Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre inspección y control alimentario, veterinario y fitosanitario»

(98/C 235/02)

El 30 de enero de 1998, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la comunicación mencionada.

La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de mayo de 1998 (ponente: Sr. Nielsen, coponentes: Sres. Colombo y Verhaeghe).

En su 355° Pleno de los días 27 y 28 de mayo de 1998 (sesión del 27 de mayo) el Comité Económico y Social ha aprobado por 81 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. A raíz de la Comunicación de la Comisión sobre la salud de los consumidores y la seguridad alimentaria, de abril de 1997 (), la Comisión indica en la Comunicación de referencia las medidas adoptadas en relación con la instauración de servicios de control de la Comisión en el sector alimentario, veterinario y fitosanitario.

1.2. La Comisión describe además los planes relativos a las futuras actividades de control, planes basados en un estudio y unas recomendaciones procedentes de la Inspección General de Servicios (IGS) y relativos a los organismos de control en materia de seguridad alimentaria (informe de la IGS) ().

1.3. En su Dictamen de 1996, el Comité manifestaba sus dudas respecto a la conveniencia de transformar la oficina en agencia (). Teniendo en cuenta, entre otras cosas, el Dictamen del Comité, la Comisión renunció a su propuesta de creación de una agencia de inspección veterinaria y fitosanitaria (), y concluyó que la competencia en materia de control y de inspección seguirá recayendo (bajo la responsabilidad general de la Comisión) en la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV), que se encuentra en Irlanda y que es un servicio de la DG XXIV.

1.4. La Comisión sigue opinando que el mejor medio de garantizar la seguridad alimentaria y la protección de la salud de los consumidores es una asociación, centrada en la práctica concreta, entre la industria alimentaria, los órganos nacionales de control y la Comisión, dentro de un marco jurídico eficaz. La industria alimentaria debe establecer sistemas de inspección y de control específicos, que permitan garantizar que los alimentos, en todas las etapas de la producción, sean producidos de conformidad con las disposiciones previstas por la legislación de la Unión Europea. Los Estados miembros deben seguir asumiendo la responsabilidad con carácter principal y deben aplicar programas coordinados de control, así como sistemas de control basados en auditorías. Del mismo modo, la Comisión supervisará la eficacia de las autoridades nacionales de control por medio de sistemas de control basados en auditorías.

1.5. En este contexto, la Comisión se adhiere a las recomendaciones que figuran en el informe de la IGS respecto a una ampliación de las actividades de control, a la posibilidad para los servicios comunes de control de trabajar de manera imparcial y objetiva, y a un estatuto jurídico y oficial claramente definido que precise las tareas de los servicios de control, los ámbitos de competencia del personal, los procedimientos, los métodos de trabajo, etc.

1.6. El concepto de «control de la tierra a la mesa» hará intervenir a dos equipos de inspección pluridisciplinarios, con competencias en todas las etapas de la cadena de producción, desde la industria de los alimentos para animales hasta la producción, el almacenamiento, la distribución y la venta de los productos alimentarios en cuestión, pasando por la aplicación de las normas sanitarias y de las normas de bienestar en cada explotación agrícola, en los mercados y durante el transporte. Además, se propone la creación de un reducido número de equipos de urgencia que puedan intervenir con rapidez en caso de crisis, tanto en la Unión Europea como en terceros países, que pueda tener repercusiones en la Unión Europea en el plano sanitario o a nivel veterinario y fitosanitario.

2. Observaciones generales

2.1. El CES se adhiere plenamente a los esfuerzos de la Comisión destinados a dar una mayor prioridad a la salud de los consumidores y a la seguridad alimentaria, y suscribe, aunque con las reservas y recomendaciones que se indican a continuación, lo que se indica en la Comunicación con respecto a la aplicación de las futuras actividades de control y de inspección.

2.2. Como se indica a continuación, es de la máxima importancia que el aparato reglamentario aplicable en materia de control, así como la elaboración de procedimientos útiles y convenientes relativos a la cooperación entre la OAV y otros organismos que existen a nivel interinstitucional y en los Estados miembros, permitan garantizar una utilización óptima de los recursos que son consagrados tanto por la Comisión como por los Estados miembros a las actividades de control y de inspección. En este sentido, es preciso garantizar una simplificación tan amplia como sea posible de los procedimientos de control. Una estructura que sólo funcione en teoría y no en la práctica puede dar como resultado la burocracia, la ineficacia y la falta de apoyo y de confianza en el sistema. En este sentido, el Comité acoge favorablemente toda iniciativa orientada a la coordinación de los órganos nacionales que trabajan en este ámbito.

2.3. Según la Comisión, existían, en 1997, 76 directivas del Consejo, amén de otros instrumentos, que contenían disposiciones relativas a las actividades de inspección o de control ejercidas por la Comisión por lo que se refiere a la aplicación del derecho en los Estados miembros o en terceros países (57 en el ámbito veterinario, 16 en el ámbito fitosanitario y 3 sobre productos alimentarios y su higiene) ().

