[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 20.5.2008

COM(2008) 306 final

2008/0103 (CNS)

2008/0104 (CNS)

2008/0105 (CNS)

2008/0106 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la Política Agrícola Común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 320/2006, (CE) nº 1234/2007, (CE) nº 3/2008 y (CE) nº […]/2008 para adaptar la Política Agrícola Común

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

que modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

que modifica la Decisión 2006/144/CE sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (período de programación 2007-2013)

(presentada por la Comisión) {SEC(2008) 1885}{SEC(2008) 1886}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MOTIVOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Los objetivos principales que se exponen en la Comunicación de la Comisión «Preparar el "chequeo" de la reforma de la PAC», de 20 de noviembre de 2007, son, por un lado, evaluar la aplicación de la reforma de la PAC de 2003 y , por otro, aplicar al proceso de reforma los ajustes que se consideren necesarios para simplificar esta política, de modo que pueda aprovechar las nuevas oportunidades del mercado y hacer frente a las nuevas dificultades, como el cambio climático, la gestión del agua y la bioenergía.

En los últimos meses, uno de los objetivos mencionados antes —aprovechar las nuevas oportunidades del mercado— ha cobrado una nueva dimensión con el drástico aumento, hasta niveles excepcionales, del precio de numerosos productos agrícolas de primera necesidad. Los constantes aumentos de los precios de esos productos registrados en 2006 y durante el primer semestre de 2007 confirmaban las conclusiones de la Comunicación de noviembre, es decir, la conveniencia de suprimir todo control de la oferta que pudiese seguir existiendo en la PAC (a saber, las cuotas lácteas y la retirada de tierras de la producción). La combinación de factores que dio lugar a esta situación y la respuesta más idónea de la UE a esta evolución se abordan en otra Comunicación de la Comisión.

No obstante, las principales conclusiones a que se llega en la citada Comunicación de noviembre acerca de la evaluación de las últimas reformas de la PAC siguen siendo válidas. Dichas reformas marcan una nueva fase de ese proceso al disociar la mayoría de los pagos directos mediante el régimen de pago único implantado en 2003 en el caso de los sectores de los cultivos herbáceos, la carne de vacuno y ovino y los productos lácteos, y en 2004 en los del aceite de oliva, el algodón y el tabaco. Como parte de la reforma de 2003, la política de desarrollo rural se potenció con fondos complementarios y con la reforma de sus instrumentos políticos en 2005. Por último, el proceso de reforma siguió su andadura con reformas en los sectores del azúcar (2006) y en los de las frutas y hortalizas y el vino (2007).

Las reformas señaladas antes reflejan el marcado cambio de orientación de la PAC, que posee actualmente una mayor capacidad para cumplir sus objetivos fundamentales.

- La ayuda a los productores está en gran medida (90 %) disociada de las decisiones de producción, lo que permite a los agricultores de la UE decantarse por una opción en respuesta a las señales del mercado y contar con su potencial agrícola y sus preferencias al adaptarse a las modificaciones de su entorno económico. Este es el modo más eficaz de proporcionar una ayuda a la renta agraria.

- El abandono de la ayuda a la producción, considerada en general como el origen de los excedentes de épocas anteriores, y la reducción de los precios de sostenimiento comunitarios han acercado considerablemente la agricultura de la UE a los mercados mundiales, con la consiguiente mejora del equilibrio de mercado y una reducción de los costes presupuestarios derivados de las existencias de intervención o la eliminación de los excedentes.

- Gracias al proceso de reforma ha aumentado la competitividad de la agricultura comunitaria, y, a pesar de la pérdida de importancia en la mayoría de los mercados de productos básicos, la UE se ha convertido en el mayor exportador agrícola del mundo, principalmente de productos de gran valor. Asimismo, la UE sigue siendo el mayor importador agrícola del mundo y, con gran diferencia, el mayor mercado para los países en vías de desarrollo.

- La PAC contribuye cada vez más a atajar los riesgos derivados de la degradación medioambiental y a proporcionar muchos de los bienes públicos que nuestras sociedades esperan, dado que la ayuda a los productores depende actualmente del cumplimiento de las normas relacionadas con el medio ambiente, la calidad y seguridad de los alimentos y el bienestar de los animales, es decir, de la condicionalidad.

- La política de desarrollo rural, que se ha vigorizado, respalda la protección del medio ambiente y de los paisajes rurales y genera crecimiento, puestos de trabajo e innovación en las zonas rurales, principalmente en las que están alejadas o despobladas o dependen en gran medida de la agricultura.

Tal como se ha indicado antes, la PAC actual es completamente diferente de la de épocas anteriores. Ahora bien, la Comunicación «Preparar el "chequeo" de la reforma de la PAC» afirma asimismo que «para que la PAC siga siendo una política del presente y del futuro, debe ser capaz de evaluar sus instrumentos, determinar su buen funcionamiento, definir las adaptaciones necesarias para cumplir sus objetivos y adaptarse a nuevos desafíos».

Con arreglo a las indicaciones que se facilitan en la Comunicación, la Comisión ha preparado propuestas normativas que se complementan con una evaluación del impacto del "chequeo" de la PAC, para lo que se ha tenido en cuenta el resultado de una consulta realizada a un conjunto amplio de interesados y las contribuciones de las demás instituciones europeas.

Las propuestas normativas se refieren a tres Reglamentos de base:

- Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores.

- Reglamento (CE) n° 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM).

- Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Estas propuestas, sin constituir una reforma fundamental, son una contribución a las evoluciones futuras de la PAC que sean coherentes con el objetivo global de la Comisión y con los requisitos de los Tratados de promover un sector agrícola sostenible y orientado al mercado.

RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO Y RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO POR SUPERFICIE

Simplificación

Legislar mejor y simplificar son dos de las prioridades políticas de la Comisión para el periodo de 2004–2009. La PAC emprendió el camino más importante de la simplificación mediante su reforma de 2003 transformando la mayor parte de los pagos directos a los agricultores en el régimen de pago único y adoptando la organización común de mercados única en 2007.

La experiencia demuestra que el régimen de pago único ha contribuido a reducir la carga administrativa, evitar gastos públicos innecesarios, mejorar la aceptación de la PAC por los ciudadanos y mejorar la competitividad de la PAC. No obstante, es posible lograr una mayor simplificación aún, sobre todo en lo tocante a condicionalidad y a la ayuda parcialmente vinculada a la producción existente.

Condicionalidad

La reforma de la PAC de 2003 incorporó la condicionalidad en la ayuda única por explotación, lo que supone que ese tipo de ayuda está supeditada a normas en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria y bienestar de los animales, así como al mantenimiento de las explotaciones en buenas condiciones agrícolas y medioambientales.

Tanto los Estados miembros como la propia Comisión, esta última con motivo de las auditorías que conlleva la liquidación de cuentas, han puesto de manifiesto los problemas prácticos que plantea la aplicación de la condicionalidad. Ello ha llevado a la Comisión a examinar el ámbito de aplicación de aquella con el fin de simplificar y mejorar sus objetivos. En concreto, las propuestas están encaminadas a suprimir determinados requisitos obligatorios que no se consideran pertinentes ni vinculados con la responsabilidad de los agricultores y a introducir, en las buenas condiciones agrícolas y medioambientales, requisitos que mantienen las ventajas derivadas de la retirada de tierras y abordan cuestiones relacionadas con la gestión del agua.

Ayuda vinculada a la producción parcialmente

Al efectuarse la reforma de la PAC en 2003, algunos Estados miembros consideraron que una disociación total podría dar lugar a riesgos graves, como el abandono de la producción o la falta de abastecimiento de materias primas en algunas industrias de transformación, o causar problemas sociales y medioambientales en ámbitos con pocas alternativas económicas. Ese fue el motivo por el que se decidió mantener determinados niveles de ayudas vinculadas a la producción en algunos sectores.

La experiencia adquirida con la disociación pone de manifiesto que, en general, esta medida no ha dado lugar a modificaciones drásticas en la estructura de producción de la UE y que ha movido a los agricultores a producir lo que el mercado pide de manera más sostenible. Hay que destacar asimismo que mantener dos sistemas en paralelo (ayudas disociadas y ayudas no disociadas o vinculadas a la producción) no ha contribuido a la simplificación de las administraciones regionales y nacionales de los Estados miembros.

Teniendo en cuenta lo expuesto arriba, se propone acomodar esos sistemas a los principios de la reforma de la PAC de 2003 suprimiendo las ayudas vinculadas a la producción que existen aún e incluirlas en el régimen de pago único. No obstante, se mantiene una excepción tratándose de las primas por vacas nodrizas y por carne de ovino y caprino. La propuesta en este caso es permitir que los Estados miembros mantengan las ayudas vinculadas a la producción tal como existen actualmente, con el fin de respaldar la actividad económica en regiones donde las alternativas económicas son escasas o inexistentes.

Otras cuestiones relacionadas con la simplificación

La propuesta incluye asimismo otras medidas encaminadas a lograr una mayor simplificación del régimen de pago único. En concreto, se flexibiliza la utilización de la reserva nacional y la transferencia de derechos de pago, la opción de modificar los derechos y las fechas de pago. Se propone asimismo suprimir los derechos de retirada de tierras.

Elección de un tipo más global para las ayudas disociadas de la producción

La reforma de 2003 introdujo la ayuda agrícola disociada como elemento básico de la PAC. Lo que se buscaba principalmente con ello era implantar un sistema de pagos directos que permitiera a los agricultores asumir una orientación de mercado, lo más sencillo posible desde el punto de vista administrativo y compatible con la OMC. Para poner en práctica el régimen se propuso a los Estados miembros dos modelos básicos: el histórico y el regional:

- modelo histórico: los derechos de pago se basan en importes de referencia históricos individuales por agricultor;

- modelo regional: los derechos de pago globales se basan en importes recibidos por los agricultores en una región en el periodo de referencia.

La legislación vigente no permite que los Estados miembros modifiquen la decisión que hayan adoptado sobre la aplicación del modelo de régimen de pago único. No obstante, la experiencia ha demostrado que es necesario o deseable realizar algunos ajustes en los regímenes actuales. Por ejemplo, las diferencias en los niveles de ayuda derivadas de la aplicación del modelo histórico serán difíciles de justificar en el futuro a medida que los periodos de referencia de los pagos sean más distantes.

Por otro lado, el modelo regional proporciona una ayuda más justa a los agricultores, a pesar de una cierta redistribución inicial de esta.

De ahí que la Comisión haya propuesto que se permita a los Estados miembros ajustar su modelo de régimen de pago único adoptando gradualmente, para el derecho a la ayuda, unos tipos de pago más globales que confieran más eficacia, eficiencia y sencillez a dicho régimen. Paralelamente, las propuestas incluyen una serie de medidas para simplificar la aplicación del régimen de pago único.

Ampliación del régimen de pago único por superficie

El régimen de pago único por superficie se introdujo como paso previo a la aplicación del régimen de pago único en los Estados miembros que se incorporaron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, para facilitar su adaptación a la UE debido a la situación específica de su agricultura. En cuanto sistema transitorio, el régimen de pago único por superficie se concibió como un instrumento que contribuyera a una integración armoniosa de EU-10 y EU-2, teniendo en cuenta las considerables diferencias de nivel entre la economía general y rural de esos países y la de los países integrantes de la EU-15.

Los Estados miembros que aplican el régimen de pago único por superficie tienen que adoptar el régimen de pago único en 2011 (2012 en el caso de Bulgaria y Rumanía). Parece apropiado permitir que esos Estados miembros prorroguen el primer régimen hasta 2013. Esta opción es conforme a la decisión adoptada en el caso de los Estados miembros que integran la EU-15 ya que se les permite revisar su aplicación del régimen de pago único y optar por un modelo de tipo más global.

Revisión del artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1782/2003

De acuerdo con el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 acerca de los regímenes de ayuda directa a los agricultores, los Estados miembros que apliquen el régimen de pago único pueden retener por sector hasta un 10 % de los límites máximos nacionales presupuestarios destinados a pagos directos en el sector de que se trate para medidas relacionadas con la protección o la mejora del medio ambiente o para mejorar la calidad y la comercialización de productos agrícolas.

Con el fin de que las respuestas de los Estados miembros a las necesidades derivadas de la orientación global de la PAC sean más flexibles, se propone ampliar el artículo 69:

- se suprime la restricción de que las reducciones lineales tengan su origen y se mantengan en el mismo sector;

- se incorporan medidas para solventar las desventajas a que se enfrentan los agricultores de determinadas regiones que se especializan en los sectores de los productos lácteos, de la carne de vacuno, de la carne de ovino y caprino y del arroz;

- se permite asimismo la posibilidad de utilizar los importes retenidos para complementar los derechos en zonas sometidas a programas de reestructuración o desarrollo;

- en determinadas condiciones se proporciona asimismo ayuda para medidas de gestión del riesgo —programas de seguros de las cosechas frente a catástrofes naturales y mutualidades contra las enfermedades de los animales—;

- las medidas que no cumplan cabalmente las condiciones del compartimento verde de la OMC deben limitarse al 2,5 % de los límites máximos;

- por último, a los Estados miembros que apliquen el régimen de pago único por superficie también se les permitirá aplicar esta disposición.

Modula ción

La modulación es una vía de transferencia presupuestaria mediante la cual se aplica una reducción porcentual a los pagos agrícolas directos (pilar I) y los recursos presupuestarios así liberados se destinan a medidas de desarrollo rural (pilar II).

Con la reforma de 2003 se acordó aplicar a todos los Estados miembros de la EU-15 una modulación obligatoria que inicialmente se fijó en el 3 % en 2005, el 4 % en 2006 y el 5 % a partir de 2007. Asimismo se fijó un umbral de 5 000 euros por debajo del cual no se aplica ninguna reducción a los pagos directos.

La Comunicación «Preparar el "chequeo" de la reforma de la PAC» señala una serie de problemas nuevos que ya se le plantean a la PAC, como el cambio climático, la gestión de riesgos, la bioenergía, la gestión del agua y la biodiversidad, y considera que la política de desarrollo rural es una de las posibilidades para abordar estos cambios.

Las medidas que propone la política de desarrollo rural ofrecen ya diversas alternativas para hacer frente a los problemas nuevos y los Estados miembros ya han incluido medidas afines en sus programas de desarrollo rural para el periodo de 2007–2013. No obstante, de las primeras experiencias con la utilización financiera de los recursos para desarrollo rural en 2007 se desprende que los Estados miembros tienen necesidades presupuestarias que van más allá de sus posibilidades financieras.

Con el fin de que los Estados miembros puedan satisfacer las crecientes necesidades que supone abordar los problemas nuevos mediante las medidas que ofrece la política de desarrollo rural, se propone aumentar la modulación obligatoria al 8 % y añadir un elemento progresivo adicional gracias a un nuevo sistema basado en los principios siguientes:

- toda nueva recaudación procedente de la modulación permanecerá en el Estado miembro que la genere;

- en EU-15, la modulación básica, aplicable a todos los pagos superiores a 5 000 euros, aumentará un 2 % anual a partir de 2009 hasta alcanzar el 8 % (además del 5 % actual) en 2012;

- se incorpora un elemento progresivo mediante el cual los pagos se reducen por tramos adicionales del 3 % en umbrales sucesivos; se propone un nuevo sistema para la gestión financiera de las ayudas directas por el que se establecen límites máximos globales netos por Estado miembro;

- en el cuadro siguiente figuran los porcentajes totales de la modulación que habrá que aplicar (actuales y adicionales, respectivamente):

Umbrales | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

1 a 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 000 a 99 999 | 5% + 2 % | 5% + 4 % | 5% + 6 % | 5% + 8 % |

100 000 a 199 999 | 5% + 5 % | 5% + 7 % | 5% + 9 % | 5% + 11 % |

200 000 a 299 999 | 5% + 8 % | 5% + 10 % | 5% + 12 % | 5% + 14 % |

más de 300 000 | 5% + 11 % | 5% + 13 % | 5% + 15 % | 5% + 17 % |

- asimismo, los países de EU-10 podrán optar a una modulación del 3 % en lugar del 13 % en 2012; Bulgaria y Rumanía quedan exentas con relación a la incorporación progresiva de los pagos directos.

Limitaciones de los pagos

El 46,6 % de los beneficiarios de los pagos directos totales en EU-25 reciben menos de 500 euros. Esa cifra incluye fundamentalmente a pequeños agricultores, si bien, en determinados Estados miembros, engloba asimismo a beneficiarios cuyos pagos alcanzan un valor que es inferior al coste administrativo de su gestión.

Con el fin de simplificar y reducir los gastos de gestión de los pagos directos, se propone que los Estados miembros apliquen bien pagos de un importe mínimo de 250 euros, bien una superficie subvencionable por explotación de un tamaño mínimo de al menos 1 hectárea, o ambos. No obstante, se adoptan disposiciones especiales en el caso de los Estados miembros cuyo sector agrario se compone principalmente de explotaciones muy pequeñas.

ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS ÚNICA

Mecanismos de intervención en el mercado

Basándose en los resultados de un análisis, la Comisión ha llegado a la conclusión de que los instrumentos de control de la oferta del mercado no deben servir para reducir la capacidad de los agricultores comunitarios de responder a las señales del mercado, sino que deben convertirse en una verdadera red de seguridad. Para ello, se propone simplificar y armonizar las disposiciones vigentes sobre intervención pública mediante la ampliación del sistema de licitación.

En el sector de los cereales se propone incorporar las licitaciones en el caso del trigo panificable, mientras que en el de los cereales-pienso se aplicará el mismo modelo que para el maíz (reducción del límite máximo cuantitativo a cero). Habida cuenta de las condiciones de mercado actuales y previstas, se propone suprimir la intervención tanto en el caso del trigo duro como en el del arroz y la carne de porcino. Asimismo se aplicarán licitaciones en el caso de la mantequilla y la leche desnatada en polvo.

Supresión de la retirada de tierras

Basándose en las perspectivas del mercado y en la aplicación del régimen de pago único, se propone suprimir la retirada de tierras como instrumento de control de la oferta. No obstante, de conformidad con las propuestas sobre condicionalidad y desarrollo rural, se facilitan a los Estados miembros los instrumentos apropiados para garantizar el mantenimiento de las ventajas medioambientales que reporta actualmente la retirada de tierras.

Transición hacia el término de la cuota láctea

Las cuotas se implantaron en 1984 en respuesta a los excedentes de producción. El panorama actual pone de manifiesto que las condiciones que llevaron a la aplicación de cuotas lácteas en 1984 ya no tienen vigencia. Dado que este tipo de cuotas expirarán en 2015, procede ayudar al sector, aplicando medidas transitorias graduales, a adaptarse al mercado posterior a 2015, en el que no habrá cuotas. Con el fin de que el sector lácteo se adapte sin sobresaltos a la desaparición de estas, se propone un aumento gradual anual.

En general, la supresión gradual de las cuotas lácteas se traducirá en un aumento de la producción, una reducción de los precios y un incremento de la competitividad en el sector. No obstante, se prevé que determinadas regiones, principalmente las situadas en zonas montañosas, aunque no exclusivamente, tengan dificultades para mantener un nivel mínimo de producción. Esos problemas pueden solucionarse aplicando medidas específicas en virtud del artículo 68 del Reglamento sobre los regímenes de ayudas directas.

Ayudas específicas del sector lácteo

Se propone la supresión de la ayuda al almacenamiento privado de queso y la ayuda para la comercialización de la mantequilla destinada a la elaboración de productos de pastelería y heladería y para consumo directo. Estos programas ya no se necesitan para sostener el mercado y deben, por lo tanto, suprimirse.

Tratándose de la ayuda al almacenamiento privado de mantequilla, la leche desnatada en polvo utilizada como pienso y la ayuda a la producción de caseína, casos en que la normativa vigente prevé una ayuda obligatoria, se propone que la ayuda sea facultativa y que la Comisión decida sobre su aplicación cuando la situación del mercado lo requiera.

Otros regímenes de ayuda

Con respecto a un grupo reducido de regímenes de ayuda, se propone la disociación de esta y la incorporación de aquellos en el régimen de pago único, lo que contribuiría a mejorar la competitividad y lograr una mayor simplificación. En el caso del cáñamo, las proteaginosas y los frutos de cáscara, la incorporación en el régimen de pago único puede hacerse sin necesidad de un periodo de transición. Tratándose del arroz, los forrajes desecados, las patatas de fécula y el lino de fibra larga, se propone un periodo de transición para llegar a la disociación plena con el fin de ayudar a los agricultores y a la industria de transformación a adaptarse gradualmente al nuevo régimen de ayuda. Asimismo se propone suprimir el régimen aplicable a los cultivos energéticos habida cuenta de la elevada demanda de bioenergía existente en la actualidad.

NUEVOS PROBLEMAS Y POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

Teniendo presente el límite presupuestario que se ha impuesto a la PAC hasta 2013, la única financiación complementaria que podrá obtenerse para desarrollo rural será la procedente del aumento de la modulación obligatoria.

La financiación complementaria es necesaria para potenciar los esfuerzos vinculados con las prioridades de la UE en los ámbitos del cambio climático, la energía renovable, la gestión del agua y la biodiversidad.

