Dictamen sobre :

- la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se deroga el Reglamento 388/75/CEE relativo a la comunicación a la Comisión de las exportaciones de hidrocarburos a terceros países,

- la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se deroga el Reglamento 1055/72/CEE relativo a la comunicación a la Comisión de las importaciones de hidrocarburos,

- la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se deroga el Reglamento 1038/79/CEE relativo al apoyo comunitario a un proyecto de explotación de hidrocarburos en Groenlandia, y

- la propuesta de Decisión del Consejo por la que se deroga la Recomendación 79/167/CECA, CEE, Euratom relativa a la reducción de la demanda de energía de los edificios en la Comunidad

(96/C 18/19)

El 20 de octubre de 1995, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las propuestas mencionadas arriba.

El Comité Económico y Social decidió encargar la preparación de los trabajos en este asunto al Ponente general, Sr. von der Decken.

En su 329° Pleno de los días 25 y 26 de octubre de 1995 (sesión del 26 de octubre de 1995), el Comité Económico y Social ha aprobado por mayoría con una abstención el siguiente dictamen.

1. Introducción

1.1. Las propuestas objeto de examen se inscriben en el contexto de una reforma de la legislación comunitaria en el sector de la energía y representan una primera etapa del proceso de reducción, simplificación y, en la medida que sea necesario, actualización de la legislación en este ámbito. Asimismo, las propuestas vienen acompañadas de un informe sobre « una reforma de la legislación comunitaria en materia de energía ».

1.2. Debe precisarse que esta reforma es únicamente de carácter parcial. En efecto, el examen que realiza la Comisión sólo afecta en esta fase a los ámbitos del uso racional de la energía y del petróleo. Además, únicamente se refiere a una parte de la legislación en cuestión, 17 actos legislativos de base, la mayoría aprobados entre 1972 y 1976, de los que 15 lo fueron por el Consejo y 2 por la Comisión.

1.3. Las conclusiones a las que llega tras el examen de estos actos llevan a la Comisión a recomendar la derogación de 10 de ellos, ya que cabe mantener la vigencia del resto, 3 de ellos con carácter temporal.

1.3.1. La derogación de 8 de los 10 actos legislativos implica la intervención del Consejo. En el caso de 4 de ellos, el Comité había sido consultado en el marco del procedimiento legislativo que llevó a la aprobación de dichos actos, por lo que así mismo se requiere la consulta al Comité para su derogación, lo que no es el caso de las otras cuatro propuestas sometidas al Consejo. Estas ocho propuestas figuran en una Comunicación que acompaña al informe de la Comisión.

1.3.2. La Comisión justifica sus propuestas de derogación, de las que 7 se realizarían en el ámbito del uso racional de la energía y 3 en el del petróleo, fundamentalmente por la pérdida de valor práctico de los actos en cuestión o su superación por el desarrollo del proceso legislativo.

1.4. Si el Consejo diese su visto bueno a las conclusiones a las que ha llegado la Comisión, se deberían derogar cuatro reglamentos de aplicación : uno del Consejo y tres de la Comisión.

1.5. En este mismo informe, la Comisión propone simplificar su decisión de aplicación 77/190/CEE, y sus modificaciones ulteriores, de la Directiva 76/491/CEE, de 4 de mayo de 1976, relativa a un procedimiento comunitario de información y consulta de los precios del petróleo crudo y de los productos petrolíferos en la Comunidad.

1.6. Por otra parte, la Comisión considera que dos resoluciones del Consejo sobre el uso racional de la energía han perdido su valor práctico ya que su contenido se retoma en un acto jurídico vinculante. Dado que la falta de carácter legislativo de dichos actos impide su derogación, la Comisión propone que, en el futuro, dichas resoluciones ni se mencionen en actos jurídicos, ni se publiquen.

