COMISIÓN DELASCOMUNIDADES EUROPEAS
Bruselas, 6.3.2002
COM (2002) 133 final
DICTAMEN DE LA COMISIÓN
relativo a la modificación delEstatuto delDefensordelPueblo y de las condiciones
generalesdelejercicio de susfunciones
2EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. La figura delDefensor del Pueblo Europeo, introducida en el Tratado de la Unión Europea
firmado en Maastricht, constituye uno de los elementos importantes de la ciudadanía europea
y del refuerzo del control democrático. Los principios esenciales de este órgano están
inscritos en el artículo 195 del Tratado, que dispone que el Estatuto y las condiciones
generales delejercicio de las funciones del Defensor delPueblo serán aprobadas por decisión
delParlamento, eneste caso una Decisiónde 9 de marzo de 19941.
2. Por carta de fecha 13 de diciembre de 1999, el Parlamento Europeo recibió una solicitud
del Defensor del Pueblo con vistas a la modificación de las disposiciones de su Estatuto
relativas alacceso a los documentos ya la declaraciónde testigos.
3. ElDefensor delPueblo propusotres modificaciones enelapartado 2delartículo 3:
– la supresión de la posibilidad de negarse a facilitar al Defensor del Pueblo la
documentaciónrelativa a uncaso « por razones de secreto debidamente justificadas »;
– la supresión de la indicación de que los funcionarios que prestan declaración ante el
Defensor del Pueblo « se expresan en nombre de la administración de la que dependen y
conforme a las instrucciones de ésta y tienen obligación de mantener el secreto
profesional» ;
– la inclusión de los miembros de las instituciones yórganos en la categoría de personas que
debenprestar declaraciónante elDefensor delPueblo, cuando éste lo solicite.
En una nota de 14 de mayo de 2001, el Defensor del Pueblo comunicó a la Sra. ALMEIDA-
GARETT, ponente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, que
retiraba esta última propuestade modificación.
4. ElParlamento, en sesión plenaria de 6 de septiembre de 2001, dio curso a las dos primeras
propuestas de modificaciónpresentadas porelDefensor delPueblo.
ElParlamento propone suprimir la excepción del secreto para el acceso a los documentos, así
como la indicación « en nombre de la administración de la que dependen y conforme a las
instrucciones de ésta »cuando prestendeclaraciónlos funcionarios.
La indicación « tendrán obligación de mantener el secreto profesional »s eh as u p r i m i d oys e
ha sustituido por « tendrán la obligacióndefacilitar información completay veraz ».
5. Apartándose de las propuestas del Defensor del Pueblo, el Parlamento propone que en
todos los casos enque los documentos estén clasificados como « secretos o confidenciales », el
Defensor delPueblo no podrádivulgar elcontenido de los mismos.
6. Por otra parte, en lo que se refiere al acceso a los documentos procedentes de los Estados
miembros, elParlamento Europeo ha ido más allá de lo solicitado por elDefensor delPueblo.
Así, se prevé una simple información al Estado miembro afectado para todos los documentos
clasificados, mientras que anteriormente era necesaria una autorización previa para los
documentos clasificados como secretos en virtud de una disposición legislativa o
reglamentaria, yuna simple advertencia alEstado miembro paratodos los demás documentos.
1Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, DOL113 de4.5.1994, p. 15.
37. La Comisión comparte las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo sobre la
necesidad de una profundización democrática y la correspondiente aproximación del
ciudadano a la vida comunitaria, tal como lo ha expresado en el Libro Blanco sobre la
gobernanza europea. En esta perspectiva, sería deseable una mayor apertura de los procesos
decisorios administrativos.
8. Por otro lado, la Carta de los Derechos Fundamentales ha consagrado el derecho de buena
administración, y la transparencia de los procesos decisorios constituye uno de los principios
que rigen las reformas encurso. La propuesta delParlamento de clarificar las competencias de
investigacióndelDefensor delPueblo Europeodebe inscribirseenestenuevo contexto.
Por carta de 16 de octubre de 2001, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión, de
conformidad con el apartado 4 del artículo 195 del Tratado CE, un dictamen sobre las
modificacionesencuestión.
Acceso a los documentos
9. En lo que se refiere a la supresión de la excepción del secreto para el acceso a los
documentos, cabe señalar que la Comisión no ha recurrido nunca a esta excepción. Por
consiguiente, a raíz de la propuesta del Parlamento, podría considerarse la posibilidad de
adecuar el derecho al hecho, aun cuando es evidente que la aplicación de la transparencia en
las relaciones con el Defensor del Pueblo ha sido posible en el marco de la actual legislación
europea.
Del mismo modo, la Comisión no tiene nada que objetar a que el Defensor del Pueblo pueda
consultar o copiar cualquier documento. Sin embargo, en la aplicación práctica de este
principio es necesario mostrar cierta prudencia, en particular con respecto a las exigencias
vinculadas al respeto de la vida privada, la protección del secreto profesional, así como a los
futuros cambios institucionales.
10. Es fundamental que el nuevo Estatuto permita subsanar adecuadamente algunas de las
actuales lagunas, como el tratamiento de la información o de los documentos secretos o
confidenciales procedentes de organizaciones internacionales o de terceros países, las
modalidades de transmisión del secreto profesional y los datos de carácter personal. Por lo
tanto, la Comisión aprueba la propuesta del Parlamento de inscribir en el Estatuto del
Defensor del Pueblo el principio según el cual éste no podrá divulgar el contenido de los
documentos clasificados como secretos o confidenciales. Desea asimismo poder mantener la
práctica actual de reservar determinadas informaciones al conocimiento exclusivo del
Defensor delPueblo.
En cualquier caso, los servicios del Defensor del Pueblo deberán aplicar normas de seguridad
estrictamente equivalentes a las que figuran en los Reglamentos internos del Consejo y la
Comisión2.
En particular, para tener acceso a los documentos, por ejemplo en el marco de la cooperación
judicial y policial en materia penal, el personal de la Comisión está sujeto a un procedimiento
de habilitación previa. Convendría, por tanto, prever una habilitación similar para el personal
de la oficina delDefensor delPueblo que deba consultar o copiar estetipo de documentos.
2Decisión delaComisión 2001/844/CE, CECA, Euratom, de29denoviembrede2001, DO L 317 de 3.12.2001,
p.1;Decisión 2001/264/CEdel Consejo, de19 demarzode2001, DO L101de11.4.2001, p. 1.
411. En lo concerniente a los documentos procedentes de los Estados miembros, es importante
mantener la coherencia con los principios incluidos en el nuevo Reglamento (CE)
nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al
acceso del público a los documentos3, así como en el acuerdo marco entre la Comisión y el
Parlamento. Parece necesario mantener cierta reserva con respecto a la modificación
propuesta por el Parlamento. El principio de recabar la autorización previa del Estado
miembro en cuestión está, en efecto, previsto en el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento
(CE) nº 1049/2001, así como en el apartado 2 del artículo 3 del anexo III del acuerdo marco.
Por último, la Declaración 35 anexa al Acta final del Tratado de Amsterdam va también en
esta misma dirección, al igual que las disposiciones en materia de seguridad mencionadas al
finaldelpunto 10.
Audiencia detestigos
12. En cuanto a las declaraciones, es preciso señalar que la actual redacción del artículo 3 del
Estatuto delDefensor delPueblo es conforme a lo dispuesto en elapartado 2 delartículo 3 (3)
de la DecisióndelParlamento Europeo, delConsejo yde la Comisión, de 19 de abril de 1995,
relativa a las modalidades de ejercicio delderecho de investigación delParlamento Europeo4.
ElParlamento, a propuesta del Defensor del Pueblo, pretende en adelante hacer más explícita
la obtención de declaraciones « completas y veraces » y parece ver en la obligación de declarar
«conforme a las instrucciones » una restricción a este principio. La Comisión puede aceptar
esta supresióna reserva de lo que se expone a continuación.
13. En efecto, parece importante mantener de una manera u otra el principio según el cual los
funcionarios no se expresan a título personal, sino en calidad de funcionarios, y proporcionan,
por tanto, elementos y explicaciones de un expediente del que son responsables dentro de la
administración. De cualquier forma, deberán respetar en su declaración las obligaciones que
les incumben en virtud del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y del
artículo 287 delTratado CE.
En conclusión, se propone a la Comisión la adopción delproyecto de dictamen anexo.
3DO L145 de31.5.2001, p. 43.
4Decisión 95/167/CE, Euratom, CECA, DOL113 de19.5.1995, p. 2.
5DICTAMEN DE LA COMISIÓN
relativo a la modificación delEstatuto delDefensordelPueblo y las condiciones
generalesdelejercicio de susfunciones
La Comisión,
Visto elapartado 4delartículo 195 delTratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de septiembre de 2001, sobre la
modificacióndelartículo 3 delEstatuto delDefensor delPueblo,
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La Comisión suscribe ampliamente los principios adoptados por el Parlamento Europeo a
reserva de las observaciones siguientes:
1. Por lo que respecta a la modificación propuesta por el Parlamento Europeo sobre la
supresión del secreto para el acceso a los documentos, conviene respetar las exigencias
vinculadas tanto al respeto de la vida privada, la protección del secreto profesional y de la
informaciónclasificada, como a los futuros cambios institucionales.
Por consiguiente, es fundamental que el nuevo artículo 3 prevea que el Defensor del Pueblo
no pueda divulgar el contenido de los documentos clasificados. Por otro lado, debería
indicarse claramente que algunos documentos podrán transmitirse al Defensor del Pueblo
siempre y cuando no se den a conocer a terceros, ni siquiera al denunciante, en la medida en
que ello pueda perjudicar el buen funcionamiento de la institución. Convendría asimismo que
las informaciones clasificadas de la Unión Europea que se transmitan al Defensor del Pueblo
sean tratadas por este último conforme a normas equivalentes a las que rigen en el Consejo y
la Comisión; en particular, debería preverse una habilitación para el personal de la oficina del
Defensor del Pueblo que consulte o haga copia de dichos documentos, a semejanza de las
disposicionesaplicablesa losfuncionariosdeestasinstituciones.
En cuanto a los documentos procedentes de los Estados miembros, debe mantenerse la
coherencia con los principios establecidos en el nuevo Reglamento (CE) nº 1049/2001 del
Parlamento y del Consejo sobre el acceso del público a los documentos, así como en el
acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento. El principio de recabar la autorización
previa delEstado miembro en cuestión debería mantenerse. La declaración 35 adjunta alActo
finaldelTratado deAmsterdamsigueesa mismaorientación.
2. Por lo que se refiere a las declaraciones de testigos, la Comisión puede aceptar la supresión
de laobligacióndedeclararconformea las instruccionesrecibidas. Noobstante, esimportante
respetar el principio de que los funcionarios no se expresan a título personal sino que, en
calidad de funcionarios, proporcionan elementos y explicaciones del expediente del que son
responsables. En cualquier caso, seguirán estando sujetos a las obligaciones establecidas en el
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y en el artículo 287 del Tratado
CE.