COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 27.02.1997 
COM(97) 23 final 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO 
SOBRE LA APLICACIÓN 
DE LAS DIRECTIVAS 
75/439/CEE, 75/442/CEE, 78/319/CEE Y 86/278/CEE 
SOBRE LA POLÍTICA DE GESTION DE RESIDUOS 

INTRODUCCIÓN 
La obligación que tienen los Estados miembros de presentar periódicamente informes a la 
Comisión sobre la puesta en práctica de la legislación comunitaria sobre gestión de residuos 
constituye un instrumento capital para el seguimiento de la aplicación de esta política. No 
obstante, la experiencia práctica y los resultados de este instrumento han resultado ser bastante 
precarios. 
En efecto, la confección de estos informes debería permitir una evaluación del grado de 
aplicación de la legislación comunitaria en el conjunto del territorio de la Comunidad, garantizar 
un alto nivel de transparencia y ofrecer a la opinión pública un instrumento de información 
sobre esta materia. Por otra parte, una gestión eficaz de los residuos que permita, al mismo 
tiempo, el buen funcionamiento del mercado interior exige un seguimiento muy amplio. Sin 
embargo, este objetivo no se ha alcanzado. Desde 1975, sólo se ha publicado un informe que 
se refiere, de forma sucinta, a cuatro directivas sobre residuos (SEC/89/1455 final). Este 
informe se basaba en las respuestas facilitadas por siete Estados miembros. 
Para poner remedio a la disparidad de las disposiciones en las que se establecen dichas 
obligaciones, tanto en lo que se refiere a su periodicidad como a su contenido, el Consejo 
adoptó, en 1991, la Directiva 91/692/CEE sobre la normalización y la racionalización de los 
informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente. En 
cuanto al sector de los residuos, cada tres años se elaboran informes nacionales a partir de un 
cuestionario preparado por la Comisión. Los primeros informes de síntesis en el campo de los 
residuos, relativos al período 1995-1997, habrán de ser publicados por la Comisión a mediados 
de 1999. 
La presente Comunicación tiene por objeto informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la aplicación entre 1989 y 1994 de las siguientes directivas del Consejo: Directiva 75/439/CEE1 
relativa a la gestión de aceites usados, Directiva 75/442/CEE2 relativa a los residuos, Directiva 
86/278/CEE3 relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la 
utilización de los lodos de depuradora en agricultura y Directiva 78/319/CEE4 relativa a los 
residuos tóxicos y peligrosos. Por consiguiente, el presente informe evita toda duplicación con 
el que deberá prepararse en virtud de la Directiva 91/692/CEE. 
Conviene tener en cuenta, además, que Austria, Suecia y Finlandia no figuran en este informe, 
dado que su adhesión a la Unión Europea data del 1 de enero de 1995. 
DO n° L 194 de 25.07.75, p. 23 
DO n° L 194 de 25.07.75, p. 39 
DOn°L 181 de 04.07.86, p. 6 
DO n°L 84 de 31.03.78, p. 43 
DIRECTIVA 75/442/CEE DEL CONSEJO RELATIVA 
A LOS RESIDUOS, MODIFICADA POR LA 
DIRECTIVA 91/156/CEE 
I. INTRODUCCIÓN 
La Directiva 75/442/CEE constituye el marco legislativo de la política comunitaria en materia 
de gestión de residuos. Esta Directiva, en vigor desde 1977, fue modificada en 1991 para 
adaptarla a las nuevas circunstancias y para incorporar los principios rectores de la estrategia 
comunitaria de gestión de residuos de 1989, a saber: la prevención, la valorización y la 
eliminación final. 
La Directiva contiene los elementos más importantes sobre los que se basa la política 
comunitaria de gestión de residuos, en particular: 
una definición de residuos; 
la fijación de la terminología común acerca de las operaciones de valorización y 
eliminación final, así como las diferentes categorías de residuos que figuran en la lista 
que establece la Decisión 94/3/CE de la Comisión; 
- . el establecimiento de un orden de prioridades que debe seguir toda política de gestión 
de residuos, en el que prima, de entrada, la prevención, luego, el fomento de la 
valorización y, finalmente, la eliminación final sin peligro; 
la consagración de los principios de proximidad y de autosuficiencia, que se aplican a 
los residuos destinados a eliminación final, así como la previsión de una red integrada 
y adecuada de instalaciones de eliminación; 
la obligación por parte de los Estados miembros de establecer planes de gestión de 
residuos, herramientas esenciales para la realización de esta política; y 
el establecimiento de un procedimiento de autorización obligatoria para toda empresa 
que lleve a cabo operaciones de eliminación o de valorización, así como de un sistema 
de registro y de control periódico de estas operaciones. 
En su artículo 16, esta Directiva establece que, cada tres años, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión un informe sobre las medidas tomadas con vistas a la aplicación de 
la Directiva, por su parte, la Comisión está obligada a publicar un informe de síntesis. 
A pesar de esta obligación y de las repetidas solicitudes de la Comisión, sólo nueve de los doce 
Estados miembros afectados, a saber: Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, 
Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido, han presentado sus informes. Esta 
circunstancia, junto con la modificación de la Directiva 75/442/CEE por la Directiva 
91/156/CEE, que no ha sido incorporada a su legislación por todos los Estados miembros, 
puede haber afectado en cierta medida el nivel de detalle y la homogeneidad de este informe. 
2. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECTIVA 
2.1. La definición de "residuo" v el Catálogo Europeo de Residuos (artículo 1 a) 
Según lo dispuesto en la Directiva, se entiende por "residuo" toda sustancia u objeto que 
corresponda a las categorías que figuran en el anexo I (categorías de residuos) y del cual se 
desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse. En aplicación del párrafo 2o de 
la letra a) del artículo 1, la Comisión adoptó la Decisión 9473/CE, denominada Catálogo 
Europeo de Residuos (CER). La definición y la lista, completadas por la definición y la lista 
de residuos peligrosos, tienen como doble objetivo la protección del medio ambiente y el 
establecimiento y buen funcionamiento del mercado interior. 
A pesar de estas disposiciones, la Comisión constata una gran disparidad terminológica entre 
los Estados miembros. En lo que se refiere a las clasificaciones de residuos, éstas varían 
considerablemente de un Estado miembro a otro, tanto en lo que se refiere a la nomenclatura 
como al contenido. Actualmente ninguno de los doce Estados miembros a los que se refiere el 
presente informe ha incorporado el CER a su legislación. En algunos se hace referencia a este 
catálogo en algunos textos por los que se incorpora la Directiva; este es el caso de la reciente 
legislación irlandesa al respecto, aunque en este país todavía no se ha publicado el CER. 
Cuando los Estados miembros estiman que las listas no reflejan totalmente o correctamente su 
concepción de "residuo", están autorizados actualmente a mantener sus disposiciones nacionales 
o a aprobar otras más rigurosas. Sin embargo, estas medidas deben notificarse a la Comisión. 
En Bélgica los componentes de la definición comunitaria de residuo quedan recogidos en las 
legislaciones de Flandes y de Bruselas, pero en cambio, no se menciona el CER. Por su parte, 
la legislación valona no define el término residuo y se limita a remitirse a una lista que no 
recoge el CER. 
La legislación danesa reproduce literalmente el texto de la Directiva 91/156/CEE pero se refiere 
a una lista de categorías de residuos y no recoge el CER. 
La legislación alemana reproduce también la definición comunitaria pero no hace referencia 
al CER. Además, hace una distinción entre "residuos destinados a la valorización" y "residuos 
destinados a la eliminación" que no corresponde a la que establece la Directiva. 
Según la legislación española, se entiende por residuo toda sustancia u objeto del cual se 
desprenda su poseedor o tenga intención de desprenderse en virtud de las disposiciones en 
vigor. Esta definición corresponde a la de la Directiva 75/442/CEE antes de su modificación 
y, por tanto, no tiene en cuenta los aspectos nuevos que introduce la Directiva 91/156/CEE. Por 
otra parte, no se hace mención alguna al CER. La situación en Grecia y Portugal es parecida 
a la de España. 
En virtud de la legislación francesa, se entiende por residuo todo residuo de un proceso de 
producción, transformación o utilización, y toda sustancia, material, producto o, más en general, 
todo bien mueble abandonado cuyo poseedor tenga intención de abandonarlo. El CER no está 
recogido en la legislación francesa. 
La legislación irlandesa recoge la definición comunitaria de residuo. No obstante, en ella se 
añade a la fórmula comunitaria una presunción que no aparece en ésta, a saber, que se supone 
que son residuos las sustancias u objetos tratados como tales, salvo prueba en contra. En la 
legislación neerlandesa se hace mención expresa al CER que, sin embargo, no ha sido publicado 
en Irlanda. 
La legislación italiana entiende por residuo toda sustancia o material residual que deriva de 
un proceso de producción o de consumo y que es susceptible de reutilización. Por otro lado, 
se exceptúan de esta definición, y en consecuencia de la aplicación de la Directiva, los 
materiales y sustancias que poseen una calificación comercial oficialmente reconocida por bolsas 
de mercancías, o haremos o listas especiales de cámaras de comercio. 
El término residuo se define en la legislación luxemburguesa como toda sustancia u objeto que 
está incluido en las categorías establecidas por la misma ley, y general, todo bien mueble 
abandonado o del cual se desprenda su poseedor o tenga obligación de desprenderse. Se 
consideran también como residuos los productos y sustancias destinados a la valorización hasta 
que estos productos o sustancias, así como las materias primas secundarias o la energía que 
resultan de la operación de valorización, estén reintroducidos en el circuito económico. La ley 
define también distintos tipos de residuos (domésticos e incómodos, asimilados, problemáticos, 
inertes, peligrosos, industriales, hospitalarios, orgánicos y últimos). 
Los elementos de la definición comunitaria de residuos están incorporados a las legislaciones 
neerlandesa y británica (excepto en el caso de Irlanda del Norte, donde no se ha recogido 
aún la Directiva 91/156/CEE). Sin embargo, en estas legislaciones no se hace ninguna referencia 
al CER . 
2.2 La jerarquía de principios de la política de gestión de residuos y su aplicación 
(artículos 3 y 4) 
Como se enunció en la estrategia comunitaria de 1989 para la gestión de los residuos 
(SEC/89/934 final), recientemente revisada (COM/96/399 Final) y a la vista de las disposiciones 
de los artículos 3 y 4 de la Directiva, la política comunitaria en materia de gestión de residuos 
debe centrarse, en primer lugar, en prevenir la generación de residuos y en reducir su nocividad, 
antes de considerar su valorización y eliminación final. Los Estados miembros deben adoptar 
las medidas convenientes, e informar de ellas a la Comisión, para facilitar el respeto de estas 
prioridades y garantizar que estas operaciones no pongan en peligro la salud humana ni 
perjudiquen al medio ambiente. 
Por lo que se refiere a Bélgica, estas disposiciones quedan recogidas en un reglamento de la 
región de Bruselas de 1991. Conviene destacar, sin embargo, que el concepto de eliminación 
establecido por este reglamento incluye al mismo tiempo la recogida, el transporte y el 
tratamiento de los residuos aunque no haya posibilidad de recuperación, reciclaje, reutilización, 
reempleo directo o cualquier otra forma de aprovechamiento. Con respecto a la región 
flamenca, se incorporan estas disposiciones mediante un decreto de 1981 modificado. Éste 
prohibe por una parte el abandono o la eliminación de los residuos en condiciones que 
contravengan las disposiciones legales y, por otra parte, obliga a las personas que gestionan o 
eliminan residuos a reducir en la medida de lo posible los riesgos para la salud y el medio 
ambiente. En la región valona, un decreto de 1985 modificado señala como objetivos: prevenir 
la aparición de residuos, fomentar el reciclaje y la recuperación de energía y de materiales, y 
organizar la eliminación de residuos. El decreto sólo recoge de manera incompleta el artículo 
3 de la Directiva ya que no incluye los métodos y medios precisados por la Directiva para 
lograr los objetivos contemplados. Por otra parte, este decreto no afirma claramente la 
existencia de una jerarquía. 
En Dinamarca los principios de la jerarquía comunitaria no aparecen en el texto por el que se 
incorpora al derecho nacional la Directiva sobre residuos, sino en la legislación más general 
relativa a la protección ambiental. Por otra parte, se han adoptado algunos planes nacionales 
sobre tecnologías limpias y valorización de residuos con el fin de aplicar las disposiciones del 
artículo 3 de la Directiva. 
La legislación alemana conoce desde 1986 esta jerarquía. Según esta legislación la generación 
de los residuos debe, en primer lugar, evitarse. La ley de 1994, que entrará en vigor a finales 
de 1996, cita como medios de prevenir la generación de residuos los ciclos cerrados de 
sustancias en una instalación (Kreislauffiihrung), la concepción de los productos y el 
comportamiento de los consumidores, que deberían favorecer los productos que generan pocos 
residuos. La legislación alemana considera, por otra parte, que entre el reciclaje y la valoración 
energética, debe preferirse la opción que perjudique menos al medio ambiente. 
Los objetivos enunciados en el artículo 3 de la Directiva están inscritos en la ley francesa. 
En lo que se refiere a la prevención o reducción de la producción y de la nocividad de los 
residuos, se precisa que este objetivo se alcanzará actuando sobre la fabricación y la distribución 
de los productos. Esta ley incluye disposiciones sobre la producción y distribución de los 
productos generadores de residuos, y sobre la recuperación. Respecto a estos últimos, la ley 
regula los métodos de utilización de algunos materiales, elementos o formas de energía con el 
fin de facilitar su recuperación; para su puesta en práctica se remite a la aprobación de decretos 
por Consejo de Estado. Existe un organismo nacional, la Agence de l'Environment et de la 
Maîtrise de l'Energie, que está encargado de fomentar las actuaciones para la limitación de la 
producción de residuos, su eliminación, recuperación y valorización. El principio de una 
eliminación no perjudicial al medio ambiente, enunciado en el artículo 4 de la Directiva, se 
encuentra también en el derecho francés. Así, "toda persona que produzca o tenga residuos, en 
condiciones que puedan producir efectos nocivos sobre el suelo, la flora y la fauna, deteriorar 
los parajes o los paisajes, contaminar el aire o las aguas, generar ruidos y olores, y, en general, 
afectar a la salud del hombre y al medio ambiente, está obligada a llevar a cabo, o hacer que 
se lleve a cabo, la eliminación de estos (...) en condiciones tales que se eviten dichos 
efectos". En cuanto a las medidas necesarias para prohibir el abandono, el rechazo y la 
eliminación incontrolada de residuos, la ley regula los casos donde los residuos se abandonan, 
depositan o tratan contrariamente a las disposiciones legales facultando a la autoridad 
competente a llevar a término de oficio la eliminación de dichos residuos por cuenta del 
responsable. 
El derecho luxemburgués ha incorporado las disposiciones de los artículos 3 y 4 de la 
Directiva. 
En los Países Bajos el capítulo relativo a los residuos de la ley denominada Wet milieubeheer 
reproduce la jerarquía comunitaria. Pueden suscribirse acuerdos voluntarios {convenant) entre 
la industria y las autoridades competentes que fomenten la prevención de residuos y su 
valorización. 
En el derecho británico se han recogido también las prioridades comunitarias, excepto en el 
caso de Irlanda del Norte. 
Con respecto a los otros Estados miembros , es difícil hacer un juicio sobre el grado de 
respeto de la jerarquía, así como sobre las medidas adoptadas para la promoción de ésta, 
debido, sobre todo, a la falta de información y a la no incorporación de la Directiva 
91/156/CEE. En efecto, las legislaciones griega, española, irlandesa e italiana no hacen suya 
la jerarquía comunitaria en materia de gestión de residuos. Un análisis profundo de los planes 
de gestión de residuos nos daría una idea más exacta respecto a la promoción de los objetivos 
contemplados en los artículos 3 y 4 de la Directiva; sin embargo, la Comisión está aún lejos 
de poder hacer este análisis (véase el punto 2.5). 
2.3. El establecimiento de una red integrada de instalaciones de eliminación v la 
aplicación de los principios de autosuficiencia v de proximidad (artículo 5) 
Con el fin de contribuir al objetivo general de minimización de los movimientos de residuos, 
la Directiva introdujo en su artículo 5 el principio de proximidad, que implica que los residuos 
deben eliminarse en alguna de las instalaciones más cercanas. 
Esta concepción del principio de proximidad viene completada por el principio de 
autosuficiencia, recogido en el artículo 5 de la Directiva. En él se indica que la Comunidad 
en su conjunto debe esforzarse en convertirse en autosuficiente, debiendo tender cada uno de 
los Estados miembros hacia ese objetivo. Se expresa así la idea general de que los residuos 
producidos en la Comunidad no deben eliminarse en otra parte. 
Para hacer que estos dos principios sean lo más operativos posible, el mismo artículo establece 
la necesidad del establecimiento de una red integrada de instalaciones de eliminación de 
residuos, teniendo en cuenta las mejores tecnologías disponibles que no impliquen un coste 
excesivo. Las instalaciones deben tener suficiente capacidad y ajustarse a las normas 
establecidas en el Derecho comunitario en materia de permisos, tecnología utilizada, emisiones 
al medio ambiente, etc. 
En Bélgica un decreto modificado de la Región de Mandes, de 1981, dispone que el Gobierno 
flamenco puede prohibir o regular la importación y la exportación de residuos en cumplimiento 
del Reglamento (CEE) n" 259/93. Un decreto valón de 1985 modificado prevé que el ejecutivo 
regional puede establecer las condiciones en las cuales pueden transferirse residuos fuera de 
la región; del mismo modo, el ejecutivo puede someter a normas especiales la utilización de 
vertederos controlados, depósitos e instalaciones de eliminación y de valorización de residuos 
procedentes de Estados extranjeros y otras regiones. Sobre esta base, la importación de residuos 
a la región valona desde otros Estados para su eliminación fue prohibida mediante decreto de 
19 de marzo de 1987. El Tribunal de Justicia consideró este decreto compatible, para los 
residuos no tóxicos ni peligrosos, con los artículos 30 - 36 del Tratado, a la luz de los 
principios de autosuficiencia y proximidad. Por otra parte, se han formalizado algunos 
acuerdos interregionales sobre gestión de residuos por un período de tiempo de cinco años 
renovable, en los que se establece que, en la medida de lo posible, cada región velará por 
eliminar sus propios residuos dentro de los límites de su territorio. Por último, si se dispone de 
capacidad de eliminación, se dará prefererencia a la eliminación de residuos de otra región con 
respecto a los procedentes del extranjero. 
Dinamarca, que cubre sus propias necesidades de eliminación de residuos sólidos urbanos, ha 
adoptado medidas para el establecimiento de una red adecuada de instalaciones de eliminación, 
en particular, por medio de la adopción de planes de gestión y de acuerdos de cooperación entre 
las sociedades de gestión de residuos, con el fin de garantizar la utilización óptima de sus 
capacidades y el depósito en vertederos en condiciones tales que no se perjudique al medio 
ambiente 
En Alemania se han llevado a cabo exportaciones de residuos para su eliminación, en 
particular, hacia los Países Bajos, Bélgica y Francia. Por otra parte, se han tomado medidas en 
aplicación del artículo 5 de la Directiva, por ejemplo, convenios de cooperación entre 
sociedades de 1 os Es tados Federados encargadas del tratamiento de residuos especiales, y 
también entre los propios Estados Federados, para una utilización óptima de las capacidades 
(vertederos subterráneos, instalaciones térmicas ...), fundación de empresas comunes de 
tratamiento de residuos especiales, planificación en materia de vertederos y de instalaciones 
de tratamiento de residuos procedentes de otras instalaciones, y definición de las zonas más 
convenientes y de las tecnologías que deben utilizarse. 
En Francia uno de los objetivos definidos por la ley es organizar el transporte de residuos, y 
limitarlo en distancia y en volumen. Las prioridades que deben tenerse en cuenta para lograr 
este objetivo, así como las actuaciones necesarias para alcanzarlo, se detallan en los planes que 
establece la autoridad administrativa competente. Estos planes, que deben definir las condiciones 
de eliminación de determinadas categorías de desechos, deben también tender a la creación de 
conjuntos coordinados de instalaciones de eliminación de residuos sólidos urbanos . 
En Luxemburgo se llevan a cabo o están en fase de planificación distintos proyectos para 
garantizar la eliminación de residuos, a saber: el vertedero nacional de Haebicht para los 
residuos industriales, el saneamiento y ampliación del vertedero de residuos domésticos de 
Muertendall, la modernización del incinerador de residuos domésticos de Leudelange, 
instalaciones regionales de fabricación de abono, red nacional de parques de contenedores, etc. 
El Gran Ducado estima que, en 1994, su grado de autosuficiencia se sitúa en el 73% para los 
residuos domésticos y asimilados, y el 52% para los residuos peligrosos. 
En los Paises Bajos se exportaron alrededor del 12% de los residuos peligrosos producidos en 
1994, una cantidad equivalente a la importada. No hay datos sobre transferencias de residuos 
no peligrosos. Sin embargo el instituto neerlandés RIVM considera que los movimientos de 
exportación e importación de residuos no peligrosos se equilibran. 
El Reino Unido considera que un 98,7% de sus residuos se eliminaron o valorizaron dentro 
del país. El depósito en vertederos y la eliminación en el mar constituyen los métodos de 
eliminación de residuos más utilizados en el Reino Unido. 
Para los otros Estados miembros afectados, la Comisión sólo dispone de informaciones 
fragmentarias acerca de la aplicación de los principios de proximidad y de autosuficiencia. Sin 
embargo, se puede concluir, con la información ya disponible, que han resultado insuficientes 
los esfuerzos hechos hasta ahora con el fin de establecer una red integrada de instalaciones de 
eliminación. Estos países no han adoptado medidas específicas para la creación de tal red; el 
sistema actual se basa en vertederos municipales, muchos de los cuales presentan problemas 
graves de localización y funcionamiento. 
24. Las autoridades competentes (articulo 6) 
Según el artículo 6 de la Directiva, los Estados miembros establecen o designan a las 
autoridades competentes encargadas de la aplicación de la Directiva. 
En. Bélgica son las regiones bruselense, flamenca y valona las que son competentes en materia 
de política de gestión de residuos. Los municipios se encargan de la recogida de basuras. 
En Dinamarca existen 275 autoridades competentes al nivel local ( Kommune ) y 14 a nivel 
regional ( Amter ), además de la autoridad competente nacional. La competencia en materia de 
planes de gestión de residuos está repartida entre el nivel local y el nacional. Los niveles 
locales y regionales se ocupan de los procedimientos de autorización y de registro. 
En Alemania hay 485 autoridades competentes al nivel local, 32 al nivel regional y 16 al 
nivel de los Estados Federados . Todos los niveles son competentes en materia de planes de 
gestión, excepto la administración federal. Los niveles regionales y comunales se reparten las 
competencias sobre expedición de autorizaciones de eliminación y de valorización, así como 
el registro de las exenciones. El registro de los establecimientos o empresas corresponde al nivel 
local. 
La ley griega designa a las autoridades responsables a nivel local, regional y nacional, a saber: 
a nivel nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, que establece las condiciones técnicas 
generales para la eliminación de residuos sólidos urbanos; a nivel regional, la Asociación de los 
municipios de cada prefectura y, si ésta no existe, un grupo compuesto por distintos servicios 
periféricos de los Ministerios de Sanidad, Economía, Interior, Agricultura y Medio Ambiente. 
Estas autoridades establecen a nivel regional los planes de gestión de residuos. 
En España la autoridad competente a nivel nacional es el Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente; éste es competente en materia de planificación general y de 
transferencia de residuos, tanto de residuos municipales como tóxicos y peligrosos. A nivel 
regional existen 19 autoridades competentes que corresponden a las Comunidades Autónomas, 
quienes establecen planes regionales de gestión de residuos municipales y peligrosos, y 
autorizan y registran las operaciones contempladas en los artículos 9, 10 y 12 de la Directiva 
por lo que se refiere a los residuos tóxicos y peligrosos. Las provincias, un total de 43, sin 
contar las que pertenecen a comunidades autónomas uniprovinciales, pueden establecer planes 
de gestión de residuos municipales dentro de su jurisdicción. Los 8.066 municipios tienen 
competencias en lo que se refiere a planes de gestión de residuos municipales y a las 
autorizaciones contempladas en los artículos 9 y 10 de la Directiva. 
En Francia las autoridades competentes son los prefectos de los departamentos, 99 en total, 
competentes en materia de planes de gestión de residuos domésticos y asimilados, y los 
prefectos de las regiones, o sea 22, que tienen a su cargo los planes de gestión de los residuos 
distintos de los domésticos y asimilados. La expedición de autorizaciones para las operaciones 
de eliminación y de valorización corresponde a los dos niveles: el regional y el departamental. 
Por otra parte, la eliminación de los residuos que resultan del abandono de los envoltorios de 
un producto a lo largo de todas las etapas de la fabricación o de la comercialización, aparte 
del consumo o la utilización por las familias, debe efectuarse en una instalación autorizada por 
el prefecto del departamento. Las actividades de transporte, comercio y corretaje de los residuos 
de envoltorios industriales y comerciales han de declararse al prefecto del departamento donde 
tenga su sede la empresa. 
Anteriormente, existía una disposición en Irlanda que designaba autoridades competentes a 
las autoridades locales y al Ministerio de Medio Ambiente. Una legislación posterior dio 
determinadas competencias a la Irish Environmental Protección Agency, creada en 1992. 
Finalmente, con arreglo al Irish Waste Bill de 1995 , las autoridades competentes son las 
locales y la Agencia. 
En Italia el Estado es competente para una serie de tareas de carácter general (establecimiento 
de criterios generales en materia de eliminación de residuos, coordinación de los planes 
regionales de eliminación de residuos sólidos urbanos ...). Por su parte, las regiones son 
competentes con respecto a la elaboración de los planes de gestión de residuos y la expedición 
de autorizaciones. Las provincias son responsables del control de la eliminación de residuos 
sólidos urbanos. Los municipios, finalmente, se ocupan de la eliminación de los residuos 
municipales, o directamente o por medio de empresas especializadas. 
En Luxemburgo los 118 municipios se encargan de garantizar la gestión de los desechos 
molestos y otros semejantes que se encuentren en su territorio, pero en el sentido del artículo 6 
de la Directiva, la única autoridad competente es el Ministerio de Medio Ambiente, que se 
encarga de la expedición de autorizaciones para las operaciones de eliminacióny del registro de 
las exenciones de autorización. El establecimiento de los planes de gestión depende de la 
Administration de l'Environnement, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. El registro 
de los establecimientos o empresas, según el artículo 12 de la Directiva, no se aplica 
Luxemburgo. 
10 
En los Países Bajos las autoridades competentes son el Ministerio de Medio Ambiente para el 
Gobierno central, las 12 provincias y 600 municipios aproximadamente (Gemeenten ). La 
autoridad central y las provincias deben establecer planes de gestión de los residuos, mientras 
que esta cuestión es facultativa para los municipios. 
En Portugal las entidades locales ( autarquías locáis ) son responsables de la colecta y del 
tratamiento adecuado de los residuos municipales dentro de territorio respectivo. A nivel 
nacional, es la Dirección General del Medio Ambiente la que es responsable de la elaboración 
del plan nacional de gestión de residuos, que debe ser aprobado a continuación por Portaría 
, organismo conjunto de los Ministros de Industria, Energía, Sanidad, y Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. La Dirección General de Industria elabora los planes sectoriales para los 
residuos industriales, la Dirección General de Sanidad para los residuos hospitalarios, y las 
entidades locales para los residuos urbanos. 
En el Reino Unido hay 220 autoridades competentes que regulan la gestión de los residuos 
a nivel local (counties y districts). Estas autoridades son también responsables de la elaboración 
de planes de gestión de residuos. Por otra parte, corresponde al Secretario de Estado para el 
Medio Ambiente el establecimiento de un plan de exportación e importación de residuos. Para 
el año 1996 está prevista la creación de 3 agencias para el medio ambiente que deben asumir 
determinadas funciones desempeñadas hasta ahora por las autoridades locales. 
2.5. La elaboración de los planes de gestión de residuos (artículo 7) 
En virtud del artículo 7, los Estados miembros se comprometieron a requerir de sus autoridades 
competentes la elaboración de uno o varios planes de gestión de residuos en los que deben 
especificarse los tipos, cantidades y orígenes de los residuos que deben valorizarse o 
eliminarse, las prescripciones técnicas generales, todas las disposiciones especiales relativas a 
residuos particulares y los lugares e instalaciones convenientes para la eliminación. Los Estados 
miembros están obligados a notificar dichos planes a la Comisión. Desde la aprobación de la 
Directiva, en 1975, los Estados miembros han actuado con vacilación a la hora de respetar esta 
obligación - Italia y Grecia no han notificado ningún plan y, aún hoy, raros son los Estados 
miembros que han elaborado y notificado a la Comisión planes sobre todas las categorías de 
residuos requeridas y para todo su territorio. Sobre este punto, la Comisión ha incoado varios 
procedimientos de infracción contra algunos Estados miembros. Por lo tanto, aún no se ha 
podido hacer una evaluación global según dispone el artículo 7 de la Directiva. 
La diversidad de los planes recibidos por la Comisión es muy grande. En cuanto a su aplicación 
territorial, algunos Estados miembros han comunicado a la Comisión un solo plan para todo el 
territorio nacional - por ejemplo, Dinamarca, Luxemburgo-, mientras que otros han notificado 
planes a nivel local - por ejemplo, el Reino Unido cuenta con más de un centenar de estos 
planes -. A menudo los planes nacionales deben desarrollarse mediante planes regionales - tal 
es el caso de España, cuyo plan nacional de residuos peligrosos remite a los planes de las 
Comunidades Autónomas, pero hasta ahora no se ha comunicado ninguno de estos planes 
regionales a la Comisión -. La duración de estos planes puede variar de cinco a veinte años -
por ejemplo, el plan de eliminación de residuos del Inverness District Council del Reino Unido 
-; algunos deben revisarse cada tres años. Por último, el objeto y los títulos de estos planes 
pueden ser bastante dispares - planes de eliminación de residuos y planes de desarrollo (en el 
Reino Unido), planes de residuos domésticos (en Francia), plan de ordenación (en 
Luxemburgo), plan relativo a la prevención y a la gestión de residuos (en la región de 
11 
Bruselas), plan de tecnologías limpias y plan de valorización de los desechos (en Dinamarca), 
plan de residuos peligrosos (en España), planes de residuos especiales (en Irlanda y en 
Alemania), plan de gestión de residuos de buques (en Bremen), etc ... 
El instrumento del plan constituye una herramienta de planificación indispensable para toda 
política de gestión de residuos, pero es también un instrumento clave para permitir establecer 
una red conveniente de instalaciones de tratamiento de residuos. Con el fin de lograr los 
objetivos de esta política, es necesario que se concreten los criterios en cuanto al contenido de 
los planes. Por lo tanto, además de los datos actuales, es decir, el tipo, la cantidad y el origen 
de los residuos, así como la capacidad existente de valorización y eliminación, los planes 
deberían contener indicaciones sobre la evolución futura en este sector. Se trataría de hacer 
pronósticos sobre las cantidades de residuos, así como sobre el potencial de prevención y 
recuperación, y los objetivos que de estos datos se deriven. Deberían describirse las medidas 
que resultan de dichos pronósticos, que podrían incluir tanto programas destinados a la 
información de la población para todo lo que se refiere al potencial de prevención, como datos 
sobre las necesidades futuras de equipamientos de valorización y de eliminación, así como sobre 
su posible ubicación. Por último, estos planes deberían contener datos que permitan la consulta 
y la información a otros Estados miembros. 
Según el artículo 7.2, los Estados miembros deben colaborar, en su caso, con los otros Estados 
miembros y la Comisión para el establecimiento de estos planes. Ahora bien, resulta de las 
informaciones recibidas por la Comisión que no ha existido prácticamente esta colaboración, 
excepto en materia de transferencias de residuos, y eso de manera limitada. Nos referimos al 
caso específico del grupo de trabajo para la gestión fronteriza de los residuos en la gran región 
Saar-Lor-Lux-Tréveris-Palatinado occidental. Actualmente debe actualizarse y completarse el 
"Plan interregional de gestión de los residuos industriales para Lorena, el Sarre, Luxemburgo 
y la provincia belga de Luxemburgo", que data de diciembre de 1990. Las regiones afectadas 
están elaborando "el estudio básico y las perspectivas de colaboración en materia de tratamiento 
de los residuos industriales y comerciales en la gran región Saar-Lor-Lux-Tréveris-Palatinado 
Occidental. Se ha establecido también una cierta cooperación entre la Neue Hanse interregio, 
la Baja Sajonía , Bremen y algunas provincias holandesas, así como al nivel del Consejo 
Franco-germano de Medio Ambiente. Del mismo modo, se han creado formas de cooperación 
entre las provincias neerlandesas y las regiones belgas para la gestión de residuos peligrosos, 
en lo que se refiere a la capacidad de las plantas de tratamiento. El Reino Unido recientemente 
ha hecho gestiones ante los otros Estados miembros para explorar formas posibles de 
colaboración en relación con el establecimiento de planes de gestión y, en particular, de planes 
de exportación / importación de residuos. 
12 
2.6. La recogida de basuras (artículo 8) 
El artículo 8 de la Directiva dispone que los Estados miembros tomarán las disposiciones 
necesarias para que todo poseedor de residuos los remita a un recolector privado o público o 
a una empresa que efectúe operaciones de eliminación o de valorización, q se ocupe él mismo 
de la valorización o la eliminación de acuerdo con la Directiva. 
Con el fin de llevar a cabo o hacer que se lleve a cabo la eliminación y la valorización de 
residuos, los Estados miembros han adoptado un modelo según el cual se encargan de la 
recogida de las basuras domésticas o bien los municipios (en la mayoría de los Estados 
miembros) o bien instituciones especializadas (en Alemania), mientras que se obliga a los 
propios productores de residuos industriales a eliminarlos o aprovecharlos, o a remitirlos a 
profesionales autorizados. Dentro del respeto de este modelo, la diversidad en las formas de 
aplicación, según se trate de uno u otro Estado miembro, sigue siendo importante. 
2.7. Los procesos de concesión de licencias, exención de autorización v registro de 
los establecimientos o empresas (artículos 9. 10. 11. 12. 13 v 14) 
Uno de los elementos clave de la Directiva, según los artículos 9 a 14, es el establecimiento 
de un procedimiento de autorización obligatorio para toda empresa que efectúe operaciones de 
eliminación o de valorización, así como de un sistema de registro y de comprobación periódica 
de estas operaciones. En cuanto al sistema de autorización, están previstas algunas posibilidades 
de exención bajo determinadas condiciones (artículo 11). Por otra parte, toda empresa que 
lleve a cabo operaciones de eliminación o de valorización, y eventualmente los productores de 
los residuos, debe tener un registro de sus actividades y proporcionar las información a las 
autoridades competentes (artículo 14) cuando se le solicite. 
Por lo que se refiere a Bélgica, en la región bruselense, el Gobierno Regional somete la 
explotación de los establecimientos de eliminación de residuos a condiciones particulares, 
pudiendo determinar, entre otras cosas, el emplazamiento de las instalaciones y las 
precauciones en materia de seguridad, que se incluyen en las autorizaciones expedidas en virtud 
de disposiciones más generales. El Ejecutivo regional puede también someter a declaración, 
registro, autorización o autorización a las personas a quienes designe y que produzcan o 
administren * residuos. Por su parte, la legislación flamenca establece el principio de la 
autorización previa de las operaciones de eliminación y de valorización, como también la 
autorización de los recolectores, agentes y comerciantes y el registro de los transportistas que 
no estén ya no autorizados por otra institución. Figura también en esta legislación la obligación 
de registro prevista en el artículo 14. Está previsto asimismo un sistema de vigilancia por parte 
de las autoridades públicas. En la región valona, el Ejecutivo regional está habilitado para 
someter a declaración, autorización o autorización a los que produzcan, administren, compren 
o vendan residuos no domésticos. A falta de registro en debida forma, el Ejecutivo regional 
puede imponer a los productores, transportistas, poseedores, empresas de valorización y 
eliminadores de residuos no domésticos la obligación de informar a la administración con 
respecto a la tenencia y los desplazamientos de residuos. 
13 
En Dinamarca se han establecido normas de exención según lo dispuesto en el artículo 11 en 
materia de escorias, cenizas volantes y lodos; la responsabilidad en este caso corresponde a las 
autoridades locales y regionales. Los establecimientos de eliminación o de valorización de 
residuos deben registrar las informaciones requeridas en el artículo 14 en forma estandarizada 
e informatizada de acuerdo con lo que establezca el Ministerio de Medio Ambiente. El 
productor de residuos no está obligado a llevar un registro. 
En Alemania las administraciones regionales y locales son competentes en materia de 
expedición de autorizaciones y exenciones. El registro de los establecimientos o empresas 
corresponde al nivel local. Se están preparando normas generales sobre las exenciones de 
autorización. Es obligatorio el registro de las empresas y de los establecimientos, así como de 
los productores de los residuos, tal como está previsto en el artículo 14 de la Directiva. Hay 
que tener en cuenta, sin embargo, que las modalidades de registro varían de un Estado Federado 
a otro. 
En Grecia el prefecto, asistido por un Comité, es el único responsable de las autorizaciones de 
vertido, depósito, tratamiento y transporte de residuos, así como de los controles in situ y la 
vigilancia. 
España no ha aprobado ninguna norma general que permita conceder las exenciones previstas 
en el artículo 11 de la Directiva. Los gestores de residuos peligrosos deben presentar una 
memoria anual en modelo normalizado y tener un registro de sus actividades con la información 
siguiente: origen de los residuos, cantidad, naturaleza, composición y código de identificación 
de los residuos, fecha de aceptación y recepción de los residuos, tiempo de almacenamiento, 
fechas y operaciones de tratamiento y de eliminación, datos relativos a los distintos métodos, 
y destino posterior de los residuos. Además, se somete a los productores de residuos peligrosos 
a un sistema de registro similar; y, por otro lado, deben presentar una declaración anual en 
formato normalizado. 
En Francia no se ha aprobado ninguna norma general que permita conceder las exenciones 
previstas en el artículo 11. Por otra parte, los productores de algunos residuos molestos, cuando 
se produzcan en cantidad superior a 0,1 toneladas al mes o cuando la carga exceda las 0,1 
toneladas, están obligados, al entregarlos a terceros, a expedir un comprobante de seguimiento. 
Los productores, recolectores, transportistas, importadores y concesionarios de instalaciones de 
almacenamiento, de reagrupación, de tratamiento o de eliminación de estos residuos deben 
llevar un registro que describa, a medida que se lleven a cabo, las operaciones de eliminación 
de residuos sólidos urbanos efectuadas. 
La legislación irlandesa por la que se incorporaba la Directiva originaria eximía de la 
obligación de autorización a las instalaciones de eliminación de residuos municipales. En 
consecuencia, la Comisión había adoptado las medidas jurídicas oportunas y las autoridades 
irlandesas aceptaron introducir cambios en la legislación. El Irish Waste Bill 1995 prevé un 
sistema de autorización aplicable también a las instalaciones municipales. 
14 
La legislación italiana por la que se incorpora al derecho nacional la Directiva originaria hace 
solamente referencia a un sistema de autorización para la eliminación de residuos sólidos urbanos. 
La competencia para esta autorización corresponde a las autoridades regionales. La autorización debe 
indicar, entre otras cosas, la ubicación de la instalación, el tipo y la cantidad de los residuos que 
pueden ser admitidos, la duración máxima del vertedero, los trabajos necesarios, etc. Están previstos 
algunos controles por parte de la autoridad competente a los productores y gestores de residuos. 
En Luxemburgo el Ministro puede eximir de la autorización requerida en virtud de los artículos 
9 y 10 a los establecimientos o empresas que recojan y transporten residuos de obras de carreteras, 
de excavación y de demolición que no contengan residuos peligrosos, los establecimientos que 
recojan y transporten residuos en cantidades minúsculas procedentes de sus propias actividades, y 
las empresas que valoricen en los lugares de producción los productos de su propia actividad que 
no puedan ponerse en venta. El registro de los establecimientos o empresas según el artículo 12 de 
la Directiva no se aplica en Luxemburgo. 
En virtud del artículo 14 de la Directiva las empresas y establecimientos que efectúan operaciones 
de eliminación o de valorización deben llevar un registro. Está en preparación un proyecto de 
Reglamento del Gran Ducado sobre los residuos peligrosos, que obligará a los productores de estos 
residuos a llevar también un registro. 
En los Países Bajos la expedición de autorizaciones para las operaciones de eliminación y de 
valorización corresponde a los tres a niveles territoriales, siendo los municipios competentes en 
materia de recogida. El Gobierno central debe dar el visto bueno cuando exista una autorización 
provincial. En materia de registro y de exención de autorización, el Gobierno central tiene 
competencia en los aceites usados, el resto corresponde a las autoridades provinciales o locales en 
todo lo relativo al registro de los establecimientos o empresas de recogida de residuos. Se han 
adoptado algunas normas generales que permitían conceder las exenciones previstas en el artículo 
11 de la Directiva. Existe obligación de registro, en el sentido del artículo 14, para los 
establecimientos y empresas contemplados en los artículos 9 y 10. Los productores deben atenerse 
también a las disposiciones del artículo 14 en lo que se refiere a la autorización que necesitan. 
En Portugal son competentes para expedir autorizaciones en materia de gestión de residuos 
urbanos, según los casos, el Director Regional o el Director General del Medio Ambiente. La 
legislación portuguesa no prevé exenciones de autorización. Es obligatorio el registro de las 
empresas que efectúen la gestión de los residuos y de los productores, tal como está previsto en el 
artículo 14 de la Directiva, . 
El Reino Unido ha adoptado normas generales que permiten conceder las exenciones previstas en 
el artículo 11 de la Directiva. Por otra parte, la legislación británica obliga a los establecimientos 
y empresas de eliminación y de valorización de residuos a que tengan un registro. Aparte del registro 
de los documentos de seguimiento que deben llevar todos los establecimientos de eliminación (y de 
transporte) de residuos peligrosos, las instalaciones destinadas a este tipo de operación deben tener 
un registro en el que conste el emplazamiento de cada depósito. Todos los productores de residuos 
peligrosos deben tener un registro de todos los documentos de seguimiento expedidos durante una 
transferencia de residuos. Los demás productores, cuando lleven a cabo una transferencia de 
residuos, deben rellenar y guardar un documento de transferencia que especifique el tipo y la 
cantidad de residuos. También deben guardar una copia de una descripción más detallada de la 
naturaleza y el origen de los residuos. Estos datos deben estar a disposición de las autoridades 
competentes. 
15 
3. CONCLUSIONES 
La Comisión constata una cierta reticencia por parte de los Estados miembros por lo que se 
refiere a la aplicación efectiva de la Directiva o de algunas de sus disposiciones. Esta reticencia 
se ha traducido en una incorporación tardía, imperfecta, o incluso en la no incorporación de 
dicha Directiva, o ha dado lugar numerosos casos de aplicación incorrecta. 
La Comisión ha comprobado que las legislaciones nacionales por las que se aplican los textos 
comunitarios recurren a menudo a definiciones y clasificaciones de los residuos que se apartan 
de la terminología comunitaria - residuos industriales, residuos últimos, materias primas 
secundarias, residuos especiales ... - y añaden incluso a menudo otras consideraciones a estas 
definiciones - destino de los residuos, procedencia de un sector económico, etc. Siendo así que 
la utilización de una terminología considerablemente diferenciada va en detrimento de la 
transparencia y de la seguridad organizativa y económica, y sólo contribuye a crear dificultades 
a los agentes económicos y a las administraciones. La definición comunitaria "de residuos" dista 
mucho de poder solucionar toda la problemática derivada de la distinción entre residuos y 
productos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta definición, por una parte, fomenta 
la creación de un sistema integrado de gestión de residuos en el contexto del mercado interior 
y, por otra, va acompañada de una lista detallada de residuos, el Catálogo Europeo de Residuos 
- situación paralela al caso de los residuos peligrosos para los cuales existen ya una definición 
y una lista comunitaria -. Estas definiciones y listas tienden así al doble objetivo de la 
protección del medio ambiente y de la constitución y funcionamiento de un mercado interior 
de los residuos. Estos dos objetivos se alcanzará solamente en el momento en que todos los 
Estados miembros hayan incorporado a su legislación nacional las definiciones y las listas 
comunitarias de residuos. 
Es difícil emitir juicio sobre el grado de respeto de la jerarquía comunitaria en materia de 
residuos en los Estados miembros. Como ya se ha dicho, algunos ni siquiera han incorporado 
la Directiva, y la mayoría no ha comunicado a la Comisión las medidas por las cuales se 
proponen poner en práctica esta jerarquía de principios. Sólo un estudio profundo de los 
distintos planes de gestión de los residuos podría dar resultados más reveladores. Actualmente, 
la Comisión no está en condiciones de efectuar esta evaluación. 
Vista la evolución más reciente de la legislación en materia de transferencia de residuos, se 
puede decir que el objetivo de autosuficiencia comunitario para la eliminación de residuos 
debería prácticamente estar garantizado - el Reglamento (CEE) n° 259/93, relativo a la 
vigilancia y el control de las transferencias de residuos dentro, a la entrada y a la salida de la 
Comunidad Europea, prohibe totalmente las exportaciones de residuos para eliminación fuera 
de la Comunidad, excepto a los países de la AELC miembros del Convenio de Basilea. En 
cambio, el grado de autosuficiencia alcanzado por los Estados miembros es bastante dispar. 
Por otra parte, la aplicación del principio de proximidad no puede analizarse sin tener en cuenta 
la existencia o no de una red de instalaciones de eliminación de residuos conveniente. 
Actualmente, esta red no existe aún a escala comunitaria, aunque algunos Estados miembros 
han hecho considerables esfuerzos en la materia. 
Por lo que se refiere a las autoridades competentes, el numero de éstas por países y su nivel de 
competencias vienen determinados por la naturaleza diversa de la estructura territorial de los 
16 
Estados miembros, de tal manera que se puede constatar una gran variación de un Estado 
miembro a otro. 
A pesar de que los Estados miembros se comprometieron en 1975 a establecer planes de 
gestión de residuos, este compromiso no se ha concretado en resultados satisfactorios. Este 
instrumento, que es de importancia capital en toda política de gestión de residuos, sólo ha sido 
explotado muy recientemente por los Estados miembros, y eso de una manera fragmentaria. Es 
esencial que los Estados miembros se doten de la voluntad política necesaria para establecer y 
aplicar tales planes. 
Actualmente existe en todos los Estados miembros un sistema de autorización y registro de las 
empresas y establecimientos que efectúan operaciones de eliminación y de valorización de 
residuos, pero las modalidades así como las autoridades competentes responsables de estos 
sistemas varían sensiblemente de un Estado a otro. 
Por último, la Comisión constata una reticencia por parte de algunos Estados miembros a la 
hora de proporcionar las informaciones requeridas en virtud del artículo 16 de la Directiva. 
Como se ha señalado anteriormente, solamente ocho de los doce Estados miembros afectados 
comunicaron a la Comisión sus informes nacionales respectivos. En el futuro, con el fin de 
evitar informes incompletos o incoherentes, los Estados miembros deberán hacer un mayor 
esfuerzo para cumplir su obligación de informar sobre la incorporación de la Directiva. Esta 
obligación, en lo sucesivo, debe interpretarse a luz de la Directiva 91/692/CEE del Consejo y 
con arreglo a la Decisión 94/741/CE de la Comisión que establece, entre otras cosas, un 
cuestionario relativo a la transposición y a la aplicación de la Directiva 75/442/CEE. 
17 
DIRECTIVA 78/319/CE DE 20 DE MARZO DE 1978, RELATIVA A 
LOS RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROS 
I. INTRODUCCIÓN 
La Directiva 78/319/CEE relativa a los residuos tóxicos y peligrosos fue aprobada por el 
Consejo el 20 de marzo de 1978 y entró en vigor el 22 de marzo de 1980. 
El 12 de diciembre de 1991, el Consejo adoptó la Directiva 91/689/CEE1 relativa a los residuos 
peligrosos. Debido al retraso en la aprobación de la lista de residuos peligrosos mencionada en 
el apartado 4 del artículo 1 de esta Directiva, el 27 de junio de 1994, el Consejo adoptó la 
Directiva 94/31/CE2 por la que se aplaza la entrada en vigor de la Directiva 91/689/CEE hasta 
el 27 de junio de 1995 y se deroga la Directiva 78/319/CEE con efectos a partir de dicha fecha. 
De acuerdo con el artículo 16 de la Directiva 78/319/CEE, cada tres años y, por primera vez, 
a los tres años de la notificación de la Directiva, los Estados miembros están obligados a 
elaborar un informe sobre la eliminación de residuos tóxicos y peligrosos en sus respectivos 
países y a presentarlo a la comisión, que, a su vez, lo distribuirá a los distintos Estados 
miembros. 
Asimismo, la Comisión está obligada a informar cada tres años al Consejo y al Parlamento 
Europeo acerca de la aplicación de la Directiva. 
El presente informe tiene por objeto poner al corriente al Parlamento Europeo y al Consejo de 
la aplicación de la Directiva 78/319/CEE durante el período 1989-1994 y proporciona una 
visión general de la incorporación de la Directiva a la legislación nacional. 
Con este fin, en mayo de 1995, se enviaron a los Estados miembros una solicitud de 
información y un cuestionario. En julio de 1995 se les envió una segunda solicitud. Sólo seis 
Estados miembros (Dinamarca, Alemania, España, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido), 
más la Región de Flandes en el caso de Bélgica, han contestado a la solicitud y rellenado el 
cuestionario. En lo que se refiere a algunas disposiciones de la Directiva, la Comisión se ha 
basado en otros datos de los que disponían sus servicios (planes de gestión de residuos, 
legislación notificada, intercambios de cartas, actas de reuniones, etc.), para hacer que el 
informe sea más completo. Sin embargo, esta información adicional puede tener solamente un 
carácter parcial. 
1 DO n°L 377 de 31.12.1991, p. 20 
2 DO n° L 168 de 02.07.1994, p. 28 
18 
II. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
Resumimos a continuación las conclusiones que pueden extraerse de la información que posee 
la Comisión. 
La cantidad de información disponible sobre los diferentes Estados miembros puede variar 
según el grado de detalle de la información enviada a la Comisión. 
Letra b del artículo 1: Definición de residuos tóxicos v peligrosos 
jiegún este artículo, se entiende por "residuo tóxico y peligroso" todo residuo que contenga las 
sustancias o materias que figuran en el anexo de la Directiva o esté contaminado por ellas, de 
tal naturaleza o en tales cantidades o concentraciones que representen un riesgo para la salud 
o para el medio ambiente. 
Esta definición no se ha seguido en la legislación aplicable en la región de Bruselas y en la 
región de Valonia, de Bélgica. 
En Flandes se considera que son un riesgo para la salud o el medio ambiente las siguientes 
sustancias o materiales (y sus compuestos): 
a) cuando su concentración supere los 1.000 mg/Kg, compuestos orgánicos halogenados 
(excluidos los materiales poliméricos inertes y otras sustancias mencionadas en la 
Directiva 78/319/CEE o en otras directivas sobre la eliminación de residuos tóxicos y 
peligrosos), y los disolventes clorados. 
b) Cuando su concentración supere los 500 mg/Kg: el arsénico y el cadmio. 
c) Cuando su concentración supere los 250 mg/Kg: el berilio y los cianuros (orgánicos e 
inorgánicos). 
d) Cuando su concentración supere los 100 mg/Kg: el mercurio y el talio. 
e) Cuando su concentración supere el 10%: los disolventes orgánicos. 
Se considerarán siempre tóxicas o peligrosas las sustancias biocidas y fitofarmacéuticas y los 
compuestos farmacéuticos, así como los materiales químicos de laboratorio, no identificables 
o nuevos, cuyos efectos sobre el medio ambiente no sean conocidos,. 
En Dinamarca siempre se consideran tóxicos o peligrosos, independientemente de su cantidad 
o concentración, los disolventes clorados, los materiales químicos de laboratorio (no 
identificables o nuevos, cuyos efectos sobre el medio no sean conocidos), el amianto (polvo y 
fibras) y los ácidos o bases utilizados en el tratamiento de superficies y el acabado de los 
metales. 
Para las otras sustancias enumeradas en el anexo de la Directiva, se hace una clasificación caso 
por caso según la evaluación de las autoridades locales con respecto a posibles riesgos para la 
salud y el medio ambiente. Con este fin, se ponderan diferentes elementos como la cantidad, 
19 
la concentración, el estado químico y físico, las posibilidades de eliminación, los riesgos de 
contacto físico, la difusión, el lixiviado, la evaporación, la transformación y otros aspectos. 
Alemania no ha definido residuos tóxicos y peligrosos tomando como referencia las sustancias 
o materias enumeradas en el anexo de la Directiva. Los residuos tóxicos y peligrosos se evalúan 
según sus efectos en la salud humana y en el entorno y con vistas al tratamiento que deba 
dárseles, por ejemplo, reciclado y eliminación (depósito en vertedero e incineración). 
En España, la legislación nacional no establece ningún límite de la cantidad o la concentración 
por encima del cual una sustancia o material se considere un riesgo para la salud o el medio 
ambiente. 
En cambio, se han establecido una serie de criterios para la caracterización de los residuos 
tóxicos y peligrosos, como el punto de ignición, la corrosión, las reacciones físicas y otros. 
Estos criterios corresponden a los métodos que establece la Directiva 84/449/CEE1, que 
constituye una adaptación al progreso técnico de la Directiva 67/548/CEE2 relativa a la 
clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas. 
Francia ha seguido un enfoque diferente del que establece la Directiva al preparar un 
"inventario nacional" de los residuos industriales que requieren tratamiento especial. 
La legislación irlandesa no incluye ninguna definición concreta de residuos tóxicos y 
peligrosos. Sin embargo, en ella se dispone que cualquier palabra o expresión que se utilice 
tanto en la legislación como en la Directiva tendrá, a menos que se indique lo contrario, el 
significado que le da la Directiva CE. De cualquier modo, no se da orientación alguna sobre 
concentraciones o cantidades. 
La legislación de los Países Bajos hace referencia al Anexo de la Directiva 78/319/CEE. Se 
considera que son un riesgo para la salud o el medio ambiente las sustancias o materias 
siguientes (y sus compuestos): 
a) cuando su concentración supere los 50 mg/Kg: arsénico, mercurio, cadmio, talio, berilio, 
cromo 6, antimonio, cianuros (orgánicos e inorgánicos), compuestos orgánicos 
halogenados (excluidos los materiales poliméricos inertes y otras sustancias mencionadas 
en la Directiva 78/319/CEE u otras Directivas sobre la eliminación de residuos tóxicos 
y peligrosos), selenio, telurio, compuestos policíclicos aromáticos (con efectos 
cancerígenos) y carbonilos metálicos. 
b) Cuando su concentración supere los 5.000 mg/Kg: plomo, fenoles, isocianatos, 
disolventes clorados, peróxidos, cloratos, percloratos y azidas, amianto (polvo y fibras) 
y compuestos de cobre solubles. 
c) Cuando su concentración supere los 50.000 mg/Kg: disolventes orgánicos y éteres. 
DOn°L251 de 19.09.1984, p. 1 
DOn°L 196 de 16.08.1967, p. 1 
20 
Otras sustancias o materias no se clasifican a partir de su concentración o cantidad sino 
basándose en el proceso de producción: las sustancias biocidas y fitofarmacéuticas y los 
materiales químicos de laboratorio, no identificables o nuevos, cuyos efectos sobre el medio 
ambiente se desconozcan. Por otra parte, se utiliza una combinación de algunos de los criterios 
anteriores para clasificar materiales asfálticos procedentes del refinado y residuos de asfalto de 
la destilación, así como sustancias acidas o básicas empleadas en el tratamiento de superficies 
y el acabado de los metales. 
En el Reino Unido este artículo se recoge mediante la definición de residuos especiales, que 
no se basa en cantidades o límites de concentración sino en la toxicidad y otros criterios, como 
el punto de ignición. 
Artículos 4 y 5: Objetivos principales 
Los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas para fomentar, con carácter 
prioritario, la prevención de residuos tóxicos y peligrosos, su tratamiento y reciclado, la 
extracción de materias primas y posiblemente de energía, y cualquier otro proceso de 
aprovechamiento de estos residuos. 
Para eliminar los residuos tóxicos y peligrosos, los Estados miembros tienen que garantizar que 
no se pondrá en peligro la salud humana ni se perjudicará al medio ambiente. 
Deben prohibirse el abandono, el vertido, el depósito y el transporte incontrolados de estos 
residuos, así como su cesión a instalaciones, establecimientos o empresas no autorizadas para 
estas actividades. 
La legislación griega reproduce literalmente el texto de la Directiva y da competencias al 
respecto al Ministerio de Medio Ambiente. 
En España los residuos tóxicos y peligrosos deben eliminarse sin poner en peligro la salud 
humana, los recursos naturales y el medio ambiente. Las autoridades deben fomentar la 
recuperación de los materiales y la energía contenidos en los residuos tóxicos y peligrosos, 
hacer que se traten para transformarlos en residuos no tóxicos, y desarrollar nuevas tecnologías 
y procesos de producción que generen menos residuos. La Comisión carece de información 
sobre la aplicación de estas disposiciones. 
Con arreglo a la legislación francesa, en caso de abandono de residuos, depósito incontrolado 
o tratamiento no efectuado según los criterios que establece dicha legislación, las autoridades 
pueden encargarse de la eliminación de los residuos y reclamar al productor o poseedor el pago 
de los gastos correspondientes. Por otra parte, la entrega de determinados tipos de residuos a 
instalaciones no autorizadas lleva aparejada la responsabilidad conjunta del que haga la entrega 
y del receptor por lo daños que provoquen los residuos. 
21 
El artículo 4 no ha sido incorporado a la legislación irlandesa. Sin embargo, en la práctica, la 
prevención y recuperación de residuos tóxicos y peligrosos en Irlanda ha ido ganando 
importancia con el tiempo. La ley denominada Waste Bill 1995 (que, entre otras cosas, trata 
de los residuos peligrosos) incluye una serie de disposiciones destinadas a fomentar la 
prevención y la recuperación. 
En cuanto al apartado 1 del artículo 5, están prohibidos el abandono y el vertido, depósito o 
transporte incontrolados de residuos tóxicos y peligrosos. 
Artículo 6: Autoridades competentes 
Los Estados miembros deben designar o establecer la autoridad o autoridades competentes que 
hayan de encargarse, en una zona determinada, de planificar, organizar, autorizar y supervisar 
las operaciones de gestión de residuos tóxicos y peligrosos. 
En Bélgica la planificación y organización son competencia de las tres regiones. La autorización 
es competencia conjunta de las regiones y provincias mientras que el control corresponde a las 
regiones y municipios. 
En Dinamarca la autorización y supervisión es competencia conjunta de los 14 condados (Amt) 
y los 275 municipios (Kommune). La planificación y organización son competencia de los 
municipios. 
En Alemania la planificación y organización son competencia de las 16 regiones (Lander) u 
otras autoridades (32 Regierungsbezirke y 485 Kreise o kreisjreie Stadte). La supervisión 
corresponde a los Lander y Regierungsbezirke. Debido a la estructura federal del país puede 
haber cambios en la distribución de competencias. No existe una correspondencia exacta entre 
competencias y circunscripciones territoriales estadísticas debido a la cooperación y las fusiones 
de circunscripciones territoriales que se ven obligadas a llevar a cabo operaciones de gestión 
de residuos conjuntamente y a encargar servicios a terceros. 
En Grecia la planificación de la gestión de residuos es competencia del Ministerio de Medio 
Ambiente, que debe contar con la aprobación de los Ministerios de Economía, Interior, 
Agricultura, Sanidad Pública y también de la Unión Central de Municipios. Asimismo, el 
Ministerio de Medio Ambiente tiene que preparar un programa especial de eliminación de 
residuos. 
En España son las autoridades nacionales y regionales (Comunidades Autónomas) las que 
llevan a cabo conjuntamente la planificación. Las 19 Comunidades autónomas se encargan de 
la organización, autorización y supervisión. 
En Francia el nivel nacional (Ministerio de Medio Ambiente) es competente en lo relativo a 
la organización, mientras que las otras tres tareas son responsabilidad de los 99 Departamentos 
(Préfet du Département). 
22 
En Irlanda las autoridades locales son competentes, según su legislación, con respecto a la 
planificación y la gestión local de residuos. El Ministerio de Medio Ambiente es responsable 
de la política de residuos. Esta situación va a cambiar para los residuos peligrosos: está prevista 
una mayor centralización de la planificación y la gestión de este tipo de residuos, de tal manera 
que la Agencia de Protección del Medio Ambiente va a desempeñar un papel clave en este 
sentido. 
En Italia el procedimiento de planificación se decide a nivel nacional. Posteriormente, las 
regiones y provincias tienen que elaborar los planes correspondientes. 
En Luxemburgo el procedimiento de planificación se decide a nivel nacional. 
En los Países Bajos la planificación, organización, autorización y supervisión son competencia 
compartida del Gobierno y las 12 provincias (Provincié) por su parte, los aproximadamente 600 
municipios (Gemeenten) intervienen también en la supervisión. 
En Portugal los planes se preparan a nivel nacional en cooperación con los municipios. 
En el Reino Unido la autorización y supervisión de las operaciones de gestión de residuos es 
competencia de las autoridades responsables de la regulación de los residuos. En Inglaterra 
generalmente desempeñan estas tareas los Consejos de Condado en las zonas no metropolitanas, 
los Consejos de Distrito en las zonas metropolitanas, y los 3 organismos especialmente 
constituidos para Londres, Manchester y Merseyside. 
En Escocia, Gales e Irlanda del Norte se ocupan de estas tareas los Consejos de Distrito y de 
Isla (aproximadamente 120). 
Normalmente los organismos competentes para otorgar permisos a instalaciones de eliminación 
de residuos son los departamentos de planificación de los organismos locales de mayor ámbito 
territorial (por ejemplo, los Consejos de Condado en las zonas no metropolitanas de Inglaterra 
o los Consejos de Distrito en Gales). Estas autoridades son también responsables de la 
preparación de planes locales de residuos basados en los planes correspondientes del organismo 
de la zona. 
La recogida de residuos municipales corresponde a los organismos de eliminación de residuos 
que normalmente forman parte de organismos más pequeños (por ejemplo, los Consejos de 
Distrito en la Inglaterra no metropolitana. La eliminación de residuos es efectuada por empresas 
dependientes de los organismos locales, que, cada vez más, se están pasando al sector privado. 
23 
Artículo 7: Separación, etiquetado, registro e identificación 
Los Estados miembros deben tomar las medidas apropiadas en lo que se refiere a la separación 
de residuos tóxicos y peligrosos de otras materias, el etiquetado de los envases de residuos 
tóxicos y peligrosos, y el registro e identificación de cada sitio donde se haya efectuado o vaya 
a efectuarse el depósito de residuos. 
En la Región de Valonia es obligatorio, desde abril de 1992, separar residuos tóxicos y 
peligrosos cuando se recojan o transporten, excepto cuando la mezcla de residuos mejore la 
seguridad de la recogida y el transporte. 
La legislación griega obliga al poseedor de residuos tóxicos y peligrosos a tomar las medidas 
apropiadas y faculta a los prefectos para llevar a cabo controles. Se desconoce si se han tomado 
estas medidas. 
La legislación de España obliga a los productores de residuos tóxicos y peligrosos a separarlos 
adecuadamente y a no mezclarlos con otros residuos, especialmente con los que aumenten su 
peligrosidad y hagan más difícil su manipulación. También tienen que ocuparse del envasado 
y etiquetado de los residuos tóxicos y peligrosos, y llevar un registro de los productos 
importados. 
La legislación francesa dispone que los residuos industriales especiales incluidos en una lista 
confeccionada por el Conseil d'Etat no podrán almacenarse en instalaciones que reciban 
también otros tipos de residuos. 
Por otra parte, los productores y las empresas de tratamiento de residuos, cuando los entreguen 
a terceros, deberán presentar un impreso especial en el que se especifica el origen de los 
residuos, sus características, su destino, los métodos de recogida, transporte, almacenamiento, 
tratamiento y eliminación previstos, y otros datos sobre la identidad de otras empresas que 
hayan participado en estas operaciones. Los productores, recolectores, transportistas, 
importadores y almacenistas deben llevar un registro en el que se indiquen las diferentes 
operaciones a las que se han sometido los residuos que deben eliminarse. 
En Irlanda se impone un gravamen a cualquier persona que recoja, transporte, almacene o 
deposite residuos tóxicos o peligrosos a fin de separarlos de otras materias y residuos. También 
se impone un gravamen sobre cualquier persona que lleve a cabo envíos de este tipo de 
residuos, para garantizar que los envases estén adecuadamente etiquetados, indicando la 
naturaleza, la composición y la cantidad de los residuos. Es obligatorio llevar registros. 
Artículo 8: Medidas más rigurosas 
Los Estados miembros pueden adoptar en todo momento medidas más rigurosas que las 
previstas en la Directiva. 
La Comisión no tiene información de que los Estados miembros hayan tomado medidas más 
rigurosas en aplicación de este artículo. 
24 
Apartado 2 del artículo 9: Información mjff Precjga, 
Las instalaciones, establecimientos o empresas que se ocupen del almacenamiento, tratamiento 
y/o depósito de residuos tóxicos y peligrosos deberán obtener una autorización expedida por las 
autoridades competentes. Este permiso, además de especificar los aspectos enumerados en el 
apartado 2 del artículo 9, podrá indicar también otras informaciones más precisas que deberán 
facilitarse a las autoridades competentes, si las solicitan. 
En la Región Flamenca de Bélgica las empresas o establecimientos que soliciten permisos para 
el tratamiento o eliminación de residuos tóxicos deberán proporcionar a las autoridades 
información sobre las empresas que exploten la instalación, los riesgos ambientales, la 
naturaleza y capacidad del equipo, la naturaleza y características de todos los residuos (sólidos 
y líquidos) y emisiones (incluida la contaminación acústica), las medidas previstas y el equipo 
utilizado para limitar cualquier impacto en el medio ambiente, la capacidad técnica de las 
empresas explotadoras, la localización de las instalaciones (incluidos datos sobre el suelo), los 
permisos de construcción, la evaluación del impacto ambiental, y los planes de seguridad 
cuando proceda con arreglo a la legislación. 
En Dinamarca las instalaciones que almacenen, tengan en depósito, traten, destruyan y 
recuperen residuos, y que, por tanto, deben contar con autorización previa de las autoridades, 
están obligadas a facilitar a las autoridades información sobre ubicación (mapas), montaje, 
equipo, sistemas de explotación y tecnología empleada. Además, tienen que informar sobre los 
residuos y otras formas de contaminación posibles, y sobre el control interno de éstas. Por otra 
parte, tienen que presentar una evaluación de la seguridad en relación con el riesgo de 
accidentes graves. 
En Alemania la construcción, explotación y vigilancia posterior de cualquier instalación están 
sujetas a autorización de las autoridades responsables. Ésta se expide previa presentación de 
determinados datos, que varían según el tipo de instalación prevista (por ejemplo, vertedero, 
incineradora, etc.). 
Dentro del procedimiento de autorización está prevista la participación del público y la 
publicación de los proyectos. 
Según la legislación griega, los gobernadores tienen competencia para conceder autorizaciones, 
previo dictamen de un comité compuesto por diferentes representantes de las autoridades y del 
servicio regional competente del Ministerio de Medio Ambiente. 
En España las empresas tienen que facilitar a la autoridad competente (la que puede conceder 
autorización a la instalación) toda la información complementaria que se le solicite. 
Por consiguiente, no parece que haya un requisito mínimo sobre la información más precisa que 
deba facilitarse. 
25 
En Francia toda solicitud de autorización de una instalación debe incluir, además de la 
información mencionada en el apartado 2 del artículo 9 de la Directiva, información sobre todos 
los procesos industriales que se lleven a cabo en la instalación, incluida una evaluación de los 
riesgos consiguientes, permisos de construcción (si procede), capacidad técnica y financiera de 
las empresas, origen geográfico de los residuos que vayan a eliminarse (indicando de qué 
manera la actividad que se lleve a cabo encaja en los planes de eliminación de residuos y 
recuperación de materiales), y garantías financieras (si procede). También han de incluirse 
mapas de la instalación y sus alrededores. En el caso de las instalaciones registradas 
(installations classées), hay que presentar información complementaria sobre las condiciones 
de uso, la evacuación de aguas residuales y de cualquier tipo de efluentes, y las medidas 
previstas en caso de accidente. La solicitud de autorización debe ir acompañada de una 
evaluación del impacto ambiental. 
La legislación irlandesa sigue de cerca el texto de la Directiva y establece que debe facilitarse 
información. Sin embargo, se eximen de la obligación de obtener el permiso algunas 
instalaciones municipales . 
En los Países Bajos hay que aportar información sobre la instalación, incluidos los planos, las 
actividades o procesos que se lleven a cabo, la capacidad, el tiempo que se usa la instalación, 
la repercusión en el medio ambiente del funcionamiento normal, las medidas tomadas para 
cuantificar y prever o limitar dicha repercusión, incluyendo, en cualquier caso, la prevención 
o minimización de la generación de residuos, y la reutilización, almacenamiento, recuperación 
y eliminación de los residuos generados. 
En el Reino Unido no hay exigencias mínimas con respecto a la información más precisa que 
debe facilitarse a instancia de las autoridades competentes. La cuestión se deja al criterio de las 
distintas autoridades competentes. 
Artículo 11 : Impuestos 
Los Estados miembros pueden recaudar impuestos sobre las cantidades que se paguen para 
cubrir el coste de eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos, de acuerdo con el principio 
de que "quien contamina paga". 
Cuando se perciban estos impuestos, se podrán utilizar para financiar medidas de control 
relativas a los residuos tóxicos y peligrosos, y actividades de investigación sobre la eliminación 
de estos residuos. 
En la Región Flamenca de Bélgica se cobran impuestos sobre la eliminación de residuos 
tóxicos (milieuheffingen) que varían entre 400 y 3.000 FB/tonelada. 
26 
En Alemania las empresas privadas cobran una cantidad (Entgelt) y las empresas públicas 
cobran tasas (Gebühr) a los que entreguen residuos en sus instalaciones, los cuales, a su vez, 
cobran estas cantidades a los productores de residuos de acuerdo con el principio de que "quien 
contamina paga". Las tasas cubren normalmente el coste de planificación, construcción y 
explotación de la instalación, así como el coste estimado de su cierre. En el caso de las 
empresas privadas la remuneración percibida incluye también un determinado porcentaje en 
concepto de riesgos y beneficio. La cuantía de estos pagos varía entre menos de 100 marcos/t 
y más de 1.000 marcos/t, según el procedimiento de tratamiento, la composición de los residuos 
y los posibles pretratamientos. 
En Francia las tasas anuales que se apliquen a los establecimientos registrados se utilizarán 
para financiar parte de los gastos de control. 
En el Reino Unido los costes que para las autoridades competentes suponga la regulación y 
supervisión de las actividades de gestión de residuos se recuperan mediante las tasas que pagan 
los titulares de autorizaciones y licencias de gestión de residuos y los transportistas de residuos 
registrados. 
Recientemente el Gobierno ha propuesto una tasa sobre vertederos. 
En Dinamarca, España, Irlanda y los Países Bajos no se perciben actualmente impuestos de 
este tipo. 
Artículo 12: Programas de gestión de residuos tóxicos y peligrosos 
Las autoridades competentes tienen que preparar y mantener al día programas de gestión de 
residuos tóxicos y peligrosos (hay que tener en cuenta que "gestión", según la terminología de 
la Directiva 78/319/CEE, incluye también la recuperación). Estos programas versarán en 
particular sobre: los tipos y cantidades de los residuos que deben gestionarse, los métodos de 
gestión, los centros de tratamientos especializados, si fuera necesario, y los sitios de depósito 
adecuados. 
Las autoridades competentes podrán incluir otros aspectos, en particular, una estimación de los 
costes de gestión. Los programas se harán públicos y se enviarán a la Comisión, que se ocupará 
de confrontarlos regularmente para asegurar que la aplicación de la Directiva esté 
suficientemente armonizada. 
Es difícil, sino imposible, para la Comisión aportar información precisa sobre los programas 
de gestión de residuos de los Estados miembros que traten de residuos tóxicos y peligrosos, 
en cumplimiento del artículo 12 de la Directiva 78/319/CEE. 
En primer lugar, la información recibida por la Comisión hasta 1994 fue muy limitada. 
En segundo lugar, al contestar el cuestionario enviado por la Comisión en mayo de 1995, la 
mayor parte de los Estados miembros se referían a programas que se habían elaborado de 
acuerdo con lo dispuesto en la nueva Directiva sobre residuos peligrosos (91/689/CEE), que 
entró en vigor el 27 de junio de 1995, mediante la cual se introducía una nueva definición de 
residuos peligrosos en la legislación comunitaria de residuos. 
27 
En tercer lugar, en muchos casos la Comisión ha recibido programas en los que se incluyen 
residuos municipales, tóxicos y peligrosos, y de otros tipos (los Estados miembros utilizan 
diferente terminología), y es difícil clasificarlos de manera precisa como residuos tóxicos y 
peligrosos (por ejemplo: programas de gestión de chatarra de automóviles o de residuos 
sanitarios). 
