RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 29 de abril de 2015

sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2013

EL PARLAMENTO EUROPEO,

— Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 (1),

— Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2013 [COM(2014) 510 — C8-0140/2014] (2),

— Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de las instituciones (3),

— Vista la declaración (4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2013, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Vistas su Decisión, de 29 de abril de 2015, por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, sección III — Comisión (5) y su Resolución que contiene observaciones que forman parte integrante de dicha Decisión,

— Vistos los informes especiales del Tribunal de Cuentas elaborados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 287, apartado 4, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Vista la Recomendación del Consejo de 17 de febrero de 2015 sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 (05303/2015 — C8-0053/2015),

— Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

— Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (6),

— Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (7), y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

— Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

— Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0067/2015),

A. Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo hará en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo a los principios de buena gestión financiera;

B. Considerando que los informes especiales del Tribunal de Cuentas aportan información sobre motivos de preocupación en la utilización de los fondos, que, por tanto, resultan útiles al Parlamento cuando actúa como autoridad de aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto;

C. Considerando que sus observaciones sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas forman parte integrante de la mencionada Decisión del Parlamento, de 29 de abril de 2015, por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, sección III — Comisión;

Parte I Informe Especial no 11/2013 del Tribunal de Cuentas, titulado «Corrigiendo los datos sobre la renta nacional bruta (RNB): un enfoque más estructurado y preciso mejoraría la eficacia de la verificación de la Comisión»

1. Pide a la Comisión que realice un análisis estructurado y formalizado en el que se tengan en cuenta los costes y los beneficios, de tal manera que le permita planificar y priorizar sus labores de verificación en ámbitos específicos o los (sub)procesos de compilación; considera que dicho análisis debe contemplar los riesgos relacionados con el hecho de que los Estados miembros elaboren sus cuentas nacionales y el tamaño relativo de los componentes de la RNB en la economía total; estima que la evaluación de riesgos debería basarse en toda la información cualitativa y cuantitativa disponible en todos los servicios de Eurostat y concentrarse en los procedimientos de elaboración descritos en los inventarios RNB y los recientes informes de calidad de la RNB de los Estados miembros;

2. Pide a la Comisión que abrevie su ciclo de verificación para limitar el recurso a las reservas generales; considera que dichas reservas tendrían que limitarse a casos excepcionales que entrañen un riesgo sustancial para la protección de los intereses financieros de la Unión, por ejemplo cuando un Estado miembro lleva a cabo una revisión importante durante el ciclo de verificación o a intervalos irregulares;

3. Insta a Eurostat a que informe clara y puntualmente al Comité RNB de los casos en los que se considera que debe aplicarse el principio de relación coste-beneficio;

4. Espera que el proceso de verificación de la Comisión comprenda una evaluación de riesgos cualitativa estructurada y formalizada de los procedimientos de elaboración descritos en los inventarios RNB y una verificación exhaustiva de los componentes importantes y de riesgo de la RNB; considera que la selección de los componentes de la RNB para su verificación exhaustiva debería efectuarse de acuerdo con el análisis de coste-beneficio descrito en la recomendación 1; opina que el alcance y los objetivos de la verificación exhaustiva deberían ser más amplios que los de la verificación directa realizada por Eurostat en el último ciclo de verificación;

5. Pide a la Comisión que preste una atención particular en sus verificaciones a la exhaustividad de la RNB de los Estados miembros y al uso de procedimientos de estimación comparables para abarcar la economía sumergida en las cuentas nacionales; insta a Eurostat a comprobar si todos los Estados miembros siguen las directrices de la Comisión y a adoptar medidas adecuadas que garanticen un tratamiento comparable de esta cuestión entre los Estados miembros;

6. Pide a la Comisión que documente su trabajo de forma que incluya información completa sobre la verificación de Eurostat llevada a cabo mediante comprobaciones documentales y/o visitas en los institutos nacionales de estadística (INE); considera que los expedientes de control de Eurostat deberían permitir a la dirección identificar claramente los resultados de las comprobaciones de los componentes de la RNB seleccionados, de conformidad con las normas de control interno (NCI);

7. Insta a Eurostat a que valore, cuando sea posible, la incidencia probable (de las observaciones cuantificables), y/o los importes sujetos a riesgo (de las observaciones no cuantificables) de las medidas correctoras y a que fije criterios de materialidad claros, tanto cualitativos como cuantitativos; opina que estos criterios deben ser cualitativos o cuantitativos; considera que, como norma general, deberían formularse reservas sobre componentes específicos de la RNB relacionados con medidas correctoras no aplicadas por los INE dentro de los plazos fijados y cuya incidencia pueda ser importante;

8. Pide a Eurostat que mejore la coordinación entre su servicio encargado de verificar la RNB a efectos de los recursos propios y el resto de sus servicios, en particular los que se ocupan de las cuentas nacionales; considera que, en los casos en los que las posibles medidas adoptadas por otros servicios de Eurostat puedan afectar a la elaboración del producto nacional bruto (PNB) o la RNB, debería consultarse al Comité RNB y la decisión definitiva sobre estas medidas debería tomarse al nivel jerárquico adecuado en Eurostat;

9. o 1287/2003 del Consejo o 1150/2000 del Consejo Insta a Eurostat a que mejore sus informes de evaluación para ofrecer una valoración completa, transparente y coherente de los datos RNB de los Estados miembros; considera que los dictámenes anuales del Comité RNB deberían incluir una valoración clara de la adecuación (o no) de los datos RNB de los Estados miembros a efectos de los recursos propios, así como valorar si su contenido se atiene a los requisitos del Reglamento (CE, Euratom) n1287/2003 del Consejo ( 8 ) (Reglamento RNB) y si se utiliza adecuadamente en el procedimiento presupuestario como prevé el Reglamento (CE, Euratom) n1150/2000 del Consejo ( 9 ) (Reglamento sobre los recursos propios);

10. Opina que los Informes anuales de actividades (IAA) de la DG Presupuestos y Eurostat deben presentar una imagen fiel de la verificación de los datos RNB de los Estados miembros y de la gestión del recurso propio basado en la RNB; insta, por tanto, a la Comisión a que establezca requisitos para que Eurostat informe periódicamente sobre los resultados de su verificación de los datos RNB, permitiendo a la DG Presupuestos obtener la fiabilidad necesaria que debe utilizar en el contexto de sus IAA;

Parte II Informe Especial no 13/2013 del Tribunal de Cuentas, titulado «Ayuda de la UE al desarrollo de Asia Central»

11. Acoge con satisfacción el informe especial que evalúa la ayuda de la UE al desarrollo de Asia Central; toma nota de las constataciones, conclusiones y recomendaciones realizadas y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

Consideraciones generales

12. Celebra las observaciones del informe acerca de que la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) han realizado esfuerzos significativos en un contexto geográfico y político que constituye todo un reto;

13. Señala, no obstante, que todavía se pueden mejorar la orientación y la adecuación de las estrategias de desarrollo de la Unión empleando modelos de ayuda apropiados para aumentar la visibilidad y el impacto de los objetivos políticos de la Unión a escala regional;

14. Destaca que el nivel y la naturaleza del compromiso de la Unión deben estar sujetos a una diferenciación y una condicionalidad, y depender de progresos medibles en materia de democratización, derechos humanos, buena gobernanza, un desarrollo socioeconómico sostenible, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, y que se debe ofrecer asistencia donde sea necesario para contribuir a promover este progreso, sobre la base de orientaciones similares a los principios de la política de vecindad de la Unión;

15. Considera que el fomento sostenido de programas dirigidos a los países de Asia Central por parte de la Unión es un importante instrumento transfronterizo en la promoción de la mutua comprensión y la cooperación entre los países de la región;

16. Apunta que la cooperación para el desarrollo con los países de Asia Central solo puede dar resultados si estos países cumplen las normas internacionales en materia de democracia, gobernanza, Estado de Derecho y derechos humanos; recalca, asimismo, que la cooperación para el desarrollo de la Unión no debe estar subordinada a intereses económicos, energéticos o de seguridad;

Futuros cambios con respecto a la planificación y aplicación de la próxima ayuda al desarrollo

17. Considera que la Comisión debe estructurar los próximos programas regionales de modo que puedan alcanzar una auténtica dimensión regional;

18. Pide a la Comisión que concentre toda la ayuda proporcionada en un número limitado de sectores;

19. Indica que es necesario mejorar la próxima ayuda al desarrollo, por un lado, por medio de la intensificación de la coordinación interna de la Unión y, por otro, mediante un mayor compromiso con otros donantes internacionales y las partes interesadas regionales;

20. Apoya firmemente la apertura de delegaciones de la Unión plenamente desarrolladas en todos los países de Asia Central como medio para incrementar la presencia y visibilidad de la Unión en la región, así como la cooperación y el compromiso a largo plazo con todos los sectores de la sociedad, e impulsar los avances hacia una mejor comprensión y el surgimiento del Estado de Derecho y la observancia de los derechos humanos; estima que la presencia de estas delegaciones contribuirá en gran medida al alcance de los objetivos de la ayuda al desarrollo;

21. Pide a la Comisión que establezca un sistema de cálculo y notificación del coste administrativo global que conlleva la entrega de su ayuda al desarrollo;

22. Solicita a la Comisión que defina y aplique condiciones sólidas y verificables objetivamente para cualquier programa de apoyo presupuestario continuo, prestando la suficiente atención, en particular, al objetivo de apoyar los mecanismos contra la corrupción;

23. Recuerda que la corrupción constituye un problema grave en los países de Asia Central; señala que, en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, todos los países de Asia Central obtuvieron una puntuación de menos de 28 sobre 100 en 2011, con Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán dentro del 10 % más bajo de entre los 182 países valorados;

24. Considera que una corrupción tan generalizada puede perjudicar la reputación de la Comisión y reducir la eficacia de los programas de apoyo;

25. Opina que las decisiones de pago deben basarse en el progreso logrado por los países socios y no en sus compromisos de reforma; subraya la importancia de garantizar un diálogo político adecuado con arreglo a un enfoque basado en incentivos y un seguimiento continuo de las reformas sectoriales y los programas que miden el rendimiento y la sostenibilidad de los resultados;

26. Pide una mayor transparencia en la asignación de los fondos de la Unión y de los Estados miembros para apoyar a los socios no gubernamentales realmente independientes y ayudarlos así a desempeñar una función eficaz en el desarrollo y la consolidación de la sociedad civil;

27. Solicita a la Comisión que mejore la concepción y la entrega de programas a la luz de la experiencia adquirida y las circunstancias cambiantes;

28. Pide a la Comisión que informe de los resultados y del impacto de manera que estos datos puedan compararse con los planes y objetivos.

Parte III Informe Especial no 15/2013 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Ha sido eficaz el componente medio ambiente del programa LIFE?»

29. Destaca la necesidad de que el programa LIFE actúe como un catalizador de los cambios en el desarrollo y la aplicación de la política; hace hincapié en la necesidad de que la Comisión establezca objetivos claros, específicos, cuantificables y alcanzables para los proyectos que recibirán financiación;

30. Resalta la necesidad de que los proyectos financiados con cargo al programa LIFE contribuyan a lograr los objetivos específicos en más de uno de los ámbitos prioritarios del programa; subraya la necesidad de que los proyectos financiados eviten el aislamiento y, por el contrario, que tengan un carácter transnacional y contribuyan, de una manera cuantificable, a la difusión, la sostenibilidad y la reproducción de sus resultados en otros Estados miembros;

31. Toma nota de que, en ocasiones, las asignaciones nacionales pueden alterar la selección de los mejores proyectos; anima a los Estados miembros a mantener el equilibrio geográfico proponiendo más proyectos integrados, pero reitera que los fondos deben distribuirse ante todo sobre la base de los méritos de los proyectos y de ningún modo en detrimento de la calidad de los mismos;

32. Señala que debe prestarse especial atención al potencial de los proyectos para ser difundidos, sostenidos y reproducidos; pide a la Comisión que determine indicadores claros para valorar el potencial de difusión, sostenibilidad y reproducción de los proyectos evaluados a fin de lograr los objetivos del programa; anima a la Comisión a efectuar un seguimiento de estos objetivos;

33. Pide a la Comisión que mejore sus instrumentos de gestión de programas con miras a evitar los procesos de selección no transparentes; considera que ello incluye mejorar los formularios de selección de proyectos, introducir plantillas detalladas para la evaluación de los costes reclamados, una supervisión adecuada de los proyectos, crear indicadores comunes adecuados para el rendimiento y los resultados, y una supervisión exhaustiva del seguimiento de los proyectos;

Parte IV Informe Especial no 16/2013 del Tribunal de Cuentas, titulado «Evaluación de la» auditoría única «y del grado en que la Comisión se apoya en el trabajo de las autoridades nacionales de auditoría en el ámbito de la cohesión»

34. Hace hincapié en las posibles mejoras de la eficiencia que proporcionaría una única cadena de auditoría basada en principios y normas comunes; insta a los Estados miembros, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas a que siga trabajando en este ámbito; considera que dicho sistema de auditoría única debe tener en cuenta los ciclos de programas plurianuales;

35. Recuerda a la Comisión las observaciones del Parlamento ( 10 ) en relación con los resultados del Tribunal de Cuentas en su Informe Anual de 2012: «Destaca que los resultados de la fiscalización del Tribunal de Cuentas apuntan a insuficiencias de los» controles de primer nivel «de los gastos [en los Estados miembros]; indica que, en el 56 % de las operaciones afectadas por errores en el ámbito de la política regional (cuantificables o no cuantificables), en la opinión del Tribunal de Cuentas existía suficiente información para que las autoridades de los Estados miembros detectasen y corrigiesen uno o varios errores antes de certificar el gasto a la Comisión»; señala que, por ello, el Parlamento respaldó la reserva emitida por el director general de la DG Política Regional y Urbana relativa a los sistemas de gestión y control del FEDER/Fondo de Cohesión/IPA para el período de programación 2007-2013 en diecisiete Estados miembros (72 programas) y pidió que se tomaran medidas rápidamente;

36. Sigue, por tanto, convencido de que los Estados miembros deben ser más cuidadosos en cuanto a la gestión de los fondos estructurales;

37. Destaca, a este respecto, la importancia de introducir declaraciones nacionales, firmadas al nivel que corresponda (preferiblemente político), y de aprovechar las declaraciones de gestión anuales (artículo 59, apartado 5, del Reglamento Financiero);

38. Celebra el hecho de que, desde 2009, la Comisión haya realizado amplias auditorías sobre el terreno para examinar el trabajo de las autoridades de auditoría; señala que ha realizado 269 misiones de auditoría y que ha revisado el trabajo de 47 y 84 autoridades de auditoría para el FEDER y el FSE, respectivamente; apunta que las misiones abarcaron en torno al 96 % y el 99 % del total de asignaciones, respectivamente; considera que, durante el período financiero, la Comisión debe realizar al menos una auditoría de todos los programas operativos (PO);

39. Acoge con satisfacción el uso por parte de la Comisión de la interrupción y la suspensión de los pagos cuando los errores superan el umbral de materialidad del 2 %; considera que se trata de instrumentos útiles para proteger los intereses financieros de la Unión y está convencido de que la Comisión debe centrar sus propios trabajos de auditoría en «indicadores de realización inapropiados»;

40. Considera que los Estados miembros deben facilitar a la Comisión información suficientemente detallada sobre sus auditorías;

41. Respalda la recomendación del Tribunal de Cuentas de que la Comisión debería adoptar medidas adecuadas para que las autoridades de auditoría puedan recurrir a un marco metodológico estable y vinculante que garantice que el gasto de la Unión en todos los Estados miembros se comprueba con arreglo a las mismas normas y que los resultados se comunican con exactitud;

42. Observa con satisfacción que la Comisión presentó el 13 de diciembre de 2013 una Comunicación titulada «Aplicación de correcciones financieras netas a las cifras de los Estados miembros en el ámbito de la política agrícola y la política de cohesión» [COM(2013) 934]; subraya, no obstante, que dependerá de muchos factores que el nuevo instrumento dé lugar a más correcciones netas y, con ello, a un menor porcentaje de error en la política de cohesión;

43. Pide al Tribunal de Cuentas y a la Comisión que creen un instrumento de auditoría que, por un lado, registre anualmente los errores y las irregularidades y, por otro, también tenga en cuenta la corrección financiera durante el período de programación;

44. Celebra que la Comisión haya actualizado, en septiembre de 2013, la hoja de ruta para la aplicación y para la supervisión de la correcta aplicación del principio de auditoría única, cuyo cumplimiento debe permitir a las autoridades nacionales obtener el estatuto de auditoría única; solicita una copia de este documento;

45. Le preocupa que el control del gasto pueda representar una carga administrativa; considera que la obligación de rendir cuentas no debe desalentar a los posibles beneficiarios de solicitar ayuda financiera;

Parte V Informe Especial no 17/2013 del Tribunal de Cuentas, titulado «La financiación europea de la lucha contra el cambio climático en el contexto de la ayuda exterior»

46. Acoge con satisfacción el informe especial en el que se examina la financiación europea de la lucha contra el cambio climático en el contexto de la ayuda exterior como una importante contribución al debate político y financiero general sobre la política y la diplomacia de la Unión Europea en el ámbito climático; toma nota de las constataciones, conclusiones y recomendaciones realizadas y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

Consideraciones generales

47. Acoge con beneplácito los resultados del informe, puesto que revelan que la Comisión ha realizado una buena gestión del gasto climático de la Unión con cargo al presupuesto de la Unión y a los Fondos Europeos de Desarrollo (FED);

48. Acoge asimismo con satisfacción el trabajo iniciado por la Comisión y los Estados miembros sobre unas normas comunes de la Unión para la supervisión, comunicación y verificación de la financiación pública de la lucha contra el cambio climático;

49. Reitera la posición del Parlamento, de la que el Tribunal tomó nota en su informe especial, que insiste en que la financiación de la lucha contra el cambio climático debe sumarse al objetivo del 0,7 %; lamenta además la falta de confirmación del concepto de adicionalidad del Parlamento en las negociaciones del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD);

50. Señala, no obstante, la necesidad de que la Comisión ejerza un liderazgo suficiente para aprovechar al máximo su impacto internacional y consolidar los instrumentos con miras a establecer las condiciones para la diplomacia verde/climática de la Unión de los próximos años, en particular para fijar los criterios sobre el clima en el marco del ICD aprobado en diciembre de 2013, en el que se declara que este debe «contribuir al objetivo de destinar al menos el 20 % del presupuesto de la Unión a lograr una sociedad con bajo nivel de emisiones de carbono y resistente al cambio climático, y el programa» Retos y bienes públicos mundiales «debe destinar al menos el 25 % de sus fondos al cambio climático y al medio ambiente» (considerando 20 del ICD); toma nota de que en el anexo IV se especifica que en el ámbito «Retos y bienes públicos mundiales» el 27 % de los fondos se destinan al medio ambiente y al cambio climático y que al menos el 50 % del programa «Retos y bienes públicos mundiales» servirá para acciones relacionadas con el clima y objetivos relacionados con el medio ambiente;

51. Celebra que desde 2011 se haya asumido el compromiso de mejorar la programación conjunta de la Unión en unos 40 países; señala, no obstante, que la coordinación entre la Comisión y los Estados miembros en materia de financiación de la lucha contra el cambio climático para los países en desarrollo aún tiene un amplio margen de mejora no solo para cumplir con el compromiso de 2020 sino también para permitir que la Unión permanezca a la vanguardia en términos de acciones climáticas;

52. Reitera el apoyo del Parlamento en aras de la programación conjunta y su reconocimiento del importante progreso conseguido en este sentido; espera que se le vuelva a consultar, como bien ha prometido la Comisión, si la programación implica realizar cambios en la programación del ICD;

53. Toma nota de las explicaciones sobre las dificultades de seguimiento y notificación derivadas de las prácticas de notificación diferentes de los Estados miembros, que contiene el informe de rendición de cuentas de la Comisión sobre la financiación del desarrollo, publicado el 3 de julio de 2014 en forma de documento de trabajo de los servicios de la Comisión, que incluye una sección en el volumen I sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático en la que se ofrece información sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático de la Unión; señala que el informe reitera la cifra de 7 300 millones EUR para la financiación inmediata facilitada por la Unión y los Estados miembros, e insta a seguir mejorando la notificación sobre el impacto y los resultados de la ayuda al desarrollo;

Evolución futura

54. Pide una mayor asignación de fondos a sectores específicos, como la financiación de la lucha contra el cambio climático, canalizada a través del apoyo presupuestario, así como una mayor transparencia de la utilización de los fondos en general;

55. Considera que la Comisión y el SEAE deben intensificar su política de comunicación sobre el apoyo prestado bien en general, bien a países receptores concretos, así como transmitir los valores de la Unión;

56. Reconoce que la corrupción sigue siendo un importante obstáculo en la financiación de la lucha contra el cambio climático e insta a la Comisión a que intensifique sus esfuerzos para trabajar con los socios para el desarrollo en temas de lucha contra la corrupción;

57. Pide que la Comisión proponga al Consejo una hoja de ruta para el incremento de la financiación de la lucha contra el cambio climático, en la que se defina la financiación privada, con miras a alcanzar la meta de 2020 prevista en el Acuerdo de Copenhague;

58. Pide que la Comisión encargue una evaluación independiente de la Alianza mundial de lucha contra el cambio climático, incluido un análisis de por qué la mayoría de los Estados miembros no se avinieron a cofinanciarla;

59. Pide a la Comisión y al SEAE que comuniquen en qué medida se cumple en la práctica la meta de asignar el 20 % del presupuesto de la Unión y los FED, de 2014 a 2020, a acciones de lucha contra el cambio climático dentro de la ayuda al desarrollo, precisando cuáles han sido los importes comprometidos y desembolsados;

60. o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo Pide a la Comisión y a los Estados miembros, en el marco del Reglamento (UE) n525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 11 ) (Reglamento sobre el mecanismo de seguimiento) que acuerden normas comunes para la supervisión, comunicación y verificación, en particular respecto de la definición de «nuevo y adicional», la aplicación de los marcadores de Río y la notificación sobre el desembolso de la financiación climática;

61. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen su cooperación para aplicar el Código de conducta de la UE sobre la división del trabajo en el ámbito de la financiación de la lucha contra el cambio climático, en particular en el intercambio de información sobre asignaciones por países, sobre la programación conjunta y sobre la prevención y la lucha contra la corrupción en el contexto de dicha financiación.

