ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
3.2.

Ni el actual marco internacional ni las leyes nacionales garantizan una protección adecuada contra la violencia de género en el lugar de trabajo. En la mayoría de los países, los instrumentos de lucha contra la violencia de género se centran principalmente en la criminalización de los autores, generalmente mediante la inclusión de abusos sexuales en el Código Penal. Aunque revisten una importancia crucial, estas respuestas no siempre se adaptan a las relaciones en el lugar de trabajo. Como ha señalado la Comisión de Expertos de la OIT: «En general, resulta inadecuado tratar el acoso sexual en el marco del proceso penal [ya que] si bien permite conocer los casos más graves, [este procedimiento] no permite abordar adecuadamente toda la gama de comportamientos que deben considerarse acoso sexual en el entorno profesional, en el que la carga de la prueba es más restrictiva y en el que el acceso a las vías de recurso es más limitado»" (13). Prevenir el acoso sexual es convencer a empresarios y trabajadores de que las actitudes sexistas no tienen cabida en el lugar de trabajo. El acuerdo marco europeo establece que las empresas deben redactar una declaración precisa que indique que el acoso y la violencia no se tolerarán en su seno.
1.5.

Para determinadas profesiones existe en no pocos países una regulación de precios, que puede servir para proteger a los consumidores. Las regulaciones de precios necesitan una particular justificación y deben establecerse de tal forma que sirvan a los intereses públicos y no a los de un grupo específico.
1.1

La sociedad civil europea todavía no ha entendido completamente la gravedad del azote que supone la piratería marítima. El CESE desea sensibilizar a la sociedad civil y a la opinión pública europea a fin de incitar a los Estados miembros e instituciones de la UE a que adopten medidas concretas para su erradicación. En 2011, el Día Marítimo Mundial estuvo consagrado a la lucha contra la piratería, que, dado su carácter polifacético, requerirá una intervención integral, y no fragmentaria o episódica. La piratería no es un problema remoto que ocurre en algún lugar del océano Índico y afecta únicamente a los buques atacados y a sus marineros. Es un problema que atañe también en muchos sentidos a los consumidores y contribuyente europeos, y no solo un «fenómeno que podemos sobrellevar». El CESE pide a las instituciones y Estados miembros de la UE que den muestra de una voluntad política clara para solucionar definitivamente el problema de la piratería.
4.1

El CESE señala que el método utilizado por la Comisión para designar las regiones de la Unión que pueden beneficiarse de las excepciones regionales a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 107 otorga la prioridad a las regiones afectadas por los problemas más graves, según lo dispuesto en la letra a), y establecidas en función de un nivel PIB/PPA respecto de la media europea en su conjunto. Este método debería enriquecerse con otros criterios para medir niveles graves de subempleo, a los que el Tratado se refiere de manera expresa: de hecho, el criterio utilizado por la Comisión establece un nivel de vida anormalmente bajo, pero no refleja en todo momento las formas graves de subempleo. El índice de desempleo podría ser un buen factor corrector del PIB. El CESE pregunta a la Comisión Europea por qué motivo la designación de las zonas desfavorecidas a efectos de la excepción contemplada en la letra c) se lleva únicamente a cabo por mera sustracción de la población asignada globalmente a un Estado y a las regiones mencionadas en la letra a) del apartado 3 del artículo 107. Así las cosas, la posibilidad real de intervenir en las zonas desfavorecidas contempladas en la letra c) depende de la entidad de las zonas desfavorecidas contempladas en la letra a), con lo que se crean situaciones de grandes disparidades entre los Estados miembros, sin que esta diferencia sea fruto de una evaluación comparativa de las difíciles condiciones que presentan las regiones seleccionadas.
3.15

«Handicap Internacional» ha lanzado un concurso destinado a organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de que las personas con discapacidad participen en sus actividades. Túnez y Jordania fueron integrados en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En Jordania se ha creado, en calidad de socio del PNUD, una organización para personas con discapacidad denominada Al Hussein Society for the Habilitación and Rehabilitation of the Physically Challenged («Sociedad Al Hussein para la adaptación y readaptación de personas con discapacidad física»). Tiene por objetivo permitir a las personas con discapacidad física beneficiarse de las posibilidades que brindan las tecnologías de la información, acondicionando a tal fin locales informáticos equipados de programas informáticos específicos, en especial aplicaciones gráficas, e impartiendo formación en informática.
3.2

