Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema "Revisión intermedia de los tres procesos en los que se apoya la estrategia europea de empleo"

(2001/C 139/10)

En su pleno del 2 de marzo de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de artículo 23 del Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema "Revisión intermedia de los tres procesos en los que se apoya la estrategia europea de empleo".

y constituir, con arreglo al apartado 4 del artículo 11 y el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento Interno, un subcomité encargado de preparar los trabajos correspondientes.

El Subcomité adoptó su proyecto de dictamen el 14 de febrero de 2001 (ponente: Sr. Olsson, coponente: Sra. Engelen-Kefer).

En su 379o pleno de los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2001 (sesión del 28 de febrero de 2001) el Comité Económico y Social ha aprobado por 93 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Fundamentos de la revisión

1.1. El objeto del presente dictamen es:

- revisar los diversos procesos existentes (Luxemburgo, Cardiff y Colonia) con un planteamiento global;

- preparar el Consejo Europeo de Estocolmo, en primavera de 2001, que será el primer seguimiento de la cumbre de Lisboa, en la que se confirmó la necesidad de coordinar los tres procesos y aportar nuevos elementos.

Habida cuenta de que el Comité representa a los distintos agentes de la sociedad civil organizada, esta revisión se basa en los siguientes criterios:

- participación de la sociedad civil organizada en la preparación y aplicación de los tres procesos y el seguimiento de la estrategia de Lisboa;

- función y responsabilidades respectivos de los distintos agentes ante la necesidad de lograr un equilibrio razonable entre medidas legislativas y no legislativas para cumplir los objetivos de desarrollar una economía basada en el conocimiento en el marco de la cohesión social, de un mayor empleo, del desarrollo sostenible y de una igualdad de oportunidades justa para todos.

Los indicadores estructurales presentados por la Comisión para efectuar un seguimiento de la cumbre de Lisboa se evalúan en otro dictamen del Comité(1).

1.1.1. Proceso de Luxemburgo

El proceso de Luxemburgo (noviembre de 1997) aspira a reforzar la coordinación de las políticas de empleo nacionales. La esencia del proceso es conseguir que los Estados miembros se comprometan a cumplir un conjunto integrado de objetivos y metas comunes que se basan en cuatro pilares: empleabilidad, espíritu empresarial, adaptabilidad e igualdad de oportunidades. Se ha establecido un proceso periódico de programación, información, revisión paritaria, evaluación y ajuste de los objetivos. Su principal plasmación a nivel comunitario son las orientaciones para el empleo que se aprueban cada año y que posteriormente se incorporan a los planes de actuación nacionales para el empleo de cada Estado miembro.

Con objeto de hacer más eficaz el proceso de Luxemburgo, el Consejo de Lisboa otorgó un mandato para la revisión intermedia, cuyas conclusiones se reflejan en las orientaciones para la política de empleo de 2001.

En la revisión intermedia(2) se puede comprobar que el proceso ha contribuido a centrar la atención en el empleo y que varios actores se han comprometido en el marco de un enfoque integrado. Al mismo tiempo, se observan diferencias regionales crecientes junto a una escasez cada vez mayor de mano de obra cualificada. Además, hay un desequilibrio en la aplicación de las distintas directrices, en especial, en cuanto a los niveles de adecuación. También "la integración de la igualdad entre mujeres y hombres" se ha realizado únicamente en parte. De cara al futuro se proponen menos directrices, mayor eficacia en la coordinación con otros procesos, desarrollo de indicadores, mejor vigilancia y difusión de buenas prácticas. Se ha solicitado un reparto más claro de tareas entre los actores, así como un compromiso mayor de los interlocutores sociales. Por último, se pide una mayor visibilidad del proceso hacia el exterior.

El Comité se muestra de acuerdo con las conclusiones de la revisión intermedia y quiere subrayar especialmente la importancia de concentrar la atención en los puntos clave, en objetivos cuantitativos y cualitativos más claros, en la importancia de fomentar el espíritu empresarial y en las tareas y el compromiso de los interlocutores sociales y su papel en las directrices que más les afectan a todos los niveles. Al mismo tiempo el Comité subraya la necesidad de que el proceso de Luxemburgo tenga una amplia implantación en los Estados miembros, tanto a nivel local como en las organizaciones económicas y sociales. Una vez terminado el quinquenio sería, pues, oportuno considerar una pausa de un año para poder comprometer concretamente a todos los actores interesados. Para poder centrar la atención en los objetivos y hacerlos más claros, es conveniente, pues, simplificar el proceso.

1.1.2. Proceso de Cardiff

El proceso de Cardiff (junio de 1998) tiene por objetivo las reformas económicas necesarias para convertir al mercado único en un motor de creación de empleo y el fomento del espíritu empresarial y la competitividad.

El proceso engloba las medidas que supriman los obstáculos al comercio entre Estados miembros, aumenten el rendimiento del sector de los servicios, establezcan un entorno para las pequeñas y medianas empresas más favorable al crecimiento y al empleo, mejoren la eficacia de los mercados de capitales y la disponibilidad de capital riesgo, fomenten una política de la competencia efectiva y reduzcan las ayudas estatales.

En cumplimiento del mandato del Consejo Europeo de Cardiff, los Estados miembros y la Comisión deben elaborar informes anuales sobre asuntos relativos a la reforma de los mercados de productos y de capitales.

En el segundo informe de Cardiff(3) la Comisión pidió a la UE y a los Estados miembros que realizaran reformas económicas compatibles con la cohesión económica y social, garantizaran la participación de todas las partes interesadas e instaran a los poderes públicos a velar por una repercusión real en la competitividad, la mejora del bienestar de los consumidores y la existencia de normas reglamentarias simples y de gran calidad.

El Comité apoya esta petición, pero desea subrayar la necesidad de un seguimiento más sistemático y coherente para poner en práctica el proceso de Cardiff con un mayor compromiso por parte de los interlocutores sociales y demás organizaciones económicas y sociales.

1.1.3. Proceso de Colonia

El proceso de Colonia (junio de 1999) complementa los procesos de Luxemburgo y Cardiff mediante un amplio enfoque global -los pactos europeos para el empleo- que cubre todas las medidas de la política de empleo de la Unión. El proceso implica coordinar la política económica y mejorar las interacciones entre evolución de los salarios y política monetaria, presupuestaria y fiscal mediante un diálogo macroeconómico, para mantener un crecimiento sostenido no inflacionista y consolidar a largo plazo el éxito de la unión económica y monetaria.

Las orientaciones generales de política económica son un elemento básico del proceso de coordinación de las políticas económicas. Constituyen la interfaz entre la política económica y los procesos de Luxemburgo y Cardiff, y desde 2000 se discuten en un ámbito distinto de los ministros de economía.

El Consejo, la Comisión, el BCE y los interlocutores sociales participan en el diálogo macroeconómico. A este respecto, se celebran dos reuniones anuales desde 1999, presididas por el Presidente del Consejo Ecofin.

El Comité comprueba que el proceso de Colonia se ha puesto en marcha pero desea subrayar el punto de vista compartido por las organizaciones que representan a los interlocutores sociales según el cual los ministros de Hacienda deben participar efectivamente y el diálogo debe incluir las relaciones entre la política macroeconómica y las reformas estructurales(4).

2. Cumbre de Lisboa - Nuevo método abierto de coordinación

2.1. Como continuación lógica de las cumbres de Colonia y Helsinki, el Consejo Europeo de Lisboa se centró en la coherencia entre los diversos procesos de coordinación y en la mejora de su estructura.

No obstante, en vez de iniciar un nuevo proceso, el Consejo introdujo un nuevo método político denominado nuevo método abierto de coordinación con el fin de aplicar el nuevo objetivo estratégico adoptado en la cumbre de Lisboa.

2.2. El nuevo método implica determinar directrices y calendarios específicos para lograr los objetivos, establecer indicadores cuantitativos y cualitativos, y puntos de referencia cotejados con los mejores que existan, así como comparar las prácticas idóneas. Las orientaciones europeas deberían plasmarse en medidas de política nacional y regional mediante la fijación de objetivos específicos y la adopción de medidas que tengan en cuenta las diferencias nacionales y regionales.

2.3. El Consejo Europeo, conforme al principio de subsidiariedad y mediante un planteamiento descentralizado, sugiere que la Unión Europea, los Estados miembros, los entes regionales y locales, así como "los interlocutores sociales y la sociedad civil" participen activamente. Por lo tanto, la estrategia se basa fundamentalmente en el sector privado y en la colaboración entre los sectores público y privado.

2.4. El Comité señala que en el nuevo método se incluye al conjunto de la sociedad civil organizada para ejecutar la estrategia. El proyecto europeo no avanzará con un planteamiento "de arriba abajo", sino mediante la coordinación "de abajo arriba" de las políticas de agentes públicos y privados.

2.5. El Comité ha sugerido en diversas ocasiones que las organizaciones económicas y sociales participen en la elaboración, ejecución y supervisión de las políticas de la UE tanto a escala comunitaria como nacional, por ejemplo, en las orientaciones generales de política económica, orientaciones para el empleo, política empresarial, mercado único, educación y formación, protección social, programa de acción contra la exclusión social, regulación de los mercados financieros, etc. El Comité señala que la estrategia de Lisboa ha abierto la vía para introducir nuevos "procesos" en el ámbito de otras políticas, así como en lo relativo a la política de lucha contra la exclusión social y la pobreza.

2.6. El próximo paso debería consistir en la integración de las políticas europeas de transporte, energía y medio ambiente en la estrategia de Lisboa.

2.7. El nuevo método abierto de coordinación corresponde a la diversidad de la cultura, la forma de vida y las condiciones económicas y sociales existente en Europa. La diversidad, que ha aumentado con los años, necesita una variedad de instrumentos legislativos y no legislativos, así como la creación de una cultura de participación de todos los agentes: empresas de la "nueva" y la "vieja" economía, organizaciones sindicales, instituciones de protección social, otros agentes económicos y sociales, centros de enseñanza oficiales o no, organizaciones individuales y autoridades. La dimensión territorial de la política basada en una amplia cooperación también es fundamental para abordar la diversidad.

Pero al mismo tiempo, el Comité subraya los valores comunes en los que se basa el modelo europeo, y destaca que el nuevo método de coordinación requiere que se realice en todos los Estados miembros un seguimiento y una evaluación de la política (que pueden llevarse a cabo de diferente modo en cada país) basados en criterios comunes.

2.8. La corresponsabilidad del sector privado plantea un desafío a la sociedad civil organizada y, por lo tanto, al Comité como representante de una amplia gama de organizaciones que representan a la sociedad y a la vida económica.

A este respecto, el Comité asume la responsabilidad de movilizar a estos agentes con el fin de proporcionar valor añadido al proceso.

2.9. El Comité quiere poner de manifiesto la necesidad de que los países candidatos se preparen lo más pronto posible para participar en este nuevo método de coordinación, puesto que la adhesión a la UE no sólo implica la adecuación automática a la legislación comunitaria existente (acervo comunitario) y la creación de las instituciones públicas necesarias para su aplicación. También es igualmente importante la participación activa de la organizaciones económicas y sociales de manera que el proceso de ampliación cuente con todo el apoyo posible. En el marco de su propia iniciativa, el Comité seguirá con atención esta evolución para implicar a las organizaciones de la sociedad civil.

2.10. El nuevo método de coordinación también debe analizarse en relación con el futuro Libro Blanco sobre la nueva gobernanza para Europa que se publicará después del Consejo Europeo de Estocolmo.

3. Encuesta sobre la colaboración de la sociedad civil organizada

3.1. Se envió un cuestionario a los miembros del Comité y a miembros de las organizaciones europeas y los comités económicos y sociales nacionales. Las preguntas versaban sobre su grado de participación activa en los distintos ámbitos políticos (diálogo macroeconómico, directrices para el empleo, programas empresariales, mercado único, servicios financieros, seguridad social, programas para luchar contra la exclusión social y programas de desarrollo regional).

Las respuestas de los miembros del Comité abarcan trece de los quince Estados miembros. Además, respondieron una veintena de organizaciones europeas y ocho comités económicos y sociales nacionales.

A pesar de que el porcentaje de respuestas ha sido relativamente bajo, se pueden extraer las siguientes conclusiones preliminares: Las organizaciones socioprofesionales participan bastante, tanto a nivel europeo y nacional como regional y local. Esto es especialmente cierto en el caso de las organizaciones socioprofesionales con relación a los temas que más les interesan. Incluso las organizaciones que representan intereses específicos como, por ejemplo, los servicios financieros o la exclusión social, tienen un alto nivel de actividad. No obstante, las respuestas muestran que en algunos Estados miembros las organizaciones socioprofesionales no participan cuando se trata, por ejemplo, de política de empleo. En relación con los temas del mercado único, las respuestas dan cuenta de una participación relativamente baja. La participación de las organizaciones de "actividades diversas" (Grupo III) es, por término medio, más baja (excepto cuando se trata de programas empresariales o exclusión social a nivel nacional) que la de las organizaciones económicas o de trabajadores. Las respuestas muestran que los CES nacionales no siempre colaboran (como máximo, participan seis de cada ocho en algunos de los ámbitos políticos citados) ni siquiera a nivel nacional.

3.2. El Comité, con el fin de aumentar la participación en el proceso, insta a las organizaciones socioeconómicas de la sociedad civil a que hagan oír su voz a escala nacional, regional y local, e invita a las autoridades de dichos niveles a que establezcan la colaboración propuesta entre los sectores público y privado con arreglo a los principios de sinceridad, confianza mutua e igualdad.

En la cumbre de Estocolmo el Consejo debería insistir de nuevo en la importancia de la colaboración de la sociedad civil organizada.

Sin embargo, el Comité considera que es importante que la Comisión y los gobiernos nacionales permitan a los interlocutores sociales desempeñar su papel y no intervengan inoportuna o precipitadamente, sino que dejen a estos últimos asumir a fondo sus responsabilidades en el ámbito de las competencias que les son propias.

4. Colaboración entre los sectores público y privado y función de la administración pública

4.1. Con arreglo a las responsabilidades compartidas entre los sectores público y privado que constituyen la base de la estrategia de Lisboa, el papel de la administración pública debería consistir en facilitar las condiciones marco que permitan a la sociedad civil organizada contribuir a la realización de los objetivos fijados por los procesos y en la reunión de Lisboa. En este contexto, el Comité apoya las recomendaciones del informe Cardiff II de un cuadro normativo simple y de gran calidad(5).

4.2. Debería potenciarse la colaboración entre los sectores público y privado, además de establecer un procedimiento de evaluación comparativa para determinar las buenas prácticas y la forma en que se comparten las responsabilidades.

4.3. La Administración necesita un planteamiento horizontal para superar la segmentación con el fin de, por una parte, aumentar la eficacia y, por otra, adecuarse al enfoque integrado de la sociedad civil organizada. Ello respondería a la reforma administrativa que se pidió en la cumbre de Lisboa como parte de la necesaria reforma económica. Para impulsar la reforma administrativa y garantizar la alta calidad de los servicios, es necesario adoptar medidas que permitan desarrollar una política de participación y gestión del personal. También es necesaria una política activa para fomentar mejores posibilidades para las mujeres y los grupos desfavorecidos y lograr la "modernización interna", la "innovación" y el incremento de la eficacia en paralelo con la supresión de la rigidez jerárquica. Además, se deben tener en cuenta los efectos regionales de las reformas administrativas.

El Comité considera que las administraciones públicas deben estimular el intercambio de experiencias entre los Estados miembros en relación con las reformas administrativas para que, de la misma manera que en la sociedad civil organizada, se puedan aprovechar los buenos ejemplos que se encuentran en otros lugares.

5. Mantenimiento y mejora de los servicios de interés general

5.1. Las medidas de la UE para fomentar la competitividad afectan cada vez más a las actividades del sector público. Muchos sectores ya no recaen dentro del ámbito de regulación de los Estados miembros, sino que se rigen por la libertad de mercado.

Esta evolución es positiva en la medida en que garantiza una calidad superior de los servicios y precios más bajos, al tiempo que ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a los servicios ofrecidos a precios razonables.

5.2. Sin embargo, la Administración tiene la responsabilidad de mejorar los servicios de interés general, que son un aspecto clave del modelo social europeo. La carencia de dichos servicios repercute de forma negativa en los ciudadanos, el empleo y la calidad del entorno local.

5.3. Debe garantizarse la calidad de los servicios disponibles de interés general. El objetivo debe ser un sector público productivo y eficaz que combine la participación de los usuarios, viabilidad económica y buenas condiciones para los empleados, ofreciendo al mismo tiempo a los ciudadanos servicios de alta calidad a un precio razonable. Estos objetivos deben prevalecer independientemente de que la producción de dichos servicios esté gestionada por el sector público o por el sector privado.

5.4. Son necesarias la innovación y el aumento de la productividad que permiten mejorar el servicio, posibilidades de elección más amplias y costes más bajos, pero, al mismo tiempo, deben encontrarse fórmulas para satisfacer la creciente demanda de nuevos servicios sociales y respetuosos con el medio ambiente. Esto se halla en la misma línea que la invitación hecha en las orientaciones para la política de empleo a explotar al máximo el potencial de empleo en el sector de los servicios.

6. Empleo

6.1. El Comité constata con satisfacción que uno de los objetivos fijados en la cumbre de Lisboa es el del pleno empleo.

6.2. Para lograr este objetivo es necesario aumentar la coordinación y la coherencia de todos los procesos en marcha en el marco de la estrategia de Lisboa que se encuentra ahora en el centro de la acción política. El Comité quiere poner de relieve la importancia de proyectar los indicadores comparables para poder evaluar la evolución del empleo.

Sin embargo, no basta con que los Estados miembros intenten reducir el desempleo. También tendrían que fijarse el objetivo de aumentar los niveles de empleo generales para alcanzar los porcentajes medios de empleo fijados en el punto 6.9.

6.3. El Comité aboga por que se instaure una coordinación que permita alcanzar sinergias entre actores independientes, como lo son el BCE en la dirección de la política monetaria o los interlocutores sociales en la fijación de la política salarial. Esta coordinación permitirá, en efecto, una mejor comprensión de los objetivos y las limitaciones de las diferentes partes que participan en la elaboración de la política económica.

Una política presupuestaria anticíclica y sostenible que no comprometa el equilibrio presupuestario a medio plazo. Para lograrla es indispensable, en opinión del Comité, que se prosigan los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el marco del pacto de crecimiento y estabilidad, velando, al mismo tiempo, por una estructura óptima del gasto público entre el destinado al consumo y el destinado a las inversiones.

6.4. El CES apoya un diálogo macroeconómico constante en el que participen los ministros de economía y el presidente del BCE. Dicho diálogo deberá contribuir a conciliar las condiciones económicas con la necesidad de cohesión social y a que los interlocutores sociales asuman su responsabilidad en la aplicación de una política salarial orientada al empleo y al fomento de la inversión. El diálogo es necesario para aumentar la confianza de los ciudadanos en el euro, así como para afrontar riesgos imprevistos que puedan generar inestabilidad económica y problemas sociales. Si el diálogo macroeconómico y la coordinación de la política financiera son necesarios para apoyar el crecimiento económico, la diversidad nacional debería tomarse en consideración de forma que los Estados miembros sigan siendo competentes para adoptar las medidas concretas de la política económica y fiscal, dentro de una estrategia global coherente.

6.5. El Comité hace hincapié en las importantes conexiones por las que las políticas macroeconómicas y estructurales están íntimamente ligadas entre sí. Por consiguiente, debe intentarse lograr un "policy-mix", es decir, una mezcla coherente de medidas macroeconómicas y estructurales, que permita lograr los objetivos perseguidos en materia de crecimiento y de empleo.

Esta clarificación del "policy-mix" no debe afectar únicamente a la vinculación entre las políticas macroeconómicas y estructurales, sino también al contenido de cada una de estas dos políticas. En otras palabras, debe intentar lograrse el máximo equilibrio entre las políticas monetaria, presupuestaria y salarial, que constituyen, las tres, la política macroeconómica. Del mismo modo, las reformas en materia de innovación tecnológica, de investigación, de competencia, de mercado de trabajo y de infraestructuras, entre otras, deben apoyarse mutuamente y situarse en el centro de la política estructural.

6.6. El Comité señala que no puede considerarse que el foro de alto nivel organizado en junio de 2000 fuese un éxito. El foro debe organizarse de forma más operativa y debería tener lugar entre la publicación del "informe de síntesis" y la celebración del Consejo de primavera, con el fin de aumentar su utilidad para todos los interesados.

6.7. El Comité insta a las administraciones de los Estados miembros a establecer una estrecha colaboración, especialmente con los interlocutores sociales, para debatir y aplicar la estrategia de empleo. Los interlocutores sociales deberían determinar con plena autonomía su contribución concreta para lograr el éxito de la estrategia y los gobiernos deberían tenerla en cuenta.

El Comité insta a los países europeos a que dediquen grandes recursos al conocimiento y a la formación puesto que el éxito de la estrategia de empleo depende en gran medida de ello. Esto se ha puesto ya de relieve en numerosos dictámenes del Comité(6).

El Comité toma nota con satisfacción de que en el debate acerca de las directrices para la política de empleo también se incluye a los ministros de educación.

El Comité espera que en la cumbre de Estocolmo se dé un nuevo paso adelante hacia la consecución de un "aumento del conocimiento" generalizado que incluya a todos.

6.8. El Comité propone que la tendencia hacia el envejecimiento de la población europea y la necesidad de aumentar la calidad del trabajo se aborden de forma expresa en la estrategia de empleo durante los próximos años. A este respecto, el Comité señala que la tendencia demográfica hacia el envejecimiento de la población puede hacer que aumente el nivel de ahorro y éste debe canalizarse a las inversiones en recursos humanos, I+D y nuevas tecnologías del conocimiento para reducir los desequilibrios en el nivel de participación en función de la formación, la edad y el sexo, así como entre los diferentes grupos y regiones.

6.9. El desafío principal será aumentar la tasa de empleo media de todos los Estados miembros de forma que se puedan lograr los objetivos globales (60 % para las mujeres y 70 % para los hombres). Este aumento debe completarse con medidas adecuadas para lograr la cohesión social. Para abordar esta situación, hay que contar con el conjunto de la sociedad civil organizada.

6.10. A juicio del Comité, es preciso adoptar las siguientes medidas en el marco de un sistema fiscal y de protección social que favorezca el empleo:

- aumentar la participación en la vida activa de los trabajadores de más edad. El Comité reitera su propuesta(7) de organizar una campaña de sensibilización a escala europea sobre el papel que los trabajadores de más edad pueden desempeñar y para propiciar un diálogo social que pueda consolidar las directrices de empleo ya existentes;

- lograr una tasa de empleo femenino más alta mediante la mejora de las posibilidades de compaginar la vida familiar y laboral. Uno de los requisitos fundamentales es organizar el cuidado de los niños y de otros miembros no activos de la familia, facilitar el paso a otro tipo de trabajo, introducir nuevas formas de organización del trabajo y alcanzar la independencia económica de las mujeres;

- integrar a los grupos desfavorecidos en el mercado laboral. Se requieren políticas de apoyo con la participación del conjunto de la sociedad civil organizada para apoyar los "itinerarios" para las personas desfavorecidas con objeto de evitar los casos de pobreza;

- fomentar la igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo y en todos los campos relacionados con el empleo (mercado interior, sociedad de la información, etc.);

- mejorar la situación de los ciudadanos de terceros países y de otros inmigrantes residentes en la UE de forma que puedan lograr un empleo en el mercado de trabajo abierto y disfrutar de niveles de protección y de derechos adecuados;

- reconsiderar las políticas de inmigración desde todos los puntos de vista con el objetivo de establecer una inmigración controlada que contribuya al bienestar tanto en Europa como en los países de origen. El Comité se está ocupando de este tema y de la política de refugiados, pero subraya que más adelante tendrán que tratarse separadamente de la política general de emigración.

6.11. El Comité considera que el Consejo de Estocolmo debe ser la rampa de lanzamiento de nuevas iniciativas que mejoren la vida laboral como, por ejemplo:

- mejorar el nivel educativo mediante una campaña a escala europea en favor de la educación a lo largo de toda la vida que no sólo implique la participación de las empresas, sino de todos los agentes que intervienen en la educación y la formación académica o no. Al mismo tiempo, se deben encontrar vías para aprovechar las competencias que ya tienen los trabajadores;

- mejorar la salud y la seguridad en el lugar de trabajo mediante el establecimiento del compromiso de un nuevo programa que contemple las políticas establecidas en la Agenda social;

- vigilar que la política de incentivación del empleo y las reformas estructurales del mercado de trabajo tengan como resultado un trabajo provechoso y formas de contratación bien definidas;

- introducir medidas que estimulen formas innovadoras de organización del trabajo, una buena gestión y mecanismos flexibles de tiempo de trabajo que satisfagan las necesidades de las empresas y de los trabajadores. Se debe favorecer el cambio de profesión y la movilidad;

- dedicar especial atención a las maneras de mejorar la situación de las mujeres y de otros grupos que tengan sueldos más bajos y menos posibilidades de promoción laboral.

7. Legislación en el mercado laboral y seguridad social

7.1. A fin de lograr un equilibrio razonable entre las medidas legislativas y no legislativas, debe revisarse la nueva legislación social y de empleo de la UE en estrecha colaboración con los interlocutores sociales e incluso con las demás organizaciones socioeconómicas interesadas cuando sea conveniente.

7.2. El Comité acoge con satisfacción la creación del Comité de Protección Social y el hecho de que se ocupe actualmente de las pensiones y la exclusión social. Al mismo tiempo comprueba que ejerce, además, responsabilidades en las cuestiones de rentabilidad del trabajo y de sanidad sostenible a largo plazo.

7.3. La sostenibilidad de las pensiones está relacionada en última instancia y de manera inevitable con un desarrollo económico sostenible a largo plazo, independientemente del modo en que se organicen los regímenes de pensiones: público, contractual o de mutualidades, complementario o privado individual.

7.4. Los mercados financieros están siendo impulsados por el aumento de los fondos de pensiones individuales, de mutualidades o como resultado de acuerdos entre trabajadores y empresarios. A medida que se consoliden los fondos de pensiones, los representantes de los beneficiarios deberían tener un papel decisivo en la inversión del capital para evitar los efectos perjudiciales en los rendimientos de los beneficiarios. El Comité sugiere que se establezcan directrices sobre las inversiones de los fondos de pensiones mediante acuerdos entre los interlocutores sociales o códigos de buena conducta de los fondos, con el fin de favorecer el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo.

Asimismo, el Comité de Protección Social debería tener como misión examinar el desarrollo de los planes de pensiones complementarios en estrecha colaboración con los interlocutores sociales.

La movilidad de los trabajadores no debería verse frenada por los planes de pensiones laborales(8).

7.5. Por otro lado, el Comité de Protección Social debería analizar con urgencia los sistemas de protección social que combinan la flexibilidad y la seguridad, y determinar especialmente las buenas experiencias y las soluciones que se puedan encontrar en este ámbito.

7.6. Otro ámbito en el que los Estados miembros se han comprometido a modernizar la protección social es el de la prestación de servicios sanitarios de calidad.

7.7. En cuanto al derecho de igualdad de acceso a la atención sanitaria, el Comité considera que pueden combinarse los sistemas obligatorios y complementarios siempre que ambos compartan el mismo concepto de que su base jurídica es ser un servicio de interés general y que la exclusión de la selección de riesgos y del uso de información genética no puede servir para justificar la discriminación en los seguros. Al igual que ya señaló en su anterior dictamen(9), el Comité considera que, más que introducir normas legislativas en un sector de evidente complejidad, sería más oportuno señalar las líneas directrices. El objetivo es que los Estados miembros elaboren, mediante la colaboración y las negociaciones con las compañías aseguradoras privadas, cláusulas contractuales que funcionen como código de buena conducta.

8. Función de la empresa

8.1. La empresa debería ser considerada como un agente económico que fomenta la cohesión social. Por consiguiente, los Estados miembros deberían promover la cultura de la iniciativa empresarial en todos los estratos de la sociedad.

8.2. Los esfuerzos dirigidos a facilitar la creación y el traspaso de empresas son muy importantes para incrementar el índice de empleo. La mejora de las condiciones generales para las pequeñas empresas y el establecimiento de normas administrativas más simples son de capital importancia para explotar las nuevas áreas de crecimiento y empleo, especialmente en el sector de los servicios. El Comité reitera la propuesta(10) de que la Carta europea de la pequeña empresa se convierta en la referencia de evaluación comparativa para medir los avances logrados.

8.3. Es importante garantizar una gran diversidad de empresas y no sólo centrarse en los sectores innovadores y de "alta tecnología". La mayor parte de las empresas son pequeñas, locales y hacen un uso intensivo de mano de obra, sobre todo, en el sector de los servicios. Hay un enorme crecimiento de nuevas formas de empresa: entre otras, actividades por cuenta propia a tiempo completo o tiempo parcial y empresas fundadas por empresarios no tradicionales como, por ejemplo, mujeres, jóvenes y minorías. Son necesarias estructuras de apoyo adecuadas. Asimismo, deben encontrarse fórmulas adecuadas de seguridad social del trabajo en las nuevas formas de empresa (tanto para los propietarios como para los empleados).

8.4. Sin embargo, una condición importante para impulsar el espíritu empresarial en todos los sectores de la sociedad es el desarrollo de una cultura de la independencia y responsabilidad en el lugar de trabajo. La mayoría de las veces los creadores de empresas han sido antes asalariados. La mejora de la calidad del trabajo y la participación de los empleados en la determinación del mismo son parte integrante de una cultura de la independencia.

8.5. Las diferentes formas de participación de los asalariados en la empresa también pueden contribuir a reforzar la cultura empresarial al tiempo que favorecen la cohesión social y aumentan la calidad del trabajo. La Comisión debería dar seguimiento al informe Pepper examinando diversos modelos como base para el intercambio de buenas prácticas.

8.6. La economía social desempeña una importante función como modelo para las empresas con objetivos sociales o mutualistas dado que se basa en la participación y centra la atención en las personas y en sus necesidades.

8.7. Habida cuenta de que la mayoría de empresas se desarrolla fundamentalmente a un nivel territorial, debería destacarse una vez más la dimensión territorial de la estrategia del empleo. El CES sugiere que el plan de actuación que la Comisión de la UE prevé para 2001 dedique especial atención a las empresas pequeñas y de reciente creación, así como al establecimiento de "asociaciones para el desarrollo de las competencias y la innovación" entre los distintos agentes (pequeña y gran empresa, sindicatos, ONG, economía social, entes locales, servicios públicos)(11) para aumentar la competitividad. Los pactos territoriales de empleo y otros planes de actuación local similares podrían servir de modelo para una cooperación fructífera a nivel local.

8.8. Junto con la aprobación del estatuto de la sociedad europea y la directiva correspondiente se deben introducir cuanto antes las correspondientes reglamentaciones relativas a las cooperativas, mutualidades y asociaciones.

8.9. En las conclusiones de Lisboa se hace un llamamiento especial al sentido de responsabilidad social de las empresas, además de proponer un seguimiento en la Agenda social.

8.10. El Comité es favorable a la responsabilidad social de las empresas teniendo en cuenta a todos los interesados (agentes), así como a la reglamentación acordada por los interlocutores sociales o los organismos legislativos. El CES considera que las empresas deben esforzarse por lograr legitimidad aceptando un compromiso a largo plazo en favor de la sociedad y el desarrollo sostenible, fomentando las buenas prácticas respecto de la integración en el entorno local, un diálogo social profundo, la igualdad de oportunidades y de trato, la integración de las minorías, la financiación de microempresas, etc., y para ello podrían inspirarse, entre otras cosas, en las orientaciones que acaba de aprobar la OCDE para las empresas multinacionales que incluyen compromisos no vinculantes de carácter ético, social y medioambiental.

9. Simplificación de la legislación sobre el mercado interior

9.1. La cumbre de Lisboa se comprometió a culminar el mercado interior para garantizar los intereses de las empresas y de los consumidores.

9.2. El CES reconoce la necesidad urgente de poner en marcha una nueva política de simplificación para garantizar el funcionamiento correcto del mercado único.

El Comité considera que las normas deben elaborarse de manera equilibrada para evitar la interposición de nuevos obstáculos desproporcionados respecto del objetivo perseguido y sin poner en peligro por ello la calidad de los bienes y servicios. El Comité se ha comprometido a proponer un código de buena conducta para los agentes comunitarios en el proceso legislativo.

9.3. Con tal fin, el CES insta al Consejo Europeo a que adopte en 2001 un plan plurianual para la simplificación con validez hasta 2005, con prioridades y un calendario de medidas que incluyan recursos para el seguimiento, control de la elaboración de informes anuales y cuadros de indicadores.

9.4. El plan plurianual debería establecer, entre otros aspectos, las siguientes propuestas:

- uso más eficaz de las fichas de impacto;

- medidas alternativas, como códigos de conducta y acuerdos contractuales, así como un uso más frecuente de etiquetas, certificación y demás procedimientos de autorregulación que requieren la participación de empresas, sindicatos y consumidores en el proceso.

9.5. El Comité insta también al Consejo a proponer medidas especiales que favorezcan los efectos positivos del mercado único en los problemas específicos permanentes de las zonas rurales o islas menos favorecidas y de las regiones periféricas de la UE(12).

10. Contribución de los mercados y servicios financieros a la cohesión social

10.1. El Comité apoya toda norma que integre los mercados financieros y bancarios, que se encuentran fragmentados en la UE, pero que también tenga en cuenta los intereses de las principales partes afectadas (consumidores, ahorradores, empresas e inversores).

10.2. Los mercados y servicios financieros no sólo deben contribuir a los resultados económicos, sino también a la cohesión social.

10.3. Existe la preocupación de que el desarrollo de los mercados y servicios financieros lleve a la exclusión de los ciudadanos con escasos recursos, regiones periféricas y pequeñas empresas. Para contrarrestar esta tendencia, se debería investigar cómo, sin comprometer el secreto bancario, se puede imponer a escala europea la obligación de que los bancos, compañías de seguros y demás proveedores de servicios financieros informen sobre la forma de distribución de sus servicios de acuerdo con criterios sociales y regionales.

10.4. Siempre y cuando se ajusten a unos criterios bancarios normales, el Comité considera que:

- los ciudadanos deberían tener derecho a disponer de una cuenta bancaria básica y de servicios financieros básicos de calidad que satisfagan sus necesidades, incluidos el acceso a créditos al consumo y protección contra la usura y otras formas de explotación, así como la posibilidad de dedicar su ahorro a fines éticos, sociales y ecológicos;

- las pequeñas empresas deberían tener acceso a los créditos.

Con el fin de satisfacer dichos compromisos, las entidades financieras pueden recurrir a los intermediarios constituidos por las propias empresas pequeñas y los ciudadanos.

11. Investigación e innovación

11.1. El CES ha reiterado en diversos dictámenes su apoyo al compromiso de la UE de avanzar hacia un espacio europeo de investigación e innovación para impulsar la sociedad basada en el conocimiento(13).

11.2. La coordinación y la descentralización son indispensables para mejorar al máximo el rendimiento de la investigación y el uso de los recursos financieros. El Comité quiere subrayar la importancia de que las investigaciones sean accesibles también a los grupos de la sociedad que se han visto desfavorecidos con anterioridad.

11.3. Por lo tanto, el Comité sugiere que el futuro Sexto programa de IDT se centre en un número limitado de prioridades bajo control directo de la Comisión; prevea la gestión descentralizada a nivel nacional y local de proyectos de pequeña escala; y asigne una pequeña participación financiera comunitaria a los proyectos nacionales incluidos en las prioridades comunitarias(14).

11.4. El CES también espera que la cumbre de Estocolmo apruebe su propuesta de la creación inicial de unas pocas "redes de excelencia" de manera experimental y durante un período limitado. Asimismo, apoya la creación de una red de sistemas estratégicos de inteligencia para la ciencia y la tecnología con el fin de difundir los resultados y organizar los intercambios(15).

11.5. Por último, el Comité apoya la creación de un organismo europeo de las tecnologías de la información para impulsar una sociedad europea de la información que sea competitiva.

Bruselas, 28 de febrero de 2001.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) Los indicadores estructurales.

(2) Documento interno de la Comisión: Revisión intermedia del proceso de Luxemburgo.

(3) COM(1999) 61 final. Reforma económica y estructural en la UE (Cardiff II).

(4) Puntos de partida comunes de cara al foro de alto nivel UNICE/CEEP/CES (Unión de Confederaciones de la Industria y los Empresarios de Europa, Centro Europeo de las Empresas de Participación Pública y de las Empresas de Interés Económico General y Confederación Europea de Sindicatos) de junio de 2000.

(5) COM(1999) 61 final. Reforma económica y estructural en la UE (Cardiff II).

(6) Nuevos conocimientos, nuevos empleos, DO C 14 de 16.1.2001. Empleo, reforma económica y cohesión social, DO C 117 de 26.4.2000, p. 62. La dimensión europea de la educación: naturaleza, contenido y perspectivas. Cooperación europea en materia de evaluación de la calidad de la educación escolar, DO C 168 de 16.6.2000, p. 30.

(7) Trabajadores de edad avanzada, DO C 14 de 16.1.2001, puntos 5.3 y 5.5. Directrices de empleo 2001, DO C 14 de 16.1.2001.

(8) Protección de los derechos a pensión complementaria, DO C 157 de 25.5.1998.

(9) Seguro de enfermedad complementario, DO C 204 de 18.7.2000, punto C, tercer párrafo.

(10) DO C 14 de 16.1.2001.

(11) DO C 14 de 16.1.2001.

(12) Artículos 158 y 299 del Tratado de la UE.

(13) Nuevos conocimientos, nuevos empleos, DO C 14 de 16.1.2001. Empleo, reforma económica y cohesión social, DO C 117 de 26.4.2000, p. 62.

(14) Seguimiento, evaluación y máximo aprovechamiento del impacto económico y social de la IDT: Del Quinto Programa Marco al Sexto Programa Marco, DO C 367 de 20.12.2000.

(15) Nuevos conocimientos, nuevos empleos, DO C 14 de 16.1.2001. Hacia un espacio europeo de investigación, DO C 204 de 18.7.2000, p. 70.