En cuarto lugar, los programas tienen generalmente un período de validez limitado, que en 
algunos casos no se ha mencionado; por tanto, es imposible dar una cifra precisa sobre los 
programas que se consideraban válidos entre 1990 y 1994. 
Por todo ello, la Comisión ha preferido incluir en este informe la información de la que 
disponía hasta finales de 1995, que tenga relación con "residuos tóxicos y peligrosos" o 
"residuos peligrosos". Para tener un panorama completo de los programas remitidos por los 
Estados miembros a la Comisión, remitimos al lector al informe sobre la aplicación de la 
Directiva 75/442/CEE. 
La Comisión ha recibido los siguiente programas de las tres regiones de Bélgica: un Programa 
de prevención y gestión de residuos de la región de Bruselas, aprobado en 1992 (sin indicación 
del período de vigencia); un programa de residuos 1991-1995 de la región de Flandes; y un 
programa de residuos para los años 1991-1995 para la región de Valonia. Los tres planes se 
refieren tanto a residuos municipales como especiales o industriales. 
Dinamarca ha presentado un programa de gestión de residuos y reciclado (incluyendo residuos 
especiales), que se aprobó en junio de 1992 y se aplica a los años 1993-1997. 
En marzo de 1989, Alemania notificó a la Comisión una serie de programas preparados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 78/319/CEE. Hasta 1994 se han 
notificado trece planes en total. En octubre de 1995, se enviaron a la Comisión varios planes 
válidos, diecinueve de los cuales se referían a residuos peligrosos. 
España ha remitido a la Comisión un programa nacional de residuos industriales (1989/1992) 
y un programa nacional de residuos peligrosos (1995-2000). 
Entre 1988 y 1991, Irlanda presentó "programas de residuos especiales" elaborados por 
diecinueve Consejos de Condado o Corporaciones y un "programa de residuos tóxicos y 
peligrosos" preparado por el Consejo del Condado de Offaly. 
A principios de 1991, Luxemburgo presentó a la Comisión una programa parcial de gestión 
de residuos (Part I: Programme Directeur) para los años 1991-1995. 
En agosto de 1992, los Países Bajos enviaron un programa de residuos de diez años (1993-
2002) y en septiembre de 1993 un programa "multianual" de eliminación de residuos peligrosos 
(1993-2002). 
En 1990, el Reino Unido remitió los programas de gestión preparados por setenta distintas 
autoridades competentes. En septiembre de 1995, las autoridades del Reino Unido 
proporcionaron a la Comisión la lista de los programas que todavía eran válidos. Francia, 
Grecia, Italia y Portugal no han presentado programas de gestión de residuos tóxicos y 
peligrosos. 
28 
Artículo 13: Excepciones temporales 
En caso de urgencia o de peligro grave, los Estados miembros tomarán todas las medidas 
necesarias, incluyendo, en su caso, excepciones temporales a la Directiva, a fin de que los 
residuos tóxicos y peligrosos no constituyan una amenaza para la población o para el medio 
ambiente. Los Estados miembros deberán informar a la Comisión de estas excepciones. 
Según la información de la que dispone la Comisión, ningún Estado miembro ha recurrido a 
esta disposición. 
Artículo 14: Registros 
Según este artículo toda instalación, establecimiento o empresa que produzca, posea y/o gestione 
residuos tóxicos y peligrosos deberá llevar un registro en el que consten toda una serie de 
aspectos. Esta información deberá facilitarse a las autoridades competentes si lo solicitan. 
En la Región de Valonia, de Bélgica, las empresas que se ocupen de residuos tóxicos y 
peligrosos, deberán llevar, a partir de abril de 1992, un registro especial, que deberá conservarse 
durante, como mínimo cinco años y facilitarse a las autoridades si lo solicitan. 
En la Región de Flandes, de Bélgica, es obligatorio llevar un registro sobre las diversas 
operaciones que se efectúen en las instalaciones y sobre el almacenamiento y el tratamiento de 
residuos. Este registro, con los datos sobre el origen, la recepción y la entrega de residuos, debe 
conservarse durante, al menos, cinco años, después de lo cual se enviará a las autoridades 
competentes. 
En Dinamarca no existe un formato normalizado para la confección de registros, ni un tiempo 
mínimo durante el cual tengan que conservarse los documentos. 
En Alemania las instalaciones, establecimiento o empresas que produzcan, posean y/o gestionen 
residuos tóxicos y peligrosos están obligadas a llevar un registro detallado de la naturaleza, 
cantidad, composición y origen de los residuos, así como sobre las operaciones de tratamiento 
o eliminación a las que se sometan los residuos. Se lleva un registro en el que se guardan 
pruebas del tratamiento efectuado y, además, se archivan unos formularios normalizados que 
acompañan a estas pruebas. 
Estos registros tienen que conservarse al menos durante tres años a partir de la última anotación 
y deben presentarse a las autoridades si lo solicitan. En el caso de las instalaciones que se 
clausuren, deben conservarse los libros durante, como mínimo, diez años. En el caso de los 
vertederos, deben conservarse, al menos, hasta que termine la fase de rehabilitación. 
La legislación griega reproduce el texto de la Directiva literalmente, pero la Comisión no tiene 
constancia de la aplicación de esta disposición. 
29 
En España la legislación obliga a los productores de residuos peligrosos a presentar una declaración 
anual en un formato normalizado y a llevar un registro sobre el origen de los residuos, la cantidad, 
el tipo y el código de identificación de los residuos, los envíos de residuos, los procesos de 
pretratamiento, el almacenamiento temporal, la información aduanera en caso de residuos 
importados, y los procesos de tratamiento y eliminación in situ. 
Asimismo, todos los que gestionen residuos peligrosos deben presentar un informe anual en un 
formato normalizado y llevar un registro con información sobre el origen de los residuos; la 
cantidad, tipo, composición y códigos de identificación de los residuos; la información sobre 
aceptación, recepción y almacenamiento; y las operaciones y procesos de tratamiento y eliminación, 
incluyendo información sobre el destino de los residuos después del tratamiento. 
Las pruebas documentales deberán conservarse durante, como mínimo, cinco años. 
En Francia las instalaciones que produzcan, importen, exporten, eliminen o transporten 
determinados tipos de residuos o que comercien con ellos (incluidos muchos de los que contengan 
las sustancias enumeradas en el anexo de la Directiva 78/319/CEE) están obligadas a llevar un 
registro y a presentar a las autoridades declaraciones periódicas. Además, deben llevar también un 
registro las instalaciones de almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos y las instalaciones de 
almacenamiento de algunos residuos industriales finales y estabilizados (déchets industriels spéciaux 
ultimes et stabilisés). 
Los productores, recolectores, transportistas, importadores y explotadores de instalaciones de 
almacenamiento, reagrupamiento y pretratamiento de algunos tipos de residuos deben llevar registros 
en un formato normalizado y facilitarlos a las autoridades, si lo solicitan. 
No se fija un tiempo mínimo durante el cual deban conservarse las pruebas documentales sino que 
compete a los PréfeU du Département regular cada caso concreto. 
La legislación irlandesa establece que deben llevar un registro los titulares de permisos y cualquier 
persona que produzca, posea o gestione residuos tóxicos y peligrosos. Este registro debe hacer 
referencia a los aspectos que indica el apartado 1 del artículo 14 de la Directiva. No se fija un plazo 
durante el cual deba conservarse el registro, pero se establecen determinadas circunstancias en las 
que deberán presentarse a las autoridades locales competentes. El transporte de residuos tóxicos y 
peligrosos está sujeto a un sistema de hojas de ruta, que deben conservarse durante dos años. 
En los Países Bajos es obligatorio llevar registros en forma normalizada. Las instalaciones 
generalmente tienen que notificar a las autoridades competentes todas las cantidades de residuos 
peligrosos que reciban o tengan en depósito. En estos casos, hay que proporcionar información sobre 
la fecha del depósito, el remitente de los residuos, la identificación y la cantidad de estos, el tipo, 
las características y la composición, la ubicación de la instalación y los procesos de tratamiento 
empleados. Existe la posibilidad de eximir de esta obligación de notificar la información señalada, 
en cuyo caso la instalación está obligada a llevar un registro que contenga la misma información. 
Las pruebas documentales deben conservarse durante, como mínimo, tres años. 
En el Reino Unido los productores, transportistas y suministradores de residuos especiales están 
obligados a llevar un registro en el que se guarden las copias de las hojas de ruta en las que se 
hace constar la información mencionada en la Directiva. Además, las instalaciones de 
30 
eliminación deben llevar un registro en el que se indique la localización de cada depósito de 
residuos especiales en la instalación, que debe estar relacionado también con el registro de las 
hojas de ruta. 
Todas estas hojas de ruta deben guardarse en el registro, durante, al menos, dos años, en el caso 
de los productores y transportistas. Los que eliminen residuos deberán guardar copias de las 
hojas de ruta y un registro de las instalaciones en el que se muestre la ubicación de los 
depósitos, hasta que expire o sea revocada la licencia de gestión de residuos, cuando este 
registro debe ser entregado a las autoridades competentes. 
Artículo 15: Inspecciones 
Toda instalación, establecimiento o empresa que produzca, almacene o elimine residuos tóxicos 
y peligrosos estará sometida al control y vigilancia de las autoridades competentes de tal manera 
que se garantice la observancia de las disposiciones adoptadas en aplicación de la Directiva y 
de las condiciones previstas en la autorización. A tal fin, los Estados miembros deben adoptar 
las medidas necesarias para que las instalaciones, establecimientos o empresas colaboren con 
los agentes de las autoridades competentes con objeto de que puedan proceder, en materia de 
residuos, a toda clase de exámenes, controles, investigaciones, toma de muestras y recogida de 
informaciones necesarias para el cumplimiento de su misión. 
Los establecimientos y empresas que se ocupen de residuos tóxicos en Flandes deben facilitar 
información cada mes. Los productores de residuos tienen que enviar anualmente una 
declaración concreta a las autoridades. Pueden llevarse a cabo inspecciones en cualquier 
momento pero no se ha fijado una frecuencia mínima. 
En Alemania las autoridades responsables según la legislación regional supervisan las 
instalaciones que produzcan, posean o eliminen residuos tóxicos y peligrosos. En principio, no 
existen frecuencias mínimas de inspección. 
En Francia no está fijada una frecuencia mínima de inspección y supervisión a nivel nacional. 
Son los prefectos de los departamentos los que determinan la frecuencia caso por caso. 
En Irlanda se faculta a determinadas personas para llevar a cabo inspecciones. Sin embargo, 
las autoridades competentes no tienen obligación explícita de inspeccionar. Sobre esta cuestión 
la Comisión ha entablado una acción judicial contra Irlanda. 
En los Países Bajos se ha establecido una frecuencia mínima de inspección, que, según el 
tamaño y el tipo de instalación, varia entre dos veces al año y una vez cada dos años. 
En el Reino Unido, en el caso de los titulares de licencias de gestión de residuos, la legislación 
da orientaciones a las autoridades competentes en las que se les aconseja llevar a cabo 
inspecciones cada 4 meses (para el almacenamiento en las instalaciones), 8 veces por mes (para 
los vertederos) y 4 veces al mes (para las instalaciones de tratamiento). 
La frecuencia de otras inspecciones se deja al criterio de los diferentes organismos responsables. 
Ni en Dinamarca ni en España se han fijado frecuencias mínimas. 
31 
III. CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta la limitada información que los Estados miembros han facilitado a la 
Comisión, tanto en general como en relación con solicitudes concretas que se les han hecho, 
el presente informe tiene un carácter más bien restringido. Dada la fuerte repercusión de las 
medidas de gestión de residuos en el mercado interior, es condición esencial para que éste 
funcione basándose en un elevado nivel de protección ambiental el que la Comisión lleve a 
cabo un seguimiento adecuado de la manera en que se aplican las directivas. Por otra parte, la 
elaboración de informes de situación, que la Comisión luego distribuye a los Estados miembros, 
es un medio poderoso de intercambio de información y sirve también para hacer más efectiva 
la preparación de futuras medidas aplicables al sector de los residuos. 
Basándose en la información que ha podido tener la Comisión, pueden extraerse las siguientes 
conclusiones: a pesar de que esta Directiva se basaba en los artículos 100 y 235 del Tratado, 
y de la necesidad, expresamente mencionada, de evitar condiciones desiguales de competencia 
que afectasen al funcionamiento del mercado interior, el análisis realizado muestra un nivel muy 
bajo de armonización de la legislación nacional sobre residuos tóxicos y peligrosos. Ello se 
debe, en parte, al carácter general de algunas de las disposiciones de la Directiva (en muchos 
casos se establecen meramente requisitos mínimos) y, en parte, al hecho de que los Estados 
miembros no han seguido, en muchos casos, las disposiciones de la Directiva destinadas a 
armonizar la gestión de residuos tóxicos y peligrosos. 
La definición de residuos tóxicos y peligrosos que debía emplearse a nivel nacional tenía que 
basarse, por un lado, en aspectos cuya determinación se dejaba a los Estados miembros 
(cantidad o concentración de las sustancias o materias enumeradas en el anexo) y, por otro, en 
aspectos armonizados (las materias o sustancias enumeradas en el anexo). Esto no ha llevado 
a ningún tipo de armonización de las definiciones que aplican los diferentes Estados miembros. 
En cuanto a los principales objetivos de la Directiva (prevención de residuos, reutilización y 
reciclado, obligación de garantizar que no se pongan en peligro la salud humana y el medio 
ambiente, prohibición de vertidos y transportes incontrolados) y a los objetivos específicos 
(separación, etiquetado, registro e inspecciones), la Comisión no dispone de suficiente 
información para sacar conclusiones cualitativas. Parece que eri algunos casos el texto de la 
Directiva ha quedado recogido en la legislación de los Estados miembros, aunque la Comisión 
no dispone de información sobre cómo se han aplicado estas disposiciones. 
En lo que se refiere a las competencias sobre gestión de residuos, existe una tendencia clara a 
definir los procedimientos de planificación y el marco general a nivel nacional (aunque con 
algunas excepciones), mientras que, a menudo, las regiones y otros organismos locales se 
encargan de la elaboración de los planes. 
Generalmente, la autorización, organización y supervisión son competencia de las autoridades 
regionales o locales, si bien se dan diferencias importantes entre los Estados miembros debido 
a sus distintos ordenamientos constitucionales. 
La Directiva 78/319/CEE incluía una disposición específica que permitía a los Estados miembros 
adoptar medidas más rigurosas que las establecidas en la Directiva. Estas medidas no tenían que 
presentarse a la Comisión para su aprobación, aunque, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 
21, tenían que comunicársele. La Comisión no ha recibido ninguna comunicación en este sentido. 
32 
Sin embargo, eso no quiere decir que no se hayan aplicado medidas más rigurosas que las 
previstas en la Directiva, por ejemplo, los diferentes planteamientos que han seguido los Estados 
miembros al definir el concepto de residuos tóxicos y peligrosos y al aplicar otras disposiciones 
de la Directiva pueden haber dado lugar ciertamente a diferencias considerables en la aplicación 
de la Directiva en los distintos países. 
El apartado 3 del artículo 12 de la Directiva señala que la Comisión debe llevar a cabo 
regularmente comparaciones de los programas a fin de asegurar que su aplicación se haga de 
manera suficiente armonizada. Dado el número muy limitado de programas presentados por los 
Estados miembros hasta muy recientemente, la Comisión no ha podido llevar a cabo esta 
comparación. Por tanto, ha sido deficiente la armonización de la aplicación de la Directiva, 
especialmente en lo que se refiere a los programas de gestión de residuos. En efecto, no ha 
habido ningún seguimiento coordinado de su aplicación. Un gran número de programas sobre 
residuos tóxicos y peligrosos no se han llegado a elaborar o no han sido comunicados a la 
Comisión a tiempo. A menudo, tampoco se han comunicado a la Comisión las actualizaciones 
de estos programas. Esta situación ha ido en detrimento de una gestión efectiva e integrada de 
los residuos tóxicos y peligrosos a nivel comunitario. 
Como conclusión de este informe de aplicación, la Comisión cree que la Directiva 78/319/CEE 
muestra claramente la necesidad de que la Comunidad armonice las medidas nacionales de gestión 
de residuos, sin limitarse al establecimiento de disposiciones mínimas. La Directiva 78/319/CEE 
se redactó probablemente de manera demasiado general para conseguir un alto grado de 
integración de la protección ambiental en el marco de un mercado interior en funcionamiento. 
Sin embargo, incluso en lo que se refiere a las disposiciones de la Directiva destinadas a 
armonizar la gestión de residuos tóxicos y peligrosos, los Estados miembros han preferido, en la 
mayoría de los casos, aplicar sus estrategias nacionales. 
La experiencia de esta Directiva muestra también claramente la falta del seguimiento necesario 
por parte de los Estados miembros, en lo que se refiere a informar a la Comisión de las medidas 
tomadas en aplicación de la Directiva, los problemas surgidos al hacerlo, la elaboración de los 
correspondientes programas de gestión de residuos y otros aspectos. 
La Comisión espera que la situación mejore considerablemente en cuanto a la aplicación de la 
Directiva 91/689/CEE que deroga la Directiva 78/319/CEE a partir del 27 de junio de 1995. En 
este sentido, es importante el hecho de que la nueva directiva establece un nivel más elevado de 
armonización, que empieza por una definición común de residuos peligrosos (lista de residuos 
peligrosos)3. 
En este sentido, la Comisión recuerda la importancia de que se incorpore literalmente a la 
legislación nacional la terminología comunitaria sobre definiciones y listas, puesto que éste es el 
único medio de conseguir un alto nivel de protección ambiental y un correcto funcionamiento del 
mercado interior y de la competencia. 
Finalmente, al estar basada la Directiva 91/689/CEE en el artículo 130 S, la Comisión confía en 
que cualquier desviación de ésta decidida por los Estados miembros para obtener un nivel de 
protección ambiental todavía más alto que el fijado en la Directiva se atendrá a las normas y 
procedimientos que establece el artículo 130 T del Tratado CE. 
Decisión 94/904/CE del Consejo, de 22.12.1994, DO n° L 356 de 31.12.1994, p. 14. 
33 
DIRECTIVA 75/439/CEE RELATIVA A LA GESTIÓN DE ACEITES USADOS 
I. Introducción 
La Directiva 75/439/CEE relativa a la gestión de aceites usados fue una primera tentativa de 
regular a escala comunitaria los problemas de la gestión de los aceites usados. Todos los Estados 
miembros, con excepción de Bélgica, habían incorporado a sus legislaciones nacionales la 
Directiva comunitaria. En Bélgica, se habían recogido algunas de las disposiciones de la Directiva 
en la legislación nacional sobre la protección ambiental y en la legislación sobre eliminación de 
residuos promulgada por la región flamenca del país. 
Las diferencias en la incorporación y aplicación de la Directiva en los Estados miembros eran 
numerosas. Por otra parte, estas diferencias que se han traducido en divergencias en la gestión 
de los aceites usados a nivel europeo han podido crear problemas de mercado interior. 
De ahí que se hiciera sentir una necesidad de armonización de las leyes nacionales a escala 
comunitaria. Pero el factor desencadenante de una nueva Directiva fue sin ninguna duda el 
problema de la contaminación de los aceites por los PCB / PCT, sobre todo en Alemania. 
En diciembre de 1986 se enmendó la Directiva relativa a la gestión de aceites usados con el fin 
de solucionar estas dificultades y también para adaptarla a la evolución de los conocimientos y 
del progreso técnico. Los puntos importantes y las innovaciones de este nuevo texto son los 
siguientes: 
1 .El ámbito de aplicación se precisa aún más. Hay una nueva definición de los aceites usados que 
excluye los aceites sintéticos y, por consiguiente, los PCB y PCT. 
A continuación, hay la introducción de un límite para los PCB y PCT contenidos por accidente 
en los aceites usados. Así, los aceites usados que se destinan a la combustión o a la regeneración 
no pueden contener más de 50 ppm de PCB. Los aceites que superan este límite se consideran 
residuos peligrosos, deberán tratarse como tales y no están regulados ya por la mencionada 
Directiva. 
2.Se concede una prioridad muy clara a la regeneración en relación con la combustión de aceites 
usados. Generalmente, se considera que la regeneración de los aceites constituye la forma de 
aprovechamiento más ecológica y la más racional, habida cuenta de la reducción significativa de 
los contaminantes liberados a la atmósfera, y la economía de energía y de materias primas no 
renovables que permite realizar. La Directiva permite incluso la introducción de la combustión 
allí donde existe ya a nivel nacional. 
3.Se presta atención especial a la recogida y almacenamiento de aceites. Toda empresa que 
recoja aceites debe estar inscrita en un registro, y someterse a un control y un sistema de 
autorización. 
Además, con el fin de conseguir una recogida más eficaz, los Estados miembros tienen que 
preparar programas de sensibilización de los ciudadanos acerca del almacenamiento y la colecta. 
34 
4.Finalmente, la nueva Directiva establece valores límites para las emisiones de contaminantes 
durante la combustión de aceites usados en las instalaciones de una capacidad térmica igual o 
superior a 3 MW. 
II FASE DE INCORPORACIÓN AL DERECHO NACIONAL. MEDIDAS 
NACIONALES DE EJECUCIÓN 
Todos los Estados miembros han comunicado a la Comisión las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas que han aprobado para dar cumplimiento a la Directiva, en su 
versión modificada por la Directiva 87/101/CEE, de 22 de diciembre de 1986. 
Sin embargo, están actualmente en curso procedimientos de infracción contra Alemania, Italia 
y Portugal, cuyas medidas sólo recogen imperfectamente la Directiva. 
III FASE DE APUCAOÓN - INFORME / RESULTADO DE LAS RESPUESTAS DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS AL CUESTIONARIO DERIVADO DE LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
94/474/CEE, TRAS LA PETICIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN DEL 26,06.95 
Los servicios de la Comisión solicitaron a los Estados miembros información sobre la aplicación 
de la Directiva 87/101/CEE para los años anteriores a 1995 y, en particular, para el período que 
va de 1990 a 1994. 
Los Estados miembros que han respondido a esta petición son: Alemania, España, Francia, Italia, 
Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal y el Reino Unido. Entre estas respuestas la de Portugal sólo 
se refiere desgraciadamente a la incorporación de la Directiva a su legislación y no contiene 
datos que puedan servir para la evaluación de la aplicación de la Directiva en este país. POT 
otra parte, las respuestas de Alemania, son difícilmente explotables en la medida en que se 
remiten a un cuestionario y una respuesta anteriores, y sólo se refieren a datos del año 1991. 
El caso de Dinamarca es un poco especial debido a que este país envió una promesa de respuesta, 
pero hasta la fecha los servicios de la Comisión no han recibido información alguna. 
Por lo que se refiere a los Estados miembros que no han respondido a la petición de la 
Comisión, ésta posee algunas contribuciones previas de Bélgica y de Grecia, que, 
lamentablemente, sólo contienen datos que llegan hasta 1989 y quedan, por lo tanto, fuera del 
período del que trata el presente trabajo. 
35 
En el caso de Irlanda, la Comisión no posee información alguna respecto a la aplicación de la 
Directiva. 
Por último, hay que tener en cuenta que el presente informe abarca un período anterior la 
integración de los nuevos Estados miembros ( Austria, Finlandia y Suecia) en la Unión Europea. 
En el siguiente informe se recogen las respuestas de los Estados miembros a las distintas 
cuestiones del cuestionario citado más arriba. Para facilitar la lectura los epígrafes llevan los 
números de los distintos puntos del cuestionario. Los artículos citados son los de la Directiva 
87/101/CEE. 
3. a, b, c) Medidas tomadas por los Estados miembros que son más estrictas que las 
previstas por la Directiva (entre otras cosas prohibición de quemar los 
aceites usados - artículo 16) 
España no ha adoptado medidas más estrictas que las de la Directiva. La prohibición de quemar 
los aceites no ha podido aplicarse en España puesto que este país reconoce no poder controlar tal 
medida. 
En Francia esta disposición queda incorporada en la circular de 5 de diciembre de 1989 sobre 
la autorización de la recogida de aceites usados y la prohibición de su quema así como de su 
recogida salvaje. 
Italia no ha adoptado medidas más estrictas que las previstas por la Directiva excepto en el caso 
de algunos límites para los contaminantes Cd y Cl. Límite para los PCB: 25 ppm, y posibilidad 
de quemar los aceites solamente en las instalaciones entre 3 y 6 ppm. Estas medidas no se 
comunicaron a la Comisión. 
En Luxemburgo la ley de 17 de junio de 1994 relativa a la prevención y a la gestión de 
residuos da prioridad a la regeneración de materiales en general y, por deducción, de los aceites 
usados. El aprovechamiento de desperdicios como fuente de energía sólo es concebible para los 
residuos que sólo se prestan a un uso térmico. Estas medidas se comunicaron a la Comisión. 
En los Países Bajos se han tomado medidas más estrictas. Se han establecido algunas exigencias 
en cuanto al contenido de halógenos en los PCB en virtud de la definición de aceites usados. Por 
otro lado, se han impuesto determinadas exigencias en cuanto a la cantidad de halógenos del 
PCB durante su utilización como combustible o durante la fabricación de combustibles. Estas 
exigencias valen para todos los combustibles. Las medidas mencionadas se han comunicado a 
la Comisión. 
El Reino Unido no ha considerado necesario adoptar medidas más estrictas. 
36 
De la lectura de los textos remitidos no se deduce que Portugal haya adoptado medidas más 
estrictas. 
II. 1 .a, b, c) Medidas necesarias en virtud del artículo 2 para garantizar que los aceites 
usados se recojan y eliminen sin causar perjuicios al hombre y al medio 
ambiente 
Todos los países miembros que han respondido han adoptado medidas. 
En Alemania sólo se conocen las cantidades correspondientes al año 1991, cuando el volumen 
de aceites producidos fue 1.228.000 toneladas, el de aceites usados 616.000 toneladas, el de 
aceites recogidos 616.000 toneladas, el de aceites regenerados 402.000 toneladas, y el de los 
utilizados como combustible 214.000 toneladas. 
En España la casi totalidad de los aceites usados se utiliza como combustible, mientras que la 
cantidad regenerada ha caído verticalmente estos tres últimos años, hasta tal punto que puede 
considerarse desdeñable. 
En Francia los sectores de colecta y de eliminación están organizados de conformidad con 
procedimientos específicos de autorización y control. La cantidad de aceites producidos en 1994 
fue de 260.000 toneladas. La cantidad recogida aumentó desde 1992 y ascendió a 197.401 
toneladas en 1994. La cantidad regenerada bajó ligeramente y llegó a 79.337 toneladas en 1994. 
La cantidad utilizada como combustible, por el contrario, casi duplicó desde 1992, alcanzando 
118.064 toneladas en 1994. 
En Italia la cantidad de aceites comercializados disminuyó de 692.000 toneladas en 1990 a 
616.000 toneladas en 1994. La cantidad recogida en 1994, 169.568 toneladas, casi no 
evolucionó desde 1990, mientras que la cantidad regenerada aumentó hasta alcanzar, 143.529 
toneladas en 1994. La cantidad utilizada como combustible disminuyó a la mitad para alcanzar 
22.656 toneladas en 1994, mientras que se eliminó una cantidad muy pequeña: 1.420 toneladas. 
En Luxemburgo para que un recolector esté autorizado, debe disponer de una autorización en 
virtud del artículo 6 del Reglamento granducal de 30 de noviembre de 1989 relativo a los aceites 
usados, y en virtud del artículo 10 de la ley de 17 de junio de 1994 relativa a la prevención y 
la gestión de residuos. 
Las cantidades producidas aumentaron ligeramente desde 1992 para alcanzar, en 1994, 4.554 
toneladas. 
Se recoge toda esta cantidad pero solamente se regenera la mitad. La utilización como 
combustible cayó ampliamente desde 1992 para llegar a 1997 toneladas en 1994. Solamente se 
elimina una cantidad minúscula (11 toneladas). 
En los Países Bajos la cantidad de aceites comercializados no evolucionó entre 1991 y 1993, 
cuando alcanzó las 179.000 toneladas, que producen a su vez unos 90.000 toneladas de aceites 
usados cuyos dos tercios se recogen. No hay regeneración. 47.000 toneladas se utilizan como 
combustible y se eliminan 31.000 toneladas. 
37 
En el Reino Unido las cantidades comercializadas cayeron ligeramente desde 1990 para llegar 
a 804.000 toneladas en 1993. La cantidad de aceites usados también cayó ligeramente hasta 
402.000 toneladas en 1993. La cantidad de aceites usados recogidos aumentó en cerca de un 
tercio desde 1990 para alcanzar 383.000 toneladas en 1993. Casi todo se incinera, la cantidad 
regenerada es minúscula: 25.000 toneladas en 1993. 
2. a, b) Condicionantes de carácter técnico, económico y organizativo, según lo 
indicado en el apartado 1 del artículo 3, que impidieron a los Estados 
miembros dar prioridad a la regeneración de aceites usados. 
En Alemania hay condicionantes importantes debido al precio muy bajo de los aceites nuevos. 
Para España no hay condicionantes que hayan impedido dar prioridad a la regeneración. 
En Francia determinadas realidades económicas hacen de la combustión un método más 
rentable para los industriales que la regeneración. 
En Italia existen estos condicionantes. 
En Luxemburgo existen condicionantes del tipo mencionado debido al hecho de que no se 
dispone de instalación de regeneración. Ésta se lleva a cabo en el extranjero. En virtud de la ley 
del 17 de junio de 1994, es posible la orientación hacia la regeneración . 
En los Países Bajos hay condicionantes. En los años 80 la política del Gobierno tenía por objeto 
regenerar los aceites usados en una instalación central de tratamiento (CBE). Este tratamiento 
nunca se ha realizado a causa de dificultades económicas. Actualmente, se intenta crear con los 
productores de aceite una CBE para aceites usados destinada a producir combustibles superiores 
(diesel y gasóleo para la marina), Una empresa ha sido autorizada a tal efecto pero no utiliza aún 
el permiso debido a que se ha interpuesto un recurso ante el Consejo de Estado (todavía en 
curso). 
Recientemente, la asociación de colectores presentó una propuesta para la regeneración. Tras un 
análisis de la propuesta se llegó a una decisión negativa. La diferencia entre la inversión necesaria 
para una instalación destinada a la producción de aceite básico o para la producción de 
combustibles es muy grande. El riesgo de que esta diferencia no pueda rentabilizarse en plazos 
razonables mediante el beneficio obtenido por el producto tras la regeneración se considera 
demasiado grande. Tampoco se considera muy deseable, para la eliminación de los aceites usados, 
confiar la organización del tratamiento a una asociación de colectores. Actualmente se 
centrifugan los aceites usados. El producto centrifugado se vende como combustible o como 
producto de mezcla para la producción de combustibles. La incineración de aceites usados no 
tratados casi no se practica. También se encuentran aceites usados en trapos, filtros, etc. Estos 
residuos se tratan como residuos peligrosos y no como aceites usados, y entonces, a menudo, se 
eliminan en una incineradora. 
38 
En el Reino Unido el reciclaje de aceites cesó en 1986. Las razones son económicas y técnicas: 
la competencia creciente entre las compañías petrolíferas hizo caer el precio del aceite virgen en 
comparación con el del aceite reciclado. A eso hay que añadir que los procesos utilizados para 
el reciclaje generaban residuos que era difícil y costoso eliminar. 
2. c, d) Condicionantes de carácter técnico, económico v organizativo, sepan lo 
indicado en el apartado 2 del artículo 3. que influyen sobre la viabilidad de la 
combustión 
En Francia, cuando no hay regeneración, sólo pueden eliminarse los aceites por combustión 
en instalaciones que garanticen la protección ambiental y cuenten con un dispositivo de 
recuperación del calor residual. Estas instalaciones están sujetas a autorización. 
En Italia existen limitaciones de este tipo. 
En Luxemburgo no existe tampoco instalación de combustión de aceites. 
Para el Reino Unido, hasta ahora, no ha habido circunstancias que limiten la combustión de 
aceites usados . 
2.e Si debido a las limitaciones mencionadas, no ha sido posible la regeneración o la 
combustión de los aceites usados, ¿ se han tomado medidas para que la destrucción, 
¿1 almacenamiento o el depósito de los aceites se haga de manera controlada y sin 
peligro (artículo 3§3)? 
Francia y los Países Bajos no responden a esta cuestión. 
En Italia no se han tomado tales medidas porque los aceites eliminados respetaban los límites 
de emisión prescritos para la regeneración y la combustión. 
En el Reino Unido los Reglamentos de 1994 sobre autorización de la gestión de residuos 
conceden una exención en cuanto a las exigencias sobre almacenamiento en cilindros que no 
excedan tres metros cúbicos. Esto fomenta la colecta en los domicilios de los consumidores 
domésticos para el reciclaje. 
A finales de 1994 se introdujo un nuevo método, mediante el cual se produce aceite puro a un 
coste interesante. Este procedimiento se aplica también al consumidor doméstico. 
39 
3.a, b) Campañas de promoción y de información del público destinadas a garantizar 
el almacenamiento conveniente y la colecta más completa posible de los aceites usados 
(artículo 5§1) 
En Alemania se organizan regularmente seminarios y conferencias destinadas a las empresas y 
al público con participación de las autoridades federales y locales. También está organizada la 
distribución de prospectos. 
En España las autoridades medioambientales de las regiones autónomas (Valencia, Catalua, 
Andalucía, País Vasco, Galicia y Madrid) han realizado campañas de información al público 
a través de los medios de comunicación. 
En Francia se realizó una campaña de información en 1986 a base de espacios televisados 
difundidos durante la copa del mundo de fútbol y una campaña de carteles. Se puso también a 
disposición del público un número "verde", que se ha mantenido. Además, un servicio Minitel, 
administrado por ADEME, pone a disposición del público la dirección de los colectores y de los 
puntos de recogida. Se han llevado a cabo también a nivel local distintas campañas de 
información dirigidas a sectores concretos . 
En Italia se han llevado a cabo campañas. La ley 92/95 asigna a los consorcios la 
sensibilización de la opinión pública (artículo 10 a) mediante comunicaciones sobre la 
eliminación de aceites. Estas comunicaciones se han hecho a través de diarios, de publicaciones 
periódicas y de cuñas publicitarias. Desde 1990 un número de teléfono "verde" responde 
gratuitamente a los ciudadanos que no saben qué hacer de sus aceites usados. 
En Luxemburgo dentro de la campaña publicitaria "Superdreckskâscht", lanzada por el 
Ministerio de Medio Ambiente, se han llevado a cabo distintas actuaciones: espacios de 
publicidad en la radio, los diarios y los cines, así como participación en ferias. 
En los Países Bajos se ha llevado a cabo la misma clase de campaña, en particular, campañas 
de información sobre "klein chemisch afval" (KCA: pequeños desechos químicos), en las que han 
participado varios medios de comunicación. 
Los aceites usados se habían incluido en los KCA. Estas campañas de información han sido 
realizadas por el Gobierno, la admimstración nacional y los municipios. Los medios de 
comunicación participantes han sido la televisión, la radio, diarios y revistas. Se han utilizado 
también carteles y otras formas de publicidad en los autobuses (en las ciudades). Además, se ha 
publicado un folleto sobre la gestión de aceites usados. 
El informe da la impresión de que los aceites usados se eliminan por las vías legales en parte 
gracias a la información facilitada. 
En el Reino Unido la National River Authority (NRA) lanzó en enero de 1995 la campaña sobre 
eliminación de aceites con la cooperación y el apoyo financiero de la industria petrolífera. Los 
aspectos más importantes son: un código sobre gestión de aceites destinado a los sectores 
comercial y doméstico, que pone en guardia con respecto a los peligros de la eliminación 
incorrecta, y el apoyo de la industria en colaboración con los consumidores para conseguir la 
eliminación de aceites. 
40 
4. Número de empresas que se dedican a la recogida de aceites usados, solos o junto 
cop otros reffldwog» Y ntimerp q> organismos (artfcujp g§4) 
En A km unta existe una red clcn.su de 200 empresas de eliminación de residuos peligrosos que 
se dedican a la recogida de aceites usados. 
En España, además del Gobierno central, cada una de las comunidades autónomas posee a un 
organismo medioambiental competente. El sistema de autorización está regulado por una 
Resolución administrativa. En total se han concedido unas 68 autorizaciones a empresas que 
recogen aceites. 
En Francia las empresas que se encargan de la recogida son autorizadas por el prefecto del 
departamento y cuentan con una autorización que les permite llevar a cabo la recogida en una 
zona determinada. Cada departamento tiene entre 1 y 5 empresas de recogida, siendo el total de 
233. Las autorizaciones para la recogida de los aceites usados se expiden según el procedimiento 
previsto en el decreto 79-981 de 21 de noviembre de 1979. 
