La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 81 del TFUE (cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza). En el artículo 81, apartado 2, letra d), se otorga a la UE competencia para adoptar medidas destinadas a garantizar la cooperación en la obtención de pruebas.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Los problemas que debe tratar esta iniciativa se plantean en las causas judiciales transfronterizas (que, por definición, quedan fuera de la jurisdicción de los ordenamientos jurídicos nacionales) y derivan de la insuficiente cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros o de la falta de interoperabilidad y coherencia suficientes entre los sistemas y ordenamientos jurídicos nacionales. Las normas de Derecho internacional privado se establecen mediante reglamentos porque que es la única forma de garantizar la homogeneidad requerida. Si bien, en principio, nada impide a los Estados miembros que digitalicen su sistema de comunicación, de las experiencias previas y las predicciones de lo que ocurriría sin la intervención de la UE se desprende que se avanzaría a un ritmo muy lento y que, incluso cuando los Estados miembros toman medidas, no puede garantizarse la interoperabilidad sin un marco derivado del Derecho de la UE. El objetivo de esta propuesta no puede, por tanto, alcanzarse de manera suficiente por los propios Estados miembros y solo puede lograrse a nivel de la Unión.

El valor añadido de la UE consiste en aumentar la eficiencia y la celeridad de los procesos judiciales mediante la simplificación y la agilización de los mecanismos de cooperación para la obtención de pruebas, mejorando así la administración de la justicia en los asuntos con repercusión transfronteriza.

• Proporcionalidad

La propuesta es conforme al principio de proporcionalidad dado que se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos. No interfiere en los diferentes regímenes nacionales de obtención de pruebas.

3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

• Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente

Los resultados de la evaluación ex post del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, que se adjunta a la evaluación de impacto, pueden resumirse como sigue.

En términos generales, el Reglamento ha contribuido a la consecución de sus objetivos generales, específicos y operativos. La introducción de métodos comunes para la obtención de pruebas ha sido bien acogida por los profesionales. La introducción de formularios normalizados y de canales de comunicación ha facilitado la comunicación. El Reglamento ha mejorado la eficiencia en los procesos judiciales, tanto en relación con el Convenio de La Haya como respecto del período comprendido entre 2001 y 2017. Así pues, ha contribuido a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y al buen funcionamiento del mercado interior. Mejora la confianza mutua entre los órganos jurisdiccionales y contribuye a reducir la carga procesal para los ciudadanos y las empresas que participen en causas judiciales transfronterizas.

Se han detectado una serie de obstáculos, lo que sugiere que existe margen de mejora. Estos obstáculos tienen que ver casi siempre con los retrasos y los costes para los ciudadanos y las empresas, que son consecuencia de no explotar el potencial de las tecnologías modernas para agilizar las comunicaciones y obtener pruebas de forma directa. Los ejemplos más llamativos son la no utilización de la comunicación electrónica en los intercambios entre los órganos jurisdiccionales y las autoridades de los Estados miembros, que aún se desarrollan predominantemente en papel, y el recurso marginal a la comunicación electrónica, en particular las videoconferencias, para la obtención directa de pruebas. El Reglamento actual no exige que el poder judicial adopte las tecnologías modernas; el hecho de que ello dependa completamente de los esfuerzos individuales de los Estados miembros y de la transición global hacia la digitalización ha dado lugar a que el avance en este sentido haya sido lento, en términos absolutos y en comparación con el uso de las tecnologías modernas en los hogares.

• Consultas con las partes interesadas

La Comisión ha llevado a cabo una amplia consulta con las partes interesadas. Del 8 de diciembre de 2017 al 2 de marzo de 2018 se llevó a cabo una consulta pública que abarcó tanto el Reglamento (CE) n.º 1393/2007 como el Reglamento (CE) n.º 1206/2001. Se recibieron un total de 131 contribuciones (principalmente de Polonia, seguida de Alemania, Hungría y Grecia). Se celebraron dos reuniones específicas en el marco de la Red Judicial Europea, en las que se trataron los problemas prácticos y las mejoras posibles de ambos Reglamentos. Se organizaron reuniones específicas con los expertos gubernamentales de los Estados miembros. Se celebró un taller con partes interesadas específicas que tenían un interés especial en las cuestiones relativas a las causas judiciales transfronterizas. Los resultados de estas consultas fueron, en general, positivos y pusieron de manifiesto la necesidad de intervenir.

Por otra parte, la Comisión realizó consultas periódicas a las partes interesadas y los Estados miembros a través del grupo de expertos del Consejo sobre la notificación y el traslado electrónicos de documentos y sobre las comunicaciones electrónicas, que se reúne entre cuatro y seis veces al año.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado

El grupo de expertos sobre la modernización de la cooperación judicial en materia civil y mercantil celebró seis reuniones entre enero y abril de 2018. Un estudio realizado en 2016 por un consorcio dirigido por la Universidad de Maribor aportó un análisis comparativo de la normativa en materia probatoria de 26 Estados miembros.

• Evaluación de impacto

La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto, que se presenta en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto [SWD(2018) 285].

Se ha estudiado toda una serie de opciones, desde la intervención no legislativa hasta distintos niveles de intervención legislativa de menor a mayor grado de ambición.

La opción preferida consiste en un conjunto de medidas: