ANEXO Explicación detallada de la propuesta modificada /* COM/2011/0319 final */





La explicación detallada de la propuesta modificada se presenta en comparación con la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva 2005/85/CE de 2009. Artículo 1 No se han introducido cambios en comparación con la propuesta de 2009. Artículo 2 En comparación con la propuesta de 2009, se ha modificado el artículo con respecto a: d) La definición de los solicitantes que necesitan garantías procesales especiales: i) introduce un término más preciso, a saber, «solicitante que necesita garantías procesales especiales», que refleja mejor el hecho de que hay que tener en cuenta necesidades especiales a efectos de la Directiva sobre procedimientos de asilo, ii) introduce casos de orientación sexual e identidad de género en los que los solicitantes pueden necesitar garantías procesales especiales, ya que en esos casos, entre otros, el examen de la solicitud y, especialmente, la audiencia personal han de garantizar que el solicitante es capaz de presentar su caso, y iii) aclara la naturaleza de determinadas razones sustituyendo el término «problemas de salud mental» por «enfermedad física grave, enfermedad mental o trastornos postraumáticos». n) La propuesta modificada amplía el ámbito de aplicación del término «representante» para precisar que, dependiendo del sistema nacional de que se trate, no solo una persona sino también una organización puede representar legalmente a un menor no acompañado. q) Esta nueva definición de «solicitud posterior» es necesaria en apoyo de la aclaración de las normas sobre solicitudes posteriores que figuran a lo largo del texto. Artículo 3 No se han introducido cambios en comparación con la propuesta de 2009. Artículo 4 La propuesta modificada introduce cambios significativos con el fin de aclarar las normas y facilitar su puesta en práctica. Se precisa que se debe dotar a la autoridad decisoria de los medios apropiados, en particular personal competente en número suficiente, para llevar a cabo sus tareas, y que el personal de la autoridad decisoria debe estar adecuadamente formado. A fin de simplificar las normas sobre las actividades de formación que deben impartirse al personal, la propuesta modificada se ha adaptado a las normas correspondientes del Reglamento sobre la Oficina Europea de Apoyo al Asilo [Reglamento (UE) nº 439/2010] mediante una referencia a su artículo 6, apartado 4, letras a) a e). Así pues, este requisito en materia de formación abarca ahora los siguientes elementos: a) el acervo internacional sobre derechos humanos y el acervo de la Unión sobre asilo, incluidas cuestiones jurídicas y jurisprudenciales específicas; b) las cuestiones relacionadas con la tramitación de las solicitudes de asilo de menores y personas vulnerables con necesidades específicas; c) las técnicas de entrevista; d) la utilización de informes médicos y jurídicos en los procedimientos de asilo; e) las cuestiones relacionadas con la elaboración y utilización de información sobre los países de origen; f) las condiciones de acogida, con particular atención a los grupos vulnerables y a las víctimas de tortura. Por lo que hace a las excepciones al principio de autoridad decisoria única, se ha introducido una nueva letra b) para los casos en los que otra autoridad (p. ej. guardias de frontera) conceda o deniegue la autorización para entrar en el territorio en caso de procedimiento fronterizo. Se ha precisado que, en estos casos, la decisión sobre la autorización debe basarse en el dictamen de la autoridad decisoria. Este cambio tiene por objeto adaptar las normas de la Directiva a las distintas modalidades de control fronterizo existentes en los Estados miembros. Artículo 5 No se han introducido cambios en comparación con la propuesta de 2009. Artículo 6 A fin de dotarlo de una estructura más clara, el artículo 6 de la propuesta de 2009 se ha dividido en dos. El artículo 6 de la propuesta modificada establece normas relativas al principio general de acceso fácil y a tiempo, mientras que el nuevo artículo 7 aborda las solicitudes formuladas por cuenta de personas a cargo o de menores. Se ha aclarado la terminología del artículo tanto en comparación con la propuesta de 2009 como con la de la Directiva en vigor. Se establece una distinción más clara entre los términos «hacer» y «presentar» en relación con una solicitud de protección internacional. En consonancia con la definición de «solicitud» que figura en el artículo 2, letra b), se considera que una solicitud ha sido «hecha» en cuanto una persona de la que se puede colegir que aspira a obtener el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria pide protección a un Estado miembro. Este acto no requiere formalidad administrativa alguna. Las formalidades administrativas pertinentes se cumplimentan cuando se «presenta» una solicitud. En consonancia con el apartado 2, los Estados miembros brindarán una oportunidad efectiva de presentar la solicitud lo antes posible, pese a cualquier restricción de orden práctico con arreglo al apartado 1, a cualquier persona que desee hacer una solicitud. En el apartado 3, se ha precisado que lo que debe registrarse en el plazo de setenta y dos horas es solo el hecho de que una persona que ha hecho una solicitud es un solicitante, sin que deba hacerse en ese plazo el registro íntegro de la solicitud. Esta norma es más clara y más compatible con las especificidades de los sistemas de asilo nacionales. Se ha simplificado el requisito de facilitar el acceso a los procedimientos de asilo por parte de las autoridades distintas de la autoridad decisoria. Ahora es un principio general que el personal de las autoridades a que se podrían dirigir las solicitudes debe tener las instrucciones pertinentes y la formación necesaria para cumplir la obligación de facilitar el acceso al procedimiento. Con la referencia a las directrices preparadas por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo se pretende garantizar una mayor armonización por medios operativos. A fin de permitir a los Estados miembros tramitar eficientemente las solicitudes en caso de que un gran número de nacionales de terceros países o apátridas solicite simultáneamente protección internacional, la propuesta prevé la posibilidad de ampliar el plazo de 72 horas a 7 días laborables. Artículo 7 La propuesta modificada precisa las condiciones en que un menor puede hacer una solicitud en su propio nombre, entre ellas la de que tenga capacidad jurídica para actuar en procedimientos con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro de que se trate o a través de sus padres u otros familiares adultos. Artículo 8 (corresponde al artículo 7 de la propuesta de 2009) Este artículo simplifica las normas que figuraban en el correspondiente artículo 7 de la propuesta de 2009. Se trata así de dar más flexibilidad a los Estados miembros a la hora de poner en práctica dichas normas. En concreto, por lo que se refiere a los servicios de interpretación, se ha precisado que dichos servicios solo deberán prestarse en la medida en que sea estrictamente necesario para facilitar el acceso al procedimiento. De lo que se trata, en esencia, es de permitir que las personas que deseen pedir protección internacional puedan hacerlo. El término «servicios» indica que los Estados miembros gozan de una amplia discrecionalidad para encontrar las fórmulas que consideren más apropiadas. Artículo 9 (corresponde al artículo 8 de la propuesta de 2009) No se han introducido cambios en comparación con la propuesta de 2009. Artículo 10 (corresponde al artículo 9 de la propuesta de 2009) Teniendo en cuenta la creación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y el importante papel específico que está llamada a desempeñar en el apoyo de la UE a los Estados miembros en lo que respecta a la información fiable sobre el país de origen en los procedimientos de asilo, se ha invertido la secuencia entre la Oficina y el ACNUR. En el apartado 3, letra b), se ha eliminado la referencia al derecho del solicitante y de su asesor legal a tener acceso a la información sobre el país de origen, que se ha desplazado al artículo 12, apartado 1, como nueva letra d), a fin de mejorar la coherencia del texto. En ese mismo apartado, letra d), se ha añadido un nuevo elemento, para garantizar que el personal que examina las solicitudes y dicta las resoluciones tenga también la posibilidad de obtener asesoramiento sobre cuestiones religiosas, que pueden ser pertinentes en aquellos casos en los que los refugiados sean perseguidos por motivos relacionados con la religión. Artículo 11 (corresponde al artículo 10 de la propuesta de 2009) En el apartado 3 se han añadido dos nuevos motivos teniendo en cuenta que la revelación de circunstancias particulares relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género también podría poner en peligro los intereses de un solicitante en caso de resolución única que cubra a todos las personas a cargo. Artículo 12 (corresponde al artículo 11 de la propuesta de 2009) Se han modificado las letras a) y f) del apartado 1. La propuesta dispone que la lengua que deberá utilizarse para informar al solicitante sobre el procedimiento sea una lengua que este comprende o que sea razonable suponer que comprende. Además, en la letra a), a fin de mejor sensibilizar a los solicitantes sobre las consecuencias que acarrea la retirada de la solicitud, se exige a los Estados miembros que les informen sobre estas normas al principio del procedimiento. Esta salvaguardia es necesaria debido a los cambios introducidos en las normas sobre retirada. En al apartado 1, letra b), se ha precisado que la autoridad decisoria no es la única que puede convocar a una audiencia, sino que también pueden hacerlo otras autoridades competentes en caso de una audiencia de admisibilidad. La nueva letra d) reconoce el derecho de los solicitantes y, si procede, de sus asesores jurídicos a acceder a la información a que se refiere el artículo 10, apartado 3, letra b). Este cambio no impone nuevas obligaciones; el texto se ha desplazado desde el artículo 10, ya que la inclusión del acceso a la información a que se refiere el artículo 10, apartado 1, letra b), garantiza una mayor coherencia en este artículo12 por lo que hace a la estructura del texto. Artículo 13 (corresponde al artículo 12 de la propuesta de 2009) En la propuesta modificada, la formulación del apartado 1 es más precisa y coherente, sin que cambie su contenido. Artículo 14 (corresponde al artículo 13 de la propuesta de 2009) Se ha introducido un mayor grado de flexibilidad en las normas sobre las audiencias personales. Si bien la norma general sigue siendo que las audiencias sobre el fondo de una solicitud son llevadas a cabo por el personal de la autoridad decisoria, en caso de que un gran número de nacionales de terceros países o de apátridas presenten solicitudes simultáneamente, los Estados miembros pueden disponer que intervenga en la realización de dichas audiencias personal de otras autoridades. Sea como fuere, en tales casos, el personal recibirá la misma formación que se imparte al personal de la autoridad decisoria. Estas prácticas solo pueden aplicarse con carácter temporal, en tanto persistan las condiciones por las que se permitieron. El párrafo tercero del apartado 1 se ha simplificado y precisado sin cambiar la obligación de brindar a cada adulto a cargo la oportunidad de una audiencia personal. En el apartado 2, letra b), se ha cambiado el término «autoridad competente» por el de «autoridad decisoria», a fin de asegurar que sea siempre esta quien decida si puede prescindirse de la audiencia en caso de que el solicitante esté incapacitado o no sea apto para ser entrevistado. Artículo 15 (corresponde al artículo 14 de la propuesta de 2009) En el apartado 3, letra a), se ha precisado que la persona que vaya a celebrar la audiencia debe ser suficientemente competente para tener en cuenta las circunstancias personales y (en lugar de «o») generales que rodean la solicitud a fin de tomar una decisión adecuada. Se trata de elementos conjuntivos, no alternativos; han de darse los dos. Se han añadido la orientación sexual y la identidad de género a la lista de ejemplos de circunstancias que han de tenerse en cuenta pues son también elementos que es preciso considerar durante la audiencia. En el apartado 3, letra c), se ha simplificado la formulación sin cambiar el contenido de las disposiciones. En el apartado 3, letra d), se ha precisado la norma que prohíbe que la persona que celebre la audiencia lleve uniforme, prohibiendo solo los uniformes militares o de las fuerzas del orden. En el apartado 3, letra e), la formulación es ahora más exacta. Artículo 16 (corresponde al artículo 15 de la propuesta de 2009) Este artículo se ha simplificado para facilitar su puesta en práctica por parte de los Estados miembros. Se ha eliminado el requisito de que las preguntas formuladas al solicitante sean pertinentes para la valoración, ya que está implícito en el requisito de brindar al solicitante la oportunidad de presentar los elementos del caso. Artículo 17 (corresponde al artículo 16 de la propuesta de 2009) Este artículo se ha modificado sustancialmente en comparación con la propuesta de 2009. Ahora no se exige que los Estados miembros realicen una transcripción de cada audiencia personal. Con arreglo a las normas propuestas, debe hacerse un informe exhaustivo con todos los elementos de fondo. Los Estados miembros pueden disponer asimismo la grabación audio o audiovisual de la audiencia personal. Con todo, incluso en estos casos, debe hacerse un informe exhaustivo y las grabaciones deben adjuntarse al informe. Se ha de brindar al solicitante la oportunidad de formular comentarios sobre el informe. A tal fin, el solicitante debe ser informado sobre el contenido del informe al finalizar la audiencia personal o dentro de un plazo específico antes de que la autoridad decisoria adopte una resolución. El término «plenamente» indica que esta información ha de incluir todos los elementos del contenido del informe con un enfoque holístico y ha de facilitarse, en su caso, con la asistencia de un intérprete. Según la propuesta, los Estados miembros deben solicitar la aprobación del solicitante sobre el contenido del informe. Se prevé una excepción a esta norma, a saber, cuando se realiza una grabación audio o audiovisual de la audiencia. En tal caso, el solicitante ha de tener la posibilidad de remitirse a la grabación adjunta al informe como prueba en los procedimientos de recurso. Si el solicitante se niega a aprobar el informe, este extremo debe hacerse constar en el expediente. Con todo, esta negativa no impedirá a la autoridad decisoria dictar una resolución sobre la solicitud. Artículo 18 (corresponde al artículo 17 de la propuesta de 2009) La propuesta revisa sustancialmente las normas sobre los informes médicos. En el título del artículo se ha eliminando el término «forense» a fin de reflejar más fielmente el contenido real de este artículo. La primera frase del apartado 1 establece como principio general que se debe permitir al solicitante someterse a un reconocimiento médico con miras a presentar a la autoridad decisoria un certificado médico en apoyo de sus declaraciones. El alcance de este certificado médico es limitado; su objetivo es apoyar las declaraciones del solicitante relativas a pasadas persecuciones o graves daños. De lo que se trata es de precisar que el certificado médico no constituye por sí mismo prueba de persecución. Los Estados miembros podrán fijar un plazo de tiempo razonable para la presentación del certificado a fin de no retrasar el reconocimiento ni la resolución. Al objeto de hacer los procedimientos más eficientes y de evitar los abusos y los retrasos innecesarios, la disposición prevé la posibilidad de que se dicte una resolución sin tener en cuenta el certificado, si este no se presenta dentro del plazo previsto sin motivos fundados. Un reconocimiento médico puede ser particularmente pertinente a la hora de examinar las declaraciones del solicitante cuando este es incapaz de articular plenamente los elementos necesarios para justificar su solicitud. Por este motivo, en el apartado 2 se exige que la autoridad decisoria lleve a cabo, por propia iniciativa y con el consentimiento del solicitante, un reconocimiento médico si considera que hay motivos para creer que el solicitante sufre de estrés postraumático o ha sido víctima de persecuciones pasadas o daños graves que le incapacitan para ser entrevistado. La negativa del solicitante a someterse a tal reconocimiento médico no impedirá que la autoridad decisoria dicte una resolución. El nuevo apartado 5 precisa el contenido de la formación que los Estados miembros deben impartir a las personas que entrevisten a los solicitantes. El término «identificación» indica que el objetivo de la formación debe ser asegurar que las personas que entrevisten a los solicitantes conocen y son capaces de reconocer los síntomas que pudieran indicar torturas previas u otros problemas médicos que podrían afectar negativamente a la capacidad del solicitante para ser entrevistado. Artículos 19-22 (corresponden al artículo 18 de la propuesta de 2009) Los nuevos artículos 19-22 buscan ajustar y aclarar las normas sobre el derecho a asistencia jurídica y representación legal a fin de hacerlas más flexibles, asegurando al mismo tiempo la puesta a disposición gratuita de información jurídica y procedimental a aquellas personas que la soliciten y no tengan recursos suficientes. Es este uno de los elementos clave del enfoque conocido como «frontloading», consistente en concentrar los esfuerzos al principio del procedimiento. La elección de este enfoque se vio plenamente respaldada por las conclusiones de un proyecto llevado a cabo en el Reino Unido, el llamado «proyecto piloto Solihull», presentado en la Conferencia Ministerial sobre Asilo de septiembre de 2010. Este proyecto confirmó la hipótesis de que la aplicación del referido enfoque a los procedimientos de asilo, en particular previendo el acceso de los solicitantes a asesoramiento jurídico competente desde el inicio del procedimiento, conlleva considerables mejoras en la calidad de las decisiones en primera instancia. En comparación con la propuesta de 2009, se han introducido cambios en la terminología a fin de evitar la posible confusión entre tres conceptos diferentes: 1. el nivel mínimo de puesta a disposición de información jurídica y procedimental en primera instancia, 2. la asistencia jurídica gratuita para garantizar el acceso efectivo a la justicia en los procedimientos de recurso, y 3. el derecho de los solicitantes a recurrir, a su costa, a un asesor jurídico u a otros consejeros. En aras de la claridad de las normas y de la estructura, el artículo 18 de la propuesta de 2009 se ha dividido en cuatro artículos, haciendo así más clara la distinción entre los distintos conceptos en las diferentes fases del procedimiento. Artículo 19 Este artículo establece las normas en materia de puesta a disposición gratuita de información jurídica y procedimental en los procedimientos en primera instancia. Con el título del artículo se trata de precisar que los Estados miembros están obligados a facilitar gratuitamente a los solicitantes, siempre que así lo soliciten, información jurídica y procedimental en los procedimientos en primera instancia, sin que ello se pueda considerar «asistencia jurídica y representación legal». Así pues, en consonancia con los ordenamientos jurídicos nacionales de varios Estados miembros, para cumplir esta obligación no es necesario asignar un abogado a cada solicitante. La disposición fija asimismo un nivel mínimo de puesta a disposición de información jurídica y procedimental. En primer lugar, incluye la explicación de los pasos, mecanismos, derechos y obligaciones que podrían ser pertinentes para el caso del solicitante, incluidas las obligaciones de cooperar y presentar los elementos a que se refiere el artículo 4 de la Directiva sobre el reconocimiento. En segundo lugar, incluye, en el caso de resolución desestimatoria, la explicación de los fundamentos procedimentales, de hecho y de derecho en que se sustenta la desestimación, de modo que el solicitante pueda tomar una decisión con fundamento de causa sobre la conveniencia de ejercer su derecho a un recurso efectivo. Esta aclaración ha demostrado ser necesaria a la vista de la experiencia adquirida en los debates sobre la anterior propuesta. Cabe destacar que el artículo 20, apartado 2, precisa que si los Estados miembros establecen asistencia jurídica y/o representación legal gratuitas en los procedimientos en primera instancia, se presumirá que incluyen los elementos previstos en el marco de la puesta a disposición gratuita de información jurídica y procedimental. En el apartado 2 se hace referencia a otras condiciones aplicables que se describen en el artículo 21. Artículo 20 Con el título de este nuevo artículo se quiere indicar que los Estados miembros garantizarán la disponibilidad de asistencia jurídica y representación legal gratuitas en los procedimientos de recurso. En la terminología de la propuesta modificada, por «asistencia jurídica y representación legal» se entiende que el solicitante es asistido y representado por una persona competente; en los sistemas nacionales de varios Estados miembros, se encarga de ello un abogado cualificado. Se han establecido igualmente requisitos mínimos que incluyen la preparación de los documentos procesales requeridos y la participación en la vista ante el órgano jurisdiccional. Ese último requisito se limita a los procedimientos de primera apelación. En instancias posteriores, los Estados miembros no están vinculados por esta Directiva a poner a disposición asistencia jurídica ni representación legal alguna. Dado que los requisitos mínimos contemplados en esta disposición incluyen tanto asistencia (preparación de documentos) como representación (participación en la vista), se ha precisado que esta disposición abarca la asistencia jurídica «y» (en lugar de «y/o») la representación legal. El apartado 2 hace referencia a la práctica de varios Estados miembros en los que se pone a disposición asistencia jurídica y/o representación legal (prestadas por abogados) gratuitas ya en los procedimientos en primera instancia (es decir, procedimientos administrativos ante la autoridad decisoria). Este apartado tiene en cuenta estos sistemas al precisar que, en tales casos, los Estados miembros no tendrán que poner a disposición además la información jurídica y procedimental prevista en el artículo 19, puesto que la asistencia jurídica y la representación legal prestadas por un abogado ya cubren estas necesidades. El apartado 3 reconoce la posibilidad de proceder a la llamada «evaluación del fundamento de la solicitud». Ello significa que los Estados miembros podrán establecer que no se concedan asistencia jurídica ni representación legal gratuitas a los solicitantes cuyos recursos tengan pocos visos de prosperar. Con todo, este extremo ha de ser evaluado por el órgano jurisdiccional y no por la autoridad decisoria. El párrafo segundo limita la aplicación de la evaluación del fundamento de la solicitud haciendo referencia al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que establece que se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia. Este párrafo debe leerse, pues, en relación con el artículo 21, apartado 2, letra a), de la Directiva, que establece como norma general que la información jurídica y procedimental en los procedimientos en primera instancia y la asistencia jurídica y la representación legal gratuitas en los procedimientos de recurso pueden concederse únicamente a quienes carezcan de medios suficientes. Artículo 21 En este artículo se establecen las condiciones generales aplicables para la puesta a disposición gratuita de información jurídica y procedimental y la prestación de asistencia jurídica y representación legal gratuitas. Con el nuevo apartado 1 se busca conceder una amplia discrecionalidad a los Estados miembros en cuanto a la forma de cumplir con estas obligaciones. Aunque la asignación de un abogado se considera la solución estándar, los Estados miembros pueden cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de los artículos 19 y 20 recurriendo a ONG, funcionarios públicos o servicios especializados del Estado. Esta disposición tiene en cuenta los sistemas existentes en varios Estados miembros. Artículo 22 Este artículo mantiene el derecho del solicitante a consultar a un abogado en todas las fases del procedimiento. La principal diferencia entre las disposiciones de este artículo y las de los artículos 19-21 estriba en que aquel cubre únicamente el derecho a recurrir a un abogado a su costa. Se dispone asimismo que los Estados miembros podrán permitir a organizaciones no gubernamentales prestar dichos servicios. Artículo 23 (corresponde al artículo 19 de la propuesta de 2009) La propuesta modificada introduce un cambio con respecto al acceso a la información en los procedimientos que atañan a la seguridad nacional. A fin de respetar el principio de igualdad de armas y la jurisprudencia reiterada, prevé la posibilidad de permitir a los Estados miembros, cuando esté comprometida la seguridad nacional, dar acceso a los expedientes solo a servicios especializados del Estado (abogados). Esta disposición busca garantizar que el solicitante esté representado adecuadamente siempre que no se divulgue información sensible o confidencial. Las normas permiten que el representante (oficial del Estado, abogado) no mantenga contacto alguno con el solicitante. Artículo 24 (corresponde al artículo 20 de la propuesta de 2009) La propuesta modificada busca simplificar las disposiciones relativas a las personas con necesidades especiales. De lo que se trata es de establecer los principios, permitiendo a los Estados miembros decidir cuáles son las modalidades más apropiadas. En primer lugar, el título del artículo, en consonancia con la definición del artículo 2, letra d), precisa que, a los efectos de la Directiva, en los procedimientos se ha de tener en cuenta la situación específica de los solicitantes que necesiten garantías procesales especiales. Se trata, en concreto, de dejar claro que las necesidades procesales especiales y las necesidades de acogida especiales no son siempre las mismas. En el primer apartado se dispone que los solicitantes que necesitan garantías procesales especiales han de identificarse en su debido momento. Esta disposición está plenamente en consonancia con las disposiciones pertinentes de la propuesta modificada de Directiva sobre las condiciones de acogida; los Estados miembros pueden utilizar el mecanismo descrito en el artículo 22 de dicha propuesta modificada. La propuesta concede a los Estados miembros una amplia discrecionalidad en lo que respecta a las modalidades para identificar a los solicitantes que necesitan garantías procesales especiales, si este extremo queda patente durante el procedimiento. Así puede ocurrir, en particular, en caso de ciertos trastornos traumáticos que pueden manifestarse transcurrido cierto tiempo. El segundo apartado describe, en términos generales, el principio de que se ha de brindar a los solicitantes que necesitan garantías procesales especiales el tiempo suficiente y el respaldo adecuado para presentar los elementos de sus solicitudes. Con esta norma se quiere ofrecer a los Estados miembros la máxima flexibilidad a la hora de decidir las modalidades para poner en práctica esta disposición en varios casos. Artículo 25 (corresponde al artículo 21 de la propuesta de 2009) En esencia, la propuesta modificada amplía la obligación del representante de asistir a los menores no acompañados. Se ha precisado y ampliado el alcance de la asistencia teniendo en cuenta las necesidades procesales especiales de los menores no acompañados. La disposición requiere ahora que el representante preste asistencia al menor para permitirle disfrutar de los derechos y cumplir con las obligaciones previstas en la Directiva. Se ha eliminado el requisito de imparcialidad, pues el representante ha de actuar en interés del menor no acompañado; sin embargo, se ha especificado que el representante ejercerá sus funciones de conformidad con el principio del mejor interés del niño. Se ha eliminado el apartado 2, letra b), dado que el hecho de que el menor esté o haya estado casado no significa por sí mismo que no necesite asistencia. Se tienen así en cuenta posibles casos de matrimonios forzados. En el apartado 3, letra a), se ha ampliado el requisito de que la audiencia sea celebrada por una persona que tenga los conocimientos necesarios sobre las necesidades especiales de los menores para incluir también las audiencias de admisibilidad. El apartado 4 precisa que la información jurídica y procedimental gratuitas se facilitará no solo a los menores no acompañados, sino también a su representante, y que esta disposición también es aplicable a los casos de retirada de estatuto, abarcando así todos los procedimientos regulados por la Directiva. El apartado 5 introduce un cambio con respecto a los reconocimientos médicos para determinar la edad de los menores no acompañados, al especificar que si el reconocimiento no puede llegar a una conclusión inequívoca al respecto, el solicitante será considerado un menor. El apartado 6 excluye la posibilidad de aplicar la evaluación del fundamento de la solicitud a la prestación de asistencia jurídica y representación legal gratuitas en los procedimientos de recurso, a fin de garantizar la protección de los solicitantes menores no acompañados. Artículo 26 (corresponde al artículo 22 de la propuesta de 2009) No se han introducido cambios en comparación con la propuesta de 2009. Artículo 27 (corresponde al artículo 23 de la propuesta de 2009) No se han introducido cambios en comparación con la propuesta de 2009. Artículo 28 (corresponde al artículo 24 de la propuesta de 2009) Este artículo prevé la posibilidad de rechazar una solicitud como no fundamentada si se considera que ha sido retirada implícitamente, siempre que haya sido adecuadamente examinada tras una audiencia personal. El apartado 2 prevé la posibilidad de que los solicitantes que vuelvan a presentarse después de una retirada implícita presenten una nueva solicitud después de que se haya suspendido el caso. Como norma general, esta nueva solicitud no puede considerarse una solicitud posterior. Por consiguiente, no puede considerarse inadmisible por el hecho de que no contenga nuevos elementos. Con todo, si el solicitante vuelve a presentarse transcurrido más de un año desde que se consideró retirada la solicitud anterior, los Estados miembros no están obligados por la Directiva a reabrir el acaso y pueden tramitar la nueva solicitud como solicitud posterior. De lo que se trata con estas disposiciones es de ofrecer herramientas para luchar contra las solicitudes reiteradas abusivas. Artículo 29 (corresponde al artículo 25 de la propuesta de 2009) Se ha adaptado la formulación del apartado 1, letra a), a la de otros artículos de la Directiva, sin cambiar el contenido de la disposición. Artículo 30 (corresponde al artículo 26 de la propuesta de 2009) No se han introducido cambios en comparación con la propuesta de 2009. Artículo 31 (corresponde al artículo 27 de la propuesta de 2009) La propuesta modificada introduce varios cambios en cuanto al procedimiento de examen en primera instancia y a los procedimientos acelerados. Con estos cambios se quiere tener en cuenta las especificidades de los sistemas nacionales de los Estados miembros y garantizar un mayor grado de flexibilidad y medios eficientes para atajar los abusos. El apartado 3 mantiene el plazo general de seis meses para la finalización del procedimiento en primera instancia. Sin embargo, se han introducido dos nuevas excepciones, a saber, en caso de que un gran número de nacionales de terceros países o apátridas presenten solicitudes simultáneamente y cuando la autoridad decisoria no pueda respetar el plazo debido a la incapacidad del solicitante de cumplir con sus obligaciones. Los Estados miembros pueden asimismo posponer la conclusión del procedimiento cuando la autoridad decisoria no pueda adoptar una resolución debido a una situación incierta en el país de origen que se espera sea temporal. En tal caso, los Estados miembros podrán rebasar el plazo de seis + seis meses. Sin embargo, el solicitante mantendrá su estatuto de solicitante. Se han modificado los motivos de priorización para adaptar la Directiva a la propuesta modificada de Directiva sobre las condiciones de acogida. Los Estados miembros podrán dar prioridad a un examen cuando el solicitante sea vulnerable. También se ha ajustado la terminología al nuevo término «solicitantes que necesitan garantías procesales especiales». Se ha hecho referencia expresa a los menores no acompañados como uno de los casos en los que la prioridad puede estar particularmente justificada. En el apartado 6 se precisa que los motivos contemplados en ese apartado pueden usarse para acelerar el procedimiento o para que se lleve a cabo en la frontera. Con este cambio se tienen en cuenta los sistemas nacionales de los Estados miembros que aplican el procedimiento general en la frontera. Sin embargo, la lista de casos en que el procedimiento puede acelerarse o examinarse en la frontera sigue siendo exhaustiva. Se han vuelto a introducir dos motivos para acelerar el procedimiento (y que se lleve a cabo en la frontera): La letra e) vuelve a introducir la letra g) de la Directiva de 2005. De lo que se trata es de prever la posibilidad de tramitar eficientemente los casos de abuso. Se ha ajustado la formulación, estableciendo que este motivo puede utilizarse cuando el solicitante hubiese formulado alegaciones manifiestamente falsas u obviamente inverosímiles que contradigan suficientemente información contrastada sobre el país de origen. Con este cambio se pretende añadir un elemento objetivo a este motivo. La letra g) vuelve a introducir la letra m) de la Directiva de 2005, que atañe a los casos de amenaza a la seguridad nacional o al orden público. Se ha precisado que una solicitud puede acelerarse si hay razones graves para considerar que un solicitante constituye un peligro para la seguridad nacional. Se ha eliminado el apartado 7 de la propuesta de 2009. El requisito de garantizar un examen completo y adecuado se ha desplazado al nuevo apartado 7. Se han eliminado las normas relativas a las solicitudes manifiestamente infundadas, ya que se ha vuelto a introducir el artículo 28 de la Directiva de 2005, que incluye dichas normas. Artículo 32 (corresponde al artículo 28 de la Directiva de 2005) Este artículo corresponde al artículo 28 de la Directiva de 2005. El cambio en el contenido atañe a los casos en que pueda verse afectada la seguridad nacional, ya que es el único motivo para acelerar el procedimiento que no puede considerarse manifiestamente infundado, pues en estos casos el motivo para acelerar el procedimiento no se basa en la consideración de que la petición no está bien fundada. Se ha eliminado el artículo 28 de la propuesta de 2009 ya que cubría las mismas normas. Artículo 33 (corresponde al artículo 29 de la propuesta de 2009) Se ha modificado la letra d), porque el término «idéntico» era muy restrictivo y hacía la aplicación de este motivo de inadmisibilidad imposible en la práctica e incompatible con las normas sobre solicitudes posteriores a las que supuestamente completaba. La propuesta modificada precisa que este motivo de inadmisibilidad puede utilizarse si no han surgido nuevos elementos en caso de solicitud posterior. Se ha aclarado la vinculación con solicitudes posteriores (y su definición). Artículo 34 (corresponde al artículo 30 de la propuesta de 2009) Se han adaptado las disposiciones a las normas generales sobre la audiencia personal. Ello atañe al requisito de que el entrevistador no debe llevar uniforme militar ni de los servicios con funciones coercitivas. Artículo 35 (corresponde al artículo 31 de la propuesta de 2009) La propuesta modificada prevé explícitamente la posibilidad de que el solicitante impugne la aplicación del concepto de primer país de asilo en sus circunstancias particulares. Artículo 36 (corresponde al artículo 34 de la propuesta de 2009) No se han introducido cambios en comparación con la propuesta de 2009. Artículo 37 (corresponde al artículo 33 de la propuesta de 2009) No se han introducido cambios en comparación con la propuesta de 2009. Artículo 38 (corresponde al artículo 32 de la propuesta de 2009) No se han introducido cambios en comparación con la propuesta de 2009. Artículo 39 (corresponde al artículo 38 de la propuesta de 2009) En aras de la coherencia, se ha añadido un nuevo apartado 6, que obliga a los Estados miembros a informar a la Comisión periódicamente sobre los países a los que se aplica el concepto de tercer país seguro europeo y que corresponde a una obligación equivalente relativa a los terceros países seguros. Artículo 40 (corresponde al artículo 35, apartados 1-7 y apartado 9, de la propuesta de 2009) Las normas sobre solicitudes reiteradas y posteriores se han aclarado significativamente a fin de garantizar un tratamiento eficiente de las mismas. La definición de «solicitud posterior» ofrece un ámbito claro para estas normas. Se puede considerar inadmisible una solicitud posterior si no existen nuevos elementos que hagan más probable que el solicitante reúna las condiciones para obtener el estatuto de protección internacional. La existencia de nuevos elementos habrá de verificarse mediante un examen preliminar. En caso de que existan, la solicitud posterior será examinada de conformidad con las normas generales. Se ha precisado que si no existen nuevos elementos, la solicitud se considerará inadmisible. Las normas sobre solicitudes posteriores también pueden ser aplicables en caso de que un menor soltero presente una solicitud por separado. Artículo 41 (corresponde al artículo 35, apartados 8- 9, de la propuesta de 2009) El contenido de estas normas no se ha modificado, pero se ha reestructurado el texto en aras de la claridad. Artículo 42 (corresponde al artículo 36 de la propuesta de 2009) Se ha eliminado el apartado 3, letra b), por ser superfluo. Esta disposición esta incluida en el artículo 40, apartado 3. Artículo 43 (corresponde al artículo 37 de la propuesta de 2009) El artículo permanece inalterado. Sin embargo, los cambios introducidos en los artículos 31 y 33 amplían su ámbito de aplicación mediante referencias. Los nuevos motivos para acelerar el procedimiento permiten a los Estados miembros examinar estos casos también en la frontera. El cambio en las normas sobre inadmisibilidad de las solicitudes que no presentan nuevos elementos permite asimismo un mayor uso de los procedimientos en la frontera. Artículo 44 (corresponde al artículo 39 de la propuesta de 2009) No se han introducido cambios en comparación con la propuesta de 2009. Artículo 45 (corresponde al artículo 40 de la propuesta de 2009) Se ha modificado el apartado 4. Los Estados miembros pueden disponer asimismo que el estatuto de protección internacional expirará de oficio si el beneficiario de protección internacional se convierte en ciudadano del Estado miembro en cuestión. Artículo 46 (corresponde al artículo 41 de la propuesta de 2009) En esencia, las normas relativas al derecho a un recurso efectivo se han mantenido a fin de garantizar el cumplimiento de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los cambios atañen a los siguientes elementos: En el apartado 5, se ha precisado que el solicitante tendrá derecho a permanecer en el territorio del Estado miembros hasta que haya expirado el plazo para presentar un recurso. En el apartado 6, se ha añadido un nuevo motivo cuando no se ha de prever efecto suspensivo automático: así ocurre cuando la solicitud se ha considerado inadmisible porque otro Estado miembro ha concedido ya el estatuto de refugiado. Se ha precisado que solo pueden establecerse excepciones al principio de suspensión automática en caso de que sean aplicables motivos de aceleración o inadmisibilidad. Como consecuencia de la ampliación de los motivos para acelerar el procedimiento en virtud del artículo 36, apartado 6, el ámbito de aplicación de esta apartado es ahora más amplio que en la propuesta de 2009. En el apartado 9, se ha eliminado la obligación de fijar plazos para que los órganos jurisdiccionales dicten una resolución, teniendo así en cuenta las especificidades de los distintos sistemas judiciales nacionales. Se ha eliminado el apartado 5 de la Directiva de 2005 en aras de la coherencia con el apartado 2 y con la Directiva sobre el reconocimiento. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 1.1. Motivación y objetivos de la propuesta Tal como se anunciara en el Plan de política de asilo[1], el 21 de octubre de 2009 la Comisión presentó una propuesta por la que se modificaba la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado[2] (en lo sucesivo, la «Directiva sobre los procedimientos de asilo»). La propuesta se preparó tomando como base la evaluación de la aplicación de la Directiva actual en los Estados miembros. Tenía en cuenta asimismo los resultados de un amplio proceso de consulta con los Estados miembros, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas. Posteriormente, la información sobre la aplicación de la Directiva actual se consolidó en forma de informe de evaluación[3], que se publicó en septiembre de 2009 y cuyas conclusiones vinieron a reforzar la argumentación que subyace a la propuesta. El 6 de abril de 2011, el Parlamento Europeo aprobó una posición en primera lectura sobre la propuesta de la Comisión, que respaldaba, en líneas generales, las enmiendas propuestas. La propuesta fue examinada asimismo en el Consejo, principalmente bajo la Presidencia española de 2010. Las discusiones fueron sin embargo difíciles y el Consejo no pudo alcanzar una posición. Con la presentación de la propuesta modificada, la Comisión hace uso de su derecho de iniciativa para impulsar los trabajos con miras a la creación de un verdadero Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) que redunde en beneficio tanto de los Estados miembros como de los refugiados. A la Comisión le incumbe la responsabilidad política de ofrecer oportunidades reales, de manera que la Unión pueda respetar el compromiso asumido en el Programa de Estocolmo de implantar el Sistema Europeo Común de Asilo de aquí a 2012. La adopción de la Directiva sobre los residentes de larga duración, que incluye en su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección internacional, imprime un fuerte impulso en esta dirección. Todo procedimiento de asilo común debe ser rápido y equitativo. Para alcanzar estos objetivos, la Comisión ha seguido recabando ideas sobre la forma de consolidar las mejores prácticas nacionales y de reunirlas en un sistema que sea coherente y fácil de poner en práctica en toda la Unión. La propuesta modificada reúne además las ideas y la experiencia adquiridas durante los debates sobre la propuesta anterior. El sistema que se presenta en la propuesta modificada es al mismo tiempo eficiente y protector. Presenta una buena relación coste/resultados y permite hacer frente a eventuales solicitudes abusivas. Garantiza una tramitación similar de las solicitudes en todos los Estados miembros. Respeta plenamente los derechos fundamentales y la evolución de la jurisprudencia en este ámbito, contribuyendo así a garantizar su solidez en caso de que se interpongan demandas ante los órganos jurisdiccionales. Al mismo tiempo, es lo suficientemente flexible como para tener en cuenta las particularidades de los distintos ordenamientos jurídicos nacionales. Las normas que lo componen se han aclarado y simplificado para asegurar su puesta en práctica efectiva. La propuesta modificada debe considerarse en relación con la propuesta modificada de Directiva sobre las condiciones de acogida, que busca, entre otras cosas, garantizar normas de acogida de mejor calidad y más armonizadas para los solicitantes de asilo en toda la Unión. La propuesta modificada guarda asimismo relación con el Reglamento por el que se establece la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA), adoptado el 19 de mayo de 2010. Ahora que la OEAA ha iniciado sus actividades, se le podría encomendar un papel más específico en apoyo de los Estados miembros con miras a una puesta en práctica más eficaz de las normas comunes. 1.2. Contexto general La propuesta de 2009 y la presente propuesta modificada forman parte de un paquete legislativo que tiene por objeto la implantación de un Sistema Europeo Común de Asilo. En concreto, en 2008, la Comisión, junto con la propuesta por la que se modifica la Directiva sobre las condiciones de acogida, adoptó una serie de propuestas por las que se modifican los Reglamentos de Dublín y EURODAC. En 2009, la Comisión adoptó igualmente otras propuestas por las que se modifican las Directivas sobre los procedimientos de asilo y sobre el reconocimiento. Por último, mediante un Reglamento de 19 de mayo de 2010, se creó la Oficina Europea de Apoyo al Asilo con el fin de coordinar mejor la cooperación operativa entre los Estados miembros, de modo que se puedan poner efectivamente en práctica normas comunes en el ámbito del asilo. Este paquete legislativo está en consonancia con el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 2008[4], que vino a confirmar una vez más los objetivos del Programa de la Haya y en el que se instaba a la Comisión a presentar propuestas con vistas al establecimiento, a más tardar en 2012, de un procedimiento único de asilo que incluyera garantías comunes. En el mismo marco, el Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo Europeo en su reunión de los días 10 y 11 de diciembre de 2009, destacó la necesidad de establecer «un espacio común de protección y solidaridad que se base en un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para las personas a las que se concede protección internacional» basado en «normas de protección de alto nivel» y «procedimientos justos y eficaces» a más tardar en 2012. En concreto, el Programa de Estocolmo afirmaba que las personas que necesiten protección internacional deben tener acceso garantizado a procedimientos de asilo seguros y eficaces desde el punto de vista jurídico. De conformidad con dicho Programa, las personas, independientemente del Estado miembro en el que presenten su solicitud de asilo, deben recibir un nivel de tratamiento equivalente en relación con las condiciones de acogida y con la tramitación del procedimiento y la determinación de su estatuto. De lo que se trata es de que los casos similares se traten de forma semejante y produzcan los mismos resultados. Como parte de los preparativos de la anterior propuesta se llevó a cabo una evaluación de impacto. La propuesta modificada se basa en los mismos principios que la anterior. Además, busca reducir los costes y la carga administrativa, simplificando y aclarando ciertas disposiciones a fin de facilitar su puesta en práctica. Por este motivo, la evaluación de impacto llevada a cabo para la anterior propuesta sigue siendo aplicable a la propuesta modificada. 1.3. Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión La presente propuesta se ajusta plenamente a las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 1999, al Programa de la Haya de 2004, al Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, adoptado por el Consejo Europeo el 17 de octubre de 2008, y al Programa de Estocolmo de 2009, que exige el pleno establecimiento del SECA a más tardar en 2012. La propuesta es asimismo coherente con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en particular por lo que hace a la mejor integración de los migrantes legales. Al promover procedimientos de asilo más rápidos y sólidos, favorece la empleabilidad de los refugiados y de las personas que necesitan una protección subsidiaria, pues sus competencias no se verán afectadas como consecuencia de un prolongado periodo sin pleno acceso al mercado de trabajo. También busca reducir los gastos de acogida de los Estados miembros, promoviendo así la solvencia de las finanzas públicas. 2. Consulta de las partes interesadas Como parte de los preparativos para la propuesta anterior, la Comisión presentó un Libre Verde, organizó varias reuniones de expertos, en particular con el ACNUR y con socios de la sociedad civil, encargó un estudio externo y recabó datos en respuesta a diversos cuestionarios detallados. Además, el 8 de septiembre de 2010, adoptó el informe de evaluación sobre la aplicación de la Directiva actual. Las conclusiones de dicho informe no hicieron sino reforzar los resultados de los trabajos preparatorios. A raíz de la presentación de la anterior propuesta, en octubre de 2009, se llevaron a cabo debates a nivel técnico en el Consejo, principalmente bajo la Presidencia española. Durante esos debates, varios Estados miembros se opusieron a determinadas disposiciones de la propuesta debido a las particularidades de sus sistemas jurídicos y de asilo. El Consejo fue incapaz de encontrar soluciones satisfactorias. Quedó patente que si se quería evitar la incorporación de múltiples excepciones para determinados Estados miembros y poner así en peligro la coherencia global del sistema propuesto, la Comisión debía revisar la propuesta para proponer una solución más global a las cuestiones planteadas, salvaguardando al mismo tiempo el valor añadido del texto. La clarificación y simplificación de las disposiciones propuestas para facilitar su puesta en práctica por parte de los Estados miembros debería imprimir un impulso renovado a los debates. Por consiguiente, la Comisión anunció, con ocasión del Consejo de Justicia e Interior, que presentaría una propuesta modificada relativa a esta Directiva antes de principios de la Presidencia polaca del Consejo en 2011. En el marco de los preparativos para la presente propuesta modificada, la Comisión llevó a cabo una serie de reuniones de consulta técnica entre los meses de enero y abril de 2010. La propuesta modificada tiene en cuenta asimismo los debates entablados con ocasión de la Conferencia Ministerial sobre la calidad y la eficiencia del procedimiento de asilo, organizada por la Presidencia belga los días 13 y 14 de septiembre de 2010. La Conferencia se centró, entre otras cuestiones, en las entrevistas, la formación, la información sobre el país de origen, los procedimientos prioritarios y las solicitudes reiteradas. El Parlamento Europeo aprobó su posición en primera lectura el 6 de abril de 2011. En líneas generales, la resolución respaldaba la propuesta de la Comisión. La mayoría de las enmiendas propuestas tenían por objeto reforzar las garantías para los solicitantes. Algunas de ellas buscaban ofrecer más flexibilidad a los Estados miembros o mejorar la coherencia global del texto. El fondo de la resolución se tuvo en cuenta a la hora de preparar la propuesta modificada, que incorpora así muchas enmiendas a nivel del texto o del fondo. La posición del Parlamento contiene asimismo toda una serie de enmiendas que conllevarían cambios importantes en lo que respecta a las diferentes nociones de tercer país seguro. La Comisión examinó minuciosamente estas enmiendas y llegó a la conclusión de que la idea de suprimir las listas nacionales de países seguros y de adoptar listas comunes en el conjunto de la UE podría considerarse en el futuro. Sin embargo, esta posibilidad solo podría hacerse realidad una vez que la OEAA tenga capacidad para respaldar de forma sostenible la sustitución de las listas nacionales gracias a la elaboración de informes sobre los países de origen basados en datos pertinentes, fiables, exactos y actualizados recabados de forma transparente e imparcial, mediante el desarrollo de un formato y una metodología comunes para la presentación, verificación y utilización de la información sobre los países de origen, y al análisis de estos datos. Aunque en la propuesta modificada no se han incorporado las enmiendas del Parlamento Europeo sobre las distintas nociones de tercer país seguro, la Comisión reconoce la necesidad de proseguir la armonización de dichas normas. A tal fin, se compromete a organizar, junto con los Estados miembros y con la implicación del Parlamento, una revisión regular del uso que se hace de estas nociones. Este proceso regular de revisión debería contribuir a preparar la continuación de la armonización en el futuro. La propuesta modificada trata de buscar una solución equilibrada para facilitar las negociaciones entre ambos colegisladores. 3. Aspectos jurídicos de la propuesta 3.1. Resumen de la acción propuesta El objetivo principal de la propuesta modificada es simplificar y clarificar las normas, a fin de hacerlas más compatibles con los diferentes sistemas jurídicos nacionales y ayudar a los Estados miembros a aplicarlas de forma más rentable en función de sus situaciones particulares. Al igual que sucedía con la anterior propuesta, el objetivo general sigue siendo la adopción de procedimientos justos y eficientes. La propuesta sigue garantizando el pleno respeto de los derechos fundamentales, ya que se inspira en la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente por lo que hace al derecho a una tutela judicial efectiva. En comparación con la Directiva actual, las garantías procesales que aseguran procedimientos justos y eficientes se han revisado para conducir a una aplicación más coherente de los principios procedimentales. La propuesta introduce asimismo nociones y mecanismos procedimentales más coherentes y más simples, dotando así a las autoridades competentes en materia de asilo con los instrumentos necesarios para prevenir los abusos y tramitar rápidamente las solicitadas manifiestamente infundadas. A fin de facilitar la aplicación coherente del acervo en materia de asilo y de simplificar las modalidades aplicables, la propuesta contempla un procedimiento único y dispone claramente que las solicitudes deben considerarse a la luz de las dos formas de protección internacional previstas en la Directiva sobre el reconocimiento. La propuesta mejora la coherencia con la propuesta modificada de Directiva sobre las condiciones de acogida y con el Reglamento sobre la OEAA. 3.1.1. Facilitar la puesta en práctica por parte de los Estados miembros Se han introducido una serie de cambios para asegurar que la propuesta sea más compatible con los diferentes sistemas jurídicos y otras disposiciones de los diferentes Estados miembros. Atañen, por ejemplo, a las normas relativas a las decisiones sobre el derecho de entrada en el territorio, la posibilidad de posponer la toma de una decisión cuando la situación en el país de origen sea temporalmente incierta y los motivos para poder examinar las solicitudes en la frontera. También se ha flexibilizado una serie de disposiciones a fin de facilitar su puesta en práctica. Para permitir a los Estados miembros tramitar de forma adecuada un número elevado de solicitudes de asilo simultáneas, se han revisado las normas relativas al acceso al procedimiento, la realización de entrevistas personales y la duración máxima estándar de los procedimientos de asilo. Por último, se han revisado exhaustivamente todas las disposiciones del texto para clarificar y simplificar las normas con el fin de facilitar los debates y de asegurar una puesta en práctica eficaz. 3.1.2. Atajar mejor los posibles abusos La propuesta modificada mejora la capacidad de los Estados miembros para atajar posibles abusos del sistema de asilo. Una serie de nuevas normas prevé que los Estados miembros pueden acelerar los procedimientos y examinar en la frontera las casos en los que el solicitante haya hecho declaraciones manifiestamente falsas u obviamente improbables que estén en contradicción con información sobre el país de origen suficientemente contrastada y que hacen que la pretensión sea claramente poco convincente. El mismo procedimiento se aplica a los solicitantes que constituyan un peligro para la seguridad nacional o el orden público. También se han modificado las normas relativas a la retirada implícita de una solicitud, a fin de gestionar mejor a los solicitantes que podrían eludir la acción de la justicia o que no cumplen sus obligaciones. Con arreglo a estas normas, los Estados miembros pueden denegar una solicitud basándose en la retirada implícita si las autoridades cuentan ya con elementos suficientes para examinar la pretensión de forma adecuada. Para mejor sensibilizar a los solicitantes sobre las consecuencias que acarrea la retirada, los Estados miembros han de informarles sobre estas normas al principio del procedimiento. 3.1.3. Mejorar la calidad de las decisiones desde el principio: procedimientos rápidos, justos y eficientes De lo que se trata es de asignar los recursos adecuados en favor de la calidad de la toma de decisiones desde el inicio del procedimiento para hacerlo más justo y eficiente. Uno de los principales objetivos de la propuesta consiste en implantar un procedimiento de asilo estándar que no se prolongue más de seis meses. Al mismo tiempo, la propuesta modificada hace una serie de aclaraciones destinadas a facilitar la puesta en práctica de este concepto teniendo en cuenta las particularidades de los diferentes Estados miembros. Un elemento clave en este sentido es el acceso temprano al apoyo para ayudar a un solicitante a comprender el procedimiento. La propuesta modificada aclara el fondo de este apoyo básico para distinguirlo de la asistencia jurídica gratuita disponible en los procedimientos de recurso. Los Estados miembros pueden buscar las modalidades más apropiadas para prestar este apoyo, por ejemplo mediante organizaciones no gubernamentales, funcionarios gubernamentales o servicios especializados del Estado. Las enmiendas tienen por objeto hacer la puesta en práctica de esta disposición clave más eficaz en términos de coste y disipar cualquier malentendido que pudiera ser fuente de conflictos entre estas normas y el Derecho administrativo general de varios Estados miembros. La propuesta simplifica asimismo las normas relativas a la formación que los Estados miembros han de impartir al personal encargado de examinar las solicitudes y de tomar decisiones al respecto. Aunque el objetivo sigue siendo lograr un alto nivel de competencia de este personal, pues es la única forma de garantizar que las decisiones de las autoridades competentes en materia de asilo sean sólidas y defendibles, se han simplificado las modalidades y se ha reforzado su coherencia en relación con las otras partes del acervo en materia de asilo. Por último, se han simplificado las disposiciones relativas a los solicitantes que necesitan garantías procesales especiales. Las nuevas normas son menos prescriptivas a fin de dotar a los Estados miembro de mayor capacidad de actuación y de mayor flexibilidad para tener en cuenta las diferentes situaciones específicas que pueden presentar los solicitantes. Al mismo tiempo, las normas siguen ofreciendo a estas personas un elevado nivel de garantía. 