Dictamen del Comité Económico y Social sobre:

- la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos", y

- la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos"

(2001/C 116/08)

El 14 de septiembre de 2000, de conformidad con los artículos 95 y 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las propuestas mencionadas.

La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de noviembre de 2000 (ponente: Sr. Colombo).

En su 377o Pleno de los días 29 y 30 de noviembre de 2000 (sesión del 29 de noviembre de 2000), el Comité Económico y Social ha aprobado por 100 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones el presente dictamen.

1. Las propuestas de la Comisión

1.1. Ambas propuestas tienen por objeto abordar los problemas medioambientales ocasionados por el flujo en rápido crecimiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que van desde grandes y pequeños electrodomésticos (lavadoras, frigoríficos, tostadoras, secadores, etc.) a aparatos informáticos y de telecomunicaciones (ordenadores personales, impresoras, teléfonos móviles, etc.), y de los aparatos de alumbrado a las máquinas expendedoras. Más concretamente (y en línea con la política general comunitaria en materia de residuos), las propuestas se dirigen a la prevención, reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de tales residuos, así como a su tratamiento y eliminación segura. Al mismo tiempo, pretenden contribuir a la armonización de diversas iniciativas nacionales aprobadas en el sector.

1.2. En 1998 se produjeron seis millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (esto es, un 4 % de los residuos urbanos). El volumen de los RAEE aumenta a un ritmo de al menos un 3-5 % anual, lo que significa que dentro de cinco años se habrá generado entre un 16 % y un 28 % adicional de RAEE y en doce años se habrá doblado esta cantidad. El crecimiento de los RAEE supera casi en tres veces el aumento medio de los residuos urbanos. Más del 90 % de los residuos se depositan en vertederos, se incineran o se reutilizan sin tratamiento previo. Como contienen materiales peligrosos, un porcentaje importante de los diversos agentes contaminantes que se encuentran en el flujo de residuos urbanos proceden de RAEE. La carga medioambiental derivada de tales residuos supera con creces a la que tiene su origen en la producción de materiales que forman las demás categorías de residuos urbanos.

1.3. La primera propuesta de Directiva (la llamada "Directiva sobre RAEE"), basada en el artículo 175 del Tratado (medio ambiente) se refiere a la gestión de los RAEE. Sobre la base del concepto de corresponsabilidad, prescribe una serie de obligaciones a los interesados: productores, distribuidores, administración pública y consumidores.

1.3.1. En lo que se refiere a los RAEE provenientes de hogares particulares, las principales disposiciones de la propuestas aparecen recogidas en el cuadro I (véase infra).

Cuadro 1

RAEE procedentes de hogares particulares - Principales obligaciones para los diversos afectados

>SITIO PARA UN CUADRO>

1.3.2. En cuanto a los RAEE no procedentes de hogares particulares, se propone una serie de normas parcialmente diversas. En lo que se refiere a esta categoría, por ejemplo, los fabricantes estarán obligados a recoger los RAEE (apartado 3 del artículo 4), pero no se aplicará el objetivo de recogida de 4 kg. por habitante (apartado 5 del artículo 4). El punto más importante es que los costes de la recogida selectiva, el tratamiento, la valorización y la eliminación de tales residuos estarán cubiertos por acuerdos concluidos en el momento de la compra entre el fabricante y el usuario del aparato en cuestión (artículo 8).

1.3.3. Además de las obligaciones mencionadas en los puntos 1.3.1 y 1.3.2 del presente dictamen, la propuesta de Directiva sobre RAEE contiene una serie de disposiciones sobre las informaciones que hay que proporcionar al usuario (artículo 9) y a las instalaciones de tratamiento (artículo 10). Asimismo, obliga a los Estados miembros a proporcionar información sobre la cantidad y las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos comercializados, recogidos y reciclados (artículo 11) y a informar a la Comisión sobre la aplicación de la Directiva (artículo 12).

