ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4.2.

Una obligación explícita para los fletadores de asumir la parte de responsabilidad que les corresponde: el principio de «quien contamina paga» debe aplicarse en todos los casos. Aunque en las iniciativas legislativas pertinentes de la Comisión Europea (régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, iniciativa FuelEU Maritime) se reconoce la responsabilidad de los fletadores, no se obliga de forma explícita a estos a asumirla. Si se responsabiliza al armador de las emisiones de un buque, se le estaría obligando a soportar la carga de las mayores emisiones de CO 2 derivadas del análisis coste-beneficio del fletador, que sería de carácter puramente económico y no tendría en cuenta las externalidades ambientales negativas. Esta situación no solo resultaría injusta, sino también contraproducente. Mientras el fletador no tenga una responsabilidad establecida por disposición legal, seguirá basando todas las decisiones operativas únicamente en consideraciones relacionadas con los costes y estará exento del principio de «quien contamina paga», el cual debe aplicarse debidamente en el transporte marítimo igual que en todos los demás sectores.
2.6.

Tanto el CORSIA como el RCDE abordan las emisiones de CO 2 , si bien cada uno funciona de manera diferente. El RCDE UE reduce el total permitido de emisiones, al obligar a las compañías aéreas a adquirir derechos de emisión para sus emisiones individuales . En cambio, el CORSIA obliga a las compañías aéreas a adquirir compensaciones por el crecimiento de las emisiones colectivas del sector, de modo que cada tonelada de CO 2 emitida por la aviación se evite o reduzca en otro sector. El RCDE se aplica a la aviación dentro de las fronteras de la UE. Esto incluye, sin embargo, a los pasajeros que se desplazan desde un aeropuerto a un nodo aeroportuario (ambos situados en la UE) simplemente para conectar con un destino internacional; en estos casos, se tarificarían las emisiones de CO 2 de todos los segmentos de viaje en los que interviene un aeropuerto de la UE. El mismo pasajero podría trasladarse al mismo destino de larga distancia a través de un nodo situado en las proximidades de la UE, como Londres, Estambul, Dubai, Doha o Moscú; sin embargo, las emisiones de CO 2 del vuelo de larga distancia con origen en este nodo que no está situado en la UE no estarían cubiertas por el RCDE UE. Deben abordarse estos casos de fuga de carbono.
4.4.

La principal crítica del CESE a las Orientaciones sobre el refuerzo del Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación es que se centran demasiado en los contenidos y su moderación, y no lo suficiente en los agentes que propagan dicha desinformación. Los contenidos se modifican sin cesar, las plataformas utilizadas evolucionan, pero los principales agentes siguen siendo básicamente los mismos y las motivaciones no cambian. El enfoque debe ser más preventivo que curativo y la Comisión debe centrarse en las causas y no en las consecuencias.
1.9.

El Reglamento Delegado establece normas medioambientales que a menudo son más ambiciosas que las de la legislación sectorial de la UE. Teniendo en cuenta la necesidad antes mencionada de que el sistema sea claro y atractivo, esto puede dar lugar a una situación confusa, y en particular ocasionar dificultades de financiación a los agentes que cumplen las normas medioambientales más estrictas de la legislación sectorial de la UE. El CESE coincide en que es necesario un grado de ambición elevado, pero por motivos prácticos y para evitar confusiones recomienda que se apliquen las normas medioambientales más estrictas recogidas en la legislación de la UE de nivel 1 a efectos de la taxonomía. Además, el Reglamento Delegado (que es un acto de nivel 2) contiene algunas disposiciones que parecen ser incoherentes o poco claras y que no se han evaluado plenamente. Esto, junto con las afirmaciones anteriores, en particular las que figuran en los puntos 1.5 a 1.10, hace que el CESE ponga en cuestión que el Reglamento Delegado en su formulación actual sea adecuado para el fin que se persigue, pese a que su objetivo sea loable. El CESE recomienda encarecidamente a la Comisión que presente propuestas para reforzar los criterios de la legislación medioambiental de la UE.
En líneas generales, el CESE apoya en particular: i) la necesidad de que los Estados miembros tomen iniciativas para abordar «la tendencia descendente del número de inspecciones de trabajo»; ii) la celebración de una cumbre sobre salud y seguridad en el trabajo en 2023, centrada en particular en los avances hacia el objetivo de «visión cero» sobre la mortalidad laboral; iii) la existencia de un nuevo indicador sobre accidentes laborales mortales, ya propuesto en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales; iv) la mejora de la actividad de los inspectores de trabajo mediante orientaciones y formación a nivel europeo y de los Estados miembros; v) el fomento de la cooperación a nivel de la UE y de los Estados miembros para garantizar la coherencia en la aplicación de la legislación; vi) la orientación y el apoyo a las empresas, en particular, las microempresas y las pequeñas empresas, para cumplir la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo ( 6 )
4.1.14.

El CESE también se pregunta cómo se aplicará el enfoque de « seguridad y sostenibilidad desde el diseño » a los proveedores de fuera de la UE, que están sujetos a su propia normativa sobre sustancias químicas. Dado que aún no se han establecido los límites de estos criterios para la producción de sustancias químicas, no está claro si el principio y las medidas de evaluación se aplicarían a las fuentes de materias primas independientemente de su origen. Sigue sin estar claro el modo en que se interrelacionarán y equilibrarán las medidas propuestas con las diferentes políticas existentes en los países no pertenecientes a la UE que participan en las cadenas de valor de las sustancias químicas de la Unión.
1.16.

microcredenciales debe contar con normas de calidad e información clara sobre el valor de la formación, a fin de que pueda emplearse eficazmente en el mercado laboral como formación continua y añadirse a una cualificación completa. Es importante no regular en exceso las microcredenciales para mantener su flexibilidad respecto a las necesidades del mercado laboral. El CESE subraya que los conocimientos, las capacidades y las competencias deben reconocerse y tenerse en cuenta, respetando los requisitos educativos y profesionales de cada Estado miembro. Garantizar la igualdad de acceso a cualificaciones completas es fundamental, por lo que el CESE pide que se aplique la Recomendación del Consejo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal ( 2 ) y del Convenio de Reconocimiento de Lisboa ( 3 ) . El CESE reitera su opinión, expresada en un Dictamen anterior ( 4 ) , de que la formación conducente a la obtención dedebe contar con normas de calidad e información clara sobre el valor de la formación, a fin de que pueda emplearse eficazmente en el mercado laboral como formación continua y añadirse a una cualificación completa. Es importante no regular en exceso las microcredenciales para mantener su flexibilidad respecto a las necesidades del mercado laboral.
3.5.

El órgano consultivo de la sociedad civil de la Comisión Europea (el Foro de la Sociedad Civil sobre las Drogas) ha criticado muchos aspectos del programa y lo ha juzgado inaceptable: a) Durante el proceso de preparación, los agentes de la sociedad civil y los Estados miembros solo pudieron acceder a las conclusiones de la evaluación externa tras la publicación de la Agenda y, por lo tanto, no pudieron emitir un dictamen preliminar sobre el proyecto de Agenda. b) La Agenda no refleja las prioridades propuestas por los agentes de la sociedad civil sino que reduce aún más el peso de las intervenciones sanitarias y sociales en el marco de una política en materia de drogas que ya concede una importancia desproporcionada a las medidas de reducción de la oferta. c) El marco en el que se inscribe la Agenda y el lenguaje empleado, ambos relacionados con la seguridad, refuerzan un enfoque obsoleto y estigmatizador. d) Resultan preocupantes el desequilibrio que caracteriza al enfoque escogido por el Plan de Acción y su impacto esperado en la asignación de recursos, al igual que la falta de indicadores mensurables y sus consecuencias en términos de rendición de cuentas.
2.3

No obstante, el Libro Blanco también muestra un tono ligeramente «fatalista», al sugerir que la IA nos supera, no cual no nos deja más opción que regularla. El CESE cree firmemente en el compromiso de la UE de garantizar que Europa solo acepte la IA que sea fiable, por lo que debería atreverse a adoptar una postura mucho más enérgica en este sentido. En consecuencia, el CESE insta a la Comisión a mantener siempre abierta la opción de no aceptar en absoluto un determinado tipo de (uso de la) IA. Esto es lo que el CESE ha venido denominando como el enfoque de los «humanos al mando» respecto a la IA que debemos cultivar.
2.2.4.

