ES Diario Oficial de la Unión Europea C 182/13

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Instrumento europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)»

(2009/C 182/03)

Ponente: Sr. IULIANO

El 10 de julio de 2008, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema

«Instrumento europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)».

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de diciembre de 2008 (ponente: Sr. IULIANO).

En su 450° Pleno de los días 14 y 15 de enero de 2009 (sesión del 15 de enero de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 115 votos a favor y 4 abstenciones el presente Dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 Refuerzo de los derechos económicos, sociales y culturales

El CESE solicita que en las políticas de la Unión Europea se confiera una mayor importancia a los derechos económicos, sociales y culturales (1), mediante la utilización de los instrumentos geográficos y temáticos disponibles, entre los que se pone de relieve, como elemento complementario, el Instrumento europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).

Tras la reciente aprobación del protocolo facultativo al Pacto de las Naciones Unidas sobre los derechos económicos, sociales y culturales, el CESE solicita que la Unión Europea abogue por la ratificación universal y aplicación de dicho Pacto y su Protocolo (véase anexo 1).

1.2 «Diálogo social» y «trabajo digno» entre las prioridades del IEDDH

En el marco de la afirmación de los derechos económicos, sociales y culturales, y entre las condiciones indispensables para el mantenimiento de la paz y el desarrollo democrático de cada país, el CESE subraya la importancia de la protección del trabajo en todos sus aspectos (trabajo como elemento determinante para la identidad social y el derecho de ciudadanía de toda persona) (2). El CESE hace hincapié en la relación entre la protección del trabajo y todos los derechos consiguientes, tal como aparecen explicitados en los fundamentales convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (derecho al trabajo, derecho de asociación y negociación colectiva, no discriminación en el trabajo, prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso), reconociéndolos como Derechos Humanos fundamentales. Por tanto, el trabajo digno (según la definición de la OIT) y el diálogo social, condición indispensable para la afirmación y protección de los derechos laborales, deben ser objeto de un reconocimiento adecuado y figurar entre las prioridades del IEDDH.

1.3 Apoyo a los interlocutores sociales

Los interlocutores sociales (organizaciones de trabajadores y la patronal), como protagonistas del diálogo social, deben ser vistos, por consiguiente, como actores e interlocutores esenciales de la Unión Europea en este contexto. Los interlocutores sociales deben integrarse plenamente en el diálogo político y deben poder gozar de un apoyo directo.

1.4 Potenciación del papel de la sociedad civil en los procesos de consulta en materia de derechos humanos

El CESE solicita, en términos generales, que en las políticas exteriores adoptadas por la UE figuren siempre en el primer plano los objetivos de fomento de la democracia y de los derechos humanos, y que los programas e instrumentos temáticos se destinen de modo prioritario a la sociedad civil organizada, en todos los casos en que sea posible.

Por consiguiente, el CESE solicita que se inicie una reflexión institucional sobre el papel de la sociedad civil en la política exterior de la Unión en materia de derechos humanos y sobre la posibilidad de conseguir que la sociedad civil participe más directamente en la definición y aplicación de tal política. La consulta a la sociedad civil organizada debería realizarse sistemáticamente antes de elaborar cualquier documento de estrategia, incluidos los documentos de estrategia específicos para cada país.

1.5 El papel del CESE: dirección, supervisión y evaluación

El CESE solicita participar formalmente en el proceso de consulta interna al inicio de la programación estratégica plurianual y anual del IEDDH, a fin de que ésta pueda beneficiarse de los resultados del trabajo llevado a cabo por el propio Comité con los interlocutores de la sociedad civil de los terceros países, con los que mantiene relaciones privilegiadas (Mesa Redonda con la India, área euromediterránea, países ACP, etc.). Asimismo, solicita ser consultado en el marco de la evaluación intermedia y de los balances del IEDDH.

El CESE se propone desempeñar un papel activo en este proceso, basándose en la propia experiencia y en sus propias «redes» de referencia (interlocutores económicos y sociales y Consejos Económicos y Sociales).

