COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COM(93) 600 final 
Bruselas,14 de diciembre de 1993 
COMUNICACIÓN 
relativa a la aplicación del 
protocolo sobre la política social 
presentada por la Comisión 
al Consejo y al Parlamento Europeo 
ÍNDICE 
RESUMEN 
INTRODUCCIÓN .................................................. . 
La aportación del Tratado de Maastricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcance del Acuerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Origen de los artículos 3 y 4 del Acuerdo . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Las funciones del diálogo social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
CONSULTA DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES ........................ . 
FOMENTO DE LA CONSULTA DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES ......... . 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA ................................ . 
Situación actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuevo planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LAS ORGANIZACIONES QUE SERÁN CONSULTADAS ...................... . 
Nuevo planteamiento de la consulta: resumen ................................ . 
DE LA CONSULTA A LA NEGOCIACIÓN ................................ . 
LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS .................................. . 
LA DECISIÓN DEL CONSEJO ......................................... . 
LA APLICACIÓN DE DIRECTIVAS MEDIANTE ........................... . 
CONVENIO COLECTIVO ............................................ . 
CONCLUSIÓN .................................................... . 
ANEXOS ........................................................ . 
CUADRO ESQUEMÁTICO DE LAS PRJNCIP ALES BASES JURÍDICAS RELATIVAS 
A "LO SOCIAL" .............................................. . 
RELACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERLOCUTORES SOCIALES QUE 
SE AJUSTAN ACTUALMENTE A LOS CRITERIOS DETERMINADOS EN EL 
APARTADO 24 DE L'A COMUNICACIÓN ........................... . 
PRINCIPALES RESULTADOS DEL "ESTUDIO SOBRE LOS INTERLOCUTORES 
SOCIALES (REPRESENTA TIVIDAD)" .............................. . 
ESQUEMA OPERATIVO RELATIVO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA DEL 
ACUERDO SOBRE POLÍTICA SOCIAL ............................. . 
RESUMEN 
l. Al entrar en vigor el Tratado de la Unión Europea lo hacen automáticamente al mismo 
tiempo el Protocolo sobre la política social y el Acuerdo sobre la política social (llamado 
en lo sucesivo "el Acuerdo"). 
2. El Protocolo y el Acuerdo afirman que once Estados miembros "desean proseguir en la 
vía trazada por la Carta social de 1989", precisando que esto se entiende "sin perjuicio 
de lo dispuesto en las disposiciones del Tratado, en particular de las relativas a la política 
social, que constituyen parte integrante del acervo comunitario". 
3. Al menos hasta 1996, la política social se regirá, por una parte, por las disposiciones del 
Tratado CE, y, por otra, por las disposiciones del Acuerdo, que constituirán una nueva 
base para la política comunitaria, incluida la posibilidad de que los once Estados 
miembros firmantes del Acuerdo tomen medidas legislativas. Ésta es una situación que 
nunca se había dado en la Comunidad. 
4. Los artículos 3 y 4 del Acuerdo representan una evolución importante del artículo 118 B 
del Tratado. Redefinen la tarea de la Comisión de promover el diálogo entre empresarios 
y trabajadores (los interlocutores sociales) en términos de promoción de su consulta, así 
como la obligación de consultarlos antes de presentar propuestas en el campo de la 
política social. También abren una nueva perspectiva de diálogo social comunitario, ya 
que ahora puede llegarse al establecimiento de relaciones contractuales, incluso acuerdos, 
que pueden ser aplicados, en circunstancias definidas, mediante decisión del Consejo 
basada en una propuesta de la Comisión. 
5. Los artículos 3 y 4 del Acuerdo reproducen en términos casi idénticos el Acuerdo 
concluido el 31 de octubre de 1991 por la UNICE, la CES y el CEEP en el grupo ad hoc 
destinado a determinar el cometido y el lugar del diálogo social en el nuevo marco 
comunitario. 
FOMENTO DE LA CONSULTA DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES 
6. Según lo estipulado en el apartado 1 del artículo 3 del Acuerdo, los interlocutores sociales 
tienen ahora derecho a ser consultados por la Comisión, tanto en cuanto a la orientación 
de la política social de la Comunidad como en lo relativo al contenido de las acciones 
comunitarias en este ámbito. 
Al facilitar el diálogo social, la Comisión deberá velar porque "ambas partes reciban un 
apoyo equilibrado". Entre las distintas medidas que pueden facilitar el diálogo cabe 
mencionar la organización de reuniones, la ayuda aportada a estudios realizados en común 
o a grupos de trabajo mixtos, y también la prestación de asistencia técnica que se 
considere necesaria para mantener el diálogo. 
LAS ORGANIZACIONES QUE SERÁN CONSULTADAS 
7. Con base en algunos criterios que se establecen a continuación, podrá consultarse a un 
cierto número de organizaciones. Al mismo tiempo, la Comisión reconoce que se ha 
adquirido una experiencia sustancial en el diálogo social establecido entre la UNICE, el 
CEEP y la CES. 
Como principio general, la Comisión considera que las organizaciones deberán ser 
consultadas, según los términos del artículo 3 del Acuerdo, en la medida en que 
respondan globalmente a los siguientes criterios: 
Las organizaciones deberán: 
ser interprofesionales, sectoriales o de una categoría de trabajadores, y estar 
organizadas a nivel europeo~ 
estar compuestas por organizaciones que, a su vez, formen parte integrante y 
reconocida de las estructuras de interlocutores sociales de los Estados miembros, 
tengan la capacidad de negociar acuerdos y sean, en lo posible, representativas en 
todos los Estados miembros; 
disponer de las estructuras adecuadas que garanticen su participación efectiva en 
el proceso de consulta. 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 
8. En los apartados 2 y 3 del artículo del Acuerdo sobre la política social se especifica: "A 
tal efecto, antes de presentar propuestas en el ámbito de política social, la Comisión 
consultará a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción 
comunitaria. Si, tras dicha consulta, la Comisión estimase conveniente una acción 
comunitaria, consultará a los interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta 
contemplada. Los interlocutores sociales remitirán a la Comisión un dictamen o, en su 
caso, una recomendación". 
9. A la vista de la experiencia adquirida, la Comisión sugiere: 
La primera consulta de los interlocutores sociales tendrá lugar mediante el envío de una 
carta de la Comisión. La consulta solicitada podrá tener lugar por escrito o, si los 
interlocutores sociales así lo desean, mediante la organización de una reunión ad hoc. El 
período de la consulta no deberá ser superior a seis semanas. 
La Comisión determinará su posición a la luz de los comentarios recibidos durante la 
primera consulta y decidirá si es oportuno pasar a la segunda fase. 
2 
La segunda fase de la consulta tendrá lugar mediante recepción de la segunda carta 
enviada por la Comisión, en la que figure el contenido de la propuesta contemplada, con 
inclusión de su posible base jurídica. 
Con motivo de esta segunda consulta, los interlocutores sociales expresarán a la Comisión 
una opinión por escrito y, si lo desean, en una reunión ad hoc, en la que se expongan los 
puntos de acuerdo y de desacuerdo de las posiciones respectivas sobre el borrador. En su 
caso, presentarán una recomendación con las posiciones comunes sobre el borrador. La 
duración de esta segunda fase tampoco deberá exceder seis semanas. 
DE LA CONSULTA A LA NEGOCIACIÓN 
1 O. Los interlocutores sociales consultados por la Comisión sobre el contenido de una 
propuesta de acción comunitaria podrán remitir una opinión o, en su caso, una 
recomendación a la Comisión. Alternativamente, pueden también informar a la Comisión 
sobre su voluntad de iniciar, de modo independiente, un proceso de negociación que 
podría llevar al establecimiento de un acuerdo directo entre las partes. El proceso de 
negociación puede durar hasta nueve meses y puede ampliarse con el acuerdo de la 
Comisión. 
11. Expirado el plazo de nueve meses, o antes, los interlocutores sociales deberán, pues, 
presentar a la Comisión un informe sobre la situación de las negociaciones en el que se 
informe a la Comisión si: 
a) han concluido un acuerdo y piden conjuntamente a la Comisión que proponga que 
el Consejo adopte una decisión sobre su aplicación, o 
b) habiendo alcanzado un acuerdo entre sí, prefieren ponerlo en práctica de 
conformidad con las prácticas y los procedimientos propios de los interlocutores 
sociales y de los Estados miembros, o 
e) pretenden continuar las negociaciones más allá de los nueve meses, por lo que 
solicitan a la Comisión negociar un nuevo plazo, o 
d) no han conseguido llegar a un acuerdo. 
12. En el caso contemplado en la letra d), la Comisión examinará, a la luz de los trabajos 
realizados, la conveniencia de proponer un instrumento legislativo en el ámbito en 
cuestión y comunicará el resultado de sus deliberaciones al Consejo. Se consultará 
también al Comité Económico y Social y al Parlamento Europeo, de conformidad con los 
procedimientos fijados en el Tratado. 
3 
LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS 
13. Los acuerdos concluidos a nivel comunitario se aplicarán, bien de conformidad con los 
procedimientos y prácticas propios de los interlocutores sociales y de los Estados 
miembros, o bien, en los asuntos a los que hace referencia el artículo 2, a petición 
conjunta de las partes firmantes, por decisión del Consejo a propuesta de la Comisión. El 
Consejo actuará por mayoría cualificada, excepto cuando el acuerdo en cuestión contenga 
una o más disposiciones relativas a una de las áreas a las que hace referencia el apartado 
3 del artículo 2, en cuyo caso actuará por unanimidad. 
14. De conformidad con las disposiciones del Acuerdo, la Comisión no está obligada 
jurídicamente a consultar al Parlamento Europeo sobre las solicitudes recibidas de los 
interlocutores sociales referentes a la aplicación de un acuerdo por decisión del Consejo. 
Sin embargo, tiene la intención de informarle, enviándole el texto del acuerdo junto con 
la propuesta de decisión y la exposición de motivos, para que éste pueda, si lo considera 
apropiado, comunicar su dictamen a la Comisión y al Consejo. 
LA DECISIÓN DEL CONSEJO 
15. La Comisión considera que la decisión del Consejo sólo se refiere al texto del acuerdo 
tal como lo han celebrado los interlocutores sociales. Si se modificara el acuerdo, ya no 
podría considerarse como un acuerdo libremente concluido entre los interlocutores 
sociales. 
16. Si el Consejo decide, de acuerdo con los procedimientos contemplados en el último 
párrafo del apartado 2 del artículo 4, no aplicar el acuerdo tal como lo han establecido 
los interlocutores sociales, la Comisión retirará su propuesta de decisión y examinará si 
es oportuno proponer un instrumento legislativo en el ámbito en cuestión. 
LA APLICACIÓN DE DIRECTIVAS MEDIANTE CONVENIO COLECTIVO 
17. El Acuerdo establece el principio general según el cual las directivas podrán aplicarse 
mediante convenios colectivos. Este principio ha sido reconocido en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia. Asimismo es conforme a las disposiciones de la Organización 
Internacional del Trabajo y a las del Consejo de Europa. 
4 
INTRODUCCIÓN 
l. Al entrar en vigor el Tratado de la Unión Europea lo hacen automáticamente al mismo 
tiempo el Protocolo sobre la política social y el Acuerdo sobre la política social celebrado 
entre los Estados miembros de la Comunidad Europea a excepción del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (llamado en lo sucesivo "el Acuerdo"). 
2. El objetivo de la presente comunicación es exponer la manera en que la Comisión piensa 
llevar a cabo la aplicación del Protocolo y del Acuerdo, teniendo en cuenta la experiencia 
previa en este campo. La Comisión está dispuesta, naturalmente, a revisar y modificar 
estos procedimientos a la luz de la experiencia adquirida y según el resultado del debate 
que espera favorecer con las demás instituciones comunitarias, con los Estados miembros 
y con las organizaciones de interlocutores sociales a nivel comunitario. Esto será un 
proceso evolutivo, que crecerá y se desarrollará con el tiempo. Por ello, la Comisión cree 
firmemente que sólo será posible determinar los cambios y los ajustes necesarios mediante 
la experiencia práctica en la aplicación del Acuerdo. La oportunidad de tal revisión la 
brindará el informe sobre el progreso en la realización de los objetivos del artículo 1 del 
Acuerdo, que la Comisión elaborará cada año según lo dispuesto en el artículo 7 del 
Acuerdo. Este informe se fundirá, a efectos prácticos, con el informe sobre la aplicación 
de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores. 
3. Al celebrar un Acuerdo sobre la política social en Maastricht mediante un Protocolo 
aceptado por los doce, los once Estados miembros signatarios han traducido su voluntad 
de dotar a la Comunidad de los medios para hacer avanzar la dimensión social al mismo 
paso que los demás sectores, en particular económicos, de la construcción europea. 
4. El Acuerdo precisa los objetivos de la política social en el camino trazado por la Carta 
de 1989. Éstos incluyen la promoción del empleo, la mejora de las condiciones de vida 
y trabajo, una protección social adecuada, el diálogo social, un desarrollo de los recursos 
humanos que permita un nivel de empleo elevado y duradero, y la lucha contra las 
exclusiones. 
5. Estos objetivos vienen a completar las misiones generales de la Comunidad enumeradas 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificadas por el artículo 2 del 
título 11 del Tratado de la Unión Europea, que consisten en promover en particular un alto 
nivel de empleo y de protección social. 
5 
I.Jtls contribuciones del Tratatlo de Maastricht 
6. Las contribuciones del Acuerdo sobre la política social son, de hecho, de tres órdenes: 
a) Una ampliación y una clarificación de las competencias comunitarias. 
b) El Acuerdo fija reglas especiales para la aprobación de las medidas presentadas 
en este marco. 
En primer lugar, confirma la facultad de decidir por mayoría cualificada en el área 
de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, y ofrece ahora esta posibilidad 
en varios sectores nuevos: 
las condiciones de trabajo; 
la información y la consulta de los trabajadores; 
la igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres; 
la integración de las personas excluidas del mercado del trabajo. 
En segundo lugar reserva la decisión unánime de los once Estados miembros 
signatarios para los sectores siguientes: 
las contribuciones financieras para la promoción del empleo y de la creación de 
empleos; 
la seguridad social y la protección social de trabajadores; 
la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato de trabajo; 
la representación de los trabajadores y la codecisión; 
las condiciones de empleo para ciudadanos de terceros países que residen 
legalmente en el territorio comunitario. 
Por último, coloca explícitamente fuera del campo del Acuerdo las cuestiones 
relativas a las remuneraciones, al derecho de asociación, al derecho de huelga y 
al derecho de cierre patronal. 
e) El Acuerdo confirma el reconocimiento ya introducido por el artículo 118 B del 
Acta Única del papel fundamental de los interlocutores sociales en la puesta en 
práctica de la dimensión social a escala comunitaria. Así, de acuerdo con el 
principio fundamental de subsidiariedad previsto en el artículo 3 B del Tratado de 
la Unión Europea, se encuentra reconocida, de hecho, una subsidiariedad doble en 
el sector social: por una parte, la que rige el arbitraje entre reglamentos nacionales 
y comunitarios; por otra, la que decide la opción, a escala comunitaria, entre la vía 
legislativa y la de los convenios. 
6 
Sin duda es esta tercera proyeccton la que parece poder tener may0;.,_ ~­
consecuencias. A este respecto, la Comisión no puede sino congratula~~::: ¡:. 
constatar que este principio de subsidiariedad doble en el sector social, que habL 
introducido en el marco de su contribución a la conferencia intergubernamenta! 
ha sido incluido por los interlocutores sociales y luego plasmado en el texto de1 
Acuerdo. 
Es importante también subrayar que este reconocimiento del papel de los 
interlocutores sociales se realiza a dos niveles: 
a nivel nacional, puesto que "un Estado miembro puede confiar a los 
interlocutores sociales, cuando éstos lo soliciten conjuntamente, la puesta en 
práctica (de) directivas" aprobadas en el marco del Acuerdo (artículos 2 y 4)~ 
a escala comunitaria, puesto que el Acuerdo introduce un procedimiento original 
de consulta de los interlocutores sociales, que "puede conducir, si estos últimos 
lo desean, a una negociación, es decir, a relaciones establecidas por convenio11 
(artículo 4). 
Alcance del Acuerdo 
7. El Acuerdo está fundamentado jurídicamente puesto que es en el Protocolo sobre la 
política social, aceptado por los doce, por lo que tiene valor de Tratado, donde se admite 
la posibilidad de adoptar medidas siendo once. 
Así, el carácter comunitario de las medidas adoptadas en el marco del Acuerdo es 
indudable. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia será competente para apreciar la validez 
de las directivas adoptadas entre once e interpretarlas. Por otra parte, el alcance de estas 
directivas obedecerá al principio de territorialidad: éstas no se aplicarán en el territorio 
del Reino Unido, pero un ciudadano británico -o la filial de un grupo británico­
establecido en el territorio de cualquiera de los otros once Estados miembros se someterá 
a la legislación, armonizada, de este Estado. Por último, el Protocolo forma parte del 
acervo comunitario como cualquier otra disposición del Tratado CE. 
