30.3.2004 ES C 80/103 Diario Oficial de la Unión Europea
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Revisión intermedia de la Agenda de política social»
(COM(2003) 312 final)
(2004/C 80/26)
El 2 de junio de 2003, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación
mencionada.
La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 25 de noviembre de 2003 (ponente: Señor Jahier).
En su 404oPleno de los días 10 y 11 de diciembre de 2003 (sesión del 10 de diciembre), el Comité
Económico y Social Europeo ha aprobado por 104 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones el presente
Dictamen.
1. Introducción
1.1. La Agenda de política social representó una meta
significativa en la construcción de una Europa más social,basada en los valores de la solidaridad y la justicia social. De
hecho, los sistemas de asistencia social de los distintos Estados
miembros nacieron y se desarrollaron a partir de tradicionesnacionales históricamente diversas, dando lugar a solucionesde protección social bastante diferentes, aunque todas se
basan en el principio de solidaridad. La Agenda constituyó y
constituye una base común fundamental de comparación yconvergencia social entre los Estados miembros.
1.2. La estrategia que hizo posible la aceptación de una
Agenda social europea se basa en dos principios: a) el
reconocimiento de que el trabajo es una necesidad y underecho que debe protegerse para garantizar unas condiciones
de integración social positiva, así como para mejorar y
apoyar la competencia económica en los mercados internos einternacionales; b) la lucha contra la pobreza, la exclusión
social, las barreras y las desigualdades, especialmente las que
penalizan las relaciones entre grupos sociales y entre hombresy mujeres, así como, de forma cada vez más evidente, a lasnuevas generaciones.
1.3. La Agenda se inscribe en el marco de un objetivo
estratégico más amplio determinado en el Consejo Europeo deLisboa, con la aspiración de contribuir a interacciones dinámi-cas entre las políticas económica, laboral y social, para
fomentar circuitos virtuosos de progreso económico y social
con vistas al desarrollo sostenible (
1).
(1) Respecto del desarrollo sostenible, se remite a los numerosos
dictámenes que ha emitido el Comité, entre los que cabe citar «Laestrategia de Lisboa y el desarrollo sostenible» (DO C 95 de23.4.2003) y el Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión«Hacia una asociación global en favor del desarrollo sostenible»
(DO C 221 de 17.9.2002).1.4. Por lo tanto, la revisión intermedia de la Agenda se
inscribe en una estrategia a largo plazo destinada a convertir ala Agenda social en un marco unitario de orientación delfomento del desarrollo humano y social en cada Estado
miembro y en toda la Unión, lo que les permitiría establecer
niveles comunes de ciudadanía social y determinar las estrate-gias más adecuadas para promoverlos y aplicarlos.
1.5. Este objetivo puede alcanzarse, ante todo, si se logra la
continuidad de las soluciones concretadas y favorecidas en sumomento en la Agenda: el método abierto de coordinación,
una legislación coherente y favorable al establecimiento de
normas mínimas y a los acuerdos entre los interlocutoressociales, el diálogo social para que la organización del trabajoevolucione hacia un equilibrio entre flexibilidad y seguridad,
una utilización específica de los Fondos Estructurales y progra-
mas de apoyo a las políticas innovadoras, con el fin deincentivar la responsabilidad autónoma de cada Estado miem-
bro respecto de las medidas concretas que deben llevarse a
cabo.
1.6. Esta revisión es el momento de verificar los resultados
obtenidos (
2), formular recomendaciones para una aplicación
eficaz de la segunda fase de la Agenda (2004/2005) y dar
orientaciones ya de cara a la fase preparatoria del futuro debatesobre la Agenda 2006-2010.
2. Observaciones generales
2.1. El CESE comparte la orientación general y las propues-
tas que se reiteran en la Comunicación de la Comisión, en la
medida en que señalan de forma explícita los principales
aspectos del procedimiento y los puntos controvertidos quedeben tenerse en cuenta; asimismo, señala con satisfacción que
se han puesto en práctica casi todas las acciones previstas en
la Agenda.
(2) Puede deducirse un marco sintético y global a partir de la
Comunicación analizada en el presente dictamen y de la Comuni-cación de febrero de 2003 «Cuadro de indicadores sobre la
aplicación de la Agenda de política social» (COM(2003) 57 final).
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2.2. No obstante, la ausencia de datos actualizados en
diversas áreas sigue dificultando el seguimiento de los progre-
sos realizados en el ámbito de la lucha contra la pobreza y el
fomento de la integración social. Durante el próximo bienio,deberá garantizarse más información respecto de: más ymejores puestos de trabajo; entorno de trabajo y seguridad;
lucha contra todas las formas de exclusión y discriminación;
modernización y mejora de la protección social; igualdad entrehombres y mujeres; refuerzo de los aspectos sociales de la
ampliación y de las relaciones exteriores de la Unión Europea.
2.3. Asimismo, uno de los principales hilos conductores de
la Agenda era reforzar el papel de la política social como factor
productivo: la Comisión prosigue en esta vía, consciente del
«coste de la falta de una política social», que debe evaluarse deforma comparativa en los distintos países.
2.4. Otro aspecto fundamental de la Agenda de política
social es la gobernanza. Debe potenciarse durante la segundafase, sobre todo promoviendo la participación de los agentes
interesados, así como métodos comunes de evaluación de las
políticas sociales. La Comisión Europea se ha comprometido avelar por la plena aplicación del acervo legislativo en la
materia.
2.5. Empleo
2.5.1. Los resultados de las reformas estructurales de los
mercados de trabajo europeos comienzan a ser visibles, sobre
todo por lo que se refiere al aumento de la intensidad del
empleo y a la creación de puestos de trabajo en los sectores dealta tecnología y alta intensidad de conocimientos. De hecho,
desde 1997 se han creado doce millones de puestos de trabajo,
lo que supone un aumento de la tasa de empleo en cuatropuntos y, de acuerdo con los datos de Eurostat, en 2001 la UE
registró la tasa de desempleo más baja desde 1992 (esto es, el
7,4 %) (
1).
2.5.2. No obstante, en 2002 el desempleo aumentó de
forma considerable por primera vez desde 1996: la persistenciade las disparidades regionales y de la debilidad a largo plazo
en aspectos como la baja tasa de empleo de los trabajadores de
más edad, las desigualdades entre los sexos, un alto nivel dedesempleo juvenil y de larga duración (
2), deben dar lugar a un
(1) Eurostat y DG Empleo, «La situación social en la Unión Europea
2003», septiembre de 2003.
(2) Cabe destacar que la tasa de empleo de los inmigrantes es
claramente inferior a la media, tal como señaló el Comité, entreotros, en el Dictamen de iniciativa sobre «La inmigración, laintegración y el papel de la sociedad civil organizada» (DO C 125
de 25.5.2002).refuerzo decidido de las medidas ya previstas (3). A este
respecto, el CESE ha decidido emitir un dictamen de iniciativa
sobre las medidas de apoyo al empleo (4).
2.6. Salud y seguridad en el lugar de trabajo
2.6.1. En los últimos años se han registrado avances en la
disminución de los accidentes de trabajo y el número total de
accidentes graves se redujo a partir de mediados de los años
noventa. No obstante, el porcentaje de accidentes de trabajosigue siendo elevado, lo que resulta muy gravoso para la
competitividad europea y revela los fallos de las prácticas
actuales en materia de salud y seguridad en el lugar detrabajo (
5). Asimismo, las rápidas transformaciones del mundo
laboral generan nuevos problemas de salud como las lesiones
musculoesqueléticas y las enfermedades psicosociales, como elestrés, la depresión, la ansiedad y demás patologías estrecha-mente vinculadas a la evolución del trabajo.
2.7. Igualdad entre hombres y mujeres
2.7.1. La distribución del empleo entre hombres y mujeres
ha mejorado ligeramente en los últimos años, aunque sin
que se haya conseguido corregir de manera sustancial el
desequilibrio existente (
6). A ello hay que añadir la diferencia
injustificada en la retribución del trabajo masculino y feme-
nino (7), calculándose que las mujeres reciben un 16 % menos
que los hombres. Por lo tanto, el CESE se muestra de acuerdocon la idea de estudiar la creación de un instituto europeoencargado de las cuestiones relativas a la igualdad entre las
mujeres y los hombres, con el fin de reforzar el compromiso
europeo en dicho sentido.
2.8. Impacto social de la legislación
2.8.1. El impacto social de la legislación es una perspectiva
relativamente nueva y aún poco explorada. Merced a la Agendade política social, se ha establecido un seguimiento de laaplicación en los Estados miembros de las normas y directivas
referidas al derecho laboral, la igualdad de trato, la libre
circulación de trabajadores, la asistencia sanitaria y la seguridaden el lugar de trabajo.
(3) Solicitado por el Comité en reiteradas ocasiones. Véase en especial
el Dictamen sobre directrices para las políticas de empleo (DO
C 208 de 3.9.2003) y el Dictamen exploratorio sobre «LaEstrategia de Lisboa».
(
4) Dicho Dictamen, que se redacta en la actualidad, hace referencia a
la revisión de la Estrategia Europea de Empleo.
(5) Véase el Dictamen exploratorio del CESE sobre salud y seguridad
en el trabajo (DO C 260 de 17.9.2001) y el Dictamen sobre laestrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (DOC 241 de 7.10.2002).
