COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 04.09.1996 
COM(96) 398 final 
INFORME DE LA COMISIÓN 
Los jóvenes agricultores y el problema del traspaso de 
explotaciones en la agricultura europea 

Los jóvenes agricultores y el problema del traspaso de 
explotaciones en la agricultura europea 
ÍNDICE 
Pflginfls 
L INTRODUCCIÓN 1 o^ 
tt DIFICULTADES Y REIVINDICACIONES DE LOS JÓVENES 
AGRICULTORES 2 
1. DESPOBLACIÓN Y DECLIVE DE LAS ZONAS RURALES 
2. PRESERVACIÓN DE LAS ZONAS RURALES Y 
CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES 
3. GASTOS DE INSTALACIÓN 
4. REPARTO DE RENTA DURANTE EL PERÍODO DE 
TRANSMISIÓN 
m. MEDIDAS COMUNITARIAS 
1. MEDIDAS ESTRUCTURALES DEL OBJETIVO N° 5A) 5 
1.2. Ayudas a la instalación y a las inversiones 
1.2. Ayudas a la formación profesional de jóvenes agricultores 
2. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE 
LA REFORMA DE LA PAC 7 
3. LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL 
EN EL CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES 8 
3.1. Objetivo n° 1: desarrollo y ajuste estructural 
de las regiones menos desarrolladas 
3.2. Objetivo n° 5b): desarrollo y ajuste estructural 
de las zonas rurales 
3.3. Objetivo n° 6: desarrollo y ajuste estructural 
de las regiones con menor densidad de población 
3.4. LEADER (relaciones entre medidas de desarrollo rural) 
3.5. Proyectos piloto y de demostración 
4. LAS ORGANIZACIONES DE MERCADO 10 
5. OTRAS MEDIDAS 12 
5.1. Los programas comunitarios de formación 
5.2. El nuevo programa comunitario de investigación 
5.3 Información 
IV. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 
1. MEDIDAS COMUNITARIAS 14 
1.1. Ayudas a la instalación 
1.2. Formación 
1.3. Régimen de jubilación anticipada 
1.4. Los regímenes de mercado 
2. MEDIDAS NACIONALES 17 
2.1. Derecho de sucesión 
2.2. Fiscalidad 
2.3. Arrendamiento 
2.4. Preparación para el traspaso: nuevas formas de cooperación 
padres/hijos (u otros sucesores) 
2.5. Servicios de sustitución 
2.6. Instalación de jóvenes no procedentes del medio rural 
3. MEJORA DE LA INFORMACIÓN 19 
Los jóvenes agricultores y el problema del traspaso de 
explotaciones en la agricultura europea 
I. INTRODUCCIÓN 
Con este informe, la Comisión quiere contribuir al debate sobre la instalación de los jóvenes 
agricultores además de cumplir el encargo que se le realizó en el Consejo informal de agricultura de 
Ioannina. 
La Unión Europea cuenta en la actualidad con casi 8,5 millones de explotaciones. Según el último 
sondeo de EUROSTAT sobre la estructura de las explotaciones agrarias de los Doce (1989-1991), sólo 
el 8,3% de los titulares de explotación tienen menos de 35 años mientras que el 24,5%, es decir, casi 
un agricultor en activo de cada cuatro, tiene más de 65 años. La edad media de los agricultores ha 
aumentado considerablemente en los últimos años: según los datos más recientes, el 53,6% de los 
agricultores europeos tienen como mínimo 55 años. La situación parece similar en los nuevos Estados 
miembros, aunque todavía no existen datos completos sobre este particular. 
La situación actual de los jóvenes agricultores de la Unión Europea se caracteriza por una gran 
diversidad de datos que hace difícil efectuar una comparación significativa de su situación en los 
diferentes Estados miembros. Además, en la situación actual de cambios económicos importantes, la 
falta de algunos datos estadísticos y la rapidez con que otros quedan obsoletos hacen que sea aún más 
difícil trazar un balance completo de la situación. 
Los datos confirman que, en general, los jóvenes llevan explotaciones cuya superficie media, además 
de ser bastante mayor que la media nacional, es la más elevada de todas las categorías de edad. A 
escala europea, la SAU media trabajada por agricultores de menos de 35 años es de 19,4 hectáreas, 
mientras que la media general es de 15 hectáreas. La superficie media disminuye progresivamente en 
cada categoría de edad hasta llegar a 6,7 hectáreas en las explotaciones dirigidas por agricultores de 
65 años y más. En todos los Estados miembros se observa una tendencia similar, aunque la SAU 
media es distinta en cada país en términos absolutos, lo que hace que la condición de los jóvenes 
agricultores de cada Estado miembro se asemeje más a la de los mayores de su país que a la de los 
jóvenes agricultores de los otros Estados miembros. Así pues, si bien existen grandes disparidades 
entre Estados miembros en lo que se refiere a la situación económica de los agricultores, la situación 
de los jóvenes no difiere demasiado de la de los agricultores de mayor edad de la misma región. En 
lo que respecta a las orientaciones productivas, son los sectores de la horticultura y de la ganadería 
láctea los que cuentan con una mayor presencia de jóvenes. 
Sin embargo, sí es posible extraer una conclusión básica sobre los problemas que encuentran los 
agricultores al instalarse y determinar iniciativas comunitarias y nacionales que puedan resultar útiles. 
Para la instalación de agricultores, la normativa comunitaria proporciona un marco apropiado de 
actuación en numerosos casos, especialmente mediante los Fondos estructurales, que ofrecen medios 
para que los Estados miembros y las regiones establezcan medidas específicas, aunque no se puede 
por menos que resaltar las diferencias considerables que existen, tanto en lo que respecta a la 
utilización de los instrumentos de los Fondos estructurales como en lo referente a los sectores de los 
mercados, entre las medidas tomadas por los distintos Estados miembros en favor de los jóvenes 
agricultores. Dado el gran interés que tiene para la Unión Europea el fomentar un sector agrario 
dinámico que pueda hacer frente a los retos del futuro, la Comisión ha decidido exponer en este 
informe algunas orientaciones encaminadas a dar una coherencia mínima a las facilidades otorgadas 
a los jóvenes agricultores a lo largo y ancho de la Unión. En virtud del principio de subsidiariedad, 
el enfoque que se describe deja un margen de maniobra considerable a los Estados miembros en la 
aplicación concreta de las orientaciones, que deberá adaptarse a la situación real de las distintas zonas 
consideradas. 
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II. DIFICULTADES Y REIVINDICACIONES DE LOS JÓVENES AGRICULTORES 
Al igual que los agentes económicos de otros sectores que también se encuentran en una fase de 
cambios rápidos, muchos agricultores deben hacer frente actualmente a situaciones socioeconómicas 
nuevas y a una sensación de incertidumbre que afectan también a los jóvenes. Además, una gran parte 
de las dificultades que encuentran los jóvenes agricultores, especialmente las de carácter económico, 
no son específicas de esa profesión sino que afectan a todas las actividades económicas cuando se 
produce una sucesión. 
