ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
33.

Subraya que la inestabilidad y la inseguridad física son causas destacadas del desplazamiento forzoso y, por lo tanto, apoya un enfoque sensible al conflicto en la aplicación del Fondo que priorizaría la prevención de conflictos, la construcción del Estado, la buena gobernanza y la promoción del Estado de Derecho; considera que el Fondo Fiduciario de la UE para África es una gran oportunidad para que la Unión refuerce su cooperación y diálogo político con sus socios africanos, en particular en lo que se refiere a la aplicación efectiva de los acuerdos de devolución y readmisión, y al refuerzo de las estrategias comunes sobre la gestión de los flujos migratorios; destaca la necesidad de compartir las responsabilidades entre la Unión y sus socios africanos, en consonancia con las conclusiones de la Cumbre de la Valeta de noviembre de 2015; considera, no obstante, que la ayuda al desarrollo no debería utilizarse para frenar los flujos de migrantes y solicitantes de asilo, y que los proyectos que abarca el Fondo Fiduciario de la UE para África no deberían servir como pretexto para impedir su salida o reforzar las fronteras entre los países, ignorando los motivos que llevan a las personas a huir de sus hogares; manifiesta su gran preocupación por la repercusión que pueda tener el Fondo Fiduciario de la UE para África en los derechos humanos, si la contención de los flujos migratorios implica cooperar con países que cometen violaciones sistemáticas y/o graves de los derechos fundamentales; pide a la Comisión que garantice que el Fondo cumple su propósito de ayudar directamente a los que lo necesitan y que no financia a gobiernos responsables de violaciones de los derechos humanos; pide que los proyectos financiados por la Unión refuercen el respeto de los derechos humanos de los migrantes;
25.

Acoge con satisfacción la entrada en vigor del nuevo sistema de preferencias generalizadas (SPG) (Reglamento (UE) n.o 978/2012) el 1 de enero de 2014 y la publicación del primer informe de seguimiento del SPG para el período 2014-2015; considera que la política comercial debe servir para promover unas normas sociales y medioambientales más exigentes entre los países socios de la Unión y pide, por consiguiente, a la Comisión que aplique las siguientes medidas correctoras: a) que clarifique, mediante la adopción de un acto delegado o en la futura revisión del Reglamento (UE) n.o 978/2012, las definiciones de «falta grave a la obligación de aplicar efectivamente» un convenio internacional y de «incumplimiento grave y sistemático de los principios» contenidos en un convenio internacional; b) que pida la opinión de todos los órganos de seguimiento pertinentes a fin de evaluar mejor el cumplimiento de los convenios internacionales a que se refiere el Reglamento SPG; en particular, pide que la Comisión centre su evaluación en las opiniones expresadas por Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en relación con la concesión y la suspensión de las preferencias comerciales con arreglo al Reglamento SPG; c) que mejore, en el marco de la futura revisión del Reglamento (UE) n.o 978/2012, el seguimiento de los compromisos contraídos por parte de los países beneficiarios; los interlocutores sociales y las OSC deben desempeñar un papel oficial en el proceso de seguimiento de los sistemas SPG y SPG+, en particular mediante un procedimiento para oír y atender a las preocupaciones dirigidas a la Comisión; d) que incluya asimismo la RSE en la revisión del Reglamento SPG, tal como se pedía en 2010, para garantizar que las empresas transnacionales cumplan las obligaciones legales nacionales e internacionales en el ámbito de los derechos humanos, las normas de trabajo y las normas ambientales; e) que supervise y evalúe los avances en la aplicación y la eficacia de la iniciativa «Todo menos armas» (TMA) y los mecanismos estándar SPG y que informe al Parlamento Europeo al respecto;
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Visto el estudio elaborado en 2014 por el Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión — Agricultura y desarrollo rural, titulado «Precision agriculture: An opportunity for EU farmers — potential support with the CAP 2014-2020» (Agricultura de precisión: una oportunidad para los agricultores de la Unión: posibilidades de apoyo en el marco de la PAC 2014-2020),
A.

Considerando que, si bien aún no se ha establecido una definición de aplicación universal, pero que a veces se hace referencia a las monedas virtuales como efectivo digital, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) entiende las monedas virtuales como una representación digital de valor no emitida por un banco central ni por una autoridad pública, ni necesariamente asociada a una moneda fiduciaria, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos; que las monedas virtuales se basan fundamentalmente en la tecnología de registros distribuidos (TRD), la base tecnológica para más de 600 sistemas de moneda virtual (18) que facilitan los intercambios entre homólogos, y que la más destacada de ellas es por ahora el bitcoin; que, si bien fue emitida por primera vez en 2009 y actualmente su cuota de mercado entre las monedas virtuales basadas en la TDR asciende a casi el 90 %, y el valor de mercado de los bitcoins en circulación es de unos 5 000 millones de euros (19), aún no ha alcanzado dimensiones sistémicas;
6.

Reconoce el importante papel que la Unión ha desempeñado a la hora de asegurar una gestión sostenible de los recursos marinos vivos, en particular en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); destaca que, por su propia naturaleza, la pesca INDNR amenaza la biodiversidad marina y pone en serio peligro la preservación de los ecosistemas marinos; recuerda que la Unión ha hecho de la lucha contra la pesca INDNR una prioridad, y que la cooperación internacional es primordial para tener éxito en ella; anima a la FAO y a las OROP a intensificar sus esfuerzos para mejorar la cooperación multilateral;
9.

Observa que la agricultura es un sector muy sensible y que para un resultado equilibrado en los capítulos de agricultura y pesca deben tomarse debidamente en consideración los intereses de todos los productores europeos, a saber, los productores de carne, productos lácteos, azúcar, cereales y productos textiles, incluidos los de las regiones ultraperiféricas, por ejemplo, mediante la introducción de periodos transitorios o de contingentes adecuados, o no asumiendo compromisos en los sectores más sensibles; considera que solo así se podrá estimular la competitividad y aportar beneficios tanto a consumidores como a productores; pide que se incluyan medidas bilaterales de salvaguardia efectivas con el fin de impedir un aumento excesivo de las importaciones que suponga o pueda suponer perjuicios graves para los productores, y que se apliquen medidas específicas de protección de los productos sensibles de las regiones ultraperiféricas, en particular la exclusión de los azúcares especiales;
26.

Es consciente de la importancia que tienen los aprendizajes formal, no formal e informal, y también el voluntariado, en un impulso del desarrollo de la personalidad centrado en las capacidades y competencias cognitivas y no cognitivas, el pensamiento crítico, la capacidad de abordar distintas opiniones, la alfabetización mediática, la lucha contra la discriminación, las aptitudes y competencias interculturales y el aprendizaje de lenguas, así como las competencias sociales y cívicas, en particular, el aprendizaje en materia de patrimonio cultural como un instrumento para afrontar los desafíos contemporáneos a través de una interpretación sensible;
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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Gender in Humanitarian Aid: Different Needs, Adapted Assistance» (SWD(2013)0290) (16),
A.

Considerando que, según las Naciones Unidas, mil millones de niños viven en zonas afectadas por conflictos, de los que una cuarta parte tiene menos de cinco años y a quienes se les niega su derecho fundamental a la educación; que unos 65 millones de niños de entre tres y quince años se ven afectados en grado sumo por situaciones de emergencia y crisis prolongadas y corren el riesgo de que su educación se vea perturbada, y que, en los países afectados por crisis, aproximadamente 37 millones de niños en edad de cursar enseñanza primaria y secundaria no están escolarizados; que alrededor de la mitad de los niños no escolarizados del mundo vive en zonas afectadas por conflictos; que el conflicto afecta al 87 % de los niños no escolarizados de los Estados árabes y que se calcula que cada año pueden padecer catástrofes naturales 175 millones de niños; considerando que hay determinados grupos, como los niños pobres, las niñas y los niños con discapacidad, cuyas perspectivas de futuro, ya de por sí poco halagüeñas, empeoran aún más en dichas zonas o en contextos de fragilidad;
4.

Observa que la falta de mujeres en la ciencia y la investigación ha dado lugar a una visión masculina predeterminada en I+D, y señala en particular que: a) no hay maniquíes femeninos para la simulación de accidentes; b) la investigación médica se suele llevar a cabo con sujetos masculinos; c) las dosis de radiación se basan en cálculos del índice de absorción en varones de mediana edad, y d) en la mayoría de los libros de anatomía, las imágenes que aparecen son del cuerpo masculino;
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Vistas las siguientes observaciones generales del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño: no 7 (2005) sobre el ejercicio de los derechos del niño en la primera infancia, no 9 (2006) sobre los derechos de los niños con discapacidad, no 10 (2007) sobre los derechos del niño en la justicia de menores, no 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado, no 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia y no 14 (2013) sobre el derecho del niño a que se tenga en cuenta como consideración principal su interés superior,
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Visto el tercer informe de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, titulado «Challenges for European film heritage from the analogue and the digital era» (SWD(2012)0431) sobre la aplicación de la Recomendación 2005/865/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, relativa al patrimonio cinematográfico y la competitividad de las actividades industriales relacionadas,
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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Irak, Siria, Libia y Egipto, en particular la de 10 de octubre de 2013 sobre los recientes casos de violencia y persecución contra cristianos, especialmente en Maaloula (Siria) y Peshawar (Pakistán), y el caso del pastor Said Abedini (Irán) (1), la de 18 de septiembre de 2014 sobre la situación en Irak y Siria y ofensiva del EI/Daesh, incluida la persecución de minorías (2), y la de 12 de febrero de 2015 sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del EI/Daesh (3),
10.

Reitera la vital importancia de los centros de rehabilitación para las víctimas de tortura, tanto dentro como fuera de la UE, a la hora de abordar no solo los problemas físicos sino también los problemas psicológicos a largo plazo de las víctimas de tortura; acoge con satisfacción la ayuda financiera que la Unión Europea concede a los centros de rehabilitación para las víctimas de la tortura en todo el mundo y sugiere a dichos centros que adopten un enfoque multidisciplinar que incluya seguimiento psicológico, acceso a tratamientos médicos y apoyo social y jurídico; sigue convencido de que la financiación de estos centros en terceros países por parte dela Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) no debe recortarse ni siquiera ante la actual crisis financiera y económica, dado que a menudo los sistemas nacionales de salud de estos países no pueden abordar adecuadamente los problemas específicos de las víctimas de tortura;
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Visto el informe titulado «Headed for 9 billion — Can Europe afford to miss the potential of GM crops» («Hacia los 9 000 millones — ¿Puede Europa permitirse renunciar al potencial que presentan los cultivos transgénicos?») de Ivar Virgin/Stockholm Environment Institute, Timbro, abril de 2013;
9.

Subraya que la UE no debe establecer normas en materia de responsabilidad que se solapen o sean contradictorias; señala que en la mayoría de los Estados miembros existe algún tipo de sistema basado en seguros en caso de riadas y otros daños causados por las catástrofes naturales; observa que el sistema puede completarse con fondos estatales para compensar aquellos bienes que no puedan asegurarse de forma privada, y que dichos fondos pueden compensar también las reclamaciones que excedan los importes máximos o los daños excepcionalmente graves; opina, asimismo, que un Estado miembro puede colaborar en las indemnizaciones por daños ofreciendo una cobertura de reaseguro; estima, no obstante, que estos sistemas difieren en muchos aspectos y no sería prudente ni necesario unificarlos;
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Vistos el trabajo realizado por Thomas Hammarberg como asesor especial de la UE sobre reforma constitucional y jurídica y derechos humanos en Georgia y su informe titulado «Georgia in Transition. Report on the human rights dimension: background, steps taken and remaining challenges» (Georgia en transición. Informe sobre la dimensión de los derechos humanos: antecedentes, medidas adoptadas y retos pendientes), de septiembre de 2013, y las recomendaciones que contiene, y el informe de 10 de julio de 2014 sobre la misión de seguimiento,
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Visto el estudio publicado por el Departamento Temático de la Dirección General de Políticas Interiores, titulado «State aid — Crisis rules for the financial sector and the real economy», de junio de 2011,
34.

Observa que los datos disponibles sobre Níger, Burkina Faso y Mali muestran que las técnicas agroecológicas de bajo coste, y en particular la explotación agroforestal y la conservación del suelo y el agua, han mejorado la resiliencia de los pequeños agricultores ante la inseguridad alimentaria; destaca, no obstante, que la agricultura agroecológica por sí sola no puede poner fin a las causas estructurales de la inseguridad alimentaria; pide que se incorporen componentes no agrícolas a las intervenciones agrícolas, y que se garantice que los programas agrícolas incluyan como objetivo explícito la mejora de la nutrición; pide, además, que se garantice que las agricultoras también se beneficien de los programas, velando por que en la concepción de los programas agrícolas se tengan presentes los obstáculos creados por la desigualdad de género (como el acceso a la tierra, los créditos, los servicios de extensión agraria y los insumos);
30.

Hace hincapié en que el uso de servicios en la nube por parte de los poderes públicos, incluidos los cuerpos de seguridad y las instituciones de la UE, requiere una especial atención y coordinación entre los Estados miembros; recuerda que debe garantizarse la seguridad e integridad de los datos y evitarse todo acceso no autorizado, incluido el de los gobiernos extranjeros y sus servicios de inteligencia, no cubierto por la legislación de la Unión o un Estado miembro; subraya que lo mismo es aplicable a las actividades de tratamiento de datos específicas de ciertos servicios básicos no gubernamentales, en particular el tratamiento de categorías específicas de datos personales, como el de los bancos, aseguradoras, centros de enseñanza y hospitales; destaca, además, que lo anterior es especialmente importante si se transfieren datos entre diferentes jurisdicciones (fuera de la Unión Europea); considera, por consiguiente, que tanto las autoridades públicas como los servicios no públicos y el sector privado deben recurrir en la medida de lo posible a los proveedores de servicios en la nube de la UE cuando traten datos e información sensibles hasta que se hayan establecido a escala mundial normas satisfactorias en materia de protección de datos que garanticen la seguridad de datos sensibles y de las bases de datos mantenidas por las entidades públicas;
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Visto el estudio titulado «Data for the evaluation of the European semester process from a gender equality perspective» (datos para la evaluación del proceso del Semestre Europeo desde la perspectiva de la igualdad de género) de 2012 (11),
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Visto el Reglamento (CE) no 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) no 1626/94 (1) y sucesivas modificaciones («Reglamento sobre el Mediterráneo»),
13.

Considera que hay distintos enfoques nacionales para evaluar los efectos de los impactos de aeronaves en la seguridad de las centrales; señala que los impactos de aeronaves no se han considerado explícitamente sucesos desencadenantes en las evaluaciones de seguridad y que solo sus efectos han sido descritos por las especificaciones de las pruebas de resistencia; lamenta, no obstante, que solo cuatro Estados miembros hayan incluido dichas evaluaciones en sus informes sobre las pruebas de resistencia; señala, no obstante, que las especificaciones de las pruebas de resistencia establecen que la evaluación de las consecuencias de la pérdida de funciones de seguridad también es pertinente si la situación está provocada por sucesos detonantes indirectos como, por ejemplo, un accidente aéreo; señala asimismo que, puesto que este riesgo entra en gran medida dentro del ámbito de competencias de la seguridad nacional de los Estados miembros, y por lo tanto de su soberanía, se encargó a un grupo ad hoc de seguridad nuclear (Ad-Hoc Group on Nuclear Security, AHGNS) que estudiase el asunto e hiciese públicas sus conclusiones; es consciente de que están previstos más intercambios entre Estados miembros en esta materia en los foros pertinentes, tales como la Asociación de Reguladores Europeos de Seguridad Nuclear (ENSRA); pide a todas las partes interesadas, incluidos los Estados miembros, a la Comisión, al ENSREG, a la ENRA y a los operadores de las centrales nucleares que colaboren para anticipar y acordar un enfoque común en relación con el riesgo de impacto de aeronaves, reconociendo asimismo que dicho riesgo entra dentro del ámbito de la seguridad nacional y de la soberanía de los Estados miembros;
40.

Aplaude la ambición de la Comisión en relación con la salud en línea, que pasa a ser un aspecto significativo y sustancial de los futuros sistemas de atención y tratamiento; reconoce, no obstante, que las soluciones relacionadas con la salud en línea, si bien son beneficiosas, puede que no mejoren de forma significativa la salud de las personas si sustituyen al contacto humano, en lugar de estar integradas en una interacción presencial entre pacientes y profesionales de la salud; considera que la tecnología relacionada con la salud en línea no debe mermar la relación de confianza entre las personas mayores y los profesionales de la salud;
W.

