INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO EUROPEO - LEGISLAR MEJOR 2001 (de conformidad con el artículo 9 del Protocolo del Tratado CE sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad)

ÍNDICE

1. Introducción

2. Aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Principios de subsidiariedad y proporcionalidad: marco jurídico del Tratado de Amsterdam

2.2. Respeto del principio de subsidiariedad en 2001

2.3. Respeto del principio de proporcionalidad en 2001

3. Actividad legislativa de la Comunidad en 2001

3.1. La consulta

4. Una legislación de calidad

4.1. La calidad de la redacción

4.2. Refundición, consolidación y codificación

4.3. Simplificación

5. Conclusiones

1. Introducción

De conformidad con las solicitudes del Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992, y de los Consejos Europeos sucesivos, el Acuerdo interinstitucional de 29 de octubre de 1993 relativo a la aplicación del principio de subsidiariedad y el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad del Tratado de Amsterdam, la Comisión presenta al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del artículo 5 del Tratado. Este informe anual se transmite también al Comité de las Regiones y al Comité económico y social.

El informe de 2001, destinado al Consejo Europeo de Laeken de los días 14 y 15 de diciembre de 2001, expone la evolución observada durante el año transcurrido.

El propósito de este documento es presentar con hechos la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad a través de varios ejemplos concretos de la actividad legislativa de la Comunidad.

Este año se ha abierto un debate más profundo sobre el marco regulador en el contexto de la preparación del documento consultivo sobre la simplificación y mejora del marco regulador, a raíz de las conclusiones del Consejo Europeo de Estocolmo [1].

[1] Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de Laeken (COM(2001)726).

En el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea se propone que a partir del año 2002 «el informe anual sobre la aplicación del Protocolo de Amsterdam sobre la Subsidiariedad y la Proporcionalidad» se oriente hacia los principales objetivos de las políticas de la Unión Europea.

2. Aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Principios de subsidiariedad y proporcionalidad: marco jurídico del Tratado de Amsterdam

Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad se definen en el artículo 5 del Tratado CE y en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad adjunto al Tratado de Amsterdam.

De acuerdo con el artículo 5:

* La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna.

* En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor a nivel comunitario.

* Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado.

El Protocolo adjunto al Tratado de Amsterdam contiene directrices de aplicación. Este Protocolo justifica una acción de la Comunidad cuando el asunto que se considera presenta aspectos transnacionales o cuando la ausencia de actuación comunitaria o las actuaciones únicamente a nivel nacional entrarían en conflicto con los requisitos del Tratado, o cuando una actuación comunitaria proporcionaría claros beneficios debido a su escala o a sus efectos.

Por otra parte, el Protocolo exige una consulta amplia, una legislación sencilla y evaluaciones del impacto financiero y administrativo de las medidas para la Comunidad, los gobiernos nacionales, las autoridades locales, los agentes económicos y los ciudadanos.

2.2. Respeto del principio de subsidiariedad en 2001

El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad del Tratado de Amsterdam destaca el carácter dinámico del concepto de subsidiariedad: por un lado, este concepto permite limitar la intervención de la Comunidad, o incluso suprimirla cuando no se justifica, y, por otro, ampliarla dentro de los límites sus competencias.

Para alcanzar los nuevos objetivos establecidos en el Tratado de Amsterdam, la Comunidad ha dedicado importantes esfuerzos legislativos, dentro de sus competencias, a elaborar las normas que requieren estos nuevos ámbitos o a mejorar la eficacia de su actividad.

De cara a la creación de un «espacio de libertad, seguridad y justicia» en la Unión Europea, previsto en el Tratado de Amsterdam, y de acuerdo con las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999 y con el Marcador [2] para supervisar el progreso realizado, la Comisión ha propuesto acciones legislativas especialmente importantes en este ámbito [3]. En las principales iniciativas se busca definir un marco jurídico común relativo a la admisión de nacionales de terceros países en calidad de trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia [4], el estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración [5], así como la creación de un sistema europeo común de asilo [6]. La consecución de los objetivos establecidos en el Tratado en materia de asilo y otras políticas relativas a la circulación de las personas justifica la intervención comunitaria en la medida en que los Estados miembros no puedan alcanzar de manera satisfactoria los objetivos de la intervención contemplada que, debido a sus dimensiones o efectos, pueden alcanzarse mejor a nivel comunitario. Se justifica, pues, la propuesta destinada a establecer normas mínimas sobre la acogida de solicitantes de asilo en los Estados miembros. La aplicación de normas mínimas comunes en el marco de la política de asilo es fundamental para que se concretice el sistema europeo común de asilo. En efecto, el solicitante de asilo considerará más justo que un solo Estado miembro sea responsable de una solicitud de asilo si todos los Estados miembros aplican idénticas normas mínimas de acogida.

[2] COM(2000)167 de 24.3.2000, COM(2001) 628 de 30.10.2001.

[3] Véase por ejemplo: COM(2001) 388, Propuesta de directiva del Consejo relativa a las condiciones en las que los nacionales de terceros países pueden viajar libremente en el territorio de los Estados miembros durante un período no superior a tres meses, por la que se introduce una autorización específica de viaje y por la que se fijan las condiciones de entrada para desplazamientos de una duración no superior a seis meses (DO C 270E de 25.9.2001). Cabe señalar que para la consecución de los objetivos establecidos en el Título VI del TUE, «Disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal», la Comunidad puede proponer, en el marco del artículo 61 del TCE, medidas para prevenir y combatir la delincuencia, «de acuerdo con la letra e) del artículo 31 del TUE»:

[4] COM(2001) 386 de 11.7.2001.

[5] COM(2001) 127 du 13.3.2001.

[6] COM(2001) 181 de 3.4.2001, COM(2001) 447 de 26.7.2001, COM(2001) 510 de 19.9.2001.

Por otra parte, estas normas mínimas comunitarias contribuirán a limitar los movimientos secundarios de solicitantes de asilo causados por las disparidades en las condiciones de acogida de los Estados miembros.

Los objetivos del Tratado en el ámbito de la política de medio ambiente y de la política social consisten en alcanzar un nivel de seguridad uniforme en la Comunidad.

A este respecto, la Comisión ha presentado una propuesta legislativa comunitaria relativa a la trazabilidad y el etiquetado de los OMG [7] en cualquier fase de su comercialización. Esta propuesta, cuyo objetivo es establecer un marco armonizado para la trazabilidad de estos productos, representa una seguridad jurídica y un planteamiento lógico y coherente que contribuirá al buen funcionamiento del mercado interior.

[7] COM(2001) 182, propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la trazabilidad y etiquetado de los organismos modificados genéticamente y la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE.

En el ámbito de la política social, la acción comunitaria destinada a alcanzar el mismo nivel de seguridad y salud de los trabajadores en el conjunto de la Unión Europea justifica una propuesta legislativa que introduzca las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el uso de equipos de trabajo («andamios») [8].

[8] Directiva 2001/45/CE del PE y del Consejo de 27 de junio de 2001.

El Tratado de Amsterdam establece también objetivos nuevos en el ámbito de la lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad (artículo 280 del Tratado).

La propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad [9] tiene por objeto comunitarizar parte de las disposiciones del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1995 [10], que aún no ha sido ratificada por todos los Estados miembros y, por lo tanto, aún no es aplicable a nivel europeo. Esta propuesta busca aproximar el Derecho penal material de los Estados miembros en cuanto a la definición del fraude, la corrupción y el blanqueo que afecte a los intereses financieros de la Comunidad, así como a las responsabilidades penales y las sanciones penales aplicables. El propósito es garantizar, en el plano del Derecho penal material, un nivel de protección de los intereses financieros de la Comunidad equivalente en todos los Estados miembros.

[9] COM(2001) 272.

[10] Convenio fundamentado en el artículo K3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1995, DO C 316 de 27 de noviembre de 1995.

En el caso de la política regional, los sistemas de gestión y control en el marco de los Fondos Estructurales se establecen sin perjuicio de los sistemas institucionales, jurídicos y financieros de los Estados miembros [11].

[11] Reglamentos (CE) n° 438/2001 y 448/2001 del Consejo.

Estos tienen la responsabilidad de controlar y, sobre todo, de utilizar los fondos comunitarios de manera regular y eficaz, así como de perseguir las irregularidades e intervenir cuando detectan una modificación sustancial que afecta a la naturaleza o las condiciones de aplicación.

En el ámbito estadístico, el principio de subsidiariedad permite establecer una nomenclatura estadística común de las unidades territoriales (NUTS) para garantizar la elaboración y difusión de estadísticas regionales comparables en la Comunidad [12]. Conviene destacar una propuesta relativa a las estadísticas del transporte ferroviario [13] y la creación de un marco común para la elaboración, la transmisión y la evaluación de índices comparables del coste laboral en la Comunidad [14].

