Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las condiciones aplicables a la dotación de los buques que presten servicios regulares de pasajeros y transbordadores entre los Estados miembros

(presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A. El 29 de abril de 1998 la Comisión presentó al Consejo una comunicación referente a una política común sobre la dotación de los buques que prestan servicios regulares de pasajeros y transbordadores en el interior de los Estados miembros y entre los Estados miembros acompañada de dos propuestas (COM (1998)251 final - 1998/0158 (SYN) y 1998/0159 (SYN)):

- una propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3577/92 relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros,

- una propuesta de Directiva sobre las condiciones aplicables a la dotación de los buques que presten servicios regulares de pasajeros y transbordadores entre los Estados miembros.

El 2 de diciembre de 1998 el Comité Económico y Social emitió dictamen favorable sobre la propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3577/92 (cabotaje marítimo) y sobre la propuesta de Directiva.

El 12 de marzo de 1999 el Parlamento Europeo emitió en primera lectura un dictamen desfavorable a la propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3577/92 (cabotaje marítimo) y un dictamen favorable a la propuesta de Directiva. Este dictamen se confirmó el 16 de septiembre de 1999.

En lo que se refiere a la propuesta de Reglamento, el Parlamento Europeo no apoyó la propuesta de la Comisión y adoptó cuatro enmiendas (nº 1 a 4) referentes al artículo 1 del texto propuesto que modifica el artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 3577/92. El Parlamento propuso sustituir el texto de la Comisión por un artículo 3 bis según el cual la Comisión se comprometería a evaluar las repercusiones económicas y sociales de la liberalización del cabotaje insular y a informar al Consejo y al Parlamento Europeo antes del 1 de enero de 2001. Teniendo en cuenta este informe, la Comisión presentaría una propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo con el fin de instituir un sistema definitivo que, llegado el momento oportuno, se sometería a la aprobación del Consejo y el Parlamento antes del 1 de enero de 2003.

La Comisión rechazó las cuatro enmiendas del Parlamento Europeo a la propuesta de Reglamento por los motivos siguientes. Según lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 3577/92, el régimen aplicable a la dotación tiene un carácter provisional. De acuerdo con esa misma disposición, el régimen definitivo debe proponerse basándose en un estudio sobre las consecuencias económicas y sociales de la liberalización del cabotaje insular que la Comisión debe presentar al Consejo. La Comisión aprobó el 17 de junio de 1997 ese estudio sobre, entre otras cosas, las repercusiones económicas y sociales probables de la liberalización del cabotaje insular. El estudio legaba a la conclusión de que para garantizar que esos servicios respetarán en el mercado interior las normas comunitarias bastaba con una propuesta según la cual los Estados miembros, en su calidad de estados de acogida, podrían aplicar sus normas respectivas al porcentaje exigido de ciudadanos comunitarios dentro de la tripulación, a los buques que prestan servicios regulares de pasajeros y transbordadores (incluidos los buques mixtos de transporte de viajeros y mercancías y los buques que prestan servicios regulares de cruceros). El estudió llegó también a la conclusión de que el sector del cabotaje de mercancías está, por un lado, relacionado con el mercado internacional de transporte marítimo y, por otra parte, que no necesita una gran cantidad de mano de obra. Por lo tanto, a la Comisión consideró en su propuesta que no estaba justificado extender la aplicación de las normas del estado de acogida al sector del cabotaje de mercancías.

A este respecto hay que recordar también que la Comisión tiene la obligación de presentar cada dos años al Consejo un informe sobre la aplicación del Reglamento. La Comisión presentará en 2001 el informe sobre el periodo 1999-2000 que analizará las repercusiones de la liberalización del cabotaje en las islas.

En lo que se refiere a la propuesta de Directiva, el Parlamento, aunque se mostró favorable a la propuesta en su conjunto, adoptó cinco enmiendas (nº 5 a 9).

