GLOSARIO

CP : "Cas présumé" (asunto supuesto: denuncia o investigación de oficio).

De oficio (latín) : En virtud del cargo o la posición; "por derecho de cargo": en el ámbito de las ayudas estatales, se refiere a las investigaciones por iniciativa propia, cuando la Dirección General de Competencia toma la iniciativa de examinar una supuesta ayuda ilegal o de iniciar una investigación sobre la misma.

I+D+i : Investigación, desarrollo e innovación.

NN : Ayuda no notificada

PETRA : Pilot Experiment Time Reporting Application (aplicación experimental de registro del tiempo).

PIB : Producto interior bruto.

PN : Notificación previa.

PYME : Pequeñas y medianas empresas.

SANI : State Aid Notification Interactive (notificación interactiva de ayudas estatales: aplicación empleada para notificar las ayudas estatales).

TCE : Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

TFUE : Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

RESUMEN

I. Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben notificar a la Comisión todos los proyectos de ayuda estatal y obtener su aprobación antes de ejecutar las medidas proyectadas. El control de las ayudas estatales en todos los ámbitos, excepto los de agricultura y pesca, corresponde a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.

II. El Tribunal examinó si los procedimientos de la Comisión garantizan la gestión eficaz del control de las ayudas estatales, y evaluó en particular si:

i) el sistema de notificaciones, denuncias e investigaciones de oficio garantiza la tramitación por la Comisión de todos los asuntos de ayudas estatales pertinentes;

ii) la Comisión cuenta con estructuras de gestión y procedimientos adecuados para tramitar eficazmente los asuntos de ayudas estatales en los plazos establecidos;

iii) la Comisión realiza un seguimiento del impacto de su control de las ayudas estatales.

III. Las constataciones del Tribunal, basadas en una fiscalización llevada a cabo en la Comisión y en ocho Estados miembros seleccionados, son las siguientes:

- La Comisión se ha esforzado por garantizar la tramitación de todos los asuntos de ayudas estatales pertinentes pero sus sistemas no garantizan el registro de todas las ayudas.

- Los procedimientos aplicados a las ayudas estatales notificadas son largos.

- Las denuncias siguen tardando largo tiempo en resolverse y el procedimiento no es transparente.

- La Comisión reaccionó con diligencia a la crisis financiera.

- La Comisión no realiza una evaluación global ex post del impacto de su control de las ayudas estatales.

IV. Partiendo de estas observaciones, el Tribunal recomienda a la Comisión:

- revisar la asignación de recursos destinados al control de las ayudas estatales para concienciar con mayor anticipación a los Estados miembros sobre la normativa que rige las ayudas estatales; para incrementar sus acciones de seguimiento, y para lograr una organización de sus investigaciones de oficio más sistemática y mejor orientada a la detección de la ayuda ilegal;

- incrementar la transparencia de sus procedimientos de tramitación de asuntos aumentando la regularidad con que se informa a los interesados de la evolución del asunto y la rapidez de incoación de los procedimientos de investigación formal;

- reducir la duración de los procedimientos limitando, por ejemplo, el número de solicitudes de información a los Estados miembros y resolviendo con celeridad las denuncias infundadas;

- aplicar un sistema mejorado de control de tiempos y de información de gestión para optimizar la asignación de recursos;

- efectuar regularmente una evaluación ex post del impacto del control de las ayudas estatales en las empresas, en los mercados y en la economía general.

INTRODUCCIÓN

1. La Comisión Europea tiene la responsabilidad general de garantizar el control efectivo de las ayudas estatales, mientras que la gestión de la política de competencia de la Unión Europea corresponde principalmente a la Dirección General de Competencia. Las direcciones generales de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Asuntos Marítimos y Pesca se ocupan del control de las ayudas estatales en los ámbitos de agricultura y pesca, y en los restantes sectores económicos la Dirección General de Competencia se ocupa del control de las ayudas estatales.

2. El fundamento jurídico del control ejercido por la Comisión sobre las ayudas estatales se recoge en los artículos 107 y 108 del TFUE (véanse los apartados 3 y 8 y el anexo). En un reglamento del Consejo (el Reglamento de procedimiento [1]) y un reglamento de la Comisión (el Reglamento de ejecución [2]) se expone detalladamente de qué modo desempeña sus funciones la Comisión, la cual también formula comunicaciones y directrices destinadas a proporcionar explicaciones adicionales sobre cómo se aplican las normas en la práctica.

3. El artículo 107, apartado 1, del TFUE define las ayudas estatales como "las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros". Para que una medida constituya ayuda estatal debe cumplir cuatro criterios acumulativos:

implicar la transferencia de recursos del Estado;

conferir una ventaja económica a las empresas;

falsear o amenazar con falsear la competencia al favorecer de manera selectiva a determinados beneficiarios;

afectar potencialmente al comercio interior de la Unión.

Así pues, las subvenciones concedidas a particulares o las medidas generales abiertas a todas las empresas no constituyen en general ayudas estatales. El objetivo de la normativa de la Comisión es garantizar que las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros sean compatibles con el mercado interior.

4. Las ayudas estatales se conceden de diversos modos: las más comunes son las subvenciones y exenciones fiscales. Otros instrumentos son los préstamos a tipo de interés reducido, las garantías, los aplazamientos fiscales y las participaciones en capital. Las ayudas estatales pueden ser otorgadas por el Gobierno central o nacional, federal, regional o local así como por entidades controladas por el Estado.

5. El Consejo de Lisboa de marzo de 2000 se fijó el objetivo de lograr "menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos". Las ayudas estatales [3] a los sectores industrial y de servicios (salvo los ferrocarriles, otros transportes, agricultura y pesca) oscilaron en torno al 0,5 % del PIB de la EU-27 hasta la declaración de la crisis financiera en la segunda mitad de 2008, pero aumentaron hasta el 3,5 % del PIB, o sea, 410000 millones de euros en 2009, lo cual constituye el nivel más elevado desde que la Comisión empezara a publicar sus informes sobre ayudas estatales en 1990 (véase el gráfico 1). Las ayudas estatales concedidas al sector financiero en el contexto de la crisis financiera ascendieron a 351700 millones de euros en 2009, es decir, un 2,98 % del PIB de la UE-27, y a ellas se debe por tanto la mayor parte del incremento en las ayudas estatales en el período comprendido entre 2008 y 2009 [4].

GRÁFICO 1

AYUDAS ESTATALES A LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS EN LA UE EN PORCENTAJE DEL PIB DE LA UE-27

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Fuente: Comisión Europea.

6. En 2005, la Comisión presentó un plan de acción de ayudas estatales [5] para lograr una mayor contribución de las normas sobre ayudas estatales al crecimiento sostenible, a la competitividad, a la cohesión social y regional y a la protección del medio ambiente. El plan de acción de ayudas estatales se basaba en los siguientes principios: menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos, un enfoque económico reajustado, procedimientos más eficaces, mejora de la aplicación, mayor previsibilidad e incremento de la transparencia, y responsabilidad compartida entre la Comisión y los Estados miembros. Dicho plan se aplicó gradualmente entre 2005 y 2009.

7. En el plan de acción de ayudas estatales se destacaba en particular la necesidad de orientar mejor la aplicación y el control de las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros y se insistía en que los procedimientos iniciados por particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales podrían contribuir a la consecución de este objetivo introduciendo una mayor disciplina en el ámbito de las ayudas estatales. En abril de 2009, la Comisión publicó una nueva Comunicación sobre la aplicación de las ayudas estatales por los tribunales nacionales en la que proporcionaba orientaciones más detalladas y mayor información sobre su posible uso como alternativa y complemento a la aplicación a través de la Comisión Europea. Sin embargo, todavía no se ha generalizado el recurso a los tribunales nacionales [6].

8. El artículo 108 del TFUE (véase el anexo) exige a los Estados miembros de de la UE que notifiquen a la Comisión todos los proyectos de concesión de ayudas estatales y que obtengan su aprobación antes de ejecutar las medidas proyectadas (salvo las medidas que la Comisión haya exonerado de la obligación de notificación) (véanse los apartados 19 a 25). La Comisión es la única autoridad que puede declarar la compatibilidad con el Tratado de una ayuda estatal y está investida con amplias facultades discrecionales para ello.

9. La Comisión puede decidir que la medida no constituye ayuda o bien aprobar o iniciar una investigación formal. Todas las decisiones deberán adoptarse en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la recepción de la notificación completa [7]. Los competidores u otras partes interesadas pueden presentar denuncias a la Comisión. A iniciativa propia, la Comisión también puede emprender una investigación (de oficio) sobre supuestas ayudas estatales.