[12] COM(2001) 83.

[13] DO C 180E de 26.6.2001, p. 108.

[14] DO C 304E de 30.10.2001, p. 184.

En el ámbito del ahorro de energía, la Comisión ha presentado una propuesta de directiva sobre la capacidad energética de los edificios que ha suscitado un debate en torno a la aplicación de la subsidiariedad y la proporcionalidad [15].

[15] Ver el apartado 2.3 «Respeto del principio de proporcionalidad en 2001».

2.3. Respeto del principio de proporcionalidad en 2001

Los requisitos de subsidiariedad y proporcionalidad --o las cuestiones de pertinencia y escala-- están estrechamente relacionados. No obstante, contrariamente al principio de subsidiariedad, que sólo se aplica en ámbitos de competencia compartida entre los Estados miembros y la Comunidad, el principio de proporcionalidad se aplica a todos los ámbitos de actuación comunitaria. Este principio exige que ninguna acción de la Comunidad exceda de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado (artículo 5 del TCE, 3° párrafo).

El principio de proporcionalidad se cumple más estrictamente cuando la Comunidad, en su actividad normativa, legisla sólo en la medida de lo necesario (apartado 6 del Protocolo) y las medidas comunitarias dejan el mayor margen posible a las disposiciones normativas y jurídicas de los Estados miembros. Cuando corresponda y a reserva de su correcta ejecución, las medidas comunitarias deberían ofrecer a los Estados miembros varias formas alternativas de alcanzar los objetivos perseguidos (apartado 7 del Protocolo).

En 2001, la Comisión, a nivel general, se ha centrado en cuestiones de ámbito de aplicación y método de la acción comunitaria en el marco de dos documentos: su Informe provisional al Consejo de Estocolmo «Mejorar y simplificar el marco regulador» [16] y su Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea [17]. En el primero, la Comisión establece un marco para examinar a fondo y sistemáticamente la actividad legislativa de la Comunidad. El Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea, en su búsqueda de un proceso decisorio eficaz, explora la posible utilización de diferentes instrumentos políticos para alcanzar los objetivos del Tratado [18]. Ambas iniciativas contribuirán a la adopción por la Comisión de posiciones actualizadas, documentadas y debidamente fundamentadas sobre las cuestiones relativas a la escala de la intervención comunitaria.

[16] COM(2001) 130.

[17] COM(2001) 428.

[18] La consulta sobre las cuestiones estudiadas en el Libro Blanco durará hasta la primavera de 2002.

Entre tanto, la Comisión ha seguido ilustrando el examen y la aplicación del principio de proporcionalidad en diferentes ámbitos específicos. En combinación con su evaluación de la subsidiariedad, la Comisión ha examinado, por ejemplo, los requisitos de proporcionalidad en el ámbito del ahorro de energía. Su propuesta de directiva del Parlamento y el Consejo sobre la eficacia energética de los edificios [19] está basada en la naturaleza decisiva de las medidas propuestas para alcanzar los objetivos que la propia Comunidad se ha fijado en cuanto a la reducción de la dependencia energética, sus obligaciones internacionales respecto a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (Protocolo de Kyoto) y las grandes diferencias en el esfuerzo dedicado a este problema entre los Estados miembros.

[19] COM(2001) 226.

La Comisión considera que toda iniciativa comunitaria que no imponga una obligación de actuar, o de alcanzar un resultado determinado, sería ineficaz respecto a las considerables posibilidades de ahorro de energía. La propuesta de directiva --de acuerdo con las exigencias de proporcionalidad-- se limita a establecer principios y objetivos generales (normas mínimas, procedimientos de certificación, etc.) y excluye detalles precisos sobre las disposiciones de aplicación y seguimiento, en las que los Estados miembros tienen la iniciativa.

El principio de proporcionalidad fue invocado en el sentido opuesto --en el marco de una propuesta de refundición-- en el ámbito específico de la legislación relativa al mercado interior. La propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los abonos [20] presentada por la Comisión busca garantizar la libre circulación de estos productos en la UE y determinar las características (composición, etiquetado y embalaje) que deben cumplir. En particular, la propuesta está dirigida a las grandes empresas químicas que producen abonos minerales y a los importadores de abonos minerales producidos fuera de la UE. La acción comunitaria propuesta de refundir 18 Directivas [21] existentes en un solo reglamento se justifica por los requisitos de armonización de la aplicación, el seguimiento y el cumplimiento de la legislación comunitaria en este campo.

[20] COM(2001) 508.

[21] Véase la parte 4.2.

3. Actividad legislativa de la Comunidad en 2001

El análisis de la actividad legislativa de la Comisión [22] pone de manifiesto una disminución, a partir de 1990, del número total de propuestas en su conjunto, a pesar de los nuevos objetivos fijados por el Tratado.

[22] En 2001, la Comisión ha adoptado, sobre la base de su programa de trabajo, 139 propuestas legislativas. De la totalidad de las propuestas de la Comisión, en torno a un 90 % están condicionadas por exigencias externas, a saber:

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

3.1. La consulta

En el proceso de decisión comunitario, que pretende crear «una unión cada vez más estrecha entre los pueblos», toda decisión debe adoptarse «de la forma más [...] próxima a los ciudadanos que sea posible» (artículo 1 del TUE). El principio de subisidiariedad contribuye a satisfacer esta exigencia democrática expresada en el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea.

A este respecto, el primer guión del apartado 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establece que la Comisión, antes de proponer actos legislativos y sin perjuicio de su derecho de iniciativa, «debería consultar ampliamente [23]».

[23] Véase la parte 2.1.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

El Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea [24], que es una iniciativa de la Comisión, propone abrir el proceso de elaboración de las políticas de la Unión Europea con el fin de asociar a un mayor número de personas y organizaciones en su formulación y aplicación.

[24] COM(2001) 428.

Por otra parte, cabe destacar que el Tratado CE (artículo 138 del TCE) establece que antes de presentar una propuesta en el ámbito de la política social debe procederse a una consulta de los interlocutores sociales. En este contexto, en 2001 se ha solicitado un dictamen de los interlocutores sociales sobre la orientación posible de una acción comunitaria en el ámbito de la protección de los datos personales de los trabajadores, así como sobre el contenido de las propuestas en los ámbitos de la modernización y mejora de las relaciones laborarles, la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores por cuenta propia y los riesgos derivados de una exposición al amianto durante el trabajo.

Cabe añadir que las negociaciones entre interlocutores sociales relativas al trabajo temporal no han permitido llegar a un acuerdo en 2001.

La amplia consulta previa realizada por la Comisión en 2001 a los agentes interesados tiene por objeto aumentar la transparencia y la participación de la sociedad civil y los agentes económicos.

En este sentido, el Foro Europeo de la Energía y los Transportes, creado por la Comisión el 12 de julio de 2001, y compuesto por agentes, usuarios, consumidores, sindicatos, representantes de la protección del medio ambiente y de la seguridad en los transportes y del mundo universitario, contribuirá a facilitar las consultas sobre las futuras propuestas de la Comisión, o con posterioridad, facilitara experiencia respecto al acervo y actuará como observatorio de las políticas comunitarias.

Entre los documentos de consulta, cabe mencionar:

* el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea [25] en el que se piden reacciones de las instituciones de la UE, los Estados miembros, las autoridades locales y la sociedad civil sobre la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia de los trabajos de las instituciones de la UE;

[25] Véanse las notas 16 y 22.

* el Libro Verde sobre la protección de los consumidores de la Unión Europea [26], que abre una amplia consulta pública para definir las futuras orientaciones de la política de protección de los consumidores que permitan limitar los obstáculos que suponen para el mercado interior las diferentes legislaciones nacionales en este ámbito;

[26] COM(2001) 531 de 3.10.2001.

* el Libro Blanco «La política Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» [27], que propone acciones comunitarias para reequilibrar el sistema de transportes europeo en favor de medios más respetuosos del medio ambiente, fomentar una mejor intermodalidad y garantizar una mayor eficacia y calidad a los usuarios.

[27] COM(2001) 370 de 12.9.2001.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

4. Una legislación de calidad

4.1. La calidad de la redacción

La Guía Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos legislativos, cuya redacción se había encomendado a las instituciones mediante el Acuerdo interinstitucional [28], se ha finalizado en todas las lenguas oficiales y puede consultarse en Internet (europaTEAM). La Guía ofrece consejos prácticos, comprensibles y claros a todos los que participan en la redacción de actos legislativos. Paralelamente, a raíz de las instrucciones de la letra b) de las medidas de organización interna del Acuerdo,

[28] Acuerdo publicado en el DO C 73 de 17.3.1999, p. 1.

«b) [las instituciones] organizarán sus respectivos procedimientos internos de tal modo que sus Servicios Jurídicos, incluidos sus expertos jurídico-lingüísticos, puedan, a su debido tiempo y para su respectivas instituciones, formular sugerencias de redacción para aplicar las presentes directrices»,

se ha reforzado el control de la calidad de la técnica legislativa de los proyectos de actos --además del control de la legalidad del fondo-- gracias a la participación sistemática del Grupo de juristas revisores del Servicio Jurídico en la fase de consulta entre servicios.

4.2. Refundición, consolidación y codificación

La claridad del Derecho comunitario es un importante objetivo político de la Comunidad, tal como se desprende de las conclusiones del Consejo de Edimburgo de diciembre de 1992.

El Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea destaca que la Unión Europea deberá velar constantemente por mejorar la calidad, la eficacia y la simplicidad de los actos reglamentarios.

La refundición es una técnica legislativa que permite avanzar en esa dirección. Una utilización más estructurada de la refundición facilitará, pues, la comprensión de la legislación.

En diciembre de 1999, el Consejo Europeo expresó en Helsinki el deseo de que se concluyera lo antes posible un acuerdo interinstitucional relativo a un uso más estructurado de la técnica de la refundición.

El 12 de septiembre de 2001, la Comisión adoptó un acuerdo interinstitucional, celebrado entre las tres instituciones, relativo a un uso más estructurado de la técnica de la refundición de los actos jurídicos [29].

[29] SEC(2001) 1364.

Un mayor uso de la técnica de la refundición de actos jurídicos permitirá adoptar un texto legislativo único que simultáneamente introduzca las modificaciones deseadas, las codifique con las disposiciones del acto anterior que no se modifiquen y derogue el acto anterior. Esta técnica evita, pues, la proliferación de actos de modificación aislados que dificultan a menudo la comprensión de la legislación. Por otro lado, contribuirá a que esta sea más transparente para los Estados que acceden a la Unión y sus ciudadanos.

Por otra parte, la Comisión ha presentado una importante iniciativa de refundición en el ámbito de los abonos:

el Reglamento propuesto [30] abarca 4 Directivas y los actos que las modifican.

[30] COM(2001) 508 de 14.9.2001.

En el ámbito agrícola, la Comisión ha presentado 9 [31] propuestas de refundición destinadas a modificar 29 actos legislativos.

[31] Reglamento (CE) n° 213/2001 de la Comisión, de 9 de enero de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1255/1999, en lo que atañe a los métodos que deben utilizarse para el análisis y la evaluación de la calidad de la leche y de los productos lácteos, y se modifican los Reglamentos (CE) n° 2771/1999 y (CE) n° 2799/1999; Reglamento (CE) n° 214/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1255/1999 del Consejo en lo que respecta a las medidas de intervención en el mercado de la leche desnatada en polvo; Reglamento (CE) n° 449/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 2201/96 del Consejo en lo relativo al régimen de ayuda en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas; Reglamento (CE) n° 609/2001 de la Comisión, de 28 de marzo de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 2200/96 del Consejo en lo que se refiere a los programas y fondos operativos y a la ayuda financiera comunitaria y se deroga el Reglamento (CE) n° 411/97; Reglamento (CE) n° 883/2001 de la Comisión, de 24 de abril de 2001, por el que se establecen las normas de aplicación del Reglamento (CE) n° 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales de productos del sector vitivinícola con terceros países; Reglamento (CE) n° 884/2001 de la Comisión, de 24 de abril de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación para los documentos que acompañan al transporte de productos del sector vitivinícola y para los registros que se han de llevar en dicho sector; Reglamento (CE) n° 1282/2001 de la Comisión, de 28 de junio de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la recopilación de información para el conocimiento de los productos y el seguimiento del mercado en el sector vitivinícola, y que modifica el Reglamento (CE) n° 1623/2000; Reglamento (CE) n° 1554/2001 de la Comisión, de 30 de julio de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1260/2001 del Consejo en lo que respecta a la venta del azúcar producido en los departamentos franceses de ultramar y la igualación de las condiciones de precio con el azúcar en bruto preferente; Reglamento (CE) n° 1557/2001 de la Comisión, de 30 de julio de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 814/2000 del Consejo sobre las medidas de información en el ámbito de la política agrícola común.

La codificación es una técnica por la que se ofrece el texto actualizado de los actos legislativos que han sido objeto de varias modificaciones sustanciales, dándoles mayor claridad.

Con este propósito, la Comisión ha presentado este año 7 propuestas de codificación para sustituir 78 actos legislativos y se han adoptado 3 que sustituyen 13 actos.

Propuestas de codificación presentadas

* Directiva relativa a la comercialización de las semillas de remolacha - COM(2001) 177

* Directiva relativa a la comercialización de semillas de plantas forrajeras - COM(2001) 193

* Directiva referente a la comercializacion de las semillas de cereales - COM(2001) 196

* Directiva relativa a la comercialización de patatas de siembra - COM(2001) 192

* Directiva relativa a la comercialización de semillas de plantas oleaginosas y textiles - COM(2001) 195

* Directiva referente al catalogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas - COM(2001) 191

* Directiva referente a la comercialización de semillas de plantas hortícolas - COM(2001) 194

Propuestas de codificación adoptadas

* Directiva 2001/23/CE, de 12.3.2001, relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas

* Directiva 2001/25/CE, de 4.4.2001, relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas

* Directiva 2001/34/CE, de 28.5.2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial

El trabajo de consolidación sigue desarrollándose con vigor y el número actualizado de actos consolidados debería ascender a 1 240 para finales de 2001, frente a 1 030 a finales de 2000.

4.3. Simplificación

La Comunidad prosigue su esfuerzo de simplificación de la legislación comunitaria para que resulte más comprensible para el ciudadano:

Reglamento (CE) n° 993/2001 de la Comisión [32], destinado a racionalizar y simplificar la reglamentación relativa a los regímenes aduaneros económicos;

[32] Reglamento (CE) n° 993/2001 de la Comisión, de 4 de mayo de 2001, que modifica el Reglamento (CEE) n° 2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, Diario Oficial L 141 de 28.5.2001.

Reglamento (CE) n° 1557/2001 [33], que armoniza las modalidades de aplicación de las acciones de información en el ámbito de la política agrícola común para los diferentes sectores de productos;

[33] Reglamento (CE) n° 1557/2001 de la Comisión, de 30 de julio de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 814/2000 del Consejo sobre las medidas de información en el ámbito de la política agrícola común, Diario Oficial L 205 de 31.7.2001 p. 25-32.

Reglamento (CE) n° 973/2001 del Consejo por el que se establecen medidas técnicas para la conservación de determinadas poblaciones de peces de especies altamente migratorias [34];

[34] DO L 137 de 19.5.2001, p. 1.

Directiva 2001/19 del Parlamento relativa al sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales [35];

[35] DO L 206 de 31.7.2001, p. 1.

Propuesta de directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros [36];

[36] COM(2001) 257 de 23.5.2001.

Comunicación sobre la realización del mercado interior de la energía y del gas natural [37], acompañada de un paquete de propuestas legislativas que suponen la derogación de una serie de textos en este ámbito;

[37] COM(2001) 125 de 13.3.2001.

Propuesta de Reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de ovino y caprino [38] que busca reemplazar el pago compensatorio por un pago a tanto alzado para simplificar el régimen de prima por oveja: la introducción de una cantidad fija y previsible facilitará la gestión del régimen de prima y permitirá evitar complicados procedimientos de compilación de precios y cálculos complejos.

[38] COM(2001) 247.

En los últimos años, la Comisión ha hecho de la simplificación uno de los principios rectores de sus trabajos sobre la reforma de la política agrícola común.

En este contexto, la Comisión ha presentado un informe sobre la simplificación de la legislación agrícola [39] destinada a exponer los avances realizados en este sector desde la adopción del primer informe sobre la simplificación en abril de 1999.

[39] COM(2001) 48.

A tal fin, ha decidido concentrarse en dos aspectos:

* conseguir que la legislación agrícola sea más clara, transparente y accesible

* reducir al máximo la carga de trabajo administrativo que la política agrícola común impone a los agricultores y otras partes interesadas, así como a las autoridades nacionales y comunitarias.

La Comisión ha intensificado sus esfuerzos en el marco del programa SLIM [40] (Simplificación de la legislación relativa al mercado interior): en abril de 2001 se puso en marcha la quinta fase de SLIM [41].

[40] COM(96) 204.

[41] SEC(2001) 575.

Los sectores escogidos para esta quinta fase son:

* los traslados de residuos radiactivos;

* los productos cosméticos;

* los contenidos en residuos de plaguicidas.

5. Conclusiones

El presente informe expone cómo ha aplicado la Comunidad los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en su actividad legislativa en 2001.

Como se propone en el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea, a partir de 2002 el informe anual sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad se orientará hacia los principales objetivos de las políticas de la Unión Europea.