ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
3.3.4.1.

El Comité considera que la multiplicación de los criterios para la evaluación de impacto no puede tener como resultado que la Comisión no actúe o rechace una iniciativa alegando que no se cumplen uno o más criterios; por consiguiente, considera que la Comisión debe ponderar los criterios entre sí y que, además, la multiplicidad de los criterios no puede suponer una burocratización del proceso de decisión ni conllevar una abstinencia legislativa.
3.2.2.3.

En el artículo 3, apartado 2, letra i) se menciona que «la amenaza de ejercer» un acto terrorista equivale a su realización. Este punto es muy problemático, especialmente si no se respeta el principio de proporcionalidad. Una amenaza no puede ser lo mismo que un hecho porque indica una potencialidad y no una acción realmente llevada a cabo. El Comité propone que la letra i) del apartado 2 del artículo 3 se retire de la propuesta de Directiva.
2.2

El Reglamento (UE) n.o 575/2013 exime a las empresas de inversión cuya actividad principal consista exclusivamente en la provisión de servicios de inversión o en actividades relacionadas con los instrumentos financieros enumerados en el anexo I, sección C, puntos 5, 6, 7, 9 y 10, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y a los que, a 31 de diciembre de 2006, no era aplicable la Directiva 93/22/CEE del Consejo («operadores en materias primas») de los requisitos relativos a las grandes exposiciones y los requisitos de fondos propios. Dichas exenciones son aplicables hasta el 31 de diciembre de 2017.
3.18.

Por último, la Comisión expone su visión de la consecución de la Unión de la Energía. Aboga por un proceso de gobernanza fiable y transparente. Añade, no obstante, que este proceso debe estar anclado en la legislación; ahora bien, el CESE considera que una política no puede reducirse a procedimientos legislativos o a una planificación administrativa. El éxito de una política energética solo podrá garantizarse mediante la acción política de los gobiernos afectados, la adhesión de los pueblos a objetivos claros y comprensibles, la consideración de las realidades económicas, el desarrollo de la innovación, el apoyo de la sociedad civil y el uso de los resortes de la economía de mercado. Si la idea de un informe anual de seguimiento es necesaria, no basta por sí sola. Un informe es siempre un documento formal que puede caer en la abstracción tecnocrática. Para evitar este escollo, el CESE considera que se debe llegar a entablar un auténtico diálogo europeo sobre la energía en el que puedan participar los ciudadanos, ya sean consumidores, representantes de organizaciones de protección del medio ambiente, trabajadores, empresarios, agricultores, ciudadanos, campesinos o jubilados, es decir (3), la sociedad civil en su conjunto que se ve afectada a diario y de manera muy concreta por las cuestiones energéticas. Se trata de preparar el futuro y no de padecerlo; ahora bien, en ese futuro, habrá prosumidores, consumidores, productores y «ahorradores» de energía. Para que la Unión de la Energía sea un éxito, hay que superar los aspectos burocráticos y emprender resueltamente una acción política.
4.2.11.

A pesar de que las intervenciones del conjunto de herramientas del programa «Legislar mejor» señalan que los interlocutores sociales no están obligados a cumplir las normas mínimas de consulta y, por tanto, los requisitos para las consultas públicas, el CESE desea indicar con claridad que la actual comunicación no ha de servir como pretexto para no someter a control ex ante o ex post mediante consultas públicas las consultas de los interlocutores sociales europeos y los resultados de su negociaciones. El diálogo social es un procedimiento especial previsto en el TFUE (17) que debe ser respetado. Por lo tanto, las consultas públicas no pueden sustituir a las consultas de los interlocutores sociales (18). Debe asegurarse la aplicación de los acuerdos de los interlocutores sociales conforme a lo dispuesto en el artículo 155 del TFUE (19).
4.1

Las políticas energéticas de la UE y nacionales repercuten de forma directa y significativa en la vida de los ciudadanos. Sin embargo, es frecuente que el contenido y la lógica de esas políticas no estén claros para el público general, y pueden ser malinterpretados por la sociedad civil. Por lo general, esta circunstancia suscita un escaso apoyo entre los ciudadanos o concepciones erróneas sobre aspectos fundamentales del futuro desarrollo de la UE. De ello se derivan consecuencias perjudiciales y, en muchos casos, la sociedad civil no está informada ni participa en las políticas energéticas nacionales o de la UE, lo que da lugar a una desconfianza general y unas políticas que no siempre alcanzan los resultados deseados.
3.1.3.

