ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
6.

Insta a todas las partes a que respeten en particular los apartados 7 y 16 de la Decisión de 24 de abril de 2012 del Consejo de Paz y de Seguridad de la Unión Africana, donde se reitera que las fronteras territoriales de los Estados no deben ser alteradas por la fuerza y que todas las controversias territoriales han de resolverse exclusivamente por medios políticos y pacíficos aceptados por ambas partes, y que no puede haber una solución militar al conflicto en Kordofán del Sur y Nilo Azul;
15.

Cree que una prohibición gradual de los descartes debería tener como punto de partida la pesquería y basarse en las características y realidades de las distintas modalidades y artes de pesca, teniendo en cuenta que es más fácil lograrla en el caso de algunas pesquerías monoespecíficas y que presenta una serie de desafíos a la pesca multiespecífica que deben superarse; hace hincapié en que las organizaciones de productores deberían ser tomadas en consideración y que deben participar activamente en este proceso; subraya que la eliminación de los descartes debería acompañarse de medidas de carácter técnico encaminadas a reducir o eliminar las capturas no deseadas y los incentivos dirigidos a fomentar unas prácticas de pesca selectivas; considera que debería concederse la prioridad, en primer lugar, a evitar las capturas no deseadas sobre la gestión de dichas capturas; manifiesta su inquietud, en este contexto, por la aparición de un mercado paralelo de descartes que constituiría un peligro para los ecosistemas y para el sector europeo de la pesca; pone de relieve que deben brindarse las garantías necesarias; destaca, asimismo, la necesidad de contar con las partes interesadas y de una definición precisa de la obligación de desembarcar y de su tratamiento posterior con el fin de no pasar de una pesca no deseada en el mar a una pesca no deseada en tierra;
15.

Pide a los países andinos que garanticen la elaboración de una hoja de ruta, transparente y vinculante, sobre derechos humanos, medioambientales y laborales, que debe dirigirse esencialmente a salvaguardar los derechos humanos, ampliar y mejorar los derechos de los sindicalistas y proteger el medio ambiente; sugiere que tengan en cuenta el Plan de Acción sobre Derechos Laborales entre Colombia y los Estados Unidos y, en particular, lo siguiente: — la aplicación y puesta en práctica de actos legislativos y medidas políticas que garanticen la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva, sin lagunas, en particular para los trabajadores del sector informal, especialmente mediante la eliminación del uso de cooperativas, pactos colectivos u otras medidas que tengan por finalidad o efecto negar a los trabajadores sus derechos sindicales o los beneficios de una relación laboral directa; — las inspecciones laborales estrictas que acarreen sanciones en caso de discriminación, despidos injustificados, intimidación y amenazas contra los trabajadores; — las medidas claras y verificables para reforzar el diálogo social en los niveles regional y local, así como por parte de las empresas; — la introducción de medidas destinadas a garantizar la aplicación efectiva de la legislación en materia de protección del medio ambiente y la diversidad, en particular frente a los efectos negativos de la deforestación y la extracción de materias primas; — la adopción de las medidas necesarias para poner fin a la impunidad, investigando, actuando penalmente y castigando en tribunales civiles a aquellas personas con mayor responsabilidad tanto intelectual como material en los delitos cometidos en Colombia; — el logro de unos objetivos claros, sujetos a un calendario y basados en resultados en cada uno de los ámbitos anteriores; — la petición a la Comisión Europea para que comience inmediatamente a asistir a Colombia y Perú en la creación y aplicación del proceso descrito, y la exigencia de que elabore un informe periódico que se presentará, para su valoración, al Parlamento Europeo; — el importante hecho de que algunos de los objetivos de esta hoja de ruta han de lograrse preferentemente antes de la entrada en vigor del Acuerdo Comercial;
57.

Subraya que, si bien la seguridad a bordo es una importante cuestión de interés público, una compañía aérea no puede denegar el embarque a una PMR o a una persona con discapacidad por el hecho de no ir acompañada; subraya que la compañía no puede exigir la presencia sistemática de un acompañante;
4.

Pide a la Comisión Europea que, en su condición de guardiana de los Tratados, vigile de cerca las posibles modificaciones y la aplicación de las mencionadas leyes y su cumplimiento con la letra y el espíritu de los Tratados europeos y que se realice un análisis en profundidad para asegurar: a. la plena independencia del poder judicial, en particular asegurando que la Autoridad Judicial Nacional, la Oficina del Fiscal y los tribunales en general se gobiernan al margen de toda influencia política, y que el mandato de los jueces independientes no pueda acortarse de forma arbitraria; b. que la regulación del Banco Nacional de Hungría se atiene a la legislación europea; c. que la independencia institucional de la protección de datos y la libertad de información se restablece y se garantiza mediante la letra y la aplicación de la correspondiente legislación; d. el pleno restablecimiento del derecho del Tribunal Constitucional a revisar cualquier acto legislativo incluido el derecho a revisar el Derecho presupuestario y fiscal; e. que la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación está garantizado por la letra y la aplicación de la Ley húngara sobre los medios de comunicación, especialmente con respecto a la participación de los representantes civiles y de la oposición en el Consejo de los Medios de Comunicación; f. que la nueva ley electoral cumple las normas democráticas europeas y respeta el principio de la alternancia política; g. que el derecho de ejercer oposición política de forma democrática está asegurado tanto dentro como fuera de las instituciones; h. que la ley sobre iglesias y denominaciones religiosas respetará los principios básicos de la libertad de conciencia y se abstendrá de someter el registro de las iglesias a la aprobación del Parlamento húngaro por mayoría de dos tercios;
—

Visto el documento de la Dirección General de Competencia de la Comisión titulado «Best practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of Articles 101 and 102 TFEU and in merger cases» (13),
37.

Pide a los dirigentes de la UE que alienten a todos los Estados que aún no sean signatarios del Estatuto de Roma a que se adhieran al mismo; a este respecto será oportuno hacer hincapié, en particular, en los miembros permanentes y los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
69.

Pide que se incremente la eficacia y la transparencia del Fondo Social Europeo por medio de actuaciones orientadas en mayor medida a los resultados, y pide que se definan ex ante objetivos e indicadores de resultados claros y mensurables, vinculados directamente a la finalidad de la financiación; que midan en particular los resultados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y la integración en empleos de calidad; considera que los interesados en todos los niveles de gobierno deben participar en el establecimiento de estos objetivos e indicadores, y que estos últimos deberían definirse claramente con la suficiente antelación antes de la provisión de fondos, de modo que tanto los Estados miembros como la Comisión pudieran evaluar la resultados obtenidos y utilizar la experiencia adquirida en la fase siguiente de planificación; apoya la propuesta de la Comisión de supeditar la asignación de fondos del Fondo Social Europeo a una condicionalidad ex ante, incluida una condición relativa a la transposición de la legislación y los objetivos de la UE, lo cual es indispensable para asegurar el éxito de las medidas del Fondo, así como la introducción de reformas estructurales y la existencia de capacidades administrativas adecuadas; destaca que la orientación a los resultados no debe suponer una discriminación para los pequeños beneficiarios y que no deben surgir nuevos riesgos u obstáculos al acceso para ellos;
—

Vistos los Convenios de la Organización Mundial del Trabajo y, en particular, los ocho Convenios fundamentales sobre el derecho de sindicación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva (Convenios no 87 y 98); sobre la abolición de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio (Convenios no 29 y 105); sobre la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (Convenios no 100 y 111); y sobre la abolición efectiva del trabajo infantil (Convenios no 138 y 182) (6),
23.

Acoge con satisfacción los progresos realizados en el sistema penitenciario, en particular el comienzo de la construcción de nuevas instalaciones carcelarias y la aplicación de un nuevo sistema de libertad condicional; observa, no obstante, que debido al problema de la superpoblación carcelaria todavía no se satisfacen completamente las necesidades de los presos en materia de atención sanitaria, higiene, espacio y aire fresco, y acceso a oportunidades de trabajo;
—

Vista la guía titulada «Geographical indications and TRIPs: 10 Years Later. A road map for EU GI holders to get protection in other WTO Members» (Indicaciones geográficas y ADPIC: Diez años después. Una hoja de ruta para que los titulares de indicaciones geográficas obtengan protección en los otros miembros de la OMC), encargado por la Comisión,
12.

