Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro /* COM/2011/0688 final - 2011/0309 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA Motivación y objetivos de la propuesta La exploración y producción de petróleo y de gas se realiza cada vez con mayor frecuencia mar adentro, incluso en entornos geográficos y geológicos complejos, tales como las aguas profundas. La escala y las características de los recientes accidentes de petróleo y de gas en alta mar[1] y «cuasi accidentes»[2] notificados en todo el mundo, incluida la Unión, exigen la adopción de medidas. Estos sucesos reflejan la disparidad entre la complejidad creciente de las operaciones y las deficiencias de las prácticas actuales de gestión de riesgos. Entre las propias empresas existen grandes diferencias en términos de seguridad y de actitudes en la materia. Por otra parte, estos incidentes han puesto de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan los reguladores para garantizar la supervisión adecuada de las actividades mar adentro, así como una falta de transparencia y de intercambio de datos en relación con el nivel de seguridad de la industria de extracción de hidrocarburos mar adentro. En Europa, la mayor parte del petróleo y del gas se produce en alta mar. Un accidente grave que se produjese en cualquiera de las instalaciones mar adentro de Europa daría lugar a cuantiosas pérdidas materiales, causaría daños al medio ambiente, a la economía y las comunidades locales y a la sociedad, y pondría en peligro las vidas y la salud de los trabajadores. Es necesario reducir la probabilidad de que se produzca un accidente grave en aguas de la Unión. Los estudios, las consultas con los agentes interesados y los análisis de riesgo realizados desde 2010 han permitido determinar que los principales problemas de la Unión son los siguientes: 1. El riesgo de que se produzca un accidente grave de petróleo o de gas mar adentro en aguas de la Unión es significativo y la fragmentada legislación actual y las diferentes prácticas regulatorias y de la industria no permiten reducir los riesgos de la Unión tanto como sería posible. 2. El marco reglamentario y las normas de funcionamiento existentes no garantizan la acción de emergencia más efectiva en caso de accidente en aguas de la Unión y la atribución de responsabilidades en relación con el saneamiento y los daños convencionales no está totalmente clara. Por consiguiente, los objetivos generales de la presente propuesta son i) reducir los riesgos de accidente grave en aguas de la Unión, y ii) limitar las consecuencias en caso de que, a pesar de todo, se produjera dicho accidente. Contexto general de la iniciativa reglamentaria El año pasado, la Comisión ya respondió al desastre del Golfo de México mediante un análisis de las deficiencias de las prácticas en alta mar y el marco legislativo de la Unión y la posterior Comunicación «Hacer frente al reto de la seguridad de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas alta mar»[3], adoptada en octubre de 2010. De esta forma, la Comisión proporcionó una primera indicación de los ámbitos de actuación posibles en la Unión. Existen diferencias considerables y una gran fragmentación en la legislación y en las prácticas de los Estados miembros en lo que referente a las actividades mar adentro (por ejemplo, en materia de otorgamiento de concesiones, las disposiciones en materia de responsabilidad, las normas de seguridad de los equipos, la transparencia en relación con el público y el intercambio de información). Esta situación refleja la ausencia casi total de instrumentos de Derecho internacional y las lagunas de la legislación pertinente de la Unión. Incluso si algunos Estados miembros cuentan con sistemas de regulación de las actividades mar adentro que son referencia a nivel mundial, todos son susceptibles de mejora. Es importante reconocer que el control de los riesgos de accidente grave en la industria petrolera mar adentro debe alcanzar un elevado nivel homogéneo de calidad en todo el territorio de la Unión. Sobre la base de un análisis de frecuencia de los resultados de la industria en Europa hasta la fecha y de los costes documentados de accidentes pasados, las pérdidas y los daños económicos anuales medios causados por los accidentes de petróleo y de gas mar adentro en la Unión se estiman entre 205 y 915 millones EUR. Esta gama se utiliza como base empírica para el riesgo de referencia en la evaluación de impacto. Se estima que los beneficios derivados para la Unión y los Estados miembros compensarían ampliamente los costes de establecer normas más rigurosas. La mayor parte de los costes adicionales serán sufragados por la industria, que será la beneficiaria de la reducción de riesgos. No obstante, la experiencia muestra la necesidad de contar con una reglamentación estricta y con criterios claros de responsabilidad a fin de instaurar un cambio de mentalidad en la industria que contribuya a la reducción de riesgos que el presente Reglamento desea conseguir. Los objetivos generales mencionados se desarrollan en cuatro objetivos específicos: 1. garantizar la aplicación coherente por la industria de las mejores prácticas para el control de los riesgos de accidente grave derivados de las operaciones mar adentro de la industria del petróleo y del gas que puedan afectar a las aguas y costas de la Unión; 2. aplicar las mejores prácticas reguladoras en todas las jurisdicciones europeas que lleven a cabo actividades de explotación de petróleo y de gas mar adentro; 3. reforzar la preparación y la capacidad de respuesta de la Unión ante casos de emergencia que puedan afectar a los ciudadanos, la economía o el medio ambiente de la Unión; 4. mejorar y clarificar las actuales disposiciones de la Unión en materia de responsabilidad y de indemnización. Se han elaborado medidas concretas sobre la base de las investigaciones y de las consultas con las partes interesadas efectuadas por la Comisión. Además, se han determinado varias opciones políticas que reagrupan las medidas en función de distintas combinaciones y formas de aplicación. Estas opciones políticas se presentan en el capítulo 2. Disposiciones de la Unión vigentes en el ámbito de la propuesta La Unión no tiene una legislación específica relativa a la explotación del petróleo y el gas mar adentro; no obstante, existe un acervo más amplio de la Unión que se aplica, con frecuencia solo parcialmente, al sector de las actividades mar adentro. La presente propuesta complementa principalmente las siguientes normas de la legislación de la Unión: i. Responsabilidad medioambiental. La Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental trata de la responsabilidad por daños al medio ambiente también en lo que respecta al petróleo y al gas mar adentro. El operador cuya actividad haya causado un daño medioambiental significativo a especies protegidas, hábitats naturales o aguas es objetivamente responsable de prevenir y reparar el daño y de sufragar todos los costes resultantes. La presente propuesta tiene por objeto ampliar el ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2004/35/CE, que actualmente cubre la franja costera y el mar territorial, con el fin de incluir también las aguas marinas bajo la jurisdicción de los Estados miembros. ii. Evaluación del impacto ambiental: La Directiva 85/337/CEE[4], modificada por las Directivas 97/11/CE[5], 2003/35/CE[6] y 2009/31/CE[7], relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, ha armonizado los principios de las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos estableciendo requisitos mínimos generales. Además, la Convención de Espoo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo, que forma parte del acervo medioambiental, es pertinente en lo que respecta a la evaluación de proyectos que puedan tener efectos transfronterizos. No obstante, su aplicación es discrecional en lo que respecta a ciertas operaciones de perforación. iii. Legislación sobre residuos: Directiva 2008/98/CE sobre residuos (Directiva marco de residuos). Esta Directiva se aplica plenamente a los vertidos de petróleo, como ha afirmado el Tribunal de Justicia de la UE. Así pues, las fugas de petróleo de una instalación mar adentro están incluidas en la definición de residuos de la normativa de la UE, que impone al que contamina la obligación de limpieza de los vertidos. iv. Seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo: - La Directiva 92/91/CEE (como complemento de la Directiva marco 89/391/CEE) es el principal instrumento legislativo de la Unión en relación con la protección de los trabajadores mar adentro y sus condiciones de trabajo. Esta propuesta refuerza el régimen de la Directiva 92/91/CEE para incluir, entre otras cosas, la evaluación medioambiental, la obligación de presentar al regulador la evaluación del riesgo para su consentimiento, el establecimiento de un sistema de notificación de las operaciones en un pozo y la necesidad de una comprobación independiente de los elementos críticos de control de riesgos. v. Accidentes graves: La Directiva Seveso (Directiva 96/82/CE) no se aplica al sector de las actividades mar adentro, pero algunos de sus elementos sirvieron como ejemplo de buenas prácticas en la elaboración de la presente propuesta. No obstante, la propuesta va más allá de Seveso, en particular al requerir el consentimiento del regulador para la evaluación de impacto, reforzar la comprobación de la capacidad técnica y financiera en las fases del otorgamiento de concesiones o al establecer disposiciones relativas a la evacuación y salvamento de los trabajadores. v. Concesión de autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos: La Directiva 94/22/CE constituye el marco jurídico principal para la concesión de autorizaciones de exploración y producción. Esta propuesta no modifica la Directiva en sí, pero refuerza las obligaciones de las autoridades competentes durante el proceso de concesión de autorizaciones con el fin de mejorar la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los solicitantes. vi. Respuesta de emergencia: La propuesta introduce nuevos requisitos relativos a la respuesta de emergencia, dirigidos a los Estados miembros y a la industria, que deberán completarse con las capacidades existentes tanto dentro como fuera de la Unión. El Mecanismo Comunitario de Protección Civil (Decisión del Consejo 2007/779/CE), el Centro de Control e Información (MIC)[8] y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)[9] son los principales instrumentos de la Unión para la respuesta de emergencia. Ya se han dado algunos pasos para ampliar la competencia de la AESM con objeto de cubrir también los accidentes ocurridos en las instalaciones mar adentro (más allá pues de su objetivo primero, que es la navegación marítima). Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión El presente Reglamento es coherente con la Estrategia Energía 2020[10], en particular con la Prioridad 3, en relación con un abastecimiento energético sostenible, seguro y competitivo en Europa. Además, el presente Reglamento es coherente con la legislación y política medioambiental de la Unión y sus intereses fundamentales, tales como la prevención de la contaminación, el control y los principios de «quien contamina paga» y de «cautela». Asimismo, es plenamente coherente con la política marítima, en particular con el objetivo de alcanzar de aquí a 2020 el buen estado ecológico del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina 2008/56/CE). 