Iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de una Decisión marco del Consejo relativa a la ejecución de resoluciones de decomiso en la Unión Europea

(2002/C 184/05)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, la letra a) del artículo 31 y la letra b) del apartado 2 del artículo 34,

Vista la iniciativa del Reino de Dinamarca,

Visto el Dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1) El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, insistió en que el principio de reconocimiento mutuo se convirtiera en la piedra angular de la cooperación judicial tanto en materia civil como penal en el seno de la Unión.

(2) Según el apartado 51 de las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, el blanqueo de capitales está en el centro mismo de la delincuencia organizada y debe erradicarse allí donde se produzca. El Consejo Europeo está resuelto a garantizar que se den pasos concretos para proceder al seguimiento, embargo preventivo, incautación y decomiso de los beneficios del delito. En este sentido, el Consejo Europeo pide que se realice la aproximación del Derecho penal y procesal en materia de blanqueo de capitales (por ejemplo, seguimiento, embargo preventivo, incautación y decomiso) (véase el apartado 55 de las Conclusiones).

(3) Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio del Consejo de Europa de 8 de noviembre de 1990 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito. El Convenio obliga a sus signatarios a reconocer y ejecutar las resoluciones de decomiso dictadas por otra parte, o a someter la solicitud a sus autoridades competentes a fin de obtener una resolución de decomiso y, en caso de que se conceda, ejecutarla. Las Partes podrán denegar las solicitudes de decomiso, entre otros motivos, si el delito en el que se basa la solicitud no constituye un delito con arreglo a la legislación de la Parte requerida, o si en la legislación de la Parte requerida el decomiso no se contempla respecto del tipo de delito al que hace referencia la solicitud.

(4) La Decisión marco 2001/500/JAI del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito(1). Con arreglo a dicha Decisión marco, los Estados miembros están también obligados a no formular ni mantener ninguna reserva en relación con las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa en lo referente al decomiso en la medida en que el delito lleve aparejada una pena privativa de libertad de una duración máxima superior a un año.

(5) El 30 de noviembre de 2000 el Consejo adoptó un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo en materia penal, fijando como primera prioridad (medidas 6 y 7) la adopción de un instrumento que aplique el principio de reconocimiento mutuo al embargo preventivo de bienes y al aseguramiento de pruebas. Además, según el punto 3.3 del programa, el objetivo es mejorar la ejecución en un Estado miembro de una resolución de decomiso dictada en otro Estado miembro, a fin, entre otros, de restitución a una víctima de un delito penal, teniendo en cuenta la existencia del Convenio Europeo relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito de 8 de noviembre de 1990. A fin de lograr este objetivo, debe examinarse en particular si los motivos para la denegación de ejecución de una medida de decomiso del artículo 18 del Convenio de 1990 son plenamente compatibles con el principio del reconocimiento mutuo.

(6) Finalmente, el 30 de noviembre de 2000 la República Francesa, el Reino de Suecia y el Reino de Bélgica presentaron una propuesta de Decisión marco relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

(7) El motivo principal de la delincuencia organizada es la obtención de beneficios financieros. Por consiguiente, para que sea eficaz, todo intento de prevenir y combatir esta delincuencia debe centrarse en el seguimiento, el embargo preventivo, la incautación y el decomiso de los productos del delito. No basta simplemente con garantizar el reconocimiento mutuo dentro de la Unión Europea de medidas jurídicas temporales como el embargo preventivo y la incautación; el control efectivo de la delincuencia económica también exige el reconocimiento mutuo de las resoluciones de decomiso de los productos del delito.

(8) La presente Decisión marco pretende facilitar la cooperación entre Estados miembros en lo referente al reconocimiento y ejecución de resoluciones de decomiso de los productos del delito de manera que se obligue a los Estados miembros a reconocer y ejecutar en su territorio las resoluciones de decomiso dictadas por autoridades judiciales de otro Estado miembro. La presente Decisión marco está relacionada con la Decisión marco sobre confiscación de los productos del delito. El objetivo de la presente Decisión marco es garantizar que todos los Estados miembros tienen normas efectivas que regulen el decomiso de los productos del delito en relación con, entre otros aspectos, la carga de la prueba en lo relativo al origen de los bienes en posesión de una persona culpable de un delito relacionado con la delincuencia organizada.

(9) La cooperación entre Estados miembros, basada en el principio de reconocimiento mutuo y ejecución inmediata de las resoluciones judiciales, se entiende en la confianza de que las resoluciones que se han de reconocer y ejecutar se dictarán siempre de acuerdo con los principios de legalidad, subsidiariedad y proporcionalidad. También presupone que deben preservarse los derechos que asistan a las partes y a los terceros interesados de buena fe.

(10) La presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su capítulo VI. Nada de lo dispuesto en la presente Decisión puede interpretarse en el sentido de que impide denegar el decomiso de bienes para los cuales se haya dictado una resolución de decomiso cuando existan razones objetivas para suponer que la resolución de decomiso ha sido dictada con el fin de incoar diligencias o sancionar a una persona por motivos de su sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual, o que la situación de dicha persona pudiera estar condicionada por cualquiera de estos motivos.

(11) La presente Decisión marco no impedirá a ningún Estado miembro aplicar sus normas constitucionales relativas a la garantía jurisdiccional, entre otros aspectos.

HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN MARCO:

Artículo 1

Objetivo

1. La finalidad de la presente Decisión marco es facilitar la cooperación entre los Estados miembros en lo relativo al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones de decomiso, de manera que se obligue a los Estados miembros a reconocer y ejecutar en su territorio una resolución de decomiso dictada por una autoridad judicial de otro Estado miembro.

2. La presente Decisión marco no tendrá el efecto de modificar la obligación de respetar los derechos y principios jurídicos fundamentales recogidos en el artículo 6 del Tratado.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Decisión marco se entenderá por:

a) "Estado de emisión": el Estado miembro en el que una autoridad judicial, tal como se defina en el Derecho interno del Estado de emisión haya dictado, validado o confirmado de alguna forma una resolución de decomiso en relación con una causa penal;

b) "Estado de ejecución": el Estado miembro en cuyo territorio se halle el bien que se vaya a decomisar;

c) "decomiso": una sanción o medida dictada por un tribunal a raíz de un procedimiento relacionado con un delito o delitos, que tenga como resultado la expropiación definitiva de bienes;

d) "bien": cualquier tipo de bien, sea material o inmaterial, mueble o inmueble, así como los documentos con fuerza jurídica u otros documentos acreditativos de un título o derecho sobre ese bien, de los que la autoridad judicial competente del Estado emisor considere que constituyen el producto de una infracción o equivalente total o parcialmente al valor de dicho producto;

e) "producto": todo beneficio económico resultante de actividades delictivas. Podrá tener forma de cualquier tipo de bien;

f) "resolución": una sanción final o medida impuesta por una autoridad judicial competente respecto de una infracción que dé lugar a la resolución de decomiso.

Artículo 3

Determinación de las autoridades competentes

1. La autoridad judicial que dicte será el Tribunal del Estado de emisión que ha dictado la orden de decomiso.

2. La autoridad judicial de ejecución será la autoridad judicial del Estado de ejecución competente con arreglo a la legislación de dicho Estado.

3. Cada Estado miembro informará a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en adelante ("Secretaría General del Consejo") de las autoridades competentes con arreglo a su legislación. Si un Estado miembro así lo desea, podrá informar a la Secretaría General del Consejo de la autoridad central a través de la cual podrá transmitirse una solicitud de ejecución de una resolución de decomiso.

Artículo 4

Transmisión de resoluciones de decomiso

1. Una resolución de decomiso en el sentido de la presente Decisión marco, junto con un certificado conforme a lo dispuesto en el presente artículo podrán transmitirse a un Estado miembro en el que la persona física o jurídica contra la que se ha dictado la orden tenga bienes o ingresos, resida normalmente o, en el caso de una persona jurídica, esté registrada o tenga su oficina principal.

2. El certificado, cuyo modelo figura en el anexo, deberá ir firmado por la autoridad judicial competente del Estado de emisión, que también dará fe en el mismo de la exactitud de su contenido.

3. La autoridad competente del Estado de emisión transmitirá directamente a la autoridad competente del Estado de ejecución la resolución o una copia autenticada de la misma, acompañada del certificado, por cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan al Estado de ejecución establecer su autenticidad.

4. Si la autoridad judicial competente del Estado de emisión no conoce qué autoridad judicial es competente para ejecutar la resolución, aquélla efectuará todas las investigaciones necesarias, incluso recurriendo a los puntos de contacto de la Red Judicial Europea, a fin de obtener información del Estado de ejecución.

5. Cuando la autoridad judicial del Estado de ejecución que reciba una resolución no sea competente para reconocerla y adoptar las medidas necesarias para su ejecución, la transmitirá de oficio a la autoridad judicial competente e informará de ello a la autoridad competente del Estado de emisión.

Artículo 5

Infracciones

1. Las infracciones siguientes, si el Estado de emisión las castiga con penas privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos tres años según lo definido por la legislación del Estado de emisión, darán lugar a ejecución sobre la base de una resolución de decomiso sin control de la doble tipicidad:

- pertenencia a una organización delictiva,

- actos de terrorismo,

- trata de seres humanos,

- explotación sexual de menores y pornografía infantil,

- tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas,

- tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos,

- corrupción,

- fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas,

- blanqueo del producto del delito,

- falsificación del euro,

- delito informático,

- delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas,

- contrabando de seres humanos,

- homicidio y agresión con lesiones graves,

- tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos,

- secuestro, retención ilegal y toma de rehenes,

- actos de racismo y xenofobia,

- robos organizados o a mano armada,

- tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte,

- estafa,

- chantaje y extorsión de fondos,

- violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercancías,

- falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos,

- falsificación de medios de pago,

- tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento,

- tráfico ilícito de materias nucleares y radiactivas,

- tráfico de vehículos robados,

- violación,

- incendio voluntario,

- delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional,

- apoderamiento de aeronaves y buques,

- sabotaje.

2. El Consejo podrá decidir en todo momento, por unanimidad y previa consulta del Parlamento Europeo en las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 39 del Tratado de la Unión Europea, añadir otras categorías de delito a la lista incluida en el apartado 2. El Consejo estudiará, a la vista del informe que le presente la Comisión en virtud del artículo 19 de la presente Decisión marco, si procede ampliar o modificar dicha lista.

3. Con respecto a los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado de ejecución podrá supeditar el reconocimiento y la ejecución de una orden de decomiso a condición de que los hechos por los cuales se haya dictado la resolución sean constitutivos de una infracción que permita el decomiso con arreglo a la legislación del Estado de ejecución, sean cuales fueren sus elementos constitutivos o la manera en que esté descrita en la legislación del Estado de emisión.

Artículo 6

Reconocimiento y ejecución de las resoluciones

1. Las autoridades competentes del Estado de ejecución reconocerán y ejecutarán sin más trámite toda resolución transmitida con arreglo al artículo 4 y tomarán de inmediato todas las medidas oportunas para su ejecución, salvo que las citadas autoridades competentes decidan acogerse a alguno de los motivos de no reconocimiento o de no ejecución previstos en el artículo 7.

2. En caso de que una solicitud de decomiso afecte a un bien específico, las partes podrán acordar que el decomiso en el Estado de ejecución adopte la forma de la obligación de pago de una cantidad correspondiente al valor del bien de que se trate.

Artículo 7

Motivos de no reconocimiento o no ejecución

1. Las autoridades competentes del Estado de ejecución sólo podrán oponerse al reconocimiento o a la ejecución de la resolución cuando el certificado previsto en el artículo 4 falte, sea incompleto, no haya sido traducido a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución o no corresponda manifiestamente a la orden.

