COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 9.12.2015 COM(2015) 627 final 2015/0284(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se garantiza la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2015) 270 final}

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Motivación y objetivos de la propuesta Internet se ha convertido en un canal de distribución de contenidos esencial. En 2014, el 49 % de los usuarios europeos de internet accedieron a música, vídeos y juegos en línea, y se espera que esta cifra aumente en el futuro. Tabletas y teléfonos inteligentes facilitarán aún más dichos usos, habida cuenta de que en la UE el 51 % de las personas utilizan un dispositivo móvil para conectarse a internet. La rápida asimilación de los servicios de contenidos en línea y el uso creciente de dispositivos portátiles, también a través de las fronteras, hacen que hoy día los europeos esperen poder utilizar los servicios de contenidos en línea desde el lugar de la Unión en que se encuentren. Uno de los objetivos clave de la estrategia del mercado único digital de la Comisión es que los usuarios disfruten de un acceso en línea a las obras más amplio en toda la UE. La portabilidad transfronteriza se refiere a los servicios de contenidos en línea a los que los consumidores tienen acceso legítimo, o a los contenidos adquiridos o arrendados en línea en su país de residencia y a los que desean seguir teniendo acceso cuando se desplazan dentro de la UE. La demanda de portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea por parte de los consumidores es ya sustancial y se espera que aumente. Sin embargo, cuando una persona se desplaza en la UE, a menudo no puede disfrutar de tal portabilidad transfronteriza o solo puede hacerlo de forma limitada. La ausencia de portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en la UE, o los problemas asociados a ella, derivan de las prácticas de concesión de licencias de los titulares de derechos o de las prácticas comerciales de los prestadores de servicios. La presente propuesta tiene por objeto eliminar los obstáculos a la portabilidad transfronteriza, con el fin de satisfacer de manera más efectiva las necesidades de los usuarios y de fomentar la innovación en beneficio de consumidores, prestadores de servicios y titulares de derechos. La propuesta introduce un enfoque común en la Unión, al tiempo que mantiene un elevado nivel de protección de los titulares de derechos. De este modo, contribuye al funcionamiento del mercado interior como espacio sin fronteras interiores donde está garantizada la libertad de prestar y recibir servicios. •Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión La estrategia para el mercado único digital presenta una serie de iniciativas con el objetivo de crear un mercado interior de contenidos y servicios digitales. La presente propuesta figura entre las primeras iniciativas encuadradas en dicha estrategia. Irá seguida de otras en los ámbitos en ella anunciados, en especial en el de los derechos de autor. La supresión de los obstáculos a la portabilidad transfronteriza constituye un primer paso significativo que aborda un obstáculo concreto, e importante para los consumidores, al acceso transfronterizo a los contenidos. Una intervención temprana en este ámbito también es oportuna visto que se acerca la fecha en que se pondrá fin a los recargos de itinerancia para quienes se desplazan en el interior de la UE. La presente propuesta tiene por objeto determinar si, a efectos de la portabilidad transfronteriza dentro del ámbito de aplicación de la presente propuesta, el acto de explotación de las obras y otras prestaciones protegidas se realiza a los efectos de la Directiva 96/9/CE, la Directiva 2001/29/CE, la Directiva 2006/115/CE y la Directiva 2009/24/CE. La propuesta complementa la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, y la Directiva 2000/31/CE, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interior. La presente propuesta contribuye también a la mejora del alcance transfronterizo de los servicios de comunicación audiovisual y, por consiguiente, complementa la Directiva 2010/13/UE. •Coherencia con otras políticas de la Unión De conformidad con el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Unión debe tener en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de los Tratados. La presente propuesta pretende mejorar el acceso a los contenidos culturales, ya que permitiría a los consumidores disfrutar de una mejor experiencia al respecto al disponer de un acceso más fácil cuando se desplacen por la UE. La presente propuesta contribuye a promover los intereses de los consumidores y, por tanto, es coherente con las políticas de la UE en el ámbito de la protección de los consumidores y el artículo 169 del TFUE. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE. Este artículo confiere a la UE competencias para adoptar medidas que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Esto incluye la libertad de prestar y recibir servicios. Los servicios de contenidos en línea que entran en el ámbito de aplicación de la propuesta dependen en su mayor parte de derechos de autor y derechos afines que se han armonizado a nivel de la Unión. La UE ha armonizado el ámbito de los derechos de autor en lo que se refiere a los derechos pertinentes para la difusión en línea de las obras y otras prestaciones protegidas (en particular, los derechos de reproducción, comunicación al público y puesta a disposición).

La presente iniciativa se refiere al ejercicio de estos derechos armonizados a través de las fronteras por lo que se refiere a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea. Como afectaría a derechos armonizados por el marco de la UE sobre derechos de autor, tendría que tomar el artículo 114 del TFUE como base jurídica, siendo el instrumento propuesto un reglamento. Algunos elementos de los servicios de contenidos en línea, como los acontecimientos deportivos, las noticias y los debates políticos, no están necesariamente protegidos por derechos de autor. No obstante, cuando dichos contenidos están incluidos en transmisiones efectuadas por cualquier medio, incluso por los organismos de radiodifusión, los titulares de derechos pueden acogerse a derechos afines armonizados a nivel de la UE, como el derecho de reproducción o el de puesta a disposición. Por otra parte, las transmisiones de acontecimientos deportivos, noticias y actualidades van acompañadas a menudo de elementos protegidos por derechos de autor, tales como secuencias de vídeo de apertura o cierre, o música de fondo. Estos elementos están comprendidos en el marco armonizado de la UE. Además, determinados aspectos de las transmisiones de acontecimientos de gran importancia para la sociedad o de gran interés para el público han sido armonizados por la Directiva 2010/13/UE. A fin de ofrecer plenamente a los consumidores las ventajas de la portabilidad transfronteriza, es importante incluir en la propuesta todos los elementos de dichas transmisiones. •Subsidiariedad (por competencias no exclusivas) La portabilidad de los servicios de contenidos en línea es una cuestión de naturaleza intrínsecamente transfronteriza. Además, como los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor han sido armonizados a nivel de la UE, solo la Unión puede modificar el marco jurídico. Los Estados miembros, por lo tanto, no pueden intervenir mediante legislación a fin de garantizar la portabilidad transfronteriza. En consecuencia, las eventuales medidas solo pueden adoptarse a nivel de la UE. En términos de eficacia, solo una intervención de la UE puede garantizar que las condiciones para el acceso de los consumidores a los servicios de contenidos en línea no varíen de un lugar a otro de la Unión Europea. La actuación de la UE resultará asimismo claramente ventajosa para los titulares de derechos y los prestadores de servicios, al crear unas condiciones uniformes para la oferta de la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en Europa. Garantizará una mayor seguridad jurídica y eliminará la necesidad de renegociar toda la red de licencias existentes a efectos de la portabilidad transfronteriza. •Proporcionalidad La propuesta pretende facilitar la oferta de portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea (mediante localización del lugar de prestación, así como del acceso y uso del servicio) e impone al prestador de servicios la obligación de hacer posible, en determinadas condiciones, la portabilidad transfronteriza. No excede de lo necesario para resolver los problemas detectados. No afecta sustancialmente a la concesión de licencias de derechos y, por lo tanto, tiene un efecto limitado sobre los modelos de negocio de los titulares de derechos y de los prestadores de servicios. La propuesta no obligará a los titulares de derechos y prestadores de servicios a renegociar contratos, ya que prevé la inaplicabilidad de las cláusulas de los contratos contrarias a la obligación de ofrecer la portabilidad transfronteriza. Por otra parte, la propuesta tampoco impone costes desproporcionados a los prestadores de servicios de contenidos en línea, ya que no les exige que tomen medidas para garantizar la calidad de la prestación de tales servicios fuera del Estado miembro de residencia del abonado. Además, la propuesta no obliga a los prestadores de servicios gratuitos a ofrecer la portabilidad transfronteriza cuando no verifican el Estado miembro de residencia del abonado, ya que tal requisito supondría un cambio importante en la manera de prestar sus servicios y podría acarrear costes desproporcionados. •Elección del instrumento Un reglamento sería directamente aplicable en los Estados miembros y entraría en vigor al mismo tiempo. Este sería el mejor instrumento para alcanzar el objetivo de garantizar la portabilidad de los contenidos en línea en toda la UE. Permitiría una aplicación uniforme de la normativa sobre portabilidad en los Estados miembros y garantizaría que los titulares de derechos y los prestadores de servicios en línea de distintos Estados miembros estuvieran sujetos a normas exactamente iguales. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS A LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente No procede. •Consultas a las partes interesadas De diciembre de 2013 a marzo de 2014, se llevó a cabo una amplia consulta pública sobre la revisión de las normas sobre derechos de autor de la UE. En las respuestas a las preguntas relacionadas con la territorialidad de los derechos de autor, diferentes grupos de partes interesadas plantearon expresamente la cuestión de la portabilidad transfronteriza. En 2013, la Comisión propició un diálogo de partes interesadas denominado «Licencias para Europa». Un grupo de trabajo se centró específicamente en la cuestión de la portabilidad transfronteriza. En los diez primeros meses de 2015, la Comisión ha mantenido amplias conversaciones con las partes interesadas (consumidores, titulares de derechos, organizaciones deportivas, organismos de radiodifusión, prestadores de servicios en línea), en particular a través de seminarios específicos, para evaluar el impacto de una posible intervención de la UE en este ámbito, incluido el análisis de las opciones disponibles. Resumiendo los pareceres de las partes interesadas sobre la propuesta, los consumidores están, en general, a favor de mejorar el acceso transfronterizo a los contenidos en línea, incluida la portabilidad transfronteriza de los servicios en línea; la industria de contenidos, los representantes de los titulares de derechos y los prestadores de servicios no están en contra de la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea, pero suelen preferir las soluciones lideradas por la industria y los instrumentos de Derecho indicativo al establecimiento de obligaciones legales en la materia. Aun cuando un instrumento de carácter no vinculante, como una recomendación que aliente la portabilidad transfronteriza, pueda favorecer la evolución del mercado en este ámbito, la eficacia de tal instrumento podría ser muy limitada. Todo dependería de las decisiones comerciales tomadas por los diversos agentes del mercado. Así pues, no propiciaría una aplicación homogénea ni sería suficiente para garantizar que los consumidores de la UE disfruten de las mismas condiciones por lo que se refiere a la portabilidad de los servicios de contenidos en línea en toda la Unión. La propuesta tiene en cuenta una serie de preocupaciones señaladas por las partes interesadas, en particular: no se impone la obligación de facilitar la portabilidad a los prestadores de servicios que lo hacen de forma gratuita y sin autenticación del Estado miembro de residencia del consumidor; no se obliga a los prestadores de servicios a prestarlos a través de las fronteras con la misma calidad que en el Estado miembro de residencia; se deja a las partes la celebración de un acuerdo sobre las condiciones necesarias para asegurar que el servicio se preste de conformidad con el Reglamento. •Obtención y utilización de asesoramiento técnico

En los últimos años se han llevado a cabo estudios jurídicos y económicos sobre diversos aspectos de la normativa vigente en materia de derechos de autor, incluida la territorialidad de dicha normativa tal como se aplica a las transmisiones en línea. Se han realizado también estudios sobre los efectos de la digitalización en la producción y distribución de contenidos, así como sobre el acceso transfronterizo a los contenidos. Se ha analizado asimismo la cuestión de los deportes. •Evaluación de impacto Se ha llevado a cabo una evaluación de impacto en relación con la presente propuesta. El 30 de octubre de 2015, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable sobre la evaluación de impacto, a condición de mejorar determinados elementos del informe. La evaluación de impacto final recoge estas observaciones. Dicha evaluación de impacto final examina la hipótesis de base (ausencia de intervención) y tres opciones políticas. La opción 1 consistía en la publicación de directrices de la Comisión para las partes interesadas que instasen a los prestadores de servicios de contenidos en línea a ofrecer la portabilidad transfronteriza de sus servicios en toda la UE. La opción 2 implicaba una intervención de la UE que estipulara que la prestación, el acceso y el uso de un servicio de contenidos en línea en un modo de portabilidad transfronteriza se consideran producidos en el Estado miembro de residencia del consumidor. La opción 3, además del mecanismo anterior, i) supondría la imposición a los prestadores de servicios de contenidos en línea de la obligación de garantizar la portabilidad transfronteriza de tales servicios, y ii) establecería la inaplicabilidad de cualquier cláusula de un contrato que limitase la portabilidad transfronteriza. Desde el punto de vista de los consumidores, los titulares de derechos y los prestadores de servicios, la opción 3 sería la más eficaz para alcanzar el objetivo señalado. Con arreglo a la hipótesis de base y a la opción 1, los titulares de derechos de autor en el sector audiovisual y, en menor grado, de contenidos deportivos de gran demanda pueden mostrarse reacios a permitir la portabilidad de sus contenidos. Con arreglo a la hipótesis de base y a las opciones 1 y 2, los prestadores de servicios conservarían la posibilidad de restringir la portabilidad transfronteriza y muchos de ellos seguirían teniendo problemas (restricciones contractuales) si quisieran ofrecerlos. Tanto los titulares de derechos como los prestadores de servicios tendrían mayores costes de transacción para renegociar su red de acuerdos de licencia. Con estas opciones, la transición a la portabilidad transfronteriza llevaría más tiempo. Además, no se podría garantizar la homogeneidad de los servicios prestados a los consumidores. Solo la opción 3 garantizaría realmente la oferta de la portabilidad transfronteriza y la satisfacción de la demanda de los consumidores. Por lo tanto, se consideró que la opción 3 constituía la mejor política. La opción preferida respondería a las expectativas de los consumidores. Los prestadores de servicios se beneficiarían del mecanismo que establece la localización del servicio a efectos de la portabilidad y podrían responder mejor a las necesidades de sus clientes. En lo que se refiere a las industrias de contenidos, los más afectados, en términos de cómo se conceden las correspondientes licencias, serían los sectores de contenidos audiovisuales y deportivos de gran demanda. Sin embargo, como la portabilidad de los servicios de contenidos en línea no amplía la gama de usuarios del servicio ni, como tal, cuestiona la exclusividad territorial de las licencias, se espera que el impacto sobre la industria sea marginal. Los posibles costes pueden desglosarse entre los directamente relacionados con la intervención, es decir, los costes que supone al prestador de servicios la autenticación del Estado miembro de residencia de los abonados, y los que pueden generarse, pero están relacionados solo indirectamente con la intervención, por ejemplo, los costes de adaptación de las licencias a las nuevas normas y los costes de los prestadores de servicios vinculados a la adaptación de la infraestructura técnica. No se espera que los costes técnicos relacionados directamente con la intervención sean importantes, y podrían absorberse en los costes de mantenimiento rutinario del software de los prestadores de servicios. Los costes vinculados a las disposiciones contractuales son difíciles de estimar. Sin embargo, la propuesta no requerirá la renegociación de los contratos. La propuesta no establece requisitos con respecto a la calidad de la prestación del servicio en un modo de portabilidad transfronteriza, por lo que no genera costes al respecto (los prestadores de servicios tienen plena libertad para hacerlo voluntariamente o comprometerse a ello en los contratos con los consumidores o titulares de derechos). •Adecuación y simplificación de la reglamentación La propuesta se aplica por igual a todas las empresas, incluidas las microempresas y las pymes. Todas las empresas pueden beneficiarse del mecanismo que establece la localización del servicio a efectos de portabilidad incluido en la propuesta. Eximir a las pymes de la normativa podría mermar la eficacia de la medida, ya que numerosos prestadores de servicios en línea son pymes. Dado que la propuesta no entraña costes sustanciales, no hay necesidad de reducir al mínimo los costes de cumplimiento para las microempresas o las pymes. La propuesta tendrá efectos positivos sobre la competitividad, ya que favorecerá la innovación en los servicios de contenidos en línea y atraerá más consumidores hacia ellos. La propuesta no tendrá ningún impacto en el comercio internacional. La propuesta fomentará la utilización en línea de los servicios de contenidos. Afecta al entorno en línea, ya que es ahí donde principalmente surge la demanda de portabilidad. La propuesta promoverá la innovación y el progreso en el mercado, porque se aplica a todos los servicios de contenidos en línea, con independencia de los dispositivos y tecnologías utilizados. Por lo tanto, tiene en cuenta los nuevos avances tecnológicos y está «preparada para el mundo digital e internet». •Derechos fundamentales La propuesta tendrá un impacto limitado sobre los derechos de autor en tanto que derechos de propiedad o sobre la libertad de empresa, reconocidos en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales (artículos 16 y 17). La medida se justifica por la libertad fundamental de prestación y recepción de servicios a través de las fronteras consagrada en el Tratado. Restringir las libertades mencionadas (a través del mecanismo que establece la localización del servicio a efectos de portabilidad, de la obligación de ofrecer la portabilidad transfronteriza y de la inaplicabilidad de cualquier disposición contractual contraria a esta obligación) se justifica a la luz del objetivo de garantizar la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior. 4.INCIDENCIA PRESUPUESTARIA La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión Europea. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e información El proceso de seguimiento de las repercusiones de la propuesta constará de dos fases. La primera fase se iniciará inmediatamente después de la adopción del acto legislativo y continuará hasta el inicio de su aplicación. Se centrará en cómo aplican el Reglamento en los Estados miembros los participantes del mercado, con el fin de garantizar un enfoque coherente. La Comisión organizará reuniones con los representantes de los Estados miembros y las partes interesadas pertinentes con el fin de analizar cómo puede facilitarse la transición hacia la nueva normativa.

La segunda fase comenzará a partir de la fecha de la aplicación del Reglamento y se centrará en los efectos de la normativa. Este seguimiento prestará especial atención a las repercusiones sobre las pymes y los consumidores. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta En el artículo 1 se establecen los objetivos y el ámbito de aplicación de la propuesta. La propuesta introducirá un enfoque común para garantizar que los abonados a los servicios de contenidos en línea en la Unión que se presten sobre la base de la portabilidad puedan recibir estos servicios cuando se encuentren temporalmente en otro Estado miembro (portabilidad transfronteriza). El artículo 2 contiene distintas definiciones. Estas definiciones deben interpretarse de modo uniforme en la UE. Se define el «abonado», es decir, un consumidor que, en virtud de un contrato de prestación de un servicio de contenidos en línea, puede acceder a tal servicio y utilizarlo en el Estado miembro en que reside. Se define asimismo como «consumidor» toda persona física que, en contratos regulados por el Reglamento, actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión. El artículo 2 también establece las definiciones de «Estado miembro de residencia», «presente temporalmente», «servicio de contenidos en línea» y «portable». «Estado miembro de residencia» es el Estado miembro en el que el abonado reside habitualmente. «Presente temporalmente» significa que el abonado se encuentra en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de residencia. Un «servicio de contenidos en línea» queda cubierto por la propuesta cuando: i) se presta legalmente en línea en el Estado miembro de residencia; ii) se presta sobre una base de portabilidad; iii) constituye un servicio de comunicación audiovisual con arreglo a la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o un servicio cuya característica principal es la oferta de acceso a obras, otras prestaciones o transmisiones de organismos de radiodifusión. A efectos del Reglamento, «portable» significa que los abonados pueden acceder de forma efectiva al servicio de contenidos en línea y utilizarlo en el Estado miembro de residencia sin limitación a un lugar específico. Son dos las hipótesis contempladas en relación con los servicios de contenidos en línea: i) el servicio se presta contra remuneración (directa o indirecta); y ii) el servicio se presta sin remuneración, siempre que el Estado miembro de residencia del abonado sea verificado por el prestador del servicio. Un ejemplo de remuneración indirecta es cuando un abonado suscribe un paquete de servicios que combina un servicio de telecomunicaciones y un servicio de contenidos en línea a cargo de otro prestador de servicios. Si un abonado recibe un servicio de contenidos en línea sin remunerarlo, el prestador solo estará obligado a permitir al abonado disfrutar de la portabilidad transfronteriza si dicho prestador verifica el Estado miembro de residencia del abonado. Por lo tanto, si, por ejemplo, un consumidor se limita a aceptar las condiciones de un servicio gratuito de contenidos en línea, pero no se registra en un sitio web de dicho servicio (y, por tanto, el prestador no verifica el Estado miembro de residencia del consumidor), el prestador no estará obligado a facilitar la portabilidad transfronteriza de dicho servicio. El artículo 3 establece la obligación del prestador de permitir que un abonado utilice el servicio de contenidos en línea cuando se encuentre presente temporalmente en otro Estado miembro. Esto se aplica al mismo contenido, en igual tipo y número de dispositivos y con la misma gama de funcionalidades ofrecidas en el Estado miembro de residencia. No obstante, esta obligación no se extiende a los requisitos de calidad aplicables a la prestación de dicho servicio en el Estado miembro de residencia. En situación de portabilidad transfronteriza, no se tendrá por responsable al prestador si la calidad de prestación del servicio es inferior, por ejemplo debido a las limitaciones de la conexión a internet. No obstante, si el prestador acepta expresamente garantizar cierta calidad de prestación a los abonados presentes temporalmente en otros Estados miembros, quedará obligado por tal aceptación. Asimismo, el Reglamento obliga al prestador a informar a los abonados sobre la calidad de la prestación del servicio de contenidos en línea cuando se acceda a él y se utilice en un Estado miembro distinto del Estado miembro de residencia. El artículo 4 prevé un mecanismo que establece la localización del servicio a efectos de la portabilidad: se considera que la prestación, así como el acceso al servicio y su uso por parte de un abonado que esté presente temporalmente en otro Estado miembro, se produce únicamente en el Estado miembro de residencia. En relación con la concesión de licencias de derechos de autor y derechos afines, esto significa que los actos relevantes para los derechos de autor que se producen cuando se presta el servicio a los consumidores sobre la base de la portabilidad transfronteriza se consideran producidos únicamente en el Estado miembro de residencia. Esta disposición se aplicará a todos los demás efectos relacionados con la prestación, el acceso y el uso del servicio en un modo de portabilidad transfronteriza. Además, el artículo 5 establece la inaplicabilidad de las eventuales disposiciones contractuales contrarias a la obligación de portabilidad transfronteriza, en particular las que limiten las posibilidades del consumidor en cuanto a la portabilidad transfronteriza de sus servicios de contenidos en línea o la capacidad del prestador de servicios para prestarlos. También será inaplicable cualquier disposición contractual contraria al mecanismo jurídico que permite a los prestadores de servicios cumplir la obligación de portabilidad transfronteriza. Esto se aplica a todas las disposiciones contractuales, incluidas las existentes entre los titulares de derechos y los prestadores de servicios, así como entre estos y sus clientes. No obstante, los titulares de los derechos podrán exigir que el prestador de servicios haga uso de los medios necesarios para verificar que el servicio se presta de conformidad con el Reglamento. La propuesta establece la salvaguardia de que tales medios deberán ser razonables y no exceder de lo necesario para alcanzar su objetivo. El artículo 6 establece que el tratamiento de datos personales que se lleve a cabo en el marco del Reglamento deberá ajustarse a la Directiva 95/46/CE y a la Directiva 2002/58/CE. El artículo 7 establece que el Reglamento se aplicará también a los contratos celebrados y a los derechos adquiridos antes de la fecha de aplicación del Reglamento si son pertinentes para la prestación del servicio, el acceso al servicio o su utilización. El artículo 8 establece que el Reglamento se aplicará seis meses después de su publicación en el Diario Oficial. 2015/0284 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se garantiza la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)Dado que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, basado, entre otras cosas, en la libre circulación de los servicios y las personas, es necesario prever que los consumidores puedan utilizar los servicios de contenidos en línea que permiten acceder a contenidos tales como música, juegos, películas o acontecimientos deportivos no solo en su Estado miembro de residencia, sino también cuando se encuentran presentes temporalmente en otros Estados miembros de la Unión. Por lo tanto, deben suprimirse los obstáculos que entorpecen el acceso a tales servicios de contenidos en línea y su utilización a través de las fronteras. (2)El desarrollo tecnológico, al favorecer la proliferación de dispositivos móviles como tabletas o teléfonos inteligentes, facilita cada vez más el uso de los servicios de contenidos en línea, al permitir acceder a ellos con independencia de la ubicación del consumidor. Crece rápidamente la demanda por parte de los consumidores de acceso a los contenidos y servicios en línea innovadores no solo en su país de origen, sino también cuando se encuentran temporalmente en otro Estado miembro de la Unión. (3)Cada vez son más los consumidores que firman acuerdos contractuales con prestadores de servicios para la prestación de servicios de contenidos en línea. Sin embargo, es frecuente que los consumidores presentes temporalmente en otro Estado miembro de la Unión no puedan acceder a los servicios de contenidos en línea cuyos derechos de uso han adquirido en su país de origen. (4)Una serie de obstáculos dificulta la prestación de estos servicios a los consumidores presentes temporalmente en otro Estado miembro. Algunos servicios en línea incluyen contenidos tales como música, juegos o películas que están protegidos por derechos de autor o derechos afines con arreglo al Derecho de la Unión. En particular, los obstáculos a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea derivan del hecho de que las licencias de derechos relativos a la transmisión de contenidos protegidos por derechos de autor o derechos afines, como las obras audiovisuales, se conceden a menudo sobre una base territorial, así como del hecho de que los prestadores de servicios en línea decidan limitarse a determinados mercados. (5)Lo mismo se aplica a otros contenidos, tales como los acontecimientos deportivos que no están protegidos por derechos de autor o derechos afines con arreglo a la legislación de la Unión, pero pueden estarlo por derechos de autor, derechos afines u otra legislación específica del Derecho nacional, y que también son a menudo objeto de licencia por los organizadores de tales eventos u ofrecidos por los prestadores de servicios en línea sobre una base territorial. La transmisión de dichos contenidos por organismos de radiodifusión estaría protegida por derechos afines que se han armonizado a nivel de la Unión. Además, la transmisión de estos contenidos incluye a menudo elementos protegidos por derechos de autor, tales como música, secuencias de vídeo de apertura y cierre o gráficos. Por otra parte, determinados aspectos de dichas transmisiones relacionados con acontecimientos de gran importancia para la sociedad o acontecimientos de gran interés para el público relacionados con la emisión de breves resúmenes informativos han sido armonizados por la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Por último, los servicios de comunicación audiovisual, en el sentido de la Directiva 2010/13/UE, incluyen los servicios que dan acceso a contenidos tales como acontecimientos deportivos, noticias y actualidades. (6)Por tanto, cada vez es más frecuente que los servicios de contenidos en línea se comercialicen dentro de un paquete en el que los contenidos no protegidos por derechos de autor o derechos afines no se pueden separar de los sí protegidos sin merma sustancial del valor del servicio prestado a los consumidores. Tal es el caso, especialmente, de los contenidos de gran demanda, como los acontecimientos deportivos o de otro tipo de interés significativo para los consumidores. Para que los prestadores de servicios puedan ofrecer a los consumidores un acceso pleno a sus servicios de contenidos en línea, es indispensable que el presente Reglamento cubra también tales contenidos utilizados por los servicios de contenidos en línea y, por consiguiente, se aplique a los servicios de comunicación audiovisual en el sentido de la Directiva 2010/13/UE, así como a las transmisiones de los organismos de radiodifusión en su totalidad. (7)Los derechos sobre obras y otras prestaciones protegidas se armonizan, entre otras, en las Directivas 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE y 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (8)Por lo tanto, los prestadores de servicios de contenidos en línea que hagan uso de obras u otras prestaciones protegidas, como libros, obras audiovisuales, grabaciones musicales o emisiones, deben estar en posesión de los derechos para utilizar tales contenidos en los territorios de que se trate. (9)La transmisión por el prestador de servicios en línea de contenidos protegidos por derechos de autor y derechos afines requiere la autorización de los correspondientes titulares de derechos, como autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores u organismos de radiodifusión, para los contenidos que se incluirían en la transmisión. Ello es igualmente cierto cuando dicha transmisión tenga lugar a efectos de que el consumidor pueda efectuar una descarga con el fin de utilizar un servicio de contenidos en línea. (10)No siempre resulta posible adquirir una licencia relativa a los correspondientes derechos, especialmente cuando esta se concede con carácter exclusivo. Con el fin de garantizar la exclusividad territorial, los prestadores de servicios en línea se comprometen a menudo, en los contratos de licencia con los titulares de derechos, incluidos los organismos de radiodifusión o los organizadores de actos, a impedir que sus abonados accedan a sus servicios y los utilicen fuera del territorio en que se aplica la licencia del prestador de servicios. Estas restricciones contractuales impuestas a los prestadores de servicios les obligan a tomar medidas como no autorizar el acceso a sus servicios desde direcciones IP situadas fuera del territorio de que se trate. Por lo tanto, uno de los obstáculos a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea reside en los contratos celebrados entre los prestadores de servicios en línea y sus abonados, que reflejan a su vez las cláusulas de restricción territorial incluidas en los contratos celebrados entre dichos prestadores y los titulares de derechos. (11)Además, el Tribunal de Justicia declaró, en los asuntos acumulados C-403/08 y C-429/08, Football Association Premier League y otros, EU:C:2011:631, que determinadas restricciones a la prestación de servicios no pueden justificarse a la luz del objetivo de proteger los derechos de propiedad intelectual. (12)Por lo tanto, el objetivo del presente Reglamento es adaptar el marco jurídico con el fin de garantizar que la concesión de licencias de derechos no siga obstaculizando la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en la Unión y que pueda garantizarse dicha portabilidad transfronteriza. (13)El presente Reglamento debe aplicarse, por tanto, a los servicios de contenidos en línea que un prestador de servicios, tras haber obtenido los derechos pertinentes de los correspondientes titulares en un territorio determinado, ofrece a sus abonados sobre la base de un contrato, por cualquier medio, incluidas la transmisión en continuo (streaming), la descarga o cualquier otra técnica que permita el uso de los contenidos. La inscripción para recibir alertas sobre contenidos o la mera aceptación de cookies HTML no deben considerarse contratos de prestación de servicios en línea a efectos del presente Reglamento. (14)Los servicios en línea que no sean servicios de comunicación audiovisual en el sentido de la Directiva 2010/13/UE y que utilicen obras, otras prestaciones o transmisiones de organismos de radiodifusión de manera puramente auxiliar no deben estar cubiertos por el presente Reglamento. Entre ellos figuran los sitios web que utilizan obras u otras prestaciones protegidas de manera puramente auxiliar, como elementos gráficos o música de fondo, en tanto que su finalidad principal es, por ejemplo, la venta de mercaderías. (15)El presente Reglamento debe aplicarse únicamente a los servicios de contenidos en línea a los que los abonados puedan acceder de forma efectiva y puedan utilizar en el Estado miembro en el que residen habitualmente sin limitación a una ubicación específica, ya que no procedería exigir a los prestadores que no ofrecen servicios portables en su país de origen que lo hagan a través de las fronteras. (16)El presente Reglamento debe aplicarse a los servicios de contenidos en línea que se prestan contra remuneración. Los prestadores de tales servicios están en condiciones de verificar el Estado miembro de residencia de sus abonados. El derecho a utilizar un servicio de contenidos en línea debe considerarse adquirido contra remuneración si el pago se realiza directamente al prestador del servicio de contenidos en línea, o bien a un tercero, como sería el caso de un prestador que ofreciera un paquete que combina un servicio de telecomunicaciones y un servicio de contenidos en línea explotado por otro prestador.

(17)Los servicios de contenidos en línea que se presten sin remuneración también están incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento en la medida en que los prestadores verifiquen el Estado miembro de residencia de sus abonados. Los servicios de contenidos en línea que se presten sin remuneración y cuyos prestadores no verifiquen el Estado miembro de residencia de sus abonados deben quedar fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento, ya que su inclusión implicaría cambios fundamentales en la manera de prestar estos servicios y generaría un coste desproporcionado. Por lo que se refiere a la verificación del Estado miembro de residencia del abonado, procede basarse en información tal como el pago de un canon de licencia por otros servicios prestados en el Estado miembro de residencia, la existencia de una conexión a internet o telefónica, la dirección IP o cualquier otro medio de autenticación, siempre que permita al prestador disponer de una indicación razonable del Estado miembro de residencia de sus abonados. (18)Con el fin de garantizar la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea, es necesario exigir que los prestadores de estos servicios permitan a sus abonados utilizar el servicio en el Estado miembro donde se encuentran presentes temporalmente facilitándoles el acceso a los mismos contenidos, en el mismo tipo y número de dispositivos, para el mismo número de usuarios y con la misma gama de funcionalidades que se ofrecen en su Estado miembro de residencia. Esta obligación es vinculante y, por lo tanto, las partes no podrán excluirla, establecer excepciones al respecto ni modificar sus efectos. Cualquier actuación por parte de un prestador de servicios que prive al abonado del acceso al servicio o de su utilización cuando se encuentre temporalmente en un Estado miembro, por ejemplo, restricciones de las funcionalidades del servicio o de la calidad de su prestación, constituiría una forma de eludir la obligación de ofrecer la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea y, por consiguiente, sería contraria al presente Reglamento. (19)Exigir que la prestación de servicios de contenidos en línea a los abonados presentes temporalmente en Estados miembros distintos del de residencia sea de la misma calidad que en el Estado miembro de residencia podría dar lugar a unos elevados gastos para los prestadores de servicios y, en última instancia, para los abonados. Por tanto, no procede que el presente Reglamento exija que el prestador de un servicio de contenidos en línea adopte las medidas necesarias para garantizar una calidad en la prestación de tales servicios superior a la calidad disponible a través del acceso en línea local elegido por el abonado mientras se encuentra temporalmente en otro Estado miembro. En estos casos, no se tendrá por responsable al prestador si la calidad de prestación del servicio es inferior. No obstante, si el prestador acepta expresamente garantizar cierta calidad en la prestación a los abonados presentes temporalmente en otros Estados miembros, quedará obligado por tal aceptación. (20)Para garantizar que los prestadores de servicios de contenidos en línea cumplen la obligación de ofrecer la portabilidad transfronteriza de sus servicios sin adquirir los correspondientes derechos en otro Estado miembro, es necesario estipular que los prestadores que ofrecen legalmente servicios de contenidos en línea portables en el Estado miembro de residencia de un abonado están siempre autorizados a prestar tales servicios a ese abonado cuando esté presente temporalmente en otro Estado miembro. A tal efecto, procede establecer que debe considerarse que la prestación del servicio de contenidos en línea, el acceso a dicho servicio y su utilización se ha producido en el Estado miembro de residencia del abonado. (21)Desde el punto de vista de la concesión de licencias de derechos de autor y derechos afines, esto significa que los correspondientes actos de reproducción, comunicación al público y puesta a disposición de las obras y otras prestaciones protegidas, así como los actos de extracción o reutilización en relación con bases de datos protegidas por derechos sui generis, que se producen cuando se presta el servicio a un abonado presente temporalmente en un Estado miembro distinto del de residencia, deben entenderse producidos en el Estado miembro de residencia del abonado. Debe considerarse, por lo tanto, que los prestadores de servicios realizan tales actos al amparo de las respectivas licencias de los titulares de derechos afectados aplicables en el Estado miembro de residencia del abonado. Siempre que los prestadores de servicios puedan llevar a cabo actos de comunicación al público o de reproducción en el Estado miembro del abonado al amparo de una autorización de los titulares de derechos afectados, el abonado presente temporalmente en un Estado miembro distinto del de residencia debe poder acceder al servicio, utilizarlo y, en caso necesario, llevar a cabo cualquier acto de reproducción pertinente, como la descarga, que estaría autorizado a efectuar en su propio Estado miembro de residencia. La prestación de un servicio de contenidos en línea por un prestador de servicios a un abonado presente temporalmente en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de residencia y el uso del servicio por tal abonado de conformidad con el presente Reglamento no deben constituir una infracción de los derechos de autor y derechos afines, ni de ningún otro derecho pertinente para la utilización de contenidos en el servicio. (22)Los prestadores de servicios no deben tener que responder de la infracción de cualquier disposición contractual contraria a la obligación de permitir que sus abonados utilicen el servicio en el Estado miembro en que se encuentran temporalmente. Por consiguiente, las cláusulas de los contratos destinadas a prohibir o limitar la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea deben ser inaplicables. (23)Los prestadores de servicios deben velar por que sus abonados estén debidamente informados acerca de las condiciones de disfrute de los servicios de contenidos en línea en Estados miembros distintos del de residencia. El Reglamento faculta a los titulares de derechos para exigir que el prestador de servicios haga uso de medios eficaces para verificar que el servicio de contenidos en línea se presta de conformidad con sus disposiciones. Es necesario, no obstante, garantizar que tales medios sean razonables y no excedan de lo necesario para alcanzar este objetivo. Entre las medidas técnicas y organizativas necesarias podrían figurar el muestreo de la dirección IP en lugar del seguimiento constante de la localización, una información transparente a las personas sobre los métodos utilizados para la verificación y sus fines y unas medidas de seguridad adecuadas. Considerando que, a efectos de la verificación, lo que importa no es el lugar concreto, sino más bien el Estado miembro desde el que el abonado accede al servicio, no deben recogerse ni tratarse con este fin datos sobre localización precisos. Del mismo modo, cuando baste la autenticación de un abonado para la entrega del servicio prestado, no deberá requerirse su identificación. (24)El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por consiguiente, debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y la libertad de empresa. Cualquier tratamiento de datos personales en virtud del presente Reglamento debe respetar los derechos fundamentales, incluido el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter personal con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y ajustarse a las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE. En particular, los prestadores de servicios deberán garantizar que el tratamiento de los datos personales en virtud del presente Reglamento sea necesario y proporcional para alcanzar el objetivo perseguido. (25)El presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de la normativa sobre competencia, en particular los artículos 101 y 102 del Tratado. Las disposiciones del presente Reglamento no deben utilizarse para restringir la competencia de forma contraria al Tratado. (26)Los contratos de concesión de licencias de contenidos suelen celebrarse para períodos relativamente largos. En consecuencia, y con el fin de garantizar que todos los consumidores residentes en la Unión puedan disfrutar de la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en igualdad de condiciones temporales y sin retrasos indebidos, el presente Reglamento debe aplicarse también a los contratos celebrados y a los derechos adquiridos antes de su fecha de aplicación, siempre que sean pertinentes para la portabilidad transfronteriza de un servicio de contenidos en línea prestado después de esa fecha. Ello también es necesario a fin de garantizar la igualdad de condiciones para los prestadores de servicios que operan en el mercado interior, al permitir que los prestadores que han celebrado contratos de larga duración con titulares de derechos ofrezcan la portabilidad transfronteriza a sus abonados, con independencia de la posibilidad de que el prestador renegocie dichos contratos. Además, esta disposición debe garantizar que, cuando los prestadores de servicios adopten las disposiciones necesarias para ofrecer la portabilidad transfronteriza de sus servicios, puedan hacerlo con respecto a la totalidad de sus contenidos en línea. Por último, también debe permitir que los titulares de derechos no tengan que renegociar sus contratos de concesión de licencias existentes con vistas a permitir la oferta de la portabilidad transfronteriza por parte de los prestadores de servicios. (27)Dado que el Reglamento, por lo tanto, se aplicará a algunos contratos y derechos adquiridos antes de la fecha de su aplicación, procede también fijar un plazo razonable entre la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento y su fecha de aplicación, que permita a los titulares de derechos y a los prestadores de servicios establecer los mecanismos necesarios para adaptarse a la nueva situación, así como permitir a los prestadores de servicios que modifiquen las condiciones de uso de sus servicios. (28)A fin de alcanzar el objetivo de garantizar la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en la Unión, procede la adopción de un Reglamento, que es directamente aplicable en los Estados miembros. Tal cosa es necesaria para garantizar una aplicación uniforme de la normativa sobre la portabilidad transfronteriza en los Estados miembros y su entrada en vigor simultánea con respecto a todos los servicios de contenidos en línea. Solamente un Reglamento garantiza el grado de seguridad jurídica necesario para que los consumidores puedan beneficiarse plenamente de la portabilidad transfronteriza en toda la Unión. (29)Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la adaptación del marco jurídico de manera que pueda ofrecerse en la Unión la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su dimensión y efectos, puede alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar su objetivo. Por lo tanto, el presente Reglamento no afecta sustancialmente a la manera en que se conceden los derechos ni obliga a los titulares de derechos y a los prestadores de servicios a renegociar sus contratos. La propuesta tampoco exige que los prestadores tomen medidas para garantizar la calidad de la prestación de los servicios de contenidos en línea fuera del Estado miembro de residencia del abonado. Por último, el presente Reglamento no se aplica a los prestadores que ofrecen servicios no remunerados y no verifican el Estado miembro de residencia del abonado. Por lo tanto, no impone costes desproporcionados. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1

Objetivo y ámbito de aplicación El presente Reglamento introduce un enfoque común para garantizar que los abonados a los servicios de contenidos en línea en la Unión que se encuentren presentes temporalmente en un Estado miembro puedan acceder a dichos servicios y utilizarlos. Artículo 2

Definiciones A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: a)«abonado», todo consumidor que, en virtud de un contrato de prestación de un servicio de contenidos en línea celebrado con un prestador, puede acceder a tal servicio y utilizarlo en su Estado miembro de residencia; b)«consumidor», toda persona física que, en contratos regulados por el presente Reglamento, actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión;

c)«Estado miembro de residencia», el Estado miembro en el que el abonado reside habitualmente; d)«presente temporalmente», la presencia de un abonado en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de residencia; e)«servicio de contenidos en línea», un servicio, tal como se define en los artículos 56 y 57 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que un prestador de servicios presta legalmente en línea en el Estado miembro de residencia con carácter portable y que constituye un servicio de comunicación audiovisual con arreglo a la Directiva 2010/13/UE o un servicio cuya característica principal es la provisión de acceso y la utilización de obras, otras prestaciones protegidas o transmisiones de organismos de radiodifusión, ya sea en forma lineal o a la carta, que se presta a un abonado según condiciones acordadas: 1)contra remuneración; o bien 2)sin remuneración, siempre que el Estado miembro de residencia del abonado sea verificado por el prestador de servicios; f)«portable», el hecho de que los abonados puedan acceder de forma efectiva a los servicios de contenidos en línea y utilizarlos en el Estado miembro de residencia sin limitación a un lugar específico. Artículo 3

Obligación de hacer posible la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea 1)El prestador de un servicio de contenidos en línea hará posible que el abonado que se encuentre presente temporalmente en un Estado miembro pueda acceder al servicio de contenidos en línea y utilizarlo. 2)La obligación que establece el apartado 1 no se hará extensiva a los requisitos de calidad aplicables a la prestación de un servicio de contenidos en línea a que esté sujeto el prestador cuando preste tal servicio en el Estado miembro de residencia, salvo que el prestador haya acordado expresamente lo contrario. 3)El prestador de un servicio de contenidos en línea informará al abonado de la calidad de la prestación de dicho servicio cuando se preste de conformidad con el apartado 1. Artículo 4

Localización de la prestación, el acceso y el uso de servicios de contenidos en línea Se considerará que la prestación de un servicio de contenidos en línea, así como el acceso al servicio y su uso por parte de un abonado de conformidad con el artículo 3, apartado 1, se produce únicamente en el Estado miembro de residencia, incluso a efectos de la Directiva 96/9/CE, la Directiva 2001/29/CE, la Directiva 2006/115/CE, la Directiva 2009/24/CE y la Directiva 2010/13/UE. Artículo 5

Disposiciones contractuales 1)Será inaplicable toda disposición contractual, incluidas las celebradas entre los titulares de derechos de autor y derechos afines, los titulares de cualquier otro derecho pertinente para la utilización de contenidos en los servicios de contenidos en línea y los prestadores de servicios, así como entre los prestadores de servicios y los abonados, que sea contraria al artículo 3, apartado 1, o al artículo 4. 2)No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los titulares de derechos de autor y derechos afines o los titulares de cualquier otro derecho sobre los contenidos de los servicios de contenidos en línea podrán exigir que el prestador del servicio haga uso de medios eficaces para verificar que el servicio de contenidos en línea se presta de conformidad con el artículo 3, apartado 1, siempre que los medios requeridos sean razonables y no excedan de lo necesario para alcanzar su objetivo. Artículo 6

Protección de los datos de carácter personal El tratamiento de datos personales que se lleve a cabo en el marco del presente Reglamento, en particular para fines de verificación en virtud de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, se llevará a cabo de conformidad con las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE. Artículo 7

Aplicación a los contratos existentes y derechos adquiridos El presente Reglamento se aplicará también a los contratos celebrados y a los derechos adquiridos antes de su fecha de aplicación si son pertinentes para la prestación, acceso y uso de un servicio de contenidos en línea con arreglo al artículo 3 después de esa fecha.