(
6) Véase el Dictamen del CESE sobre la igualdad de trato entre
hombres y mujeres (DO C 123 de 25.4.2001).
(7) Véase el Dictamen de iniciativa del CESE sobre «La discriminación
salarial entre hombres y mujeres» (DO C 155 de 29.5.2001).
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2.8.2. A juicio del CESE, es necesario realizar una evalua-
ción más explícita del impacto social de las distintas normas y
de su eficacia. En concreto, el concepto de «rendimiento
social de la legislación», convenientemente transformado enindicadores cotejables, permitirá comparar el impacto socialentre los distintos países teniendo en cuenta, por ejemplo, que
la precariedad de algunas condiciones de trabajo, que no debe
confundirse con formas reconocidas de trabajo flexible, causanun perjuicio considerable a la economía de la Unión.
2.9. Indicadores sociales
2.9.1. El Comité valora positivamente que se hayan determi-
nado estrategias e instrumentos para supervisar la situación y
comprobar el impacto de las acciones propuestas en la Agenda,
pero señala que aún no existe una capacidad de seguimientoefectivo que permita relacionar los indicadores de aplicación
formal (de la producción legislativa y reglamentaria) y los
indicadores de eficacia de las medidas seguidas (reducciónde los porcentajes de epidemiología social, indicadores de
exclusión, pobreza, desempleo de larga duración, etc.).
2.9.2. Asimismo, el Comité subraya la importancia de que
aumente la participación de las personas y grupos sociales, así
como de los distintos entes territoriales, tanto en la elaboración
de los indicadores como en su evaluación conjunta, tal comopropuso el propio Comité de Protección Social.
El CESE ya emitió un dictamen (
1) en el que formula recomen-
daciones concretas para mejorar la fiabilidad de los indicadores,
pero también para que sean prácticos y útiles, dando prioridada los indicadores que permitan medir la participación social yel acceso a los servicios, especialmente los servicios sanitarios
y sociosanitarios.
2.10. Costes generados por la falta de una política social
2.10.1. El criterio de referencia comúnmente aceptado para
el análisis de los costes generados por la falta de políticas
sociales es el binomio eficacia económica/eficacia social, que
se traduce en una distribución equitativa de las posibilidades yrecursos (
2).
(1) Véase el Dictamen de iniciativa del CESE al respecto (DO C 221
de 17.9.2002).
(2) Costs of no social policy: towards an economic framework of
quality social policies — and the costs of not having them. Estudioencargado por la DG de Empleo y Asuntos Sociales (marzo de
2003).2.10.2. Los costes de la falta de una política social pueden
medirse en términos de déficit de información y formación,
desigualdad de acceso a los servicios, posibilidades desequili-
bradas de aprendizaje permanente, desigualdades entre hom-bres y mujeres, déficit de participación y rigidez de los procesosde formación y empleo.
2.10.3. Los estudios comparativos de las tasas de pobreza
entre Estados miembros, antes y después de la aplicación de
políticas redistributivas, revelan un beneficio social considera-
ble a corto y, sobre todo, a medio y largo plazo. Este beneficiono sólo se traduce en la reducción de la pobreza, sino sobre
todo en la disminución de los conflictos y desigualdades
sociales, que merman la calidad de la vida de las familias y delcapital social de las comunidades de referencia.
2.10.4. El CESE destaca también la importancia del con-
cepto de «welfare performance», es decir, indicadores positivos
que pueden ser detectados en la relación entre, por una parte,
los gastos públicos para la asistencia social, las tasas deproducción, desarrollo, inflación y pobreza, así como el
porcentaje de deuda pública y, por otra parte, los indicadores
sociales básicos como la esperanza de vida, la mortalidadinfantil, la escolarización, las rentas de las capas sociales más
desfavorecidas y los niveles de estudios.
2.10.5. A juicio del Comité, las acciones de la Agenda de
política social deben especializarse y concentrar todas suspotencialidades en este ámbito, para pasar de una funciónesencialmente de enumeración de principios y orientaciones a
otra más concreta de evaluación de las inversiones en capital
social, en la calidad del trabajo y en la cohesión social.
2.11. La segunda fase de la Agenda en un marco económico
modificado
2.11.1. La Agenda de política social, al igual que el amplio
conjunto de las nuevas estrategias adoptadas después deLisboa, se elaboró en un momento de crecimiento económico
sostenido y con la perspectiva de mantener este crecimiento,
ya fuera por la evolución de la economía internacional, comopor la repercusión positiva de la perspectiva de integración
de nuevos países en la Unión Europea, y también como
consecuencia del éxito de las políticas de desarrollo y creci-miento (políticas sociales y de empleo) y de sus interacciones
beneficiosas para el ciclo económico.