- El clima y la energía son asuntos que revisten la máxima prioridad ya que la UE ha tomado la iniciativa con vistas a crear una economía mundial con bajas emisiones de carbono. En marzo de 2007, los líderes de la UE respaldaron las propuestas de la Comisión de reducir las emisiones de CO2 en al menos un 20 % antes de 2020 (un 30 % en caso de alcanzarse un acuerdo sobre los objetivos globales) y fijar en el 20 % el objetivo obligatorio que debe alcanzarse en lo tocante a la utilización de fuentes de energía renovable, incluido el 10 % que deben representar los biocombustibles dentro del consumo de gasolina y gasóleo. La agricultura y la silvicultura pueden contribuir de manera decisiva aportando las materias primas necesarias para la producción de bioenergía y ayudando a capturar carbono y a seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

- Los objetivos de la UE con relación a la política hídrica se establecen en la Directiva marco sobre el agua, que empezará a aplicarse íntegramente en el periodo de 2010–2012. En cuanto principales consumidoras de agua y recursos hídricos, la agricultura y la silvicultura tienen un importante papel que cumplir en lo referente a la gestión sostenible del agua, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. La gestión del agua será una parte cada vez más importante de la estrategia de adaptación para abordar la ya inevitable cuestión del cambio climático.

- Los Estados miembros se han comprometido a frenar el declive de la biodiversidad antes de 2010, objetivo que parece cada vez más improbable de alcanzar. Una gran parte de la diversidad biológica de Europa depende de la agricultura y la silvicultura, por lo que será preciso aumentar los esfuerzos para protegerla, en especial teniendo en cuenta los efectos adversos que previsiblemente se producirán como consecuencia del cambio climático y de la creciente demanda de agua.

Se anima a los Estados miembros a utilizar plenamente la financiación complementaria disponible para el periodo de 2010–2013 y a adaptar sus estrategias y programas en consecuencia. En particular, las ayudas para inversiones del eje 1 pueden orientarse hacia la adquisición de maquinaria y equipos que permitan economizar energía, agua y otros insumos, así como hacia la producción de (materias primas destinadas a la producción de) energía renovable para su utilización en las explotaciones. En el eje 2, la medida sobre agroambiente y las medidas forestales pueden utilizarse, en particular, para la biodiversidad, la gestión del agua y para emprender actuaciones que ayuden a mitigar el cambio climático. Por su parte, gracias a los ejes 3 y 4 podrá prestarse ayuda para proyectos destinados a la producción de energía renovable a escala local.

En este contexto, el Séptimo Programa Marco de Investigación contribuirá a abordar los problemas nuevos y proporcionará una ayuda valiosa para incorporar innovaciones en el sector agrario y orientar las políticas.

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

Desde la reforma de 2003, la PAC cuenta con un mecanismo interno de disciplina financiera, aplicable desde el ejercicio presupuestario de 2007, que entra en funcionamiento en caso de que los gastos previstos superen el límite máximo financiero fijado para los gastos de mercado y las ayudas directas. La propuesta no modifica los principios sobre la aplicación de este mecanismo, que se establecieron al efectuarse la reforma de 2003 y que se modificaron en el momento de la adhesión de la UE-12. Se han aprobado importes fijos para la mayoría de las ayudas de la PAC y las perspectivas del mercado han mejorado considerablemente desde 2003. En consecuencia, ha disminuido la probabilidad de que deba aplicarse la disciplina financiera (es decir, reducir las ayudas directas), en comparación con previsiones anteriores.

Las propuestas de modulación del régimen de pago único y de la política de desarrollo rural son, por naturaleza, neutras con respecto al presupuesto comunitario, ya que se reducen a una simple transferencia obligatoria del segundo al primer pilar de la PAC. Con respecto a los presupuestos nacionales, el aumento de la modulación podría traducirse en un gasto nacional complementario habida cuenta de la cofinanciación que se precisa para el desarrollo rural. Lo que supone que algunos Estados miembros tendrían la posibilidad de volver al nivel (más alto) de gasto nacional previsto originalmente antes de la decisión sobre el marco financiero de 2007–2013. Por su parte, la transferencia de medidas al régimen de pago único podría tener repercusiones financieras moderadas en el presupuesto de la UE, si bien la mayoría de las transferencias son asimismo presupuestariamente neutras.

Con respecto a las medidas de mercado, el aumento de los precios mundiales que se ha producido recientemente ha dado lugar a una clara mejora de las expectativas, en comparación con la situación previsible cuando se decidió la reforma de 2003. La reforma del régimen de intervención en el caso del maíz ha resuelto desde entonces una parte de los problemas que se preveía que surgieran en el mercado de los cereales y las propuestas actuales sobre el régimen de intervención de cereales están mejorando aún más la situación. Los gastos complementarios que se produzcan hacia el final del marco financiero actual son relativamente pequeños. En el sector de los productos lácteos, la repercusión depende sobre todo del momento elegido para efectuar los gastos (antes o después de 2013).

Como consecuencia de la desaparición de las cuotas lácteas, la mantequilla, en todas sus opciones, se verá sometida a una presión adicional. La propuesta actual, por la que se inicia la desaparición progresiva de las cuotas, es globalmente más ventajosa no sólo para el sector, sino también para la evolución a largo plazo de la PAC. No puede descartarse, sin embargo, que las exportaciones de mantequilla requieran un cierto gasto complementario limitado. El que esto sea así dependerá de factores que se desconocen por el momento (el Acuerdo sobre el Programa de Doha para el Desarrollo o la evolución de los mercados mundiales). Las presentes propuestas incorporan, por lo tanto, una cláusula de revisión que permitiría evaluar en 2012 la evolución de los mercados del sector lácteo con el fin de determinar si se precisan medidas complementarias para evitar un aumento del presupuesto. Se prevé que la supresión de las medidas vigentes origine algunos ahorros. No obstante, el efecto presupuestario más importante de la supresión progresiva de la cuota láctea es una pérdida de ingresos presupuestarios debido al descenso previsto de la tasa láctea.

2008/0103 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la Política Agrícola Común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, sus artículos 36 y 37 y su artículo 299, apartado 2,

Vista el Acta de adhesión de Grecia, y, en particular, el apartado 6 de su Protocolo nº 4 sobre el algodón[1],

Vista la propuesta de la Comisión[2],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[3],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[4],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[5],

Considerando lo siguiente:

1. La experiencia acumulada desde la aplicación del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001[6], pone de manifiesto la necesidad de ajustar determinados elementos del mecanismo de ayuda. Concretamente, debe ampliarse la disociación de la ayuda directa y simplificarse el funcionamiento del régimen de pago único. También cabe destacar que el Reglamento (CE) nº 1782/2003 ha sido modificado sustancialmente desde su entrada en vigor. Habida cuenta de todo lo anterior y en aras de la claridad, debe ser derogado y sustituido por un nuevo Reglamento.

2. El Reglamento (CE) nº 1782/2003 establece el principio de que los agricultores que no respetan determinadas exigencias en materia de salud pública, sanidad animal y vegetal, medio ambiente y bienestar animal pueden enfrentarse a reducciones de la ayuda directa o ser excluidos del beneficio de la misma. Este sistema de «condicionalidad» forma parte integrante de la ayuda comunitaria concedida en virtud de los pagos directos y, por lo tanto, debe mantenerse. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que una serie de exigencias incluidas en el ámbito de aplicación de la condicionalidad no están suficientemente relacionadas con la actividad agraria o las tierras agrarias o conciernen más a las autoridades nacionales que a los agricultores. Por lo tanto, resulta procedente adecuar el ámbito de aplicación de la condicionalidad.

3. Además, con objeto de evitar el abandono de las tierras agrarias y de garantizar que se mantengan en buenas condiciones agrarias y medioambientales, el Reglamento (CE) nº 1782/2003 creó un marco comunitario en función del cual los Estados miembros adoptan normas atendiendo a las características específicas de las zonas correspondientes, entre las que se incluyen las condiciones edafológicas y climáticas y los sistemas de cultivo (utilización del suelo, rotación de cultivos, prácticas de cultivo) y estructuras agrarias existentes. La supresión de la retirada de tierras obligatoria dentro del régimen de pago único puede, en algunos casos, tener efectos adversos para el medio ambiente, en particular en lo que atañe a determinados elementos paisajísticos. Por lo tanto, resulta adecuado reforzar las disposiciones comunitarias vigentes que tienen como finalidad proteger, según proceda, elementos paisajísticos concretos.

4. La protección y la gestión del agua en el contexto de la actividad agrícola se ha convertido paulatinamente en un problema en determinadas regiones. Por lo tanto, resulta adecuado reforzar asimismo el marco comunitario vigente en materia de buenas condiciones agrícolas y medioambientales con el objetivo de proteger el agua contra la contaminación y las escorrentías y gestionar su uso.

5. Dado que los pastos permanentes tienen un efecto medioambiental positivo, resulta oportuno aplicar medidas para fomentar su mantenimiento y evitar su transformación masiva en tierras de cultivo.

6. Con objeto de lograr un mayor equilibrio entre los instrumentos destinados a promover una agricultura sostenible y los destinados a fomentar el desarrollo rural, el Reglamento (CE) nº 1782/2003 introdujo un sistema obligatorio de reducción progresiva de los pagos directosF («modulación»). Este sistema debe mantenerse, incluida la exención de pagos hasta 5 000 euros desde su aplicación.

7. Los ahorros obtenidos a través del mecanismo de modulación introducido por el Reglamento (CE) nº 1782/2003 se emplean para financiar medidas en virtud de la política de desarrollo rural. Desde la adopción de dicho reglamento, el sector agrícola debe hacer frente a una serie de nuevos y exigentes desafíos como el cambio climático, la creciente importancia de la bioenergía, así como la necesidad de una mejor gestión del agua y una protección más eficaz de la biodiversidad. La Comunidad Europea, como Parte del Protocolo de Kyoto[7], se ha visto abocada a adaptar sus políticas a la luz de las consideraciones ligadas al cambio climático. Además, a raíz de los graves problemas relacionados con la escasez de agua y la sequía, los temas vinculados a la gestión del agua deben tratarse con mayor atención[8]. La protección de la biodiversidad sigue siendo un desafío trascendental y aunque se han logrado avances importantes, la consecución del objetivo en materia de biodiversidad que la Comisión Europea se ha marcado para 2010 exigirá esfuerzos suplementarios[9]. La Comunidad es consciente de la necesidad de abordar estos nuevos desafíos en el ámbito de sus políticas. En el contexto de la agricultura, los programas de desarrollo rural adoptados en virtud del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)[10], constituyen una herramienta apropiada para ocuparse de ellos. Para permitir a los Estados miembros revisar sus programas de desarrollo rural consecuentemente sin necesidad de reducir sus actividades actuales de desarrollo rural en otras áreas, resulta necesario contar con financiación suplementaria. Sin embargo, las perspectivas financieras para el período 2007-2013 no prevén los medios financieros necesarios para reforzar la política de desarrollo rural de la Comunidad. En tales circunstancias, resulta adecuado movilizar una gran parte de los recursos financieros necesarios mediante un aumento gradual de la reducción de los pagos directos a través de la modulación.

8. La distribución de la ayuda directa a la renta entre los agricultores se caracteriza por la asignación de una parte importante de los pagos a un número bastante restringido de grandes beneficiarios. Es evidente que estos grandes beneficiarios no necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria para que se logre eficientemente el objetivo de la ayuda a la renta. Por otra parte, su potencial de adaptación les permite más fácilmente funcionar con niveles más bajos de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo esperar que los agricultores con elevadas cantidades de ayuda aporten una contribución especial a la financiación de las medidas de desarrollo rural que abordan nuevos desafíos. Por lo tanto, parece apropiado establecer un mecanismo que prevea una creciente reducción de los pagos más elevados, cuyos beneficios también deben utilizarse para afrontar nuevos desafíos en el marco del desarrollo rural. Para garantizar la proporcionalidad de este mecanismo, las reducciones suplementarias deben aumentar progresivamente en función de los importes de los pagos en cuestión.

9. La situación geográfica particular de las regiones ultraperiféricas, así como su insularidad, su pequeña superficie, su relieve montañoso y su clima imponen cargas suplementarias a sus sectores agrícolas. Para atenuar tales cargas y restricciones, parece adecuado establecer excepciones a la aplicación obligatoria de la reducción por modulación a los agricultores de las regiones ultraperiféricas.

10. Los Estados miembros que optaron por aplicar un sistema de modulación voluntaria deben tener en cuenta el aumento de los índices de modulación obligatoria. El Reglamento (CE) nº 378/2007 del Consejo, de 27 de marzo de 2007, que establece las disposiciones relativas a la modulación facultativa de los pagos directos prevista en el Reglamento (CE) nº 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores[11], debe modificarse en consecuencia.

11. Los importes resultantes de la aplicación de los cinco puntos porcentuales de reducción por modulación previstos en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 deben distribuirse entre los Estados miembros sobre la base de criterios objetivos. Sin embargo, es preciso disponer que un porcentaje de dichos importes permanezca en los Estados miembros donde han sido generados. Teniendo en cuenta los ajustes estructurales derivados de la supresión de la intervención en favor del centeno, es preciso prever medidas específicas para determinadas regiones productoras de centeno, financiadas con una parte de los importes generados por la modulación. Sin embargo, los importes procedentes de la aplicación de cualquier otra reducción por modulación deben ponerse a disposición de los Estados miembros donde han sido generados.

12. Para facilitar el funcionamiento de la modulación, sobre todo en lo que atañe a los procedimientos de concesión de pagos directos a los agricultores y las transferencias a los programas de desarrollo rural, es preciso fijar límites netos por Estado miembro que restrinjan los pagos que deben hacerse a los agricultores tras la aplicación de la modulación. El Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común[12], debe modificarse en consecuencia.

13. Merced a un mecanismo de introducción progresiva, los agricultores de los nuevos Estados miembros reciben pagos directos. Con el fin de lograr un mayor equilibrio entre los instrumentos destinados a promover una agricultura sostenible y los destinados a fomentar el desarrollo rural, el sistema de modulación no deberá aplicarse a los agricultores de los nuevos Estados miembros hasta que el nivel de ayudas directas aplicable en ellos sea al menos igual al aplicable en los otros Estados miembros.

14. La modulación no debe reducir el importe neto pagado a un agricultor de un nuevo Estado miembro por debajo del importe que debe pagarse a un agricultor similar en los otros Estados miembros. Una vez que la modulación sea aplicable a los agricultores de los nuevos Estados miembros, el índice de reducción debe, por lo tanto, limitarse a la diferencia entre el nivel aplicable en virtud del mecanismo de introducción progresiva y el nivel en los otros Estados miembros tras la aplicación de la modulación. Además, los agricultores de los nuevos Estados miembros sujetos a la modulación deben dejar de beneficiarse de los pagos directos nacionales complementarios para evitar que su nivel de ayuda supere el nivel aplicable en los otros Estados miembros.

15. Con objeto de garantizar que los importes destinados a financiar la Política Agrícola Común respetan los límites máximos anuales fijados en las perspectivas financieras, es preciso prever un mecanismo financiero que permita ajustar, en caso necesario, los pagos directos. Debe aplicarse un ajuste de la ayuda directa cuando las previsiones indiquen, con un margen de seguridad de 300 millones de euros, que la subpartida 2 será rebasada en un ejercicio presupuestario determinado. Teniendo en cuenta los niveles de los pagos directos concedidos a los agricultores de los nuevos Estados miembros mediante el mecanismo de introducción progresiva, debe establecerse que, en el marco de la aplicación de dicho mecanismo a todos los pagos directos concedidos en los nuevos Estados miembros, el instrumento de disciplina financiera no se aplique en estos últimos hasta que el nivel de pagos directos aplicable en los mismos sea por lo menos igual al nivel aplicable en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros.

16. Con vistas a ayudar a los agricultores a ajustarse a las exigencias de una agricultura moderna y de elevada calidad, es necesario que los Estados miembros pongan en marcha un sistema completo para ofrecer asesoramiento a las explotaciones agrarias comerciales. Este sistema contribuirá a sensibilizar en mayor medida a los agricultores sobre la vinculación de los flujos de materiales y los procesos agropecuarios con las normas sobre medio ambiente, salubridad alimentaria, sanidad y bienestar animal, sin incidir en modo alguno en la obligación y la responsabilidad de los agricultores de observar tales normas.

17. De conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1290/2005, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de que las operaciones financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se ejecutan realmente y de manera correcta, así como para prevenir y hacer frente a las irregularidades. A tal fin, pondrán en marcha un sistema integrado de gestión y control de los pagos directos. Para mejorar la eficacia y el control de la ayuda comunitaria, debe autorizarse a los Estados miembros a recurrir al sistema integrado también en el caso de regímenes comunitarios no cubiertos por el presente Reglamento.

18. Deben establecerse los principales elementos del sistema integrado de gestión y control y, en especial, las disposiciones relativas a una base de datos informatizada, un sistema de identificación de parcelas agrícolas, las solicitudes de ayuda de los agricultores, un sistema armonizado de control y, en el caso del régimen de pago único, un sistema de identificación y registro de los derechos de pago.

19. La gestión de importes de pequeña cuantía es una tarea onerosa para las autoridades competentes de los Estados miembros. Para evitar una carga administrativa excesiva, es conveniente que los Estados miembros se abstengan de conceder pagos directos cuando el importe sea inferior a la ayuda media comunitaria por hectárea o cuando la superficie admisible de la explotación para la que se solicita la ayuda sea inferior a una hectárea. Deben establecerse disposiciones especiales para los Estados miembros en los que la estructura de las explotaciones agrícolas difiera sensiblemente de la media comunitaria. Debe otorgarse a los Estados miembros la facultad de optar por uno de los dos criterios en función de las peculiaridades de las estructuras de sus economías agrícolas. Habida cuenta de que se asignaron a los agricultores derechos especiales de pago a explotaciones denominadas «sin tierra», la aplicación del umbral basado en la hectárea resulta ineficaz. Por lo tanto, dichos agricultores deben estar sujetos al importe mínimo basado en la ayuda media.

20. La experiencia adquirida con la aplicación del régimen de pago único revela que, en una serie de casos, la ayuda disociada a la renta se concedió a beneficiarios distintos de personas físicas cuyo propósito comercial no estaba, o sólo marginalmente, dirigido al ejercicio de una actividad agraria. Para evitar la concesión de una ayuda a la renta agraria a estas sociedades y empresas, y para garantizar que la ayuda comunitaria se utilice íntegramente para asegurar un nivel de vida equitativo a la comunidad agraria, es preciso autorizar a los Estados miembros, donde se produce tal asignación, a abstenerse de conceder pagos directos en virtud del presente Reglamento.

21. Las autoridades nacionales competentes deben abonar íntegramente a los beneficiarios los pagos previstos dentro de los regímenes comunitarios de ayuda, sin perjuicio de las reducciones que se establezcan en el presente Reglamento, y en los plazos fijados. Para que la gestión de los pagos directos sea más flexible, debe permitirse a los Estados miembros abonar los pagos directos en dos plazos anuales.

22. Los regímenes de ayuda instaurados en virtud de la Política Agrícola Común prevén ayudas directas a la renta, en particular con vistas a garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria. Este objetivo está estrechamente relacionado con el mantenimiento de las zonas rurales. A fin de evitar toda asignación indebida de fondos comunitarios, conviene no abonar ninguna ayuda a los agricultores que hayan creado artificialmente las condiciones requeridas para obtener tales pagos.

23. Para lograr los objetivos de la Política Agrícola Común, los regímenes comunes de ayuda deben adaptarse a la evolución de la situación, si es necesario en un breve plazo. En consecuencia, los beneficiarios no pueden dar por sentado que las condiciones de la ayuda permanecerán invariables y deben estar preparados para una posible revisión de los regímenes a la luz de los acontecimientos económicos o la situación presupuestaria.

24. El Reglamento (CE) nº 1782/2003 establece un régimen de pago único que reúne en un solo régimen de pagos directos disociados los diferentes mecanismos de ayuda existentes. De la experiencia adquirida con la aplicación del régimen de pago único se desprende que es posible simplificar algunos de sus elementos en beneficio de los agricultores y las administraciones. Además, dado que el régimen de pago único lo aplican todos los Estados miembros a los que se solicitó que lo hicieran, una serie de disposiciones que estaban vinculadas a su aplicación inicial han quedado obsoletas y, por lo tanto, deben adaptarse. En este contexto, en algunos casos se ha detectado una infrautilización importante de los derechos de pago. Para evitar esta situación y teniendo en cuenta que los agricultores ya están familiarizados con el funcionamiento del régimen de pago único, debe reducirse a dos años el período fijado inicialmente para reintegrar en la reserva nacional los derechos de pago no utilizados.

25. Los principales elementos del régimen de pago único deben conservarse. En concreto, la fijación de límites máximos nacionales permite garantizar que el nivel total de las ayudas y derechos no rebasa las restricciones presupuestarias vigentes. Los Estados miembros también deben gestionar una reserva nacional que pueda utilizarse para facilitar la participación de nuevos agricultores en el régimen o para tener en cuenta las necesidades particulares en algunas regiones. Para evitar la transferencia con fines especulativos y la acumulación de derechos de pago sin el fundamento agrícola correspondiente, deben establecerse normas que regulen la transferencia y la utilización de los derechos de pago.

26. La integración progresiva de nuevos sectores en el régimen de pago único hace necesario revisar la definición de tierras admisibles al beneficio del régimen o en el marco de la activación de los derechos de pago. Sin embargo, conviene adoptar disposiciones para excluir de la ayuda las superficies dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas, en el caso de los Estados miembros que hayan optado por retrasar la integración de este sector en el régimen de pago único. Además, deben adoptarse medidas específicas con respecto al cáñamo con el fin de evitar la concesión de ayudas a cultivos ilegales.

27. La retirada obligatoria de tierras de cultivo se introdujo como instrumento de control de la oferta. La evolución del mercado en el sector de los cultivos herbáceos, junto con la introducción de las ayudas disociadas, ha dejado de justificar la necesidad de mantener este instrumento, que, por lo tanto, debe suprimirse. Así pues, los derechos de retirada establecidos de conformidad con los artículos 53 y 63, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1782/2003 se activarán en las hectáreas sujetas a las mismas condiciones de admisibilidad que cualquier otro derecho.

28. Tras la integración de la antigua ayuda vinculada a la producción en el régimen de pago único, en aquellos Estados miembros que optaron por una aplicación histórica, el valor de los derechos de pago se basó en el nivel individual de ayuda que recibían. Teniendo en cuenta el número cada vez mayor de años transcurridos desde la introducción del régimen de pago único y tras la integración sucesiva de otros sectores en dicho régimen, cada vez se hace más difícil justificar la legitimidad de las importantes diferencias individuales en el nivel de ayuda basadas exclusivamente en la ayuda concedida en el pasado. Por este motivo, debe autorizarse a los Estados miembros que eligieron el modelo de ejecución histórico a revisar, bajo determinadas condiciones, los derechos de pago asignados, con objeto de aproximar su valor unitario, sin dejar de respetar los principios generales del Derecho comunitario y los objetivos de la Política Agrícola Común. En este contexto, los Estados miembros pueden tener en cuenta las especificidades de las zonas geográficas al fijar valores más uniformes. La nivelación de los derechos de pago debe producirse a lo largo de un período de transición adecuado y restringirse a una gama limitada de reducciones, para que los agricultores puedan adaptarse razonablemente a los niveles cambiantes de las ayudas.

29. En virtud de la reforma de 2003, los Estados miembros tenían la opción de aplicar el régimen de pago único según el modelo histórico o regional. Desde entonces los Estados miembros han tenido la oportunidad de evaluar las repercusiones de sus opciones en términos de conveniencia tanto económica como administrativa. Por lo tanto, los Estados miembros deben tener la facultad de revisar su elección inicial a la luz de su experiencia. Por esta razón, además de poder nivelar el valor de los derechos de pago, debe autorizarse a los Estados miembros que aplicaron el modelo histórico a adoptar el modelo regional. Además, a los Estados miembros que eligieron aplicar el modelo regional debe ofrecérseles la opción de revisar sus decisiones, bajo determinadas condiciones, con el objetivo de aproximar el valor de los derechos de pago según un procedimiento preestablecido, sin dejar de respetar los principios generales del Derecho comunitario y los objetivos de la Política Agrícola Común. Tales cambios deben producirse a lo largo de un período de transición adecuado y restringirse a una gama limitada de reducciones, para que los agricultores puedan adaptarse razonablemente a los niveles cambiantes de las ayudas.

30. El Reglamento (CE) nº 1782/2003, a la vez que introduce un régimen de pago único disociado, permite a los Estados miembros excluir determinados pagos de dicho régimen. Al mismo tiempo, el artículo 64, apartado 3, de dicho Reglamento prevé la revisión de las opciones previstas en su título III, capítulo 5, secciones 2 y 3, en función de las evoluciones del mercado y estructurales. Del análisis de la experiencia adquirida se deduce que la disociación aporta flexibilidad en la elección de los productores, permitiéndoles adoptar sus decisiones de producción sobre la base de la rentabilidad y la respuesta del mercado. Esto ocurre particularmente en el sector de los cultivos herbáceos, el lúpulo y las semillas, y en cierta medida, también en el sector de la carne de vacuno. Por lo tanto, los pagos parcialmente vinculados a la producción en estos sectores deben integrarse en el régimen de pago único. Para que los ganaderos del sector de la carne de vacuno puedan adecuarse gradualmente a las nuevas disposiciones en materia de ayudas, debe preverse una integración progresiva de la prima especial por vacunos machos y de la prima por sacrificio. Habida cuenta de que la introducción de los pagos parcialmente vinculados a la producción en el sector de las frutas y hortalizas es relativamente recientemente, y sólo como medida transitoria, no procede revisar tal régimen.

31. Sin embargo, por lo que se refiere a las vacas nodrizas y al sector ovino y caprino, parece que el mantenimiento de un nivel mínimo de producción aún puede ser necesario para la economía agrícola de determinadas regiones y, en especial, de aquellas donde los agricultores no pueden recurrir a otras alternativas económicas. En este contexto, los Estados miembros deben tener la facultad de mantener la ayuda vinculada a la producción en el nivel actual o, en el caso de las vacas nodrizas, en un nivel inferior. En tal caso, deben adoptarse disposiciones especiales que garanticen el respeto de los requisitos en materia de identificación y registro establecidos en el Reglamento (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo[13] y en el Reglamento (CE) nº 21/2004 del Consejo[14], sobre todo con objeto de garantizar la trazabilidad de los animales.

32. Conviene autorizar a los Estados miembros a utilizar hasta el 10 % de sus límites máximos para conceder ayudas específicas en casos claramente definidos. Tales ayudas deben permitir a los Estados miembros abordar asuntos medioambientales y mejorar la calidad y la comercialización de los productos agrícolas. La ayuda específica también puede servir para atenuar las consecuencias de la reducción progresiva de las cuotas lácteas y de la disociación de la ayuda en algunos sectores particularmente sensibles. Dada la importancia creciente de una gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer a los Estados miembros la opción de contribuir financieramente al pago de las primas de seguro de cultivos pagadas por los agricultores así como a la financiación de la compensación financiera de determinadas pérdidas económicas en caso de enfermedades animales o vegetales. Para que la Comunidad pueda respetar sus obligaciones internacionales, los recursos que pueden destinar a cualquier medida de ayuda vinculada a la producción deben limitarse a un nivel apropiado. Deben definirse, en consecuencia, las condiciones aplicables a las contribuciones financieras para el seguro de cultivos y la compensación relacionada con las enfermedades animales o vegetales.

33. Los pagos directos en virtud del régimen de pago único se basan en los importes de referencia de los pagos directos recibidos en el pasado o en importes por hectárea regionalizados. Los agricultores de los nuevos Estados miembros no recibieron pagos directos comunitarios y no disponían de referencias históricas de los años civiles 2000, 2001 y 2002. Por lo tanto, al amparo del Reglamento (CE) nº 1782/2003 se adoptó una disposición para que el régimen de pago único en los nuevos Estados miembros se basara en importes por hectárea regionalizados. Varios años después de la adhesión de los nuevos Estados miembros a la Comunidad, sin embargo, el uso de períodos de referencia puede tenerse en cuenta en aquellos nuevos Estados miembros que todavía no han adoptado el régimen de pago único. Con objeto de facilitar la transición al régimen de pago único y, sobre todo, evitar solicitudes de carácter especulativo resulta procedente, por lo tanto, autorizar a los nuevos Estados miembros a tener en cuenta, a la hora de calcular los derechos de pago en virtud del régimen de pago único, las superficies a las que históricamente se concedió ayuda en virtud del régimen de pago único.

34. De acuerdo con la opción regionalizada del régimen de pago único, los nuevos Estados miembros deben tener la posibilidad de ajustar el valor de los derechos por hectárea basándose en criterios objetivos para asegurar la igualdad de trato entre los agricultores y evitar distorsiones del mercado.

35. Los nuevos Estados miembros deben tener las mismas posibilidades que los otros Estados miembros a la hora de ejecutar parcialmente el régimen de pago único.

36. La disociación de las ayudas directas y la introducción del régimen de pago único eran elementos esenciales en el proceso de reforma de la Política Agrícola Común. Sin embargo, varias razones motivaron en 2003 el mantenimiento de la ayuda específica para varios cultivos. La experiencia acumulada con la aplicación del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto con la evolución de la situación del mercado, indica que los regímenes que se mantuvieron fuera del régimen de pago único en 2003 pueden integrarse ahora en este régimen a fin de promover una agricultura más orientada al mercado y sostenible. Es el caso, en particular, del sector del aceite de oliva, en el que sólo una parte marginal de las ayudas estaba asociada. Es también el caso del pago en los sectores del trigo duro, las proteaginosas, el arroz, la fécula de patata y los frutos de cáscara, en los que la eficacia decreciente de las ayudas vinculadas a la producción justifica la opción de la disociación. En el caso del lino, también es preciso suprimir la ayuda a la transformación e integrar los importes pertinentes en el régimen de pago único. Por lo que se refiere al arroz, los forrajes desecados, la fécula de patata y el lino debe preverse un período transitorio para garantizar que su paso al régimen de ayuda disociada sea lo más armonioso posible. En el caso de los frutos de cáscara, debe permitirse a los Estados miembros seguir pagando la parte nacional de la ayuda de una manera vinculada a la producción, con objeto de amortiguar los efectos de la disociación.

37. Como consecuencia de la integración de nuevos regímenes en el régimen de pago único, deben adoptarse disposiciones para el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la renta individual en virtud de dicho régimen. En el caso de los frutos de cáscara, la fécula de patata, el lino y los forrajes desecados, tal aumento debe concederse sobre la base de la ayuda recibida por los agricultores a lo largo de los últimos años. Sin embargo, en el caso de la integración de los pagos que hasta ahora estaban parcialmente excluidos del régimen de pago único, debe ofrecerse a los Estados miembros la opción de utilizar los períodos de referencia originales.

38. El Reglamento (CE) nº 1782/2003 establece una ayuda específica a los cultivos energéticos con objeto de favorecer el desarrollo del sector. Habida cuenta de la evolución del sector de la bioenergía y, en especial, la fuerte demanda de tales productos en los mercados internacionales y la introducción de objetivos vinculantes en lo que respecta al porcentaje que debe representar la bioenergía en el total de los combustibles antes de 2020, ya no existen suficientes razones para conceder la ayuda específica a los cultivos energéticos.

39. Con motivo de la integración del sector del algodón en el régimen de pago único, se consideró necesario que una parte de la ayuda debía seguir vinculándose al cultivo del algodón a través de un pago específico por hectárea admisible para evitar el riesgo de interrupción de la producción en las regiones productoras de algodón. Esta opción debe mantenerse de conformidad con los objetivos establecidos en el Protocolo nº 4 sobre el algodón anexo al Acta de adhesión de Grecia.

40. Para amortiguar los efectos del proceso de reestructuración en los Estados miembros que han concedido la ayuda a la reestructuración prevista en el Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad[15], debe concederse una ayuda a los productores de remolacha azucarera y caña de azúcar por un período máximo de cinco años consecutivos.

41. El Acta de adhesión de la República Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia y el Acta de adhesión de Bulgaria y de Rumanía disponen que los agricultores de los nuevos Estados miembros recibirán pagos directos según un mecanismo de introducción progresiva.

42. Además, con vistas a la concesión de pagos directos en los nuevos Estados miembros, esas Actas de adhesión prevén un mecanismo de ayuda transitoria simplificado basado en la superficie. Deben definirse los principales elementos de dicho mecanismo. El régimen de pago único por superficie ha demostrado ser un sistema eficaz y simple a la hora de conceder la ayuda a la renta a los agricultores. En aras de la simplificación, procede autorizar a los nuevos Estados miembros a seguir aplicándolo hasta finales de 2013.

43. En lo que atañe a la reforma de los sectores del azúcar y de las frutas y hortalizas así como a su integración en el régimen de pago único, debe autorizarse a los Estados miembros que optaron por aplicar el régimen de pago único por superficie a conceder una ayuda a la renta a los productores de remolacha azucarera, caña de azúcar y achicoria y a los productores de determinadas frutas y hortalizas, bajo la forma de pagos separados. Del mismo modo, debe autorizarse a los mismos Estados miembros a pagar la ayuda específica separada en condiciones similares a las aplicables a los otros Estados miembros.

44. Como consecuencia de la introducción progresiva de los pagos directos en los nuevos Estados miembros, las Actas de adhesión prevén un marco que permite a dichos Estados miembros abonar pagos directos nacionales complementarios. Deben fijarse las condiciones que regulen la concesión de tales pagos.

45. En el momento de la asignación inicial de los derechos de pago por parte de los Estados miembros, algunos errores se tradujeron en la concesión de pagos particularmente elevados a los agricultores. Esta irregularidad debe ser objeto, normalmente, de una corrección financiera hasta que se adopten medidas correctoras. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la primera asignación de derechos, la adopción de las correcciones necesarias supondría para los Estados miembros unas limitaciones jurídicas y administrativas desproporcionadas. Por lo tanto, en aras de la seguridad jurídica, resulta adecuado regularizar la asignación de tales pagos.

46. De conformidad con el artículo 70, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1782/2003, España, Francia y Portugal decidieron excluir del régimen de pago único los pagos directos efectuados en los departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las Islas Canarias y concederlos al amparo de las condiciones establecidas en el título IV de dicho Reglamento. Parte de las ayudas previstas en ese título se han integrado completamente en el régimen de pago único. En aras de la simplificación y con el fin de tener en cuenta las circunstancias específicas de las regiones ultraperiféricas, parece apropiado gestionar dicha ayuda dentro de los programas de ayuda establecidos por el Reglamento (CE) nº 247/2006. Con este fin, deben transferirse los fondos pertinentes de los límites máximos nacionales para pagos directos al importe financiero previsto en el artículo 23, apartado 2, de dicho Reglamento. El Reglamento (CE) nº 247/2006 debe modificarse en consecuencia.

47. Resulta apropiado prever que las disposiciones del presente Reglamento que podrían originar un comportamiento de un Estado miembro susceptible de constituir una ayuda estatal se excluyan, salvo disposición en contrario, del ámbito de aplicación de las normas en materia de ayuda estatal, habida cuenta de que las disposiciones en cuestión incluyen condiciones adecuadas para evitar que la concesión de ayuda provoque un falseamiento indebido de la competencia, o prevén la adopción de tales condiciones por la Comisión.

48. Deben adoptarse las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión[16].

49. Debe derogarse el Reglamento (CE) nº 1782/2003.

50. Debe ofrecerse a los Estados miembros un plazo suficiente para aplicar las disposiciones que autorizan una mayor disociación de los pagos directos y las que les permiten revisar las decisiones adoptadas en el contexto de la reforma de 2003. Por esta razón, las disposiciones pertinentes sólo deben aplicarse a partir de 2010. Por lo tanto, el Reglamento (CE) nº 1782/2003 debe aplicarse durante el año 2009 a los regímenes de ayudas que se integrarán en el régimen de pago único a partir de 2010.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1 Ámbito de aplicación

El presente Reglamento establece:

a) disposiciones comunes en relación con los pagos directos;

b) un régimen de ayuda a la renta para los agricultores (denominado en lo sucesivo el «régimen de pago único»);

c) un régimen de ayuda a la renta transitorio simplificado para los agricultores de los nuevos Estados miembros (denominado en lo sucesivo el «régimen de pago único por superficie»);

d) regímenes de ayuda para los agricultores productores de arroz, patatas de fécula, algodón, azúcar, frutas y hortalizas, carne de ovino y caprino y carne de vacuno;

e) un marco que regula la concesión de pagos directos complementarios por parte de los nuevos Estados miembros.

Artículo 2 Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «agricultor»: toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación nacional al grupo y a sus miembros, cuya explotación esté situada en el territorio de la Comunidad, tal como se establece en el artículo 299 del Tratado, y que ejerza una actividad agraria;

b) «explotación»: todas las unidades de producción administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado miembro;

c) «actividad agraria»: la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas, o el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del presente Reglamento;

d) «pago directo»: todo pago abonado directamente a los agricultores en virtud de un régimen de ayuda enumerado en el anexo I del presente Reglamento;

e) «pagos de un año civil determinado» o «pagos del período representativo»: los pagos efectuados o que deban efectuarse en relación con el año o años considerados, incluidos todos los pagos correspondientes a otros períodos que comiencen en ese año o años civiles;

f) «productos agrícolas»: los productos incluidos en la lista del anexo I del Tratado, incluido el algodón y a excepción de los productos pesqueros;

g) «nuevos Estados miembros»: Bulgaria, la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia;

h) «superficie agraria»: cualquier superficie dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes y cultivos permanentes.

Artículo 3 (antiguo artículo 32) Financiación de los pagos directos

Los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I del presente Reglamento serán financiados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 1290/2005.

TÍTULO IIDISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PAGOS DIRECTOS

CAPÍTULO 1 CONDICIONALIDAD

Artículo 4 Requisitos principales

1. Todo agricultor que reciba pagos directos deberá observar los requisitos legales de gestión enumerados en el anexo II y las buenas condiciones agrarias y medioambientales establecidas en el artículo 6.

2. La autoridad nacional competente proporcionará a los agricultores la lista de los requisitos legales de gestión y de las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deberán respetar.

Artículo 5 Requisitos legales de gestión

1. Los requisitos legales de gestión enumerados en el anexo II serán establecidos mediante disposiciones legales comunitarias en los siguientes ámbitos:

a) salud pública, zoosanidad y fitosanidad,

b) medioambiente,

c) bienestar de los animales.

2. Los actos a que se refiere el anexo II serán de aplicación, a efectos del presente Reglamento, en la versión vigente y, en el caso de las Directivas, tal como las apliquen los Estados miembros.

Artículo 6 Buenas condiciones agrarias y medioambientales

1. Los Estados miembros garantizarán que todas las tierras agrarias, especialmente las que ya no se utilicen para la producción, se mantengan en buenas condiciones agrarias y medioambientales. Los Estados miembros definirán, a nivel nacional o regional, los requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales sobre la base del marco establecido en el anexo III, atendiendo a las características específicas de las superficies de que se trate, incluidas las condiciones edáficas y climáticas, los sistemas de explotación existentes, la utilización de las tierras, la rotación de cultivos, las prácticas de explotación agraria y las estructuras de explotación.

2. Los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros garantizarán que las tierras dedicadas a pastos permanentes en la fecha establecida para las solicitudes de ayuda por superficie para 2003 se mantengan como pastos permanentes. Los nuevos Estados miembros garantizarán que las tierras dedicadas a pastos permanentes a 1 de mayo de 2004 se mantengan como pastos permanentes. Sin embargo, Bulgaria y Rumanía garantizarán que las tierras dedicadas a pastos permanentes a 1 de enero de 2007 se mantengan como pastos permanentes.

No obstante, un Estado miembro podrá, en circunstancias debidamente justificadas, hacer excepciones a lo dispuesto en el párrafo primero, a condición de que tome medidas para impedir toda reducción significativa de su superficie total de pastos permanentes.

El párrafo primero no se aplicará a las tierras dedicadas a pastos permanentes que vayan a ser forestadas, si dicha forestación es compatible con el medio ambiente y con la exclusión de la plantación de árboles de Navidad y de especies de crecimiento rápido cultivadas a corto plazo.

CAPÍTULO 2 MODULACIÓN Y DISCIPLINA FINANCIERA

Artículo 7 Modulación

1. Cualquier pago directo superior a 5 000 euros que deba concederse en un año civil determinado a un agricultor se reducirá cada año hasta 2012 en los siguientes porcentajes:

a) 2009: 7 %,

b) 2010: 9 %,

c) 2011: 11 %,

d) 2012: 13 %.

2. Las reducciones a las que se hace referencia en el apartado 1 se incrementarán:

a) 3 puntos porcentuales, en el caso de los importes comprendidos entre 100 000 y 199 999 euros,

b) 6 puntos porcentuales, en el caso de los importes comprendidos entre 200 000 y 299 999 euros,

c) 9 puntos porcentuales, en el caso de los importes iguales o superiores a 300 000 euros.

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a los pagos directos concedidos a los agricultores de los departamentos franceses de Ultramar, las Azores, Madeira, las Islas Canarias y las islas del mar Egeo.

Artículo 8 Límites máximos netos

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, los importes netos totales de los pagos directos que pueden concederse en un Estado miembro a lo largo de un año civil, tras la aplicación de los artículos 7 y 10 del presente Reglamento y del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 378/2007, no rebasarán los límites máximos establecidos en el anexo IV del presente Reglamento. En caso necesario, los Estados miembros aplicarán una reducción lineal a los pagos directos para respetar dichos límites.

2. La Comisión revisará, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 128, apartado 2, los límites máximos previstos en el anexo IV con el fin de tener en cuenta:

a) las modificaciones de los importes máximos que pueden concederse de conformidad con los pagos directos,

b) las modificaciones de la modulación voluntaria mencionada en el Reglamento (CE) nº 378/2007,

c) los cambios estructurales de las explotaciones.

Artículo 9 Importes resultantes de la modulación

1. Los importes resultantes de la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 7 se destinarán, en cualquier Estado miembro distinto de los nuevos Estados miembros, en concepto de ayuda comunitaria suplementaria, a sufragar medidas incluidas en la programación de desarrollo rural y financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), tal como se establece en el Reglamento (CE) nº 1698/2005, de acuerdo con las condiciones descritas en los siguientes apartados.

2. Los importes correspondientes a la reducción de 5 puntos porcentuales serán asignados a los Estados miembros de que se trate con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 128, apartado 2, y en función de los siguientes criterios:

a) superficie agraria,

b) empleo agrario,

c) producto interior bruto (PIB) per cápita en paridades de poder de compra.

Sin embargo, todo Estado miembro recibirá al menos el 80 % del total de los importes generados por la modulación en dicho Estado miembro.

3 No obstante lo dispuesto en el apartado 2, párrafo segundo, si en un Estado miembro la proporción de centeno respecto de su producción total de cereal excede el 5 % de promedio durante el período 2000-2002 y su proporción respecto de la producción comunitaria total de centeno excede del 50 % durante el mismo período, al menos el 90 % de los importes generados por la modulación en el Estado miembro de que se trate se reasignará a dicho Estado miembro, hasta 2013 inclusive.

En tal caso, sin perjuicio de la posibilidad contemplada en el artículo 58, al menos el 10 % del importe asignado al Estado miembro de que se trate se destinará a las medidas a que se refiere el apartado 2 del presente artículo en las regiones productoras de centeno.

A efectos del presente apartado, se entenderá por «cereales» los productos enumerados en el anexo V, punto I.

4. Los importes restantes resultantes de la aplicación del artículo 7, apartado 1, y los importes resultantes de la aplicación del artículo 7, apartado 2, serán asignados al Estado miembro cuando los importes correspondientes hayan sido generados de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 128, apartado 2. Dichos importes se utilizarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, apartado 5 bis, del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

Artículo 10 Normas específicas en materia de modulación en los nuevos Estados miembros

1. El artículo 7 sólo se aplicará a los agricultores de un nuevo Estado miembro en cualquier año civil determinado si el nivel de pagos directos aplicable en ese Estado miembro durante ese año civil de conformidad con el artículo 110 no es inferior al nivel de los pagos directos en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros, teniendo en cuenta cualquier reducción aplicada de conformidad con el artículo 7, apartado 1.

2. Si el artículo 7 se aplica a los agricultores de un nuevo Estado miembro, el porcentaje aplicable en virtud del artículo 7, apartado 1, se limitará a la diferencia entre el nivel de pagos directos aplicables a dicho Estado con arreglo al artículo 110 y el nivel en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros, teniendo en cuenta cualquier reducción aplicada de conformidad con el artículo 7, apartado 1.

3. Cuando las reducciones previstas en el artículo 7 se apliquen a los agricultores de un nuevo Estado miembro, no se concederán a los agricultores en cuestión los pagos directos nacionales complementarios contemplados en el artículo 120.

4. Cualquier importe resultante de la aplicación del artículo 7, apartados 1 y 2, se asignará al nuevo Estado miembro en caso de que los importes correspondientes hayan sido generados con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 128, apartado 2. Dichos importes se utilizarán de conformidad con el artículo 69, apartado 5 bis , de Reglamento (CE) nº 1698/2005.

Artículo 11 Disciplina financiera

1. Los pagos directos se ajustarán cuando las previsiones de financiación de las medidas incluidas en la rúbrica 2 del anexo I del Acuerdo Interinstitucional[17] sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera para un ejercicio presupuestario determinado, a las que se sumarán los importes que figuran en los artículos 122 y 123 del presente Reglamento y antes de la aplicación de la modulación prevista en los artículos 7 y 10 del presente Reglamento y en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 378/2007, indiquen que se superará el límite máximo anual antes mencionado, teniendo en cuenta un margen de 300 millones de euros por debajo de dicho límite.

2. El Consejo, previa propuesta de la Comisión presentada a más tardar el 31 de marzo del año civil respecto al cual se apliquen los ajustes contemplados en el apartado 1, establecerá dichos ajustes a más tardar el 30 de junio del año civil respecto al cual se apliquen.

3. En el marco de la aplicación del calendario de incrementos previsto en el artículo 110 a todos los pagos directos concedidos en los nuevos Estados miembros, el apartado 1 sólo se aplicará a los nuevos Estados miembros a partir del inicio del año civil en que el nivel de pagos directos aplicable en los nuevos Estados miembros sea al menos igual al nivel de pagos directos aplicable en esa fecha en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros.

CAPÍTULO 3 SISTEMA DE EXTENSIÓN AGRARIA

Artículo 12 Sistema de extensión agraria

1. Los Estados miembros instaurarán un sistema para asesorar a los agricultores sobre la gestión de tierras y explotaciones (denominado en lo sucesivo «el sistema de extensión agraria»), que estará a cargo de una o varias autoridades designadas o de organismos privados.

2. El asesoramiento englobará, como mínimo, los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales a que se refiere el capítulo 1.

Artículo 13 Condiciones

1. Los agricultores podrán participar de forma voluntaria en el sistema de extensión agraria.

2. Los Estados miembros darán prioridad a los agricultores que reciban más de 15 000 euros al año en concepto de pagos directos.

Artículo 14 Obligaciones de los organismos privados autorizados y las autoridades designadas

Sin perjuicio de la legislación nacional en materia de acceso público a documentos, los Estados miembros garantizarán que los organismos privados y las autoridades designadas a que se refiere el artículo 12 se abstengan de divulgar cualquier información o dato personal o individual que obtengan en el ejercicio de su actividad asesora a toda persona que no sea el agricultor gerente de la explotación afectada, con la salvedad de las irregularidades o infracciones constatadas en el desempeño de su actividad que, en virtud de la legislación comunitaria o nacional, deban obligatoriamente notificarse a una autoridad pública, en particular cuando se trate de infracciones penales.

Artículo 15 Revisión

A más tardar el 31 de diciembre de 2010, la Comisión presentará un informe sobre la aplicación del sistema de extensión agraria, acompañado, en caso necesario, de propuestas adecuadas para hacerlo obligatorio.

CAPÍTULO 4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

Artículo 16 Ámbito de aplicación

Cada Estado miembro creará y administrará un sistema integrado de gestión y control, denominado en lo sucesivo «el sistema integrado».

El sistema integrado se aplicará a los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I.

Asimismo, se aplicará, en la medida necesaria, a la gestión y control de las normas establecidas en los capítulos 1 y 2.

Artículo 17 Elementos del sistema integrado

1. El sistema integrado comprenderá los siguientes elementos:

a) una base de datos informática;

b) un sistema de identificación de las parcelas agrarias;

c) un sistema de identificación y registro de los derechos de ayuda, según lo previsto en el artículo 20;

d) solicitudes de ayuda;

e) un sistema de control integrado;

f) un único sistema de registro de la identidad de cada agricultor que presente una solicitud de ayuda.

2. Cuando se apliquen los artículos 55 y 56 del presente Reglamento, el sistema integrado incorporará un sistema para la identificación y el registro de animales, establecido de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 21/2004 del Consejo.

3. Cuando resulte adecuado, el sistema de identificación de parcelas agrarias podrá incluir un sistema de información geográfica con respecto al cultivo del olivo.

Artículo 18 Base de datos informática

1. La base de datos informática contendrá los datos de cada explotación agraria obtenidos de las solicitudes de ayuda.

La base de datos permitirá, en particular, consultar directamente y de forma inmediata, a través de la autoridad competente del Estado miembro, los datos correspondientes a los años civiles y/o las campañas de comercialización a partir del año 2000.

2. Los Estados miembros podrán establecer bases de datos descentralizadas, siempre y cuando éstas, así como los procedimientos administrativos de registro y consulta de los datos, estén concebidas de forma homogénea en todo el territorio del Estado miembro y sean compatibles entre sí, a fin de poder realizar controles cruzados.

Artículo 19 Sistema de identificación de las parcelas agrarias

El sistema de identificación de las parcelas agrarias se establecerá a partir de mapas o documentos catastrales u otras referencias cartográficas. Se hará uso de las técnicas empleadas en los sistemas informáticos de información geográfica, incluidas, preferentemente, las ortoimágenes aéreas o espaciales, con arreglo a una norma homogénea que garantice una precisión equivalente, como mínimo, a la de la cartografía a escala 1/10 000.

Artículo 20 Sistema de identificación y registro de los derechos de ayuda

1. El sistema de identificación y registro de los derechos de ayuda que habrá de establecerse permitirá verificar los derechos y realizar controles cruzados con las solicitudes de ayuda y el sistema de identificación de parcelas agrarias.

2. Este sistema permitirá consultar directamente y de forma inmediata, a través de la autoridad competente del Estado miembro, los datos correspondientes, como mínimo, a los tres años civiles y/o campañas de comercialización consecutivos anteriores.

Artículo 21 Solicitudes de ayuda

1. Cada agricultor presentará anualmente una solicitud de pagos directos en la que se indicarán, según proceda:

a) todas las parcelas agrarias de la explotación y, cuando el Estado miembro aplique el artículo 17, apartado 3, el número de olivos y su ubicación en la parcela,

b) el número y el importe de los derechos de ayuda declarados para la activación,

c) cualquier otro dato previsto por el presente Reglamento o por el Estado miembro de que se trate.

2. Los Estados miembros podrán disponer que la solicitud de ayuda sólo indique los cambios con respecto a la solicitud presentada el año anterior. Los Estados miembros facilitarán impresos precumplimentados basados en las superficies determinadas el año anterior y proporcionarán información gráfica en la que se indique la ubicación de dichas superficies y, cuando proceda, la ubicación de los olivos.

3. Los Estados miembros podrán disponer que una sola solicitud de ayuda cubra varios o todos los regímenes enumerados en el anexo I u otros regímenes de ayuda.

Artículo 22 Control de las condiciones de admisibilidad

1. Los Estados miembros someterán las solicitudes de ayuda a controles administrativos a fin de verificar las condiciones de admisión al beneficio de la ayuda.

2. Los controles administrativos se completarán con un sistema de controles sobre el terreno a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de admisión al beneficio de la ayuda. A tal fin, los Estados miembros elaborarán un plan de muestreo de las explotaciones agrarias.

Los Estados miembros podrán utilizar técnicas de teledetección y del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) para realizar los controles sobre el terreno de las parcelas agrarias.

3. Cada Estado miembro designará una autoridad responsable de la coordinación de los controles previstos en el presente capítulo.

Cuando un Estado miembro confíe a agencias o empresas especializadas algunos de los trabajos que deban efectuarse en virtud de lo dispuesto en el presente capítulo, dichos trabajos permanecerán bajo el control y la responsabilidad de la autoridad designada.

Artículo 23 Reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento de las normas en materia de admisibilidad

1. Sin perjuicio de las reducciones y exclusiones contempladas en el artículo 25, cuando se constate que el agricultor no cumple las condiciones requeridas para la admisión al beneficio de la ayuda de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento, el pago, o la parte del mismo, que se haya otorgado o que deba otorgarse y con respecto al cual se cumplan las condiciones de admisibilidad quedará sujeto a reducciones y exclusiones que se establecerán de conformidad con el procedimiento al que se hace referencia en el artículo 128, apartado 2.

2. El porcentaje de reducción se escalonará en función de la gravedad, el alcance, la persistencia y la repetición del incumplimiento observado y podrá llegar a suponer la exclusión total de uno o varios regímenes de ayuda durante uno o varios años civiles.

Artículo 24 Controles de la condicionalidad

1. Los Estados miembros efectuarán controles sobre el terreno a fin de verificar el cumplimiento por los agricultores de las obligaciones previstas en el capítulo 1.

2. Los Estados miembros podrán hacer uso de los sistemas administrativos y de control de que ya dispongan, para asegurarse de la observancia de los requisitos legales de gestión y de las buenas condiciones agrarias y medioambientales a que se refiere el capítulo 1.

Dichos sistemas, y en particular el sistema de identificación y registro de animales instaurado de conformidad con los Reglamentos (CE) nº 1760/2000 y (CE) nº 21/2004, deberán ser compatibles con el sistema integrado, según lo previsto en el artículo 28, apartado 1, del presente Reglamento.

Artículo 25 Reducción o exclusión del beneficio de los pagos en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad

1. Cuando no se respeten los requisitos legales de gestión o las buenas condiciones agrarias y medioambientales en cualquier momento de un año civil determinado (denominado en lo sucesivo «el año civil de que se trate»), y el incumplimiento en cuestión resulte de un acto u omisión que se puedan atribuir directamente al agricultor que presentó la solicitud de ayuda en el año civil de que se trate, el importe total de los pagos directos que, previa aplicación de los artículos 7, 10 y 11, deba abonarse al agricultor, se reducirá o anulará de conformidad con las normas de desarrollo establecidas en virtud del artículo 26.

El párrafo primero será también aplicable cuando el incumplimiento en cuestión resulte de un acto u omisión que se pueda atribuir directamente a la persona a quien se transfirió la tierra de cultivo o que la transfirió.

A efectos de lo dispuesto en el presente apartado, se entenderá por «transferencia» todo tipo de transacción en virtud de la cual la tierra de cultivo deja de estar a disposición del cesionista.

2. Las reducciones o exclusiones contempladas en el apartado 1 sólo serán aplicables si el incumplimiento se refiere a:

a) una actividad agraria, o

b) la superficie agrícola de la explotación.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y de conformidad con las condiciones establecidas en las normas de desarrollo contempladas en el artículo 26, apartado 1, los Estados miembros podrán decidir no aplicar las reducciones o exclusiones de una cuantía igual o inferior a 100 EUR por agricultor y año civil, y que incluya cualquier reducción o exclusión aplicada a los pagos al amparo del artículo 51, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

Cuando un Estado miembro decida hacer uso de la opción contemplada en el párrafo primero, la autoridad competente adoptará el año siguiente las medidas necesarias para garantizar que el agricultor ponga remedio a los incumplimientos observados de que se trate. Se notificarán al agricultor el incumplimiento observado y las medidas correctoras necesarias.

Artículo 26 Normas de desarrollo de las reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad

1. Las normas de desarrollo de las reducciones y exclusiones a que se refiere el artículo 25 se establecerán con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 128, apartado 2. En este contexto, se tendrán en cuenta la gravedad, el alcance, la persistencia y la repetición del incumplimiento observado, así como los criterios mencionados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

2. En caso de negligencia, el porcentaje de reducción no podrá exceder del 5 % o, si el incumplimiento se repite, del 15 %.

En casos debidamente justificados, los Estados miembros podrán decidir que no se apliquen reducciones cuando por su nivel de gravedad, alcance y persistencia, los casos de incumplimiento se consideren poco importantes. No obstante, los casos de incumplimiento que entrañen riesgos directos para la salud pública o la sanidad animal no se considerarán poco importantes.

A menos que el agricultor haya adoptado inmediatamente medidas correctoras que pongan fin al incumplimiento observado, la autoridad competente adoptará las medidas oportunas, que podrán limitarse, si procede, a un control administrativo, para garantizar que el agricultor ponga remedio al incumplimiento. Se notificarán al agricultor el incumplimiento de poca importancia observado y las medidas correctoras necesarias.

3. En caso de incumplimiento deliberado, el porcentaje de reducción no podrá en principio ser inferior al 20 % y podrá llegar a suponer la exclusión total de uno o varios regímenes de ayuda y aplicarse durante uno o varios años civiles.

4. En cualquier caso, el importe total de las reducciones y exclusiones, en relación con un mismo año civil, no podrá rebasar el importe total a que se refiere el artículo 25, apartado 1.

Artículo 27 Importes resultantes de la condicionalidad

Los importes resultantes de la aplicación de las reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento del capítulo 1 se abonarán al FEAGA. Los Estados miembros podrán conservar el 25 % de dichos importes.

Artículo 28 Compatibilidad con el sistema integrado

1. A efectos de la aplicación de los regímenes de ayuda enumerados en el anexo VI, los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de gestión y control relativos a los mismos sean compatibles con el sistema integrado en lo que respecta a los siguientes elementos:

a) la base de datos informática;

b) los sistemas de identificación de las parcelas agrarias;

c) los controles administrativos.

A tal fin, estos sistemas se establecerán de tal modo que resulte posible, sin ningún problema o conflicto, un funcionamiento común o el intercambio de datos entre los mismos.

2. A efectos de la aplicación de regímenes de ayuda comunitarios o nacionales distintos de los enumerados en el anexo VI, los Estados miembros podrán incorporar a sus procedimientos de gestión y control uno o varios componentes del sistema integrado.

Artículo 29 Información y control

1. La Comisión será informada con regularidad de la aplicación del sistema integrado.

Organizará intercambios de opiniones a este respecto con los Estados miembros.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 1290/2005, tras informar con la debida antelación a las autoridades competentes, los representantes autorizados designados por la Comisión podrán realizar:

a) cualquier examen o control relativo a las medidas adoptadas para establecer e instrumentar el sistema integrado,

b) controles en las agencias y empresas especializadas a que se refiere el artículo 22, apartado 3.

3. Sin perjuicio de las responsabilidades de los Estados miembros en la instrumentación y aplicación del sistema integrado, la Comisión podrá solicitar la asistencia de organismos especializados o expertos con vistas a facilitar el establecimiento, el seguimiento y la utilización del sistema integrado, y en particular con objeto de ofrecer a las autoridades competentes de los Estados miembros asesoramiento técnico si así lo demandan.

CAPÍTULO 5 OTRAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 30 Requisitos mínimos para poder recibir pagos directos

1. Los Estados miembros no concederán pagos directos a un agricultor en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) cuando el importe total de los pagos directos solicitados o pendientes de concesión en un año civil determinado no es superior a 250 euros, o

b) cuando la superficie subvencionable de la explotación por la cual se solicitan o deben concederse pagos directos no es superior a una hectárea. Sin embargo, Chipre podrá fijar una superficie mínima subvencionable de 0,3 ha y Malta, de 0,1 ha.

Sin embargo, los agricultores que posean derechos especiales, contemplados en el artículo 45, apartado 1, estarán sujetos a la condición mencionada en la letra a).

2. Los Estados miembros podrán decidir, de manera objetiva y no discriminatoria, no conceder pagos directos a las empresas o a las sociedades, en el sentido del artículo 48, apartado 2, del Tratado, cuyo objeto principal no sea el ejercicio de una actividad agraria.

Artículo 31 Pago

1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, los pagos derivados de los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I se abonarán íntegramente a los beneficiarios.

2. Los pagos se efectuarán hasta dos veces al año en el período comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del año civil siguiente.

3. Los pagos en virtud de los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I no podrán efectuarse antes de que finalicen los controles correspondientes a las condiciones de admisibilidad, que deberán realizar los Estados miembros según lo dispuesto en el artículo 22.

4. No obstante lo previsto en el apartado 2 del presente artículo, y con arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 128, apartado 2, la Comisión podrá:

a) prever anticipos;

b) autorizar a los Estados miembros, en función de la situación presupuestaria, a abonar antes del 1 de diciembre anticipos en zonas en las que, debido a condiciones excepcionales, los agricultores atraviesen graves dificultades financieras:

i) de hasta un 50 % de los pagos,

o

ii) de hasta un 80 % de los pagos en caso de que ya se hayan previsto anticipos.

Artículo 32 Cláusula de elusión

Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones específicas contenidas en regímenes de ayuda concretos, no se efectuará pago alguno a ningún beneficiario cuando se demuestre que éste ha creado artificialmente las condiciones requeridas para la concesión de tales pagos, con vistas a obtener una ventaja contraria a los objetivos del régimen de ayuda.

Artículo 33 Revisión

Los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I se aplicarán sin perjuicio de que pueda efectuarse en cualquier momento una revisión, a la luz de la evolución económica y de la situación presupuestaria.

TÍTULO III RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO

CAPÍTULO 1 APLICACIÓN GENERAL

Artículo 34 Derechos de ayuda

1. Tendrán derecho a la ayuda en virtud del régimen de pago único los agricultores que:

a) posean derechos de pago obtenidos de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1782/2003;

b) obtengan derechos de pago al amparo del presente Reglamento:

i) mediante transferencia,

ii) de la reserva nacional,

iii) en virtud del anexo VII,

iv) en virtud del artículo 68, apartado 4, letra c), y del artículo 65, apartado 2, párrafo tercero.

2. A los fines del presente título, se entenderá por agricultores que poseen derechos de pago, los agricultores a los que se hayan asignado o transferido definitivamente derechos de pago.

Artículo 35 Activación de los derechos de pago por hectárea admisible

1. La ayuda en virtud del régimen de pago único se concederá a los agricultores tras la activación de un derecho de pago por hectárea admisible. Los derechos de pago activados permitirán cobrar los importes que determine dicho derecho.

2. Por «hectárea admisible» se entenderá:

a) cualquier superficie agraria de la explotación, incluidas las superficies plantadas de árboles forestales de cultivo corto (código NC ex 0602 90 41), que se utilice para una actividad agraria o, en caso de que las superficies se utilicen igualmente para actividades no agrarias, se utilice predominantemente para actividades agrarias; la Comisión establecerá, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 128, apartado 2, del presente Reglamento, las disposiciones relativas a la autorización del ejercicio de actividades no agrarias en las hectáreas admisibles;

b) cualquier superficie que haya sido admisible en 2007 y que

i) haya dejado de cumplir la definición de admisible a consecuencia de la aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo[18] y de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[19], o

ii) durante el transcurso