ex ante de la normativa restrictiva con arreglo a la Directiva relativa al test de proporcionalidad ex ante de las nuevas regulaciones nacionales previstas sobre las profesiones con arreglo a la Directiva relativa al test de proporcionalidad. Además, la implicación de las partes interesadas durante la realización del «test de proporcionalidad» debe ser la norma y no la excepción. La mejora de las evaluacionesde la normativa restrictiva con arreglo a la Directiva relativa al test de proporcionalidad ( 5 ) es una medida acogida con satisfacción. No obstante, la Comisión debería proporcionar asistencia estructurada y emitir orientaciones a los Estados miembros sobre cómo llevar a cabo las evaluaciones de proporcionalidadde las nuevas regulaciones nacionales previstas sobre las profesiones con arreglo a la Directiva relativa al test de proporcionalidad. Además, la implicación de las partes interesadas durante la realización del «test de proporcionalidad» debe ser la norma y no la excepción.
3.1.

Cabe señalar los siguientes puntos técnicos relativos a la propuesta. De conformidad con el artículo 21, letra f), la Comisión Europea sigue teniendo que hacer públicos el consumo medio anual de combustible y las emisiones medias anuales de CO 2 por distancia recorrida y carga transportada en los viajes, lo que parece estar en conflicto con la nueva disposición modificada de la propuesta en el artículo 9, apartado 1, letra f) (nueva), que indica que el seguimiento (por viaje) de la carga transportada será voluntario, puesto que la modificación propuesta en la carga transportada es solo un elemento de seguimiento voluntario y, por lo tanto, no está armonizado con el DCS mundial de la OMI. Además, a pesar de que se ha incluido la definición de «peso muerto»del buque en el artículo 3, letra p), y en el artículo 11, apartado 3, letra a), inciso xi), de la propuesta, parece que esta medición no se integra de manera coherente en todos los artículos de la propuesta y podría interpretarse como una falta de confianza por parte de la Comisión en la eficiencia del DCS mundial de la OMI.
4.4.3

Los empresarios han adquirido mayor importancia como creadores de empleo y actores clave del bienestar de las comunidades locales y regionales, lo que es de particular importancia para las comunidades gitanas. En el marco de las políticas que abordan las necesidades de las empresarias gitanas y de las pymes, deben adoptarse medidas específicas no solo para potenciar la autonomía de las mujeres gitanas sino también para apoyar sus iniciativas relacionadas con proyectos comunitarios y creación de empresas. Dado que esta política específica, concebida especialmente para apoyar a las mujeres gitanas, no existe en la actualidad en la mayoría de los Estados miembros, el CESE pide que se comprometan a aprovechar las oportunidades que la política podría ofrecer.
4.4.

La propuesta atribuye una parte considerable de la responsabilidad presupuestaria a los Estados miembros , que deberán desarrollar elementos a escala nacional teniendo en cuenta las limitaciones nacionales. Sin embargo, estos siguen sufriendo las políticas de austeridad impuestas por el Semestre Europeo y un crecimiento que tarda en consolidarse , en particular en la zona del euro. No obstante, gracias al instrumento de la cooperación estructurada, la propuesta permitirá a los Estados miembros trabajar juntos, en particular mediante el desarrollo de componentes de los sistemas informáticos.
4.3.

En particular, el CESE señala que el proyecto ITER requiere para su ejecución del proyecto JET («Joint European Taurus»), cuyas instalaciones, situadas en el Reino Unido, financia Euratom. De hecho, a través del proyecto JET, entre otras cosas, se están realizando pruebas de partes de las instalaciones ITER actualmente en construcción, y que, de hecho, representan la evolución del proyecto JET desde el punto de vista científico. Estas instalaciones son únicas en el mundo y no pueden ser reemplazadas. Por este motivo, el Comité considera importante que JET siga estando operativo (ya sea como proyecto de la UE o como proyecto compartido entre la UE y el Reino Unido) mientras el proyecto ITER no lo esté.
4.3.

Por tanto, no podemos sino acoger con satisfacción que el proyecto de Reglamento pretenda asignar a la Unión recursos financieros acordes con sus ambiciones, en este caso una dotación financiera de 16 000 millones EUR para el programa, lo que constituye un «importe de referencia privilegiado» mínimo. De ello se deduce que el Parlamento y el Consejo, así como la Comisión, al elaborar el proyecto de presupuesto, se comprometen a no apartarse de este importe en más de un 10 % para la duración total del programa (salvo en circunstancias excepcionales). El CESE reitera, no obstante, su petición de encontrar, junto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), nuevas oportunidades de financiación para apoyar proyectos de investigación, diseño y fabricación espaciales de empresas privadas, pymes y empresas emergentes, por ejemplo, en el ámbito de los nanosatélites, los sistemas de propulsión miniaturizados, la prolongación de la vida útil de los satélites, las nuevas aplicaciones de observación de la Tierra, etc.
El CESE reconoce que es necesario formar y contratar a trabajadores altamente cualificados para aumentar el atractivo de Europa como lugar de trabajo para este grupo en el marco de la competencia mundial. Pero el CESE también hace hincapié en que el programa Europa Digital no puede centrarse exclusivamente en los trabajadores más cualificados que gozan de competencias digitales avanzadas. Precisamente porque el programa Europa Digital persigue los objetivos de hacer posible el mercado único digital y configurar positivamente la transición digital, todos los ciudadanos y todos los trabajadores en la UE deberían beneficiarse de este sólido programa de apoyo. Si esto no se consigue, existe el peligro de agravar aún más la brecha social en Europa. Como el CESE ya ha expuesto en otros dictámenes, el primer imperativo para alcanzar un mercado único digital es colmar las carencias en materia de competencias, incluido en el ámbito de las competencias digitales ( 10 ) . En su programa, la Comisión Europea hace referencia a programas de financiación como FSE+ y FEDER para proporcionar conocimientos digitales básicos. No obstante, puesto que las estructuras de estos programas no permiten un apoyo generalizado en Europa, el programa Europa Digital debería cubrir niveles de cualificación igualmente diversos. Si los recursos que se conceden con cargo a este programa no alcanzan a garantizar los beneficios de la digitalización para todas las personas, el resto de programas, como el FSE+, debe cubrir estas necesidades. El programa Europa Digital debería actuar como líder en este ámbito y seguir de cerca al resto de programas de modo que se alcancen los objetivos. De lo contrario, es posible que, al final, solo una minoría se beneficie de los diferentes programas de financiación de la UE.
3.11.

El CESE recuerda la importancia de los trabajos en curso en la CEPE sobre las cuestiones expuestas en el punto 3.10 supra , y, en particular, su Libro Blanco sobre Data Pipeline Concept for Improving Data Quality in the Supply Chain (concepto de circuito de datos en para mejorar la calidad de los datos en la cadena de suministro). En opinión del CESE, este es otro argumento a favor de que la documentación electrónica sea obligatoria en la mayor medida posible.
3.5.5.

Una consecuencia obvia de los puntos anteriores es que la ciberseguridad es una prioridad clave. Como se señala en un informe de la ENISA ( ENISA Threat Landscape Report 2017: 15 Top Cyber-Threats and Trends , Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea), la complejidad de los ataques y la sofisticación de las acciones malintencionadas en el ciberespacio siguen aumentando. En el ámbito de la atención sanitaria, donde muchos sistemas generalizados están interconectados y hay mucho en juego, en particular, la vida de los pacientes, datos personales sensibles, recursos financieros, etc., la seguridad de la información es un aspecto prioritario. En el contexto de la transformación digital, se requieren nuevos métodos y orientación para diseñar los marcos de evaluación de la ciberseguridad, las medidas de respuesta organizativas y la conformidad de la interoperabilidad basada en la ciberseguridad.
1.2

El CESE está de acuerdo con el objetivo de la Comisión de que las medidas incluidas en este paquete deben redundar en beneficio del consumidor final. No obstante, el CESE considera que los tipos reducidos y las exenciones aplicados con arreglo al artículo 98, apartados 1 y 2, de la propuesta de Directiva 2018/0005 (CNS), deben aplicarse principalmente con el fin de alcanzar, de manera coherente, un objetivo de interés general. Un objetivo de estas características en ocasiones lo persiguen (por ejemplo, en el caso de los servicios de asistencia social y educativos) organismos intermedios que no son consumidores finales. Por otra parte, el CESE considera que el sistema debería ser accesible, gracias al aumento de los umbrales, no solo a las microempresas, sino también a las pymes.
6.4.

Mejorar y reforzar la gobernanza — Es probable que los pioneros dentro de los agentes no estatales sean capaces de determinar los obstáculos y las oportunidades para mejorar la gobernanza. Sus puntos de vista pueden contribuir a detectar los obstáculos reglamentarios existentes a nivel europeo, nacional, regional o local e iniciar su supresión, así como a crear un marco reglamentario adaptado favorable a la acción por el clima. Un Diálogo europeo sobre la acción no estatal por el clima debería recabar información de manera permanente y abordar los retos con las autoridades públicas, con el fin de establecer de forma progresiva un entorno de gobernanza que facilite las acciones por el clima desde abajo. Esto no sucederá si no se aborda el vacío político entre los agentes no estatales y los responsables de la toma de decisiones.
5.8.

El texto de la orientación 7 aborda mejor las condiciones de trabajo precarias y el trabajo flexible. Este es especialmente el caso de la referencia a preservar «la seguridad y la salud, así como entornos de trabajo seguros y adecuadamente adaptados». No obstante, las disposiciones sobre un «entorno para la contratación» no deben utilizarse para reducir la protección en el Derecho laboral. Hay un cambio considerable en las disposiciones sobre las medidas activas del mercado de trabajo y los servicios públicos de empleo. Estas medidas se reciben con gran satisfacción y se ajustan a las mejores prácticas en este ámbito. Habida cuenta de la importancia que se concede a este ámbito, por ejemplo por la OCDE, convendría que se le otorgase una mayor atención en el proceso de las recomendaciones específicas por país. El Comité acoge con satisfacción el nuevo texto sobre el diálogo social, pero recuerda su posición sobre la diversidad del diálogo social en la UE y el impacto de la crisis económica en este ámbito, una tendencia que no se ha revertido en una serie de Estados miembros.
4.2.

El nuevo apartado 6, párrafo primero, del artículo 1 incluye en el ámbito de aplicación del Reglamento a las empresas que exploten LCV que no superen las 3,5 toneladas, pero las dispensa de cumplir los requisitos de honorabilidad y competencia profesional, así como la exigencia de disponer de un gestor de transporte. El CESE considera que tales exenciones constituirían una señal nefasta. El CESE recomienda incluir plenamente los LCV en los ámbitos de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1071/2009 y del Reglamento (CE) n.o 1072/2009, aunque, posiblemente, de manera atenuada. Solo así se garantizaría un nivel común de la profesionalización del sector y condiciones de competencia equitativas. El CESE destaca que deben facilitarse recursos adecuados para asumir el aumento del volumen de trabajo necesario para adaptarse a la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1071/2009 y del Reglamento (CE) n.o 1072/2009. Asimismo, el CESE cuestiona la posibilidad brindada a los Estados miembros de aplicar a los LCV, en parte o en su totalidad, las disposiciones en materia de honorabilidad, competencia profesional y disponibilidad de un gestor de transporte. Esta opción puede alterar la coherencia del mercado interior. Además, no es coherente con la propuesta de suprimir la opción prevista en el actual artículo 3, apartado 2, que permite a los Estados miembros prever requisitos adicionales para el acceso a la profesión.
Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009

Decisión n.o 626/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2008

El nuevo artículo 17, apartado 3, prevé que los procedimientos de recurso contra las decisiones adoptadas como consecuencia de la evaluación de los organismos competentes del EMAS se adopten mediante habilitación. Parece tratarse del derecho a una tutela judicial efectiva y a un juez imparcial previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Ahora bien, la Comisión no puede estar facultada para adoptar mediante delegación disposiciones relativas a los derechos fundamentales o su ejercicio.

El nuevo artículo 17, apartado 3, no establece la duración de la habilitación de la Comisión para adoptar actos delegados.

Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009

Reglamento (CE) n.o 530/1999 del Consejo, 9 de marzo de 1999

Reglamento (CE) n.o 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2002

60

Reglamento (CE) n.o 437/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2003
3.6.1

En primer lugar, prácticamente no se internaliza ningún coste externo de las centrales eléctricas alimentadas con carbón y de las centrales nucleares. Entre estos costes deben tenerse en cuenta en particular los daños para la salud humana y los daños relacionados con el cambio climático. La no internalización de estos costes sitúa a las energías renovables, que no tienen unos efectos externos comparables, en una situación de desventaja competitiva significativa. Dado que son sobre todo las energías renovables las que permiten una participación más activa de los consumidores, cabe concluir que la limitada participación de los consumidores debe ser políticamente deseable o al menos tolerada de buen grado. En todo el paquete de invierno no se hace ningún esfuerzo para eliminar esta distorsión del mercado. La distorsión es incluso mayor puesto que la no internalización de los costes externos de la producción tradicional de electricidad aumenta la necesidad de subvencionar a gran escala las energías renovables.