ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
10.

pide a la Comisión que renuncie a incluir el criterio de la población del ente local en las condiciones de aplicación de este nuevo reglamento de minimis. En efecto, la población no es en absoluto determinante para cuantificar el impacto de la actividad económica del ente de que se trate en los intercambios entre Estados miembros. Además, no sería aceptable basarse en un razonamiento que podría conducir a una discriminación entre entidades (ayuntamientos, regiones, Estado, etc.). La utilización de la población como único criterio tampoco tendría en cuenta que estos servicios de proximidad pueden ser cofinanciados por varios entes públicos de dimensiones y niveles diferentes, de conformidad con los principios de libertad de organización y de ejecución de los servicios públicos establecidos en el Tratado. Por último, no sería aceptable penalizar la puesta en común de los servicios, en especial, en el marco de entidades intermunicipales. En definitiva, la verificación del carácter local y el espacio limitado debe basarse en un conjunto de indicios que tengan en cuenta, principalmente, la ubicación geográfica del ente correspondiente y el número de usuarios potenciales de los servicios públicos de que se trate. Esta verificación deber tener en cuenta, con arreglo al artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la situación de las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, previendo las diferenciaciones consiguientes en las intervenciones de ayuda. Debería suprimirse la limitación de que el volumen de negocios sea inferior a 5 millones de euros;
3. Tras la notificación mencionada en el apartado 2 que haga un miembro futuro, el Estado miembro afectado, teniendo en cuenta su estructura constitucional, aprobará el convenio y la participación del miembro futuro en la AECT, a no ser que considere que esa participación no es conforme con el presente Reglamento, o con otras disposiciones jurídicas de la Unión relativas a las actividades de la AECT, o con el Derecho nacional relativo a las competencias del miembro futuro, o que esa participación no resulte procedente por razones de interés público o de orden público de dicho Estado miembro. En tal caso, el Estado miembro hará una declaración de los motivos de denegación de la autorización o propondrá las modificaciones necesarias del convenio para permitir la participación del miembro futuro.

3. Tras la notificación mencionada en el apartado 2 que haga un miembro futuro, Estado miembro afectado, teniendo en cuenta su estructura constitucional, aprobará el convenio y la participación del miembro futuro en la AECT, a no ser que, , considere que esa participación: no es conforme con el presente Reglamento, o con otras disposiciones jurídicas de la Unión relativas a las actividades de la AECT, o con el Derecho nacional relativo a las competencias del miembro futuro, , o no resulte procedente por razones de orden público de dicho Estado miembro. En tal caso, Estado miembro hará una declaración de los motivos de denegación de la autorización o propondrá las modificaciones necesarias del convenio para permitir la participación del miembro futuro.
34.

El Comité considera que las actuales categorías de servicios «A» y «B» deben mantenerse. La lista de servicios de la categoría B debe mantenerse para los ámbitos en los que no exista competencia transfronteriza o que comporten un elemento personal que hace que no sea conveniente una licitación europea, por ejemplo, los servicios sanitarios y sociales. En este último caso, es fundamental la confianza de la entidad adjudicadora y del usuario/paciente en la parte encargada de ejecutar el contrato. Se trata, a menudo, de criterios subjetivos que no se aplican en el marco de un procedimiento de contratación pública. El Comité pide a la Comisión que transfiera a la lista de la categoría B los servicios de la categoría A que no se presten al comercio transfronterizo. También le pide que desarrolle instrumentos que permitan a los entes locales y regionales determinar con mayor facilidad si un mercado público dado forma parte de las categorías de servicios A o B recogidos en el anexo.
11.

valora positivamente la cooperación de la Comisión Europea con las diferentes organizaciones que defienden a las minorías lingüísticas en la Unión y destaca la extensa labor realizada por la Red para la promoción de la diversidad lingüística (Network to Promote Linguistic Diversity – NPLD) y la cooperación, en el pasado, con la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias (European Bureau for Lesser Used Languages – EBLUL), antes de su disolución, y con la red Mercator, que se ocupa desde hace tiempo de los diferentes problemas que afectan a las lenguas y culturas minoritarias;
33.