10. Las notificaciones y denuncias se examinan en dos fases (véanse los gráficos 2 y 3): en la primera, se realiza un examen previo para comprobar si la medida notificada constituye una ayuda estatal y, en caso afirmativo, su compatibilidad [8]. Si tras un examen previo se comprueba que la medida notificada plantea dudas sobre su compatibilidad con el mercado común, la Comisión decidirá incoar el procedimiento de investigación formal. Durante todo el procedimiento, el Estado miembro puede modificar la ayuda notificada para hacerla compatible.

11. Si bien la primera fase del procedimiento se desenvuelve fundamentalmente entre la Comisión y el Estado miembro, la segunda fase es más transparente, ya que la decisión de incoación es publicada y todas las partes interesadas (incluidos los beneficiarios de las ayudas y los competidores) tienen derecho a formular comentarios.

GRÁFICO 2

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE A LAS AYUDAS NOTIFICADAS

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GRÁFICO 3

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

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ALCANCE Y ENFOQUE DE LA FISCALIZACIÓN

12. El objetivo general era evaluar si los procedimientos de la Comisión garantizan la gestión eficaz del control de las ayudas estatales. La principal pregunta de auditoría se dividió a su vez en tres:

a) ¿Garantiza el sistema de notificaciones, denuncias e investigaciones de oficio la tramitación por la Comisión de todos los asuntos pertinentes de ayudas estatales?

b) ¿Cuenta la Comisión con estructuras de gestión y procedimientos adecuados para tramitar eficazmente los asuntos de ayudas estatales en los plazos establecidos?

c) ¿Realiza la Comisión un seguimiento del impacto de su control de las ayudas estatales?

13. La fiscalización examinó la organización y los procesos de toma de decisiones y de seguimiento de la Comisión durante el período 2008-2010, pero no evaluó la validez de las decisiones adoptadas. En cuanto al alcance de la fiscalización, abarcó los ámbitos del control de las ayudas estatales que competen a la Dirección General de Competencia y que representan el 96 % del total de las ayudas estatales otorgadas en 2009 (con exclusión de los ferrocarriles) [9] debido al gran volumen específico de las ayudas concedidas al sector financiero.

14. El trabajo de auditoría realizado en la Comisión consistió en:

el examen de una muestra de 50 notificaciones previas, 30 denuncias, 40 asuntos de seguimiento y 10 asuntos de recuperación;

entrevistas a los encargados de la tramitación y de la gestión pertenecientes a 10 unidades diferentes de la Dirección General de Competencia, así como a personal clave de las unidades transversales de la Dirección General de Competencia, del Servicio Jurídico y de la Secretaría General de la Comisión;

revisión de documentos de gestión clave;

pruebas analíticas.

15. Aunque el Tribunal no ha controlado los sistemas de los Estados miembros, si ha realizado visitas de información a 44 interesados del sector público y privado en ocho Estados miembros [10]. Las opiniones de estos interesados solo se utilizaron como fuente de información complementaria cuando eran compartidas por un elevado número de ellos.

OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS DE AYUDAS ESTATALES PERTINENTES

16. El Tratado exige a los Estados miembros que notifiquen a la Comisión todos los proyectos de ayuda estatal. El Tribunal examinó si el actual sistema de notificaciones, denuncias e investigaciones de oficio garantiza suficientemente que la Comisión tramita todos los asuntos importantes de ayudas estatales. En los apartados 17 a 33 se examina si la Comisión toma las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de los Estados miembros de sus obligaciones en virtud de la normativa sobre ayudas estatales y para concienciar a estos de su obligación de notificar dichas ayudas.

CONTROLES INSUFICIENTES DE LA COMISIÓN PARA GARANTIZAR QUE LOS ESTADOS MIEMBROS CUMPLEN SU OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR LAS AYUDAS ESTATALES

LA COMISIÓN NO APROVECHÓ PLENAMENTE LA INFORMACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO

17. La Comisión no cuenta con un fundamento jurídico específico que le permita pedir información a los Estados miembros para determinar cuáles son las principales autoridades que conceden ayudas o para conocer la organización interna y los procedimientos vigentes de notificación y control en los Estados miembros, ni dispone de un fundamento jurídico para realizar investigaciones sectoriales o en los Estados miembros para detectar posibles ayudas estatales ilegales. Sin embargo, la Comisión no aprovechó plenamente la información de dominio público para valorar el riesgo de falta de notificación de las ayudas. En consecuencia, no ha identificado las categorías de ayuda con mayor riesgo de falta de notificación debido al riesgo inherente de la ayuda o a insuficiencias de los sistemas de control establecidos por el Estado miembro.

18. El riesgo de falta de notificación es especialmente elevado en las ayudas estatales de salvamento y de reestructuración, en las medidas fiscales y en la venta de terrenos por debajo del precio de mercado, que han dado lugar a varias denuncias. El riesgo es también mayor en las ayudas concedidas por organismos gubernamentales regionales y locales, los cuales, al otorgar ayudas estatales solo ocasionalmente, tienen un conocimiento limitado de la normativa que las rige.

SEGUIMIENTO LIMITADO DE LAS MEDIDAS CUBIERTAS POR LA EXENCIÓN POR CATEGORÍAS

19. En 1998, el Consejo permitió que la Comisión adoptara los denominados reglamentos de exención por categorías para las ayudas estatales [11]. Con estos reglamentos, la Comisión puede declarar compatibles con el Tratado determinadas categorías de ayudas estatales si cumplen una serie de condiciones, exonerándolas así del requisito de notificación previa y de aprobación por la Comisión.

20. La Comisión ha aplicado la exención por categorías a la ayuda estatal destinada a varios ámbitos, como la formación, el empleo, la investigación y el desarrollo y protección del medio ambiente. En 2008 estas exenciones por categorías se agruparon en el Reglamento general de exención por categorías [12]. Con arreglo a los principios básicos establecidos en el plan de acción de ayudas estatales (véase el apartado 6), este Reglamento general amplió significativamente el alcance de los Reglamentos de exención por categorías, tanto en los tipos de ayudas como en los importes máximos establecidos. Desde 2007, el número de medidas cubiertas por la exención por categorías es superior al número de notificaciones (véase el gráfico 4).

GRÁFICO 4

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NOTIFICACIONES Y DE MEDIDAS CUBIERTAS POR LA EXENCIÓN POR CATEGORÍAS

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Fuente: Comisión Europea.

21. La Comisión ha reconocido la importancia cada vez mayor de la supervisión ex post debido al creciente número de medidas exentas de notificación previa [13]. Sin embargo, su actividad supervisora se limita a un control documental anual de quince regímenes de ayuda aprobados más 15 medidas cubiertas por la exención por categorías, seleccionados conforme a criterios diversos. Esto solo proporciona una impresión limitada del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento general de exención por categorías y en las decisiones de la Comisión de autorización de regímenes de ayudas [14].

22. En su seguimiento de 2008, la Comisión detectó problemas significativos en tres de los 30 asuntos examinados. Por otra parte, la utilidad de esta supervisión quedó limitada porque, al no haberse concedido todavía las ayudas, no pudieron controlarse las subvenciones individuales de algunos de los regímenes seleccionados. Asimismo, la Comisión encontró dificultades para obtener la información solicitada a los Estados miembros.

LA COMISIÓN NO CONTROLA EL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE MÁXIMO DE LAS AYUDAS DE MINIMIS

23. El Reglamento sobre ayudas de minimis [15] establece un límite máximo de 200000 euros por debajo del cual se considera que no queda afectado el comercio entre Estados miembros o no se distorsiona la competencia y por tanto no constituye ayuda estatal. Los Estados miembros han acogido favorablemente las normas relativas a la ayuda de minimis y han incrementado gradualmente su aplicación, lo cual permite la ejecución más rápida de las ayudas.

24. Al conceder la ayuda de minimis, los Estados miembros deberían informar a las empresas interesadas sobre el carácter de minimis de la ayuda, solicitar información completa a las mismas sobre otras ayudas de minimis percibidas durante los tres años anteriores y comprobar cuidadosamente que no se sobrepase el límite máximo. Otra manera posible de garantizar el cumplimiento del límite es llevar un registro central, pero pocos Estados miembros disponen de uno.

25. Aunque los Estados miembros deben registrar y compilar toda la información relativa a la aplicación del Reglamento de minimis y facilitarla posteriormente a la Comisión previa petición por escrito, en la práctica la Comisión no controla el cumplimiento de las condiciones de concesión de estas ayudas. Varios organismos proveedores de ayuda declararon que resulta muy difícil comprobar el cumplimiento del límite máximo de la ayuda de minimis y que no saben con certeza si en general se cumple.

LA COMISIÓN NO REALIZA ESFUERZOS SISTEMÁTICOS POR DETECTAR LAS AYUDAS NO NOTIFICADAS

26. La detección de ayudas estatales que debiendo ser notificadas por los Estados miembros no lo han sido se basa principalmente en las denuncias y en las investigaciones de oficio (véase el apartado 9). Hasta hace muy poco la Comisión no empezó a registrar los asuntos incoados de oficio independientemente de las denuncias. El número de asuntos de oficio (35 en 2009 y 18 en 2010 es muy inferior al número de denuncias (alrededor de 400 en 2009).

27. Si bien algunos asuntos potenciales nuevos de ayudas estatales se obtienen mediante el examen de la prensa y llegan a convertirse en asuntos de oficio, no es esta la práctica habitual. En efecto, el control limitado por la Comisión de los regímenes de ayuda y de las medidas de exención por categorías (véanse los apartados 19 a 22) constituye la única actividad sistemática de oficio vigente para las ayudas estatales. La propia Comisión ha reconocido que basarse en las denuncias o en los procesos judiciales nacionales no basta para garantizar que los Estados miembros cumplen plenamente su obligación de notificar las ayudas estatales, y que cualquier otra medida encaminada a reducir el número de notificaciones debería compensarse con la aplicación de otros mecanismos de control.

28. Debido a la complejidad de la noción de ayuda estatal, los Estados miembros tienen dificultades para determinar si una medida reviste esta naturaleza y por tanto debe ser notificada a la Comisión. En algunos casos, resulta pues particularmente difícil determinar si las medidas fiscales constituyen o no ayudas estatales. De ahí que alrededor del 5 % de las notificaciones se realicen "únicamente por razones de seguridad jurídica" [16]. Dado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta el concepto de ayudas estatales de manera amplia, la Comisión considera que cuenta con escaso margen para determinar que una medida no constituye ayuda estatal.

29. Si la Comisión resuelve, a raíz de una denuncia o de una investigación de oficio, que la medida constituye una ayuda compatible, la falta de notificación (o notificación tardía) no tiene consecuencias para el Estado miembro ni para los beneficiarios. Si la Comisión determina que se ha concedido una ayuda incompatible, los beneficiarios tienen que reembolsar la ayuda con intereses, como si de un préstamo se tratara (véase el apartado 68).

30. La Comisión no comprueba si las ayudas cuya notificación ha sido retirada, pero que parecían, a priori, ayudas estatales, se abandonaron o se aplicaron sin su aprobación. En este último caso, la medida constituiría una ayuda estatal ilegal que justificaría el inicio por la Comisión de un procedimiento de oficio. Lo mismo podría suceder con las ayudas notificadas acreedoras de una decisión negativa de la Comisión.

LA COMISIÓN NO ACTÚA CON SUFICIENTE ANTICIPACIÓN PARA CONCIENCIAR A LOS ESTADOS MIEMBROS DE SU OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR LAS AYUDAS ESTATALES

ESCASO ÉXITO DE LA RED DE "PUNTOS DE CONTACTO" CON LOS PAÍSES CREADA POR LA COMISIÓN

31. En 2006, la Dirección General de Competencia decidió crear "puntos de contacto" con los países en la Comisión: se trata de una serie de funcionarios (uno por cada país), que constituyen el primer "punto de acceso" a la Dirección General de Competencia. Su cometido se limita a facilitar orientaciones prácticas informales y no vinculantes a los Estados miembros al margen de los asuntos pendientes. Sin embargo, la mayoría de las autoridades que otorgan ayudas estatales en los Estados miembros nunca se han comunicado con su punto de contacto, bien porque desconocen su existencia, bien porque no lo consideraron necesario.

LA MAYORÍA DE LOS INTERESADOS PREFERIRÍAN QUE LA COMISIÓN ACTUARA CON MAYOR ANTICIPACIÓN

32. Interesados de siete de los ocho Estados miembros visitados manifestaron que preferirían que la Comisión actuara con mayor anticipación en uno o varios de los ámbitos siguientes que requieren más atención de esta institución:

concienciación de las autoridades que otorgan la ayuda sobre el deber de notificación;

fomento de las mejores prácticas para la concepción de ayudas eficaces que se ajusten a las normas sobre competencia de la UE;

orientación más precisa sobre la información exacta que ha de facilitarse en los distintos tipos de notificación para que la Comisión pueda determinar que la notificación está completa. La normalización del formulario de la notificación en el sistema electrónico SANI solo ha resuelto de forma parcial este problema;

la publicación de una sección independiente y actualizada de preguntas más frecuentes en el sitio web de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea;

una función de asistencia al usuario para facilitar información sobre la interpretación de las directrices.

SEGÚN ALGUNOS INTERESADOS, LAS DIRECTRICES DE LA COMISIÓN SON DEMASIADO COMPLICADAS

33. Las directrices de la Comisión son generalmente bien acogidas por los interesados; si bien han contribuido a que las decisiones sobre ayudas estatales de la Comisión sean más previsibles, algunos interesados consideran que resultan demasiado complicadas, insuficientemente claras y que dejan un margen de interpretación demasiado amplio, generando inseguridad jurídica.

TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS

34. El Reglamento de procedimiento, el Código de buenas prácticas (véase el recuadro 1) y el Reglamento interno de la Dirección General de Competencia establecen las normas que rigen la tramitación de notificaciones, denuncias y expedientes de recaudación. El Tribunal examinó si la Comisión cuenta con estructuras y procedimientos de gestión adecuados para la tramitación eficaz de los asuntos de ayudas estatales dentro de los plazos establecidos.

RECUADRO 1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ADOPTADO EN 2009

En los asuntos especialmente novedosos, técnicamente complejos o delicados por cualquier otra razón, la Comisión ofrecerá al Estado miembro notificador una planificación pactada.

La Comisión intentará agrupar las solicitudes de información durante la fase del examen preliminar. Así pues, en principio, solo habrá una solicitud de información general que se enviará normalmente en el plazo de cuatro a seis semanas siguiente a la fecha de la notificación.

Publicación de la decisión de iniciar el procedimiento de investigación formal, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de adopción de dicha decisión.

Cumplimiento riguroso de todos los plazos concedidos a los Estados miembros y a los interesados para presentar sus observaciones.

La Comisión hará todo lo posible por investigar las denuncias en un plazo orientativo de 12 meses a partir de su recepción.

Se mantendrá informados sistemáticamente a los Estados miembros y a los denunciantes del archivo o de cualquier otro curso dado a la denuncia.

LA COMISIÓN SUFRE DIFICULTADES POR LA FALTA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN FIABLE Y POR PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN

LOS PROCEDIMIENTOS DE AYUDAS ESTATALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETENCIA SON GENERALMENTE CLAROS Y SE CUMPLEN DEBIDAMENTE

35. El Manual de procedimientos constituye el principal documento de referencia sobre los procedimientos de tramitación de asuntos; puede consultarse en el sitio web de la Dirección General de Competencia, donde se actualiza periódicamente, y el personal es informado de esta actualización por correo electrónico. Abarca la mayoría de las actividades principales y facilita orientaciones claras y plantillas normalizadas. Por lo general, las indicaciones del manual son seguidas por los funcionarios que tramitan los asuntos, salvo algunas excepciones en el cumplimiento de los plazos procesales (véase el apartado 48) y la carga de documentos en ISIS (véase el apartado 41).

PROBLEMAS PLANTEADOS POR EL NÚMERO, LA COMPLEJIDAD Y EL ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS ASUNTOS

36. Los asuntos de ayudas estatales requieren un cuidadoso y minucioso análisis de las propuestas de ayuda, las cuales pueden ser complicadas y de gran envergadura económica. En algunos casos, se trata de grandes proyectos aeronáuticos o de reestructuración bancaria. Por término medio, cada funcionario tramita siete asuntos y presta asistencia en la tramitación de otros siete. Los recursos disponibles para otras actividades, como investigaciones de oficio, actuaciones de seguimiento o iniciativas para incrementar la puesta en común de las mejores prácticas entre los Estados miembros son, por tanto, limitados.

37. Uno de los objetivos de la reorganización llevada a cabo en la Dirección General de Competencia en 2007 fue incrementar su capacidad para utilizar con mayor eficiencia sus recursos mediante una asignación más flexible de sus efectivos entre unidades y direcciones, de modo que pudieran formar parte de los equipos de tramitación de los asuntos funcionarios encargados de tramitación y asistentes de otras unidades. Sin embargo, salvo en las fases iniciales de la crisis financiera, los funcionarios encargados de la tramitación siguieron dedicando solo un porcentaje reducido de su tiempo de trabajo total a asuntos gestionados por otras unidades.

38. Desde diciembre de 2009, los asuntos nuevos de ayudas estatales se clasifican en dos categorías de prioridad según dos criterios principales: valor de precedente y cumplimiento prioritario:

Prioridad 1: asuntos considerados esenciales para garantizar el control efectivo de las ayudas estatales.

Prioridad 2: todos los asuntos que no pertenezcan a la prioridad 1.