8. Es necesario sin embargo subrayar que el Tratado de la Unión Europea no afecta a la 
facultad que tienen las instituciones de recurrir, en el ámbito social, a las disposiciones 
previstas por el Tratado CE según procedimientos que implican a los doce Estados 
miembros. 
7 
La política social se rige, por lo tanto: 
por las disposiciones del Tratado CE, modificadas por el Acta Única, y 
por las disposiciones del Acuerdo, que formará una nueva base para la acción 
comunitaria, incluida la posible adopción de medidas legislativas por los once 
Estados miembros que firmaron el Acuerdo. 
La política social estará sometida, pues, a dos marcos jurídicos autónomos y 
complementarios (cf. Anexo 1). 
El objetivo principal de la Comisión es fomentar el desarrollo de una política social 
europea que beneficie al conjunto de los ciudadanos de la Unión y, por lo tanto, que 
reciba, siempre que sea posible, el apoyo del conjunto de los Estados miembros. 
La Comisión no puede por menos de esperar que la acción comunitaria en el ámbito 
social vuelva a basarse en una base jurídica única. Para ello, la conferencia de los 
representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, que tedrá lugar en 1996, brinda 
una gran oportunidad. 
Las principales consideraciones con miras a determinar la elección del procedimiento a 
seguir -Tratado CE o Acuerdo entre once-son principalmente: 
la naturaleza de la propuesta, 
la actitud de los interlocutores sociales al respecto, 
la necesidad de hacer avanzar la dimensión social al mismo ritmo que las demás 
políticas y, a partir de ahí, la posibilidad de que el Consejo resuelva por mayoría 
cualificada, 
la voluntad de que el conjunto de los trabajadores de la Comunidad se beneficie 
de las disposiciones, 
la posibilidad de avanzar siendo doce. 
En lo relativo a las futuras propuestas, la Comisión apreciará en cada caso, según los 
criterios que acaban de enumerarse, si procede recurrir al Protocolo. No obstante, en el 
ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, la Comisión dará prioridad al instrumento 
que permita que la decisión la tomen los doce Estados miembros. 
En cuanto a las propuestas pendientes en el Consejo, presentadas en el marco del 
programa de acción social, la Comisión decidirá caso por caso si recurre o no a las 
disposiciones del Acuerdo para hacer que progresen las propuestas, en caso de un 
hipotético bloqueo en el Consejo. Si opta por los procedimientos del Acuerdo, la 
Comisión hará todo lo posible -si es el caso, de acuerdo con los interlocutores sociales 
implicados- por que se tengan en cuenta los trabajos ya realizados, al objeto de acelerar 
el desarrollo del proceso de consulta. 
8 
/111 
Origen tle los artículos 3 v 4 tlel Acuertlo 
9. Los artículos 3 y 4 del Acuerdo están inspirados en gran medida por el At·. 
concluido el 31 de octubre de 1991 por la UNICE, la CES y el CEEP, y pueden 
considerarse como una evolución significativa del artículo 118 B del Tratado1• R~dci-: :·,,.: 
la tarea de la Comisión de promover el diálogo entre empresarios y trabajadores (io;;, 
interlocutores sociales) en términos de promoción de su consulta, así como la obligactór~ 
de consultarlos antes de presentar propuestas en el campo de la política social. Tamhién 
abren una nueva perspectiva de diálogo social comunitario, ya que ahora puede llegaíse 
al establecimiento de relaciones contractuales, incluso acuerdos, que pueden ser aplicados, 
en circunstancias definidas, mediante decisión del Consejo basada en una propuesta de 
la Comisión. 
Las funciones tlel tliálorfJ .~ocia/ 
10. El diálogo tradicional entre los interlocutores sociales a escala comunitaria, en los 
términos del artículo 118 B del Tratado CE, se ha traducido en debates e intercambios de 
puntos de vista sobre cuestiones de interés común. Aunque estos encuentros no hayan 
dado lugar a compromisos formales por parte de los interlocutores sociales, sí que han 
conducido a muchas posiciones comunes sobre temas importantes, como los problemas 
macroeconómicos, la introducción de nuevas tecnologías o la adaptabilidad del mercado 
laboral. 
Ante la perspectiva de la aplicación del Acuerdo, es importante distinguir claramente las 
dos funciones siguientes del diálogo social: 
consulta de los interlocutores sociales, con vistas a recoger las opiniones 
o las recomendaciones de las organizaciones europeas patronales y de los 
trabajadores sobre las diversas propuestas que la Comisión está 
elaborando~ 
negociaciones entre los interlocutores sociales, que, en el marco de su 
autonomía contractual y con arreglo a lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 3, pueden llegar a la celebración de un acuerdo. 
Introducido por el Acta Única, y cuyo texto reza: "La 
Comisión procurará desarrollar el diálogo entre las 
partes sociales a nivel europeo, que podrá dar lugar, si 
éstas lo consideran desable, al establecimiento de 
relaciones basadas en un acuerdo entre dichas partes." 
8 
/Z 
CONSULTA DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES 
FOMENTO DE LA CONSULTA DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES 
11. En virtud del apartado 1 del artículo 3 del Acuerdo, "la Comisión tendrá como cometido 
fomentar la consulta a los interlocutores sociales a nivel comunitario y adoptar todas las 
disposiciones necesarias para facilitar su diálogo, velando por que ambas partes reciban 
un apoyo equilibrado". Los interlocutores sociales tienen ahora derecho a ser consultados 
por la Comisión tanto sobre la dirección de la política social comunitaria cuanto sobre el 
fondo de la acción comunitaria. La obligación de la Comisión de promover el diálogo 
social es más fuerte que en la formulación previa establecida en el artículo 118 B del 
Tratado CE ("procurará desarrollar el diálogo entre las partes sociales a nivel europeo"). 
En la formulación del Acuerdo, la Comisión "tendrá como cometido fomentar la consulta" 
adoptando "todas las disposiciones necesarias para facilitar su diálogo". 
12. Los signatarios al Acuerdo confirieron, pues, a la Comisión un papel dinámico en el 
fomento de dicho diálogo, y le encomendaron la tarea de desempeñar un cometido activo 
para superar cualesquiera dificultades o reticencias que puedan tener uno u otro de los 
interlocutores, y que pudieran impedir el progreso. Las medidas pertinentes para facilitar 
el diálogo pueden agruparse en diversos tipos de apoyo: la organización de reuniones, el 
apoyo a estudios conjuntos o a grupos de trabajo conjuntos, y el apoyo a la asistencia 
técnica considerada necesaria para potenciar el diálogo. 
13. En su papel de facilitación del diálogo social, la Comisión tiene la responsabilidad de 
velar por el "apoyo equilibrado a ambas partes". Con este fin, y para asegurar un 
planteamiento transparente y equilibrado, la Comisión está revisando actualmente la ayuda 
concedida recientemente a los diversos interlocutores sociales. En los próximos años, la 
Comisión publicará una declaración anual del apoyo prestado. 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 
14. En los apartados 2 y 3 del artículo del Acuerdo se especifica: "A tal efecto, antes de 
presentar propuestas en el ámbito de política social, la Comisión consultará a los 
interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción comunitaria. Si, tras 
dicha consulta, la Comisión estimase conveniente una acción comunitaria, consultará a 
los interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta contemplada. Los 
interlocutores sociales remitirán a la Comisión un dictamen o, en su caso, una 
recomendación". 
9 
~~ -
Situación actual 
15. Es esencial recordar que, en la elaboración de sus propuestas, la Comisión sien-k;)~~ ... 
llevado a cabo una consulta amplia. En el ámbito social, esta consulta tiene lugar .. 
menudo a través de varios comités consultivos, cada uno de los cuales tiene :1n ~r~ ¿ 
específica de responsabilidad~ son comités tripartitos (Gobiernos, patronal y trabaJadv e:::) 
y sus miembros son designados por el Consejo a propuesta de los Gobiernos üt ;;)s 
Estados miembros. Las diversas comisiones mixtas desempeñan un papel cons~~1¡vo 
similar. La Comisión las crea en sectores en los que ya existen o se están preparando 
políticas comunes. En otros casos, las reuniones informales constituyen el marco del 
diálogo y la consulta de los interlocutores sociales del sector afectado sobre las diversas 
propuestas de la Comisión que pueden tener consecuencias en el ámbito social. 
16. Junto a estos cuerpos consultivos formales e informales se han establecido tarnbién 
procedimientos ad hoc de consulta. Es útil recordar que la Comisión concertó con el 
grupo director del diálogo social2 el siguiente procedimiento de consulta para ciertas 
propuestas legislativas a las que los interlocutores sociales daban gran importancia, pero 
que no correspondían a las competencias de ningún organismo consultivo existente. Se 
consulta conjuntamente a los interlocutores sociales sobre cada propuesta en dos etapas -
una primera consulta tiene lugar sobre la base de un informe para debate de la Comisión, 
seguida por una segunda, que se realiza en los tres meses siguientes, sobre la base de un 
nuevo informe para debate de la Comisión, más detallado y más cercano al proyecto 
preliminar que los departamentos responsables prevén presentar a la Comisión. Después 
de estas dos consultas, los departamentos de la Comisión elaboran un inventario de !os 
puntos de acuerdo y de desacuerdo, según lo expresado por los interlocutores sociales, y 
lo presentan a la Comisión, que delibera por última vez sobre la propuesta. 
17. Junto a esta consulta conjunta en dos etapas, los departamentos de la Comisión han 
llevado a cabo consultas adicionales con representantes de los interlocutores sociales en 
algunos sectores industriales y de servicios más afectados por propuestas particulares en 
estudio, así como con otras organizaciones importantes que no participan en el diálogo 
social comunitario. 
En el contexto de este proceso de consulta conjunta en dos etapas, los departamentos de 
la Comisión han ampliado sus consultas a otras organizaciones representativas de los 
ámbitos económico y social. 
2 Establecido a nivel politice por representantes de la 
UNICE, el CEEP, la CES y la Comisión. 
10 
14 
18. Estas consultas previas han contribuido, sin duda, al acercamiento de puntps d,e vista y( 
a mejorar la comprensión mutua, aunque a veces persistieran diferencias de ·?pinión entre 
quienes desean una legislación a nivel comunitario y quienes se oponen a ello. 
Nuevo planteamiento 
19. El Acuerdo formaliza estas dos etapas: 
Etapa 1 
En el apartado 2 del artículo 3 se especifica que "antes de presentar propuestas en 
el ámbito de la política social, la Comisión consultará a los interlocutores sociales 
sobre la posible orientación de una acción comunitaria". 
Etapa 2 
"Si, tras dicha consulta, la Comisión estimase conveniente una acción comunitaria, 
consultará a los interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta 
contemplada. Los interlocutores sociales remitirán a la Comisión un dictamen o, 
en su caso, una recomendación". (Párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo). 
Habida cuenta de la experiencia adquirida, la Comisión propone proceder del siguiente 
modo: 
La primera consulta de los interlocutores sociales tendrá lugar mediante la 
recepción de la carta de la Comisión. La consulta solicitada podrá tener lugar por 
escrito o, si los interlocutores sociales así lo desean, mediante la organización de 
una reunión ad hoc. El período de la consulta no deberá ser superior a seis 
semanas. 
La Comisión determinará su posición a la luz de los comentarios recibidos durante 
la primera consulta y decidirá si es oportuno pasar a la segunda fase. 
La segunda fase de la consulta tendrá lugar mediante recepción de la segunda 
carta enviada por la Comisión, en la que figurará el contenido de la propuesta 
contemplada, con inclusión de la indicación de su posible base jurídica. 
Con motivo de esta segunda consulta, los interlocutores sociales expresarán a la 
Comisión una opinión por escrito y, si lo desean, en una reunión ad hoc, en la que 
se expongan los puntos de acuerdo y de desacuerdo de las posiciones respectivas 
sobre el borrador. En su caso, presentarán una recomendación con las posiciones 
comunes sobre el borrador. La duración de esta segunda fase tampoco deberá 
exceder seis semanas. 
11 
f) 
20. Los nuevos procedimientos de consulta no sustituirán totalmente a los ~·!niguus, =>··:, 
todo cuando éstos implican a comités consultivos tripartitos bien establecidus ~-n ~sp•·-_ :, 
los siguientes comités seguirán constituyendo el mecanismo de cons •. !lta o:.: . ,, 
interlocutores sociales, incluyendo, si es el caso, una consulta de conformidad co11 s:-1 
artículo 3: Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la S a bid en e1 
Trabajo; Comité Consultivo de Libre Circulación de Trabajadores. Por lo tanto, los (:os 
procedimientos pueden, ocasionalmente, funcionar de manera paralela, según los h~n~a:-: 
de la propuesta específica. Sin embargo, la Comisión velará por evitar el solapamiento 
y por que haya la máxima transparencia en todas las etapas de los diversos 
procedimientos. 
21. La Comisión estima conveniente reexaminar el funcionamiento actual del diálogo social 
con el fin de promoverlo en el marco del Acuerdo. Por eso se propone adoptar las 
medidas convenientes para racionalizar los diferentes procesos de consultas, incluidas las 
sectoriales. 
LAS ORGANIZACIONES QUE SERÁN CONSULTADAS 
22. Al elaborar las diversas medidas propuestas además del programa de acción relativo a la 
aplicación de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los 
trabajadores, la Comisión consideró que sería aconsejable que muchas iniciativas de 
importancia política capital fueran objeto de una profunda consulta en el marco del 
diálogo social. Estas iniciativas no correspondían a las atribuciones de ningún comité 
consultivo existente. Por otra parte, en las conclusiones de la reunión celebrada en el 
Palais d'.Égmont el 12 de enero de 1989, adoptadas por unanimidad, se autorizó al grupo 
director a instar a la Comisión a que "consulte a los dos interlocutores de la industria 
sobre cualquier proyecto o propuesta de decisión durante su fase preparatoria". 
Dentro del marco del proceso de dos etapas de consulta conjunta que la Comisión acordó 
con los representantes de la CES, la UNICE y el CEEP, los departamentos de la Comisión 
han ampliado sus consultas a otras organizaciones representativas de los ámbitos 
económico y social. 
23. Desde la adopción del Tratado de Maastricht, del Protocolo sobre la política social y del 
Acuerdo, varias de las organizaciones que no participan en el diálogo social existente han 
presentado peticiones formales a la Comisión para participar directamente en el mismo. 
Para tomar una posición al respecto con conocimiento de causa, la Comisión llevó a cabo 
un estudio de las organizaciones europeas patronales y de los trabajadores para 
comprender más claramente los diversos mecanismos por los cuales se establece un 
diálogo social representativo a nivel nacional, para poder colaborar, mediante su 
evaluación, en la determinación de cómo este proceso podía funcionar mejor a nivel 
comunitario. 
12 
1 /b 
Este estudio sobre los interlocutores sociales, cuyos principales resultados se exponen en 
el Anexo 3, está disponible al público mediante simple petición. De él extrae la Comisión 
las dos conclusiones siguientes: 
a) son tan distintas las prácticas nacionales en los diversos Estados miembros que no 
es posible reproducir un modelo único a nivel europeo~ 
b) los diferentes sistemas vigentes en los distintos Estados miembros han precisado 
largos años para crecer y desarrollarse~ es, pues, dificil mente concebible que pueda 
establecerse un sistema europeo en breve plazo mediante decisión administrativa. 
24. Como principio general, la Comisión considera que las organizaciones deberán ser 
consultadas, según los términos del artículo 3 del Acuerdo, en la medida en que 
respondan globalmente a los siguientes criterios: 
ser interprofesionales, sectoriales o de una categoría de trabajadores, y estar 
organizadas a nivel europeo; 
estar compuestas por organizaciones que, a su vez, formen parte integrante y 
reconocida de las estructuras de interlocutores sociales de los Estados miembros, 
tengan la capacidad de negociar acuerdos y sean, en lo posible, representativas en 
todos los Estados miembros; 
disponer de las estructuras adecuadas que garanticen su participación efectiva en 
el proceso de consulta. 
En el Anexo 2 figuran las organizaciones que en este momento responden globalmente 
a estos criterios. Esta relación será revisada en función de la experiencia adquirida en el 
marco de los nuevos procedimientos que el Acuerdo establece y según la evolución del 
diálogo social. 
25. Al mismo tiempo, la Comisión reconoce que se ha adquirido una experiencia sustancial 
en el diálogo social establecido entre la UNICE, el CEEP y la CES. Asimismo toma nota 
de su posición común relativa a la aplicaciónde los nuevos procedimientos establecidos 
por el Acuerdo. 
13 
lt 
26. Existen varias organizaciones que responden a los criterios establecidos en el api'rtéh.LJ :. 
y que podrían, por lo tanto, ser consultadas. La Comisión no desea adoptar un '.:uf 
restrictivo de este problema, si bien es consciente, al mismo tiempo, de los problem::. 
prácticos que plantea la multiplicidad de posibles agentes. Las propias organizaciones ~"~;r; 
las únicas que pueden desarrollar sus estructuras de diálogo y de nrgüt.~lac.i 
Comisión se esforzará por fomentar el desarrollo de nuevas estructuras dt conexion ~:>;u._ 
todos los interlocutores sociales para contribuir a racionalizar y a mejorar el proreso. -~.n 
este contexto, se prestará especial atención a la representación de las pequeñas y median0$ 
empresas. 
