Resolución del Comité de las Regiones sobre la "Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea"

(2001/C 22/01)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión del Consejo Europeo sobre la elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia y del Consejo Europeo de Tampere;

vista la creación de la Convención encargada de la elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, constituida el 17 de diciembre de 1999;

visto el proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2000 propuesto por el Praesidium (Carta 4470/99 - Convent 47);

vista la Comunicación de la Comisión Europea sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2000 (COM(2000) 559 final);

visto su Dictamen de 16 de febrero de 2000 sobre el proceso de elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDR 327/99 fin)(1);

vista la decisión de la Mesa de 11 de abril de 2000, de conformidad con el artículo 265.5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de elaborar una resolución sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de encargar a la Comisión de Asuntos Institucionales la realización de los trabajos en este asunto;

visto el proyecto de resolución (CDR 140/2000 rev. 1) aprobado por la Comisión de Asuntos Institucionales en su reunión del 5 de julio de 2000 (ponentes: Sr. Bore (UK/PSE) y Sra. du Granrut (F/PPE);

considerando el estado en que se encuentran los trabajos de la Convención encargada de elaborar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

considerando que el Comité de las Regiones ya se ha pronunciado firmemente a favor de la elaboración de esta Carta, provista de un carácter jurídicamente vinculante, y de su inclusión en los Tratados;

considerando que, tras el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea adoptado el 16 de febrero de 2000 y la audición del Presidente del Comité de las Regiones, el Sr. Chabert, por la Convención encargada de redactar la citada Carta, el Comité de las Regiones fue invitado a seguir los trabajos de la Convención y a asistir a sus reuniones informales;

considerando que la elaboración del proyecto de Carta propuesto por la Presidencia y que está siendo debatido por la Convención ha suscitado distintos puntos de vista en lo relativo a su rango jurídico, su papel y su finalidad;

considerando que, a juicio de algunos miembros de la Convención, la Carta debería inscribirse estrictamente en el marco de la Unión Europea y de sus competencias y que, en consecuencia, habría de limitarse a precisar los Derechos Fundamentales que pueden invocar los ciudadanos europeos, así como su aplicación en el marco de las competencias que incumben a la Unión, por lo que no debería enunciar los derechos reconocidos por los Estados y cuya aplicación es competencia exclusiva de éstos y, por último, que la Carta se limitaría entonces a recoger una parte de los derechos contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH);

considerando que, en opinión de otros miembros de la Convención, que son mayoría, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea indudablemente debe inspirarse en los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), pero que su función es la de reformularlos y completarlos, abarcando, por una parte, los ámbitos que no planteaban problemas jurídicos en el momento de su redacción y recurriendo, por otra, a las demás fuentes de inspiración, como son, en particular, el texto del Tratado de la Unión Europea, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la Carta Social Europea;

considerando que, para los defensores de esta posición, no se trata de aumentar las competencias de la Unión Europea ni de interferir en la capacidad normativa y jurídica de los Estados miembros;

considerando que la inscripción de los derechos económicos y sociales en la Carta ha brindado la oportunidad de precisar esta opción y de hacerla valer;

considerando que el Comité de las Regiones no puede sino felicitarse de esta solución, que se corresponde con las recomendaciones recogidas en su Dictamen;

considerando que el ámbito de aplicación de la Carta cubrirá las instituciones y órganos de la Unión Europea, incluido, por consiguiente, el Comité de las Regiones,

ha aprobado, en su 35o Pleno celebrado los días 20 y 21 de septiembre de 2000 (sesión del 20 de septiembre) la presente Resolución.

El Comité de las Regiones

1. considera oportuno señalar en el preámbulo de la Carta que la Unión Europea y sus instituciones se fundamentan en los principios de libertad, democracia, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos y fundamentales, tanto individuales como colectivos, principios todos ellos comunes a los Estados miembros;

2. insiste en el carácter político de la Carta y en su aportación preponderante en tanto que cimiento de la ciudadanía europea. A tal fin, destaca el carácter positivo del preámbulo y la voluntad de los redactores de presentar el conjunto de derechos reconocidos a los ciudadanos de la Unión en rúbricas transversales diferenciadas. No obstante, lamenta que no se haya dedicado más y mejor espacio a los derechos de los ciudadanos. Reitera el deseo expresado en otras ocasiones de lograr que todos los ciudadanos que residan en Europa desde hace mucho tiempo dispongan de derecho a voto en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo;

3. propone complementar el principio de democracia en el preámbulo con los principios de autonomía local y regional, ya que éstos garantizan la aplicación concreta de los derechos democráticos; convendría, además, hacer referencia al principio de subsidiariedad y al artículo 6 del Tratado UE ya en el punto 3 de la siguiente forma: "La Unión contribuye al fomento de tales valores comunes mediante el respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos europeos, así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de su organización de los poderes públicos en el plano nacional, regional y local; vela, merced a la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios, por un desarrollo equilibrado y anexo."