2.4. Con independencia de la necesidad de proseguir la simplificación de las normativas, será probablemente necesario, en el futuro, fijar nuevas normas e intensificar la acción en algunas partes del sector alimentario, veterinario y fitosanitario. Es previsible, por ejemplo, que la creciente aparición de problemas en el ámbito de la microbiología requiera alguna adaptación del Derecho comunitario.

2.5. Además, la ampliación a los países de Europa Central y Oriental, que implica la consideración de las nuevas fronteras y los nuevos países limítrofes, aumentará de por sí la necesidad y ampliará el alcance de las actividades de control y de inspección de la Comisión en una medida nada desdeñable, en particular, en el ámbito veterinario. En este sentido, es fundamental que los países candidatos a la adhesión integren cuanto antes la legislación comunitaria, a fin de que la duración de las eventuales excepciones durante el período transitorio sea lo más corta posible.

2.6. Es absolutamente indispensable que la Unión Europea adopte medidas enérgicas y que funcionen de manera satisfactoria en materia de control y de inspección, con el fin de garantizar la aplicación de las disposiciones vigentes y la realización del objetivo que constituye un alto nivel de seguridad y de salud en el sector alimentario, veterinario y fitosanitario. Además, una aplicación correcta y uniforme de las disposiciones vigentes, así como una armonización de las normas de pago de los controles, constituyen una condición decisiva del funcionamiento del mercado único y de la garantía de condiciones equitativas en el plano de la competencia. El Comité acoge favorablemente el Foro de Edimburgo sobre la aplicación de la legislación para la protección del consumidor (11 y 12 de junio de 1998) por su valor de precedente en materia de cooperación, y solicita que se establezca un procedimiento de seguimiento en el sector alimentario, con reuniones periódicas entre las autoridades encargadas de la aplicación de la legislación alimentaria en los Estados miembros, al objeto de garantizar la coherencia.

2.7. El CES está dispuesto, en este contexto, a adherirse a las propuestas de la Comisión relativas a la elaboración de orientaciones que tengan por objeto garantizar una aplicación uniforme de la legislación, así como a la aplicación de programas nacionales coordinados referentes al conjunto de la cadena de producción alimentaria, y a la instauración de regímenes de control basados en auditorías.

2.8. El CES se adhiere a la propuesta relativa al acceso del público a la información. Conviene, como propone la Comisión, que los métodos de trabajo de la Oficina sean transparentes para el público, y conviene también elaborar un control interno de la gestión que sea eficaz y que se base en el respeto de las recomendaciones que figuran en el informe de la IGS (véase el punto 3.5).

2.9. Las últimas decisiones de la Comisión relativas a los controles veterinarios in situ () deben, como también afirma la Comisión, ser objeto de un tratamiento rápido. El CES se adhiere a la idea de que los resultados de las visitas de control, en forma de indicación de las lagunas de los sistemas de control de los Estados miembros, puedan ser accesibles vía Internet, así como por medio de informes anuales y de contactos regulares con las organizaciones de consumidores y de productores. Es necesario no obstante que antes de la publicación, el Estado miembro en cuestión tenga la posibilidad de comentar las informaciones proporcionadas y de rectificar los malentendidos. La publicación de las informaciones que afecten directamente a las empresas sería contraria a las disposiciones del artículo 214 del Tratado en lo relativo a la confidencialidad de las informaciones relacionadas con las empresas ().

2.10. El CES es asimismo favorable a la intención de la Comisión de evaluar la necesidad de un control nacional complementario por lo que se refiere a las normas de seguridad aplicables a los productos alimentarios de origen no animal, por ejemplo, las frutas y hortalizas y, de ser necesario, prever una acción suplementaria a escala nacional o comunitaria. Es, sin embargo, fundamental que se compruebe que la necesidad existe realmente, con el fin de que esta acción no comporte un aumento injustificado de los gastos de control.

2.11. Con independencia de la importancia que tiene seguir atendiendo con prioridad el sector alimentario, el respeto de las normas de la Unión Europea relativas a la salud y el bienestar de los animales domésticos sigue teniendo una importancia decisiva para el funcionamiento del mercado único, como ilustra el número nada desdeñable de actos jurídicos que existen en este ámbito.

2.12. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) puso en guardia contra nuevas y graves epidemias de enfermedades animales contagiosas producidas por la concentración de la producción animal, el aumento del número de los transportes de animales a larga distancia, la apertura de nuevas rutas comerciales hacia Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), así como la inestabilidad de la situación y la insuficiencia de controles y de inspecciones relativas a las enfermedades animales contagiosas en los Balcanes, en particular. Lo anterior se refiere no sólo a las enfermedades contagiosas clásicas, sino también a las nuevas como, por ejemplo, la EEB. La FAO destaca a este respecto la importancia de garantizar una administración veterinaria eficaz en los países europeos.

2.13. En relación con las negociaciones mantenidas en el marco de la OMC sobre los medios de equilibrar el libre intercambio de mercancías a nivel internacional por consideraciones, en particular, de salud y de seguridad, el CES insta a la Comisión y al Consejo a emplearse lo más activamente posible para elaborar y hacer aceptar por la comunidad internacional la política de control de la Unión Europea, con el fin de hacer frente, por estos medios, al problema que se plantea, como consecuencia de la liberalización del comercio, en el sector alimentario, veterinario y fitosanitario.

3. Observaciones específicas

3.1. La ejecución de las tareas de la Oficina Alimentaria y Veterinaria se ha visto dificultada hasta ahora por una acentuada insuficiencia de personal. La cuestión que se plantea es si el incremento progresivo del personal a lo largo de varios años (de acuerdo con la recomendación del informe de la IGS), hasta alcanzar un total de 202 empleos, de los cuales 127 de la categoría A, bastará para responder a las futuras necesidades que se mencionan más arriba.

3.2. Sin cuestionar la necesidad de reclutamiento de personal que disponga de la formación y la experiencia exigidas, el CES considera indispensable acelerar el largo y complicado procedimiento de la Comisión en materia de contratación, de modo que la Oficina sea plenamente operativa cuanto antes. Sin ello, la Oficina no estará en condiciones de responder en un futuro previsible a las expectativas que suscitan sus funciones, desde un punto de vista político y desde de un punto de vista profesional, lo que amenaza con desembocar en descontentos y tener repercusiones molestas.

3.3. El traslado de la OAV a Irlanda fue decidido por los Jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de noviembre de 1993 y por tanto, no es discutible. En cambio, la implantación de la Oficina en una zona rural, en Grange, 40 km al norte de Dublín, plantea problemas de varias clases, desde el punto de vista de la contratación de personal y de la ejecución concreta de las tareas. Ésta es la razón por la que, en relación con el próximo incremento previsto del personal, la Comisión debe examinar cuidadosamente si una implantación más cercana a Dublín no permitiría un funcionamiento de la Oficina más eficaz y operativo.

3.4. Al mismo tiempo, es necesario evitar que, a causa de la localización de la Oficina en Irlanda, se establezca una doble administración en Bruselas, con las consiguientes incertidumbres derivadas de las competencias respectivas. La distribución de las tareas entre varias Direcciones Generales, y la necesidad de información y de coordinación resultante, implicará, en sí, inevitablemente, el uso de recursos significativos, independientemente de las directrices internas de la Comisión ().

3.5. Por lo demás, el CES aprueba los planes de la Comisión relativos a un control interno riguroso de la gestión, y, en particular, la creación, en el seno de la OAV, de un equipo interno de verificación que tenga un estatuto independiente de la estructura interna de gestión de la Oficina, tal como requieren esas estructuras, de acuerdo con los principios que regulan la función de los organismos de control.

3.6. Al tener en su seno representantes de todos los eslabones de la cadena desde la producción primaria hasta el consumo, el CES concede una gran importancia a la continuación de la acción de la Comisión en materia de control y de inspección, y seguirá atentamente la evolución futura en este ámbito. El CES cuenta con que se le proporcionen indicaciones sobre esta evolución y se le consulte sobre las medidas que deban adoptarse posteriormente en este ámbito.

Bruselas, el 27 de mayo de 1998.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() COM (97) 183 de 30.4.1997.

() Estudio del 13 de octubre de 1997 de la Inspección General de Servicios (IGS) sobre los organismos de control para la protección de la salud alimentaria.

() Dictamen del CES sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se crea la Agencia Europea de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria», DO C 66 de 3.3.1997, p. 43.

() COM(96) 223, DO C 239 de 17.8.1996, p. 9.

() COM(97) 183, Anexo II.

() Decisiones de la Comisión de 4 de febrero de 1998 por las que se fijan, en el ámbito veterinario determinadas normas relativas a los controles, efectuados in situ, en los Estados miembros y en los terceros países por expertos de la Comisión (DO L 38 de 12.2.1998).

() El artículo 214 del Tratado prohíbe «divulgar las informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional y, en especial, los datos relativos a las empresas y que se refieran a sus relaciones comerciales o a los elementos de sus costes».

() Los principios de distribución de las competencias, incluidos los procedimientos internos de información y de consulta, se describen en el manual interno de la Comisión con fecha de 4 de julio de 1997. La DG XXIV es responsable de los Comités científicos y de las funciones de control. La DG III (para los productos alimentarios), la DG V (para las enfermedades vinculadas a los productos alimentarios y zoonosis) y la DG VI (para los ámbitos veterinario y fitosanitario) tienen competencias en materia de elaboración y aplicación de los instrumentos jurídicos.