En Italia la autoridad de control es regional y existen 20 organismos competentes. Existe un 
sistema de autorizaciones y el numero total de empresas autorizadas es de 74. Se trata de 
empresas que recogen también otros residuos y que son concesionarios de los consorcios 
(consorzia). 
En Luxemburgo hay actualmente 17 empresas que efectúan la recogida de aceites usados, 7 de 
ellas están autorizadas exclusivamente para los aceites. 
En los Países Bajos se cuenta con un organismo a nivel nacional y doce a nivel provincial. A 
nivel nacional hay tres empresas autorizadas únicamente para el tratamiento de los aceites usados 
y tres para el tratamiento de aceites combinados con otros residuos. A nivel provincial, hay tres 
empresas autorizadas para tratar aceites con otros residuos. A ambos niveles se han establecido 
sistemas de autorización. Se requiere una autorización del Ministro para recoger los aceites usados 
y el Gobierno controla a las personas que la poseen. La mitad de ellas cuenta también con un 
permiso para la recogida de mezclas aceite / agua / lodo que aparecen cuando se vacían 
generadores de aceite en los talleres. Estas últimas autorizaciones son expedidas y controladas por 
las provincias. 
En el Reino Unido no existe ningún organismo que reúna estos datos, sino que estos están 
posesión de los distintos organismos que se encargan de la reglamentación sobre residuos 
5. a, b, c) Decisiones sobre el recurso a ios distintos métodos de tratamiento de los aceites 
usados enunciados en el artículo 3 y controles instaurados (artículo 5§3) 
En Alemania los aceites usados se refinan actualmente para convertirlos en aceites de base y 
se tratan para producir combustibles. Se han desarrollado nuevas técnicas como la hidratación 
pero no encuentran aún aplicación suficiente. 
41 
En España este tipo de decisión no existe, sino que, por medio de distintas órdenes ministeriales, 
se conceden ayudas y subvenciones que fomentan, sobre todo, la recogida de los aceites 
destinados a la regeneración y, en menor medida, a la combustión. A pesar de la libre 
competencia dentro del mercado, es la demanda del sector la que regula el tratamiento último o 
el destino final de los aceites. En cada caso, las autoridades disponen de dispositivos de control 
en cuanto al origen y al destino de los aceites. 
En Francia los tipos de tratamiento se ajustan al artículo 3 de la Directiva, ya sea regeneración, 
combustión o almacenamiento. La reglamentación establece controles, que son efectuados por el 
inspector de las instalaciones clasificadas de la zona. En caso de que este último informe de que 
se han incumplido las condiciones previstas en el pliego de condiciones del titular de la 
autorización, el Ministro de Medio Ambiente puede suprimir esta autorización por decreto 
ministerial, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el Decreto n° 79-981, artículo 9. 
En Italia no existe este tipo de normativa. Los aceites se regeneran o queman pero se han 
instaurado controles para la regeneración y la combustión. 
En Luxemburgo el Reglamento granducal modificado, de 23 de diciembre de 1987, relativo a 
las instalaciones de combustión que utilizan combustible líquido o gaseoso prohibe toda 
combustión de aceites usados en instalaciones de una capacidad inferior a 3 MW. Para las 
instalaciones superiores a 3 MW, debe solicitarse autorización previa ante el Ministerio de Medio 
Ambiente. 
En los Países Bajos se utilizan aceites usados como combustible después de haberlos tratado 
(centrifugación). Se ha autorizado a 5 personas a centrifugar aceites usados. Las autorizaciones 
se conceden una vez comprobado el cumplimiento de determinadas condiciones sobre protección 
de la salud y del medio ambiente. El control lo lleva a cabo la provincia en la cual se encuentre 
la instalación. 
El Reino Unido no concede ninguna ventaja en relación con esta disposición. 
6. a, b) Número de empresas autorizadas a regenerar, utilizar como combustible o 
eliminar los aceites usados, por separado o junto con otros residuos, número de 
organismos, v acciones iniciadas para garantizar que se hayan adoptado todas las 
medidas de protección (artículo 6 § 1 v 2) 
En Alemania las 200 empresas de eliminación de residuos peligrosos están sujetas a un sistema 
de autorización que implica una serie de sanciones. 
En España, por lo que se refiere al tratamiento únicamente de aceites, se han expedido 
2 permisos para regeneración, 15 para combustión y 51 para eliminación. Estas autorizaciones 
se dan solamente si las empresas tienen libros de registro de ios aceites, controlan las emisiones 
y los efluentes, y se someten a los controles de las autoridades. 
42 
En Francia se han concedido 54 autorizaciones a empresas, de las cuales 27 regeneran y 27 
queman los aceites. Estas empresas están distribuidas por todo el territorio nacional. El 
procedimiento de autorización pasa por dos niveles de instrucción: regional y nacional. La 
autorización es expedida por decreto ministerial del Ministro de Medio Ambiente. El control de 
la conformidad de las instalaciones se efectúa a nivel regional. 
En Italia se han concedido 6 permisos para regeneración y 2 para eliminación final. Existe una 
autoridad de control a nivel nacional: el Ministerio de Medio Ambiente. 
En Luxemburgo no existe ninguna empresa que se ocupe de la eliminación de aceites usados. 
En los Países Bajos las autorizaciones concedidas se refieren solamente a empresas que eliminan 
también otros residuos. Existen 12 autoridades provinciales y 5 permisos concedidos a empresas 
de eliminación de residuos peligrosos. 
En el Reino Unido expiden permisos dos organismos nacionales: la Inspección de la 
Contaminación de Su Majestad y la Inspección de la Contaminación Industrial. Se han concedido 
autorizaciones a 15 empresas que regeneran y 15 que queman aceites usados. 
Por otra parte, los 456 organismos de la administración local denominados District Councils han 
expedido 2.240 permisos a empresas que incineran aceites. No se han concedido permisos a 
empresas que traten los aceites junto con otros residuos. 
7. Medidas adoptadas en virtud del artículo 7 relativo a los aceites regenerados 
España ha adoptado medidas en virtud del artículo 7 pero no las ha comunicado a la Comisión 
y no explica por qué. 
En Francia el artículo 7 de la Directiva se incorpora mediante la circular n° 11-86 de 11 de 
marzo de 1986 relativa al control del sector de recuperación de los aceites usados . 
Italia ha adoptado medidas pero aún no las ha comumcado a la Comisión puesto que los 
servicios competentes están todavía valorando las normas técnicas precisadas en la legislación 
nacional por la que se aplica lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva. 
En Luxemburgo las disposiciones del artículo 7 se recogen en el Reglamento granducal de 30 
de noviembre de 1989 relativo a los aceites usados, en particular en su artículo 8. Por otra parte, 
las instalaciones de regeneración de aceites usados están sujetas a las disposiciones de la ley de 
17 de junio de 1994, relativa a la prevención y a la gestión de los residuos, según las cuales se 
requieren permisos de explotación. En estas autorizaciones, se prescriben algunas condiciones 
de explotación específicas. 
No existe en Luxemburgo instalación de regeneración de aceites usados. Estas medidas se 
comunicaron a la Comisión. 
43 
En lo» Paites Bajoi no se incorporaron las disposiciones del artículo 7 puesto que los aceites 
usados no se regeneran (eso supone que por aceites de base se entiende lubricantes de base). 
En el Reino Unido las medidas adoptadas en virtud del artículo 7 son las siguientes: 
Artículo 7 (a): Partes I y II de la ley sobre protección ambiental (EPA 1990) 
Reglamentos sobre la protección ambiental 1991 (procedimientos y sustancias) SI n° 472 
modificado por los Reglamentos de 1994 sobre las autorizaciones en materia de gestión de 
residuos (Reglamento 14). 
7-a Valores límite fijados para los contaminantes enumerados en el Anexo de la 
Directiva (letra a del apartado 1 del artículo 8) 
En España y en Francia las instalaciones de una capacidad térmica de combustión superior a 
3 MW respetan los límites de emisión estipulados por la Directiva. 
En Italia se han fijado límites a algunos contaminantes de manera más estricta: Cd 0,2 mg / 
Nm3; Cl 30 mg / Nm3; Cr, Cu, V, Pb < 5 mg / Nm3. 
En Luxemburgo el Reglamento granducal fija los mismos valores límites que la Directiva y 
estipula que la cantidad de PCB contenida en los aceites usados destinados a la combustión no 
puede sobrepasar las 50 ppm. 
No obstante, desde 1994, en el marco de los procedimientos de autorización correspondientes, 
se aplican algunos límites nacionales recomendados para las emisiones a la atmósfera, más 
severos para las sustancias enumeradas en el Anexo de la Directiva y para otros parámetros y 
sustancias 
En los Países Bajos no se consideran aceites usados los aceites gastados que hayan sido 
sometidos a tratamiento (según determinadas especificaciones). En este caso, su utilización como 
combustible se somete a las mismas condiciones nacionales que los combustibles normales. 
Cuando el aceite usado se quema en un taller, se trata generalmente de instalaciones > 3 MW. 
En el Reino Unido las instalaciones de una capacidad térmica de combustión superior a 3 
MW respetan los mismos valores limitados que los fijados por la Directiva. 
44 
7.b Valores limite fijados para los contaminantes enumerados en el Anexo de la Directiva en 
caso de combustión en instalaciones de una potencia térmica inferior a 3 MW v 
precisiones sobre los controles aplicables (1 punto§b del articulo 8) 
En España no están autorizadas para la combustión de aceites las instalaciones de una potencia 
térmica de combustión inferior a 3 MW . 
En Francia las instalaciones de potencia térmica < 3 MW no pueden formar parte del sector de 
eliminación de aceites usados. 
En Italia no está permitida la combustión de aceites en las instalaciones de potencia térmica 
inferior a 3 MW. 
En los Países Bajos las exigencias están al nivel de las relativas a las emisiones de humos de gases 
que figuran en las autorizaciones medioambientales. 
En el Reino Unido los únicos valores límites que existen para este tipo de instalaciones son, para 
el Pb, 5 mg / m3 y, para el polvo, 100 mg/m3, pero la potencia inferior puede ser de 0,4 MW. 
7.c Número de autoridades responsables del control de la combustión de aceites usados 
(articulo 8 S 3) 
En España las instalaciones autorizadas para la combustión de aceites son 6, todas de una potencia 
térmica de combustión superior a 3 MW, y hay 17 autoridades de las comunidades autónomas . 
Francia no ha respondido esta cuestión. 
En Italia no existen instalaciones inferiores a 3 MW autorizadas. 
En los Países Bajos la autoridad de control se sitúa a nivel municipal. Existen más o menos 600 
autoridades para las instalaciones menores o iguales a 3 MW. 
En el Reino Unido se cuenta con 456 autoridades de control locales y 1 nacional para las 
instalaciones > 3 MW y 456 autoridades locales para las instalaciones < 3 MW. 
45 
8. Cantidades mínimas de aceites usados a partir de las cuales las empresas de 
producción, recogida y eliminación están obligadas, según la legislación de los Estados 
miembros, a llevar un registro y a notificar los datos a las autoridades (artículo 11) 
En España esta cantidad es de 500 litros tanto para la producción como para la recogida o la 
eliminación. 
En Francia las empresas de recogida están obligadas a reunir lotes superiores a 200 litros. No hay 
que tener en cuenta un mínimo para la eliminación; en efecto, está prohibida la eliminación de 
cualquier lote de aceites usados, cualquiera que sea el volumen, sin autorización. Del mismo modo, 
no hay límite inferior para la producción: todo tenedor de aceites usados debe o bien entregar el 
aceite a un colector autorizado o bien eliminarlo él mismo si está autorizado para ello. 
En Italia y Luxemburgo la ley no establece una cantidad. 
En los Países Bajos no existe cantidad mínima establecida a nivel nacional. Los colectores están 
obligados a tener un sistema de registro, a conservarlo durante 10 años y a someterlo al control de 
la autoridad competente cuando ésta lo solicite. Debe registrarse para cada flujo de productos que 
llega con autorización: la fecha de la autorización y de la llegada, el tenedor, la naturaleza de la 
mercancía (código de los residuos), la cantidad en peso, la clase de autorización de mercancías, la 
referencia del análisis y la tarifa de la suma pagada. 
En el Reino Unido esta información no se guarda de manera centralizada, pero se está haciendo un 
esfuerzo para reuniría con vistas a la elaboración del primer informe sobre la Directiva. 
9. a, b) Compensaciones concedidas a las empresas que recogen los aceites usados, importes 
medios, base de cálculo v método de financiación establecidos (articulo 14) 
En España, según orden ministerial, se han concededido subvenciones a la recogida para los años 
89, 90, 91, 92 y 94 por un importe medio de 500 millones de pesetas, según dos métodos de 
cálculo, uno para los aceites destinados a la regeneración y otro para los destinados a la combustión. 
En Francia se instauró, mediante decreto de 31 de agosto de 1989, una tasa parafiscal sobre los 
aceites de base, administrada por la agencia nacional para la eliminación y la recuperación de 
residuos, y recaudada por la administración de aduanas. Las empresas de recogida reciben una 
compensación por tonelada recogida. 
En Italia se conceden algunas subvenciones a las empresas de recogida. 
46 
En Luxemburgo y en el Reino Unido no se conceden subvenciones a las empresas que recogen los 
aceites usados. 
En los Países Bajos se fija una tarifa máxima mensualmente, establecida teniendo en cuenta los 
costes e ingresos después del tratamiento. La tarifa real es de +/ - "10-15 centavos por litro, para 
recogida y tratamiento. La separación de tarifas entre estos dos conceptos es imposible por el hecho 
de que los colectores llevan a cabo también el tratamiento. (Esta respuesta es válida también para 
el punto 10.a, b). 
10. a, b) Compensaciones concedidas a las empresas que eliminan los aceites usados, 
importes medios, base de cálculo v método de financiación establecidos (articulo 
14}. 
En Alemania no se conceden subvenciones a las empresas que eliminan los aceites usados. 
Desde 1989, en España se ofrece subvenciones a las empresas que eliminan los aceites usados. 
La media es de 6 ptas por kilo. Este importe está destinado a cubrir los costes de gestión, colecta, 
transporte y eliminación. 
En Francia la tasa parafiscal también se asigna a ayudas a las empresas de eliminación de residuos 
peligrosos para proyectos de inversión. 
En Italia se asignan ayudas a las empresas de eliminación. 
En Luxemburgo no se concede ninguna compensación a las empresas que eliminan los aceites 
usados . 
En el Reino Unido no está prevista ninguna remuneración para las empresas que eliminan aceites. 
11. Medidas adoptadas por los Estados miembros para dar prioridad a la regeneración de 
aceites usados (este epígrafe no formaba parte del cuestionario) 
En Alemania no se concede prioridad a la regeneración sino que, en el Reglamento sobre aceites 
usados, se prohibe mezclar con otros aceites los que se puedan volver a refinar. 
47 
España no ha previsto este tipo de medida sino que, mediante determinadas órdenes 
iMiiiibtci {¿loa, ha rav.iiPwkK» iiidiict-idiueiuc la tcgenei ación concediendo ayudas a la recogida de 
aceites destinados a esta utilización. 
En Francia el decreto de 21 de noviembre de 1979 prescribe, en su artículo 2, que los aceites 
usados deben destinarse preferentemente a regeneración o reciclaje en instalaciones 
homologadas . 
Italia, el Reino Unido y los Países Bajos no han adoptado medidas para dar prioridad a la 
regeneración. 
En Luxemburgo , la ley de 17 de junio de 1994 relativa a la prevención y a la gestión de 
residuos da prioridad a la regeneración de materiales en general. 
IV. CONCLUSIONES 
Como se ha señalado en el capítulo "generalidades", el informe sólo ha podido basarse 
esencialmente en las comunicaciones de seis Estados miembros: España, Italia, el Reino Unido, 
Francia, Luxemburgo y los Países Bajos, que dan suficientes datos para el período 1990-1994. 
Todos estos países han adoptado medidas para garantizar que los aceites usados se recojan y 
eliminen sin causar perjuicio al hombre y al medio ambiente. 
Sin embargo, solamente Francia y Luxemburgo han dado claramente prioridad a la regeneración, 
por medio de leyes, y España la ha fomentado mediante determinadas disposiciones. En definitiva, 
se constata sobre el terreno que, durante este período, la cantidad regenerada solamente ha 
aumentado en Italia. 
En Alemania, en 1991 (último dato), los dos tercios de la cantidad recogida se regeneraron y el 
tercio restante se transformó en combustible. Además, se regeneró la mitad de la cantidad de los 
aceites procedente de Luxemburgo. 
En Francia, durante este período, las cantidades regeneradas disminuyeron mucho y las 
transformadas en combustible se duplicaron. En España, la cantidad total se transformó en 
combustible. 
48 
En el Reino Unido, se quema todo desde 1986. Finalmente, en los Países Bajos, la mitad de los 
aceites usados recogidos se transforman en combustible y la otra mitad se elimina. Para explicar esta 
situación más bien decepcionante, Italia, el Reino Unido, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y 
Alemania utilizan el argumento de los condicionantes económicos en el caso de regeneración. 
Si se examinan las otras disposiciones de la Directiva, se observa que sólo existen medidas 
dinámicas hasta la fase de la recogida de los aceites. Ningún Estado miembro ha mostrado una 
voluntad firme de dar prioridad efectiva a la regeneración. 
Todos los países mencionados anteriormente han preparado y llevado a cabo campañas de 
información al público con el fin de garantizar el almacenamiento conveniente y la recogida más 
completa posible de los aceites usados. 
Por el contrario, solamente Italia y Luxemburgo han impuesto valores límite de emisión más 
estrictos que los de la Directiva, y solamente Italia, España y Francia han impuesto cantidades 
mínimas para el registro de los aceites por las empresas que los recogen, tratan o eliminan. 
Por último, por lo que se refiere a las compensaciones, solamente el Reino Unido no ha concedido 
subvenciones a la colecta, mientras que en el caso de la eliminación, se han abstenido el Reino 
Unido, Luxemburgo y Alemania. 
En conclusión se puede decir que: 
1) la Directiva sólo se ha aplicado muy parcialmente, y 
2) los Estados miembros no han querido dar prioridad efectiva a la regeneración con respecto a la 
incineración de aceites usados. 
49 
DIRECTIVA 86/278/CEE 
RELATIVA A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Y .EN PARTICULAR. DE LOS SUELOS. 
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS LODOS DE DEPURADORA EN 
AGRICULTURA 
I. INTRODUCCIÓN 
El artículo 17 de la Directiva 86/278/CEE sobre la protección del medio ambiente, y, en particular, 
de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura, adoptada por el Consejo el 
12 de junio de 1986, estipula que los Estados miembros deben elaborar cada cuatro años, y por 
primera vez cinco años después de la notificación de la Directiva, un informe de síntesis sobre la 
utilización de lodos en agricultura. 
Dado que la Directiva se notificó el 17 de junio de 1986, los Estados miembros debían elaborar su 
primer informe, referente a los años 1987-1990, antes del 17 de junio de 1991. 
Seis Estados miembros, es decir, Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia y el Reino Unido, 
presentaron su informe en 1991/1992. La Comisión no juzgó útil publicar tal información, por ser 
muy incompleta y dispar, al no existir un formato uniforme. 
Según el artículo 17 de la Directiva 86/278/CEE, habría debido presentarse, antes del 17 de junio 
de 1995, un segundo informe acerca de los años 1991-1994. A pesar de que se enviaron cartas para 
recordar esta obligación el 18 de mayo y el 25 de julio de 1995, solamente Bélgica, España, Francia, 
Portugal y el Reino Unido presentaron el informe. 
Tal como se ha indicado en la introducción general, el presente informe de síntesis abarca el período 
1991-1994, y no se retire más que a los 5 Estados miembros mencionados anteriormente. 
50 
II. INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA AL DERECHO NACIONAL 
Algunos Estados miembros no han adoptado todavía todas las medidas nacionales necesarias para 
aplicar esta Directiva. El Tribunal de Justicia ha condenado a Bélgica por la no incorporación de la 
Directiva (sentencia de 3 de mayo de 1994, asunto C-260/93). Este incumplimiento se resolvió 
en enero de 1992 para la región flamenca, en enero de 1995 para la región valona, y en agosto de 
1995 para la región bruselense. 
Al final del período cubierto por este informe, la Comisión aún no ha recibido un reglamento de 
aplicación que debe completar la incorporación a la legislación portuguesa, mientras que la Comisión 
y Francia están discutiendo por carta las medidas de recepción en el derecho francés, en particular, 
de los artículos 2 (a), 6(a y b), 9, 10 (1) y 16. 
Para Irlanda, la situación es la siguiente: mientras que el Anexo IA de la Directiva se refiere a los 
suelos cuyo pH es de 6 a 7, el cuadro equivalente irlandés (parte I del "schedule to SI 183 of 1991") 
se refiere a los suelos cuyo pH es de 5 a 7. Tras una petición de información por parte de la 
Comisión sobre esta diferencia en la legislación irlandesa, las autoridades de este país le garantizaron 
que esto no causará riesgos medioambientales. 
III. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA: INFORME / RESULTADO DE LAS RESPUESTAS DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS AL CUESTIONARIO PREPARADO A PARTIR DE LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN 94/474/CEE 
A raíz de la aprobación de la Directiva 91/692/CEE1 sobre la normalización de los informes acerca 
de la aplicación de determinadas directivas relativas al medio ambiente, la Comisión aprobó un 
cuestionario tipo para la elaboración de los informes sobre la aplicación de la Directiva 86/278/CEE. 
Este cuestionario sólo debe utilizarse por primera vez obligatoriamente para el período 1995-97. 
La Comisión, sin embargo, pidió a los Estados miembros que lo utilizaran, en la medida de lo 
posible, para el informe 1991-94. 
Para este período, Bélgica, España, Francia, Portugal y el Reino Unido han presentado un informe. 
El informe belga no cubre la región bruselense, que no dispone aún de planta depuradora. El informe 
de la región valona no sigue formalmente el cuestionario, debido a la incorporación tardía de la 
Directiva. 
DOL377, 31.12.91, P 48 
51 
El informe francés no responde u determinadas cuestiones, mientras que el portugués consiste 
simplemente en la presentación de un proyecto de "Portaría". 
Por lo que hace a los Estados miembros que no han respondido a la petición de la Comisión, ésta 
posee algunas contribuciones previas de Dinamarca y de Alemania Desgraciadamente, en ellas sólo 
se aportan datos que llegan hasta 1989 y quedan, por lo tanto, fuera del período al que se refiere la 
presente encuesta. 
En el siguiente informe se contabilizan las respuestas de los Estados miembros a las distintas 
cuestiones del cuestionario citado más arriba. Para facilitar la lectura, los epígrafes llevan los números 
de los distintos puntos del cuestionario. 
III. 1 Condiciones específicas cuando se utilicen algunos lodos de fosas sépticas y 
otras instalaciones similares (artículo 3 (2)) 
En Bélgica un decreto real de octubre de 1977 relativo al empleo de abonos y de aditivos del suelo 
(como es el caso de los lodos) estipula que éstos deben estar libres de toda sustancia nociva o tóxica, 
insectos y nematodos tóxicos, de agentes microbiológicos u otros gérmenes fitopatológicos que 
puedan perjudicar a la flora y a la salud humana y animal. 
En España las condiciones de aplicación son las mismas que para los lodos procedentes de plantas 
depuradoras . 
En Francia el esparcimiento debe ser hecho mediante dispositivos convenientes y los lodos 
enterrados profundamente por labranza a partir del día siguiente. 
Portugal no da información 
En el Reino Unido se aplican a los lodos de fosas sépticas las mismas normas que a los de plantas 
depuradoras; los lodos tratados esparcidos y no inyectados deben enterrarse en cuanto sea 
razonablemente posible. 
III.2 (a) Valores límites de concentración de metales pesados en los suelos v los 
lodos, v cantidades máximas aplicables 
Los cuadros a continuación recogen los datos proporcionados para los Anexos IA, B y C de la 
Directiva. 
52 
N° 1. VALORES-LÍMITE EN los SUELOS (mg / kg) (Anexo IA de la Directiva) 
Parámetro 
\ Caámio 
I teto** 
Kíquet 
! W<fttío 
\ due 
\ Mercurio 
! Cw¡w& Directiva 
• mmtem 
1-3 
50-140 
30-75 
50-300 
150-300 
1-1.5 
-Bélgica 
£&*&& 
atcnoso 
1 
50 
30 
50 
150 
1 
100 ArcíSa 
3 
140 
75 
300 
300 
1,5 
150 Vattmfc 
1 
50 
50 
100 
200 
1 
100 l$jhw» 
1 
50 
30 
50 
150 
1 
100 3 
210 
112 
300 
450 
1.5 
150 Francia 
2 
100 
50 
100 
300 
1 
150 Fortogal 
<15 
1 
50 
30 
50 
150 
1 
50 15 
«& ; 
3 
100 
75 
300 
300 
1.5 
200 4 
200 
110 
450 
450 
2.0 
300 #+* "** ^ + *. 
&S J*.ÇER<? V««W 
5Ü+SS 
3 
80 
50 
300 
200 
1 
400 $8 
3 
100 
60 
300 
250 
1 
400 6# 
3 
135 
75 
300 
300 
1 
400 pïï 
3 
200 
100 
300 
450 
1 
400 
53 
N° 2. VALORES LÍMITES EN LOS LODOS (mg / KG) ( ANEXO I B) 
' •%&¥£&&*<* 
CadBtio 
Cobre 
N%«eï 
Ftoffio 
CSac 
: Mercurio 
Oro»» 20-40 
1 000-1 750 
300-400 
750-1200 
2 500-4 000 
16-25 
-Béi| 
Pfa8*$e& 
12 
750 
100 
600 
2 500 
10 
500 $** 
Vai&nia 
10 
600 
100 
500 
2 000 
10 
500 £sf>a£a 
giT<7 
20 
1 000 
300 
750 
2 500 
16 
1 000 f*H>? 
40 
1250 
400 
1200 
4 000 
25 
1 500 Francia 
\ Referaaieia 
20 
1 000 
200 
800 
3 000 
10 
1 000 Lira 
40 
2 000 
400 
1 600 
6 000 
20 
2 000 VGTtttpÜ 
20 
1 000 
300 
750 
2 500 
16 
1 000 ftcinOtMdo 
-
-
-
1 000 
-
-
-
54 
N° 3. VALORES-LÍMITE DE LAS CANTIDADES ANUALES DE METALES PESADOS QUE PUEDEN INTRODUCIRSE EN LOS 
SUELOS CULTIVADOS (kg/ha / ANO)( ANEXO I C) 
i 
: : : : 
: 
€á 
€n 
lût 
!» 
LflÉ.... 
;€r Directiva 
mœmam 
0.15 
12 
3 
15 
30 
0.1 Bélgica 
Fîaaties 
Fastos 
0.012 
0.75 
0.1 
0.6 
2.5 
0.01 
0.5 CllItlVQS 
0.024 
1.5 
0.2 
1.2 
5 
0.02 
1 Valoaia 
: 
-
-
-
-
-
-
-EspaSa 
0.15 
12 
3 
15 
30 
0.1 
3 Frauda 
0.06 
3 
0.6 
2.4 
9 
0.03 
3 FwtHgal 
0.15 
12 
3 
15 
30 
0.1 
4.5 Reino Urnáu 
0.15 
7.5 
3 
15 
15 
0.1 
55 
III. 2. (b) Cantidad máxima de lodos aplicable al suelo, en toneladas de materia 
seca (T.M.S.) / ha/año (artículo 5.2A) 
En la región flamenca se permite 1 T.M.S. / ha/año en prados, y 2 T.M.S. en cultivos. 
Estas cantidades pueden aportarse en una sola vez para 3 años. 
El Reino Unido optó por el enfoque descrito en el artículo 5.2 (b) (fijación de los valores 
límite de metales introducidos por Ha. / año), y, por tanto, no fijó cantidad máxima de lodos 
autorizados por ha/an. 
Los otros informes (región valona, E, F, P) no responden a esta cuestión. 
III. 2.(c) Valores límite de concentración de metales pesados, menos estrictos, 
autorizados sobre tierras cuyos cultivos se destinen exclusivamente al 
consumo animal (Anexo IA, nota 1) a 
En la región flamenca y en España no se autorizan valores menos estrictos. 
Los informes de la región valona, de Francia y de Portugal no dan ninguna indicación en este 
sentido. 
En el Reino Unido se permiten valores menos rigurosos en 11 zonas con una extensión total 
de 2.540 ha., próximas a plantas depuradoras y utilizadas antes para esparcir abono. Sin 
embargo, en el informe no se indican los valores permitidos. 
III.2. (d) Valores límite de concentración de metales pesados, menos estrictos, 
autorizados sobre suelos cuyos pH es superior a 7 (Anexo IA. nota 2) 
En la región flamenca se autorizan, respectivamente, valores de 75, 45 y 225 mg/kg para 
el cobre, el níquel y el cinc en los suelos cuyos pH sea siempre superior a 7. 
Los informes valones y franceses no responden a la cuestión. 
56 
Los valores límite autorizados en España y el Reino Unido y los propuestos en Portugal 
figuran en el cuadro n° 1. 
III. 2. (e) Valores límite menos estrictos para las cantidades anuales de metales 
pesados introducidas en los suelos destinados a cultivos forrajeros 
(Anexo IC, nota 1) 
Ni la región flamenca ni España han autorizado valores menos estrictos. 
En el Reino Unido puede aplicarse también esta exención a las zonas ya contempladas en el 
punto II. 2 (c) , pero no se señalan los valores autorizados. 
Los informes valón, francés y portugués no abordan la cuestión. 
III.3. (a) Descripción de las técnicas utilizadas para el tratamiento de lodos 
(artículo 6) 
En Flandes las tecnologías autorizadas consisten en largos tratamientos biológicos, químicos 
o térmicos. La estabilización se realiza por tratamiento en frío para un 65% de los lodos, 
tratamiento en caliente para un 5% y tratamiento aeróbico para el 30 % restante. 
En Valonia los lodos "se acondicionan solamente" sin otra precisión. 
En España los lodos se filtran, se tratan por procedimientos físicos o químicos, y luego se 
deshidratan. 
En Francia se practica la estabilización por fermentación anaeróbica o aeróbica, o por vía 
química. A continuación, los lodos se espesan por deshidratación. 
El informe portugués no habla de los tratamientos. 
En el Reino Unido se pasteurizan los lodos antes de digerirlos por vía anaeróbica mesófila 
o por vía termófila. A continuación, son compostados o estabilizados con cal, antes de la 
deshidratación. 
57 
III.3(b y c) Frecuencias de los análisis de lodos (Anexo IL A.S1) 
Los informes valones y franceses no hablan de las frecuencias de análisis. 
En Flandes, España y el Reino Unido las frecuencias son idénticas a las de la Directiva. 
En Portugal, en estado de "Portaría", la frecuencia de los análisis es similar a la de la 
Directiva (2 veces al año), pero puede hacerse una vez si los resultados obtenidos durante dos 
años consecutivos no difieren perceptiblemente. Por otro lado, deben hacerse análisis cuando 
la calidad de las aguas depuradas varíe perceptiblemente o si se presentan alteraciones en el 
tratamiento. Por último, no es obligatorio analizar el Cu, el Zn, ni el Cr si estos elementos no 
están nunca presentes, o sólo en pequeñas cantidades, en las aguas que deben tratarse. 
III.3 (d y c) Medidas específicas para la invección v el enterramiento de lodos no 
tratados (artículo 6 (a)) 
En la región flamenca y en España sólo pueden utilizarse lodos tratados . 
En la región valona deben "acondicionarse". 
No se ha tomado ninguna medida específica en el Reino Unido . 
Los informes franceses y portugueses no tratan de esta cuestión. 
III.4. Períodos en los que se prohibe abonar con lodos antes del pastoreo o 
la cosecha (artículo 7) 
En la región flamenca está prescrito un plazo de seis semanas sin distinción del tipo de 
cultivos. 
58 
En España los períodos de prohibición son similares a los de la Directiva. 
La región valona, Francia y Portugal no han dado ninguna información al respecto. 
El informe del Reino Unido estipula simplemente un plazo de 3 semanas sin distinción entre 
los distintos tipos de cultivos. 
III.5 (a y b) Fijación de valores-límite o de otras medidas para los suelos cuyo pH 
sea inferior a 6 (artículo 8) 
En la región flamenca está pura y simplemente prohibido esparcir lodos sobre suelos cuyos 
pH sea inferior a 6. 
En España (véase el cuadro anterior,relativo al Anexo I A) el límite de pH es 7. Para todos 
los suelos cuyo pH sea inferior, se aplica el valor inferior del Anexo IA. 
En el mismo cuadro figuran los valores límites determinados por el Reino Unido según una 
gama diferenciada de pH para el Zn, el Cu y el Ni. 
Los informes valones, franceses y portugueses no abordan la cuestión. 
III.6 (a) Análisis de suelos para otros parámetros distintos del pH y los 
metales pesados (Anexo UB.l) 
En la región flamenca se analiza también la concentración de fosfatos. 
En la región valona, España y el Reino Unido no se mide ningún otro parámetro. 
Francia y Portugal no han facilitado indicaciones en este sentido. 
59 
III. 6. (b) Frecuencias mínimas de análisis de los suelos (Anexo IIB.2) 
En la región flamenca, además de lo dispuesto en la Directiva, se impone un análisis 
complementario de los suelos después de cada aportación de 20 toneladas de lodos. 
En España las comunidades autónomas deciden la frecuencia de los análisis (CC.AA) 
Los informes de la región valona, Francia y Portugal no dan ninguna indicación en este 
sentido. 
En el Reino Unido los suelos se analizan una vez durante la primera utilización de lodos 
y, a continuación, 20 años después del último análisis. Pero, a petición del dueño del suelo 
o del Secretario de Estado, pueden también analizarse 5 años después del último análisis. 
60 
III. 7. Cantidades de lodos producidos por las plantas depuradoras, de 
lodos utilizados en agricultura, superficie cubierta, v concentración media 
de metales pesados en los lodos (sobre la base de los registros 
mencionados en el artículo 10) 
Los datos pedidos se recogen en los cuadros a continuación, en forma de media de los valores 
del período cubierto por el presente informe. 
N° 4. CANTIDADES DE LODOS PRODUCIDOS Y UTILIZADOS 
Región flamenca 
Región valona 
España 
Francia 
Portugal 
El Reino Unido Lodos producidos 
838.731 
13.267 
404.299 
758 .500 
1.030.000 Lodos utiíizados 
en agricultura 
212.228 
10.044 
204.197 
496.500 
500.000 Superficie 
cubierta 
(facultativo) 
~ 
61 
N° 5. CONCENTRACIÓN MEDIA DE METALES PESADOS EN LOS LODOS (mg/kg M.S) 
' 
m 
Ou 
NI 
r% 
Zn 
m 
Cr Directiva 
mtmtcm 
20-40 
1 000-1.750 
300-400 
750-1.200 
2 500-4.000 
16-25 
-Bélgica 
Flanees 
3,6 
312 
46 
229 
1.350 
1.7 
73 Valonia 
3,3 
179 
50 
182 
925 
1,5 
76 E$paña 
6 
294 
49 
406 
1.157 
11 
363 Francia 
5,3 
334 
39 
133 
921 
2.7 
80 Portugal 
-
-
-
-
-
-
-3.2 
473 
37 
217 
889 
3.2 
86 
62 
Además de los valores en metales pesados, el informe de la región flamenca presenta los 
resultados de los análisis del nitrógeno total (26 mg/kg M.S.) y del fósforo total (2.2mg/kg 
M.S.) 
III. 8. Exenciones concedidas para las pequeñas plantas depuradoras (artículo 11) 
No se concede ninguna exención en la región flamenca ni en el Reino Unido . 
Los otros informes no responden a la cuestión. 
IV. CONCLUSIONES 
No es posible sacar conclusiones a escala de la Unión sobre la base de 5 informes nacionales, 
de los cuales sólo 2 1/2 (España, el Reino Unido y la región flamenca) son completos, 
excepto destacar la reticencia de los Estados miembros a proporcionar estos informes. 
Sobre esta base muy limitada, puede considerarse, sin embargo, que la Directiva se aplica 
más bien correctamente por lo que se refiere a su punto principal: las concentraciones de 
metales pesados autorizadas en los lodos destinados a la agricultura, y hay que constatar que, 
en general, éstas son claramente inferiores a los valores límite fijados en el Anexo IB de la 
Directiva. 
63 

ISSN 0257-9545 
COM(97) 23 final 
DOCUMENTOS 
ES 14 
N° de catálogo : CB-CO-97-020-ES-C 
ISBN 92-78-15153-X 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
¿V