2.11.2. El CESE considera que la Agenda de política social
sigue siendo fundamental, incluso en una coyuntura prolon-
gada de crisis o estancamiento económico. Sin embargo,
manifiesta su preocupación por que el marco de aplicación dela Agenda de política social no haya sido revisado en profundi-dad, y por que no se planteen cuestiones sobre las diferencias
de impacto, necesidades y sostenibilidad, ni sobre las propias
perspectivas de las políticas sociales y de empleo en un cicloeconómico tan diferente.
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2.11.3. Es esencial avanzar por la senda establecida en la
estrategia de Lisboa, acelerando la aplicación de las acciones
previstas en la Agenda, pero con la condición de tener en
cuenta y evaluar:
— las consecuencias inevitables de este ciclo económico
negativo sobre las debilidades estructurales persistentes
del mercado laboral, por lo que resulta mucho más difícilconseguir y consolidar el objetivo de creación de quince
millones de nuevos puestos de trabajo en 2010, así como
los distintos objetivos cualitativos previstos;
— las consecuencias inevitables de este ciclo económico
sobre las posibilidades de modificar de forma significativa
y duradera —suponiendo que las políticas actuales y losrecursos invertidos por los Estados miembros no varíen—
el porcentaje actual del 9 % de la población europea que
vive en la pobreza y cuya situación tiende a perpetuarse.
2.11.4. Por lo tanto, resulta cada vez más urgente determi-
nar dentro de los ámbitos de actuación de la Agenda un
programa de prioridades más concreto, habida cuenta de los
retos que plantean la coyuntura, el calendario político delpróximo bienio y las importantes restricciones de los recursosdisponibles.
3. Observaciones específicas
3.1. Trabajo y política de rentas
3.1.1. En la coyuntura económica actual, son mucho más
duras las condiciones necesarias para conseguir, dentro de los
plazos fijados, los objetivos sobre empleo, que siguen siendoesenciales, sobre todo por lo que se refiere a los problemasestructurales como el empleo juvenil y la baja tasa de actividad
de las mujeres y los trabajadores de más edad.
3.1.2. En concreto, sobre todo en algunos Estados miem-
bros, existen dificultades crónicas para que las nuevas genera-
ciones accedan al mundo laboral. Ello supone, a corto plazo,el mantenimiento de su dependencia de la familia y, a medio ylargo plazo, la acumulación de una «deuda social diferida» que
gravará los presupuestos sociales de los entes públicos, ya que,
más adelante, deberán ayudar a estas generaciones en la vejezporque no habrán podido acumular unos derechos de pensión
suficientes para poder vivir por encima del umbral de pobreza.
3.1.3. Además, hay que añadir el aspecto decisivo del poder
adquisitivo de las rentas, sobre todo de las más bajas, ante la
tendencia inflacionista que se registra actualmente en variospaíses europeos. Por este motivo, es necesario avanzar en labúsqueda de soluciones eficaces para contrarrestar esta tenden-
cia que reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y de las
familias, sobre todo de los que tienen menos rentas y de las
familias monoparentales que suelen estar compuestas demujeres solas con hijos, y aumenta el número de los llamados«trabajadores pobres» que, a pesar de tener un empleo, viven
por debajo del umbral de pobreza.
3.2. Ampliación de la Unión Europea
3.2.1. La ampliación de la Unión con la adhesión de diez
nuevos países constituye el reto cualitativamente más arduo
para Europa tanto durante el período considerado (2004/2005) como en los siguientes años. Para la Unión Europea,
esta prioridad estratégica es cada vez más importante, sobre
todo debido al aspecto nada desdeñable de la cohesióneconómica y social a nivel interno (
1).
3.2.2. Asimismo, la adaptación de los costes laborales a las
normas occidentales ha sido en muchos de estos países
bastante más rápida de lo previsto, sobre todo en las grandes
ciudades y en los sectores de los servicios especializados,aunque el rápido incremento del coste de la vida ha anulado
en muchos casos unas ventajas de corta duración. En cambio,
subsisten importantes divergencias respecto de la tasa mediade empleo de la UE, así como un gran porcentaje depensionistas, trabajadores agrícolas y otras capas sociales que
viven en la pobreza.
3.2.3. Con una estructura demográfica muy similar a la de
la Europa de los Quince, estos países no pueden permitirse
una reducción del gasto público y, al haber optado por unmarco de convergencia ineludible, sólo podrán ver crecer la
demanda interna de asistencia social, con el fin de garantizar y
mantener las pensiones y la asistencia sanitaria, así como laspolíticas activas de lucha contra la discriminación y la pobreza
y de fomento del empleo.