Estas negociaciones sobre bienes y servicios medioambientales en el marco de Doha pueden contribuir a mejorar el acceso a bienes y tecnologías que no contribuyan al cambio climático. No obstante, las ventajas inmediatas en cuanto al cambio climático que cabe esperar de la liberalización del comercio son limitadas. Para una amplia gama de productos – como es el caso concretamente de las energías renovables – las barreras arancelarias son reducidas o moderadas (2 % de media en los países ricos y 6 % de media en los países en desarrollo). Por el contrario, los obstáculos a la inversión y las barreras no arancelarias siguen siendo un importante freno para su difusión: en particular, las normas técnicas e industriales, las dificultades administrativas, la presencia comercial obligatoria en el país importador para el proveedor de servicios, la limitación de las actividades para las empresas extranjeras.
2.4

Las normativas en vigor sobre regiones desfavorecidas y sus repercusiones en los diferentes Estados miembros no son comparables entre sí. Debido a la multiplicidad de los criterios aplicados, los regímenes actuales de ayudas a las regiones desfavorecidas no tienen en cuenta en grado suficiente las condiciones específicas que imponen a la producción sus particularidades naturales y climáticas, de modo que éstas no se compensan de forma adecuada ni proporcionada.
2.1

La producción de materiales básicos, como acero, aluminio y otros metales no ferrosos, productos químicos, cemento, cal, vidrio, papel y pasta de papel, representa la base indispensable para las cadenas de valor industrial. Los productos industriales precisan unos materiales básicos estructurales y funcionales con unas propiedades mecánicas, físicas y químicas específicamente definidas que no se encuentran de forma natural. De hecho, el rendimiento de los productos industriales depende de que el material empleado tenga un perfil de aplicación determinado y esté optimizado en cuanto a consumo de sustancias y energía, calidad, fiabilidad, eficiencia económica, durabilidad, efectos medioambientales, etc. Por lo tanto, el desarrollo continuo de tales materiales es un factor crucial en el grado de innovación tecnológica de todos los productos imaginables. Una cadena de valor está formada por una serie de empresas o agentes que colaboran y trabajan juntos para satisfacer las demandas del mercado de determinados productos o servicios. Las industrias de las fases últimas de las cadenas de valor industrial consumen, en comparación, menos energía en sus procesos de fabricación. Por tanto, no sirve de nada considerar aisladamente el producto final. El consumo energético debe juzgarse teniendo en cuenta toda la cadena de valor. Un aumento de los costes de la energía no influye únicamente en la producción de los materiales básicos, sino que, al mismo tiempo, puede producir incrementos de los precios de los productos industriales intermedios y finales de las fases posteriores, debido al aumento de los costes de los materiales básicos, en caso de que el mercado pueda experimentar tales aumentos.
2.4

A raíz de un informe del Tribunal de Cuentas Europeo (Informe especial no 4/2003), es necesario revisar los criterios de clasificación de los territorios. Los comentarios críticos se refieren en particular a los puntos siguientes: los Estados miembros utilizan un amplio espectro de distintos indicadores para la clasificación como zona desfavorecida; no se dispone de suficiente información fiable sobre las consecuencias de las medidas; tampoco existe una aplicación uniforme de las «buenas prácticas agrícolas». Las principales conclusiones del Tribunal de Cuentas se refieren a la clasificación de las «demás zonas desfavorecidas» y a cuestiones relativas a la indemnización compensatoria.
2.1

La Comunicación de la Comisión Europea (COM(2006) 589) publicada con ocasión de la reunión informal de Jefes de Estado o de Gobierno europeos celebrada en Lahti el 20 de octubre de 2006, bajo la Presidencia finlandesa, aborda cuestiones relativas al impacto de la innovación en las transformaciones industriales. En ella se señala que Europa y sus Estados miembros poseen un gran patrimonio en materia de innovación. Pero también adolecen de una serie de paradojas: los europeos inventamos e innovamos, pero en muchos casos no transformamos nuestros inventos en nuevos productos, empleos y patentes; se crean muchas pequeñas empresas sumamente innovadoras, pero que no se convierten fácilmente en empresas grandes, de éxito mundial; además, mientras que en ciertos sectores, como el de las telecomunicaciones, la adopción de innovaciones (TIC) ha dado lugar a aumentos importantes de productividad, en otros no ha sido así, como muestran algunos ejemplos. La innovación y las transformaciones industriales requieren una legislación sólida y flexible en materia de registro de patentes y propiedad intelectual. Con este fin, convendría revisar la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria de 1 de agosto de 2000, con el fin de adaptarla mejor a la rápida evolución de la realidad económica (véanse, en particular, las licencias obligatorias y las causas de nulidad de la patente comunitaria). Para ello, se necesitan procedimientos que permitan facilitar el uso de las patentes registradas en diferentes aplicaciones industriales o comerciales y reconocer la propiedad intelectual de la innovación producida por cada agente — investigadores, personal directivo, ingenieros — o grupos de agentes, incluso si forman parte de una estructura administrativa o empresarial y la innovación es externa a esta estructura.
3.1.3

un déficit de información y de diálogo: los europeos no conocen bien ni sus derechos y libertades ni las condiciones de funcionamiento de su mercado común. Con frecuencia sus preguntas sobre Europa no se entienden bien, no se responden correctamente o no se satisfacen. Por su parte, los gobiernos tienden a presentarles lo que les conviene de Europa y a denunciar o encubrir lo que les molesta, aunque jueguen peligrosamente con la credibilidad de esta Europa. Los grandes medios de comunicación (la radio, la televisión), esencialmente nacionales, dan claramente la impresión de estar muy poco familiarizados con estas cuestiones, que los propios periodistas consideran complejas debido a su insuficiente formación en la materia. Apenas difunden información al respecto, salvo de manera puntual, a menudo a modo de sumario y frecuentemente de forma inexacta. La ausencia de toda opinión pública «europea» que no sea una adición de opiniones nacionales tampoco facilita el desarrollo de medios de comunicación europeos y viceversa;
2.1

La vinculación entre el desarrollo de las infraestructuras de transportes, el cumplimiento de los objetivos centrales de la política de transporte y las cuestiones operativas ha ocupado siempre una posición destacada en la iniciativa del CESE. Hasta la fecha no ha perdido nada de su importancia y urgencia. Pese a que a nivel político ha habido un reconocimiento múltiple y reiterado de la necesidad de tal vinculación, los avances son escasos, porque no se ha desarrollado ningún procedimiento de aplicación específico. La esperanza de que los objetivos de la política de transportes acaben confluyendo, casi automáticamente, con el desarrollo de las infraestructuras no se ha hecho realidad en los años pasados. A este respecto, las regiones podrían desempeñar un papel clave, porque en ellas se abordan todas las cuestiones de forma concreta y se requiere muy especialmente una comprensión de los contextos paneuropeos. Con la celebración de una conferencia regional en el nordeste de Polonia, el Grupo de estudio permanente ha podido destacar de modo ejemplar la importancia de tener en cuenta los efectos regionales de los principales ejes de transporte previstos. La política europea debe asumir una mayor responsabilidad en este ámbito. No basta con considerar tarea europea únicamente la realización de los ejes de transporte principales.
6.3

La elevada movilidad del mercado significa que los empleadores se muestran reacios a financiar la formación adicional, pues no saben cuánto tiempo permanecerá un trabajador en un puesto de trabajo dado. Esto afecta en especial a la mano de obra no cualificada, pues los empleadores tienden a conservar y proporcionar formación a la mano de obra especializada –más difícil de encontrar–, y los trabajadores no cualificados no siempre poseen motivación para reciclarse. La razón de ser de este amplio sistema –subvencionado públicamente pero al que deben contribuir obligatoriamente los empleadores– de formación y perfeccionamiento profesional, tanto para trabajadores especializados como sin cualificar, es que la mano de obra experta es vital para el correcto funcionamiento del sistema danés de flexiguridad y, además, porque llevar a cabo un planteamiento amplio y proactivo para mejorar las cualificaciones es políticamente deseable.
3.3.4

Disponibilidad y función de la biomasa en la seguridad del abastecimiento. Se ha considerado que en Europa hay un enorme potencial energético de biomasa que no ha sido suficientemente explotado hasta ahora. Este es claramente el caso en algunos Estados miembros. La biomasa puede originarse a partir de numerosas fuentes y recursos: bosques, agricultura, flujos de residuos, etc. La madera de la industria forestal y la industria maderera representan el recurso principal, y la cadena de suministro que va desde la industria forestal a las centrales de bioenergía puede mejorarse sustancialmente. La utilización descentralizada, en particular de la madera procedente de las claras y de los residuos de la madera de las explotaciones forestales para producir calor y electricidad, así como para producir pellets (virutas de madera prensadas), ofrece una oportunidad excelente para reforzar los ciclos económicos regionales, crear empleo en las zonas rurales y reducir las importaciones de crudo a la UE. No obstante, sigue habiendo motivos de preocupación por lo que se refiere al riesgo de un apoyo excesivo a la utilización de la biomasa con fines energéticos en detrimento de otras aplicaciones que no están subvencionadas.
2.1.4

No es objeto de este Dictamen exponer y analizar cada una de las políticas que han desarrollado los distintos países de la Unión, contrastando modelos: más o menos integrados en un compromiso europeo; más o menos «nacionalistas» con respecto a su modelo turístico: la diversidad turística europea, etc. Tal y como ya ha dictaminado el Comité, el turismo tiene su base en la dimensión local y regional y, desde allí, se proyecta a lo nacional e internacional. En la audición de Katowice, valiosa y rica en contenidos, se pudo constatar no sólo la diversidad de situaciones de cada Estado frente a la actividad turística, sino también la diversidad de opciones estratégicas respecto a cómo cada Estado, región y comunidad local enfoca su modelo turístico respecto a la actualidad y respecto al futuro.
5.7.

En general, los obstáculos con que nos enfrentamos a la hora de aplicar un enfoque participativo son varios y de distinta índole. Entre ellos cabe citar, como ya se señaló en un dictamen precedente (1): — la enorme resistencia que muestra la mayoría de los gobiernos nacionales de terceros países a dialogar con los actores no estatales; — incluso allí donde se contempla este diálogo, la posibilidad real con que cuentan los actores no estatales para influir en la definición de los programas y de las estrategias de desarrollo sigue siendo bajísima; — el elevado grado de centralización administrativa que existe en estos países que, al no favorecer la participación en general de los actores no estatales, tiende a marginar las realidades locales periféricas y, sobre todo, las rurales, que son las más difíciles de alcanzar y, con frecuencia, también las más pobres; — la inexistencia de reglas y normas por las que debería regirse una participación eficaz de los actores no estatales; el escaso nivel de organización de la sociedad civil en muchos terceros países (a menudo, el principal problema estriba en desarrollar las posibilidades de las mismas personas que deberían participar en el proceso); — el acceso a la financiación, estrechamente ligado a la divulgación y al acceso a la información (de hecho, los actores no estatales de terceros países no sólo lamentan el hecho de que, en numerosas ocasiones, no existe ningún sistema para divulgar la información, sino también que los procedimientos previstos para la concesión de financiación son, en la mayor parte de los casos, caros y complicados, como ponen a menudo de manifiesto los propios actores).
3.10.3

El CESE acoge favorablemente la propuesta de tomar medidas contra los bienes no vendidos, si bien puede adoptarse un enfoque más ambicioso al respecto. La destrucción de productos intactos, incluidos los productos nuevos, devueltos o reparables, no es deseable desde el punto de vista de la sociedad, ya que representa un despilfarro de recursos. La propuesta de la Comisión de que inicialmente solo se plantee a las empresas una exigencia de documentación y se exima a las pymes no va lo suficientemente lejos para el CESE. La simple posibilidad de adoptar medidas más estrictas mediante actos delegados arroja dudas sobre la consecución efectiva de los objetivos. El CESE apoya la prohibición de destruir los productos no vendidos, a menos que sean peligrosos. Con ello, además, se animaría a las empresas y plataformas de comercio minorista a aplicar prácticas comerciales que reduzcan significativamente el número de productos devueltos y de existencias no vendidas. Los consumidores también deben ser conscientes del impacto medioambiental de los bienes devueltos.
1.2

El CESE reconoce, asimismo, que los efectos directos e indirectos de la invasión no provocada iniciada el 24 de febrero han dado lugar a un aumento continuo del número de refugiados que llegan a todos los Estados miembros y, en particular, a las fronteras de la Unión, por lo que es necesario seguir actuando. La situación actual no tiene precedentes y exige adoptar todas las medidas posibles y adaptadas que puedan aplicarse en estas circunstancias específicas. A tal efecto, el CESE considera que FAST-CARE ofrece una respuesta a estas circunstancias puesto que no solo ofrece financiación adicional para afrontar los retos migratorios que se derivan de la agresión militar rusa, sino que ayuda a mitigar el retraso en la ejecución de proyectos debido a los efectos combinados de la crisis de la COVID-19 y de los elevados costes energéticos y la escasez de materias primas y mano de obra causados por la guerra.
3.6.

El CESE acoge con satisfacción la disposición relativa a las pymes, que quedan ahora protegidas contra las cláusulas contractuales de carácter abusivo, gracias a la lista de cláusulas contractuales impuestas unilateralmente que se considerarán o presumirán abusivas. Las cláusulas que no superen este «control de abusividad» no serán vinculantes para las pymes. A este respecto, la Comisión elaborará y recomendará cláusulas contractuales tipo no vinculantes, ayudando a las pymes a negociar contratos de intercambio de datos más justos y equilibrados con empresas que disfrutan de una posición negociadora significativamente más fuerte. La UE y los Estados miembros deberían prestar más atención a la mejora de la capacidad de las empresas europeas, especialmente las pymes y las empresas emergentes, para participar y contribuir a la economía de los datos en Europa y en el mundo. Esto requiere más inversiones en educación y formación, investigación y desarrollo, así como espacios de datos comunes que sustenten la creación de valor basada en los datos. Es fundamental garantizar que las pymes dispongan de los medios necesarios para hacer uso del control de abusividad y protegerse de las prácticas contractuales abusivas. Los modelos de cláusulas contractuales proporcionados por la Comisión son una herramienta necesaria a este respecto, pero deben complementarse con otras formas de apoyo por parte de los entes nacionales competentes.
1.3.

No obstante, el CESE estima que la propuesta presentada no establece un mecanismo ágil de transposición de las normas adoptadas en la NAFO y no solventa la necesidad de actualizar anualmente las mismas.
4.1.

Si bien la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios en sí misma no proporciona nueva financiación, sí establece requisitos para los niveles de financiación de los Estados miembros y la coordinación de los esfuerzos financieros para crear un marco jurídico y financiero adaptado, incluido un apoyo financiero específico. No obstante, el CESE pone en cuestión que la financiación vaya a ser en realidad fácilmente accesible a los futuros renovadores y considera que no está claro que el esfuerzo total de financiación de cada Estado miembro vaya a ser suficiente para cumplir los objetivos de renovación.
1.3.

La actual crisis de los precios de la energía no golpearía de manera tan dura a ciudadanos y empresas europeos si Europa no presentase una dependencia tan elevada de las importaciones de combustibles fósiles. Determinados países explotan esta dependencia con fines geopolíticos y, como consecuencia de ello, las empresas y consumidores europeos sufren. La mayoría de los Estados miembros todavía no han logrado reducir esta dependencia, si bien la Comisión ha define dicha reducción como uno de los objetivos estratégicos de la Unión de la Energía, entre otros como el de situar al consumidor en el centro del sistema energético. En ambos aspectos, la política energética europea va muy por detrás de las ambiciones que se ha marcado.
2.2.

cuatro tendencias mundiales clave son relevantes para la cuestión fundamental de la capacidad y la libertad de acción de la UE. Representan las principales megatendencias generales de nuestra época, que seguirán teniendo una importancia fundamental para dar forma a las políticas europeas. Sin embargo, su exposición sigue siendo generalizada y aborda diversos aspectos, sin un tratamiento detallado de los subtemas individuales. El CESE lamenta, en particular, que no se haya tenido suficientemente en cuenta la dimensión social y que no se hayan considerado las cuestiones relativas a la juventud y la justicia intergeneracional, a pesar de que las mismas fueron objeto de desarrollo en el informe subyacente del Centro Común de Investigación (JRC) titulado Shaping & securing the EU’s open strategic autonomy by 2040 and beyond ( 1 ). El CESE considera que lasson relevantes para la cuestión fundamental de la capacidad y la libertad de acción de la UE. Representan las principales megatendencias generales de nuestra época, que seguirán teniendo una importancia fundamental para dar forma a las políticas europeas. Sin embargo, su exposición sigue siendo generalizada y aborda diversos aspectos, sin un tratamiento detallado de los subtemas individuales. El CESE lamenta, en particular, que no se haya tenido suficientemente en cuenta la dimensión social y que no se hayan considerado las cuestiones relativas a la juventud y la justicia intergeneracional, a pesar de que las mismas fueron objeto de desarrollo en el informe subyacente del Centro Común de Investigación (JRC) titulado