Otro aspecto importante ha sido el apoyo operativo de las agencias de la UE. La Unión desplegó ayuda inmediata desde el inicio de la crisis, a petición de Lituania. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) ha prestado apoyo operativo a Letonia y Lituania para ayudarlas a hacer frente a la situación de instrumentalización. La EASO ha prestado especial ayuda en la tramitación de las solicitudes de asilo, la gestión de la acogida y la interpretación. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y Europol también han prestado apoyo a los Estados miembros que solicitaron su ayuda. En particular, las agencias de la UE han enviado expertos para aplicar medidas de control fronterizo e inteligencia, y han trabajado para reforzar la capacidad de retorno y llevar a cabo operaciones de retorno. Este apoyo ya ha dado lugar a un número considerable de operaciones de retorno. En la actualidad, el apoyo incluye más de ciento once guardias de fronteras, más de ochenta y dos expertos en asilo y dos agentes invitados de Europol. Las agencias pueden ahora seguir intensificando el apoyo operativo, y es importante que los tres Estados miembros lo aprovechen plenamente.

Esta instrumentalización de migrantes por parte de Bielorrusia ha provocado que las personas que se encuentran en la región fronteriza entre la Unión Europea y Bielorrusia estén en una situación grave. Las acciones del país han provocado una crisis humanitaria, y ya se han confirmado varias víctimas mortales. La responsabilidad principal de hacer frente a esta crisis recae en Bielorrusia. El país está obligado a cumplir la Convención de Ginebra, en particular el principio de no devolución, y es parte en el Pacto Mundial. Por consiguiente, aunque la Unión seguirá contribuyendo a la ayuda humanitaria para las personas necesitadas en territorio bielorruso, Bielorrusia debe proporcionar una protección adecuada a los refugiados que se encuentran en su territorio y cooperar a tal fin con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior han estado colaborando estrechamente con las Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como con las organizaciones pertinentes de defensa de los derechos humanos, para evitar que la crisis humanitaria siga avanzando, también en vista del deterioro de las condiciones meteorológicas.

En sus conclusiones de 21 y 22 de octubre de 2021, el Consejo Europeo subrayó que la UE no aceptaría ningún intento de terceros países de instrumentalizar a migrantes con fines políticos. Los dirigentes se comprometieron a seguir haciendo frente a los continuos ataques híbridos del régimen bielorruso. También recordaron la necesidad de garantizar el retorno efectivo y la plena aplicación de los convenios y acuerdos de readmisión, ejerciendo la influencia que fuera necesaria. Afirmaron que la Unión Europea seguía resuelta a garantizar un control efectivo de sus fronteras exteriores. En este contexto, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a proponer cualquier cambio necesario del marco jurídico de la UE, así como medidas concretas sustentadas por un apoyo financiero adecuado, para garantizar una respuesta inmediata y apropiada en consonancia con el Derecho y las obligaciones internacionales de la Unión, en particular en materia de respeto de los derechos fundamentales.

El procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo establecido en la presente propuesta prevé disposiciones de procedimiento específicas para el registro y la presentación de solicitudes de protección internacional, plazos de registro más largos y la posibilidad de decidir en la frontera o en la zona de tránsito la admisibilidad o el fondo de todas las solicitudes, excepto cuando no esto no permita atender a vulnerabilidades específicas. También prevé disposiciones específicas para el retorno y las condiciones materiales de acogida. Estas medidas van acompañadas de salvaguardias. Para todo lo demás, las disposiciones aplicables son las de la Directiva sobre procedimientos de asilo y, en particular, las garantías previstas en su capítulo II.

Dadas las salvaguardias previstas en la Directiva sobre procedimientos de asilo y en la Directiva sobre las condiciones de acogida, también en el contexto del procedimiento de asilo en la frontera, el internamiento de solicitantes debe emplearse como último recurso en aquellos casos concretos en que no puedan aplicarse otras medidas suficientes y menos coercitivas. Por lo tanto, el procedimiento de asilo no debe implicar el internamiento sistemático de los solicitantes. Para que los solicitantes vulnerables puedan ejercer sus derechos, Letonia, Lituania y Polonia no deben aplicar el procedimiento fronterizo si el estado de salud del solicitante no garantiza que el examen de la solicitud en la frontera o en las zonas de tránsito vaya a realizarse con el apoyo necesario.

La propuesta permite, con arreglo al procedimiento específico de asilo, que Letonia, Lituania y Polonia apliquen el procedimiento fronterizo acelerado para pronunciarse sobre la admisibilidad y el fondo de todas las solicitudes, excepto cuando no pueda prestarse un apoyo adecuado a los solicitantes que presentan problemas de salud particulares. Esta medida limitará la posibilidad de que Bielorrusia instrumentalice a nacionales de terceros países a los que no puede aplicárseles el procedimiento fronterizo. Tal como se establece en la Directiva sobre procedimientos de asilo y se indica explícitamente en la presente propuesta, durante el procedimiento fronterizo son aplicables los principios y garantías fundamentales del capítulo II de la Directiva sobre procedimientos de asilo, con el fin de garantizar que se protegen los derechos de las personas que buscan protección internacional y que se conservan, al mismo tiempo, el derecho de asilo y el respeto del principio de no devolución. Además, la propuesta incluye la obligación de priorizar las peticiones bien fundadas y las de familias y niños.

En la situación actual, las medidas deben ayudar a los Estados miembros afectados a proteger su integridad territorial, impedir la entrada de aquellos que no cumplan las condiciones necesarias y, al mismo tiempo, proteger los derechos fundamentales. La posibilidad de examinar una solicitud en la frontera sin autorizar la entrada en el territorio, de conformidad con el artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo, ofrece este tipo de protección, pero, con arreglo a las normas actuales, el fundamento de las solicitudes solo puede examinarse en un procedimiento fronterizo cuando se dan ciertas circunstancias concretas. Aunque este podría ser el caso, en determinadas condiciones, de los solicitantes que entraron irregularmente en el territorio, la presente Decisión amplía esta posibilidad a todos los solicitantes, pues no excluye a ninguna categoría.

La propuesta también incluye disposiciones sobre cooperación entre la Comisión, los Estados miembros y las agencias de la UE, así como sobre la obligación de los Estados miembros de seguir notificando datos y estadísticas pertinentes a través de la Red de preparación y gestión de crisis migratorias de la UE, y la obligación de la Comisión de evaluar periódicamente la situación. También incluye una disposición sobre el ámbito de aplicación personal, para garantizar que las personas que llegaron antes de la presente Decisión, pero en este mismo contexto de instrumentalización, y cuyas solicitudes de protección internacional aún no se hayan registrado o en relación con las cuales no se haya iniciado el procedimiento de retorno estén atendidas y se beneficien de las disposiciones de la Decisión. Esto aportará seguridad jurídica y permitirá que estos nacionales de terceros países puedan prever cuáles serán las normas de procedimiento aplicables. Varios considerandos abordan la geometría variable por lo que respecta a la participación de Irlanda y Dinamarca en la presente Decisión. Los Estados miembros afectados están obligados a interrumpir cualquier medida si la situación de emergencia dejase de existir.

En cuanto a los aspectos relativos al procedimiento de asilo, la presente propuesta no supone ninguna carga financiera o administrativa adicional para la Unión. En esas partes, por lo tanto, no tiene impacto alguno en el presupuesto de la Unión.

Por el motivo mencionado anteriormente, no es posible estimar de antemano el posible impacto presupuestario en las agencias descentralizadas afectadas. Estas disponen de cierta flexibilidad respecto de sus presupuestos actuales, pero, en función de la evolución de los acontecimientos y habida cuenta de que los recursos de las agencias son limitados, no se descarta que pueda necesitarse una redistribución de los recursos.

Debido a la naturaleza de esta propuesta, relacionada con un caso de instrumentalización de migrantes, no es posible estimar de antemano el posible impacto presupuestario. Se incluirá en el presupuesto de los instrumentos de financiación de la UE existentes para los períodos 2014-2020 y 2021-2027 en el ámbito de la migración, el asilo y la gestión de fronteras. Si la situación se agravase aún más y fuera excepcionalmente necesario, podrían utilizarse los mecanismos de flexibilidad previstos en el MFP 2021-2027. La Comisión Europea y los Estados miembros han estado debatiendo periódicamente las necesidades financieras derivadas de la situación en las fronteras exteriores con Bielorrusia. En consecuencia, la Comisión Europea prestó asistencia urgente a Lituania este otoño, y Lituania, Letonia y Polonia han tomado medidas para transferir recursos (no gastados) desde sus programas nacionales 2014-2020, que se basan en esos instrumentos de financiación. En este contexto, además de los 360 millones EUR previstos para estos Estados miembros en el marco del IGFV para este período financiero, se dispondrá de un complemento adicional de unos 200 millones EUR para 2021 y 2022, con cargo a los recursos existentes, principalmente la dotación del mecanismo temático del IGFV. Un diálogo periódico y continuo permitirá hacer un uso óptimo de los recursos disponibles en el marco de estos instrumentos.

Desde el inicio de la situación de amenaza híbrida en el verano de 2021, la Comisión ha consultado a todas las partes interesadas pertinentes sobre la forma de hacer frente a la situación. Los Estados miembros afectados por la instrumentalización actual, en particular Lituania, sugirieron iniciativas legislativas concretas que, en su opinión, abordarían adecuadamente la situación. La presente propuesta incluye varias de esas sugerencias. La Comisión se reunió e intercambió correspondencia con organizaciones internacionales y no gubernamentales, que han evaluado la situación y han propuesto una reacción adecuada. La Comisión visitó Polonia y Lituania en varias ocasiones, tanto por cuestiones políticas como técnicas. Durante estas visitas, además de reunirse con las autoridades nacionales, la Comisión recabó información de las delegaciones nacionales del ACNUR y de la OIM, así como de organizaciones no gubernamentales nacionales de derechos humanos que ayudan a los migrantes en las regiones fronterizas.

Cuando se aplican excepciones a la Directiva sobre retorno, se respeta también el principio de no devolución consagrado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y en el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La propuesta recuerda explícitamente la obligación de los Estados miembros de respetar siempre ese principio cuando ejerzan la obligación de control de fronteras que les incumbe. El respeto del principio de no devolución exige que se compruebe que no existe riesgo de persecución, tortura ni tratos inhumanos o degradantes, ni riesgo de devolución en cadena.

El derecho a la libertad y a la libre circulación está protegido, puesto que, de recurrirse al internamiento en el contexto del procedimiento fronterizo de asilo o en el ámbito del retorno, tales normas solo pueden aplicarse en un marco estrictamente regulado y durante un tiempo limitado. Con arreglo al artículo 26, apartado 1, de la Directiva sobre procedimientos de asilo, los Estados miembros no deben mantener a una persona internada por la única razón de que sea solicitante de protección internacional. Por lo que a los motivos y las condiciones del internamiento se refiere, esa disposición remite al artículo 8 de la Directiva sobre las condiciones de acogida. De conformidad con el artículo 8, apartado 3, letra c), de la Directiva sobre las condiciones de acogida, un solicitante puede ser internado para decidir, en el marco de un procedimiento, sobre su derecho a entrar en el territorio. El artículo 8, apartado 2, establece asimismo que los Estados miembros solo pueden internar a un solicitante cuando no se puedan aplicar efectivamente medidas menos coercitivas, como las restricciones a la libertad de circulación previstas en su artículo 7.

El marco previsto en la presente Decisión debe aplicarse con pleno respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta, en particular el derecho a la dignidad humana (artículo 1), la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes (artículo 4), el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 6), el derecho de asilo (artículo 18), la prohibición de las expulsiones colectivas y la protección frente a la devolución (artículo 19, apartados 1 y 2), el derecho a la no discriminación (artículo 21), el principio de igualdad entre hombres y mujeres (artículo 23), los derechos del niño (artículo 24) y el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 47). La presente propuesta tiene plenamente en cuenta las necesidades especiales de las personas vulnerables. Las salvaguardias previstas para los niños y las personas vulnerables en la Directiva 2013/33/UE, sobre las condiciones de acogida, deben constituir una consideración primordial para las autoridades competentes.

(3)Esta instrumentalización ha provocado que los migrantes se encuentren en una grave situación en las fronteras exteriores de la Unión Europea con Bielorrusia. Las acciones del país han provocado una crisis humanitaria, y ya se han confirmado varias víctimas mortales. La responsabilidad principal de hacer frente a esta crisis recae en Bielorrusia, que está obligada por la Convención de Ginebra, en particular por el principio de no devolución. Por lo tanto, Bielorrusia debe proporcionar una protección adecuada a los migrantes que se encuentran en su territorio y cooperar a tal fin con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Si bien el acceso limitado ha obstaculizado la tarea de evaluar las necesidades en el lado bielorruso de la frontera, la Comisión ha estado colaborando estrechamente con las Naciones Unidas y sus organismos especializados y con las organizaciones humanitarias y de derechos humanos asociadas pertinentes para evitar que la crisis humanitaria siga avanzando, también en vista del deterioro de las condiciones meteorológicas. Las recientes decisiones han movilizado 700 000 EUR de financiación humanitaria para ayudar a los socios a prestar asistencia a las personas vulnerables que han quedado bloqueadas en la frontera y dentro de Bielorrusia.

(17)Partiendo de la evaluación de la situación de emergencia actual, se considera que lo más adecuado para apoyar a los Estados miembros afectados es establecer un procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo en las fronteras exteriores que constituya una excepción a algunas de las disposiciones de la Directiva 2013/32/UE, sobre procedimientos de asilo, la Directiva 2013/33/UE, sobre las condiciones de acogida, y la Directiva 2008/115/CE, sobre retorno. El procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo y las medidas de apoyo operativo previstas en la presente Decisión deben ayudar a los Estados miembros afectados a gestionar la situación de manera controlada y eficaz, garantizando al mismo tiempo el pleno respeto de los derechos fundamentales y las obligaciones internacionales, como se subraya en el llamamiento del Consejo Europeo a la Comisión. En particular, las medidas de la presente Decisión respetan el derecho de asilo al garantizar el acceso real y efectivo al procedimiento y el principio de no devolución.

(18)El procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo en las fronteras exteriores establecido en la presente Decisión respeta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y debe aplicarse cumpliéndola plenamente, en particular sus artículos 1, 4, 7, 18, 24 y su artículo 19, apartados 1 y 2. Con el fin de reflejar, en particular, la consideración primordial que debe prestarse al interés superior del niño, a la necesidad de respetar la vida familiar y a garantizar la protección de la salud de las personas afectadas, la presente Decisión debe establecer normas y salvaguardias específicas aplicables a los menores y a sus familiares, así como a los solicitantes cuyo estado de salud requiera un apoyo específico y adecuado. Las garantías establecidas en la Directiva 2013/32/UE (Directiva sobre procedimientos de asilo) y la Directiva 2013/33/UE (Directiva sobre las condiciones de acogida) en relación con los solicitantes con necesidades o vulnerabilidades especiales deben seguir aplicándose con respecto a las personas sujetas al procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo. La Directiva 2013/33/UE, incluidas las normas y salvaguardias relativas al internamiento de los solicitantes de protección internacional, debe seguir aplicándose desde el momento en que se realiza la solicitud de protección internacional. La posibilidad de establecer excepciones a determinadas disposiciones de dicha Directiva debe entenderse sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros de garantizar en todo momento el respeto de la dignidad humana y de atender, en particular, a las necesidades básicas de los nacionales de terceros países sujetos al procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo.