Considerando que el aumento del gasto en materia sanitaria y de pensiones podría tener consecuencias importantes para la sostenibilidad y la cobertura de los regímenes de protección social; considerando que las mutualidades promueven valores esenciales del Estado del bienestar, como la solidaridad, la no discriminación, el acceso igualitario y la alta calidad de los servicios sociales en el sector privado; considerando que el aumento del peso de la contribución de las mutualidades a la economía social de mercado europea no debe llevarse a cabo en detrimento de la acción de los Estados miembros en materia de protección social; considerando, no obstante, que la protección social voluntaria no debe sustituir a la seguridad social obligatoria; considerando que debe respetarse la diversidad de sistemas de protección social que, en ocasiones, recae plenamente en el Estado, otras en las mutualidades o de manera compartida entre ambos; considerando que el Estatuto de la mutualidad europea es fundamental pero no debe servir para paliar las carencias de los Estados miembros en materia de protección social;
34.

Insta a la Unión Europea y a los Estados miembros de la UE a que se opongan a las propuestas siguientes: — el cambio propuesto en la Declaración de Visión Estratégica de la CITES, que pide que la CITES contribuya a los otros objetivos aprobados a escala mundial en vez de al objetivo actual «de contribuir a frenar de forma significativa la pérdida de biodiversidad»; — la cesión o venta de muestras ilegalmente comercializadas y confiscadas de las especies de los Apéndices I, II y III, a propuesta de Indonesia; — el traslado de tres especies de cocodrilos (Crocodylus acutus, C. porosus, y C. siamensis) del Apéndice I al Apéndice II de la CITES, a propuesta de Colombia y Tailandia; — el traslado del urogallo grande de Attwater (Tympanuchus cupido attwateri) del Apéndice I al Apéndice II, a petición del Comité de Fauna porque, aunque el último cargamento ilegal incautado se produjo en 1998, las poblaciones salvajes de estas subespecies en 2012 se han reducido en un 58 % a solo 46 aves en estado salvaje; — la supresión del gallo de Sonnerat (Gallus sonnerati) y del faisán de sangre (Ithaginis cruentus) del Apéndice II, a petición del Comité de Fauna, ya que las poblaciones salvajes de ambas especies se encuentran en un descenso gradual, el mercado internacional de gallos de Sonnerat como animales de compañía es considerable, algunas de las subespecies de Ithaginis cruentus se distribuyen dentro de un rango estrecho con una población muy limitada y China como Estado del área se opuso a la supresión de faisanes de sangre; — la supresión del pito imperial (Campephilusimperialis) del Apéndice I porque, aunque esta especie se considera en «posible peligro de extinción», se llevan a cabo con regularidad informes puntuales de avistamiento; — la supresión de las ranas de Australia (Rheobatrachussilus y Rheobatrachusvitellinus) del Apéndice II de la CITES, a propuesta de Australia, porque estas especies posiblemente aún no se haya extinguido y actualmente se llevan a cabo estudios de campo para encontrar las poblaciones que quedan.
12.

Hace hincapié en la necesidad de coherencia y consistencia en todos los ámbitos políticos como condición esencial para una estrategia eficaz y verosímil en materia de derechos humanos y considera deplorable que no haya una referencia específica a estos principios en el Marco Estratégico; recuerda a la Comisión sus reiterados compromisos, tal como se establecen en su Comunicación de 2001 sobre un Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo (COM (2010)0171), en el sentido de adoptar medidas concretas para garantizar una mayor coherencia entre sus políticas internas y externas; recuerda que en 2001 se acordaron la plena participación del Parlamento y una mayor coordinación en este ámbito; recuerda a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que el respeto de los derechos fundamentales comienza en casa y que éste no debe darse por sentado, sino que debe ser continuamente evaluado y mejorado, de manera que la UE puede ser escuchada como una voz creíble en materia de derechos humanos en el mundo;
—

Vistas las contribuciones del Consejo de Europa, en particular los trabajos del antiguo Comisionado de los Derechos Humanos, Thomas Hammarberg, y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), así como las correspondientes resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en particular las tituladas «Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers of detainees involving Council of Europe member states» (6) y «Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: second report» (7), y el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria intitulado «Abuse of state secrecy and national security: obstacles to parliamentary and judicial scrutiny of human rights violations» (8),