COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 29.10.1997 
COM(97) 537 final 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO 
Orientaciones para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación con los 
países de Africa, del Caribe y del Pacífico (ACP) 

Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo 
Orientaciones para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación con los 
países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) 
Orientaciones políticas principales 
INTRODUCCIÓN 
1. UNA NUEVA DINÁMICA A LA MEDIDA DE LOS CAMBIOS 
MUNDIALES 8 
2 REVALORIZAR LA ASOCIACIÓN MEDIANTE LA BÚSQUEDA DE UN 
NUEVO COMPROMISO POLÍTICO MUTUO. UNA OPORTUNIDAD 
ESTRATÉGICA 9 
2.1 Motivaciones, responsabilidades de la UE e intereses comunes 9 
2.2 La propuesta de la Unión 11 
2.3 Envites de las futuras negociaciones 12 
3. INSCRIBIR LA ASOCIACIÓN UE-ACP EN LA ACCIÓN POLÍTICA DE 
LA UNIÓN 12 
3.1 Poner más medios al servicio de la prevención de conflictos y acrecentar 
la eficacia de la cooperación al desarrollo > 12 
3.2 Un nuevo diálogo político 14 
3.3 Un nuevo dispositivo institucional para un diálogo más efectivo y más 
abierto : 16 
4. CENTRAR LA POLÍTICA COMUNITARIA EN LOS OBJETIVOS 
COMPLEMENTARIOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DURADERO, LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA 
INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 17 
4.1 Objetivos de la cooperación UE-ACP.... 17 
4.2 Tres ejes de apoyo prioritarios 19 
4.2.1 Apoyo a los factores de crecimiento y a las políticas de 
competitividad y de empleo , 19 
4.2.2 Apoyo a las políticas sociales y a la cooperación cultural 21 
4.2.3 Integración regional 22 
1 
4.3 Tres principios rectores transversales 22 
4.3.1 Reforzar la dimensión institucional y apoyar el desarrollo de las 
capacidades locales 22 
4.3.2 Adoptar un planteamiento sensible a la no discriminación entre 
sexos y reducir las disparidades entre mujeres y hombres 24 
4.3.3 Integrar los principios de la preservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente 25 
5. ABRIR LA COOPERACIÓN A LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA 26 
5.1 Objetivos económicos y comerciales más ambiciosos .26 
5.2 Apoyar la integración regional 27 
5.3 Adaptar el planteamiento a la situación de los PMD .27 
5.4 Acuerdos diferenciados 28 
5.5 Compatibilidad con la OMC y con la política agrícola común 29 
6. HACIA UNA NUEVA PRACTICA DE LA COOPERACIÓN FINANCIERA 
Y TÉCNICA 31 
6.1 Exigencia de eficacia 31 
6.2 Lógica instrumental simplificada « 32 
6.3 Asignación de recursos en función de las necesidades y de los méritos 33 
6.4 Evolución de la naturaleza de las ayudas 34 
6.5 Gestión más eficaz de los recursos 35 
7. MARCO GEOGRÁFICO: MANTENER LA INTEGRIDAD DEL GRUPO 
ACP INTRODUCIENDO AL MISMO TIEMPO UNA MARCADA 
DIFERENCIACIÓN REGIONAL 35 
7.1 Un acuerdo global, modalidades diferenciadas .35 
7.2 Tres niveles de diferenciación centrados en las especificidades regionales 
y las perspectivas de integración 36 
7.2.1 Elementos estructuradores de un diálogo político diferenciado 36 
7.2.2 Acuerdos de cooperación económica entre la UE y subconjuntos 
regionales .". 37 
7.2.3 Diálogo específico sobre la integración regional 37 
2 
7.3 Un acuerdo abierto a posibles candidaturas o la extensión de algunas 
disposiciones a otros países solicitantes 38 
ANEXO - PROCESO DE CONSULTA 39 
La relación futura UE-ACP: Orientaciones políticas principales 
Los cambios profundos del contexto mundial imponen reconsiderar la relación entre la 
Unión Europea y los países ACP para calibrar sus envites y hacer que pueda afrontar, 
con una ambición renovada, los desafíos del siglo XXI. El debate público entablado por 
la Comisión sobre la base de su Libro Verde fue intenso y rentable. Representó un 
verdadero proceso interactivo, que ha permitido identificar ya los fundamentos de una 
nueva relación a la medida de los cambios mundiales y regionales. 
El método participativo y transparente adoptado por la Comisión en esta reflexión sobre 
una de las políticas arraigadas en la construcción comunitaria, sentó las bases de una 
nueva asociación abierta, en la cual la sociedad civil, los agentes económicos, los actores 
sociales y como las colectividades descentralizadas, desempeñan un papel activo. La 
propuesta de la Comisión para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación con los 
países ACP es una consecuencia de este proceso, lo que le confiere inevitablemente un 
amplio campo de investigación. No obstante, la Comisión sigue estando convencida de la 
necesidad de simplificar los próximos acuerdos y, en la presentación del mandato de 
negociación, velará por reconciliar las exigencias de flexibilidad y de eficacia con un 
enfoque múltiple e integrado de la cooperación. 
El período post colonial pertenece al pasado. La Unión Europea y los países ACP tienen 
un intereses comunes y cuentan con una oportunidad estratégica que debe aprovecharse, 
adoptando una visión más ambiciosa y más prometedora. Esta ambición conduce a la 
Comisión a proponer que se revalorice la asociación UE-ACP sobre unas bases 
profundamente renovadas que permitan conseguir el cambio necesario. 
Se basa en cinco orientaciones políticas principales. 
Se trata en primer lugar, de dar a la nueva asociación una fuerte dimensión 
política. Esto implicará una mayor selectividad en la gestión de la cooperación 
comunitaria, un diálogo más efectivo y más abierto previo a la condicionalidad y un 
nuevo contrato global basado en una visión política compartida. 
La relación UE-ACP ocupará un nuevo lugar en el marco de la acción exterior de la 
Unión. Contribuirá a los objetivos de paz y de estabilidad, y permitirá poner aún más 
medios al servicio de la prevención y de la resolución de los conflictos violentos. La 
nueva política de cooperación UE-ACP tendrá un alcance más significativo aún si puede 
basarse en una voluntad política clara de la Unión en relación con los principios de 
complementariedad, coordinación y coherencia. Los logros propios de la relación UE-
ACP en materia de apoyo a las políticas de defensa de los derechos humanos y de los 
principios democráticos, de consolidación del Estado de derecho y de buena 
administración, serán los principales puntos de apoyo de la asociación. El nuevo modelo 
de desarrollo que surge progresivamente de las grandes negociaciones internacionales y 
que procede de una visión integrada de los aspectos económicos, políticos, sociales y 
ambientales, constituirá su marco de referencia. Un diálogo político profundo, que 
contribuya al establecimiento de un clima político en el que se favorezca la legitimidad y 
la eficacia de la administración, garantizará una mayor eficacia de la. cooperación al 
desarrollo. El reconocimiento del estrecho vínculo que existe entre la voluntad política 
de un Gobierno, su capacidad de administrar un cambio de las relaciones de fuerza en la 
sociedad, y las oportunidades efectivas de reducir la pobreza, de elevar los niveles de 
educación y de salud, de mejorar la situación de las mujeres, y de garantizar las 
condiciones de un desarrollo sostenible, constituyen en efecto una condición previa de la 
adaptación de los procesos de desarrollo en los países ayudados por la comunidad 
internacional. 
La segunda orientación consiste en la propuesta de volver a centrar la política 
comunitaria para colocar la lucha contra la pobreza en el centro de la nueva 
asociación» Esta orientación, que refleja las grandes tendencias del debate público, no 
constituye en ningún caso una restricción del campo de la cooperación. Se trata en efecto 
de abordar la problemática de la pobreza en el marco de un enfoque integrado que tome 
en consideración simultáneamente los factores de crecimiento económico, en particular, 
el desarrollo de los mercados locales, la integración regional y la inserción en la 
economía internacional por una parte, y las repercusiones sociales del crecimiento, por 
otra. El apoyo, de carácter político, a un marco que favorezca el equilibrio de las 
oportunidades y la aparición de una sociedad civil activa y organizada formará parte 
integrante de este enfoque. Se concederá una prioridad especial al desarrollo de la 
iniciativa privada, en particular a través de un apoyo a las reformas necesarias para 
eliminar los obstáculos institucionales, reglamentarios o de política económica, que 
limitan a menudo las posibilidades de desarrollo del sector privado en los países ACP, 
tanto en el sector oficial como en el no oficial de la economía. Dentro del mismo 
espíritu, deberá reforzarse de forma considerable la dimensión social de la cooperación a 
través de un apoyo a las políticas de empleo, de acceso a los recursos productivos, a los 
servicios sociales básicos - en particular la educación y la salud -, así como a través de la 
consideración sistemática de la necesidad de mejorar la situación de las mujeres en 
términos de participación en la vida política, económica y social. La concepción y la 
práctica de las políticas de protección de los recursos naturales y del medio ambiente 
deberán integrarse en todas las etapas de la cooperación. En términos generales, la 
cooperación se dejará guiar en gran medida por la consideración de la dimensión 
institucional y por el principio del desarrollo de las capacidades de los actores locales. 
La apertura de la cooperación a la asociación económica constituye la tercera gran 
orientación propuesta por la Comisión. La repercusión y la pertinencia del régimen 
"de las preferencias Lomé" no han sido suficientes para generar una dinámica de 
desarrollo en una visión prospectiva. Objetivos más ambiciosos, en particular la 
integración progresiva de los países ACP en la economía mundial, así como el interés 
por dar un nuevo impulso a la relación económica y comercial UE-ACP, suponen 
evolucionar hacia un enfoque más equilibrado, caracterizado por una auténtica relación 
de asociación, teniendo en cuenta los intereses mutuos de ambas partes. Este enfoque 
implica la búsqueda de acuerdos de cooperación y de asociación económica de carácter 
regional o subregional, vinculados al acuerdo global de asociación UE-ACP. 
Estos acuerdos regionalizados estarán destinados a intensificar una estrecha cooperación 
en todos los ámbitos que se vuelvan progresivamente decisivos para el desarrollo de las 
relaciones económicas y comerciales internacionales. Se tratará, en particular, de 
intensificar la cooperación en materia de respeto de las normas técnicas, sanitarias y de 
seguridad, de los derechos sociales fundamentales, de las medidas medioambientales, de 
protección de la inversión, de protección de la propiedad intelectual, de desarrollo del 
comercio de los servicios, de establecimiento de una política de la competencia y de 
acceso a los contratos públicos. Estos acuerdos implicarán también un régimen de 
intercambios preferente, que introducirá progresivamente países ACP que lo deseen, 
teniendo en cuenta los criterios definidos por el Consejo Europeo, en particular en 
términos de compatibilidad con las disposiciones de la OMC y con las de la política 
agrícola común. Estos acuerdos se conseguirán de manera progresiva, en apoyo a los 
procesos de integración regional y en fase con ellos. Esta profundización de la asociación 
económica tendrá en cuenta el nivel de desarrollo de cada uno de los socios, prestando 
una atención especial a la situación de los países menos avanzados (PMA) - respecto de 
los cuales la UE ha previsto, por otra parte, ampliar y armonizar el régimen de acceso al 
mercado (en favor del conjunto de los PMA, incluso fuera de la zona ACP). 
La cuarta orientación se refiere a las modalidades prácticas de gestión de la 
cooperación financiera v técnica, que es importante reconsiderar en profundidad. 
Las adquisiciones principales "de la cultura de Lomé" en términos de contractualidad, de 
seguridad, y de previsión, constituían la fuerza del Convenio y deben mantenerse. Los 
límites de su traducción operativa, unidos a la mayor exigencia dé eficacia en la gestión 
de los recursos financieros y a las necesidades de diferenciación puestas de manifiesto en 
el Libro Verde, imponen sin embargo un cambio profundo. Tal cambio pasa por una 
simplificación y una racionalización de los instrumentos de la cooperación, así como por 
una reorientación del apoyo comunitario hacia enfoques sectoriales que permitan 
garantizar la adaptación de las reformas por parte los países afectados y una evolución 
progresiva de las financiaciones comunitarias hacia una ayuda directa a los presupuestos. 
Esta evolución, que supone el cumplimiento de una serie de condiciones, traduce el 
principio de la responsabilidad primera de cada país con respecto a su propio desarrollo. 
El cambio propuesto supone también un sistema de asignación de los recursos basado no 
sólo en las necesidades de los países afectados sino también en sus méritos, en el marco 
de una programación arriesgada, a la cual se le debe restituir un lugar central en el 
proceso de cooperación. Implica, en definitiva, garantizar un método de gestión 
descentralizado y más eficaz. 
La quinta orientación garantiza al grupo ACP su integridad, introduciendo al 
mismo tiempo una fuerte diferenciación geográfica. Este principio de integridad del 
grupo ACP constituyó uno de los puntos principales del debate sobre el Libro Verde, 
durante el cual los Estados, así como sus sociedades civiles, expresaron una fuerte 
voluntad de solidaridad, que la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno ACP de 
Libreville pondrá en primer plano. 