(19)Es necesario establecer un procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo en las fronteras exteriores, adaptado a las necesidades específicas de los Estados miembros afectados, ya que las disposiciones actuales de la Directiva sobre procedimientos de asilo no proporcionan instrumentos adecuados para responder eficazmente a la actual situación de emergencia, caracterizada por la instrumentalización de migrantes por parte de Bielorrusia. Aunque algunas de las disposiciones de la Directiva 2013/32/UE, sobre procedimientos de asilo, pueden aplicarse para hacer frente a la situación actual de manera ordenada, dichas disposiciones no están específicamente concebidas para una situación en la que la integridad y la seguridad de la Unión estén siendo atacadas como consecuencia de la instrumentalización de migrantes. Por lo tanto, son necesarias disposiciones de procedimiento específicas, en particular el establecimiento de un procedimiento de emergencia para la gestión del asilo y la migración, a fin de hacer frente a esta situación de emergencia particular. Por lo que se refiere a los aspectos no regulados específicamente en la presente Decisión, son de aplicación todas las demás disposiciones y garantías de la Directiva sobre procedimientos de asilo.

(20)Para ayudar a los Estados miembros afectados a gestionar de manera ordenada los flujos, en el marco del procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo, Letonia, Lituania y Polonia pueden decidir, en relación con nacionales de terceros países o apátridas detenidos o localizados en las proximidades de la frontera con Bielorrusia tras haber entrado de manera irregular o haberse presentado en los pasos fronterizos, registrar solicitudes de protección internacional únicamente en los puntos específicos de registro designados a tal efecto y situados en las proximidades de las fronteras, que pueden incluir pasos fronterizos concretos, y ofrecer la posibilidad efectiva de presentar una solicitud de protección internacional únicamente en puntos específicos designados a tal efecto y fácilmente accesibles. Debe garantizarse, no obstante, un acceso efectivo y real al procedimiento de protección internacional, de conformidad con el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para ello, Letonia, Lituania y Polonia deben garantizar que se designen y se abran a tal fin suficientes puntos de registro, que pueden incluir pasos fronterizos. Se debe informar debidamente a los solicitantes de la ubicación de los puntos en los que su solicitud será registrada y puede ser presentada.

(21)Con el fin de garantizar que los Estados miembros afectados dispongan de la flexibilidad necesaria y evitar que Bielorrusia tenga por objetivo categorías específicas de nacionales de terceros países, debe ser posible, en virtud del procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo establecido en la presente Decisión, que los Estados miembros afectados adopten, en el marco de un procedimiento fronterizo con arreglo al artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo, una decisión sobre la admisibilidad y el fundamento de todas las solicitudes de protección internacional de nacionales de terceros países o apátridas detenidos o localizados en las proximidades de la frontera con Bielorrusia tras haber entrado de manera irregular o haberse presentado en los pasos fronterizos. Deben respetarse las garantías establecidas en el capítulo II de la Directiva sobre procedimientos de asilo.

(22)En el procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo, las autoridades competentes deben tener una consideración primordial por el interés superior del niño y las salvaguardias para los solicitantes con problemas de salud. Por este motivo, en el marco del procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo, Letonia, Lituania y Polonia deben dar prioridad al examen de las solicitudes de las personas con peticiones bien fundadas o las de los menores y sus familiares. Además, Letonia, Lituania y Polonia no deben aplicar el procedimiento fronterizo si el estado de salud del solicitante no permite que se lleve a cabo el examen de la solicitud en la frontera o en las zonas de tránsito. Este también debe ser el caso si los problemas de salud se ponen de manifiesto durante el examen de la solicitud. Si durante el examen de la solicitud se pone de manifiesto que un solicitante necesita garantías procedimentales especiales y no puede prestarse apoyo adecuado en el contexto del procedimiento de asilo en la frontera, de conformidad con el artículo 24, apartado 3, de la Directiva sobre procedimientos de asilo, el Estado miembro de que se trate debe remitir al solicitante al procedimiento normal en el territorio.

(23)Con arreglo al artículo 26, apartado 1, de la Directiva sobre procedimientos de asilo, los Estados miembros no deben mantener a una persona internada por la única razón de que sea solicitante de protección internacional. En caso de internamiento, deben aplicarse los motivos y condiciones de internamiento establecidos en el artículo 8 de la Directiva sobre las condiciones de acogida. De conformidad con el artículo 8, apartado 3, letra c), de la Directiva sobre las condiciones de acogida, un solicitante puede ser internado para decidir, en el marco de un procedimiento, sobre su derecho a entrar en el territorio. El artículo 8, apartado 2, establece asimismo que los Estados miembros solo pueden internar a un solicitante cuando no se puedan aplicar efectivamente medidas menos coercitivas, como las restricciones a la libertad de circulación previstas en su artículo 7. Deben aplicarse las salvaguardias para el internamiento previstas en la Directiva sobre las condiciones de acogida, en particular a grupos específicos como menores y sus familias. Las alternativas al internamiento, como las restricciones a la libertad de circulación, pueden ser tan eficaces como el internamiento en las circunstancias actuales y, por lo tanto, deben ser consideradas por las autoridades, en particular en el caso de los menores.

(24)El procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo establecido en la presente Decisión permite a los Estados miembros ampliar el plazo de registro de las solicitudes de protección internacional a cuatro semanas, y la duración máxima para aplicar un procedimiento fronterizo a dieciséis semanas, durante las cuales debe adoptarse una decisión sobre la solicitud, incluida una resolución sobre un posible recurso contra una decisión negativa. Estos plazos procedimentales, que son más largos que los previstos en la Directiva sobre procedimientos de asilo, están concebidos para ayudar a los Estados miembros afectados a hacer frente a la afluencia repentina en una situación de instrumentalización de migrantes. Los Estados miembros afectados, al verse enfrentados a la situación actual, necesitan desviar recursos para proteger su integridad territorial además de gestionar a los nacionales de terceros países que llegan a sus fronteras o que ya se encuentran en sus territorios. En consecuencia, es posible que los Estados miembros afectados necesiten tiempo para reorganizar sus recursos y aumentar su capacidad, para lo que contarán con el apoyo de las agencias de la UE. Además, el número de solicitantes a los que se aplique el procedimiento fronterizo será mayor que en circunstancias normales, por lo que es posible que el Estado miembro afectado necesite más tiempo para poder tomar decisiones sin permitir la entrada en el territorio. No obstante, Letonia, Lituania y Polonia deben dar prioridad al registro de las solicitudes de menores y sus familiares.

(25)Debe evitarse a toda costa cualquier acto violento en la frontera, no solo para proteger la integridad territorial y la seguridad del Estado miembro afectado, sino también para garantizar la protección y la seguridad de los nacionales de terceros países, entre los que se encuentran familias y niños que están a la espera de su oportunidad para solicitar asilo en la Unión de forma pacífica. Cuando los Estados miembros afectados se enfrenten en sus fronteras exteriores a acciones violentas como, por ejemplo, en el contexto de intentos de los nacionales de terceros países de forzar la entrada en masa y por medios violentos desproporcionados, los Estados miembros afectados deben poder adoptar las medidas necesarias con arreglo a su legislación nacional para preservar la seguridad, el orden público y la aplicación efectiva de la presente Decisión.

(26)El artículo 18, apartado 9, de la Directiva 2013/33/UE permite a los Estados miembros fijar modalidades de condiciones materiales de acogida diferentes de las previstas en la Directiva en casos debidamente justificados y bajo determinadas condiciones. La situación de emergencia actual es una situación excepcional que justifica que se proporcionen diferentes condiciones materiales de acogida, ya que se ha producido un flujo repentino e imprevisible de nacionales de terceros países que debe ser tramitado y atendido en la frontera. Por esta razón, en la situación de emergencia actual, el Estado miembro afectado debe poder establecer excepciones a las disposiciones de la Directiva sobre las condiciones de acogida y proporcionar a los nacionales de terceros países y a los apátridas un refugio temporal, que debe adaptarse a las condiciones meteorológicas estacionales, así como cubrir sus necesidades básicas, en particular suministrando alimentos, agua, ropa, atención médica adecuada y asistencia a las personas vulnerables, respetando plenamente el derecho a la dignidad humana.

