Propuesta de Reglamento (CE, Euratom, CECA) del Consejo por el que se establecen medidas especiales relativas al cese definitivo en sus funciones de funcionarios de las Comunidades Europeas con ocasión de la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia

(95/C 246/04)

COM(95) 327 final - 95/0179(CNS)

(Presentada por la Comisión el 7 de julio de 1995)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 24,

Vista la propuesta de la Comisión, presentada tras el dictamen del Comité del Estatuto,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Tribunal de Justicia,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,

Considerando que la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia crea la necesidad de reorganizar la composición del cuerpo de funcionarios de las Comunidades;

Considerando que conviene, a estos efectos, adoptar medidas especiales en materia de cese definitivo en las funciones,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En interés del servicio y para tener en cuenta las necesidades derivadas de la adhesión a las Comunidades Europea de Austria, Finlandia y Suecia las instituciones, tal y como se definen en el artículo 1 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, vinculadas por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (1) estarán autorizadas, hasta el 30 de junio del año 2000 a adoptar, para con sus funcionarios que hayan alcanzado la edad de 55 años, con excepción de los pertenecientes a los grados A 1 y A 2, medidas para el cese definitivo en sus funciones en las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 2

1. El número de funcionarios a los que podrá aplicarse las medidas mencionadas en el artículo 1 será de:

- 100 para la Comisión (65 de los cuales de la categoría A),

- 70 para el Parlamento Europeo,

- 70 para el Consejo,

- 20 para el Comité Económico y Social,

- 12 para el Tribunal de Cuentas,

- 25 para el Tribunal de Justicia.

2. El número de funcionarios a los que podrá aplicarse dichas medidas de cese en sus funciones a lo largo de los períodos siguientes será de:

para el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996:

- 30 para la Comisión,

- 14 para el Parlamento Europeo,

- 14 para el Consejo,

- 6 para el Comité Económico y Social,

- 4 para el Tribunal de Cuentas,

- 5 para el Tribunal de Justicia;

para el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y el 30 de junio de 1997:

- 30 para la Comisión,

- 14 para el Parlamento Europeo,

- 14 para el Consejo,

- 4 para el Comité Económico y Social,

- 4 para el Tribunal de Cuentas,

- 5 para el Tribunal de Justicia;

para el período comprendido entre el 1 de julio de 1997 y el 30 de junio de 1998:

- 15 para la Comisión,

- 14 para el Parlamento Europeo,

- 14 para el Consejo,

- 4 para el Comité Económico y Social,

- 4 para el Tribunal de Cuentas,

- 5 para el Tribunal de Justicia;

para el período comprendido entre el 1 de julio de 1998 y el 30 de junio de 1999:

- 15 para la Comisión,

- 14 para el Parlamento Europeo,

- 14 para el Consejo,

- 2 para el Comité Económico y Social,

- . . . para el Tribunal de Cuentas,

- 5 para el Tribunal de Justicia;

para el período comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio de 2000:

- 10 para la Comisión,

- 14 para el Parlamento Europeo,

- 14 para el Consejo,

- 4 para el Comité Económico y Social,

- . . . para el Tribunal de Cuentas,

- 5 para el Tribunal de Justicia.

Artículo 3

Teniendo en cuenta el interés del servicio en relación a la ampliación, la institución, tras dar al personal la oportunidad de manifestar su interés, escogerá, dentro de los límites establecidos en el artículo 2 y tras consultar con la comisión paritaria, los funcionarios a quienes se aplicará una medida de cese definitivo en sus funciones en virtud del artículo 1.

Para ello, se tendrá en cuenta la edad, la competencia, el rendimiento, la conducta en el servicio, la situación familiar y la antigueedad de los funcionarios. Esta antigueedad deberá ser de al menos diez años.

En cualquier caso, dicha medida no se aplicará sin el consentimiento del interesado.

Artículo 4

1. Los antiguos funcionarios a quienes se haya aplicado la medida prevista en el artículo 1 tendrán derecho a una indemnización mensual del 70 % del sueldo base correspondiente al grado y al escalón que tuviera el interesado en el momento de su cese y que figure en el cuadro del artículo 66 del Estatuto, vigente el primer día del mes en que haya de liquidarse la indemnización.

2. El derecho a la indemnización cesará a más tardar el último día del mes en que el antiguo funcionario cumpla 65 años y, en cualquier caso, cuando el interesado, antes de dicha edad, reúna las condiciones que le permitan beneficiarse de la cantidad máxima de la pensión de jubilación.

El antiguo funcionario pasará entonces a beneficiarse de la pensión de jubilación, con efecto a partir del primer día del mes civil siguiente a aquél en que se le haya abonado por última vez la indemnización.

3. La indemnización prevista en el apartado 1 será ponderada mediante un coeficiente corrector fijado con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 82 del Estatuto para el país miembro de la Comunidad en el que el beneficiario justifique tener su residencia.

Si el beneficiario de la indemnización fijara su residencia en un Estado que no sea miembro de la Comunidad, el coeficiente corrector aplicable a la indemnización será igual a 100.

La indemnización se expresará en francos belgas. Se pagará en la moneda del país de residencia del beneficiario. Sin embargo se pagará en francos belgas cuando se le aplique un coeficiente corrector igual a 100 conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo.

La indemnización pagada en moneda distinta del franco belga se calculará con arreglo a las paridades contempladas en el párrafo segundo del artículo 63 del Estatuto.

4. La cuantía de los ingresos brutos percibidos por el interesado en sus nuevas funciones se deducirá de la indemnización prevista en el apartado 1, siempre que dichos ingresos, junto con la indemnización, superen la última remuneración global bruta del beneficiario, establecida con arreglo al cuadro de sueldos vigente el primer día del mes en que deba liquidarse la indemnización. A esta remuneración se aplicará el coeficiente corrector mencionado en el apartado 3.

Los ingresos brutos y la última remuneración global contempladas en el primer párrafo se considerarán las cantidades tenidas en cuenta tras la deducción de las cargas sociales y antes de la deducción del impuesto.

El interesado deberá proporcionar por escrito las pruebas que se le exijan y notificar a la institución cualquier elemento susceptible de modificar sus derechos a la indemnización.

5. En las condiciones que figuran en el artículo 67 del Estatuto y en los artículos 1, 2 y 3 del Anexo VII del Estatuto, se abonarán las indemnizaciones familiares al beneficiario de la indemnización prevista en el apartado 1, es decir, a la persona o personas a que, en virtud de las disposiciones legales o por decisión de la justicia o de la autoridad administrativa competente, se haya confiado la custodia del hijo o hijos, calculándose la asignación familiar sobre la base de dicha indemnización.

6. El beneficiario de la indemnización tendrá derecho, para sí mismo y para las personas que de él dependan, a las prestaciones del régimen de seguridad social previsto en el artículo 72 del Estatuto, siempre que abone la contribución correspondiente, calculada sobre la base de la cuantía de la indemnización mencionada en el apartado 1 y siempre que no esté cubierto por otro régimen de seguro de enfermedad, legal o reglamentario.

7. Durante el período a lo largo del cual tenga derecho a la indemnización, el antiguo funcionario continuará adquiriendo nuevos derechos a pensión de jubilación sobre la base del sueldo correspondiente a su grado y escalón, siempre que durante dicho período haya abonado la contribución prevista en el Estatuto sobre la base de dicho sueldo, y sin que el total de la pensión pueda exceder de la cantidad máxima prevista en el segundo apartado del artículo 77 del Estatuto. Para la aplicación del artículo 5 del Anexo VIII del Estatuto y el artículo 108 del antiguo Reglamento General de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, este período se considerará período de servicio.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 1 y del artículo 22 del Anexo VIII del Estatuto, el cónyuge superviviente de un antiguo funcionario fallecido siendo beneficiario de la indemnización mensual prevista en el apartado 1, tendrá derecho, siempre que haya sido su cónyuge durante al menos un año en el momento en que el interesado haya cesado en sus funciones al servicio de una institución, a una pensión de supervivencia igual al 60 % de la pensión de jubilación de que se habría beneficiado el funcionario si hubiera tenido derecho a ella en la fecha de su fallecimiento, sin condiciones de antigueedad en el servicio ni de edad.

La cuantía de la pensión de supervivencia prevista en el apartado 1 no podrá ser inferior a las cantidades previstas en el segundo apartado del artículo 79 del Estatuto. No obstante, la cuantía de esta pensión no podrá superar en ningún caso la cuantía del primer pago de la pensión de jubilación a que hubiera tenido derecho el antiguo funcionario si, de haber seguido vivo y habiendo agotado sus derechos a la indemnización anteriormente mencionada, hubiera podido beneficiarse de la pensión de jubilación.

La condición de la anterioridad del matrimonio, prevista en el párrafo primero, no será de aplicación si uno o varios de los hijos lo son de un matrimonio del antiguo funcionario contraído anteriormente al cese de sus funciones, siempre que el cónyuge superviviente mantenga o haya mantenido a estos hijos.

Lo mismo se aplicará en caso de que el fallecimiento del antiguo funcionario se deba a una de las circunstancias previstas en el final del segundo párrafo del artículo 17 del Anexo VIII del Estatuto.

9. En caso de fallecimiento de un antiguo funcionario beneficiario de la indemnización prevista en el apartado 1, los hijos a su cargo en el sentido del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto tendrán derecho a una pensión de orfandad en las condiciones previstas en los apartados 1, 2 y 3 del Estatuto, así como en el artículo 21 del Anexo VIII del Estatuto.

10. A efectos de la aplicación del artículo 107 del Estatuto, así como el apartado 2 del artículo 102 del Estatuto de los funcionarios de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el funcionario a quien se haya aplicado la medida prevista en el artículo 1 quedará equiparado a los funcionarios que hayan permanecido en el servicio hasta los 65 años, siempre que continúe abonando la cotización durante el período de percepción de la indemnización mencionada en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 5

1. Los funcionarios contemplados en el último apartado del artículo 2 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68, así como en el apartado 5 del artículo 102 del Estatuto, con excepción de aquéllos que, antes del 1 de enero de 1962 ocuparan un puesto de grado A 1 o A 2 en el marco del Estatuto del personal de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y a los que se apliquen las medidas previstas en el artículo 1, podrán solicitar que sus derechos pecuniarios se determinen con arreglo al artículo 34 del Estatuto del personal de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y al artículo 50 del Reglamento General de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

2. No obstante, los apartados 3 y 5 a 9 del artículo 4 del presente Reglamento seguirán aplicándose a los funcionarios mencionados en el presente artículo así como a las personas que de ellos dependan.

Artículo 6

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

(1) DO n° L 56 de 4. 3. 1968, p. 1.