27. Esto plantea la cuestión de si es o no necesario, en una primera fase, crear una cierta 
forma de cuerpo de consulta o red de comités de enlace con vistas a los procedimientos 
previstos en el artículo 3 del Acuerdo. Habiendo estudiado la cuestión cuidadosamente, 
la Comisión considera que en esta etapa inicial no es ésta la mejor manera de proceder, 
aunque esta cuestión deberá estudiarse de nuevo, sin duda, a la luz de la experiencia 
adquirida a medida que avance el proceso. 
Nuevo planteamiento de la consulta: resumen 
28. En adelante, la situación en lo relativo a la consulta de los interlocutores sociales en 
cuestiones de política social se presenta de la siguiente manera: 
La Comisión procederá, como antes, a realizar amplias consultas, para garantizar 
que su política sea la más adecuada posible con respecto a las realidades 
económicas y sociales. Esta consulta abarcará el conjunto de las organizaciones 
europeas o, en su caso, nacionales, que puedan estar interesadas por la política 
social comunitaria. 
Dentro del marco de las disposiciones del artículo 3 del Acuerdo, entablará 
consultas formales con las organizaciones europeas de interlocutores sociales 
enumeradas en el anexo 2 y que respondan a los criterios enunciados en el 
apartado 24. 
La Comisión considera que conviene aplicar procedimientos específicos de 
consulta, según lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo, a toda propuesta de 
carácter social, sea cual sea la base jurídica que llegue a invocarse. Por otra parte, 
la Comisión se reserva el derecho de proceder a efectuar consultas específicas 
relativas a cualquier otra propuesta de carácter horizontal o sectorial que tenga 
implicaciones sociales. 
Las consultas formales de los interlocutores sociales previstas en el artículo 3 del 
Acuerdo podrán conducir a dictámenes, recomendaciones o relaciones establecidas 
por convenio, incluidos acuerdos en los ámbitos de su competencia. 
14 
DE LA CONSULTA A LA NEGOCIACIÓN 
29. Los interlocutores sociales consultados por la Comisión sobre el contenido de una 
propuesta de acción comunitaria podrán remitir una opinión o, en su caso, una 
recomendación a la Comisión. Alternativamente, pueden también, según lo dispuesto en 
el apartado 4 del artículo 3, "informar a la Comisión sobre su voluntad de iniciar el 
proceso previsto en el artículo 4". Si deciden optar por esta vía pueden emprender, de 
manera independiente, un proceso de negociación que podría llevar al establecimiento de 
un acuerdo directo entre las partes. El proceso de negociación puede durar hasta nueve 
meses y puede ampliarse con el acuerdo de la Comisión. 
30. Tendrá que examinarse caso por caso la cuestión de si un acuerdo celebrado entre 
interlocutores sociales representantes de ciertas categorías o sectores profesionales 
constituye una base suficiente para que la Comisión suspenda su acción legislativa, 
considerando especialmente la naturaleza y el alcance de la propuesta, así como el 
impacto potencial de cualquier acuerdo entre los interlocutores sociales afectados por el 
problema que las propuestas intentan solucionar. 
31. A los interlocutores sociales, que conducen sus negociaciones de forma independiente, de 
ninguna manera se les exige a que se limiten al contenido de la propuesta en preparación 
por la Comisión o simplemente a la presentación de modificaciones~ queda entendido que 
sólo podrán ser objeto de una acción comunitaria los ámbitos cubiertos por la propuesta 
de la Comisión. Serán los interlocutores sociales implicados quienes decidan negociar 
entre sí. La conclusión de tal acuerdo está enteramente en manos de las diversas 
organizaciones. Sin embargo, la Comisión considera que las organizaciones firmantes de 
un acuerdo deberían tener presentes las disposiciones relativas a las pequeñas y medianas 
empresas, recogidas en el apartado 2 del artículo 2 del Acuerdo. 
32. Las negociaciones no excederán nueve meses, a menos que los interlocutores sociales 
afectados y la Comisión decidan conjuntamente ampliarlas. El Acuerdo entre los once 
asocia a la Comisión a esta decisión sobre la extensión y la autoriza a evaluar las 
posibilidades de que ambas partes alcancen un acuerdo en el plazo fijado. Esto evitará que 
se prolonguen las negociaciones infructuosas que, en última instancia, bloquearían la 
capacidad reguladora de la Comisión. Para hacer tal evaluación, la Comisión respetará 
completamente la independencia de los interlocutores sociales. 
33. Esto quiere decir que, al terminar este período de nueve meses, o antes, los interlocutores 
sociales tienen que presentar a la Comisión un informe sobre las negociaciones. En él 
puede hacerse saber a la Comisión que: 
a) han concluido un acuerdo y piden conjuntamente a la Comisión que proponga queel 
Consejo adopte una decisión sobre su aplicación, 
15 
b) habiendo alcanzado un acuerdo entre sí, prefieren ponerlo en práctica de conformidad con 
las prácticas y los procedimientos propios de los interlocutores sociales y de los Estados 
miembros, 
e) pretenden continuar las negociaciones más allá de los nueve meses, por lo que solicitan 
a la Comisión negociar un nuevo plazo, 
d) no han conseguido llegar a un acuerdo. 
34. En el caso contemplado en la letra d), la Comisión examinará, a la luz de los trabajos 
realizados, la conveniencia de proponer un instrumento legislativo en el ámbito en 
cuestión y comunicará al Consejo el resultado de sus deliberaciones. Se consultará 
también al Comité Económico y Social y al Parlamento Europeo, de conformidad con los 
procedimientos fijados en el Tratado. 
35. De todos modos, y sin afectar al principio de autonomía de los interlocutores sociales, en 
el que se fundamentan los artículos 3 y 4 del Acuerdo, la Comisión considera que el 
Parlamento Europeo debe ser informado durante todas las fases del proceso de consulta 
o de la posible negociación entre los interlocutores sociales. 
36. En lo que respecta a la consulta de los Estados miembros, seguirá teniendo lugar como 
en el pasado. Por lo que respecta a la situación en los países del EEE, ya se ha 
mencionado que el Protocolo forma parte del acervo comunitario como cualquier otra 
disposición del Tratado CE. Así, el destino de una decisión tomada sobre la base del 
artículo 4 será ampliarse a los países del EEE. En la práctica, las organizaciones de los 
interlocutores sociales cubren generalmente estos países de modo que se integran de 
hecho en todas las fases de consulta, mientras que, por otra parte, la negociación es 
competencia de los interlocutores sociales. 
LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS 
37. Los acuerdos concluidos a nivel comunitario se aplicarán: 
a) bien de conformidad con los procedimientos y prácticas propios de los interlocutores 
sociales y de los Estados miembros, en virtud de la siguiente declaración: 
"Las 11 Altas Partes Contratantes declaran que la primera modalidad de aplicación de los 
acuerdos celebrados entre interlocutores sociales a escala comunitaria (a la que se hace 
referencia en el apartado 2 del artículo 4) consistirá en desarrollar el contenido de dichos 
acuerdos mediante negociación colectiva y con arreglo a las normas de cada Estado 
miembro, y que, por consiguiente, dicha modalidad no implica que los Estados miembros 
estén obligados a aplicar de forma directa dichos acuerdos o a elaborar normas de 
transposición de los mismos, ni a modificar la legislación nacional vigente para facilitar 
su ejecución." 
16 
b) o bien, en los asuntos a los que hace referencia el artículo 2, a petición conjunta de las 
partes firmantes, por decisión del Consejo a propuesta de la Comisión. 
El Consejo actuará por mayoría cualificada, excepto cuando el acuerdo en cuestión 
contenga una o más disposiciones relativas a una de las áreas a las que hace referencia 
el apartado 3 del artículo 2, en cuyo caso actuará por unanimidad. 
En caso de negociaciones que conduzcan a un acuerdo que los interlocutores sociales 
decidan aplicar por vía voluntaria, los términos de dicho acuerdo serán vinculantes para 
sus miembros, y les afectarán sólo a ellos y sólo de conformidad con las prácticas y los 
procedimientos que les son propios en sus Estados miembros respectivos. 
LA DECISIÓN DEL CONSEJO 
38. Según la Comisión, si se llega a la aplicación de un acuerdo concluido a nivel 
comunitario mediante una decisión del Consejo sobre una propuesta de la Comisión a 
petición conjunta de los interlocutores sociales, el Consejo no tiene posibilidad de 
modificar el acuerdo. Por ello, la Comisión se limitará a proponer, en todo caso, tras 
examinar el acuerdo celebrado entre interlocutores sociales, que se adopte una decisión 
sobre el acuerdo en los términos en que ha sido concluido. 