El CESE sugiere proceder a una reflexión sobre la creación de «puntos focales» para el apoyo a los defensores de los derechos humanos, que permitirían a las instituciones y órganos de la UE trabajar en red, pero cada uno en su propio ámbito de competencia.

El CESE puede, asimismo, desempeñar un importante papel respecto a la sociedad civil en el ámbito del seguimiento postelectoral, para consolidar los sistemas democráticos.

El CESE propone, a semejanza de lo que se ha hecho en el Parlamento Europeo, la constitución de un Comité de seguimiento del IEDDH que tendría como misión, por una parte, responder a las solicitudes urgentes de consulta en el marco de los nuevos procedimientos establecidos para los instrumentos financieros y, por otra, asegurar un seguimiento de la programación y aplicación del IEDDH

2. La Unión Europea y los derechos humanos

2.1 La protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales constituye uno de los principales objetivos de la Unión Europea (UE), tanto en el interior de sus fronteras como en sus relaciones con terceros países. Según el artículo 6 del Tratado sobre la Unión Europea (1999), «La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros». Y por otra parte, el artículo 7 del mismo Tratado prevé un mecanismo para sancionar violaciones graves y persistentes de tales derechos por parte de los Estados miembros.

2.2 El artículo 11 del Tratado aborda la dimensión exterior de la UE respecto a la protección de los derechos humanos. El Tratado de Niza, concluido en diciembre de 2000, amplía aún más el objetivo de la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, integrándolo en el contexto de las acciones de cooperación al desarrollo y de todas las otras formas de cooperación con terceros países (artículos 181 y 181 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, o TCE). La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, promulgada en la cumbre de Niza en el año 2000, constituye, por último, el punto de referencia en materia de derechos humanos para la dimensión interior y exterior de la Unión (3).

2.3 En estas últimas décadas, el desarrollo exponencial del proceso de globalización ha aumentado cada vez más la importancia que el tema de la protección de los derechos humanos reviste para la UE, sobre todo en lo que respecta a sus relaciones con los países en desarrollo. La Comisión y el Consejo, con el consenso del Parlamento Europeo (4), llevan subrayando desde hace tiempo el vínculo entre desarrollo (lucha contra la pobreza) y protección de los derechos humanos, por cuanto son estos últimos los que crean las condiciones para el desarrollo socioeconómico real y estable de un país, al tiempo que contribuyen a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

2.4 «… en su calidad de protagonista económico y político de alcance diplomático mundial, y que dispone de un presupuesto considerable para ayuda exterior, la UE dispone de fuerza e influencia, que puede emplear en pro de la democratización y los derechos humanos (en terceros países)» (5). Actualmente la Unión ejerce esta influencia a través de diálogos políticos sobre los derechos humanos con los países con los que mantiene relaciones. Basta pensar, por ejemplo, en los diálogos estructurales dedicados exclusivamente a los derechos humanos (China) o en aquellos entablados a nivel regional y bilateral en el contexto de los Acuerdos de Asociación y Cooperación y de los Acuerdos de Asociación, respectivamente con los países en desarrollo, con los nuevos vecinos de la UE y con los países candidatos.

2.5 Un ejemplo particular es la cláusula de los derechos humanos que la UE ha introducido en los acuerdos bilaterales con los terceros países, en el sentido de que el respeto de los derechos humanos y la democracia son «elementos esenciales» del acuerdo. Tal cláusula figura en los acuerdos bilaterales celebrados por la UE a partir de 1992 y se aplica actualmente a más de un centenar de países (6). En caso de eventuales violaciones de un elemento esencial, podrán adoptarse diferentes medidas a diversos niveles, como la interrupción de los contactos a nivel político o la introducción de cambios en los programas de cooperación. Por otra parte, la UE posee otro instrumento, como es la cláusula de«incentivo social» en el marco del sistema de las preferencias generalizadas (SPG y SPG +), que prevé la concesión de preferencias suplementarias a los países que respeten algunas normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (7).