La UE también debería esforzarse por completar una zona de libre comercio entre la UE y todos los países de la PEV. Esto puede considerarse como un instrumento clave para fomentar una prosperidad económica y social duradera. La UE también debería tratar de integrar a los países socios de la PEV en el mercado único de la UE de manera más activa, en particular, estableciendo zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) en cuanto se hayan reunido las condiciones necesarias. Los países de la PEV que den prioridad a una integración más profunda podrían centrarse en los procesos de firma de acuerdos de asociación y zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo, mientras que otros podrían participar en plataformas de cooperación alternativas (como la Unión Europea de la Energía, etc.). No obstante, estos acuerdos no deberían considerarse como un fin en sí ni como la única vía posible. Deberían evaluarse en función de sus efectos positivos sobre el desarrollo económico sostenible, la innovación, la estabilidad de empleo y la mayor capacidad presupuestaria de los países de la PEV.
1.15.

El CESE vislumbra los posibles desafíos para el próximo período en materia de desarrollo local participativo, en cuanto a la simplificación y la reducción de las cargas administrativas. Se trata de: a) apoyar la creación y el desarrollo de sistemas (o plataformas) alternativos e independientes de arbitraje o de conciliación integrados por expertos, para ayudar a solventar con rapidez y sencillez los problemas administrativos y financieros derivados de los posibles conflictos entre los organismos gestores de los programas operativos y los gestores de proyectos de las diferentes asociaciones (cometido comparable al de los auditores financieros, aunque en un ámbito que no es el exclusivamente financiero); b) aplicar concretamente el principio según el cual los órganos de ejecución (incluida la supervisión de los informes de seguimiento) son responsables de: a) las realizaciones concretas, los resultados, los beneficios y las repercusiones de los proyectos; b) la adecuación de los gastos; y c) el respeto de los plazos, sin incumbirles los detalles del proceso que desemboca en dichos resultados; c) publicar, asimismo, en el territorio de que se trate las convocatorias de «proyectos integrados» presentadas por varios candidatos (a semejanza de la iniciativa EQUAL); d) en el ámbito financiero, modificar la definición de las irregularidades aplicada hasta ahora, así como la interpretación del concepto de infracción a la disciplina presupuestaria, a saber: — no recurrir a una interpretación excesivamente rigurosa en los casos de menor cuantía que se cifran en «unos cuantos euros»: no comprobar ni considerar irregulares los casos mal contabilizados o en los que faltan cantidades inferiores a, por ejemplo, 10 (o 40) euros, — al mismo tiempo, si se comprueba que el importe del perjuicio es inferior a los costes generados por la indemnización (ya sea a cargo del beneficiario o del organismo de control), no deberán tramitarse, pudiéndose indicar en un registro y acumularlos a otros daños de escasa cuantía.
2.4

En la actualidad, solo los productos agrícolas y alimentarios (vinos y bebidas espirituosas) pueden beneficiarse de la protección común concedida exclusivamente dentro de la UE. Las IG no agrícolas únicamente están protegidas a nivel nacional o regional por medio de diversos marcos jurídicos nacionales. No ha habido una armonización de estos marcos entre los Estados miembros, por lo que existen grandes diferencias en las definiciones, los procedimientos, los niveles de protección y de ejecución, que no benefician ni a las empresas ni a los consumidores. No obstante, los productos no agrícolas están cubiertos por la legislación relativa a la competencia desleal o prácticas engañosas para los consumidores, pero una vez más con ámbitos de aplicación y planteamientos diferentes.
6.1.2.

En el plano normativo, los aeropuertos deben satisfacer numerosos requisitos. Los procedimientos administrativos son muy complejos, especialmente en lo que se refiere a los problemas de seguridad y medio ambiente. El CESE no cuestiona en absoluto la importancia de los requisitos medioambientales. No obstante, considera que estas cuestiones deben abordarse atendiendo a un enfoque equilibrado. La Comisión Europea ya ha realizado avances significativos a este respecto, por ejemplo con el Reglamento (UE) no 598/2014 relativo al establecimiento de normas y procedimientos con respecto a la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la Unión, dentro de un enfoque equilibrado. El sector europeo de la aviación es un sector industrial suficientemente capacitado para asumir un «crecimiento ecológico». El CESE advierte en particular a la Comisión Europea del peligro de abordar las cuestiones medioambientales mediante la aplicación de soluciones no integradas. Además, hace hincapié en la necesidad de encontrar soluciones integradas y globales. Teniendo esto presente, sería útil que la Comisión empezara por encargar un proyecto de gran envergadura destinado a determinar y documentar las restricciones medioambientales existentes que inciden en la capacidad de los aeropuertos europeos.
5.4

El CESE ha mostrado su apoyo a la hora de establecer fronteras más inteligentes, en particular el Sistema de Registro de Entradas/Salidas (SRES) y el Programa de Registro de Viajeros (PRV) (29). Antes de desarrollar otros sistemas informáticos de gran escala sería necesario llevar a cabo una evaluación independiente del Sistema de Información de Visados (VIS) y del Sistema de Información Schengen (SIS) II (30). Los vínculos entre dichos sistemas y el paquete de fronteras inteligentes no están claros y es imperativo que no se desarrollen más sistemas en los que no se ha probado su necesidad, proporcionalidad y compatibilidad con los derechos fundamentales (31).
—

las conclusiones y recomendaciones del estudio encargado por el Comité Director Europa 2020 del CESE y realizado por Bellagamba, A., «Priorities, challenges and prospects for civil society: involvement in the Europe 2020 strategy beyond 2015 — Case study of four Member States (BE — FR — IT — NL)».
1.13

El CESE recomienda que se elabore un estudio sobre las preferencias de los turistas que visitan o tienen previsto visitar Europa; sobre lo que les gustó y lo que les desagradó, sobre las razones por las que desearían volver o las que les llevan a no hacerlo, sobre las razones por las que prefieren destinos no europeos, etc. Este estudio, que se difundiría entre los diferentes operadores turísticos, puertos y marinas, asociaciones y autoridades del sector, gobiernos y autoridades europeas, permitiría conocer los comportamientos y características de los turistas con el fin de apoyar la toma de decisiones y la elaboración de estrategias comunes para el desarrollo del sector.
—

una exclusión de determinadas categorías de EPI que no siempre ha parecido justificada (el mismo equipo de protección se consideraba o no EPI si se le daba un uso profesional — por ejemplo los guantes de fregar utilizados en un restaurante — o si lo utilizaba un particular).
1.1

El CESE acoge favorablemente la Comunicación como apoyo eficaz y significativo para la implementación de los Corredores de la Red Principal y los proyectos en ellos predefinidos, como se contempla en la parte I del anexo I del Reglamento por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa» (Reglamento del MCE (UE) no 1316/2013, en lo sucesivo, «Reglamento del MCE»), en base a los criterios establecidos en el Reglamento sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes y que deroga la Decisión no 661/2010/UE (Reglamento (UE) no 1315/2013, en lo sucesivo, «las orientaciones»).
2.3.5

La propuesta mantiene los criterios generales existentes para definir un nuevo alimento: «a) todo alimento que no haya sido utilizado en una medida importante para el consumo humano en la Unión antes del 15 de mayo de 1997 y, en concreto: i) todo alimento al que se haya aplicado un nuevo proceso de producción no utilizado para la producción alimentaria en la Unión antes del 15 de mayo de 1997, si dicho proceso de producción causa cambios significativos en la composición o estructura del alimento que afectan a su valor nutritivo, al modo en que se metaboliza o al nivel de sustancias indeseables; ii) todo alimento que contenga o consista en nanomateriales artificiales, según la definición del artículo 2, apartado 2, letra t) dl Reglamento (UE) no 1169/2011; iii) las vitaminas, minerales y otras sustancias utilizadas con arreglo a la Directiva 2002/46/CE, el Reglamento (CE) no 1925/2006 al Reglamento (UE) no 609/2013: a los que se haya aplicado un nuevo proceso de producción contemplado en el inciso i) o que contengan nanomateriales que contengan o consistan en nanomateriales artificiales; iv) todo alimento utilizado exclusivamente en complementos alimenticios en la Unión antes del 15 de mayo de 1997, si se pretende utilizarlo en alimentos distintos de complementos alimenticios, según la definición del artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/46/CE.»
2.6

