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El Acuerdo y el Protocolo también contribuirán a la mejora de la gestión y la conservación de los recursos pesqueros, mediante la ayuda financiera (apoyo sectorial) para la ejecución de los programas adoptados a nivel nacional por el país socio, en particular el Plan Integral de Pesca, el control y lucha contra la pesca ilegal, y el apoyo al sector de la pesca artesanal.

1.4.4.Indicadores de resultados

Precisar los indicadores para hacer un seguimiento de los avances y logros.

Contribución a la mejora de la investigación, el seguimiento y el control de las actividades pesqueras por parte del país socio y al desarrollo de su sector pesquero, en particular de la pesca artesanal.

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa

1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario detallado de la aplicación de la iniciativa

El nuevo Acuerdo y su Protocolo proporcionarán un marco para las actividades pesqueras de la flota de la Unión en la zona de pesca de Seychelles y autorizarán a los armadores de la UE a solicitar autorizaciones de pesca que les permitan faenar en dicha zona. Además, el nuevo Acuerdo y su Protocolo reforzarán la cooperación entre la UE y Seychelles con el fin de promover el desarrollo de una política pesquera sostenible en todas sus dimensiones. En particular, se establece la localización de buques mediante el sistema SLB y la comunicación de los datos de capturas por vía electrónica. El apoyo sectorial disponible en virtud del Protocolo ayudará a Seychelles con su estrategia nacional en materia de pesca, incluida la lucha contra la pesca INDNR, al tiempo que fomentará unas condiciones de trabajo dignas en las actividades pesqueras.

1.5.2.Valor añadido de la intervención de la Unión (puede derivarse de distintos factores, como mejoras en la coordinación, seguridad jurídica, una mayor eficacia o complementariedad). A efectos del presente punto, se entenderá por «valor añadido de la intervención de la Unión» el valor resultante de una intervención de la Unión que viene a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los Estados miembros de forma aislada.

Si la Unión no celebrase un nuevo Acuerdo y un Protocolo, sus buques no podrían realizar actividades pesqueras, ya que el Acuerdo vigente contiene una cláusula que excluye las actividades pesqueras que no se realicen dentro del marco definido por un Protocolo del Acuerdo. Por lo tanto, el valor añadido es claro para la flota de larga distancia de la Unión Europea. Asimismo, el Protocolo ofrece un marco de cooperación reforzada entre la Unión y Seychelles.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA RECOMENDACIÓN

•Razones y objetivos de la propuesta

La Comisión propone negociar con Groenlandia un nuevo acuerdo de colaboración de pesca sostenible (ACPS) y un nuevo protocolo que respondan a las necesidades de la flota de la Unión y estén en consonancia con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, sobre la política pesquera común, y con las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2012, relativas a la Comunicación de la Comisión sobre la dimensión exterior de la política pesquera común.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

El actual Acuerdo de colaboración en materia de pesca (ACP) entre la Unión Europea y Groenlandia se firmó el 28 de junio de 2007. Se propone negociar un nuevo ACPS para incorporar determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que no contempla el ACP.

El Protocolo actual permite a la flota de la UE pescar en aguas de Groenlandia bacalao, gallineta nórdica pelágica y demersal, fletán negro, camarón, granadero y capelán, con unas posibilidades de pesca anuales indicativas de 42 726 toneladas. En las pesquerías participan buques de ocho Estados miembros (Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Letonia, Lituania, Suecia y Reino Unido). La UE también transfiere parte de la cuota acordada a Noruega y a las Islas Feroe, a cambio del acceso de los buques de la UE a sus aguas. Además de los cánones abonados a Groenlandia por la flota de la Unión, la UE paga una compensación anual de 13 168 978 EUR (calculada con arreglo a los precios de referencia de cada especie), incluida una reserva financiera de 1 700 000 EUR por posibles cantidades adicionales. El presupuesto de la UE también prevé un importe de 2 931 999 EUR para apoyar la política pesquera sectorial de Groenlandia.

