25. 7. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 194/13 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la convergencia de los objetivos y de las 
políticas de protección social 
(91/C 194/25) 
COM(91) 228 final 
(Presentada por la Comisión el 27 de junio de 1991) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, su artículo 235, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que, en virtud del artículo 118 del Tra­
tado, la Comisión tiene por misión promover una estre­
cha colaboración entre los Estados miembros en el ám­
bito social; 
Considerando que once jefes de Estado o de Gobierno 
de los Estados miembros de la Comunidad Europea, reu­
nidos en Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989, adopta­
ron la Carta comunitaria de los derechos sociales funda­
mentales de los trabajadores; 
Considerando que dicha Carta reconoce solemnemente 
en su preámbulo: 
— que la aplicación del Acta única debe tener plena­
mente en cuenta la dimensión social de la Comuni­
dad y que, en este contexto, es necesario garantizar 
el desarrollo de los derechos sociales de los trabaja­
dores de la Comunidad Europea; — que la realización del mercado interior debe llevar 
consigo mejoras en el ámbito social para los trabaja­
dores de la Comunidad Europea, en particular en lo 
que respecta a la protección social; 
— que la proclamación solemne de los derechos sociales 
fundamentales a nivel de la Comunidad europea no 
puede justificar, en el momento de su aplicación, nin­
guna regresión con respecto a la situación actual­
mente existente en cada Estado miembro; 
Considerando que en el apartado 10 de la Cana se esti­
pula que: 
— todo trabajador de la Comunidad Europea tiene de­
recho a una protección social adecuada y, sea cual 
fuere su estatuto y la dimensión de la empresa en que 
trabaje, debe beneficiarse de prestaciones de seguri­
dad social de un nivel suficiente; 
— las personas que estén excluidas del mercado de tra­
bajo, ya sea por no haber podido acceder a él, ya por 
no haber podido reinsertarse en el mismo, y que no 
dispongan de medios de subsistencia, deben poder 
beneficiarse de prestaciones y de recursos suficientes 
adaptados a su situación personal; 
Considerando que en los apartados 24 y 25 de la Carta 
se establece también que, de acuerdo con las modalida­
des de cada país: 
— al llegar a la jubilación todo trabajador de la Comu­
nidad Europea debe poder disfrutar de recursos que 
le garanticen un nivel de vida digno; 
— toda persona que haya alcanzado la edad de jubila­
ción, pero que no tenga derecho a pensión y que ca­
rezca de otros medios de subsistencia, debe poder 
disfrutar de recursos suficientes y de una asistencia 
social y médica adaptada a sus necesidades específi­
cas; 
N° C 194/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 25. 7. 91 
Considerando que ya se han aprobado o están siendo 
examinadas en el Consejo disposiciones en materia 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres, de se­
guridad social de los trabajadores migrantes, de pro­
tección del embarazo y de la maternidad y relativas a 
las relaciones de trabajo distintas de las de jornada 
completa y duración indeterminada; 
Considerando que la protección social es un instrumento 
esencial de la solidaridad entre los habitantes de cada Es­
tado miembro de la Comunidad, en el marco de un dere­
cho general de todos a una protección social; 
Considerando que el programa de acción para la aplica­
ción de la Carta comunitaria de los derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores ha señalado que las 
diferencias de cobertura social pueden constituir un serio 
obstáculo a la libre circulación de los trabajadores y 
agravar los desequilibrios regionales, en particular entre 
el Norte y el Sur de la Comunidad y que, en consecuen­
cia, ha acordado promover una estrategia de convergen­
cia de las políticas en este ámbito en torno a objetivos 
definidos de común acuerdo, que permita superar los in­
convenientes mencionados anteriormente; Considerando que esta convergencia pretende asimismo 
garantizar el mantenimiento y estimular el desarrollo de 
la protección social en el contexto de la realización del 
mercado interior; que éste facilitará la movilidad de los 
trabajadores y de sus familias dentro de la Comunidad y 
que conviene evitar que esta movilidad se vea dificultada 
por los costes suplementarios, tanto para los individuos 
como para las empresas, que originaría una excesiva dis­
paridad de los niveles de protección social; 
Considerando, por último, que, dada la diversidad de los 
sistemas y su arraigo en las culturas nacionales, corres­
ponde a los Estados miembros determinar las modalida­
des de la financiación y la organización de su sistema de 
protección social; 
Considerando que la presente acción resulta necesaria 
para realizar, en el marco del mercado común, uno de 
los objetivos de la Comunidad sin que se hayan previsto 
en el Tratado los poderes de acción necesarios a tal 
efecto, 
