COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COM(94) 260 final 
Bruselas, 23.06.1994 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
RELATIVA A LAS 
NUEVAS ORIENTACIONES EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
CQMUNICACIÓN PE LA CQMISIÓN 
RELATIVA A LAS 
NUEVAS ORIENTACIONES EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
Antecedentes históricos 
l. La idea de una directiva sobre la responsabilidad del prestador de servicios surgió 
recientemente tras la aprobación de la directiva "Responsabilidad por productos 
defectuosos" de 19851• Con anterioridad, no se había a4optado ninguna medida 
comunitaria en este ámbito, si bien ya se había previsto la posibilidad de actuar 
en materia de seg~ridad de los servicios, sobre todo durante la preparación de la 
directiva sobre la seguridad general de los productos. 
2. La directiva de 1985 instituyó un régimen de responsabilidad sin falta, para los 
daños causados por los productos defectuosos. En materia de servicios se ha 
llevado a cabo una primera reflexión sobre la unificación de los regímenes de 
productos y servicios, lo que también hubiera dado ·lugar a un régimen de 
responsabilidad sin· falta en el ámbito de los servicios. No obstante, tras un 
examen más profundo se ha considerado que es preferible no alterar los sistemas 
nacionales, basados generalmente en ia responsabilidad por falta.· Es a fin de 
cuentas lo que se decidió en la propuesta aprobada por la Comisión el 24 de 
octubre de 1990 en la que se optó por un sistema que prevé una responsabilidad 
por falta con inversión de la carga de la prueba. 
D~tiva del Consejo de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administiativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad 
por productos defectuosos (85/374/CEE) -DO n° L 210 de 7.8.1985, p. 29 
:1-
3. Conviene asimismo señalar que la Directiva de 1985 sobre la responsabilidad de 
hecho de los productos no sólo se debía a la preocupación por la protección de 
los consumidores sino también a imperativos de competencia, teniendo en cuenta 
la amplia circulación de los productos. 
4. Además de los aspectos relativos a la competencia en materia de servicios, el 
objetivo principal de la propuesta de octubre de 1990 era la seguridad de los 
servicios para aumentar la confianza de los consumidores en el mercado interior. 
La elección de una medida dirigida a la armonización del régimen de 
responsabilidad ha sido el medio el~gido para lograr esta seguridad. La intención 
era que los prestadores tuvieran interés por prestar servicios seguros que no 
provoquen daños antes que tener que aportar la prueba de su inocencia o, a falta 
de ello, tener que indemnizar a las víctimas. 
Balance de los tl'tlbqjos 
5. La propuesta ha sido recibida de forma positiva por la Comisión de medio 
ambiente, de la salud pública y de la protección de los consumidores del 
Parlamento Europeo y, en general, por las asociaciones de consumidores. La 
Comisión económica y monetaria del Parlamento Europeo ha adoptado igualmente 
varias enmiendas favorables a los consumidores. 
6. Por el contrario, el Comité Económico y Social emitió en 1991 un dictamen de 
rechazo y numerosos medios profesionales expresaron reacciones negativas. En 
la Comisión jurídica y de los derechos de los ciudadanos, organismo rector para 
este asunto en el Parlamento Europeo, la propuesta ha suscitado vivos debates que 
finalmente han llevado a la aprobación de enmiendas que podrían vaciar la 
propuesta de una parte sustancial de su contenido, en concreto mediante la 
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exclusión de una serie de sectores importantes. Dado que este expediente le ha 
sido devuelto tras la sesión plenaria del Parlamento Europeo de enero de 1993, 
la Comisión jurídica, en su reunión de 22 y 23 de noviembre de 1993, solicitó que 
se le presentara una nueva propuesta en esta materia. 
7. Los debates sobre la propuesta de la Comisión han revelado tres hipótesis 
alternativas para un posible régimen comunitario. 
a) Una responsabilidad por falta con inversión de la carga de la prueba, como 
propuesta de la Comisión. 
b) La Comisión jurídica y de los derechos de los ciudadanos del Parlamento 
Europeo ha elaborado una fórmula de responsabilidad por falta para las 
obligaciones de medio y una responsabilidad objetiva, es decir sin falta, 
para las obligaciones de resultado. 
e) Por el momento, la tercera hipótesis sólo se ha previsto pero no debatido, 
y establecería un régimen de responsabilidad por falta con inversión de la 
carga de la prueba e introduciría la noción de fallo del servicio. El fallo 
de servicio se definiría en relación con la expectativa legítima y deberá ser 
el consumidor quien lo demuestre. 
8. El conjunto de lps debates que se han desarrollado ha hecho destacarse dos 
elementos principales: 
Por una parte, y ello se deduce de las dos últimas fórmulas citadas en el 
punto 7, que el sentimiento de debilidad del consumidor en un litigio con 
un profesional nace, con frecuencia, de un desfase entre las expe,ctativas 
de dicho consumidor y el contenido efectivo del compromiso del 
profesional. 
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Por otra parte, que deben tenerse en cuenta las características específicas 
de los diferentes sectores de servicios, en particular de los servicios de 
construcción y de los servicios média>s. 
9. En estas condiciones, parece excluido que la propuesta de la Comisión. pueda ser 
adoptada sin modificaciones importantes que pueden vaci~a de una gran parte 
de su sustancia. 
10. Por otra parte, el Consejo Europeo de Edimburgo declaró, en una de sus 
conclusiones, la intención de la Comisión de revisar varias propuestas, entre ellas 
la Directiva "responsabilidad del prestador de servicios", en función de principios 
generales que los Estados miembros podrían completar. 
11. En adelante, toda actuación comunitaria en materia de seguridad de los servicios 
deberá tener en cuenta el artículo 129 A del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, que establece que la Comunidad contribuirá a que se alcance un alto 
nivel de protección a los consumidores. 
Reorientación de la actuación de la Comisión 
12. Es preciso sustituir el problema de la responsabilidad del prestatario en un 
contexto más amplio del que contenía la propuesta de 1990. En efecto, además de 
al aumento de la seguridad de los servicios, la preocupación de la Comisión se 
dirige, de manera general, al lugar del consumidor en sus relaciones con el 
prestador de servicios y a la dificultad de recurrir a la justicia en caso de litigio. 
Por tanto, deben explorarse todas las vías para poder tener mejor en cuenta esta 
preocupación general. 
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13. En lo que se refiere a las relaciones entre los consumidores y los prestadores de 
servicios, debe garantizarse una mejor información de los consumidores. Dicha 
información exige una definición, lo más clara posible, del contenido del 
compromiso del prestador y, en función de ello, de las legítimas expectativas del 
consumidor. La elaboración de normas, de códigos de conducta y de reglamentos 
a los que el prestador podría referirse, permitirá aclarar mejor el compromiso y 
la legítima expectación que de él se deriva. La Comisión quiere suscitar y apoyar, 
a escala comunitaria, el desarrollo de tales normas voluntarias, incluso si se trata 
de una empresa a largo plazo, y sin que ello excluya el eventual recurso al 
instrumento de las directivas. 
14. Además, deben poder encontrarse elementos de solución en el marco de las 
medidas que se aplicarán en cumplimiento del Libro verde que la Comisión ha 
aprobado sobre las garantías de los bienes de consumo y los servicios postventa 
(documento COM(93) 509 de 15 de.noviembre de 1993).-
15. En lo que se refiere al acceso a la justicia, debe reconocerse que seguirá siendo 
dificil y costoso, incluso en el caso de que un régimen de responsabilidad, más 
simplificado y más favorable a los consumidores, permitiera favorecer soluciones 
de tipo transaccional, por lo que es preciso el desarrollo de fórmulas de resolución 
simplificada de los litigios, debido a las necesidades de los consumidores pero 
también en beneficio de los propios prestadores. El informe Sutherland ya ha 
elaborado varias ideas a este respecto. La creación de instancias de arbitraje y la 
introducción de mediadores permitirán· avances concretos y responderán a las 
necesidades respectivas de los diferentes sectores. La Comisión realizará 
propuestas concretas de conformidad con el Libro Verde que ha aprobado sobre 
el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios en materia de 
consumo en el mercado único (documento COM(93) 576 de 16 de noviembre de 
1993). 
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16. Finalmente, habrá que tener más en cuenta las características específicas de los 
díferentes servicios. Asimismo, la Comisión preparará, en su caso, proyectos de 
textos relativos a sectores para los que se confirmen necesidades particulares. 
17. El conjunto de estos hechos, la reacción negativa del Comité Económico y Social 
y de la Comisión rectora en el Parlamento Europeo, así como las vivas criticas 
proCedentes de diversos medios profesionales del sector de servicios y la 
necesidad de estudiar el problema de la responsabilidad del prestador de servicios 
en un contexto más amplio, llevan a la Comisión a proseguir las tareas en este 
importante ámbito según nuevas orientaciones. Esto supone retirar la propuesta de 
.20 de diciembre de 1990. Con la retirada de esta propuesta no se trata de 
renunciar a garantizar la seguridad de los servicios sino, muy al contrario, se trata 
de reflexionar sobre la mejor manera de lograrlo apoyándose en las consultas 
adecuadas. 
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