ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 350/21

Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

(2017/C 350/06)

El artículo 36, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 178/2002 (1), establece que «la Junta Directiva, a propuesta del Director Ejecutivo, elaborará una lista, que se hará pública, de organizaciones competentes nombradas por los Estados miembros, que podrán ayudar a la Autoridad en su cometido a título individual o colectivo».

La Junta Directiva de la Autoridad elaboró la lista por primera vez el 19 de diciembre de 2006 y, desde entonces;

i. se actualiza periódicamente sobre la base de propuestas del Director Ejecutivo de la EFSA, en las que se tienen en cuenta las revisiones o las nuevas propuestas de designación realizadas por los Estados miembros (de acuerdo con el artículo 2, apartado 4, del Reglamento [CE] n.o 2230/2004 de la Comisión (2));

ii. se publica en el sitio web de la EFSA, en el que se recoge la lista actualizada más reciente de organizaciones competentes y

iii. se pone a disposición de las organizaciones a través de la herramienta de búsqueda de organizaciones del artículo 36, facilitándose los datos de contacto y los ámbitos de competencias específicos de tales organizaciones.

Esta información está disponible en el sitio web de la EFSA, a través de los enlaces siguientes:

i. modificación más reciente de la lista de organizaciones competentes elaborada por la Junta Directiva de la EFSA el 11.10.2017 – [http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/171011-1];

ii. lista actualizada de organizaciones competentes – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf and

iii. Herramienta de búsqueda de organizaciones del artículo 36 – http://www.efsa.europa.eu/art36/search

La EFSA mantendrá esta notificación al día, en particular en lo que se refiere a los enlaces de internet facilitados.

Para más información, póngase en contacto con la siguiente dirección de correo electrónico: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu

(1) Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 2230/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2004, por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a la interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (DO L 379 de 24.12.2004, p. 64).
13.

En realidad, las sentencias de 2015 no se pronunciaban sobre la cuestión de si se había cometido una infracción de cartel ni revisaban la legalidad de la apreciación de esta cuestión en la Decisión de 2010 (9). Por consiguiente, no surge la fuerza de cosa juzgada (10). Además, las diversas anulaciones efectuadas por las sentencias de 2015 no pueden considerarse un fallo absolutorio a efectos del principio de ne bis in idem recogido en particular en el artículo 50 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De lo que se deduce que ninguno de estos principios prohíbe a la Comisión reanudar un procedimiento con respecto a conductas de las que trataba la Decisión de 2010 (11). Ninguno de los escritos en respuesta a las cartas de mayo de 2016 sugerían que una decisión totalmente nueva de la Comisión en el asunto AT.39258 quedara descartada por otras razones.
(3)

La Comisión adoptó un pliego de cargos en el asunto AT.40023 el 23 de julio de 2015. El pliego de cargos se dirigía a las siguientes personas jurídicas («destinatarios del pliego de cargos»), en siete grupos («Partes»): i) Sky UK y Sky Plc. (conjuntamente, «Sky»), ii) Viacom Global (Países Bajos) B.V. y Viacom Inc. (es decir, Paramount); iii) Universal Studios International B.V. y Comcast Corporation (conjuntamente, «NBCUniversal»); iv) CPT Holdings, Inc., Colgems Productions Limited y Sony Corporation (conjuntamente, «Sony»); v) The Walt Disney Company Limited y The Walt Disney Company; vi) Twentieth Century Fox Telecommunications International Inc. y Twenty-First Century Fox, Inc. (conjuntamente, «Fox»); y vii) Warner Bros. International Television Distribution Inc. y Time Warner Inc. (conjuntamente, «Warner»).
(21)

Mediante Decisión de 4 de julio de 2012, adoptada de conformidad con el artículo 7 del Mandato, rechacé la petición de Universal de acceder a la información confidencial que figuraba en el informe de la sala de datos de los asesores económicos externos. Como había una posibilidad real de que Universal, y en cierta medida también sus asesores jurídicos externos, estuvieran en posición de reproducir mediante ingeniería cierta información sensible si se les daba acceso a las restantes cuotas de derechos de autor confidenciales (a saber, las que no entraban en la categoría i) antes citada) y dado el acceso adicional concedido mediante los incisos ii) y iii) antes citados, concluí que conceder más acceso no era indispensable para salvaguardar los derechos de defensa de Universal. Además, los asesores de Universal decidieron no hacer uso del acceso adicional concedido con arreglo al inciso iii) citado. No se vulneraron los derechos de Universal y sus asesores jurídicos externos pudieron utilizar la información suministrada como prueba favorable o para refutar las pruebas desfavorables.
(7)

No he recibido quejas sobre el ejercicio efectivo de los derechos procesales de las partes en el procedimiento. El proyecto de Decisión no incluye objeciones en virtud de las cuales las partes no habrían tenido la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista. En vista de todo ello, considero que todas las partes en el procedimiento han podido ejercer efectivamente sus derechos procesales en este caso.
45.

En lo que se refiere a la información estadística cuantitativa que se presenta principalmente en el capítulo 5 y en el anexo del informe de evaluación, falta información que resulta crucial. Por ejemplo, las estadísticas no indican los fines para los que se obtienen los datos. Asimismo, los números no revelan si todos los datos a los que se ha tenido acceso han sido datos que estaban almacenados como consecuencia de la obligación legal de conservar los datos o para fines profesionales. Asimismo, no se proporciona información sobre los resultados del uso de los datos. Para la extracción de conclusiones, resulta además problemático que la información de los distintos Estados miembros no sea siempre totalmente comparable y que, en muchos casos, los gráficos sean representativos sólo de nueve Estados miembros.
4.

Todas las consultas sobre este anuncio deben entregarse en el Department of Enterprise, Trade and Investment (Minerals and Petroleum Branch), Colby House, Stranmillis Court, Belfast BT9 5BF, UNITED KINGDOM: tel. +44 2890388462 o fax +44 2890388461 entre las 9:30 y las 16:30 de lunes a viernes o enviarse por correo electronico: minerals@detini.gov.uk
27.

Sin embargo, por lo que se refiere al caso que nos ocupa y contrariamente al Sistema de Información de Schengen (10), hay que señalar que la base jurídica de las actividades de tratamiento se encuentra en el título VI del Tratado de la UE (el tercer pilar). Esto significa que el Reglamento (CE) no 45/2001 no es automáticamente aplicable a las actividades de tratamiento de la Comisión, como tampoco lo es ningún otro marco jurídico en materia de protección de los datos y de supervisión. Esta inaplicabilidad es poco afortunada, por la sencilla razón de que falta protección para la persona a la que se refieren los datos, máxime si se tiene en cuenta que el tratamiento de datos personales relativos a condenas penales es de naturaleza sensible, como se indica en el artículo 10, apartado 5, del Reglamento (CE) no 45/2001, donde se cualifica el tratamiento relativo a condenas penales como tratamiento que puede presentar riesgos específicos. Es también lamentable porque el SEPD participa —sobre la base de otros instrumentos jurídicos— en la supervisión del S-TESTA. Por ello, el SEPD propone que se añada una disposición a la Decisión (11) que indique que dicho Reglamento (CE) no 45/2001 se aplicará al tratamiento de datos personales bajo responsabilidad de la Comisión.
1.

El Comité Consultivo coincide en que, sobre la base de los informes del administrador y del análisis de la Comisión, la documentación (1) que Microsoft facilitó hasta el 15 de diciembre de 2005 a medianoche no se corresponde con una documentación completa y exacta y que, por tanto, Microsoft no ha cumplido la orden de divulgación establecida en el artículo 5, letras a) y c), de la Decisión de 24 de marzo de 2004.
—