2. RESULTADOS DE LA CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS EN EL REGLAMENTO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS OPCIONES DE POLÍTICA Consulta de las partes interesadas Entre el 16 de marzo y el 20 de mayo de 2011 se llevó a cabo una consulta pública en línea con el fin de conocer las opiniones de las partes interesadas sobre la necesidad de actuación de la Unión en distintos ámbitos políticos. La Comisión recibió un total de 64 contribuciones, que representan más de 350 respuestas diferentes de las partes interesadas. Resumen de las respuestas y forma en que se han tenido en cuenta Los resultados de la consulta pusieron de manifiesto un amplio apoyo al refuerzo de las medidas de prevención y de respuesta en relación con los accidentes graves mar adentro, si bien los medios propuestos para alcanzar dicho objetivo variaban. Las autoridades nacionales de la región del Mar del Norte opinaron que los cambios aplicados a nivel de la Unión no deberían poner en cuestión sus enfoques reglamentarios actuales de fijación de objetivos, que la propuesta se propone efectivamente promover. Aunque reconoce la necesidad de mejoras en términos generales, la posición de la industria en relación con las modificaciones reglamentarias fue muy conservadora, mostrando una preferencia por los enfoques de fijación de objetivos y las iniciativas de la industria. Por otra lado, las ONG y las empresas especializadas (por ejemplo, las sociedades de clasificación) fueron quienes más insistieron en la necesidad de cambios a nivel de la Unión. Los aspectos principales derivados de la consulta son los siguientes: Autorizaciones Los concesionarios deben ser considerados responsables de todos los daños que causen. La mayor parte de las autoridades de reglamentación nacionales y la industria consideran adecuado el sistema de otorgamiento de concesiones y de permisos actualmente aplicado en algunos Estados miembros, pero opinan que la Unión debe colaborar con otros para mejorar el nivel de exigencia en la materia. Estiman que las decisiones de atribución de autorizaciones deben seguir siendo exclusivamente competencia del Estado miembro afectado; no obstante, se podría intercambiar información con Estados vecinos cuando exista un riesgo potencial de contaminación transfronteriza. Algunas empresas presentaron, a título individual, diversas recomendaciones (por ejemplo, armonizar y simplificar los procedimientos de autorización y separar, a nivel de las autoridades de reglamentación, las funciones de otorgamiento de concesiones y de la seguridad). Algunas ONG y representantes de los ciudadanos se manifestaron a favor de la obligación de consultar al Estado vecino o de obtener su consentimiento en caso de riesgo potencial de contaminación transfronteriza. El instrumento legislativo prevé una evaluación más rigurosa, y basada en el riesgo, de la capacidad técnica y financiera. Asimismo introduce, además del elemento de seguridad, un aspecto medioambiental en el control y prevención del riesgo de accidente grave. Prevención de accidentes La industria debe responder al desafío de mejorar en la prevención de accidentes graves, sin correr el riesgo de reducir el nivel de la prevención de accidentes en los Estados miembros que ya disponen de una estricta reglamentación de las actividades mar adentro. De manera general, la industria afirma que puede mejorar la situación mediante la autorregulación y las propias iniciativas. Las ONG y, en distintos grados, algunos reguladores opinan que la reglamentación actual debe reforzarse y ampliarse a fin de incluir todas las operaciones mar adentro en aguas de la Unión. Comprobación del cumplimiento y responsabilidad por daños Es esencial alcanzar un elevado nivel de cumplimiento de requisitos sólidos y razonables. A pesar de que la industria afirma que el cumplimiento es siempre una de las principales prioridades de las empresas, muchas partes interesadas señalan la acuciante necesidad de adoptar una cultura de la seguridad reforzada por parte de toda la industria. El Reglamento propuesto trata la cuestión del cumplimiento de las normas y del establecimiento de una cultura de la seguridad fiable y reforzada. Las ONG y algunas sociedades de clasificación propusieron la realización de inspecciones materiales más rigurosas. Los reguladores nacionales y los representantes de la industria se mostraron por lo general contrarios a esta sugerencia, alegando la potencial falta de recursos o el riesgo de desestabilizar los sistemas actuales. La sugerencia de exigir verificaciones independientes por terceras partes tuvo una cierta acogida, incluso entre los dos últimos grupos citados. La ampliación del ámbito de la responsabilidad medioambiental gozó de amplia aceptación entre las ONG, mientras que los reguladores y la industria no adoptaron una posición definida. Los representantes de la industria y las aseguradoras se manifestaron más bien en contra de cambios tales como el seguro obligatorio sin limitación de la responsabilidad a escala internacional, mientras que las ONG lo reclaman con determinación. Transparencia, intercambio de información y prácticas avanzadas Las ONG en primer lugar, pero también los representantes de la industria y los reguladores, señalaron que mejorar la transparencia permitiría a la industria y a las autoridades públicas demostrar que las actividades relativas a la explotación de petróleo y de gas mar adentro se gestionan y controlan adecuadamente. Todas las autoridades nacionales deberían colaborar estrechamente, basándose en el ejemplo del Foro de las autoridades competentes en materia de instalaciones marinas de los países del Mar del Norte (NSOAF) y en las reuniones informales del grupo UE-NSOAF. Respuesta de emergencia La respuesta de emergencia es responsabilidad en primera instancia del operador y del Estado miembro afectado, pero la efectividad y eficacia de la capacidad de respuesta de Europa ante los vertidos de petróleo puede reforzarse mediante la cooperación y el intercambio de experiencia y de otros medios. La AESM tiene un papel que jugar en materia de operaciones de limpieza si los Estados miembros afectados lo solicitan a través del Mecanismo Comunitario de Protección Civil. Actividades internacionales Las empresas establecidas en la Unión deberían esforzarse (y se espera que lo hagan) en aplicar las políticas expuestas en el presente Reglamento y en no bajar los niveles de exigencia cuando operen fuera de la Unión . Obtención y utilización de asesoramiento técnico El compromiso con las partes interesadas de la Unión e internacionales (industria de alta mar, ONG) y con los Estados miembros que representen, regulen o gestionen el sector de las actividades mar adentro comenzó en abril de 2010 y culminó en la Comunicación de octubre de 2010. A partir de esa fecha, se amplió el número de consultas con los interesados, tanto por escrito como a través de la celebración de reuniones. Además de la consulta pública, las autoridades nacionales de regulación/supervisión se han reunido en ocho ocasiones, bajo la égida conjunta de la Comisión y del NSOAF. La seguridad de las actividades mar adentro también se abordó en las reuniones del Grupo de trabajo del Foro de Berlín sobre Combustibles Fósiles Autóctonos[11]. Además, se han celebrado numerosas reuniones con asociaciones industriales nacionales e internacionales, empresas, ONG, empresas de auditoría independientes y aseguradoras. Por otra parte la Comisión ha participado con regularidad en iniciativas nacionales (Oil Spill Prevention and Response Advisory Group del Reino Unido) e internacionales (Grupo de trabajo GMEP del G-20). Estas reuniones se han mantenido hasta la actualidad. De forma similar, se han celebrado consultas regulares con otros servicios de la Comisión (p.ej, el JRC) con experiencia y conocimientos pertinentes y transferibles. Además, la Comisión contrató a dos expertos procedentes de autoridades nacionales de seguridad en alta mar. Las aportaciones de los expertos se han tenido plenamente en cuenta en la formulación del presente Reglamento. Opciones de actuación y evaluación de sus efectos De los objetivos generales y específicos descritos en el capítulo 1 se derivan distintas opciones políticas. Existen cuatro opciones políticas además de la opción de referencia consistente en dejar las cosas tal como están (opción 0). La opción 0 mantendría el status quo. Esta opción no tiene ningún coste adicional ni efectos respecto de los costes de referencia del orden de 205-915 millones EUR. La opción 1 («nivel de base en el Mar del Norte») corresponde al nivel de base de intervención significativa de la Unión. Introduce en la legislación de la Unión el Informe sobre los riesgos de accidente grave (IAG), que se basa en el documento sobre salud y seguridad exigido en la Directiva 92/91/CE, pero va más allá al exigir que el regulador lo apruebe antes de comenzar las operaciones. Con arreglo a esta opción, se establecería un sistema de inspecciones y sanciones como respaldo de las medidas descritas en el IAG. La aplicación de la opción 1 necesitaría un nuevo instrumento legislativo. Con arreglo a esta opción, los gastos de funcionamiento adicionales de la industria serían aproximadamente de 36 millones EUR anuales y se lograría una reducción del riesgo, expresada respecto de los costes de referencia, de aproximadamente entre 7 y 30 millones EUR anuales, lo que representa una reducción del 3 % de media respecto del riesgo de referencia. La opción 1+ («Mar del Norte +») va más allá al introducir directrices no vinculantes en relación con los siguientes aspectos: realizar un examen más estricto de la capacidad técnica de los candidatos a obtener concesiones en materia de petróleo y de gas mar adentro; hacer converger los planes de respuesta de emergencia nacionales; desarrollar elementos de respuesta nacionales compatibles a nivel nacional y en el seno de la industria y ponerlos a disposición de otros países en caso necesario; finalmente, aclarar el ámbito de aplicación de las disposiciones medioambientales relativas a la responsabilidad de los operadores (por ejemplo, aplicabilidad de la legislación sobre residuos) en lo que respecta a los accidentes resultantes de las actividades de petróleo y de gas mar adentro. La Unión propondría a las empresas localizadas en su territorio la celebración de acuerdos voluntarios sobre la utilización de las normas de la UE fuera de las aguas de la UE. Con arreglo a la opción 1+, los gastos de funcionamiento adicionales de los Estados miembros se elevarían aproximadamente a 3 millones EUR y los costes resultantes del cumplimiento le supondrían a la industria (acumulados con la opción 1) cerca de 52 millones EUR. El efecto acumulado de las opciones 1 y 1+ se sitúa entre 25 y 109 millones EUR anuales, lo que corresponde a una reducción del 12 % de media respecto del riesgo de referencia. La opción 2 («Mejores prácticas de la Unión») profundiza en las reformas de la opción 1+ a través de un paquete de medidas completo. Sería exigible la aplicación de las mejores prácticas reconocidas mundialmente en relación con el control de riesgo de accidentes graves y la evaluación de impacto ambiental se incluiría en el IAG. Además, las disposiciones destinadas a las autoridades nacionales competentes incluirían las mejores prácticas reguladoras y las normas organizativas exigidas. Esta evaluación global del riesgo para la seguridad y el medio ambiente integraría en la legislación la preparación ante las situaciones de emergencia y la gestión de los medios de respuesta. Se crearía a nivel de la Unión un grupo de autoridades de alta mar y se reforzarían mediante un reglamento las directivas sobre la concesión de autorizaciones y sobre la responsabilidad medioambiental. Con arreglo a la opción 2, los gastos de funcionamiento acumulados de la industria se situarían en torno a los 122 millones EUR (frente a 52 millones EUR) y entre 12 y 18 millones EUR (frente a 3 millones EUR) en el caso de los Estados miembros, a lo que hay que añadir costes administrativos únicos de aproximadamente entre 18 y 44 millones EUR. Los costes que supondría a la Comisión el establecimiento y funcionamiento del Grupo de Autoridades de Alta Mar de la UE ascenderían aproximadamente a 1 millón EUR. Las medidas adicionales reducen los costes respecto del riesgo de referencia entre 103 y 455 millones EUR anuales, lo que representa una reducción del 50 % del riesgo de referencia. La opción 3 («Agencia de la UE») refuerza aún más los efectos de la opción 2, a través de la creación de una agencia de la Unión encargada de institucionalizar y, por ende, de consolidar las reformas alcanzadas por la opción 2. La agencia se encargaría de efectuar inspecciones e investigaciones, de controlar y garantizar la coherencia de las acciones realizadas, de mejorar la capacidad de intervención y de contribuir a la creación de capacidades en terceros países vecinos. Con arreglo a la opción 3, los costes operativos anuales acumulados de la Comisión se elevarían a unos 35 millones EUR anuales (frente a 1 millón EUR) y a unos costes únicos de puesta en marcha de 18 a 44 millones EUR, más 10 millones EUR para la adquisición de medios de repuesta esenciales. No habría costes adicionales para la industria. En el cuadro 1 se presenta una comparación de las opciones en función de las distintas medidas. Nº || Medida || Opción 0 || Opción 1 || Opción 1+ || Opción 2 || Opción 3 1 || Comprobación detallada de la capacidad técnica del operador potencial || 0 || 0 || D || L || Unión 2 || Establecimiento de inspecciones regulares y de un régimen de sanciones || 0 || L || L || L || Unión 3 || Presentación de evaluaciones de seguridad oficiales para la aceptación por el regulador || 0 || L || L || L || Unión 4 || Ampliación del IAG hasta convertirlo en un modelo completo de gestión de riesgo || 0 || 0 || 0 || L || L 5 || Ampliación de las prácticas de la Unión a las operaciones fuera de la Unión || 0 || 0 || D || D || Unión 6 || Creación de una autoridad competente || 0 || 0 || 0 || L || Unión 7 || Creación de una plataforma para el diálogo sobre cuestiones reglamentarias || 0 || 0 || 0 || L || Unión 8 || Intercambio de información y transparencia que englobe todos los aspectos || 0 || 0 || 0 || L || L 9 || Preparación para una respuesta de emergencia efectiva ante accidentes graves mar adentro || 0 || 0 || D || L || Unión 10 || Garantizar la disponibilidad y la compatibilidad transfronteriza de los medios de intervención || 0 || 0 || D || L || Unión 11 || Clarificar el ámbito de aplicación de la responsabilidad medioambiental || 0 || 0 || D || L || L Cuadro 1 0 = medida no aplicada por esta opción; D = directrices/normas no vinculantes; L = legislación; Unión = Agencia de la Unión responsable Una medida puede aplicarse por diversos medios, con frecuencia mediante un compromiso entre la efectividad y la viabilidad. Así pues, cada una de las opciones políticas se caracteriza a la vez por el conjunto de medidas elegidas y por los medios de puesta en práctica preferidos para cada medida en el marco de esta opción. La opción política preferida es la opción 2, es decir, una reforma global que, a través de nueva legislación, eleve el nivel de la gestión de riesgo y mejore la capacidad de preparación ante emergencias en la industria de las actividades mar adentro. Además de la coherencia, esta opción garantiza una mayor transparencia de los resultados de la industria y de las autoridades de reglamentación. Por otra parte, esta opción puede reducir el riesgo de referencia en el 50 %, a través de la mejora de la prevención y las medidas de atenuación en caso de que, a pesar de todo, se produjera un accidente. La reducción del riesgo en términos monetarios medios (aproximadamente entre 103 y 455 millones EUR anuales) es favorable en comparación con los costes estimados de su aplicación (entre 134 y 140 millones EUR anuales). Es una opción más asequible del punto de vista administrativo y económico, ya que los costes operativos adicionales de la opción 3 (aproximadamente 34 millones EUR anuales) no traen consigo una reducción correspondiente del riesgo. La opción 1+ tendría un impacto positivo modesto (12 %) y posibilidades de control de aplicación limitadas, mientras que los beneficios de la opción 1 son insuficientes para justificar los costes correspondientes, incluso si son poco elevados. 3. ELEMENTOS JURÍDICOS DEL REGLAMENTO El Reglamento propuesto establece obligaciones para los operadores, los Estados miembros y la Comisión. Operador El operador debe organizar sus actividades con arreglo a un modelo de mejores prácticas, preparar un Informe sobre los riesgos de accidente grave (IAG) y presentarlo a la autoridad competente para evaluación. Además, deberá presentar una notificación para cada operación de un pozo a la autoridad reguladora. Tanto en el caso de los IAG como en el de las notificaciones de operaciones de un pozo, se exigirá una verificación independiente de los elementos de seguridad críticos. Los operadores prepararán planes de respuesta de emergencia internos, promoverán la interoperabilidad y la compatibilidad de los medios de respuesta y comunicarán los incidentes y otra información útil al Estado miembro considerado mediante un modelo estándar. Las grandes empresas establecidas en la Unión se comprometerán a hacer una demostración de las normas de seguridad mar adentro siempre que trabajen fuera de la Unión. Estados miembros Cuando tengan intención de otorgar concesiones de exploración o de producción, las autoridades competentes de los Estados miembros evaluarán debidamente el potencial de los solicitantes en materia de seguridad y comportamiento ambiental (así como su capacidad financiera para hacer frente a las deficiencias de seguridad). Los Estados miembros establecerán autoridades competentes para la supervisión de la seguridad, la protección medioambiental y la capacidad de respuesta ante emergencias, y adoptarán normas sólidas en materia de inspección e investigación, que se acompañarán de las sanciones apropiadas en caso de que el operador infrinja sus obligaciones. Los Estados miembros facilitarán con regularidad información relativa a sus sectores de actividades mar adentro y señalarán a la Comisión todos los accidentes graves y las conclusiones extraídas. Los Estados miembros prepararán planes de emergencia externos en colaboración con sus Estados miembros vecinos. Se adoptarán medidas para garantizar la interoperabilidad de los conocimientos y de los medios materiales destinados a apoyar una intervención a nivel del conjunto de la Unión, en particular por parte de la AESM. Los Estados miembros y la industria elaborarán planes de respuesta ante emergencias que someterán a pruebas periódicas. Comisión La Comisión creará un Grupo de Autoridades de Alta Mar de la UE, formado por representantes de las autoridades competentes responsables de las actividades de petróleo y de gas mar adentro en los Estados miembros de la Unión. Mediante el Reglamento, la Comisión modificará la Directiva sobre responsabilidad medioambiental (2004/35/CE). Base jurídica La propuesta de Reglamento se basa en el artículo 192 del TFUE (medio ambiente), en lo que respecta a sus objetivos de protección medioambiental, y en el artículo 194 del TFUE (energía) en lo respecta a la reducción de los efectos negativos en la seguridad del abastecimiento energético de la Unión y al funcionamiento del mercado interior de la energía. Principio de subsidiariedad La Unión no actuará a no ser que pueda lograr el objetivo de manera más eficaz que los Estados miembros o cuando la actuación de los Estados miembros por sí solos no pueda garantizar mejoras óptimas. Las empresas que operan en un marco internacional y las plataformas de perforación como Deepwater Horizon que se desplazan fuera de las fronteras se enfrentan a regímenes reglamentarios muy diferentes en función de las distintas jurisdicciones nacionales. Recientes reacciones de los Estados miembros parecen indicar que, en ausencia de actuación de la Unión, estas diferencias se agudizarán, ya que prácticamente solo los países pertenecientes a las regiones más avanzadas planifican individualmente las mejoras, mientras que las iniciativas internacionales avanzan muy lentamente. Por otra parte, sin acción de la Unión, seguirán existiendo las dificultades actuales para comparar los resultados de la industria y el intercambio de conocimientos y de datos sobre los accidentes. La actuación de los Estados miembros por sí solos sería inadecuada para alcanzar un nivel de protección coherente del medio ambiente (incluida la responsabilidad por contaminar), el interés común, un compromiso de la Unión y sus Estados miembros de conformidad con la Directiva marco sobre la estrategia marina. La probabilidad y las consecuencias de los accidentes graves mar adentro siguen siendo significativos en todo el territorio de la Unión, tal como se señala en informes nacionales y en un análisis de riesgo elaborado por la Comisión en 2011. La producción mar adentro se práctica cada vez más igualmente en el Mediterráneo, en el Mar Negro e incluso en el Mar Báltico y algunos países de estas regiones marítimas tienen menos experiencia en la regulación de este tipo de operaciones. Por otra parte, incluso en las regiones avanzadas (principalmente en el Mar del Norte), las medidas nacionales no han permitido establecer normas comunes ni garantizar la comparabilidad de los datos. Globalmente, a pesar de las medidas ya previstas en la legislación de la Unión, en particular en materia de salud y seguridad en el trabajo, la inacción de la Unión podría privar a los Estados miembros de los medios más adecuados para reducir de forma coherente y oportuna los riesgos de accidente grave mar adentro. Principio de proporcionalidad El artículo 5 del Tratado dispone que «ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado». Con objeto de alcanzar el equilibrio requerido entre los objetivos y los medios propuestos para alcanzarlos, el presente Reglamento tiene en cuenta los siguientes elementos: i. Los costes del accidente de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon fueron estimados por la empresa BP en más de 40 000 millones USD; los costes de un suceso similar en aguas de la Unión podrían ser de la misma magnitud. ii. Los accidentes de la magnitud de Deepwater Horizon tienen lugar en la industria de las actividades mar adentro aproximadamente cada diez años, una frecuencia elevada para el riesgo de accidentes extremadamente graves. iii. El valor del sector de las actividades mar adentro de la Unión es muy elevado para las economías nacionales (en términos de ingresos y de empleos) y contribuye de forma significativa a la seguridad del abastecimiento. iv. El sector de actividades mar adentro genera ingresos relativamente elevados para las empresas interesadas. v. Se ha desarrollado un sentimiento generalizado de rechazo entre la población ante el riesgo de nuevos accidentes graves. El coste de las medidas propuestas en el presente Reglamento (aproximadamente 134 a 140 millones EUR anuales) es modesto en comparación con la reducción del riesgo que estas garantizarán (aproximadamente entre 103 y 455 millones EUR anuales). Por consiguiente, se proponen como medidas de facilitación. Instrumento elegido Se propone un Reglamento para la aplicación de la opción 2. Presenta ventajas respecto de una Directiva debido a su claridad, coherencia y rapidez de aplicación, debido a su aplicación directa[12]. Al actuar directamente sobre la industria, el Reglamento garantizaría también condiciones de competencia más homogéneas. Asimismo, estaría bien adaptado a la preparación de planes de emergencia para luchar contra la contaminación transfronteriza. En lo que respecta a los acuerdos interinstitucionales relativos a los grupos consultivos y de expertos de la Comisión, el Grupo de Autoridades de Alta Mar de la UE debería crearse mediante una decisión separada de la Comisión. 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La repercusión presupuestaria de la propuesta es de aproximadamente 2,5 millones EUR en el período 2013-2016, incluidas las compensaciones por la participación en comités. La ayuda facilitada por la AESM se refiere en primer lugar a: a) la utilización de su sistema de vigilancia por satélite, que permanece activo independientemente de los accidentes mar adentro, y b) el despliegue de buques de intervención organizado por la AESM. Solo se recurre a los buques de intervención en el caso de emergencias específicas y los costes operativos corren a cargo del Estado costero afectado que solicita la intervención. El Reglamento (CE) nº 2038/2006 establece un marco financiero plurianual para la lucha contra la contaminación para el período 2007-2013. La Comisión no tiene previsto introducir cambios en este marco. En conclusión: no está previsto un aumento de los costes de la AESM durante el período 2007-2013. En caso de que la AESM tuviera que hacer frente a costes adicionales durante el período 2014-2020, estos se cubrirían esencialmente mediante la redistribución de los recursos ya autorizados. 5. INFORMACIÓN ADICIONAL Modificación de la legislación vigente El Reglamento prevé una modificación de la Directiva 2004/35/CE (responsabilidad medioambiental). Delegación El Reglamento prevé la elaboración de los detalles técnicos de un modelo de informe común a través de un acto delegado, así como la posibilidad de actualizar los anexos técnicos mediante un acto de ejecución. Espacio Económico Europeo y Comunidad de la Energía La presente propuesta presenta un interés potencial a efectos del EEE y la Comunidad de la Energía. 2011/0309 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 192, apartado 1, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[13], Visto el dictamen del Comité de las Regiones[14], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) El artículo 191 del TFUE establece los objetivos de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la obligación de que la política de la Unión en este ámbito alcance un nivel de protección elevado basado en los principios de cautela y de acción preventiva, así como en una utilización prudente y racional de los recursos naturales (2) El objetivo del presente Reglamento es reducir la frecuencia de los accidentes graves causados por las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro y limitar sus consecuencias, mejorando la protección del medio marino y de las economías costeras frente a la contaminación, así como establecer condiciones de seguridad mínimas para la prospección, la exploración y la explotación del petróleo y del gas, limitando las posibles perturbaciones de la producción energética autóctona de la Unión y mejorando los mecanismos de respuesta en caso de accidente. (3) El presente Reglamento debe aplicarse no solo a las futuras operaciones e instalaciones sino también, mediante un régimen transitorio, a las instalaciones existentes. (4) Los accidentes producidos en 2010 relativos a las actividades relacionadas con elpetróleo y el gas mar adentro, en particular el ocurrido en el Golfo de México, han ocasionado una revisión de las políticas dirigidas a garantizar la seguridad de estas actividades. La Comisión ha lanzado esta revisión y presentado sus observaciones iniciales sobre la seguridad de las operaciones de petróleo y de gas en su Comunicación «Hacer frente al reto de la seguridad de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas en alta mar», adoptada el 13 de octubre de 2010. El Parlamento Europeo adoptó resoluciones sobre la cuestión el 7 de octubre de 2010 y el 13 de septiembre de 2011. Los ministros de Energía de los Estados miembros formularon sus observaciones en las conclusiones del Consejo de Energía de 3 de diciembre de 2010. (5) Los riesgos de accidentes graves por actividades relacionadas con petróleo o gas son significativos. Mediante la reducción del riesgo de contaminación de las aguas marinas, la presente iniciativa debe contribuir a la protección del medio ambiente marino y, en particular, a la consecución de un buen estado ecológico a más tardar en 2020, tal como establece el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)[15]. (6) La Directiva marco sobre la estrategia marina, que impone tomar en consideración los efectos acumulativos de todas las actividades realizadas en el medio marino, constituye el pilar medioambiental de la Política Marina Integrada. Esta Política es pertinente en lo que respecta a las operaciones de petróleo y de gas mar adentro, ya que requiere conciliar las preocupaciones propias de cada sector económico y el objetivo general de una concienciación global en torno a los océanos, los mares y las zonas costeras, con el fin de instaurar un enfoque coherente de los mares que tenga en cuenta todos los aspectos económicos, sociales y medioambientales a través de instrumentos tales como la ordenación del espacio marítimo y el conocimiento del medio marino. (7) Las industrias de petróleo y de gas mar adentro están establecidas en varias regiones de la Unión y las aguas de la Unión ofrecen perspectivas de desarrollo a nivel regional. La producción de petróleo y de gas mar adentro representa un elemento importante de la seguridad de abastecimiento energético. (8) La fragmentación del marco reglamentario que rige la seguridad operativa de las actividades mar adentro en Europa y las prácticas de la industria en materia de seguridad operativa no ofrecen en la actualidad una garantía suficiente de que los riesgos derivados de los accidentes en el mar sean mínimos en toda la Unión, ni de que se apliquen a tiempo las medidas más eficaces en caso de accidente en las aguas de la Unión. En virtud de los regímenes de responsabilidad existentes, la parte responsable puede no ser siempre claramente identificable y/o puede no ser capaz, o responsable, de asumir todos los costes necesarios para remediar los daños que ha causado. (9) De conformidad con la Directiva 1994/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994 sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos, la realización de actividades de petróleo y de gas mar adentro está sujeta a la obtención de una autorización. En este contexto, la autoridad competente debe tener debidamente en cuenta los riesgos técnicos y financieros y, en su caso, toda falta de responsabilidad demostrada anteriormente por los solicitantes de concesiones de exploración y de producción exclusivas. Conviene garantizar que, durante el examen de la capacidad técnica y financiera del concesionario, la autoridad competente también examine en profundidad su capacidad de llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficaz en todas las circunstancias previsibles. (10) Conviene precisar que los poseedores de una autorización para llevar a cabo actividades mar adentro de conformidad con la Directiva 94/22/CE, son «operadores» responsables potenciales en el sentido de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales[16], y que pueden no estar autorizados a delegar su responsabilidad al respecto en terceras partes subcontratistas. (11) Aunque la autorización general prevista por la Directiva 94/22/CE garantiza al concesionario derechos exclusivos para la exploración o la producción de petróleo y/o de gas en una zona determinada, las operaciones concretas realizadas en esta zona deben ser objeto de una vigilancia normativa especializada constante por parte de los Estados miembros, a fin de garantizar la presencia de controles efectivos destinados a prevenir los accidentes graves y a limitar sus efectos sobre la población, el medio ambiente y la seguridad del abastecimiento energético. (12) De conformidad con la Directiva 85/337/CEE, tal como ha sido modificada, que se aplica a las actividades de exploración y de explotación de petróleo y de gas, los proyectos susceptibles de tener efectos significativos en el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, están sujetos a una evaluación en lo que respecta a sus efectos y a una solicitud de obtención de consentimiento. De conformidad con la Directiva 85/337/CEE, cuando una actividad está sujeta a la obtención de consentimiento, conviene prever una participación efectiva del público en aplicación de la Convención de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE-ONU) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. (13) Dentro de la Unión ya existen ejemplos de buenas prácticas reglamentarias nacionales en materia de las actividades de petróleo y de gas mar adentro. No obstante, estas prácticas no se aplican de manera coherente en toda la Unión y hasta el momento ningún Estado miembro ha incorporado en su legislación todo el conjunto de buenas prácticas reglamentarias destinadas a prevenir los accidentes graves mar adentro o a limitar sus consecuencias en las poblaciones y el medio ambiente. Las mejores prácticas reguladoras deben garantizar que la seguridad operativa y el medio ambiente están reglamentados de manera efectiva, integrando las funciones relacionadas en una autoridad competente conjunta (en lo sucesivo, la «autoridad competente»), que podría obtener los recursos necesarios de una o varias agencias nacionales. (14) Una vez que el operador concesionario ha obtenido derechos para explorar o extraer petróleo y gas, la autoridad competente debe estar jurídicamente facultada y dotada de los recursos adecuados por el Estado miembro para adoptar medidas de ejecución, incluido el cese de operaciones a fin de garantizar una protección adecuada de los trabajadores y del medio ambiente. (15) La eficacia de la autoridad competente en lo que respecta a la verificación de la adecuación de los controles de riesgos graves realizados por el concesionario o el operador está directamente relacionada con su política reguladora, sus sistemas y sus conocimientos en materia de riesgos graves. Sin perjuicio de los derechos del operador concesionario para explorar o extraer petróleo y gas, la autoridad competente debe estar jurídicamente facultada para adoptar medidas de ejecución, incluido el cese de operaciones a fin de garantizar una protección adecuada de los trabajadores y del medio ambiente. Con el fin de llevar a cabo estas funciones, la autoridad competente debe estar dotada de los recursos adecuados por el Estado miembro. (16) A fin de mantener una distinción apropiada entre el desarrollo económico y la reglamentación en materia de medio ambiente y de seguridad, la autoridad competente debe ser claramente independiente de los promotores económicos nacionales. (17) Los riesgos graves complejos relativos a las actividades de petróleo y de gas mar adentro, en particular en lo que respecta a la seguridad de los procedimientos, el confinamiento seguro de los hidrocarburos, la integridad estructural, la prevención de incendios y explosiones, las operaciones de evacuación y de salvamento, y la limitación de los efectos sobre el medio ambiente tras un accidente grave, requieren una reglamentación propia y bien adaptada a los riesgos específicos del sector de las actividades de petróleo y de gas mar adentro. (18) El presente Reglamento debe aplicarse sin perjuicio de cualquier otro requisito impuesto por la legislación de la Unión en materia de salud y seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo, en particular la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo[17] y la Directiva 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relativa a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extractivas por sondeos (undécima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)[18]. (19) Es necesario establecer un régimen específico aplicable a las actividades realizadas mar adentro en las instalaciones tanto fijas como móviles durante todo el ciclo de vida de las actividades de exploración y de producción, desde la concepción al desmantelamiento y el abandono definitivo. (20) Las mejores prácticas actualmente disponibles en materia de prevención de accidentes graves resultantes de operaciones de petróleo y de gas mar adentro tienen por objetivo la consecución de resultados satisfactorios a través de una evaluación en profundidad de los riesgos y de instrumentos de gestión fiables. (21) Las mejores prácticas operativas de la Unión requieren que los propietarios y/o los operadores de instalaciones, incluidas las plataformas de perforación móviles, apliquen una política empresarial eficaz, acompañada de mecanismos adecuados para la prevención de accidentes graves, y que examinen de manera exhaustiva y sistemática todas las hipótesis de riesgo en relación con todas las actividades peligrosas que podrían llevarse a cabo en la instalación. Estas mejores prácticas también imponen evaluar la probabilidad y las consecuencias de tales hipótesis, así como los controles a los que debe someterse, en el marco de un sistema global de gestión de la seguridad. Esta política y estos mecanismos deben describirse claramente en un documento (denominado «Informe sobre los riesgos de accidente grave» o «IAG»). El IAG debe ser comparable al documento sobre seguridad y salud contemplado en la Directiva 92/91/CE y complementarlo; asimismo debe incluir disposiciones relativas a la evaluación del riesgo para el medio ambiente y a los planes de emergencia. El IAG deberá presentarse a la autoridad competente en el marco del procedimiento de consentimiento. (22) A fin de preservar la eficacia de las medidas de prevención de los riesgos de accidentes graves en las aguas de la Unión, debe prepararse un Informe sobre los riesgos de accidente grave en relación con todas las etapas determinantes del ciclo de vida de una instalación de producción, incluida la concepción, la explotación, las operaciones cuando estas están combinadas con otras instalaciones, las modificaciones importantes y el abandono definitivo. El informe debe presentarse a la autoridad competente de forma que las operaciones no pueden comenzar hasta que la autoridad competente haya aceptado el Informe sobre los riesgos de accidente grave mediante un procedimiento de consentimiento apropiado. (23) Las operaciones de perforación y de reparación de pozos de petróleo y de gas solo deben llevarse a cabo por una instalación técnicamente capaz de controlar todos los riesgos previsibles en la ubicación del pozo y respecto de la cual se haya aceptado un IAG. (24) Además de utilizar una instalación adecuada, el operador del pozo debe preparar planes detallados relativos a las circunstancias particulares y a los riesgos relativos a cada operación y, de conformidad con las mejores prácticas de la Unión, prever un examen de la concepción del pozo por un experto independiente. El operador del pozo debe notificar a la autoridad competente los planes relativos al pozo con la antelación suficiente para que esta pueda adoptar todas las medidas necesarias relativas a la operación del pozo prevista. (25) A fin de garantizar la seguridad de la concepción y la continuidad segura de las operaciones, la industria debe actuar de acuerdo con las mejores prácticas definidas en las normas y recomendaciones autorizadas. Estas prácticas deben adaptarse a los conocimientos e invenciones nuevos y ser objeto de mejora continua, lo que significa que los operadores y las autoridades competentes deben colaborar para definir prioridades con miras a formular nuevas normas o recomendaciones o de mejorar las ya existentes, a la luz de la experiencia extraída del accidente de Deepwater Horizon o de otros accidentes graves mar adentro, y encargar sin dilación la preparación de recomendaciones y normas de máxima prioridad. (26) Dada la complejidad de las operaciones de petróleo y de gas mar adentro, la aplicación de las mejores prácticas por los operadores requiere un mecanismo de verificación de los elementos críticos para la seguridad por un organismo independiente. (27) Las mejores prácticas que deben aplicarse en la Unión deben cumplir las disposiciones del Reglamento 391/2009/CE sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques, y las normas equivalentes adoptadas por la Organización Marítima Internacional[19]. (28) La evaluación de riesgos efectuada en el IAG debe tener en cuenta los riesgos para el medio ambiente y, en particular, los efectos de las condiciones meteológicas y el cambio climáticos sobre la resistencia de las instalaciones. Por otra parte, puesto que las actividades de petróleo y de gas mar adentro realizadas por un Estado miembro pueden conllevar efectos negativos para el medio ambiente en otro Estado miembro, conviene establecer y aplicar disposiciones específicas de conformidad con el Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo. (29) A fin de garantizar una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia, los operadores deben elaborar, para cada ubicación específica, planes de respuesta de emergencia basados en las hipótesis de riesgos y de peligros que figuran en el IAG, transmitirlos a las autoridades competentes y tener preparados los recursos necesarios para la rápida ejecución de dichos planes en caso necesario. (30) A fin de garantizar que ningún problema de seguridad sea ignorado o pasado por alto, conviene promover el establecimiento de medios adecuados para la notificación de estos problemas y la protección de las personas que los señalen. (31) El intercambio de datos comparables entre Estados miembros es difícil y poco fiable debido a la ausencia de un modelo común de comunicación de datos. La utilización por los operadores de un modelo común para la comunicación de datos a los Estados miembros contribuiría a la transparencia de dichos operadores en materia de seguridad y de comportamiento ambiental y permitiría un acceso público a información útil y comparable a escala de la Unión referente a las actividades de petróleo y de gas mar adentro, al tiempo que ayudaría a la divulgación de la experiencia extraída de los accidentes graves y de los cuasi accidentes. (32) Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes para el intercambio de información y de promover la transparencia de los resultados del sector de las actividades de alta mar, conviene conferir a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[20]. (33) Conviene utilizar el procedimiento consultivo para la adopción de los actos de ejecución necesarios con miras a garantizar un intercambio coherente de datos pertinentes en toda la Unión. (34) A fin de suscitar la confianza del público en relación con la fiabilidad y la integridad de las actividades en el mar en toda la Unión, los Estados miembros deben elaborar informes de actividad y de accidentes e informar sin demora a la Comisión en caso de accidente grave; por su parte la Comisión debe publicar periódicamente informes sobre los niveles de actividad y las tendencias en materia de seguridad en la UE y sobre el comportamiento ambiental del sector de actividades mar adentro. (35) La experiencia muestra la necesidad de garantizar la confidencialidad de los datos sensibles a fin de promover un diálogo abierto entre la autoridad competente y el operador. A tal fin, el diálogo entre los operadores mar adentro y todos los Estados miembros debe basarse en los instrumentos internacionales existentes y en el acervo de la UE sobre el acceso a información pertinente relativa al medio ambiente, a reserva de las exigencias imperativas en materia de seguridad y de protección del medio ambiente. (36) Las actividades del Foro de las autoridades competentes en materia de instalaciones marinas de los países del Mar del Norte (NSOAF) y del Foro de los Reguladores Internacionales (IRF) han demostrado claramente el valor de la colaboración entre las autoridades de alta mar. Debe establecerse en la Unión una colaboración similar a fin de promover la cooperación eficaz entre los representantes nacionales y la Comisión a nivel de los trabajos. (37) La eficacia de la respuesta de emergencia y de los planes de contingencias en caso de catástrofe mar adentro se vería reforzada por una cooperación sistemática y programada entre Estados miembros y entre estos y la industria, así como mediante el intercambio de experiencia y otros medios compatibles. En caso necesario, estas disposiciones deben apoyarse en los recursos y la asistencia disponibles en el seno de la Unión, en particular en el marco de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión. (38) La ejecución de las obligaciones en virtud del presente Reglamento debe tener en cuenta que las aguas marinas bajo la soberanía o jurisdicción de los Estados miembros son parte integrante de las cuatro regiones marinas contempladas en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2008/56/CE: el Mar Báltico, el Océano Atlántico Nororiental, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Por esta razón, es necesario reforzar la cooperación con terceros países que tengan soberanía o jurisdicción sobre aguas situadas en estas regiones marinas. Los convenios marinos regionales a que se refiere el artículo 3, apartado 10, de la Directiva 2008/56/CE constituyen en particular marcos adecuados de cooperación. (39) En lo que respecta al Mar Mediterráneo, y en conjunción con el presente Reglamento, se han emprendido las acciones necesarias con miras a la adhesión de la Unión Europea al Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del mar y de su subsuelo (Protocolo «off-shore») del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera del Mediterráneo («Convenio de Barcelona»), aprobado mediante la Decisión 77/585/CEE del Consejo[21]. (40) Los graves problemas medioambientales que afectan a las aguas árticas, medio marino vecino de particular importancia para la Comunidad, requieren una atención especial a fin de garantizar la protección medioambiental del Ártico en relación con todas las actividades realizadas mar adentro, incluida la exploración. (41) Los planes de emergencia externos nacionales deben basarse en evaluaciones de riesgo realizadas con miras a la preparación del IAG. Los planes de emergencia conexos elaborados para cada ubicación específica con el fin de contener los efectos de accidentes deben tener en cuenta la actualización más reciente de las orientaciones de la Comisión sobre evaluación de riesgos y cartografía para la gestión de catástrofes (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2010) 1626 final de 21.12.2010). (42) Para hacer frente de forma eficaz a las situaciones de emergencia, el operador debe actuar inmediatamente y cooperar estrechamente con las autoridades competentes que coordinan la aportación de los medios de respuesta en caso de emergencia, en función de la evolución de la situación. Esto implica igualmente una investigación exhaustiva de la situación de emergencia, que debe comenzar sin demora a fin de limitar al máximo la pérdida de información y elementos de prueba pertinentes. Tras el accidente, las autoridades competentes deben extraer las conclusiones apropiadas y adoptar las medidas necesarias. (43) Con objeto de garantizar la aplicación efectiva de los requisitos del presente Reglamento, conviene instaurar sanciones eficaces y proporcionadas. (44) A fin de adaptar los requisitos mínimos propuestos a los últimos avances tecnológicos y a las prácticas pertinentes, conviene facultar a la Comisión para que modifique los requisitos que figuran en los anexos del presente Reglamento de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 182/2011. (45) Por consiguiente, con el fin de evitar accidentes graves relativos a las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro y de limitar sus consecuencias, deben delegarse a la Comisión poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 182/2011, en lo que respecta a la definición de los requisitos mínimos básicos aplicables a estas operaciones con arreglo a los principios establecidos en el presente Reglamento y en sus anexos en particular. Es especialmente importante que la Comisión proceda a las consultas adecuadas durante sus trabajos preparatorios, incluso a nivel de expertos. (46) Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar la transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo. (47) Aparte de las medidas establecidas en el presente Reglamento, la Comisión debe examinar otros medios apropiados de mejorar la prevención de los accidentes relacionados con la industria del petróleo y del gas mar adentro y de mitigar sus efectos. (48) Teniendo en cuenta que ninguno de los instrumentos de garantía financiera existentes, incluidos los dispositivos de riesgos solidarios, puede cubrir todas las consecuencias posibles de catástrofes, la Comisión debe realizar análisis y estudios más exhaustivos sobre las medidas que conviene adoptar a fin de instaurar un régimen de responsabilidad suficientemente sólido para los daños relativos a las operaciones de petróleo y de gas mar adentro, requisitos en materia de responsabilidad financiera, que incluyan la disponibilidad de instrumentos de seguridad financiera adecuados, u otros acuerdos. (49) A nivel de la Unión, es necesario completar las normas técnicas existentes mediante un marco jurídico constituido por la legislación de seguridad de los productos aplicable a todas las instalaciones mar adentro en aguas de la Unión, y no únicamente a las instalaciones fijas destinadas a la producción. Por consiguiente, la Comisión debe realizar un análisis más exhaustivo de las normas de seguridad de los productos aplicables a las actividades de petróleo y de gas mar adentro. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Capítulo 1 Disposiciones preliminares Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento establece los requisitos mínimos que deben cumplir la industria y las autoridades nacionales que lleven a cabo operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro tras la obtención de una autorización en virtud de la Directiva 94/22/CE. 2. El presente Reglamento se aplica a todas las operaciones de petróleo y de gas mar adentro definidas en el artículo 2. 3. El presente Reglamento será aplicable a todas las instalaciones conexas, instalaciones submarinas e infraestructuras conectadas situadas en las aguas de los Estados miembros, incluido en sus zonas económicas exclusivas y en su plataforma continental en el sentido de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). 4. El presente Reglamento tiene por objeto contribuir a la consecución de los objetivos de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 , por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino. 5. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de la legislación pertinente de la Unión, en particular en lo que respecta a la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, y, en particular, de las Directivas 89/391/CEE y 92/91/CEE del Consejo. 6. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las Directivas 85/337/CE, 2008/1/CE y 2003/4/CE. Artículo 2 Definiciones A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 1. «aceptable»: que hace un riesgo de accidente grave tolerable en un límite más allá del cual un aumento del tiempo, de los recursos o de los costes desplegados no produce una reducción substancial del riesgo; 2. «aceptación»: la comunicación por escrito de la autoridad competente al operador de las conclusiones positivas de su examen del informe sobre los riesgos graves elaborado por el operador de conformidad con los requisitos del presente Reglamento; 3. «autorización»: una autorización en el sentido de la Directiva 94/22/CE; 4. «operación combinada»: una operación realizada a partir de una instalación no destinada a la producción conjuntamente con una o varias otras instalaciones con fines relativos a estas otras instalaciones y que, por tanto, modifique sensiblemente el riesgo para la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente en alguna o en todas las instalaciones; 5. «inicio de las operaciones»: el momento en que la instalación participa por primera vez en las operaciones para las que ha sido concebida; 6. «autoridad competente»: la autoridad designada en virtud del presente Reglamento y responsable de las tareas que incumben a su ámbito de aplicación; 7. «infraestructura conectada»: un equipo, conducto o cualquier otra instalación mar adentro situado por encima o por debajo del nivel de las aguas, destinado al transporte de petróleo y de gas hacia otra instalación vecina, una instalación de tratamiento o una instalación de almacenamiento en tierra, o al transporte de petróleo para ser cargado en un petrolero cisterna; 8. «procedimiento de consentimiento»: un procedimiento de evaluación en profundidad, por la autoridad competente, de toda la información pertinente relativa a las actividades de petróleo y de gas mar adentro previstas, que finaliza con la aceptación por la autoridad competente del informe sobre los riesgos de accidente grave y la decisión de no presentar objeciones a las notificaciones de los operadores relativas a operaciones en los pozos o a operaciones combinadas; 9. «zona de exclusión»: la zona establecida por el Estado miembro en torno a la instalación y en la que está prohibida toda actividad no relacionada con dicha instalación; 10. «concesión de exploración»: la autorización concedida por el Estado miembros para la exploración de petróleo y de gas en los estratos subterráneos de la zona objeto de la concesión, pero no para la producción de petróleo y de gas con fines comerciales; 11. «plan de respuesta de emergencia externo»: la estrategia local, nacional o regional prevista para prevenir el agravamiento o limitar las consecuencias de un accidente relativo a actividades de petróleo o de gas mar adentro, movilizando todos los recursos disponibles además de los descritos en los planes de respuesta de emergencia internos; 12. «verificación por un tercero independiente»: la evaluación y la confirmación de la validez de una declaración escrita dada, por una persona física o jurídica que no está sujeta al control o a la influencia del autor de la declaración; 13. «industria»: las empresas privadas que participan directamente en las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro de conformidad con el presente Reglamento o cuyas actividades están estrechamente ligadas a estas; 14. «instalación»: una instalación destinada o no a la producción; 15. «plan de respuesta de emergencia interno»: la síntesis, preparada por los operadores de conformidad con los requisitos del presente Reglamento, de las medidas dirigidas a prevenir el agravamiento o a limitar las consecuencias de un accidente relativo a las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en la zona de exclusión en torno a la instalación; 16. «zona objeto de la concesión»: la zona geográfica cubierta por la autorización contemplada en la Directiva 94/22/CE; 17. «concesionario»: el titular de una autorización para realizar operaciones mar adentro de conformidad con la Directiva 94/22/CE; 18. «accidente grave»: un hecho, como un incendio o explosión, una pérdida grave del control de un pozo o un escape importante de hidrocarburos en el medio ambiente, daños importantes causados a la instalación o a sus equipos, una pérdida de integridad estructural de la instalación, y cualquier otro hecho debido al cual al menos cinco personas presentes en la instalación o que trabajen en relación con esta fallezcan o resulten gravemente heridas; 19. «peligro grave»: una situación que pueda potencialmente dar lugar a un accidente grave; 20. «instalación no destinada a la producción»: una instalación distinta de una instalación destinada a la producción, utilizada para perforaciones exploratorias y como instalación de apoyo a la producción; 21. «operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro»: todas las actividades relativas a la exploración, la producción o el tratamiento del petróleo y del gas mar adentro; estas actividades incluyen el transporte de petróleo y de gas a través de una infraestructura mar adentro conectada a una instalación o a una instalación submarina; 22. «operador»: el operador de una instalación destinada a la producción, o el propietario de una instalación no destinada a la producción, y el operador del pozo, si se trata de una operación en un pozo; el operador y el concesionario entran ambos en la definición contemplada en el artículo 2, apartado 6, de la Directiva 2004/35/CE; 23. «operador de una instalación destinada a la producción»: la persona designada por el concesionario para gestionar y controlar las principales funciones de una instalación destinada a la producción; 24. «propietario»: la persona jurídicamente habilitada para controlar la operación de una instalación no destinada a la producción; 25. «producción de petróleo y de gas»: la extracción con fines comerciales de petróleo y de gas situados en los estratos subterráneos de la zona objeto de la concesión, lo que comprende el tratamiento mar adentro del petróleo y del gas y su transporte a través de una infraestructura conectada, en particular, conductos, estructuras y bocas de pozos sobre el fondo marino, y/o el almacenamiento del gas en formaciones subsuperficiales con miras a su recuperación; 26. «instalación destinada a la producción»: una instalación destinada a la producción de petróleo y de gas ; 27. «concesión de producción»: la autorización concedida por el Estado miembro para la producción de petróleo y de gas; . 28. «público»: una o varias personas físicas o jurídicas y, de conformidad con el derecho o las prácticas nacionales, sus asociaciones, organizaciones o grupos; 29. «autoridad competente» (en el contexto de una respuesta de emergencia en caso de accidente mar adentro): el principal organismo de respuesta de emergencia de un Estado miembro, responsable de iniciar la respuesta de emergencia en caso de accidente grave relativo a operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro; 30. «riesgo»: la probabilidad de que se produzca un efecto específico en un período de tiempo determinado o en circunstancias determinadas; 31. «adecuado»: lo que responde plenamente a un requisito o una situación dada y está basado en pruebas objetivas y demostradas mediante un análisis, una comparación con las referencias pertinentes u otras soluciones a las que han recurrido otras autoridades o industrias en situaciones comparables; 32. «operación en un pozo»: la perforación de un pozo con fines de exploración o de producción, en particular la interrupción de la operación, la reparación o la modificación del pozo, su abandono definitivo, o cualquier otra operación en un pozo susceptible de provocar el vertido accidental de fluidos o comportar un riesgo de accidente grave; 33. «operador de un pozo»: la persona designada por el concesionario para planificar y ejecutar una operación en un pozo. Capítulo II Prevención de los peligros graves relativos a las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro Artículo 3 Principios generales de la gestión de riesgos relativos a las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro 1. Los operadores adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir los accidentes graves relativos a las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro. Las autoridades competentes velarán por que los operadores cumplan esta obligación. 2. Los operadores garantizarán que todas las entidades contratadas para la ejecución de tareas específicas en la instalación considerada actúen igualmente de conformidad con los requisitos del presente Reglamento y, en particular, con sus anexos IV y V. Los operadores no están exentos de sus responsabilidades en virtud del presente Reglamento por el hecho de que las acciones u omisiones que den lugar o contribuyan a accidentes graves sean imputables a estas entidades o a su personal. 3. En caso de producirse un accidente grave a pesar de todo, los operadores y las autoridades competentes adoptarán todas las medidas adecuadas para limitar sus consecuencias para la salud humana y el medio ambiente y, en la medida de lo posible, para evitar perturbaciones graves de la producción de petróleo y de gas dentro de la Unión. 4. Las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro contempladas en el presente Reglamento se llevarán a cabo sobre la base de una evaluación sistemática de la probabilidad de hechos fortuitos y de sus consecuencias, y de la adopción de medidas de control de manera que los riesgos de accidentes graves que afecten a las personas, el medio ambiente y los medios desplegados en el mar sean considerados aceptables. Artículo 4 Consideración de la seguridad en la autorización de realizar actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro de conformidad con la Directiva 94/22/CE 1. Las decisiones relativas a la concesión de una autorización para llevar a cabo actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro de conformidad con la Directiva 94/22/CE tendrán en cuenta la capacidad de los solicitantes para cumplir los requisitos aplicables a las actividades específicas previstas por dicha autorización, de conformidad con las disposiciones pertinente del Derecho de la Unión, y en particular con el presente Reglamento. 2. En concreto, durante la evaluación de la capacidad técnica y financiera de las entidades que soliciten una autorización para llevar a cabo actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro, deberán tenerse debidamente en cuenta los riesgos, peligros y toda información útil asociadas a la zona considerada y la fase precisa de las operaciones de exploración y de producción, así como la capacidad de los solicitantes, en particular sus garantías financieras y su capacidad de asumir las responsabilidades que podrían derivarse de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en cuestión, y, en especial, la responsabilidad de los daños al medio ambiente. 3. Las autorizaciones relativas a las operaciones de exploración y a las operaciones de producción de petróleo y de gas mar adentro se concederán por separado. 4. Las autoridades responsables de otorgar las concesiones de conformidad con la Directiva 94/22/CE tendrán en cuenta, durante la evaluación de la capacidad técnica y financiera de las entidades que presenten una solicitud de autorización para llevar a cabo actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro, los riesgos, peligros y toda información útil referentes a la zona considerada y la fase precisa de las operaciones de exploración y de producción. Artículo 5 Participación pública en los procedimientos de concesión 1. Los Estados miembros velarán por que se de al público la posibilidad efectiva de participar, en una fase temprana, en los procedimientos de concesión que dependan de su competencia, de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo I del presente Reglamento. Los procedimientos en cuestión se establecen en el anexo II de la Directiva 2003/35/CE. 2. Los Estados miembros podrán establecer disposiciones detalladas relativas a la información al público y a la consulta al público interesado. 3. La participación del público deberá organizarse de forma que la difusión de información y la implicación del público no ocasionen riesgos para la seguridad en materia de seguridad y protección de las instalaciones de petróleo y de gas mar adentro y de su operación. Artículo 6 Consentimiento de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas en las zonas objeto de la concesión 1. Únicamente podrán llevarse a cabo las operaciones en las instalaciones que hayan sido objeto de la concesión, por un concesionario, o por una entidad que este haya contratado o designado a tal fin, aprobados por un Estado miembro. 2. Cuando la autoridad competente considere que la persona designada por el concesionario no es competente para actuar como operador de una instalación o como operador de un pozo, se le notificará al concesionario y este deberá asumir todas las responsabilidades que incumban a dicho operador en virtud del presente Reglamento. 3. Las instalaciones a que hace referencia el apartado 1 no podrán comenzar o continuar las operaciones si no se ha presentado un Informe sobre los riesgos de accidente grave de conformidad con las condiciones y plazos previstos en los artículos 10 y 11 y ha sido aceptado por la autoridad competente con arreglo al presente Reglamento. 4. No podrá realizarse ninguna operación de un pozo ni operaciones combinadas antes de que el Informe sobre los riesgos de accidente grave relativo a la instalación haya sido aceptado de conformidad con el apartado 3 del presente artículo. Además, no podrá comenzar ni llevarse a cabo ninguna operación sin que se haya presentado a la autoridad competente una notificación relativa a las operaciones de un pozo o a las operaciones combinadas de conformidad con las condiciones y los plazos previstos en los artículos 13 y 14, ni tampoco si la autoridad competente formula objeciones en cuanto al contenido de la notificación. Artículo 7 Responsabilidad de los daños medioambientales 1. El concesionario es responsable de la prevención y la reparación de los daños medioambientales, en el sentido de la Directiva 2004/35/CE, ocasionados por las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro efectuadas por el concesionario o por cualquier otra entidad que participe en estas operaciones sobre la base de un contrato celebrado con el concesionario. El procedimiento de consentimiento para las operaciones contempladas en el presente Reglamento no prejuzgará la responsabilidad del concesionario. Artículo 8 Autoridad nacional competente 1. Los Estados miembros bajo cuya jurisdicción se lleven a cabo actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro designarán una autoridad competente responsable de las tareas establecidas en el presente Reglamento. 2. Las autoridades competentes designadas en virtud del presente Reglamento serán responsables de las tareas siguientes: a) evaluar y aceptar los Informes de accidente graves, evaluar las notificaciones de concepción y evaluar las notificaciones de operaciones de los pozos o de operaciones combinadas, y cualquier otro documento de esta naturaleza que les sea presentado; b) realizar inspecciones, llevar a cabo investigaciones y adoptar medidas de ejecución; c) elaborar informes en aplicación del presente Reglamento. 3. La autoridad competente estará organizada de conformidad con las disposiciones del artículo 19 con el fin de garantizar su independencia, la realización de tareas potencialmente contradictorias, su experiencia y su eficacia general en la regulación de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro. 4. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes dispongan de los recursos adecuados para ejecutar sus tareas en virtud del presente Reglamento. 5. La autoridad competente se esforzará por preparar y aplicar los procedimientos coordinados o conjuntos requeridos para la ejecución de las funciones que le son confiadas en virtud del presente Reglamento y de satisfacer los requisitos establecidos en cualquier otra disposición aplicable de la legislación de la Unión. Cuando la autoridad competente esté compuesta por varias agencias, estas deberán evitar la duplicación de las funciones de regulación. Capítulo III preparación y realización de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas sobre la base de una evaluación del riesgo Artículo 9 Condiciones relativas a la operación de las instalaciones mar adentro 1. Sin perjuicio de las disposiciones transitorias previstas en el artículo 39, el operador de una instalación destinada o no a la producción deberá presentar a la autoridad competente los documentos siguientes: a) en caso de un instalación destinada a la producción planificada, una notificación de concepción de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo II, parte 1; b) un Informe sobre los riesgos de accidente grave que incluya la información contemplada en el artículo 10 o en el artículo 11; c) un plan de respuesta de emergencia interno de conformidad con el artículo 12, integrado en el Informe sobre los riesgos de accidente grave. d) una síntesis de la política del operador en materia de prevención de accidentes graves de conformidad con el artículo 18, integrado en el Informe sobre los riesgos de accidente grave. 2. La autoridad competente recibirá la notificación de concepción a más tardar 24 semanas antes de la fecha prevista para la presentación del Informe sobre los riesgos de accidente grave relativo a la operación planificada. 3. El Informe sobre los riesgos de accidente grave se notificará a la autoridad competente en el plazo fijado por esta última y a más tardar 12 semanas antes del inicio de las operaciones previsto. Artículo 10 Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación destinada a la producción 1. El Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación destinada a la producción incluirá la información detallada contemplada en el anexo II, partes 2 y 5. 2. Podrá prepararse un Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación destinada a la producción para un grupo de instalaciones, si la autoridad competente lo autoriza. 3. En caso de realizar modificaciones de importancia en una instalación destinada a la producción, o si está previsto desmantelar la instalación, el Informe sobre los riesgos de accidente grave correspondiente se modificará de conformidad con el anexo II, parte 6, y se presentará a la autoridad competente. 4. Si la autoridad competente lo estima necesario para poder aceptar un Informe sobre los riesgos de accidente grave, solicitará información adicional o la introducción de cambios en los documentos que le han sido presentados. 5. El Informe sobre los riesgos de accidente grave, modificado, para una instalación destinada a la producción contemplado en el apartado 3 se presentará a la autoridad competente en el plazo que esta determine y a más tardar 6 meses antes del inicio previsto de los trabajos planificados. Los trabajos planificados no podrán comenzar hasta que la autoridad competente haya aceptado el Informe sobre los riesgos de accidente grave modificado para una instalación destinada a la producción. 6. El Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación destinada a la producción será revisado periódicamente por el operador como mínimo cada 5 años, o con mayor frecuencia si la autoridad competente lo exige. Los resultados de dicha revisión se notificarán a la autoridad competente. Artículo 11 Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación no destinada a la producción 1. El Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación no destinada a la producción deberá incluir la información detallada contemplada en el anexo II, partes 3 y 5. 2. En caso de realizar modificaciones de importancia en una instalación no destinada a la producción, o si está previsto desmantelar la instalación, el Informe sobre los riesgos de accidente grave correspondiente se modificará de conformidad con el anexo II, parte 6, (exceptuando el apartado 4) y se presentará a la autoridad competente. 3. Para una instalación fija no destinada a la producción, el Informe sobre los riesgos de accidente grave, modificado, contemplado en el apartado 2 se presentará a la autoridad competente en el plazo que esta determine y, a más tardar, 2 semanas antes del inicio de los trabajos planificados. Los trabajos planificados no podrán comenzar hasta que la autoridad competente haya aceptado el Informe sobre los riesgos de accidente grave, modificado, para una instalación no destinada a la producción. 4. Para una instalación móvil no destinada a la producción, el Informe sobre los riesgos de accidente grave, modificado,contemplado en el apartado 2 se presentará a la autoridad competente en el plazo que esta determine y a más tardar 2 semanas antes de que las operaciones deban comenzar en la instalación. La instalación no podrá iniciar las operaciones hasta que la autoridad competente haya aceptado el Informe sobre los riesgos de accidente grave modificado para una instalación no destinada a la producción. 5. Si la autoridad competente lo estima necesario para poder aceptar un Informe sobre los riesgos de accidente grave, solicitará información adicional o la introducción de cambios en los documentos que le han sido presentados. 6. El Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación no destinada a la producción será revisado periódicamente por el operador como mínimo cada 5 años, o con mayor frecuencia si la autoridad competente lo exige. Los resultados de la revisión se notificarán a la autoridad competente. Artículo 12 Planes de respuesta de emergencia internos 1. Los operadores prepararán planes de respuesta de emergencia internos que tendrán en cuenta las evaluaciones de los riesgos de accidente grave realizadas durante la preparación del Informe sobre los riesgos de accidente grave más reciente. En el caso de perforación de un pozo a partir de una instalación no destinada a la producción, la evaluación de los riesgos realizada de conformidad con la notificación del pozo deberá integrarse en el plan de respuesta de emergencia relativo a la instalación. 2. Para las instalaciones destinadas o no a la producción, el plan de respuesta de emergencia interno deberá acompañar al Informe sobre los riesgos de accidente grave presentado a la autoridad competente. 3. Cuando instalaciones no destinadas a la producción inicien operaciones en pozos en las que el plan de respuesta de emergencia interno se ha modificado en razón de la naturaleza particular de la localización del pozo, dicha modificación deberá notificarse a la autoridad competente al mismo tiempo que la notificación del pozo. Artículo 13 Notificación de las operaciones de pozos 1. Al menos 21 días antes del comienzo de una operación de un pozo, el operador del pozo dirigirá a la autoridad competente una notificación que deberá incluir información detallada relativa a la concepción del pozo y a su operación de conformidad con los requisitos del anexo II, parte 4. 2. La autoridad competente examinará la notificación y adoptará las medidas que considere necesarias antes de que pueda comenzar la operación del pozo. 3. El operador del pozo notificará inmediatamente a la autoridad competente toda modificación importante de la información detallada de la notificación relativa al pozo, e informará simultáneamente al examinador independiente contemplado en el artículo 15, apartado 3, letra b), Artículo 14 Notificación de las operaciones combinadas 1. El operador de una instalación que deba participar en una operación combinada dirigirá a la autoridad competente una notificación que deberá incluir información detallada relativa a la operación combinada de conformidad con los requisitos del anexo II, parte 7. Los operadores de las instalaciones en cuestión podrán acordar que uno de ellos se encargue en nombre de los demás de preparar la notificación de las operaciones combinadas. La notificación deberá presentarse a más tardar 21 días antes del comienzo de las operaciones combinadas. 2. La autoridad competente examinará la notificación y adoptará las medidas que considere necesarias antes de que pueda comenzar la operación combinada. 3. El operador que haya preparado la notificación informará sin demora a la autoridad competente de toda modificación importante de la información detallada que esta contiene. Artículo 15 Verificación por un tercero independiente 1. Los operadores establecerán un programa de verificación y de examen de los pozos por un tercero independiente, e incluirán una descripción de estos programas en la síntesis de la política en materia de prevención de accidentes graves integrada en los Informes sobre los riesgos de accidente grave, de conformidad con el artículo 18. 2. La selección del verificador tercero independiente y la concepción de los programas de verificación por terceros independientes y de examen independiente de los pozos deberá cumplir los criterios enumerados en el anexo II, parte 5. 3. El programa de verificación por terceros independientes relativos a instalaciones destinadas o no a la producción se establecerá: a) en lo que respecta a las instalaciones, para garantizar de manera independiente que los sistemas especificados y los elementos críticos para la seguridad identificados en las evaluaciones de riesgos y el sistema de gestión de la seguridad para la instalación son adecuados y actualizados, y que el calendario de examen y de prueba del sistema de control de accidentes graves es adecuado, actualizado y ejecutado según las previsiones; b) en lo que respecta a los proyectos de pozos, para garantizar de manera independiente que las medidas de concepción y de control de pozos son adecuadas respecto de las condiciones de perforación previstas y que servirán de referencia si la concepción del pozo tuviera que ser modificada por alguna razón. 4. Los operadores velarán por que los resultados de la verificación por un tercero independiente de conformidad con el apartado 3, letra a), del presente artículo sean puestos a la disposición de la autoridad competente cuando esta lo solicite. 5. Los operadores garantizarán que las conclusiones y las observaciones del examinador del pozo independiente de conformidad con el apartado 3, letra b), del presente artículo, sean incluidos en la notificación del pozo de conformidad con el artículo 13. 6. Para las instalaciones destinadas a la producción, el programa de verificación se establecerá antes de la presentación del Informe sobre los riesgos de accidente grave a la autoridad competente. Para las instalaciones no destinadas a la producción, el programa de verificación se establecerá antes de que una operación particular haya comenzado en esta instalación. 7. Las instalaciones no destinadas a la producción situadas en las aguas de la Unión deberán cumplir los requisitos de las convenciones internacionales aplicables en el sentido del Reglamento (CE) nº 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009[22], o las normas equivalentes que figuran en el Código para la construcción y el equipo de unidades móviles de perforación mar adentro (Código MODU 2009). Asimismo, deberán ser certificadas por un organismo reconocido por la Unión en aplicación del Reglamento citado. Artículo 16 Facultad de prohibición 1. La autoridad competente podrá prohibir la operación o el comienzo de operación de toda instalación o parte de la instalación, si las medidas propuestas por el operador para la prevención y la limitación de las consecuencias de los accidentes graves de conformidad con los artículos 10, 11, 13 y 14 se consideran manifiestamente insuficientes. 2. Si el informe sobre los riesgos de accidente grave contemplado en los artículos 10 y 11, o las notificaciones contempladas en los artículos 13 y 14 no son presentados a tiempo, la autoridad competente podrá conceder, en circunstancias excepcionales y si considera que la seguridad y la protección medioambiental no se ven comprometidas, una prolongación del plazo de presentación del informe o de la notificación. 3. La autoridad competente pedirá al operador que adopte todas las medidas adecuadas complementarias que esta considere necesarias para restablecer el cumplimiento de las disposiciones del artículo 3, apartado 1. 4. La autoridad competente prohibirá la utilización de toda instalación o parte de la instalación, si los resultados de una inspección, de una revisión periódica del Informe sobre los riesgos de accidente grave de conformidad con los artículos 10 y 11 o de las modificaciones de las notificaciones de conformidad con los artículos 13 y 14 muestran que los requisitos del presente Reglamento no se han cumplido, o que la seguridad de las instalaciones o de las operaciones suscita inquietudes razonables. Artículo 17 Efectos transfronterizos 1. Cuando un Estado miembro considere que una operación en un pozo o la operación de una instalación puede tener, en caso de accidente, efectos negativos importantes en las aguas de otro Estado miembro, o cuando un Estado miembro susceptible de verse afectado de manera importante lo solicite, el Estado miembro bajo cuya jurisdicción deban realizarse las operaciones deberá transmitir la información útil al Estado miembro potencialmente afectado y se esforzará por adoptar medidas preventivas conjuntas destinadas a evitar daños. 2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, en particular la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente[23] y el Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo. Capítulo IV mejores prácticas para el control de riesgos graves Artículo 18 Prevención de accidentes graves por los operadores 1. Los operadores prepararán un documento en el que describirán su política en materia de prevención de accidentes graves y velarán por que esta política sea aplicada a través de toda la organización de sus operaciones mar adentro, en particular mediante el establecimiento de mecanismos de seguimiento apropiados con miras a garantizar su eficacia. 2. El documento contemplado en el apartado 1 acompañará al Informe sobre los riesgos de accidente grave presentado a la autoridad competente de conformidad con los artículos 10 y 11 o la notificación de operaciones de pozos de conformidad con el artículo 13. 3. Los operadores describirán sus disposiciones organizativas para el control de los riesgos graves en el marco de un sistema de gestión de la seguridad, en particular las disposiciones adoptadas para la preparación y la presentación de los informes sobre los riesgos de accidentes graves y las notificaciones de operaciones de pozos, en su caso, de conformidad con los artículos 10, 11 y 13, así como sus programas de verificación por un tercero independiente del control de los riesgos graves, de conformidad con el artículo 15 y con el anexo II, parte 5. 4. La política y los sistemas de gestión de la seguridad se prepararán de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo IV y establecerán claramente la responsabilidad principal de los operadores en el control de los riesgos relativos a los riesgos graves que resulten de sus actividades. 5. Los operadores definirán, consultando regularmente con los representantes de los Estados miembros considerados, de conformidad con el artículo 27, las prioridades de la industria relativas a la elaboración y/o la revisión de normas y de recomendaciones relativas a las mejores prácticas para el control de los riesgos de accidente grave mar adentro durante todo el ciclo de vida desde la concepción de las operaciones mar adentro y, como mínimo, respetarán el esquema establecido en el anexo IV. 6. Los concesionarios, los operadores y los principales contratistas establecidos en la Unión se esforzarán por llevar a cabo sus operaciones para la explotación de petróleo y de gas en alta mar fuera de la Unión de conformidad con los principios establecidos en el presente Reglamento. Artículo 19 Requisitos para las autoridades competentes 1. La autoridad competente adoptará las disposiciones necesarias para garantizar su independencia en caso de conflicto de intereses entre, por un lado, la reglamentación en materia de seguridad y de protección del medio ambiente y, por otro lado, las funciones relativas al desarrollo económico de los Estados miembros, en particular la concesión de autorizaciones para actividades de petróleo y de gas mar adentro, y la política relativa a los ingresos resultantes de estas actividades y su percepción. 2. La autoridad competente delimitará claramente el alcance de sus responsabilidades y funciones de manera que no se atribuya a ella misma la responsabilidad principal en el control de los riesgos resultantes de accidentes graves, de conformidad con el artículo 18, apartado 3. 3. La autoridad competente establecerá una política para la evaluación minuciosa de los Informes sobre el riesgo de accidente grave y las notificaciones de conformidad con los artículos 10, 11, 13 y 14, la inspección, la investigación y ejecución de los aspectos relativos a los riesgos graves relacionados con las operaciones de explotación de petróleo y de gas bajo su jurisdicción. 4. La autoridad competente basará sus procedimientos organizativos y operativos en los principios establecidos en el anexo III: Artículo 20 Conformidad con el marco reglamentario para la prevención de accidentes graves 1. Los operadores deberán cumplir las disposiciones del presente Reglamento y las medidas establecidas en el Informe sobre los riesgos de accidente grave para las instalaciones, destinadas o no a la producción, así como en los planes mencionados en las notificaciones de operaciones de los pozos y de operaciones combinadas, de conformidad con los artículos 10, 11, 13 y 14. 2. Cuando el incumplimiento de las disposiciones del apartado 1 presente un riesgo inmediato para la salud humana o amenace producir un efecto negativo importante inmediato sobre la salud y/o el medio ambiente, el operador deberá suspender la operación de la instalación o de la parte considerada de la instalación hasta que se restablezca el cumplimiento. 3. Cuando se adopten las medidas a que se refiere el apartado 2, el operador deberá notificarlas sin demora a la autoridad competente. 4. La autoridad competente elaborará planes anuales para una vigilancia efectiva, en particular mediante inspecciones, de las actividades que impliquen riesgos graves, basándose en la noción de riesgo y prestando una atención particular a la conformidad, que controlará, con los documentos que le son presentados en aplicación del artículo