P6_TA(2006)0354

Acuerdo UE/EE.UU. sobre la utilización de los datos de los registros de nombres de los pasajeros

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre las negociaciones para un Acuerdo con los Estados Unidos de América sobre la utilización de los datos de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) con miras a prevenir y combatir el terrorismo y la delincuencia transnacional, incluida la delincuencia organizada (2006/2193(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta de recomendación destinada al Consejo presentada por Sophia in 't Veld, en nombre del Grupo ALDE, sobre el contenido del Acuerdo concluido con los Estados Unidos de América sobre la utilización de los datos del Registro de nombres de los pasajeros con miras a prevenir y combatir el terrorismo y la delincuencia transnacional, incluida la delincuencia organizada (B6-0382/2006),

- Vistos el apartado 3 del artículo 114 y el artículo 94 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0252/2006),

A. Recordando sus anteriores resoluciones sobre la cuestión de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) [1], en las que el Parlamento manifestó desde un primer momento:

- su disposición a autorizar el acceso de las autoridades públicas a los datos personales de los pasajeros por razones de seguridad cuando sea necesario para la identificación y el cotejo con una lista vigilada de personas peligrosas o delincuentes y terroristas conocidos (tal como se hace en la UE en relación con el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen o con arreglo a la Directiva 2004/82/CE [2], que dan acceso a los datos de identificación gestionados por las compañías aéreas a través del Advanced Passenger Information System ("APIS"), y

- su profunda preocupación por el acceso sistemático por parte de las autoridades públicas a datos relacionados con la conducta, como el número de tarjeta de crédito, la dirección electrónica, la afiliación a algún grupo particular o la información sobre usuarios regulares del transporte aéreo, de pasajeros "corrientes" (es decir, personas no registradas como peligrosas o delincuentes en el país de llegada), con el fin exclusivo de contrastar únicamente con una pauta teórica si el pasajero en cuestión podría constituir una amenaza "potencial" para el vuelo, para su país de destino o para algún país que tenga previsto atravesar;

B. Consciente de que el acceso sistemático a datos relativos a la "conducta", aun cuando no resulte aceptable en la UE, es requerido actualmente por países como los Estados Unidos, Canadá y Australia para la protección de su seguridad nacional, pero destacando que:

- en el caso de Canadá y Australia, la legislación nacional prevé un acceso a los datos de carácter limitado en cuanto a su alcance y duración, así como a la cantidad de datos contemplada, y sujeto al control de una autoridad judicial, en consideración a lo cual dichos sistemas han sido juzgados adecuados por el Parlamento y por las autoridades nacionales de protección de datos en la UE,

- en el caso de los Estados Unidos, incluso tras largas negociaciones con la Comisión y algunas manifestaciones de buena voluntad recogidas en los "compromisos", sigue sin darse una protección legal de los datos por parte de los Estados Unidos en el ámbito del transporte aéreo; considerando, por tanto, que puede accederse a todos los datos de los PNR, con la única excepción de los datos "sensibles", y que los datos pueden conservarse durante años tras la realización del control de seguridad; destacando, asimismo, que no existe protección judicial para los ciudadanos no estadounidenses;

C. Considerando que desde las atrocidades del 11 de septiembre de 2001 se han introducido numerosas medidas concretas que a menudo implican la recogida y el control sistemáticos de datos personales de todos los ciudadanos, especialmente de datos relativos a las transferencias de dinero, las telecomunicaciones y los pasajeros; considerando asimismo que, a falta de una política de seguridad coherente de la UE, puede verse socavada la posición de los ciudadanos individuales con respecto al Estado;

D. Recordando que el Parlamento emprendió acciones legales ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tratando de obtener la anulación de la Decisión 2004/496/CE [3] del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo con los Estados Unidos de América negociado sobre la base de la Decisión 2004/535/CE [4] de la Comisión, por considerar que dicha Decisión carecía de fundamento jurídico y de claridad jurídica y que la recogida de datos personales con arreglo al Acuerdo resultaba excesiva en relación con la necesidad de combatir la delincuencia organizada y el terrorismo,

E. Acogiendo con satisfacción la anulación por parte del Tribunal de Justicia de la Decisión 2004/496/CE del Consejo y la Decisión 2004/535/CE de la Comisión [5],

F. Lamentando que el Tribunal de Justicia no respondiera a las preocupaciones del Parlamento en relación con la estructura jurídica del Acuerdo y su conformidad con los principios de protección de los datos contenidos en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH),

G. Considerando que el Tribunal de Justicia ha considerado que la Decisión 2004/496/CE del Consejo no podía adoptarse de forma válida tomando como base el artículo 95 del Tratado CE en conjunción con la Directiva 95/46/CE [6], ya que la transferencia de datos de los PNR a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de los Estados Unidos y el uso de los mismos por este organismo corresponden a operaciones de tratamiento de datos relativas a la seguridad pública y a las actividades del Estado en ámbitos del Derecho penal, y estas operaciones no están incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 95/46/CE ni pertenecen al tercer pilar;

H. Considerando la disposición expresada por la Comisión y el Consejo de cooperar estrechamente con el Parlamento para garantizar el pleno cumplimiento de la sentencia del Tribunal; lamentando, sin embargo, que el Consejo no haya asociado al Parlamento a las negociaciones en curso;

I. Compartiendo el dictamen aprobado el 14 de junio de 2006 por el Grupo de trabajo sobre el artículo 29 sobre el seguimiento necesario de la sentencia del Tribunal [7],

J. Considera que esta cuestión reviste tal importancia que la UE debe, en cualquier caso, regularla con los Estados Unidos sobre la base de un verdadero acuerdo internacional que, respetando plenamente los derechos fundamentales, establezca:

a) qué datos son necesarios a efectos de identificación y deben transferirse sistemáticamente de forma automática (APIS) y qué datos relacionados con la "conducta" de los pasajeros podrían transferirse con carácter individual, cuando se trate de personas que figuren en listas vigiladas del ámbito de la seguridad pública como personas peligrosas por razones de actividades delictivas o terroristas,

b) la lista de delitos graves por los que pudiera presentarse una solicitud adicional,

c) la lista de autoridades y agencias que podrían compartir los datos y las condiciones de protección de los mismos que deberían aplicarse,

d) el período de retención para ambos tipos de datos, poniendo de manifiesto que los datos relativos a la prevención de delitos graves deben intercambiarse con arreglo a los Acuerdos entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre asistencia judicial [8] y extradición [9],

e) el cometido de las compañías aéreas, los sistemas informatizados de reserva de billetes o las organizaciones privadas (como la SITA y AMADEUS) en la transferencia de los datos de los pasajeros y los medios previstos (APIS, PNR, etc.) para los fines de la seguridad pública,

f) las garantías que deben ofrecerse a los pasajeros para que puedan rectificar los datos que les afecten y ofrecer explicaciones en caso de discordancias entre los datos relacionados con un contrato de viaje y los datos de la misma naturaleza incluidos en los documentos de identidad, visados, pasaportes y otros documentos oficiales,

g) las responsabilidades de las compañías aéreas en relación con los pasajeros y las autoridades públicas en caso de errores de transcripción o codificación y en relación con la protección de los datos que hayan tratado,

h) el derecho de apelación a una autoridad independiente y los mecanismos de reparación en caso de vulneración de los derechos de los pasajeros;

i) la necesidad de cumplir estrictamente lo dispuesto en la letra d) del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 2299/89 del Consejo de 24 de julio de 1989 por el que se establece un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva [10], en la que se exige el consentimiento previo del pasajero para la transmisión de cualquier tipo de información de carácter personal;

1. Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

Principios generales

a) evitar una laguna jurídica a escala europea a partir del 1 de octubre de 2006 para la transferencia de los datos de los pasajeros, y garantizar, todavía en mayor medida que en la actualidad, la protección de los derechos y las libertades de los pasajeros frente a los "compromisos" unilaterales presentados por la Administración estadounidense;

b) basar cualquier nuevo acuerdo en este ámbito en los principios de la UE en materia de protección de datos, tal como constan en el artículo 8 del CEDH;

En lo que respecta al procedimiento de negociación:

c) negociar, ajustándose a los imperativos del calendario:

- un nuevo acuerdo internacional a corto plazo a fin de cubrir el período comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y noviembre de 2007 (período inicialmente cubierto por el Acuerdo UE/EE.UU., que fue objeto de la sentencia de anulación del Tribunal de Justicia);

- a medio o largo plazo, un enfoque más coherente al nivel de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) de cara al intercambio de datos de los pasajeros, a fin de garantizar tanto la seguridad del tráfico aéreo como el respeto de los derechos humanos a escala mundial;

d) encargar a la Presidencia, asistida por la Comisión, que informe al Parlamento acerca de las negociaciones sobre el Acuerdo y asocie a representantes de la comisión parlamentaria pertinente al diálogo con la Administración estadounidense;

En lo que respecta al contenido del Acuerdo a corto plazo:

e) superar, en primera instancia, las deficiencias esbozadas en la primera revisión conjunta UE/EE.UU. del Acuerdo [11] y tener en cuenta las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Grupo de trabajo sobre el artículo 29 [12];

f) incluir el contenido de los "compromisos" en el cuerpo del Acuerdo, de tal manera que pasen a ser jurídicamente vinculantes, tras lo cual ambas partes tendrán que establecer o modificar cualquier legislación existente y el poder judicial tendrá que proteger a las personas contempladas en el Acuerdo;

g) incorporar inmediatamente en el nuevo Acuerdo, como muestra de buena fe por parte de la Administración estadounidense, los compromisos —que siguen sin aplicarse plenamente, habiendo transcurrido más de dos años desde la entrada en vigor del Acuerdo—, de la siguiente manera:

- la limitación estricta de la finalidad, prevista anteriormente en el Compromiso 3, de tal forma que los datos relativos a la conducta no puedan utilizarse para comprobar delitos financieros o para prevenir la gripe aviar; esta limitación debería establecerse asimismo para la transferencia ulterior de estos datos;

- el paso a un sistema PUSH (tal como se prevé en el Compromiso 13), como en los acuerdos de la CE con Canadá y Australia, dado que se dispone de todos los requisitos técnicos para ello y que ya lo aplica, por ejemplo, la SITA;

- el suministro de información a los pasajeros sobre las normas de los PNR, y la introducción de procedimientos adecuados de reclamación judicial, tal como se prevé en los Compromisos 36-42 y en los acuerdos sobre PNR con Canadá y Australia;

- la necesidad de garantizar unas instrucciones y una formación adecuadas del personal que maneja los datos, así como la necesidad de garantizar la seguridad de los sistemas informáticos;

- la realización, en la práctica anualmente y en cooperación con las autoridades nacionales competentes en materia de protección de datos, del examen conjunto anual establecido por el Compromiso 43, y su publicación íntegra, con evaluación no sólo de la aplicación de los "compromisos", sino también de los resultados del Acuerdo en términos de eliminación del terrorismo y la delincuencia;

En lo que respecta al contenido del Acuerdo a medio plazo:

h) dotar a la UE de un marco jurídico claro, adoptando urgentemente la propuesta de decisión marco relativa a la protección de datos personales;

i) evitar una división artificial entre los "pilares" creando un marco coherente de protección de datos que abarque los distintos pilares, mediante el recurso a la "cláusula pasarela" prevista en el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, a fin de garantizar que el nuevo Acuerdo se concluya en asociación con el Parlamento y esté sujeto al control del Tribunal de Justicia;

j) limitar la cantidad de datos que puedan solicitarse y filtrar en el origen datos sensibles, tal como estipula el artículo 8 de la Directiva 95/46/CE; observa que a los transportistas sólo se les pide que faciliten los datos de los que ellos disponen, de tal modo que en la práctica la CBP rara vez recibe la totalidad de las 34 categorías de datos que se solicitan; concluye que, a efectos del Acuerdo, es decir, con miras a combatir el terrorismo y la delincuencia transnacional, incluida la delincuencia organizada, bastarían incluso los datos APIS; pide a la Presidencia del Consejo y a la Comisión que planteen esta cuestión durante las negociaciones;

2. Reitera su petición anterior de que el nuevo Acuerdo proporcione a los pasajeros europeos un nivel de protección de datos igual al nivel de protección de que gozan los ciudadanos estadounidenses;

3. Subraya su posición anterior de que la Unión Europea debe evitar la creación indirecta de un sistema europeo de PNR a través de la transferencia de los datos pertinentes por parte de la CBP a las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros; considera que la recogida sistemática de los datos de ciudadanos "corrientes" fuera del marco de un procedimiento judicial o una investigación policial debería seguir estando prohibida en la UE, y que los datos deben intercambiarse cuando resulte necesario con arreglo a los actuales Acuerdos entre la UE y los Estados Unidos en materia de asistencia judicial mutua y extradición;

4. Propone que, antes de finales de 2006, se inicie un diálogo entre la UE, los Estados Unidos, Canadá y Australia, en el que participen representantes parlamentarios, con miras a preparar conjuntamente la revisión de 2007 y establecer una norma mundial para la transmisión de PNR, en el caso de que se considere necesario;

5. Recomienda encarecidamente que el Parlamento organice a este respecto una sesión conjunta con el Congreso de los Estados Unidos, en su condición de instituciones democráticas representantes de los ciudadanos afectados, con miras a entablar un diálogo sobre la lucha contra el terrorismo y sus consecuencias para las libertades civiles y los derechos humanos;

*

* *

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión.

[1] Resolución de 13 de marzo de 2003 sobre la transmisión de datos personales por las compañías aéreas en los vuelos transatlánticos (DO C 61 E de 10.3.2004, p. 381); Resolución de 9 de octubre de 2003 sobre la transmisión de datos personales por las compañías aéreas en los vuelos transatlánticos: estado de las negociaciones con los EE.UU. (DO C 81 E de 31.3.2004, p. 105), y Resolución de 31 de marzo de 2004 sobre el proyecto de Decisión de la Comisión por la que se determina el nivel de protección adecuado de los datos personales incluidos en los registros de nombres de pasajeros aéreos (PNR) transferidos a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (DO C 103 E de 29.4.2004, p. 665).

[2] Directiva 2004/82/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas (DO L 261 de 6.8.2004, p. 24).

[3] Decisión 2004/496/CE del Consejo, de 17 de mayo de 2004, relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de los datos de los expedientes de los pasajeros por las compañías aéreas al Departamento de seguridad nacional, Oficina de aduanas y protección de fronteras, de los Estados Unidos (DO L 183 de 20.5.2004, p. 83).

[4] Decisión 2004/535/CE de la Comisión, de 14 de mayo de 2004, relativa al carácter adecuado de la protección de los datos personales incluidos en los registros de nombres de los pasajeros que se transfieren al Servicio de aduanas y protección de fronteras de los Estados Unidos (Bureau of Customs and Border Protection) (DO L 235 de 6.7.2004, p. 11).

[5] Sentencia de 30 de mayo de 2006 en los asuntos acumulados C-317/04 y C-318/04.

[6] Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

[7] Dictamen 5/2006 sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de mayo de 2006 de los asuntos acumulados C-317/04 y C-318/04 sobre la transmisión de los registros de nombres de pasajeros a los Estados Unidos (véase: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2006_en.htm).

[8] DO L 181 de 19.7.2003, p. 34.

[9] DO L 181 de 19.7.2003, p. 27.

[10] DO L 220 de 29.7.1989, p. 1.

[11] Revisión conjunta de la aplicación por parte de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos de los Compromisos establecidos en la Decisión 2004/535/CE de la Comisión, de 14 de mayo de 2004 (versión redactada de 12.12.2005).

[12] Véase: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2006_en.htm.

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