[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 10.12.2008

COM(2008) 839 final

2008/0234 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Principado de Liechtenstein, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Principado de Liechtenstein, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES DE LAS NEGOCIACIONES

En el transcurso de las negociaciones con el Principado de Liechtenstein referentes a su asociación a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen[1], quedó claro que unas negociaciones antifraude completas y específicas con Liechtenstein podían abordar el hecho de que, de acuerdo con el Derecho nacional de Liechtenstein, queda excluida la asistencia judicial en el caso de determinadas infracciones específicas relativas a los impuestos o las aduanas y de infracciones a las disposiciones que regulan el comercio exterior. Así pues, la Comisión presentó una propuesta de mandato de negociación para un Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Principado de Liechtenstein, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros[2].

Las negociaciones fueron llevadas a cabo por la Comisión tras la autorización del Consejo de 7 de noviembre de 2006.

La Comisión respetó plenamente las directrices de negociación anejas a la Decisión del Consejo, teniendo particularmente en cuenta la posición de Liechtenstein como centro financiero, su integración en el EEE, el acervo comunitario actual y su evolución futura en el ámbito de la cooperación, y cubriendo todos los intereses financieros, especialmente en el ámbito fiscal.

El planteamiento de las negociaciones se refleja plenamente en los artículos 7 y 25 del Acuerdo, en los que se declara que las disposiciones que figuran en él no afectarán a las disposiciones más favorables derivadas de Acuerdos bilaterales o multilaterales entre las Partes, en especial por lo que se refiere al Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Liechtenstein que prevé medidas equivalentes a las establecidas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses[3] (Acuerdo con Liechtenstein sobre la fiscalidad del ahorro).

La cooperación administrativa se prestará de conformidad con las normas del Convenio de asistencia mutua y de cooperación entre administraciones aduaneras[4] (Convenio de Nápoles II) y con las de la Directiva 77/799 /CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados Miembros en el ámbito de los impuestos directos[5]. Las disposiciones sobre el cobro se inspiran en la Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1976, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana[6].

Las disposiciones sobre la cooperación judicial se inspiran en el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen[7] (CAS), en el Convenio de Asistencia Mutua en Materia Penal entre los Estados miembros de la Unión Europea[8] (el Convenio de Asistencia Mutua de la UE) y en el Protocolo del Convenio de Asistencia Mutua de la UE[9].

Las negociaciones concluyeron el 27 de junio de 2008. La Comisión presenta, pues, al Consejo los proyectos de decisión adjuntos relativos a la firma y a la celebración del Acuerdo en nombre de la Comunidad Europea.

2. RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES

2.1. Actividades ilegales relacionadas con el comercio de bienes y servicios

El principal objetivo del Acuerdo consiste en complementar la prevista asociación de Liechtenstein al espacio de Schengen con las disposiciones en el ámbito de la asistencia administrativa y judicial del acervo comunitario que actualmente no están cubiertas ni por el acervo del EEE ni por el de Schengen, pero que son necesarias para prestarse mutuamente asistencia plena respecto al fraude y cualquier otra actividad ilegal, incluidas las infracciones contra las normas aduaneras y contra la fiscalidad indirecta relacionadas con el comercio de bienes y servicios. A este respeto, ha servido como modelo el Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y la Confederación Suiza para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros[10] (el Acuerdo contra el fraude con Suiza). Dicho objetivo se cumplió, habida cuenta, en especial, de que el Acuerdo negociado permite:

- la asistencia administrativa y la asistencia para el cobro, incluso cuando se trate de actividades ilegales que afecten a las subvenciones y a la contratación pública, que por el momento no están cubiertas por el acuerdo EEE[11],

- la cooperación judicial, incluso en el ámbito de la evasión del impuesto sobre el valor añadido, permitiendo en especial el registro y la incautación, así como el acceso a la información bancaria, no prevista como tal en la asociación de Liechtenstein al espacio de Schengen, dado que Liechtenstein declaró explícitamente que los delitos fiscales investigados por las autoridades de Liechtenstein pueden no dar lugar a un recurso ante un tribunal competente, en particular en materia penal.

2.2. Actividades fraudulentas que afectan a los impuestos directos

La participación de Liechtenstein en el EEE y su prevista adhesión al acervo de Schengen justifica que se abordaran también las actividades ilegales que afectan a todas las formas de impuestos, incluidos los impuestos directos, desde el comienzo de las negociaciones. No obstante, aún sigue habiendo una diferencia en el tratamiento de los impuestos directos en comparación con otros gravámenes comerciales, tales como los derechos de aduana y los impuestos indirectos. Esta diferencia se debe al estado menos avanzado de integración de la legislación comunitaria y del Derecho de la Unión Europea en el ámbito de los impuestos directos.

Así pues, otro objetivo del Acuerdo consiste en asegurarse de que Liechtenstein conceda asistencia administrativa y judicial por lo que respecta al fraude que afecta a los impuestos directos aparte de, y más allá de, lo previsto en el Acuerdo con Liechtenstein sobre la fiscalidad del ahorro. A este respecto, el Acuerdo es innovador en la medida en que Liechtenstein negaba hasta ahora cualquier ayuda en relación con las actividades fraudulentas que afectan a los impuestos directos y en que el Acuerdo es el primero negociado a nivel europeo para cubrir todas las formas de impuestos. El Acuerdo tiene un alcance más amplio que el modelo del Acuerdo contra el fraude con Suiza, puesto que alinea con las normas europeas la prestación de asistencia de Liechtenstein en la lucha contra el fraude que afecta a los impuestos directos. El Acuerdo permite:

- la asistencia administrativa en materia de conductas fraudulentas (en los documentos) que afecta a los impuestos directos, en las mismas condiciones que la que se prestan los Estados miembros entre sí de acuerdo con la legislación comunitaria, permitiendo integrar en el Acuerdo, vía el Comité Mixto, futuros reformas y mejoras del nivel de asistencia en la Comunidad Europea,

- la asistencia para el cobro frente a las conductas fraudulentas(en los documentos) que afectan a los impuestos directos como la que se prestan entre sí los Estados miembros de acuerdo con la legislación comunitaria,

- la cooperación judicial frente a las conductas fraudulentas (en los documentos) que afectan a los impuestos directos, incluido el registro e incautación y el acceso a la información bancaria, que actualmente no está cubierta por la Asociación de Liechtenstein a Schengen.

Por lo que se refiere a la asistencia relacionada con las fundaciones y otras formas de inversión controladas por un fiduciario y cuyo fundador o propietario no están inscritos en un registro público, las partes contratantes deben utilizar toda la información y los poderes de que disponen para responder a una solicitud de asistencia en forma de intercambio de información. De conformidad con el artículo 11, apartado 2, el hecho de que dicha información obre en poder de un fiduciario no afecta a la admisibilidad de una solicitud de asistencia, lo cual implica que, en caso de necesidad, las autoridades fiscales de la parte requerida deberán obtener la información necesaria del fiduciario, quien, como operador económico, estará obligado a cooperar, tal como establece el artículo 19.

3. DISPOSICIONES DEL ACUERDO

3.1. Disposiciones Generales

- Artículos 1 y 2 – «Objetivo» y «Ámbito de aplicación» :

Estos artículos definen el objeto y el ámbito de aplicación del Acuerdo, que abarcan la asistencia administrativa y la cooperación judicial para la protección de los intereses financieros de las Comunidades y de los Estados miembros.

En el ámbito del presente Acuerdo, el artículo 2, apartado 1, letra a), abarca todo fraude y toda otra actividad ilegal que afecte a cualquier impuesto indirecto (IVA e impuestos especiales) y a los derechos de aduana, tales como el contrabando, la corrupción, el soborno y el blanqueo de los ingresos de las actividades cubiertas por el artículo 2, apartado 3. Se considera que los procedimientos de adjudicación de los contratos son los que dan lugar a la celebración de «contratos públicos» según lo establecido en la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios[12].

El artículo 2, apartado 1, letra b), cubre además el fraude y otras conductas fraudulentas que afectan a todos los impuestos directos (impuestos sobre la renta y el capital). Finalmente, el artículo 2, apartado 1, letra c), permite la asistencia para el cobro de los importes no percibidos debido a las actividades enumeradas en el artículo 2, apartado 1, letras a) y b).

La asistencia en la lucha contra el blanqueo de dinero, tal como se establece en el artículo 2, apartado 3), se inspira en la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo[13] y hace referencia también a las obligaciones de Liechtenstein, en virtud del Acuerdo EEE, de adoptar el acervo comunitario al respecto.

Las definiciones más importantes en cuanto al ámbito de aplicación del Acuerdo se establecen en el artículo 2, apartado 4. Esto es particularmente importante por lo que se refiere a la definición de impuestos directos contemplada en el artículo 2, apartado 4, letra e), que incluye las rentas privadas y comerciales, y a la de «comportamiento fraudulento que afecta a los impuestos directos», de la letra f), que no sólo enumera a modo de ejemplo algunas de las posibles conductas asimilables al fraude fiscal, sino que define también la presentación de una declaración de la renta incompleta como conducta fraudulenta.

- Artículo 3 - «Casos menores» :

Este artículo se propone evitar tener que enfrentarse a un número excesivamente grande de solicitudes de asistencia en casos de menor importancia.

- Artículo 4 - «Orden público» :

Este artículo incluye las razones de orden público que pueden invocarse de conformidad con el artículo 2, letra b), del Convenio Europeo de Asistencia Mutua en Materia Penal del Consejo de Europa (Estrasburgo, 20.4.1959).

- Artículo 5 - «Transmisión de información»:

Este artículo se inspira en el Acuerdo con Liechtenstein sobre la fiscalidad del ahorro El artículo 5, apartado 2, establece una diferencia de planteamiento entre la información referente a las actividades ilegales relacionadas con el comercio de bienes y servicios (letra a) y las actividades fraudulentas que afectan a los impuestos directos (letra b), a fin de respetar las diferencias de progreso del acervo comunitario en estos temas. Cabe resaltar que el artículo 5, apartado 2, letra b), no requiere el acuerdo explícito de la autoridad competente que suministra la información inicial sino la oposición explícita de dicha autoridad.

- Articulo 6 – «Confidencialidad»

Este artículo hace referencia a los requisitos de confidencialidad aplicables a la tramitación de las solicitudes de asistencia por la Parte requerida.

3.2. Asistencia administrativa

- Artículo 7 - «Relación con otros Acuerdos»

El Acuerdo no deroga el Protocolo 11 del Acuerdo EEE, sobre asistencia mutua en materia aduanera[14] , que puede seguir aplicándose, especialmente a las cuestiones aduaneras no incluidas en el ámbito del Acuerdo contra el fraude ni en el Acuerdo con Liechtenstein sobre la fiscalidad del ahorro.

- Artículo 8 - «Alcance de la asistencia administrativa»

Este artículo corresponde al Convenio de Nápoles II, dado que la asistencia administrativa se ajusta, en la medida de lo posible, a las normas del mismo. Ello incluye el uso de información para los fines del Acuerdo. El alcance del acuerdo contra el fraude trasciende el ámbito exclusivamente aduanero del Convenio de Nápoles II.

- Artículo 9 - «Prescripción»

Este artículo se inspira en una disposición similar prevista en el artículo 10, apartado 2, del Acuerdo con Liechtenstein sobre la fiscalidad del ahorro.

- Artículo 10 - «Competencias»

Este artículo corresponde al Convenio de Nápoles II, pues las disposiciones del Acuerdo se aplicarán dentro de los límites de las competencias que confiera el Derecho nacional a cada autoridad concernida dentro del marco de los procedimientos nacionales, y no modifica ni amplía dichas facultades.

- Artículo 11 - «Límites del intercambio de información»

El artículo 11, apartado 1, se inspira en el artículo 8 de la Directiva 77/799/CEE y, por lo tanto, se limita a las actividades fraudulentas que afectan a los impuestos directos.

Aun cuando respeta las normas del Convenio de Nápoles II en el ámbito de la asistencia administrativa, el artículo 11, apartado 2, excluye que se deniegue la asistencia en forma de intercambio de información sólo por razón del secreto bancario o de la participación en el capital de una persona jurídica (o de cualquier otra estructura que puede calificarse de «persona»). Las disposiciones divergentes existentes, por ejemplo con arreglo al Derecho nacional de Liechtenstein, no serán aplicables a efectos de la ejecución del acuerdo antifraude. Tendrán primacía las disposiciones del artículo 11, apartado 2.

La disposición también permite remitir la información que una autoridad requerida posee ya, tal como prevé el artículo 7 del Protocolo 11 del Acuerdo sobre el EEE.

El término «banco» utilizado en el Acuerdo –sólo, en relación con «otra institución financiera» o incluso con términos específicos como «información» o «cuentas»– incluye a las «entidades de crédito» y a las «instituciones financieras», tal como las define el artículo 4, apartados 1 y 5 de la Directiva 2006/48/CE, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio[15].

- Artículo 12 - «Proporcionalidad»

Este artículo refleja la preocupación ya mencionada en el artículo 3 pero dentro de los límites de la asistencia administrativa.

- Artículo 13 - «Departamentos centrales»

El contenido de este artículo coincide con el del artículo 5 del Convenio de Nápoles II y responde a la exigencia del mandato de negociación de que se identifiquen claramente las autoridades pertinentes a nivel central. Cada Parte designa a los departamentos centrales autorizados a tramitar las solicitudes de asistencia administrativa.

- Artículo 14 - «Solicitud de información» -, artículo 15 - «Solicitud de vigilancia» - y artículo 16 - «Notificación y envío por correo»

Estos artículos del Acuerdo coinciden con el contenido de los artículos 10, 11 y 13 del Convenio de Nápoles II.

El artículo 14, apartado 4, es una novedad, en la medida en que permitirá la introducción de plazos para responder a las peticiones de ayuda tan pronto como entre en vigor la legislación comunitaria correspondiente que prevea tales plazos entre los Estados miembros.

El artículo 15 se refiere al comercio de mercancías. Así pues, su objeto se limita a las actividades ilegales relacionadas con el comercio de bienes y servicios.

El artículo 16, apartado 2, tiene en cuenta las normas establecidas en la Directiva 77/799/CE sobre la asistencia mutua en el ámbito de los impuestos directos. El artículo 16, apartado 3, pretende garantizar que los beneficiarios de subvenciones y los contratistas con las Comunidades que residan en Liechtenstein puedan ser contactados directamente por la institución adjudicadora y puedan responder a las solicitudes de documentos y de información que aquella les envíe en relación con las subvenciones y los contratos afectados.

- Artículo 17 - «Solicitudes de investigación»- y artículo 18- «Presencia de agentes mandatados por la autoridad de la Parte requirente»

Estos artículos se ajustan al contenido del artículo 12 del Convenio de Nápoles II. Dos declaraciones conjuntas, similares a las declaraciones sobre los artículos correspondientes del Acuerdo contra el fraude con Suiza, garantizarán una aplicación en el caso de Liechtenstein equivalente al de la Confederación Helvética.

El artículo 18 contempla la posibilidad de que personal autorizado esté presente durante la ejecución de la solicitud de asistencia y de que consulte los documentos, plantee preguntas y sugiera medidas de investigación, con el fin de contribuir a la eficiencia de la asistencia mutua y, en su caso, de tener acceso a los mismos locales, documentos e información que el personal de la autoridad requerida.

- Artículo 19 - «Deber de colaboración»

Este artículo es corolario de los artículos 17 y 18 y es un reflejo de las obligaciones similares que tienen los agentes económicos de los Estados miembros respecto a las investigaciones llevadas a cabo por sus autoridades. La segunda frase se inspira en los principios de la Directiva 77/799/CE.

- Artículo 20 - «Fondo y forma de las solicitudes de asistencia»

El contenido de este artículo se ajusta a lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio de Nápoles II.

- Artículo 21 - «Uso de la información»

Este artículo es similar al artículo 11 del Protocolo 11 del Acuerdo sobre el EEE y refleja un principio de especialidad. La información se utilizará únicamente para la protección de los intereses financieros de las Partes, tal como se definen en el artículo 2.

El Acuerdo no contiene disposición alguna sobre la asistencia administrativa espontánea ni sobre los funcionarios en comisión de servicio. Esta omisión se debe a la reducida capacidad administrativa de Liechtenstein.

- Artículo 22 - «Operaciones conjuntas» y artículo 23 - «Equipos comunes de investigación especial»

Estos artículos se ajustan al contenido de medidas similares contempladas en el Convenio de Nápoles II. Están redactados de tal modo que la aplicación de las medidas se deja a la discreción de las autoridades de las Partes.

El artículo 22, apartado 3 se insertó en relación con las actividades fraudulentas que afectan a los impuestos directos y se inspira específicamente en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 77/799/CE.

El artículo 23, apartados 4 a 6, se ha tomado de la disposición correspondiente relativa a los equipos comunes especiales de investigación del Convenio de Nápoles II.

- Artículo 24 - «Cobro de las cantidades adeudadas»

Este artículo recoge el contenido fundamental de los artículos 6, 7, 9, 10 y 13 de la Directiva 76/308/CEE. La referencia explícita al término alemán «Vollstreckungstitel» en el apartado 2 permite disipar cualquier duda en cuanto a la calidad de los actos que pueden hacerse cumplir mediante la asistencia para el cobro.

Por lo que se refiere a las actividades fraudulentas que afectan a los impuestos directos, una declaración conjunta aclara que la asistencia para la recuperación sólo se concederá en el ámbito del Acuerdo enunciado en el artículo 2 y que, de este modo, la autoridad requirente no deberá dejar de proporcionar a la autoridad requerida la información necesaria para permitirle verificar si debe prestar asistencia en virtud del Acuerdo.

3.3. Asistencia judicial mutua

- Artículo 25 - «Relación con otros Acuerdos»

Este artículo se basa en la misma lógica de la complementariedad de los instrumentos internacionales que la del artículo 1 del Convenio sobre Asistencia Mutua de la UE.

- Artículo 26 - «Procedimientos en los que se prestará asistencia»

El contenido de este artículo se ajusta al del artículo 49 del CAS y al del artículo 3 del Convenio de Asistencia Mutua de la UE. Este artículo se centra ahora en los procedimientos en los que se permite la asistencia judicial incluso por lo que se refiere a los hechos o delitos de los que pudiera ser responsable una persona jurídica. El artículo 26, apartado 2, se ha mantenido con el objetivo de ampliar las medidas establecidas en el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito del Consejo de Europa (Estrasburgo 8.11.1990) a los delitos cubiertos por el Acuerdo contra el fraude.

- Artículo 27 - «Transmisión de las solicitudes»

La transmisión directa de las solicitudes se ajusta a lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio de Asistencia Mutua de la UE.

- Artículo 28 - «Envío por correo»

El contenido de este artículo coincide con el del artículo 52 del CAS y con el del artículo 5 del Convenio de Asistencia Mutua de la UE.

- Artículo 29 - «Medidas provisionales»

Este artículo corresponde al artículo 24 del Segundo Protocolo Adicional, de 8 de noviembre de 2001, del Convenio Europeo sobre Asistencia Mutua en Materia Penal del Consejo de Europa (Estrasburgo 20.4.1959). El apartado 2 corresponde al artículo 11 del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito del Consejo de Europa (Estrasburgo 8.11.1990).

- Artículo 30 - «Presencia de las autoridades de la Parte requirente»

Este artículo se ajusta a lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio Europeo sobre Asistencia Mutua en Materia Penal del Consejo de Europa (Estrasburgo 20.4.1959). Debido al pequeño tamaño de Liechtenstein, las solicitudes de presencia de autoridades extranjeras podrán denegarse excepcionalmente con arreglo a lo previsto en el artículo 2 del Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo sobre Asistencia Mutua en Materia Penal del Consejo de Europa (Estrasburgo 20.4.1959). También se inspira en el artículo 12, apartado 2, del Convenio de Nápoles II.

- Artículo 31 - «Registro e incautación de bienes»

Se establecerá una cooperación judicial, incluidos el registro y la incautación de bienes, tanto en lo que se refiere a las actividades ilegales relacionadas con el comercio de bienes y servicios como a las demás actividades fraudulentas que afecten a los impuestos directos. El artículo 31, apartado 1, letra a), reproduce la redacción del artículo 51, letra a) del CAS. Debido a la especificidad del Derecho de Liechtenstein, el artículo 31, apartado 2, es diferente del Acuerdo contra el fraude con Suiza. Mientras que el artículo 31 apartado 1, letra a), abarca las infracciones fiscales administrativas referentes a las aduanas y a los impuestos especiales que pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal Penal Federal Suizo de conformidad con la unión aduanera entre Suiza y Liechtenstein, el artículo 31, apartado 2, constituye un compromiso de Liechtenstein de prestar asistencia para registro y incautación incluso por evasión del impuesto sobre el valor añadido, que es una infracción puramente administrativa según el Derecho de Liechtenstein y que como infracción fiscal investigada por las autoridades de Liechtenstein no puede dar ser objeto de recurso ante un tribunal competente, en particular en materia penal. Esta disposición no crea obligación alguna para las otras partes contratantes.

El artículo 31, apartado 3, corresponde a las normas comunitarias antiblanqueo contempladas en la Directiva 2005/60/CE.

- Artículo 32 - «Solicitud de información bancaria y financiera»

Las solicitudes de información relativas a las cuentas y transacciones bancarias, así como las solicitudes de supervisión de las transacciones bancarias pueden también referirse a las actividades fraudulentas que afectan a los impuestos directos cubiertos por el Acuerdo y se tramitarán de acuerdo con las normas establecidas en el Protocolo del Convenio de Asistencia Mutua de la UE[16], incluida, en caso necesario, la no revelación a la persona afectada de la existencia de la investigación.

- Artículo 33 - «Entregas vigiladas»

Este artículo se inspira en el artículo 12 del Convenio de Asistencia Mutua de la UE, pero, puesto que se refiere al comercio de mercancías, su objeto está circunscrito a las actividades ilegales relacionadas con el comercio de bienes y servicios.

- Artículo 34 - «Remisión para decomiso o restitución»

Este artículo se inspira en el artículo 8 del Convenio de Asistencia Mutua de la UE.

- Artículo 35 - «Expeditividad de la asistencia judicial»

Este artículo pretende evitar unos procedimientos de cooperación excesivamente largos. El texto se ajusta plenamente al del artículo 4, apartados 2, 3 y 4, del Convenio de Asistencia Mutua de la UE.

- Artículo 36 - «Uso de los elementos de prueba»

Este artículo se ajusta a lo dispuesto en el artículo 23 del Convenio de Asistencia Mutua de la UE.

- Artículo 37 - «Transmisión espontánea de elementos de prueba»

Este artículo se basa en el artículo 7 del Convenio de Asistencia Mutua de la UE. La referencia adicional en el Acuerdo a la transmisión espontánea de elementos de prueba no supone ningún cambio sustantivo respecto a las normas existentes, puesto que, evidentemente, el valor probatorio lo determinará el Derecho procesal penal del país de enjuiciamiento. La diferencia entre el Derecho procesal penal de Liechtenstein y el de Suiza ha justificado la no inclusión en el presente Acuerdo de una disposición sobre las demandas civiles como en el Acuerdo contra el fraude con Suiza, puesto que tal disposición sólo se insertó para subsanar una situación específica de la jurisprudencia suiza.

3.4. Disposiciones finales

- Artículo 38 – «Comité Mixto» y artículo 39 - «Resolución de litigios»

Este artículo establece un Comité Mixto para la buena aplicación del Acuerdo, cuyas competencias consisten sobre todo en permitir la evolución de las normas técnicas de asistencia mutua entre los Estados miembros, ya se trate de elementos previsibles, como el referente a los plazos para contestar a las solicitudes (artículo 14, apartado 4), o de una reforma acordada del Derecho comunitario y de la legislación de la Unión Europea, en especial la reforma prevista de la Directiva 77/799/CEE (artículo 38, apartado 5). Debido al posible impacto de estas facultades en la soberanía de las Partes, el artículo 38, apartado 5, contiene una reserva constitucional.

En la medida en que dichas adaptaciones pueden no ser suficientes para dotarse de nuevas normas comunitarias de asistencia mutua, se ruega al Comité Mixto que haga recomendaciones sobre la revisión de la totalidad del Acuerdo (artículo 38, apartado 6).

El Comité Mixto tiene también un papel que desempeñar en la aplicación de aquellas disposiciones cuya puesta en práctica puede determinar el buen funcionamiento de la cooperación (Declaraciones Conjuntas al artículo 2, apartado 4, letra f) y al artículo 24), incluida la resolución de litigios (artículo 39).

- Artículo 40 - «Ámbito de aplicación territorial»

Este artículo se ajusta a las disposiciones estándar en la materia.

- Artículo 41 - «Entrada en vigor»

El presente Acuerdo estipula que actuará como depositario el Secretario General de la Unión Europea.

- Artículo 42 - «Denuncia»

Este artículo incluye las posibilidades de denuncia del Acuerdo.

- Artículo 43 - «Ámbito de aplicación temporal»

Este artículo contiene disposiciones específicas para la aplicación del Acuerdo a las solicitudes relativas a las actividades ilegales cometidas después de la firma del Acuerdo pero antes de su entrada en vigor.

Mientras que la aplicación temporal a las actividades ilegales relacionadas con el comercio de bienes y servicios (letra a) está regulada del mismo modo que en el Acuerdo contra el fraude con Suiza, el nuevo elemento que constituye la asistencia en caso de actividades fraudulentas que afectan a los impuestos directos (letra b) requiere un período de transición más largo. Este período de transición más largo ha sido solicitado por Liechtenstein para garantizar una mayor seguridad jurídica en el ámbito de los impuestos directos.

- Artículo 44 - «Ampliación del Acuerdo a los nuevos Estados miembros de la UE»

Este artículo está destinado a facilitar la ampliación del Acuerdo a los nuevos Estados miembros.

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Principado de Liechtenstein, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en especial, su artículo 280 en relación con su artículo 300, apartado 2), párrafo primero, primera frase,

Vista la propuesta de la Comisión[17],

Considerando lo siguiente:

(1) Tras la autorización del Consejo, el 7 de noviembre de 2006, la Comisión ha negociado, en nombre de la Comunidad y de sus Estados miembros, con el Principado de Liechtenstein, un Acuerdo para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros públicos, incluidos los recursos y los gastos, en especial las subvenciones y los impuestos.

(2) En espera de su celebración en una fecha posterior, procede firmar el Acuerdo rubricado el [….].

DECIDE:

Artículo único

En espera de su celebración en una fecha posterior, se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona o personas autorizadas a firmar, en nombre de la Comunidad Europea, el Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Principado de Liechtenstein, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros.

Hecho en Bruselas, el [...]

Por el Consejo

El Presidente [… ]

2008/0234 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Principado de Liechtenstein, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en especial, su artículo 280 en relación con el artículo 300, apartado 2, párrafo primero, primera frase y de su artículo 300, apartado 3), párrafo primero

Vista la propuesta de la Comisión[18],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[19],

Considerando lo siguiente:

1) El 7 de noviembre de 2006, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar con el Principado de Liechtenstein un Acuerdo para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros públicos, incluidos los recursos y gastos, en especial las subvenciones y los impuestos.

2) De conformidad con la Decisión […/…]/CE del Consejo, de , y en espera de su celebración en una fecha posterior, el Acuerdo se firmó en nombre de la Comunidad Europea el .

3) El Acuerdo establece un Comité Mixto con poder de decisión en determinados ámbitos, por lo que es necesario especificar quién representa a la Comunidad en dicho Comité.

4) Procede aprobar el Acuerdo.

DECIDE:

Artículo 1

Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, el Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Principado de Liechtenstein, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros .

El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.

Artículo 2

La Comunidad será representada por la Comisión en el Comité Mixto creado por el artículo 38 del Acuerdo.

La posición que deba adoptar la Comunidad en el marco de la aplicación del Acuerdo respecto de decisiones o recomendaciones del Comité Mixto será establecida por el Consejo a propuesta de la Comisión. El Consejo actuará por mayoría cualificada, a menos que el asunto discutido en el Comité Mixto exija una mayoría diferente.

Artículo 3

Se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona facultada para efectuar la notificación prevista en el artículo 41, apartado 2, del Acuerdo en nombre de la Comunidad Europea[20].

Artículo 4

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el [...]

Por el Consejo

El Presidente [… ]

ANEXO Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Principado de Liechtenstein, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros

LA COMUNIDAD EUROPEA,

EL REINO DE BÉLGICA,

LA REPÚBLICA DE BULGARIA,

LA REPÚBLICA CHECA,

EL REINO DE DINAMARCA,

la República Federal de Alemania,

LA REPÚBLICA DE ESTONIA,

IRLANDA

LA REPÚBLICA HELÉNICA,

El Reino de España,

LA REPÚBLICA FRANCESA,

LA REPÚBLICA ITALIANA,

la República de CHIPRE,

la República de LETONIA,

la República de Lituania

El Gran Ducado de Luxemburgo,

la República de Hungría,

la República de Malta,

El Reino de los Países Bajos,

la República de Austria,

la República de Polonia,

LA REPÚBLICA PORTUGUESA,

RUMANÍA,

LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA,

LA REPÚBLICA ESLOVACA,

La República de Finlandia,

el Reino de Suecia,

El REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, por una parte,

y

El PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN, por otra,

(denominados en lo sucesivo «las Partes»)

HAN DECIDIDO CELEBRAR EL PRESENTE ACUERDO:

Título I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 – Objetivo

El objetivo del presente Acuerdo consiste en ampliar la asistencia administrativa y la asistencia judicial entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Principado de Liechtenstein, por otra parte, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros, tal como se indica en el artículo 2.

Artículo 2 – Ámbito de aplicación

1. El presente Acuerdo se aplicará a:

1. la prevención, detección, investigación, persecución y represión administrativas y penales del fraude y de cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros respectivos de las Partes, respecto:

2. del comercio de mercancías que infrinja la legislación aduanera y agrícola;

3. del comercio que infrinja la legislación relativa a los impuestos indirectos, tal como se definen en el apartado 4, letra c);

4. de la percepción o la retención de fondos, incluido el uso de los mismos con fines distintos de aquéllos para los que se concedieron inicialmente, procedentes del presupuesto de las Partes o de los presupuestos administrados por ellas o por su cuenta, como las subvenciones y las restituciones;

5. de los procedimientos de adjudicación de contratos asignados por las Partes;

6. la prevención, detección, investigación, persecución y represión administrativas y penales de cualquier actividad ilegal que afecte a los intereses financieros respectivos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas y del Principado de Liechtenstein, mediante cualquier conducta fraudulenta que infrinja la legislación relativa a los impuestos directos;

7. la incautación y recuperación de los importes devengados o indebidamente percibidos resultantes de las actividades ilegales mencionadas en el apartado 1, letras a) y b).

2. La cooperación en el sentido de lo dispuesto en los Títulos II (asistencia administrativa) y III (asistencia judicial mutua) no podrá denegarse por la única razón de que el requerimiento se refiera a una infracción que la Parte requerida califique de infracción fiscal o la legislación de la Parte requerida no contemple el mismo tipo de impuesto, tasa, exacción, gasto, subvención o restitución o no contenga el mismo tipo de normativa o la misma calificación jurídica de los hechos que la legislación de la Parte requirente.

3. El ámbito de aplicación del presente Acuerdo incluye el blanqueo del producto de las actividades contempladas en el apartado 1, letra a), a condición de que el blanqueo entre en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/60/CE, incorporada al Acuerdo EEE mediante la Decisión del Comité Mixto del EEE n° 87/2006, de 7 de julio de 2006, por el que se modifica el anexo IX (servicios financieros) del Acuerdo EEE, o de que las actividades que constituyen la infracción principal sean punibles con arreglo al Derecho tanto de la Parte requirente como de la Parte requerida con una pena que implique la privación de libertad o una medida de seguridad restrictiva de libertad de más de seis meses en su grado máximo.

4. A efectos del presente Acuerdo:

8. por «fraude y cualquier otra actividad ilegal», tal como se menciona en el apartado 1, letra a), se entenderá el contrabando, la corrupción y el blanqueo del producto de las actividades contempladas en el apartado 1, letra a), so reserva de lo dispuesto en el apartado 3;

9. la expresión «comercio de mercancías que infrinja la legislación aduanera y agrícola», mencionada en el apartado 1, letra a) se entenderá independientemente del paso (salida, destino o tránsito) o no de las mercancías a través del territorio de la otra Parte;

10. los «impuestos indirectos" mencionados en el apartado 1, letra a) incluyen los derechos de aduana, el impuesto sobre el valor añadido, los impuestos especiales y los impuestos especiales sobre el consumo;

11. la expresión el «comercio que infrinja la legislación relativa a los impuestos indirectos» mencionada en el apartado 1, letra a) se entenderá independientemente del paso (salida, destino o tránsito) o no de las mercancías o los servicios a través del territorio de la otra Parte;

12. los «impuestos directos» mencionados en el apartado 1, letra b), son impuestos sobre la renta y el patrimonio, con independencia de que se trate de renta y patrimonio privados o de empresa y con independencia del sistema de recaudación de los mismos, aplicados a la renta total, al patrimonio total o a determinados elementos de la renta o el patrimonio de una persona física o jurídica, incluidos los impuestos sobre los beneficios procedentes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de los salarios pagados por las empresas y los impuestos sobre las plusvalías;

13. la «conducta fraudulenta que infrinja la legislación relativa a los impuestos directos» mencionada en el apartado 1, letra b), consiste en la evasión de impuestos directos cometida mediante el uso intencionado de documentos incorrectos, falsos o falsificados, incluidas las declaraciones de la renta incompletas presentadas por personas físicas o jurídicas y los documentos comerciales incorrectos. Cuando se llevan a cabo intencionadamente, cualquiera de las siguientes actividades constituye una «conducta fraudulenta que infringe la legislación relativa a los impuestos directos»:

i) la preparación, el encargo, la firma o el archivo de cualquier documento que:

- la ley exija presentar a las autoridades tributarias como prueba del importe de la renta imponible,

- sirva de base para el cálculo del impuesto, y

- a todos los efectos, sea falso para dicho cálculo;

ii) la teneduría de una doble contabilidad;

iii) las falsas entradas, las alteraciones y la falsificación de facturas o documentos;

iv) la destrucción de libros o registros; o

v) la ocultación de activos o de cualquier fuente de ingresos mediante el uso de documentos falsos, falsificados o incorrectos, incluidas las declaraciones de la renta incompletas presentadas por una persona física o jurídica y los documentos comerciales incorrectos.

Artículo 3 – Casos menores

1. La autoridad de la Parte requerida podrá denegar una solicitud de cooperación cuando el importe estimado de los derechos percibidos de menos o eludidos, o bien de las subvenciones o restituciones utilizadas de manera abusiva, no supere los 25 000 euros o, por lo que se refiere al artículo 2, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 2, apartado 1, letra a), cuando el valor estimado de las mercancías exportadas o importadas sin autorización no supere los 100 000 euros. El importe mínimo del impuesto o la tasa percibidos de menos, o de la subvención o la restitución mal utilizadas, o el valor mínimo de las mencionadas mercancías puede consistir en operaciones que son interdependientes, cuyo hecho generador se prolonga en el tiempo y cuyo impacto financiero es mayor que el umbral, aun cuando cada operación considerada aisladamente quede por debajo del umbral. Los umbrales no se aplicarán si, dada las circunstancias o la identidad del sospechoso, la Parte requirente considera el caso como sumamente grave.

2. La autoridad de la Parte requerida informará sin demora a la autoridad de la Parte requirente de los motivos de la denegación de la solicitud de cooperación.

Artículo 4 – Orden Público

La cooperación podrá denegarse si la Parte requerida considera que la ejecución de la solicitud puede afectar a su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales.

Artículo 5 – Transmisión de información y de elementos de prueba

1. La información y los elementos de prueba comunicados u obtenidos en virtud del presente Acuerdo, con independencia de su forma, estarán protegidos por el secreto oficial y gozarán de la protección concedida a la información análoga por la ley nacional de la Parte que los haya recibido y por las disposiciones correspondientes aplicables a las instituciones comunitarias.

Esta información y estos elementos de prueba sólo podrán, en particular, comunicarse a las personas que por sus funciones en las instituciones comunitarias, los Estados miembros o el Principado de Liechtenstein, deban tener conocimiento de ellos y no podrán utilizarlos con fines distintos de los comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo. Tales personas sólo utilizarán la información y los elementos de prueba para dichos fines, a menos que el uso para un fin distinto especificado sea expresamente permitido por la autoridad competente de la Parte requerida, si, en virtud de legislación de dicha Parte, tal información y tales elementos de prueba pudieran, en circunstancias parecidas, utilizarse con fines similares. Tales personas podrán revelar la información en un procedimiento público ante un tribunal o en una decisión judicial.

2. La información y los elementos de prueba obtenidos por la Parte requirente en virtud del presente Acuerdo podrán transmitirse a toda Parte que realice una investigación en la que no se excluya la cooperación o si existen indicios concretos de que esta Parte podría realizar provechosamente tal investigación.

14. Por lo que se refiere a la asistencia relacionada con las actividades cubiertas por el artículo 2, apartado 1, letra a), y el artículo 2, apartado 1, letra c), en combinación con el artículo 2, apartado 1, letra a), la Parte requirente informará a la Parte requerida a qué otra Parte en el presente Acuerdo transmitirá la información y con qué fin.

15. Por lo que se refiere a la ayuda relacionada con las actividades cubiertas por el artículo 2, apartado 1, letra b) y el artículo 2, apartado 1, letra c) en combinación con el artículo 2, apartado 1, letra b), la Parte requirente podrá transmitir la información y los elementos de prueba a otra Parte en el presente Acuerdo si la Parte requerida que suministró la información no se opone expresamente en el momento de suministrar la información.

Dicha transmisión no podrá servir para ningún fin distinto de los previstos en el presente Acuerdo .

3. La transmisión de la información y de los elementos de prueba obtenidos en virtud del presente Acuerdo a una o varias Partes no podrá ser objeto de recurso en la Parte inicialmente requerida.

4. Toda Parte beneficiaria de la comunicación de información o elementos de prueba de conformidad con el apartado 2 respetará los límites de su uso opuestos por la Parte requerida a la Parte requirente de la primera transmisión.

5. La transmisión a un tercer Estado de información y elementos de prueba obtenidos en virtud del presente Acuerdo por una Parte estará sometida a la autorización de la Parte que sea la fuente de dicha información y elementos de prueba.

Artículo 6 – Confidencialidad

La Parte requirente podrá pedir a la Parte requerida que vele por preservar la confidencialidad de la solicitud y de su contenido, excepto en la medida en que ello sea incompatible con la ejecución de la solicitud. Si la Parte requerida no puede atenerse a los imperativos de confidencialidad, informará de antemano a la autoridad de la Parte requirente.

Título II ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Capítulo 1 Disposiciones generales

Artículo 7 – Relación con otros Acuerdos

El presente Título no afectará

16. por lo que se refiere a la asistencia relacionada con las actividades cubiertas por el artículo 2, apartado 1, letra a), y al artículo 2, apartado 1, letra c) en combinación con el artículo 2, apartado 1, letra a), a las disposiciones aplicables a la asistencia judicial en materia penal, ni a las obligaciones más amplias en el ámbito de la asistencia administrativa, ni a las disposiciones más ventajosas de acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación entre las Partes, en particular, el Protocolo 11 relativo a la asistencia mutua en materia de aduanas del Acuerdo EEE y,

17. por lo que se refiere a la ayuda relacionada con las actividades cubiertas por el artículo 2, apartado 1, letra b) y el artículo 2, apartado 1, letra c), en combinación con el artículo 2, apartado 1, letra b), a las disposiciones aplicables a la asistencia judicial en materia penal, ni a las obligaciones más amplias en el ámbito de la asistencia administrativa, ni a las disposiciones más ventajosas de acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación entre las Partes, en particular, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Liechtenstein por el que se establecen medidas equivalentes a las establecidas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses[21].

Artículo 8 – Alcance de la asistencia administrativa

1. Las Partes se prestarán asistencia mutua para combatir las actividades ilegales contempladas en el presente Acuerdo, en particular, previniendo y detectando operaciones y otros actos y omisiones contrarios a la legislación pertinente y realizando investigaciones al respecto.

2. La asistencia establecida en el presente Título se aplicará a toda autoridad administrativa competente de las Partes que actúe en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 y del ejercicio de las competencias de investigación administrativa o de instrucción penal, incluso cuando estas autoridades ejerzan competencias a petición de las autoridades judiciales.

Si una investigación penal es efectuada por una autoridad judicial o bajo su dirección, dicha autoridad determinará si las solicitudes de asistencia mutua o cooperación correspondientes se presentan sobre la base de las disposiciones aplicables a la asistencia judicial en materia penal o sobre la base del presente Título.

Artículo 9 – Prescripción

Para determinar si , en respuesta a una solicitud, puede proporcionarse la información u otro tipo de asistencia prevista en el presente Título, la Parte requerida aplicará las normas de prescripción aplicables en virtud de la legislación de la Parte requirente en vez de las suyas propias.

Artículo 10 – Competencias

Las autoridades de las Partes aplicarán las disposiciones del presente Título en el marco de las competencias que les hayan sido conferidas sobre la base de su Derecho interno. Ninguna disposición del presente Título podrá interpretarse como una modificación de las competencias reconocidas en virtud de sus disposiciones internas a las autoridades de las Partes según lo dispuesto en el presente Título.

Procederán como si actuaran por cuenta propia o a petición de otra autoridad de la misma Parte. A tal efecto, harán uso de todas las facultades legales de que dispongan en el marco de su Derecho interno para dar curso a la solicitud.

Artículo 11 – Límites al intercambio de información

1. La asistencia administrativa referente a las actividades cubiertas por el artículo 2, apartado 1, letra b) no impone a una Parte a la que se solicita información la obligación de llevar a cabo investigaciones o de transmitir información, si la realización de tales investigaciones o la recogida de dicha información por las autoridades administrativas competentes de esa Parte es contraria a su legislación o a sus prácticas administrativas. En el caso de una asistencia semejante, el suministro de la información puede denegarse si da lugar a la divulgación de un secreto comercial, industrial o profesional o de un procedimiento comercial, o si se trata de una información cuya revelación sería contraria a lo dispuesto en el artículo 4, o bien la autoridad competente de una Parte puede denegar la transmisión de la información cuando la Parte requirente no pueda, por razones de hecho o de derecho, proporcionar el mismo tipo de información.

2. Una Parte no podrá rechazar una solicitud de ayuda administrativa en forma de intercambio de información sólo porque dicha información obre en posesión de un banco, otra institución financiera, una persona designada o que actúe como agente o fiduciario o porque afecte a las participaciones en el capital de una persona, ni cuando sus autoridades administrativas competentes dispongan ya de la información.

Artículo 12 – Proporcionalidad

La autoridad de la Parte requerida podrá denegar una solicitud de cooperación cuando sea evidente que:

18. el número y la naturaleza de las solicitudes presentadas por la Parte requirente durante un determinado periodo exige a la autoridad de la Parte requerida un esfuerzo administrativo desproporcionado;

19. la autoridad de la Parte requirente no ha agotado las fuentes habituales de información que, en tales circunstancias, hubiera podido utilizar para obtener la información solicitada sin comprometer el resultado deseado.

Artículo 13 – Departamentos centrales

1. Cada Parte designará uno o más departamentos centrales competentes para tramitar las solicitudes de asistencia administrativa con arreglo al presente título.

Estos departamentos recurrirán a toda autoridad administrativa competente para prestar la asistencia solicitada.

2. Los departamentos centrales se comunicarán directamente entre sí.

3. La actividad de los servicios centrales no excluirá, en particular, en los casos urgentes, la cooperación directa entre las demás autoridades de las Partes competentes en los ámbitos de aplicación del presente Acuerdo. Los servicios centrales serán informados de toda acción que requiera esta cooperación directa.

4. Las Partes comunicarán, en la notificación prevista en el artículo 41, apartado 2, qué autoridades se consideran departamentos centrales a efectos del presente artículo.

Capítulo 2 Asistencia previa solicitud

Artículo 14 – Solicitud de información.

1. Previa solicitud de la autoridad de la Parte requirente, la autoridad de la Parte requerida comunicará a ésta, dentro de los límites del ámbito de aplicación del presente Acuerdo, toda la información de que ésta u otras autoridades de la misma Parte dispongan con el fin de permitirle prevenir, detectar, perseguir y reprimir las actividades ilegales contempladas en el Acuerdo o necesarias para el cobro de una deuda. La autoridad de la Parte requerida realizará toda investigación administrativa necesaria para obtener esta información.

2. Procederá adjuntar a la información comunicada los informes y otros documentos, o copias o extractos certificados conformes de estos informes y documentos, en los que se basen las informaciones comunicadas, de que las autoridades de la Parte requerida dispongan o que se hayan elaborado u obtenido con el fin de responder a la solicitud de información.

3. Mediante acuerdo entre la autoridad de la Parte requirente y la autoridad de la Parte requerida, y de conformidad con las instrucciones detalladas de esta última, los agentes habilitados a tal efecto por la autoridad de la Parte requirente podrán tener acceso, en las oficinas de las autoridades de la Parte requerida, a los documentos y a la información según lo dispuesto en el apartado 1 en posesión de las autoridades de dicha Parte referidos a actividades ilegales comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente Acuerdo. Dichos agentes estarán autorizados a copiar dicha documentación.

4. El Comité Mixto establecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fijará los plazos en los que la Parte requerida acusará recibo de la solicitud a la autoridad de la Parte requirente y, en su caso, notificará a la autoridad de dicha Parte la existencia de deficiencias en la solicitud o de obstáculos para el suministro de la información o su negativa a suministrarla.

Artículo 15 – Solicitud de vigilancia

Previa solicitud de la autoridad de la Parte requirente, la autoridad de la Parte requerida ejercerá en la medida de lo posible una vigilancia sobre los intercambios de mercancías contrarios a la normativa contemplada en el artículo 2, apartado 1, letra a). Esta vigilancia podrá tener por objeto las personas de quienes se tengan sospechas fundadas de haber participado o de participar en la comisión de dichas actividades ilegales o de realizar actos preparatorios con el fin de cometerlas, así como los lugares, medios de transporte y mercancías relacionados con tales actividades.

Artículo 16 – Notificación y envío por correo

1. Previa solicitud de la autoridad de la Parte requirente, la autoridad de la Parte requerida notificará al destinatario o hará que se le notifique, de acuerdo con las disposiciones internas de la Parte requerida, todos los instrumentos o decisiones que emanen de las autoridades competentes de la Parte requirente comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo.

2. Las solicitudes de notificación, que deberán mencionar el objeto del acto o de la decisión que debe notificarse, indicarán el nombre, la dirección y cualquier otra información que pueda facilitar la identificación del destinatario y se acompañarán de una traducción en una lengua oficial de la Parte requerida o en una lengua aceptable para dicha Parte. La autoridad requerida informará sin demora a la autoridad requirente de su respuesta a la solicitud de notificación y le informará, en especial, de la fecha en la que se haya notificado la decisión o el acto al destinatario.

3. Las Partes podrán remitir por correo actos de notificación y solicitudes de información y documentos directamente a las personas que residen en el territorio de la otra Parte. Si dichos actos de notificación y solicitudes de información se envían a los operadores afectados por el tercer y cuarto guiones del artículo 2, apartado 1, letra a) que residen en el territorio de la otra Parte, tales personas pueden responder a los mismos y suministrar los documentos y la información pertinentes en la forma prevista en las normas y las condiciones con arreglo a las cuales se concedieron los fondos.

4. Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que invalida ningún tipo de notificación de documentos por una de las Partes con arreglo a su legislación.

Artículo 17 – Solicitudes de investigación

1. Previa solicitud de la Parte requirente, la Parte requerida procederá o hará que se proceda a las necesarias investigaciones de las operaciones o conductas que constituyan actividades ilegales contempladas por el presente Acuerdo o que despierten en la autoridad de la Parte requirente la sospecha fundada de que tales actividades ilegales se han cometido.

2. La Parte requerida recurrirá a todo medio de investigación disponible en su ordenamiento jurídico en las mismas condiciones que si actuara por cuenta propia o a petición de otra autoridad interna, incluso con intervención o autorización en caso necesario de las autoridades judiciales.

Esta disposición se entenderá sin perjuicio del deber de colaboración de los operadores económicos con arreglo al artículo 19.

La autoridad de la Parte requerida comunicará los resultados de tales investigaciones a la autoridad de la Parte requirente. El artículo 14, apartado 2, se aplicará mutatis mutandis.

3. La autoridad de la Parte requerida extenderá la asistencia a todas las circunstancias, objetos y personas que tengan un vínculo aparente con el objeto de la solicitud de asistencia, sin necesidad de solicitud complementaria. En caso de duda, la autoridad de la Parte requerida se pondrá en contacto en primer lugar con la autoridad de la Parte requirente.

Artículo 18 – Presencia de agentes mandatados por la autoridad de la Parte requirente

1. Mediante acuerdo entre la autoridad de la Parte requirente y la autoridad de la Parte requerida, podrán estar presentes agentes designados por la autoridad de la Parte requirente en las investigaciones mencionadas en el artículo anterior. Esta presencia no estará sometida al consentimiento de la persona o del operador económico objeto de la investigación.

2. Los agentes de la autoridad de la Parte requerida se harán cargo en todo momento de la dirección de las investigaciones. Los agentes de la autoridad de la Parte requirente no podrán, por iniciativa propia, ejercer las facultades reconocidas a los agentes de la autoridad de la Parte requerida.

No obstante, tendrán acceso a los mismos locales y a los mismos documentos que los agentes de la autoridad de la Parte requerida, por mediación de ellos y exclusivamente por exigencias de la investigación en curso.

3. La autorización podrá someterse a condiciones.

4. La información puesta en conocimiento de la autoridad de la Parte requirente no podrá utilizarse como elemento de prueba antes de que se haya autorizado la transmisión de los documentos relativos a la ejecución.

Artículo 19 – Deber de colaboración

Los operadores económicos deberán colaborar en la ejecución de la solicitud de asistencia administrativa dando acceso a sus locales, medios de transporte y documentación y facilitando toda la información pertinente. La Parte requirente podrá solicitar a la Parte requerida que haga respetar el cumplimiento de este deber dentro de los límites establecidos por la legislación nacional de la Parte requerida para investigaciones de la misma naturaleza emprendidas por sus autoridades administrativas y destinadas a garantizar el cumplimiento de dicha legislación.

Artículo 20 – Fondo y forma de las solicitudes de asistencia

1. Las solicitudes de asistencia se formularán por escrito y se acompañarán de los documentos considerados útiles para la respuesta.

En caso de urgencia, se aceptarán las solicitudes verbales, pero deberán confirmarse por escrito lo antes posible.

2. Las solicitudes se acompañarán de los datos siguientes:

20. autoridad requirente;

21. medida solicitada;

22. objeto y motivo de la solicitud;

23. legislación, normas y demás disposiciones legales implicadas;

24. indicaciones lo más precisas y completas posibles acerca de las personas físicas o jurídicas objeto de las investigaciones;

25. resumen de los hechos pertinentes y de las investigaciones ya efectuadas, salvo en los casos previstos en el artículo 16.

3. Las solicitudes se redactarán en una lengua oficial de la Parte requerida o en una lengua aceptable para dicha Parte.

4. Las solicitudes incorrectas o incompletas podrán corregirse y completarse. Entretanto se aplicarán las medidas necesarias para dar curso a la solicitud.

5. Las solicitudes enviadas a autoridades no competentes se cursarán sin demora a la autoridad competente.

Artículo 21 – Uso de la información

1. La información obtenida se utilizará exclusivamente para los fines comprendidos en el presente Acuerdo. Cuando una Parte solicite utilizar tal información con otros fines, deberá solicitar previamente el acuerdo escrito de la autoridad que facilitó dicha información. Tal utilización estará entonces sujeta a las restricciones que dicha autoridad imponga.

2. El apartado 1 no impedirá el uso de la información en el marco de acciones judiciales o administrativas iniciadas por incumplimiento de la legislación contemplada en la solicitud de asistencia administrativa si los mismos medios de asistencia estuvieran disponibles para estas acciones. Se informará sin demora de este uso a la autoridad competente de la Parte que haya facilitado esta información.

3. Las Partes podrán utilizar como prueba la información obtenida y los documentos consultados en sus actas, informes y testimonios, así como en los procedimientos y diligencias ante los tribunales, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.

Capítulo 3 Formas particulares de cooperación

Artículo 22 – Operaciones conjuntas

1. En la importación, exportación y tránsito de mercancías, cuando el volumen de las transacciones y los riesgos que impliquen desde el punto de vista de los impuestos y subvenciones en juego puedan generar importantes pérdidas para el presupuesto de las Partes, éstas podrán ponerse de acuerdo para efectuar operaciones transfronterizas conjuntas destinadas a prevenir y perseguir las actividades ilegales comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo.

2. La coordinación y planificación de las operaciones transfronterizas serán competencia del departamento central o de una oficina designada por éste.

3. En los casos en que la situación fiscal de una o más personas sujetas al impuesto sea de interés común o complementario para las Partes, éstas podrán aceptar llevar a cabo controles simultáneos, en su propio territorio, con objeto de intercambiar la información así obtenida, siempre que se consideren más efectivos que los controles realizados por una sola de las Partes.

Artículo 23 – Equipos comunes de investigación especial

1. Las autoridades de varias Partes podrán crear, de común acuerdo, un equipo común de investigación especial establecido en una Parte.

2. Dicho equipo efectuará investigaciones complejas que requieran la movilización de importantes medios y coordinará las acciones conjuntas.

3. La participación en tal equipo no conferirá a los representantes de las autoridades de la Parte que lo compongan la facultad de intervenir en el territorio de la Parte en la que se efectúen las investigaciones.

4. En caso de que los funcionarios de una Parte lleven a cabo actividades en el territorio de otra Parte y causen algún daño a causa de aquéllas, la Parte en cuyo territorio se causó el daño se encargará de su reparación, de conformidad con su legislación nacional como habría hecho si el daño hubiera sido causado por sus propios funcionarios. Dicha Parte será reembolsada íntegramente por la Parte cuyos funcionarios hayan causado el daño por las cantidades que haya abonado a las víctimas o a otras personas o instituciones derechohabientes.

5. Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos respecto a terceros y a pesar de la obligación de reparar los daños en virtud del apartado 4, segunda frase, cada Parte renunciará, en el caso previsto en el apartado 4, primera frase, a reclamar el reembolso del importe de los daños causados por la otra Parte.

6. En el curso de las operaciones, los funcionarios en misión en el territorio de otra Parte serán tratados del mismo modo que los funcionarios de ese Estado por lo que se refiere a las infracciones cometidas contra ellos o por ellos.

Capítulo 4 Cobro de las cantidades adeudadas

Artículo 24 – Cobro de las cantidades adeudadas

1. Previa solicitud de la Parte requirente, la Parte requerida procederá al cobro de las deudas comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo como si se tratara de sus propios créditos.

2. La solicitud de cobro de una deuda deberá acompañarse de un ejemplar oficial o de una copia autenticada del título ejecutivo («Vollstreckungstitel»), emitido por la Parte requirente y, en su caso, del original o de una copia autenticada de los otros documentos necesarios para el cobro.

3. La Parte requerida adoptará medidas cautelares para garantizar el cobro de las deudas.

4. La autoridad de la Parte requerida transferirá a la autoridad de la Parte requirente el importe de la deuda cobrada. De acuerdo con la Parte requirente, podrá deducir el porcentaje que corresponda a los gastos administrativos en que haya incurrido.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer apartado, las deudas pendientes no gozarán necesariamente de los privilegios de las deudas análogas nacidas en la Parte requerida.

Título III – ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA

Artículo 25 – Relación con otros Acuerdos

1. Lo dispuesto en el presente Título tiene por objeto completar el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, de 20 de abril de 1959, así como el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, de 8 de noviembre de 1990, y facilitar su aplicación entre las Partes.

2. Las disposiciones más favorables derivadas de acuerdos bilaterales o multilaterales entre las Partes no se verán afectadas.

Artículo 26 – Procedimientos en los que se prestará la asistencia judicial

1. También se prestará la asistencia judicial en las siguientes situaciones:

26. en procesos iniciados por las autoridades administrativas por hechos que sean punibles con arreglo al Derecho nacional de una de las dos Partes o de ambas como constitutivos de infracciones a los reglamentos cuya decisión pueda dar lugar a un recurso ante un órgano jurisdiccional competente en particular en materia penal;

27. en las acciones civiles acumuladas a las acciones penales, mientras el órgano jurisdiccional penal no se haya pronunciado definitivamente sobre la acción penal;

28. por hechos o infracciones que puedan generar la responsabilidad de una persona jurídica de la Parte requirente.

2. También se prestará asistencia judicial en el marco de investigaciones y procesos destinados a la incautación o el decomiso de los instrumentos y productos de estas infracciones.

Artículo 27 – Transmisión de las solicitudes

1. La autoridad de la Parte requirente presentará las solicitudes formuladas en virtud del presente Título bien a través de una autoridad central competente de la Parte requerida o directamente ante la autoridad de la Parte competente para ejecutar la solicitud de la Parte requirente. La autoridad de la Parte requirente y, en su caso, la autoridad de la Parte requerida, enviarán copia de la solicitud a su autoridad central respectiva para su información.

2. Todo documento relativo a la solicitud o su ejecución podrá transmitirse por los mismos medios. Será enviado directamente a la autoridad de la Parte requirente, o al menos una copia del mismo.

3. Si la autoridad de la Parte que recibe la solicitud no es competente para conceder la asistencia, la transmitirá sin demora a la autoridad competente.

4. Las solicitudes defectuosas o incompletas se aceptarán en la medida en que contengan los elementos esenciales para darles cumplimiento, sin perjuicio de su posterior regularización por la autoridad de la Parte requirente. La autoridad de la Parte requerida informará de estos defectos a la autoridad de la Parte requirente y le concederá un plazo para subsanarlos.

La autoridad de la Parte requerida transmitirá sin demora a la autoridad de la Parte requirente cualquier otra indicación que pueda permitir a la segunda completar su solicitud o ampliarla a otras medidas.

5. Las Partes comunicarán, en la notificación prevista en el artículo 41, apartado 2, cuáles son las autoridades centrales competentes a efectos del presente artículo.

Artículo 28 – Envío por correo

1. Por regla general, las Partes enviarán directamente por correo los documentos procesales a las personas que se encuentren en el territorio de la otra Parte, en los procesos por actividades ilegales contempladas en el presente Acuerdo.

2. Si la autoridad de la Parte de donde proceden los documentos sabe, o tiene razones para creer, que el destinatario sólo conoce otra lengua, los documentos, o al menos sus pasajes principales, deberán acompañarse de una traducción a esta otra lengua.

3. El destinatario será informado por la autoridad de la Parte expedidora de que ésta no podrá ejecutar directamente ninguna medida obligatoria o sancionadora en el territorio de la otra Parte.

4. Todos los documentos procesales se acompañarán de una nota indicando que el destinatario podrá obtener de la autoridad en ella señalada información sobre sus derechos y obligaciones en relación con el documento.

Artículo 29 – Medidas provisionales

1. Dentro de los límites de su Derecho interno y sus respectivas competencias y previa solicitud de la autoridad de la Parte requirente, la autoridad competente de la Parte requerida ordenará las medidas provisionales necesarias con el fin de mantener una situación existente, proteger intereses jurídicos amenazados o preservar medios de prueba, si la solicitud de asistencia judicial no parece manifiestamente inadmisible.

2. La congelación e incautación preventivas se ordenarán en relación con los instrumentos o productos de las infracciones para los que se solicita asistencia judicial. Si el producto de una infracción ya no existe, en todo o en parte, se ordenarán las mismas medidas en relación con bienes que se encuentren en el territorio de la Parte requerida y que correspondan al valor del producto en cuestión.

Artículo 30 – Presencia de las autoridades de la Parte requirente

1. La Parte requerida, previa solicitud de la Parte requirente, autorizará la presencia de los representantes de las autoridades de esta última en la ejecución de la solicitud de asistencia judicial. Esta presencia no estará sujeta al consentimiento de la persona afectada por la medida.

No se denegarán las solicitudes relativas a la presencia de tales representantes cuando sea probable que dicha presencia permita que la ejecución de la solicitud de ayuda responda mejor a las necesidades de la Parte requirente y que, por consiguiente, permita evitar la necesidad de nuevas solicitudes de asistencia.

La autorización podrá estar sujeta a condiciones.

2. Las personas presentes tendrán acceso a los mismos locales y a los mismos documentos que los representantes de la autoridad de la Parte requerida, por mediación de ellos y exclusivamente por exigencias de la ejecución de la solicitud de asistencia judicial. En particular, podrán ser autorizadas a plantear preguntas o proponer cuestiones y a sugerir medidas de instrucción.

3. Su presencia no dará lugar a que los hechos se divulguen a personas distintas de las autorizadas con arreglo a los apartados anteriores violando el secreto judicial o los derechos de la persona afectada. La información puesta en conocimiento de la autoridad de la Parte requirente no podrá utilizarse como medio de prueba antes de que la decisión relativa a la transmisión de los documentos relativos a la ejecución haya adquirido fuerza de cosa juzgada.

Artículo 31 – Registro y incautación de bienes

1. Las Partes sólo podrán subordinar la admisibilidad de las comisiones rogatorias a efectos de registro y de incautación a las condiciones siguientes:

29. que el hecho que haya dado lugar a la comisión rogatoria sea sancionable según el Derecho de ambas Partes con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad restrictiva de libertad de más de seis meses en su grado máximo, o sea sancionable con arreglo al Derecho de una de las dos Partes con una sanción equivalente y, según el Derecho de la otra Parte, constituya una infracción de disposiciones legales perseguida por autoridades administrativas cuya decisión pueda dar lugar a un recurso ante un órgano jurisdiccional competente, en particular en materia penal;

30. que la ejecución de la comisión rogatoria sea compatible con el Derecho de la Parte requerida.

2. Las comisiones rogatorias a efectos de registro y de incautación referentes a asuntos comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 1, letra a), serán también ejecutadas por Liechtenstein cuando el acto que dé lugar a la solicitud sea punible con arreglo al Derecho de Liechtenstein como evasión de impuestos y la Parte requirente ejecute también tales solicitudes por la misma clase de actos.

3. Las comisiones rogatorias a efectos de registro y de incautación por los delitos de blanqueo a los que se refiere el artículo 2, apartado 3, también serán admisibles siempre que las actividades que constituyen el hecho previo sean punibles según el Derecho de ambas Partes con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad restrictiva de libertad de más de seis meses en su grado máximo.

Artículo 32 – Solicitudes de información bancaria y financiera

1. Si se cumplen los requisitos del artículo 31, la Parte requerida dará trámite a las solicitudes de asistencia judicial sobre obtención y transmisión de información bancaria y financiera, incluyendo:

31. la identificación e información relativa a las cuentas bancarias abiertas en bancos establecidos en su territorio de las que las personas investigadas sean titulares, apoderadas o tengan el control;

32. la identificación y la información referida a las transacciones y operaciones bancarias efectuadas a partir de, destinadas a o a través de una o más cuentas bancarias o por personas determinadas en un período especificado.

2. En la medida en que su Derecho procesal penal lo autorice para casos internos similares, la Parte requerida podrá ordenar la vigilancia durante un período preciso de las operaciones bancarias efectuadas a partir de, destinadas a o a través de cuentas bancarias o por personas determinadas, y la comunicación de los resultados a la Parte requirente. La decisión relativa al seguimiento de las transacciones y a la comunicación de los resultados se adoptará en cada caso concreto por las autoridades competentes de la Parte requerida y se ajustará a la legislación nacional de dicha Parte. Las modalidades prácticas del seguimiento serán objeto de un acuerdo entre las autoridades competentes de las Parte requirente y requerida.

3. Cada Parte adoptará las medidas necesarias para garantizar que las instituciones financieras no revelen al cliente interesado ni a otros terceros que se están aplicando determinadas medidas a petición de la Parte requirente o que hay una investigación en curso, durante un período limitado a lo necesario para no poner en peligro el resultado.

4. La autoridad de la Parte de quien emana la demanda:

33. indicará las razones por las que considera que la información solicitada puede ser fundamental para la investigación de la infracción;

34. precisará las razones que le hacen suponer que bancos sitos en la Parte requerida tienen las cuentas en cuestión e indicará, en la medida en que disponga de indicios, de qué bancos podría tratarse;

35. comunicará toda información que pueda facilitar la ejecución de la solicitud.

5. Las Partes no alegarán el secreto bancario para denegar la cooperación relativa a una solicitud de asistencia de otra Parte.

Artículo 33 – Entregas vigiladas

1. Por lo que se refiere a la asistencia referente al artículo 2, apartado 1, letra a), y al artículo 2, apartado 1, letra c) en combinación con el artículo 2, apartado 1, letra a), la autoridad competente de la Parte requerida se comprometerá a que, previa solicitud de la autoridad de la Parte requirente, pueda autorizarse la vigilancia de entregas en su territorio en el marco de investigaciones penales relativas a infracciones que puedan dar lugar a extradición.

2. La decisión de recurrir a las entregas vigiladas se adoptará caso por caso por las autoridades competentes de la Parte requerida, en cumplimiento de su Derecho nacional.

3. Las entregas vigiladas se desarrollarán de acuerdo con los procedimientos previstos por el Derecho de la Parte requerida. La facultad de actuar, la dirección y el control de la operación corresponderán a las autoridades competentes de dicha Parte.

Artículo 34 – Remisión para decomiso o restitución

1. Previa solicitud de la Parte requirente, y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, la Parte requerida podrá poner objetos, documentos, fondos u otros valores a disposición de la Parte requirente para su restitución a sus legítimos propietarios. La Parte requerida no podrá rechazar la remisión por el hecho de que los fondos corresponden a una deuda de carácter fiscal o aduanero.

2. La Parte requerida podrá renunciar a devolver los objetos, documentos, fondos u otros valores, antes o después de haberlos entregado a la Parte requirente, cuando ello facilite la devolución de tales objetos, documentos, fondos u otros valores a su legítimo dueño. Los derechos de terceros de buena fe no se verán afectados.

3. En caso de renuncia antes de entregar los objetos, documentos, fondos u otros valores a la Parte solicitante, la Parte requerida no hará valer ningún derecho de garantía ni de cobro en virtud de disposiciones legales de carácter fiscal o aduanero en relación con dichos objetos. La renuncia mencionada en el apartado 2, será sin perjuicio del derecho de la Parte requerida de reclamar derechos o tasas al legítimo propietario.

Artículo 35 – Expeditividad de la asistencia judicial

1. La autoridad de la Parte requerida ejecutará lo antes posible la solicitud de asistencia judicial mutua, teniendo presentes los plazos procesales o de otro tipo indicados por la autoridad de la Parte requirente. Ésta explicará las razones de estos plazos.

2. Cuando la solicitud no pueda ejecutarse, en todo o en parte, de acuerdo con las exigencias de la autoridad de la Parte requirente, la autoridad de la Parte requerida informará de ello sin demora a la autoridad de la Parte requirente e indicará las condiciones en las que la solicitud podría ejecutarse. Ambas autoridades podrán posteriormente ponerse de acuerdo sobre el curso que se reservará a la solicitud supeditándola, en su caso, al respeto de dichas condiciones.

Si es previsible que el plazo fijado por la autoridad de la Parte requirente para ejecutar la solicitud no podrá respetarse y si las razones consideradas en la segunda frase del apartado 1 ponen de manifiesto concretamente que cualquier retraso perjudicará considerablemente el proceso seguido por esta autoridad, la autoridad de la Parte requerida indicará sin demora el tiempo considerado necesario para la ejecución de la solicitud. La autoridad de la Parte requirente indicará sin demora si, a pesar de todo, mantiene la solicitud. Ambas autoridades podrán seguidamente ponerse de acuerdo sobre el curso que se reservará a la solicitud.

Artículo 36 – Uso de la información y de los elementos de prueba

La información y los medios de prueba transmitidos en el marco del procedimiento de asistencia judicial podrán utilizarse, además de a efectos del procedimiento para el que se prestó la asistencia:

36. en un proceso penal en la Parte requirente dirigido contra otras personas que hayan participado en la comisión de la infracción que ha dado lugar a la asistencia judicial, a condición de que la asistencia mutua hubiera sido posible también en relación con esas otras personas. En tal caso, la Parte requirente informará a la Parte requerida de dicha utilización;

37. cuando los hechos que originaron la solicitud constituyan otra infracción para la que también debería concederse asistencia judicial;

38. en los procedimientos sobre decomiso de los instrumentos y productos de las infracciones para los que debería concederse asistencia judicial y en los procedimientos de daños y perjuicios derivados de hechos en relación con los cuales se había concedido asistencia judicial.

Artículo 37 – Transmisión espontánea de elementos de prueba

1. Dentro de los límites de su Derecho interno y de sus competencias, las autoridades judiciales de una Parte podrán transmitir espontáneamente información y elementos de prueba referentes a las actividades ilegales cubiertas por el presente Acuerdo a una autoridad judicial de otra Parte cuando consideren que podría ser útil a la autoridad de la Parte destinataria para iniciar o llevar a buen término investigaciones o procesos o que tal información podría llevar a dicha autoridad a presentar una solicitud de asistencia judicial.

2. La autoridad de la Parte que transmita la información podrá, de acuerdo con su Derecho interno, someter a condiciones el uso de esta información por la autoridad de la Parte destinataria.

3. Todas las autoridades de las Partes estarán vinculadas por estas condiciones.

TÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES

Artículo 38 – Comité Mixto

1. Se establecerá un Comité Mixto, compuesto por representantes de las Partes, que será responsable de la buena aplicación del presente Acuerdo. A tal fin, formulará recomendaciones y tomará decisiones en los casos previstos en el presente Acuerdo. Se pronunciará de común acuerdo.

2. El Comité Mixto adoptará su reglamento interno, que contendrá, entre otras disposiciones, las normas sobre la convocatoria de reuniones, la designación del presidente y la definición del mandato de éste.

3. El Comité Mixto se reunirá en función de las necesidades y como mínimo una vez al año. Cada una de las Partes podrá solicitar que se convoque una reunión.

4. El Comité Mixto podrá decidir la constitución de grupos de trabajo o de expertos que puedan asistirle en el cumplimiento de sus funciones.

5. El Comité Mixto puede adoptar decisiones sobre las adaptaciones técnicas referentes a los progresos futuros en materia de asistencia administrativa mutua en la medida en que los Estados miembros de la Comunidad Europea hayan acordado su inclusión en la legislación de la Comunidad Europea o en un acto jurídico de la Unión Europea. Cuando tal decisión sólo pueda ser vinculante para una Parte tras el cumplimiento de sus requisitos constitucionales, la decisión entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la última notificación relativa al cumplimiento de tales requisitos constitucionales, a menos que el Comité Mixto decida otra cosa.

6. Si una Parte desea que se revise el Acuerdo, hará una propuesta al Comité Mixto, que hará recomendaciones, especialmente por lo que se refiere al inicio de las negociaciones.

Artículo 39 – Resolución de litigios

1. Toda Parte podrá elevar al Comité Mixto un litigio relativo a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, en particular, cuando considere que otra Parte se abstiene repetidamente de dar curso a las solicitudes de cooperación que se le dirigen.

2. El Comité Mixto se esforzará por solucionar el litigio lo antes posible. Se facilitará al Comité Mixto toda la información pertinente para permitir un examen exhaustivo de la situación con vistas a encontrar una solución satisfactoria. A tal fin, el Comité Mixto examinará todas las posibilidades que permitan mantener el correcto funcionamiento del presente Acuerdo.

Artículo 40 – Ámbito de aplicación territorial

El presente Acuerdo se aplicará en el Principado de Liechtenstein y en los territorios en los que es aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en las condiciones previstas en dicho Tratado.

Artículo 41 – Entrada en vigor

1. El presente Convenio se celebra por un período de tiempo ilimitado.

2. El presente Acuerdo se ratificará o aprobará por las Partes de acuerdo con sus propios procedimientos. Entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la última notificación de los instrumentos de ratificación o aprobación.

3. Las notificaciones se enviarán al Secretario General del Consejo de la Unión Europea, que será el depositario del presente Acuerdo.

4. Hasta la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada Parte podrá, cuando proceda a la notificación mencionada en el apartado 2 o en cualquier otro momento posterior, declarar que este último es aplicable, en lo que le concierne, en sus relaciones con cualquier otra Parte que haya hecho la misma declaración. Estas declaraciones entrarán en vigor a los noventa días de la fecha de recepción de la notificación.

Artículo 42 – Denuncia

La Comunidad Europea o el Principado de Liechtenstein podrán denunciar el presente Acuerdo notificando su decisión a la otra Parte. La denuncia entrará en vigor a los seis meses de la fecha de recepción de la notificación de la denuncia.

Artículo 43 – Ámbito de aplicación temporal

Las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicables a las solicitudes:

39. referentes a las actividades cubiertas por el artículo 2, apartado 1, letra a), y el artículo 2, apartado 1, letra c), en combinación con el artículo 2, apartado 1, letra a), relativas a las actividades ilegales cometidas al menos seis meses después de la fecha de su firma, y

40. referentes a las actividades cubiertas por el artículo 2, apartado 1, letra b), y el artículo 2, apartado 1, letra c), en combinación con el artículo 2, apartado 1, letra b), relativas a las actividades ilegales cometidas al menos un año después de la fecha de su firma.

Artículo 44 – Ampliación del Acuerdo a los nuevos Estados miembros de la UE

1. Todo Estado que se convierta en Estado miembro de la Unión Europea podrá, mediante notificación escrita a las Partes, convertirse en Parte en el presente Acuerdo.

2. El texto del Acuerdo en la lengua del nuevo Estado miembro adherente, establecido por el Consejo de la Unión Europea, será autenticado mediante un intercambio de cartas entre la Comunidad Europea y el Principado de Liechtenstein. Será texto auténtico según lo dispuesto en el artículo 45.

3. El presente Acuerdo entrará en vigor, respecto a todo nuevo Estado miembro de la Unión Europea que se adhiera al mismo, a los noventa días de la recepción de la notificación de su instrumento de adhesión, o en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo si éste aún no ha entrado en vigor cuando expire dicho período de noventa días.

4. Si el presente Acuerdo aún no ha entrado en vigor cuando se notifique su instrumento de adhesión, el artículo 41, apartado 4, se aplicará a los nuevos Estados miembros adherentes.

Artículo 45 – Textos auténticos

El presente Acuerdo está redactado por duplicado en las lenguas alemana, búlgara, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, siendo todas las versiones igualmente auténticas.

Siguen las firmas

Declaraciones comunes de las Partes:

Declaración conjunta de las Partes sobre el artículo 17, apartado 2

Las Partes acuerdan que en el artículo 17, apartado 2, del Acuerdo, los términos "medios de investigación" incluyen el interrogatorio de personas, el registro de locales y medios de transporte, la copia de documentos, la solicitud de información y el incautación de objetos, documentos y valores.

Declaración conjunta de las Partes sobre el artículo 18, apartado 2

Las Partes acuerdan que el artículo 18, apartado 2, párrafo segundo, del Acuerdo significa también que las personas presentes pueden en especial ser autorizadas a formular preguntas y a proponer medidas de investigación.

Declaración conjunta de las Partes sobre el artículo 24

Las Partes acuerdan que las autoridades de la Parte requirente confirmarán que su solicitud se refiere a una deuda que entra en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo. Las normas de dicha confirmación, así como las de la asistencia a la recuperación serán adoptadas por el Comité Mixto contemplado en el artículo 38.

Declaración conjunta de las Partes sobre el artículo 31, apartado 2

Las Partes toman nota de que por "evasión de impuestos" se entenderá, con arreglo al Derecho de Liechtenstein, la evasión de impuestos contemplada en el artículo 75 de la Ley de Liechtenstein sobre el impuesto sobre el valor añadido, de 16 de junio de 2000.

Declaración conjunta de las Partes sobre el artículo 38, apartado 5

Las Partes acuerdan que toda Parte podrá presentar al Comité Mixto información pertinente sobre los progresos de su cooperación con terceros países en materia de lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros públicos, que el Comité Mixto podrá entonces examinar con vistas a la mejora del buen funcionamiento de la cooperación entre las Partes.

Otras declaraciones

Declaración de Liechtenstein sobre el artículo 11, apartado 2

Más allá del ámbito del presente Acuerdo, el Principado de Liechtenstein declara su disposición a negociar, con los Estados miembros de la Comunidad Europea que estén dispuestos a ello, acuerdos bilaterales completos para la eliminación de la doble imposición, que integren la norma de la OCDE sobre el intercambio de información contemplado en el artículo 26 del modelo de convenio fiscal sobre la renta y el capital aprobado por el Comité de la OCDE sobre asuntos fiscales el 1 de junio de 2004.

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA:

Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Principado de Liechtenstein, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros.

2. MARCO GPA/PPA (GESTIÓN/PRESUPUESTACIÓN POR ACTIVIDADES)

ÁMBITO(S) POLÍTICO(S) AFECTADO(S) Y ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA(S):

Título 24 — Lucha contra el fraude, y

Título 14 — Fiscalidad y unión aduanera

3. LÍNEAS PRESUPUESTARIAS

3.1 Líneas presupuestarias (líneas operativas y líneas correspondientes de asistencia técnica y administrativa (antiguas líneas BA)), incluidas sus denominaciones:

3.2 Duración de la acción y de la incidencia financiera:

A partir de su ratificación por la Comunidad Europea, todos los Estados miembros y el Principado de Liechtenstein.

3.3 Características presupuestarias:

No procede.

4. SÍNTESIS DE LOS RECURSOS

4.1. Recursos financieros

4.1.1 Síntesis de los créditos de compromiso (CC) y de los créditos de pago (CP)

No procede

4.1.2. Compatibilidad con la programación financiera

( La propuesta es compatible con la programación financiera vigente.

( La propuesta requiere una reprogramación de la correspondiente rúbrica de las perspectivas financieras.

( La propuesta puede requerir la aplicación de las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional (relativas al instrumento de flexibilidad o a la revisión de las perspectivas financieras).

4.1.3. Impacto financiero en los ingresos

( La propuesta no tiene incidencia financiera en los ingresos

( La propuesta tiene incidencia financiera; el efecto en los ingresos es el siguiente:

4.2. Recursos humanos equivalentes a tiempo completo (ETC) (incluidos funcionarios, personal temporal y externo); véase el desglose en el punto 8.2.1.

Necesidades anuales | Año n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 y ss. |

Cantidad total de recursos humanos | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

5. CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS

5.1. Realización necesaria a corto o largo plazo

No hay ninguna realización específica necesaria a corto o largo plazo.

5.2 Valor añadido de la implicación comunitaria, coherencia de la propuesta con otros instrumentos financieros y posibles sinergias

El valor añadido comunitario radica en la adopción de una base jurídica más eficaz para la cooperación administrativa y judicial con Liechtenstein en materia de lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros comunitarios, incluido el fraude en los ámbitos del IVA y de los impuestos especiales, así como el blanqueo de los ingresos correspondientes.

5.3. Objetivos de la propuesta, resultados esperados e indicadores correspondientes en el contexto de la gestión por actividades

Los resultados esperados se refieren principalmente a la reducción del riesgo potencial para los recursos y los gastos del presupuesto de las Comunidades Europeas gracias a la mejora de la cooperación con Liechtenstein.

La participación de la Comisión en el Comité Mixto creado en virtud del artículo 38 del Acuerdo permitirá en la práctica la aplicación sin problemas del Acuerdo.

5.4. Método de ejecución (indicativo)

( Gestión centralizada

( directa, por la Comisión

( indirecta, por la Delegación en:

( agencias ejecutivas

( organismos creados por las Comunidades, como los previstos en el artículo 185 del Reglamento financiero

( organismos nacionales del sector público/organismos con misión de servicio público

( Gestión compartida o descentralizada

( con los Estados miembros

( con terceros países

( Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquese)

Observaciones: El principal impacto en el presupuesto de la CE son los costes administrativos que origina debido a la participación de la Comisión en el Comité Mixto creado en virtud del artículo 38 del Acuerdo.

6. CONTROL Y EVALUACIÓN

6.1. Sistema de control

El control está suficientemente garantizado por la evolución de los mecanismos relacionados con los gastos administrativos para personal y misiones debido a la participación una vez al año en el Comité Mixto creado en virtud del artículo 38 del Acuerdo.

6.2. Evaluación

6.2.1. Evaluación ex-ante

Los gastos se limitarán al coste de la misión.

6.2.2. Medidas adoptadas sobre la base de una evaluación intermedia / ex post (enseñanzas extraídas de anteriores experiencias similares)

Debido a la limitación de los gastos a los costes de la misión no está prevista una evaluación intermedia/ex-post.

6.2.3. Términos y frecuencia de la evaluación futura

Véase el apartado 6.2.2.

7. MEDIDAS ANTIFRAUDE

El Acuerdo es una medida antifraude.

8. DESGLOSE DE LOS RECURSOS

8.1 Objetivos de la propuesta en términos de coste financiero

No aplicable.

8.2. Gastos administrativos

8.2.1. Número y tipo de recursos humanos

Tipos de puestos | Personal que se asignará a la gestión de la acción utilizando recursos existentes y/o adicionales (número de puestos/ETC) |

Año n | Año n+1 | Año n+2 | Año n+3 | Año n+4 | Año n+5 |

Funcionarios o agentes temporales (XX 01 01) | A*/AD | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

B*, C*/AST |

Personal financiado con cargo al artículo XX 01 02 |

Personal financiado con cargo al artículo XX 01 04/05 |

TOTAL | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

8.2.2. Descripción de tareas derivadas de la acción

Una reunión anual del Comité Mixto prevista en el artículo 38 del Acuerdo y según sea necesario.

8.2.3. Fuentes de recursos humanos (estatutarios)

( Puestos actualmente asignados a la gestión del programa que se va a sustituir o ampliar

( Puestos preasignados en el ejercicio EPA/AP del año n

( Puestos que se solicitarán en el próximo procedimiento EPA/AP

( Puestos que se reasignan utilizando recursos existentes en el servicio gestor (reasignación interna)

( Puestos necesarios en el año n, pero no previstos en el ejercicio EPA/AP del año en cuestión

8.2.4. Otros gastos administrativos incluidos en el importe de referencia (XX 01 04/05 - Gastos de gestión administrativa)

En millones de euros (al tercer decimal)

Línea presupuestaria (n° y denominación) | Año n | Año n+1 | Año n+2 | Año n+3 | Año n+4 | Año n+5 y ss. | TOTAL |

Otros tipos de asistencia técnica y administrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Total asistencia técnica y administrativa |

8.2.5. Coste financiero de los recursos humanos y costes asociados no incluidos en el importe de referencia

En millones de euros (al tercer decimal)

Tipo de recursos humanos | Año n | Año n+1 | Año n+2 | Año n+3 | Año n+4 | Año n+5 y ss. |

Funcionarios y agentes temporales (XX 01 01) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Personal financiado con cargo al artículo XX 01 02 (auxiliares, END, contratados, etc.) (indique la línea presupuestaria) |

Coste total de los recursos humanos y costes afines (NO incluidos en el importe de referencia) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

Cálculo - Funcionarios y agentes temporales |

No aplicable. 117 000 x 0,1 persona |

Cálculo - Personal financiado con cargo al artículo XX 01 02 |

No aplicable. |

8.2.6. Otros gastos administrativos no incluidos en el importe de referencia En millones de euros (al tercer decimal) |

Año n | Año n+1 | Año n+2 | Año n+3 | Año n+4 | Año n+5 y ss. | TOTAL |

XX 01.02.11.01 – Misiones 24.010600.010211 - Misiones. | 0,010 0,010 | 0,010 0,010 | 0,010 0,010 | 0,010 0,010 | 0,010 0,010 | 0,010 0,010 | 0,120 |

XX 01 02 11 02 - Reuniones y conferencias |

XX 01 02 11 03 - Comités 24.010600.010211 – Comités | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,030 |

XX 01 02 11 04 - Estudios y consultoría |

XX 01 02 11 05 - Sistemas de información |

2 Total Otros gastos de gestión (24.010600.0201) Operaciones conjuntas y equipos conjuntos de investigación | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,120 |

Otros gastos de naturaleza administrativa (especifique e indique la línea presupuestaria) |

Total gastos administrativos, excepto recursos humanos y costes afines (NO incluidos en el importe de referencia) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,270 |

Cálculo - Otros gastos administrativos no incluidos en el importe de referencia Comités: 1 reunión anual con 3 participantes de la OLAF y 3 de otras DG. 2 operaciones conjuntas por año. |

[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Decisiones 2008/261/CE y 2008/262/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2008, DO L 83 de 26.3.2008, p. 3.

[2] Documento del Consejo 12977/06

[3] DO L 379 de 24.12.2004, p. 84.

[4] DO C 24 de 23.1.1998, p. 2.

[5] DO L 336 de 27.12.1977, p. 15.

[6] DO L 73 de 19.3.1976, p. 18.

[7] DO L 239 de 22.9.2000.

[8] DO C 197 de 12.7.2000, p. 3.

[9] DO C 326 de 21.11.2001, p. 2.

[10] Documento del Consejo 12352/04.

[11] DO L 1 de 3.1.1994, p. 171.

[12] DO L 134 de 30.4.2004, p. 114, incorporada al EEE por la Decisión del Comité Mixto del EEE n° 68/2006, de 2 de junio de 2006, por la que se modifica el anexo XVI (contratos públicos) del Acuerdo EEE , DO L 245, de 7.9.2006, p. 22.

[13] DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

[14] DO L 1 de 3.1.1994, p. 171.

[15] DO L 177 de 30.6.2006, p. 1. La Directiva 2006/48/CE es una refundición de la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (DO L 126 de 26.5.2000, p. 1), que se incorporó al EEE mediante la Decisión del Comité Mixto del EEE n° 15/2001, de 28 de febrero de 2001, por la que se modifica el Anexo IX (servicios financieros) del Acuerdo EEE, DO L 117 de 26.4.2001, p. 13.

[16] DO C 326, 21.11.2001, p. 1.

[17] DO C […] de […], p. […].

[18] DO C […] de […], p. […].

[19] DO C […] de […], p. […].

[20] El Secretario General del Consejo