2.6 Sin embargo, por lo que respecta al tema de los derechos humanos en la política europea, es posible encontrar aún lagunas y contradicciones. El propio Parlamento Europeo (PE), en 2005, adoptó una Resolución (8) en la que se pone de relieve que muchos acuerdos sectoriales de la UE (en el sector textil, pesca, agricultura, etc.) aún no disponen de la «cláusula de los derechos humanos». En general, se lamenta la vaguedad de los términos y de los procedimientos seguidos en los acuerdos actuales, que no permiten una aplicación efectiva de las cláusulas. Y en particular, se pone en evidencia el papel limitado del Parlamento en el proceso de negociación (supervisión y suspensión) de los propios acuerdos, lo que deja al Consejo y a la Comisión un amplio margen de decisión.

2.7 En los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) (9) con los países de África, Caribe y Pacífico (ACP), así como en los acuerdos de libre cambio con la zona del Mediterráneo (ENP), la UE tiende a centrarse principalmente en los aspectos comerciales. Por consiguiente, la ayuda al desarrollo por parte de la UE correría el riesgo de ser interpretada como instrumento de presión respecto a los socios del Sur, y los acuerdos terminarían por no servir para el desarrollo (ni, por tanto, para la protección de los derechos humanos) en los países beneficiarios.

2.8 El CESE reafirma la necesidad de políticas coherentes y complementarias por parte de la UE en apoyo a los derechos humanos y la democratización, que garanticen el mismo nivel de prioridad en los diversos sectores de la política exterior, comercial y de cooperación al desarrollo. Un proceso más amplio de consulta a la sociedad civil parece también necesario para garantizar un verdadero respeto de tal coherencia. En efecto, las organizaciones de la sociedad civil podrían aportar una valiosa contribución en diversas fases, desde la negociación de los acuerdos a la supervisión, evaluación y control en la fase de ejecución.

3. Presentación del Instrumento europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)

3.1 El IEDDH representa el instrumento financiero de la UE dedicado al apoyo a actividades en favor de la protección de los derechos humanos y la democracia en terceros países. En este sentido, el IEDDH debe entenderse como un instrumento complementario respecto a los otros medios de actuación de las políticas en materia de democracia y derechos humanos citados supra; es decir: diálogos políticos, iniciativas diplomáticas, acuerdos comerciales, instrumentos y programas geográficos y temáticos de cooperación.

3.2 Este instrumento fue creado en el contexto de las perspectivas financieras UE 2007-2013, con el que se emprendió un largo proceso de organización de los programas financieros de la asistencia exterior de la Unión. De esta manera, el nuevo marco comprende ahora instrumentos geográficos –como el IPA (Instrumento de preadhesión, que incluye a los países candidatos y potenciales candidatos), el ENPI (Instrumento de vecindad para los países del Cáucaso, de Europa Central y del Mediterráneo), el DCI (Instrumento para la cooperación al desarrollo), el ICI (para la cooperación con los países industrializados)-, así como instrumentos temáticos –como el IEDDH (Derechos humanos), el SI (Instrumento de estabilidad) y el INSC (Seguridad nuclear). Los instrumentos temáticos no requieren el acuerdo de las autoridades de los terceros países para ser aplicados.

3.3 Mediante el Reglamento IEDDH (10), que entró en vigor el 1 de enero de 2007, se instituyó un instrumento que dispone de su propio presupuesto. Este instrumento no ha tenido una génesis sencilla, por cuanto en las propuestas iniciales, los derechos humanos y la democracia figuraban entre las líneas temáticas del instrumento DCI, perdiendo, por consiguiente, autonomía respecto a otras acciones de cooperación al desarrollo. Sin embargo, gracias a la presión del Parlamento Europeo, así como de las organizaciones de la sociedad civil, finalmente se pudo obtener un reglamento específico para los derechos humanos y la democracia.

3.4 El nuevo instrumento sustituye a la Iniciativa europea para los derechos humanos, es decir, al programa vigente desde el período 2000-2006. Y constituye la respuesta a las críticas contra la iniciativa europea, considerada demasiado rígida en el plano administrativo y financiero y poco adaptada a la sociedad civil de los países en los que la democracia y los derechos humanos se encuentran en dificultad.

3.5 La actuación del Instrumento se articula en varias fases: (1) la programación estratégica plurianual, que define el marco de la asistencia de la UE, determinando las prioridades y el calendario financiero indicativo. El correspondiente documento estratégico es elaborado por la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, previa consulta a las partes interesadas (stakeholders), entre las que figuran representantes de la sociedad civil. (2) El Plan de acción anual, en cambio, se basa en el documento estratégico y define más detalladamente sus objetivos, los sectores de intervención, los procedimientos de gestión y el importe de la financiación. Dicho Plan es elaborado por Europe Aid.

3.6 Cabe observar que se ha introducido el legal scrutiny (escrutinio jurídico) por el Parlamento Europeo de los documentos de estrategia preparados por la Comisión Europea y adoptados por los Estados miembros. La Comisión deberá tener en cuenta las observaciones del Parlamento a la hora de proceder a la aplicación de las políticas.

3.7 Los objetivos (11) del IEDDH son actualmente cinco:

— Objetivo 1: Reforzar el respeto de los derechos humanos en los países y regiones del mundo en los que estén más amenazados

— Objetivo 2: Reforzar el papel de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos y de las reformas democráticas, en el apoyo a la conciliación pacífica de los intereses de los diferentes grupos y en la consolidación de la participación y de la representación política

— Objetivo 3: apoyar las acciones en materia de derechos humanos y democracia en el ámbito de la aplicación de las orientaciones de la UE, como las relativas al diálogo sobre los derechos humanos, los defensores de tales derechos, la pena de muerte, la tortura y los niños en los conflictos armados

— Objetivo 4: Sostener y reforzar el marco internacional y regional para la protección de los derechos humanos, la justicia, el Estado de Derecho y la promoción de la democracia

— Objetivo 5: Crear confianza en el proceso electoral democrático, en particular mediante la supervisión de las elecciones.

3.8 El IEDDH es un instrumento de fundamental importancia para la puesta en práctica de acciones concretas en apoyo de los derechos humanos. Asimismo, constituye un instrumento esencial, sobre todo, para las organizaciones de la sociedad civil, que encuentran en el mismo la sede adecuada para poder emprender sus iniciativas.

4. Observaciones generales

4.1 En general, el CESE valora positivamente el nuevo instrumento IEDDH, cuya importancia para apoyar las políticas de la UE en materia de derechos humanos en todo el mundo es indiscutible. Asimismo, considera positivo el incremento de los recursos financieros dedicados a este instrumento. El CESE, gracias a su experiencia específica, está dispuesto a apoyar en los terceros países a la sociedad civil, que debe seguir siendo el principal destinatario de los recursos del Instrumento. Y por último, el CESE encuentra una gran correspondencia entre los temas tratados por el Instrumento y las prioridades estratégicas establecidas por la propia Sección de Relaciones Exteriores.

4.2 Sin embargo, el CESE insiste en subrayar dos exigencias de carácter general: 1) la de hacer especial hincapié en la importancia de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular del derecho internacional del trabajo, en la estructura general del IEDDH (los derechos económicos, sociales y culturales, en efecto, pueden representar un punto de partida para poder apoyar posteriormente los derechos civiles y políticos, sobre todo cuando se trata de países «difíciles») y 2) la de conferir un papel más activo al CESE y a la sociedad civil organizada (SCO) en los diversos procesos de consulta con las instituciones europeas en materia de derechos humanos (12).

4.3 Tal como dispone el propio Reglamento del IEDDH, el desafío de crear y alimentar una cultura de derechos y de garantizar el funcionamiento del proceso democrático no puede prescindir del pleno respeto de los derechos económicos y sociales. La protección del trabajo y de los derechos correspondientes sancionados en el Convenio de la OIT constituye hoy en día un aspecto fundamental para el desarrollo de los terceros países. Como recuerda la propia Comisión Europea, «la UE cree que el respeto de los derechos sociales y de las normas laborales favorece un desarrollo social y económico duradero y equitativo» y, en consecuencia, que «grandes protagonistas son los interlocutores sociales (empresas, sindicatos) … Los sindicatos son con frecuencia las organizaciones que cuentan con mayor número de miembros en los países socios, y vigilan la aplicación de las normas laborales internacionales» (13).

4.4 Ya se ha puesto de relieve supra que la SCO puede participar en gran medida en los procesos de negociación de los acuerdos entre la UE y terceros países. Pero no basta. Parece conveniente que, también por lo que respecta a la elaboración de las programaciones estratégicas y de las programaciones anuales para la asistencia exterior, la SCO se integre más en el proceso decisorio. Si bien es cierto que en la actualidad ya están previstas consultas por parte de la Comisión a las organizaciones de la sociedad civil respecto a los derechos humanos, tal procedimiento debería ser más transparente y oficializarse en las agendas institucionales.

4.5 En particular, la consulta a las delegaciones de la UE en el país beneficiario parece fundamental para garantizar una adaptación efectiva de la asistencia a las necesidades reales de la sociedad (14).

4.6 El CESE subraya que la consulta sistemática a la sociedad civil es igualmente importante a escala nacional, regional y local. Por tanto, el CESE anima a los representantes de todos los ámbitos a debatir con la sociedad civil todas las decisiones políticas antes de elaborar cualquier documento de estrategia o tomar cualquier decisión estratégica. Puesto que en este terreno no existen referencias, el CESE, para reforzar el proceso de consulta a la sociedad civil, sugiere supervisar y evaluar periódicamente estas consultas y, sobre la base de unos datos verificados, llevar a cabo una valoración de los métodos aprobados.

4.7 A tal fin, el CESE subraya la necesidad de reavivar un verdadero diálogo entre la SCO y las delegaciones de la UE. Por consiguiente, el CESE desea que todas las delegaciones de la UE participen en mayor medida en la puesta en práctica de los proyectos y puedan ser dotadas de personal específico para tal cometido, como en el caso de la figura del «Civil Society Officer» (funcionario responsable de la sociedad civil), del que ya existen algunos ejemplos.

4.8 El CESE solicita que los recursos humanos y presupuestarios asignados para la aplicación del IEDDH sean adecuados para la especificidad de los proyectos realizados con la sociedad civil y de los condicionantes que pesan sobre dichos proyectos en términos de tiempo, personal y riesgos financieros, y que la asignación se lleve a cabo en las delegaciones que la Comisión tiene en los terceros países antes que en la propia sede de la Comisión (15). Ello requiere una intervención específica para la selección y formación de los recursos humanos, además de la positiva labor llevada a cabo por la Comisión.

4.9 En particular, el CESE solicita que se analicen los instrumentos facilitados concretamente a la Unión Europea para apoyar iniciativas de «capacity building» (desarrollo de capacidades) a favor de las organizaciones de la SCO interesadas, así como de las pequeñas organizaciones autónomas e informales de la sociedad civil, teniendo en cuenta la necesidad de poder prestar a estas últimas un apoyo directo (core funding) en casos particulares y, con frecuencia, también por importes limitados.

5. Observaciones específicas

5.1 Objetivo 1:

El CESE acoge favorablemente la inclusión específica del derecho de asociación y del derecho a formar o adherirse a una organización sindical como base para la intervención prioritaria por lo que respecta a este objetivo.

Sin embargo, sería conveniente especificar también el derecho de negociación colectiva, que es complementario al derecho de asociación, tal como disponen los propios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El CESE recuerda que estos temas son muy importantes y cruciales para muchos países (16). En efecto, en algunos países se niegan las libertades fundamentales de expresión y asociación; y algunos miembros de organizaciones sindicales suelen pagar con su vida el precio de sus batallas en defensa de los derechos humanos. En este contexto, la solidaridad y la asistencia internacional son necesarias para apoyar a las organizaciones locales, facilitando, cuando sea posible, la participación de todos los interlocutores sociales (17).

Asimismo, el CESE subraya la importancia de la libertad de empresa, un derecho en favor del desarrollo económico y cuyo ejercicio suele verse obstaculizado en diversos países.

5.2 Objetivo 2:

Este objetivo se centra en las reformas democráticas, en el apoyo a la conciliación de los intereses de los diversos grupos y en la consolidación de la participación y la representación. El CESE hace hincapié en la ausencia del diálogo social entre las prioridades citadas en el Plan de acción.

Aunque se cite de nuevo la libertad de asociación, el diálogo social debería indicarse expresamente como prioritario en calidad de instrumento, con todo derecho, de la participación, representación y conciliación de los grupos de interés, que son precisamente los interlocutores sociales (empresarios y trabajadores). El diálogo social es una modalidad que permite el encuentro de los intereses de las partes, sobre cuya base las propias partes encuentran un acuerdo. Por consiguiente, tal proceso contiene en sí mismo el principio de igualdad de la representación, así como la afirmación de los principios básicos de la democracia. El diálogo social constituye, por ello, una prueba concreta del ejercicio de las libertades de expresión y asociación, que, como afirma el propio Reglamento del IEDDH, son los prerrequisitos del pluralismo político y del proceso democrático.

El mantenimiento del diálogo social, establecido como modelo de acuerdo entre los interlocutores sociales en la UE, debería ser apoyado también en los terceros países, en los que precisamente las dinámicas de la democracia necesitan ejercitarse y fortificarse. No hay que olvidar que, gracias a sus características, el diálogo social constituye también un instrumento de prevención, además de servir para la resolución de conflictos.

El CESE recuerda que la libertad de asociación y el diálogo social representan componentes fundamentales para la aplicación de las políticas en apoyo del trabajo digno , que tanto la Comisión como el Consejo aprobaron e hicieron propias en 2006 (18). Cabe subrayar que también el documento estratégico del IEDDH hace referencia explícita al fomento de las condiciones dignas de trabajo. Por consiguiente, es deseable que estas consideraciones se puedan transformar en verdaderos y reales objetivos del Instrumento para la democracia y los derechos humanos.

5.3 Objetivo 3: Defensores de los derechos humanos

El CESE solicita que se preste mayor atención a cuantos defienden los derechos laborales y se propone reforzar el apoyo a los defensores de los derechos humanos expuestos y amenazados, en colaboración con las redes de las organizaciones de la sociedad civil (19).

El CESE sugiere proceder a una reflexión sobre la creación de «puntos focales» para apoyar a los defensores de los derechos humanos, que permitan a las instituciones y órganos de la UE trabajar en red, cada uno en su propia esfera de competencia (incluido el Consejo de Europa que ya ha emprendido iniciativas en este sentido).

Por último, se propone favorecer una colaboración y participación directa del Comité de las Regiones por lo que respecta a las iniciativas en la materia (véanse, por ejemplo, les villes refuges (20)).

5.4 El cometido específico del CESE

El CESE solicita a la Comisión Europea que se le consulte regularmente en lo que respecta al IEDDH. En efecto, como órgano consultivo de las instituciones europeas, en el que están representados los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil que, a su vez, operan activamente en asociación con las organizaciones de la sociedad civil en los terceros países, el CESE puede aportar una valiosa contribución tanto a la programación estratégica del Instrumento como a su evaluación.

El CESE propone, a semejanza de lo que se ha hecho en el Parlamento Europeo, la constitución de un Comité de seguimiento del IEDDH que tendría como misión, por una parte, responder a las solicitudes urgentes de consulta en el marco de los nuevos procedimientos establecidos para los instrumentos financieros y, por otra, asegurar un seguimiento de la programación y aplicación del IEDDH

Y por último, el CESE puede desempeñar un papel de apoyo a la sociedad civil tanto en los países considerados «difíciles» como en el contexto del seguimiento postelectoral para consolidar los sistemas democráticos (constitución de instituciones democráticas y, más en particular, de instituciones capaces de asegurar el diálogo entre los interlocutores sociales).

Bruselas, 15 de enero de 2009 El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Mario SEPI

(1) Los artículos 6 a 15 del Pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales reconocen: igualdad de derechos para hombres y mujeres a la hora de disfrutar de todos los derechos humanos e insta a los Estados a hacer que ese principio sea una realidad (artículo 3);

— derecho al trabajo;

— derecho a condiciones laborales justas y favorables;

— derecho a constituir y formar parte de sindicatos;

— derecho a seguridad social, incluido el seguro social;

— derecho a la mayor asistencia y protección posible para la familia, madres, niños y jóvenes;

— derecho a un adecuado nivel de vida;

— derecho a disfrutar del mayor nivel posible de salud física y mental;

— derecho a la educación, y

— derecho a participar en la vida cultural.

