COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
C0M(93) 534 final 
Bruselas, 27 de octubre de 1993 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
por la que se establecen las modalidades de ejercicio 
del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones 
al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión 
residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales 
(presentada por la Comisión) 
índice de materias 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I. Observaciones generales 
1. Alcance del problema 
2. Situación jurídica 
3. Antecedentes históricos 
4. El apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE 
5. Subsidiariedad y proporcionalidad 
II. Comentarios a los artículos 
TEXTO DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA 
Considerandos 
Capxtulo primero: Disposiciones generales 
Artxculo 1: Objeto de la Directiva 
Artxculo 2: Definiciones 
Artxculo 3: Derecho de sufragio activo y de sufragio pasivo 
Artículo 4: Voto y candidatura únicos 
Artículo 5: Residencia 
Artículo 6: Causas de inelegibilidad 
Artículo 7: Incapacidad electoral 
Artículo 8: Libertad de elección 
Capxtulo segundo: Del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo 
Artículo 9: Ejercicio del derecho de sufragio activo 
Artículo 10: Ejercicio del derecho de sufragio pasivo 
Artículo 11: Vías de recurso 
Artículo 12: Información 
Artículo 13: Intercambios de información 
Capxtulo tercero: Disposiciones transitorias y de excepción 
Artículo 14: Excepciones 
Artículo 15: Disposiciones transitorias 
Artículo 16: Cláusula de revisión 
Capxtulo cuarto: Disposiciones finales 
Artículo 17: Incorporación a la legislación nacional 
Artículo 18: Destinatarios 
U 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I. Observaciones generales 
1. Alcance del problema 
Para los ciudadanos de los Estados miembros que han ejercido su derecho 
fundamental a trasladarse a otro Estado miembro y residir en él, la 
construcción europea ha pasado a ser una realidad vital. Hoy día, cerca 
de cinco millones de ciudadanos de la Unión residen en un Estado miembro 
del que no son naturales. 
Están establecidos en otros Estados miembros alrededor de 130.000 
belgas, 40.000 daneses, 290.000 alemanes, 360.000 griegos, 470.000 
españoles, 300.000 franceses, 630.000 irlandeses, 1,2 millones de 
italianos, 11.000 luxemburgueses, 240.000 neerlandeses, 840.000 
portugueses y 400.000 británicos. 
El número de ciudadanos europeos que residen en un Estado miembro del 
que no son naturales se eleva a unos 541.000 en Bélgica, 27.000 en 
Dinamarca, 1,3 millones en Alemania, 50.000 en Grecia, 240.000 en 
España, 1,3 millones en Francia, 62.000 en Irlanda, 150.000 en Italia, 
105.000 en Luxemburgo, 163.000 en los Países Bajos, 29.000 en Portugal y 
aproximadamente 880.000 en el Reino Unidoí1) 
Con todo, y por lo que respecta al ejercicio de los derechos políticos, 
la igualdad de trato con los nacionales, garantizada por el Derecho 
comunitario, no es todavía una realidad. 
2. Situación jurídica 
A partir de 1976, con la primera elección de los miembros del Parlamento 
Europeo por sufragio universal y directo, jalón de gran importancia en 
la evolución gradual hacia una Europa de los ciudadanos basada en la 
democracia, se planteó el problema de cómo garantizar que todos los 
ciudadanos de la Unión, y precisamente aquellos que residen en otros 
Estados miembros sin haber adquirido su nacionalidad, puedan ejercer 
efectivamente su derecho de sufragio activo en estas elecciones. En el 
Acta de 20 de septiembre de 1976 relativa a la elección de los 
representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal 
directo(2) nada se dice sobre las condiciones exigidas para ser 
elector y elegible y, a este respecto, se remite en el apartado 2 de su 
artículo 7 a las disposiciones nacionales de los Estados miembros. El 
artículo 8 de dicha Acta, única disposición que atañe directamente al 
derecho de voto, se limita a prohibir el doble sufragio activo. 
Por todo ello, los regímenes nacionales sobre elecciones europeas se 
basan en principios muy diversos a la hora de garantizar que todo 
ciudadano pueda participar realmente en las elecciones al Parlamento 
Europeo: 
(1) Fuente: EUROSTAT, Estadísticas demográficas, 1992. 
(2) DO ns L 278, de 8 de octubre de 1976. La Decisión de 1 de febrero 
por la que se modifica el Acta (DO n» L 33/15, de 9 de febrero de 
1993) no afecta a los artículos 7 y 8. 
yfk 
- 2 -
a) El derecho de sufragio activo 
Con la salvedad de Irlanda, todos los Estados miembros han adoptado una 
solución que, fundamentalmente, se basa en el derecho de sufragio activo 
de los nacionales establecidos en el extranjero. 
Así, algunos Estados miembros (Dinamarca, Países Bajos y Portugal) sólo 
reconocen el derecho de sufragio activo a sus nacionales residentes en 
otros Estados miembros. 
En Alemania, pueden votar los nacionales que residan en otros Estados 
miembros del Consejo de Europa y los que lleven menos de diez años 
residiendo en terceros países. 
El Reino Unido concede asimismo el derecho de voto a los ciudadanos 
británicos que hayan abandonado el país hace menos de 20 años. 
En otros Estados miembros (Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia y 
Luxemburgo), el derecho de sufragio activo se mantiene incluso para los 
nacionales que residan fuera de la Comunidad. 
En cuatro Estados miembros (Bélgica, Irlanda, Países Bajos y Reino 
Unido), pueden también votar, aunque en determinadas condiciones, los 
residentes procedentes de otros Estados miembros. En Irlanda, estos 
ciudadanos deben cumplir los mismos requisitos que los nacionales en 
cuanto a sufragio activo; no obstante, los irlandeses que residan en 
otro Estado miembro o en un tercer país carecen de derecho de voto. 
En los Países Bajos, el derecho de sufragio activo se reconoce a los 
residentes que poseen la nacionalidad de otro Estado miembro a menos que 
en su Estado de origen se les reconozca el derecho de sufragio activo en 
las elecciones al Parlamento Europeo. 
En Bélgica pueden votar los nacionales de otros Estados miembros que 
lleven inscritos en los registros de población al menos tres años y que, 
por mor de su residencia en territorio belga, hayan perdido en su país 
de origen el derecho de voto. 
A todo esto se añade que los ciudadanos irlandeses y de los países de la 
Commonwealth pueden ejercer este derecho en el Reino Unido. 
b) El derecho de sufragio pasivo 
En diez Estados miembros, el derecho de sufragio pasivo se reserva a los 
nacionales, aun cuando residan en otros Estado miembro o en un tercer 
país. En Alemania, sólo son elegibles los ciudadanos que posean la 
nacionalidad alemana desde al menos un año. En el Reino Unido son 
elegibles los ciudadanos británicos, irlandeses y de los países de la 
Commonwealth y en Italia son asimismo elegibles los nacionales de otros 
Estados miembros aunque no residan en territorio italiano. 
c) Causas de privación del derecho de sufragio 
Los regímenes de incapacidad electoral e inelegibilidad en los Estados 
miembros son muy diversos y reflejan diferentes tradiciones jurídicas. 
aa) Incapacidades electorales 
Son varias las causas por las que puede privarse a un elector del 
derecho de sufragio activo mediante decisión individual: 
En 10 Estados miembros, la incapacidad puede resultar de una condena 
penal. Irlanda y Dinamarca constituyen la excepción, aunque en Irlanda, 
- 3 -
las personas internadas legalmente en un establecimiento penitenciario 
han de figurar en el censo electoral del lugar en el que residirían si 
no se encontraran privadas de libertad. Como siguen siendo titulares del 
derecho de voto, los presos pueden ejercer dicho derecho si se 
encuentran en libertad el día de las elecciones. En Dinamarca no hay 
motivo legal alguno que permita privar a un elector de su derecho de 
sufragio activo por causa de sanción penal. 
Otros motivos de incapacidad electoral son la indignidad moral en Italia 
yla condena por "corrupt or illegal practice" en el Reino Unido. 
En 10 Estados miembros, los mayores de edad sujetos a tutela o cúratela 
o los enfermos mentales carecen de derecho de sufragio activo; Italia es 
la única excepción. En el Reino Unido, la incapacidad puede resultar del 
hecho de que a los enfermos mentales internados en hospitales se les 
considera carentes de residencia. En Irlanda, la situación de los 
enfermos mentales internados en hospitales se equipara en general a la 
de los reclusos. Por el contrario, en Dinamarca, sólo se priva del 
derecho de sufragio activo a las personas incapacitadas legalmente. 
Las decisiones en materia de incapacidad electoral revisten distinta 
importancia en los Estados miembros: 
El elector condenado a una sanción penal puede verse privado de su 
derecho de sufragio activo de forma automática, por imperativo legal, o 
por decisión específica del juez. En Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo y Portugal, la condena por ciertos delitos lleva 
automáticamente consigo la incapacidad electoral. En el Reino Unido, la 
condena a una pena privativa de libertad origina automáticamente la 
incapacidad electoral. En cambio, en Alemania y, en ciertos supuestos, 
en España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal, se exige 
resolución específica del juez. En Irlanda, la incapacidad electoral 
obedece a que el elector internado en un centro penitenciario se 
encuentra privado de su "residencia habitual". Por otro lado, los 
regímenes nacionales se pueden clasificar en función de los motivos que 
justifican la privación del derecho de sufragio activo. En algunos 
Estados miembros (Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino 
Unido), la incapacidad electoral está ligada, en principio, a la condena 
a determinadas penas mínimas o a tipos concretos de infracción 
(delitos). En otros (Alemania, Grecia y Portugal), la privación sólo se 
impone, en principio, en caso de comisión de una serie de infracciones 
enumeradas en la ley. En Francia y los Países Bajos, la ley enumera, con 
carácter excepcional, unos supuestos previstos en el Código penal cuya 
comisión puede entrañar la pérdida del derecho de sufragio activo. En 
España, la decisión al respecto depende exclusivamente de la libre 
apreciación judicial, facultad discrecional de la que, en determinados 
supuestos, también disfruta el juez francés, luxemburgués, holandés y 
portugués. 
En principio, la sujeción a tutela o cúratela, así como el internamiento 
de un enfermo mental, entrañan automáticamente la incapacidad electoral. 
En el Reino Unido, los enfermos mentales internados pierden su condición 
de residentes. En Dinamarca, el internamiento en un hospital 
psiquiátrico no lleva consigo la privación del derecho de sufragio 
activo. En España y Portugal, la incapacidad electoral debe declararse 
expresamente. En Italia, los mayores de edad sujetos a tutela o cúratela 
4 -
poseen el derecho de sufragio activo, pues el legislador ha suprimido 
las restricciones antes en vigor reconocidas en la Constitución. En el 
Reino Unido, los enfermos mentales pueden ejercer su derecho de voto en 
los "intervalos lúcidos". 
