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Bruselas, 24.3.2009

COM(2009) 138 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

referente al funcionamiento del Reglamento (CE) n° 358/2003 de la Comisión relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros

{SEC(2009) 364}

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

1. El Reglamento (CE) n° 358/2003 de la Comisión[1], Reglamento de exención por categorías del sector de los seguros («REC»), aplica el artículo 81, apartado 3, del Tratado CE («el Tratado»)[2] a ciertas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros. La Comisión está obligada a remitir al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el funcionamiento del REC, a más tardar seis años después de la entrada en vigor[3] del mismo[4].

2. El REC es aplicable hasta el 31 de marzo de 2010. En 2008 la Comisión revisó el funcionamiento del REC durante los últimos seis años basándose en un documento de consulta y en cuestionarios específicos enviados a ciertos interesados[5]. Este estudio («el estudio») se realizó en cooperación con la Red Europea de Competencia. El presente informe expone los resultados del estudio y las propuestas de la Comisión de modificar el REC. Va acompañado de un documento de trabajo de la Comisión más extenso y detallado que está publicado, al igual que el informe, en el sitio Internet de la DG Competencia.

3. Hay que señalar que el informe se circunscribe a presentar las opiniones preliminares de la Comisión sobre el funcionamiento del Reglamento 358/2003 y no presupone en modo alguno una decisión definitiva sobre el resultado del estudio. El informe es una de las fases de un amplio proceso de consulta al que se invitó a contribuir a todos los interesados.

4. Desde el 1 de mayo de 2004, el sector de los seguros, al igual que la mayor parte de los otros sectores, está sujeto a las disposiciones de aplicación general del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002 («el Reglamento 1/2003»), relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. El Reglamento 1/2003 establece que los acuerdos[6] que cumplan las condiciones del artículo 81, apartado 3, no están prohibidos, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto. En la actualidad, las empresas y asociaciones deben valorar por sí mismas si sus acuerdos son compatibles con el artículo 81. Solamente algunos sectores se benefician actualmente de un REC sectorial específico, mientras que en otros sectores (tales como los del transporte marítimo y aéreo) el REC correspondiente no fue renovado.

2. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS

1. El análisis de la Comisión respecto a la necesidad de renovar el REC examina tres aspectos clave en relación con cada una de las cuatro categorías de acuerdo exentas con arreglo al REC. A saber:

(a) si los riesgos empresariales u otros factores del sector de los seguros hacen que éste sea «especial» y diferente de otros sectores de tal modo que exista una mayor necesidad de cooperación entre las aseguradoras;

(b) en caso afirmativo, si esta mayor necesidad de cooperación requiere un instrumento jurídico tal como el REC que la proteja o facilite; y

(c) en caso afirmativo, cuál es instrumento jurídico más adecuado (es decir, qué sería más apropiado: el REC actual, una renovación parcial, una renovación modificada, o unas orientaciones).

2.1 Cálculos conjuntos, tablas y estudios

6. Siempre que se cumplan ciertas condiciones, el REC (artículo 1, letra a)) exime los acuerdos que se refieren al establecimiento y difusión conjuntos i) de los cálculos sobre el coste medio de la cobertura de un riesgo determinado en el pasado, y ii) de tablas de mortalidad y tablas de frecuencia de enfermedades, accidentes e invalidez («tablas») en el ámbito de los seguros que implican un elemento de capitalización. El REC (artículo 1, letra b)) también exime (en ciertas condiciones) la elaboración conjunta de estudios sobre el probable impacto de circunstancias generales externas a las empresas implicadas, bien sobre la frecuencia o el alcance de los siniestros futuros para un determinado riesgo o categoría de riesgos, bien sobre la rentabilidad de distintos tipos de inversión («estudios»), y la difusión de los resultados de tales estudios.

7. Los costes de los productos de seguro se desconocen cuando se acuerda el precio y se cubre el riesgo. El cálculo del riesgo es una cuestión clave en la valoración de todos los productos de seguro que parece ser un factor diferenciador de otros sectores incluido el sector bancario. Esto hace que para valorar los riesgos técnicamente sea crucial el acceso a datos estadísticos sobre el pasado. Por lo tanto, conforme a las pruebas que obran en poder de la Comisión, parece que la cooperación en este campo es específica del sector de los seguros y necesaria para valorar los riesgos.

8. Los acuerdos que aumentan el número de aseguradores potencialmente capaces de cubrir un riesgo incrementan por lo general el acceso al mercado y la competencia. El hecho de permitir que las aseguradoras cooperen en el cálculo de la cobertura de riesgos puede permitir la entrada de pequeñas y medianas empresas. La gran mayoría de encuestados destacó la necesidad del sector de cooperar en este aspecto y la conectó a la existencia del REC.

9. Muchas aseguradoras, así como algunas autoridades supervisoras y una federación de asociaciones de gerencia de riesgos, sostuvieron que si no existiese el REC, las aseguradoras ya no cooperarían en cálculos conjuntos, tablas y estudios o no compartirían el resultado de la cooperación con aseguradoras más pequeñas o extranjeras. Efectivamente, algunas grandes aseguradoras (que, según las asociaciones del sector, podrían recopilar la información pertinente por sí solas o quizás con la participación de una o dos grandes aseguradoras más) pueden carecer de incentivo alguno para cooperar. El REC impone a las compañías de seguros que participen en estas formas de cooperación el deber de dar acceso a la información recopilada, de forma no discriminatoria, a otras compañías de seguros. Se ha afirmado que si no se renovara el REC, las aseguradoras podrían cooperar para impedir el acceso de, por ejemplo, las aseguradoras más pequeñas o extranjeras a la información recopilada para restringir el mercado. Esto redundaría en perjuicio de las aseguradoras más pequeñas/extranjeras impidiendo o disuadiendo su incorporación al mercado. Varios encuestados durante el estudio, en especial las aseguradoras pequeñas y medianas, dijeron que no podrían haberse introducido en el mercado sin hacer uso de la posibilidad de compartir los datos que ofrece la exención. También parece que cuanto más nuevo es un mercado, más importante es tener acceso a tales datos para ayudar a que nuevos participantes evalúen el riesgo con exactitud.

10. Algunos encuestados pusieron de manifiesto que existen alternativas a esta cooperación horizontal: en especial, si las aseguradoras investigan más e incrementan su plantilla para analizar el mercado o si los gobiernos/organismos públicos recopilan y publican datos. Sin embargo, según las pruebas, parece que la primera opción no es probablemente una forma eficaz de lograr este objetivo mientras que la segunda depende de los poderes públicos, quienes pueden no considerarla prioritaria.

11. La Comisión considera, por lo tanto, que hay buenas razones para proteger y facilitar la cooperación en este campo y que el REC actual parece hacerlo con eficacia. Además, en este momento parece que se debe evitar el riesgo (incluso aunque pudiera ser bajo) de que tal cooperación favorable a la competencia pueda disminuir. La Comisión todavía no ha decidido si modificará la estructura o la redacción de la exención actual y, si concluye que es necesario renovarla, si lo hará de forma total o parcial. Esto dependerá de las nuevas contribuciones que reciba y de un análisis pormenorizado y específico de todos los datos e informaciones disponibles.

2.2 Condiciones tipo de las pólizas

12. El REC exime (en ciertas condiciones), el establecimiento y la difusión conjuntos de condiciones tipo no vinculantes de las pólizas («CTP») de seguro directo; y el establecimiento y la difusión conjuntos de modelos no vinculantes que ilustren los beneficios.

13. Durante el estudio, varias aseguradoras y asociaciones de aseguradoras sostuvieron que la cooperación para establecer CTP garantiza que los costes contraídos por las aseguradoras y, por ende, las primas que cobran a los clientes se mantienen bajos. Sostuvieron que sin el REC se produciría un aumento de los costes de las aseguradoras que resultaría del mayor esfuerzo necesario para acordar los términos de las pólizas debido, en especial, a la falta de un punto de partida acordado.

14. La Comisión está de acuerdo en que, en muchos casos, las CTP pueden generar efectos positivos para la competencia y los consumidores. Sin embargo la cuestión fundamental para este estudio es si esta categoría de acuerdos es específica al sector de los seguros. Parece que la respuesta a esta pregunta es que, en un entorno jurídico que evoluciona con rapidez, los acuerdos complejos desde el punto de vista técnico o jurídico son habituales en cierto número de sectores. Las CTP se utilizan en algunos de estos sectores sin estar amparadas por un REC. Por ejemplo en el sector bancario, al que también enviaron cuestionarios los servicios de la Comisión, se acuerdan CTP entre bancos en varios Estados miembros, para servicios tales como transferencias de dinero, emisión de tarjetas, uso de cajeros automáticos, condiciones de las cuentas, acuerdos de crédito y pagos. Además, representantes del sector bancario han afirmado que no se necesita un marco legislativo (tal como un REC) para fijar las condiciones de las pólizas y que la falta de tal marco no ha supuesto ninguna dificultad tangible para los bancos.

15. Algunos encuestados sostuvieron, en el marco del estudio de la Comisión, que la inseguridad jurídica que resultaría si no se renovase el REC supondría una menor cooperación debido al temor ante la posibilidad de que la Comisión o las autoridades nacionales de competencia se opusiesen a la misma. Este argumento afirma además que en caso de no renovación se procedería a una evaluación individual que sería larga y costosa, especialmente para las aseguradoras más pequeñas que repercutirían los costes sobre los asegurados. Sin embargo, incluso con el sistema actual, se debe proceder a una evaluación jurídica cuidadosa para examinar si las CTP se ajustan al REC. Además, algunas normativas nacionales han establecido estas CTP, lo que da lugar a una menor necesidad de cooperación. Por otra parte, hay casos en los que el regulador nacional (por ejemplo la FSA en el Reino Unido) ha exigido a los operadores del mercado que introduzcan la seguridad jurídica en sus contratos y ha manifestado con claridad que si el mercado no puede hacerlo por sí mismo, intervendrá con nuevas normas. Muchas asociaciones nacionales también han tomado la iniciativa en el ámbito de las CTP durante algún tiempo, lo que corrobora la opinión de que es poco probable que las CTP dejaran de acordarse si no existiera un REC, en especial teniendo en cuenta la opinión de la Comisión de que en muchos casos las CTP no conculcarían el artículo 81, apartado 1, o no incumplirían los criterios de exención del artículo 81, apartado 3.

16. En conclusión, la cooperación en las CTP no parece ser específica del sector de los seguros y como tal no requiere necesariamente un REC sectorial. Tampoco parece existir un riesgo importante de que la cooperación disminuya o desaparezca si no se renueva el REC. Sin embargo, en caso de no renovación, la Comisión puede contemplar la posibilidad de ofrecer unas nuevas orientaciones.

2.3 Cobertura conjunta de ciertos tipos de riesgos (agrupaciones)

17. El REC exime[7] la constitución y el funcionamiento de agrupaciones de coaseguro o de correaseguro para la cobertura conjunta de nuevos riesgos[8] así como de riesgos que no son nuevos, siempre que se cumplan ciertas condiciones. El REC parte de la premisa de que tales agrupaciones pueden implicar restricciones de la competencia y por lo tanto es preciso determinar las circunstancias (umbrales de cuota de mercado[9] y otras condiciones[10]) exigidas para que dichas agrupaciones puedan beneficiarse de la exención del artículo 81, apartado 3.

18. La Comisión coincide con quienes respondieron a la consulta en que el hecho de compartir riesgos para ciertos tipos de riesgos (tales como los de índole nuclear, terrorista o medioambiental), que las compañías de seguros individuales no pueden o no quieren asegurar solas en su totalidad, es crucial para asegurarse de que se pueden cubrir todos los riesgos de este tipo. Esto hace que el sector de los seguros sea diferente a otros sectores y suscita una mayor necesidad de cooperación. En cuanto a si es necesario que un instrumento jurídico específico tal como el REC cubra esta forma de cooperación, la Comisión llegó a la siguiente conclusión de resultas del estudio:

19. En primer lugar, se plantea una necesidad de coherencia en relación con el cálculo de las cuotas de mercado, que actualmente se hace teniendo en cuenta los productos de seguro suscritos en la agrupación por las empresas participantes o en su nombre. Esto significa que los volúmenes de negocios realizados por las empresas participantes fuera de la agrupación de coaseguro o de correaseguro en el mercado de referencia no deben tenerse en cuenta, lo que no es coherente con otras normas sobre competencia de carácter general y sectorial relativas a la evaluación de la cooperación horizontal. En el sector de los seguros, la aplicación al cálculo de las cuotas de mercado de normas diferentes a las aplicadas en otros sectores supondría conceder un trato preferente a dicho sector. En el momento actual no parece haber razones para mantener tal trato preferente en comparación con otros sectores. Esto se tendrá en cuenta si hubiera que renovar esta exención.

20. En segundo lugar, muchas agrupaciones de coaseguro o de correaseguro que operan actualmente en el mercado no están realmente cubiertas por el REC, por varias razones, y por lo tanto la renovación o no renovación del REC no debe afectar a su valoración jurídica. Efectivamente, ciertas agrupaciones no necesitan que un REC les ofrezca un recinto protegido ya que de entrada no dan lugar a una restricción de la competencia. Se puede considerar que las agrupaciones no son contrarias a la competencia, por muy elevada que sea su cuota de mercado, siempre que la agrupación sea necesaria para permitir a sus miembros ofrecer un tipo de seguro que una compañía de seguros no podría ofertar por sí sola. Las respuestas al estudio muestran que muchas agrupaciones no consideran esta posibilidad en su análisis jurídico y sostienen erróneamente que el REC es necesario por razones de seguridad jurídica, a pesar de que, en realidad, es probable que estén fuera de su ámbito de aplicación. Otras agrupaciones, que pueden ser sustituidas por dos o más entidades de seguro y pueden dar lugar a restricciones de la competencia, también pueden estar fuera del ámbito de aplicación del REC, pero por otras razones: superan los umbrales de cuota de mercado del REC y/o no cumplen todas las condiciones del artículo 8 del REC. Sin embargo, algunas agrupaciones que cumplen los umbrales de cuota de mercado y las otras condiciones del REC podrían verse afectadas si no se renueva.

21. En tercer lugar, muchas aseguradoras utilizan incorrectamente la exención de las agrupaciones como exención «general», sin evaluar jurídicamente con detenimiento si la agrupación se atiene a lo dispuesto en el REC. Por ejemplo, es necesario definir cuidadosamente el mercado de productos y el mercado geográfico de referencia, pues la definición de mercado es un requisito previo para evaluar el cumplimiento de los umbrales de cuota de mercado[11]. Las respuestas recibidas en el proceso de consulta indican un alto grado de incertidumbre relativa a la definición de sus mercados de referencia. Aunque muchos encuestados destacaron que el REC debía aclarar el concepto de «mercado de referencia», ni el REC ni ningún otro instrumento jurídico pueden definir el mercado de referencia, que es un aspecto que debe ser evaluado individualmente por las agrupaciones. La Comunicación de la Comisión sobre la definición del mercado de referencia[12], así como las decisiones pertinentes de la Comisión y las cartas administrativas referentes al sector de los seguros pueden servir de orientación para que los grupos determinen el mercado de referencia en el que operan.

22. Por lo tanto, la Comisión considera que las agrupaciones son específicas del sector de los seguros y, además, parece que hay cierto riesgo de falta de cooperación en este ámbito si no se renueva el REC. Aunque el riesgo de falta de cooperación pueda no ser significativo, la Comisión considera que puede ser necesario mantener en el REC una exención para las agrupaciones. Sin embargo, si la Comisión renueva esta exención, la redacción de la sección relativa a las agrupaciones se modificará considerablemente para asegurar la coherencia con la otra legislación general y sectorial y para tomar en consideración los comentarios recibidos durante el estudio. Además, la Comisión destacará en una Comunicación la necesidad de proceder a una cuidadosa autoevaluación jurídica individual caso por caso.

