. – La Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros[4] exige que los instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado regulado puedan ser negociados de modo correcto, ordenado y eficiente. El Reglamento de aplicación[5] de dicha Directiva precisa además que el precio u otra forma de valoración del subyacente debe ser fiable y estar públicamente disponible. – El artículo 30 de la propuesta de Reglamento sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFIR)[6] presentada por la Comisión (que está siendo negociada actualmente por el Parlamento Europeo y el Consejo) exige la concesión de licencias no exclusivas en relación con los índices de referencia, con fines de compensación y negociación. – La Directiva sobre el folleto y su Reglamento de aplicación[7] disponen que, cuando un folleto contenga una referencia a un índice, el emisor debe especificar el tipo de subyacente y el lugar donde puede obtenerse información sobre el mismo, indicando asimismo dónde puede obtenerse información sobre la trayectoria pasada y futura del subyacente y su volatilidad, y el nombre del índice. Si el índice en cuestión está compuesto por el emisor, este también debe incluir una descripción del índice. Si el índice no está compuesto por el emisor, este debe precisar dónde puede obtenerse información sobre el índice y, si el subyacente es un tipo de interés, el emisor debe presentar una descripción del tipo de interés. – La Directiva sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios[8] establece que los fondos de tipo OICVM solo pueden mantener en cartera un porcentaje máximo de instrumentos emitidos por el mismo organismo. Los Estados miembros pueden elevar los límites aplicables a la proporción de la cartera total de un OICVM hasta un máximo del 20 % para las inversiones en acciones u obligaciones emitidas por un mismo organismo cuando el objetivo del OICVM sea replicar un índice, siempre que la composición del índice esté suficientemente diversificada, el índice constituya una referencia adecuada para el mercado al que corresponda y se haya publicado de manera apropiada. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO 2.1. Consultas El 3 de septiembre de 2012, se inició una consulta pública que duró casi tres meses, finalizando el 29 de noviembre del mismo año. Se recibieron 84 respuestas procedentes de contribuidores, proveedores de índices de referencia y usuarios, entre ellos bolsas de valores, bancos, inversores, grupos de consumidores, organizaciones profesionales y organismos públicos. Los interesados reconocieron las deficiencias de que adolecen la elaboración y la utilización de índices de referencia, y se mostraron en general favorables a una actuación a nivel de la UE. Los encuestados también hicieron hincapié en la necesidad de una coordinación internacional y una cuidadosa definición del ámbito de cualquier iniciativa. La AEVM y la ABE investigaron conjuntamente las deficiencias en la elaboración del EURIBOR por la Euribor-EBF y, el 11 de enero de 2013, pusieron en marcha una consulta sobre los principios aplicables a los procesos de elaboración de índices de referencia en la UE[9]. En una carta de fecha 7 de marzo de 2013, la ABE, la AEVM y la AESPJ facilitaron asesoramiento sobre el contenido de la presente propuesta a la luz de este trabajo. Los servicios de la Comisión participaron en la audiencia pública mantenida por la AEVM y la ABE el 13 de febrero de 2013[10] y dedicada a los referidos principios aplicables a los procesos de elaboración de índices de referencia. Asimismo, los servicios de la Comisión participaron en la audiencia pública celebrada por el Parlamento Europeo el 29 de septiembre de 2012, que estuvo dedicada a la lucha contra la cultura de manipulación del mercado y la acción a escala mundial tras los escándalos del LIBOR y el EURIBOR. 2.2. Evaluación de impacto En consonancia con su política de mejora de la legislación, la Comisión realizó una evaluación de impacto de distintas opciones de actuación. Las opciones de actuación incluían medidas para limitar los incentivos de manipulación, minimizar la discrecionalidad, garantizar que los índices de referencia se basen en datos suficientes, fiables y representativos, velar por que en la gobernanza y los controles internos se tengan en cuenta los riesgos, asegurar una supervisión eficaz de los índices de referencia y mejorar la transparencia y la protección de los inversores. Cada una de las posibles opciones de actuación se examinó a la luz de los siguientes criterios: repercusiones para los interesados, eficacia y eficiencia. Son particularmente pertinentes en este contexto los siguientes derechos fundamentales reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales: respeto de la vida privada y familiar, protección de los datos personales y libertad de expresión e información. El artículo 52 de la Carta permite imponer limitaciones de estos derechos y libertades. Los objetivos definidos anteriormente son coherentes con la obligación de la UE de respetar los derechos fundamentales. No obstante, toda limitación del ejercicio de estos derechos y libertades debe estar prevista por ley y no ser contraria a su contenido esencial. Sin perjuicio del principio de proporcionalidad, solo pueden introducirse limitaciones si son imprescindibles y responden verdaderamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de proteger los derechos y libertades de los demás. En el caso de los índices de referencia, el objetivo de interés general que justifica ciertas limitaciones de los derechos fundamentales es el de garantizar la integridad del mercado. La necesidad de proteger el derecho a la propiedad (artículo 17 de la Carta) justifica también ciertas limitaciones de los derechos fundamentales, ya que los inversores tienen derecho a que el valor de su propiedad (por ejemplo, préstamos o derivados) quede protegido frente a las pérdidas causadas por los falseamientos del mercado. El derecho a la libertad de expresión y de información exige el respeto de la libertad de los medios de comunicación. El presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de acuerdo con ese derecho fundamental. Por tanto, una persona que simplemente publique o mencione un índice de referencia como parte de su actividad periodística, pero no ejerza control sobre la elaboración de ese índice, no debe estar sujeta a las obligaciones que el presente Reglamento impone a los administradores. De este modo, los periodistas son libres de informar sobre los mercados financieros o de materias primas en el ejercicio de sus actividades periodísticas. En consecuencia, la definición de administrador de un índice de referencia se ha formulado de manera muy estricta, a fin de que englobe la elaboración de índices de referencia, pero no las actividades periodísticas. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 3.1. Base jurídica La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 3.2. Subsidiariedad y proporcionalidad La propuesta de la Comisión de regular los índices de referencia se atiene al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), en virtud del cual la Unión solo debe intervenir en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel de la Unión. Aunque muchos índices de referencia son de ámbito nacional, el sector de dichos índices, globalmente considerado, es de dimensión internacional, tanto por el lado de la elaboración como por el de la utilización. Si bien la adopción de medidas a nivel nacional en relación con los índices nacionales puede contribuir a que toda intervención se adapte convenientemente a los problemas de ese mismo ámbito, también puede generar un mosaico de normas divergentes, crear condiciones de competencia no equitativas en el mercado único y dar lugar a un planteamiento incoherente y descoordinado. Los índices de referencia se utilizan para determinar el precio de una amplia variedad de operaciones transfronterizas, en particular en el mercado de financiación interbancaria y de derivados. La existencia de una multitud de normas nacionales obstaculizaría la elaboración de índices de referencia transfronterizos y, por consiguiente, esas operaciones transfronterizas. Este problema ha sido reconocido por el G-20 y el Consejo de Estabilidad Financiera, que encomendaron a la OICV la labor de definir un conjunto de principios aplicables a los índices de referencia financieros. Una iniciativa de la UE contribuirá a mejorar el mercado único al crear un marco común para utilizar correctamente en Estados miembros diferentes índices de referencia fiables. Aunque en la mayoría de los Estados miembros la elaboración de índices de referencia no está actualmente regulada a escala nacional, dos Estados miembros han adoptado ya disposiciones legales nacionales sobre los índices de referencia de tipos de interés en relación con sus monedas nacionales. Además, la OICV ha acordado recientemente una serie de principios sobre los índices de referencia, que sus miembros deben aplicar. Sin embargo, tales principios prevén flexibilidad en lo que atañe al alcance y las modalidades de su implementación, así como a determinados términos. Sin un marco europeo armonizado aplicable a los índices de referencia, es previsible que algunos Estados miembros adopten legislación nacional que resulte divergente. Por ejemplo, en este momento, la legislación de un Estado miembro tiene el mismo alcance que los principios de la OICV, mientras que la legislación del otro Estado miembro que ha introducido normas sobre los índices de referencia solo se extiende a los índices de referencia de tipos de interés. Estas divergencias de enfoque fragmentarían el mercado interior, pues los administradores y usuarios de los índices estarían sujetos a distintas normas en diferentes países. De no existir un marco normativo de la Unión, las actuaciones individuales a escala nacional también serían ineficaces, ya que los Estados miembros no se ven obligados o alentados a cooperar entre sí y la ausencia de tal cooperación abre la puerta al arbitraje regulador. Determinados aspectos de la protección de los inversores en este ámbito están, de manera general, contemplados en la MiFID. En particular, la MiFID impone el requisito de que las empresas lleven a cabo una evaluación de idoneidad. Esta prueba deberá determinar si el cliente tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implica el producto o servicio de inversión ofrecido o solicitado. Así pues, ofrece un nivel suficiente de protección de los inversores. En lo que respecta a la protección de los consumidores, la Directiva sobre crédito al consumo incluye normas relativas a la divulgación de información adecuada, al igual que la Directiva sobre crédito hipotecario que se adoptará en breve, que también impone la obligación de recomendar contratos de crédito adecuados. Sin embargo, esas normas de la UE para la protección de los consumidores no abordan la cuestión concreta de la idoneidad de los índices de referencia en los contratos financieros. Por otra parte, la desigualdad en el poder de negociación y el uso de cláusulas estándar pueden limitar las posibilidades de elección de los consumidores en cuanto al índice de referencia aplicado. Los consumidores carecen de los conocimientos o la experiencia necesarios para analizar adecuadamente la idoneidad