ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué?

La actualización del Reglamento sobre los motores recibió un amplio apoyo de las partes interesadas representadas en el Foro Consultivo sobre Diseño Ecológico. Las opciones ECO2 y ECO3 ofrecen un cierto equilibrio entre las opiniones, a veces divergentes, de los diferentes segmentos de la industria, las ONG y los Estados miembros. En particular, por lo que respecta a las hipótesis relativas a los motores más pequeños, los motores monofásicos y los motores de 8 polos, las partes interesadas de la industria expresaron su inquietud con respecto a las posibles dificultades económicas que implicarían para las pequeñas empresas, mientras que las ONG apoyaron activamente su inclusión. Si se consideran los mayores ahorros de energía y los beneficios medioambientales asociados, así como los mayores beneficios para los usuarios finales, incluidos los hogares y la industria, se llega a la conclusión de que la hipótesis ECO3, la de mayor repercusión, es la más atractiva, siempre que se conceda a la industria el tiempo suficiente para adaptarse. Por este motivo, se propone una implementación gradual: También se ha debatido la cuestión de los motores que forman parte de productos finales que ya están regulados en términos de diseño ecológico. Por una parte, los productores de los productos finales en los que la eficiencia del motor es importante para cumplir los requisitos de comportamiento del producto final (ventiladores, bombas, compresores, unidades de ventilación, etc.) consideran que es esencial aplicar requisitos a los motores. Por otra parte, los fabricantes de productos finales para los que la eficiencia de los componentes no es esencial suelen tener una opinión diferente y creen que hay formas más económicas de que sus productos cumplan los requisitos, de manera que se oponen a que se regulen tanto los componentes como los productos finales. Sin embargo, la introducción de este tipo de exención podría producir grandes vacíos legales y posibles situaciones de inseguridad jurídica para los fabricantes e importadores de automóviles, además de representar un grave obstáculo para la vigilancia del mercado. Además, reduciría los beneficios en otros segmentos de la cadena de valor, así como para los usuarios de los motores. Por estas razones, la exclusión de los motores integrados en productos finales no se considera una opción preferida.
·Opción 1, dejar las cosas como están: las partes interesadas, en particular la industria manufacturera, no considera que esta sea una manera sensata de avanzar teniendo en cuenta la evolución de los requisitos de eficiencia energética en otras economías mundiales. ·Opción 2, autorregulación: la Comisión y los Estados miembros dieron prioridad a esta opción, pero la industria no presentó ninguna propuesta. ·Opción 3, etiquetado energético: los Estados miembros, las ONG y la industria consideraron que debía descartarse esta opción, ya que no aportaba ningún valor añadido en el contexto de los productos de empresa a empresa. ·Opción 4a, el coste mínimo del ciclo de vida: al igual que la opción 4b, esta opción genera un importante ahorro para el medio ambiente, y es la preferida por la mayoría de los Estados miembros y la industria manufacturera, debido a que el tiempo de adaptación es más largo. ·Opción 4b, un coste mínimo del ciclo de vida ambicioso: esta opción es apoyada por un pequeño número de Estados miembros y ONG. Si bien se obtiene con ella un ahorro medioambiental ligeramente superior que con la opción 4a, a grandes sectores de la industria manufacturera les preocupa la posibilidad de que las pymes (> 80 % de los productores de la UE) no puedan adaptarse a los requisitos a tiempo. ·Opción 5, información: esta opción recibe un menor apoyo que la opción 4a y la opción 4b en relación con el ahorro en materia de energía y gases de efecto invernadero, los ingresos de las empresas y el coste total de propiedad. Los Estados miembros y la industria consideran que su valor añadido es inferior a los costes que provocaría. Hubo un amplio apoyo para las disposiciones comunes de las opciones 4a, 4b y 5 (normalización de los métodos de medición y suministro de información para la eficiencia de los materiales).
El incremento del coste inicial para el fabricante de vehículos, aunque aquel se iría reduciendo con el tiempo, se estima en 516 EUR por turismo, 521 EUR por furgoneta y vehículo comercial ligero, 970 EUR por autobús y 1 013 EUR por camión. Los datos históricos indican que no es probable que este coste se traslade íntegramente al consumidor final. Sin embargo, los usuarios de vehículos podrían tener que afrontar unos costes de reparaciones más elevados.

