Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 93/38/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones ()

(95/C 256/02)

El 8 de junio de 1995, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las propuestas mencionadas arriba.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de junio de 1995 (Ponente : Sr. Mobbs).

En su 327° Pleno (sesión del 5 de julio de 1995), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

1. Introducción

1.1. La contratación pública ha sido objeto de numerosas directivas destinadas a liberalizar la competencia en este importante mercado (se estima que el Acuerdo del GATT sobre contratación pública () afecta a una cuantía del orden de 350 000 millones de ecus anuales). En la actualidad se incluyen también sectores como el del agua, la energía, el transporte y las telecomunicaciones, antes denominados « sectores excluidos ».

1.2. La última de las directivas se aprobó en 1993 y en la actualidad todas deberían estar en vigor. No obstante, es un hecho que no todos los Estados miembros han incorporado las directivas a su legislación nacional.

1.3. En diciembre de 1993 finalizaron las negociaciones para la revisión del Acuerdo del GATT sobre contratación pública de 1979. El nuevo Acuerdo incluye los contratos de suministros, obras y servicios adjudicados por las administraciones centrales, así como algunos contratos adjudicados por las administraciones regionales y locales. También se incluyen determinados contratos en los sectores del agua, la electricidad, el transporte urbano, los puertos y los aeropuertos.

1.4. El 15 de abril de 1994, paralelamente a la conclusión de la Ronda Uruguay del GATT, la Unión Europea suscribió el nuevo Acuerdo, con vistas a conseguir una mayor liberalización y expansión del comercio mundial.

1.5. Como resultado de ello, los poderes adjudicadores, que están sujetos tanto a las directivas comunitarias como al Acuerdo, deben, para un mismo contrato, aplicar dos normativas diferentes. Cuando determinados aspectos de las disposiciones del Acuerdo sean más favorables que las normas comunitarias, el funcionamiento del régimen comunitario se verá afectado.

1.6. La Comisión propone armonizar las disposiciones de las directivas comunitarias con las del Acuerdo para garantizar que todos los proveedores, contratistas y prestadores de servicios disfruten de un trato que sea tan favorable como el reservado a los de terceros países signatarios del Acuerdo.

2. La propuesta de la Comisión

2.1. Las modificaciones de las tres directivas relativas a la contratación pública 92/50/CEE (Servicios), 93/36/CEE (Suministros) y 93/37/CEE (Obras) son las mismas :

- se armonizan los umbrales con los del Acuerdo;

- se prohíbe el asesoramiento en la elaboración de las especificaciones técnicas cuando ello tenga como efecto impedir la competencia;

- se obliga a comunicar las ventajas de la oferta ganadora, a no ser que existan razones legítimas para no divulgar este tipo de información;

- se solicita a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión más información estadística sobre los contratos;

- se establece que las oportunidades de acceso a los contratos públicos para las empresas, productos y servicios de los Estados miembros sean al menos tan favorables como las previstas en el Acuerdo para las empresas, productos y servicios de los terceros países signatarios del Acuerdo.

2.2. Las modificaciones de la Directiva 93/38/CEE (Directiva de los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones) son en lo fundamental similares a las restantes, con un añadido :

- se establece que el acceso a los sistemas de clasificación podrá efectuarse en cualquier momento.

3. Observaciones generales

3.1. En su Decisión 94/800/CE (), el Consejo dio su aprobación al Acuerdo de contratación pública, lo cual sitúa al Comité ante un « hecho consumado ». Por lo tanto, las observaciones que formula tienen un alcance limitado.

3.2. El Comité ha apoyado en todo momento a la Comisión en su empeño por conseguir la liberalización del mercado de contratos públicos dentro de la Unión Europea. El Comité considera que la apertura del hasta ahora « mercado reservado » constituye un rasgo esencial de un verdadero mercado interior que funcione con eficacia.

3.3. El Comité comparte el interés de la Comisión por que las empresas comunitarias no se vean perjudicadas frente a las de terceros países signatarios del Acuerdo.

3.4. El Comité reconoce, en consecuencia, que es necesario armonizar las disposiciones de las directivas existentes con las del Acuerdo.

3.5. No obstante, aunque aprueba en general la propuesta de la Comisión, expresa sus reservas sobre determinados aspectos, que se analizan de forma detallada en las « Observaciones específicas » (punto 4).

3.5.1. La principal objeción se refiere a una serie de cambios propuestos por la Comisión que no se exigen en el Acuerdo y que, a juicio del Comité, no simplifican ni mejoran el funcionamiento de las directivas existentes. El Comité tiene entendido que la Comisión revisará todas las directivas sobre contratación pública en un plazo de cuatro años. Por consiguiente, sería lógico terminar la revisión -para la que, presumiblemente, se consultará a todas las partes- antes de efectuar cambios que el Acuerdo legalmente no exige, a fin de evitar un trabajo innecesario.