Más de trescientas NSP se han identificado como sustancias que se están utilizando (o que se han utilizado) en toda la UE de manera ocasional o más prolongada. Actualmente, los Estados miembros están notificando al menos una NSP por semana. El consumo de estas sustancias no es ilícito porque no están reguladas; son, por tanto, lícitas y pueden describirse como «sustancias legales», transmitiendo la falsa impresión de que también son «seguras» y están «autorizadas». En la mayoría de los casos, no se dispone de datos científicos suficientes para confirmar o rechazar estas suposiciones. En China o en India se sintetizan rápidamente nuevas moléculas –ligeramente diferentes de las prohibidas– que se importan en Europa, en algunos casos en respuesta a pedidos de grupos organizados o de particulares radicados en la UE. Las moléculas existentes también pueden destinarse a fines no legítimos en la UE. En la mayoría de los casos, se trata de ganar dinero, mientras que en otros el reto principal consiste en eludir la ley. Los centros de coordinación nacional de la Red Europea de Información sobre Drogas y Toxicomanías (Reitox) emiten alertas tempranas y facilitan información sobre las NSP recientemente identificadas.
3.1

El sistema bancario en la sombra desempeña una función importante en la financiación de la economía real. El sistema bancario en la sombra ha contribuido a la «financiarización» de la economía y a la burbuja inmobiliaria que a partir de 2007 empezó a estallar en varios países desarrollados, empujando a sus economías al borde del colapso. Por consiguiente, cabe atribuir al sistema bancario en la sombra una responsabilidad de fondo –aunque no exclusiva– de la enorme recesión que se ha abatido sobre Estados Unidos y muchos Estados miembros de la UE. «El sistema financiero en todas sus manifestaciones debe estar al servicio de la economía real». (5) Las pymes, en particular, están atravesando graves problemas derivados de las dificultades que experimentan para acceder al crédito. El sistema bancario no parece estar en condiciones de desempeñar su función primaria de apoyo a la economía real.
4.8.1

El informe sobre aseguramiento de catástrofes naturales en la Unión (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (2012), Natural Catastrophes: Risk Relevance and Insurance Coverage in the EU) pone de manifiesto la necesidad de mejor información estadística. No obstante, basándose en la información disponible, la tasa de penetración (cobertura por seguros privados e intervención ex ante o ex post del gobierno en proporción al PIB) es, en general, baja. Por ejemplo, en materia de inundaciones las tasas de penetración no son muy altas en la mayoría de Estados miembros, salvo en los casos en los que se incluye un seguro contra inundaciones junto a otras coberturas. Esas tasas también son bajas en relación con los riesgos de tormenta y sequía, aunque esta última parece tener un impacto moderado en los Estados miembros.
1.5

Sin embargo, el CESE no puede dejar de manifestar su sorpresa y desacuerdo con el hecho de que no se haga mención alguna al plazo límite en el que el CEN deberá presentar la propuesta de norma europea para el modelo de datos semánticos de la factura electrónica de base. La imposición de un plazo está prevista en el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (UE) no 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, mientras que en la propuesta de Directiva sometida a examen no se impone plazo alguno, a pesar de la importancia y urgencia del establecimiento de la norma.
4.5.3

El CESE está de acuerdo con la existencia de mecanismos de asesoramiento y asistencia a las empresas, pero señala la necesidad de crear equipos multidisciplinares y conocedores del mercado y de sus especificidades, por lo que recuerda la posibilidad de utilizar la experiencia acumulada de ex empresarios y empresarios con más experiencia, con disponibilidad para ayudar con la transmisión de su conocimiento a los «jóvenes» emprendedores, posibilitando un diálogo provechoso entre generaciones. Para ello, el CESE considera importante que estas actividades no se limiten al voluntariado, sino que se basen en incentivos que permitan a mentores y emprendedores compartir las ventajas de la creación del valor generado. Esta sería también una forma de integrar a personas que todavía poseen capacidad para ayudar a la sociedad pero que ya no participan de forma completamente activa en el mercado de trabajo.
4.4.5

El Comité echa de menos una reacción ante la crisis medioambiental similar a la que llevó a adoptar las medidas del Pacto Presupuestario para reaccionar ante la crisis financiera: reglas claras, indicadores claros, controles y sanciones. El Séptimo PAM no proporciona nada de esto. Los enfoques descritos no son adecuados para eliminar apropiadamente las deficiencias estructurales mencionadas. Los objetivos propuestos para mejorar la aplicación de la normativa hasta el año 2020 son completamente imprecisos y no verificables.
5.1