un alimento local: 1. se produce a nivel local o regional, 2. contribuye a la estrategia de desarrollo rural local o regional, 3. se vende al consumidor a través de la que sea posible, razonable y eficiente, que no incluya más conexiones que: a) el productor o la organización de productores establecidos localmente; b) el intermediario o cooperativa de intermediarios responsables de ajustar la oferta y la demanda; c) el consumidor, 4. puede venderse en el comercio o en un mercado callejero local sobre la base de un contrato local, pero no puede venderse –si tiene la etiqueta de producto local- a un almacén central minorista, 5. su objetivo son los consumidores, con uno o más , tales como: sabor, frescura, elevada calidad, motivación cultural, tradición local, especialidad local, bienestar animal, valor ecológico, salubridad o condiciones de producción sostenible, 6. se vende con la mayor que sea posible, razonable y eficiente: la variable de la distancia puede diferir dependiendo del producto, la región y las condiciones, pero se remite a una cuestión esencial: es el punto de venta más cercano al cual tiene acceso el consumidor (lo que puede oscilar entre unos cientos de metros y más de 50 km), 7. está conectado a un
25.

considera que las normas generales sobre la oferta pedagógica para los alumnos con necesidades educativas específicas no son adecuadas. En primer lugar, las necesidades individuales de esos niños son muy diferentes y, en segundo lugar, los sistemas de educación especial varían considerablemente de un Estado miembro a otro. Un objetivo general de la enseñanza debe consistir en ayudar, a tiempo y de manera flexible, a todos los alumnos que tengan problemas de aprendizaje y adaptación, independientemente del tipo de escuela en que se encuentren. Por tanto, no es correcto restringir la evaluación de la calidad de la educación especial a la simple cuestión del tipo de escuela. Para muchos alumnos, la única forma de acceder a la enseñanza es a través de escuelas de educación especial. No obstante, en el caso particular de los niños con posibles necesidades educativas especiales, es esencial que éstas sean detectadas y reconocidas lo antes posible durante la etapa preescolar, a fin de poder aplicar mecanismos de protección. Ello facilita a tales niños y a sus familias la transición a la escuela;
26.

cree que la brecha en materia de competencias digitales sigue siendo considerable y afecta, en particular, a las personas mayores, las escasamente cualificadas, las que no ejercen ninguna actividad económica y las que no han adquirido los conocimientos digitales necesarios para desarrollar plenamente sus capacidades digitales en su vida laboral;
18.

comparte la opinión de que una empresa integrada verticalmente tiende a considerar las redes como activos estratégicos al servicio no de los clientes de estas redes, sino del interés comercial de la entidad integrada y, en particular, a no invertir suficientemente en nuevas redes por temor a que estas inversiones puedan ayudar a sus competidores a abrirse camino en su mercado nacional;
24.

destaca las dificultades que encuentran las comunidades religiosas no musulmanas en Turquía, al no disponer de personalidad jurídica. Estas comunidades encuentran dificultades por lo que se refiere a sus actividades caritativas, el derecho de libertad religiosa, la elección de sus dirigentes y la formación de los clérigos. Recuerda, por otra parte, las repetidas agresiones y atentados contra representantes y fieles de religión no islámica. Garantizar que tales actos no se repitan corresponde al Estado, que deberá utilizar sus recursos para controlar a los grupos extremistas y oponerse a sus acciones subversivas;
1.5

acoge favorablemente el reconocimiento de que la ratificación prácticamente generalizada a nivel internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas aporta una base especialmente sólida para el compromiso entre la Comisión Europea y países que no pertenecen a la UE; no obstante, lamenta que la Comunicación no se base en la posibilidad de utilizar la ratificación de la Convención por parte de todos los Estados miembros de la UE como marco para el compromiso entre los Estados miembros;
23.

señala que las regiones en declive no sólo pierden población, sino que pierden sobre todo jóvenes (en particular en el grupo de edad de 20 a 30 años) y población femenina, además de personas con un buen nivel de formación. A diferencia de las regiones prósperas, estas regiones en declive no son objetivos de emigración. Por esta razón, en las regiones europeas se plantean diferentes problemas en el marco de las mismas tendencias generales;
1.1

considera que, en la medida en que todavía no se ha definido con precisión el concepto de colaboración público-privada y dado que, sobre todo, no existen experiencias en este ámbito -en particular, en los nuevos Estados miembros- ni tampoco normas jurídicas adecuadas, es necesario que se cree una Comunicación interpretativa que abarque todos los tipos de acuerdos de CPP;
Carta de calidad de la movilidad europea 8. Reconocimiento Si un período de estudio o de colocación en el extranjero forma parte de un programa formal de estudios o de formación, debería señalarse este dato en el plan de aprendizaje, y se debería proporcionar a los participantes ayuda para garantizar un reconocimiento y una certificación adecuados. En el plan de aprendizaje, debería exponerse la forma en que se obtendrá el reconocimiento. Para otros tipos de movilidad, en particular los que se circunscriben a la educación no formal y la formación, debería expedirse un certificado, para que el participante pueda demostrar su participación activa y sus resultados de aprendizaje de forma satisfactoria y creíble.

Carta de calidad de la movilidad europea 8. Reconocimiento Si un período de estudio o de colocación en el extranjero forma parte de un programa formal de estudios o de formación, debería señalarse este dato en el plan de aprendizaje, y se debería proporcionar a los participantes ayuda para garantizar un reconocimiento y una certificación adecuados. En el plan de aprendizaje, debería exponerse la forma en que se obtendrá el reconocimiento. Para otros tipos de movilidad, en particular los que se circunscriben a la educación no formal y la formación, debería expedirse un certificado, para que el participante pueda demostrar su participación activa y sus resultados de aprendizaje de forma satisfactoria y creíble. El CDR subraya la importancia del reconocimiento y hace un llamamiento a los Estados miembros para que apliquen los instrumentos existentes de reconocimiento o los establezcan si no cuentan con ellos. Se ha de hacer pleno uso de los instrumentos existentes de reconocimiento, en especial del documento Movilidad Europass, para garantizar que las experiencias de los participantes concluyen de manera positiva.
2.2.6

toma nota, por tanto, de que, de conformidad con la propuesta de Directiva, a los valores límite de PM10 (la media anual de PM10, como parámetro de la concentración media, no podrá superar los 40 μg/m3 dentro de una zona y el valor medio diario de PM10 de 50 μg/m3 no podrá superarse más de 35 veces por año civil) deberán añadirse otras normas relativas a las PM2,5 (mantenimiento de un tope de concentración de PM2,5 igual a 25 μg/m3, que deberá respetarse como media anual y un objetivo no vinculante de reducción de las concentraciones de fondo urbano medias anuales de PM2,5 en un 20 %, el cual deberá respetarse en 2020 como fecha más tardía) y señala, por consiguiente, que por lo que respecta a las partículas finas existen en total tres valores límite y un objetivo de reducción;
1.14

toma nota del ya extendido reconocimiento del papel multifuncional de los bosques que, no obstante, y en la mayoría de las ocasiones, no se refleja, en la medida del potencial que ofrece, en la economía de las zonas interesadas y en los ingresos de sus habitantes; es más, en muchos casos los propietarios deben hacer frente a las restricciones y limitaciones establecidas por las autoridades. Esta situación no se ha remediado y las políticas de cohesión y desarrollo rural todavía no han sabido incentivar y promover adecuadamente la economía de las zonas forestales. Para paliar esta situación, al menos en parte, es importante que se aprueben las medidas que vinculan la política forestal con el desarrollo rural contenidas en la propuesta de la Comisión COM(2004) 490 final;
2.8