1 DESPOBLACIÓN Y DECLIVE DE LAS ZONAS RURALES 
En las regiones de la "periferia rural", que dependen de la actividad agraria, el problema más evidente 
es la despoblación. Estas regiones se distinguen por la escasa densidad de población y el 
envejecimiento de ésta, que se deben fundamentalmente a la evolución natural de la mano de obra 
dedicada a la agricultura como consecuencia de la generalización de técnicas más productivas. En un 
sector como éste, en el que predomina el carácter familiar de la explotación, el incremento de la 
productividad implica una reducción del número de explotaciones y un aumento del tiempo parcial, 
por lo que es inevitable que, cuando un productor a título principal se jubila, su explotación acabe 
integrándose en otra o que su sucesor se dedique a la agricultura únicamente a tiempo parcial. 
Por otra parte, las zonas rurales más frágiles o aisladas suelen adolecer de falta de infraestructuras y 
de una economía poco diversificada. Si bien se reconoce comúnmente la necesidad de desarrollar en 
ellas los servicios fundamentales (sanidad, educación, cultura, ocio, transportes públicos, etc.), esta 
necesidad choca con la presión a reducir los gastos públicos, que es cada vez mayor. 
Es éste un problema extremadamente importante que se agudiza cada vez más y que, en gran parte, 
sólo puede resolverse mediante medidas de ámbito regional y nacional. Si estas medidas no se toman, 
una buena parte del esfuerzo dedicado por la UE al desarrollo rural tendrá efectos limitados o, incluso, 
inexistentes. 
2. PRESERVACIÓN DE LAS ZONAS RURALES Y CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES 
La gente que vive en las zonas rurales de la Unión tiene también toda una serie de problemas sociales: 
el riesgo de perder su identidad cultural a medida que desaparecen los modos de vida tradicionales, 
así como una impresión, compartida por todos los jóvenes, de impotencia y falta de participación en 
la vida pública y en las decisiones que les afectan. Cuando llega el momento de decidir su futuro, los 
jóvenes son muy sensibles a la imagen que la profesión de agricultor tiene en la opinión pública, que 
no parece apreciar en su medida la función que desempeña en la economía y en el cuidado del medio 
ambiente. 
Un aspecto que cabe destacar es la importante función que tienen las mujeres en la preservación de 
un medio rural duradero, para el que se requiere una estructura equilibrada de población. Actualmente, 
existe un desequilibrio de población cuyas causas son sobradamente conocidas y que se deben 
fundamentalmente al hecho de que gran parte de las mujeres jóvenes, que tienen generalmente un nivel 
de formación alto, se han marchado a las ciudades, lo que ha dado lugar a una estructura irregular de 
población, con un número anormalmente elevado de hombres de edad avanzada y solteros y pocas 
mujeres, especialmente en la franja de edad de 20-39 años. Este fenómeno hace que el tejido 
económico, cultural y social de las sociedades rurales tienda a empobrecerse y a que se perpetúe este 
modelo hasta llegar al abandono de las zonas rurales. 
Sin embargo, sería erróneo considerar el papel de las mujeres únicamente en función de la compañía 
y de la ayuda que constituyen para la vida y el trabajo en la explotación, por fundamentales que sean. 
Actualmente, se calcula que sólo el 10% de los agricultores son mujeres, aunque las mujeres 
representan aproximadamente el 35% de las personas activas de la agricultura. La evolución hacia una 
mayor participación femenina en la gestión de las explotaciones agrarias es inevitable y fundamental. 
Las mujeres están plenamente capacitadas para llevar una explotación y, mejorando la formación y la 
ayuda que reciben, debería ser posible mejorar la situación actual. Además, una gran parte de las ideas 
imaginativas para diversificar las actividades de las explotaciones viene de las mujeres y, con 
frecuencia, son las propias mujeres quienes están en mejor situación para obtener ingresos 
suplementarios, ingresos que a veces son imprescindibles para la familia, trabajando en otros ámbitos, 
generalmente a tiempo parcial, como ocurre cada vez más en las zonas rurales. 
3. GASTOS DE INSTALACIÓN 
El problema específico más importante que tienen los jóvenes agricultores es el de la financiación: 
debido a los avances tecnológicos, a la especialización y al aumento de la dimensión económica viable 
de la explotación, instalarse como agricultor requiere cada vez más fondos. 
A la hora de comprar fincas, el precio de éstas y los impuestos gravan los limitados recursos 
financieros del agricultor. Incluso cuando se obtiene la explotación por herencia surgen dificultades 
ya que debe contarse con los demás herederos para efectuar el traspaso de la explotación y la 
evaluación y el reparto de los bienes, lo cual puede dar lugar a desavenencias, amén de que la persona 
que se haga cargo de la explotación tiene que indemnizar a los coherederos, ya sea a precio de amigo 
o a precio de mercado. Así pues, una parte importante de los beneficios generados por la empresa se 
utilizan durante varios años para pagar los derechos de sucesión y, por lo tanto, no pueden reinvertirse 
en la explotación. 
A ello se añade el hecho de que los derechos de producción de determinados productos han adquirido 
un valor comercial, lo que aumenta aún más las necesidades de capital del joven, que debe comprar 
no sólo las tierras y los medios de producción sino también los derechos de producción. Además, con 
frecuencia el joven agricultor se ve obligado a restaurar el potencial productivo, que había disminuido 
durante la última fase de actividad de la generación anterior. 
Por otra parte, los jóvenes agricultores suelen tener dificultades para obtener créditos ya que los bancos 
prefieren conceder préstamos a explotaciones asentadas y no a proyectos que aún no han demostrado 
su eficacia, lo que da al crédito un carácter selectivo. 
4. REPARTO DE RENTA DURANTE EL PERÍODO DE TRANSMISIÓN 
En los casos de hijos de agricultores que se hacen cargo de la explotación para instalarse a su vez 
como agricultores, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, la transición neta suele ser 
imposible. Debido a la edad de los padres y a que éstos quizás tengan todavía hijos a su cargo, es 
necesario pasar por un sistema de explotación común en el cual la explotación deberá poder producir 
una renta para dos familias durante un período bastante largo (10-15 años). Además, en la mayor parte 
de las pequeñas empresas familiares este período de transición se caracteriza por una fuerte 
dependencia económica del joven agricultor y una escasa división de responsabilidades. Por ende, estos 
problemas se agudizan cuando las dos familias no pueden tener vivienda adecuada para cada una por 
dificultades económicas o prácticas (como, por ejemplo, la imposibilidad de conseguir un permiso de 
construcción con arreglo a las leyes de urbanismo). 
III. MEDIDAS COMUNITARIAS 
En la actualidad, existe toda una serie de disposiciones para ayudar a los jóvenes agricultores: distintos 
instrumentos específicos enmarcados en las medidas estructurales "horizontales" de aplicación general, 
medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC, algunas medidas integradas en la política de 
desarrollo rural y en las políticas regionales, y las posibilidades que ofrecen las organizaciones 
comunes de mercados. 
1. MEDIDAS ESTRUCTURALES DEL OBJETIVO N° 5AÏ 
1.1 Avudas a la instalación v a las inversiones 
Las ayudas que se conceden en virtud de los artículos 10 y 11 del Reglamento (CEE) n° 2328/91, 
relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, pretenden colocar al frente de las 
explotaciones agrarias a jóvenes que sean capaces de adaptarse a las nuevas realidades de la 
agricultura. El objetivo de las mismas es proporcionar medios a estos jóvenes agricultores para que 
puedan hacer frente a los gastos de instalación, especialmente los derivados de la adquisición del 
capital mobiliario e inmobiliario anterior, y, por consiguiente, para que puedan cubrir los riesgos que 
entrañan las nuevas responsabilidades que asumen. 
Las ayudas están reservadas a los jóvenes agricultores de menos de 40 años (algunos Estados 
miembros han rebajado a 35 años este límite de edad) que asumen la responsabilidad jurídica y la 
gestión de una explotación que requiere un volumen de trabajo equivalente, como mínimo, a una 
unidad de trabajo hombre. El joven agricultor debe instalarse por primera vez como agricultor a título 
principal o comenzar a ejercer la actividad agraria a título principal tras haberla ejercido a tiempo 
parcial. Estas ayudas, que anteriormente se concedían sólo a los agricultores que obtuvieran la mitad 
de sus ingresos como mínimo de la actividad agraria, se han hecho extensivas recientemente a la 
pluriactividad (actividades forestales, turísticas o artesanales). 
Según las normas actuales, tendentes a fomentar la instalación de jóvenes competentes, los 
beneficiarios deben tener una capacitación profesional suficiente adquirida en un centro de enseñanza 
media o facultad universitaria de agricultura; si carece de esta titulación, el joven deberá realizar un 
cursillo de preparación a la instalación de una duración mínima de 150 horas. 
El régimen comunitario de ayudas a los jóvenes agricultores consta de dos categorías de ayudas 
independientes: 
ayudas a la instalación propiamente dicha, que incluyen una prima única de un importe 
máximo de 15.000 ecus, la cual puede ser sustituida por el Estado miembro por una 
bonificación de intereses equivalente, y una bonificación de intereses del 5% de una duración 
de 15 años para los préstamos contraídos con miras a cubrir los gastos derivados de la 
instalación, bonificación cuyo valor capitalizado no puede exceder 15.000 ecus y que puede 
abonarse en forma de subvención de un importe equivalente; 
ayudas suplementarias a la inversión, que suponen el 25% de las nuevas inversiones previstas 
dentro del régimen comunitario de los planes de mejora material, siempre y cuando el joven 
posea la capacitación profesional exigida y presente el plan en un plazo de cinco años después 
de la instalación; estas ayudas pueden concederse con independencia de la ayudas a la 
instalación. 
La aplicación del régimen es facultativa para los Estados miembros: pueden aplicarlo total o 
parcialmente e, igualmente, pueden conceder ayudas nacionales de acuerdo con otras modalidades y 
de importes superiores, ya que se considera que son ellos los mejor situados para determinar en qué 
medida es necesario utilizar las posibilidades disponibles y para establecer sus prioridades, en función 
de su propia legislación general y de sus necesidades. 
Debido a las grandes diferencias de estructura y tradición, los Estados miembros aplican el régimen 
de maneras muy distintas. La mayoría, incluidos los tres nuevos Estados miembros, han optado tanto 
por las ayudas a la instalación como por las ayudas suplementarias a la inversión. Los Países Bajos 
pusieron fin al régimen de ayudas a la instalación en 1992 pero conceden las ayudas suplementarias 
a la inversión. El Reino Unido, que ya no aplicaba las ayudas a la instalación, ha optado recientemente 
por dejar de conceder las ayudas a las inversiones. 
Las características de las ayudas concedidas varían enormemente de un Estado miembro a otro: los 
hay que han fijado requisitos adicionales, otros han optado por un sistema único, y otros más han 
preferido un sistema mixto en el que se combinan la prima y la bonificación de intereses. También 
los importes de las ayudas varían notablemente de un país a otro y, así, mientras que algunos se han 
limitado al máximo financiado por el FEOGA y a veces, menos, otros lo completan con fondos 
nacionales. 
En 1994, más de 23.000 jóvenes agricultores europeos disfrutaron de la prima de instalación y 8.500 
recibieron las ayudas suplementarias a las inversiones. La participación financiera de la Comunidad 
ha aumentado considerablemente (183 millones de ecus de compromisos globales en 1993). Se calcula 
que, desde 1989, año en que entró en vigor la reforma de los Fondos estructurales, unos 190.000 
jóvenes agricultores de la Unión Europea se han beneficiado de las posibilidades que ofrece la 
normativa estructural agraria. 
1.2. Avudas a la formación profesional de jóvenes agricultores 
Las ayudas a la formación, que se basan en el artículo 28 del Reglamento (CE) n° 2328/91, están 
destinadas a mejorar el nivel de formación agraria y, mediante ello, a incrementar los efectos de las 
demás medidas estructurales del objetivo n° 5a). Estas ayudas se conceden para la organización de 
cursillos completos o complementarios de formación y perfeccionamiento agrarios o para la asistencia 
a los mismos de jóvenes agricultores que deban asistir a un cursillo de, como mínimo, 150 horas para 
alcanzar el nivel de formación necesario para recibir la ayuda a la instalación. Ascienden a 10.500 ecus 
por persona, de los que 4.000 ecus se destinan a cursillos sobre medio ambiente, bosques y 
reorientación de la producción. 
En 1993, la contribución del FEOGA a la formación ascendió a 8,7 millones de ecus. Aunque no se 
dispone de datos precisos, se calcula que cada año participan en cursillos de formación complementaria 
unas 10.000 personas. 
2. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA REFORMA DE LA PAC 
Entre las medidas de acompañamiento decididas en el contexto de la reforma de la PAC figura el 
régimen comunitario de ayudas a la jubilación anticipada, establecido por el Reglamento (CEE) n° 
2079/92, que está encaminado a proporcionar una renta satisfactoria a los agricultores de edad 
avanzada que decidan abandonar su actividad para favorecer la sustitución, la reestructuración y la 
mejora de la viabilidad económica de las explotaciones que sigan en activo. Con tal fin, también puede 
ofrecer mejores condiciones para la instalación de jóvenes agricultores y para el desarrollo de la 
explotación. 
El régimen comunitario de jubilación anticipada está dirigido a los agricultores de 55 años o más que 
abandonen definitivamente la actividad agraria y que traspasen su explotación. Las ayudas se abonan 
en forma de prima de partida (máximo cofinanciablc: 36.225 ecus) o de indemnización anual (máximo: 
12.075 ecus). El sucesor de la explotación se compromete a ejercer la actividad agraria con carácter 
principal durante un mínimo de cinco años y respetando los requisitos de protección del medio 
ambiente. Asimismo, deberá ampliar el tamaño de su explotación de manera significativa. 
El régimen es facultativo. Hasta ahora, diez Estados miembros han aplicado esta medida, la mayoría 
de ellos en fechas muy recientes. De los Doce, sólo Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido 
no la aplican y, de los nuevos Estados miembros, únicamente Finlandia ha introducido el régimen. 
En total, los programas de los Estados miembros favorecerán el cese de la actividad de unos 205.000 
agricultores y liberarán algo más de 4,3 millones de hectáreas, de las que entre el 5 y el 10% se 
utilizarán para fines no agrarios como la silvicultura y la creación de reservas ecológicas. El resto se 
traspasará a personas que agrandarán así su explotación o se instalarán como agricultores. Algunos 
Estados miembros han dispuesto en sus programas de jubilación anticipada condiciones especialmente 
favorables a los jóvenes agricultores. 
Otras dos medidas de acompañamiento son la de fomento de los métodos de producción compatibles 
con las exigencias de protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural 
(Reglamento (CEE) n° 2078/92) y el régimen de ayudas a las medidas forestales en la agricultura 
(Reglamento (CEE) n° 2080/92). Aunque ninguna de las dos se dirige específicamente a los jóvenes 
agricultores, ambas tienen un interés especial para ellos ya que son precisamente los jóvenes quienes 
están más dispuestos a adaptar sus producciones, por ejemplo en el contexto de medidas de 
introducción de la agricultura biológica y de formación, para aprovechar las nuevas perspectivas que 
ofrece la agricultura. 
3. LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL EN EL CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS 
REGIONALES 
Las medidas específicas en favor de los jóvenes agricultores que se han descrito no constituyen por 
si solas una respuesta suficiente a las necesidades de los jóvenes que deciden vivir y trabajar en el 
medio rural. Para dar una respuesta concreta a sus problemas, la Unión sigue una orientación más 
amplia, concretada en las actuaciones emprendidas desde la reforma de los Fondos estructurales en los 
territorios rurales de los objetivos n°" 1, 5b) y 6 así como en la iniciativa LEADER. 
3.1. Objetivo n° 1: desarrollo v ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas 
En las zonas del objetivo n° 1, la Comunidad apoya, con financiación de los tres Fondos estructurales 
(FEOGA, FEDER y FSE), los esfuerzos de diversificación y reorientación de la producción en el 
medio rural para revitalizar el tejido económico y contrarrestar la tendencia al éxodo rural. 
Entre los ejes prioritarios de desarrollo en los que se concentra la ayuda comunitaria, fijados en los 
marcos comunitarios de apoyo (MCA), figuran la agricultura y el desarrollo rural, la modernización 
de las estructuras económicas y el desarrollo de los recursos humanos. La reforma de julio de 1993 
amplió el ámbito de actuación del FEOGA a esferas nuevas como la mejora de la vivienda rural, la 
política de calidad y de promoción, la ayuda a la investigación aplicada y las medidas de ingeniería 
financiera. Todas estas medidas redundan en beneficio de los jóvenes agricultores puesto que pueden 
ser beneficiarios directos de las mismas o, cuando menos, pueden sacar provecho de la mejora del 
medio rural derivada de las medidas estructurales, que incita a la gente a volver al campo. 
El objetivo n° 1 abarca en la actualidad el 45,5% del territorio de la Unión y el 26,6% de la población 
comunitaria. Los recursos con que cuenta para el período de 1994-1999 ascienden a 103.500 millones 
de ecus. 
3.2. Objetivo n° 5b): desarrollo v ajuste estructural de las zonas rurales 
El objetivo n° 5b) persigue el desarrollo de las zonas rurales mediante un enfoque integrado en el que 
tienen cabida tanto la adaptación y la diversificación del sector primario como el desarrollo de los 
distintos sectores económicos implantados en el medio rural. 
Las estrategias de desarrollo, encaminadas a mantener a la población en la zona, pretenden propiciar 
un incremento de la renta y una mejora general de las condiciones de vida en las zonas rurales. La 
particularidad de los programas del objetivo n° 5b) es que intervienen mediante un dispositivo 
multisectorial que beneficia a todas las actividades económicas que pueden contribuir al desarrollo 
rural (la agricultura, los montes, las PYME, el turismo y el medio ambiente) y que va siempre 
acompañado por un esfuerzo importante de formación. 
El enfoque integrado que siguen los programas propugna una participación activa de todos los 
interlocutores: locales, nacionales, comunitarios. Las zonas incluidas en el objetivo n° 5b) representan 
cerca de 33 millones de personas, se decir, el 8,9% de la población comunitarias. Para el período de 
1994-1999, este objetivo dispone de 6.877 millones de ecus para la Unión de los quince. 
3.3 Objetivo n° 6: desarrollo v ajuste estructural de las regiones con menor densidad de población 
El Acta de adhesión de los tres nuevos Estados miembros añadió un nuevo objetivo prioritario a los 
Fondos estructurales: el objetivo n° 6, cuya finalidad es fomentar el desarrollo y el ajuste estructural 
de las regiones con muy baja densidad de población situadas en Finlandia y Suecia. Los recursos que 
los tres Fondos, a los que se suma el IFOP, dedicarán a estas regiones en el período de 1995-1996 
ascienden a 741 millones de ecus. 
Al igual que en las regiones del objetivo n° 1, los programas abarcan todas las actividades económicas 
de las regiones. Dada la importancia de las zonas rurales en esas regiones, los mecanismos aprobados 
por la Comisión contemplan la adopción de conjuntos de medidas de desarrollo rural integrado 
destinadas a apoyar las iniciativas locales en todos los sectores para, a través de ello, dinamizar todo 
el medio rural. 
3.4. LEADER (relaciones entre medidas de desarrollo rural) 
El programa LEADER es una iniciativa comunitaria que engloba estrategias locales fundadas en las 
propuestas de las comunidades rurales para solucionar sus problemas de desarrollo. El objetivo del 
programa es hallar soluciones novedosas para los distintos problemas de las zonas rurales 
aprovechando los recursos endógenos de éstas. 
En la fase de programación de 1994-1999, para la que se ha incrementado la financiación (1.700 
millones de ecus para los tres Fondos) y se ha previsto aplicar en mayor medida el principio de 
subsidiariedad, LEADER II dará ayuda a cuatro tipos de medidas: la obtención de competencias 
(elaboración de la estrategia de desarrollo a partir de un diagnóstico del territorio, de la motivación 
y de la conexión de los interlocutores locales); la realización de programas de innovación que sean 
ejemplares y transferíbles a todos los sectores del desarrollo rural; el intercambio de experiencias y 
la transferencia de saber adquirido a través de una red europea de desarrollo rural; y los proyectos de 
cooperación transnacional. 