No se prevén repercusiones importantes para las pymes, aunque algunas de ellas podrían verse beneficiadas por el aumento de la demanda si forman parte de la cadena de valor del sector de los proveedores automovilísticos. Las pymes que compran vehículos podrían tener que soportar un aumento de los precios de compra, aunque no se prevé que esto suceda (véase supra). Las pymes que utilicen vehículos comerciales ligeros para el transporte de trabajadores, herramientas, paquetes, etc., se beneficiarán de un nivel equivalente de prestaciones de seguridad de los vehículos.
Opción A: acción no legislativa (es decir, medidas prácticas para mejorar la cooperación judicial entre las autoridades públicas e intensificar la cooperación directa entre las autoridades públicas y los proveedores de servicios) Opción B: opción A + acuerdos internacionales Opción C: opción B + legislación sobre cooperación directa (orden europea de entrega + acceso a bases de datos) Opción D: opción C + legislación sobre acceso directo La opción preferida es la D, tanto cualitativamente como en términos de costes y beneficios.
¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué?

Se han considerado dos opciones no legislativas. La opción estratégica 1 supone que cuando finalice la 3.ª acción conjunta EUnetHTA en 2020, se interrumpe la financiación de la UE para la cooperación científica y técnica. La cooperación sería voluntaria, basada en recursos nacionales, y se espera que siga siendo esporádica. La opción estratégica 2 prevé un modelo de cooperación voluntaria implementado mediante proyectos financiados por la UE distintos de las acciones conjuntas. Depende de la voluntad de los organismos de ETS para participar, sin garantías de aplicación de los resultados conjuntos. Además, se consideraron tres opciones estratégicas legislativas. La opción estratégica 3 prevé un mecanismo de cooperación permanente que permita la armonización de herramientas, procedimientos y metodología comunes de ETS, y diálogos precoces con los desarrolladores de tecnologías sanitarias. La opción estratégica 4 se basa en la opción 3, a la que se añaden evaluaciones clínicas conjuntas (es decir, REA conjuntas). Esta opción estratégica podría aplicarse a través de un sistema de «participación voluntaria» (opción 4.1) o a todos los Estados miembros sin posibilidad de participar voluntariamente más tarde o de quedarse fuera (opción 4.2). La opción estratégica 5, que amplía la opción 4 incluyendo la ETS conjunta completa (es decir, REA más evaluación económica y otros ámbitos no clínicos) no se consideró viable y se descartó al principio del proceso. La opción preferida es una Opción 4.2 revisada, que incorpora elementos de otras opciones estratégicas (es decir, 2 y 4.1) y también algunos ajustes (es decir, la aplicación progresiva de la definición del producto, la inclusión de disposiciones transitorias para los Estados miembros y un enfoque específico para las tecnologías médicas). La opción de gobernanza preferida incluye una secretaría central gestionada por la Comisión Europea.
La Comunicación de la Comisión «Comercio para todos» replantea la política comercial de la UE. El objetivo es conseguir en este ámbito una política más eficaz desde el punto de vista de los resultados económicos obtenidos, más transparente y basada no solo en intereses económicos, sino también en valores. Entre los objetivos generales figuran el fomento del comercio y el desarrollo sostenible, que agilicen los intercambios y las inversiones para las pymes, e incluyan disposiciones modernas sobre protección de las inversiones en los acuerdos bilaterales. Estos aspectos, no contemplados en el capítulo comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile actualmente vigente (en lo sucesivo, «el Acuerdo de Libre Comercio UE/Chile»), están en el origen de la iniciativa de modernizar dicho Acuerdo, que figuraba entre las iniciativas perfiladas en la Comunicación de la Comisión titulada «Comercio para todos». Por otra parte, las empresas de la UE se enfrentan en Chile a ciertos problemas específicos. Catorce años después de su entrada en vigor, el Acuerdo de Libre Comercio UE-Chile no responde adecuadamente a algunas cuestiones importantes en materia de comercio e inversión. La falta de acceso a los mercados de los productos agrícolas, los servicios y la contratación pública, así como las disposiciones obsoletas relativas a las normas (por ejemplo, normas de origen obsoletas, supresión aún parcial de las barreras no arancelarias, disposiciones limitadas en materia de derechos de propiedad intelectual, etc.) impiden que los intercambios bilaterales y las inversiones alcancen su pleno potencial. Además, los intercambios bilaterales y las inversiones de la UE con Chile se enfrentan a la competencia cada vez mayor de terceros países (en particular, China), debido los numerosos acuerdos de libre comercio que Chile ha venido celebrando con otros socios comerciales en los últimos años.
En 2004, el Reglamento 1/2003 implantó un sistema descentralizado de aplicación de las normas de competencia de la UE. El Reglamento pretendía mejorar la aplicación facultando a las autoridades nacionales de competencia (ANC) para aplicar las normas junto con la Comisión Europea. Si bien las ANC han impulsado considerablemente la aplicación de las normas de competencia de la UE durante la última década, podrían hacer más. Cada año se registran pérdidas comprendidas entre 181 000 y 320 000 millones EUR debido a la existencia de cárteles no descubiertos que suelen aumentar los precios entre un 17 % y un 30 %. Estudios y trabajos recientes realizados en el marco del Semestre Europeo muestran que algunos sectores siguen adoleciendo de falta de competencia en Europa. Hay un vínculo claramente establecido entre el papel y la capacidad de las ANC para actuar y aplicar plenamente las normas de competencia de la UE y el mantenimiento de la competencia en los mercados. Existen cuatro fuentes subyacentes de problemas que afectan a la capacidad de las ANC para ser más eficaces en la aplicación de las normas y al sistema descentralizado implantado por el Reglamento 1/2003: 1.la falta de instrumentos de competencia eficaces 2.la falta de competencias efectivas para imponer multas disuasorias 3.las divergencias en los programas de clemencia aplicados en Europa que disuaden a las empresas de facilitar información 4.la falta de garantías de que las ANC puedan actuar con independencia a la hora de aplicar las normas de competencia de la UE y dispongan de los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo. Si las ANC no pueden realizar todo su potencial, se debilita uno de los principales aspectos del mercado único, a saber, garantizar que no se falsee la competencia en Europa. Una aplicación menos eficaz por parte de las ANC significa que no están garantizadas las condiciones para un funcionamiento eficiente de los mercados. Las empresas no pueden competir en condiciones justas y se enfrentan a barreras a la entrada en el mercado. Los consumidores no se benefician de las ventajas de la aplicación de las normas de competencia, a saber: precios más bajos, mejor calidad, más posibilidades de elección y la innovación en materia de productos.
COMISIÓN EUROPEA

Bruselas,30.1.2018

SWD(2017) 477 final/2

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The text shall read as follows:

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS. INFORME DE SÍNTESIS

que acompaña al documento

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo

relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmenet en otro Estado miembro

{COM(2017) 796 final}



{SWD(2017) 471 final}



{SWD(2017) 472 final}



{SWD(2017) 475 final}



{SWD(2017) 476 final}
Estas soluciones no son fáciles porque el nivel general de investigación e innovación en el Mediterráneo no guarda relación con la magnitud del desafío regional, porque los niveles de inversión difieren mucho entre países, porque la financiación no está bien focalizada para afrontar el reto del suministro de agua y alimentos, porque las partes interesadas (como, por ejemplo, las del sector privado) no siempre disponen de capacidades de investigación e innovación suficientes, y porque los esfuerzos de investigación e innovación y colaboración entre los Estados miembros de la UE y los países del sur y el este del Mediterráneo son demasiado dispersos (la mayoría están regidos por acuerdos bilaterales) para tener un impacto significativo.

¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué?
Los colegisladores acordaron poner fin a los recargos por itinerancia al por menor para los desplazamientos periódicos en la UE a partir del 15 de junio de 2017 (régimen RLAH impuesto por el Reglamento (UE) n.º 531/2012, modificado por el Reglamento 2015/2120, de 25 de noviembre de 2015, el denominado «Reglamento sobre la itinerancia»), a condición de que, tras una revisión del mercado mayorista de itinerancia en la UE por parte de la Comisión, la UE adoptase medidas legislativas apropiadas en este mercado con el fin de permitir el RLAH a partir de dicha fecha. El examen de la itinerancia al por mayor llevado a cabo por la Comisión muestra que los mercados mayoristas de itinerancia nacionales no funcionan correctamente y que no se espera que esto cambie con la futura obligación de RLAH al por menor. La presente evaluación de impacto pretende, por tanto, determinar la mejor opción para regular el mercado mayorista de itinerancia en la UE a fin de hacer posible el RLAH en 2017 manteniendo, al mismo tiempo, la sostenibilidad de los modelos de tarificación nacional.

El Reglamento sobre la itinerancia confió a la Comisión la tarea de revisar el mercado mayorista de la itinerancia y formular propuestas apropiadas para posibilitar la supresión de los recargos por itinerancia al por menor en la UE a partir del 15 de junio de 2017. La supresión de estos recargos prevista en el Reglamento sobre la itinerancia está condicionada a la adopción y aplicabilidad en esa fecha de las medidas a nivel mayorista necesarias para que resulte posible. Por lo tanto, si no se propusiera ninguna medida, y teniendo en cuenta los indicios previos de que el actual régimen legislativo del mercado mayorista no constituye base suficiente para la introducción del RLAH, la obligación establecida en el Reglamento sobre la itinerancia de suprimir los recargos por itinerancia al por menor a partir del 15 de junio de 2017 no podría aplicarse en esa fecha.
Las condiciones de acceso al mercado de los productos fertilizantes están solo parcialmente armonizadas a escala de la UE. La fragmentación de la parte del mercado no armonizada limita mucho las oportunidades comerciales. Por otra parte, la legislación armonizada no aborda suficientemente las cuestiones relativas a la salud humana y el medio ambiente. Más en concreto, se señalaron los siguientes problemas prácticos: 1) Las empresas que operan en varios Estados miembros en el mercado no armonizado se enfrentan a los costes derivados de reglamentaciones nacionales divergentes, que a menudo implican una autorización previa, difícil de obtener. 2) Se han detectado problemas graves para la salud y el medio ambiente, en particular la presencia de contaminantes tóxicos en determinados abonos de uso muy extendido. La actual legislación de armonización no ofrece suficiente protección de la salud y el medio ambiente. 3) La legislación armonizada actual concede el acceso al mercado mediante un procedimiento que ha demostrado ser demasiado lento en relación con el ciclo de innovación de la industria.
ICTAMEN DE LA COMISIÓN sobre la Resolución del Parlamento Europeo del 17/11/2000 relativa al Defensor del Pueblo

DICTAMEN DE LA COMISIÓN

sobre la Resolución del Parlamento Europeo del 17/11/2000 relativa al Defensor del Pueblo

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el apartado 4 de su artículo 195,

Visto el Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas [1], y, en particular, sus artículos 19 y 22,

[1] DO L 356 de 31.12.1977, p. 1.

Vista la Decisión del Parlamento Europeo 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones [2],

[2] DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.

(1) Considerando que la demanda del Parlamento de reforzar la independencia del Defensor del Pueblo asignándole una sección propia en el presupuesto de las Comunidades fue objeto de un acuerdo en la reunión de conciliación con el Consejo de 26 y 27 de noviembre de 1999 relativa al proyecto de presupuesto para el año 2000;

(2) Considerando que el Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas y más concretamente sus artículos 7.3, 12, 14, 15.4, 19.1, 20.3, 22.2 y 26 fueron modificados en este sentido por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 del Consejo, de 13 de diciembre de 1999 [3],

[3] DO L 326 de 18.12.1999, p. 1.

CONSIDERA

que los artículos 12 y 16 de la Decisión del Parlamento Europeo 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales de ejercicio de sus funciones sean suprimidos de acuerdo con los términos de la Resolución del 17 de noviembre del 2000 del Parlamento Europeo.

Hecho en Bruselas, el [... ]

Por la Comisión

[... ]

Comisario
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece la distribución de permisos para los vehículos de Transporte pesado de mercancías que circulen por Suiza

Comunicacion de la Comision al Parlamento Europeo acerca de la Posición común adoptada por el Consejo el 8.12.2000 con vistas a la adopción de un "Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece la distribución de permisos para los vehículos de Transporte pesado de mercancías que circulen por Suiza" (COM(2000)117 final - 1999/0022 (COD)).

La posición común y en particular las modificaciones de los Anexos I y II están basadas en el resultado de la investigación que se ha llevado a cabo por parte de la Comisión. Siguiendo las bases del método propuesto por la Comisión, ligeramente modificadas para tener en cuenta la posición geográfica especial de algunos Estados Miembros, el Consejo ha llegado a una posición común en la distribución de los permisos para vehículos pesados de mercancías que viajen por Suiza.

La Comisión acoge y acepta esta posición común alcanzada e invita al Parlamento Europeo a concluir su segunda lectura sobre la propuesta modificada, de manera que permita a los transportistas de la Comunidad usar estos permisos a partir del 1 de Enero del 2001.
COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 6.8.2021

JOIN(2021) 14 final/2

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Removal of the institutional reference 2021/0166 (NLE).

The text shall read as follows:

COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO EMPTY

Informe sobre la ejecución de la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea para la Década Digital
a.Promover y respaldar la legislación, las políticas y los mecanismos destinados a proteger a los defensores de los derechos humanos. Aplicar decididamente, en particular, las directrices pertinentes de la UE y el Mecanismo de la UE para la defensa de los derechos humanos puesto en marcha en virtud de la IEDDH, en particular mediante medidas específicas de sensibilización y formación destinadas al personal de las sedes y las Delegaciones de la UE (secciones políticas y operativas).

b.Supervisar activamente el marco jurídico (leyes, reglamentos, etc.) y el entorno inductor (procedimientos arbitrarios, acoso o restricciones de orden financiero, en particular en lo que se refiere a la financiación extranjera) a que se ve sometida la sociedad civil, en particular los interlocutores sociales; identificar y notificar activamente las amenazas al espacio que ocupa la sociedad civil; y adoptar las medidas necesarias para combatir esas amenazas.

36.Fomentar una agenda general para promover los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)

a.Reafirmar el compromiso de la UE para intensificar su atención a los DESC en la política exterior de la UE, en particular en su programación de la ayuda exterior, subrayando al mismo tiempo que los derechos humanos son indivisibles e interrelacionados, y que el fortalecimiento de la dimensión de los DESC no supone en absoluto un debilitamiento de los compromisos existentes en materia de derechos civiles y políticos. Enfatizar el reconocimiento claro de la dimensión de los derechos humanos en ámbitos como la educación, la salud, la política social y el nivel de vida. Aumentar el desarrollo de capacidades que garanticen que todos los agentes pertinentes de la UE y de los Estados miembros, así como los agentes de la sociedad civil, en particular los interlocutores sociales sobre el terreno, sean informados de los tratados internacionales relativos a los derechos económicos, sociales y culturales, en particular los relativos a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (Convenios fundamentales de la OIT). b.Intensificar los esfuerzos para proteger a los defensores de los derechos humanos, incluidos los interlocutores sociales, que se esfuerzan por defender los derechos económicos, sociales y culturales, dedicando especial atención a las cuestiones relativas a los derechos de propiedad de la tierra, los derechos laborales, incluidos los de los pueblos indígenas, en el contexto, entre otras cosas, de la apropiación de tierras y el cambio climático.

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