39. Aunque los asuntos con prioridad 1 obtienen más recursos y una mayor atención en la gestión, no por ello se resuelven con rapidez, ya que suelen ser los más complicados. Puesto que los encargados de la tramitación trabajan simultáneamente en varios asuntos y tienen que cumplir los plazos reglamentarios en todas las notificaciones, a veces se ven obligados a dejar de lado un caso con prioridad 1 para ocuparse de una notificación de prioridad inferior. Los encargados de la tramitación consideran que necesitan orientaciones más detalladas sobre la distribución de su tiempo entre los casos con prioridad 2 que constituyen la mayor parte de su carga de trabajo [17].

40. Para garantizar la asignación óptima de recursos, los gestores necesitan información exacta sobre los recursos disponibles y la carga de trabajo que requiere la organización. Para ello, en 2009, la Dirección General de Competencia introdujo un proyecto piloto de registro del tiempo denominado PETRA. Esta herramienta permite a los encargados de la tramitación reservar su tiempo de trabajo en los distintos asuntos de los que se ocupan. La participación es voluntaria y parcial, de modo que actualmente, los informes basados en PETRA solo tienen valor indicativo y la Dirección General de Competencia todavía no dispone de una herramienta que ofrezca un panorama completo.

EN GENERAL, LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS

41. El sistema ISIS, empleado en la gestión y supervisión de todos los asuntos de ayudas estatales, constituye una herramienta útil de almacenamiento de la información necesaria para adoptar decisiones y para supervisar el cumplimiento de los plazos y la planificación del trabajo. Si bien genera informes tales como el listado de los casos pendientes o estadísticas relativas a la duración, también presenta algunas insuficiencias:

Hasta noviembre de 2010, la investigación de una notificación o denuncia se dividía con frecuencia en varios procedimientos (véanse los gráficos 2 y 3), cada uno con un número de identificación, lo cual impedía evaluar la duración total de la tramitación de las notificaciones o denuncias.

No siempre se indicaban claramente en ISIS los procedimientos que estaban relacionados, por lo que exigía mucho tiempo y resultaba difícil obtener una visión de conjunto clara del caso.

Además, en el 30 % de los casos examinados por el Tribunal algunos documentos (actas de reuniones, correos electrónicos, registros de llamadas o conferencias telefónicas) no figuraban en ISIS, o no habían sido registrados puntualmente.

LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LAS NOTIFICACIONES NO HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS DE PUNTUALIDAD Y COMPLEJIDAD

42. En 2009, la Comisión publicó unas "medidas de simplificación" que consistían en un procedimiento simplificado [18] (véanse los apartados 59 y 60) y un código de buenas prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales (véase el apartado 34 y el recuadro 1). El principal objetivo del código de buenas prácticas consistía en "proporcionar una orientación sobre la tramitación habitual de los procedimientos de ayudas estatales, lo que propiciará un espíritu de mejor cooperación y comprensión mutua entre la Comisión, las autoridades del Estado miembro y la comunidad jurídica y empresarial".

43. Como prevé el Código de buenas prácticas, la Comisión también ha alentado a los Estados miembros a entablar cuanto antes contactos previos a la notificación al margen del procedimiento simplificado a fin de mejorar la calidad de las notificaciones mediante la aclaración de las cuestiones pendientes o de la información que la Comisión precisa para adoptar una decisión. Aunque algunos proveedores de ayuda cuestionan su utilidad, las notificaciones previas han aumentado considerablemente en el período 2009-2010 (véase el gráfico 5).

EL EXAMEN PREVIO DE MUCHAS NOTIFICACIONES ES PROLONGADO

44. Para que la Comisión pueda adoptar una decisión sin necesidad de conocer más datos, la información facilitada por el Estado miembro en la notificación debe ser exhaustiva; si, por el contrario, es incompleta, la Dirección General de Competencia envía una solicitud de información complementaria a la que el Estado miembro debe responder en el plazo de veinte días laborables, si bien tiene derecho a solicitar una prórroga de dicho plazo.

GRÁFICO 5

EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE NOTIFICACIONES Y NOTIFICACIONES PREVIAS

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Fuente: Comisión Europea.

45. El tiempo medio empleado para adoptar una decisión se incrementó entre 2005 y 2008 [19]: en el período 2007-2008 el 40 % de las notificaciones se decidían en seis o más meses. Este porcentaje disminuyó considerablemente en 2009, debido en parte a la celeridad en la tramitación de los asuntos relacionados con la crisis financiera por su carácter urgente.

46. La duración del examen previo depende principalmente de tres aspectos:

El número de solicitudes de información remitidas por la Comisión al Estado miembro.

El tiempo empleado por el Estado miembro para responder a las solicitudes de información.

El tiempo empleado por la Comisión para adoptar una decisión o remitir otra solicitud de información (un período máximo de dos meses).

En una tercera parte de las notificaciones de la muestra, la Comisión remite dos o más solicitudes de información

47. Como se indica en el Manual de procedimientos, los equipos de tramitación deberían tratar de agrupar las solicitudes de información durante la fase de examen previo. En principio, en esta fase debería haber una única solicitud de información global, que normalmente ha de enviarse en el plazo de cuatro a seis semanas siguiente a la fecha de la notificación. En casos excepcionales, debidamente justificados, puede realizarse una solicitud de información adicional. No obstante, en el 28 % de los asuntos de la muestra en los que la Comisión ha solicitado formalmente información adicional, se enviaron tres o más solicitudes.

Las solicitudes de información se remiten con frecuencia poco antes del vencimiento del plazo legal

48. Por término medio, la Comisión remitió las solicitudes de información transcurridos 50 días de la notificación o de la última presentación de información por el Estado miembro. Dado que muchas solicitudes de información han de ser traducidas y que los encargados de la tramitación gestionan simultáneamente los plazos de varios casos, algunas de ellas se remiten justo antes de que venza el plazo de dos meses. En cuatro de los 43 asuntos notificados que se examinaron se excedió el plazo legal de dos meses de que dispone la Comisión para enviar una solicitud de información o para adoptar una decisión (autorizar la ayuda o incoar un procedimiento de investigación formal).

Los Estados miembros con frecuencia no responden dentro del plazo fijado por la Comisión

49. Debido a la gran cantidad, complejidad y precisión de las preguntas remitidas por la Comisión, es difícil para los Estados miembros responder dentro del plazo de 20 días laborables, máxime cuando su estructura administrativa puede retrasar aún más estas respuestas, ya que, por ejemplo, las administraciones estatales descentralizadas deben canalizar dichas respuestas a través de diferentes niveles de autoridad.

50. En la muestra de notificaciones examinada por el Tribunal, el tiempo medio empleado por cada Estado miembro para facilitar la información ascendía a 33 días laborables. En el 40 % de los asuntos notificados de la muestra, los Estados miembros no facilitaron la información solicitada dentro de plazo, ni dentro de los 20 días laborables ni del calendario alternativo acordado con la Comisión.

EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL ES TAMBIÉN LARGO

51. La Comisión ha de incoar un procedimiento de investigación formal siempre que tenga bien dificultades o dudas graves para determinar la compatibilidad de las ayudas con el mercado interior bien dificultades de procedimiento para obtener la información necesaria. En más de la mitad de los casos notificados en el período 2005-2008, tardó más de seis meses en adoptar la decisión de incoar un procedimiento formal [20].

52. En la medida de lo posible, la Comisión debería tratar de adoptar sus decisiones sobre los asuntos notificados dentro del plazo de los 18 meses siguientes a la incoación del procedimiento de investigación formal [21]. El número de casos que excedieron la duración recomendada en 18 meses ascendió al 38 % (nueve de los 24 procedimientos de investigación formal iniciados en 2005); al 13 % (cuatro de los 31 iniciados en 2006); al 33 % (nueve de los 27 iniciados en 2007) y al 18 % (tres de los 17 iniciados en 2008). Si se toma también en cuenta el examen previo, la el tiempo total transcurrido entre la notificación y la decisión de la Comisión en estos asuntos es superior a los dos años.

53. Los interesados de todos los Estados miembros visitados afirmaron que los procedimientos de tramitación de asuntos son demasiado largos. Los más problemáticos son los proyectos individuales de ayuda, especialmente aquellos sometidos por la Comisión a una evaluación económica detallada (véanse los apartados 55 y 56). Esto puede tener repercusiones negativas en los Estados miembros, como el retraso del proceso legislador nacional o el riesgo de perder potenciales inversores. Con frecuencia se producen cambios en la composición de los equipos de tramitación de la Comisión que pueden retrasar aún más los procedimientos.

USO TODAVÍA LIMITADO DE LA PLANIFICACIÓN PACTADA

54. En septiembre de 2009, el Código de buenas prácticas introdujo la planificación pactada. El Estado miembro y la Comisión pueden decidir de común acuerdo el trato de prioridad concedido al asunto, la información que debe facilitar el Estado miembro, y la forma y duración probables de la evaluación del caso por la Comisión tras la correspondiente notificación. A cambio de los esfuerzos realizados por el Estado miembro para aportar puntualmente toda la información necesaria, la Comisión deberá esforzarse por cumplir el calendario acordado entre ambas partes en la investigación del asunto. No se hallaron indicios de planificación pactada en ninguno de los asuntos examinados en la fiscalización.

EL NUEVO PLANTEAMIENTO ECONÓMICO MINUCIOSO NO RESULTA SUFICIENTEMENTE CLARO PARA LOS INTERESADOS

55. La nueva estructura del plan de acción de ayudas estatales de 2005 (véase el apartado 6) se basa en un sistema con "tres vertientes": exención por categorías, evaluación normalizada y evaluación detallada. En principio, las medidas notificadas son objeto de una evaluación normalizada. La evaluación detallada solo se realiza en un número limitado de asuntos específicos (por ejemplo, en algunos grandes proyectos de inversión).

56. Dicha evaluación detallada puede incluir un análisis económico minucioso [22], que determine mediante un estudio riguroso el posible impacto económico de la ayuda estatal centrado en una "prueba de sopesamiento". "La evaluación de la compatibilidad de una ayuda dada pasa fundamentalmente por sopesar sus efectos negativos en los intercambios comerciales y la competencia en el mercado común con sus efectos positivos de cara a la consecución de objetivos de interés común claramente definidos [23]".

57. Sin embargo, estas nuevas disposiciones han suscitado la inquietud de los interesados que tienen diferentes opiniones sobre la eficacia del enfoque económico minucioso de la Comisión. Para algunos, se limitaba a prolongar el procedimiento de aprobación y creaba mayor incertidumbre, mientras que para otros constituía una manera positiva de examinar el impacto real de la medida propuesta y les contrariaba que la Comisión no lo utilizara más.

58. La Comisión realizó una consulta pública sobre dicha cuestión en 2009 y publicó los resultados de este ejercicio al principio de 2011, pero todavía no ha respondido a las inquietudes sobre el enfoque económico perfeccionado manifestadas en dicha consulta. El correcto funcionamiento del régimen de ayudas estatales requiere un grado muy elevado de concertación entre la Comisión y los interesados en los Estados miembros.

EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO INTRODUCIDO EN 2009 TODAVÍA SE HA UTILIZADO POCO

59. El procedimiento simplificado se creó para examinar en un plazo breve determinados tipos de ayudas estatales para las cuales la Comisión solo debe verificar que la medida se ajusta a las normas y prácticas vigentes sin ejercer ninguno de sus poderes discrecionales. Pese a la utilidad de esta iniciativa, es difícil juzgar su eficacia ya que hasta ahora no ha sido muy utilizada.

60. En 2010, el procedimiento simplificado se empleó en 21 asuntos, es decir, en menos del 4 % del número total de notificaciones recibidas. La limitación de su uso puede atribuirse a varios factores:

La Comisión se reserva el derecho de recurrir al procedimiento normal si es aplicable alguna de las salvaguardias o exclusiones previstas en su Comunicación sobre el procedimiento simplificado.

Los Estados miembros son reacios a utilizar el procedimiento simplificado porque, a diferencia de lo que ocurre con las notificaciones normales, requiere la publicación de una síntesis de la notificación en el sitio web de la Comisión para que los interesados puedan presentar sus observaciones.

Las estrictas condiciones de aplicación del procedimiento simplificado.

El procedimiento simplificado solo es aplicable a los asuntos directamente notificados, que en cualquier caso son normalmente aprobados en el plazo de seis meses dentro del procedimiento normal.

El procedimiento simplificado debe ir precedido obligatoriamente de contactos previos a la notificación.

LA RESOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS SIGUE SIENDO UN PROCESO LARGO Y POCO TRANSPARENTE

61. Los competidores y demás partes interesadas que consideren que una medida constituye ayuda estatal pueden denunciarlo a la Comisión, que pone a su disposición en su sitio web un formulario para rellenar en línea o enviar por correo, con lo cual facilita relativamente la presentación de denuncias. Algunas denuncias no competen a la Dirección General de Competencia y o bien se archivan después de haberlas sometido a un análisis limitado o bien se transfieren a otra dirección general, como la de Fiscalidad y Unión Aduanera. Algunas denuncias recibidas y tramitadas por la Dirección General de Competencia no están motivadas por la preocupación por la distorsión de la competencia sino por otras razones como, por ejemplo, problemas medioambientales.

62. El número de las denuncias recibidas y el de las pendientes no ha dejado de aumentar durante el período 2006-2010 (véase el gráfico 6). La mitad de ellas quedaron pendientes durante más de un año [24]; casi la cuarta parte, durante más de dos años, y otras, durante más de cinco. La mayoría pertenecían al ámbito del transporte y la Dirección General de Competencia las había recibido de la Dirección General de Energía y Transportes al principio de 2010 tras la redistribución de carteras entre los Comisarios.

63. Si para la tramitación de denuncias no existen plazos jurídicamente vinculantes, para las notificaciones rigen plazos estrictos. No obstante, según el artículo 10 del Reglamento de procedimiento, la Comisión deberá proceder a su examen "sin demora".

64. Habitualmente, las denuncias no prioritarias se tramitan cuando el funcionario encargado no tiene otro trabajo más urgente. En consecuencia, tanto el examen previo como la investigación formal pueden requerir un tiempo considerable. Diez [25] de las treinta denuncias examinadas por el Tribunal no se habían resuelto ni cerrado en dos años. En varios casos, no se adoptó medida alguna durante más de un año. La mitad de los asuntos tramitados mediante procedimiento simplificado no se resuelven en el plazo de un año [26] y la mayor parte de los procedimientos de investigación formal duran asimismo más de un año. Los denunciantes tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por abstención de pronunciarse (artículo 265 TFUE), pero en pocos casos han ejercido este derecho.

GRÁFICO 6

INCREMENTO DEL NÚMERO DE DENUNCIAS

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Fuente: Comisión Europea.

65. En seis de las denuncias de la muestra examinada por el Tribunal, que constaba de 30, la Comisión no remitió al Estado miembro la denuncia acompañada de una solicitud de información dentro del plazo de dos meses; en 11 de las denuncias, ni el Estado miembro ni el denunciante fueron informados del estado de tramitación del asunto durante más de un año; y en otras seis, ni el Estado miembro ni el denunciante fueron informados de la conclusión del asunto, lo que dio lugar a incertidumbre legal, ya que los Estados miembros no saben si se les permite o no continuar concediendo las ayudas.

66. Asimismo, el retraso en la incoación del procedimiento de investigación formal o la falta de dicho procedimiento, reduce la transparencia, ya que las terceras partes solo pueden recibir información sobre el asunto y formular sus comentarios una vez publicada en el Diario Oficial la decisión de iniciar un procedimiento de investigación formal (entre dos y seis meses después de la adopción de la decisión). Con frecuencia la publicación se retrasa por la necesidad de traducir la decisión a todas las lenguas oficiales de la UE y de publicar una versión no confidencial de la decisión.

67. La Comisión intenta cerrar los asuntos basados en denuncias infundadas sin que exista una decisión oficial del Colegio. Si la Comisión considera que los elementos que justifican la existencia de una ayuda ilegal son insuficientes, se envía una carta al denunciante, el cual puede decidir entonces no seguir adelante con la denuncia y se considerará entonces que ha sido retirada. Solo en una mínima parte de las denuncias dicha carta se ha enviado en el plazo de doce meses a partir de la presentación de la denuncia.

EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES DE RECUPERACIÓN

68. La recuperación de la ayuda estatal ilegal no se concibe como una sanción, sino como un medio para restablecer la situación anterior a la concesión de la ayuda estatal ilegal [27]. El restablecimiento de la situación anterior se logra una vez que el beneficiario que disfrutaba de ventaja sus competidores en el mercado devuelve la ayuda ilegal e incompatible (más los intereses). El Estado miembro debe adoptar todas las medidas necesarias para recuperar la ayuda del beneficiario con arreglo a sus procedimientos nacionales.

69. La ejecución eficaz de las decisiones de recuperación de las ayudas estatales es fundamental para la credibilidad de la política de ayudas estatales de la Comisión, y se considera prioritaria en el plan de acción de ayudas estatales (véase el apartado 6).

LA COMISIÓN HA REDUCIDO A LA MITAD EL NÚMERO DE ASUNTOS PENDIENTES DE RECUPERACIÓN DESDE 2005

70. Desde 2003, las decisiones de recuperación han sido supervisadas por un equipo especializado. La Comisión logró reducir el número de asuntos pendientes de recuperación, que bajó de 94 al final de 2005 a 41 al final de 2010 (véase el gráfico 7).

71. El número de asuntos pendientes de recuperación siguió disminuyendo entre 2008 y 2010, aunque a un ritmo menor, debido al "cierre provisional" de 13 expedientes de recuperación [28].

GRÁFICO 7

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASUNTOS PENDIENTES DE RECUPERACIÓN

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Fuente: Comisión Europea.

LA EJECUCIÓN DE MUCHAS DECISIONES DE RECUPERACIÓN SE PROLONGA DEMASIADO

72. Pocas decisiones de recuperación de la Comisión se ejecutan dentro del plazo de cuatro meses establecido por la Comisión; la mayoría son sometidas al Tribunal de Justicia bien por el Estado miembro bien por el beneficiario (recurso de anulación) o por la Comisión (recurso de incumplimiento de una decisión de la Comisión). Desde 2005, la Comisión ha interpuesto una acción judicial contra varios Estados miembros que no ejecutaron una decisión de recuperación. Desde 2009, la Comisión ha incoado asimismo seis procedimientos de infracción [29] contra Estados miembros que no adoptaron las medidas necesarias para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia, en los que solicita que les imponga una multa o sanción.

73. Algunos expedientes de recuperación antiguos quedan pendientes de 10 a 20 años debido a la lentitud de los procedimientos ante los tribunales nacionales (el Estado miembro contra el beneficiario) y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (la Comisión contra el Estado Miembro). La antigüedad media de los 41 asuntos pendientes de recuperación era en julio de 2010 de casi cinco años. Catorce de ellos han permanecido pendientes durante 10 años o más, y algunos otros expedientes, provisionalmente cerrados, acumulan ya más de 10 años. El objetivo de ejecución de la Comisión de cerrar o recurrir los expedientes de recuperación en un plazo de dos años solo se cumplió, en 2008-2010, aproximadamente en la mitad de los casos, pero la tendencia ha mejorado en este período (del 28 % en la primera mitad de 2008 al 57 % en la segunda mitad de 2010).

74. Otro motivo de la lentitud en los procedimientos de recuperación es la dificultad para identificar a todos los beneficiarios de los regímenes de ayuda y para determinar el importe exacto que se ha de recuperar, ya que la Comisión no tiene la obligación legal de fijar dicho importe, aunque normalmente especifica el método que deben emplear los Estados miembros para calcularlo. Algunos Estados miembros apreciarían una mayor ayuda de la Comisión para determinar el importe que se ha de recuperar.

RÁPIDA REACCIÓN DE LA COMISIÓN ANTE LA CRISIS FINANCIERA

RAPIDEZ EN EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

75. Los asuntos urgentes vinculados a la crisis se han tramitado con mucha más rapidez que el resto utilizando una correspondencia menos formal con los Estados miembros y métodos de comunicación de información más flexibles como el teléfono y el correo electrónico. Muchos Estados aceptaron asimismo que se les remitiera la correspondencia y las decisiones en inglés (renuncia lingüística) para acelerar el procedimiento y los beneficiarios participaron más estrechamente en el procedimiento. Algunos asuntos se resolvieron en cuestión de días.

76. Si bien la carga de trabajo adicional fue inicialmente absorbida mediante la dedicación de horas extraordinarias, la Dirección General de Competencia consiguió aumentar a más del doble el número de encargados de la tramitación de ayudas al sector financiero en 2009 con la creación de un grupo de trabajo para responder a la crisis financiera.

LA COMISIÓN FORMULÓ ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS AYUDAS VINCULADAS A LA CRISIS

77. Ante la urgencia de la situación, la Comisión adoptó rápidamente orientaciones específicas para las ayudas estatales al sector financiero [30], complementarias de las ya existentes directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis [31]. Estas orientaciones tuvieron buena acogida en los Estados miembros, aunque también se formularon algunas críticas por el margen de interpretación de algunas condiciones.

78. La rápida respuesta y la actitud pragmática de la Comisión contribuyeron a evitar la quiebra de grandes instituciones financieras con sede en la UE. El sistema de aprobación provisional de la ayuda por un período de seis meses permitió conceder la ayuda de manera rápida y legal manteniendo la posibilidad de examinar más detenidamente el asunto posteriormente.

LA COMISIÓN INTENTÓ MANTENER LA IGUALDAD DE CONDICIONES

79. Para evitar que las instituciones financieras utilizaran la ayuda para fortalecer su posición en el mercado en detrimento de sus competidores, la Comisión tuvo que examinar las condiciones en las que se facilitaba la ayuda a los bancos. En algunos casos, esto provocó el abandono de determinadas actividades o prácticas (por ejemplo, prohibición de liderazgo en materia de precios). Los Estados miembros y los beneficiarios de las ayudas deben presentar informes de ejecución periódicos (principalmente trimestrales o semestrales).

80. El grupo de trabajo para responder a la crisis financiera de la Dirección General de Competencia realiza un seguimiento estrecho las decisiones en los principales casos de salvamento y reestructuración de instituciones financieras. En algunos de ellos, se constató una aplicación lenta o insuficiente de las condiciones o de los compromisos adquiridos, pero estas anomalías se señalaron al Estado miembro interesado y se sometieron al seguimiento de los servicios de la Dirección General de Competencia.

USO LIMITADO DEL MARCO TEMPORAL DESTINADO A PRESTAR AYUDA A LA ECONOMÍA REAL

81. Dentro del Plan Europeo de Recuperación Económica, el 19 de enero de 2009 la Comisión aprobó un marco temporal [32] (véase el recuadro 2) para ofrecer a los Estados miembros nuevas posibilidades de hacer frente a los efectos de la contracción del crédito sobre la economía real y mantener la continuidad en el acceso de las empresas a la financiación. Salvo la concesión de importes limitados de hasta 500000 euros como ayuda compatible [33], acogida favorablemente por la mayoría de los Estados miembros, y las ayudas otorgadas en forma de garantía, el uso del marco temporal fue limitado.

82. La mayoría de las posibilidades que brindaba el marco temporal solo fueron utilizadas por una minoría de Estados miembros y, además, en 2009 los Estados miembros solo concedieron un 2,7 % del volumen aprobado para los regímenes del marco temporal. Uno de los motivos fue que la duración del marco temporal era demasiado corta (inferior a dos años, hasta final de diciembre de 2010) para que los Estados miembros pudieran elaborar, aprobar y aplicar ayudas con arreglo al mismo.

83. El 1 de diciembre de 2010, la Comisión prolongó el marco temporal hasta el 31 de diciembre de 2011, aunque con condiciones más estrictas y con una reducción gradual. Desde el 1 de enero de 2011, todo banco que precise ayuda estatal (mediante medidas de recapitalización o rescate de activos) debe presentar un plan de reestructuración a la Comisión.

RECUADRO 2

MARCO TEMPORAL

Como anunciaba en su Plan Europeo de Recuperación Económica, la Comisión introdujo una serie de medidas temporales para permitir que los Estados miembros abordaran las excepcionales dificultades de las empresas para obtener financiación. Gracias al marco temporal, los Estados miembros pueden conceder, con arreglo a determinadas condiciones y hasta el final de 2010:

a) subvenciones de importe limitado de hasta 500000 euros por empresa durante un período de tres años;

b) garantías estatales para préstamos a prima reducida;

c) préstamos subvencionados, en particular para la producción de productos verdes;

d) ayuda de capital riesgo de hasta 2,5 millones de euros por PYME al año.

SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN

84. La Comisión publica todos los años un Marcador de ayudas estatales en el que evalúa el progreso en la consecución de los objetivos de Lisboa de conceder menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos y evalúa asimismo el impacto de su control de de las ayudas estatales en cada caso específico. En los apartados 85 a 95 se valora si los datos recabados por la Comisión son fiables y exhaustivos, y si la evaluación del impacto llevada a cabo por esta institución es suficiente.

LOS DATOS SOBRE AYUDAS ESTATALES FACILITADOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS SON INCOMPLETOS Y POCO FIABLES

LA OBTENCIÓN DE DATOS SOBRE LAS AYUDAS ESTATALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PLANTEA PROBLEMAS

85. En el primer trimestre de cada año, la Comisión envía una hoja de cálculo a los Estados miembros para que registren en ella las cifras del gasto real en ayudas estatales correspondiente a las ayudas concedidas durante el ejercicio anterior. Los datos remitidos por los Estados miembros presentan una calidad variable, y el equipo del Marcador (véase el apartado 90) dedica mucho tiempo a comprobar los datos y a añadir los importes que faltan. La mayoría de los interesados consideran que el actual procedimiento de elaboración del Marcador consume muchos recursos.

86. Varios interesados señalaron problemas para recabar datos de las autoridades públicas regionales y locales, ya que en la mayoría de los Estados miembros, el organismo coordinador de la ayuda estatal en los ministerios nacionales o federales no ejerce ninguna autoridad de control o supervisión sobre dichos Gobiernos. En consecuencia, es probable que los datos relativos a la ayuda estatal facilitados por los Estados miembros y utilizados por la Comisión estén incompletos, pero el Marcador de ayudas estatales de la Comisión no formula ninguna reserva.

87. Pese a que numerosos Estados miembros se retrasan en la entrega de los datos, hasta la fecha solo se ha iniciado un procedimiento de infracción por incumplimiento del plazo [34]. Uno de los principales problemas radica en que la unidad de coordinación central de la ayuda estatal (si es que existe) no cuenta con un sistema centralizado eficaz que permita obtener directamente los datos solicitados por la Comisión, por lo que estos deben recabarse de un gran número de autoridades que conceden la ayuda.

VARIOS TIPOS DE AYUDA QUEDAN EXCLUIDOS DE LAS ESTADÍSTICAS SOBRE AYUDA ESTATAL

88. El Marcador abarca la ayuda estatal definida en el artículo 107, apartado 1, del TFUE concedida por los Estados miembros durante el ejercicio de referencia (véanse los apartados 3 y 4). Esta definición es más restringida que la empleada por los Estados miembros en los informes nacionales.

89. La ayuda al sector de los ferrocarriles está excluida, pese a que cada vez son más los mercados ferroviarios nacionales abiertos a la competencia. Puesto que uno de los más importante sectores beneficiarios de ayuda está excluido, los datos sobre ayuda estatal facilitados y publicados por la Comisión no pueden considerarse completos. El Marcador de ayudas estatales de otoño de 2010 menciona por vez primera que la ayuda a los ferrocarriles declarada por los Estados miembros asciende a 33100 millones de euros, el 0,3 % del PIB de la UE-27 en 2009, pero no incorpora esta ayuda a sus totales porque carece de datos comparables [35].

APLICACIÓN DE UN MÉTODO DE CÁLCULO CUESTIONABLE EN ALGUNOS TIPOS DE AYUDA

90. Una vez recibidas las hojas de cálculo cumplimentadas por los Estados miembros, el equipo del Marcador de la Dirección General de Competencia efectúa una serie de controles para detectar posibles anomalías, como la comparación de los datos facilitados por los Estados miembros con el presupuesto aprobado y con los importes de los años anteriores.

91. Sin embargo, los Estados miembros tienen dificultades para facilitar a la Comisión previsiones presupuestarias fiables en la notificación SANI. En muchos casos se desconoce el éxito de la medida de ayuda. Algunos proveedores de ayudas registran sistemáticamente el gasto previsto solo para el primer año en lugar de consignar el presupuesto del período completo tal y como solicita la Comisión.

92. El método empleado por la Comisión para calcular el valor de algunos tipos de ayuda, especialmente la destinada al sector financiero, es un tanto arbitrario. Es frecuente que los Estados miembros faciliten previsiones presupuestarias para las medidas fiscales al no ser posible calcular el importe real por la complejidad del marco jurídico y el gran número de beneficiarios.

CON EL TIEMPO, ALGUNOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA DEFINICIÓN DE AYUDA ESTATAL DIFICULTAN LA COMPARABILIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS

93. Los cambios introducidos en la legislación y en la presentación de las cifras afectan a la comparabilidad de los datos entre ejercicios. Por ejemplo, la importancia cada vez mayor [36] de las ayudas de minimis y las ampliaciones del límite de las mismas provocó un sesgo por defecto en las cifras de las ayudas estatales comunicadas por los Estados miembros, dificultando más la comparación entre ejercicios sucesivos.

EL NÚMERO DE EVALUACIONES EX ANTE FUE LIMITADO Y LA COMISIÓN CARECE DE UNA FUNCIÓN DE EVALUACIÓN EX POST

94. Según las orientaciones de la Comisión, debe realizarse una evaluación del impacto ex ante "de las iniciativas más importantes de la Comisión y de aquellas que tienen una incidencia especialmente importante". Al final de 2010, algunas están en proyecto y dos han sido finalizadas [37].

95. Dentro de la reorganización de la Dirección General de Competencia llevada a cabo en 2007, se creó una unidad de evaluación que fue disuelta al año siguiente sin que hubiera realizado ninguna labor significativa en el ámbito de las ayudas estatales. En 2010, esta misma dirección general lanzó un proyecto para desarrollar una función de "evaluación ex post" que permitiera evaluar el impacto real que ejercen en los mercados las políticas vigentes de la Dirección General de Competencia y aprender de las experiencias del pasado. Al final de 2010, la función de evaluación ex post todavía no había empezado a funcionar.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

LA COMISIÓN NO TIENE GARANTÍAS SUFICIENTES DE QUE TRAMITA TODOS LOS ASUNTOS DE AYUDAS ESTATALES PERTINENTES

96. La mayoría de los sistemas de los Estados miembros no ofrecen garantías suficientes sobre el cumplimiento de la obligación de notificar la ayuda estatal. Aunque la Comisión ha adoptado medidas para intensificar la cooperación con los Estados miembros respecto de su obligación de notificación, estas no han sido suficientes. Se realizan algunas investigaciones de oficio ocasionales, pero la Comisión no se esfuerza suficientemente por detectar casos que deberían haberse notificado, principalmente relacionados con denuncias de terceros. Legalmente no puede examinar sistemáticamente los procedimientos empleados por los Estados miembros para garantizar su fiabilidad, y sus acciones de seguimiento son limitadas. En consecuencia, existe el riesgo de que no se detecte alguna ayuda estatal.

RECOMENDACIÓN 1

La Comisión debería examinar la asignación y el uso de los recursos dedicados a su gestión las ayudas estatales con objeto de:

a) actuar con mayor anticipación en su relación con los Estados miembros y esforzarse más por dar a conocer la normativa que rige las ayudas estatales difundiendo las mejores prácticas y ofreciendo más orientaciones prácticas;

b) mejorar sus actividades de supervisión tanto en el tamaño de la muestra como en su alcance;

c) organizar sus investigaciones de oficio de manera más sistemática y específica para detectar las ayudas ilegales.

LOS PROCEDIMIENTOS DE AYUDAS ESTATALES, EN PARTICULAR LAS DENUNCIAS, SIGUEN SIENDO LARGOS Y POCO TRANSPARENTES

97. Aunque muchos elementos operativos de la tramitación de los asuntos se gestionan adecuadamente y los casos relacionados con la crisis financiera se tramitan con rapidez, el procedimiento de aprobación de muchas ayudas estatales notificadas sigue siendo lento, y la tramitación de las denuncias especialmente problemática. La combinación de un número creciente de denuncias, la lentitud de los procedimientos y la escasa prioridad otorgada a muchas de ellas ha provocado una acumulación cada vez mayor de casos pendientes.

98. La larga duración de los procedimientos de investigación de la Comisión y la falta de información a los interesados sobre el avance de la tramitación durante el procedimiento crea inseguridad jurídica.

RECOMENDACIÓN 2

a) Para incrementar la transparencia y acelerar el proceso de decisión, la Comisión debería contraer el compromiso vinculante de cerrar el examen previo bien adoptando una decisión, bien incoando un procedimiento de investigación formal dentro del año siguiente a la recepción de la notificación inicial.

b) La Comisión debería reducir al mínimo el número de solicitudes de información remitidas a los Estados miembros y limitarlas a las estrictamente necesarias para la adopción de sus decisiones.

c) Para procurar un mayor grado de seguridad jurídica a todos los interesados, la Comisión debería resolver con celeridad las denuncias infundadas.

d) La Comisión debería informar periódicamente al denunciante, al Estado miembro y al beneficiario sobre el progreso (o la falta de progreso) en todos los asuntos, así como sobre el resultado de la investigación.

e) La Comisión debería considerar si puede extraer alguna enseñanza de su gestión de la crisis financiera para mejorar sus métodos normales de trabajo.

f) La Comisión debería aplicar un sistema perfeccionado de registro de los tiempos y de de información de gestión para supervisar eficazmente el tiempo empleado en cada caso y la carga de trabajo de los funcionarios encargados de la tramitación para optimizar el uso de recursos.

LA COMISIÓN NO REALIZA UNA EVALUACIÓN GLOBAL EX POST DEL IMPACTO DE SU CONTROL DE LAS AYUDAS ESTATALES

99. La escasa fiabilidad de los datos obstaculiza los esfuerzos de la Comisión por supervisar el control de las ayudas estatales. Su principal instrumento de información, el Marcador semestral de las ayudas estatales, presenta varias insuficiencias: falta de exhaustividad, insuficiente fiabilidad y comparabilidad, y retrasos en la disponibilidad de los datos.

100. Además, salvo en algunos estudios específicos, la Comisión todavía no ha realizado una evaluación ex post del impacto de sus actividades de control de las ayudas estatales en la economía europea.

RECOMENDACIÓN 3

a) La Comisión debería mejorar la eficiencia y fiabilidad de su procedimiento de recopilación de datos.

b) La Comisión debería efectuar periódicamente una evaluación ex post del impacto de su control de las ayudas estatales en las empresas, los mercados y en el conjunto de la economía.

El presente Informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Igors LUDBORŽS, Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del día 25 de octubre de 2011.

Por el Tribunal de Cuentas

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Vítor Manuel da Silva Caldeira

President

[1] Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del TCE (ahora artículo108 del TFUE) (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1).

[2] Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 659/1999 (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1).

[3] Como dispone el artículo 107, apartado 1, del TFUE; véanse asimismo en los apartados 88 a 89 los tipos de ayudas excluidas de las estadísticas de la Comisión.

[4] Fuente: COM(2010) 701 final de 1 de diciembre de 2010: Marcador de ayudas estatales: Informe sobre las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros de la UE, actualización de otoño de 2010.

[5] COM(2005) 107 final de 7 de junio de 2005: Plan de acción de ayudas estatales. Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos: programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales 2005 -2009 (documento de consulta).

[6] Algunos interesados manifestaron que les planteaba dificultades el recurso a la aplicación privada de la normativa sobre ayudas estatales, ya que es complicado para los competidores reunir información sobre la ayuda supuestamente incompatible y resulta más oneroso que presentar una denuncia ante la Comisión.

[7] Véase el artículo 4, apartado 5, del Reglamento de procedimiento. La notificación se considerará completa si, en el plazo de dos meses a partir de su recepción, o de la recepción de cualquier información adicional solicitada, la Comisión no solicita más información. Si la Comisión solicita información adicional (mediante envío de una solicitud de información), se inicia un nuevo plazo de dos meses a partir de la fecha en que el Estado miembro presenta la información solicitada.

[8] Artículo 4, apartados 2 a 4, del Reglamento de procedimiento.

[9] COM(2010) 701 final.

[10] Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Chipre, Hungría, Eslovenia y Reino Unido.

[11] Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales (DO L 142 de 14.5.1998, p. 1).

[12] Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) (DO L 214 de 9.8.2008, p. 3).

[13] Véase: Comisión Europea, Informe sobre la política de competencia 2009 (http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2009/en.pdf).

[14] Sin embargo, en 2009, casi 1000 medidas de exención por categorías fueron notificadas a la Comisión ex post y más de 200 regímenes, ex ante.

[15] Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, de 15 diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, p. 5).

[16] Notificaciones realizadas por un Estado miembro que cree que una medida prevista no constituye ayuda estatal, pero no está plenamente seguro y prefiere que sea la Comisión quien lo decida.

[17] Según los indicadores relativos a las ayudas estatales de la Dirección General de Competencia, menos del 6 % de los nuevos asuntos de las nuevas las ayudas estatales del segundo trimestre de 2010 tienen prioridad 1, mientras que el 82 % tienen prioridad 2.

[18] Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas ayudas estatales (DO C 136 de 16.6.2009, p. 3).

[19] Fuente: Dirección General de Competencia, State aid indicators, sección IV, apartado 10, letra b). Los indicadores de puntualidad de la Dirección General de Competencia reflejan el tiempo transcurrido entre la apertura y la clausura de asuntos resueltos por ejercicio de apertura, por lo que presentan un panorama claramente complaciente de los últimos años, al excluir los todavía no resueltos, los cuales, por definición, tienen una larga duración.

[20] En los años 2008 y 2009 las cifras son poco concluyentes pues todavía quedan casos pendientes de resolución.

[21] Artículo 7, apartado 6, del Reglamento de procedimiento.

[22] En el documento de trabajo "Principios comunes para una evaluación económica de la compatibilidad de las ayudas estatales en virtud del artículo 87, apartado 3, del TCE", de 6 de mayo de 2009, se explica la metodología empleada por la Comisión para examinar los asuntos presentados a un análisis económico minucioso (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/reform.html).

[23] Apartado 9 de los "Principios comunes para una evaluación económica de la compatibilidad de las ayudas estatales en virtud del artículo 87, apartado 3, del TCE".

[24] Frente a las 192 que quedaban pendientes el 1.1.2008; 233, el 1.1.2009, y 270, el 30.10.2010, lo cual refleja un incremento constante.

[25] Esta cifra puede todavía puede aumentar ya que siguen pendientes algunos asuntos.

[26] Fuente: Indicadores de las ayudas estatales de la Comisión. En realidad, estas estadísticas subestiman el tiempo necesario para examinar una denuncia, ya que algunos asuntos tramitados por el procedimiento simplificado se cierran al ser transferidos a otra dirección general o al incoarse un procedimiento de investigación formal. En ambos casos, la conclusión del asunto tramitado por el procedimiento simplificado no supone el final de dicho procedimiento para el denunciante.

[27] COM(2010) 282 final de 3 de junio de 2010: Informe de la Comisión: Informe sobre la política de competencia 2009, SEC(2010) 666.

[28] Desde julio de 2008, la Comisión cierra provisionalmente los asuntos de recuperación respecto de los cuales no pueda considerarse que la recuperación se ha ejecutado íntegramente, pese a que el Estado miembro haya adoptado todas las medidas necesarias de que disponga en su sistema nacional. Los asuntos de recuperación provisionalmente cerrados pueden volver a incoarse especialmente cuando la decisión en la que se base la clausura provisional haya sido anulada.

[29] Algunos de estos procedimientos constan de más de un asunto judicial.

[30] Comunicaciones de la Comisión sobre:

- La aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras en el contexto de la actual crisis financiera mundial (DO C 270 de 25.10.2008, p. 8);

- La recapitalización de las instituciones financieras en la crisis financiera actual: limitación de las ayudas al mínimo necesario y salvaguardias contra los falseamientos indebidos de la competencia (DO C 10 de 15.1.2009, p. 2);

- El tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector bancario comunitario (DO C 72 de 26.3.2009, p. 1);

- Recuperación de la viabilidad y la evaluación de las medidas de reestructuración en el sector financiero en la crisis actual con arreglo a las normas sobre ayudas estatales (DO C 195 de 19.8.2009, p. 9).

[31] Comunicación de la Comisión, Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO C 244 de 1.10.2004, p. 2).

[32] Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera (DO C 83 de 7.4.2009, p.1); modificado por (DO C 261 de 31.10.2009, p. 2) y (DO C 303 de 15.12.2009, p. 6).

[33] No incluido en las estadísticas, ya que se considera que la ayuda de minimis no se corresponde con la definición del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

[34] Establecido por el Reglamento de aplicación no 794/2004.

[35] COM(2010) 701, final.

[36] Inicialmente se estableció en 100000 euros en el Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del TCE a las ayudas de minimis (DO L 10 de 13.1.2001, p. 30), y a partir de 2007 se aumentó a 200000 euros [en virtud del Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, supra]. Las ayudas de minimis no se consideran ayudas estatales y la mayoría de los Estados miembros no recaban datos sobre ellas.

[37] Documento de trabajo de la Comisión, Impact assessment accompanying the Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting, SEC(2009) 893 y Resumen SEC(2009) 892.

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ANEXO

PRINCIPALES NORMAS QUE RIGEN EL CONTROL DE LAS AYUDAS ESTATALES POR LA COMISIÓN

ARTÍCULO 107 TFUE (ANTIGUO ARTÍCULO 87 TCE)

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

2. Serán compatibles con el mercado interior:

a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos;

b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional;

c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar las desventajas económicas que resultan de tal división.

3. Podrán considerarse compatibles con el mercado interior:

a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y social;

b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro;

c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común;

d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común;

e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada a propuesta de la Comisión.

ARTÍCULO 108 TFUE (ANTIGUO ARTÍCULO 88 TCE)

1. La Comisión examinará permanentemente, junto con los Estados miembros, los regímenes de ayudas existentes en dichos Estados. Propondrá a estos las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado interior.

2. Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine.

Si el Estado de que se trate no cumpliere esta decisión en el plazo establecido, la Comisión o cualquier otro Estado interesado podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no obstante lo dispuesto en los artículos 258 y 259.

A petición de un Estado miembro, el Consejo podrá decidir, por unanimidad y no obstante lo dispuesto en el artículo 107 o en los Reglamentos previstos en el artículo 109, que la ayuda que ha concedido o va a conceder dicho Estado sea considerada compatible con el mercado interior, cuando circunstancias excepcionales justifiquen dicha decisión. Si, con respecto a esta ayuda, la Comisión hubiere iniciado el procedimiento previsto en el párrafo primero del presente apartado, la petición del Estado interesado dirigida al Consejo tendrá por efecto la suspensión de dicho procedimiento hasta que este último se haya pronunciado sobre la cuestión.

Sin embargo, si el Consejo no se hubiere pronunciado dentro de los tres meses siguientes a la petición, la Comisión decidirá al respecto.

3. La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es compatible con el mercado interior con arreglo al artículo 107, la Comisión iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.

4. La Comisión podrá adoptar reglamentos relativos a las categorías de ayudas públicas sobre las que el Consejo haya determinado, con arreglo al artículo 109, que pueden quedar exentas del procedimiento establecido en el apartado 3 del presente artículo.

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