3.6. El Comité no cree que los costes adicionales o las cargas administrativas se vayan a ver compensados por los beneficios resultantes de mejorar la transparencia y aumentar la competencia en lo que respecta, por ejemplo, a las propuestas de reducir los umbrales o de aumentar la información estadística.

3.6.1. El Comité considera que cualquier aumento de los costes repercutirá en último término en el consumidor o el contribuyente.

4. Observaciones específicas

4.1. Umbrales ()

El umbral para las administraciones centrales se ha reducido sustancialmente de 200 000 a 128 000 ecus, y se armoniza con el de los suministros. Cabe señalar que la propuesta aplica el umbral mínimo a todos los servicios, incluidos los de investigación y desarrollo y los de la parte B, que el Acuerdo no cubre. Una cuestión fundamental que se plantea es si los beneficios que reportará el tener un único umbral compensarán los costes suplementarios que éste entraña (véase punto 4.6)

4.2. Información a los candidatos o licitadores eliminados ()

4.2.1. La propuesta de modificación de las Directivas 93/36 y 93/38 prevé que las entidades contratantes deben comunicar « las características y ventajas que presentaba la oferta seleccionada » a los candidatos que lo hayan solicitado por escrito. La cuestión es si esta información adicional proporcionará beneficios añadidos y si es acorde con el ejercicio de unas prácticas comerciales correctas. Muchas organizaciones tienen por costumbre informar con posterioridad a los licitadores considerando que, por haber asumido el riesgo y los costes de presentar una oferta, tienen una obligación con ellos y, lo que es importante, que les resultará beneficioso para prepararse a la siguiente licitación en la que participen. Las prácticas comerciales correctas indican que a menudo esto se hace (preferiblemente) de manera oral y en un clima de franqueza. El requisito de informar por escrito puede dar lugar a que se produzcan respuestas más precavidas y al riesgo de litigios, lo cual no es deseable ni para las entidades contratantes ni para los proveedores.

4.2.2. El Acuerdo exige que a los candidatos o licitadores eliminados que soliciten información deberán obtener respuesta en breve plazo. La propuesta de la Comisión sustituye estos términos por « en el plazo de 15 días » con el fin de armonizar esta disposición de la Directiva 93/38/CEE con las restantes directivas. El Comité considera que el texto del Acuerdo es más claro y fácil de aplicar.

4.3. Asesoramiento en la elaboración de las especificaciones técnicas ()

La lógica que subyace a este artículo es comprensible, ya que no sería adecuado que una parte interesada pudiera influir en la elaboración de una especificación hasta el punto de impedir una verdadera competencia. No obstante, es necesario adoptar un enfoque flexible, ya que la rigidez en la aplicación de esta norma podría impedir cualquier debate técnico serio entre compradores y proveedores. En los mercados especializados en particular, los proveedores que se hallan en situación de contribuir a elaborar especificaciones suelen ser también los que tienen intereses comerciales en una adjudicación. Las consecuencias, poco deseables, de esto son que, o bien se reduce la competencia en las adjudicaciones específicas al quedar excluidos algunos proveedores potenciales, o bien otros se mostrarán remisos a debatir los aspectos técnicos en la fase de especificación para evitar ser excluidos en una fase posterior.

4.4. Condiciones para la presentación de ofertas ()

El Acuerdo prevé que, en los casos en que esté permitido presentar la licitación por télex, telegrama o fax, ésta sea confirmada inmediatamente después por carta o mediante envío de una copia firmada del télex, telegrama o fax. La Comisión va más lejos de lo que exige en el Acuerdo; el Comité considera que el texto del Acuerdo es más claro y debe quedar recogido en todas las propuestas de la Comisión.

4.5. Obligaciones de índole estadística ()

La propuesta de endurecer los requisitos impuestos a las entidades contratantes para que proporcionen información estadística sobre los contratos adjudicados, debe rechazarse, al menos en lo que respecta a las entidades contratantes privadas de los sectores incluidos en la Directiva 93/38, ya que el Acuerdo no rige para ellas. El Acuerdo no prevé ampliar la información estadística más allá de la que puede obtener la Comisión a través de la publicación de los anuncios de adjudicación de contratos. El Comité señala asimismo que parece exigirse a los poderes adjudicadores sujetos a la Directiva 92/50/CEE que proporcionen estadísticas sobre los servicios incluidos en el Anexo I B y sobre los servicios de I+D cuando su importe sea superior al umbral. No parece que esta carga adicional mejore mucho la eficacia del sistema, por lo que debería suprimirse.

4.6. Ampliación de la Comisión a sectores no cubiertos por el Acuerdo/OMC

Los servicios de telecomunicaciones, investigación y desarrollo, transporte por ferrocarril no urbano, industrias de extracción de gas y petróleo no deberían incluirse en las directivas, ya que el Acuerdo no lo exige.

Debe rechazarse la modificación de la Directiva 93/38 para incluir otras empresas que no sean públicas (con arreglo a los términos del Acuerdo) en relación con sectores cuyas actividades disfrutan de « derechos especiales o exclusivos ». La directiva comunitaria se aplica a todos los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones en Europa, al margen de que las entidades sean públicas o privadas, pero el Acuerdo cubre sólo las entidades públicas. Por definición, ello no requiere un mismo grado de apertura de mercado y carece de justificación.

4.7. Adjudicación de contratos sin convocatoria de licitación en el caso de contratos adicionales dentro de la Directiva 93/38/CEE (Directiva de los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones) ()

Las disposiciones del Acuerdo sólo rigen para los servicios de construcción adicional, para las obras o servicios adicionales no incluidos en el proyecto inicialmente adjudicado o ya terminado, pero que, debido a circunstancias imprevistas, resultan necesarios para la ejecución del contrato. No obstante, la propuesta de la Comisión aplica el límite máximo del 50 % del importe tanto para las obras adicionales como para los servicios adicionales. El Comité considera que esto no es aceptable, puesto que el Acuerdo no lo exige y no está en consonancia con los requisitos prácticos.

4.8. Modificaciones de los anexos ()

4.8.1. El Anexo XIII (I y II) se refiere a los anuncios de un sistema de clasificación. La Directiva actual incluye un formato sencillo y claro para la publicación de estos anuncios. No obstante, la Comisión ha complicado las cosas creando dos tipos distintos. Unos se utilizan como medio de convocatoria de licitación y otros no. En el caso de los primeros, se prevén informaciones adicionales que normalmente constituyen un requisito en los anuncios de adjudicación convencionales, pero que no son apropiadas para los sistemas de clasificación. El Comité considera que los anexos actuales no deben modificarse.

4.8.2. En el apartado 2 del artículo 24, la propuesta de la Comisión requiere que el anuncio sobre contratos adjudicados incluya el precio pagado como información obligatoria (punto 11 del apartado 1 del Anexo XV). En la actualidad esta información es facultativa y, en la práctica, puede no divulgarse por motivos de sensibilidad comercial, tal como se establece en el apartado 4 del artículo 18 del Acuerdo. El Comité considera que la propuesta de la Comisión debería haberse ajustado a esta disposición del Acuerdo.

5. Conclusiones

5.1. En el presente dictamen, el Comité se limita a comentar las modificaciones propuestas, evitando deliberadamente analizar el contenido de las directivas.

5.2. Sabiendo que las directivas van a ser próximamente objeto de una revisión cuatrienal, el Comité expresará entonces su opinión basándose en las conclusiones extraídas de su aplicación y previa consulta a las partes interesadas. En dicha revisión deberá prestarse la debida atención a los aspectos sociales afectados por la aplicación de estas directivas.

5.3. El Comité quiere aprovechar esta oportunidad para subrayar la importancia que reviste para el buen funcionamiento del mercado interior la incorporación urgente de las directivas de contratación pública al derecho nacional de todos los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 5 de julio de 1995.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° C 138 de 3. 6. 1995, p. 1-49.

() Government Procurement Agreement (GPA), en adelante llamado « el Acuerdo ».

() DO n° L 336 del 23. 12. 1994.

() Punto 1 del doc. COM(95) 107 - Artículo 7 (1) de la Directiva 92/50.

() Punto 3 del doc. COM(95) 107 - Artículo 12 (1) de la Directiva 92/50.

Punto 2 del doc. COM(95) 107 - Artículo 7 (1) de la Directiva 93/36.

Punto 2 del doc. COM(95) 107 - Artículo 8 (1) de la Directiva 93/37.

Punto 18 del doc. COM(95) 107 - Artículo 41 (1) de la Directiva 93/38.

() Punto 5 del doc. COM(95) 107 - Artículo 14 (7) de la Directiva 92/50.

Punto 3 del doc. COM(95) 107 - Artículo 8 (7) de la Directiva 93/36.

Punto 3 del doc. COM(95) 107 - Artículo 10 (7) de la Directiva 93/37.

Punto 5 del doc. COM(95) 107 - Artículo 18 (9) de la Directiva 93/38.

() Punto 8 del doc. COM(95) 107 - Artículo 23 de la Directiva 92/50.

Punto 6 del doc. COM(95) 107 - Artículo 15 de la Directiva 93/36.

Punto 6 del doc. COM(95) 107 - Artículo 18 de la Directiva 93/37.

Punto 30 del doc. COM(95) 107 - Artículo 28 (6) de la Directiva 93/38.

() Punto 10 del doc. COM(95) 107 - Artículo 39 de la Directiva 92/50.

Punto 8 del doc. COM(95) 107 - Artículo 31 de la Directiva 93/36.

Punto 3 del doc. COM(95) 107 - Artículo 34 de la Directiva 93/37.

Punto 19 del doc. COM(95) 107 - Artículo 42 de la Directiva 93/38.

() Punto 6 del doc. COM(95) 107 - Artículo 30 (9) de la Directiva 93/38.

() Punto 22 del doc. COM(95) 107 - Artículo 30 (9) de la Directiva 93/38.

Punto 22 del doc. COM(95) 107 - Artículo 24 (1) de la Directiva 93/38.