1.7. Este informe, y las propuestas de derogación que lo acompañan, constituyen una primera respuesta a la invitación hecha por el Consejo de Ministros de Energía en su reunión del 29 de noviembre de 1994, el cual instó a la Comisión a presentar, por una parte, un informe de evaluación de los instrumentos comunitarios en el sector de la energía y, por otra, a elaborar en su caso propuestas encaminadas a simplificar y reducir la legislación comunitaria. Al mismo tiempo, la Presidencia del Consejo había elaborado una primera lista de actos legislativos para examen, de los que precisamente se trata en el informe.

1.7.1. Estos documentos constituyen la primera materialización en el sector energético del compromiso contraído por la Comisión en el Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 1993, no sólo de reformar la totalidad de la legislación comunitaria a la vista, en concreto, del principio de subsidiariedad, sino, además y cuando proceda, de proponer su reducción y simplificación, con objeto de suprimir las rigideces inútiles o excesivas desde un punto de vista normativo que condicionan a la economía europea, garantizar la utilidad práctica de la legislación en cuestión y mejorar su comprensión.

1.7.2. Este compromiso respondía a las demandas, manifestadas en las conclusiones de los Consejos Europeos celebrados en Lisboa en 1992 y en Edimburgo en diciembre del mismo año, de reducir y simplificar la legislación comunitaria.

1.8. Paralelamente a las propuestas objeto de examen y en el marco de la reforma de la legislación comunitaria, la Comisión propone refundir y simplificar el Reglamento del Consejo 1056/72 CEE, tal y como quedó modificado por el Reglamento 1215/76 CEE, relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión de interés comunitario en los sectores del petróleo, del gas natural y de la electricidad, cuya finalidad es facilitar la comprensión de dicho Reglamento, así como garantizar la máxima utilidad de las informaciones recogidas.

1.8.1. Esta propuesta, sobre la que se consulta así mismo al Comité, y los motivos que la justifican, se recogen en otro documento de la Comisión (doc. COM(95) 118 final).

1.9. Debe precisarse que, la Comisión pretende ampliar posteriormente la reforma de la legislación en materia de energía a otros sectores no cubiertos por el presente informe.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité considera que el examen de la legislación comunitaria en materia de energía, al que procede la Comisión a instancia del Consejo, es al mismo tiempo útil y oportuno. No obstante, estima que en aras de una mayor claridad, sería preferible que la Comisión precisara quién y cómo elaboró la lista de los actos legislativos objeto de examen y cual fue el criterio seguido para seleccionarlos.

2.2. El Comité lamenta la falta de una breve descripción del contexto de la política energética, en el marco del cual se inscriben esta y las siguientes reformas.

2.3. El Comité previene contra los riesgos de reexaminar la política comunitaria en el ámbito de la energía si con el pretexto de reducirla y simplificarla, esta reforma lleva a la derogación de partes enteras de la legislación comunitaria en este sector. Subraya que tal actuación no adquiere plenamente todo su sentido si no tiene por fin aumentar la pertinencia, la coherencia y la eficacia de la acción comunitaria en este ámbito, teniendo sobre todo en cuenta la consecución de los objetivos de política energética que la Unión Europea se fijó en 1986 () por última vez.

2.4. El Comité toma buena nota de los motivos en que se basan las propuestas de derogación contenidas en la Comunicación de la Comisión y las aprueba, especialmente aquellas sobre las que se le ha consultado formalmente. Considera que no tiene ninguna observación que hacer sobre estas últimas.

2.5. En líneas generales, el Comité constata que, en primer lugar, la derogación de los actos legislativos mencionados es más bien muestra de un proceso de « limpieza jurídica » que no contribuye a una verdadera simplificación de la legislación comunitaria en vigor. Prueba de esto, si fuera necesario, es el carácter obsoleto de la mayoría de los actos jurídicos cuya derogación ha propuesto la Comisión.

2.6. Así, en materia de uso racional de la energía, los ámbitos abarcados por las cinco recomendaciones que la Comisión propone derogar han sido cubiertos por la Directiva 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE) ().

2.6.1. Por ello estima que todo acto legislativo debería incluir, siempre que resulte apropiado, disposiciones que deroguen los actos legislativos en vigor que se hayan vuelto obsoletos.

