Dictamen del Comité de las Regiones sobre "El impacto regional de la política agrícola y rural europea (una evaluación de la política)"

(2001/C 357/07)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de la Mesa de 13 de junio de 2000, de conformidad con el quinto apartado del artículo 265, de elaborar un dictamen sobre "El impacto regional de la política agrícola y rural europea (una evaluación de la política)" y de encargar su elaboración a la Comisión 2;

visto el proyecto de Dictamen (CDR 253/2000 rev. 4) aprobado el 20 de abril de 2001 por la Comisión 2 (ponentes: Sr. Endlein, Jefe de Distrito, Presidente de la Asociación Federal de Distritos Alemanes, Distrito de Northeim, D/PSE y Sr. Van Gelder, Comisario de la Reina para la provincia de Zelanda, NL/PPE);

visto el cuestionario que ha servido de base al presente dictamen y al que han respondido los miembros del Grupo de trabajo de la Comisión 2, compuesto de representantes de los quince Estados miembros (CDR 253/2000 rev. 4 an.),

en su 39o Pleno de los días 13 y 14 de junio de 2001 (sesión del 13 de junio) ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

Recomendaciones del Comité de las Regiones

1. En la formulación de la política debe prestarse atención, desde un principio y en todos los niveles, a la evaluación, y no sólo en lo que se refiere a determinar el momento y la manera de ejercer los controles, sino también, y sobre todo, en lo referente a qué indicadores utilizar.

2. A fin de no obtener una imagen distorsionada de los efectos de la política, conviene, por razones metodológicas, dar preferencia a una evaluación de tipo integral. Es decir, un enfoque en el que las autoridades afectadas evalúen el impacto de todas las políticas que afectan al desarrollo de espacios verdes y zonas rurales, con el fin de obtener una idea general de sus efectos, no sólo en la economía y el medio ambiente, sino también en la infraestructura social, cultural, paisajística y medioambiental. Esto supone recoger información cuantitativa sobre un número de variables mayor que en la actualidad.

3. En aplicación del principio de subsidiariedad, los Estados miembros, las administraciones locales y los centros de investigación que trabajan in situ podrán o deberán facilitar buena parte de la información, y ello con ayuda de un cuestionario integral y limitado.

4. Para que la información así obtenida sea agregable es necesario que sea unívoca, lo cual requiere una dirección firmemente centralizada en lo referente a la metodología de recogida de la información. Dicha dirección deberá situarse necesariamente a nivel europeo. Es de importancia capital que los Estados miembros y las demás autoridades afectadas por el tema de los espacios verdes y las zonas rurales presten su leal colaboración en la creación de un sistema de evaluación (permanente) de esta naturaleza. El Comité es plenamente consciente de que la puesta en marcha de un sistema de este tipo representa una tarea inmensa. No obstante, opina que es necesaria si se quiere evaluar correctamente la política.

5. Para lograr un sistema de evaluación de este tipo, basado en la complementariedad de las instituciones implicadas, hace falta -además del valioso impulso de los propios servicios de la Unión Europea- la existencia de consulta y concertación entre los distintos agentes, bajo la dirección central de la Unión Europea. Es aconsejable que, en la creación de un sistema de evaluación, la Unión Europea haga participar, mediante simposios, congresos y actividades similares, a todos los agentes.

6. Como es impensable crear en poco tiempo un sistema de este tipo u obtener en seguida datos utilizables, el Comité expresa su intención de realizar, tres años después de la publicación del presente Dictamen, un seguimiento de la actual encuesta y utilizar en ella la misma metodología. En dicho seguimiento también se incluiría el impacto del instrumento PDR (programas de desarrollo regional), por el momento demasiado reciente para evaluar su incidencia.

7. El Comité insta a todas las autoridades afectadas a que en los próximos años concedan prioridad a la preservación del patrimonio rural, en su calidad de elemento integrador de la agricultura multifuncional en el sentido del modelo agrario europeo, a las dificultades adicionales de los territorios insulares, al uso de la informática en las zonas rurales, las condiciones de vida de la población y de las familias de agricultores en dichas zonas y, en particular, a una mejora sostenible de las condiciones económicas y sociales, para que los jóvenes agricultores puedan explotar sus granjas de manera duradera.

8. El Comité, completando las recomendaciones 1 a 4, señala la conveniencia de prever sistemáticamente normas de evaluación al elaborar o revisar programas y planes de desarrollo de las zonas rurales. Asimismo, el Comité muestra la conveniencia de establecer una tipología de zonas rurales en toda la UE, de forma que se obtenga una clasificación más objetiva de estas zonas y, por tanto, una evaluación diferenciada de las mismas.

9. El Comité, además, recomienda que en la elaboración, aplicación, ejecución y evaluación de planes y programas se utilicen en mayor medida -o, en su caso, de mejor modo- los conocimientos técnicos específicos de que disponen las organizaciones no gubernamentales. Estos conocimientos técnicos específicos deberían ser fruto de la investigación, y la evaluación debería realizarse de forma científica.

10. El Comité, por último, se remite a la apreciación muy positiva manifestada casi unánimemente sobre los programas Leader, como pone de relieve su encuesta. En la prolongación de dichos programas, el Comité recomienda que se examine la posibilidad de ampliarlos, no sólo desde el punto de vista de su duración, sino también sobre todo en lo que a su campo de aplicación se refiere. Sugiere, además, que se examine hasta qué punto las experiencias positivas adquiridas con la metodología de tales programas se pueden trasladar a otros.

11. La ampliación de la UE requiere una política previsora para las regiones predominantemente rurales de las zonas fronterizas con los países candidatos a la adhesión. Ante todo, se deberán utilizar específicamente las posibilidades existentes en el marco de las políticas de la UE. A tal fin, y de conformidad con las iniciativas del Consejo, un programa específico de ayuda, por un tiempo limitado, para las regiones fronterizas constituirá un complemento necesario de las medidas destinadas a la consolidación económica y social sostenible de las regiones fronterizas.

Bruselas, 13 de junio de 2001.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jos Chabert