2.4 Dispositivos de seguridad

23. El REC abarca i) las especificaciones técnicas, normas o directrices relativas a dispositivos de seguridad, así como la adopción de procedimientos para examinar si los dispositivos de seguridad se ajustan a dichas normas; así como ii) las especificaciones técnicas, normas o directrices relativas a la instalación y mantenimiento de dispositivos de seguridad y procedimientos para evaluar y certificar la conformidad de las empresas que instalen o realicen el mantenimiento de los dispositivos de seguridad con tales normas. Estos acuerdos están cubiertos por el REC siempre que no exista ninguna armonización a nivel comunitario y siempre que cumplan las otras condiciones enunciadas en el artículo 9 del REC.

24. Tal y como han afirmado también los participantes en el estudio, la Comisión considera que hay una reciprocidad de intereses en el sector de los seguros en relación con la cooperación en dispositivos de seguridad puesto que las aseguradoras buscan activamente la forma de ayudar a los clientes a reducir su exposición al riesgo cubierto. Sin embargo, los acuerdos sobre especificaciones técnicas para dispositivos de seguridad y su instalación entran en el ámbito general del establecimiento de normas, que no es específico al sector de los seguros. Por lo tanto, la Comisión duda de que el REC sea necesario para facilitar esta cooperación.

25. En primer lugar, la Comisión consideró la posibilidad de que los fabricantes de dispositivos de seguridad y las empresas que prestan servicios de instalación y mantenimiento no se ajusten a las especificaciones técnicas y evaluaciones de conformidad establecidas conjuntamente por las aseguradoras y, por lo tanto, están excluidos del mercado porque los consumidores no pueden obtener un seguro para tales productos. Algunas respuestas confirmaron estas preocupaciones, ya identificadas en la investigación del sector de los seguros. Los consumidores deben estar calificados para tomar el seguro probando que utilizan dispositivos de seguridad homologados para lograr un nivel de prevención aceptable, según lo establecen las asociaciones de aseguradoras. Las dificultades se plantean cuando los clientes desean cambiarse a proveedores de dispositivos de seguridad que no se adhieren a las normas. También parece que el REC fomenta la adopción de hecho de normas aplicables al sector que son menos exigentes que las comunitarias y pueden ser un obstáculo para la libre circulación de bienes y servicios. En la mayor parte de los Estados miembros, las empresas de seguros - organizadas por lo general en asociaciones nacionales - solamente aceptan la instalación y los servicios de proveedores «aprobados» que actúan a escala regional o nacional utilizando dispositivos «homologados». Por otra parte, el alto coste de la pluralidad de pruebas y certificaciones es un obstáculo importante para la comercialización de productos nuevos e innovadores en el mercado de la UE.

26. Aunque las normas del Tratado sobre la libre circulación de mercancías no sean aplicables a las empresas privadas y a sus asociaciones, en algunas ocasiones la jurisprudencia reiterada ha considerado que los acuerdos cuyo objeto o efecto sea compartimentar el mercado común siguiendo las fronteras nacionales son contrarios a la competencia y al artículo 81, apartado 1. Por otra parte, las disposiciones de los artículos 39 (libre circulación de trabajadores), 43 (libertad de establecimiento) y 49 (libre prestación de servicios) del Tratado CE son vinculantes no sólo para los Estados miembros sino también para los organismos de Derecho privado[13]. La eliminación, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de personas correría peligro si la supresión de las barreras de origen estatal pudiera ser neutralizada mediante obstáculos creados por asociaciones y organismos que no están sometidos al Derecho público[14].

27. En segundo lugar, el ámbito que queda para posibles acuerdos amparados por el REC se ha visto reducido o eliminado considerablemente debido a la amplitud y al incremento de la armonización de la UE. Por ejemplo, ya se han publicado en el Diario Oficial de la UE cerca de 90 normas (o especificaciones técnicas) armonizadas relativas a sistemas de detección de incendios y alarmas de incendio así como a sistemas fijos de extinción de incendios, y se están desarrollando actualmente al menos otras 30 normas de la UE armonizadas para categorías de productos de construcción.

28. En tercer lugar, la Comisión siempre ha abogado por que el proceso de establecimiento de normas deba estar abierto a todos los participantes del sector interesados y por que se pueda acceder a los resultados en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias[15]. El estudio demostró que hay muchos casos en los que las aseguradoras no cuentan con los fabricantes y los prestadores de servicios cuando acuerdan o revisan las normas. Es probable que esta falta de transparencia esté estrechamente vinculada con la subsiguiente exclusión de hecho de ciertos fabricantes del mercado.

29. En conclusión, los acuerdos relacionados con los dispositivos de seguridad no parecen ser específicos del sector de los seguros y además parecen suscitar preocupaciones tanto desde el punto de vista de la competencia como del desarrollo del mercado interior de la UE. Por consiguiente, la Comisión está a favor de no renovar esta parte del REC. Sin embargo, las aseguradoras se beneficiarán de una orientación sobre la posibilidad de aplicar o no el artículo 81 del Tratado a sus acuerdos sobre dispositivos de seguridad, permitida actualmente en el capítulo sobre estandarización general de las Directrices horizontales[16] que son actualmente objeto de estudio.

3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

30. El análisis anterior indica que no todas las categorías de acuerdos exentos actualmente al amparo del REC son específicas del sector de los seguros. Las CTP no parecen ser específicas pues también se acuerdan en otros sectores y en especial en el sector bancario, sin necesidad de un REC. Tampoco los acuerdos sobre dispositivos de seguridad y su instalación parecen ser específicos del sector de los seguros, pues caen en el ámbito general del establecimiento de normas, que cuenta actualmente con la orientación ofrecida en las Directrices horizontales.

31. Por lo que se refiere a los acuerdos sobre CTP y dispositivos de seguridad, varios encuestados sostuvieron que habría mucha menos cooperación entre las aseguradoras si no se renovara el REC puesto que las empresas estarían menos dispuestas o nada dispuestas a asumir los riesgos jurídicos de cooperar si no existiese el REC. Este argumento sostiene que esta reducción o desaparición de la cooperación perjudicaría a su vez tanto a la competencia (menos entradas en el mercado) como a los consumidores (precios mayores y menos posibilidades de elección). Si la cooperación en las áreas amparadas por la exención es tan importante para el sector de los seguros, la Comisión podría esperar que la necesidad de cooperar adquiriera prioridad sobre la necesidad de contar con un recinto protegido por el REC. Esto es lo que sucede en la práctica en relación, por ejemplo, con los acuerdos de liquidación de siniestros y los registros de riesgos agravados, en los que las aseguradoras cooperan, a pesar de que estos dos ámbitos no están cubiertos por el REC. Por lo tanto si hay menos cooperación en el mercado en caso de no renovación, es poco probable que sea consecuencia directa de la no renovación.

32. Debería tenerse en cuenta que la seguridad jurídica proporcionada por el REC no es absoluta y sólo puede ser un recinto protegido (en aplicación del artículo 81, apartado 3) en caso de que se cumplan las condiciones del REC. Muchas aseguradoras parecen basarse en la seguridad jurídica proporcionada por la mera existencia del REC, sin proceder a la necesaria evaluación jurídica cuidadosa de su compatibilidad con las condiciones del REC. Además, muchas aseguradoras parecen considerarse erróneamente amparadas por el REC, infravalorando la evaluación requerida por el REC y sobrevalorando la autoevaluación que sería necesaria si no se renovase el REC.