En todos los Estados miembros, es el juez el que impone las penas; sin 
embargo, las decisiones en materia de tutela, cúratela o internamiento 
son a veces competencia de las autoridades administrativas. 
En cuanto a la importancia de las resoluciones extranjeras, parece que, 
en principio, las condenas penales impuestas por un tribunal extranjero 
no pueden entrañar incapacidad electoral en el Estado miembro de origen. 
No obstante, el Reino Unido constituye una excepción a esta regla y, 
para la normativa británica, el hecho relevante es que la persona se 
encuentre en prisión, o en libertad de forma ilegal, y no que la pena 
haya sido impuesta por un juez nacional o extranjero. 
En la medida en que las resoluciones judiciales en materia civil sean 
ejecutivas, conforme al derecho internacional privado estas decisiones 
pueden entrañar incapacidad electoral en Alemania y Grecia y, en 
determinados supuestos, en Bélgica y Francia. En los Países Bajos, sólo 
el juez nacional puede privar a los electores de su derecho de sufragio 
activo. 
bb) Inelegibilidad 
En cuanto a los principios generales, es preciso distinguir entre tres 
tipos de régimen de inelegibilidad: 
En Bélgica, Italia y los Países Bajos, las causas de inelegibilidad son 
idénticas a las de incapacidad electoral. 
En otros Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Francia y Luxemburgo), 
aun aplicándose las mismas causas que en la incapacidad, se prevén 
causas específicas de inelegibilidad. 
Por fin, hay un tercer grupo de Estados (Grecia, España, Irlanda, 
Portugal y Reino Unido) en los que las causas de inelegibilidad se 
regulan con independencia de las que motivan la incapacidad electoral. 
En Irlanda, la condena penal lleva consigo la inelegibilidad únicamente 
durante el período de cumplimiento de una pena privativa de libertad de 
más de seis meses impuesta por un tribunal irlandés. 
Por lo que al fondo respecta, deben diferenciarse dos soluciones: 
Determinadas sanciones penales pueden conllevar la inelegibilidad en 
Bélgica, Alemania, Grecia, España, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos y Reino Unido. 
Según la legislación alemana, irlandesa, italiana y británica, en 
principio son inelegibles las personas declaradas en quiebra y 
consideradas indignas, por otros motivos, de ocupar un cargo electivo. 
En Dinamarca, son inelegibles los condenados por actos que, en opinión 
general, les hagan indignos de ocupar un cargo en el Parlamento Europeo 
(o en el danés). El Parlamento danés declara la inelegibilidad derviada 
de una condena después de las elecciones, pero ésta no puede alegarse 
para impedir que alguien se presente como candidato a las mismas. 
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d) Ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo 
En todos los Estados miembros, los ciudadanos han de cumplir, antes de 
las elecciones, determinados requisitos formales que les permiten 
ejercer sus derechos de sufragio activo y pasivo en un término municipal 
o circunscripción determinados y para unas elecciones determinadas. 
aa) Ejercicio del derecho de sufragio activo 
Por lo general, para poder ejercer el derecho de sufragio activo, los 
ciudadanos han de figurar en el censo electoral de la circunscripción o 
término municipal correspondiente. Por lo que respecta a las condiciones 
de inscripción en el censo, cabe diferenciar 4 tipos de régimen: 
mientras que en Francia y Grecia se sigue el sistema de inscripción a 
solicitud del interesado, en Italia y España la inscripción en el censo 
electoral se realiza de oficio. En los demás Estados miembros, salvo 
Portugal, se inscribe de oficio a los electores en el censo, pero, con 
carácter excepcional, determinadas categorías de personas pueden 
inscribirse mediante solicitud a tal fin. En Portugal se aplica, en 
principio, el sistema de solicitud individual, pero la administración ha 
de inscribir de oficio en la lista electoral a todos los electores de 
que tenga constancia. 
En varios Estados miembros en los que la inscripción en el censo se 
realiza de oficio (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Italia, 
Luxemburgo y Países Bajos), el censo electoral se elabora, por lo 
general, a partir de los datos que figuran en otro registro público, que 
suele ser el censo de población o el registro civil. Sin embargo, en 
Reino Unido e Irlanda se inscribe de oficio a los electores a partir de 
toda la información de utilidad que haya recabado el "registration 
officer" y, en concreto, de una encuesta realizada en cada hogar. 
Naturalmente, en los Estados miembros en los que la inscripción se 
realiza a petición del interesado, los electores han de facilitar a las 
autoridades competentes, en el momento en que realicen la solicitud, 
toda la información y las pruebas necesarias. 
En algunos Estados miembros (Dinamarca, Grecia, España, Francia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido), los censos 
electorales se revisan periódicamente. En la mayoría de estos países, el 
período de revisión es de un año; en Italia, los censos electorales se 
revisan dos veces al año. En Bélgica, Alemania y Países Bajos se 
establece un nuevo registro de electores antes de cada elección. 
En casi todos los Estados miembros, ha de publicarse la lista de 
electores antes de su aprobación definitiva. Bélgica y Países Bajos 
constituyen la excepción a esta norma: en ambos países, los electores 
tienen derecho a informarse sobre si figuran o no en el censo electoral. 
En caso de denegación de la inscripción, los electores de todos los 
Estados miembros pueden interponer un recurso. En varios países 
(Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Italia, Irlanda, Luxemburgo, 
Países Bajos, Portugal y Reino Unido), los electores han de interponer 
un recurso administrativo antes de poder dirigirse a los tribunales. 
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bb) Ejercicio del derecho de sufragio pasivo 
Por lo general, las personas elegibles han de facilitar a la 
administración, cuando depositan su candidatura, determinados datos y 
pruebas relativos a su situación individual. 
3. Antecedentes históricos 
En 1960, en su proyecto de convenio sobre elección por sufragio 
universal directo^), el Parlamento Europeo ya había propuesto que los 
Estados miembros reconocieran el derecho de sufragio a sus nacionales 
que residieran en otros Estados miembros; no obstante, si el Estado de 
residencia permitía ejercer el derecho de sufragio a tales personas, 
debía evitarse el doble voto. 
Al no recibir este proyecto el visto bueno del Consejo, en 1975 el 
Parlamento Europeo elaboró un nuevo proyecto que, pese a todo, nada 
decía sobre el derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos europeos que 
residieran en Estados miembros de los que no fueran nativos. El Consejo 
se basó en buena medida en este proyecto al elaborar el Acta de 20 de 
septiembre de 1976 relativa a la elección de los representantes en el 
Parlamento Europeo por sufragio universal directo. 
En 1977, y en su resolución sobre el derecho de voto en las elecciones 
directas(4), el Parlamento Europeo había instado a los Estados miembros 
para que procuraran que sus ciudadanos que residieran en otros Estados 
miembros pudieran ejercer el derecho de sufragio activo en la elección 
directa al Parlamento, poniéndose de acuerdo para que tales personas 
pudieran votar en el país en el que se encontraran en tal momento (voto 
"in loco"). Partiendo de trabajos ya iniciados en la primavera del año 
anterior, en febrero de 1978 el Consejo aprobó un informe sobre el voto 
"in loco" y, particularmente, sobre su puesta en práctica. 
En 1982, y en su proyecto de acta sobre la adopción de determinadas 
disposiciones de régimen electoral uniforme para la elección de sus 
miembros(5), el Parlamento Europeo había propuesto a los Estados 
miembros que reconocieran el derecho de sufragio activo a sus ciudadanos 
con independencia de su lugar de residencia, mientras que se tratara de 
otro Estado miembro, y que adoptasen las medidas necesarias para 
facilitar el ejercicio del sufragio en su país de origen. El Parlamento 
había propuesto además que los Estados miembros reconociesen el derecho 
de sufragio pasivo a sus ciudadanos, con independencia de su lugar de 
residencia, y a los nacionales de otros Estados miembros que llevaran al 
menos cinco años residiendo en su territorio. Tras haber debatido en 
profundidad este proyecto, el Consejo suspendió su examen en 1983. 
En su declaración escrita de 16 de noviembre de 1988í6), el Parlamento 
Europeo declaró solemnemente que las Comunidades Europeas debían adoptar 
y aplicar, ya a partir de las elecciones de junio de 1989, el principio 
según el cual todo ciudadano de los Estados miembros tiene derecho a 
presentarse en cualquiera de ellos como candidato a las elecciones al 
Parlamento Europeo. 
(3) DO n2 834, de 2 de junio de 1960, artículo 11. 
(4) DO ns C 163/39, de 11 de junio de 1977. 
(5) DO ns C 87/61,.de 5 de abril de 1982. 
(6) DO n2 c 262/222, de 10 de octubre de 1988. 
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En 1990, y en vísperas de la conferencia intergubernamental sobre la 
Unión Política, España propuso a los demás Estados que se incluyera en 
el texto del futuro Tratado una serie de disposiciones sobre ciudadanía 
europea y, en concreto, sobre el derecho de sufragio activo y pasivo en 
las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia. 
La conferencia de parlamentos de la Comunidad Europea, que se celebró en 
Roma del 27 al 30 de noviembre de 1990, pidió asimismo en su declaración 
final que la conferencia intergubernamental tomase en consideración la 
propuesta de conceder a los ciudadanos europeos el derecho de sufragio 
activo y pasivo para las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado 
miembro de residencia. 
El Consejo Europeo, reunido en Roma los días 14 y 15 de diciembre de 
1990, acogió favorablemente la iniciativa española e invitó a la 
conferencia intergubernamental a que examinará cómo se podrían incluir 
en el texto del Tratado determinados derechos cívicos, en particular el 
de participar en las elecciones al Parlamento Europeo. 
En 1991, en sus resoluciones sobre la ciudadanía de la Unión(^) y en 
sus observaciones sobre el proyecto de régimen electoral uniforme^), 
el Parlamento Europeo reafirmó su postura en la materia. 
En el apartado 2 del artículo 8B del Tratado sobre la Unión Europea, en 
el que se crea la ciudadanía de la Unión, se reconoce el derecho de sus 
ciudadanos a participar en las elecciones europeas en el Estado miembro 
en el que residan, aunque no sean nacionales del mismo. El calendario 
previsto en el apartado 2 del artículo 8 B fue establecido por la 
conferencia intergubernamental partiendo de la hipótesis de que el 
Tratado de la Unión entraría en vigor a comienzos de 1993. Desde el 
punto de vista político, el plazo que finaliza el 31.12.1993 tenía por 
objeto que las modalidades que debía establecer el Consejo se aplicasen 
ya en la cuarta elección directa al Parlamento Europeo en 1994, lo que 
permitiría a los ciudadanos de la Unión ejercer por primera vez sus 
nuevos derechos y adquirir conciencia de la existencia de tal Unión. 
