Por ejemplo, en el caso de una propuesta de Decisión para mejorar la cooperación de la UE en materia de prevención y desincentivación del trabajo no declarado, el Comité de Evaluación de Impacto consideró que la evaluación debía proporcionar más datos que sustentaran los motivos por los que la cooperación entre los Estados miembros basada en la demanda no iba a abordar las cuestiones pertinentes. Por otra parte, se recomendaba presentar más claramente la base jurídica de la iniciativa. También se solicitaban más detalles sobre la proporcionalidad de la opción preferida para demostrar por qué se requerirían formas de cooperación más estrecha entre el conjunto de los 28 Estados miembros, teniendo en cuenta la preferencia que daban a otras opciones los empresarios y los Estados miembros. El informe final se modificó siguiendo las recomendaciones del Comité. Por ejemplo, se presentó con más claridad la base jurídica y se explicaron mejor los aspectos de proporcionalidad (p. 43).

En virtud del artículo 4 del Protocolo nº 2, el Consejo debe remitir a los Parlamentos nacionales todos los proyectos de actos legislativos que tengan su origen en un grupo de Estados miembros, en el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones. Sin embargo, en 2014 el Consejo no recibió actos de ese tipo, por lo que no se remitió ninguno a los Parlamentos nacionales.

En 2014, pese a haberse interrumpido la actividad parlamentaria por ser año electoral, el Parlamento Europeo elaboró 32 valoraciones iniciales y dos valoraciones detalladas de las evaluaciones de impacto de la Comisión, tres evaluaciones de impacto complementarias, una evaluación de impacto de las enmiendas parlamentarias de fondo y una evaluación de impacto ex post. Además se finalizaron cinco informes sobre el coste de la no Europa.

Aunque los Parlamentos nacionales fueron menos activos en el envío de dictámenes motivados en 2014, varias cámaras pidieron el refuerzo del procedimiento de control de la subsidiariedad. Entre enero y mayo de 2014, el Folketing danés, la Tweede Kamer de los Países Bajos y la House of Lords del Reino Unido presentaron informes con propuestas detalladas para reforzar el papel de los Parlamentos nacionales en el proceso de toma de decisiones. Estos informes contenían, entre otras cosas, ideas sobre la manera de ampliar el ámbito del control de la subsidiariedad. Sugerían que los dictámenes motivados deben referirse no solo a la conformidad con el principio de subsidiariedad, sino también a la conformidad con el principio de proporcionalidad o a la base jurídica de la propuesta. Los informes también abogaban por ampliar el plazo de presentación de dictámenes motivados y proponían que, cuando se activase una tarjeta amarilla, la Comisión estuviese obligada a retirar o modificar su propuesta. Los debates entre los Parlamentos nacionales sobre estos temas prosiguen en diversos foros.

El significativo descenso del número total de dictámenes motivados emitidos en 2014 se tradujo en una disminución sustancial del número de dictámenes motivados emitidos por cámara. Solamente 15 de las 41 cámaras emitieron dictámenes razonados en 2014 (frente a 34 en 2013). El Bundesrat austríaco y la House of Commons del Reino Unido emitieron cada uno tres dictámenes motivados (frente a los seis y cinco dictámenes, respectivamente, de 2013). El Riksdag sueco y el Sénat francés emitieron dos dictámenes motivados cada uno (mientras que, en 2013, el Riksdag emitió nueve y el Sénat, cuatro). La mayoría de las cámaras legislativas emitieron solo uno o no emitieron ninguno en absoluto.

En sus dictámenes motivados, los Parlamentos nacionales declararon que era cuestionable que la propuesta de la Comisión respetara el principio de subsidiariedad y ponían en duda que las medidas propuestas pudieran regularse mejor a nivel de la UE que a nivel de los Estados miembros. El Riksdag sueco no estaba convencido de que en la Directiva en materia de sanciones y sus niveles debiera establecerse una formulación común. Además, indicó que determinados elementos de la propuesta que se encuentran normalmente en actos basados en el artículo 83 del TFUE (normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y a las penas) podrían regularse mejor a nivel de los Estados miembros y que la Comisión no había demostrado que el Reglamento de escalas de sanciones comunes fuera necesario para reforzar la cooperación aduanera. El Folketing danés consideraba que la propuesta era una armonización más amplia de lo necesario de la normativa sobre infracciones de la legislación aduanera de la UE y sanciones derivadas. El Seimas lituano alegó que no se iba a cumplir el objetivo de la propuesta (a saber, lograr el desarrollo efectivo y la aplicación correcta y uniforme de la legislación aduanera de la Unión), pues la propuesta de Directiva no iba a determinar si los Estados miembros debían aplicar sanciones administrativas o penales con respecto a tales infracciones aduaneras. En sus respuestas a los dictámenes motivados, la Comisión hizo hincapié en que la armonización de la legislación aduanera no podía ejecutarse de modo eficaz debido a la gran divergencia existente en la normativa de infracciones y sanciones aduaneras en los Estados miembros. En opinión de la Comisión, esta divergencia podría superarse estableciendo una lista común de infracciones aduaneras y armonizando las sanciones correspondientes. Una medida así no podían adoptarla los Estados miembros por separado, por lo que, en este ámbito, era más adecuado actuar a nivel de la UE. La Comisión añadía además que la armonización de las infracciones y sanciones aduaneras haría más eficaz la cooperación entre autoridades aduaneras y resaltó el hecho de que el establecimiento de una lista común de infracciones aduaneras y la armonización de las sanciones aduaneras crearían sistemas de sanciones aduaneras que serían más comparables. La propuesta está aún siendo examinada por los colegisladores.