Parte VI Informe Especial no 18/2013 del Tribunal de Cuentas, titulado «La fiabilidad de los resultados de los controles del gasto agrícola realizados por los Estados miembros»

62. Reconoce que los sistemas examinados en el Informe Especial n o 18/2013 han cambiado con los nuevos reglamentos sobre la PAC (política agrícola común), con un aumento de las responsabilidades otorgadas a los organismos de certificación en los Estados miembros en el ámbito de la verificación de la legalidad y la regularidad del gasto, y la verificación de los resultados de los controles comunicados a la Comisión;

63. Se felicita de los esfuerzos que está realizando la Comisión para simplificar la PAC; espera que la simplificación de los criterios de subvencionabilidad dé lugar a una simplificación de las normas de control y pueda contribuir a una reducción del porcentaje de error;

64. Recuerda a la Comisión que debe velar por que no se repitan los problemas detectados; recuerda que los resultados del Tribunal de Cuentas en su Informe Anual de 2012 fueron los siguientes: a) que los sistemas de supervisión y control de los Estados miembros para los pagos de gastos y el desarrollo rural fueron parcialmente eficaces y que en el caso de un número considerable de transacciones que contenían errores las autoridades nacionales disponían de suficiente información para detectar y corregir dichos errores; b) que la eficacia del sistema integrado de gestión y control se vio afectada negativamente sobre todo por la imprecisión de las bases de datos utilizadas para los controles cruzados;

65. Destaca que el 3 de abril de 2014 el Parlamento apoyó la reserva expresada por el Director General de la DG Agricultura y Desarrollo Rural en su Informe Anual de Actividades 2012 en lo que se refiere a las deficiencias constatadas por la Comisión y el Tribunal de Cuentas con respecto a la admisibilidad de la tierra; reitera que el Parlamento había solicitado, en particular, que los pastos permanentes se registraran correctamente en las bases de datos del sistema de identificación de parcelas (SIP) y que la Comisión debía informarle cada seis meses sobre los progresos realizados;

66. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tomen medidas correctoras inmediatas cuando se constate que los sistemas y controles administrativos o las bases de datos del SIGC son deficientes o no están actualizados;

67. Pide firmemente a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que los pagos se basan en los resultados de la inspección y que los controles son de la calidad necesaria para identificar de manera fiable y coherente las superficies admisibles;

68. Pide encarecidamente a la Comisión que garantice que la concepción y calidad del trabajo llevado a cabo por los organismos pagadores y los organismos de certificación para sustentar sus respectivas declaraciones proporcione una base fiable para la evaluación de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes; considera que, para lograrlo, la Comisión debe trabajar con el objetivo de una estrategia única de auditoría para el sistema de control de la PAC;

69. Se felicita del cambio en el enfoque adoptado por la DG Agricultura y Desarrollo Rural para calcular la tasa de error residual para la ayuda disociada por superficie en 2012, ya que tiene en cuenta que los datos estadísticos de la inspección, las declaraciones de los directores de los organismos pagadores y el trabajo realizado por los organismos de certificación pueden verse afectados por deficiencias que afectan a su fiabilidad; pide que este nuevo enfoque se extienda a todo el gasto de la PAC en los informes anuales de actividades de la DG Agricultura y Desarrollo Rural durante el nuevo período de financiación;

70. Recuerda a la Comisión que ha apoyado la reserva incluida en el Informe Anual de Actividad de la DG Agricultura y Desarrollo Rural relativa al gasto total del Feader para el ejercicio 2012 y que dicha reserva se debe a objeciones sobre la calidad de los controles en algunos Estados miembros y al índice de error comunicado por el Tribunal de Cuentas;

71. Insta a los Estados miembros a que apliquen de manera eficiente sus controles administrativos vigentes utilizando la información pertinente disponible en los organismos pagadores, ya que esta permite detectar y corregir la mayoría de los errores;

72. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten especial atención a la rentabilidad de los controle y lo consideren un ámbito importante, en particular desarrollando el uso de controles basados en el riesgo;

73. Pide a la Comisión que garantice que, en el ámbito del desarrollo rural, las normas y los procedimientos uniformes se están aplicando y cumpliendo del mismo modo por parte de sus órganos de aprobación y de auditoría;

Parte VII Informe Especial no 1/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «Eficacia de los proyectos de transporte urbano público financiados por la UE»

74. Subraya que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») son la fuente más importante de financiación de la Unión para proyectos de movilidad urbana y que tales proyectos no solo son esenciales para la accesibilidad de las zonas rurales en las regiones menos desarrolladas de la Unión, sino que también entrañan importantes aspectos sociales y ambientales para la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión;

75. Hace hincapié en que una ayuda financiera continuada de la Unión reviste cada vez más importancia, habida cuenta, en particular, de las consecuencias negativas de la creciente expansión urbana y de las perspectivas de un mayor crecimiento constante de la proporción de la población urbana;

76. Destaca la necesidad de garantizar que la ejecución de los proyectos de movilidad urbana por la Comisión y los Estados miembros sea responsable, efectiva y eficiente y busque la consecución de resultados concretos en lugar de la absorción de los fondos disponibles;

77. Reitera, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, el llamamiento realizado a los Estados miembros en la comunicación de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, titulada «Juntos por una movilidad urbana competitiva y eficiente en el uso de los recursos» [COM(2013) 913]: a) se garanticen una evaluación exhaustiva del comportamiento presente y futuro, la coordinación y la integración de los planes de movilidad urbana sostenible en estrategias territoriales y urbanas más amplias, modificando, en caso necesario, los instrumentos técnicos y de otro tipo que están a disposición de las autoridades responsables de la planificación; b) se centre la atención en vehículos adecuados, además de en la infraestructura, como herramienta para hacer realidad una movilidad urbana sostenible en la logística urbana;

78. Pide a la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros, teniendo en cuenta el negativo impacto de la crisis financiera en el uso de los sistemas de transporte, que presten más atención a los objetivos, metas e indicadores, en particular los incluidos en los formularios de solicitud de los proyectos, a fin de detectar riesgos potenciales y prevenir todo optimismo tendencioso en futuros proyectos y evitar así los tipos de sobrecostes y retrasos mencionados en el informe especial;

79. Insta a la Comisión a que realice análisis de costes y beneficios más exhaustivos de los presupuestos indicativos de los proyectos de transporte urbano y comparta mejores prácticas con los Estados miembros, así como a que promueva los intercambios de las mismas entre ellos, apoyando así a las autoridades en el desarrollo satisfactorio de proyectos no sujetos a la aprobación de la Comisión;

80. Insiste en que la Comisión promueva el uso de Jaspers (Asistencia conjunta a los proyectos en las regiones europeas) por los Estados miembros y aproveche plenamente su potencial para prestar asistencia en el desarrollo y evaluación de la calidad de los proyectos de transporte urbano financiados con cargo a los Fondos EIE;

81. Atrae la atención, no obstante, sobre el hecho de que el transporte urbano público no es una mera actividad generadora de ingresos, sino un elemento esencial y, en ocasiones, irreemplazable de los sistemas de movilidad urbana para muchas grandes ciudades, incluso en regiones más desarrolladas, dado que estas también están sujetas a la «paradoja de las ciudades», debido a la existencia de población socialmente vulnerable;

82. Pide, por tanto, que las autoridades competentes tengan totalmente en cuenta la dimensión social de los proyectos de transporte público urbano, basándose en justificaciones apropiadas incluidas en el formulario de solicitud;

83. Solicita a la Comisión que adopte sin demora los actos delegados y de ejecución pertinentes para evitar retrasos potenciales, reconociendo que los proyectos de transporte suelen requerir un tiempo de preparación y ejecución considerable;

84. Insiste en poner en práctica los elementos establecidos en el anexo de la comunicación de la Comisión mencionada anteriormente, de 17 de diciembre de 2013, entre ellos: a) análisis exhaustivo de la situación y base de referencia mediante una «auditoría de gestión de la movilidad urbana», que permita medir los resultados que se logren en el futuro; b) identificación de puntos conflictivos dentro de las zonas urbanas donde el sistema de transporte actual sea especialmente deficiente; c) indicadores del rendimiento adecuados, que podrán someterse así a un seguimiento adecuado; d) objetivos de rendimiento específicos que sean al mismo tiempo realistas y ambiciosos en relación con los objetivos de un plan de movilidad urbana sostenible; e) metas mensurables basadas en una evaluación realista de la base de referencia y los recursos disponibles para reflejar los objetivos específicos de un plan de movilidad urbana sostenible;

85. o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo Señala la falta de indicadores suficientes para medir la eficacia de los proyectos de transporte urbano mencionados en el Reglamento (UE) n1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 12 ) (el Reglamento del FEDER) e insiste en que la Comisión incluya en los actos de ejecución y delegados relacionados con estos tipos de proyectos indicadores más apropiados que tengan en cuenta los indicadores recomendados por el Tribunal de Cuentas;

Parte VIII Informe Especial no 2/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Están gestionados adecuadamente los acuerdos comerciales preferenciales?»

86. Acoge con satisfacción el informe especial que evalúa la gestión de los regímenes comerciales preferenciales en el ámbito de la competencia exclusiva de la Unión como una contribución importante al debate político general acerca de las políticas de la Unión Europea en materia de comercio exterior y desarrollo; toma nota de las constataciones y recomendaciones efectuadas y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

Consideraciones generales

87. Manifiesta una profunda inquietud por el hecho de que la Comisión no haya evaluado debidamente todos los efectos económicos de los acuerdos comerciales preferenciales y por el hecho de que no se garantice que la recaudación de ingresos sea completa;

88. Recuerda que es prioritario informar correctamente a los responsables políticos, a las distintas partes interesadas y a los contribuyentes de la Unión acerca del gran valor añadido y de las desventajas de las distintas opciones e hipótesis en el ámbito de la política comercial;

89. Considera inaceptable que, en algunos casos, falten las evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad, estén incompletas, se basen en información antigua o no actualizada y, en otros casos (Chile), estén disponibles solo una vez firmado el acuerdo;

90. Insiste en que, antes de firmar un nuevo acuerdo, debe completarse y publicarse la correspondiente evaluación del impacto sobre la sostenibilidad;

91. Lamenta que los socios del Sistema Generalizado de Preferencias (sistema SGP) no hayan suscritos en todos los casos las convenciones internacionales sobre derechos humanos y laborales; insta a la Comisión a que haga mayor hincapié en el medio ambiente y en la buena gobernanza en los acuerdos comerciales preferenciales;

92. Desea ser informado sobre las medidas adoptadas por la Comisión sobre la base de las recomendaciones y observaciones del Parlamento y del Tribunal de Cuentas a más tardar en octubre de 2015;

Evolución futura

93. Considera que, a fin de mejorar la evaluación de las repercusiones económicas que tienen los acuerdos comerciales preferenciales, la Comisión debe: a) Llevar a cabo una evaluación de impacto y una evaluación del impacto sobre la sostenibilidad para cada acuerdo comercial preferencial, que presente un análisis exhaustivo, cuantificado y en profundidad de los efectos económicos esperados, sin olvidar una estimación precisa de los ingresos no percibidos; b) Hacer participar sistemáticamente a Eurostat en la evaluación de la calidad de las fuentes de datos estadísticos utilizados en las evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad, y garantizar que el análisis se lleve a cabo a su debido tiempo para su utilización por los negociadores; c) Llevar a cabo evaluaciones intermedias y a posteriori para determinar el grado en que los acuerdos comerciales preferenciales que tengan un impacto significativo cumplen sus objetivos políticos y el modo en que pueden mejorar sus resultados en sectores económicos clave, incluyendo una estimación de los ingresos no percibidos;

94. Pide a la Comisión que, a fin de mejorar la protección de los intereses financieros de la Unión, adopte las siguientes medidas: a) Crear perfiles de riesgo de la Unión relativos a los acuerdos comerciales preferenciales para que los Estados miembros apliquen un enfoque común al análisis de riesgos con el fin de reducir pérdidas para el presupuesto de la Unión; b) Comprobar que los Estados miembros mejoren la eficacia de sus sistemas de gestión de riesgos y de su estrategia de control para reducir pérdidas para el presupuesto de la Unión; c) Instar a los Estados miembros a que adopten medidas preventivas adecuadas cuando reciban comunicaciones de asistencia mutua; d) Evaluar y llevar a cabo visitas de supervisión basadas en criterios de riesgo a países beneficiarios de un trato preferencial, en particular respecto de las normas de origen y acumulación; e) Exigir a los Estados miembros que mejoren la calidad de la información que facilitan respecto de la cooperación administrativa; f) Mejorar el seguimiento financiero realizado en las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a fin de prevenir pérdidas del presupuesto de la Unión por motivos de prescripciones; g) Reforzar la posición de la Unión en acuerdos comerciales preferenciales recíprocos y recurrir en mayor medida a las medidas preventivas y de salvaguardia, incluyéndolas en todos los futuros acuerdos comerciales; h) Insiste en recibir sin dilación una recopilación de los cobros efectuados durante el período 2010-2014; i) Informar al Parlamento de los resultados de la iniciativa Compact de Bangladés:

Parte IX Informe Especial no 3/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «Enseñanzas extraídas por la Comisión Europea con el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II)»

95. Acoge con beneplácito los resultados y las recomendaciones del Informe Especial n o 3/2014 del Tribunal de Cuentas;

96. Critica a la Comisión Europea por no haber facilitado suficiente personal especializado desde el inicio del proyecto ni en lo relativo a la aplicación técnica ni a la evaluación de la calidad del proyecto SIS II;

97. Recomienda integrar todos los proyectos informáticos importantes en el procedimiento de gobernanza de la TI e incluir no solo a expertos de la Dirección General de Informática de la Comisión, sino también a expertos de otras Direcciones Generales, así como a expertos externos, a fin de sacar mayor provecho de los conocimientos profesionales internos;

98. Recomienda que la Comisión Europea aproveche los conocimientos especializados de los Estados miembros desde el comienzo mismo de todos los proyectos importantes y que establezca un panel de expertos formado por representantes de los Estados miembros encargados del proyecto; considera que deberán definirse con claridad la misión y las competencias del panel;

99. Critica el hecho de que ni la Comisión Europea, que debía representar, entre otras cosas, los intereses de los usuarios finales de SIS II, ni las partes interesadas principales fueran siquiera conscientes de los requisitos técnicos y las necesidades de los usuarios al inicio del proyecto;

100. Espera que, por lo que se refiere a futuros proyectos, la Comisión Europea, en colaboración con los Estados miembros, establezca desde el inicio del proyecto un perfil exacto de los requisitos técnicos y las necesidades de los usuarios que deben atenderse;

101. Considera un derroche de dinero del contribuyente que la Comisión haya publicado una convocatoria general de propuestas para el proyecto sin haber definido claramente los requisitos correspondientes;

102. Recomienda que la Comisión establezca un plan de operaciones y un calendario realistas para futuros proyectos de TI, basados en requisitos claramente definidos en cuanto a la forma y el contenido, y en un análisis de costes y una programación temporal claros y que tengan en cuenta los riesgos y la complejidad del proyecto;

103. Critica el hecho de que la Comisión haya tratado en varias ocasiones de ocultar retrasos y rebasamientos de costes;

104. Exige el máximo nivel de transparencia posible en futuros proyectos de TI en forma de ciclo continuo de información de la comisión competente correspondiente del Parlamento, en particular cuando se trate de decisiones fundamentales por las que se da comienzo a fases consecutivas del proyecto o de cambios imprevistos de costes o de programación o de soluciones alternativas;

105. Opina que no deberían haberse limitado en el contrato con el contratista principal las condiciones para ejecutar reclamaciones de indemnización; indica que los contratos futuros deben comprender un mecanismo de sanciones efectivo para garantizar el cumplimiento sin retrasos con arreglo a las normas exigidas;

106. Critica que la Comisión no haya puesto fin al contrato con el contratista principal a pesar de los deficientes resultados presentados en la primera fase del proyecto;

107. Critica que la Comisión no haya insistido en un sistema de desarrollo basado en componentes para la aplicación de SIS II; considera que, si se hubieran introducido elementos de trabajo interconectables, podrían haberse entregado elementos completos a otro contratista para evitar vincularse a un contratista determinado;

108. o 2342/2002 de la Comisión Critica que la Comisión Europea haya rebasado el valor del contrato originario al multiplicarlo por ocho a través de renegociaciones, a pesar de lo dispuesto en el artículo 126, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE, Euratom) n2342/2002 de la Comisión ( 13 ) , que establece que el valor del contrato no excederá en más de un 50 % su valor original;

109. o 1268/2012 de la Comisión Señala que, en este sentido, podría haber que revisar el artículo 134, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado (UE) n1268/2012 de la Comisión ( 14 ) , ya que los motivos técnicos o artísticos que vinculan a las autoridades contratantes a un contratante u operador económico determinado no deben eludir la disposición de protección que figura en la letra e) de ese mismo apartado y dejar que se multiplique el valor original del contrato principal en una medida desproporcionada;

110. Toma nota de que en caso de multiplicación considerable de los costes originarios o de cambios importantes en términos de los beneficios previstos, los riesgos o las alternativas, debe recabarse la aprobación previa de la autoridad presupuestaria;

111. Lamenta la reasignación de fondos presupuestarios sin la aprobación previa de la autoridad presupuestaria en varios casos;

112. Acoge con satisfacción las directrices para la gestión de proyectos recomendadas por la Dirección General de Informática de la Comisión desde 2011; considera que, sobre la base de estas directrices, el comité director del proyecto debe otorgar su aprobación de la introducción de las sucesivas fases del proyecto, en lo que se conoce como «approval gates»;

113. Destaca la necesidad de mirar hacia adelante, pues a finales de la presente década SIS II podría llegar a saturación y podría resultar necesario un SIS III; espera, a este respecto, que los preparativos de SIS III se conduzcan de manera significativamente mejor.

Parte X Informe Especial no 4/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «La integración de los objetivos de la política del agua de la UE en la PAC: un éxito parcial»

114. Pide a la Comisión que proponga al legislador de la Unión las modificaciones necesarias a los instrumentos actuales (condicionalidad y desarrollo rural) para garantizar el cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 15 ) (la Directiva marco sobre el agua, DMA) o, en su caso, nuevos instrumentos capaces de responder a los objetivos más ambiciosos respecto de la integración de los objetivos de la política de aguas en la PAC;

115. Insta a los Estados miembros a que, en virtud de la DMA, adopten las siguientes medidas: a) solventar las insuficiencias detectadas por la fiscalización al practicar sus controles de condicionalidad; b) imponer de modo sistemático sanciones adecuadas en casos de infracción; c) hacer mayor hincapié en identificar y solucionar los problemas relacionados con el agua a través de sus programas de desarrollo rural, velando por que mantengan su coherencia con los planes hidrológicos de cuenca; d) desarrollar y aplicar con rigor mecanismos de salvaguardia para evitar los efectos negativos en el agua de las actividades financiadas por el desarrollo rural; e) considerar de forma activa y fomentar adecuadamente la utilización de los fondos asignados a cuestiones relacionadas con el agua, con arreglo a los principios de buena gestión financiera;

116. Espera que la Comisión proponga mecanismos adecuados que realmente puedan tener una repercusión positiva importante en la calidad de los documentos de programación de los Estados miembros conforme a la Directiva marco del agua y evitar desviarse del calendario previsto en esta Directiva; considera que, con este fin, podrían fijarse condiciones mínimas para la aplicación de la Directiva marco sobre el agua antes de comprometer los fondos de desarrollo rural.

117. Pide a los Estados miembros que aceleren urgentemente el proceso de aplicación de la Directiva marco sobre el agua y, para el próximo ciclo de gestión (2015), mejoren la calidad de sus planes hidrográficos de cuenca describiendo las distintas medidas (por ejemplo, desde el punto de vista del alcance, calendario, metas y costes) y confiriéndoles suficiente claridad y concreción a nivel operativo y hasta el nivel local/ de las explotaciones agrícolas;

118. Insta a la Comisión a que refuerce sus conocimientos sobre la relación entre la calidad y cantidad del agua y las prácticas agrícolas, y para ello debería mejorar sus sistemas de supervisión vigentes y garantizar que como mínimo permitan medir la evolución de las presiones ejercidas sobre el agua por las prácticas agrícolas; considera que ello contribuiría a determinar aquellos ámbitos que más precisan los fondos de la PAC;

119. Insta a los Estados miembros a mejorar la presentación oportuna de informes, la fiabilidad y la coherencia de los datos aportados a la Comisión, ya que la calidad de la información relativa al agua para el conjunto de la Unión depende de la calidad de la información que los Estados miembros facilitan.

Parte XI Informe Especial no 5/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «La supervisión bancaria europea toma forma — La Autoridad Bancaria Europea en un contexto en evolución»

120. Destaca la necesidad de efectuar análisis de impacto intersectoriales, así como la importancia de tener en cuenta el tiempo necesario para elaborar las normas técnicas; acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de fijar plazos sobre el empoderamiento en lo que respecta a normas técnicas, y observa que se está llevando a cabo un análisis intersectorial para examinar la legislación financiera de la Unión adoptada en los últimos años, y, en particular, las medidas del conjunto de medidas reguladoras;

121. Hace hincapié en que las acciones de la Autoridad Bancaria Europea («la Autoridad») deben continuar siendo neutrales desde un punto de vista político; considera, no obstante, que es fundamental mejorar la convergencia de la actividad supervisora lo antes posible a fin de llevar a cabo sus labores y funciones;

122. Considera que un sistema de control independiente constituye la base para el funcionamiento adecuado del mercado financiero; expresa su preocupación, no obstante, por la decisión política basada en considerar a la Autoridad una autoridad de coordinación y no de supervisión microprudencial en un período histórico en que la confianza en las instituciones financieras precisa de medidas firmes;

123. Toma nota de las limitaciones que condicionan a la Autoridad por lo que respecta a los colegios de supervisores, así como de su impacto en la convergencia de la actividad supervisora; celebra los progresos realizados por la Autoridad, a pesar de esas limitaciones, para mejorar el funcionamiento de los colegios, especialmente con la instauración de evaluaciones conjuntas del riesgo y la adopción de decisiones conjuntas;

124. Observa con preocupación que, si bien se ha reforzado la función de la Autoridad de iniciar y coordinar las pruebas de solvencia, como parte del paquete del Mecanismo Único de Supervisión, la responsabilidad legal de la realización del ejercicio de pruebas de solvencia sigue correspondiendo a las autoridades competentes, con lo que la Autoridad no tiene ningún control real sobre los resultados de las pruebas;

125. Observa con preocupación la incapacidad de la Autoridad para desempeñar plenamente su mandato en materia de protección de los consumidores, debido especialmente a la carencia de instrumentos jurídicos para abordar estas cuestiones y al limitado margen para adoptar decisiones jurídicamente vinculantes de prohibición de determinados productos o actividades; destaca, no obstante, el papel del Comité conjunto en cuanto a facilitar y mejorar el intercambio intersectorial de puntos de vista, y conviene con el Tribunal de Cuentas en que se necesitan medidas reforzadas para la protección de los consumidores en el sector financiero de la Unión;

126. Considera que una mayor coordinación con las autoridades nacionales de protección de los consumidores podría incrementar la influencia de la Autoridad en este ámbito;

127. Conviene con el Tribunal de Cuentas en que la creación de un sistema de medición del desempeño es esencial para la supervisión eficaz, y toma nota de que la Autoridad está aplicando un sistema de gestión del desempeño;

128. Observa que la supervisión bancaria a escala de la Unión exige una división clara de funciones y responsabilidades entre la Autoridad, el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales de supervisión, tanto las que forman parte del Mecanismo Único de Supervisión como las que no; pide, por consiguiente, que se aclaren en mayor medida sus tareas y responsabilidades con objeto de evitar el riesgo de superposición de tareas, posibles lagunas y responsabilidades poco claras;

129. Considera necesario mejorar las normas de supervisión actuales con objeto de introducir una supervisión más exhaustiva de los bancos nacionales en los terceros países que han adoptado el euro pero que no son Estados miembros, como el Estado de la Ciudad del Vaticano, Andorra, Mónaco y San Marino;

130. Considera necesario revisar los parámetros para los activos ponderados en función del riesgo con objeto de no penalizar a los bancos más expuestos a productos bancarios vinculados al crédito y de no recompensar a los bancos que poseen productos financieros malos o dudosos, como los instrumentos derivados;

Parte XII Informe Especial no 6/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Han conseguido buenos resultados los fondos de la política de cohesión destinados a apoyar la producción de energías renovables?»

131. Celebra el Informe Especial n o 6/2014 del Tribunal de Cuentas y respalda sus recomendaciones;

132. Celebra la conclusión del Tribunal de Cuentas de que los proyectos de fuentes de energía renovable (FER) seleccionados se ejecutaron sin problemas, y considera que ello confirma la madurez de tecnologías clave para la producción de energía renovable;

133. Opina que, dado que los proyectos de FER tardan normalmente varios años en estar plenamente operativos, es difícil hacer una evaluación exacta de los resultados antes de que haya transcurrido ese período;

134. Considera que el principio de coste-eficacia debe consagrarse plenamente en los instrumentos de la política de cohesión, así como en otros instrumentos como el Programa Energético Europeo para la Recuperación, y no solo en los proyectos FER, incluso cuando se empleen para otros fines; señala que el concepto de coste-eficacia se puede definir de varias maneras; sugiere, por consiguiente, que la Comisión y los Estados miembros examinen posibles formas de simplificar este concepto con el fin de aportar orientaciones más eficaces para la ejecución de los proyectos FER;

135. Manifiesta su preocupación por el hecho de que el marco legislativo de la Unión para las FER no satisfaga plenamente los requisitos establecidos en los instrumentos financieros de la Unión, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión, que son las principales fuentes de financiación de la energía renovable; pide a la Comisión que lleve a cabo un examen exhaustivo de la legislación y corrija las incoherencias existentes;

136. Considera que la financiación pública en este ámbito debe complementar la inversión privada y ser determinante en el estímulo de esta; opina, no obstante, que algunos proyectos, especialmente los de gran escala, requieren mayores inversiones públicas;

137. Considera que la inversión en energías renovables está siendo obstaculizada por incentivos y regímenes de ayuda inestables e impredecibles; insiste en que la incertidumbre existente también distorsiona el proceso de selección de las tecnologías de producción, lo cual socava aún más el principio de coste-eficacia;

138. Destaca que las dificultades e incertidumbres en torno a la integración de las FER en la red de suministro eléctrico no solo constituyen un obstáculo para la inversión del sector privado en el desarrollo de las energías renovables, sino que además pueden socavar la sostenibilidad económica y financiera de los proyectos en curso, así como la ejecución de futuros programas del FEDER y el Fondo de Cohesión; pide a la Comisión que lleve a cabo un examen actualizado de los obstáculos reglamentarios y técnicos a escala de los Estados miembros, con objeto de mejorar el acceso de los proyectos FER, tanto a pequeña como a gran escala, a la red de suministro eléctrico;

139. Observa que la Comisión debe supervisar con mayor rigor el nuevo marco legislativo para el período 2014-2020, incluidos sus objetivos iniciales e indicadores de resultados, lo cual permitiría un control y una evaluación eficaces;

140. Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por intercambiar buenas prácticas y establecer procedimientos comunes para armonizar los sistemas administrativos nacionales respectivos;

141. Observa que los criterios de selección muy detallados para las FER pueden convertirse en una forma de excluir a los competidores; pide a la Comisión que refuerce las orientaciones a este respecto y supervise de cerca esos casos;

142. Toma nota de las respuestas de la Comisión en las que indica que algunas recomendaciones del Tribunal de Cuentas ya se han puesto en práctica en el marco de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 16 ) (la Directiva sobre fuentes de energía renovables).

Parte XIII Informe Especial no 7/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Ha apoyado satisfactoriamente el FEDER el desarrollo de los viveros de empresas?»

143. Celebra el Informe Especial n o 7/2014 del Tribunal de Cuentas y respalda sus recomendaciones;

144. Señala que los viveros de empresas apoyan el establecimiento y el desarrollo ulterior de las empresas de reciente creación que pueden colocar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el centro mismo del crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión;

145. Estima que los programas de financiación de la política de cohesión aplicados a los viveros fiscalizados deben incluir una planificación estructurada, un conjunto claro de objetivos y una evaluación eficaz; opina que los viveros fiscalizados presentan puntos débiles en todos los requisitos mencionados;

146. Recuerda que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ha aportado una contribución financiera significativa a la creación de infraestructuras para los viveros de empresas, y que las instalaciones para los viveros fiscalizados se han creado debidamente pero que estos han obtenido unos resultados limitados;

147. Señala que el número de planes estratégicos establecidos con la ayuda de viveros, el número de empresas emergentes en viveros y el número de empleos creados ha sido, por término medio, muy inferior al registrado en los viveros de referencia utilizados por el Tribunal de Cuentas para establecer una comparación;

148. Toma nota de que los viveros de empresas del FEDER fiscalizados ofrecen una gama más limitada de servicios que los viveros de referencia, y que la gama de capacidades y conocimientos especializados del personal de los viveros del FEDER es menos amplia;

149. Subraya que, para que los viveros de empresas sean eficaces, es importante que, en materia de apoyo a las empresas, cuenten con una cadena de valor completa, con personal cualificado, buenas prácticas y un seguimiento periódico;

150. Toma nota de la explicación de la Comisión, según la cual los Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 2004 carecían de infraestructuras, conocimientos especializados y experiencia en el ámbito empresarial, por lo que no podían alcanzar mejores resultados; recuerda, no obstante, que la auditoría se desarrolló en viveros de 4 + 2 Estados miembros, de los cuales solo dos se adhirieron a la Unión en 2004;

151. Opina que, durante los períodos de programación sucesivos 2000-2006 y 2007-2013, la Comisión ha mostrado una falta de compromiso para apoyar a estas empresas; destaca que esto lo confirman las lagunas en materia de orientación por parte de la Comisión durante esos períodos de programación, y especialmente entre 2006 y 2010;

152. Recuerda que el establecimiento y la puesta en común de buenas prácticas, particularmente en las empresas de reciente creación, es una medida importante para mejorar la eficacia; lamenta los decepcionantes resultados de los viveros fiscalizados; pide a la Comisión que mejore las directrices destinadas a las autoridades de gestión de los Estados miembros en este ámbito, y solicita a estos últimos que apliquen eficazmente las directrices orientativas;

153. Subraya que, para que las empresas sean eficaces, es importante que se invierta en la formación del personal a fin de garantizar un apoyo efectivo a las empresas de los viveros y a los posibles clientes; lamenta que, en términos generales, también se haya descuidado este aspecto en los viveros fiscalizados;

154. Señala que el apoyo a los viveros de empresas podría estar basado en un análisis exhaustivo y en profundidad así como en una serie de evaluaciones individuales, específicas y adaptadas de los proyectos objeto de un apoyo particular (por ejemplo, un estudio de viabilidad, un plan de negocio, etc.); considera que estas evaluaciones podrían presentar una justificación clara de dicho apoyo;

155. Considera que no todas las localizaciones están destinadas de antemano a tener buenos resultados en cuanto a viveros de empresas, cuya finalidad es aportar un valor añadido al desarrollo regional y económico; opina que solo debe prestarse apoyo a los viveros que cumplan unos requisitos previos;

156. Subraya que el apoyo a los viveros de empresas podría realizarse recurriendo al método de las asociaciones público-privadas, en las que el riesgo asumido por un servicio público se comparte con la empresa privada destinataria del apoyo;

157. Señala que los viveros de empresas deben crearse en estrecha cooperación con establecimientos de enseñanza y de investigación;

158. Indica que es importante encontrar complementariedades y sinergias en relación con las ayudas prestadas a los viveros de empresas en el marco del FEDER, Horizonte 2020 y el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) durante el período 2014-2020;

Parte XIV Informe Especial no 8/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Ha gestionado la Comisión de manera eficaz la integración de las ayudas asociadas a la producción en el régimen de pago único?»

159. Apoya las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y se felicita de la posición constructiva adoptada por la Comisión;

160. Lamenta que, según el Tribunal de Cuentas, algunos Estados miembros no siempre hayan respetado el principio de buena gestión financiera a la hora de definir los criterios para el cálculo de los derechos de pago;

161. Observa que, debido a ello, en algunos sectores los agricultores han obtenido beneficios inesperados, que en sí mismos no infringen la normativa en vigor: a) en España, con arreglo a la normativa nacional, los derechos de pago tenían un valor superior a lo que los agricultores había recibido en ayuda disociada en el pasado; b) en Italia los agricultores recibieron derechos de pago con arreglo a su nivel histórico de ayuda, pese a que mientras tanto habían reducido considerablemente las zonas en que cultivaban; c) contrariamente a la legislación de la Unión, las autoridades francesas no redujeron el valor de todos los derechos de pago para financiar la ayuda específica a los agricultores [artículo 68 del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo (17)]; por consiguiente, el valor de todos los derechos de pago en Francia estaba sobrevalorado en un 4,61 %, que equivale a 357,3 millones EUR; que, de este importe, 74 millones EUR correspondían a la ayuda integrada en el régimen de pago único (RPU) en 2010; la Comisión declara que el plan de acción para Francia incluye medidas correctoras.

162. Pide, por consiguiente, a la Comisión que supervise adecuadamente el cálculo de los títulos de pago para los agricultores por parte de los Estados miembros, incluido el respeto de los límites disponibles para la atribución de dichos derechos;

163. Toma nota con preocupación de que, incluso en aquellos casos en los que la Comisión había detectado errores, los derechos de pago no se han corregido debido a la lentitud de los procedimientos administrativos;

164. Pide a la Comisión que mejore la supervisión a tiempo y preste una mayor atención a los riesgos vinculados a los derechos;

165. Observa que a partir de 2015 el RPU será sustituido por un régimen de pago básico (RPB);

166. Opina que el objetivo del nuevo sistema debería ser reducir la carga administrativa para los agricultores;

167. Está convencida de que los controles y las auditorías de la Comisión se deberían basar fundamentalmente en el riesgo;

168. Insiste en que el nuevo sistema debe evitar que se produzcan discrepancias injustificadas en el cálculo de los títulos de pago en los diferentes Estados miembros y que los agricultores reciban un trato desigual, independientemente del grado de discrecionalidad que el reglamento pueda ofrecer; pide a la Comisión que dé seguridades al Parlamento y a la Comisión de Control Parlamentario en cuanto a la existencia de las medidas necesarias para conseguir este objetivo;

169. Manifiesta su preocupación por la posibilidad de que unos títulos de pago incorrectos den lugar a pagos incorrectos incluso después de 2014, ya que los Estados miembros pueden elegir pagar hasta 2021 una parte de la futura ayuda basándose en el nivel actual de la ayuda del RPU; considera que, aunque estos pagos pueden corregirse y recuperarse, deben evitarse en principio;

170. Recuerda a la Comisión que el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reza lo siguiente: «La Comisión, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados, ejecutará el presupuesto […] de acuerdo con el principio de buena gestión financiera.»; espera, por lo tanto, que la Comisión proporcione un asesoramiento suficiente a los Estados miembros para que puedan aplicar el RPU con arreglo a los principios de buena gestión financiera, y que establezca las estructuras de control adecuadas para asumir la responsabilidad general de la ejecución presupuestaria.

Parte XV Informe Especial no 9/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Se ha gestionado bien el apoyo de la UE a la inversión y promoción del sector vitivinícola y se han demostrado sus resultados en la competitividad de los vinos de la Unión?»

171. Acoge con beneplácito los resultados y las recomendaciones del Informe Especial n o 9/2014 del Tribunal de Cuentas;

172. o 1308/2013 Toma nota de la adopción por el Consejo y de la aprobación por el Parlamento del Reglamento (UE) n1308/2013 ( 18 ) por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios para el período 2014-2020;

173. Recuerda el Informe Especial n o 7/2012 del Tribunal de Cuentas (aprobación de la gestión 2011), titulado «Reforma de la organización común del mercado vitivinícola: avances logrados», y el informe ulterior de la Comisión de Control Presupuestario;

174. Suscribe plenamente la idea de que se proceda a la racionalización del régimen de ayudas y al seguimiento, por parte de la Comisión, de la absorción de los fondos; insiste en la absoluta necesidad de que la medida de inversión esté orientada a la obtención de resultados y al comercio, de que se fomenten los modelos de buenas prácticas y de que se extraigan las debidas enseñanzas de estos últimos;

175. Expresa su preocupación por el esfuerzo fallido de atraer a un mayor número de pequeñas y medianas empresas (pymes) mediante medidas de promoción y apoyo del sector vitivinícola de la Unión; considera que deberían revisarse las tasas de cofinanciación con objeto de beneficiar a las pymes y de facilitar la participación de pymes que sean potenciales beneficiarias, especialmente las empresas con una capacidad financiera y administrativa limitada;

176. Considera que debe establecerse un sistema común de evaluación de la medida de promoción, con objeto de garantizar que la Comisión y los Estados miembros puedan analizar el grado de evolución y el logro de los objetivos definidos, así como su impacto sobre la competitividad del sector vitivinícola a escala de los Estados miembros; señala que el aumento de la cuota de mercado mundial de cada empresa vinícola podría ser uno de los criterios de este sistema común de evaluación;

177. Apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas de que los gastos accesorios, como los costes de los organismos de ejecución y los gastos generales, se justifiquen suficientemente y se limiten a un porcentaje máximo de los costes totales;

178. Hace hincapié en la importancia fundamental de encontrar un equilibrio adecuado entre inversión y promoción; considera que la Comisión y los Estados miembros deberían ser más eficaces en la aplicación de las medidas; observa que, en particular, por lo que se refiere a la medida de promoción, los beneficiarios deben demostrar obligatoriamente la necesidad de la ayuda de la Unión, los costes de funcionamiento normales no deberían financiarse y debería limitarse el apoyo a los beneficiarios que presenten, para cada período de programación, programas para los mismos países objetivo; señala, además, que los resultados de las acciones de promoción deben evaluarse a escala del beneficiario y no a escala del sector vinícola de la Unión en su conjunto;

179. Apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas de que la Comisión debería analizar si el presupuesto asignado a los programas nacionales de apoyo en el período 2014-2018 satisface las necesidades del sector vitivinícola de la Unión y analizar la capacidad de absorción de los Estados miembros, debiendo reajustar el presupuesto, en caso necesario; solicita a la Comisión que estudie si es necesario un nuevo instrumento financiero para el sector vitivinícola en comparación con otros sectores agrícolas;

180. Acoge con satisfacción la evolución positiva de las exportaciones de la Unión de vinos de calidad; señala que la Unión debe identificar y aprovechar mejor su ventaja competitiva en un mercado vitivinícola mundial caracterizado por el multilateralismo y por una competitividad cada vez mayor, así como incentivar a los productores de vino de la Unión a desarrollar vinos de calidad internacional que contribuyan a garantizar un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda en la Unión.

181. Alienta a la Comisión a contribuir a una mayor transparencia en la promoción de vinos en terceros países mediante un mejor sistema de control y seguimiento de los proyectos financiados; señala que esta medida también debería contribuir a evitar la doble financiación;

Parte XVI Informe Especial no 10/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «Eficacia del apoyo del Fondo Europeo de Pesca a la acuicultura»

182. Respalda las principales recomendaciones del Tribunal de Cuentas y señala que la Comisión está elaborando las orientaciones solicitadas respecto a la Directiva marco sobre el agua y la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 19 ) (Directiva marco sobre la estrategia marina); celebra que la Comisión tomase nota de las recomendaciones relativas a la ordenación territorial y la necesidad de simplificación administrativa;

183. Acoge con satisfacción que las conclusiones extraídas del período 2007-2013 se hayan incorporado al nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para el período 2014-2020; destaca que, sin embargo, resulta necesario que la Comisión garantice que todas las recomendaciones se hayan puesto y se pongan en práctica;

184. Entiende que la repercusión de la crisis financiera afectó de manera crítica a la consecución de los objetivos de crecimiento y empleo en el sector de la acuicultura; hace hincapié, sin embargo, en que los principales objetivos del Fondo Europeo de Pesca (FEP) —crecimiento y sostenibilidad de la acuicultura— no se han logrado debido también a otros factores; subraya que, en lugar de crecer, el sector de la acuicultura se ha estancado durante muchos años, a diferencia de otras partes del mundo;

185. Está decepcionado por la falta de priorización de los proyectos y planificación estratégica a nivel nacional; insta, por lo tanto, a la Comisión a mejorar el diseño de los programas para reforzar las medidas que apoyan la acuicultura y pide a la Comisión que vele por una mejor aplicación;

186. Señala que, por un lado, uno de los objetivos de la Comisión es una acuicultura más sólida y sostenible y, por otro lado, se ha hecho muy poco por lograr este objetivo en el marco del FEP; destaca que se trata de un error sistemático que también se puede encontrar en otros programas, por lo que considera que la Comisión comete errores continuos para la consecución de sus objetivos;

187. Insta a la Comisión a remodelar su gestión financiera y a cambiar de planteamiento, centrándose en que el gasto se ajuste a las normas, sea rentable y preste un apoyo eficaz a la consecución de los principales objetivos en vez de gastar todos los recursos disponibles;

188. Señala que los Estados miembros deben solucionar la mala selección de proyectos en vez de conceder fondos a todos los proyectos y deben velar por que el procedimiento de selección esté sujeto a normas de evaluación detalladas que valoren el potencial de los proyectos para generar resultados y la optimización de los recursos que contribuirán en general a los objetivos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), como el crecimiento y el empleo; hace hincapié en que la Comisión debería ayudar a los Estados miembros a hacerlo, y que debería fomentar el seguimiento de los resultados concretos de los proyectos y establecer una evaluación posterior al proyecto más compleja que se utilizaría como experiencia;

189. Está convencido de que los Estados miembros mejorarán sus herramientas y canales de transmisión de información, puesto que los datos facilitados a la Comisión con frecuencia son imprecisos; recomienda que la Comisión a) desarrolle medios de presión más firmes sobre los Estados miembros para que entreguen datos fiables, especialmente cuando existen discrepancias evidentes y b) considere la posibilidad de penalizar a los Estados miembros que se sospeche que han entregado deliberadamente datos incorrectos;

190. Señala que la Comisión debe elaborar un marco más sólido para todos sus programas financieros, incluidas las nuevas medidas del FEMP para la acuicultura; cree que la Comisión debería considerar la posibilidad de ser más coherente en su enfoque y desarrollar una mayor integridad;

191. Pide a la Comisión que vele por que los Estados miembros aclaren sus propias estrategias y las apliquen de manera que complementen a los objetivos del FEMP; solicita a la Comisión que supervise los Estados miembros que invierten esfuerzos adicionales en la evaluación de proyectos y se liberan de la falta de pensamiento estratégico sobre los proyectos; destaca que es necesario garantizar que los evaluadores analicen los proyectos con gran atención y expectativas claras;

192. Recomienda que se reconsidere la financiación de los proyectos que ya han comenzado, puesto que no tiene una repercusión adicional; desalienta a la Comisión y a los Estados miembros a limitarse a marcar casillas para evitar una falta de valor añadido;

193. Anima a simplificar los procedimientos administrativos para asegurar la alta calidad de los proyectos que solicitan financiación;

194. Acoge favorablemente la propuesta de un nuevo sistema de seguimiento en el FEMP que incluya una base de datos a nivel nacional en la que se almacene información sobre cada operación y un informe agregado con la información principal, pero insiste en que se aplique esta propuesta y se ciña a las normas más estrictas.

Parte XVII Informe Especial no 11/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «La instauración del Servicio Europeo de Acción Exterior»

195. Celebra el Informe Especial n o 11/2014 del Tribunal de Cuentas y respalda sus recomendaciones;

196. Considera que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) aún no es un servicio diplomático de pleno derecho de la Unión, debido a sus limitados recursos; considera que la Comisión y los Estados miembros son los agentes adecuados para impulsar la consolidación del SEAE;

197. Destaca que se acogerá con máxima satisfacción el principio de neutralidad presupuestaria; opina, sin embargo, que esto no debe considerarse de manera independiente de los ahorros que los Estados miembros han conseguido con el establecimiento del SEAE;

198. Considera que el SEAE sigue teniendo un número excesivo de altos cargos, lo que debe corregirse; opina que las medidas que se han tomado para corregir este asunto van por el buen camino y pide a la Comisión que refuerce su compromiso en pos de la mejora de la cooperación entre los distintos servicios;

199. Considera que las responsabilidades de los Representantes Especiales de la Unión son inciertas y carecen de un adecuado seguimiento y análisis de rendimiento; sugiere que, para cerrar esta brecha, dichos representantes se integren en el SEAE;

200. Considera positivos los avances realizados en el ámbito de los recursos humanos a pesar de que está de acuerdo con las observaciones del Tribunal de Cuentas de que es necesaria una mayor especialización temática en las delegaciones; pide la Comisión que, junto con el SEAE, ponga en marcha un enfoque concertado para optimizar el perfil del personal de las delegaciones;

201. Pide al SEAE una mejor descripción de los gastos incurridos en los procedimientos de contratación; pide al SEAE que utilice soluciones innovadoras como la videoconferencia para las entrevistas de trabajo y, en la medida de lo posible, que aplique soluciones similares para la formación del personal;

202. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a adoptar medidas destinadas a promover una mejor coordinación y cooperación entre sus servicios de relaciones exteriores y el SEAE, sin dejar de lado las cuestiones temáticas horizontales;

203. Subraya la necesidad de garantizar una mayor flexibilidad en la financiación de las misiones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) de la Unión para garantizar la seguridad interior y exterior de la Unión debido al peligro que entrañan los conflictos en los países limítrofes, así como el aumento del riesgo de posibles actividades terroristas relacionadas con el EI;

204. Insta al SEAE a maximizar los beneficios de las economías de escala creando nuevas sinergias en la sede del SEAE y en las delegaciones, así como en cooperación con los Estados miembros y los servicios diplomáticos nacionales, en el espíritu de una verdadera política exterior y de unos verdaderos servicios exteriores de la Unión; toma nota con satisfacción del aumento de la ubicación conjunta de las delegaciones de la Unión y las representaciones diplomáticas de los Estados miembros, aunque sigue siendo limitada, y felicita al SEAE por considerar que este asunto es primordial en su acción;

205. Acepta que aún queda mucho por hacer en lo tocante a los servicios consulares.

Parte XVIII Informe Especial no 12/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Financia eficazmente el FEDER los proyectos que promueven directamente la biodiversidad con arreglo a la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020?»

206. Recuerda que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; señala que en el convenio también se identifican graves amenazas para la biodiversidad tales como la pérdida y la fragmentación de los hábitats, la explotación excesiva de bosques, océanos, ríos, lagos y suelos, la contaminación, el cambio climático y la introducción de especies que compiten con la flora y la fauna autóctonas;

207. Hace hincapié en que la biodiversidad es esencial para la vida humana y el bienestar de las sociedades; destaca, además, que el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la amenaza de las especies invasoras y el consumo excesivo de los recursos naturales son los principales retos que afectan a todos los ciudadanos de la Unión;

208. Lamenta que la Unión no haya podido lograr su principal objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en la Unión antes de 2010;

209. Señala que la pérdida de biodiversidad tiene un coste económico devastador para la sociedad que no ha sido suficientemente abordado hasta ahora en las políticas globales; destaca, asimismo, que el estudio sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad estima que el costo de la inacción y la degradación de los ecosistemas representará en 2050 hasta un 7 % del PIB mundial anual ( 20 )

210. Está convencido de que, por tanto, es necesario tomar urgentemente medidas y dar más importancia política a la biodiversidad para cumplir los compromisos 2020 en la materia;

211. Señala que los resultados del proyecto a menudo tardan mucho en aparecer, por lo que es difícil evaluar dichos resultados;

212. Considera que, a pesar de las limitaciones relacionadas con la escasa orientación de los fondos hacia la biodiversidad y a las dificultades de valoración del uso de estos fondos, es necesario mantenerlos en la situación actual;

213. Hace hincapié en que la protección de la biodiversidad no es solo un objetivo medioambiental noble, sino que dicha política también ofrece un gran potencial para crear nuevas competencias, puestos de trabajo y oportunidades de negocio;

214. Subraya la importancia de integrar la protección y la conservación de la biodiversidad en la elaboración, aplicación y financiación de todas las demás políticas de la Unión —como las relativas a la agricultura, la silvicultura, la pesca, el desarrollo y la cohesión regional, la energía, la industria, el transporte, el turismo, la ayuda y la cooperación al desarrollo, la investigación y el desarrollo— a fin de dar mayor coherencia a las políticas sectoriales y presupuestarias de la Unión y de garantizar el cumplimiento de sus compromisos vinculantes en materia de protección de la biodiversidad; destaca que, en este contexto, se debe reforzar la cooperación entre las autoridades locales, regionales, nacionales y de la Unión;

215. Señala que, a pesar de la orientación y el impulso dado por la Comisión, los Estados miembros son los que establecen con carácter exclusivo las prioridades de financiación en función de sus propias necesidad es y que la gran mayoría de Estados miembros no utiliza el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como instrumento para la protección de la biodiversidad;

216. Considera, por lo tanto, a la vista de su escasa utilización (0,79 %), que es necesario estudiar la posibilidad de establecer la obligatoriedad de la asignación de una parte del FEDER, cuyo porcentaje se habrá de determinar, a la promoción de la biodiversidad.

Parte XIX Informe Especial no 13/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «Ayuda de la UE a la rehabilitación tras el terremoto de Haití»

217. Acoge con satisfacción el Informe Especial n o 13/2014 de evaluación de la ayuda de la Unión para la rehabilitación tras el terremoto de Haití como una importante contribución al debate político general sobre las políticas humanitarias y de desarrollo de la Unión Europea; toma nota de sus conclusiones y recomendaciones;

218. Acoge con satisfacción las principales recomendaciones y conclusiones del informe definitivo sobre la evaluación de la cooperación de la Unión con la República de Haití realizada por la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (EuropeAid) a petición del Parlamento Europeo y toma nota de ellas; expone también a continuación sus observaciones y recomendaciones en este sentido;

Observaciones generales

219. Reitera su satisfacción general por el trabajo y los esfuerzos realizados por los servicios de la Comisión en respuesta al terremoto en Haití en 2010, en una situación extremadamente crítica para la delegación de la Unión y de su personal; celebra en este sentido que la Comisión tenga competencias para suspender los pagos y desembolsos como consecuencia del avance insatisfactorio en la gestión financiera del Gobierno o deficiencias en los procedimientos nacionales de contratación pública;

220. Lamenta las deficiencias detectadas en la coordinación entre los donantes y entre los servicios de la Comisión, como también se refleja en la evaluación de la cooperación de la Unión con la República de Haití (2008-2012) ( 21 ) , realizada en nombre de la Comisión; pide a este respecto una mejor articulación de la ayuda y de la ayuda al desarrollo, con vínculos más estrechos entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo a través de una plataforma interservicios VARD permanente (vínculos entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo); considera que, siempre que sea posible, deben aplicarse enfoques integrados con objetivos de coordinación claramente definidos y una estrategia nacional coherente entre el departamento de protección civil y ayuda humanitaria (ECHO) y EuropeAid, junto con el intercambio de buenas prácticas; celebra, a este respecto, la inclusión de la integración sistemática del enfoque VARD en el ciclo de financiación 2014-2020; pide a los servicios de la Comisión una mejor transición de las actividades humanitarias a corto plazo hacia las intervenciones de desarrollo a largo plazo y una coordinación coherente no sólo entre los diferentes agentes de la Unión, sino también en función de las prioridades nacionales a través de una estrategia común en un marco humanitario y de desarrollo conjunto; pide a la Comisión que entable un diálogo con el Parlamento cuando la coordinación eficaz entre los diversos instrumentos financieros de ayuda humanitaria y el desarrollo se vea obstaculizada por el marco jurídico vigente; cree también que la participación de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil local puede fortalecer el uso de los conocimientos locales con el fin de identificar mejor las necesidades de rehabilitación y supervisar los progresos realizados por las autoridades nacionales;

221. Recuerda las recomendaciones posteriores a la visita de la delegación de la Comisión de Control Presupuestario de la Comisión a Haití en febrero de 2012 e insiste, como un principio constante, en la importancia fundamental de la trazabilidad y la rendición de cuentas de los fondos de desarrollo de la Unión, en particular mediante la vinculación de la ayuda presupuestaria a los resultados, sobre todo mediante la definición clara de las obligaciones y los deberes de la administración nacional para garantizar adecuadamente la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas; reitera su petición de que se ponga más énfasis en la lucha contra la corrupción endémica; señala que la ayuda humanitaria debe basarse en una estrategia de salida y subraya que los fondos deben canalizarse a través de la Agencia de Contratación de Haití siempre que sea posible, en el marco del Acuerdo de Cotonú, con el fin de garantizar la propiedad y el apoyo al fortalecimiento de los órganos nacionales, incluida la Agencia de Contratación, que debe actuar como un filtro de control; pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que hagan hincapié en la matriz de la condicionalidad para la ayuda presupuestaria sectorial;

222. Recuerda que el proceso de consolidación del Estado es el objetivo principal de la estrategia de desarrollo de la Unión y la piedra angular en toda situación de crisis, en línea con los principios de intervención en contextos frágiles; señala que esto incluye el apoyo al proceso de consolidación del Estado, la transparencia y eficiencia de la gestión financiera pública, las asignaciones presupuestarias y la eficacia del gasto público, además de diálogos políticos y políticas reforzadas;

223. Pide la definición de una buena combinación de políticas para la intervención de la Unión, a través de un enfoque global para las partes interesadas estatales y no estatales/no gubernamentales y el apoyo a los sectores a través de una rápida evaluación de las necesidades sectoriales, en beneficio de la viabilidad, la complementariedad y la sostenibilidad de los proyectos;

Orientaciones para el futuro

224. Considera que, más allá de la situación de Haití, es necesario debatir y mejorar las medidas con objeto de fortalecer el marco político de intervención y reducir el riesgo de catástrofes, con el fin último de limitar al mínimo los riesgos para la vida humana y las condiciones de vida humana; considera que la inversión en materia de reducción del riesgo de catástrofes es un componente fundamental para el desarrollo sostenible, y resulta sumamente rentable al permitir un uso mucho más eficiente y eficaz de los recursos que el pago de la factura en respuesta a las catástrofes;

225. Considera que las situaciones de crisis y de fragilidad requieren el desarrollo de políticas con nuevos enfoques, nuevos métodos y conocimientos, en particular en relación con actividades tales como i) la identificación de riesgos en diferentes niveles operativos, ii) la preparación de escenarios y proyecciones de posibles consecuencias y iii) el diseño de instrumentos para evitar, reducir y prepararse para los posibles riesgos y catástrofes; pide un enfoque flexible para que la Comisión pueda adaptar sus medidas e instrumentos para una asistencia adecuada y rápida ante una crisis y la situación posterior a la crisis; señala a este respecto que, mientras tanto, la Comisión ha creado un sistema para movilizar a expertos en distintos ámbitos de competencia, a fin de permitir a corto plazo el despliegue de personal adicional en las delegaciones de la Unión o en los servicios centrales en caso de escasez de personal;

226. Alienta a la Comisión y al SEAE a que trabajen sistemáticamente en las cuatro fases del ciclo de gestión de catástrofes, principalmente la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación, en pos de la definición de un marco estratégico para la gestión del riesgo de catástrofes y acciones de refuerzo de la resiliencia; pide a la Comisión y al SEAE que informen al Parlamento acerca de los avances, en particular en materia de gestión de riesgos y de preparación para la aplicación y consecución de los objetivos del programa en un contexto posterior a la catástrofe;

227. Recuerda que en toda situación de crisis se debe prestar especial atención a la solidez y la eficacia operativa del marco de gobernanza nacional para la gestión de la reducción del riesgo de catástrofes como una condición previa para el éxito de la intervención de la Unión; recuerda que la evaluación de todo marco de gobernanza nacional debe tener en cuenta, entre otras cosas, los marcos existentes para la rendición de cuentas de los resultados, la definición y la toma de responsabilidades existente a nivel central y local, una clara cadena de mandos y controles, canales de información entre los diversos agentes/donantes, así como mecanismos de retroalimentación sobre los proyectos;

228. Apoya las recomendaciones del Tribunal de Cuentas con respecto a la ayuda de la Unión para la rehabilitación tras el terremoto en Haití y acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión también acepte las recomendaciones;

Parte XX Informe Especial no 14/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Cómo calculan, reducen y compensan las instituciones y los órganos de la UE sus emisiones de gases de efecto invernadero?»

229. Considera que todas las instituciones y los órganos de la Unión deben tener un enfoque común en relación con sus emisiones de gases de efecto invernadero y su posible reducción; que, para ello, tienen que calcular de forma global sus emisiones de gases de efecto invernadero y no deben dejar de publicar los resultados;

230. Considera que la Comisión, para mantener la credibilidad en las negociaciones medioambientales con terceros, debe hacer un mayor esfuerzo en la recopilación de más datos sobre sus propias emisiones de gases de efecto invernadero;

231. Pide a las instituciones y a los órganos de la Unión que no tienen certificación del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) que consideren la posibilidad de solicitarla cuanto antes; destaca, no obstante, que la certificación EMAS debe considerarse una herramienta para estructurar, en particular, las emisiones de gases de efecto invernadero, y no se debe considerar como el único objetivo final de la política ecológica de las instituciones;

232. Señala que las instituciones y los órganos de la Unión pueden recurrir en mayor medida a la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir su huella de carbono; coincide con el Tribunal de Cuentas en el sentido de que «la utilización de créditos de compensación de emisiones de carbono de alta calidad junto con medidas de reducción de las emisiones (y no en sustitución de dichas medidas) ofrecería una respuesta adecuada a estas cuestiones»; observa, no obstante, que la compensación debe estar en segundo plano con respecto a la inversión de esos fondos para mejorar la política ambiental de las instituciones y los órganos de la Unión;

233. Acoge con satisfacción que algunas de las instituciones de la Unión hayan puesto en marcha proyectos piloto de contratación pública ecológica; espera que los resultados demuestren ser prometedores y que la contratación pública ecológica se convierta, en el futuro, en el procedimiento habitual de las instituciones y los órganos de la Unión;

234. Destaca que, al aplicar estas políticas, el factor humano sigue constituyendo el aspecto esencial; insta, por consiguiente, a la administración de las instituciones y los órganos de la Unión responsable de estas políticas que se prepare y mejore sus competencias y su comprensión por lo que respecta a la importancia de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instituciones; espera que la constitución del nuevo Colegio de Comisarios en 2014 ofrezca la oportunidad de una nueva apertura en la aplicación de normas más rigurosas en la Comisión Europea y en sus agencias.

Parte XXI Informe Especial no 15/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «El Fondo para las Fronteras Exteriores ha fomentado la solidaridad financiera, pero se precisa una mejor medición de los resultados y debe aportar mayor valor añadido europeo»

235. Observa con preocupación que los objetivos estratégicos del Fondo para las Fronteras Exteriores (FFE) no han quedado claros y que existe, en particular, una tensión entre el carácter general del FFE como mecanismo de solidaridad y su concentración en objetivos concretos destinados a lograr una mejor cooperación en el ámbito del control de las fronteras y los visados;

236. Observa que, para la Comisión, el lanzamiento con éxito de SIS II, VIS y Eurosur en todos los Estados miembros pone de manifiesto la contribución del FFE; opina, no obstante, que una afirmación tan general no puede considerarse nunca una respuesta satisfactoria a la crítica concreta del Tribunal de Cuentas sobre la falta de indicadores de resultados;

237. Observa que pueden surgir problemas similares con los objetivos del instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior (FSI), dado que también este instrumento tiene por finalidad tanto la solidaridad entre Estados miembros en la gestión del control de fronteras como la consecución de un nivel elevado y uniforme de control de las fronteras exteriores y la tramitación eficaz de los visados Schengen, de conformidad con el compromiso de la Unión con los derechos humanos;

238. Insiste en que los Estados miembros, si bien reconocen la importancia de un control efectivo de las fronteras en las fronteras exteriores comunes como parte del acervo Schengen, siguen considerando la gestión de los controles de fronteras y, en menor medida, la tramitación de las solicitudes de visado, como competencias esencialmente nacionales;

239. Pide a los Estados miembros que, por consiguiente, incluyan al FSI en las estrategias nacionales de gestión de las fronteras con el fin de contribuir a la cooperación consular, a las operaciones coordinadas por Frontex o a las intervenciones de emergencia o específicas relevantes para el espacio Schengen en su conjunto; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que mejoren su cooperación en este sentido;

240. Solicita que la Comisión estudie si podría resultar útil dividir la parte de los controles fronterizos y los visados del FSI en varios segmentos específicos: uno para la solidaridad; otro para el cumplimiento de la cooperación consular, las operaciones de Frontex y las acciones específicas y de emergencia; y otro para las acciones que son sobre todo pertinentes desde una perspectiva nacional;

241. Recomienda que los Estados miembros desarrollen y utilicen indicadores pertinentes y mensurables para la producción, resultados y repercusiones de los proyectos financiados; destaca que deben establecerse verificaciones ex ante de gran calidad para garantizar que todos los proyectos financiados estén al servicio de objetivos concretos y