ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.

Insta a la Comisión a que reconozca el carácter único de Euranet Plus como una red de radio independiente que colma con éxito la brecha de información entre la Unión Europea y sus ciudadanos reforzando su comprensión y promoviendo el debate en todos los ámbitos de la elaboración de políticas de la Unión; subraya que Euranet Plus combina capacidades de producción y radiodifusión a fin de ofrecer servicios editoriales de alta calidad a sus emisoras de radio afiliadas y a la propia agencia, que planifica coproducciones, fomenta los intercambios y produce formatos paneuropeos, a medida y bajo petición para sus miembros; concluye que Euranet Plus representa, por tanto, una pasarela única para que sus destacados miembros, radiodifusores públicos y privados, mediante contenidos en doce lenguas oficiales de la Unión, se dirijan cada día a más de quince millones de oyentes que, de otro modo, podrían no interesarse por las cuestiones relacionadas con la Unión;
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Visto el Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión n.o 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 713/2009, (CE) n.o 714/2009 y (CE) n.o 715/2009 (3) (Reglamento RTE-E),
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Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular sus artículos 3 y 21, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 4, 11, 173 a 178, 191 y 194, así como su Protocolo n.o 28 sobre los Tratados sobre cohesión económica, social y territorial,
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Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» (COM(2020)0098), así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Leading the way to a global circular economy: state of play and outlook» (Liderar el camino hacia una economía circular global: situación actual y perspectivas) (SWD(2020)0100),
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Visto el informe n.o 3/2015 de la AEMA, de 1 de octubre de 2015, titulado «Marine protected areas in Europe’s seas: An overview and perspective for the future» (Zonas marinas protegidas en los mares de Europa: panorama y perspectivas de futuro),
3.

Reitera su petición de que se amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulgación de información no financiera a fin de que abarque a todas las grandes empresas cotizadas y no cotizadas que estén establecidas en el territorio de la Unión, según la definición establecida en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva sobre contabilidad; subraya que, a fin de ofrecer unas condiciones de competencia equitativas, las obligaciones relativas a la divulgación de información no financiera deben aplicarse también a las empresas no pertenecientes a la Unión que operan en el mercado de la Unión; invita a la Comisión a que determine cuáles son los sectores de actividad económica de alto riesgo que tienen efectos importantes en las cuestiones de sostenibilidad y que podrían justificar la inclusión de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en esos sectores, dentro del ámbito de aplicación de la Directiva sobre divulgación de información no financiera; considera que, a tal fin, la Comisión debería recurrir a un asesoramiento externo independiente para facilitar una lista indicativa, no exhaustiva y actualizada periódicamente de ámbitos sujetos a conflicto y de alto riesgo, así como unas orientaciones específicas para las pymes; considera, en particular, que se deben prestar una atención específica a las inversiones y los sectores vinculados a menudo a actividades empresariales ilegales, como los delitos medioambientales, el comercio ilegal de especies silvestres, la corrupción o los delitos financieros; subraya que también es necesario revisar la Directiva sobre divulgación de información no financiera para que los participantes en los mercados financieros tengan acceso a los datos pertinentes, a fin de cumplir las obligaciones del Reglamento sobre la divulgación de información;
4.

Celebra que el equilibrio de género en el Parlamento haya mejorado tras las últimas elecciones; destaca, no obstante, que todavía hay margen de mejora para lograr un Parlamento verdaderamente equilibrado desde el punto de vista del género, y reconoce que existen diferencias sustanciales entre los Estados miembros, desde la elección de más del 50 % de mujeres hasta la no elección de una sola diputada al Parlamento Europeo; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que adopten todas las medidas necesarias para promover el principio de la igualdad de género a lo largo de todo el proceso electoral; destaca en este sentido la importancia que reviste una representación equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales; hace un llamamiento a la Comisión, en cooperación con el Parlamento y otros organismos como la Comisión de Venecia, para que formule recomendaciones a los Estados miembros con el objetivo de incrementar la representación de las mujeres en el Parlamento Europeo, y pide que se presenten listas de candidatos que contengan el mismo número de hombres y de mujeres susceptibles de ser elegidos, por ejemplo mediante el recurso a listas cremallera u otros métodos equivalentes, ya que muchos Estados miembros no disponen de una legislación que garantice la paridad política en las elecciones;
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Vistos los análisis y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en particular el análisis, de 8 de marzo de 2018, titulado «Young Moldova: Problems, Values and Aspirations» (La juventud en Moldavia: problemas, valores y aspiraciones) y el de 20 de abril de 2018, titulado «Youth Well-being Policy Review of Moldova» (Revisión de la política de bienestar juvenil de Moldavia),
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Visto el informe de la OCDE y el Club del Sahel y de África Occidental, de 14 de febrero de 2020, titulado «The Geography of Conflict in North and West Africa» (La geografía del conflicto en África del Norte y África Occidental),
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Vistos el Dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 26 de marzo de 2014, titulado «Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy» (Intimidad y competitividad en la era de la obtención de datos masivos: interacción entre la protección de datos, el Derecho en materia de competencia y la protección del consumidor en la economía digital) y el Dictamen 8/2016 del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 23 de septiembre de 2016, titulado «Coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data» (Aplicación coherente de los derechos fundamentales en la era de los macrodatos),
6.

Destaca la importancia de la educación en materia de salud y sexualidad, en particular para las niñas y las jóvenes LGBTI, que se ven especialmente afectadas por normas de género no equitativas; subraya que esta educación debe incluir la enseñanza a los jóvenes sobre relaciones basadas en la igualdad de género, el consentimiento y el respeto mutuo como medio para prevenir y combatir los estereotipos de género, la homofobia, la transfobia y la violencia de género; señala que la educación sexual no da lugar a una actividad sexual más temprana;
27.

Toma nota de la decisión del Gobierno del Reino Unido de no presentar en las actuales circunstancias un candidato a comisario para la próxima Comisión Europea y de no enviar representantes del Reino Unido a determinadas reuniones de la Unión a partir del 1 de septiembre de 2019; destaca que esto no afectará a la capacidad de las instituciones de la Unión de funcionar correctamente, y reafirma, por lo que respecta al Parlamento Europeo, que los diputados del Reino Unido en el Parlamento Europeo seguirán siendo diputados al Parlamento Europeo hasta la retirada del Reino Unido manteniendo todos sus derechos y obligaciones intactos; recuerda que, mientras siga siendo un Estado miembro, el Reino Unido continuará disfrutando de sus derechos y estando sujeto a las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, incluido el principio de cooperación leal;
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Visto el Reglamento (UE) n.o 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.o 573/2007/CE y n.o 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (1), y en particular sus artículos 16, apartado 2, y 26, apartado 5,
13.

Lamenta que Bosnia y Herzegovina siga infringiendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos al no aplicar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los asuntos Sejdić-Finci, Zornić, Pilav y Šlaku, lo que permite una evidente discriminación entre los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina y contradice manifiestamente los valores y las normas de la Unión; recuerda que la Comisión debe prestar atención a esta cuestión a la hora de elaborar su dictamen; sostiene que la aplicación de estas sentencias ayudaría a establecer una sociedad democrática operativa; subraya que, como en el caso de cualquier país candidato a la adhesión a la Unión Europea, se espera que Bosnia y Herzegovina adapte progresivamente su Constitución y su sistema jurídico a los requisitos del acervo de la Unión en materia de no discriminación, y confía en que se realicen progresos en este ámbito esencial a su debido tiempo; insiste en que la aplicación de estas sentencias no debe afectar a que prosiga la aplicación de la agenda de reformas y debe llevar a la eliminación de cualquier restricción del derecho a ser elegible basada en el origen étnico o la residencia, o en la decisión de un ciudadano de no afiliarse a ninguno de los pueblos constituyentes; considera, por tanto, que las reformas constitucional y electoral deben ir de la mano; pide a los líderes políticos que eviten la retórica nacionalista que provoca división de la sociedad y que prosigan el dialogo y las actividades políticas orientadas a la cooperación entre los representantes políticos de los tres pueblos y del resto de la población;
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Visto el informe del Organismo de Investigaciones sobre el Medio Ambiente, de 31 de mayo de 2018, titulado «Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber» (4) (Infractor reincidente: las continuas importaciones de madera ilegal de Camboya por parte de Vietnam) y el informe, de 25 de septiembre de 2018, titulado «Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade» (Las infracciones de Vietnam: medidas necesarias para abordar los permisos CITES falsos para el comercio de palisandros) (5),
166.