3.2.4. Por lo tanto, para evitar graves sobresaltos políticos
con consecuencias devastadoras para Europa, el flujo de ayudaseconómicas deberá aumentar y no disminuir después de la
adhesión. No obstante, este problema capital, pospuesto en
gran medida a 2005 debido a la actual coyuntura política, esindisociable de la Agenda de política social, así como de suviabilidad y sostenibilidad. Del mismo modo, es esencial
reforzar todas las medidas complementarias y de supervisión
de la aplicación adecuada y total del acervo comunitario.
(1) Véase el «Segundo informe intermedio sobre la cohesión econó-
mica y social» (COM(2003) 34 final) y el dictamen correspon-
diente.
30.3.2004 ES C 80/107 Diario Oficial de la Unión Europea
3.3. Gobernanza y participación social
3.3.1. La gobernanza europea se basa en cinco principios
notorios: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y
coherencia. A la luz de la experiencia adquirida, estos princi-
pios deberían ser completados con el principio de subsidiarie-dad, que constituye el fundamento principal de una adecuada
labor de gobernanza. Dicho principio hace referencia a las
formas de colaboración y corresponsabilización verticales uhorizontales, capaces de valorizar la contribución de todos los
agentes sociales y territoriales interesados en las políticas
económicas y sociales.
3.3.2. Con tal fin, la presentación de las propuestas legislati-
vas debe ir precedida, de cara a su elaboración, de un análisis
sistemático e independiente del impacto previsible en la
solidaridad y de la relación entre costes y beneficios de laaplicación (
1).
3.3.3. Por lo tanto, el CESE considera que la Comunicación
debería valorizar más el método abierto de coordinación que
ha sido la gran innovación de Lisboa y, sin duda, un vectorimportante para mejorar la gobernanza en la UE, perosobre todo, un importante instrumento que ha permitido la
aplicación de novedades y una verdadera modernización en el
ámbito de la política social y laboral.
3.3.4. El Comité considera necesario precisar y publicar los
aspectos de evaluación que la Comisión ya ha asumido
respecto del proceso aplicado en este ámbito durante los años
transcurridos. En este sentido, conviene valorizar de formamás amplia el instrumento del diálogo social, dando mayor
importancia a los programas de los interlocutores sociales, sin
perjuicio de su autonomía para poner en práctica sus progra-mas de trabajo, e intentando hacer extensiva esta práctica de
concertación activa al mayor número posible de políticas
sectoriales y, sobre todo, a los nuevos países miembros de laUnión (
2).
3.3.5. Del mismo modo, sigue siendo a todas luces escasa e
insuficiente la importancia que se asigna al papel de la sociedad
civil organizada y de los servicios sociales sin ánimo delucro, cuyo ámbito de actuación pública debería potenciarse,
determinarse y valorizarse, sin dejar de tener presente que estos
agentes no deben garantizar los derechos (responsabilidad quecompete a las autoridades públicas correspondientes), sino que
deben contribuir a facilitar que dichos derechos puedan
exigirse en los distintos sistemas nacionales de asistencia social.De hecho, como el Comité ya ha señalado en otras ocasiones,los servicios sociales sin ánimo de lucro pueden contribuir de
forma determinante a la realización de diversos objetivos de la
Agenda de política social, mediante la aportación solidaria de
(1) Véase el Dictamen del CESE sobre el tema «La gobernanza europea
— Un Libro Blanco» (DO C 125 de 27.5.2002).
(2) Véanse los dictámenes del CESE sobre la Agenda de política social,
de 2000 (DO C 14 de 16.1.2001) y el «Cuadro de indicadoressobre la aplicación de la Agenda de política social» (DO C 241 de
7.10.2002).las asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutualidades (3),
en los distintos marcos nacionales y locales de la Unión.
3.3.6. La contribución de los servicios sociales sin ánimo
de lucro en materia de empleo y de labor social es cada vez
más reconocida y valorada, con excelentes resultados para el
fomento y la protección de los derechos de las personasdesfavorecidas en cuanto a necesidades educativas, de asisten-
cia social, asistencia sanitaria, y de apoyo a las políticas de
inclusión y de reducción de las desigualdades sociales.
3.3.7. Las organizaciones sin ánimo de lucro contribuyen a
reconocer y concretar toda nueva demanda social, sobretodo de las capas sociales más desfavorecidas; invierten para
recuperar el tejido social dañado que requiere una regeneración
de vínculos positivos; y fomentan la solidaridad civil y laparticipación social, que son condiciones necesarias parafomentar la vida democrática, incluso en las zonas más
desfavorecidas.
3.3.8. Por todo ello, el papel de la economía social como
factor de desarrollo junto con las asociaciones sin ánimo de
lucro que la fomentan deben gozar de mejor reconocimientoy valoración en el sistema de trabajo social y de prestación de
servicios a las personas, especialmente por lo que se refiere al
Derecho de competencia comunitario.
4. Hacia una ciudadanía social europea
4.1. El período 2004/2005 será principalmente una fase
para completar y consolidar el proceso iniciado en 2000.