Acceso a documentos adicionales KONE pidió tener acceso a documentos adicionales, incluidos, entre otros, un resumen más amplio de la declaración del informante a la Comisión que había iniciado las primeras inspecciones y también un documento interno de la Comisión relativo a la preparación de inspecciones en Alemania. Estos documentos se pedían con el fin de probar que se les debía conceder dispensa completa de conformidad con la Comunicación sobre clemencia. En relación con la declaración del informante, la Comisión tiene la obligación estricta de proteger la identidad de sus informadores frente al peligro de represalias (1). En particular, cuando se investiga a empresas poderosas por supuestas infracciones del Derecho de competencia, la Comisión tiene el deber de proteger a los denunciantes de las reacciones negativas a las que podrían tener que enfrentarse si se revelara su identidad. Por consiguiente, al tiempo que pude aislar algunos pasajes adicionales que en mi opinión podían divulgarse a KONE sin riesgo de poner en peligro el anonimato del informante y que posteriormente se pusieron a su disposición, apoyé la decisión del servicio competente de la Comisión de no conceder el acceso a la declaración del denunciante en el presente caso. Por lo que respecta a la petición de documentos internos, de acuerdo con la jurisprudencia y la Comunicación de la Comisión sobre el acceso al expediente, en principio no se puede acceder a los documentos internos de la Comisión. Consideré que el hecho de que una empresa alegara simplemente que los documentos internos podían ser útiles para preparar su defensa no podía ser suficiente para crear la obligación a la Comisión de hacer accesibles estos documentos. De no ser así se daría la vuelta a la norma de inaccesibilidad de dicha información interna y se vería gravemente socavado el legítimo interés de mantener secretas las deliberaciones internas de la Comisión. Considero que corresponde principalmente a los servicios de la Comisión verificar por sí mismos y si existe una petición fundamentada, al Consejero auditor comprobar si los documentos internos de la Comisión contienen pruebas que podrían ser indispensables para la defensa de alguna de las partes. Tras la verificación correspondiente, mi opinión fue que no era así en el presente caso. Por consiguiente, no se concedió el acceso.
22.

Un marco general de este tipo no debería modificarse hasta que se haya aplicado plenamente en los Estados miembros, a menos que haya indicaciones claras de que los objetivos de la Directiva no se cumplirían con el marco actual. En opinión del SEPD, la Comisión aseveró adecuadamente — en las circunstancias actuales — que aún no se había utilizado plenamente el potencial de la Directiva (véase el capítulo III del presente dictamen). Del mismo modo, no hay pruebas de que los objetivos no se podrían cumplir con el actual marco.
2.

El Comité consultivo coincide con la Comisión en que, a efectos de evaluación de la presente operación, los mercados de productos de referencia son: en el sector del gas natural: a) el mercado de almacenamiento o alternativamente el mercado de flexibilidad del gas natural; b) el mercado mayorista de gas natural; c) el mercado de suministro de gas natural a plantas combinadas de calor y electricidad (CHP) centralizadas; d) el mercado o mercados de suministro de gas natural a grandes clientes industriales y a CHP descentralizadas; e) el mercado o mercados de suministro de gas natural a pequeñas empresas sin contador y uso doméstico; en el sector eléctrico: f) el mercado mayorista de electricidad (independientemente de que incluya o no servicios de venta bilaterales al por mayor y servicios auxiliares, que podrían constituir mercados separados); g) el mercado de derivados financieros de la electricidad (independientemente de que incluya o no los CfD (contratos por diferencia) que podrían constituir un mercado separado); h) el mercado minorista de ventas de electricidad a clientes (comerciales) con contador; i) el mercado minorista de ventas de electricidad a clientes (uso predominantemente doméstico) sin contador; otros mercados: j) el mercado de calefacción urbana; k) el mercado de producción de ceniza volante; l) el mercado para comerciar derechos de emisión de CO2.
25.

Este ámbito de aplicación tan amplio se debe a las notables diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en relación con el tipo de condenas que se transmiten a los registros nacionales de antecedentes penales. No corresponde al SEPD criticar esas competencias de los Estados miembros por lo que respecta a cuáles son las condenas que transmiten a los registros de antecedentes penales, incluidas las resoluciones dictadas por autoridades administrativas, en la medida en que pueden ser recurridas ante un órgano jurisdiccional penal. El SEPD recuerda, no obstante, su dictamen de 13 de enero de 2005 (véase el punto 2 del presente dictamen), en el cual concluía que el intercambio de información debía limitarse a las condenas por determinados delitos graves. Ahora, el SEPD lamenta que el legislador comunitario no justifique (ni en la exposición de motivos ni en ningún otro documento oficial) los motivos por los cuales esta propuesta sobre intercambio de información no puede limitarse a los delitos más graves. Esa explicación esclarecería por qué este ámbito de aplicación tan amplio es necesario dentro de un espacio común de libertad, seguridad y justicia y no excede los límites fijados por el principio de proporcionalidad.
4.a.

Las disposiciones anteriores transponen lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5.1 y 2 y 6.1 y 2 de la Directiva 94/22/CE: — el artículo 3 de la Directiva 94/22/CE se incorpora mediante los artículos 11, 26.a) y 26.b) de la Ley en materia de geología y minería y el Reglamento del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2005 relativo a los procedimientos de licitación para la adquisición de derechos mineros; — el artículo 4 de la Directiva 94/22/CE ha sido incorporado por los artículos 22, 23 y 102.1 y 2 de la Ley en materia de geología y minería y por los Reglamentos del ministro de Medio Ambiente de 19 de diciembre de 2001 sobre proyectos de trabajos geológicos (4) (Boletín Oficial de la República de Polonia de 2001, no 153, punto 1777) y de 27 de junio de 2005 sobre las condiciones pormenorizadas que han de reunir los proyectos de gestión de los recursos mineros (5) (Boletín Oficial de la República de Polonia de 2005, no 128, punto 1075); — el artículo 5.1 de la Directiva 94/22/CE se ha incorporado mediante los artículos 18 y 20.1, 2 y 3 de la Ley en materia de geología y minería, el artículo 49.1.3 y 49.2 de la Ley de 2004 sobre la libertad de actividad económica (6) (Boletín Oficial de la República de Polonia de 2004, no 173, punto 1807) y el Reglamento del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2005 relativo al procedimiento de licitación para la adquisición de derechos mineros; — el artículo 5.2 de la Directiva 94/22/CE ha sido incorporado por los artículos 15 a 100 de la Ley en materia de geología y minería, el artículo 48 de la Ley sobre la libertad de actividad económica y el Reglamento del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2005 relativo al procedimiento de licitación para la adquisición de derechos mineros; — el artículo 6.1 y 2 de la Directiva 94/22/CE se ha transpuesto mutatis mutandis mediante los artículos 17 y 22 de la Ley en materia de geología y minería.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 27/1

Notificación de la República de Estonia sobre la reciprocidad de los visados (1)

(2006/C 27/01)

La Representación Permanente de la República de Estonia ante la Unión Europea saluda atentamente al Consejo de la Unión Europea y tiene el honor de notificarle que, con arreglo al artículo 1, apartado 4, letra f), del Reglamento (CE) no 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, modificado por el Reglamento (CE) no 851/2005 del Consejo, de 2 de junio de 2005, el Gobierno de Uruguay decidió el 26 de diciembre de 2005 suprimir la obligación de visado para los nacionales estonios cuya estancia en Uruguay no vaya a superar una duración de tres meses.

La Representación Permanente de la República de Estonia ante la Unión Europea aprovecha esta ocasión para expresar al Consejo del Consejo de la Unión Europea el testimonio de su más alta consideración.

(1) Esta notificación se publica de conformidad con el artículo 1, apartado 4, letra f) del Reglamento (CE) no 851/2005 del Consejo, de 2 de junio de 2005 (DO L 141 de 4.6.2005, p. 3), por el que se modifica el Reglamento (CE) no 539/2001, de 15 de marzo de 2001 (DO L 81 de 21.3.2001, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 277/2

Notificación de la República de Austria en relación con la reciprocidad de los visados (1)

(2005/C 277/03)

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 851/2005 del Consejo, de 2 de junio de 2005, que modifica el Reglamento (CE) no 539/2001 por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación en lo que respecta al mecanismo de reciprocidad (DO L 141 de 4.6.2005), Austria notifica por la presente que los nacionales austríacos están sujetos a la obligación de visado en los siguientes terceros Estados:

— Australia

— Brasil (exención de visado sólo para fines turísticos; obligación de visado para viajes de negocios)

— Brunei (exención de visado sólo hasta 30 días)

— Nicaragua (exención de visado sólo hasta un mes)

— Venezuela (exención de visado sólo hasta 60 días)

(1) Esta notificación se publica de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 851/2005 del Consejo, de 2 de junio de 2005 (DO L 141 de 4.6.2005, pág. 3), por el que se modifica el Reglamento (CE) no 539/2001 de 15 de marzo de 2001 (DO L 81 de 21.3.2001, pág. 1).
Dictamen del Comité Consultivo de concentraciones emitido en su 102a reunión, celebrada el 19 de octubre de 2001, en relación con un anteproyecto de decisión relativo al caso COMP/M.2420 - Mitsui/CVRD/Caemi

(2004/C 79/12)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que la concentración notificada constituye una concentración en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de la fusión y tiene una dimensión comunitaria.

2. El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que, a efectos de este caso, cada uno de los siguientes productos de mineral de hierro constituye un mercado de productos de referencia:

a) sinter refinado

b) trozos

c) pellets

d) los mercados hipotéticos de: i) pellets obtenidos por reducción directa (DR) y ii) una combinación de pellets y trozos DR, pero que no es necesario decidir si éstos son dos mercados de productos diferentes ya que los resultados de la evaluación de la competencia son iguales en cualquier caso.

3. El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que, a efectos de este caso, los mercados geográficos de referencia son los de las ventas totales de los productos de referencia con destinos marítimos.

4. El Comité Consultivo concuerda con la Comisión en que, a efectos de este caso, el total de las ventas marítimas es una aproximación utilizada para calcular las cuotas de mercado a nivel internacional.

5. El Comité Consultivo concuerda con la Comisión en que la concentración notificada lleva a la creación o consolidación de una posición dominante a consecuencia de la cual la competencia efectiva se obstaculizará perceptiblemente en el mercado común o en una parte sustancial del mismo en los mercados de:

a) Las ventas marítimas de pellets de mineral de hierro

b) Los mercados hipotéticos de los pellets DR y/o trozos DR.

6. El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que la concentración notificada no llevará a la creación o consolidación de una posición dominante en los mercados de:

a) Sinter refinado

b) Trozos.

7. El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que el compromiso presentado por las partes de desprenderse del 50 % de las acciones de QMC que tiene Caemi es suficiente para resolver los problemas de competencia planteados en los mercados de la venta marítima de pellets de mineral de hierro y de mineral de hierro obtenido por reducción directa y que no es necesario ningún otro compromiso.

8. Por consiguiente, el Comité Consultivo concuerda en que la concentración propuesta debería declararse compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo del EEE.

9. El Comité Consultivo invita a la Comisión a tener en cuenta todos los aspectos planteados en la discusión.

10. El Comité Consultivo recomienda la publicación de su dictamen en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Informe final del consejero auditor en el asunto COMP/M.2434 -- Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroeléctrica del Cantábrico

[establecido de acuerdo con el artículo 15 de la decisión (2001/462/CE, CECA) de la Comisión del 23 de mayo de 2001 relativa al mandato de los consejeros-auditores en ciertos procedimientos de competencia (DO L 162 de 19.6.2001, p. 21)]

(2004/C 42/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El proyecto de decisión no suscita observaciones particulares en cuanto al procedimiento que, en su fase escrita, se ha desarrollado con normalidad. Las partes no han solicitado una audición oral.

Los derechos de la defensa han sido respetados plenamente. De la misma forma que del derecho de RTE de ser escuchada en tanto que tercero interviniente.

El proyecto de decisión no contiene quejas respecto a las cuales las partes no hayan tenido la ocasión de dar a conocer su punto de vista.

Bruselas, 5 de septiembre de 2001.

Helmuth Schröter