Se acepta el contenido de la enmienda 5 que propone definir más claramente el campo de aplicación de la Directiva, bajo reserva de introducirlo en un artículo específico dedicado a las definiciones. La Comisión estará acuerdo en que conviene excluir explícitamente del campo de aplicación de la Directiva a los buques que transportan únicamente mercancías, incluso cuando en ese tipo de buques haya más de 12 conductores que acompañan a sus camiones.

Se acepta también, bajo reserva de una pequeña adaptación, la enmienda 9 según la cual la Comisión deberá presentar al Consejo un estudio sobre la repercusiones eventuales de la aplicación de la Directiva.

Sin embargo, no se acepta el resto de las enmiendas a la propuesta de Directiva.

No se admite la enmienda 6, ya que los contratos de trabajo son, por definición, individuales y no pueden mencionarse en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 dedicado a los instrumentos de aplicación general. Además, todos los Estados miembros disponen de normas sobre las condiciones de trabajo determinadas según las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 2 o el apartado 5 del artículo 2.

No se acepta la enmienda 7 porque el asunto de autorizar o no a las gentes de mar a establecer su domicilio permanente a bordo de los buques en los que trabajan no está regulada a nivel internacional, sino que depende de la legislación nacional. El hecho de trabajar en un buque que presta un servicio regular no concede a las gentes de mar el derecho a residir en un Estado miembro. El objetivo de la propuesta de la Comisión no es conceder el derecho de residencia a las gentes de mar que no lo tienen de acuerdo con la legislación nacional de los Estados miembros. Hay que señalar, además, que el principio de igualdad de trato a las gentes de mar procedentes de terceros países y a los residentes en el estado miembro de acogida se aplica incluso cuando las gentes de mar de terceros países residen a bordo del buque y no disponen de un permiso de residencia en el Estado miembro de bandera del buque o en el Estado miembro con el que estén más estrechamente relacionados.

No se acepta la enmienda 8 porque la propuesta de Directiva se refiere únicamente al trato que debe darse a las gentes de mar de terceros países que trabajan a bordo de los buques que prestan servicios regulares de pasajeros y transbordadores. Por ello, no es el instrumento adecuado para decidir sobre la adopción de una decisión por la que se instituye un plan de actuación en toda la Unión Europea con objetivos de formación concretos que permitan atraer a los jóvenes a las profesiones marítimas ni para decidir los recursos necesarios para financiar un programa de ese tipo. La Comisión está preparando una comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la situación del mercado de trabajo y la formación de las gentes de mar. En este documento, la Comisión analizará las medidas posibles para atraer a los jóvenes hacia la profesión y para favorecer una formación de calidad.

B. Por estos motivos, la Comisión mantiene sin variaciones su propuesta de Reglamento por la que se modifica Reglamento (CEE) nº 3577/92 y modifica la propuesta de Directiva de la manera siguiente:

- La Comisión introduce, de acuerdo con la enmienda 5, una nueva disposición (artículo 1 bis) que precisa el campo de aplicación de la Directiva y prevé las correspondientes definiciones.

- La Comisión introduce, de acuerdo con la enmienda 9, una nueva disposición (artículo 6 bis) según la cual la Comisión presentará al Consejo un informe sobre la aplicación de la Directiva.

Además, se han introducido las siguientes modificaciones:

- Un cuarto considerando relacionado a con el nuevo artículo 1 bis.

- Se ha modificado la última línea del apartado 2 del artículo 2 suprimiéndose el lugar de residencia de las gentes de mar como criterio para definir el lugar con el que se mantienen lazos más estrechos. El motivo de esta modificación es simplificar la aplicación de la Directiva.

- En el primer párrafo del apartado 5 del artículo 2 que incluye la definición de los convenios colectivos o de los laudos arbitrales declarados de aplicación general se ha trasladado al apartado 5 del artículo 1 bis con el fin de agrupar todas definiciones en este artículo nuevo.

- Se ha eliminado el último párrafo del apartado 5 del artículo 2 por ser redundante y poder dar lugar a confusiones. Efectivamente, al estar todas las empresas en cuestión sujetas a la obligación de aplicar a las gentes de mar de terceros países las condiciones establecidas en los convenios colectivos citados en apartado 5 del artículo 2, está garantizada la igualdad de trato.

- Se ha completado el artículo 2 con un nuevo apartado 6 en el que se establece que cuando las condiciones establecidas en el artículo 2 están reguladas simultáneamente por ley y por convenios colectivos, y estos últimos ofrecen las condiciones más favorables, los Estados miembros se cuidarán de que las compañías navieras en cuestión apliquen estas condiciones a las gentes de mar procedentes de terceros países.

- Se ha modificado el artículo 5 con el fin de designar claramente el Estado miembro encargado de verificar que los armadores que prestan servicios regulares entre los Estados miembros respeten las disposiciones de la Directiva.

- Se ha modificado el artículo 6 con el fin adaptar la fecha límite para la entrada en vigor de las disposiciones que deben aprobar los Estados miembros para ajustarse a lo dispuesto en la Directiva.

1998/0159 (COD)

Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las condiciones aplicables a la dotación de los buques que presten servicios regulares de pasajeros y transbordadores entre los Estados miembros

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 80,

Vista la propuesta de la Comisión [1],

[1] DO C 213 de 9.7.1998, p. 16.

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [2],

[2] DO C 40 de 15.2.1999, p. 3.

No habiendo emitido el Comité de las Regiones dictamen en el plazo exigido por el Consejo,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, [3]Considerando lo siguiente:

[3] DO C 175 de 21.6.1999, p. 440.

(1) El Reglamento (CEE) n° 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros [4], modificado por el Reglamento (CEE) n° 3573/90 [5], hace aplicable toda la normativa del Tratado en materia de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre los Estados miembros.

[4] DO L 378 de 31.12.1986, p. 1.

[5] DO L 353 de 17.12.1990, p. 16.

(2) Las condiciones aplicables a la dotación de los buques que prestan servicios regulares de pasajeros y transbordadores entre los Estados miembros son normalmente competencia del Estado en que está matriculado el buque (Estado del pabellón). El Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales [6] permite otros sistemas. Deben tenerse asimismo en cuenta los intereses de la Comunidad y los intereses de los Estados miembros entre cuyos territorios se prestan dichos servicios.

[6] DO L 266 de 9.10.1980, p. 1; versión consolidada DO C 27 de 26.1.1998, p. 34.

(3) Ha de mantenerse el principio de que las empresas navieras establecidas fuera de la Comunidad no deben recibir trato más favorable que las establecidas en el territorio de un Estado miembro.

(4) Procede restringir el ámbito de aplicación de la presente Directiva al sector de los servicios regulares de pasajeros y transbordadores, incluidos los servicios mixtos de pasajeros y carga, y excluir, por lo tanto, los servicios regulares de carga, incluidos los prestados por buques que puedan acoger más de 12 conductores.

(5) Las especiales características del mercado de servicios marítimos regulares de pasajeros y transbordadores hacen necesario adoptar medidas para el buen funcionamiento del mercado interior, que garanticen que las condiciones laborales de la gente de mar son homologables a las generalmente aplicables en la Comunidad.

(6) Con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio de proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del Tratado, los objetivos de la acción prevista, a saber, el establecimiento de normas en materia de condiciones laborales de los nacionales de terceros países empleados en transbordadores que operan entre Estados miembros, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión y los efectos de la acción, a nivel comunitario; que la presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar estos objetivos y no excede de lo necesario a tal fin.

(7) Conviene prescribir que los nacionales de terceros países que trabajen en los sectores citados no reciban trato menos favorable que los residentes comunitarios.