1.4. La segunda propuesta de Directiva (la llamada "Directiva sobre sustancias peligrosas"), basada en el artículo 95 del Tratado (mercado interior) obliga a los fabricantes a sustituir antes del 1 de enero de 2008 el uso de plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, PBB y PBDE en los aparatos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, se exceptúan algunos usos de tales sustancias (apartado 2 del artículo 4). La propuesta prevé que la obligación de sustitución pueda revisarse en el futuro a la luz de los progresos técnicos y de nuevas pruebas científicas y previa consulta a los fabricantes. En todo caso, la Comisión reexaminará los requisitos de la sustitución el 1 de enero de 2004 para tener en cuenta, si ha lugar, las nuevas pruebas científicas.

2. Observaciones generales

Observaciones generales sobre ambas propuestas

2.1. El informe de la Comisión sobre ambas propuestas de Directiva ilustra exhaustivamente la actual situación de la producción, la valorización y el reciclado y la eliminación de los RAEE. Cabe, pues, acoger favorablemente las Directivas propuestas por la Comisión a la luz de las perspectivas de rápido crecimiento del volumen de RAEE, las sustancias peligrosas que contienen, la "carga medioambiental" de tales productos y el hecho de que más del 90 % de los RAEE se depositen en vertederos, se incineren o se valoricen sin ningún tratamiento previo, con graves consecuencias para el medio ambiente y la salud humana.

2.2. El Comité acoge positivamente el hecho de que la Comisión adopte un enfoque innovador sobre el tema del impacto ambiental de los aparatos eléctricos y electrónicos. Estas medidas sitúan a la Comunidad Europea a la vanguardia en la gestión de los problemas medioambientales relacionados con un sector económico importante y en fuerte desarrollo. El Comité insta a la Comisión a que promueva dicho enfoque innovador en los organismos internacionales, sobre todo en la OCDE.

2.3. El Comité ya se expresó, en su dictamen sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos, sobre la importancia de poner en práctica el principio de la responsabilidad del productor(1), defendiendo que el enfoque recogido en la Directiva "Envases" se ampliase a otros flujos prioritarios de residuos. Sólo los productores pueden desarrollar criterios para el diseño y la fabricación de sus productos que garanticen la máxima duración posible del producto y, en el momento de desecharlo, la mejor valorización y eliminación en términos de protección medioambiental. La etiqueta ecológica (Ecolabel) y el sistema EMAS de certificación medioambiental también pueden contribuir a este fin promoviendo soluciones más avanzadas.

2.4. Sin embargo, es preciso subrayar que el enfoque jerárquico de la Comisión sobre el problema de los RAEE (1. prevención, 2. reutilización, reciclado y valorización, 3. tratamiento y eliminación segura) se contradice en parte con la falta de un tercer y fundamental instrumento legislativo comunitario sobre el diseño y la fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos. En lo que se refiere a este aspecto fundamental de la prevención de la producción de RAEE, la Comisión sólo menciona su intención de presentarlo "este mismo año".

2.4.1. El CES insta a la Comisión, al objeto de garantizar una prevención efectiva desde el momento mismo de la producción de RAEE, a que tenga en cuenta todos los instrumentos disponibles que puedan orientar los criterios de diseño y fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos para minimizar el impacto medioambiental sin obstaculizar el potencial innovador del sector. Sólo en ese caso la gestión de RAEE respetará plenamente la jerarquía sobre la que se basa la legislación comunitaria sobre residuos (prevención, reutilización, reciclado y valorización, eliminación segura).

3. Observaciones sobre la propuesta de Directiva sobre RAEE

3.1. Artículo 1 - Objetivos

El Comité acoge favorablemente los objetivos indicados en la propuesta, en particular la importancia dada a la prevención de los RAEE (esto es, a la reducción de su cantidad y peligrosidad). Sin embargo, señala que la falta de una propuesta sobre el diseño y la fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos puede ser un obstáculo para alcanzar plenamente el objetivo de prevención.

3.2. Artículo 4 - Recogida selectiva

3.2.1. La recogida selectiva es imprescindible para garantizar las posteriores operaciones de tratamiento y valorización. Más concretamente, dado que tanto las obligaciones de tratamiento (artículo 5) como los objetivos de valorización (artículo 6) hacen referencia a los RAEE recogidos (frente al total de los RAEE producidos), la tasa de recogida constituye un parámetro fundamental para medir el grado de cumplimiento de los objetivos de la Directiva. Por tanto, las disposiciones del apartado 5 del artículo 4 (el establecimiento de un objetivo -no vinculante- de una tasa de recogida de RAEE de hogares particulares de 4 kg. por habitante para 2006) plantean una serie de interrogantes.

3.2.2. Según la Comisión (punto 9.2 de la exposición de motivos), el objetivo de recogida de 4 kg. representa sólo el 25 % de la producción anual total de RAEE, lo que da a entender que a medio plazo los riesgos medioambientales ligados al 75 % restante seguirían recibiendo un trato inadecuado. Por tanto, se insta a que se tenga en cuenta una o varias de las siguientes recomendaciones: I) modificar el objetivo "indicativo" propuesto para hacerlo vinculante; II) elevar a un nivel más ambicioso la tasa de recogida de 4 kg; III) adelantar la fecha del 2006; IV) introducir un objetivo de recogida de RAEE no provenientes de hogares particulares, para el que no se prevé tasa alguna de recogida. Estas sugerencias están aún más justificadas a la luz de las explicaciones dadas al describir las prácticas actuales en la exposición de motivos: la tasa de recogida propuesta de 4 kg. ya aparecía hace unos años en proyectos piloto realizados en diversos países(2).

3.3. Artículo 5 - Tratamiento

3.3.1. El Comité acoge favorablemente los requisitos para el tratamiento expuestos en el apartado 1 del artículo 5. Asimismo, la obligación de autorización impuesta a los operadores del sector y la de inspección prevista para los Estados miembros que quieran aplicar la derogación a dicha obligación, en virtud de los artículos 9, 10 y 11 de la Directiva 75/442/CEE, son dos instrumentos importantes de control de la aplicación de las disposiciones ambientales.

3.3.2. Los Estados miembros deberán garantizar la uniformidad de los estándares medioambientales de las instalaciones de tratamiento y valorización de los residuos en todo el territorio de la Unión Europea, con objeto de impedir distorsiones del mercado y mecanismos perversos de incentivación del transporte de residuos hacia determinadas áreas consideradas más "débiles".

3.3.3. En cuanto a la posibilidad de exportar residuos peligrosos para su valorización, con arreglo al Reglamento 259/93, incluso fuera de la Comunidad, no puede hacerse caso omiso del hecho de que el riesgo que presentan las sustancias peligrosas aumenta con la distancia del transporte y al aumentar el área geográfica y el número de personas expuestas. Por tanto, como ya ha afirmado el Comité(3), debe prevalecer en la medida de lo posible el principio de proximidad y autosuficiencia, conforme a las prioridades en términos de prevención.

3.4. Artículo 6 - Valorización

3.4.1. El Comité acoge favorablemente la introducción de objetivos ambiciosos en materia de valorización, reutilización y reciclado. Según la Comisión, las propuestas presentadas al respecto reflejan la situación actual de los recicladores y no entrañan costes adicionales específicos en relación con los costes medios de reciclado registrados en otros proyectos piloto europeos. En tal caso, cabe preguntarse por qué motivo los objetivos propuestos deben alcanzarse sólo en 2006 y por qué no se cambiarán al menos hasta 2009 (la posible introducción de objetivos más ambiciosos no está prevista hasta "los años posteriores a 2008"). Por último, el Comité subraya que la falta de un objetivo diferenciado para la reutilización de RAEE debilita el resultado que se pretende alcanzar.