(27)Para que Letonia, Lituania y Polonia afronten mejor la situación de emergencia caracterizada por los actuales flujos irregulares de nacionales de terceros países, y con vistas a complementar y garantizar la plena coherencia con las medidas fronterizas y con el procedimiento de asilo en la frontera exterior, debe permitirse a los Estados miembros afectados establecer excepciones a la aplicación de la Directiva 2008/115/CE (Directiva sobre retorno) para los nacionales de terceros países y apátridas cuya solicitud de protección internacional haya sido rechazada en el contexto de un procedimiento de asilo establecido en la presente Decisión. Si se presente una solicitud posterior simplemente para retrasar o frustrar el retorno, los Estados miembros pueden considerar inadmisible dicha solicitud, de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva sobre procedimientos de asilo. La presente Decisión se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que Letonia, Lituania y Polonia establezcan excepciones a la aplicación de la Directiva 2008/115/CE en virtud del artículo 2, apartado 2, letra a), de dicha Directiva, en relación con los nacionales de terceros países que sean detenidos con ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores terrestres, marítimas o aéreas de un Estado miembro y no hayan obtenido ulteriormente una autorización o derecho de estancia en dicho Estado miembro.

(28)Al aplicar la excepción a la aplicación de la Directiva sobre retorno, Letonia, Lituania y Polonia deben garantizar el pleno respeto del principio de no devolución y tener debidamente en cuenta el interés superior del niño, la vida familiar y el estado de salud del nacional de un tercer país de que se trate, tal como se establece en las disposiciones sobre excepciones de la Directiva sobre retorno. También deben garantizar que el trato y el nivel de protección en relación con las limitaciones al recurso de medidas coercitivas, el aplazamiento de la expulsión, la asistencia sanitaria urgente, las necesidades de las personas vulnerable y las condiciones del internamiento no sean menos favorables que los establecidos en la Directiva sobre retorno.

(29)Letonia, Lituania y Polonia deben informar a los nacionales de terceros países de las medidas aplicadas de conformidad con la presente Decisión. En particular, Letonia, Lituania y Polonia deben informar a los nacionales de terceros países o apátridas, en una lengua que el nacional del tercer país entienda o que se suponga razonablemente que entiende, de las medidas aplicadas, de los puntos accesibles para registrar y presentar una solicitud de protección internacional, en particular la ubicación de los puntos más cercanos en los que pueden presentarla, de la posibilidad de recurrir la decisión adoptada sobre la solicitud y de la duración de las medidas.

(30)Las agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones asociadas pertinentes, en particular la Organización Internacional para las Migraciones y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, deben tener acceso efectivo a la frontera en las condiciones establecidas en la Directiva sobre las condiciones de acogida y la Directiva sobre procedimientos de asilo, a fin de ayudar al Estado miembro afectado a prestar la asistencia necesaria a los nacionales de terceros países que entren en el ámbito de aplicación de la presente Decisión mediante, por ejemplo, el fomento de actividades de retorno voluntario o el desempeño de sus obligaciones humanitarias. Según lo dispuesto en el artículo 29 de la Directiva sobre procedimientos de asilo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados debe tener acceso a los solicitantes, incluidos los que se encuentran en la frontera. A tal fin, Letonia, Lituania y Polonia deben trabajar en estrecha cooperación con las agencias de las Naciones Unidas y las organizaciones asociadas pertinentes.

(31)Letonia, Lituania y Polonia deben aplicar las medidas previstas en la presente Decisión únicamente durante el período de tiempo estrictamente necesario para hacer frente a la situación de emergencia y, en cualquier caso, durante no más de seis meses. Si la situación que dio lugar a la aplicación de estas medidas específicas dejara de existir antes de este período de seis meses, los Estados miembros afectados deberían suspender inmediatamente su aplicación. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros afectados y las agencias pertinentes de la UE, debe realizar un seguimiento y análisis continuo de la situación y proponer, en su caso, al Consejo y a los Estados miembros afectados el cese de la aplicación de las medidas contempladas en la presente Decisión o su posible prórroga, mediante una propuesta con arreglo al artículo 78, apartado 3, del TFUE.

(32)Tras una solicitud de apoyo presentada por Letonia, Lituania y Polonia, las agencias de la Unión Europea deben evaluar las necesidades de estos países en cooperación con ellos. Para ayudar a los tres Estados miembros que se enfrentan a problemas específicos derivados de la instrumentalización de migrantes por parte de Bielorrusia, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y Europol, así como los Estados miembros, deben proporcionar a Letonia, Lituania y Polonia un apoyo adecuado dando prioridad a los recursos necesarios, y seguir respondiendo a las necesidades de otros Estados miembros que se enfrentan a la presión migratoria.

(33)Para ayudar a los tres Estados miembros que se enfrentan a problemas específicos derivados de la instrumentalización de migrantes, Frontex debe, si así lo solicitan los Estados miembros afectados, dar prioridad a su apoyo a estos tres Estados miembros. En este contexto, a petición de uno de estos Estados miembros, el director ejecutivo de Frontex debe poner en marcha una intervención fronteriza rápida o de retorno durante un período limitado en el territorio del Estado miembro de acogida afectado y desplegar los recursos necesarios. Además, previa solicitud, Frontex debe dar prioridad a la prestación de cualquier otro tipo de asistencia, como servicios de fusión de Eurosur o productos de análisis de riesgos, así como el equipamiento necesario para mejorar la vigilancia de las fronteras. Una situación de instrumentalización de migrantes debe, además, dar lugar a que Frontex lleve a cabo una evaluación específica de la vulnerabilidad, también para evaluar cualquier otra necesidad de apoyo.

(34)Para ayudar a estos Estados miembros, que se enfrentan a problemas específicos derivados de la instrumentalización de migrantes, en la aplicación de las excepciones previstas en la presente Decisión, la EASO debe, a petición de los Estados miembros afectados, dar prioridad a su apoyo poniendo a disposición de Letonia, Lituania y Polonia los recursos necesarios, en particular mediante el despliegue de equipos de apoyo al asilo para prestar asistencia a la hora de, entre otras cosas, registrar y tramitar las solicitudes, detectar y evaluar las vulnerabilidades, garantizar unas condiciones de acogida adecuadas o facilitar los servicios de traducción, los conocimientos especializados y la formación necesarios.

(35)Para ayudar a los tres Estados miembros que se enfrentan a problemas específicos derivados de la instrumentalización de migrantes, Europol debe, a petición de los Estados miembros afectados, apoyarlos enviando expertos, dando un trato prioritario a sus solicitudes, proporcionando productos de análisis a medida, como evaluaciones de amenazas, análisis estratégicos y operativos e informes de situación, y seguir apoyando a los Estados miembros en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos.

(36)Cuando proceda, las agencias de la Unión Europea deben poner en marcha convocatorias de expertos para responder a la solicitud de apoyo de Letonia, Lituania o Polonia. En ese caso, debe alentarse a los Estados miembros a que faciliten a los expertos necesarios con los perfiles adecuados lo antes posible. En el contexto de una intervención fronteriza rápida o de una intervención de retorno organizada por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, debe alentarse a los Estados miembros a aportar sus respectivas contribuciones para el despliegue de equipos del cuerpo permanente, incluidos los de la reserva de reacción rápida, o todo el equipamiento necesario, incluido el contingente de equipamiento de reacción rápida. También debe alentarse a los Estados miembros a que apoyen a Letonia, Lituania y Polonia en las medidas de retorno y en su labor de sensibilización de terceros países.