En su primera fase, LEADER financió 217 grupos de acción local. La financiación comunitaria 
ascendió a 445 millones de ecus y el programa permitió una inversión total de 1.155 millones de ecus 
aportados, además de por la Comunidad, por los Estados miembros y por los agentes económicos 
locales. Esta iniciativa comunitaria, que tuvo gran éxito en su primera fase, permite crear una dinámica 
de desarrollo y, por consiguiente, hace posible el surgimiento de un entorno favorable para todas las 
iniciativas, entre ellas las de los jóvenes. 
3.5. Provectos piloto v de demostración 
Para aumentar los efectos de su acción en favor del desarrollo rural, el FEOGA financia proyectos 
piloto de adaptación de las estructuras agrarias y forestales y proyectos de demostración, incluidas las 
iniciativas destinadas a desarrollar y aprovechar los montes y las orientadas a la transformación y 
comercialización de los productos agrícolas. Con ello, se pretende demostrar las posibilidades de los 
nuevos sistemas y técnicas y, sobre todo, dar amplia difusión a los conocimientos y experiencia 
conseguidos. 
Como ya se precisó anteriormente, ni las medidas de desarrollo rural enmarcadas en los objetivos n°" 
1, 5b) y 6, ni las enmarcadas en LEADER o en proyectos piloto y de demostración son exclusivas de 
los jóvenes agricultores y no existen datos exactos que permitan evaluar su participación en ellas. Sin 
embargo todos los contactos habidos durante la preparación de los programas operativos y el 
seguimiento de las distintas medidas ponen de manifiesto que la participación de los jóvenes 
agricultores es muy importante e, incluso, primordial en determinadas medidas como, por ejemplo, 
LEADER. 
4. LAS ORGANIZACIONES DE MERCADO 
Desde el punto de vista de la instalación de nuevos productores, los regímenes que existen en las 
distintas organizaciones comunes de mercado (OCM) pueden clasificarse en tres categorías. 
Algunas OCM cuentan con "derechos de producción" individuales cuyo objetivo es el control de la 
producción. El sector más relevante en este aspecto es el lácteo, aunque también tienen este tipo de 
régimen los derechos a la prima por vaca nodriza y los sectores ovino, caprino, del tabaco y del trigo 
duro. En el sector vinícola, la limitación de los derechos de plantación origina una situación similar. 
Como, en principio, las referencias individuales están basadas en la producción del pasado, estos 
regímenes constituyen una limitación para quien quiere iniciar un tipo de producción dado. Por lo 
tanto, quienes desean instalarse como agricultores deben adquirir explotaciones "con cuota". 
El régimen vigente en el sector de la leche es un buen ejemplo de estas OCM. Este régimen, al que 
se aplica una nueva normativa desde abril de 1993, se basa en el Reglamento (CEE) n° 3950/92 del 
Consejo, en el que se fijaron las cantidades nacionales globales y se definió la cantidad de referencia 
individual como la cantidad disponible en la explotación el 31 de marzo de 1993. Estas disposiciones 
confirman el principio de que las cantidades correspondientes a una explotación se traspasan con esta 
última en caso de venta, arrendamiento o herencia de la misma. El Reglamento introduce no obstante 
un elemento de flexibilidad por el que, bajo la supervisión de los Estados miembros, se autoriza a los 
productores a transferirse cuotas entre si sin necesidad de traspasar tierras, con objeto de continuar la 
reestructuración del sector. 
La existencia de una reserva nacional es un aspecto fundamental para la aplicación del sistema pues 
permite asignar cantidades de referencia a productores prioritarios en función de criterios objetivos. 
Dicha reserva se alimenta de distintas fuentes: recibe las cantidades de referencia que no reciben 
asignación individual y también puede recibir las cantidades que resulten de una reducción lineal de 
la totalidad de las cantidades de referencia decidida por el Estado miembro. Además, con ánimo de 
reestructurar y proteger el medio ambiente, el Reglamento da a los Estados miembros la posibilidad 
de adoptar medidas para fomentar el cese definitivo de la producción lechera y reasignar a otros 
productores las cantidades de referencia que queden liberadas de ese modo. 
Al igual que en otros sectores, las disposiciones comunitarias dejan a los Estados miembros cierta 
flexibilidad para asignar las cantidades que pasen a la reserva o queden libres con ocasión de traspasos 
de explotaciones. Esta flexibilidad puede jugar a favor de los jóvenes agricultores, aunque no hay 
ninguna norma ni obligación al respecto, ya que la normativa comunitaria establece que los nuevos 
productores pueden ser incluidos entre los productores prioritarios a los que se asignen cantidades de 
referencia suplementarias, gratuitamente o a cambio de la indemnización que se determine. La 
experiencia demuestra que estas normas se aplican de manera muy diferente de un Estado miembro 
a otro. Cada Estado miembro dispone pues de medios para ayudar a los jóvenes que se instalan como 
agricultores, especialmente cuando el volumen de las reservas nacionales resulta significativo. 
En los regímenes de la prima por oveja o cabra (Reglamento (CEE) n° 3013/89) y de la prima por 
vaca nodriza (Reglamento (CEE) n° 805/68), sujetos también a cantidades individuales garantizadas, 
se decidió constituir en cada país una reserva nacional inicial de entre el 1 y el 3% de la totalidad de 
las cantidades individuales. Estas reservas, cuya finalidad era satisfacer las solicitudes imprevistas de 
derechos a prima, están prácticamente agotadas. En ambos casos, la reserva nacional se nutre 
actualmente de dos fuentes: cuando un productor no utiliza como mínimo el 70% de sus derechos, la 
parte no utilizada se atribuye normalmente a la reserva nacional y, cuando se produce un traspaso 
definitivo de derechos de prima sin explotación, una parte de estos derechos (hasta el 15%) puede ser 
atribuida a la reserva. 
Los Estados miembros emplean de maneras muy diferentes estas reservas para cubrir las necesidades 
de los jóvenes agricultores. Algunos siguen una política activa encaminada a reintegrar en la reserva 
la mayor cantidad posible de derechos de producción, mientras que otros tienden más bien a fomentar 
la redistribución según el funcionamiento normal del mercado. Esta divergencia podría explicarse 
también por la cantidad global de derechos de producción con que cuenta cada Estado miembro con 
relación al número de animales reales. 
También en la OCM del sector vitivinícola existe una limitación de la producción derivada del 
mecanismo de derechos de plantación: están prohibidas las plantaciones nuevas, aunque pueden 
concederse autorizaciones excepcionales, contempladas en la normativa, particularmente cuando se 
realicen planes de mejora material que se ajusten a los requisitos establecidos. 
Una segunda categoría de organizaciones comunes de mercado está constituida por las que establecen 
medidas de limitación de la producción aplicadas de forma colectiva. Es el caso del sector de los 
"grandes cultivos" (cereales, oleaginosas y proteaginosas), en el que el pago de las ayudas por hectárea 
se circunscribe a una superficie de base fijada por región, o el del de la carne de vacuno, en el que 
las primas por bovinos machos no pueden sobrepasar una cantidad fijada para cada región. En estos 
sectores, es menos difícil para un joven agricultor comenzar a producir sin referencia histórica, aunque 
debe tenerse en cuenta que el pago compensatorio completo sólo se efectúa si se respeta, por ejemplo, 
el límite de una superficie de base regional, ya que en caso de rebasarse, se aplica una reducción 
proporcional de la ayuda. 
La tercera categoría de OCM es la de aquéllas en las que el sostén de los precios de los productos en 
el mercado comunitario se hace por medio de una protección en la frontera y de restituciones por 
exportación hasta alcanzar una cantidad máxima dada. Pertenecen a esta categoría las organizaciones 
de mercado de las frutas y hortalizas, del sector porcino y de las aves de corral, por ejemplo. En estos 
sectores, es posible instalarse en una explotación agraria o reconvertirse a ellos sin necesidad de 
referencia histórica particular. 
5. OTRAS MEDIDAS 
5.1. Los programas comunitarios de formación 
Los cambios socioeconómicos y los adelantos tecnológicos requieren que los agricultores, 
especialmente los jóvenes, tengan una buena preparación profesional y una gran capacidad de 
adaptación. La Comunidad Europea ha adoptado varios programas de educación y formación 
(YOUTHSTART, "Sócrates", "Leonardo") que, a pesar de que no se dirigen específicamente a los 
jóvenes agricultores, pueden beneficiar tanto a los jóvenes que optan por una profesión agrícola como 
a los que desean emprender actividades económicas en el medio rural. 
La acción comunitaria de formación agraria llevada a cabo en el contexto de los programas existentes 
ya ha dado resultados: acuerdos de cooperación y movilidad entre universidades y facultades de 
agronomía dentro del programa ERASMUS, en los que participaron 2.000 estudiantes en 1992; una 
sólida red europea de transferencia de tecnología en el sector de la biotecnología creada por ocho 
asociaciones de universidad-empresa para la formación en el contexto de COMETT; y creación de una 
amplia red de centros de investigación e institutos de formación profesional en el sector hortícola, 
apoyada por el programa PETRA. 
5.2. El nuevo programa comunitario de investigación 
Dentro del Cuarto programa comunitario de investigación, desarrollo tecnológico y demostración para 
el período de 1995-1998, el Consejo ha aprobado un programa específico de agricultura, silvicultura 
y desarrollo rural cuyo propósito es lograr una base científica para la preparación, aplicación y 
evaluación de la política comunitaria en esas esferas. 
Los frutos de las actividades del programa contribuirán al desarrollo de las políticas comunitarias de 
agricultura y desarrollo rural, a la evolución de la producción primaria europea, a la vitalidad de la 
industria de transformación y de los usuarios finales, así como a un nivel de empleo suficiente. El 
importe estimado para llevar a cabo el programa asciende a 315 millones de ecus. 
5.3. Información 
La Comisión Europea ha establecido relaciones estrechas con las organizaciones de jóvenes 
agricultores, para facilitarles información y ayudarles en su reflexión, a través de seminarios, reuniones 
y visitas de información. Existe además un programa de intercambio de jóvenes agricultores, en el que 
participaron 2.000 jóvenes en 1994, cuyo objetivo es facilitar el intercambio de experiencias y el 
descubrimiento de la agrícultura de otros países, ya sea de manera individual o colectiva, durante un 
período comprendido entre tres semanas y varios meses, principalmente, en los países que forman parte 
de la Unión Europea. 
10 
IV. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 
I. MEDIDAS COMUNITARIAS 
II. Ayudas a la instalación 
Para satisfacer en mayor medida las demandas y dificultades de los jóvenes agricultores cabe 
contemplar mejoras de las medidas comunitarias, pero estas mejoras no deben consistir necesariamente 
en la aprobación de nuevas ayudas sino más bien en la utilización plena de las medidas ya existentes. 
En 1994, habida cuenta de la evolución de las condiciones del ejercicio de la actividad agraria y de 
la petición de que se apoyase más la pluriactividad, el Consejo decidió hacer extensiva la concesión 
de ayudas a los jóvenes que, aún no siendo agricultores a título principal, se instalen en régimen de 
pluriactividad sumando a las actividades agrarias la actividades forestales, turísticas y artesanales. 
Cabría la posibilidad de reexaminar las condiciones de concesión de la ayuda para adaptarlas mejor 
a las características locales (por ejemplo, en las regiones de montaña) y al fenómeno cada vez más 
extendido del cúmulo de empleos. 
En lo que se refiere a los medios financieros, el máximo cofinanciable se ha ampliado un 20% para 
que los jóvenes puedan afrontar más fácilmente los gastos de instalación y se ha dado mayor 
flexibilidad a la concesión de la ayuda en forma de bonificación de intereses. 
La Comisión alienta a los Estados miembros a utilizar plenamente y de forma coherente los distintos 
instrumentos comunitarios propuestos para sacarles el máximo provecho y adaptarlos lo más posible 
a las características locales. Además, cada vez que las autoridades nacionales y regionales decidan 
aplicar medidas, sería de desear que arbitrasen los medios financieros necesarios y que velasen por que 
la aplicación sea rápida y eficaz. 
1.2 Formación 
Para dominar la complejidad técnica y contable que entraña la gestión de una explotación agraria es 
imprescindible que el joven agricultor, especialmente si se trata de un hijo de agricultor, cuente con 
la formación apropiada. En particular, es de resaltar la importancia de las nuevas formaciones ligadas 
al medio ambiente y la necesidad de integrar en mayor medida la problemática medioambiental en la 
formación tradicional para enseñar a los jóvenes a tomar en consideración la dimensión 
medioambiental antes de tomar decisiones y a ser conscientes de su papel en la conservación de un 
entorno de calidad. 
Existen fuertes disparidades entre los sistemas de formación de ios Estados miembros y entre el nivel 
que exige cada uno de ellos para conceder ayudas. Por eso, la Comisión considera importante que se 
analice minuciosamente si la formación que se exige es la más adecuada y que se reflexione para 
hallar el mejor modo de orientar los programas actuales. Además, sería conveniente que se fomentase 
la participación de los jóvenes y de los centros de enseñanza de las zonas rurales de la Unión en los 
programas comunitarios de educación y de formación profesional, dado que los resultados obtenidos 
hasta el momento están siendo notables e innovadores. 
1.3. Régimen de jubilación anticipada 
Como complemento de la política de instalación, sería de desear que las medidas de jubilación 
anticipada tuvieran como objetivo específico rejuvenecer al sector, a pesar de que, en principio, el 
joven se encuentra ya favorecido con respecto a otros posibles sucesores de la actividad puesto que 
puede beneficiarse de la ayuda a la instalación. La Comisión recomienda a los Estados miembros que 
sigan el camino decidido por algunos de ellos para aplicar el régimen, a saber, el de dar prioridad al 
traspaso de las explotaciones a los jóvenes, dando por ejemplo una prima más elevada al agricultor 
que traspase su explotación a un joven en fase de instalación o estableciendo una reserva de tierras 
liberadas destinada a jóvenes agricultores. La Comisión está abierta a la reflexión sobre las 
posibilidades de acentuar el vínculo entre jubilación anticipada e instalación. 
1.4. Los regímenes de mercado 
La creación de reservas de cantidades de referencia administradas por las autoridades nacionales ha 
permitido a los Estados miembros asignar los derechos de producción disponibles a las categorías 
prioritarias, entre las que se incluyen los jóvenes agricultores. Sin embargo, la experiencia demuestra 
que la redistribución de los derechos de producción inducida por la gestión de las reservas nacionales 
es muy variable. Dejando de lado los factores que influyen en la oferta y la demanda de derechos, esas 
variaciones se deben también a que los Estados miembros siguen líneas diferentes: mientras unos 
intentar influir en la redistribución de los derechos de producción, otros prefieren dejar jugar 
libremente a las fuerzas del mercado para reducir el trabajo administrativo. 
Si, según cree la Comisión, es del máximo interés para la Unión conservar una agricultura dinámica 
facilitando permanentemente la llegada de nuevos agricultores altamente cualificados, es necesario 
examinar cuales son las posibilidades y los medios necesarios para conseguir ese objetivo. 
El primer problema que se plantea es el de cómo liberar derechos especiales de forma permanente para 
asignarlos a jóvenes agricultores ya que es evidente que ello no debe provocar que se sobrepasen los 
derechos actualmente garantizados en el contexto de la PAC. La necesidad de conservar las 
organizaciones de mercado y una política presupuestaria coherentes obliga a la Comisión a rechazar 
cualquier planteamiento que implique la creación de nuevos derechos y lleve a sobrepasar los límites 
fijados. 
Para liberar los más derechos posibles con miras a ponerlos a disposición de jóvenes agricultores, 
dentro de los límites de los derechos garantizados en la actualidad, sería posible, por ejemplo, limitar 
más estrictamente la cesión de los derechos de producción existentes, ya sea por venta, arrendamiento 
o traspaso, especialmente cuando el beneficiario no los explota completamente. También podría 
alimentarse la reserva con los derechos que queden libres por cese de actividades o mediante 
programas de abandono voluntario, y cabría igualmente la posibilidad de efectuar una reducción lineal 
de los derechos de los productores. Así pues, combinando distintas medidas sería posible crear y 
mantener una reserva suficientemente grande para satisfacer las necesidades de los jóvenes agricultores 
sin menoscabo de los intereses de los demás grupos prioritarios. 
En la actualidad, son los Estados miembros quienes deciden las categorías prioritarias, basándose en 
criterios objetivos. La experiencia demuestra que, cuando se deben asignar derechos tomados de la 
reserva nacional, los Estados miembros vacilan en asignarlos prioritariamente a la categoría de jóvenes 
agricultores con el argumento de que hay agricultores que merecen tanta atención como ellos (por 
ejemplo los que han presentado un plan de desarrollo, los pequeños agricultores o los agricultores de 
regiones desfavorecidas). Esto prueba la necesidad de encontrar una solución equilibrada que favorezca 
a los jóvenes agricultores pero que no haga sentirse excluidas a las demás categorías prioritarias. No 
cabe duda de que la decisión es difícil, pero es necesario elegir. 
A la vista de todas estas consideraciones, la Comisión cree que debería ser posible obrar para permitir 
a los jóvenes agricultores instalarse en la profesión en condiciones de estabilidad económica y de 
seguridad financiera. Los productores ya instalados tienen también un papel que desempeñar, ya que 
son ellos quienes más se benefician de la estabilidad de los precios y de las ayudas directas ligadas 
a las medidas de limitación de la oferta. En la práctica, sería preciso que los Estados miembros 
lograran poner a disposición de los interesados, de manera permanente, una cantidad suficiente de 
derechos, determinada en función del número de agricultores que formen parte de las categorías 
prioritarias y del nivel mínimo de producción agraria que se considere viable. Este fondo de derechos 
de producción debería constituirse a partir de las reservas existentes y, del total de derechos que haya 
para repartir, debería reservarse a los jóvenes agricultores una proporción mínima y fija de carácter 
absolutamente prioritario. 
12 
Es posible que haya Estados miembros que estén poco dispuestos a proporcionar los recursos 
administrativos necesarios para gestionar un sistema de redistribución de los derechos de producción 
como el propuesto. Esta actitud podría venir motivada por el hecho de que exista ya una situación 
favorable con relación a la estructura de edad de la población agraria y a las posibilidades de entrar 
en la agricultura en los sectores de que se trate, y también podría argumentarse que la existencia de 
un mercado en el que los derechos de producción circulan activamente y a un coste razonable ofrece 
suficientes ocasiones tanto a los nuevos agricultores como a los de las demás categorías que se 
encuentren en dificultades. 
La Comisión duda seriamente de que los problemas de las categorías prioritarias, incluidos los de los 
jóvenes agricultores, puedan abordarse de una manera satisfactoria si no es aplicando completamente 
el sistema propuesto. Sin embargo, quizás sea posible demostrar que, en ciertos sectores, las cargas 
que implica superan considerablemente los beneficios probables y que esos mismos objetivos podrían 
lograrse por otros medios, como, por ejemplo, mediante acuerdos profesionales. Por lo tanto, la 
Comisión recomienda que no se excluyan estas posibilidades y recuerda que la normativa comunitaria 
establece ya ayudas para las organizaciones profesionales que podrían utilizarse para crear las 
estructuras administrativas necesarias para la realización de estas iniciativas. 
2. MEDIDAS NACIONALES 
2.1. Derecho de sucesión 
Es importante reseñar que, en algunos ámbitos, las decisiones que influyen considerablemente en la 
instalación de los jóvenes agricultores competen exclusivamente a los Estados miembros. Así, se 
observa que los obstáculos que encuentran los jóvenes que se instalan como agricultores son, en su 
mayoría, los mismos que los que encuentran las pequeñas y medianas empresas cuando llega el 
delicado momento de la sucesión: derecho de sucesión, fiscalidad, dificultades de crédito'. Un análisis 
de estos problemas y de sus consecuencias económicas pone de relieve la utilidad de que los Estados 
miembros coordinen algunos aspectos de sus políticas y contemplen la posibilidad de adoptar un 
determinado número de medidas fiscales y legislativas para facilitar la transmisión de las empresas y, 
particularmente, de las empresas agrarias. 
En materia de sucesión, tanto los regímenes jurídicos como las prácticas familiares se asientan en 
conceptos diferentes de la explotación agraria. En algunos Estados miembros, la fuerte concepción 
patrimonial de la explotación acarrea un reparto igualitario de los bienes al producirse la sucesión, lo 
que da lugar a una fragmentación de la propiedad. En otros, el derecho de sucesión refleja el principio 
de preservación de la empresa agrícola y, en algunos casos, este objetivo se alia a la salvaguardia 
económica de los coherederos. 
La Comisión recomienda a los Estados miembros que, en el contexto de sus atribuciones, examinen 
cuáles podrían ser las soluciones a las dificultades con que se enfrentan los jóvenes en los casos de 
sucesión. Por ejemplo, cuando deba compensarse a los herederos, sería conveniente que el pago de la 
compensación pudiera escalonarse en varios años con objeto de permitir la continuación de las 
actividades de la empresa sin privarla de sus recursos financieros o, incluso, de evitar que el joven 
renuncie a hacerse cargo de la explotación. 
2.2. Fiscal idad 
La carga fiscal que entraña la operación de traspaso (o las ayudas a la instalación) es una de las 
principales dificultades para los jóvenes. Los regímenes fiscales de transmisión patrimonial son muy 
La trasmisión de pequeñas y medianas empresas (PME) ha sido objeto de una recomendación de 
la Comisión en fecha de 7 de diciembre de 1994, DOCE n* L 385 de 31.12.94, páginas 14 y 
siguientes. 
13 
diferentes tanto de un Estado a otro (algunos tienen un régimen agrario específico) como en función 
del modo de transmisión (herencia o traspaso en vida en forma de venta o donación). Por ello, se 
recomienda a los Estados miembros que, al formular su política económica, estudien la posibilidad de 
conceder exenciones o reducciones fiscales al traspaso de las empresas agrarias. A cambio, se podría 
pedir a la persona que se haga cargo de la explotación que se comprometa a continuar la actividad 
económica durante un determinado período. Con ello se facilitaría la supervivencia de un mayor 
número de empresas, lo que supondría una menor disminución de la actividad económica y del empleo 
además de la conservación de una fuente de ingresos fiscales y de contribuciones sociales. 
Además, los Estados miembros podrían reconocer el principio de neutralidad fiscal para las 
operaciones efectuadas con miras a preparar un traspaso eficaz de la empresa: creación de una 
sociedad, fusión, escisión, intercambio de acciones, etc. 
2.3. Arrendamiento 
El papel en la instalación de jóvenes agricultores de la legislación sobre los arrendamientos, 
especialmente del arrendamiento familiar como forma de traspaso progresivo de las explotaciones, 
merece una mayor atención de los Estados miembros. La legislación de los Estados miembros sobre 
los arrendamientos varía considerablemente. En este tema, tanto las reglas flexibles como los 
arrendamientos reglamentados estrictamente presentan ventajas c inconvenientes: en los sistemas 
flexibles, el arrendatario goza de menor protección pero consigue más fácilmente tierras para arrendar; 
en cambio, cuando el arrendatario está más protegido, el propietario es más reticente a arrendar sus 
tierras a jóvenes agricultores. 
2.4. Preparación para el traspaso: nuevas formas de cooperación padres/hijos (u otros sucesores) 
La Comisión recomienda a los Estados miembros que consideren la posibilidad de introducir fórmulas 
jurídicas de cooperación entre padre e hijo (u otro sucesor) en sus sistemas. Estas fórmulas ofrecen 
al agricultor padre la posibilidad de asociar a su futuro sucesor en la gestión de la explotación familiar 
y permiten al sucesor adquirir autonomía antes de asumir en solitario la dirección de la explotación. 
Este tipo de asociación, si se lleva a cabo en explotaciones de una dimensión económica suficiente, 
proporciona al joven una remuneración adecuada y, sobre todo, permite un traspaso gradual de la 
propiedad de la explotación que le evita dificultades financieras graves de instalación. La transferencia 
del capital de empresa acumulado por los padres se efectúa de manera progresiva y su coste es 
compartido por las dos partes. 
2.5. Servicios de sustitución 
Los Estados miembros pueden intervenir para solventar otros problemas a los que el joven agricultor 
deberá hacer frente una vez que se haya instalado. En concreto, un factor que las jóvenes generaciones 
comienzan a tener en cuenta a la hora de elegir una profesión es el de poder contar con servicios que 
garanticen el funcionamiento en caso de ausencia. 
Los Estados miembros deberían promover el desarrollo de servicios de sustitución, que es un sector 
en plena expansión. Una posibilidad, que ya se contempla en las medidas cofinanciadas en aplicación 
de la normativa comunitaria, es la de conceder ayudas para la creación de dichos servicios. Otra opción 
sería la de que los poderes públicos establecieran distintas formas de flexibilidad en las relaciones 
laborales contractuales, especialmente en las formas más habituales de servicios de sustitución, que 
son: el trabajo a tiempo parcial, ocasional o de temporada, el "préstamo de mano de obra" sin ánimo 
lucrativo y las formas legales de contratación de un trabajador por varios agricultores. 
2.6. Instalación de jóvenes no procedentes del medio rural 
14 
Sería deseable que, para que existiera en todas la regiones un número suficientes de candidatos al 
traspaso de explotaciones, se abriera la profesión a jóvenes de otros medios. Si bien es cierto que los 
inicios son más difíciles para un joven agricultor que no procede del medio rural que para un hijo de 
agricultor ya que, a igualdad de explotación, el primero tiene que invertir mucho más para instalarse 
y en los primeros años, los resultados de algunos estudios limitados parecen indicar que este tipo de 
agricultores acaban ampliando la explotación y tienen las mismas posibilidades de éxito que los demás. 
En Francia se está experimentando con éxito un sistema de contactos entre agricultores de edad 
avanzada sin sucesor y jóvenes que no proceden del medio rural. Este sistema se basa en la creación 
de repertorios provinciales que facilitan los encuentros entre los agricultores y los jóvenes que desean 
instalarse como agricultores. Dado que el éxito de las iniciativas que se tomen depende en gran medida 
de la situación económica de la región, es necesario que sean coherentes con el objetivo de lograr 
explotaciones duraderas. 
3. MEJORA DE LA INFORMACIÓN 
Por último, también es de desear que se fomenten todo tipo de medidas de información y 
revalorización de la profestón entre los jóvenes. En algunas regiones de la Unión funcionan ya, o están 
creándose, unos "repertorios para la instalación" o dispositivos de otros tipos cuya finalidad es 
favorecer el acercamiento entre quienes desean traspasar y quienes desean instalarse y ayudar a los 
jóvenes suministrándoles toda la información adecuada, especialmente sobre las ayudas nacionales y 
comunitarias. La Comisión está dispuesta a reflexionar sobre la posibilidad de dar acompañamiento 
a estas iniciativas. 
En lo que se refiere más específicamente a la legislación de los Estados miembros en los ámbitos que 
afectan al traspaso de explotaciones y a la instalación de jóvenes, se observa una falta de información 
recíproca sobre las distintas vías seguidas para tratar problemas que son comunes. Por ello, la 
Comisión está dispuesta a organizar o coordinar campañas de información al respecto y a dar difusión 
a "las mejores prácticas" que se observen en las legislaciones de los Estados miembros por medio de 
seminarios que permitan debatir a escala comunitaria los resultados logrados. 
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ISSN 0257-9545 
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