Propuesta de decimotercera Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de derecho de sociedades relativa a las ofertas públicas de adquisición (96/C 162/05) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(95) 655 final - 95/0341(COD)

(Presentada por la Comisión el 7 de febrero de 1996)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 54,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Considerando que resulta necesario coordinar, para hacerlas equivalentes, determinadas garantías que se exigen en los Estados miembros a las sociedades, tal como se definen en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, a fin de proteger los intereses tanto de los socios como de terceros;

Considerando que es necesario proteger los intereses de los accionistas de sociedades que estén sujetas a la legislación de un Estado miembro cuando éstas sean objeto de una oferta pública de adquisición o de un traspaso de control y sus valores estén admitidos a cotización en un mercado regulado a efectos de lo previsto en la presente Directiva;

Considerando que sólo una actuación a escala comunitaria puede garantizar un nivel adecuado de protección de los accionistas de toda la Unión Europea y establecer directrices mínimas para el desarrollo de las ofertas públicas de adquisición; que los Estados miembros, por separado, no pueden ofrecer el mismo nivel de protección, especialmente en el caso de operaciones transfronterizas de adquisición del control;

Considerando que la adopción de una directiva es el procedimiento más adecuado para crear un marco que establezca ciertos principios comunes y un reducido número de requisitos generales a los que los Estados miembros habrán de dar cumplimiento mediante normas más detalladas, de acuerdo con sus sistemas nacionales y su contexto cultural;

Considerando que los Estados miembros deben tomar las medidas oportunas para proteger a los accionistas con una participación minoritaria tras la adquisición del control de su sociedad; que dicha protección puede garantizarse, bien obligando a las personas que hayan adquirido el control de una sociedad a presentar una oferta a todos los accionistas con respecto a la totalidad o una parte sustancial de sus participaciones, bien estableciendo otros mecanismos que permitan alcanzar el objetivo de proteger a los accionistas minoritarios;

Considerando que cada uno de los Estados miembros debería designar a una o varias autoridades que se encarguen de supervisar todos los aspectos de la oferta y velen por que las partes en la misma cumplan con las normas adoptadas en aplicación de la presente Directiva; que las distintas autoridades deben colaborar entre sí;

Considerando que resulta oportuno fomentar el ejercicio de un control voluntario por parte de organismos autorreguladores, a fin de evitar el recurso a medidas administrativas o judiciales;

Considerando que, para evitar en la medida de lo posible las operaciones con información privilegiada, debe exigirse a los oferentes que anuncien lo antes posible su intención de presentar una oferta y que informen de la oferta a la autoridad supervisora y al órgano de administración de la sociedad afectada antes de hacerla pública;

Considerando que los destinatarios de una oferta pública de adquisición deben ser debidamente informados de las condiciones de la misma por medio de un folleto de oferta;

Considerando que resulta necesario fijar un plazo para las ofertas públicas de adquisición;

Considerando que, para poder desempeñar satisfactoriamente sus funciones, las autoridades supervisoras deben tener en todo momento la posibilidad de requerir de las partes en la oferta información sobre la misma;

Considerando que, para evitar toda operación que pueda frustrar la oferta, es necesario limitar los poderes del órgano de administración de la sociedad afectada respecto a operaciones de carácter excepcional;

Considerando que debería imponerse al órgano de administración de la sociedad afectada la obligación de publicar un documento en el que exponga su opinión con respecto a la oferta y los motivos en los que se fundamenta;

Considerando que resulta necesario que los Estados miembros establezcan normas que regulen las condiciones en las que podrá retirarse o declararse nula una oferta una vez publicado el folleto de oferta, el derecho del oferente a revisar su oferta, la posibilidad de que se presenten ofertas competidoras en relación con los valores de una sociedad, que redundan necesariamente en beneficio de sus accionistas, y la publicación del resultado de la oferta,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

Las medidas de coordinación prescritas por la presente Directiva se aplicarán a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas u otros mecanismos o instrumentos de los Estados miembros relativos a las ofertas públicas de adquisición de valores de una sociedad sujeta al Derecho de un Estado miembro, cuando dichos valores estén admitidos, en su totalidad o en parte, a cotización en el mercado de uno o varios Estados miembros y este mercado esté regulado y supervisado por autoridades reconocidas por los poderes públicos, funcione con regularidad y sea directa o indirectamente accesible al público.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

- «oferta pública de adquisición» («oferta»): una oferta hecha a quienes posean los valores de una sociedad para adquirir todos o parte de dichos valores a cambio de dinero y/o de otros valores. La oferta podrá ser obligatoria, cuando así lo dispongan los Estados miembros para proteger a los accionistas minoritarios, o voluntaria;

- «sociedad afectada»: la sociedad cuyos valores sean objeto de una oferta;

- «oferente»: toda persona física o jurídica de Derecho público o privado que presente una oferta;

- «valores»: los valores mobiliarios que confieran derechos de voto en una sociedad o que permitan obtener valores mobiliarios que confieran tales derechos;

- «partes en la oferta»: el oferente, los miembros de su órgano de administración o dirección, si se trata de una sociedad, los destinatarios de la oferta y los consejeros de la sociedad afectada.

Artículo 3

Protección de los accionistas minoritarios

1. Cuando una persona física o jurídica posea, como resultado de una adquisición, valores que, añadidos a las posibles participaciones anteriores, le confieran un determinado porcentaje de derechos de voto en una de las sociedades contempladas en el artículo 1, otorgándole el control de dicha sociedad, los Estados miembros garantizarán que existan normas u otros mecanismos o instrumentos en vigor, bien que obliguen a dicha persona o entidad a presentar una oferta conforme a lo dispuesto en el artículo 10, bien que ofrezcan la posibilidad de proteger a los accionistas minoritarios de la sociedad por otros medios adecuados y, como mínimo, equivalentes.

2. El porcentaje de derechos de voto que confiere el control de la sociedad a efectos de lo previsto en el apartado 1 y el método de cálculo del mismo serán determinados por las disposiciones legales del Estado miembro en que se encuentre la autoridad supervisora.

Artículo 4

Autoridad supervisora

1. Los Estados miembros designarán a la o a las autoridades que supervisarán todos los aspectos de la oferta. Las autoridades así designadas podrán incluir asociaciones u organismos privados. Los Estados miembros informarán a la Comisión de estas designaciones, especificando todo posible reparto de funciones.

2. La autoridad competente para la supervisión de la oferta será la del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la sociedad afectada cuando los valores de la misma estén admitidos a cotización en un mercado regulado de dicho Estado miembro. En todos los demás casos, la autoridad competente será la del Estado miembro en cuyo mercado regulado hayan sido admitidos por primera vez a cotización y aún se coticen los valores de dicha sociedad.

3. Sin perjuicio del secreto profesional al que están obligadas, las autoridades competentes cooperarán entre sí en todo lo necesario para el cumplimiento de su misión y, a tal fin, se facilitarán mutuamente cuanta información resulte necesaria.

4. Las autoridades supervisoras dispondrán de todas las facultades necesarias para el ejercicio de sus funciones, entre las cuales figurará la responsabilidad de garantizar que las partes en la oferta cumplan las normas establecidas en virtud de la presente Directiva. Asimismo, los Estados miembros podrán facultar a sus autoridades supervisoras para autorizar, basándose en una decisión motivada, excepciones a las normas establecidas de conformidad con la presente Directiva, siempre que, al autorizar tales excepciones, las autoridades supervisoras respeten los principios enunciados en el artículo 5.

5. La presente Directiva no afectará a la facultad de que pueden disfrutar los tribunales de un Estado miembro para renunciar a conocer de un procedimiento judicial y determinar si tales procedimientos incidirán en el resultado de la oferta, siempre y cuando las partes perjudicadas dispongan de las oportunas vías de recurso, ya sea mediante un procedimiento de apelación ante la autoridad supervisora o mediante una demanda de daños y perjuicios ante los tribunales.

Artículo 5

Principios generales

1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros garantizarán que las normas u otros instrumentos establecidos en virtud de la misma se atengan a los siguientes principios:

a) todos aquellos que posean valores de la sociedad afectada y se encuentren en la misma situación deberán ser tratados por igual;

b) los destinatarios de una oferta deberán disponer de tiempo e información suficiente para poder adoptar una decisión con respecto a la oferta con pleno conocimiento de causa;

c) el órgano de administración de la sociedad afectada deberá obrar en interés de la sociedad en su conjunto;

d) no deberán crearse falsos mercados de valores de la sociedad afectada, de la sociedad oferente o de cualquier otra sociedad implicada en la oferta;

e) la sociedad afectada no deberá ver sus actividades obstaculizadas por el hecho de que sus valores sean objeto de una oferta durante más tiempo de lo razonable.

2. A fin de alcanzar el objetivo fijado en el apartado 1, los Estados miembros garantizarán que se adopten normas que cumplan los requisitos mínimos establecidos en los artículos siguientes.

Artículo 6

Información

1. Los Estados miembros garantizarán que se adopten normas por las que se obligue a hacer pública la decisión de presentar una oferta y a informar de la oferta a la autoridad supervisora y al órgano de administración de la sociedad afectada antes de que se haga pública dicha decisión.

2. Los Estados miembros garantizarán que se adopten normas por las que se obligue al oferente a elaborar y publicar oportunamente un folleto de oferta que contenga la información necesaria para que los destinatarios de la oferta puedan tomar una decisión con pleno conocimiento de causa con respecto a la misma. Antes de publicar el folleto de oferta, el oferente lo transmitirá a la autoridad supervisora.

3. Dichas normas exigirán que el folleto contenga, como mínimo, la siguiente información:

- las condiciones de la oferta;

- la identidad del oferente o, cuando éste sea una sociedad, la forma, la denominación y el domicilio social de la misma;

- los valores o la o las categorías de valores a los que se refiere la oferta;

- la contraprestación ofrecida por cada valor o categoría de valores y el método de valoración utilizado para determinarla, así como la indicación de la forma en que se entregará dicha contraprestación;

- el porcentaje o número de valores máximo y mínimo que el oferente se compromete a adquirir;

- la indicación de las posibles participaciones anteriores del oferente en la sociedad afectada;

- todas las condiciones a las que esté sujeta la oferta;

- las intenciones del oferente con respecto a las actividades y los compromisos futuros de la sociedad afectada, sus empleados y su dirección;

- el plazo de aceptación de la oferta, que no podrá ser inferior a cuatro semanas ni superior a diez semanas, a partir de la fecha de publicación del folleto;

- en el supuesto de que la contraprestación ofrecida por el oferente incluya valores, la oportuna información sobre los mismos.

4. Los Estados miembros garantizarán que se adopten normas por la que se obligue a las partes en la oferta a facilitar a la autoridad supervisora, siempre que lo solicite, toda la información en su poder en relación con la oferta que ésta considere necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 7

Publicidad

1. Los Estados miembros garantizarán que se adopten normas por las que se obligue a hacer pública la oferta de modo que no se creen falsos mercados de valores de la empresa afectada o del oferente.

2. Los Estados miembros garantizarán que se adopten normas por las que se exija la publicación de toda la información o los documentos necesarios de tal forma que los destinatarios de la oferta puedan obtenerlos fácil y rápidamente.

Artículo 8

Obligaciones del órgano de administración de la sociedad afectada

Los Estados miembros garantizarán que se adopten normas por las que se disponga que:

a) una vez recibida la información relativa a la oferta y en tanto no se haga público el resultado de la misma, el órgano de administración de la sociedad afectada se abstendrá de tomar medidas que puedan frustrar la oferta y, en particular, de emitir acciones que puedan impedir de forma duradera al oferente obtener el control de la sociedad afectada, a menos que cuente con la autorización previa a tal efecto de la junta general de accionistas;

b) el órgano de administración de la sociedad afectada elaborará y hará público un documento en el que exponga su opinión con respecto a la oferta, así como los motivos en los que se fundamenta.

Artículo 9

Normas aplicables al desarrollo de las ofertas

Además, los Estados miembros garantizarán que se adopten normas que regulen el desarrollo de las ofertas como mínimo en los siguientes aspectos:

a) retirada o nulidad de la oferta,

b) revisión de las ofertas,

c) ofertas competidoras,

d) publicación del resultado de las ofertas.

Artículo 10

Ofertas obligatorias

1. En el supuesto de que un Estado miembro obligue a presentar una oferta para proteger a los accionistas minoritarios, dicha oferta se dirigirá a todos los accionistas y se referirá a todas o a una parte sustancial de sus participaciones a un precio que permita cumplir con el objetivo de proteger sus intereses.

2. Si la oferta obligatoria se refiere sólo a una parte de los valores de la sociedad afectada y los accionistas desean vender al oferente más acciones de las que abarca la oferta parcial, los accionistas recibirán un trato equitativo, quedando sus participaciones sujetas a un prorrateo.

Artículo 11

Incorporación de la Directiva

1. Los Estados miembros garantizarán que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas u otros mecanismos o instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en la presente Directiva entren en vigor antes del 1 de abril de 1998.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones u otros instrumentos a que se refiere el apartado 1, en los que se hará expresamente referencia a la presente Directiva.

Artículo 12

Destinatarios de la Directiva

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.