33. En caso de que no se renueve la REC en relación con las dos categorías de acuerdos propuestas (condiciones tipo de las pólizas y dispositivos de seguridad), los acuerdos que antes entraban en su ámbito de aplicación no serán necesariamente ilegales. Al contrario, habrá que realizar una evaluación jurídica de conformidad con el artículo 81, apartados 1 y 3, así como con las Directrices sobre la aplicación del artículo 81, apartado 3 y/o las Directrices horizontales, y no de conformidad con el REC, tal como ocurre actualmente en la gran mayoría de sectores. Tal y como confirmará la Comisión Europea en una Comunicación que se publicará en caso de que no se renueve alguna de las exenciones vigentes, la mayoría de los criterios utilizados en este REC seguirían siendo válidos a la hora de aplicar el artículo 81, apartado 3. Finalmente, los efectos positivos resultantes de estos acuerdos y alegados por los participantes en el estudio deben considerarse a la luz del artículo 81, apartado 1, y, en caso de necesidad, del artículo 81, apartado 3, en cada caso individual.

34. Actualmente, la Comisión opina que las dos formas de cooperación que parecen específicas del sector de los seguros, a saber los acuerdos sobre cálculos conjuntos, tablas y estudios y los relativos a agrupaciones de coaseguro o de correaseguro deben seguir amparadas por un REC. Por lo que respecta a la primera, la Comisión aún no ha decidido si modificará la estructura o la redacción de la exención actual y, si concluye que es necesario renovarla, si lo hará de forma total o parcial. Esto dependerá de las nuevas contribuciones que reciba y de un análisis pormenorizado y específico de todos los datos e informaciones disponibles. Por lo que se refiere a la segunda, en la fase actual se considera que, aun cuando el riesgo de falta de cooperación en estos ámbitos pudiera ser escaso, se debe evitar la posibilidad de que pueda disminuir esta cooperación favorable a la competencia.

35. El 2 de junio de 2009 se celebrará un acto público que permitirá a la Comisión conocer las observaciones finales del sector y de los interesados antes de tomar una decisión sobre la eventual renovación de alguna de las partes del REC.

[1] Reglamento (CE) n° 358/2003 de la Comisión, de 27 de febrero de 2003, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros (DO L 53 de 28.2.2003).

[2] Cuando se haga referencia en este documento al artículo 81, se entenderá que se trata del artículo 81 del Tratado CE.

[3] 1 de abril de 2003.

[4] Este requisito se estableció en el artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1534/91 del Consejo.

[5] La DG Competencia inició una consulta en abril de 2008 de tres meses de duración, plazo de tiempo considerable para que los interesados respondieran. Una vez concluida la consulta, la Comisión mandó otros cuestionarios detallados recabando más información, en especial a ciertas categorías de interesados, a saber, aseguradoras más pequeñas, agrupaciones y federaciones/asociaciones de productores de dispositivos de seguridad.

[6] Cuando se emplee el término «acuerdos» en este documento, se referirá a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas.

[7] Durante tres años a partir de la fecha del primer establecimiento de la agrupación, independientemente de la cuota de mercado de la misma.

[8] Definidos en el artículo 2, apartado 7, del REC.

[9] Artículo 7, apartado 2, letras a) y b): más del 20 % del mercado de referencia en el caso de las agrupaciones de coaseguro, y más del 25 % del mercado de referencia en el caso de las agrupaciones de correaseguro.

[10] Artículo 8 del REC.

[11] También se plantearon dudas en torno a la definición de «nuevos riesgos».

[12] DO C 128 de 9.12.1997, p. 5.

[13] Asuntos C-415/93, Bosman, Rec. 1995, p. I-4921, párrafos 83 y 84; y C-281/98, Angonese, Rec. 2000, p. I-4139, apartado 32; Asunto 36/74, Walrave y Koch, Rec. 1974, p. 1405.

[14] Asunto C-309/99, Wouters/Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Rec. 2002, p. I-1577; C-411/98; Ferlini/CHL, Rec. 2000, p. I-8081, apartado 50.

[15] Comunicación de la Comisión de 6 de enero de 2001: Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal, DO C 3 de 6.1.2001; Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el papel de la normalización europea en el marco de las políticas y la legislación europea, 18.10.2004.

[16] Comunicación de la Comisión de 6 de enero de 2001: Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal, DO C 3 de 6.1.2001.