El año 2020 es el primer período de presentación de informes en que la revisión de la Comisión se elabora sobre la base de la nueva plantilla de la lista de verificación. La Comisión elaboró la revisión de la plantilla de la lista de verificación en respuesta a una Decisión del Defensor del Pueblo Europeo, de 3 de diciembre de 2018, sobre el caso 212/2016/JN, relativa a la adecuación de la revisión anual de la Comisión Europea sobre las agencias de crédito a la exportación. En particular, el Defensor del Pueblo Europeo recomendó a la Comisión que dialogara con los Estados miembros y otras partes interesadas para mejorar la plantilla que utilizan los Estados miembros para elaborar los informes sobre las agencias de crédito a la exportación. Asimismo, recomendó a la Comisión que, por su parte, debía mejorar el contenido del análisis y la evaluación de las revisiones anuales de las agencias de crédito a la exportación que presenta al Parlamento Europeo.

La presente revisión incluye las actividades de crédito a la exportación con apoyo oficial, en el sentido del Reglamento (UE) n.º 1233/2011. Por tanto, no se refiere a las operaciones de crédito a la exportación a corto plazo, que entran en el ámbito de aplicación de la Comunicación de la Comisión sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo, ni a las actividades que determinadas ACE llevan a cabo fuera del ámbito del crédito a la exportación con apoyo oficial.

Los otros seis Estados miembros, que son Bulgaria, Chipre, Irlanda, Letonia, Lituania y Malta, confirmaron que no facilitaron créditos a la exportación con apoyo oficial de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1233/2011 durante el año objeto del informe y, por consiguiente, no presentaron ningún informe.

Grecia presentó un informe, a pesar de no haber concedido créditos a la exportación con apoyo oficial de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1233/2011 durante el año objeto del informe.

Los informes anuales de actividades aportan información financiera pertinente sobre el apoyo oficial que proporcionan las ACE, de acuerdo con las organizaciones y los marcos legislativos nacionales de cada Estado miembro. La Comisión no tiene observaciones sobre los aspectos financieros de los informes anuales de actividades de 2020. Esto no repercute en las prerrogativas que corresponden a las instituciones de los Estados miembros que ejercen la supervisión de programas nacionales de crédito a la exportación.

c)Tratamiento de los riesgos medioambientales:

La OCDE tiene una larga tradición de intercambio de información y de buenas prácticas sobre la forma de abordar los riesgos asociados al apoyo oficial. Los miembros de la OCDE, entre ellos la mayoría de los Estados miembros de la UE, alcanzaron una serie de acuerdos en forma de Recomendaciones de la OCDE en relación con las medidas para abordar los posibles impactos medioambientales y sociales de los proyectos y tratar otros riesgos pertinentes.

La Recomendación de la OCDE sobre enfoques comunes en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial y el deber de diligencia medioambiental y social establece principios comunes para realizar un proceso de diligencia debida en materia medioambiental a fin de detectar y abordar los posibles impactos medioambientales y los riesgos relacionados con las solicitudes de créditos a la exportación con apoyo oficial. La Recomendación está consolidada y se basa principalmente en las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional (Normas de Desempeño de la CFI), las Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo del Banco Mundial (Guías MASS) y las políticas de salvaguardia del Banco Mundial y los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial. Sus miembros la revisan de forma periódica y la última revisión se realizó en 2016.

La Recomendación comprende cuestiones medioambientales importantes como, entre otras, las emisiones a la atmósfera (por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero), las aguas residuales, el ruido, las vibraciones, la eficiencia de los recursos (por ejemplo, conservación de materias primas, energía y agua), la gestión de residuos, la gestión y la seguridad de materiales peligrosos, los terrenos contaminados, los impactos en los servicios de los ecosistemas, la protección y conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de los recursos naturales vivos y las consideraciones sobre el cambio climático. Asimismo, incluye requisitos sobre la preparación y la respuesta para emergencias, de modo que el propietario del proyecto pueda responder a situaciones accidentales y de emergencia de forma apropiada para evitar y mitigar los impactos medioambientales y sociales. Las veinte ACE de la UE que presentan informes han adoptado y aplicado la Recomendación como marco pertinente para apoyar la toma de decisiones sobre la prestación de apoyo oficial.

Como consecuencia, las políticas de diligencia debida y los procedimientos de evaluación de riesgos de las ACE de la UE, que figuran en los sitios web de algunas ACE, se basan en gran medida en la Recomendación de la OCDE sobre enfoques comunes, aunque la Recomendación desempeñe un papel no exclusivo y las políticas también se fundamenten en otras normas internacionales y en el acervo de la UE. Los procedimientos de evaluación previa que se realizan en la Unión suelen depender del tipo, el tamaño y la categoría de una solicitud determinada: cuanto más peligroso y/o mayor sea un proyecto, más profunda será la evaluación. Durante estas evaluaciones, se detectan, se clasifican y se evalúan los riesgos, lo cual puede repercutir en la elegibilidad para el apoyo.

Los veinte Estados miembros que proporcionan apoyo oficial notifican el cumplimiento de la Recomendación de la OCDE sobre enfoques comunes y su dimensión medioambiental, que forma parte de sus sistemas de diligencia debida y de gestión de riesgos, así como de su proceso de toma de decisiones.

Todos los Estados miembros que aplican la Recomendación de la OCDE sobre enfoques comunes confirmaron que examinaron todas las solicitudes de créditos a la exportación con apoyo oficial a fin de determinar si era necesario realizar una revisión medioambiental. En virtud de la Recomendación, las ACE deben clasificar estas solicitudes en tres categorías de riesgos en función del posible impacto medioambiental negativo: riesgo elevado (categoría A), riesgo moderado (categoría B) o riesgo bajo (categoría C). En efecto, muchos Estados miembros declaran que aplican la Recomendación más allá de su ámbito de aplicación. Esto incluye la clasificación de todas las operaciones, en particular aquellas cuya cuota de operación sea inferior a 10 millones de derechos especiales de giro (DEG), que, en principio, no se recogerían en la fase de examen.

Los Estados miembros notificaron que se llevó a cabo una evaluación del impacto medioambiental y social de acuerdo con el artículo 18 de la Recomendación de la OCDE sobre enfoques comunes para todas las operaciones que contaban con un compromiso final de una ACE y que se clasificaron como proyectos de categoría A que podrían tener una repercusión negativa significativa en el medio ambiente.

En el caso de las operaciones relacionadas con proyectos de categoría B que podrían tener una repercusión negativa no significativa en el medio ambiente, los Estados miembros declaran que los solicitantes de apoyo oficial siempre aportaron suficiente información sobre los impactos medioambientales pertinentes del proyecto de acuerdo con el artículo 19 de la Recomendación de la OCDE sobre enfoques comunes.