de los índices de referencia. Por tanto, la presente propuesta debe complementar la legislación de la UE vigente en este ámbito, haciendo recaer en los prestamistas o acreedores la responsabilidad de evaluar la idoneidad de los índices de referencia en los contratos minoristas. De esta forma se lograrán también normas de protección de los consumidores armonizadas en la UE en lo que respecta al uso de índices que sirvan de referencia en los contratos financieros. Se necesita también un marco normativo común para los consumidores y los acreedores en relación con los contratos financieros con el fin de que los índices de referencia puedan utilizarse transfronterizamente y evitar un enfoque nacional fragmentado. Como consecuencia de reclamaciones y demandas judiciales de los consumidores por el uso de índices de referencia inadecuados en diversos Estados miembros, es previsible que se adopten medidas de protección divergentes a escala nacional. Esto podría dar lugar a una fragmentación del mercado interior. El Reglamento propuesto se atiene, asimismo, al principio de proporcionalidad, tal como exige el artículo 5, apartado 4, del TUE. Va dirigido únicamente a los índices que se utilizan como referencia de instrumentos o contratos financieros, tales como hipotecas, por ser esos los que pueden tener consecuencias económicas ciertas y directas si se manipulan. Además, el Reglamento propuesto contiene disposiciones para adaptar los requisitos que impone a los distintos sectores y los diferentes tipos de índices de referencia, por ejemplo los relacionados con materias primas o tipos de interés interbancarios y los índices que se basan en datos bursátiles. Queda garantizado un enfoque proporcionado, puesto que la mayoría de las obligaciones se hacen recaer sobre el administrador del índice de referencia. Muchos administradores ya cumplen al menos algunas de esas obligaciones, por lo que se estima que la carga administrativa no aumentaría desmesuradamente. Además, solo se exige disponer de procesos internos de gobernanza y de control a los contribuidores supervisados, de manera que los contribuidores no supervisados, por ejemplo, un operador no registrado, no se verán afectados de forma significativa. Por último, cabe señalar que en sus disposiciones esenciales, el presente Reglamento coincide con los principios internacionalmente reconocidos de la OICV sobre los índices de referencia financieros, publicados el 17 de julio de 2013, que han sido consultados por extenso con los interesados. Esto limitará los costes de adaptación. En este contexto, la actuación de la UE es apropiada a la luz de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 3.3. Instrumentos elegidos Se considera que un reglamento es el instrumento jurídico más adecuado para establecer normas uniformes relativas a la elaboración de índices de referencia, la aportación de datos de cálculo de dichos índices y el uso de estos últimos en la Unión. Las disposiciones de esta propuesta imponen ciertos requisitos a los administradores, los contribuidores y los usuarios de los índices. El carácter transfronterizo de muchos índices de referencia hace necesaria una armonización máxima de tales requisitos. Dado que la regulación de los índices de referencia comporta medidas que especifican con precisión los requisitos aplicables a los datos y las metodologías, incluso pequeñas divergencias de enfoque podrían erigir importantes obstáculos al uso transfronterizo de los índices de referencia. El recurso a un reglamento, que es directamente aplicable sin necesidad de legislación nacional, restringirá la posibilidad de que las autoridades competentes tomen medidas divergentes a escala nacional, y garantizará un enfoque coherente y una mayor seguridad jurídica en toda la UE. 3.4. Explicación detallada de la propuesta 3.4.1. Ámbito de aplicación (artículo 2) El Reglamento propuesto se aplica a todos los índices publicados que se utilicen como referencia de instrumentos financieros negociados o admitidos a cotización en un centro regulado, o de contratos financieros (tales como hipotecas), así como a los índices que miden el rendimiento de un fondo de inversión. Sin sistemas adecuados de gobernanza y de control, siempre que el proceso de elaboración de un índice de referencia permita una valoración discrecional y existan conflictos de intereses habrá riesgo de manipulación. Por ello, los índices que conlleven discrecionalidad deben estar sujetos a medidas de regulación. Aunque el grado es variable, todos los índices implican una cierta discrecionalidad. Así pues, el ámbito de aplicación debe incluir todos los índices de referencia, sea cual sea el método de cálculo o la naturaleza de las contribuciones. El ámbito de aplicación debe englobar todos los índices, incluso los que se publican, ya que cualquier duda sobre la exactitud y fiabilidad de estos puede ocasionar más perjuicios a un mayor número de interesados que en el caso de índices que no son públicos. Cuando los índices se utilizan como precio de referencia de un instrumento financiero o un contrato financiero, toda posible manipulación generará un perjuicio económico. Si el contribuidor utiliza también el instrumento financiero al que el índice sirve de referencia, existirá un conflicto de intereses intrínseco, que constituirá un incentivo para manipular. Asimismo, cuando los índices de referencia se utilizan para medir el rendimiento de instrumentos financieros pueden estar afectados por conflictos de intereses, y su manipulación inducirá a los inversores a tomar decisiones de inversión que no serán óptimas. Por tanto, es importante abarcar todos los índices de referencia que sirvan para fijar los precios de instrumentos financieros o de contratos con consumidores o que midan el rendimiento de fondos de inversión. En el caso de índices de referencia de uso muy extendido, incluso una manipulación de menor entidad puede tener efectos significativos, pero hay que señalar que la vulnerabilidad e importancia de un índice de referencia varían a lo largo del tiempo. Restringir el ámbito de aplicación haciendo referencia a índices importantes o vulnerables no serviría para hacer frente a los riesgos que cualquier índice de referencia puede plantear en el futuro. Por todas estas consideraciones, y a fin de garantizar una aplicación clara y completa del Reglamento, el ámbito de aplicación no depende tampoco de la naturaleza de los datos de cálculo, esto es, de si se trata de cifras o valores económicos (p.ej., el precio de una acción) o no económicos (p.ej., parámetros atmosféricos). Esto se debe a que el elemento esencial para determinar el ámbito de aplicación es la medida en que el valor obtenido determina el valor de un instrumento financiero o un contrato financiero, o mide el rendimiento de un fondo de inversión. En este sentido, una vez que un valor se utiliza como referencia de un contrato financiero o un instrumento financiero, su anterior naturaleza no económica resulta irrelevante. Por lo que atañe a los administradores de índices de referencia, todos ellos pueden estar potencialmente afectados por conflictos de intereses, hacer valoraciones discrecionales y disponer de sistemas de gobernanza y de control inadecuados. Por consiguiente, deben ser objeto de una adecuada regulación. Además, puesto que controlan el proceso de elaboración de los índices de referencia, se establece la obligación de autorización para todos los administradores, por ser la supervisión la forma más eficaz de garantizar la integridad de los índices de referencia. Los contribuidores están también potencialmente expuestos a conflictos de intereses y disponen de margen discrecional, por lo que pueden ser fuente de manipulaciones. Realizar aportaciones para la elaboración de un índice de referencia es voluntario. Si alguna iniciativa exige que modifiquen sensiblemente sus modelos de negocio, los contribuidores de un índice de referencia pueden dejar de contribuir. No obstante, en el caso de entidades ya reguladas y supervisadas (contribuidores supervisados), que deben contar con sistemas de buena gobernanza y de control, cabe suponer que ello no les genere costes importantes o una carga administrativa desmesurada. Por consiguiente, resulta oportuno que todos los contribuidores supervisados queden incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. En el caso de los contribuidores que no son objeto de regulación y supervisión (contribuidores no supervisados), imponer una autorización u otra sujeción a normas podría ocasionar unos costes y una carga administrativa significativos. Además, los reguladores no serían eficaces en la supervisión de empresas con respecto a las cuales carecen de los conocimientos necesarios. Por ello, se considera que imponer la supervisión a entidades y personas actualmente no supervisadas redundaría en importantes costes y comportaría ventajas mínimas. No obstante, algunas partes del presente Reglamento, por ejemplo, la necesidad de aportar datos de cálculo exactos y fiables, resultan indirectamente pertinentes para todos los contribuidores, puesto que siguen estando sujetos al Reglamento sobre el abuso de mercado y estarán contractualmente obligados a cumplir con los requisitos del código de conducta del administrador que prevé el presente Reglamento. La propuesta excluye del ámbito de aplicación a los bancos centrales que sean miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Por último, cabe señalar que, en algunos casos, una persona puede elaborar un índice y no ser consciente de su uso como índice de referencia; por ejemplo, puede ocurrir que se utilice como referencia de un instrumento financiero sin conocimiento de quien lo elabora. Así pues, el presente Reglamento prevé un mecanismo para notificar al elaborador del índice que este se utiliza o puede ser utilizado como índice de referencia, y permitirle denegar ese uso. Si el elaborador del índice da su consentimiento, quedará sujeto a lo previsto en la propuesta de Reglamento por lo que atañe a ese índice de referencia. Si no da su consentimiento, el índice no podrá utilizarse como referencia y las obligaciones que el presente Reglamento impone al administrador no serán de aplicación. 3.4.2. Gobernanza y control de los administradores (artículos 5 y 6) La propuesta asegura que se eviten los conflictos de intereses y que la gobernanza y los controles sean eficaces. Para ello se imponen requisitos en materia de gobernanza y controles, y en el anexo se incluyen requisitos más detallados. 3.4.3. Datos de cálculo y metodología (artículo 7) La propuesta establece tres requisitos, que se detallan en el anexo, en relación con los datos de cálculo y la metodología utilizados para elaborar un índice de referencia, con objeto de limitar la discrecionalidad y aumentar la integridad y fiabilidad: – los datos de cálculo deben ser exactos y suficientes, de modo que reflejen el mercado real o la realidad económica que el índice está destinado a valorar; – los datos de cálculo deben obtenerse a partir de un grupo o una muestra fiable y representativa de contribuidores; y – el administrador debe emplear una metodología sólida y fiable para determinar el índice de referencia. 3.4.4. Requisitos aplicables al contribuidor (artículos 9 y 11) El administrador debe establecer un código de conducta del contribuidor que especifique claramente las obligaciones y responsabilidades de los contribuidores a la hora de proporcionar datos de cálculo para la determinación del índice de referencia. Cuando los contribuidores sean entidades que ya estén reguladas estarán igualmente obligados a evitar los conflictos de intereses y a llevar a efecto controles adecuados. 3.4.5. Requisitos sectoriales (artículos 10 y 12 a 14) En aras de la proporcionalidad y a fin de garantizar que la propuesta se adapte adecuadamente a diferentes tipos de índices de referencia y sectores, los anexos II y III contienen disposiciones más detalladas sobre los índices de referencia conexos a materias primas y tipos de interés. Se imponen requisitos adicionales en lo que respecta a los índices de referencia fundamentales, otorgándose, en particular, a la autoridad competente pertinente la facultad de exigir aportaciones. Los índices calculados a partir de datos aportados por centros de negociación regulados también están exentos de determinadas obligaciones para evitar una doble regulación. 3.4.6. Transparencia y protección de los consumidores (artículos 15 a 18) La protección de los inversores se potenciará mediante disposiciones de transparencia. Los administradores deberán presentar una declaración en la que se explique qué mide el índice y qué vulnerabilidad presenta, y publicar asimismo los datos en los que se base, a fin de que los usuarios puedan elegir el índice de referencia más adecuado. Dicha declaración advertirá también sobre la conveniencia de que los usuarios tomen las oportunas disposiciones frente al supuesto de que el administrador deje de elaborar el índice de referencia. Por último, se impone a los bancos una evaluación de idoneidad en sus relaciones con los consumidores al celebrar contratos financieros tales como préstamos garantizados por hipotecas. 3.4.7. Procedimiento de autorización y supervisión de los administradores (artículos 22 a 37) La actividad de elaboración de índices de referencia estará sujeta a autorización previa y supervisión permanente. La propuesta establece las condiciones y el procedimiento a los que deberán atenerse los administradores de índices de referencia radicados en la Unión para obtener autorización de la pertinente autoridad competente. La propuesta crea un mecanismo para garantizar el cumplimiento efectivo del Reglamento. Confiere a las autoridades competentes las facultades necesarias para velar por que los administradores cumplan lo dispuesto en el Reglamento. Cuando se trate de índices de referencia fundamentales, es conveniente constituir colegios de supervisores con vistas a mejorar el intercambio de información y garantizar la uniformidad de la autorización y supervisión. 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta tiene repercusiones en el presupuesto de la Unión. Las repercusiones presupuestarias específicas de la propuesta se deben a las tareas encomendadas a la AEMV, con arreglo a lo indicado en la ficha financiera legislativa que acompaña a la presente propuesta. Las nuevas funciones se llevarán a cabo con los recursos humanos disponibles en el marco del procedimiento de dotación presupuestaria anual, atendiendo a los imperativos presupuestarios, que son aplicables a todos los órganos de la UE, y con arreglo a la programación financiera de las agencias. Más en concreto, los recursos que precisará la AEVM para el desempeño de las nuevas funciones serán coherentes y compatibles con la programación humana y financiera de ese órgano, establecidos en la reciente Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Programación de los recursos humanos y financieros de las agencias descentralizadas para 2014-2020» (COM(2013)519). Las repercusiones presupuestarias específicas para la Comisión se evalúan también en la ficha financiera adjunta a la presente propuesta. En resumen, las principales repercusiones presupuestarias de la propuesta son las siguientes: a) Personal de la DG MARKT: un agente de categoría AD (a jornada completa) para la redacción de actos delegados, así como para la evaluación, el seguimiento de la aplicación y la eventual revisión de la iniciativa. Los costes totales estimados ascienden a 0,141 millones EUR anuales. b) AEVM i) Costes de personal: dos agentes temporales que se encargarán de tomar parte y mediar en los colegios de supervisores de índices de referencia fundamentales, prestar asesoramiento técnico a la Comisión en relación con la aplicación del presente Reglamento, coordinar el establecimiento de acuerdos de cooperación con terceros países, redactar directrices para promover la convergencia y la coherencia intersectorial de los regímenes sancionadores, y mantener registros de notificaciones sobre el uso de índices de referencia y un censo de administradores registrados. El coste total anual de estos dos agentes temporales ascendería a 0,326 millones EUR, que la Comisión financiaría anualmente en un 40 % (0,130 millones EUR) y los Estados miembros en un 60 % (0,196 millones EUR). ii) Costes operativos y de infraestructura: se estima que la AEVM incurriría también en un gasto inicial de 0,25 millones EUR en 2015, que la Comisión sufragaría en un 40 % (0,1 millones EUR) y los Estados miembros en un 60 % (0,15 millones EUR). Este gasto se deriva esencialmente de los sistemas informáticos que la AEVM requeriría para cumplir con la obligación de: - mantener un censo de administradores registrados de conformidad con el presente Reglamento y empresas de terceros países que suministren índices de referencia en la Unión; - recibir notificaciones de la aplicación de un índice de referencia a un instrumento financiero o contrato financiero dentro de la Unión, llevar un registro y velar por que los administradores tengan conocimiento de tal uso. La AEVM tendrá igualmente que elaborar un informe sobre la aplicación del presente Reglamento a más tardar el 1 de enero de 2018, cuyo coste total se estima en 0,3 millones EUR, que la Comisión sufragaría en un 40 % (0,12 millones EUR) y los Estados miembros en un 60 % (0,18 millones EUR) en 2017. 2013/0314 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[11], Visto el dictamen del Banco Central Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) Los precios fijados en muchos instrumentos financieros y contratos financieros dependen de la exactitud e integridad de los índices de referencia. Una serie de casos de manipulación de los índices de referencia de tipos de interés, como el LIBOR y el EURIBOR, y denuncias sobre la manipulación de índices de referencia en los sectores de la energía, el petróleo y las divisas han demostrado que los índices de referencia cuyos procesos de elaboración tienen en común determinadas características, como la existencia de posibles conflictos de intereses, el uso de la discrecionalidad y una gobernanza poco estricta, pueden ser manipulables. Los fallos en cuanto a la exactitud e integridad de los índices, o las dudas sobre tal exactitud e integridad, pueden minar la confianza de los mercados, originar pérdidas a los consumidores e inversores y falsear la economía real. Por ello, es necesario garantizar la exactitud, solidez e integridad de los índices de referencia y de su proceso de elaboración. (2) La Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros[12], establece una serie de disposiciones sobre la fiabilidad de los índices utilizados como referencia para fijar el precio de un instrumento financiero cotizado. La Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores[13], establece una serie de disposiciones en relación con los índices de referencia utilizados por los emisores. La Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)[14], establece una serie de disposiciones por lo que atañe al uso de índices de referencia por los fondos de inversión de tipo OICVM. El Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía[15], establece una serie de disposiciones que prohíben la manipulación de los índices utilizados como referencia en relación con los productos energéticos al por mayor. Sin embargo, estos actos legislativos solo regulan determinados aspectos de algunos índices de referencia, sin abordar todas las vulnerabilidades del proceso de elaboración de todos los índices de referencia. (3) Los índices de referencia son vitales para fijar los precios de las operaciones transfronterizas y favorecer así un funcionamiento eficaz del mercado único en relación con una amplia gama de instrumentos y servicios financieros. Muchos índices utilizados como tipos de referencia en los contratos financieros, en particular en las hipotecas, se elaboran en un Estado miembro pero los utilizan entidades de crédito y consumidores de otros Estados miembros. Además, esas entidades de crédito a menudo cubren sus riesgos u obtienen la financiación necesaria para celebrar esos contratos financieros en el mercado interbancario transfronterizo. Solo dos Estados miembros han adoptado legislación nacional sobre los índices de referencia, pero sus respectivos marcos normativos en la materia ya muestran divergencias en relación con aspectos tales como el ámbito de aplicación. Por otra parte, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) ha aprobado recientemente un conjunto de principios sobre los índices de referencia, y, puesto que estos principios prevén una cierta flexibilidad por lo que atañe a su ámbito exacto de aplicación y las modalidades de implementación, así como a determinados términos, es probable que los Estados miembros adopten legislaciones nacionales que incorporen esos principios de forma divergente. (4) Esta diferencia de enfoques redundaría en una fragmentación del mercado interior, pues los administradores y los usuarios de índices de referencia estarían sujetos a distintas normas en diferentes Estados miembros, y cabría que los índices de referencia elaborados en un Estado miembro no pudieran utilizarse en otros Estados miembros. Sin un marco armonizado que garantice la exactitud e integridad de los índices de referencia utilizados en los instrumentos financieros y los contratos financieros en la Unión es previsible que las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros generen obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior de los índices de referencia. (5) Las normas de la UE en materia de protección del consumidor no abordan el tema específico de la idoneidad de los índices de referencia de los contratos financieros. Como consecuencia de reclamaciones de los consumidores y litigios por el uso de índices de referencia inadecuados en diversos Estados miembros, cabe prever que se adopten medidas divergentes a escala nacional, inspiradas en el legítimo interés de protección del consumidor, que podrían dar lugar a una fragmentación del mercado interior, debido a las diferentes condiciones de competencia conexas a diferentes niveles de protección del consumidor. (6) Por tanto, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior y mejorar las condiciones de tal funcionamiento, en particular por lo que se refiere a los mercados financieros, y garantizar un elevado grado de protección de los consumidores y los inversores, procede establecer un marco normativo que regule los índices de referencia a escala de la Unión. (7) Resulta oportuno y necesario que esas disposiciones adopten la forma jurídica de reglamento, a efectos de garantizar que se apliquen uniformemente en toda la Unión normas que impongan obligaciones directas a quienes intervengan en la elaboración, la contribución a la elaboración y el uso de índices de referencia. Dado que un marco jurídico que regule la elaboración de índices de referencia comporta necesariamente medidas que especifiquen con precisión los requisitos aplicables en relación con los diferentes aspectos inherentes a dicha elaboración, incluso pequeñas divergencias en alguno de esos aspectos podrían generar importantes obstáculos al ejercicio de esta actividad a escala transfronteriza. Por consiguiente, el uso de un reglamento, que es directamente aplicable sin necesidad de legislación nacional, se considera que reduce la posibilidad de que se adopten medidas divergentes a escala nacional y garantiza un enfoque coherente y mayor seguridad jurídica, e impide que surjan tales obstáculos. (8) El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe ser tan amplio como resulte necesario para establecer un marco normativo preventivo. La elaboración de índices de referencia comporta una valoración discrecional y está intrínsecamente sujeta a determinados tipos de conflictos de intereses, lo que implica la posibilidad de manipular esos índices, y la existencia de incentivos para hacerlo. Estos factores de riesgo son comunes a todos los índices de referencia, por lo que todos ellos deben estar sujetos a los oportunos requisitos en materia de gobernanza y de control. La vulnerabilidad e importancia de un índice de referencia varían en el transcurso del tiempo, de modo que restringir el ámbito de aplicación a los índices que actualmente son importantes o vulnerables no serviría para afrontar los riesgos que cualquier índice de referencia puede plantear en el futuro. En particular, índices de referencia cuyo uso no está muy extendido en el presente pueden utilizarse ampliamente en el futuro, de manera que cualquier manipulación mínima de los mismos puede tener efectos significativos. (9) El factor esencial para delimitar el ámbito de aplicación del presente Reglamento es si el valor de índice de referencia obtenido determina el valor de un instrumento financiero o un contrato financiero, o mide el rendimiento de un fondo de inversión. Por tanto, dicho ámbito no debe depender de la naturaleza de los datos de cálculo. Consiguientemente, los índices de referencia calculados a partir de datos económicos, como pueden ser los precios de acciones, y cifras o valores no económicos, como pueden ser parámetros atmosféricos, deben también incluirse. El marco normativo debe regular los índices de referencia sujetos a esos riesgos y, a la vez, ofrecer una respuesta proporcionada frente a los riesgos inherentes de los diferentes índices de referencia. Procede, por tanto, que el presente Reglamento regule todos los índices de referencia que se utilizan para fijar los precios de los instrumentos financieros cotizados o negociados en centros de negociación regulados. (10) Numerosos consumidores son parte en contratos financieros, en particular contratos de crédito garantizados por hipotecas, que tienen como referencia índices que están sujetos a los mismos riesgos. El presente Reglamento debe, por tanto, abarcar los índices o tipos de referencia a que se refiere [la Directiva 2013/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifica la Directiva 2008/48/CE]. (11) Muchos índices de inversión están afectados por importantes conflictos de intereses, y se utilizan para medir el rendimiento de fondos tales como los fondos de tipo OICVM. Algunos de estos índices se publican y otros se ponen a disposición del público o de una parte del público, gratuitamente o a cambio de una cuota, y su manipulación puede afectar negativamente a los inversores. Por consiguiente, el presente Reglamento debe abarcar los índices o tipos de referencia que se utilizan para medir el rendimiento de un fondo de inversión. (12) Todos los administradores de índices de referencia están potencialmente afectados por conflictos de intereses, disponen de margen discrecional y pueden disponer de sistemas de gobernanza y de control inadecuados. Como, además, los administradores controlan el proceso de elaboración del índice, exigir que estén sujetos a autorización y supervisión es la manera más eficaz de garantizar la integridad del mismo. (13) Los contribuidores están potencialmente afectados por conflictos de intereses y disponen de margen discrecional, por lo que pueden ser fuente de manipulaciones. Realizar aportaciones para la elaboración de un índice de referencia es voluntario. Si alguna iniciativa exige que los contribuidores modifiquen sensiblemente sus modelos de negocio, aquellos pueden dejar de contribuir. No obstante, en el caso de entidades ya reguladas y supervisadas, que deben contar con sistemas de buena gobernanza y de control, cabe suponer que ello no les genere costes importantes o una carga administrativa desmesurada. En consecuencia, el presente Reglamento impone una serie de obligaciones a los contribuidores supervisados. (14) Un administrador es la persona física o jurídica bajo cuyo control se elabora un índice de referencia, en particular es la persona que administra el índice de referencia, recopila y analiza los datos de cálculo, determina el índice y, en algunos casos, lo publica. Sin embargo, una persona que simplemente publique o mencione un índice de referencia como parte de su actividad periodística, pero no ejerza control sobre la elaboración de ese índice, no debe estar sujeta a las obligaciones que el presente Reglamento impone a los administradores. Un índice se calcula aplicando una fórmula o algún otro método, a partir de valores. (15) subyacentes. La elaboración de esta fórmula, la realización del cálculo o la determinación de los datos de cálculo pueden hacerse de forma discrecional. Esta discrecionalidad conlleva el riesgo de manipulación y, por tanto, todos los índices de referencia que respondan a esta característica deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Sin embargo, cuando se utiliza un solo precio o valor como referencia de un instrumento financiero, por ejemplo, si el valor de una sola acción u obligación constituye el precio de referencia de una opción, no ha lugar a realizar ningún cálculo, ni existen datos de cálculo ni discrecionalidad. Por consiguiente, los precios de referencia consistentes en un único precio o un único valor no deben considerarse índices de referencia a efectos del presente Reglamento. Los precios de referencia o de liquidación proporcionados por entidades de contrapartida central (ECC) no deben considerarse índices de referencia, ya que se utilizan para determinar el precio de liquidación o los márgenes, o para gestionar el riesgo, y, en consecuencia, no determinan ni el importe a pagar en relación con un instrumento financiero ni el valor de este. (16) Los índices de referencia elaborados por los bancos centrales de la Unión están sujetos al control de las autoridades públicas y responden a principios, criterios y procedimientos que garantizan su exactitud, integridad e independencia, tal y como prevé el presente Reglamento. Por tanto, no es necesario que esos índices de referencia estén sujetos a lo dispuesto en el presente Reglamento. No obstante, los bancos centrales de terceros países pueden también elaborar índices de referencia que se utilicen en la Unión. Es necesario establecer que solo aquellos bancos centrales de terceros países que elaboren índices de referencia y que estén sujetos a normas similares a las establecidas en el presente Reglamento estén exentos de las obligaciones que este impone. (17) Cuando las vulnerabilidades del proceso de elaboración de índices de referencia no son objeto de una adecuada gobernanza existe la posibilidad de manipular aquellos. Si los índices de referencia están públicamente disponibles, puede ocurrir que este riesgo no se tenga en cuenta en toda su extensión y que tanto la gobernanza como los controles aplicados resulten insuficientes. A fin de garantizar la integridad de los índices de referencia, quienes los administren deben tener la obligación de implantar mecanismos de gobernanza adecuados que permitan controlar los conflictos de intereses y mantener la confianza en que exista tal integridad. Aun cuando la gestión sea eficaz, los administradores estarán, en su mayoría, expuestos a algún conflicto de intereses y pueden tener que realizar juicios y tomar decisiones que afecten a diversos grupos de interesados. En consecuencia, es necesario que los administradores dispongan de una función independiente para vigilar la aplicación y eficacia del sistema de gobernanza, que permita efectuar una supervisión eficaz. (18) La manipulación o falta de fiabilidad de los índices de referencia pueden causar perjuicios a los inversores y los consumidores. Por ello, el presente Reglamento debe establecer disposiciones sobre el mantenimiento de registros por los administradores y los contribuidores, así como sobre la transparencia en cuanto al objetivo del índice y los datos de cálculo que emplea, facilitando de este modo una resolución más justa y eficiente de las posibles reclamaciones con arreglo al Derecho nacional o al Derecho de la Unión. (19) La labor de auditoría y la ejecución eficaz del presente Reglamento exigen un análisis y elementos de prueba ex post, siendo preciso, por ello, que los administradores de índices de referencia conserven los pertinentes registros sobre el cálculo del índice durante un periodo de tiempo suficiente. Tanto la realidad cuya medición persigue el índice, como las condiciones en que tiene lugar la medición, es previsible que varíen a lo largo del tiempo. Esto hace necesario que la metodología y el proceso de elaboración de un índice de referencia sean auditados o verificados periódicamente, con vistas a determinar las deficiencias y las posibles mejoras. Muchos interesados pueden verse afectados por fallos en la elaboración de los índices de referencia y pueden contribuir a detectar las deficiencias. A tal efecto, resulta oportuno implantar un procedimiento de reclamaciones independiente que garantice que dichos interesados puedan transmitir sus reclamaciones a los administradores de índices de referencia y que estos últimos determinen objetivamente si tales reclamaciones están fundadas. (20) La elaboración de índices de referencia comporta, a menudo, la externalización de funciones importantes, tales como las de cálculo de los mismos, recopilación de los datos de cálculo y difusión del índice. A fin de velar por la eficacia del sistema de gobernanza, es preciso garantizar que, en ningún caso, la externalización exima a los administradores de índices de referencia de cualquiera de sus obligaciones y responsabilidades, y que tenga lugar de forma tal que no interfiera, ni en la capacidad de los administradores para cumplir con sus obligaciones o responsabilidades, ni en la capacidad de la autoridad competente para supervisar a estos últimos. (21) Los administradores de índices de referencia son los destinatarios centrales de los datos de cálculo y pueden evaluar su integridad y exactitud de forma permanente. Por tanto, es preciso que dichos administradores dispongan de controles adecuados para evaluar la exactitud de tales datos, y notifiquen a la autoridad