(8) Conviene que los Estados miembros puedan eximir de la obligación de tratar a la gente de mar de terceros países como residentes comunitarios en los servicios marítimos regulares de pasajeros y transbordadores entre los Estados miembros, en caso de contratos laborales de muy corta duración o si se produce una grave escasez de capacidad de transporte a causa de circunstancias imprevistas.

(9) Los organismos competentes de los distintos Estados miembros han de colaborar entre sí con vistas a la aplicación de la presente Directiva.

(10) Cada Estado miembro debe determinar las sanciones que deben imponerse en los supuestos de incumplimiento de las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA

Artículo 1

1. La presente Directiva se aplicará a los nacionales de los Estados miembros y a las empresas navieras establecidas en un Estado miembro que presten servicios regulares de pasajeros y transbordadores, incluidos servicios mixtos pasajeros-carga, entre puertos situados en distintos Estados miembros.

2. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán asimismo a los nacionales de un Estado miembro establecidos fuera de la Comunidad, así como a las empresas navieras establecidas fuera de la Comunidad controladas por nacionales de un Estado miembro, si sus buques están matriculados en dicho Estado miembro, y enarbolan su pabellón, con arreglo a la normativa del mismo, y si dichos nacionales o empresas prestan los servicios referidos en el apartado 1.

3. La presente Directiva será de aplicación siempre que los nacionales y empresas navieras contemplados en los apartados 1 y 2 empleen a nacionales de terceros países a bordo de buques que se utilicen para prestar los servicios referidos en el apartado 1.

4. Las empresas navieras establecidas fuera de la Comunidad distintas de las contempladas en el apartado 2, no recibirán trato más favorable que los nacionales y empresas navieras contemplados en los apartados 1 y 2.

Artículo 1a

Para los fines de la presente Directiva se entenderá por:

1. «servicio de pasajeros»: el servicio de transporte marítimo prestado por un buque de pasajeros

2. «servicio regular»: la serie de travesías organizadas de manera que permitan viajar entre dos o más puertos

i) de acuerdo con un horario que se hace público

ii) con una regularidad o frecuencia que constituye una serie sistemática reconocible

3. «buque de pasajeros»: el buque marítimo que transporta más de doce pasajeros. Se incluyen las embarcaciones de alta velocidad y los buques y embarcaciones que transportan pasajeros y carga simultáneamente. Se excluyen las embarcaciones que transportan exclusivamente mercancías.

4. «pasajero»: toda persona que no sea:

i) el capitán ni los miembros de la tripulación ni las demás personas que trabajen a bordo de un buque necesarias para su buen funcionamiento, sea cual sea su función

ii) los niños menores de un año

iii) los conductores y ayudantes de los vehículos de carretera y trenes que viajen por trabajo a bordo de esos vehículos

5. «convenios colectivos o laudos arbitrales de aplicación general»: aquellos que deben respetar todas las compañías navieras concernidas a nivel nacional.

Artículo 2

1. Los Estados miembros velarán por que, cualquiera que sea la legislación aplicable a la relación laboral, los nacionales y empresas navieras contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 1 que exploten servicios regulares de pasajeros y transbordadores entre Estados miembros garanticen a los nacionales de terceros países empleados a bordo de los buques utilizados para dichos servicios las condiciones laborales establecidas:

a) por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas pertinentes, o

b) por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación general, en la medida en que se refieran a las actividades contempladas en el apartado 1 del artículo 1

y que sean aplicables a los residentes del Estado miembro donde esté matriculado el buque.

2. Si el buque utilizado no está matriculado en un Estado miembro, las condiciones laborales contempladas en el apartado 1 serán las aplicables a los residentes de uno de los Estados miembros entre cuyos puertos se preste el servicio y con el cual este último tenga la relación más estrecha. La relación más estrecha se determinará sobre la base del lugar desde donde se gestione efectivamente el servicio 3 Las condiciones laborales a que hace referencia el apartado 1 regularán los siguientes aspectos:

a) períodos de trabajo máximos y períodos de descanso mínimos,

b) vacaciones anuales pagadas mínimas,

c) salario mínimo, incluida la remuneración de horas extraordinarias,

d) salud, seguridad e higiene en el trabajo,

e) medidas de protección aplicables a las condiciones laborales de las mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, así como de los niños y los jóvenes,

f) igualdad de trato a hombres y mujeres y otras medidas antidiscriminatorias,

g) medidas para la repatriación de las gentes de mar y el pago de salarios y de contribuciones sociales pendientes en caso de insolvencia de su empleador.