2. La autoridad competente del Estado de ejecución podrá también oponerse al reconocimiento o a la ejecución de la resolución si se establece que:

a) se ha dictado una orden de decomiso contra la persona afectada respecto de los mismos actos

- en el Estado de ejecución,

- en cualquier otro Estado distinto del de emisión o del de ejecución, y dicha resolución ha sido ejecutada, se está ejecutando o ya no puede ejecutarse con arreglo a la legislación del Estado en el que se dictó sentencia;

b) en uno de los casos citados en el apartado 3 del artículo 5, la resolución de decomiso se refiere a actos que no constituyen infracción de acuerdo con el Derecho del Estado de ejecución; no obstante, en materia de impuestos o de derechos de aduana y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la resolución de decomiso aduciendo que la legislación del Estado de ejecución no impone el mismo tipo de impuestos o derechos o no contiene el mismo de tipo de reglamentación en materia de impuestos, de derechos de aduanas y de cambio que la legislación del Estado de emisión;

c) en virtud del Derecho del Estado de ejecución exista inmunidad o privilegio que impida la ejecución de la resolución de decomiso;

d) derechos de terceras partes con arreglo al Derecho del Estado de ejecución impiden la ejecución de la resolución de decomiso;

e) se ha dictado una resolución de decomiso respecto de una infracción contra una persona física o jurídica en rebeldía y la persona afectada no ha sido citada personalmente o informada de otra manera de la fecha y el lugar de la audiencia que llevó a la resolución dictada en rebeldía, siempre que la persona afectada no haya tenido la oportunidad de recurrir contra la resolución en el Estado de emisión;

f) la resolución de decomiso afecta a infracciones que:

- conforme al Derecho del Estado de ejecución, se considera que han sido cometidas total o parcialmente en su territorio, o en un lugar equivalente a su territorio, o

- han sido cometidas fuera del territorio del Estado de emisión, y el Derecho del Estado de ejecución no permite la incoación de procedimientos legales respecto de dichas infracciones cuando se cometan fuera del territorio de dicho Estado;

g) las autoridades judiciales del Estado de ejecución han decidido no incoar acciones legales respecto de la infracción en que se basa la resolución de decomiso, o cuando se haya dictado otra sentencia definitiva contra la persona afectada respecto de los mismos actos en un Estado miembro, excluyéndose así la posibilidad de otras acciones legales;

h) con arreglo al Derecho del Estado de ejecución, ha expirado el plazo para dictar o ejecutar una resolución de decomiso respecto de la infracción en que se basa la resolución de decomiso, y el Estado de ejecución sea competente con arreglo a su propio Derecho.

3. Antes de decidir el no reconocimiento o ejecución de una resolución, la autoridad competente del Estado de ejecución consultará con la autoridad competente del Estado de emisión. La autoridad competente del Estado de emisión deberá, entre otras cosas, presentar cuanto antes toda información necesaria para la decisión del reconocimiento y ejecución de la resolución de decomiso. Si resulta evidente que la resolución de decomiso no puede ejecutarse, no será necesario consultar al Estado de emisión.

Artículo 8

Recursos

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todo aquel que tenga un interés legítimo, incluidos terceros de buena fe, disponga, para defender sus intereses legítimos, de recursos legales sin efecto suspensivo contra una resolución de decomiso ejecutada en cumplimiento del artículo 6. El recurso se interpondrá ante un tribunal del Estado de emisión o del Estado de ejecución, de acuerdo con el Derecho interno de cada Estado. El Estado de ejecución adoptará las medidas necesarias para mantener la propiedad del bien mientras se dicta la orden correspondiente.

2. Los motivos de fondo por los que se haya dictado la resolución de decomiso únicamente podrán ser objeto de recurso interpuesto ante un tribunal del Estado de emisión.

3. Si el recurso se interpone en el Estado de ejecución, se informará a la autoridad judicial del Estado de emisión sobre dicha acción y sobre sus motivos, y para que pueda presentar las alegaciones que juzgue oportunas. Asimismo, se le informará del resultado del recurso.

4. Los Estados de emisión y de ejecución adoptarán las medidas necesarias para facilitar el ejercicio del derecho a interponer recurso, tal como se menciona en el apartado 1, en particular facilitando toda la información a las partes interesadas.

5. El Estado de emisión velará por que todos los plazos para interponer recurso, tal como se menciona en el apartado 1, se apliquen de un modo que garantice realmente la posibilidad de que las partes interesadas interpongan un recurso legal efectivo.

Artículo 9

Suspensión de la ejecución

1. La autoridad judicial competente podrá suspender la ejecución de una resolución de decomiso transmitida de acuerdo con el artículo 4:

a) en los casos que se mencionan en el artículo 8, o

b) cuando la ejecución pueda impedir el buen desarrollo de una investigación penal en curso, durante el tiempo que estime razonable, o

c) en los casos en que considere necesario que la resolución o partes de ella se traduzcan, hasta que se disponga de dicha traducción.

2. La suspensión de la ejecución o de la resolución de decomiso, así como los motivos de la suspensión y, si es posible, su duración prevista, se comunicarán sin demora mediante informe a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

3. Tan pronto como hayan dejado de existir los motivos de suspensión, la autoridad judicial competente tomará de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la resolución de decomiso e informará de ello a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

Artículo 10

Decisión en caso de solicitudes múltiples

1. En caso de que dos o más Estados miembros hayan emitido una o más resoluciones de decomiso contra una o más personas, y los afectados en el Estado de ejecución carezcan de medios suficientes para que todas las resoluciones se ejecuten, la decisión sobre cuál de las órdenes de decomiso ha o han de ejecutarse la tomará la autoridad judicial del Estado de ejecución tras considerar debidamente todas las circunstancias, en particular teniendo en cuenta si hay embargo preventivo, la gravedad relativa y el lugar de la infracción, el grado en que la cantidad decomisada se ha de utilizar para satisfacer las demandas de compensación, y las fechas de las resoluciones respectivas.

2. La autoridad judicial podrá consultar a Eurojust a fin de tomar la decisión a que se hace referencia en el apartado 1.

Artículo 11

Derecho por el que se regirá la ejecución

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, la ejecución de la resolución se regirá por el Derecho del Estado de ejecución y únicamente su autoridad será competente para decidir sobre los procedimientos de ejecución y para determinar las medidas correspondientes.

2. En caso de decomiso del producto de delito, toda parte de la cantidad decomisada que se recupere en la forma que sea en cualquier Estado distinto del Estado de ejecución se deducirá en su totalidad de la cantidad que se ha de decomisar en el Estado de ejecución.

3. Una resolución de decomiso de una persona jurídica se ejecutará aún cuando el Estado de ejecución no reconozca el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

4. Una resolución de decomiso se ejecutará aún cuando la persona física objeto del decomiso fallezca o cuando la persona jurídica objeto del decomiso se disuelva posteriormente.

5. El Estado de ejecución no podrá imponer una pena de privación de libertad o cualquier otra medida que limite la libertad de una persona como recurso alternativo a consecuencia de una solicitud conforme al artículo 4, a menos que el Estado de emisión haya dado su consentimiento para ello en su solicitud.

Artículo 12

Amnistía, indulto y revisión de la resolución

1. Podrán conceder amnistía o indulto el Estado de emisión y también el Estado de ejecución.

2. Únicamente el Estado de emisión podrá decidir sobre la aplicación de una revisión de la resolución.

Artículo 13

Suspensión de la ejecución

La autoridad competente del Estado de emisión informará de inmediato a la autoridad competente del Estado de ejecución de toda decisión o medida que tenga por efecto anular el carácter ejecutorio de la resolución o la retirada de la resolución del Estado de ejecución por cualquier otro motivo.

El Estado de ejecución suspenderá la ejecución de la resolución tan pronto como la autoridad competente del Estado de emisión le informe de una decisión o medida al respecto.

Artículo 14

Reparto de bienes

Los bienes decomisados o el producto de la venta de propiedades decomisadas se devolverán, previa deducción de los gastos del Estado de ejecución, al Estado de emisión, salvo que el Estado de emisión y el Estado de ejecución acuerden otra cosa.

Artículo 15

Información sobre el resultado de la ejecución

La autoridad competente del Estado de ejecución informará sin demora a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que deje constancia escrita:

a) tan pronto como se haya completado la ejecución de la resolución;

b) de la ejecución total, parcial o no ejecución de la resolución por los motivos contemplados en el artículo 7, el apartado 1 del artículo 12 o el artículo 13.

Artículo 16

Lenguas

1. El certificado se traducirá a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución.

2. Cualquier Estado miembro podrá, cuando se adopte la presente Decisión marco o en fecha posterior, estipular en una declaración depositada ante la Secretaría General del Consejo que aceptará una traducción en una o más lenguas oficiales distintas de las instituciones de las Comunidades Europeas.

Artículo 17

Gastos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 en lo relativo al reparto de los bienes, los Estados miembros podrán renunciar entre sí al reembolso recíproco de los gastos que resultaren de la aplicación de la presente Decisión marco.

Artículo 18

Relación con otros acuerdos

La presente Decisión marco no afectará a la aplicación de disposiciones más favorables relativas a la ejecución de resoluciones de decomiso que figuren en acuerdos bilaterales o multilaterales o en arreglos entre los Estados miembros.

Artículo 19

Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Decisión marco antes del 30 de junio de 2004.

2. Los Estados miembros transmitirán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones de adaptación de sus legislaciones nacionales en virtud de las obligaciones que les impone la presente Decisión marco. Basándose en un informe elaborado a partir de la citada información por la Comisión, el Consejo verificará, a más tardar el 31 de diciembre de 2004 en qué medida los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en la presente Decisión marco.

3. La Secretaría General del Consejo transmitirá a los Estados miembros y a la Comisión las declaraciones formuladas en virtud del apartado 2 del artículo 16, así como los puntos de contacto con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3.

Artículo 20

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial.

Hecho en ...

Por el Consejo

El Presidente

...

(1) DO L 182 de 5.7.2001, p. 1.

ANEXO

CERTIFICADO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 4

1. Estado de emisión

2. Autoridad competente que dicta la resolución

2.1. Nombre

2.2. Dirección

2.3. Teléfono/fax/correo electrónico (incluido el código de marcado internacional)

2.4. Lenguas posibles de comunicación con la autoridad emisora

3. Detalles de la persona a la que se aplica la resolución de decomiso

3.1. Nombre

3.2. Última dirección conocida

3.3. Ubicación de la propiedad que se ha de decomisar (si se conoce)

4. Detalles de la resolución

4.1. Tipo y grado del decomiso

4.2. Mención de las disposiciones que se han infringido y grado en que corresponden a la lista que figura en el apartado 1 del artículo 5

4.3. Descripción de los hechos que constituyen la infracción

5. Categoría de la resolución

Confirmar lo siguiente:

5.1. La resolución es definitiva

5.2. La ejecución de la resolución no se ve impedida por limitaciones legales de tiempo

6. Notificación de los procedimientos

Confirmar que a la persona a la que se aplica la resolución de decomiso se le ha notificado de la debida forma lo siguiente:

6.1. El procedimiento contra dicha persona

6.2. Todo procedimiento y plazo de recurso

7. Ejecución parcial de la resolución

Estipúlese si:

7.1. Ya se ha decomisado alguna parte de lo que se ha de decomisar

7.2. En caso afirmativo, la cantidad decomisada

8. Recurso alternativo

8.1. ¿Permite el Estado de emisión la aplicación de recursos alternativos?

8.2. ¿Aprueba el Estado de emisión la aplicación de un recurso alternativo en el presente caso?

8.2.1. En caso afirmativo, enumérense los recursos alternativos con la sanción máxima en cada caso.

Hecho en ...

Firma y/o sello ...