Considerando que, conocedor de que la evolución ini­
ciada en la mayoría de los Estados miembros se ve afec­
tada por problemas que son comunes a todos ellos (espe­
cialmente el envejecimiento de la población, la evolución 
de las estructuras familiares, la persistencia de un nivel 
de desempleo elevado, la evolución de las situaciones y 
formas de pobreza y el coste creciente de la asistencia 
médica), el Consejo sugirió, durante su reunión de 29 de 
septiembre de 1989, que se promoviera en mayor medida 
esta convergencia mediante la definición de objetivos co­
munes para guiar la evolución de las políticas nacionales; 
Considerando que, en la medida en que no existe nin­
guna relación directa entre las contribuciones destinadas 
a su financiación y la vulnerabilidad individual de las 
personas protegidas, la protección social contribuye a 
desvincular los costes sociales financiados por las empre­
sas de las características personales de sus trabajadores; 
que, de este modo, la protección social permite igualar 
las posibilidades de las diferentes categorías de trabaja­
dores y permite al mayor número posible participar acti­
vamente en el desarrollo económico y social de la Comu­
nidad; 
Considerando que esta estrategia de convergencia pre­
tende fijar objetivos comunes que puedan guiar las políti­
cas de los Estados miembros con el fin de permitir la 
coexistencia de los diferentes sistemas nacionales y ha­
cerles avanzar a todos ellos en armonía hacia los objeti­
vos fundamentales de la Comunidad; 
Considerando que los objetivos específicos definidos en 
común deben servir de punto de referencia para la adap­
tación de estos sistemas a la evolución de las necesidades 
de protección y, en particular, a las vinculadas a las 
transformaciones del mercado de trabajo, a los cambios 
de la estructura familiar y a la evolución demográfica; RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS: 
A. Orientar su política general en el ámbito de la protec­
ción social de conformidad con los objetivos siguien­
tes: 
De acuerdo con las formas específicas de cada Es­
tado miembro y en función de la evolución de los 
problemas económicos y sociales, y de las respues­
tas que deberían darse a los mismos, la protección 
social debe esforzarse por cumplir las misiones si­
guientes: 
garantizar un nivel de vida mínimo digno a 
toda persona que resida, de acuerdo con las 
disposiciones nacionales y comunitarias en la 
materia, en el territorio del Estado miembro; 
en consecuencia, de conformidad con los prin­
cipios enunciados en la Recomendación del 
Consejo referente a los criterios comunes rela­
tivos a los recursos y prestaciones suficientes 
en la Comunidad, el sistema de protección so­
cial debe aportar un ayuda a las personas que 
carecen de los recursos suficientes, ya sea por­
que se hallen incapacitadas para ejercer una 
actividad remunerada por motivos de salud o 
de situación familiar, ya porque no consigan 
encontrar un empleo, ya porque hayan alcan­
zado la edad de la jubilación; 
ofrecer a toda persona residente, con indepen­
dencia de la cuantía de sus recursos, la posibili­
dad de recibir la atención sanitaria necesaria 
para su restablecimiento, de beneficiarse de las 
acciones emprendidas para la prevención de 
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enfermedades y de disponer de los servicios y 
equipos necesarios para el mantenimiento de su 
autonomía; 
— contribuir a favorecer la integración social de 
todas las personas residentes, así como la inte­
gración económica de aquellas que estén en 
condiciones de ejercer una actividad remune­
rada; 
— procurar que el nivel de vida de los trabajado­
res y de sus familias no disminuya significativa­
mente cuando suspendan su actividad al tér­
mino de la vida laboral o en caso de verse for­
zados a interrumpirla por enfermedad, acci­
dente, maternidad, invalidez o desempleo, lo 
cual podrá adaptarse, en su caso, en función 
de las modalidades de aplicación de los siste­
mas de seguro, afiliación y prestaciones. 
2. La concesión de las prestaciones de protección so­
cial deberá, asimismo, respetar los principios gene­
rales siguientes: 
— igualdad de trato, de modo que se evite toda 
descriminación fundada en la nacionalidad, la 
raza, el sexo, la religión, las costumbres o las 
opiniones políticas, cuando los solicitantes 
cumplan las condiciones de duración de afilia­
ción o de residencia necesarias para la percep­
ción de las prestaciones; 
— equidad, para que los beneficiarios de las pres­
taciones sociales reciban la parte que les co­
rresponde de la mejora del nivel de vida de 
toda la población, en especial mediante la reva­
lorización de las prestaciones abonadas a los 
inactivos y a los desempleados; 
— individualización de los derechos y de las con­
tribuciones, a fin de sustituir progresivamente 
los derechos derivados por derechos propios 
para de este modo adaptar mejor el sistema a 
la evolución de los comportamientos y de las 
estructuras familiares. 
3. Por último, los sistemas de protección social deben 
gestionarse del modo más eficaz posible: 
— garantizando que las prestaciones abonadas 
correspondan a las necesidades efectivas de los 
beneficiarios; 
— reduciendo al mínimo los costes de funciona­
miento de los organismos que gestionan la dis­
tribución de las prestaciones. B. Adaptar y desarrollar, en caso necesario, su sistema 
de protección social para alcanzar progresivamente, 
en cada ámbito, los objetivos siguientes, y adoptar las 
medidas necesarias al efecto: 
Enfermedad o accidente 
— garantizar la igualdad de acceso a la asistencia sa­
nitaria necesaria, así como a las medidas de pre­
vención de enfermedades de todas las personas 
que residan, de conformidad con las disposiciones 
nacionales y comunitarias, en el territorio del Es­
tado miembro; 
— velar por el mantenimiento y, en su caso, el desa­
rrollo de un sistema de asistencia de calidad, ad­
aptado especialmente a la evolución de las necesi­
dades de la población y, en especial, a la intensifi­
cación de la prevención, así como a la extensión 
de las enfermedades crónicas y de la dependencia 
de las personas de edad avanzada; 
— organizar este sistema de asistencia de modo que 
permita controlar el incremento de los gastos glo­
bales en sanidad de la población; 
— organizar la readaptación y la reinserción de las 
personas convalecientes; 
— conceder a los trabajadores que se vean obligados 
a interrumpir su trabajo por enfermedad, sin per­
juicio de las disposiciones necesarias para la apre­
ciación y el control, prestaciones que correspon­
dan a la mayor parte de sus rentas del trabajo an­
teriores, lo cual podrá adaptarse, en su caso, en 
función de las modalidades de aplicación de los 
sistemas de seguro, afiliación y prestaciones; 
Maternidad 
— organizar el reembolso integral del coste de la 
asistencia requerida por un embarazo, un parto y 
sus consecuencias para todas las mujeres que resi­
dan con arreglo a las disposiciones nacionales y 
comunitarias en el territorio del Estado miembro; 
— procurar que a las mujeres, cuando interrumpan 
su trabajo por motivos de maternidad, se les man­
tenga su retribución o reciban un subsidio equiva­
lente durante, como mínimo, catorce semanas 
ininterrumpidas; 
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Desempleo 
— conceder a todas las personas sin empleo que resi­
dan, de conformidad con las disposiciones nacio­
nales y comunitarias, en el territorio del Estado 
miembro, sin perjuicio de su disponibilidad para el 
trabajo, una cobertura social que les garantice 
unos ingresos mínimos fijados en función del tipo 
y tamaño de la familia y les asegure, al igual que 
a las personas a su cargo, el acceso a la asistencia 
sanitaria; 
— crear para los desempleados, especialmente para 
los jóvenes que acceden al mercado de trabajo y 
para los desempleados de larga duración, unos 
mecanismos de lucha contra la exclusión destina­
dos a mejorar su integración social y económica y 
a permitirles adquirir las cualificaciones profesio­
nales necesarias para encontrar un empleo; 
— sin perjuicio de las disposiciones necesarias para la 
apreciación y el control, conceder a los trabajado­
res, independientemente de cual haya sido su es­
tatuto, que hayan perdido involuntariamente su 
empleo y que a pesar de sus esfuerzos en este sen­
tido no consigan encontrar otro trabajo, presta­
ciones de una cuantía tal que represente una parte 
importante de sus rentas del trabajo anteriores, lo 
cual podrá adaptarse, en su caso, en función de 
las modalidades de aplicación de los sistemas de 
seguro, afiliación y prestaciones; 
Incapacidad laboral 
— conceder a todas las personas disminuidas o invá­
lidas que residan, con arreglo a las disposiciones 
nacionales y comunitarias, en el territorio del Es­
tado miembro, así como a las personas a su cargo, 
una cobertura social que les garantice unos ingre­
sos mínimos y les asegure el acceso a la asistencia 
sanitaria; 
— favorecer la integración social de inválidos y dis­
minuidos, así como favorecer en la medida de lo 
posible su inserción económica; 
— conceder a los trabajadores, independientemente 
de cual haya sido su estatuto, que se vean obliga­
dos a interrumpir o reducir su trabajo por invali­
dez, sin perjuicio de las disposiciones necesarias 
para la apreciación y el control, prestaciones por 
un importe que corresponda a la mayor parte de 
sus rentas del trabajo anteriores, lo cual podrá 
adaptarse, en su caso, en función de las modalida­des de aplicación de los sistemas de seguro, afilia­
ción y prestaciones; 
Vejez 
— garantizar unos ingresos mínimos a las personas 
de edad avanzada que residan, con arreglo a las 
disposiciones nacionales y comunitarias, en el te­
rritorio del Estado miembro y, en su caso, ajustar 
dicha suma en función de sus necesidades especí­
ficas, en particular cuando estas personas depen­
dan de la asistencia y los servicios de terceros; 
— contribuir a la lucha contra la exclusión social de 
las personas de edad avanzada; 
— ofrecer a cada trabajador la posibilidad de ejercer 
una actividad profesional más allá de la edad mí­
nima que da derecho a la concesión de pensiones 
de jubilación; 
— velar por que el sistema de pensiones asegure real­
mente a los antiguos trabajadores, durante toda 
su jubilación, un índice de sustitución elevado de 
sus rentas del trabajo anteriores, que mantenga al 
mismo tiempo un equilibrio entre los intereses de 
los activos y los de los jubilados; 
— adaptar el modo de adquisición de los derechos a 
pensión a fin de reducir la penalización de los tra­
bajadores con una vida laboral incompleta debido 
a períodos de enfermedad, invalidez o desempleo 
prolongado, así como de los trabajadores que 
hayan interrumpido momentáneamente su activi­
dad para cuidar de sus hijos o para ocuparse de 
un familiar inválido o disminuido; 
— adaptar los sistemas de pensiones de modo que se 
reconozcan progresivamente los derechos propios 
a cada uno, contemplando en caso necesario la 
introducción de fórmulas transitorias que garanti­
cen el mantenimiento de los derechos adquiridos; 
— adecuar progresivamente, en su caso, las condi­
ciones de adquisición de los derechos a las pen­
siones de jubilación, en especial a las pensiones 
complementarias, con objeto de eliminar los obs­
táculos a la movilidad; 
— adaptar a su debido tiempo los sistemas de pen­
siones a la evolución demográfica, manteniendo el 
papel central de los regímenes oficiales de jubila­
ción; 
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Familia 
desarrollar las prestaciones familiares a fin de que 
toda persona que desee tener un hijo no se vea 
disuadida por la falta de recursos; desarrollar en 
especial las prestaciones concedidas a las familias 
más desfavorecidas y adaptarías a las familias mo-
noparentales y a las que tienen un hijo minusvá-
lido; 
contribuir a favorecer la integración de las perso­
nas que, tras haber educado a sus hijos, deseen 
integrarse o reintegrarse en el mercado de tra­
bajo, y concederles la posibilidad de recibir una 
formación complementaria que les permita adqui­
rir las cualificaciones requeridas para encontrar 
un empleo; 
suprimir los obstáculos al ejercicio de una activi­
dad profesional por parte de los padres mediante 
medidas que permitan conciliar las responsabilida­
des familiares y la vida profesional, y conceder 
una ayuda, también de tipo financiero, a las per­sonas que deban reducir o interrumpir su activi­
dad profesional para educar a sus hijos o atender 
a un familiar anciano'o minusválido; 
— contribuir a reducir la desigualdad de oportunida­
des entre los niños, resultante de situaciones fami­
liares distintas y, en particular, de las diferencias 
en los ingresos de sus padres, 
Y, A ESTE EFECTO, SOLICITA A LA COMISIÓN: 
1. La sumisión periódica al Consejo de un informe en el 
que se evalúen los progresos realizados respecto a es­
tos objetivos; la creación de indicadores apropiados 
para tal efecto, la divulgación de su uso y la presenta­
ción, en su caso, de toda propuesta útil que tenga en 
cuenta los cambios demográficos, económicos y socia­
les acontecidos en la Comunidad. 
2. La organización de un intercambio regular con los 
Estados miembros sobre el desarrollo de su política en 
el ámbito de la protección social. 
Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) 
n° 3833/90 por lo que se refiere al régimen de pertenencias arancelarias generalizadas aplicado a 
determinados productos originarios de Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá 
(91/C 194/26) 
SEQ91) 1109 final 
(Presentada por la Comisión el 9 de julio de 1991) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, su artículo 113, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, producción y el tráfico de cocaína que ponen en peligro 
la integridad social de dichos países y degrada su econo­
mías hasta el punto de comprometer su desarrollo; 
Considerando que se ha establecido que los países del 
istmo centroamericano se ven cada día más utilizados 
como vía de tránsito del tráfico de estupefacientes entre 
la región andina y el norte del continente americano; 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3835/90 del 
Consejo (') trata de la aplicación de las preferencias 
arancelarias a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con el 
fin de ayudar a estos países a atajar la propagación de la 
(') DO n° L 370 de 31. 12. 1990, p. 126. Considerando que el cultivo ilegal de la adormidera y 
del cannabis y la producción de droga y otras sustancias 
psicotrópicas se desarrollan en los países del istmo cen­
troamericano; 
Considerando que el desarrollo de este tráfico y de este 
cultivo constituye una amenaza para la estabilidad eco­
nómica y social de los países del istmo centroamericano;