Recuerda el satisfactorio desarrollo de la Asociación para la Consolidación de la Paz entre la Comisión y las organizaciones no gubernamentales y que es de esencial importancia una buena cooperación de esas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil con el futuro SEAE; pide a la Comisión que siga desarrollando el marco de la cooperación con las ONG y que promueva el uso de actores no estatales en las actividades de prevención y gestión de conflictos de la Unión, incluyéndolos también en las actividades de formación;
—

Visto el Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo, de 22 de julio de 2008, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y se modifican los Reglamentos (CE) no 552/97 y (CE) no 1933/2006 del Consejo y los Reglamentos (CE) no 1100/2006 y (CE) no 964/2007 de la Comisión (15),
11.

Lamenta que el sexto Informe de la Comisión sobre los progresos de la cohesión económica y social no incluya datos cualitativos y cuantitativos específicos sobre el impacto a corto y largo plazo de la crisis económica y financiera para las regiones de la UE, en particular, en lo que se refiere a los indicadores sociales y económicos más significativos; en consecuencia, pide a la Comisión que presente un informe o estudio específico sobre los efectos de la crisis económica y financiera en las regiones de la UE, en particular, en las del Objetivo 2 y las regiones en proceso de exclusión gradual, y sobre la posible ampliación o reducción de las diferencias entre las regiones en el contexto de la crisis; señala que las evaluaciones deben llevarse a cabo sin demoras para impedir que se produzcan disfunciones y que pueden servir de base para la presentación de una propuesta sobre la continuación del Objetivo 2 en aquellas zonas en que pueda aportar un valor añadido en lo que respecta a los fondos nacionales;
3.

Constata que los retos señalados en la Comunicación no son nuevos y considera que no han sido abordados con éxito hasta la fecha; considera, no obstante, que un diálogo y una colaboración continuos a nivel local, regional, nacional y europeo, que incluya el intercambio de mejores prácticas en relación con los programas e instrumentos, son cruciales para establecer asociaciones y vínculos más estrechos entre las universidades y las comunidades empresariales, salvando las posibles barreras culturales, institucionales y operativas entre ellas y contribuyendo a crear una sociedad basada en el conocimiento, para desarrollar la investigación aplicada y para mejorar las perspectivas de empleo de los titulados;
1.

Considera que la propuesta de modificación del Protocolo (no 36) solicitada por el Consejo Europeo se deriva directamente de las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa y constituye, por consiguiente, una solución transitoria que permitirá al conjunto de los Estados miembros a los que se atribuyen escaños suplementarios designar a los diputados en cuestión; acuerda que se elija a 18 diputados al Parlamento Europeo suplementarios para el resto de la legislatura 2009-2014; insiste, no obstante, en que los 18 diputados habrían de asumir sus cargos en el Parlamento al mismo tiempo, para no alterar el equilibrio de nacionalidades en la Cámara; insta a los Estados miembros a que concluyan los procesos de elección de forma pragmática lo antes posible;
21.

Señala que el concepto de datos no extraídos no es evidente y debe, por ello, aclararse; pide que se establezca un período máximo de almacenamiento que sea lo más corto posible y, en cualquier caso, no superior a cinco años;
O.

Considerando que en todos los Estados miembros debería garantizarse la continuidad de la validez jurídica de las órdenes de domiciliación actuales, ya que la obligación de firmar nuevas órdenes al cambiar de los sistemas nacionales de adeudos domiciliados al sistema de adeudos domiciliados de la SEPA resultaría onerosa; considerando, no obstante, que el mantenimiento de estas órdenes no contribuirá a la aplicación temprana del sistema de adeudos domiciliados de la SEPA si no se encuentra una solución para la migración de las órdenes actuales,
148.