3.4.2. El Comité es consciente de que objetivos tan ambiciosos requieren empresas de gestión de residuos modernas y eficientes. El sector lo componen sobre todo PYME. Para alcanzar niveles cada vez más altos de valorización y reciclado, será necesario estimular las inversiones en el sector. En particular, deberán ponerse en marcha instrumentos financieros para incentivar la necesaria adaptación de las PYME.

3.5. Artículos 7 y 8 - Obligaciones de financiación

3.5.1. En el artículo 7 figuran las disposiciones más controvertidas de la propuesta. Sobre la base del concepto de responsabilidad solidaria, las disposiciones pretenden repartir los costes de las medidas entre los fabricantes y la administración pública. A pesar de estar de acuerdo con el principio, el Comité desea formular las siguientes observaciones sobre algunos aspectos concretos del artículo 7:

3.5.2. El hecho de que los consumidores tengan la posibilidad de deshacerse gratuitamente de los RAEE es fundamental para que la Directiva sea eficaz.

3.5.3. El Comité señala que, en la situación actual, las medidas propuestas suponen un reparto equilibrado (50 % y 50 %) de las cargas entre la administración pública y los fabricantes. Sin embargo, se prevé que en el futuro aumente el porcentaje del gasto global a cuenta de la administración, lo que hará más difícil aplicar el principio de la responsabilidad solidaria.

3.5.4. Las disposiciones del apartado 3 del artículo 7 sobre la obligación de financiación plantean dos series de interrogantes sobre la entrada en vigor de tales disposiciones y el margen de maniobra de los Estados miembros para su aplicación.

3.5.4.1. En cuanto a la primera cuestión, es preciso señalar que, sobre la base de la propuesta, los fabricantes deberán (co)financiar la gestión de los RAEE sólo cinco años después de la entrada en vigor de la Directiva. Se debería ahondar más en las implicaciones de tales disposiciones: en realidad, si bien se pretende que el periodo de transición de cinco años resuelva los problemas ligados a los aparatos eléctricos y electrónicos comercializados antes de la entrada en vigor de la Directiva (los productos "antiguos"(4), en contraposición a los "nuevos"), también es cierto que de esa forma se descuidan los problemas de los aparatos con más de cinco años.

3.5.4.1.1. Por último, la propuesta parece permitir a los Estados miembros que lo deseen la introducción de la obligación de financiación antes del periodo de transición de cinco años, pero el texto debería ser más explícito al respecto.

3.5.4.2. En cuanto al segundo aspecto, la cuestión crucial es si se debe permitir que los fabricantes introduzcan una tasa identificable, como solicitan las organizaciones de fabricantes. Según la Comisión, a pesar de que una tasa de ese tipo podría disuadir a los fabricantes de mejorar regularmente sus productos, la propuesta no excluye la posibilidad de adoptarla. Si el recurso a una tasa identificable puede justificarse en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos "antiguos", comercializados antes de la entrada en vigor de la Directiva (esto es, antes de que estuviese clara la importancia de las nuevas formas de diseño), habría que examinar con más atención la posibilidad de recurrir a ella después de dicho periodo.

3.6. Artículo 9 - Información para los usuarios

El Comité subraya la importancia fundamental de ofrecer a los usuarios informaciones adecuadas. Para animar a los consumidores a contribuir a la gestión de los RAEE, los Estados miembros deberían emprender campañas publicitarias en los medios de comunicación. No hay que desdeñar la importancia de recurrir a incentivos innovadores y "divertidos" (como, por ejemplo, la introducción de un "premio de recogida" para los entes locales), así como a la educación medioambiental.

3.7. Informaciones para las estructuras de tratamiento y reciclado

3.7.1. El Comité considera esencial garantizar la máxima difusión de la información entre los recicladores, que en su mayoría son PYME. El inicio de experiencias de modernización y adaptación de las PYME a las exigencias medioambientales, que tengan en cuenta la necesidad de movilizar los recursos necesarios para la cualificación profesional, podría verse favorecido por el concurso de las industrias productoras.