La Comunicación contiene referencias a políticas existentes e inversiones estratégicas de los Estados miembros y de la UE en la economía azul. No obstante, el CESE opina que estas iniciativas y acciones de los Estados miembros no son adecuadas para los ambiciosos objetivos del crecimiento azul y no ofrecen aún la masa crítica necesaria para su consolidación.
1.1

El CESE confirma y reitera lo expresado ya en su dictamen (1) relativo al Libro Verde sobre el juego en línea en el mercado interior (2) y se lamenta de que la Comisión no haya asumido sino en parte las conclusiones de dicho documento. En particular señala que la lucha contra el juego ilegal, que constituye la primera amenaza para la protección de los consumidores, no es la prioridad de la Comunicación.
2.10

Para garantizar a la industria europea de este sector unas condiciones de reactivación de la competitividad, el CESE considera indispensable que el mercado interior europeo asegure: — una dimensión interior de plena interoperatividad del mercado único, reduciendo la fragmentación, tanto de los mercados nacionales como de las inversiones en investigación e innovación; — una dimensión exterior de acceso a los mercados internacionales, que resuelva los problemas de la insuficiente protección internacional de los derechos de propiedad intelectual y las restricciones de acceso a los mercados comerciales o de contratos públicos, y aplique también en este sector «una más agresiva estrategia integrada de política industrial, en su dimensión exterior, que sirva para guiar a la Unión en el sistema comercial así como para aplicar directrices homogéneas en los acuerdos comerciales de carácter multilateral y bilateral» (1); — igualdad de derechos para los fabricantes europeos en relación con la exportación de equipamiento militar a terceros países. En el mercado único no se debería discriminar a los fabricantes de los Estados miembros que no tienen acceso directo al mar exigiéndoles requisitos para obtener «licencias de tránsito» para transportar sus productos a un puerto marítimo de otro Estado miembro; — una dimensión social y ética de las aplicaciones tecnológicas de seguridad, desde el momento de su diseño, para garantizar su aceptación social, con plena protección de la intimidad de los ciudadanos y de sus derechos fundamentales, así como la protección de los datos confidenciales; — una dimensión productiva y de servicios que no conlleve efectos de intrusión en la vida privada, sino que permita adoptar orientaciones beneficiosas para todas las partes, tanto desde el punto de vista del desarrollo de los recursos humanos como de las proyecciones internacionales, respaldando a las grandes empresas, las empresas de nueva creación y las pymes, en particular, mediante la creación de consorcios en red y la valorización de los distritos, a fin de alcanzar las masas críticas adecuadas respecto de la competencia.
3.2

El CESE reconoce que cada vez se realizan menos ensayos clínicos en la UE (en particular, la investigación académica ha disminuido de manera significativa en la UE); este declive no puede achacarse únicamente a la legislación de la UE, sino a una serie de factores de confusión. En Estados Unidos también ha disminuido el número de estudios clínicos, y la crisis económica podría ser igualmente responsable (parcial) de este declive. No obstante la legislación europea puede ayudar a resolver el problema.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 351/90

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica el Reglamento (CE) no 1005/2008 del Consejo, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada»

[COM(2012) 332 final — 2012/162 (COD)]

2012/C 351/21

El 2 de julio de 2012 y el 10 de julio de 2012, respectivamente, de conformidad con el artículo 43 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo y decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1005/2008 del Consejo por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada»

COM(2012) 332 final — 2012/162 (COD).

Considerando que el contenido de la propuesta es satisfactorio, el Comité, en su 483o Pleno de los días 18 y 19 de septiembre de 2012 (sesión del 18 de septiembre de 2012), decidió por 141 votos a favor, ningún voto en contra y 7 abstenciones, emitir un dictamen favorable sobre el texto propuesto.
4.3

También respalda que se pueda incrementar la contribución hasta el 90 % en virtud de las prioridades estratégicas definidas en cada uno de los Reglamentos específicos, o “en circunstancias debidamente justificadas, especialmente si los proyectos no se hubieran ejecutado y los objetivos del programa nacional no se hubieran podido realizar de otra manera.” Se debería aquí dar prioridad a apoyar acciones y proyectos llevados a cabo por las organizaciones no gubernamentales pequeñas.