La propuesta de Reglamento no obliga a los Estados miembros a adoptar o mantener un mecanismo de control de las inversiones extranjeras directas. Su objetivo es crear un marco habilitador para los Estados miembros que ya disponen de un mecanismo de control o que deseen establecerlo, y garantizar que todo mecanismo de control de ese tipo reúna determinados requisitos básicos, como la posibilidad de interponer recurso judicial contra las decisiones, la no discriminación entre diferentes países terceros y la transparencia.

El marco propuesto al efecto tiene en cuenta la diversidad existente entre los Estados miembros en relación con el control de las inversiones extranjeras directas. En la actualidad, casi la mitad de los Estados miembros han implantado mecanismos de control, mientras que los demás Estados miembros carecen de ellos. Además, los mecanismos de control existentes se caracterizan por diferencias en su ámbito de aplicación y su procedimiento: ex ante / ex post; notificación voluntaria/obligatoria; alcance general/sectorial; empresas/activos; aplicables a las inversiones procedentes de otros Estados miembros y de terceros países o solamente de terceros países, etc.

El Reglamento propuesto no afectará al Reglamento (CE) n.º 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, puesto que este no establece un mecanismo de control de las inversiones. El Reglamento (CE) n.º 1008/2008 establece como una de las condiciones para la concesión de una licencia de explotación a una empresa autorizada a transportar por vía aérea pasajeros, correo o carga, a cambio de remuneración o pago de alquiler, que los Estados miembros o sus nacionales sean propietarios de más del 50 % de la compañía y ejerzan un control efectivo de esta (artículo 4).

La inversión extranjera directa puede dar lugar a que un inversor de un tercer país se establezca en la UE, por ejemplo, cuando con una inversión de ese tipo se adquiere una participación de control en una empresa con sede en la UE. El artículo 49 del TFUE prohíbe las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Aunque el artículo 63 del TFUE se aplica también a los movimientos de capitales procedentes de terceros países, el artículo 49 no se aplica al establecimiento de los nacionales de terceros países en la UE. Por consiguiente, la propuesta de Reglamento no afecta a las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento previstas en el Tratado.

Como aclara la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si bien los Estados miembros gozan de un margen de apreciación para determinar los requisitos de orden público y seguridad pública en función de sus necesidades nacionales, dichos intereses públicos no pueden ser determinados unilateralmente por los Estados miembros sin que las instituciones de la UE ejerzan su control y deben ser interpretados en sentido estricto: solo pueden invocarse en caso de que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. No se pueden desviar las restricciones de las libertades fundamentales de manera que solo sirvan, de hecho, para fines económicos. Por otro lado, los mecanismos de control de las inversiones deben cumplir los principios generales del Derecho de la Unión, en particular los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica. Estos principios exigen que el procedimiento y los criterios de control de las inversiones se definan de forma no discriminatoria y lo suficientemente precisa. Los inversores potenciales deben poder conocer estos mecanismos por anticipado y solicitar el control jurisdiccional.

La inversión extranjera directa constituye un movimiento de capitales en el sentido del artículo 63 del TFUE. El artículo 63 del TFUE prohíbe todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. Los mecanismos de control de las inversiones pueden constituir una restricción a la libre circulación de capitales, que, no obstante, puede estar justificada cuando sea necesario y proporcionado a fin de conseguir los objetivos definidos en el Tratado, y en particular los relativos a la seguridad pública y al orden público (artículo 65 del TFUE), o bien por razones imperiosas de interés general, definidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Reglamento propuesto complementará otras políticas e iniciativas de la Unión, es coherente con estas y no les afecta; entre dichas políticas se encuentran, en particular, las siguientes:

Por último, aunque ya existen requisitos a escala de la UE y de los Estados miembros en materia de publicidad de las participaciones importantes en capital, dichos requisitos se refieren fundamentalmente a las empresas admitidas a cotización y no contienen la obligación de proporcionar la información necesaria para llevar a cabo una evaluación completa de las inversiones extranjeras directas previstas o realizadas. Por tanto, el Reglamento propuesto establece los medios para que los Estados miembros y la Comisión soliciten información a los efectos de su aplicación, al tiempo que se limita la carga de los Estados miembros, los inversores y las empresas de la UE no obligándolos a facilitar esta información de antemano.

Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación material de la propuesta de Reglamento de la Comisión y, en particular, su objetivo de garantizar, entre otras cosas, la coordinación de la UE para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea por motivos de orden público o de seguridad, la Comisión ha llevado a cabo consultas con los Estados miembros que han estado solicitando activamente una intervención de la UE en este ámbito y también con otros Estados miembros, mantengan o no mecanismos nacionales de control de las inversiones.

Los Estados miembros afectados pueden formular observaciones y la Comisión puede enviar observaciones a un Estado miembro en el que esté prevista o se haya realizado una inversión extranjera directa, aunque dicho Estado miembro no mantenga un mecanismo de control o no someta dicha inversión a control. En tal caso, dicho Estado miembro puede tener en cuenta las observaciones y el dictamen mencionados a fin de elaborar sus políticas en general.

El artículo 6 establece los elementos esenciales del marco procedimental relativo al control de las inversiones extranjeras directas por parte de los Estados miembros. Dicho marco procedimental permitirá a los inversores, la Comisión y los demás Estados miembros comprender mejor cómo pueden ser objeto de control las inversiones y garantizar que dichas inversiones se controlan de forma transparente y que no discrimine entre terceros países. Entre estos elementos figuran, en particular, el establecimiento de plazos para el control, que han de tener en cuenta los plazos de control a escala de la UE. El procedimiento relativo a los mecanismos de control de los Estados miembros debe prever también las vías de recurso judicial a disposición de los inversores contra las decisiones de control.

A fin de garantizar la eficacia de sus mecanismos y decisiones de control, los Estados miembros deben tener la posibilidad de mantener, modificar o adoptar las medidas necesarias para evitar su elusión. Dichas medidas pueden incluir el control, de conformidad con el Derecho de la Unión, de las inversiones directas realizadas por una empresa constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro y que sea propiedad de un inversor extranjero o esté controlada por este, cuando la inversión se realice mediante mecanismos artificiales dentro de la UE que no reflejen la realidad económica y eludan los mecanismos de control. No obstante, esas medidas no deben menoscabar las libertades fundamentales establecidas en el TFUE.

A fin de orientar a los Estados miembros y a la Comisión en la aplicación del Reglamento, el artículo 4 recoge una lista no exhaustiva de factores que pueden tenerse en cuenta al someter a control, por motivos de seguridad o de orden público, la inversión extranjera directa. Con esta lista de factores también se pretende aportar claridad a los inversores que prevean realizar o hayan realizado inversiones extranjeras directas en la Unión. Al determinar si una inversión extranjera directa puede afectar a la seguridad o al orden público, los Estados miembros y la Comisión deben tener en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos los efectos sobre las infraestructuras y las tecnologías críticas, las tecnologías facilitadoras esenciales y los insumos esenciales para la seguridad o el mantenimiento del orden público. A este respecto, los Estados miembros y la Comisión también deben poder tener en cuenta si un inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país, en particular mediante una financiación significativa.

El artículo 2 establece una serie de definiciones aplicables a los efectos del presente Reglamento. En particular, aclara que las inversiones extranjeras directas cubren una amplia gama de inversiones que crean o mantienen vínculos duraderos y directos entre los inversores de terceros países y empresas que realizan una actividad económica en los Estados miembros. No abarca las inversiones de cartera.

Los Estados miembros interesados deben tener en cuenta en la mayor medida posible el dictamen de la Comisión, así como dar una explicación a la Comisión en caso de que no lo sigan. Los Estados miembros a los que se les remita un dictamen y que estén realizando el control de la inversión extranjera directa en virtud de sus mecanismos al efecto deberán incorporar el dictamen de la Comisión en su proceso de control. Los Estados miembros a los que se remita un dictamen y que no estén realizando el control deberán estudiar la manera de tenerlo en cuenta, bien mediante su mecanismo de control o, de carecer de dicho mecanismo, en la elaboración de sus políticas en general.

(11)A fin de orientar a los Estados miembros y a la Comisión en la aplicación del Reglamento, es conveniente ofrecer una lista no exhaustiva de factores que pueden tenerse en cuenta para someter a control, por motivos de seguridad o de orden público, la inversión extranjera directa. Esta lista también ha de permitir mejorar la transparencia del proceso de control para los inversores que prevean realizar o hayan realizado inversiones extranjeras directas en la Unión. Esta lista de factores que pueden afectar a la seguridad o al orden público debe seguir siendo no exhaustiva.

1.Los mecanismos de control de los Estados miembros deberán ser transparentes y no discriminar entre terceros países. En particular, los Estados miembros definirán las circunstancias que deben concurrir para poner en marcha el control, los motivos de este y las normas de procedimiento aplicables detalladas.

–el acceso a información sensible o la capacidad de control de la información sensible.

4.Los inversores extranjeros y las empresas interesadas tendrán la posibilidad de interponer recursos por vía judicial contra las decisiones de control de las autoridades nacionales.

Artículo 7

Notificación por los Estados miembros de los mecanismos de control e informe anual

1.Los Estados miembros notificarán sus mecanismos de control a la Comisión a más tardar el [...] [30 days of the entry into force of this Regulation]. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda modificación de un mecanismo de control existente o todo nuevo mecanismo de control en un plazo máximo de 30 días a partir de su entrada en vigor.

2.Los Estados miembros que mantengan mecanismos de control deberán presentar a la Comisión un informe anual sobre su aplicación. Para cada período de notificación, el informe deberá incluir, en particular, información sobre:

a)las inversiones extranjeras directas controladas y los controles en curso;

b)las decisiones de control que prohíben las inversiones extranjeras directas;

c)las decisiones de control que someten a las inversiones extranjeras directas a condiciones o medidas de reducción de riesgos;

d)los sectores, el origen y el valor de la inversión extranjera directa ya controlada u objeto de control.

3.Los Estados miembros que no mantengan mecanismos de control remitirán a la Comisión un informe anual que incluya las inversiones extranjeras directas realizadas en su territorio, con arreglo a la información de que dispongan.

Artículo 8

Mecanismo de cooperación

1.Los Estados miembros informarán a la Comisión y a los demás Estados miembros de toda inversión extranjera directa que sea objeto de control en el marco de sus mecanismos al efecto, en el plazo de cinco días laborables a contar desde el inicio de dicho control. Como parte de la información, y cuando corresponda, los Estados miembros que ejerzan el control velarán por indicar si consideran que es probable que la inversión extranjera directa objeto de control entre dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 139/2004.

2.Si un Estado miembro considera que una inversión extranjera directa prevista o realizada en otro Estado miembro puede afectar a su seguridad u orden público, podrá formular observaciones al Estado miembro en el que esté prevista o se haya realizado la inversión extranjera directa. Dichas observaciones se enviarán en paralelo a la Comisión.

3.Cuando la Comisión considere que una inversión extranjera directa puede afectar a la seguridad o al orden público en uno o varios Estados miembros, podrá emitir un dictamen a la atención del Estado miembro en que esté prevista o se haya realizado dicha inversión extranjera directa. La Comisión podrá emitir un dictamen con independencia de que otros Estados miembros hayan presentado observaciones.

4.Si la Comisión o un Estado miembro consideran debidamente que una inversión extranjera directa puede afectar a su seguridad o al orden público podrán solicitar al Estado miembro en el que se prevea o se haya realizado la inversión extranjera directa toda la información necesaria para presentar las observaciones mencionadas en el apartado 2 o para emitir el dictamen a que se refiere el apartado 3.

5.Las observaciones contempladas en el apartado 2 o los dictámenes con arreglo al apartado 3 deberán remitirse en un plazo razonable, y en cualquier caso a más tardar 25 días laborables después de la recepción de la información mencionada en los apartados 1 o 4, al Estado miembro en que esté prevista o se haya realizado la inversión extranjera directa. En los casos en que el dictamen de la Comisión se emita tras las observaciones de los demás Estados miembros, la Comisión dispondrá de un plazo de 25 días laborables adicionales para emitirlo.

6.Los Estados miembros en los que esté prevista o se haya realizado la inversión extranjera directa tendrán debidamente en cuenta las observaciones de los demás Estados miembros a que se refiere el apartado 2, así como el dictamen de la Comisión a que se refiere el apartado 3.

7.La cooperación entre los Estados miembros con arreglo al presente artículo se llevará a cabo a través de los puntos de contacto mencionados en el artículo 12.

Artículo 9