1.Introducción

La exposición de los ciudadanos a una desinformación a gran escala, que incluye información engañosa o completamente falsa, representa un gran reto para Europa.

Nuestras sociedades democráticas abiertas dependen de debates públicos que permiten que los ciudadanos bien informados expresen su voluntad mediante procesos políticos libres y justos. Tradicionalmente, los medios de comunicación han tenido un papel esencial en la rendición de cuentas de las autoridades públicas y en la provisión a los ciudadanos de una información que les permita formarse su propia opinión sobre cuestiones sociales y participar en la sociedad democrática de un modo activo y eficaz. En Europa, los medios de comunicación tradicionales están sujetos a una amplia serie de leyes sobre imparcialidad, pluralismo, diversidad cultural, contenido perjudicial, publicidad y contenido patrocinado. La democracia en la Unión Europea depende de la existencia de medios de comunicación libres e independientes.

Actualmente, internet no solo ha aumentado enormemente el volumen y la diversidad de las noticias a disposición de los ciudadanos, sino que también ha cambiado profundamente su manera de acceder e interaccionar con ellas. Los usuarios más jóvenes, en especial, recurren ahora a los medios de comunicación en línea como principal fuente de información. La fácil disponibilidad de información diversa y de calidad ofrece la posibilidad de que los procesos democráticos sean más participativos e inclusivos.

Sin embargo, sobre todo a través de las redes sociales, las nuevas tecnologías pueden utilizarse para difundir desinformación a gran escala y con una velocidad y una precisión de selección de los destinatarios sin precedentes, de modo que permiten crear esferas de información personalizadas y se convierten en poderosas cámaras de resonancia para las campañas de desinformación.

La desinformación erosiona la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación digitales y tradicionales y perjudica a nuestras democracias obstaculizando la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones informadas. A menudo, la desinformación también respalda ideas y actividades radicales y extremistas. Además, menoscaba la libertad de expresión, un derecho fundamental consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») . La libertad de expresión comprende el respeto por la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como el derecho de los ciudadanos a opinar y a recibir y transmitir información e ideas «sin injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras».

La obligación principal de los agentes estatales con respecto a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación es evitar la interferencia y la censura y garantizar un entorno favorable para un debate público inclusivo y plural. El contenido legal, aunque sea un contenido presuntamente perjudicial, suele estar protegido por la libertad de expresión y no debe tratarse del mismo modo que el contenido ilegal, cuya eliminación puede estar justificada. Tal como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esto es particularmente importante en relación con los procesos electorales.

Una serie de agentes nacionales y de otros países utilizan campañas masivas de desinformación en línea para sembrar la desconfianza y crear tensiones sociales, lo que puede tener consecuencias graves para nuestra seguridad. Además, las campañas de desinformación emprendidas por terceros países pueden formar parte de amenazas híbridas para la seguridad interna, incluidos los procesos electorales, en especial si se combinan con ciberataques. Por ejemplo, la doctrina militar rusa reconoce explícitamente la guerra informativa como uno de sus ámbitos.

La difusión de desinformación también afecta a los procesos de elaboración de políticas, ya que influye en la opinión pública. Los agentes nacionales y de otros países pueden utilizar la desinformación para manipular políticas, debates sociales y comportamientos en ámbitos como el cambio climático, la migración, la seguridad pública, la salud y las finanzas. Asimismo, la desinformación puede mermar la confianza en la ciencia y en las pruebas empíricas.

En 2014, el Foro Económico Mundial identificó la rápida difusión de desinformación en línea como una de las diez tendencias principales de las sociedades modernas . En 2016, los agregadores de noticias de las redes sociales y los motores de búsqueda fueron, en conjunto, las principales formas de leer noticias en línea para el 57 % de los usuarios de la UE . En cuanto a los jóvenes, un tercio del segmento de población de 18 a 24 años afirma que las redes sociales son su principal fuente de información . El 80 % de los europeos han recibido información que consideran falsa o engañosa varias veces al mes o con más frecuencia. El 85 % de los encuestados perciben este hecho como un problema en su país .

Las plataformas en línea que distribuyen contenido, sobre todo las redes sociales, los servicios de intercambio de vídeos y los motores de búsqueda, tienen un papel clave en la difusión y la amplificación de la desinformación en línea. Hasta el momento, estas plataformas no han tomado medidas proporcionadas al respecto y no han abordado el reto que suponen la desinformación y el uso manipulador de las infraestructuras de las plataformas. Algunas han tomado iniciativas de corto alcance para combatir la difusión de desinformación en línea, pero solo en un pequeño número de países y dejando de lado a muchos usuarios. Además, existen serias dudas acerca del hecho de que las plataformas den la suficiente protección a sus usuarios contra el uso no autorizado de sus datos personales por terceros, tal como demuestran las recientes revelaciones de Facebook y Cambridge Analytica, investigadas actualmente por las autoridades de protección de datos por la extracción de los datos personales de millones de usuarios de redes sociales en la UE y su utilización en contextos electorales.

El aumento de la desinformación y la gravedad de la amenaza han generado una creciente concienciación y preocupación en la sociedad civil, tanto en los Estados miembros de la UE como internacionalmente. En marzo de 2015, el Consejo Europeo invitó a la alta representante a elaborar un plan de acción para contrarrestar las continuas campañas de desinformación de Rusia, lo que llevó a la creación del Grupo de trabajo East StratCom, operativo, como estaba previsto, desde septiembre de 2015. En una Resolución de junio de 2017, el Parlamento Europeo instó a la Comisión a analizar «en profundidad la situación actual y el marco jurídico en lo relativo a las noticias falsas y a examinar si es posible utilizar la vía legislativa para limitar la difusión y propagación de contenidos falsos». En marzo de 2018, el Consejo Europeo declaró que «las redes sociales y las plataformas digitales deben garantizar unas prácticas transparentes y la plena protección de la privacidad y los datos personales de los ciudadanos». La Declaración conjunta sobre libertad de expresión y «noticias falsas», desinformación y propaganda, adoptada en 2017 por relatores especiales designados por organizaciones internacionales, realiza un tratamiento específico de la aplicación de las leyes internacionales de derechos humanos a este fenómeno.

Actualmente, varios Estados miembros están estudiando posibles medidas para proteger la integridad de los procesos electorales contra la desinformación en línea y para garantizar la transparencia de la publicidad política en línea.

Sin embargo, es evidente que si bien la protección de un proceso electoral depende fundamentalmente de las competencias de los Estados miembros, la dimensión transfronteriza de la desinformación en línea requiere un enfoque a escala europea para garantizar una acción eficaz y coordinada y proteger a la UE, sus ciudadanos, sus políticas y sus instituciones.

Esta Comunicación se ha elaborado teniendo en cuenta las amplias consultas realizadas a ciudadanos y partes interesadas. A finales de 2017, la Comisión creó un grupo de expertos de alto nivel encargado de asesorar sobre este asunto. Este grupo presentó su informe el 12 de marzo de 2018. Asimismo, la Comisión puso en marcha un amplio proceso de consulta pública, que comprendió cuestionarios en línea que recibieron 2 986 respuestas, diálogos estructurados con las partes interesadas relevantes y una encuesta de opinión pública del Eurobarómetro que cubrió a los veintiocho Estados miembros.

Esta Comunicación expone los puntos de vista de la Comisión sobre los retos asociados a la desinformación en línea. Describe los principios y objetivos globales más importantes que deben guiar las medidas para sensibilizar a la opinión pública sobre la desinformación y abordar este fenómeno de forma eficaz, así como las medidas específicas que la Comisión prevé tomar al respecto.