La propuesta de Directiva por la que se modifican las Directivas 2008/98/CE sobre los residuos, 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, 1999/31/CE relativa al vertido de residuos, 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y cumuladores y 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos era de especial interés para el Comité de las Regiones, dado que, en la mayoría de los Estados miembros, los entes locales y regionales son responsables de aplicar la legislación de la UE sobre residuos. La consulta del Grupo de Expertos sobre la Subsidiariedad y de la Red de Seguimiento de la Subsidiariedad se hizo durante el plazo de ocho semanas permitido para el control de la subsidiariedad por parte de los Parlamentos nacionales. Puso de manifiesto que la mayoría de los consultados consideraba que no se planteaban problemas de subsidiariedad con los nuevos objetivos de la UE en materia de residuos. Sin embargo, algunos de ellos manifestaron su preocupación por la proporcionalidad, dudando de la viabilidad de los nuevos objetivos sobre residuos y destacando las distintas maneras de abordar los objetivos actuales en materia de residuos que hay en la UE. El Comité de las Regiones organizó un taller de evaluación de impacto territorial que puso de manifiesto que determinadas regiones tenían limitaciones para conseguir los objetivos propuestos por la Directiva. Los principales resultados de la consulta y el ejercicio de evaluación de impacto territorial se reflejan en el dictamen del Comité de las Regiones. Otros varios dictámenes aprobados por el Comité de las Regiones en 2014 planteaban dudas sobre la conformidad de las propuestas de la Comisión con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, como era el caso del dictamen sobre la propuesta de Reglamento relativo a la creación de la Fiscalía Europea, el dictamen sobre la propuesta de Decisión relativa a la creación de una plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de prevención y desincentivación del trabajo no declarado y el dictamen sobre la propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1308/2013 y el Reglamento (UE) nº 1306/2013 en lo que atañe al régimen de ayudas para la distribución de frutas y hortalizas, plátanos y leche en los centros de enseñanza.

En sus dictámenes motivados, los Parlamentos nacionales esgrimieron diversos argumentos para demostrar que la propuesta no era conforme con el principio de subsidiariedad. El Bundesrat austríaco alegó que no había ningún aspecto transnacional que debiera regularse a nivel de la UE, y que la Comisión no había podido justificar de manera suficiente las razones por las que los objetivos actuales no eran adecuados o por qué no todos los Estados miembros los estaban alcanzando. El Senát checo declaró que la propuesta no demostraba el supuesto de que los objetivos propuestos pudieran conseguirse de modo realista a un coste razonable para los Estados miembros y los municipios y que, por tanto, la Comisión no había justificado el valor añadido real de la acción propuesta a nivel de la UE. Por último, el Hrvatski Sabor croata alegó que la competencia para establecer objetivos adicionales en materia de gestión de residuos correspondía a los Estados miembros, en función de su situación económica.

El 16 de diciembre de 2014, la Comisión adoptó su Programa de Trabajo de 2015, en el que se proponía retirar o modificar 80 de las 450 propuestas pendientes de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo. La Comisión indicó que tenía intención de retirar la propuesta de Directiva, pero al mismo tiempo anunció que, a finales de 2015, la sustituiría por una nueva propuesta, más ambiciosa, para promover la economía circular. Asimismo, la Comisión reafirmó su compromiso de impulsar la transición de la UE hacia una economía eficiente en materia de recursos y circular, lo que tendría un impacto positivo importante en el empleo, el crecimiento, la competitividad y la innovación. Tras las consultas con el Parlamento Europeo y el Consejo, la Comisión confirmó la retirada de la propuesta el 25 de febrero de 2015.