Se trata de un acuerdo sobre diversas especies. La asignación de cuotas a los Estados miembros está sujeta al total admisible de capturas y a las disposiciones del Reglamento sobre cuotas. Los ACPS contribuyen a promover los objetivos de la política pesquera común a nivel internacional, garantizando que las actividades pesqueras de la Unión fuera de sus aguas se basen en los mismos principios y normas que los aplicables en virtud del Derecho de la Unión. Además, estos acuerdos fomentan la cooperación científica entre la UE y sus socios, promueven la transparencia y la sostenibilidad con vistas a una mejor gestión de los recursos pesqueros, e impulsan la gobernanza al apoyar el seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades de las flotas nacionales y extranjeras. Los ACPS proporcionan también financiación para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; contribuyen al desarrollo sostenible de las industrias pesqueras locales y a la promoción del crecimiento y del trabajo digno vinculados a la actividad marítima y refuerzan la posición de la UE en las organizaciones internacionales y regionales de pesca (en particular, en el caso de Groenlandia, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar y la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante carta registrada en la Comisión el 12 de septiembre de 2018, Bélgica solicitó autorización para seguir eximiendo del IVA a los sujetos pasivos cuyo volumen de negocios anual no sea superior a 25 000 EUR. Por cartas de 14 de septiembre de 2018, la Comisión, de conformidad con el artículo 395, apartado 2, de la Directiva del IVA, informó a los demás Estados miembros. Mediante carta de 17 de septiembre de 2018, la Comisión notificó a Bélgica que disponía de toda la información necesaria para examinar su solicitud.

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

El título XII, capítulo 1, de la Directiva del IVA ofrece a los Estados miembros la posibilidad de aplicar a las pequeñas empresas regímenes especiales, como, por ejemplo, la concesión de una franquicia a los sujetos pasivos que no sobrepasen un determinado volumen de negocios anual. Al acogerse a esa exención, el sujeto pasivo no está obligado a aplicar el IVA en sus entregas y, por tanto, no puede deducir el IVA soportado.

De conformidad con el artículo 285 de la Directiva del IVA, los Estados miembros que no hayan hecho uso de la facultad establecida en el artículo 14 de la Directiva 67/228/CEE del Consejo podrán conceder una franquicia del impuesto a los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones anual sea como máximo igual a 5 000 EUR. Puesto que Bélgica no ha hecho uso de esta opción, esto ha supuesto la aplicación de un umbral especialmente bajo que en 2012 correspondía a 5 580 EUR.

A petición de Bélgica, mediante la Decisión de Ejecución 2013/53/UE del Consejo, el Consejo autorizó a Bélgica a conceder una exención del IVA a los sujetos pasivos cuyo volumen de negocios anual fuera, como máximo, de 25 000 EUR hasta el 31 de diciembre de 2015. Esta Decisión fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2018 mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2348 del Consejo.

Bélgica solicitó una prórroga de dicha medida por otro período de tiempo limitado, e indicó que la medida especial reduce las cargas administrativas tanto para los sujetos pasivos como para las autoridades tributarias. Por lo tanto, dicha medida contribuye a la simplificación de la recaudación del impuesto, tal como se establece en el artículo 395, apartado 1, de la Directiva del IVA. La medida es y seguirá siendo totalmente facultativa para los sujetos pasivos.

Según Bélgica, a final de 2017 aproximadamente 142 000 sujetos pasivos, lo que representa el 15 % de todos los contribuyentes registrados, había hecho uso de la medida especial. El impacto de la medida especial en los ingresos procedentes del IVA sigue siendo insignificante.

Habida cuenta de posibles repercusiones positivas en la reducción de la carga administrativa para las empresas y la administración tributaria sin repercusiones importantes sobre los ingresos totales procedentes del IVA, se propone prorrogar la excepción por otro período de tiempo limitado, hasta el 31 de diciembre de 2021.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

El Convenio de 1980 está ya vigente entre la República Dominicana y 20 Estados miembros de la UE. Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Rumanía no han aceptado aún la adhesión de la República Dominicana al Convenio.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

Por lo que respecta a la sustracción de menores por sus progenitores, el Convenio de La Haya de 1980 es el equivalente internacional del Reglamento n.º 2201/2003 del Consejo (conocido como «Reglamento Bruselas II bis»), que constituye la piedra angular de la cooperación judicial en cuestiones matrimoniales y de responsabilidad parental.

Uno de los principales objetivos del Reglamento es impedir la sustracción de menores entre Estados miembros, estableciendo procedimientos para garantizar la restitución inmediata del menor al Estado miembro de su residencia habitual. A tal fin, el Reglamento Bruselas II bis recoge en su artículo 11 el procedimiento previsto en el Convenio de La Haya de 1980 y lo complementa aclarando algunos de sus aspectos, en particular la audiencia del menor, los plazos para adoptar una decisión después de que la solicitud de restitución haya sido presentada y los motivos para no restituir al menor. También introduce disposiciones que rigen las restituciones conflictivas y las órdenes de no restitución emitidas por diferentes Estados miembros.

A nivel internacional, la Unión Europea apoya la adhesión de terceros Estados al Convenio de 1980, con el fin de que sus Estados miembros se basen en un marco jurídico común para hacer frente a las sustracciones internacionales de menores.

Entre junio de 2015 y diciembre de 2017 ya se adoptaron catorce Decisiones del Consejo con vistas a la aceptación de la adhesión al Convenio de La Haya de 1980 sobre la sustracción internacional de menores de veinte terceros países (Marruecos, Singapur, Federación de Rusia, Albania, Andorra, Seychelles, Armenia, República de Corea, Kazajistán, Perú, Georgia, Sudáfrica, Chile, Islandia, Bahamas, Panamá, Uruguay, Colombia, El Salvador y San Marino).
ex 3926 30 00 ex 3926 90 97 ex 8708 29 10 ex 8708 29 90

10 23 10 10

Cubierta de plástico con elementos de fijación para el espejo retrovisor exterior de vehículos de motor

0 %

p/st
è1 R4 ç

è1 ç
No será aplicable el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 847/96

No será aplicable el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 847/96

(1)
La UE debe decidir el uso futuro de la banda de frecuencias de 700 MHz si quiere evitar enfoques nacionales divergentes y limitar las interferencias transfronterizas. La ausencia de una legislación común a escala de la Unión para la banda UHF crearía una fragmentación perjudicial en el uso de dicha banda dentro de la Unión. La fragmentación conduce a interferencias transfronterizas, lo que podría afectar al 13 % de la población de la UE.

Por consiguiente, son necesarias una designación y autorización coordinadas de la banda de 700 MHz para la banda ancha inalámbrica para 2020 y una designación coordinada de la banda inferior a 700 MHz para un uso flexible que salvaguarde la prestación de servicios de comunicación audiovisual para el gran público, así como inversiones en tecnologías más eficientes a fin de liberar el uso actual de la banda de 700 MHz por la TDT.

•Elección del instrumento

La estrategia de la Comisión para la banda UHF se aplicará sobre la base de dos instrumentos jurídicos. Mediante una medida no vinculante, como una recomendación del Parlamento y del Consejo, no podría exigirse la coordinación a nivel de la UE ni la acción de los Estados miembros. Una Decisión es preferible a un Reglamento, ya que la medida crea obligaciones para los Estados miembros, pero no se destina a producir efectos en los Estados miembros directamente aplicables para las partes privadas. Una Decisión también es más adecuada que una Directiva, ya que el proyecto de medida no establece un conjunto de normas generales que deben ser transpuestas al Derecho nacional, sino únicamente un número limitado de acciones específicas que deben adoptar los Estados miembros. La Decisión 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa de política del espectro radioeléctrico, por ejemplo, incluía obligaciones y actuaciones similares para los Estados miembros en su artículo 6, apartado 4, y en el pasado se adoptaron las Decisiones 128/1999/CE, 626/2008/CE y 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo para imponer a los Estados miembros obligaciones y acciones de naturaleza análoga.

Esta medida basada en el artículo 114 del TFUE irá acompañada de una Decisión de Ejecución de la Comisión, adoptada mediante un procedimiento de comitología con arreglo a la Decisión nº 676/2002/CE, a fin de designar y hacer disponible la banda de frecuencias de 700 MHz para su uso por los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica con arreglo a condiciones técnicas armonizadas elaboradas con la asistencia de la CEPT. Este planteamiento también se utilizó para armonizar la banda de frecuencia de 800 MHz para los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, en virtud del programa RSPP y de la Decisión 2010/267/UE de la Comisión.
Ayudas estatales - Italia

(Artículos 87 a 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea)

Comunicación de la Comisión en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE a los demás Estados miembros y a los terceros interesados en relación con la ayuda estatal que Italia tiene previsto ejecutar en favor de SEL Bolzano

(2001/C 330/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Mediante la carta que se reproduce a continuación, de 11 de mayo de 2001, la Comisión informó a Italia de su decisión de archivar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE. "Mediante carta de 17 de noviembre de 1997, el Gobierno italiano notificó a la Comisión su intención de suscribir, a través de la Provincia Autónoma de Bolzano-Alto Adigio y otras empresas municipales de la Región del Trentino Alto Adigio, el capital social de una empresa de nueva constitución encargada de la producción y distribución de energía eléctrica. Las autoridades italianas remitieron a la Comisión más información por medio de cartas con fecha de 13 de febrero de 1998 y 15 de julio de 1998.

Mediante carta de 30 de abril de 1999, la Comisión comunicó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE respecto a la ayuda en cuestión.

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 245 de 28 de agosto de 1999, página 5. La Comisión invitó a las terceras partes interesadas a presentar sus comentarios y obligó a Italia a que le remitiera en el plazo de un mes tras el recibo de la carta todos los documentos, información y datos necesarios para evaluar las medidas en cuestión.

Las autoridades italianas remitieron a la Comisión más información por medio de cartas con fecha de 26 de mayo de 1999, 13 de agosto de 1999, 6 de diciembre de 1999 y 11 de abril de 2000.

La Comisión recibió comentarios de un tercero interesado por carta de 23 de septiembre de 1999.

Mediante carta de 19 de marzo de 2001, Italia retiró la notificación de ayuda alegando que la nueva empresa, aun habiendo sido creada, no desarrolla las actividades económicas previstas en los estatutos que habían motivado la notificación ni presta los servicios de distribución de energía eléctrica mencionados en el artículo 13 del Decreto del Presidente de la República n° 235 de 26 de marzo de 1977.

La Comisión constata que, en virtud del artículo 8 del Reglamento 659/1999 del Consejo(1), el Estado miembro interesado puede retirar la notificación antes de que la Comisión haya adoptado una decisión al respecto. Si la Comisión hubiere iniciado el procedimiento de investigación formal, deberá concluirlo.

Por lo tanto, al haber retirado Italia su notificación, la Comisión ha decidido concluir el procedimiento de investigación formal de conformidad con el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE contra la ayuda en cuestión."

(1) Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, que fija normas detalladas para la aplicación del artículo 93 del Tratado (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1).
Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

(2021/C 257 I/02)

El artículo 36, apartado 2, del Reglamento (CE) no 178/2002 (1), establece que «la Junta Directiva, a propuesta del Director Ejecutivo, elaborará una lista, que se hará pública, de organizaciones competentes nombradas por los Estados miembros, que podrán ayudar a la Autoridad en su cometido a título individual o colectivo».

La Junta Directiva de la Autoridad elaboró la lista por primera vez el 19 de diciembre de 2006 y, desde entonces;

i) se actualiza periódicamente sobre la base de propuestas del Director Ejecutivo de la EFSA, en las que se tienen en cuenta las revisiones o las nuevas propuestas de designación realizadas por los Estados miembros (de acuerdo con el artículo 2, apartado 4, del Reglamento [CE] no 2230/2004 de la Comisión (2)); y

ii) se publica en el sitio web de la EFSA, en el que se recoge la lista actualizada más reciente de organizaciones competentes.

Esta información está disponible en el sitio web de la EFSA, a través de los enlaces siguientes:

i) modificación más reciente de la lista de organizaciones competentes elaborada por la Junta Directiva de la EFSA el 24 de junio de 2021 – https://www.efsa.europa.eu/es/events/event/87th-management-board-web-meeting; y

ii) lista actualizada de organizaciones competentes – http://www.efsa.europa.eu/es/partnersnetworks/scorg.

La EFSA mantendrá esta notificación al día, en particular en lo que se refiere a los enlaces de Internet facilitados.

Para más información, póngase en contacto con la siguiente dirección de correo electrónico: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.

(1) Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 2230/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2004, por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a la interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (DO L 379 de 24.12.2004, p. 64), en su versión más reciente.
Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

(2020/C 369 I/01)

El artículo 36, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 178/2002 (1), establece que «la Junta Directiva, a propuesta del Director Ejecutivo, elaborará una lista, que se hará pública, de organizaciones competentes nombradas por los Estados miembros, que podrán ayudar a la Autoridad en su cometido a título individual o colectivo».

La Junta Directiva de la Autoridad elaboró la lista por primera vez el 19 de diciembre de 2006 y, desde entonces;

i. se actualiza periódicamente sobre la base de propuestas del Director Ejecutivo de la EFSA, en las que se tienen en cuenta las revisiones o las nuevas propuestas de designación realizadas por los Estados miembros (de acuerdo con el artículo 2, apartado 4, del Reglamento [CE] n.o 2230/2004 de la Comisión (2)); y

ii. se publica en el sitio web de la EFSA, en el que se recoge la lista actualizada más reciente de organizaciones competentes.

Esta información está disponible en el sitio web de la EFSA, a través de los enlaces siguientes:

i. modificación más reciente de la lista de organizaciones competentes elaborada por la Junta Directiva de la EFSA el [15 de octubre de 2020] – [https://www.efsa.europa.eu/es/events/event/register-attend-84th-management-board-web-meeting]; y

ii. lista actualizada de organizaciones competentes – http://www.efsa.europa.eu/es/partnersnetworks/scorg.

La EFSA mantendrá esta notificación al día, en particular en lo que se refiere a los enlaces de Internet facilitados.

Para más información, póngase en contacto con la siguiente dirección de correo electrónico: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.

(1) Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 2230/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2004, por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a la interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (DO L 379 de 24.12.2004, p. 64) en su versión más reciente.
Artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: Artículo 15, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: «El Comité de Vigilancia seguirá regularmente el ejercicio por la Oficina de la función de investigación […]» Artículo 4, de la Decisión de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude: «[…] El Comité [de Vigilancia] controlará periódicamente la ejecución de la función de investigación de la Oficina.» Dictamen conjunto de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión de 5 de septiembre de 2016 El Dictamen conjunto subraya que el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 faculta al Comité de Vigilancia para recibir información del Director General de la OLAF: — sobre los casos en que se haya transmitido información a las autoridades judiciales nacionales, aun cuando la OLAF no haya llevado a cabo ninguna investigación; — sobre información adicional relativa a todos los casos, incluidas las investigaciones en curso, y no solo sobre los casos cerrados; — en cuanto a las obligaciones de presentación de informes del director general de la OLAF, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 implica un deber activo de información para la OLAF. A este respecto, la concesión de un acceso electrónico meramente pasivo a las bases de datos de la OLAF no bastaría para cumplir las obligaciones del director general de la OLAF establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013.