competente todo posible dato sospechoso. (22) Los empleados de los administradores pueden detectar posibles infracciones del presente Reglamento o posibles vulnerabilidades que puedan dar lugar a manipulación o intento de manipulación. El presente Reglamento debe, por tanto, garantizar que se adopten las medidas oportunas para que los empleados puedan alertar confidencialmente a los administradores de posibles infracciones del mismo. (23) Toda discrecionalidad a la hora de suministrar los datos de cálculo genera la posibilidad de manipular un índice de referencia. Cuando los datos de cálculo se basan en las operaciones, existe menos margen discrecional y, por tanto, disminuirá la probabilidad de manipulación. En consecuencia, por regla general, los administradores de índices de referencia deben utilizar los datos de operaciones reales siempre que sea posible, pero cabe recurrir a datos adicionales cuando aquellos otros no basten para garantizar la integridad y exactitud de los índices. (24) La exactitud y fiabilidad de un índice de referencia a la hora de medir la realidad económica a cuyo seguimiento se destina depende del método y los datos de cálculo utilizados. Por tanto, es necesario adoptar un método que garantice la fiabilidad y exactitud del índice. (25) Puede ser necesario cambiar la metodología para garantizar que el índice de referencia siga siendo exacto, pero todo cambio en la metodología afecta a los usuarios y las partes interesadas en los índices. Por consiguiente, es necesario especificar los procedimientos que resulten aplicables cuando se modifique aquella, incluida la necesidad de efectuar consultas, de modo que los usuarios y los interesados puedan adoptar las medidas necesarias a la vista de esos cambios o notificar al administrador sus inquietudes con respecto a esos cambios. (26) La integridad y exactitud de los índices de referencia depende de la integridad y exactitud de los datos de cálculo aportados por los contribuidores. Es esencial que las obligaciones de los contribuidores en relación con dichos datos se especifiquen claramente, que se pueda confiar en su cumplimiento y que sean coherentes con los controles y la metodología aplicados por los administradores de índices de referencia. Resulta, por tanto, necesario que estos últimos elaboren un código de conducta que especifique esas obligaciones, y que los contribuidores queden vinculados por ese código. (27) Muchos índices de referencia se obtienen a partir de datos de cálculo obtenidos de centros de negociación regulados, bolsas de energía y plataformas de subastas de derechos de emisión. Tales centros son objeto de una regulación y supervisión que garantiza la integridad de los datos de cálculo, prevé requisitos de gobernanza y procedimientos para la notificación de infracciones. En consecuencia, a esos índices de referencia no les son aplicables determinadas obligaciones, al objeto de evitar una doble regulación y puesto que la supervisión de que son objeto garantiza la integridad de los datos de cálculo utilizados. (28) Los contribuidores pueden estar afectados por conflictos de intereses y hacer valoraciones discrecionales a la hora de determinar los datos de cálculo. Por tanto, es preciso que estén sujetos a un sistema de gobernanza que garantice la gestión de esos conflictos y que los datos de cálculo sean exactos, se ajusten a lo requerido por el administrador del índice de referencia y puedan ser validados. (29) Los diferentes tipos de índices de referencia y los diferentes sectores a los que se aplican presentan características, vulnerabilidades y riesgos diferentes. Resulta oportuno, por tanto, especificar más las disposiciones del presente Reglamento para determinados tipos de índices de referencia y determinados sectores. Los índices de tipos de interés interbancarios son índices de referencia que desempeñan una importante función en la transmisión de la política monetaria y, por tanto, es necesario especificar en el presente Reglamento de qué modo afectan tales disposiciones a dichos índices. Los índices de referencia de materias primas se utilizan muy extensamente y tienen características sectoriales específicas, siendo por ello necesario especificar en el presente Reglamento cómo afectan dichas disposiciones a esos índices de referencia. (30) Existen índices de referencia fundamentales cuyos fallos pueden repercutir significativamente en la estabilidad financiera, en el buen funcionamiento del mercado o en los inversores, y resulta, por consiguiente, necesario establecer requisitos adicionales que garanticen la integridad y solidez de esos índices de importancia fundamental. Un índice que sirva de referencia de instrumentos financieros que representen un valor significativo tendrá esos efectos. Así pues, es necesario que la Comisión determine qué índices se utilizan como referencia de instrumentos financieros cuyo valor sobrepasa un cierto umbral y que deben considerarse índices de referencia fundamentales. (31) Cuando los contribuidores dejan de serlo ello puede minar la credibilidad de los índices de referencia fundamentales. A fin de hacer frente a este problema, es necesario que la autoridad competente esté facultada para imponer la obligación de contribuir en el caso de los índices fundamentales. (32) A fin de que los usuarios de índices de referencia elijan los índices adecuados y comprendan los riesgos que comportan, es preciso que sepan qué mide el índice y qué tipo de vulnerabilidad presenta. Procede, por tanto, que el administrador del índice de referencia emita una declaración en la que se especifiquen estos elementos y se publiquen los datos de cálculo utilizados para determinar el índice de referencia. (33) Los consumidores pueden celebrar contratos financieros, en particular de crédito hipotecario y crédito al consumo, que estén sujetos a un índice de referencia, pero su inferior capacidad de negociación y el uso de términos estándar hacen que sus posibilidades de elección del índice de referencia utilizado puedan ser limitadas. Resulta, por tanto, necesario garantizar que la responsabilidad de evaluar si el índice de referencia es idóneo para el consumidor recaiga en los prestamistas o acreedores cuando sean entidades supervisadas, pues están más capacitados para elegir el índice. Sin embargo, el presente Reglamento no debe exigir una evaluación de la idoneidad en relación con los instrumentos financieros a los que se aplique un índice de referencia, ya que ello ya está previsto en la Directiva [MiFID]. (34) El presente Reglamento debe tener en cuenta los principios que sobre los índices de referencia financieros emitió la Organización Internacional de Comisiones de Valores (en lo sucesivo, «los principios OICV») el 17 de julio de 2013, que sirven de pauta internacional por lo que atañe a las disposiciones legales aplicables a los índices de referencia. Antes de que un índice de referencia de un tercer país pueda utilizarse en la Unión, debe verificarse, en aras de la protección del inversor, que la supervisión y la normativa de ese tercer país sean equivalentes a la supervisión y normativa de la Unión con respecto a los índices de referencia. (35) El administrador debe ser autorizado y supervisado por la autoridad competente del Estado miembro en el que dicho administrador radique. (36) En algunas circunstancias, puede ocurrir que una persona elabore un índice y desconozca que se esté utilizando como referencia de un instrumento financiero. Esto ocurre, en particular, cuando los usuarios y los administradores del índice de referencia están radicados en Estados miembros diferentes. Por ello, resulta necesario que las autoridades competentes, siempre que tengan conocimiento del uso de un índice de referencia en un instrumento financiero, lo notifiquen a una autoridad central de coordinación, tal como la AEVM, que, a su vez, debe notificarlo al administrador. (37) La eficacia de la supervisión se garantiza asignando un conjunto de facultades, instrumentos y recursos efectivos a las autoridades competentes de cada Estado miembro. Por consiguiente, el presente Reglamento debe prever, en particular, una serie mínima de facultades de supervisión e investigación de que debe dotarse a las autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo al Derecho nacional. En el ejercicio de las facultades que les asigna el presente Reglamento, las autoridades competentes y la AEVM deben obrar objetiva e imparcialmente, y adoptar sus decisiones siempre de forma autónoma. (38) A efectos de detectar los casos de infracción del presente Reglamento, es necesario que las autoridades competentes puedan tener acceso a los locales de las personas físicas o jurídicas para incautarse de documentos, de acuerdo con el Derecho nacional. El acceso a dichos locales es necesario cuando se tenga la sospecha razonable de que existen documentos y otros datos relacionados con el objeto de la inspección o investigación, y que pueden ser pertinentes para demostrar la infracción del presente Reglamento. Además, el acceso a dichos locales resulta necesario cuando: la persona a la que se haya dirigido ya una solicitud de información no la atienda, o haya motivos razonables para creer que, si se le dirigiera esa solicitud, no la atendería, o que los documentos o la información contemplados en la solicitud serían ocultados retirados, alterados o destruidos. Si es preciso obtener una autorización de las autoridades judiciales del Estado miembro de que se trate, con arreglo al Derecho nacional, la potestad de acceso a los locales debe utilizarse una vez obtenida dicha autorización judicial previa. (39) Las grabaciones de conversaciones telefónicas y los registros de tráfico de datos existentes y en poder de entidades supervisadas, pueden constituir un elemento esencial, a veces el único, de cara a detectar y demostrar la infracción del presente Reglamento, en particular los requisitos de gobernanza y de control. Dichos registros y grabaciones pueden servir para verificar la identidad de la persona responsable de la transmisión y las personas responsables de autorizar esta, así como si se mantiene la separación física de los empleados. Por tanto, las autoridades competentes deben poder exigir la entrega de las grabaciones de conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas, y los registros de tráfico de datos existentes y en poder de entidades supervisadas, siempre que se tenga la sospecha razonable de que esas grabaciones y registros relacionados con el objeto de la inspección o investigación pueden ser pertinentes para demostrar la infracción del presente Reglamento. (40) Algunas disposiciones del presente Reglamento se aplican a personas físicas o jurídicas de terceros países que pueden utilizar índices de referencia o ser contribuidores de índices de referencia o estar involucrados de algún otro modo en el proceso de elaboración del índice. En consecuencia, las autoridades competentes deben celebrar convenios con las autoridades de supervisión de terceros países. La AEVM debe coordinar la elaboración de esos convenios de cooperación y el intercambio entre autoridades competentes de la información recibida de terceros países. (41) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información, la libertad de empresa, el derecho de propiedad, el derecho a la protección de los