8. 3. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 60/5 
4. Observaciones específicas 
4.1. El artículo 1 debería modificarse del siguiente 
modo: 
« (d) a las pequeñas porciones individuales de 
helado y pastelería, siempre que se indique el lote 
en los envases de varias unidades. » 4.2. Artículo 2 (nuevo) 
« La presente exención se limita a un período de 
cuatro años a partir de la fecha de publicación de 
esta Directiva. » 
Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1990. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Fran^ois STAEDELIN 
Dictamen sobre: 
— la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se establece el Código Aduanero 
Comunitario y 
— la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se determinan los casos y 
condiciones particulares en que podrá recurrírse al régimen de admisión temporal con 
exención total de los derechos de importación (*) 
(91/C 60/03) 
El 2 de abril de 1990, de conformidad con los artículos 28, 100 A y 113 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité 
Económico y Social sobre las propuestas mencionadas arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su dictamen el 5 de diciembre de 1990 (ponente: Sr. Petersen). 
En su 282° pleno (sesión del 18 de diciembre de 1990), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen. 
1. Observaciones generales 
1.1. La propuesta de Código Aduanero viene a satis­
facer la petición reiterada e insistente que el Comité 
Económico y Social ha dirigido en los últimos años 
al legislador para que se estableciera una legislación 
aduanera única en la Comunidad. Esta legislación susti­
tuye las disposiciones nacionales en la materia y las 
deroga así totalmente. El método que se ha seguido en 
este proceso legislativo de recopilación de leyes y decre­
tos podría servir de ejemplo para otros ámbitos jurídi­
cos distintos del Derecho aduanero. 
(') DO n° C 128 de 23. 5. 1990, p. 1. 1.2. La recopilación en un solo texto de las dispos­
iciones repartidas hasta ahora en muchos actos jurídicos 
distintos, la revisión de su concepción y contenido y la 
armonización de legislaciones hasta ahora no comunes 
hacen del Código una ley fundamental de la Unión 
Aduanera. Al mismo tiempo, el Código pone de mani­
fiesto la importancia de la Unión Aduanera en relación 
con los aspectos de política económica exterior del 
mercado único. 
1.3. Hay que admitir que la realización de una obra 
tan amplia y de carácter tan único comporta grandes 
dificultades. Por eso, hay que destacar positivamente la 
claridad y el carácter sistemático en la concepción de 
este documento, así como la inteligibilidad de su expre-
N° C 60/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8.3.91 
sión, gracias a lo cual el Código contribuye no poco a 
la necesaria comprensión del derecho y allana el camino 
hacia una mayor observancia. No obstante, en muchos 
casos sólo se podrán juzgar definitivamente las repercu­
siones del Código cuando se conozcan las disposiciones 
de aplicación, por lo que éstas deben presentarse lo 
antes posible. 
1.4. El análisis de un acto jurídico tan complejo e 
innovador como el presente exige un estudio prolon­
gado de todas las disposiciones arancelarias, lo cual 
requiere amplios conocimientos jurídicos. Las dispo­
siciones generales contenidas en el Título I, por su 
alcance general, precisan sobre todo de un análisis 
especialmente crítico. Naturalmente, esta observación 
no excluye la necesidad de un análisis detallado del 
contenido de los demás títulos. En primer lugar, hay 
que observar que el Código recoge algunas disposicio­
nes hasta en sus mínimos detalles, lo cual va en contra 
de la naturaleza de un texto jurídico como éste, mientras 
que otras disposiciones son muy escuetas y exigen inter­
pretación. Las deficiencias que presentan las traduccio­
nes de algunas versiones lingüísticas agravan aún más 
la situación. 
1.4.1. La intención del legislador de reunir en una 
parte general, por la similitud de sus contenidos, las 
disposiciones adoptadas hasta ahora para determinados 
regímenes aduaneros es digna de aprobación. No 
obstante, no es de excluir que ese alcance general que se 
ha buscado repercuta también en regímenes y decisiones 
que quedaban hasta ahora fuera de ese marco. 
1.4.2. Con esta ampliación del Derecho aduanero 
comunitario aumenta el peligro de una posible injeren­
cia en el Derecho administrativo general y en los orde­
namientos judiciales de los diferentes Estados miem­
bros, ya que las decisiones de las autoridades aduaneras 
no son sólo de naturaleza fiscal, sino también adminis­
trativa, por lo cual guardan relación con el Derecho 
administrativo general. Otro tanto cabe señalar en rela­
ción con las vías de derecho en materia de litigios 
aduaneros y su inclusión en un sistema de recurso 
nacional uniforme. Se trata de un terreno jurídico nece­
sariamente novedoso, cosa que hay que tener especial­
mente en cuenta a la hora de fijar los plazos de recurso. 
No hay duda alguna de que para aplicar el Derecho 
comunitario se necesitan procedimientos uniformes y 
que es conveniente que los litigios aduaneros se hallen 
igualmente sujetos a una reglamentación única. Con 
todo, cabe preguntarse sobre 
— la competencia de la Comunidad Europea para 
armonizar ámbitos jurídicos que no figuran expresa­
mente en el Tratado de la Comunidad Europea, así 
como sobre 
— la conveniencia, desde el punto de vista del operador 
económico, de que se dispersen unos sistemas jurídi­
cos reglamentados hasta ahora uniformemente a 
nivel nacional. 1.4.3. Dada la importancia fundamental de las dis­
posiciones relativas al Comité del Código Aduanero 
(artículos 253 a 255), conviene abordar ya el tema en 
el presente contexto: dichas disposiciones conceden a 
los Estados miembros sólo un derecho de consulta 
—no de participación activa— a la hora de adoptar 
disposiciones de aplicación. Dado que éstas afectan 
también a menudo a estructuras administrativas u orga­
nizativas que siguen siendo de competencia nacional, 
no debería negarse a los Estados miembros el derecho de 
participación. Al privar de prerrogativas a los Estados 
miembros se aumenta necesariamente el poder de la 
Comisión, cuyas acciones no estarían sometidas a con­
trol alguno, ni por parte del Consejo ni del Parlamento 
Europeo. Pese a que sigue siendo posible consultar al 
Tribunal de Justicia Europeo, esta vía, constituye una 
alternativa extremadamente compleja y larga, a causa 
sobre todo de la gran duración, en general, del procedi­
miento. 
2. Observaciones particulares 
Considerandos 
2.1. Debería concretarse la referencia al trato equita­
tivo de los operadores económicos (séptimo conside­
rando) en el sentido de que todas las medidas adoptadas 
por las autoridades aduaneras han de regirse por el 
principio de proporcionalidad. 
2.1.1. Por otra parte, sería deseable especificar en 
los considerandos que la legislación aduanera no debe 
oponerse a la utilización de las modernas técnicas de 
comunicación. 
Artículo 1, apartado 1, segundo párrafo 
Esta excepción es válida sobre todo para el Derecho 
penal aduanero, que no se ha armonizado hasta ahora. 
Artículo 1, apartado 1 
2.2. El Comité pide a la Comisión que especifique 
los casos en que se han aplicado hasta ahora prácticas 
consuetudinarias; llegado el caso, se podría suprimir 
esta referencia. 
2.2.1. Por otra parte, cabría considerar la posibilidad 
de limitar temporalmente las medidas comunitarias 
autónomas con el fin de no vaciar de contenido el 
Código Aduanero. 
Artículo 4 
2.3. Esta disposición debe suprimirse como conse­
cuencia de los acontecimientos que han tenido lugar 
desde entonces. 
8. 3. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 60/7 
Artículo 5, apartado 16 Artículos 9 al 11 
2.4. El uso de mercancías exentas de derechos adua­
neros no se menciona explícitamente. Dado que, por 
regla general, se trata de la limitación del uso de mer­
cancías exentas de derechos aduaneros bajo vigilancia 
aduanera, también debería mencionarse esta figura en 
el epígrafe « régimen aduanero ». Por otra parte queda 
aún por establecer el régimen aduanero para el abasteci­
miento de barcos y aviones. 
A continuación del artículo 5 (nuevo artículo) 
2.5. El Comité aconseja añadir un artículo suplemen­
tario con el siguiente texto: 
«En casos específicos podrán celebrarse acuerdos 
con los operadores con el fin de simplificar los 
trámites aduaneros. Estas simplificaciones sólo 
serán admisibles si no modifican la cuantía total 
de los derechos de importación y no afectan a la 
competencia. » 
Artículo 6 2.10. Con vistas a una aplicación uniforme del dere­
cho sería en principio conveniente adoptar una norma­
tiva vinculante para todos los Estados miembros sobre 
nulidad, anulación y revocación de decisiones aduane­
ras. Sin embargo, el Comité subraya que dicha norma­
tiva —en mayor grado aún que los Reglamentos (CEE) 
n° 1430/79 (devolución y condonación) y n° 1697/79 
(recaudación a posteriori), por ejemplo— interfiere con 
el Derecho fiscal y administrativo de los Estados miem­
bros y dispersa unos sistemas jurídicos nacionales hasta 
ahora unitarios. Desde el punto de vista de los operado­
res económicos, una normativa general relativa a los 
efectos jurídicos de actos administrativos de la adminis­
tración aduanera podría complicar la situación jurídica 
en lugar de simplificarla. 
Artículo 10, apartado 1, letra b 
2.11. No se hace distinción alguna entre la competen­
cia sobre el fondo y la competencia territorial de las 
autoridades. Como es de suponer que en este caso, al 
contrario que en el artículo 9, se trata de la competencia 
territorial de las autoridades, debería añadirse la pala­
bra «territorial » detrás de « competencia ». 
2.6. Merece aprobación la norma según la cual toda 
persona podrá hacerse representar ante las autoridades 
aduaneras para la realización de los actos y formalida­
des establecidos en la normativa aduanera. No 
obstante, deberán especificarse las consecuencias de la 
representación en lo relativo a derechos de aduana y 
derechos fiscales. Artículo 11, apartado 3 
2.12. Este párrafo debería suprimirse completa­
mente. No cabe dejar a criterio de la administración 
aduanera el juzgar si una decisión sigue estando justifi­
cada o no en el plano económico. La justificación 
económica es ante todo una decisión empresarial. 
Artículo 6, apartado 1 
2.7. En opinión del Comité, la reserva relativa al 
Capítulo 3 del Título VII exige aclaración; a modo de 
ayuda debería hacerse referencia explícita al artículo 
249. Artículo 12, apartado 1, párrafo segundo 
2.13. La denegación sólo debería tener lugar tras 
una entrevista con las autoridades aduaneras. En este 
contexto, es indispensable que la noción de « operación 
comercial prevista » se interprete en sentido amplio. 
Artículo 7, apartado 2, frase primera 
2.8. Debería añadirse lo siguiente: « ... y deberá ser 
comunicado al solicitante ». Al solicitante le importa 
no sólo que se haya adoptado la decisión, sino que se 
le comunique. Artículo 12, apartado 2, frase segunda 
2.13.1. Los gastos cargados al solicitante de informa­
ción deberían especificarse y limitarse a gastos de análi­
sis, dictámenes periciales, etc. De otro modo, el margen 
de discreción de las autoridades aduaneras sería prácti­
camente ilimitado. 
Artículo 7, apartado 2, frase segunda 
2.9. Para impedir que la decisión sobre una solicitud 
presentada por escrito se adopte sólo de palabra 
—incluso sin indicación de los recursos procedentes— 
debería añadirse lo siguiente: « ...y comunicársele por 
escrito al solicitante ». Artículo 13, apartado 3 
2.14. Estas disposiciones podrían estar en contradic­
ción con los principios generales de la nulidad estipula­
dos en el artículo 9. Según éstos, la información arance­
laria vinculante que se hubiera facilitado sobre la base 
N° C 60/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 3. 91 
de elementos inexactos o incompletos no puede ser 
nula. Según el artículo 10, la información sólo puede 
ser anulada; la anulación surte efecto a partir del 
momento en que se adoptó la decisión anulada. 
2.14.1. En su propuesta la Comisión parte correcta­
mente de la base de que la falta de efecto por causa de 
nulidad sólo se da cuando por circunstancias especiales 
resulte evidente que las autoridades no eran competen­
tes para decidir. No obstante, la información arancela­
ria vinculante basada en elementos inexactos o incom­
pletos no entra dentro de esta categoría dado que el 
interesado no tiene por qué tener conocimiento de ese 
carácter inexacto o incompleto. De ahí que, de entrada, 
pueda dar por supuesta la validez de la información 
arancelaria vinculante. 
Artículo 13, apartado 5, párrafo segundo 
2.15. Este párrafo debería suprimirse. De lo contra­
rio podría producirse una gran inseguridad jurídica en 
relación con los seis meses de protección de la confianza 
legítima. El tercer párrafo deberá adaptarse en conse­
cuencia. 
Artículo 14, párrafo primero 
2.16. La necesidad de los controles debería guiarse 
por criterios objetivos y no por la apreciación subjetiva 
de las autoridades aduaneras. Por lo tanto, debería 
bastar con referirse exclusivamente a toda medida de 
control <« necesaria ». Las palabras « ... que juzgen nece­
saria... » deberían suprimirse. 
Artículo 17 
2.17. La fijación de un plazo único para la conserva­
ción de los documentos merece beneplácito. 
Artículos 22 al 27: « Origen » 
2.18. Las normas estipuladas en dichos artículos 
merecen en principio aprobación, sin perjuicio de las 
siguientes observaciones. 
Artículos 23 y 24 
2.19. Desde el punto de vista sistemático es poco 
conveniente tratar por separado en dos artículos los 
aspectos relativos a la obtención o fabricación completa de mercancías, que hasta ahora estaban recogidos en 
un solo artículo (artículo 4 del Reglamento (CEE) 
n° 802/68). Sería conveniente, pues, convertir el artículo 
24 en apartado n° 2 del artículo 23 y transformar en 
artículo 24 el contenido actual del apartado 2 del artí­
culo 23. 
Artículo 24, letra i) 
2.20. Por principio, un código no debería ser motivo 
para hacer modificaciones de contenido. No obstante, 
sería conveniente que el dispositivo aplicado para esta­
blecer el origen de los artículos en desuso estuviera 
más conforme con la realidad. Actualmente, sólo se 
reconoce el origen en el caso de que los artículos en 
desuso « sólo puedan servir para la recuperación de 
materias primas ». Con ello, en la práctica resulta casi 
imposible determinar el origen de determinados neumá­
ticos para recauchutado o de piezas desmontadas de 
automóviles destinadas a su utilización como piezas de 
recambio. Por lo tanto, convendría suprimir la última 
frase por entero o al menos la palabra « sólo » de la 
última proposición. 
Artículo 27, apartado 2, letra b) 
2.21. El establecimiento de normas de origen para 
las preferencias concedidas de manera autónoma según 
el procedimiento del Comité parece poco adecuado, por 
el carácter comercial de dichas normas. Dado que según 
voluntad de la Comisión, el Comité para el Código 
Aduanero sólo tendría de ahora en adelante una función 
« consultiva », la Comisión de la Comunidad Europea 
podría llevar a cabo una política comercial en la que 
no intervendría ninguna institución comunitaria con 
responsabilidad política. Las normas de origen prefe-
rencial comunitarias deben entrar en vigor mediante 
reglamentos del Consejo; lo mismo ha de valer, por 
consiguiente, para las normas de origen correspon­
dientes. 
Artículos 28 al 36: « Valor en aduana de las mer­
cancías » 
2.22. Las disposiciones relativas al valor en aduana 
de las mercancías recogen las decisiones del Reglamento 
(CEE) n° 1224/80 (Reglamento referente al valor en 
aduana de las mercancías), en parte con idéntico conte­
nido, o revisadas desde el punto de vista de su redacción, 
articuladas con mayor claridad o expuestas de modo 
más comprensible o escueto. La Comisión se ha limi­
tado a las normas de valoración fundamentales; todo 
parece indicar que las normas particulares se tratarán 
en un reglamento de aplicación. Hay que acoger con 
satisfacción este procedimiento, ya que si se recogiera 
textualmente el reglamento actual sobre el valor en 
aduana dejaría de estar garantizada la transparencia 
del Código. No obstante, hay que recordar que, en 
1980, los miembros del Acuerdo general sobre aranceles 
aduaneros y comercio (GATT) insistieron en que se 
D.05^1 Loiano ricial de las Comunidades Europeas l^C^O^ 
adoptarate^tualmenteelCodigo del valor en aduana 
del CATT^para evitar que se produjeran divergencias 
por modificaciones en las versiones nacionales. 
2.23. Este articulo corresponde al articulo 3 del 
Reglamento referente al valor en aduana. En las letras 
a^ v b^ del apartado 2 se ña sustituido la palabra 
^importador^por la de^ declarantes.Esta definición 
esmas clara vdeterminaportantome^or la situación 
jurídica de esa persona. 
Arr^^o3ó^ 
2.2^. Con la sintesisde los articulos2al^del Regla 
mentó referente al valor en aduana se obtiene un te^to 
legal mascomprensirole. El artículo^del citado Regla 
mentó se ha reducido considerablemente^ a este resD 
pecto^ no se podrá emitir una opinión definitiva hasta 
que no se disponga de las disposiciones de aplicación^ 
aun por elaborar. 
Arr^^o3^^^r^o^^rr^^ 
2B2BÓ. Idav que aprobar expresamente la referencia al 
principio establecido por el articuloVH del CA^fl. 
Arr^^o33 
2.2^. En este articulo se han reunido todos los gastos 
que figuraban hasta ahora en los artículos 3^vl^v 
queno están comprendidos enel valoren aduana. El 
te^to resulta asi me^orarticuladovmas claro. 
Enopimondel Comité esnecesanoademas añadirlo 
siguiente Lugar de introducción de las mercancías. 
2.2B5 Palta una definición que correspondaala que 
figura en el articulo 1^ del Reglamento sobre el valor 
enaduana. Eoichadefinicion esnecesanapuestoque^ 
según el Código del valor en aduana del CAT1E sedera 
al arbitrio de las partes contratantes la facultad de 
decidir siincluvenono^ ven casoafirmativo^enque 
medidas los gastos de la entrega en el valor en aduana. 
L^ado que la Comunidad Europea es autónomas debería 
adoptarseaeste respecto una definición jurídica. 
2.2^. El te^to de este párrafo debería completarse de 
la manera siguiente 
^Atalefecto^podrautili^arseunntulo comercial 
reconocido internacionalmente.^ 
Arr^^o^,^rr^^^^o 
2.2^. ^o es en modo alguno necesario que la lista de 
mercanciaspresentadasenaduanacontenga los datos necesarios parala identificación delasmismas.Basta 
con que esa lista permita fi^ar su identidad 
Arr^c^oó^ 
2.30. El Comité propone que se añada un tercer 
apartado redactado de la manera siguientes 
^La declaración efectuada por escrito solo podrá 
ser cumplimentada vpresentadaporeldeclarante 
osu representante, ^o podra ser cumplimentada ni 
completada por las autoridades aduaneras.^ 
2.3L Parece superfino depáralas autoridades adua^ 
ñeras la facultad de decidir sobre la rectificación de la 
declaración^ dado que en el segundo párrafo se especifi^ 
can va algunas rabones posibles de denegación. Por lo 
tantos la primera frase debería sustituirse por la e^pre 
sion cebera autorizarse al declarantes previa petición 
suva...D. 
Arr^o^^r^o^ 
2.32. ElComite propone que se añadalasiguiente 
frase^^Los resultados del examen de control deberán 
figurar por escrito en un certificado de la aduana.^ 
Esta frase adicional tiene como objetivo contribuyala 
segundad jurídicas va que sólo la presentación por 
escrito deuncertificadopuede ofrecer garantías sufiD 
cientes ante la eventualidad de un controlóla espedí 
cíondepruebas^^o^^r^or^ tanto para la administra 
ción aduanera como para los declarantes. 
Arr^c^o^^^^o^o^ 
2.33. lOebe sustituirse todo el guión por^ si existiese 
una necesidad económicas. 
2.33.1. La versión actual toma únicamente en consiD 
deración los mteresesdela administración aduanera. 
En interés de ambas partes debería adoptarse una for 
mulación que haga depender la autorización solamente 
de las necesidades económicas. En laversión que aquí 
se proponed las posibilidades de control de la adminis^ 
tración se conservan intactas. 
Ar^c^o^^^^.^^r^^^ro^^r^o^ 
2.3^. El Código Aduanero sólo se ocupa de los aspee 
tos más elementales del derecho de tránsitos a este 
respecto no se ha producido ninguna modificación susD 
tancial en comparación con la actual normativa. 
Ror lo tantos deberá observarse lo siguiente 
N° C 60/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 3. 91 
Artículo 90, apartado 3 
2.35. A fin de mejorar la comprensión de esta dispo­
sición debería señalarse explícitamente que los otros 
regímenes se refieren a aquellos que figuran en los 
guiones 2 al 5 del apartado 1 del artículo 83. Por otra 
parte, cabría considerar la posibilidad de completar 
esta disposición mediante la siguiente frase: « En deter­
minados casos, las mercancías podrán circular alternati­
vamente conforme al régimen de tránsito. » 
Artículo 91 
2.36. El texto de la versión italiana debería ajustarse 
al de las otras lenguas. 
Artículo 92, apartado 1 
2.37. Determinados casos deberían estar exentos de 
la obligación de prestar obligatoriamente una garantía. 
Por esa razón, dicho párrafo debería ajustarse en su 
formulación al contenido del Reglamento del Consejo 
(CEE) n° 2726/90 sobre el régimen de tránsito comuni­
tario del 17 de septiembre de 1990 que entrará en vigor 
el 1 de enero de 1993. 
Artículos 111 a 160: « Perfeccionamiento, transforma­
ción, admisión » 
2.38. Como corresponde al carácter de un código, 
sólo se han regulado los principios básicos de estos 
regímenes aduaneros. Hasta aquí, no se aprecia, en 
principio, ninguna divergencia en relación con las dis­
posiciones actualmente en vigor. Para la aplicación del 
derecho tiene naturalmente particular importancia la 
estructuración de las disposiciones de aplicación; en 
primer lugar, hay que formular las siguientes observa­
ciones : 
Artículo 117, apartado 1 
2.39. El modo en que este punto está redactado 
podría llevar a concluir erróneamente que no existe 
ningún tipo de excepción a la obligación de reexporta­
ción de mercancías sin perfeccionar o de productos 
compensadores. Para evitar de entrada que se produzca 
tal impresión, el Código debería prever explícitamente 
la posibilidad de que se puedan despachar mercancías 
a consumo sin el acuerdo específico de las autoridades 
aduaneras, a condición de que se paguen intereses com­
pensatorios por la deuda aduanera correspondiente. 
Artículo 117, apartado 3 
2.40. La determinación de los casos y condiciones en 
los cuales las mercancías sin perfeccionar o los produc­
tos compensadores se consideran como despachados a 
consumo no debe efectuarse según el procedimiento del 
Comité sino que debería estar estipulada en el Código 
mismo. Artículo 137, párrafo primero 
2.41. Debería suprimirse el verbo « ... estimen... » y 
sustituirlo por « sea ». La noción de imposibilidad tiene 
que medirse por criterios objetivos. Además, es dudoso 
que en la práctica aparezca un solo caso para el que la 
identificación no se pueda garantizar. Incluso en casos 
difíciles, la descripción detallada de las mercancías, 
fotos, etc. puede garantizar la identificación. 
Artículo 163: « Tránsito interno » 
2.42. La organización del régimen de tránsito interno 
depende de manera decisiva del grado de realización 
del mercado interior en el momento en que el Código 
entre en vigor. Así, en el estado actual de los conoci­
mientos no se puede excluir que en adelante también 
sea necesario un régimen comparable al régimen T2 
actual para el comercio intracomunitario. Hasta que 
no se haya adoptado una decisión a este respecto no se 
podrá determinar la función e importancia que tendrá 
un régimen de tránsito interno dentro del Código Adua­
nero. 
Artículo 163, apartado 1 
2.43. Con el fin de tomar en consideración las condi­
ciones particulares de los transportes marítimos (donde 
no existen medidas de control de alcance equivalente 
al habitual) debería completarse el texto, especificando 
que las mercancías conducidas por vía marítima entre 
puertos situados en el territorio aduanero de la Comuni­
dad están consideradas como mercancías no comunita­
rias, excepción hecha de los casos en que se demuestre 
su carácter comunitario. 
Artículo 164 
2.44. Conforme al Reglamento (CEE) n° 2504/88 
relativo a las zonas francas y depósitos francos, debería 
redactarse la letra a) de la manera siguiente: 
«... para la aplicación de los derechos de importa­
ción y de las medidas de política comercial para la 
importación, se considera que las mercancías no 
comunitarias no se encuentran en territorio adua­
nero de la Comunidad, en tanto en cuanto no se 
despachen a consumo ni se sometan a otro régimen 
aduanero bajo las condiciones estipuladas en la 
presente sección». 
Por otra parte, debería especificarse en un apartado 
suplementario que los trámites aduaneros y las medidas 
de control relacionados con la entrada y estancia de 
mercancías en una zona o almacén franco, así como su 
salida, sólo son aplicables en la medida en que estén 
recogidas en esta sección. 
8. 3. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 60/11 
Artículos 186 a 197: « Garantía del importe de la deuda 
aduanera » 
2.45. Las disposiciones del Código al respecto son 
demasiado exhaustivas en comparación con la impor­
tancia de la garantía del importe, por lo que cabría 
transferir gran parte de ellas a las disposiciones de 
aplicación. 
Artículo 192, párrafo tercero 
2.46. El rechazo del fiador no debería aplicarse a las 
instituciones de crédito ni a las empresas de seguros. 
Artículo 193, párrafo segundo 
2.47. Al igual que para el artículo 192, la denegación 
del modo de garantía propuesto no debería aplicarse 
tampoco a las instituciones de crédito ni a las empresas 
de seguros. 
Artículos 214 al 218: « Contracción del importe de los 
derechos » 
2.48. Estas disposiciones se corresponden en princi­
pio con la legislación actual y no hay nada que objetar 
a su contenido. Sin embargo, la experiencia ha demos­
trado que los plazos aplicados hasta ahora y que se 
incluyen de nuevo en el Código no son en absoluto 
suficientes (por ejemplo, en caso de ajustes periódicos 
de cuentas) para permitir la presentación de declaracio­
nes correctas y completas ante la oficina de aduanas y 
la verificación de las mismas. 
2.48.1. Hay que partir de la base de que en el futuro 
se hará mayor uso de la posibilidad de presentar decla­
raciones periódicas o combinadas, por lo que el Comité 
propone que se revisen de nuevo los plazos teniendo en 
cuenta su facilidad de aplicación. 
Artículos 233 al 239: « Devolución y condonación de 
los derechos » 
2.49. Las disposiciones normativas que figuran ac­
tualmente en el Reglamento (CEE) n° 1430/79 del 2 de 
julio de 1979 han sido integradas en el Código de una 
manera más breve y comprensible. No obstante, deberá 
garantizarse que el tratamiento global de las diversas 
causas de devolución que aparecen en el punto 1 del 
artículo 237 abarca igualmente aquellas que aún figuran 
por separado en el Reglamento actualmente en vigor 
(sobre todo en los artículos 10 a 12). 
Artículos 241 al 252: « Derecho de recurso » 
2.50. Mientras que, en general, la propuesta de 
Reglamento del Código Aduanero sólo contiene dispo­
siciones que ya están armonizadas, los artículos 241 al 
252 tratan un ámbito jurídico que deberá ser armoni­
zado por primera vez gracias al Código. Sin embargo, 
la particularidad de la armonización de los derechos de recurso reside no sólo en las diferencias, en parte 
considerables, de los regímenes nacionales, sino tam­
bién en el hecho de que esos regímenes valen de manera 
generalmente uniforme para el conjunto del Derecho 
nacional administrativo o fiscal, así como en el hecho 
de que con la armonización de derecho de recurso, 
realizada únicamente en interés de la legislación adua­
nera, se van a dispersar unos sistemas nacionales de 
Derecho de recurso que hasta ahora eran homogéneos. 
La duración de los plazos del derecho de recurso deberá 
tener en cuenta la extensión geográfica de la Comuni­
dad así como la diversidad de sus idiomas. 
Artículo 242, apartado 3 
2.51. A este respecto, cabe preguntarse si es oportuno 
establecer plazos para el ejercicio del derecho de recurso 
para decisiones que no se hayan hecho públicas o no 
se hayan notificado. Para poder interponer un recurso 
contra una decisión cualquiera es necesaria su publica­
ción o notificación. En consecuencia, debería tenerse 
en cuenta esta premisa a la hora de determinar un plazo 
para la interposición de recurso. Por esa razón, en 
opinión del Comité, habría que considerar suprimir el 
apartado 3. 
Artículo 243, párrafo segundo 
2.52. Esta disposición, presentada como facultativa 
en la versión alemana de la propuesta de Reglamento 
(« Die Zollbehórden kónnen... »), debería convertirse en 
disposición vinculante («... las autoridades aduaneras 
ordenararán... »). Por otra parte, sería de desear que se 
estipulara una norma según la cual también se suspen­
diera la ejecución de la decisión en aquellos casos 
en que ésta tuviera consecuencias para el interesado 
injustamente severas y no justificadas por intereses 
públicos. 
Artículos 250 al 252: « Otras disposiciones relativas al 
derecho de recurso » 
2.53. Parece necesario adoptar una decisión sobre el 
mantenimiento en vigor del Derecho nacional, teniendo 
en cuenta las disposiciones de los artículos 241 al 249. 
A falta de tal indicación, el Derecho nacional no podría 
aplicarse, dadas las restricciones que figuran en el 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 1. 
Artículos 253 a 255: « Comité del Código Aduanero » 
2.54. Por la importancia fundamental de esta dispo­
sición, el Comité ya ha manifestado su opinión al 
respecto en el punto 1.4.3 de las observaciones gene­
rales. 
Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que 
se determinan los casos y condiciones particulares en 
que podrá recurrirse al régimen de admisión temporal 
con exención total de los derechos de importación. 
N° C 60/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 3. 91 
Se recogen aquí, de manera más condensada, las dispo­
siciones fundamentales de los Reglamentos que siguen 
estando en vigor. No obstante, el Comité se pregunta 
cuál es la razón de que las normas, en parte muy 
1. Introducción 
1.1. El Comité acoge favorablemente la propuesta 
de Reglamento estudiada, que se inscribe en el marco 
de las medidas que deben tomarse para garantizar la 
libre circulación de mercancías y bienes-que en este 
caso va íntimamente ligada a la libre circulación de 
personas-en el interior de un espacio sin fronteras inte­
riores, como es el mercado único cuya plena realización 
debe culminarse el 31 de diciembre de 1992, de confor­
midad con el artículo 8 A del Tratado según quedó 
modificado por el Acta Única. 
En principio, los movimientos deberán poder efectuarse 
en el futuro mercado único del mismo modo y en las 
mismas condiciones que en el interior de un Estado 
miembro. 
También sería deseable que la Comunidad, en línea con 
los contactos y esfuerzos emprendidos de cara a la 
realización de un gran espacio económico europeo, 
negociase facilidades análogas con los países de la Aso­
ciación europea de libre cambio (AELC), con el fin de detalladas, tengan que formar parte de un reglamento 
del Consejo, pese a que, por su carácter, son más bien 
equiparables a disposiciones de aplicación. 
librar a la mayoría de los ciudadanos europeos de la 
mezquindad a veces arbitraria de la que a menudo 
tienen razón de quejarse cuando les controlan el equi­
paje. La extensión de la supresión de los controles de 
los equipajes de los pasajeros a los países de la AELC 
estaría tanto más justificada cuanto que los trayectos 
relativamente cortos en el interior de Europa obligan 
habitualmente a utilizar vuelos o travesías que salen de 
o llegan a aeropuertos o puertos no comunitarios, o 
que tienen escalas no comunitarias. 
1.2. El Comité acoge esta propuesta de modo espe­
cialmente favorable, pues contribuirá en mayor grado 
que cualquier otra medida a que los ciudadanos euro­
peos tomen conciencia de las ventajas de un gran mer­
cado sin fronteras. 
2. Observaciones generales 
2.1. No por ello es menos cierto que en el mercado 
interior los aeropuertos y los puertos marítimos presen­
tan la particularidad de que, según los casos, pueden Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1990. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Fran<;ois STAEDELIN 
Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a la supresión de 
los controles y formalidades aplicables a los equipajes de mano y a los equipajes facturados 
de los pasajeros que efectúen un vuelo intracomunitario, así como a los equipajes de los 
pasajeros que efectúen una travesía marítima intracomunitaria 
(91/C60/04) 
El 6 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, elaboró su dictamen el 5 de diciembre de 1990 (ponente: Sr. Giacomelli). 
En su 282° pleno (sesión del 18 de diciembre de 1990), el Comité Económico y Social adoptó 
por unanimidad el siguiente dictamen.