Esta voluntad eminentemente política debe ser respetada por la Unión. Traduce, más allá 
de la afirmación del grupo ACP como entidad política, el valor de un conjunto UE-ACP 
en un mundo que se ha convertido en multipolar. Al mismo tiempo, se impone una 
necesidad de diferenciación, fundada en la dimensión regional de la cooperación 
económica y comercial, el papel creciente de la integración regional como factor de 
desarrollo, y de un modo más general, en la preocupación de adaptar la cooperación a las 
realidades y especificidades de los distintos componentes del grupo ACP buscando el 
nivel de diálogo y de cooperación más conveniente. Esta constatación conduce a la 
Comisión a proponer un nuevo acuerdo global con los Estados ACP, que incluya 
modalidades y acuerdos diferenciados. Los acuerdos futuros deberán ser además 
suficientemente flexibles y abiertos para responder a las nuevas necesidades y 
oportunidades. 
En la negociación UE-ACP, que se abrirá en septiembre de 1998, se decidirá un 
elemento esencial de la identidad exterior de la Unión Europea. Lo que está en 
juego está claro: pasar de un contexto histórico a una oportunidad estratégica. 
INTRODUCCIÓN 
La relación entre la Unión Europea y los Estados ACP sé halla en los albores de una 
evolución histórica sin precedentes, en la que cada cual deberá medir los envites y las 
posibilidades. Las negociaciones que, conforme al IV Convenio de Lomé revisado por el 
Acuerdo firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995, deberán iniciarse en 
septiembre de 1998 para "examinar las disposiciones que regularán en el futuro las 
relaciones entre la Comunidad y los Estados miembros, por una parte, y los Estados 
ACP, por otra"1, brindan a los socios una ocasión única de proyectarse en el siglo XXI y 
de infundir a esta relación más ambición y ofrecerle mayores oportunidades de éxito. 
A fin de prepararse para esa cita y con ese objetivo, la Comisión, calibrando los cambios 
ocurridos en la escena internacional, las transformaciones en curso en los países ACP, un 
contexto europeo en plena evolución y el análisis crítico de la cooperación anterior, abrió 
un amplio debate público sobre la base de un "Libro Verde"2. 
El debate se desarrolló tanto en el marco de las iniciativas de la Comisión, que organizó 
foros consultivos en cada uno de los Estados miembros y en cada una de las tres grandes 
regiones ACP3, como en seminarios y conferencias organizados espontáneamente por 
organizaciones no gubernamentales, el sector privado, organizaciones sindicales o 
centros de estudios sobre el desarrollo. Las contribuciones escritas fueron también 
numerosas. El Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social se pronunciaron 
igualmente sobre las grandes cuestiones planteadas por el Libro Verde4. Los Estados 
ACP emprendieron, por su parte, su programa de consultas, a escala nacional y regional, 
con el objeto de definir progresivamente sus posiciones. 
El debate fue intenso, en ocasiones apasionado, a menudo decisivo para la percepción de 
los condicionantes de unos y otros, de los desafíos que se presentan y de las estrategias 
que deben seguirse para hacerles frente. Representó un punto de inflexión entre 
veinticinco años de cooperación y la organización de una nueva relación a la medida de 
los cambios mundiales. 
Teniendo en cuenta este debate, el presente documento propone orientaciones políticas 
generales para las relaciones futuras entre la Unión Europea y los países ACP. Tendrá su 
continuación en una propuesta de mandato de negociación que traducirá estas 
orientaciones, modificadas en su caso en atención a las posiciones expresadas en el 
Consejo, el Parlamento y otras instituciones, en directrices para la negociación. 
1 Artículo 366 del IV Convenio de Lomé revisado. 
2 COM (96) 570 final, de 20 de noviembre de 1996: "Libro Verde sobre las relaciones entre la Unión 
Europea y los países de África, del Caribe y del Pacífico en los albores del siglo XXI - Desafíos y 
opciones para una nueva asociación". 
3 En anexo figura una lista de los foros consultivos organizados por iniciativa de la Comisión. 
4 Informe del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde - PE 223.237. Dictamen del Comité Económico 
y Social sobre el Libro Verde - C.E.S. 775/97. 
L V^AmmvA CINÁMICA A. LA MEDIDA m LOS CAMBIOS MUNDIALES 
En el Libro Verde, la Comisión recordaba brevemente la historia de la relación 
entre la Unión Europea y los Estados ACP. Rememoraba en particular los orígenes 
de la política comunitaria de cooperación al desarrollo - que se remontan a la 
asociación de los Países y Territorios de Ultramar a la Comunidad en 1957 -, el 
contexto en el que se firmó el primer Convenio de Lomé en 1975 y las adaptaciones 
sucesivas de que ha sido objeto desde entonces. El Libro Verde inscribía también 
esta relación en el contexto de la evolución de los demás capítulos de la acción 
exterior, haciendo especial mención al nuevo marco de asociación con los terceros 
países mediterráneos, al refuerzo de los vínculos con América Latina y a la nueva 
estrategia asiática. Destacaba la vocación universal de las relaciones exteriores de la 
Unión, pero también su carácter diferenciado. 
Un examen crítico de los resultados de la cooperación en el pasado, fundado 
singularmente en los estudios de evaluación realizados en función de criterios 
conformes a las definiciones del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE5, puso 
de manifiesto las ventajas e inconvenientes de Lomé. Por una parte, la cooperación 
comunitaria ha permitido movilizar recursos financieros importantes, casi en su 
totalidad en condiciones muy favorables, que han contribuido a la mejora de las 
condiciones de vida en los países ACP. Innegablemente, el Convenio de Lomé ha 
representado un marco único de cooperación entre dos grupos de países, basado en 
los principios de asociación, contratación, previsibilidad y seguridad. Ha constituido 
asimismo un laboratorio de nuevas ideas. Pero, como toda cooperación, también ha 
ha adolecido de insuficiencias. El principio de asociación resultó difícil de llevar a 
la práctica. La dependencia de la ayuda, las exigencias a corto plazo y la urgencia 
de las situaciones de crisis determinaron progresivamente la relación. El contexto 
institucional y de política económica y social en el país beneficiario constituyó a 
menudo un gran impedimento, con la consiguiente merma del impacto de la 
cooperación comunitaria. La Unión tiene también su parte de responsabilidad, 
puesto que en la eficacia de su ayuda han influido considerablemente las trabas 
procedimentales. El impacto de las preferencias comerciales fue en conjunto 
decepcionante. En la práctica de la ayuda, la falta de flexibilidad, las dificultades 
del sistema de cogestion y el carácter casi automático de la concesión de una amplia 
parte de los recursos repercutieron en la eficacia. 
El debate, muy rico y muy amplio, que siguió a la publicación del Libro Verde, 
confirmó las principales premisas de la reflexión: 
- La importancia de los cambios mundiales que afectan a la relación UE-ACP, en 
particular las posibilidades, pero también los riesgos que entraña la rápida 
mundialización de los sistemas comerciales y financieros, la revolución 
tecnológica y la entrada en la sociedad de la información, las conmociones 
geopolíticas como consecuencia del hundimiento del bloque del Este y los 
principios acordados del desarrollo sostenible en consideración a las 
generaciones futuras. 
5 CAD/OCDE, "Principios para una ayuda eficaz". 
- La evolución del lugar ocupado por la Unión en el mundo, de resultas de la 
profundización del proceso de integración y de la perspectiva de una ampliación 
sin precedentes. 
- La necesidad de una reforma fundamental del Convenio para adaptarlo a las 
realidades de este fin de siglo, y en particular para ayudar mejor a los países ACP 
a elevar el nivel de vida de sus poblaciones y a insertarse en la corriente de los 
intercambios mundiales. 
- El dinamismo dq las transformaciones en curso en los países ACP. Ciertamente, 
las dificultades vinculadas a la inestabilidad económica y política son 
importantes; pero las potencialidades y los signos de conformación de una 
"nueva Africa" son con cada vez más intensos. Se han emprendido procesos de 
democratización en numerosos países, cuya profundización y permanencia es 
necesario garantizar. Las reformas económicas están dando sus primeros 
resultados, aún frágiles pero prometedores. Los cambios en Sudáfrica, los 
esfuerzos de integración regional en África occidental, austral y oriental y la 
apertura hacia otros socios exteriores son nuevas dinámicas que contribuyen a 
cambiar el rostro de África. En la región caribeña se están abriendo nuevas 
perspectivas merced a la profundización de las relaciones con sus vecinos; esta 
región entiende ya sus vínculos futuros con la Unión Europea como una 
diversificación indispensable de sus relaciones exteriores. Las pequeñas 
economías insulares del Pacífico, alejadas de sus vecinos más próximos, 
pretenden mantener una relación significativa con Europa. 
El propio debate en torno al Libro Verde constituyó en sí mismo una etapa en la 
renovación de las relaciones UE-ACP. En particular, demostró la existencia, tanto 
en los países ACP como en los Estados miembros de la UE, de una decidida 
voluntad de revalorizar la asociación. Novedad, esta voluntad fue manifestada por 
una amplia gama de actores: las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, 
tradicionalmente muy comprometidas, pero también organizaciones representativas 
del sector privado, organizaciones sindicales, colectividades territoriales, 
asociaciones juveniles y medios académicos expresaron claramente su interés en 
una nueva cooperación UE-ACP, en la que desean poder participar sobre el terreno 
y a la que quieren asociarse para la fijación de las prioridades políticas. 
Como destaca el informe del Parlamento Europeo, "Puede afirmarse que el debate 
sobre el futuro de Lomé contribuyó a modificar el contenido de este acuerdo, dando 
nacimiento, por una y otra parte, a motivaciones nuevas, y a colocar en primer 
plano los problemas esenciales de las políticas de desarrollo y de cooperación al 
desarrollo, a menudo encubiertos por la actualidad y la necesidad de la urgencia." 
& REVALORIZAR LA ASOCIACÍON MEDIANTE LA BÚSQUEDA DB ON NOEVO 
COMî'ROÎdaSOyOLITICO MÏOTOt TOA O^ORTBNIDÁ» ESTRATÉGICA 
2.1 Motivaciones, responsabilidades de la UE e intereses comunes 
La Unión, primer socio comercial a escala mundial, principal proveedor de ayuda al 
desarrollo, polo de estabilidad y ejemplo más avanzado de integración regional, se 
siente en el deber de desarrollar una estrategia responsable respecto a las regiones 
del Sur, en particular las más expuestas a los riesgos de pobreza y de marginación. 
En la Agenda 20006, la Comisión subraya singularmente que "el proyecto europeo 
sólo seguirá siendo creíble si responde a la creciente demanda de sus ciudadanos de 
más unidad y más eficacia para construir y defender la paz, la estabilidad y la 
prosperidad en el continente europeo y en el mundo." La cooperación al desarrollo 
constituye un elemento importante en este contexto. 
Para ser eficaz, la Unión Europea tiene una responsabilidad esencial: garantizar la 
complementariedad entre las políticas de cooperación al desarrollo de los Estados 
miembros y de la Comunidad, reforzar la coordinación en los distintos niveles 
determinados por el Consejo (político, operativo y en los foros internacionales), 
adoptar una estrategia global común para los países ACP y velar, en particular, por 
la coherencia de sus políticas (comercial, pesquera, agrícola, etc. ), singularmente 
en relación con los objetivos de desarrollo. La nueva política de cooperación UE-
ACP deberá basarse en una voluntad política clara en relación con estos tres 
principios., 
El período poscolonial es historia y se trata de abandonar la lógica "donante-
perceptor". La UE y los países ACP tienen intereses comunes que hacer valer. En 
este marco, la relación UE-ACP debe: 
- Convertirse en un elemento constitutivo de una política de paz y de estabilidad, 
contribuyendo a combatir las causas últimas de los conflictos violentos. 
- Contribuir, en coordinación con los otros donantes, a la consecución de los 
objetivos del desarrollo sostenible acordados a escala mundial, y en particular a 
la reducción de la pobreza. En el marco de la asociación UE-ACP se dará una de 
las principales contribuciones de la Unión a los esfuerzos de la comunidad 
internacional para alcanzar los objetivos fijados en materia de desarrollo 
humano, singularmente en el marco de la estrategia adoptada por el Comité de 
Ayuda al Desarrollo de la OCDE7. 
- Fomentar una forma de desarrollo que garantice el respeto de los derechos 
humanos y el progreso social. 
- Mejorar la gestión de los riesgos mundiales y de las interdependencias en los 
ámbitos del medio ambiente, la lucha contra los tráficos ilícitos, las migraciones, 
la salud, etc. La UE y los países ACP tienen interés en utilizar el marco 
pluricontinental de su relación para profundizar en su cooperación, en particular 
en aquellos ámbitos donde la cooperación internacional progresa lentamente. 
- Promover el desarrollo económico en interés mutuo. África, cuyos recientes 
progresos en materia de gestión económica han inducido a revisar al alza sus 
perspectivas de crecimiento a medio plazo, es, obviamente, un socio potencial 
importante. 
6 COM (97) 2000, de 15 de julio 1997: "Agenda 2000: Por una Unión más fuerte y amplia". 
7 "El papel de la cooperación al desarrollo en los albores del siglo XXI", OCDE/CAD, mayo de 1996. 
10 
Más allá de las interdependencias negativas y de los riesgos inmediatos que provoca 
la falta de desarrollo para la seguridad y el bienestar del Norte (conflictos violentos, 
presiones migratorias, auge de los extremismos, droga, pandemias, SIDA, etc.), la 
Unión tiene razones de peso para proseguir su cooperación con los países ACP y 
adaptarla a un contexto radicalmente transformado . Para ello, deberá definir con 
sus interlocutores los términos de un nuevo compromiso mutuo de naturaleza 
fundamentalmente política. 
2.2 La propuesta de la Unión8 
La Unión propondrá a los países ACP un compromiso duradero sobre una base de 
asociación. Esta nueva asociación, fundada en el principio de "propiedad", se 
caracterizará por: 
- Una fuerte dimensión política y un diálogo profundo. 
- Una ayuda al establecimiento de un entorno político que favorezca la igualdad de 
oportunidades, la legitimidad y la eficacia en la gestión de los asuntos públicos, 
los mecanismos de conciliación que permitan solucionar de manera no violenta 
los conflictos de intereses y la instauración del diálogo y la participación de la 
sociedad civil como recursos principales. 
- Una ayuda a la ejecución de las reformas y un apoyo financiero y técnico a las 
políticas sólidas y responsables. 
- La consideración sistemática de la dimensión institucional y del objetivo del 
desarrollo de la capacidad de los agentes públicos (incluidos los poderes locales) 
y privados en la concepción, análisis y aplicación de las estrategias de desarrollo 
y en la organización de la sociedad civil en general. 
- Un refuerzo de la dimensión social de la cooperación. 
- Una nueva estrategia en favor del desarrollo del sector privado. 
- La integración de los aspectos medioambientales en todas las etapas de la 
cooperación. 
- Una cooperación económica reforzada en interés mutuo, que extienda la 
cooperación a una serie de ámbitos relacionados con el comercio y se funde en el 
objetivo de la integración en la economía mundial. 
- Una ampliación de la cooperación, sobre todo en los sectores de la investigación 
científica y tecnológica y de la sociedad de la información, en función de las 
nuevas oportunidades. 
- Una asociación más participativa, que incluya la consulta de los agentes 
económicos y sociales. 
8 En aras de la simplicidad, en el presente documento se suele hacer mención a la Unión, pero en el 
entendimiento de que las partes contratantes son la Comunidad y los Estados miembros. 
11 
- El principio de regionalización de la cooperación en el marco de un acuerdo 
global con los países ACP. 
- La consideración de los factores de vulnerabilidad, singularmente en las 
pequeñas economías insulares. 
- Una diferenciación de las modalidades y de las prioridades de la cooperación 
para adaptarla al nivel de desarrollo del socio, a sus necesidades y a su estrategia 
de desarrollo a largo plazo. Ello se traducirá, concretamente, en una 
concentración cada vez mayor de las intervenciones comunitarias. En otras 
palabras, la Unión no hará todo en todas partes: ampliará el ámbito de las 
cooperaciones posibles y concentrará, al mismo tiempo, sus intervenciones, en 
un país o en una región determinada, en algunos sectores prioritarios. Se 
vinculará, además, el modo de gestión de los recursos al desarrollo de las 
capacidades en el país socio. 
- La búsqueda de una mayor eficacia, un Convenio más simple y un acceso más 
fácil de los nuevos actores de la cooperación. 
La UE espera de sus socios un compromiso de proseguir o emprender reformas 
creíbles y una "buena gestión" ("good governance") política, económica, social y 
medioambiental. Esta exigencia de un nuevo "contrato" implicará, por una parte, 
una mayor selectividad en la gestión de la ayuda, pero también una preponderancia 
mayor del diálogo previo a la condicionalidad. 
2.3 Envites de las futuras negociaciones 
Para la Unión, se tratará fundamentalmente de otorgar un nuevo lugar a la relación 
UE-ACP en su acción exterior y de garantizar la coherencia entre los aspectos 
políticos, comerciales y de cooperación al desarrollo, así como con las políticas 
internas. 
Para el conjunto de las partes interesadas, el principal envite de estas negociaciones 
será conseguir el cambio necesario en una visión prospectiva. Las negociaciones 
deberán desembocar en acuerdos suficientemente innovadores sin hacer por ello 
tabla rasa del pasado. 
La nueva asociación con los países ACP debe significar el tránsito de un contexto 
histórico a una oportunidad estratégica. Esta constatación debe inducir a la Unión a 
presentar una oferta estructurada políticamente mediante la profundización de la 
asociación en sus distintas dimensiones, y geográficamente, por su dimensión global 
y regional. 
3, l3SfSCRIBIR3LAASOCJACiO»r ÜE-ACF ISKLA ACCIÓN EOLÍTICA BE LA ÜNION 
3.1 Poner más medios al servicio de la prevención de conflictos y acrecentar 
la eficacia de la cooperación al desarrollo 
La cooperación UE-ACP, en un principio considerada neutra en relación con el 
contexto político de los países ACP, se percibe a partir de ahora como una relación 
con una clara dimensión política, que deberá expresar plenamente la futura 
12 
asociación. La especificidad de la acción comunitaria reside cada vez más en la 
complementariedad de sus tres facetas: la dimensión política, la asociación 
económica y una acción ambiciosa en favor del desarrollo social. 
El diálogo político deberá profundizarse por dos razones fundamentales: 
• La cooperación al desarrollo debe contribuir a la consecución de los objetivos de 
la política exterior y de seguridad común (artículo J.l del Tratado de la Unión 
Europea), y más concretamente al mantenimiento de la paz y al fortalecimiento 
de la seguridad internacional, combatiendo las causas de la pobreza y de las 
desigualdades, fuentes potenciales de conflictos, y coadyuvando a incrementar la 
cohesión social y a luchar contra la marginación. 
Es en este contexto donde el otorgamiento de prioridad a la prevención de los 
conflictos y a la consolidación de la paz adquiere un sentido particular. Las 
orientaciones recientemente adoptadas por la UE en materia de prevención de 
conflictos en África9 están destinadas, en particular, a apoyar el desarrollo de la 
capacidad de acción de las organizaciones africanas (OUA y organizaciones 
subregionales). Pero prevén también utilizar de manera coordinada y coherente 
el conjunto de medios disponibles; ello implicará singularmente la cooperación 
al desarrollo y el respaldo de las políticas de promoción de los derechos 
humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la buena gestión de los asuntos 
públicos. No obstante, la cooperación al desarrollo deberá poder conservar la 
autonomía necesaria para perseguir, con continuidad, objetivos a largo plazo. No 
podrá estar sujeta a cambios de ritmo demasiado frecuentes sin poner en peligro 
su eficacia; convendrá, entonces, apreciar el carácter temporal o duradero de las 
situaciones de desequilibrio político que requieran una respuesta en la gestión de 
la cooperación al desarrollo. 
La labor de la Unión en materia de prevención de crisis se beneficiará además de 
las nuevas disposiciones del Tratado, en particular de la creación de una célula de 
análisis y de previsión^ encargada de alertar al Consejo sobre las situaciones de 
crisis nacientes, y del refuerzo de la cooperación con la Unión Europea 
Occidental, sobre todo en lo que atañe a la prevención y gestión de crisis. 
Deberán llevarse a cabo también acciones de cooperación específicas para 
acrecentar la seguridad global o regional. Sobre la base de las primeras 
experiencias en curso de realización, estas acciones podrían tener por objeto la no 
proliferación, el control de armamentos, la lucha contra el tráfico ilícito de armas 
y las minas antipersonas. 
• La profundización del diálogo político debe también permitir acrecentar la 
eficacia de las acciones de cooperación. Sin voluntad política de los gobiernos de 
los países interesados, ninguna intervención de ayuda exterior puede realmente 
tener un impacto significativo, sea en términos de mejora de los indicadores del 
desarrollo humano o de dinamismo económico. 
9 Posición común del Consejo, de 2 de junio de 1997, y SEC(96)322: "La Unión Europea y el problema 
de los conflictos africanos: restablecimiento de la paz, prevención de las crisis y perspectivas". 
13 
La necesidad de reforzar los vínculos entre la acción socioeconómica y la acción 
política es cada vez más evidente en el marco del nuevo modelo de desarrollo 
que surge progresivamente de las grandes negociaciones internacionales10, un 
modelo centrado no sólo en la satisfacción de las necesidades básicas sino 
también en el respeto de los derechos humanos, tanto en sus aspectos políticos 
como sociales y culturales. 
La lucha contra la pobreza, los esfuerzos en favor de los sectores de la educación 
y de la salud, la necesidad de mejorar la situación de la mujer, la consideración de 
los aspectos medioambientales, las cuestiones demográficas y sus consecuencias 
en términos de migraciones y la problemática del desarrollo urbano son objetivos 
que implican cambios profundos en las estructuras sociales y en las relaciones de 
poder y que no pueden abordarse desde un punto de vista exclusivamente técnico 
y económico. 
El apoyo - que la UE propondrá reforzar - ala organización de la sociedad civil y 
al desarrollo de la capacidad de los actores representativos del sector privado y de 
los movimientos sociales, en su diversidad, y el estímulo al establecimiento de 
mecanismos de concertación y de diálogo transparentes constituirán también una 
nueva y vigorosa dimensión política. 
3.2 Un nuevo diálogo político 
Por todas estas razones, la Unión propondrá a sus socios ACP profundizar en el 
diálogo político y extender el ámbito de aplicación en función de la evolución de la 
actualidad. Sin establecer una lista exhaustiva a priori, se abordarán en particular 
los problemas siguientes, no aisladamente, sino con un planteamiento integrado que 
reconozca los numerosos vínculos existentes entre todos estos temas: 
- El respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado 
de Derecho, elementos ya esenciales en las relaciones UE-ACP11. Por lo que se 
refiere al respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos -
elemento esencial de todos los acuerdos firmados por la Comunidad con terceros 
países desde 199512 -, la Conferencia de Viena13 afirmó singularmente el carácter 
universal e indivisible de todos los derechos humanos, con especial mención a 
los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y 
culturales. Ello implica, en particular, que deben vincularse con las políticas de 
10 Véase, en particular, la Agenda para el Desarrollo (NU, junio de 1997) y el resumen de las 
conclusiones de las grandes conferencias internacionales "Conferencias Mundiales. Prioridades del 
desarrollo para el siglo XXI", Informes de las NU, 1997. 
11 Artículos 5 y 366 bis del IV Convenio de Lomé revisado. 
12 El 29 de mayo de 1995, el Consejo aprobó una fórmula tipo para las cláusulas relativas a los derechos 
humanos en los acuerdos de la Comunidad con terceros países, que incluye un dispositivo de 
suspensión que permite a la Comunidad reaccionar inmediatamente en caso de violación de los 
derechos humanos. 
13 Conferencia mundial sobre los derechos humanos, Viena, 1993. 
14 
progreso social, acceso a la educación, reducción de las disparidades entre 
hombres y mujeres, respeto de las minorías, etc. El pleno respeto de los 
convenios internacionales que regulan la protección y las intervenciones 
humanitarias constituye una condición esencial para la preservación efectiva de 
un espacio de intervención humanitaria en los países ACP. En este ámbito, 
resulta indispensable un planteamiento riguroso de los principios y de su 
aplicación sobre el terreno. 
El respeto de los principios democráticos no apunta a un modelo aplicable en 
todas partes. Cada sociedad tiene el derecho de elegir su propia vía a la 
democracia, teniendo en cuenta el contexto particular de cada país. Pero esta 
elección debe incluir las características fimdamentales de la democracia 
representativa: el principio de la separación de poderes - que garantiza en 
particular la independencia de la justicia -, el derecho de los ciudadanos a elegir o 
sancionar periódicamente a sus líderes políticos, a expresarse e informarse 
libremente. 
El respeto y el funcionamiento de un Estado de Derecho, en particular la equidad, 
la eficacia y accesibilidad del sistema jurídico y la transparencia, constituyen una 
de las condiciones fundamentales en relación con los objetivos de los derechos 
humanos y con los objetivos de desarrollo económico y social. En todos estos 
ámbitos, los socios deberán comprometerse a prestar una atención especial a la 
situación de la mujer, a promover la igualdad de condiciones y a facilitar su plena 
participación en la vida política. 
Sólo un verdadero diálogo sobre estas cuestiones, basado en un análisis dinámico 
y que tenga en cuenta la evolución del contexto cultural, social, económico y 
político local, y la realización de acciones positivas permitirán elaborar un 
planteamiento eficaz, progresivo y enraizado en la realidad de cada país. 
Como el Estado de Derecho, la buena gestión de los asuntos públicos o "good 
governance" es de crucial importancia, tanto para el desarrollo social y la lucha 
contra la pobreza, como para el desarrollo de las inversiones y del sector privado. 
Este concepto, ampliamente presente en los debates internacionales relativos a la 
ayuda al desarrollo, se refiere, en el marco del IV Convenio de Lomé revisado, a 
la gestión transparente y responsable del conjunto de los recursos (humanos, 
naturales, económicos y financieros, internos y externos) de un país a efectos de 
su desarrollo económico y social. Incluye, en particular, la lucha contra la 
corrupción y se beneficia de los planteamientos participativos. Corresponderá a 
los socios europeos y ACP fijar juntos los principios a los cuales se proponen 
referirse, inspirándose la UE, por su parte, en la reciente Comunicación de la 
Comisión en pro de una política anticorrupción14 - que atañe tanto a la 
corrupción internacional como la corrupción en la Unión - y en las iniciativas 
internacionales en este ámbito (G7, etc.). 
14 Com (97) 192, de 21 de mayo de 1997. La Comisión preconiza, en particular en materia de 
cooperación al desarrollo, tres ejes de acción: medidas preventivas (apoyo a la mejora del marco 
legislativo, de los procedimientos y del funcionamiento de los contratos públicos, etc.) integradas en 
la estrategia de desarrollo, programas específicos de lucha contra lá corrupción e inserción de una 
cláusula de buena gestión en todos los acuerdos de cooperación. 
15 
Ello debería inducir a la UE a proponer a sus socios que incluyan la buena 
gestión de los asuntos públicos entre los elementos esenciales del futuro acuerdo, 
en el mismo plano que los tres elementos (descritos en el apartado anterior) ya 
ratificados en el IV Convenio de Lomé revisado. 
- La prevención y la resolución de conflictos. La acción de la Unión se insertará en 
el marco internacional o regional apropiado y contemplará al mismo tiempo la 
prevención en la fase más avanzada posible y el restablecimiento de la paz. Se 
abordarán también algunas cuestiones como el control y la limitación de las 
compras y del comercio de armas y la lucha contra su tráfico ilícito, la 
prohibición de las minas antipersonas y las acciones de limpieza de minas y las 
necesidades de apoyo a la formación cívica y jurídica. 
- Las cuestiones atinentes a la justicia y los asuntos de interior de la Unión (tercer 
pilar), como la problemática de la inmigración, la droga, la criminalidad 
transnacional y la trata de seres humanos. 
- Las políticas sectoriales respaldadas por la cooperación comunitaria, incluso en 
ámbitos como la investigación y la innovación tecnológica. 
- Los medios aplicados a reducir la pobreza. 
- Los temas de interés general o regional (protección del medio ambiente a escala 
planetaria y regional, migraciones transcontinentales, lucha contra los tráficos 
ilícitos y negociaciones multilaterales). 
- La cooperación y la integración regional, poderosos factores de estabilización, 
bajo el doble aspecto de la prevención y resolución de conflictos y del desarrollo 
económico y social. 
3.3 Un nuevo dispositivo institucional para un diálogo más efectivo y más 
abierto 
El diálogo político se convierte así en la tercera herramienta, complemento 
indispensable de la ayuda y de la cooperación económica. Permite concretar un 
planteamiento positivo de la condicionalidad y se convierte en el modo de 
funcionamiento de una asociación revitalizada, que pretende crear una relación 
entre socios adultos y responsables, respetuosos de sus compromisos y en 
consecuencia iguales. 
Las modalidades del diálogo político deberán definirse con extremada flexibilidad y 
tener por objetivo final la búsqueda de resultados tangibles. Deberá preverse la 
posibilidad de entablar este diálogo en función de la importancia y del interés de los 
temas a tratar, en un marco multilateral, regional o bilateral y en niveles políticos o 
técnicos. En numerosos ámbitos, la exigencia de eficacia implicará que este diálogo 
se inscriba en el marco de reuniones de carácter regional o subregional, tanto de 
responsables gubernamentales como de parlamentarios. 
La búsqueda de eficacia supondrá también una revisión del funcionamiento de las 
instituciones paritarias - confiriéndoles una nueva dimensión regional - a partir de 
las propuestas de estas instituciones. 
16 
4.1 Objetivos de la cooperación UE-ACP 
Los compromisos adquiridos por la Comunidad Europea, los Estados miembros y 
numerosos países ACP en las conferencias de las Naciones Unidas, en materia de 
desarrollo social, medio ambiente, igualdad entre hombre y mujer, población y 
seguridad alimentaria, constituyen un nuevo marco de referencia para el diálogo 
sobre las políticas y para las intervenciones de ayuda de la UE. Las Cumbres de Río 
y de Copenhague representaron, en particular, un giro importante, en la medida en 
que permitieron definir una visión integrada del desarrollo en sus dimensiones 
económica, social y medioambiental. Se pusieron de relieve los vínculos entre la 
reducción de la pobreza, la lucha contra las discriminaciones - en particular de la 
mujer -, la protección del medio ambiente y la responsabilidad ante las generaciones 
futuras. Se reconoció la importancia de hacer progresos decisivos en materia de 
educación primaria, salud básica y acceso a los demás servicios esenciales. La 
Agenda para el Desarrollo recientemente adoptada por las Naciones Unidas15 
expresa este planteamiento centrado en la mejora de las condiciones de vida, 
reconociéndole también una dimensión política fundamental. El principio de la 
responsabilidad principal de los países interesados en su desarrollo informa el 
conjunto de la iniciativa. 
Por otra parte, las dificultades y potencialidades propias de los países ACP ante las 
transformaciones económicas mundiales ponen de manifiesto la necesidad de 
mejorar fundamentalmente el entorno económico de estos países y de establecer un 
marco más favorable al desarrollo del sector privado. La importancia del sector 
informal o "economía popular", su potencial de generación de rentas y empleo y su 
capacidad de innovación socioeconómica justifican, por otro lado, un apoyo 
particular que tenga por objeto una mejora duradera de las condiciones de vida y de 
trabajo. La fuerte dependencia de numerosos países de sus recursos naturales, 
vinculados a las actividades agrícolas en particular, y la inestabilidad climática 
exigen también que se otorgue a las cuestiones medioambientales una prioridad 
adecuada. Debe admitirse, además, el carácter estratégico de una ayuda más 
sistemática al desarrollo de las capacidades, especialmente científicas y 
tecnológicas. 
Teniendo en cuenta también los objetivos generales asignados por el TUE a la 
política comunitaria de cooperación al desarrollo16, las nuevas prioridades definidas 
15 Agenda para el Desarrollo, Asamblea General de las NU, junio de 1997. 
16 Artículo 130 U: el desarrollo económico y social duradero de los países en desarrollo, y 
particularmente de los más desfavorecidos, la inserción armoniosa y progresiva en la economía 
mundial y la lucha contra la pobreza. 
17 
estos últimos años en el Consejo17 y los objetivos cuantitativos y cualitativos 
deterrninados por los principales proveedores de fondos de la OCDE18, la UE 
propondrá a sus socios conceder una prioridad particular a la lucha contra la 
pobreza, reforzando la dimensión social de la cooperación e insistiendo 
simultáneamente en la mejora de los factores de crecimiento, competitividad y 
empleo. 
La elección de las políticas de desarrollo compete a los Estados y poblaciones 
interesados; al mismo tiempo, estas políticas son cada vez más interdependientes. El 
interés mutuo y la reciprocidad se convierten así, tanto en el plano económico como 
en el plano social o medioambiental, en los motores de una cooperación 
intensificada. La mejora de las condiciones de vida y de trabajo en los países en 
desarrollo adquiere una nueva prioridad en el marco de la acción exterior de la 
Unión. No se trata para la Unión de exportar su modelo, sino de compartir sus 
experiencias. Ante las transformaciones externas e internas, la propia UE se 
enfrenta a la necesidad de adaptarse para mantener la opción de una determinada 
calidad social, defender su concepción del modelo social y reconciliar el principio 
de la competencia como fuerza de progreso económico con el de la solidaridad 
indispensable para la cohesión social. La UE persigue una nueva articulación entre 
lo económico y lo social, en la que la política social contribuya a los resultados 
económicos, al empleo y la competitividad. 
Es en esta perspectiva donde debe poder asegurarse la complementariedad entre los 
tres objetivos generales de la cooperación comunitaria. La lucha contra la pobreza, 
que se impone como un objetivo esencial en el marco de una asociación con los 
países ACP, debe inscribirse en una política general centrada en el desarrollo 
sostenible y que auspicie el crecimiento económico y la creación de empleo, la 
eliminación de las discriminaciones de la mujer, el acceso a la educación y a la 
salud y la conservación y mejora del medio ambiente. Como destaca el último 
informe mundial sobre el desarrollo humano19, el debate sobre las relaciones entre 
crecimiento económico y reducción de la pobreza - cuestión ampliamente tratada en 
el marco de la consulta abierta sobre el "Libro Verde" - es en parte un falso debate, 
en la medida en que desvía la atención de las dos cuestiones más importantes: ¿ 
cómo acelerar el ritmo de crecimiento? ¿ cómo crear un modelo de crecimiento 
centrado en la reducción de la pobreza? 
Estas consideraciones y las consultas celebradas en el marco del debate sobre el 
Libro Verde abocan a situar la lucha contra la pobreza, en sus distintas formas -
tanto en términos de desarrollo social y humano y de protección de los recursos 
naturales como de pobreza monetaria -, en el centro de la cooperación UE-ACP, en 
el marco de un planteamiento integrado que aborde simultáneamente los factores de 
17 Conclusiones y Resoluciones sobre desarrollo social y humano, igualdad entre los sexos (noviembre 
de 1995), prioridades en materia de salud, educación y formación, seguridad alimentaria y lucha 
contra la pobreza (diciembre de 1993), ayuda al ajuste estructural, vínculos entre ayuda de 
emergencia, rehabilitación y desarrollo. 
18 OCDE, CAD: "El papel de la cooperación al desarrollo en los albores del siglo XXI", mayo de 1996. 
19 PNUD, 1997. 
18 
crecimiento económico y las repercusiones sociales de ese crecimiento. La 
instauración de un ambiente político que favorezca la creación de oportunidades y 
el nacimiento de una sociedad civil activa y organizada formará parte integrante de 
este planteamiento. En este contexto ha de reconocerse y apoyarse el papel del 
sector privado formal e informal, del Estado y de los poderes locales y de los 
distintos actores sociales organizados en sindicatos, asociaciones, cooperativas y 
otras agrupaciones. La acción de la UE debiera facilitar el desarrollo de las 
capacidades de estos distintos actores y la mejora del marco institucional necesario 
para la cohesión social y el funcionamiento de una sociedad democrática y de una 
economía de mercado, dando un amplio margen a la concertación. El Estado debe, 
en particular, velar por el buen funcionamiento de los mercados y solucionar sus 
fallos. Por último, la especificidad de la acción comunitaria reside también en el 
apoyo que puede prestar a los procesos de integración y cooperación regional, 
reconocidos como factores favorables al desarrollo y como una etapa a menudo 
necesaria para la inserción en la economía mundial. 
pstas orientaciones definen una nueva estrategia de cooperación y nuevas 
prioridades. La cooperación se centrará, de manera diferenciada^ en función de las 
necesidades, de las potencialidades y de la vqluntad política de cada país, en 
algunos temas entre un amplio abanico de ámbitos complementarios, favoreciendo 
aquéllos donde la acción de la Unión presente un valor añadido en relación con los 
otros proveedores de fondos. Deberá además asegurarse un vínculo estrecho entre la 
dimensión política reforzada y la cooperación; en este contexto, la prevención de los 
conflictos violentos y. la necesidad de tratar sus causas profundas podrán también 
influir sobre las prioridades de acción. Estas acciones, cuya lista no puede a priori 
ser exhaustiva, se inscribirán en torno a tres eies prioritarios (competitividad y 
empleo, dimensión social y cultural, integración regional) y deberán satisfacer tres 
principios esenciales (el desarrollo 4e las capacidades, la consideración de la no 
mscriminación entre sexos y los principios medioambientales). 
4.2 Tres ejes de apoyo prioritarios 
4.2.1 Apoyo a los factores de crecimiento y a las políticas de 
competitividad y de empleo 
El aumento del empleo y un mejor acceso a los recursos productivos son factores 
esenciales para reducir duraderamente la pobreza y combatir la dinámica de la 
exclusión. Los compromisos adquiridos en Copenhague en esta materia fijan un 
conjunto de objetivos eminentemente pertinentes. La progresión de las inversiones y 
pl desarrollo de un sector privado dinámico, tanto el segmento formal de la 
economía corno la economía denominada popular, en las zonas rurales y urbanas, 
son indispensables para acelerar el crecimiento, ampliar sus bases y aumentar el 
empleo. Estos empleos serán más seguros y duraderos, y redundarán en una mejora 
real de las condiciones de vida, al estar vinculados a un incremento de la 
competitividad de las economías interesadas. Debe tenerse especialmente en cuenta 
la situación de la mujer, sus posibilidades de participar en la vida económica y de 
beneficiarse de los efectos del crecimiento. 
19 
Desde esta perspectiva, la cooperación comunitaria tendrá lugar en varios ámbitos, a 
fin, en particular, de restaurar la confianza de los agentes económicos y facilitar la 
creación de empleo: 
- Apoyo a la aplicación de políticas macroeconómicas, comerciales y sectoriales 
previsibles y creíbles, que creen un contexto favorable a la inversión privada 
(interna y extranjera), teniendo explícitamente en cuenta el objetivo del empleo. 
En este marco podrá proponerse también una cooperación monetaria, 
singularmente en relación con la introducción del euro. Este apoyo tendrá 
también por objeto la dotación de infraestructuras económicas y tecnológicas. 
- Apoyo a las reformas administrativas, institucionales y legislativas que mejoren 
las condiciones de desarrollo de un sector privado competitivo, a la instauración 
de un marco legislativo y social que favorezca la integración progresiva del 
sector informal en la economía formal y a la adopción de disposiciones que 
garanticen la consideración de la dimensión medioambiental. 
- Apoyo al desarrollo de los sistemas financieros y a la mejora del acceso a los 
servicios financieros. 
- Apoyo a la creación y desarrollo de empresas, en particular aquellas que tienen 
un fuerte potencial de creación de empleo y que carecen de acceso a los factores 
de producción (tecnologías, financiación, etc.) o a los mercados, especialmente 
las PYME, las microempresas y las cooperativas. La ayuda financiera y técnica 
administrada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Centro de 
Desarrollo Industrial (CDI) será, en estos ámbitos, complementaria de las ayudas 
administradas por la Comisión. 
- Apoyo a la mejora de los sistemas de educación y formación para contribuir a 
elevar la productividad de los sectores formales e informales. 
- Apoyo a las políticas y a las instituciones del mercado del trabajo, en particular 
para promover la información y la formación, la aplicación de legislaciones que 
garanticen un nivel apropiado de protección de los trabajadores y el respeto de 
los derechos sociales fundamentales20, la mejora de las condiciones de salud y de 
seguridad en el lugar de trabajo y la aplicación, de los principios de no 
discriminación - en particular respecto de la mujer -, así como para facilitar el 
diálogo social. Este apoyo deberá tener en cuenta el interés de garantizar la 
necesaria flexibilidad del mercado del trabajo. 
- Apoyo a las reformas y a las políticas que faciliten el acceso - en particular de los 
grupos más vulnerables - a los recursos productivos, como los derechos de 
propiedad y de explotación de la tierra, el capital y el crédito, la educación y la 
formación, las tecnologías, la información y los servicios de transporte y de 
comunicaciones. 
20 Convenios de la OIT relativos al derecho de asociación y de negociación colectiva, a la prohibición 
del trabajo forzado y del trabajo infantil y al principio de la no discriminación. 
20 
Más allá del marco propio de la relación UE-ACP, es necesaria una solución 
internacional más ambiciosa del problema de íadeuda exterior, en la medida en que 
condiciona, en los países muy endeudados, los resultados de sus esfuerzos en 
términos dé crecimiento, competitividad y empleó. 
4.2.2 Apoyo a las políticas sociales y a la cooperación cultural 
Otra prioridad de la futura cooperación UE-ACP será la mejora de la calidad de los 
servicios sociales y la reducción de las desigualdades en el acceso a la atención 
sanitaria, la educación, el agua, là vivienda y los demás servicios esenciales. El 
planteamiento de la UE consistirá, por una parte, en ayudar a los países socios a 
mantener y aumentar progresivamente los medios financieros de los grandes 
sectores sociales y, por otra, en apoyar la adaptación de los servicios sociales y de 
los sistemas de protección social en función de la evolución de las condiciones 
económicas, de las necesidades locales y de las demandas específicas de cada país o 
región. En este marco, la cooperación descentralizada reviste también una 
importancia particular y deberá reforzarse. En todos estos ámbitos, la UE considera 
que es especialmente importante reducir las diferencias entre mujeres y hombres. 
Sólo se preverán acciones específicas, en particular para los grupos pobres, cuando 
las condiciones políticas impidan un apoyo más global a las dinámicas de progreso 
social. 
Los principales ámbitos de cooperación serán los siguientes: 
- Apoyo a las políticas generales y sectoriales que favorezcan el acceso a los 
grandes servicios básicos - educación primaria, salud básica, agua, habitat urbano 
-, en coordinación con los Estados miembros y con los otros proveedores de 
fondos. 
- Apoyo a las políticas de seguridad alimentaria y que mejoren el acceso a los 
productos alimentarios - procurando mantener las producciones locales - y a la 
práctica de una gestión responsable de los recursos hídricos. 
- Apoyo a las políticas demográficas. 
- Apoyo a las iniciativas de mutualización de los riesgos y a la constitución de 
fondos de desarrollo social que permitan una gestión descentralizada y 
participativa de actores elegibles. Estos fondos podrán organizarse a escala 
nacional o local, con el objetivo de apoyar la promoción social o, más en general, 
la economía popular. La responsabilización de los socios sobre la base de 
criterios de seguimiento y de evaluación de los resultados constituirá un principio 
básico. 
- Amplio refuerzo de la participación y desarrollo del diálogo social, es decir, 
entre el conjunto de los actores significativos de la sociedad civil, y de manera 
más específica entre los interlocutores sociales. Este apoyo se referirá, en 
particular, a los Convenios de la O.I.T. relativos a la libertad sindical y a los 
derechos de negociación colectiva, que figuran entre los derechos sociales 
21 
fundamentales establecidos en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social y 
que la Comisión propuso promover en todos sus acuerdos con terceros países21. 
- Cooperación cultural, mediante acciones que favorezcan el reconocimiento de las 
identidades culturales y el diálogo intercultural y la consideración de esta 
dimensión en el conjunto de las intervenciones comunitarias. 
4.2.3 Integración regional 
La integración regional constituye una etapa a menudo necesaria en pos de la 
integración en el sistema económico mundial. Permite diversificar las economías 
nacionales y favorece las economías de escala La Comunidad ha apoyado distintas 
formas de cooperación regional desde el primer Convenio de Lomé y ha 
desarrollado progresivamente su apoyo a la integración regional. Se trata de un eje 
de intervención específico de la acción comunitaria, que permite que otros países se 
beneficien de la experiencia de la construcción europea y de los conocimientos 
adquiridos en una serie de ámbitos. 
ta UE propondrá a sus socios ÀCp comprometidos en un proceso de integración 
regional una estrategia de cooperación basada en los elementos siguientes: 
- apoyo a las iniciativas de integración económica regional (coordinación de las 
políticas macroeconómicas y de los regímenes de inversión, liberalización 
comercial y cooperación aduanera, etc.); 
- apoyo a las iniciativas regionales de cooperación en materia de infraestructuras -
especialmente las infraestructuras de transporte terrestre y los puertos -, medio 
ambiente, salud, investigación, etc.; 
- refuerzo de la capacidad de las organizaciones regionales y los gobiernos 
nacionales en e| ámbito económico, spc|aj? político y rfledioambiprffàl, WPlujda la 
promoción de PÓdigps de copducta, nprrnas, etc.; 
- consideración, ep un período transitorio, de lps e;fectos de la integración spbrp los 
recursos presupupsfarips y spbre la balanza de pagos en la valoración de las 
necesidadesi de gyuggfinanciera, 
B\ apoyo a la integración regional será también up criterio importante ep e] rnarpp 
de }a polítipa comercial y de lps acuerdos de cooperación ecpnpmipa^ prpylstps en e| 
Capitulo 5. 
4.3 Tres principios rectores transversales 
4.3.1 Reforzar la dimensión institviçipnal y appyar e\ desatrotlq, tfe las 
capacidades locales 
{.os aspectos institucionales y pl refuerzo de }a. capacidad local de cppppppión y 
aplicación de las políticas y reformas apropiadas se tendrá sistem^cjtpepte pp 
2* COM ) 97 "Seguimiento 4e la Punibre MuncJiaJ $m el pesarroijp Spp|al; 
22 
cuenta en la cooperación UE-ACP. La asociación propuesta por la UE, con su 
dimensión política explícita y sus compromisos mutuos a largo plazo, constituye un 
marco idóneo para propiciar el desarrollo institucional, la instauración de los 
mecanismos necesarios para el diálogo social, el apoyo a la organización de los 
sectores económicos, sociales y civiles, a escala nacional o local, y en general el 
refuerzo de las estructuras democráticas y participativas. Se fomentarán también los 
intercambios de experiencias Sur-Sur y Norte-Sur. 
El desarrollo de las capacidades de los países ACP será uno de los criterios rectores 
de la elección de las modalidades prácticas de cooperación. 
La UE se propondrá, en particular, contribuir a: 
- Acrecentar la capacidad del Estado y del sector público. Se considerarán 
prioritarias las reformas efectuadas en el contexto de la democratización y 
consolidación del Estado de Derecho (funcionamiento de los sistemas jurídicos, 
poder legislativo, etc.), las reformas destinadas a aumentar la eficacia del sector 
público (descentralización administrativa, función de las autoridades y de las 
colectividades locales, etc.), la vigilancia de la economía de mercado (aplicación 
del Derecho mercantil, política de competencia, protección de las inversiones, 
estabilidad del sistema financiero, etc.), la buena gestión de los asuntos públicos 
(funcionamiento de la contratación pública, gestión de la hacienda pública, etc.). 
Se otorgará también prioridad al desarrollo de la capacidad de análisis y 
concepción de las políticas económicas y sociales y de las estrategias de 
desarrollo sostenible (cuyo principio se acordó en la conferencia UNGASS22) y a 
la formulación y aplicación de políticas que favorezcan el desarrollo de la 
investigación y de la inversión tecnológica23. La cooperación comunitaria 
fomentará también la instauración de un marco legislativo de protección de los 
consumidores que, además de reforzar el Estado de Derecho, contribuirá a la 
protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los 
consumidores, así como a la promoción de su derecho a la información, 
educación y organización24. 
- Reforzar la capacidad del sector privado, en términos de recursos humanos, 
financieros y tecnológicos, en apoyo de las estrategias de diversificación 
económica. En este contexto, se otorgará una prioridad especial al apoyo 
institucional a la representación de las empresas, a la formación profesional, al 
refuerzo de la capacidad de investigación y a la utilización de las tecnologías de 
la información (mejora de los servicios de telecomunicaciones, creación de 
nuevos servicios y de nuevas aplicaciones), que pueden contribuir grandemente a 
22 Junio de 1997. 
23 Conforme a las orientaciones presentadas por la Comisión en su reciente Comunicación: "La 
investigación científica y tecnológica: un elemento estratégico para la cooperación de la Unión 
Europea con los países en desarrollo" - COM (97) 174 final, de 25.4.1997. 
24 Conforme al análisis presentado por la Comisión en su Comunicación de 31.10.95 - COM (95) 519. 
23 
mejorar el acceso a la educación, a desarrollar las redes de investigación y a 
elevar los niveles de productividad y de competitividad25. 
- Apoyar la organización de la sociedad civil y fortalecer a los actores sociales 
existentes. La cooperación podrá apoyar su reagrupación - respetando su propia 
búsqueda de nuevos modos de representación y de relación con los poderes 
públicos - y fomentar los intercambios de experiencias, en particular Sur-Sur y a 
escala regional. Además de las asociaciones de defensa de los derechos humanos, 
estarán también interesadas las organizaciones sindicales, las asociaciones de 
consumidores (que contribuyen a un mejor conocimiento de la higiene 
alimentaria, el uso de los medicamentos, la economía doméstica, la salud, el 
consumo duradero), de profesionales, de productores y de mujeres, las 
organizaciones juveniles y de defensa de los derechos del niño y los movimientos 
de protección del medio ambiente. 
- Utilizar la experiencia local y valorizarla, en particular en el marco de las redes 
UE-ACP. 
4.3.2 Adoptar un planteamiento sensible a la no discriminación entre 
sexos y reducir las disparidades entre mujeres y hombres 
Las disparidades entre hombres y mujeres influyen en la vida económica, desde el 
nivel más microeconómico hasta los resultados macroeconómicos. Estas 
disparidades quedan por otra parte de manifiesto en todos los análisis de la pobreza. 
Generalmente, los papeles respectivos de los hombres y de las mujeres en la gestión 
de los recursos humanos y naturales no se tienen suficientemente en cuenta en las 
políticas de desarrollo. 
La eliminación de las disparidades entre mujeres y hombres debe convertirse en un 
objetivo explícito importante en el marco del desarrollo centrado en la persona. Para 
la Unión, esta dimensión forma parte integrante del proceso de desarrollo y es 
indispensable tanto desde el punto de vista de la equidad y de la justicia social como 
de los objetivos económicos y de la eficacia de las políticas de desarrollo y 
cooperación. 
Sobre la base de los compromisos adquiridos en la Unión26 y a nivel internacional27, 
la cooperación futura UE-ACP deberá respetar los principios destinados a integrar 
la no discriminación entre sexos en todas las intervenciones de ayuda 
macroeconómica, sectorial o a proyectos. La situación de la mujer será, por lo tanto, 
objeto de una atención especial en todos los ámbitos de intervención de la UE, y en 
25 Véanse también las propuestas de la Comisión en "Sociedad de la información y desarrollo: el papel 
de la UE", COM (97) 351, de 15/7/97. 
26 COM (95) 423, de 18/9/95, sobre la integración de la no discriminación entre sexos en la cooperación 
al desarrollo y Resolución del Consejo (diciembre de 1995). 
27 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, septiembre de 1995) y Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Social (Copenhague, marzo de 1995). 
24 
particular en todo lo que respecta al apoyo a las políticas de empleo y a las políticas 
sociales. 
Este planteamiento, consistente en integrar sistemáticamente la no discriminación 
entre sexos ("mainstreaming"), no excluirá sin embargo la realización de acciones 
positivas en favor de las mujeres en aquellos ámbitos donde este tipo de acciones 
puedan contribuir a reducir una diferencia especialmente importante entre mujeres y 
hombres. La Unión concederá prioridad a la reducción de las disparidades en el 
acceso a los servicios esenciales, en particular la educación y la sanidad, al respeto 
de los derechos en materia de sexualidad y reproducción y a la reducción de las 
desigualdades en el acceso a los recursos económicos y al mercado del trabajo. En 
las intervenciones de emergencia y en su prolongación en la rehabilitación y el 
desarrollo, la no discriminación entre sexos se abordará también de manera 
específica. 
4.3.3 Integrar los principios de la preservación de los recursos naturales y 
del medio ambiente 
La Cumbre de la Tierra constituyó una etapa importante en la reflexión 
internacional sobre los problemas del medio ambiente, al hacer un llamamiento a un 
cambio de actitudes y a una visión integrada de los aspectos medioambientales, 
económicos y sociales del desarrollo. De acuerdo con sus compromisos, la UE 
procura establecer principios y una nue\a práctica que favorezcan el desarrollo 
sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. 
Estos principios y prácticas deberán integrarse en todos los ámbitos de la 
cooperación al desarrollo, en la concepción, aplicación y evaluación, con una 
atención especial a los siguientes aspectos: 
- el desarrollo de las capacidades y la mejora de las prácticas de evaluación 
medioambiental; 
- los vínculos entre la lucha contra la pobreza y los problemas de medio ambiente, 
incluidos los aspectos redistributivos de los instrumentos fiscales; 
- la internalización progresiva de los costes medioambientales en el marco del 
apoyo a las reformas económicas, teniendo en cuenta los efectos sociales y 
medioambientales; 
- la instauración de asociaciones público-privadas eficaces, en particular para las 
transferencias de tecnologías limpias; 
- podrán también favorecerse acciones específicas en distintos ámbitos, con 
prioridad para la problemática de los recursos hídricos y las cuestiones relativas a 
la eficacia energética, la lucha contra la desertización, el desarrollo urbano, la 
ordenación forestal duradera, la conservación y gestión duradera de la diversidad 
biológica y de los recursos pesqueros. 
Por otra parte, se prestará una atención especial a los pequeños países insulares, 
expuestos a amenazas potenciales relacionadas con el cambio climático. 
25 
••• • 
La cooperación comercial UE-ACP no ha permitido realmente alcanzar los 
objetivos perseguidos. Los resultados comerciales de los Estados ACP han seguido 
siendo, en general, decepcionantes, y el interés de los operadores económicos 
comunitarios en los Estados ACP, limitado. Las razones son múltiples y la situación 
no se debe, principalmente, a una insuficiencia del régimen comercial del Convenio 
de Lomé. El análisis de la situación ha demostrado, sin embargo, que la cooperación 
comercial UE-ACP no ha agotado su potencial y que un planteamiento más 
dinámico que el seguido, profundizando en la asociación económica entre la UE y 
los Estados ACP, permitiría a cada una de las partes obtener mayor provecho de las 
relaciones particulares que mantienen. 
5.1 Objetivos económicos y comerciales más ambiciosos 
La profundización de la asociación económica UÉ-ACP sólo podrá conseguirse si 
se abandona el planteamiento tradicional en materia comercial, caracterizado por 
una relación centrada en el régimen de preferencias unilaterales, en favor de un 
planteamiento más equilibrado, caracterizado por una verdadera relación de 
asociación, que tenga en cuenta los intereses mutuos de ambas partes. 
Un planteamiento de esta naturaleza se funda en objetivos ambiciosos que, para la 
UE, consisten en: 
- incitar y ayudar a los países ACP a integrarse de forma progresiva y armoniosa 
en la economía mundial, lo que se traduce tanto en el desarrollo de su capacidad 
en materia de intercambios comerciales como de su capacidad para atraer la 
inversión privada, interna y extranjera; 
- crear una nueva dinámica de intercambios y reforzar la presencia europea en los 
países ACP, permitiendo a los agentes económicos de la UE aprovechar las 
ventajas comparativas de que disponen los países ACP; 
- invitar a los países ACP a cooperar con la UE en las negociaciones económicas y 
comerciales internacionales. 
La consecución de estos objetivos dependerá de la capacidad de la futura asociación 
para: 
- Consolidar los procesos de integración regional, etapa hacia la integración 
mundial. La propuesta de la Unión deberá tener en cuenta la voluntad de 
integración existente, en distintos grados, entre países del África subsahariana, 
del Caribe y del Pacífico y la evolución de este proceso. Ello introduce 
necesariamente un elemento de naturaleza dinámica en la futura asociación 
económica, que deberá realizarse de forma paulatina. 
- Acrecentar la capacidad de los países ACP para tratar los otros ámbitos 
relacionados con el comercio. Estos ámbitos - el respeto de las normas técnicas, 
sanitarias y de seguridad, el respeto de los derechos sociales fundamentales, las 
medidas medioambientales, la protección de las inversiones y de la propiedad 
intelectual, el comercio de servicios, la política de competencia, la política de los 
26 
consumidores y el acceso a los contratos públicos - están llamados a ser cada vez 
más determinantes en las relaciones comerciales internacionales. Deberá, por 
ello, asegurarse una cooperación más estrecha en estos sectores. 
- Estabilizar las políticas comerciales y de inversiones de los países ACP, 
dotándolas de mayor previsibilidad y credibilidad para los operadores 
económicos y los inversores potenciales. La futura asociación económica deberá 
permitir a los Estados ACP fundar sus reformas en una asociación fuerte y fiable, 
incrementar la transparencia y la credibilidad de esas reformas y llevarlas a cabo 
con garantía de coherencia entre sus políticas comerciales y económicas. Deberá 
permitir movilizar, más que antaño, el interés de los operadores económicos por 
los países ACP y facilitar la inversión interna y extranjera y la transferencia de 
conocimientos técnicos y tecnología, contribuyendo a acrecentar la 
competitividad de los países ACP y favoreciendo así su integración progresiva y 
armoniosa en la economía mundial. 
5.2 Apoyar la integración regional 
La UE debería proponerse como objetivo final la celebración de acuerdos de 
asociación económica con cada una las tres regiones ACP - África, Caribe y 
Pacífico -, teniendo en cuenta la voluntad política de integración regional de los 
Estados ACP. 
La consecución de este objetivo sólo podrá ser progresiva, empezando por la 
negociación de acuerdos económicos con los subconjuntos regionales 
comprometidos en un proceso de integración y, en un número limitado de casos, 
con países concretos que no formen parte de agrupaciones regionales y sin embargo 
cumplan las condiciones de dimensión, nivel de desarrollo y capacidad 
administrativa. 
Las diferentes zonas interesadas son África occidental, África central, África 
austral, África oriental, el Caribe y el Pacífico. La elección de las estructuras 
regionales con las que la UE podría entablar negociaciones dependerá, 
evidentemente, de los propios Estados ACP. 
La evolución del proceso de integración regional será, en cualquier caso, 
determinante para establecer el calendario de las negociaciones, en función 
esencialmente de la liberalización interna en estas zonas de integración y, en su 
caso, de la aplicación de una política comercial común. Sea como fuere, habida 
cuenta del estado actual de la integración regional, los interlocutores de la UE 
podrían ser agrupamientos como UEMOA, UDEAC, CDAA, CAO y CARICOM. 
En la región del Pacífico, las iniciativas en curso (Foro del Pacífico Sur) no 
permiten identificar, por el momento, a un socio regional, pero cabría explorar 
posibilidades de cooperación. 
5.3 Adaptar el planteamiento a la situación de los PMD 
En el contexto de esta iniciativa destinada a profundizar la asociación económica, 
convendría tener en cuenta el nivel de desarrollo de cada uno de los socios, sus 
limitaciones y sus capacidades. 
27 
Con esta intención, la UE debería mantener, en sus relaciones con los países menos 
desarrollados (PMD), el régimen actual, ampliándolo todo lo posible. En lo que 
respecta a los otros ámbitos relacionados con el comercio, no debería requerir de 
estos países compromisos que superen su capacidad económica e institucional. Sin 
embargo, esta necesaria diferenciación entre PMD y no PMD no debería hacerse en 
detrimento de los procesos de integración regional en curso. Numerosos Estados 
ACP-PMD son efectivamente miembros de una unión aduanera o de una zona de 
libre comercio con las que sería deseable establecer acuerdos de cooperación 
económica que implicaran cierta reciprocidad. El interés en participar en un espacio 
de cooperación económica reforzada con la Unión Europea debería pesar más que 
los posibles costes transitorios de la liberalización. Para estos PMD, la reciprocidad 
entrañaría esfuerzos de ajuste más importantes, que deberían tenerse en cuenta en la 
valoración de sus necesidades y justificar una ayuda adicional,-en forma de medidas 
complementarias (ayuda a la transición, ayudas macroeconómicas, sectoriales, etc.). 
5.4 Acuerdos diferenciados 
Profundizar en la asociación económica implicaría, pues, la negociación de varios 
acuerdos: un acuerdo global UE-ACP y varios acuerdos de cooperación económica 
entre la UE y subconjuntos regionales, que prevean, en su capítulo comercial, 
grados de reciprocidad diferentes y calendarios apropiados. 
Esa negociación sería difícil de llevar a cabo durante el período previsto por el 
Convenio de Lomé. Por otro lado, debe reconocerse que la profundización de la 
asociación económica entrañaría una modificación progresiva de los derechos y 
obligaciones de los Estados ACP. Sería por ello conveniente prever una negociación 
en varias etapas. 
La primera etapa (1998-2000) permitiría negociar el acuerdo marco o acuerdo 
global. En la segunda etapa se negociarían acuerdos regionalizados. En función de 
los intereses de los socios y de los de la Unión, estos acuerdos regionalizados 
podrían, sin perjuicio de las consideraciones que se hacen en el punto 5.5 siguiente, 
adoptar la forma de acuerdos de cooperación económica (no totalmente recíprocos) 
o de acuerdos de asociación económica (recíprocos y constitutivos de zonas de libre 
comercio). Esta segunda etapa de negociación no debería tener una duración 
superior a tres años, desde el vencimiento del presente Convenio (2000-2003). 
El contenido de esos acuerdos sería entonces el siguiente: 
- El acuerdo global definiría el compromiso de ambas partes de avanzar 
progresivamente en la asociación económica. Enunciaría como objetivo último la 
celebración de acuerdos de asociación económica con cada una de las tres 
regiones ACP. Determinaría los subconjuntos regionales y los países ACP (no 
PMD) dispuestos a negociar, durante la segunda etapa, acuerdos de cooperación 
económica o acuerdos de asociación. Precisaría el marco general de esos acuerdos 
y, en la medida de lo posible, el calendario general. Prevería la futura 
armonización y fusión de esos acuerdos, en función de los progresos de 
integración realizados en el interior de las tres regiones ACP. 
El acuerdo global incluiría, además, disposiciones comunes sobre los ámbitos 
relacionados con el comercio, que se perfeccionarían después en el marco de los 
28 
acuerdos regionalizados. Las acciones de cooperación industrial y de desarrollo 
del comercio podrían realizarse también en el marco del acuerdo global. 
Propondría el mantenimiento de las preferencias vigentes durante el período de 
negociación de tres años. 
Especificaría que los países ACP no PMD que no desearan entablar 
negociaciones con el fin de introducir en su relación con la UE un elemento de 
reciprocidad, o en el caso de que fracasaran estas negociaciones o se 
incumplieran los compromisos iniciales, seguirían beneficiándose (tras el período 
de tres años) de las preferencias comerciales en el marco del Sistema de 
Preferencias Generalizadas comunitario. Del mismo modo, definiría, para los 
PMD que no formaran parte de una agrupación regional que haya accedido a 
negociar con la UE, el régimen de acceso aplicable, sobre la base del acervo 
actual y teniendo en cuenta la Decisión del Consejo de Asuntos Generales, de 2 
de junio de 1997, en favor de los PMD (continuación del plan de acción en favor 
de los PMD aprobado en la Conferencia Ministerial de Singapur en diciembre de 
1996), entendiéndose que este régimen sería aplicable a la totalidad de los PMD 
(ACP y no ACP). 
- Los acuerdos regionalizados de cooperación económica consolidarían el 
acceso de los países ACP al mercado europeo e introducirían un elemento de 
reciprocidad para las exportaciones europeas. Estos acuerdos constituirían una 
etapa esencial en la vía de la liberalización general. Especificarían los regímenes 
de acceso aplicables a ambas partes y el ritmo y el plazo previstos para los ajustes 
arancelarios. Contendrían disposiciones relativas a una cooperación avanzada en 
los otros ámbitos relacionados con el comercio. Determinarían el período a cuyo 
término sería necesario reexaminar la situación con el fin de apreciar los 
progresos realizados en la liberalización y fijar el calendario de las etapas 
siguientes. 
- Los acuerdos regionalizados de asociación económica podrían prever, además 
de las disposiciones de cooperación económica, la instauración progresiva de una 
zona de libre comercio, de conformidad con las disposiciones de la OMC (que no 
excluya a ningún sector, que abarque lo esencial del comercio y que sea 
realizable en un período normal de diez años) y con la política agrícola común. 
La profundización de la asociación económica podría lograrse así mediante 
acuerdos de asociación económica - previa firma, en su caso,- de acuerdos de 
cooperación económica -, que regulen el régimen de intercambios y establezcan el 
principio de reciprocidad, y una cooperación estrecha en los otros ámbitos 
relacionados con el comercio. 
Este planteamiento permitiría reforzar considerablemente los vínculos económicos 
entre las partes, creando zonas económicas ampliamente integradas. 
5.5 Compatibilidad con la OMC y con la política agrícola común 
Con una visión a largo plazo, en la perspectiva de una armonización del régimen 
preferente concedido por la UE al conjunto de los PMD, por una parte, y, por otra, 
29 
de la celebración de acuerdos de asociación económica compatibles con la OMC, en 
particular con el artículo XXTV del GATT relativo a las zonas de libre comercio, el 
régimen comercial de la UE podría alcanzar, finalmente, su conformidad con la 
OMC sin necesidad de exenciones. 
No obstante, en un horizonte à corto y medio plazo, sea cual sea la vía 
efectivamente seguida, parece difícil concebir un régimen comercial entre la UE y 
los países ACP que no exija una exención de la OMC. 
Se requeriría una exención para mantener el régimen actual durante el período de 
negociación de tres años. Después, puesto que la evolución de la reciprocidad se 
plasma, por lo menos para algunas zonas regionales, en acuerdos de cooperación 
económica, haría falta una exención como la del artículo 9 de la OMC (parecida a la 
exención vigente) o la del artículo XXIV. 10 del GATT. La Comunidad debería 
preparar concienzudamente la exposición de estas disposiciones ante la OMC. 
Podría destacar, concretamente, las considerables ventajas de estos acuerdos, en 
términos de desarrollo, al permitir a los Estados ACP adaptarse más fácilmente, en 
función de su nivel de desarrollo, al nuevo contexto internacional. 
La oportunidad de celebrar acuerdos de asociación económica con zonas de libre 
comercio deberá examinarse, en cualquier caso, minuciosamente en relación con los 
criterios definidos en el Informe al Consejo Europeo28 sobre la evolución de la 
política comercial y los acuerdos preferentes de la Comunidad, especialmente su 
compatibilidad con las disposiciones de la OMC y de la política agrícola común. Si 
se apreciaran incompatibilidades en ese examen, la UE debería recurrir entonces a 
acuerdos de ámbito más restringido y que precisarían de una exención, cuya 
duración estaría por determinar pero que sería objeto de una revisión anual. La 
Comisión estudiará en el transcurso de las próximas semanas hasta qué punto 
resulta factible, ateniéndose a los criterios definidos en el citado Informe del 
Consejo Europeo, inscribir el objetivo del libre comercio en el acuerdo global que 
se propondrá a la totalidad de los países ACP. 
Paralelamente, la Comunidad debería buscar otros medios para ayudar a los países 
ACP a integrarse en el sistema comercial multilateral. Ello podría hacerse, por una 
parte, alentando a los países que no son aún miembros de la OMC a adherirse a ella 
y, por otra, invitando a los países ACP miembros de la OMC a consolidar 
progresivamente su arancel en los niveles realmente aplicados, según su nivel de 
desarrollo y sus imperativos económicos y sociales. 
Las preferencias concedidas en el marco de los protocolos relativos a productos 
específicos (plátano, azúcar, carne de vacuno) sólo podrán mantenerse para los 
PMD si son objeto de una exención sobre la base del artículo XXV.5 del GATT, lo 
que supondría una exención idéntica para los países que se beneficiaran del SPG. 
Por último, para los países que se obligaran en acuerdos de cooperación económica 
con la UE, podrían preservarse, plena o parcialmente, los beneficios proporcionados 
por los protocolos, integrándolos bajo una forma apropiada en esos nuevos 
acuerdos. 
28 Amsterdam, junio de 1997. 
30 
En cuanto al Protocolo relativo al azúcar, habida cuenta de su carácter particular de 
acuerdo entre consumidor y proveedor, sobre cantidades fijas, la UE y los países 
ACP podrían convenir en mantenerlo, como un acuerdo separado, no vinculado al 
acuerdo global de cooperación. En este caso podría ser necesaria una exención 
(artículo 9 de la OMC) para garantizar su conformidad con la OMC. Quizá fuera 
conveniente integrar esta petición en una solicitud de exención más global, que 
abarque las distintas necesidades posibles de exención. 
6.1 Exigencia de eficacia 
La cooperación financiera se basa en un principio fundamental del Convenio: su 
carácter contractual. El Convenio vincula a los participantes a largo plazo y les 
garantiza, en este marco contractual libremente negociado, fundado en obligaciones 
recíprocas y en un diálogo permanente, la seguridad y la previsibilidad de sus 
relaciones. 
Este principio ha presidido el Convenio y ha contribuido ampliamente a lo que 
procede denominar la "cultura de Lomé". Su traducción operativa, sin embargo, ha 
puesto de manifiesto sus límites. 
El carácter casi automático de la concesión de los recíursos financieros y la 
tendencia de los donantes a sustituir al socio incumplidor no han fomentado el 
compromiso político real que se esperaba de los gobiernos ACP. Ha habido cierta 
desviación, en la medida en que los instrumentos de la cooperación han tendido a 
dominar las políticas más que a estar a su servicio. La diversidad y la complejidad 
creciente de estos instrumentos los vuelven difícilmente manejables, en particular 
cuando se utilizan simultáneamente en el mismo país. 
La responsabilidad compartida, en la gestión de la ayuda, entre la Comisión y los 
países beneficiarios - establecida en razón de su valor "político" - es fuente de 
confusión y de retrasos. 
Se impone un cambio en la práctica de la cooperación, dictado además porque la 
exigencia de eficacia que manifiestan las opiniones públicas respecto de nuestra 
cooperación, así como la necesidad de diferenciación puesta de relieve por los 
análisis del Libro Verde, deben convertirse en una preocupación constante. 
Este cambio debe realizarse concillando tres consideraciones: 
- el mantenimiento, en sus principios, del acervo principal de Lomé, que 
construyó la "cultura de Lomé" y conserva, hoy aún más que ayer, todo 
su valor; 
- la evolución necesaria hacia una asociación más responsable, una eficacia 
acrecentada y una mayor diferenciación; 
- la exigencia de fiabilidad, en el sentido de buena gestión, en la utilización 
de los recursos. 
31 
Este propósito de conciliación supone revisar: 
- la lógica instrumental de la cooperación; 
- las modalidades de concesión de los recursos; 
- la naturaleza de las ayudas; 
- los métodos de gestión. 
6.2 Lógica instrumental simplificada 
La eficacia y el impacto de la cooperación comunitaria chocan con la dificultad de 
garantizar la debida coherencia entre distintos instrumentos que interactúan en 
ámbitos a menudo próximos, respondiendo al mismo tiempo a finalidades y 
criterios de utilización específicos. Seguramente, algunas iniciativas comunitarias, 
como los documentos de estrategia para el 8o FED, palian este inconveniente, pero 
persiste una sensación de complejidad, de rigidez y de falta de transparencia. 
Se impone la necesidad de simplificar y racionalizar los instrumentos existentes. 
Esa orientación puede implicar dos medidas principales: 
1. Reducir el número de instrumentos 
La necesidad de una práctica más flexible de la cooperación, que permita 
responder a necesidades cada vez más diferenciadas y evolutivas sugiere 
reunir los instrumentos existentes en tres dotaciones distintas: 
- Una dotación de recursos programables, destinada a apoyar el desarrollo a 
largo plazo. Esta dotación - que agruparía las asignaciones que actualmente 
cubren la ayuda programable, la ayuda al ajuste, STABEX y Sysmin -
permitiría, según las necesidades y una valoración del tipo de intervención 
más conveniente, apoyar políticas sectoriales, reformas institucionales, 
reformas macroeconómicas, a los actores descentralizados o acciones más 
circunstanciales. Permitiría también a los países actualmente interesados en 
Stabex y Sysmin compensar las pérdidas de ingresos de exportación con la 
concesión de recursos adicionales en apoyo a las reformas macroeconómicas 
o sectoriales. 
En otras palabras, se impone una distinción entre elegibilidad para un 
mecanismo de compensación y utilización de los recursos correspondientes. 
La fuerte dependencia de numerosos países de las fluctuaciones de los 
ingresos (precios y cantidades) de los productos básicos justifica de hecho 
que se mantenga el principio de compensación, sobre la base seguramente de 
un sistema de cálculo simplificado. En cambio, en interés de la máxima 
eficacia de los recursos, conviene que éstos se utilicen de manera flexible en 
apoyo de las reformas. 
-Un fondo de inversión, destinado a promover el desarrollo del sector 
privado y comercial a través de la inversión directa, el aumento de la 
capacidad de los servicios de apoyo técnico y financiero y el desarrollo de los 
32 
mercados de capitales. Ese fondo agruparía las asignaciones que en la 
actualidad cubren los capitales de riesgo y las bonificaciones de intereses. 
Debería administrarse con un criterio comercial y beneficiarse de los reflujos 
de las financiaciones realizadas. El BEI tendrá un papel esencial que 
desempeñar en la gestión de este fondo, en el marco de las orientaciones 
aprobadas por la Comisión. 
En este contexto, deberá asegurarse una mejor articulación de las funciones 
del BEI, del CDI y de la Comisión. 
- Una dotación destinada a las crisis excepcionales, por naturaleza 
imprevisibles. 
Esta evolución permitiría incrementar la flexibilidad, la coherencia y la 
transparencia de la política de cooperación comunitaria. 
2. Volver a colocar la programación en el centro de todo el dispositivo de 
cooperación 
En algunos países, los programas indicativos no representan hoy más que 
una pequeña parte de los recursos disponibles. Ahora bien, la 
programación es el instrumento por antonomasia del diálogo sobre las 
políticas. Será, pues, deseable que el conjunto de los recursos disponibles 
para cada país pueda integrarse en la programación en apoyo a las 
políticas macroeconómicas y sectoriales para las que se solicita ayuda 
comunitaria, en un afán de concentración de estos recursos en un número 
limitado de ámbitos. 
En este contexto, el diálogo entablado a efectos de la programación 
deberá garantizar, de manera apropiada, la plena participación de los 
actores no oficiales, como los interlocutores sociales, el sector privado, las 
ONG, las colectividades locales, etc. 
Este planteamiento no podrá seguramente aplicarse de la misma forma en 
todos los países. 
La programación deberá asegurar la debida coordinación con el conjunto 
de los proveedores de fondos. 
6.3 Asignación de recursos en función de las necesidades y de los méritos 
El automatismo de la asignación de los recursos programables ya se redujo con la 
aplicación de la programación en dos tramos, que introdujo un criterio cualitativo 
en la distribución de los recursos. 
Es necesario reforzar esta evolución y completar el criterio de necesidades, 
esencialmente fundado en indicadores de desarrollo, con criterios de méritos 
basados en los resultados y la buena gestión. Ello supone eliminar previamente las 
distorsiones heredadas del pasado. 
33 
Para reconciliar el concepto de previsibilidad con esta mayor selectividad, deberá 
instituirse un sistema de programación variable, sujeta a revisión periódica, por 
ejemplo anual. Esas revisiones tendrán por objeto la cantidad total asignada y la 
naturaleza de la ayuda. Esta orientación se inscribe en una concepción de auténtica 
asociación en un marco de diálogo permanente. 
Al proceder de este modo, resulta más fácil adaptar los programas en función de la 
evolución de la coyuntura global de un país. 
Esta orientación supone: 
- transparencia en la utilización de los criterios de resultado; 
- una modificación del papel de los Estados miembros en el proceso de revisión de la 
programación; 
- el abandono del concepto de recursos definitivamente adquiridos por los diferentes 
países, dado que los importes (mínimos) presentados a cada país al principio del 
convenio (previsibilidad) no revisten en este planteamiento más que un carácter 
indicativo. 
En este planteamiento, el respeto de los compromisos adquiridos y la eficacia en la 
ejecución de la cooperación serán garantía de flujos financieros más importantes en 
los países beneficiarios. 
6.4 Evolución de la naturaleza de las ayudas 
El apoyo a las reformas económicas sigue siendo una necesidad en un mundo en 
profunda mutación, que impone adaptaciones continuas. 
Al mismo tiempo, es deseable, para incrementar el impacto y la eficacia de la 
cooperación, volver a centrar el apoyo comunitario en las reformas sectoriales. 
Son requisitos de esta evolución: 
- la consolidación de la mejora del marco institucional y de la capacidad local de 
concepción de las políticas; 
- la evolución progresiva de las financiaciones comunitarias - cuando las condiciones 
de transparencia y de eficacia presupuestaria lo permitan y sobre la base de los 
compromisos surgidos del diálogo sobre las políticas - hacia una ayuda 
presupuestaria sectorial directa, en sustitución de los proyectos individuales, con el 
fin de favorecer la responsabilización y la apropiación. 
La condicionalidad, que indica que el apoyo a las reformas no es automático, deberá 
favorecer la apropiación de las reformas por los países beneficiarios, la realización 
de una evaluación global de los esfuerzos emprendidos por los gobiernos, antes que 
la superposición de diversas condicionalidades específicas, y la inscripción de esos 
esfuerzos en una perspectiva de desarrollo a largo plazo. Es éste el sentido de las 
propuestas formuladas en los debates en curso sobre la reforma de la 
condicionalidad en el PEA (Programa Especial para África). 
34 
Esta reforma de la condicionalidad es esencial para la apropiación por los Estados 
de su política de desarrollo y la puesta en práctica de una auténtica asociación, 
fundada en una relación de confianza. 
Para ser plenamente eficaz, la condicionalidad debe proceder de una visión 
compartida de la política que debe seguirse. 
6.5 Gestión más eficaz de los recursos 
Todos los estudios de evaluación han puesto de manifiesto que el sistema de 
cogestion de la ayuda, pese a las mejoras aportadas al hilo de los convenios, influye, 
por su pesantez, en la eficacia de la cooperación. 
¿ Cuáles son las alternativas posibles para responder al mismo tiempo a la exigencia 
de eficacia y fiabilidad de los recursos y de responsabilización de los beneficiarios ? 
Esta cuestión debe abordarse con un planteamiento diferenciado, estableciendo un 
vínculo entre "buena gestión" y aumento de las responsabilidades. 