Toma nota de que la divulgación del código no resolverá por sí sola la cuestión de la transparencia de la inteligencia artificial, porque no revelará los sesgos inherentes que existen y no explicará el proceso de aprendizaje automático; subraya que la transparencia no solo abarca la transparencia del código, sino también la de los datos y la toma de decisiones automatizada;
45.

Insta a la Comisión, asimismo, a que presente sin demora normas detalladas para las aeronaves automatizadas, que requieren especificaciones concretas y a medida, pues un único enfoque operativo de los vehículos aéreos no tripulados no basta para garantizar la integración segura de las aeronaves automatizadas en el espacio aéreo compartido con aeronaves tripuladas; recuerda que los vehículos aéreos no tripulados requerirán sistemas de inteligencia seguros y —cuando sea oportuno— certificados, así como un entorno de gestión del espacio aéreo específico; destaca que estas normas aplicables a los vehículos aéreos no tripulados deben tener en cuenta la naturaleza y el riesgo de la operación o la actividad, las características operativas de los vehículos aéreos no tripulados en cuestión y las características de la zona de operaciones, como la densidad de población, las características del terreno y la existencia de edificios y otras infraestructuras sensibles;
2.

Sostiene que no existe un planteamiento universal para abordar la cuestión de la morosidad, dado que algunas relaciones B2B con plazos de pago más largos que, en cualquier caso, respeten las disposiciones la Directiva 2011/7/UE, pueden coincidir en ocasiones con las necesidades de las empresas, habida cuenta de las particularidades de cada sector; destaca, no obstante, que deben realizarse esfuerzos para avanzar hacia la consecución de los plazos de pago a treinta días, y que los plazos de pago más allá de sesenta días, permitidos por la Directiva 2011/7/UE, constituyen una laguna que puede permitir un acuerdo de plazos de pago más largos que podría resultar perjudicial para las propias empresas, en particular para las pymes, al tiempo que se respeta la libertad contractual entre empresas en el mercado; destaca la importancia de garantizar en todo momento unas condiciones de competencia equitativas entre empresas en posiciones dominantes y pequeños operadores;
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Visto el informe de 2017 del Grupo de trabajo de expertos de los Estados miembros de la UE sobre diálogo intercultural en el marco del método abierto de coordinación titulado «How culture and the arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis» (Cómo pueden la cultura y las artes fomentar el diálogo intercultural en el contexto de una crisis migratoria y de refugiados),
D.

Considerando que, de conformidad con los datos actualizados de 2017 de la base de datos de la iniciativa del Banco Mundial Identificación para el Desarrollo, se estima que unos 1 100 millones de personas en todo el mundo no pueden demostrar oficialmente su identidad, en particular su inscripción de nacimiento, y que el 78 % de esas personas viven en el África subsahariana y en Asia; que esto constituye una barrera importante para alcanzar el Objetivo n.o 16.9 de los ODS, pero también para poder ser un agente en el entorno digital y beneficiarse de él;
K.

Considerando que la Unión, junto a otros organismos democráticos, no reconoció ni las elecciones presidenciales ni las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, ni a las autoridades nombradas por estos procesos ilegítimos; que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha fijado la fecha de las elecciones de concejos municipales para el 9 de diciembre de 2018; que no se permitirá la participación de los mayores y principales partidos políticos de la oposición, a saber, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular; que la comunidad internacional no aceptará los resultados electorales mientras haya dirigentes de la oposición encarcelados y partidos políticos a los que se les prohíba presentarse;
G.

Considerando que un estudio independiente ha llegado a la conclusión de que la evaluación del riesgo por la EFSA no debería aceptarse debido, entre otras cuestiones, al hecho de que la EFSA no solicitó datos empíricos sobre toxicidad y efectos sobre el sistema inmunitario, no se tuvieron en cuenta los efectos combinatorios, ni tampoco las consecuencias de la pulverización de dosis superiores de herbicidas complementarios, que la evaluación del riesgo para el medio ambiente es inaceptable y basada en suposiciones incorrectas y que no está previsto ningún sistema para llevar a cabo un seguimiento específico, caso por caso, de las liberaciones y los posibles efectos para la salud (6);
—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (1), y en particular su artículo 11, apartado 2, y su artículo 46, apartado 5,
50.

Recuerda que el orden internacional se basa en el respeto a los acuerdos internacionales; lamenta en este sentido la decisión de los EE.UU. de no respaldar las conclusiones de la cumbre del G7 de Canadá; reitera su compromiso con el Derecho internacional y los valores universales, en particular la rendición de cuentas, la no proliferación nuclear y la resolución pacífica de conflictos; subraya que la coherencia de nuestra estrategia de no proliferación nuclear es esencial para nuestra credibilidad como actor y negociador mundial de primer orden; insta a la UE y a los EE.UU. a que cooperen para facilitar el desarme nuclear y las medidas efectivas para reducir el riesgo nuclear;
5.

Destaca que los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocen los derechos de todos los seres humanos, incluidos los migrantes y refugiados, independientemente de su estatuto jurídico, y obligan a los Estados a defenderlos, incluido el principio fundamental de no devolución; pide que se preste especial atención a las personas en situación precaria y necesitadas de ayuda médica o psicológica especial, en particular porque han sido víctimas de violencia o torturas debido a perjuicios de carácter físico, sexual o de género; aboga por la incorporación de medidas concretas a este respecto en los pactos mundiales; recuerda, por otra parte, que las vulnerabilidades surgen como consecuencia de la situación en los países de origen, tránsito y de acogida o destino como consecuencia no solo de la identidad de la persona sino, también, de decisiones de carácter político, desigualdades y de dinámicas sociales y estructurales;
4.

Toma nota de los esfuerzos realizados por la Comisión para lograr que determinados Estados miembros respeten de nuevo plenamente el Estado de Derecho, así como de la insuficiencia de los instrumentos empleados hasta ahora para ello; considera que deben explorarse todas las vías de diálogo pero que estas no deben prolongarse indefinidamente si no hay resultados tangibles; insiste en que el recurso al artículo 7 del TUE deje de considerarse una mera hipótesis teórica, y en que se aplique efectivamente en caso de que todos los demás medios fracasen; recuerda a este respecto que la activación del artículo 7 no implica automáticamente que hayan de imponerse sanciones al Estado miembro de que se trate;
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Vistos el Informe Especial n.o 3/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Garantía juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos», el Informe Especial n.o 17/2015, titulado «Apoyo de la Comisión a los equipos de acción para la juventud: se ha logrado reorientar la financiación del FSE, pero no se hace suficiente hincapié en los resultados» y el Informe Especial n.o 5/2017, titulado «¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil?»,
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Vistos los comunicados de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), el de 19 de septiembre de 2017, titulado: «Ground-breaking step to tackle impunity for witchcraft related human rights violations» (Un gran paso en la lucha contra la impunidad de la brujería relacionada con violaciones de los derechos humanos), y el de 28 de julio de 2017, titulado: «Tanzania: “Reported attacks against persons with albinism decline, but root causes still rife in rural areas” — UN expert» (Tanzania: «se reducen los ataques contra personas con albinismo, pero sus causas profundas aún hacen estragos en las zonas rurales» — experta de las Naciones Unidas),
K.

Considerando que el Tribunal General afirmó lo siguiente en la sentencia antes mencionada: «Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement no 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause […]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience.» (7) (apartado 72);
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Visto el Reglamento (UE) n.o 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo al establecimiento y la explotación de los sistemas europeos de radionavegación por satélite y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 876/2002 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (2),
40.

Pide a la Comisión que publique directrices sobre cómo debe aplicarse el Derecho de la Unión a los diferentes modelos de negocio de las plataformas con el fin de colmar, si procede, las lagunas en la regulación relativa al empleo y la seguridad social; considera que el elevado potencial de transparencia de la economía de las plataformas permite una buena trazabilidad, en consonancia con el objetivo de garantizar la aplicación de la legislación vigente; insta a los Estados miembros a que lleven a cabo inspecciones laborales suficientes en las plataformas en línea e impongan sanciones en caso de infracción de la normativa, especialmente en lo que se refiere a las condiciones laborales y de empleo y a los requisitos específicos en materia de cualificaciones; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten una atención particular al trabajo no declarado y al trabajo autónomo ficticio en este sector, y a que inscriban la cuestión de la economía de las plataformas en el programa de la plataforma europea para la lucha contra el trabajo no declarado; insta a los Estados miembros a que liberen los medios suficientes para organizar inspecciones;
6.

Acoge favorablemente el paquete de la Comisión de cuatro reglamentos delegados y cuatro reglamentos de aplicación sobre las disposiciones de notificación de irregularidades en el ámbito de la gestión compartida con el objetivo de mejorar la calidad y la coherencia de los datos comunicados por los Estados miembros sobre los fraudes e irregularidades; lamenta que dichos reglamentos no establezcan plazos obligatorios para la notificación de irregularidades por los Estados miembros; deplora que, en 2015, en relación con las irregularidades notificadas como no fraudulentas, 537 de las 538 irregularidades notificadas por Irlanda se refirieran a información histórica para el período de programación 2000-2006, y que 5 105 de las 5 619 irregularidades notificadas por España relativas al sector de la política de cohesión fueran detectadas a lo largo del período 2007-2013 y se notificaran todas juntas en 2015; y que los Países Bajos notificaran un único caso relativo al sector pesquero en 2014 frente a los 53 casos de 2015, hace hincapié en que la situación de los Estados miembros que no están transmitiendo información a su debido tiempo o que aportan datos imprecisos se repite desde hace muchos años; destaca que no es posible efectuar comparaciones ni llevar a cabo una evaluación objetiva del alcance del fraude en los Estados miembros de la Unión Europea;
11.

Acoge con satisfacción los informes de varios Parlamentos nacionales, en particular el Folketing danés, la Tweede Kamer de los Países Bajos y la House of Lords del Reino Unido, que suponen una valiosa contribución al debate sobre el papel de los Parlamentos nacionales en el proceso decisorio de la Unión, y toma nota de las propuestas incluidas en dichos informes; señala que estos informes contienen ideas relativas al modo en el cual se puede ampliar el ámbito de aplicación del mecanismo de control de la subsidiariedad y sugieren que los dictámenes motivados deben referirse también a la conformidad de las propuestas con el principio de proporcionalidad; considera, no obstante, que la viabilidad de estas propuestas requiere una evaluación minuciosa y una revisión de los Tratados y de los protocolos pertinentes, ya que no están contempladas en los Tratados en vigor; anima a otros Parlamentos nacionales a que expresen su opinión sobre el papel que deben desempeñar los Parlamentos nacionales en el proceso decisorio de la Unión; celebra la participación de los Parlamentos nacionales en el debate europeo y los anima a que refuercen aún más la cooperación entre ellos y con el Parlamento Europeo;