4. Los apartados 1, 2 y 3 no obstarán a la aplicación de condiciones laborales más favorables para los trabajadores.

5. A falta de sistema para declarar de aplicación general los convenios colectivos o laudos arbitrales, los Estados miembros podrán basarse en:

a) los convenios colectivos o laudos arbitrales aplicables en general a todas las empresas navieras a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 1, o

b) los convenios colectivos concluidos por las organizaciones de empresarios y trabajadores más representativas en el mercado pertinente a nivel nacional.

6. Cuando una de las condiciones establecidas en el presente artículo esté reguladas simultáneamente por ley y por convenios colectivos, y estos últimos ofrecen las condiciones más favorables, el Estado miembro del pabellón o, si procede, el Estado miembro con el que se tenga el lazo más estrecho según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, se cuidarán de que las compañías navieras que prestan los servicios regulares de pasajeros definidos en la letra a) del artículo 1 apliquen esta condición a las gentes de mar procedentes de terceros países.

Artículo 3

1. Los Estados miembros, previa consulta a los empresarios y a los trabajadores según sus usos y costumbres, podrán decidir no aplicar lo dispuesto en las letras b) y c) del apartado 3 del artículo 2 cuando la duración del empleo de los nacionales del tercer país interesados no exceda de un mes dentro de un período de doce meses.

2. Los Estados miembros podrán eximir durante dos meses del cumplimiento de las disposiciones de las letras b) y c) del apartado 3 del artículo 2 a un proveedor de servicios contemplado en el apartado 1 del artículo 1 en el caso de buques contratados para compensar una escasez aguda de capacidad causada por circunstancias imprevistas en una ruta de transbordadores. Para las exenciones que excedan de dos meses será necesaria la autorización previa de la Comisión.

3. Los Estados miembros informarán a la mayor brevedad a la Comisión de las exenciones previstas en el apartado 2 y de las circunstancias que las justifiquen.

Artículo 4

1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros, de conformidad con la normativa y los usos nacionales, designarán una o más oficinas de enlace o uno o más organismos nacionales competentes.

2. Los Estados miembros dispondrán medidas para favorecer la colaboración entre las autoridades públicas que, de conformidad con la normativa nacional, sean competentes respecto al control de las condiciones laborales a que se refiere el artículo 2.

La asistencia administrativa mutua se prestará gratuitamente.

3. Cada Estado miembro notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión las oficinas de enlace y organismos competentes previstos en el apartado 1.

Artículo 5

El Estado miembro del pabellón o, si procede, el Estado miembro con el que se tenga el lazo más estrecho según el apartado 2 del artículo 2 verificará que los armadores concernidos apliquen a las gentes de mar de terceros países que trabajan a bordo de sus buques las condiciones de empleo aplicables a las gentes de mar residentes.

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar su aplicación. Estas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión a más tardar en la fecha mencionada en el artículo 6, así como, con la mayor brevedad, toda modificación ulterior de las mismas.

Cuando un servicio se preste en Estados miembros distintos del Estado miembro del pabellón del buque, las autoridades marítimas de los Estados miembros concernidos cooperarán para que se respete el presente artículo en las condiciones establecidas en el artículo 4.

Artículo 6

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva en el plazo de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Aplicarán dichas disposiciones a más tardar 18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 6 bis

La Comisión presentará a su debido tiempo al Consejo y al Parlamento Europeo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva junto con toda propuesta que resulte necesaria.

Artículo 7

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 8

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente