Dictamen sobre el proyecto de decisión por la que se establece un Programa de acción para la aplicación de una política de formación profesional de la Comunidad Europea (94/C 148/03)

El 21 de febrero de 1994, de conformidad con el artículo 127 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el proyecto mencionado arriba.

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 3 de marzo de 1994 (Ponente: Sr. Nierhaus).

En su 314° Pleno (sesión del 23 de marzo de 1994), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

1. Observaciones generales

1.1. El Comité considera que con la presentación por parte de la Comisión, de conformidad con el artículo 127 del Tratado UE, del « Proyecto de decisión por la que se establece un Programa de acción para la aplicación de una política de formación profesional de la Comunidad Europea » (Programa LEONARDO) se logran, en primer lugar, dos objetivos formales: por una parte, la política de formación de la Comunidad (en asociación con el programa SOCRATES) -prevista en los artículos 126 y 127 del Tratado de la Unión Europea- adquiere una nueva base, programáticamente coherente, y, por otra, se viene a entroncar así directamente con los diversos programas existentes, positivos en su conjunto, tales como COMETT, EUROTECNET, FORCE, PETRA, etc., a fin de aprovechar sus resultados y proseguir los objetivos definidos en ellos.

1.2. No obstante, para la valoración y la prioridad de las propuestas de la Comisión el factor decisivo será en última instancia su contribución al desarrollo de una educación de calidad (artículo 126 del Tratado UE) y un nivel de cualificación elevado (artículo 127 del Tratado UE) en los Estados miembros, a fin de promover así en su conjunto el desarrollo armónico de la Unión considerada como un todo.

1.3. El Comité Económico y Social subraya al respecto que, a su juicio, el artículo 127 del Tratado UE constituye en cualquier caso el sólido fundamento jurídico para la realización del Programa de acción.

1.4. El Comité acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión por estas razones y también, principalmente, porque

- se propone de esta manera que se sometan a un amplio debate, al nivel nacional y comunitario, los nuevos marcos de acción de la Comunidad en materia de política de formación profesional tras el Tratado de la Unión Europea, y porque

- agrupando las actividades fundamentales de la Comunidad en política de formación profesional en lo que ahora es un vasto programa, se puede aumentar en su conjunto la transparencia sobre los diversos proyectos y su interrelación.

1.5. Sin perjuicio del estricto respeto de la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a contenido y organización en materia de formación profesional, el objetivo superior de la política comunitaria debe consistir en garantizar y seguir desarrollando el elevado nivel cualitativo de formación para todos los ciudadanos en los Estados de la Comunidad. Son, al respecto, objetivos de rango equivalente el derecho del individuo a una educación adecuada a sus capacidades y motivaciones y la garantía de las condiciones de competencia de las economías nacionales de los Estados miembros y, por tanto, del bienestar económico en la Comunidad. La contribución propia de la Comunidad reside, a tal efecto, en el fomento de la cooperación de los Estados miembros en relación con el desarrollo de la dimensión europea.

1.6. A fin de lograr dichos objetivos, las acciones concretas de la Comunidad sólo desempeñan el papel de impulsos para la política educativa de los Estados de la Comunidad, los cuales por su parte deberán promover las actividades necesarias.

1.6.1. Por esta razón, el Comité apela en primer lugar a los Estados miembros, para que -precisamente en la actual fase coyuntural y estructural de problemas económicos, que va unida con un temible crecimiento del desempleo- inviertan en educación en general y en formación profesional, ya que ello constituye un requisito indispensable para garantizar a medio y largo plazo la competitividad económica de la Comunidad en el mercado mundial y para la estabilidad política en los Estados miembros.

1.7. Los Programas de acción y fomento de la Comunidad sólo pueden obtener unos efectos duraderos cuando las consideraciones y los imperativos de política presupuestaria a corto plazo no son las únicas fuentes de inspiración de las políticas nacionales de formación. Esto rige de modo particular, y no sólo a causa de los recursos suplementarios que se necesitan, para el presente Programa de acción.

1.8. Es tarea de los interlocutores sociales cumplir con su responsabilidad en materia de cualificación profesional siguiendo más de cerca la organización de las necesarias actividades de los gobiernos de los Estados miembros, de conformidad con los modos de proceder habituales en ellos, continuando así el diálogo social al nivel nacional. Además, los interlocutores sociales deben participar, en su calidad de soporte de las medidas en materia de cualificación, en las posibilidades de fomento.

1.9. El Comité considera que es necesario también armonizar la política de fomento en el marco del Fondo Social Europeo con los objetivos establecidos en el artículo 127 del Tratado UE, ya que la Comunidad sólo podrá realizar una política eficaz de formación profesional utilizando dichos recursos financieros, considerables en comparación con el presente Programa.

1.10. El Comité reconoce que la dotación financiera del Programa -141 millones de ecus para 1995- es mejor que la de los programas anteriores. No obstante, propone que se proceda a una nueva revisión de la dotación financiera y a su aumento, cosa que se revelará particularmente necesaria cuando se amplíe el derecho a participar en el fomento del Programa.

1.11. El Comité pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para que la dotación de recursos destinada al programa presentado sea, en líneas generales, equivalente a la prevista para la financiación del Programa relativo a la formación general y universitaria.

1.12. El Comité, por último, pide que en la aplicación del Programa de acción se aprovechen las posibilidades que ofrecen el Fondo estructural, el FEDER y el Fondo de Cohesión.

2. Observaciones particulares

2.1. En el establecimiento de un marco común de objetivos para la política de formación profesional de la Comunidad Europea (artículo 1), se deberían destacar las siguientes metas generales, que indican campos de acción para una política comunitaria y representan también las directrices para las políticas de formación de los Estados miembros en el sentido de una política coherente. El Comité considera al respecto que los dos objetivos principales de la política de formación profesional a escala comunitaria tienen la misma prioridad. Estos objetivos son:

- permitir a los jóvenes que lo deseen el acceso a la formación profesional inicial cualificada, y

- garantizar a todos los trabajadores el derecho y las posibilidades de acceso a la formación profesional permanente, poniendo a su disposición en todos los Estados de la Comunidad una oferta comparable cualitativa y cuantitativamente.

2.1.1. Para lograr estos objetivos, se debe garantizar que una transición sin obstáculos entre la formación profesional inicial y la formación permanente sea la condición indispensable de una « éducation permanente » especializada en todos los sectores.

2.1.2. El Comité señala al respecto la gran importancia que reviste un asesoramiento profesional de alta calidad antes del paso a la vida profesional, porque, entre otras razones,

- puede ser la respuesta más idónea a las necesidades de cualificación de industrias y empresas;

- ayuda a evitar a los interesados que inviertan energía y tiempo erróneamente en su cualificación profesional; y,

- por último, puede contribuir también de manera importante a cubrir las necesidades de una formación permanente específica.

2.1.3. El Comité considera que en el futuro la formación profesional inicial cualificada debe poner mayor atención en transmitir tanto unos conocimientos básicos profesionales ampliamente diversificados como una « dimensión europea ».

2.1.4. Parte integrante de esta última es también -junto a otros componentes- la transmisión de conocimientos suficientes en otras lenguas de la Comunidad, además de la lengua materna. El Comité observa que los conocimientos de lenguas extranjeras sólo aparecen recogidos programáticamente en el Apartado III de las Medidas comunitarias (Anexo II). Dominar suficientemente una o varias lenguas extranjeras es también sumamente importante para la calidad de la formación profesional. Dado que, según el proyecto presentado por la Comisión para el programa SOCRATES, no parece que en éste sea posible fomentar las lenguas extranjeras en la formación profesional, el CES pide a la Comisión que en el Programa LEONARDO incluya también explícitamente el fomento de los conocimientos de lenguas extranjeras en dicha formación.

2.1.5. Se debería reclamar también la conexión entre ambos programas, porque ello permitiría fomentar los elementos de formación profesional de las universidades, incluidos por la Comisión en el ámbito de la formación general.

2.1.6. La formación profesional permanente debe cumplir, con diversas prioridades y en cuanto a sus focos de interés, las funciones generales siguientes:

- continuación y profundización de la formación profesional especializada y de la formación personal tras la terminación de la educación escolar y profesional; cosa que, sobre todo, reforzará también la competitividad de las empresas;

- eliminación de las carencias en la formación procedentes de fases de formación anteriores (educación escolar básica, educación escolar posterior, formación profesional inicial);

- seguridad del puesto de trabajo y mejora de las posibilidades de promoción profesional a través de la especialización y la adaptación a requisitos de cualificación modificados (por ejemplo, por procesos de transformación tecnológica);

- reconversión profesional a nuevos campos de actividad prometedores;

- reintegración de desempleados en la vida laboral;

- reintegración de mujeres y hombres en la vida profesional activa durante una fase de dedicación familiar y después de ella;

- reintegración de trabajadores que, por razones de enfermedad, quedaron excluidos de la vida laboral activa durante mucho tiempo;

- refuerzo de la movilidad sectorial, vertical y regional de los trabajadores, fundamentalmente para aumentar la igualdad de oportunidades en el terreno profesional.

2.1.7. No obstante, estos objetivos -sobre los que en todos los Estados de la Comunidad debería existir un consenso de principio- requieren que se sigan mejorando las condiciones previas en los Estados miembros, a lo cual únicamente podría contribuir el Programa de acción.

2.2. El Comité reconoce y acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión para establecer definiciones claras en el artículo 2, las cuales contribuirán de modo importante al entendimiento en materia de contenidos entre los especialistas de los diferentes sistemas nacionales de formación.

2.3. Sin embargo, debido a la importancia fundamental de tales definiciones, que rebasan el marco del presente Programa, se debe observar al respecto que

- el concepto de « trabajador », que en todas las lenguas comunitarias tiene una correspondencia y está claramente definido, no debería ampliarse hasta incluir el de « trabajadores por cuenta propia », ya que éste implica nuevas ambigüedades conceptuales. Por razones de claridad, cuando en el plan de acción se sobreentienda también los « trabajadores por cuenta propia » -cosa que, a juicio del Comité, ocurre claramente en diversos lugares del documento-, se debería incluir para ellos una referencia por separado;

- las organizaciones económicas autónomas, como, por ejemplo, cámaras de industria y comercio, no son organismos de formación. Por consiguiente, la letra f) del artículo 2 debería redactarse del siguiente modo: « Este término también engloba los organismos de formación o el trabajo de formación de las organizaciones económicas autónomas, los sindicatos ... y las asociaciones profesionales »;

- el concepto de « aprendizaje y formación abiertos y a distancia » excluye por definición en su forma actual el concepto tradicional de « enseñanza a distancia », que consiste en una combinación de material de trabajo escrito, servicio de corrección y, en su caso, enseñanza directa. Ello no parece apropiado, tanto más cuanto que los artículos del Tratado no prevén esta restricción.

2.4. El Comité señala, además, que se debería examinar en algunos casos la coordinación sistemática de partes de los anexos I y II. Así, por ejemplo, la Parte II es un lugar más apropiado para los « programas de estancias de formación y de intercambios », mientras que en la Parte I se deberían incluir los « proyectos de política contractual ».

2.5. Dado que los artículos 126 y 127 del Tratado UE se basan en el estricto respeto de la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a contenido y organización de la formación profesional y excluyen una armonización de las disposiciones jurídicas y administrativas por medio de medidas comunitarias y debido a la creciente integración de los Estados miembros, gana cada vez más importancia la exigencia de un mayor intercambio de información y experiencias sobre los sistemas y medidas de formación, las posibilidades de asesoramiento profesional y sobre los sistemas de cualificación y títulos en relación con la libre circulación y movilidad de los trabajadores (Anexo 1.5.). El refuerzo de los intercambios de experiencias adquiridas en la formación profesional -por ejemplo, mediante programas de visitas de información o intercambios de expertos- puede contribuir igualmente a este objetivo.

2.6. Para garantizar que la libre circulación se concrete de una manera efectiva, se necesita un máximo de transparencia sobre los sistemas de cualificación, a fin de poder acreditar en cada caso ante los empresarios potenciales de todos los Estados miembros el contenido y el nivel de la cualificación adquirida de un trabajador o de un trabajador por cuenta propia que desee obtener un empleo en otro país de la Unión. En este sentido, en la realización del Programa de acción corresponde al CEDEFOP desempeñar una tarea importante e indispensable, cosa que debería tenerse en cuenta con vistas a su próxima reorganización.

2.7. Un instrumento que permitiría obtener una mayor transparencia sería un pasaporte europeo de formación profesional, en el que deberían figurar de forma normalizada tanto los primeros ciclos de formación realizados (condiciones previas de acceso, forma de organización, duración y contenidos) como la experiencia profesional y la participación en actividades de formación permanente. El Comité insta a que se intensifiquen los trabajos necesarios para crear un instrumento de estas características en coordinación con los centros nacionales competentes, con la participación de los interlocutores sociales.

2.8. Por último, el Comité considera que es especialmente importante que los planteamientos europeos en materia de organización en el sector de la formación profesional permanente vayan acompañados de un diálogo de los interlocutores sociales (con arreglo al artículo 2 y al apartado cuarto del artículo 6 del documento de la Comisión) a escala nacional y europea. Deberían ser objeto de un diálogo permanente de esta clase a todos los niveles los resultados obtenidos en las diferentes fases de aplicación del Programa de acción.

2.9. El Comité, por consiguiente, acoge con particular satisfacción la participación de los representantes de los interlocutores sociales en los trabajos del comité consultivo previsto en el artículo 5, el cual, además de la mera función consultiva, deberá tener también (véase igualmente el apartado cuarto del artículo 6) la posibilidad de coorganización y codecisión (con inclusión de la elaboración de un informe). No obstante, su representación debería estar constituida por un número similar (es decir, un representante de los empresarios y uno de los trabajadores por cada Estado miembro) al de los representantes del gobierno (si procede, siguiendo el modelo de otros grupos de la Comisión: por ejemplo, el del Comité consultivo para la formación profesional). Debido a la función clave que los interlocutores sociales desempeñan en muchos Estados miembros en relación con la formación profesional, el estatuto de mero observador no parece estar en proporción con su tarea y significación en la organización de la política de formación profesional. En su lugar, debe reconocérseles el derecho de voto.

Hecho en Bruselas, el 23 de marzo de 1994.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN