COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO REFORZAR LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA /* COM/2013/0690 final */





Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria 1. INTRODUCCIÓN El 28 de noviembre de 2012, la Comisión Europea adoptó un Plan director[1] para una Unión Económica y Monetaria (UEM) profunda y auténtica, en el que presentaba su concepción de una arquitectura sólida y estable para los componentes políticos, fiscales y económicos de la UEM. El Consejo Europeo de diciembre de 2012 apoyó el desarrollo de la dimensión social de la UEM, incluido el diálogo social. Con este fin, el Consejo Europeo de 2013 reafirmó la necesidad de reforzar la dimensión social y subrayó la importancia de mejorar el seguimiento y de tener en cuenta la situación social y del mercado de trabajo en de la UEM, en especial utilizando los indicadores sociales y de empleo apropiados como parte del proceso para la coordinación de las políticas económicas del «Semestre Europeo». También destacó la necesidad de mejorar la coordinación de las políticas sociales y de empleo, en pleno respeto de las competencias nacionales y de la función de los interlocutores sociales y el diálogo social, tanto a nivel nacional como de la UE. Asimismo, el Parlamento Europeo expresó su punto de vista sobre las prioridades para conseguir una auténtica UEM, en particular a través de la recomendación sobre un pacto social para Europa[2]. La presente Comunicación sobre el refuerzo de la dimensión social es una contribución más de la Comisión al debate sobre la profundización de la UEM, teniendo en cuenta que la agenda social general es un asunto que afecta a los 28 Estados miembros. También debe señalarse que las políticas sociales y de empleo son en gran medida competencia nacional de los Estados miembros. Lo que propone la Comisión son una serie de iniciativas para reforzar la dimensión social de la UEM con especial hincapié en tres aspectos: i. Un refuerzo de la vigilancia de los desafíos sociales y en materia de empleo así como de la coordinación de las políticas. ii. Una mayor solidaridad y medidas en favor del empleo y la movilidad laboral. iii. Un diálogo social reforzado. 2. REFORZAR LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA UEM 2.1 La dimensión social global de la Estrategia Europa 2020 En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión está obligada por los Tratados a tener en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana (artículo 9 del TFUE). Gracias a la adopción de la Estrategia Europa 2020, la política social se situó en el punto central de la estrategia económica de la UE por vez primera. Dentro de Europa 2020, la UE estableció objetivos principales para aumentar la tasa de empleo, reducir el fracaso escolar, incrementar el porcentaje de personas que terminan la educación terciaria o un nivel equivalente y sacar al menos a veinte millones de personas de la pobreza. Este es el punto central de su estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Estos objetivos ya están configurando las políticas sociales en la UE. Se están aplicando políticas y medidas clave a nivel de la UE, tales como el paquete de empleo presentado en abril de 2012, el paquete de empleo juvenil de diciembre de 2012 o el paquete de inversión social de febrero de 2013. A la hora de establecer las prioridades de actuación a nivel nacional y de la UE en su Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento, la Comisión pretende garantizar que los Estados miembros alineen sus presupuestos y sus políticas a fin de garantizar, en particular, unos niveles elevados de empleo y cohesión social. Una vez al año, al revisar el progreso económico y social de cada Estado miembro de la UE en el proceso del Semestre Europeo y al hacer recomendaciones específicas a cada país para que orienten a las políticas nacionales, la Comisión señala los principales desafíos económicos y sociales para la UE y la zona del euro. Por consiguiente, el Semestre Europeo proporciona el marco adecuado para la dirección y el seguimiento de las reformas económicas y sociales de los Estados miembros. Además, el método abierto de coordinación sobre la protección social y la inclusión social ha contribuido a dirigir las reformas estructurales en los ámbitos de las políticas sociales. La crisis ha puesto de manifiesto la insostenibilidad de las políticas económicas en algunos Estados miembros, así como la existencia de carencias estructurales de la economía europea y la gobernanza a nivel de la UE. La respuesta a la crisis se ha centrado especialmente en la realización de las reformas estructurales necesarias, específicamente para los Estados miembros que reciben asistencia financiera (los «países del programa») y, de manera más general, a través de las recomendaciones específicas para los otros países. La crisis económica ha dificultado la consecución de los objetivos de Europa 2020: el empleo se ha resentido en la mayor parte de los Estados miembros y se han ampliado las disparidades en las situaciones sociales y en relación con el empleo de los Estados miembros. En julio de 2013, unos 26,6 millones de personas estaban en paro en la EU 28, lo que incluye 19,2 millones en la zona del euro. Casi una cuarta parte de los jóvenes económicamente activos en Europa están en paro: 23,4 % (5,6 millones) en la EU-28 en julio de 2013 y 24 % (3,5 millones) en la zona del euro. Desde 2009 se han incrementado la pobreza y la exclusión social, especialmente en los Estados miembros de la Europa meridional y oriental. En algunos países, la corrección de los desequilibrios se ha visto acompañada por la caída de la producción, el crecimiento del paro y una disminución de la renta disponible, mientras que otros países han mostrado, hasta ahora, al menos una cierta resistencia. Estos últimos suelen tener unos mercados de trabajo que funcionan mejor y unos sistemas de protección social más sólidos, y también se han beneficiado de unas reformas estructurales que se emprendieron mucho antes de la crisis[3]. Aún así, se ha conseguido progresar en unas condiciones muy difíciles. El refuerzo de la gobernanza económica de la UE y las medidas tomadas para facilitar el ajuste al nivel de los países están demostrando su eficacia y están sentando las bases para catalizar y apoyar la recuperación económica y la creación de empleo. Para hacer frente a los desafíos que todavía nos esperan, es importante reforzar la dimensión social de la UEM a fin de poder percibir mejor las políticas sociales y la evolución de la situación. 2.2 La dimensión social de la UEM Para que la UEM funcione adecuadamente, es necesario que se hayan completado sus estructuras de gobernanza a fin de evitar y corregir las divergencias persistentes que podrían representar una amenaza para la estabilidad financiera y económica de la unión monetaria en su conjunto, para nuestra prosperidad y, en última instancia, para nuestra economía social de mercado. La capacidad de realizar un ajuste económico real es de capital importancia en una unión monetaria. La crisis ha puesto de manifiesto carencias en el funcionamiento de la unión monetaria, aunque se han tomado medidas importantes para reforzar la gobernanza económica de la UE. Se ha pagado un precio económico y social muy elevado, puesto que, en demasiadas ocasiones, se han retrasado las reformas necesarias debido a circunstancias políticas. Las reformas estructurales en apoyo del empleo, la competitividad y mayores oportunidades socioeconómicas pueden tardar mucho tiempo en obtener resultados y, en muchos casos, parecen difíciles de abordar durante una crisis económica, mientras que, en un período de recuperación económica, pueden dejar de considerarse urgentes. Sin embargo, en caso de no tomarse las medidas requeridas, pueden producirse unos efectos indirectos negativos y un deterioro de los indicadores fundamentales de la unión monetaria en su conjunto. Garantizar una adecuada aplicación de las reformas estructurales que hacen frente a los desafíos sociales y en materia de empleo beneficia globalmente a la unión monetaria, y los Estados miembros deben apoyarse entre sí con este fin. El desempleo y los problemas sociales implican pérdidas de ingresos para partes significativas de la población o para la sociedad en su conjunto. También frenan la competitividad y el potencial de crecimiento de las economías afectadas, debido a la infrautilización del capital humano presente y futuro, o a la falta de inversiones. Un desempleo y unas desigualdades sociales persistentes también pueden debilitar el apoyo político y público y pueden afectar a la estabilidad de los gobiernos y a su capacidad para aplicar políticas sólidas. Sin una actuación colectiva a fin de garantizar que los desafíos sociales y en materia de empleo se aborden a tiempo y de manera eficaz, pueden aparecer disparidades que duren mucho tiempo. La «dimensión social de la UEM» está relacionada con la capacidad de los mecanismos de gobernanza económica y los instrumentos de las políticas para identificar, tener en cuenta y abordar los desafíos y los problemas que surgen en relación con las políticas sociales y de empleo en la UEM. El refuerzo de la dimensión social debería ayudar a todos los Estados miembros a alcanzar su potencial de crecimiento y empleo, mejorar la cohesión social y evitar el aumento de las disparidades, en línea con los Tratados y la Estrategia Europa 2020. Debe progresarse en los frentes siguientes: · Reforzar la capacidad de seguimiento de la evolución del empleo y la situación social en la UEM a fin de coordinar mejor una respuesta política a tiempo y adecuada. · Movilizar la actuación y la financiación de la UE para hacer frente al desempleo (incluido el de los jóvenes) y las dificultades sociales de manera eficaz y sostenible. · Combinar las medidas tomadas sobre responsabilidad y disciplina económica con más solidaridad y apoyo financiero. · Reducir las barreras existentes a la movilidad laboral transfronteriza dentro de la UE. · Reforzar el papel del diálogo social en el desarrollo de estrategias a escala nacional y de la zona del euro a través de una implicación apropiada de los interlocutores sociales. 3. REFUERZO DE LA VIGILANCIA DE LOS DESAFÍOS SOCIALES Y EN MATERIA DE EMPLEO ASÍ COMO DE LA COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS La respuesta política de la UE a la crisis implicaba el refuerzo de la gobernanza económica y la vigilancia multilateral de la UEM, especialmente en la zona del euro. Esto se llevó a cabo en el marco del proceso de coordinación de la política económica del Semestre Europeo. Con la adopción del Reglamento (UE) nº 1176/2011 se introdujo un nuevo mecanismo de vigilancia destinado a evitar los desequilibrios macroeconómicos, con disposiciones para su aplicación. Tal como se señala en el Plan Director de la Comisión, la UEM ha sido revisada, pero todavía no han terminado los trabajos. A pesar de que el empleo y los sistemas de protección social son principalmente responsabilidad de los Estados miembros, la creación de una auténtica UEM con una dimensión social requiere el desarrollo o el refuerzo de instrumentos y mecanismos de políticas sociales y de empleo dentro del marco de gobernanza existente. Debe progresarse en la incorporación de la dimensión social en la vigilancia de los desequilibrios macroeconómicos. También existe esta necesidad, de forma más general, en el Semestre Europeo de coordinación de la política económica, y puede hacerse mediante el refuerzo del marco existente para la coordinación de las políticas sociales y de empleo. Una mejor integración de la dimensión social en la vigilancia de los desequilibrios macroeconómicos contribuiría a mejorar la concepción de las políticas recomendadas para los países que aplican un ajuste macroeconómico. Además, es importante detectar desde un primer momento los grandes cambios sociales y en materia de empleo adversos, así como reforzar la coordinación y el seguimiento de las políticas sociales y de empleo. De esta manera se garantizarían unas respuestas políticas eficaces y se alentaría la convergencia en estos ámbitos. El aprendizaje mutuo, el intercambio de las mejores prácticas y la evaluación comparativa basada en una mayor vigilancia contribuirían a promover la convergencia. 3.1 Refuerzo del seguimiento de la evolución del empleo y la situación social como parte de la vigilancia macroeconómica El procedimiento de desequilibrios macroeconómicos se introdujo en 2011 con el fin de dotar a la UEM con un mecanismo de vigilancia para prevenir y corregir los desequilibrios graves, junto con medios para su aplicación efectiva. Este procedimiento examina una amplia gama de cuestiones, desde la sostenibilidad externa a la competitividad, el crédito y el endeudamiento, los precios de los activos y la estabilidad financiera. Tener en cuenta cada una de estas cuestiones es útil para alcanzar el objetivo global de garantizar la estabilidad macroeconómica. En particular, puede contribuir a evitar los ciclos de expansión y contracción, a la vez que se gestionan las fases de contracción, en las que la pérdida de confianza en los mercados financieros, la fuga de capitales y un desapalancamiento generalizado coexisten con una actividad económica deprimida y dificultades sociales. Tal como muestra la experiencia reciente de una serie de países de la zona del euro, los desequilibrios macroeconómicos nocivos, relacionados, en parte, con el aumento del endeudamiento privado y público y unas pérdidas de competitividad sostenidas, presentan graves riesgos para las perspectivas de crecimiento y empleo y el bienestar del país. Por consiguiente, es de capital importancia detectar rápidamente los riesgos potenciales y evitar la aparición de desequilibrios macroeconómicos nocivos. Hasta ahora, las cuestiones sociales no han figurado explícitamente en la puesta en práctica del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos. Si se estableciera una relación en este sentido sería ventajoso en muchos aspectos. Con ello se permitiría una mejor comprensión de los riesgos que presentan estos desequilibrios en términos de desempleo, pobreza y consecuencias sociales más amplias. También se contribuiría a una mejor comprensión de la evolución de la situación social durante los procesos de ajuste. Este mejor conocimiento contribuiría en última instancia a determinar medidas políticas para corregir los desequilibrios a la vez que se reducen al mínimo sus consecuencias sociales. El procedimiento de desequilibrios macroeconómicos consiste en una serie de pasos. Se inicia con el informe anual sobre el mecanismo de alerta y un cuadro de indicadores. A continuación, se realizan revisiones exhaustivas de cada país que se considera que podría tener riesgo de desequilibrios en la fase del informe sobre el mecanismo de alerta, y ello desemboca en recomendaciones específicas para cada país y, en su caso, en planes de medidas correctoras para los países con desequilibrios excesivos. Las implicaciones sociales de los desequilibrios deberían integrarse mejor en el actual marco de vigilancia de los desequilibrios macroeconómicos reforzando el análisis global del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos con indicadores sobre temas sociales y en relación con el empleo. En el informe sobre el mecanismo de alerta el desempleo ya figura entre los principales indicadores. Para reflejar mejor las implicaciones sociales de los desequilibrios macroeconómicos, podrían añadirse un número limitado de indicadores sociales y de empleo auxiliares. Podrían introducirse los siguientes indicadores auxiliares adicionales para el Semestre Europeo de 2014 (véase el cuadro indicativo en el anexo): i. la tasa de participación; ii. la ratio de desempleo de larga duración; iii. la tasa de desempleo juvenil (complementada por el porcentaje de jóvenes que no estudian, trabajan ni siguen una formación); iv. la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (complementada por los tres subindicadores siguientes: la tasa de riesgo de pobreza, la tasa de privación material grave y el porcentaje de personas que viven en hogares con baja intensidad laboral). La Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo cooperarán en la selección de estos indicadores. Las revisiones exhaustivas y otros documentos políticos pertinentes deberían contener regularmente una sección en la que se debata la evolución del empleo y la situación social en el país analizado, utilizando una gama de indicadores sociales y herramientas analíticas más amplia que la del cuadro de indicadores del informe sobre el mecanismo de alerta. De esta manera se contribuiría a clarificar las interrelaciones entre el aumento de los desequilibrios y la evolución de la situación social y, de esta manera, se ayudaría a la formulación de los enfoques de las políticas. 3.2 Elaborar un cuadro de indicadores sociales y de empleo clave y reforzar la coordinación de las políticas sociales y de empleo Tal como se establece en el Plan Director de la Comisión, debería reforzarse la coordinación y la vigilancia de las políticas sociales y de empleo dentro de la gobernanza de la UEM, y debería promoverse la convergencia en estos ámbitos. Desde su adopción hace quince años, la Estrategia Europea de Empleo ha proporcionado un marco para la coordinación de las políticas en materia de creación de empleo, similar al marco para la política económica, con el mismo fin de converger hacia unos objetivos verificables, regularmente actualizados y fijados conjuntamente[4]. La Estrategia Europa 2020 hace especial hincapié en la dimensión social y del empleo y contiene objetivos específicos en materia de empleo y reducción de la pobreza. El proyecto de informe conjunto sobre empleo, que se publica como parte del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión, analiza los desafíos sociales y en materia de empleo así como las respuestas políticas aplicadas por los Estados miembros, y sirve como base para más análisis, vigilancia y coordinación a lo largo del Semestre Europeo[5]. Globalmente, la Estrategia Europa 2020 proporciona un sistema eficaz de gobernanza económica que se ha establecido para coordinar las medidas de las políticas entre el nivel nacional y el de la UE. En el Consejo EPSCO, los ministros ya se han mostrado dispuestos[6] a seguir desarrollando las actuales herramientas de seguimiento[7] y a reforzar la vigilancia multilateral y la coordinación de las políticas mediante la elaboración de un cuadro de indicadores sociales y de empleo. La Comisión propone la creación de un cuadro de indicadores clave que se utilizarán en su proyecto de informe conjunto sobre empleo para el seguimiento de la evolución del empleo y la situación social. Este cuadro debería servir de herramienta analítica que permita una identificación mejor y más temprana de los principales problemas sociales y en materia de empleo, especialmente los que pudieran generar efectos más allá de las fronteras nacionales[8]. Este cuadro de indicadores consistiría en un número limitado de indicadores clave centrados en las tendencias sociales y del empleo que puedan socavar gravemente el empleo, la cohesión social y el capital humano, así como tener efectos negativos en el crecimiento y la competitividad de un Estado miembro. Se incorporaría al proyecto de informe conjunto sobre empleo con el fin de proporcionar una base con un foco más específico para una vigilancia multilateral reforzada de las políticas sociales y de empleo, contribuyendo a determinar los cambios que precisan unas respuestas más fuertes de las políticas sociales y de empleo[9]. Los siguientes indicadores principales (véase el cuadro indicativo en anexo) podrían ayudar a la detección de tendencias negativas en una fase razonablemente temprana y contribuirían a prever un mayor deterioro: i. los cambios y los niveles de desempleo; ii. la tasa de jóvenes que no estudian, trabajan ni siguen una formación y la tasa de desempleo juvenil; iii. la renta bruta disponible real de los hogares; iv. la tasa de riesgo de pobreza de la población en edad de trabajar; v. las desigualdades (ratio S80/S20). El cuadro de indicadores no debería leerse de forma mecánica y una interpretación más detallada del mismo debería basarse en las herramientas existentes (el Indicador de resultados en materia de empleo[10], el Indicador de rendimiento de la protección social[11] y el Marco de Evaluación Conjunto[12]) y conjuntos de datos acordados, tales como la Encuesta Europea de Población Activa y las estadísticas de la UE sobre la renta y las condiciones de vida. Los indicadores sociales y de empleo para el cuadro de indicadores deberían reflejar los fenómenos clave para cada país y determinar los problemas y los cambios más graves desde una fase temprana y antes de que el país se aparte excesivamente de sus resultados anteriores o del resto de la UE. El cuadro de indicadores, al contribuir a detectar los desafíos sociales y en materia de empleo clave en la UE y a garantizar una respuesta a tiempo mediante políticas, contribuiría también a la consecución de los objetivos de Europa 2020. Con vistas a un mejor seguimiento y teniendo en cuenta el mercado de trabajo y la situación social, el cuadro específico de indicadores sociales y en materia de empleo debería acordarse previo debate entre la Comisión y el Consejo, y estar listo a tiempo para el Semestre Europeo de 2014. Una vez adoptado por el Consejo, el proyecto de informe conjunto sobre empleo que contenga el cuadro de indicadores propuesto se dirigirá al Consejo Europeo como parte del estudio prospectivo anual sobre el crecimiento. El cuadro de indicadores se debatiría con el Parlamento Europeo y con los interlocutores sociales. Junto con el refuerzo del seguimiento de la evolución del empleo y la situación social en el contexto del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos, tal como se describe en la sección 3.1, el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave contribuirá a integrar mejor las consideraciones sociales y en materia de empleo en el panorama global de las políticas. Se integraría asimismo en las actividades del Consejo y los comités antes del Consejo Europeo de primavera. 3.3 Una mayor coordinación de las políticas sociales y de empleo dentro del Semestre Europeo Debe garantizarse una mayor coordinación de las políticas sociales y de empleo dentro del Semestre Europeo. Para ello se necesita un análisis común claro de los factores clave en el que se destaquen las medidas y las reformas más urgentes que deben adoptarse. El Marco de Evaluación Conjunto, el Indicador de resultados en materia de empleo y el Indicador de rendimiento de la protección social son las tres herramientas que se utilizan en la actualidad para determinar los desafíos a que se enfrenta cada país y para comparar y clasificar los resultados entre los Estados miembros. El objetivo final de estas herramientas globales es determinar y acordar conjuntamente una serie de desafíos sociales y del mercado de trabajo clave a que se enfrentan los Estados miembros en sus progresos hacia los objetivos de Europa 2020. El cuadro de indicadores no representaría ninguna reafirmación de las ambiciones políticas de Europa 2020, sino que tendría más bien como objetivo detectar cambios en la situación socioeconómica en la UEM que precisasen un seguimiento más estrecho. Su objetivo y carácter sería complementario al de estas herramientas de seguimiento. Las herramientas existentes ya efectúan evaluaciones comparativas y análisis del rendimiento, que deberían apoyarse y seguirse desarrollando, y ello también en las tareas de los Comités de empleo y protección social. El Indicador de resultados en materia de empleo efectúa evaluaciones comparativas de los resultados de los Estados miembros mediante una representación visual en comparación con los que han obtenido estadísticamente los mejores resultados, mientras que el Indicador de rendimiento de la protección social contiene un tablero de instrumentos con veinte indicadores sociales clave destinados a ofrecer una imagen precisa de los principales cambios de la situación social en Europa y contribuyen a identificar las «tendencias sociales clave que deben vigilarse». Unas orientaciones de las políticas desarrolladas a partir de los mejores resultados, en forma de orientaciones detalladas o recomendaciones del Consejo (como en el caso de la Garantía Juvenil), podrían contribuir a la difusión de las mejores prácticas y a centrar los esfuerzos de los gobiernos y las partes interesadas a la hora de hacer frente a los desafíos pertinentes para la UE en su conjunto. Una orientación hacia las mejores prácticas y las evaluaciones comparativas podría apoyar la creación de unos mercados de trabajo más dinámicos, así como facilitar un crecimiento rico en empleo. El alcance de la promoción de las mejores prácticas a través de una mayor coordinación de las políticas podría incluir ámbitos tales como la calidad de las políticas activas del mercado de trabajo, reformas que aborden la segmentación del mercado de trabajo y el desarrollo del capital humano. En lo que respecta a los servicios públicos de empleo (SPE), se promoverá la reproducción de las buenas prácticas a través de una red de SPE. Con su reciente propuesta de mayor cooperación entre los SPE[13], la Comisión propuso un marco general para la evaluación comparativa y el aprendizaje mutuo que permitiría una comparación coherente de los resultados de los SPE. Es asimismo importante para mantener unos indicadores económicos fundamentales sanos en toda la UE que los servicios de bienestar social tengan un buen rendimiento, que permita a las personas participar en la economía y acceder a los servicios sociales y las capacite para ello. En este sentido, todavía existe margen para reforzar el intercambio de las mejores prácticas en materia de políticas sociales a través del método abierto de coordinación. Es importante que estas herramientas complementen el nuevo cuadro de indicadores para las políticas sociales y de empleo. Por consiguiente, la Comisión debatirá con el Parlamento Europeo y el Consejo la manera de seguir reforzando la coordinación de las políticas sociales y de empleo utilizando estas herramientas como base complementaria como parte del Semestre Europeo. 4. RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD Y REFUERZO DE LA ACTUACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO Y MOVILIDAD LABORAL 4.1 Incrementar la solidaridad con unos instrumentos financieros reforzados La crisis económica ha incrementado las desigualdades y el riesgo de exclusión a largo plazo a la vez que ha impuesto importantes limitaciones en el gasto público. En consecuencia, los Estados miembros se enfrentan al desafío de establecer prioridades para la inversión social y la modernización de los servicios de bienestar social. Esto implica mejorar sus estrategias de inclusión activa y utilizar los presupuestos sociales de manera más eficiente y efectiva. El 20 de febrero de 2013, la Comisión presentó un paquete de inversión social destinado a proporcionar orientación a los Estados miembros y a incrementar la eficiencia, la efectividad y la adecuación de sus sistemas de protección social, con especial hincapié en las inversiones sociales. A la hora de desarrollar una auténtica dimensión social, debe explotarse plenamente el alcance del presupuesto de la UE a fin de desarrollar la dimensión social de la UEM. Se han incrementado los recursos y los programas para el período 2014-2020. Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos seguirán dirigiendo la aplicación por parte de los Estados miembros de las reformas necesarias y la modernización de las políticas sociales. El Fondo Social Europeo (FSE) seguirá desempeñando un importante papel, y la orientación de más fondos de la UE a políticas sociales y de empleo sólidas, al elaborar los acuerdos de asociación y los programas operativos de 2014-2020, podría servir de fuerte estímulo del crecimiento en una serie de Estados miembros. El nuevo Programa de Empleo e Innovación Social puede contribuir a difundir entre los Estados miembros medidas de política social y de empleo innovadoras y rentables, y el Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados proporcionará asistencia material a este tipo de personas. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización seguirá siendo un instrumento de solidaridad europea con los trabajadores que sufren despidos a gran escala como consecuencia de cambios en los patrones comerciales globales y regionales. La Iniciativa de Empleo Juvenil se concibió para ayudar a los Estados miembros a aplicar la Garantía Juvenil en regiones con unas tasas de desempleo juvenil superiores al 25 %. En el Consejo Europeo de junio se decidió que debería consignarse anticipadamente en 2014-2015 la línea presupuestaria de 3 000 millones de euros dedicada a esta iniciativa, apoyada por contribuciones equivalentes de los programas del FSE por al menos 3 000 millones de euros. Esta iniciativa demuestra el importante compromiso político para abordar colectivamente un desafío social y de empleo clave que afecta desproporcionadamente a determinados países y regiones, pero que tiene asimismo un impacto negativo en el conjunto de la UE. La Comisión está apoyando en la actualidad a los Estados miembros, como medida urgente, a la hora de elaborar sus planes de aplicación de la Garantía Juvenil, y espera recibir sus versiones completas y sus propuestas de programación financiera a finales de 2013. 4.2 Reforzar la actuación en materia de empleo y movilidad laboral Un aspecto crucial de la dimensión social de la UEM es la puesta en práctica de políticas de empleo que mejoren la capacidad de resistencia del mercado de trabajo, protejan el empleo y la competitividad y apoyen la creación de nuevos puestos de trabajo para sustituir los perdidos como consecuencia de reestructuraciones económicas. Tal como se insistía en el Paquete de Empleo de 2012[14], para ello se precisan medidas de apoyo tanto de la oferta como de la demanda del mercado de trabajo. Los Estados miembros deberían aplicar rápidamente sus planes nacionales de empleo, teniendo en cuenta las recomendaciones específicas para cada país pertinentes. Uno de los desafíos más urgentes en materia de empleo es ayudar a los jóvenes a incorporarse al mercado de trabajo y mantener su potencial a pesar del contexto económico adverso. Europa ha tomado medidas en este sentido al acordar que cada Estado miembro debería establecer un sistema de Garantía Juvenil y reservando recursos para ayudar a poner en práctica esta reforma estructural clave a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil. Es de capital importancia progresar rápidamente en este ámbito para mantener un potencial de crecimiento sano en todos los países y para restablecer la convergencia socioeconómica en la UE. Además, se ha demostrado que la flexibilidad de los mercados de factores es vital para una unión monetaria con un buen funcionamiento. A pesar de que el capital haya alcanzado una gran movilidad, en muchos casos los mercados de trabajo han seguido estando muy segmentados. Con el fin de garantizar una rápida correlación entre la oferta y la demanda de trabajo en Europa y de maximizar el potencial de empleo, es especialmente importante mejorar la capacidad de las personas para cambiar de trabajo dentro de sus fronteras nacionales y a través de ellas. La libre circulación de los trabajadores es una de las piedras angulares de la UE y de su mercado único. En la UEM, la movilidad laboral puede, en cierta medida, actuar también como un mecanismo de ajuste en épocas de cambios asimétricos. Sin embargo, la movilidad