consumidores, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Por tanto, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de acuerdo con esos derechos y principios. (42) El derecho de defensa de las personas afectadas debe estar plenamente garantizado. En particular, las personas incursas en un procedimiento deben tener acceso a las conclusiones en que hayan basado las autoridades competentes la decisión, y tener derecho a ser oídas. (43) La transparencia con respecto a los índices de referencia es necesaria por razones de estabilidad del mercado financiero y protección del inversor. Todo intercambio o comunicación de información entre las autoridades competentes debe realizarse con arreglo a las disposiciones relativas a la transmisión de datos personales previstas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[16]. Todo intercambio o comunicación de información que realice la AEVM debe hacerse con arreglo a las disposiciones relativas a la transmisión de datos personales previstas en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos de la Comunidad y a la libre circulación de estos datos[17] . (44) Teniendo en cuenta los principios enunciados en la Comunicación de la Comisión sobre regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de los servicios financieros, y los actos jurídicos de la Unión adoptados a raíz de dicha Comunicación, los Estados miembros deben establecer normas relativas a las sanciones y medidas administrativas aplicables a los supuestos de infracción de las disposiciones del presente Reglamento y velar por su ejecución. Dichas sanciones y medidas administrativas, deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. (45) Resulta, por tanto, oportuno prever una serie de medidas, sanciones y multas administrativas a fin de garantizar un enfoque común en los Estados miembros y potenciar sus efectos disuasorios. Las sanciones que deban aplicarse en cada caso deben determinarse atendiendo, cuando proceda, a factores tales como la restitución de todo beneficio financiero constatado, la gravedad y duración de la infracción, todo posible factor agravante o atenuante, la necesidad de que las multas tengan efectos disuasorios, y, en su caso, comportar una reducción en caso de cooperación con la autoridad competente. En particular, la cuantía efectiva de las multas administrativas que deban imponerse en un determinado caso debe poder ser la más elevada prevista en el presente Reglamento o en el Derecho nacional cuando se trate de infracciones graves, al tiempo que, en el caso de infracciones de menor entidad, o en caso de que se solvente la situación, deben poder aplicarse multas muy inferiores a la cuantía más elevada. La autoridad competente debe poder imponer una prohibición temporal de ejercer funciones de dirección en los administradores o los contribuidores. El presente Reglamento no debe ser obstáculo para que los Estados miembros apliquen sanciones administrativas más elevadas. (46) Al objeto de garantizar que las decisiones adoptadas por las autoridades competentes tengan un efecto disuasorio sobre el público en general, las mismas deben normalmente publicarse. Dicha publicación constituye también para las autoridades competentes una importante herramienta con vistas a informar a los participantes en el mercado de los comportamientos que se considera que infringen el presente Reglamento, y favorecer en general un adecuado comportamiento de aquellos. Cuando tal publicación pueda ocasionar un perjuicio desmesurado a las personas afectadas o ponga en riesgo la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso, las autoridades competentes deben publicar las sanciones y medidas respetando el anonimato, o aplazar la publicación. Las autoridades competentes deben poder decidir no publicar las sanciones cuando se considere que una publicación anónima o aplazada no basta para garantizar que la estabilidad de los mercados financieros no esté en riesgo. Asimismo, las autoridades competentes no deben estar obligadas a publicar medidas que consideren de menor entidad cuando tal publicación resulte desproporcionada. (47) Los índices de referencia fundamentales pueden involucrar a contribuidores, administradores y usuarios de más de un Estado miembro. En consecuencia, si un índice fundamental deja de elaborarse o se producen hechos que puedan dañar significativamente su integridad, ello puede afectar a más de un Estado miembro, de tal modo que la supervisión de ese índice por la autoridad competente del Estado miembro de elaboración del mismo no resultará por sí sola ni eficiente ni eficaz a la hora de afrontar los riesgos que ese índice comporta. Al objeto de garantizar la eficacia del intercambio de información de supervisión entre las autoridades competentes, y la coordinación de las actividades de estas y las medidas de supervisión, deben crearse colegios de autoridades competentes. Las actividades de los colegios deben contribuir a la aplicación armonizada de las normas que establece el presente Reglamento y a la convergencia de las prácticas de supervisión. La mediación, jurídicamente vinculante, de la AEVM es un elemento fundamental de cara a la coordinación de las prácticas de supervisión, y su coherencia y convergencia. Los índices de referencia pueden aplicarse a instrumentos financieros y contratos financieros de larga duración. En algunos casos, una vez que el presente Reglamento entre en vigor, la elaboración de tales índices puede no estar ya permitida, debido a que posean características que no sea posible adaptar a lo establecido en el presente Reglamento. Sin embargo, prohibir la continuidad de esos índices puede significar la resolución o invalidación de los instrumentos financieros o contratos financieros, y perjudicar así a los inversores. Resulta oportuno, por tanto, prever que esos índices puedan seguir elaborándose durante un periodo transitorio. (48) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento y especificar más en detalle los elementos técnicos de la propuesta, procede delegar en la Comisión la facultad de adoptar actos, conforme a lo establecido en el artículo 290 del TFUE, destinados a especificar los elementos técnicos de las definiciones, las obligaciones en materia de gobernanza y de control que incumban a los administradores y a los contribuidores supervisados, los requisitos en materia de datos de cálculo y métodos, el código de conducta, los requisitos específicos para los diferentes tipos de índices de referencia y sectores, así como la información que deba facilitarse en las solicitudes de autorización de los administradores. (49) La Comisión debe adoptar proyectos de normas técnicas de regulación elaborados por la AEVM y que establezcan el contenido mínimo de los convenios de cooperación con las autoridades competentes de terceros países, mediante actos delegados conforme al artículo 290 del TFUE y de acuerdo con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010. (50) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en relación con algunos aspectos del mismo. Concretamente, por lo que atañe a la verificación de la equivalencia de los marcos normativos a que estén sujetos los bancos centrales y los elaboradores de índices de referencia de terceros países, así como a la calidad de fundamental de un índice de referencia. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[18]. (51) La Comisión debe también estar facultada para adoptar normas técnicas de ejecución elaboradas por la AEVM y que establezcan los procedimientos y modalidades del intercambio de información entre las autoridades competentes y la AEVM, mediante actos de ejecución conforme al artículo 291 del TFUE y de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1095/2010. Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un régimen coherente y eficaz frente a las vulnerabilidades que presentan los índices de referencia no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, puesto que los efectos generales de los problemas que plantean dichos índices solo pueden apreciarse plenamente en el contexto de la Unión, y pueden, por consiguiente, lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: TÍTULO 1 OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES Artículo 1 Objeto El presente Reglamento establece un marco común a efectos de garantizar la exactitud e integridad de los índices de referencia utilizados en los instrumentos financieros y los contratos financieros de la Unión. Contribuye así a un adecuado funcionamiento del mercado interior, a la vez que al logro de un elevada protección del consumidor y el inversor. Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento será aplicable a la elaboración de índices de referencia, la aportación de datos de cálculo a ese respecto y el uso de índices de referencia en la Unión. 2. El presente Reglamento no será de aplicación a: (a) los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC); (b) los bancos centrales de terceros países cuyo marco normativo esté reconocido por la Comisión como equivalente, en cuanto a los principios, criterios y procedimientos que establece, a lo dispuesto en el presente Reglamento por lo que atañe a la exactitud, integridad e independencia de la elaboración de los índices de referencia. 3. La Comisión establecerá una lista de los bancos centrales de terceros países a que se refiere el párrafo segundo, letra b). Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen previsto en el artículo 38, apartado 2. Artículo 3 Definiciones 1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: (1) «índice»: toda cifra (a) que se publique o se ponga a disposición del público; (b) que se determine periódicamente, en su totalidad o en parte, aplicando una fórmula o cualquier otro método de cálculo, o mediante evaluación; (c) cuya determinación se efectúe basándose en el valor de uno o más activos subyacentes, o precios, inclusive precios estimados, y otros valores; (2) «índice de referencia»: todo índice que se utilice como referencia para determinar el importe a pagar en relación con un instrumento financiero o un contrato financiero, o el valor de un instrumento financiero o un contrato financiero, o para medir el rendimiento de un fondo de inversión; (3) «elaboración de un índice de referencia»: (a) la administración de los mecanismos destinados a determinar un índice de referencia; y (b) la recogida, el análisis o el tratamiento de datos de cálculo con vistas a determinar un índice de referencia; y (c) la determinación de un índice de referencia mediante una fórmula u otro método de cálculo o mediante la evaluación de los datos de cálculo facilitados a tal efecto; (4) «administrador»: la persona física o jurídica bajo cuyo control se elabora un índice de referencia; (5) «usuario de un índice de referencia»: toda persona que emita o posea un instrumento financiero o sea parte en un contrato financiero que estén sujetos a un índice de referencia; (6) «aportación de datos de cálculo»: el suministro a un administrador, o a otra persona para su transmisión a un administrador, de cualquier dato de cálculo que sea necesario para la determinación de un índice de referencia, y que se facilite a tal fin; (7) «contribuidor»: la persona física o jurídica que aporta datos de cálculo; (8) «contribuidor supervisado»: toda entidad supervisada que aporte datos de cálculo a un administrador radicado en la Unión; (9) «transmitente»: la persona física contratada por el contribuidor con el fin de efectuar la aportación de datos; (10) «datos de cálculo»: los datos correspondientes al valor de uno o varios activos subyacentes, o precios, inclusive precios estimados, u otros valores, utilizados por el administrador para determinar el índice de referencia; (11) «datos regulados»: los datos de cálculo aportados directamente por un centro de negociación, a tenor del artículo 2, apartado 1, punto 25), del [MIFIR], o un dispositivo de publicación aprobado, a tenor del artículo 2, apartado 1, punto 18), del [MIFIR], o un mecanismo de información aprobado, a tenor del artículo 2, apartado 1, punto 20), del [MIFIR], conforme a requisitos en materia de datos de postnegociación obligatorios, o las bolsas de electricidad a que se refiere el artículo 37, apartado 1, letra j), de la Directiva 2009/72/CE[19], o las bolsas de gas natural a que se refiere el artículo 41, apartado 1, letra j), de la Directiva 2009/73/CE[20] o la plataforma de subastas a que se refiere el artículo 26 o el artículo 30 del Reglamento (UE) nº 1031/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo; (12) «datos de operaciones»: todo precio, tipo, índice o valor observables que representen operaciones entre contrapartes no vinculadas en un mercado activo sujeto a las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda; (13) «instrumento financiero»: cualquiera de los instrumentos enumerados en el anexo I, sección C, de la Directiva 2004/39/CE que haya sido objeto de una solicitud de admisión a negociación en un centro de negociación o que se negocie en un centro de negociación; (14) «entidad supervisada»: cualquiera de las siguientes entidades: (a) las entidades de crédito, según se definen en el artículo 3, punto 1, de la Directiva 2013/36/UE[21]; (b) las empresas de inversión, según se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 1, del [MIFIR]; (c) las empresas de seguros, según se definen en el artículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/UE[22]; (d) las empresas de reaseguros, según se definen en el artículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/UE; (e) los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), según se definen en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/65/UE[23]; (f) los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA), según se definen en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[24]; (g) las entidades de contrapartida central, según se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo[25]; (h) los registros de operaciones, según se definen en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) nº 648/2012; (i) los administradores; (15) «contrato financiero»: (a) todo contrato de crédito según lo definido en el artículo 3, punto c), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[26]; (b) todo contrato de crédito según lo definido en el artículo 3, punto 3, de [la Directiva (2013/.../) del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial]; (16) «fondo de inversión»: un FIA, tal y como se define en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o los organismos de inversión colectiva comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. (17) «órgano de dirección»: el órgano u órganos rectores, que comprendan las funciones de supervisión y de dirección, constituyan la última instancia decisoria y estén facultados para fijar la estrategia, los objetivos y la orientación general de la entidad; (18) «consumidor»: persona física que, en los contratos financieros a los que se aplica el presente Reglamento, actúa con fines ajenos a su actividad comercial o profesional; (19) «índice de referencia de tipo de interés interbancario»: un índice de referencia en el que el activo subyacente a efectos del punto 1, letra c), del presente artículo es el tipo al que los bancos pueden prestar a otros bancos u obtener préstamos de otros bancos; (20) «índice de referencia de materias primas»: un índice de referencia en el que el activo subyacente a efectos del punto 1, letra c), del presente artículo es una materia prima a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la Comisión[27]; Los derechos de emisión definidos en el anexo 1, sección C, punto 11, de la [MiFID] no se considerarán materias primas a efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento. (21) «índice de referencia fundamental»: un índice de referencia en relación con el cual la mayoría de los contribuidores son entidades supervisadas y que se utiliza como referencia de instrumentos financieros por un valor nocional de al menos 500 000 millones EUR; (22) «radicación»: cuando se trate de personas jurídicas, el Estado miembro o tercer país en el que esté situado el domicilio social u otra dirección oficial de esa persona y, cuando se trate de personas físicas, el Estado miembro o tercer país del que dicha persona sea residente a efectos fiscales. 2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 37, a fin de especificar con mayor detalle elementos técnicos de las definiciones establecidas en el apartado 1, en particular qué se entiende por «poner a disposición del público» a efectos de la definición de índice, así como a tener en cuenta la evolución del mercado o la tecnología. En su caso, la Comisión tendrá en cuenta la convergencia internacional de las prácticas de supervisión aplicables a los índices de referencia. Artículo 4 Exclusión de los administradores que desconozcan el uso de los índices de referencia que elaboran y de los administradores que no otorguen consentimiento 1. El presente Reglamento no será de aplicación a los administradores, por lo que respecta a los índices de referencia que elaboren, cuando desconozcan, y no podrían razonablemente haber sabido, que dichos índices se usan como referencia a los fines contemplados en el artículo 3, apartado 1, punto 2. 2. El presente Reglamento no se aplicará a los administradores de los índices de referencia a que se refiere el artículo 25, apartado 3, por lo que atañe a esos índices. TÍTULO II INTEGRIDAD Y FIABILIDAD DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA Capítulo 1 Gobernanza y control de los administradores Artículo 5 Requisitos de gobernanza 1. El administrador estará sujeto a los siguientes requisitos de gobernanza: (a) El administrador dispondrá de mecanismos de gobernanza sólidos, que comprendan una estructura organizativa clara, en la que las funciones y responsabilidades de cuantos participen en la elaboración de un índice de referencia estén bien definidas y sean transparentes y coherentes. El administrador adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que la elaboración de un índice de referencia no se vea afectada por ningún conflicto de intereses real o potencial y que, siempre que en el proceso de elaboración de un índice de referencia deban realizarse juicios o valoraciones discrecionales, se actúe con independencia y honestidad («gobernanza y conflictos de intereses»). (b) El administrador implantará una función de supervisión con el fin de supervisar todos los aspectos de la elaboración de sus índices de referencia («supervisión»). (c) El administrador dispondrá de un sistema de control que garantice que el índice de referencia se elabore y difunda conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento («controles»). (d) El administrador contará con un sistema de rendición de cuentas que prevea el mantenimiento de registros, la auditoría y verificación, y un procedimiento de reclamaciones, y que sirva para demostrar que se cumple lo dispuesto en el presente Reglamento («rendición de cuentas»). 2. El administrador cumplirá los requisitos de gobernanza y de control establecidos en el anexo 1, sección A. 3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 37, a fin de especificar con mayor detalle los requisitos que en materia de gobernanza y de control establece el anexo 1, sección A. La Comisión tendrá en cuenta lo siguiente: (a) la evolución de los índices de referencia y los mercados financieros a la luz de la convergencia internacional de las prácticas de supervisión en lo que atañe a los requisitos de gobernanza aplicables a los índices de referencia (b) las características específicas de diferentes tipos de índices de referencia y administradores; (c) los conflictos de intereses, reales o potenciales, que afecten a la elaboración de índices de referencia, la vulnerabilidad de los índices de referencia frente a la manipulación y la importancia de los índices de referencia para la estabilidad financiera, los mercados y los inversores. Artículo 6 Externalización 1. El administrador no externalizará funciones conexas a la elaboración de índices de referencia de modo tal que ello reduzca significativamente su control de dicha elaboración, o la capacidad de la autoridad competente para supervisar el índice. 2. En caso de externalización, el administrador velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas en el anexo 1, sección B. 3. Cuando un administrador externalice, a un proveedor de servicios, funciones o cualquier servicio o actividad pertinentes para la elaboración de un índice de referencia, seguirá siendo plenamente responsable del cumplimiento de las obligaciones que le incumban en virtud del presente Reglamento. Capítulo 2 Datos de cálculo y metodología, notificación de infracciones Artículo 7 Datos de cálculo y metodología 1. La elaboración de un índice de referencia se regirá por las siguientes disposiciones en lo que atañe a los datos de cálculo y la metodología: (a) Los datos de cálculo serán los suficientes para que puedan reflejar con exactitud y fiabilidad el mercado o la realidad económica a cuya medición se destina el índice de referencia («datos suficientes y exactos»). Los datos de cálculo serán datos de operaciones; si los datos de operaciones disponibles no bastan para reflejar con exactitud y fiabilidad el mercado o la realidad económica a cuya medición se destina el índice de referencia, podrán utilizarse datos distintos de los datos de operaciones, siempre y cuando sean verificables. (b) El administrador obtendrá los datos de cálculo de un grupo o una muestra fiable y representativa de contribuidores, a fin de que el índice de referencia resultante sea fiable y representativo del mercado o la realidad económica a cuya medición se destina («contribuidores representativos»). (c) Cuando los datos de cálculo de un índice de referencia no sean datos de operaciones y un contribuidor tenga intereses en más del 50 % del valor de las operaciones del mercado a cuya medición se destina el índice, el administrador se cerciorará de que los datos de cálculo representen un mercado sujeto a las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda. Si el administrador considera que los datos de cálculo no son representativos de un mercado sujeto a dichas fuerzas, bien variará los datos de cálculo, los contribuidores o la metodología, a fin de garantizar que tales datos sean representativos de un mercado sujeto a las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda, bien pondrá fin a la elaboración de ese índice de referencia («impacto sobre el mercado»). (d) Para la determinación del índice de referencia, el administrador utilizará un método que sea sólido y fiable y que responda a normas claras en las que se especifique cómo y cuándo podrán realizarse valoraciones discrecionales en dicha determinación («método sólido y fiable). (e) El administrador desarrollará, utilizará y administrará los datos y el método de cálculo del índice de referencia de forma transparente («transparencia»). 