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº xxx/xxx del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre controles oficiales] y se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo

El 25 de marzo de 2014, la Comisión publicó una propuesta que tiene por objeto que se atiendan las demandas de los ciudadanos en materia de medio ambiente y calidad. La propuesta persigue tres objetivos principales: mantener la confianza de los consumidores, mantener la confianza de los productores y facilitar a los agricultores la transición a la agricultura ecológica. La Comisión propuso, en particular, i) reforzar y armonizar las normas, tanto para los productos de la UE como para los importados, eliminando muchas de las excepciones actuales en términos de producción y control; ii) establecer un sistema de control basado en el riesgo; iii) facilitar a los pequeños agricultores la transición a la agricultura ecológica introduciendo la posibilidad de que se acogieran a un sistema de certificación en grupo; iv) abordar mejor la dimensión internacional del comercio de productos ecológicos con la adición de nuevas disposiciones sobre exportaciones; y v) simplificar la legislación para reducir los costes administrativos de los agricultores y mejorar la transparencia.

Los Parlamentos nacionales emitieron dos dictámenes motivados sobre la propuesta, que representan tres votos. Nueve cámaras emitieron dictámenes en el marco del diálogo político. En sus dictámenes motivados, los Parlamentos nacionales afirmaban que la propuesta no dejaba suficiente margen de maniobra a la legislación nacional o regional para abordar las particularidades nacionales o regionales. Según el Bundesrat austríaco, la propuesta no permitía evaluar si las medidas propuestas por la Comisión eran lo suficientemente eficaces para alcanzar el objetivo deseado, y tampoco permitía evaluar si era preciso que tales medidas se adoptaran a nivel de la UE. La propuesta fue objeto de críticas por no cuantificar el valor de sus efectos y la consiguiente carga administrativa y financiera que suponía para los Estados miembros.

En sus respuestas, la Comisión señaló que el actual margen de maniobra para conceder excepciones a las normas vigentes había dado lugar a una competencia desleal entre los operadores ecológicos de la UE y en relación con los productos ecológicos importados. Algunos factores negativos resultantes acarreaban un riesgo de pérdida de confianza de los consumidores, aumentaban la complejidad de la legislación y causaban problemas comerciales (dificultades para hacer cumplir la normativa) e importantes cargas administrativas. Además, la Comisión subrayaba que, para que la propuesta fuera plenamente operativa, se había estimado necesario adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE. La delegación de competencias contenida en la propuesta establecía criterios claros y concisos y otorgaba a la Comisión un margen de apreciación limitado. Por último, la Comisión insistía en que los Estados miembros iban a participar en la elaboración de dichos actos.

En diciembre de 2014, teniendo en cuenta la duración de las negociaciones en el Parlamento Europeo y el Consejo, la Comisión anunció, en su Programa de Trabajo, su intención de retirar la propuesta de Reglamento y sustituirla por una nueva iniciativa si no se llegaba a un acuerdo en el plazo de seis meses.

4. CONCLUSIONES

En 2014 se redujo significativamente el número de dictámenes motivados en comparación con años anteriores. Los dictámenes motivados emitidos en 2014 representan también un porcentaje considerablemente inferior del número total de dictámenes emitidos en el contexto del diálogo político. No se ha activado ningún procedimiento de «tarjeta amarilla». Pero el menor número de dictámenes motivados se debe quizás a la disminución del número de propuestas legislativas de la Comisión que se produce al final del mandato de esta y no indica que se haya reducido el interés de los Parlamentos nacionales en materia de subsidiariedad. Esta conclusión se ve confirmada por el debate en curso entre los Parlamentos nacionales en relación con el mecanismo de control de la subsidiariedad.

En 2014, como en años anteriores, todas las instituciones que participan en el proceso legislativo trabajaron activamente para garantizar el control del principio de subsidiariedad. La Comisión supervisó la conformidad de sus propuestas con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad estableciendo distintas evaluaciones (planes de trabajo, evaluaciones de impacto) antes de la adopción de los actos legislativos y examinando y dando amplia respuesta a los dictámenes motivados recibidos de los Parlamentos nacionales que manifestaban preocupaciones en materia de subsidiariedad.

El Parlamento Europeo siguió abordando los asuntos de subsidiariedad y proporcionalidad dentro de su trabajo sobre las propuestas legislativas, teniendo en cuenta los dictámenes motivados recibidos de los Parlamentos nacionales. Inauguró también un nuevo enfoque, más general, para evaluar el valor añadido de la UE elaborando un informe del coste de la no Europa y numerosas valoraciones de las evaluaciones de impacto de la Comisión. Por último, el Comité de las Regiones ha proseguido sus trabajos sobre asuntos de subsidiariedad, en particular mediante la adopción y la aplicación de su segundo Programa de trabajo sobre la subsidiariedad y organizando diversos talleres y conferencias dedicadas al principio de subsidiariedad y a asuntos relacionados con la aplicación del mecanismo de control de la subsidiariedad.