propone que se refuerce el acceso a la información de los entes regionales y locales sobre la política europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. Se dispone de mucha información, pero no es fácil de encontrar o no es suficientemente accesible. Para aquellos que en los entes regionales y locales no tienen, o tienen apenas, una idea de la importancia de las actividades de la Unión Europea en materia de libertad, seguridad y justicia –y actualmente esto es así probablemente para un gran número de personas– puede afirmarse que los actuales flujos de información no les alcanzan. Junto con el Comité, convendría examinar las posibilidades de: — informar al grupo destinatario de los entes regionales y locales de manera más activa, específica y concreta (¿qué significa esto para usted?) sobre la política europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia, organizando por ejemplo mercados de información interactiva; — tomar en consideración en la política de información las diversas categorías existentes en el grupo destinatario, tal como se ha esbozado arriba; — adoptar medidas de naturaleza organizativa –previendo, por ejemplo una oficina principal única con varias oficinas sucursales– a las cuales los entes regionales y locales puedan acudir con sus cuestiones y solicitudes de información relativas a la política europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia;
redes transeuropeas de transporte, y en particular, los proyectos prioritarios de interés europeo definidos en la Decisión no 1692/96/CE;

redes transeuropeas de transporte, y en particular, los proyectos prioritarios de interés europeo definidos en la Decisión no 1692/96/CE y sus respectivos enlaces, en particular los puertos y los aeropuertos.
1.16

considera que la obligación de autorización prevista para los propietarios de terrenos puede vulnerar los derechos de propiedad y ser incompatible con el artículo 295 del TCE, en virtud del cual no se prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. En caso de que un propietario no obtenga la concesión para sus propias instalaciones portuarias en el marco de un procedimiento de adjudicación, sino que el contrato se adjudique a una tercera persona, el propietario no podría seguir prestando servicios portuarios en los terrenos de su propiedad. Por otra parte, la administración portuaria, al no ser propietaria, no tiene acceso a la superficie portuaria y, por este motivo, no puede celebrar con una tercera persona ningún contrato de alquiler o arrendamiento sin el acuerdo del propietario. En particular, tampoco puede obligar al propietario a celebrar, por su parte, un contrato con una tercera persona que haya obtenido la concesión. Por lo tanto, la autorización concedida quedaría sin efecto;
2.13

Hay diferencias muy significativas entre los países cuya industria forestal está bien desarrollada y aquellos otros en que no lo está tanto. Las propuestas de la Comisión no son suficientemente flexibles para fomentar la forestación en los países en los que este sector es débil. Si no se tienen en cuenta esas diferencias, podría ponerse en peligro el desarrollo de la industria forestal en estos países y podrían perderse las ventajas medioambientales.
1. Los Estados miembros prohibirán la comercialización de todas las pilas y acumuladores, hayan sido o no incorporados en aparatos, que contengan más de un 0,0005 % de mercurio en peso. 2. Estarán exentos de la prohibición que figura en el apartado 1 las pilas de botón, o las pilas compuestas varios elementos de botón, con un contenido de mercurio no superior en peso al2 %.

1. Los Estados miembros prohibirán la comercialización de todas las pilas y acumuladores, hayan sido o no incorporados en aparatos, que contengan más de un 0,0005 % de mercurio en peso. a) 5 ppm de mercurio o b) 40 ppm de plomo o b) 20 ppm de cadmio. 2. Estarán exentos de la prohibición que figura en el apartado 1 las pilas de botón, o las pilas compuestas varios elementos de botón, con un contenido de mercurio no superior en peso al 2 %. 2. El presente artículo no será aplicable a los usos especificados en el anexo I.
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo que modifica las Directivas 70/524/CEE sobre los aditivos en la alimentación animal, 95/53/CE por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal y 95/69/CE por la que se establecen los requisitos y las normas aplicables a la autorización y el registro de determinados establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal» () (1999/C 40/04)

El 17 de septiembre de 1998, de conformidad con los artículos 43 y 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de noviembre de 1998 (ponente: Sr. Scully).

En su 359° Pleno de los días 2 y 3 de diciembre de 1998 (sesión del 2 de diciembre) el Comité Económico y Social ha aprobado por 100 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el presente Dictamen.

El objetivo de la propuesta sometida a examen consiste en establecer un marco jurídico para los procedimientos de autorización y registro durante el periodo transitorio del 1 de abril de 1998 al 1 de abril del 2001 y tener en cuenta la derogación de la Directiva 77/101/CEE.

El Comité aprueba la enmienda presentada por la Comisión a las Directivas 70/524/CEE, 95/53/CE y 95/69/CE al considerarla conveniente y oportuna. Asimismo, observa con satisfacción que la propuesta no tiene repercusiones financieras en los presupuestos comunitarios.

Bruselas, el 2 de diciembre de 1998.

La Presidenta del Comité Económico y Social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

() DO C 266 de 25.8.1998, p. 14.
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 1221/97 por el que se establecen las normas generales de aplicación de las medidas destinadas a mejorar la producción y comercialización de la miel» () (98/C 407/39)

El 4 de septiembre de 1998, de conformidad con los artículos 43 y 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Agricultura y Pesca, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 23 de julio de 1998 (ponente: Sr. Gottero).

En su 357° Pleno de los días 9 y 10 de septiembre de 1998 (sesión del 9 de septiembre de 1998) el Comité Económico y Social ha aprobado por 100 votos a favor y 6 abstenciones el presente Dictamen.

1. El Comité aprueba la propuesta de la Comisión de aplazar hasta el 31 de enero de 1999 la fecha límite para efectuar, en el primer año de aplicación del Reglamento n° 1221/97, el pago de los gastos relativos a las medidas llevadas a cabo en el marco de los programas nacionales para la mejora de las condiciones de producción y comercialización de la miel.

2. De no aplicarse esta medida, la reducción de la duración de los programas, en el primer año de aplicación, resultaría, en opinión del Comité, demasiado importante y pondría en peligro sus posibilidades de éxito.

Bruselas, el 9 de septiembre de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 222 de 16.7.1998, p. 15.
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 3072/95 por el que se establece la organización común del mercado del arroz, y el Reglamento (CEE) n° 2358/71 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las semillas»

(98/C 73/12)

El 30 de septiembre de 1997, de conformidad con los artículos 43 y 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Agricultura y Pesca, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de noviembre de 1997 (ponente: Sra. Santiago).

En su 350° Pleno de los días 10 y 11 de diciembre de 1997 (sesión del 10 de diciembre) el Comité Económico y Social ha aprobado por 113 votos a favor y 5 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Con la propuesta en cuestión, la Comisión pretende incluir las semillas de arroz entre los productos que pueden beneficiarse del régimen de ayuda previsto en el Reglamento (CEE) n° 3072/95.

1.2. Esta modificación parece indispensable, teniendo en cuenta que los precios de mercado del arroz comunitario han sufrido un descenso superior al previsto en la reforma de la OCM, no compensado totalmente por la ayuda calculada entonces.

1.3. La falta de una compensación adecuada para la producción de arroz para la siembra se traduce inevitablemente en una menor utilización de semillas certificadas y en una disminución de la calidad del arroz que exigen los consumidores.

2. Observaciones

2.1. Artículo 1, apartado 2 («En el artículo 6»)

2.1.1. Las superficies destinadas a la producción de semillas deben ser establecidas proporcionalmente a las superficies sujetas a la ayuda compensatoria, y ello teniendo en cuenta la cantidad de semillas utilizadas por hectárea.

2.1.2. De este modo, cada país tendrá la capacidad de satisfacer, cuando menos, sus propias necesidades.

2.2. Artículo 3

2.2.1. El segundo párrafo establece que el texto del apartado 1 del artículo 1 y el del artículo 2 se aplicarán a partir del 1 de julio de 1998. De esta manera, las siembras de 1998 están excluidas de este beneficio, pues el plazo para presentar las peticiones tendentes a obtener la ayuda expira el 31 de marzo.

2.2.2. Resulta indispensable, por tanto, modificar el texto propuesto estableciendo que las nuevas normas sean efectivamente aplicables en la siembra de 1998.

3. Conclusiones

3.1. El Comité apoya la propuesta de la Comisión, a reserva de las modificaciones sugeridas.

Bruselas, el 10 de diciembre de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS