COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales

(2022/C 485/01)

Índice

PARTE I. DISPOSICIONES COMUNES 4

Capítulo 1. Introducción 4

Capítulo 2. Ámbito de aplicación y definiciones 4

2.1. Efecto de la PAC en el ámbito de aplicación 6

2.2. Ámbito de aplicación 7

2.3. Normas horizontales e instrumentos de ayuda aplicables a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales 9

2.4. Definiciones 10

Capítulo 3. Evaluación de la compatibilidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado 15

3.1. Primera condición: la ayuda facilita el desarrollo de una actividad económica 16

3.1.1. Actividad económica subvencionada 16

3.1.2. Efecto incentivador 17

3.1.3. Ausencia de incumplimiento de las disposiciones pertinentes y de los principios generales del Derecho de la Unión 19

3.2. Segunda condición: la ayuda no altera indebidamente las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común 20

3.2.1. Necesidad de intervención estatal 20

3.2.2. Idoneidad de la ayuda 21

3.2.3. Proporcionalidad de la ayuda 22

3.2.4. Transparencia 25

3.2.5. Evitación de efectos negativos contrarios a la competencia y los intercambios 26

3.2.6. Sopesamiento de los efectos positivos y los efectos negativos de la ayuda (prueba de sopesamiento) 28

PARTE II: TIPOS DE AYUDA 30

Capítulo 1. Ayudas en favor de las empresas dedicadas a la producción primaria, la transformación y la comercialización de productos agrícolas 30

1.1. Medidas similares a las de desarrollo rural 30

1.1.1. Ayudas a la inversión 30

1.1.1.1. Ayudas a la inversión en explotaciones agrícolas vinculadas a la producción agrícola primaria 30

1.1.1.2. Ayudas para inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural situado en explotaciones agrícolas 34

1.1.1.3. Ayudas para inversiones relacionadas con la transformación o la comercialización de productos agrícolas 35

1.1.2. Ayudas iniciales para jóvenes agricultores y ayudas iniciales para actividades agrícolas 36

1.1.3. Ayudas para la creación de agrupaciones y organizaciones de productores del sector agrícola 36

1.1.4. Ayudas para compromisos agroambientales y climáticos 38

1.1.5. Ayuda para compromisos en favor del bienestar de los animales 40

1.1.6. Ayuda para compensar las desventajas específicas de la zona resultantes de determinados requisitos obligatorios 42

1.1.7. Ayudas para las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas 43

1.1.8. Ayudas para la agricultura ecológica 43

1.1.9. Ayudas para la participación de productores de productos agrícolas en regímenes de calidad 45

1.1.10. Ayudas para la prestación de asistencia técnica al sector agrícola 46

1.1.10.1. Ayudas para intercambio de conocimientos y actividades de información 46

1.1.10.2. Ayudas para servicios de asesoramiento 47

1.1.10.3. Ayudas para servicios de sustitución en la explotación agrícola 49

1.1.11. Ayudas para la cooperación en el sector agrícola 49

1.2. Gestión de riesgos y crisis 51

1.2.1. Ayudas para compensar los daños sufridos por la producción agrícola o por los medios de producción agrícola y para prevenir daños 51

1.2.1.1. Ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional 51

1.2.1.2. Ayudas destinadas a compensar los daños causados por un fenómeno climático adverso que puede asimilarse a un desastre natural 54

1.2.1.3. Ayudas para sufragar los costes de prevención, control y erradicación de enfermedades animales, plagas vegetales e infestación por especies exóticas invasoras y ayudas para reparar los daños causados por enfermedades animales, plagas vegetales y especies exóticas invasoras 56

1.2.1.4. Ayuda por ganado muerto 58

1.2.1.5. Ayudas para compensar los daños causados por animales protegidos 59

1.2.1.6. Ayudas para el pago de primas de seguros 61

1.2.1.7. Ayudas para contribuciones financieras a fondos mutuales 61

1.3. Otros tipos de ayudas al sector agrícola 62

1.3.1. Ayudas para el abandono de la capacidad de producción 62

1.3.1.1. Abandono de la capacidad por motivos relacionados con la salud humana, animal o vegetal o motivos sanitarios, éticos, medioambientales o climáticos 62

1.3.1.2. Abandono de la capacidad por otros motivos 64

1.3.2. Ayudas para la reubicación de actividades agrícolas 64

1.3.3. Ayudas al sector ganadero 65

1.3.4. Ayudas para medidas de promoción de los productos agrícolas 66

1.3.5. Ayudas a las regiones ultraperiféricas y las islas menores del mar Egeo 69

1.3.6. Ayudas para la concentración parcelaria 70

1.3.7. Ayudas para investigación y desarrollo en el sector agrícola 70

Capítulo 2. Ayudas al sector forestal 71

2.1. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques 72

2.1.1. Ayuda a la forestación y creación de superficies forestales 72

2.1.2. Ayudas a la implantación, regeneración o renovación de sistemas agroforestales 74

2.1.3. Ayudas para la prevención y reparación de los daños causados en los bosques 74

2.1.4. Ayudas a las inversiones que mejoran la resiliencia y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales 75

2.1.5. Ayudas para inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales 76

2.1.6. Ayudas para inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la silvicultura 76

2.1.7. Ayudas para inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural situado en los bosques 76

2.1.8. Ayudas para contribuciones financieras a fondos mutuales en la silvicultura 77

2.2. Ayuda para compensar desventajas específicas de la zona resultantes de determinados requisitos obligatorios en zonas forestales 78

2.3. Ayudas para servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques 78

2.4. Ayudas para el intercambio de conocimientos y actividades de información en el sector forestal 79

2.5. Ayudas para servicios de asesoramiento en el sector forestal 80

2.6. Ayudas para la cooperación en el sector forestal 80

2.7. Ayudas a la creación de agrupaciones y organizaciones de productores del sector forestal 82

2.8. Otras ayudas al sector forestal con objetivos ecológicos, protectores y recreativos 83

2.8.1. Ayuda para medidas e intervenciones forestales específicas con el objetivo principal de contribuir a mantener o reconstituir el ecosistema forestal y la biodiversidad o el paisaje tradicional 83

2.8.2. Ayuda para el mantenimiento y la mejora de la calidad del suelo y la garantía de un crecimiento equilibrado y sano de los árboles en el sector forestal 83

2.8.3. Recuperación y mantenimiento de senderos naturales, de elementos y características del paisaje y del hábitat natural de los animales en el sector forestal 84

2.8.4. Ayuda para el mantenimiento de carreteras con el fin de evitar incendios forestales 84

2.8.5. Ayudas para reparar los daños causados en los bosques por animales protegidos 84

2.9. Ayuda en el sector forestal equiparada a las medidas agrícolas de ayuda 85

2.9.1. Ayudas para investigación y desarrollo en el sector forestal 85

2.9.2. Ayudas para la concentración parcelaria forestal 87

Capítulo 3. Ayudas a las zonas rurales cofinanciadas por el Feader o concedidas como financiación nacional complementaria para tales intervenciones cofinanciadas 87

Parte III. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO 87

1. Duración de los regímenes de ayudas y evaluación 88

2. Cláusula de revisión 89

3. Presentación de informes y seguimiento 89

4. Aplicación de las Directrices 90

5. Propuestas de medidas apropiadas 90

PARTE I.

DISPOSICIONES COMUNES

CAPÍTULO 1.

Introducción

(1) Según el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («el Tratado»), «[s]alvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». Aunque el Tratado establece el principio de que la ayuda estatal está prohibida, en determinados casos dicha ayuda puede ser compatible con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartados 2 y 3, del Tratado.

(2) De conformidad con el artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional en los sectores agrícola y forestal son compatibles con el mercado interior.

(3) De conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, la Comisión puede considerar compatibles con el mercado interior las ayudas estatales para promover el desarrollo económico de los sectores agrícola y forestal y de las zonas rurales, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común.

(4) Según el artículo 42 del Tratado, las normas de competencia, entre las que se incluyen las relativas a las ayudas estatales, son aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas solo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, teniendo en cuenta los objetivos de la política agrícola común establecidos en el artículo 39 del Tratado.

(5) En las presentes Directrices, la Comisión establece los criterios para determinar las ayudas que cumplen las condiciones del artículo 107, apartado 3, del Tratado y pueden considerarse compatibles con el mercado interior. Con respecto a las ayudas concedidas con arreglo al artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado, las presentes Directrices establecen las condiciones en las cuales una medida que constituya una ayuda destinada a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional será compatible con el mercado interior.

(6) Las ayudas estatales para promover el desarrollo económico de los sectores agrícola y forestal y de las zonas rurales están incorporadas en la política agrícola común («la PAC»). En el marco de la PAC, la Unión presta apoyo financiero a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales. Dado que los efectos económicos de la ayuda estatal no cambian en función de que esté financiada (aunque sea parcialmente) por la Unión o financiada íntegramente por un Estado miembro, la Comisión considera que, en principio, debe existir compatibilidad y coherencia entre su política en materia de control de las ayudas estatales y la ayuda concedida en el marco de la propia política agrícola común de la Unión. Así pues, cuando la Comisión aplica e interpreta las normas de las presentes Directrices para regímenes de ayuda concretos y ayudas individuales, tiene en cuenta las normas de la PAC.

(7) Los siguientes actos de la Unión son de particular importancia en materia de ayudas estatales relacionadas con la PAC: a) Reglamento (UE) n.o 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (1); b) Reglamentos (UE) n.o 228/2013 (2) y (UE) n.o 229/2013 (3) del Parlamento Europeo y del Consejo; c) Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo (4); d) Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo (5); e) Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(8) La PAC se basa en dos pilares [el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)] que, combinados, aportan un fundamento de apoyo a los agricultores y a las zonas rurales de la Unión, creando las condiciones para mantener la agricultura sostenible en toda ella.

(9) Con arreglo al artículo 39, apartado 1, del Tratado, los objetivos de la PAC son incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, asegurar la disponibilidad de los suministros y garantizar que estos lleguen al consumidor a precios razonables. En virtud del artículo 39, apartado 2, del Tratado, en la elaboración de la política agrícola común y sus métodos especiales de aplicación es preciso tener en cuenta: a) las características especiales de la actividad agrícola, que resultan de la estructura social de la agricultura y de las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrícolas; b) la necesidad de efectuar gradualmente las oportunas adaptaciones; c) el hecho de que, en los Estados miembros, la agricultura constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía.

(10) Con el fin de seguir mejorando el desarrollo sostenible de la agricultura, la alimentación y las zonas rurales, los objetivos de la PAC después de 2020 se centran en fomentar un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo, en apoyar y reforzar la protección del medio ambiente y la acción por el clima, en contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión y en fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. Estos objetivos generales se complementan con el objetivo transversal de modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común del conocimiento, la innovación y la digitalización en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales y de promover su adopción. La consecución de los objetivos generales de la PAC se persigue mediante los siguientes objetivos específicos: a) apoyar una renta agraria viable y la resiliencia del sector agrícola en toda la Unión para mejorar la seguridad alimentaria a largo plazo y la diversidad agrícola, así como garantizar la sostenibilidad económica de la producción agrícola en la Unión; b) mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad de las explotaciones agrícolas tanto a corto como a largo plazo, en particular haciendo mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización; c) mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor; d) contribuir a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, en particular mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la captura de carbono, y promover la energía sostenible; e) promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales como el agua, el suelo y el aire, en particular mediante la reducción de la dependencia química; f) contribuir a detener e invertir la pérdida de biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes; g) atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y a otros nuevos agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en las zonas rurales; h) promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género, especialmente la participación de las mujeres en la agricultura, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluidas la bioeconomía circular y la silvicultura sostenible; i) mejorar la respuesta de la agricultura de la Unión a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud, también en lo que se refiere a los alimentos de alta calidad, seguros y nutritivos producidos de forma sostenible, a la reducción del despilfarro de alimentos, así como a la mejora del bienestar de los animales y la lucha contra las resistencias a los antimicrobianos.

CAPÍTULO 2.

Ámbito de aplicación y definiciones

2.1. Efecto de la PAC en el ámbito de aplicación

(11) De conformidad con el artículo 42 del Tratado, en lo que respecta a los productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado, las normas sobre ayudas estatales establecidas en los artículos 107, 108 y 109 del Tratado únicamente son aplicables en la medida que determinen el Parlamento Europeo y el Consejo, teniendo en cuenta los objetivos de la política agrícola común establecidos en el artículo 39 del Tratado.

(12) Con arreglo al artículo 145, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/2115 y al artículo 211, apartado 1, del Reglamento (UE) n. o 1308/2013, las normas sobre ayudas estatales son aplicables a la producción y el comercio de productos agrícolas. Sin embargo, hay varias excepciones a este principio general que se establecen, entre otros, en el artículo 23 del Reglamento (UE) n. o 228/2013, el artículo 17 del Reglamento (UE) n. o 229/2013, el artículo 145, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/2115, el artículo 211, apartado 2, del Reglamento (UE) n. o 1308/2013 y el artículo 27 del Reglamento (UE) n. o 1144/2014.

(13) En cuanto a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (UE) 2021/2115, el artículo 145, apartado 2, de dicho Reglamento establece que las normas sobre ayudas estatales no son aplicables a la ayuda proporcionada por los Estados miembros en virtud y de conformidad con dicho Reglamento, ni a la financiación nacional complementaria perteneciente al ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado.

(14) Por lo tanto, las normas sobre ayudas estatales no se aplican a la cofinanciación de la ayuda al desarrollo rural (ni a la parte del Feader ni a la nacional) y tampoco a la financiación nacional complementaria que se suma a tal ayuda, siempre que la intervención en cuestión esté relacionada con actividades agrícolas que entren en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado y formen parte de un plan estratégico de la PAC.

(15) No obstante, las normas sobre ayudas estatales se aplican plenamente a todas las intervenciones cofinanciadas (tanto a la parte del Feader como a la nacional) y a la financiación nacional complementaria de aquellas intervenciones que no entran en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado pero se incluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2115, es decir, en los casos siguientes: a) intervenciones en favor de actividades en las zonas rurales y b) intervenciones en el sector forestal.

(16) Las normas sobre ayudas estatales se aplican si un Estado miembro tiene la intención de financiar exclusivamente con fondos nacionales (es decir, sin cofinanciación del Feader) una medida diseñada en gran parte según las condiciones de una determinada intervención de desarrollo rural («medida similar a las de desarrollo rural»), independientemente de que la medida entre o no en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado.

2.2. Ámbito de aplicación

(17) La Comisión aplicará las presentes Directrices a los regímenes de ayudas y a las ayudas individuales.

(18) La Comisión aplicará las presentes Directrices a las ayudas estatales a la producción primaria de productos agrícolas, a la transformación de productos agrícolas cuyo resultado sea otro producto agrícola y a la comercialización de productos agrícolas.

(19) Basándose en las consideraciones generales que se exponen en la sección 2.1 de la presente parte, a fin de garantizar la coherencia con la política de desarrollo rural y de respaldar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales, es apropiado incluir también determinadas intervenciones de desarrollo rural que no entren en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado, bien cofinanciadas por el Feader o mediante financiación nacional complementaria, así como medidas similares a las de desarrollo rural financiadas exclusivamente con fondos nacionales. Por lo tanto, además del sector agrícola, las presentes Directrices exponen los criterios de compatibilidad de las ayudas estatales para el sector forestal y las ayudas a las empresas que desarrollan su actividad en las zonas rurales, que no entran en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado.

(20) Al analizar la ayuda estatal y su compatibilidad con el mercado interior y con los principios generales sobre las ayudas estatales establecidos en el capítulo 3 de la parte I de las presentes Directrices, la Comisión tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2021/2115, así como en sus actos delegados y de ejecución.

(21) Las siguientes categorías de ayudas entran en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices: a) medidas del sector agrícola financiadas exclusivamente con fondos nacionales, que pueden consistir en una de las siguientes: i) medidas similares a las de desarrollo rural que no entren en el marco de los planes estratégicos de la PAC (sección 1.1 de la parte II); ii) medidas distintas de las mencionadas en el inciso i) que no entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2115, como determinadas medidas de gestión de riesgos y de crisis, las ayudas al sector ganadero y determinadas medidas de promoción (secciones 1.2 y 1.3 de la parte II); b) ayudas al sector forestal (capítulo 2 de la parte II), que pueden ser: i) concedidas como parte de un plan estratégico de la PAC o como financiación nacional complementaria para dicha intervención de desarrollo rural, ii) financiadas exclusivamente con recursos nacionales; c) ayudas a empresas que desarrollan su actividad en zonas rurales, que se conceden en una de las formas siguientes: i) una intervención incluida en un plan estratégico de la PAC y cofinanciada por el Feader en virtud del Reglamento (UE) 2021/2115 y de conformidad con él, en caso de que la medida de ayuda estatal notificable sea idéntica a la intervención del plan estratégico de la PAC (capítulo 3 de la parte II), ii) financiación nacional complementaria relacionada con una intervención en el marco de un plan estratégico de la PAC (capítulo 3 de la parte II).

(22) Las presentes Directrices se aplican a las ayudas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y, en principio, también a las grandes empresas. No obstante, las grandes empresas suelen verse menos afectadas por las deficiencias del mercado que las pymes. Además, las grandes empresas de los sectores agrícola y forestal y de las zonas rurales suelen ser agentes importantes en el mercado y, por consiguiente, en determinados casos, las ayudas concedidas a las grandes empresas pueden falsear especialmente la competencia y el comercio en el mercado interior. Dado que las ayudas a las grandes empresas de los sectores agrícola y forestal y de las zonas rurales y a otras grandes empresas pueden falsear la competencia de manera similar, las normas sobre ayudas estatales aplicables a las grandes empresas que se recogen en las presentes Directrices están armonizadas con las normas generales sobre ayudas estatales, y están supeditadas a la evaluación de la compatibilidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado tal y como se establece en el capítulo 3 de la presente parte. En cuanto a las medidas de ayuda al sector ganadero con arreglo a la sección 1.3.1 de la parte II de las presentes Directrices, que no entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2115, la Comisión mantiene su política anterior según la cual las grandes empresas han de ser capaces de financiar los costes de estas medidas por sí mismas. Así pues, las ayudas al sector ganadero han de seguir estando limitadas a las pymes.

(23) Las empresas en crisis quedan excluidas del ámbito de aplicación de las presentes Directrices, sin perjuicio de las excepciones que se establecen en el presente punto. La Comisión considera que, cuando una empresa está en crisis financiera, al estar en peligro su propia existencia, no puede considerarse un vehículo apropiado para promover otros objetivos políticos públicos hasta que esté garantizada su viabilidad. Por ello, si el beneficiario de las ayudas es una empresa en crisis tal y como se define en el punto (33)63, las ayudas se analizarán con arreglo a las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis ( 7 ) . No obstante, el principio de no otorgar ayudas estatales a empresas en crisis no se aplica a las ayudas compensatorias destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional a que se refieren las secciones 1.2.1.1 y 2.1.3 de la parte II, siempre que las ayudas sean compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado. En caso de que la crisis financiera de una empresa activa en los sectores agrícola y forestal haya sido provocada por el riesgo mencionado en las secciones 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5 de la parte II, las ayudas para compensar las pérdidas o los perjuicios causados por esas situaciones de riesgo y para cubrir los costes de erradicación de plagas vegetales pueden concederse con arreglo a las presentes Directrices y pueden ser compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado. Asimismo, por motivos de protección de la salud pública y debido a la situación de emergencia relacionada con estos tipos de ayuda, no debe tenerse en cuenta la situación económica de una empresa con respecto a las ayudas destinadas a la destrucción y eliminación de ganado muerto, como establece la sección 1.2.1.4 de la parte II, y a las ayudas para medidas de prevención, control y erradicación en el caso de las enfermedades animales y plagas vegetales mencionadas en los puntos (370) y (371) de la sección 1.2.1.3 de la parte II. Además, este principio no es aplicable a las actividades de información a que se refieren las secciones 1.1.10.1 y 2.4 de la parte II ni a las medidas de promoción de carácter genérico establecidas en la sección 1.3.4 de la parte II.

(24) Las ayudas en favor de productos agrícolas en el sentido del anexo 1 del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que constituyen una subvención a la exportación tal como se define en dicho Acuerdo, quedan excluidas del ámbito de aplicación de las presentes Directrices. Del mismo modo, las ayudas en favor de tales productos, que constituyen apoyo financiero a la exportación proporcionado por un gobierno o cualquier organismo público en el marco de la Decisión ministerial de la OMC sobre la competencia de las exportaciones, de 19 de diciembre de 2015 ( 8 ) se excluyen del ámbito de aplicación de las presentes Directrices si no cumplen los requisitos pertinentes del apartado 15 de dicha Decisión sobre el plazo máximo de reembolso y la autofinanciación.

(25) Al evaluar la ayuda concedida a una empresa sujeta a una orden de recuperación pendiente emitida a raíz de una decisión anterior de la Comisión por la que una ayuda se declara ilegal e incompatible con el mercado interior, la Comisión tendrá en cuenta el importe de la ayuda todavía por recuperar ( 9 ) . Esto no es aplicable a las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales y por otros acontecimientos de carácter excepcional en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado y a las ayudas para los costes de prevención, control y erradicación de enfermedades animales a que se refieren los puntos (370) y (371), de la sección 1.2.1.3, de la parte II.

(26) Se recuerda a los Estados miembros que deberán notificar también los casos en que el régimen de financiación constituya un elemento integral de la medida de ayuda, como ocurre, por ejemplo, cuando se aplican gravámenes parafiscales ( 10 )

(27) La Comisión evaluará caso por caso toda medida de ayuda no regulada por las presentes Directrices ni por ninguna otra norma de ayuda estatal, basándose directamente en el artículo 107, apartado 2, letra b) y el artículo 107, apartado 3, del Tratado, teniendo en cuenta los principios establecidos en los artículos 107, 108 y 109 de este, la PAC y, por analogía, las presentes Directrices, cuando sea posible. Los Estados miembros que notifiquen ayudas estatales no cubiertas por las presentes Directrices tendrán que demostrar que la ayuda estatal en cuestión es compatible con el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado tal y como se recoge en el capítulo 3 de la presente parte de estas Directrices. La Comisión solamente aprobará dichas medidas si la contribución positiva al desarrollo del sector supera claramente los riesgos de falseamiento de la competencia en el mercado interior y el efecto sobre el comercio entre los Estados miembros.

(28) En el caso de las ayudas que se concedan en Irlanda del Norte, cuando una medida requiera el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2021/2115, deberá facilitarse información equivalente en la notificación a la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado.

2.3. Normas horizontales e instrumentos de ayuda aplicables a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales

(30) Los instrumentos horizontales citados en el punto (29) son aplicables a la producción, la transformación y la comercialización de productos agrícolas, salvo que las presentes Directrices prevean normas específicas. Las presentes Directrices establecen normas específicas relativas a las medidas de ayuda medioambiental, como la ayuda para compromisos agroambientales y climáticos y de bienestar animal (secciones 1.1.4 y 1.1.5. de la parte II), la ayuda para las desventajas específicas de la zona resultantes de determinados requisitos obligatorios (sección 1.1.6 de la parte II) y la ayuda para la agricultura ecológica (sección 1.1.8 de la parte II). Las ayudas a la inversión para alcanzar objetivos en el ámbito de la producción agrícola primaria se evalúan con arreglo a las normas recogidas en la sección 1.1.1.1 de la parte II. Las ayudas para la protección del medio ambiente en favor de empresas dedicadas a la transformación y la comercialización de productos agrícolas pueden considerarse compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen las condiciones aplicables de las Directrices sobre las ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y la energía 2022. Las ayudas a la inversión en eficiencia energética, biocombustible y energía procedente de fuentes renovables están excluidas del ámbito de aplicación de los capítulos 2 y 3 de la parte II, ya que este tipo de ayudas deben cumplir las Directrices sobre las ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022, salvo que estén exentas de la obligación de notificación. Sin embargo, las ayudas a inversiones vinculadas a la producción agrícola primaria relacionada con la producción de energía procedente de fuentes renovables o a la producción de biocombustibles en las explotaciones pueden entrar en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices, a condición de que dicha producción no supere el consumo medio anual de combustibles o energía de la explotación agrícola en cuestión (sección 1.1.1.1 de la parte II).

(31) Las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional ( 19 ) no son aplicables a las ayudas para la producción de productos agrícolas primarios, debido a las características específicas del sector. Sí son aplicables, no obstante, a la transformación y comercialización de productos agrícolas en la medida en que se establece en las presentes Directrices.

(32) Tanto las normas generales de las ayudas estatales como las disposiciones más específicas contenidas en las presentes Directrices pueden tener por objeto empresas que operen en el sector forestal o en las zonas rurales. En su caso, las ayudas a las empresas que operan en el sector forestal o en zonas rurales también pueden ser consideradas compatibles con arreglo a las condiciones y en cumplimiento de las normas generales de la Unión sobre ayudas estatales (en concreto, con las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional, con el Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación y con las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022).

2.4. Definiciones

(33) A efectos de las presentes Directrices, se entenderá por: 1) «agricultor activo»: un agricultor tal y como lo determine el Estado miembro en su plan estratégico de la PAC (20) de conformidad con el artículo 4, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/2115; 2) «ayuda ad hoc»: ayuda que no se concede sobre la base de un régimen de ayudas; 3) «fenómeno climático adverso que puede asimilarse a un desastre natural»: condiciones meteorológicas desfavorables, como heladas, tormentas y granizo, hielo, lluvias torrenciales o persistentes o sequía grave, que destruyan, en el caso de la agricultura, más del 30 % de la media de la producción calculada sobre la base de los tres o cuatro años anteriores o de una media trienal basada en el período de cinco u ocho años precedente, excluidos los valores más alto y más bajo, y, en el caso de la silvicultura, más del 20 % del potencial forestal. 4) «asesoramiento»: asesoramiento completo prestado en el marco de un único y mismo contrato; 5) «actividad agrícola»: una actividad determinada por un Estado miembro en su plan estratégico de la PAC de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/2115; 6) «zona agrícola»: cualquier zona determinada por un Estado miembro en su plan estratégico de la PAC de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/2115; 7) «explotación agrícola»: una unidad compuesta por terrenos, locales e instalaciones utilizados para la producción agrícola primaria; 8) «producto agrícola»: los productos que figuran en el anexo I del Tratado, excepto los productos de la pesca y de la acuicultura enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (21). 9) «sector agrícola»: todas las empresas dedicadas a la producción primaria, transformación o comercialización de productos agrícolas; 10) «sistemas agroforestales»: los sistemas de utilización de las tierras en los que se cultivan árboles en combinación con la agricultura en las mismas tierras; 11) «ayuda»: toda medida que cumpla todos los criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado; 12) «intensidad de ayuda»: importe bruto de ayuda expresado en porcentaje de los costes subvencionables, antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas; 13) «régimen de ayudas»: todo dispositivo con arreglo al cual pueden concederse ayudas individuales a las empresas definidas en un acto de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, y todo dispositivo con arreglo al cual pueden concederse ayudas, no vinculadas a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido o por un importe ilimitado; 14) «plena competencia»: condiciones de la transacción entre las partes contratantes que no difieren de las que se estipularían entre empresas independientes y sin elemento alguno de colusión. Toda operación derivada de un procedimiento abierto, transparente e incondicional se considerará conforme con el principio de plena competencia. 15) «medidas de bioseguridad»: conjunto de medidas físicas y de gestión destinadas a reducir el riesgo de introducción, desarrollo y propagación de enfermedades hacia, desde y en el interior de: a) una población animal, o b) un establecimiento, zona, compartimento, medio de transporte o cualquier otra instalación, local o lugar; 16) «libro genealógico»: un libro genealógico conforme a lo dispuesto en el artículo 2, punto 12, del Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo (22); 17) «plan estratégico de la PAC»: plan estratégico de la PAC al que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2021/2115; 18) «obras capitalizadas»: obras realizadas en la explotación por el agricultor personalmente o por sus trabajadores que crean un activo; 19) «regímenes de captura de dióxido de carbono en suelos agrícolas»: regímenes de ayuda relacionados con prácticas de gestión de la tierra que den lugar al aumento del almacenamiento de carbono en biomasa viva, materia orgánica muerta y suelos mediante el incremento de la captura de carbono o la reducción de la liberación de carbono a la atmósfera; 20) «catástrofe»: un suceso imprevisto de índole biótica o abiótica causado por la actividad humana que ocasiona trastornos importantes en las estructuras forestales y acaba generando daños económicos importantes en el sector forestal; 21) «grupo»: una agrupación constituida por empresas independientes, incluidas nuevas empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como entidades de asesoramiento u organismos de investigación, cuyo objetivo es estimular actividades económicas o innovadoras mediante el fomento de interacciones intensas y de la práctica de compartir instalaciones, intercambiar conocimientos y saberes especializados, así como contribuir con eficacia a la transferencia de conocimiento, el trabajo en red y la divulgación de información entre las empresas integrantes del grupo; 22) «medidas de control y erradicación»: medidas relativas a enfermedades animales respecto de las cuales una autoridad competente de un Estado miembro haya reconocido oficialmente un brote, o relativas a plagas vegetales o especies exóticas invasoras cuya presencia haya sido oficialmente reconocida por una autoridad competente de un Estado miembro; 23) «fecha de concesión de la ayuda»: la fecha en que se otorgue al beneficiario el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del régimen legal nacional aplicable. 24) «incidente medioambiental»: un caso específico de contaminación o degradación de la calidad del medio ambiente que está relacionado con un suceso específico y es de alcance geográfico limitado, que destruye más del 30 % de la producción media anual de la explotación del sector agrícola en los tres años anteriores o de una media trienal basada en el periodo quinquenal anterior, excluidos los valores más alto y más bajo. y, en el caso de la silvicultura, más del 20 % del potencial forestal. No se aplica este término a riesgos medioambientales generales que no estén ligados a un suceso específico, tales como el cambio climático o la contaminación atmosférica; 25) «plan de evaluación»: un documento que abarca uno o varios regímenes de ayuda y que contiene al menos los siguientes aspectos: los objetivos que deben evaluarse, las preguntas de la evaluación, los indicadores de resultados, el método previsto para llevar a cabo la evaluación, los requisitos en materia de recogida de datos, el calendario propuesto de la evaluación, incluida la fecha de presentación de los informes intermedio y final de evaluación, la descripción del organismo independiente que llevará a cabo la evaluación o los criterios que se utilizarán para su selección, y las modalidades para hacer pública la evaluación; 26) «ganado muerto»: animales que hayan sido sacrificados mediante eutanasia, con o sin diagnóstico definitivo, o que hayan muerto, incluidos los nacidos muertos y los nonatos, en una explotación o cualquier otro local o durante su transporte, pero que no hayan sido sacrificados para el consumo humano; 27) «árboles de crecimiento rápido»: bosque de ciclo corto, cuyo tiempo mínimo antes de la tala no puede ser inferior a ocho años y el tiempo máximo antes de la tala no puede ser superior a veinte años; 28) «régimen fiscal sucesor»: un régimen de ayudas en forma de ventajas fiscales que constituya una versión modificada de un régimen existente anteriormente en forma de ventajas fiscales y que lo sustituya; 29) «biocombustible procedente de cultivos alimentarios y forrajeros»: un biocombustible producido a partir de cultivos alimentarios y forrajeros tal como se define en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (23); 30) «productos alimenticios»: productos alimenticios que no son productos agrícolas y que se enumeran en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (24); 31) «bosques»: las tierras con una extensión superior a 0,5 hectáreas, con árboles de una altura superior a 5 metros y una cubierta de copas superior al 10 %, o árboles que puedan alcanzar estos límites mínimos in situ, con excepción de las tierras cuyo uso predominante sea agrícola o urbano, o; un bosque definido y aplicado por un Estado miembro o una región sobre la base de la legislación o el sistema de inventario nacional vigentes y conforme a lo comunicado a la Comisión en la notificación; y, cuando se refiera a una intervención de desarrollo rural, tal y como se establece en el plan estratégico de la PAC; 32) «equivalente bruto de subvención»: el importe de la ayuda si se ha proporcionado en forma de subvención al beneficiario, antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas; 33) «ayuda individual»: una ayuda ad hoc y una ayuda concedida a beneficiarios individuales sobre la base de un régimen de ayudas; 34) «activos inmateriales»: activos que no tienen una materialización física o financiera, como las patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad intelectual; 35) «especies exóticas invasoras»: especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión y especies exóticas invasoras preocupantes para los Estados miembros, tal como se definen en el artículo 3, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (25); 36) «grandes empresas»: empresas que no cumplen los criterios establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) de la Comisión 2022/2472 (26); 37) «mercados locales»: uno de los siguientes: a) mercados situados en un radio de 75 kilómetros desde la explotación de origen del producto dentro del cual han de tener lugar las actividades de transformación y venta al consumidor final; b) mercados para los que los Estados miembros establezcan otra definición convincente y que se encuentren en un radio no superior a 100 km. 38) «comercialización de productos agrícolas»: tenencia o exposición con destino a la venta, la oferta en venta, la entrega o cualquier otra forma de salida al comercio, con excepción de la primera venta de un agricultor a intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un producto para dicha primera venta; la venta por parte de un productor primario a los consumidores finales se considerará comercialización de productos agrícolas si se lleva a cabo en instalaciones independientes reservadas a tal fin; 39) «fondo mutual»: un régimen acreditado por un Estado miembro de conformidad con su Derecho nacional que permite a los agricultores, los silvicultores y los gestores forestales afiliados asegurarse y mediante el cual se efectúan pagos compensatorios a los agricultores, silvicultores y gestores forestales que sufren pérdidas económicas; 40) «inversión no productiva»: inversión que no genera un aumento importante del valor o de la rentabilidad de la explotación agrícola; 41) «operaciones anteriores a la transformación industrial»: la tala, transporte, descortezamiento, troceo, almacenamiento, tratamiento de protección y secado de la madera, así como el conjunto de las operaciones anteriores al aserrado industrial de la madera en fábricas; así como el aserrado, cuando la capacidad máxima sea de 20 000 m3 de aportación anual de madera en rollo para aserrado; 42) «otro fenómeno climático adverso»: condiciones meteorológicas desfavorables que no constituyen un fenómeno climático adverso que puede asimilarse a un desastre natural; 43) «regiones ultraperiféricas»: las regiones contempladas en el artículo 349, párrafo primero, del Tratado; 44) «plaga vegetal»: cualquier especie, cepa o biotipo de una planta, animal o agente patógeno perjudicial para las plantas o los productos vegetales; 45) «medidas de prevención»: las medidas relativas a una enfermedad animal, una plaga vegetal o la infestación por una especie exótica invasora que aún no se haya producido; 46) «producción agrícola primaria»: la producción de productos derivados de la agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado, sin llevar a cabo ninguna otra operación que modifique la naturaleza de dichos productos; 47) «transformación de productos agrícolas»: operación efectuada sobre un producto agrícola cuyo resultado sea también un producto agrícola, exceptuando las actividades realizadas en la explotación que sean necesarias para preparar un producto animal o vegetal para la primera venta; 48) «agrupación u organización de productores»: agrupación u organización creada con uno de los fines siguientes: a) la adaptación de la producción y el rendimiento de los productores que sean miembros de dicha agrupación u organización de productores a las exigencias del mercado; b) la comercialización conjunta de los productos, incluida la preparación para la venta, la centralización de las ventas y el abastecimiento a los mayoristas; c) el establecimiento de normas comunes relativas a la información sobre la producción, con especial referencia a las cosechas y a la disponibilidad; d) otras actividades que puedan llevar a cabo agrupaciones u organizaciones de productores, tales como el desarrollo de competencias empresariales y comerciales, la organización y facilitación de procesos de innovación, la gestión conjunta de las tierras de los miembros y la utilización de prácticas de cultivo y técnicas de producción respetuosas con el medio ambiente, así como prácticas y técnicas respetuosas con el bienestar de los animales; 49) «animal protegido»: cualquier animal protegido por la legislación nacional o de la Unión, incluidas especies animales para las que la legislación nacional establece normas específicas para preservar la población; 50) «anticipo reembolsable»: todo préstamo destinado a un proyecto, abonado en uno o varios plazos, y cuyas condiciones de reembolso dependen del resultado del proyecto; 51) «organismo de investigación y difusión de conocimientos»: toda entidad (por ejemplo, universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnologías, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación), independientemente de su personalidad jurídica o su forma de financiación, cuyo objetivo principal sea realizar, de forma independiente, investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental, como se define en el Marco sobre las ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación, o difundir ampliamente los resultados de esas actividades, mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de tecnología. Cuando una entidad de este tipo también lleve a cabo actividades económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse por separado. Las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en dichas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no podrán gozar de acceso preferente a los resultados generados por ellas; 52) «cadena de distribución corta»: una cadena de distribución en la que interviene un número limitado de agentes económicos comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y las relaciones geográficas sociales de cercanía entre los productores, los transformadores y los consumidores; 53) «pequeñas infraestructuras»: infraestructuras cuyos costes subvencionables se limiten a 2 millones EUR; 54) «pequeño operador»: una microempresa, tal como se define en la Recomendación 2003/361 de la Comisión (27), o una persona física que no realice una actividad económica en el momento en que se solicite la ayuda; 55) «islas menores del mar Egeo»: las islas menores a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 229/2013; 56) «pymes» o «microempresas, pequeñas y medianas empresas»: empresas que cumplen los criterios establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) de la Comisión 2022/2472; 57) «inicio de los trabajos del proyecto o de la actividad»: bien el inicio de las actividades o los trabajos de construcción en relación con la inversión, bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos o el empleo de servicios, bien otro compromiso que haga el proyecto o la actividad irreversible, lo que ocurra primero. La adquisición de terrenos y los trabajos preparatorios, como la obtención de permisos o la realización de estudios de viabilidad, no se consideran el inicio de los trabajos del proyecto o de la actividad. La compra de terrenos mencionada en el punto (153), letra a) y el punto (502), letra c), en la que los costes subvencionables correspondientes a la compra de terrenos equivalen al 100 % de los costes de inversión subvencionables, se considera el comienzo del proyecto o de la actividad; 58) «gestión forestal sostenible»: la administración y uso de los bosques y tierras forestales de forma e intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y potencial para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, y que no causen daño a otros ecosistemas; 59) «activos materiales»: activos consistentes en terrenos, edificios e instalaciones, maquinaria y equipos; 60) «coste de transacción»: cualquier coste adicional derivado del cumplimiento de un compromiso, pero que no puede imputarse directamente a su ejecución o no está incluido en los costes o las rentas no percibidas compensados directamente, y que puede calcularse con arreglo a un coste estándar; 61) «costes de las pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme transmisible (EET) y la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)»: todos los costes, incluidos los de los kits de prueba y los de obtención, transporte, análisis, almacenamiento y destrucción de las muestras necesarias para el muestreo y las pruebas de laboratorio contempladas en el capítulo C del anexo X del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (28); 62) «árboles forestales de cultivo corto»: especies arbóreas del código NC 06 02 9041 que serán determinadas por los Estados miembros, que están compuestas de cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o tocones permanecen en el suelo después de la cosecha y de los cuales surgen nuevos vástagos en la estación siguiente y con un ciclo máximo de cosecha que será fijado por los Estados miembros; 63) «empresa en crisis»: una empresa que cumple los criterios establecidos en la sección 2.2 de las Directrices de la Comisión sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis; 64) «normas de la Unión»: las normas obligatorias recogidas en la legislación de la Unión en las que se establecen los niveles que deben alcanzar las empresas individuales, en particular en lo referente al medio ambiente, la higiene y el bienestar animal; en consecuencia, las normas u objetivos establecidos a escala de la Unión que sean vinculantes para los Estados miembros, pero no para las empresas individuales, no se considerarán normas de la Unión; 65) «joven agricultor»: un agricultor tal y como lo determine el Estado miembro en su plan estratégico de la PAC de conformidad con el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (UE) 2021/2115; 66) a efectos de conservación de recursos genéticos en la agricultura y la silvicultura: a) «conservación in situ» en agricultura: la conservación de material genético en ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies o razas silvestres en su entorno natural y, en el caso de las razas de animales de explotación o de especies vegetales cultivadas, en el medio ambiente cultivado donde han desarrollado sus propiedades distintivas; b) «conservación in situ» en silvicultura: la conservación de material genético en ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural; c) «conservación en la explotación agrícola o forestal»: la conservación in situ y el desarrollo en la explotación agrícola o forestal; d) «conservación ex situ»: la conservación de material genético para la agricultura o la silvicultura fuera de su hábitat natural; e) «recopilación ex situ»: una recopilación de material genético para la agricultura o la silvicultura conservado fuera de su hábitat natural.

2.5. Ayudas notificables

(34) Cuando se cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 1, del Tratado, los Estados miembros deberán notificar a la Comisión las ayudas concedidas en el sector agrícola y forestal y en las zonas rurales en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado. Los Estados miembros no deben poner en marcha la medida propuesta hasta que el procedimiento de notificación contemplado en el artículo 108, apartado 2, del Tratado haya dado lugar a una decisión definitiva, a excepción de las medidas que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2022/2472

(35) Las ayudas individuales concedidas sobre la base de un régimen de ayudas seguirán sujetas a la obligación de notificación, en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado, en caso de que superen los umbrales de notificación siguientes: a) en el caso de las ayudas individuales a la inversión para la transformación y la comercialización de productos agrícolas con arreglo a la sección 1.1.1.3 de la parte II; costes subvencionables superiores a 25 millones EUR, o cuando el equivalente bruto de subvención supere 12 millones EUR; b) en el caso de las ayudas para campañas de promoción con arreglo a la sección 1.3.4 de la parte II: campañas de promoción con un presupuesto anual superior a 5 millones EUR;

CAPÍTULO 3.

Evaluación de la compatibilidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado

(36) Sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, la Comisión podrá considerar compatibles con el mercado interior las ayudas estatales destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas en la Unión, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(37) En consecuencia, para evaluar si las ayudas estatales a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales pueden considerarse compatibles con el mercado interior, la Comisión determinará si la medida de ayuda facilita el desarrollo de una determinada actividad económica (primera condición) y no altera las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común (segunda condición).

(38) En la presente sección, la Comisión aclara cómo llevará a cabo la evaluación de la compatibilidad. Establece condiciones generales de compatibilidad y, cuando procede, condiciones específicas para los regímenes de ayudas y condiciones adicionales para las ayudas individuales sujetas a la obligación de notificación.

(39) A fin de llevar a cabo la evaluación mencionada en el punto (37), la Comisión considerará los siguientes aspectos: a) Primera condición: la ayuda facilita el desarrollo de una actividad económica: i) identificación de la actividad económica de que se trata (sección 3.1.1), ii) efecto incentivador: la ayuda debe cambiar el comportamiento de las empresas en cuestión, de forma que emprendan una actividad complementaria que no realizarían sin la ayuda o lo harían de una manera limitada o diferente (sección 3.1.2), iii) la ayuda no infringe las disposiciones y los principios pertinentes del Derecho de la UE (sección 3.1.3). b) Segunda condición: la ayuda no altera indebidamente las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común: i) necesidad de la intervención estatal: la medida de ayuda debe producir una mejora importante que el mercado no pueda conseguir por sí solo, por ejemplo, solucionar una deficiencia del mercado o, cuando proceda, dar respuesta a un problema de equidad o de cohesión (sección 3.2.1), ii) idoneidad de la medida de ayuda: la medida de ayuda propuesta debe ser un instrumento idóneo para facilitar el desarrollo de la actividad económica (sección 3.2.2), iii) proporcionalidad de la ayuda (ayuda limitada al mínimo necesario): el importe y la intensidad de la ayuda deben limitarse al mínimo necesario para inducir la inversión adicional o actividad de la empresa o las empresas en cuestión (sección 3.2.3), iv) transparencia de la ayuda: los Estados miembros, la Comisión, los operadores económicos y el público deben tener fácil acceso a todos los actos y a la información pertinente sobre la ayuda concedida en virtud de ellos (sección 3.2.4); v) prevención de efectos negativos contrarios a la competencia y el comercio (sección 3.2.5); vi) sopesamiento de los efectos positivos y negativos que la ayuda puede tener sobre la competencia y el comercio entre los Estados miembros (prueba de sopesamiento) (sección 3.2.6).

(40) El balance general de determinadas categorías de regímenes podrá estar sujeto, además, a un requisito de evaluación a posteriori , tal como se describe en los puntos (639) a (645). En tales casos, la Comisión puede limitar la duración de dichos regímenes (generalmente a cuatro años o menos) con una posibilidad de renotificar su prórroga posteriormente.

(41) Estos criterios generales de compatibilidad se aplican a todas las ayudas contempladas en las presentes Directrices, a menos que se establezcan excepciones en las secciones 3.1 y 3.2 de la presente parte, debido a consideraciones particulares aplicables al sector agrícola.

3.1. Primera condición: la ayuda facilita el desarrollo de una actividad económica

3.1.1. Actividad económica subvencionada

(42) La Comisión determinará, a partir de la información facilitada por el Estado miembro, qué actividad económica se verá apoyada por la medida notificada.

(43) El Estado miembro deberá demostrar que la ayuda tiene por objeto facilitar el desarrollo de la actividad económica determinada.

(44) Los Estados miembros deben describir también si la ayuda contribuirá a la consecución de los objetivos de la PAC y en el marco de esa política a los objetivos del Reglamento (UE) 2021/2115 y, en su caso, de qué manera, y deben indicar más concretamente los beneficios esperados de la ayuda.

(45) La Comisión considera que las ayudas concedidas en favor de las medidas de gestión de riesgos y crisis de conformidad con la sección 1.2 de la parte II de las presentes Directrices pueden facilitar el desarrollo de la actividad o la zona económica determinada, ya que sin la ayuda dicho desarrollo podría no producirse en la misma medida.

Condiciones adicionales aplicables a las ayudas notificables individualmente sobre la base de un régimen

(46) Al conceder las ayudas a proyectos de inversión notificables individualmente sobre la base de un régimen, al que se hace referencia en el punto (35), la autoridad otorgante deberá demostrar que el proyecto seleccionado contribuirá al objetivo del régimen y, por lo tanto, a los objetivos de las ayudas a los sectores agrícola y forestal y las zonas rurales. Para ello, los Estados miembros deben remitirse a la información facilitada por el solicitante de la ayuda, cuando deban describirse los efectos positivos de la inversión.

3.1.2. Efecto incentivador

(47) Las ayudas a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales solo podrán considerarse compatibles con el mercado interior si tienen efecto incentivador. Existe un efecto incentivador cuando la ayuda cambia el comportamiento de una empresa de tal modo que esta emprenda una actividad adicional que contribuya al desarrollo del sector, actividad que no habría realizado sin la ayuda, o que solo habría emprendido de una manera limitada o diferente. Sin embargo, la ayuda no debe subvencionar los costes de una actividad que la empresa habría soportado, en cualquier caso, ni debe compensar el riesgo empresarial normal de una actividad económica.

(48) Salvo las excepciones previstas expresamente por la legislación de la Unión o por las presentes Directrices, las medidas de ayuda estatal cuyo objetivo sea simplemente mejorar la situación financiera de las empresas, sin contribuir en modo alguno al desarrollo del sector y, en particular, las que se concedan basándose únicamente en el precio, la cantidad, la unidad de producción o la unidad de los medios de producción se considerarán ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado interior. Además, por su propia naturaleza, dichas ayudas probablemente interferirán con los mecanismos que regulan la organización del mercado interior.

(49) La ayuda concedida con arreglo a las secciones 1.2 y 2.8.5 de la parte II debe limitarse a apoyar a las empresas de los sectores agrícola y forestal que se enfrentan a diversas dificultades a pesar de haber realizado esfuerzos razonables para minimizar los riesgos. La ayuda estatal no deberá incitar a las empresas a correr riesgos innecesarios. Las propias empresas de los sectores agrícola y forestal deben asumir las consecuencias de elecciones imprudentes de métodos de producción o productos.

(50) Por los motivos expuestos en el punto (47), la Comisión considera que las ayudas nunca ofrecen incentivos al beneficiario cuando el trabajo del proyecto o de la actividad correspondiente ya se haya iniciado antes de la presentación de la solicitud de ayuda por el beneficiario a las autoridades nacionales.

(51) La solicitud de ayuda deberá incluir como mínimo el nombre del solicitante y el tamaño de la empresa, una descripción del proyecto o la actividad que incluya su localización y las fechas de inicio y final, el importe de la ayuda necesaria para llevarlo a cabo y los costes subvencionables.

(52) Asimismo, las grandes empresas deberán describir en la solicitud su situación sin la ayuda, es decir, la situación mencionada como hipótesis contrafactual o como proyecto o actividad alternativos, y deberán presentar pruebas documentales en apoyo de la hipótesis contrafactual descrita en la solicitud. Este requisito no se aplica a los municipios que constituyan autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 000 000 EUR y menos de 5 000 habitantes.

(53) Al recibir una solicitud, la autoridad otorgante deberá comprobar la credibilidad de la hipótesis contrafactual y confirmar que las ayudas tienen el efecto incentivador exigido. Una hipótesis contrafactual es creíble si es auténtica y guarda relación con los factores decisorios imperantes en el momento de la decisión del beneficiario por lo que se refiere al proyecto o a la actividad de que se trate.

(54) Se considerará que la ayuda en forma de ventajas fiscales tiene efecto incentivador si el régimen de ayuda establece un derecho a la ayuda con arreglo a criterios objetivos y sin que el Estado miembro tenga que volver a ejercer su poder discrecional y si dicho régimen ha sido adoptado y ha entrado en vigor antes de comenzarse a trabajar en el proyecto o actividad subvencionados. Este requisito no se aplica en el caso de regímenes fiscales sucesores, siempre y cuando la actividad ya esté cubierta por los regímenes previos en forma de ventajas fiscales.

(55) No obstante lo dispuesto en los puntos (50) a (54), las siguientes categorías de ayudas no deberán tener o no se considerará que tienen un efecto incentivador: a) los regímenes de ayudas para la concentración parcelaria de conformidad con las secciones 1.3.6 y 2.9.2 de la parte II y los regímenes de ayudas con objetivos ecológicos, protectores y recreativos de conformidad con la sección 2.8 de la parte II y si se cumplen las siguientes condiciones: i) el régimen de ayudas establece un derecho a la ayuda de acuerdo con criterios objetivos y sin que el Estado miembro tenga que volver a ejercer su poder discrecional, ii) el régimen de ayudas ha sido aprobado y ha entrado en vigor antes de que el beneficiario soporte los costes subvencionables de las secciones 1.3.6, 2.8 y 2.9.2 de la parte II, iii) el régimen de ayudas solo afecta a las pymes; b) las ayudas para compensar las desventajas específicas de la zona resultantes de determinados requisitos obligatorios con arreglo a la sección 1.1.6 de la parte II; c) las ayudas a las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, de conformidad con la sección 1.1.7 de la parte II; d) las ayudas para actividades de información en el sector agrícola de conformidad con la sección 1.1.10.1 de la parte II, consistentes en poner la información a disposición de un número indefinido de beneficiarios; e) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional de conformidad con la sección 1.2.1.1 de la parte II; f) las ayudas destinadas a compensar los daños causados por fenómenos climáticos adversos que pueden asimilarse a un desastre natural, con arreglo a la sección 1.2.1.2 de la parte II; g) las ayudas destinadas a compensar los costes de prevención, control y erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales, y las pérdidas causadas por dichas enfermedades y plagas, con arreglo a la sección 1.2.1.3 de la parte II; h) las ayudas para cubrir los costes de la retirada y la destrucción del ganado muerto, con arreglo a la sección 1.2.1.4 de la parte II; i) las ayudas destinadas a compensar los daños causados por animales protegidos, con arreglo a la sección 1.2.1.5 de la parte II; j) las ayudas destinadas a reparar los daños en los bosques causados por animales regulados por ley, con arreglo a la sección 2.8.5 de la parte II; k) las ayudas para actividades de información en el sector forestal de conformidad con la sección 2.4 de la parte II, consistentes en poner la información a disposición de un número indefinido de beneficiarios; l) las ayudas para inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural en la explotación agrícola, de conformidad con lo dispuesto en la sección 1.1.1.2 de la parte II, con excepción de la ayuda individual superior a 500 000 EUR por empresa y por proyecto de inversión; m) las ayudas para medidas de promoción, de conformidad con el punto (468), letras b), c) y d); n) las ayudas para compensar los costes adicionales de transporte con arreglo a los puntos (480) y (481); o) las ayudas de investigación y desarrollo en los sectores agrícola y forestal, de conformidad con las secciones 1.3.7 y 2.9.1 de la parte II; p) las ayudas para la reparación de los daños causados en los bosques por incendios, desastres naturales, fenómenos climáticos adversos, plagas vegetales, enfermedades animales, catástrofes y sucesos derivados del cambio climático, de conformidad con la sección 2.1.3 de la parte II; q) las ayudas para los costes de tratamiento y prevención de la propagación de plagas y enfermedades de los árboles y las ayudas destinadas a reparar los daños causados por plagas y enfermedades de los árboles, de conformidad con la sección 2.8.1 de la parte II.

Condiciones adicionales para las ayudas a las inversiones notificables individualmente

(56) Además de los requisitos expuestos en la presente sección, en el caso de las ayudas a las inversiones notificables individualmente, el Estado miembro tendrá que aportar pruebas claras de que la ayuda tiene un impacto real en la elección de la inversión. Para permitir una evaluación completa, el Estado miembro debe aportar no sólo información referente al proyecto beneficiario, sino también una descripción completa de la hipótesis contrafactual, suponiendo que ninguna autoridad pública concediera una ayuda al beneficiario.

(57) Se invita a los Estados miembros a recurrir a documentos auténticos y oficiales, como documentos del consejo de administración, evaluaciones de riesgo que incluyan una evaluación de los riesgos inherentes a un emplazamiento concreto, informes financieros, planes internos de negocios, dictámenes de expertos y otros estudios relacionados con el proyecto de inversión objeto de la evaluación. Estos documentos deben ser contemporáneos al proceso de toma de decisiones sobre la inversión o su ubicación. Los documentos que contengan información sobre previsiones de la demanda, de los costes y financieras, los documentos presentados a un comité de inversión y que desarrollen varias hipótesis de inversión, o los documentos facilitados a las instituciones financieras podrían ayudar a los Estados miembros a demostrar el efecto incentivador.

(58) En este contexto, el nivel de rentabilidad puede evaluarse utilizando métodos que son práctica estándar en el sector en cuestión, como los métodos para evaluar el valor actual neto del proyecto (VAN) ( 29 ) , la tasa interna de rentabilidad (TIR) ( 30 ) o la rentabilidad media de los fondos invertidos (ROCE). La rentabilidad del proyecto debe compararse con las tasas normales de rentabilidad aplicadas por el beneficiario a otros proyectos de inversión de índole similar. Si no se dispone de estas tasas, la rentabilidad del proyecto se comparará con el coste de capital de la empresa en su conjunto o con la tasa de rentabilidad registrada habitualmente en el sector en cuestión.

(59) Si no se conoce una hipótesis contrafactual, el efecto incentivador podrá suponerse cuando exista un déficit de financiación, es decir, cuando los costes de inversión superen al VAN de las previsiones de beneficios de la inversión sobre la base de un plan empresarial previo.

(60) Si la ayuda no modifica la conducta del beneficiario estimulando la inversión adicional, no tiene efectos positivos para el desarrollo del sector de que se trate. Por tanto, la ayuda no se considerará compatible con el mercado interior cuando parezca que las mismas inversiones se efectuarían de todas formas sin ella.

3.1.3. Ausencia de incumplimiento de las disposiciones pertinentes y de los principios generales del Derecho de la Unión

(61) Si una medida de ayuda estatal, las condiciones vinculadas a esta (incluido el modo de financiación cuando este forme parte integrante de la medida de ayuda estatal) o la actividad que financia conlleva una infracción del Derecho de la Unión aplicable, la ayuda no puede declararse compatible con el mercado interior ( 31 )

(62) o 1308/2013 Dado el carácter específico del sector agrícola ( 32 ) , aunque las normas de las ayudas estatales sean generalmente aplicables a este sector, su aplicación, no obstante, sigue estando supeditada a las disposiciones establecidas en los reglamentos del primer pilar de la PAC. En otras palabras, el recurso de los Estados miembros a medidas de ayuda estatal no puede prevalecer sobre el Reglamento (UE) n.1308/2013 ( 33 ) . Por consiguiente, la Comisión no autorizará ayudas estatales incompatibles con las disposiciones que rigen la organización común de mercado o que pudieran interferir con el correcto funcionamiento de esta.

(63) Además, las ayudas estatales no pueden declararse compatibles con el mercado interior cuando la concesión de la ayuda está sujeta a la obligación de que la empresa beneficiaria utilice productos o servicios nacionales, así como en el caso de las ayudas que restringen la posibilidad de que la empresa beneficiaria explote los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación en otros Estados miembros.

(64) La Comisión no autorizará las ayudas para actividades relacionadas con la exportación a terceros países o a Estados miembros que estén vinculadas directamente a las cantidades exportadas, ni las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados, ni las destinadas a la creación y el funcionamiento de redes de distribución, o a sufragar otros gastos relacionados con actividades de exportación. Las ayudas destinadas a sufragar el coste de participación en ferias comerciales o de los estudios o servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente en un nuevo mercado no constituyen, en principio, ayudas a la exportación.

3.2. Segunda condición: la ayuda no altera indebidamente las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común

(65) Según lo establecido en el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas pueden ser declaradas compatibles siempre que «no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común».

(66) En la presente sección se expone el método que debe aplicar la Comisión a la hora de hacer uso de su facultad de apreciación para llevar a cabo la evaluación con arreglo a la segunda condición de la evaluación de la compatibilidad a que se refiere el punto (39), letra b).

(67) Por su propia naturaleza, cualquier medida de ayuda falsea la competencia y afecta al comercio entre los Estados miembros. No obstante, para determinar si los efectos distorsionadores de la ayuda se limitan al mínimo, la Comisión verificará si la ayuda es necesaria, idónea, proporcionada y transparente.

(68) A continuación, la Comisión evaluará el efecto distorsionador de la ayuda en cuestión sobre la competencia y las condiciones de los intercambios. Después, la Comisión sopesará los efectos positivos de la ayuda con sus efectos negativos sobre la competencia y el comercio. Cuando los efectos positivos superen a los negativos, la Comisión declarará la ayuda compatible.

(69) La conformidad de la ayuda con las condiciones establecidas en las secciones 3.2.1 a 3.2.5 del presente capítulo debe considerarse en el contexto específico de la PAC.

3.2.1. Necesidad de intervención estatal

(70) A fin de evaluar si las ayudas estatales son necesarias para lograr el resultado previsto, es necesario diagnosticar primero el problema. La ayuda estatal debe estar dirigida a situaciones en las que dicha ayuda pueda generar un cambio significativo que el mercado no pueda conseguir, por ejemplo, solucionar una deficiencia del mercado con respecto a la actividad o inversión objeto de la ayuda. Las ayudas estatales pueden realmente, en determinadas condiciones, corregir deficiencias del mercado, contribuyendo así al funcionamiento eficiente de los mercados y mejorando la competitividad.

(71) A efectos de las presentes Directrices, la Comisión considera que el mercado no está alcanzando los objetivos previstos sin intervención del Estado con respecto al cumplimiento por las medidas de ayuda de las condiciones específicas establecidas en la parte I. Por lo tanto, dichas ayudas deben considerarse necesarias.

3.2.2. Idoneidad de la ayuda

(72) La medida de ayuda propuesta debe ser un instrumento político adecuado para dar respuesta al objetivo político en cuestión. Conviene tener presente que puede haber otros instrumentos más idóneos para alcanzar esos objetivos, como la regulación, los instrumentos de mercado, el desarrollo de las infraestructuras o la mejora del entorno empresarial. A tal fin, el Estado miembro debe demostrar que la ayuda y su diseño son adecuados para alcanzar el objetivo de la medida a la que se destina la ayuda.

Idoneidad de los instrumentos estratégicos alternativos

(73) La Comisión considera que las ayudas concedidas a los sectores agrícola y forestal que cumplan las condiciones específicas establecidas en las secciones correspondientes de la parte II son un instrumento estratégico adecuado.

(74) Cuando un Estado miembro decida crear una medida de ayuda similar a las de desarrollo rural financiada exclusivamente con fondos nacionales y esa misma intervención esté prevista en el plan estratégico de la PAC pertinente, el Estado miembro deberá demostrar las ventajas que presenta su instrumento de ayuda nacional en comparación con la intervención del plan estratégico de la PAC.

Idoneidad de los diferentes instrumentos de ayuda

(75) Las ayudas pueden concederse bajo distintas formas. El Estado miembro debe, no obstante, garantizar que la ayuda se concede en la forma que probablemente generará menos falseamientos del comercio y la competencia.

(76) Cuando se establezca una forma específica para una medida de ayuda descrita en la parte II, dicha forma se considerará un instrumento de ayuda apropiado a efectos de las presentes Directrices.

(77) Cuando la ayuda se concede al beneficiario final en forma de servicio subvencionado, es decir, indirectamente, en especie, y se paga a un proveedor del servicio o actividad en cuestión, se aplica al beneficiario final la evaluación de la compatibilidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, tal como se establece en esta parte, y las condiciones específicas de las presentes Directrices.

(78) La Comisión considera que la ayuda concedida según la forma prevista en las respectivas intervenciones de desarrollo rural, cofinanciadas por el Feader o concedidas como financiación complementaria para dichas intervenciones cofinanciadas de desarrollo rural, es una forma adecuada de ayuda.

(79) En cuanto a las ayudas a la inversión no incluidas en un plan estratégico de la PAC o que constituyan financiación complementaria para dichas intervenciones de desarrollo rural, cuando la ayuda se conceda en formas que aporten una ventaja pecuniaria directa (por ejemplo, subvenciones directas, exenciones o reducciones fiscales o de las cotizaciones sociales u otros gastos obligatorios, etc.), el Estado miembro deberá demostrar por qué son menos adecuadas otras formas de ayuda potencialmente menos falseadoras, como los anticipos reembolsables o las formas de ayuda basadas en instrumentos de deuda o capital (por ejemplo, los préstamos a tipo reducido o las bonificaciones de intereses, las garantías estatales o la obtención alternativa de capital en condiciones favorables).

(80) Por lo que se refiere a las medidas forestales de la sección 2.8 de la parte II, los Estados miembros deberán demostrar que los objetivos ecológicos, protectores y recreativos a los que van dirigidas no se pueden alcanzar con las medidas forestales similares a las de desarrollo rural de los capítulos 2.1 a 2.7 de la parte II.

(81) En caso de que haya diversas categorías de ayuda, como ayuda destinada a compensar los costes de las actividades de elaboración de estudios de mercado, la concepción y creación de productos y la preparación de solicitudes de reconocimiento de regímenes de calidad, ayuda para transferencia de conocimientos y actividades informativas, ayuda para servicios de asesoramiento, ayuda para servicios de sustitución en la explotación, ayuda para medidas de promoción, ayuda para la compensación de los costes de prevención y erradicación de enfermedades animales, plagas vegetales y especies exóticas invasoras y ayuda al sector ganadero, la ayuda deberá concederse a sus beneficiarios finales por medio de servicios subvencionados. En estos casos, la ayuda se abonará al prestador del servicio o la actividad de que se trate.

(82) La evaluación de la compatibilidad de una medida de ayuda con el mercado interior se entiende sin perjuicio de las normas aplicables en materia de contratación pública, así como de los principios de transparencia, apertura y no discriminación del proceso de selección de un proveedor de servicios.

3.2.3. Proporcionalidad de la ayuda

(83) Se considera que la ayuda es proporcional si el importe de la ayuda por beneficiario se limita al mínimo necesario para llevar a cabo la actividad objeto de ayuda.

Intensidades máximas de ayuda e importes máximos de ayuda

(84) En principio, para que la ayuda sea proporcional, la Comisión considera que el importe de la ayuda no debe superar los costes subvencionables. Ello se entiende sin perjuicio de las normas aplicables a los incentivos medioambientales o a otros incentivos públicos que se establecen explícitamente en las secciones 1.2.2, 2.1.4 y 2.3 de la parte II.

(85) Para garantizar la previsibilidad y unas condiciones equitativas, la Comisión aplica intensidades máximas de ayuda para las ayudas. Cuando no pueda fijarse la intensidad máxima de ayuda, por ejemplo, en el caso de ayudas iniciales a los jóvenes agricultores y al desarrollo de pequeñas explotaciones agrícolas, deberán establecerse importes máximos de ayuda definidos en términos nominales, con objeto de garantizar la proporcionalidad de la ayuda.

(86) Si los costes subvencionables se han calculado correctamente y se respetan las intensidades máximas de ayuda o los importes máximos de ayuda establecidos en la parte II, se considerará que el criterio de proporcionalidad se cumple.

(87) La intensidad máxima de ayuda y el importe de ayuda debe calcularlos la autoridad otorgante al conceder la ayuda. Los costes subvencionables deberán ser avalados por pruebas documentales claras, específicas y actualizadas. A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, todas las cifras empleadas deberán entenderse antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas.

(88) El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no es subvencionable, excepto cuando no sea reembolsable en virtud de la legislación nacional correspondiente.

(89) Cuando se conceda una ayuda bajo una modalidad distinta de la subvención, el importe de la ayuda será el equivalente bruto de subvención de la ayuda.

(90) La ayuda pagadera en varios plazos se actualiza a su valor en el momento de su concesión. Los costes subvencionables se actualizan a su valor en el momento de la concesión. El tipo de interés que se debe emplear a efectos de actualización será el tipo de actualización aplicable en la fecha de concesión de la ayuda.

(91) Las ayudas pagaderas en el futuro, incluidas las ayudas pagaderas en varios plazos, se actualizarán a su valor en el momento en que se concedan.

(92) Cuando la ayuda se conceda mediante beneficios fiscales, el cálculo actualizado de los tramos de ayuda se basará en los tipos de actualización aplicables en los distintos momentos en que se hagan efectivos los beneficios fiscales.

(93) Los Estados miembros podrán fijar el importe de la ayuda para las medidas o tipos de operaciones mencionados en las secciones 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2 y 2.3 de la parte II sobre la base de hipótesis estándar de los costes adicionales y de las pérdidas de ingresos. Los Estados miembros deben garantizar que los cálculos y la ayuda correspondiente cumplen todos los requisitos siguientes: a) que solo contengan elementos verificables; b) que se basen en cifras determinadas por los expertos pertinentes; c) que indiquen claramente la fuente de las cifras utilizadas; d) que se diferencien en función de las condiciones regionales o locales y la utilización real de las tierras, según proceda; e) que no contengan elementos vinculados a costes de inversión.

(94) Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto (93), las ayudas, con excepción de las ayudas cubiertas por las secciones 1.2 y 2.8.5 de la parte II, podrán concederse con arreglo a las siguientes opciones de costes simplificados: a) costes unitarios; b) cantidades a tanto alzado; c) financiación a tipo fijo.

(95) La cantidad de ayuda a que se refiere el punto (94) deberá establecerse de una de las siguientes maneras: a) un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en uno de los elementos siguientes: i) datos estadísticos, otra información objetiva o el criterio de experto, ii) datos históricos verificados de beneficiarios concretos, iii) la aplicación de las prácticas habituales de contabilidad de costes de los distintos beneficiarios; b) de conformidad con las modalidades de aplicación de los costes unitarios, las sumas a tanto alzado y los tipos fijos correspondientes aplicables en otras políticas de la Unión a una categoría similar de operación.

(96) En cuanto a las medidas cofinanciadas, los importes de los costes subvencionables podrán calcularse de acuerdo con las opciones de costes simplificados establecidas en el Reglamento (UE) 2021/1060 ( 34 ) del Parlamento Europeo y del Consejo y en el Reglamento (UE) 2021/2115.

(97) Al evaluar la compatibilidad de la ayuda, la Comisión tendrá en cuenta los seguros contratados o que podrían haber sido contratados por el beneficiario de la ayuda. Respecto de las ayudas para la compensación de pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos que pueden asimilarse a un desastre natural, a fin de evitar el riesgo de falseamiento de la competencia, la intensidad máxima de ayuda solo se deberá conceder a las empresas cuyo seguro no cubra esas pérdidas. Por ello, al objeto de mejorar la gestión del riesgo, se deberá animar a los beneficiarios a suscribir seguros siempre que sea posible.

Condiciones adicionales aplicables a las ayudas a la inversión notificables individualmente y a las ayudas a la inversión a grandes empresas concedidas en virtud de regímenes notificados

(98) Como norma general, se considerará que las ayudas a la inversión notificables individualmente están limitadas al mínimo, si el importe de la ayuda corresponde a los costes netos adicionales de ejecutar la inversión en la zona en cuestión, en comparación con la hipótesis contrafactual en la que no hay ayuda ( 35 ) , con las intensidades máximas de ayuda como límite. De la misma manera, en el caso de ayudas a la inversión concedidas a grandes empresas en virtud de regímenes notificados, los Estados miembros deben garantizar que el importe de la ayuda se limita al mínimo sobre la base del «planteamiento de costes netos extra», con las intensidades máximas como tope.

(99) El importe de la ayuda no debe superar el mínimo necesario para que el proyecto sea suficientemente rentable. Por ejemplo, no debe aumentar su TIR por encima de las tasas normales de rentabilidad aplicadas por la empresa a otros proyectos de inversión de índole similar o, si no se conocen estas tasas, aumentar su TIR por encima del coste de capital de la empresa en su conjunto o por encima de las tasas de rentabilidad registradas habitualmente en el sector en cuestión.

(100) En el caso de ayudas a la inversión a grandes empresas en el marco de regímenes notificados, el Estado miembro deberá garantizar que el importe de la ayuda corresponde a los costes netos extras de ejecutar la inversión en la zona en cuestión, frente a la situación contrafactual en la que no hay ayuda. Deberá utilizarse el método que figura en el punto (99) junto con las intensidades máximas de ayuda como tope.

(101) En cuanto a las ayudas a la inversión notificables individualmente, la Comisión verificará si el importe de la ayuda supera el mínimo necesario para que el proyecto sea suficientemente rentable, utilizando el método expuesto en el punto (99). Los cálculos utilizados para analizar el efecto incentivador también pueden utilizarse para evaluar si la ayuda es proporcional. El Estado miembro deberá demostrar la proporcionalidad mediante documentos como el contemplado en el punto (57).

(102) Los puntos (98) a (101) no se aplican a los municipios que constituyan autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 000 000 EUR y con menos de 5 000 habitantes.

Acumulación de ayudas

(103) Las ayudas pueden concederse de forma concurrente en virtud de varios regímenes o acumularse con ayudas ad hoc , siempre y cuando el importe total de ayuda estatal para un proyecto o actividad no supere los límites máximos de ayuda establecidos en las presentes Directrices.

(104) Las ayudas con costes subvencionables identificables podrán acumularse con otras ayudas estatales, siempre que esas ayudas tengan por objeto costes subvencionables identificables diferentes. Las ayudas con costes subvencionables identificables podrán acumularse con otras ayudas estatales, con relación a los mismos costes subvencionables, que se superpongan parcial o totalmente, únicamente si esa acumulación no supera la intensidad máxima de ayuda o el importe de la ayuda aplicable a este tipo de ayuda en el marco de las presentes Directrices.

(105) Las ayudas sin costes subvencionables identificables recogidas en la sección 1.1.2 de la parte II podrán acumularse con cualquier otra ayuda estatal con costes subvencionables identificables. Las ayudas sin costes subvencionables identificables podrán acumularse con otras ayudas estatales sin costes subvencionables identificables hasta el umbral más elevado de financiación total pertinente fijado para las circunstancias concretas de cada caso en las presentes Directrices o en otras directrices sobre ayudas estatales, en un reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión.

(106) Las ayudas estatales en favor del sector agrícola no deberán acumularse con los pagos mencionados en los artículos 145 y 146 del Reglamento (UE) 2021/2115, en relación con los mismos costes subvencionables, si tal acumulación produce como resultado una intensidad o una cuantía de la ayuda superior a la establecida en las presentes Directrices.

(107) Las ayudas estatales concedidas con arreglo a las secciones 1.1.4, 1.1.5 y 1.1.8 de la parte II no deberán acumularse con los pagos mencionados en el artículo 31 del Reglamento (UE) 2021/2115, en relación con los mismos costes subvencionables, si tal acumulación produce como resultado una intensidad o una cuantía de la ayuda superior a la establecida en las presentes Directrices.

(108) En caso de que la financiación de la Unión gestionada centralmente por las instituciones, agencias, empresas comunes u otros órganos de la Unión, que no esté directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro, se combine con ayudas estatales, únicamente se tomarán en consideración estas últimas para determinar si se respetan los umbrales de notificación, las intensidades máximas de ayuda y los límites máximos, siempre que el importe total de la financiación pública concedida en relación con los mismos costes subvencionables no exceda del porcentaje o porcentajes de financiación más favorables establecidos en la normativa de la Unión aplicable.

(109) Las ayudas autorizadas con arreglo a las presentes Directrices no deben acumularse con ayudas de minimis relativas a los mismos costes si tal acumulación diera lugar a una intensidad de ayuda o a un importe de la ayuda superior al fijado en las presentes Directrices.

(110) Las ayudas a inversiones destinadas a restablecer el potencial de producción agrícola a que se refiere el punto (152), letra d), no deberán acumularse con las ayudas para la compensación de daños materiales a que se refieren las secciones 1.2.1.1, 1.2.1.2 y 1.2.1.3 de la parte II.

(111) Las ayudas a la creación de agrupaciones y organizaciones de productores del sector agrícola contempladas en la sección 1.1.3 de la parte II, no deberán acumularse con las ayudas a la creación de agrupaciones y organizaciones de productores en el sector agrícola contempladas en el artículo 77 del Reglamento (UE) 2021/2115. Las ayudas iniciales para jóvenes agricultores, las ayudas iniciales para el desarrollo de pequeñas explotaciones y las ayudas iniciales para actividades agrarias a que se refiere la sección 1.1.2 de la parte II no deberán acumularse con la ayuda correspondiente a que se refiere el artículo 75 del Reglamento (UE) 2021/2115 si dicha acumulación da lugar a importes de ayuda superiores a los establecidos en las presentes Directrices.

3.2.4. Transparencia

(112) Los Estados miembros deben garantizar la publicación de la siguiente información en el módulo de transparencia de las concesiones de la Comisión ( 36 ) o en un sitio web general sobre ayudas estatales, a escala nacional o regional: a) el texto completo del régimen de ayudas y de sus disposiciones de aplicación o base jurídica para las ayudas individuales, o un enlace a ellos; b) la identidad de la autoridad o autoridades otorgantes; c) el nombre de cada uno de los beneficiarios (37), la forma e importe de las ayudas otorgadas a cada beneficiario, la fecha de la concesión, el tipo de empresa (pyme o gran empresa), la región en la que está situado el beneficiario (a nivel NUTS II) y el principal sector económico en el que el beneficiario desarrolla sus actividades (a nivel de grupo NACE); tal requisito podrá no exigirse con respecto a las ayudas individuales concedidas que no superen los umbrales siguientes: i) 10 000 EUR para los beneficiarios que se dedican a la producción agrícola primaria, ii) 100 000 EUR para los beneficiarios de los sectores de la transformación y la comercialización de productos agrícolas o de la silvicultura o que realicen actividades ajenas al ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado.

(113) Tratándose de regímenes de ayuda en forma de ventajas fiscales, la información sobre el importe de la ayuda individual puede facilitarse en los intervalos siguientes (en millones de euros): 0,01 - 0,1 únicamente para la producción agrícola primaria; 0,1 - 0,5; 0,5 - 1; 1 - 2; 2 - 5; 5 - 10; 10 - 30; y 30 y más.

(114) Esta información deberá publicarse una vez se haya tomado la decisión de conceder la ayuda, conservarse como mínimo diez años y estar a disposición del público general sin restricciones ( 38 )

(115) Por razones de transparencia, los Estados miembros deberán elaborar informes y efectuar revisiones según lo previsto en el capítulo 2 de la parte III.

3.2.5. Evitación de efectos negativos contrarios a la competencia y los intercambios

(116) La ayuda para los sectores agrícola y forestal y para las zonas rurales podría causar distorsiones del mercado de productos. Para que la ayuda sea compatible, deben minimizarse los efectos negativos de la medida de ayuda en términos de falseamiento de la competencia e impacto en el comercio entre los Estados miembros.

(117) La Comisión determinará los mercados afectados por la ayuda, teniendo en cuenta la información facilitada por el Estado miembro sobre los mercados de producto afectados, es decir, los mercados afectados por el cambio de comportamiento del beneficiario de la ayuda. Al evaluar los efectos negativos de la medida de ayuda, la Comisión centrará su análisis de los falseamientos de la competencia en los efectos previsibles de la ayuda a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales en la competencia entre empresas en los mercados de productos afectados ( 39 )

(118) Como punto de partida, si la ayuda está bien enfocada, es proporcional y está limitada a los costes netos extras, sus efectos negativos se verán mitigados y el riesgo de que la ayuda falsee la competencia será más limitado. En segundo lugar, la Comisión establece intensidades o importes máximos de ayuda. El objetivo es evitar el uso de ayuda estatal para proyectos en los que la proporción entre el importe de la ayuda y los costes subvencionables se considere muy elevado y resulte especialmente probable que sea falseador. En general, cuanto mayores sean los efectos positivos que el proyecto beneficiario probablemente produzca y cuanto mayor sea la necesidad de ayuda, más elevado será también el tope de intensidad de ayuda.

(119) Sin embargo, aun cuando la ayuda sea necesaria y proporcional, puede provocar en los beneficiarios un cambio de comportamiento que falsee la competencia. Esto es más probable en el sector agrícola, que se diferencia de otros mercados en la estructura específica de la producción primaria, caracterizada por incluir un número elevado de pequeñas empresas. En estos mercados, el riesgo de falseamiento de la competencia es alto aunque los importes de las ayudas concedidas sean pequeños.

Regímenes de ayuda a la inversión para la transformación y la comercialización de productos agrícolas, y en el sector forestal

(120) Dado que las ayudas a la inversión para empresas dedicadas a la transformación y la comercialización de productos agrícolas y para las empresas que actúan en otros sectores, como, por ejemplo, el de la transformación alimentaria, tienden a producir los mismos efectos de falseamiento de la competencia y el comercio, las consideraciones generales de la política de competencia sobre el efecto en la competencia y el comercio deben aplicarse por igual a todos los sectores. Por tanto, las condiciones expuestas en los puntos (121) a (133) deberán cumplirse con respecto a las ayudas a la inversión para la transformación y la comercialización de productos agrícolas y en el sector forestal.

(121) Los regímenes de ayudas no deben dar lugar a falseamientos importantes de la competencia y el comercio. En particular, incluso cuando el falseamiento pueda considerarse limitado a nivel individual (siempre que se cumplan todas las condiciones para la ayuda a la inversión), de manera acumulativa, los regímenes de ayudas a la inversión pueden producir niveles elevados de falseamiento. En el caso de un régimen de ayudas a la inversión centrado en determinados sectores, el riesgo de tales falseamientos es aún más pronunciado.

(122) Por consiguiente, el Estado miembro en cuestión deberá demostrar que cualesquiera efectos negativos se limitarán al mínimo teniendo en cuenta, por ejemplo, el tamaño de los proyectos en cuestión, los importes de ayudas individuales y acumulativas, los beneficiarios previstos, así como las características de los sectores a los que va destinada. A fin de que la Comisión pueda evaluar los probables efectos negativos, se anima al Estado miembro a presentar cualquier evaluación de impacto de que disponga, así como las evaluaciones posteriores realizadas de regímenes similares anteriores.

Ayudas a la inversión notificables individualmente para la transformación y la comercialización de productos agrícolas y en el sector forestal

(123) Al valorar los efectos negativos de la ayuda individual a la inversión, la Comisión hace especial hincapié en los efectos negativos relacionados con el desarrollo de un exceso de capacidad en los sectores en declive, la prevención de la salida y el concepto de peso significativo en el mercado. Estos efectos negativos se describen en los puntos (124) a (133) y deben contrarrestarse con los efectos positivos de la ayuda.

(124) Para determinar y evaluar el posible falseamiento de la competencia y el comercio, los Estados miembros deben aportar pruebas que permitan a la Comisión determinar los mercados de productos en cuestión (es decir, los productos afectados por el cambio de comportamiento del beneficiario) y reconocer a los competidores y clientes o consumidores afectados. El producto de referencia es, por regla general, el contemplado en el proyecto de inversión ( 40 ) . Cuando el proyecto se refiere a un producto intermedio y una parte considerable de la producción no se vende en el mercado, cabe considerar que el producto de referencia sea un producto de una fase posterior en la cadena de producción. En el mercado de productos de referencia se incluyen el producto de referencia y los productos considerados sustitutivos, bien por el consumidor (debido a sus características, precio y uso previsto), bien por el productor (debido a la flexibilidad de las instalaciones de producción).

(125) La Comisión aplica diversos criterios para evaluar ese posible falseamiento, como la estructura de mercado del producto en cuestión, los resultados del mercado (mercado en declive o en crecimiento), el proceso de selección del beneficiario de la ayuda, los obstáculos a la entrada y salida y la diferenciación del producto.

(126) Una dependencia sistemática de la ayuda estatal por parte de una empresa podría indicar que la empresa no es capaz de resistir la competencia por sí misma o que obtiene ventajas indebidas frente a sus competidores.

(127) La Comisión distingue dos fuentes principales de posibles efectos negativos sobre los mercados de producto: a) casos de desarrollo significativo de la capacidad que generan o agravan una situación existente de exceso de capacidad, especialmente en un mercado en declive; b) casos en los que el beneficiario de la ayuda tiene un peso significativo en el mercado.

(128) Para evaluar si la ayuda puede servir para crear o mantener estructuras de mercado ineficientes, la Comisión tendrá en cuenta la capacidad de producción adicional generada por el proyecto y si el mercado es poco productivo.

(