De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la cuarta Directiva antiblanqueo, en caso de que los Estados miembros decidan no aplicar alguna de las recomendaciones propuestas en sus sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, lo notificarán a la Comisión y justificarán dicha decisión (principio de «cumplir o explicar»).

La evaluación supranacional de riesgos se centra en las vulnerabilidades detectadas a escala de la UE, tanto en lo relativo al marco jurídico como en términos de aplicación efectiva. No incluye juicios anticipados sobre las medidas de mitigación que están aplicando o podrían adoptar algunos Estados miembros en respuesta a sus riesgos nacionales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por tanto, puede que estos estén aplicando algunas de las recomendaciones presentadas a continuación, o que hayan adoptado normas más estrictas que las normas mínimas fijadas a escala de la UE. Por consiguiente, la evaluación de las medidas de mitigación para las vulnerabilidades identificadas en el presente informe debe entenderse como base de referencia sujeta a cambios en función de las medidas nacionales ya existentes.

La evaluación supranacional de riesgos utiliza una metodología claramente definida para realizar un análisis sistemático de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionados con las formas de actuar de los autores. El objetivo no es emitir un juicio sobre un sector en su totalidad, sino identificar las circunstancias en las que los servicios prestados o los productos facilitados podrían utilizarse incorrectamente para fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Esta evaluación de riesgos supranacional se basa en la Directiva 2005/60/CE (tercera Directiva antiblanqueo), es decir, la legislación en vigor en el momento en que se realizó el análisis. Describe los ámbitos en los que, en aquel momento, el marco jurídico de la UE no se había armonizado o se encontraba incompleto, en comparación con la versión final obtenida tras las revisiones posteriores de la tercera Directiva antiblanqueo.

De manera general, se considera que la exposición del sector no financiero a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es significativa o muy significativa. Al parecer, la deficiencia más importante de este sector es la identificación del titular real o del cliente, especialmente en el caso de los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos, los asesores fiscales, los auditores, los contables externos, los notarios y los demás profesionales independientes del Derecho. El análisis ha demostrado que, en algunas ocasiones, el concepto de titular real no se entiende de manera adecuada o no se verifica correctamente al inicio de una relación empresarial.

2.1.3. Actividades y profesiones no financieras designadas

En esta fase, se considera que determinados productos del sector de los juegos de azar están expuestos a un riesgo elevado de blanqueo de capitales. En el caso de las apuestas presenciales y el póker, parece que este riesgo se debe especialmente a la ineficacia de los controles. Esto está motivado por que, por su naturaleza, estas actividades incluyen volúmenes significativos de transacciones rápidas y anónimas, normalmente en efectivo, o interacciones entre pares que carecen de una supervisión apropiada. En cuanto a los servicios de juegos de azar en línea, la exposición al riesgo es elevada debido a los enormes volúmenes de transacciones o flujos financieros y al hecho de que las interacciones no son personales. Los juegos de azar en línea permiten los medios de pago anónimos, pero incluyen un importante elemento de mitigación al permitir el seguimiento de las transacciones. Las loterías y las máquinas de juego (fuera de los casinos) conllevan un riesgo moderado de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se ha establecido un determinado nivel de control para las loterías, especialmente para hacer frente a los riesgos asociados con los grandes premios. Si bien los casinos están expuestos a riesgos inherentemente altos, su inclusión en el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde 2005 ha tenido un efecto de mitigación para estos riesgos. Se considera que el bingo presencial conlleva unos riesgos reducidos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, debido al valor relativamente bajo de las participaciones y las ganancias.

Según lo previsto en la tercera Directiva antiblanqueo, los requisitos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no se aplican al sector de los juegos de azar, excepto para los casinos. La cuarta Directiva antiblanqueo estipula que todos los proveedores de servicios de juegos de azar son entidades obligadas. Sin embargo, los Estados miembros pueden optar por conceder excepciones totales o parciales para los proveedores de determinados servicios de juegos de azar, siempre que pueda demostrarse que el nivel de riesgo es reducido. Los Estados miembros deben tener en cuenta las conclusiones de la evaluación supranacional de riesgos sobre este asunto.

Se considera que el dinero electrónico y los servicios de transferencias de valor monetarias (por ejemplo, envíos de dinero) están expuestos a un riesgo elevado e incluso muy elevado de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo —el primer sector debido a su anonimato según lo previsto en la tercera Directiva antiblanqueo y el segundo debido a las desigualdades existentes entre las capacidades de supervisión de las entidades obligadas. En lo relativo a las agencias de cambio y a los servicios de envío de dinero, parece que resulta problemático aplicar normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo únicamente para las transacciones ocasionales superiores a 15 000 EUR, puesto que los delincuentes pueden realizar transferencias continuadas de menor importe. Esta situación es especialmente problemática si no se dispone de una definición común de las operaciones que están vinculadas o que tienen elementos tendentes a la periodicidad.

Sin embargo, el riesgo de blanqueo de capitales sigue siendo importante para determinados segmentos del sector financiero, como la banca privada y la inversión institucional (especialmente a través de agentes). Esto se debe a la elevada exposición general a productos y clientes de riesgo, a las presiones competitivas del sector y a un conocimiento limitado entre los supervisores de los riesgos operativos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. También se considera que el alquiler de cajas de seguridad conlleva un riesgo elevado de blanqueo de capitales, debido a las limitadas capacidades de supervisión de que disponen las entidades obligadas y a la existencia de instalaciones de almacenamiento no reguladas (por ejemplo, zonas francas).

El sector financiero forma parte del marco de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde 1991, y parece tener un buen conocimiento de sus riesgos. Si bien los terroristas y los delincuentes siguen intentando utilizar el sector financiero para sus actividades, la evaluación realizada demuestra que el nivel de riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en el sector financiero no es muy significativo, debido a las medidas de mitigación que ya se han adoptado.

La Comisión ha detectado cuarenta productos o servicios que podrían ser vulnerables a riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior. Abarcan once sectores profesionales, entre ellos los definidos en la cuarta Directiva antiblanqueo y algunos no incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva, pero que resultan pertinentes para la evaluación supranacional de riesgos . Esta medida ha permitido a la Comisión identificar las áreas del mercado interior que están expuestas a un mayor riesgo y que representan los medios más generalizados que utilizan los delincuentes. La evaluación supranacional de riesgos se centra principalmente en los riesgos asociados a cada uno de los sectores pertinentes. Asimismo, al analizar las medidas recomendadas para abordar estos riesgos, la Comisión ha estudiado las vías más utilizadas por los delincuentes.

Si bien la Comisión reconoce el peligro que representan algunos terceros países de alto riesgo, no se realizaron análisis de riesgos geográficos como parte de la evaluación supranacional de riesgos. Esto se debe al hecho de que, en estos momentos, el análisis de los riesgos que representan dichas jurisdicciones se realiza en el marco de un proceso independiente, en concreto a través de actos delegados de la Comisión en los que se identifican las jurisdicciones de terceros países con deficiencias estratégicas que representan una amenaza significativa para el sistema financiero de la UE en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Según lo previsto en el marco de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales, estos profesionales quedan exentos de las obligaciones de notificación al defender a un cliente en un proceso judicial (prerrogativa de secreto profesional), lo que aumenta el riesgo de uso indebido. De hecho, hay casos en los que estos profesionales llevan a cabo actividades que están claramente amparadas por la propia esencia del secreto profesional (por ejemplo, determinar la situación jurídica de su cliente o representar a su cliente en procesos judiciales) junto con actividades que no lo están (por ejemplo, facilitar asesoramiento jurídico en materia de creación, dirección o gestión de empresas). Al parecer, hay situaciones en las que algunos de estos profesionales pueden considerar que todas estas actividades se incluyen en la prerrogativa de secreto profesional. Esta situación podría conllevar el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para parte de las actividades. Es importante hacer hincapié en que el cumplimiento de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no interfiere de forma alguna con la prerrogativa de secreto profesional. Asimismo, podría mejorarse su interpretación y aplicación por parte de los profesionales que llevan a cabo actividades amparadas por el secreto profesional. También sería positivo que los asesores fiscales, los auditores, los contables externos, los notarios y otros profesionales independientes del Derecho tuvieran un mejor conocimiento de esta prerrogativa, puesto que se les considera como entidades obligadas según lo previsto en la cuarta Directiva antiblanqueo.

