Se aplica en todos los contextos, no solo en las situaciones de conflicto y postconflicto, y es lo suficientemente amplio para permitir la adaptación a las necesidades de cada situación específica.

Las intervenciones diplomáticas y financieras, civiles y militares, a corto y a largo plazo de la UE deberían implantarse más firmemente en un marco único de apoyo a la reforma del sector de la seguridad a escala de la UE que tenga en cuenta la interrelación entre la política, la seguridad, la justicia, la respuesta humanitaria, el desarrollo, el conflicto y la fragilidad. Especialmente en los países en desarrollo, frágiles y en transición, la RSS requiere apoyo político, financiero y técnico de los socios internacionales. Con su carácter global, políticas exteriores de gran alcance, instrumentos, herramientas y experiencia y presencia consolidada, la UE está bien situada para ayudar a los países socios a este respecto, en coordinación con otros actores internacionales, en particular las Naciones Unidas.

El sector de la seguridad debe ser integrador. Las fuerzas de seguridad no deben excluir ni discriminar a ningún grupo concreto. Con objeto de evitar generar tensión, la asignación de recursos debe ser pública, motivada y reflejar funciones y tareas legalmente definidas. Las mujeres deben tener las mismas oportunidades y capacitación en las fuerzas de seguridad.

La participación de todos los interesados en el proceso de reforma implica que las estrategias y políticas de seguridad nacionales se desarrollan a través de procesos de consulta inclusivos. En particular, la participación de las mujeres debe garantizarse en consonancia con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Debe tener en cuenta los actuales proveedores informales o no gubernamentales de seguridad y respetar el Estado de Derecho.

-involucrar a todas las partes interesadas, incluidos los agentes no estatales y los agentes de la sociedad civil, a partir de la fase de identificación, para crear el mayor consenso posible en torno a las intervenciones.

La «responsabilización nacional» va más allá de que un Gobierno acepte las intervenciones de los actores internacionales. Los esfuerzos de reforma solo serán efectivos y sostenibles si tienen su origen en la instituciones de un país (incluso a través de compromisos presupuestarios), los realizan los agentes de seguridad nacional y justicia, y son considerados legítimos por la sociedad en su conjunto. Ello significa que los agentes nacionales deben dirigir el proceso y asumir la responsabilidad de los resultados de las intervenciones, mientras que los socios externos prestan asesoramiento y apoyo. Ello significa también que todas las partes interesadas (estatales y no estatales), incluidos los grupos marginados, deberán participar en los esfuerzos gradualmente hasta alcanzar un consenso en torno a las intervenciones en el sector de la seguridad sobre la base de estrategias nacionales y aceptadas, en su caso. Se trata por tanto de un reto, dado que los actores tendrán intereses divergentes y algunos se resistirán a la reforma.

La UE debería basar su diálogo político y su actuación en un análisis previo del sector de la seguridad del país y la forma en que se sitúa en este contexto más amplio. Las Delegaciones de la UE han recibido el encargo de analizar e informar sobre el sector de la seguridad utilizando los mecanismos de información existentes. Cuando se trata de misiones de la PCSD, dicho análisis e información será conjunto, en consonancia con el «enfoque integral». Se invitará a las embajadas de los Estados miembros, en particular las que cuentan con agregados de seguridad o de defensa, a que aporten información y conocimientos técnicos.

El compromiso de la UE en el sector de la seguridad de una región o país socio implicará comprender y tener en cuenta las normas formales e informales que regulan la actuación de los agentes de seguridad y justicia. Una apreciación similar es necesaria para las interacciones y las relaciones de poder entre los agentes de seguridad, de justicia, y los no relacionados con la seguridad, y para la dinámica de conflictos existente. Es clave una conciencia política, socioeconómica, cultural e histórica.

En principio, los niveles de dotación de personal, inversión y recursos financieros deben basarse en una planificación adecuada y ser sostenibles desde el punto de vista presupuestario, para no poner en peligro la prestación de otros servicios públicos esenciales.

La UE, en coordinación con los Estados miembros, deberá buscar sinergias con otros agentes internacionales y tratar de alcanzar un consenso con ellos, en consonancia con el artículo 210 del TFUE. Con este fin, se procurará mantener una cooperación estrecha con la ONU, organizaciones regionales y otras organizaciones internacionales (en particular las dotadas de un mandato de seguridad), socios bilaterales en cuestiones relacionadas con la seguridad y, cuando proceda, ONG internacionales especializadas. El sector de la seguridad deberá ser parte inherente de la coordinación dentro de cada país entre los actores internacionales y donantes. Cuando sea posible y proceda, los actores internacionales deberán considerar formular sus acciones en torno a una única estrategia de apoyo, de titularidad nacional, para el desarrollo del sector de la seguridad.

Los instrumentos de la UE están sujetos a distintos procedimientos de programación y toma de decisiones, y a restricciones reglamentarias, que se derivan de sus respectivas bases jurídicas. Las matrices de coordinación de la UE a escala nacional no modifican estas normas, sino que reflejan un acuerdo común entre todos los actores de la UE en cuanto a las prioridades, objetivos y sus posibles funciones.

Este inventario podría también constituir una base sobre la que los actores de la UE puedan definir conjuntamente objetivos comunes y desarrollar una «matriz de coordinación» (coordinada in situ por la Delegación de la UE), lo que les permitiría establecer unos vínculos adecuados y una secuencia entre el diálogo político, las actividades e instrumentos de cooperación y las posibles misiones y operaciones de la PCSD. La «matriz de coordinación» sería un documento vivo, basado cuando proceda en los marcos políticos existentes para abordar las crisis o en las estrategias y marcos de programación nacional, en particular en el contexto de la programación conjunta.

Cuando exista un compromiso importante, la UE y el país socio podrán debatir y acordar criterios de referencia y mecanismos pertinentes para su revisión periódica con el fin de evaluar los progresos en la eficacia y la gobernanza del sector de la seguridad. Estos podrán adoptar la forma de un instrumento no vinculante que conlleve compromisos políticos; se establecerán disposiciones específicas caso por caso.

Las intervenciones relacionadas con la RSS deben ir siempre acompañadas de un amplio diálogo sectorial y apoyadas por un compromiso político de alto nivel. Debe haber una extrapolación al diálogo político y estratégico sobre derechos humanos, Estado de Derecho, democracia y buena gobernanza, y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, en particular en materia de Derecho internacional humanitario. Los progresos a este respecto serán supervisados y evaluados durante todo el período de la intervención. El diálogo político y estratégico puede servir también para fomentar la responsabilización nacional.

Para hacer frente a los problemas de seguridad detectados, la UE podrá tomar en consideración la adopción de un enfoque de resolución de problemas desarrollando programas compuestos por diferentes grupos de intervenciones. Es posible que no todos ellos impliquen a los actores de la seguridad y la justicia directamente, sino que pretendan implicar a una gama de interesados procedentes de distintos sectores. Por ejemplo, los programas de seguridad urbana pueden incluir el apoyo a los servicios de seguridad locales, la planificación urbana y la formación profesional para jóvenes.

El apoyo a la RSS debería anticipar el impacto que tendrá en el sector de la seguridad y más allá. La cadena de justicia penal y la gestión de las fronteras son claros ejemplos de una fuerte interconexión entre los diferentes actores de la seguridad y la justicia, que exige un enfoque holístico. Esto no significa que la ayuda de la UE deba abarcar la totalidad del sector de la seguridad del país socio; podrá ser más eficaz cuando contemple elementos concretos que sean más accesibles, susceptibles de evolución positiva o que maximicen el efecto multiplicador.

Los servicios de la Comisión y el SEAE elaborarán directrices de seguimiento y evaluación conjuntas, en particular indicadores sobre la capacitación en materia de seguridad y actividades relacionadas con la RSS, aplicables a todos los instrumentos y misiones de acción exterior.

Los principios generales de seguimiento y evaluación para los proyectos y programas se aplican a todas las intervenciones del sector de la seguridad; en particular, es importante:

-adaptarse a las condiciones operativas en rápida evolución, en particular en Estados frágiles o que hayan atravesado conflictos. Cuando proceda, las intervenciones se llevarán a cabo con flexibilidad en el marco de las normas y procedimientos financieros de la Unión; y

iv. Riesgo de no intervención

Ninguna intervención es neutra, y el apoyo al sector de la seguridad debe basarse en un enfoque de «no hacer daño» y que tenga en cuenta las fuentes subyacentes de conflicto. El análisis del contexto ayudará a los actores de la UE a evitar impactos negativos no deseados sobre la dinámica de los conflictos, por ejemplo mediante lo siguiente:

ii. Consecuencias negativas no intencionadas

Las Delegaciones de la UE y las misiones diplomáticas de los Estados miembros deberán compartir la información y los análisis, participar en el análisis conjunto y contribuir a la formulación de las matrices de coordinación de la RSS.

En los casos en que su intervención en el sector de la seguridad sea especialmente amplia y diversificada y no existan estructuras de coordinación adecuadas, la UE intentará establecer grupos de coordinación para apoyar al sector de la seguridad a nivel nacional (reuniendo a las secciones políticas y operativas de las Delegaciones de la UE, las misiones de la PCSD, los Estados miembros y, cuando sea posible, los socios pertinentes tales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y los países no miembros de la UE que intervengan en el sector de la seguridad).

Acciones Se creará un grupo informal interservicios permanente en materia de RSS para supervisar las actividades de la UE en materia de RSS. Los programas de formación de la EESD relativos a la RSS deberán actualizarse para tener en cuenta este marco estratégico a escala de la UE. Asimismo, deberá reforzarse la cooperación entre la EESD y los servicios de formación pertinentes de la Comisión a fin de reflejar este enfoque a escala de la UE. Las instrucciones a los jefes de Delegación incluirán la tarea de garantizar la coordinación local entre todas las partes interesadas de la UE en lo que respecta al diálogo sobre el sector de la seguridad y el apoyo a dicho sector. Esto no tendrá incidencia en la línea de mando de las misiones de la PCSD. El mandato de las misiones de la PCSD deberá incluir la prestación de asesoramiento técnico a las Delegaciones de la UE. En los países en que la UE tiene un importante compromiso de RSS, debe garantizarse que la Delegación disponga de conocimientos especializados en cuanto al sector de la seguridad.

4. Ámbitos de intervención

La UE podrá apoyar los componentes del sector de la seguridad, incluidos los militares, dentro de los límites de la legislación de la UE, a través de las actividades siguientes (lista no exhaustiva):

Apoyo institucional

El apoyo a las instituciones de seguridad y justicia incluye la asistencia para elaborar políticas y estrategias nacionales de los países socios en materia de defensa, seguridad y justicia; mecanismos de coordinación nacionales; procedimientos administrativos, de comunicación y operativos; mecanismos internos de rendición de cuentas; sistemas de planificación y gestión de los recursos humanos; sistemas de información y datos; y sistemas de presupuestación y gestión financiera, dentro del pleno respeto de los principios de los derechos humanos y la observancia del Derecho internacional humanitario.

El apoyo institucional podrá incluir asistencia a la planificación de reformas; esta asistencia deberá estar adaptada al contexto y encaminarse a ayudar a los países socios a evaluar sus propias necesidades y a expresar y realizar su visión fijando objetivos realistas a corto, medio y largo plazo. Asimismo, debería ayudarles a asignar recursos humanos, técnicos y financieros adecuados. En este proceso, la UE también se mantendrá en contacto con agentes no estatales y actores de la sociedad civil.

La UE deberá velar por que sus esfuerzos de consolidación de las instituciones generen beneficios directos a corto plazo para la población en términos de servicios de seguridad mejorados.

Formación

La ayuda de la UE incluye la mejora de la capacidad de las instituciones de formación nacionales o regionales. Esto puede incluir la asistencia técnica y la tutoría, la evaluación de las necesidades de formación, el desarrollo de nuevos planes de estudios y la formación de formadores. La ayuda de la UE a la formación especificará los conocimientos, capacidades o actitudes que se pretende repercutir, a fin de fomentar un cambio de comportamiento en el personal, las unidades y las instituciones del sector de la seguridad. También intentará garantizar que la formación se valore en términos de perspectivas de carrera y que el personal cumpla las tareas para las que ha sido formado.

Las ayudas podrán ir vinculadas al diálogo sobre sistemas de gestión de los recursos humanos nacionales y el apoyo a los mismos, lo que implica la identificación de los perfiles requeridos por las instituciones de seguridad y justicia, una contratación y promoción justas y transparentes, etc.

En los casos en que sea necesario restablecer servicios básicos de seguridad y justicia con rapidez, la UE podrá prestar realizar directamente acciones de formación, en particular a través de misiones de la PCSD. En la medida de lo posible, esto se hará en cooperación con instituciones nacionales de formación, con el fin de potenciarlas y, finalmente, asignarles la responsabilidad de la formación.

Equipo

La UE podrá aportar equipos no mortíferos a los agentes del sector de la seguridad. Esto se llevará a cabo en un marco de apoyo a la seguridad más amplio para el país. La UE deberá solicitar garantías adecuadas de que el material no se utilizará para violar los derechos humanos, las libertades fundamentales o el Estado de Derecho. Para evitar el riesgo de que los equipos queden inservibles, abandonados, no contabilizados o se utilicen de manera abusiva, se evaluará la existencia y el funcionamiento del apoyo logístico y de las cadenas de registro y rastreo, y en caso necesario, se prestará ayuda para mejorar su eficacia. El desarrollo de buenas prácticas básicas en el ámbito de la gestión de los equipos formará parte integrante de los paquetes de los equipos a fin de garantizar su mantenimiento, reabastecimiento y eliminación.