Habida cuenta de la nueva coyuntura económica, el CESE
considera que debe darse, de forma progresiva, más relieve alos ejes estratégicos que, aunque ya aparecen en la Agendaactual, tienen que recibir mayor atención para:
— establecer orientaciones de las políticas sectoriales y
prioridades a la hora de aplicar la Agenda actual;
— mejorar cualitativamente la fase preparatoria, en curso,
de la nueva Agenda de política social (2006-2010).
(3) Véanse los dictámenes del CESE sobre el «Cuadro de indicadores
sobre la aplicación de la Agenda de política social» (DO C 241 de7.10.2002), sobre «Los servicios sociales privados sin ánimo delucro en el contexto de los servicios de interés general en Europa»(DO C 311 de 7.11.2001) y sobre «Economía social y mercado
único» (DO C 117 de 26.4.2000).
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4.1.1. La revisión intermedia ofrece una ocasión ideal para
reforzar la evolución de una Agenda de política social centrada
sobre todo en el trabajo (y las medidas sociales destinadas a
promoverlo en un marco de competencia internacional) haciauna futura Agenda en la que los asuntos del desarrollo social yla cohesión tengan un ámbito autónomo e interdependiente
respecto de los demás ámbitos de acción política de la Unión.
4.1.2. En concreto, si la línea directriz actual es la «cohesión
social como factor productivo» de una Unión que hace de lasociabilidad solidaria el motor de su propio desarrollo, con-
viene definir mejor el término «productivo» en los sentidos
económico y de fomento de la calidad social. Los aspectossociales deben considerarse y tratarse no sólo desde el punto
de vista de la «epidemiología» social (la exclusión, las desigual-
dades, etc.), sino también con arreglo a sus connotacionespositivas y productivas de «ciudadanía», esto es, de capital
social nacional y local que debe valorarse e incrementarse.
4.1.3. Asimismo, debe plantearse el problema de interpretar
la pertenencia europea común como ciudadanía «social»
europea, entendida no como un nuevo estatuto jurídicoresultante de un proceso de asimilación de las diferencias
nacionales (civiles y políticas), sino como una valorización de
éstas dada la movilidad creciente de las personas debido altrabajo, la enseñanza, la investigación, la producción y la
transferencia de conocimientos. Al igual que ha ocurrido con
las monedas nacionales, la movilidad de los ciudadanosimplica compartir determinados parámetros fundamentales de
ciudadanía y de sociabilidad entendidos como garantía de
«transportabilidad» de los derechos fundamentales en unespacio europeo capaz de satisfacer las necesidades fundamen-tales de las personas y, por lo tanto, de ofrecer mejores
posibilidades de intercambio, movilidad y seguridad.
4.1.4. La perspectiva de compartir una especie de infraes-
tructuras de ciudadanía social requiere un esfuerzo similar pararealizar grandes infraestructuras que faciliten el desarrollo
económico europeo. Es una opción ambiciosa cuya viabilidad
debe plantearse y analizarse a fondo y que, para llevarla a lapráctica, requiere que se determinen las condiciones (las
«infraestructuras mínimas») idóneas para fomentar la ciudada-
nía social a partir de las opciones implícitas en las decisionesde los distintos Estados miembros respecto de la sanidad,protección social, seguridad social, educación, protección del
medio ambiente y política de la familia, o sea, el capital social
de las distintas comunidades nacionales.
4.2. Crecimiento del capital humano y social de Europa
4.2.1. El crecimiento del capital humano y social de Europa
no sólo es la condición esencial para apoyar la economía del
conocimiento y, por consiguiente, mejorar la competitividad,
sino que constituye el elemento clave para completar de formaeficaz los cambios estructurales del mercado laboral y lasnuevas perspectivas en cuanto a ciudadanía e inclusión
social (
1). Un nivel más alto de capital humano y social
constituye el recurso determinante para la Europa del futuro,
merced a la participación plena y activa de los distintos agentessociales.
4.2.2. Por ello, es necesario que las políticas de formación
continua durante toda la vida (
2) (aprendizaje permanente) se
conviertan en una prioridad absoluta, no sólo de las políticasactivas para la creación de empleo, sino también de las políticas
sociales en sentido amplio. Si en todos los Estados miembros
de la Unión Europea se diera a cada ciudadano la posibilidadde disfrutar del equivalente a un año suplementario de
formación, la productividad global de la UE aumentaría sin
duda a corto y largo plazo. En opinión del CESE, este aspectodebería convertirse en una prioridad transversal más clara y
constante de la nueva fase de aplicación de la Agenda de
política social.
4.3. Modernización de los sistemas de protección social
4.3.1. Los sistemas de protección social constituyen el
elemento distintivo del modelo social europeo y su carácter
ejemplar en el mundo actual (
3). El expediente de las pensiones
y las modificaciones actuales de los distintos sistemas naciona-
les, así como la compleja cuestión del fomento de la salud y la
asistencia sanitaria en un marco de libre circulación de lostrabajadores dentro de la Unión, constituyen los dos pilares
principales de los sistemas europeos de protección social y,
como tales, influyen de manera significativa en la viabilidaddel sistema social desde el punto de vista de la eficacia, lasolidaridad, la seguridad y el desarrollo.
4.3.2. Junto con los planes nacionales de acción sobre la
integración social (PNA/inclusión), el CESE apoya la idea de
un esfuerzo decidido de racionalización y refuerzo de lacoordinación abierta. El plazo de 2005 para los procesos y
acciones previstos en el ámbito de las pensiones y la petición
del Consejo Europeo a la Comisión para que presente nuevaspropuestas destinadas a intensificar el intercambio coopera-
tivo, por ejemplo, en los sectores de los servicios sanitarios y
la asistencia a las personas de edad avanzada, pueden conver-tirse en palancas importantes de esta estrategia, con el fin de
mejorar la eficacia de la propia Agenda de política social (
4).
(1) Véase al respecto la Resolución de Consejo de Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumidores, de 2 y 3 de junio de 2003, sobrela importancia del capital social y humano.
(
2) Véanse los dictámenes del CESE sobre el «Memorándum sobre el
aprendizaje permanente» (DO C 311 de 7.11.2001) y sobre la«Comunicación de la Comisión — Puntos de referencia europeosen educación y formación: seguimiento del Consejo Europeo deLisboa» (DO C 133 de 6.6.2003).
(
3) Véanse los dictámenes del CESE sobre las «Opciones para la
reforma de las pensiones» (DO C 221 de 17.9.2002) y sobre«Pensiones seguras y viables» (DO C 48 de 21.2.2002).
(
4) Véase la Comunicación de la Comisión «Refuerzo de la dimensión
social de la Estrategia de Lisboa: racionalización del métodoabierto de coordinación en el ámbito de la protección social»(COM(2003) 261 final) y el correspondiente dictamen del CESE
aprobado en el Pleno de los días 29 y 30 de octubre de 2003.
30.3.2004 ES C 80/109 Diario Oficial de la Unión Europea
4.4. El trabajo como prioridad del desarrollo económico y social
4.4.1. El trabajo ha sido uno de los principales puntos de
convergencia y compromiso de la Agenda de política socialeuropea. Las soluciones adoptadas se refieren, sobre todo, a la
creación de puestos de trabajo en los sectores de alta tecnología
y alta intensidad de conocimientos. Esta estrategia debecompletarse con un esfuerzo paralelo de inclusión de las
mujeres, los jóvenes, las personas desfavorecidas, los adultos
expulsados de forma prematura de sectores productivos endeclive y los inmigrantes. En especial, deben potenciarsepolíticas preventivas y activas para el acceso al mercado laboral
de las personas con discapacidad.
4.4.2. A pesar de una coyuntura desfavorable, se dan
las condiciones políticas y culturales para aprovechar lasinversiones realizadas hasta ahora en la promoción de unamayor calidad del trabajo, que no debe limitarse a los problema
aún ingentes de seguridad y protección de la vida en el lugar
de trabajo, sino que debe ampliarse a los aspectos de la calidadde las condiciones y relaciones laborales (
1).
4.4.3. La calidad del trabajo engloba las estrategias de
transferencia de competencias (aprendizaje permanente y
entorno de aprendizaje), la difícil relación entre flexibilidad y
precariedad laborales (sobre todo para las jóvenes generacio-nes), las estrategias de gestión sin conflictos y colaboradoras
de los procesos de trabajo (responsabilización y aceptación de
las estrategias y resultados) y la relación entre vida profesionaly familiar que, en algunos países, repercute gravemente en la
natalidad.
4.4.4. Por último, todos los Estados miembros deben
reforzar las medidas de lucha contra el trabajo no declarado,dado que, según recientes estimaciones del Banco Mundial,
alrededor de 20 millones de personas en Europa trabajan en la
economía sumergida (
2). Estas personas no sólo no cumplen
con sus deberes de solidaridad fiscal y social, sino que
tampoco contribuyen a financiar de forma adecuada su propia
protección de cara a la jubilación. Por consiguiente, el Comitévalora positivamente la Resolución adoptada en la materia porel Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores,
en la que se reitera con firmeza la gravedad del fenómeno y se
invita a los Estados miembros, las instituciones europeas y losinterlocutores sociales a hacer todo lo posible por comba-
tirlo (
3).
(1) Véase el Dictamen del CESE sobre el tema «Mejora cualitativa de
la política social y de empleo» (DO C 311 de 7.11.2001).