transfronteriza dentro de la Unión Europea sigue siendo baja. Únicamente el 2,6 % de la población de la UE se ha desplazado para vivir en otro Estado miembro. En la zona del euro, menos del 4 % de la población en edad de trabajar son nacionales de otro Estado miembro. No obstante, el 10 % de los ciudadanos de la UE ya ha trabajado en otro Estado miembro y el 17 % tiene previsto trabajar o vivir en otro Estado miembro en el futuro. El bajo nivel actual de movilidad laboral puede explicarse por una serie de factores, algunos de los cuales son culturales y sociales (barreras lingüísticas y culturales, mercados de la vivienda o lazos familiares). Otros están relacionados con el ejercicio de los derechos que les confiere la legislación de la UE y la inadecuación del apoyo a la movilidad dentro de la UE (diferentes sistemas fiscales y de seguridad social, diferentes cualificaciones profesionales y barreras legales o administrativas). La UE ya ha abordado algunas de estas barreras persistentes. Ha creado un sistema de la UE para reconocer las cualificaciones profesionales y otro para coordinar las prestaciones de la seguridad social, garantizando que los trabajadores móviles no pierdan sus derechos adquiridos cuando toman la decisión de cruzar fronteras. La Comisión sigue actuando en relación con las actividades de las profesiones reguladas, con el fin de reforzar la libertad de establecimiento en el sector de los servicios[15]. La reciente propuesta de la Comisión para una Directiva sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos concedidos a los trabajadores en el marco de la libre circulación de los trabajadores[16] tiene como objetivo capacitar a los trabajadores móviles garantizando que puedan recibir orientación, información y apoyo en el país de acogida y ofreciéndoles unas auténticas vías de recurso en caso de discriminación. Sin embargo, buscar trabajo en otro Estado miembro de la UE sigue siendo una tarea complicada y administrativamente onerosa, y también puede tener un impacto negativo en los derechos de seguridad social de una persona. En su Informe sobre la Ciudadanía de la UE, la Comisión exhortó a los Estados miembros a que utilizaran plenamente las normas vigentes a la hora de permitir que los solicitantes de empleo reciban sus prestaciones de desempleo durante un máximo de seis meses mientras buscan trabajo en otro Estado miembro[17]. La Comisión tiene previsto presentar propuestas en 2014 a fin de revisar el capítulo de desempleo de los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y nº 987/2009 con el fin de simplificar los procedimientos para conceder prestaciones de desempleo en situaciones transfronterizas y hacer que las disposiciones sean más eficaces. Al mismo tiempo, la Comisión y los Estados miembros deben hacer más para garantizar una correlación transnacional entre la oferta y la demanda de trabajo, en particular convirtiendo a la red EURES en un servicio paneuropeo de contratación, puesta en relación de ofertas y demandas y colocación. En 2013, la Comisión presentará una propuesta destinada a mejorar la tramitación de las vacantes y las solicitudes de empleo y los servicios de apoyo a la movilidad para solicitantes de empleo y empleadores, y a mejorar la coordinación global y la gobernanza de las estrategias de movilidad entre Estados miembros. Además, es de capital importancia abordar las carencias en materia de cualificaciones a fin de prever mejor las competencias que necesita el mercado de trabajo. Este es el objetivo del Panorama de cualificaciones de la UE, de reciente adopción. 4.3 Profundización de la UEM: combinar una ambición sustancial con una secuenciación apropiada La actual arquitectura de la UEM se basa en unas políticas fiscales nacionales descentralizadas en un marco basado en normas. La función de estabilización de la política fiscal se lleva a cabo a nivel nacional, dentro de los límites de las normas de los Tratados y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se ha permitido, en algunas circunstancias, que estabilizadores automáticos nacionales (menores ingresos fiscales y mayor gasto social durante las crisis) desempeñen un importante papel de amortiguación del impacto, gracias al tamaño relativamente grande de los servicios de bienestar social. Pero las políticas de bienestar social (en particular los sistemas de prestaciones) son en gran medida responsabilidad de los países según el Tratado, lo que implica que la concepción, la eficiencia y el funcionamiento de los estabilizadores automáticos es una responsabilidad nacional y varía en función de los Estados miembros. El Plan director de la Comisión para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica proporciona una visión global que conduce a una arquitectura sólida y estable en los ámbitos financiero, fiscal, económico y político. También es pertinente para el desarrollo de la dimensión social de la UEM. Este Plan director establece las medidas que la Comisión cree que deberían tomarse a corto, medio y largo plazo. En este sentido, deberían darse pasos hacia una mayor responsabilidad y disciplina económica junto con más solidaridad y apoyo financiero. Algunos de los pasos requeridos pueden darse dentro de los límites de los actuales Tratados. Otros requerirán la modificación de los Tratados vigentes y la concesión de nuevas competencias a la UE. Para desarrollar la dimensión social de la UEM, son especialmente importantes los siguientes aspectos establecidos en el Plan director. A corto plazo, la Comisión ha propuesto la creación de un instrumento dentro del marco de gobernanza económica y el presupuesto de la UE, diferente del Marco Financiero Plurianual, para apoyar el reequilibrio, el ajuste y, de esta manera, el crecimiento. Este es el paso inicial hacia el establecimiento de una mayor capacidad fiscal junto con mecanismos de coordinación de las políticas más profundamente integrados. Debería reforzarse el marco existente mediante la mejora de la coordinación ex-ante de los principales proyectos de reforma y la creación de un «Instrumento de Convergencia y Competitividad» que proporcionase un marco para los compromisos y apoyase la aplicación a tiempo de las reformas estructurales. Se concedería apoyo financiero a paquetes de reformas que estén acordadas y sean importantes tanto para el Estado miembro en cuestión como para el buen funcionamiento de la UEM. La utilización del apoyo financiero se definiría como una parte del acuerdo contractual celebrado entre los Estados miembros afectados y la Comisión. El «Instrumento de Convergencia y Competitividad» combinaría la profundización de la integración de la política económica con un apoyo financiero, reflejando el principio de la combinación de más responsabilidad con más solidaridad. Este instrumento podría establecerse mediante Derecho derivado. A partir de este Instrumento de Convergencia y Competitividad, podría reforzarse progresivamente la capacidad fiscal a fin de proporcionar suficientes recursos en apoyo de grandes reformas estructurales, incluso en caso de una economía de grandes dimensiones que sufra dificultades. Por último, a largo plazo y tomando como base que se comparta progresivamente la soberanía y, por tanto, la responsabilidad y las competencias de solidaridad a nivel europeo, debería ser posible establecer un presupuesto autónomo de la zona del euro que le proporcionase una capacidad fiscal para ayudar a los Estados miembros a amortiguar los impactos. Este presupuesto central aportaría una herramienta de estabilización a nivel de la UEM a fin de apoyar los ajustes a los choques asimétricos, incrementar la integración económica y la convergencia y evitar la aparición de flujos de transferencias a largo plazo. Globalmente, un instrumento compartido podría aportar unas ganancias netas en poder de estabilización, en comparación con las disposiciones actuales. El tamaño de esta capacidad fiscal dependería en última instancia de la profundidad de la integración deseada y de la disposición a poner en práctica los cambios políticos que deberían acompañarla. Un instrumento común para la estabilización macroeconómica podría proporcionar un sistema de seguro para compartir los riesgos de los choques económicos entre los Estados miembros, reduciendo de esta manera las fluctuaciones en las rentas nacionales. En su formulación más sencilla, un sistema de estabilización para absorber los choques asimétricos podría necesitar unos pagos monetarios netos, lo cual es negativo en los buenos tiempos y positivo en los malos. Por ejemplo, un sistema sencillo podría determinar las contribuciones o los pagos netos de los países en función de su brecha de producción (en relación con el promedio). Un sistema de estas características debería ser neutral desde un punto de vista financiero a medio plazo para cada país, y también dependería del tamaño del país. Otra posibilidad sería que el sistema se basara en la asignación de pagos del fondo para un fin definido, con efectos anticíclicos (similares al sistema de prestaciones de desempleo de los EE.UU., en el cual un fondo federal reembolsa el 50 % de las prestaciones de desempleo que superen una duración establecida, hasta un máximo concreto, a condición de que el desempleo se encuentre en un determinado nivel y crezca). Este sistema podría funcionar de una manera que evite las «transferencias permanentes» entre países. Es decir, debería estar concebido para evitar que, durante un largo período de tiempo, un país se convierta en un perjudicado o un beneficiario neto del sistema. Estas medidas requerirían un cambio sustancial del Tratado, ya que, en la actualidad, la UE no tiene competencias para tomarlas, ni para la zona del euro ni para la UE en su conjunto. La UE no puede hacerse cargo de las responsabilidades presupuestarias de sus Estados miembros. Las competencias actuales de la UE se limitan, en lo que respecta al empleo, a medidas de fomento para alentar la cooperación entre los Estados miembros y apoyar la actuación de estos últimos, excluyendo cualquier armonización (véase el artículo 149 del TFUE). En cuanto a la seguridad social y la protección social, sus competencias se limitan a adoptar directivas en las que se establecen los requisitos mínimos para los sistemas de los Estados miembros, cuyos principios fundamentales y cuyo equilibrio financiero son establecidos por los propios Estados miembros (véase el artículo 153 del TFUE). Teniendo en cuenta el actual marco de competencias y el sistema de recursos propios de los Tratados, tampoco puede recurrirse a la cláusula de flexibilidad del artículo 352, ya que el establecimiento de sistemas de estabilización macroeconómica superaría el marco general de los Tratados actuales y, de esta manera, equivaldría a modificar los Tratados sin seguir los procedimientos necesarios. Es decir, esta fase final precisaría una revisión fundamental de los Tratados, que también debería ir acompañada, tal como se detalla en el Plan director, de una integración política de magnitud equivalente, a fin de garantizar la legitimidad democrática y la responsabilidad. 5. REFUERZO DEL DIÁLOGO SOCIAL El diálogo social a nivel de la UE desempeña un papel esencial en el progreso de nuestra economía social de mercado y beneficia tanto a los empleadores como a los trabajadores y a la economía y la sociedad en su conjunto. A la hora de reforzar la gobernanza económica, es de capital importancia implicar a los interlocutores sociales en los debates de las políticas y los procesos de toma de decisiones. Y ello con el fin no solamente de incrementar la adhesión a las políticas a fin de garantizar una aplicación con sentido, sino también para reforzar la eficacia de la coordinación de las políticas a nivel de la zona del euro. Por consiguiente, es de capital importancia que invirtamos en el refuerzo del diálogo social tanto a nivel europeo como nacional. Los interlocutores sociales desempeñan un papel importante a nivel nacional en la fijación de las normas del mercado de trabajo y los salarios. Tienen una fuerte influencia en otras políticas estructurales a través de consultas tripartitas, como por ejemplo en el ámbito de la seguridad social. En particular, en lo que respecta a la fijación de los salarios existen diferentes relaciones laborales en la UE y los Estados miembros deciden de qué manera se organiza la negociación salarial. Los interlocutores sociales también son unos actores clave a la hora de aplicar medidas tales como los programas de aprendizaje o un aprendizaje permanente efectivo. Existe margen para mejorar los mecanismos a fin de implicar a los interlocutores sociales en la coordinación de las políticas económicas y de empleo a nivel de la UE. 5.1 Conseguir la mejor utilización de los foros existentes A nivel de la UE, los interlocutores sociales participan en un diálogo macroeconómico bianual y celebran cada dos años intercambios de puntos de vista al máximo nivel político en la Cumbre Social Tripartita[18]. Tanto el diálogo macroeconómico como la Cumbre Social Tripartita son oportunidades clave para implicar a los interlocutores sociales en el proceso del Semestre Europeo. La Comisión está convencida de que es posible implicar aún más a los interlocutores sociales en la gobernanza de la UE y la UEM respetando plenamente su autonomía. Podría hacerse más para aprovechar las sinergias y la complementariedad entre los diferentes foros, en particular para promover la coherencia y evitar procesos paralelos. La transmisión de información y el seguimiento deberían hacerse más sistemáticos a fin de garantizar una mayor transparencia y comunicación, y podría racionalizarse la composición de los foros. Debería explotarse más el potencial del diálogo social bipartito, y debería incrementarse en todos los foros el nivel de representación de los interlocutores sociales nacionales, en particular en el Comité del Diálogo Social. Los foros existentes han demostrado su utilidad, y solamente deberían sopesarse nuevas formas de diálogo después de una evaluación compartida de su necesidad. El diálogo macroeconómico es un foro de alto nivel para el intercambio de puntos de vista entre el Consejo, la Comisión, el Banco Central Europeo y las representaciones de los interlocutores sociales a nivel de la UE, que se creó con el fin específico de fomentar un diálogo periódico sobre la elaboración de la política macroeconómica en la zona del euro. El diálogo macroeconómico bianual tiene una doble estructura, una parte política y otra técnica. La organización del diálogo político corresponde al Estado miembro que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo (que está asistido por las dos presidencias posteriores), y está precedida por una reunión técnica preparatoria[19]. La Cumbre Social Tripartita para el crecimiento y el empleo está consagrada en el artículo 152 del TFUE como un componente integral del diálogo social a nivel de la UE. La tarea de la Cumbre Social Tripartita consiste en garantizar un diálogo social al máximo nivel entre la Presidencia y el Consejo (y las dos presidencias posteriores), la Comisión y los representantes de los empresarios y los trabajadores. Esta Cumbre tiene lugar en el contexto del diálogo intersectorial. Por consiguiente, su agenda incluye temas que afectan a todos los sectores económicos y los trabajadores de la UE. Las políticas sociales y de empleo también se debaten periódicamente en reuniones informales entre el Consejo EPSCO y los interlocutores sociales de la UE, dos veces al año. Además, el Tratado prevé un mecanismo de consulta entre los comités y los interlocutores sociales de la UE (artículos 150 y 160 del TFUE). 5.2 Consultas durante el proceso del Semestre Europeo Existe un amplio consenso entre las instituciones de la UE sobre la necesidad de implicar mejor a los interlocutores sociales en la gobernanza europea, en particular en el proceso del Semestre Europeo. Si bien debe respetarse la autonomía de los interlocutores sociales y la diversidad de las prácticas nacionales (en línea con el artículo 152 y el artículo 153, apartado 5, del TFUE), la implicación de los interlocutores sociales a la hora de enmarcar y aplicar las políticas económicas y de empleo debe ser de una magnitud equivalente a la evolución de los mecanismos de seguimiento y coordinación si se quiere que la gobernanza reforzada de la UEM sea efectiva e inclusiva. Las consultas a nivel nacional con los interlocutores sociales desempeñan una importante función, en particular durante la adopción de los programas nacionales de reforma y la aplicación de las recomendaciones específicas para cada país. Esta consulta es de capital importancia para las cuestiones relativas al mercado de trabajo, pero también para las cuestiones y las políticas sociales y económicas. Existe ciertamente margen para una mejor utilización de los mecanismos actuales del diálogo social europeo con el fin de consultar a tiempo y eficazmente a los interlocutores sociales en fases clave del proceso de toma de decisiones a nivel europeo. Para que las consultas sean efectivas, también deben implicar a las organizaciones de interlocutores sociales nacionales. Esto solamente puede funcionar si los Estados miembros mejoran también, en línea con las tradiciones nacionales, la implicación de sus interlocutores sociales en el debate, la concepción y la aplicación de las reformas en curso, con arreglo a sus tradiciones nacionales. Corresponderá a los gobiernos nacionales, según sus normas y sus prácticas, definir las disposiciones para el debate de las recomendaciones específicas para cada país con los interlocutores sociales. No obstante, la Comisión alentará a los Estados miembros a debatir la aplicación de las recomendaciones específicas para cada país y todas las reformas pertinentes con los interlocutores sociales así como a adjuntar sus opiniones a los programas nacionales de reforma. La Comisión propone mejorar el actual proceso de consulta de la manera siguiente: La Comisión se reunirá con los interlocutores sociales de la UE antes de adoptar el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento, en el marco del Comité del Diálogo Social, con el fin de recabar sus puntos de vista sobre las próximas prioridades y sus reacciones acerca del resultado de anteriores procesos del Semestre Europeo. Los principales mensajes que se obtengan con esta consulta se compartirán con el Consejo en la Cumbre Social Tripartita de octubre. La Comisión adjuntará a su Informe sobre Relaciones Laborales las opiniones conjuntas por escrito de los interlocutores sociales, previamente debatidas y acordadas entre las partes. Después de su adopción, la Comisión organizará un debate sobre el estudio prospectivo anual sobre el crecimiento y el informe conjunto sobre empleo con los interlocutores sociales de la UE y sus afiliados nacionales, asimismo en el contexto del Comité del Diálogo Social. El objetivo es promover una mejor comprensión mutua de las expectativas y las inquietudes. El debate se organizará alrededor del cuadro de indicadores sociales y de empleo clave incluido en el presente informe, los temas clave de las reformas económicas y sociales, sus dimensiones sociales y en materia de empleo y su coordinación. En su caso, el debate también incluirá un intercambio de puntos de vista sobre temas que interesen directamente a los interlocutores sociales, tales como los salarios o los sistemas de negociación colectiva. Las opiniones recibidas de los interlocutores sociales se difundirán como sea pertinente. Esta consulta complementará al intercambio de puntos de vista entre los comités (EMCO y SPC) y las secretarías de los interlocutores sociales de la UE y, por consiguiente, contribuirán a preparar la Cumbre Social Tripartita prevista para marzo. La Cumbre Social Tripartita seguirá siendo la reunión de más alto nivel entre la Comisión, el Consejo y los interlocutores sociales europeos para debatir las políticas de crecimiento y empleo. La Cumbre Social Tripartita de marzo se centrará en el Semestre Europeo. La preparación de sus debates corresponderá al Consejo EPSCO. Los diálogos de alto nivel deberían ir precedidos de una reunión técnica preparatoria, que organizaría el Comité del Diálogo Social. La Comisión propondrá la revisión de la decisión por la que se creó la Cumbre Social Tripartita a fin de alinearla con el nuevo marco institucional establecido por el Tratado de Lisboa y su estrategia de crecimiento y empleo integrada. Debería desarrollarse y racionalizarse el sistema actual para la celebración de diálogos temáticos en el marco de los comités EMCO y SPC. El proceso de consulta podría complementarse con reuniones ad hoc o bien con disposiciones de trabajo a fin de implicar mejor a los interlocutores sociales en los debates sobre cuestiones políticas pertinentes, teniendo en cuenta su responsabilidad específica y si los interlocutores sociales las consideran temas sensibles (p. ej., desempleo juvenil, salarios, pensiones y reformas de la asistencia sanitaria). A partir de su Informe sobre las relaciones laborales en Europa y del trabajo del Observatorio Europeo de las Relaciones Laborales en el marco de Eurofound, la Comisión también seguirá promoviendo el seguimiento de la evolución del diálogo social en la UE. 6. CONCLUSIÓN Los cambios recientes para reforzar la gobernanza económica de la UE tienen como objetivo reforzar la UEM, abordar algunas de las carencias iniciales de su concepción y hacerla más competitiva y que tenga más capacidad para promover el crecimiento. La Comisión cree que el desarrollo de la dimensión social de la UEM es una parte esencial de este proceso. Esto significa desarrollar la capacidad de los actuales mecanismos de gobernanza económica y de los instrumentos políticos a fin de tener en cuenta los desafíos relacionados con el empleo y las políticas sociales en la UE y abordarlos, ayudando a todos los Estados miembros a alcanzar su potencial de crecimiento y empleo y a mejorar la cohesión social, en línea con los objetivos de la UE. Una unión monetaria que funcione adecuadamente necesita unos mercados flexibles y unas instituciones apropiadas para hacer frente a la situación social y proporcionar unas redes de seguridad nacionales adecuadas. Existe margen para reforzar la dimensión social de la UEM mediante una mejor coordinación y un mejor seguimiento de las políticas sociales y de empleo y de su evolución, como parte del proceso del Semestre Europeo, movilizando acciones y fondos para abordar mejor las dificultades sociales, eliminar las barreras a la movilidad laboral transfronteriza dentro de la UE y reforzar el papel del diálogo social. La Comisión espera poder trabajar con las otras instituciones de la UE, con los Estados miembros y con los interlocutores sociales para poder progresar rápidamente en este ámbito. Anexo: Cuadro indicativo para el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave (que se analizará en el proyecto de informe conjunto sobre empleo para el Semestre Europeo de 2014) INDICADORES || Tasa de desempleo (%) || Tasa de jóvenes que no estudian, trabajan ni siguen una formación («Nini») (%) y tasa de empleo juvenil || Cambios en la renta bruta disponible real de los hogares (GDHI) || Tasa de riesgo de pobreza de 18 a 64 años (%) || Desigualdad (ratio S80/S20). Población destinataria || Población activa || Jóvenes (18-24) || Población total || Población en edad de trabajar || Población total Fuente de datos y cambio || EPA (cambio anual) || EPA (cambio anual) || Cuentas nacionales || EU-SILC (cambio anual) || EU-SILC Justificación del indicador || Evolución general del mercado de trabajo; pérdida de producción y productividad; competitividad; cohesión social || Pérdida de empleabilidad y productividad; pertinencia de las competencias; resultados de las instituciones educativas y del