3.1.4. Garantizar el acceso a la protección Para garantizar que una persona que exprese el deseo de solicitar protección internacional tenga efectivamente la oportunidad de hacerlo, la propuesta modificada mejora las normas relativas a los primeros pasos que hay que dar en el marco del procedimiento de asilo. En concreto, elimina la posible confusión entre la recepción de una solicitud de asilo completa y el acto de base consistente en registrar a la persona como solicitante. De esta forma, es más fácil para los Estados miembros cumplir el plazo propuesto de 72 horas para registrar a un solicitante como tal después de que haya expresado el deseo de presentar una solicitud, plazo que puede prolongarse en caso de que prácticamente imposible de cumplir. Además, prevé normas simples en lo que concierne a la formación y a las instrucciones que hay que dar a los guardias de fronteras y a cualquier otro responsable susceptible de entrar en contacto con potenciales solicitantes. Las nuevas normas deberían ayudar a los Estados miembros a ponerlas en práctica teniendo en cuenta la diversidad de sus situaciones nacionales. 3.1.5. Establecer normas claras en materia de solicitudes repetidas Aun después de que se haya rechazado una solicitud de protección internacional, una persona ha de tener la posibilidad de volver a presentar una solicitud si han cambiado sus circunstancias, a fin de tener en cuenta la posibilidad de solicitudes sobre el terreno de conformidad con la Directiva sobre el reconocimiento. La propuesta modificada aclara las normas relativas a dichas solicitudes para evitar posibles abusos. Con arreglo a estas normas, una solicitud posterior es objeto de un examen preliminar rápido y eficiente a fin de determinar si existen nuevos elementos que justifiquen un reexamen. En caso de que existan, la solicitud posterior será examinada de conformidad con las normas generales. De no ser así, la solicitud será declarada inadmisible. Para evitar abusos, los Estados miembros podrán establecer una excepción al derecho a permanecer en el territorio, incluso si la persona en cuestión hace nuevas solicitudes de protección internacional. 3.1.6. Mejorar la coherencia con otros instrumentos del acervo de asilo de la UE La propuesta modificada revisa una serie de mecanismos para hacerlos más coherentes con otros instrumentos de la UE en materia de asilo, en particular con la propuesta modificada de Directiva sobre las condiciones de acogida. Se trata, en particular, de las disposiciones relativas a las necesidades especiales y las personas vulnerables y a los procedimientos en las fronteras. La propuesta modificada adapta igualmente las disposiciones relativas a la formación a las disposiciones equivalentes del Reglamento OEAA. Sus disposiciones en materia de formación y acceso al procedimiento encomiendan asimismo a la OEAA un papel más concreto. De los que se trata es de ofrecer a los Estados miembros un cierto grado de flexibilidad y apoyo. La intervención de la OEAA debería potenciar igualmente la coherencia a nivel de la puesta en práctica en el conjunto de la Unión. Para facilitar la aplicación coherente del acervo y simplificar las modalidades aplicables, la propuesta contempla un procedimiento único y dispone claramente que las solicitudes deben considerarse a la luz de las dos formas de protección internacional previstas por la Directiva sobre el reconocimiento. 3.2. Base jurídica La propuesta modificada modifica la Directiva 2005/85/CE y utiliza como base jurídica el artículo 78, apartado 2, letra d), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prevé la adopción de medidas que incluyan procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto uniforme de asilo o de protección subsidiaria. 3.3. Ámbito de aplicación territorial Los destinatarios de la Directiva propuesta serán los Estados miembros. La aplicación de la Directiva al Reino Unido e Irlanda se determinará de conformidad con las disposiciones del Protocolo nº 21, anexo al TFUE. De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, anexo al TFUE, la Directiva no vincula a Dinamarca ni le será aplicable. 3.4. Principio de subsidiariedad El título V del TFUE sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia confiere a la Unión Europea ciertas competencias en estas materias. Estas competencias deben ejercerse con arreglo al artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, es decir, solo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. La base jurídica de la acción de la Unión se establece en el artículo 78 del TFUE, que dispone que la Unión «desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a los demás tratados pertinentes». Dado el carácter transnacional de los problemas que plantean el asilo y la protección de los refugiados, la UE se encuentra en una posición favorable para proponer soluciones en el marco del SECA, especialmente en lo que respecta a los procedimientos para conceder o retirar la protección internacional, sobre todo para evitar movimientos secundarios. Aunque ya se ha alcanzado un alto grado de armonización gracias a la adopción de la Directiva en 2005, es necesario que la UE emprenda nuevas acciones para mejorar y seguir armonizando las normas relativas a los procedimientos de asilo y dar nuevos pasos encaminados a la adopción de procedimientos de asilo comunes. Estas normas se consideran igualmente indispensables para garantizar que los solicitantes de protección internacional sujetos a los procedimientos de Dublín se examinen en condiciones equivalentes en los distintos Estados miembros. 3.5. Principio de proporcionalidad La evaluación de impacto relativa a la modificación de la Directiva sobre los procedimientos de asilo[5], llevada a cabo en el marco de los preparativos para la propuesta anterior, analizó cada una de las opciones consideradas para resolver los problemas detectados a fin de encontrar el equilibrio ideal entre la utilidad práctica y los esfuerzos necesarios y llegó a la conclusión de que la opción consistente en la intervención de la UE no excede de lo necesario para alcanzar el objetivo fijado, es decir, la resolución de dichos problemas. La presente propuesta modificada mantiene los principios rectores de la propuesta anterior, al tiempo que introduce un mayor grado de flexibilidad para los Estados miembros, contribuyendo así al respeto del principio de proporcionalidad. 3.6. Repercusión en los derechos fundamentales La presente propuesta ha sido objeto de un examen en profundidad a fin de garantizar la plena compatibilidad de sus disposiciones con: – los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y – las obligaciones derivadas del Derecho internacional, en particular, de la Convención de Ginebra, del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. El hecho de garantizar normas más elevadas sobre los procedimientos de asilo, así como su aplicación coherente en toda la Unión, tendrá un impacto global positivo para los solicitantes de asilo y hará más efectivo el derecho fundamental de asilo que consagra el artículo 18 de la Carta. En concreto, la propuesta reducirá el riesgo de error administrativo en los procedimientos de asilo, asegurando así un mejor respeto del principio de no devolución consagrado en el artículo 19 de la Carta y mejorando el acceso a la protección y la justicia con la garantía de que cada solicitante debería tener, en caso de decisión negativa, el derecho a una tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo 47. La propuesta conllevará asimismo una mayor igualdad entre hombres y mujeres, como prescribe el artículo 23, promoverá el principio del interés superior del niño en los procedimientos de asilo, en consonancia con el artículo 24, y reforzará el principio de no discriminación, como se prevé en el artículo 21. 2009/0165 (COD) Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto de protección internacional (Refundición) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 78, apartado 2, letra d), Vista la propuesta de la Comisión Europea, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[6], Visto el dictamen del Comité de las Regiones[7], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: ò nuevo (1) Es necesario introducir una serie de modificaciones sustantivas en la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado[8]. En aras de una mayor claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva. ê 2005/85/CE Considerando 1 (adaptado) ð nuevo (2) Una política común en el ámbito del asilo, incluido un sistema europeo común de asilo, es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Ö Unión Õ Comunidad. ð Debe regirse por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, también en el aspecto financiero. ï ê 2005/85/CE Considerando 2 (3) El Consejo Europeo, en su sesión especial en Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, tal que modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 («Convención de Ginebra»), afirmando así el principio de no devolución y garantizando que ninguna persona sufra de nuevo persecución. ê 2005/85/CE Considerando 3 (adaptado) (4) Las conclusiones del Consejo de Tampere prevén que un sistema europeo común de asilo debe incluir a corto plazo normas comunes para procedimientos justos y eficientes de asilo en los Estados miembros y, a más largo plazo, normas Ö de la Unión Õ comunitarias que lleven a un procedimiento común de asilo en la Ö Unión Õ Comunidad Europea. ê 2005/85/CE Considerando 4 (adaptado) ð nuevo (5) ð La primera fase de un Sistema Europeo Común de Asilo concluyó con la adopción de instrumentos jurídicos pertinentes previstos en los Tratados, en particular la Directiva 2005/85/CE, que fue ï Las normas mínimas establecidas en la presente Directiva sobre los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado constituyen, por tanto, una primera medida sobre procedimientos de asilo. ò nuevo (6) El Consejo Europeo de 4 de noviembre de 2004 adoptó el Programa de La Haya que establece los objetivos que han de alcanzarse en materia de libertad, seguridad y justicia en el periodo 2005-2010. A este respecto, el Programa de La Haya invitó a la Comisión Europea a concluir la evaluación de los instrumentos jurídicos de la primera fase y a proponer al Consejo y al Parlamento Europeo instrumentos y medidas para la segunda fase. Con arreglo al Programa de La Haya, el objetivo que debe perseguirse para establecer el sistema europeo común de asilo es la creación de un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme válido en toda la Unión. (7) En el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, adoptado el 16 de octubre de 2008, el Consejo Europeo señaló que subsisten fuertes disparidades entre los Estados miembros en cuanto a la concesión de protección e instó a la adopción de nuevas iniciativas, incluida una propuesta con el fin de instaurar un procedimiento de asilo único que implique garantías comunes, para completar el establecimiento del sistema europeo común de asilo previsto en el Programa de La Haya. (8) El Consejo Europeo, en su reunión de los días 10 y 11 de diciembre de 2009, adoptó el Programa de Estocolmo, que confirmó una vez más el compromiso de establecer un espacio común de protección y solidaridad que se base en un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para las personas a las que se concede protección internacional basado en normas de protección de alto nivel y unos procedimientos justos y eficaces a más tardar en 2012. El Programa de Estocolmo sostiene que las personas que necesiten protección internacional deben tener acceso garantizado a procedimientos de asilo seguros y eficaces desde el punto de vista jurídico. De conformidad con dicho Programa, las personas, independientemente del Estado miembro en el que se presentó su solicitud de asilo, deben recibir el mismo nivel de tratamiento en lo referente a la tramitación del procedimiento y la determinación del estatuto. El objetivo debe ser que los casos similares se traten de forma semejante y produzcan el mismo resultado. (9) Deben movilizarse los recursos del Fondo Europeo para los Refugiados y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, creada por el Reglamento (UE) nº 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo[9], con el fin de apoyar adecuadamente los esfuerzos de los Estados miembros por aplicar las normas fijadas en la segunda fase del sistema europeo común de asilo y, en particular, a los Estados miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas sobre sus sistemas de asilo en razón de su situación geográfica o demográfica. (10) Para garantizar una evaluación global y eficiente de las necesidades de protección internacional de los solicitantes en el sentido de la Directiva […./../UE] [por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional y al contenido de la protección concedida] (Directiva sobre el reconocimiento), el marco de la Unión sobre procedimientos para conceder protección internacional debe basarse en el concepto de un procedimiento de asilo único. ê 2005/85/CE Considerando 5 ð nuevo (11) El objetivo principal de la presente Directiva es ð desarrollar nuevas normas para los procedimientos en los Estados miembros para conceder o retirar la protección internacional con vistas al establecimiento de un procedimiento de asilo único en la Unión ï introducir un marco regulador mínimo en la Comunidad Europea relativo a los procedimientos para conceder y retirar la condición de refugiado. ê 2005/85/CE Considerando 6 ð nuevo (12) La aproximación de las normas sobre procedimientos para conceder y retirar la ð protección internacional ï condición de refugiado debería contribuir a limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo ð protección internacional ï entre Estados miembros, cuando dichos movimientos estuvieran originados por diferencias entre los marcos jurídicos ð , y crear condiciones equivalentes para la aplicación de la Directiva […./../UE] [Directiva sobre el reconocimiento] en los Estados miembros ï. ê 2005/85/CE Considerando 7 ð nuevo (13) De la propia naturaleza de las normas mínimas se desprende que los Los Estados miembros tienen competencia para establecer o mantener condiciones más favorables para los nacionales de terceros países o personas apátridas que solicitan protección internacional a un Estado miembro, cuando se entiende que dicha solicitud se basa en que la persona de que se trata es ð una persona necesitada de protección internacional ï un refugiado en el sentido de ð la Directiva […./../UE] [Directiva sobre el reconocimiento] ï del artículo 1(A) de la Convención de Ginebra. ê 2005/85/CE Considerando 9 ð nuevo (14) En lo que se refiere al trato de las personas que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros están vinculados por las obligaciones derivadas de los instrumentos del Derecho internacional en los que son parte y que prohíben la discriminación. ê 2005/85/CE Considerando 10 ð nuevo (15) Es esencial que las decisiones relativas a todas las solicitudes de asilo ð protección internacional ï se tomen sobre la base de los hechos y, en primera instancia, por las autoridades cuyo personal tenga el conocimiento adecuado o reciba la formación necesaria en el ámbito del asilo y de las cuestiones relativas a ð la protección internacional ï los refugiados. ê 2005/85/CE Considerando 11 ð nuevo (16) En interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de ð protección internacional ï asilo, debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de ð protección internacional ï asilo, ð sin perjuicio de un examen suficiente y completo ï. La organización del tratamiento de las solicitudes de asilo se debe dejar a la discreción de los Estados miembros, de manera que puedan, de conformidad con sus respectivas necesidades nacionales, dar prioridad o acelerar la gestión de toda solicitud, teniendo en cuenta las normas de la presente Directiva. (17) Redunda igualmente en interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes garantizar un correcto reconocimiento de las necesidades en materia de protección internacional desde la primera instancia. A tal fin, se debe ofrecer a los solicitantes, desde la primera instancia y de forma gratuita, información jurídica y procedimental, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares. La puesta a disposición de dicha información debe, entre otras cosas, permitir a los solicitantes comprender mejor el procedimiento, ayudándoles así a cumplir las obligaciones que les incumben. Sería desproporcionado exigir a los Estados miembros que faciliten dicha información únicamente a través de los servicios de juristas cualificados. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la posibilidad de determinar las modalidades más apropiadas para facilitar dicha información, por ejemplo a través de organizaciones no gubernamentales, de funcionarios gubernamentales o de servicios especializados del Estado. (18) En el marco de los procedimientos de recurso, se debe prestar a los solicitantes, bajo ciertas condiciones, asistencia y representación jurídicas gratuitas por parte de personas competentes al efecto con arreglo a la legislación nacional. Además, en todas las fases del procedimiento, los solicitantes deben tener derecho a consultar, a su costa, asesores jurídicos o consejeros permitidos como tales en virtud del Derecho nacional. ê 2005/85/CE Considerando 12 ð nuevo (19) El concepto de orden público podrá ð inter alia ï cubrir una condena por cometer un delito grave. ê 2005/85/CE Considerando 13 ð nuevo (20) En aras del adecuado reconocimiento de las personas necesitadas de protección como refugiados a efectos del artículo 1 de la Convención de Ginebra ð o como personas con derecho a protección subsidiaria ï, todo solicitante, sin perjuicio de determinadas excepciones, debe tener acceso efectivo a los procedimientos, la oportunidad de cooperar y comunicarse realmente con las autoridades competentes para poder presentar los hechos pertinentes para su caso, así como las garantías procesales suficientes para estar en condiciones de proseguir el procedimiento en todas sus fases. Además, el procedimiento en el cual se examina una solicitud de asilo ð protección internacional ï debería facilitar normalmente al solicitante al menos el derecho de estancia durante la deliberación de la autoridad decisoria, el derecho a los servicios de un intérprete para presentar el caso si las autoridades lo entrevistan, la posibilidad de ponerse en contacto con un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ð y con organizaciones que prestan asesoramiento o consejo a los solicitantes de protección internacional ï o con otra organización que trabaje en su nombre, el derecho a que se le comunique en debida forma la decisión junto con su motivación en cuanto a elementos de hecho y de derecho, la oportunidad de consultar a un asesor jurídico y el derecho a ser informado de su situación en los momentos decisivos del procedimiento en una lengua que ð entiende o ï razonablemente se pueda suponer que entiende ð y , en caso de decisión negativa, el derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional ï. ê 2005/85/CE Considerando 14 Además, deben establecerse garantías procesales para los menores no acompañados, debido a su vulnerabilidad. En ese sentido, el mejor interés del niño debe ser una consideración principal de los Estados miembros. ò nuevo (21) Con vistas a garantizar un acceso efectivo al procedimiento de examen, los funcionarios que entren en primer lugar en contacto con personas que busquen protección internacional, en particular aquellos que lleven a cabo labores de vigilancia de las fronteras terrestres o marítimas o que realicen controles fronterizos, deben recibir instrucciones y una formación adecuada sobre cómo reconocer y tratar solicitudes de protección internacional. Deben ser capaces de proporcionar a los nacionales de terceros países o personas apátridas que se encuentren en el territorio, con inclusión de la frontera, las aguas territoriales o las zonas de tránsito de los Estados miembros, y que deseen solicitar protección internacional toda la información pertinente sobre dónde y cómo deben presentarse las solicitudes de protección internacional. Si dichas personas se encuentran en las aguas territoriales de un Estado miembro deben ser desembarcadas en tierra para que sus solicitudes se examinen de conformidad con la presente Directiva. (22) A fin de facilitar el acceso al procedimiento de examen en los pasos fronterizos y los centros de internamiento, se debe facilitar información sobre la posibilidad de solicitar protección internacional. Se debe garantizar mediante servicios de interpretación la comunicación básica necesaria para permitir a las autoridades competentes comprender si las personas expresan el deseo de solicitar protección internacional. (23) Además, debe prestarse el respaldo adecuado a los solicitantes que necesiten garantías procesales especiales, tales como menores, menores no acompañados, personas que hayan padecido tortura, violación u otros actos graves de violencia o personas con discapacidad a fin de crear las condiciones necesarias para que tengan efectivamente acceso a los procedimientos y que puedan presentar los elementos necesarios para fundamentar su solicitud de protección internacional. (24) Las medidas nacionales sobre identificación y documentación de síntomas y signos de tortura u otros actos graves de violencia física o mental, incluidos los actos de violencia sexual, en procedimientos regulados por la presente Directiva deberían basarse inter alia en el Manual sobre Efectiva Investigación y Documentación de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul). (25) Con vistas a garantizar una igualdad sustantiva entre solicitantes de uno y otro sexo, los procedimientos de examen deben tener en cuenta el factor género. En particular, las audiencias personales deben organizarse de modo que sea posible para los solicitantes de uno y otro sexo hablar de sus pasadas experiencias en casos de persecución basada en razones de género. La complejidad de las peticiones relacionadas con el factor género debe tenerse debidamente en cuenta en procedimientos basados en el concepto de tercer país seguro, el concepto de país de origen seguro o la noción de solicitudes posteriores. (26) El «interés superior del niño» debe ser la primera consideración de los Estados miembros al aplicar la presente Directiva, en línea con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989. (27) Los procedimientos de examen de las necesidades de protección internacional deben organizarse de modo que sea posible para las autoridades competentes llevar a cabo un examen riguroso de las solicitudes de protección internacional. ê 2005/85/CE Considerando 15 ð nuevo (28) Cuando un solicitante hace una solicitud posterior sin presentar nuevas pruebas o argumentos, sería desproporcionado el hecho de obligar a los Estados miembros a efectuar un nuevo y completo procedimiento de examen. En dichos casos, los Estados miembros deberían ð poder denegar una solicitud por inadmisible de conformidad con el principio de cosa juzgada ï estar en condiciones de elegir entre los procedimientos que impliquen excepciones a las garantías de que normalmente disfruta el solicitante. ê 2005/85/CE Considerando 16 (adaptado) ð nuevo (29) Gran número de solicitudes de ð protección internacional ï asilo se presenta Ö hace Õ en la frontera o en una zona de tránsito de un Estado miembro antes de que se tome una decisión sobre la entrada del solicitante. Los Estados miembros deben estar en condiciones de ð establecer procedimientos de admisibilidad y/o examen del fondo que permitan decidir sobre las solicitudes hechas en la frontera o en una zona de tránsito en dicho lugares en circunstancias bien definidas ï mantener los procedimientos existentes adaptados a la situación específica de dichos solicitantes en la frontera. Deben definirse normas comunes sobre las posibles excepciones que hayan de realizarse en esas circunstancias a las garantías de que normalmente disfrutan los solicitantes. Los procedimientos fronterizos deberían principalmente aplicarse a los solicitantes que no cumplieran los requisitos para entrar en los territorios de los Estados miembros. ê2005/85/CE Considerando 17 ð nuevo (30) Una consideración clave para establecer si una solicitud de asilo ð protección internacional ï está justificada es la seguridad del solicitante en su país de origen. Cuando un tercer país puede considerarse como país de origen seguro, los Estados miembros deberían estar en condiciones de considerarlo seguro y presuponer que es seguro para un solicitante concreto a menos que este último presente graves contraindicaciones. ê 2005/85/CE Considerando 18 (31) Habida cuenta del grado de armonización realizada sobre la cualificación de nacionales de terceros países y personas apátridas como refugiados, deberían establecerse criterios comunes para designar a terceros países como países de origen seguros. ê 2005/85/CE Considerando 19 Cuando el Consejo esté satisfecho de que se cumplen dichos criterios en relación con un país de origen concreto y, por tanto, lo haya incluido en la lista común mínima de países de origen seguros que se adoptará en virtud de la presente Directiva, los Estados miembros deberían estar obligados a examinar las solicitudes de las personas que tengan nacionalidad de dicho país, o a las personas apátridas que anteriormente eran residentes habituales en dicho país, sobre la base de la presunción refutable de la seguridad de dicho país. En vista de la importancia política de la designación de países de origen seguros, en particular en razón de las implicaciones de una evaluación de la situación de los derechos humanos en un país de origen y de sus implicaciones para las políticas de la Unión Europea en el ámbito de las relaciones exteriores, el Consejo debería adoptar toda decisión sobre la fijación o modificación de la lista previa consulta al Parlamento Europeo. ê 2005/85/CE Considerando 20 (adaptado) (32) De la condición de Bulgaria y Rumanía como países candidatos a la adhesión a la Unión Europea y de los avances realizados por dichos países en el proceso de adhesión, se desprende que deberían considerarse como países de origen seguros a los fines de la presente Directiva hasta la fecha de su adhesión a la Unión Europea. ê 2005/85/CE Considerando 21 ð nuevo (33) La designación de un tercer país como país de origen seguro no podrá, a los fines de la presente Directiva, establecer una garantía absoluta de seguridad para los nacionales de dicho país. Por su propia naturaleza, la evaluación que sustenta la designación solo puede tener en cuenta la circunstancias civiles, jurídicas y políticas generales de dicho país y el hecho de si los agentes de la persecución, la tortura, el trato inhumano o degradante o los castigos están sometidos a sanción en la práctica cuando se los considera responsables en el país de que se trate. Por dicho motivo, es importante que, cuando un solicitante demuestre que existen motivos serios ð válidos ï para que no se considere a un país como seguro en sus circunstancias particulares, la designación del país como seguro ya no puede considerarse en cuanto a lo que dicho solicitante se refiere. ê 2005/85/CE Considerando 22 (adaptado) ð nuevo (34) Los Estados miembros deberían examinar todas las solicitudes refiriéndose al fondo, es decir, evaluando si el solicitante en cuestión cumple los requisitos de refugiado Ö para la protección internacional Õ de conformidad con la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, Directiva […/../UE] [Directiva sobre el reconocimiento], salvo cuando la presente Directiva disponga otra cosa, en particular cuando pueda razonablemente suponerse que otro país efectuaría dicho examen o garantizaría de manera suficiente la protección. En particular, los Estados miembros no deberían estar obligados a evaluar el fondo de una solicitud de asilo ð protección internacional ï cuando un primer país de asilo hubiere concedido el estatuto de refugiado al solicitante u otro tipo de protección suficiente, y el solicitante sea readmitido en dicho país. ê 2005/85/CE Considerando 23 ð nuevo (35) Asimismo, los Estados miembros no deberían estar obligados a evaluar el fondo de una solicitud asilo ð de protección internacional ï en la cual el solicitante, debido a una conexión ð suficiente ï con un tercer país tal como se define en el Derecho nacional, podría razonablemente buscar protección en dicho tercer país ð , y hay razones para considerar que el solicitante será admitido o readmitido en dido país ï . Los Estados miembros deberían proceder sobre esa base únicamente cuando dicho solicitante en concreto estuviera seguro en el tercer país de que se tratare. A fin de evitar movimientos secundarios por parte de los solicitantes, deberían establecerse principios comunes para la consideración o designación por los Estados miembros de terceros países como seguros. ê 2005/85/CE Considerando 24 ð nuevo (36) Además, en lo que se refiere a determinados terceros países europeos, que mantienen criterios especialmente altos con respecto a los derechos humanos y a la protección de los refugiados, los Estados miembros deberían estar autorizados a no realizar examen o no llevarlo plenamente a cabo de las solicitudes de asilo ð protección internacional ï relativas a los solicitantes que entren en su territorio a partir de dichos terceros países europeos. Habida cuenta de las posibles consecuencias para el solicitante de un examen restringido u omitido, dicha aplicación del concepto de tercer país seguro debería quedar restringida a los casos en que intervinieran terceros países con respecto a los cuales el Consejo hubiere constatado que cumplen elevados criterios de seguridad, tal como se define en la presente Directiva. El Consejo debería adoptar decisiones en este ámbito previa consulta al Parlamento ê 2005/85/CE Considerando 25 De la naturaleza de las normas comunes relativas a ambos conceptos de tercer país seguro tal como se establecen en la presente Directiva, se desprende que el efecto práctico de dichos conceptos depende de si el tercer país en cuestión permite al solicitante entrar en su territorio. ò nuevo (37) A fin de facilitar el intercambio regular de información sobre la aplicación nacional de los conceptos de país de origen seguro, tercer país seguro y tercer país europeo seguro y de preparar una posible nueva armonización en el futuro, los Estados miembros deben notificar o informar periódicamente a la Comisión sobre los terceros países a los que se aplican estos conceptos. ê 2005/85/CE Considerando 26 ð nuevo (38) En lo que se refiere a la retirada del estatuto del refugiado ð o de protección subsidiaria ï los Estados miembros deberían velar por que las personas que disfrutan ð de protección internacional ï del estatuto de refugiado sean debidamente informadas de cualquier posible reconsideración de su condición y tengan la ocasión de someter su punto de vista antes de que las autoridades puedan adoptar una decisión motivada de retirar su estatuto. No obstante, debería permitirse prescindir de dichas garantías cuando los motivos para el cese de la condición de refugiado no tengan relación con una modificación de las condiciones en que se basaba el reconocimiento. ê 2005/85/CE Considerando 27 (adaptado) ð nuevo (39) Refleja un principio de Derecho Ö de la Unión Õ comunitario fundamental el hecho de que las decisiones adoptadas con respecto a una solicitud de asilo ð protección internacional, las decisiones relativas a un rechazo a reexaminar una solicitud después de su suspensión ï y Ö las decisiones relativas Õ a la retirada del estatuto de refugiado ð o protección subsidiaria ï deban estar sujetas a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 del Tratado. La eficacia del recurso, incluso con respecto al examen de los hechos pertinentes, depende del ordenamiento administrativo y jurídico de cada Estado miembro visto en su conjunto. ê 2005/85/CE Considerando 28 (40) De conformidad con el artículo 72 64 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la presente Directiva se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estado miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior. ê 2005/85/CE Considerando 29 ð nuevo (41) La presente Directiva no se refiere a los procedimientos ð entre Estados miembros ï regulados por el Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, Reglamento (UE) nº […/… ] por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo ð protección internacional ï presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país ð o un apátrida ï (Reglamento de Dublín). ò nuevo (42) Los solicitantes respecto de los cuales se aplica el Reglamento (UE) nº […/…] [el Reglamento de Dublín] deberían tener acceso a los principios y garantías fundamentales establecidos en la presente Directiva y a las garantías especiales de conformidad con el Reglamento (UE) nº […/…] [Reglamento de Dublín]. ê 2005/85/CE Considerando 30 (43) La aplicación de la presente Directiva deberá evaluarse a intervalos regulares no superiores a dos años. ê 2005/85/CE Considerando 31 (adaptado) (44) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer un mínimo de normas sobre los procedimientos en los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y por consiguiente puede lograrse mejor debido a la dimensión y efectos de la acción, a escala Ö de la Unión Õ comunitaria, la Ö Unión Õ Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario a tal fin. ê 2005/85/CE Considerando 32 De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido ha notificado, mediante carta de 24 de enero de 2001, su deseo de participar en la adopción y en la aplicación de la presente Directiva. ê 2005/85/CE Considerando 33 De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda ha notificado, mediante carta de 14 de febrero de 2001, su deseo de participar en la adopción y en la aplicación de la presente Directiva. ò nuevo (45) De conformidad con el artículo 4 bis, apartado 1), del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del apartado 2 de dicho artículo, en la medida en que ni el Reino Unido ni Irlanda han notificado su deseo de aceptar esta medida, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, no estarán vinculados por ella y seguirán estando vinculados por la Directiva 2005/85/CE. ê 2005/85/CE Considerando 34 (46) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada ni sujeta a su aplicación. ê 2005/85/CE Considerando 8 ð nuevo (47) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en especial por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ð En particular, la presente Directiva busca garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y promover la aplicación de los artículos 1, 18, 19, 21, 23, 24 y 47 de la Carta y debe aplicarse en consecuencia. ï ò nuevo (48) La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de la Directiva anterior. La obligación de incorporar las disposiciones inalteradas se deriva de la Directiva anterior. (49) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al Derecho nacional de la Directiva, que figuran en la parte B del anexo II. ê 2005/85/CE ð nuevo HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1 Finalidad La presente Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para los procedimientos ð comunes ï que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar ð el estatuto de protección internacional en virtud de la Directiva […/…/UE] [Directiva sobre el reconocimiento] ï el estatuto de refugiado. Artículo 2 Definiciones A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) «Convención de Ginebra», la Convención de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967; b) «solicitud» o «solicitud de asilo», la solicitud presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda entenderse como una petición de protección internacional de un Estado miembro en el sentido de la Convención de Ginebra. Cualquier solicitud de protección internacional se considerará solicitud de asilo, a menos que la persona afectada pida explícitamente otra clase de protección que pueda solicitarse por separado; ò nuevo b) «solicitud» o «solicitud de protección internacional», la petición de protección de un Estado miembro hecha por un nacional de un tercer país