(2) El Comité recuerda, una vez más, que los inmigrantes constituyen
un grupo especialmente vulnerable al respecto; en concreto, véaseel Dictamen de iniciativa del CESE sobre «La inmigración, laintegración y el papel de la sociedad civil organizada» (DO C 125de 27.5.2002).
(
3) Véase la Resolución del Consejo sobre el trabajo no declarado que
se recoge en las conclusiones del Consejo de Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumidores de 20 de octubre de 2003.4.5. Supervisión y evaluación conjunta
4.5.1. Las medidas de supervisión han puesto de relieve los
límites intrínsecos al objetivo europeo de evaluar la evolución
social y el impacto de la Agenda mediante parámetros comunes
y fiables. No obstante, deberían superarse las dificultadesactuales que plantea la tendencia a la simple presentación deinformes favoreciendo las estrategias de comprobación y
evaluación adecuadas para medir los resultados obtenidos. Por
lo tanto, la carencia de instrumentos de supervisión adecuadosy suficientes, expuesta de forma reiterada en los distintos
documentos, no debe constituir en el futuro un obstáculo, o
peor aún, un pretexto aceptado «fisiológicamente», sino quedebe considerarse un obstáculo con vistas a superarlo de forma
prioritaria.
4.5.2. Las medidas para eliminar esta laguna de conoci-
mientos deberán potenciar el desarrollo de un «modeloeuropeo de evaluación del impacto social» de la legislación y
de las políticas correspondientes, basándose en tres indicadores
tripolares, como son la inversión-financiación (aportación),organización de las respuestas (elaboración) y eficacia de lasmedidas (resultados), para poder representar, con indicadores
fiables, el nivel de ciudadanía social europea alcanzado en los
distintos Estados miembros.
4.5.3. Esta posibilidad, que ya se está experimentando
mediante proyectos piloto, pone de relieve la simplificación y
el ahorro de recogida de datos que pueden obtenerse mediantela reducción de las variables que deben registrarse y la
potencialidad de lectura que ofrece la combinación de los tres
indicadores señalados, haciendo más fácil y transparente lacomparación entre los Estados miembros. De dicha forma se
garantizaría una mayor capacidad de lectura y evaluación de
los resultados de la estrategia actual de los indicadores sociales,lo que pondría de relieve el «rendimiento social» de lasmedidas aplicadas a escala europea y nacional, y facilitaría la
instauración de formas de evaluación conjunta de los resulta-
dos, mediante la participación de los interlocutores sociales yde los distintos agentes sociales que se ocupan de la ciudadanía
solidaria.
5. Conclusiones
5.1. El CESE valora de forma positiva que todas las acciones
previstas en la Agenda de política social de 2000 hayan sidopuestas en práctica y reitera su firme convicción de que el
mantenimiento de las líneas de trabajo previstas y el futuro de
la propia Agenda son fundamentales en un período de crisis oestancamiento económico.
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5.2. El CESE reconoce la necesidad de garantizar la continui-
dad de las acciones, inversiones y el método, profundizando
en el impacto social de la legislación, las inversiones en capital
humano y social y la evaluación de la economía social y de losdistintos agentes, con el fin de realizar de forma más eficaz ycompleta los objetivos de cohesión y de desarrollo social que
se recogen en la estrategia de Lisboa.
5.3. El CESE reitera la necesidad inaplazable de facilitar la
existencia de datos actualizados que permitan una supervisiónimprescindible y permanente, con el fin de determinar formas
más eficaces e innovadoras de evaluación conjunta.
5.4. El CESE considera necesario determinar un marco de
prioridades más preciso para la segunda fase de la Agenda ya
iniciada, habida cuenta de las dificultades derivadas de lacoyuntura política y económica, el calendario institucional, las
Bruselas, 10 de diciembre de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCHrestricciones de los recursos y el compromiso específico de
integración de los nuevos miembros de la Unión.
5.5. El CESE subraya la necesidad de ayudar a los nuevos
Estados miembros a participar activamente en la puesta enpráctica de la Estrategia de Lisboa y a mantener el compromiso
de respetar el acervo comunitario en materia social.
5.6. Por último, el CESE reconoce que el período 2004/
2005 será, sin duda, determinante para organizar de forma
adecuada los límites del debate sobre el futuro de la política
social europea; en consecuencia, apoya la creación, por partede la Comisión, de un grupo de estudios de alto nivel encargadode estudiar el futuro de la política social y de empleo, tal como
se prevé en la Comunicación. El CESE, para preparar el debatepúblico que se entablará en el otoño de 2004 y a la vista delamplio y coherente conjunto de dictámenes emitido en estosaños, manifiesta desde ahora su interés por participar de formaactiva en dicho proceso.