39. Como guardián de los Tratados, la Comisión elaborará propuestas de decisión que 
someterá al Consejo teniendo en cuenta el carácter representativo de las partes 
contratantes, el mandato del que disponen y la "legalidad" de cada cláusula del convenio 
colectivo con respecto al derecho comunitario, así como el respeto de las disposiciones 
relativas a las pequeñas y medianas empresas recogidas en el apartado 2 del artículo 2. 
En cualquier caso, tiene previsto adjuntar a todas las propuestas que someta al Consejo 
en este ámbito una exposición de motivos, así como observaciones y una evaluación del 
acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales. 
Si la Comisión considera que no está indicado presentar al Consejo una propuesta de 
decisión relativa a la aplicación de un acuerdo, informará inmediatamente a los firmantes 
del acuerdo de las razones de esta decisión. 
40. En el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo no está previsto que la Comisión consulte al 
Parlamento Europeo sobre peticiones que los interlocutores sociales le hayan dirigido con 
respecto a la aplicación de un acuerdo mediante una decisión del Consejo. Sin embargo, 
la Comisión se propone informar al Parlamento y enviarle el texto del acuerdo, así como 
su propuesta de decisión y la exposición de motivos, de modo que el Parlamento pueda, 
si lo considera aconsejable, expresar su opinión a la Comisión y al Consejo. 
17 
21 
41. La decisión del Consejo deberá limitarse a hacer obligatorias las disposiciones del acuerdo 
concluido entre los interlocutores sociales. Así, el texto del acuerdo no formará parte de 
la decisión, sino que se adjuntará en Anexo. 
42. Si el Consejo decide, de conformidad con los procedimientos expuestos en el último 
párrafo del apartado 2 del artículo 4, no aplicar el Acuerdo según lo concluido por los 
interlocutores sociales, la Comisión retirará su propuesta de decisión y examinará, a la luz 
de los trabajos realizados, si procede proponer un instrumento legislativo en el ámbito en 
cuestión. 
LA APLICACIÓN DE DIRECTIVAS MEDIANTE CONVENIO COLECTIVO 
43. En el apartado 4 del artículo 2 del Acuerdo sobre la política social se declara que todo 
Estado miembro signatario "podrá confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta 
de estos últimos, la aplicación de las directivas adoptadas en virtud de los apartados 2 y 
3". Sin embargo, el Estado miembro sigue siendo responsable de asegurarse de que "los 
interlocutores sociales hayan establecido, mediante acuerdo, las disposiciones necesarias", 
así como de tomar "todas las disposiciones necesarias para poder garantizar, en todo 
momento, los resultados fijados por la Directiva citada". Esta aplicación de una directiva 
mediante acuerdo deberá tener lugar "a más tardar en la fecha en la que deba estar 
transpuesta una directiva con arreglo al artículo 189". 
44. Esta disposición establece, en el contexto del Acuerdo entre los once, el principio general 
de que las directivas pueden ser aplicadas por convenio colectivo. Se ha reconocido este 
principio en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia3. Está también en línea con los 
requisitos de aplicación de la Organización Internacional del Trabajo4 y del Consejo de 
Europa5• 
45. El apartado 4 del artículo 2 del Acuerdo entre los once debe interpretarse teniendo en 
cuenta los objetivos establecidos en el artículo 1 de ese mismo Acuerdo (promoción del 
diálogo entre los interlocutores sociales), tomando en consideración la diversidad de las 
prácticas nacionales, en especial en el ámbito de las relaciones establecidas por convenio. 
3 
5 Caso 91/81 [ 1982] Anales de Jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia 2133; caso 193/83 [ 1985] Anales de 
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 427. 
Convenios de la OIT n° 100, 101, 106, 111, 171, 172, etc. 
Apartado 1 del artículo 35 de la Carta Social Europea. 
18 
46. El apartado 4 del artículo 2 no exige a los Estados miembros introducir ningún 
procedimiento particular o especial, ni conferir ningún mandato formal explícito a los 
interlocutores sociales~ tampoco hay necesidad de que éstos presenten una petición 
conjunta antes de negociar entre sí un Acuerdo para la aplicación de la directiva. La 
celebración real de un acuerdo y su envío a la autoridad competente del Estado miembro 
deben considerarse como petición conjunta tácita según el espíritu del primer párrafo del 
apartado 4 del artículo 2. 
47. Según lo estipulado en el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 2, el Estado 
miembro sigue siendo responsable de asegurarse de que, a más tardar en la fecha en la 
que deba estar transpuesta una directiva con arreglo al artículo 189,los interlocutores 
sociales hayan establecido, mediante acuerdo, las disposiciones necesarias, así como de 
tomar "todas las disposiciones necesarias para poder garantizar, en todo momento, los 
resultados fijados por la Directiva citada". Esta formulación, que es una versión 
ligeramente modificada de las disposiciones correspondientes de ciertas directivas6, 
implica que el Estado miembro en cuestión debe prever los procedimientos para hacer 
frente, en caso necesario, a cualquier carencia en el acuerdo de aplicación de la directiva. 
Se trata de garantizar que a los trabajadores implicados se les garanticen sus derechos, 
en la práctica, conforme a la directiva. 
48. Según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2, el Estado miembro debe "garantizar 
los resultados fijados por la Directiva citada", aunque pueda confiar su aplicación a los 
interlocutores sociales. A este respecto, es pertinente la referencia en el artículo 1 del 
Acuerdo a las medidas en las que "se tenga en cuenta la diversidad de las prácticas 
nacionales, en particular en el ámbito de las relaciones contractuales". 
6 Apartado 1 del artículo 2 de la Directiva n° 92/56/CEE 
del Consejo, de 24.6.1992; apartado 1 del artículo 9 de 
la Directiva n° 91/533/CEE del Consejo, de 14.10.1991. 
19 
CONCLUSIÓN 
49. La nueva situación creada por la coexistencia de dos marcos jurídicos para la acción en 
el ámbito social será compleja y de dificil manejo. 
El nuevo cometido de los interlocutores sociales constituye un avance importante, pero 
necesitará tiempo para desarrollarse. 
La Comisión hará todo lo que pueda para que estos procedimientos funcionen de una 
manera eficaz y flexible. Lo más importante en esta fase inicial de la aplicación de los 
núevos mecanismos es hacer posible que se dé una evolución natural. En efecto, no es 
mediante la creación de estructuras pesadas en esta fase inicial como se alcanzarán los 
mejores resultados. 
La Comisión considera que con la presente comunicación se establecen normas de base 
para la puesta en práctica de los nuevos procedimientos, para Jlevar a cabo una acción 
efi.caz y abierta. Para la Comisión, se trata de un proceso dinámico que evolucionará con 
el tiempo y requerirá un examen ulterior. 
Con este fin, la Comisión ha decidido establecer un plan en el que se propone establecer 
un modelo regular de valoración y reexamen en cooperación con el Consejo, con el 
Parlamento y con los propios interlocutores sociales, a la luz de la experiencia adquirida. 
20 
Zh 
ANEXO no 1 
CUADRO ESQUEMÁTICO DE LOS PRINCIPALES 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL ÁMBITO "SOCIAL" 
PROTOCOLO DE MAASTRICHT 
POSIBLE 
( 44/66) MAYORÍA 
(apart. 2 CUALIFICADA 
del art. 1) 
la mejora, en particular, del entorno 
de trabajo, para proteger la salud y la 
seguridad de los trabajadores; 
las condiciones de trabajo; 
la información y la consulta a los 
trabajadores; 
la igualdad entre hombres y mujeres 
en lo relativo a sus oportunidades en 
el mercado laboral y el trato en el 
trabajo~ 
la integración de las personas 
excluidas del mercado laboral; 
UNANIMDAD (11) EXIGIDA (apart. 3 
del art. 2) 
la seguridad social y la protección 
social de las trabajadores; 
la protección de los trabajadores en 
caso de rescisión del contrato de 
trabajo; 
la representación y la defensa 
colectiva de los intereses de los 
trabajadores y de los empresarios, 
con inclusión de la cogestión; TRATADO 
POSIBLE 
(54/76) MAYORIA CUALIFICADA 
49 l'b . 1 . , d ~~/ art. : 1 re ctrcu acton e os 
trabajadores; 
art. 54: derecho de establecimiento; 
art. 57: reconocimiento mutuo de las 
titulaciones; 
art. 125 (nuevo): FSE (decisión de 
aplicación); 
art. 127 (nuevo): formación 
profesional~ 
art. 118 A: salud y seguridad 
en el trabajo; 
.art. 100 A, art. 43: agricultura; 
art. 7 5: transporte; 
UNANIMIDAD (12) EXIGIDA 
art. 51: seguridad social (medidas 
necesarias para la libre circulación); 
art. 100: mercado interior; 
art. 130 D: misiones, objetivos 
prioritarios y organización_ de los 
fondos estructurales; 
las condiciones de empleo de los 
ciudadanos de países terceros que se 
encuentran en territorio de la 
Comunidad en situación regular~ 
las contribuciones financieras 
tendentes a la promoción y la 
creación de empleos~ 
EXPLÍCITAMENTE FUERA DE LAS 
COMPETENCIAS 
(apart. 6 del art. 2) 
remuneraciones 
derecho de asociación, de huelga, de 
despido. art. 235; 
2 
ANEXO 2 
Relación de las organizaciones de interlocutores sociales que se ajustan actualmente a los 
criterios establecidos en el punto 24 de la comunicación. 
l. Organizaciones interprofesionales de carácter general: 
Unión de confederaciones de la industria y de los empresarios de Europa (UNICE) 
Centro europeo de la empresa pública (CEEP) 
Confederación europea de sindicatos y de sus comités sindicales (CES) 
2. Organizaciones interprofesionales que representan a determinadas .categorías de 
trabajadores o de empresas: 
Unión europea de artesanos y de las PYME (UEAPME, EUROPMI y otras organizaciones 
asociadas) 
Confederación europea de mandos (CEC) 
Eurocuadros 
3. Organizaciones e ... ;pecíficas: 
Asociación de cámaras de comercio e industria europeas, EUROCÁMARAS 
4. Organizaciones sectoriales no afiliadas al plan interprofesionaP: 
Eurocomerci o 
COPA/COGECA 
Asociación de agentes de seguros cooperativos europeos, ACME 
Asociación internacional de intermediarios de seguros y reaseguros, BIPAR 
Comité europeo de aseguradores, CEA 
Federación bancaria de la Comunidad Europea 
Agrupación de Cajas de Ahorro de la C.E., GCECEE 
Asociación de bancos cooperativos de la C.E. 
Federación europea de la madera (FEB) 
Federación de las industrias europeas de la construcción, FIEC 
7 Serán asimismo consultadas, según las necesidades, las organizaciones sectoriales 
de la UNICE y los comités sindicales de la CES (cf. categoría 1). 
3 
2'1 
Confederación de las asociaciones nacionales de hostelería y restauración en ~;: 
Comunidad Europea, HOTREC 
Organización europea de aerolíneas regionales, ERA 
Asociación de aeropuertos civiles internacionales (ACI) 
Asociación de transportes aéreos por encargo 
Asociación de aerolíneas comunitarias europeas, ACE 
Asociación de compaftías europeas de navegación aérea, AEA 
Organización europea de capitanes mercantes, ESO 
Unión internacional de navegación fluvial 
Comité de las asociaciones de armadores de la C.E. 
Comunidad de ferrocarriles europeos, CCFE 
Unión internacional de transportes por carretera 
4 
ANEXO 3 
PRINCIPALES RESULTADOS DEL "ESTUDIO SOBRE LOS INTERLOCUTORES 
SOCIALES (REPRESENTATIVJDAD)" 
El objetivo principal del estudio es llegar a obtener una visión general de lo que representan 
cierto número de federaciones europeas de carácter general (más adelante se detallan cuáles). Con 
él no se pretende dar una descripción completa que cubra todas las organizaciones 
representativas, generales o sectoriales, de interlocutores sociales a escala europea o nacional. 
Cuestiones clave tratadas en la primera fase (informes de expertos) 
En la primera fase del estudio, un experto nacional independiente redactó un informe en dos 
partes por cada Estado miembro. En la primera parte de estos informes se presentan los datos 
básicos que ponen de relieve cómo se abordan las siguientes cuestiones de representatividad de 
las organizaciones patronales y sindicales tanto en el marco de consultas formales como en el de 
los convenios colectivos: 
si existen sistemas para el reconocimiento formal o mutuo de los interlocutores sociales, 
qué criterios se emplean para establecer la representatividad de los mismos 
si hay mecanismos formales de consulta de los interlocutores sociales a escala nacional, 
sectorial o regional, ¿quién está implicado 
en el marco tanto de consultas formales (a escala nacional, regional o sectorial) como de 
negociaciones, establecimiento de un inventario de normativas legales, administrativas y 
políticas relativas a las organizaciones sindicales y patronales, en particular las normas 
relativas a la inclusión o exclusión de determinadas organizaciones. 
La segunda parte de los informes de los expertos la constituían "hojas individuales de datos" para 
cada organización pertinente (en el marco de este estudio), patronal y sindical, de cada país, en 
las que se indicaban: 
tipo: el ámbito de actividad (industrias que abarca); 
datos cuantitativos: miembros y organizaciones afiliadas; 
datos cualitativos de participación: qué tipo de participación (por ejemplo, hiper-o 
infrarrepresentación de determinadas categorías o sectores); 
cometido en el convenio colectivo: hasta qué punto está la organización involucrada en 
la conclusión de convenios colectivos~ 
cometido en la consulta: su implicación en consultas formales a nivel nacional (o, si es 
más apropiado, a escala regional o sectorial); 
vínculos de la organización con otras, especialmente afiliación a organizaci,,:mes a un rJ ~ ..,.; 
superior (nacional o comunitario)~ 
representación, directa e indirecta, en las reuniones anuales de la OIT. 
Selección de organizaciones sobre las que se llevó a cabo el estudio 
El estudio se ocupa de federaciones europeas de organizaciones patronales y sindicale~ de 
carácter general. La selección de organizaciones "adecuadas" para el objetivo de este estudi\.i se 
realizó del siguiente modo: 
Se incluyen federaciones cuyas organizaciones miembros tienen claramente por finalidad la 
representación de los intereses de sus miembros, como organizaciones patronales o sindicales, 
tanto en el contexto de negociaciones (con "la otra parte") como en el de consultas. Algunas 
organizaciones fueron incluidas en el estudio, aunque a priori no estaba totalmente claro hasta 
qué punto se ajustaban a este criterio, pues uno de los objetivos del estudio era precisamente 
clarificar su naturaleza. Se añadieron algunas organizaciones a la lista de "adecuadas" porque 
habían dirigido a la Comisión peticiones concretas para que se las tuviera en cuenta de cara al 
· diálogo social. De modo más específico, se optó por doce confederaciones por las siguientes 
razones: 
la UNICE, el CEEP y la CES porque ya participan en el diálogo social a escala europea~ 
por parte sindical, las dos organizaciones siguientes que desean participar en el diálogo 
social: CEC y CESI; 
por parte patronal, UEAPME, EUROPMI y quizá EMSU, que han formulado solicitudes 
similares en nombre de las PYME~ se añadieron a la lista AECM y CEDI, que 
representan asimismo PYME a escala europea, para hacer posible una comparación más 
completa entre estas organizaciones "competidoras"~ 
También Eurocomercio solicitó ser reconocida como primera representante del sector 
comercial en asuntos sociales, por delante de UNICE, aunque no es una organización de 
carácter general sino una multisectorial, también con una gran parte de miembros que son 
PYME. 
ECWITA, una federación sectorial parcialmente competidora (de Eurocomercio) fue 
incluida para clarificar la situación del sector comercial (mayorista). 
El hecho de no haber incluido a otras federaciones sectoriales no significa que éstas tengan 
menos significación representativa, tanto en su propio sector como a nivel europeo, sino 
simplemente que en los demás sectores no se plantearon las cuestiones de representatividad de 
la misma manera. 
2 
Así pues, la inclusión de determinadas federaciones en este estudio no presupone un juicio sobre 
su representatividad. Significa, fundamentalmente, que era necesario disponer de más información 
sobre las organizaciones a las que representan y sobre sus interrelaciones. Otras varias 
organizaciones europeas, en sí mismas mucho más importantes que algunas de las mencionadas, 
no fueron incluidas porque no era necesario, en el marco de la aplicación del Protocolo Social, 
disponer de tal clarificación sobre las mismas. 
Metodología empleada 
El estudio se llevó a cabo en el período comprendido entre septiembre de 1992 y julio de 1993. 
En un principio, el trabajo lo realizaron sobre todo los expertos nacionales seleccionados por la 
Comisión, cuya tarea consistió en redactar un borrador de informe sobre su propio país, con los 
contenidos descritos. 
En la fase siguiente, los informes de los doce países fueron analizados y resumidos por los 
servidios de la DG V, en forma de los llamados "análisis rápidos", partes A y B, basados 
fundamentalmente en los informes, pero que también contenían datos suministrados por los 
expertos a la Comisión tras haber concluido el informe final. 
Estos documentos se enviaron entonces a las doce federaciones europeas examinadas, para que 
pudieran dar su opinión sobre sus descripciones y verificar si los datos eran correctos, 
especialmente los relativos a su propia organización. En la mayor parte de los casos, los 
resultados provisionales también se discutieron con ellas (en reuniones bilaterales informales). 
De la misma manera, los documentos fueron objeto de amplios debates en las administraciones 
nacionales de los Estados miembros (casi siempre en los ministerios de Trabajo o de Asuntos 
Sociales), que han participado en gran medida en este proyecto de estudio, desde su comienzo 
en septiembre de 1992, a través de reuniones de los Directores Generales de Relaciones 
Laborales. En todos los casos se corrigieron los borradores iniciales. 
Así pues, el último borrador todavía está basado en el trabajo inicial de los expertos nacionales, 
pero en él también tienen cabida muchos comentarios y datos provenientes de las organizaciones 
y administraciones consultadas. 
El estudio se ocupa, en particular, de las siguientes cuestiones: 
l. Cuáles son los sistemas de reconocimiento de los interlocutores sociales en los Estados 
miembros 
En cuanto a la negociación colectiva, el mecanismo básico en casi todos los países es el 
reconocimiento mutuo, si bien algunas veces deben cumplirse ciertas condiciones 
suplementarias, formales o legales. En varios países existen mecanismos (por ejemplo, 
criterios cuantitativos establecidos por ley, o de otro modo) para distinguir entre 
organizaciones con los miembros (más) determinantes de otras menos representativas. Si 
2 
)1 
se trata de otras áreas (por ejemplo, la representación en cuerpos consultivos), en la mitad 
de 108 Estados miembros existen mecanismos formales de reconocimiento distintos, o con 
otros requerimientos, de los empleados para la negociación colectiva. 
El estudio pone de manifiesto que hay una gran diversidad entre los Estados miembros 
en cuanto a los sistemas y mecanismos empleados para el reconocimiento de 
organizaciones de interlocutores sociales, y que es problemático identificar un común 
denominador fácilmente extrapolable a nivel comunitario, salvo el principio de 
reconocimiento mutuo a efectos de negociación. 
2. En los sistemas formales de reconocimiento de los interlocutores sociales, ¿qué criterios 
se emplean para determinar si son representativos 
Estos sistemas, cuando existen, ~ sirven (a veces, implícitamente) de criterios 
cuantitativos de distintos tipos en, aproximadamente, la mitad de los Estados miembros. 
En general, los criterios cualitativos parecen tener, al menos, la misma importancia. El 
estudio confirma la gran diversidad de planteamientos existente. 
3. Qué mecanismos fonnales de consulta de los interlocutores sociales existen a nivel 
nacional 
La mayor parte de los Estados miembros dispone al menos de un cuerpo formal para la 
consulta de los interlocutores sociales, cuya significación difiere. Una especie de "comité 
económico y social" es el tipo más frecuente. 
4. Quién participa en estas consultas formales? 
Por regla general, las federaciones de asociaciones afiliadas a la UNICE y a la CES 
ocupan la mayor parte de los escaños de los cuerpos consultivos formales mencionados 
en el punto 3. No obstante, en la mayor parte de los casos se atribuyen algunos escaños 
a otras organizaciones. 
5. A quién representan las doce organizaciones independientes de nivel europeo estudiadas, 
patronales o sindicales, en cada Estado miembro Qué puede inferirse de ello en cuanto 
a su "significación" o su representatividad a escala de la Comunidad Europea. 
En el estudio se resume lo que representa básicamente, en cada Estado miembro, cada una 
de las doce federaciones europeas estudiadas, sin entrar en grandes detalles en cuanto a 
sus puntos fuertes o débiles en sectores específicos. 
Sin embargo, basándose en los resultados del estudio, es posible hacer el siguiente análisis 
de las organizaciones examinadas: 
3 
1-Patronal 
La federación patronal de carácter general más representativa es la UNICE; 
también el CEEP goza de reconocimiento general como federación patronal a 
nivel europeo. 
Las federaciones o asoctactones patronales muy representativas de categorías 
específicas de empresas o de aspectos concretos de sus actividades son, en 
particular: 
* 
* 
* 
* En el caso de las PYME, la UEAPME (y su estructura asociada con 
EUROPMI). 
Quizá en el mismo grupo, Eurocomercio, que es una organizacton 
representativa multisectorial con muchas PYME como miembros, y afirma 
que sus miembros dan empleo a unos 20 millones de personas (aunque hay 
solapamiento con la UNICE). No obstante, pueden hallarse razonamientos 
para defender la postura de que Eurocomercio es una organización patronal 
de las más representativas del sector comercial. 
En lo relativo a iniciativas de formación o empleo, cabe considerar 
organizaciones como Eurocámaras, CECOP o "Y es for Europe". 
Por lo que respecta directamente a las profesiones liberales: SEPLIS (no 
cubierta por el estudio; aún debe determinarse su representatividad). 
Federaciones o asociaciones patronales sectoriales muy representativas que serán 
consultadas directamente sobre propuestas relacionadas con sus sectores 
específicos. 
JI -Sindicatos 
La federación sindical interprofesional de carácter general más representativa es 
la CES. Existe otra federación sindical de carácter general que afirma ser 
representativa a nivel europeo, la CESI. Sin embargo, se considera que el número 
total de sus afiliados, que proceden sobre todo del sector público y semipúblico, 
es, como mucho, aproximadamente una décima parte del número de afiliados a la 
CES. La CESI no tiene miembros en Dinamarca, Grecia ni Irlanda. El papel de 
sus organizaciones miembros tanto en las negociaciones colectivas como en las 
consultas formales a nivel nacional no es muy relevante en la mayor parte de los 
demás Estados miembros. Es poco probable que las federaciones patronales 
reconozcan a la CESI como interlocutor muy significativo en las negociaciones 
a nivel europeo. 
4 
Federaciones o asoctactones sindicales muy representativas de categorías 
específicas de trabajadores, especialmente mandos y personal de gestión: CEC. · 
Esta misma categoría está organizada, dentro de la CES, en Eurocuadros, que 
parece ser al menos igualmente representativa. 
Federaciones o asociaciones sindicales sectoriales muy representativas que serán 
consultadas directamente sobre propuestas relacionadas con sus sectores 
específicos. 
Los resultados del estudio se presentan en tres anexos. 
* 
* 
* 
* 
* En el Anexo 1 se presentan los principales resultados. 
El Anexo II del estudio contiene cuadros sinópticos que dan una visión general de la 
afiliación nacional de las doce federaciones europeas estudiadas. Las respuestas a la 
pregunta n° 5 se desprenden fundamentalmente de estos cuadros. 
En muchos casos, las federaciones tienen más de una organización afiliada por país, y los 
cuadros no siempre ofrecen una visión general de la afiliación en el país (cf. notas 
explicativas de los cuadros). 
En el Anexo III se presenta, mucho más detalladamente que en el Anexo I, el esquema 
de las respuestas a las preguntas n° 1 a 4, en bloques independientes por Estado miembro. 
Los interesados pueden dirigirse a la Comisión para consultar, los tres anexos al estudio. 
5 
Primera consuHa 
Segunda consulta Esquema operativo relativo a 
la aplicación práctica 
del Acuerdo sobre la política social 
---- ···········.•·.·.······.···················. 
ciativa J 
Comis.ió~----·-
···•••<<(/((::b()hsUk¡:•·~·-~~¡ ::••·->• 
.·ifitertocutores sociales 
Continuación 
:•¡¡:•:¡¡¡¡:;¡¡::! Corité:hidÓ.> 
·· · >:•·aa·~a propuesta· 
rme a PE y CES) .-No se prosigue la ación 
-----~~} _______________ _ 
Diactamen o 
recomendación de los 
interlocutores sociales 
. AcUerdo entre los 
intertqcutores. sociales ~ -------_ . yecto de propuesta t: ----] 
/ ·-- de la Comisión 
. ··:::::.:::.::.:.:_·_: __ :_·_·_:::.:_:_:_·::._. __ :_:_:_::.·:::··.·::::_._:,.:..-.:. .. 
. ,(pli~~~iSh á~~oll léi$ / : 
· •J:>rác~ic#•$n#ci9f"lª'~•~• ·ge·•-···· 
loS intefloéutc:>res sodáles · 
Informe •. >peti(;ión comyh a la 
Gdrnisl6n: extensión a 
todos lós'trabajadores 
..• ~·:==]-·-=·-·.·········-
Propues .. ta·.·de la .Decisión L/ 
::Je la Comisión al Canse~ 
a PE y CES Acuerdo del 
Consejo --~ ·---*··--~-·~--~----------
Debate en el 
Consejo (art. 2) Annexo 4 
Cooperación 
t 
Según el 
tema 
Consulta