A4-0168/98

Resolución sobre la situación de los trabajadores fronterizos en la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, los artículos 2, 5, 117, 118, 118 A, 118 B, 130 A y 130 B, así como el Protocolo sobre la política social;

- Vista la petición n° 789/95, de 4 de julio de 1995, sobre las consecuencias del aumento de las cotizaciones a la seguridad social en los Países Bajos para los trabajadores fronterizos belgas, remitida a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en virtud del párrafo 2° del apartado 1 del artículo 157 del Reglamento,

- Vistas las numerosas peticiones presentadas sobre el problema de los trabajadores fronterizos que se han incluido en el estudio del Parlamento Europeo ((Parlamento Europeo, DG 4, Los trabajadores fronterizos en la Unión Europea, Serie de Asuntos Sociales W-16, Luxemburgo, 1997, pág. 198 y ss.)),

- Visto el Libro Blanco Política social europea - Un paso adelante para la Unión, de 1994(COM(94)0333), y el Programa a medio plazo de acción social de la Comisión Europea 1995-1996,

- Visto el informe del Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de las personas, de 18 de marzo de 1997, y el Plan de acción de la Comisión Europea para la libre circulación de los trabajadores (COM(97)0586),

- Vistas sus resoluciones de 16 de diciembre de 1988 ((DO C 12 de 16.1.1989, pág. 378.)), sobre los problemas de los trabajadores fronterizos en la Comunidad, y de 9 de febrero de 1993 ((DO C 72 de 15.2.1993, pág. 43.)), sobre las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos que residen en regiones transfronterizas,

- Vistas los propuestas de reglamento por los que se modifica el Reglamento n° 1408/71 ((DO C 260 de 5.10.1995, pág. 13; DO C 62 de 1.3.1996, pág. 14, DO C 68 de 8.3.1996, pág. 11, DO C 198 de 4.12.1996, pág. 5, DO C 6 de 10.1.1998, pág. 15.)) y los dictámenes del Parlamento Europeo sobre esas propuestas y, en particular, el del 29 de noviembre de 1995 ((DO C 339 de 18.12.1995, pág. 15.)),

- Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A4-0168/98),

A. Considerando que hay más de 380.000 trabajadores fronterizos en las regiones fronterizas del territorio de la Unión y en las regiones limítrofes de Mónaco, Suiza, San Marino y Andorra.

B. Considerando que estos trabajadores fronterizos tienen que hacer frente a numerosos problemas derivados de las grandes diferencias existentes en las legislaciones de los Estados miembros, en materia tanto de seguridad social como de fiscalidad y en la interacción entre estos ámbitos,

C. Considerando que esos problemas constituyen un obstáculo para la realización de la libre circulación de las personas, una de las cuatro libertades fundamentales del mercado interior, y para la realización de un mercado laboral europeo, que constituye un importante objetivo de la Unión,

D. Considerando que el Parlamento Europeo ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de solucionar esos problemas a nivel de la Unión Europea, en particular, mediante la modificación de los Reglamentos n° 1612/68 y 1408/71,

E. Considerando que el Parlamento Europeo ya ha pedido en el pasado una directiva que prevea la elaboración obligatoria de informes sobre las consecuencias para las poblaciones fronterizas de todas las disposiciones nacionales pertinentes; que sería oportuno someter también a este análisis los proyectos de legislación europea,

F. Considerando que sería conveniente que el pago de las cotizaciones de seguridad social y de los impuestos sobre las personas tuviera lugar en un mismo país, garantizándose siempre la igualdad de trato de los interesados; que, a la espera de la entrada en vigor de una normativa definitiva, sería conveniente que los Estados miembros crearan un fondo de compensación de las pérdidas de ingresos sufridas por los trabajadores fronterizos como consecuencia de las modificaciones de la legislación,

G. Considerando que tanto la combinación de los principios de país de residencia y país de trabajo como la opción de elegir entre los principios de país de residencia y país de trabajo pueden ocasionar dificultades y acarrear en particular pérdidas de ingresos desproporcionadas para los trabajadores fronterizos afectados, y que ello puede dar lugar a una discriminación por razón de nacionalidad,

H. Considerando que las iniciativas legislativas nacionales deben supervisarse, incluyendo controles de las obligaciones fiscales, las cotizaciones de seguridad social y el Derecho laboral, con el fin de averiguar posibles consecuencias negativas para los trabajadores migrantes y especialmente para los trabajadores fronterizos,

1. Insta al Consejo a que apruebe urgentemente las propuestas actuales de la Comisión Europea por las que se modifica el Reglamento n° 1408/71 ((Por lo que se refiere a los regímenes de jubilación anticipada, la ampliación del derecho de acceso a la asistencia sanitaria en el país en el que se trabaja y los sistemas de subsidio de desempleo.)) de conformidad con los dictámenes del Parlamento Europeo; acoge positivamente las propuestas de la Comisión Europea en cuanto a la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento 1408/71 a los ciudadanos de fuera de la UE y su intención de proceder a la reforma y simplificación del mismo; pide a la Comisión Europea que presente propuestas complementarias sobre la transferencia de los derechos a la seguridad social en el marco de las modalidades de interrupción de la carrera profesional, las pensiones complementarias y los regímenes no obligatorios de seguridad social;

2. Pide a la Comisión Europea que ponga en práctica sin demora del memorándum sobre la aplicación de la Recomendación de 21 de diciembre de 1993 relativa a la imposición de determinados ingresos obtenidos por no residentes en un Estado miembro distinto de aquel en que residen ((DO L 39 de 10.2.1994, pág 22.)); pide a la Comisión Europea que, basándose en este memorándum, presente un proyecto de directiva sobre la igualdad de trato fiscal de los no residentes; pide a los Estados miembros que, a la espera de tal directiva, adapten sus legislaciones fiscales a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; se propone con ello impedir o neutralizar toda discriminación de hecho de ciudadanos de otro Estado miembro, especialmente todo perjuicio en detrimento de los trabajadores fronterizos;

3. Pide a la Comisión que, de conformidad con las conclusiones del Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de las personas, presente una iniciativa orientada, por un lado, a suprimir las incoherencias entre las legislaciones en materia de tributación y seguridad social, especialmente para los trabajadores fronterizos, y, por otro, a formular una definición uniforme del trabajador fronterizo aplicable tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito de la seguridad social, eliminando así el criterio territorial;

4. Pide a la Comisión Europea que, en este contexto, lleve a cabo una evaluación del funcionamiento de los acuerdos bilaterales entre los Estados miembros en materia de doble imposición; pide un convenio europeo para evitar la doble imposición sobre los ingresos y el capital en la Unión Europea; insta en este contexto a la Comisión a que busque una solución comunitaria equitativa de los problemas causados por la interacción entre los regímenes fiscales y los sistemas de seguridad social aplicables a los trabajadores migrantes y especialmente los trabajadores fronterizos;

5. Señala a la atención de los Estados miembros y de la Comisión Europea la precaria situación de los trabajadores fronterizos que ejercen su actividad profesional en un tercer país con el cual no existen ni acuerdos bilaterales ni acuerdos de asociación con la Unión Europea en materia de seguridad social; pide, por lo tanto, que se aborden dichas situaciones a la mayor celeridad;

6. Pide a la Comisión que realice un estudio acerca de las ventajas y desventajas del (1) principio de país de residencia, (2) del principio de país de trabajo, (3) de la combinación entre ambos y (4) de la elección de uno de ellos, y que presente propuestas sobre la base de este estudio;

7. Insta a la Comisión Europea a que basándose en el artículo 49 del Tratado CE elabore una directiva sobre la introducción de una «evaluación europea» en virtud de la cual se exija a los Estados miembros que la nueva legislación y las modificaciones de la legislación existente y los convenios colectivos en materia de protección social, gastos médicos, tributación y Derecho laboral se confronten previamente con sus consecuencias para los trabajadores migrantes y para los trabajadores fronterizos en particular; considera que la legislación comunitaria, incluidos los acuerdos sociales europeos, debe examinarse en función de sus efectos transfronterizos;

8. Recuerda las comunicaciones de la Comisión sobre el desarrollo del diálogo social a nivel comunitario (COM(96)0448) y sobre el citado plan de acción para la libre circulación de trabajadores; apoya la fusión propuesta en ambas comunicaciones del Comité consultivo para la seguridad social de los trabajadores migrantes y del Comité consultivo para la libre circulación de trabajadores en un sólo comité consultivo; apoya la intención de la Comisión de fomentar la cooperación transfronteriza en las regiones fronterizas y de ampliarla a cuestiones específicas, como la protección social y la tributación, que revisten gran importancia para los trabajadores fronterizos; señala, no obstante, que debe instarse a las administraciones nacionales a que mejoren su cooperación con el fin de resolver y, especialmente, evitar los problemas específicos de los trabajadores fronterizos; estima que tienen un importante papel que desempeñar a la hora de proponer soluciones a los problemas que subsistan pese a la «evaluación europea»;

9. Pide a los Estados miembros que elaboren un régimen legal de compensación que parta del principio de que el Estado miembro que, tras la evaluación europea, aplique una modificación de su legislación social o fiscal que sea perjudicial para los trabajadores fronterizos, deberá compensar esas pérdidas de ingresos;

10. Pide a la Comisión que, en concertación y de acuerdo con los Estados miembros y los órganos encargados de la aplicación de los regímenes de seguros de enfermedad, proceda en determinadas regiones fronterizas a un experimento de libre elección de asistencia médica en el país de residencia o en el país de trabajo para los trabajadores fronterizos y familiares a su cargo, teniendo en cuenta asimismo las recientes sentencias dictadas en los asuntos Decker y Kohll (C-120/95 y C-158/96) sobre la financiación de la asistencia sanitaria transfronteriza sin autorización previa;

11. Aboga en favor de la creación de plataformas nacionales que, reuniendo a los interlocutores sociales y a la administración social y fiscal en cada Estado miembro, ofrezcan servicios y asesoramiento a los trabajadores migrantes en general y a los trabajadores fronterizos en particular, se ocupen de sus problemas, propongan soluciones en el marco de las competencias de los Estados miembros y se encarguen de la tarea de realizar la «evaluación europea»;

12. Apoya el propósito de la Comisión de fomentar la cooperación transfronteriza en las regiones fronterizas y ampliarla para que abarque cuestiones específicas que revisten gran importancia para los trabajadores transfronterizos, como son la protección fiscal y la tributación;

13. Considera que, en sus actividades relacionadas con la libre circulación y la seguridad social, los dos comités consultivos deben dedicar especial atención a los problemas que se producen en las regiones fronterizas en relación, por ejemplo, con las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores fronterizos y el derecho a subsidios y prestaciones;

14. Opina que deben reforzarse las redes EURES transfronterizas creadas en las regiones fronterizas entre los servicios públicos de colocación, los interlocutores sociales y otros interesados; aboga, en este contexto, por una mejor coordinación entre los asesores EURES de los sindicatos y los de los servicios de colocación;

15. Hace un llamamiento a la Comisión Europea para que presente una propuesta de programa para alentar a los Estados miembros a mejorar la prestación de servicios a trabajadores migrantes y trabajadores fronterizos, encargando a las autoridades nacionales la creación de centros de acogida (call-centers) de fácil acceso bajo la denominación de servicios EUREST (European Employment & Social Security & Taxes-Services: Servicios Europeos de Empleo, Seguridad Social y Tributación);

16. Considera asimismo necesario que, además de la función de información y asesoramiento de los ciudadanos que residen en las zonas fronterizas, se valore también la función de alerta rápida de los asesores EURES, reforzando a tal efecto los procedimientos y vías para plantear los problemas en las regiones fronterizas tanto ante las autoridades y las administraciones locales, regionales y nacionales, como ante las instituciones europeas; pide por ello a la Comisión que elabore una programación plurianual financiera y de contenido para las redes EURES y, en particular, para las iniciativas transfronterizas;

17. Pide a la Comisión que preste asimismo atención a otras modalidades de cooperación y otras estructuras de concertación transfronterizas, como Interreg, así como a otros proyectos transfronterizos, como las ventanillas de asistencia de las Eurorregiones;

18. Pide a la Comisión Europea que publique cada año estudios sobre la situación de los trabajadores fronterizos en los que se realice un análisis cuantitativo y cualitativo del trabajo fronterizo y en los que se ofrezca un resumen de la situación jurídica, la jurisprudencia y los problemas en los diferentes Estados miembros;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión Europea, al Consejo, a los interlocutores sociales europeos y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.