3.7.2. El CES es favorable a la elaboración de manuales para las operaciones de reciclado, el marcado con una señal distintiva de los componentes plásticos y los que contengan sustancias peligrosas, y a un diseño de los productos que favorezca la separación de los componentes que haya que reciclar y los que deban eliminarse.

4. Observaciones sobre la propuesta de directiva sobre sustancias peligrosas

4.1. La fecha del 1 de enero de 2004 en vez de 2008 como límite para la eliminación de sustancias como los PBB y los PBDE (cuya producción, por ejemplo, cesó en Alemania de manera voluntaria ya en 1986) parece más adecuada para permitir la necesaria adaptación por parte de los fabricantes, algo que confirma el hecho de que, según la Comisión, "el último fabricante europeo de PBB ha abandonado su producción en el año 2000".

4.2. La Comisión hace un listado [letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 5] de los criterios para revisar la obligación de sustitución a más tardar el 31 de diciembre de 2003 (artículo 6), cuatro años antes de la entrada en vigor de dicha obligación. Hay una contradicción con el objetivo de la Directiva. Sería más eficaz prever mecanismos consultivos con todas las partes interesadas después de la sustitución de las sustancias objeto de la propuesta. En este sentido, la redacción del apartado 3 del artículo 4, relativo a la posible modificación de los requisitos para la sustitución de las sustancias tratadas por la Directiva, debería prever la consulta a todos los interesados (recicladores, valorizadores, asociaciones de consumidores y ecologistas).

4.3. El Comité recomienda, sobre todo en lo que se refiere a la Directiva sobre la sustitución de sustancias peligrosas, un atento análisis de los numerosos ejemplos de reglamentación de los productos que contienen metales pesados, PBDE y PBB existentes en los Estados miembros para reunir tales experiencias e integrarlas mejor en la nueva legislación. En efecto, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Directiva es preciso valorizar al máximo también los acuerdos voluntarios existentes en algunos Estados miembros, con objeto de extender sus resultados positivos y remediar las carencias encontradas.

4.4. Una sustancia especialmente problemática para el tratamiento y eliminación de los RAEE es el PVC (polivinilo de cloruro). De hecho, los plásticos en general constituyen el 20 % de los RAEE (apartado 2 del artículo 5). El PVC, por su parte, representa el 20 % de los plásticos utilizados en aparatos eléctricos y electrónicos. En el Libro Verde sobre cuestiones medioambientales relacionadas con el PVC(5), la Comisión expone los problemas relativos al impacto del PVC en el medio ambiente y la salud humana, asociados al uso de determinados aditivos y a la gestión de los residuos de PVC.

4.5. El Comité está dispuesto a aportar su propia contribución al debate iniciado en el Libro Verde, vista la importancia del tema y sus implicaciones económicas y sociales. El Comité aprecia los esfuerzos de la Comisión por presentar, a principios de 2001, una Comunicación en la que se explicará una estrategia comunitaria global sobre problemas medioambientales relacionados con el PVC. Considera que las propuestas de Directiva deberían contener explícitamente el compromiso de modificar en el futuro estos instrumentos legislativos en función de la evolución del enfoque comunitario para resolver los problemas medioambientales que plantea el uso del PVC.

Bruselas, 29 de noviembre de 2000.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) DO C 89 de 19.3.1997.

(2) Por ejemplo, en poco tiempo Noruega ha alcanzado una tasa de recogida de 5 kg.

(3) Ibídem.

(4) Para evitar la confusión, parece conveniente distinguir entre productos comercializados antes de la entrada en vigor de la Directiva (productos "antiguos") y los comercializados antes de la entrada en vigor de la obligación de financiación (productos "históricos").

(5) Proyecto de "Libro Verde- Cuestiones medioambientales relacionadas con el PVC", COM(2000) 469 de 26.7.2000.