4. reafirma su convicción de que la Carta, dentro de las rúbricas establecidas por el Praesidium, debería abarcar tres aspectos fundamentales: los derechos relativos a la persona, los derechos económicos, sociales y culturales y, por último, los derechos civiles y políticos. Estos derechos son la expresión de los valores que distinguen el modelo social europeo. Recogidos en un mismo documento, ponen de manifiesto los valores esenciales de la Unión Europea. Asimismo, la Carta debería prestar especial atención a la protección de estos derechos frente al abuso que se pueda producir del uso ilícito de las nuevas tecnologías de la información, la degradación del medio ambiente o el control de las concentraciones de los medios de comunicación en relación con la libertad de expresión;

5. subraya la necesidad de una formulación más clara y legible de la Carta, que, de este modo, conferirá un mayor valor añadido a los derechos fundamentales y libertades garantizadas a los ciudadanos europeos y los hará accesibles a quienes pueden invocarlos. A este respecto, recuerda su preocupación por que se otorgue una garantía jurídica al conjunto de los derechos recogidos en la Carta y se permita el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de interés general;

6. expresa su satisfacción por la inclusión de los derechos económicos y sociales en la Carta, hecho que permitirá responder a los desafíos tecnológicos de la sociedad europea y contar con agentes responsables que sean capaces de asumirlos, en la medida en que no sólo representen objetivos para la acción de la Unión. El Comité insiste, asimismo, en el derecho de los trabajadores a una formación profesional permanente indispensable para su capacidad de adaptación al empleo en el contexto del progreso científico y técnico de la sociedad europea, y en su aplicación en todos los países de la Unión de modo armonizado, con el fin de facilitar la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea. Por tal motivo, insiste en que estos principios completen el primer párrafo del artículo 14 del proyecto de Carta;

7. recomienda que la protección a las minorías y colectividades se recoja expresa y positivamente en la Carta como un derecho con entidad propia, consagrando así en la UE un principio fundamental para el trato de la diversidad, en especial étnica y lingüística;

8. propone que el primer apartado del artículo 49 titulado "Ámbito de aplicación" se redacte como sigue: Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros, únicamente cuando aplican el Derecho de la Unión en los niveles nacional, regional y local;

9. reconoce la necesidad de precisar, en las cláusulas horizontales, el nivel de protección y los límites de los derechos fundamentales incluidos en la Carta, al tiempo que debe definirse el ámbito de aplicación de la Carta evitando toda posible ambigüedad;

10. acoge positivamente la redacción propuesta por la Mesa de la Convención (propuesta sobre el artículo 50.2, documento Convent 47 de 14 de septiembre de 2000), conforme a la cual la Carta no justifica nuevas competencias comunitarias ni funciones de la Unión ni modifica las competencias y funciones recogidas en los Tratados;

11. llama la atención de la Convención sobre el carácter indivisible de los derechos recogidos en la Carta y sobre el hecho de que su fuerza se deriva de esa indivisibilidad;

12. estima que la Carta constituye una aportación considerable a lo que se ha convenido en llamar el acervo comunitario. Esta aportación establece la protección de los derechos fundamentales para el procedimiento y la actuación de las instituciones y órganos de la UE. En relación con la ampliación de la Unión Europea, la validez de estos valores se extenderá a un número mayor de ciudadanos de la UE;

13. lamenta que el Comité de las Regiones sólo disponga en la Convención de un estatuto de observador y que en sus debates se haya tratado poco la dimensión local y regional; asimismo, subraya que los representantes locales y regionales pueden desempeñar un papel significativo a la hora de sensibilizar a los ciudadanos acerca de la existencia, contenido y alcance de la Carta y a la hora de organizar las campañas adecuadas en los medios de comunicación;

14. propone que se establezca, en el momento mismo de la entrada en vigor de la Carta, un programa de comunicación que se apoye en el Comité de las Regiones y en el conjunto de los representantes locales y regionales. La adhesión de los ciudadanos a la ética y a los valores promovidos por la Carta fortalecerá su sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y conferirá a ésta un verdadero fundamento democrático. En este sentido, el intercambio abierto de opiniones, posible a través de Internet y de las audiciones con la sociedad civil, constituye un paso satisfactorio hacia la participación de la opinión pública en el proyecto europeo de reforma;

15. recuerda que en principio sigue reafirmando el deseo de que el Consejo Europeo decida su integración en los Tratados, de tal manera que la Carta adquiera valor jurídico, responda a las expectativas de los ciudadanos y llene de contenido la identidad europea, e insiste, por último, en el progreso sustancial que representa para los ciudadanos de la Unión Europea, al convertir a ésta en un instrumento esencial de la solidaridad comunitaria y de su capacidad de ampliación.

Bruselas, 20 de septiembre de 2000.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jos Chabert

(1) DO C 156 de 6.6.2000, p. 1.