mercado de trabajo; competitividad; cohesión social || Demanda agregada; adecuación de las rentas del mercado de trabajo; efectividad de los sistemas de sustitución de renta || Evolución general de la pobreza (centrada en la renta real de los pobres); cohesión social; erosión del capital humano || Segmentación del mercado de trabajo y precariedad; igualdad de oportunidades; demanda agregada y cohesión social Se utilizarían el EPM, el SPPM y el JAF para apoyar la lectura de los indicadores principales || Una lectura detallada del cuadro de indicadores se basaría en el Indicador de resultados en materia de empleo (EPM), el Indicador de rendimiento de la protección social (SPPM) y el Marco de Evaluación Conjunto (JAF) en su totalidad. A efectos ilustrativos, se enumeran a continuación algunos ejemplos de indicadores que muestran cómo el EPM, el SPPM y el JAF apoyarían la interpretación de los indicadores principales: || Porcentaje de desempleo de larga duración; tasa de empleo (por sexo, edad y nivel de cualificaciones); tiempo parcial involuntario / empleo temporal ; tasa de vacantes de empleo (promedio de 3 años); otros indicadores sobre cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo || Tasa de desempleo juvenil; jóvenes «nini» desglosados por edades 15-18,18-19 y 20-24; tasa de empleo de los jóvenes; jóvenes en situación de abandono escolar || Contribución de la renta del trabajo (trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia) a la GDHI; costes unitarios laborales reales; tasa de ahorro de los hogares; ratio de la deuda de los hogares y su renta, tasas de cobertura de las prestaciones de desempleo || Anclado a la tasa de riesgo de pobreza (%); profundidad de la pobreza, brecha del riesgo de pobreza; otras dimensiones de la pobreza: pobreza con empleo, hogares en paro; privación material grave, AROPE por edades (pobreza infantil, pobreza en edad de trabajar, pobreza entre las personas mayores) || Indicadores de segmentación [tiempo parcial involuntario / empleo temporal, transiciones del mercado de trabajo (por tipo de contrato o nivel de remuneración; etc.)]; indicadores de otras desigualdades en el LM [brecha de los resultados en alfabetización (PISA)], brecha salarial entre hombres y mujeres, desigualdad de ingresos (excluidos los desempleados) Anexo: Cuadro indicativo de los indicadores sociales y de empleo auxiliares adicionales en el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos INDICADORES || Tasa de participación (%) || Ratio del desempleo de larga duración (%) || Tasa de desempleo juvenil (%) || Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) (%) Población destinataria || Población en edad de trabajar (15-64 años) || Población activa || Población activa en el mismo grupo de edad (15-24 años) || Población total Fuente de datos / cambio || Eurostat, EPA/nivel y evolución en el tiempo || Eurostat, EPA/nivel y evolución en el tiempo || Eurostat, EPA/nivel y evolución en el tiempo || Eurostat, SILC/nivel y evolución en el tiempo Justificación del indicador || Complementa la tasa de desempleo ya que indica los flujos subyacentes de actividad a inactividad y viceversa. Permite analizar los desincentivos estructurales para no buscar trabajo así como los «efectos de desaliento» del desempleo prolongado, el trabajo no declarado, el empleo en el sector informal y el subempleo agrícola. || Apunta a problemas estructurales en el mercado de trabajo, como por ejemplo la inadecuación de las cualificaciones y los problemas relativos a la segmentación entre trabajadores ocupados y parados. Indica las menores perspectivas de volver a tener empleo y el mayor riesgo de quedar atrapado en el paro. || Ofrece una imagen de las dificultades a que se enfrentan quienes se incorporan pronto, y posiblemente con baja cualificación, al mercado de trabajo; los períodos prolongados de desempleo al inicio de la carrera profesional de una persona pueden tener consecuencias a largo plazo en lo que respecta a las futuras perspectivas de ingresos y a la presencia en el mercado de trabajo. || Indicador agregado que describe diferentes dimensiones de la pobreza Indicadores complementarios || n.d. || n.d. || «Nini» (tasa de jóvenes que no estudian, trabajan ni siguen una formación en relación con la población total de entre 15 y 24 años) || Componentes: la tasa de riesgo de pobreza (AROP) que describe la pobreza relativa, la tasa de privación material grave que describe la pobreza absoluta, y las personas que viven en hogares con baja intensidad laboral Refuerzo del seguimiento y la vigilancia de los desafíos sociales y en materia de empleo dentro del Semestre Europeo MIP corrector preventive MIP [1] Comunicación de la Comisión « Un Plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica. Apertura de un debate europeo. 28.12.2012. COM(2012) 777. [2] Informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria» presentado el 18.10.2012 («Informe Thyssen»). [3] Employment and Social Developments in Europe 2012 de la Comisión Europea. [4] Véanse las Conclusiones de la Presidencia de la reunión del Consejo Europeo Extraordinario sobre Empleo, Luxemburgo, 20 y 21 de noviembre de 1997, apartado 3. [5] Véase el Reglamento (CE) nº 1466/97, modificado por el Reglamento (UE) nº 1175/2011, en particular la sección 1 bis sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas. [6] Carta de la Presidencia del Consejo al Presidente del Consejo Europeo sobre la «Dimensión social de la UEM», 15 de mayo de 2013. [7] El Indicador de las políticas de empleo y el Indicador de rendimiento de la protección social. [8] En el anexo se presenta una descripción completa. No existirá ninguna nueva obligación de comunicación para los Estados miembros. [9] El informe conjunto sobre empleo, mencionado en el artículo 148, apartado 1, del TFUE, debe ser adoptado por el Consejo y se remite al Consejo Europeo. El término «conjunto» hace referencia a un acuerdo entre la Comisión y el Consejo, con el correspondiente conjunto de datos, que se utiliza ampliamente durante el Semestre Europeo. [10] Este indicador es un informe acordado conjuntamente entre la Comisión y los Estados miembros con el objetivo final de determinar los desafíos clave del empleo conjuntamente acordados para cada Estado miembro. Para ello se comparan los resultados tanto estadísticamente entre homólogos (evaluación comparativa) como dentro del Estado miembro a lo largo del tiempo. Este indicador proporciona un resumen de la evaluación producida por el Marco de Evaluación Conjunto en los diez ámbitos relacionados con el mercado de trabajo. [11] Este indicador fue refrendado por el Consejo en octubre de 2012 como una metodología para el seguimiento de la situación social de los Estados miembros en la UE. [12] Este marco es una base de datos de indicadores sociales y del mercado de trabajo clave que se utiliza para el seguimiento de la evolución del mercado de trabajo y la situación social en los Estados miembros y el progreso hacia la obtención de los objetivos principales. Se trata de una herramienta analítica basada en una serie de indicadores acordados conjuntamente en el marco de once ámbitos de las políticas. [13] El 17 de junio de 2013 la Comisión presentó una propuesta de Decisión sobre una mayor cooperación entre los SPE que permitirá una comparación coherente de sus resultados a partir de una evaluación comparativa basada en pruebas. [14] COM(2012) 173 final. [15] Comunicación de la Comisión sobre la evaluación del acceso a las profesiones reguladas. 02/10/2013. [16] COM(2013) 236 final. [17] COM(2013) 269 final. [18] La Cumbre Social Tripartita se reúne dede 1997, pero fue oficialmente creada en 2003 (Decisión 2003/174/CE), y ahora está integrada en el Tratado de Lisboa. En cuanto al diálogo macroeconómico bianual, fue establecido en 1999 a partir de conclusiones de la Presidencia (Consejo Europeo de Colonia). [19] El marco lo establece el Comité de Política Económica.