Lamenta que el Tratado de Lisboa entre en vigor sin que el Consejo y la Comisión hayan preparado adecuadamente las medidas necesarias para un «nuevo comienzo» en el ELSJ; señala que, contrariamente a lo que se ha hecho en materia de Política Europea de Seguridad y Defensa, en particular en lo que se refiere al servicio de acción exterior, no se ha realizado un trabajo de preparación para aplicar los fundamentos jurídicos en materia de transparencia (artículo 15 del TFUE), protección de datos (artículo 16 del TFUE) y lucha contra la discriminación (artículo 18 del TFUE), y que la consecuencia de esta situación podría ser un largo período de incertidumbre jurídica que afectará en particular al ELSJ; pide a la Comisión, teniendo en cuenta lo anterior y el artículo 265 del TFUE, que presente, antes del 1 de septiembre de 2010, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario: — una propuesta legislativa marco que ponga de relieve la participación del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales en la evaluación de las políticas en materia de ELSJ, así como de las agencias interesadas a escala europea (incluidas las autoridades responsables de Schengen, Europol, Eurojust, Frontex y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo), — un mandato revisado de la Agencia de los Derechos Fundamentales que cubra, entre otras cosas, la cooperación jurídica y policial en asuntos penales, — una propuesta legislativa para la aplicación del artículo 16 del TFUE y del artículo 39 del TUE, en particular en lo que respecta a la protección de datos cuando están en juego cuestiones de seguridad y, al mismo tiempo, para ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 45/2001 por lo que respecta a la protección de datos personales por las instituciones de la Unión Europea, — un marco jurídico revisado para Europol y Eurojust, a fin de alinearlas con el nuevo marco jurídico de la Unión Europea;
94.

Toma nota de la celebración de la segunda ronda del diálogo UE-Uzbekistán sobre derechos humanos el 5 de junio de 2008; toma nota de la celebración del seminario sobre libertad de los medios en Tashkent los días 2 y 3 de octubre de 2008; considera que este seminario no alcanzó su objetivo original de propiciar un debate abierto sobre las violaciones de los derechos humanos y la libertad de los medios en Uzbekistán; señala que sigue faltando una investigación internacional independiente sobre la matanza de Andijan y que la situación de los derechos humanos en Uzbekistán no mejora; se felicita por la puesta en libertad de dos defensores de los derechos humanos, Dilmurod Mujiddinov and Mamarajab Nazarov; condena el encarcelamiento de defensores de los derechos humanos y periodistas independientes por motivos políticos e insta a las autoridades uzbekas a poner en libertad a todos los defensores de los derechos humanos y a otros presos políticos; expresa nuevamente su profunda preocupación por el encarcelamiento de Salion Abdurajmánov, periodista independiente, y Agzam Turgúnov, activista de los derechos humanos; toma nota de las Conclusiones del Consejo de 13 de octubre de 2008 sobre Uzbekistán; insta a las autoridades uzbekas a que acepten la acreditación del nuevo director de país de Human Rights Watch y permitan a esta organización y a otras organizaciones y ONG internacionales desarrollar su actividad sin impedimentos; pide a Uzbekistán que colabore de forma plena y efectiva con los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la tortura y la libertad de expresión y que suprima las limitaciones impuestas al registro y al funcionamiento de las ONG en Uzbekistán; toma nota de que el Consejo ha decidido no renovar las restricciones de viaje aplicables a determinadas personas mencionadas en la Posición Común 2007/734/PESC (34), que habían sido suspendidas en aplicación de las conclusiones de los Consejos de los días 15 y 16 de octubre de 2007 y 29 de abril de 2008; celebra que, ello no obstante, el Consejo haya decidido prorrogar 12 meses el embargo de armas impuesto en aplicación de dicha Posición Común; pide al Consejo y a la Comisión que examinen la situación general de los derechos humanos en Uzbekistán; reitera su llamamiento para la inmediata liberación de los presos políticos; toma nota de la declaración de la Presidencia de la Unión Europea de 17 de diciembre de 2008 sobre los casos particulares;
8.

Considera que las propuestas de la Comisión carecen de una estrategia clara para que los trabajadores por cuenta propia mejoren su condición jurídica y sus derechos, sobre todo si su posición es comparable a la de los asalariados; pide a la Comisión que garantice a los trabajadores por cuenta propia el derecho a acordar tarifas estándar, a organizarse y a concluir convenios colectivos, si su entidad contratante es una gran empresa con una posición dominante en el mercado, siempre que ello no perjudique a clientes menos poderosos y que no cause distorsiones en el mercado;
P.

Considerando que las sentencias del Tribunal de Justicia en materia de libertad de circulación y en particular en los asuntos Metock, Jipa y Huber reiteraron los siguientes principios: — El nacional de un tercer país, cónyuge de un ciudadano de la Unión, que acompaña o se reúne con este ciudadano puede acogerse a las disposiciones de esa Directiva, independientemente del momento o del lugar en el que hubieran contraído matrimonio y sin necesidad de haber residido antes legalmente en ese país (11), — El artículo 18 del Tratado CE y el artículo 27 de la Directiva 2004/38/CE no se oponen a que la legislación nacional permita restringir el derecho de un nacional de un Estado miembro a trasladarse al territorio de otro Estado miembro, en particular por haber sido repatriado anteriormente del mismo debido a que se encontraba en él en «situación ilegal», siempre que la conducta personal de ese nacional constituya una amenaza real, actual y suficientemente grave contra intereses fundamentales de la sociedad y que la medida restrictiva prevista sea apropiada para garantizar la consecución del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo que sea necesario para alcanzarlo; corresponde al órgano jurisdiccional nacional establecer si ello es así en el asunto del que conoce (12), — El apartado 1 del artículo 12 del Tratado CE debe interpretarse en el sentido de que excluye la posibilidad de que un Estado miembro instaure, a los efectos de la lucha contra la delincuencia, un sistema de tratamiento de datos de carácter personal específico para ciudadanos de la Unión no nacionales de dicho Estado miembro (13),
D.

Considerando que la Misión de observación electoral de la OSCE/OIDDH afirmó en su informe final que, si bien se habían registrado algunas mejoras poco importantes, las elecciones del 28 de septiembre de 2008, que se desarrollaron en un contexto de estricto control, con una campaña apenas visible, y que se caracterizaron por la falta de transparencia en el recuento de los votos y en la contabilización de los resultados de los distintos colegios electorales, no respondieron en definitiva a las normas democráticas reconocidas internacionalmente; considerando que Lidia Yermóshina, Presidenta de la Comisión Electoral Central, ha admitido que las elecciones de septiembre de 2008 no obtuvieron de parte de los socios europeos el reconocimiento pleno e incondicional como elecciones conformes a las normas internacionales, y que por consiguiente no se ha logrado el objetivo primordial de las elecciones,
5.

Subraya que la libre prestación de servicios no está por encima de los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, del derecho de los sindicatos a emprender acciones colectivas, especialmente por tratarse de un derecho constitucional en varios Estados miembros; subraya, por lo tanto, que las sentencias del TJCE en los asuntos Rüffert, Laval y Viking muestran que es necesario aclarar que las libertades económicas establecidas en los Tratados deberían interpretarse de manera que no menoscaben el ejercicio de los derechos sociales fundamentales reconocidos en los Estados miembros y por el Derecho comunitario, incluido el derecho a negociar, celebrar y aplicar convenios colectivos y a emprender acciones colectivas, y que no menoscaben la autonomía de los interlocutores sociales en el ejercicio de estos derechos fundamentales en defensa de intereses sociales y de la protección de los trabajadores;
P.

Considerando que existe un consenso político en la UE sobre la importancia capital de lograr el objetivo estratégico de que el incremento medio de la temperatura mundial no supere los 2° C con respecto a los niveles de la era preindustrial; que la temperatura mundial ya se ha incrementado en 0,74° C en el último siglo e inevitablemente continuará aumentando entre 0,5° y 0,7° C debido a emisiones históricas,