Además, de conformidad con el marco jurídico de la UE en vigor, se designan organismos autorreguladores para supervisar a los asesores fiscales, los auditores, los contables externos, los notarios y otros profesionales independientes del Derecho y los agentes inmobiliarios. Los Estados miembros disponen de libertad para decidir si estos organismos autorreguladores son competentes para recibir las comunicaciones de transacciones sospechosas directamente de las entidades obligadas, así como para enviarlas posteriormente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la mayor brevedad posible y sin filtrar. Las consultas han revelado que las entidades obligadas y los organismos autorreguladores de este sector no notifican un número elevado de transacciones sospechosas a las UIF, especialmente en determinados Estados miembros. Esta situación podría indicar que las transacciones sospechosas no se detectan ni se notifican correctamente, o que el organismo autorregulador no garantiza una transmisión sistemática de las comunicaciones de transacciones sospechosas.

El sector inmobiliario también está expuesto a riesgos de blanqueo de capitales importantes debido a la diversidad de profesionales que participan en las transacciones de bienes inmuebles (agentes inmobiliarios, instituciones de crédito, notarios y abogados). Otros métodos comunes para el blanqueo de los ingresos son la sobrefacturación en intercambios comerciales (blanqueo de capitales basado en el comercio) y la constitución de préstamos ficticios. Los delincuentes utilizan estos métodos como vía para justificar la transferencia del producto del delito a través de canales bancarios, para lo que suelen emplear documentos falsos para el comercio de bienes y servicios. Asimismo, es frecuente que se establezcan préstamos ficticios entre ellos para crear una transacción financiera falsa con miras a justificar transferencias de fondos de origen ilegal. Las autoridades policiales consideran que este riesgo es significativo.

2.1.4.Efectivo y activos similares al efectivo

La evaluación supranacional de riesgos ha demostrado que el efectivo sigue siendo el medio más utilizado para fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, ya que permite a los delincuentes ocultar su identidad. Esta es la razón por la que aparece en casi todas las investigaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Bajo la vigencia de la tercera Directiva antiblanqueo, no se ha realizado un seguimiento adecuado de las transacciones en efectivo en el mercado interior debido a la ausencia de una regulación clara y de requisitos de control. Algunos Estados miembros han introducido sistemas de comunicación para las transacciones en efectivo o límites para los pagos en efectivo. Sin embargo, al no existir requisitos comunes para todos los Estados miembros, los delincuentes pueden aprovechar con facilidad las diferencias legislativas. De una manera similar, el marco de la UE para el control de los envíos de dinero por mensajeros en las fronteras exteriores de la UE no garantiza niveles de mitigación adecuados, especialmente debido a que no abarca los productos similares al efectivo (por ejemplo, productos de alta liquidez como el oro, los diamantes y las tarjetas de prepago anónimas con un gran volumen de almacenamiento).

Además, se considera que las personas que comercian con artículos de valor elevado que aceptan pagos en efectivo superiores a 15 000 EUR representan un riesgo significativo, debido al carácter inherente de su exposición al riesgo y a la deficiencia de los controles. El hecho de que estos comerciantes únicamente estén sujetos a normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo cuando aceptan pagos en efectivo de una cuantía elevada parece llevar a la ineficacia en la aplicación de estas normas. El reto es incluso mayor cuando se trata de empresas con un uso intensivo de efectivo. Este tipo de empresas no están sujetas a normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a menos que se incluyan en la categoría anteriormente referida de personas que comercian con artículos de valor elevado. Sin embargo, pueden servir muy convenientemente para el blanqueo del efectivo procedente de actividades delictivas.

La evaluación también puso de relieve que los activos con características similares al efectivo (oro, diamantes) y los bienes «de estilo de vida» de un valor elevado y con los que se puede comerciar fácilmente (por ejemplo, objetos culturales, coches, joyas, relojes) también suponen un riesgo significativo debido a las deficiencias de los controles. Se han manifestado preocupaciones concretas sobre el saqueo y el tráfico de antigüedades y otros objetos, ya que los objetos saqueados pueden utilizarse como fuente de financiación para el terrorismo y son un destino atractivo para el blanqueo de capitales.

2.1.5.Organizaciones sin ánimo de lucro

Las organizaciones sin ánimo de lucro (OSAL) podrían verse expuestas al riesgo de su mal uso para fines de financiación del terrorismo. El análisis de la vulnerabilidad del sector de las OSAL a la financiación del terrorismo ha presentado diversos retos, puesto que dicho sector se caracteriza por una diversidad de estructuras y actividades con diferentes niveles de exposición al riesgo y de conocimiento de los riesgos. Esto se debe principalmente a la diversidad existente en el entorno de las OSAL y a las diferencias entre los marcos jurídicos y las prácticas nacionales. Las «OSAL de expresión» tienen cierta vulnerabilidad, puesto que en ellas pueden infiltrarse organizaciones delictivas o terroristas que pueden ocultar la titularidad real dificultando la trazabilidad de la recogida de fondos, mientras que algunos tipos de «OSAL de servicios» son más directamente vulnerables debido a la naturaleza intrínseca de su actividad. Esto se debe al hecho de que podrían incluir financiación procedente de zonas en conflicto o terceros países identificados por la Comisión como Estados con deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, o bien destinada a ellos. Sin embargo, durante el análisis se tuvo en cuenta la idea de que la diversidad del entorno de las OSAL no impide la identificación de las características comunes de las vulnerabilidades de este sector.

En este contexto, el análisis ha demostrado que las autoridades competentes no consideran necesariamente que los requisitos actuales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sean adecuados para responder a las necesidades específicas del sector de las OSAL, así como que los controles establecidos difieren dependiendo del Estado miembro de que se trate. Se ha confirmado que los controles actuales son más eficaces para gestionar la recogida de fondos en el interior de la UE, lo que hace que el nivel de vulnerabilidad sea inferior al de las transferencias de fondos o los gastos fuera de la UE, para los que siguen existiendo más deficiencias materiales.

De manera más general, la evaluación del sector de las OSAL ha demostrado que podría experimentar un proceso de reducción del riesgo, es decir, que determinadas instituciones financieras podrían mostrarse reacias a facilitarle servicios financieros como la apertura de una cuenta bancaria. Dependiendo del país de destino de los fondos, algunas transacciones financieras podrían ser rechazadas. Además, las organizaciones de menor tamaño que no puedan demostrar que disponen de acreditación o justificación del registro fiscal podrían verse incapacitadas para abrir cuentas bancarias. Según los representantes de las OSAL, la exclusión de la prestación de servicios financieros conlleva un aumento del empleo de efectivo, lo que es mucho más vulnerable a los abusos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La cuestión de la reducción del riesgo o la exclusión financiera es una preocupación que debe tenerse en cuenta al abordar la política de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los proveedores regulados de servicios financieros no deben rechazar a los clientes y obligarles a recurrir a servicios bancarios o de transferencia sumergidos. No obstante, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo solo es uno de los numerosos factores que promueven la reducción del riesgo. A escala de la UE, la adopción de la Directiva sobre las cuentas de pago fomentará en gran medida el acceso a servicios financieros básicos, que es probable que limite la dependencia de vías no oficiales.

2.1.6.Hawala

Si bien los servicios de transferencias de valor conllevan sus propios riesgos, Hawala y los demás servicios de transferencias de valor no oficiales presentan una amenaza específica, especialmente en el contexto de la financiación del terrorismo. Normalmente, todos los operadores que ofrezcan servicios de pago, según su definición en el artículo 4, apartado 3, de la segunda Directiva sobre servicios de pago, deben registrarse y regularse de manera adecuada. Estos proveedores deben establecerse como instituciones de pago autorizadas o, en determinadas situaciones, instituciones de pago registradas. Hawala y los demás servicios de transferencias de valor no oficiales suelen considerarse como ilegales, puesto que normalmente no están registrados ni cumplen los requisitos de la segunda Directiva sobre servicios de pago. Este problema se ve agravado por lo difícil que resulta detectar la existencia de Hawala o servicios similares: las transacciones suelen estar agrupadas, se compensan mediante la importación o exportación de bienes y tienen un rastro de información limitado. La reducción del riesgo también es un factor importante en este sentido, puesto que los clientes rechazados por proveedores de servicios financieros regulados recurren en ocasiones a este tipo de servicios ilegales.

2.1.7.Falsificación de moneda

La falsificación de moneda es un tipo de actividad ilegal transnacional que implica un elevado número de movimientos transfronterizos, tanto de los delincuentes como de la moneda falsificada, y que suele conllevar la participación de grupos de delincuencia organizada. El contrabando de moneda falsificada genera un beneficio criminal que debe blanquearse para su integración en el flujo financiero oficial. Además, la moneda falsificada puede distribuirse a través de redes terroristas para financiar la formación, el reclutamiento, los atentados y la propaganda, actividades que requieren cantidades significativas de financiación. Los productos de la falsificación pueden invertirse con miras a reforzar la infraestructura de apoyo al terrorismo.

2.2.Vulnerabilidades horizontales

La Comisión ha detectado una serie de vulnerabilidades comunes a todos los sectores.