Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo (96/C 332/10) COM(96) 340 final - 96/0196(PRT)

(Presentada por la Comisión el 20 de septiembre de 1996)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Acuerdo sobre la política social, anejo al Protocolo n° 14 sobre la política social, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el apartado 2 de su artículo 2,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado, en cooperación con el Parlamento Europeo,

Considerando que, con arreglo al Protocolo sobre la política social anejo al Tratado, los Estados miembros, con excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (denominados en lo sucesivo «los Estados miembros»), deseando aplicar la Carta Social de 1989, convinieron entre ellos un Acuerdo sobre la política social;

Considerando que la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores reconoce la importancia de la lucha contra las discriminaciones en todas sus formas, especialmente las que se basan en el sexo, el color, la raza, las opiniones y las creencias; que la Comisión aprobó, el 13 de diciembre de 1995, una Comunicación (1) sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo;

Considerando que el punto 16 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, relativo a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, establece, en particular, que sería conveniente intensificar allí donde sea necesario las acciones encaminadas a garantizar la realización de la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en relación con el acceso al empleo, la retribución, las condiciones de trabajo, la protección social, la educación, la formación profesional y la evolución de las carreras profesionales;

Considerando que, pese a la existencia de un amplio consenso entre la mayoría de los Estados miembros, el Consejo no ha podido pronunciarse sobre la propuesta de Directiva (2) relativa a la carga de la prueba en el ámbito de la igualdad de retribución y trato entre hombres y mujeres;

Considerando que, el Parlamento Europeo, en su Resolución de enero de 1994 (3) relativa al Libro blanco sobre la política social europea, pidió a la Comisión que presentara una propuesta de directiva en el ámbito de la carga de la prueba;

Considerando que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre la política social, la Comisión consultó a los interlocutores sociales a nivel comunitario sobre la orientación posible de una acción comunitaria en materia de carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo;

Considerando que la Comisión, al estimar tras dicha consulta que era deseable una acción comunitaria, volvió a consultar a dichos interlocutores sociales acerca del contenido de la propuesta prevista de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 del mencionado Acuerdo, y que éstos remitieron su dictamen a la Comisión;

Considerando que, al concluir esta segunda fase de consultas, los interlocutores sociales no informaron a la Comisión de su voluntad de iniciar el proceso que podría conducir a la celebración de un acuerdo, tal como prevé el artículo 4 del mencionado Acuerdo;

Considerando que, según el artículo 1 del Acuerdo, la Comunidad y los Estados miembros tienen por objetivo mejorar las condiciones de vida y de trabajo; que la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres contribuirá a la realización de dicho objetivo;

Considerando que el principio de la igualdad de trato quedó establecido en el artículo 119 del Tratado CE y en la Directiva 75/117/CEE del Consejo (4) sobre la igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos, así como en las Directivas 76/207/CEE del Consejo (5) sobre el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, 86/613/CEE del Consejo (6) sobre los trabajadores que ejercen una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad, 79/7/CEE del Consejo (7) sobre la seguridad social y 86/378/CEE (8) sobre los regímenes profesionales de seguridad social;

Considerando que la Directiva 92/85/CEE del Consejo (9) sobre la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, contribuirá igualmente a la realización efectiva de la igualdad de trato entre hombres y mujeres; que dicha Directiva no debe menoscabar las Directivas antes mencionadas en materia de igualdad de trato; que conviene, por lo tanto, que las trabajadoras a que se refiere dicha Directiva se beneficien, en las mismas condiciones, de la adaptación de la carga de la prueba;

Considerando que la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato requiere que se apliquen medidas complementarias en lo que se refiere a los procedimientos que han de seguirse y a las pruebas que deben presentarse ante los órganos jurisdiccionales nacionales u otros órganos competentes;

Considerando, que las partes demandantes estarían privadas de cualquier medio eficaz para hacer respetar el principio de igualdad de trato ante la jurisdicción nacional si el hecho de aportar la prueba de que exista una apariencia de discriminación no tuviera como efecto imponer a la parte demandada la carga de la prueba de que su práctica no es, en realidad, discriminatoria;

Considerando que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha considerado, por consiguiente, que es necesario adaptar la carga de la prueba en cuanto exista una apariencia de discriminación, y que, en los casos en que se compruebe esta situación, la aplicación efectiva del principio de igualdad requiere que la carga de la prueba recaiga sobre la parte demandada (10);

Considerando que la prueba de la discriminación es aún más difícil de aportar cuando la discriminación es indirecta; que, por lo tanto, es necesario precisar su definición;

Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad enunciados en el artículo 3 B del Tratado CE, el objetivo de una adaptación adecuada de la carga de la prueba no se ha logrado suficientemente en los Estados miembros y que es necesario alcanzarlo a nivel comunitario; que la presente Directiva se limita al mínimo requerido y no excede de lo necesario a tal fin,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objetivo

El objetivo de la presente Directiva es garantizar una mayor eficacia de las medidas adoptadas por los Estados miembros, en aplicación del principio de igualdad de trato, para que todas las personas que se consideren perjudicadas por la no aplicación, con respecto a ellas, del principio de igualdad de trato puedan invocar sus derechos ante los órganos jurisdiccionales después de haber recurrido, en su caso, a otros órganos competentes.

Artículo 2

Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de cualquier discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirecta, por referencia, en particular, a la situación matrimonial o familiar.

2. A efectos del principio de igualdad de trato contemplado en el apartado 1, existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral perjudique a una proporción considerablemente más importante de personas de un sexo, especialmente en relación con la situación matrimonial o familiar, a menos que el objetivo perseguido mediante la aplicación de esta disposición, criterio o práctica esté objetivamente justificado y que los medios para alcanzarlo sean apropiados y necesarios.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará:

a) a los supuestos regulados por el artículo 119 del Tratado CE y las Directivas 75/117/CEE, 76/207/CEE, 79/7/CEE, 86/378/CEE, 86/613/CEE y 92/85/ CEE;

b) a los supuestos regulados por cualquier otra disposición comunitaria relativa al principio de igualdad de trato que se adopte en el futuro y que no excluya expresamente su aplicación;

c) en el marco de cualquier procedimiento civil o administrativo que prevea un recurso con arreglo al Derecho nacional en aplicación de las disposiciones contempladas en las letras a) y b).

2. La presente Directiva no se aplicará al procedimiento penal, salvo si los Estados miembros así lo dispusieren.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Artículo 4

Carga de la prueba

1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales, las medidas necesarias:

a) para que cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, con respecto a ella, del principio de igualdad de trato presente ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, según los casos, elementos de hecho que permitan presumir la existencia de una discriminación, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha existido vulneración del principio de igualdad; cualquier duda que pudiere subsistir beneficiará a la parte demandante;

b) para que recaiga en la parte demandada, cuando aplique un sistema o tome una decisión no transparente, la carga de la prueba de que la apariencia de discriminación se debe a factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo;

c) para que la parte demandante no tenga que probar la existencia de una falta de la parte demandada para demostrar la violación de la prohibición de cualquier discriminación por razón de sexo.

2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer un régimen probatorio más favorable a la parte demandante.

Artículo 5

Procedimientos

Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias a fin de que:

a) los órganos jurisdiccionales y otros órganos competentes puedan ordenar cualquier medida necesaria para garantizar la instrucción efectiva de cualquier demanda por discriminación;

b) las partes interesadas puedan disponer de cualquier información pertinente en poder de la parte contraria, o que pueda presumirse razonablemente que obra en su poder, y que sea necesaria para el ejercicio de sus derechos. Las partes estarán obligadas a presentar únicamente los elementos de información cuya divulgación no pueda perjudicar gravemente sus intereses por motivos distintos de los del litigio.

CAPÍTULO III DISPOSICIONES FINALES

Artículo 6

Información

Los Estados miembros velarán por que las medidas adoptadas en aplicación de la presente Directiva y las disposiciones ya en vigor en la materia se pongan en conocimiento de cualquier persona interesada por todos los medios apropiados, tales como la información en los lugares de trabajo.

Artículo 7

Salvaguardia del nivel de protección

La aplicación de las disposiciones de la presente Directiva no constituirá en ningún caso un motivo suficiente para justificar la reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito regulado por ella, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar, habida cuenta de la evolución de la situación, disposiciones legales, reglamentarias o contractuales diferentes de las existentes en el momento de la notificación de la presente Directiva, siempre y cuando se respeten las exigencias mínimas previstas en la presente Directiva.

Artículo 8

Aplicación

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 2001. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 9

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) COM(95) 653 final.

(2) DO n° C 176 de 5. 7. 1988, p. 5.

(3) DO n° C 43 de 20. 2. 1995, p. 63.

(4) DO n° L 45 de 19. 2. 1975, p. 19.

(5) DO n° L 39 de 14. 2. 1976, p. 40.

(6) DO n° L 359 de 19. 12. 1986, p. 56.

(7) DO n° L 6 de 10. 1. 1979, p. 24.

(8) DO n° L 225 de 12. 8. 1986, p. 40.

(9) DO n° L 348 de 28. 11. 1992, p. 1.

(10) Asunto C-109/88 Danfoss, sentencia de 17 de octubre de 1989, Recopilación 1989, p. 3199 (punto 16).

Asunto C-318/86 Comisión contra Francia, sentencia de 30 de junio de 1988, Recopilación 1988, p. 3599 (punto 27).

Asunto C-127/92 Enderby, sentencia de 27 de octubre de 1993, Recopilación 1993, p. I-5535 (puntos 13 y 14).

Asunto C-400/93 Royal Copenhagen, sentencia de 31 de mayo de 1995, Recopilación 1995, p. I-1275 (punto 24).