(2) Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (por un trabajo digno), recogido en los artículos 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

(3) No obstante, debe también recordarse la Carta Social Europea de 1961, que es la primera fuente jurídica a nivel europeo que codificó los derechos económicos y sociales. La Carta entró en vigor en 1965, se revisó en 1996 y posteriormente en 1999 (versión vigente). Cabe recordar finalmente la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989.

(4) Declaración conjunta sobre la política de desarrollo de la CE, Consejo y Comisión, 10 de noviembre de 2000, disponible en el sitio: http://europa.eu.int/comm/development/lex/en/council20001110_en.htm (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/00/st13/13458en0.pdf) La política de desarrollo de la Unión Europea «El consenso europeo» (COM(2005) 311 final).

(5) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: El papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países (COM(2001) 252 final).

(6) Comunicación de la Comisión sobre la inclusión del respeto de los principios democráticos y los derechos humanos en los acuerdos entre la Comunidad y terceros países (COM(1995) 216 final).

(7) Reglamento (CE) no 2820/98 del Consejo relativo a la aplicación de un plan plurianual de preferencias arancelarias generalizadas durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 31 de diciembre de 2001 (DO L 357 de 30.12.1998, p. 1-112).

(8) Resolución del Parlamento Europeo sobre la cláusula relativa a los derechos humanos y a la democracia en los acuerdos de la Unión Europea (2005/2057 INI).

(9) Sobre la base del Acuerdo de Cotonú (2000), en 2002 se entablaron las negociaciones para celebrar tales acuerdos. Éstos prevén la creación de zonas de libre cambio entre la UE y los socios de los países ACP.

(10) Reglamento (CE) no 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 por el que se establece un instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial (DO L 386 de 29.12.2006, p. 1).

(11) Documento de Estrategia del IEDDH 2007-2010, DG RELEX/B/1 JVK 70618, sitio Internet de EuropeAid.

(12) El CESE recuerda que la consulta a la SCO es relevante no sólo para el instrumento IEDDH, sino también para todos los otros instrumentos relativos a la asistencia exterior de la UE. El Comité solicita, por ejemplo, que el programa temático «asilo y migración» integrado en el instrumento de cooperación al desarrollo -DCI- se destine esencialmente a apoyar las iniciativas de la sociedad civil en la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes, de conformidad con las prioridades definidas por el mismo en sus dictámenes sobre la política migratoria de la UE aprobados en julio de 2008. Véase a este respecto el Dictamen sobre el tema «Migración y desarrollo: oportunidades y retos» — (ponente: Sukhdev Sharma) DO C 120 de 16.5.2008, p. 82.

(13) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: El papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países (COM(2001) 252 final).

(14) En particular, se debe asegurar la coherencia de la distribución de los recursos financieros entre los diferentes países y áreas geográficas, teniendo en cuenta las condiciones objetivas y las necesidades reales.

(15) Actualmente los recursos destinados al IEDDH representan cerca del 10 % del total de los fondos disponibles para los programas de cooperación. El resto de los recursos se concede a través de los acuerdos bilaterales y de «apoyo al presupuesto» a favor de los países beneficiarios. En consecuencia, al margen de que las asignaciones más importantes se efectúen a nivel gubernamental, el interés y la mayor disponibilidad por parte del propio personal de la Delegación deben dirigirse a los programas que tengan una mayor prioridad desde el punto de vista financiero.

(16) Para referencias véase el sitio Internet del UNHRC (United Nations Human Rights Council).

(17) Véase Dictamen CESE sobre el tema «La libertad de asociación en los países socios mediterráneos», ponente: Juan Moreno, DO C 211 de 19.8.2008, p. 77.

(18) Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Promover un trabajo digno para todos», COM(2006) 249 final.

(19) Cabe recordar, por ejemplo, los mecanismos de coordinación y reacción en caso de violación de los derechos humanos y sindicales establecidos por el Departamento de Derechos Humanos y Sindicales de la Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC).

(20) A título de ejemplo, véase el sitio: http://www.icorn.org/.