2.6.2. En segundo lugar, el Comité lamenta la insuficiencia de motivos que justifiquen la propuesta de la Comisión de mantener vigentes la Recomendación 77/713/CEE () y la Directiva 78/170/CEE (), lo que hace difícil cualquier apreciación sobre la legitimidad de este mantenimiento. En efecto, el informe de la Comisión no contiene ninguna información que permita concluir que los actos jurídicos en cuestión siguen siendo pertinentes en el marco de la consecución de los objetivos específicos que se desea alcanzar, entre otros el uso racional de la energía. El hecho de que sólo hayan sido parcialmente superados por el desarrollo del proceso legislativo no constituye en si mismo un motivo suficiente para mantenerlos en vigor.

2.6.3. Lo anteriormente dicho es válido sobre todo en el caso de la Directiva 78/170/CEE, respecto de la cual la misma Comisión señala las lagunas originales y en consecuencia, la aplicación no uniforme de esta directiva por parte de los Estados miembros.

2.6.4. El Comité no duda que la Comisión ha evaluado convenientemente, tanto desde la perspectiva de los objetivos energéticos comunitarios, como de los objetivos específicos perseguidos en el marco de los actos mencionados, la utilidad y la oportunidad de que estos últimos continúen en vigor. En consecuencia, nada se opone a que se mencionen, aunque sea brevemente, los motivos, de fondo y de forma, que la llevaron a estas conclusiones. Tal paso hubiera respondido plenamente a la exigencia de transparencia que, según el Comite, debe presidir cualquier reforma de la legislación comunitaria vigente.

2.6.5. El Comité invita a la Comisión a que continúe el examen de la legislación en materia de uso racional de la energía, elabore un informe sobre la aplicación efectiva por parte de los Estados miembros de los actos jurídicos siguientes -entre otros de las disposiciones de aplicación- y examine la pertinencia y oportunidad bien de su mantenimiento o sustitución por disposiciones comunitarias más vinculantes, bien de su reforma o derogación :

- Recomendación 76/494/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa al uso racional de la energía consumida por los vehículos de carretera mediante una mejora de los hábitos de conducción ();

- Recomendación 76/495/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa al uso racional de la energía consumida en el transporte urbano de pasajeros ();

- Recomendación 77/714/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1977, relativa a la creación de órganos o comités consultivos en los Estados miembros con objeto de promover la producción combinada de calor y de fuerza, así como la valorización del calor residual ();

- Recomendación 82/604/CEE del Consejo, de 28 de julio de 1982, relativa al estímulo a las inversiones en materia de uso racional de la energía ().

2.7. En materia de legislación petrolífera, el Comité constata que, a pesar de reconocer que dicha legislación ha perdido en gran parte su utilidad práctica, la Comisión recomienda el mantenimiento en vigor temporalmente de varios actos legislativos, todos ellos destinados a permitir que la Unión Europea pueda hacer frente a situaciones de dificultad para abastecerse de petróleo crudo y productos petrolíferos, hasta la aprobación por el Consejo de una nueva legislación de crisis.

2.7.1. El Comité observa que el arsenal legislativo comunitario actual para situaciones de crisis, no se limita únicamente a las tres decisiones examinadas por la Comisión en su informe. Hay otros actos legislativos entre los que podemos mencionar :

- Directiva 68/414/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1968, por la que se obliga a los Estados miembros de la CEE a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos petrolíferos ();

- Decisión 68/416/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1968, relativa a la celebración y ejecución de los acuerdos intergubernamentales especiales relativos a la obligación de los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos petrolíferos ();

- Directiva 73/238/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, relativa a las medidas destinadas a atenuar los efectos producidos por las dificultades de abastecimiento de petróleo crudo y productos petrolíferos ();

- Directiva 75/405/CEE del Consejo, de 14 de abril de 1975, relativa a la limitación del uso de productos petrolíferos en las centrales eléctricas ().

2.7.2. Dentro de este contexto, el Comité estima que la rápida aprobación de una nueva legislación en la materia, adaptada al mercado interior, además de tener plenamente en cuenta los cambios estructurales del mercado petrolífero en el transcurso de los últimos veinte años y asegurar una estrecha complementariedad con los mecanismos previstos en el marco de la Agencia Internacional de la Energía, debería contribuir de manera substancial a reducir y simplificar la legislación comunitaria en este sector.

2.7.3. Asimismo, lamenta que en el seno del Consejo todavía no se haya logrado ningún acuerdo sobre tales medidas. Las últimas propuestas de la Comisión en la materia datan de abril de 1992. En relación con esto, el Comité toma nota de lo anunciado por la Comisión en el informe objeto de examen de que había comenzado sus reflexiones con el fin de formular lo antes posible nuevas propuestas.

2.7.4. El Comité subraya la urgencia de tomar decisiones para que la Unión Europea esté dotada de los instrumentos indispensables y apropiados para poder reaccionar rápidamente ante cualquier dificultad en su aprovisionamiento de energía y desenvolver eficazmente una situación de este tipo.

2.7.5. Dicho esto, el Comité se cuestiona la legitimidad de la vigencia, aun de forma temporal, de actos legislativos, únicamente porque aún no se han sustituido por disposiciones más apropiadas y conformes con las normas de los Tratados y del derecho derivado.

2.7.6. Desde esta perspectiva, tal como lo reconoce la Comisión, debe constatarse que, en lo esencial, los tres actos legislativos en cuestión han perdido su razón de ser.

2.7.7. Por otra parte, el Comité considera que pueden existir dudas legítimas sobre la compatibilidad de al menos uno de los tres actos con las disposiciones del Tratado relativas al mercado interior. La Decisión 77/186/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, relativa a la exportación de petróleo crudo y de productos petrolíferos de un Estado miembro a otro en caso de dificultades de abastecimiento() () prevé que las exportaciones hacia un otro Estado miembro se sometan a autorización. Tal medida parece difícilmente compatible con el estado actual de la integración europea y, en particular, con la supresión de los controles fronterizos.

2.7.8. En estas condiciones, el Comité se pregunta si no se debería igualmente considerar la derogación de los tres actos legislativos objeto de discusión, cuya vigencia, aun temporal, aparece poco justificada desde el punto de vista de una plusvalía comunitaria.

2.8. Por último, el Comité precisa que aprueba plenamente la intención de la Comisión de extender el examen de la legislación comunitaria del ámbito de la energía a sectores no cubiertos por el informe examinado.

2.8.1. En esta línea, el Comité insiste en que la Comisión precise claramente en los informes que presentará, no sólo los motivos que la lleven a proponer la derogación de algunos actos legislativos examinados, sino también los que la empujen a recomendar la vigencia de otros.

Hecho en Bruselas, el 26 de octubre de 1995.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° C 241 de 25. 9. 1986, p. 1.

() DO n° L 237 de 22. 9. 1993, p. 28.

() Recomendación del Consejo, de 25 de octubre de 1977, relativa al uso racional de la energía en las empresas industriales DO n° L 295 de 18. 11. 1977, p. 3.

() Directiva del Consejo, de 13 de febrero de 1978, relativa a las prestaciones de los generadores de calor utilizados para calefacción de locales y producción de agua caliente en inmuebles no industriales nuevos o existentes, así como al aislamiento de la distribución de calor y agua caliente en inmuebles nuevos no industriales - DO n° L 52 de 23. 2. 1978, p. 32.

() DO n° L 61 de 5. 3. 1977, p. 23.

() DO n° L 140 de 28. 5. 1976, p. 14.

() DO n° L 140 de 28. 5. 1976, p. 16.

() DO n° L 295 de 18. 11. 1977, p. 5.

() DO n° L 247 de 23. 8. 1982, p. 9.

() DO n° L 308 de 23. 12. 1968, p. 14.

() DO n° L 308 de 23. 12. 1968, p. 19.

() DO n° L 228 de 16. 8. 1973, p. 1.

() DO n° L 178 de 9. 7. 1975, p. 26.