P6_TA(2005)0298

Un mundo sin minas

Resolución del Parlamento Europeo sobre un mundo libre de minas

El Parlamento Europeo,

- Vistas sus anteriores resoluciones sobre las minas terrestres, las municiones de fragmentación y las municiones y los artefactos explosivos no detonados, y confirmando dichas resoluciones,

- Vista la Estrategia comunitaria de lucha contra las minas para el período 2005-2007,

- Visto el informe de la delegación ad hoc del Parlamento Europeo en la Primera Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Nairobi, Kenia, 29 de noviembre- 3 de diciembre de 2004),

- Visto el apartado 4 del artículo 103 de su Reglamento,

A. Reafirmando su determinación de contribuir a un mundo realmente libre de minas, tal como manifestó en su audiencia de 16 de junio de 2005, celebrada por la Comisión de Desarrollo y por la Comisión de Comercio Internacional,

B. Reafirmando su determinación de poner fin al sufrimiento y a las víctimas causados por las minas antipersonas, que matan y mutilan a miles de personas cada año, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos y especialmente niños, obstaculizan el desarrollo económico y la reconstrucción, frenan la repatriación de refugiados y personas desplazadas, violan en general los derechos humanos más básicos y siguen teniendo otras graves repercusiones durante años después de su colocación,

C. Recordando que las minas terrestres antipersonas constituyen, por sus consecuencias sociales, económicas, medioambientales y humanitarias, una grave amenaza para la seguridad de los seres humanos a largo plazo, independientemente del lugar en el que hayan sido colocadas,

D. Considerando que, hasta la fecha, 144 Estados han ratificado o se han adherido a la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 1997 (conocida también como "Tratado de prohibición de minas"), y que otros 8 Estados la han firmado, pero preocupado por el hecho de que 50 Estados sigan al margen de la Convención, algunos de los cuales son Estados miembros de la UE, y más especialmente por el único Estado miembro que no ha firmado ni ratificado la Convención ni se ha adherido a la misma,

E. Considerando que la observancia de la Convención sigue siendo notable, con 69 Estados Parte que han destruido por completo sus reservas, lo que supone la destrucción de más de 38,3 millones de minas, mientras que otros 13 están procediendo a ello; que todos los Estados Parte que han respetado los plazos límite fijados para la destrucción de sus reservas han comunicado que la han llevado a cabo con éxito,

F. Considerando que, a pesar de estos progresos, se calcula que todavía están almacenadas entre 180 y 185 millones de minas antipersonas, y que las minas terrestres todavía se acumulan en 83 países en todo el mundo, entre ellos 54 Estados Parte,

G. Considerando que sigue habiendo entre 15000 y 20000 nuevas víctimas cada año, la mayoría de las cuales son civiles y muchas de ellas niños, lo que se suma a las muchas centenas de millares de supervivientes de accidentes con minas en todo el mundo que requieren cuidados y asistencia de por vida; que en la gran mayoría de los países afectados por las minas, la asistencia disponible para la rehabilitación y la reintegración de los supervivientes de las minas en la sociedad sigue siendo sumamente inadecuada,

H. Considerando que la Convención prevé que los Estados Parte aseguren la destrucción de todas las minas antipersonas a más tardar en un plazo de 10 años a partir de su entrada en vigor y que los Estados Parte que estén en condiciones de hacerlo presten asistencia para alcanzar este objetivo,

I. Reconociendo, por consiguiente, la importancia de la Primera Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, celebrada en Nairobi (Kenia) del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004 (Cumbre de Nairobi para un Mundo Libre de Minas), así como del Plan de acción adoptado por los Estados Parte en la Cumbre,

J. Considerando que, en la actualidad, la mayoría de los conflictos son guerras internas o civiles, y que las minas terrestres pueden ser colocadas en este contexto tanto por las fuerzas armadas de los Estados como por agentes no estatales armados,

K. Reconociendo los esfuerzos realizados y los éxitos obtenidos en el proceso de convencer a los agentes no estatales armados para que prohíban la utilización de minas terrestres, pero reiterando que ello no entraña el apoyo ni el reconocimiento de la legitimidad de los agentes no estatales armados ni de sus actividades,

L. Considerando que la comunidad internacional tiene el deber moral de lograr el compromiso de todas las partes involucradas en los conflictos, tanto los Estados como los agentes no estatales armados, para que pongan fin al uso de las minas antipersonas con el fin de lograr una verdadera prohibición universal de estas armas inhumanas; que la comunidad internacional, y especialmente los principales productores, exportadores y usuarios del pasado, tiene la responsabilidad moral de facilitar asistencia y recursos para la lucha contra las minas, más allá de las obligaciones jurídicas que se derivan de la Convención,

M. Reconociendo la utilización generalizada de minas antivehículo en al menos 56 países, lo que está causando problemas humanitarios persistentes en países como Afganistán, Angola, Eritrea, Etiopía y Sudán,

N. Reiterando que el objetivo de todos los tipos de dispositivos antimanipulación es el personal de ayuda humanitaria encargado del desminado y que estos dispositivos representan también una amenaza para la población civil,

1. Manifiesta su honda preocupación ante los efectos perjudiciales y generalizados de las minas terrestres y las municiones y los artefactos explosivos no detonados sobre la población civil, especialmente los niños;

2. Pide a todos los Estados que no han firmado la Convención que se adhieran a ella sin demora, e insta a todos los Estados que la han firmado, pero no la han ratificado, a que lo hagan sin demora;

3. Pide a todos los Estados afectados por las minas que no han ratificado o no se han adherido a la Convención que adopten todas las medidas necesarias para aliviar el sufrimiento de la población civil que vive en zonas minadas, procediendo al desminado y prestando una asistencia apropiada a los supervivientes, así como que faciliten información de forma voluntaria con objeto de que los esfuerzos realizados en todo el mundo para luchar contra las minas sean más eficaces (informes a que se refiere el artículo 7 de la Convención);

4. Pide a los EE.UU. que reconsideren la declaración realizada en febrero de 2004, según la cual no se adherirán a la Convención y mantendrán los 8,8 millones de las llamadas minas antipersonas "inteligentes" (equipadas con mecanismos de autodestrucción) para su utilización en cualquier parte del mundo de forma indefinida, así como su 1,2 millón de las llamadas minas antipersonas "elementales" (no equipadas con mecanismos de autodestrucción) para su utilización en Corea hasta 2010; pide asimismo a los EE.UU. que no reanuden la producción, el comercio ni la utilización de ningún tipo de munición que corresponda a la definición de minas antipersonas en virtud de la Convención, incluido el sistema denominado "Spider"; pide a los EE.UU. que ponga inmediatamente fin al suministro de minas antipersonas a los Estados miembros de la UE y a otros países amigos; pide a China que reconsidere su producción de minas terrestres y destruya sus colosales reservas, calculadas en más de 100 millones de minas terrestres antipersonas, la mayoría de las cuales no están equipadas con dispositivos de autodestrucción, autodesactivación ni detección; insta a Rusia a que deje de utilizar minas antipersonas en su conflicto en Chechenia y a que retire todas las reservas que aún estén a disposición de sus fuerzas en Georgia y Tayikistán;

5. Pide a los tres Estados miembros de la Unión Europea ampliada que aún no han ratificado ni se han adherido a la Convención que lo hagan sin demora;

6. Pide a todos los Estados Parte que apliquen plena y rigurosamente el Plan de acción de Nairobi y que alcancen los objetivos humanitarios y de desarme previstos en la Convención para el período 2005-2009, lo que supone:

a) acelerar el desminado y garantizar que los Estados Parte afectados por las minas sean capaces de cumplir sus plazos de 10 años para la retirada de todas las minas antipersonas, que empezarán a expirar en 2009;

b) cumplir la obligación de facilitar una asistencia inmediata y adecuada a los supervivientes de las minas y sus familias;

c) facilitar informes anuales exhaustivos y transparentes, tal como prevé la Convención, e incluir en los mismos información sobre: cuestiones de asistencia a las víctimas; objetivos previstos y utilización real de las minas en virtud del artículo 3; medidas adoptadas para garantizar que las minas Claymore sólo puedan utilizarse en modo de detonación dirigida; y las reservas extranjeras de minas antipersonas;

d) llegar a un acuerdo entre todos los Estados Parte sobre la aplicación de los artículos 1, 2 y 3 de la Convención, dado que dichos artículos se refieren a acciones conjuntas, minas antivehículo equipadas con detonadores sensibles y minas conservadas con fines de formación y desarrollo, y, en particular, sobre el hecho de que toda mina que pueda detonarse en presencia o proximidad de una persona, o por contacto con ella, es una mina antipersona y está prohibida por la Convención; considera imperativo que esa definición incluya las minas trampa, la detonación por hilos, la espoleta a presión, los mecanismos antimanipulación y otros detonadores similares;

e) desarrollar y adoptar medidas nacionales de aplicación para prevenir y reprimir las actividades prohibidas por la Convención, incluido el recurso a las sanciones penales tal como se prevé en el artículo 9 de la misma;

7. Pide a la Comisión que integre la adhesión y el cumplimiento de la Convención en los programas de desarrollo con terceros países en aquellos casos en los que las minas terrestres antipersonas obstaculicen el desarrollo económico y social; pide a los Estados miembros que creen incentivos específicos para que los países cuyo desarrollo económico y social no resulta afectado directamente por las minas terrestres antipersonas se adhieran a la Convención y la cumplan;

8. Insta a los Estados miembros que son Estados Parte en la Convención a que aboguen por una interpretación lo más amplia posible del concepto de "mina terrestre antipersona", de forma que incluya todas las minas terrestres que pueden ser detonadas involuntariamente por una persona, independientemente de la categoría técnica a la que pertenezcan (mina antivehículo, mina terrestre antipersona);

9. Reitera su opinión de que sólo será posible un "mundo libre de minas" si se prohíben todos los tipos de minas, y no sólo determinados tipos de minas terrestres; subraya que ello incluye todos los tipos de minas antivehículo; pide a la UE y a sus Estados miembros que asuman el liderazgo en el logro de este objetivo;

10. Insta a la Unión Europea a que refuerce el liderazgo europeo en materia de desarme global, con el fin de reproducir el éxito de la Convención en otros ámbitos, en particular en el ámbito de las minas antivehículo, las municiones de fragmentación y las armas ligeras y de pequeño calibre;

11. Pide a los Estados Parte afectados por las minas que garanticen la inclusión de la lucha contra las minas y la asistencia a las víctimas entre sus prioridades nacionales y, en su caso, en sus planes y programas de desarrollo nacional, subnacional y sectorial;

12. Insta a los Estados Parte y a la Comisión a que refuercen su asistencia a los Estados Parte necesitados y, en particular, mejoren y aumenten la ayuda proporcionada a los supervivientes y sus familias, garanticen el cumplimiento de los primeros plazos para el desminado en 2009 y la destrucción de las reservas que puedan representar un reto especial debido a los tipos o las cantidades de minas que deben destruirse y la ubicación o las condiciones de las reservas, así como a que faciliten esa asistencia en las zonas controladas por agentes no estatales armados;

13. Pide a todos los agentes no estatales armados que firmen el "Llamamiento de Ginebra para la adhesión a una prohibición total de las minas antipersonal y para una cooperación en la acción contra las minas", y pide al Consejo y a la Comisión que prosigan sus esfuerzos por lograr que los agentes no estatales armados se comprometan en este ámbito;

14. Solicita mayores recursos para la retirada humanitaria de las minas, la destrucción de las reservas, la educación sobre el riesgo que suponen las minas y el cuidado, la rehabilitación y la reintegración social y económica de las víctimas de las minas en las zonas controladas por agentes no estatales armados;

15. Pide a todos los Estados que estén en condiciones de hacerlo que apoyen a nivel político y diplomático el trabajo realizado por las ONG especializadas en las negociaciones con los agentes no estatales armados, como el Llamamiento de Ginebra y las campañas nacionales de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres;

16. Pide a los Estados afectados por un conflicto interno que faciliten el trabajo realizado por esas ONG, e insta especialmente al Gobierno de Colombia a que, por el bien de la población civil, facilite la ejecución de los programas de retirada humanitaria de minas y actividades conexas en el contexto de acuerdos humanitarios locales o regionales; considera que el hecho de no facilitar un proceso de verificación de la retirada humanitaria de minas constituye una violación del espíritu humanitario de la Convención;

17. Acoge favorablemente el compromiso de la Unión Europea de destinar 140 millones de euros en el período 2005-2007 para su nueva Estrategia de lucha contra las minas; insta a la UE a que garantice que estos recursos se confirman en las decisiones presupuestarias anuales y que se facilitan suficientes recursos después de 2007;

18. Pide a los Estados Parte que garanticen la transparencia en la aplicación de la Convención, en particular involucrando a los Parlamentos nacionales y a la opinión pública;

19. Pide a los Estados Parte, en particular a los que son Estados miembros de la UE, que garanticen que sus fondos para el desminado se destinan parcialmente al desarrollo de estructuras nacionales de retirada de minas y que la asistencia al desminado continúa hasta que se hayan limpiado todas las zonas minadas conocidas o sospechosas;

20. Recomienda, por otra parte, que la Unión Europea examine la posibilidad de proporcionar ayuda financiera a los Estados que no son Parte en la Convención en caso de emergencia humanitaria; reitera que dicha ayuda debe estar supeditada a la voluntad política demostrada del país beneficiario de avanzar hacia la adhesión;

21. Pide a la UE y a sus Estados miembros que, mediante la adopción de la legislación adecuada, prohíban a las instituciones financieras bajo su jurisdicción o control que inviertan directa o indirectamente en empresas implicadas en la producción, el almacenamiento o la transferencia de minas antipersonas y de otros sistemas de armamento polémicos como las municiones de fragmentación;

22. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que garanticen el respeto de la legislación que prohíbe la inversión en empresas relacionadas con las minas antipersonas creando mecanismos eficaces de control y sanción; considera que ello implica imponer a las instituciones financieras la obligación de adoptar una política de plena transparencia en relación con las empresas en las que invierten;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la OSCE, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados Unidos de América, la Federación Rusa y la República Popular China, al Presidente de la Cumbre de Nairobi para un Mundo Libre de Minas, a la Unión Africana y al Parlamento Panafricano.

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