En la séptima reunión del Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias afroeuroasiáticas de diciembre de 2018, se adoptó un proyecto de plan de gestión de especie única para la barnacla cariblanca con vistas a hacer frente al rapidísimo aumento de su población, en particular para intentar resolver los consiguientes problemas causados por la especie (daños agrícolas y riesgos para la seguridad aérea). El plan proporciona un marco para facilitar el proceso de toma de decisiones en los Estados del área de distribución en relación con la aplicación de las excepciones, incluida una evaluación periódica del efecto acumulativo de esas excepciones, y con el seguimiento del estado de la población y de la evolución de los daños agrícolas o los riesgos para la seguridad aérea. Debe facilitar el intercambio de información y, posiblemente, la coordinación de las medidas de excepción entre los Estados del área de distribución para aumentar su eficiencia y evitar efectos no deseados a nivel de las vías migratorias.

La presente propuesta no se adecua al actual nivel de protección jurídica de la barnacla cariblanca en el marco de la Directiva de aves, ya que no figura en su anexo II (especies cinegéticas). La especie figura en el anexo I de la Directiva de aves (esto es, requiere la designación de zonas especiales de protección para las aves).

La Unión debe apoyar la propuesta noruega de enmienda para hacer frente al rapidísimo aumento de la población de esta especie, en particular para intentar resolver los consiguientes problemas que causa (daños agrícolas y riesgos para la seguridad aérea), de manera que las Partes en el Convenio no pertenecientes a la UE puedan aplicar medidas de gestión de la población, incluida la caza de la especie, en caso necesario. No obstante, dado que actualmente no es posible ni se prevé modificar los anexos de la Directiva de aves en el corto plazo exigido según el Convenio (90 días), la Unión deberá señalar que, por el momento, aplicará medidas de protección más rigurosas previstas en el artículo 12 del Convenio.

4.Base jurídica

4.1.Base jurídica procedimental

4.1.1.Principios

El artículo 218, apartado 9, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) contempla la adopción de decisiones por las que se establezcan «las posiciones que deban adoptarse en nombre de la Unión en un organismo creado por un acuerdo, cuando dicho organismo deba adoptar actos que surtan efectos jurídicos, con excepción de los actos que completen o modifiquen el marco institucional del acuerdo».

El concepto de «actos que surtan efectos jurídicos» incluye aquellos que surten efectos jurídicos en virtud de las normas de Derecho internacional que regulan el organismo en cuestión. Incluye asimismo aquellos instrumentos que no tienen fuerza vinculante con arreglo al Derecho internacional, pero que pueden influir de manera determinante en «el contenido de la normativa adoptada por el legislador de la Unión».

4.1.2.Aplicación al presente caso

El Comité permanente es un organismo creado por el Convenio.

La decisión que se insta a adoptar al Comité permanente constituye un acto con efectos jurídicos. El acto previsto será vinculante con arreglo al Derecho internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio.

El acto previsto no completa ni modifica el marco institucional del Convenio.

Por consiguiente, la base jurídica procedimental de la Decisión propuesta es el artículo 218, apartado 9, del TFUE.

4.2.Base jurídica sustantiva

4.2.1.Principios

La base jurídica sustantiva de las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 218, apartado 9, del TFUE depende principalmente del objetivo y del contenido del acto previsto respecto del cual se adopta una posición en nombre de la Unión. Si el acto previsto persigue un doble objetivo o tiene un componente doble, y si uno de dichos objetivos o componentes puede calificarse de principal, mientras que el otro solo es accesorio, la Decisión adoptada con arreglo al artículo 218, apartado 9, del TFUE debe fundarse en una única base jurídica sustantiva, a saber, la que exija el objetivo o componente principal o preponderante.

4.2.2.Aplicación al presente caso

El objetivo y el contenido principales del acto previsto se refieren al medio ambiente.

Por consiguiente, la base jurídica sustantiva de la Decisión propuesta es el artículo 192, apartado 1.

4.3.Conclusión

La base jurídica de la Decisión propuesta debe ser el artículo 192, apartado 1, leído en relación con el artículo 218, apartado 9, del TFUE.

5.Publicación del acto previsto