2. Los administradores deberán cumplir los requisitos relativos a los datos de cálculo y la metodología que se especifican en el anexo I, sección C. 3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 37, a fin de establecer medidas destinadas a especificar más en detalle los controles sobre los datos de cálculo, las circunstancias en las que los datos de operaciones pueden no bastar, y cómo puede demostrarse esto a los supervisores, así como los requisitos para el desarrollo de metodologías. La Comisión tendrá en cuenta lo siguiente: (a) la evolución de los índices de referencia y los mercados financieros a la luz de la convergencia internacional de las prácticas de supervisión aplicables a los índices de referencia; (b) las características específicas de diferentes índices de referencia y tipos de índices de referencia; y (c) la vulnerabilidad de los índices de referencia frente a la manipulación a la luz de los métodos y los datos de cálculo utilizados. Artículo 8 Notificación de las infracciones 1. El administrador velará por que se disponga de sistemas adecuados y controles eficaces a fin de garantizar la integridad de los datos de cálculo a efectos de lo dispuesto en el apartado 2. 2. El administrador hará un seguimiento de los datos de cálculo y de los contribuidores al objeto de detectar las infracciones del [Reglamento relativo al abuso de mercado] y posibles conductas que entrañen la manipulación o el intento de manipulación del índice de referencia, e informará a la autoridad competente de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del [Reglamento relativo al abuso de mercado], a la vez que proporcionará toda la información pertinente cuando sospeche que, por lo que respecta al índice de referencia: (a) se ha cometido una infracción importante del [Reglamento sobre el abuso de mercado]; (b) se han observado conductas que pueden entrañar la manipulación o el intento de manipulación del índice de referencia; o (c) ha habido connivencia en la manipulación o el intento de manipulación del índice. 3. El administrador dispondrá de procedimientos que permitan a los directivos, los empleados y otras personas físicas que le presten servicios o que estén bajo su control notificar las infracciones del presente Reglamento internamente a través de un canal específico y autónomo. Capítulo 3 Código de conducta y requisitos aplicables a los contribuidores Artículo 9 Código de conducta 1. El administrador elaborará un código de conducta para cada índice de referencia, en el que constarán claramente las responsabilidades y obligaciones del propio administrador y del contribuidor en lo que atañe a la elaboración del índice de referencia, y que incluirá una descripción detallada de los datos de cálculo que deban facilitarse, y, como mínimo, los elementos que se especifican en el anexo I, sección D. 2. El código de conducta deberán firmarlo el administrador y los contribuidores, y será jurídicamente vinculante para todas las partes. 3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 37, a fin de establecer medidas destinadas a especificar más en detalle los términos del código de conducta previstos en el anexo I, sección D, para diferentes tipos de índices de referencia, y a efectos de tener en cuenta la evolución de los índices de referencia y los mercados financieros. La Comisión deberá tener en cuenta las distintas características de los índices de referencia y los contribuidores, en particular las diferencias en los datos de cálculo y los métodos, los riesgos de manipulación de los datos de cálculo y la convergencia internacional de las prácticas de supervisión aplicables a los índices de referencia. Artículo 10 Datos regulados 1. Cuando los datos de cálculo de un índice de referencia sean datos regulados, no se aplicarán el artículo 7, apartado 1, letra b), el artículo 8, apartados 1 y 2, y el artículo 9. 2. El administrador celebrará un acuerdo con el contribuidor que aporte los datos regulados en el que quede claro para este último qué índices de referencia determina el administrador con dichos datos regulados, y velará por el cumplimiento del presente Reglamento. Artículo 11 Gobernanza y controles 1. Los contribuidores supervisados estarán sujetos a los siguientes requisitos de gobernanza y control: (a) los contribuidores supervisados garantizarán que la aportación de datos de cálculo no se vea afectada por conflictos de intereses reales o potenciales, y que, siempre que deban realizarse valoraciones discrecionales, se actúe con independencia y honestidad, basándose en información pertinente conforme al código de conducta («conflictos de intereses»); (b) los contribuidores supervisados dispondrán de un sistema de control que garantice la integridad, exactitud y fiabilidad de los datos de cálculo, y que estos se faciliten de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento y en el código de conducta («controles adecuados»). 2. Los contribuidores supervisados cumplirán los requisitos que en materia de sistemas y de controles establece el anexo 1, sección E. 3. Los contribuidores supervisados cooperarán plenamente con el administrador y la autoridad competente pertinente en lo que atañe a la auditoría y supervisión de la elaboración de un índice de referencia, y tendrán a disposición la información y los registros a que se refiere el anexo I, sección E. 4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 37, a fin de establecer medidas dirigidas a especificar más en detalle lo que en materia de sistemas y de controles se dispone en el anexo I, sección E, para diferentes tipos de índices de referencia. La Comisión tendrá en cuenta las distintas características de los índices de referencia y los contribuidores supervisados, en particular las diferencias en los datos de cálculo y las metodologías empleadas, los riesgos de manipulación de los datos de cálculo y la naturaleza de las actividades desempeñadas por los citados contribuidores, así como la evolución de los índices de referencia y los mercados financieros a la luz de la convergencia internacional de las prácticas de supervisión aplicables a los índices de referencia. TÍTULO III REQUISITOS SECTORIALES E ÍNDICES DE REFERENCIA FUNDAMENTALES Capítulo 1 Sectores de aplicación de los índices de referencia Artículo 12 Requisitos específicos para diferentes tipos de índices de referencia y sectores 1. Junto a lo dispuesto en el título II, los índices de referencia de tipos de interés interbancarios estarán sujetos a los requisitos específicos contenidos en el anexo II. 2. Junto a lo dispuesto en el título II, los índices de referencia de materias primas estarán sujetos a los requisitos específicos contenidos en el anexo III. 3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 37, a fin de especificar o adaptar, a la luz de la evolución tecnológica y de los mercados, y la evolución internacional, los siguientes elementos de los anexos II y III: (a) El período transcurrido el cual deberán publicarse los datos de cálculo (anexo II, punto 6) (b) El proceso de elección y designación del comité de supervisión, así como de asignación de cometidos al mismo (anexo II, puntos 8, 9 y 10). (c) La frecuencia de realización de las auditorías (anexo II, ,punto 12) (d) Los procesos para la aportación de datos de cálculo, que han de especificarse en el código de conducta (anexo II, punto 13). (e) Los sistemas y controles de los contribuidores (anexo II, punto 16). (f) Los registros que ha de conservar un contribuidor y el soporte en que deberán contenerse (anexo II, puntos 17 y 18). (g) Las constataciones que la función de verificación del cumplimiento del contribuidor deberá comunicar a la dirección (anexo II, punto 19). (h) La frecuencia de realización de revisiones internas de los procedimientos y datos de cálculo (anexo II, punto 20). (i) La frecuencia de realización de auditorías integras de los datos de cálculo del contribuidor (anexo II, punto 21). (j) Los criterios y procedimientos de determinación del índice de referencia [anexo III, punto 1, letra a)]. (k) Los elementos constitutivos de la metodología y la descripción de esta (anexo III, puntos 1 y 2). (l) Las obligaciones del administrador en cuanto a la calidad e integridad del cálculo del índice de referencia y el contenido de la descripción que acompañará cada cálculo (anexo III, puntos 5 y 6). Capítulo 2 Índices de referencia fundamentales Artículo 13Índices de referencia fundamentales 1. La Comisión adoptará una lista de los índices de referencia existentes en la Unión que se consideran fundamentales, de acuerdo con lo definido en el artículo 3, apartado 21. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen previsto en el artículo 38, apartado 2. 2. En el plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de aplicación de la decisión de incluir un índice fundamental en la lista a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, el administrador de dicho índice notificará el código de conducta a la autoridad competente pertinente. Esta última verificará en el plazo de treinta días si el contenido de dicho código se ajusta a lo dispuesto en el presente Reglamento. Cuando la citada autoridad constate la existencia de elementos que no se ajustan a lo dispuesto en el presente Reglamento, lo comunicará al administrador. Este último adaptará el código de conducta de modo que se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento en el plazo de treinta días a partir de esa comunicación. Artículo 14 Contribución obligatoria 1. Cuando, dentro de un mismo año, una serie de contribuidores de un índice de referencia fundamental, que representen al menos el 20 % del total de contribuidores, deje de contribuir a dicho índice, o existan indicios suficientes de que vaya a dejar de contribuir a dicho índice, la autoridad competente del administrador de ese índice de referencia fundamental estará facultada para: (a) exigir a las entidades supervisadas, seleccionadas conforme al apartado 2, que aporten datos de cálculo al administrador de acuerdo con la metodología aplicada, el código de conducta u otras normas; (b) determinar en qué forma y plazo deben aportarse datos de cálculo; (c) modificar el código de conducta, la metodología u otras normas aplicables al índice de referencia fundamental. 2. En el caso de los índices de referencia fundamentales, las entidades supervisadas obligadas a contribuir conforme al apartado 1 serán determinadas por la autoridad competente del administrador de acuerdo con los siguientes criterios: (a) el volumen de la participación real o potencial de la entidad supervisada en el mercado a cuya medición se destina el índice de referencia; (b) la solvencia técnica y la capacidad de la entidad supervisada en cuanto a la aportación de datos de cálculo de la calidad necesaria. 3. La autoridad competente de un contribuidor supervisado obligado a contribuir a un índice de referencia a través de medidas adoptadas con arreglo al apartado 1, letras a) y b), asistirá a la autoridad competente del a