Ya antes de la entrada en vigor del Tratado, la Comisión aprobó en su 
reunión de 23 de junio de 1993, a petición del Consejo y del Parlamento, 
el proyecto de propuesta de directiva por la que se establecen las 
modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en el 
Estado miembro de residencia (SEC (93)1021 final). Conforme a la 
decisión de la Comisión, este documento de trabajo se remitió al Consejo 
y al Parlamento Europeo. Sobre la base del mismo, el Consejo y el 
Parlamento iniciaron, entre julio y octubre de 1993, una serie de 
trabajos informales sobre la aplicación del apartado 2 del artículo 8B 
del Tratado, con el fin de garantizar que, en las elecciones al 
Parlamento Europeo de junio de 1994, los ciudadanos de la Unión puedan 
ejercer efectivamente su derecho de sufragio activo y pasivo en el 
Estado miembro en el que residan, aunque no sean nacionales del mismo. 
La presente propuesta de Directiva tiene en cuenta los resultados de los 
trabajos previos realizados en el seno del Consejo y del Parlamento 
Europeo. 
(7) Resolución de 14 de junio de 1991; DO ne c 183/473, de 15 de julio 
de 1991; Resolución de 21 de noviembre de 1991, DO na c 326/205, de 
16 de diciembre de 1991. 
(8) Resolución de 10 de octubre de 1991, DO ns c 280/141 de 28 de 
octubre de 1991. 
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4. El apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE 
El apartado 2 del artículo 8 B del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, tal como quedó modificado por el Título II del Tratado de la 
Unión Europea, reconoce a los ciudadanos de la Unión el derecho al 
sufragio activo y pasivo en su Estado miembro de residencia en las 
mismas condiciones que los nacionales del mismo y dispone que, previa 
consulta al Parlamento Europeo, el Consejo establecerá las modalidades 
de ejercicio de tales derechos antes del 31.12.1993. 
a) El apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE tiene por objeto 
garantizar a todos los ciudadanos de la Unión el ejercicio efectivo de 
sus derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo, reforzar aún más la legitimación democrática de esta cámara y 
reducir el déficit democrático que tantas veces se ha denunciado en 
relación con la Comunidad. Por añadidura, estos derechos permitirán a 
los ciudadanos de la Unión manifestar en común su sentimiento de 
participación en la construcción europea, salvaguardando en todo momento 
sus identidades nacionales respectivas. 
En consecuencia, es preciso cerciorarse de que los ciudadanos de la 
Unión disfruten de la mayor libertad posible en materia de sufragio 
activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y de que el 
ejercicio de tales derechos sólo quede sujeto a las condiciones que se 
consideren estrictamente necesarias. 
b) Dado que en el apartado 2 del artículo 8B del Tratado se reconoce el 
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo en el Estado miembro de residencia, sin que este derecho 
sustituya al derecho de sufragio activo y pasivo en el Estado miembro de 
origen, es importante garantizar la libertad de elección de los 
ciudadanos de la Unión en cuanto al lugar de voto o de presentación de 
la candidatura. Por otra parte, ha de velarse para evitar cualquier 
abuso de esta libertad mediante la duplicación de votos o de 
candidaturas. 
c) Sin perjuicio del procedimiento electoral uniforme previsto en el 
apartado 3 del artículo 138 del Tratado CE, y respetando la diversidad 
de regímenes electorales de los Estados miembros, el apartado 2 del 
artículo 8 B de dicho Tratado no trata de armonizar de forma global y 
uniforme las legislaciones nacionales en esta materia, sino que tiene 
por objeto eliminar concretamente el requisito de nacionalidad que, en 
la mayor parte de Estados miembros, impide que los ciudadanos de la 
Unión puedan ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que residen 
pero cuya nacionalidad no tienen. A tal fin, y en aplicación del 
principio de igualdad y no discriminación, los ciudadanos quedarán 
sujetos a las mismas condiciones que los electores nacionales. 
La necesidad de respetar el principio de igualdad entre nacionales y no 
nacionales lleva a concluir que no debe interferirse más de lo 
estrictamente necesario en la legislación electoral de los Estados 
miembros. Así, la directiva es la forma más apropiada para un acto de 
esta índole al respetar al máximo el papel de los Parlamentos 
nacionales. 
d) Al tomar como base el apartado 2 del artículo tíB del Tratado CE, el 
único objetivo de esta Directiva es establecer, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 138 del Tratado CE ni en las 
normas de aplicación del mismo, las modalidades de ejercicio del derecho 
de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos de la Unión en las 
elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia, 
cuando no son nacionales del mismo. Por tanto, en la presente Directiva 
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no se regulan aspectos relacionados con la elaboración de un 
procedimiento electoral uniforme previsto en el apartado 3 del artículo 
138 del Tratado CEÍ^). Cabe recordar que existen diferencias 
sustanciales entre los procedimientos previstos a estos efectos: 
decisión unánime del Consejo a propuesta de la Comisión, conforme al 
apartado 2 del artículo 8B; iniciativa del Parlamento Europeo, decisión 
unánime del Consejo y adopción por los Estados miembros con arreglo a 
sus respectivos requisitos constitucionales, conforme al apartado 3 del 
artículo 138. 
5. Subsidiariedad y proporcionalidad 
Siendo de competencia exclusiva de la Comunidad, la presente propuesta 
de Directiva tiene por objeto el oportuno respeto de las obligaciones 
que para la Comisión se derivan del párrafo segundo del apartado 2 del 
artículo 8 B. En un espíritu de subsidiariedad y proporcionalidad, la 
Comisión propone que las modalidades previstas en el párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 8 B adopten la forma de directiva, limitándose 
su contenido a lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo 
expuesto en dicho precepto del Tratado CE. 
II. Comentarios a los artículos 
Artxculo 1: Objeto de la Directiva 
El artículo 1 define el ámbito de aplicación de la presente Directiva, 
teniendo en cuenta el objeto del apartado 2 del artículo 8 B del Tratado 
CE. 
1. El apartado 1 precisa que la presente Directiva se ocupa tan sólo de 
los ciudadanos de la Unión que residan en un Estado miembro del que no 
sean nacionales y de su derecho a participar en la elección de los 
representantes de dicho Estado en el Parlamento Europeo; en 
consecuencia, este texto no tiene por objeto armonizar de forma global 
los regímenes electorales de los Estados miembros. De ello se desprende 
que la presente Directiva no afecta, en concreto, a las disposiciones 
nacionales sobre derecho de sufragio activo y sufragio pasivo de los 
nacionales en su Estado miembro de origen, por ejemplo, de los franceses 
en Francia o de los ciudadanos británicos en el Reino Unido, ni de los 
ciudadanos que la Unión no nativos que no residan en el Estado miembro 
en el que ejercen su derecho de voto o de presentación de candidatura, 
como ocurriría con un francés que resida en Francia y se presente 
candidato en Italia. Lo mismo cabe afirmar de los derechos de sufragio 
activo y pasivo de los que no sean ciudadanos de la Unión, por ejemplo 
los nativos de países independientes de la Commonwealth establecidos en 
el Reino Unido. 
(9) El procedimiento electoral uniforme abarca fundamentalmente la forma 
de sufragio, las actividades preliminares y, en concreto, la 
formación de listas de candidatos, desarrollo de la votación, 
fijación de la fecha de las elecciones y método de recuento de 
votos. Por el contrario, el derecho de sufragio activo y pasivo se 
refiere únicamente a las condiciones que han de cumplirse para ser 
elector o elegible, como son la ciudadanía, la mayoría de edad 
electoral y las causas de privación de este derecho, así como las 
condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho de 
sufragio activo y pasivo en unas elecciones determinadas (por 
ejemplo, inscripción en el censo electoral de una circunscripción). 
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2. El segundo apartado especifica que la presente Directiva no afecta a 
las disposiciones de los Estados miembros que establezcan las 
condiciones que permiten a sus propios ciudadanos ejercer en ellos sus 
derechos de sufragio activo y pasivo en la elección de sus propios 
representantes en el Parlamento Europeo, aunque dichas personas residan 
fuera del territorio de dichos Estados. 
Dado que el apartado 2 del artículo 8 del Tratado CE garantiza el 
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo en el Estado miembro de residencia sin que ello sustituya al 
derecho de sufragio activo y pasivo en el Estado miembro de origen, el 
apartado 2 consagra el respeto de la libertad de elección de los 
ciudadanos de la Unión en cuanto al Estado miembro en cuyas elecciones 
europeas deseen participar, siempre que conserven dichos derechos en su 
Estado miembro de origen. 
Artículo 2: Definiciones 
1. Para garantizar la coherencia con el Acta de 20 de septiembre de 
1976 relativa a las elecciones de los representantes en el Parlamento 
Europeo por sufragio universal directo, el apartado 1 del artículo 2 
define el concepto de "elecciones al Parlamento Europepo", según aparece 
en el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE, remitiéndose al 
artículo 1 de dicha Acta. 
2. Para mantener la coherencia con el ámbito de aplicación territorial 
del Acta de 20 de septiembre de 1976 definido en sus artículos 2 y 15, 
apartado 2, y en los anexos, el territorio electoral debe definirse por 
remisión a las disposiciones adoptadas en función de dicha Acta por los 
Estados miembros. En consecuencia, para determinar si una parte concreta 
del territorio nacional de un Estado miembro o un país o territorio de 
ultramar que pertenezca a un Estado miembro pertenecen o no al 
territorio electoral, se estará exclusivamente a lo dispuesto en el Acta 
de 20 de septiembre de 1976 y a las disposiciones adoptadas en función 
de la misma por los Estados miembros. 
3. Para definir el Estado miembro de residencia, el apartado 3 de este 
artículo hace uso de los mismos elementos que el apartado 2 del 
artículo 8 B del Tratado CE. En cambio, el apartado 4 define el concepto 
de Estado miembro de origen conforme al criterio de nacionalidad. 
4. En lo esencial, los apartados 5 y 6 definen los conceptos de elector 
y elegible comunitario por remisión al artículo 3 de la presente 
Directiva. 
5. La definición de censo electoral del apartado 7 del artículo 2 no 
tiene en absoluto por objeto modificar, sino abarcar los diferentes 
tipos de registros oficiales de electores existentes actualmente en los 
Estados miembros, con independencia de su método de elaboración 
(inscripción de oficio o a instancia del interesado) y actualización (de 
forma permanente o no, revisión periódica o elaboración antes de cada 
una de las elecciones. La definición comprende asimismo la situación 
específica de determinados Estados miembros que, sin elaborar un censo 
electoral concreto, hacen constar la condición de elector en su censo de 
población. Este apartado no excluye que el censo electoral pueda 
subdividirse en función de diferentes categorías de electores. 
- 11 -
6. Dado que la fecha en la que electores y elegibles deben cumplir los 
requisitos establecidos en materia de sufragio activo y pasivo no es la 
misma en todos los Estados miembros, el apartado 8 del artículo 2 
renuncia a toda armonización, introduciendo el concepto de día de 
referencia, que se define por remisión a la normativa del Estado miembro 
de residencia. Como no se trata de aproximar los regímenes electorales 
de los Estados miembros, la definición se hace asimismo extensiva a la 
situación de aquellos que establecen diversos días de referencia. 
7. Al definir el concepto de declaración formal, el apartado 9 del 
artículo 2, renunciando a aproximar los regímenes de los Estados 
miembros, se refiere a las distintas formas de declaración existentes en 
ellos. Así, puede tratarse de una "statutory declaration" en la 
legislación británica o de una "eidesstattliche Versicherung" 
(declaración jurada) en la alemana. Según esta definición, lo esencial 
es, en primer lugar, que la declaración pueda depositarse ante la 
autoridad competente a que se refieren los artículos 9 y 10 de la 
presente Directiva. Además, debe tratarse de una declaración que, en 
caso de inexactitud, pueda dar lugar a las sanciones previstas para el 
supuesto en la legislación del Estado miembro de residencia. Se pedirá a 
los Estados miembros que, al incorporar este texto a sus legislaciones, 
precisen la forma en la que deberá hacerse esta declaración. 
Artículo 3: Derecho de sufragio activo y pasivo 
En el marco establecido por el párrafo 1 del apartado 2 del artículo 8 B 
del Tratado CE, el artículo 3 establece las condiciones de ejercicio del 
derecho de sufragio activo y pasivo en el Estado miembro de residencia. 
El día en que deben cumplirse las condiciones exigidas para ser elector 
o elegible podrá ser, según la legislación de dicho Estado, bien el de 
las elecciones, bien cualquier otro día de referencia. Naturalmente, 
para determinar si los días de referencia para ejercer el derecho de 
sufragio activo y pasivo son idénticos, se estará a lo dispuesto por 
cada uno de los Estados miembros. 
1. Teniendo en cuenta que el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 8 
del Tratado CE define el concepto de ciudadanía de la Unión y que en la 
Declaración relativa a la nacionalidad de un Estado miembro, aneja al 
Tratado de la Unión Europea, se explica esta definición, la letra a) 
del artículo 3 remite pura y simplemente al párrafo 2 del apartado 1 del 
artículo 8 del Tratado CE. De esta manera, el artículo 3 tiene en cuenta 
el hecho de que las normas sobre adquisición y posesión de nacionalidad 
en los Estados miembros no se derivan del Tratado CEE, sino del 
ordenamiento nacional de cada uno de ellos. 
De ello se desprende, en particular, que la determinación de la 
nacionalidad de los originarios de países y territorios de ultramar, en 
el sentido del apartado 3 del artículo 227 del Tratado, corresponde 
exclusivamente a la legislación del Estado miembro con el que dichos 
territorios mantengan lazos particulares. En consecuencia, las personas 
originarias de tales países y territorios que posean la nacionalidad de 
un Estado miembro en virtud de su legislación pero residan en otro, 
tendrán en este último el derecho de sufragio activo y pasivo. Así, 
corresponde a cada Estado miembro señalar quiénes deben considerarse 
nacionales del mismo, si ello es necesario para aplicar la presente 
Directiva. 
- 12 -
Por el contrario, la presente Directiva no regula la situación de los 
originarios de países y territorios de ultramar que carezcan de la 
nacionalidad de un Estado miembro, ni tampoco la de aquellos que residan 
en el Estado miembro metropolitano aun cuando posean su nacionalidad. 
Esta norma sólo se refiere al derecho de sufragio activo y pasivo en un 
Estado miembro distinto de aquel cuya nacionalidad se posee. 
2. En el marco de lo previsto por el párrafo 1 del apartado 2 del 
artículo 8 B del Tratado CE, el apartado 3 lleva a la práctica el 
principio de igualdad entre electores nacionales y electores 
comunitarios y, al mismo tiempo, el principio de mínima interferencia en 
los regímenes electorales de los Estados miembros, según los cuales las 
demás condiciones exigidas para ejercer el sufragio activo se centran en 
la mayoría de edad electoral y la residencia. 
Aparte del requisito de ciudadanía de la Unión, el de residencia en el 
Estado miembro en el que debe votarse constituye el segundo elemento 
clave de la garantía que ofrece el apartado 2 del artículo 8 B del 
Tratado CE. Este requisito pone de manifiesto el vínculo entre el 
derecho de libre circulación y el de residencia previsto en el artículo 
8 A del Tratado. Dado que este último no precisa el concepto de 
residencia, frente al de ciudadanía, no hay necesidad de definirla de 
forma uniforme en la presente Directiva. Por ello, los artículos 3 y 5 
omiten tal definición, lo que permite el respeto absoluto del principio 
de igualdad de condiciones entre los electores nacionales, por un lado, 
y los comunitarios, por otro. Al mismo tiempo, la Directiva no afecta en 
modo alguno a los regímenes electorales de los Estados miembros a este 
respecto. 
La mayoría de edad electoral se alcanza actualmente en todos los Estados 
miembros a los 18 años; en cambio, la edad mínima para presentarse 
candidato oscila entre los 18 y los 25 años. 
En cambio, el artículo 3 no afecta a las condiciones administrativas 
exigidas en los Estados miembros para que un elector puede ejercer su 
derecho de voto en un municipio o circunscripción determinados en las 
elecciones de que se trate, o para que un elegible pueda presentar su 
candidatura en una lista o en una ciscunscripción determinadas con 
ocasión de unas elecciones concretas. Estas condiciones tienen por 
objeto garantizar una preparación y un desarrollo adecuados de las 
actividades electorales y consisten esencialmente en la necesidad de 
residir en la circunscripción o municipio de voto y, en su caso, en un 
plazo mínimo de residencia. Lo mismo cabe afirmar de los requisitos 
administrativos que deben cumplir los candidatos y que afectan, en 
concreto, a la forma de designación, necesidad de demostrar determinados 
pormenores y plazos de presentación de las candidaturas. Se 
sobreentiende que todo elector o elegible comunitario que desee 
participar efectivamente en las elecciones europeas en su Estado miembro 
de residencia debe acatar las disposiciones nacionales aplicables en la 
materia a los nativos del mismo. 
3. En cuanto a la importancia del régimen de ineligibilidad e 
incapacidad electoral, el artículo 3 dispone que los ciudadanos de la 
Unión no pueden ser electores o elegibles en su Estado miembro de 
residencia sin tener su nacionalidad en caso de haberse visto privados 
de los derechos de sufragio activo y pasivo; en cuanto a las normas de 
fondo, remite a lo dispuesto en los artículos 6 y 7. 
- 13 -
4. En algunos Estados miembros, los ciudadanos nacionalizados por 
naturalización sólo son elegibles cuando ha transcurrido un periodo 
mínimo desde que adquirieron la nacionalidad, por ejemplo, un año. Por 
consiguiente, el principio de igualdad entre elegibles nacionales y 
comunitarios exige que los ciudadanos de la Unión que hayan adquirido la 
nacionalidad de su Estado miembro de origen por naturalización y residan 
en otro Estado miembro (por ejemplo, un francés de origen marroquí 
residente en Alemania) deben cumplir, mutatis mutandis, este requisito. 
En consecuencia, debe presumirse que los ciudadanos cumplen este 
requisito en su Estado miembro de residencia cuando haya transcurrido 
este mismo período mínimo desde que adquirieron la nacionalidad de su 
Estado miembro de origen. 
Artículo 4: Voto y candidatura únicos 
1. Como se trata de elegir a los miembros de una institución 
comunitaria única, el apartado 1 de este artículo tiene por objeto 
evitar que se abuse de la libertad de opción en cuanto al Estado miembro 
en que desea votarse, garantizada por el apartado 2 del artículo 1 y por 
el artículo 8, mediante una duplicación de voto. Este apartado consagra 
el principio de prohibición del doble voto, tal y como figura 
actualmente en el artículo 8 del Acta de 20 de septiembre de 1976. En 
los artículos 8 y 13 se define el procedimiento de aplicación de este 
principio. 
2. Como se trata de elegir a los miembros de una institución única, 
debe asimismo evitarse que los elegibles comunitarios se presenten 
candidatos simultáneamente en diversos Estados miembros. Dado que, por 
lo general, los elegibles comunitarios, por residir fuera de su Estado 
miembro de origen, no se ven privados de su derecho de sufragio pasivo 
en dicho Estado y que algunos Estados miembros reconocen el derecho de 
sufragio pasivo a ciudadanos de la Unión que no residan en ellos, no 
debe descartarse el riesgo de dobles candidaturas. Para interferir lo 
menos posible en el régimen electoral de los Estados miembros, el 
apartado 2 del artículo 4 no afecta a las disposiciones nacionales en 
materia de doble candidatura dentro de cada Estado miembro. Por lo 
demás, es evidente que este apartado sólo tiene por objeto evitar que un 
candidato se presente por varios Estados miembros en unas mismas 
elecciones. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 4 no obsta para 
que, en las próximas elecciones, el candidato se presente por su Estado 
miembro de residencia y, en las siguientes, por su Estado miembro de 
origen. 
Artículo 5: Residencia 
El artículo 11 vuelve a tomar la condición de residencia en el sentido 
previsto en la letra b) del artículo 3 en materia de derecho de 
sufragio activo y pasivo. Así, el artículo 5 evita toda definición 
uniforme e, indirectamente, remite al concepto de residencia definido en 
el régimen electoral de Estado miembro de residencia. Las normas 
electorales de los Estados miembros presentan grandes diferencias en 
este terreno, exigiendo que se tenga la residencia habitual o el 
domicilio en el territorio electoral o bien que se permanezca en él de 
forma habitual o que se esté inscrito en el censo de población. 
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En caso de que la legislación del Estado miembro exija que se pruebe un 
período mínimo de residencia en el territorio electoral, el objetivo del 
artículo 5 es eliminar toda discriminación de electores y elegibles 
comunitarios que pueda derivarse del hecho de que, en la práctica, a los 
no nacionales puede resultarles difícil cumplir este requisito y a los 
nacionales bastante fácil. En consecuencia, en el artículo 5 se asimila 
el periodo de residencia en otros Estados miembros, por ejemplo, en el 
de origen, al de residencia en el Estado miembro donde vaya a votarse. 
Dado que el artículo 5 sólo se ocupa de los requisitos que deben 
cumplirse para ser titular del derecho de sufragio activo y pasivo en el 
Estado miembro de residencia, lo dispuesto en su primer párrafo no 
afecta en modo alguno a las condiciones concretas que regulen en cada 
Estado miembro el ejercicio de tales derechos en un término municipal o 
circunscripción determinados en las elecciones de que se trate y que, 
normalmente, exigen un período mínimo de residencia en dicho término 
municipal o circunscripción. 
Artículo 6: Causas de inelegibilidad 
1. El artículo 6 sólo se ocupa de la inelegibilidad, es decir, las 
causas por las que los ciudadanos de la Unión, debido a una resolución 
individual en materia penal o civil, no pueden ser legalmente elegidos. 
Por el contrario, el régimen de incompat ib i1idades, regulado actualmente 
por los artículos 5 y 6 del Acta de 20 de septiembre de 1976, sólo se 
refiere a la imposibilidad legal de acumular el mandato de diputado 
europeo con otros cargos. Este régimen está previsto en el procedimiento 
electoral uniforme a que se refiere el apartado 3 del artículo 138 del 
Tratado CE, por lo que no se ve afectado por lo prevenido en esta 
Directiva. 
2. Dado que la inelegibilidad puede obedecer a una decisión concreta en 
materia penal o civil adoptada por las autoridades judiciales o 
administrativas de los Estados miembros de origen o de residencia, y que 
a falta de convenios internacionales, tales decisiones judiciales no 
suelen ser ejecutivas en el Estado miembro de residencia, el artículo 6 
establece un principio de acumulación de los regímenes de inelegibilidad 
de ambos. Tal solución no es incompatible con el principio comunitario 
de no discriminación; en efecto, como se trata de impedir los riesgos de 
falseamiento que podrían plantearse de la falta de armonización entre 
los regímenes de inelegibilidad vigentes en los Estados miembros, puede 
considerarse que este sistema se inscribe en las "modalidades" que 
incumbe determinar al Consejo conforme al apartado 2 del artículo 8 B 
del Tratado. 
Desde el punto de vista material, la acumulación se justifica para 
evitar que una persona privada de su derecho de sufragio pasivo en su 
Estado miembro, normalmente por mor de una decisión dictada por el juez, 
pueda recobrar este derecho por el mero hecho de residir en otro Estado 
miembro. La posibilidad de que un ciudadano de la Unión privado de su 
derecho de sufragio pasivo en su Estado miembro de origen pudiera 
presentarse candidato en el de residencia y hacer en él campaña 
electoral no sólo debe preocupar a este último, sino también al Estado 
de origen. Para salvaguardar la reputación del Parlamento Europeo, debe 
evitarse que un ciudadano de la Unión privado de su derecho de sufragio 
pasivo pueda presentarse o hacer campaña para las elecciones al mismo. 
Es evidente que el riesgo de atentado contra la honorabilidad del 
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Parlamento es más acentuado y conspicuo por lo que al sufragio pasivo 
se refiere; en consecuencia, el apartado 1 del artículo 6 establece un 
régimen de inelegibilidad que obliga al Estado miembro de residencia a 
reconocer toda posible privación de tal derecho en el Estado miembro de 
origen. 
Cierto es que los regímenes nacionales de incapacidad electoral son muy 
distintos entre sí, pero el principio de acumulación se inspira en la 
idea de que todos ellos respetan, cada uno a su manera, los principios 
generales del Estado de Derecho, así como el principio democrático, por 
lo que nada se opone a que el Estado miembro de residencia reconozca una 
decisión de privación de derechos decretada en el Estado de origen. 
3. Para llevar a la práctica el sistema de acumulación previsto en el 
apartado 1, el apartado 2 del artículo 10 obliga al Estado miembro de 
residencia a exigir al ciudadano interesado que, al presentar su 
candidatura, adjunte un certificado de su Estado miembro de origen en el 
que se haga constar que no es inelegible en dicho Estado o que las 
autoridades administrativas no tienen constancia de tal inelegibilidad. 
El apartado 2 del artículo 6 obliga al Estado miemnro de residencia a 
declarar inadmisible cualquier candidatura que no vaya acompañada de 
dicho certificado. Como el apartado 2 del artículo 10 establece una 
condición formal, el apartado 2 del artículo 6 prevé asimismo un control 
puramente formal que, en la mayoría de Estado miembros, se realizará 
antes de las elecciones. Con todo, este apartado no modifica en modo 
alguno el régimen de causas de inelegibilidad de algunos Estados 
conforme al cual el control sólo puede realizarse después de las 
elecciones. Dada la importancia política de las causas de 
inelegibilidad, parece conveniente que, en la medida de lo posible, la 
declaración de inadminisbilidad de la candidatura se dicte antes de la 
apertura de la campaña electoral. 
Artículo 7: Incapacidad electoral 
Dado que el riesgo de atentado a la reputación del Parlamento Europeo es 
mucho menos acentuado en materia de sufragio activo que pasivo, el 
artículo 7 establece unos principios menos rigurosos que los del 
artículo 6. 
1. El Estado miembro de residencia es libre de aceptar o no la 
privación del derecho de sufragio activo que haya podido adoptarse en el 
Estado miembro de origen. En consecuencia, es también libre de exigir o 
no al elector comunitario que manifieste que no se le ha privado de su 
derecho de voto en su Estado miembro de origen al efectuar la 
declaración a que a que se refiere el apartado 3 del artículo 9. 
2. Los Estados miembros que apliquen el sistema de acumulación que 
autoriza el apartado 1 pueden poner en conocimiento del Estado miembro 
de origen la declaración a que se refiere el apartado anterior. No 
obstante, el Estado miembro de residencia sólo enviará los datos 
realmente necesarios para llevar a la práctica lo previsto en el primer 
apartado. En cambio, el Estado miembro de residencia está obligado a 
responder al de origen y facilitarle toda la información que considere 
pertinente y de que disponga en condiciones normales. Para proteger 
estos datos personales y respetar el principio de proporcionalidad, el 
Estado miembro de origen sólo enviará al de residencia los datos 
estrictamente necesarios paea llevar a la práctica el sistema de 
acumulación. En este mismo sentido, el Estado miembro de residencia no 
podrá dar a los datos que se le hayan enviado otra finalidad que la aquí 
prevista. El Estado miembro de residencia que haya optado por el sistema 
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de acumulación adoptará todas las medidas pertinentes para impedir al 
interesado que vote, bien cancelando su inscripción del censo electoral, 
bien evitando que llegue efectivamente a votar. 
3. Conforme al apartado 3, el Estado miembro de origen, por iniciativa 
propia, podrá enviar al de residencia todos los datos que estime 
necesarios para que este último tenga conocimiento de la privación del 
derecho de sufragio activo decretada en el primero. En tal caso, el 
Estado miembro de residencia no estará obligado a responder. 
Artículo 8: Libertad de elección 
1. A fin de respetar la libertad de opción relativa al Estado miembro 
en que desea votarse, el apartado 1 del artículo 8 dispone que el 
elector comunitario sólo puede inscribirse en el censo electoral del 
Estado miembro de residencia si ha manifestado previamente su voluntad 
de manera inequívoca. La trascendencia de la manifestación de voluntad 
se deriva, sobre todo, de su efecto sobre el derecho de sufragio activo 
en el Estado miembro de origen. El elector comunitario que opte por 
votar en su Estado miembro de residencia renuncia al mismo tiempo a 
ejercer su derecho en el de origen. Resultaría inadmisible que ello 
pudiera ocurrir sin una petición previa del interesado. 
2. En los Estados miembros en que el voto es obligatorio, los electores 
comunitarios que, haciendo uso de su libertad de votar en el Estado 
miembro que deseen, se hayan inscrito en el censo electoral del Estado 
miembro de residencia quedarán sujetos a esta misma obligación en virtud 
del apartado 2 del artículo 8, y ello para salvaguardar el principio de 
igualdad entre electores nacionales y comunitarios. 
Artículo 9: Ejercicio del derecho de sufragio activo 
1. El apartado 1 del artículo 9 se ocupa del plazo establecido para 
presentar ante la autoridad competente del Estado miembro de residencia 
la petición de inscripción en el censo electoral; se trata de interferir 
lo menos posible en el régimen electoral de los Estados miembros que, a 
este respecto, muestran grandes diferencias. 
En aquellos Estados en los que se realiza una revisión periódica del 
censo electoral, los electores comunitarios podrán solicitar su 
inscripción durante este período. Fuera del mismo, no será posible 
solicitar la inscripción, salvo en casos excepcionales y en las mismas 
condiciones previstas para los ciudadanos nacionales. 
En los Estados en los que el censo electoral se elabora normalmente 
antes de las elecciones, lo que suele hacerse de oficio, los electores 
comunitarios deberán disfrutar de un plazo adecuado para solicitar su 
alta en el censo antes de su cierre. Los Estados miembros deberán fijar 
dicho plazo al incorporar la Directiva a sus legislaciones nacionales 
teniendo en cuenta, por un lado, los intereses legítimos de los 
electores y, por otro, el interés del buen desarrollo administrativo de 
las elecciones. 
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2. El apartado 2 del artículo 9 trata de las pruebas que el elector 
comunitario debe presentar en apoyo de su solicitud de inscripción y, a 
este respecto, remite a las mismas condiciones aplicables a los 
electores nacionales. Sin embargo, para evitar el doble voto, es 
necesario que los electores comunitarios presenten otro tipo de pruebas. 
Como se trata de facilitar en lo posible el ejercicio del sufragio 
activo en el Estado miembro de residencia, las pruebas deben limitarse a 
las estrictamente necesarias. Además, el régimen de prueba debe partir 
del principio de confianza en las declaraciones hechas por los 
ciudadanos interesados. Por este motivo, este apartado exige sólo al 
interesado que presente una declaración formal que contenga un limitado 
número de pormenores que permitan al Estado miembro de origen 
identificarle sin problemas y adoptar las medidas pertinentes para 
evitar el doble voto. 
3. Conforme al apartado 3, el Estado miembro de residencia es libre de 
exigir o no un determinado número de pruebas suplementarias bien con 
objeto de llevar a la práctica lo previsto en el artículo 7, bien para 
facilitar la identificación, bien para verificar el período de 
residencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 5. 
4. En un espíritu de respeto a la libertad de opción de los electores 
comunitarios en cuanto al Estado miembro en el que desean votar, así 
como al régimen electoral de cada Estado miembro, el apartado 4 del 
artículo 9 elimina trámites burocráticos inútiles en beneficio de los 
interesados y, al mismo tiempo, facilita la tarea de los Estados 
miembros que actualizan periódicamente sus censos electorales. 
Artículo 10: Ejercicio del derecho de sufragio pasivo 
1. El apartado 1 del artículo 10 regula las pruebas que debe adjuntar 
el elegible comunitario al presentar la declaración de candidatura y, a 
este respecto, remite a las mismas condiciones que deben cumplir los 
elegibles nacionales. Sin embargo, para evitar la doble candidatura, el 
artículo 10 exige que los candidatos comunitarios presenten ciertas 
pruebas específicas que, empero, deben limitarse a las estrictamente 
necesarias. Este apartado se ordena igual que el apartado 2 del artículo 
9. 
2. Para llevar a la práctica el sistema de acumulación en materia de 
sufragio pasivo previsto en el artículo 6, el apartado 2 del artículo 10 
prevé que el elegible comunitario, para que se admita su candidatura, 
debe presentar un certificado emitido por las autoridades competentes de 
su Estado miembro de origen en el que conste que no está incurso en 
ninguna causa de inelegibilidad en el mismo. Si procede, sobre todo a 
falta de información centralizada, dicho Estado miembro puede limitarse 
a certificar que a las autoridades competentes del mismo no les consta 
dicha causa. Se sobreentiende que compete a cada Estado miembro 
determinar las autoridades competentes a efectos del apartado 2 y, en 
particular, determinar el papel que los consulados pueden desempeñar en 
este terreno. 
3. Conforme al apartado 3, el Estado miembro de residencia puede exigir 
al interesado que presente un número limitado de pruebas suplementarias 
que tengan por objeto, bien facilitar su identificación, bien verificar 
las condiciones de elegibilidad a que se refiere el último párrafo del 
artículo 3. 
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Artxculo 11: Vías de recurso 
1. El procedimiento de información a los ciudadanos interesados, 
previsto en el apartado 1, tiene por objeto que éstos puedan elevar, en 
su caso, el recurso a que se refiere el apartado 2. Dado que este 
apartado deja a los Estados miembros en libertad para elegir la forma 
que debe adoptar esta información, puede tratarse de una comunicación 
individual o bien aprovecharse la publicación del censo electoral. No 
obstante, el interesado debe estar en condiciones de tomar oportunamente 
nota del contenido de la misma. 
2. En aplicación del principio de igualdad de condiciones entre 
nacionales y no nacionales, el apartado 2 dispone que los elegibles 
comunitarios podrán presentar, si procede, los mismos recursos 
electorales que los nacionales del Estado miembro de residencia. 
Artículo 12: Información 
Dado que electores y elegibles comunitarios deben cumplir las mismas 
condiciones que los nacionales y determinados requisitos específicos, 
sobre todo en materia de prueba, el artículo 12 tiene por objeto que las 
autoridades competentes informen de ello oportunamente a tales personas 
para que, en su caso, éstas puedan ejercer su derecho de sufragio activo 
y pasivo en el Estado miembro de su residencia. La disposición deja a 
los Estados miembros entera libertad para determinar la forma más 
adecuada para facilitar tal información. 
Artículo 13: Intercambios de información 
Para evitar trámites burocráticos inútiles, el artículo 13 introduce un 
mecanismo de intercambio de información entre Estados miembros para 
impedir, en la medida de lo posible, el doble voto y la doble 
candidatura a que se refiere el artículo 4. A tal fin, el Estado miembro 
de residencia estará obligado a facilitar al de origen información 
relativa a los ciudadanos de este último que se hayan inscrito en su 
censo electoral o vayan a presentar sus candidaturas. 
En cuanto al contenido, la información debe basarse en los datos 
facilitados por los interesados en sus propias declaraciones formales. 
Para proteger los datos personales de los ciudadanos de la Unión y 
respetar el principio de proporcionalidad, la información facilitada no 
debe contener más que los datos precisos para llevar a la práctica el 
contenido del artículo 4 y sólo puede utilizarse para este fin. 
Para que el mecanismo de intercambio de información sea eficaz, los 
datos deberán enviarse en un plazo adecuado antes de las elecciones. No 
obstante, hay que ser conscientes de que los plazos impuestos en los 
Estados miembros en materia de inscripción en el censo electoral y 
presentación de candidaturas siguen siendo muy diferentes entre sí. 
Conforme a la información enviada por el Estado miembro de residencia, 
el Estado de origen adoptará, al amparo de su régimen electoral vigente, 
las medidas pertinentes para evitar, en la medida de lo posible, el 
doble voto y la doble candidatura de sus nacionales. Considerando la 
riqueza de regímenes electorales y tradiciones políticas de los Estados 
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miembros, el artículo 13 autoriza bien los controles preventivos antes 
de las elecciones (por ejemplo, la exclusión del censo electoral), bien 
los controles represivos a posteriori (por ejemplo, sanciones penales), 
bien una combinación de ambos. 
Artxculo 14: Excepciones 
1. Los problemas específicos que, a tenor del párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE, pueden justificar el 
establecimiento de excepciones en un Estado miembro se derivan, sobre 
todo, de una proporción particularmente elevada de nacionales de otros 
Estados miembros. Actualmente, esta proporción se sitúa, en promedio, 
entre un 0,3% y un 6% del total de ciudadanos de la Unión que residen en 
ella. Sólo hay un Estado miembro en el que la proporción de residentes 
comunitarios en edad de votar supera con mucho la media apreciada en 
otros Estados miembros, situándose en torno al 29% del conjunto del 
electorado. 
Ante la situación actual, en el apartado 1 se establece un umbral del 
20% por encima del cual se autoriza al Estado miembro de que se trate a 
establecer las excepciones previstas en las letras a) y b). El 
porcentaje se calcula a partir de los datos estadísticos relativos al 
conjunto de ciudadanos de la Unión con mayoría de edad electoral que, en 
la fecha indicada, residan en dicho Estado miembro. 
Dado que las modalidades previstas en el apartado 2 del artículo 8 B del 
Tratado deben fijarse "sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo 138 y en las normas adoptadas para su aplicación", el 
artículo 14 precisa que la presente Directiva no afecta a la facultad de 
los Estados miembros de adoptar las medidas pertinentes en materia de 
procedimiento electoral. A falta de otras disposiciones que se adopten 
en aplicación del apartado 3 del artículo 138 del Tratado, la presente 
Directiva, así como el Acta de 20 de septiembre de 1976 sobre elección 
de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal 
directo (vid. su artículo 7.2) se entienden sin perjuicio de las 
disposiciones que cada Estado miembro haya adoptado o prevea hacerlo en 
materia de procedimiento electoral, sobre todo, respecto de la 
constitución de listas de candidatos. 
Según las letras a) y b) del apartado 1, las posibilidades de excepción 
se limitan a la obligación de exigir a los electores y elegibles 
comunitarios que demuestren un período mínimo de residencia en el Estado 
miembro en que vaya a votarse. En cuanto al sufragio pasivo, se ha 
considerado que dicho período no debe superar el doble del período de 
legislatura del Parlamento Europeo; por lo que respecta al sufragio 
activo, el período mínimo de residencia puede ser igual al período de 
legislatura del Parlamento Europeo, como máximo. 
En todo caso, debe garantizarse que los electores y elegibles 
comunitarios que no puedan votar o presentarse candidatos en su Estado 
miembro de origen, por razón de su residencia en otro Estado miembro o 
de la duración de la misma, puedan ejercer su derecho de sufragio activo 
o pasivo en su Estado miembro de residencia sin estar obligados a 
presentar prueba de la misma. 
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2. Por otro lado, los problemas específicos de un Estado miembro 
determinado que, según el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 8 
B del Tratado CEE, justifican la adopción de disposiciones de excepción 
pueden obedecer al hecho de que, en algunos Estados miembros, los 
nacionales de otros ya disfrutan del derecho de sufragio activo no sólo 
en las elecciones al Parlamento Europeo, sino en las elecciones 
nacionales. 
En determinado Estado miembro, los ciudadanos de otro limítrofe no 
tienen la consideración de extranjeros y, desde 1948, disfrutan del 
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones generales y 
locales y, desde 1979, en las elecciones al Parlamento Europeo, y todo 
ello en las mismas condiciones formales y materiales que los propios 
nacionales. 
En este Estado limítrofe, desde 1935 toda persona nacida en ese otro 
Estado miembro no tiene la consideración de extranjero. A esto se añade 
que la Constitución se ha modificado de forma que el legislador puede 
conceder el derecho de voto en las elecciones generales a los residentes 
no nacionales. Conforme a ello, la Ley electoral de 1985 dispone que los 
ciudadanos de este Estado miembro y, según un criterio de reciprocidad, 
los nacionales de los demás Estados miembros tienen el derecho de 
sufragio activo en las elecciones nacionales. En cuanto a las elecciones 
al Parlamento Europeo, desde 1977 los ciudadanos procedentes de ese otro 
Estado, así como los nacionales de todos los demás Estados miembros, 
tienen derecho de voto. 
Por todo ello, los ciudadanos de estos dos Estados miembros residentes 
en el territorio del otro figuran en los censos electorales para las 
elecciones al Parlamento Europeo elaborados en dichos Estados. El censo 
para las elecciones europeas se elabora de oficio partiendo de los 
censos nacionales de ambos Estados. 
En tales circunstancias, está justificado que los nacionales de estos 
dos Estados miembros que residan en el territorio del otro Estado 
respectivo queden exentos de los trámites específicos previstos en los 
artículos 6 a 13 de la presente Directiva. 
3. La clásula de excepción del apartado 2 del artículo 8 B del Tratado 
de la Unión Europea sólo afecta a las modalidades de ejercicio de los 
derechos que se garantizan en las elecciones europeas, pero no a la 
garantía propiamente dicha. Por este motivo, toda excepción debe estar 
sujeta a revisión, razón por la que el apartado 2 de este artículo 
establece un régimen de informes periódicos. 
Para que la Comisión, garante del Tratado, pueda verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2, es 
imprescindible que los Estados miembros que establezcan las excepciones 
le faciliten toda la información justificativa precisa. En concreto, los 
Estados que se acojan a la excepción prevista en el apartado 1 deberán 
facilitar a la Comisión los datos estadísticos pertinentes. 
- 21 -
Artículo 15: Disposiciones transitorias 
Dado lo apretado del calendario preciso para llevar a la práctica el 
contenido de esta Directiva en las cuartas elecciones directas al 
Parlamento Europeo, es indispensable establecer una serie de medidas 
transitorias para solventar problemas concretos de determinados Estados 
miembros. 
1. Teniendo en cuenta que, en algunos Estados miembros, los ciudadanos 
de la Unión o de otros Estados miembros disfrutan ya del derecho de 
sufragio activo y, en consecuencia, pueden ya inscribirse en el censo 
electoral, incluso antes de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, deben respetarse sus derechos adquiridos y, así, disponer que 
tal inscripción no se vea afectada por el presente texto. Los ciudadanos 
afectados no tendrán que presentar ni la petición prevista en el 
artículo 8 ni las pruebas específicas a que se refiere el artículo 9. En 
virtud del apartado 4 del artículo 9, esta situación podrá mantenerse 
después de las cuartas elecciones al Parlamento Europeo si la 
legislación nacional vigente lo permite. 
2. Merced al apartado 2 del artículo 15, los Estados miembros en los 
que la inscripción en el censo electoral debe normalmente realizarse 
durante un período concreto del año deben adoptar las medidas 
pertinentes para permitir a los electores comunitarios ejercer 
efectivamente su derecho de sufragio activo en el Estado miembro de 
residencia en las elecciones europeas de junio de 1994. 
3. El apartado 3 de este artículo se refiere a los problemas técnicos 
de los Estados miembros que no elaboran un censo electoral concreto, 
sino que hacen mención de la condición de elector en el censo general de 
población. El procedimiento previsto en el apartado 3 no afecta al 
principio de libre elección del Estado miembro en el que desea votarse 
ni al principio expuesto en el apartado 1 del artículo 8. 
4. Como quiera que la legislación de determinados Estados miembros 
establece un procedimiento interno escalonado de designación de 
candidatos de los partidos y grupos políticos, que este procedimiento 
suele desarrollarse durante más de un año y que los partidos políticos 
lo habrán ya iniciado, o incluso concluido, antes del 1 de febrero de 
1994, debe disponerse que los Estados miembros puedan considerar válidos 
los procedimientos ya seguidos y las decisiones adoptadas en este 
ámbito. 
Artículo 16: Cláusula de revisión 
Vista la complejidad de los problemas técnicos planteados por la 
aplicación del apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE, sobre todo 
los mecanismos de intercambio de información previstos en los artículos 
7 y 13, tras las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe 
relativo a la experiencia adquirida en la aplicación de la presente 
Directiva y, si procede, propondrá las pertinentes modificaciones. En su 
caso, el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, decidirá por 
unanimidad sobre las eventuales modificaciones propuestas por la 
Comisión. 
- 22 -
Artículo 17: Incorporación a la legislación nacional 
Para que la presente Directiva se aplique ya con ocasión de las cuartas 
elecciones directas al Parlamento Europeo, en junio de 1994, el apartado 
1 del artículo 17 establece un plazo de incorporación de una brevedad 
ciertamente excepcional. 
- 23 -
PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO 
por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de 
sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo 
por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro 
del que no sean nacionales 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el 
Tratado de la Unión Europea, y en particular el apartado 2 de su 
artículo 8 B, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
Considerando que la Unión Europea constituye una nueva etapa en el 
proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos 
de Europa; que dicha Unión tiene la misión de organizar de manera 
coherente y solidaria las relaciones entre los pueblos de los Estados 
miembros y que, entre sus objetivos fundamentales, se cuenta el de 
reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de 
sus Estados miembros creando una ciudadanía de la Unión; 
Considerando que, a tal fin, las disposiciones del Título II del Tratado 
de la Unión Europea, por las que se modifica el Tratado CEE con objeto 
de establecer la Comunidad Europea, crean una ciudadanía de la Unión en 
beneficio de todos los nacionales de los Estados miembros, a los que se 
reconoce, como tales, un conjunto de derechos de libre ejercicio; 
Considerando que el derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia, 
garantizado por el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE, supone 
una aplicación del principio que prohibe la discriminación entre 
nacionales y no nacionales y es el corolario del derecho de libre 
circulación y residencia consagrado en el artículo 8 A; 
Considerando que el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE sólo 
trata de la posibilidad de ejercer el derecho de sufragio activo y 
pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo, sin perjuicio de la 
aplicación práctica del apartado 3 del artículo 138 del Tratado CE, que 
prevé el establecimiento de un procedimiento uniforme en todos los 
Estados miembros para tales elecciones; que la finalidad de dicho 
precepto es, en esencia, la de suprimir el requisito de nacionalidad que 
actualmente se exige en la mayoría de Estados miembros para ejercer 
tales derechos; 
- 24 -
Considerando que la aplicación del apartado 2 del artículo 8 B del 
Tratado CE no implica la armonización de los regímenes electorales de 
los Estados miembros y que, además, para observar el principio de 
proporcionalidad expuesto en el párrafo tercero del artículo 3 B del 
Tratado CE, el contenido de la normativa comunitaria en esta materia no 
debe superar lo estrictamente necesario para cumplir el objetivo 
previsto en el apartado 2 del artículo 8 B de dicho texto; 
Considerando que el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE tiene por 
objeto que todos los ciudadanos de la Unión, tengan o no la nacionalidad 
de su Estado miembro de residencia, puedan ejercer en él en igualdad de 
condiciones su derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al 
Parlamento Europeo; que, en consecuencia, es necesario que dichas 
condiciones y, en particular, las relativas a la duración y prueba del 
período de residencia aplicables a los no nacionales, sean iguales que 
las aplicables, en su caso, a los nacionales del Estado miembro de que 
se trate; 
Considerando que el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE garantiza 
el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo en el Estado miembro de residencia sin que ello sustituya al 
derecho correspondiente en el Estado miembro de origen del ciudadano 
europeo; que debe respetarse la libertad de opción de los ciudadanos de 
la Unión respecto al país en cuyas elecciones europeas desean 
participar, velando por que no se abuse de este derecho por mor de un 
doble voto o una doble candidatura; 
Considerando que, según el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE, 
toda excepción a las reglas generales de la presente Directiva debe 
estar justificada por problemas específicos de algún Estado miembro y 
que, por su propia naturaleza, toda cláusula de excepción debe estar 
sujeta a revisión; que este tipo de problemas específicos se plantean, 
por ejemplo, cuando la proporción de ciudadanos de la Unión que residen 
en un Estado miembro sin tener su nacionalidad y han alcanzado la 
mayoría de edad electoral supera sensiblemente la media; que un 
porcentaje del 20% de tales ciudadanos respecto del conjunto del 
electorado justificaría la adopción de disposiciones de excepción 
basadas en el criterio de duración del período de residencia; 
que la ciudadanía de la Unión tiene por objeto integrar mejor a los 
ciudadanos de ésta en su país de acogida y que, en este sentido, 
responde a las intenciones de los autores del Tratado evitar toda 
polarización entre listas de candidatos nacionales y no nacionales; que 
este riesgo de polarización afecta especialmente a un Estado miembro en 
el que el porcentaje de ciudadanos de la Unión no nacionales en edad de 
votar supera el 20% del conjunto de ciudadanos de la Unión con mayoría 
de edad electoral residentes en él y que, por consiguiente, es 
imprescindible que se autorice a este Estado miembro a establecer 
disposiciones especiales respecto a la composición de las listas de 
candidatos, respetando lo dispuesto en el artículo 8 B del Tratado CEE; 
que debe tenerse en cuenta el hecho de que, en determinados Estados 
miembros, los nacionales de otros Estados miembros que residen en 
aquéllos gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones 
generales y que, en consecuencia, pueden flexibilizarse los trámites 
previstos en la presente Directiva. 
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Capítulo I: Disposiciones generales 
Articulo 1 
1. La presente Directiva establece las modalidades según las cuales los 
ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean 
nacionales podrán ejercer en éste el derecho de sufragio activo y pasivo 
en las elecciones al Parlamento Europeo. 
2. Lo dispuesto en la presente Directiva no afectará a las 
disposiciones de cada Estado miembro en relación con el derecho de 
sufragio activo y pasivo de sus nacionales residentes fuera de su 
territorio electoral. 
Artículo 2 
En la presente Directiva, se entenderá por: 
(1) "elecciones al Parlamento Europeo" la elección por sufragio 
universal directo de los representantes en el Parlamento Europeo de los 
pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad Europea, de conformidad 
con el Acta relativa a la elección de los representantes en el 
Parlamento Europeo por sufragio universal directo^1); 
(2) "territorio electoral" el territorio de un Estado miembro en el que, 
conforme al Acta relativa a la elección de los representantes en el 
Parlamento Europeo por sufragio universal directo, y según el régimen 
electoral de tal Estado miembro, el pueblo de este último vaya a elegir 
a sus representantes en el Parlamento Europeo; 
(3) "Estado miembro de residencia" el Estado miembro en el que reside el 
ciudadano de la Unión sin haber adquirido su nacionalidad; 
(4) "Estado miembro de origen" el Estado miembro cuya nacionalidad posea 
el ciudadano de la Unión; 
(5) "elector comunitario" todo ciudadano de la Unión que, conforme a lo 
dispuesto en la presente Directiva, tenga derecho de sufragio activo en 
las elecciones al Parlamento Europeo en su Estado miembro de residencia; 
(6) "elegible comunitario" todo ciudadano de la Unión que, conforme a lo 
dispuesto en la presente Directiva, tenga derecho de sufragio pasivo en 
su Estado miembro de residencia; 
(7) "censo electoral" el registro oficial de todos los electores con 
derecho de sufragio activo en una circunscripción o término municipal, 
elaborado o actualizado por la autoridad competente conforme a la 
normativa electoral del Estado miembro de residencia; 
(8) "día de referencia" el día en el que los ciudadanos de la Unión 
deban cumplir los requisitos establecidos en la normativa electoral del 
Estado miembro de residencia para considerarse electores o elegibles; 
(9) "declaración formal" el acto emanado del interesado cuya inexactitud 
será sancionable. 
(1) DO nfi L 278, de 8.10.1976, pág. 5. 
- 26 -
Artículo 3 
Toda persona que, en el día de referencia, 
a) sea ciudadano de la Unión según lo previsto en el párrafo segundo 
del apartado 1 del artículo 8 del Tratado, y 
b) sin haber adquirido la nacionalidad del Estado miembro de 
residencia, cumpla las condiciones a las que la legislación de este 
último supedite el derecho de sufragio activo y pasivo de sus 
nacionales, 
tendrá derecho de sufragio activo y pasivo en el Estado miembro de 
residencia en las elecciones al Parlamento Europeo, siempre que no haya 
sido privada de esos derechos en virtud de los artículos 6 y 7. 
Si, para ser elegibles, los nacionales del Estado miembro de residencia 
deben poseer su nacionalidad desde un período mínimo, se considerará que 
cumplen dicha condición los ciudadanos de la Unión que posean la 
nacionalidad de un Estado miembro desde ese mismo período. 
Artículo 4 
1. El elector comunitario ejercerá su derecho de sufragio activo en el 
Estado miembro de residencia o en el Estado miembro de origen. Nadie 
podrá votar más de una vez en las mismas elecciones. 
2. Nadie podrá ser candidato en más de un Estado miembro en las mismas 
elecciones. 
Artículo 5 
Si, para ser electores o elegibles, los nacionales del Estado miembro de 
residencia deben acreditar un período mínimo de residencia en el 
territorio electoral, se presumirá que cumplen este requisito los 
electores y elegibles comunitarios que hayan residido durante un período 
equivalente en otros Estados miembros. Esta disposición se aplicará sin 
perjuicio de las condiciones específicas relativas al período de 
residencia en una circunscripción electoral o término municipal 
determinados. 
Artículo 6 
1. Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro sin tener 
su nacionalidad y que, por resolución individual en materia civil o 
penal, haya sido privado del derecho de sufragio pasivo en virtud, bien 
de la legislación del Estado miembro de residencia, bien de la del 
Estado miembro de origen, quedará privado del ejercicio de ese derecho 
en el Estado miembro de residencia en las elecciones al Parlamento 
Europeo. 
2. Se declararán inadmisibles las candidaturas de los ciudadanos de la 
Unión a las elecciones del Parlamento Europeo en el Estado miembro de 
residencia que no puedan presentar el certificado a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 10. 
- 27 -
Artxculo 7 
1. El Estado miembro de residencia podrá verificar que los ciudadanos 
de la Unión que hayan manifestado la voluntad de ejercer en ese Estado 
su derecho de sufragio activo no han sido privados de dicho derecho en 
el Estado miembro de origen por resolución individual en materia civil o 
penal. 
2. A efectos de la aplicación del apartado 1 del presente artículo, el 
Estado miembro de residencia podrá notificar al Estado miembro de origen 
la declaración a que se refiere el artículo 8. Con este mismo fin, la 
información pertinente y normalmente disponible procedente del Estado de 
origen se remitirá en la forma y en los plazos adecuados; dicha 
información sólo podrá incluir las indicaciones estrictamente necesarias 
para la aplicación del presente artículo y no podrá utilizarse para 
ninguna otra finalidad. Si la información transmitida contradice el 
contenido de la declaración, el Estado miembro de residencia tomará las 
medidas oportunas para impedir el ejercicio del sufragio activo por el 
interesado. 
3. El Estado miembro de origen podrá transmitir además, en la forma y 
en los plazos adecuados, al Estado miembro de residencia toda 
información necesaria para la aplicación del presente artículo. 
Artículo 8 
1. El elector comunitario ejercerá su derecho de sufragio activo en el 
Estado miembro de residencia si ha manifestado su voluntad de hacerlo. 
2. Si en el Estado miembro de residencia el voto es obligatorio, la 
obligación se extenderá a los electores comunitarios que hayan 
manifestado su voluntad de votar. 
Capítulo II: Del ejercicio del derecho de sufragio activo 
y pasivo 
Artículo 9 
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que, con 
suficiente antelación a las elecciones, puedan ser inscritos en el censo 
electoral los electores comunitarios que hayan manifestado su voluntad 
en tal sentido. 
2. Para inscribirse en el censo electoral, el elector comunitario 
deberá adjuntar las mismas pruebas que el elector nacional. Deberá 
presentar, además, una declaración formal en la que conste: 
a) su nacionalidad y su domicilio en el territorio electoral del 
Estado miembro de residencia, 
b) en su caso, el término municipal o la circunscripción del Estado 
miembro de origen en cuyo censo electoral estuvo inscrito en 
último lugar, y 
c) que sólo ejercerá su derecho de sufragio activo en el Estado 
miembro de residencia. 
- 28 -
3. El Estado miembro de residencia podrá, además, exigir que el elector 
comunitario 
a) manifieste en la declaración a que se refiere el apartado 2 no 
estar privado del derecho de sufragio activo en el Estado 
miembro de origen, 
b) presente un documento de identidad no caducado, 
c) indique a partir de qué fecha reside en el Estado de que se 
trate o en otro Estado miembro. 
4. Los electores comunitarios que hayan sido inscritos en el censo 
electoral permanecerán inscritos en el mismo, en las mismas condiciones 
que los electores nacionales, hasta que soliciten su exclusión o se 
proceda de oficio a su exclusión por haber dejado de cumplir los 
requisitos exigidos para el ejercicio del derecho de sufragio activo. 
Artículo 10 
1. El elegible comunitario deberá adjuntar a su declaración de 
candidatura las mismas pruebas que el candidato nacional. Además, el 
elegible comunitario deberá presentar una declaración formal en la que 
consten: 
a) su nacionalidad y su domicilio en el territorio electoral del 
Estado miembro de residencia, 
b) que no se presenta simultáneamente como candidato en las 
elecciones al Parlamento Europeo en otro Estado miembro y, 
c) en su caso, el término municipal o la circunscripción del Estado 
miembro de origen en cuyo censo electoral estuvo inscrito en 
último lugar. 
2. Al presentar su candidatura, el elegible comunitario deberá aportar 
asimismo una declaración en la que las autoridades administrativas 
competentes del Estado de origen certifiquen que no está privado del 
derecho de sufragio pasivo en dicho Estado. 
3. El Estado miembro de residencia podrá exigir, además, que el 
elegible comunitario presente un documento de identidad no caducado. 
También podrá exigir que este último indique a partir de qué fecha es 
nacional de un Estado miembro. 
Artículo 11 
1. El Estado miembro de residencia informará a los interesados acerca 
del resultado que haya obtenido su petición de inscripción en el censo 
electoral o acerca de la resolución sobre la admisibilidad de su 
candidatura. 
2. En caso de denegación de la inscripción en el censo electoral o de 
rechazo de su candidatura, el interesado podrá interponer los recursos 
que la legislación del Estado miembro de residencia reserve, en los 
mismos supuestos, a los electores y elegibles nacionales. 
Artículo 12 
El Estado miembro de residencia informará en tiempo y forma a los 
electores y elegibles comunitarios acerca de las condiciones y 
modalidades del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en 
dicho Estado. 
- 29 -
Artículo 13 
Los Estados miembros intercambiarán la información necesaria para la 
aplicación del artículo 4. Para ello, el Estado miembro de residencia 
transmitirá al Estado miembro de origen, basándose en la declaración 
formal a que se refieren los artículos 9 y 10, dentro de un plazo 
apropiado antes de la votación, las informaciones relativas a los 
nacionales de este último Estado inscritos en el censo electoral o que 
hayan presentado su candidatura. El Estado miembro de origen adoptará 
las medidas adecuadas para evitar el voto doble y la candidatura doble 
de sus nacionales. 
Capítulo III: Disposiciones transitorias 
y de excepción 
Artículo 14 
1. Si, al 1 de enero de 1993, la proporción de ciudadanos de la Unión 
en edad de votar residentes en un Estado miembro sin poseer la 
nacionalidad del mismo supera el 20% del conjunto de ciudadanos de la 
Unión con mayoría de edad electoral y residentes en él, dicho Estado 
miembro, apartándose de lo dispuesto en la presente Directiva, podrá: 
a) reservar el derecho de sufragio activo a los electores comunitarios 
que lleven residiendo en dicho Estado miembro un período mínimo que 
no podrá ser superior a cinco años; 
b) reservar el derecho de sufragio pasivo a los elegibles comunitarios 
que lleven residiendo en dicho Estado miembro un período mínimo que 
no podrá ser superior a diez años. 
Estas disposiciones se entienden sin perjuicio de las medidas que los 
Estados miembros consideren pertinente adoptar en materia de composición 
de listas de candidatos y que, en particular, tengan por objeto 
facilitar la integración de los ciudadanos de la Unión no nacionales. 
No obstante, los requisitos de residencia mínima antes previstos no 
podrán aplicarse a los electores y elegibles comunitarios que, en razón 
de su residencia fuera de su Estado miembro de origen o de la duración 
de la misma, carezcan de derecho de sufragio activo o pasivo en él. 
2. Si, al 1 de febrero de 1994, los nacionales de un Estado miembro 
residentes en otro tienen también en este último derecho de voto en las 
elecciones para el Parlamento nacional y pueden inscribirse, a tal 
efecto, en el censo electoral en idénticas condiciones que los electores 
nacionales, ese Estado miembro podrá, por vía de excepción, abstenerse 
de aplicar a sus nacionales los artículos 6 a 13 de la presente 
Directiva. 
3. A más tardar el 31 de diciembre de 1997 y, posteriormente, 18 meses 
antes de cada elección al Parlamento Europeo, la Comisión presentará al 
Consejo y al Parlamento Europeo un informe en el que se examinará si 
persisten los motivos que hayan justificado la concesión, a los Estados 
miembros de que se trate, de una excepción con arreglo al apartado 2 del 
artículo 8 B del Tratado y, en su caso, propondrá que se efectúen las 
adaptaciones pertinentes. 
Los Estados miembros que adopten las disposiciones de excepción 
previstas en el apartado 1 presentarán a la Comisión todos los datos 
justificativos precisos. 
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Artículo 15 
En las cuartas elecciones al Parlamento Europeo se aplicarán las 
disposiciones específicas siguientes: 
1. Los ciudadanos de la Unión que, al 15 de febrero de 1994, tengan ya 
el derecho de sufragio activo en el Estado miembro de residencia y que 
figuren en el censo electoral de dicho Estado no estarán sujetos a los 
trámites que establece el artículo 9. 
2. Los Estados miembros en los que el censo electoral se haya elaborado 
antes del 15 de febrero de 1994, adoptarán las medidas necesarias para 
que los electores comunitarios que deseen ejercer en ellos su derecho de 
sufragio activo puedan inscribirse en el censo electoral dentro de un 
plazo apropiado antes del día de la votación. 
3. Los Estados miembros que, sin elaborar censo electoral específico, 
hagan constar la condición de elector en el censo general de población 
y en los que el voto no sea obligatorio, podrán aplicar también este 
régimen a los electores comunitarios que figuren en dicho censo y que, 
tras haber sido informados individualmente de sus derechos, no 
manifiesten su voluntad de ejercer su derecho de sufragio activo en el 
Estado miembro de origen. Transmitirán a las autoridades del Estado 
miembro de origen el documento en que dichos electores manifiesten su 
intención de votar en el Estado miembro de residencia. 
4. Los Estados miembros en los que el procedimiento interno de 
designación de los candidatos de los partidos y grupos políticos se 
regule por ley, podrán disponer que sigan siendo válidos los 
procedimientos iniciados, con arreglo a la citada legislación, antes del 
1 de febrero de 1994, así como las decisiones adoptadas a este respecto. 
Capítulo VI: Disposiciones finales 
Artículo 16 
La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 
31 de diciembre de 1995 sobre la aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo 
de junio de 1994. Conforme a la información que reciba, el Consejo, por 
unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta con el 
Parlamento Europeo, podrá adoptar las disposiciones por las que se 
modifique la presente Directiva. 
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Artículo 17 
A más tardar el 1 de febrero de 1994, los Estados miembros 
instrumentarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas 
incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de 
dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 
Artículo 18 
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 
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COM(93) 534 final 
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