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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 271/154

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca [y por el que se derogan el Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, el Reglamento (CE) no 861/2006 del Consejo y el Reglamento no XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada]

[COM(2013) 245 final — 2011/0380 (COD)]

y la Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo

[COM(2013) 246 final — 2011/0276 (COD)]

2013/C 271/32

El 7 de mayo de 2013, de conformidad con el artículo 42, el artículo 43(2), el artículo 91(1), el artículo 100(2), el artículo 173(3), el artículo 175, el artículo 188, el artículo 192(1), el artículo 194(2) y el artículo 195(2) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo, decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca [y por el que se derogan el Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, el Reglamento (CE) no 861/2006 del Consejo y el Reglamento no XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada]

COM(2013)245 final – 2011/0380 (COD)

y la

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo

COM(2013)246 final – 2011/0276 (COD).

Considerando que el contenido de la propuesta, que consiste en una adaptación de las disposiciones del FEMP sobre el conjunto existente de las normas aplicables a la política de cohesión, es satisfactorio y no es objeto de ninguna observación por su parte, el Comité, en su 490o pleno de los días 22 y 23 de mayo de 2013 (sesión del 22 de mayo de 2013), decidió por 161 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones emitir un dictamen favorable sobre el texto propuesto.
4.5

La UE debe movilizarse por la juventud si no quiere alienar permanentemente a los jóvenes del proyecto europeo en su conjunto. La dramática escala de la crisis del desempleo juvenil en Europa requiere un presupuesto de la UE más creíble que los insuficientes 6 000 millones de euros propuestos para el Paquete de Medidas sobre Empleo Juvenil y la Garantía Juvenil para garantizar a los jóvenes desempleados un empleo, una formación o una educación, especialmente allí donde más se necesite. Sin una financiación suficiente, la garantía juvenil europea puede llegar a considerarse una farsa. Asimismo se debería potenciar la acción de la UE mediante un pasaporte único europeo de competencias y la ampliación del Marco Europeo de Cualificaciones mediante la combinación de todas las cualificaciones y competencias en educación formal, informal y no formal. Resulta claramente necesario un marco europeo de asociaciones entre centros educativos, empresas e interlocutores sociales, junto con sinergias estratégicas similares que sitúen la enseñanza superior y el aprendizaje permanente en el centro de la creación de empleo, la resolución de los desajustes de las cualificaciones y la promoción de la empleabilidad, la innovación y el espíritu empresarial. El Semestre Europeo debería garantizar que la inversión pública en educación y formación no se ponga en peligro por las medidas destinadas a reducir la deuda soberana y los déficits nacionales.
4.3.3

También hay que proponer incentivos para facilitar la financiación a actividades de formación transfronterizas que permitan a las empresas y a los interlocutores sociales participar en la creación de un sistema dual. Es posible encontrar más propuestas en la publicación «Creating Opportunities for Youth: How to improve the quality and image of apprenticeships» (BusinessEurope, 2012) (14) o en el acuerdo sindical hispano-alemán sobre unas normas de calidad para la formación de aprendices.
1.14

Para no comprometer o disminuir sustancialmente las posibilidades de recuperación de la economía, el CESE destaca la necesidad de recuperar e incrementar la importancia de los créditos bancarios a favor de los inversores y de la economía real; recomienda que se evite una supervisión prudencial excesiva en la concesión de créditos y que no se privilegie el desarrollo de inversiones en forma de valores financieros, en detrimento de la concesión de créditos a aquellas empresas que han sobrevivido a la crisis. Los créditos puente son vitales para la supervivencia de muchas empresas en el día a día, especialmente de las pymes. Por consiguiente, las actuales restricciones al crédito suponen una auténtica amenaza para la viabilidad de estas empresas. A fin de no agravar unas condiciones de préstamo ya limitadas, las normas financieras prudenciales como las que establece el Acuerdo Basilea III no deberían traducirse en una nueva limitación del préstamo de los bancos a la economía real. Para ello, el BCE podría conceder préstamos baratos a condición de que una parte importante de estos beneficie a la economía real.
3.3

Por tanto, el desarrollo de la CC en Europa exige dominar toda la cadena de valor de la energía digital (utilización, servicios y producción), como puede verse en la siguiente tabla: Nivel de desarrollo Descripción Objetivos políticos Descripción utilización particulares, empresas y servicios públicos utilizan cada vez más soluciones CC cloud friendly Europa se limita a utilizar la energía digital producida/desarrollada fuera de las fronteras europeas servicios surgimiento de un nuevo ecosistema CC que se centra en el desarrollo de programas informáticos basados en infraestructuras CC cloud active (3) Europa no se limita a utilizar la energía digital sino que es activa por medio de la innovación y el desarrollo de nuevos servicios producción capacidades informáticas que se ponen a disposición de los prestadores de servicios y los usuarios (es decir, ‧megacentros‧ de servidores para infraestructuras de CC) cloud productive (4) Europa no es solo activa en servicios sino también en la industria digital, produciendo energía digital para ser independiente y autosuficiente Las últimas décadas permiten medir toda la importancia que reviste la dependencia de los Estados miembros, o incluso de la zona Europa, respecto a las diferentes fuentes de energía: petróleo, gas, electricidad, etc. Si en el futuro las informaciones de los ciudadanos, las empresas y los servicios públicos europeos tuvieran que ser almacenadas, gestionadas y controladas por actores de CC no europeos, sería legítimo preguntarse por las consecuencias de esta dependencia: — protección de las informaciones más sensibles cuando constituyen el núcleo de una competencia estratégica entre países no europeos y europeos; por ejemplo, en el sector de la aeronáutica, automoción, farmacéutico, investigación, etc.; — disponibilidad de informaciones en caso de tensiones internacionales entre ‧países almacenadores‧ y Estados miembros; — igualdad de trato de los consumidores de energía digital según sean ciudadanos u organizaciones de un ‧país amigo‧ o no; — creación de empleo y riqueza mediante la producción de energía digital, pero también mediante todo el ecosistema de desarrollo de servicios, en los ‧países almacenadores‧, en detrimento de los países simplemente usuarios que se hayan contentado con ser cloud-friendly.
4.7

Ello redundaría, además, en un incremento de la recaudación por cánones de utilización del espectro, sobre cuyos beneficios no caben mayores dudas. No obstante, debe subrayarse que dado que el espectro es un espacio físico limitado, y, las medidas que se proyecta impulsar aumentarán el tráfico de usuarios, habrá que ponderar cautelosamente diversas cuestiones tales como, la compensación a los actuales titulares de licencias de uso, evitar el colapso o la contracción del espectro por sobre explotación, garantizar la introducción de tecnologías más innovadoras, etc. En este sentido, y, aunque el objeto de este dictamen no es coincidente con ciertos precedentes relativos a la aplicación de medidas de la UE vinculadas al cambio tecnológico, como, por ejemplo, el denominado dividendo digital, debería ponderarse el impacto real de las mismas a los efectos de racionalizar las expectativas generadas por el desarrollo de la política de la UE sobre el RadioEspectro.
4.15

Según el Programa de ONU-Agua para el desarrollo de la capacidad en el marco del Decenio (UN-Water Decade Programme on Capacity Development) y su libro recientemente publicado (2012) Water and the Green Econom: Capacity Development Aspects (18) (El agua y la economía verde, aspectos de desarrollo de la capacidad), es preciso cambiar de escala para responder a los desafíos que se plantean a nivel mundial por la escasez y deterioro de la calidad del agua como consecuencia de unas pautas de desarrollo agresivas, que se dan en todo el mundo. Esto significa que la contaminación no puede confinarse indefinidamente, ya que el agua también es un vector. Por otra parte, se están desarrollando muchas nuevas tecnologías, pero existe un riesgo real de que estas tecnologías queden obsoletas tan pronto como aparecen, mientras no se tomen en consideración todos los elementos a la vez. Por ejemplo, para desalar el agua se necesita energía, y para reutilizar el agua para usos secundarios (agricultura), es preciso que el agua no haya sufrido los efectos cruzados de varias fuentes de contaminación.
4.8

El CESE considera que el Reglamento en su forma actual establece de facto algunas disposiciones completamente nuevas para el personal voluntario, cuando en realidad, a escala europea no existe un estatuto o una definición jurídica de los voluntarios, o de sus derechos y deberes. A falta de esos elementos fundamentales, el CESE considera que la información y consulta de los voluntarios de la FE debe llevarse a cabo de acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables. En cuanto a las modalidades prácticas de la información y consulta transnacionales de los voluntarios, deben determinarse principalmente por medio de un acuerdo entre las partes de la FE. A este respecto, la idea es no eludir las leyes existentes en materia de voluntariado ni su estatuto, y al mismo tiempo no hacer un uso de la FE demasiado costoso y complicado añadiendo requisitos que no se basan en situaciones reales. Asimismo, el CESE considera que el derecho de los voluntarios a la información y la consulta no es comparable con el de los empleados; esto crearía derechos y complicaciones jurídicas sin precedentes.
2.1.4

Para desarrollar aún más la capacidad forestal con fines de mitigación (como se reconoce en la propuesta), el establecimiento de períodos más largos de rotación de árboles, la eliminación de la corta a hecho (como se señala en la exposición de motivos) y la conversión en bosques no perturbados son medidas que no pueden contemplarse a gran escala, ya que dependen de la especie y la edad de los árboles, en el marco de una gestión sostenible de los bosques. No obstante, cabe destacar que no se incluyen en la actual propuesta legislativa.
2.13

Asimismo, es necesario crear servicios destinados a los enfermos que no pueden atender solos a sus necesidades cotidianas: asistencia para el aseo, la limpieza, la preparación de comidas, cuidados nocturnos. Este sector de empleos de ayuda a las familias está en plena expansión, y crea puestos de trabajo. En demasiados países, el trabajo doméstico sigue siendo un empleo informal, no declarado, sin protección ni cualificaciones reconocidas, que ocupa con frecuencia a trabajadoras inmigrantes. Se trata de un ámbito esencial en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el que los estereotipos son tenaces, los conocimientos técnicos no están reconocidos, los contratos son precarios o inexistentes y los salarios muy bajos, a pesar de que estos empleos resultan indispensables para el funcionamiento de la economía. El convenio que acaba de adoptar la OIT sobre el trabajo digno para los trabajadores domésticos debería contribuir a moralizar y profesionalizar este sector, siempre y cuando se encuentren las condiciones de financiación adecuadas, teniendo en cuenta que los recursos no podrán provenir únicamente del bolsillo de los enfermos afectados o de sus familias.
3.10

La Comisión ha presentado también una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 3/2008 del Consejo, con el fin de adecuarla a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La propuesta delimita las facultades de la Comisión para adoptar actos delegados y actos de ejecución con arreglo al Reglamento (CE) no 3/2008 del Consejo y establece el procedimiento adecuado para la adopción de estos actos. También incorpora al Reglamento (CE) no 3/2008 algunas de las facultades que la Comisión había venido ejerciendo hasta ahora.
2.5

La propuesta contempla normas específicas en materia de protección de las indicaciones geográficas de estos productos, que no están cubiertos por el ámbito de aplicación de los Reglamentos no XXXX/20YY del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2010) 733 final] sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas, el Reglamento no XXXX/20YY del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2010) 799 final] por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento de la OCM única) y el Reglamento (CE) no 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo, estableciendo un procedimiento comunitario de registro, conformidad, modificación y posible cancelación de las indicaciones geográficas de terceros países y de la Unión en línea con el régimen previsto para los productos del sector vitivinícola.
4.31

En términos generales, la Hoja de ruta habla de la necesidad de revisar las normas sobre el peso y las dimensiones para optimizar el uso eficiente de los recursos. Una de las cuestiones que surgen es la posibilidad de usar el sistema modular europeo para combinaciones de vehículos con una longitud máxima de 25,25 metros. A nivel nacional, este sistema ya es aceptado en un creciente número de Estados miembros. El Comité es plenamente consciente del debate sin resolver sobre la utilidad de tales combinaciones de vehículos. El Comité lamenta que esta cuestión no esté claramente considerada en la Hoja de ruta. Por su parte, estima que la actual prohibición del transporte transfronterizo para tales vehículos entre Estados miembros que ya lo permiten en el transporte nacional supone claramente un cuello de botella en la regulación, lo que interpone un obstáculo a la libre circulación de bienes a través de las fronteras y que no es coherente con el objetivo de aumentar la eficiencia y sostenibilidad del transporte con un planteamiento comodal. Por consiguiente, el Comité insta a la Comisión a que adopte una iniciativa para levantar esta prohibición. En una perspectiva a más largo plazo debe evaluarse si el uso de vehículos de carretera más largos que operen con nuevos combustibles, etc., podría vincularse al desarrollo de corredores multimodales previstos en la Hoja de ruta como parte de la red esencial de RTE-T. Y lo mismo cabe decir de la introducción de trenes más largos y pesados en la UE para aumentar la capacidad en los enlaces ferroviarios de tales corredores multimodales. El Comité es consciente de que para una evaluación positiva de cualquier cambio en el peso de los vehículos de transporte por carretera una condición imprescindible es que el cambio no tenga repercusiones negativas en el uso multimodal de las unidades de transporte, en particular del transporte combinado ferrocarril-carretera. Por supuesto, todo coste adicional en términos de infraestructura causado por la mayor longitud o peso de los vehículos o trenes debe ser cuidadosamente evaluado y adecuadamente repartido entre los usuarios que se benefician del cambio.
1.5

El CESE llega a la conclusión de que el enfoque de múltiples opciones en virtud del cual cada Estado miembro adoptó su propio calendario para la aplicación de la contratación pública electrónica no logró los resultados esperados, sino que supuso un distanciamiento mayor del objetivo deseado de llegar a un sistema unificado aceptado por todos. El CESE considera que ahora es de la máxima importancia que la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios Financieros y la Dirección General de Sociedad de la Información, asuma un liderazgo fuerte y efectivo (similar al que tuvo para la Agenda Digital para Europa) con vistas a lograr un marco de la contratación pública electrónica integrado, interoperable y normalizado respecto de las empresas y la tecnología en todos los Estados miembros. Ello garantizaría que no se vea afectada la actividad de ningún Estado miembro que ponga en mayor peligro la consecución del objetivo contemplado, al tiempo que se lleva a cabo efectivamente una acción que facilite el proceso de aplicación de un enfoque de cohesión aprobado a lo largo de un período acordado. No obstante, el CESE desea recalcar la importancia de dotar a la contratación pública electrónica de unos marcos equilibrados y adecuados en sectores específicos y, en particular, en el ámbito de la economía social y en el sector de los servicios públicos, ya que es frecuente que los servicios que se contratan en dichos sectores sean complejos y revistan un valor específico único que debe tenerse también en cuenta en un procedimiento de contratación pública electrónica.
1.6

El CESE mantiene reservas sobre la valoración de las disposiciones referentes a las competencias de ejecución de la Comisión, tal como quedan recogidas en el artículo 13 quinquies de la propuesta. Este artículo remite al Reglamento no 1290/2005 (1), actualmente en fase de modificación (2). Se ignora el contenido del Reglamento modificado no 1290/2005, a pesar de la especial importancia que éste reviste para el Reglamento no 485/2008 (3). No obstante, habida cuenta de que el artículo del Reglamento no 1290/2005 modificado remite a su vez al nuevo procedimiento de comitología previsto en el nuevo Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, que establece las reglas y principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (4), y visto que este nuevo procedimiento simplifica el régimen anteriormente en vigor, el CESE no considera que el nuevo artículo 13 quinquies propuesto suscite problemas de aplicación.
2.6

En la propuesta la Comisión integra el contenido de cuatro propuestas: a) Resolución legislativa sobre las ayudas concedidas en virtud del Monopolio Alemán del Alcohol (COM(2010) 336 final). b) Propuesta de Reglamento sobre distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión (COM(2010) 486 final). c) Propuesta de modificación del Reglamento (CE) no 1234/2007 sobre normas de comercialización. d) Propuesta de modificación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que respecta a las relaciones contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos.
2.9.1

CICAA-ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna – Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico), que cubre el Océano Atlántico y sus mares adyacentes, como el Mediterráneo. Fundada en 1969.
4.2.2.1

Las labores de asistencia a las personas deben constituir verdaderas profesiones, con una cualificación reconocida, una adecuada formación, un diploma y una carrera propiamente dicha. A fin de salir de la relación individual entre el particular y la ayuda familiar, hay que crear empresas y servicios públicos de asistencia a las personas. Las familias ya no deben ser empresarias, sino clientes o usuarias que compran o reciben algunas horas de ayuda doméstica, de asistencia a las personas de edad avanzada o cuidados a niños, de apoyo escolar, etc. Habría que generalizar un sistema ya implantado en algunos países europeos, en virtud del cual la empresa o el servicio público que proporciona el empleo es responsable de la seguridad de los bienes y de las personas y debe comprobar la cualificación de los asalariados que trabajan a domicilio. Así éstos sólo tienen un empleador, son remunerados por el tiempo de transporte entre dos domicilios y tienen acceso a la formación profesional y a todas las garantías colectivas. Hay que elaborar un marco europeo de referencias para los empleos de asistencia a domicilio, en el que tengan cabida las dimensiones psicológicas de estas funciones (confianza, empatía, atención, escucha, vigilancia, etc.), así como los conocimientos indispensables (dietética, repercusión de los productos utilizados en la salud y el medio ambiente, etc.), y no sólo la dimensión material y técnica de los trabajos domésticos.
3.2

Las razones lingüísticas alegadas por determinados Estados miembros para no aceptar las propuestas de la Comisión no han convencido nunca al Comité. En efecto, el Comité está convencido de que las cuestiones de propiedad industrial corresponden al ámbito del Derecho privado, y que la cuestión de las lenguas oficiales corresponde al Derecho constitucional propio de cada país, lo que en principio no debería interferir con los contratos o litigios privados, ni ser un obstáculo para la eficacia del derecho de propiedad en materia de bienes industriales inmateriales a escala comunitaria.