Pueden encontrarse elementos de respuesta a partir de las propuestas de reflexión 
siguientes: 
- reforzar el concepto de ayuda presupuestaria (véase más arriba); 
- descentralizar el poder de la Comisión, delegando ciertas funciones y 
responsabilidades en sus delegaciones; 
- abrir la cooperación a los actores no gubernamentales; 
- simplificar el Convenio y sus procedimientos. 
7.1 Un acuerdo global, modalidades diferenciadas 
La inscripción de la asociación política, económica y social UE-ACP en el marco de 
la acción política y de la presencia exterior de la Unión es determinante. La 
configuración del nuevo acuerdo, si bien no debe abocar a la fragmentación 
geográfica de la relación UE-ACP, deberá sin embargo tener en cuenta dos 
dinámicas paralelas. 
La dinámica de un acuerdo global se funda en dos principios que los debates 
sobre el Libro Verde pusieron de manifiesto. Por una parte, desde el punto de vista 
político, se impone el valor de un conjunto UE-ACP en un mundo multipolar, 
donde la relación Norte-Sur adquiere un nuevo significado. La Unión no debería 
desaprovechar la oportunidad estratégica de desarrollar una relación constructiva 
con un grupo de Estados, potencial actor mundial, cuya diversidad puede servir a 
sus intereses en el plano de las negociaciones internacionales. Por otra parte, el 
propio principio de la integridad del grupo ACP es objeto de indiscutible adhesión 
por parte de los socios ACP, que expresan su voluntad de solidaridad. Este 
35 
renacimiento de la solidaridad no se manifiesta exclusivamente por los gobiernos, 
premisa necesaria de una negociación, sino por numerosos actores de la sociedad 
civil. Los socios ACP ven de hecho en la asociación UE-ACP un modelo 
perfectible, pero único en las relaciones Norte-Sur. Cuentan con el recurso al peso 
acumulado del grupo ACP y de. la Unión en la escena y en las negociaciones 
internacionales. 
Por el contrario, la dinámica de un enfoque diferenciado se basa en la dimensión 
regional de la cooperación económica y comercial y en el papel creciente de la 
integración regional como factor de desarrollo. La introducción de modalidades 
diferenciadas en el marco global de cooperación responde a las especificidades, 
condicionantes e intereses particulares de las agrupaciones regionales o 
subregionales ACP, así como, más en general, al afán de simplificación y de 
eficacia de la ayuda mediante la búsqueda del nivel más conveniente y la adaptación 
a las realidades geográficas regionales. 
Estos dos elementos deben inducir a la Unión a prever un nuevo acuerdo global, 
con modalidades diferenciadas centradas en las especificidades regionales y las 
perspectivas de integración. 
7.2 Tres niveles de diferenciación centrados en las especificidades regionales 
y las perspectivas de integración 
El nuevo acuerdo global deberá constituir el marco para la celebración de acuerdos 
subregionales diferenciados; integrará los elementos esenciales - objetivos 
generales, principios y aspectos institucionales - de la cooperación UE-ACP. Pero la 
necesidad de un verdadero cambio impone examinar las modalidades de un 
planteamiento diferenciado a escala regional (África subsahariana, Caribe y 
Pacífico) o subregional (en África). Sin embargo, superponer distintos tipos de 
diferenciación podría atentar contra la simplificación buscada; convendrá, pues, 
seleccionar los elementos estructuradores de la diferenciación y descartar los 
elementos contingentes, todo ello a tres niveles: 
- el diálogo político y sobre las políticas; 
- la negociación de acuerdos de cooperación económica regionales; 
- el diálogo sobre la integración regional. 
El elemento estructurador fundamental del sistema de diferenciación se cifra en la 
negociación de varios acuerdos de cooperación económica y comercial con polos de 
integración regionales (Caribe, Pacífico) o subregionales (en África). En los dos 
otros niveles anteriormente mencionados, se tratará simplemente de considerar lps 
aspectos que no podrían encontrar en el marco del acuerdo global un nivel de 
respuesta apropiado. 
7.2.1 Elementos estructuradores de un diálogo político diferenciado 
En el plano político, más allá de los aspectos esenciales del diálogo definidos en el 
marco del acuerdo global, se propondrá un diálogo específico centrado en las 
realidades regionales y fundado en las iniciativas más coherentes en materia de 
cooperación y de integración económica, social, cultural y política. 
36 
Este diálogo diferenciado, basado en el interés mutuo de la Unión y de la 
agrupación regional interesada, deberá centrarse en un número limitado de ámbitos 
prioritarios en los que la Unión podrá aportar un apoyo a los esfuerzos de 
integración regional. La prevención y Ja resolución de conflictos a nivel regional, la 
buena gestión de los recursos públicos, la gestión de las interdependencias negativas 
- droga, otros tráficos ilícitos, movimientos de poblaciones, catástrofes y 
vulnerabilidad naturales -, los problemas del medio ambiente, así como el refuerzo 
de la capacidad institucional y democrática regional, son puntos de aplicación 
posibles de este diálogo diferenciado. 
Deberá establecerse una tipología de las agrupaciones regionales existentes o 
posibles en África - África occidental, oriental, central, austral y Océano índico -, el 
Caribe y el Pacífico, con el fin de definir las condiciones y criterios de compromiso 
del diálogo político regional. Este diálogo deberá entablarse prioritariamente en el 
marco de las iniciativas de integración que se consideren más duraderas. 
7.2.2 Acuerdos de cooperación económica entre la UE y subconjuntos 
regionales 
La profundización de la asociación económica mediante acuerdos de cooperación 
económica con subconjuntos regionales será la clave del nuevo planteamiento 
diferenciado. 
Fundados en los elementos esenciales, principios y objetivos1 del acuerdo global, los 
acuerdos económicos y comerciales regionales tendrán por objetivo: 
- revitalizar a un nivel más apropiado la cooperación UE-ACP, estableciendo los 
puntos de aplicación coherentes de un nuevo régimen comercial dinámico, creando 
intereses económicos comunes e implicando así aún más a los agentes económicos 
de la Unión y de la zona ACP en cuestión; 
- mantener una relación privilegiada con los socios ACP permitiendo que los 
subconjuntos del grupo recuperen su retraso en relación con los socios de los otros 
acuerdos económicos celebrados por la Unión con otras regiones del mundo. 
La arquitectura propuesta (acuerdos subregionales en el marco de un acuerdo 
global) permitirá un planteamiento suficientemente flexible, teniendo en cuenta la 
dinámica de los procesos de integración regional* y el carácter evolutivo de su 
configuración geográfica. 
7.2.3 Diálogo específico sobre la integración regional 
En el marco de los acuerdos de cooperación y de asociación económica, la voluntad 
política de integración regional constituirá un elemento determinante de la 
diferenciación, de conformidad con la inscripción del apoyo a la integración 
regional entre los ejes prioritarios de la cooperación UE-ACP (Capítulo 4.2.3). 
Deberá entablarse un diálogo específico en el contexto de la negociación y de la 
ejecución de los acuerdos de cooperación y de asociación económica, en el que se 
tendrá en cuenta, en particular, el grado compromiso de los subconjuntos, 
organizaciones regionales y gobiernos nacionales en la vía de la integración 
económica, y que dará lugar, en particular, a un trato diferenciado basado en la 
37 
valoración de las necesidades de ayuda financiera, lo que permitirá atenuar los 
efectos transitorios de la integración sobre los recursos presupuestarios y sobre la 
balanza de pagos. 
Los países susceptibles de sumarse a los polos regionales de integración en un plazo 
previsible podrán ser objeto de un trato singular - asistencia financiera y técnica -, 
destinado a preparar su adhesión29. 
Se establecerán mecanismos de solidaridad y de cohesión, complementarios de los 
instrumentos vinculados al proceso de ajuste estructural, para ayudar a los países o 
provincias menos desarrollados dejos subsconjuntos regionales en la fase de 
transición. 
7.3 Un acuerdo abierto a posibles candidaturas o la extensión de algunas 
disposiciones a otros países solicitantes. 
El Convenio que vincula a la UE con los países ACP ha sido siempre un acuerdo 
abierto, al que ha podido adherirse con el paso del tiempo un gran número de 
países; el número de Estados ACP signatarios ha pasado de 46 en 1975 a 71 hoy en 
día, Esta posibilidad de apertura debe seguir siendo la norma en el futuro. 
La importancia de los PMD en el grupo ACP y la prioridad otorgada al objetivo de 
la lucha contra la pobreza pueden inducir a extender, fuera del marco contractual 
propio de la relación UE-ACP, determinadas disposiciones del futuro acuerdo a 
otros países que tengan un nivel de desarrollo similar. El nuevo régimen de acceso 
al mercado comunitario previsto para los PMD ilustra este planteamiento. 
El principio de la regionalización de los acuerdos económicos y la consideración de 
las complementariedades existentes entre países ACP y no ACP en una misma zona 
geográfica constituyen un segundo argumento en pro de la extensión. 
En este marco, los socios europeos y ACP deberán definir juntos los principios y los 
mecanismos de las posibles adhesiones, parciales o plenas. Los acuerdos futuros se 
inscriben en una perspectiva dinámica de desarrollo y de asociación. Deberán 
constituir un marco de compromisos mutuos que permitan encontrar, con la 
flexibilidad necesaria, nuevas respuestas a nuevos problemas. 
29 Por ejemplo, programas coherentes de rehabilitación económica y/o de prevención de conflictos para 
la integración progresiva en su sistema subregional de países como el Congo, Ruanda y Burundi. 
38 
ANEXO - Proceso de consulta 
Tras la publicación del Libro Verde de la Comisión "Relaciones entre la Unión Europea 
y los países ACP en los albores del siglo XXI - Desafíos y opciones para una nueva 
asociación" (COM (96) 570 de 20 de noviembre de 1996), se entabló un debate de 
ámbito institucional, en los Estados miembros y en los Estados ACP, así como en el 
conjunto de los medios interesados. 
1. CONSULTAS INSTITUCIONALES 
• El Parlamento Europeo designó al Sr. Martens ponente para el Libro Verde. El 
informe (PE 223.237) fue adoptado por la Comisión de Desarrollo y 
Cooperación el 16 de septiembre de 1997, y en asamblea plenaria, el 2 de 
octubre. 
• El Comité Económico y Social aprobó un dictamen sobre el Libro Verde el 10 de 
julio de 15*97 (C.E.S. 775/97). 
2. CONSULTA DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y DE LOS ESTADOS ACP 
Se evacuaron consultas informales en el Consejo de la UE, en el Consejo Conjunto 
UE-ACP y en una Conferencia Ministerial informal UE-ACP organizada por 
iniciativa de un Estado miembro. 
3. CONSULTA DE LOS MEDIOS INTERESADOS 
(SOLO DE CATALOGAN LAS INICIATIVAS DE LA COMISION)( 
Foros consultivos organizados por iniciativa de la Comisión Europea en los 
Estados miembros: 
- ESPAÑA - Madrid - 13 de febrero de 1997 - Asociación de Investigación y de 
Especialización en las cuestiones hispanoamericanas / Centro Europeo de 
Cooperación Internacional. 
- SUECIA - Estocolmo - 21 de marzo de 1997 - Nordiska Afrikainstitutet. 
- GRECIA - Atenas - 8 de abril de 1997 - Centro Helénico de Estudios Europeos. 
- FRANCIA - París - 14 y 15 de abril de 1997 - SOLAGRAL. 
- REPÚBLICA DEMOCRÁTICA Y FEDERAL ALEMANA - Bonn - 16 de 
abril de 1997 - Sociedad Internacional para el Desarrollo y Oficina de la Comisión 
Europea en Bonn. 
- PORTUGAL - Lisboa - 21 y 22 de abril de 1997 - Instituto de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Lisboa. 
- AUSTRIA - Viena - 28 de abril de 1997 - Instituto de Economía y Política y 
Federación de la Industria Austríaca. 
- IRLANDA - Dublin - 13 de mayo de 1997 - Center for Development Studies. 
2>*\ 
- ITALIA - Roma - 15 de mayo de 1997 - Sociedad Internacional para el 
Desarrollo. 
- FINLANDIA - Helsinki - 22 de mayo de 1997 - Universidad de Helsinki. 
- BÉLGICA - Bruselas - 29 y 30 de mayo de 1997 - Foro Europeo por un contrato 
de generación Norte-Sur. 
- DINAMARCA - Copenhague -18 de junio de 1997 - MS & IBIS. 
- Reino Unido - Londres - 19 de junio de 1997 - Overseas Development Institute. 
- LUXEMBURGO - Luxemburgo - 9 de julio de 1997 - Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 
- PAÍSES BAJOS - La Haya - 12 de septiembre de 1997 - Instituto de Estudios 
Sociales. 
Seminarios organizados por la Comisión Europea en cada una de las tres regiones. 
África. Caribe v Pacifico: 
- REPÚBLICA DOMINICANA - Santo Domingo - 25-27 de marzo de 1997 -
Dominex. 
- Fiyi - Suva - 22 y 23 de mayo de 1997 - The Crown Agents. 
- GHANA - Accra - 8-10 de junio de 1997 - Ramel Business Service. 
Conferencia de clausura: 
BRUSELAS, 29-30 de septiembre de 1997 - Club de Bruselas. 
Reunión preparatoria con los ponentes de los foros consultivos (EE. MM.) y 
consultas regionales (ACP), 26-27 de septiembre de 1997. 
40 

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COM(97) 537 final 
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ES il 02 
N° de catálogo : CB-CO-97-576-ES-C 
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